*21.43.-El sector eléctrico y las emisiones  DIEGO OTERO
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Isla Providencia: ¿reconstrucción o redestrucción? RODRIGO UPRIMNY
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La guerra económica del siglo XXI: empresas frente a EstadosMIGUEL ÁNGEL GARCÍA

La creación de grandes conglomerados en sectores como la tecnología, la energía o la salud provoca continuas fricciones entre sus objetivos y la defensa del interés general 

 Trabajadores de Amazon protestan frente a la casa de Jeff Bezos, fundador de la empresa, en Nueva York en diciembre de 2020.KENA BETANCUR (AFP VIA GETTY IMAGES) 

Existe una guerra entre quienes dicen que no hay una guerra y entre quienes dicen que sí la hay. Todo el mundo lo sabe. Las grandes tecnológicas, las farmacéuticas, las eléctricas han cavado sus trincheras. Enfrente, el Estado, y su defensa —con diezmados ejércitos— del interés general. Todo el mundo lo sabe. La sociedad, en tierra de nadie, solo posee herrumbrosas lanzas: las protestas civiles.

13 nov 2021.- Las grandes organizaciones están echando un pulso al Estado y sus competencias. Impuestos, regulación, aranceles, desprotección de los empleados, falsos autónomos. Los ricos se han enriquecido más con la crisis sanitaria y los pobres continúan vestidos con la precariedad. Unos 12,4 millones de españoles viven en riesgo de exclusión social o pobreza extrema. El sol se derrama al igual que vidrio fundido sobre su existencia. Todo el mundo lo sabe. ¿Hasta cuándo soportará el Estado este pulso de las grandes organizaciones? ¿Qué perdurará del interés general? ¿Dónde está el equilibrio entre la libertad económica y el compromiso social?

Son, quizá, las grandes cuestiones de la década. Los más de 20 expertos que construyen esta pieza rasgan ese verso repetitivo de Leonard Cohen. “Todo el mundo lo sabe”. Premios Nobel de Economía, profesores del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), Harvard, Stern, Yale, London School of Economics (LSE), Berkeley, Princeton, Míchigan, Pompeu Fabra o figuras mundiales, como el economista serbio-estadounidense Branko Milanović —una de las principales voces que denuncian la desigualdad—, reconocen la guerra entre el interés general (Estado) y las grandes organizaciones. Pero nadie menciona la palabra —como propuso Podemos, con las eléctricas o la banca— “nacionalización”. La respuesta es la ortodoxia económica. “Mayor transparencia, regulación y competencia”, resume por correo electrónico Thomas Philippon, profesor de finanzas en la Escuela de Negocios Stern de Nueva York. Aunque antes, sin concesiones, advierte: “Hay que obligar a esos colosos [tecnológicos] a que hagan tres cosas; sí o sí: pagar impuestos. Llevan 20 años evadiendo gravámenes de forma agresiva. Aceptar alguna forma de regulación y competir de manera justa. Han usado con demasiada frecuencia su poder de mercado para limitar la competencia”.

Este es el mundo y muchos parecen hablar únicamente desde sus bolsillos. Los números cuentan lo que se intuye. El año pasado, las cinco Big Tech (Apple, Amazon, Google, Microsoft y Facebook) ingresaron más de 1,2 billones de dólares. A Apple le sobra tanta liquidez que ha recomprado 90.000 millones (unos 77.300 millones de euros actuales) de acciones propias. Más o menos, el equivalente al PIB de Kenia. Los historiadores avisan de que el país ha regresado a una nueva edad de oro (1870-1901), cuando los monopolios ponían el nombre a todo. El azúcar, las finanzas, el ferrocarril o el petróleo de Rockefeller. ¿Otra vez los desheredados de la Tierra serán más pobres y los privilegiados más ricos? “Hay una lucha trascendental entre los gigantes tecnológicos y la sociedad civil, o sea, los ciudadanos de a pie”, describe Daron Acemoglu, profesor de economía del MIT. “Este enfrentamiento tiene consecuencias importantes para nuestro futuro. Por ejemplo, el control de la información, la soberanía del consumidor y la participación ciudadana en la política”. Transitamos un momento difícil para saber hacia dónde amanecerá el mañana. “Pero hay un despertar de la sociedad civil sobre los peligros del poder y los planes de estas compañías. Quizá exista alguna esperanza en el futuro. Sin embargo, es una lucha desigual”, admite el docente.

Nuevas bajas

También surgen quienes eligen vivir en medio del río, sin mojarse. “Algunos creen que son una amenaza, otros no. Es un área muy controvertida de la economía y el derecho”, reflexiona por correo electrónico sir Angus Deaton, premio Nobel de Economía en 2015 y profesor emérito de la Universidad de Princeton. Pero le arrastra la corriente. A finales de julio, The New York Times publicó unos sencillos cálcu­los que avanzan que la guerra acumula más bajas. El valor de mercado de las cinco grandes (9,3 billones de dólares, en aquellas fechas) era el doble que las 27 empresas más valiosas de Estados Unidos. La subida de los títulos de Amazon convirtió a Bezos tan rico que podría comprar un nuevo modelo de iPhone a 200 millones de personas y continuar siendo multimillonario. Los ingresos de LinkedIn (Microsoft) cuadruplicaron los de Zoom, una de las estrellas de las comunicaciones durante la pandemia. Todo exhala luz. Las ventas de Microsoft alcanzaron los 45.320 millones de dólares en su primer trimestre fiscal (finalizó el 30 de septiembre). Un 22% más que el año pasado.

Quizá el mundo de Bezos no sea de esta Tierra y de ahí su obsesión por el Espacio y Blue Origin. Parece olvidar el fértil suelo de Albuquerque (Estados Unidos), donde creció de niño. Aunque algunos se lo recuerdan. “La amenaza procede de dos vías”, alerta en conversación telefónica Branko Milanović, académico sénior en el Stone Center for Socio-Economic Inequality (Nueva York). “Igual que sucede con los monopolios clásicos, ahogan la competencia. Pero muchos de sus servicios son gratis. Algo que nunca ocurría con los tradicionales. Sin embargo, su capacidad para vender esos datos, que solo poseen ellos, los convierte en monopolistas frente a otras compañías”. La segunda “amenaza” es política. Amazon apenas tenía grupos lobbistas hace cinco años. Hoy gasta millones para influir en las leyes del país. “Si no se los detiene ahora, será imposible pararlos una vez que se hayan extendido a múltiples áreas de la economía”, advierte Milanović. Con los 43.100 millones de euros que Google recaudó por sus anuncios entre abril y junio se podría haber pagado la gasolina de todos los estadounidenses durante un mes.

El porcentaje de trabajadores en nuevas empresas cayó del 4% en 1980 a un 2% en la década de los 2010. Y las operaciones fuera de sus fronteras de fusiones y adquisiciones descendieron del 16% en 2014 al 9% durante 2019. Aunque el billete verde brilla para una minoría como esmeraldas. Ahora hay 745 milmillonarios en el país comparado con los 614 de marzo de 2020. Han añadido 2,1 billones de dólares a su riqueza durante la pandemia y ya suman cinco billones. “Estados Unidos siempre ha tenido una elevada tolerancia a la desigualdad. Mientras la gente entienda que las reglas son justas y cualquiera puede alcanzar el sueño americano”, asume en The New York Times Chuck Collins, director del programa de inequidad en el centro Institute for Policy Studies.

Trabajadores de una empresa china clasifican envíos desde la provincia de Hunan, el 12 de noviembre. STR (AFP)

Concentración

¿Justas? Raíces que crecen sobre tierra pétrea. Las corporaciones tecnológicas están devorando el mundo, como Saturno a su hijo: el interés general. “Y lo más dramático es que desde los organismos públicos no solo no se ha actuado con severidad para evitar esta acumulación de poder en unas pocas compañías, sino que, incluso, en algunos casos, se ha alentado esta concentración”, narra José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Y critica: “Resulta impresentable que Facebook [renombrada Meta, quizá con su nuevo nombre Zuckerberg quiera lavar, tal vez en el río de Angus Deaton, los pecados de sus manos] no haya cumplido una de las condiciones básicas de su fusión con Instagram y WhatsApp, que impide que las empresas puedan compartir datos. Pero ¿de verdad pensaba la autoridad de la competencia que se podría controlar lo que la firma haría con los datos una vez producida la compra?”, se cuestiona el experto.

La declaración en octubre pasado ante el Congreso de la ingeniera Frances Haugen —37 años—, que trabajó en la compañía desde 2019, desnudó el alma de Zuckerberg. “La empresa antepone sus astronómicas ganancias a la gente”, condensó. Eso es la plataforma: Corea de Norte; no la civilizada Suecia. Aunque se puede romper lo que hiere. En los años ochenta a los reguladores no les tembló la normativa para fragmentar AT&T en mini-Bells. La sociedad arriesga mucho. “El plan de Google de conectar Arabia Saudí e Israel mediante fibra óptica e incluso crear nuevas monedas vulnera la soberanía de los Estados”, avisa Thomas Husson, analista principal de la consultora estadounidense Forrester Research.

Pero en Estados Unidos, la “intromisión” del Estado en las empresas no suena a socialdemocracia, sino a comunismo. Esa Extracción de la piedra de la locura —que pintó El Bosco— sigue presente desde hace décadas en su sentido de país. Sean republicanos o demócratas. “En las democracias, el público debería tener la última palabra. Sin embargo, un control excesivo por parte de la Administración puede ahogar un crecimiento que resulta bueno para todos”, admite por correo electrónico Joseph S. Nye, decano emérito de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard y ex secretario de Estado de Defensa con Clinton. “Resulta inevitable cierto grado de conflicto”, sentencia.

La amenaza china

Las leyes antimonopolio, que deberían proteger al ciudadano, están congeladas como el permafrost en el Ártico. Esto es lo que un representante de NetChoice —un grupo que protege los intereses de Google, Facebook y Amazon— alertó a The Washington Post si legislaban contra las grandes tecnológicas: “Al mismo tiempo que el Congreso está viendo cómo impulsar la innovación estadounidense y la ciberseguridad, los legisladores no deberían aprobar ninguna normativa que ceda terreno a competidores extranjeros y abra la puerta de los datos americanos a peligrosos y desconfiables actores”. China es el principal intérprete del miedo. La preocupación es un viento aullante. “No solo hablamos de la defensa de la competencia, sino de economía política. ¿Son estas empresas una amenaza no por su poder de mercado, sino por su poder político?”, se pregunta Ernesto Dal Bó, profesor de negocios en la Universidad de California, Berkeley. “Posiblemente sí. Pero resulta incierto qué criterio podríamos usar para corregir la situación. Ni si las correcciones serían peores que las distorsiones que se quieren enmendar”.

La “excusa” es perfecta para la inacción. Apenas surgen compañías y los girasoles, ciegos, no hallan el sol. Los economistas Colleen Cunningham, de la London Business School, Florian Ederer (Yale) y Yuen Yuen Ang, profesora de Políticas de la Universidad de Míchigan, y autora de China’s Gilded Age (la edad dorada de China), han demostrado que muchas grandes empresas practican “las compras asesinas”. Adquieren firmas que podrían ser una amenaza competitiva. Líneas rojas que navegan océanos. El coloso asiático ha aprendido “el peligro del capitalismo de amiguetes”, observa Yuen Yuen Ang. “El presidente chino Xi Jinping tiene la misión de acabar con la edad dorada de China. Quiere reproducir la era progresista estadounidense —un tiempo con menor corrupción y más igualdad—”. Y agrega: “El desafío de Xi es mantener el fervor capitalista y ofrecer equidad. Es un reto único. El mundo aún no ha sido testigo de un Gobierno que supere con éxito los efectos secundarios negativos del capitalismo por decreto”.

China ha recuperado el término de “prosperidad compartida” para presionar a empresas y emprendedores en su obligación contra la desigualdad. Dentro de una nación que, pese a ser socialista, tiene una de las peores tasas de redistribución del mundo. El mensaje, o el “miedo”, ha trascendido. El multimillonario Jack Ma se ha comprometido a donar miles de millones a la caridad y Tencent —la mayor firma de internet— destinará 13.400 millones de euros a ayuda social. El Gobierno no bromea. El coloso de la distribución Meituan abonó en octubre una multa de 457 millones por violar las leyes de la competencia. En otros horizontes, ¿de qué forma se lee esta nueva economía y el propósito cívico de sus empresas? “En el extranjero pueden ser vistas como simples tentáculos del pulpo estatal chino, lo que dificultará sus operaciones”, prevé Francesco Sisci, sinólogo italiano experto en China. Puede ser, pero en Europa los Estados reclaman el control de un espacio desatendido durante décadas.

Una mujer pasa ante un expositor de Google en un evento en Nueva Deli, India, el 28 de agosto. ADNAN ABIDI (REUTERS)

Ese puzle federal que es Alemania necesita inversiones públicas. El KfW —un banco respaldado por el Estado— ha expuesto la cifra (en un país con más de 11.000 municipalidades) de 149.000 millones de euros. Escuelas viejas, puentes ruinosos, megaproyectos retrasados indefinidamente, como el nuevo aeropuerto de Berlín, que avergüenza a los germanos, señales temblorosas de teléfono o baños decrépitos en las aulas. Esta es la conversación cotidiana en la potencia europea. “La ‘segunda industrialización’, que es de lo que estamos hablando, exige un marco estatal”, indica Henrik Scheller, experto en política financiera y municipal. “Los gobiernos federal y nacional deben coordinarse y actuar cada uno allí donde tiene responsabilidad”. La propuesta más interesante —­cuenta The Economist— procede de los verdes, que quieren añadir una “regla de oro” que permita a la Administración financiar en una década 500.000 millones de euros dirigidos al cambio climático y las infraestructuras digitales. Porque ya están viendo cómo Tesla se instalará en diciembre en Berlín para competir con su industria automovilística de lujo. Amenaza una ventisca de agua y nieve y la empresa de Elon Musk quiere entrar en la tormenta. Quizá huyendo de un país que, según el think tank Brookings, está emitiendo “señales ominosas” de que el creciente sectarismo pueda llevar a una guerra civil o hacia “un terrorismo interior”. Esta fragilidad de los 50 Estados acoge en la memoria el discurso inau­gural del expresidente Abraham Lincoln (1809-1865), cuando apelaba a “los mejores ángeles de nuestra naturaleza humana” para superar los 600.000 muertos que dejó su victoria en 1860. Necesitamos ahora esa naturaleza del hombre. La sincera. Aunque Lincoln fuera asesinado cinco años más tarde, tras un mitin en defensa del voto de los negros.

España tiene una defensa contra esta avalancha estado­unidense, sin fracturar, por ahora, multinacionales inmensas y competidores desleales. Fiscalidad. Y evitar que a países como Irlanda —convertidos en cuasi paraísos tributarios— les crezca un trébol de cuatro hojas cada vez que se implanta una industria tecnológica extranjera. “Impuestos, gobernanza y regulación coordinada en el ámbito global y europeo”, propone Roberto Ruiz-Scholtes, responsable de Estrategia de UBS. Pero el “famoso” 15% mínimo que Europa aplicará al gravamen de sociedades (y que tras dos décadas ha aceptado a regañadientes Irlanda, con un coste de entre 800 y 2.000 millones de euros) apenas aportará 400 millones a España en 2023. Ecos similares del hundimiento de la política contra los paraísos fiscales. “Además, durante demasiado tiempo, hemos dejado de lado las leyes anticompetencia. Resulta necesario tomárselas en serio, algo que llevamos sin hacer 20 años”, advierte Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano. Y añade: “En Europa estamos viendo un retorno de un mayor peso del Estado, de medidas socialdemócratas, de presupuestos expansivos en lo social”.

El Viejo Continente, y España, tiene que recuperar valores amontonados en el trastero colectivo. “La cuestión básica es que la Administración posee un papel importante en la protección de los consumidores (pensemos en los medicamentos o la alimentación) y la ausencia de regulación puede provocar un daño profundo a las personas”, analiza por teléfono Nicholas ­Barr, profesor de Economía Pública de la LSE. Cada experto tiene sus propuestas. ¿Qué sucede cuando las eléctricas, las tecnológicas o las farmacéuticas arrinconan el interés general? “Lo que no funciona es que algunas empresas digitales tengan tantas economías de escala y controlen sus mercados sin competidores. Eso ya lo vimos en 1900 con compañías ferroviarias y con las eléctricas. Hemos tardado casi 100 años en regular esos sectores. Puedes construir una línea de alta velocidad donde compiten varios proveedores, lo que carece de lógica son dos vías de tren que discurren paralelas”, ejemplifica Jan Eeckhout, economista belga y autor de La paradoja del beneficio.

Riesgo de abusos

Las grandes tecnológicas nunca cometen ese error: cuantos más usuarios tienen, son más eficientes. “eBay cobra el 7%, frente a lo razonable, que sería un 0,5%; mientras el juego Fornite paga el 30% a la plataforma de Apple”, desgrana Jan Eeckhout. ¿Y dónde está el Estado español? ¿Aferrado, en una esquina, a las tres cuerdas, encajando golpe tras golpe? Luz, farmacéuticas, tecnología. Buscando un acuerdo con el gas argelino, que sin duda elevará el precio de la factura al viajar un 75% licuado por barco. ¿Ese es su asalto? “La Administración tiene que facilitar la competencia. El objetivo no es vaciar las empresas, sino que las compañías compitan entre ellas”, propone el economista. Esa estrategia de eliminar los pasos de peatones camina tan neoliberal que resuena el andar del crash de 2008. “Todas las concentraciones de poder son malas, porque existe el riesgo de abusar”, comparte el jurista Antonio Garrigues Walker. La situación avanza entre la esterilidad del esfuerzo y la necesidad de la lucha. Muchos quieren triunfar en la batalla, pero aceptan cierta inevitabilidad del fracaso. “No existe ningún sector en la economía que funcione bajo la libre competencia”, admite Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

En la cultura judía hay una canción titulada Chad Gadya (una cabrita) escrita en arameo y hebreo. Cada verso se suma al anterior y se forma el cántico. Escrita hace cuatro siglos, trasciende un canto de infancia para ser una metáfora económica, y política, del daño del poderoso sobre el frágil. “¿Hasta cuándo durará el ciclo infernal del opresor y el oprimido? / ¿Del verdugo y la víctima? / ¿Hasta cuándo tanta locura? / ¿Ha cambiado algo? / Yo he cambiado este año. / Era un dulce cordero, ahora soy un tigre, un lobo sanguinario, / era una paloma, una gacela; ahora ya no sé lo que soy”. Todo el mundo sabe que hay una guerra entre quienes dicen que no hay una guerra y entre quienes dicen que sí la hay.

Refinería de Valero St. Charles en el Estado norteamericano de Louisiana. SHANNON STAPLETON (REUTERS)

Presión sobre la transición verde

La conversación lanza esquirlas como si las palabras pasaran una a una sobre un torno que jamás cesa de girar.

—Farmacéuticas, gigantes tecnológicos, eléctricas y gasistas cada vez tienen más poder. ¿El Estado debería recuperar el terreno perdido? —.

—No. No funcionaría. Lo público no es garantía de nada—, dice Mariano Marzo, catedrático emérito de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universitat de Barcelona—.

— ¿Pero las gasistas y las eléctricas están echando un pulso al Gobierno o es algo coyuntural? —.

— Es coyuntural, con algunos elementos de fondo. Existe una imposibilidad de gobernar debido a la actual mayoría parlamentaria. Y algo tan complejo y a largo plazo como es la transición energética requiere de un pacto de Estado. Menos politiquería electoralista y más gestión basada en la ciencia y la tecnología. Necesitamos estadistas, no populistas—, remata.

Al final tenía razón el filósofo William James (1842-1910), cuando teorizó que en el mundo existen universos paralelos. Solo que uno estaría habitado por la gente común y el otro por los intereses de los altos ejecutivos y las grandes corporaciones que gestionan.

Después de años bombeando todo el petróleo y gas posible, los gigantes energéticos occidentales como Chevron, BP, Exxon Mobil o Royal Dutch Shell están reduciendo la producción para enchufarse a la energía verde. Pero el universo de los colosos estatales ha descubierto pozos de dinero. Saudi Aramco —el mayor productor de oro negro del planeta— anunció en octubre su intención de incrementar su producción al menos de un millón de barriles diarios a 13 hasta la década de 2030. “Estamos capitalizando la oportunidad [del giro sostenible de las petroleras occidentales]”, se justificó Amin H. Nasser, consejero delegado de la energética ante un grupo de analistas, según The New York Times. La misma estrategia la replicarán Argentina, Colombia, Iraq, Libia, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Brasil. Más crudo estatal para un planeta al que casi ni le caben las nubes negras.

Sin embargo, a veces, se abren cielos claros sobre ese horizonte de chatarra. Existen maneras de construir una relación “sana” entre las grandes empresas y el interés general. Carlos Martín, director del Gabinete Económico de CC OO, resume esa relación de vecindad y sus reglas. “No permitir que [las compañías] sean demasiado grandes para dejarlas caer o poner en peligro la competencia en los mercados”, propone. Interpretado de otro modo. “Los Estados deben estar muy bien empoderados y equipados para romperlas en unidades más pequeñas, si resulta necesario”, apunta.

Movimientos de ajedrez. Proteger a la Reina. “Impedir la captura del regulador prohibiendo la participación de expolíticos y altos funcionarios del Estado en consejos, filiales o asociaciones”. Bloquear las ‘puertas giratorias’. Fracturar el pronombre “mío”. “La propiedad debería hacerse más temporal, rotatoria y líquida con el fin de promover la igualdad de oportunidades desde el nacimiento, superando la inequidad estructural que llega de lo aleatorio que supone nacer en una familia acomodada o pobre”, zanja. ¿Qué mérito tiene crecer en un entorno u otro? Nadie lo elige. No es el camino hacia una sociedad más justa.

https://elpais.com/economia/negocios/2021-11-14/la-guerra-economica-del-siglo-xxi-empresas-frente-a-estados.html

21.43.-El sector eléctrico y las emisiones  DIEGO OTERO

Introducción

Este es el segundo artículo que escribo sobre el sector eléctrico.  Tal vez en el primero no fui claro en mis argumentos sobre las subastas de energía solar y el papel de la hidroelectricidad. Quiero aclarar que soy un firme partidario de la hidroelectricidad y que me opongo a la forma como se está tratando la energía solar a través de subastas que solo benefician a los países desarrollados, y que son un ejemplo de desindustrialización. Mi posición es la de que hay que hacer una transición energética justa y racional, para beneficio de Colombia, no para favorecer a los países desarrollados.

Se exagera la posición del sector eléctrico en las emisiones contaminantes

19 nov 2021.- En Colombia toda la discusión del sector energético se ha concentrado en el sector eléctrico, cuando según Our World Data (Colombia C02 Country Profile) el sector eléctrico y la producción de calor por diferentes combustibles explicaban en 2016 el 11,8% de todas las emisiones (de CO2, NOX y metano), o sea, el sector eléctrico representaba bastante menos.

Para 2016 Colombia explicaba el 0,47% de las emisiones del mundo y las del sector eléctrico menos del 0.04%. Casi nadie habla del sector agropecuario, caza, silvicultura y uso del suelo que eran los responsables, según este informe, del 39,4% de las emisiones en Colombia.

El sector eléctrico colombiano es de los que tiene en el mundo una mejor combinación de fuentes de energía. En efecto, cerca del 75% de la generación proviene de centrales hidroeléctricas, y el resto de plantas a base de gas y carbón.

De los 17 203 megavatios en noviembre de 2021, 11 665 megavatios son de plantas de carbón y 3410 megavatios de térmicas de gas. El resto corresponde a cogeneración, solar, eólica y combustóleo.

Hay que reducir el uso del carbón inteligentemente

Sabemos que todos los estudios muestran que hay que reducir la producción de carbón y su utilización para generar energía eléctrica y calor en los sectores industriales. Pero nadie dice que hay que hacerlo ya, sino que hay planear su eliminación del presente al 2050, con planes intermedios para 2030 y 2040, siguiendo un plan bien diseñado que atienda todos los problemas técnicos, económicos y sociales que esto implica

Por ejemplo, algunos proponen no explorar más, no exportar y parar las plantas térmicas. Esto es incorrecto. Mirémoslo.

Primero, no exportar carbón implica dejar de percibir de 4000 a 6000 millones de dólares por año y billones de pesos por regalías para los departamentos, y demandas por las compañías privadas que han invertido en exploración y producción y pedirán indemnizaciones. Con el tiempo las exportaciones caerán porque la demanda va a disminuir por todas las restricciones que se están colocando para construir nuevas plantas térmicas de carbón y la sustitución por el gas natural y otras tecnologías para la producción de calor. En esto están de acuerdo todas las proyecciones. De 2022 al 2030 ya se habrá producido un gran cambio y más para 2050.

Si se cierran las plantas térmicas de carbón hay que pagarlas

En cuanto a las plantas térmicas a base de carbón, que pertenecen al sector privado, no puede pararse inmediatamente, esto requiere una transición hasta el 2030 por varias razones. Cerrarlas implica pagar a sus dueños por dejarlas de funcionar, una discusión bastante difícil porque ellos exigirán las indemnizaciones correspondientes por los ingresos dejados de percibir. Son 1665 megavatios que costarían 3330 millones de dólares comprarlas nuevas. Pero si se suspenden 1665 megavatios hay que reemplazarlos, que costarían por lo menos 1665 millones de dólares, si son renovables, o sea, ya van 4995 millones de dólares.

Los artesanos del carbón no pueden llevarse a la pobreza

Pero qué se hace con todos los que se perjudicarían por el cierre de estas plantas, en primer lugar, los artesanos-campesinos de Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Antioquia que extraen carbón y lo venden a las generadoras térmicas, cuyos ingresos se reducirían notablemente, y que habría que darles los ingresos perdidos con un plan de educación y empleo garantizado por el gobierno hasta que obtengan nuevos ingresos, lo cual fácilmente se acercaría a más de 6 billones de pesos. Igualmente, los que trabajan y viven de los servicios de esas plantas. En total, por cerrar las plantas de generación el Estado debería responder por 26 billones de pesos por lo menos. Se justifica esto, ¿cuándo todo se puede hacer muy bien planeado en un período que puede ir hasta 2030? Entre otros aspectos, reponer 1665 megavatios puede durar de uno a tres años por lo menos, especialmente en una época que pueden tenerse problemas por el retraso de Hidro Ituango y posibles sequías.

Con el gas natural se aplican argumentos similares

No exportar tiene costos altísimos

Lo mismo, prohibir exportaciones tendría costos altísimos en demandas y problemas para las regiones por las regalías dejadas de percibir, cuando estas van a disminuir progresivamente por razones del mercado mundial. Además, nadie está proponiendo hacer más exploración carbonífera en Colombia.

Si no se hace bien la transición habrá perdedores

Lo que no entienden los radicales ambientalistas, es que las cosas son más complicadas de lo que se piensa, y que hacer el cambio ecológico no es un asunto de pasiones sino de una planeación muy bien hecha para que funcione y sea justa. En la transición hay ganadores y perdedores, lo que no todos comprenden, y se trata de que nadie pierda. Y, algo que se olvida, los gastos financieros para la transición son enormes.

Colombia es el único país del mundo que no quiere hacer uso de hidroeléctricas

Otro hecho muy grave que se está dando en Colombia es que se está desechando el uso del agua para las hidroeléctricas, algo que nadie en el mundo está de acuerdo. Colombia es un país rico en potencial de presas para pequeñas, medianas y grandes hidroeléctricas. El agua es un recurso renovable, no da lugar a emisiones en su uso para generar electricidad y puede servir para controlar los caudales de los ríos y para propósitos de irrigación. Tenemos un potencial para generar electricidad hasta finales del siglo XXI. Se han exagerado los problemas ambientales como que se acaba con la fauna y la flora, lo cual no es cierto.

Infortunadamente, los problemas de Hidro Ituango han sido utilizados por charlatanes para atacar todo tipo de hidroeléctricas. Estas son muy seguras, Hidro Ituango es un caso muy excepcional en Colombia y el mundo. El interés nacional exige seguir utilizando el agua para la generación de electricidad por hidroeléctricas.

Las subastas de energías renovables y su papel en la economía colombiana

El 27 de octubre se realizó la tercera subasta de fuentes de energía renovables. Se adjudicaron 11 proyectos fotovoltaicos para 769,3 megavatios, de los cuales ENEL logró 99,9 megavatios (qué bueno para las empresas italianas), por un total de 3,3 billones de pesos y períodos de construcción máximo de 13 meses. Simultáneamente hubo subastas para contratos de largo plazo con los comercializadores inscritos en Colombia.

Los resultados mostraron un aumento de precios de 42% al 70% frente a los de la segunda subasta de 2019. De acuerdo con el centro de investigación Óptima (Boletín regulatorio No. 037 29/10/2021), Resultados finales-CLP 2021), en sus dos últimas conclusiones afirma lo siguiente:

“Por otra parte, desde Óptima se considera que los resultados de la subasta podrían ponerle freno a la dinamización en la contratación de energía con agentes de portafolio renovable ya que los promotores ahora estarán a la espera la siguiente convocatoria de subasta para buscar el cierre financiero de sus proyectos. Esto, como consecuencia a que este mecanismo demostró que puede tener precios de contratación más altos que los que se podrían encontrar con un contrato bilateral en el mercado. En este punto se reitera una conclusión dada en un punto anterior: los resultados de la subasta envían una mala señal a la formación de precios eficientes del mercado eléctrico. 6. Desde el punto de vista de la industria renovable desde Óptima se considera preocupante que la demanda perciba que la inclusión de FNCER en nuestro sistema implique sobrecostos a largo plazo. Óptima ha sido desde hace años promotor de las FNER, con la convicción de que están en capacidad de competir en el mercado ofreciendo tarifas competitivas en el largo plazo en beneficio de la demanda. Se ve entonces con preocupación que el resultado de esta subasta envíe señales en otra dirección al mercado y a la demanda”.

“Finalmente, por lo anteriormente expuesto se considera que esta subasta no era necesaria, el mercado venía negociando contratos de largo plazo a precios competitivos como resultado de las favorables señales de precio de la subasta anterior. Este resultado puede ser una buena noticia para los vendedores y para el ministerio, pero más allá de eso, los precios y las cantidades de energía adjudicadas son desconcertantes y preocupantes. 29/10/2021 12 Como siempre, seguiremos monitoreando el mercado y apoyando a todos nuestros clientes en la elaboración de estrategias que permitan mitigar riesgos y optimizar su participación en el mercado”.

No somos un país europeo

No debemos actuar como si fuéramos un país europeo que ya ha utilizado todas sus posibilidades de hidroeléctricas. A estos países les conviene promover las nuevas tecnologías porque las necesitan con urgencia para desarrollar su sector eléctrico y, además, porque venden sus equipos a los países subdesarrollados.

Por otra parte, aunque ya las tecnologías solar y eólica están probadas para generar electricidad, el sol y el viento son intermitentes, lo que puede dar lugar a cortes de energía, mientras no se resuelva el tema de la acumulación de energía, que se espera se solucione con el tiempo. Esto no lo entienden los que no son expertos en la planeación de la generación eléctrica, que se requiere de energía de base (centrales para satisfacer los picos de demanda para garantizar el suministro de energía eléctrica, como las térmicas a base de gas natural) y firme (la máxima energía eléctrica que es capaz  de entregarse de manera continua independiente del estado de la naturaleza) para que el sistema pueda responder inmediatamente a cambios en la demanda  que no se dan con las energías eólica  y solar, especialmente si hay fallas en las plantas, sean hidroeléctricas o térmicas.

Por supuesto, hay que apoyar las fuentes nuevas y renovables de energía, la solar, la eólica, la biomasa, la mareomotriz, la geotérmica y la posibilidad del hidrógeno y del amonio, porque son fuentes de energía complementarias y sirven para sustituir el uso del carbón en un período de tiempo razonable de aquí al 2030.

Lo que defiendo es que hay tener una política de industrialización, de tal manera que un porcentaje alto de estos componentes se fabriquen en el país, y que no seamos simplemente compradores de los chinos, los italianos, los estadounidenses, los españoles, los holandeses, los británicos, continuando el modelo extractivista y de dependencia del exterior para todo tipo de bienes no agrícolas, aunque ya venimos importando alimentos en cantidades muy grandes.

Debemos construir nuestra propia base tecnológica de este nuevo sector de fuentes nuevas y renovables de energía que nos permita, no solamente reducir las emisiones contaminantes, sino crear empleo nacional.

Conclusiones

En conclusión, el problema de las emisiones en Colombia no se encuentra en el sector eléctrico colombiano, que representan el 0,04% del total mundial. Más importante es el tema de la deforestación que explica en Colombia el 20% de las emisiones, de la ganadería que explica otro 20%. Pocos mencionan esto en el país, aquí está una mina para controlar nuestras emisiones, pero de esto no se habla en Colombia, todo se centra exageradamente en el sector eléctrico y todos están concentrados en defender plantas solares y eólicas.

Hágase un plan agresivo de reforestación para recuperar las devastaciones causadas en el pasado desde la colonización antioqueña que fue experta en acabar con los bosques. Realizar una campaña para reducir el consumo de carne. Fomentar una agricultura ecológica. Reemplazar la leña como combustible en las zonas rurales. Acabar con tanta publicidad gastadora de energía y materiales. Y, por supuesto, introducir cambios en la movilidad con la electrificación, los sistemas de transporte masivo, un plan de vías férreas y mejorar la navegación por los ríos, entre otras soluciones. Pero, todo esto implica una perfecta planificación y unas inversiones muy altas, algo que no puede hacerse de un día para otro.

21.43.-Isla Providencia: ¿reconstrucción o redestrucción? RODRIGO UPRIMNY

Después de un año del huracán Iota, que arrasó Providencia, uno no sabe qué indigna más de la reacción del Gobierno nacional: si su desidia en la reconstrucción de la isla, que para que sea genuina debe ser realizada en concertación con la población local, o su diligencia para otros proyectos, como una estación de guardacostas, que no es prioritaria y ha sido rechazada por los raizales.

21 nov 2021.- Después del huracán, Duque declaró por un año una “situación de desastre” en el archipiélago (Decreto 1472/2020), lo cual le confirió facultades excepcionales, como la flexibilización de la contratación pública.

Nadie se opuso a esa medida pues la reconstrucción de Providencia era urgente. Pero había preocupación ya que la experiencia comparada ha mostrado que la reconstrucción después de una catástrofe puede conducir al acaparamiento de las tierras y la aniquilación de las formas de vida de las poblaciones locales. La reconstrucción puede resultar más destructora que la catástrofe.

La razón es clara: la extrema vulnerabilidad y las urgencias de las poblaciones afectadas pueden llevarlas a vender sus tierras a bajo precio. Este riesgo era claro en Providencia porque es una isla atractiva a grandes inversiones turísticas y hay alta informalidad en la tenencia de la tierra. Igualmente existía el peligro de que, debido al carácter estratégico de la isla, el gobierno aprovechara la emergencia para imponer medidas rechazadas desde hace años por los raizales, como la base de guardacostas. Por eso muchos insistimos en que era importante implementar medidas como el congelamiento del mercado de tierras en la isla y, en especial, la activación de la consulta previa con los raizales, no sólo por ser una obligación constitucional, sino por cuanto permite involucrar a los locales en las decisiones sobre su futuro.

Un año después estos temores se han visto infortunadamente confirmados. La reconstrucción genuina anda a paso de tortuga. Muchos pobladores viven aún en carpas. El “hospital” (por llamarlo de alguna manera) que “provisionalmente” había sido instalado en una carpa sigue operando en una carpa, la pandemia está afectando gravemente a la isla y no hay refugios apropiados frente al riesgo de huracanes.

Esto ya es muy grave, pero tal vez más grave aún es que la población local no ha sido genuinamente consultada, con lo cual sus prioridades no han sido respetadas. Las escuelas, el hospital, las viviendas y las formas tradicionales de turismo no han sido priorizadas en la reconstrucción, a pesar de que interesan a los locales, según entrevistas realizadas por Dejusticia. Esta falta de consulta agudiza además los riesgos ambientales por el desprecio del conocimiento ancestral que tiene la comunidad para enfrentar estos peligros.

Y para agravar las cosas, los líderes raizales han empezado a ser amenazados sin que haya respuestas adecuadas de las autoridades. En cambio, el gobierno prioriza la base de guardacostas, que no sólo ha sido rechazada reiteradamente por los raizales sino que avanza con dolorosas medidas de hecho, como la instalación de un muelle flotante precisamente en el lugar en que se encontraba el de la Cooperativa de Pescadores “Fish and Farm”.

El gobierno está entonces usando la declaración de “situación de desastre” en el archipiélago, pero no para lo que toca, que es reconstruir Providencia según el plan de vida de los raizales, sino para lo que no toca, que es imponerles otras prioridades. La reconstrucción puede terminar entonces siendo más destructora que Iota. Por eso preocupa la prolongación de esos poderes de emergencia por un año más (Decreto 1482/2021), pues además flexibiliza la contratación en plenas elecciones y sin ley de garantías.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/rodrigo-uprimny/providencia-reconstruccion-o-redestruccion/

*21.42.-Falencias del régimen pensional    SALOMÓN KALMANOVITZ
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Costo fiscal del día sin IVA MAURICIO CABRERA
*Desabastecimiento mundial  EDUARDO SARMIENTO
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El ordeño GERMÁN VARGAS

Ojalá esta inoportuna y populista reforma tributaria se hunda en la plenaria de Cámara.

Avanza en el Congreso el trámite de la tercera reforma tributaria de este año, incluyendo la fallida del Dr. Carrasquilla. Es, además, la quinta en lo que va de este gobierno. Independientemente de su contenido, que me anticipo en calificar de populista y engañoso, la sola presentación de esta iniciativa contribuye a deteriorar aún más, si es posible, el clima de inseguridad jurídica para empresas y también para personas naturales.

14 nov 2021.- Es una situación inédita en el mundo y muy perjudicial por la zozobra que crea. ¿Qué empresa puede trabajar, planear su futuro, hacer presupuestos con esta incertidumbre? ¿Qué inversionista puede calcular el retorno de su emprendimiento y los riegos que asumirá? Ni qué decir de los fondos de inversión. Cómo vamos a retomar la senda del crecimiento con estas señales a los mercados nacional e internacional. Imposible.

Aun así, esta quinta iniciativa avanza con paso firme por los pasillos del Congreso. Casi inadvertida, llegará a consideración de la plenaria de la Cámara de Representantes esta semana. Apenas ahora empieza a conocerse el proyecto, que en definitiva lo que busca es eliminar el famoso y antitécnico impuesto del 4 por mil a las transacciones financieras. Personalmente he insistido desde el año 2010 en su desmonte, porque es un impuesto que no grava la utilidad de los negocios sino la propia actividad, que desincentiva la bancarización de personas naturales y jurídicas, que favorece la informalidad y la evasión, impidiendo mayores recaudos tributarios. Todos los expertos en materia tributaria critican este impuesto y aconsejan su inmediata eliminación.

Pero este proyecto nos viene con la genialidad de desmontarlo a partir del año 2023, a sabiendas de que el gobierno que llegue seguramente lo primero que hará es tramitar otra reforma para mantenerlo. En cambio, sí propone aumentar el impuesto de renta para asalariados hasta un 44 %, o sea, otra vez los mismos paganinis de siempre. La propia Comisión de Expertos contratada por el Gobierno dijo sobre este particular que “las tarifas de impuesto sobre la renta para personas naturales aplicables a asalariados son altas”. Qué poco estudian y qué poca imaginación la de estos ‘preocupados’ padres de la patria.

Advertí que el proyecto era engañoso porque al final aumentarán las tasas efectivas de tributación y, además, porque los autores, ponentes y quienes la apoyan deberían saber que este impuesto del 4 por mil no se puede eliminar en esta coyuntura fiscal, que no hay peor momento que este para prescindir de los 8 billones que genera este tributo y que el propio proyecto no cubrirá ni una ínfima parte del hueco que abrirá en las finanzas públicas.

Apoyamos la última reforma porque encontramos positivo que el Gobierno no avalara el restablecimiento del impuesto confiscatorio al patrimonio ni la también confiscatoria y antitécnica renta presuntiva. La defendimos porque el Gobierno atendió nuestra demanda de no incrementar el impuesto a los dividendos y mantener el descuento del ICA, y, contra lo que opinaron nuestros desconectados economistas criollos con la reforma de 2019, el recaudo se elevó en 10 billones y la tasa de tributación al 19,85 % del PIB, el cual sigue siendo insuficiente, pero que tendremos que elevar no gravando más a los de siempre ni restando competitividad a nuestras empresas, sino desmontando beneficios que carecen de toda justificación económica y cuestan 92 billones y, por supuesto, luchando contra el contrabando y la evasión, que suman otro tanto.

Una reflexión final. Las reformas tributarias se han convertido en instrumento de extorsión y chantaje al empresariado colombiano. Con la sola presentación de los proyectos empieza el desfile de gremios y empresas en el alto Gobierno y las oficinas del Capitolio. Una vez al año era la dosis, pero ahora, ojalá me equivoque, le tocará al sector productivo prepararse para dos jornadas anuales de genuflexiones e intrigas y, claro, en época electoral también para asumir compromisos en la financiación del proceso electoral.

Ojalá esta inoportuna y populista reforma se hunda en la plenaria de Cámara, pero parte del daño ya estará hecho. Inexplicablemente, el Gobierno se demoró en advertir que no la consideraba conveniente ni la avalaría legalmente. Habrá que creerle.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/el-ordeno-columna-de-german-vargas-lleras-632165

21.42.-Falencias del régimen pensional    SALOMÓN KALMANOVITZ

En la mayor parte de los países desarrollados las personas se jubilan a los 65 o 67 años, hombres y mujeres por igual. Muchas personas siguen trabajando hasta que el cuerpo les aguante para aumentar un poco el monto de las mesadas que recibirán en lo que les resta de vida.

7 nov 2021.- Aun así, los sistemas deben recurrir frecuentemente a subsidios públicos para poder pagar pensiones dignas. Esto se ha agudizado a partir de la crisis económica de 2008-2012: desde entonces las tasas de interés de todo el sistema se mantuvieron muy bajas e incluso llegaron a niveles negativos, de tal modo que cayó también el rendimiento de los ahorros en los regímenes privados.

En Colombia las mujeres se pueden retirar a los 57 años y los hombres a los 62, así que ahorran bastante menos que en los países ricos. Considérese que la expectativa de vida en Colombia de las mujeres es de 80 años y la de los hombres es de 74,5 años, para deducir que el tiempo requerido para mantener a la población inactiva es de 23 años en el caso de las mujeres y 12,5 años en el de los hombres.

Lo que reciben los jubilados del Régimen de Prima Media (Colpensiones) demanda fuertes subsidios: una persona que gane 1,5 salarios mínimos recibirá $81 millones, la que gane 10 salarios obtendrá $372 millones y la de 20 salarios saldrá con $731 millones, según Milton Moreno de Fasecolda.

Los trabajadores de salario mínimo obtienen una pensión igual al mismo en ambos regímenes, pero les conviene más el privado porque tienen que cotizar menos tiempo, 23 años contra 25 en el público. El régimen que cubre a las Fuerzas Armadas es especialmente deficitario porque la edad de retiro es de 50 años, restándoles 25 años de vida cubiertos por la seguridad social. Se les reconoce entre el 85 y el 95 % de sus sueldos y prestaciones según años de servicio.

De acuerdo con Rafael Rivas, “habría que evitar que todo el peso de las pensiones extravagantes que otorgaron las empresas públicas quebradas, como Telecom, Colpuertos, Electricaribe y otras, recaiga sobre los contribuyentes, cuando quienes las otorgaron sucumbieron ante la carga de prebendas grotescas”, y debe existir un régimen de transición para ellos que las haga justas. El mismo Rivas dice que “en un país en el que uno de cada tres pesos de impuestos se asigna a pagar mesadas pensionales para las cuales se ahorró muy poco y en el que la situación fiscal es cada vez más preocupante”, es imperativa una reforma pensional.

¿Cómo debe ser esa reforma? Se debe unificar el sistema para que no haya el incentivo de migrar del sistema menos favorable al que ofrezca mejores condiciones, hay que reducir los beneficios de Colpensiones y aumentar los subsidios del Régimen de Ahorro Individual para los trabajadores más pobres. El ajuste de las pensiones se debe hacer de acuerdo con la inflación y no con el salario mínimo, que generalmente se ajusta un punto por encima de esta sin una justificación válida, pero sí causa una avalancha de erogaciones que afecta negativamente las finanzas de la Nación.

Si los beneficios de los dos regímenes se equiparan, no hay incentivos para migrar entre ellos. De todas maneras, la Corte Constitucional debe hacer valer el principio de que “es válido que la ley restrinja la libertad de elección imponiendo un límite cronológico para que los afiliados (…) no puedan trasladarse de un régimen a otro, con el fin de garantizar la estabilidad administrativa y financiera del sistema” (Moreno). 

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/falencias-del-regimen-pensional/

21.42.-Costo fiscal del día sin IVA MAURICIO CABRERA

¿Cuánto le cuestan al fisco los días sin IVA? ¿Cuánto deja de recaudar la Dian por el IVA que se ahorran los consumidores en sus compras de estos días?

31 oct 2021.- Aunque parezca increíble a estas alturas no se conoce todavía un informe oficial sobre cuál fue el costo de los 3 días sin IVA del año pasado. Se sabe que tuvieron un costo importante en materia de salud -sobre todo el primero- porque las aglomeraciones elevaron los contagios de covid, pero no se sabe cuál fue su impacto fiscal.

Según las triunfales declaraciones oficiales y de Fenalco, en el primer día sin IVA del 2020 se registraron ventas por $5,4 billones, y en el tercero por otros $5,8 billones. Como el segundo fue tan solo unas semanas después del primero, los resultados no fueron tan buenos y no salieron noticias sobre el valor de las ventas. De tomas manera se puede estimar que las ventas totales de los 3 días superaron los $12 billones.

Un primer cálculo daría que el costo fiscal es el 19% de este valor, es decir $2,3 billones, pero hay que tener en cuenta que no algunos de los bienes vendidos tienen IVA del 5%, e inclusive algunos no tienen por ser exentos o excluidos. Como no hay información oficial toca adivinar y suponer alguna tarifa promedio. Por ejemplo si fuera del 12%, el año pasado la Dian habría dejado de recibir $1,4 billones.

Es más inexplicable aún que no exista la información pública sobre estas cifras, sobre todo porque la ley obliga a que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se informe sobre el costo fiscal de las exenciones tributarias, y es evidente que permitir compras sin IVA es una exención. Sin embargo en el Mfmp presentado al Congreso hace unos meses no hay una sola mención al menor recaudo de la Dian por este concepto.

Los 3 días sin IVA de este año se autorizaron en la última reforma tributaria (Ley 2155/2021); aunque la ley también exige que en todo proyecto de ley se presente un análisis detallado del impacto fiscal de las propuestas que afecten el recaudo, en la exposición de motivos del proyecto de ley tan solo se incluyó en un cuadro un renglón que señala que los días sin IVA y la ley de turismo tendrían un costo fiscal de unos $410.000 millones (0,04% del PIB) en 2021.

La realidad será muy distinta. Según el gobierno y Fenalco en el primer día sin IVA las ventas alcanzaron $6,9 billones, y se espera que en las tres jornadas lleguen a $18 billones. Con el mismo supuesto de una tarifa promedio del 12%, el costo para los contribuyentes sería de $2,1 billones, más de 5 veces lo presupuestado. ¿Cómo se va a cubrir ese nuevo hueco fiscal?

Coletilla: Asombra la falta de coordinación de las autoridades económicas. Según la exposición de motivos de la reforma tributaria, el Gobierno estableció 3 días de compras sin IVA “con el objetivo de estimular la actividad comercial y reactivar la economía”. Por su parte el Banco de la República sube de un solo golpe su tasa de interés en 0,5% porque cree que no hay necesidad del estímulo monetario a la economía y hay que controlar la demanda para frenar la inflación. ¿Quién tiene la razón?

https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/mauricio-cabrera-galvis/costo-fiscal-del-dia-sin-iva.html

21.42.-Desabastecimiento mundial  EDUARDO SARMIENTO

Las deficiencias de la economía mundial que venían de atrás y el coronavirus transformaron varias economías que operaban con economías de demanda en economías de oferta, entre las cuales se encuentran Colombia y Estados Unidos por razones distintas. En estos países las tasas de ahorro descienden, el déficit de la balanza de pagos se amplía, el empleo crece menos que la producción, el salario baja, la inflación sube y la distribución del ingreso se deteriora.

13 NOV 2021.-El desorden tiene su manifestación mundial en un exceso de importaciones sobre las exportaciones, que da lugar a elevaciones de los precios de los bienes importados que acentúan las presiones inflacionarias provenientes de los desbalances internos entre el ahorro y la inversión.

El desajuste es especialmente complejo en Colombia. En la angustia, sin mayor conocimiento de causa, en días pasados el Ministerio de Comercio anunció una severa reducción de los aranceles para evitar el agravamiento de la inflación. La baja de aranceles ocasiona la ampliación del déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, que alcanzan respectivamente niveles de 9 % y 6,5 % del PIB, coloca el endeudamiento por encima de los niveles aceptados de prudencia y agrava la caída del empleo de 13 % con respecto al nivel observados antes de la pandemia.

La verdad es que el modelo de economía de demanda que operó entre 1950 y 1980 se modificó en los últimos treinta años con aperturas y liberalizaciones que bajaron las tasas de ahorro, elevaron los déficits fiscales y ampliaron los déficits en cuenta corriente de la balanza de pagos.

Varias economías quedaron expuestas a severos desajustes que se manifiestan en elevación de la inflación, contracción del empleo y la producción y deterioro de la distribución del ingreso.

El desabastecimiento mundial se origina en una serie de economías que están operando en estados de deficiencias de oferta que tienden a trasladarse a la economía mundial por medio de déficits en cuenta corriente insostenibles. Como no todos los países pueden operar con déficit, se entra en un estado irregular e inestable. Se replican las situaciones observadas después de la segunda guerra mundial, cuando los países pretendían déficits en cuenta corriente que no eran realizables y se normalizaron con el acuerdo de Bretton Woods.

Es claro que el desabastecimiento mundial no se puede resolver con desmontes arancelarios que aumentan el déficit en cuenta corriente y amplían el exceso de demanda sobre la oferta de las economías, reducen los ingresos laborales con respecto al producto nacional y deterioran la distribución del ingreso.

Las soluciones viables y equitativas solo se consiguen con reformas estructurales que saquen las economías de los estados de estancamiento de oferta, que es la verdadera causa económica del desempleo, la inflación y el deterioro de la distribución del ingreso. El mal funcionamiento de las economías que entran en estados de deficiencias de oferta de ninguna manera se remedia con disposiciones que aumentan el déficit en cuenta corriente y el déficit fiscal.

Buena parte de la responsabilidad de la crisis recae en los bancos centrales que no lograron cerrar los desbalances internos y externos con la coordinación de las políticas fiscales y monetarias, y ahora pretenden hacerlo con medidas de mercado que bajan el salario, suben las tasas de interés y propician la entrada masiva de importaciones. Por eso, la solución de fondo es el modelo de reformas a la coordinación monetaria y fiscal, la estructura de comercio internacional y las transferencias de las rentas sociales, que eleve el ahorro, sostenga el salario por encima de la productividad y reduzca los déficits fiscal y en cuenta corriente.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/eduardo-sarmiento/desabastecimiento-mundial/

 

*21.41.-El régimen pensional en el banquillo SALOMÓN KALMANOVITZ
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Retroceso de la distribución del ingreso  EDUARDO SARMIENTO

En días pasados se divulgó la información del coeficiente de Gini de la distribución del ingreso de 55 países recopilada por el Banco Mundial. Colombia aparece como el segundo país más inequitativo del grupo. El análisis de los expertos del Banco Mundial está fundamentado en apreciaciones generalistas de libros de texto que suponen que la distribución del ingreso es determinada por los mismos factores de menor grado, independientemente de las condiciones fundamentales de los países.

7 nov 2021.- En mi último libro, Teorías del crecimiento y la distribución para una nueva era, se muestra que la distribución del ingreso es determinada por las características y organizaciones de los países. En Colombia la principal causa es el modelo económico de libre mercado. Desde la década de 1980 el país está comprometido con un modelo económico que propicia el crecimiento a cambio de la equidad. En la práctica adquiere la forma de deficiencias y distorsiones a todos los niveles, que colocan el salario por debajo de la productividad, incrementan los ingresos del capital con respecto al producto nacional y elevan el desempleo.

El comportamiento se vio agravado en 1991 por la apertura comercial y luego por los TLC, en 1993 por la reforma al sistema pensional y la salud, y en 2021 por el coronavirus y el cuantioso déficit fiscal para contrarrestarlo y el disparo del déficit en cuenta corriente. El sistema pasó a operar dentro del típico modelo de equilibrio inequitativo. El empleo disminuye en relación con la producción, los ingresos laborales descienden, el déficit de la balanza de pagos se amplía y la distribución del ingreso se deteriora aceleradamente.

En el desconcierto del Gobierno actual procedió a ampliar el gasto público y aumentar el déficit fiscal. La economía opera dentro de un estancamiento de oferta en que el empleo disminuye con respecto a la producción y el coeficiente de Gini aumenta rápidamente. En cierta forma, se ha regresado a las economías del siglo XIX, cuando el producto se desplomaba súbitamente y luego se mantenía estancado durante largos períodos.

La peor opción es continuar con la ampliación del déficit fiscal para compensar el retroceso de los ingresos y el empleo. En algún momento se entraría en un estado generalizado de incumplimiento de los balances económicos básicos, que dejaría la economía a la deriva. Lo que se plantea es la modificación drástica del modelo de libre mercado, el cual se lleva por delante el ahorro, la balanza de pagos, el empleo y la distribución del ingreso. En la práctica se podría realizar con el modelo de reformas estructurales que eleven el ahorro y la productividad del trabajo y coloquen el salario por encima. Hay que modificar la composición comercial y sectorial, la coordinación fiscal, monetaria y financiera, el reparto de las rentas sociales y el atraso salarial.

Las soluciones no puedan venir de organismos que desconocen la historia de Colombia y América Latina y operan con concepciones generalistas que se aplican sin distinción en todos los lugares. El país llegó al estado actual siguiendo las directrices de las instituciones internacionales de crédito y las firmas calificadoras de riesgo. Es necesario avanzar en concepciones teóricas que reconozcan la historia y los desequilibrios de Colombia y América Latina, a tiempo que mejoren los procedimientos de aplicación y seguimiento.

En varios foros he planteado la necesidad de un debate abierto sobre la responsabilidad del modelo aplicado desde 1980 por los diferentes gobiernos sobre los resultados de la distribución del ingreso y la forma de rectificarlo. No es posible encender una vela cuando no se reconoce que está apagada.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/eduardo-sarmiento/retroceso-de-la-distribucion-del-ingreso/

21.41.-El régimen pensional en el banquillo SALOMÓN KALMANOVITZ

La Corte Constitucional está examinando la legalidad de los traslados del régimen privado de pensiones al público. Mientras el privado, que se identifica como Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), otorga mesadas que son solo el 27 % del salario promedio de los últimos 10 años de vida laboral, el Régimen de Prima Media (RPM) otorga un 64 %. Es la razón por la cual un millón de personas se han trasladado del RAIS al RPM, creándole un problema fiscal al Estado.

31 oct 2021.- Mientras el sistema público es generoso y requiere de subsidios, el régimen de ahorro individual paga mesadas muy bajas y se queda con una tajada excepcional de los ahorros de sus afiliados que son la base de sus ganancias extraordinarias. En 2019, la rentabilidad del sector financiero fue de 13 % de su capital, pero la de las AFP fue del 24 % (datos de Flor Salazar).

El subsidio a las pensiones en 2021 será de unos $40 billones (3,9 % del PIB), pero, ojo: Colpensiones marca un déficit de sólo 1 %, el resto de apropiaciones son para Defensa y Policía con 1 %, el Magisterio con otro 0,75 %, y el 1,15 % restante es de las pensiones del Poder Ejecutivo y Judicial. Para 2022 el subsidió será de 4,3 % del PIB y Colpensiones aumenta su déficit al 1,6 %.

Los gremios maliciosos del sector privado (Asofondos y ANIF) afirman que todo el déficit del sector público es responsabilidad de Colpensiones, lo cual es contraevidente. De acuerdo con Asofondos, la migración hacia el sector público causaría un déficit adicional de $34,1 billones, algo que es discutible.

Según Jorge Armando Rodríguez, “las estimaciones del efecto fiscal de los traslados tienen en cuenta los costos duraderos o permanentes asociados a las mesadas pensionales que los demandantes obtendrían en Colpensiones, pero, a juzgar por lo que se indica en los documentos entregados a la Corte Constitucional por las dos entidades, solo contabilizan los beneficios inmediatos asociados al traslado al RPM del capital acumulado por los mismos demandantes en el RAIS”. Los defensores del régimen privado pasan por alto “el efecto positivo que se generaría a través del tiempo por la liberación de recursos del presupuesto nacional que de otra manera tendrían que utilizarse para realizar dicho pago”. El costo de oportunidad o el ahorro podría ser aproximado con los intereses que tiene que pagar el Gobierno por sus bonos (7 % anual) sobre el capital recibido de las AFP.

Para solventar el problema de los traslados se requiere igualar los beneficios de los dos sistemas, reduciendo los de prima media (con la ayuda de un impuesto a las pensiones altas y una nueva regulación) y aumentando los de ahorro individual. Sería necesario limitar los costos de administración de las AFP, que son elevados (se quedan con el 4,5 % del 16 % del aporte mensual), lo cual contribuiría a financiar mesadas más altas para sus afiliados. Según Angélica Lozano, de cada $100 que recibe Colpensiones, $18 van a seguros y $82 al fondo común; las AFP se quedan con $10 de administración, $18 de seguros y entran a la cuenta individual del afiliado solo $72.

Sería conveniente que la Superintendencia Financiera forzara una venta de parte de la propiedad accionaria de las dos AFP más grandes (Porvenir y Protección), para que nuevos operadores entren al negocio. Se daría mayor competencia en ese mercado que debe favorecer a los afiliados con mejores condiciones de ahorro y de retiro.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/el-regimen-pensional-en-el-banquillo/

21.40.-Alarma: Los tiempos sí son difíciles SALOMÓN KALMANOVITZ

Las perspectivas comerciales y cambiarias de Colombia son sombrías. En lo corrido del año (enero-agosto) las importaciones han superado ampliamente las exportaciones: mientras las primeras aumentaron 50 %, las segundas lo hicieron solo en 28 %. El déficit comercial alcanza casi US$12.000 millones en ocho meses, contra US$7.700 millones en los 12 meses de 2020.

25 oct 2021.- La cuenta corriente de la balanza de pagos, que registra tanto el comercio de bienes y servicios como rentas y dividendos, obtuvo un déficit bastante grande de -3,7 % del PIB en 2020. El desequilibrio se agravará en 2021 con -5,2 % del PIB, según proyecciones de Fedesarrollo. Llama la atención la protuberante caída en la extracción de barriles de petróleo del 34 % entre 2020 y 2021, lo cual fue amortiguado por un aumento importante de su precio.

Hay que preguntarse qué pasa con Ecopetrol. Recuérdese que fue obligada por el Gobierno a que se endeudara por casi US$4.000 millones para que le comprara Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y utilizar esa suma como plata de bolsillo. Lo hizo por medio de un contrato interadministrativo, pagando $25.000 por acción, cuando en diciembre de 2020 la acción en bolsa costaba $15.480. En otras palabras, Ecopetrol le dio bastante más al Gobierno por ese paquete accionario que si lo hubiera hecho a través de la Bolsa de Valores, así que también exprimió la caja de la empresa petrolera.

En vez de estar explorando a marchas forzadas para compensar la caída de su producción de crudo, ahora Ecopetrol está metida en el negocio de la electricidad, del que no conoce nada. El Gobierno, a su vez, debió hacer aprobar una reforma tributaria que le permitiera equilibrar sus ingresos con sus egresos, pero al fracasar en el intento decidió canibalizar las empresas del Estado para financiarse.

A pesar de esa perspectiva problemática, la tasa de cambio se ha mantenido estable, gracias a dos hechos que no se repetirán hacia futuro: primero, el Banco de la República recibió US$2.790 millones del Fondo Monetario Internacional como derechos especiales de giros, que diligentemente entregó al Gobierno, a cambio de sus títulos a precios administrados que lo favorecieron; segundo, Ecopetrol monetizó los US$3.766 millones aludidos por la compra de ISA. Las dos operaciones liquidaron US$6.556 millones en el mercado cambiario.

Cuando se disipen esas divisas del mercado, la tasa de cambio debe devaluarse, reflejando el creciente déficit de la cuenta comercial y de la cuenta corriente del país con el exterior. Al suceder esto, la inflación tenderá a intensificarse y demandará una política mas restrictiva del Banco de la República, cuya junta ya dio a conocer su inclinación por “normalizar” la tasa de interés de referencia, lo que significa colocarla por encima de la inflación.

La encrucijada en que se encuentra la junta del emisor es complicada: o aprieta demasiado la política monetaria restringiendo el crédito y ralentizando la actividad económica o permite el alto crecimiento que se pronostica para el año que termina y el siguiente. En el primer caso, frenará en algo la inflación y también la demanda por importaciones contribuyendo a disminuir los déficits externos; en el segundo, tendremos una mayor inflación con el riesgo de que se consolide en el tiempo y un mayor desequilibrio externo que puede precipitar una estampida de capital. Esto lo advirtieron las calificadoras de riesgo en julio, al reducirle la nota crediticia al país.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/tiempos-dificiles/

 

  • 21.39.-Lenta recuperación EDUARDO SARMIENTO
  • La recuperación SALOMÓN KALMANOVITZ
  • Laxitud presupuestal JORGE IVÁN GONZÁLEZ
  • Lo que no se dice de la crisis en la cadena de suministros – ROBERT KUTTNER 

Si se leen las noticias de los medios de comunicación, todo el mundo se centra en los árboles y no ve el bosque. Los barcos están atascados, los puertos se encuentran al límite de su capacidad, no hay suficientes camioneros y la escasez se agrava a medida que los productores acumulan suministros.

22 oct 2021.- Por supuesto, pero, para empezar, ¿por qué se ven desbordados nuestros puertos?

En la década de 1980, las empresas comenzaron a instituir la producción «just-in-time», manteniendo pocas existencias para ahorrar costes. Combinaron esta estrategia con la subcontratación en Asia de un número cada vez mayor de suministros, para ahorrar aún más costes, sobre todo laborales. Los buques portacontenedores cada vez más grandes convirtieron el modelo en algo todavía más atractivo.

A Wall Street le encantaba esta estrategia porque debilitaba a los trabajadores y aumentaba los beneficios a corto plazo. Pero como advirtió nuestro amigo Barry Lynn en el Prospect en el año 2007, si se combina la producción “just-in-time” con fuentes de suministro lejanas, hay que tener cuidado cuando se produce algún tipo de alteración.

Y la COVID fue la crisis que puso finalmente al descubierto todas las vulnerabilidades ocultas del sistema.

En la época en que la mayoría de los suministros se obtenían en el país, nunca se producían crisis en la cadena de suministros, porque fabricábamos la mayor parte de las cosas en casa. Había algunas importaciones, pero no abrumaban los puertos. Y en la época en la que había un sector regulado de conducción por carretera y un sindicato de camioneros fuerte, no había nunca escasez de conductores de camiones porque se trataba de empleos buenos.

No podemos arreglar esta crisis aumentando la capacidad portuaria o haciendo que estibadores y camioneros hagan horas extras. Se trata de un fracaso sistémico, arraigado en un exceso de poder empresarial y demasiada fe en los mercados, en la desregulación y el hiperglobalismo, un cóctel también conocido como neoliberalismo. Si vuelven  los puestos de trabajo y los suministros al país, y se restablece alguna regulación, la crisis de la cadena de suministro desaparece.

Esto lo entiende Joe Biden, y se está moviendo para relocalizar la producción y los buenos empleos. Pero eso llevará tiempo. Qué cruel ironía, para él y para nosotros, que esta crisis, de fusión lenta, estalle durante su mandato.

https://www.sinpermiso.info/textos/lo-que-no-se-dice-de-la-crisis-en-la-cadena-de-suministros

21.39.-Lenta recuperación EDUARDO SARMIENTO

La economía se encuentra en estado crítico. El empleo no registra mayor avance con respecto al nivel registrado en 2019, la tasa de ocupación es muy inferior a la registrada antes de la pandemia. El déficit en cuenta corriente ascendió a 6,5% del PIB en el segundo trimestre, cifra nunca antes vista.

 

24 oct 2021.- La demanda agregada estimada por el DANE, que sirve de base para la estimación del producto nacional, si bien tuvo un repunte al principio del año, ha declinado en forma permanente. En efecto, la demanda supera la oferta y desciende en forma sistemática, y está por debajo de las proyecciones de los organismos internacionales.

La explicación la presenté hace más de un año. La reducción de la tasa de ahorro, que venía de atrás y se vio seriamente agravada por la cuarentena de la pandemia, en conjunto con el aumento del déficit fiscal configuraron una economía de oferta, en la cual, como lo dice su nombre, la producción es menor que la demanda. Se replican las economías del siglo XIX en que la producción y el empleo se desploman y luego entran en estancamiento por varios años. Es improbable que se compense en el presente año la caída registrada en 2020. La demanda estimada por el DANE crecerá por debajo del 7%, como se verá en los próximos meses. El empleo avanza por debajo de la producción y las importaciones y el déficit de la balanza de pagos se disparan. La producción real de la economía evaluada en términos del empleo y la productividad evoluciona muy por debajo de la demanda estimada por el DANE.

¿Qué ocurrió? La reducción del ahorro ocasionada por la cuarentena, el mal funcionamiento de la economía y el déficit fiscal de 10% del PIB configuraron un exceso estructural de demanda sobre la oferta. El desajuste no podía rectificarse con el modelo imperante de libre mercado que induce y señala bajar el salario, eleva la tasa de interés, profundiza la apertura propiciando la entrada masiva de importaciones y revive la inflación.

La verdad es que la economía venía mal porque fue la gran perdedora de la apertura económica y los TLC, que se subsanó en algunos momentos por los altos precios del petróleo, el endeudamiento externo y el narcotráfico. El severo daño sobre la estructura productiva provocado por la especialización en actividades de ventaja comparativa de baja productividad del trabajo y escasa demanda externa deprime los salarios y genera cuantiosos déficits en cuenta corriente, que superan los beneficios coyunturales de adquirir los bienes de mayor complejidad a menores precios en el exterior.

El panorama se puede rectificar con las reformas estructurales que he propuesto en forma insistente en las áreas dominantes de la economía. Ante el atraso del empleo y el acelerado deterioro de la balanza de pagos, la solución práctica adquiere la forma de una política industrial que, en combinación con la política comercial y sectorial, la política monetaria y financiera, la política tributaria y las transferencias de las rentas sociales, reduzca el déficit fiscal, eleve el ahorro y sostenga el salario por encima de la productividad del trabajo.

En este contexto, la economía volvería al redil de las economías de demanda, en las que, como lo dice su nombre, la producción es mayor que la demanda. La actividad productiva se normaliza, el déficit en cuenta corriente disminuye, el empleo avanza paralelamente a la producción y el sistema en conjunto entra en plena recuperación. La economía tendría las condiciones básicas para crecer por encima de la tendencia histórica y mejorar rápidamente la distribución del ingreso medida por el coeficiente de Gini.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/eduardo-sarmiento/lenta-recuperacion/

21.39.-La recuperación SALOMÓN KALMANOVITZ

Se estima que el crecimiento económico de Colombia en 2021 (6,9 % anual) será casi igual a la contracción del año pasado (-6,8 %), así que apenas se recuperará el nivel anterior al de la pandemia. La industria mostró una fuerte expansión en julio, que supera en 20 % al nivel de 2020.

17 oct 2021.- El desempleo total ha mostrado una mejoría, del 14,4 % en junio al 12,4 % en septiembre, aún lejos del 10,5 % de 2019. No obstante, el desempleo en 13 ciudades es preocupante pues alcanza el 17 % de los que aspiran a encontrar trabajo. Ha sido entonces una recuperación de la producción con poca generación de empleo, así que la productividad del trabajo parece haber aumentado en medio de la peste.

Aparte del rebote que experimentan las economías después de un choque de salud pública, las cotizaciones del petróleo y del carbón están en niveles muy altos, debido al racionamiento de la energía eléctrica y a la necesidad de calefacción durante un invierno que será gélido en Europa y China. Por ello hay una bonanza de sus precios que genera una plétora de divisas que revalúa el peso: hace solo dos meses el dólar se cotizaba en $4.000 y hoy está en $3.750. Ese descenso debería aliviar las presiones inflacionarias ocasionadas por el costo de las importaciones, pero inciden otros factores como el precio de los alimentos, que han aumentado un 12,4 %. El contagio de la inflación global, que incluye los costos del transporte por la congestión de los puertos, la escasez de contenedores y los precios crecientes de la energía, complica el alza de los precios en el país. No nos salva que Colombia produzca petróleo, gas y carbón suficientes.

La inflación se ha elevado rápidamente y en septiembre superó el 4,5 %, cuando hace un año era de solo el 2 %. Como ya se dijo, el mayor impulso es el de los alimentos, pero no ayudan los precios regulados por el Gobierno, con un incremento del 6 %, liderados por los combustibles. Por ello, la Junta Directiva del Banco de la República decidió iniciar lo que llama “normalización” de la tasa de interés de referencia, al subirla de 1,75 % al 2 %, decisión que pudo ser precipitada.

Por lo general, un banco central considera que el precio de los alimentos o los precios regulados no pueden ser neutralizados por políticas monetarias austeras: ni el clima ni las cosechas van a mejorar, y el Gobierno no se va a dar por aludido para reducir el precio de la electricidad, la gasolina o el del alcohol carburante que manipulan los ingenios azucareros. El precio de la gasolina subió $473 por galón en lo corrido del año, aunque este incluye un subsidio que le costará al fisco $8,4 billones en 2021, casi un punto del PIB. La inflación básica fue de solo 2,3 %, que debió tranquilizar a los miembros de Junta.

A pesar de las evidencias, la Junta Directiva consideró que la demanda se había fortalecido demasiado y era la causa fundamental de la inflación, por lo cual decidió apretar la política monetaria. Debió esperar un poco antes de seguir un curso de acción que puede estropear la recuperación.

Persisten dos desequilibrios macroeconómicos preocupantes: un déficit en cuenta corriente del 6,3 % del PIB, que debe ser financiado con crédito externo, y una deuda pública que ya supera el 63 % del producto nacional. Una política monetaria más dura puede contribuir a cerrar un poco el déficit externo reduciendo la demanda de importaciones. El problema es que el abaratamiento de la tasa de cambio las facilita.

NOTA ALTERECO.- Es curioso que el autor siga considerando al petróleo, al carbón y al níquel como el 40% de ingresos de nuestras divisas. Salvo Ecopetrol -que exporta crudo pesado para importar disolventes y crudo liviano para reducir la viscosidad del crudo llanero- todo el resto de exportaciones fob son propiedad de las compañías extranjeras que lo compran en pesos colombianos a precio de boca de pozo, o de boca de mina. La prueba es que en la balanza cambiaria del Banco de la República esos dólares mineros y petroleros no existen. Ecopetrol aparece solo en las Cuentas por compensación.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/la-recuperacion/

21.39.-Laxitud presupuestal JORGE IVÁN GONZÁLEZ

Sorprende que el monto del servicio de la deuda, que es el tema más relevante del presupuesto 2022, sea el que menos se discuta. El asunto no causa alarma en el Congreso, ni genera polémica en la opinión pública.

22 oct 2021.- De $350 billones, el servicio de la deuda (abono a capital e intereses) es de $78,1 billones, equivalentes a 22,3% del presupuesto. Solamente al pago de intereses se destinarán $38,2 billones. Después del servicio de la deuda, le sigue con una distancia considerable, el gasto en educación, que es $49,3 billones (14,1% del presupuesto).

El elevado servicio de la deuda es la expresión más clara de la forma laxa como en los últimos años se ha enfrentado la situación fiscal. El mal se ha venido ahondando. Es evidente que el peso de la deuda ha ido ahogando la disponibilidad presupuestal.

En el Congreso la deuda apenas es vista como un cierre contable, pero no se analizan las razones estructurales que la están causando y, mucho menos, los criterios que tienen las autoridades monetarias para contratarla (tipo de bonos, tasa de interés, características de los tenedores de títulos, tipos de subasta, etc.).

De manera equivocada se piensa que el asunto es exclusivamente técnico, y que las decisiones relevantes sobre su monto y composición, no son asunto del debate público.

No solamente es escandaloso el monto destinado al servicio de la deuda. Es preocupante la dinámica que ha tomado el saldo de la deuda pública. Como porcentaje del PIB, el saldo de la deuda del Gobierno Nacional Central pasó de 38,9% en 2014 a 64,7% en el 2020.

De manera irresponsable se ha ido posponiendo una reforma tributaria, que con criterios progresivos aumente el recaudo y permita responder por el gasto público, que con el paso del tiempo sigue aumentando.

En lugar de enfrentar el problema, los gobiernos insisten en el discurso de la austeridad. Los llamados a la reducción del gasto son inútiles porque éste tiene que continuar subiendo.

La modernización del Estado implica que haya un mayor gasto, así que la única manera de cerrar la brecha es incrementando los impuestos. Y las administraciones Santos y Duque han sido laxas y, una tras otra, han pospuesto las decisiones relevantes.

Y con desfachatez, en la reforma tributaria que se acaba de aprobar se reconoce que no se cerrará el hueco fiscal. Y se decide aumentar los márgenes de endeudamiento permitidos, tanto para las entidades territoriales como para la Nación.

En el caso de los municipios y departamentos, el indicador de sostenibilidad de la deuda pasa de 80% a 100%. Y el de capacidad de pago sube de 40% a 60%. Y ahora a la Nación se le permite que el saldo de la deuda pública con respecto al PIB llegue hasta 71%.

Dicho de otra manera, la reforma tributaria reconoce que el mayor recaudo será insuficiente, y en lugar de mejorar la estructura fiscal, opta por el camino fácil de permitir incrementos de la deuda pública.

Es muy curioso que a medida que se van incumpliendo las metas fiscales, se acentúe el discurso sobre la rigurosidad fiscal. De manera hipócrita, en la reciente reforma tributaria se anuncia que se fortalecerá el llamado Comité Autónomo de la Regla Fiscal.

Mientras tanto, los hechos están mostrando de forma contundente que el mecanismo de la regla fiscal ha sido un fracaso, y nada indica que haya voluntad política para modificar el actual estado de cosas.

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/laxitud-presupuestal-3250978

  • 21.38.-El presidente Biden arrecia la batalla contra los monopoliosMAURICIO CABRERA
  • Reformulación macroeconómicaEDUARDO SARMIENTO

La economía mundial no venía bien. La tasa de ahorro descendió drásticamente en los 30 años de globalización. El estancamiento de ahorro se vio acentuado por las cuarentenas y los protocolos del coronavirus. Los excedentes de ahorro que se habían creado en el siglo XX se los tragó la globalización.

16 oct 2021.- Luego de este historial, se adoptó la cuarentena que redujo considerablemente la tasa de ahorro y se aplicaron cuantiosos déficits fiscales. El exceso de ahorro, o si se quiere la economía de demanda, que se había montado durante medio siglo disminuyó y varios países pasaron a operar con faltantes. Se entró en las economías de oferta. El producto nacional tiende a ser inferior al ingreso nacional y la diferencia varía con las características de los países.

La sombra del país está en el déficit fiscal del 10 % del PIB. No hay que buscar el ahogado aguas arriba. La inflación y el desabastecimiento provienen del intento de contrarrestar el estancamiento de la oferta con la ampliación de la demanda. Como se enseña en los primeros cursos de economía, se generó un exceso de demanda de bienes sobre la oferta, en la cual la inflación sube, el salario baja, las importaciones se disparan desplazando la producción y el empleo y ampliando el déficit en cuenta corriente, y la distribución del ingreso se deteriora. Los resultados están a la vista. El excesivo déficit fiscal de la pandemia generó un estado de estanflación, economía de oferta, que no podía ser más inequitativo. Los costos de ajuste recaen en los ingresos del trabajo por conducto del empleo, la baja del salario y el alza de la inflación. Se insiste en el modelo económico de crecimiento con deterioro de la distribución del ingreso predominante en los últimos 30 años, que no es sostenible en las nuevas condiciones mundiales.

El predominio de los organismos internacionales y las firmas calificadoras de riesgo ha llevado en la práctica a soluciones generalistas basadas en la presunción de que todas las economías funcionan dentro de los preceptos de libre mercado y los únicos instrumentos lícitos de control son la política fiscal y la tasa de interés determinada por el endeudamiento externo de los países.

El error del método científico proviene, en buena medida, de fórmulas que no contemplan las realidades propias de los países. Los análisis giran en torno a cifras obtenidas de las cuentas nacionales. El grado de maniobra de los gobiernos se reduce a la política fiscal, y el manejo de las crisis está a cargo de instituciones que con cifras y teorías universales pretenden sostener y armonizar las economías. Así, los países de mediano desarrollo terminaron en economías de oferta que dan lugar a ajustes destructivos.

Para responder desde la educación a la corrupción y aportar a la construcción de nación, la Universidad Nacional  se ha planteado una cátedra abierta a todos

La solución es volver a la economía de demanda por medio de la reducción del déficit fiscal y el alza de la tasa de ahorro proveniente de reformas estructurales en la conformación comercial y sectorial, la concepción monetaria, las transferencias de las rentas sociales y la política de ingresos y empleo, que he presentado en forma insistente. El país quedaría en condiciones de crecer por encima de la tendencia histórica y mejorar rápidamente la distribución del ingreso.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/eduardo-sarmiento/reformulacion-macroeconomica/

21.38.-El presidente Biden arrecia la batalla contra los monopoliosMAURICIO CABRERA

En Colombia, donde nos gusta imitar todo lo que se hace en EE. UU., ¿cuándo se iniciará una campaña para controlar la concentración de las industrias?

El mayor enemigo de la democracia capitalista no es la revolución proletaria que trata de acabarla desde afuera, sino los monopolios y la concentración de poder económico que la destruyen desde adentro.

10 oct 2021.- Con esa premisa los gobiernos norteamericanos del siglo XX actuaron para limitar el poder de mercado de las grandes corporaciones, hasta que el neoliberalismo llegó al poder con Reagan y empezó una ola de consolidación de monopolios. Hoy, con el gobierno de Biden empieza a revertirse la tendencia.

A finales del siglo XIX, los barones ladrones de EE. UU. crearon monopolios en sectores como los ferrocarriles, el acero o el petróleo, y se consolidaron grandes corporaciones que llegaron a controlar cerca del 70% de la industria manufacturera. Como reacción política desde 1890 empezaron a dictarse leyes antimonopolios y a adoptar medidas como la división de la Standard Oil, de Rockefeller en 34 compañías separadas, o la prohibición de bancos interestatales.

Las leyes antimonopolios se justificaban como el mejor antídoto contra el fascismo y el comunismo, pero desde los años 70 gobiernos demócratas y republicanos se hicieron los de la vista gorda, debilitaron las agencias encargadas de aplicarlas y permitieron un acelerado proceso de fusiones y adquisiciones que concentró el control de casi todos los mercados en unas pocas corporaciones. Caso extremo es el sector de la tecnología y las comunicaciones, con gigantes como Google, Apple y Facebook.

El pasado 9 de Julio se anunció un cambio de tendencia. El presidente Biden expidió un decreto ejecutivo para “promover la competencia en la economía americana” (puede verse en https://bit.ly/3uWfkSd). Su punto de partida es que “la excesiva concentración en los mercados amenaza las libertades económicas fundamentales, la rendición de cuentas democrática y el bienestar de trabajadores, pequeñas empresas, emprendedores y consumidores”.

Especial énfasis da al deterioro de las condiciones laborales que se ha dado con el mayor poder de mercado de los grandes empleadores.

A partir de este principio declara que “es la política de mi administración exigir el cumplimiento de las leyes que combaten la excesiva concentración de la industria, los abusos del poder de mercado y los perniciosos efectos de los monopolios y los monopsonio”.

Para lograr estos objetivos, refuerza el personal de una docena de agencias estatales que deben vigilar el cumplimiento de las leyes, las cuales serán coordinadas por un nuevo Consejo de Competitividad desde la Casa Blanca; además, define 72 actividades de control y vigilancia que deben adelantar estas agencias para evitar la consolidación de monopolios o limitar a los ya existentes y vigilar las fusiones y adquisiciones.

No será una tarea fácil pues el cabildeo de las grandes corporaciones es muy poderoso, pero es positivo que por lo menos se anuncie la intención de enfrentar esa gran amenaza para la democracia. En Colombia, donde nos gusta imitar todo lo que se hace en EE. UU., ¿cuándo se iniciará una campaña similar para controlar la creciente concentración de las industrias?

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/batalla-contra-los-monopolios-557219

  • 21.37.El giro de la política monetaria  – SALOMÓN KALMANOVITZ
  • Inflación estructural JORGE IVÁN GONZÁLEZ
  • Alza de las tasas de interés EDUARDO SARMIENTO
  • Tres puntillazos a la producción nacionalAURELIO SUÁREZ

Las amenazas al agro, al sistema cooperativo cafetero y al acero nacional no son extrañas al modelo económico prevaleciente y profundizado por Duque.

Duque se empeña en implantar políticas destructivas de ramas claves de la producción como la siderurgia, los fertilizantes y la comercialización del café, provocando la ruina de agricultores, de fábricas de acero y, en plena bonanza, de la red de cooperativas cafeteras.

9 oct 2021.- Miles de caficultores, arroceros y maiceros viven una tragedia por la enorme alza de los precios de los fertilizantes en el último año. En la urea, por ejemplo, de 70.000 pesos a 150.000 por bulto de 50 kilos; en el Triple 15 y el DAP, incrementos de 90.000 pesos a 145.000 y de 100.000 pesos a 195.000. Los fertilizantes pasaron de ser 25 por ciento al 45 por ciento de los costos de producción del arroz, y los importes de producir una carga de café se treparon de 800.000 pesos a 1.100.000.

Es el resultado mixto de la devaluación del peso y de una subida mundial en el valor de los fertilizantes y sus materias primas, así como de los fletes, ya que ambos son importados. “La mayoría de los precios de los fertilizantes se dispararon en 2021, en particular los fosfatos y la urea, impulsados por la fuerte demanda” (Banco Mundial). A su vez, el valor medio global de transportar un contenedor pasó de 2.250 dólares a 10.517 (https://fbx.freightos.com/).

En tan trágico escenario, el Gobierno de Duque, mediante la Supersociedades, intervino, por razón opaca e información incierta, a Monómeros Colombo-Venezolanos. Al mirarse el mercado nacional de abonos, que, según el Banco Mundial y la FAO, es de los de mayor consumo en el mundo, se orienta hacia una alta concentración de la oferta a favor de la multinacional Yara, que prepondera desde 2014 con la compra de Abocol.

Como si fuera poco, Ferticol, factoría pública nacional de fertilizantes, sobresaliente por su producto Nitron 26 y proveída por la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, acaba de clausurarse por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, deshonrando su palabra de campaña.

Se avanza hacia un eventual monopolio para surtir los dos millones de toneladas utilizadas, de las cuales 400.000 se elaboran localmente y las otras son importadas por más de 700 millones de dólares, suma que, por lo visto, se duplicaría, ya que es el cuarto arancel que más carga moviliza. Duque, en vez de aliviar, refuerza las cargas sobre el agro.

En la siderurgia, el empujón al abismo es más recio. Por la coyuntura mundial, los precios del acero se han elevado, a pesar de lo cual la producción nacional aumentó 46 por ciento. Atendiendo demandas de las firmas constructoras, de gancho con las financieras, el Ministerio de Comercio, para abaratarlo, optó por rebajar los aranceles, del 10 al 5 por ciento, y propiciar el ingreso de más producto de China y Turquía, que ya captura una porción del mercado y reconocido por venir con dumping, debajo del costo de producción.

Las principales siderúrgicas en Colombia son de consorcios brasileños, y hay dos colombianas, en el Valle y en Boyacá. Suman 45.000 empleos entre todas y una capacidad de 2,6 millones de toneladas que apenas se utiliza al 60 por ciento, por la importación de productos extranjeros en condiciones espurias. Con la nueva disposición, las siderúrgicas marchan a la parálisis.

Las cooperativas cafeteras viven un apuro crucial. Destacado hasta por Duque como “éxito” el sistema de compras a futuro, en Andes, Antioquia (video minuto 1-40 a 2-30, https://www.youtube.com/watch?v=i3ygd8FR1p4), enfrentan un revés insólito por los altos precios internacionales. Al haber transado de antemano con miles de caficultores a valores cercanos a un millón de pesos por carga y con compromisos de entrega en el exterior, enfrentan un cuello de botella, pues los productores, al ver alzarse las cotizaciones a más de 1.800.000 pesos, decidieron incumplir y rehúsan mover su café hacia las cooperativas.

La falta, que podría llegar a 500.000 sacos de 60 kilos, con un sobrecosto de 200 millones de dólares, hundiría el sistema cooperativo, que ya perdió en 2020 casi 25.000 millones de pesos. Caerían entidades como las de Andes, Risaralda, algunas de Tolima y Valle en estados financieros negativos y otras con márgenes muy estrechos. ¿Se saldará a cargo del Fondo del Café? ¿Del ahorro patrimonial de los afilados? ¿De Expocafé?

Las amenazas al agro, al sistema cooperativo cafetero y al acero nacional no son extrañas al modelo económico prevaleciente y profundizado por Duque. La algarabía, por un crecimiento económico del 8,8 por ciento en el primer semestre de 2021, oculta que la variable más influyente son las importaciones, incluido el café en grano, que escalaron en el año corrido el 45 por ciento, por encima de cualquier otra.

Los puntillazos reseñados se suman a muchos del martillo del libre comercio contra la producción nacional. Otros tres más.

https://www.semana.com/opinion/articulo/tres-puntillazos-a-la-produccion-nacional/202100/ 

21.37.El giro de la política monetaria  – SALOMÓN KALMANOVITZ

«Con un desempleo juvenil del 23,3 %, es prematuro comenzar a apretar la política monetaria de manera tan dura, cuando la política fiscal está amarrada por el enorme déficit del Gobierno actual» – Salomón Kalmanovitz. Agencia Bloomberg 

En su reunión del 30 de septiembre la Junta Directiva del Banco de la República inició un notorio cambio de curso: suspendió su política expansionista reflejada en una tasa de interés de 1,75 % —la cual mantuvo durante el año de la peste—, que incrementó en un 0,25 %. Así comenzó la “normalización” de la política monetaria, que debe continuar hasta que la tasa de interés de política sea mayor que la inflación.

3 oct 2021.- Así lo constata el gerente, Leonardo Villar, quien afirmó: “Tenemos una tasa de interés real negativa, que es una manera de decir que la tasa de interés nominal está por debajo de la inflación observada y de las expectativas de inflación. Es una situación anómala que no puede perdurar indefinidamente”, y que se enfrentará de manera progresiva. El dinero primario que recibe el sistema financiero tendrá entonces un costo más cercano al 5 % anual, que se trasladará a sus nuevos deudores y frenará entonces las actividades productivas, la construcción y el comercio.

De acuerdo con el comunicado del banco central, “el fortalecimiento de la demanda interna al igual que la proveniente de los principales socios comerciales soportarían el mayor dinamismo económico en lo que resta del año, con lo cual se espera un crecimiento de 8,6 % para 2021 y de 3,9 % en 2022″. En 2020 el crecimiento se redujo en -6,8 %, de modo que el resultado proyectado para 2021 solo es un 1,2 % mayor que el nivel de actividad obtenido en 2019. El desempleo se redujo en dos puntos y llegó al 12,3 % de la fuerza de trabajo, al 14,2 % en las ciudades, aún lejos del nivel “normal” en Colombia: 10 %.

La decisión no fue unánime, pues tres de los siete miembros de la Junta votaron por un incremento del 0,5 %, el doble del que se aprobó, lo que sugiere una preocupación mayor por la inflación, hoy del 4,44 %, que supera bastante el límite de la meta. Aún falta determinar si el aumento de precios es resultado de limitaciones de oferta (malas cosechas o devaluación del peso) o de excesos de demanda, porque la fórmula para enfrentarlo sería distinta según sea el caso: levantar las restricciones para que la oferta aumente o restringir la demanda encareciendo el crédito, como decidió la Junta.

Los disidentes deberían saber, además, que la economía está lejos de haber cerrado la “brecha de producto” —el margen para llegar al pleno empleo y desatar presión inflacionaria— para proponer un aumento tan abrupto de la tasa de interés del Banco. Con un desempleo juvenil del 23,3 %, es prematuro comenzar a apretar la política monetaria de manera tan dura, cuando la política fiscal está amarrada por el enorme déficit del Gobierno actual.

La proyección de crecimiento tiene un aspecto preocupante: la ampliación del déficit en cuenta corriente, que llegó al 6,3 % del PIB en el segundo trimestre de este año. Eso indica que el país y el Gobierno están gastando más de lo que produce la economía o recauda el Estado. El déficit fiscal de 2021 fue del 8,6 % del PIB, un punto más que el año anterior. El exceso de gasto público también provoca un mayor gasto del país en el exterior. Su financiación depende de la tasa de interés a la que están dispuestos a arriesgar su dinero los prestamistas nacionales e internacionales, y hay un claro deterioro: en enero de este año los títulos del Gobierno (TES) a 10 años devengaban un interés del 5,9 % anual, pero el 24 de septiembre tenían que pagar el 8,1 %.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/el-giro-de-la-politica-monetaria/

21.37.-Inflación estructural JORGE IVÁN GONZÁLEZ

El Banco de la República está preocupado porque en el último año (sep. 2021 y sep. 2020), la inflación fue de 4,51%, superior a la meta de 3%. Para responder a esta situación se decide aumentar la tasa de referencia de 1,75% año a 2%.

8 oct 2021.- Esta opción del Banco es equivocada porque los factores que están halando la inflación hacia arriba no son de naturaleza monetaria, sino estructural. Y en términos sencillos, como la oferta no está respondiendo a la demanda es lógico que los precios suban. A nivel internacional, la expresión más clara de este desbalance es el aumento del precio del petróleo.

Es un error subir la tasa en estos momentos, cuando la reactivación apenas está comenzando. Sobre todo, porque la banca colombiana ha sido reacia a reducir sus tasas cuando el banco central disminuye la de referencia, pero es muy proclive a encarecer los costos de los créditos cuando el Banco del República comienza a subir su tasa.

En lugar de aumentar la tasa de interés de referencia, el Banco de la República debería alertar sobre los aspectos estructurales que están causando el alza de los precios. Y desde esta perspectiva, es necesario observar con cuidado la situación de la producción agropecuaria. Sorprende el crecimiento significativo que tuvo la inflación de alimentos. En el año fue de 12,4%, un nivel considerablemente superior al IPC global de 4,51%.

La modernización del campo es una tarea prioritaria, a la que no se le ha prestado anterior. De acuerdo con las estimaciones recientes que hizo Greenpeace, en el último año Colombia importó 12 millones de toneladas de alimentos básicos, equivalentes a 30% de los alimentos que se consumen en el país.

El mal manejo de la bonanza anterior durante las administraciones Santos, agudizó el déficit de la cuenta corriente, que todavía no se cierra. Mientras el peso estaba revaluado, no se le prestó atención al aumento progresivo de las importaciones de alimentos. Pero ahora que la devaluación se ha acentuado, el costo de la casta está subiendo de manera significativa.

En pesos se han encarecido los bienes finales y los insumos. La inflación de alimentos afecta especialmente a las familias pobres, porque son el principal componente de su canasta de consumo. Los mayores precios son una pésima noticia para estas familias que ya estaban golpeadas por la pandemia.

La modernización del campo y el aumento de la productividad agropecuaria es la mejor protección contra la inflación. Es inaceptable que se siga consolidando la ganadería extensiva, que le quita terrenos a la agricultura. El lento avance del catastro multipropósito ha impedido conocer el funcionamiento del mercado de tierras.

La complejidad del ordenamiento territorial no se asume seriamente porque el poder terrateniente continúa siendo relevante. En estos temas la sociedad colombiana es premoderna. De acuerdo con el censo agropecuario del 2014, el Gini de concentración de la tierra es escandaloso, de 0,91.

En lugar de mover la tasa de interés, el Banco de la República debería estar convocando a la sociedad colombiana para que se busquen los mecanismos que llevan a una producción agropecuaria moderna y sostenible. El Banco no mira los determinantes estructurales de los precios. Y la estrechez de su visión lo lleva a obstaculizar la reactivación. Comete el grave error de invitar a la banca privada a que suba la tasa de interés.

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/inflacion-estructural-3244207

21.37.-Alza de las tasas de interés EDUARDO SARMIENTO

El Gobierno configuró un déficit fiscal de 9% del PIB por la pandemia y por los muchos otros aspectos que vienen de atrás. El defecto ha tratado de resolverse por diversos medios. Primero, acudió a una reforma tributaria que generó una severa protesta que provocó el retiro del proyecto radicado en el Congreso, y del ministro de Hacienda Carrasquilla.

 

9 oct 2021.- Luego, el ministro Restrepo trató de aminorar el conflicto político con otra reforma tributaria que aumenta los ingresos a cambio de mayores gastos y no afecta mayormente el déficit fiscal. El Gobierno terminó con un cuantioso faltante que viola la regla fiscal con la anuencia del comité consultivo. Ahora, se vino a ver qué el déficit no es compatible con el buen funcionamiento de la economía y se pretende contrarrestarlo con la elevación de las tasas de interés que acentúa el deterioro de la distribución del ingreso.

Lo cierto es que el déficit fiscal ocasionó un estado de demanda superior la oferta que no afecta la producción y el empleo, y en su lugar, genera serías presiones sobre los precios, los salarios y la balanza de pagos. En términos más visibles, se configuró la típica economía de oferta que, como se mostró en la última columna, rememora la década de 1970, cuando el país experimentó la mayor inflación del siglo. En el desespero la junta del Banco de la República procedió a elevar las tasas de interés, lo que agrava el retraso de la distribución del ingreso.

Es claro que la solución era reducir el déficit fiscal. En lugar de que la junta le solicitará al Gobierno la reducción del déficit fiscal, procedió por su cuenta a elevar la tasa de interés. En su lugar, anunció un alza de la tasa de referencia de 1,75 a 2% y anticipó que la dosis se repetirá en los próximos meses. Se ha regresado a las épocas en que la inflación se buscaba frenar con alzas de tasas de interés que resquebrajan la distribución del ingreso. Paradójicamente, el ministro de Hacienda que desbordo el déficit fiscal es el mismo que ahora, como miembro de la junta del Banco de la República, propicia elevar la tasa de interés para contrarrestarlo.

El elevado déficit fiscal y la baja tasa de ahorro configuraron una economía de oferta que no sigue las visiones convencionales. No se cumple la ley de Say y Walras. Las demandas no igualan a las ofertas en todos los mercados y la suma de las demandas es mayor que la suma de las ofertas. La economía está expuesta a alzas de precios y estímulos y señales de mercado que inducen a resolver las deficiencias de la producción con bajas de salarios o alzas de las tasas de interés que deterioran la distribución del ingreso. La solución es inequitativa. La mejor opción, y la más sostenible, se encuentra en un punto medio en el cual se avanza tanto en la equidad como en la eficiencia.

En cierta manera, se confirma que la concepción de libre mercado de la política monetaria no es sostenible con un cuantioso déficit fiscal. El sistema queda abocado a la elevación de la tasa de interés, entrada de importaciones y baja del salario que deterioran la distribución del ingreso La solución no es otra que reducir el déficit fiscal para salir de la economía de oferta. Una vez en la economía de demanda es posible avanzar en un modelo que eleve el ahorro y sostenga el salario por encima de la productividad del trabajo mediante reformas comerciales y sectoriales, monetarias, transferencias fiscales y reducción del atraso salarial. Se volvería al redil de las economías de demanda que predominó entre 1950-1970 en que el ahorro sube, el producto nacional crece por encima de la tendencia histórica y la distribución medida por el coeficiente de GINI mejora rápidamente.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/eduardo-sarmiento/alza-de-las-tasas-de-interes/

21.37.-Alza de las tasas de interés                            – EDUARDO SARMIENTO

El Gobierno configuró un déficit fiscal de 9% del PIB por la pandemia y por los muchos otros aspectos que vienen de atrás. El defecto ha tratado de resolverse por diversos medios. Primero, acudió a una reforma tributaria que generó una severa protesta que provocó el retiro del proyecto radicado en el Congreso, y del ministro de Hacienda Carrasquilla.

9 oct 2021.- Luego, el ministro Restrepo trató de aminorar el conflicto político con otra reforma tributaria que aumenta los ingresos a cambio de mayores gastos y no afecta mayormente el déficit fiscal. El Gobierno terminó con un cuantioso faltante que viola la regla fiscal con la anuencia del comité consultivo. Ahora, se vino a ver qué el déficit no es compatible con el buen funcionamiento de la economía y se pretende contrarrestarlo con la elevación de las tasas de interés que acentúa el deterioro de la distribución del ingreso.

Lo cierto es que el déficit fiscal ocasionó un estado de demanda superior la oferta que no afecta la producción y el empleo, y en su lugar, genera serías presiones sobre los precios, los salarios y la balanza de pagos. En términos más visibles, se configuró la típica economía de oferta que, como se mostró en la última columna, rememora la década de 1970, cuando el país experimentó la mayor inflación del siglo. En el desespero la junta del Banco de la República procedió a elevar las tasas de interés, lo que agrava el retraso de la distribución del ingreso.

Es claro que la solución era reducir el déficit fiscal. En lugar de que la junta le solicitará al Gobierno la reducción del déficit fiscal, procedió por su cuenta a elevar la tasa de interés. En su lugar, anunció un alza de la tasa de referencia de 1,75 a 2% y anticipó que la dosis se repetirá en los próximos meses. Se ha regresado a las épocas en que la inflación se buscaba frenar con alzas de tasas de interés que resquebrajan la distribución del ingreso. Paradójicamente, el ministro de Hacienda que desbordo el déficit fiscal es el mismo que ahora, como miembro de la junta del Banco de la República, propicia elevar la tasa de interés para contrarrestarlo.

El elevado déficit fiscal y la baja tasa de ahorro configuraron una economía de oferta que no sigue las visiones convencionales. No se cumple la ley de Say y Walras. Las demandas no igualan a las ofertas en todos los mercados y la suma de las demandas es mayor que la suma de las ofertas. La economía está expuesta a alzas de precios y estímulos y señales de mercado que inducen a resolver las deficiencias de la producción con bajas de salarios o alzas de las tasas de interés que deterioran la distribución del ingreso. La solución es inequitativa. La mejor opción, y la más sostenible, se encuentra en un punto medio en el cual se avanza tanto en la equidad como en la eficiencia.

En cierta manera, se confirma que la concepción de libre mercado de la política monetaria no es sostenible con un cuantioso déficit fiscal. El sistema queda abocado a la elevación de la tasa de interés, entrada de importaciones y baja del salario que deterioran la distribución del ingreso La solución no es otra que reducir el déficit fiscal para salir de la economía de oferta. Una vez en la economía de demanda es posible avanzar en un modelo que eleve el ahorro y sostenga el salario por encima de la productividad del trabajo mediante reformas comerciales y sectoriales, monetarias, transferencias fiscales y reducción del atraso salarial. Se volvería al redil de las economías de demanda que predominó entre 1950-1970 en que el ahorro sube, el producto nacional crece por encima de la tendencia histórica y la distribución medida por el coeficiente de GINI mejora rápidamente.

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  • 21.36.-Ajuste monetario y político SALOMÓN KALMANOVITZ
  • El lío de Monómeros colombo venezolanos AMYLKAR ACOSTA
  • Vuelve la inflación EDUARDO SARMIENTO

Las decisiones equivocadas de los bancos centrales están llevando a replicar la crisis inflacionaria de la década de 1970. En ese entonces la economía mundial operó dentro de un marco de economía de oferta ocasionada por el bajo ahorro y la política fiscal y monetaria altamente expansiva. La elevación de la inflación se originaba en la ampliación de la demanda con respecto a la producción.

3 oct 2021.- Sin embargo, el fenómeno no fue bien entendido. En el conjunto de la economía se presentaban ajustes que subían los precios, elevaban el salario, reducían el déficit en cuenta corriente y elevaban la tasa de cambio.

Los hechos confirmaron que las economías no operan dentro de las concepciones clásicas de que el ahorro y la inversión se igualan por conducto de la tasa de interés. Debido a la baja respuesta del ahorro a la tasa de interés, se generan sobrantes y faltantes de ahorro que alteran notablemente el funcionamiento de las economías. En las épocas de ahorro sobrante operan con demanda por debajo de la producción y en las épocas de ahorro faltante lo hacen con demanda por encima de la oferta. En las primeras predomina el desempleo y en las segundas la inflación.

La normalización del sistema mundial se logró con políticas fiscales y monetarias altamente contractivas, que dispararon las tasas de interés, elevaron el ahorro y redujeron el déficit fiscal. La economía mundial retornó a la economía de demanda delineada por Keynes. Las alzas de precios descendieron y se estabilizaron en los promedios históricos.

Colombia no fue la excepción. En 1977 registró la inflación más alta del siglo y adoptó un programa de moderación de la demanda y de expansión de la producción, en particular en la agricultura, que retornó la inflación a la tendencia histórica. La crisis se enfrentó con una política monetaria selectiva que moderó la expansión de la demanda y estimuló la producción, en particular la de bienes agrícolas. Al igual que la economía mundial, Colombia retornó a la economía de demanda, en donde la producción es mayor que la demanda.

Las condiciones descritas cambiaron progresivamente en los últimos diez años. La baja de la tasa de ahorro, el coronavirus y las políticas fiscales para enfrentarlo revivieron las economías de oferta que operan con ahorro faltante. La demanda pasó a superar la oferta. En los sectores que operan con exceso de oferta, como la agricultura y el petróleo, la diferencia se acortó.

La fisonomía de la economía cambió radicalmente. Las fuertes tendencias inflacionarias solo se pueden remediar con la reducción del déficit fiscal y la elevación de la tasa de ahorro. En el modelo imperante de libre mercado el ajuste provendría de un alza en la tasa de interés y una baja de salarios que reducen los ingresos laborales, deterioran la distribución del ingreso y agravan el malestar y la protesta social.

La solución es el modelo de cambios estructurales que he venido sugiriendo desde la iniciación de la pandemia. El primer paso es abandonar la independencia del Banco de la República para avanzar en una mayor coordinación con la política fiscal. La práctica actual de que la política fiscal es acordada con el Congreso y la política monetaria es guiada por el modelo de libre mercado no es sostenible. Es imprescindible avanzar en la coordinación que permita reducir el déficit fiscal y ampliar su financiación con TES adquiridos por el Banco de la República. Si a esto se agregan las reformas estructurales pendientes en materia comercial y sectorial, transferencias de las rentas sociales y política laboral, las presiones inflacionarias se podrían revertir dentro de un contexto de recuperación de la actividad y mejoría de la distribución del ingreso.

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21.36.-Ajuste monetario y político SALOMÓN KALMANOVITZ

El Banco de la República enfrenta un cambio de condiciones y debe tomar delicadas decisiones para intentar dar solución a varios problemas económicos. En Estados Unidos la inflación superó ampliamente la meta de la Reserva Federal (la FED), que es del 2 %, pues supera el 5,3 %, debido a la fuerte recuperación económica y problemas de suministro; por lo tanto, la FED reduce su postura expansionista que mantuvo hasta ahora con compras masivas de bonos de deuda y fijando una tasa de interés del 0 %. Ha anunciado que va a reducir sus compras de títulos y elevará su tasa de interés sustancialmente en el futuro.

26 sep 2021.- Por bastante tiempo el banco colombiano mantuvo su tasa de interés en 1,75 %, a pesar de una elevación de la inflación que en septiembre marcó 4,44 %, empujada en buena medida por la devaluación del peso, incumpliendo así su meta, que es del 3 %. La inflación básica o subyacente, que mide las fuerzas que la determinan y excluye los alimentos y precios regulados por el Gobierno, está en 3,1 %. La inflación anual de alimentos alcanzó 11,5 %, que significa física hambre para millones de hogares.

Pareciera que la junta se durmió entre tanto ajetreo de cambios y la fallida imposición de Duque para nombrar a su gerente. El presidente de la economía naranja —¿la recuerdan?— nombró a varios codirectores sin bagaje teórico ni práctico en la junta, incluyendo a familiares de sus funcionarios. Allí hizo aterrizar también como miembro ordinario a su infamoso exministro de Hacienda para que reposara lejos del mundanal ruido con unos decorosos emolumentos. Los que defienden su sapiencia técnica no deben olvidar que logró embaucar a 106 pobres municipios del país con sus bonos de agua, que devengaban intereses reales del 12 % anual. La penuria de los alcaldes afectados hizo necesario su rescate por Findeter, un ente financiero del Gobierno Nacional. En últimas, los contribuyentes salimos a pagar por los platos rotos de sus negociados.

A esta junta menguada del banco central le corresponde ahora alcanzar por lo menos una posición neutra, lo que significa ajustar su tasa de interés a un nivel similar al de la inflación. En otras palabras: subir casi tres puntos en poco tiempo, rompiendo con la sana costumbre de hacer ajustes graduales de la tasa del 0,25 % en cada reunión. Habrá que ver si se atreven decretar elevaciones bruscas de la tasa de interés que podrían hacer abortar la recuperación de la actividad económica.

El banco central ha estado haciendo operaciones directas con el Gobierno para cambiarle los dólares que recibió por préstamos del Fondo Monetario Internacional, lo que vuelve a poner en duda su autonomía: anteriormente, el Ministerio de Hacienda debía hacer sus operaciones en el mercado cambiario sin la ayuda del banco central. Es obvio que este Gobierno no cree en la separación de poderes y se salta las barreras éticas en nombrar allegados en todas las posiciones del Estado, incluyendo organismos de control y entes que la Constitución quiso preservar de las garras de la politiquería y el nepotismo.

No contento con disponer de tantos cargos públicos, el presidente y sus aliados en el Congreso malograron la ley de garantías, permitiendo que el gasto “público” de alcaldías y gobernaciones sirva para apoyar las campañas de sus candidatos en las elecciones de 2022. Se trata de otro alevoso atentado contra la competencia política.

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21.36.-El lío de Monómeros colombo venezolanos AMYLKAR ACOSTA

EL PECADO ORIGINAL

Se ha armado un lío de padre y señor mío, a raíz de la decisión de la Superintendencia de Sociedades de asumir el control de la empresa Monómeros colombo venezolanos S. A, según consta en el expediente que le abrieron, para, supuestamente, “subsanar una situación crítica” de la misma, la cual podría llevarla a la iliquidez, a la insolvencia y a la imposibilidad de “seguir desarrollando su operación normal” y según la misma “se presume que entraría a incumplir con los pagos de sus obligaciones” .

24 sep 2021.- Para entender el alcance y las consecuencias de esta drástica medida, es bueno volver sobre sus antecedentes. Esta empresa fue creada en diciembre de 1967, aupada por el Presidente de la República Carlos Lleras Restrepo, gran impulsor y propulsor de la integración andina y del denostado modelo económico cepalino inspirado por su ex secretario ejecutivo el economista argentino Raúl Prebish. Ello explica que concurrieran como sus accionistas ECOPETROL y el Instituto de Fomento Industrial (IFI), por el Estado colombiano y Petroquímica de Venezuela S. A (Pequiven) y que estuviera cobijada por el Acuerdo de Cartagena y sus ventajas.

Dirigentes regionales del Caribe colombiano de la talla de Gastón Abello Chagín, entonces Director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla y posteriormente Presidente de CONFECÁMARAS, respaldaron esta iniciativa , la cual además iba muy en línea con el espíritu del importante Decreto 444 del mismo año , mediante el cual se promovía la sustitución de importaciones y la diversificación de las exportaciones, en este caso de caprolactama, materia prima del nylon y fertilizantes agrícolas . Mención especial merece Hernando Celedón Manotas, quien estuvo al frente de Monómeros como Gerente general por espacio de 15 años (1981 – 1996) contribuyendo a su fortalecimiento y consolidación. Bien dijo el Director ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana Germán Umaña, al ponderar su importancia, que “Monómeros tiene mucha más historia que los gobiernos que
están ahorita en discusión por ella”.

En un Editorial del rotativo de mayor circulación en la región Caribe, El Heraldo, se registró el hecho de que en el año 2005 la empresa había alcanzado “uno de los mejores balances. Sus ganancias registraron un récord en toda su historia”. Y justamente, después de conocerse semejante balance, el gobierno colombiano, presidido por Álvaro Uribe Vélez decidió vender su participación accionaria en la empresa, en momentos en los que esta había pasado de ser una sociedad limitada a una sociedad anónima bajo la legislación colombiana. Como se dice coloquialmente, ya que esta fiesta está tan buena, vámonos para otra. Este fue el pecado original que a la postre le pasaría factura, como ya lo veremos, al país.

En efecto, estábamos en el primer cuatrienio de Álvaro Uribe Vélez y en su afán privatizador de los activos y participaciones en empresas del Estado, inspirado en el credo neoliberal, le ofreció al entonces Presidente Hugo Chávez, cuando todavía la relación entre los dos países estaba en los gozosos y era su mejor amigo, que ejerciera el derecho de preferencia para la adquisición de las acciones de ECOPETROL y del IFI, a través de la estatal venezolana Pequiven, ya que era su decisión venderlas. A la sazón era Presidente de ECOPETROL Isaac Yanovich y Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Este proceso, de traspaso de las acciones correspondientes al Estado Colombiano a manos de Venezuela, se finiquitó el 18 de abril de 2006.

En aras de hacer más expedita la operación se le torció el pescuezo a la Ley 226 de 1995 que regula la enajenación de activos y participaciones del Estado en empresas, de la cual yo fui uno de los ponentes y con tal fin derogaron el Decreto 1767 de 2004 mediante el cual se estableció el procedimiento a seguir para el proceso de venta de las acciones de ECOPETROL y del IFI en Monómeros, que el mismo gobierno de Álvaro Uribe Vélez había expedido, esquivando su cumplimiento. En efecto, mediante el Decreto 4569 de 2005 se saltaron a la torera la Ley de enajenación, prescindiendo del procedimiento reglado por la misma.

EL CAMBIO DE ESCENARIO

La intervención por parte de la Superintendencia a Monómeros estuvo antecedida de varios hechos que la tornan más compleja e impredecible en las consecuencias que se pueden derivar de la misma. Como se recordará, las tensas relaciones entre Colombia y Venezuela llegaron a su paroxismo con el anuncio el 23 de febrero de 2019 de su ruptura anunciada por el propio Nicolás Maduro. Desde entonces el distanciamiento ha sido cada vez mayor y el antagonismo escaló mayormente con el reconocimiento por parte del Presidente Iván Duque como Presidente legítimo de Venezuela al autoproclamado en enero de 2019 Juan Guaidó, tanto más en cuanto que con el llamado Grupo de Lima, alentados por el Presidente de EEUU Donald Trump, le decretaron al régimen de Maduro un “bloqueo diplomático”.

Amparado en el reconocimiento que le dispensó el gobierno colombiano y protegido por el mismo, Juan Guaidó, en desarrollo de su estrategia “Plan país” para “recuperar activos venezolanos” en manos de la claque de Maduro, tomó por asalto la Junta directiva de Monómeros, destituyeron al Gerente general Pedro Lugo y pusieron en su lugar a Guillermo Rodríguez, quien actualmente funge como tal. Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca el escenario es otro y la estrategia para poner fin al régimen dictatorial de Maduro por parte de la oposición venezolana también es otro, ya que, como lo sostiene el investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, “la estrategia del cerco diplomático y el gobierno de transición falló”.

La oposición venezolana al gobierno de Maduro pasó de la confrontación al diálogo y están sentados frente a frente en Ciudad de México desde el 13 de agosto, cuando fue instalada la Mesa de negociación. Y justamente cuando uno de los puntos acordados es el la “necesidad” del “rescate” de los activos congelados en el exterior, se apresuró la Superintendencia a dar este paso en falso que compromete seriamente la tan cacareada “confianza inversionista”, al sentar un funesto precedente de cara hacia el futuro. Este dislate no tiene antecedentes en el país, pero sí puede tener serias consecuencias para su reputación.

Por su parte, el basilisco de Maduro, en una de sus acostumbradas catilinarias, planteó a través de sus delegados en la Mesa de negociación con sus opositores la recuperación del control de Monómeros como un punto de honor, como uno de sus inamovibles, “la punta de agenda del debate”, según él. De modo que, en tales circunstancias, Colombia, como velón, ha terminado afanando más que el dueño de la olla, que es Venezuela, poniéndole un torpedo a la Mesa que busca salidas “pacíficas y negociadas” a la profunda crisis humanitaria, socioeconómica y política de su país . Ello, sin la interferencia de terceros, que deben respetar la autodeterminación de Venezuela y de los venezolanos.

EL DOBLE RASERO

El Gerente de la empresa, Guillermo Rodríguez, con el apoyo de su Junta directiva, todos adláteres de Guaidó, ripostó a la Superintendencia en un comunicado de cinco puntos que «durante el primer semestre del 2021, los resultados financieros de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. fueron realmente positivos. Incluso en los momentos más difíciles del reciente paro nacional le cumplimos a Colombia y llegamos con nuestros productos a apoyar el campo hasta en las zonas más apartadas del país».

Al expresar su desacuerdo con los argumentos de la Superintendencia para la intervención, Monómeros manifestó que «la Superintendencia parece haber basado su decisión en información desactualizada y en apreciaciones que no se compadecen con las actualidades realidades económicas del país. Por este motivo, Monómeros Colombo Venezolanos S.A. presentará los recursos de ley, con el fin de solicitarle a la Superintendencia de Sociedades que revoque su decisión». Se fundamentan en el hecho que según la propia Superintendencia la empresa al cierre de 2020 se ubicó en la posición número 176 de las empresas con mayores ingresos operacionales. Y estamos hablando de un año crítico para todas las empresas en el país y en el resto del mundo (¡!).

Según el reporte de la propia Superintendencia, el año pasado la empresa reportó ingresos operacionales en el país por $808.964 millones, en tanto que en 2019 estos totalizaron $742.774 millones. En cuanto a los activos, en 2020 estos sumaron $1,4 billones y los pasivos fueron de $815.184 millones, mientras que el patrimonio se ubicó en $598.941 millones. Llama poderosamente la atención que pese a la advertencia de la nueva administración de la empresa, en el sentido que al tomar posesión de la misma en 2019 la encontraron “en franco deterioro”, con cuentas en el exterior bloqueadas y serias “irregularidades”, no se conoce ninguna actuación por parte de la Superintendencia. Salta a la vista que esta aplica un doble rasero en su actuación.

En una de sus más recientes baladronadas el dictador Maduro, refiriéndose a Monómeros, habló de “reincorporarla a la cadena productiva nacional” y fue enfático al afirmar que “si todo se está poniendo en su lugar, Monómeros debe volver a sus dueños, a su matriz, para que todos los productos vengan a Venezuela a contribuir en la recuperación económica e integral del país”. Esta declaración del sátrapa ha sido interpretada como su aspiración no sólo de recuperar el control perdido de la empresa sino la de trastearla hacia territorio venezolano. Pero ello es una misión imposible, eso es más difícil que soplar y hacer botellas, hipotéticamente sería tanto como desmontar, desguazar y volver a instalar pieza por pieza un complejo industrial como lo es Monómeros.

Este tropel, que involucra a los dos países hermanados por la historia y mal que nos pese con un destino común, pone de manifiesto los errores del pasado, cuando en el afán de salir de las empresas del Estado con el socorrido argumento de que es un mal administrador y los privados lo pueden hacer mejor, no se midieron las consecuencias de vender la participación de la Nación en un activo tan estratégico como lo era y lo sigue siendo Monómeros. Este fue un error histórico garrafal. Colombia, además, con su equivocada política exterior frente a Venezuela ha quedado en el lugar equivocado y sin margen de maniobra y le costará mucho al país recomponer las relaciones con nuestro vecino, quedando a merced de lo que decidan otros. Y en este caso en particular lleva las de perder.

No ha faltado quien le insinúe al gobierno, como lo hizo el Secretario de agricultura de Antioquia Rodolfo Correa, “darle a Maduro una dosis de su propia medicina” , apelando al artículo 58 de la Constitución Política para expropiarle Monómeros. Tal vez se quedó anclado el Secretario en el texto original de este artículo, tal como lo aprobó la Constituyente en 1991, en el cual se preveía que en caso de expropiación “el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar a indemnización” y añade que “las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente”. Castro-chavismo puro y duro, que fue enmendado en 1999 mediante el artículo 1º del Acto legislativo 01, derogando dicho texto.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Flaco favor le hace el gobierno nacional al inefable Guaidó con el disparatado dictamen de la Superintendencia de Sociedades, poniendo en riesgo la estabilidad de la empresa, abocándola a una virtual parálisis y a una eventual quiebra, pues las entidades de crédito, sus proveedores y clientes tomarán distancia de ella en previsión de que puedan llegar a materializarse los malos augurios de la Superintendencia. Este puede llegar a ser un caso de una profecía autocumplida. Contrasta esta actitud de parte del gobierno con respecto a Monómeros con la política de mano tendida para salvar a las empresas y de paso proteger el empleo y sobre todo va a contrapelo de su apuesta por la reactivación de la economía. El gobierno, con esta medida, se está disparando un tiro en el pie!

Lo que está en juego no es asunto de poca monta. Monómeros, hoy por hoy, esta listada entre las 100 empresas más grandes en Colombia, es considerada la octava empresa más grande en la región Caribe colombiana en términos de ingresos, diecisiete en ventas y la dieciocho por sus utilidades. Genera 700 empleos directos, mil indirectos y de su operación dependen más de 15.000 empleos de toda su cadena de valor. Abastece el 46% del mercado nacional de fertilizantes y exporta unas 300.000 toneladas a países del Caribe y Centroamérica. Entre fertilizantes, fosfatos de calcio para la alimentación animal y productos químicos, está llegando a un conglomerado de más de 3 millones de agricultores del país. Lo más preocupante es que con estos desvaríos la seguridad y la soberanía agroalimentaria del país queda en un grave predicamento. Están dando palos de ciego!

http://amylkaracosta.net/prueba1/index.php?option=com_content&view=article&id=663:el-lio-de-monomeros&catid=95:opinion&Itemid=673

  • 21.35.-Crecimiento y desempleo SALOMÓN KALMANOVITZ
  • Salida de la crisis con equidad  EDUARDO SARMIENTO

La pandemia y los desaciertos para enfrentarla no facilitan el avance hacia una sociedad más equitativa. El ajuste se ha dejado por cuenta del mercado que propicia las soluciones más eficientes a cambio de la equidad. Así, la reducción de la tasa de ahorro ocasionada por la cuarentena y el déficit fiscal configuraron un exceso de demanda sobre la oferta de la economía que quebró el balance interno.

26 sep 2021.- La demanda agregada conformada por la inversión más el déficit en cuenta corriente supera la oferta, y más explícitamente, la producción determinada por el empleo y la tasa de ahorro. La diferencia se llena con la entrada masiva de importaciones que desplazan la mano de obra nacional y con salarios por debajo de la productividad.

La reactivación se realiza por la vía de la reducción del empleo con respecto a la producción y la baja del salario con relación a la productividad. En consecuencia, los ingresos laborales descienden con respecto al producto nacional y el coeficiente de GINI sube. El índice de la demanda agregada reportada por el DANE avanza mucho más rápido que el empleo, la pobreza y la distribución del ingreso.

Es claro que la recuperación se consigue a cambio de la equidad. El aumento de la demanda agregada se origina en el déficit fiscal y se contrarresta en parte con la ampliación del déficit en cuenta corriente que tiene como contraparte el desempleo y la baja de los ingresos del trabajo. El próximo gobierno se verá abocado a un cuantioso déficit en cuenta corriente y elevado endeudamiento, y lo más grave, a un severo desempleo que por razones éticas induce a decisiones precipitadas.

La diferencia entre la demanda y la oferta se pretende llenar con el deterioro de la distribución, lo cual no se justifica después de los daños económicos de la pandemia. Por lo demás, la información histórica y comparada muestra que el crecimiento y la equidad están altamente relacionados. Las políticas distributivas que deterioran la balanza de pagos, el ahorro y el crecimiento se tornan insostenibles. Se configura la economía de oferta, en la cual la política fiscal expansiva aumenta el desempleo y deteriora la distribución del ingreso.

El ajuste se ha realizado dentro del modelo de libre mercado que induce y da señales para sustituir la producción nacional por importaciones y reducir el salario. La crisis económica del coronavirus se origina en la reducción del ahorro que viene de atrás amplificada por la cuarentena y los desaciertos para enfrentarla. El intento de contrarrestar la reducción de la tasa de ahorro con cuantiosos déficits fiscales no evitó el desplome de la economía en 2020, ni su extensión al 2021 y 2022. Ahora, la reactivación montada en el desplazamiento de la producción por las importaciones y el salario por debajo de la productividad agrava los daños en la distribución del ingreso.

El país no puede insistir en el modelo actual que busca normalizar la economía con la reducción de los ingresos laborales y el empeoramiento del coeficiente de Gini. La diferencia entre la demanda y la oferta se pretende llenar con el deterioro de la distribución del ingreso, lo cual no tiene presentación, ni es viable, después del retroceso y el descontento social de la pandemia.

Lo que se plantea es salir de la pandemia con una estrategia económica que mejore rápidamente la distribución del ingreso dentro de un modelo de reformas estructurales que garanticen su sostenibilidad, mediante reformas estructurales en materia comercial, monetaria, rentas sociales y laborales que eleven el ahorro y sostengan el salario por encima de la productividad. El primer paso es reducir el déficit fiscal para regresar a la economía de demanda.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/eduardo-sarmiento/salida-de-la-crisis-con-equidad/

21.35.-Crecimiento y desempleo SALOMÓN KALMANOVITZ

El Gobierno está satisfecho con los resultados de crecimiento económico del primer semestre de 2021 frente al desastre de 2020. De hecho, si se comparan los dos primeros semestres, el crecimiento es muy positivo. Pero el año de referencia no debe ser el de la gran contracción sino el de un período normal, como 2019.

19 sep 2021.- El crecimiento del primer semestre de 2021 con respecto al de 2019 es del 0,36 %, con una contracción del -1 % en el segundo trimestre: la producción de bienes y servicios fue de $215 billones en el primer trimestre de 2019 y de $213 billones en el correspondiente a 2021, así que aún no se había recuperado el nivel de producción de hace dos años.

La reactivación ha estado acompañada por un desempleo persistente. En julio de 2019 se observó un deterioro, pues el 10,7 % de la fuerza de trabajo estaba cesante, que se agravó en julio de 2021, cuando esa cifra aumentó al 14,3 %. Este incremento refleja una recuperación de los sectores intensivos en trabajo menor que la de los que ahorran empleo o un posible aumento de la productividad que redujo la demanda de trabajadores; además, el trabajo en casa reduce el uso del transporte y de los servicios de oficina. Si se terminan de activar los sectores de restaurantes, hoteles y viajes quizá mejore un tanto la situación, pero el futuro no luce bien para quienes perdieron su empleo y no han podido recuperarlo.

Según el DANE, “para julio de 2021 el número de desocupados en Colombia fue de 3,5 millones de personas… mayor en 827.000 personas respecto a julio de 2019”. Hace dos años había más de 1,2 millones de personas ocupadas que las que hay en la actualidad, lo cual es muy crítico para los jóvenes que ingresan a la fuerza de trabajo y peor para las mujeres, cuya tasa de desempleo es 7,3 puntos superior a la de los hombres.

Del total de jóvenes de 14 a 28 años, el 27 % no estudiaba ni tenía empleo en julio de 2021. Mientras que había 1′120.000 hombres que no estudiaban y estaban desempleados, la cifra correspondiente a las mujeres era el doble: 2′235.000. Este es un enorme desperdicio de recursos humanos que no se capacitan ni tienen la oportunidad de ser productivos. Pareciera que muchos jóvenes colombianos no tienen futuro.

¿Qué hizo el Gobierno para enfrentar esta calamitosa situación? Anunció medidas estruendosas que presuntamente habían protegido 75.000 empleos por gestión del Ministerio del Trabajo: una gota en el desierto. Más de 54.000 personas retiraron cesantías parciales de las administradoras de fondos de pensiones privados, o sea que consumieron su ahorro, lo que poco tuvo que ver con medidas del Gobierno. Se esperaba que de los 3,35 millones de personas cesantes 150.000 obtuvieran el beneficio de emergencia del Mecanismo de Protección al Cesante, consistente en $1,75 millones en tres meses que suman $255.000 millones (un 0,03 % del PIB), es decir, otra gota. Los empleadores y trabajadores independientes tuvieron la posibilidad de reducir voluntariamente su aporte a la pensión, del 16 % al 3 %, de nuevo dejando de ahorrar para su retiro sin que el Gobierno pusiera un peso.

El gobierno Duque volvió a mostrar el cobre de su incompetencia, su banalidad, la mezquindad de su gasto y su incapacidad para mejorar la suerte de los ciudadanos. Muy pocos han podido recuperar el ya bajo nivel de vida que tenían en tiempos anteriores a la peste.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/crecimiento-y-desempleo/

  • 21.34.-Reforma tributaria 2.0 SALOMÓN  KALMANOVITZ
  • Después de la reforma tributariaEDUARDO SARMIENTO

En oportunidades anteriores señalé que las condiciones que habían ocasionado la caída de la economía colombiana en 2020 no han desaparecido, y tampoco se hacen esfuerzos para removerlos. Luego de haber operado durante un siglo con excesos de oferta sobre la demanda, la economía se encuentra en un estado de exceso de demanda sobre la producción que da lugar a toda clase de trastornos.

19 sep 2021.- La manifestación más clara del desorden se encuentra en el déficit fiscal que llega al 9 % del PIB, que no es sostenible en un mundo de tasas de ahorro del 18 % del PIB.

Los buenos oficios del Gobierno para reducirlo han quedado en el aire. El exministro Carrasquilla pretendió hacerlo con una reforma tributaria que baja el salario y deteriora la distribución del ingreso, que precipitó el descontento y la protesta social. Por su parte, el ministro Restrepo le dio prioridad a la obtención de recursos para adelantar programas sociales destinados a los sectores de menores ingresos. Lo cierto es que no se percibe una decisión abierta para reducir el déficit fiscal en el corto plazo. En 2022, los mayores gastos superarán los recaudos y, seguramente, ampliarán el déficit fiscal, y luego todo dependerá del modelo económico y de la política fiscal del nuevo gobierno.

Es claro que la diferencia entre la demanda y la producción se atiende con una entrada masiva de importaciones que aumenta el déficit en cuenta corriente y desplaza la mano de obra nacional. La reducción de los ingresos del trabajo se torna en el principal medio de reactivación. Persiste la estructura inequitativa que ha sustentado el crecimiento durante décadas.

En la primera reforma tributaria se buscaba aumentar el recaudo para reducir el déficit fiscal y en la segunda se ampliaron los programas sociales. Lo cierto es que el déficit fiscal aumentará en el presente y el siguiente año. En términos macroeconómicos, la economía está expuesta a un exceso de demanda que provoca toda clase de desajustes destructivos. El más visible es la entrada masiva de importaciones que configura un déficit en cuenta corriente de más del 4,5 % del PIB y, en consecuencia, desplaza masivamente el empleo. En las cifras reportadas por el DANE para julio, la producción industrial y las ventas de consumo aumentan más del 20 % con respecto al año anterior, en tanto que el empleo solo sube 4 %. La monumental diferencia proviene de las importaciones y salarios por debajo de la productividad.

La expansión de la economía se realiza por la entrada de importaciones, el desplazamiento del empleo y la colocación del salario por debajo de la productividad. Los ingresos laborales decaen con severas repercusiones sobre la distribución del ingreso.

La explicación está en el primer curso de economía. El cuantioso déficit fiscal configuró un exceso de demanda sobre la oferta que quebró el balance interno. La demanda representada en las compras del comercio y las ventas de las empresas industriales supera ampliamente la producción potencial y al empleo nacional. El mercado, a través de los estímulos y las señales, configura una estructura en que la producción es impulsada por la reducción del empleo y los salarios.

El país opera con un modelo de libre mercado que da estímulos y señales para sustituir el empleo nacional por importaciones y bajar los ingresos laborales. La solución es un modelo que eleve el ahorro y sostenga el salario por encima de la productividad mediante reformas estructurales en la composición comercial y sectorial, la orientación monetaria, las transferencias de las rentas sociales y la política de salarios y empleo. El primer paso es el recorte del déficit fiscal.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/eduardo-sarmiento/despues-de-la-reforma-tributaria/

21.34.-Reforma tributaria 2.0 SALOMÓN  KALMANOVITZ

El Congreso pupitreó la propuesta tributaria del Gobierno sin tener en cuenta a la oposición. La tarea más trascendental de los representantes del pueblo es debatir a fondo los impuestos que deben pagar los ciudadanos, pero este Congreso la ha desnaturalizado y la ha vuelto banal.

12 sep 2021.- Tal Congreso es el “notario del Gobierno”, dijo Iván Marulanda, del Partido Verde. Con descaro y desvergüenza, hay que decirlo, hace lo que le pide Duque a cambio de la mermelada que reparte a raudales, que alimenta las fauces del Partido Liberal y Cambio Radical.

En 2020 la economía decreció casi un 7 %, el 70 % de la población cayó en la pobreza o está cerca de ella. Colombia hoy tiene 22 millones de pobres, 7,5 millones en pobreza extrema. La tasa de participación laboral se redujo del 64 % en tiempos normales al 60 %, acusando la falta de oportunidades y mercados para sus bienes y servicios.

La tasa de desempleo fue del 14,3 % en julio, pero la de las mujeres alcanzó el 19,1 % y la de los jóvenes llegó al 23,3 %. Esas cifras son mejores que las registradas en el tope de la pandemia, pero muestran cuán lejos estamos de volver al nivel de 2019, cuando el desempleo era del 10 % de la fuerza de trabajo. Hoy Cúcuta tiene un 20,4 % de desempleo y un 14,2 % de subempleo, término técnico que describe la informalidad. Cali llegó a un 20,2 % de desempleo abierto y a un subempleo de más del 12 %; no debe sorprender que allí fuera tan violento el paro de abril de 2021. Bogotá tiene un desempleo del 17 % y un subempleo del 9,3 %, menos malos pero también muy altos. Para rematar, la inflación se recrudeció y se elevó al 4,4 % anual, más del doble del porcentaje de mediados de 2020, lo que redujo aún más la capacidad de compra de los consumidores.

El presidente de la ANDI —la corporación que representa a la gran industria— le dio al Gobierno una señal para que le subiera los impuestos. Ante la furia popular que desató la torpe y abusiva reforma tributaria de Carrasquilla, el Gobierno aceptó gustoso y procedió a elevar la tasa nominal de tributación empresarial al 35 % para toda actividad industrial, sin importar si es grande, mediana, pequeña o micro, ignorando todo rasgo de justicia. No fueron tocados el IVA ni el impuesto de renta de personas naturales, que concentran el grueso de la riqueza del país. Algo que merece aplauso es la iniciativa legislativa de una sobretasa de tres puntos al sector financiero, que aportaría casi medio billón de pesos al año; pero, como de costumbre, será temporal: hasta 2025.

Entre febrero y octubre del año pasado quebraron 500.000 microempresas. La ayuda del Gobierno fue insuficiente o simplemente no llegó. Ante esta desesperada situación la reforma tributaria de Duque les asesta la estocada final con el aumento exorbitante de su tasa de tributación, que no pueden enfrentar con el séquito de abogados y funcionarios de que disponen las grandes empresas del país, que les permite eludir impuestos.

El Gobierno espera recaudar $15,2 billones, que según el Partido Verde es la mitad de lo que se requiere para financiar una renta básica universal y las necesidades del sistema de salud. Y aumentan los privilegios y exenciones del régimen simple, hacia el que están migrando todas las empresas que tienen la influencia y el poder para lograrlo.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/reforma-tributaria-20/

  • 21.33.-El Banco de la República como apéndice   del Presidente –  AMYLKAR ACOSTA
  • La evasión en la reforma tributaria SALOMÓN KALMANOVITZ
  • Sobre Carrasquilla y amiguismos presidenciales RODRIGO UPRIMNY
  • Con la pandemia, se agudiza la brecha educativa JORGE IVÁN GONZÁLEZ
  • La pesadilla Carrasquilla  AURELIO SUÁREZ

Después de ser gerente técnico del Banco de la República, de oficiar en el BID y como consultor, plasmó su doctrina como viceministro y ministro de Uribe en cuatro reformas tributarias y en dos más con Duque.

Alberto Carrasquilla es quien más tiempo ha sido ministro de Hacienda: 77 meses y dos semanas. Supera a los exministros, hoy temerarios candidatos presidenciales, Mauricio Cárdenas (71 meses y dos semanas), Juan Carlos Echeverry (24 meses y dos semanas) y Óscar Iván Zuluaga (39 meses).

11 sep 2021.- Contrario a Iván Duque, a quien le parece una credencial, involucra a Carrasquilla como primer responsable –sin eximir a otros– por la decadencia de la economía nacional, no solo por lo acaecido en el último trienio, sino por la aplicación del neoliberalismo que sumió a Colombia en estancamiento y vulnerabilidad.

Es el estratega de la Confianza Inversionista al sector financiero, al minero, a trasnacionales y holdings, que gozan de un gasto fiscal a su favor por 10 billones de pesos anuales, venido de beneficios tributarios con descuentos, deducciones, rentas exentas, zonas francas y contratos de estabilidad jurídica. Como fuente para financiarla, Carrasquilla desató el endeudamiento, soportado en bajos salarios e impuestos indirectos, con el IVA a la cabeza, que subió del 10 al 16 por ciento (2006) y descargó el costo sobre los pobres, los trabajadores y clases medias empresariales que ha maltratado.

Después de ser gerente técnico del Banco de la República, de oficiar en el BID y como consultor, plasmó su doctrina como viceministro y ministro de Uribe en cuatro reformas tributarias y en dos más con Duque. Es artífice del inicuo Estatuto Tributario, adobado con más regalos fiscales en 2018 y 2019, presupuestados por 19,4 billones de pesos hacia 2023, para los mismos beneficiarios y algunos nuevos, lo que tiene del cuello a las finanzas públicas.

Carrasquilla era viceministro cuando el Acuerdo Stand-By con el FMI (2003-2006) y luego, al ejercer la cartera, obediente duplicó el recaudo de impuestos y rebajó el gasto público “socializando pérdidas y privatizando ganancias”. En simultánea, como militante del Consenso de Washington, fue de órganos del FMI, del Banco Mundial y la CAF, y ministro negociador del TLC con Estados Unidos, que cedió la soberanía macroeconómica, al vaivén de los flujos del capital, al aceptar la cláusula que impide el control conjunto de la tasa de cambio y la tasa de interés (Villamizar, 2011, El Nuevo Siglo).

Concibió la Ley 1111 (2006), que eliminó el impuesto del 7 por ciento a los giros de las rentas de subsidiarias a sus casas matrices en el exterior, que propició el auge de firmas ficticias en Panamá, entre ellas la suya, Konfigura Capital. Fue con la que, con dos de sus exfuncionarios, apuntaló las picardías de los Bonos Agua, basado en la Ley 1176 de 2007, que planeó desde su cargo, cuando además se feriaron Megabanco, Bancafé y Granahorrar a los grandes grupos.

A su salida, asimismo fue de la junta del Banco de Bogotá, la asesoró en asuntos externos, presidió Fabricato en llave con Alianza Fiduciaria y se asoció a Crowe Horwath, consultora financiera, historial que no aparece en la página del Banco de la República
(https://www.banrep.gov.co/es/alberto-carrasquilla-barrera-nombrado-nuevo-codirector-del-banco-republica).

https://www.semana.com/opinion/articulo/la-pesadilla-carrasquilla/202114/ 

21.33.-El Banco de la República como apéndice   del Presidente –  AMYLKAR ACOSTA

Con el nombramiento del ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla en la Junta directiva del Banco de la República, después de su fallido intento de nombrarlo como su Gerente y de ser defenestrado del Gabinete por su fracaso en hacer pasar por el Congreso su nefasta reforma tributaria, sin querer queriendo, como diría el Chavo del ocho, hoy en día todos, absolutamente todos, los codirectores designados por la Presidencia de la República que hacen parte de la misma le deben su nombramiento, por distintas circunstancias, al Presidente Duque.

1 sep 2021.- Muy desafortunado este nuevo episodio de la tan criticada puerta giratoria, que tanto daño le ha hecho al país.

Con ello el B de la R pierde su autonomía, la que le dio la Constituyente de 1991, disponiendo un mecanismo de rotación de suerte que nunca, nunca, ningún Presidente llegara a nombrar más de 2 de los 5 codirectores de dedicación exclusiva, todos ellos con periodos de 4 años prorrogables dos periodos más. Con la llegada de Carrasquilla a la Junta del Banco Emisor, además de la pérdida de su autonomía y de quedar como apéndice del Ministerio de Hacienda, contrariando el sano principio democrático de los pesos y contrapesos, se concentra aún más el poder en el ejecutivo.

Ello es tanto más preocupante dada la importancia de las funciones y competencias reservadas al B de la R, como lo son la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, claves para el buen desempeño de la economía nacional y la confianza de los inversionistas. Tanto más en cuanto que el ex ministro Carrasquilla a su paso por el Ministerio recurrió a prácticas poco ortodoxas, las que, a juicio del ex codirector Salomón Kalmanovitz, falseaban “la contabilidad de las cuentas públicas para sacar pecho”. Y cita el profesor Kalmanovitz al portal Bloomberg, el más importante del mundo financiero, el cual tituló la noticia sobre las trampas a las que él recurrió así: “Colombia acusada de marrullerías (shenanigans) contables para lograr las metas fiscales”.

Pésimo mensaje este que se ha dado para el mercado, en momentos en los que Colombia acaba de perder la calificación inversionista de la deuda soberana de Colombia. Las calificadoras de riesgo tomarán atenta nota de este paso en falso. Uno puede no estar de acuerdo con el antipático poder que ellas se han arrogado, como cancerberos de los fondos de inversión privados, de calificar o descalificar la deuda pública de los países, pero el hecho cierto es que el “mercado” le cree más a ellas que a las promesas del alto gobierno en su periplo reciente por Washington y Nueva York para comparecer ante los inversionistas y miembros del American Society/Council of the Americas para convencerlos de que Colombia es buena paga. ¡Qué le vamos a hacer!

Y ya se sabe que la aprobación del proyecto de reforma tributaria que se tramita en el Congreso, al no contribuir a reducir el déficit estructural que acusan las finanzas del Gobierno nacional, limitándose sólo a cuadrar caja para asegurar el financiamiento de los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, así como la protección del empleo, ampliados para enfrentar los estragos de la pandemia, no satisface las expectativas de las calificadoras de riego.

Como lo ha sostenido el Ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, “los esfuerzos adicionales serían responsabilidad del siguiente Gobierno”. Con la aprobación del proyecto de reforma tributaria 2.0, entonces, el Congreso de la República y el gobierno simple y llanamente están pateando la bola para adelante. Como suele decir el campesino en aprietos para ponerse a salvo, ¡quien venga detrás que arree!

Una de las calificadoras, Fitch, cree que será necesario un aumento permanente de los ingresos fiscales para estabilizar y comenzar a reducir la carga de la deuda pública. Una reforma tributaria creíble también anclaría las expectativas fiscales a mediano plazo, respaldando la credibilidad de las políticas y reduciendo la vulnerabilidad a los shocks”. Y eso es justamente lo que no es dable esperar de la reforma que se tramita. La experiencia del año 1999, cuando se perdió la calificación inversionista y sólo se recobró doce años después, en 2011, no llama al optimismo de su pronta recuperación y menos con embarradas como esta que motiva esta nota.

En fin, volvimos a los tiempos que creíamos superados de la Junta Monetaria, justo cuando estamos conmemorando los 30 años de vigencia de la Constitución de 1991, desandando sus pasos. Qué diría El cófrade, Alfonso Palacio Rudas, quien como se sabe no tragaba entero y como delegado de la Constituyente no disimuló su satisfacción de sólo pensar que la creación de “por fin en la Constitución se va a enterrar el leviatán, se va a enterrar ese monstruo que es la Junta monetaria”, ahora que por cuenta de la dinámica de la política se vuelve a las andadas.

Como es bien sabido, la Constituyente elevó a rango constitucional la existencia y el funcionamiento del B de la R, a diferencia de la Junta Monetaria de enantes que estaba amparada en la Ley, mediante el artículo 371 de la Carta se consagró su autonomía administrativa, patrimonial y técnica, se dispuso la integración de su Junta directiva en el 372, reglamentada por el artículo Ley 31 de 1992, al tiempo que asignó como objetivo fundamental en su artículo 373 velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, sin dejar de lado, como lo determinó la Corte Constitucional a través de su Sentencia C – 481 de 1999, el crecimiento de la economía y la generación de empleo. Todo este andamiaje y la institución misma del Banco central es lo que está en grave predicamento en este momento con el curso que han tomado los acontecimientos.

http://amylkaracosta.net/prueba1/index.php?option=com_content&view=article&id=659:el-banco-de-la-republica-como-apendice&catid=95:opinion&Itemid=673

21.33.-La evasión en la reforma tributaria SALOMÓN KALMANOVITZ

El artículo más progresista del proyecto de ley que presentó el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, era exigir la georreferenciación para establecer el valor comercial de los predios en las transacciones de este tipo. Se trataba de atacar los negocios por debajo de la mesa en las compraventas que terminan reduciendo los impuestos prediales a nivel local y el del patrimonio que recauda la DIAN. Escapan también del impuesto a las ganancias ocasionales que surgen de la valorización que obtienen los predios, gracias a la provisión de servicios domiciliarios y sociales.

5 sep 2021.- Para acercar el valor de los inmuebles a su precio comercial, era obligatorio que los notarios verificaran el valor que muestran los catastros locales y, en general, el detalle que se obtiene mediante fotos y análisis de los predios, incluyendo un mayor número de fincas que se vuelve posible mediante la referenciación geográfica. El catastro multipropósito parece avanzar, a pesar de los palos a sus ruedas que le introduce el Centro Democrático. Esa información se puede utilizar para cotejar el valor comercial y el que declaran sus propietarios.

Pues bien, el artículo fue eliminado de tajo por varios congresistas que expusieron argumentos como el de que “paraliza la economía e introduce una sanción desproporcionada para el notario”. Según algunos, afectaría negativamente la reactivación económica y, en especial, la industria de la construcción, así como a los propietarios de vivienda con el aumento del predial que resultaría. No es claro por qué las nuevas transacciones de bienes raíces afectarían el predial de todos los hogares, lo cual es una extrapolación falaz y absurda. De hecho, en todas las grandes ciudades del país el valor catastral es bastante cercano al comercial.

La propuesta del ministro Restrepo no tocaba el subregistro del valor declarado de la gran mayoría de predios rurales a la hora de pagar sus impuestos. Según el Censo Agropecuario de 2014, había 6.000 unidades de producción mayores de 1.000 hectáreas que concentraban el 74 % del área (80 millones de hectáreas), una de las concentraciones de propiedad de la tierra más altas del mundo. Sus propietarios pagan muy pocos impuestos prediales, e incluso si son transadas, tampoco pagarán sus nuevos propietarios y los antiguos se quedarán con toda la valorización derivada del trabajo de la población y las obras públicas que ellos no han financiado.

Alguna vez obtuve información sobre el valor declarado de la hacienda El Ubérrimo, en las afueras de Montería, con el precio por hectárea que se ofrecía en el periódico local. La diferencia era de 16 veces, con lo cual el expresidente Uribe pagaba una fracción de lo que debería para sostener la ciudad que lo ha acogido generosamente y para el país que le ha regalado tanto poder, riqueza y prestigio. Esa conducta elusiva sigue siendo tolerada por la ley.

Coda. ¿Cómo se sentirá el ministro Restrepo cuando tenga en la junta a un exministro ungido por el presidente eterno? ¿Cómo se sentirán los miembros de la junta que votaron contra su pretensión a la gerencia y el equipo técnico que ha maltratado?

* Agradezco a Jorge Enrique Espitia por la información proporcionada.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/la-evasion-en-la-reforma-tributaria/

21.33.-Sobre Carrasquilla y amiguismos presidenciales RODRIGO UPRIMNY

Al menos por cuatro razones, el nombramiento de Alberto Carrasquilla en la Junta del Banco de la República es democráticamente inaceptable, aunque pueda ser legal y Carrasquilla sea técnicamente un buen economista. Este nombramiento expresa, además, una práctica del gobierno Duque de amiguismo y copamiento de instituciones independientes que pone en riesgo el Estado de derecho.

12 sep 2021.- Primero, este nombramiento es una bofetada a las protestas y a la idea misma de responsabilidad política. El estallido social se desencadenó como respuesta a la reforma tributaria de Carrasquilla. Su renuncia era la mínima responsabilidad política por ese garrafal error, pero ahora termina premiado con un alto cargo de cuatro años. ¿En qué queda el respeto a la indignación popular y a la responsabilidad política? Esperamos que no ocurra ahora algo semejante con Karen Abudinen y que el presidente la premie con un alto cargo por su costosa incompetencia como mintic.

Segundo, este nombramiento afecta gravemente la credibilidad y la independencia de la Junta por la cercanía de Carrasquilla al Gobierno, pues hace sólo algunas semanas era su ministro de Hacienda y ahora deberá tomar en la Junta decisiones que inciden sobre este Gobierno. Además, Duque ya nombró a cuatro de los integrantes de la Junta, debido a las renuncias de algunos codirectores, y en ella tiene también asiento el actual ministro de Hacienda, con lo cual seis de los siete integrantes de la Junta le son cercanos.

Tercero, Duque reemplaza con un hombre a una codirectora mujer. Queda una junta de seis hombres y una mujer, una composición de género anacrónica, sobre todo con tantas mujeres que son excelentes economistas.

Finalmente está el problema de la propia coherencia de Carrasquilla, quien defendió como académico, en un texto de 2001, que para proteger la independencia de la Junta no deberían ser nombradas en ella personas que hubieran ocupado cargos en el Ejecutivo en los dos años anteriores. Todos podemos modificar nuestra opinión, pero por coherencia debemos explicar ese cambio, que además es sospechoso cuando nos beneficia. En todo caso, no conozco ninguna refutación del exministro Alberto Carrasquilla a la opinión del exacadémico Alberto Carrasquilla.

Todo esto ya es grave, en lo cual coincido con unos excelentes trinos de Leopoldo Fergusson sobre el tema. Pero la cosa es aún peor pues este nombramiento no es un error aislado de Duque, sino que hace parte de su estrategia de copar con amigos, no siempre muy competentes, los organismos independientes, como la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría o el Centro Nacional de Memoria Histórica. Al hacerlo, el presidente pudo haber respetado formalmente las reglas jurídicas, pero incurre en prácticas que erosionan la separación de poderes y desconocen la distinción entre Gobierno y Estado. El presidente tiene todo el derecho a nombrar en el Gobierno a quienes lo apoyan, pero tiene, como jefe Estado, el mandato constitucional de proteger la separación de poderes y la independencia de ciertos órganos de Estado.

En su conocido texto Cómo mueren las democracias, Levitsky y Ziblatt insisten en que la supervivencia de las democracias no depende sólo de las reglas constitucionales sino también de ciertas prácticas institucionales no escritas pero que se respetan, como que un presidente no nombra en la Junta a su exministro de Hacienda. Duque ha desconocido esas prácticas y está entonces poniendo en grave riesgo nuestra débil democracia. Y eso sin hablar de su tentativa ahora de copar incluso la cultura con el veto gubernamental a algunos de nuestros mejores escritores para participar en la Feria del Libro de Madrid por ser críticos del Gobierno.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/rodrigo-uprimny/sobre-carrasquilla-y-amiguismos-presidenciales/

21.33.-Con la pandemia, se agudiza la brecha educativa JORGE IVÁN GONZÁLEZ

En la última entrega que hizo el Dane de la pobreza multidimensional puso en evidencia la brecha educativa que se agudizado por la pandemia. Para captar el daño causado por la no presencialidad se cualificó el indicador “inasistencia escolar”.

10 sep 2021.- En las condiciones que se han vivido estos meses, no tiene mucho sentido reducir la asistencia escolar a la matrícula. La inscripción formal en un plantel no dice casi nada sobre los procesos educativos que se desarrollaron durante el aislamiento. Por esta razón el Dane fue más allá de la matrícula, e indagó por la conexión a internet y por la disponibilidad de equipos (celular, computador, tableta…). Si el hogar no tiene ningún tipo de conexión, o carece de equipos, se considera que hay “inasistencia”.

Los resultados muestran que el deterioro de las condiciones educativas fue notable y, además, que se amplió la brecha urbano/rural. Entre 2019 y 2020, en las ciudades los hogares que tuvieron inasistencia escolar pasaron del 2,1% al 12,4%, y en el campo del 4,6% al 30,1%. En contra de los discursos oficiales sobre la igualdad de oportunidades, las distancias continúan ampliándose.

Para corregir este daño estructural se requiere un cambio radical en la política educativa del país.

El primer paso es reconocer, siguiendo la tendencia universal, que toda la población tiene derecho a una conexión, de la misma manera que se predica el derecho al agua, a la salud, a la vivienda digna. La profundidad de la brecha urbano/rural es inaceptable. Debería existir una conexión básica garantizado por el Estado. Cada día que pasa el acceso a internet adquiere mayor relevancia, y la pandemia lo mostró de forma contundente.

No solamente existe una brecha entre lo urbano y lo rural, sino que también se constatan asimetrías sensibles entre regiones. La lectura de los datos tiene que llevar a reflexionar sobre estas diferencias. Los promedios nacionales ocultan la falta de convergencia entre las regiones del país. El panorama en las zonas Caribe y Pacífica es lamentable. En el 2020 la inasistencia escolar llegó, respectivamente, a 27,9% y a 27,4%. En las regiones Oriental, Central y en Antioquia, la inasistencia estuvo alrededor del 14%-15%. En el Valle del Cauca y en Bogotá, los porcentajes fueron menores, de 9,2% y 6%, respectivamente. Las diferencias regionales muestran la importancia de las políticas públicas compensatorias. El daño puede reducirse si se realiza una intervención adecuada.

De las resultados del Dane se derivan tres lecciones. Primera, desde ya, y aún sin pandemia, los procesos educativos tienen que incorporar conexión a internet y disponibilidad de equipos. Segunda, es necesario monitorear permanente la forma como evoluciona la convergencia entre regiones. El cierre de la brecha debe ser una prioridad de la política pública. Y, tercera, el gasto en educación tiene que subir.

En el panorama internacional, tal y como se desprende de las estadísticas de la Ocde, Colombia tiene un gasto per cápita en educación pública muy bajo, de 3,8 millones de pesos niño año, frente a Chile que gasta en el sistema público 8 millones niño año. Solamente para soñar, los datos correspondientes de Francia y Luxemburgo son de 20 millones y 45 millones, niño año (cifras en pesos colombianos). En estas condiciones no debe causar extrañeza que el país continúe ocupando los últimos lugares en las pruebas internacionales Pisa y Timss.

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/brecha-educativa-3230309

  • 21.32.-Yamile Salinas y el derecho a la tierra RODRIGO UPRIMNY
  • Crecimiento sin empleoMAURICIO CABRERA

Las empresas no van a contratar más trabajadores para producir y vender lo mismo, e inclusive para aumentar un poco la producción.

La semana pasada comenté algunas de las sorpresas e interrogantes que nos ha dejado este año la rápida recuperación del PIB después de la enorme caída que tuvo en 2020. Quedó pendiente de comentar la más incomprensible, a saber que este ha sido un crecimiento sin empleo, que en la jerga económica se denomina jobless growth.

29 ago 2021.- Entre junio del año pasado y este año se volvieron a emplear 2,2 millones de personas, pero todavía la población ocupada está 2 millones por debajo del nivel pre-pandemia, mientras que el PIB semestral de este año si alcanzó un valor similar al de 2019.

Es un crecimiento sin empleo porque hoy 20,6 millones de trabajadores producen la misma cantidad de bienes y servicios que hace dos años se producía con 22,6 millones. Cuando se miran algunos sectores la situación es peor, pues han aumentado su producción con menos trabajadores. Es un crecimiento con pérdida de empleo (joblost growth).

La agricultura aumentó su producción en 6,9% a la vez que disminuyó el número de trabajadores en 7,5%. La producción industrial aumentó un poco menos (3,1%), pero lo hizo con 16% menos trabajadores. El sector de la administración pública y los servicios sociales de educación y salud crecieron 6,1%, pero disminuyeron 11,5% el número de empleados.

El caso más extremo e inexplicable es el de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, que con la apertura de la economía tuvieron el mayor crecimiento (19%), pero también la mayor caída en el número de trabajadores (-20%).

¿Qué significan estos hechos y, sobre todo, cuáles son las implicaciones para las políticas de generación de empleo? Un economista ortodoxo aplaudiría porque implican un aumento de la productividad del factor trabajo: menos mano de obra para producir lo mismo.

Claro que el mismo economista rechazaría la consecuencia de la mayor productividad, que debería ser el aumento de los salarios, aunque en sus modelos el salario debe ser igual a la productividad del trabajo.

Lo cierto es que las empresas aprendieron a producir con menos trabajadores, bien sea porque tuvieron que hacer un esfuerzo para reducir costos ante la disminución de las ventas, o bien porque las restricciones de movilidad las obligaron a introducir nuevas tecnologías que permiten un uso más eficiente del tiempo y otros recursos. En la medida en que se recuperen las ventas, ningún gerente va a renunciar a estas mejoras, sino que las usará aumentar las utilidades.

El problema desde el punto de vista social y económico, es que estos aprendizajes llegaron para quedarse, de manera que las empresas no van a contratar más trabajadores para producir y vender lo mismo, e inclusive para aumentar un poco la producción.

De poco o nada servirán incentivos como los incluidos en la reforma tributaria, de regalar un 25% de un salario mínimo de un nuevo empleado. Se requiere una revisión profunda de las políticas para generar empleo.

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/crecimiento-sin-empleo-mauricio-cabrera-galvis-555671

21.32.-Yamile Salinas y el derecho a la tierra RODRIGO UPRIMNY

La sorpresiva y prematura muerte de Yamile Salinas priva a los campesinos, a los indígenas y a los afros de una brillante jurista e investigadora social profundamente comprometida con la defensa de sus derechos.

5 sep 2021.- Pocas personas como Yamile conocían y manejaban con tanta solvencia los vericuetos de la normatividad sobre propiedad, posesión y tenencia de tierras, o la complejidad del régimen de baldíos y su relación con la prescripción adquisitiva, entre muchas otras sutilezas del régimen jurídico rural. Con esos conocimientos y su gran capacidad analítica y de trabajo, Yamile hubiera podido hacerse multimillonaria asesorando a grandes inversionistas rurales. Pero tomó otro camino: entregó sus conocimientos y su talento a la defensa del derecho a la tierra de campesinos, afros e indígenas, lo cual hizo esencialmente por dos vías,

De un lado, Yamile mostró, con gran rigor y enorme valentía, que el despojo de tierras en Colombia no es sólo producto de una violencia bárbara de actores armados, que claro que ha existido, sino que se acompaña de estrategias jurídicas sutiles, que aprovechan los vacíos legales y cierta complicidad de las autoridades, para legalizar la apropiación de las tierras abandonadas. El despojo material por la violencia se consolida con un despojo jurídico, por lo cual es, muchas veces, una “macrocriminalidad con licencia legal”, como se llama el reporte que Yamile presentó a la JEP sobre la región de Urabá-Darién, uno de sus últimos trabajos.

En esa tarea de documentación del despojo, Yamile participó en algunos de los informes generales más importantes sobre el tema del Centro Nacional de Memoria Histórica (cuando era una institución respetable), como el que sistematiza la evidencia del despojo que se desprendía de las versiones libres de los paramilitares. También, en Indepaz, analizó casos específicos como la acumulación de tierras y aguas por Pacific Rubiales en la altillanura.

De otro lado, Yamile no se limitó a documentar el despojo sino que también se esforzó por proponer instrumentos jurídicos para prevenirlo y revertirlo y para proteger la tierra y los territorios de las poblaciones rurales. Por ejemplo, a partir de la evidencia que surgía de sus investigaciones, Yamile fue de las primeras personas que defendió con vigor que era necesaria una legislación especial para revertir el despojo, con reglas específicas, como la inversión de la carga de la prueba a favor de los desplazados, que finalmente quedó en la Ley 1448. Igualmente Yamile defendió la recuperación del derecho agrario, que es una regulación más protectora del campesinado.

Esta trayectoria de Yamile me recordó al jurista austriaco Anton Menger, quien publicó a inicios del siglo XX su clásico texto “El derecho civil y los pobres”, donde mostró que la legislación civil, a pesar de su aparente neutralidad, tiende a favorecer a los ricos y a los poderosos, pero que son posibles interpretaciones y reformas de la ley civil que protejan a los más pobres y favorezcan una mayor igualdad material. Yamile hizo lo mismo: mostró que el derecho ha sido en muchas ocasiones en Colombia un instrumento usado perversamente por los poderosos para legalizar los despojos y que, por ello, el desafío es convertir el derecho en lo que debe ser en una democracia genuina: un escudo protector para los más débiles. En cierta forma, Yamile fue la Antonia Menger de los desposeídos de la ruralidad colombiana. Y por ello nos hará tanta falta. Queda el consuelo de que con su generosidad formó, en conversaciones informales, a toda una generación de juristas que seguirán sus luchas. Un abrazo solidario a toda su familia y amigos y en especial a su compañero, Camilo González, y a su hija, Natalia Orduz.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/rodrigo-uprimny/yamile-salinas-y-el-derecho-a-la-tierra/

 

  • 21.31.-Sorpresas del PIB MAURICIO CABRERA
  • El empleo a la deriva EDUARDO SARMIENTO
  • Urgido de caja JORGE IVÁN GONZÁLEZ

Urgido de caja, con toda razón, el Gobierno está muy satisfecho con la operación financiera que permitió la compra de ISA por parte de Ecopetrol. Es un hecho sin precedentes. No solamente por el volumen de recursos negociados, $14,2 billones, sino también por las implicaciones que debería tener sobre las funciones misionales de ISA y de Ecopetrol. La compra de 51,4% de las acciones de ISA plantea numerosos interrogantes.

27 ago 2021.- La primera reflexión tiene que ver con el propósito de la compra. Tanto el Gobierno, como la presidencia de Ecopetrol, han dicho que la principal razón de la adquisición es el fortalecimiento de la estrategia ambiental de Ecopetrol. Pero, por otro lado, frente a esta visión, es imposible desconocer el afán que tiene el Gobierno de obtener recursos frescos. Así que es inevitable la tensión entre el enfoque de caja y el estratégico.

Por la forma como se ha llevado a cabo la compra de ISA es posible afirmar que el factor determinante ha sido las necesidades de caja. Y para justificar esta decisión se han introducido, ex post, y sin mucha claridad, los argumentos de carácter estratégicos relacionados con los asuntos ambientales.

El manejo contable de la transacción le permite al Gobierno obtener de un solo golpe un monto significativo de recursos, que ni siquiera se lograrán con la reforma tributaria que se discute en el Congreso. Es una hábil maniobra que permite compensar una parte del déficit fiscal. El resultado positivo sobre la caja del Ministerio de Hacienda es evidente. Además, la suma de Ecopetrol e ISA tendrá resultados positivos en indicadores como el Ebitda.

Pero persisten las dudas sobre la forma como esta compra va a favorecer la matriz energética del país. Se ha dicho que ISA continuará realizando las actividades relacionadas con la transmisión de energía y la construcción de vías. No se han propuesto alternativas que permitan vislumbrar de qué manera el control que va a ejercer Ecopetrol sobre ISA, se reflejará en una visión corporativa en la que la transformación de la matriz energética sea prioritaria.

Y por el lado de Ecopetrol, la empresa ha dicho que la compra de ISA no impactará el “core” del negocio, que continuará siendo el petróleo y el gas. Su participación en la generación del Ebitda continuará siendo de 70%-75%. El protagonismo de los hidrocarburos continuará. Se ha dicho que después de una década, se irá modificando levemente la participación de los hidrocarburos. El ritmo al que pretende avanzar Ecopetrol en la transformación energética es excesivamente lento, sobre todo en estos momentos, después de que el informe del Panel de Cambio Climático ha insistido en la necesidad de tomar decisiones urgentes. La compra de ISA no va a modificar las prioridades de ninguna de las dos empresas. No es una operación que implique un replanteamiento de sus tareas misionales. Apenas se han insinuado cambios ligeros, que no son suficientes para liderar los procesos hacia una economía limpia.

Finalmente, para completar los recursos necesarios para la compra de ISA, Ecopetrol tendrá que vender una parte de las acciones. El asunto de la privatización se debería poner a discusión de manera explícita, porque hasta ahora no se han revelado sus ventajas. Como si el Gobierno tuviera vergüenza, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo este tipo de operación no se llama “privatización” sino “optimización de activos”.

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/urgido-de-caja-3223247

21.31.-Sorpresas del PIB MAURICIO CABRERA

¿Cómo es posible que las compras de los hogares hayan crecido tanto cuando la economía estaba medio cerrada y cuándo hubo más de un mes de paro?

Sorpresa positiva nos dio el PIB, que en el trimestre creció 17,6% con respecto al año anterior, y volvió a niveles similares a los de 2019, de manera que si sigue con esa tendencia solo tendremos dos años perdidos, sin crecimiento de la economía. Sin embargo, al examinar en detalle las cifras del Dane surgen otras sorpresas e interrogantes.

22 ago 2021.- La primera es la causa del crecimiento, que fue jalonado por la demanda interna, en particular por el consumo de los hogares que tuvo un incremento del 25%. La base de comparación era muy baja, pero inclusive si se compara con el 2019 hay una variación positiva de 6,2%, y el incremento semestral equivale a 3,4% del PIB.

¿Cómo es posible que las compras de los hogares hayan crecido tanto cuando la economía estaba medio cerrada (en abril y mayo todavía estaban restringidas varias actividades) y cuándo hubo más de un mes de paro nacional? ¿De dónde salió la plata para ese mayor consumo, si hay 3 millones de personas que dejaron de trabajar y tener ingresos? (los desocupados más lo que dejaron de buscar trabajo).

Varios datos ayudan a responder estas preguntas. Uno es el aumento de las remesas de trabajadores en el exterior, casi US$ 4 millones (29% más que el año anterior), lo que puso en los bolsillos de los consumidores unos $4,2 billones adicionales. Se confirma que nuestro segundo producto de exportación es la mano de obra de los que no tienen oportunidades en Colombia.

Otro, es el aumento de los precios internacionales de productos como café o azúcar. En el caso del café son 500.000 familias que duplicaron sus ingresos y su capacidad de consumo. Finalmente, tuvo que haber un “desatraso” de consumos represados durante la pandemia, que se evidencia con los crecimientos semestrales de la producción en sectores como textiles y calzado (52%), muebles y colchones (34%) o entretenimiento y recreación (47%).

La segunda sorpresa es la escasa contribución del gasto público a la reactivación. Su aumento fue de solo $4,6 billones en el semestre (0,45% del PIB), y en el caso de la inversión en carreteras, disminuyó 0,7% en el semestre y 30% respecto del primer semestre de 2019.

El último hecho relevante, que no es sorpresa, es el aumento del déficit externo. En el trimestre las importaciones crecieron 46%, y ya están por encima del 2019, mientras que las exportaciones aumentaron 15%, de manera que la balanza comercial registró un saldo en rojo equivalente a 11 % del PIB, que es el más alto registrado en la historia reciente. Los expertos en internacionalización que repiten contra toda evidencia que en Colombia no ha habido apertura hacia adentro deberían explicar qué significa que en 1990 las importaciones fueran el 6,5% del PIB y hoy sean 24%, es decir casi cuatro veces más.

https://www.portafolio.co/sorpresas-del-pib-opinion-de-mauricio-cabrera-galvis-555401

21.31.-El empleo a la deriva EDUARDO SARMIENTO

El Gobierno está en trance de configurar una economía de oferta, en la cual la producción es menor que la demanda. En este modelo las acciones para ampliar la demanda con la política fiscal no afectan la producción y reducen el empleo. Por otro lado, la reducción del empleo tiende a contrarrestarse con subsidios selectivos a la contratación de trabajadores que reducen el nivel general de salarios. La organización es más dictada por las manifestaciones que por las causales.

29 ago 2021.- El contraste tiene una clara manifestación en las dependencias oficiales. El ministro de Hacienda está montado en un déficit fiscal del 10 % del PIB, que aumenta la demanda a cambio de reducir el empleo. El ministro del Trabajo está comprometido en toda clase de subsidios para reducir el desempleo, que es causado por el déficit fiscal.

El modelo de libre mercado en un mundo expuesto a distorsiones y deficiencias estructurales terminó en una economía de oferta. La ampliación de la demanda para reactivar la economía no afecta la producción y reduce el empleo. Así lo confirma la información estadística del último año y medio. En el segundo trimestre la demanda creció 17 % y el empleo lo hizo en 4 %.

La verdad es que se configuró un marco económico de mayor demanda sobre la producción que se cubre con desempleo. La demanda se sostiene a cambio de salarios por debajo de la productividad y entrada masiva de importaciones que desplazan la producción y el empleo, y deterioran la distribución del ingreso.

Lamentablemente no se advirtió que uno de los avances importantes en la aplicación de la ciencia y la economía estuvo en la conformación de organizaciones de mayor oferta que demanda. La diferencia se llena con políticas fiscales y monetarias que aumentan la producción y el empleo. En cambio, en las economías de oferta la demanda es mayor que la producción. Las políticas fiscales y monetarias convencionales se tornan ineficaces. La política fiscal de déficit, como la actual, no afecta la producción y, en su lugar, contrae el empleo.

Nada de esto es nuevo. El estado de exceso de oferta se presenta en los países que dejan caer la tasa de ahorro y se exceden en los déficits fiscales para sostener y ampliar el consumo. En el error incurren los gobiernos que pretenden compensar las caídas del ahorro y la producción con la ampliación de la demanda, como sucede en la actualidad con las cuarentenas del coronavirus.

En el siglo XX se observa que las economías que operan con políticas fiscales y monetarias que mantienen la producción por encima de la demanda logran los mejores comportamientos en producción y empleo. Los países solo pueden operar con demanda por encima de la producción cuando los salarios se mantienen por debajo de la productividad, como sucedía en las economías feudales, o cuando se propician entradas masivas de importaciones. En este sentido, las economías de oferta significan un severo retroceso con respecto a las economías de demanda en términos de empleo, salarios y distribución del ingreso. Sin duda, las economías de demanda marcan un enorme avance con respecto a las economías del siglo XIX tanto en eficiencia como en equidad.

La solución a la crisis solo se puede alcanzar con un nuevo modelo que eleve el ahorro y sostenga el salario por encima de la productividad por medio de las reformas estructurales que he presentado en forma insistente. Ante todo, se plantea reducir el déficit fiscal y reorientar la política monetaria para regresar a la economía de demanda.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/eduardo-sarmiento/el-empleo-a-la-deriva/

  • 21.30.-Ajuste inequitativo EDUARDO SARMIENTO
  • la última encuesta de invamer muestra a un país descuadernado DIEGO OTERO

Presidente de la Asociación Colombina de Economía Crítica-ACECRI y miembro de Número la Academia Colombiana de Ciencias Económicas-ACCE

Introducción

14 ago 2021.- Acaba de salir la encuesta de agosto de Invamer S.A.S realizada entre el 7 y el 9 de agosto con 1008 encuestas distribuidas en 46 municipios.

Los resultados muestran un país que no cree en las instituciones, incluidas las fuerzas de policía y las fuerzas armadas, con un gobierno totalmente desprestigiado, con la corrupción como el primer problema del país.

Un hecho sorprendente es la decisión de los jóvenes por votar en las elecciones presidenciales y se convierten en el principal sector en proporción de votos, un cambio muy importante que va a incidir en las elecciones de 2022 y perjudicará a los partidos tradicionales del sistema.

Sigue ganado la segunda vuelta en intención de votos Gustavo Petro, aunque en la primera vuelta reduce su porcentaje con relación a la anterior encuesta de Invamer. Aparecen nuevos precandidatos en la encuesta: Rodolfo Hernández, Alejandro Gaviria, Oscar Iván Zuluaga, Enrique Peñalosa, y Germán Vargas Lleras.

Principales hechos de la encuesta y análisis

A continuación, se hará una presentación y análisis de los principales resultados.

  1. Votación para las elecciones presidenciales

De la encuesta resulta que un 56,8% está dispuesta a votar, 28,7% dice que no y 13,3% están indecisos. Esto significa que la votación pude estar alrededor de 65,0%.

  1. Fuerte votación de los jóvenes

El 63,8% de los jóvenes de 18 a 24 años dicen que votarían y el 63,1 % de los de 25 a 34 años, seguido por los de 35 a 44 años con 60,5%, los de 45-54 con 54,3% y los de 55 o más con 48,8%. Es decir, se da un cambio sumamente importante, los jóvenes se convierten en grandes electores.

  1. Votación de la primera vuelta para la elección presidencial

Sigue ganando Petro, pero su porcentaje disminuye por la presencia de nuevos candidatos. Sorprende la votación para Rodolfo Hernández con 11,0 por ciento, quitándole votos a Petro en Bogotá, con un solo lenguaje de anticorrupción, porque este señor no habla de nada más. Es muy contradictorio porque tiene acusaciones de corrupción en su alcaldía.

   Aparecen Vargas Lleras, Alejandro Gaviria, Juan Carlos Echeverry y Enrique Peñalosa, y todos recogen votos en la capital.

Sorprende el porcentaje de intención de votos por Juan Manuel Galán de 10,0% contra 4,4% en abril 2021.

   Petro disminuye en intención de votos de 38,2% a 30,3%, una disminución de 7,9 puntos mientras Fajardo los reduce de 15,9 % a 14,5 %, solamente en 1,4 %.

  El orden para la primera vuelta es el siguiente:

Gustavo Petro              30,3 %
Sergio Fajardo             14,5
Rodolfo Hernández      11,0
Juan Manuel Galán      10,0
Federico Gutiérrez        6,4
German V. LLeras        4,2
De La Calle                   4,0
Alejandro Char              3,8
Oscar Iván Zuluaga       3,6
Enrique Peñaloza          3,5
Alejandro Gaviria           2,6
Jorge E. Robledo           1,0
Juan C. Echeverry         1,0
Miguel Cevallos               0,1
No sabe                          4,6
Total                              100,0

El caso Petro

Petro reduce sustancialmente su aceptación en Bogotá de 52,5% a 32,8% y el Norte (Caribe) de 47,1% a 30,5%.

  Ganan votos los nuevos candidatos: Rodolfo Hernández, con un sorprendente 11,0 %, Vargas Lleras (2,7%), Alejandro Gaviria (2,7%), Zuluaga (1,9%), Echeverry (0,9%), Peñalosa (con solamente 0,9%) y Cevallos (0,1%) para un total de 20,2%.

   Los demás candidatos incrementan la intención de votos, menos Petro, como se dijo, y un poco Sergio Fajardo.

  Importante, Petro gana en todas las regiones.

  Por estratos, Petro gana en todos y por edades tiene el mayor porcentaje entre los votantes de 18 a 34 años, es decir, en los jóvenes.

  Por sexos, la preferencia es mayor por los hombres que por las %mujeres. Baja de 42,35 a 33,5% en los hombres y de 33,9% a 26,4% en las mujeres.

   Por afinidades políticas, el 64,7% de los partidarios de la izquierda lo prefieren, el 23,9% del centro, el 14,9% de la derecha y el 28,5% de los que no tienen ninguna afinidad.

  Dato interesante es el que tiene mayores votos del centro, seguido por Fajardo con 20,0%. Y, sorprendente, el segundo en aceptación por la derecha después de Fajardo con 15,9% y el de mayor porcentaje con los votantes sin afinidades políticas definidas.

El candidato Alejandro Gaviria

    El candidato preferido por el partido Liberal, la centro derecha de los Verdes y parte del establecimiento, Alejandro Gaviria, tiene un porcentaje mínimo de 2,7 %.  Podría explicarse este bajo valor porque aún no se ha decido a la candidatura y porque no es conocido en el país, sino en los círculos elitistas de Bogotá y Antioquia. Pero, además, no tiene equipo de trabajo. Para él, lo mejor es que siga de rector de la Universidad de los Andes.

  1. Clasificación por tendencias

De la encuesta se puede estimar el potencial por ideologías así:

Uribismo-extrema derecha     3,6%
Centro-centro derecha          32,1
Derecha                                18,5
Centro izquierda                    30,0
No vota                                  4,6
Total                                  100,0

  1. Clasificación de la gente por ideología

Izquierda          21,1
Centro              25,7
Derecha           33,8
Sin afinidad     19,4
Total              100,0

Contrario a lo que afirman los que supuestamente se clasifican de centro, que en realidad muchos son de centro derecha, el centro no es mayoría en Colombia.

  1. Posiciones de candidatos en su propio campo

En el grupo de los exalcaldes y exgobernadores, ganaría una consulta Enrique Peñalosa con 28,6%, seguido por   Alejandro Char con 26,3%. La exgobernadora Dilian Francisco Toro solamente tiene 7,6%.

  En el urubismo, gana Oscar Iván Zuluaga con 41,0%, seguido por Rafael Nieto con 12,6%.

  En el centro-centro derecha se impone Sergio Fajardo 36,9% seguido por Juan Manuel Galán con 22,9%.

  En la centroizquierda gana Gustavo Petro con 70,1% seguido por Roy Barreras con 6.8%.

  Si esto es así, la primera vuelta estaría disputada por Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Enrique Peñalosa y Óscar Iván Zuluaga.

  1. Resultados segunda vuelta.

Petro les gana a todos los precandidatos. Así, le gana a Sergio Fajardo 53,4% vs 43,5%.

  1. Opinión de favorabilidad

Claudia López baja en favorabilidad a 43,4% y aumenta su no aceptación a 28,28%

  Petro mantiene igualdad de porcentaje entre aceptación y rechazo

11.Opinión sobre el gobierno de Iván Duque

Muy mal. Su desaprobación aumentó de 46,6% en agosto de 2020 a 67,0%, en agosto de 2021 con una aprobación de solamente 21,3%.

  Por regiones, la peor desaprobación se da en Bogotá con 86,1% seguido por la región suroccidental con 73,1%. Por estratos, curiosamente, la menor desaprobación se da en los estratos 1-2 con 65,4% y la peor en el estrato 3 con 73,7%.

  Por grupos de edad, la peor imagen se da en los grupos de 18 a 34 años, es decir en los más jóvenes.

  1. Imagen de Álvaro Uribe

La imagen favorable de Álvaro Uribe Vélez viene bajando de 61,8% en septiembre de 2017 a 48,1% en agosto de 2021y simultáneamente la de desaprobación aumentó de 32,8% a 47,5%.

  1. Principales problemas para la gente

El principal problema individual es la corrupción con un porcentaje de 28,3%, seguido por el desempleo con15,3%.

  La gente considera que la corrupción está aumentando.

  1. Cómo cree la gente va la economía.

Los encuestados dicen en una proporción de 76,6% que la economía va por mal camino. Este porcentaje aumenta a 92,4% en Bogotá y a 81,6% en la región centro oriental.

   Por estratos, la percepción es mayor en el 3 con 84,05, más que en los estratos 1-2.

   Por edades, los de 25 a 44 años tiene la mayor concepción de que la economía va mal, más que los de 10 a 24 años.

14.Imagen de las instituciones

La percepción sobre las instituciones es muy mala, especialmente de las entidades de control, de justicia, del congreso y de los partidos políticos. Muy regular la imagen de las fuerzas armadas y de la policía que tiene que ver con la forma represiva como han manejado las protestas. De menor desaprobación a mayor, el orden es el siguiente:

              Iglesia católica                      36,4%
Fuerzas militares                  39,8
Empresarios                         43,7
Junta Banco República        49,4an
Redes sociales                     49,9
Contraloría                            53,4
Medios de comunicación      53,5
Procuraduría                          55,1
Policía nacional                     55,3
JEP                                       55,6
Fiscalía                                 63,2
Sindicatos                              57,6
Corte Constitucional              61,0
Corte Suprema                       65,4
Sistema judicial                      72,3
El congreso                            76,7
Los políticos                           81,3
Las FARC                               85,3
ELN                                        87,7

  1. Seguridad

El 52,1 % se siente inseguro en el municipio donde viven. En Bogotá es donde existe la peor percepción de inseguridad con 69,4%, seguido por la región suroccidental con 61,9%. La menor percepción de inseguridad se encuentra en la región centro oriental con 43,5%.

  1. La gente quiere diálogos de paz

El 68,0% está de acuerdo con diálogos para la paz y 70,9% opina que la implementación del acuerdo de paz va muy mal.

  1. Opinión sobre los migrantes venezolanos

Hay muy mala percepción. El 61,2% no quiere recibirlos y el 65,1% tiene mala opinión de ellos en Colombia.

Conclusiones

  1. Esta encuesta, como muchas otras que se han realizado, reafirma que Colombia cambió. La derecha pierde terreno y las candidaturas alternativas, aunque algunos sean de centro derecha, han ganado aceptación.
  2. Cambio sorprendente: los jóvenes se convierten en el grupo donde más quieren votar sus integrantes.
  3. ) Todas las instituciones del establecimiento están muy desprestigiadas, muy especialmente las entidades de control y del aparato judicial.
  4. Mala la imagen de la policía nacional que tiene que ver con la percepción de la ciudadanía sobre su accionar represivo y de violación de los derechos humanos
  5. El partido Liberal se queda sin candidato con fuerza. Debe hacer una reflexión y entender que la gente lo está castigando por su voto por Iván Duque en 2018 y el papel de sus congresistas en defender a Diego Molano y otras iniciativas del gobierno de extrema derecha de Duque
  6. Aunque Gustavo Petro pierde aprobación en la primera vuelta, en la segunda les gana a todos, incluyendo a Sergio Fajardo a quien le toma una ventaja de 9,9 puntos
  7. El candidato Gustavo Petro debería dejar de exponerse tanto, con tuits todos los días, haciéndole competencia a Vicky Dávila. Debe dejar toda su fiebre para el próximo año. Igualmente, debería olvidarse de los ataques calumniosos de Claudia López y Angélica Lozano, y no dejarse llevar por la provocación de estas señoras. Lo mejor es ignorarlas.
  8. Increíble, el 21,0% de la gente se dice de izquierda, esto nunca había ocurrido en Colombia.
  9. Sí, Colombia está cambiando.

https://www.elunicornio.co/encuesta-de-invamer-muestra-un-pais-descuadernado/

21.30.-Ajuste inequitativo EDUARDO SARMIENTO

 

En varias oportunidades advertí que el país había entrado en una economía de oferta que está expuesta a ajustes drásticos que no se podían dejar a la discreción del mercado.

21 ago 2021.- El exceso de demanda sobre la oferta altera las cúpulas dominantes del sistema y no es sostenible. Mientras persista, la economía queda expuesta a ajustes traumáticos, como la reducción del salario, el aumento de la inflación, la entrada masiva de importaciones, la ampliación del déficit en cuenta corriente y las elevados cifras de desempleo. El ajuste provoca una fuerte reducción del salario con respecto a la productividad. La producción de las empresas es inferior a la demanda.

La dificultad de la economía está en que la demanda es muy superior a la producción. Si a ello se agrega que el salario descendió con relación a la productividad del trabajo, se tiene que los ingresos laborales caen abruptamente con respecto al PIB.

En el nuevo ajuste liderado por el mercado, los ingresos del trabajo evolucionan por debajo de la demanda agregada. Lo mismo se puede decir de la producción estimada con las nuevas ponderaciones del trabajo, determinadas por la reducción del salario con respecto a la productividad.

La demanda pasó a superar la oferta y propicia todo tipo de ajustes de mercado traumáticos. El salario desciende, la inflación sube, la balanza de pagos se deteriora y el empleo se contrae. Luego, se presenta una entrada masiva de importaciones que desplaza la producción nacional y amplía el déficit en cuenta corriente, que tiene como contraparte el disparo del desempleo.

Para completar, se configura un estado de baja del salario con respecto a la productividad, que descuadra toda la organización económica. Los ingresos laborales disminuyen con respecto a la demanda y la distribución del ingreso se deteriora en forma acelerada. El proceso de ajuste recae en los sectores laborales. Mientras en el segundo trimestre la demanda creció 17 %, el empleo aumentó 4 %.

Estamos ante el típico ajuste de las economías de oferta. La producción cae con relación a la tendencia histórica, la balanza de pagos se deteriora, los ingresos del trabajo, tanto por el empleo como por el salario, descienden con respecto al producto nacional y la distribución del ingreso medida por el coeficiente de Gini se deteriora.

La pandemia y el modelo económico configuraron un estado de producción inferior a la demanda que no es sostenible. Las economías operan por debajo de su potencial. Las acciones para aumentar la demanda agregada con respecto a la producción son inequitativas; los ingresos del trabajo bajan con relación al producto y el coeficiente de Gini de la distribución sube.

En términos concretos, el modelo de libre mercado induce un ajuste, en que la reducción del ahorro ocasionada por la pandemia y el aumento del déficit fiscal del 10 % del PIB se remedian con la reducción del salario por debajo de la productividad, el aumento del desempleo y el deterioro de la distribución del ingreso. Como se observa en la información del DANE, divulgada en la última semana, en el segundo trimestre la demanda creció tres veces más que los ingresos laborales.

La solución no puede ser distinta a la de elevar el ahorro y sostener el salario mediante reformas estructurales a la composición sectorial, la concepción monetaria, las transferencias de las rentas sociales y la política de salarios y empleo. En este contexto, la economía estaría en condiciones de mejorar rápidamente la distribución del ingreso dentro de un marco de crecimiento por encima de la tendencia histórica.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/eduardo-sarmiento/ajuste-inequitativo/

  • 21.29.-Tres propuestas fiscales MAURICIO CABRERA
  • La cambiante regla fiscal  SALOMÓN KALMANOVITZ
  • Tributaria al tablero BEETHOVEN HERRERA
  • Inestabilidad comercial y laboral EDUARDO SARMIENTO

En los últimos días la economía se vio seriamente afectada por diferentes aspectos que se atribuyen a fenómenos casuales. La explicación es mucho más global de lo que se supone. La economía pasa por una compleja transición que afecta las cúpulas dominantes, como son la producción, el empleo y la balanza de pagos.

15 ao 2021.- La economía operó en el último siglo dentro del marco de las economías de demanda. La demanda es menor que la producción y el bache se llena con la política fiscal. El paso a la economía de oferta, producción menor que la demanda, significa grandes alteraciones en la producción, el empleo y la balanza de pagos.

La mejor ilustración está en el sector cambiario. En los últimos días hay una gran alarma por la elevación de la tasa de cambio, que se atribuye a todo tipo de interpretaciones casuísticas. La verdadera causa es el paso a la economía de oferta. La entrada de importaciones amplía el déficit en cuenta corriente y dispara el tipo de cambio. La devaluación es una forma de bajar el salario para estimular la producción.

Las economías de oferta no son reguladas por los ajustes perfectos del mercado supuestos en las concepciones clásicas y neoclásicas de equilibrio. El exceso de demanda se ajusta lentamente, ocasionando toda clase de perturbaciones traumáticas en las cúpulas dominantes de la economía. Luego de varias décadas de estabilidad de precios, la inflación se acelera. La balanza de pagos, que refleja el vínculo con el resto del mundo, muestra una enorme vulnerabilidad. Las importaciones crecen 50 %, el déficit en cuenta corriente se incrementa en 25 % y el tipo de cambio se dispara. El empleo cae 14 % con respecto a 2019 y los salarios descienden con respecto a la productividad.

En el sistema convencional la producción es mayor que la demanda y el bache se llena con el déficit fiscal. Sin embargo, el mecanismo deja de ser efectivo cuando la demanda iguala la producción. De allí en adelante el aumento de la demanda se neutraliza con el aumento de las importaciones, el incremento del déficit en cuenta corriente y la reducción del empleo. La limitación se trata de eludir con la entrada masiva de importaciones que desplazan el valor agregado nacional y el empleo y amplían el déficit en cuenta corriente.

Ahora, en el contexto de la economía de oferta, las importaciones sustituyen la producción nacional y amplían el déficit de la balanza de pagos, que tienen como contraparte la reducción del empleo y el salario. Así, el sistema se realiza por la vía de la reducción de los ingresos laborales, que deteriora la distribución del ingreso, y del debilitamiento de la estructura productiva.

La dificultad la anticipamos desde el momento que se dictaminó la cuarentena del coronavirus. En varias columnas advertí cómo la operación convertía la economía de demanda en una economía de oferta y se podía evitar con las reformas estructurales que he señalado reiteradamente en materia monetaria, comercial y sectorial, transferencias de las rentas sociales y política de empleo y salarios. En su lugar, se insiste en la cuadratura del círculo de bajar el salario.

El país termina en una economía de oferta con un mayor déficit en cuenta corriente y devaluación, aumento del desempleo, reducción de potencial de crecimiento, incremento de la inflación y deterioro de la distribución del ingreso. El mayor juego del mercado no significa más eficiencia y agrava la distribución del ingreso. La conciliación del progreso con equidad solo se puede lograr con reformas estructurales que eleven la tasa de ahorro y sostengan el salario por encima de la productividad.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/eduardo-sarmiento/inestabilidad-comercial-y-laboral/

21.29.-Tres propuestas fiscales MAURICIO CABRERA

Se deben cancelar los días sin IVA, pero si no se puede, por lo menos se deberían limitar a la compra de productos nacionales.

El proyecto de reforma tributaria 2021 no es la reforma estructural del sistema tributario que se viene solicitando desde hace varios años; es solo un alivio temporal a las finanzas públicas, que tiene la virtud de eliminar los aspectos más controvertidos del anterior proyecto que motivaron las protestas del gran paro nacional, pero también elimina algunos de las iniciativas que aumentaban un poco la progresividad de los impuestos en Colombia.

8 ago 2021.- Son dos las grandes ausencias en el nuevo proyecto: una es no eliminar todo el entramado de exenciones y beneficios tributarios a las personas jurídicas y otra dejar de lado el aumento a la tributación de las personas naturales de altos ingresos, con medidas tales como el impuesto al patrimonio o el mayor impuesto a dividendos. Estos temas los tendrá que enfrentar el nuevo gobierno.

Lo que sí es posible ahora es hacer algunas modificaciones sencillas que hagan un poco más equitativos los impuestos.

La primera se refiere a la tarifa de renta para empresas, que se propone elevar al 35%. Esta tarifa debe ser diferencial, de manera que sea menor para las pymes y mayor para las grandes empresas, con un rango entre 20% y 35% de acuerdo al tamaño de las empresas medido, por ejemplo, por su volumen de ventas.

Si resulta complejo introducir una reforma tan radical, por lo menos puede disponerse que el aumento de la tarifa no aplique a las pymes. Minhacienda espera recaudar $6,7 billones por este concepto, pero dada la concentración de las utilidades en Colombia, eximir a las pymes no debe representar más de un 20% de ese monto.

En la misma línea de progresividad se debe imponer un tope a la deducción del IVA por compras de bienes de capital, por ejemplo unos 100 SMLV (Salario Mínimo Legal Vigente), de manera que se devolvería el IVA a las compras de maquinaria de hasta unos $500 millones anuales, que es el rango de inversiones de capital que puede hacer una Pyme. Las grandes empresas no necesitan este incentivo para invertir.

Esta medida además generaría unos importantes recursos que compensarían de sobra la reducción de la primera propuesta. En la reforma de 2018, se informó que su costo fiscal sería de $6,6 billones; la Dian debe conocer la distribución según el tamaño de las empresas, pero me atrevo a estimar que con el tope propuesto se pueden ahorrar por lo menos unos $5 billones.

Una tercera propuesta se refiere a los días sin IVA. No se conocen cifras oficiales de esta propuesta populista, pero el año pasado se mencionaba que cada uno de los 3 días pudo haber implicado un menor recaudo de unos 500 mil a 600 mil millones de pesos.

Se deben cancelar los días sin IVA, pero si no se puede, por lo menos se deberían limitar a la compra de productos nacionales, pues no tiene sentido dar ese incentivo para los productos importados.

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/tres-propuestas-fiscales-554895

21.29.-La cambiante regla fiscal  SALOMÓN KALMANOVITZ

Una regla se define como “aquello que ha de cumplirse por estar convenido en una colectividad” (Diccionario de la Real Academia).

8 ago 2021.- La primera regla fiscal del gobierno Duque informaba que el déficit estructural “no fuera mayor a 1 % del PIB a partir de 2022”, algo que era difícil cumplir teniendo en cuenta que el déficit de 2020 fue más de ocho veces ese límite. Desechada esta regla, el recursivo gobierno duquista se inventó otra en la que se impone un límite no al déficit sino al endeudamiento del gobierno, que no puede superar ahora el 71 % del producto interno bruto (¿por qué no 70 % u 80 %?), no sólo para esta administración sino para la que resulte elegida en 2022, no se sabe con qué autoridad o legitimidad.

Una regla fiscal es un oxímoron, o sea, una contradicción de términos, incluso para economías bien comportadas y previsibles, pues a veces es necesario mantener políticas contracíclicas, en particular cuando una recesión o una pandemia deben ser enfrentadas con gasto público a la lata. En el caso de economías en desarrollo, inherentemente más inestables, seguir una regla fiscal que intente cerrar déficits estructurales puede agudizar los desequilibrios y conducir a recesiones innecesarias, castigando a la población a un desempleo mayor por estar siguiendo una regla inflexible inventada por unos tecnócratas sin oficio útil, pero que se ufanan de su rigor.

Lo que es peor es suponer que el gobierno siguiente —incluso si repite el Centro Democrático, ¡qué horror!— va a obedecer un diseño del mediocre gobierno de Duque que en su agonía informa que debe hacer un ajuste descomunal de sus finanzas y se lo deja de herencia por haber estado devolviendo impuestos a los ricos. Como lo observan Andrés Álvarez y colegas, investigadores de la Universidad de los Andes, “si el nuevo gobierno entra forzado a semejante ajuste en su primer año, posiblemente buscará en su primera reforma levantar ese mismo límite, restándole así credibilidad” (Nota Macroeconómica No. 31). Es que este gobierno no fue elegido por ocho años sino por cuatro y no tiene por qué imponerle nada a su sucesor.

Para Jorge Armando Rodríguez, de la Universidad Nacional, “el próximo gobierno podría promover el cambio de las normas recién aprobadas si no está de acuerdo con ellas, pero el proceso sería políticamente desgastante, quizás inconducente. Mejor sería buscar acuerdos ahora para que el nuevo marco legal les dé cabida a orientaciones diversas de la política fiscal y de las prioridades de gasto estatal, teniendo el cuidado de proteger la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Desespera que el gobierno proponga una reforma tributaria poco ambiciosa para acopiar recursos con que seguir paliando las consecuencias de la pandemia, sin rasgos de equidad en el sistema fiscal. La reforma que cursa ante el Congreso aspira a recaudar solo 1,5 % del PIB y no es seguro que lo logre, sobre todo porque se confía en la eficiencia de la DIAN, que nunca ha existido. Se continúa eximiendo del pago de impuestos a negocios escogidos a dedo por el uribismo, como economía naranja, empresas en zonas francas, hoteles y transporte, y a personas naturales como pensionados que reciben más de $9 millones mensuales, pero se sigue sin cobrarle impuestos al 1 % más rico de la población. Lo que debemos asegurar mientras tanto es que el recaudo supere el 20 % del PIB y los recursos alcancen para afrontar los problemas del país, lo cual no se consigue con regla alguna.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/la-cambiante-regla-fiscal/

21.29.-Tributaria al tablero BEETHOVEN HERRERA

La propuesta no apunta a desmontar ninguno de los múltiples tratamientos especiales para muchos sectores productivos, que han sido criticados.

El trámite de la reforma tributaria comienza despejado por el fallo de la Corte que declaró constitucional la sobretasa a las entidades financieras, rechazando el argumento de Asobancaria en el sentido de que la misma negaba el derecho a la igualdad.

8 ago 2021.- La Corte consideró que las exenciones que benefician a ese sector hacen que su tasa efectiva de tributación sea muy inferior a la tasa efectiva, y la sobretasa es un elemento equilibrador y no cuestiona la destinación específica de parte de dicha sobretasa para financiar vías terciarias.

Clavijo ha opinado que debería aplicarse similar sobretasa a la minería y considera que la política de ‘confianza inversionista’ que eximió a algunos sectores, durante 10 años, de alzas tributarias futuras a través de pagar una irrisoria sobretasa del 10 %, fue un grave error; pues mediante contratos de estabilidad tributaria se generó gran dispersión en tasas efectivas, que ahora la Corte, quiere corregir con sobretasas de tributación.

Coincidentemente se produjo otro fallo declarando inconstitucional el Decreto 558 de Emergencia que establecía el traslado de 20 mil afiliados desde los fondos privados a Colpensiones, asumiendo este último el costo de esas pensiones.

Los expertos de la Universidad de los Andes han dicho que “la propuesta no apunta a desmontar ninguno de los múltiples tratamientos especiales para muchos sectores productivos, que han sido criticados por la Comisión Internacional. Adicionalmente lamenta que haya desaparecido la propuesta de impuestos verdes, critica el mantenimiento de los días sin IVA y considera que hacer amnistías tributarias periódicas “erosiona su eficacia para conseguir recursos y golpea la legitimidad del sistema”.

El proyecto no prohíbe las operaciones en paraísos fiscales, y hay quienes proponen gravar las ventas electrónicas desde el exterior.

Jorge Armando Rodríguez decano de la Nacional considera que el hecho de que se mantenga la propuesta de descontar el ICA en 50% de renta “lo que hace es extender la vigencia de un desatino” y sostiene que “no deja de ser irónico que ello se clasifique como ingreso permanente pues un futuro gobierno lo puede revertir”.

El nuevo Comité Consultivo de la Regla Fiscal  tendría cinco comisionados, de los cuales cada gobierno podrá cambiar sólo a dos y contaría con el apoyo de un equipo técnico independiente del Ministerio lo cual a juicio de Hofstetter le otorga mayor autonomía, aunque sus conceptos no serán vinculantes.

Es necesario agilizar la actualización catastral, que generaría recursos para los territorios, pues grandes extensiones rurales están avaluadas por solo el 5 % del valor comercial. Y se debe modificar el impuesto del 10% a las herencias, cuando en Japón, tiene una tarifa del 55 %. Aurelio Suárez ha considerado un ‘regalo’ la fijación de 0% como tarifa de retención en la fuente para “valores de renta fija pública o privada o derivados financieros con subyacentes en valores de renta fija”.

Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana consideran que al proponer la Andi que los recortes de impuestos a las empresas se suspendan sólo por unos años permite que “en el futuro entren en vigor cuando sea conveniente…”.

¡Aplazando la solución de fondo!

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/tributaria-al-tablero-554896

  • 21.28.-La devaluación del peso SALOMÓN KALMANOVITZ
  • la reforma tributaria 2.0 AMYLKAR ACOSTA
  • Déficit fiscal insostenible  EDUARDO SARMIENTO

El país atraviesa por una coyuntura incierta. El modelo económico, la pandemia y los errores para enfrentarla configuraron un estado económico incoherente y destructivo. La producción y el empleo decaen y la distribución del ingreso se deteriora.

8 ago 2021.- En general, los profesionales economistas reconocen que la economía está mal, pero no avanzan a explicar las causas y, lo más grave, no ofrecen soluciones concretas.

La propuesta generalizada es dejar la solución al próximo gobierno. No se advierte que las deficiencias económicas tienden a agravarse en la medida en que se amplía su duración.

Cuanto más prolongado el daño más difícil es su restablecimiento.

La manifestación más clara del estado de la economía está en el déficit fiscal de 9 % del PIB, que de acuerdo con la experiencia es insostenible. Es la típica organización de crecimiento económico ineficiente con deterioro ascendente de la distribución del ingreso.

La organización económica establecida en la Constitución está basada en la economía de demanda. El Ejecutivo, por conducto de Planeación, el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda con criterios científicos, dispone de la discrecionalidad para establecer el gasto público, los impuestos y definir el tamaño del déficit fiscal que determina el vínculo con el sector privado y el exterior. El paso a la economía de oferta en que el déficit fiscal es determinado por el mercado o los intereses políticos contradice el orden constitucional de separación de poderes.

El déficit fiscal de 9 % del PIB por varios años, que los economistas profesionales reconocen, tiene efectos muy nocivos para el país y contradice la norma constitucional de presupuesto balanceado. En la práctica, adquiere la forma de actividad productiva por debajo de las posibilidades y retroceso de la distribución del ingreso.

El sistema pasó a una economía de oferta en donde la producción tiende a ser determinada por el mercado y la política, y no por las características de la economía y su armonización con el sector privado y el sector externo. La producción es inferior a la demanda. Las políticas fiscales y monetarias convencionales se tornan inefectivas, porque amplían la demanda y no afectan la producción. La armonización del sistema solo es posible con políticas de oferta que incrementan el ahorro y la producción.

El país pasó de un sistema presupuestal en que el Gobierno disponía de una alta discrecionalidad para fijar el déficit fiscal a otro que es determinado por arreglos políticos que no contemplan las características internas y externas de la economía. Así, en la actualidad se tiene un déficit fiscal que es insostenible y le ocasiona severos daños a la balanza de pagos, como se observa en el disparo de las importaciones, el aumento del déficit en cuenta corriente y de la devaluación, y al empleo, que desciende 14 % con respecto a 2019,

En términos concretos, la economía se encuentra en un estado de bajo ahorro que se manifiesta en déficit fiscal de 9 % del PIB y tiene efectos altamente negativos sobre el funcionamiento de la economía. El ajuste por el mercado significa la reducción del salario, el aumento del desempleo y el deterioro de la balanza de pagos, que en conjunto reducen el potencial de crecimiento y deterioran la distribución del ingreso.

La solución es el cambio de modelo económico que eleve el ahorro y sostenga el salario por encima de la productividad, mediante las reformas estructurales que he presentado reiteradamente a la concepción monetaria, la composición comercial y sectorial, las transferencias de las rentas sociales y la política de ingresos y empleo.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/eduardo-sarmiento/deficit-fiscal-insostenible/

21.28.-La devaluación del peso SALOMÓN KALMANOVITZ

El peso colombiano es una de las monedas más subvaluadas del mundo, de acuerdo con el índice Big Mac que elabora The Economist anualmente. La empresa de hamburguesas McDonald’s tiene filiales en todo el mundo, de tal modo que tomando como base el precio de la Big Mac en Estados Unidos, mide el poder adquisitivo de la moneda de cada país de esta mercancía que contiene “dos hamburguesas de pura carne con salsa especial Big Mac y queso derretido”.

1 ago 2021.- En junio de 2021, el peso colombiano estaba subvaluado en 40,3 % con respecto al dólar en unidades Big Mac y la abrupta devaluación de julio lo ha hundido a 46 % de su valor en Estados Unidos.

En los mercados internacionales se compara la moneda de Colombia con las de Turquía y Argentina, que han tenido devaluaciones pronunciadas, alcanzando el tope de la clasificación mundial. El impacto más serio que tiene la devaluación es contra el poder adquisitivo de la población: aumentarán los precios de la harina de trigo que es importada y con ello el precio del pan, así como de otros cientos de insumos que entran a definir el precio de la canasta familiar y más aún el precio de los electrodomésticos y celulares. Otros elementos de consumo masivo como la carne serán desviados hacia los mercados internacionales que se hacen más rentables con el dólar más caro. En otras palabras, la devaluación empobrece al pueblo colombiano.

¿Por qué tanta devaluación? El manejo de la economía ha sido errático y el Gobierno no pudo ajustar las finanzas públicas frente a las necesidades que demandó la pandemia. El enorme descontento social que estalló el 28 de abril pasado imposibilitó aprobar la reforma tributaria que se requería. La que está en la puerta del Congreso es un paño de agua tibia, que aumenta el recaudo en 1,5 % del PIB, insuficiente a todas luces para calmar los mercados. Un hueco fiscal de 8 % del PIB que el Gobierno no puede cerrar es la razón por la cual la calificación crediticia del país fue reducida recientemente, dificultando el financiamiento de un déficit externo elevado. El déficit en cuenta corriente se proyecta en US$14.500 millones en 2021, que equivale a 5,3 % del PIB, monto elevado que requiere que le entren recursos frescos a la economía colombiana para poderlo enjuagar adecuadamente.

Otra razón es el propio fortalecimiento del dólar por el repunte de la economía norteamericana, que se ve más saludable que la europea y la de América Latina empobrecida. Se suma el hecho de que la inflación está arreciando en ese país y se espera que la Reserva Federal suba sus tasas de interés, que hacen más fuerte su divisa.

Hay que notar que la presión contra el peso es enorme: con el precio del petróleo tan alto como el alcanzado en julio, lo esperado era que el peso se fortaleciera por la entrada de dólares. En efecto, el precio del petróleo en el golfo de México fue de US$40 el barril en noviembre de 2020 y subió a US$73 el 30 de julio, aumentando los ingresos externos del país.

Otro problema de fondo es la deuda en dólares del Gobierno, que alcanza los US$92.000 millones. Los mercados perciben dificultades para que este pueda enfrentar el esquema de pagos que le corresponde, dada su incapacidad para acopiar más recursos.

Por todo lo anterior, la perspectiva del país se oscurece; lo cierto es que habrá que pagar más pesos por todo, incluyendo la hamburguesa doble carne de McDonald’s.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/la-devaluacion-del-peso/

21.28.-la reforma tributaria 2.0 AMYLKAR ACOSTA

PREÁMBULO

Después del retiro por parte del Presidente de la República Iván Duque de la fallida reforma tributaria que llevaba la impronta del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien fue defenestrado del gabinete por cuenta, según el Presidente Iván Duque, por “una mala interpretación” de la misma, el Congreso de la República se apresta a debatir el nuevo proyecto de reforma tributaria 2.0 radicado en el mismo por el novel Ministro de Hacienda José Manuel Restrepo.

3 ago 2021.- Con este, la administración Duque completa cuatro proyectos de reformas, una por año, record histórico, dos de ellas frustráneas, la Ley 1943 de 2018 de “financiamiento” y el proyecto de ley 594 de 2021 de “solidaridad sostenible”, la primera por fallo adverso de la Corte Constitucional y la segunda por el estallido social que provocó. Sólo se salvó la Ley 2010 de 2019 de “crecimiento”.

Esta vez el proyecto de reforma tributaria 027 Cámara bautizado como de “inversión social”, cuenta, al igual que el anterior, con mensaje de urgencia con la finalidad de abreviar los tiempos de su trámite, dada la premura de su aprobación, máxime cuando esta es la última legislatura del actual Congreso, mediada por la campaña electoral de cara a las elecciones de marzo y mayo del año entrante, lo cual interfiere el normal curso de sus sesiones, caracterizadas ahora por un mayor ausentismo de los congresistas en las mismas. Este es el contexto en el cual se abordará su texto, el cual viene precedido, según lo ha anunciado el Ministro Restrepo, de un amplio proceso de concertación en contraste con la que pretendió imponer a pupitrazos en el Congreso de la República el Ministro Carrasquilla.
Podríamos decir, para comenzar, que este texto de sólo 35 artículos, no tiene mayores pretensiones, pues su ambición no va más allá de un mayor recaudo de $15.2 billones, en comparación con la reforma que no fue, cuyo farragoso texto constaba de 163 artículos y aspiraba a recaudar $28 billones, de los cuales $4.6 se transferirían a las entidades territoriales a través del Sistema General de Participaciones (SGP). Esta es la reforma posible, al fin y al cabo, como sostuvo Aristóteles, la política es el arte de lo posible. Con razón acota el experto y Director de la Maestría en economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Jaime Tenjo, que este es un proyecto de reforma tributaria con más alcance político que fiscal. Arguye él que esta “es una forma de mejorar la gobernabilidad, de consolidar las alianzas alrededor del Centro democrático y de preparar la campaña electoral que comienza”. Y no le falta razón, pues la coyuntura pre-electoral así lo demanda y nadie querrá incurrir en la desmesura de pagar el costo político de una reforma que vaya más allá.

LA PIRINOLA: NO TODOS PONEN

Este proyecto de reforma tributaria se caracteriza porque, a diferencia del anterior, no propone ampliar la base de la tributación del impuesto de renta para las personas naturales, como sí lo proponía el proyecto de Carrasquilla, con lo cual se libra sobre todo la clase media de que le metan la mano al bolsillo cuando 2´175.000 personas en dicha condición pasaron, en 2020, a ser vulnerables y 659.000 de estos cayeron nuevamente en la pobreza que habían superado. Pero, de paso, se favorece también a los más pudientes, los del quintil 5, quienes si bien vieron menguados sus ingresos en un 10.1%, en el otro extremo los del quintil 1 perdieron el 24.6%, el doble. Luego, los de más altos ingresos mantienen su capacidad contributiva prácticamente intacta, pero, como dicen en Norte de Santander, al lado del enfermo come el alentado. Tampoco toca el IVA, el más sensible de los impuestos, dado su carácter regresivo, cuyo incremento sucesivo de sus tasas es tal vez lo que más ha contribuido a la regresividad del Estatuto tributario en Colombia.

Aquí hagamos una digresión para desmitificar el mensaje que se ha convertido en un lugar común entre muchos expertos, en el sentido que en Colombia a diferencia de la mayoría de los países que hacen parte de la OCDE el impuesto de renta se concentra en las personas jurídicas y es ínfimo el número de personas naturales que paga impuesto de renta. Pierden ellos de vista que no se puede equiparar a Dinamarca con Cundinamarca. Qué más puede esperarse de un país como Colombia en donde el 70% de la población tiene ingresos mensuales inferiores a $600.000 y un 98% recibe menos de $3 millones mensuales (¡!). Es más, cuando comparamos, a guisa de ejemplo, el ingreso per cápita de Corea del Sur y Colombia, que para el año 1980 eran similares, hoy en día mientras el primero es de $10 millones/mes el segundo es de sólo $2 millones (¡!).

En concepto del Director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Luis Carlos Reyes, un hogar con ingresos de $4 millones mensuales, que debería ser algo común y corriente en Colombia, “sin embargo, pertenecen a un selecto grupo del 10% más alto de los hogares en términos de ingresos” . Es más, si un hogar obtiene $10 millones ya no está por encima del 90% sino aproximándose al 98% del total. Y concluye diciendo que “en otras palabras, el hecho de que con ingresos de 2,9 millones de pesos mensuales por persona se supere al 98% de la población indica cómo el grueso de la riqueza se concentra en segmentos mínimos, como consecuencia de tener uno de los niveles más altos de desigualdad en el mundo”.

También se dejaron de lado varias de las propuestas que traía el anterior proyecto de reforma, como fue elevar el impuesto al patrimonio del 10% al 15%, al tiempo que el programa de ingreso solidario, que se había planteado con carácter permanente ahora será temporal, sólo va hasta diciembre del año entrante. Ello llevó al reputado economista Eduardo Lora a afirmar que “si la protesta social era para rechazar una reforma por regresiva, pues ahora tenemos una que ayuda menos a los pobres”.

En medio del barullo y el alboroto causado por el fiasco de la execrable y execrada reforma tributaria propuesta por Carrasquilla, el gremio empresarial encabezado por el Presidente de la ANDI Bruce McMaster le propuso al gobierno y al Congreso revertir parte de los beneficios de los cuales habían sido objeto en la Ley de “crecimiento”. Su mensaje no pudo ser más categórico: el mensaje al Presidente Duque y al Ministro Restrepo por parte del Presidente de la ANDI no ha podido ser más contundente: “en la reforma no toquen a nadie más, cóbrennos a nosotros”.

Sin embargo, su ofrecimiento fue desdeñado y desestimado, sólo tardía y parcialmente fue acogida por el Ministro Restrepo, casi tres meses después, perdiendo un tiempo precioso, pues con esta propuesta sumada a la de FENALCO-ACOPI se pudo haber tramitado y aprobado en las sesiones del Congreso de la República que se clausuraron el pasado 20 de junio la reforma, así hubiera sido necesario incluirla en la agenda las sesiones extras que fueron convocadas para otros proyectos, dada su urgencia. Así se le hubiera podido salir al paso al pronunciamiento de las calificadoras de riesgo con la consiguiente pérdida de la calificación inversionista de su deuda soberana.

Ello es tanto más extraño al constatar que la propuesta que finalmente se presentó no dista mucho de la de los gremios, motivados ellos por la necesidad de incentivar la demanda, que es el mayor estímulo de la oferta, la producción y la generación de empleo de cara a la reactivación económica, pues bien dijo el ex ministro de Estado Rodrigo Escobar Navia que un mercado de pobres es un pobre mercado. Lección aprendida del reputado economista John Maynard Keynes. Bien dijo él que “los hombres prácticos que se creen estar exentos de cualquier influencia intelectual, usualmente son esclavos de algún economista difunto”.

De otra parte, en el malhadado proyecto de reforma tributaria de Carrasquilla se propuso la progresividad en la tarifa de impuesto de renta para las empresas, iniciando con el 24% para las pequeñas empresas y 30% para las medianas y grandes, ahora se propone que todas sin excepción paguen el 35%. A este respecto, llama poderosamente la atención la afirmación contenida en la exposición de motivos del proyecto, para llevarle tranquilidad a los empresarios, en el sentido que “la implementación de esta medida no representaría un detrimento para estos contribuyentes”, al contrario, se indica que “la estructura tributaria para empresas sería más competitiva que en 2018”. Ello, en cuanto que, como lo sugiere el economista Gregorio Gandini, “se observaría una reducción en la tarifa efectiva de 2.6 puntos porcentuales entre 2018 y 2022”.

PERDER ES GANAR UN POCO

El Ministro Restrepo catalogó su propuesta de reforma tributaria 2.0 como “el proyecto fiscal más ambicioso que se ha presentado en materia de recaudo durante los últimos años” . En ello le asiste la razón al Ministro, sólo que, pese a ello, es de corto vuelo a la luz de la magnitud del déficit fiscal in crescendo que exhiben las finanzas públicas. De conformidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el déficit fiscal, declarado por el Ministerio de Hacienda, de 2.5% del PIB para 2019 pasó al 7.8% (- $77.748 MMM) en 2020 y la previsión para el 2021 es del orden de 8.6% (- $94.647 MMM). A este tétrico panorama fiscal se viene a añadir el creciente nivel de endeudamiento, el cual pasó de una deuda bruta equivalente al 50.3% del PIB en 2019 al 64.7% en 2020 y se estima que puede estar rozando el 70% al cierre de 2021, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal.

Como lo planteó el Ministro Restrepo, con esta iniciativa se estaría promoviendo “la sostenibilidad social, la sostenibilidad fiscal y también al crecimiento y a la reactivación económica”. El propósito fundamental de este proyecto de reforma tributaria 2.0, entonces, es arbitrar los recursos requeridos para solventar y poder mantener temporalmente los programas de ayuda social, para proteger los ingresos y las condiciones de vida de la población más vulnerables, destacándose entre ellos por su mayor valor el del Ingreso solidario, con un costo previsto para el 2022 de $7.2 billones. A ello se viene a sumar el fondeo necesario del programa de apoyo al empleo formal (PAEF), así como el de matrícula cero, que demandará desembolsos del orden de los $700.000 millones. Por lo pronto, para lo que resta de este año se requerirán no menos de $3.3 billones adicionales.
En materia de recaudo, básicamente la mayor contribución ($6.7 billones de $15.2 billones, 44%) de “la mayor reforma en términos de recaudo en los últimos treinta años” , según afirma el Presidente Duque, provendrá del aumento de la tasa impositiva a las personas jurídicas, revirtiendo el alivio tributario decretado en la anterior reforma tributaria, pasando del 30% al 35%, 2 puntos porcentuales más de la propuesta de la ANDI. Adicionalmente, este recaudo se complementaría manteniendo para el 2022 el descuento del impuesto de industria y comercio (ICA) en el 50%, que entró en vigencia este año, merced a la anterior reforma, en lugar de hacer efectivo el descuento del 100% el año entrante, como está previsto.

Esto le significará a la DIAN un mayor recaudo de $3.9 billones, pero se queda corto frente al ofrecimiento que hizo la ANDI de aplazar “el descuento del ICA y continuar como deducción”. De allí que mientras la propuesta de la ANDI implicaba un mayor recaudo de $12.4 billones, la propuesta de este proyecto de reforma es de $10.6 billones, $1.8 billones menos (¡!). Según el propio ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, “por solicitud de Cambio Radical se preserva el descuento del 50% de ICA, aplazando la entrada en vigor del 100%”

Sigo sin entender por qué razón, no sólo no se acogió el ofrecimiento que hicieron FENALCO-ACOPI de renunciar a dos de los tres días sin IVA, que habrían significado $1 billón más de recaudo , sino que se insiste con terquedad aragonesa en mantener los tres días sin IVA, sobre todo que no está demostrada su utilidad para los propósitos planteados. Según el Director de FEDESARROLLO, Luis Fernando Mejía, “es dudoso el impacto que tendrá esta decisión, teniendo en cuenta que hay análisis sobre lo poco que han servido determinaciones como estas en Estados Unidos, pues muestran que lo que hacen las personas es sustituir las compras en el tiempo”.

Huelga decir que los beneficios para las empresas que se derivaron de la reforma anterior fueron mucho más generosos, la rebaja del impuesto de renta y el descuento del ICA fueron sólo dos de ellos. A estos se suman el descuento del IVA causado por la importación de equipos y maquinarias, que tienen un costo fiscal de $6.5 billones, la deducción del 50% del gravamen de movimientos financieros (GMF), más conocido como el 4 X 1.000, amén de la tronera que se abrió con el tratamiento recibido por las zonas francas “especiales”, que en rigor no lo son, que sólo contribuyen, según la Comisión de expertos en beneficios tributarios contratada por el Gobierno, con “el 0.4% de las exportaciones colombianas y en general no han tenido mucho éxito en cuanto estímulo a las exportaciones” . Y por ello recomendó su supresión. Ello le representa a la Nación ingresos dejados de percibir, entre impuesto de renta y pago de IVA, por valor de $2.4 billones. De modo que, de aprobarse la propuesta tal y como ha sido presentada al Congreso de la República, este tácitamente estaría convalidando y consolidando tan gravosos beneficios tributarios. ¡Los beneficiarios de los mismos podrán decir con el profe Maturana que perder es ganar un poco!

UNA TREGUA TRIBUTARIA

En plata blanca, los únicos recursos ciertos que se obtendrían de aprobarse el proyecto de reforma tributaria 2.0 como ha sido radicado por el Ministro de Hacienda son los $10.6 provenientes de “otros impuestos”, que no son otros distintos al aumento de la tasa impositiva a la renta de las personas jurídicas, esto es, a las empresas ($6.7 billones), el 50% del descuento del IVA ($3.9 billones) y pare de contar. Y, como si fuera la cereza del postre, se espera recaudar $392.000 millones imponiéndole una sobretasa temporal (hasta el 2025) de tres puntos porcentuales al sector financiero, el cual, aunque con reservas por considerarla “antitécnica”, la aceptaron con resignación como su aporte al ajuste fiscal que busca el gobierno.

Nos parece que en el proyecto se está sobrestimando el recaudo por gestión de la DIAN ($2.7 billones) y la reducción del gasto por cuenta de la “austeridad” que plantea. Ello sólo sirve para cuadrar las cuentas, pero no para cuadrar caja, pues resulta contraintuitivo pensar en reducir el gasto en momentos en los que, a consecuencia de los estragos de la pandemia se requiere más Estado y no menos Estado, lo cual conlleva un mayor gasto, desde luego más eficiente y mejor focalizado al momento de ejecutarlo. En algo ayudará a equilibrar las cargas el comportamiento en los últimos 5 meses de los precios internacionales del petróleo y el carbón. Los del crudo oscilan en torno a los US $74 el barril de la referencia Brent, aproximándose a un promedio en lo corrido del año de US $69 el barril, superando en US $6 por barril el precio base del MFMP, lo cual le puede significar ingresos adicionales inesperados a la Nación entre los 3 y los 4 billones y también los $14 billones, aproximadamente que se esperan recibir de la venta del 51.41% de participación en ISA.

De acuerdo con el MFMP, el ajuste fiscal se difiere para el 2023, ni siquiera para el 2022. Esta tarea le quedaría al próximo gobierno, ya que se prevé que los ingresos tributarios pasen del 13.6% en 2021 a 14.2% en 2022 hasta alcanzar el 15.8% en 2023, manteniéndose el déficit estructural, habida cuenta que el gasto (inflexible, además, en un porcentaje que supera el 85%) está alrededor del 19% del PIB. Una prueba al canto de dicha inflexibilidad es el Proyecto de Presupuesto para la vigencia del año entrante que acaba de radicar el Ministro de Hacienda en el Congreso de la República, aforado en algo más de $350.4 billones, superior en 5.3% al de la actual vigencia. Merece destacarse el hecho de que el mayor rubro en el mismo corresponde al servicio de la deuda, con $78 billones (¡!), superior al de inversión ($62.2 billones) y casi el doble del presupuesto asignado a la educación ($62.2 billones)!

Hay que reconocer la franqueza del Ministro Restrepo, cuando afirmó sin rodeos: “hemos sido transparentes. Incluso en el Marco Fiscal de Mediano Plazo dijimos que el esfuerzo es de dos terceras partes de la necesidad estructural de largo plazo de las finanzas públicas. Los esfuerzos adicionales serían responsabilidad del siguiente Gobierno. No está muy claro que el esfuerzo fiscal de este Gobierno alcance las “dos terceras partes de la necesidad estructural de largo plazo de las finanzas públicas”, pues como ya quedó dicho se están sobreestimando los recaudos esperados con este proyecto de reforma. En síntesis, este es un proyecto de reforma tributaria de limitado alcance y aplaza, una vez más, ¡la reforma tributaria estructural que la economía y las finanzas públicas reclaman a gritos!
Como lo señala Jaime Tenjo: “es claro ahora que la primera tarea del nuevo Presidente será la de presentar una propuesta integral de reforma tributaria que contribuya a solucionar los problemas de pobreza, crecimiento e inequidad que la pandemia sacó a flote, que constituya la base de un nuevo contrato social y que sea consistente con un aceptable equilibrio macroeconómico”. Ello va en línea con el planteamiento de la CEPAL, en el sentido que los nuevos pactos sociales a los que se llegue, que ya no será en este gobierno, exigen pactos fiscales “que promuevan una fiscalidad progresiva y sostenible para el bienestar”. ¡Así de claro!

LOS BUENOS PROPÓSITOS

Tal como lo plantea el Presidente de ANIF Mauricio Santamaría, el próximo gobierno estará obligado a avanzar en un esquema tributario consistente con la equidad, la reducción de la pobreza y una política social mucho más efectiva y ambiciosa. Ello no da más espera. Como lo contempla la exposición de motivos de este proyecto, dado el incremento de los indicadores de pobreza, el deterioro del mercado laboral y la notoria caída de la actividad económica, se requiere la implementación de “iniciativas fiscales expansionistas en el corto plazo para mejorar las condiciones de vida de la población”.

Con el paquete de medidas contempladas en el proyecto de reforma tributaria 2.0 de corte social, con un costo de $1.3 billones, entre las cuales se cuentan el Programa de apoyo al empleo formal (PAEF) hasta diciembre de este año, amén del empleo focalizado en los jóvenes entre los 18 y los 28 años, entregando a sus empleadores el 25% de un salario mínimo por su contratación, el gobierno nacional espera y aspira reducir en 3.2 puntos porcentuales la tasa de desempleo. Como lo acota el Director del Observatorio fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana Iván Daniel Jaramillo, “este último programa puede hacer un aporte importante a la recuperación del empleo conforme el país sale de la crisis de la pandemia”.

No obstante, considera que “resulta deseable incluir condicionamientos sociales (respeto de la formalidad y estabilidad del empleo, por ejemplo), descartando políticas de flexibilización que han demostrado su ineficacia económica y social”. Por su parte FEDESARROLLO plantea la imperiosa necesidad de ejecutar un plan de choque que “permita tener tasas de desempleo por debajo del 12% al final del año”. Ímproba empresa la que le espera al Ministro Restrepo y al gobierno Duque: poner a crecer la economía este año al ritmo del 6% y el año entrante al 4.3% y tratar de sacar de la pobreza 4.1 millones de personas y mejorar la desigualdad en cerca de 2.2 puntos porcentuales hacia el 2022. A este respecto el profesor de la Universidad Pontificia Javeriana, César Ferrari, es del criterio que “la pobreza se resuelve con generación de empleo y ambos tipos de medidas (financiación de subsidios con impuestos a las empresas) no apuntan en esa dirección”. Luis Fernando Mejía observa con pesimismo los buenos propósitos del gobierno y por ello cree que en materia de empleo “no va a ser tan sustancial el impacto” de las medidas anunciadas por el gobierno. Todo indica que el Ministro Restrepo está pensando con el deseo. En todo caso se le abonan sus buenos propósitos, bien intencionados por lo demás.

COLETILLA

He dejado para el final dos comentarios sobre dos aspectos que me parecen relevantes para la discusión en torno al proyecto de reforma tributaria 2.0. El primero de ellos tiene que ver con la propuesta de darle otra vuelta de tuerca a la estrategia ya ensayada con relativo éxito para combatir la evasión fiscal, como lo es la “normalización tributaria”. Esta vez se aplicaría un 17% de impuesto complementario sobre los “pasivos inexistentes y los activos omitidos por los contribuyentes de renta y regímenes sustitutos”. Como ya lo dijimos, se espera recaudar $2.7 billones por este concepto. La reiteración de esta estrategia, a la que de manera recurrente se apela tiene el peligro del riesgo moral, que puede tener un efecto disuasivo sobre contribuyentes renuentes a “normalizarse”, a la espera de futuras “normalizaciones”.

Según cifras de FEDESARROLLO, anualmente se dejan de recaudar recursos del orden de los 5.4 puntos porcentuales del PIB (¡!), una monstruosidad, el equivalente a 4 reformas tributarias del tamaño de la que propone el Ministro Restrepo. Combatir ese desangre del fisco amerita una medida más severa que el torniquete de la “normalización”. Por ello, nos parece muy puesto en razón el planteamiento del diario económico La República, en el sentido que “si Colombia quiere verdaderamente ser un Estado de derecho y caminar hacia la solidaridad, debe penalizar la evasión de impuestos y empezar a implementar las recomendaciones de la OCDE”, contenidas en sus “10 principios universales” del Comité de asuntos fiscales en tal sentido. Remata diciendo La República que se “podría reducir todo el articulado contra la evasión a un solo artículo ´habrá cárcel para las empresas y personas naturales que no paguen los impuestos´ a los cuales están obligados”. Pero, ante semejante defraudación al fisco, cabe preguntarse quién será capaz de ponerle el cascabel al gato!
El otro aspecto que nos parece de la mayor importancia y trascendencia es la propuesta contenida en el articulado del proyecto de reforma tributaria 2.0 que atañe al Comité consultivo de la Regla fiscal, el cual ha venido siendo objeto de cuestionamiento por su inoperancia y falta de independencia. Se propone una “redefinición de la regla fiscal” y la “creación del Comité autónomo de la Regla fiscal (CARF) integrada por 5 miembros, designados por el Ministro de Hacienda para un período de 4 años, de los cuales, de manera análoga a la Junta directiva del Banco de la República, cada administración podrá cambiar sólo dos y de esta manera se evitaría la hegemonía del gobierno de turno. Es de destacar también que este nuevo Comité contará con un equipo técnico de soporte independiente del Ministerio de Hacienda y Crédito público.

En concepto del profesor de la Universidad de los Andes Marc Hofstetter, quien renunció al actual Comité consultivo de la Regla fiscal por considerar que la misma “en este momento no sirve para nada, se volvió inútil”, entre otras razones porque funciona como un apéndice del Ministerio de Hacienda, “todos estos cambios son claramente una mejora en el diseño del Comité”. Y añade, “la anterior regla establecía solo límites sobre el déficit del Gobierno central. Eso en teoría restringe a su vez la deuda misma, que se alimenta de ese déficit. Sin embargo, poner un límite adicional sobre la propia deuda como lo propone el Gobierno no es inocuo: si solo hay límite sobre el déficit, es más fácil pasar ese examen con trucos contables”. A la luz de lo planteado por él, este sería un paso en la dirección correcta, de recuperar la confianza en la Regla fiscal, manoseada por el ex ministro Carrasquilla y suspendida a raíz de la pandemia.

http://amylkaracosta.net/prueba1/index.php?option=com_content&view=article&id=657:la-reforma-tributaria-2-0&catid=95&Itemid=673

  • 21.27.-Se desmantela la economía  – EDUARDO SARMIENTO
  • La movida en el Cerrejón AMYLKAR ACOSTA
  • Calentamiento global: planificación, no fijación de precios MICHAEL ROBERTS

Las instituciones internacionales y la teoría económica dominante proponen ahora poner precio e impuestos al carbono como las principales soluciones para acabar con el calentamiento global y el destructivo cambio climático.

24 jul 2021.- Durante algún tiempo, el FMI ha estado presionando para que el precio del carbono sea una parte ‘necesaria, si no suficiente’, de un paquete de política climática que también incluye la inversión en ‘tecnología verde’ y la redistribución de ingresos para ayudar a los más desfavorecidos a hacer frente a la carga financiera. El FMI ahora propone un precio mínimo global del carbono, en la misma línea de un tipo mínimo global de impuestos corporativos que recientemente ha sido acordado.

En la reciente reunión de ministros de finanzas del G20, la fijación de precios del carbono fue aprobada como una más de “un amplio conjunto de herramientas” para abordar el cambio climático. En su intervención en la Conferencia Internacional sobre el Clima de Venecia, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, también subrayó la necesidad de fijar el precio del carbono, enfatizando la importancia de un “precio efectivo del carbono que refleje el verdadero coste del carbono”. El precio del carbono acordado sería entonces un precursor del establecimiento de un impuesto en frontera al carbono, que serviría como un arancel sobre las importaciones de países sin precios del carbono. Esto sería un incentivo para que otros se unieran a la «coalición para la descarbonificación».

La Comisión de la UE anunció lo que llama un plan ‘Fit for 55’ para lograr una UE neutra en carbono para 2050 y reducir las emisiones de carbono en un 55% por debajo de los niveles de la década de 1990 antes de que termine la década. Una vez más, para lograrlo, busca poner precio al carbono, así como imponer impuestos a la importación de carbono. La comisión de la UE propone aumentar gradualmente los impuestos mínimos sobre los combustibles más contaminantes, como la gasolina, el diésel y el queroseno, utilizados como combustible para aviones, durante un período de diez años. Los combustibles de cero emisiones, el hidrógeno verde y los combustibles de aviación sostenibles no tendrían impuestos durante una década con el sistema propuesto. Paolo Gentiloni, comisario de Economía de Bruselas, ha calificado la reforma como un “momento ahora o nunca”.

No es casual que la UE y el G20 hayan recurrido a William Nordhaus, un economista estadounidense y premio Nobel, para obtener asesoramiento económico sobre el cambio climático. Nordhaus pronunció el discurso de apertura en la conferencia de Venecia. Dijo que «es doloroso, un reconocimiento doloroso, pero creo que debemos aceptarlo: nuestra política climática internacional, el enfoque que estamos adoptando, está en un callejón sin salida». Pero, ¿cuál fue la respuesta de Nordhaus a esta triste conclusión? Pidió un «club climático» de países dispuestos a comprometerse con poner precio al carbono. » Un ingrediente clave para reducir las emisiones son los altos precios del carbono» , dijo, y agregó que el «club climático» tendría que imponer un arancel de penalización a los países que no pongan un precio del carbono. Según Nordhaus, este enfoque ayudaría a resolver el problema del «aprovechamiento  oportunista ggratuito», que ha plagado los acuerdos climáticos globales existentes, todos los cuales son voluntarios.

Nordhaus ha sido un gran defensor de una «solución de mercado» al cambio climático.  Nordhaus ha construido los llamados modelos de evaluación integrados (IAM) para estimar el coste social del carbono (SCC) y evaluar las políticas alternativas de reducción. Los IAM de Nordhaus asumen que la economía mundial tendrá un PIB mucho mayor en 50 años, de modo que incluso si las emisiones de carbono aumentan como se predijo, los gobiernos pueden aplazar el coste de la mitigación para el futuro. Por el contrario, si aplican estrictas medidas de reducción de carbono -por ejemplo, poner fin a toda la producción de carbón-, podrían reducir las tasas de crecimiento y los ingresos y, por lo tanto, hacer que sea más difícil de mitigar en el futuro. En cambio, según Nordhaus, con los impuestos y los precios del carbono podemos controlar y reducir las emisiones sin reducir la producción y el consumo de combustibles fósiles en la fuente.

Es la solución impositiva y de fijación de precios del tabaco/cigarrillos. Cuanto mayor sea el impuesto o el precio, menor será el consumo, sin tocar a la industria tabacalera. Dejando de lado la cuestión de si el tabaquismo se ha erradicado realmente a nivel mundial mediante ajustes de precios, ¿se puede realmente resolver el calentamiento global con precios de mercado? Las soluciones de mercado al cambio climático se basan en tratar de corregir los “fallos del mercado” incorporando los efectos nefastos de las emisiones de carbono a través de un sistema de impuestos o cuotas. El argumento es que, dado que la teoría económica dominante no incorpora los costes sociales del carbono en los precios, el mecanismo de precios debe «corregirse» mediante un impuesto o un nuevo mercado. Pero como ha señalado un ensayo reciente, el problema es que el cambio climático no es un fallo del mercado (como el tabaco) sino varios: en el transporte, la energía, la tecnología, las finanzas y el empleo capitalistas.

Los economistas que han intentado calcular cuál debería ser el «precio social» del carbono han descubierto que hay tantos factores involucrados, y que el precio debe proyectarse en un horizonte de tiempo tan largo, que es realmente imposible asignar un valor monetario al precio del ‘daño social’ – ¡las estimaciones del precio del carbono oscilan entre $ 14 por tonelada de CO2 y $ 386! “ Es imposible aproximar las incertidumbres en resultados catastróficos o irreversibles, de baja probabilidad pero de alto daño”.  De hecho, donde se ha aplicado el precio del carbono, ha sido un miserable fracaso en la reducción de emisiones o, en el caso de Australia, el gobierno lo ha dejado caer bajo la presión de las empresas de energía y minería.

Y aunque se habla mucho sobre el aumento de los precios de las emisiones de carbono, poco o nada se dice sobre los enormes subsidios que los gobiernos siguen otorgando a las industrias de combustibles fósiles. El comisario de la UE, Gentiloni, admitió que: “Paradójicamente, [la actual directiva sobre impuestos a la energía] está incentivando los combustibles fósiles y no los combustibles respetuosos con el medio ambiente. Tenemos que cambiar esto».

Los países del G20 han proporcionado más de $ 3,3 billones (£ 2,4 billones) en subsidios para combustibles fósiles desde que se selló el acuerdo climático de París en 2015, según un informe, a pesar de que muchos países se comprometieron a abordar la crisis. El informe afirma que los 19 estados miembros del G20 continúan brindando un apoyo financiero sustancial para la producción y el consumo de combustibles fósiles; la UE es el vigésimo miembro. En general, los subsidios cayeron un 2% anual desde 2015 hasta alcanzar los $ 636 mil millones en 2019, de acuerdo con los últimos datos disponibles.

Pero Australia aumentó sus subsidios a los combustibles fósiles en un 48% durante el período, el apoyo de Canadá aumentó en un 40% y el de Estados Unidos en un 37%. Los subsidios del Reino Unido cayeron un 18% en ese mismo periódo, pero aún se mantuvieron en $ 17 mil millones en 2019, según el informe. Los mayores subsidios provinieron de China, Arabia Saudi, Rusia e India, que juntos representaron aproximadamente la mitad de todos los subsidios.

El informe encontró que el 60% de los subsidios a los combustibles fósiles se destinó a las empresas que producen combustibles fósiles y el 40% a la reducción de precios para los consumidores de energía. Un informe reciente  del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible  concluyó que la reforma de los subsidios a los combustibles fósiles destinados a los consumidores en 32 países podría reducir las  emisiones de CO 2 en 5.500 millones de toneladas para 2030, lo que equivale a las emisiones anuales de unas 1.000 centrales eléctricas de carbón. Estos cambios también ahorrarían a los gobiernos casi $ 3 billones en 2030. La hoja de ruta de la Agencia Internacional de Energía para emisiones netas cero en 2050 exige una disminución del 6 por ciento en la generación de carbón anualmente. Sin embargo, el carbón crecerá casi un 5% este año y otro 3% en 2022, alcanzando un nuevo pico.

Nordhaus tiene razón. Las políticas actuales sobre el cambio climático están en un callejón sin salida y el impacto del cambio climático y la destrucción del medio ambiente empeora día a día. Terremotos, tormentas, inundaciones y sequías, el número de sucesos con pérdidas registrados como resultado de desastres naturales, ha ido aumentando desde hace algunos años.

El informe también examinó cómo los países del G20 estaban poniendo precio a la contaminación por carbono. Encontró que más del 80% de las emisiones estaban cubiertas por dichos precios en Francia, Alemania y Sudáfrica. En el Reino Unido, el 31% de las emisiones están cubiertas, pero el Reino Unido tiene uno de los precios de carbono más altos con $ 58 por tonelada de CO 2 . Solo el 8% de las emisiones de EEUU están cubiertas y con un bajo precio de $ 6 por tonelada. Rusia, Brasil e India no tienen precios del carbono. En su discurso ante el G20, Nordhaus demostró que el precio medio global del carbono actual es inferior a 2 dólares y que el 80% de las emisiones globales no tienen ningún mercado de precios de emisiones de carbono.

Por lo tanto, la solución de la fijación de precios e impuestos al carbono, incluso si ha servido para reducir las emisiones, es un sueño imposible, ya que nunca podrá implementarse a nivel mundial antes de que el calentamiento global alcance peligrosos ‘ puntos de inflexión’. Toda la ciencia climática más reciente sugiere que los puntos de inflexión se están acercando rápidamente y no es suficiente permitir que la producción de combustibles fósiles continúe mientras se intenta reducir su uso mediante soluciones de ‘mercado’ como la fijación de precios del carbono e impuestos. Incluso el FMI ha admitido que las soluciones de mercado no han funcionado.

Las soluciones de mercado no funcionan porque para las empresas capitalistas simplemente no es rentable invertir en la mitigación del cambio climático: “La inversión privada en capital productivo e infraestructura enfrenta altos costes iniciales e incertidumbres significativas que no siempre se pueden tasar. Las inversiones para la transición a una economía baja en carbono están además expuestas a importantes riesgos políticos, falta de liquidez y rendimientos inciertos, según los enfoques de las políticas de mitigación y los avances tecnológicos impredecibles». (FMI)

De hecho:  “Es probable que la gran brecha entre los rendimientos privados y sociales de las inversiones bajas en carbono persista en el futuro, ya que los caminos futuros para los impuestos al carbono y la fijación de precios del carbono son muy inciertos, sobre todo por razones de economía política. Esto significa que no solo falta un mercado para la mitigación climática ya que las emisiones de carbono actualmente no tienen precio, sino también faltan mercados para la mitigación futura, lo cual es relevante para los retornos de la inversión privada en tecnología, infraestructura y capital para la mitigación climática en el futuro ”.  En otras palabras, no es rentable hacer nada significativo.

¿Cuál es la alternativa? Mark Carney, ex gobernador del Banco de Inglaterra y enviado especial para el cambio climático de la ONU y muchas multinacionales, considera que es la «regulación». «Necesitamos una regulación pública clara, creíble y predecible», dice. “Se necesitan reglas de calidad del aire, códigos de construcción, ese tipo de regulación fuerte. Si tiene una fuerte regulación para el futuro, entonces el mercado financiero comenzará a invertir hoy, para ese futuro. Porque eso es lo que hacen los mercados, siempre miran hacia adelante».

La respuesta de Carney es realmente una excusa para continuar expandiendo la producción de combustibles fósiles. Aunque la AIE ha afirmado recientemente que si el mundo quiere mantenerse dentro de los 1,5 ° C de aumento del calentamiento global del objetivo de París, no debería haber más exploración o desarrollo de los recursos de combustibles fósiles, Carney sostiene que los países y las empresas aún podrían seguir explotando los combustibles fósiles, si utilizan tecnologías como la captura y almacenamiento de carbono u otras formas de reducir las emisiones. “Con la regulación adecuada, con un precio del carbono en alza, con un sector financiero que se oriente así, con la rendición pública de cuentas del gobierno, de las instituciones financieras, de las empresas, sí, entonces podemos, ciertamente tendremos las condiciones para lograrlo. (Frenar el calentamiento global a 1,5 °C)”.

Esto es una tontería absurda. Los esquemas de fijación de precios del carbono simplemente ocultan la realidad de que, mientras la industria de los combustibles fósiles y las otras grandes multinacionales emisoras de gases de efecto invernadero no se regulen y no se incluyan en un plan para eliminarlos gradualmente, se superará el punto de inflexión para el calentamiento global irreversible. En lugar de esperar a que el mercado hable y que llegue esa «regulación», necesitamos un plan global paraque las industrias de combustibles fósiles, las instituciones financieras y los principales sectores emisores estén bajo control y sean propiedad pública.

¿Quiénes son los mayores emisores o consumidores de carbono además de la industria de los combustibles fósiles? Son los generadores de ingresos y riqueza más ricos del Norte global los que tienen un consumo excesivo y vuelan a todas partes. Es el ejército (el mayor sector de consumo de carbono). El despilfarro de la producción y el consumo capitalistas en automóviles, aviones y aerolíneas, transporte, productos químicos, agua embotellada, alimentos procesados, productos farmacéuticos innecesarios, etc., que está directamente relacionado con las emisiones de carbono. Los procesos industriales dañinos como la agricultura industrial, la pesca industrial, la tala, la minería, etc. también son importantes factores de calentamiento global, mientras que la industria bancaria opera para suscribir y promover todas estas emisiones de carbono.

Un plan global podría orientar las inversiones hacia cosas que la sociedad necesita, como energía renovable, agricultura orgánica, transporte público, sistemas públicos de agua, recuperación ecológica, salud pública, escuelas de calidad y otras necesidades actualmente insatisfechas. Y podría igualar el desarrollo en todo el mundo al trasladar recursos de la producción inútil y dañina en el norte al desarrollo del sur, construir infraestructura básica, sistemas de saneamiento, escuelas públicas, atención médica. Al mismo tiempo, un plan global podría tener como objetivo proporcionar empleos equivalentes para los trabajadores desplazados por la reducción de personal o el cierre de industrias innecesarias o dañinas. Planificación es lo que necesitamos, no fijación de precios.

https://www.sinpermiso.info/textos/calentamiento-global-planificacion-no-fijacion-de-precios

21.27.-Se desmantela la economía  – EDUARDO SARMIENTO

En las economías de demanda —es decir de mayor oferta que demanda—, la deficiencia se remedia con las políticas fiscales y monetarias convencionales. En las economías de oferta —las de mayor demanda sobre la producción—, la diferencia se debe superar con la ampliación de la producción. Primera lección de economía.

1 ago 2021.- La economía colombiana se organizó durante varias décadas dentro de un marco de economías de demanda. Se esperaba que los estímulos de mercado por el lado de la oferta y la ampliación de la demanda mantuvieran el sistema en equilibrio. La reducción del ahorro ocasionada por la cuarentena del coronavirus y los desaciertos para enfrentarla la transformaron en una economía de oferta. La producción interna es inferior a la demanda. La actitud pasiva para aumentar la producción da lugar a un ajuste abrupto por la vía de la balanza de pagos, el mercado laboral y el empleo.

Cuando se dictaminó la cuarentena pregunté en esta columna si el Gobierno sabía lo que estaba haciendo. La disposición significaba pasar de la economía de demanda, en que la producción es mayor que la demanda, a otra de oferta en que es menor o igual. Las instituciones y las políticas convencionales se tornan perversas. La diferencia entre la demanda y la producción se reduce abruptamente, como se vio en el último año y medio.

Primero, la producción cayó 7 %, el empleo lo hizo en más del doble y el déficit fiscal llegó a 9 % del PIB. Luego, el Gobierno retiró la reforma tributaria, el ministro de Hacienda renunció y se precipitó la protesta social en contra del deterioro de los ingresos laborales y la distribución del ingreso. Ahora le toca el turno al sector externo, donde las importaciones crecen 55%, el déficit en cuenta corriente aumenta y la devaluación se incrementa, y al agravamiento del empleo, que cae 15 % con respecto a 2019 y la reducción del salario por debajo de la productividad.

La organización económica conformó un estado de demanda mayor que la oferta que no se ha solucionado con el aumento de la oferta. La corrección tiende a realizarse por la vía del desmantelamiento de los componentes centrales de la economía, como la balanza de pagos y el mercado laboral, y lo más grave, mediante la baja de los ingresos laborales y el deterioro de la distribución del ingreso. Al final, se configura un estado de producción y empleo inferior al potencial y, para completar, altamente inequitativo.

La verdad es que las deficiencias de la producción no se corrigen donde se causan, sino en la demanda en forma abrupta. Se conforma el típico modelo de crecimiento inequitativo.

Estamos ante un proceso creciente de debilitamiento de la economía colombiana. Mientras la producción sea menor o igual a la demanda, el deterioro continuará. La forma de detenerlo es con un modelo que eleve el ahorro y sostenga el salario por encima de la productividad mediante drásticas reformas estructurales, que he presentado en forma insistente a la composición del comercio internacional, la concepción monetaria, las transferencias de las rentas sociales y el atraso laboral con respecto a la productividad. El cambio del modelo ya no es una preferencia ideológica del gobierno de turno, sino el dictamen de los hechos. En este contexto, el país quedaría en condiciones de avanzar en una estrategia de crecimiento económico por encima de la tendencia histórica y de mejoría persistente de la distribución del ingreso para reducir el coeficiente de Gini de 0,53 a 0,45 en ocho años, y en otro tanto en los ocho siguientes.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/eduardo-sarmiento/se-desmantela-la-economia/

21.27.-La movida en el Cerrejón AMYLKAR ACOSTA

Según ha trascendido a través de los medios, la multinacional suiza GLENCORE acordó adquirir las acciones de sus socios BH Billiton y la Anglo American, haciéndose al control total del complejo carbonífero El Cerrejón en la Guajira, segundo productor y exportador de carbón térmico después de Drumond, empresa esta que opera en el Departamento del Cesar.

28 jul 2021.- Esta operación conllevará la compra del 66.6% de las acciones del consorcio que hoy están en manos de sus partners. Esta transacción, según los despachos de prensa internacionales, le implicaría a GLENCORE un desembolso de US $588 millones, aproximadamente.

El año anterior el carbón térmico experimentó una caída en el precio, que llegó a cotizarse a US $33 la tonelada, precio este que no se veía desde 2004 (¡!) y la producción, que pasó de 25.8 millones de toneladas en 2019 a 13.6 millones de toneladas en 2020 en el caso de El Cerrejón y de 32.7 millones de toneladas a 29.6 millones de toneladas para Drumond, en medio de la recesión económica mundial y la contracción de los mercados. La proyección que tienen estas dos empresas para el 2021 es la de producir 26.3 millones y entre 31.5 y 33 millones de toneladas, respectivamente, en momentos en los que se ha producido un rebote de los precios y los futuros del carbón de alta calidad, como los de Colombia, subieron hasta los US $118 la tonelada, el nivel más alto desde 2012 (¡!)

Esta movida por parte de GLENCORE no deja de causar perplejidad y confusión, después que, como es bien sabido, determinó recientemente devolverle a la Agencia Nacional Minera (ANM) los títulos mineros de las minas de Calenturitas y la Jagua en el Departamento del Cesar, las cuales venían siendo operadas por su filial PRODECO. Tanto más en cuanto que desde 2017 anunció su “renuncia al carbón” y en su lugar “dar prioridad a sus inversiones para producir materias primas para la Transición energética”.

Desde el año anterior era un rumor a voces que las tres empresas socias de El Cerrejón se aprestaban a desinvertir en la actividad extractiva de carbón, dado su compromiso con el Acuerdo de París encaminado hacia la descarbonización de la economía global y así poder combatir eficazmente el cambio climático. Cómo explicar, entonces, este paso, aparentemente contradictorio, que está dando GLENCOR?

En nuestro concepto, cuando esta multinacional afirma que “asumir el control total de la mina es la mejor decisión”, la cual tomó no sin antes estudiar “cuidadosamente todas las opciones” para respetar sus compromisos incluidos dentro del Acuerdo de París sobre el clima, está mandando un mensaje subliminal. Se trata de la filigrana de una movida estratégica de un repliegue táctico ordenado de la actividad carbonífera y evitar así una desbandada, protegiendo de paso los intereses de sus accionistas.

Según el Consejero delegado de GLENCORE Iván Glasenberg, “vender nuestros activos en combustibles fósiles y pasar el problema a otro no es la solución y no reducirá las emisiones” de gases de efecto invernadero (GEI). Reafirma, además, el propósito de la multinacional de una retirada y un manejo del portafolio de sus inversiones en combustibles fósiles de una manera “responsable y también consistente para cumplir los objetivos del Acuerdo de París”.

La verdad monda y lironda es que para GLENCORE es mejor negocio comprarle a sus socios su participación para después salir a vender la totalidad de las acciones que vender sólo las suyas, dado que para quien las adquiera el mayor atractivo es hacerse al control de la operación, que no lo da el 33.3% que hoy tiene a su haber GLENCORE. Y esta, la tiene clara, según el columnista Alfonso López Suárez, toma esta decisión consciente de que “el agotamiento progresivo de las concesiones mineras actuales hacia 2034, está en línea con su compromiso para manejar responsablemente la disminución del portafolio de carbón y calculan que los volúmenes de producción disminuyan sustancialmente a partir de 2030”.

Dicho de otra manera, el carbón está sentenciado a muerte, pero esta no será súbita, tomará un tiempo razonable. De allí que GLENCORE afirme que “estamos confiados en que podremos manejar responsablemente la disminución de nuestro portafolio de combustibles fósiles, de una manera que también es consistente con el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, como se demuestra con el fortalecimiento de nuestros objetivos de reducción total de emisiones” . Mejor dicho, se repliega, pero no va a salir en desbandada.

Entre tanto, advertidos como lo estamos de que la industria del carbón tiene sus días contados, no nos podemos dejar deslumbrar por los destellos de los altos precios actuales del carbón, que serán flor de un día. Tenemos que seguir preparándonos para la Transición hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias, en las cuales Colombia tiene un enorme potencial. Concomitantemente se debe avanzar en la estrategia de Transformación productiva para diversificar la economía y de esta manera reducir la dependencia de la actividad extractiva, única forma de alcanzar un mayor crecimiento del PIB sostenible en el tiempo.

El riesgo que entraña la actual coyuntura de precios altos de los commodities, es que termine siendo un somnífero, que lleve a bajar la guardia y a caer prisioneros de la autocomplacencia, lo que a la larga le pasaría factura al país. Lo que más importa a la hora de tomar decisiones y previsiones de cara al futuro son las megatendencias, oteando el futuro con anticipación. No queremos hacer de aguafiestas, pero como dijo el reputado economista John Maynard Keynes “el valor social de la critica consiste en prevenir los errores y no en predecir desastres”. Advertir no es jugar a cumplir el inefable papel de Casandra, la de la guerra de Troya!.

http://amylkaracosta.net/prueba1/index.php?option=com_content&view=article&id=655:la-movida-en-el-cerrejon&catid=95:opinion&Itemid=673

 

  • 21.26.-Una reforma tributaria pasada por agua SALOMÓN KALMANOVITZ
  • Los puntos que tiene la contrarreforma tributaria de la oposición

Diferentes congresistas de la oposición radicaron una contrapropuesta a la reforma tributaria del Gobierno. El proyecto se llama ‘Ley de Equidad Fiscal’ y busca generar recursos por entre 11,7 y 14 billones de pesos anuales.

22 jul 2021.- La iniciativa fue firmada por 14 congresistas: Wilmer Leal, León Fredy Muñoz, Gustavo Petro, Inti Asprilla, Pablo Catatumbo, Carlos Carreño, Victoria Sandino, Fabián Díaz, Fabián Orduz, Abel David Jaramillo, Israel Zúñiga, David Racero, Aida Avella y María José Pizarro.

Al contario que el proyecto presentado por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, este sí busca que las personas naturales que más tienen aporten más en esta situación.

Hay que recordar que en la propuesta del Gobierno el 69 por ciento de los recursos vendrá de los impuestos empresariales y el 31 por ciento de un apretón al gasto público y de la lucha contra la evasión.

¿Qué tiene esta contrarreforma?

Proponen un aumento de la sobretasa del impuesto de renta a las entidades financieras en 6 puntos porcentuales (p.p) a partir del 2022. Con ello, esperarían obtener alrededor de un billón de pesos anuales. En el proyecto del Gobierno lo que se estableció es una tasa adicional de 3 pp hasta 2025.

Además, incluyen que los más ricos aporten más a través de un impuesto temporal a la riqueza. Según sus cálculos, este gravamen generaría entre 1 y 2 billones de pesos al año y regiría entre 2022 y 2025.

Su porcentaje se plantearía dependiendo del patrimonio natural o jurídico. Sería del 1 por ciento por cada año para los patrimonios que estén entre los 5.000 y 10.000 millones de pesos y así progresivamente se llegaría a 3 por ciento para los superiores a 50.000 millones de pesos.

También se propone un impuesto saludable con el que se recaudaría entre 1,5 y 2 billones al año. Proponen gravar a las bebidas endulzadas artificialmente y comida chatarra en un 20 por ciento y a los embutidos en un 10 por ciento.

(Además, lea: Los artículos que entrarán en los días sin IVA que prevé la reforma)

Igualmente, se establece la retención a las utilidades y pagos girados a los dueños de plataformas digitales. Se indica que las extranjeras tendrán una retención del 20 por ciento de impuesto sobre la renta y las nacionales un 5 por ciento. Actualmente estos sujetos no pagan porque usualmente no residen en Colombia.

Asimismo, se plantea un tributo territorial al turismo. La idea es autorizar que desde el 2023, previa concertación con la comunidad, los concejos municipales y distritales discutan y aprueben un cobro adicional al hospedaje de 2 dólares por noche para extranjeros, para latinos sería de un 1 dólar.

Por último, proponen la eliminación y limitación de diferentes beneficios tributarios para que todas las empresas contribuyan en igualdad de condiciones.

Entre otros, piden aumentar las tarifas de las zonas francas de 20 a 25 por ciento, eliminar el descuento tributario del impuesto de industria y comercio y que quede como deducible, limitar el descuento del IVA pagado en bienes de capital a 35 por ciento anual, la eliminación de deducciones especiales y rentas exentas o la prohibición de deducción de regalías pagadas por la explotación de recursos naturales no renovables.

Con este último paquete esperan recaudar alrededor de 5 y 6 billones de pesos.

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/reforma-tributaria-la-oposicion-presento-una-contrapopuesta-605065

21.26.-Una reforma tributaria pasada por agua SALOMÓN KALMANOVITZ

La nueva propuesta tributaria del Gobierno está pensada para no ofender. No molesta a Álvaro Uribe al dejar en pie sus exenciones y favoritismos: zonas francas, hoteles y negocios agroindustriales continúan pagando tarifas preferenciales del 9 % para hoteles o 15 % para las otras; siguen los tres días sin IVA que favorecen la adquisición de electrodomésticos, celulares y juegos, todos importados, e incluyen elementos deportivos y hasta insumos agropecuarios, cuyo costo para el fisco (y nosotros) alcanza más de $350.000 millones.

18 jul 2021.- La reforma tampoco ofende a los pobres, a la clase media o a los pensionados que salieron al combate contra los excesos de IVA y aumentos de impuesto de renta en la abortada reforma de Carrasquilla. Tampoco molesta a los ricos en sus patrimonios, ni en sus ingresos, ni en sus ganancias ocasionales. Con todo, la reforma anula $10,5 billones concedidos graciosamente por el estatuto tributario aprobado en 2019 que se compensa ahora contra el balance de las empresas.

La reforma retira la mitad del impuesto de industria y comercio, que le aporta $3,9 billones al fisco que antes asumía el Gobierno central sin ton ni son: puede motivar a los alcaldes a aumentar las tarifas pues papá Gobierno asume el grueso del impuesto. El golpe lo van a recibir las empresas a las que se les eleva su tarifa impositiva del 30 al 35 % de sus utilidades, que les representa unos $6,7 billones, algo que los presidentes de sus gremios están dispuestos a asumir. El ministro Restrepo dijo que el 40 % de las necesidades de recursos de la reforma provendrá del plan de austeridad del Gobierno y de la lucha contra la evasión, lo cual es pensar con el deseo.

Se establece una sobretasa financiera temporal de tres puntos porcentuales sólo hasta 2025, con la que se lograría captar unos $400.000 millones, pero debiera ser permanente pues es un impuesto progresivo y justo. Se plantea recaudar otros $300.000 millones en 2021 y $460.000 millones en 2022 con la normalización tributaria para los que declaren sus capitales escondidos en lavaderos internacionales o nacionales. Se aplicará además un sistema de información georreferenciada con el objetivo de detectar el valor real de los inmuebles declarados, que ojalá incluya las fincas del expresidente Uribe.

Se trata otra vez de una reforma transitoria que puede solucionar los problemas urgentes, pero no los de mediano y largo plazo. Según Fedesarrollo, la reforma no alcanza a lanzar un mensaje serio a las calificadoras de riesgo que permita recuperar el grado de inversión perdido recientemente. El próximo Gobierno definitivamente tendrá que pensar en hacer otra reforma tributaria para hacer una consolidación de las cuentas fiscales. La misma entidad recomienda sacar a las personas pertenecientes a las actividades de servicios profesionales y consultoría del régimen simple, ya que alimenta la evasión y exonera de impuestos a profesionales bien pagos.

El recaudo tributario en el país oscila alrededor de sólo el 14 % del PIB. Esta reforma aportaría, si acaso, 1,5 % del PIB adicional. Luis Fernando Mejía recordó que las exclusiones, exenciones y tarifas diferenciales le cuestan al fisco cerca de 6,6 % del PIB y benefician a los más ricos. De eliminarse, el recaudo superaría el 20 % del PIB y le daría una gran holgura a este Gobierno y a los que lo sucedan para financiar el gasto social, algo que al Centro Democrático le tiene sin cuidado.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/una-reforma-tributaria-pasada-por-agua/

  • 21.25.-Una reforma posible GERMÁN VARGAS
  • La revolución copernicana  en la tributaria JORGE IVÁN GONZÁLEZ
  • Reforma tributaria indefinidaEDUARDO SARMIENTO

El país lleva más de un año después de la cuarentena por el coronavirus y no ha tomado ninguna medida concreta para acomodarla a la economía. La reducción del ahorro provocó la caída de la actividad productiva y la distribución del ingreso más severa del último siglo.

18 jul 2021.- La reforma tributaria adoptada por Carrasquilla estaba orientada a aminorar las deficiencias bajando el salario, deterioraba la distribución del ingreso y precipitó una severa protesta social que determinó el retiro del proyecto y del ministro. En días pasados el ministro Restrepo anunció una nueva reforma basada en mayores gravámenes al capital, que son fácilmente trasladables al trabajo, como el descuento del IVA de las empresas y el gravamen del 35 % a las utilidades de las empresas. De todas formas, el alcance de la reforma de Restrepo en términos de ingresos es muy inferior a la de Carrasquilla y causa la reducción del ahorro, que tiene la manifestación más clara en el déficit fiscal del 9 % del PIB. Lo cierto es que la reforma solo se manifestará en 2023. Entre tanto, el país continuará operando con el bajo ahorro.

Lo grave es que se configuró un estado en que el ahorro es inferior a la inversión, más el déficit en cuenta corriente, más el déficit fiscal. En términos más conocidos, no se cumple el balance fundamental entre el ahorro y la inversión: la oferta de la economía es menor que la demanda. La economía quedó expuesta a fuerzas que reducen la producción, amplían el déficit en cuenta corriente y disparan el desempleo. Se configuró el típico modelo ineficiente e inequitativo.

No se ha entendido que la pandemia cambió el funcionamiento de la economía. Durante mucho tiempo el sistema operó con exceso de demanda (demanda mayor que la oferta). El pleno funcionamiento del sistema se conseguía con las políticas fiscales y monetarias de tasa de interés. En la actualidad pasó a operar con oferta mayor que la demanda. Las políticas convencionales de demanda se tornan ineficaces. La elevación del ahorro solo se puede lograr dentro del marco de reformas estructurales. De otra forma, la economía quedaría expuesta al modelo de mercado que propicia el ajuste por medio la reducción del salario, como ocurre con la fórmula de las reformas tributarias de Carrasquilla y Restrepo.

La cuarentena y el aumento del gasto público del Gobierno ocasionaron una cuantiosa reducción del ahorro y trastornaron la operación del sistema. Se quebró el balance interno entre el ahorro y la inversión. La producción se tornó inferior a la demanda. Se cambió el funcionamiento tradicional en que la demanda global de la economía es mayor que la oferta. Ahora la oferta global es menor a la demanda y no se puede influir con la política fiscal. La economía opera por debajo de su potencial. En tales condiciones, el salario y la producción bajan, el déficit en cuenta corriente aumenta y tiene como contraparte el desempleo. La economía tiende a un deterioro generalizado. El crecimiento y el empleo decaen y la distribución del ingreso se agrava.

La solución es un cambio de modelo que aumente la tasa de ahorro y sostenga el salario mediante las reformas estructurales que he propuesto en forma reiterada a la concepción monetaria, la composición comercial y sectorial, las transferencias de las rentas públicas y la política laboral de salarios y empleo. Lo más urgente sería la programación monetaria que eleve la base monetaria en 6 % del PIB en el presente año y en el siguiente, y la reestructuración comercial que suba los aranceles en forma creciente con la productividad, renegocie los TLC, amplíe el tamaño de las empresas y fortalezca la capacitación de la mano de obra.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/eduardo-sarmiento/reforma-tributaria-indefinida/

21.25.-Una reforma posible GERMÁN VARGAS

Al final se presentará sencilla en su articulado y permitirá recaudar los recursos requeridos.

Comienzo por decir que una reforma tributaria nunca será bien recibida por los contribuyentes, nunca tampoco satisface las expectativas del Gobierno, pero le genera gran desgaste y riesgos en lo político, como los que evidenciamos en las recientes protestas convocadas, precisamente, a propósito de la equivocada reforma fiscal presentada por el ministro Carrasquilla.

18 jul 2021. Tramitar, entonces, una reforma en medio de la peor crisis económica y social que haya experimentado el país, constituye un reto enorme para el Gobierno y en particular para el ministro de Hacienda, a quien debo reconocer y felicitar por el esfuerzo descomunal que ha realizado para concertar su texto, escuchando con interés y paciencia no solo a los diferentes grupos políticos, sino a representantes de todos los sectores empresariales y sociales.

Al final se presentará una reforma sencilla en su articulado, ambiciosa en la medida de las posibilidades restringidas del país, y que permitirá recaudar los recursos requeridos con urgencia para atender el gasto social originado en la pandemia. También destaco que en lo posible se ha mantenido el norte fijado en la reforma de 2019 para recuperar la competitividad del país y acercarlo a tasas internacionales de tributación para las empresas.

El primer aspecto positivo que hay que resaltar es que no incorpora nuevamente el antitécnico y perjudicial impuesto al patrimonio. El solo anuncio de su extensión generó este año el éxodo de capitales al exterior. A 11 de junio, la inversión colombiana en el exterior creció el 51,5 % y se fueron del país 638 millones de dólares más. Recordemos que dicho impuesto tan solo lo pagaron algo más de 6.500 colombianos y, como lo hemos sostenido, 35.000 ya fijaron su residencia fiscal en el exterior. De incorporarse este tributo, otros miles tomarían esta opción. Impulsados, además, por los anuncios del senador Petro contra esos 4.000 colombianos convertidos en objetivo fiscal único de sus propuestas.

Otra importante noticia es que el proyecto no incorpora la figura de la renta presuntiva, que fue abolida por nuestra insistencia en 2019. Hace bien el Gobierno en no prestar atención a quienes, sin ningún sustento, reclaman otra vez la incorporación de este impuesto, también antitécnico y confiscatorio.

Lo más importante es que el proyecto no toca a las personas naturales ni a los ya muy escasos estímulos que sobreviven en materia de vivienda y ahorro pensional. Es lo correcto, pues sobre estos contribuyentes ya recaen enormes gravámenes, particularmente sobre los asalariados, cuya tributación ya se acerca al 40 % de sus ingresos.

La principal fuente de ingresos del proyecto lo constituye el impuesto de renta a personas jurídicas, que se eleva a 35 %. En esto el Gobierno, como se dice coloquialmente, les cogió la caña a los empresarios representados en la Andi. Coincido en que esta es la decisión correcta y la fuente más apropiada. Habrá que posponer el viejo anhelo consagrado en la reforma 2019 de ver algún día bajar esta tarifa a cifras competitivas del 30 %. Y por solicitud de Cambio Radical se preserva el descuento del 50 % del ICA, aplazando la entrada en vigor del 100 %, como quedó consignado también en la reforma de 2019. Se mantiene este principio, que beneficia, particularmente, al comercio y a las empresas pequeñas y medianas.

Como se aprecia, los ingresos fiscales adicionales se obtendrán en renta y no en el aumento del 10 al 15 % en los dividendos, como se pretendía. El Gobierno finalmente atendió nuestras razones, referentes a que esta subida no generaba sino una expectativa de recaudo y que, probablemente, las empresas no decretarían dividendos, perjudicando a los pequeños y medianos accionistas que viven de ellos.

La reforma se concentra, así mismo, en medidas antievasión y de austeridad que tantos sectores han reclamado. Se flexibiliza la regla fiscal y se incorpora el componente social de ingreso solidario, prórroga del Paef y de los incentivos al sector turístico, tan necesarios, entre otros.

Confío en que el Gobierno sepa impulsarla y la proteja de propuestas populistas durante su trámite. Si se mantiene firme, tendrá una buena reforma, tal vez no la mejor, pero sí la posible en estos momentos.

  1. D. Ni mu frente a los abusos en Cuba de quienes aquí justifican los bloqueos.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/una-reforma-posible-columna-de-german-vargas-lleras-604029

21.25.-La revolución copernicana  en la tributaria JORGE IVÁN GONZÁLEZ

Los argumentos que justifican los artículos propiamente tributarios del conjunto de propuestas que acaba de presentar el gobierno Duque se pueden comparar a la revolución copernicana. El cambio de óptima es radical.

16 jul 2021.- El lenguaje que se utilizaba hace tres meses es completamente distinto al que se está utilizando ahora. Los empresarios y el gobierno cambiaron completamente la lógica de análisis. De la insistencia obsesiva en la importancia de las condiciones de oferta, se pasó al reconocimiento de la relevancia de la demanda.

Este cambio de perspectiva es tan notorio como lo fue el abandono de la visión geocéntrica, y la aceptación de la teoría heliocéntrica. La tierra ya no podía ser considerada el centro del universo. En la reflexión del impacto de los impuestos a las empresas se dio un viraje de 180 grados.

Por los días de Carrasquilla se insistía en que estos impuestos iban en contra de la competitividad y de la productividad. Los argumentos, se decía, están fundados en ejercicios empíricos cuidadosos, en modelos sofisticados y, además, tienen el respaldo de la literatura internacional. Esta lógica se explica con lujo de detalles en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020. Allí se afirma que si los impuestos bajan, la inversión aumenta. Se dice que “…las menores tasas impositivas tuvieron un efecto positivo sobre la inversión”. Y gracias a los menores impuestos la inversión privada crecería a una tasa de 12,3% anual. La lógica analítica es contundente y sobre todo prepotente.

Hoy el discurso de los empresarios y del Gobierno cambió de manera sustantiva. De forma explícita, estos días se ha dicho que los mayores impuestos no afectan la inversión, porque el problema fundamental no es de oferta sino de demanda. Los empresarios aceptan el aumento del impuesto a la renta y la disminución de algunas exenciones. Han afirmado que no se puede tocar el consumo de los grupos medios y vulnerables de la población. Y concluyen insistiendo en que se trata de salvar la demanda porque ésta es determinante de la producción y del empleo. La nueva argumentación es típicamente keynesiana. Es la propensión marginal a consumir el determinante final de la dinámica empresarial.

El cambio de óptica es brutal. La soberbia con la que se defendía la anterior posición se agotó en tres meses. Los argumentos técnicos no eran tan sólidos como se decía, y terminaron sucumbiendo frente la contundencia del movimiento social. Se ha hecho evidente que el discurso está alimentado por la opción política. Más allá de los instrumentos técnicos, este cambio drástico en la perspectiva del análisis hace explícita la naturaleza intrínsecamente política de la economía. El relato económico nunca es neutro.

La nueva propuesta de reforma tributaria no es regresiva, como sí lo era la de Carrasquilla, pero tampoco es claramente progresiva. Es cierto que no se toca a la clase media. Pero, como ha sucedido con las reformas anteriores, otra vez queda en evidencia que los grandes ricos son intocables. No hay la más mínima mención a los impuestos a los dividendos. Tampoco al patrimonio. Es evidente que en medio del desespero, el gobierno busca una respuesta rápida a las demandas sociales. Y como el recaudo será insuficiente, se vuelve a soñar con la austeridad. Este estribillo no tiene fundamento. Es absurdo pretender reducir el tamaño de un Estado que ya es raquítico.

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/la-revolucion-copernicana-3202039

  • 21.24.-¿Qué tan viable es emitir más billetes para salir de la crisis? – JAVIER ACOSTA
  • Los 30 años de la constitución de 1991 EDUARDO SARMIENTO
Foto: Archivo Señal Memoria de RTVC. 

La Constitución está bien en el reconocimiento de los derechos fundamentales. El país se distanció con respecto a la carta de Núñez y Caro de1886 y progreso en la dirección de la carta de derechos de 1936.

11 jul 2021.- Sin embargo, no se ha avanzado suficientemente en la ejecución. Así, la Constitución señala que el manejo económico debe ser justo y equitativo, al tiempo que el modelo económico propicia la reducción de los ingresos laborales. El mayor reconocimiento de los derechos fundamentales no se manifiesta en los índices de pobreza y distribución del ingreso. Colombia despliega índices de pobreza de 42 % y está entre los siete países con los mayores índices de Gini (0.54). Simplemente, los buenos oficios para proclamar los derechos fundamentales no se reflejan en las manifestaciones.

En general se observa que la pandemia del Covid-19 y los desaciertos para enfrentarla causaron serios desperfectos en la economía. El modelo económico imperante de libre mercado no contribuyó a evitarlos. Luego de 30 años de deterioro de la distribución del ingreso con el modelo de globalización y el agravamiento por el coronavirus y los desaciertos para enfrentarlos, en la actualidad el país no dispone de medios para corregirlos. El Gobierno está comprometido en reformas tributarias que bajan el salario y en entradas masivas de importaciones que desplazan la producción nacional y amplían el déficit en cuenta corriente, que tienen como contraparte el disparo del desempleo, y lo más dramático, desatan la protesta social. En fin, el país no dispone de medios para contrarrestar las secuelas de la pandemia sobre los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.

Las causas del desorden económico actual son la disminución del ahorro causada por la pandemia y los desaciertos para enfrentarla y el modelo económico que induce a rectificarlas reduciendo los salarios por debajo de la productividad y disparando el desempleo. Se configura la típica economía de oferta que no opera dentro de las condiciones convencionales. El mercado no conduce a la solución más eficiente, ni resuelve el conflicto con la distribución. Está en abierta contradicción con los postulados constitucionales de la ampliación de los derechos fundamentales y de la justicia social y la equidad.

La economía opera dentro de las directrices de las economías de oferta que no responden a los estímulos regulares de precios. Estamos montados en un modelo económico en el que la reducción del ahorro induce la baja del salario y el aumento del desempleo, que contraen el ingreso laboral y deterioran la distribución del ingreso a todos los niveles.

La conciliación es posible con un modelo que eleve el ahorro y sostenga el salario por encima de la productividad y el pleno empleo mediante reformas estructurales en la concepción monetaria, la estructura comercial y sectorial, las transferencias de las rentas públicas y la política laboral. En este contexto, el país estaría en capacidad acortar el atraso entre la promulgación y la realización de los de los derechos constitucionales y conformar un modelo económico que permita mejorar rápidamente la distribución del ingreso dentro de un marco de crecimiento igual o superior a la tendencia histórica. El primer paso es aumentar la base monetaria y detener la entrada de importaciones.

De ninguna manera se trata de la solución trivial de emitir para aumentar el gasto público. Lo que se plantea es el empleo de los poderes del dinero para propiciar los balances macroeconómicos.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/eduardo-sarmiento/los-30-anos-de-la-constitucion-de-1991/

21.24.-¿Qué tan viable es emitir más billetes para salir de la crisis? – JAVIER ACOSTA 

Hay quienes aseguran que imprimir más papel moneda es una solución para financiar la crisis. Otros dicen que esto es crear inflación en firme!

Uno de los reparos que tiene esta idea es que se produciría una presión inflacionaria en caso de que se emita más dinero. Foto: BANCO DE LA REPÚBLICA 

En los últimos días se ha reavivado una discusión de vieja data: si el dinero sirve para dinamizar la economía, ¿por qué no se imprimen más billetes para financiar la crisis y reducir la pobreza?

2 jul 2021.- La polémica se encendió luego de que, a través de sus redes sociales, el senador Gustavo Petro insistiera en su idea de que el Banco de la República emita dinero para financiar el gasto del Gobierno, provocado por la pandemia del covid-19.

(¿A quién le sirve la emisión monetaria?).

Entre las propuestas del senador está que el Banco de la República emita dinero para que le preste al Gobierno con una tasa de interés cero y que este, a su vez, se distribuya a los más pobres.

Petro sustenta su idea en que el año pasado el Banco de la República emitió $31 billones, de los cuales entregó $2,8 billones como préstamo al Gobierno del presidente Iván Duque, y que el resto se lo entregó en crédito a la banca privada para que, a su vez, esta se lo prestara al Gobierno.

Según el senador, si el dinero que emite el Banco Central se distribuyera con su propuesta, esto podría ayudar a financiar la crisis por la que atraviesa el país y reducir los gastos y el endeudamiento con la banca privada.

(Lea también: ‘Casa de papel’ y emisión privada de dinero).

Sin embargo, el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, calificó esta idea como populista y equivocada, y señaló que “decir que en la Jiménez con Séptima, una maquinita de dinero resuelve los problemas de todos, es mala pedagogía. Es un mensaje del tipo de soluciones facilistas, populistas y equivocadas que el señor Petro implantaría si él tuviera éxito político”.

Pero, ¿qué tan viable es esta propuesta?, ¿qué consecuencias tendría?, ¿más dinero en circulación es sinónimo de riqueza para un país?

Para el senador Iván Marulanda, quien también hizo parte del equipo económico que diseñó la Constitución Política de 1991, “este instrumento se puede tener en cuenta para una única ocasión y funciona para momentos de crisis social y económica que tiene el país en este momento. Una sola vez, dijo”.

Según Marulanda, ya hay un artículo de la Constitución que determina que el Banco de la República puede otorgar ese crédito siempre y cuando la decisión de los integrantes del Banrep sea unánime.

Y agregó que «aunque en condiciones normales un crédito como este podría hacer una presión inflacionaria, este es un momento en el que la economía necesita reactivar la demanda interna. Y si se piensa en una iniciativa como la renta básica podemos dinamizar la economía que está pasando por una de sus peores crisis».

Precisamente uno de los reparos que tiene esta idea es que se produciría una presión inflacionaria en caso de que se emita más dinero. Y hay ejemplos como en los casos de Venezuela y Argentina.

Para el economista Jorge Restrepo, “emitir, incluso si lo aprueba por unanimidad la Junta Directiva del Banco de la República, como lo requiere la Constitución del 91, aumentaría el costo del crédito público y privado y descuadernaría la economía, algo que no es necesario pues hay suficiente crédito barato”.

En un blog y desde su propia opinión, Jorge Toro, asesor de la Gerencia General del Banco de la República, advirtió que aunque esta iniciativa, a primera vista, parece fácil y de bajo costo, lo cierto es que, basado en la interpretación del mandato constitucional que permite este tipo de créditos, el país no atraviesa por esas condiciones extraordinarias para acudir a esta figura.

“Respecto a la interpretación del mandato constitucional, la posibilidad de que el Banco de la República otorgue un crédito directo al Gobierno fue ampliamente discutida por los constituyentes de 1991. La decisión final fue dejarla abierta pero sujeta a una condición: la unanimidad de los miembros de la Junta Directiva. Esa condición fue la manera de expresar que el mecanismo puede utilizarse sólo en condiciones absolutamente extraordinarias en las cuales no exista una mejor opción. Esa no es claramente la situación actual, en la que el gobierno ha tenido éxito en obtener los recursos de financiamiento necesarios. De hecho, el año pasado el Gobierno nacional optó por prefinanciar parte de las necesidades de 2021 aprovechando la ventana de mercado que permitía condiciones financieras adecuadas”, explicó Toro.

Agregó que en cuanto a la experiencia internacional, ningún país avanzado utiliza el crédito directo del banco central como mecanismo de financiación del Gobierno. “Cuando algunos de estos países utilizaron la expansión cuantitativa en el pasado, las autoridades monetarias efectuaron compras de bonos públicos en el mercado secundario y fueron muy cuidadosas en comunicar que la intención de esta política no era la de financiar al gobierno, sino la de combatir la caída de la inflación y dar apoyo a la actividad económica”.

Finalmente manifestó en su escrito que el Gobierno Nacional ha construido reputación y credibilidad sobre su deuda luego de muchos años de cumplimiento y prudencia fiscal. “Muchos inversionistas institucionales del resto del mundo, incluyendo fondos de pensiones, bancos de inversión y fondos mutuos, adquieren bonos emitidos por el gobierno colombiano y contribuyen por esa vía a cubrir las necesidades de financiamiento que no alcanzan a ser sufragadas por ingresos corrientes provenientes de la tributación”.

LAS CONSECUENCIAS DE EMITIR MÁS BILLETES

En varias ocasiones el Banco de la República ha señalado cuáles son las consecuencias que tiene para la economía emitir más billetes.

Según explica, “la riqueza de una economía no depende de la cantidad de dinero que hay en ella sino de su nivel de producción. Esto significa que por más que aumente la cantidad de dinero que circula, una economía no es más rica si no aumenta su producción en sectores como la agricultura y la industria”.

Además, agrega que cuando aumenta la cantidad de dinero sin que haya un crecimiento en la producción de un país se genera inflación, ya que más dinero tratando de comprar la misma cantidad de bienes y servicios, provoca que quienes venden cobren más y se genere un aumento de precios. Por eso el Banco de la República controla la cantidad de dinero que emite para evitar desastres en la economía de Colombia.

https://www.portafolio.co/economia/gobierno/que-tan-viable-es-emitir-mas-billetes-para-salir-de-la-crisis-553610

  • 21.23.-¿Economía boyante?JORGE IVÁN GONZÁLEZ
  • No se avanza en la distribución EDUARDO SARMIENTO
  • La pandemia social AURELIO SUÁREZ

El balance es el de un cataclismo social con pobreza y enfermedad, desigualdades crecientes y una población carente de ingreso suficiente para reactivar el país.

La revisión integral de documentos del Dane, producidos en su mayoría durante este periodo de la pandemia, brinda una mirada bastante completa sobre las secuelas sociales que ha causado, agregadas a las preexistentes, que siguen agravándose con incidencia en las protestas detonadas desde el 28 de abril.

26 jun 2021.- El primero es el Pulso Social (abril 2021). Según él, 30 por ciento de los hogares consume solo dos comidas al día, apenas una decada 20 personas puede ahorrar y 92 por ciento ni siquiera alcanza a pensar en adquirir vivienda. Además, que se multiplicó por cinco quienes manifiestan tener un estado de salud malo y muy malo, el 15 por ciento de la población. Añade que las principales ayudas oficiales recibidas por los pobres han sido en especie, alimentos y mercados.

Otro documento, el relativo a la pobreza monetaria en 2020, revela el hecho lamentable de que dos de cada cinco personas están en esa condición, y si se agregan los clasificados como vulnerables, ascienden a siete de cada diez. Dicha tragedia va acompañada de otra: la pobreza monetaria extrema, que atribula al 15 por ciento de los habitantes, acarrea como corolario un alza en la desigualdad al nivel de las peores del planeta.

La reclasificación de las clases sociales que hiciera el Dane para el cierre de 2020 refuerza lo dicho. Todas las divisiones, media, vulnerables y alta, vieron descender sendos porcentajes al escalón inferior y, al final, aumentar la gente en el pozo de la clase más precaria. El asunto es tan dramático que apenas 860.000 personas, entre 50 millones, están en la clase alta y eso que este 1,7 por ciento de la élite abarca a quienes tienen un ingreso mensual individual no muy elevado, de 3,5 millones de pesos, 900 dólares.

En la base está el deterioro del empleo. No solo la mitad de la población ocupada está en la informalidad, sino que los desempleados casi suman 4 millones, de los cuales 3 ya lo estaban cuando sobrevino la pandemia, en el trimestre enero-marzo de 2020. En la contabilidad de los desocupados deben sumarse los “inactivos” que decidieron no ofrecer más su mano de obra. Es el desempleo voluntario.

Con los jóvenes, entre 14 y 28 años, se manifiestan con más crudeza los quebrantos del mercado laboral. En tanto la tasa de desempleo general es del 14,2 por ciento, para ellos es del 23,5, y en las mujeres en esta edad se trepa al 31,5, con más de 900.000 de ellas desocupadas, sin contar otras cientos de miles también calificadas como “inactivas”, forzadas a labores del hogar.

El grupo de desempleados jóvenes, en el documento ‘Panorama sociodemográfico de la juventud en Colombia’, robustece al conjunto llamado nini, que ni estudia ni trabaja, que es la tercera parte del total de 10.990.268 de esa cohorte juvenil. Cerca de seis de cada diez ninis son mujeres.

El balance es el de un cataclismo social con pobreza y enfermedad, desigualdades crecientes, y una población carente de ingreso suficiente para reactivar el país vía demanda y millones sin futuro viable. Si la inflación empieza a incrementarse y se suma al cuadro descrito y a un ingreso por habitante, que decreció a valores iguales a los de 2013 y parqueado alrededor de 6.400 dólares entre 2016 y 2019, subirán también los índices de miseria, en los cuales Colombia ronda los 15 primeros lugares.

Contribuyó a la postración la inoportuna e insuficiente asistencia del Gobierno en la pandemia. Los recursos del Fondo para la Mitigación de Emergencias (Fome), en todos los programas sociales para siete millones de beneficiarios, en cabeza de hogares o personas, no alcanzan a 1,5 dólares al día; y los apoyos a la nómina, el programa Paef, para sostener el 40 por ciento de la nómina mensual del salario mínimo cubrió, en cuentas largas, máximo 1,4 millones de puestos de trabajo al mes, frente a una planta laboral de 11 millones de empleos formales, 7 de los cuales trabajan en pymes.

Según el Ministerio de Hacienda, la ejecución del Fome en 12 meses fue del 67,4 por ciento, 27,3 billones de pesos, menos del 3 por ciento del PIB, que no sobresale entre los países emergentes, y en Suramérica figura debajo de Chile, Perú, Bolivia y Brasil (FMI-abril 2021).

En el colmo de la indolencia, Duque y Carrasquilla echaron a este polvorín el fósforo encendido de la reforma tributaria y ¡fue Troya! Lo peor es que, a contramano, Congreso y Gobierno legislan y ejecutan en dirección inversa a la que las calles reclaman. A quienes piden soluciones les adelanto: la vacuna a la ruinosa pandemia social que nos agobia no es la de Duque, en el puesto 51 entre 53 países estudiados en el manejo del coronavirus (Bloomberg), ni mucho menos la del maloliente establo parlamentario que preside Char.

https://www.semana.com/opinion/articulo/la-pandemia-social/202100/ 

21.23.-¿Economía boyante?JORGE IVÁN GONZÁLEZ

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Ministerio de Hacienda afirma: “… el año 2021 es un año de grandes desafíos para la economía colombiana, pero los indicadores adelantados permiten avizorar una economía boyante”.

2 jul 2021.- El calificativo de “boyante” es exagerado, no tiene nada que ver con la realidad y, desgraciadamente, muestra que durante este año de pandemia Hacienda no ha aprendido.

En ninguna parte del documento se explica el significado de “boyante”, pero la estructura de la economía colombiana, y el daño causado por la pandemia no permiten afirmar que el panorama actual sea tan maravilloso. Ninguno de los indicadores da pie para este optimismo desbordante. De acuerdo con las proyecciones que se hacen en el Marco Fiscal, en los próximos años el crecimiento del PIB será muy modesto, alrededor del 3,3% anual. Y aún si se cumple esta meta, el calificativo de “boyante” es absolutamente inapropiado.

Preocupa la mirada de Hacienda porque muestra que no se ha aprendido. Los problemas estructurales de la economía colombiana, que se hicieron evidentes con la pandemia, no han puesto en tela de juicio ninguno de los imaginarios del Gobierno. Sorprende que las condiciones ideales del estado estacionario continúen siendo muy similares a las del anterior Marco Fiscal, así que un año de crisis profunda no ha impactado las decisiones de política pública. Hacienda es insensible. No propone ninguna transformación radical. Peor aún, insiste en mantener alternativas que han fracasado.

La llamada “triada de soluciones”, conformada por las políticas social, económica y fiscal, no plantea cambios estructurales. La mirada sobre lo social se sigue reduciendo a los avances en la focalización. La reflexión económica no cuestiona la dependencia del petróleo y del carbón. Y en materia fiscal se insinúa una reforma tributaria, que siendo progresiva, es débil, temporal y mínima. Además, sin una justificación clara se recurre a privatizaciones, que ahora tienen el pomposo nombre de “optimización de activos”. Las consideraciones sobre las triadas no reflejan un horizonte alternativo. Este Marco Fiscal mantiene el mismo espíritu que el del año pasado.

En numerosos países la crisis de los dos últimos años ha llevado a reconsiderar las funciones del Estado en la economía. Y a nivel internacional se está reconociendo la importancia de la inversión pública, y del liderazgo del Estado. Es lamentable que en el Marco Fiscal no se destaca la relevancia de la acción estatal. En lugar de proponer una nueva concepción del Estado, la visión de Hacienda continúa siendo miope. No reconoce que la poca intervención pública es perjudicial. Pretende una economía “boyante” sin Estado. De manera equivocada vuelve a insistir en la austeridad, y mantiene un aparato estatal enclenque. Los ingresos totales del Gobierno Nacional Central, en lugar de aumentar, continúan girando alrededor de 16% del PIB. Para cumplir con el sueño de reducir la deuda, se combina una tributación débil con programas de disminución del gasto. La serie que va desde 2021 hasta 2032 muestra una caída progresiva del gasto público, hasta colocarlo en 19,6% al final del período. Y como los intereses de la deuda, que representan 3,4% del PIB, hacen parte del gasto, el margen de maniobra de la inversión pública es pequeño. Esta estrechez fiscal es incompatible con el sueño de una economía “boyante”.

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/economia-boyante-3195116

21.23.-No se avanza en la distribución EDUARDO SARMIENTO

En las teorías dominantes de la ciencia económica se considera que el crecimiento económico y la distribución del ingreso son separables. El axioma es controvertido por la evidencia del último siglo y por las cifras divulgadas a diario.

4 jul 2021.- En general se encuentra que en Estados Unidos el crecimiento económico tiende a ser impulsado por la alta rentabilidad del capital, que es la principal causa del mayor incremento del ingreso del diez por ciento más rico y del deterioro de la distribución del ingreso. En cambio, en los países de mediano desarrollo, como ocurre en Colombia y en varios de los países de América Latina, el crecimiento económico tiende a ser impulsado por el retraso del salario con respecto a la productividad, que es la principal causa de la disminución de la participación del trabajo en el PIB y del elevado coeficiente de Gini.

Las condiciones descritas se vieron agravadas por la cuarentena del coronavirus y los desaciertos para enfrentarlo que precipitaron la reducción del ahorro y tiene su manifestación más visible en el déficit fiscal de 9 % del PIB.

En los países desarrollados el efecto se ha absorbido por el mayor ahorro de los sectores de mayores ingresos. El impacto sobre la distribución del ingreso fue de menor grado. Por su parte, en Colombia recayó en los ingresos del trabajo. Dentro de la directriz dictada por el modelo económico, el Gobierno ha impulsado reformas tributarias que reducen los ingresos laborales y deterioran la distribución del ingreso. Aún más deplorable, es la política actual de propiciar la entrada masiva de importaciones que vienen a desplazar la producción y el empleo nacional. En abril las importaciones crecieron 50 %, la suma de la producción nacional y las importaciones 27 % y el empleo 17 %. Sin duda, en la actualidad la distribución del ingreso y la pobreza se ven seriamente agravadas por la caída de los ingresos laborales y el aumento del desempleo inducidos por el modelo económico que prevaleció en los últimos treinta años.

El crecimiento con equidad solo se logra cuando la tasa de ahorro y el salario evolucionan en la misma dirección. El postulado no se cumplió en los últimos treinta años por el modelo de libre mercado y austeridad monetaria que inducen a colocar el salario por debajo de la productividad para sostener el ahorro y la producción. El crecimiento se consigue a cambio de la inequidad.

En Colombia el ajuste para absorber la reducción del ahorro ocasionado por la cuarentena del coronavirus se realiza por la reducción de los ingresos laborales provenientes de las reformas tributarias, y lo más grave, por entradas masivas de importaciones que incrementan el déficit en cuenta corriente y tienen como contraparte el desempleo. Así el modelo de libre mercado, equilibrio competitivo y austeridad monetaria conduce a un estado de deterioro creciente de la distribución del ingreso por la vía del salario y el desempleo, que desatan la inconformidad y la protesta social.

La alternativa, que he presentado en forma insistente desde que se promulgó la cuarentena de la pandemia, es un modelo que eleve el ahorro y sostenga el salario por encima de la productividad mediante reformas estructurales a la composición del comercio internacional, la concepción monetaria, las transferencias de las rentas públicas al capital y la política laboral.

Hace seis meses la solución se podía lograr en buena parte con el replanteamiento de la concepción monetaria. Pero ahora ante el cuantioso déficit en cuenta corriente agravado por la entrada masiva de importaciones, es necesario avanzar simultáneamente en los dos frentes. La reforma del sector externo no da espera.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/eduardo-sarmiento/no-se-avanza-en-la-distribucion/

  • 21.22.-La reforma tributaria y sus circunstancias SALOMÓN KALMANOVITZ
  • Plan financiero de mediano plazo – EDUARDO SARMIENTO
  • ¿Para quién es la “bonanza”, doctor Roberto Vélez, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros? AURELIO SUÁREZ

La estructura de la industria cafetera cambió en el último lustro en sentido contrario al interés del minifundista, que predomina en ella con parcelas menores de una hectárea.

19 jun 2021.- Aunque por equivocadas resoluciones, la mitad o más del café consumido en Colombia, como 1,3 millones de sacos en 2018-2019, venga de Perú, Ecuador u otros orígenes o que unos intermediarios mezclen ese mismo grano foráneo para exportarlo como Colombian Coffee, el tema cafetero ya no despierta mayor interés ni menos los dramas que viven los caficultores.

No es principal fuente de ingresos del país, ni negocio de las élites, ni primer vínculo con el capital extranjero, pero ocupa en 500 municipios y hasta en 22 regiones a 550.000 familias en 900.000 hectáreas, y destina 90 por ciento de su producto al mercado externo como mayor exportador del sector agropecuario.

En 1989 se rompió el Pacto de Cuotas del Café, por el cual los países consumidores hacían compromisos de compra en precio y cantidad con los oferentes. Se dijo que el grano colombiano sería ganador en el libre comercio, pero ha sido cuadriplicado en producción por Brasil, duplicado por Vietnam, casi igualado por Indonesia y las reexportaciones europeas a zonas aledañas han copado ese segmento. El mercado, pese a primas o bonificaciones en nichos diferenciados, no escogió por la calidad.

El ingreso de la familia cafetera ha sido lesionado. Mientras que en 1989, con el equivalente de una carga de 10 arrobas se pagaban 60 jornales o se compraban 1.245 kilos de fertilizante o 75 kilos de carne o 299 galones de ACPM, en 2021, con precios de la presente “bonanza”, se reconocen por esa misma cantidad 42 jornales o 56 kilos de carne o 684 de fertilizante o 161 galones de diésel. El poder adquisitivo en unos renglones cayó a la mitad y en otros perdió la tercera parte, un empobrecimiento en precios relativos.

La estructura de la industria cafetera cambió en el último lustro en sentido contrario al interés del minifundista, que predomina en ella con parcelas menores de una hectárea. Las exportaciones institucionales, que hace la Federación de Cafeteros con recursos públicos del Fondo Nacional del Café, ceden terreno frente a las de los particulares, en su mayoría agencias de las comercializadoras globales. Entre 2011 y 2015, la Federación exportó casi uno de cada cuatro sacos; entre 2016 y 2020, menos de uno de cada cinco.

¿Qué implica tal pérdida de participación? Veamos: entre 2011 y 2015, cada saco de 60 kilos exportado por la Federación se vendió en promedio a 272 dólares, en tanto las agencias transnacionales lo pusieron a 236. Para el periodo entre 2016 y 2020, las colocaciones de la Federación cayeron a 210 dólares y las de los exportadores privados a 203. Convergen a la baja.

La causa, se han reducido las cotizaciones. Entre 2011 y 2015, el precio internacional por libra promedió en 1,97 dólares y en el último quinquenio en 1,48. Los precios han descendido, pero el valor medio del dólar, comparando los dos periodos, se movió en sentido contrario: de 2.051 a 3.187 pesos. Al multiplicar ambos factores, que determinan el precio interno de compra al productor, la libra alzó de 4.040 a 4.461 pesos, solo 10 por ciento, por debajo del incremento de los costos al caficultor en insumos y mano de obra.

Tal mecanismo de fijación del precio de compra es causa primordial de la erosión del ingreso cafetero y corre a favor de los intermediarios que van a la fija. Urge cambiarlo por otro en el que los riesgos no recaigan sobre la producción, la que debe remunerarse rentablemente antes de que sobrevenga otro estallido como en 1995, 2001 y 2013.

En esa senda, por ajustarse a la ruleta de precios internacionales a futuro y otras razones particulares, está amenazada la garantía de compra por medio del sistema de 33 cooperativas, algunas de las cuales, entre las más importantes, arrojan resultados negativos recurrentes. Así pasa en la de Andes en Antioquia, la de Risaralda, las de Tolima-Ibagué, Cafinorte y las del Huila que, con márgenes muy estrechos, acusan riesgo financiero.

Esto trae aparejado un efecto dominó sobre su exportadora matriz, Expocafé, a la que proveen el 30 por ciento del café transado, que en los últimos tres años tiene una pírrica rentabilidad media sobre los ingresos del 0,25 por ciento, un nivel de endeudamiento de tres de cada cuatro pesos de sus activos y utilidades financiadas con pasivos.

¿Para quién será entonces la “bonanza” anunciada, doctor Vélez? Como siempre ¿para agentes externos?

Nota: fui escogido en 2016 entre las ocho personas que podrían ser nombradas gerente de la Federación de Cafeteros y tuve respaldo de varios comités. He guardado cautela frente a la actual administración y coincido en defender la caficultura nacional frente al oligopsonio en la demanda mundial que deprime las cotizaciones. No obstante, ello empeora si el frente interno se entrega a quienes nos asfixian afuera.

https://www.semana.com/opinion/articulo/para-quien-es-la-bonanza-doctor-velez/202100/

21.22.-La reforma tributaria y sus circunstancias SALOMÓN KALMANOVITZ

El Gobierno requiere con urgencia la aprobación de una nueva reforma tributaria para atender las urgentes necesidades de la población, comenzar a cerrar los faltantes que tiene en sus cuentas y recuperar el grado de inversión con Standard & Poor’s. También, para que las otras calificadoras no lo rajen.

20 jun 2021.- El ministro Restrepo está hablando con los sectores dirigentes de varias regiones para lograr un consenso, pero lo único que se conoce es que el monto que busca recaudar es modesto, de solo $14 billones, $10 billones menos que la reforma que intentó Carrasquilla y lo tumbó. El equivalente es de 1,4 % del PIB, que resulta insuficiente para las necesidades de gasto. El ministro espera poder presentar su propuesta al Congreso después de que inicie sesiones el 20 de julio.

La propuesta tributaria de la ANDI de abril pasado era por menos: contemplaba aumentos temporales de impuestos y recuperar más adelante las gabelas concedidas por la reforma de 2019, o sea, se daban pasito. Incluía aplazar el cubrimiento por el Gobierno central del impuesto de industria y comercio que deben abonar a las administraciones municipales, como también la reducción de la tarifa de renta y ponerse un impuesto al patrimonio solo por dos años. Suponía que los gastos asociados a la pandemia eran temporales y por la misma razón los impuestos también podían serlo, sin querer comprender que desde antes había un faltante estructural en las finanzas públicas, agravado por la generosidad del Centro Democrático con los empresarios. Era necesario además enfrentar un servicio muy pesado de la deuda contraída (intereses más amortizaciones) que pasó del 58 % del PIB en 2019 al 72,5 % en diciembre de 2020.

El marco fiscal de mediano plazo admite que la economía se contrajo casi 7 % en 2020 pero obtendrá un repunte del 6 % en 2021, que no alcanza a retornar al nivel que tenía en 2019. Fedesarrollo controvierte esta figura pues cree que el PIB en 2021 se expandirá un 7,2 %, proyectando la gran expansión que se dio en el primer trimestre de este año. Por lo general, las economías que reciben un choque externo se resienten, pero su dinámica previa las devuelve por lo menos a su punto de partida. Sin embargo, el panorama no está despejado porque el paro pudo haber afectado 1,4 % del PIB y las reclamaciones de los marchantes no han sido atendidas sino en parte por el Gobierno, que se ha concentrado en reprimirlos causando más de 60 muertes y miles de heridos. Además, el costo de la pandemia para las empresas, según la BBC, alcanzó $64 billones (más de 6 % del PIB). Según la misma fuente, “en el Valle del Cauca, la región cuya capital, Cali, ha sido el epicentro de las protestas, el paro significó un shock a la economía mayor que la pandemia”, aunque una “conmoción” lo hubiera expresado mejor.

Por todo lo anterior, Fedesarrollo concluye: “Cabe resaltar que todavía persisten riesgos a la baja, principalmente por un eventual retorno de las manifestaciones y los bloqueos en las vías del país, así como eventuales (sic) incrementos en el nivel de ocupación de unidades de cuidado intensivo (UCI) que generen nuevas restricciones a la movilidad y la actividad productiva”. Efectivamente, estamos en la tercera ola de la pandemia que alcanzó un pico mucho más elevado que las anteriores, con casi 600 muertes diarias, lo que ha hecho colapsar las UCI, mientras que la vacunación ha cubierto a 13,5 millones de personas hasta el 18 de junio.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/la-reforma-tributaria-y-sus-circunstancias/

21.22.-Plan financiero de mediano plazo – EDUARDO SARMIENTO

En días pasados el Gobierno divulgó el plan financiero de mediano plazo, en el cual se presentan las directrices centrales de la política económica.

27 jun 2021.- Hasta ahora no se sabe los términos de la reforma tributaria y de los programas de ejecución que la sustentan. Los dos ejercicios deberían ser simultáneos. No hay gasto sin representación fiscal. El plan financiero establece las metas centrales de lo que quisiera que fuera el mundo y luego se procede a establecer los procedimientos y recursos efectivos para hacerlos efectivos.

La técnica no ha sido operativa. El Gobierno opera con una organización económica que no está en capacidad de conciliar los buenos deseos con la realidad. Así, el déficit fiscal, que es la más clara representación de la diferencia entre los deseos y la realidad, no es compatible con el modelo de libre mercado. El desbordado gasto causado por la pandemia y los desaciertos para enfrentarla dan lugar a un déficit fiscal de 9% del PIB que no es sostenible.

El modelo de libre mercado de equilibrio no está en capacidad de cerrar el bache entre los deseos del plan de mediano plazo y la realidad representada en la disponibilidad de recursos. La mejor ilustración está en el déficit fiscal que es la medida cuantitativa de la diferencia de acuerdo con los estándares históricos y comparativos. En Colombia induce una entrada masiva de importaciones que amplía el déficit en cuenta corriente y dispara el desempleo. La economía queda expuesta a una sustitución de valor agregado nacional por importaciones que da lugar a una falsa recuperación. En abril las importaciones crecieron por encima de la producción y el empleo muy por debajo. Los cálculos basados en términos de coeficientes constantes de importaciones sobreestiman la realidad.

Lo cierto es que el bajo ahorro proveniente del coronavirus y los desaciertos de política no pueden corregirse con el modelo económico de mercado. El ajuste se induce por medio de una entrada masiva de importaciones que amplia del déficit en cuenta corriente y agrava el desempleo. A menos que el mayor déficit en cuenta corriente se compense con un aumento de la emisión, la economía se ve abocada a una fuerte contracción que reduce la inversión y la capitalización. Es precisamente lo que se observa en las cuentas financieras. El crédito a las empresas desciende en lo corrido del año. Y si se tiene en cuenta la debacle del empleo y el desacierto de la liberación de importaciones, no se puede esperar que el crecimiento del producto llegue a 5 %.

El ajuste del balance interno se busca a cambio de la ampliación del déficit en cuenta corriente que reduce la confianza externa y el aumento del desempleo que acentúa el descontento social. El crecimiento y la equidad están en abierto conflicto. El aumento del ahorro se consigue a costa del salario y el empleo. El déficit fiscal termina en más déficit en cuenta corriente, más desempleo y menos crecimiento.

La recuperación de la tendencia histórica y la mejoría de la distribución del ingreso solo puede conseguirse con un cambio de modelo que eleve el ahorro y sostenga el salario y mejore la distribución del ingreso, mediante reformas estructurales que he sugerido en forma insistente. El primer paso es una política industrial orientada a elevar los aranceles de acuerdo con la productividad potencial del trabajo y la demanda. Lo más urgente es la reformulación de la concepción monetaria que garantice la máxima producción y el pleno empleo. Adicionalmente, se requieren una política laboral que contrarreste el atraso con respecto a la productividad, al igual que una política social que recorte las enormes transferencias de las rentas de los servicios públicos al capital.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/eduardo-sarmiento/plan-financiero-de-mediano-plazo/

 

  • 21.21.-La Inflación y los Bloqueos MAURICIO CABRERA
  • Recuperación sin empleo EDUARDO SARMIENTO

La cuarentena del coronavirus provocó una reducción del ahorro que quebró el primer postulado de la ciencia macroeconómica. La economía se vio abocada a una reducción de la inversión y la producción que se llevó el sistema por delante. Si bien el efecto del ahorro ha disminuido, de ninguna manera ha desaparecido. La manifestación más clara se observa en el déficit fiscal, que está en el 9 % del PIB, que no es sostenible.

20 jun 2021.- Los buenos oficios del Gobierno para corregir la deficiencia no han corrido con buena fortuna. Se mantiene en el modelo inequitativo en que el ahorro y el crecimiento se consiguen por conducto del deterioro de la distribución del ingreso. Los hechos están demostrando que el deterioro de la economía ocasionado por la pandemia en el déficit fiscal no se puede corregir con los estímulos de mercado.

La reducción del ahorro originada por la cuarentena y por los errores para enfrentarla se busca contrarrestar con una reducción del salario. En efecto, se presentó una reforma tributaria basada en impuestos indirectos y al ingreso que recaen principalmente en los grupos medios y dan lugar a una reducción del salario y la elevación del coeficiente de Gini. Lo más diciente, desató una severa protesta social que obligó al retiro de Carrasquilla y del proyecto de ley. Por su parte, el ministro de Hacienda, Restrepo, anuncia una nueva reforma basada en gravámenes al capital que son fácilmente trasladables al salario y de un alcance tributario muy inferior. El efecto neto no es más del 1 % del PIB.

Ahora, ante el insuceso, la solución se busca con estímulos ocultos a las importaciones. En marzo las compras externas aumentaron 37 % y en los cuatro primeros meses del año el enorme crecimiento de la industria y los servicios con respecto a la caída de 2020 está acompañado de una reducción del empleo. La recuperación de la demanda proviene de la entrada masiva de las importaciones y del incremento del déficit en cuenta corriente que tiene como contraparte el aumento del desempleo. La actividad se impulsa a costa de la contracción de los ingresos laborales por conducto tanto del salario como del empleo.

No se ha aprendido de la experiencia. El Gobierno se mantiene dentro del modelo dominante de los últimos 30 años, en que el ahorro y la eficiencia se consiguen con salarios por debajo de la productividad del trabajo, que es una de las principales causas del retroceso de la distribución del ingreso, más concretamente de la reducción de la participación del trabajo en el producto nacional, y un monumental déficit en cuenta corriente, que tienen como contraparte niveles de desempleo que se salen del orden mundial.

Dentro del modelo económico imperante de equilibrio y mercado el ajuste se consigue con un deterioro de las condiciones laborales que amplía las desigualdades de ingreso y perpetúa las brechas que vienen de atrás. En términos concretos, el país se montó en un déficit fiscal del 9 % del PIB y en el desespero se busca subsanarlo mediante la depresión del salario y un cuantioso déficit en cuenta corriente que dispara el desempleo.

Nada de esto es nuevo. Desde un principio advertimos que la crisis económica es la consecuencia del modelo económico y solo se puede superar con un nuevo modelo que eleve la tasa de ahorro y sostenga el salario al nivel de la productividad del trabajo mediante reformas estructurales que hemos recomendado en forma insistente. Hay que cambiar la estructura del sector externo hacia bienes de mayor complejidad y productividad del trabajo, replantear la concepción monetaria dentro de una visión más general, reducir las transferencias de las rentas públicas al capital y de altos ingresos, y subsanar el atraso del salario con respecto a la productividad.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/eduardo-sarmiento/recuperacion-sin-empleo/

21.21.-La Inflación y los Bloqueos MAURICIO CABRERA

Bloqueos a carreteras que perjudican la economía nacional y que agudizan el hambre en los hogares más pobres no tienen legitimidad.

Se aceleró la inflación. Después de casi un año con aumentos de precios por debajo de la meta del Banco de la Republica, en mayo la tasa de inflación anual llegó a 3.30%, como consecuencia del desabastecimiento producido por los bloqueos a varias carreteras nacionales. Varias reflexiones al respecto.

14 jun 2021.- 1) El impacto del desabastecimiento sobre la inflación, sobre todo de alimentos y combustibles, se comprueba al ver que el aumento de los precios de los alimentos (9.52%) es casi el triple de IPC total, mientras que el de los energéticos (4.58%) crece un 50% más. En consecuencia la variación de los índices que calcula el DANE sin contar estos dos componentes se mantiene en niveles cercanos al 2% anual

2) Las mayores tasas de inflación se registran en las ciudades del suroccidente, la zona más afectada por los bloqueos: Popayán (23%), Florencia (21.4%), Cali (19.6%); en ellas los precios de los alimentos han tenido aumentos superiores al 20%. En la Costa Atlántica los bloqueos fueron mucho menores y, por ejemplo, en Cartagena la variación del IPC anual siguió por debajo del 2%, y el de alimentos fue una tercera parte del nacional. Registros similares se tienen en Montería, Sincelejo o Riohacha.

3) el aumento de la inflación se debe a un choque de oferta, es decir a una disminución de la oferta de ciertos productos y servicios, muy diferente al aumento de precios que se produce por un exceso de demanda. Además es un fenómeno transitorio, pues en la medida en que se van levantando los bloqueos y se normaliza el suministro de alimentos y materias primas, los precios han empezado a bajar.

4)Las medidas de contracción monetaria –subida de tasa de interés o disminución del dinero en circulación- pueden ser útiles para controlar una inflación de demanda, pero cuando el choque es de oferta no solo son inútiles sino que además son perjudiciales, pues pueden conducir al peor de los mundos, un estancamiento con inflación. No hay duda de que la Junta Directiva del Banco conoce bien esta diferencia y no va a responder a un aumento de la inflación por razones de oferta con un incremento de sus tasas de interés, sobre todo cuando el desempleo sigue por encima del 15%.

5) Una consecuencia muy negativa de este aumento de la inflación causado por el desabastecimiento de alimentos es que afecta en mayor proporción a los más pobres y vulnerables: el incremento de los precios de la canasta de bienes y servicios de los más pobres (3,84%) y el de los vulnerables (4,03%) es superior al índice promedio, mientras que el de los más ricos ha sido inferior (2.27%).

Bloqueos a carreteras que perjudican la economía nacional y que agudizan el hambre en los hogares más pobres no tienen legitimidad para reclamar los cambios necesarios a la precaria situación de estos grupos sociales.

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/la-inflacion-y-los-bloqueos-mauricio-cabrera-galvis-552930

  • 20.21.-La salida de la crisis no surge del mercado EDUARDO SARMIENTO
  • 100.000 empleos para el Valle  MAURICIO CABRERA
  • la tendencia de los precios del petróleo y del gas AMYLKAR ACOSTA
  • Que pague la industria RICARDO CHICA

Lo que se necesita son diálogos nacionales efectivos y no efectistas, lo cual requiere el proceso político que logran frustrar de entrada.

Luis Díaz Izquierdo. ARCHIVO. 

La preocupación por la pandemia y efectos del largo plazo de por secuelas de la infección por covid-19, y del peso sobre los sistemas de salud que ese impacto generará, ha ocultado el impacto de la otra pandemia causada por el excesivo consumo de azúcar y carbohidratos simples refinados: obesidad (acumulación de grasa)/desarreglo metabólico, resistencia a la insulina/diabetes2, proceso inflamatorio/ stress oxidativo y acumulación de grasa generalizado; y el paralelo análogo causado por el consumo de carne roja, complicado éste por toxinas adicionales.

11 jun 2021.- ¿Y qué importancia tiene esto desde el punto de vista de la salud pública? Que estos procesos de desarreglo metabólico e inflamación conducen a las enfermedades que están afectando más gravemente a los adultos mayores: problemas vasculares cardiacos y cerebrales, cáncer, Alzheimer y otras complicaciones derivadas de la diabetes como problemas renales.

En el caso del azúcar (incluidos los carbohidratos simples) la cadena causal enunciada que arranca con el absurdo nivel de su consumo en bebidas y alimentos procesados es ya un hecho científicamente establecido (tan claro como las cadenas que se inician en el consumo del tabaco y de la carne); un proceso conducente a estas dolencias crónicas que pesan enormemente sobre las finanzas tanto de los sistemas de salud como de las familias.

Como lo enunciaba el título de una conferencia de un experto: ‘Muerto por azúcar’. Lo lógico es imponer sobretasas no solo a las bebidas azucaradas sino a todos los alimentos procesados que hacen el mismo daño. Y en caso de la carne a su variado impacto sobre la salud (colesterol, hormonas, bacterias, antibióticos, ácido úrico) se suman los desbastadores costos ambientales.

Pero como dice Stiglitz refiriéndose al lobbying del sector financiero, la plata manda, y en el caso americano la industria agrícola/alimentos adelanta uno más intenso que éste y el del sector energético (lograron que la pizza sea clasificada como vegetales para que sea incluida en la alimentación escolar).

Y una publicidad intensiva complementa el carácter adictivo de los altos contenidos de azúcar y carbohidratos refinados, los cuales desplazan carbohidratos complejos que contienen fibra tan crítica para la alimentación de la bacteria intestinal que nos protege.

Además, muchos de los centros de investigación son financiados para producir estudios con resultados sesgados contraevidentes (extendido a la carne y los lácteos).

Las sobretasas si reducen su consumo. Y una caída en éste incluso puede llegar a revertir la secuencia enunciada inicialmente, favoreciendo un reseteo metabólico que conduce a menos insulina y resistencia a ésta (diabetes2), además de transformación de grasas (adelgazamiento) en ketones que reemplazan la glucosa como fuente de energía celular, como parte de un proceso de desintoxicación; simplemente consumiendo menos azúcar….

https://www.portafolio.co/opinion/ricardo-chica/que-pague-la-industria-ricardo-chica-552808

20.21.-La salida de la crisis no surge del mercado EDUARDO SARMIENTO

La cuarentena del coronavirus y los desaciertos para enfrentarla provocaron una drástica caída del ahorro que quebró el balance interno entre el ahorro y la inversión, sin duda el postulado más crítico de la ciencia económica, y en consecuencia, precipitó el desplome de la inversión, la producción y el empleo. En cierta forma, se volvió al siglo XIX, cuando las economías se desplomaban intempestivamente y luego entraban en procesos de recesión de varios años.

13 jun 2021.- En Colombia, al igual que en muchos países del mundo, vimos como la reducción del ahorro ocasionada por la cuarentena provocó una caída del producto nacional de 7 %, aumento del desempleo de más de 5 % y déficit fiscal de 9 % del PIB, que no es sostenible. Al mismo tiempo ocasionó un deterioro de la distribución del ingreso sin precedentes; el ingreso de los grupos medios descendió 15 % y el del diez por ciento más pobre 25 %, la pobreza pasó de 36 a 42 % y el coeficiente de Gini llego a 0.55.

La economía se precipitó en una sin salida. La recuperación de la tasa de ahorro, que impulsa la producción y el empleo, se hace a cambio de la reducción del salario y el deterioro de la distribución del ingreso que desatan la protesta social. Por su parte, el aumento del gasto para remediar a los grupos menos favorecidos reduce el ahorro y amplía el déficit fiscal.

Los hechos se han encargado de confirmar que la causa de la crisis económica es la baja del ahorro ocasionada por la cuarentena y los errores para enfrentarla. Las acciones para elevar el ahorro y normalizar la producción y el empleo ocasionan la reducción del salario y el deterioro de la distribución del ingreso, que desatan la protesta social. Luego, las reacciones para corregir la distribución del ingreso por medio de transferencias fiscales bajan el ahorro.

El país ya está cerca de un año y medio de la iniciación de la pandemia y no ha tomado ninguna acción abierta para enfrentarla. La propuesta de Carrasquilla de corregir el déficit fiscal con una reforma tributaria basada en la elevación de los gravámenes indirectos y al ingreso, que recaen en los sectores de menores ingresos y ocasionan la reducción del salario y el deterioro de la distribución del ingreso, desató la protesta y su retiro del Ministerio. Su sucesor, Restrepo, anuncia una reforma alternativa con impuestos al capital que son fácilmente trasladables al salario, y en cualquier caso, el impacto sobre el déficit fiscal es menos de 1 % del PIB.

La economía operó durante treinta años con una elevación del ahorro que se conseguía con la baja del salario que hoy en día es rechazada por la protesta social. El sistema quedó sin medios para enfrentar la reducción del ahorro.

Mientras persista el elevado déficit fiscal, que no es otra cosa que la manifestación contable de la reducción del ahorro, no se dispondrá de margen para recuperar la inversión y la capitalización del pasado. Es precisamente lo que se observa en el balance del Banco de la República. El índice M3, que incluye los depósitos provenientes de la emisión del Banco de la República y del ahorro público, y la cartera crecen muy por debajo de la tendencia histórica. Aún más diciente, en plena recesión y rampante desempleo el crédito bancario a las empresas desciende con respecto a 2020.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/eduardo-sarmiento/la-salida-de-la-crisis-no-surge-del-mercado/

20.21.-100.000 empleos para el Valle  MAURICIO CABRERA

Los jóvenes son los más afectados con una tasa de 27.1%., también superior al promedio nacional.

El problema es el desempleo. La pobreza, el hambre y la miseria son la consecuencia de no tener un trabajo decente. La explosión social y la protesta de los jóvenes son el reclamo airado por un futuro que se les niega por no tener estudio ni empleo. La Renta Básica o el Ingreso Solidario son necesarios pero no suficientes pues a los jóvenes solo les dan presente, mientras que el trabajo les da futuro y sobretodo dignidad.

6 jun 2021.- Generar empleo digno es el camino de solución a la crisis social. Y no estamos hablando de unos cuantos miles, pues son 3.6 millones los desempleados en Colombia (el 15.1% de los que buscan trabajo), además de los millones que se cansaron de buscarlos sin encontrarlo.

La situación en el Valle del Cauca es todavía peor. La tasa de desempleo en Cali es del 18.8%, con 271.000 desempleados es decir 100.000 más que antes de empezar la pandemia. Los jóvenes son los más afectados con una tasa de 27.1%., también superior al promedio nacional.

El programa nacional de empleo de emergencia que propuse hace unas semanas puede empezar con un programa regional para crear 100.000 empleos –sobre todo para jóvenes- en el Valle y el norte del Cauca. Organizar un programa de este alcance requiere la intervención coordinada del Gobierno Nacional, los mandatarios locales y el sector privado.

El papel del Gobierno Nacional es aportar los recursos para el programa. Pagando el salario mínimo, su costo anual sería de unos $1.4 billones (menos de 0.2% del PIB). Es un monto imposible de movilizar por el sector privado, pero que el gobierno si tiene la capacidad de conseguir estos USD450 millones acudiendo a créditos de entidades multilaterales y ayudas internacionales, que de seguro responderán con prontitud dada la atención internacional que han generado los desafortunados sucesos recientes.

El aporte primordial del sector privado (empresas y ONG) no es la plata, pues sus recursos para estos propósitos son más limitados que los del gobierno, sino su capacidad gerencial y organizativa, que es indispensable para el manejo de la entidad que se debe crear para administrar el programa y su logística.

La plata no es el principal obstáculo para la implementación del programa, sino el montaje, la administración y la logística para la operación de una “empresa” de 100.000 trabajadores: ¿quién los va a proveer de dotación, alimentación o transporte? ¿Quién les va a dar las herramientas necesarias para sus labores? ¿Quién va a proveer los insumos necesarios? ¿Quién va a dirigir la ejecución de las obras? Es el sector privado quien debe asumir esta labor gerencial como lo hizo en el programa de reconstrucción del eje cafetero.

Los mandatarios locales tienen que definir los trabajos que realzarían estos jóvenes. En general se trata de construir bienes públicos: en el campo la reforestación y recuperación de cuencas, construcción de vías terciarias o redes de acueductos rurales. En la ciudad, reparación y mantenimiento de la malla vial o de la infraestructura pública (parques, escuelas, centros de salud, etc.) y servicios sociales para las comunidades tales como comedores comunitarios o promoción de escuelas de deporte.

Además de la creación de empleo, el dinero invertido en este programa impulsará la demanda en la economía, con lo cual las empresas privadas tendrán el incentivo para contratar nuevos trabajadores y el programa se podrá desmontar.

https://www.portafolio.co/opinion-sobre-la-necesidad-de-empleo-para-jovenes-del-valle-y-cauca-552708

20.21.-la tendencia de los precios del petróleo y del gas AMYLKAR ACOSTA

LA INTERVENCIÓN DE LA OPEP

El día 1 de junio la OPEP+ (la OPEP + 10 productores aliados, encabezados por Rusia) se dio cita virtual, con el fin de trazar su hoja de ruta tendiente a “normalizar” el mercado de crudos y con tal propósito tomó la determinación de continuar con el desescalamiento de los recortes a la producción y a la oferta de crudo en el mercado, el cual empezó a darse con el advenimiento de la pandemia y la recesión económica que se precipitó a raíz de las medidas de prevención, contención y mitigación que tuvieron que tomar los gobiernos para paliar sus efectos, los cuales, lógicamente, se tradujeron en una contracción del mercado del crudo .

7 jun 2021.- Se dispuso, entonces, “teniendo en cuenta los fundamentos del mercado observados” , continuar con la incorporación de 841.000 barriles/día adicionales a la oferta a partir del próximo mes, con la expectativa de nivelar y mantener estable la producción hasta abril del año entrante, honrando el acuerdo alcanzado hace un año en el seno de la OPEP+, sin perjuicio de revisar y reconsiderar dicha decisión si las circunstancias lo ameritan. En otras ocasiones una de las causas de las alzas y bajas en la cotización del crudo ha sido la intervención, en uno u otro sentido, de la OPEP+, pero esta vez ha sido al contrario, su intervención ha sido un efecto del comportamiento de los fundamentales del mercado y sencillamente se están ajustando y acoplando al curso que siguen ellos.

En mi concepto, esta decisión va en la dirección correcta, habida cuenta que la demanda de crudo ha venido incrementándose a medida que avanza el plan de vacunación a nivel global y se ven ya los primeros retoños, verdes aún, de la reactivación de la economía mundial. China, que es el mayor importador de crudo actualmente, registró un crecimiento del PIB en el primer trimestre de este año del 18.3% y los EEUU del 6.4%, empujando al alza los precios, registrándose cotizaciones de US $68.23 y US $70.83 el barril de la variedad WTI y de la variedad Brent, respectivamente, el día 2 de los corrientes. Este nivel de precios no lo veíamos desde mayo de 2019. En lo corrido de este año los precios WTI y Brent han experimentado alzas del 40% y 42%, respectivamente, con relación al año anterior.

Según la previsión de la OPEP+, al finalizar el año 2021 se estarán consumiendo alrededor de los 99 millones de barriles al día, nivel este similar a la prepandemia. De allí que ni siquiera se inmutan los países integrantes de la OPEP+ con una eventual reanudación del bombeo por parte de Irán, de darse el levantamiento de las sanciones que le fueron impuestas. Como elemento positivo de esta reunión queremos destacar el hecho que la OPEP+ es consciente que, de mantenerse el drástico recorte de la producción de petróleo que traían en 2019, se podría malograr la reactivación y estarían disparándose un tiro en el pie, porque ello repercutiría en una nueva contracción de la demanda con todas sus consecuencias.

EL EFECTO REBOTE

Ahora bien, de la misma manera que al ralentizarse el crecimiento de la economía el año anterior, que terminó en una gran recesión, a consecuencia de las medidas que se tomaron por parte de los gobiernos para contener la pandemia del COVID, se contrajo la demanda y se desplomaron los precios del crudo, era previsible que, a medida que la economía se recuperara y aumentara la demanda por crudo los precios tenderían al alza y es lo que viene dándose en este preciso momento. Estamos en presencia de un efecto rebote en los precios del petróleo. En ello está influyendo también el avance de la masificación de la vacuna y la consiguiente inmunización, que está permitiendo la reapertura de muchas actividades que estaban clausuradas o a media marcha.

Todos los commodities, entre ellos también el carbón y el café, que sumados al petróleo representan el 60% de nuestras exportaciones, están registrando aumentos en sus precios por las mismas razones. Es así como el carbón térmico de referencia Puerto Bolívar, después de haber alcanzado cotizaciones que bordearon los US $35 la tonelada, el 2 de junio se trepó hasta los US $81.5 la tonelada. Y el café no se quedó atrás, el 1º de junio se cotizó a US $2.11 la libra, precio este que no se veía desde mayo de 2014.

A mi juicio, este repunte de los precios del crudo es sólo coyuntural, pues a mediano y a largo plazo los precios tenderán a estabilizarse, con tendencia a la baja y así lo prevé la Agencia Internacional de Energía (AIE) debido a las acciones que están tomando los países, especialmente los mayores consumidores, de reducir el consumo de crudo y de sus derivados, en cumplimiento del Acuerdo de París, que entraña un compromiso de descarbonización de la economía. Lo acaba de anunciar sin ambages la AIE, «al márgen de los proyectos ya aprobados en 2021, nuestra previsión no contempla ningún nuevo sitio petrolero o de gas con fines de desarrollo» y pide «renunciar desde ya a la industria petrolera».

PERDEDORES Y GANADORES

Obviamente, los países importadores tanto de crudos como de destilados, se están viendo afectados por esta espiral alcista de los precios, los cuales afectarán los costos de producción y la competitividad de las empresas, al tiempo que ejercerá una gran presión inflacionaria, que no ayuda en las actuales circunstancias en las cuales la pandemia persiste y la recuperación de la economía es demasiado lenta, lo cual ha venido afectando el empleo y el ingreso.

Si los países importadores son perdedores, porque les tocará pagar precios más altos del crudo, los países exportadores, como Colombia, en cambio, son los ganadores, siempre y cuando puedan reaccionar a la actual coyuntura y aprovechar el boom. En el caso de Colombia, desafortunadamente, hemos pasado de producir en promedio más de 885.850 barriles/día en 2019 a 781.300 barriles/día en 2020 y en abril de este año la producción se redujo hasta 745.488 barriles /día, lo que representa una disminución del 6.3% comparado con el mismo mes del año anterior. Peor aún, en mayo la producción bajó aún más, hasta situarse en los 732.120 barriles/día, la más baja desde noviembre de 2009, en momentos en los que el mundo apenas estaba recuperándose de la crisis hipotecaria de 2008.

Así las cosas, los mayores ingresos que se espera recibir por mayores precios, dado que la previsión del Ministerio de Hacienda plasmada en su Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es de un precio promedio para este año de US $50.2 el barril, casi US $20 por debajo del tope al que ha llegado, se están viendo menguados por los menores volúmenes de producción y exportación. Definitivamente, no hay dicha completa!

LA DECLINACIÓN DE LAS RESERVAS

Huelga decir que este aumento en los precios del crudo presionara al alza y arrastrará consigo hacia arriba los precios de los combustibles en el país. Desde luego el movimiento de los precios incide también en los volúmenes de las reservas probadas con las que cuenta el país, dado que las mismas están en función de los precios a los cuales se transa el crudo en los mercados internacionales, de tal modo que cuando los precios suben se recalculan las reservas incrementándolas y viceversa, cuando los precios bajan hay que hacer lo propio, reduciéndolas. De modo que, de no ser por el repunte de los precios la precariedad de nuestras reservas probadas de crudo sería aún mayor. Según el anuncio del Ministro de Minas y Energía Diego Mesa, en cuanto a las reservas remanentes de petróleo a diciembre 31 de 2020 (1.816 millones de barriles) nos alcanzarán para los mismos 6.3 años, igual que los 2.041 millones que se reportaron en su momento al cierre de 2019. Pero, como lo advierte Nicolás Arboleda, asociado de Asociado de Energía, Minería e Infraestructura de Baker Mckenzie, ello “se debió principalmente a una menor demanda causada por la pandemia y no por un aumento en los remanentes”. Resulta de Perogrullo que si la rata de extracción de crudo del yacimiento es menor las reservas remanentes y el coeficiente reservas/ producción (R/P) serán mayores!

RESERVAS DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL

Claro está que la caída de las reservas de gas natural ha sido más pronunciada que las de petróleo. Según la ANH las mismas disminuyeron en 2020 por tercer año consecutivo el 7%, pasando de 3.16 TPC en 2019 a 2.94 TPC el año anterior y de una relación R/P de 8.1 años se pasó a sólo 7.7 años. Y, como es bien sabido, merced a la declinación de los campos de La guajira y de los Llanos orientales, pasamos hace rato de un mercado de oferta a otro de demanda. De allí que coyunturalmente, sobre todo en condiciones de hidrología crítica, cuando hay que apelar a la generación térmica para garantizar el abastecimiento de energía, se ha tenido que recurrir a las importaciones de gas a través de la planta regasificadora de la Sociedad Portuaria El Cayao, ubicada en la Zona industrial de Mamonal (Cartagena).

Potísimas razones estas para mantener encendidas las alarmas, pues estamos advertidos de la escasez de crudo y gas y la única forma de espantar el fantasma de la importación de uno y otro es incorporándole más barriles a las reservas probadas de petróleo y más pies cúbicos a las de gas natural. Ello conlleva mayores y mejores esfuerzos, así como mayores inversiones, requisito sine qua non para frenar la caída recurrente de dichas reservas. Lo que está en juego es la seguridad energética y la sostenibilidad fiscal del país. Para luego es tarde!

http://amylkaracosta.net/prueba1/index.php?option=com_content&view=article&id=643:la-tendencia-de-los-precios-del-petroleo&catid=95:opinion&Itemid=673 

  • 21.19.-Economía bloqueada MAURICIO CABRERA
  • Una ganancia inesperada para los países pobres está al alcance MARTIN WOLF

Los estados de ingresos altos pueden ayudar prestando sobre sus derechos especiales de giro del FMI

El mundo está cerca de acordar la creación de hasta $ 650 mil millones en nuevos derechos especiales de giro dentro del FMI. La asignación inicial de estas sumas seguiría el principio normal en los asuntos internacionales: a quienes las tengan se les dará. Pero es posible y deseable reasignar una proporción considerable de los beneficios de este dinero gratis a fines globales, sobre todo ayudando a los frágiles países de bajos ingresos a restaurar sus perspectivas de pandemia. Hay que aprovechar esta oportunidad.

1 jun 2021.- La idea de crear una gran cantidad de nuevos DEG se planteó al principio de la pandemia. Como era de esperar, fue vetado por la administración Trump. Bajo la administración de Biden, esto ha cambiado. Dado que Estados Unidos tiene un veto en el FMI, eso es crucial. La asignación planificada también es enorme según los estándares históricos, aumentando el valor de los DEG pendientes en un 120% (véanse los gráficos).

El mundo creó los DEG como activo de reserva multidivisa en la década de 1960. Ha habido cuatro asignaciones, la mayor en respuesta a la crisis financiera, en 2009. La última se propuso como respuesta a la pandemia. Sigue siendo relevante, no solo porque la emergencia no ha terminado, sino porque la recuperación es divergente, con los pobres rezagados.

En sí misma, una nueva asignación de DEG no haría mucho al respecto, ya que el nuevo activo de reserva iría inicialmente a los países en proporción a sus cuotas en el FMI. Como resultado, EE. UU. Obtendría el 17%, los países del Grupo de los Siete de ingresos altos el 44%, todos los países de ingresos altos el 58%, China el 6%, otros países en desarrollo de ingresos medios el 33% y el 70% de los países de ingresos bajos. – países de ingresos, con una población total de 1.200 millones (lo mismo que todos los países de altos ingresos), solo el 3,2%.

Incluso eso sería $ 21 mil millones en activos líquidos permanentes para países de bajos ingresos. Esto está lejos de la nada, para ellos. Más importante aún, es posible que los receptores de altos ingresos de estos nuevos activos, que no necesitan, los presten en condiciones muy favorables. Eso podría marcar una gran diferencia. ¿Por qué los países de altos ingresos no deberían prestar todos sus beneficios extraordinarios en DEG innecesarios? Eso sería $ 380 mil millones.

Un blog e informe reciente del FMI sobre las perspectivas en los países de bajos ingresos explica por qué esto sería importante. Según este aleccionador análisis, los países de bajos ingresos han perdido un terreno económico significativo en relación con los países de altos ingresos desde que llegó el Covid-19. Esto se debe en parte a que son muy vulnerables a lo que sucede en la economía mundial. En parte, se debe a que tienen muy poco margen de maniobra fiscal. En parte se debe a que, a pesar de su población joven, sus sistemas de salud tienen poca capacidad de respuesta y su capacidad para obtener vacunas es muy pequeña. Además, según el fondo, el 55% de estos países se encuentran ahora en problemas de endeudamiento o corren un alto riesgo de padecer esa condición.

Al mismo tiempo, existen oportunidades reales de recuperación. El pronóstico de base del FMI es que los países de bajos ingresos sufran un impacto permanente de la pandemia. Pero, con 200.000 millones de dólares en financiación relacionada con Covid y entre 250.000 y 350.000 millones de dólares en gastos adicionales durante cinco años, estos países podrían volver a su camino de convergencia prepandémica.

Lograr esto requerirá una combinación de donaciones, préstamos en condiciones favorables y alivio de la deuda. También requerirá reformas que estimulen la inversión privada nacional y extranjera. Como siempre, la asistencia oficial debe ser, en última instancia, catalizadora. Pero la subvención y también los préstamos de DEG podrían ser de gran ayuda.

El plan del fondo es dividir el dinero disponible en tres cubos. El primero ampliaría el Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza, que ofrece préstamos en condiciones muy favorables a países de bajos ingresos. Pero existen límites a las sumas que el FMI puede prestar a través de este vehículo, por varias razones, entre ellas que siempre es el acreedor principal y, por lo tanto, no puede arriesgarse a convertirse en el dominante.

Por lo tanto, cuanto mayor sea el valor de los DEG que se prestarán, mayor será la proporción que los receptores iniciales deben prestar por su cuenta y riesgo, a través de un nuevo fondo fiduciario. La idea del fondo es que algunos de esos préstamos podrían destinarse a otros países en desarrollo y para fines específicos, como el clima, la transformación digital o la salud. Por último, parte del dinero podría destinarse a un fideicomiso que respalda los préstamos de los bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial.

La forma en que se entrega ese dinero y con qué propósito es siempre político. Mi opinión es que controlar la pandemia es un bien público mundial, que debe obtenerse mediante subvenciones de los países ricos. Es un crimen y una metedura de pata que esto no se haya entendido ni hecho ya.

No se debería pedir a los países de bajos ingresos que se endeuden, ni siquiera en condiciones favorables, para este fin, desviando así recursos de sus objetivos de desarrollo a más largo plazo. También dudo en decirles que inviertan en las prioridades de los países de altos ingresos del día . El gasto en energía renovable, transformación digital y salud debe ser parte de los programas de desarrollo que son propiedad de los propios países y que los ejecutan, aunque se desarrollen en colaboración con las instituciones internacionales pertinentes.

En resumen, cualesquiera que sean las modalidades precisas, el objetivo debería ser utilizar la mayor cantidad posible de esta ganancia inesperada para apoyar a los gobiernos que tienen planes creíbles para recuperar el terreno de desarrollo perdido. Pero no intente comprar reformas a través de la condicionalidad. Esto casi nunca funciona. Es probable que el dinero no llegue a todos los países vulnerables.

La ganancia inesperada de los DEG, si se utiliza adecuadamente, podría ayudar a los países más pobres, vulnerables y más afectados del mundo. Aceptar esto sería una bendición mundial. Ha llegado el momento de hacerlo.

https://www.ft.com/content/fe826780-c973-476f-b057-7a8aa678ec7b

21.19.-Economía bloqueada MAURICIO CABRERA

Frente a choques de oferta no hay instrumentos de política que lo controlen. Aumentar gasto, bajar tasas o emitir dinero sirven para impulsar demanda.

Después de un mes de marchas, manifestaciones y bloqueos, los convocantes del Paro Nacional han logrado obtener algunos de sus justos reclamos, el gobierno ha sido lento y equívoco en su respuesta, y la economía está sufriendo las consecuencias, sobre todo por los bloqueos en ciudades y carreteras.

31 may 2021.- Los bloqueos no se han podido levantar porque estamos ante un diálogo de sordos entre un Comité de Paro que no representa a los jóvenes de la calle, pero que le interesa prolongar el paro para obtener más concesiones del gobierno, y un gobierno que no toma las acciones preventivas y demora los diálogos porque también le interesa que el paro se prolongue para quitarle apoyo popular y derrotarlo por cansancio, o como dicen algunos –y ojalá no sea cierto- porque quiera justificar medidas extremas como la conmoción interior.

Lo que están produciendo los bloqueos es un choque de oferta, es decir una disminución en el suministro de bienes y servicios por escasez de insumos o por destrucción de la infraestructura de producción.

Un ejemplo es el panadero del barrio que se queda sin harina porque el trigo importado está bloqueado en Buenaventura, pero tampoco tiene margarina porque a la planta que la elabora no pueden entrar los trabajadores, ni azúcar porque los ingenios están parados, ni huevos porque el alimento de las gallinas está pudriéndose en un camión que no puede pasar.

También puede ocurrir en la prestación de servicios como el MIO, el sistema de transporte masivo de Cali, cuyas estaciones fueron quemadas, lo mismo que algunos buses. Otro ejemplo es la provisión de dinero en efectivo, que se recorta cuando queman cajeros automáticos u oficinas bancarias.

Las consecuencias del choque de oferta son desempleo e inflación. Desempleo, porque muchas empresas y negocios, sobre todo los pequeños, no tienen como resistir una parálisis de la producción y las ventas; se quiebran y deben despedir a sus empleados. Inflación, porque la escasez de papa sube su precio, o si no hay transporte público hacen su agosto los transportadores piratas cobrando más.

El choque de oferta producido por los bloqueos es todavía más grave porque llega después de un grave choque de demanda generado por la pandemia que dejó sin ingresos a millones de colombianos, redujo las ventas del comercio y las empresas, obligando a miles de ellas a cerrar y despedir empleados.

Frente a los choques de oferta no hay instrumentos de política que lo controlen. Aumentar el gasto público, bajar la tasa de interés o emitir dinero sirve para impulsar la demanda, pero son inútiles para aumentar la oferta.

Gran equivocación política de los dirigentes del paro por demorarse en desautorizar los bloqueos porque los más perjudicados por esta situación son los pequeños empresarios y los más pobres vulnerables, porque se les encarecen los alimentos, deben caminar kilómetros para llegar a sus casas o, lo peor de todo, pierden el trabajo y los ingresos.

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/economia-bloqueada-por-paro-en-colombia-columnista-552476

  • 21.18.-No hay empleo para jóvenes  MAURICIO CABRERA
  • Descalificado SALOMÓN KALMANOVITZ

La calificadora de riesgos Standard and Poor’s le ha retirado el grado de inversión al país. Es como si viniera de recibir una nota promedio en su colegio de 3,5 y se la bajaran a 2,5, aunque se le agrega una perspectiva estable.

23 may 2021.- La razón: es difícil que el Gobierno pueda negociar y resolver los conflictos sociales que lo asedian. En particular, no se ve en el horizonte que convoque una coalición política amplia ni una iniciativa tributaria que aumente el recaudo y resuelva el desequilibrio fiscal que se ha agravado seriamente. Si acaso, podrá aplicar un paño de agua tibia.

La estrategia del Gobierno, de esperar que el malestar social detrás del paro indefinido se disipe a punta de represión selectiva pero mortífera, le está pasando factura. La disposición a negociar del Gobierno se materializó pasados 23 días de paro, cuando se ha extendido por todo el país y hay múltiples demandas regionales y étnicas sin resolver, lo que complica la negociación. La presencia de manifestaciones y bloqueos por doquier está deteriorando la actividad económica, ante la impotencia de un Gobierno sordo frente al clamor de la ciudadanía.

La consecuencia inmediata de la decisión de la calificadora es que aumenta el costo del endeudamiento del país, tanto público como privado, en aproximadamente 0,6 %. Los bonos en dólares del Gobierno, que pagaban 6 % anual hasta este momento, aumentarán su rendimiento en esa magnitud, precisamente en un momento de mucha penuria. El aumento de la tasa de interés del bono colombiano repercute inmediatamente en el nivel del costo del dinero en el país. A su vez, el peso colombiano se desvalorizó: si en diciembre de 2020 el dólar se cotizaba en $3.400, el 21 de mayo de 2021 estaba en $3.750.

Es ineludible que el Gobierno negocie con los representantes de las distintas fuerzas sociales que se han tomado la calle y que tramite una reforma tributaria que extraiga recursos de quienes concentran la riqueza del país, que se olvide de aumentar impuestos al consumo. Precisamente, esa es la propuesta de un grupo de investigadores de prestantes universidades del país para que se aumente el recaudo en $20 billones sin tocar el IVA, afectando solo a personas que ganen más de $6,5 millones mensuales y gravando a las empresas grandes, no a las pequeñas y medianas: “Más impuestos para el 1 % de personas más ricas; se gravarían los dividendos y ganancias ocasionales, igual que se hace con el trabajo”, según Luis Carlos Reyes de la Javeriana. Las empresas en zonas francas pagarían $0,7 billones más, otros $2,1 billones al eliminar exenciones injustificadas de empresas y $5,4 billones excluyendo el costoso descuento por impuestos de industria y comercio. A eso se le sumarían controles a la elusión y la evasión propiciadas por el propio Estado, iniciativas a través de las cuales obtendría recursos adicionales por un $1 billón.

Un elemento fundamental de la propuesta es no acudir a impuestos temporales, como lo pretende el Centro Democrático para complacer a su base de empresarios y terratenientes. Por el contrario, se trata de crear una estructura de largo plazo que recaude los recursos que el país demanda con urgencia. Si el Gobierno acoge buena parte de esta detallada proposición y la hace aprobar por el Congreso, las calificadoras de riesgo nos devolverán el anhelado grado de inversión que acabamos de malversar.

https://www.elespectador.com/opinion/descalificado/

21.18.-No hay empleo para jóvenes  MAURICIO CABRERA

Mientras no haya un repunte fuerte de la demanda, las empresas no van a contratar nuevos trabajadores.

Para promover la creación de empleos juvenil el gobierno acaba de lanzar un ‘plan de choque’ consistente en dar a las empresas un subsidio del 25% del salario mínimo ($227.000) por cada nuevo joven que contraten. Con recursos por $ 1 billón, espera que se generen 500.000 nuevos empleos.

23 may 2021.- Mi opinión es que el plan tiene mucha probabilidad de fracasar, porque parece diseñado por personas que no tienen conocimiento de cómo se toman decisiones empresariales de contratar trabajadores. Tres conversaciones imaginarias pero muy reales sirven para ilustrarlo.

Primera, en el restaurante del barrio, que estuvo cerrado 6 meses por la pandemia, y que ha vuelto a abrir con aforo restringido, la chef y esposa del administrador le dice a su marido: “con ese subsidio del gobierno ahora podemos contratar a los dos meseros que tuvimos que despedir el año pasado”. Pregunta el marido, “¿con dos meseros más vamos a tener más clientes?”

La chef responde que no porque la gente todavía le tiene miedo a la covid, pero insiste en contratar a sus antiguos meseros. El marido saca su calculadora y le dice: “si les pagamos el salario mínimo, cada uno nos va a costar $1,4 millones mensuales; el gobierno nos da $227.000, ¿de dónde sacamos el resto?

La segunda, en el taller que confecciona para conocidas marcas de ropa y que el año pasado tuvo que despedir a 10 de las 20 mujeres que empleaba porque le cancelaron muchos pedidos. El dueño llama al administrador y le dice que las vuelva a enganchar para apoyar al gobierno.

El administrador corre su modelo en el computador y le presenta los resultados: “10 jóvenes nos pueden producir prendas por unos $50 millones; contratarlas nos cuesta $14 millones; la tela y materiales para la confección unos $25 millones; otros costos y gastos unos $6 millones, de manera que es buen negocio porque tendríamos una utilidad mensual de $10 millones más los $2,2 millones del subsidio.” Pero temeroso le pregunta al dueño: “¿a quién le vamos a vender esa ropa?, Si no hay pedidos, ¿de dónde vamos a sacar $47,8 millones que no nos da el gobierno?

Tercera, en una gran empresa de alimentos que durante la pandemia aumentó sus ventas y contrató 10 nuevos trabajadores. El presidente pide a su equipo que evalúe la contratación de 10 jóvenes para aprovechar los subsidios. El gerente de operaciones le dice que serían un estorbo porque no tiene funciones para asignarles; al de talento humano le gusta la idea porque podrían aprovechar para jubilar anticipadamente a 10 muy antiguos, y el financiero dice que le costarían $28 millones, y que el gobierno solo le da $2,2 millones.

Conclusión: mientras no haya un repunte fuerte de la demanda, las empresas no van a contratar nuevos trabajadores. Si ahora quieren generar 500.000 empleos, solo un programa de empleo público como el que planteé la semana pasada puede hacerlo.

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/no-hay-empleo-para-jovenes-552194

 

  • 21.17.-Deuda y estructura fiscal – SALOMÓN KALMANOVITZ
  • El recaudo posible BEETHOVEN HERRERA
  • “Trabajo, quiero Trabajo”MAURICIO CABRERA

Se necesita un programa de empleo de emergencia que cree en el país por lo menos 500.000 nuevos puestos de trabajo.Esta emergencia, que expresa Mauricio Cabrera, merece una especial atención en un país que ha traginado más de treinta años por los sentederos de la desindustrialización. Las voceadas pymes sólo son de nivel técnico, mercado seguro y buena rentabilidad si hacen parte de la constelación de pequeñas empresas que fabrican partes y piezas o prestan servicios a las grandes empresas.

…no quiero que naide pase las penas que yo pase”. Cantaba el gran Atahualpa Yupanqui y es el clamor latente de los miles de jóvenes que se han tomado las calles para manifestar sus frustraciones, su indignación, sus sueños de tener un futuro que hoy se les niega. Según la encuesta de Cifras y Conceptos el desempleo es hoy el principal problema del país para el 74% de los jóvenes.

17 may 2021.- La falta de empleo decente es el problema y la búsqueda de soluciones que permitan ofrecer cientos de miles de nuevos puestos de trabajo debería ser la prioridad de toda la sociedad: gobierno y sector privado.

Por supuesto que la pobreza y el hambre también asedian. Pero son solo la consecuencia de no tener un trabajo digno que les de los ingresos para vivir. Por eso propuestas como la Renta Básica son totalmente indispensables para que la gente pueda comer y sobrevivir, y se deben implementar ya, pero no son la solución de fondo del problema.

A los jóvenes y sus familias la Renta Básica les da presente pero no les da futuro. El trabajo remunerado les da ingresos pero sobre todo dignidad.

Se necesita un programa de empleo de emergencia que cree en el país por lo menos 500.000 nuevos puestos de trabajo. En medio de una recesión como la actual, el Estado es el único que tiene la capacidad de generar y financiar a corto plazo tal cantidad de empleos, pero no tiene la capacidad de administrarlos todos y se requiere también la participación de la empresa privada y la sociedad civil.

Los subsidios a la nómina hubieran servido en marzo del año pasado, antes de que desaparecieran 4.5 millones de empleos, pero hoy ninguna empresa va a contratar un nuevo trabajador solo porque le cubran el 30 o 40% del costo salarial, salvo que tenga la certeza de que va a poder vender lo que produzca ese trabajador, pues no tiene como pagar el resto del salario y los demás costos de producción.

¿Qué se ponen a hacer esos 500.000 trabajadores? Proyectos de creación de bienes públicos que no requieren un alto grado de capacitación: reforestación y recuperación de cuencas, de vías terciarias en el campo, de la malla vial en las ciudades, reparación y mantenimiento de infraestructura pública (parques, escuelas, centros de salud, etc.), servicios sociales para las comunidades, y tantas necesidades de bienes públicos que tiene el país.

Existen ejemplos exitosos de este tipo de programas. A nivel muy local y micro, el programa de Guardianes de Paz y Cultura de la anterior alcaldía de Cali que rescató a miles de jóvenes pandilleros. En un nivel territorial, el FOREC que coordinó la reconstrucción del eje cafetero después del terremoto de 1999, es un caso de eficaz colaboración público-privada.

El más ambicioso de estos programas fue el “Civilian Conservation Corps” (CCC) del presidente Roosevelt en medio de la gran depresión de los años 30 del siglo pasado. A lo largo de 6 años empleó a cerca de 3 millones de personas, en su mayoría jóvenes, en labores de construcción de infraestructura y conservación y desarrollo de los recursos naturales en los terrenos de los parques nacionales.

El gobierno nacional debe liderar y financiar la creación de un programa similar, articulado con los gobiernos locales para su ejecución y con el sector privado para su administración.

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/trabajo-quiero-trabajo-columnista-551997

21.17.-Deuda y estructura fiscal – SALOMÓN KALMANOVITZ

La estructura de los ingresos del Gobierno de Iván Duque es preocupante. Los ingresos tributarios suman el 49 % del presupuesto, dominado por los impuestos indirectos constituidos por IVA, a la gasolina, aranceles y el 4×1.000.

16 may 2021.- Casi un 40 %, léase bien, son recursos de crédito no muy lejos de los ingresos sanos. La razón de fondo es que la política de devolverles impuestos a las empresas y a los ricos ha hecho necesario sustituirlos con deuda. En efecto, la deuda pública aumentó del 47 % del PIB en 2018 al 66 % en la actualidad. Ahora la suerte del Gobierno depende de sus acreedores que adquieren sus bonos (TES), del Fondo Monetario Internacional y de otras agencias multilaterales.

Esa política ha debilitado la acción del Estado. Los gastos de funcionamiento del Gobierno se llevan casi el 60 % del presupuesto, el servicio de la deuda se devora casi la cuarta parte y queda un magro 18 % para la inversión social e infraestructura (un pobrísimo 4 %). En columnas anteriores he demostrado lo raquítico que es el Estado colombiano que se resalta si nos comparamos con los países de la OCDE, grupo al que Colombia accedió recientemente. Mientras el grupo recauda el 34 % del PIB, Colombia no alcanza al 20 %, del cual el Gobierno central bajó del 14 % al 13 % del PIB, gracias a la reforma tributaria de 2019.

Todo lo anterior sugiere que una reforma estructural de la fiscalidad debiera acudir fundamentalmente a los impuestos directos de las personas ricas y de las empresas, los indirectos deben congelarse; se debe ir reduciendo gradualmente la dependencia del crédito y bajar el servicio de la deuda para dedicarlo a la inversión social y a la infraestructura.

Una carta abierta firmada por muchos académicos circula en las redes con propuestas confusas sobre lo que hay que hacer. Dicen por ejemplo que el Gobierno no requiere de financiamiento porque “el dinero es deuda” y por lo tanto no es un bien escaso. Ellos proponen un plan de empleo público ambicioso con cifras muy precisas: “547.997 jefas y jefes de hogar, en el cuarto año habría 2’191.989 jefas y jefes de hogar en el sistema. El salario sería de $800.000 mensuales y el costo fiscal pasaría del 0,49 % del PIB en el primer año al 1,5 % en el cuarto año”. Se trata de un discurso engañoso, pues los economistas viejos sabemos que nuestra profesión es bastante imprecisa.

Hay que preguntar: ¿Deuda con quién y de quién? No sé si el dinero se pueda definir como deuda, pero ciertamente es medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor. El banco central es el que emite dinero, mientras que el Gobierno emite deuda. El Banco de la República puede adquirir deuda pública, generalmente en los mercados secundarios para no aparecer como facilitando un exceso de gasto del Gobierno, pero dada una situación crítica, como la actual, puede comprarlos directamente, como lo sugiere José Antonio Ocampo. Eso no lo quiso hacer Alberto Carrasquilla por ultraortodoxo y se limitó a un gasto muy tacaño para enfrentar la pandemia que no alcanzó a 3 % del PIB, mientras que países como Chile gastaron el 10 % del PIB; Brasil, Argentina y hasta Bolivia destinaron muchos más recursos que Colombia para enfrentar la pandemia.

Si el Gobierno se financia no con impuestos y crédito sino con emisión directa, da la señal de que no va a honrar sus acreencias en el futuro. Se le cerrarán entonces los mercados que lo han alimentado hasta el momento, sobre todo en el refinanciamiento de sus obligaciones.

https://www.elespectador.com/opinion/deuda-y-estructura-fiscal/

21.17.-El recaudo posible BEETHOVEN HERRERA

En América Latina sólo en cinco naciones hay impuesto a las herencias, (no existe en Colombia).

La crisis que vivimos llevará a una nueva propuesta tributaria y sería deseable que sea consensuada y que recoja las aspiraciones de equidad que han motivado las graves protestas contra los tributos propuestos a las rentas de trabajo y las exenciones a las propiedades ( patrimonio) y a los ingresos de capital ( rentas, dividendos o patrimonio).

17 may 2021.- ¡Una enfermera que trabaja por prestación de servicios paga 30% de impuesto mientras el 1×100.000 más rico del país paga 1.5% sobre utilidades!.

Que no existiera en la fracasada reforma un gravamen a la tierra ociosa para estimular su uso productivo o su venta, es tan extraño como el hecho de que en los consensos que se anuncian, ese tema sigue estando ausente. La Misión Internacional de expertos propuso que el gobierno compre las tierras subvaluadas a ese precio disminuido como un estímulo a la actualización catastral.

¡Sobre esa propuesta hay un extraño silencio en el debate!.

En América Latina sólo en cinco naciones hay impuesto a las herencias, (no existe en Colombia) y 11 países tienen impuesto a la transferencia de inmuebles (tampoco existe en Colombia). Crear un impuesto a las bebidas azucaradas sería positivo para la salud pública pues desincentivaría su consumo y generaría recursos para la salud, estimados en $1,89 billones.

Un impuesto permanente a patrimonios desde $3.000 millones con tarifa escalonada, evitaría el fraccionamiento para escapar al impuesto, se puede gravar a las corporaciones multinacionales y a los extranjeros tenedores de TES colombianos.

La Andi ha ofrecido suspender el descuento de ICA en Renta ($5.2 billones), aplazar el beneficio de reducción de 2% en renta a empresas ($6.2 billones) y aceptaría un impuesto de 1% al patrimonio, durante la emergencia sanitaria. La ley de 2019 también eximió de IVA a la adquisición/importación de bienes de capital y la eliminación de ese beneficio generaría $6.5 billones. Además pueden desmontarse las exenciones a Mega inversiones, tan rentables que aun pagando impuesto de renta continúan siendo un buen negocio.

Dice la Misión de Expertos que: “Colombia ha dado estatus de Zona Franca (ZF) a negocios que no pertenecen a dicho régimen, pues producen y venden para el mercado nacional principalmente. Las exportaciones de estas Zonas Francas representan 0.4 de las exportaciones colombianas y en general no han tenido mucho éxito en cuanto a estímulo a las exportaciones”; y agrega que “los ingresos tributarios no recaudados por la exención del IVA las ZF se valoran aproximadamente en $1.858 millones en 2019”.

Extrañamente, días antes de la promulgación del informe, el Ministerio de Comercio promulgó un decreto prolongando su vigencia y ampliándoles facilidades, con el argumento de que “permitirá convertir este instrumento en verdadera herramienta de promoción de inversión en el país”.

¡Eso es una tautología, pues precisamente esas inversiones llegan atraídas por ventajas que no cubren al resto de empresas que tributan plenamente, en un evidente caso de ‘dumping tributario’.

Un gesto de equidad tributaria sería que dicho decreto se derogara y se acogiese la recomendación de la Misión.

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/el-recaudo-posible-columnista-551996

  • 21.16.-El dilema de la economía EDUARDO SARMIENTO
  • Economía política de la tributación   SALOMÓN KALMANOVITZ
  • ¡A encontrar los recursos, pero en serio!  BEETHOVEN HERRERA

Si las empresas no reparten diviendos no hay impuesto, y los dividendos mayores a $10,9 millones pagan el 10% de renta.

El presidente Biden propone incrementar el salario federal por hora de US$7 a US$15, incrementar desde 21% hasta 28% el impuesto de renta a los altos ingresos y prometió no gravar a la clase media porque “los sindicatos y la clase media han construido a la nación” y pidió que “El 1% rico pague la parte justa pues Wall Street no construyó este país”.

9 may 2021.- Juliana Londoño demostró que la tasa efectiva de renta que pagan el 1/100.000 más rico de Colombia está entre el 1 y 2%, mientras que en la OCDE la tasa está entre el 25% y 30%.

En Colombia el impuesto al patrimonio se cobra a partir de $5.000 millones con tarifas del 1%, pero debería empezar desde valores más bajos con tasa progresiva y solo afecta a más del 0,5% de la población. Además las herencias solo pagan el 10% mientras en Japón pagan el 55%, en Corea 50%, en Francia 45% y en Ecuador 35%.

Como el catastro no está actualizado, los predios pagan según avalúos que llegan a ser el 10% de su valor comercial, y por ello lotes urbanos ‘de engorde’ y latifundios ganaderos pagan impuestos ínfimos, negando a los territorios recursos para salud y educación.

Mientras en la OCDE las tasas nominales y efectivas de renta están entre el 45% y 55%, en Colombia hasta 2019 la tasa nominal era del 33%, pero tiene tantas exenciones que el 10% más rico solo pagará una tasa efectiva entre el 4 y 5%.

En Colombia, si las empresas deciden no repartir diviendos no hay impuesto, y los dividendos mayores a $10,9 millones pagan el 10% de impuesto de renta, mientras en el resto del mundo pagan entre el 23% y 50%. Por eso Chile obliga a distribuir dividendos, aunque se capitalicen de nuevo.

A su vez el senador Barguil propone volver permanente la sobretasa en renta a los bancos, declarada exequible por la Corte Constitucional y el expresidente Uribe propone extenderla a todas las actividades financieras.

Cabrera recuerda que en Colombia el gravamen a transacciones de finca raíz por notaría y registro es 1,8% del valor del negocio, mientras que en Francia llega al 36,9%, en Italia es 25,5%, en Bélgica es 21%, en Rusia 20%, en Hong Kong es 43,5%, en Singapur 34%, y en Chile existe IVA del 19% en ventas de viviendas nuevas.

En su discurso a la Unión el presidente Biden propuso una ley que facilite la sindicalización e iguale los salarios de hombres y mujeres, y gravar a los 650 billonarios aumentaron su riqueza en la pandemia.

Como dijera Warren Buffet, su secretaria paga más impuesto que él y llamó a ¡dejar de consentir a los empresarios!.

El presidente Duque declaró no conocer la propuesta de impuesto a los servicios funerarios, el expresidente Uribe sugirió no presentar un texto tan exigente porque generaría rechazos y los partidos Liberal, Cambio Radical y de la U. la consideraron inoportuna.

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/a-encontrar-los-recursos-551777

21.16.-El dilema de la economía EDUARDO SARMIENTO

La principal causa del malestar actual se genera en la economía. La cuarentena y los protocolos del coronavirus y los desaciertos para enfrentarlo ocasionaron una reducción del ahorro que descuadró el sistema. La economía quedó en un estado de faltante de ahorro que quiebra sus principales balances.

15 may 2021.- Siguiendo las señales y estímulos de mercado, el desajuste se buscó remediar con la elevación de los impuestos indirectos y al ingreso que reducen el salario y deterioran la distribución del ingreso, y terminaron en una protesta social que obligó a retirarla. La economía quedó con un severo descuadre que se manifiesta en un déficit fiscal de 9 % del PIB, que no es sostenible. Las cifras de caja están cerca de la insolvencia.

La verdad es que el país lleva un año en la pandemia y en la crisis económica y no ha avanzado con un diagnóstico claro de las causas y las soluciones. El país está en la peor crisis económica del siglo por determinaciones que se hubieran podido evitar. Nadie niega que la cuarentena no detuvo la pandemia y precipitó el desastre económico.

El Gobierno desde el primer momento ha buscado infructuosamente contrarrestar la caída del ahorro que venía de atrás y agravada en forma drástica por la pandemia y la política fiscal para financiar el consumo. La economía quedó arrinconada con un déficit fiscal de 9 % del PIB, que es insostenible; ocasiona un desbalance interno que deprime la producción, el empleo y el crecimiento. El desajuste se contrarresta con bajas disimuladas de salarios que recaen en los sectores laborales y al final reducen la participación de los ingresos del trabajo en el producto nacional y suben el coeficiente de Gini.

El Gobierno y Carrasquilla, siguiendo las señales y los estímulos de mercado, buscaron la salida con una reforma tributaria que eleva los gravámenes indirectos y al ingreso de los grupos medios y significa la reducción del salario. En consecuencia, los ingresos del trabajo en el producto nacional se reducen y la distribución del ingreso se deteriora. El proyecto de ley desata una fuerte protesta pública que obliga a retirar el proyecto radicado en el Congreso. El Gobierno no tiene otro medio para elevar el ahorro y reducir los déficits fiscales que reducir el salario que precipita la protesta social. El modelo de equilibrio y libre mercado naufraga.

La economía no es sostenible dentro del modelo existente que justificó la reforma fallida de Carrasquilla. A diferencia de la teoría neoclásica que proclama que el crecimiento y la distribución son separables, en la realidad los dos principales propósitos de la economía están en abierto conflicto. El aumento del ahorro requerido para impulsar la producción y el empleo ocasiona una reducción del salario que deteriora la distribución del ingreso y precipita la protesta social que lo torna inviable.

La solución, que he planteado insistentemente, es el cambio de modelo económico mediante reformas estructurales que incrementen el ahorro y sostengan el salario. Las fórmulas las he planteado y divulgado desde hace un año. Su adopción habría evitado muchos de los daños y detenido el proceso de deterioro. Las más urgentes, que se podrían adoptar de inmediato, son el cambio de la estructura de comercio internacional hacía actividades de mayor complejidad y productividad del trabajo y la reformulación de la concepción monetaria. El país quedaría en capacidad de avanzar en la reactivación para recuperar las tendencias históricas de la producción y el empleo y mejorar rápidamente los índices de pobreza y distribución del ingreso.

https://www.elespectador.com/opinion/el-dilema-de-la-economia/

21.16.-Economía política de la tributación   SALOMÓN KALMANOVITZ

El recaudo de impuestos en Colombia es bajo, incluso comparado con otros países de América Latina. El Gobierno nacional extrae 14 % de la riqueza nacional, mientras Chile y Argentina superan el 20 %. Para compensar la baja tributación directa, en Colombia se recargan las nóminas con las contribuciones a la seguridad social que deben pagar empleadores y trabajadores, produciendo gran informalidad y desempleo; las obras públicas en concesión se cobran en las autopistas que se logran construir con pesados peajes que, sumados a los impuestos al combustible, aumentan el costo del transporte y el descontento de sus usuarios.

9 may 2021.- El Estado colombiano es entonces incapaz de cumplir sus funciones misionales y de enfrentar los imprevistos, ya sean naturales (inundaciones o terremotos) o de salud pública como el que nos agobia. En este sentido, la reforma tributaria que intentó aplicar el Gobierno estaba justificada para aumentar el recaudo en tres puntos del PIB, gesta ciertamente muy ambiciosa. Se trataba de extraer $10 billones adicionales de IVA y $17 billones a la renta de las personas, gran parte sacada de los bolsillos de los pobres y de una clase media arruinada. Las empresas contribuían solo con $3 billones, revelando el sesgo del Centro Democrático a su favor.

¿Qué ha debido hacerse? Imponer más tributos a las rentas de personas, que hoy contribuyen solo 1 % del PIB, pero progresivamente de menos a más ricas. Tasar el patrimonio neto con tarifas acordes con su tamaño de manera permanente y no temporal, porque la mala costumbre es que los impuestos progresivos no duran mucho, profundizando la desigualdad. No tirarle a la clase media precaria sino a la consolidada y a los más ricos. Eliminar todas las prebendas a favor de las empresas aprobadas por la reforma tributaria de 2019, como asumir el pago de la mitad de los impuestos municipales, reducir la tarifa de las empresas en zonas francas, hacer exenciones excesivas para reducir la renta líquida y la factura tributaria.

Por el contrario, las rentas exentas podrían reducirse de 40 a 30 %, lo que daría $4 billones al fisco; la extensión y ampliación del impuesto al patrimonio de 1 % a 1,25 % daría $2 billones; si los dividendos entraran a los ingresos de los propietarios de las empresas y tributaran el 31 % —no el 10% ni el 15 %—, podrían rendir $0,6 billones; el impuesto a las bebidas azucaradas daría $1 billón más, reduciría la obesidad y las enfermedades asociadas con ella. Debe eliminarse el beneficio de la mitad del ICA que se paga a los municipios pues contiene el incentivo perverso de que las alcaldías lo eleven, ya que el fisco nacional asume parte de su costo. La sola eliminación de este beneficio le reportaría $7 billones a la DIAN. Yo creo que todas las personas deben aportar al fisco, según sus capacidades, incluyendo impuestos al valor agregado de bienes no esenciales y de productos dañinos para la salud cuyo consumo debe ser disminuido.

En resumen, el Gobierno podría contar con más de $15 billones extraídos de las personas ricas y de las empresas. Esos recursos serían suficientes para financiar en forma adecuada y permanente los programas del Gobierno de Ingreso Solidario y apoyo al empleo formal que, según Mauricio Cárdenas, “debe convertirse gradualmente en un subsidio a la contratación de nuevos trabajadores”. Estos programas han probado ser importantes para palear la crisis sanitaria y deben continuarse hasta que sea superada.

https://www.elespectador.com/opinion/economia-politica-de-la-tributacion/

  • 21.15.-Tributos, corona de espinas BEETHOVEN HERRERA
  • La negligencia de Duque: en vacunas y en tributos a los más ricos SALOMÓN KALMANOVITZ 
  • La reforma tributaria que no fueAMYLKAR ACOSTA
  • El nuevo rumbo EDUARDO SARMIENTO

Está visto que la crisis económica obedeció a una reducción del ahorro causada por la cuarentena y acentuada por la política fiscal y ampliación del consumo. El desajuste se manifiesta en un déficit fiscal de 9 % PIB en un país con tasa de ahorro de menos de 20 %.

9 may 2021.- La cuadratura del círculo se hubiera podido corregir en su momento con una expansión monetaria muy superior a la tendencia histórica tanto en 2020 como en 2021. La caída de la economía se habría detenido en seis meses y a estas alturas se encontraría en franca recuperación. El producto nacional estaría aumentando por encima del nivel de 2019. En su lugar, se presenta una reforma tributaria basada en impuestos indirectos y en mayores tarifas a la renta, que significan la reducción del salario y el deterioro del coeficiente de Gini, y precipitaron la protesta social que resquebrajó la unidad nacional. A renglón seguido, Carrasquilla renuncia y el Gobierno retira el proyecto presentado al Congreso.

Lo cierto es que la economía enfrenta una seria deficiencia de ahorro ocasionada por la pandemia y por la ampliación del déficit destinado a aumentar el consumo. El desajuste se sintetiza en un déficit fiscal de 9 % del PIB que no es sostenible. Mientras persista el déficit fiscal, la economía no estará en capacidad de reactivarse, es decir, de aumentar la producción y el empleo. Por lo demás, se acercará a un desbalance de caja que impide atender los compromisos presupuestales.

Nada que hacer. Dentro del modelo imperfecto de equilibrio y mercado dictado por la ortodoxia la única forma lícita para elevar el ahorro es mediante la reducción del salario y el medio más disimulado de hacerlo es por el sistema tributario. Ante el rechazo de la opinión pública, la actitud correcta no es mantener el déficit fiscal y financiarlo con la reducción de la inversión. La economía quedaría sin ahorro que garantice el balance interno entre el ahorro y la inversión y la capitalización que sostenga el crecimiento económico.

La alternativa es el cambio de modelo que he presentado reiteradamente mediante reformas estructurales que eleven el ahorro y sostengan el salario por encima de la productividad. Sin embargo, estas transformaciones no se pueden adoptar intempestivamente; se requieren conciliaciones que toman períodos largos de gestación. El primer paso es la revisión de la política comercial que eleve los aranceles en forma selectiva y adopte una política industrial para configurar una estructura comercial de mayor complejidad y productividad del trabajo. La más importante en las circunstancias actuales del país, que modifica de tajo el modelo económico, es el replanteamiento de la concepción monetaria del Banco de la República y el Gobierno a fin de aumentar la emisión, bien sea en forma selectiva o general, en 4 % del PIB en el presente año y en el siguiente. La fórmula contrarrestaría el déficit fiscal y suministraría un alto margen de maniobra para mejorar la distribución rápidamente y avanzar en la reactivación. A la luz del replanteamiento de la teoría monetaria convencional, la propuesta bien implementada no tendría mayores riesgos inflacionarios.

La concepción económica de equilibrio y libre mercado no es un buen marco de referencia para conciliar la eficiencia y la equidad. El modelo imperante en los últimos 30 años propicia el crecimiento a cambio de colocar el salario por debajo de la productividad. Ya se vio como la solución de mercado de bajar el salario fue rechazada por la protesta social. La alternativa no es convivir con el déficit fiscal y dejar que sustituya la inversión y la capitalización. La solución de fondo es el nuevo modelo que eleve la tasa de ahorro y el salario.

https://www.elespectador.com/opinion/el-nuevo-rumbo/

21.15.-Tributos, corona de espinas BEETHOVEN HERRERA

La reforma se retiró del Congreso, pero hay que retener sus elementos repetibles o no. El país siente el efecto de la descarbonización, con un rezago en energías renovables, tributaria incluye IVA de 5% a bienes para plantas solares y otros detalles.

En el templo de Edfú, entre Karnak y Luxor, Ramsés construyó un cilindro conectado bajo el suelo con el Nilo.

2 may 2021.- Cuando la creciente del río traía riego y abono, la producción, el ingreso y el empleo subían, y como en ese ‘Nilómetro’ aumentaba el nivel del agua por las leyes de la física, el faraón subía los impuestos, y lo contrario ocurría en la sequía.

Colombia comienza a sentir los efectos devastadores de la descarbonización con un severo rezago en energías renovables pero la reforma propuesta incluye IVA de 5% a los bienes y servicios para plantas solares y un posible 19% para parques eólicos. Además, establece IVA del 19% a la gasolina y al diésel, para los servicios públicos de energía, gas natural y GLP a los estratos 4,5 y 6, y tributo al carbono.

Según la consultora GfK entre abril de 2020 y marzo de 2021 la mitad de computadores en Colombia estaban por debajo de $1’750.000, no gravados con IVA; y tampoco tabletas y celulares por debajo de $798.776.

La reforma establece para todos un impuesto del 19%, pese a ser necesarios para la educación virtual, el teletrabajo y el comercio electrónico: ¡la brecha digital se incrementará!

Rosario Córdoba, presidente del Consejo Privado de Competitividad recomienda no mantener días sin IVA, pues “la evidencia sugiere que ese tipo de esquemas no incrementan la demanda agregada, y en cambio, benefician mayoritariamente a personas de altos ingresos y complican la administración tributaria” (Portafolio 30/04/21).

Los gremios Asoleche, Fedearroz, Fedeacua, Porkcolombia y Fenavi, manifestaron que “al eliminar la categoría de bienes exentos de los productos básicos de la canasta familiar y pasarlos a excluidos los insumos para la producción de alimentos como el arroz, la carne, el pollo, los huevos, el cerdo, la leche y el pescado van a tener un sobrecosto que será entre 5% y el 10% y que tendrá que pagar el consumidor”.

Además, dicho cambio afectará la formalidad pues para pedir la devolución de IVA se exige formalidad en pago de renta, formalización de los trabajadores y formalidad ambiental.

Por su parte, Paula Moreno, ex ministra de cultura, sostiene que “hacer que la financiación del Fondo de Cine sea un programa del Ministerio hace que pierda impacto, escala y fuerza, es condenarlo a la extinción”. (El Tiempo, abril 25/21).

Y para incentivar la creación de nuevos empleos el empresario quedaría exento del aporte a pensiones y a las Cajas de Compensación familiar.

Natalia Moreno de la campaña “Menstruación libre de impuestos”, ha denunciado que aplicar IVA a las toallas higiénicas afectaría a las mujeres que registran menores tasas de ocupación, con un claro sesgo sexista, pues para las mujeres menstruar no es opcional.

Y recordó que la Corte Constitucional tumbó el IVA a ese producto para proteger el acceso de las mujeres a ese producto esencial.

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/tributos-corona-de-espinas-columnista-551577

21.15.-La negligencia de Duque: en vacunas y en tributos a los más ricos SALOMÓN KALMANOVITZ                           

El presidente Duque ha sido negligente ante la pandemia que ha hecho estragos en la salud de los colombianos. Un estudio comparativo de Bloomberg sobre 53 países sitúa a Colombia en el puesto 50, apenas superado en la región por Argentina (51) y Brasil (53). Chile ocupó el puesto 34, muy por encima, y ha vacunado al 37 % de su población, contra un 4,3 % en Colombia.

2 may 2021.- En economía el Gobierno también ha mostrado gran desidia. Por ejemplo, los títulos de la deuda colombiana se transan como si fueran bonos basura y el peso se está devaluando. Si no se quiere perder el grado de inversión, hay que dar una señal seria de que se aprobará una reforma tributaria que grave a los más ricos.

Duque preside un Gobierno ensimismado e incompetente para hacer frente a las angustias y necesidades de la población. Colombia es el primer país latinoamericano que intenta contener la deuda con recursos tributarios futuros, que pueden ser progresivos o regresivos.

La reforma tributaria propuesta afectaba cruelmente el consumo básico, clavaba los servicios públicos y el transporte de las personas arruinadas por el aumento del desempleo y las restricciones a la actividad económica. Al mismo tiempo, el Gobierno mantenía la feria de privilegios para los hoteles (un IVA del 6 % y no del 19 % a servicios de lujo), los restaurantes (8 %) y las empresas en zonas francas (el 15 % de renta en vez del 31 %). Insistía en que las megainversiones y las actividades de economía naranja se mantuvieran exentas del impuesto a la renta por muchos años y que el Estado asumiera el impuesto de industria y comercio de las empresas.

Ante esas injustas medidas, no debe sorprender la ira colectiva que se vio en el reciente paro cívico, cuya consigna central era enterrar la reforma tributaria. Cientos de miles de personas salieron a protestar en tono pacífico y festivo, en todas las ciudades y en cientos de municipios, pese a la “prohibición” de la movilización por una despistada magistrada del Tribunal de Cundinamarca.

Mientras la gente marchaba en las calles, el presidente celebraba en recinto cerrado el primer aniversario del ingreso del país a la OCDE, que ni siquiera ha servido para que adoptemos el esquema tributario progresista que caracteriza a ese grupo de países. Los gobiernos latinoamericanos recaudan en promedio el 35 % del PIB, un 8 % del cual proviene de las personas ricas, mientras que en Colombia solo pagan el 1 %. Nuestro Gobierno central recauda un miserable 14 % del PIB, los gobiernos municipales y departamentales sólo recaudan un 5 %.

Agobiado por la protesta ciudadana y por la “súplica angustiosa” del presidente eterno, Duque se echó para atrás y retiró su reforma. Carrasquilla pasó de agache: envió al viceministro a poner la cara, quien, abrumado, dijo que el Ministerio de Hacienda estaría dispuesto a bajar el recaudo de $23 billones a $18 o $20 billones, que revisaría la tarifa del impuesto a la gasolina y las tarifas de renta de las personas naturales. Y también, que mantendría exentos los productos de la canasta familiar y retiraría el IVA a los servicios públicos.

El fracaso de la deleznable propuesta tributaria debe tener consecuencias. La más obvia es nombrar un ministro de Hacienda que logre la aprobación de una reforma justa y progresiva. A funcionarios desacreditados como Carrasquilla los gringos los llaman “patos cojos”.

Nota del director: Esta columna fue editada de una versión inicial y de la que apareció en la versión impresa para cambiar la escogencia de la palabra “autista” para significar alguien “encerrado en su mundo, alejado de la realidad”, que si bien es aceptado por la Real Academia de la Lengua resulta irrespetuoso con las personas que tienen esa condición.

https://www.elespectador.com/opinion/la-negligencia-de-duque/

21.15.-La reforma tributaria que no fueAMYLKAR ACOSTA

LA CAUSA RAÍZ

Las cifras reportadas por el DANE recientemente sobre desempleo, pobreza y la hambruna en el país son escalofriantes, por lo patéticas y reveladoras del drama humano que hay detrás de ellas. La tasa de desempleo en marzo de este año de 14.2%, a pesar de que bajó con respecto al nivel más alto, de 21.2%, alcanzado en mayo de 2020, es superior a la del mismo mes del año pasado, cuando se tomaron las primeras medidas de contención de la pandemia de la COVID – 19, del 12.6% y 3.4 puntos porcentuales por encima de la tasa del 10.8% de marzo de 2019.

La mayor tasa de desempleo trajo consigo la reducción o la pérdida de ingresos para los cesantes y de contera un retroceso de por lo menos 10 años en los índices de pobreza y extrema pobreza monetaria. La pobreza monetaria pasó del 35.7% en 2019 a 42.5% en 2020, 6.8 puntos porcentuales más, para completar 21 millones de personas en esta condición y la pobreza extrema, la indigencia, pasó de 9.6% a 15.1% 5.5 puntos porcentuales más, alcanzando la inquietante cifra de los 7.47 millones adicionales con respecto al año anterior.

Una de las secuelas de la pérdida del empleo, el ingreso y el empobrecimiento de la población, es que una alta proporción de esta no tiene acceso a las tres comidas diarias. Según la más reciente encuesta Pulso social del DANE, “únicamente 7.3 millones de hogares de 8 millones tuvieron la posibilidad de comer tres veces al día, mientras que una cuarta parte del país pasó a consumir dos raciones de alimentos al día”. Y, lo que es peor, Por otro lado, “179.174 hogares se alimentan solo una vez al día”. Esta es una bomba de tiempo que está a punto de estallar!

Este cuadro tan dantesco tuvo como trasfondo la recesión económica, la peor desde la guerra de Los mil días, que se tradujo en una contracción del – 6.8% del PIB, la cual sirvió de factor desencadenante de esta crisis, afectando de paso las finanzas públicas, tanto la del Gobierno Nacional como la de las entidades territoriales. El déficit fiscal del Gobierno central el año anterior fue de – 7.8% y la previsión del Ministerio de Hacienda para este año es del – 8.1%.

La pandemia se ha convertido en el muro de las lamentaciones, a las que se le suelen atribuir todas nuestras desgracias, más sin embargo bueno es advertir que sus estragos y su impacto demoledor en materia de salud, en la economía y en la precaria situación social del país han exacerbados sus vulnerabilidades pre-pandémicas. La causa – raíz de nuestros males y achaques vienen de atrás y no desaparecerá con la pandemia, hay que atacarlos en sus orígenes. En este orden de ideas, podemos afirmar que así como las preexistencias en salud predisponen y hacen más propensas a las personas a contraer el coronavirus, así como un mayor riesgo de un desenlace fatal de quienes lo contraen, las graves preexistencias de la economía y de la sociedad la tornaron más vulnerable a los devastadores efectos de la pandemia.

A qué preexistencias nos referimos. En primer lugar, el crecimiento potencial de la economía había pasado del 4.5% en 2012 a 3.5% y peor aún la economía completó en 2019 cinco años creciendo por debajo del mismo. Es bien sabido que mientras la economía esté creciendo por debajo de 3.5% no sólo no generará más empleo sino que lo destruye, que es lo que ha venido dándose. Por ello, no es de extrañar que después de dos años (2017 y 2018) con tasa de desempleo de un solo dígito, volvimos nuevamente a registrar cifras de dos dígitos a partir del año 2019. La pobreza que bajó desde el 40.3 en 2009 hasta el 26.9% en 2017, dicha tendencia empezó a revertirse desde el 2018 elevándose hasta el 35.7% en 2019.

Otro tanto ocurrió con el déficit fiscal. Como es consabido Colombia lleva muchos años arrastrando con los déficits gemelos (déficit fiscal y déficit en la Cuenta corriente de la Balanza de pagos), los cuales se mantuvieron aún en medio del largo ciclo de precios altos de los commodities (2003 – 2011). El déficit fiscal de la Nación es estructural y desde que el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla asumió dicha cartera, en lugar de corregirlo se dedicó a mimetizarlo, recurriendo a prácticas poco ortodoxas. En efecto, se dedicó a pagar deuda con deuda, emitiendo TES al garete. Según dijo, “le vamos a decir a los mercados que la deuda que debemos estar amortizando no la podemos pagar toda, sino que necesitamos que nos hagan un préstamo de los vencimientos de capital y esa es otra gran fuente de financiamiento de los $271 billones” del Presupuesto del 2020.

Artilugios como el de hacer pasar gasto corriente por endeudamiento, recurriendo al ardid de “pagar gasto con TES sin contabilizarlo como gasto y por tanto sin que afecte el déficit es nuevo” , como lo acota el profesor e investigador de la Universidad de los Andes y nada menos que ex integrante del Comité consultivo de la Regla fiscal Marc Hofstetter. Utilizando el artificio de adquirir más “deuda para financiar gasto corriente”, como lo delató el catedrático de la Universidad Javeriana Jorge Restrepo, sólo busca que el mayor gasto no se refleje en el déficit fiscal. Bien dijo el profesor Hofstetter, “si midiéramos el déficit de este año con la misma métrica del pasado lo más probable es que haya crecido” en 2019.

Por todo ello, podemos afirmar que las cifras del Ministerio de Hacienda no son confiables y por ello es dudoso que la cifra oficial del déficit fiscal del 2019, supuestamente del – 2.5%, sea cierta. De tal suerte que se puede inferir que el inusitado incremento de la deuda pública, que dio pie para que las firmas calificadoras de riesgo le bajaran la nota a la deuda soberana de la Nación, no se debe principalmente a la pandemia sino a este manejo truculento de la misma.

Ya lo había advertido el entonces Presidente de ANIF Sergio Clavijo, que, a ese paso “la deuda del Gobierno Nacional Central, como porcentaje del PIB, estará pasando del 44% en 2014 hacia el 54.2% del PIB en 2022 (o a niveles superiores), al tener en cuenta la emisión de TES para pagar deudas flotantes de la salud y de demandas a la Nación” , incluso sin contar las novedades del proyecto del Presupuesto del 2020. Y, de contera, las vigencias futuras eran para entonces del orden de los $102 billones, el 10% del PIB (¡!). Esta es la causa – raíz de todas nuestras dolamas. Por eso, en lo único que he estado de acuerdo con el Ministro Carrasquilla es en que “la crisis ha exacerbado el problema, pero las raíces son más hondas” de lo que aparentan.

EL DESCUADRE DE LA CAJA

Esta delicada situación fiscal llevó al Ministro Carrasquilla a plantear el año anterior la necesidad de tramitar una reforma tributaria para tratar de tapar el hueco fiscal, el que se había agrandado con los gastos y el endeudamiento no previstos en los que había tenido que incurrir el Gobierno Nacional para ampliar y aumentar las transferencias monetarias y no monetarias a favor de los más vulnerables, así como el apoyo a las empresas para proteger el empleo. Pero, en concepto del Presidente Iván Duque ese no era el momento “de una reforma tributaria. Ningún país en el mundo se ha aventurado a hacer reformas en la mitad de la pandemia”. Dijo que, además de “inconveniente”, era “inviable”.

A comienzos de este año el Ministro Carrasquilla volvió a la carga y en un alarde de tremendismo apocalíptico planteó que “nuestra caja en este momento es del orden de los $30 billones, nuestras necesidades de caja, determinados por el Plan anual de caja, es del orden de los $20 billones mensuales…el número redondo que quiero dejar sobre la mesa es la urgencia y la necesidad de una reforma fiscal. Tenemos caja que nos alcanza aproximadamente para unas seis semanas o siete semanas y por lo tanto, tenemos que estar constantemente en el mercado buscando recursos” de crédito.

El Presidente Duque esta vez termina entonando la palinodia, afirmando que “esto no se trata de una reforma tributaria. Se trata de una financiación al país por lo que ha sido la pandemia, las consecuencias económicas que ha traído”, aunque despistó a todo mundo cuando, no obstante que, según el Ministro Carrasquilla sólo tiene caja para seis o siete semanas, dijo que “ninguna medida estará vigente en 2021”. Como reza el refrán español, “donde dije digo, digo Diego”!

Se contrató, entonces, una Comisión de expertos en beneficios tributarios, con el fin de que su análisis y recomendaciones sirvieran de base para la elaboración del texto del proyecto de reforma tributaria, el cual se radicó en el Congreso de la República bajo el sugestivo título de “solidaridad sostenible”. Según el Ministro Carrasquilla de los $23.4 billones que aspiran a recaudar con esta, la tercera reforma tributaria de este Gobierno, $7.3 billones tendrían como destinación la financiación de los programas de protección social, destacándose entre ellos la permanencia del programa de Ingreso solidario. Y los otros $16.1 billones “irían a la bolsa pública de recursos para tapar parte del hueco fiscal”, que es una forma eufemística de decir que esta reforma es para garantizar la sostenibilidad de la deuda y con ello darle una buena señal a las calificadoras de riesgo y no a la solidaridad que se predica.

Cuando uno escucha al Ministro carrasquilla tocando a somatén y lee el tweet angustiado del ex presidente Uribe diciendo que “sin los $90 billones que se requieren en 2021, no hay como pagar salarios del Estado”, uno no entiende tres cosas: la primera que la ejecución presupuestal el año pasado, que fue cuando el Estado, como lo hicieron todos los demás países del mundo, menos en Colombia, debía jugarse a fondo, dicha ejecución estuvo por debajo de la del 2019. Según el propio Ministerio de Hacienda, se dejaron de ejecutar $23.5 billones, lo que explica que mientras en Colombia el monto de los recursos desembolsados para enfrentar la pandemia fue, según cifras de la OCD/FMI, de sólo el 2.8% del PIB, en los demás países de la región estuvo entre el 8% y el 12% del PIB. Según el Ministerio de Hacienda, se dejaron de ejecutar el año anterior $23.5 billones (¡!)

En segundo lugar, como tuvimos ocasión de señalarlo cuando se tramitaba el proyecto de Presupuesto para la vigencia de 2021, en un acto de soberana imprevisión y asumiendo que el 31 de diciembre del año anterior terminaba la pandemia recortaron los recursos apropiados al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) en un 87.6%, pasando de $25 billones en 2020 a sólo $3.1 billones para el 2021. Y en tercer lugar, cómo explicar que, en medio de estas aulagas y cuando ya estaba anunciada la reforma tributaria, se expidió el Decreto 278 del 15 de marzo de este mismo año, ampliándole los beneficios de los cuales gozan las llamadas zonas francas especiales o uniempresariales, al tiempo que le simplifican y flexibilizan las condiciones para su creación, cuando este era uno de los beneficios tributarios que la Comisión de expertos recomendó desmontar.

Y recomendaron desmontarlas porque “Colombia le ha dado estatus de Zona franca a negocios que no pertenecen a dicho régimen, pues producen y venden para el mercado nacional principalmente…Las provenientes de estas zonas francas sólo representan el 0.4% de las exportaciones colombianas y en general no han tenido mucho éxito en cuanto estímulo a las exportaciones”. En concepto del experto en el tema Diego Prieto Uribe, “tienen un costo fiscal importante, el cual no parece verse compensado por mayor inversión y generación futura de ingresos” Y no es para menos dado su enorme costo fiscal, el cual ascendió en 2019, entre impuesto de renta y pago de IVA, a $2.4 billones. No hay coherencia!

Pues bien, como en la fábula La ardilla de Tomás Iriarte, después de tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, se radicó, con mensaje de urgencia, el proyecto de marras en el Congreso de la República y sólo en ese momento el Gobierno destapó sus cartas, cuyos ases son la ampliación de la base del impuesto de renta y la del IVA. Carrasquilla ya había intentado en el 2019 ampliar la base del IVA y entonces como ahora su ambición era la de obtener un mayor recaudo de $25 billones que después se redujo a $14 billones y al final de su frustrado intento se tuvo que conformar con una reforma con un mayor recaudo más modesto, de sólo $7.3 billones. Ahora la aspiración es mayor, de recaudar $28 billones, de los cuales al descontar los $4.6 billones que corresponden al Sistema General de Participaciones (SGP) le daría un neto a la Nación de $23.4 billones. Yo participo de la duda manifestada por ex ministro Juan Lozano cuando se pregunta si “verdaderamente se necesitan todos recursos”.

ESTA TERCERA REFORMA TRIBUTARIA ESTABA CANTADA

La verdad sea dicha esta tercera reforma tributaria estaba cantada desde el día siguiente de la aprobación de la que se disfrazó como Ley de crecimiento , dada la profusión de nuevos beneficios tributarios que se vinieron a sumar a los anteriores, los cuales erosionan la base impositiva. Grosso modo enunciemos algunas de ellas: la reducción de la tarifa del impuesto de renta corporativo, el descuento del IVA a la importación de equipos y maquinarias, el descuento del impuesto de industria y comercio (ICA) del pago de impuesto de renta, la deducción del gravamen a los movimientos financieros (GMF, más conocido como el 4 por mil), entre otros. Se estimó por parte de Fedesarrollo y ANIF que el costo fiscal de estos nuevos beneficios tributarios frisan los $11 billones. De modo que el objetivo fundamental de esta reforma es tapar el hueco fiscal que abrió el propio Gobierno Nacional, pero se utiliza como espejismo que la misma es para mantener los programas de protección social porque, supuestamente, es para lo único que no hay plata.

La reacción en contra del proyecto no se hizo esperar, el rechazo fue general, al punto que el Presidente Duque no contaba con el apoyo en el Congreso para su trámite y aprobación ni siquiera con su propio partido. Y no era para menos.

Nadie duda sobre la necesidad de arbitrar los recursos para cubrir el déficit, pero lo inadmisible de ese proyecto de reforma era su carácter alcabalero, injusto, desproporcionado y sobre todo que la mayor carga impositiva iba a recaer sobre la clase media vulnerable y vulnerada por la pandemia, acentuando la regresividad del Estatuto tributario y por esa vía agudizando la desigualdad, en la que Colombia ocupa un deshonroso lugar en la región y en el mundo. No había un solo gremio que la respaldara y el rechazo en los medios, en las calles y en las multitudinarias protestas es generalizado y se tomaron el país.

En medio de la crispación causada y el reclamo generalizado para que el Gobierno retirara el proyecto de reforma y se diera la concertación con los partidos políticos, con los gremios, los sindicatos, las organizaciones sociales y la sociedad civil, para tratar de conciliar el que podría ser un texto consensuado, el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Duque y su Ministro de Hacienda insistieron con terquedad aragonesa en su trámite.

Lo último que se le ocurrió al Presidente Duque, en lugar de retirarlo, que era el clamor ciudadano, fue plantear como salida alternativa la presentación de una que el llamó “ponencia sustitutiva”. Lo cual era absurdo, dado que no existía ponencia, sólo ponentes y como es obvio no se podía sustituir lo que no existía, en segundo lugar, en la Ley 5ª de 1992, la cual reglamenta el funcionamiento del Congreso de la República, qué pena pero no existe esa figura y en el caso hipotético que existiera dicha facultad estaría en manos del Congreso y los congresistas y no en manos del ejecutivo y nadie podía disponer de lo que no tenía. A lo sumo hubiera podido procederse por parte de los ponentes a presentar un pliego de modificaciones a la consideración de las comisiones conjuntas de Senado y cámara y pare de contar.

LA PROPUESTA DE LA ANDI Y FENALCO – ACOPI

En medio de semejante embrollo y asediado por el rechazo ciudadano, no le quedó otro camino al Presidente Duque que retirar el Proyecto y ahora sí presentar otro “sustitutivo”, que ojalá no se parezca al anterior y que sea fruto de una gran concertación nacional y no el producto de conciliábulos, porque de ser así saldríamos de las llamas para caer en las brasas.

En medio de este zambapalo, la turbación del orden público y la pandemia, la ANDI le presentó al Gobierno y al Congreso una propuesta, esa sí sustitutiva de la del Gobierno, la cual coincido con el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo en calificarla como sensata. Su propuesta consiste básicamente en el aplazamiento de la entrada en vigor de varios de los beneficios tributarios que se le dispensaron a las empresas en la reforma tributaria anterior, entre ellos el descuento del ICA, la reducción de la tarifa de renta del 33% al 30%, que sumados a un impuesto sobre el patrimonio y otras adehalas más, con el cual se podría lograr un recaudo de $12.4 billones.

Esta propuesta es tanto más pertinente por cuanto, aunque el Gobierno ha alegado que el déficit fiscal que busca saldar con el proyecto de reforma tributario es para poder financiar la continuidad de sus programas de apoyo a las empresas con el fin de proteger el empleo y las transferencias monetarias y no monetarias, especialmente el programa de Ingreso solidario, la gran verdad es que en gran medida ese déficit viene desde la reforma tributaria anterior, que al conceder beneficios tributarios por $11 billones abrió un hueco fiscal que ahora se intenta tapar. Por ello he venido sosteniendo que la mejor reforma tributaria es el desmonte de aquellos beneficios que no estén plenamente justificados.

Es entendible la posición asumida, con una gran dosis de realismo y sindéresis, por parte del empresariado, habida cuenta de que una mayor carga impositiva conlleva sacarle dinero de los bolsillos a los contribuyentes afectando su capacidad adquisitiva, su capacidad de compra, concomitantemente con el debilitamiento del consumo, lo cual terminaría por contraer la demanda para su producción. Y si se deprime la demanda se alejarán aún más las posibilidades de la recuperación y reactivación de la economía, lo cual iría inexorablemente en su propio perjuicio.

Por ello coincido con el ex ministro Juan Lozano en preguntarle a los artífices de este esperpento de reforma tributaria, si ellos “han calculado su impacto sobre la reactivación económica”. Lo advierte diáfanamente el profesor de la Escuela de economía de la Universidad Nacional de Colombia Diego Guevara: “no hay que olvidar que tratar de recuperar la economía con impuestos que golpean la demanda agregada es un contrasentido teórico, pero que resulta conveniente para el statu quo” , que es justamente el que hay que cambiar, pues como dijo Albert Einstein no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo.

Esta propuesta es una especie de “ventilador” para el fisco nacional, que se encuentra hace rato en la unidad de cuidados intensivos (UCI) requiriéndolo porque no puede respirar por sí mismo. Pero, el Ministro Carrasquilla la desestimó al considerar que “no permitiría financiar estos programas sociales” refiriéndose a la extensión hasta junio de este año del subsidio a la nómina de las empresas (PAEF) y “hacer permanente el ingreso solidario”. A la propuesta de la ANDI se vino a sumar la de FENALCO y ACOPI, manifestando que están dispuestos a renunciar a 2 de los 3 días sin IVA, lo cual le representaría al Gobierno Nacional ingresos adicionales por valor de $1 billón. De modo que, sumadas, las propuestas de la ANDI y ACOPI le representarían al Gobierno Nacional $13.4 billones de mayores ingresos. Más que suficientes para cubrir y garantizar los programas de protección social, así como el servicio de la deuda. Pero, el Ministro Carrasquilla iba por todo o nada y al final se quedó con la soga y sin el ternero!

De aceptarse esta propuesta no habría necesidad de tocar las bases del impuesto de renta y del IVA, que tanto repudio ha suscitado. Estas dos propuestas están sobre la mesa y deberían servir de base para el nuevo texto que se habrá de discutir y consensuar. El Presidente Duque tardó en reaccionar, pero más vale tarde que nunca. Ha quedado la sensación de que desde la Casa de Nariño no han sabido sintonizarse con el país nacional, que allá están, como dijo el Nobel de Literatura Octavio Paz, a las afueras de la realidad. Y eso es muy común que le ocurra a los gobernantes, por ello traigo a colación las reflexiones del curtido periodista Hedley Donovan, quien fuera consejero de prensa de la Casa Blanca en varias administraciones y además fue reportero jefe del Wahington Post.

Al analizar las causas y las consecuencias del aislamiento o “encabinamiento” a los que someten a los presidentes su círculo más cercano, afirma que «uno de los más graves peligros ocupacionales de la Presidencia moderna es el aislamiento…Los presidentes por lo general no quieren reconocer cuánto pueden aislarse, o si se dan cuenta de que allí hay un problema, no lo tratan con seriedad». Y agrega que «los mismos funcionarios a quienes el Presidente nombra, como los ministros y altos funcionarios cercanos, tienen la tendencia a protegerlo de lo desagradable y a decirle lo que ellos creen que quiere oír…y los mismos funcionarios tienden también a aislarse…”. Y así “se va desarrollando un gobierno ´interno´, un gobierno miniatura, pequeño…que se conoce como ´la Casa Blanca´…o, entre nosotros, ´El Palacio´”. Y remata diciendo, “esta plana mayor de la Casa Blanca también tiene sus propios electorados…y sus subalternos que los aíslan…».

El llamado al Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Duque es a escuchar la voz del pueblo, que es la voz de Dios. Este llamado es tanto más pertinente por cuanto, como lo afirma Laura Wills Otero, profesora asociada de Ciencia política de la Universidad de los Andes, “preocupa mucho la desconexión que hay entre los gobernantes y el electorado”

¿QUO VADIS?

Cabe preguntarse qué sigue ahora que el Presidente Duque resolvió retirar el proyecto de reforma tributaria. A pocas horas de anunciarlo, sostuvo que “hablar de un retiro cuando existe la posibilidad de hacer la modificación total, si se quiere en el Congreso, sería generar una gran incertidumbre financiera y económica con efectos negativos para toda la sociedad colombiana”. En su alocución planteó la necesidad de “tramitar, de manera urgente, un nuevo proyecto, fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”.

Estos son mensajes con destinatario conocido, se trata de enviar una señal tranquilizadora a las firmas calificadoras de riesgo que tienen puesta la lupa en el creciente déficit fiscal y el nivel de la deuda, determinantes de la calificación de la deuda soberana del Estado colombiano, la cual está a un solo escalón de perder el grado inversionista. Y razón tiene para preocuparse, habida consideración que como lo advirtió el Director de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía, “las agencias de calificación de riesgo ya les han sacado tarjeta amarilla a las finanzas públicas. Han dicho que si no se aumenta el recaudo tributario el país está en riesgo muy alto de perder el grado de inversión”. Más aún, cuando como lo señala el ex ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, según un reciente reporte de la reconocida plataforma financiera Bloomberg, a la que le copian los principales inversores, “los bonos colombianos se están transando a precios comparables a los de los países que no tienen grado de inversión”.

El fantasma de la pérdida de la calificación inversionista, como ya lo vimos, nos viene rondando desde hace rato, desde antes de la pandemia. Ello llevó a decir al Presidente de ANIF Mauricio Santamaría, en defensa de la abominada y abominable reforma tributaria aupada por el Gobierno Nacional, que “si no se hace, entonces, entraríamos en una crisis fiscal, por la que nos quitaron el grado de inversión y eso sería una tragedia porque el endeudamiento es más caro y los inversionistas extranjeros saldrían de acá” . Por eso la respaldaron con pies y manos. Y ahora que el Presidente puso el oído en la tierra para escuchar la voz del pueblo y decidió, muy a su pesar (¡tarde piache!), retirar el proyecto de reforma del Congreso de la República y anunció uno nuevo a partir de un “consenso solidario”, se muestran escépticos respecto a su alcance. Según Santamaría, “van a hacer una reformita con la que se tapen algunos huecos, pero las medidas que ya anunciaron son bastante malas y son una profundización de lo malo que tiene el Estatuto tributario”.

Se refiere él a las puntadas que dio el Presidente en su alocución sobre lo que serían, según él unos “principios de consenso”, a saber: una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos, transitoriamente, crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos y profundizar programas de austeridad del Estado. Por lo visto, el Presidente Duque desecha las llamativas e interesantes propuestas formuladas por la ANDI y FENALCO – ACOPI, que plantean la renuncia a varios de los beneficios tributarios que recibieron en la anterior reforma tributaria, prefiere mantenérselos. Como quien dice, afana más el velón que el dueño de la olla (¡!). Y eso que el principio de su propuesta “es que los de mayor ingreso contribuyan solidariamente con los más vulnerables”.

En el catálogo de propuestas del Presidente Duque para su proyecto de reforma tributaria 2.0 se contempla también “profundizar” el programa de austeridad del Estado. Ojalá no se trate de “profundizar” el decreto 371 expedido el pasado 8 de abril, que no pasó de ser un refrito de la Ley 2063 de 2020 (Presupuesto general de la Nación, 2021), que no es más que un saludo a la bandera. Según el propio Gobierno, el estimativo del ahorro que podría obtenerse con dicha medida no supera los $500.000 millones.

A este respecto se ha vuelto un lugar común plantear, como parte de la solución del déficit fiscal estructural y crónico que torna insostenible las finanzas del Gobierno central, el achicamiento, la reducción del tamaño del Estado, pues se parte de la falsa premisa de que tenemos una especie de gran Leviatán macrocefálico. Pero, si se consulta el Informe final de la Comisión del gasto y la inversión pública, para nuestra sorpresa, nos topamos con que el tamaño del Estado colombiano si lo medimos por el nivel del gasto, este representa en Colombia el 19%, que contrasta con el promedio en Latinoamérica, que es del 24%. En Colombia, en donde como lo afirmó el inmolado Luis Carlos Galán hay “más territorio que Nación y más Nación que Estado, entonces, lo que tenemos es déficit de Estado. Además, concluyeron que el gasto público en Colombia tiene un crecimiento inercial año a año del 4%. La otra conclusión a la que arribó dicha Comisión fue que el gasto del Gobierno Nacional tiene una inflexibilidad del 85%.

Como prueba al canto de este último aserto citemos al propio Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, cuando al dar cuenta de la destinación de los $152.9 billones que se tiene previsto recaudar en 2021, ya están comprometidos de ante mano $123.5 billones entre intereses de la deuda ($33.3 billones), las mesadas pensionales ($42.5 billones) y el Sistema General de Participaciones (SGP) $47.7 billones. A este propósito acota el economista principal de Scotiabank Colpatria Sergio Olarte, que “más o menos el 85% del Presupuesto General de la Nación es un Presupuesto por Ley. Eso quiere decir que se debe indexar al salario mínimo o a la inflación. Hay una flexibilidad en los ingresos, mientras que los gastos son supremamente inflexibles. Cada año lo que se mueve es inversión porque es el único que se puede tocar”. Por ello siempre que se recorta el presupuesto se reduce es el rubro de inversión, porque es casi lo único flexible. A dicha inflexibilidad en las partidas presupuestales, según documento del Banco de la República, se vienen a sumar las vigencias futuras, que son la otra camisa de fuerza del gasto público.

De manera que es muy limitado el margen de maniobra que tiene el Estado para reducir el gasto, sobre todo el gasto recurrente. Además, con los mayores compromisos que ha venido adquiriendo el Gobierno Nacional para ampliar y fortalecer los programas de protección social, entre ellos Ingreso solidario, cuya permanencia se plantea, derivados de la crisis pandémica, demandarán mayores erogaciones por parte del fisco nacional. Luego, sólo piensan con el deseo quienes plantean la necesidad de reducir el tamaño del Estado, cuando lo que el país, sobre todo en la Colombia profunda, requiere es más Estado y no menos Estado. Lo que sí procede es focalizar mejor el gasto y que este sea más eficiente y transparente en su ejecución!

Finalmente, me permito decir que comparto los términos del Editorial del periodista y Director de Noticias Caracol – radio, cuando asevera que el retiro del funesto proyecto de reforma tributaria no es el fin de esta tragicomedia, más bien debe ser “el comienzo de la redacción de una nueva y mesurada reforma, concertada con partidos, movimientos, gremios, gente de carne y hueso, que ojalá pueda terminarse y aprobarse, porque necesitamos una reforma equilibrada. Pero, fue sobre todo el comienzo de una real sintonía con los colombianos”. Más claro, sólo el agua!

http://amylkaracosta.net/prueba1/index.php?option=com_content&view=article&id=639:la-reforma-tributaria-que-no-fue&catid=95:opinion&Itemid=673 

  • 21.14.-Oportunidad de la reforma tributaria  MAURICIO CABRERA
  • Las GAFAS, también a tributar… BEETHOVEN HERRERA

Es urgente aumentar los ingresos del fisco, pero hay otras alternativas para hacerlo que afectan mucho menos la demanda.

Un análisis completo sobre la reforma tributaria debe responder tres preguntas: ¿Se necesita? ¿Qué debe incluir? ¿Cuándo debe hacerse?

25 abr 2021.- Respecto de la primera no hay discusión: la coyuntura de la pandemia ha agrandado el hueco fiscal y se necesita recaudar ingresos adicionales. Eso sí, no se puede decir que se necesita para financiar los programas contra la pobreza y la desigualdad, porque estos no pueden ser la cenicienta del gasto público y si no hay impuestos nuevos hay que recortar otros gastos inútiles del Estado.

En cuanto a su contenido, hay consenso sobre la necesidad de una reforma estructural para que el régimen tributario cumpla los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia. Esto quiere decir que se eliminen exenciones, que las rentas de capital de las personas naturales paguen más y que se disminuya la evasión y la elusión.

La tercera es más complicada, porque el gobierno enfrenta la presión de los mercados financieros para reducir el déficit fiscal, pero por otro lado el mismo presidente Iván Duque dijo hace unos meses que hacer una reforma tributaria en medio de la pandemia era suicida, porque subir impuestos reduce la demanda agregada.

El presidente tiene razón, salvo en un caso específico, que se conoce como el “multiplicador del presupuesto balanceado”. Es “balanceado” porque ocurre cuando el gobierno sube los impuestos y aumenta el gasto en la misma cantidad, y no se disminuye la demanda agregada.

Por el contrario se aumenta, porque para pagar los impuestos los particulares disminuyen su consumo pero también sus ahorros, de manera que el aumento del gasto público es mayor que la disminución del consumo privado. Por eso hay un multiplicador que estimula el crecimiento y el empleo.

La mala noticia es que ese no es el caso con el actual proyecto del Gobierno, y sí se va a producir el suicidio pronosticado por el presidente.

Según el Ministerio de Hacienda la reforma aspira a recaudar $23,4 billones, pero el aumento del gasto será solo de $7,2 billones: $4,6 billones para el Ingreso Solidario, $1,8 billones para devolución del IVA y $0,8 billones para otros programas y subsidios.

El resto del nuevo recaudo se dedicará a reducir el déficit fiscal y la deuda pública, objetivos necesarios pero no en medio de la aguda recesión económica que ha generado la pandemia y su manejo. Tal como está planteada esta reforma frenará la recuperación y aumentará el desempleo; por eso no es oportuna y debe aplazarse, sin que eso implique que se deba aplazar un programa de ingreso mínimo garantizado para los pobres y vulnerables.

De todas maneras es urgente aumentar ya los ingresos del fisco, pero hay otras alternativas para hacerlo que afectan mucho menos la demanda, como la propuesta del presidente de la Andi de suspender los beneficios tributarios creados en la reforma de 2019, el IVA a las transacciones de finca raíz, y otros que analizaré en una próxima ocasión.

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/oportunidad-de-la-reforma-tributaria-551293

21.14.-Las GAFAS, también a tributar… BEETHOVEN HERRERA

Propuestas de reforma tributaria no mencionan la posibilidad de gravar a tecnológicas que han capturado la mayor parte de las ganancias durante la pandemia.

GAFA, el acrónimo para Google, Amazon, Facebook y Apple, puede aplicarse a Netflix, Twiter y Zoom, Meets y Teams; convertidas en escenario de educación y trabajo virtual durante la pandemia. Junto con las farmacéuticas, han sido las ganadoras de la pandemia, igual que Rappi, Ali Baba, Uber, Cowork y Mercado Libre.

25 abr 2021.- Según el ranking Leadership 50 Iberoamérica, Facebook ha ocupado el primer lugar entre las empresas destacadas en Colombia durante la pandemia. (Portafolio 09/04/21).

Pero las propuestas de reforma tributaria no mencionan la posibilidad de gravar a esas empresas que han capturado la mayor parte de las ganancias en la pandemia.

Alphabet, la matriz de Google facturó 98.329,3 millones en todo el mundo en 2017, frente a 35.827,3 millones que contabilizaba en 2012.

Facebook facturó en todo el mundo más de 36.000 millones en 2017, con un Ebitda de 18.267 millones y utilidades del 51%: Debería haber pagado en España entre 62,2 y 105,5 millones, pero solo pagó 0,3 millones en impuestos.

Entre tanto Apple facturó en todo el mundo 207.280,4 millones en 2017, con un Ebitda de 57.443,4 millones.

El estudio de Wier con Thomas Tørsløv y Gabriel Zucman calculó para 2016, que 584.000 millones de euros se fugaron a paraísos fiscales y según el informe Fair Tax Mark, existe una brecha de 90.100 millones de euros entre los impuestos pagados por las Big Tech en una década y lo que deberían haber aportado.

Irlanda, con un trato fiscal favorable atrajo a Google, Apple y Facebook, entre otras empresas: Google tiene allí su central europea con 7.000 empleados, ganó 1.200 millones en 2017, pero solo pagó 167 millones.

La Unión Europea ha calculado para 2014 en 0,005% el gravamen cobrado en Irlanda y por eso las firmas declaran allí las utilidades obtenidas en Europa, África, Oriente Medio e India; y tras considerar ilegales esos beneficios ordenó reembolsar 13.000 millones de euros.

El informe sobre la Reforma de la Tributación Corporativa, dirigido por Ocampo y Stiglitz propone que los impuestos se paguen en el país donde se consumen los servicios (tributación en destino), no donde esté registrado el domicilio, usualmente un paraíso fiscal. (Herrera Beethoven Tributación Corporativa Global, Portafolio).

Francia estableció una tasa Google que busca recaudar 90.000 millones en impuestos de los gigantes tecnológicos y busca recaudar 650 millones de euros por año. Un impuesto digital similar ya se ha planteado en países como Reino Unido, Italia, Hungría, Australia, India, Uruguay y Chile.

El gobierno de Nueva Zelanda anunció un nuevo impuesto para gigantes tecnológicos como Google y Facebook que obtienen grandes ingresos, pero aportan poco al fisco de ese país. Allí, el gobierno calcula que las multinacionales de internet ganan alrededor de US$1.900 millones de dólares) en el país al año, y el nuevo impuesto podría generar US$55 millones de dólares anuales.

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/las-gafas-a-tributar-551294

  • 21.13.-La jugadita tributariaAURELIO SUÁREZ
  • No al ‘dumping’ laboral BEETHOVEN HERRERA

Rebusca 32 billones de pesos para un “gasto social” de máximo 6,5. Está en evidencia la regresividad del proyecto impositivo; la desfachatez en la supuesta “transformación social” por esta vía.

17 abr 2021.- Al presentar su tercera reforma tributaria como “transformación social”, el Gobierno de Duque, con el ministro Carrasquilla a la cabeza y alentado por la Ocde, en una jugadita imita a quienes recurren a doble contabilidad para evadir o eludir obligaciones tributarias. No solo infla programas sociales intrascendentes, sino que tapa las gravosas cargas que se pondrán sobre asalariados, jubilados, consumidores y usuarios de servicios públicos con IVA; sobre la clase media.

Arrancó desde la campaña electoral con el incumplido lema “más salarios y menos impuestos”. Los primeros crecen por debajo del ingreso por habitante y mucho menos que las rentas del capital, y lo segundo se desmiente con tres reformas expedidas para elevar gravámenes a las mayorías.

La marca de las carpetas con motes como Ley de Crecimiento, de Financiamiento y Solidaridad Sostenible es otra argucia. La de 2018 trajo un mediocre avance económico del 3 por ciento, basado en la expansión del crédito de consumo y las importaciones; la segunda, con el coronavirus, agravó los déficits creados por los beneficios otorgados a los mega inversionistas, como lo reconoce la Andi; y esta tercera acrecentará las diferencias socioeconómicas al poner más IVA a bienes y servicios, ampliar la base de contribuyentes a la renta, y adicionar impuestos indirectos verdes a fin de estrangular –como hacía el Monstruo de Frankenstein con sus víctimas– ingresos disponibles, cesantías, salarios y pensiones.

La justificación es el Programa de Ingreso Solidario (PIS), la devolución de IVA y matrícula gratis en universidades públicas para estratos uno, dos y tres, que con cara dura llaman “transformación social”. ¿Cuál es su costo? Los apoyos mensuales estarán rasurados y “focalizados” a la baja por el Sisbén IV, por una manipulable fórmula de asignación y con la reducción del déficit fiscal del 2 por ciento del PIB al año, como techo al gasto público, según acordó Colombia con el FMI para el préstamo de 5.300 millones de dólares. Suerte igual correrá la devolución del IVA, que excluirá a grupos de ingreso bajo y no retornará completo a los beneficiarios lo que les sacarán de un bolsillo para meterlo en el otro, y sumará solo 2,8 por ciento del recaudo total de IVA, que fue 66 billones de pesos en 2019. La gratuidad a universitarios y promoción de empleo joven llega a 0,8 billones de pesos.

El PIS está lejos de una auténtica renta básica. No dará ni un dólar en promedio al día por persona, cuando la cifra mínima de ingreso en países de ingreso medio-alto, para no ser tenida como pobre, es de 5,50 (BancoMundial) o siquiera 4, según el Dane.

No hará ni cosquillas a la penuria, pero se muestra como panacea. Los padres de familia de los estudiantes de las universidades públicas, con ingresos mayores a 2,9 millones de pesos mensuales en 2023 y a 2,5 millones en 2024, pagarán impuesto de renta y así no costearían la matrícula de sus hijos en las tesorerías universitarias, sino en la Dian.

Nada salvará a los pobres de 2 billones de pesos que les caerán encima al pasarse, de bienes exentos a excluidos de IVA, las materias primas para alimentos como pollo, leche, arroz, huevo, cerdo y salchichón. Ni del alza del IVA a la gasolina y al diésel de 5 a 19 por ciento, que recaudará 2 billones de pesos más, ni de la depuración de la base para los subsidios a la energía, ni del recargo en computadores, teléfonos de gama baja, bicicletas y ladrillos, ni en productos de cuidado menstrual.

¿Cuál es la verdadera contabilidad? Por concepto del ajuste al impuesto de renta, al que incorporará uno de cada tres asalariados formales en 2022 y a tres de cada cinco en 2023, se recogerán más de 17 billones de pesos; por IVA, 7,3 billones, 4 billones con personas jurídicas y otros 4 por tributos verdes indirectos. Rebusca 32 billones de pesos para un “gasto social” de máximo 6,5.

Está en evidencia la regresividad del proyecto impositivo; la desfachatez en la supuesta “transformación social” por esta vía; la agresividad en tiempos de pandemia contra clases medias y aún vulnerables, y la cosmética austeridad que decretaron. A Duque y a los suyos no los sacará del caldero político ni el clan Uribe, que acude a su rescate con palabras remilgadas y en asalto a la candidez, declarando que la criatura de Frankenstein está muerta porque ya no subirá el IVA a la sal, al azúcar, al chocolate y al café.

Falso. Como he comprobado y lo ratifica el texto final, la reforma está más viva que nunca, resurgió reforzada, y para enterrarla de verdad son forzosas las protestas ciudadanas, como la programada para el 28 de abril, tanto por este Monstruo en sí como en respuesta al Gobierno Duque, que funda la política fiscal en la pretendida ignorancia de la ciudadanía, a la que busca escamotear con la narrativa de una contabilidad mentirosa, una jugadita.

https://www.aureliosuarezm.co/author/ausuarezm/

21.13.-No al ‘dumping’ laboral BEETHOVEN HERRERA

Expertos del FMI han señalado el riesgo de protestas sociales por parte de las capas más golpeadas por el virus y por catástrofes naturales.

La globalización desencadenó una “carrera hacia el fondo” entre países en desarrollo compitiendo en otorgar exenciones fiscales para atraer a las empresas multinacionales con el argumento de que generarían empleo, pero introdujo una ruinosa competencia a ver quién cobraba menos impuestos a las multinacionales.

 18 abr 2021.- ¡Ello puso en desventaja a los inversionistas nacionales no cobijados por esos beneficios!.

Muchos gobiernos firmaron tratados bilaterales de inversión que congelan los impuestos a las multinacionales, y cuando ellas se sienten afectadas demandan a los gobiernos en el CIADI u otros tribunales internacionales, en donde árbitros cercanos a las empresas suelen fallar contra los países pobres.

Colombia tiene varias demandas pendientes en el CIADI…

Ahora se han alineado la OCDE y la Unión Europea buscando una nivelación tributaria que elimine el incentivo a fugar capitales hacia paraísos fiscales. La Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janeth Yellen, presentó al G-20 la propuesta de crear un impuesto mínimo intrnacional a las sociedades. Se habla de gravarlas con un 21%, superior al 12,5% que se discute en la OCDE y la decisión final se adoptará en julio. Impuestos a ingresos altos, se introdujeron para financiar la reunificación de Alemania en 1991 y en Japón tras la el desastre Fukushima 2011.

El FMI apoya esta iniciativa y el economista jefe Vitor Gaspar ha afirmado que: “estamos muy a favor de un impuesto mínimo global a la renta empresarial” y lo justificó argumentando que “los países enfrentan una gran evasión fiscal hacia los paraísos fiscales” (Portafolio 08/04 de 2021).

Y los gobiernos de Francia y Alemania mostraron su apoyo y proponen imponer un precio mínimo internacional para las emisiones de carbono en lugar de gravar con aranceles otros bienes y servicios.

La Andi ha propuesto aplazar el descuento del ICA cuyo descuento del impuesto nacional de renta se aprobó en 2019 y aportaría $7 millones al año y ofreció aplazar las reducciones de tarifas de renta para las empresas acordadas en esa misma reforma. Ello aportaria $13 billones adicionales a $1 billón que generaría en dos años el 1% de impuesto al patrimonio.

Adicionalmente, el senador David Barguil propone volver permanente la sobretasa del impuesto de renta a los bancos, lo cual ha sido rechazado por el presidente de Asobacaria con el argumento de que el sector financiero solo representa el 5% del PIB del país y aporta el 10% por impuesto de renta.

El FMI ha advertido que las desigualdades preexistentes se han ampliado en la pandemia y podría ocurrir un quiebre social y político, por ello propone la contribución de las empresas que han prosperado durante la crisis como farmacéuticas y plataformas digitales.

Los expertos del FMI han señalado el riesgo de revueltas y protestas sociales por parte de las capas más golpeadas por el virus y por catástrofes naturales.

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/no-al-dumping-laboral-columnista-551061

  • 21.12.-Reforma fatal SALOMÓN KALMANOVITZ
  • Hay que crear empleo, es urgente, pero al mismo tiempo hay que acabar con el modelo neoliberal DIEGO OTERO
  • Caja fiscal del Min-Carrasquilla está      en quiebra EDUARDO SARMIENTO
  • No quedó títere con cabeza GERMÁN VARGAS

El Gobierno dio a conocer el texto de su tercera reforma tributaria, que revela sesgos a favor de empresas y contra los consumidores que ojalá el Congreso quiera y logre neutralizar. Las empresas reciben una disminución de tarifa tributaria de su renta líquida que pasa de 33 % en 2019 a 30 % en 2022.

11 abr 2021.- Así mismo, los hoteles continúan con una tasa del 9 %, aunque no tiene que ver con la pandemia, sino con un afán de que sean muy rentables y se expandan. Técnicamente, no se justifica una gabela de semejante tamaño. Al parecer las empresas en zonas francas continuarán pagando la mitad de la tarifa que paga el grueso de empresas.

La reforma ofrecerá exenciones de impuestos a la renta a las empresas que inviertan en la economía naranja que nadie sabe en qué consiste. Va desde confección de prendas de vestir hasta telecomunicaciones, educación, teatro y bibliotecas, incluyendo industrias con valor agregado tecnológico, que seguramente cubre de todo: Rappi, Uber y otras empresas depredadoras de sus trabajadores que disfrazan de socios. Se ofrecen además descuentos del 50 % del pago que hayan hecho las empresas en impuestos de industria y comercio y en el gravamen a las transacciones financieras (el 4 x 1.000). Por ese concepto el Gobierno pierde $5 billones de recaudo. En resumen, a las empresas se les da pasito porque contribuyen adicionalmente solo $3 billones.

Los damnificados de la reforma son las personas naturales, a las que se les pretende extraer $17 billones de sus bolsillos por impuesto a la renta. Deben declarar ingresos mayores de $2,6 millones y se les retendrá en la fuente de manera progresiva. Antes el límite era de $3,4 millones, lo que significa que se les pasa la cuchilla a las personas de la clase media vulnerable, que puede que engrosen la población pobre que tanto se amplió con la pandemia.

A los patrimonios mayores de $5.000 millones se les ajustará una tarifa del 1 % marginal (o sea, sobre lo que exceda ese límite de $5.000 millones) y de 2 % a los que superen los $15.000 millones. El tributo a los dividendos será de 10 % a los que obtengan hasta $29 millones y de 15 % si superan ese límite, lo cual no tiene sentido. Mejor sería tratarlos como renta líquida que pague la tarifa que le corresponde.

El impuesto del valor agregado (IVA) tiene un dulce que consiste en que se reduce la tarifa actual del 19 % al 17 %, pero también bastante veneno porque recae sobre más productos y acaba la tarifa del 6 % que suavizaba el golpe contra el consumo. Quedarán gravados muchos productos de la canasta familiar que antes no lo estaban, pero no sabemos cuáles. Lo que sí conocemos es que Carrasquilla pretende sacarles a los consumidores $10,6 billones, de ahora en adelante propiciando el hambre y la alimentación desbalanceada de la población. Quedarán gravados además los insumos para la producción agropecuaria, incluyendo la maquinaria, de tal modo que indirectamente se le agregan costos a la producción de alimentos. La misma tarifa del 17 % se impondrá a la energía, computadores, celulares y hasta los servicios funerales y de cremación se recargarán con el bendito impuesto. Es que ya no podemos morir tranquilos porque tributarán hasta nuestras cenizas.

No se salvan del hacha de Carrasquilla los bienes de primera necesidad. Parece que solo dejará exentas las toallas higiénicas de las mujeres.

https://www.elespectador.com/opinion/reforma-fatal/

21.12.-Hay que crear empleo, es urgente, pero al mismo tiempo hay que acabar con el modelo neoliberal DIEGO OTERO

Seguiremos con tasas altas de desempleo

Sigue alto el desempleo. La última encuesta de hogares del DANE de febrero así lo confirma. Esta es una noticia de años.

No hay que caer en la trampa del déficit fiscal y del endeudamiento del gobierno nacional, muchos supuestos heterodoxos entran en ese juego.

Las proyecciones sobre el crecimiento económico de Colombia de 2021 a 2025 muestran que, excepto un repunte en 2021 de una tasa de crecimiento entre 4,0 y 5,0 por ciento, que la economía crecería a un ritmo promedio de 3,4 por ciento, tasa que no permiten bajar suficientemente el desempleo. Las mismas proyecciones señalan que el desempleo abierto se mantendría por encima de 12, 0 por ciento. 

8 abr 2021.- Pero no debemos seguir quejándonos de las altas tasas de desempleo y subempleo, de las iniquidades con las mujeres y los jóvenes y de la informalidad. No es hora de más lamentos sino de tomar acciones.

El principal objetivo de un gobierno es el pleno empleo, lo que no ha ocurrido nunca en Colombia.

El mito del déficit fiscal

Hay que acabar con el mito del déficit fiscal tan querido de los neoliberales y que impide implementar una política de pleno empleo. El déficit fiscal no es el problema. El gobierno tiene las herramientas para llevar a cabo una política osada de gasto público y para crear un programa de empleo para todos. Los estados se pueden endeudar o emitir. Los estados no son hogares y nunca quiebran.

Esto es una falsedad que han metido en la cabeza los economistas ortodoxos. Ya lo habían dicho Keynes, Abba Lerner, y ahora los post keynesianos y los exponentes de la Teoría Monetaria Moderna.

¿Se requiere una reforma tributaria?

Están vendiendo falsamente una reforma tributaria dizque para obtener recursos para disminuir el déficit fiscal y repartir unas migajas, pero favoreciendo siempre a los ricos.

Una reforma tributaria sí se requiere, pero para acabar con las inequidades que existen en que los ricos no pagan impuestos, y en que hay exenciones de todo tipo para el sector privado. No se requiere porque haya que disminuir el déficit fiscal sino porque hay que hacerla para mejorar la distribución de ingreso y riqueza.

Por otra parte, en épocas de recesión a nadie se le ocurre gravar a los estratos bajos y medianos. Ningún país en el mundo, excepto Colombia, está pensando en una reforma tributaria disque para disminuir el déficit fiscal.

Miren a Estados Unidos, están que invierten para todo y no se preguntan si el déficit fiscal va a aumentar. Por supuesto, que al comienzo aumentará, pero cuando crezca la economía llegarán ingresos que bajarán el déficit. Hoy la prioridad es crecer para crear empleo, no es el de disminuir el déficit fiscal o la deuda pública. Es que, en época de recesión, lo que se requiere es más dinero en las personas, no quitarles recursos, y aumentar el gasto público.

Solamente nuestros neoliberales extremistas, dirigidos por el señor Carrasquilla y sus acólitos en los gremios, los centros de investigación del sistema tipo ANIF y Fedesarrollo, y en los supuestos expertos de las universidades dominadas por el pensamiento único creen en que hay que hacer una reforma tributaria para obtener ingresos y disminuir el déficit fiscal.

Hay que diseñar e implementar un programa de empleo estatal

El gobierno tiene las herramientas paras crear una renta básica o, mejor, un programa de empleo financiado por el gobierno, en que se asegure empleo a todos los que lo requieran, a cambio de trabajos definidos por las autoridades como cuidado de personas, aseo de las ciudades, vigilancia y mantenimiento de parques y jardines, sembrar árboles, reforestar,…, y así las personas beneficiadas realicen trabajos útiles para la sociedad.

Este debe ser un programa para un nuevo congreso y gobierno que hay que vender a los electores para derrotar al sistema en las elecciones para el congreso de marzo de 2022 y las presidenciales de mayo. Pero se necesita gente de decisión, nada de tibios e indecisos y temerosos del establecimiento.

Todo esto es imposible con el actual gobierno y un congreso dominado por reaccionarios de derecha y con los ortodoxos que hoy dominan al estado, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el Banco de la República, el Departamento Nacional de Planeación-DNP, el Ministerio de Hacienda, buena parte de los centros universitarios controlados por la ortodoxia y los gremios que solamente piensan en como aumentar las tasas de ganancia de sus afiliados.

Romper con los mitos del déficit fiscal y del endeudamiento público

No van a hacer caso los que hoy gobiernan en Colombia. Un programa progresista, que cambie el modelo neoliberal, que tenga como objetivo el pleno empleo dentro de un ambiente de inflación controlada solamente se puede dar con nuevos partidos y autoridades nacionales y locales diferentes a las actuales.

No hay que caer en la trampa del déficit fiscal y del endeudamiento del gobierno nacional, que infortunadamente muchos supuestos heterodoxos entran en ese juego, mitos neoliberales que impiden crecer y tener políticas de pleno empleo.

Hoy más que nunca es una necesidad el cambio progresista y la defensa de la democracia y la paz.

Presidente de la Asociación Colombiana de Economía Crítica-ACECRI

https://www.elunicornio.co/hay-que-crear-empleo-es-urgente-pero-hay-que-acabar-con-el-modelo-neoliberal/

21.12.-Caja fiscal del Min-Carrasquilla está      en quiebra EDUARDO SARMIENTO

La economía quedó abocada a un cuantioso déficit fiscal que quebró el balance interno entre el ahorro y la inversión. El crecimiento del capital, la inversión y la producción son muy inferiores que en el pasado. Alberto Carrasquilla,  ministro de Hacienda, reconoce que no tiene caja para atender las erogaciones fiscales, está cerca de la insolvencia financiera por recaudos inferiores a los compromisos.

18 abr 2021.- La gran falla está en el intento de compensar la reducción de la tasa de ahorro con la política fiscal de gasto desbordado que lleva a un déficit fiscal del 9 % del PIB. En 2020 no evita que el producto nacional caiga 7 %, una de las más grandes del mundo. En el presente año propicia la sustitución de la inversión por el consumo. La economía queda sin inversión que impulse la demanda y con crecimiento del capital por debajo de la tendencia histórica. Las inversiones en maquinaria, construcción de vivienda y obras públicas y equipo de transporte caen más del 10 %.

El descuadre de la economía que podía verse como una abstracción se manifiesta en los flujos financieros reales. El ministro de Hacienda notifica que la caja para el año completo no alcanza para más de dos meses. A regañadientes reconoce que la economía opera con un serio faltante de ahorro. En efecto, anuncia una reforma tributaria regresiva, basada en IVA y las tarifas a la renta de personas naturales, que baja el salario, reduce la participación de los ingresos del trabajo en el producto nacional y aumenta el coeficiente de Gini. La propuesta pretende aumentar los recaudos en 2022 para reducir el déficit fiscal, montado por el mismo Carrasquilla en el programa financiero, que es el verdadero causante del desbalance entre el ahorro y la inversión.

La verdad es que la pandemia ocasionó una caída del ahorro que se buscó contrarrestar con un aumento del déficit fiscal basado en consumo. La economía quedó abocada a una baja inversión y a un crecimiento del capital muy por debajo de la tendencia histórica. Infortunadamente, el país siguió la misma línea de los países avanzados, en particular de Estados Unidos, que operan con ahorros sobrantes que los pueden movilizar mediante déficits fiscales con ampliaciones del consumo que no afectan la inversión. En los países en desarrollo que tienen faltantes de ahorro, significa una severa represión de la inversión que afecta el balance interno y la distribución del ingreso. La economía queda con bajo ahorro y crecimiento del capital por debajo de la tendencia histórica.

En términos más concretos, la causa del desorden está en el Gobierno, que monto la política macroeconómica en un déficit fiscal del 9 % del PIB, que no es sostenible en un país con tasas de ahorro entre 15 y 20 % del PIB. En cualquier momento aparece el desbalance interno que frena la inversión, la producción y el empleo, y puede precipitar el sistema en caída libre.

Los hechos se han encargado de confirmar que la reducción del ahorro originada por la política que venía de atrás agravada por el coronavirus no se podía remediar con la política convencional de déficit fiscal. El dispositivo no restaura el desbalance y acentúa el deterioro de la distribución del ingreso. Lo que se plantea es corregir el desbalance interno entre el ahorro y la inversión con reformas estructurales que eleven el ahorro y el salario a través del cambio de la estructura comercial, la reorientación de la concepción monetaria, la reducción de las transferencias de la política social al capital de los sectores de mayores ingresos y el replanteamiento de la política laboral. En este contexto, la economía estaría en capacidad de recuperar la producción, el empleo, sostener el crecimiento del capital y mejorar rápidamente la distribución del ingreso.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/quiebra-de-la-caja-fiscal/

21.12.-No quedó títere con cabeza GERMÁN VARGAS

El Gobierno no atendió las recomendaciones y radicó una reforma confiscatoria e inconveniente.

Se confirmaron plenamente los presagios de lo que he venido mencionando en estas notas. El Gobierno no atendió las recomendaciones que desde diferentes sectores hemos manifestado muchos colombianos y procedió a radicar una reforma tributaria confiscatoria, discriminatoria e inconveniente en el momento más inoportuno de la crisis generada por la pandemia.

17 abr 2021.- Veamos las principales perlas de este proyecto de ley, sobre el cual el Gobierno sostiene que no es una reforma tributaria, pero que tiene 14 artículos sobre como disfrazar el déficit fiscal, 17 artículos que crean gastos que lo aumentan, solo 2 artículos de risa sobre austeridad en el gasto y 129 artículos con normas tributarias.

Impuesto al patrimonio: el Gobierno revive este antitécnico impuesto a una tasa que fluctúa entre el 1 y el 2 %, que se aplicaría por 2 años, pero que de aprobarse, seguramente el próximo gobierno prorrogaría. Aquí es necesario reiterar que una economía que tiene una tasa de interés del 2 % no puede esperar que sus ahorradores tengan que destinar el 100 % de sus rendimientos al pago de un tributo. Con esta tasa impositiva, el impuesto se convierte en una simple expropiación a las personas naturales, pagadera en cuotas anuales. Nadie discute que el que gane pague impuestos y que si gana más pague más, pero no tiene justificación que quien no gane o, inclusive, quien pierda tenga que transferir su patrimonio al fisco.

IVA: el Gobierno insiste en hacer que los productores nacionales de los bienes exentos tengan que asumir el IVA de los insumos requeridos para su producción, al paso que libera completamente de esa carga a los productos importados. Esta propuesta es equivalente a establecer un arancel a los productos nacionales, que no se aplica a los extranjeros. Si el Gobierno considera que el régimen actual de exención es inapropiado, lo que debe hacer es gravar con IVA estos productos, de tal suerte que los productos nacionales al menos puedan competir en condiciones de igualdad. Trae la reforma, entre sus curiosidades, un IVA a los servicios públicos del 19 %. Crea el impuesto a vehículos y el de gasolina. Nos tiraron a matar por todos lados.

Impuesto sobre la renta de personas naturales: se plantea la eliminación de la mayoría de rentas exentas y deducciones (ahorro en fondos de pensiones, cesantías, intereses de vivienda, personas a cargo, pensiones, cuentas AFC), al tiempo que se incrementa la tasa impositiva, lo que implica incrementos en la tributación de las personas naturales de ingresos medios, superiores al 300 %. Una persona, por ejemplo, de un ingreso mensual de $ 7,5 millones al mes, que hoy tributa $ 1,8 millones al año, pasará a tributar $ 7,8 millones, lo que significa un incremento del 333 %. Igualmente se confirmó un nuevo impuesto solidario del 10 % mensual a partir del próximo semestre a los ingresos y salarios.

En materia de pensiones, se propone que tributen las que excedan de $ 4.900.000 al mes, al tiempo que se grava el ahorro voluntario a los fondos de pensiones, lo que implicará en el futuro un doble impuesto a la pensión. Es decir, resolvemos un problema de baja tributación con otro problema de exceso de tributación. ¿Por qué será que no podemos resolver nada bien?

Impuesto sobre la renta de las sociedades: se eleva al 33 % la tarifa de las personas jurídicas sobre la renta que exceda de 500 millones y al 15 % la tarifa del impuesto a los dividendos, lo cual arroja una tributación total sociedad-socio del 43,05 %. Una de las más altas de la Ocde. Reconozco, sí, el esfuerzo para empresas con utilidades menores, cuya tarifa será del 27 %. Ese es el camino.

En Colombia se está volviendo un pecado mortal prepararse y esforzarse para ser un profesional, comerciante, empresario, industrial exitoso o simple ahorrador.

Es este momento en que el país está postrado por el covid, cuando los partidos políticos deben salir a precisar sus responsabilidades frente a esta reforma y de cara a las próximas elecciones, atajando esta iniciativa que no ha dejado títere con cabeza, pero a estas alturas me temo que las denuncias del expresidente Gaviria pueden ser ciertas y que este proyecto se está cocinando a fuego lento y con bastante ‘mermelada’.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/no-quedo-titere-con-cabeza-columna-de-german-vargas-lleras-581742

  • 21.11.-Naufragó el barco tributario GERMÁN VARGAS
  • Política laboral: el debate que se viene  JAIME TENJO
  • Por qué algunos inversionistas mantienen oro en su cartera: inflación y volatilidadMARC FORTUÑO
  • Soluciones propias para economías disímiles – EDUARDO SARMIENTO

La reforma tributaria, por su inconveniencia e inoportunidad, constituye un despropósito nacional.

En las dos semanas anteriores he hecho un detenido análisis sobre las razones por las cuales la reforma tributaria, por su inconveniencia e inoportunidad, constituye el verdadero despropósito nacional. Así lo están denunciando los voceros de los sectores económicos, políticos y sociales. Hasta un paro nacional ha sido convocado para el próximo 28 de abril.

10 abr 2021.-Y es que no le falta razón a la gente al sentirse avasallada por un Estado que en lugar de crear las condiciones para que se generen oportunidades de empleo y emprendimiento que le ayuden a salir de la crisis causada por la pandemia, lo que hace es arrinconarla con impuestos adicionales por $ 28 billones al año, de los cuales a las personas naturales les tocará aportar más del 60 %.

Argumenta el Gobierno que en Colombia las personas naturales contribuyen muy poco frente al estándar internacional y que por ello hay que cargarles la mano. La realidad es que hay dos universos de personas naturales: los que pagan hasta el último centavo de sus impuestos, como son los asalariados, y los que evaden total o parcialmente su carga fiscal, como es el caso de muchos profesionales independientes, comerciantes y personas dedicadas a actividades agropecuarias donde la informalidad es total.

Pero, en vez de buscar los recaudos en este segundo universo, la reforma se concentra en los asalariados, que serán los únicos que: (I) estarían condenados a pagar el impuesto solidario del 10 % sobre sus ingresos a partir de junio de 2021, (II) verán incrementadas sus bases gravables debido a la eliminación de deducciones y exenciones, (III) se someterán a una tarifa impositiva mucho mayor en el impuesto sobre la renta y (IV) verán afectada su capacidad de compra como resultado de los cambios en el IVA.

Mientras el país mantenga un nivel de evasión y contrabando que representa entre $ 40 y 60 billones de recaudo perdido al año, el principal esfuerzo debería concentrarse en controlar estos fenómenos. Eso se logra con sanciones ejemplares e inversión en capital humano y en tecnología. Lo que se requiere es decisión política.

Paralelamente, el control del gasto y del despilfarro debería ser el epicentro de la solución. Pero, claro, no es la vía fácil. La ley debería establecer la reducción obligatoria de los gastos de funcionamiento del Estado para los próximos años, lo cual puede inclusive elevarse a rango constitucional. La insólita y pintoresca visita de los preocupados empresarios Tomás y Jerónimo a Palacio esta semana puso sobre la mesa esta preocupación por la austeridad en el gasto, que por lo visto no es compartida por el Centro Democrático, que ya propuso gastarse por anticipado todo el producido de la futura reforma y más, ni por el Gobierno, que ya reencauchó un decreto de austeridad que no tendrá ningún impacto real.

El Gobierno debe considerar que la solución a una problemática fiscal que nadie desconoce debe ser de mediano o largo plazo. Las calificadoras de riesgo lo que necesitan ver es una ruta clara, así la solución se demore 30 años. Es preferible una solución gradual que elimine el déficit primario en un período de 5 a 8 años, en lugar de salir con un garrote a perseguir a los asalariados, a las empresas formales y a los ciudadanos de a pie en medio de la pandemia.

Pero si el Gobierno insiste en tramitar la reforma en este momento tan inoportuno, su aplicación debe ser gradual y no debería comenzar antes de 2024, para que por lo menos existan 3 años para recuperar empleo y crecimiento.

Pero la cereza del helado es el anuncio del ministro de Hacienda de querer dejar el barco en medio de la tormenta para irse a la CAF. Imposible mejor momento: con caja para seis semanas y alarmas de suspensión de pagos, incluidos los salarios estatales, con la urgencia de colocar 9 billones en TES en el cortísimo plazo y al borde, según él, de perder el grado de inversión, se irá dejando presentado un proyecto que lejos de ser la solución que el país necesita nos terminará de hundir en las profundidades de la recesión, el desempleo y la miseria. El capitán del barco siempre es el último en abandonar la nave. Aquí, en cambio, Carrasquilla será el primero en desembarcar. Buen viaje, ministro.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/naufrago-el-barco-columna-de-german-vargas-lleras-580042

21.11.-Política laboral: el debate que se viene  JAIME TENJO

Los problemas sociales y económicos exacerbados por la pandemia han despertado un debate donde el gobierno participa poco y donde no se toca el punto de fondo. ¿Cómo enriquecer la discusión y dónde están las salidas?

Lo urgente, lo importante

4 abr 2021.- Para atenuar los efectos de los cierres de la economía, el gobierno nacional adoptó programas de subsidio a las empresas y a las personas, pero aparecieron problemas fiscales debido a la disminución de los ingresos tributarios y a la caída en el ritmo de actividad económica.

La solución de estos problemas parece ser la única prioridad del gobierno en este momento; en los próximos días se espera que presente un proyecto de reforma tributaria cuyo contenido aún se desconoce.

Por otra parte y desde julio del año pasado, el Ministerio de Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación habían organizado una Misión de Empleo que todavía no ha propuesto soluciones a los problemas laborales que venían de antes o que se han visto agravados por la pandemia. Y de su lado la Misión Alternativa propiciada por los sindicatos e investigadores de varias universidades ya presentó una propuesta de renta básica universal.

Por ahora las propuestas innovadoras vienen de la academia y de algunas organizaciones no gubernamentales. La integralidad de los problemas sociales comienza a reconocerse y pretende replantearse el llamado contrato social, aunque no hay claridad sobre cómo sería ese nuevo planteamiento.

Lo de fondo

En todo lo anterior hace falta sin embargo un enfoque estratégico a largo plazo, que integre la política social con los objetivos de crecimiento económico. Hasta el momento las discusiones sobre política laboral son especialmente pobres.

En efecto, los cambios en el mercado laboral dependen de tres factores principales:
• La respuesta o forma de reacción de este mercado a las varias etapas del ciclo económico;
• La relación de mediano o largo plazo entre el crecimiento de la economía y la creación de empleo, y
• Las instituciones, los costos y la organización del mercado laboral.

Los diagnósticos actuales sobre el mercado laboral en Colombia no distinguen entre estos tres factores.

Es más: la pandemia mostró con claridad la crisis laboral que ya padecía Colombia. Pero la mayoría de los diagnósticos y las propuestas para enfrentar dicha crisis se limitan a los aspectos coyunturales y dejan de lado las medidas de fondo.

Le recomendamos: El mercado laboral en 2020: ¿de dónde veníamos, qué sucedió y a dónde íbamos?

El atajo

La discusión y las propuestas en materia específicamente laboral se siguen reduciendo a disminuir los costos laborales y las contribuciones o tasas parafiscales.

Por ejemplo y hace apenas unos días, Fedesarrollo propuso eliminar los aportes sobre la nómina (salud, pensiones, contribuciones a cajas de compensación) para quienes ganen un salario mínimo, aunque permite algunas para salarios más altos.

“Hace falta un enfoque estratégico a largo plazo que integre la política social con los objetivos de crecimiento económico”

Este atajo o este tipo de medidas seguramente disminuirían la informalidad y aumentaría el empleo, pero su efecto sería de una sola vez ya que no cambiará la relación entre la creación de empleo y el crecimiento económico.

La ortodoxia

La relación empleo-crecimiento inspira sin embargo una segunda respuesta de los gobiernos colombianos a las crisis del mercado laboral. Es la respuesta que podríamos llamar ortodoxa o keynesiana, y que paso a explicar brevemente.

El desempleo suele disminuir en períodos o momentos de crecimiento acelerado de la economía, igual que suele aumentar en momentos de contracción o receso. El desempleo que se produce en esos escenarios es llamado desempleo keynesiano o desempleo por falta de demanda agregada. La solución suele consistir en medidas macroeconómicas (fiscales y/o monetarias) para reactivar la economía.

La Gráfica 1 ilustra esta relación durante los últimos diez años en Colombia. Cuando se acelera el crecimiento del PIB, el desempleo disminuye y viceversa. Detrás de esta relación están los niveles de demanda agregada que pueden modificarse con políticas macroeconómicas.

La misma gráfica muestra cómo la COVID-19 ocasionó una caída del PIB de 6,8 % y elevó el desempleo hasta un 15,9 % en 2020. Gran parte del altísimo desempleo del año pasado es de este tipo.

Las políticas activas

Pero cuando la economía entra en una recesión como la del año pasado, las simples medidas tradicionales macroeconómicas no son suficientes y es necesario ejecutar políticas activas de empleo.

Los planteamientos del gobierno adoptan este enfoque únicamente de manera indirecta en la ejecución de los proyectos de infraestructura. Pero en general el empleo nunca ha sido un propósito político.

La creencia predominante en el gobierno es que el libre mercado y la recuperación en el crecimiento del PIB eventualmente crearán más empleos (la llamada teoría del goteo o trickle-down).

El gobierno no propone políticas para reactivar el empleo, sino que se limita a entregar algunos subsidios focalizados que ayudan un poco a las personas más pobres.

Foto: Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá La pandemia desnudó la debilidad de la creación de empleo y los problemas de la informalidad.

Un sistema que no genera empleo

Finalmente tenemos la relación a largo plazo entre el empleo y el aparato productivo. Se trata de la capacidad de crear empleo que tiene la economía. En Colombia esta capacidad es débil y sigue deteriorándose.

Antes de la pandemia las tasas de desempleo iban en aumento. En el año 2019 la economía no creó nuevos empleos; el empleo cayó en 0,8 % aunque la economía creció un 3,3 %.

Desde 2015 la creación de empleo se desaceleró radicalmente mientras el PIB aumentaba. Esto refleja las dificultades de la economía colombiana para crear empleos.

La relación entre el crecimiento económico y el empleo se resume en el concepto de elasticidad empleo-PIB. que indica el crecimiento porcentual del empleo ante crecimientos de 1 % en el PIB (gráfica 2).

Estos cálculos son aproximados, pero ilustran el problema básico de la economía colombiana: el PIB tiene que aumentar cada vez más para producir el mismo porcentaje de empleos (crecimiento sin empleo).

Buscando la salida

La explicación de este fenómeno no es fácil de encontrar. Es posible que tenga relación con la productividad laboral y con el modelo de crecimiento adoptado, pero hay que seguir investigando. El debate público de los últimos días no ha aludido para nada a estos asuntos.

Una discusión del modelo de crecimiento basado en la exportación de recursos naturales no renovables es de gran importancia. Este modelo no es intensivo en mano de obra, no crea muchos encadenamientos y crea poco empleo de buena calidad.

“En general el empleo nunca ha sido un propósito político.”

Quienes defienden este enfoque se basan en las ventajas comparativas del país, pero las ventajas comparativas no son estáticas y pueden desarrollarse con una hábil política económica, como muestra la experiencia de los países asiáticos.

Los países desarrollados promueven la llamada energía limpia que reemplazará las fuentes de energía contaminantes como el petróleo y el carbón. Por ejemplo, el plan de recuperación del presidente Joe Biden apoya dicha transformación y plantea cómo las actividades que promuevan nuevos empleos serán beneficiadas.

Razón Pública le recomienda: Transición energética: un mecanismo para el desarrollo 

El enfoque del debate actual sobre el mercado laboral es incompleto. El tipo de modelo de desarrollo para el futuro, su capacidad de crear empleo y de beneficiar a la clase trabajadora son los aspectos más importantes que deben incluirse.

Las instituciones del mercado laboral y la necesidad de construir mecanismos de protección para los trabajadores son aspectos que también se desestiman. Los programas de seguro de desempleo ni siquiera se contemplan en las discusiones actuales; aunque en los países avanzados son herramientas importantes de protección durante la pandemia.

El problema parece ser que sigue pensándose que el propósito principal es el crecimiento económico y no el tipo de crecimiento ni su relación con el empleo.

JAIME TENJO *Ph.D. en economía, consultor e investigador independiente.

https://razonpublica.com/politica-laboral-debate-se-viene/

21.11.-Por qué algunos inversionistas mantienen oro en su cartera: inflación y volatilidadMARC FORTUÑO

Protegerse contra la inflación es uno de los objetivos preferentes del inversionista. Al fin y al cabo, la inflación daña recurrentemente la capacidad de compra del dinero y, para no ser vencidos, no queda otra que obtener rentabilidad de los ahorros.

8 abr 2021.- Entre esas vías para obtener rentabilidad, se concibe al oro como el gran protector para ser capaces de enfrentarse a la inflación con resultados positivos. Sin embargo, esta afirmación no es del todo cierta, y dependerá de los plazos a los que nos refiramos y la situación específica.

Por ejemplo, si nos referimos a corto o medio plazo, en el momento en el que se traslada a la comunidad inversionista la percepción de una elevada inflación, el oro, las materias primas o la renta variable vinculada a las materias primas resultan ser una gran cobertura contra la inflación. En este entorno el oro ofrece resultados excelentes. El gran ejemplo para ilustrar esta afirmación es la crisis del 73. Durante las crisis del petróleo, únicamente el oro generó resultados positivos, mientras que los bonos y las acciones se hundieron y la alta inflación destrozó las rentabilidades de estos activos.

Al mismo tiempo, en contextos en los que la bolsa presenta una elevada volatilidad, los inversionistas acuden al oro en busca de un activo refugio. Tenemos dos ejemplos claros, el hundimiento bursátil de las punto.com y tras la burbuja subprime. En el primer caso, la bolsa estadounidense se abatió un 49% y el oro ofreció un resultado positivo del 12,4%. En el segundo caso, el desplome bursátil fue del 56,9% y, en ese período, el oro ganó un 9,4%.

Sin embargo, toda norma tiene su excepción. Durante la Primera Guerra Mundial, todas las clases de activos obtuvieron resultados negativos, el oro también. Durante la Segunda Guerra Mundial, la renta variable en realidad ofreció buenos resultados debido al repunte de la Gran Depresión tras el desplome de un 80% de la bolsa. Parece que en los grandes conflictos bélicos ni el oro aguanta.

El oro puede tener sentido mantenerlo en cartera en el corto/medio plazo cuando existe la percepción de un repunte inflacionista o una mayor volatilidad en el mercado. De hecho, aquellos inversores que posean oro entre sus inversiones esbozarán una o ambas razones para justificar su exposición.

Sin embargo, si ampliamos miras, y analizamos la realidad del oro a largo plazo, los resultados son totalmente diferentes. Lo que era un activo ganador para vencer la inflación o la alta volatilidad se convierte en el activo que ofrece la rentabilidad real menor (rentabilidad nominal descontando la inflación).

La rentabilidad nominal del oro anualizada a largo plazo es del 2,79% desde 1871. Si descontamos la inflación que ha habido en este periodo, nos quedamos que el oro ofrecería un 0,79% anualizado. En contraste, los bonos y las acciones ofrecerían rentabilidades reales mucho más atractivas, del 2,62% y del 6,73% respectivamente. Por lo que en el largo plazo, el oro pierde todo su sentido como inversión.

En términos generales, las empresas irán ajustando los precios a medida que avanza la inflación. A ello, sumemos que a medida que transcurre el tiempo, las empresas van mejorando los costes de producción y se vuelven más eficientes, de lo contrario, si los costes se incrementaran más que los ingresos terminaría en quiebra. Por ello, las acciones tenderán a largo plazo ser el mejor activo contra la inflación.

Por el contrario el oro, a corto, medio o largo plazo no produce nada. Si somos propietarios de una onza de oro, dentro de un lustro, una década o un siglo nada habrá cambiado. Eso sin tener en cuenta que dependiendo de las cantidades de oro, es probable que imputen los costes de almacenaje.

https://www.elblogsalmon.com/mercados-financieros/que-algunos-inversores-mantienen-oro-su-cartera-inflacion-volatilidad

21.11.-Soluciones propias para economías disímiles – EDUARDO SARMIENTO

El predominio de los organismos internacionales sobre los países se refleja en la recopilación de la información. La información se sintetiza en unos pocos indicadores representantes de todas las economías. Como si fuera información regular de países con las mismas características y diferencias menores que se atribuyen a factores aleatorios de la naturaleza.

10 abr 2021.- La impresión es que todos son iguales por las mismas razones. No se advierte que las soluciones concretas a los países solo se pueden conseguir con diagnósticos propios de las causas de la dolencia y de las formas de superarlas.

De entrada, se observa que las consecuencias de la crisis de la pandemia se presentaron en forma muy distinta. Los mejor librados son los países asiáticos y Estados Unidos, a tiempo que los peor librados son Europa y América Latina.

El mal desempeño de América Latina, y en particular Colombia, obedece al modelo económico de libre mercado que viene de tiempo atrás. La economía colombiana opera en condiciones de bajo ahorro que la torna altamente vulnerable. Las caídas del ahorro, como las del coronavirus, la precipitan en caída libre de la inversión, la producción y el empleo. Por lo demás, está expuesta a un serio conflicto entre el crecimiento económico y la distribución del ingreso. El ahorro se sostiene con salarios por debajo de la productividad del trabajo. En este contexto, la recuperación de la crisis se realiza en forma lenta y con deterioro de la distribución del ingreso.

La verdad es que el retroceso en el crecimiento, la producción y el empleo y el deterioro en la distribución del ingreso son la consecuencia del modelo de libre mercado con salario por debajo de la productividad. Los efectos de la pandemia acentuaron la deficiencia y tienen su manifestación más clara en la reducción de la tasa de ahorro.

En síntesis, Colombia está ante el colapso del modelo económico de libre mercado con salario por debajo de la productividad del trabajo que se impuso en 1990. La reforma tributaria busca la solución con una reducción del salario que agrava el conflicto. El balance interno no se recupera; la reducción del déficit fiscal no alcanza a compensar la deficiencia de ahorro y el déficit en cuenta corriente. La economía queda con un faltante de ahorro que impide la recuperación de la crisis en el presente año. Por lo demás, significa una elevación de la carga tributaria de los grupos medios con salarios cercanos al mínimo, que reduce la participación de los ingresos laborales en el producto nacional; el efecto sobre el coeficiente de Gini no es compensado por las transferencias a los sectores más vulnerables. La economía no alcanzará a recuperar la caída del producto en el presente año y probablemente tampoco en el siguiente, y la distribución del ingreso se verá seriamente deteriorada.

Los hechos se han encargado de demostrar con creces que la economía no tiene el ahorro para recuperar la tendencia histórica del crecimiento, ni compensar el deterioro de la distribución del ingreso. La solución es distinta a la de los países desarrollados, en particular de Estados Unidos, que disponen de ahorros sobrantes.

El modelo de libre mercado con salario por debajo de la productividad no está en capacidad de recuperar el crecimiento histórico y revertir el deterioro de la distribución del ingreso. La alternativa, dictada por las características propias de la economía colombiana y que he presentado en forma insistente, es un cambio de modelo orientado a elevar el ahorro y el salario mediante reformas estructurales en el comercio internacional, la concepción monetaria, la política social de transferencias y la política laboral.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/soluciones-propias-para-economias-disimiles/

21.10.-El experimento de Renta Básica Universal funciona en California: ayuda a los más desfavorecidos DERBLAUEMOND

El experimento de Renta Básica Universal funciona en California: ayuda a los más desfavorecidos

Sobre la Renta Básica Universal se ha escrito ya largo y tendido, y siendo un tema ya tan manido, realmente carecía de demasiado interés para los autores menos proclives a “remover debates” en vez de a crearlos. Pero como siempre acaba ocurriendo con la socioeconomía más econométrica, el interés acaba despertando cuando los datos arrojan nuevos puntos de vista y planos que antes no habían podido ser valorados.

16 mar 2021.- Así, tras las experiencias de RBU más directas y simples como las que hemos visto en diversos países, finalmente ha habido un proyecto piloto en California que ha arrojado unos resultados significativos. Independientemente del sesgo ideológico de cada uno, tal y como estaba planteada esta experiencia ha producido los que deberían ser de verdad los objetivos de una RBU, y que deberían huir como el diablo de la proliferación de una economía clientelar y no productiva, que sólo carcomería nuestro sistema de bienestar.

Pero en California la experiencia ha tenido algunos condicionantes muy concretos, especialmente apropiados, y que han sido a buen seguro lo que ha contribuido definitivamente a que aquella RBU haya sido un caso de éxito. Y es que repartir dinero para todos como si creciese en los árboles no suele ser en absoluto una buena práctica, pero dejar caer en la exclusión social a aquellos que pasan por un mal momento económico tampoco.

La experiencia de California: una prueba de ensayo con los ingredientes apropiados

Hay que empezar explicando que esta experiencia de RBU californiana ha sido promocionada por un programa financiado con donaciones privadas, estructurado jurídicamente en torno a una organización sin ánimo de lucro, y que en este caso no ha utilizado ni un dólar del dinero público de los contribuyentes. Aunque también es cierto que el experimento y su entorno tiene ciertas conexiones políticas, que pueden tener sus intereses en uno u otro signo del resultado. No obstante, y a pesar de ello, no se puede negar que los condicionantes son más que oportunos, la experiencia relevante, y los resultados significativos. Y, a pesar de que hay una segunda fase ya posterior al Coronavirus, además la primera fase de esos datos y resultados son previos a la pandemia, por lo que sus conclusiones son totalmente aplicables a un estado de “normalidad” económica de la de verdad, y no de esa “nueva normalidad” en Neolengua, que es de todo menos normal.

Como explicaba este artículo de The Guardian de hace unos días, la experiencia de RBU de California que les traemos hoy no ha sido una experiencia más al uso, de las tantas del montón que se han limitado a regalar dinero y medir resultados en base a unos parámetros insuficientes, y que por lo tanto acabaron conduciendo a una experiencia incompleta y a unas conclusiones parciales. Hay que empezar diciendo que esta experiencia californiana no ha sido precisamente una iniciativa de regalar dinero por parte de una corporación municipal con un sesgo político intencionado y pre-establecido, y que buscaba pintar un mundo de globos y elefantes rosas. No, no ha sido ni mucho menos el caso, y de ahí que en esta ocasión esta experiencia haya despertado el interés de un servidor, además de por esos condicionantes de este experimento socioeconómico en concreto que les decía antes.

Entrando ya en las condiciones concretas con las que la RBU se ha repartido entre los perceptores con derecho a ella, en el municipio californiano de Stockton decidieron que entregarían la cantidad mensual de 500$ entre residentes que tenían ingresos por debajo de la mediana (46,033$ de ingresos familiares). Y lo que es realmente importante, lo hicieron desde el principio dejando claro que el plazo iba a ser limitado. Esa importancia no es tanto porque este plazo viniese determinado exclusivamente por la duración del piloto, sino porque más bien era un plazo inherente al concepto híbrido de RBU que allí pusieron en marcha, y que de esta manera pretendía huir de crear un sub-tejido socioeconómico, que se acostumbrase a subsistir con unas percepciones que los hacían a la vez dependientes y los condenaba a no ser productivos sino clientelares. Por el contrario, en Stockton la RBU trataba de ser un “empujón” para salir del agujero. Y lo cierto es que este experimento socioeconómico californiano era de diseño sencillo (que no simplista), y no había muchos condicionantes más, lo cual ha redundado en una pureza de los resultados más directos y simplificados, y que evita “perderse por las ramas”. De hecho, por no haber no había ni siquiera condicionantes sobre a qué debían dedicar el dinero percibido los 125 residentes agraciados con su participación en el programa.

Efectivamente, con todo lo anterior, esta experiencia californiana prometía desde el principio, y sea RBU o lo que sea, al menos los objetivos son infinitamente más ortodoxos que un cheque mensual “de regalo porque tú lo mereces”, a cambio de absolutamente nada, y para siempre jamás. Son tres factores que sí que han sido vistos en el diseño de otras experiencias de RBU, y que eran más bien una garantía de todo menos de sacar de la pobreza a los beneficiarios, lo cual debería ser el principal objetivo desde el principio. Y también hay que valorar que los parámetros econométricos han de ser igualmente válidos y adecuados, y que a esas a veces tan sesgadas medias, en este caso han sabido añadirles el gran valor socioeconómico de información adicional que siempre aportan las medianas, y que ya analizáramos en el artículo “El porqué de que casi todos seamos de esa clase media que se extingue… O de que eso nos creamos”.

Obviamente, a estas alturas del artículo, supongo que la pregunta que está presente en la mente de muchos lectores es… ¿Y cuáles fueron los resultados? No se impacienten, que ya llegan las respuestas más significativas y reveladoras del caso analizado hoy. Y ya les adelanto que estos resultados están a la altura del buen diseño del experimento, y que se alejan de los tópicos y los debates polarizados, que resultan ya demasiado “manidos”, e ideológicamente rígidos y atrincherados.

Pero no sólo han sido los reactivos, la reacción también ha traído un producto que podría llegar a ser de futuro con el catalizador adecuado

Como habrán leído ya en el enlace anterior de The Guardian, los resultados no podrían ser más reveladores. Lejos de haber visto con el programa el surgimiento de redes clientelares, la proliferación de perceptores que se malacostumbran, o la creación de economías de subsistencia que prefieren seguir siendo pobres pero sin tener que trabajar, lejos de todo eso, en Stockton lo que se ha visto es precisamente todo lo contrario. Buena parte de los 125 residentes participantes han aprovechado la ayuda que les ha supuesto esa RBU, tal y como estaba diseñada allí, para salir de su situación de deterioro socioeconómico. Y es que una buena proporción de esos 125 ciudadanos gracias a la RBU han repagado deudas, han conseguido dar el salto a conseguir trabajos a tiempo completo, y además han conseguido estadísticamente mejoras en su salud emocional. Vamos, nada que ver con haberse resignado a un cómodo pero improductivo futuro como meros “paniaguados”.

Los datos concretos son que, tras un año de experimento, entre los perceptores, la tasa inicial de sólo un 28% de participantes con un empleo a tiempo completo se había elevado hasta un significativo 40%. Eso supone un aumento de 12 puntos porcentuales, o un incremento de en torno al 43%. Mientras tanto, en el grupo de control, los empleados a tiempo completo pasaron tan sólo del 32% inicial al 37%, un salto casi imperceptible de tan sólo cinco puntos porcentuales, o un incremento de alrededor de un escaso 16%. Desde luego, la diferencia entre el grupo de control y los participantes en el proyecto es más que notable.

Para el análisis de los datos y los estudios más econométricos, el proyecto contó con académicos expertos de la Universidad de Pennsylvania, que concluyeron que esos 500 dólares extra al mes permitieron a los perceptores liberarse de parte de su tiempo habitual de trabajo. Así ese tiempo extra pagado por la RBU pudieron dedicarlo a tomar parte en procesos de selección, a hacer entrevistas, o incluso para sufragar con ello directamente los costes de transporte, de vestimenta adecuada y estéticos, o similares, para poder acudir o incluso dar una mejor imagen en las entrevistas presenciales.

En el mismo sentido, el porcentaje de los perceptores de la RBU que estaban repagando sus deudas se elevó en torno a un 20%, hasta alcanzar un 62%. Finalmente, además, la mayoría de los agraciados pasó desde una condición previa de sufrir una salud mental que presentaba como mínimo desórdenes psíquicos leves, a un estado de bienestar mental saludable y equilibrado. Por otro lado, como el dinero de la RBU se transfería a los perceptores vía una tarjeta de débito, además el estudio tenía trazabilidad de los gastos en los que incurrían con ese dinero los participantes. Aunque es totalmente cierto que aquí puede haber truco, puesto que una cosa son los gastos que esos perceptores quieren hacer con una tarjeta que saben que está monitorizada, pudiendo dejar los gastos menos “comprensibles” para sus medios de gasto personales, que escapan al control de los responsables del estudio. El hecho es que el principal gasto con esas tarjetas era dedicado a la adquisición de alimentación, y menos del 1% se dedicaba a la compra de bebidas alcohólicas o tabaco.

¿Es ésta la experiencia definitiva de color de rosa o hay cosas que aprender de ella porque “no todo vale”, y menos en RBUs?

Así, con estos nuevos resultados del experimento californiano de Stockton, también hay que decir que, en la concepción del experimento, ha influido su cercanía a la meca tecnológica de Silicon Valley. La tónica general por aquellas latitudes es la preocupación casi omnipresente entre los líderes tecnológicos residentes en el estado por la RBU, y en especial ante el escenario socioeconómico que se ha abierto con la robotización y la tecnificación masiva de puestos de trabajo, y que ya está ejerciendo su influencia sobre los mercados laborales locales (y no tan locales). Pero vayamos a las conclusiones más de valor, tratando de mantenernos en todo momento agnósticos respecto a la vertiente más ideológica del asunto, y esforzándonos por atenernos lo más posible a la objetividad de los datos.

Una de las preguntas más sistémicas e intrigantes es quién ocupará esos puestos que dejan los agraciados con una RBU y que consiguen promocionar socioeconómicamente. ¿Va a haber siempre una infra-clase social que se vea forzada a aceptar esos puestos precarios al extremo, o, por el contrario, si la socioeconomía en su conjunto consigue progresar, las condiciones pueden mejorar para todos, y que el fondo sea menos fondo incluso para los menos agraciados socioeconómicamente? Va a ser que la respuesta correcta más probable es la segunda, y a la vista está cómo las economías desarrolladas desde un plano más socioeconómico y no sólo económico como las europeas han conseguido unos estándares de vida media (y mediana) y de desarrollo socioeconómico mucho más equilibrados. Y decimos esto sin quitar ni un ápice de razón a los que sostienen que el modelo europeo también tiene sus desventajas, que las tiene, y en especial por su cierta ineficiencia en el gasto, por presentar unas cargas fiscales elevadas, por su rigidez económica, y por la poca promoción innata de la actividad emprendedora y empresarial, que al final es la que es productiva y genera empleo y bienestar para todos.

Otra de las cuestiones más sistémicas y que potencialmente podrían restar validez a este experimento, es que sus resultados pueden llegar a no tener nada que ver con los que se obtendrían con un programa masivo a gran escala. De hecho, resulta evidente que un piloto con 125 habitantes de un municipio como Stockton tiene sus grandísimas limitaciones, puesto que, para empezar, por ejemplo, la misma cuestión que les planteábamos antes sobre quién ocupa los infra-trabajos que dejan los participantes en la RBU que logran progresar se vuelve un tema crucial. Así, que unas decenas de trabajadores de Stockton cambien de situación socioeconómica, y dejen huecos en la base más base de la pirámide socioeconómica, no tiene un impacto relevante sobre el conjunto, pues otros vendrán que esos puestos ocuparán. Si la RBU fuese masiva, esto no sería así, y aflorarían nuevos efectos colaterales e imprevisibles a priori, y que, dada esa imprevisibilidad, podrían bien tanto reforzar la conveniencia de implantar una RBU, como de su total inconveniencia. Simplemente estaríamos, de nuevo, adentrándonos en el siempre peligroso terreno de lo desconocido económicamente.

Por otro lado, volviendo al tema de la RBU californiana, hay que admitir la obviedad de que es una auténtica pérdida de oportunidad y de potencial de crecimiento socioeconómico que trabajadores que, por una situación desafortunada y muchas veces coyuntural, se vean abocados a caer en una situación de pseudo exclusión social de la que luego casi es imposible salir. Y eso es especialmente destructivo en ciertas sociedades precisamente como la estadounidense, donde conviven sin redes de contención social ni familiar, más propias de países latinos o de democracias más sociales como las europeas. En nada beneficia al sistema perder a un trabajador que puede llegar a volver a aportar al sistema, para que pase a ser una carga en el mejor de los casos, y además para aún así seguir padeciendo unos estándares de vida muy deteriorados. Para evitar el aspecto más ideológico del asunto, no entraremos en “polarizantes” temas de justicia social, y nos limitaremos a insistir en que no aporta nada al sistema sacar de la ecuación socioeconómica a individuos productivos que, con una pequeña ayuda temporal, podrían volver a aportar al sistema de forma neta durante el resto de sus vidas laborales. Y ahí está el quid de la cuestión, en la necesaria temporalidad del planteamiento de la RBU, y el que su diseño trate de conseguir que su percepción sea de que es un mero “empujón” para que el trabajador siga aportando al sistema y al bienestar del conjunto durante el resto de su vida laboral, en vez de ser una carga “para siempre jamás”.

De hecho, asumiendo como esencial esa temporalidad vista en el estudio de California como mínimo de adecuada, la RBU ya no es tanto una renta básica universal como una prestación temporal por situación de deterioro económico. Podría asemejarse más a lo que son la prestación por desempleo más a la europea, pero a la que se tenga derecho más que por cotizaciones previas por haber caído en una situación económica complicada. E insistimos, siempre estableciendo un claro límite temporal del que el perceptor sea consciente desde el principio, para que sepa que dispone de un único cartucho que si desaprovecha tendrá nefastas consecuencias para su salud socioeconómica, de la cual tendrá infinitamente menos posibilidades de escapar. Quizás habría que valorar si el enfoque correcto de la RBU como tal debería ser ese giro conceptual. Y sería esencial que la RBU sea durante ese tiempo limitado también para evitar esos miedos mayores (y muy fundados) de los mayores detractores de la RBU, que temen la proliferación de esos tejidos socioeconómicos hiper-dependientes y clientelares tan lesivos y auto-destructivos para cualquier socioeconomía.

Si aseguras pescado gratis todos los días, ¿Quién va a querer aprender a pescar y salir él mismo a por los peces?

Con esa temporalidad se corta de raíz el riesgo de que el vivir con menos, aunque sea malvivir, se cronifique y que se acostumbren a ello. Y ello me recuerda además lo que siempre me decía un admirado amigo responsable de una excelente ONG en África: para ayudar de verdad a los más desfavorecidos no hay que darles el pescado, hay que darles a caña y enseñarles a pescar. La RBU como la plantean algunos es darles pescado cada día (mientras haya y sea sostenible para el sistema, que todo hay que decirlo), mientras que darles una ayuda temporal supone darles medios para que se compren una caña y sepan que tienen necesariamente que aprender a pescar, porque en un plazo razonable dejarán de sufragarles nuevas cañas de pescar, los cebos y el hilo de nylon.

Parece un pequeño matiz, pero realmente las diferencias que se marcan con ello son abismales, y literalmente pueden marcar la separación entre el empujón constructivo y lo auto-destructivo de esas políticas de “regalar dinero para todos”, que lo siempre acaban es repartiendo miseria. Y además tenemos lo de futuro y de progreso que supone que el sistema haga una pequeña inversión adicional y temporal en unos individuos que así podrían volver a ser aportadores netos al conjunto, y hacerlo durante mucho más tiempo y por mucho mayores importes que los de la percepción que recibieron. Y eso dejando de lado el asunto que ya les decía, y que es el “innombrable” tema de la justicia social, con unos desfavorecidos que a veces nacieron condenados a su precaria condición, sin que ello quite que haya otros que no se hayan esforzado realmente por labrarse un buen futuro.

Pero, ¿Cómo diferenciar salomónicamente los que caen en un campo y en el otro? ¿Qué es más justo y sostenible socioeconómicamente, dejar de prestar un cierto apoyo a los que lo necesitan temporalmente o dejar de sostener a los que explotan el sistema? Siempre va a haber de unos y de otros, e igual lo suyo es añadir a la RBU con el tiempo una buena dosis de inteligencia artificial que permita separar los necesitados de los paniaguados (y que no traiga nada como el escándalo holandés que hizo dimitir en pleno al gobierno de aquel país). Mientras que esa posibilidad técnica y socioeconómica se va haciendo una realidad, algo habrá que ir haciendo en los primeros actos de esta obra, y ese concepto híbrido de una RBU “temporal” es mucho mejor opción que una RBU sin más. Y, en todo caso, los resultados en media que ha aportado en Stockton son como mínimo generadores de riqueza para el conjunto del sistema en los plazos más largos, pero… ¿Largo plazo? ¿Quién se preocupa por el largo plazo en los tiempos de la dictadura del quarter y de los resultados trimestrales? Igual el cortoplacismo rabioso vuelve a ser parte también de este problema, y que, igual que no conviene poner el horizonte temporal de la RBU en el “hasta el infinito y más allá”, tampoco convenga poner el límite de la vida productiva de un trabajador en la carambola de no sufrir ningún revés insuperable en el corto y medio plazo, que ya le saque del sistema para el resto de sus días.

Esto no tiene porqué necesariamente ocurrir tampoco tan sólo al caer en situación de desempleo, sino que puede plantearse incluso ante situaciones de precariedad económica sobrevenida de forma sostenida y cuasi-permanente para trabajadores que, con un pequeño empujón, puedan igualmente dar un salto socioeconómico que les permita salir de la precariedad y aportar más al sistema. Y eso podría aportar beneficios incluso tratándose de situaciones no coyunturales y cronificadas, porque el que cae en ellas ya no tiene recursos económicos que le den opción a salir del pozo. ¿Por qué limitar las opciones dadas por el sistema para progresar en la vida y para conseguir un mejor trabajo tan sólo a la época joven y solamente en el plano meramente educativo? ¿Por qué no dar una segunda oportunidad temporal convenientemente diseñada en la madurez a trabajadores que, ya no voy a decir que vean sus ingresos simplemente por debajo de la mediana, sino incluso por debajo de un umbral de un % de ella a definir? Y eso ya es un híbrido que entra en lo que se acerca más a un concepto de RBU sin serlo, y que paradójicamente podría evitar lo más peligroso de la misma. Pero el otro tema crucial aquí es el clásico de toda iniciativa socioeconómica: ¿Cómo, durante cuánto tiempo y, sobre todo, quién paga la fiesta?

https://www.elblogsalmon.com/economia/experimento-renta-basica-universal-funciona-california-ayuda-a-desfavorecidos?utm_source=recommended&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_campaign=31_Mar_2021+El%20Blog%20Salm%C3%B3n

21.9.-Sugestiones: Otra vez la Emisión Monetaria MAURICIO CABRERA

Lo primero es una teoría trasnochada que no tiene asidero en condiciones como la recesión actual, causada por desplome de la demanda.

Se volvió a alborotar el debate sobre el crédito del Banco de la República (BR) al gobierno para financiar los gastos que no ha hecho para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia.

21 mar 2021.- Esta vez, porque Petro y Claudia López volvieron a insistir en la propuesta que desde hace un año planteamos varios economistas, incluyendo ex ministros de Hacienda.

Los ortodoxos volvieron a decir que era una propuesta populista e irresponsable, sin importar que los bancos centrales de muchos países hicieron préstamos a sus gobiernos.

Repitieron los mismos argumentos: uno, que la emisión monetaria podía aumentar la inflación y dos, que se afectaba la credibilidad del gobierno y del mismo BR frente a los inversionistas internacionales.

Lo primero es una teoría trasnochada que no tiene asidero en condiciones como la recesión actual, causada por desplome de la demanda. Las cifras son contundentes: el año pasado el BR imprimió billetes a gran velocidad, y los medios de pago (M1) aumentaron 26.4%; ¿Se aceleró la inflación? No!, por el contrario se redujo a un mínimo histórico de 1.6% anual. Lo malo es que muy poco de ese dinero nuevo llegó al sector productivo, porque los créditos bancarios solo crecieron 2.9%.

Hoy todo el mundo aplaude que el BR haya bajado tasas de interés y emitido dinero, pero sigue la absurda visión maniquea de que la emisión es buena si va para el sector financiero privado, y mala si es un préstamo al gobierno.

En cuanto al segundo argumento vale la pena recordar lo que sucedió durante la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. El gobierno de Olaya Herrera enfrentaba una caída del PIB del 8% con el agravante que el BR no podía emitir sin respaldo de oro, y con la fuga de capitales el M1 disminuyó cerca de 30%.

Cuando se autorizó al BR a emitir sin respaldo en oro había que encontrar una fórmula que le permitiera prestarle al gobierno. Lo hizo el creativo Minhacienda Esteban Jaramillo.

Le cedió al BR las utilidades de los siguientes 13 años de la explotación de las Salinas (la ISA de esa época), a cambio de un préstamo del BR de $15.5 millones, que representaban el 40% de los ingresos del gobierno. El crédito del BR al gobierno llegó a ser el 6% del PIB y el país salió de la recesión. Es como si hoy le prestara unos $60 billones.

La propuesta de la alcaldesa de Bogotá es que el BR le preste al gobierno $50 billones garantizados con las utilidades futuras de ISA y Ecopetrol. El ortodoxo Esteban Jaramillo la aprobaría, y no habría que vender a ISA.

* * *

ADENDA: Excelente la propuesta del presidente de sembrar 60.000 árboles como homenaje a los muertos por el Covid. Ojalá propusiera también hacer otro bosque de 6.402 árboles como monumento a los jóvenes asesinados y presentados como falsos positivos.

https://www.portafolio.co/sugestiones-otra-vez-la-emision-monetaria-opinion-mauricio-cabrera-galvis-550259

21.9.-Sugestiones: Otra vez la Emisión Monetaria MAURICIO CABRERA

Lo primero es una teoría trasnochada que no tiene asidero en condiciones como la recesión actual, causada por desplome de la demanda.

Se volvió a alborotar el debate sobre el crédito del Banco de la República (BR) al gobierno para financiar los gastos que no ha hecho para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia.

21 mar 2021.- Esta vez, porque Petro y Claudia López volvieron a insistir en la propuesta que desde hace un año planteamos varios economistas, incluyendo ex ministros de Hacienda.

Los ortodoxos volvieron a decir que era una propuesta populista e irresponsable, sin importar que los bancos centrales de muchos países hicieron préstamos a sus gobiernos.

Repitieron los mismos argumentos: uno, que la emisión monetaria podía aumentar la inflación y dos, que se afectaba la credibilidad del gobierno y del mismo BR frente a los inversionistas internacionales.

Lo primero es una teoría trasnochada que no tiene asidero en condiciones como la recesión actual, causada por desplome de la demanda. Las cifras son contundentes: el año pasado el BR imprimió billetes a gran velocidad, y los medios de pago (M1) aumentaron 26.4%; ¿Se aceleró la inflación? No!, por el contrario se redujo a un mínimo histórico de 1.6% anual. Lo malo es que muy poco de ese dinero nuevo llegó al sector productivo, porque los créditos bancarios solo crecieron 2.9%.

Hoy todo el mundo aplaude que el BR haya bajado tasas de interés y emitido dinero, pero sigue la absurda visión maniquea de que la emisión es buena si va para el sector financiero privado, y mala si es un préstamo al gobierno.

En cuanto al segundo argumento vale la pena recordar lo que sucedió durante la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. El gobierno de Olaya Herrera enfrentaba una caída del PIB del 8% con el agravante que el BR no podía emitir sin respaldo de oro, y con la fuga de capitales el M1 disminuyó cerca de 30%.

Cuando se autorizó al BR a emitir sin respaldo en oro había que encontrar una fórmula que le permitiera prestarle al gobierno. Lo hizo el creativo Minhacienda Esteban Jaramillo.

Le cedió al BR las utilidades de los siguientes 13 años de la explotación de las Salinas (la ISA de esa época), a cambio de un préstamo del BR de $15.5 millones, que representaban el 40% de los ingresos del gobierno. El crédito del BR al gobierno llegó a ser el 6% del PIB y el país salió de la recesión. Es como si hoy le prestara unos $60 billones.

La propuesta de la alcaldesa de Bogotá es que el BR le preste al gobierno $50 billones garantizados con las utilidades futuras de ISA y Ecopetrol. El ortodoxo Esteban Jaramillo la aprobaría, y no habría que vender a ISA.

* * *

ADENDA: Excelente la propuesta del presidente de sembrar 60.000 árboles como homenaje a los muertos por el Covid. Ojalá propusiera también hacer otro bosque de 6.402 árboles como monumento a los jóvenes asesinados y presentados como falsos positivos.

https://www.portafolio.co/sugestiones-otra-vez-la-emision-monetaria-opinion-mauricio-cabrera-galvis-550259

21.8.-Fuerte estímulo en Estados Unidos, chichiguas en Colombia – SALOMÓN KALMANOVITZ

Joe Biden logró que se aprobara el plan de rescate de la economía estadounidense por 1,9 billones de dólares, más del 9 % del PIB de ese país. En 2020 su economía se contrajo el 3,5 % y la tasa de desempleo llegó al 6,2 % de la población económicamente activa.

14 mar 2021.- Diversos analistas auguran una recuperación total en 2021, aunque algunos temen que la economía se recaliente y aumente la inflación. Otros consideran que eso no sucederá necesariamente y que el aumento de precios se limitará a ciertas materias primas, un costo bajo frente a los beneficios. El plan extiende el seguro de desempleo y aumenta las mesadas, subsidia los seguros de salud (contra la inclemencia de Trump), subsidia alquileres y otorga bonos por cada niño en situación de vulnerabilidad. Una muestra de empatía con los sufrimientos de buena parte de la población estadounidense, de la que carece el Partido Republicano que, unificado alrededor del expresidente, no emitió ni un voto favorable al plan.

Aunque la contracción de la economía colombiana ha sido más del doble y la tasa de desempleo es cercana al 16 %, una calamidad, la administración Duque no ha dispuesto ni un tercio del estímulo recién aprobado en Estados Unidos (para no mencionar los billonarios paquetes de ayuda anteriores), el país del que copiamos todos sus defectos pero ninguna de sus virtudes. Es obvio que su capacidad de endeudamiento es enorme, mientras que la tesorería colombiana está más limitada. Por eso mismo, debe recurrir más a los impuestos.

Quizá más pronto que tarde aumentarán los impuestos al capital en Estados Unidos para pagar parte del plan de rescate y se afectarán las ganancias de las corporaciones. En nuestro país, el ministro Carrasquilla da puntadas a una nueva reforma tributaria, pues el objetivo de la que hizo hace dos años fue reducir los impuestos a las sociedades y a los mayores ingresos. Así, agravó el desequilibrio fiscal estructural del Gobierno, aun antes de que fuera necesario actuar contra la pandemia.

Una propuesta distinta es impedir que el Gobierno asuma el impuesto de industria y comercio que pagan los empresarios a nivel local, con un costo de $6 billones. Otra, gravar las altas pensiones, que hoy están exentas. Nuestro sistema tributario ha acentuado la desigualdad al apoyarse cada vez más en el IVA en lugar del impuesto de renta. Según Anif, “en 1991 [el IVA] pesaba el 32,5 % del recaudo… (2,6 % del PIB), mientras que en 2019 aumentó al 41,4 % (5,8 % del PIB)”. Carrasquilla pretende aumentar aún más la desigualdad, fijando un IVA más alto a muchos bienes de la canasta familiar y “ofreciendo” devolverlo a los hogares más pobres, una oferta difícil de cumplir con tanta informalidad.

Al Gobierno no le interesa aumentar los impuestos a las personas, que son ridículamente bajos: por este concepto recauda un ínfimo 1 % del PIB frente al 8 % en los países de la OCDE; falta un impuesto con dientes al patrimonio y restablecer la renta presuntiva. El Gobierno se identifica con los ricos, pero es insensible a las necesidades de una población afligida por la enfermedad, la muerte y el hambre.

Carrasquilla espera aumentar el recaudo en un escaso 1,5 % del PIB, lo que refleja su talante mezquino y chichigüero y la cortedad de sus reformas tributarias ante las abrumadoras necesidades de nuestra sociedad. Habrá entonces muchísima austeridad fiscal.

https://www.elespectador.com/opinion/estimulo-en-estados-unidos-chichiguas-en-colombia/

 21.7.-Desempleo y pandemia MAURICIO CABRERA

Este enero se agrandó la diferencia, y el desempleo aumentó casi 4 puntos respecto a diciembre de 2020, llegando a un asustador 17,3%, el segundo peor registro para este mes en lo que va corrido del siglo. La situación es peor en las 13 ciudades más grandes del país, en las que el desempleo llegó al 19,5%. Grave.

Enero siempre ha sido un mes difícil para el empleo. Después de las fiestas decembrinas que generan mucho empleo temporal por los viajes, celebraciones y la explosión de las compras navideñas, viene la resaca de la cuesta de enero, donde mucha gente se da cuenta que gastó más de lo que tenía y se aprieta el cinturón.

7 mar 2021.- Los negocios vuelven a su ritmo normal y se despiden miles de trabajadores temporales. Este comportamiento estacional se refleja en las cifras del Dane que cada enero muestran un aumento de la tasa desempleo frente al mes anterior (en promedio 2,7 puntos porcentuales en la última década).

Este enero se agrandó la diferencia, y el desempleo aumentó casi 4 puntos respecto a diciembre de 2020, llegando a un asustador 17,3%, el segundo peor registro para este mes en lo que va corrido del siglo. La situación es peor en las 13 ciudades más grandes del país, en las que el desempleo llegó al 19,5%.

Los porcentajes son números fríos que esconden la tragedia de 1,57 millones de personas que empezaron mal el año nuevo perdiendo su empleo y sus ingresos. De estas 938.000 fueron mujeres y 39.000 hombres, es decir que 6 de cada 10 nuevos desempleados fueron mujeres. Por eso la tasa de desempleo femenino es de 22,7% mientras que la de los hombres es mucho menor, 13,4%.

Varios analistas culpan de esta caída del empleo a la nueva cuarentena y los cierres de actividades económicas que se decretaron en enero para controlar el gran aumento de contagios y muertes por Covid producido por los excesos de diciembre. No es del todo cierto.

La actividad económica en la que más se perdieron empleos, comparando con enero del año anterior, fue la Industria Manufacturera, con más de 400.000.

Es claro que la industria no fue afectada por los toques de queda ni por la ley seca. Por el contrario, aunque se esperaría que el Comercio sufriera más por las restricciones, fue uno de los pocos sectores que registró un aumento de personas ocupadas, 44.000. Los otros dos sectores que sacaron la cara fueron construcción y servicios públicos.

La hipótesis alternativa, por lo menos para la Industria, es la falta de demanda, pues en el 2020 sus ventas cayeron 8%. En sectores como restaurantes, hoteles o entretenimiento es una mezcla de las restricciones y de las menores ventas por el autocuidado de la gente o su falta de dinero para consumir. Mientras la gente no recupere sus ingresos y no se reanime la demanda la reactivación será lenta.

* * *

ADENDA: 6.402 jóvenes colombianos ya no están buscando empleo. Cuando lo estaban buscando les ofrecieron ir a coger café y otros posibles trabajos.

Partieron ilusionados en conseguir algún ingreso para sus familias y fueron vilmente asesinados para mostrar resultados y cobrar unas recompensas.

Su sangre clama justicia y saber quién originó la orden.

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/desempleo-y-pandemia-columnista-549811

 

  • 21.6.-Prácticas non sanctas de Carrasquilla: ¿Qué dicen los entes de control?AURELIO SUÁREZ 
  • Empleo y distribución EDUARDO SARMIENTO
  • Reforma fiscal SALOMÓN KALMANOVITZ

Carrasquilla porfía en justificar la tercera reforma, dirigida en realidad a financiar beneficios tributarios enredados.

Carrasquilla dijo recién nombrado que al presupuesto le faltaban 14 billones de pesos de ingresos para cumplir la regla fiscal y que iba a cubrirlos con la Ley de Financiamiento de 2018. Anif y Mauricio Cárdenas advirtieron deficiencias, y Moody’s calculó que solo conseguiría 7 billones de pesos. La Corte Constitucional se la tumbó en octubre de 2019 por violar el debido trámite en el Congreso. En efecto, el recaudo de IVA y otros indirectos creció 5 billones de pesos, pero el de la renta, apenas 3 billones de pesos.

27 feb 2021.- Inspirado en que “rebajar impuestos era el motor de la economía”, metió la Ley de Crecimiento, que rebajó la tarifa al impuesto de renta empresarial e introdujo beneficios tributarios con cargo al erario por 9,4 billones de pesos para 2021, 11,5 billones de pesos para 2022 y 19,4 billones de pesos para 2023, sin contar otras prebendas, y se guardó el as de las privatizaciones para cuadrar cuentas corrientes.

Recambió los vencimientos de la deuda pública: bajó a 3,8 billones de pesos los 20,74 billones de pesos a pagar en 2020 y pasó el resto a 2025, cuando el monto será de 30,5 billones de pesos, legándole el chicharrón al Gobierno venidero (BanRep).

 El exministro Cárdenas juzgó que para pulir tales planes “se tiene que incurrir en prácticas non sanctas” (junio 2019) y que pensar que la reforma se pagará “a punta de mayor crecimiento, es un deseo más que una realidad” (noviembre 2019). Una vez en vigor la Ley de Crecimiento, Duque y Carrasquilla presumieron que ya había superávit antes del servicio de la deuda.

Las cuentas de la lechera estallaron con la pandemia, pero a Carrasquilla le sirvió para incurrir en nuevas prácticas non sanctas a fin de financiar el descuadre. El Observatorio Fiscal de la Javeriana reveló que los importes del fondo Fome, creado para la emergencia, no coincidían con lo publicado en los portales de Transparencia.

A febrero de 2021 acumulaba 40,5 billones de pesos, pero desembolsados 22,6 billones de pesos, 2,1 por ciento del PIB, lo que hace del Gobierno de Duque uno “chichipato”.

¿Cuál es el truco? Amasar recursos pero no ejecutar, y mezclar sin recato el gasto con la liquidez cedida por el Banrepública a la banca para mentir con la supuesta inversión del 11 por ciento del PIB en la pandemia. La meta fue promover otra reforma tributaria, fundada en una comisión extranjera creada con la Ocde, que escarba en la canasta familiar las pérdidas al fisco por las exclusiones en el IVA (El Tiempo, 13/4/20).

A febrero de 2021, los soportes extras en programas sociales e Ingreso Solidario, para 7,3 millones de hogares beneficiados y durante 270 días, totalizan 8,68 billones de pesos, equivalentes a 1,2 millones de pesos por hogar, míseros 4.500 pesos al día. El programa de auxilio a empresas, Paef, ha conferido en nueve meses magros 4,8 millones de pesos mensuales en promedio a 150.000 de ellas, que son el 10 por ciento del empresariado nacional, y, de 5,8 billones de pesos repartidos, las grandes acaparan 30 por ciento. El respaldo a la salud suma 6,1 billones de pesos, así: giro a las IPS por cartera, pasivos públicos, disponibilidad de ucis, créditos Findeter y bonificaciones, 1,7 billones de pesos; vacunas y su aplicación, 3,1 billones de pesos; y traspasos de 1,3 billones de pesos a las EPS por no POS y pandemia. El total general ejecutado en todos los apoyos, con dificultad, supera 20 billones de pesos.

Dado que varios rubros como la devolución del IVA estaban en el presupuesto, el dato final del PIB del gasto nominal del Gobierno en 2020 fue de 10,5 billones de pesos, mucho menos que en 2019, cuando no había crisis por el virus. Contra toda evidencia, Carrasquilla porfía en justificar la tercera reforma, dirigida en realidad a financiar los beneficios tributarios enredados, más aún con la caída por 11 billones de pesos del recaudo en impuestos el año pasado. Tampoco validan la reforma nuevas deudas en TES a largo plazo por 36 billones de pesos; ni la de 12 billones de pesos a diez años con el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), contraída en un raponazo a los entes territoriales; ni la del FMI por 5.300 millones de dólares, casi la mitad usada sin saberse en qué.

Nada la justifica, y menos si se descarga sobre una economía hundida en -6,8 por ciento. Es tan absurda que el exdirector de la Dian expresó: “Más importante fortalecer la Dian y perseguir a los evasores que hacer nuevas reformas tributarias” (SEMANA, 13/2/21). En la onda gobiernista y sin evaluación mayor, algunos centros de estudio propusieron una por 20 billones de pesos, plagada de impuestos al salchichón, a la gasolina y al gas. También en un esfuerzo por cuadrar el círculo, economistas apuntan a devoluciones y sobretasas para tornar progresivo el IVA. Carrasquilla, desaforado, sin regla fiscal, se arroja sobre la clase media y decreta la impropia toma hostil de ISA desde la entrampada Ecopetrol.

¿Impunidad a Carrasquilla? Pido a Procuraduría y Contraloría impedirlo y revisar sus “prácticas non sanctas”, que violan el principio constitucional de transparencia.

https://www.semana.com/opinion/articulo/practicas-non-sanctas-de-carrasquilla-que-dicen-los-entes-de-control/202151/?fbclid=IwAR1SWqdnV

21.6.-Empleo y distribución EDUARDO SARMIENTO

La información de comienzo del año confirma que la crisis económica no se superó en 2020. En enero el desempleo aumentó 4 % frente al mismo mes del año anterior y el empleo descendió 7 %.

7 mar 2021.- La caída de la actividad productiva se extenderá y terminará en estancamiento. No menos alarmante es la información sobre la pobreza y la distribución del ingreso. La pobreza pasó de 36 % a 46 %, la participación del trabajo en el PIB bajó y el apoyo a los sectores más vulnerables no llegó a 0,5 % del PIB. Las cifras dejan al descubierto un severo conflicto entre el empleo y la distribución del ingreso.

Los hechos se han encargado de reafirmar la naturaleza estructural de la caída en Colombia, y en general en América Latina. La globalización, la caída de los precios del petróleo y el coronavirus configuraron una estructura económica de bajo ahorro que ha propiciado serios daños. En un principio ocasionó un déficit en cuenta corriente que disparó el desempleo. Luego, quebró el vínculo entre el ahorro y la inversión; la reducción del ahorro se llevó por delante la inversión y la producción. En la actualidad, da lugar aún abierto conflicto entre el crecimiento económico y la distribución del ingreso; el bajo ahorro se trata de contrarrestar con la colocación del salario por debajo de la productividad del trabajo.

La síntesis no puede ser más crítica. La economía enfrenta una reducción del ahorro que, a su turno, reduce la producción y el empleo, y se contrarresta con la baja del salario y el deterioro de la distribución del ingreso. Lamentablemente esta evidencia no se ha asimilado.

Las propuestas oficiales están basadas en medidas que desconocen las causas de la crisis. Se orientan hacía una reforma tributaria basada en el IVA y las privatizaciones de empresas públicas que afectan el ahorro y el salario en direcciones opuestas. Las acciones aisladas por lo general logran un propósito a cambio del otro y en conjunto resultan inefectivas.

La causa del mal desempeño de la economía es el mercado en un mundo de deficiencias estructurales y distorsiones. El mercado resuelve los conflictos con estímulos que privilegian la producción y la eficiencia sobre la equidad. Así, las deficiencias estructurales que deprimen el ahorro se compensan con distintos procedimientos para colocar los salarios por debajo de la productividad del trabajo.

Las soluciones a las dolencias económicas no están en las manifestaciones y en los lugares comunes, sino en las instituciones que las causan, y pueden lograrse con una nueva organización económica que se distancie del fundamentalismo de mercado, y lo sustituya por conciliaciones estatales que actúan en diferentes frentes. En términos concretos se propone cambiar las teorías y el modelo económico.

Lo que se plantea es una reforma radical del sistema económico orientada a remover las deficiencias estructurales que propician el conflicto entre el ahorro y el salario. En la práctica se lograría con medidas de puntuales que aumenten el ahorro y eleven el salario, o por lo menos, no lo bajen. El primer paso podría ser la reorientación del Banco de la República para incrementar el dinero con respecto a la demanda y el replanteamiento de la política social para disminuir las enormes transferencias presupuestales al capital. Sin embargo, la transformación más importante es el cambio en la estructura del sector externo que requeriría un plazo más largo de gestación y transformación. Es indispensable avanzar en una composición comercial y sectorial basada en actividades de mayor complejidad y productividad del trabajo que eleven el salario y erradiquen el déficit en cuenta corriente dentro de un marco de crecimiento de la producción y el empleo.

https://www.elespectador.com/noticias/economia/empleo-y-distribucion/

21.6.-Reforma fiscal SALOMÓN KALMANOVITZ

El Gobierno se apresta a presentar una tercera reforma tributaria que disfraza con el nombre engañoso de “reforma fiscal”. Insiste en que hay que gravar el consumo de los colombianos y que además es justo porque los ricos consumen mucho y pagarán más de lo que están acostumbrados.

28 feb 2021.- Se trata de una falacia porque los pobres pagarán una parte mayor de su magro ingreso, mientras que a los ricos no les hará cosquillas. Se impondrá una tarifa del 19 % sobre muchos alimentos básicos que hoy tienen recargos menores. Prometen que van a devolver el IVA a dos millones de hogares pobres, pero la Encuesta de Hogares de 2019 informaba de 4,3 millones de hogares vulnerables, cifra que debió aumentar exponencialmente por la pandemia

El Gobierno justifica las exenciones de impuestos a los ricos porque terminan financiando más inversión, más crecimiento y empleo. Se trata de otra falacia: las condiciones que determinan la inversión son la rentabilidad esperada y el crecimiento de la demanda agregada, innovaciones tecnológicas y, en nuestro caso, un auge sostenido en el valor de nuestras exportaciones. Si bien una menor tributación aumenta los fondos de que disponen las empresas, estos se pueden distribuir en mayores dividendos, fuga de capital y aumento del consumo suntuario de sus propietarios. Esto ha sido confirmado por estudios hechos después de recortes de impuestos en muchos países que en su mayor parte no indujeron rachas de inversión.

La devolución de impuestos que hizo el gobierno Duque en 2019 no condujo a nuevas inversiones, obviamente porque la pandemia que se inició en febrero de 2020 destruyó mucho tejido empresarial e hizo colapsar la demanda agregada. Este año deberá ser un proceso de reconstrucción de parte de esas empresas que cerraron o se debilitaron, aunque muchas no volverán a la vida. La demanda se irá restaurando en la medida en que se retomen actividades, pero no lo ha hecho hasta el momento. En 2020 la tasa de desempleo fue de casi 16 % de la población económicamente activa (PEA); el registro de enero de 2021 empeoró mucho al ubicarse en el 17,3 % de la PEA (nacional), pero en áreas metropolitanas fue un espantoso 19,5 %.

En 2020 el recaudo tributario fue de $146 billones, $11 billones menos que en 2019. En 2021 las declaraciones de renta van a reflejar los cierres de sectores y empresas del año pasado, como también las caídas en el empleo; en consecuencia, el recaudo tributario debe reducirse de nuevo. Mientras tanto, el gasto público tuvo que ampliarse para atender las necesidades del sector salud y de la reactivación, dando lugar a un déficit fiscal de 8,2 % del PIB que hizo aumentar la deuda pública a dos tercios de la riqueza anual producida.

El Gobierno confía en que el Congreso le apruebe, en vísperas de elecciones, impuestos adicionales por unos $20 billones, con lo que quedaríamos tal como estábamos antes de la reforma de 2019 que le devolvió $10 billones a los contribuyentes más ricos. Se necesitan en verdad $40 billones como mínimo.

La administración Duque recibió un premio de consolación: el Banco de la República le aportó $6 billones (0,5 % del PIB) que fueron parte de las utilidades que obtuvo del manejo de las reservas internacionales, reflejo de las bajas tasas de interés en Estados Unidos. Sin embargo, este año se produjeron alzas en los tipos de interés que afectarán la valorización de las reservas del banco central y, por lo tanto, tampoco habrá premio el año entrante.

https://www.elespectador.com/opinion/reforma-fiscal/

  • 21.5.-La politización del Emisor SALOMÓN KALMANOVITZ 
  • Seguimos en la fase de decrecimiento del covid-19 DIEGO OTERO
  • Patentes sobre vacunas: ¿saludables o de corso? RODRIGO UPRIMNY

  La independencia y el adecuado funcionamiento del Banco de la República nunca han estado tan asediados como durante la administración Duque. A nadie se le habría ocurrido que el ministro de Hacienda, que preside la junta directiva, pretendiera ocupar su gerencia con el apoyo del infantil presidente y del Ubérrimo: un “complot” para que el Gobierno se tomara la autoridad monetaria y la pusiera al servicio de sus intereses, que pudo tener graves consecuencias en la reputación del país.

25 feb 2021.- Por fortuna, la junta salvó la institución al nombrar a una persona idónea y frenar en seco las aspiraciones de Carrasquilla de seguir el resto de su carrera en la gerencia del Emisor.

Carrasquilla había nombrado como codirector a un compinche suyo, Arturo Galindo, para asegurar su voto y conquistar la gerencia. Terminada su fallida misión, que duró menos de un año, volvió al BID para no perder su merecida jubilación. Galindo fue remplazado por Jaime Jaramillo Vallejo, en su momento decano de la Universidad Javeriana, un veterano funcionario que ha trabajado en instituciones financieras multilaterales, doctorado por la Universidad de Boston.

Otro golpe contra el buen funcionamiento del banco central fue el nombramiento como codirectora de Bibiana Taboada, hija de la exministra del Interior Alicia Arango. La nueva codirectora es una profesional especializada en temas de pobreza multidimensional, distantes años luz de lo que requiere tomar decisiones en política monetaria y asuntos macroeconómicos. Tiene un par de livianas maestrías, una de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard en administración pública, no en economía. En el mejor de los casos será un cero a la izquierda y en el peor contribuirá a tomar malas decisiones. Ese cargo requiere años de estudio en teoría económica, finanzas, historia económica y monetaria, política monetaria y fiscal, así como experiencia en la toma de decisiones sobre estos temas. El clientelismo nepotista capturó así una posición importante del banco central.

El nombramiento de Mauricio Villamizar sorprendió por la juventud del nuevo codirector, pero tiene un doctorado en economía de la Universidad de Georgetown, publicaciones importantes y experiencia en la subgerencia de estudios económicos del banco. Que sea hijo de un exministro de la administración Samper (hace 27 años) le resta más de lo que le pone. Taboada y Villamizar egresaron de la Universidad de los Andes, que mantiene una hegemonía odiosa, porque existen muchos egresados de universidades públicas o privadas y de provincia —con doctorados en el exterior y buenas hojas de vida— que podrían ser excelentes codirectores, pero todos los gobiernos, sin importar su inclinación, suelen nombrar a los sospechosos de siempre.

Es evidente que la junta se ha tornado conservadora en exceso. Quizá como resultado de un temor reverencial a equivocarse, combinado con la terquedad de Carrasquilla, que ha sido caradura ante la crisis económica y social que agobia al país. Incluso el Fondo Monetario Internacional le recomendó a la junta “aflojar más la política monetaria si la inflación permanece muy por debajo de su meta” y surgen nuevas amenazas al crecimiento.

https://www.elespectador.com/opinion/la-politizacion-del-banco-de-la-republica-en-colombia/

21.5.-Seguimos en la fase de decrecimiento del covid-19 DIEGO OTERO

Todos los indicadores muestran que estamos definitivamente en la fase de disminución de la segunda ola. Trátese de casos diarios de infectados y de muertes, de tasas de recuperación y de tasas de letalidad, atravesamos una fase muy positiva, pero esto no quiere decir que todo esté ganado, o que hay que bajar la guardia. 

22 feb 2021.- El lunar es, como siempre lo ha sido, el tema de las pruebas, por su insuficiencia, la falta de trazabilidad y, por lo tanto, de seguimiento de contactos y de aislamiento de los infectados. Si hubiéramos tenido un buen sistema de pruebas los contagiados y las muertes habrían sido menores. Se habrían evitado muchos problemas para la ciudadanía y la economía. Pésimo el manejo por todas las autoridades nacionales, regionales y locales. Pero es perdido ya lamentarse porque las autoridades no quieren hacer nada ni las EPS.

Casos totales

Del 14 al 23 de febrero el total de infectados ha tenido una tasa de crecimiento decreciente, de tal forma que cambió la pendiente de las curvas como se observa en las gráficas 1 y 2.

Gráfico 1 Casos totales de infectados por Covid-19

En efecto las tasas de crecimiento diario del total de infectados cayeron de 1,14 por ciento el 15 de enero a 0,18 por ciento el 23 de febrero.

En el gráfico 1 la pendiente cambia a partir de febrero y en la curva logarítmica del gráfico 2 se da un aplanamiento de la misma.

Gráfico 2 Casos infectados por Covid-19 en forma logarítmica


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https://www.sur.org.co/seguimos-en-la-fase-de-decrecimiento-del-covid-19/

21.5.-Patentes sobre vacunas: ¿saludables o de corso? RODRIGO UPRIMNY

¿Por qué, me preguntaron en una conversación informal, tenemos que esperar todo este tiempo a que nos lleguen las vacunas contra COVID-19, mientras que la economía sigue mal y muere tanta gente, si ya hay muchas vacunas seguras y efectivas? ¿Es que acaso nosotros no podemos producirlas?

27 feb 2021.- La respuesta a esta sencilla pero esencial pregunta es que el problema no es técnico sino político.

Tal vez Colombia no pueda técnicamente producir algunas de esas vacunas, como las basadas en el ARN mensajero, pero muchos otros países podrían hacerlo, incluso varios del Sur global, como India, Argentina o Brasil. Como lo ha mostrado Médicos sin Fronteras, no hay un obstáculo técnico a que una producción masiva mundial permita en pocos meses tener vacunas suficientes para todos los 7.800 millones de seres humanos.

El obstáculo es jurídico y político. Es la propiedad intelectual que prevé patentes para las farmacéuticas que crearon esas vacunas, que es un monopolio temporal, en general de 20 años, conforme al cual nadie puede producir esas vacunas, en ese período, sin su permiso. Y por eso esas empresas pueden también imponer precios y condiciones.

Las patentes son defendidas por los países ricos, que es en donde están domiciliadas muchas de esas farmacéuticas. El argumento es que sin patentes no habría innovación pues las empresas no tendrían incentivos para investigar y lograr nuevos productos.

No voy a controvertir acá esa defensa de la propiedad intelectual, que es muy discutible, sino que planteo esta pregunta: incluso si las patentes fueran buenas y ayudaran a la innovación, ¿es justo que hoy se mantengan intactas frente a COVID-19 si eso impide el acceso rápido a vacunas en todo el planeta? La respuesta es negativa pues no sólo condenamos a morir a millones de personas, sino que además el riesgo epidemiológico es altísimo. Cada contagio es un riesgo de una nueva mutación del coronavirus. Nada excluye entonces que lleguemos a variantes que escapen a las vacunas actuales. O que surja y se extienda alguna variante letal para los niños, que por ahora han logrado escapar al efecto devastador de la pandemia.

Por eso, sin cuestionar la propiedad intelectual como tal, Sudáfrica y la India propusieron ante la Organización Mundial del Comercio, que es el foro internacional sobre estos temas, una exención temporal (o “waiver”) frente a las patentes de vacunas y tratamientos para COVID-19, al menos mientras se controla la pandemia. Podría incluso preverse alguna compensación justa a las empresas que descubrieron las vacunas, descontando obviamente el inmenso apoyo financiero que recibieron de dineros públicos.

Esta exención temporal es imprescindible pues las flexibilidades hoy previstas frente a las patentes, como las licencias obligatorias, son demasiado rígidas y limitadas para enfrentar esta crisis. Sólo el waiver permitirá que empresas y Estados con las capacidades técnicas suficientes se pongan a producir masivamente las vacunas necesarias, sin temer sanciones drásticas por violar patentes.

Esa propuesta enfrenta la resistencia de ciertos países del norte, pero ha recibido un apoyo creciente de muchos Estados y organizaciones científicas y humanitarias. Sin embargo, el gobierno Duque se ha abstenido de apoyarla con el vergonzoso argumento de que necesita más evidencia. ¿Más evidencia de qué? ¿No es obvio que hoy no hay suficientes vacunas pudiendo técnicamente haberlas y que las que hay están yendo sobre todo a los países ricos? ¿Y que eso se debe en gran parte a las patentes sobre las vacunas, que lejos de ser un premio justo a la innovación parecen hoy más patentes de corso a favor de las farmacéuticas, por la muerte que están provocando en el mundo?

https://www.elespectador.com/opinion/patentes-sobre-vacunas-saludables-o-de-corso/

  • 20.4.-Entrampados en la liquidez JORGE IVÁN GONZÁLEZ
  • Otra reforma tributaria SALOMÓN KALMANOVITZ
  • Pandemia y crisis del mutilateralismoVÍCTOR BÁEZ
  • La exuberancia irracional que impera en los valores tecnológicos MARC FORTUÑO

Las tasas de interés han llegado a niveles excepcionalmente bajos. La del Banco Central Europeo es 0% año, la de la Reserva Federal es 0,2%, la del Banco de Inglaterra es 0,1%, la del Banco de Canadá es 0,25%, la del Banco Central de Brasil es 2%, la del Banco de Japón es -0,1%. Y en Colombia, la tasa de referencia del Banco de la República es 1,75%. La situación actual no tiene precedentes. Estos niveles tan bajos han puesto en jaque los lineamientos convencionales de las políticas monetaria y fiscal.

15 ene 2021.- Keynes examinó desde el punto de vista teórico, el escenario en el que bajísimas tasas de interés no estimulan la inversión. En tales circunstancias, la tasa de interés pierde su efectividad como instrumento de la política monetaria. A esta situación la llamó “trampa de liquidez”. El dinero abunda y, no obstante, los empresarios son escépticos frente al futuro, y no invierten.

La actual trampa de liquidez se debe analizar a la luz de tres fenómenos: el desancle de la moneda, la especulación financiera y el aumento desbordado de la deuda pública.

Cuando Nixon declaró en 1971, que la Reserva Federal no podía garantizar el respaldo oro del dólar, dio el primer paso para romper el vínculo entre la moneda y el mundo real. Las economías más grandes legitiman sus monedas por el poder económico, político y militar de los respectivos países. Pero estas dimensiones son difíciles de evaluar en cada coyuntura, y las monedas son tan volátiles como los ciclos de la economía y la política. Sin ancla los bancos centrales pueden emitir. Su única restricción son disposiciones formales, como la llamada “regla fiscal”, que los gobiernos suelen incumplir. Las emisiones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo tienen muchos ceros, y cada vez son más frecuentes. Y el único respaldo de estas monedas es la confianza que tienen los inversionistas en sus propios imaginarios sobre el futuro de la economía.

El desancle, junto con la flexibilización de las normas, y la eliminación de los controles, ha permitido la especulación y la proliferación de derivados financieros. La crisis de 2008 fue una de las manifestaciones de los males que causan las burbujas. La abundancia de títulos ha aumentado la especulación financiera. Y a medida que se incrementa el número de operaciones se crea la ilusión colectiva de que el mundo de los negocios va bien.

El endeudamiento de los gobiernos contribuye a alimentar las burbujas. Los saldos de la deuda pública de la mayoría de los países han llegado a niveles que eran impensables hace 10 años. En Colombia ya supera 60% del PIB. Y en varios países ricos el saldo de la deuda pública con respecto al PIB es superior a 100%. Y como su costo es tan bajo, los gobiernos han preferido el crédito a los impuestos.

Abunda el dinero y crece la especulación, pero los empresarios no invierten porque desconfían del futuro. Más allá de la tasa de interés existen otras variables determinantes de la actividad industrial. Sin duda, la más importante son las expectativas sobre las ventas futuras.

Y en medio de la abundancia de la liquidez, los bancos centrales no saben qué camino tomar. Constatan que la tasa de interés ya no es un buen instrumento de política monetaria. Y, para su sorpresa, la abundancia de dinero no ha estado acompañada de una mayor inflación, así que el control de la masa monetaria tampoco es relevante.

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/entrampados-en-la-liquidez-3111012

20.4.-Otra reforma tributaria SALOMÓN KALMANOVITZ

A pesar de que Duque dijo que ni una más, ya serían dos. Fuente: Publimetro Final del formulario 

Un Gobierno que hace una reforma, a dos años de haber hecho aprobar otra, informa que la primera quedó mal hecha. Según datos de la DIAN, el año pasado el recaudo tributario cayó $11,2 billones: una parte fue reducción del impuesto de renta ($1,4 billones) y otra, reducción del recaudo del IVA en $7 billones ($5 billones el interno y $2 billones el de importaciones), resultado de la pandemia. El daño mayor, sin embargo, será sobre el recaudo de 2021, una vez las empresas y personas presenten las declaraciones de sus ingresos en el 2020.

14 feb 2021.- Nadie se imaginaba que las necesidades de la sociedad colombiana se iban a disparar, pero igual el Estado debe ser precavido y no feriar sus recursos a favor de los ricos, como lo hizo en la reforma tributaria de 2019. Por eso, nuevamente se vio en la urgente necesidad de aumentar impuestos en un pésimo momento: la economía perdió 7 % de su riqueza el año pasado y marcó un desempleo de 15,9 % en 2020, de acuerdo con el DANE.

El recaudo de impuestos nacionales es bajo. Solo en 2015 superó el 15 % del PIB, pero de ahí en adelante promedia 14,6 % del producto. Subió ligeramente el año pasado porque cayó más el PIB que el recaudo, en especial el de renta, que se calcula con base en la actividad económica prepandémica de 2019.

El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, reiteró que, para no afectar a las personas de menores recursos con la nueva embestida del IVA, se contempla ampliar el esquema de devolución del IVA para dos millones de hogares, o sea al 16 % de la población, que es la mitad de las personas pobres del país. Como no se ha hecho un censo económico que informe sobre la situación de 29 millones de colombianos que viven en la informalidad, es difícil, si no imposible, devolverles el IVA y menos abonarlo a sus cuentas bancarias, inexistentes en su mayoría. Es que para poder entrar a una entidad financiera se requiere cierta vestimenta que no está al alcance de un trabajador informal: el intruso será detenido, seguramente en forma poco cortés, por los guardias que custodian las puertas de los bancos.

En vez de agobiar a la clase media y a los pobres con más IVA, se deberían eliminar las exenciones que permiten que el sector financiero pagara en 2020 solo el 1,9 % de sus utilidades de $121 billones; las petroleras, el 7 % de $92 billones, y las empresas mineras, el 6 % de $31 billones, cuando debieron pagar el 33 % que informa la ley, según el portal Laorejaroja. El costo para el fisco de estos tres sectores fue de $80 billones, más de cinco veces lo que el Gobierno intenta recaudar con su nueva reforma. No es casual que estos tres sectores sean grandes contribuyentes de las campañas políticas de los legisladores, que les devuelven con creces sus aportes. En 2021 la tarifa a las empresas se reduce al 31 % de la renta gravable.

La nueva reforma pretende aumentar el recaudo en un modesto 1,5 % del PIB, o sea, compensar el 1 % regalado en la reforma de 2019 más un incremento neto de $5 billones. Se sigue la filosofía de la extrema derecha, que justifica menos impuestos para los ricos, lo que debe resultar en hacer crecer la economía y aumentar la equidad. En un estudio de London School of Economics, 18 países que recortaron los impuestos de sus ricos terminaron con un aumento de la tajada del ingreso que apropia el 1 % más rico de la población, no se produjo crecimiento ni empleo significativos, pero la desigualdad aumentó desaforadamente.

https://www.elespectador.com/opinion/otra-reforma-tributaria/

20.4.-Pandemia y crisis del mutilateralismoVÍCTOR BÁEZ

Las farmacéuticas imponen cláusulas de confidencialidad en los contratos con los gobiernos para acceder a las vacunas.

Caricatura: https://www.diariodesevilla.es

 En su discurso ante el Foro Económico Mundial, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres pintó un panorama mundial que, desde luego, no es prometedor. ¿Cuáles son las causas de la falta de transparencia en el combate a la pandemia? ¿Por qué se ha globalizado la asimetría?

 Guterres habló de la fragilidad del planeta, dada por el COVID-19, por la pérdida de empleo, por el empobrecimiento y el problema climático. Se refirió también a la posibilidad de una gran fractura geopolítica en dos sectores liderados por las dos potencias, con dos monedas diferentes y dejó entrever el aumento de la brecha Norte-Sur.

 En mi opinión, pintó un panorama que en muchos aspectos la humanidad vivía hace más de 70 años, porque el gran logro del neoliberalismo fue hacer retroceder al mundo a inmediatamente después de la segunda guerra mundial, con un multilateralismo cada vez más débil en el que los Objetivos de Desarrollo Sostenible no parecen ser parte de la agenda internacional.

 El “nacionalismo de la vacuna”

Así llaman algunos ahora al comportamiento de los gobiernos de los países desarrollados, sean de derechas o de centro, que se disputan las vacunas por diversos medios, creyendo que al suministrarlas a sus respectivas poblaciones se aseguran el futuro, mientras las naciones pobres quedan libradas a su suerte. Es el “sálvese quien pueda” de los necios, porque el mismo Secretario General de Naciones Unidas dice que “el COVID-19 en cualquier lugar significa COVID-19 en todas partes”, por las mutaciones que se van registrando y porque el virus tiene más resistencia.

 La competencia entre compradores se da también por los precios. Algunas publicaciones afirman que hay países de la Unión Europea que pagan entre 14 y 18 dólares por cada dosis, mientras Estados Unidos paga 19 e Israel 62.

 Desde que la OMS declaró la pandemia el 11 de marzo de 2020, lo único que se ha globalizado es la descoordinación, la cual es a ojos vistas adrede, porque sigue enriqueciendo más a los más ricos, a las grandes multinacionales, especialmente a las farmacéuticas, aunque Guterres diga que “la vacuna para todos y todas es la vía más rápida para reabrir la economía global”.

 No hace mucho, los gobiernos de India y Sudáfrica pidieron a la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se suspendieran temporalmente las patentes que están vinculadas al coronavirus, de manera de poder producir los remedios con mayor democracia y hacer que las vacunas se conviertan en un bien de la humanidad. La Unión Europa se puso de acuerdo con los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña para oponerse a ese pedido, argumentando que ello desincentivaría la inversión y la innovación.

La piratería de las grandes farmacéuticas

 Varios medios de comunicación del viejo continente reconocen que la Unión Europea ha defendido siempre a la industria farmacéutica, así que lo que narro más arriba no ha sido un caso excepcional. Pero las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca han devuelto este último favor que les hizo la UE anunciando el retraso y la reducción de las entregas de vacunas, lo cual no agradó nada a los gobiernos europeos, varios de los cuales las han apoyado con adelantos multimillonarios y compromisos de compra de más de 1.300 millones de dosis.

 Líderes europeos como Ursula von der Leyen y Josep Borrel están diciendo que se necesita transparencia sobre el destino de las vacunas, especialmente cuando las farmacéuticas no cumplen con las entregas prometidas a la Unión.

 Entretanto, otras publicaciones dicen que Pfizer prevé facturar 12.000 millones de euros con la vacuna, tan solo en 2021. Las farmacéuticas conservan el derecho exclusivo de vender sus productos por 10 o 20 años, según sea el caso, lo cual nos da una idea de las ganancias que obtendrán.

Si la opacidad del destino de las vacunas es un problema para la ciudadanía de la Unión Europea, la exigencia de confidencialidad en los acuerdos de gobiernos latinoamericanos con las farmacéuticas es alarmante, por las pretensiones que tienen las productoras de vacunas. Las quejas son filtradas a la prensa o son diplomáticamente deslizadas por altos funcionarios gubernamentales. Así, en Argentina, Pfizer habría exigido como garantía “una nueva ley con bienes inembargables que incluía glaciares y permisos de pesca”. No se supone que la inclusión de glaciares sea por activismo contra el cambio climático, sino porque el agua ha comenzado a cotizar en Wall Street.

 La ministra de Relaciones Exteriores de Perú no pudo dar detalles “por la cláusula de confidencialidad” pero admitió en una entrevista que, el 23 de noviembre, que el gobierno peruano recibió el proyecto de contrato de la empresa Pfizer, el cual no pudo firmarse en la fecha prefijada por lo que planteaba su contenido.

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, apareció declarando en la prensa que la información de los contratos con las farmacéuticas no será entregada a la ciudadanía porque “había que optar entre tener un contrato de confidencialidad o no tener vacunas”. A su vez, el Ministro de Salud brasileño dijo que las “clausulas leoninas y abusivas que fueron establecidas por el laboratorio Pfizer crean una barrera a la negociación y compra”.

 En Colombia, organizaciones sindicales y de la sociedad civil en general combaten desde hace tiempo la negativa del gobierno de Iván Duque de entregar información sobre el contrato.

Varias conclusiones se pueden sacar de las situaciones aquí narradas.

 La primera de ellas es que la imposición de confidencialidad no es solamente propicia para los apetitos leoninos de los laboratorios, sino que es también la mejor oportunidad para que algunos gobiernos corruptos se amparen en ella para seguir delinquiendo.

 La segunda es que no hay razones para creer que exigencias similares de estas empresas no se hayan extendido a otros países de América Latina, África y Asia, en perjuicio del Sur global.

 La tercera, inevitable, es que mientras el Secretario General de Naciones Unidas dice que el mundo necesita un multilateralismo fuerte, las grandes empresas tratan al orbe como si fuera su patio trasero, precisamente por la falta de reglas internacionales claras que pongan freno a su codicia. 

 Víctor Báez Mosqueira
Secretario General Adjunto de la Confederación Sindical Internacional (CSI). 

https://www.alainet.org/es/articulo/210933?utm_source=email&utm_campaign=alai-amlatina

20.4.-La exuberancia irracional que impera en los valores tecnológicos MARC FORTUÑO

Exuberancia irracional es un término acuñado por Alan Greenspan, Presidente de la Reserva Federal, en 1996 en su discurso «El desafío de la banca central en una sociedad democrática» en el que abordaba la reciente burbuja tecnológica. Con ello, se refería es un optimismo de mercado infundado que carece de una base real de valoración fundamental, sino que se basa en factores puramente psicológicos.

19 feb 2021.- Y, en nuestros días, nos encontramos en una situación muy parecida. Dadas valoraciones existentes en la bolsa estadounidense se podría asumir el calificativo de burbuja bursátil. Y, en esta ocasión y tal como sucedió a finales de los noventa, el sector tecnológico alcanza un papel protagonista, la exuberancia irracional ha regresado.

Pensemos un momento en el año 2020, los beneficios de las empresas que cotizan en bolsa cayeron alrededor de un 15% en 2020 (a principios de año se esperaba un crecimiento del 10%). A pesar de esa gran pérdida de beneficios, el selectivo global MSCI World Index subió un 18%. Ni warren Buffet se fía de la actual situación.

La segunda mayor burbuja de la historia

Una burbuja bursátil viene dada cuando hay un notable desajuste entre la valoración fundamental de las acciones y las cotizaciones existentes. Por ello, para identificarlas se tienden a utilizar las ratios de valoración que tienden a conjugar una variable de la empresa y otra referida a su cotización la cotización.

Si atendemos a las ratios de valoración, podemos concluir que nos encontramos en un escenario de altísima sobrevaloración. Por ejemplo, el indicador CAPE o PER de Shiller que relaciona las cotizaciones de la bolsa americana frente al promedio de los beneficios de los últimos diez años ajustados a la inflación, nos marca unos niveles de 35,44 veces.

Es decir, a beneficios promedios constantes, necesitaríamos cerca de 36 años para recuperar la inversión realizada en la bolsa americana. Para darle una interpretación más extensa a las valoraciones actuales pensemos que este indicador ha promediado una media de 16,78 veces desde 1870.

Se recrudece el análisis cuando comparamos los niveles actuales con las grandes burbujas históricas. Tanto en el año 1929 como en 2007 las valoraciones no superaron el registro de 30 veces. Y la mayor burbuja de todos los tiempos, la fraguada en el año 2000 con los valores tecnológicos, nos ofreció niveles máximos de 44,19 veces. Son de gran relevancia estas burbujas pues la caída desde máximos superó el 50%.

Pero para tener una visión más amplia hay que integrar otras ratios de valoración de índices bursátiles…

La relación cotización/valor contable se estima en función del precio actual del mercado y el valor contable de las empresas del S&P 500. En la actualidad nos ofrece unos niveles de 4,24 veces (la media histórica es de 2,85 veces) y los máximos alcanzados en la burbuja punto.com fueron de 5,06 veces.

El crecimiento de los dividendos del S&P500 se encuentra en el 0,07%, una lectura en descenso y especialmente baja, propia de finales de mercados alcistas, con el pie en el mercado bajista.

La ratio cotización/ventas alcanza niveles de 2,87 veces, por encima de los niveles vistos en la burbuja punto.com.

Dadas las valoraciones reflejadas en las diferentes ratios, podemos concluir que se trata de una burbuja bursátil, con pocos antecedentes. Pero ¿dónde se concentra esta especial sobrevaloración en la bolsa estadounidense? Si analizamos más detenidamente la composición de los valores, vemos que las empresas growth (crecimiento) sobresalen y marcan distancias frente a las empresas value (valor).

Y ¿qué sector es el que lidera los valores de crecimiento? el tecnológico. Es más, en el pico de la burbuja de las punto.com, las acciones tecnológicas constituían el 35% del S&P500. Ahora, las acciones del sector tecnológico pesan un 37%. A pesar de esta ponderación tan alta sobre el índice, lo cierto es que la valoración del Nasdaq 100, la bolsa tecnológica, es de 40 veces beneficios, mientras que en el pico de las punto.com llegaron a más de 100 veces.

El paralelismo es asombroso en otros aspectos, cuando hablamos de sobrevaloraciones específicas, y tenemos casos que llaman poderosamente la atención. El más impactante, sin duda, es el vertiginoso ascenso de empresas como Tesla que nos demuestra que muchos inversores están dispuestos a dejar de lado las dudas sobre los modelos de negocio para apostar por la promesa de innovación en energía, sanidad, robótica e inteligencia artificial.

Tesla vale más del doble que las dos compañías que venden, la mayoría de los autos reales: Volkswagen y Toyota, cuyas capitalizaciones de mercado son de 102.000 millones y 213.000 millones de dólares respectivamente. Tesla entregó 499.550 vehículos el año pasado. En comparación, Toyota vendió 8,5 millones de vehículos hasta noviembre y Volkswagen vendió 8,3 millones.

Coincide también un entorno en el que las Ofertas Públicas de Ventas (OPV) hacían volar a empresas no rentables. El último hecho notorio en esta burbuja la vimos a principios de diciembre, la plataforma de vacaciones online Airbnb salió a bolsa a un precio fijado de 68 dólares y hoy la tenemos a 200 dólares. Ni tres meses para triplicar su precio y sin un histórico de beneficios. Con la pandemia, sus ingresos cayeron 32% a 2.500 millones de dólares en los primeros nueve meses.

https://www.elblogsalmon.com/mercados-financieros/exuberancia-irracional-que-impera-valores-tecnologicos

  • 20.3.-«Los multimillonarios están en todas partes en las revistas, es hora de que aparezcan en las estadísticas fiscales»  – THOMAS PIKETTY
  • Reforma tributaria sin fundamentos ideológicos RICARDO CHICA
  • Estímulos SALOMÓN KALMANOVITZ
  • Recuperación y distribución EDUARDO SARMIENTO

Tras las revelaciones del “Mundo” sobre la evasión fiscal en Luxemburgo, y en el contexto de la crisis sanitaria, el economista considera urgente poner en marcha una transformación profunda del sistema económico en dirección a la justicia y la redistribución.

Crónico. Si bien la crisis pandémica está impulsando la demanda de justicia social más que nunca, una nueva encuesta realizada por un consorcio de medios internacionales (incluido Le Monde) acaba de revelar las turbulencias financieras de Luxemburgo, un paraíso fiscal enclavado en el corazón de Europa. Es urgente salir de estas contradicciones y lanzar una transformación profunda del sistema económico en dirección a la justicia y la redistribución. 

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Empecemos por lo más inmediato. La primera prioridad debe ser la recuperación social, salarial y ecológica. La crisis del Covid ha sacado a la luz los bajos salarios que se practican en muchos sectores esenciales. La CFDT, sindicato con fama de centrista, exigió en enero un aumento inmediato del 15% en todos los salarios medios y bajos del sector médico-social. Lo mismo debería hacerse en educación, salud y todos los sectores de bajos salarios.

Un mayor esfuerzo por la transparencia financiera

También es el momento de acelerar radicalmente el ritmo de las renovaciones térmicas de los edificios, de crear puestos de trabajo masivos en el medio ambiente y las energías renovables, de extender los sistemas de renta mínima a los jóvenes y estudiantes. ¿dónde debemos detenernos en la recuperación pública? La respuesta es simple: mientras la inflación sea casi cero y las tasas de interés estén en cero, debemos continuar. Si y cuando la inflación regrese a un nivel significativo a largo plazo (digamos, 3% a 4% por año durante dos años consecutivos), entonces será el momento de relajarse.

Lea también Thomas Piketty: «El planeta está atravesado por múltiples fracturas desiguales, que la pandemia agravará aún más»

El segundo paso es que, naturalmente, será necesario utilizar las mayores fortunas privadas, en un momento u otro, para financiar la recuperación social y reducir la deuda pública. Esto requerirá un mayor esfuerzo de transparencia financiera. La encuesta de OpenLux así lo demostró: el registro de los beneficiarios reales de las empresas (es decir, los beneficiarios reales, más allá, en principio, de las sociedades pantalla) hecho público por Luxemburgo en cumplimiento de la obligación europea, que aún estamos esperando que se publique. Online por Francia, lamentablemente tiene muchos defectos. Lo mismo ocurre con el sistema automático de intercambio de información bancaria establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En general, toda esta nueva información es útil, pero a condición de que sea realmente utilizada por las administraciones tributarias para involucrar a las personas adineradas que, hasta ahora, escapaban del impuesto. Sobre todo, es fundamental que los gobiernos proporcionen indicadores que permitan a todos ver en qué medida todo esto avanza hacia un sistema tributario más justo.

«Los multimillonarios están en todas partes en las revistas y es hora de que aparezcan en las estadísticas fiscales»

Concretamente, es necesario que las administraciones tributarias publiquen cada año información detallada sobre los impuestos pagados y los controles cruzados realizados sobre las diferentes categorías de contribuyentes afectados. Al igual que con los registros de beneficiarios finales, la información idealmente debería ser nominativa, especialmente para las empresas más grandes y las mayores fortunas. Si se decide que esto no es deseable, entonces al menos la información estadística publicada debería mostrar claramente los impuestos que pagan las personas pertenecientes a estratos patrimoniales muy altos: fortunas entre 1 y 10 millones de dólares. Euros, entre 10 y 100 millones, entre 100 millones y mil millones, y así sucesivamente. Las tablas estándar han sido propuestas por el Laboratorio de Desigualdades Globales, y naturalmente podrían discutirse y mejorarse.

La idea general es simple: los multimillonarios están en todas partes en las revistas y es hora de que aparezcan en las estadísticas fiscales. Según la revista Challenges, las 500 principales fortunas francesas pasaron de 210 a 730 mil millones de euros entre 2010 y 2020 (del 10% al 30% del PIB). ¿Cómo han evolucionado sus impuestos durante este período? Nadie sabe. Si los gobiernos realmente han logrado el tremendo progreso en transparencia que afirman haber logrado en los últimos años, entonces es hora de que lo prueben haciendo pública este tipo de información. Si ampliamos el foco de las primeras 500 fortunas (más allá de los 150 millones de euros de riqueza individual según Desafíos) a los 500.000 activos más altos (es decir, alrededor del 1% de la población adulta, con activos superiores a 1,8 millones de euros según la base de datos mundial sobre desigualdad), el total de las fortunas en cuestión alcanza los 2.500 mil millones de euros (casi el 120% del PIB), aumentando así lo que está en juego fiscal.

Volver a la historia

Para salir del conservadurismo imperante, también es urgente volver a la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el endeudamiento público alcanzó niveles superiores a los observados hoy, la mayoría de los países aplicaron gravámenes excepcionales sobre los activos privados más elevados. Este es particularmente el caso en Alemania con el sistema Lastenausgleich (o «distribución de la carga», que ha sido objeto de un hermoso estudio histórico de Michael Hughes, Shouldering the Burdens of Defeat, UNC Press, 2009), adoptado por la mayoría demócrata cristiana en 1952. Dotado de un impuesto que alcanzaba el 50% sobre los activos financieros e inmobiliarios más elevados, pagadero en treinta años, este sistema aportaba el 60% del PIB al Estado, en un momento en el que los multimillonarios eran mucho menos prósperos que hoy. Combinado con la reforma monetaria de 1948 y la cancelación de la deuda externa en 1953, este sistema permitió a Alemania deshacerse de su deuda pública sin recurrir a la inflación (que tanto daño había hecho en los años 1920) y basado en una credibilidad social. Objetivo de justicia.

Ya es hora de volver a las raíces de lo que hizo que la reconstrucción europea de la posguerra tuviera tanto éxito.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/13/thomas-piketty-il-est-urgent-de-lancer-une-transformation-profonde-du-systeme-economique-dans-le-sens-de-la-justice-sociale_6069814_3232.html

20.3.-Reforma tributaria sin fundamentos ideológicos RICARDO CHICA

La pregunta no es si reforma sino más bien ¿qué reforma? 

La reforma tributaria propuesta es necesaria pues no de otra forma se puede reducir el déficit y el nivel de deuda forzado a un nivel inconveniente con el esfuerzo fiscal de la pandemia, el déficit agravado con las exenciones que supuestamente (como se verá absurdamente) dispararían el crecimiento. La pregunta no es si reforma sino más bien ¿qué reforma?

11 feb 2021.- La reforma filtrada tiene, como la anterior, dos supuestos ideológicos neoliberales: desplazar la carga tributaria de impuestos directos a los indirectos; concentrar ingreso y riqueza en los ricos para acelerar el crecimiento.

El primer supuesto está siendo, después de su prolongada hegemonía, cuestionado en varias formas, la más actual la propuesta que viene circulando desde el éxito del libro de Piketty (2013), mostrando la concentración de la riqueza por el mecanismo hereditario y posteriores publicaciones proponiendo un impuesto a la riqueza; y de los artículos de Stiglitz, proponiendo ese impuesto. Y en la actual coyuntura de explosión de los déficits y niveles de endeudamiento está siendo considerado en varios países (UK, California, Chile, Alemania, Argentina) como el impuesto para pagar la pandemia. El argumento es muy simple: Mientras la enorme mayoría de la población se ha pauperizado con la parálisis económica y el desempleo, el segmento de los superricos tan beneficiados por el proceso de financializacion se ha enriquecido aún más. Y una extensión del IVA a mas alimentos es esencialmente regresiva independientemente de la devolución del IVA a los más pobres. La clase media, que si pagamos impuestos porque nos los descuentan por derechas y no tenemos acceso a las asesorías que ayudan a los más ricos a evadir y evitar impuestos (desplazando portafolio a Mossak Fonseca en Panamá); que ha sido pauperizada con el impacto económico de la pandemia, somos lo que nos vemos impactados con la extensión del IVA a todos los alimentos. Por otra parte, desde luego incluir un esfuerzo serio en racionalizar y minimizar la trama kafkiana de exenciones y exoneraciones que desangra cualquier esfuerzo en materia tributarias, es necesario para incrementar el recaudo

La fundamentación de una reforma tributaria regresiva beneficiosa radica en el segundo supuesto de que el crecimiento se estimula concentrando ingreso y riqueza. Pero este supuesto, a su vez fundamentado en la afirmación antikeynesiana de la teoría neoclásica de que el ahorro es igual a la inversión, es devastado por la teoría keynesiana que señala a la demanda y no al ahorro como lo que puede dinamizar la inversión. Paradójicamente fue Kaldor quien propuso en 1957 un modelo en el cual el ahorro ajusta a la inversión creciendo con la concentración del ingreso, pero después volvió a sus cabales keynesianos reconociendo que los capitalistas, particularmente las elites de los países en desarrollo desvían esos recursos de la inversión. Claro ese supuesto está en la teoría neoclásica ligado a la ley de Say que desconoce que en la economía se pueda dar un problema de demanda efectiva. Es obvio que la economía capitalista tiende a un déficit en la demanda para motivar la inversión, pero el simple tomar en consideración la situación de paralización pauperización que ha erosionado la demanda muestra ese supuesto como sencillamente ridículo ahora como resultó el mecanismo de prebendas impositivas para estimular la inversión. Se cae de su peso que puede bajarse el costo de uso de capital y mientras las expectativas de rentabilidad y de demanda no sean adecuadas no tendrá lugar la inversión, teoría básica sobre los determinantes de la inversión. Y roto el nexo ahorro-inversión el argumento se les derrumba.

Y el complementario de la trickle-down economics de que el supuesto crecimiento supuestamente filtrara hacia abajo beneficiando a los más pobres, ha sido desmentido abundantemente en el periodo postreformas. Es severamente ideológico suponer que el crecimiento, que característicamente ha sido sin empleo en la globalización neoliberal, superara por sí mismo la pobreza. Esto sería así con un modelo de crecimiento diferente que efectivamente incentivara la inversión (actuando sobre su determinante de demanda esperada) e integrara al proceso de crecimiento mismo al desempleado y el empujado a la informalización (lo que hace necesario las compensación asistencialista expost) mediante una política agresiva de apoyo a las famicro y pequeñas empresas, usando mecanismos que les compensen sus desventajas en materia financiera y tecnológica, y (cosa q también hicieron los campeones del ese asiático) una masiva inversión en educación y formación de capital humano. Muy poco de esa índole, luego es sofistico argumentar que el crecimiento sin mecanismos compensatorios se filtraba a los más pobres.

Como también resulta obvio que un minúsculo porcentualmente gravamen sobre la riqueza facilitaría no solamente la reducción el déficit sino también el gasto indispensable para reanimar la economía. Se trata de pensar out of the box para pagar la pandemia, algo muy difícil para los economistas neoliberales de ultraderecha.

Ricardo Chica Investigador Desarrollo Económico EconomicDevelopment consultant 

https://www.portafolio.co/opinion/ricardo-chica/reforma-sin-fundamentos-ideologicos-549057 

20.3.-Estímulos SALOMÓN KALMANOVITZ

La economía colombiana se contrajo 7,5 % durante 2020 por efecto del cierre de múltiples sectores y el freno de los que siguieron funcionando. Si en 2019 la economía generó $881 billones de riqueza, el año pasado fue de solo $815 billones.

7 feb 2021.- El desempleo subió del 10 % de la fuerza de trabajo al 16 %. La inflación se redujo a un récord histórico del 1,6 %, que para el país equivale a una deflación, reflejo no de una simple recesión sino de algo más grave.

En entrevista con La República, el nuevo gerente del Banco de la República insistió en lo contrario: “Las expectativas son que haya una inflación muy baja durante los próximos meses, pero no hay en Colombia expectativas de deflación”. Este es un parte de tranquilidad que los gerentes de bancos centrales emiten frecuentemente, pero pueden estar minimizando situaciones más complicadas.

Frente a una situación depresiva, se debe recurrir a políticas económicas expansionistas, tanto fiscales como monetarias. La administración Duque ha respondido con un gasto compensatorio inferior al necesario para traer la economía de vuelta al nivel de empleo previo a la pandemia. Aunque no es estrictamente comparable, Estados Unidos se contrajo 3,5 % en 2020, menos de la mitad que nosotros, al igual que su desempleo, que fue proporcionalmente inferior (6,7 %), gracias a que el gasto público fue más contundente y la política monetaria redujo la tasa de interés interbancaria al 0 %.

Para hacer la comparación más cercana a nuestras condiciones peculiares, Chile siguió el ejemplo de bajar su tasa de interés al 0 %, pero Colombia dejó su tasa en 1,75 %, cifra que no parece molestar al nuevo gerente.

Villar agregó que no era conveniente que el Emisor le prestara directamente al Gobierno, algo que nadie le disputa, pero lo que sí hacen todos los bancos centrales del mundo es adquirir bonos del gobierno en suficiente cantidad para financiar un gasto público mayor que contribuya a la recuperación económica y a mantener la liquidez que requiere para que la economía funcione bien.

Puede también comprarle bonos en manos de los bancos o el público para irrigar mayor liquidez y que estos agentes adquieran más deuda del Gobierno. Para expandir ese mercado debe reducir su tasa de interés, que influye sobre todas las modalidades de crédito, incluyendo el que pueda captar el Gobierno. Hoy por hoy, el TES (bono a diez años del Gobierno de Colombia) está pagando casi 6 % de interés anual, contra 1,13 % del bono estadounidense y 2,83 % del bono chileno de duración similar.

El plan de reactivación del Gobierno luce impresionante: $109 billones, equivalentes al 13,3 % del PIB, pero tiene varias trampas, pues incluye $55 billones aportados por el sector privado sobre el que no tiene comando, una inversión público-privada por otros $18 billones, más $26 billones privados con incentivo fiscal y solo $9,3 billones exclusivamente públicos. En total para 2021, el gasto público destinado a la reactivación será de $24,9 billones, menos del 3,7 % del PIB, algo que no va a ser suficiente para devolver la economía al nivel que tenía antes de que se nos precipitara la pandemia encima.

El mismo gerente del Emisor tiene dudas para el crecimiento de este año: “La perspectiva que tiene el Banco es un crecimiento del 4,5 % y destacaría que hay gran incertidumbre para abajo y para arriba”. Faltó por considerar qué tipo de reforma tributaría implementará Carrasquilla y cuál será su impacto sobre el crecimiento.

https://www.elespectador.com/opinion/estimulos/

20.3.-Recuperación y distribución EDUARDO SARMIENTO

La crisis económica de la cuarentena de la pandemia no fue otra cosa que un choque de ahorro que se ajustó mediante la reducción de la inversión, la producción y el empleo, y luego se reforzó. Las concepciones teóricas neoclásicas dominantes en los altos círculos que suponían que la economía recuperaría la actividad en pocos meses sin afectar la distribución del ingreso fueron invalidadas por los hechos.

13 feb 2021.- El resultado es claro. La economía colombiana viene operando de tiempo atrás con un bajo nivel de ahorro que dio lugar al típico modelo de crecimiento inequitativo. El modelo hizo aguas con la reducción del ahorro ocasionado por la pandemia. La recesión en 2020 fue mucho mayor que la prevista, se trasladó a 2021 y probablemente a 2022. Por lo demás, tuvo efectos inimaginables sobre la distribución del ingreso que no se ha hecho mayor cosa para contrarrestarlos. La pobreza pasó del 36 al 47 %, el coeficiente de Gini subió a 0,53, la participación del trabajo en el producto disminuyó y los grupos más vulnerables recibieron una compensación muy inferior a su participación en la población.

No faltarán quienes digan que lo que está ocurriendo en el país es lo mismo que sucedió en el resto del mundo y, por lo tanto, no hay nada que hacer. En muchos países sucedió lo mismo que en Colombia, porque se incurrió en las mismas fallas institucionales, como el predominio de los bancos centrales. En general, la cuarentena de la pandemia provocó una fuerte contracción que colocó las economías en condiciones de ahorro faltante que precipitó la caída de la inversión, la producción y el empleo. Sin embargo, los efectos posteriores fueron distintos, porque en los países desarrollados tienen mayores posibilidades de aumentar el ahorro, toda vez que disponen de mayores niveles de ingresos.

En la actualidad, el país enfrenta una seria deficiencia de ahorro que impide la normalización de la economía. La situación se ve agravada por el déficit en cuenta corriente y por la política del Banco de la República de aumentar el dinero por debajo de la demanda. Mientras permanezcan estas condiciones, se mantendrá el desbalance interno que precipitó la caída del producto y no ha podido levantarlo. Por lo demás, se impedirán las transferencias para aliviar el enorme deterioro de la distribución del ingreso.

Ha fallado el método científico. El país no tiene los diagnósticos sobre las causas que precipitaron la mayor caída del producto y el empleo del siglo. Se esperaba que en los resúmenes de finales de año se presentara un análisis detallado de las causas de la estrepitosa recesión con inequidad que percibe la economía. Lo cierto es que luego de un año no se tiene un informe oficial comprensivo de las causas de la crisis, ni de la forma que se enfrentará en el futuro. No se reconoce que la concepción del Banco de la República para reducir la inflación a cualquier costo, el cuantioso déficit en cuenta corriente y el bajo ahorro ocasionaron un desbalance estructural que no se arregla solo.

Los esfuerzos oficiales se destinan a financiar el déficit fiscal con pasivos de las empresas públicas. La operación contable le da recursos al Gobierno, pero no resuelve el problema de fondo del ahorro que impide la recuperación económica y la distribución del ingreso. Las enormes rentas y ganancias de las privatizaciones no resuelven los daños estructurales de la crisis económica y, en su lugar, alteran la transparencia administrativa y la relación entre los sectores público y privado. La recuperación del crecimiento y el empleo, así como el cambio sustancial de la distribución del ingreso, solo se pueden lograr con modificaciones drásticas en el comercio internacional, el Banco de la República, las transferencias sociales y la fijación del salario.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/recuperacion-y-distribucion/ 

  • 21.2.-Cambio de rumbo en el Banco de la República EDUARDO SARMIENTO 
  • Covid y capital ficticio MICHAEL ROBERTS

En las teorías dominantes el mercado monetario y el sistema macroeconómico están relacionados por conducto de la tasa de interés dentro de la visión de igualdad de oferta y demanda en todos los mercados. En la realidad la vinculación se hace por conducto de las cantidades. Como se muestra en el libro “Teorías del crecimiento y la distribución para una nueva era”, el mercado monetario afecta la economía en forma directa. 

7 feb 2021.- El dinero deja de ser un velo desconocido para convertirse en un elemento central de la igualdad macroeconómica (balance interno) y uno de los componentes dominantes de la demanda de la economía.

El panorama pospandemia presenta serias dificultades y conflictos que no han sido previstos y amenazan con repetir los errores. El mayor error estuvo en la cuarentena que suspendió la producción y el empleo y redujo el ahorro sin ninguna anticipación que lo moderara. En Colombia el efecto fue especialmente grande porque de tiempo atrás venía operando con bajo ahorro y cuantioso déficit en cuenta corriente. Se configuró el típico desbalance interno entre ahorro e inversión; en términos más conocidos, producto nacional por encima del gasto o faltante de ahorro. En consecuencia, la economía experimentó una reducción del ahorro que precipito el desplome de la inversión y la producción, que a su turno, acentuaron la caída del ahorro, es decir, se reforzaron. Es el multiplicador de la inversión y el ahorro al revés. Los resultados están a la vista. El producto nacional descendió 8% en 2020 y continuara bajando en 2021 con respecto al 2019. Simplemente, la caída de la tasa de ahorro de 4% del PIB provocó el desplome de la producción y el empleo en 2020, se extendió en 2021, y probablemente en 2022.

En razón de la excesiva prioridad a la inflación, el país operó en las últimas décadas con un marco de dinero por debajo de la demanda, el cual fue acentuado por la cuarentena. La relación entre el dinero y la demanda decreció en forma persistente.

La crisis económica obedece a las deficiencias de la organización del Banco de la República. Se pensó que el organismo dispone de poderes ocultos para mantener el balance interno entre el ahorro y la inversión; mas diciente, entre el producto nacional y el gasto. Lo cierto es que la institución no fue capaz de crear la suficiente liquidez para mantener el postulado más importante de la ciencia económica. No evitó que la reducción del ahorro ocasionado por la cuarentena y la disminución del dinero con respecto a la demanda provocara el incumplimiento del balance interno, que significó el mayor desplome de la producción y el empleo del último siglo.

No se aprendió de la experiencia. El Banco de la República y el Gobierno no han remediado las condiciones que precipitaron la crisis. La caída del producto no se ha detenido y amenaza en convertirse en estancamiento.

Los resultados son muy distintos a las teorías que sirvieron de base para conformar el Banco de la República. El mercado no garantiza el balance interno. La tasa de interés y la política fiscal no afectan en forma considerable el ingreso nacional. Solo con acciones activas es posible contrarrestar la reducción del ahorro ocasionado por la cuarentena del coronavirus y la estreches monetaria que viene de atrás.

En las circunstancias actuales, la deficiencia estructural se puede superar con un aumento del dinero por encima de la demanda. En términos concretos, se conseguiría con un incremento de los agregados monetarios de 40% del PIB en el presente año y otro tanto en el 2022. Adicionalmente, se plantea complementarlos cambios drásticos en la organización administrativa y conceptual del Banco de la República y en la coordinación con el Gobierno.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cambio-de-rumbo-en-el-banco-de-la-republica/

21.2.-Covid y capital ficticio – MICHAEL ROBERTS

Durante el año del COVID, la producción, la inversión y el empleo en casi todas las economías del mundo se han desplomado, ya que los cierres, el aislamiento social y el colapso del comercio internacional contrajeron la producción y el gasto.

30 ene 2021.- Y, sin embargo, ha ocurrido lo contrario en los mercados de acciones y bonos de las principales economías. Los índices bursátiles de EEUU (y de otros países) terminaron 2020 en máximos históricos. Después del impacto inicial de la pandemia de COVID y los consiguientes cierres, cuando los índices bursátiles estadounidenses se desplomaron en un 40%, los mercados se recuperaron drásticamente y finalmente superaron los niveles prepandémicos.

Está claro por qué sucedió esto. Fue gracias a la inyección de dinero crediticio en las economías. La Reserva Federal y otros bancos importantes inyectaron enormes cantidades de efectivo / crédito en el sistema bancario e incluso directamente en las empresas mediante la compra de bonos públicos a los bancos y de bonos de empresas; así como a través de préstamos COVID directos a las empresas respaldados por los gobiernos. Los tipos de interés de estos créditos cayeron hasta cero y, con los denominados «activos seguros» como los bonos del Estado, los tipos de interés incluso se volvieron negativos. ¡Los compradores de bonos estaban pagando intereses a los gobiernos por comprar sus certificados!

Gran parte de esta generosidad crediticia no se utilizó para mantener el salario y los contratos de las plantillas o para mantener las operaciones de las empresas. En cambio, los préstamos se han utilizado como préstamos muy baratos o casi a coste cero para especular con activos financieros. Lo que se denomina «deuda marginal» mide el volumen de compras en bolsa que se han realizado con préstamos. El último nivel de deuda marginal ha subido un 7,7% mes a mes y se encuentra en un nivel récord.

Marx llamó a los activos financieros, acciones y bonos, «capital ficticio». Engels utilizó este término por primera vez en su primer libro sobre economía,  Umrisse; y Marx lo desarrolló más en El Capital, Volumen 3 (Capítulos 25 y 29), donde lo definió como los derechos acumulados o títulos legales, sobre las ganancias futuras en la producción capitalista; en otras palabras, derechos sobre el capital «real», es decir, capital realmente invertido en medios físicos de producción y trabajadores; o capital dinerario, fondos en efectivo retenidos. Una empresa recauda fondos para inversiones, etc. mediante la emisión de acciones y / o bonos. Los propietarios de las acciones o bonos tienen derecho a reclamar las ganancias futuras de la empresa. Existe un mercado «secundario» para estos derechos, es decir, comprar y vender estas acciones o bonos existentes; un mercado para la circulación de estos derechos de propiedad.

Las acciones y los bonos no funcionan como capital real; son simplemente un derecho sobre las ganancias futuras, por lo que «el valor de capital de dicho papel es… completamente ilusorio… El papel sirve como título de propiedad que representa este capital». Como dijo Marx: “Si bien las acciones de ferrocarriles, minas, compañías de navegación y similares, representan el capital real, es decir, el capital invertido y en funcionamiento en tales empresas, o la cantidad de dinero adelantada por los accionistas con el propósito de ser utilizado como capital en tales empresas…; este capital no existe dos veces, una vez como el valor de capital de los títulos de propiedad (acciones) por un lado y por otro lado como el capital real invertido, o por invertir, en esas empresas». El capital «existe sólo en la última forma“, mientras que la acción o bono “es meramente un título de propiedad de una porción correspondiente de la plusvalía que debe realizar”.

Los inversores (especuladores) en los mercados financieros compran y venden estos activos financieros, lo que hace subir y bajar los precios. Si el efectivo (liquidez) es abundante, los precios de las acciones y los bonos pueden dispararse, mientras que los bancos y las instituciones financieras inventan nuevos ‘instrumentos’ financieros en los que invertir. Como dijo Marx: “Con el desarrollo del capital que devenga intereses y el sistema crediticio, todo el capital parece duplicarse, ya veces triplicarse, por los diversos modos en los que el mismo capital, o tal vez incluso el mismo derecho a una deuda, aparece en diferentes formas en diferentes manos. La mayor parte de este ‘capital dinerario’ es puramente ficticia».

Los bancos centrales se convierten en impulsores clave de cualquier auge de los activos financieros Una vez más, como dijo Marx hace unos 150 años, “en la medida en que el Banco emite billetes que no están respaldados por la reserva de metales en sus bóvedas, crea fichas de valor que no solo son medios de circulación, sino que también forma capital adicional, aunque ficticio, al valor nominal de estos pagarés fiduciarios, y este capital adicional le produce una ganancia adicional”. La creación o ‘impresión’ de dinero por parte de los bancos centrales proporciona la liquidez para la especulación en los mercados de valores y bonos, como hemos visto en el año del COVID.

Marx consideró que lo que impulsa los precios del mercado de valores es la diferencia entre las tasas de interés y la tasa general de ganancia. A medida que la rentabilidad cayó en 2020, lo que mantuvo subiendo los precios del mercado de valores fue el nivel muy bajo de las tasas de interés a largo plazo, generadas deliberadamente por bancos centrales como la Reserva Federal en todo el mundo. La ‘flexibilización cuantitativa’ (compra de activos financieros con inyección de crédito), se ha duplicado y triplicado en este año del COVID. De modo que se ha mantenido la brecha entre los rendimientos de la inversión en bolsa y el costo de endeudamiento.

Pero aquí está el problema. El precio de las acciones de una empresa debe tener alguna relación con las ganancias obtenidas o las ganancias que probablemente se obtendrán durante un período de tiempo. Los inversores miden el valor de una empresa por el precio de la acción dividido por las ganancias anuales. Si suma todas las acciones emitidas por una empresa y las multiplica por el precio de la acción, obtiene la ‘capitalización de mercado’ de la empresa, en otras palabras, lo que el mercado cree que vale la empresa. Esta ‘capitalización de mercado’ puede ser diez, 20, 30 o incluso más veces las ganancias anuales. Si la capitalización de mercado de una empresa es 20 veces las ganancias y usted compró sus acciones, asume que tendría que esperar para obtener 20 años de ganancias en dividendos para igualar el precio de su inversión.

En este gráfico (CAPE Shiller) se puede ver que, a medida que las tasas de interés a largo plazo han caído, el precio de capitalización de mercado de las acciones empresariales en relación con los beneficios (ganancias) ha aumentado. Actualmente, se encuentra en niveles solo superados en 1929 y durante el boom de las punto.com en 2000.

Si las ganancias impulsan los precios de las acciones de las empresas, entonces esperaríamos que, cuando la tasa de ganancia en el capitalismo suba o baje, también lo harán los precios de las acciones. Para medir eso, podemos obtener una especie de precio promedio de todas las acciones de la compañía en un mercado de valores utilizando una canasta de precios de acciones de distintas compañías e indexarla. Eso nos da un índice bursátil.

Entonces, ¿el índice de precios del mercado de valores sube y baja con la tasa de ganancia bajo el capitalismo? La respuesta es que lo hace, a más largo plazo, es decir, a lo largo del ciclo de beneficios, pero puede durar hasta 15-20 años. A corto plazo, el ciclo bursátil no necesariamente coincide con el ciclo de beneficios. De hecho, los mercados financieros pueden alcanzar niveles de precios extremos en relación con los beneficios subyacentes que se generan en una economía.

La forma más popular de medir hasta qué punto el mercado de valores no coincide con la economía real y las ganancias en la inversión productiva es midiendo la capitalización de mercado de las empresas en relación con los activos reales acumulados que tienen las empresas. Esta medida se llama Q de Tobin y lleva el nombre del economista de izquierda James Tobin. Toma la ‘capitalización de mercado’ de las empresas en el mercado de valores (digamos, de las 500 principales empresas en lo que se denomina índice S & P-500) y la divide por el valor de reposición de los activos tangibles acumulados por esas empresas. El valor de reemplazo es el precio que las empresas tendrían que pagar para reemplazar todos los activos tangibles (¿e ‘intangibles’?) Que poseen (planta, equipo, software, etc.).

Durante los últimos 100 años más o menos, la relación Q media promedio es de aproximadamente 0,78. El índice Q alto estuvo en el pico de la burbuja tecnológica en 2000, alcanzando 2,17, o un 174% por encima del promedio histórico. Los mínimos se registraron en las recesiones de 1921, 1932 y 1982 en alrededor de 0,28, o 62% por debajo del promedio. Pero en este año del COVID, la Q de Tobin ha alcanzado un 233% por encima de la media, un nuevo récord.

Otro índice útil del valor del mercado de valores en relación con la economía real es el índice de Buffett. Bautizado así en honor del famoso inversor financiero multimillonario que utiliza este índice como guía, mide el valor monetario de todas las acciones y participaciones frente a la producción nacional actual en la economía real (PIB). Una vez más, esto muestra que en el año del COVID, el mercado de valores alcanzó un récord en relación con la «economía real».

De hecho, los especuladores financieros siguen sumidos en una ‘euforia’ total, ya que continúan esperando que los bancos centrales transfieran aún más préstamos y efectivo a los bancos e instituciones, junto con una probable disminución de la pandemia de COVID en 2021 a medida que se distribuyan y apliquen las vacunas. La creencia es que las ganancias empresariales se recuperarán abruptamente para justificar los máximos históricos actuales en los precios de las acciones.

Citi Research tiene un índice «Euphoria / Panic» que combina una serie de indicadores del estado de ánimo del mercado. Desde 1987, el mercado normalmente ha alcanzado su punto máximo cuando este índice se acerca a la línea Euphoria. Las dos excepciones fueron en el auge tecnológico del cambio de siglo, cuando pasó unos tres años en la zona eufórica, y actualmente.

Este índice de ‘euforia’ complementa las opiniones del banco de inversión más poderoso del mundo, Goldman Sachs. Sus expertos pronostican otro aumento del 15% en el mercado de valores estadounidense en 2021.

Pero, como explicó Marx, eventualmente la inversión en activos financieros tendrá que ajustarse a las ganancias en la economía real. En el año del COVID, las ganancias en la mayoría de las corporaciones se desplomaron en un 25-30%.

Goldmans y otros inversores especuladores parecen estar convencidos de que las ganancias se recuperarán este año, de manera que el precio del capital ficticio no resulte ficticio. Pero eso parece poco probable. El COVID-19 aún no ha terminado y la distribución de la vacuna tardará bastante en alcanzar los niveles necesarios de la llamada ‘inmunidad de rebaño’, y eso supone que las vacunas también puedan hacer frente a las nuevas variantes de COVID.

Además, el auge del mercado de valores de 2020 se limitó realmente a unas pocas empresas. En el año del COVID, el índice S&P 500 subió un 18,4%, pero la cartera de FAAAM (Facebook, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft) más Netflix subió un 55%. La contribución de este último grupo al crecimiento del S&P 500 fue del 14,35%. Por lo tanto, el resto de las empresas de S&P ganó solo un 4.05%.

La mayoría de las empresas perdieron dinero en 2020. Y hay una gran cantidad de empresas, en su mayoría fuera de las 500 principales, pero no todas, que están en serios problemas. Las ganancias son bajas o negativas e incluso con el coste de pedir prestado cerca de cero, estas empresas ‘zombis’ no están ganando lo suficiente para cubrir ni siquiera los intereses de los préstamos existentes y nuevos.  Estos zombis ‘con dificultades financieras’ constituyen aproximadamente el 20% de las empresas en la mayoría de las economías.

Incluso antes de la pandemia, las empresas zombis estaban contribuyendo a una desaceleración significativa de los niveles de inversión empresarial. Con tantas empresas en problemas, hay pocas perspectivas de una gran recuperación de la inversión y las ganancias este año.

Los bancos centrales seguirán proporcionando aún más «liquidez» para que los bancos y las empresas especulen en los mercados financieros. De modo que el capital ficticio seguirá expandiéndose; después de todo, como dijo Engels por primera vez, la especulación en los mercados financieros es un factor importante que contrarresta la caída de la rentabilidad en la «economía real».

Pero todas las cosas buenas deben llegar a su fin. Probablemente en la segunda mitad de 2021, los gobiernos intentarán frenar su gasto fiscal y los bancos centrales reducirán el ritmo de su generosidad. En ese momento, es probable que los niveles extremos de los precios de acciones y bonos en relación con las ganancias y el capital tangible reviertan, como lo hace un yo-yo cuando se tira de la cuerda a la que está atado y vuelve a la mano (capital real) de quién juega con él.

https://www.sinpermiso.info/textos/covid-y-capital-ficticio

  • 21.1.-Lentitud estatal – EDUARDO SARMIENTO
  • ¿Cómo debería ser la economía después de la pandemia? –  CÉSAR FERRARI
  • ¡El colmo! – AMYLKAR ACOSTA

Antes de la cuarentena por el coronavirus los países operaban dentro de la concepción de que las soluciones provienen del mercado. Se considera que los problemas tienden a resolverse solos.

31 ene 2021.- En las vacunas se siguió el procedimiento de estimular la escasez de recursos básicos con ganancias y poderes monopólicos. Las empresas farmacéuticas se han precipitado a sacar el producto sin suficiente evidencia empírica sobre las propiedades dinámicas del virus. La inmunidad de rebaño es incierta. Los mejores avances en la aplicación se observan en los países de mayor desarrollo. El aspecto ético de que se trata de un producto de vida o muerte, al cual debe tener acceso toda la humanidad, quedó en un segundo plano.

La falla del manejo económico está en el balance interno entre inversión y ahorro, aún más diciente, entre el producto nacional y el gasto. Las prácticas que venían de atrás y el confinamiento configuraron un estado de ahorro faltante, que precipita el desplome de la producción. El resultado se puede prevenir con la elevación de la tasa de ahorro o con su sustitución por el aumento de la emisión monetaria con respecto a la demanda.

Nada de esto se ha hecho. La economía se vio abocada a una caída del producto en 2020, que continuará en 2021 e incluso en 2022 mientras el ahorro disminuya. En el fondo se configuró un marco de estímulos económicos que no han operado y obligan a la presencia estratégica del Estado, que carece del conocimiento científico para realizarla.

A estas alturas el Gobierno no ha logrado dimensionar el tamaño y la profundidad de la crisis. La cuarentena agravada por la política contractiva que venía de atrás y la caída del producto provocaron una reducción notable del ahorro nacional. Ahora, el Gobierno pretende salir del paso con una reforma tributaria basada en el IVA, que recaería en los grupos medios y reduciría el ahorro.

La verdad es que la crisis económica se ha visto enrarecida por la teoría convencional, que considera que el sistema económico está en equilibrio, donde las caídas dan lugar a rápidas recuperaciones; pero, por el contrario, las alteraciones de la producción generan fuerzas que tienden a acentuarlas. Así, las caídas de la economía en el 2020 y el 2021 son el reflejo de lo que no se hizo para evitarlas.

Los hechos controvierten abiertamente la teoría monetaria convencional que predominó después de la reforma del Banco de la República. La tasa de interés y los déficits fiscales son insuficientes para mantener en pie la actividad productiva y el empleo.

Ciertamente, la política fiscal se justifica como una forma de contrarrestar el monumental deterioro de la distribución del ingreso causado por la pandemia. Sin embargo, no contribuye a elevar el ahorro ni recuperar el balance interno. La economía queda con un faltante de ahorro que tiende a mantenerla por debajo del nivel registrado en 2019. La deficiencia estructural se puede remediar con un aumento del ahorro o con su sustitución por la emisión monetaria.

El país requiere acciones tanto para detener el deterioro de la distribución del ingreso como para recuperar la producción y el empleo. Los dos propósitos no son excluyentes y no se pueden lograr con la sola política fiscal. Se requiere otro instrumento, que debería ser el cambio estructural de la balanza comercial y sectorial, pero su adopción y aplicación tomaría mucho tiempo. La opción más simple y expedita es la ampliación del dinero por encima de la demanda. La inversión aumentaría y arrastraría consigo el ahorro y la producción. Al final, el producto nacional y la distribución avanzarían en la misma dirección.

https://www.elespectador.com/opinion/lentitud-estatal/

21.1.-¿Cómo debería ser la economía después de la pandemia? –  CÉSAR FERRARI

La pobreza y la desigualdad que ya existían y ha agravado la pandemia son razones evidentes para replantear en serio el modelo económico vigente.

Pandemia y economía

23 nov 2020.- La pandemia mostró lo que varios analistas venían diciendo desde hace años: que el modelo económico vigente no remedia la pobreza, es inequitativo y debe ser replanteado.

En el corto plazo, lo más urgente es aumentar la demanda mediante un mayor gasto e inversión del Estado, con el fin de recuperar la economía. Pero eso no es suficiente.

Construir una nueva economía, un nuevo capitalismo y una “ecología integral”, en los términos del Papa Francisco, es un esfuerzo de largo aliento que necesita intervenir el mercado.

Para evitar que la discusión sobre el papel económico del Estado se limite a posiciones ideológicas, debemos ponernos de acuerdo en cuáles son los problemas antes de plantear las soluciones.

Los problemas 

En las sociedades latinoamericanas, tal vez los problemas más graves son la pobreza y la inequidad, causadas principalmente por un empleo insuficiente y mal remunerado.

Existen muchos otros problemas: la informalidad, el hambre, la educación sin calidad, la carencia de vivienda, etc. Pero es probable que todos ellos sean una extensión u otra versión de los primeros.

En Colombia, según las estadísticas del DANE, el coeficiente Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, pasó de 0,517 en 2018 a 0,526 en 2019. O sea que, desde antes de la pandemia, un problema que era grave se estaba intensificando. Y aunque no tenemos cifras comparables para 2020, los indicadores parciales que tenemos sugieren sin duda alguna, que la desigualdad se agravó con la pandemia.

También aumentó la pobreza monetaria, que es la condición en la que está un hogar si sus ingresos son inferiores a 327 674 pesos:

  • En 2018, el 34,7% de la población nacional, el 31,4% de la población de las cabeceras municipales y el 46% de la población rural estaba en pobreza monetaria;
  • En 2019, el 35,7% de la población nacional, el 32,3% de la población de las cabeceras municipales y el 47,5% de la población rural llegó a este punto.

La indigencia también aumentó. Mientras que en 2018 el 8,2% de la población nacional recibía menos de 137 350 pesos, en 2019 la cifra llegó al 9,6%.

El desempleo y la pobreza

La solución para estos problemas es alcanzar el pleno empleo, que proporcione ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas.

En Colombia, la tasa de desempleo ha estado por encima del 10% desde hace ya mucho tiempo. Como en una economía de mercado la gente que no trabaja se muere de hambre, muchos se ven obligados a crear su propio puesto de trabajo. Y como en la mayoría de los casos no hay suficiente capital ni conocimiento, ese puesto de trabajo es de baja productividad. En consecuencia, la estadística registra a esa persona como subempleada e informal.

Según el DANE, la tasa nacional de desempleo en febrero de 2020 fue 12,2%. La pandemia elevó esta cifra de forma dramática:

  • En abril el desempleo llegó al 19,8%, y en septiembre, levantada la cuarentena, descendió al 15,8%.
  • Pero si se incluyen a los “nuevos inactivos”, es decir, s quienes se desemplearon y no salieron a buscar trabajo porque pensaron que no lo obtendrían, las tasas llegan al 34,3% en abril y al 20,2% en septiembre.

Por su parte, la proporción de los ocupados informales en las 13 ciudades principales durante el trimestre junio-agosto pasó del 45,8% en 2019 al 46,4% en 2020. Hay que aclarar que el DANE considera como informales a los trabajadores particulares que laboran en establecimientos que ocupan hasta cinco personas, incluyendo al patrono o socio. Usualmente, estos trabajadores no pagan impuestos ni contribuyen a pensiones y salud.

Ante esa realidad, el gobierno adoptó una política de subsidios focalizados y cada vez más extensos (“Familias en Acción”, “Ingreso Solidario” y similares). Pero este es un sustituto inadecuado de la política de pleno empleo que en realidad se necesita. Además, se trata de una medida ineficiente e insuficiente, pues no alcanza a cubrir a todas las personas en condición de pobreza, y no reduce la pobreza ni resuelve la inequidad.

Como en una economía de mercado la gente que no trabaja se muere de hambre, muchos se ven obligados a crear su propio puesto de trabajo

¿Cómo llegar al pleno empleo? 

Para alcanzar el pleno empleo es necesario reestructurar la economía.

Según el DANE, en 2019, la explotación de minas y canteras (principalmente de hidrocarburos y carbón) representó cerca del 5% del PIB, pero ocupó apenas al 0,9% de la población ocupada total.

Por su parte, los sectores manufactureros asociados con la minería y las canteras representaron el 4,3% del PIB, pero tampoco fueron intensivos en mano de obra. Las materias primas y las manufacturas asociadas representaron el 55,5% de las exportaciones de 2019.

En el futuro, estos sectores no deberían liderar la economía colombiana por su reducida capacidad de generar y, además, por su impacto ambiental: la matriz energética mundial está cambiando aceleradamente como respuesta al cambio climático.

Esos cambios reducirán notablemente la demanda de combustibles fósiles, en particular de hidrocarburos pesados y carbón térmico, como los que produce Colombia. Ello, sin duda, creará una nueva matriz energética en Colombia y disminuirá la contaminación.

La reestructuración del aparato productivo supone reconocer cuáles nuevos sectores deberían liderar el crecimiento. El mercado no los descubrirá porque solo le interesan aquellos que tienen la mayor rentabilidad; pero esta rentabilidad no es necesariamente consecuencia de que el sector tenga ventajas comparativas de carácter internacional. Muchas veces, es una consecuencia de las ventajas competitivas que otorgaron las políticas monetarias, fiscales o regulatorias del gobierno de cada país.

En el caso de Colombia, los candidatos más cercanos para sustituirlos son el sector agropecuario y la agroindustria, ciertamente a partir de una identificación adecuada de áreas, cultivos y ganaderías. Otros candidatos son las manufacturas en todas sus formas, el turismo y la industria digital, no tanto en la fabricación del hardware sino en el diseño y formulación de aplicaciones.

Pero para que estos sectores se desarrollen en forma satisfactoria, habrá que hacerlos rentables. Para eso son las políticas económicas. Y habrá que hacerlo antes que la transformación mundial de la matriz energética se produzca por completo. Invertir y construir sectores toma tiempo.

Pixabay Según el DANE, la tasa nacional de desempleo, antes de la cuarentena, en febrero de 2020, fue 12.6% de la población económicamente activa

Tecnología y geopolítica 

En la construcción de la nueva economía, no puede olvidarse el avance imparable de la cuarta revolución industrial, con máquinas y sistemas digitales, inteligentes e interconectados.

Ese avance podría ser violentamente asimétrico en nuestros países. Mientras una parte importante de la población no tiene aún electricidad ni acceso a internet, otra parte avanza a pasos agigantados. Por eso, si las políticas públicas no aceleran el acceso de los primeros a los beneficios de la modernidad, la inequidad será incluso mayor que la actual.

Además, la digitalización significa automatización y, por lo tanto, una posible reducción en el número de empleos. En general las industrias digitales tienen costos marginales que tienden a cero y los bienes de información tienen costos marginales de almacenamiento, transporte y réplica también tendientes a cero.

Por eso, a menos que las empresas en los nuevos sectores líderes se multipliquen con más velocidad que aquella con la cual desparecen las viejas industrias, es muy probable que aumente el desempleo. Por eso es todavía más urgente construir aquella nueva economía.

Por lo demás, hay que tener en consideración el proceso acelerado de cambios geopolíticos. Los países asiáticos, en especial China, están creciendo con mucha rapidez en términos económicos, militares y tecnológicos.

En contraste, los mercados latinoamericanos son pequeños y pueden quedar sepultados en medio de las disputas entre las grandes potencias. Por eso importa responder a los cambios en el tablero mundial y dirigir los mayores esfuerzos exportadores hacia Asia y, en particular, hacia China.

Para conquistar esos mercados no tienen que revisarse los tratados de libre comercio ni los acuerdos de cooperación existentes; bastaría con acuerdos arancelarios y de protección a los inversionistas con dichos países. Y, sobre todo, se necesitan mecanismos y políticas para que las exportaciones y la producción que compite con importaciones sean viables, es decir competitivos y rentables.

(continuará)

https://razonpublica.com/deberia-la-economia-despues-la-pandemia/

21.-¡El colmo! – AMYLKAR ACOSTA

MAL EN PEOR 

En momentos en los que cunde la desazón, el desconcierto y la incertidumbre a consecuencia de la crisis pandémica, el Director del DANE Juan Daniel Oviedo le ha revelado al país unas cifras verdaderamente aterradoras, espeluznantes, que delatan la preexistencia a la misma de la pandemia de la pobreza y la desigualdad en Colombia, taras estas que se han visto exacerbadas este año, aciago para nuestro país. Ello es tanto más preocupante, habida cuenta que es la población vulnerada y vulnerable la que está llevando la peor parte de esta debacle.

4 ene 2021.- Mientras el mundillo de la pequeña política se agita y se dan los primeros escarceos de la contienda electoral de cara a las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República, el país se debate entre el anunciado rebote del crecimiento de la economía por parte del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y el rebrote de los contagios y víctimas fatales del COVID – 19, según lo informa el Ministro de Salud Fernando Ruiz.

Como es bien sabido, desde el año 2012 venía disminuyendo el índice de pobreza monetaria en Colombia, hasta que tocó fondo en el 2018 cuando alcanzó el 34.7%. A partir del 2019 se revirtió dicha tendencia, registrando el 35.7%, 1 punto porcentual más elevado con respecto al año anterior. Según el DANE, en el 2019 661.899 personas cayeron en la trampa de la pobreza, para completar los 17´470.000. Vamos de mal en peor. Pero estamos hablando del promedio nacional, en el cual se confunde el valle con la colina, ya que al escarmenar y aterrizar las cifras en los territorios se ponen de manifiesto unas aberrantes desigualdades, las que se denominan eufemísticamente “brechas”.

En efecto, en contraste con el promedio nacional, el mismo índice de pobreza monetaria en el Chocó en la región Pacífica, también promediando la cifra, pasó del 61.1% al 68.4% (¡!) y el de La guajira en la región Caribe del 53.7% al 61.8% (¡!). Según el DANE, en cuanto al índice de pobreza extrema, el promedio nacional pasó del 7.2% al 9.6%, 2.4 puntos porcentuales más, lo cual se tradujo en que un número de 728.955 personas pasaron de la pobreza a la indigencia, para un consolidado de 3.500.000 (¡!). Por su parte los departamentos de Chocó y La guajira registraron el 36.8% (¡!) y 33.5% (¡!), respectivamente, superando el 34.5% y el 26.7%, en su orden, del año 2018, en pobreza extrema. Y no hay que perder de vista que cuando hablamos de la pobreza, sabemos que esta se caracteriza porque la persona no tiene cómo valerse por si misma para que sea llevadera su congrua subsistencia.

Esta tendencia, aberrante por lo demás, de empeoramiento de la condición social de la abrumadora mayoría de los colombianos, especialmente en las regiones más deprimidas y vulnerables, se está viendo acentuada debido a los estragos sociales de la crisis pandémica. Ésta está repercutiendo en la pérdida de empleo e ingresos, lo cual va a conducir a que, según el investigador de FEDESARROLLO Jairo Núñez, “la pobreza en Colombia va a alcanzar un nivel de entre 47% y 49%” . Dicho de otra manera, 6 millones de personas que habían salido de la pobreza volverán a ella, esta vez por cuenta del COVID – 19. De manera que, muy seguramente, al cierre de este año no estaremos mejor que cuando estuvimos peor!

Hemos pasado de la prevención del contagio de la pandemia a la contención de la misma y últimamente a su mitigación, a la espera de la vacuna, la cual nos permite columbrar la luz al final del túnel. Esta emergencia copa toda la atención de los medios y de las autoridades, pero hay otra realidad subyacente y lacerante que viene de atrás, que no se le puede atribuir a la pandemia, como son estas execrables lacras de la pobreza, la desigualdad y el hambre. Frente a estas ha faltado una política social de prevención, de contención y de mitigación y lo que es peor los distintos gobiernos se han rehusado a aplicar la única vacuna eficaz y segura para combatirlas que es la política de protección, inclusión y cohesión social. De nada sirve que se incluya entre las metas de todos los planes de desarrollo la reducción de la inequidad, si las mismas no se concretan en acciones efectivas y eficaces para lograrlo. Es consabido que las palabras que no van seguidas de los hechos son asesinas de los ideales!

EL HAMBRE ACOSA Y ACUSA

Una de las peores y más acuciantes consecuencias de la actual crisis es el creciente número de colombianos que se está viendo ante la imposibilidad de acceder a la ingesta diaria para alimentarse. Según el más reciente estudio del DANE, en Colombia solo siete de cada 10 familias tuvieron acceso a tres comidas al día durante los últimos siete días, mientras que antes de la pandemia la cifra llegaba a 85%. Esta cifra obliga a encender todas las alertas y alarmas, porque su impacto va mucho más allá de las frías cifras, las cuales, como dice el célebre escritor mexicano Octavio Paz, se oyen “como quien oye llover. Sin oírme, oyendo lo que digo”, desdeñadas por la sordina y la invisibilización. Pero el hambre acosa a los más desvalidos y acusa la indolencia de las autoridades competentes. El silencio es ensordecedor!

Según el mismo estudio, en promedio, tres de cada diez hogares de las capitales de departamento en Colombia no pueden comer tres veces al día (¡!). Esto es una barbaridad. A consecuencia de la pandemia se cuentan por millares el número de colombianos que están soportando física hambre. Los hogares donde solo se consume una comida al día pasaron de 55.915 a 287.473. Además, 3,2 millones de familias solo están comiendo dos veces al día y a ello se viene a añadir la baja calidad de la alimentación de quienes tienen acceso a ella, la cual deja mucho que desear en los estratos más bajos de la población.

Al igual que ocurre con la pobreza, se presentan ostensibles diferencias entre unas regiones y otras, así como entre unas ciudades capitales y otras, en torno al acceso a los alimentos. Así, mientras en Bogotá el porcentaje de familias que tenían para las tres comidas diarias pasaron del 85% antes de la pandemia al 72%, en el agregado nacional 72,21 por ciento de las familias puede contar con el desayuno, el almuerzo y la comida; 24,8 por ciento consume dos comidas y 2,6 por ciento solo se alimenta una vez al día (¡!).

Cabe mencionar que, según el DANE, las seis ciudades en donde menor cantidad de hogares pueden acceder a tres comidas al día están ubicadas en la Costa Atlántica, son ellas Cartagena (35%), aparecen Barranquilla (46,3%), Sincelejo (48,8%), Santa Marta (50,7%). Antes de la cuarentena en todas estas ciudades el promedio estaba por encima del 75%, incluso en Santa Marta el nivel llegaba a 93%. Ello es algo funesto y sus secuelas serán espantosas en el mediano y largo plazo para un amplio conglomerado humano de este país que vive o mejor pervive este drama. Como la canción insignia de la movilización social en Chile el año pasado, El baile de los que sobran, nadie los echa de menos, nadie les quiso ayudar. Esto es el colmo!

El Caso de Cartagena, la Heroica, declarada por la UNESCO Patrimonio histórico y cultural de la humanidad, la del corralito de piedra, la joya de la corona del turismo en Colombia, es patético. Es, como quedó dicho, la que exhibe los peores registros. Claro está que antes de la pandemia, según la encuesta Pulso Social del DANE, publicada por la agencia Bloomberg, en promedio, el 81.6% de sus habitantes podía comer tres veces al día, un registro que lejos de ser satisfactorio mueve a la preocupación, tanto más en cuanto que no refleja la dura realidad de barrios como El pozón o Arroz barato, en donde, como en la fábula de La zorra y las uvas, éstas aunque maduras están muy altas para alcanzarlas.

La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, después de analizar este dantesco cuadro de emergencia social llegó a la conclusión irrefutable de que “no hay mejor prueba que demuestre la urgencia de crear una Renta Básica de por lo menos un salario mínimo mensual que beneficiaría a 32 millones de personas en situación de pobreza y riesgo de caer una situación de indigencia, que tienen derechos constitucionales a la vida y a la alimentación”. Y el primer paso debe ser la extensión y ampliación de las transferencias monetarias a favor de ellas, tanto las condicionadas como las no condicionadas, el próximo año. Por ello registramos con asombro y preocupación que el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), creado para financiar dichos programas, quedó totalmente desfinanciado en el Presupuesto para la vigencia de 2021, al pasar de $25 billones a sólo $3.1 billones, con una reducción del 87.6% con respecto al del 2020 . Así no se puede!

http://amylkaracosta.net/prueba1/index.php?option=com_content&view=article&id=615:el-colmo&catid=95:opinion&Itemid=673 

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