*21.43.-Un acierto en seguridad, pero sin cupos carcelarios  GERMÁN VARGAS
*Un cínico Rojas Ríos posando de juez moral CECILIA OROZCO
*Las 10 EPS que tienen reventados a los hospitales colombianos
*Yo Mattos, tú matas YOHIR AKERMAN
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De Ghislaine Maxwell a Andrés Pastrana, pasando por Jeffrey Epstein

Con motivo del juicio contra Ghislaine Maxwell que comienza mañana martes 16 de noviembre, este artículo toma como fuente principal un cubrimiento del prestigioso diario inglés The Guardian y recoge a su vez información sobre el modo en que el expresidente Andrés Pastrana aparece involucrado, con base en averiguaciones periodísticas del director de El Unicornio, Jorge Gómez Pinilla.

15 nov 2021.- Arrestada en New Hampshire el año pasado, Maxwell está acusada de presuntos delitos sexuales, conspiración y perjurio relacionados con Epstein.

Cuando la selección del jurado comience este martes para el juicio por tráfico sexual de la británica Ghislaine Maxwell en la corte federal de Manhattan, muchos observadores podrían pensar que finalmente conocerán la verdad completa sobre los crímenes de su consorte en desgracia, el hombre de negocios Jeffrey Epstein.

Esta conjetura tiene sentido: Epstein se suicidó (o lo ‘suicidaron’) en la cárcel hace más de dos años, mientras esperaba su propio juicio por tráfico sexual, lo cual deja a muchos preguntándose si alguna vez habrá justicia para las víctimas.

Pero cuando Maxwell fue arrestada por su papel en la adquisición de adolescentes para Epstein entre 1994 y 2004, algunos creyeron que el caso brindaría una segunda oportunidad para una explicación completa de lo que hizo Epstein.

De hecho, hay quienes piensan que el testimonio de los testigos, que incluye a víctimas y acusadores, podría proporcionar detalles impresionantes sobre el abuso sexual de menores durante décadas por parte de Epstein y la oscura red de personas que lo permitieron, lo practicaron o cuando menos lo supieron.

Ghislaine Maxwell en la mesa de la defensa durante una audiencia para discutir qué testigos podrán testificar en su próximo juicio por delitos sexuales en Nueva York. Fotografía: Jane Rosenberg / Reuters

Otros observadores prevén que estos procedimientos darán nombres antes no revelados, dado que entre sus asociados se encontraban hombres ricos y poderosos como el príncipe Andrés de Inglaterra, Bill Clinton y Bill Gates, incluso el expresidente colombiano Andrés Pastrana, pasajero registrado en la bitácora de un vuelo del Lolita Exprés.

Habrá además quienes esperan una respuesta definitiva sobre por qué Epstein y Maxwell nunca enfrentaron cargos federales en el sur de Florida hace más de una década, cuando fue acusado de abusar sexualmente de niñas menores de edad. El controvertido acuerdo de no enjuiciamiento que Epstein negoció con las autoridades federales incluía una disposición que protegía a los posibles cómplices, incluida Maxwell, lo que plantea aún más preguntas sobre su aparente impunidad.

En consecuencia, a medida que se avecina el juicio de Maxwell se vislumbra una gran posibilidad de que esas esperanzas se vean frustradas por las mismas actuaciones durante el juicio.

Si bien las acusaciones contra Maxwell están inextricablemente vinculadas al abuso de Epstein, está casi garantizado que este juicio no responderá a todas las preguntas más omnipresentes sobre él, y mucho menos satisfará los antojos de los teóricos de la conspiración que están convencidos de la existencia de una camarilla global de élites sexualmente depredadoras.

La jueza Alison Nathan, quien preside el caso, ha dejado en claro que quiere que el juicio por tráfico sexual de Maxwell sea sobre el supuesto tráfico sexual de Maxwell. Punto final. En varios fallos, Nathan ha impedido en gran medida que este juicio se convierta en un referéndum sobre el manejo de Epstein por parte de las autoridades y si Maxwell es un chivo expiatorio, en consideración a que Epstein escapó de la justicia terrenal.

“Jeffrey Epstein está muerto. La juez Nathan le preocupan los prejuicios indebidos contra la señora Maxwell y se esfuerza por asegurar que tanga un juicio justo”, dijo Moira Penza, socia de Wilkinson Steklof, quien, como fiscal federal asistente en Brooklyn, procesó con éxito el caso de culto sexual de la secta NXIVM. “Esta es en gran medida su prueba. Este no es Jeffrey Epstein en juicio».

Ghislaine Maxwell fue arrestada el 2 de julio de 2020 en una lujosa propiedad aislada en Bradford, New Hampshire, por presuntos delitos sexuales, conspiración y perjurio relacionados con Epstein. Audrey Strauss, la entonces fiscal federal interina de Manhattan, dijo que Maxwell “jugó un papel fundamental al ayudar a Epstein a identificar, entablar amistad y preparar a las víctimas menores”, y que “en algunos casos Maxwell participó en el abuso”.

Cuando estás pensando en los malos de la película, obviamente tienes a Jeffrey Epstein como líder y a Ghislaine Maxwell como su principal facilitador.

Maxwell “habría intentado normalizar el abuso sexual de una víctima menor, entre otras cosas, discutiendo temas sexuales, desnudándose frente a la víctima, estando presente cuando una víctima menor se desvestía o estando presente para actos sexuales que involucran a la víctima menor y a Epstein”, alega la acusación.

Maxwell trató de ocultar su participación en los actos atroces de Epstein, proporcionando información falsa «bajo juramento» en un litigio civil, según la acusación. Ese litigio fue la demanda por difamación presentada contra Maxwell por la acusadora de Epstein, Virginia Giuffre. Ella ha alegado que Epstein y Maxwell la obligaron a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés cuando solo tenía 17 años. Maxwell ha sostenido su inocencia, al igual que el miembro de la realeza británica.

Ahora bien, un indicador de que el juicio de Maxwell se apegará a los delitos sexuales de los que se le acusa, ​​llegó esta primavera.

La defensa había pedido que los cargos de perjurio se juzgaran por separado, argumentando que se refieren a “delitos separados que involucran diferentes períodos de tiempo, diferentes presuntas víctimas y diferentes cargos sustantivos”. Juntar perjurio con cargos por delitos sexuales podría impulsar a los jurados a condenarla por cargos de delitos sexuales «basados ​​en una inferencia falsa de propensión criminal», afirman sus abogados.

La juez Nathan estuvo de acuerdo con ellos y ordenó un juicio separado por los cargos de perjurio. Ella escribió en una opinión de abril que estos cargos «introducirían acusaciones no relacionadas de abuso sexual, lo que potencialmente expondría al jurado a pruebas que de otra manera no serían admisibles».

«En particular, un juicio conjunto expondría al jurado a una franja más amplia de información con respecto al litigio civil contra Epstein, que está lejos de la conducta acusada de Maxwell», dijo Nathan. «Esto presenta un riesgo significativo de que el jurado acumule las pruebas de los diversos delitos imputados y encuentre culpable cuando, si se considera por separado, no lo haría».

Nathan dijo que excluirá la evidencia del acuerdo de no enjuiciamiento, «tanto su existencia como sus términos particulares». La defensa de Maxwell ha argumentado que el acuerdo de no enjuiciamiento fue relevante para señalar los prejuicios y los intereses financieros de dos testigos, incluido uno que recibió inmunidad de procesamiento en virtud del acuerdo.

Pastrana invitó a Ghislaine Maxwell a Cartagena en 2007.

Andrés Pastrana, doble misterio

¿Estaría cobijado por esa misma inmunidad de procesamiento el expresidente Andrés Pastrana, después de la muerte del principal acusado? El tiempo lo dirá.

En todo caso, no sobra recordar que dos viajes lo vinculan con tan escabroso caso de tráfico sexual de menores, uno con Jeffrey Epstein y el otro con Ghislaine Maxwell.

El primero hace referencia a que su nombre apareció en la lista de pasajeros de un vuelo del Lolita Express, así llamado por ser el avión donde el multimillonario Jeffrey Epstein transportaba a su isla privada en Bahamas a las menores de edad que contrataba.

Pastrana se defendió alegando que fue un aventón que Epstein le dio hasta Cuba, invitados ambos por Fidel Castro. Según Univisión “no hay registro de vuelos de ese avión de llegada ni salida a Cuba” (Ver informe de Univisión).

El segundo vuelo -de ida y vuelta- fue el que hizo Ghislaine Maxwell para encontrarse con Andrés Pastrana en Cartagena, invitada por este en marzo de 2007, con motivo de una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Según confidencial de Semana, “el expresidente Andrés Pastrana invitó a dos magnates de las comunicaciones, Theodore Waitt, propietario del emporio de tecnología de Sistemas, Gateway Inc., y la inglesa Ghislaine Maxwell, heredera del conglomerado Maxwell Communication, a conocer Ciudad Perdida en el Parque Tayrona”.

Según el autor del hallazgo de dicho Confidencial, persisten ciertos interrogantes: “¿fue Pastrana quien le formuló invitación personal a Maxwell para asistir a la reunión en Cartagena, o la invitación provino de la SIP? ¿Era ella en efecto una “magnate de las comunicaciones”, o apenas heredera de algo en lo cual no tenía participación? ¿Cuánto tiempo permaneció en Colombia, cuáles ciudades visitó, en dónde se hospedó?”. (Ver artículo de Jorge Gómez Pinilla).

https://www.elunicornio.co/de-ghislaine-maxwell-a-andres-pastrana-pasando-por-jeffrey-epstein/

21.43.-Un acierto en seguridad, pero sin cupos carcelarios  GERMÁN VARGAS

Si las nuevas medidas de seguridad resultan exitosas, aumentará el número de detenidos y condenados.

El Gobierno ha radicado su anunciado proyecto de seguridad ciudadana. Es de esperar que su trámite sea expedito, pues la situación de indefensión de la gente e impunidad ya ha traspasado cualquier límite imaginable. No hay tal que las cifras de criminalidad se estén reduciendo. A septiembre, los homicidios han crecido en 18,3 %; las lesiones personales, en un 18,7 %, y ya van, en lo corrido del año, cerca de 90.000 casos de violencia intrafamiliar.

20 nov 2021.- El proyecto de ley se ocupa de manera muy positiva de problemas que he venido señalando en esta columna y que son en buena medida la causa del incremento de la criminalidad y también del fracaso de muchas de las acciones emprendidas por las autoridades. Comencemos por el gravísimo tema de la reincidencia. El proyecto contempla el agravamiento de la pena para aquellos que en los últimos 5 años tengan condena proferida en su contra por delito doloso. Y, más importante, para aquellos reincidentes capturados muchas veces pero nunca condenados. Establece nuevos parámetros para los jueces en el momento de definir la detención preventiva, lo que permitirá que se los pueda privar de la libertad cuando tengan registros de anteriores capturas.

Al respecto, vale la pena recordar que en el reciente Plan de intervención se capturaron 7.007 individuos; de ellos, 6.139 en flagrancia, y el 86 % de todos ellos quedó en libertad a las pocas horas. Así es imposible. Ojalá jueces y fiscales den correcta aplicación a la nueva norma, que de ser aprobada será una herramienta verdaderamente útil, entre otras, para levantar la moral de la autoridad.

Otro tema es el relacionado con la legítima defensa, cuya normativa actual se ha prestado para tantas injusticias. El proyecto establece claras presunciones a favor de las víctimas, quienes ya no tendrán que probar que la defensa fue proporcional cuando la agresión se ha presentado en su casa, oficina o vehículo. Muy buen avance.

Se ocupa también el proyecto de la penalización del porte de armas blancas y de las llamadas armas traumáticas cuando sean llevadas en transporte público, protestas o eventos públicos, y convierte en delito lo que antes era tentativa, el solo hecho de amenazar e intimidar a una persona.

También eleva la pena para robos de menor cuantía para evitar que los autores de robos de menos de 4 salarios mínimos, celulares y bicicletas, por ejemplo, queden automáticamente en libertad. Igualmente se eleva la pena cuando los delincuentes utilicen máscaras o a menores de edad. Esto, en clara respuesta a los desmanes y excesos en las recientes protestas sociales.

En cuanto a los bienes objeto de extinción de dominio, el proyecto agiliza la comercialización de estos, lo que permitirá hacer más eficaz este instrumento vital en la lucha contra la criminalidad organizada. En buena hora faculta a los alcaldes para construir equipamientos destinados a la seguridad en el lugar que determinen, sin tener que adelantar cambios en los POT. Esta exigencia ha hecho casi imposible la construcción de centros penitenciarios, sin los cuales toda la política de seguridad está condenada al fracaso.

Lo digo porque las nuevas medidas, de resultar exitosas, seguramente incrementarán el número de detenidos y condenados, lo cual sin una respuesta por el lado de la oferta de nuevos centros carcelarios conducirá a empeorar los índices de hacinamiento, cuya solución lamentablemente siempre ha sido la expedición de medidas de descongestión que regresan a la calle a los delincuentes.

Se necesitan urgentemente al menos 50.000 cupos penitenciarios adicionales para asegurar el éxito de esta importante iniciativa. El Gobierno, en cabeza del ministro de Justicia y también del minhacienda, debería asegurarse de destinar los recursos necesarios para este programa de infraestructura carcelaria, pilar de la nueva política de respuesta a la criminalidad.

Es tiempo de incorporar al proyecto otros temas como el tratamiento a menores infractores, que en algunos casos son verdaderos y muy peligrosos delincuentes, o la judicialización de los detenidos en las primeras 24 horas. Pero, ojo, ninguna norma es suficiente por sí sola. Se requieren una perfecta coordinación y compromiso de policías, fiscales y jueces y, por supuesto, de la ciudadanía que, atemorizada, no denuncia ni siquiera uno de cada tres delitos cometidos.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/un-acierto-columna-de-german-vargas-lleras-633665

21.43.-Un cínico Rojas Ríos posando de juez moral CECILIA OROZCO

El diablo haciendo hostias. Un personaje de la picaresca colombiana conocido por su doble moral y dudosa reputación se tomó la libertad de invalidar, por el delito de no estar de acuerdo con él, la decisión de algunos de sus pares en la Corte Constitucional, señalándola de estar “cubierta de sombras e incertidumbre”.

17 nov 2021.- Quien así se expresa parece describir, paradójicamente, no a otros sino su propia vida. Se llama Alberto Rojas Ríos, el litigante arribista de los años 90 que engañó a una viuda recibiendo a su nombre, pero sin entregárselo, un cheque por $116′834.000 de la época, que el municipio de Funza (Cundinamarca) le reconoció a ella como indemnización por la responsabilidad municipal en un choque de vehículos en que su esposo murió.

El abogado Rojas nunca fue sancionado por ese abuso debido a que las mañas suelen prevalecer sobre los derechos en nuestro precario sistema de justicia. Pero, al menos, el escándalo social que se produjo cuando Noticias Uno contó la historia, en 2013, dio como resultado una aparente reparación económica a la señora timada a cambio de no volver a hablar con periodistas porque “tengo prohibición de hacerlo”, según alcanzó a susurrarle, temerosa, a quien la contactó después de las publicaciones.

Rojas Ríos, no obstante su mala fama, desarrolló una carrera política-judicial de rápido ascenso hasta llegar, siempre en medio de polémicas y dudas sobre la transparencia de sus actos, a la cúpula de la Corte guardiana de la Carta Política en donde mantuvo —durante los ya casi ocho años de su periodo— cordialísimas relaciones con sus colegas, fueran estos de la ideología que fueran porque, eso sí, debe admitirse que maneja con destreza las relaciones públicas y la hipocresía social. Hasta la semana pasada, cuando se salió de casillas por la frustración de no haber podido entregarle a Uribe Vélez, en sus manos, un fallo de tutela que ordenara eliminar definitivamente las pruebas que reunió la Corte Suprema en su contra, regresando el proceso a ceros.

Ese milagro se conseguiría si la Sala Plena de la Constitucional le daba la razón a Uribe, tal como lo intentó, con sospechoso denuedo, Rojas Ríos de quien sus compañeros de profesión esperaban conceptos jurídicos de “liberalidad democrática”. Pues no. Rojas es pragmático: así como hoy está aquí, mañana está allá. Hoy, su causa es uribista.

No en vano, para la exrevista cuyo nombre ustedes recuerdan más que yo, el iracundo salvamento de voto de Rojas Ríos “resulta contundente” a pesar de que está adornado de frases vacuas como la de que la decisión mayoritaria de la Sala Plena, que ordenó continuar el proceso contra Uribe en donde lo dejó la Corte Suprema, “borra de un plumazo el debido proceso clásico que tanta sangre ha costado desde las ordalías o juicios de Dios o de la Inquisición hasta nuestros días”. Pura cháchara florida para insultar a los cinco magistrados que osaron fallar en derecho. Veremos cómo será recompensado Rojas cuando salga de la Constitucional, dentro de pocas semanas: ¿Duque le ofrecerá una embajada? ¿Lo apoyará el uribismo para otro alto cargo oficial? ¿Su amigo el contralor Felipe Córdoba, pereirano como él, le dará jugosos contratos de “asesoría”? ¿Hará negocios multimillonarios con el Estado y será candidato a cualquier entidad con el aval del expresidente César Gaviria, también pereirano?

Alberto Rojas Ríos volverá a su ambiente: a la politiquería que lo iba a elegir contralor general de la República en 2010 cuando, a última hora, Sandra Morelli le quitó el puesto; a la del Senado que lo escogió con amplitud de votos de partidos tradicionales como miembro de la Constitucional; a la del clientelismo judicial en el Consejo de Estado, una de cuyas secciones anuló su elección, y a la de su Sala Plena que se la devolvió; a la que compartió con su aliado y amigo, el indigno exmagistrado Jorge Pretelt, condenado por pedir coimas a cambio de otros fallos de tutela que Rojas, qué raro, ayudó a seleccionar… Faltan muchos más datos sobre este singular espécimen. ¿Rojas Ríos, el cínico, juez ético de otros magistrados? ¡Atrevido que es!

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/un-cinico-posando-de-juez-moral/

21.43.-Las 10 EPS que tienen reventados a los hospitales colombianos

Les deben $12 billones con la Nueva EPS liderando el ranking, seguidas por Medimás, Cafesalud y Coomeva, deudas que se dispararon por la atención al Covid

El año de la pandemia fue muy rentable en números para las EPS en Colombia que, según la Superintendencia de Sociedades, tuvieron ingresos superiores a los $74,9 billones de pesos distribuidos en las 44 entidades de salud que se mantienen operativas, tanto en régimen subsidiado como contributivo. Pero al parecer la plata no fue suficiente para pagar el dinero que le deben a los hospitales, por el contrario, las deudas con las clínicas volvieron a aumentar en el primer semestre de este año.

19 nov 2021.- Según el más reciente informe de cartera hospitalaria con corte a junio 30 de 2021, de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, en un grupo de 205 entidades, las deudas por servicios de salud prestados ascendieron a los $12.7 billones de pesos, de los cuales el 55.6% es deuda morosa que supera los 60 días.

Nuevamente los mayores deudores de los hospitales y clínicas son las EPS del Régimen Contributivo con el 50,4 % del total de la deuda, $6.4 billones de pesos; seguido por las EPS-S del Régimen Subsidiado, debiendo $2.6 billones de pesos y en tercer lugar la entidades del Estado que incluye la deuda de las Entidades Territoriales, el extinto Fosyga, la deuda de la nueva Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES- y otras entidades como fuerzas militares, Policía Nacional, ministerios, entre otros, con una deuda de $1.3 billones de pesos. El 18% restante son deudas de las ARL, las Empresas de Medicina Prepagada, planes complementarios, las aseguradoras SOAT, el magisterio, algunas IPS, usuarios particulares y otros.

Las EPS en el régimen contributivo que más deben:

  1. Nueva EPS, debe $ 1.9 billones
  2. Medimás EPS, debe $663.858 millones
  3. Coomeva EPS, debe $554.111 millones

Las EPS en el régimen subsidiado que más deben:

  1. EPS mixta Savia Salud con $413.475 millones
  2. Emssanar ESS con $ 293.039 millones
  3. Asmet Salud ESS con $ 281.670 millones.

En cuanto a los Entes Territoriales, el corte a junio de 2021 arroja un monto total adeudado de $800.779 millones. En esta categoría el mayor deudor es el Departamento de Norte de Santander con $127.139 millones, de los cuales el 79,3 % es cartera morosa.

Al analizar por deudores morosos, es decir entidades que tienen los mayores montos de deudas superior a 60 días, el ranking lo encabeza la Nueva EPS, seguido por Medimás EPS SAS, en tercer lugar, Cafesalud EPS, en el cuarto lugar Coomeva EPS y en el quinto puesto el extinto Fosyga junto con la ADRES.

https://www.las2orillas.co/las-10-eps-que-tienen-reventados-a-los-hospitales-colombianos/

21.43.-Yo Mattos, tú matas YOHIR AKERMAN

Bienvenido el empresario Carlos Mattos a la justicia colombiana. Bienvenido a que responda por los probados sobornos que les pagó a varios funcionarios judiciales, entre ellos al juez Reinaldo Huertas, con el fin de que éste lo beneficiara en un litigio. Pero también bienvenido a que responda por un tema desconocido, y es la presunta financiación a grupos paramilitares, cosa por la cual la justicia colombiana aún no lo ha imputado. Bienvenido.

21 nov 2021.- Para eso una explicación. El 30 de noviembre de 2017 el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, pidió cupo en la Justicia Especial para la Paz (JEP), ofreciendo decir toda la verdad sobre varios temas y reiterando su compromiso con las víctimas del conflicto armado.

Mancuso ofreció contar lo que ocurrió en torno a la historia del conflicto paramilitar para ser aceptado en la JEP. Aunque este tribunal decidió rechazarlo, la presidenta de la Sala de Reconocimiento dejó claro que podrían llamar a Mancuso para que colabore voluntariamente y no como sujeto de la justicia transicional, algo a lo que el exparamilitar no se ha negado.

Pues vale la pena que le peguen su llamadita, ahora que Mattos está en Colombia, después de haber sido extraditado desde España.

Empecemos.

Como se ha dicho en esta columna, en su extensa solicitud a la JEP, Mancuso habló, entre otras cosas, de la supuesta relación del extraditado empresario con las Autodefensas. “Como ocurrió con el caso del señor Carlos Mattos, de la Hyundai, son varias las empresas nacionales y multinacionales que se vieron beneficiadas inicialmente con nuestro actuar”.

Para entender esto, hay que ir más atrás. De acuerdo con testimonios que el mismo Mancuso realizó durante las versiones libres previstas en el proceso de negociación de Justicia y Paz, Mattos habría entregado cuatro vehículos anuales a frentes de las autodefensas para apoyarlos en su causa. Cuatro camionetas Hyundai al año. Cuatro.

No es poca cosa, si calculamos que las Autodefensas Unidas de Colombia se consolidaron de manera centralizada en 1997, su presencia en el territorio experimentó un crecimiento sin precedentes durante los diálogos de paz que tuvieron lugar en el gobierno de Andrés Pastrana, para posteriormente desmovilizarse en 2003. Entonces fueron cuatro vehículos por cerca de cinco años, es decir 20 camionetas. Más o menos.

Si tomamos que cada camioneta Hyundai del momento costaba en promedio unos $30 millones de pesos de la época, por 20 vehículos, nos da un apoyo aproximado por bajito de $600 millones de pesos.

Es matemática simple, pero también delincuencia pura la de Carlos Mattos en su apoyo a los paramilitares.

Sigamos.

La organización Indepaz realizó en diciembre de 2008 un informe titulado “Paraeconomía y Narcoparamilitares”. Ahí se estableció un listado de empresas que han apoyado a las Autodefensas y se encuentran contenidas las acusaciones de financiación y pago de dádivas a los paramilitares por parte del empresario Carlos Mattos.

En el listado se confirma el vínculo y el pago de los cuatro carros al año por parte de Carlos Mattos, como dueño de la importadora Carmattos, en apoyo al Bloque Norte de las Autodefensas.

Ese horrible registro fue confirmado por versiones de Salvatore Mancuso Gómez y Raúl Emilio Hazbún, comandantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

No solo viene de boca de Mancuso y de Hazbún la relación de Mattos con el paramilitarismo. Este hecho también fue confirmado por el paramilitar Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, quien añadió que además de los vehículos, el bloque se reunía en la finca “El Guamo”, de propiedad de Mattos, para discutir temas de estrategia. Es decir, fuera de los vehículos, también hubo hospedaje. Todo un apoyo logístico el de Mattos.

Estas declaraciones permitieron que las autoridades desarrollaran una lista de empresarios que conformaban la llamada “Paraeconomía”.

Según un informe del 18 de mayo de 2014, suscrito por el investigador Daniel Enrique Gómez Romero, que fue incluido en la sentencia en contra de Monoleche, desmovilizado del bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia: “los ganaderos Jorge Gnecco Cerchar, Carlos Mattos, Pepe Castro y Uber Rodríguez financiaron el Bloque Norte de las autodefensas. No solo acordaron con Salvatore Mancuso la creación de un grupo paramilitar en Valledupar, sino que los hombres de éste se asentaron en la finca El Guamo, de propiedad de Mattos, el 20 de septiembre de 1996″.

La Fiscalía ha informado que, después de esa declaración, se compulsaron copias de las versiones de Monoleche contra los mencionados ganaderos y empresarios, entre los que se encuentra Carlos Mattos. Sin embargo, no se tiene información sobre el estado actual de las mismas y las investigaciones en la Fiscalía duermen el sueño de los justos.

Terminemos.

En su arribo a Bogotá, tras ser extraditado desde España la noche del miércoles, Carlos Mattos no parecía el poderoso y ostentoso empresario que antes salía en las revistas mostrando sus lujosos bienes.

No.

Ahora parecía un loquito esquizofrénico que repetía “me trajeron para matarme. En Colombia me quieren matar”. La verdad es que lo trajeron para responder ante la justicia por sobornar a varios funcionarios judiciales y también debería responder por todo el apoyo logístico que en su momento le dio a los paramilitares. Esos sí que mataron gente en Colombia, y todo indica que el apoyo de Mattos lo facilitó. En resumen, la historia es: yo Mattos, tú matas, pero ahora solo repite que lo quieren matar.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/yo-mattos-tu-matas/

*21.42.-Visbal Martelo: un victimario, no una víctima CECILIA OROZCO
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La jefa del jefe YOHIR AKERMAN

Foto: María Paula Correa e IVAN DUQUE

Con el argumento falaz de proteger la seguridad nacional y, posteriormente, la mentira de hacer cambios para mostrar austeridad dentro del Gobierno, esta administración ha introducido dos decretos en el plazo de dos meses. Estos le han quitado la poca fuerza que tuvo la Vicepresidencia de la República, para darle más dientes al rol de la Jefatura de Gabinete.

Me explico.

14 NOV 2021.- El pasado 27 de julio el Gobierno Nacional aprobó el escueto Decreto 835 de 2021 que hizo cambios sustanciales al funcionamiento de las oficinas del presidente de la República y su vicepresidente.

En su primer artículo establece, básicamente, que el primer mandatario, Iván Duque, y la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, no pueden viajar al exterior al mismo tiempo.

“Todos los desplazamientos que adelanten el presidente de la República y el vicepresidente de la República a nivel nacional e internacional deberán hacerlos por separado, independientemente de los medios de transporte que utilicen”.

Lo bonito viene en el parágrafo segundo.

“Con el fin de garantizar los principios constitucionales considerados y de mantener las condiciones de seguridad, el vicepresidente de la República no podrá salir del país cuando el presidente de la República se encuentra fuera del territorio nacional, salvo que este, por razones excepcionales de necesidad, lo autorice expresamente”.

El castigo a la vicepresidenta y canciller está firmado por el presidente Iván Duque; el ministro de Defensa, Diego Andrés Molano Aponte; el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Víctor Manuel Muñoz Aponte, y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Nerio José Alvis Barranco.

El segundo golpe a la Vicepresidencia por debajo de la correa vino solo dos meses después, con el Decreto 1185 del pasado 30 de septiembre.

Con el argumento de dar muestras de “austeridad” en el gasto público, el presidente Duque decretó recortes y cambios en su equipo de trabajo. Como todo en este Gobierno de ego maltrecho y decisiones sin sentido: mientras el presidente dice una cosa, hace la otra.

Con el decreto terminó haciendo algunos movimientos que beneficiaron, en términos políticos y de equipo, en mayor medida a su jefa de gabinete, María Paula Correa, considerada por fuentes dentro del propio Gobierno Nacional como el poder detrás del poder.

La verdad es que Duque no tiene mucho poder.

Volvamos al decreto, ya que el despacho de Correa recibió 12 funciones más. En la normativa que estaba vigente, expedida en 2019, la poderosa funcionaria tenía 20 responsabilidades, por lo que ahora quedó con 32. La mayoría de sus funciones nuevas cuentan con un amplio enfoque internacional.

Correa, una funcionaria sagaz y trabajadora, ha acumulado influencia desde el inicio del gobierno Duque. En 2018 se desempeñó como secretaria privada de la Presidencia y posteriormente, a inicios de 2019, se creó un cargo que cuadraba mejor con su inmenso poder en el Gobierno: jefa de gabinete.

El Decreto 1185 le entregó a Correa nuevas tareas que van más allá de los asuntos que se tratan en las reuniones de Palacio. Por ejemplo, el texto establece que el despacho de la jefa de gabinete tendrá que hacerles seguimiento al Congreso y a sus comisiones para mantener informado al presidente.

A su vez, la nueva normativa le traza una ruta de trabajo con el Ministerio del Interior, algo extraño para su cargo. Y, solo para poner un ejemplo, en los temas de relaciones internacionales, con el decreto queda dentro de sus funciones “impulsar y hacer seguimiento” a las iniciativas de la Presidencia en sus agendas bilaterales y multilaterales, funciones que corresponderían directamente a la Cancillería.

Pero las diferencias y la distancia entre Correa y Ramírez vienen desde el nombramiento de la vicepresidenta como canciller. De acuerdo con lo que han establecido los colegas de La Silla Vacía, según seis fuentes distintas —un diplomático que para ese momento trabajaba con Duque, un exministro que se mueve en círculos diplomáticos, dos fuentes dentro de la Vicepresidencia y otras dos personas que dicen conocer el tema de primera mano—, el nombramiento de Ramírez ocasionó una fuerte reacción de Correa, ya que ella quería ser la canciller.

Es tan clara esa distancia, que incluso en la visita de Estado que el presidente Iván Duque hizo en septiembre pasado a España, la vicepresidenta y canciller brilló por su ausencia, mientras la jefa de gabinete desafinó por su presencia, incluso en escenarios que no le correspondían.

Correa posó junto al presidente Iván Duque y el rey Felipe VI. Según fuentes de esa entidad en España, la comitiva real estableció ante el Gobierno Nacional que el rey solo se sentaba con mandatarios de Estado, vicepresidentes y en algunos casos ministros de alto nivel. Pero el Gobierno colombiano impuso la presencia de su jefa de gabinete, cosa que incomodó un poco al rey.

Pero el rey de España no es lo importante en esta historia. Lo interesante es lo que se está haciendo con los dineros de los contribuyentes.

Por eso volvamos al Decreto 835, que impide a la vicepresidenta Ramírez salir del país mientras el presidente Duque está en el extranjero, “con el fin de garantizar los principios constitucionales considerados y de mantener las condiciones de seguridad”.

Pese a ser claro, el decreto no tiene mucho sentido real. Para lo único que sirvió fue para justificar que no viajen juntos, porque al mismo tiempo sí están viajando al exterior.

El presidente Iván Duque ha estado muy activo internacionalmente, siempre acompañado de su comitiva. Solo este mes estuvo en Escocia, Francia, Emiratos Árabes y, finalmente, en su muy comentada visita a Israel.

Mientras tanto la vicepresidenta y canciller viajó oficialmente, en paralelo y seguramente sin ninguna razón excepcional, como lo establece el Decreto 835, a Italia, Marruecos, Alemania, Japón y Corea del Sur.

Las fechas se contraponen. Los viajes también. Y eso no tendría nada de escandaloso si no es porque el Gobierno se pone a hacer, con decretos tramposos, las justificaciones de sus movimientos, que no son nada diferente a peleas internas. Todo a correazos.

No saben gobernar ni siquiera en Palacio.

Todo esto deja en evidencia a una administración con una fractura profunda, en donde el mandatario Duque seguirá de viaje en este último año de gobierno para seguir jugando a que en algunos sitios sí lo reconozcan como presidente. En Colombia ya casi nadie lo respeta como tal, ni siquiera algunos miembros de su propio Gobierno, menos aún de su partido. El emperador está desnudo, pordebajeado; pero a falta de pantalones, tiene una Correa ajustada.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/la-jefa-del-jefe/

21.42.-Visbal Martelo: un victimario, no una víctima CECILIA OROZCO

Agalludo: “avariento”; avaricia: “afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas” (RAE). Los dos términos definen, aunque sin suficiencia, a Jorge Visbal Martelo, exvocero de los ganaderos más influyentes del país, asociados en la nunca bien analizada Fedegán que le debe muchas explicaciones a la sociedad sobre sus políticas y alianzas, empezando por él mismo.

10 nov 2021.- Lo último que supo Colombia sobre el expresidente de esa federación es que este pobre de solemnidad, que no tiene nadita que comer, será indemnizado por el Estado; en concreto, por la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas que se creó, como su nombre lo indica, para resarcir a las víctimas desvalidas del conflicto armado. No a los ricos ni a los victimarios, desde luego. Y el señor Visbal tiene estas dos condiciones, de acuerdo con los fallos que lo condenan y con las noticias que se publican sobre sus actos.

Sin embargo, este personaje nunca se sacia y jamás deja de pedir como si fuera limosnero: estén seguros de que su expediente no apareció de buenas a primeras encima del escritorio del director de Reparación —el firmón de la resolución que lo favorece—, entre los miles de documentos de nueve millones de personas registradas en esa Unidad, con similares aspiraciones de indemnización pero sin expectativa de obtenerla alguna vez. Contrario a lo que ocurre con los desesperanzados, el expresidente de los ganaderos parece contar con poderosos que lo protegen desde la sombra.

El asesor de la Unidad de Víctimas, John Vladimir Martín Ramos, lo explicó de manera cínica: “En el año 2014 la entidad recibió una declaración que contiene la narración sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que, en particular, el señor Visbal rindió ante la Personería de Bogotá; esa declaración … fue remitida por la Personería a la Unidad para las Víctimas; la Unidad valoró esa información, la contrastó y encontró que lo narrado coincide con la definición de víctima que trae la ley…”. O sea, un acto meramente formal. Y punto. Entonces, se le preguntó, ¿no importa que haya sido condenado como victimario? Su respuesta: “La Unidad no es una autoridad judicial y no le corresponde determinar … si una persona que está incluida en (nuestro) registro está inmersa en investigaciones penales o en procesos judiciales…” (ver).

Así, sin disimulo, el señor Visbal pasó, oficialmente, de victimario, aliado de asesinos y de despojadores de campesinos a víctima con derecho a recibir dineros públicos para él y su familia. Un repaso por su miserable existencia da idea de quién es: en 2004, después de 13 años de haber representado a Fedegán, este gremio también lo indemnizó por sacarlo de su puesto. Vaya usted a saber qué había por ocultar para que los ganaderos aceptaran entregarle a quien en ese entonces declaraba ante la DIAN que poseía bienes por $4.154 millones la generosa suma de $1.512 millones que distribuyeron en una camioneta de $65 millones valorada en el triple de esa cifra; $580 millones como “pensión extralegal” que se le entregarían en cuotas mensuales de $6 millones hasta 2012 cuando cumpliría edad de pensión reglamentaria; bonificaciones por $788 millones que debía consignarle Fedegán desde Miami (en un operación oscura) a una de sus cuentas bancarias en Islas Caimán, vía Panamá, en dólares (US$300.000 de la época), y $79 millones por la conciliación “amistosa”. Para entonces, Visbal declaraba un salario de $8 millones cuando devengaba $24 millones que recibía en cuentas de otras personas, seguramente para evadir impuestos (ver).

Esta “víctima” paupérrima, contrario a lo que les sucede a las otras 8’999.999 anotadas en la Unidad, cae parada: en cuanto salió de la agremiación de sus amigos con una fortuna considerable, el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe, lo envió a residir en Canadá con sueldo, casa y vehículo de embajador durante dos años largos; entró al Congreso como senador en 2007 y solo 24 meses después, en 2009, renunció para evitar que la Corte Suprema lo investigara penalmente por sus nexos con las bandas narcoparamilitares.

La Fiscalía lo procesó y lo acusó, pero en el entretanto el Gobierno Santos lo volvió a elevar a la categoría de diplomático en Perú con casa, carro y sueldo en dólares. Regresó de Lima cuando le dictaron orden de captura. La Fiscalía logró su condena a nueve años en prisión por concierto para delinquir, solo en 2018. Ese mismo año un tribunal superior ratificó la pena. Y cuando la Corte Suprema se aprestaba a examinarla, Visbal hizo otra jugadita para poder insistir en que no existe sentencia definitiva en su contra: solicitó su ingreso a la JEP como actor o conocedor de delitos cometidos en desarrollo del conflicto armado. Ah, pero en el interregno intentó obtener otra pensión como congresista a pesar de que solo fue al Senado dos años.

Mancuso y alias Don Berna, testigos principales de “la afinidad ideológica” de Visbal Martelo con ellos; de sus “constantes reuniones con las autodefensas en las fincas La 7, La 21 y La 53, todas en la zona de Córdoba”, en donde Fedegán “representada por Visbal coadyuvó a la financiación del grupo armado ilegal pagando cuotas para su sostenimiento a cambio de seguridad”; los asesinos Mancuso y Don Berna, repito, han soportado los asesinatos de sus familiares más cercanos.

Pero no por eso pretenden reclamarles al Estado y a la Unidad de Víctimas que los reconozcan como tales: siguen siendo victimarios. Tal como el expresidente de Fedegán quien alega que dos de sus parientes fueron secuestrados por la guerrilla. Vivir para asombrarse.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/visbal-martelo-un-victimario-no-una-victima/

 

*21.41.-Nos cree gilesGERMÁN VARGAS
*Alejandro Gaviria escoge malas compañías CECILIA OROZCO
*Falso primer magistrado – RAMIRO BEJARANO
*El pacto de la Moncloaca – YOHIR AKERMAN
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Vega, un registrador torcido AURELIO SUÁREZ

Lo sustancial es alertar sobre la amenaza a la transparencia y la precaria garantía de imparcialidad de este registrador con opacidad e incoherencias en sus ingresos, patrimonios ocultos y falsedades en documentos públicos.

DR. ALEXANDER VEGA ROCHA- Registraduría Nacional del Estado Civil

El 10 de octubre de 2019 se anunció la selección, entre 59 candidatos inscritos, de Alexander Vega Rocha como registrador nacional del Estado Civil. Lo escogieron, en nombre de las tres cortes, Constitucional, Consejo de Estado y Suprema, las magistradas Gloria Ortiz y Lucy Jeannette Bermúdez, de las dos primeras, y Álvaro García de la tercera. Previo a la entrevista, que daba 300 puntos, Vega iba quinto con 71 puntos abajo del primero y sorpresivamente, como pasa con contralores y personeros favoritos, obtuvo un puntaje de 285 con el que superó por tres al segundo (SEMANA, 10/10/2019).

6 nov 2021.- Para Vega, oriundo del Guaviare, es el último peldaño de una carrera pública que inició como personero de Chía entre marzo de 2004 y 2007; luego como contratista de la Secretaría de Gobierno de Bogotá para asuntos electorales en la administración de Samuel Moreno y de 2009 a 2014, como abogado consultor, entre algunas, en la firma Rodrigo Escobar Gil S. A. S. (Función Pública), del exmagistrado condenado por tráfico de influencias en el expediente de Fidupetrol (El Tiempo, 10/09/2021).

En el cuatrienio 2014-2018, en representación del Partido de la U, Vega fue magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), que saboteó la revocatoria de Peñalosa y archivó el caso Odebrecht. En 2013 constituyó el Grupo Jurídico Empresarial Martínez & Vega Asociados, con matrícula mercantil vigente 00023-67029, junto con su padre, Campo Elías Vega Goyeneche, y Luis Eduardo Martínez Gutiérrez (Cámara de Comercio).

Hasta aquí sin novedad –fuera de escalar conectado con clanes políticos como los Ñoños (La Silla Vacía, 11/10/2019) y de combos anómalos, como se dice en el Meta– si tal ascenso no se manchara al cotejarse los distintos datos que Vega aportó en el Formato Único de Inscripción cuando se posesionó como registrador; en la Declaración de Bienes y Rentas (Sigep, enero 2020) y en la Declaración de Renta de 2019. Sospechosamente, en el Formato tapó sus vínculos con Escobar Gil.

Un análisis del balance y del estado de ingresos y egresos de Vega, consolidando los datos, arroja que, en la declaración de bienes, acredita activos, en bancos y un apartamento, por 440 millones de pesos, y pasivos, por tarjetas de crédito y otros, por 156 millones, para un patrimonio contable de 283 millones, distinto al de 300 millones de la declaración de renta.

Sin embargo, en ambas declaraciones, Alexander Vega omitió que es dueño de dos propiedades en Chía: el 50 por ciento de la casa 23 de la Unidad Residencial San Nicolás, de 218 metros cuadrados, adquirida el 8 de abril de 2013 con su cónyuge por 320 millones de pesos, donde tiene viviendo, desde diciembre de 2019, al alcalde de ese municipio, Luis C. Segura, y de un lote todavía de engorde comprado el 15 de julio de 2014, en el conjunto residencial Granjas de la Balsa, con 3.256 metros cuadrados, por 150 millones de pesos, hoy valorizado por diez veces (metrocuadrado.com). Vega es mandamás en Chía.

Los datos corresponden a las matrículas inmobiliarias 50N-20550584 y 50N-834803, que el 28 de octubre de 2021 registraba la Supernotariado. ¿Por qué no las declaró ni tampoco sus acciones en el Grupo Jurídico Empresarial? ¿De quién será la costosa casaquinta que Vega frecuenta en Restrepo (Meta), que fue del exgobernador Darío Vásquez en Villa Valeria, el célebre condominio de Palacino (SaludCoop)? ¿Cuál es el origen de los recursos con que se compraron?

En cuanto a egresos e ingresos, Vega solo declara, en 2019, la minúscula suma de 34,03 millones de pesos por salarios, lo que, al descontar gastos y deducciones, deja una mísera renta líquida de 20,74 millones sobre la que pagaría impuestos, de lo que se infiere además que el Grupo Jurídico no entregó utilidades. Es raro que tuviera en diciembre saldos bancarios por 14 millones, 40 por ciento de sus entradas declaradas, y a la vez obligaciones por 107 millones en tarjetas de crédito. ¿Cómo pagaría con tan exiguo salario? Ni cuentas claras, ni chocolate espeso.

El proceder de Vega puede configurar un delito contra la fe pública (falsedad documental) al declarar “bajo la gravedad de juramento” (art. 122, inciso 3 CP) que los únicos bienes y rentas eran los que relacionó y omitió intencionalmente incluir varios otros. Esto sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria por violar además los deberes en la Ley 190 de 1995.

Aparte del compromiso legal, o que la Fiscalía lo eleve ante la Corte Suprema, o de un debate de control político, lo sustancial es alertar sobre la amenaza a la transparencia y la precaria garantía de imparcialidad de este registrador con opacidad e incoherencias en sus ingresos, patrimonios ocultos y falsedades en documentos públicos, a cargo de unas elecciones trascendentales: apenas para un país al que se pretende torcer todavía más.
Certificado de Tradicion Conjunto San Nicolas Casa 23 by Semana on Scribd
Declaración de Renta Registrador by Semana on Scribd
Certificado de Tradicion Lote 20 Granjas de La Balsa by Semana on Scribd
Documentos Registrador Alexander Rocha Vega by Semana on Scribd
Declaración de Bienes y Rentas Sigep Registrador by Semana on Scribd
Inscripción Alexander Rocha Vega by Semana on Scribd

https://www.semana.com/opinion/articulo/vega-un-registrador-torcido/202105/

21.41.-Nos cree gilesGERMÁN VARGAS

Todos sabemos que los contratos interadministrativos son la verdadera

‘mermelada’.  

Para ir ambientando las discusiones del congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura mencioné hace un par de semanas los bajísimos porcentajes de ejecución en todas las entidades del sector transporte. Una inocultable parálisis que contrasta con los innumerables anuncios que las autoridades hacen, en especial en esta cita anual del sector y que se asemeja al programa de los cuentachistes.

6  nov 2021.- La mayor atracción del encuentro será, sin duda, el Dr. Gil y la entidad a su cargo, el Invías. Hace algunos años, él fue asesor del entonces ministro Andrés Uriel Gallego, luego pasó a la gerencia de proyectos en el Invías, donde fue responsable de la malograda estructuración y contratación del túnel de La Línea, que conllevó, dados sus sobrecostos y plazos incumplidos, a que debiera darse por terminado y nuevamente licitado.

Sorpresivamente, el Dr. Gil regresó como director de la entidad y procedió, inexplicablemente, a disolver el tribunal de arbitramento que habría de fallar una demanda de reconvención del Estado por una suma superior al billón de pesos. Sostuvo el Dr. Gil que para la entidad, la justicia ordinaria era el mecanismo idóneo para resolver este pleito, pero hizo todo lo contrario en el caso del puente Pumarejo, en donde, y aun sin existir cláusula arbitral, habilitó a la firma contratista para que procediera a reclamar por vía arbitral $ 133.000 millones de manera expedita.

La semana pasada, como preámbulo del congreso, el señor Gil la sacó del estadio, como se dice, con la adjudicación del contrato de recaudo de peajes por diez años, por un valor de $ 950.000 millones. Todo aquí es sospechoso: los pliegos fueron ajustados a la carrera, en audiencia extraordinaria; se ‘equivocaron’ en algo tan elemental como calificar mal la naturaleza del contrato, al que, siendo de servicios, calificaron de obra; suspendieron los términos para no dar respuesta de fondo a las numerosas observaciones técnicas, y tan solo se hizo obligatorio instalar el recaudo electrónico en 5 estaciones de las 35 concesionadas.

El 28 de septiembre se adjudicó, contra todas las advertencias, el viaducto del km 58 en la vía a Villavicencio al consorcio del que hace parte la controvertida firma OHL, famosa por sus incumplimientos y reclamaciones. La obra deberá terminarse dentro del actual periodo presidencial, es decir que cuenta con 2 meses de preconstrucción y 7 de construcción. Pronostico que esta obra no se entregará en los plazos contractuales ni por el valor adjudicado. Una nueva frustración para los metenses.

En materia de contratos interadministrativos, el Invías es un titán. Todos sabemos que estos contratos son la verdadera ‘mermelada’, pues es la forma de enviar recursos a las regiones para que la contratación se traslade a gobernaciones y alcaldías, en donde licitan las obras sin pliego tipo y usualmente con un único proponente. Pues, entre 2020 y 2021, el Dr. Gil ha suscrito 529 convenios interadministrativos por valor superior al medio billón de pesos. Con la modificación de la ley de garantías, la bacanal continuará hasta final de gobierno. Música para el congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura CCI.

El gran ausente del congreso será el propietario de la empresa Meco, adjudicataria de más de 6 contratos en el Invías por valor superior a $ 1,5 billones. Se excusa por estar detenido y sindicado de corrupción en Costa Rica y después de haber pagado en Panamá US$ 10 millones en el proceso que contra esta firma se adelantaba. ¿Cómo y con quiénes habrá obtenido esos contratos en Colombia este célebre empresario? Por algo será que nadie en el Invías ni en la Aerocivil toma acciones legales distintas a apresurar y permitir rápidamente la cesión de estos contratos, que, como sabemos, siempre conlleva una jugosa comisión para el cesionante. Y todos tan campantes.

En la Contraloría cursan decenas de investigaciones y 54 alertas por valor de $ 2,5 billones, al igual que varias intervenciones de la unidad de reacción inmediata en 6 proyectos más por valor de $ 690.000 millones. Me pregunto qué van a hacer con el contrato de obra adjudicado a ICM e Intec de la Costa, las mismas firmas de Centros Poblados en el sonoro caso de Mintic. De la Procuraduría y la Fiscalía poco se sabe. Entre tanto, en el complaciente foro de la CCI no se oirán sino aplausos… y risas.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/nos-cree-giles-columna-de-german-vargas-lleras-630532

21.41.-Alejandro Gaviria escoge malas compañías CECILIA OROZCO

Una Ley de Garantías electorales suspendida de manera inconstitucional por el Gobierno agonizante de Duque y por unas bancadas coligadas con él para usar los dineros que pagamos los ciudadanos, en compraventa de votos: “Yo te doy contratos, tú me devuelves en votos para que me elijas, otra vez, el año entrante”, dicen, frotándose las manos, los “anatolios” del Congreso que son los que le preguntan a la Presidencia de la República cómo votar los proyectos de ley, y le hacen caso.

3 nov 2021.- Un registrador nacional de sospechosa conducta a quien el parlamento le aprobó, en un santiamén y con mensaje de urgencia del Gobierno, una reforma al Código Electoral que no solo modificó los procedimientos de la contienda del 2022 sino que le amplió la nómina en cerca de mil puestos y le incrementó el presupuesto con el fin de tener con qué contratar billonarios servicios; ese registrador mañoso que advirtió, sin explicación coherente, que hay cinco millones de votantes más que los que contempla el DANE; el mismo personaje que les entregó las registradurías locales a los caciques políticos de cada municipio y departamento, y que, en cambio, abandonó su posición de árbitro cuando le contestó a la oposición: “El que no sienta garantías para las elecciones no debería presentarse”; todo lo que está sucediendo, hecho tras hecho, anuncia el arribo de una tormenta perfecta de manipulación y fraude para impedir que el poder público se transforme como quiere, harta de corrupción, la gente del común.

En este mar de incertidumbre, llega Alejandro Gaviria como el forastero purificador, como el hombre que “elevará” el debate y que sacará al país del fango clientelista que no le ha permitido salir del atraso, la pobreza y el abandono en que lo han mantenido los partidos tradicionales, plenos de vicios mientras viven y se reproducen, elección tras elección, en su propia maleza. ¿Y a quién escoge el jugador del viento fresco para concretar alianzas que fortalezcan sus aspiraciones? ¡Plaf! ¡A los jefes y clanes de los partidos tradicionales! Según entrevista que le dio a El Tiempo el fin de semana pasado, Alejandro Gaviria propone una “nueva coalición con fuerzas políticas de origen liberal”. Salvo el Partido Conservador que, al menos en teoría, se encuentra en orilla diferente a la del liberalismo, hasta el Centro Democrático tiene “origen liberal”. Por si alguien lo ha olvidado, también se desprendieron del liberalismo el Partido de la U y Cambio Radical, unas colectividades con muchas vergüenzas por esconder: aparte de que sus jefes, Dilian Francisca Toro y Germán Vargas Lleras, no representan, precisamente, la renovación contra la politiquería, como tampoco César Gaviria, sus agrupaciones tienen que darnos explicaciones sobre cómo permitieron que llegaran a cargos de representación popular los siguientes condenados por graves crímenes: Kiko Gómez, Oneida Pinto, Bernardo Ñoño Elías, Musa Besaile, Alejandro Lyons, Zulema Jattin, Ferney Tapasco, clan Gnecco, clan Cote…

Gaviria, el precandidato, excluye al uribismo pero, de resto, le da la bienvenida a cualquier cacicazgo nacido en el partido de Gaviria, el expresidente, a quien defiende sin analizar la decadencia y el desmoronamiento que ha sufrido esa agrupación bajo su dirección. Gaviria, el precandidato, parece, así, darles la razón a quienes sostuvieron que el expresidente era el verdadero padre de sus aspiraciones políticas con lo cual empieza a ser cada vez menos real su autocalificación de “independiente”.

Pregunta: “¿Le manifestaron (los de la Coalición de la Esperanza) que siguen los vetos hacia las directivas del Partido Liberal?”. Su respuesta: “Sí. Dijeron que las directivas de (ese) partido (léase César Gaviria) no tenían ningún espacio en esa coalición… Fue un veto que interpreté como algo definitivo contra un partido”. Pregunta: “¿Y (alianza) con Cambio Radical?”. Respuesta: “No hemos tenido conversaciones pero si ellos creen en esta agenda programática liberal, podrían tener cabida”. Partió mal el exrector de Los Andes: su presencia, sus conocimientos y, seguramente, sus buenas intenciones quedarán sepultados, muy rápido, en el vertedero de la corrupción de la cosa pública que sus coequiperos llevan incentivando hace muchos años. Desilusión.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/alejandro-gaviria-escoge-malas-companias/

21.41.-Falso primer magistrado – RAMIRO BEJARANO

No hay duda de que el presidencialismo monárquico termina afectando a nuestros gobernantes y, por supuesto, Iván Duque no podía ser la excepción. A medida que se le acerca la hora final de su desastroso y corrupto mandato, su autoritarismo se multiplica.

7 nov 2021.- No lo digo solamente por la abusiva costumbre de Duque de convertir en paseos familiares las visitas de Estado a otros países, obviamente con recursos públicos. Lo último que se ha comentado en las redes sociales es que en los recientes desplazamientos a Glasgow, París, Dubái, Telaviv e intermedias Duque viajó con su cónyuge, sus tres hijos y, claro, no podía faltar Andrés Gregorio Duque, el gran hermano, el Marco Polo del cuatrienio.

Pero son peores los excesos verbales. De ellos ha dado cuenta por estos días Duque a propósito de erigirse otra vez en juez, pisoteando la división de los poderes de nuestra maltrecha democracia.

En efecto, un funcionario del INPEC cometió una imprudencia que casi pone en la calle a Luis Alfredo Garavito, quien purga pena de prisión por múltiples homicidios de menores, y ¡quién dijo miedo! Duque salió a los medios a invadir la órbita de las funciones judiciales, pues condenó al temible pedófilo a cárcel vitalicia y contribuyó a inflamar el tenso ambiente de los noticieros lanzando expresiones tan bruscas como la de “rata apestosa”, con la que denominó a Garavito.

Hay que decirlo para que no se cree confusión. Nadie con dos dedos de frente quiere que Garavito regrese a las calles sin que haya terminado de pagar sus culpas, además porque los entendidos aseguran que este sujeto padece una tendencia temperamental proclive a delinquir. Eso no está en discusión.

El asunto es sencillo. Garavito está condenado a purgar cárcel probablemente por lo que le resta de vida, pero porque así lo ordenó un juez en un proceso que nuestro sistema dispuso que se siguiera por el funcionario competente y con las formas propias del debido proceso. Es la justicia la que decide si alguien ha de permanecer libre o preso, pues se trata de una elemental garantía que tiene que respetarse aun en el marco del precario sistema judicial. Pero aquí a Duque le está permitido vociferar y lanzar lenguas de fuego contra un criminal, como lo hizo en cuanto corrió la especie de que Garavito saldría de la cárcel de Valledupar.

No es la primera vez que Duque deja memoria de estas salidas en falso por suplantar o interferir públicamente en las decisiones judiciales. Lo hizo casi a gritos cuando la Corte Constitucional estudiaba precisamente la ley de prisión perpetua para los violadores, pues entonces fueron reiteradas sus peticiones al alto tribunal para que no declarara la inexequibilidad de ese esperpento legislativo. Por fortuna la Corte Constitucional falló como tenía que hacerlo. Ello, sin olvidar sus nada disimuladas expresiones para incidir en favor de los enredos judiciales de su patrón, Álvaro Uribe, pues cuando el expresidente fue detenido, Duque, sin sonrojarse, prácticamente cuestionó a la Corte Suprema y en tono de emperador prácticamente exigió que cesara esa detención.

Duque también ofició como juez al señalar delante de las cámaras y los micrófonos que en el complejo asunto de Hidroituango deben ser las compañías aseguradoras las llamadas a resarcir la indemnización de los perjuicios causados. Es decir, dictó sentencia declarando responsables a quienes enfrentan juicios de diversa naturaleza y además decretó, por sí y ante sí, que hubo siniestro y que debe ser indemnizado por las aseguradoras, las cuales han de estar tan aterradas como intimidadas por las “opiniones” presidenciales con sabor a mandatos jurisdiccionales.

En ese extraño y fantasioso mundo de vanidades del que vive y se alimenta Duque, se ha convencido de que como hay quienes se dirigen a él en sentido figurado como el primer magistrado de la nación, eso lo convierte en togado.

Adenda No 1. El peligroso ministro de Defensa, Diego Molano, pretende patentar la ilegal fórmula de que desde el Gobierno las falsas noticias se combaten con más falsas noticias. ¿Fiscalía y organismos de control?

Adenda No 2. Carlos Mattos, el empresario ad portas de ser extraditado desde España para enfrentar a la justicia, mandó su avanzada. Con que donante de cuantiosos recursos a la campaña de Iván Duque que pararon en las arcas del Centro Democrático. Otra que se le pasó al tramposo Consejo Nacional Electoral.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/falso-primer-magistrado/

21.41.-El pacto de la Moncloaca – YOHIR AKERMAN

Sigamos investigando sobre las preferencias presupuestales que hace el gobierno del presidente Iván Duque, únicamente con sus aliados políticos. Porque está demostrando que el mandatario es tan inseguro, que necesita sólo hacer alianzas y acuerdos con los que le dicen que es buen presidente.

Empecemos.

7 nov 2021.- El 11 de septiembre de este año, el presidente Duque se reunió a puerta cerrada con los alcaldes del Magdalena que conforman el “Pacto de Ciénaga”. Este pomposo nombre, que parece para recuperar la región de las malas costumbres y grupos políticos, es todo lo contrario. Se trata de una supuesta alianza entre clanes políticos tradicionales y afectos al gobierno nacional, con el objetivo de quedarse con los recursos de regalías del departamento.

La visita que hizo el presidente de la República al municipio de Zona Bananera estuvo acompañada de un anuncio que generó gran proyección para los municipios de este departamento: el acuerdo para la firma de un “pacto histórico” entre el mandatario y los alcaldes, para hacer una bolsa de proyectos que contarán con la debida financiación para los municipios. Los que son aliados, claro.

Evidentemente, a los opositores y a las voces críticas del gobierno, como el gobernador del Magdalena, los excluyeron de este autodenominado histórico evento.

Sigamos.

El inspirador del Pacto de Ciénaga no es nada más ni nada menos que el exsenador Eduardo Pulgar, preso por las denuncias que reveló el periodista Daniel Coronell (ver Las aventuras de Pulgarcito).

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema condenó a cuatro años y 10 meses al excongresista por el delito de tráfico de influencias y cohecho. Con todo y eso, Pulgar sirvió como fuente de inspiración para este compromiso.

En octubre de 2020, los congresistas Antonio Sanguino, Alexánder López, Angélica Lozano, Victoria Sandino, Wilson Arias, Juan Luis Castro, Griselda Lobo y Jorge Guevara publicaron una carta en la que denunciaron el Pacto de Ciénaga.

En la misiva, dijeron que el tema fue orquestado por los alcaldes aliados y buscaría apropiarse de cerca de $320.000 millones de las regalías. Esto. Con el fin de suspender las diferentes inversiones que se vienen haciendo desde la Gobernación del Magdalena, opositora y crítica del gobierno de Duque.

Y acá se pone mejor. El anuncio del presidente Duque con los alcaldes sucede casi en simultáneo con la aprobación por parte del Congreso de la suspensión de la ley de garantías. Norma que establecía una serie de restricciones y prohibiciones para la celebración de contratos y convenios que impliquen la ejecución de recursos públicos antes de elecciones. Todo para evitar situaciones como la del autodenominado pacto histórico, histórico únicamente para los amigos del gobierno.

Con el fin de justificar la derogación de la ley de garantías, el presidente Duque tuvo que dar una vuelta canela argumentativa, sin sonrojarse y mucho menos despeinarse. Una de esas situaciones donde el joven e inexperto presidente Iván Duque contradijo completamente lo que opinaba el joven e inexperto senador Iván Duque.

Mientras Duque fue senador criticó vehementemente esta proposición del presidente Juan Manuel Santos. El entonces senador manifestó categóricamente en ese momento que la modificación de la ley de garantías afectaría la democracia en el país. Incluso especificando en su momento que ya no existía la reelección. Precisamente el argumento que usó ahora para dar vuelta canela.

¿A cuál de los dos Duques creerle? A ninguno.

Pero una cosa sí era acertada de su análisis. El entonces senador Duque, desde el capitolio nacional, dijo hace 4 años: “Si se permite que la contratación estatal se adecúe en función de los intereses del partido de gobierno, eso lacera a la democracia colombiana. Hay que buscar que la ley de garantías se mantenga, porque da ejemplos de la contratación estatal y evita que el partido de gobierno perpetúe sus instancias de poder con los candidatos de sus afectos”.

Pues dicho y hecho, ahora con la foto de sus aliados en el Pacto de Ciénaga, aprovecha las cositas que le permite hacer la derogación de la ley de garantías. Y todo parece indicar que Magdalena fue el primer pedazo de ese ponqué, que ahora se empiezan a comer por todo el país.

Terminemos.

Finalmente, es importante recordar las 1.500 interceptaciones legales a María Claudia Daza, conocida como Cayita, entonces mano derecha del expresidente imputado Álvaro Uribe Vélez, hoy olvidada como un periódico de ayer.

Esas conversaciones dejaron en evidencia, entre otras, discusiones al interior del Centro Democrático durante la campaña presidencial de Iván Duque. Allí se hablaba sobre planeación estratégica y recursos económicos para la misma. También le dieron vida al escándalo del narcotraficante ganadero José Ñeñe Hernández.

Una de esas grabaciones deja ver la mano del Ñeñe en Magdalena, y cómo se fraguó el plan que ahora se ejecuta entre el gobierno nacional de Iván Duque y el famoso Pacto de Ciénaga.

Se trata de un audio que publicó el 15 de marzo de 2020 Noticias Uno, en el que se oye la voz del Ñeñe hablando con Cayita, como integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces senador Álvaro Uribe. En esa conversación, efectivamente, él le dijo que 15 alcaldes de Magdalena se querían reunir con el entonces candidato Iván Duque. (Oír Audio).

– Ñeñe Hernández: Caya, ven acá. Ayer almorcé con Eduardo Rodríguez…

– Caya Daza: Ajá… ¿Edward? Edward…

– Ñeñe: Se llama Edward. Le dije “Edwar yo necesito hablar con usted porque necesito hablar una vaina importante con él (Duque), importante es pero importante pa’ su campaña y pa’ sus cosas…”. Le dije “tengo 15 alcaldes del Magdalena, 15, que se quieren reunir con él…”.

– Caya: ¿Con Edward?

– Ñeñe: ¡Con Edwar, que con Edward! Con el presidente, con el futuro presidente…

– Caya: Ajam… Pero él no se puede reunir con ellos, la ley no se lo permite, creo…

– Ñeñe: Es que no… es que… por eso yo le dije pa’ que se reuniera en mi casa, ¿ya me entendés? A través de los tipos…

– Caya: Sí, José, pero tú estás diciendo eso hace más de un mes y tú no cuadras nada…

Las fotos de la reunión del pasado 11 de noviembre demuestran que la cosa no solo se cuadró en ese entonces, sino que se está ejecutando ahora.

Pese a que el pasado 30 de octubre el Consejo Nacional Electoral archivó a las malas la investigación por la financiación de la campaña electoral de Duque y la Ñeñepolítica, existe un salvamento de voto del magistrado Luis Guillermo Pérez, de 31 páginas, en el que se indica que no se podía tomar una decisión de fondo, porque el caso prácticamente no se investigó. Así como se oye.

Lo cierto es que el gobierno de Duque terminó ejecutando un plan inspirado por un congresista preso por sobornar a un juez; plan estructurado en campaña por un narcotraficante asesinado por sus pares por no pagar sus deudas. Para eso solo tuvo que contradecirse y tumbar una ley que, como dijo el senador Duque en su momento, lastima a la democracia.

Todo para firmar alianzas, sólo con quienes lo llenen de halagos, y distribuirse los dineros de las regalías. Bonito pacto, tan distante de pactos verdaderamente históricos, entre estadistas, para consolidar la democracia por generaciones, como el español Pacto de la Moncloa. Este, un tanto apestoso de PulgarcitosNeñes y Cayitas, podría llamarse el Pacto de la Moncloaca.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/el-pacto-de-la-moncloaca/

*21.40.-Los “fantasmas” del alto y bajo mundo CECILIA OROZCO
*
Los niños se quedan cantando: a la rueda, rueda YOHIR AKERMAN
*Reficar: detalles del fallo que ratifica billonaria sanción a responsables
*
‘‘Otoniel’ y Pablo PAOLA OCHOA

De nada servirá la captura de ‘Otoniel’, como de nada sirvió la muerte de Escobar.

  1. Nixon y G.W Bush dos lideres fallidos de la “Guerra antidrogas”

Cayó ‘Otoniel’, ‘capo di tutti cappi’, pez gordo y timonel del ‘clan del Golfo’. Cayó el narco más pesado, la reencarnación de Pablo Escobar, el más buscado por la DEA y por las autoridades colombianas en los últimos diez años. ¿Y de qué nos sirve eso al resto de colombianos? Probablemente de nada, como de nada nos sirvió tampoco que.

Porque tras ‘Otoniel’ viene toda una nueva generación de narcos. Malandros que entran a disputarse el insaciable mercado de la cocaína a nivel global; negocio que mueve unos 650.000 millones de dólares al año y que nunca desaparecerá por mucho que se capturen cabezas y se entreguen rutas a cambio. Porque mientras haya demanda, siempre habrá oferta, porque se trata de un negocio con rentabilidades extraordinarias, porque europeos y gringos siguen consumiendo cocaína y les encanta llenarse las narices con harina blanca.

Tras la muerte de Pablo Escobar no pasó nada, como no pasará nada tras la captura de ‘Otoniel’. Vendrán nuevos narcos, más pequeños, menos llamativos, menos poderosos, así como nuevos y más grupos extranjeros. Multiplicación de las cabezas para un leviatán que seguirá siendo imposible de acabar y que crece como un monstruo de poder descomunal. Y es que tras la muerte de Pablo Escobar todo empeoró de manera brutal. Los cultivos de coca se quintuplicaron, pasando de 50.000 hectáreas en 1995 a 245.000 hectáreas el año pasado. La producción de cocaína se sextuplicó y las toneladas métricas subieron de 200 en 1995 a 1.137 en 2020. El precio promedio de venta a los distribuidores en las calles de Estados Unidos subió 45 por ciento y se elevó de 22.000 dólares el kilo a 32.000 dólares el año pasado. Y el precio del gramo en las calles para los consumidores norteamericanos se derrumbó de 200 dólares en 1995 a 160 dólares el año pasado.

Son los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, de la Oficina de la Casa Blanca contra las Drogas y de la propia DEA. Esta última, la agencia más fracasada en toda la historia del hemisferio occidental y uno de los grandes fiascos en la política internacional norteamericana. Agencia que tras la muerte de Escobar ha tenido que ver el crecimiento exponencial del negocio en todos los eslabones de la cadena: siembras, producción, distribución, comercialización, exportación, consumo, ventas, y los dramáticos en productividad y rentabilidad por hectárea.

Lo que no ha cambiado desde la muerte de Pablo Escobar es que Colombia sigue produciendo el producto y quedándose con las chichiguas de las ganancias. Cultivamos el 80 por ciento de la coca a nivel mundial, producimos siete de cada diez gramos de cocaína que se venden en el mundo, exportamos a docenas de países, pero continuamos quedándonos con menos del 10 por ciento de la utilidad final. Lo grueso, lo realmente grueso, se lo quedan los carteles mexicanos y los intermediarios que distribuyen la droga en Estados Unidos, Europa y Australia.

En cambio, seguimos poniendo los muertos, las guerras de carteles, las venganzas entre organizaciones criminales, las masacres de campesinos, los políticos vendidos a la mafia, los jueces con mordaza, el Estado permeado por el poder corruptor del narcotráfico.

De nada servirá la captura de ‘Otoniel’, como de nada sirvió tampoco la muerte de Pablo Escobar.
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21.40.-Los “fantasmas” del alto y bajo mundo CECILIA OROZCO

Socios para bien o para mal.

El jueves pasado, 20 de octubre, fiscales de Lavado de Activos acusaron, ante un juez penal, a alias Memo Fantasma, alias Guillermo Camacho, alias Sebastián Colmenares, por tres delitos: lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado. En el mismo escrito, les imputaron cargos a la mamá y la abuela de Fantasma, apodado así porque, aun cuando hacía años que traficaba con cocaína, era miembro del sanguinario grupo narcoparamilitar Bloque Central Bolívar, “cuidaba” las finanzas de su banda y amasaba, para sí, una fortuna extraordinaria.

Su existencia era desconocida para la justicia y para los agentes de seguridad del Estado porque sabía mimetizarse: esta es una posibilidad. La otra, que gozaba de la protección oficial que podían brindarle unos personajes de la política o cercanos a esta, y miembros bajos y altos de la Policía quienes habrían podido impedir que sus actividades llamaran la atención de los investigadores mientras mutaba su perfil de criminal al de ganadero y empresario.

27 oct 2021.- El nombre real de Memo es Guillermo León Acevedo Giraldo quien, hasta hace poco, disfrutaba de una mansión, en Madrid, al lado de su más reciente pareja, una señora de la alta sociedad antioqueña que iba bien con su nueva personalidad. Hoy Fantasma reside en La Picota, donde corresponde.

“La Fiscalía General de la Nación (FGN) tiene documentado que alias Guillermo Camacho dirige todo un outsourcing criminal con el objetivo de… blanquear y/o darles apariencia de legalidad a recursos y bienes inmuebles que fueron obtenidos de una fuente ilegal…”, se lee en el escrito de acusación de la semana pasada. Agrega que “la FGN ha identificado tipologías de lavado de activos que ha venido desarrollando (el acusado) desde el año 2005 y hasta el año 2020 aproximadamente… (y ha logrado) establecer, en esta línea de investigación, un total de 46 (de sus) bienes”. La primera propiedad de Memo Fantasma relacionada en el documento es el edificio Torre 85, en el norte de Bogotá, en donde el capturado posee, siempre en concurso con su abuela y madre, 23 unidades: tres oficinas avaluadas en $9.808 millones y 20 garajes que cuestan algo más de $1.000 millones. Los socios en la construcción de Torre 85 fueron alias Memo, con el 45 % de participación; Álvaro Rincón Muñoz, de la firma Hitos Urbanos, con 45 %, y Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, con 10 %. Fantasma, mamá y abuela aportaron los predios en donde se levantaría la construcción, en el año 2006, cuando él todavía tenía un pie en el delito y otro en los negocios lícitos.

Sobre la gran tajada del edificio que le pertenece y sobre otras 26 propiedades de Acevedo en tierras de pleno asentamiento paramilitar en Córdoba pesan, hoy, medidas judiciales de embargo, secuestro y suspensión de poder dispositivo, o sea, la antesala a la extinción de dominio que se aplica a los lavadores de activos. Hasta aquí, todo indicaría —como dijo el presidente Duque de alias Otoniel— que Acevedo sería “otro Pablo Escobar”.

 Pero en este caso hay significativas diferencias: el país se enteró, en marzo del año pasado, gracias a la meticulosa investigación del medio de investigación Insight Crime y de su codirector Jeremy McDermott y de su grupo de periodistas, que Memo Fantasma levantó el elegante proyecto inmobiliario de la calle 85 en sociedad con el esposo de la vicepresidenta de la República, Álvaro Rincón, representante de la empresa Hitos Urbanos en que la poderosa política conservadora Marta Lucía Ramírez es, a su vez, socia.

En las fechas del negocio, Ramírez ya había sido ministra de Comercio Exterior y embajadora en Francia del gobierno Pastrana, y ministra de Defensa de Álvaro Uribe. El miembro minoritario del grupo de promotores del edificio Torre 85, Carlos Gutiérrez Robayo, se casó con la hermana de la esposa de Gustavo Petro, el candidato que registra mayor favorabilidad en las encuestas presidenciales. Petro ha dicho, una y otra vez, que no tiene ningún tipo de cercanía con Gutiérrez y este, de regular fama, también lo sostiene en privado. No obstante, para Guillermo Acevedo, un individuo que venía de la profundidad criminal, ese par de socios constituyeron un trofeo por las cumbres sociales y políticas que tocó. Pero no es todo.

En la investigación de Insight Crime se afirma que Fantasma tuvo intensos negocios de narcotráfico, entre muchos carteles, con el Clan de los Cifuentes, de Antioquia (“una organización que tenía contactos políticos de alto nivel y trabajaba directamente con el Cartel de Sinaloa”). Una Cifuentes, Dolly, estuvo casada y tuvo una hija con un hermano de Uribe Vélez.

Acevedo, según las fuentes de McDermott, “tenía algunos policías colombianos en su nómina y los usaba para desaparecer archivos judiciales y desviar investigaciones”, entre ellos, agentes subalternos del general (r) Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad del presidente Uribe, extraditado, años después, a Estados Unidos.

Otra fuente mencionó a Mario Uribe, el primo del exsenador a quien Memo le habría dado financiación y prestado helicópteros para su campaña. Y así, ve uno, asombrado, cómo el mundo político, social y policial se toca y entrelaza con el de los grandes delincuentes. Pero tranquilos: aquí no pasa nada.

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21.40.-Los niños se quedan cantando: a la rueda, rueda YOHIR AKERMAN

El ególatra gobierno del presidente Iván Duque está premiando y castigando a los distintos departamentos, con el acceso a los recursos de las regalías, dependiendo de la cercanía u oposición del gobernante de cada departamento. 

 

Así como se oye.

31 oct 2021.- Lo grave es que las regalías son una bolsa común sobre la cual cada departamento tiene derecho. Con esos recursos generalmente se pagan programas escolares o de alimentación para los sectores menos favorecidos. Entonces, a quien termina castigando o premiando el presidente, por la posición política de cada gobernador, no es a los políticos, sino a los niños colombianos.

El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, denunció el pasado 22 de octubre esa estrategia. Aseguró que el “gobierno Duque y sus aliados de gobernaciones de Bolívar y Sucre negaron el derecho a la alimentación a 141 mil niños del Magdalena. Todo gestionado en sesión inconclusa del Ocad Caribe, que desde 2016 aprobaba el PAE con recursos de regalías. Otra canallada”.

Y sí. Es una canallada.

Para entender el tamaño, hay que empezar por explicar que al hacer eso, el gobierno nacional le quita el acceso al Magdalena a los recursos de regalías. Regalías de las cuales le corresponden casi $90 mil millones de pesos.

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) aprueba y prioriza los programas y proyectos que serán financiados con recursos del sistema de regalías. Está conformado por tres vértices: gobierno nacional, departamental y universidades.

El gobierno, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), analiza la viabilidad de los proyectos que se discuten en mesas conformadas por miembros del gobierno nacional, gobernaciones y universidades. El objetivo es definir cuáles proyectos se aprueban y se financian con recursos provenientes de regalías.

Desde el 2016, antes de la actual gobernación del Magdalena, estaba aprobado el pago de Programas de Alimentación Escolar (PAE) con esos dineros.

En de febrero de 2021 fue radicado el proyecto en el OCAD regional, y a comienzos del mes de mayo fue viabilizado por la mesa técnica del mismo organismo. Le dio un puntaje de 83 sobre 100: es decir una calificación bastante alta en comparación a otros que recibieron los recursos en administraciones anteriores y obtuvieron puntajes que no superaban los 60 puntos.

El 30 de abril de este año, el gobernador de Bolívar, Vicente Antonio Blel Scaff, fue elegido presidente del OCAD regional Caribe. Blel Scaff fue elegido por el Partido Conservador y es un aliado incondicional del gobierno del presidente Duque.

 

Ahí cambió la cosa. El programa no se aprobó en mayo, lo cual originó que los colegios, beneficiarios de esos programas de alimentación empezaran a mandar, por medio de sus rectorías, derechos de petición exigiendo a la Gobernación y a las instancias del OCAD la ejecución del programa.

Pero eso no pasó.

Finalmente, esos derechos de petición se configuraron en unas acciones populares a través del fallo de un juez. Este ordenó al gobernador de Bolívar, Vicente Blel, a que, como presidente del OCAD, convocara y analizara el PAE que estaba radicado desde hace meses atrás.

No se sabe si por incompetencia, desintereses o sevicia, pero nada pasó. Con el argumento de que ya no están en los tiempos del calendario escolar -es decir, ya se está terminando por estar en la meta final de año- se afirmó que el proyecto no sirve. Es decir, el dinero nunca se giró gracias a una estrategia de dilatación. Los afectados fueron los niños.

Sería menos grave la incompetencia o el desinterés. Pero todo parece ser una estrategia afinada para que los rivales políticos no accedan a los recursos públicos en plena época electoral. El Magdalena es tan solo uno de los ejemplos.

 

Mientras tanto, los entes de control como la Procuraduría, siempre leales al gobierno, exigen a las gobernaciones la ejecución del PAE y de otros planes pagados con esas regalías. Los mismos que el OCAD y el gobierno nacional trabaron por razones políticas.

El cuento de terror se escribe solo para los niños sin pan, que se queden cantando: a la rueda, rueda, de OCAD y canela…

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21.40.-Reficar: detalles del fallo que ratifica billonaria sanción a responsables

El fallo toma en cuenta el daño fiscal por los controles de cambio 2 y 3 que se hicieron al proyecto

Contraloría confirmó en segunda instancia responsabilidad fiscal por 2.9 billones de 12 personas.

REDACCIÓN JUSTICIA19 de octubre 2021, 12:00 A. M.

Luego de que en abril pasado la Contraloría profirió un fallo de responsabilidad fiscal por más de 2,9 billones de pesos contra varios exfuncionarios de la Refinería de Cartagena (Reficar), el órgano de control confirmó, en segunda instancia, la sanción contra dos expresidentes, tres exvicepresidentes, siete miembros de la junta directiva y cuatro multinacionales contratistas por las mayores inversiones que generaron una pérdida de recursos públicos.

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Para la Contraloría, con sus acciones y omisiones como junta directiva, administración, contratistas y supervisor del proyecto, contribuyeron a la billonaria pérdida de recursos, que es el mayor detrimento patrimonial del Estado en toda su historia.

Tras la confirmación del fallo, deberán pagar la cuantiosa suma que cuantificó la Contraloría como daño fiscal por los controles de cambio 2 y 3 que se hicieron al proyecto de modernización de la refinería en 2012 y 2013.

Estos controles de cambio aumentaron el presupuesto y, según la Contraloría, generaron mayores inversiones que no le agregaron valor al proyecto, así como en gastos que no tenían nada que ver con este, baja productividad de la mano de obra y demoras en el proyecto.

(Lea además: La alerta de la Contraloría por posible riesgo de un billón de pesos)

El fallo de primera instancia se había proferido el 26 de abril de 2021, pero los procesados apelaron la decisión que ahora quedó en firme en un fallo de 2.161 páginas conocido en primicia por EL TIEMPO, tomado por la sala de decisión de la sala fiscal y sancionatoria de la Contraloría.

La Refinería de Cartagena se presupuestó en 3.777 millones de dólares y terminó costando más de 8.000 millones. Foto: Mauricio Dueñas / EFE – Archivo / EL TIEMPO

En primer lugar, frente a las tres solicitudes de nulidad presentadas por un exmiembro de la junta directiva, dos de los contratistas y dos aseguradoras, quienes alegaban una violación de su derecho a la defensa y al debido proceso, la Sala recordó que las solicitudes de nulidad solo pueden ser solicitadas antes de proferirse el fallo.

Frente a las apelaciones que de forma individual presentaron los 12 exfuncionarios y exdirectivos de la Refinería, la Contraloría no acogió los argumentos de ninguno al encontrar que no se desestimaron las pruebas de las que se concluye que existe la certeza del daño al patrimonio público.

Sobre los exvicepresidentes Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, Andrés Virgilio Riera Burelli, Magda Nancy Manosalva Cely, el expresidente Reyes Reinoso Yanes y los exmiembros de la junta directiva Pedro Alfonso Rosales y Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy (expresidente de Ecopetrol), el órgano de control detalló que se probó el nexo entre su comportamiento y el daño al erario por la aprobación de las adiciones de recursos “en exceso” en los controles de cambio 2 y 3.

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Tampoco se acogieron los argumentos del expresidente de Reficar Orlando José Cabrales Martínez y los exintegrantes de la junta Diana Constanza Calixto Hernández, Hernando José Gómez Restrepo y Henry Medina González por sus decisiones de adición presupuestal en el control de cambio 2, lo que produjo daños al patrimonio del Estado.

Del mismo modo se negó la apelación de los exmiembros de la junta Uriel Salazar Duque y Natalia Gutiérrez Jaramillo por sus decisiones sobre el manejo de los recursos públicos que conllevaron a la pérdida de valor de las mayores inversiones en la ampliación y modernización de Reficar en el control de cambio 3.

De otro lado, al estudiar las apelaciones de los contratistas, el órgano de control determinó frente a Chicago Bridge & Iron Company UK Limited y CBI Colombia S.A. que tuvieron “grave negligencia” frente a sus funciones de coordinación, estimación presupuestal y de afectaciones en el cronograma y costos, logística, organización del personal y del esquema de subcontratistas; además de defectos sistemáticos en los diseños y en la ingeniería básica y detallada, retrasos y demoras.

Con todo esto, para el órgano de control, estos contratistas contribuyeron “de manera determinante a una gestión fiscal antieconómica, ineficiente, inoportuna e ineficaz de las inversiones que ocasionó el menoscabo o pérdida de valor de dichas inversiones”, y por ello confirmó su responsabilidad fiscal.

Lea además: ¿De qué se trata el escándalo de Reficar, que reventó hace cinco años?)

Sobre la apelación de Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants Inc., la Contraloría destacó que estas asumieron la gerencia del proyecto y si bien no eran un órgano decisorio, al estar al frente de las unidades de proceso, debían integralmente ser responsables de la supervisión del contrato para lograr una ejecución exitosa en términos de calidad, tiempo, presupuesto y seguridad industrial. Pero para el órgano de control, esa gerencia real, “materializada en los verdaderos controles sobre el proyecto”, no se dio, y por ello no se accedió a su apelación.

Absolución por otro evento

En el fallo de segunda instancia también se revisó, en grado de consulta, el fallo sin responsabilidad fiscal que se profirió dentro de la misma decisión contra varias personas por el control de cambio 4, por un valor de 645.990 millones de pesos.

Foto: Foto de Yomaira Grandett / EL TIEMPO

En ese sentido, se mantuvo la absolución por este hecho a favor de los exmiembros de la junta directiva Astrid Martínez Ortiz, Carlos Gustavo Arrieta, Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso Rosales Navarro, Uriel Salazar Duque, y del expresidente de Reficar Reyes Reinoso Yanes. También en favor del director del proyecto de expansión de Ecopetrol, Andrés Virgilio Riera Burelli, y de los cuatro contratistas.

En este caso, la segunda instancia indicó que las causas que originaron el daño patrimonial al Estado, que a su vez generaron el control de cambios 4, tuvieron que ver con un cese laboral que impidió el curso normal de las actividades de Reficar durante 14 semanas, lo que escapa a las previsiones normales. “Existieron impactos negativos en el desarrollo del proyecto, pero estos no fueron producidos per se por el actuar de las directivas de Reficar, Ecopetrol o los contratistas”, se lee en el documento.

Así mismo, se confirmó el fallo sin responsabilidad fiscal en favor de CB&I Américas considerando que esta compañía no fue parte del contrato ni contribuyó en la causación del daño, pues no existió por parte de esta gestión fiscal alguna, a diferencia de los otros contratistas.

También se confirmó el fallo sin responsabilidad fiscal para César Luis Barco García, entonces director corporativo de proyectos de Ecopetrol, quien era miembro suplente en la junta directiva.

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Según el expediente, en las sesiones donde se aprobaron los controles de cambio 2 y 3, que generaron daños fiscales, asistió el miembro de la junta principal, por lo que Barco estuvo citado como suplente sin derecho a voto y por tanto no fue quien tomó la decisión de aprobar las adiciones.

Con la confirmación en segunda instancia, ya no quedan recursos que imponer contra la decisión. De hecho, ni siquiera habrá que esperar  a que el Consejo de Estado ejerza el control automático e integral de legalidad, con lo que el fallo queda completamente en firme.

Defensa de los sancionados demandará decisión

Con la decisión de la Contraloría contra los 12 exfuncionarios y exdirectivos de Reficar se agotaron los recursos para revertir sus efectos. Sin embargo, el abogado Uriel Amaya, defensor de algunos de los sancionados, dijo a EL TIEMPO que están preparando una demanda del fallo ante la jurisdicción contencioso administrativa.

“El recurso no solo pretende que se declare nulo el fallo por ilegal, sino también que se declaren los perjuicios económicos, el daño moral y reputacional de la decisión sobre las personas que vincula”, aseguró Amaya.

Según contó, la defensa tiene varios argumentos para demostrar la ilegalidad del fallo, desde la metodología usada por la Contraloría, pasando por las decisiones tomadas por el órganos de control respecto de los dictámenes técnicos, la forma en que vinculó a contratistas y funcionarios de Reficar e, incluso, el rol que las compañías de seguros han jugado dentro del proceso.

(Puede interesarle: El enredo judicial por la revisión de sanciones que emite la Contraloría)

“Estamos haciendo un análisis de la decisión para, eventualmente, denunciar penalmente a funcionarios de Contraloría por prevaricato”, aseguró el abogado defensor.
Amaya recordó que actualmente hay otro proceso en marcha por este caso , en el que Reficar demandó al contratista ante un tribunal de arbitramento en Estados Unidos, y aseguró que podría verse afectado por las decisiones que ha emitido la Contraloría este año.

De ese proceso, sin embargo, no se conocerán decisiones en el corto plazo.

https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/reficar-detalles-de-fallo-que-ratifica-sancion-de-contraloria-a-directivos-626075

  • 21.39.-Reforma a la justicia: concierto ¿para qué? CECILIA OROZCO
  • La colonia de la Anglo Gold Ashanti, AGA, en Quebradona (Antioquia) AURELIO SUÁREZ
  • Duque inmaduro RAMIRO BEJARANO
  • Dragando el pasadoYOHIR AKERMAN

El legado más importante del presidente Iván Duque, hasta ahora, es que cualquier persona se cree calificada para ocupar el máximo cargo de Colombia. Lamentable. Por eso la actual baraja de candidatos es tan variopinta como irrisoria o poco creíble, con algunas excepciones.

24 oct 2021.- El más reciente anuncio fue el del exministro Mauricio Cárdenas, quien oficializó su precandidatura presidencial levantando la bandera de la unidad, incluso con “quienes piensen distinto”, porque, de lo contrario, “los problemas nos estallarán en la cara”.

Suena a tarjeta de Timoteo el discurso de lanzamiento de su plataforma.

Cárdenas hizo su anuncio el jueves pasado en el marco del Congreso de la Asociación Colombiana de Minería que se realizó en Cartagena. Fue tan poco relevante que muy pocos medios dieron importancia a la noticia.

Pues retomémosla acá para dragar un poco sobre su pasado. Para eso toca dejar claro que es imposible hablar de Mauricio Cárdenas sin empezar por el escándalo de Dragacol, que se conoció en marzo de 1999 a raíz de las denuncias del senador de Bolívar Javier Cáceres Leal, quien posteriormente fue condenado por parapolítica.

Una de esas historias sin héroes.

Pero volvamos. Las denuncias de Cáceres en el Congreso señalaban que la firma no cumplió con los contratos para la ejecución de dragados en el canal de acceso a los puertos de Barranquilla, el río Magdalena y lo mismo en el puerto de Buenaventura.

La firma argumentó que la parálisis de la draga Josefina se debió a daños en la embarcación, los cuales no pudieron ser reparados porque estos debían ser cubiertos por el Ministerio de Transporte.

Todos se echaron la culpa.

Lo interesante es que el congresista liberal dejó al descubierto irregularidades en la conciliación por $26.000 millones entre el Ministerio y la empresa Dragacol, firmada el 6 de noviembre de 1998. El exministro Mauricio Cárdenas fue quien firmó esa polémica conciliación.

Se comprobó que se pagó la bicoca de $1.224 millones, de ese monto de $26.000 millones, por concepto de lucro cesante por la draga Josefina, que supuestamente estaba embargada. Ahora bien, después se supo que la máquina estaba ejecutando otro contrato en Cartagena. Esos más de $1.000 millones se pagaron sin ninguna justificación.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en la conciliación se cometieron anomalías que perjudicaron las finanzas del Estado, por lo cual se dictó medida de aseguramiento contra once implicados. Sin embargo, fue hasta el año 2000 que a Cárdenas se le acusó de peculado culposo por esos hechos.

Posteriormente el Consejo de Estado ordenó a la firma restituir a la Nación más de $13.000 millones que el Ministerio de Transporte pagó en exceso a Dragacol por los controvertidos contratos, sosteniendo que la conciliación suscrita entre ambas partes vulneró “el derecho colectivo a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público”.

Por los contratos, sobre los que se exigían más de $26.000 millones, el Estado alcanzó a desembolsar a la firma $17.600 millones. Los dineros restantes quedaron congelados luego de que estallara el escándalo. Aunque Cárdenas, posteriormente, fue absuelto de su responsabilidad penal, existe una responsabilidad política latente ya que, según el Consejo de Estado, el valor real que se debió reconocer por los hechos jamás debió exceder los $4.000 millones.

Se le fue la mano al ahora precandidato presidencial. Por la bicoca de $13.600 millones de hace 20 años.

Existen otros sectores que establecen que a Cárdenas también se le fue la mano con la subida del IVA al 19 %. Aumento de tres puntos en una reforma tributaria que se justificó justo para evitar lo que posteriormente ocurrió: que las firmas bajaron la calificación de riesgo de Colombia.

Finalmente, está la utilización del cargo de ministro de Hacienda para elevar su perfil político, gracias al poder de manejar caprichosamente la chequera del presupuesto público: lo que después bautizaron como mermelada.

Lo cierto es que los congresistas no paraban de buscar una cita en el despacho de Cárdenas con el fin de conseguir apoyo financiero para proyectos en sus regiones. Todos los demás ministerios necesitaban su visto bueno para desarrollar sus planes. Cárdenas resultó igual que Alberto Carrasquilla y Juan Carlos Echeverry, ministros que se pintaron como tecnócratas pero que en realidad terminaron siendo politiqueros con intereses políticos muy personales.

Pese a tener experiencia en cuatro ministerios diferentes, con tres presidentes distintos, que es mucha más experiencia y talante que otros candidatos, la verdad es que la hoja de vida de Mauricio Cárdenas tiene unos lunares protuberantes que no se pueden ignorar.

A la hora de elegir presidente, no deberíamos estar dejando pasar por alto esas cosas. Pero la mayoría de los candidatos actuales lo único que ofrecen es eso: resignación por, una vez más, tener los colombianos que remover mermeladas, repasar malas calificaciones, desempolvar mensajitos de Timoteo y rememorar Josefinas. En resumen, escoger entre lo menos malo.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/dragando-el-pasado/

21.39.-Reforma a la justicia: concierto ¿para qué? CECILIA OROZCO

Nació tan corrompido el acto legislativo “por medio del cual se reforma la justicia” que se tramita en el Capitolio, que apenas en el primer debate, de ocho que debe superar para ser aprobado, sus autores y ponentes propusieron la ampliación de su título por el de “Proyecto de acto legislativo 320 del 2021, Cámara, Por medio del cual se Reforma la Justicia (sic) y se dictan otras disposiciones”.

20 oct 2021.- Con las “otras disposiciones”, sus manipuladores buscaban una disculpa para introducir unos artículos que no guardan relación con la materia tratada, o, lo que significa lo mismo, para meterle “micos” al texto. Pues bien, el simio más escandaloso ya obtuvo el voto mayoritario de la Comisión Primera de esa corporación: los congresistas cómplices de los beneficiados —quienes, a su vez, les devolverán el regalo dándoles centenares de puestos que tienen en sus entidades— pretenden garantizar impunidad penal a los funcionarios que ejerzan como procurador, contralor, defensor del Pueblo, auditor y registrador, cuyas cabezas, hoy, son Margarita Cabello, Carlos Felipe Córdoba, Carlos Camargo, Alma Carmenza Erazo y Alexander Vega. (Levante la mano el que confíe en ellos).

 Un segundo mico busca cambiar los requisitos para aspirar a ser fiscal, procurador, defensor y registrador con el cuento de que su dirección “requiere habilidades gerenciales y administrativas”, como si Barbosa, Cabello, Camargo y Vega no tuvieran subalternos especialistas en esas tareas. El truco consiste en que ya no se exigirá experiencia en el área del derecho, fuente principal de conocimiento para el desempeño de tales instituciones, sino en cualquier “profesión afín”.

En resumen, los beneficiarios de esta reforma inmoral harían moñona: de un lado, conseguirían inmunidad judicial mediante el retiro de la competencia de la Corte Suprema para juzgarlos y la asignación de esa facultad a la Comisión de Acusación de la propia Cámara, más conocida como la “Comisión de Absoluciones” puesto que ha probado que suele ser cómplice de los investigados.

 Del lado de la rebaja de requisitos, esta parece estar hecha a la medida de un agalludo insaciable que no se conforma con un alto cargo y un único periodo de cuatro años sino que pretende dar el brinco a otro organismo para obtener un cuatrienio más y con mayor poder.

Sería el caso del contralor general, Carlos Felipe Córdoba —como lo han reiterado algunos medios críticos—, cuyo tiempo en ese órgano termina en menos de un año (septiembre del 2022). Él aspiraría a ser el sucesor de Barbosa en 2024 si la Corte Constitucional que estudia una tutela al respecto no acorta la estadía del loquito en el ente investigador y lo saca antes de ese año.

Córdoba lo ha negado pero, ¡vaya si su perfil se ajusta al texto propuesto en la Cámara!: “Para ser elegido fiscal general… se requiere tener título en ciencias jurídicas (Córdoba está a punto de concluir carrera en Derecho) y experiencia profesional no menor a 15 años en ciencias sociales, humanas, económicas, financieras, administrativas…”. Córdoba estudió Gobierno y Relaciones Internacionales: su hoja de vida profesional casa en “ciencias sociales, humanas…”, etc.

En uno de sus análisis informativos, el portal La Silla Vacía fue más allá: “La reforma a la elección del fiscal queda a la medida del contralor y su esposa”, dijo (ver). Se refiere a Marcela Yepes, exdirectora administrativa de la Fiscalía, quien es economista y también concluye sus estudios de Derecho, junto a su pareja.

Ambos, Córdoba y Yepes, resultaron favorecidos (curiosidades y coincidencias) con extrañas decisiones de la Fiscalía Barbosa, según reveló Noticias Uno el pasado lunes festivo: en cuanto a Córdoba, la Fiscalía Seccional de Pereira (ciudad natal del contralor y ciudad adoptiva de Yepes) recibió una denuncia contra él por aparentes sobrecostos en la compra de un edificio, que un par de funcionarias de primer nivel tramitaron para asignarle número de noticia criminal sin saber con quién se metían.

 La noticia existe, hoy, pero sin el nombre del denunciado y las dos servidoras, oriundas de la capital risaraldense, fueron trasladadas, intempestivamente, al Guainía y al Cauca (ver). En cuanto a Yepes, un fiscal subalterno de Gabriel Jaimes le archivó, en una maniobra de difícil explicación jurídica, el proceso en que resultó involucrada al lado de la famosa contratista Natalia Springer, hace seis años, debido a que quien firmó los contratos en nombre de la entidad fue Yepes (ver). Para Springer, el caso continúa abierto. Magias que hacen los poderosos cuando se apropian del Estado. Para eso les sirven las “reformas a la justicia y las otras disposiciones”. Concierto ¿para qué?

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21.39.-La colonia de la Anglo Gold Ashanti, AGA, en Quebradona (Antioquia) AURELIO SUÁREZ

Una comunidad desprovista de instrumentos para intervenir, como es el Acuerdo de Escazú que Duque, en equívoca complicidad, engavetó.

Del video Quebradona. Minería con propósito. Social. Ambiental. Económico en la página de la Anglo Gold Ashanti, AGA, y de una entrevista a su expresidente, Felipe Márquez, donde dice que “Colombia es el futuro de esta compañía” y que dicha mina es “la base para transformar la región con un propósito superior” (La República, 23/02/2021), se concluye que en 30 años venideros no caerá la hoja de un árbol en Jericó, Fredonia, Támesis, Tarso y Valparaíso sin que AGA lo decida. Con título sobre 7.593 hectáreas e inversión de 1.500 millones de dólares, bajo la figura de distrito minero, establecerá un enclave colonial y al amparo de los TLC.

23 oct 2021.- La explotación de 3.000 millones de libras de cobre, 1,5 millones de onzas de oro y 21 millones de onzas de plata y quizás molibdeno, con vida potencial de 23 años, es novedad para AGA (Integrated-Report-2020), ya que más del 97 por ciento de sus ingresos han venido de fuente aurífera. El cambio se debe al rol del cobre en la “transición energética” para fabricar paneles solares y autos eléctricos. El precio por tonelada, desde 2012 hasta 2020, osciló entre 2.000 y 4.700 dólares, pero analistas consideran que este “nuevo petróleo”, por bajos inventarios para demandas crecientes, llegaría en 2025 hasta 20.000 (Elliot Smith, CNBC, 6/05/2021).

Con Quebradona, AGA entra al mercado en alza, por ahora de 20 millones de toneladas anuales, de las cuales Chile, con Codelco, y Perú producen 40 por ciento y otro 30 es reciclaje (www.nrcan.gc.ca, 3/02/2021). La mayor ganancia vendrá de la mencionada cantidad de concentrado (cobre, oro y plata) que se exportará para procesarse afuera. Vieja historia, como la del platino en Chocó.

La contabilidad minera tradicional pone los beneficios para el país dueño del recurso en los ingresos fiscales y en el empleo. En Quebradona se recibirán, a lo sumo, regalías del 5 por ciento, que, según AGA, significarían 60.000 millones de pesos al año, e impuestos de renta estimados en 250.000 millones de pesos anuales, y otros 2.000 por industria y comercio y predial para los municipios. No obstante, debe descontarse el costo fiscal de los beneficios tributarios que privilegian la minería.

Al final de la explotación, el país percibiría un neto de 2.500 millones de dólares y no mucho más. En cuanto a empleos, no serán ni la tercera parte de los perdidos en agricultura, ganadería y turismo, con menor coeficiente en la producción y el consumo generales.

A estos rubros, que para AGA serán costos, se le añaden 2 centavos de dólar por libra, el importe de la extracción. A contramano, en la otra columna del balance, AGA habla de un proyecto de bajo costo, flujo de efectivo y larga vida con un escandaloso margen entre 60 y 70 por ciento (AGA-Integrated Report-2020).

Esa contabilidad es todavía más inicua cuando se descartan externalidades negativas, como secuelas ambientales sobre el ecosistema del suroeste antioqueño, su biodiversidad y paisaje, sobre el agua por la afectación a estrellas hídricas, caudales, cuencas y acuíferos, al nivel freático, a 26 acueductos y 311 captaciones de agua en veredas circundantes, la polución subterránea y fenómenos como la bioacumulación.

También detrimentos del suelo por la agresiva deforestación, contaminaciones superficiales y más probabilidad sísmica, por el estallido constante de roca en profundidad y la emisión de GEI, humos nocivos y daños sobre flora y fauna. Estropicios a los que AGA, acorde con sus “estándares”, se compromete a “minimizar”. Peor es el manejo de los relaves, material de roca desechado, 120 millones de toneladas, con destino incierto en el territorio e inestable con el tiempo. El clásico pasivo ambiental.

Igual cuentan los males sociales como el abandono de la vocación agrícola campesina, el encarecimiento de la vivienda por el auge de migrantes, la congestión vial, la desvalorización de predios aledaños, el sabido aumento de enfermedades respiratorias, de transmisión sexual y las mentales en los marginados. Conviene asimismo verificar si la energía aplicada por dólar invertido es inferior a la obtenida, el factor EROI.

Como parte victorioso, AGA en informe a sus accionistas, entre ellos fondos institucionales de capital financiero, se ufana de la “amplia alianza estratégica con todas las partes interesadas relevantes para establecer un apoyo regional para el proyecto” (AGA-Integrated Report-2020). Un manejo político en Colombia, segundo país en conflictos socioambientales y primero en el homicidio de líderes para el medioambiente.

El proyecto Quebradona, fuera de menoscabar la soberanía y violentar derechos humanos por generaciones, recae sobre una comunidad desprovista de instrumentos para intervenir, como es el Acuerdo de Escazú que Duque, en equívoca complicidad, engavetó en provecho de transnacionales como AGA.

https://www.semana.com/opinion/articulo/la-colonia-aga-en-quebradona/202100/

21.39.-Duque in.maduro RAMIRO BEJARANO

Mientras miles de compatriotas padecen la prolongada ruptura de relaciones entre Venezuela y Colombia, a Duque se le ocurre que “no reconocerá una dictadura corrupta y narcotraficante”. Su ámbito apenas alcanza para abrazarse sonriente con el dinosaurio de Bolsonaro, su más cercana semejanza en la región.

24 oct 2021.- En ese complejo universo de creer que el mejor instrumento para arreglar los conflictos es no adoptar ninguna solución, no habrá salida buena ni pronta a este costoso litigio, pero eso no importa cuando los problemas ajenos se ven desde las cómodas poltronas de los despachos oficiales.

Es deplorable que el vacilante presidente del Senado, Juan Diego Gómez, hubiese puesto en marcha la propuesta de uno de sus colegas, aprobada por unanimidad, de dirigirle una carta a su homólogo de Venezuela sugiriéndole explorar caminos para restablecer relaciones diplomáticas y comerciales, y que luego se hubiese retractado apenas lo regañaron desde la Casa de Nari. Otra vez salió con un chorro de babas este mediocre presidente del Senado que no fue capaz de hacer respetar el fuero parlamentario.

Y es una torpeza mayúscula del Gobierno colombiano haber apagado rápidamente esa lucecita de esperanza que se había prendido, solo porque Duque cree que hablar entre los regímenes es respaldar a Maduro y no combatir la insurgencia protegida en Venezuela. Lo único que le sirve es prolongar la confrontación, porque está ardido y además porque mediáticamente espera sacarle réditos a esta nueva pataleta de oficiar como matón de dictadores en la antesala de la campaña electoral. Por eso ya arrancó a insultar tardíamente a Daniel Ortega.

No cesan los errores. Primero fue un concierto con el que Duque creyó que tumbaría a Maduro, quien, por el contrario, terminó atornillado y ahí sigue. Ese mismo día le tendieron tapete rojo en carretera destapada a esa caricatura de presidente de Guaidó, para que ingresara a territorio colombiano custodiado por una organización al margen de la ley.

Entre jefes de gobiernos obligados a tener relaciones lo último que se cultiva o interesa es si son capaces de ser amigos personales. Desde siempre, el trato de la diplomacia y de los asuntos de Estado es frío y calculado. Duque supone que las relaciones con otros países dependen de si a él le caen bien o mal los gobernantes de esas naciones.

Por ese gigantesco yerro, este Gobierno patrocinó a los republicanos adoradores de Trump en la pasada campaña electoral estadounidense, en contra del candidato demócrata, y ello le está costando sangre al país. La anhelada foto y el abrazo con Biden nada que llegan, a pesar de las fantasiosas declaraciones de Duque y de la multimillonaria vicepresidenta-canciller Ramírez jurándole amor eterno a la democracia gringa, la misma que ofendieron cuando pusieron todos sus esfuerzos para derrotar al aspirante presidencial que, para desgracia de ellos, resultó vencedor.

Duque ni siquiera quiso oír la propuesta de conformar comisiones binacionales que acompañen la normalización diplomática y comercial, ni entender su alcance, pues salió con la bobería de desautorizar al Congreso, con el soberbio argumento de que el manejo de las relaciones internacionales es competencia solo suya, y, claro, el aturdido y timorato presidente del Senado se asustó.

Es incomprensible que Duque se haya rehusado a iniciar un proceso de normalización de relaciones con una Venezuela dividida, de lo que habría podido reportar provecho, inclusive para perseguir a la guerrilla que vive plácidamente allá. En efecto, los venezolanos atraviesan un período de notoria inestabilidad política, no solamente los que están en el poder sino la oposición, también fracturada.

Allá están mordiéndose entre sí los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia. Lo mismo Leopoldo López, Juan Guaidó, Julio Borges y otros opositores a Maduro, agarrados por el complejo caso de Monómeros, una sociedad colombiana propiedad de venezolanos y administrada por antichavistas. Lo que dicen las malas lenguas es que esta empresa manejada por amigos de Guaidó registra severos problemas de corrupción.

La enfermiza obsesión de Duque por tumbar a Maduro no lo ha dejado ver el inmenso daño que esta guerra interminable sigue causando. Es la herencia Duque.

Adenda. Según el registrador no son confiables las bases de datos del DANE. Ahora sí se comprenden muchas “buenas noticias”.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/duque-inmaduro/

21.39.-¿Caja de Pandora? RICARDO CHICA

Es cierto que la elusión no es ilegal como la evasión, pero no todo lo legal es moral.

Nuevamente emerge información sobre el sistema financiero paralelo que financistas, abogados y contadores han construido con el fin de garantizar secreto a inversores súper ricos para que propiedad y transacciones sean irrastreables.

18 oct 2021.- La cantidad e importancia de estas inversiones en los Pandora papers han creado una ola de estupefacción e indignación con líderes políticos y económicos y miembros de la elite local por todo el mundo. Pero es ingenuo pensar que esta destapada realmente resulte en una catástrofe para estas estructuras secretas offshore en paraísos fiscales, como la expresada en el mito griego, pues se trata de un sistema que los superricos y superpoderosos de todos los países protegen por servir para ocultar transacciones de toda índole. Cuando tienen efectos perjudiciales para todos los países (en términos de impuestos y fuga de capitales), particularmente aquellos en desarrollo (calculan que en África ellos pueden sumar 4 veces la deuda externa).

Como siempre gobiernos incluyendo la UE se alarman cuando parte del iceberg emerge. El poder de los más grandes centros financieros del mundo (La City en Londres y WS en USA) y su imbricación con la elite financiera mundial, explica esta complacencia si no complicidad. Un documental sobre la City presenta un panorama desolador sobre este sistema paralelo exclusivo para los superricos que pueden pagar las exorbitantes fees que abogados, financistas y contadores cobran por diseñar y proteger estos sistemas de ocultamiento.

 Destaca la complicidad e hipocresía del gobierno británico que gracias a una red de centros de secreto overseas (Jersey, Islas Caimán, Gibraltar, etc., sobre los que alegan falsamente no tener control), con una red de mecanismos (trusts, hedge funds, shell companies) dirigidos a reemplazar a la banca suiza, logra que reciclen masas enormes de esos recursos a través de la City (la mitad de ellos están en British overseas jurisdicción, 75% de hedge funds, 40% de los recursos al incluir Singapur y Hong Kong, $5B en offshore companies and trusts).

Una hipocresía sostenida de ese gobierno: Thatcher/Blair/Cameron no dudan en denunciar y prometer reprimir a la vez que ellos o sus familias se benefician de ellas. Como también de USA que los denuncia a la vez que los establece en Alaska, Delaware, Florida, South Dakota (¡pues eso estimulara la inversión allá!).

Es cierto que la elusión no es ilegal como la evasión, pero no todo lo legal es moral, más tratándose de funcionarios públicos a cargo de impuestos (Carrasquilla/Junco). Porque cuál es la racionalidad de ocultar la propiedad/transacciones de/con esas masas enormes de dinero, asumiendo costos enormes para lograrlo?

Lo primero que viene a la mente (aunque no sea exclusivamente) es la evasión de impuestos (evitar pagarlos en los países donde se generaron los recursos) o que provengan/estén destinadas de/a inversiones que por alguna razón prefieren ocultar.

https://www.portafolio.co/opinion/ricardo-chica/caja-de-pandora-columnista-portafolio-557513

  • 21.38.-Pandora: cada cual a la carta, deben ser esculcados a fondo AURELIO SUÁREZ
  • Deje así los pandora papers – RAMIRO BEJARANO
  • Cartas marcadas – YOHIR AKERMAN
  • El mundo se conmueve ante los pandemia papers e inician procesos judiciales, pero ¡en Colombia creen que son datos “chimbos”! CECILIA OROZCO
  • La DIAN y los paraísos fiscales SALOMÓN KALMANOVITZ

«¿Qué hace el director de impuestos nacionales en Panamá, Dubái, Chipre, Londres y Delaware?» – Salomón Kalmanovitz Jonathan Bejarano 

¿Qué hace el director de impuestos nacionales en Panamá, Dubái, Chipre, Londres y Delaware? Lisandro Junco tiene una empresa registrada en el estado de Delaware en Estados Unidos, una oficina virtual en Londres, cuentas en bancos de Chipre y una empresa SFM en Dubái.

10 oct 2021.- Quienes evaden y eluden impuestos en sus países tienen empresas e inversiones en otros lugares porque son opacos y encubren operaciones de capital no registradas en los países de origen para minimizar su carga tributaria efectiva.

Según El Colombiano, “Junco llegó a la DIAN en 2013 como subdirector de Control Cambiario y después fue subdirector de Fiscalización Internacional. Luego, en febrero de este año, el presidente Iván Duque lo nombró como cabeza de la entidad. Así, con 39 años, es uno de los directores más jóvenes que ha tenido la entidad”.

Junco aduce que abrió esas cuentas cuando hacía una maestría en Cross-Border Taxation, que se puede traducir como Tributación a través de Fronteras. No sabemos si fue becado por Colfuturo, pero sí que volvió al país para dar ejemplo a todos los contribuyentes de cómo se minimiza el pago de impuestos ante la entidad encargada de recaudarlos. Aunque lo dijo en términos de un abogado o contador tributario: “Mis declaraciones de renta y de activos en el exterior las he hecho públicas y están, para conocimiento de todos, en la página de la función pública, la página de la DIAN”.

Algo similar argumentó Iván Duque: “El problema no es tener activos en el exterior sino no declararlos a DIAN”. Y además añadió: “Quien tenga activos no declarados es sujeto de multas, pero adicionalmente puede acogerse al impuesto de normalización”. La normalización es en realidad una amnistía perpetua que permite a los evasores declarar cada tres años lo que han excluido en sus declaraciones, con una sanción muy leve. El problema es que el director de la DIAN declara ante sí mismo y puede “normalizar” sus activos al valor que le convenga. El ratón cuidando el queso.

Los paraísos fiscales son países o territorios donde es fácil crear empresas, sus leyes dificultan la identificación de sus propietarios y el impuesto de sociedades y de personas es muy bajo o nulo. A esos paraísos solo tienen acceso personas y empresas muy ricas y con mucho poder. De ellos será el reino de los cielos, aquí y allá.

Pandora Papers es un trabajo de periodistas investigativos que ha puesto al descubierto operaciones oblicuas de cientos de personas, funcionarios y empresas de todo el mundo. Entre los colombianos, están involucrados la vicepresidenta, la ministra de Transporte y dos expresidentes de la República. También han sido expuestos Luis Carlos Sarmiento Angulo (Grupo Aval), el Grupo Gilinski (GNB Sudameris, Lulo Bank, Servibanca y la revista Semana), Eduardo Pacheco Cortés (Colpatria) y las familias Echavarría (Organización Corona) y Barberi (Tecnoquímicas), además de grupos familiares regionales como los Carvajal de Cali, los Daes de Barranquilla (Tecnoglass), los Gerlein Echeverría (Valores y Contratos) y la familia Solarte, importante contratista de obras públicas.

Los Pandora Papers muestran que “las personas que podrían poner fin al secreto en el extranjero… se están beneficiando de él. Así que no hay ningún incentivo para que lo acaben”. El Fondo Monetario Internacional mantiene que el uso de paraísos fiscales les cuesta a los gobiernos de todo el mundo unos US$600.000 millones en impuestos perdidos cada año.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/la-dian-y-los-paraisos-fiscales/

21.38.-Pandora: cada cual a la carta, deben ser esculcados a fondo AURELIO SUÁREZ

Con base en la información conocida, pueden intuirse las artimañas a las que varios “notables” acudieron para pagar pocos o no pagar impuestos.

La Ley 1111 de 2006, de Álvaro Uribe y Alberto Carrasquilla, eliminó el impuesto del 7 por ciento al giro de utilidades al exterior de quienes por relaciones de dependencia o corporativas envían este tipo de remesas (Saqueo, pág. 86). 

 

16 oct 2021.- Las inversiones de nacionales en el exterior sumaban aquel año 23.943 millones de dólares, pero para 2017 ascendían a más de 53.000 (Saqueo, pág. 184). Protegido por la Ley 1111, el dinero se refugió “principalmente a partir de 2009” en Panamá, donde está el mayor porcentaje, 16 por ciento, con rentabilidades entre el 4,7 por ciento y el 6,8 (Banrep, Borradores de Economía, nº 1068). También en España e Inglaterra por los tratados de protección de inversiones, los preferidos por el exfiscal Martínez Neira para registrar bienes raíces. Para monitorearlas, la Dian intercambia información con 48 jurisdicciones y solo hace dos años Panamá inició el proceso (El Tiempo, julio 2 de 2021).

La alianza periodística Connectas ha destapado los PanamaPapers (2017), en los que figuró el mismísimo Carrasquilla para tramitar el negociado de Bonos Agua, y ahora los Pandora Papers. El coro de que “todo es legal”, orquestado por Iván Duque, no elimina sospechas a empresas y magnates que se valen del mecanismo, ni menos logra cubrir a expresidentes y dirigentes políticos, en particular a los que, al iniciarse en la vida pública, estaban en deciles inferiores, y ni hablar de Junco, el director de la Dian, involucrados todos en el selectísimo grupo élite del 0,0012 por ciento de la población con tales prácticas. Con base en la información conocida, pueden intuirse las artimañas a las que varios “notables” acudieron para pagar pocos o no pagar impuestos.

Andrés Pastrana. Guardaba su patrimonio personal y familiar en una sociedad en comandita simple, Salatina Puyana y Cía. S., un viejo truco usual en familias adineradas para brincarse, por las características societarias, el pago del tributo a herencias. Al insertarla en Vanguard Investments Inc., en Panamá, dicho patrimonio pasó de pesos a dólares y quedó exento, fuera del impuesto a la riqueza, también del de renta sobre los beneficios causados. Es el típico personaje que “separa su suerte de la suerte de la Nación”. ¿Cuánto le dolerán nuestros infortunios al expresidente? Los explican dos refranes: “Donde está tu dinero está tu corazón” y “Mi patria, mi bolsillo”.

César Gaviria. Aparece como director de la sociedad panameña MC2 Internacional S. A., que absorbió a la radicada en Colombia MC2 SAS ESP (Cuestión Pública), del sector de hidrocarburos, en particular en distribución de gas en Colombia y Perú, asociada allá con la Organización Sarmiento Angulo y beneficiaria de contratos sin concurso en TGI y Ecopetrol. Gaviria también se mueve en el mercado de obras de arte, seguros y consultoría.

En claro aprovechamiento de la Ley 1111 de Carrasquilla y Uribe, remite a Panamá, sin pagar impuesto alguno, las ganancias a las que tiene derecho (¿el 100 por ciento?), venidas de la sociedad matriz colombiana, que caen al bolsillo de este otro expresidente en el 58 por ciento y el resto a familiares e íntimos. Impresentable.

Marta Lucía Ramírez. Las cuestionadas conexiones lucrativas de la vicepresidenta y canciller son de vieja data. Cuando fue ministra de Comercio Exterior, hubo de declararse impedida sobre zonas francas. Fue abogada de Philip Morris en pleitos con la Dian. Es conocida la sociedad constructora del Edificio Torres 85, que su firma familiar Hitos Urbanos pactó con el paramilitar Memo Fantasma. Y en el debate en el que el senador Robledo denunció la “indemnización” por 1,4 billones de pesos, que intentó pagarse por adelantado a los socios de la Ruta del Sol para evadir el fallo del tribunal de arbitramento, chispearon sus fuertes nexos con el Grupo Aval.

Marta Lucía Ramírez vuelve a escena por su asociación, de 2005 a 2012, en la comisionista de bolsa, Global Securities Management Corporation, basada en Islas Vírgenes Británicas, y con un socio condenado “lavador de dinero profesional”, para operar “en el mercado de valores con cobertura de diferentes países de Latinoamérica”. Según participaba desde la firma panameña Stulb Investments Corp., combinó Islas Vírgenes y Panamá, como modus operandi. ¿Qué pasó con las rentas en esos siete años? Sin mesura.

Gaviria, Pastrana, Ramírez y demás políticos nombrados en Pandora Papers como Peñalosa (“El negocio, socio”) o Alejandro Char (¡Cuándo no!), cada cual a la carta, deben ser esculcados a fondo. Tiraron lejos la admonición de Lleras Camargo, “no mezclar los negocios con la política”, y hoy pertenecen al club de superricos con una tarifa efectiva de tributación del 2,26 por ciento, la menor entre todas las de todos los contribuyentes (Garay y Espitia). Indignante.

https://www.semana.com/opinion/articulo/pandora-a-la-carta/202129/

21.38.-Deje así los pandora papers – RAMIRO BEJARANO

El Presidente manifestó que aunque es permitido tener cuentas en el extranjero , estas deben ser declaradas ante la Dian. Foto: Colprensa

Este habría sido el momento propicio para que Gobierno, organismos de control y Fiscalía investigaran a los exfuncionarios de todos los niveles y a los actuales servidores públicos que aparecieron en Pandora Papers.

17 oct 2021.- Pero aquí no hay autoridad que tenga el coraje de hacer esa gran auditoría. El  presidente Iván Duque ha desperdiciado la gran oportunidad de trazar un patrón ético. Su declaración cómplice defendiendo a los que están en Pandora Papers, con el tibio argumento de que tener plata en paraísos fiscales no es delito con tal de que esté declarada aquí, permite comprender por qué en su cuatrienio están pasando cosas censurables.

Mientras haya gobernantes como Duque —quien con su precaria ética cree que da lo mismo ser hombre público o cualquier particular con cuentas en paraísos fiscales, o que está bien bombardear un sitio donde se sabe que hay menores de edad—, no hay posibilidad de enderezar el rumbo de una nación corrompida.

No, señor Duque, el hombre que escala responsabilidades políticas no puede andar enredado en negocios, ni tampoco sus familiares. Se ve muy mal un mandatario que en todas las visitas de Estado lleva al exterior a uno de sus hermanos, más todavía si esos periplos propician encuentros con empresarios e inversionistas. Un político tiene que estar alejado del ruido traidor del metal de las monedas y de las tentaciones del emprendimiento empresarial, pero sobre todo tiene que estar dispuesto con su familia a que le revisen hasta el último centavo.

Todavía recuerdo a un lagartico que, cuando su nombre apareció en los Panamá Papers, con cinismo explicó que todo estaba declarado, pero omitió un detalle que no todos olvidamos: no se puede estar en un cargo público y abrir cuentas con cuantiosas divisas extranjeras en un paraíso fiscal. Eso huele mal en la función pública. Así de claro debería tenerlo también quien administra, controla y recauda los impuestos.

En efecto, por más que Duque con sus flexibles resortes morales sostenga que aquí no ha pasado nada mientras todo esté declarado, y que esta vez el otrora implacable exdirector de Impuestos Juan Ricardo Ortega absuelva a sus amigotes que están en esa lista, lo cierto es que el doctor Lisandro Junco no tiene las condiciones mínimas de credibilidad y respeto para seguir siendo director de la DIAN.

El doctor Junco ha incurrido en una falta disciplinaria que tampoco ha visto la procuradora Cabello, pues reveló que de esos 588 compatriotas incluidos en Pandora Papers solo tres no habían reportado tales bienes a la DIAN que él dirige. Es decir, él mismo, que aparece en esta nómina, ya adelantó una investigación a quienes como él fueron denunciados por tener cuentas en paraísos fiscales. No le pareció al indelicado director de la DIAN que una vez aparecido su sonoro nombre en esa lista tan incómoda, si no iba a renunciar, como debió haberlo hecho de tener respeto por el oficio, al menos ha debido declararse impedido para liderar o propiciar cualquier comprobación a quienes están en su misma situación.

La razón es simple: estaba impedido y lo sigue estando hasta para mover un lápiz. En su infinita soberbia y torpeza, Junco dirá que, si pudo abrir cuentas paradisiacas, como director de la DIAN tenía además el poder de autoexonerarse a través del confuso expediente de liberar a otros de las mismas culpas.

El país se está quedando sin conocer los montos de las inversiones manejadas por todos esos personajes de Pandora Papers —en especial las cuentas de Marta Lucía Ramírez y su exsocia Ángela María Orozco, y las de los expresidentes Andrés Pastrana y César Gaviria— y, lo que es más importante, de dónde provienen tan importantes recursos. Gaviria asegura que sus platas están debidamente reportadas, pero a muchos nos quedó la inquietud de por qué el poderoso jefe del liberalismo apareció con esa cuenta en un paraíso fiscal asociada a operaciones de hidrocarburos.

En Chile el mismo asunto amenaza con tumbar a Piñera, pero aquí estamos en el país del deje así.

Adenda No 1. Me resisto a creer que el Consejo de Estado regale a la ultraderecha el control de la Corte Constitucional, si, como algunos vaticinan, incluye en la terna de candidatos a esa corporación a los coyotes que sabemos.

Adenda No 2. El Congreso está aprobando una reforma a la justicia plagada de “micos”, facturada para legalizar la impunidad y fortalecer el clientelismo judicial.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/deje-asi/

21.38.-Cartas marcadas – YOHIR AKERMAN

 

Son poco creíbles las excusas públicas que presentó la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, el pasado 7 de octubre, en la carta que envió a las víctimas reconocidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el escándalo de las chuzadas. 

Mas bien cero creíbles.

17 oct 2021.- Primero, porque es evidente que esa carta, más que un acto de perdón sincero, es un trámite para lograr un beneficio de libertad condicional.

María del Pilar Hurtado fue condenada a 14 años el 28 de abril de 2015 tras comprobarse la cacería criminal contra la Corte, opositores, defensores de derechos humanos y periodistas independientes, que ella protagonizó.

Bernardo Moreno, secretario general de la presidencia de Uribe, recibió una sentencia de 8 años. A la exdirectora del DAS le impusieron más años porque estuvo prófuga, mientras que Moreno sí se presentó a juicio.

Hurtado huyó del país entre 2010 y 2015. Durante ese tiempo residió en Panamá gracias a los oficios que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez ante su amigo Martinelli, entonces presidente panameño, para que no tuviera que enfrentar la justicia colombiana.

Es importante recordar que en julio de este año la fiscalía panameña pidió ocho años de cárcel para el exmandatario Ricardo Martinelli, procesado en un juicio por espiar a opositores en su país.

Dios los hace y las chuzadas los juntan.

Pero volvamos a la poco creíble carta de Hurtado, dirigida a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la exsenadora liberal Piedad Córdoba, el abogado y profesor Ramiro Bejarano, el presidente de la Corte en 2007 -César Julio Valencia Copete-, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell.

Su misiva fue enviada por medio de su apoderado Víctor Mosquera, reconocido abogado uribista y contratista del gobierno de Iván Duque. En ella establecía que sus disculpas se sumaban “a la ofrecida, junto con Bernardo Moreno, a la señora Yidis Medina Padilla en mayo de 2017″.

Pero esta no es la primera carta.

Tal y como lo documenta el libro ChuzaDAS: ocho años de espionaje y barbarie, del periodista Julián Martínez, Hurtado le envió un escrito al magistrado Valencia Copete, con fecha del 9 de octubre de 2007, en el que negó tajantemente que el organismo de seguridad estuviera ejecutando operaciones de espionaje contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En el documento, que se constituyó como elemento probatorio en el juicio contra la directora Hurtado para constatar que ella mentía, la jefe de la policía secreta de la Presidencia le dijo al magistrado Valencia Copete que tuviera la certeza de “que por parte del DAS no se han impartido instrucciones para perseguirlos”.

La exdirectora del DAS contradijo en su misiva reciente lo que aseguró entonces como directora del DAS en su escrito del 2007. Es una de esas situaciones en que dos cartas, firmadas por la misma persona, traen dos versiones completamente contradictorias de los hechos. Estaba mintiendo Hurtado en el 2007 o lo hace ahora en el 2021. ¿A cuál de las dos creerle?

A ninguna de las dos.

Las dos cartas y las dos posiciones son versiones amañadas, que solo intentan encubrir a quien realmente dio la orden de hacer esas escuchas ilegales y ese espionaje a magistrados, opositores y periodistas.

Tal y como lo señaló el profesor Ramiro Bejarano en su columna de El Espectador del domingo pasado: “Hubiera preferido que su pedido de perdón se hubiese producido espontáneamente y no ahora, un lustro después de que resultó condenada penalmente, cuando le interesa acreditar que atendió el fallo de la Corte, seguramente para hacerse acreedora, por fin, del beneficio de libertad condicional (…)

“En cualquier caso, tengo que señalarle que no siento que sus excusas sean sinceras, reparadoras y menos oportunas. En efecto, las víctimas seguimos teniendo derecho a que se nos revele la verdad, que no es tan sofisticada de recordar. Por ejemplo: ¿Fue suya la decisión de espiarnos y vigilarnos al menos por 14 meses desde el DAS, o de Álvaro Uribe, o de José Obdulio Gaviria o de los tres?”

En el mismo sentido trinó el periodista Daniel Coronell, como respuesta a la carta: “Valoro el gesto peros sus excusas solo serán sinceras cuando revele quién le dio la orden para hacernos seguimientos o interceptaciones ilegales”.

Ahí esta el punto importante.

Para eso es fundamental recordar un reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) según el cual al menos diez testimonios acusan al senador José Obdulio Gaviria, de estar detrás de los planes siniestros que el DAS ejecutó contra los blancos que Uribe señalaba públicamente en sus discursos como mandatario.

Y no para ahí. Posiblemente llegue hasta el mismo expresidente Uribe, famoso por micro-manejar cada uno de los aspectos de sus gobiernos, excepto cuando sus funcionarios han sido encontrados culpables de delitos que solo lo beneficiaban a él directamente. Raro, pero los ejemplos son muchos y se han estudiado en esta columna.

Por eso enfoquémonos exclusivamente en esta oportunidad en el senador José Obdulio Gaviria, ya que ese eslabón, a pesar de las evidencias y testimonios que lo acusan como partícipe en estos ilícitos, nunca ha sido llevado a juicio. Sin que esto le quite la responsabilidad a Uribe Vélez. Por su puesto que no.

Está probado que José Obdulio Gaviria participó en reuniones con los funcionarios que han confesado seguimientos ilegales del DAS contra opositores del expresidente Uribe Vélez, que recibió información conseguida de manera ilegal y que solicitó, como asesor presidencial, a varios funcionarios del gobierno de Uribe actividades al margen de la ley.

Una de las personas a quienes les consta que el entonces asesor de presidencia exhortó a miembros del gobierno para cometer ilícitos con los servicios de inteligencia es al expresidente Juan Manuel Santos, ministro de Defensa entre julio de 2006 y mayo de 2009, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esa revelación la hizo en su libro La batalla por la paz, lanzado en 2019.

“Un día, José Obdulio me llamó por la línea directa de Presidencia -el llamado Falcon- y me pidió, como lo más normal, que interceptara las comunicaciones de la senadora liberal –cercana a Hugo Chávez– Piedad Córdoba. Me negué rotundamente, le pedí que nunca me hiciera ese tipo de solicitudes, y jamás me volvió a repetir la petición. Tal vez fue por eso que usaron el DAS y no la inteligencia militar para las chuzadas, que luego saldrían a la luz”.

Tal y como lo relata el reporte de PARES, otro testigo que vinculó al senador del Centro Democrático con las chuzadas del DAS es el precandidato presidencial Rodrigo Lara Restrepo. En una declaración ante la Fiscalía rendida el 10 de junio de 2009, dijo que cuando era zar anticorrupción de la Presidencia, en el segundo semestre del año 2007, fue contactado por José Obdulio Gaviria “para solicitarme fotos o registros de cualquier naturaleza en los medios de comunicación del departamento del Huila, de una supuesta fiesta en la que habían participado magistrados de la Corte Suprema de Justicia”. Lara Restrepo se negó a participar en su solicitud

Pero no son opositores políticos de Gaviria los únicos que lo vinculan con las chuzadas.

El director de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares Molina, el subdirector de Contrainteligencia de la entidad, Jorge Alberto Lagos León, y la subdirectora de Operaciones, Martha Inés Leal Llanos, que fueron condenados a más de ocho años de cárcel al aceptar su participación en estos hechos, señalaron a José Obdulio Gaviria como uno de los motores de las operaciones ilegales y recordaron reuniones que tuvieron con él, en plena pelea del gobierno con la rama judicial, con el objetivo de ensuciar la imagen de los magistrados de la Corte que estaban investigando los vínculos de los congresistas uribistas con grupos paramilitares.

Por ejemplo, el capitán Jorge Alberto Lagos dijo ante la Procuraduría, en 2009, que José Obdulio Gaviria era uno de los receptores de la información secreta bancaria que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) enviaba de los magistrados espiados por órdenes de la Presidencia de la República.

Por su parte, como lo determinó PARES, los agentes del DAS Sandra Karina Hernández y Giovanni Cortés Ortiz, las personas que entregaban en la Casa de Nariño la valija secreta que contenía la documentación de inteligencia ilegal que el DAS preparaba para el gobierno, aseguraron que las carpetas con los seguimientos ilegales eran entregadas a José Obdulio Gaviria e incluso al propio presidente Álvaro Uribe.

Demoledor.

Son múltiples las pruebas y los testimonios que vinculan a José Obdulio Gaviria y al expresidente imputado, Uribe, como las personas que dieron las órdenes y recibían la información de este trabajo ilegal. Por eso, la carta de María del Pilar Hurtado, en vez de presentarse como una misiva verdadera y sentida de arrepentimiento, queda como una baraja de naipes que ella maneja en medio de su juego de póker, que consiste en no decir quién les dio la orden de romper la ley y hacer ese espionaje ilegal. Ahí está lo importante.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/cartas-marcadas/

21.38.-El mundo se conmueve ante los pandemia papers e inician procesos judiciales, pero ¡en Colombia creen que son datos “chimbos”! CECILIA OROZCO

Durante dos años, alrededor de 600 reporteros, en 117 países, trabajaron para producir la investigación denominada Pandora Papers que se concretó después de analizar 11,9 millones de archivos. La coordinación de tal cantidad de información y medios estuvo en cabeza del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

13 oct 2021.- Los documentos examinados no provienen de cualquier lado ni fueron tomados al azar: hacían parte de los secretos mejor resguardados en firmas de abogados (mal) especializadas en armar sociedades fantasma y en darles, a estas, vida jurídica en lugares donde se privilegia el ocultamiento de los bienes sobre el escrutinio público, sea por su origen turbio, sea porque debido a su volumen tan abultado sus poseedores intentan evadir el pago de tributos.

Así, Pandora Papers revela los movimientos financieros “opacos” de presidentes en ejercicio, expresidentes, altos funcionarios de gobiernos actuales y políticos con responsabilidades oficiales —entre otras, la de proyectar y aprobar leyes o exenciones de impuestos en sus Estados—; también, de conglomerados, de millonarios y de figuras de la farándula.

Como relata El País de España, cuyos periodistas participaron en esa tarea investigativa, “Papeles de Pandora pone sobre el tapete los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado (14 de Latinoamérica, entre estos, Andrés Pastrana y César Gaviria) y más de 330 (personajes en) altos cargos de 91 países”.

La existencia de ese submundo no sería posible únicamente con el concurso de los bufetes de profesionales del derecho. Se requieren redes bancarias. Asegura El País que la firma panameña de abogados Alcogal (por sus socios Alemán, Cordero, Galindo & Lee) “ayudó a bancos de todas partes a crear, al menos, 3.926 compañías offshore (fuera del lugar de residencia) para sus clientes en varios sitios.

Para Morgan Stanley —segundo banco de inversión de Estados Unidos— abrió otras 312. Y envío más de 5.400 cartas a direcciones de abogados de medio mundo para remitirles documentos societarios…”. En Pandora Papers no solo se “desenterraron” cuentas bancarias. También se develó, tras marañas societarias, la verdadera identidad de los propietarios de islas, mansiones, clubes, yates, jets privados y obras de arte del valor de Picasso y Van Gogh o de Bansky y Warhol.

Mientras el planeta financiero se sacude con Pandora Papers y las autoridades judiciales inician procesos en varias naciones democráticas —por ejemplo, en la cercana Chile en donde la Fiscalía de ese país anunció, la semana pasada, la apertura de investigación penal por presuntos delitos tributarios, cohecho y soborno en contra el presidente Sebastián Piñera por la venta de acciones del proyecto minero Dominga del que era socio y que efectuó en las Islas Vírgenes Británicas por $152 millones de dólares—.

En Colombia, el presidente Duque, de límites morales corredizos: muy rígidos si se trata de sus enemigos políticos, muy laxo si los involucrados son sus aliados, declara que aquí no hay nada que investigar, país de ángeles. Duque no solicitó el concurso de la justicia para encontrar a los grandes evasores de impuestos ni siquiera por la vergüenza de la proximidad de la aprobación de su reforma tributaria que era “necesaria” para sacarnos de la quiebra, según insistía hasta hace unas semanas. Ahora dice que “tener cuentas en el exterior no es un delito” y que quienes no han declarado sus dineros pueden “acogerse al impuesto de normalización”. Estimulante mensaje.

Pero, en él, no sorprende. A poco de irse, ya entendemos su personalidad verdadera, no la que aparenta. Sin importar qué tan grave sea la conducta imputada, su grupillo, hoy en el poder, es inocente per se: Uribe, su exministra Abudinen, su vicepresidenta, su ministra de Transporte, su director de la DIAN, estos tres últimos con varios renglones incluidos en Pandora Papers.

 Lisandro Junco, el recolector de nuestros tributos, merece cuento aparte: “¿Qué hace el director de impuestos nacionales en Panamá, Dubái, Chipre, Londres y Delaware? Junco tiene una empresa registrada en Delaware (EE. UU.), una oficina virtual en Londres, cuentas en bancos de Chipre y una empresa SFM en Dubái”, se pregunta y contesta el respetado economista Salomón Kalmanovitz. Y, bueno, su reflexión llamaría la atención de cualquier gobierno. Pero no, estamos en Colombia y aquí lo consideran víctima. Un exdirector de Impuestos, pese a la carga de responsabilidad ética que esa condición conlleva —además de que hoy preside una entidad pública de enorme trascendencia económica—, alega, sin pena, que las revelaciones de Pandora Papers son “chimbas” porque es el gran amigo de Junco, el impresentable director de la DIAN a quien Duque no le permite renunciar para no dejarse vencer de la oposición.

Debe ser que el presidente cree que el cuestionado funcionario será el mejor investigador de los evasores. A esto se refiere el poder político cuando habla de “la lucha contra la corrupción”. ¡Cómo no!

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/el-mundo-se-conmueve-pero-en-colombia-es-chimbo/

  • 21.37.-Paraísos podridos
  • Thomas Piketty: «Después de las revelaciones de los ‘Pandora Papers’, es hora de actuar»THOMAS PIKETTY
  • Los ‘Pandora Papers’ MARÍA ISABEL RUEDA 
  • Energía offshore: el expresidente César Gaviria en Pandora Papers
  • Respuesta a la ex jefe del DAS Pilar Hurtado RAMIRO BEJARANO
  • El expresidente Andrés Pastrana en Pandora Papers
  • Respuesta a la ex jefe del DAS Pilar Hurtado
  • ¿Por qué no hay justicia para la masacre de El Aro? CECILIA OROZCO
  • Ni justicia, ni verdad, ni reparación, señores de las Farc?  YOHIR AKERMAN
Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL

Muy importante labor la que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al darle voz a las víctimas de secuestro de la extinta guerrilla de las Farc. Entre otras porque se ha demostrado que las víctimas se encuentran en el peor de los mundos. Se sienten, por un lado, abandonadas por el Estado y, por el otro, engañadas por declaraciones de los exguerrilleros desmovilizados.

10 oct 2021.- Las dos cosas son ciertas.

1.113 víctimas han presentado observaciones escritas a las versiones entregadas por los comparecientes de las Farc en el caso 01, conocido como el de secuestro. Toda la información ha sido recogida por la Sala de la JEP y ha sido incluida en el expediente judicial. Por eso 2.664 víctimas adicionales han sido convocadas a participar en la audiencia de observaciones.

La magistrada Julieta Lemaitre, relatora del caso, anotó acertadamente que esa es una verdad “que solo puede ser dicha por quienes vivieron de manera directa la violencia”: los secuestrados.

En enero de 2018, la hoy precandidata presidencial María Fernanda Cabal soltó una frase que ha repetido en coro una y otra vez la bancada de gobierno, y es que “la JEP fue diseñada a la medida de las Farc para protegerlos”. Eso se desmoronó el pasado 28 de enero de este año, cuando la JEP imputó al antiguo secretariado de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad dentro del contexto del caso de secuestro.

La Sala ha sido contundente al determinar que la gravedad del maltrato que vivieron las víctimas se presentó, en algunos casos, con independencia de su condición de civiles o miembros de la fuerza pública. Esto quiere decir que algunos militares y policías privados de la libertad sufrieron condiciones de igual gravedad que los civiles, constituyéndose en crímenes de guerra.

Por eso son tan importantes los relatos de las víctimas que se están escuchando en la JEP, para establecer la verdad que los miembros de las Farc no han querido entregar. Por ejemplo, el exgobernador del Meta, Alan Jara, cuestionó unos planos entregados por la guerrilla sobre las zonas en las que tenían a los secuestrados y en los cuales se veían salas de televisión.

Es decir, las Farc entregaron unos planos de las áreas donde tenían a los secuestrados que parecían sitios de spa, con salas de televisión, camas y otras comodidades, cuando en realidad tenían a las víctimas encadenadas y en condiciones infrahumanas.

Lo que ahora es claro, es que no se puede reparar si no se dice la verdad. Y la verdad la tienen que empezar a dar los exmiembros de las Farc.

Pero eso es mejor en palabras de las víctimas. La hija del agente de la Policía Nacional Víctor Julio Sierra Gelvez fue la primera víctima en tomar la palabra en el desarrollo de ese caso. El rastro de su padre lo perdió el 21 de enero de 2001, tras un enfrentamiento entre las Farc y el Ejército. En el operativo algunos secuestrados fueron rescatados. Sin embargo, desde ese día no volvieron a tener pruebas de supervivencia de Víctor Julio, a quien continúa buscando.

Anyela Sierra, hija de Víctor Julio, dijo: “Si es una oportunidad que le están dando a las Farc y hablamos de reparación, paz y justicia, decir la verdad es simplemente decir la verdad. No hay que poner tantas arandelas, no hay que inventar tanto, no hay que evadir tanto”.

 

Así como se oye.

 

El teniente Carlos Martín Valencia fue la segunda víctima acreditada que intervino. Fue secuestrado el 20 de marzo de 1991 y estuvo retenido 8 meses en el Magdalena Medio. Las Farc lo tomaron en cautiverio después de 16 horas de combate entre miembros de la fuerza pública y un grupo de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar.

Sobre las versiones de los exmiembros de las Farc, el teniente Carlos Martín dijo: “No es aproximada la verdad en muchas circunstancias. No pretendo entrar en un juego eterno de quién dice la verdad. No sé si el ser imprecisos obedezca a una estrategia jurídica.”.

La tercera víctima que tomó la palabra, quién solicitó reserva de su identidad, fue secuestrado el 3 de agosto de 1998 en la base antinarcóticos de Miraflores. Antes de concluir su intervención manifestó que “los tratos inhumanos a los que fuimos llevados no tenían razón de ser. Yo quiero decirles a ellos [Farc] que aprovechen esta oportunidad que les está dando la sociedad colombiana (…), que no vuelvan a delinquir diciendo mentiras”.

 

Y así sucesivamente.

Una situación donde se revictimiza a las víctimas al engañar sobre sus condiciones reales de cautiverio.

Pero esto no es nuevo. Un documento de 2007 de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, encontrado por las autoridades establecía que las “retenciones ilegales” eran “antipopulares”, al tiempo que reiteraba su importancia como “la principal fuente de financiación por mucho más tiempo”. Que descaro.

Por eso el informe de la JEP es tajante y acertado al establecer que “privar a las personas de su libertad, y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida, fue un crimen de guerra”.

Como producto de este crimen, la Sala de Reconocimiento también les imputó acertadamente a los antiguos miembros del Secretariado otros crímenes de guerra relacionados con el trato a los secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

Para eso, la Sala de Reconocimiento comparó los informes de la Fiscalía, organizaciones y otras entidades del Estado en los que identificaron, con nombre y cédula, a 21.396 víctimas de secuestro. Al contrastar este listado con el de reportados como muertos y desaparecidos en el Registro Único de Víctimas, la Sala identificó que casi el 9% de las víctimas de secuestro fueron desaparecidas y el 3% asesinadas con entrega de cuerpo.

A nombre de todas esas víctimas y sus familias, y por el respeto a la historia de Colombia y al proceso de paz, los miembros de la extinta guerrilla de las Farc deben empezar a decir la completa verdad sobre el secuestro, ya que es el primer paso para que exista justicia y reparación.

Si por el contrario siguen engañando sobre las condiciones reales en las que tenían a los retenidos, los vuelven a secuestrar emocionalmente y asesinan su memoria y su derecho a vivir en libertad. De ahí la importancia de la JEP y también la importancia de que el Estado acompañe a las víctimas de esta guerra, que es la misma a la que este gobierno quiere volver. Así de claro y así de sencillo.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/ni-justicia-ni-verdad-ni-reparacion/

21.37.-Paraísos podridos

La persistencia de la evasión fiscal que revelan los ‘Papeles de Pandora’ exige más acción global y nuevas normas en España

Una sede de la Agencia Tributaria.

La que contribuye este periódico, y en curso de publicación, desvela el perverso funcionamiento de los paraísos fiscales. También transmite el alcance masivo de la elusión (y en ocasiones evasión) fiscal de gobernantes, famosos y empresas.

4 oct 2021.- Las jurisdicciones sospechosas son su instrumento y caldo de cultivo para enriquecerse a costa de los demás, trasladando a los contribuyentes leales la carga de su absentismo. En ocasiones esas operaciones financian delitos mayores como blanqueo de capitales, comercio ilegal de armas o narcotráfico. La dimensión multimillonaria del descubrimiento, la afectación de sujetos pasivos de más de 90 países y la reiteración del fenómeno tras anteriores revelaciones como la de los Papeles de Panamá constituyen una triple señal de alarma.

La primera indica que la lucha contra la evasión fiscal, mejorada en los últimos años gracias a las listas de enclaves sospechosos o la propuesta de un impuesto mínimo del 15% a las sociedades, sigue siendo insuficiente: sus éxitos recuerdan a un moderno tormento de Sísifo y la condena a repetir su ascenso a la cumbre cargando la roca que una y otra vez se vuelve a despeñar. El segundo signo de alarma apunta a la indispensable presión ciudadana, la dureza de los Estados y la cooperación internacional como instrumentos para prevenir la agilidad de movimientos contra los intentos regulatorios. En tercer lugar, la alarma avisa de que no hay que confiarlo todo a las crisis porque actúan de forma ambivalente ante este escarnio: pueden ser acicate de la conciencia fiscal, pero también se comportan como incentivo a minorías que persiguen aún más sustanciosos réditos.

La evasión fiscal totalizaría unos 370.000 millones de euros anuales negros, según Tax Justice Network, y por tanto detrae de la recaudación tributaria recursos esenciales para el Estado del bienestar. Configura además en cascada una competencia fiscal bajista que retroalimenta esos males ante la expectativa de que reducir impuestos evitaría la huida de capitales. Pero es peor aún porque la elusión de los adinerados resta de la recaudación por renta y patrimonio, y por tanto estos impuestos pierden progresividad, ya que proporcionalmente afectarán más a trabajadores y clases medias. Lo que los evasores no tributan suele compensarse aumentando el IVA: es una maniobra también antiprogresiva porque ese gravamen sobre el consumo carga más sobre quienes ingresan menos, pues casi todas sus rentas se destinan obligatoriamente al consumo dada su mínima capacidad de ahorro.

Con la elusión de las empresas sucede algo parecido: en la OCDE el impuesto de sociedades ha retrocedido este siglo del 32% al 23%. Pero de nuevo el dato es peor en España, que recauda un poco más de la mitad que antes de la Gran Recesión de 2008, mientras el resto de los grandes impuestos se ha recuperado con holgura.

Los paraísos podridos generan un largo inventario de consecuencias nefastas que dañan la confianza democrática: corrosión de la moral fiscal colectiva, desvío de comercio e inversiones, desleal asimetría de unas sociedades con sus competidoras, deslocalización de capitales a efectos territoriales, corrupción de intermediarios y pasividad de sus colegios profesionales convertidos al relativismo deontológico. La actuación en este ámbito no solo es un justo clamor popular, sino una necesidad de Estado. Es sin duda indispensable la armonización fiscal a escala internacional, pero urge también que cada Estado redoble la persecución del delito en casa, refuerce incompatibilidades para optar a concursos públicos o subvenciones (también de la Next Generation) a las empresas y bancos que operen en esos lugares y promueva cuarentenas para profesionales, como abogados del Estado o inspectores de Hacienda, antes de que asesoren a quienes ayer teóricamente perseguían. Sigue habiendo margen efectivo para la acción política contra los altos defraudadores.

https://elpais.com/opinion/2021-10-05/paraisos-podridos.html

21.37.-Thomas Piketty: «Después de las revelaciones de los ‘Pandora Papers’, es hora de actuar»THOMAS PIKETTY

El economista Thomas Piketty propone el establecimiento de un catastro financiero público y una tributación mínima de todos los activos.

Crónico. Después de «LuxLeaks» en 2014, los «Papeles de Panamá» en 2016, los «Papeles del paraíso» en 2017, las revelaciones de los »  Papeles Pandora  «, resultado de una nueva filtración de 12 millones de documentos provenientes de finanzas offshore, muestran cuánto los más ricos seguir evadiendo impuestos. 

9 oct 2021.- Al contrario de lo que a veces se plantea, no existe un indicador fiable que nos permita decir que la situación ha mejorado en los últimos diez años. Antes del verano, el sitio ProPublica había revelado que los multimillonarios estadounidenses casi no pagaban impuestos en comparación con su riqueza y lo que paga el resto de la población. Según Challenges , las primeras 500 fortunas francesas han saltado 210 mil millones de euros, a más de 730 mil millones, entre 2010 y 2020, y todo apunta a que los impuestos que pagaron estas grandes fortunas (información al fin y al cabo bastante simple pero que las autoridades públicas aún se niegan a publicar) fueron extremadamente débiles. ¿Deberíamos esperar las próximas filtraciones o no es hora de que los medios de comunicación y los ciudadanos formulen una plataforma de acción y presionen a los gobiernos para que resuelvan el problema de manera sistémica?

Lea también: «Pandora Papers»: una inmersión mundial en los secretos de las finanzas extraterritoriales

El problema básico es que seguimos al principio del XXI °  siglo para grabar e imponer los activos basados únicamente en propiedades de bienes raíces, utilizando métodos y registros de tierras establecidos al comienzo del XIX °  siglo. Si no nos damos los medios para cambiar este estado de cosas, entonces los escándalos continuarán, con el riesgo de una lenta desintegración de nuestro pacto social y fiscal y el inexorable ascenso de cada uno por sí mismo.

Capacidad contributiva

Lo importante es que el registro y la fiscalidad de los activos siempre han estado estrechamente vinculados. En primer lugar, porque el hecho de registrar la propiedad le da al propietario una ventaja (la de beneficiarse de la protección del sistema legal) y, en segundo lugar, porque solo un impuesto mínimo puede hacer que el registro sea realmente obligatorio y sistemático. Agreguemos que la posesión de un patrimonio es también un indicador de la capacidad contributiva de las personas, lo que explica por qué la tributación del patrimonio siempre ha jugado un papel central en los sistemas tributarios modernos, además de la tributación que pesa sobre el flujo. de ingresos (flujo que a veces puede manipularse a la baja, en particular para activos muy altos, como ha demostrado ProPublica).

Lea la encuesta: «Pandora Papers»: del rey Abdullah II a Tony Blair, decenas de líderes políticos salpicados por el escándalo

Al establecer un catastro centralizado para todos los inmuebles, tanto para viviendas como para bienes profesionales (terrenos agrícolas, tiendas, fábricas, etc.), la Revolución Francesa instituyó en el mismo gesto un sistema tributario basado en las transacciones (derechos de transferencia aún en vigencia). Vigente en la actualidad) y sobre todo sobre la propiedad (con impuesto predial). En Francia, como en los Estados Unidos y en casi todos los países ricos, el impuesto a la propiedad, o su equivalente anglosajón, el impuesto a la propiedad,sigue representando el principal impuesto sobre el patrimonio (alrededor del 2% del PIB, unos 40.000 millones de euros de ingresos anuales en Francia). Por el contrario, la ausencia de dicho sistema de registro y tributación de la tierra y la propiedad profesional explica, en muchos países del Sur, la hipertrofia del sector informal y las consiguientes dificultades para implementar la tributación.

El separatismo de los ricos

El problema es que este sistema de registro y tributación de activos apenas ha cambiado en dos siglos, aunque los activos financieros han adquirido una importancia preponderante. El resultado es un sistema extremadamente injusto y desigual. Si eres dueño de una vivienda o inmueble profesional por valor de 300.000 euros, y si tienes una deuda de hasta 290.000 euros, pagarás el mismo impuesto predial que una persona que heredó la misma propiedad y posee además, una cartera financiera de 3 millones. Euros. Ningún principio, ningún razonamiento económico puede justificar un sistema tributario tan violentamente regresivo (los pequeños activos pagan de facto una tasa efectiva estructuralmente más alta que la más alta), aparte del hecho de que se asume que sería imposible registrar activos financieros. Sin embargo, esto no es una imposibilidad técnica, sino una opción política: hemos optado por privatizar el registro de valores financieros (con depositarios centrales de derecho privado, como Clearstream o Eurostream) y luego establecer la libre circulación de capitales garantizada por los Estados, sin ninguna coordinación fiscal previa.

Los “Pandora Papers” también recuerdan que los más ricos consiguen eludir los impuestos a sus inmuebles transformándolos en valores financieros domiciliados en el exterior, como muestra el caso de los cónyuges Blair y su casa a 7 millones de euros en Londres (400.000 euros en traspaso impuestos evitados) o el de las villas mantenidas en la Costa Azul a través de empresas fachada del primer ministro checo, Andrej Babis.

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Qué hacer? La prioridad debe ser el establecimiento de un catastro financiero público y una imposición mínima de todos los activos, aunque solo sea para producir información objetiva sobre ellos. Chaque pays peut avancer immédiatement dans cette direction, en exigeant de toutes les sociétés détenant ou exploitant des biens sur son territoire de révéler l’identité de leurs détenteurs et en les imposant en conséquence, en toute transparence et de la même façon que les contribuables ordinaires, ni más ni menos. Al renunciar a cualquier ambición en términos de soberanía fiscal y justicia social, solo estamos fomentando el separatismo de los más ricos. Ha llegado el momento de actuar.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/10/09/thomas-piketty-apres-les-revelations-des-pandora-papers-il-est-plus-que-temps-de-passer-a-l-action_6097704_3232.html

21.37.-Los ‘Pandora Papers’ MARÍA ISABEL RUEDA

Todos estamos de acuerdo en que los que traten de evadir impuestos sean sancionados.

La publicación de esta investigación es valiosa, pero tiene sus peligros. Porque por mezclar peras con manzanas, acaban en el mismo canasto un poco de evasores con unas personas totalmente honorables, y por ello la impresión que le quedó a la mayoría es que lo denunciado era mucho más grave de lo que es en realidad. Ahora que la gente no cree en ninguna de las instituciones, el corte sensacionalista del reporte hace pensar a muchos colombianos que así como hay funcionarios públicos hampones, todos los empresarios lo son también. Y eso no es así.

10 oct 2021.- Si la discusión que abren los ‘Pandora Papers’ correspondiera a la sensación que dejan sus revelaciones, no habría problema. Pero, aunque todo aquel que aparece en la lista repita y repita que tener una cuenta en el exterior no es delito, esa no fue la impresión que dejaron las menciones que les hicieron. Sino la de que están saqueando las arcas públicas, evadiendo y escondiendo sus dineros a través de marañas de sofisticadas compañías ‘off-shore’, cuando lo más probable es que la mayoría de quienes los ‘Pandora Papers’ pusieron en la picota pública sean ciudadanos de bien, empresarios, industriales o funcionarios que cumplen con sus obligaciones fiscales.

Hasta al director de la Dian, Lisandro Junco, le tocó salir a demostrar que es uno de ellos. Le sacaron una cuenta en dólares con US$ 10.000 y piquito, suma que tiene declarada y con la que, lejos de llevar a inferir que se ha enriquecido en su cargo, el año entrante, con suerte, podrá llevar a sus hijos de paseo a Disney. Hasta a Enrique Peñalosa lo hicieron pasar su mal rato explicando que a él le queda más cómodo que los pagos por trabajos que realiza en el exterior se los hagan a través de una compañía ‘off-shore’.

También salieron a relucir casos de ricos industriales que tienen residencias fiscales extranjeras, por ser ciudadanos de EE. UU., como Alejandro Santo Domingo o Gabriel Gilinsky. En el caso de Luis Carlos Sarmiento, el único de los tres 100 % colombiano, teniendo todas sus empresas en bolsa, es poco probable que sea un evasor de impuestos. Más aún, él solito paga el 3 % de todos los impuestos recaudados en Colombia, cifra que en prácticamente ningún país del mundo un ciudadano aporta solo.

César Gaviria y Andrés Pastrana también fueron denunciados en la ‘lista negra’ de los ‘Pandora Papers’. Los dos han dicho que cumplen a cabalidad con sus obligaciones fiscales. Ya le corresponderá a la Dian avalar si sus afirmaciones coinciden con sus declaraciones de renta.

La pura verdad es que evadir impuestos era fácil. Pero eso ha cambiado en la última década, hasta volverse casi imposible y muy arriesgado. Hay acuerdos de intercambio de información con más de 100 países, que permiten saber no solo cuánta plata tiene una persona en una cuenta en el exterior, sino qué bienes raíces posee, sus yates y hasta en qué obras de arte invierte sus fortunas.

Si las cifras reales de la Dian son que de 45.630 cuentas en moneda extranjera declaradas en el exterior, a septiembre del 2021, solo 5.827 no se han normalizado, es probable que solo el 12 % de los 588 colombianos que menciona el listado todavía estén escondiendo su plata en el exterior. Cuando los cogen, la sanción no es poca. Si la administración detecta activos omitidos en el exterior, puede liquidar un impuesto sobre la renta multiplicado por el valor del activo omitido. Y se tiene que pagar con intereses de mora y, además, con una sanción por inexactitud del 200 por ciento del impuesto liquidado.

Las cuentas bancarias pululan en el exterior porque Colombia es uno de los pocos países que no permiten tener cuentas en dólares dentro del país y la única alternativa es abrirlas por fuera. (¿Más por un rezago del Banco de la República?)

Todos estamos de acuerdo en que los que traten de evadir impuestos sean sancionados. Sin embargo, en el fondo de este informe hay algo más importante que las cuentas en el exterior, que están permitidas: y es el origen de los dineros de esas cuentas. Son muchos los personajes vinculados con la política que salen ricos o millonarios a abrir cuentas bancarias por el mundo, sin ninguna tradición empresarial previa que las justifique, y que desde luego no corresponden con sus antecedentes ni cargos. Es a estos a quienes, sobre todo, deben estar investigando, porque la sola cuenta en el exterior, declarada y todo, no dice nada.

Cada día es mayor el cerco mundial a las fortunas escondidas bajo cuentas protegidas con velos corporativos. Quizás separando las peras de las manzanas este informe hubiera podido mostrarnos lo más interesante que hay en el fondo de ese canasto, y que por ahora vemos borroso. Pero, mientras, Gustavo Petro se frota las manos viendo al establecimiento autodestruirse.

Entre tanto… Hermosa premiación de la Fundación El Nogal a ocho jóvenes que, con sus emprendimientos, construyen país.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-isabel-rueda/los-pandora-papers-columna-de-maria-isabel-rueda-624196

21.37.-Energía offshore: el expresidente César Gaviria en Pandora Papers

El expresidente colombiano César Gaviria Trujillo aparece en Pandora Papers con una nueva sociedad offshore relacionada con el sector hidrocarburos, que evidencia su poca conocida faceta de magnate en diversos negocios. 

El expresidente César Gaviria aparece en Pandora Papers relacionado con una sociedad en Panamá. Jonathan Bejarano

El expresidente de Colombia entre 1990 y 1994, César Gaviria Trujillo, después de ejercer durante dos periodos como secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), se mantiene activo en la política en condición de presidente del Partido Liberal Colombiano y también en la economía con una gama de negocios que incluye el mundo de los seguros, el arte, las consultorías y las inversiones en jurisdicciones con beneficios fiscales.

3 oct 2021.- Como la sociedad en Panamá MC2 Internacional S.A., accionista de una empresa colombiana dedicada al sector de hidrocarburos (MC2 S.A.S. ESP), reportada en el informe de Pandora Papers. (Lea aquí la historia: Café, seguros y poder)

Lea aquí el informe completo de los Pandora Papers en Colombia

La empresa MC2 panameña se constituyó el 16 de julio de 2010. Dos años después, los directores registrados fueron el expresidente César Gaviria Trujillo, su hermano Luis Fernando Gaviria, y el abogado Carlos Humberto Isaza, político y director del Departamento Administrativo de la Función Pública en el gobierno del expresidente liberal. Para la misma época, los accionistas de MC2 fueron las personas jurídicas Aquolina S.A., Menorca Estates S.A., Belmar Administration INC., Havoc Investments Corp y Alfair Overseas S DE RL. (Acciones con nombre propio: el expresidente Andrés Pastrana en Pandora Papers)

Desde Colombia, las gestiones de MC2 Internacional S.A. las adelantó un abogado en Medellín. En julio de 2012, intercambió algunos correos electrónicos con la firma Rosas y Rosas, supuestamente el agente residente, pidiendo una reunión para modificar la estructura de las sociedades a fin de que se ajustaran a unas “necesidades”. La empresa Rosas y Rosas ha sido cuestionada por presuntamente haber recibido pagos por 2,1 millones de dólares por parte de la multinacional brasilera Odebrecht, a través de la sociedad Constructora Internacional del Sur S.A., como informó el diario La Prensa de Panamá. (Pandora Papers: las facturas a nombre del director de la DIAN)

La solicitud del abogado de MC2 panameña fue reenviada por Rosas y Rosas a OMC Group Overseas Management Group, que administraba las sociedades accionistas. OMC Group también ha sido reportada en Pandora Papers por sus malas prácticas en jurisdicciones offshore. En una ocasión, por ejemplo, la firma sugirió cambiar a una sociedad a una jurisdicción menos transparente, cuando se enteró de que una de las dueñas de la empresa era la madre de un colombiano que estaba investigado por la justicia.

El expresidente Gaviria fue contactado por el International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ y la alianza El Espectador – CONNECTAS, para conocer el propósito de esta sociedad offshore, pero no respondió la solicitud. Su hermano Luis Fernando aseguró que MC2 es la que “debe dar respuesta frente a este asunto”. Frente a la pregunta de por qué los nombres de sus accionistas se mantienen ocultos de los registros públicos, respondió que es “connatural en las sociedades anónimas que sus accionistas mantengan la reserva en cuanto a su condición de accionistas. Hacer pública o mantener en privado su condición es exclusivo de sus accionistas “. (“Los paraísos fiscales son una realidad, un problema y un abuso”: Oxfam)

“La información financiera y tributaria de los ciudadanos colombianos está amparada por la reserva documental”, concluyó Luis Fernando Gaviria. Por los registros públicos en Colombia, de MC2 panameña se sabe que es una firma accionista de MC2 colombiana, a su vez una empresa con 14 años de experiencia en el sector del gas natural. Esta compañía fue constituida en 2006 por Luis Fernando Gaviria y, un año después, su hermano, el expresidente César Gaviria, se unió al negocio. Junto al exmandatario, también ingresó al negocio el abogado Carlos Humberto Isaza.

Según la página web de MC2 en Colombia, la compañía inició operaciones con la comercialización, transporte, compresión, almacenamiento y descompresión de gas natural. Dos años después, la empresa anunció su disposición a implementar tecnología de transporte para abastecer de gas natural comprimido a operadores industriales, como Cerámica Italia y Cerámica Andina, y a otras empresas de servicios públicos de Cúcuta, Norte de Santander. Sus operaciones también se extendieron por los departamentos de Antioquia, Boyacá, Córdoba, Chocó y Risaralda.

En 2009, los planes de negocios llegaron hasta Perú, cuando la empresa Corficolombiana decidió realizar su primera inversión en el extranjero y creó, en conjunto con la MC2 colombiana, la empresa Gas Comprimido del Perú (GASCOP), con presupuesto de 15 millones de dólares. El objetivo fue “transportar y comercializar Gas Natural a usuarios industriales como la Cervecería Backus (SAB Miller)” y “crear una red propia de estaciones de GNV, en el norte de Perú, lo cual entró en operación en febrero de 2011″, se lee en el sitio oficial de MC2 SAS ESP.

MC2 asegura también que, en sociedad con la empresa Gas Comprimido de Colombia, suministra Gas Natural Vehicular a la flota de buses articulados y biarticulados para el sistema de transporte masivo, como Transmilenio, Transcaribe y MIO, a través de la estación de servicio EDS AGUAZUL, en Dosquebradas, Risaralda. Además, la compañía tiene alianzas con la estación de servicio (EDS) Todo Gas, ubicada en Pereira, ciudad natal del expresidente Gaviria.

En 2010, según documentos de la Cámara de Comercio, la estructura societaria de la empresa cambió, los accionistas dejaron de ser personas naturales y quedaron en cabeza de MC2 Internacional S.A., la sociedad panameña reportada en los Pandora Papers. En los años siguientes ingresaron nuevos socios, pero César y Luis Fernando Gaviria se han mantenido. Más recientemente, en 2019, en los registros públicos de la empresa colombiana se evidencian contratos entre MC2 S.A.S. ESP con Ecopetrol, “para el mercado secundario” del transporte.

https://www.elespectador.com/investigacion/energia-offshore-el-expresidente-cesar-gaviria-en-pandora-papers/?cx_testId

21.37.-El expresidente Andrés Pastrana en Pandora Papers

Durante una década, el expresidente Andrés Pastrana Arango pudo mantener en el anonimato una sociedad offshore en Panamá y administrar desde ahí parte de su patrimonio familiar.

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, aparece mencionado en Pandora Papers.  Jonathan Bejarano 

Dos meses antes de que Andrés Pastrana terminara su cuatrienio en la Casa de Nariño, realizó gestiones para constituir en Colombia la empresa Salatina Puyana y Cía. Sociedad en Comandita. El hecho se protocolizó el 3 de mayo de 2002 y su propósito, según se lee en los documentos públicos, fue “la precautelación del patrimonio de familia”. Tres años después, la firma creada adquirió la empresa Vanguard Investment Inc, constituida en Panamá a través de OMC Group, una compañía que ofrece servicios “corporativos, administrativos y fiduciarios” en el Istmo, Islas Vírgenes Británicas, Delaware o Bahamas.

Lea aquí el informe completo de los Pandora Papers en Colombia

Según el registro público de Panamá, al que cualquier persona puede acceder libremente, la empresa Vanguard Investment Inc., adquirida por la compañía colombiana de Andrés Pastrana, fue inscrita el 27 de mayo de 2005 como sociedad anónima, con capital social de 10.000 dólares. Cuando se hizo, las regulaciones del Istmo permitían guardar secretos y una de las claves fue manejar la figura de las acciones al portador. Es decir, el dueño de la sociedad era quien tuviera los papeles accionarios en sus manos. Hasta 2016, eso impidió conocer el nombre de los beneficiarios o dueños reales de muchas compañías. (“Los paraísos fiscales son una realidad, un problema y un abuso”: Oxfam)

En el caso de Vanguard Investment, el propósito de la firma Salatina Puyana y Cía. Sociedad en Comandita para comprarla fue ser dueña de una cuenta bancaria en el banco estadounidense Pershing LLC. Al menos así quedó consignado en el formulario de solicitud que Andrés Pastrana diligenció en diciembre de 2016, cuando cambió la regulación y se dispuso que las acciones al portador se convirtieran en nominativas, es decir, que tuvieran dueños identificables, al menos ante el proveedor, en este caso OMC Group.

Sin embargo, a pesar de los ajustes a la nueva regulación respecto a la inutilización de la figura de acciones al portador, el nombre del expresidente de Colombia como beneficiario real de Vanguard Investment siguió ausente en los registros públicos. En la actualidad, en el listado de los miembros de esta compañía panameña solo aparecen los nombres de personas naturales y jurídicas que no dicen mucho a la mayoría de colombianos, menos de que se trate de especialistas en la constitución de empresas en el istmo. (Pandora Papers: las facturas a nombre del director de la DIAN)

En los registros públicos no quedó rastro alguno, pero con base en las revelaciones de Pandora Papers, investigación adelantada por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), y evaluada en Colombia por la alianza de El Espectador y CONNECTAS, queda en evidencia un formulario de 2016 que concluye que los verdaderos dueños de la sociedad son Andrés Pastrana y su esposa, Nohra Puyana, y el objetivo: “Hacer inversiones colombianas en el exterior”. “Así quedó como constancia en los registros de inversión ante el Banco de la República”, pormenorizó el expresidente. (Energía offshore: el expresidente César Gaviria en Pandora Papers)

Al ser consultado por la alianza periodística El EspectadorCONNECTAS, sobre Vanguard Investment, Pastrana explicó que “se buscaba convertir pesos en dólares para internacionalizar un patrimonio” e insiste que la información siempre estuvo disponible al público. “Nunca se ocultó la identidad de los directores, dignatarios y beneficiarios (…) Esta información es pública y consta en el Registro Público, documento equivalente al Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por las cámaras de comercio en Colombia. En cuanto al beneficiario, desde la constitución de Vanguard Investment Inc. ha entender qué son los Pa

En las listas de OMC Group, durante once años la empresa Vanguard Investment apareció como una más de su portafolio, relacionada con un abogado en Miami, que también certificó la referencia bancaria que presentó Pastrana en 2016 para la “asignación” de acciones a Salatina Puyana y Cia. Según datos de mayo de 2021, sus activos ascienden a 5.568.001.862 millones de pesos. Los socios gestores son Andrés Pastrana y su esposa; y sus tres hijos son socios comanditarios. Pastrana aseguró que “Salatina Puyana y Cía ha declarado los activos que tiene Vanguard Investment Inc., incluida la cuenta bancaria y sus rendimientos”.

El expresidente Pastrana puntualizó que “los directores y dignatarios fueron designados por el agente residente de la sociedad Vanguard Investment Inc”. Lo cual es cierto, solo si el dueño de la sociedad lo solicita de manera específica. En el caso del exmandatario, el formulario conocido gracias a Pandora Papers que él diligenció, demuestra que él solicitó a OMC proveer los directores y dignatarios para Vanguard Investments. Contrario a lo que afirma el expresidente respecto de la identidad de los beneficiarios, es imposible conocer su relación con la sociedad offshore a través del registro público de Panamá.

https://www.elespectador.com/investigacion/acciones-con-nombre-propio-el-expresidente-andres-pastrana-en-pandora-papers/

21.37.-Respuesta a la ex jefe del DAS Pilar Hurtado RAMIRO BEJARANO

Foto: Noticias RCN María del Pilar Hurtado pide excusas públicas

Acuso recibo de su nota del pasado 7 de octubre por medio de la cual, para los fines de “atender a la decisión de la H. Corte Suprema de Justicia”, nos presenta excusas públicas a varias de las víctimas de la guerra sucia que usted ejecutó en contra nuestra, al menos entre el 30 de agosto de 2007 y el 22 de octubre de 2008, si no desde antes, mientras fue directora del DAS en el segundo gobierno de Álvaro Uribe.

Respuesta a María del Pilar Hurtado

10 oct 2021.- Hubiera preferido que su pedido de perdón se hubiese producido espontáneamente y no ahora, un lustro después de que resultó condenada penalmente, cuando le interesa acreditar que atendió el fallo de la Corte, seguramente para hacerse acreedora, por fin, del beneficio de libertad condicional que le fue negado recientemente o para aminorar las condiciones bajo las cuales está purgando la pena de 14 años de prisión. Créame que si esa estrategia judicial le sirve para sus propósitos, espero que le resuelva los pesados problemas que la afectan con toda su familia.

En cualquier caso, tengo que señalarle que no siento que sus excusas sean sinceras, reparadoras y menos oportunas. En efecto, las víctimas seguimos teniendo derecho a que se nos revele la verdad, que no es tan sofisticada de recordar. Por ejemplo:

  • ¿Fue suya la decisión de espiarnos y vigilarnos al menos por 14 meses desde el DAS, o de Álvaro Uribe, o de José Obdulio Gaviria o de los tres?
  • Si fue solo su iniciativa, ¿enteró a Uribe de esa cruzada?
  • ¿Qué uso le dio a la información recaudada sobre nuestras vidas privadas, familias y actividades profesionales?
  • ¿Quién o quiénes recibieron la información recaudada por el DAS?
  • ¿Tuvo usted consideración de que para la época de ese espionaje despiadado mis hijas eran menores de edad?
  • ¿Por qué fue necesario ese procedimiento delictual en mi contra? ¿Fue una represalia por mis columnas en este periódico, o una medida para controlarme como uno de los tres abogados que, en compañía de los juristas Alfredo Beltrán y Yesid Reyes, asumimos la defensa del entonces magistrado y presidente de la Corte, César Julio Valencia, en la denuncia que por injuria y calumnia le fuera formulada por Uribe ante la Comisión de Acusación, o ambas cosas?
  • Y finalmente, ¿por qué nunca se ha decidido a revelar toda la verdad y denunciar a sus cómplices? ¿Qué o quién se lo impide? ¿Ha recibido amenazas que le impiden hablar? ¿A quién protege con su silencio?

Tal vez, doctora Pilar, si usted hubiese asumido la tarea de revelar el temible entramado de cómo fueron esos años de terrorismo de Estado, del que no fue la única protagonista, probablemente estaría en paz consigo misma y completamente resocializada. Lamento que otra hubiese sido su decisión, sobre todo porque al pedir excusas todo parece indicar que la intención es echarle tierra a este vergonzoso episodio que le hizo daño al país, a nuestras familias y a nosotros mismos.

Aún recuerdo un encuentro ocasional al coincidir en una función de teatro, cuando siendo ya usted exdirectora del DAS, en presencia de quien la acompañaba y también de mi esposa, me aseguró, en medio de sonrisas, no haber ordenado nada ilegal en mi contra. Yo le creí, tengo que admitirlo, porque jamás imaginé que quien había sido mi alumna en una prestigiosa facultad de Derecho, donde usted se hizo abogada, perdiera el resorte moral y se decidiera a hostigar a uno de sus profesores y amigos para cumplirle al Gobierno. Me equivoqué creyéndole. No me arrepiento ni me avergüenza haber sido ingenuo, pero espero que la vida le dé la oportunidad sincera de ofrecer perdón por sus faltas. Si eso sucede y aún hay vida en mi corazón, estaré dispuesto a recibir sus excusas sin el apremio de que usted tenga que cumplir tardíamente un fallo condenatorio para recobrar su libertad.

Adenda. Contundente el rechazo de 64 respetables organizaciones colombianas a la candidatura del exmagistrado Carlos Bernal Pulido para incorporarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque consideran que la presencia de este agente del Gobierno de Duque en esa institución “erosiona los derechos humanos, afecta poblaciones vulnerables”, por falta de compromiso del aspirante “con el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos”. Por algo Bernal dejó plantados a los evaluadores que pretendieron entrevistarlo.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/respuesta-a-maria-del-pilar-hurtado/

21.37.-¿Por qué no hay justicia para la masacre de El Aro? CECILIA OROZCO

Mientras se realizan —esta semana— las audiencias del caso Uribe Vélez, por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal en que la Fiscalía pretende que el exmandatario sea absuelto en contravía de los graves indicios de responsabilidad penal hallados por la Corte Suprema, en el ente investigador no se mueve una hoja del ya apolillado expediente de la masacre de El Aro (municipio de Ituango), ocurrida en 1997, cuando el gobernador de Antioquia era el mismo Uribe.

 

6 oct 2021.- A finales de agosto del año pasado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema tuvo que enviarle a la Fiscalía el proceso por compra de testimonios cuando el expresidente renunció al Senado en una maniobra para que el alto tribunal —que había ordenado su detención domiciliaria— perdiera la competencia. El truco con que Uribe buscaba eludir el examen colegiado de sus actos funcionó (ver). La Corte le entregó la totalidad de sus hallazgos a Barbosa, el laxo. El despacho del fiscal general se estremeció de alegría y, desde entonces, este y su marioneta Jaimes no han dejado de urdir interpretaciones para conseguir la preclusión del exsenador. Quince días después, en septiembre del 2020, la Corte, que también perdió la posibilidad de investigar a Uribe en los demás casos, remitió a la Fiscalía la indagación previa, contra él, por la masacre de El Aro (ver) y por las de La Granja y San Roque, además del proceso por el homicidio del concejal de Ituango y veedor ciudadano Jesús María Valle, en hechos que fueron unificados con fines de investigación judicial y que ocurrieron a finales de los 90.

La Fiscalía ha exhibido, en esos dos procesos, una conducta bipolar: en el primero, ha acelerado la ejecución de sus etapas para darle un triunfo al investigado que le sea útil para las elecciones del 2022; en el segundo, el de las masacres, no ha hecho nada. Entre tanto, en los tribunales de justicia que no dependen de las veleidades de los fiscales de turno sí han pasado cosas: Colombia fue castigada con una condena de la Corte IDH, en 2004 (ver). E internamente esos hechos abominables fueron declarados crímenes de lesa humanidad, en 2018 (ver). Lo curioso es que, mientras que la Nación ha sido condenada y algunos autores materiales purgan su pena en cárcel, el o los autores intelectuales continúan impunes 24 años después. Pero no por azar. Una mano poderosa lo impide.

De otro lado, en la desprestigiada Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se cuecen habas. Allí se abrió (Oficio 0767 D-17), el 18 de marzo de 2008, hace 13 años y seis meses, un expediente “por la posible participación del doctor Álvaro Uribe Vélez en la masacre de El Aro”, enviado por la fiscal 17 especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Sobra decir, pues todos lo sabemos, que en los dos años finales del segundo mandato Uribe, los dos cuatrienios de Santos y los tres años de Duque no iba a tomarse en ese recinto alguna decisión sin que lo supiera el imputado que tiene, para cuidarle sus espaldas, a varios parlamentarios de su bancada. Al poco tiempo de iniciado el gobierno Duque y sin sorteo previo ni disimulo, el presidente uribista de la Comisión entregó el expediente de El Aro a su copartidario Óscar Villamizar, uno de los peor reputados del Centro Democrático. Como se esperaba, Villamizar ignoró el proceso: a ver, ¿se iba a meter a indagar la conducta de su jefe, el jefe de sus padres, condenados por sus propios delitos?

Pero la presión externa de congresistas independientes lo obligó a citar, en abril pasado, a Mancuso para que declarara sobre las relaciones de los paramilitares con el exgobernador y expresidente. Los medios informaron que el exparamilitar se negó a hablar cuando supo que el representante investigador era un subalterno del indagado (ver). El desarrollo posterior fue milagroso: el procurador delegado recusó a Villamizar. Este, nuevo presidente de la Comisión, se opuso a entregar el expediente. Ante las razones de bulto que respaldaban la recusación, varios representantes, entre estos los independientes y algunos de la coalición gubernamental, avergonzados por la trampa, debatieron en el pleno de la Comisión el caso. El uribismo recalcitrante ordenó cerrar filas. Sin embargo, en una segunda sesión, de septiembre, la mayoría (9) votó a favor de repartirle el expediente a alguien que no pertenezca al Centro Democrático. También sabemos que el uribismo no se deja vencer aun cuando tenga que acudir a procedimientos poco democráticos: sacó de la Comisión a los que considera “tibios” entre sus filas: Gabriel Santos y Edward Rodríguez, y puso a un par de chacales: Gabriel Jaime Vallejo y Juan Manuel Daza, dispuestos a clavarle los colmillos a quien se meta con Uribe. Amanecerá y veremos. La impunidad dura y dura pero no para toda la vida.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/por-que-no-hay-justicia-para-el-aro/

  • 21.36.-Un escándalo de moralidad no puede sepultar otros CECILIA OROZCO
  • Perrero de los malcriados YOHIR AKERMAN

Aunque la justicia le llegó al justiciero, todavía falta que sea de manera completa. Eso es lo que sucedió en el caso de Marcos de Jesús Figueroa García, mejor conocido por Marquitos Figueroa. Un juez especializado de Bogotá lo declaró culpable por tráfico de armas, concierto para delinquir y el asesinato de la exalcaldesa de Barrancas Yandra Cecilia Brito.

Pero falta.

3 oct 2021.- A Marquitos Figueroa también se le acusa del asesinato del señor Henry Ustáriz Guerra, esposo de Yandra Brito. Ese crimen antecedió y fue la causa del asesinato de la exalcaldesa de Barrancas, La Guajira. Es un poco ilógico que el juez desestimara las pruebas para condenar a Marquitos Figueroa por el homicidio de Guerra, pues este crimen desencadena y está correlacionado con el de Brito.

Para explicarlo mejor vamos al principio.

Marquitos Figueroa desde muy joven empezó a cargar con orgullo un temerario apodo que le pusieron en La Guajira, de donde es oriundo, por su deplorable comportamiento de inquisidor. En esa región lo bautizaron con el alias de ‘Marquitos, perrero de los malcriados’.

El sobrenombre se debía a que algunas madres de muchachos inquietos de la región acudían al justiciero para que corrigiera y asustara a como diera lugar a sus necios hijos. Así empezó este deplorable y probado asesino su carrera criminal. Tiempo después le llegaron las mismas peticiones por parte de alcaldes, diputados, comerciantes, potentados empresarios y hasta de gobernadores, para que hiciera justicia con los que supuestamente se la merecían. Ahí entra el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, alias Kiko Gómez.

Incluso, como lo ha contado el periodista Pacho Escobar, en una canción titulada ‘Descarga de besos’, en el minuto 1:48, el cantautor vallenato Jorge Oñate le hizo un homenaje al perrero, mencionándolo con ahínco como si se tratara de un prócer de la Costa. Tal vez por ello es que en las denuncias que le hicieron al artista mientras vivió respecto del asesinato de Efraín Ovalle, se aseguró que el mandado se lo hizo Marquitos Figueroa. Oñate negó hasta su muerte haber participado en ese delito, pero la música seguirá estando ahí siempre para hacerle homenaje a este criminal.

Ay, hombe.

Cuando Marquito se convirtió en el nuevo dueño del tráfico y contrabando en la frontera con Venezuela en el 2004, fue el máximo cabecilla de una estructura conocida como ‘Los Curicheros’, responsable de distintas actividades ilícitas, como narcotráfico y tráfico de hidrocarburos en La Guajira y zona de frontera con el vecino país.

Como tal, el 31 de diciembre de 2007, cuando finalizó el periodo de Yandra Brito, como alcaldesa de Barrancas, La Guajira, el señor Kiko Gómez se reunió en una finca de su propiedad con Marquitos Figueroa, con el fin de planear el crimen del señor Henry Ustáriz Guerra.

Gómez apoyó políticamente a Yandra Brito en la campaña para la Alcaldía en el periodo 2004-2007, lo que generó que el exgobernador le exigiera cuotas económicas, tras salir victoriosa. Sin embargo, ya como mandataria local, ella se negó a pagar los dineros, por lo que habría recibido amenazas del entonces temible gobernador.

Y las amenazas se cumplieron con el asesinato de su esposo Henry Ustáriz Guerra. Así, el 8 de julio de 2008, Yandra Cecilia Brito presentó denuncia ante el director seccional del CTI de Riohacha. Señaló como autor intelectual a Kiko Gómez, quien, según ella, contó con la colaboración de otras personas. Entre ellas, quien era conocido como su jefe de sicarios, el famoso justiciero o perrero de los malcriados, Marquitos Figueroa.

No solo eso. Yandra Brito le envió una carta al entonces Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, al procurador Alejandro Ordóñez y al entonces presidente Álvaro Uribe, en la que les pedía protección y aseguraba: “tal como lo señalé en la denuncia mis hermanos Saúl Javier, Saúl Rafael Brito Castillo y mi persona; hemos venido siendo amenazados telefónicamente por secuaces del señor Juan Francisco Gómez Cerchar, Kiko Gómez. Amenazas que empezaron dos meses después de la muerte de mi difunto esposo, originadas en el hecho de que estábamos investigando los motivos de su asesinato…”.

Nadie reaccionó al pedido y el exfiscal Iguarán ni siquiera recuerda la carta. De pronto porque, según lo ha documentado el periodista Gonzalo Guillén, Mario Iguarán fue abogado de Kiko Gómez Cerchar “como representante de víctimas en un proceso de Medellín”.

Terminemos, porque la muerte también le llegó a Yandra Brito.

En el libro “Lo que no borró el desierto” de la periodista Diana López Zuleta, se cuenta la historia en la que se da ese asesinato como regalo de cumpleaños para el señor Kiko Gómez. El 15 de agosto, día del cumpleaños de Kiko, uno de los invitados a la reunión recuerda que el entonces alcalde de Barrancas, Juan Carlos León Solano, sucesor de Yandra, le preguntó al exgobernador:

-¿Compadre qué quiere de cumpleaños? ¿A Yandra o a Bladimiro?

-Quiero a los dos muertos, pero primero a Yandra porque es la que está jodiendo, respondió Kiko.

Solo 13 días después, el 28 de agosto de 2012, mataron a la exalcaldesa Yandra Cecilia Brito de ocho balazos, disparados en ráfaga desde una moto en el barrio Guatapurí de Valledupar. Todo coordinado por Marquitos Figueroa, el perrero de los malcriados. Misma mano criminal que, en alianza ilegal con Kiko Gómez, ejecutó más de 130 homicidios en la región, entre ellos al concejal Luis López, padre de la periodista Diana López.

Por eso es muy importante el fallo condenatorio por el asesinato de la exalcaldesa Yandra Cecilia Brito. Pero a la justicia le falta seguir administrando condenas por todos los otros atroces delitos de esta organización delictiva, que incluyó al exgobernador de La Guajira y a su perrero de los malcriados, Marquitos Figueroa.

Corrección. En la columna del domingo pasado, titulada “Caza de citas”, establecí que la funcionaria Jenny Adriana Barreto Esquivel autorizó el ingreso del señor Luis Fernando Duque Torres, representante legal de Centros Poblados, a la Dirección de Infraestructura del Mintic el 27 de octubre de 2020. Ese fue un error del que la funcionaria Barreto me hizo caer en la cuenta, ya que ella autorizó el ingreso del señor Duque Torres a las instalaciones del Mintic el 27 de noviembre de 2020, fecha en la cual estaba programada la audiencia de adjudicación. Gracias.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/perrero-de-los-malcriados/

21.36.-Un escándalo de moralidad no puede sepultar otros CECILIA OROZCO

Un escándalo de corrupción oficial no puede ser motivo para olvidar otro, pero esto es lo que suele ocurrir en Colombia en donde, siendo realistas, no se descubre ni la tercera parte de los actos ilícitos que se cometen en el sector público.

28 sep 2021.- Lo intuimos los periodistas que somos confidentes de funcionarios honrados pero agobiados y frustrados porque no pueden renunciar a su salario y —por eso mismo— tampoco pueden denunciar a aquellos que delinquen a pesar de que lo hagan con descaro y ante las narices de muchos.

El escándalo que dejará marca indeleble en el gobierno de Iván Duque, el que se fraguó en el ministerio de Abudinen mediante el contrato de $1,07 billones (¡billones!) que ella y su equipo le adjudicaron a la Unión Temporal Centros Poblados, ocupa la atención de la prensa y las redes, con toda razón. Pero la exministra, sus abogados estrategas y sus mensajeros digitales ya empezaron a echar tiros al aire para distraer la atención de los reporteros investigadores y, con ese modito amistoso-engañoso, conseguir simpatías mediáticas con el fin de que la vayan excluyendo del lío de la defraudación de dineros estatales cuya cuota inicial fue de $70.000 millones.

Abudinen, la responsable política obvia de este enredo aunque no la única, va ganando, por ahora: el presidente de la República la respaldó en sus declaraciones sin que le importara el costo para su administración y le permitió presentar su caída como si fuera una renuncia voluntaria al ministerio; su partido, Cambio Radical, el uribismo y el resto de sus bancadas coligadas en el Congreso sabotearon la moción de censura en su contra, untándose, también ellos, del detritus maloliente que expele el contrato; será “investigada”, disciplinariamente, por su amiga social y paisana de región y ciudad, Margarita Cabello; y en materia penal, por el compañero de Duque, Barbosa quien, sin disimulo, le designó al fiscal que confecciona argumentos jurídicos a la medida: Gabriel Jaimes, el perfecto para ella como lo ha sido para Uribe.

A propósito del expresidente exsenador, nadie, excepto unos cuantos comunicadores, se ha vuelto a interesar en el escándalo que significa para la democracia la campaña de persecución contra los jueces pulcros que se atrevieron a indagar su conducta, campaña que, por cierto, puede derivar en riesgos para la honra y vida de los togados; ni en el otro gran escándalo de corrupción judicial —por el favorecimiento ilegal desplegado— en que se ha constituido el proceso que cursa en la Fiscalía para absolver al exmandatario del tipo penal de soborno a testigos, el más pequeño de sus problemas con la ley.

Otros fantasmas de mayor entidad delictiva que inquietan al exmandatario rondan, desde hace décadas y en forma de expedientes irresolutos, por los despachos judiciales. Si bien hasta el Estado colombiano ha sido condenado internacionalmente por la connivencia militar, policial y civil oficial con la masacre de El Aro (toma del pueblo por 200 paramilitares, secuestro de sus 400 habitantes, tortura y asesinato de 19 y destrucción de viviendas y tiendas, en 1997), al gobernador de Antioquia de la época, Álvaro Uribe Vélez, no se le ha adelantado un proceso penal, sea para absolverlo, sea para condenarlo, por ese crimen de lesa humanidad cuyas atrocidades no sucedieron de manera sorpresiva: pasaron después de una preparación de semanas, un recorrido de la banda armada por rutas controladas por las autoridades y con una ejecución de toma y matanza de la población que duró cinco días en los que jamás llegó la Fuerza Pública dominada por el bravucón que dirigía, entonces, los destinos del departamento antioqueño.

La masacre de El Aro ha sido relatada mil y una veces en libros de investigación y en informes de organismos colombianos e internacionales de derechos humanos; ha sido mencionada en decenas de decisiones judiciales, pero al jefe político regional no se le ha tocado más allá de nombrarlo tangencialmente. ¿Por qué? Habrá que averiguar cómo se mueven para impedirlo. Otro escándalo de moralidad pública que no hay que olvidar.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/un-escandalo-de-moralidad-no-puede-sepultar-otros/

 

  • 21.35.-Pongámosle seriedad: el palo no está para cucharas CECILIA OROZCO
  • Caza de citas en el Mintic YOHIR AKERMAN
  • La pesadilla de ElectricaribeAMYLKAR ACOSTA 
  • “Dados cargados” para las próximas elecciones: RAMIRO BEJARANO
  • ¡Manos arriba! AURELIO SUÁREZ

Cunde el pánico porque además se perciben la falta de una política integral de seguridad, sin diagnóstico certero, y palos de ciego en las medidas correctivas.

La inseguridad es tema prioritario de la agenda urbana en Colombia. Invamer dice que para 96 por ciento de la opinión está empeorando; Ecoanalítica, que el 15,3 por ciento lo ve como “primer problema”; Datexco, que 5 por ciento percibe mejoras. SEMANA-CNC mostró las secuelas sobre la favorabilidad de las distintas autoridades.

25 sep 2021.- Cunde el pánico porque además se perciben la falta de una política integral de seguridad, sin diagnóstico certero, y palos de ciego en las medidas correctivas, como que se puede “disuadir” con 350 soldados de PM o con aumentar las penas a “los recurrentes” o que con sesgos xenófobos o que con culpar a los jueces se explican las causas. Experiencias internacionales, que podrían acogerse, no pasan por la mente del jefe nacional de la Policía, Iván Duque, y menos por la del ministro Molano, el del “protestódromo”, algo que mueve más a risa que a indignación.

Por ejemplo, el BID (2016), en ‘Delitos violentos en ciudades de América Latina’, afirma: “No comprender las causas de la delincuencia y descartar evidencia puede conducir a que los tomadores de decisión implementen estrategias ineficaces”. Definió cuatro factores concomitantes con el crimen: 1) Las penurias económicas; 2) La inestabilidad residencial, para los delitos contra la propiedad y lesiones; 3) La combinación de desintegración familiar, ausentismo escolar y estructura de edad de la población y 4) el consumo de alcohol. Sin desconocer particularidades, como en Colombia, donde contribuyen remanentes del conflicto armado y el narcotráfico.

También un compendio de The Guardian (junio 2015), ‘24 medios para reducir el crimen en las más violentas ciudades del mundo’, aporta otras ideas: “No usar lenguaje violento” (Padayachee); hacer “balance entre represión y prevención” (Muggah y Leite), y tratar la “violencia virtual”; incidir en la cultura por la convivencia y asistir con programas a asociaciones comunitarias y escuelas (De Boer-ONU); “atender la desigualdad” (Leite) y “reforzar controles de las armas ilegales” (Overton), que en Colombia crecieron de dos millones a 4.267.790 en 25 años, cuyo uso, fuera de homicidios, se triplicó hacia hurtos (www.ideaspaz.org). Rajados en todo.

Según la estadística delictiva (Policía Nacional) en el país, desde 2015 se cometen más de 12.000 homicidios al año. El robo a comercios se disparó de 23.060 a más de 60.000 en 2017, 2018 y 2019. Por la pandemia bajó, pero en 2021, con 25.000 que iban en agosto, pasarán de 40.000. El hurto a personas se triplicó entre 2015 y 2019, de 101.449 a 306.847, y descendió por la cuarentena, pero en 2021, a golpe de 21.000 mensuales, llegaría a 250.000, a 29 por hora, uno cada dos minutos.

En Bogotá se cuentan 271 atracos personales diarios, y a agosto 31 iban 65.207, tantos como en ese mes de 2018. Por hora se roban seis celulares y más de una bicicleta, y cada 120 minutos, una motocicleta (Secretaría de Seguridad y Convivencia). Se insiste en que “La guerra mundial contra las drogas es gran generadora de crimen, violencia e inseguridad” (Platt). En Colombia urbana es relevante. Aunque el consumo de sustancias ilícitas pasó del 2,7 por ciento de la población al 3,75 por ciento en una década, las capturas conexas con estupefacientes van en contravía: pese al mercado creciente, pasaron de 249 diarias en 2013 a 150 en 2019 (Cálculos-datos de MinJusticia y Gicri).

Sobre el microtráfico y las armas ilegales, se dice: “Todo se agrava en la medida en que las fuerzas de seguridad comienzan a confiar en estructuras corruptas”. La Policía Nacional no está exenta. Al consultar en Google “Policías corruptos en Colombia”, aparecen 894.000 resultados, más que en Ecuador, México y Francia, entre 420.000 y 768.000, pero menos que en Brasil y España, encima de un millón, fuera de reiteradas culpas en la observancia de los derechos humanos. En mayo de 2016, una “purga general” expulsó a “más de 2.000 uniformados” (SEMANA, mayo 2016). Entre 2016-2017 se destituyó por diversos delitos a 1.160 agentes, 54 por ciento por concierto para delinquir (MinDefensa). En 2018 había 2.488 policías detenidos (El Colombiano, 6 de noviembre de 2018). En Bogotá, entre junio de 2016 y 2019, se destituyeron a 547 (Publimetro) y un coronel y varios policiales fueron brazo de “ganchos” del Bronx.

“Si la sal se hizo insípida”, ¿quién le devolverá sabor? El debate debe iniciar por ahí y coincide con tres proyectos de ley, dos oficiales y uno de la oposición, para reformar a la Policía, de los que el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, ya anunció que se aprobará el “que el gobierno quisiera” (Navas). Gómez pone así “¡Manos arriba!” a sus colegas, mientras el Modelo de Transformación Institucional (MTI) propuesto por una comisión consultiva en 2017, con glosas sobre salarios, reclutamiento y transparencia en investigaciones internas, sigue engavetado.

https://www.semana.com/opinion/articulo/manos-arriba/202127/

21.35.-Pongámosle seriedad: el palo no está para cucharas CECILIA OROZCO

Cosecha de candidatos y frustraciones. Foto Colombia

El caballista casanareño Josué Alirio Barrera, tan cercano a Uribe como parece ser y tan similar en su gusto por las jornadas de doma y la pinta de vaquero venido a más, es otro de los 60 aspirantes a presidir el Gobierno colombiano después de Iván Duque, quien, según dicho de un amigo, “ha dejado el palo’e mango muy bajito”, o lo que es lo mismo, la vara para medir al Ejecutivo, al alcance de cualquiera.

22 sep 2021.- El de Barrera es el más reciente nombre de la lista de precandidatos del partido del exsenador expresidente y nos lo han presentado como una maravilla de ser apolítico que llegó a la Gobernación de su departamento caído del cielo para hacer milagros en su región. Viene a completar —con su historia idealizada— el aburrido cuadro de los uribistas que pretenden reemplazar, haciéndolo olvidar, al saliente mandatario: Óscar Iván Zuluaga, Paloma Valencia, Rafael Nieto, María Fernanda Cabal y hasta Edward Rodríguez.

Uno no sabe si alguno de estos se ha inscrito en la competencia presidencial porque su exceso de autoestima le hace ver alucinaciones o si, de vivo, anda consiguiendo, por vía de engaño, votos para su curul en el Congreso del 2022 cuando se supone que no tendrá el arrastre electoral del patrón.

El caballista Barrera no es ajeno a la politiquería de caciques, clanes y casas de los territorios nacionales: se alió y ascendió al lado del mal reputado excongresista José Rodolfo Pérez, un maltratador de mujeres que fue denunciado por sus nexos con alias Martín Llanos, el tenebroso paramilitar que actuaba en esa zona; que fue mencionado por el abogado del cartel de la toga, Luis Gustavo Moreno, como uno de los clientes de los corruptos Bustos, Ricaurte y Malo; que fue financiado por el timador de DMG, David Murcia, y que es hermano del fallecido Miguel Ángel Pérez, también exgobernador y condenado por parapolítica. O sea que el pintoresco hombre del sombrero llanero encaja mejor como neobarón electoral que como personaje de leyenda.

El uribismo no es la única colectividad que cuenta con una frondosa cola de candidatos a presidente. Según un bien documentado artículo de El Nuevo Siglo (ver), hasta el viernes pasado, la cuenta de aspirantes a suceder a Duque iba en 59, 30 de los cuales se someterían a las normas de sus desangelados partidos y 29 se habían inscrito para recoger firmas en la calle con sus propios movimientos: una locura si se considera que, de acuerdo con la citada nota, cada uno debe demostrar que consiguió, mínimo, a 580.000 ciudadanos presuntamente dispuestos a votar por él. Sumadas las firmas que lograrían todos antes de que termine este año, resultarían cerca de 17 millones en el menor de los casos pues todos tienden a presentar un número superior. Como se sabe, la Registraduría debe verificar las rúbricas, una por una, para constatar su autenticidad. Ignoro si esa entidad cuenta con un programa digital que haga la tarea con precisión.

Entre los 29 precandidatos con movimientos recién creados, se encuentran algunos que pueden tener posibilidades de llegar a la carrera de mayo y junio del 2022 y otros que juegan con la democracia: nadie los conoce ni los conocerá. Unos nombres con trayectoria pública: Alejandro Gaviria, Colombia tiene Futuro; Enrique Peñalosa, Colombia Posible; Federico Gutiérrez, Creemos Colombia; Francia Márquez, Movimiento Político Soy porque Somos; Juan Carlos Echeverry, Vamos pa’lante con Echeverry; Roy Barreras, La Fuerza de la Paz. Otros de menor reconocimiento: Rodolfo Hernández, Miguel Ceballos, Luis Pérez Gutiérrez, Carlos Alfonso Velásquez.

Unos más se anotaron por diversión: Álvaro López, La Purga; Efraín Torres, Eliminemos las Ratas Políticas Marcando Aquí; Alejandro Tiquidimas Fernández, Movimiento la I. Y quienes invocan la patria de manera sesgada: Publio Hernán Mejía (condenado y compareciente ante la JEP), Primero la Patria; Jaime Arturo Fonseca, Republicanos Patriotas de Colombia; Rafael Capacho, Movimiento Republicano Patriota.

La norma que permite aspirar a la Presidencia de la República mediante firmas se estableció para abrir el sistema político y para que los colombianos que no cuenten con las máquinas de avales partidistas puedan participar. Pero hay que ponerle coto al chiste y a la vagabundería, empezando por impedir que quien le firme a un candidato pueda hacer lo mismo para uno, dos o tres más. El palo no está para cucharas.

Entre paréntesis. Al artículo de El Nuevo Siglo, con todos los datos que contiene, le hizo falta un nombre: Gustavo Petro, el de mayor opción, hoy, a repetir segunda vuelta presidencial y, tal vez, a ser el sucesor de Duque.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/pongamosle-seriedad-el-palo-no-esta-para-cucharas/

21.35.-Caza de citas en el Mintic YOHIR AKERMAN

Todo parece indicar que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) se arrojó en brazos de la unión temporal Centros Poblados para que ese contrato saliera adelante. O no saliera. Así lo demuestran el número de citas que se hicieron antes, durante y después del acuerdo. Y los perfiles de los funcionarios que asistieron a esas reuniones.

Me explico.

26 sep 2021.- Desde el 22 de enero de 2020 hasta la fecha, se han logrado identificar casi 400 citas asociadas al proyecto Centros Digitales en la sede principal del Mintic, que es el famoso edificio Manuel Murillo Toro, antigua sede del Convento de Santo Domingo, cuartel general de la Inquisición desde 1550. Un dato que parece irrelevante, pero no lo es.

En total son 396 reuniones sólo para ese proyecto, que son muchas, muchas, muchas más que las que se han dado para cualquier otro proyecto o contrato en manos de ese Ministerio durante el mismo periodo.

Así lo pudo determinar un grupo de investigadores del Instituto Anticorrupción, que preside Camilo Enciso, el cual realizó una revisión exhaustiva de 12 agendas de registros de entrada del edificio, relativos al proceso de diseño, adjudicación y supervisión del contrato FTIC-LP-038 del 18 diciembre de 2020, al igual que un repaso pormenorizado de las agendas de todos los funcionarios de rango directivo de la entidad desde agosto de 2018 a la fecha.

Pues bien, el funcionario con mayor cantidad de reuniones asociadas al desarrollo de ese proyecto fue el señor Camilo Alberto Jiménez Santofimio, quien ejerció como supervisor del contrato, con 164 reuniones. ¿Cuándo fue la última vez que usted, lector de esta columna, se reunió más de 150 veces para un proyecto? Es evidente que 164 reuniones son muchas para que esa platica se haya esfumado milagrosamente. ¿O no?

El Instituto Anticorrupción encontró registro de 25 citas en las que asistió la, hasta hace poco, ministra Karen Abudinen, relacionadas con el desarrollo del mismo proyecto. De estas reuniones, 14 fueron previas a la firma del contrato y 11 fueron después de firmado.

Una de las reuniones, el 15 de octubre de 2020 a las 4:30 p.m., solo dos meses antes de la firma del acuerdo, contó con la presencia del señor Víctor Muñoz Rodríguez, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República desde el 2 de mayo de este año. Para el momento del contrato con Centros Poblados, Muñoz ejercía como, nada más ni nada menos, consejero presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital. Es decir, algo así como el sumo pontífice en la materia.

Tan solo una semana después de esa reunión, el señor Luis Fernando Duque Torres, representante legal de Centros Poblados, quien se encuentra detenido por la Fiscalía, ingresó a la Dirección de Infraestructura del Ministerio el 27 de octubre de 2020. La funcionaria que autorizó su ingreso fue Jenny Adriana Barreto Esquivel, quien se desempeña como contratista del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Duque Torres fue capturado el pasado 20 de septiembre con el reconocido delincuente Emilio Tapia, uno de los vinculados en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. Parafraseando el viejo refrán: dime con quién andas y te diré cuántos años de cárcel te esperan. A menos que seas un alto jerarca, claro.

Según los testimonios, chats y documentos de la Fiscalía, Tapia dominaba la unión temporal Centros Poblados desde la sombra. El abogado de Centros Poblados, Jorge Pino Ricci, también entró varias veces a la Subdirección Contractual del Ministerio a reunirse con funcionarios en diciembre de 2020.

Existen versiones que establecen que Tapia, Duque y otros testigos han empezado a negociar y han dicho a la Fiscalía que existen nexos políticos del más alto nivel involucrados en la adjudicación del contrato, al igual que en evitar la caducidad y sanción mayor para la unión temporal Centros Poblados.

Grave.

Por eso hay que mirar que en total fueron 12 funcionarios con cargos directivos del Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones involucrados con el proceso contractual. 12 apóstoles que participaron de esas casi 400 citas con las personas que hicieron lo de la Custodia de Badillo con los $70.000 milloncitos.

Del total de las reuniones analizadas, 252 se realizaron con anterioridad a diciembre de 2020, momento de la firma del contrato. Las 144 citas restantes se realizaron con posterioridad a la ejecución del acuerdo. Durante el cuarto trimestre de 2020 se encontró registro de 124 reuniones del proyecto, mientras que durante el primer trimestre de 2021 fueron 104.

El mes con mayor intensidad de reuniones sobre la ejecución del proyecto fue enero de 2021, con evidencia de 60 citas. De nuevo, estas son únicamente las que se presentaron en la sede presencial del Ministerio. Eso, sin contar videollamadas, llamadas telefónicas, chats, reuniones en otro lugar, correos, confesiones, susurros, compra de indulgencias, lavados de agua bendita y otras gestiones sanctas y non sanctas.

Del total se encuentran los siguientes funcionarios del Ministerio con el mayor número de reuniones: Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general, con 46; Iván Antonio Mantilla Gaviria, exviceministro de Conectividad, con 47; Walid Jalil David Nasser, viceministro de Conectividad, con 24; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual, con 46 juntas, y por supuesto Jiménez Santofimio, exdirector de Infraestructura. Este último resultó bendecido con nada menos que 164 reuniones para el tema de Centros Poblados.

Hasta ahora la Procuraduría ha formulado pliego de cargos y ordenó el inicio de procedimiento verbal disciplinario en contra de los funcionarios Meza Consuegra, Orjuela Méndez y Jiménez Santofimio.

Pero todo parece indicar que el escándalo no para ahí. Hay indicios de que otras personas, incluso por fuera del Ministerio, podrían tener velas en el asunto. El problema es que la Procuraduría, firme monaguillo del Gobierno, seguramente querrá enviar a la hoguera a los cargos medios altos, para chamuscar el escándalo y contener las consecuencias. Un par de avemarías y abundantes indulgencias para los de arriba.

Amanecerá y veremos. Los que no verán nada son el 1,2 millones de estudiantes de los colegios de zonas rurales apartadas, para los cuales estaba diseñado el programa. Se robaron el dinero con que se pretendía conectarlos al mundo de la educación y la tecnología. Una profunda tristeza, ya que solo les queda rezar.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/caza-de-citas/

21.35.-La pesadilla de ElectricaribeAMYLKAR ACOSTA

ELECTRICARIBE le jugó sucio a sus 2.7 millones de sufridos usuarios y al Estado colombiano. Esta empresa, controlada por la española Gas Natural Fenosa (GNF), hoy Naturgy, durante 22 largos años fue el operador de red y prestador del servicio de energía eléctrica a 7 de los departamentos del Caribe colombiano .

 

24 sep 2021.- Como es bien sabido, durante este tiempo se dedicó a explotar inmisericordemente este mercado y se abstuvo de hacer las inversiones a las que estaba obligada, lo que derivó en un progresivo deterioro de la calidad del servicio que prestaba. Y no era para menos, la obsolescencia de las redes de transmisión y distribución local, la sobrecarga de las redes y las subestaciones eléctricas, así como la falta de mantenimiento de las mismas, condujo a los continuos cortes del fluido eléctrico, como también las oscilaciones de voltaje y los daños consiguientes de los artefactos eléctricos, sin que nadie le respondiera a los usuarios.

Nunca cumplió con la Ley eléctrica 143 de 1994, que cataloga la energía como servicio público esencial en su artículo 5º y establece los principios de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad en su artículo 6º. A los continuos racionamientos no programados, disfrazados de “mantenimiento” se vinieron a sumar los programados por XM como “limitación de suministro”, administración del Sistema interconectado nacional (SIN) por incumplimiento en el pago de la energía que compraba a los generadores para distribuirla.

Pero, lo que precipitó la intervención de ELECTRICARIBE por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en noviembre de 2016 fue la insolvencia de la empresa, al punto que, además de la abultada deuda en mora con sus proveedores, ya no tenía ni con qué comprar la energía, lo cual ponía en riesgo no sólo la prestación del servicio a sus usuarios, los cuales se verían abocados a un virtual apagón, sino que su efecto dominó podía desencadenar una crisis sistémica.

Con la intervención se destapó la caja de pandora que guardaba celosamente ELECTRICARIBE y su controlante GNF. Al levantarse el velo que la cubría, la Contraloría General de la República dispuso adelantar una auditoría especial la facturación a través de la cual se pudo establecer que entre julio de 2011 hasta octubre de 2016, la empresa se había apropiado ilegalmente de $211.755 millones que se le habían girado por parte del Fondo de Energía Social (FOES) que administra el Ministerio de Minas y Energía para aplicarlos como subsidio al consumo básico o de subsistencia a los estratos 1 y 2 en las zonas caracterizadas como “especiales”.

Echó manos de ellos y se los embolsilló para cuadrar caja, utilizando como truco su asignación al “consumo distribuido comunitario” en lugar de hacerlo al “consumo individual del usuario que contaba con medidor individualizado”, que debía ser el destinatario de dichos recursos y de esta forma aminorar sus pérdidas.

El hallazgo de esta tropelía por parte de la Contraloría le valió a ELECTRICARIBE, ahora en liquidación y a la multinacional Price Waterhouse que, como revisora fiscal fue permisiva y negligente, la apertura de un juicio de responsabilidad que concluyó compeliéndolos al reintegro de esta suma, la cual se le debe reconocer y resarcir a los usuarios que se vieron burlados y afectados al escamoteársele este alivio que debían haber recibido en sus facturas por ministerio de la Ley.

Por fortuna, la agente liquidadora Ángela Patricia Rojas tuvo la previsión de constituir una garantía bancaria con BBVA a favor de la Contraloría General por valor de $187.227 millones, lo cual asegura el pronto reembolso del monto de la defraudación, defendiendo así el patrimonio público. Esta es la buena noticia.

La mala noticia es que ELECTRICARIBE ya no está bajo el control de GNF, está en proceso de liquidación y según quedó claramente establecido en la Ley 1955 de 2019 que “para viabilizar la sostenibilidad de las nuevas empresas prestadoras de servicio público”, que asumieron la operación a partir del 1º de octubre del año pasado (Air-e y Afinia), “la Nación será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas” .

De modo que este reembolso deberá hacerse con cargo a la Nación, la cual deberá asumir esta deuda, así como ha asumido los demás pasivos, entre ellos el pasivo pensional, por valor de $1.6 billones y los recursos transferidos a través del Fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios para su inversión y para garantizar la prestación del servicio, que superan los $4 billones, los cuales se van a fondo perdido. La verdad monda y lironda es que los platos rotos de ELECTRICARIBE lo terminaremos pagando todos los contribuyentes colombianos. La pesadilla de ELECTRICARIBE no termina.

Un comentario final: a propósito de los subsidios al consumo de susbsistencia de energía a los estratos 1, 2 y 3, es de advertir que, de manera recurrente, el monto asignado en el Presupuesto General de la Nación es insuficiente para cubrirlos, lo cual lleva a retrasos y moras en su cancelación a las empresas generadoras, poniéndolas en calzas prietas para operar. A agosto de este año el FOES acusaba un déficit para cubrir los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 de $739.000 millones para el servicio de electricidad y de $262.000 millones para el servicio de gas natural domiciliario.

Y en el proyecto de presupuesto para la vigencia de 2022 sólo se propone apropiar $2.6 billones, incluyendo la suma correspondiente a las zonas no interconectadas, quedando desfinanciados los subsidios el año entrante, según los gremios de las empresas prestadoras de estos servicios, en $2 billones, aproximadamente. Esta, a mi juicio, es una manera de presionar el desmonte de los subsidios, como ya se intentó, so pretexto de su “focalización”, cuando se tramitó el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, pero que ante el rechazo ciudadano el propio Presidente Duque se vio precisado a dar instrucciones al Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para que retirara del texto del proyecto tan absurda como inconveniente propuesta.

http://amylkaracosta.net/prueba1/index.php?option=com_content&view=article&id=662:la-pesadilla-de-electricaribe&catid=95:opinion&Itemid=673

21.35.-“Dados cargados” para las próximas elecciones: RAMIRO BEJARANO

Las que se avecinan serán las elecciones más peligrosas que hayamos vivido. No habrá transparencia y el Gobierno de Duque revivirá la famosa estrategia del Tigrillo Noriega, quien como ministro de Lleras Restrepo, antes de las elecciones del 19 de abril de 1970, al responder la pregunta sobre si tenían o no preferencia por la candidatura del consentido del Frente Nacional, Misael Pastrana, anunció que “el gobierno es neutral pero no será indiferente”.

26 sep 2021.- Y cumplió, pues ganó Pastrana luego de una elección que medio siglo después sigue cuestionada, no solo porque resultó derrotado el general Rojas Pinilla, que todo el mundo daba por ganador, sino porque fue la causa del nacimiento del movimiento guerrillero M-19 y de toda la violencia que sacudió al país, como el holocausto del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

Son varias las señales de que la ultraderecha corrupta y mafiosa que está en el poder no está dispuesta a perderlo y hará todo lo que le resulte posible para “ganar” a su manera, con otro títere.

En primer término, el “chulavita” del régimen, Juan Diego Gómez, presidente del Senado, quien saltó del anonimato al desprestigio, ya advirtió que la reforma a la Policía que se discute en el Congreso se hará a la medida de la ultraderecha. Su brutal sentencia fue: “Lo lamento, pero tengo que ser muy claro en eso, la Policía Nacional la reforma el Gobierno de turno y aquí no le vamos a hacer una reforma a la medida de la izquierda”.

Eso, por supuesto, más que una simple información fue una amenaza a la democracia. La Policía será reformada para cumplirle a la pasión conservadora del presidente del Congreso, a semejanza de sus copartidarios Ospina Pérez y Laureano Gómez en los años 50, cuando orquestaron la Policía “chulavita”, la del régimen opresor que en nombre del conservatismo asesinaba liberales y quemaba las casas de los dirigentes del liberalismo.

Fueron años de violencia oficial. Los godos mandando hicieron de la Policía un cuerpo armado al servicio de la causa de su partido y, como era de esperarse, esa aventura terminó mal y aún hoy seguimos pagando las consecuencias, a pesar de los esfuerzos de varios impulsadores de ese credo oscurantista para que no se hable de ese período de terror.

En efecto, hay algunos goditos que cuando alguien se atreve a recordarles de lo que fueron capaces sus copartidarios de antaño, lo tildan de sectario, aunque ellos sí se reservan el derecho de hacer hagiografías en favor de sus líderes o desinformar alegando que estos eran palomitas inofensivas y víctimas de los “cachiporros” liberales. Los centenares de muertos liberales los desmienten.

Tendremos para las próximas elecciones una Policía inspirada en la ultraderecha al servicio del Centro Democrático y ya se sabe en qué termina eso. Con ese respaldo armado el bravucón ministro del Interior, Daniel Palacios, ya mandó su avanzada, pues empezó a perfilar el discurso en contra de los candidatos que no son del agrado gubernamental. No otra cosa hizo este mediocre ministro cuando insultó en público a Petro.

La procuradora Cabello sigue haciéndose la de la vista gorda cuando se trata de sus excompañeros de gabinete. En otro país, el representante de la sociedad, como lo es ella, habría iniciado una investigación en contra de Palacios por imprudente, provocador, irresponsable y por intervenir en política. Para algo sirve ser de las mismas tropas.

La otra perla del Gobierno en las elecciones del próximo año es derogar la Ley de Garantías. Eso le permitirá manejar una inmensa nómina burocrática, mientras sus correligionarios recorren el país repartiendo promesas falsas y puestos. El lorito ministro de Hacienda quiere que creamos que es mejor que crezca el empleo a cualquier costo, no importa que las elecciones sean tramposas, como le gusta al partido de gobierno.

Adenda. Inaceptables las frases ofensivas de la senadora y exguerrillera Sandra Ramírez, minimizando el horror de los secuestros de las Farc. No ha entendido que ese es el discurso violento que les sirve solo a Duque, al uribismo y a los enemigos de la paz, para regresarnos a la guerra que tanto añoran.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/dados-cargados/

  • 21.34.-Cartagena buscando un hoyo en uno – AURELIO SUÁREZ
  • Del legado –RAMIRO BEJARANO
  • Jaimes, Ordóñez y el curita YOHIR AKERMAN

Sigamos con el tema de la columna pasada y los casos que demuestran que la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Alejandro Ordóñez y Gabriel Ramón Jaimes Durán, se encargó de enterrar, desde hace más de 10 años, las investigaciones en contra del uribismo. Cosa que ahora se hace en la Fiscalía.

Empecemos por el principio.

19 sep 2021.-El 11 de julio del 2007, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, tomó una decisión trascendental sobre el proceso de paz que el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez adelantó con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). La sentencia en la que la Corte Suprema de Justicia señalaba que los paramilitares desmovilizados no podrían ser procesados como delincuentes políticos.

Fallo que se produjo casi a la par del momento en que el alto tribunal iniciaba las investigaciones para esclarecer la relación entre la clase política y el paramilitarismo (parapolítica), y que en ese momento ya tenía cerca de una decena de congresistas detenidos.

Pues bien, el 26 de septiembre de 2007, el mandatario Álvaro Uribe Vélez llamó personalmente al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete. Tras buscarlo infructuosamente todo ese día por teléfono, dejándole numerosos mensajes a su secretaría, finalmente logró ubicarlo por medio de sus escoltas en horas de la noche, en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Irrumpió con su llamada la reunión, para hablarle del caso de su primo Mario Uribe, investigado por sus nexos con paramilitares.

Del contenido de la llamada se conoció inicialmente lo que el magistrado contó en entrevista con la periodista Cecilia Orozco el 13 de enero de 2008. El título de la entrevista fue “El presidente confundió mi cortesía con mis deberes”, palabras textuales del entrevistado.

Dentro de esa pieza periodística, cuenta el magistrado que: “la llamada del jefe de Estado me causó profunda sorpresa. La Sala Penal acababa de llamar a indagatoria al doctor Mario Uribe. En ese momento, en tono alterado (Álvaro Uribe), me expresó su disgusto por algunas decisiones que venía tomando esa sala…”.

Orozco le contrapreguntó al magistrado: “¿él se refirió concretamente al caso contra su primo (Mario Uribe)?”, y la contundente respuesta de Valencia lo dijo todo: “sí”.

Posteriormente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el magistrado Valencia Copete entregó más detalles de aquella llamada, en la que relató que el expresidente Uribe además tildó a la Corte Suprema de “golpista” y de ser “el brazo agónico del terrorismo armado”.

Gravísimo.

Uribe relacionó las pescas milagrosas de las Farc con las decisiones de la Corte. “Me tildó de farsante. Me he quedado corto en todos los epítetos e infundios que utilizó. Esa no es la manera de controvertir una sentencia judicial. Esa llamada me causó perplejidad y asombro” dijo Valencia Copete ante la Cámara.

Pero volvamos a la entrevista de Orozco y las contundentes respuestas de Valencia Copete, ya que fue esa pieza periodística la que hizo reaccionar con ira al presidente Uribe Vélez quien demandó, primero, una rectificación a la periodista Orozco, como si las respuestas fueran responsabilidad del que pregunta y, posteriormente, del entrevistado.

Pero algunas cositas más, las otras ilegales.

Después de no conseguir rectificación por parte del magistrado, Uribe presentó una denuncia penal por injuria y calumnia en contra del presidente de la Corte Suprema de Justicia. También buscó con desespero que alguien ratificara su versión, mientras terceros cercanos a él intentaban que el magistrado conciliara.

El 11 de abril de 2010, el entonces secretario de Prensa del gobierno, César Mauricio Velásquez Ossa, expidió un comunicado donde dijo que Valencia Copete, en su calidad de expresidente de la Corte Suprema de Justicia, se encontraba investigado, a instancia de una denuncia formulada por el Presidente de la República, por los delitos de injuria y calumnia, por ‘afirmar mentirosamente’ que éste lo llamó por teléfono a indagarle sobre la situación jurídica de algunos parlamentarios, entre ellos la del senador Mario Uribe.

El magistrado Valencia Copete puso queja disciplinaria por estos hechos en contra de César Mauricio Velásquez, a quien los visitantes de la Oficina de Envigado apodaron “el curita” por lo religioso que es. Pues bien, acá es donde empieza el caso a demostrar que cuando comenzaron las investigaciones disciplinarias y penales por el escándalo conocido como las ChuzaDAS, hace más de 10 años, la Procuraduría de Ordóñez estaba ayudando con absoluciones y no investigando a los alfiles de Álvaro Uribe.

Todo con el atento apoyo de Jaimes Durán, en ese momento comisionado de la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, y ahora el Fiscal encargado del caso de soborno a testigos y fraude procesal que involucra al imputado Álvaro Uribe.

Profundicemos.

El 15 de junio de 2010, el accionante Valencia Copete presentó un derecho de petición ante el Procurador General de la Nación para que se le comunicara qué se había resuelto con ocasión de su queja disciplinaria. El 22 de julio del mismo año, se le informó que mediante Auto de 22 de junio se había ordenado su remisión a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, pese a que era claro que al secretario Velásquez Ossa lo tenía que investigar la Procuraduría, mientras que al presidente la Comisión de la Cámara, por su fuero.

Pues no. Ordóñez, muy tieso y muy majo, por oficio N° 105278 de agosto 9 de 2010, decidió, inexplicablemente, no revocar la decisión cuestionada, y declarar su incompetencia para asumir la queja presentada, porque los “hechos fueron atribuidos” al presidente de la República. Una jugada jurídica que requirió flexibilidad argumentativa de la Procuraduría, y frente a la cual ya no existía recurso.

Valencia Copete presentó una acción de tutela en contra de la Procuraduría General de la Nación, por considerar que su decisión de no investigar al entonces Secretario de Prensa de la Presidencia violaba sus derechos constitucionales al debido proceso.

La Corte Constitucional encontró en sentencia del 5 de mayo de 2011 que dicho comunicado implicaba un abuso de autoridad, por utilizar una institución y bienes del Estado a favor del entonces presidente, para incidir en la credibilidad de una denuncia personal en contra de la honra de un magistrado de la Corte Suprema. La ‘información’ que se pretendió difundir en ese comunicado, además de que implica la utilización abusiva de un bien del Estado para privilegiar la versión del presidente, da por cierto que el magistrado ha injuriado y calumniado al primer mandatario y miente, al establecer que el presidente no llamó por teléfono al magistrado.

Lo que es evidente es que el procurador auxiliar y, posteriormente, el procurador general, eran los competentes para investigar a César Mauricio Velásquez como secretario de Prensa de la Presidencia de la República. Al no hacerlo incurrieron en medidas violatorias del debido proceso, por ser denuncias elevadas contra servidores públicos por irregularidades cometidas en ejercicio de sus funciones. Pero ahora sabemos que lo que hacían era proteger a los funcionarios de Uribe.

En ese proceso, el abogado Ramiro Bejarano Guzmán, uno de los litigantes y columnistas más reputados y leídos del país, representó al magistrado Valencia Copete, junto con los juristas Yesid Reyes y Alfredo Beltrán. En el desarrollo del mismo, mientras ellos se negaron a conciliar con Álvaro Uribe, el DAS los convirtió en objetivos principales del probado espionaje ilegal por parte de Presidencia.

Tal y como lo documenta el libro ChuzaDAS: ocho años de espionaje y barbarie, del periodista Julián Martínez, tanto a Valencia Copete como a Bejarano Guzmán se les realizaron seguimientos, esculcaron negocios y espiaron espacios laborales y familiares. Irregularidades a cargo de la subdirección de Operaciones del DAS, al mando de Martha Inés Leal Llanos, quien organizó una estrategia para escarbar en todas las Notarías de Bogotá, en cuáles tenían autenticadas sus firmas y qué bienes poseían.

Una de las evidencias son tres correos electrónicos de abril de 2008 que Martha Leal le envió a la directora María del Pilar Hurtado, en los cuáles le relata cómo iba la operación de inteligencia contra el ex presidente de la Corte Suprema y su apoderado Ramiro Bejarano Guzmán.

Curiosamente, unos días después se produjo el ingreso, por el parqueadero y altas horas de la noche a la Casa de Nariño de alias “Job”, el paramilitar que llevaba informaciones contra los magistrados, un día antes de que tuviera lugar una audiencia crucial en el proceso que, por calumnia, le formuló Uribe a Valencia Copete, a la cual concurrieron ambos con sus abogados.

Pero hay más.

Un memorando secreto del DAS del 28 de julio de 2008, que fue entregado en la Casa de Nariño a través del sistema ‘Valija’, revela que los tentáculos del DAS llegaron hasta el punto de hurgar la historia clínica del magistrado César Julio Valencia, cuyo acceso sólo le compete al paciente y a su médico tratante. Cualquier violación a ese principio es ilegal e inmoral.

La oficina de Análisis del DAS tituló el documento como “tips de la Corte Suprema de Justicia” y reseñó en un párrafo de 10 líneas el tratamiento cardiovascular que se hizo el expresidente de la Corte en ese año. Reveló la identidad del médico especialista que lo atendía periódicamente e incluyó una serie de adjetivos que, supuestamente, describen su personalidad. La información de la vida privada del doctor Valencia Copete estaba en manos del entonces presidente Uribe Vélez.

Las oscuras e ilegales operaciones del DAS también incluyeron como ‘blancos’ a la madre y la hija del magistrado Valencia Copete. A ellas les interceptaron sus líneas telefónicas y les realizaron seguimientos ilegales.

Pero volvamos a los entes judiciales. A finales de noviembre de 2012, la Comisión de Acusación e Investigaciones de la Cámara de Representantes decidió cerrar el proceso que, por injuria y calumnia, se adelantaba contra el expresidente de la Corte Suprema César Julio Valencia Copete, por denuncia del entonces presidente de la República.

Hace una semana la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, condenó a 63 meses de cárcel al exsecretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo, y al exsecretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, por el delito de concierto para delinquir, por todos los seguimientos ilegales y el caso de las ChuzaDAS.

Todas las instancias han ido llegando a decisiones justas en ese caso. Todas, excepto la Procuraduría que tuvo a Alejandro Ordóñez en la cabeza, con Jaimes Durán, como destornillador para desapretar la justicia en favor de Uribe y sus funcionarios. Tornillos que ahora afloja el mismo personaje en la Fiscalía General de la Nación, en favor del imputado Álvaro Uribe, al solicitar la preclusión de la investigación, pese a toda la evidencia que existe en su contra.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/jaimes-ordonez-y-el-curita/

21.34.-Cartagena buscando un hoyo en uno – AURELIO SUÁREZ

¿Se crean dos Cartagenas, una, del Mandela y Bazurto, y otra, paraíso elitista para quien aterriza con la talega de golf buscando un hoyo en uno? 

Carlos Haime fue empresario en varios sectores económicos, en particular el de aceite de palma y jabones. Poseyó la hacienda Los Morros, en el norte de Cartagena, que extendió hasta abarcar miles de hectáreas, de lado a lado de la ciudad, fruto de la prescripción adquisitiva de dominio de posesiones precarias compradas al detal. Soñaba con expandir hacia allá la ciudad. 

17 sep 2021.- El sueño, por el empeño de herederos y socios, se va haciendo realidad. Por la vía que conduce a Barranquilla se edifica otra urbe, lejos del Corralito de Piedra, patrimonio cultural de la humanidad, libre no tanto del significado histórico sino de tachas que incomodan a las élites nacionales e internacionales, como la creciente pobreza, que abarca a una de cada dos personas (Dane, 2020), o la informalidad, en tres de cada cinco ocupados, expresada en miles de venteros en las playas de Bocagrande y Castillo, o la prostitución, que se ha hecho pública, o el turismo de masas con tumultuosos paseos de grupos venidos del interior.

La conurbación empezó con el conjunto residencial Barcelona de Indias, supuesta imitación de la española, que arrincona a consejos comunitarios como el de La Boquilla, según una crónica de Andy Robinson. Se va construyendo otra Cartagena, que también promueve ventas a “cachacos” para adquirir “segunda vivienda” o “vivienda de retiro”, atraídos además por las “mejores canchas de golf de América Latina”, como las diseñadas por Nicklaus, con club resort a bordo, o por atractivo turismo VIP en cadenas como Holiday Inn, Radisson o Meliá, en un exorcismo de lo autóctono para proyectar un Cancún u otra Punta Cana (“Barcelona de Indias no quiere afrocolombianos”, La Vanguardia, 9 de febrero de 2020).

La segunda fase es “Serena del Mar, ciudad soñada”. Abundan planes inmobiliarios de conocidas firmas cartageneras y del país, que incluyen inmuebles con vistas al mar y precios por metro cuadrado hasta de cinco millones de pesos o más, ambiente tropical, piscinas por montones, manglares y playa privada. Se gesta una operación de especulación sobre el suelo sin que se defina la participación en la plusvalía de ninguna instancia estatal, que pueda orientar dichos recursos a poblaciones marginadas e inversión social, no vía altruismo, sino como debe ser: como contribución fiscal.

La Universidad de los Andes ya plantó allí la sede académica del Caribe y le agregó un componente de finca raíz con un proyecto de oficinas. También la Fundación Santa Fe montó una moderna IPS, y los servicios públicos los presta una poderosa compañía particular. Nada público, todo privado, y “la oferta cultural la completan un campo de golf diseñado por Robert Trent Jones y un canal entre la Ciénaga y el mar para yates y motos de agua”. Entre tanto, los consejos comunitarios de Tierra Baja, Punta Canoa y Manzanillo del Mar declaran estar confinados a “unos islotes” (Robinson).

La fantasía se afina con la concesión a 30 años, en la modalidad de iniciativa privada o IP de un nuevo aeropuerto en Bayunca, corregimiento a 20,5 kilómetros al norte de Cartagena. Una “ciudadela aeroportuaria” de 650 hectáreas, que conectará con la doble calzada Cartagena-Barranquilla por La Cordialidad y que “podrá extender su capacidad hasta 30 millones de pasajeros”, para competir con Panamá como centro regional de operaciones aéreas. Por esta “acción urbanística del Estado” se acrecentarían todavía más las plusvalías.

El lote, en poder de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, decomisado a la mafia de Marquitos Figueroa, es el aporte de la nación cedido al futuro concesionario (El Universal, 13 de junio de 2019). Con la inversión de 800 millones de dólares tendrá, como en las privatizaciones aeroportuarias, 50 por ciento o más de los retornos derivados de las tarifas aeroportuarias que fija Aerocivil, pagadas por los usuarios, que en la prefactibilidad se calculan al triple del valor de las actuales, y 100 por ciento irán al concesionario, ni un peso al Estado, pues así se requiere para costear la obra que en los primeros diez años tendrá la misma capacidad que la actual terminal Rafael Núñez. Esta, en manos de la española Aena, el Grupo Aval y socios locales, se mantendrá “mientras llega el de Bayunca” (ANI) y se desconoce si se quedarán con ambas o si surgen otros jugadores tras el botín.

El negociazo que cerrarán en 2022 Iván Duque y la vicepresidenta, dedicada a temas de la Heroica, reforzará la visión urbana excluyente, de “ciudades competitivas”, refutado por entidades como ONU-Hábitat, que lleva a inquirir: ¿es necesario el aeropuerto en Bayunca? ¿Tal ordenamiento mejora la iniquidad local? ¿Se estudió el impacto ambiental del esquema? ¿Se crean dos Cartagenas, una, del Mandela y Bazurto, y otra, paraíso elitista para quien aterriza con la talega de golf buscando un hoyo en uno?

https://www.semana.com/opinion/articulo/hoyo-en-uno/202151/

21.34.-Del legado –RAMIRO BEJARANO

Al inicio del último año de su desastroso gobierno, Iván Duque está obnubilado con sembrar en la conciencia colectiva lo que supone es la herencia que nos dejará. Con tal fin, en cuanto publirreportaje atiende, de los muchos que le hacen, ha venido construyendo la idea de que cuando salga del gobierno y empiece el implacable juicio de la historia será recordado como el mandatario que logró la equidad entre sus compatriotas.

19 sep 2021.- Es imposible que Duque logre ese cometido, porque su cuatrienio no ha sido ni será equitativo en nada ni con nadie. Al contrario, no ha habido un gobierno más desigual y estigmatizador que el suyo, y de ello han quedado evidencias que ojalá no se extravíen en las páginas de la historia, hoy manipuladas por uno de sus cipayos, el arrodillado y provocador director del Centro Nacional de Memoria Histórica.

De cuál equidad habla el jefe de un gobierno que ejerció la más alevosa exclusión contra escritores críticos de su gestión, precisamente en las puertas de una Feria del Libro de Madrid convocada en honor a Colombia. La estupidez que soltó el embajador en España, Luis Guillermo Plata, acerca de que el gobierno prefiere escritores “neutros”, de la que luego a regañadientes se arrepintió, no fue solo un desliz verbal, sino el reflejo del talante de Duque y sus esbirros. Lo que hizo Plata fue sencillamente reproducir lo que su jefe seguramente comenta en privado, cuando se descubre como perseguidor e intolerante.

Y no es fábula. Lo que protagonizó Duque durante el reportaje que concedió a Caracol TV, en el que varias personas fueron invitadas para que le formularan preguntas, retrató su mezquindad y ordinariez. Resultó que entre esos invitados estuvo el columnista Daniel Samper Ospina, frente al cual Duque se negó a recibirle una pregunta y a que inclusive lo grabaran. En otras palabras, vetó a un periodista que había sido convocado a ejercer su oficio. En su incurable soberbia Duque debió creer que le había dado un portazo a un articulista al que ha perseguido durante su gobierno, cuando en la realidad le estaba dando un bofetadón a toda la prensa. Eso no fue cosa distinta de censura y lo insólito es que, salvo contadas excepciones, la mayoría de los comunicadores han guardado silencio frente a ese atropello que por estos días es frecuente también en Managua, como si estuvieran conformes con que el mandatario decidiera, por sí y ante sí, quién merece hacerle preguntas y quién clasifica para recibir respuestas.

Duque y su gobierno solo toleran a los comunicadores “neutros”, esos que preguntan lo obvio o lo acordado, los que no incomodan, en fin, los que dejan gobernar en paz y no formulan interrogantes necios o comprometedores. Y Duque todavía supone que esa es otra forma, nada brusca, de equidad: a unos periodistas les es permitido todo, pero a otros no, justamente aquellos que no están “neutralizados”.

Lo de las 1.409 monedas recordatorias y alegóricas del gobierno de Duque es otra contribución a la inexistente dote de la equidad. El gobierno mandó elaborar unas monedas de 60 mm de diámetro y 5 mm de grosor en bronce, recubiertas en el bisel exterior con oro de 24 quilates y níquel en la parte interna, dizque para entregar a los visitantes ilustres que pasen por la Casa de Nari. Cada moneda tiene por una cara el escudo de Colombia y por la otra —¡sí, señor!— el nombre y la firma de Iván Duque, “PRESIDENTE 2018-2022”. No se había visto semejante desfachatez, boato ni arrogancia. De subpresidente a emperador.

En medio de ese festín de vanidades y abusos propios de un tirano, el fin de semana leí a un destacado y atemperado columnista de El Tiempo reclamando respeto dizque por la dignidad presidencial para acabar con la polarización. La dignidad de un mandatario no está consagrada en la Constitución, ni es un valor de la democracia, empieza por el respeto del mandatario por sí mismo y hacia sus conciudadanos, lo otro es lo más parecido a lambonería ramplona.

Adenda. No 1. Si ahora los patrulleros serán militares, alguien está sobrando en la Policía y me temo que es su perfumado director, el general Jorge Luis Vargas.

Adenda No 2. Por fin Sergio Fajardo entendió que sí lo están persiguiendo.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/del-legado/

  • 21.33.-El autogol de Gabriel Ramón Jaimes Durán YOHIR AKERMAN
  • ¿Campañas de desprestigio para manipular elecciones? – CECILIA OROZCO
  • Desmontar la Policía RAMIRO BEJARANO
  • Ciudad gótica GERMÁN VARGAS
  • ¿Monjas o narcos? MARÍA ISABEL RUEDA
  • Gilberto Rodríguez Orejuela   se destapó PATRICIA LARA

Ahora resulta que para el expresidente Andrés Pastrana es verdad lo que los jefes del cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, afirman en la carta que él le entregó a la Comisión de la Verdad, donde dicen que el expresidente Samper sí sabía que ellos financiaron su campaña, pero es mentira la afirmación que hace Gilberto en una nueva carta enviada el martes: que ellos también financiaron la campaña de Pastrana y que la misiva que el expresidente entregó a la Comisión la escribieron presionados por un chantaje suyo. Algo así como: “si no escriben una carta inculpando a Samper, los extradito”.

10 sep 2021.- Sin embargo, en la última carta, Gilberto Rodríguez dice algo mucho más grave: que si bien ellos son “liberales de hueso colorado”, antes que todo son demócratas. Y que, por esa razón, en los últimos 50 años ayudaron tanto a liberales como conservadores.

A propósito, les cuento una historia: corría el año 1996 y los Rodríguez Orejuela habían sido puestos presos por el gobierno de Samper. Yo dirigía la revista Cambio. Entonces un amigo me contó que su conductor había sido por años chofer de Gilberto. Le dije que me gustaría hablar con él. Nos reunimos. Me dijo que él llevaba a Gilberto a las fiestas a las que asistían varios personajes, que en su casa se hacían parrandas a las que iban políticos de todos los pelambres, que una vez Gilberto y un presidente conocido por su gusto por las muchachas pasaron una noche encerrados con mujeres de la vida alegre, y, lo principal, que su jefe les enviaba cheques a los políticos. Él mismo los entregaba y guardaba fotocopias. Incluso me mostró una copia de un cheque girado a un encumbrado dirigente que se decía “defensor de la moral”, a quien no nombro porque está muerto.

Entonces le dije que a la revista Cambio le interesaba publicar esos cheques. Él contestó que, para entregármelos, necesitaba autorización de Gilberto. Días después, el hombre regresó y me informó que Rodríguez no había autorizado la publicación de los cheques. Decidí escribir una columna en la que instaba a los Rodríguez Orejuela a que dijeran la verdad y revelaran los nombres de todos los políticos que los habían utilizado, a quienes ellos habían financiado. Así le harían un gran servicio al país, agregaba. Después de publicada la columna me visitó en la oficina un abogado de los Rodríguez. Me dijo que Gilberto me mandaba a decir que si algún día decidía hablar, esa entrevista me la daría a mí.

Hoy, un cuarto de siglo después, todavía Gilberto no ha hablado. Pero, a juzgar por la carta que le envió a Pastrana, parece que ya quiere hablar. Y hoy el mejor modo de hacerlo es frente a la Comisión de la Verdad.

Les sugiero a los Rodríguez Orejuela que le soliciten de inmediato a la Comisión de la Verdad que los escuche, y a esta, que haga lo que sea necesario para oírlos de manera pública. Así se sabría la verdad. Porque no es justo que durante todos estos años el agua sucia le haya caído solo a Samper, cuando todos, o casi todos (recuerden al presidente Iván Duque y a su amigo el Ñeñe Hernández), se han beneficiado del dinero del narcotráfico, que tanto ha expandido y prolongado la guerra en Colombia.

Así, Gilberto Rodríguez, a sus 82 años, antes de que el cáncer termine de devorarlo, podría sentirse orgulloso de haber ayudado a rescatar a Colombia de ese mar de mentiras y corrupción en el que ha vivido sumergida. Gilberto tiene la clave.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/patricia-lara-salive/se-destapo-gilberto/

21.33.-El autogol de Gabriel Ramón Jaimes Durán YOHIR AKERMAN

El funcionario encargado de sepultar las investigaciones del uribismo dentro de la Fiscalía General de la Nación se llama Gabriel Ramón Jaimes Durán. Y existe un caso que demuestra que lo viene haciendo desde hace más de 10 años, cuando estaba en la Procuraduría.

Me explico.

12 sep 2021.- La justicia cojea, pero llega, dice el refrán. Y solamente 13 años se demoró en llegar en el caso de las “chuzadas” del DAS. Una cojeada dura, ya que en primer fallo habían declarado inocentes a los exsecretarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pero la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, condenó a 63 meses de cárcel al exsecretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo, y al exsecretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, por el delito de concierto para delinquir. Ahora bien, el senador José Obdulio Gaviria Vélez, partícipe en los mismos hechos, continúa en la impunidad.

Dagoberto Hernández, magistrado del Tribunal, explicó que el juez de primera instancia tuvo argumentaciones insuficientes para declararlos inocentes, pues en realidad se puede constatar que existió toda una organización criminal para escarbar información privilegiada y usarla en contra de los magistrados de la Corte Suprema.

También encontraron que existió una actividad ilegal que involucró a Del Castillo y a Velásquez para enlodar el nombre de la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina, conocida por confesar que entregó su voto para la reelección presidencial de Álvaro Uribe de 2006 a cambio de prebendas y beneficios.

Como hemos revelado en esta columna, para entender ese macabro plan fraguado en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, lo mejor es hacer una bitácora de la penúltima semana de abril de 2008. Una de las más difíciles que vivió el entonces presidente en sus ocho años de gobierno.

En esos días se realizaron varias reuniones por las que hay gente condenada y se cometieron hechos que involucran a los exsecretarios de la Presidencia en tres episodios del escándalo de escuchas ilegales, conocido como las “chuzadas”.

Tal y como lo documenta el libro ChuzaDAS: ocho años de espionaje y barbarie, del periodista Julián Martínez, lo que sucedió en la Casa de Nariño en esas fechas comprueba la asociación criminal que se tejió entre la Presidencia de la República, la organización narcoparamilitar denominada la Oficina de Envigado, el extinto DAS y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda.

Todo empezó un domingo.

El 20 de abril de 2008, el informativo de televisión Noticias Uno, que para la época dirigía el periodista Daniel Coronell, reveló el testimonio de la excongresista Yidis Medina, grabado en agosto de 2004. En ese testimonio, Medina aseguró que el gobierno de Álvaro Uribe le compró su voto para el trámite legislativo que permitió su reelección en 2006.

Desde ese día, en la Casa de Nariño comenzaron a elaborar una intensa campaña difamatoria contra Daniel Coronell y Yidis Medina, con el objetivo de quitarle credibilidad a la revelación de Noticias Uno y a la versión de la exrepresentante a la Cámara.

Producto de la investigación de Coronell, no sólo fue condenada por cohecho Yidis Medina, sino también Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, exministros del gobierno de Uribe.

Los informes sobre las declaraciones de Yidis Medina, realizados por el extinto DAS, eran recibidos por César Mauricio Velásquez. Así lo muestra un documento hasta ahora inédito, con fecha del 24 de abril de 2008 y radicado B3-71837-1, encontrado en un allanamiento al DAS.

El lunes, la entonces directora del DAS coordinó una reunión entre César Mauricio Velásquez y el capitán Jorge Alberto Lagos, subdirector de Contrainteligencia del DAS, para entregarle información confidencial obtenida sobre un viaje de los magistrados de la Corte Suprema a Neiva en 2006, con el propósito de vincularlos, falsamente, con un escándalo de narcotráfico. Lagos fue a la Casa de Nariño, se encontró con Velásquez y le entregó información, pues se sabía que la Corte iba a arrestar al primo del presidente, Mario Uribe Escobar, en cualquier momento.

Según documentos del DAS, cuando Lagos se reunió con Velásquez a las 3:00 p.m. y le contó sobre el viaje de Neiva, el secretario de Prensa de Presidencia llamó al entonces asesor presidencial José Obdulio Gaviria para que hiciera presencia en el lugar. Una vez allí, se sentaron los tres a socializar los hallazgos que había obtenido Contrainteligencia del DAS sobre el tema. Según el capitán Lagos, Gaviria y Velásquez solicitaron tener copia de los documentos obtenidos de manera ilegal.

Al día siguiente capturaron al senador Mario Uribe, quien intentó fugarse del país solicitando asilo político en la Embajada de Costa Rica. Mario Uribe fue enviado a prisión por sus nexos con grupos paramilitares.

El miércoles 23 de abril, a las 6:30 p.m., ingresaron por el sótano de la Casa de Nariño, con autorización del jefe de Estado, las siguientes personas: Severo Antonio López Jiménez, alias Job, vocero de los paramilitares; Diego Álvarez, abogado de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, jefe máximo de la Oficina de Envigado; el exgobernador del Cauca Juan José Chaux Mosquera, condenado por sus vínculos con las autodefensas, y el lobista Óscar Iván Palacio. Lo hicieron para reunirse con Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, personas de confianza de Álvaro Uribe.

Los representantes de los paramilitares mostraron unas grabaciones con las que pretendían ensuciar al magistrado Iván Velásquez y, de esta manera, ayudar a Presidencia a desprestigiar los procesos por parapolítica. A cambio, la tarea de alias Job y del abogado de Don Berna era convencer a los secretarios de Uribe para que el primer mandatario no firmara la extradición del jefe de la Oficina de Envigado.

Como se ha documentado en esta columna anteriormente, el director de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares, aseguró ante la Fiscalía que lo importante del encuentro entre paramilitares y los secretarios del presidente fue que la intención de dicha reunión era afectar al magistrado Iván Velásquez.

Fue el mismo César Mauricio Velásquez, según los relatos de los testigos, el encargado de visitar la UIAF para recoger pruebas ilegales de las cuentas bancarias de los magistrados de la Corte. Es decir, no solo los chuzaron, sino que también espiaron su vida económica. Todo, por investigar al primo del presidente Uribe y la parapolítica.

Al final de esa semana, César Mauricio Velásquez filtró la información de inteligencia obtenida de forma ilegal, puesto que no existía orden judicial, sobre los movimientos de los magistrados en la reunión que tuvieron en Neiva en 2006, con el propósito de vincularlos falsamente con narcotráfico.

Ahora bien, una cosa llama la atención. Pese a toda la evidencia sobre estas reuniones y el plan de espionaje a los exmagistrados Yesid Ramírez Bastidas, César Julio Valencia Copete e Iván Velásquez, Alejandro Ordóñez, como procurador General, absolvió a César Mauricio Velásquez en el 2009 y a Edmundo del Castillo en el 2012.

Cada uno en su respectivo momento, Velásquez en 2009 y Del Castillo en 2012, salió con el fallo del Ministerio Público a atacar la investigación penal, estableciendo que su absolución por parte de la Procuraduría demostraba su inocencia.

Pero se les olvido un datico que ahora da mayor perspectiva. El encargado de enterrar sus casos en la Procuraduría fue nada más ni nada menos que el señor Gabriel Ramón Jaimes Durán, en ese momento comisionado de la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales.

Así como se oye.

Ese funcionario, que ignoró todas las pruebas que ahora tomó el Tribunal Superior de Bogotá para declarar culpables a César Mauricio Velásquez y a Edmundo del Castillo, es el mismo que hoy en día, como fiscal, está pidiendo precluir el caso de soborno a testigos y fraude procesal a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Una situación que demuestra que el señor Jaimes Durán viene siendo el cancerbero del equipo uribista hace más de 10 años y uno de los funcionarios que convirtió la Fiscalía General de la Nación, junto con Francisco Barbosa, en escampadero de congresistas con problemas legales investigados por la Corte Suprema de Justicia. Pero esta vez se metió un autogol.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/el-autogol-de-jaimes/

21.33.-¿Campañas de desprestigio para manipular elecciones? – CECILIA OROZCO

“Doctor Cepeda, usted ya ha sido perfilado así como muchos de sus compañeros y amigos; más temprano que tarde, usted, el doctor Petro, el doctor Roy, Bolívar y muchos otros estarán en el centro de una campaña de difamación de la que muy difícilmente podrán recuperarse”.

8 Sep 2021.- Así termina la carta anónima que recibió el senador Iván Cepeda y que este reveló el miércoles pasado en rueda de prensa en la cual anunció, además de su contenido, que interpondrá acciones ante la justicia por hechos que ya han ocurrido y que coincidirían con las advertencias de la misiva. Las afirmaciones del párrafo transcrito son nuevas puesto que el mensaje es del 26 de agosto pasado. Pero no contienen novedad: en una búsqueda rápida, encontré rastros de noticias sobre amenazas y estrategias de deshonra contra el congresista del Polo desde hace, por lo menos, 13 años aun cuando todavía no era parlamentario. Por ejemplo, en una nota de la página web de la Federación Internacional de los Derechos Humanos que se publicó en mayo de 2008, se reportan ataques verbales contra Cepeda de parte de funcionarios de la Presidencia de la República y del propio jefe de Estado del momento, Álvaro Uribe (ver). La reciente carta al senador del Polo involucra al partido de Uribe y a “miembros de la inteligencia del Estado colombiano”, es decir, a agentes del Gobierno puesto por Uribe: un continuo de la misma historia.

Ni el Centro Democrático ni la Casa de Nariño han desmentido al denunciante, bien porque dio en el clavo, bien porque se sienten tan dueños del país que ya ni siquiera les importa aparentar que respetan la democracia. Me inclino por creer en las dos opciones: pese a no identificarse a plenitud, el autor da tantas pistas que parece saber de qué habla pero los señores del poder estatal no le darán respuesta porque en la infinita soberbia que los invade no la juzgan necesaria. En cambio, los ciudadanos sí debemos exigirla y ponerle atención a la revelación hecha porque supone abuso de la función y los bienes públicos por parte del partido que pretende ser reelegido en la Presidencia y del gobierno Duque que estaría cometiendo, mediante sus subalternos, varios delitos. El anónimo informante señala que el uribismo pretende manipular el debate electoral que se avecina y que esta estrategia ilícita fue coordinada en una reunión que se realizó en marzo de este año, en Medellín, “entre decenas de personas que hacen parte de bodegas, influencers, blogueros, periodistas de grandes medios de comunicación cuya afinidad con el uribismo es notoria y, en algunos casos, con el concurso editorial de unos de esos medios”.

Insisto: plan idéntico al libreto de persecución oficial que fue trazado en la Casa de Nariño, en las administraciones Uribe. Las denominadas “chuzadas” del DAS, ocurridas entre 2006 y 2008, no fueron otra cosa que una enorme operación de asesinato moral del Gobierno de la época cuyas víctimas fueron opositores, periodistas y medios independientes y, muy especialmente, la Corte Suprema, algunos de cuyos magistrados padecieron montajes para lesionar su honor y credibilidad antes de que fallaran los procesos en que se investigaban los nexos criminales de los políticos afines a la Casa de Nariño con los paramilitares, entre otros el primo del presidente, senador Mario Uribe, condenado tiempo después por esos delitos. En el DAS se abrían “carpetas”; ahora, “perfilamientos”. El DAS instrumentalizó, desde la propia dirección de ese departamento, a sus jefes y agentes de inteligencia y contrainteligencia para que se dedicaran a buscar puntos sensibles en la vida privada de los perseguidos; ahora los “blancos” de la inteligencia estatal son los contradictores de la “doctrina” Uribe y pretende atacarlos de similar modo. En el DAS, tal como sucede hoy, los montajes llegaron en forma de “chivas” y “exclusivas” “a periodistas… cuya afinidad con el uribismo (era) y es notoria y, en algunos casos, con el concurso editorial de unos de esos medios”: repito la afirmación de la carta. El entramado del presente ha sido adaptado, eso sí, a las ventajas tecnológicas que no existían hace década y media: “Las bodegas (el bajo mundo virtual) existen, están ampliamente financiadas y juegan un rol estratégico… se acordó un mecanismo para activarse coordinadamente… Esta sincronización estará a cargo del Centro Democrático…”, concretó el denunciante. Y añadió información que merecería apertura de investigaciones penales, fiscales y disciplinarias, desde luego, si Colombia contara con entes de control independientes: “Las bodegas, periodistas y blogueros … también hacen parte de esta estrategia por beneficio económico; muchos de ellos, si no todos, se benefician de contratos que les son entregados directamente por el Centro Democrático … como asesores comunicativos (sic), de prensa y en acciones ligadas a las tecnologías de la información etc. … Otros son beneficiarios de contratación estatal”. El anónimo termina con un buen consejo: “Le sugiero revisar las cuentas del Centro Democrático y las coincidencias entre algunos de sus contratistas y la contratación del Estado a empresas del sector de tecnología de las comunicaciones… Allí encontrarán sorpresas”. El cuadro que dibuja quien debe conocer el monstruo por dentro se llama, con todas sus letras, CORRUPCIÓN.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/campanas-de-desprestigio-para-manipular-elecciones/

21.33.-Desmontar la Policía RAMIRO BEJARANO

Hace años, un personero del Distrito de Bogotá propuso acabar la Policía. Eran épocas de azarosa inseguridad, agravadas con las noticias de que algunos expolicías empezaron a prestar sus servicios a los carteles de la droga. La propuesta fue muy mal recibida, al osado funcionario nadie le hizo caso y sus reclamos cayeron en el olvido.

12 sep 2021.- Ahora la alcaldesa Claudia López ha tenido la audacia de proponer la eliminación de la Policía “tal y como existe”, y le han caído rayos y centellas. A la más fervorosa ultraderecha le parece inconcebible que la primera autoridad de la capital no quiera que haya Policía y la critican con insultos gruesos o con planteamientos más emocionales que dialécticos.

Yo también soy de la opinión de que la Policía de hoy no puede ni debe seguir funcionando y que necesita una cirugía mayor que no será posible mientras su director sea el perfumado general Jorge Luis Vargas. Mientras eso no ocurra, seguirá siendo la gran protagonista de cosas que no debieron ocurrir.

Para empezar, si la Policía, como lo define el artículo 218 de la Constitución, “es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil”, lo ideal sería que su director fuese un civil y no un general, en lo que no hay nada de novedoso, porque antes otros han contemplado esa posibilidad. Un civil dirigiendo la Policía les aportaría no solo la vocería política a quienes también por mandato constitucional no pueden deliberar, sino que además tendría las manos libres para tomar decisiones despojado de la solidaridad de cuerpo que en no pocas ocasiones ha de tomar un general en servicio activo. Pero como aquí se suele poner trampa a las soluciones, la idea es que la dirija un civil, no un oficial en uso de buen retiro, pues, salvo contadas excepciones, estos siguen perteneciendo a esas filas.

Lo segundo es recobrar la credibilidad de la Policía entre la ciudadanía, hoy extraviada por cuenta de que siguen los uniformados involucrados en toda clase de delitos y, en los últimos tiempos, en violaciones a los derechos humanos.

En efecto, si en Bogotá alguien viene en la noche caminando tranquilamente por una calle oscura, como lo son casi todas desde la Colonia, y se encuentra con un policía, es bien probable que un alto porcentaje sienta temor de ser atracado. Por eso las gentes no hacen caminatas nocturnas para no exponerse a riegos y creen menos en esos discursos patrioteros que exaltan a los agentes y patrulleros como “héroes de la patria”.

Aquí ha hecho carrera la creencia de que ciertos barrios con estaciones de policía protegen a los lugareños del delito. ¡Qué va! Lo que viven los atormentados vecinos de estas guarniciones policiales es la más pavorosa inseguridad. Los policías no vigilan o ignoran los asaltos que ocurren en sus narices o sencillamente —como lo creen muchos de los afectados— son cómplices o autores de esa cadena de atracos a personas, casas y apartamentos.

A eso se suma la controvertida intervención de la Policía y del Esmad enfrentando la protesta social. Con razón la alcaldesa López puso esta semana el grito en el cielo, reclamando que luego de un año de los graves sucesos de noviembre del año pasado, en los que resultó involucrado el Esmad, no haya sanciones ni en la Procuraduría ni en la Fiscalía. Tampoco hay resultados importantes por los excesos policiales que ocurrieron durante el paro nacional y ese mes de incertidumbres en toda la nación, cuando los noticieros de televisión nos dejaron ver a unos “momios” caleños disparando a la población civil delante de los policías. Buena parte del desprestigio que hoy sacude a la Policía puede estar asociado a lo que recordamos los colombianos de la institución que tiene por fin primordial “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

Menos mal que Claudia López ha puesto de nuevo este tema, que ojalá no lo sepulten ni la conspiración del silencio ni los escándalos de todos los días.

Adenda. Impresentable el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, vetando en la Feria del Libro de Madrid a los escritores que no andan arrodillados a este Gobierno corrupto y mafioso. ¿Será que la Procuraduría no se habrá enterado?

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/desmontar-la-policia/

21.33.-Ciudad gótica GERMÁN VARGAS

En Bogotá, da pánico salir de la casa, y aun quedarse en esta. Todo se salió de madre.

Los delincuentes se vacunaron y terminaron su cuarentena. En los últimos días ya no se puede salir ni a comer, pues la nueva modalidad delictiva es tomarse los restaurantes y despojar a los comensales de sus pertenencias. Todo esto, en sitios bien conocidos como La Taquería, en el parque de la 93. El hasta hace poco tranquilo parque de El Virrey se convirtió en el nuevo Bronx de la ciudad. Da pánico salir de la casa, y aun quedarse en esta.

11 sep 2021.- En Bogotá se han formulado 40.000 denuncias por atraco y robo solo en el primer semestre. Por supuesto, son muchísimas más, ya que solo el 30 % de las víctimas suelen denunciar estos delitos. Mucho más grave aún, los 658 asesinatos, un 14 % más. El atraco con asesinato se incrementó en un 32 %, y el seguido de lesiones personales, en un 45 %. En la capital mundial de la bici aumentó en un 600 % el robo de bicicletas con arma de fuego. A ello se suman decenas de policías agredidos, asesinados y quemados con ácido. Todo se salió de madre.

Ante esta situación, las autoridades responden no con acciones contundentes, sino con declaraciones. Todos los días, sin falta, escuchamos al director de la Policía Nacional y al director de la Metropolitana haciendo pronunciamientos sobre la llegada de 1.500 nuevos efectivos, 5 generales con responsabilidades concretas, innovadores esquemas de coordinación institucional. Estos anuncios podrán ser ciertos, pero ya no son creíbles.

El mindefensa tampoco se queda corto. Que llevará al Congreso un nuevo paquete de medidas y una nueva ley de seguridad ciudadana que, por cierto, no conocemos. ¿Será la misma que ya había anunciado contra el vandalismo? Ya se radicaron dos proyectos: el de carrera y profesionalización de la Policía y el Estatuto Disciplinario de la misma institución.

Es probable que ambos sirvan para resolver otros problemas, no lo dudo, pero no para contener el avance de la delincuencia, menos en el corto plazo. No creo que creando el cargo para un nuevo viceministro de la Seguridad Ciudadana o el observatorio de derechos humanos, o cambiando la imagen institucional o, incluso, la puesta en marcha de la campaña ‘Soy joven y estoy contigo’ o el nuevo ‘look’ de los uniformados mejore la capacidad para enfrentar a poderosas organizaciones criminales que se tomaron las ciudades.

La alcaldesa no se queda atrás. Pero aquí todo el mundo se pregunta en qué quedaron sus promesas de convertirse en la jefa de policía que haría temblar a los delincuentes. Por lo visto, a los que tiene temblando es a todos los ciudadanos, que vivimos bajo el programa ‘Juntos cuidemos a Bogotá’, del cual no se conoce ningún resultado distinto al enorme presupuesto asignado de $ 728.000 millones para seguridad.

 Ya no sabe uno qué pensar del secretario de Seguridad de Bogotá, a quien, parece broma, le robaron una camioneta esta semana. Pero el campeón es, sin duda, el secretario de Gobierno, cuyas estrategias en seguridad se enmarcan en programas de diálogo social como el consejo de la juventud, el barrismo social y los pactos de acción colectiva. ¿Con quiénes cree que está tratando? Y ahora la alcaldesa propone un empadronamiento y un comando élite especial para perseguir y judicializar venezolanos. Sugiero que fichen a Rambo para esta misión.

Aquí todos se tiran la pelota. La Policía Judicial falla en las investigaciones, en la solidez probatoria y la judicialización. La Fiscalía alega no poder acusar correctamente y descarga la responsabilidad en los jueces, y estos, aferrados a las garantías procesales, pusieron en libertad en menos de 48 horas a más del 80 % de los 20.000 detenidos este año. Y el minjusticia solo vive preocupado por excarcelar. Soltó a 30.000 detenidos. ¿La mayoría de estos no regresaron a delinquir? Ni siquiera se ocupó, en la ley estatutaria de justicia, de los temas de reincidencia, del cúmulo de subrogados y beneficios penales, ni del porte de armas ni de nada.

Llegó la hora de que el propio Presidente se apersone del asunto, ponga en orden la casa y asuma el reto de implementar una política de seguridad efectiva, con el beneplácito o no de los mandatarios locales. No necesitamos oír más anuncios, necesitamos que pasen cosas, y más cuando se vienen los meses en que se dispara la comisión de delitos.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/cuidad-gotica-columna-de-german-vargas-lleras-617424

21.33.-¿Monjas o narcos? MARÍA ISABEL RUEDA

¿Cómo así que esa prueba reina existía desde hace 21 años y, sin embargo, seguía inédita?

No es que no se supiera antes lo que revela la carta de los Rodríguez que Andrés Pastrana entregó a la Comisión de la Verdad.

11 sep 2021.- Sino que los muchos que bregamos en esa época (1994) como periodistas por desenterrar la verdad tuvimos que resignarnos, ante la absolución que le dio el Congreso al ya posesionado presidente Ernesto Samper. Porque siempre se alegó que, no obstante innumerables grabaciones, fotos, colillas de cheques, cajas de estrellitas llenas de plata, confesión del contador chileno Pallomari y del tesorero de la campaña, Santiago Medina, aquí se seguía reclamando la ausencia de la que llamaron “prueba reina” de la culpabilidad de Samper. Esta nunca apareció. Hasta la semana pasada.

¿Cómo así que esa prueba reina existía desde hace 21 años y, sin embargo, seguía inédita?

La prueba reina era, al fin y al cabo, el premio de la reivindicación política de Andrés Pastrana, quien fue el que reveló los narcocasetes con los pactos criminales entre políticos y narcos. Cuando los hizo públicos, Pastrana fue acusado de que quería difamar al país ante los gringos, que corrieron a quitarle la visa al presidente Samper. Por eso, descubierta la existencia de la carta, costaba tanto trabajo entender por qué Pastrana se la había guardado todos estos años. Aunque ella apareció publicada en un libro de sus memorias en el 2013, él nunca le hizo énfasis a la existencia de tal documento.

Alegó dos razones de su secreto: la primera, que como la carta le llegó cuando todavía era Presidente, utilizar el Palacio de Nariño para perseguir a su antiguo opositor reñía con la majestad de su cargo. Ese argumento pudo ser válido mientras ejerció la presidencia. ¿Pero cuando su período terminó en 2002? La segunda es que la carta ya no contribuía en nada a un caso cerrado. ¿Pero hasta qué punto el país merecía saber lo que pasó, contado por sus protagonistas, los Rodríguez Orejuela?

Enfurecidos con la entrega de la carta a la Comisión de la Verdad, los Rodríguez se vinieron con una segunda carta reclamándole a Pastrana haber roto el compromiso de que jamás la iba a publicar. Hacerlo era la “sacada de clavo” de Pastrana por una derrota presidencial fabricada por los narcos. Esa revelación lo tuvo cuatro años acusado de apátrida y de traidor, hasta que ganó la presidencia en el 98, cuando ya nadie esperaba pruebas reinas de algo que otras evidencias sólidas habían dejado demostrado.

Pero a esa carta los Rodríguez le añadieron un perturbador elemento: afirmar que fue fruto de una extorsión. Según dicen los Rodríguez, con la intermediación del médico Santiago Rojas, el Gobierno les habría propuesto escribir su testimonio relatando cómo fue su apoyo a la campaña de Samper, a cambio de no extraditarlos. Pero que la carta no hubiera tenido un origen espontáneo, sino, según los Rodríguez, una extorsión, no contradice la autenticidad de lo afirmado en su primera carta. En ella contaron la verdad. Que Samper recibió y sabía.

El otro cabo que deja suelta la última carta de los Rodríguez es el papel del político conservador Álvaro Pava, actual embajador en Buenos Aires, en esta feria de billetes que compraba campañas políticas. Pava salió por todos los medios a jurar que no recibió ni un peso. Lo raro es que si ello es mentira, los Rodríguez Orejuela, que están vivos, se lo pueden refutar. Alguna pruebita se deben haber guardado de ello, o, de lo contrario, sería la palabra de unos contra la del otro. Y en eso llevaría las de ganar Pava; porque si esas platas entraron, seguro no fue a través de la contabilidad de la campaña conservadora. Según indagatoria de Alberto Giraldo en su época (el periodista que organizó los contactos entre los capos y los políticos), a la campaña pastranista también quisieron darle plata. Pero que alguien de allá (¿Pava?) les dijo que si no era en las mismas cantidades que estaban metiendo en la de Samper, declinarían el ofrecimiento. Y, al parecer, eso sucedió. Porque, eso sí, los Rodríguez Orejuela se declaran profundos liberales y demócratas, y si como Alberto Giraldo les dijo en alguna grabación: “El triunfo de Samper, qué curioso, está en sus manos”, era lógico que la preferencia política de los Rodríguez estuviera cantada.

Queda una última pregunta: ¿por qué los Rodríguez se ponen tan bravos de que a estas alturas, 26 años después, se revele una carta manuscrita en la cual lo único nuevo que se dice es viejo? Porque aquel a quien le hacen un aporte tan costoso debió ser, por lógica, el primero en enterarse de un favor de 10 millones de dólares. Los Rodríguez no hicieron una donación anónima, sino una contribución a la campaña de Ernesto Samper Pizano. Si fuera al revés, serían monjitas de la caridad, y no narcos.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-isabel-rueda/monjas-o-narcos-columna-de-maria-isabel-rueda-617443

  • 21.32.-El cinismo hecho poder CECILIA OROZCO
  • Sabía lo que hacía YOHIR AKERMAN
  • Y ahora 4-72 GERMÁN VARGAS

¿Qué nos puede comentar de esta telaraña la ministra Abudinen?

Ya que los organismos de control le están metiendo el diente al sector del Mintic, recomiendo destapar otra madriguera que pinta muy mal. Me refiero a 4-72, empresa pública encargada de los correos nacionales e internacionales y servicios postales, vinculada al Ministerio y, claro, bajo la supervisión de Karen Abudinen.

5 sep 2021.- En 2017 se practicó una auditoría que arrojó 13 hallazgos relacionados con presuntas irregularidades de sobrefacturaciones de servicios, que fueron denunciadas penalmente. Se ordenó parar los pagos a la empresa Macroservicios Express de Colombia, cuyo representante legal es Delio Arturo Henao, para la época contratista de la regional occidente.

En 2021, cuando se abrieron de nuevo las licitaciones de las 8 regionales y una de la ruta nacional para celebrar los contratos de transporte, llamó la atención la denuncia de una presunta colusión, formulada por la Veeduría de Control, a la que no le pararon bolas en el Ministerio.

Traigo a colación estos antecedentes, pues en los meses de marzo a mayo de 2021, 4-72 adjudicó 5 contratos: uno mediante licitación y 4 con invitación abreviada a empresas presuntamente en colusión, es decir que se amangualaron para influir fraudulentamente en estas.

Las empresas beneficiadas en los procesos fueron Macroservicios Express, Megatransportes, Transportes Occidental, Transportes especializados del norte, E cargo, Serfletar y Camarca.

Viendo todo este entramado de sociedades, la pregunta que surge y que habrá que aclarar es si el señor Arturo Henao influyó en 4 o, incluso, en 5 de los contratos adjudicados, cuando se había advertido que una misma firma no podía tener varios contratos.

Muy curiosas y sospechosas coincidencias podrían confirmar las colusiones que tendrá que investigar la Superitendencia de Industria y Comercio en una primera fase, y también la Fiscalía. Van algunas:

¿Por qué Transportes Occidental y Megatransportes tienen igual dirección en Tuluá (calle 27 n.º 43-15)? ¿Por qué Macroservicios Express pagó las pólizas de seriedad de oferta de Transportes Occidental? ¿Por qué el revisor fiscal de Macroservicios le arrienda instalaciones a Transportes Occidental? ¿Por qué la representante legal suplente de Macroservicios, quien es la esposa de Delio Arturo Henao, adquiere las pólizas que luego presenta Transportes Occidental? ¿Cómo puede ser que las certificaciones de experiencia de Transportes Occidental las acredita Macroservicios?

Curioso que los mismos vehículos con las mismas placas se ofertaran en Transportes Occidental y Macroservicios.

Curioso, también, que Macroservicios y Megatransportes se constituyen el mismo día en la Cámara de Comercio de Tuluá.

Una buena pista. El documento de cierre del proceso para Megatransportes lo suscribe María Teresa Henao Sierra, hermana de Arturo Henao, cuando el 100 % de las acciones figuran a nombre de Rubén Darío Marín.

Y ojo porque una de las empresas ganadoras, Transportes Especializados del Norte, demoró la entrega de documentos, con lo que habría que adjudicarle al segundo. ¿Y quién fue el segundo? Pues, nuevamente, Macroservicios.

Hay mucha evidencia de que Arturo Henao no solo es el propietario de Transportes Occidental, sino que tiene intereses en Macroservicios Express y Megatransportes y, posiblemente, en Transportes Especializados del Norte.

¿Qué nos pueden comentar de esta telaraña la ministra Abudinen y en particular el enigmático doctor Víctor Muñoz, secretario de la Presidencia de la República y promotor de Luis Humberto Jiménez, su antiguo compañero de trabajo en Carvajal y luego gerente de 4-72 en la época de adjudicación de los contratos? Lo que es claro es que la empresa va pésimo. Las pérdidas de 2020 superaron los 26.000 millones para el Estado y, de no haberse dado un cambio en la política contable, llegarían a 36.000 millones.

Por cierto, el nuevo gerente presentó una vez más denuncia de estos hechos a la Fiscalía y a la Superintendencia de Industria y Comercio. Las anteriores reposan desde 2017 en la fiscalía 503 local de Bogotá, y las nuevas, a la fecha, no han tenido reparto. Esperaremos pronto conocer de las indagaciones. Y como las cosas avanzan lento se me ocurre pensar en un nuevo reto para la periodista Paola Herrera en La W, quien ya conoce bastante bien el entramado de este sector.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/y-ahora-4-72-columna-de-german-vargas-lleras-615714

21.32.-El cinismo hecho poder CECILIA OROZCO

Podemos defender la vida productiva y el empleo, y al mismo tiempo defender la salud y la vida, declaró este viernes el Presidente Iván Duque, al comentar los resultados del segundo día sin IVA.

Como en el cuento de Andersen (El rey desnudo), “no tiene que ser verdad lo que Duque piensa que es verdad”. O lo que él pretende que creamos que es verdad. Como en esa fábula, el presidente rey supone que todos somos estúpidos excepto él y quienes lo rodean —los pillos que alaban el fabuloso traje que lleva puesto para aprovecharse de su tontería—, cuando el único engañado es el soberano pues los demás vemos la desnudez de su pobre gestión.

1 sep 2021.- Sale y dice como monarca a sus vasallos: “He designado al dos veces ministro de Hacienda, Ex-Decano de Economía de la Universidad de Los Andes, Ex-Gerente Técnico del Banco de la República, y PHD en Economía, Alberto Carrasquilla, como nuevo Co-Director del Banco de la República”. Así, sin explicación. Él es el presidente, el dueño del Ejecutivo y punto. Aparte de los errores ortográficos inconcebibles en un jefe de Estado o en su escribidor (“ex” con mayúscula y separado por guion del resto de la palabra y otra colección inexistente de mayúsculas), Duque omitió, como si con sus silencios desapareciera la realidad, referirse a pequeños interrogantes de la carrera de Carrasquilla que constituyen información relevante.

Por ejemplo, por qué tuvo que retirar el nombre de su exministro, a quien iba a postular para la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), hace apenas mes y medio; por qué en diciembre del 2020 tuvo que desistir, también, de imponerlo como nuevo gerente del banco emisor; por qué Carrasquilla merece ser premiado con el cargo de codirector de ese banco después de que su incomprensión del momento económico que atravesaba el país fuera la responsable de la hecatombe social que vivimos entre protestas multitudinarias y revueltas populares de largo alcance. Y por qué se mantiene en el sótano de los mudos el escándalo de los bonos de agua, negocio privado de intermediación inventado por el “PHD en Economía”, con el que dejó endeudados a 117 municipios pobres de Colombia por más de 20 años. Pero la tela invisible que descubre las vergüenzas de Duque en su manejo abusivo del cargo da para más que Carrasquilla. María Juliana, su esposa, fue cuestionada, en febrero del año pasado, por el senador Iván Marulanda quien preguntó si la señora del presidente usó el avión oficial de Presidencia para un viaje entre Bogotá y Cartagena de ida, venida y regreso a la Ciudad Heroica en un solo día “¡para cambiarse de vestido!”. Prensa oficial de Presidencia desmintió el hecho y lo cubrió con una “apretada agenda” de trabajo en la que nadie creyó. Por esos días, la ciudadanía también se enteró de otro viaje aéreo de la señora con sus pequeños hijos a Panaca para celebrar el cumpleaños de uno de ellos, con amiguitos y mamás a bordo: fiesta particular con bolso oficial. Y en marzo de este año, Noticias Uno descubrió la intención de Ruiz de dejar lista una edición de un libro autobiográfico en que quedaran consignadas sus obras para la posteridad, que sería financiado con el presupuesto del Archivo General de la Nación.

Hay más cola: el entramado barranquillero de la ministra Karen Abudinen (involucrada en el escándalo de adjudicación del contrato billonario para distribuir centros de internet) con el clan Char y la exministra de Duque y procuradora Cabello, quien, a su vez, dispone de su propio entramado, no preocupa a las dos mujeres. No se cuestionan si hay impedimento ético de la una para investigar a la otra. Pero el asunto se resolvió: con descarada desfachatez, una subalterna de Cabello conceptuó que no existe ninguno porque ella, la subalterna, es la investigadora. El sucesor de Cabello en el Ministerio de Justicia, Wilson Ruiz, se inventó un almuerzo “de amigos” con los miembros de todas las cortes en su finca de Nocaima, el pasado domingo. Ruiz se acerca, meloso como es, a los togados en momentos en que estos resuelven asuntos de interés del Gobierno y eligen magistrados para vacantes que al presidente le gustaría llenar con sus amigos. Y una perla de cierre: el fiscal Barbosa, exconsejero de Duque y su compañero de estudios, se fue de puente festivo a San Andrés, en avión de la Policía, con el contralor Córdoba, familias y, de nuevo, amigos y amigas. Barbosa tampoco se disculpó: se viste con las telas invisibles del presidente. Por el contrario, se sintió ultrajado por el control social que le hicimos en Noticias Uno y después en otros medios, y dijo que era un buen padre para justificarse. Y ahora se hizo construir un apartamento privado dentro del búnker —emulando la Casa de Nariño— y se fue a vivir allá con su familia utilizando al personal oficial para las labores domésticas de su casa. Preguntemos a las señoras de servicios generales y al enorme personal de seguridad que anda tras ellos hasta cuáles horas deben servirles y si les pagan por ello o si nosotros debemos cancelar sus oficios, a la que se cree segunda familia presidencial, con nuestros impuestos. Abuso y cinismo en el poder, características de esta administración.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/el-cinismo-hecho-poder/

21.32.-Sabía lo que hacía YOHIR AKERMAN

En la madrugada del 24 de septiembre de 2018, autoridades colombianas y de Estados Unidos tenían listo el operativo para capturar a Álex Saab en Colombia. La operación falló, ya que para ese momento el testaferro de Nicolás Maduro no se encontraba en el país. Algunos elementos recientes demuestran que esto no fue por pura coincidencia.

5 sep 2021.- Todo empieza el 1° de septiembre de 2018, 23 días antes del fallido operativo. Ese día el policía Eddie Pinto Rúa, quien investigaba a Saab por encargo del agente de la DEA Edward Martínez, contactó a una abogada de la oficina de la firma De la Espriella Lawyers para anunciarle que el empresario y sus colaboradores serían arrestados. Abelardo de la Espriella y su firma eran en ese momento los abogados principales del empresario hoy preso en Cabo Verde.

El día siguiente, a 22 días del operativo que no funcionó, Pinto Rúa contactó nuevamente a la abogada María Paula Escorcia con el fin de solicitarle una reunión. El propósito era entregarle información detallada sobre los avances de la investigación que adelantaban la Policía Nacional de Colombia y la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA).

La doctora Escorcia, según se supo después en la entrevista FPJ-14 frente a la Policía Judicial, le avisó a su jefe, el doctor Abelardo de la Espriella, sobre el contacto del policía. Según su relato, De la Espriella autorizó que se diera la reunión con el patrullero en la oficina de su firma de abogados en Bogotá, pero le pidió que grabara el contenido de la reunión. (Ver Abogado de Álex Saab en Colombia autorizó pactos con policía corrupto).

En la reunión, el policía Pinto Rúa, que trabajaba para la sala de interceptaciones Rojo del SIU-Dijín, le entregó detalles importantes de la investigación de las autoridades en contra de Saab. Datos como que, fuera de ser investigado por lavado de activos, también era indagado por terrorismo, por su apoyo al grupo Hezbolá.

Con un detalle adicional: el policía Pinto le entregó información confidencial a la, en ese entonces, firma de abogados de Saab sobre la inminente captura que se venía en contra del empresario barranquillero, su familia y asociados, con todos los pormenores del operativo.

La abogada Escorcia grabó clandestinamente a Pinto en la sala de juntas de la firma de Bogotá y le dijo que tenía que verificar la información que le había entregado. El policía, especialista en comunicaciones e interceptaciones, le dijo que, para comunicarse de manera más segura la abogada y él, le hiciera llegar un teléfono de marca iPhone y le entregó una dirección en el barrio Restrepo para su entrega.

Algo tuvo que haber verificado muy bien con sus jefes en la firma de Abelardo de la Espriella, ya que la abogada Escorcia, muy tiesa y muy maja, le pidió la hoja de vida al policía y al día siguiente, a 21 días del operativo frustrado, le llevó el teléfono de marca iPhone a la dirección en Restrepo. Pinto Rúa le dijo que cuando hablaran por esa línea fingieran ser pareja.

Y la relación falsa fue muy fructífera, ya que después de eso la abogada y el policía, fingiendo ser pareja, cruzaron varios mensajes y tuvieron varias conversaciones que, según la abogada, fueron autorizadas por sus jefes diciéndole que “le siguiera la corriente”.

El 9 de septiembre, a 15 días del fallido operativo de la Policía y la DEA, Pinto Rúa le pidió una reunión personal a la abogada de la firma De la Espriella Lawyers por la zona del aeropuerto. Cuando se reunieron en un centro comercial, le dijo a Escorcia que tenían que sacar a la familia de Saab del país, porque se venía la inminente captura.

“Eddy me dice que no hable nada por teléfono ya que todo lo escucha y que mejor mande a la familia de Saab de vacaciones para que no los capturen, que él puede borrar las llamadas de todos los informes y que a cambio de eso él quería el diario que Álex Saab se gastaba en su caja menor, es decir, $500 millones, que él en la primera cita me dijo que Álex Saab se gastaba”. La abogada informó de todo a sus superiores.

El 24 de septiembre de 2018 se frustró el operativo en contra de Saab, sus socios y familia, precisamente por una fuga de información, pues ya no se encontraban en el país.

Pero, oh, sorpresa.

La abogada Escorcia esperó hasta la tarde del 26 de septiembre, dos días después de la frustrada captura, para rendir la declaración en una estación de policía del Gaula en Barranquilla, sobre el pedido ilegal de soborno del policía Pinto Rúa y sus múltiples comunicaciones. En la entrevista con la Policía Judicial, ni siquiera una denuncia formal, la abogada entregó los detalles del pedido ilegal por parte del patrullero que trabajaba para la sala de interceptaciones Rojo del SIU-Dijín y sobre la naturaleza del teléfono que le entregó, pero quedaron algunos temas sin aclarar.

Un poco tarde, ¿no?

En relación con este caso y por los hechos anteriormente narrados, los abogados De la Espriella y Escorcia fueron denunciados en agosto de 2020 por concierto para delinquir y fraude procesal y también existe una queja contra ellos ante un tribunal disciplinario en Colombia.

El periodista investigativo Gerardo Reyes, de Univisión Noticias, quien ha seguido de cerca este caso y escribió un excelente libro titulado Álex Saab, logró conocer el contenido de una reciente audiencia virtual que rindió De la Espriella por ese proceso disciplinario, en el que se le acusa de prácticas ilegales en el ejercicio de la profesión.

Reyes pudo determinar que, en esa audiencia, De la Espriella cayó en contradicciones y dijo, entre otras cosas, que sí le dio la orden a la abogada de su firma de grabar al policía. Pero eludió explicar por qué esperó más de 20 días para denunciarlo y no aclaró que lo hizo después de que se frustró la operación de arresto del empresario, por la fuga de información. (Ver Exabogado de Saab admitió haber ordenado contactos con un policía que frustró el arresto de su cliente).

Como si no fuera suficiente, De la Espriella salió al ataque. “Esta queja está sustentada en informes de prensa que, dicho también sea de paso, vienen de periodistas con quienes me he enfrentado en tribunales, aquí en los Estados Unidos y en Colombia. Yo tengo una pelea casada con el señor Daniel Coronell, con el señor Gerardo Reyes, con la señora Cecilia Orozco y con todos esos militantes que fungen de periodistas independientes”.

Pero De la Espriella no le explicó al magistrado que esas peleas casadas, de las que saca pecho el abogado, ya las perdió. A De la Espriella le faltó contar que la demanda contra Reyes y Univisión fue desestimada por el juez en Estados Unidos y que él mismo abandonó el caso contra Coronell, luego que los abogados del periodista le pidieron información sobre los contratos de asesoría legal en los últimos seis años, incluyendo sus acuerdos con Saab.

Pero otra cosa llama la atención. Pese a que el policía Pinto Rúa fue condenado por soborno al aceptar el teléfono celular que le obsequió Escorcia con autorización de sus jefes y 300 dólares adicionales para que se comprara otro móvil, entregados por Mario García, asesor legal de Saab, ni el juez ni el fiscal del caso de Pinto se ocuparon de investigar a los que entregaron el soborno. Ni el origen del dinero por el cual fue condenado.

Interesante. Se juzgó al policía que recibió el iPhone, pero no a los abogados que entregaron las presuntas dádivas. ¿Justicia para los de ruana?

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/saabia-lo-que-hacia/

  • 21.31.-“El chaleco antibalas” del caso Ramos en la (in)justicia CECILIA OROZCO
  • La letra con sangre YOHIR AKERMAN
  • ¿Se enloqueció Uribe? PATRICIA LARA
  • Ojo con las amenazas a los más opcionados para las elecciones del 2022 RAMIRO BEJARANO

Gravísimo que en la antesala de la campaña electoral un militante importante de la izquierda como Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, tenga que abandonar precipitadamente el país por amenazas. Y doblemente inquietante que ese plan criminal al parecer también estuviere dirigido para ultimar a Gustavo Petro. Semejante locura solo pueden ocurrírsele a quienes andan asustados con que Petro lidere las encuestas, tanto en la derecha como en la izquierda.

29 ago 2021.- Fácil resulta imaginar lo que pasaría si los criminales resuelven a bala la sucesión presidencial. No pueden volver a salirse con la suya los mismos que desde siempre han estado agazapados disparando desde el establecimiento a personajes influyentes, como lo hicieron con Gaitán.

Esta amenaza del aniquilamiento físico no es aislada ni menos agresiva que la de poner en marcha la guerra jurídica (lawfare, en inglés; en español, sicariato judicial), consistente en la persecución judicial para aniquilar política y reputacionalmente a los adversarios. Se trata de una sofisticada operación que se diseña a partir de las redes sociales y los medios de comunicación, donde ambientan el hostigamiento judicial que arrasa con los derechos humanos y saca del juego político a quien sea víctima de estos poderosos malquerientes. Es el modelo siglo XXI para ganar elecciones o perpetuarse en el poder sin disparar un solo tiro, pero dejando muerto en vida y desprestigiado a más de uno. Por eso ahora andan con el esperpento de derogar la Ley de Garantías.

Aquí ya tenemos andando la versión criolla de lawfare, empezando por Sergio Fajardo, otro aspirante presidencial que va muy bien en las encuestas, o por lo menos mucho mejor que toda la gavilla del uribismo desde donde se han lanzado muchos lagartos a la Presidencia y del mismo modo han empezado a renunciar a sus autopostulaciones, en las que solo habían pensado ellos mismos, dizque para adherir a Óscar Iván Zuluaga, otra vez el que diga Uribe. ¡Qué ridículo!

El papel que la Fiscalía de Barbosa está jugando en este momento es peligroso, dañino y desestabilizante de la democracia, porque amenazar con una acción penal a quien ya se anunciaba como contendor del candidato oficialista en la próxima jornada electoral es lo más parecido a las consecuencias que se pueden derivar de un atentado personal. En efecto, cuando Barbosa decidió mostrar sus gobiernistas dientes a Fajardo, ya el antioqueño había dado las señales necesarias para concluir que su aspiración iba en serio. Por eso, en ese escenario, crear la zozobra al candidato y al electorado de que en cualquier momento lo pueden meter preso por cuenta de un supuesto delito que no han podido explicar cómo se habría cometido es una expresión nada sutil de la más pavorosa guerra jurídica.

Ningún aspirante presidencial incurriría en la estupidez de reclamar el privilegio de no ser encausado con un trámite judicial que amenace con privarlo de su libertad, pero el gobierno debe tomar el toro por los cachos y exigir que el perfumado e incompetente director de la Policía, José Luis Vargas, se ocupe de que cesen las amenazas de atentados contra Caicedo y Petro, y además que se desactiven los torpedos judiciales con los que la Fiscalía amiga ha puesto a tambalear una opción política con el probable encarcelamiento de su dirigente. Esa inquisición soterrada con la que Duque pretende que tengamos elecciones en 2022, disfrazada de lucha contra la corrupción cuando en verdad tiene otros propósitos, se ve verosímil e inminente.

No es una exageración y el Centro Democrático sabe de qué estoy opinando. A un gobierno como el de Duque, amo y señor en la Fiscalía, en la Procuraduría y en la Defensoría del Pueblo, nada difícil le ha quedado impulsar esa malvada guerra jurídica contra sus opositores que aspira a debilitar con expedientes judiciales, apoyada, por supuesto, por ciertos medios que a pesar de estar conscientes del desastre que se viene prefieren aplaudir al régimen y guardar silencio sobre sus atropellos.

Veremos si Duque pasa a la historia como el que aniquiló física o judicialmente a los candidatos que le quitan el sueño. Me temo que no está haciendo nada para evitarlo.

Adenda No 1. Amnistía general para delitos comunes y en beneficio propio. Estado de derecho uribista.

Adenda No 2. Solo falta que con la nueva política para recibir inmigrantes Duque esté haciendo méritos para que a su retiro la ONU lo nombre en la ACNUR.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/ojo-con-el-2022/

21.31.-“El chaleco antibalas” del caso Ramos en la (in)justicia CECILIA OROZCO

Fotomontaje Colombiano Indignado

“Usted me dijo que lo nombraron (como director nacional Anticorrupción) para hacer favores”, le dijo María Jimena Duzán al tristemente célebre abogado Luis Gustavo Moreno cuyo papel en el cartel que armaron unos magistrados corruptos de la Corte Suprema es conocido en el país. “Para hacer mandados”, interrumpió su interlocutor. Ella le replicó: “Pero ¿qué tipo de mandados?”.

25 ago 2021.- Moreno respondió: “Sicariato judicial”. Y añadió: “Para ser chaleco antibalas de unos y para joder a otros”. Agregó: “Y eso no era a las espaldas de Néstor Humberto”. Se refería, claro, al fiscal general Martínez Neira quien nombró a Moreno en octubre de 2016. “María Jimena, esto era con línea de Néstor Humberto, desde luego”. El abogado, hoy silenciado por el aplastante aparato estatal que está en manos del uribismo, fue explícito: “… me llamó el fiscal y me dijo: ‘… conforme un equipo de fiscales que haga caso, Moreno’. Y yo me puse a la tarea: … designé a unos fiscales que… (si les pedía) ‘vaya capturen al papa por cualquier cosa … van y lo capturan’. O ‘deje en libertad a Mancuso, van y dejan en libertad a Mancuso’. Ese tipo de fiscales hay dentro de la institución” (ver).

Antes de posesionarse como flamante director Anticorrupción de Martínez Neira, Moreno fungía como abogado defensor, entre otros, del poderoso político antioqueño Luis Alfredo Ramos quien ha sido tan inalcanzable para la justicia colombiana como Álvaro Uribe. Si se quiere, más que Uribe, a pesar de que estuvo en prisión tres años por orden de la Corte Suprema que lo investiga hace nueve, eso sí, sin llegar a ninguna conclusión: muy conveniente. A Ramos se le abrió proceso en la Corte en 2012 por reuniones que sostuvo con tenebrosos paramilitares de su departamento. Pero pareciera que ninguna sala, ningún tribunal, ningún magistrado, nadie, quiere echarse encima el costo de fallar. Ramos fue representante a la Cámara, senador, alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, ministro, embajador. Le falta y aspira a la Presidencia de la República. Por eso ha tratado de ser candidato con el apoyo de los conservadores, por supuesto de Uribe y el uribismo y, además, de sus excolegas del partido Alas Equipo Colombia, una agrupación hechiza, varios de cuyos miembros fueron investigados o condenados por pactar el ejercicio de sus funciones públicas con los delincuentes del paramilitarismo.

¿Por qué y para qué Martínez Neira nombró a Moreno en ese cargo clave cuando este venía de trabajar con los delincuentes de la cúpula judicial? En efecto, el “fiscal” Moreno llegó a compartir despacho con Martínez después de que estuviera en la oficina de la expresidenta de la Corte Suprema Ruth Marina Díaz y de los también expresidentes de ese alto tribunal Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos. Fue la época en que estos y otros exmagistrados conformaron el “cartel de la toga” para cobrarles centenares de millones de pesos a los políticos que tuvieran procesos abiertos en la Sala Penal, con el fin de garantizarles su absolución sin importar el grado de culpa que constara en sus expedientes.

Moreno fue el vehículo de los togados corruptos para pedirles las coimas a los procesados, recibir los dineros sucios y repartir el botín, del lado de los miembros del cartel. Del lado de los políticos que pagaban el soborno, para que manipulara los casos, los dilatara y consiguiera sentencia favorable o, si esto no se podía, paralizara los casos hasta llegar a la prescripción, es decir, hasta cuando se extinguiera la responsabilidad legal del imputado por no haberlo investigado dentro del tiempo previsto.

Cuando Moreno se posesionó en la Fiscalía de Martínez Neira, fue reemplazado, en la defensa de Ramos, por su socio de pillerías en el cartel de la toga, Leonardo Pinilla, condenado por estos hechos. Pues bien, Luis Alfredo Ramos, hoy, está feliz: tiene de su lado a la Fiscalía sucesora de Martínez Neira, la que dirige Barbosa quien, según relato de la antigua y respetable revista Semana, removió a los fiscales que iban a imputarle cargos al hijo de Ramos, Esteban, y a la esposa de este en un caso conexo con el del papá, suspendió toda diligencia y encargó de vigilar cualquier movimiento, ¿adivinen a quién?

Sí, a Gabriel Jaimes, el de la preclusión de Uribe. Además, papá Ramos cuenta con la indecisión de las cortes y parece tener hadas madrinas por cada rincón de la justicia colombiana. El Espectador publicó que la acción penal contra él prescribe en mayo del 2022, es decir, dentro de nueve meses. La cuenta no da: la Sala de Juzgamiento de la Suprema, en donde se encuentra actualmente el proceso contra el exgobernador, ha sufrido recursos judiciales que paralizaron su decisión, el magistrado ponente que proponía condenarlo fue separado del caso por una acción espuria del mal reputado Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional terció a favor del ponente pero no ha dado a la publicidad el texto de su fallo y los miembros de la Sala de Juzgamiento no se atreven a (¿o no quieren?) resolver.

Aquí no termina la ruta tortuosa: falta, por si fuera poco, que la Sala Penal revise, en segunda instancia, y resuelva. Calculen: si esta sala no ha sido capaz de examinar la condena que se le impuso a otro corrupto de la toga, Jorge Pretelt, que está en sus despachos hace un año y ocho meses, ¿correrá con el proceso Ramos? ¡Cuánta suerte acompaña a este señor! ¡Cuántos altos tribunales le tiemblan a su proceso! Definitivamente, Ramos es más poderoso que Uribe. Lo ha demostrado.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/el-chaleco-antibalas-del-caso-ramos-en-la-injusticia/

21.31.-La letra con sangre YOHIR AKERMAN

Las palabras de Salvatore Mancuso durante el encuentro liderado por la Comisión de la Verdad constataron la dolorosa narrativa de una guerra que, alimentada por el narcotráfico, se valió de todas las formas de ilegalidad para asesinar y pisotear la dignidad de, entre muchas otras personas, los educadores.

29 ago 2021.- El pasado 4 de agosto se llevó a cabo la contribución a la verdad y el reconocimiento de responsabilidades del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y de Rodrigo Londoño, excomandante de las antiguas Farc. En el evento el exparamilitar y exnarcotraficante Mancuso hizo dos revelaciones que tienen que ver con el asesinato del profesor Jorge Freytter, de la Universidad del Atlántico, tema ampliamente investigado en esta columna.

Vamos por partes.

En los primeros 20 minutos de la audiencia, Mancuso votó la primera bomba: fueron las autoridades las que le solicitaron y facilitaron la creación de las autodefensas. Incluso, entregó los nombres de los militares que habrían ayudado a la creación de este grupo armado ilegal al margen de la ley.

“El papel de las Convivir y de los comisionarios políticos nos permite crear las autodefensas a nivel nacional. Y es la manera en la que hacemos un engranaje entre una autodefensa legal, que es la Convivir, amparada por el Estado, con fusiles del Estado y armamento del Estado, servir de bisagra, de engranaje entre la institucionalidad y la autodefensa ilegal. Esa Convivir a mí me pide que cree el Bloque Norte y yo voy a una reunión con un general Iván Ramírez, un gobernador de Córdoba, estuvo Carlos Castaño, estuve yo, están otras personas vivas que participaron en la reunión, y se me pide la creación del Bloque Norte (…) Y así voy a reuniones a los diferentes clubes nacionales de Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, en algunos casos voy a despachos de gobernadores, me reúno con alcaldes, con políticos, congresistas, empresarios, ganaderos”.

El pasado 29 de marzo, ante la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, Mancuso ya había dado algunas luces de este tema. “Cuando fuimos a conformar el Bloque Norte de las Autodefensas, nos reunimos Carlos Castaño y mi persona con el general Iván Ramírez Quintero (…); él había sido comandante de la Brigada 11 en Montería o del batallón, no recuerdo con exactitud, y para ese momento histórico era comandante de la Primera División del Ejército. ¿Cuál es la Primera División del Ejército? La que se encarga de todas las brigadas que están en la zona norte de Colombia”.

 

Y acá se conecta con la segunda admisión importante que hizo el exparamilitar: la toma concertada de las universidades de la Costa colombiana. “Por supuesto que nos tomamos las universidades. Todas las universidades de la Costa, de una u otra manera, públicas, estuvieron como un organismo de control territorial de donde en el pasado veíamos que salían ideólogos y comandantes de las guerrillas, para las diferentes guerrillas del país, y que tenían todas estas expresiones. Dentro de la universidad, empezamos a tomarla. Digamos el poder dentro de las universidades. No para el saqueo de los recursos sino para evitar ese control que tenían las guerrillas dentro de las universidades”.

Pues recordemos cómo se conecta esto con el asesinato del profesor Freytter, ya que recordar es vivir.

A finales de los años 90 y hasta el 2004, Carlos Alfonso Palma Gutiérrez, para sus conocidos “el mono Palma”, trabajaba en la Universidad del Atlántico en la Oficina de Admisiones. Según declaraciones del paramilitar Carlos Romero Cuartas, alias Montería, dadas a la Fiscalía 12 de Justicia y Paz de Barranquilla, varios empleados de esa universidad —entre los que se encontraba Palma, junto a varios rectores— participaron en la desaparición de estudiantes, profesores y sindicalistas de este centro de educación superior.

Como se ha establecido antes en esta columna, según relatos de miembros de las Auc, Palma era informante de los paramilitares al interior de la Universidad del Atlántico. Su labor era identificar a los estudiantes y profesores que tenían ideas sobre temas sociales y políticos que fueran críticos del gobierno. Cuando los ubicaba, pasaba esos datos al Gaula y a los paramilitares, información que era manejada por un teniente llamado Flover Argeny Torres Sánchez.

Pues bien, el 26 de agosto de 2001 fue radicado ante la dirección del DAS y la Fiscalía en rranquilla un anónimo, donde se anunciaba el posible asesinato del profesor Freytter. El documento de tres páginas, escrito a maquina, daba claves importantes. Entre ellas, las placas del vehículo con el que los paramilitares estaban haciendo este tipo de operaciones (AXK 646) y el apoyo con el que contaban por parte del Gaula.

El 28 de agosto, el profesor y líder sindical fue retenido por un grupo de hombres armados al llegar a su casa en Barranquilla. Fue movilizado en una camioneta Hilux doble cabina de color rojo vinotinto, con placas AXK 646. Sometido por más de 24 horas a actos de humillación y tortura, estos terminaron en su muerte al día siguiente. La causa de muerte fue asfixia, provocada por una bolsa de plástico en su cabeza.

Gracias a la evidencia conocida posteriormente, se supo que uno de los agentes del Gaula que estuvo en la operación criminal era el mismo teniente Flover Argeny Torres Sánchez.

El 29 de agosto, un día después de la desaparición del profesor Freytter en esa camioneta, la fiscal sexta especializada ante el Gaula de Barranquilla, Laura Venegas Ahumada, le solicitó al comandante del Gaula Grupo Urbano Barranquilla, coronel Leonel Sánchez Montenegro, encargarse de la investigación del secuestro.

Ese mismo día, el coronel Sánchez Montenegro delegó al investigador Raúl Trespalacios Buelvas, del Gaula, encargarse de la pesquisa. Es decir, pese a que la Fiscalía estaba advertida de que este crimen podía suceder y de la participación del Gaula en la operación con los paramilitares, cuando sucedió la desaparición y asesinato le encomendaron al Gaula autoinvestigarse.

El 30 de agosto, dos días después de la desaparición y el asesinato del profesor Freytter, el mismo comandante del Grupo Gaula Urbano de Barranquilla, el coronel Sánchez Montenegro, pidió a la Dirección Antisecuestro y Extorsión de Bogotá condecorar al agente Flover Torres.

Gracias a la evidencia documental publicada en esta columna, sabemos que Flover Torres, alias el Ingeniero, estaba con los paramilitares en el momento del secuestro y asesinato del profesor Freytter, junto a otros agentes del Gaula. Y según varios relatos, Torres fue uno de los que metieron el cuerpo del profesor en una bolsa para deshacerse de la evidencia.

Pero volvamos al mono Palma. Según los mismos relatos de los paramilitares, Palma, conocido con el alias de Rubén, infiltraba a sus víctimas “haciéndose pasar por sindicalista”.

El 25 de agosto de 2008, Palma Gutiérrez manifestó que estaba muy preocupado por su vida y la de sus familiares, porque personal del Gaula y compañeros de Flover Torres fueron a buscarlo a su casa.

Señaló que personas de Barranquilla le anunciaron que lo estaban buscando para matarlo, porque “en días recientes lo buscó un agente del Gaula activo que es abogado y le manifestó que debía cambiar su versión y en lugar de responsabilizar a Flover Torres le echara la culpas a un Torres del Ejército”.

Posteriormente, el 11 de enero de 2010, en un escrito presentado a la fiscal 24 de Derechos Humanos, reiteró que temía por su vida y que en la cárcel Modelo de Barranquilla se estaba fraguando un plan para presionarlo a cambiar sus declaraciones o matarlo.

Poco después, Palma salió del país porque lo iban a matar. Desde el exilio en Ginebra, Suiza, envió una carta a la Fiscalía el 1° de abril de 2011 diciendo: “Solicito a usted muy respetuosamente se me escuche en ampliación de denuncia en contra de Flover Argeny Torres, porque fue este delincuente junto con Carlos Arturo Romero Cuartas, alias Montería, (quienes) torturaron, cercenándole un ojo y extirpación de testículos, al profesor Jorge Freytter Romero, tal y como fue corroborado por los informes de Medicina Legal”.

El mono Palma murió en 2013 en Ginebra, Suiza, en un accidente en extrañas circunstancias que nunca fueron investigadas por las autoridades, mientras que el agente Flover Torres sigue prófugo de la justicia.

Ayer se cumplieron 20 años del magnicidio del profesor Freytter, crimen declarado como de lesa humanidad y que fue aceptado como crimen de Estado en septiembre de 2020. La Fundación Jorge Adolfo Freytter Romero ha lanzado una beca con su nombre, para estudiantes del Caribe colombiano con el fin de honrar esa oscura fecha para la educación de la Costa colombiana. (Ver Beca).

Y no es para menos, ya que gracias a la evidencia se ha podido determinar que en el secuestro, tortura y asesinato del profesor Freytter se confabularon agentes de operaciones especiales del Gaula del departamento del Atlántico, miembros del DAS y estructuras paramilitares del Bloque Norte de las Auc, controladas por Jorge 40. Bloque paramilitar creado, según Mancuso, a petición de las autoridades en la zona, en confabulación con el Ejército. Y con el objetivo, entre otros, de controlar las universidades y la educación. Un capítulo oscuro de la historia colombiana que algunos sectores políticos prefieren borrar.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/la-letra-con-sangre/

21.31.-¿Se enloqueció Uribe? PATRICIA LARA

Se quejaba Tomás Uribe de que a Juan Manuel Santos lo habían tratado como a un rey en la Comisión de la Verdad, aduciendo que, en cambio, a su padre, el expresidente Álvaro Uribe, lo habían atacado el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, y los comisionados Leyner Palacios y Lucía González.

27 agos 2021.- Nada más alejado de la realidad: en un escenario hostil armado por Uribe, donde montaron la cámara de modo que él pareciera en una posición de superioridad con respecto al padre De Roux, este y los demás comisionados se limitaron a hacerle preguntas que les permitieran entender por qué sucedió el horror de los falsos positivos, por qué hubo connivencia entre paramilitares y militares, por qué, por qué, por qué… Y Uribe, de inmediato, dijo que lo estaban atacando, no asumió responsabilidades y no les pidió perdón a las madres de los inocentes asesinados. Entre tanto, Tomás Uribe, desde lejos, como gran crítica, vociferaba que Santos hasta les había llorado.

Por supuesto que el expresidente Santos lloró. Él —que fue ministro de Defensa de Uribe y en cuyo ministerio llegaron al máximo los falsos positivos, pero al descubrirlos los desmontó— lloró ante la Comisión de la Verdad, como cualquier ser humano hubiera llorado después de concluir su intervención con este párrafo: “Me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada; unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma”.

De manera que no fue que la Comisión de la Verdad tratara a Santos como un rey y atacara a Uribe. No. Lo que ocurrió fue que Santos, a diferencia de Uribe, supo pedir perdón…

Y a propósito de la propuesta de amnistía general que empezó a hacer Uribe a partir del encuentro con la Comisión de la Verdad, hay que decir que no es comprensible ni viable. Por una parte, no se sabe a quiénes se refiere, pues al hablar de amnistía Uribe mencionó a Epa Colombia y a los ladrones de bicicletas. ¿Significa eso que él, que tanto vociferó contra la impunidad, ahora propone vaciar las cárceles y amnistiar a todos los delincuentes? ¿O plantea solo amnistiar a los actores del conflicto, lo cual contraviene el Estatuto de Roma que obliga a Colombia a investigar y sancionar los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y si no lo hace puede intervenir la Corte Penal Internacional? ¿O plantea amnistiar a los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes, salvo que estén acusados de graves violaciones a los derechos humanos y al DIH, mediante la figura de la renuncia a la acción penal de hecho están cobijados en la JEP por una especie de amnistía? ¿O propone una autoamnistía?

Nadie lo sabe. Lo único posible sería que el Gobierno, por ley, les creara a los paramilitares que han contribuido a la verdad y llevan años presos beneficios similares a los que tienen los ex-Farc y los militares en la JEP. Los terceros y los agentes del Estado que no son miembros de la fuerza pública, si lo desean, también pueden someterse a la JEP. Entonces sí, después de que todos digan la verdad, sean juzgados por la justicia transicional y reciban una pena alternativa, se podría hacer ese borrón y cuenta nueva que ahora —¡oh, paradoja!— tanto reclama el irreconocible Álvaro Uribe.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/patricia-lara-salive/se-enloquecio-uribe/

  • 21.30.-Estigmatización YOHIR AKERMAN
  • Entre sabuesos y delfines – RAMIRO BEJARANO
  • Los falsos positivos según Barbosa  RODRIGO UPRIMNY 
  • #Minticgate (o los escándalos en Mintic en la era Duque) AURELIO SUÁREZ
  • Enredadas y amenazándose  MARÍA ISABEL RUEDA

Si estas son las verdades concluyentes que los ex-Farc le están entregando a la JEP, pobre verdad. 

El honorable senador Carlos Antonio Lozada ha acudido dos veces ante la JEP a entregar su versión: “Yo ejecuté la orden de asesinar a Álvaro Gómez”, orden que, asegura, recibió del ‘Mono Jojoy’.

15 ago 2021.- A partir de entonces, a la familia del excandidato Álvaro Gómez no le ha dado confianza esta confesión. Porque hay inconsistencias en relación con los hechos del crimen, y las circunstancias de tiempo, modo y lugar del atentado no tienen referencias concretas. Y eso que no sabían lo siguiente.

La primera de esas declaraciones de Lozada ante la JEP fue en diciembre del 2020 y la segunda, en abril del 2021. En ambas sostuvo que el asesinato lo ejecutaron miembros del llamado Ruan, perteneciente al bloque Oriental, según él, hoy todos muertos, pero, según Piedad Córdoba, queda uno vivo. Preguntado por la JEP si alguien podía servir de testigo de su autoría de dicho magnicidio, Lozada dijo que los miembros vivos de la dirigencia del bloque Oriental. De los nueve comandantes de ese bloque, hoy solo quedan dos vivos, además de Lozada. Mauricio Jaramillo, alias el Médico, del que Lozada dice entender que no se acuerde, porque hace años padece problemas de memoria; y alias Rafael Gutiérrez, de nombre Reynel Guzmán, quien niega rotundamente cualquier conocimiento de que las Farc cometieron el magnicidio, a pesar de que, de acuerdo con Lozada, él era uno de los presentes en la reunión en la que ‘Jojoy’ le preguntó a Lozada, delante de 60 comandantes más, si el operativo contra Álvaro Gómez al fin se iba a hacer o no. ‘Gutiérrez’ asegura que él nunca oyó eso e insiste en que se enteró de esa versión por los medios de comunicación. Por lo tanto, pidió una reunión personal con Lozada para aclarar las versiones, en la que ocurrieron dos cosas insólitas.

Allí, ‘Gutiérrez’ dijo: “Esa información nunca llegó a la dirección del bloque, porque yo no la supe y no voy a responder por eso”. Y fue entonces cuando se sintió amenazado de muerte por su excompañero de armas, con la respuesta que recibió de Lozada: “Así como a usted le da piedra que lo vayan a involucrar, a mí me da piedra que se dude de mí. (…) Yo lo conocí a usted hace como 27 años. Usted y yo, que estuvimos en situaciones de guerra, tenemos secretos como un hijueputa”. (Pregunto: ¿no se supone que deberían estárselo contando a la JEP, o las verdades que están aportando son selectivas, solo las que se escapan de la categoría de ‘secretos los h. p.’?).

Ahí pasa en esa reunión la primera cosa insólita. Que Lozada le dice a Gutiérrez: “Yo pagaría por ver en qué termina usted. El día que usted me entierre o yo lo entierre, ahí hablamos”. A lo que ‘Gutiérrez’, sintiéndose gravemente amenazado, le responde a Lozada: “Pero que me muera de muerte natural y no pistoleado, eso es lo importante”. Por esa frase, ‘Gutiérrez’ radicó en julio pasado una denuncia formal ante la Fiscalía y puso el asunto en conocimiento de la JEP, que 20 días más tarde catalogó su nivel de riesgo como extraordinario.

Pero ante la negativa rotunda de ‘Gutiérrez’ de conocer los hechos, viene la segunda cosa insólita. Que Lozada dice, según versión de ‘El Espectador’, que publica entrecomillada: “Yo tengo en mi memoria, pero uno se puede equivocar, que el ‘Mono Jojoy’ hizo una aseveración en el sentido de que éramos las Farc, no detalló unidad ni nada, sino que eran las Farc; ahí en esos días en que estábamos alistándonos para irnos donde ‘Marulanda’. (…) Pero en el momento en que (‘Jojoy’) lo dijo, yo no puedo asegurar que ‘Rafael’ estaba allí”. Se refiere a una concentración de comandantes del bloque Oriental en noviembre de 1995, en la región del río Itilla, Guaviare. Reunión en la que ‘Gutiérrez’ acepta haber estado presente, pero no haber escuchado jamás lo que Lozada asegura que dijo ‘Jojoy’.

En la primera parte de su declaración se concluye que, según Lozada, ‘Jojoy’ le habría dicho algo como: quiubo, ¿cuándo es que va a matar a Álvaro Gómez? Pero ya más adelante cambia su versión por una más inverosímil. Que fue el propio ‘Mono Jojoy’ el que contó que los autores del asesinato habían sido las Farc. Es decir, que ‘Jojoy’ le reveló a Lozada que el magnicida de Gómez había sido él. O sea, ¿el asesino de Álvaro Gómez no sabía que él había cometido el magnicidio, hasta que se lo reveló ‘Jojoy’?

Si estas son las verdades concluyentes que los ex- Farc le están entregando a la JEP, pobre la verdad. Y si es cierto que ‘Jojoy’ es quien informó a Lozada que fueron las Farc las que mataron a Álvaro Gómez, ¿a quién le estará Lozada haciendo el favor? Porque a él lo condenarán siete años a sembrar lechugas con Gómez, o sin Gómez.

Entre tanto… Entre el Tribunal de Cundinamarca, el Consejo de Estado y el exdirector de la oficina anticorrupción de la era Santos, Camilo Enciso, nos van a dejar sin vacunas contra el covid.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-isabel-rueda/enredadas-y-amenazandose-columna-de-maria-isabel-rueda-610752 

21.30.-Estigmatización YOHIR AKERMAN

No puede leerse como un fracaso el encuentro de la Comisión a la Verdad con el expresidente imputado Álvaro Uribe Vélez. Por el contrario. En el encuentro con el padre Francisco de Roux, el expresidente de Colombia reconoció, por primera vez, que la muerte de cinco personas en el 2004, que en un principio fueron presentadas como bajas en combate, fue ocasionada por miembros del Ejército en el escándalo conocido como falsos positivos.

22 ago 2021.- Fuera de eso y de manera sorprendente, Uribe admitió, también por primera vez, ante los comisionados de la Verdad que los estigmas en Colombia implicaban amenazas de muerte o incluso el asesinato mismo. Se refería a sí mismo.

“Lo de las estigmatizaciones, lo de los encasillamientos, padre. Yo creo que eso ha incidido mucho en Colombia en el asesinato de inocentes. Padre, es que parte de esos atentados contra mí han sido porque ‘Uribe es paramilitar, hay que matarlo’. Yo he sentido eso en carne propia. En este país han asesinado muchas personas porque los han estigmatizado de ‘guerrilleros’ y a otros porque los han estigmatizado de ‘paramilitares’”.

De acuerdo con el expresidente imputado, que posó de víctima. Tan de acuerdo, que vale la pena recordar cuando él ha sido el victimario en esa materia. Y no han sido pocas veces.

“Hablantinosos”, “voceros del terrorismo”, “traficantes de derechos humanos”, “compinches”, “áulicos”, “politiqueros” y hasta “chismosos” han sido los adjetivos más recurrentes de Álvaro Uribe Vélez para atacar a los defensores de derechos humanos.

Esas estigmatizaciones del expresidente han sido tan graves, que el asunto no ha pasado desapercibido para las Naciones Unidas. Así como se oye. En la declaración entregada el 18 de septiembre de 2009 por Margaret Sekaggya, relatora especial de la ONU, después de realizar una visita al país, resaltó que “un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno”. Hablaba del mismísimo presidente.

Ni siquiera las ONG internacionales se han librado de los señalamientos del expresidente. Quien más ha padecido esto es José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. En una intervención pública el 14 de septiembre de 2008, realizada en la localidad de Piendamó, Cauca, Uribe lo acusó de ser “cómplice de las Farc”. Además de los señalamientos, las ONG también han visto afectadas sus acciones de movilización y tomas del espacio público.

El 1° de noviembre de 2008, durante un consejo de seguridad en el municipio de Envigado, Antioquia, volvió sobre el tema: “Simplemente le quiero decir al señor Vivanco y a los señores de Amnistía Internacional que ellos no nos tienen que enseñar a nosotros de derechos humanos, ni de convicciones cristianas, ni de convicciones democráticas. Quiero recordarle al señor Vivanco que él no es el profesor nuestro en derechos humanos y que no lo recibimos como tal, que aquí le perdimos el respeto hace mucho rato”.

Grave. Pero no para ahí.

El imputado exsenador ha estigmatizado a reporteros, jueces y opositores políticos sin mayores consecuencias para él. Varios de esos casos, en contra de periodistas, han sido documentados por la Fundación para la Libertad de Prensa, advirtiendo de los riesgos y presiones que esto pone en la vida de los reporteros.

Por investigarlo y traer a la memoria controversias de su pasado o pedirle cuentas sobre sus gobiernos, el imputado Uribe Vélez ha calumniado múltiples veces a Daniel Coronell, llamándolo “extraditable” o “socio de narcotraficante”; a Daniel Samper Ospina, “bandidito” y “violador de niños”; a Hollman Morris, “cómplice del terrorismo”; a Gonzalo Guillén, “periodista al servicio de las Farc”; a Julián Martínez, “periodista proguerrillero”, y al mismo autor de esta columna, “militante del Eln”.

Todo falso.

Algunas de estas calumnias han tenido que ser rectificadas en los estrados judiciales, ya que todas las acusaciones de Uribe han sido falaces. Y, peor aún, esas estigmatizaciones han generado amenazas de muerte y riesgos para los receptores de las mentiras, como el mismo Uribe admitió saber ante la Comisión de la Verdad. Esa era precisamente la consecuencia de su estrategia.

Pese a eso, las mentiras y falsedades son repetidas por el expresidente Uribe una y otra vez, para tratar de volverlas verdad y con eso acabar con la reputación de los que informan o lo investigan.

Pero volvamos al inicio de esta columna y es la importante noticia de que el expresidente admitió la existencia de muertes extrajudiciales de cinco civiles por parte de oficiales del Ejército.

Es importante porque en el 25 de julio de 2007 el entonces presidente Uribe dio un discurso en la conmemoración del segundo año de la Ley de Justicia y Paz, cuando dijo: “Ahora la estrategia guerrillera es otra: cada que se le da una baja a la guerrilla, ahí mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial. Pero las Fuerzas Armadas han puesto todo el cuidado para no dar lugar a que se señale a miembros de las Fuerzas Armadas de estar en colusión con grupos paramilitares”.

Ahora Uribe admitió, por fin, que los corifeos tenían la razón en esos cinco casos. Algo es algo. Pero el conteo del escándalo de los falsos positivos en sus gobiernos va en 6.402 ejecuciones extrajudiciales, que podrían llegar a 10.000 según algunas organizaciones internacionales.

Los muertos por falsos positivos, sus familias, las organizaciones de derechos humanos que han denunciado esos asesinatos extrajudiciales, los periodistas que hemos investigado los hechos, todos, todos, ¡todos! han sido víctimas de estigmatización por parte del expresidente. Todos menos los militares que cometieron las barbaries.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/estigmatizacion/

21.30.-Entre sabuesos y delfines – RAMIRO BEJARANO 

Contrario a lo que muchos piensan, creo que a Uribe le salió el tiro por la culata con su entrevista con la Comisión de la Verdad en una de sus haciendas, en Rionegro (Antioquia), donde junto con sus perros ladradores e hijos recibió al padre De Roux y a sus acompañantes en un ambiente hostil y de ostensible mala educación. Más amables los sabuesos que los delfines.

22 de ago 2021.- Fue evidente la estrategia del exsenador de insultar a De Roux en la antesala a que llegara a su casa, desconociendo la legitimidad de la Comisión. Más que una grosería, de las muchas que es capaz este exmandatario nada cordial, fue una provocación para que el sacerdote se ofendiera y abortara el encuentro. Uribe creyó que De Roux es tan primario como él y que reaccionaría dando un portazo al primer fuetazo. Por fortuna, a pesar de su cara de bonachón e ingenuo, De Roux le resultó general porque no cedió a la tentación de enfurecerse, que era lo que pretendía la familia Uribe. Si De Roux hubiese desistido de la reunión, el exsenador habría reclamado que no le habían permitido encontrarse con la Comisión y, obviamente, en su estilo difamatorio habría censurado que no lo dejaran contar su “verdad”, la que en todo caso tampoco reveló, ni lo hará nunca.

Si uno de los hijos de Uribe —quienes no estaban invitados— irrumpió con su lenguaje repelente y mal hablado insultando a los visitantes y constriñendo físicamente con patanería a la comisionada Lucía González, a sabiendas de que el episodio estaba siendo transmitido y divulgado, fácil resulta imaginar el tono y la ordinariez cuando están en la intimidad y seguros de que nadie los ve.

Tampoco le resultó el globito tramposo que el potentado finquero lanzó de una amnistía general que empezaría por resolverles a él y a su hermano los densos problemas judiciales que los acosan. Ya no es tiempo de las leyes de punto final. Allí Uribe también tacó burro.

Pero después de ver en televisión cómo atienden los Uribe a sus convidados, quedó claro en la retina de los colombianos que mientras esta poderosa familia siga teniendo protagonismo político, aquí jamás habrá posibilidad de reconciliación y ni siquiera de diálogo. El Centro Democrático está es preparándose para promover una campaña electoral sin argumentos, fundada en el odio, la estigmatización, la calumnia y la persecución, para lo cual cuentan con el inmejorable auxilio de la Fiscalía de Barbosa y el apoyo irrestricto de Duque, el cenutrio.

Hasta el próximo 7 de agosto asistiremos diariamente a intervenciones destempladas tanto de Duque como de Uribe, ambos se reencontrarán en el sendero del resentimiento que nos quieren poner a transitar para asegurarse de que los colombianos salgan a votar asustados e incurran otra vez en el desacierto de elegir otro títere con el que sigan mandando en cuerpo ajeno. Allá hacen cola, no propiamente con paciencia, desde Óscar Iván en adelante con la esperanza de que el presidente eterno les haga el guiño. Ese es el verdadero programa que el uribismo le presentará al país. Tendremos que estar preparados para vivir la peor campaña de toda la historia.

Si estos tres años nos ha tocado vivir en el reino de la mediocridad, la mentira y la corruptela que encarnan Duque y su gavilla de indeseables y matones, eso fue culpa suya y de Uribe, pero si dejamos que nos repitan la dosis para imponernos otra caricatura de presidente que cumpla las órdenes desde El Ubérrimo, la culpa será nuestra y tendremos merecido lo que nos pase, que en ningún caso será bueno ni esperanzador.

La única opción de supervivencia decente es derrotar en las urnas a las fuerzas avasalladoras del Centro Democrático. No parece que eso lo estén entendiendo las organizaciones políticas que tienen la responsabilidad de no dejarse arrebatar otra vez el poder para que lo ejerzan la intolerancia y la inquina. Todos los días nos resulta un nuevo precandidato, mientras el Gobierno y su partido organizan el festín para continuar haciendo de las suyas otro período.

Adenda. Fue un acierto reimprimir el libro Entre la libertad y el miedo, de Germán Arciniegas, sobre las dictaduras latinoamericanas del siglo pasado, escrito hace más de medio siglo cuando era prohibido criticar las dictaduras civiles de Ospina Pérez y Laureano Gómez. Imperdible el capítulo “Cómo se destruye una democracia: Colombia”, sobre esos años de terror.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/entre-sabuesos-y-delfines/

21.30.-Los falsos positivos según Barbosa  RODRIGO UPRIMNY

La decisión de la Fiscalía de imputar cargos por falsos positivos al general retirado Mario Montoya, comandante del Ejército durante el gobierno Uribe, tiene elementos positivos, pero otros muy problemáticos.

22 ago 2021.- Esta decisión es una nueva evidencia judicial de que los falsos positivos —esto es, los asesinatos de miles de jóvenes por parte de integrantes del Ejército para mostrarlos como guerrilleros muertos en combate— no fueron responsabilidad únicamente de algunas manzanas podridas. El fenómeno tuvo tal magnitud, no sólo por el número de muertes sino también por la cantidad de unidades militares involucradas, que implica inevitablemente la responsabilidad, por acción o por omisión, de ciertos altos mandos.

Esto ya lo había señalado el informe de 2010 del relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, quien dijo que eran “demasiados asesinatos de carácter similar para caracterizarlos como incidentes aislados perpetrados por apenas algunos soldados o unidades renegadas”. A la misma conclusión llegó la JEP en sus autos de este año en que ha mostrado no sólo la magnitud del fenómeno, al señalar que fueron más de 6.000 ejecuciones, sino que respondían a ciertos patrones e implicaban la responsabilidad de comandantes de batallones, brigadas e incluso de la II División, ya sea por haber instigado esos asesinatos o por no haber ejercido la adecuada vigilancia sobre sus subordinados.

Es entonces un avance que incluso un fiscal general como Barbosa, muy cercano al Gobierno y al uribismo, concluya que el comandante del Ejército en ese periodo es responsable, como determinador, de esos crímenes, pues confirma que no fueron casos aislados de algunas manzanas podridas. Sin embargo, esa decisión es problemática, al menos por dos razones.

Primero, es ilegal, como lo mostró Yesid Reyes en su última columna y en su entrevista en este periódico. La razón: la Fiscalía debe seguir investigando los crímenes cometidos por militares o policías en el conflicto armado antes del Acuerdo de Paz, pero no puede pronunciarse sobre su responsabilidad pues esa decisión corresponde a la JEP. La Fiscalía no puede entonces imputar cargos, que es una atribución de responsabilidad, sino que debe remitir esas investigaciones a la JEP para que esta se pronuncie sobre esos casos. La decisión de Barbosa creará entonces muchos enredos, que facilitan la impunidad.

Segundo, su fundamento es extraño y puede tener implicaciones muy graves. Según Barbosa, la imputación contra Montoya es porque siguió exigiendo bajas después de noviembre de 2007, con lo cual desobedeció la Directiva 300-28 de esa fecha, que privilegió la desmovilización y las capturas frente a las bajas. Por eso la Fiscalía le imputará “sólo” 104 ejecuciones ocurridas después de esa directiva, cuando hubo miles de falsos positivos en años anteriores y Montoya ya era comandante del Ejército y exigía bajas. ¿Significa entonces que para Barbosa los miles de falsos positivos perpetrados cuando estaba vigente la anterior directiva, que privilegiaba las bajas, no involucran ninguna responsabilidad de altos oficiales a pesar de que exigieran bajas a toda costa como resultado operacional? Si eso es así, ¿quién debe responder por esos falsos positivos perpetrados en los años anteriores? ¿Únicamente los soldados que los perpetraron, pero no quienes incitaron esas muertes por cuanto estaban siguiendo una directiva? ¿Y qué responsabilidad le cabe entonces, según Barbosa, a quienes elaboraron y promovieron la directiva anterior?

Barbosa le debe al país una mejor explicación de su teoría sobre la responsabilidad en falsos positivos de altos mandos, ministros y presidente en ese periodo.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/rodrigo-uprimny/los-falsos-positivos-segun-barbosa/

21.30.-#Minticgate (o los escándalos en Mintic en la era Duque) AURELIO SUÁREZ

Abudinen y su rosca deben irse y el juicio ha de alcanzar a Iván Duque, quien presumió hacer del país un Silicon Valley y remata con Mintic vuelto foco de trastadas.

21 ago 2021.- Los escándalos en Mintic escalan desde la aprobación de la Ley 1978 de 2019 con Silvia Constaín como ministra, que venía de Facebook como jefe de Políticas Públicas para el Sur y Gerente de Relaciones Gubernamentales de Apple para Sudamérica (Wikipedia). A estos agentes o Google o a Amazon, bajo la batuta del Comisionado TIC, Víctor Muñoz, se les diseñó una “ley sastre” permitiéndoles captar gran parte de la torta sin retribuir casi nada. Y a los operadores de telefonía y televisión se les extendieron con largueza las concesiones del espectro.

Las 61 mayores compañías de telecomunicaciones facturan al año 40 billones de pesos (Dinero). El líder es Claro, de Slim, que copó las bandas hasta el tope permitido. Lo siguen Movistar, de Telefónica de España, y Une-Tigo, compartida entre EPM y Millicom. Un oligopolio al que la telefonía móvil causa el 60 por ciento de sus ingresos, la fija, el 25 por ciento y otros servicios, el 15 por ciento. El acceso a internet se alinea hacia el consumo de voz, datos, aplicaciones y afines en un paquete que cuesta dos y media veces el promedio internacional (Ocde, El Tiempo, oct. 2019).

Constaín licitó en 2019 nuevas franjas del espectro. Se avisó que, por fuera del oligopolio, aparecería un operador nuevo, Partners, que obtuvo bloques en las bandas de 700 MHz y de 2.500 (Mintic). El tropezón sobrevino cuando renunció a uno de 10 MHz asignado en la de 2.500, porque “por error” ofreció 1,7 billones de pesos. Se escabulló aduciendo que anotó un cero de más. Se le impuso una ridícula multa de 42.000 millones de pesos, pero se le validó el resto, pese a la objeción de los competidores.

Vino la subasta para administrar y explotar el dominio de internet para Colombia. Desatendiendo admoniciones del procurador Carrillo, Constaín lo adjudicó a la norteamericana Neustar, que tenía demandado al Estado colombiano exigiéndole la renovación automática, aunque a los días fue vendida al gigante GoDaddy, cuyos bajos precios de oferta implicarían, según expertos, un monto inferior a los 41.000 millones de pesos percibidos en la última década (Montes, SEMANA, n.º 1981).

En medio del barullo, aterrizó una nueva ministra, Karen Abudinen, con su rosca: viceministro de Conectividad; secretaria general, que también maneja el Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic); director jurídico; directora de industria de comunicaciones; jefa de fomento regional de TIC y subdirectora de gestión contractual, todos o colegas suyos en el ICBF o en administraciones de Barranquilla o en la Consejería Presidencial para las Regiones o paisanos (como se ve en el roscograma MinTic Abudinen – Char adjunto a esta columna en su versión digital).

En diciembre de 2020 lanzó la subasta por 2,1 billones de pesos para “revolucionar la conectividad en las escuelas rurales del país (…) 14.745 (…) 10.000 antes del 31 de diciembre próximo”. El resultado de la licitación, al final estructurada en dos grupos, fue la asignación de uno para Claro-Comcel (¡cuándo no!) con 7.468 centros digitales, y el otro, con 7.277 en 16 departamentos, para la unión temporal UT Centros Poblados, compuesta por cuatro empresas: una, contratista en la Costa Caribe con evidentes vínculos politiqueros; otras dos, que ajustaron su objeto social para obras TIC, las tres inscritas en la Cámara de Comercio de Barranquilla, que no están entre las 61 principales de telecomunicaciones ni entre las 104 primeras en tecnologías de la información (Dinero); y la cuarta, de pavimentos, también adecuada a TIC, ligada por años al exgobernador Álvaro Cruz, condenado por el carrusel de la contratación.

Pese a recibir 70.000 millones de pesos de anticipo, la UT no había cumplido lo acordado corridos seis meses. El escándalo estalló cuando el banco Itaú dijo que las pólizas de cumplimiento y garantías eran falsas. La UT gastó el dinero, hoy en volandas, en subcontratar con firmas relacionadas y en el giro irregular a una empresa fachada, basada en Delaware, Nuovo Security, con raíces en Barranquilla (Caracol Radio).

Frente a lo dicho por Iván Duque y Abudinen, la solución está lejana y más cuando el abogado de la UT, Pino Richi, ducho en recovecos jurídico-administrativos, como asesor en la Gobernación de Cruz, de los Nule y del Turco Hilsaca, centra su defensa en el despelote ministerial. ¿Se indagaron antecedentes a los miembros de la UT? ¿Acaso no hay en Mintic gestión de control con décadas de experiencia?

No basta acusar lo malo de “los malos”, también lo malo de “los buenos”, deslegitimados por evidentes fallas garrafales. ¿Vigilarán con curia los 2 billones de pesos en “obligaciones de hacer”, que pagarán los operadores del espectro? ¿Administrarán con transparencia el Fontic-Mintic con 1,5 billones de pesos? Abudinen y su rosca deben irse y el juicio ha de alcanzar a Iván Duque, quien presumió hacer del país un Silicon Valley y remata con Mintic vuelto foco de trastadas.

https://www.semana.com/opinion/articulo/minticgate-o-los-escandalos-en-mintic-en-la-era-duque/202101/ 

  • 21.29.-La marrullería reina en el palacio de Nari RAMIRO BEJARANO
  • Feria de Matecaña, gangazo a los Solarte AURELIO SUÁREZ
  • Las últimas piedras del clan YOHIR AKERMAN

Esta es una historia del llamado clan Gnecco. Una columna sobre otra de esas familias que se adueñaron del control político de un departamento y, con eso, de los recursos del erario departamental.

Empecemos.

15 ago 2021.- El clan Gnecco lleva dominando la Gobernación del Cesar desde hace 10 años. El 30 de octubre de 2011, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, hijo de Cielo Gnecco, matriarca del clan, fue elegido por el Partido de la U como gobernador del Cesar. En esas elecciones regionales fue apoyado por el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y por el expresidente imputado Álvaro Uribe Vélez. Toda una hazaña de flexibilidad y conveniencia política.

Una vez Monsalvo Gnecco terminó su periodo, fue sucedido por un pupilo del clan, llamado Franco Ovalle Angarita, también por la U. Posteriormente, en 2019, Monsalvo Gnecco regresó a la Gobernación, seguramente a terminar cositas pendientes. O seguir dejándolas sin terminar más bien.

Tal y como lo documentó la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en una reciente investigación sobre el clan, liderada por el periodista Julián Martínez, desde diciembre de 2016 la Contraloría General de la República adelanta una investigación a varios contratos celebrados desde 2014 por la Gobernación controlada por los Gnecco. Se trata de presuntos detrimentos patrimoniales debido a que las obras se encuentran todavía inconclusas.

Esto llevó a una medida cautelar de la Contraloría, por un proceso de responsabilidad fiscal en el que el departamento del Cesar ha resultado afectado por más de $50.000 millones, uno que otro pesito, debido a un contrato firmado durante la primera administración de Monsalvo Gnecco.

La Contraloría habría ordenado medidas cautelares, con posibles embargos, contra el gobernador Monsalvo Gnecco y contra el exgobernador Francisco Fernando Ovalle Angarita, todos pertenecientes al clan Gnecco.

La reciente columna del subdirector de Pares, Ariel Ávila, menciona este hecho, estableciendo que el objeto del contrato era la construcción de dos centros de desarrollo tecnológico de investigación ganadera y pesquera en Valledupar y La Paz, Cesar. Las obras no se han logrado terminar, a pesar de que el clan Gnecco ha concentrado el poder del departamento durante una década y lo seguirá haciendo hasta el 2023.

Pero vamos más atrás.

El 17 de agosto de 2012, el gobernador Monsalvo Gnecco envió un mensaje, en su cuenta de Twitter, resaltando que había puesto la “primera piedra” del proyecto. Fue más bien la última piedra, porque la construcción hoy no se ha hecho.

Paradójicamente, Monsalvo Gnecco dice en su propia página web, en la sección “Logros de gobierno” del espacio dedicado a su biografía personal, que las obras del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Ganadería están convirtiendo “al Cesar en referente del desarrollo agropecuario, al revolucionar el sector con programas de mejoramiento genético que aplican tecnología de punta en los laboratorios de fecundación in vitro”. Fecundación in vitro, pero de elefantes blancos.

Terminemos.

Ese no es el único problemita del actual gobernador del Cesar, Monsalvo Gnecco. El pasado 13 de julio, en el marco de un proceso que enfrenta en la Corte Suprema de Justicia por irregularidades en un contrato de alimentación escolar, un fiscal delegado pidió casa por cárcel para el gobernador. Monsalvo Gnecco es investigado por presuntas irregularidades por $3.000 millones en contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Otra piedra en el zapato.

El contrato cuestionado, fundamentalmente por temas de supuestos sobrecostos, fue suscrito en el año 2015 con el Consorcio Alimentación Escolar a Salvo, e imputado por los delitos de apropiación en favor de terceros agravados y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Uno de los sobrecostos cuestionados correspondería a que, por ejemplo, el kilo de hígado, que costaba $14.000 en el mercado, fue registrado por $65.000 en el contrato.

Hay que mirar cuál es la calidad del hígado encebollado que se come el gobernador, ya que un sobrecosto de $50.000 por kilo es algo sospechoso.

Pese a todo esto, el 7 de julio, al presidente Iván Duque no le faltaron hígados para anunciar junto al polémico gobernador Monsalvo Gnecco la consolidación de un contrato por $140.000 millones, con el fin de iniciar las obras del Centro Cultural de la Música Vallenata.

Una cosa hay que concederle al presidente Duque y es que siempre ha tenido sus prioridades claras, en lo no importante. Como dijo la periodista Katia Ospino en su cuenta de Twitter: “Con alfombra roja y el montaje de una escenografía millonaria, avanzan los preparativos de la parranda vallenata en la que el gobernador del clan Monsalvo Gnecco pondrá la primera piedra de $140.000 millones que servirían para recuperar el hospital RPL y el IDREEC”.

Pese a no invertir ese dinero en salud o educación del departamento del Cesar, lo más seguro es que el pomposo anuncio solo quede en poner la primera piedra, y el resto de la inversión para las otras quede, como siempre, en familia. O se pierda en el camino y en las arcas de los miembros o cercanos a ese poderoso clan. En el evangelio según Gnecco, las últimas piedras siempre serán las primeras.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/las-ultimas-piedras/

21.29.-La marrullería reina en el palacio de Nari RAMIRO BEJARANO

Pfizer y AstraZeneca se mostraron preocupadas por la vulneración a la confidencialidad.

Son varios los episodios que van dejando claro que este es el régimen del embuste. Así lo confirman la insólita amenaza lanzada por el mismo subpresidente Duque con ocasión de la divulgación de los contratos suscritos con varias farmacéuticas para la compra de vacunas contra el COVID-19 y también el cinismo con el que el Gobierno ha respondido a la legítima petición elevada a la Corte Constitucional para que amplíe el período de la Comisión de la Verdad.

15 ago 2021.- El Gobierno inicialmente rehusó entregar la información sobre los contratos con las farmacéuticas haciendo valer un pacto de confidencialidad, lo que suena absurdo e ilegal, pues cualquier funcionario sabe que en materia de precios de un contrato estatal no puede arroparse en la reserva, porque eso además propicia conductas de monopolio contrarias a la ley. En otros países de la región se firmaron contratos con cláusula de confidencialidad, la cual ya fue levantada, ¿pero por qué aquí no? Raro. ¿Y la Procuraduría?

El Gobierno fracasó en su empeño de mantener ocultos esos contratos, porque dos fallos de insistencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca —en uno de los cuales intervine— ordenaron entregar la información. ¡Quién dijo miedo! La Casa de Nari se entregó a la tarea de anular esas decisiones del Tribunal, para lo cual desplegó toda la batería jurídica que no actuó frente al desfalco multimillonario del contrato del Mintic con Centros Poblados, y apoyó una tutela de las farmacéuticas ante el Consejo de Estado, que también perdieron. Por un error involuntario alguien en el Consejo de Estado publicó los contratos que habían sido remitidos por las farmacéuticas bajo reserva. Ahora Duque anda furioso amenazando con denunciar penalmente a quien divulgó esos contratos, en vez de rescatar los $70.000 millones entregados a sus protegidos con una póliza falsa.

En el entretanto, los aplaudidores del Gobierno siguen asustando con el cuento de que las farmacéuticas podrían suspender el envío de vacunas, lo cual es otra mentira tejida para respaldar la estrategia de no divulgar nada. Pero, eso sí, se hacen los bobos ante el hallazgo no desmentido de que las vacunas aquí fueron más costosas que en otros países.

Es sorpresiva la noticia malintencionada difundida por el Gobierno según la cual la presidenta del Consejo de Estado, Marta Nubia Velásquez, “está preocupada porque es información confidencial para garantizar el cumplimiento de los contratos de suministro de las vacunas”. Testigo de su prestigio, afirmo que se trata de una versión mendaz para intentar poner del lado del Gobierno a la doctora Velásquez, jurista seria y responsable, con suficientes horas de vuelo, a quien le atribuyen haber soltado la imprudencia de que esos contratos contienen información confidencial. Estoy seguro de que, como jueza que es, jamás pronunciaría tal dislate.

Pero hay más. Conocido el justificado pedimento por vía de tutela para que la Corte Constitucional amplíe el período de la Comisión de la Verdad, en atención a que sus tareas se afectaron por la pandemia, otra vez el Gobierno se ha hecho sentir con sus mañas.

Ni Duque ni nadie en su Gobierno quieren la Comisión de la Verdad. Les incomoda todo lo que allá se conozca aunque no tenga efectos judiciales, al igual que la JEP. Espero que el querido padre De Roux no esté confiando en que el Gobierno apoyará su solicitud ante la Corte. No obstante, ya dos funcionarios —uno de Palacio y otro del Ministerio de Justicia— dejaron saber que el plazo inicial de la Comisión fue razonable y que si hubiera que extenderlo por no haber podido trabajar todo el tiempo, también se deberían ampliar los períodos de quienes fueron elegidos por voto popular, es decir, el del mismo Duque.

Olvidaron estos prestidigitadores que si a Duque no le rindió como mandatario fue porque se convirtió en pesado presentador del ladrilludo programa diario de televisión que condujo hasta cuando el paro nacional lo sacó del embrujo mediático. Qué diferencia, mientras Duque se hacía propaganda con los recursos del Estado, la Comisión de la Verdad trabajó con las uñas y en silencio.

Si todo esto no es trampa, entonces ¿cómo llamarlo?

Adenda. ¿Cuál es la relación del acaudalado director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, con el próspero diplomático Carlos Andrés Barahona y la firma PC Smart?

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/reino-de-la-marrulleria/

21.29.-Feria de Matecaña, gangazo a los Solarte AURELIO SUÁREZ

Pese a avisos de veedores sobre los perjuicios que acaecerían con esta concesión, el alcalde Gallo desoyó y procedió con la barbaridad.

El Grupo Solarte (CSS-otros) es de los primeros contratistas en obras públicas, consentido por todos los gobiernos y vehículo de bancos para inversión en infraestructura. En el de Uribe 1 recibió la concesión Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS); en el de Samuel Moreno en Bogotá, en asocio con Odebrecht, hizo el interceptor Tunjuelo-Canoas, y en 2008, con Uribe 2, con el mismo socio brasileño y el Grupo Aval, ganó la manchada Ruta del Sol 2 y luego la adición Ocaña-Gamarra.

14 ago 2021.- Hace parte de Opain, la concesionaria del Aeropuerto El Dorado, y fue favorito de Vargas Lleras en la adjudicación de las vías 4G, con presencia en cinco de ellas. Súmele vías regionales como la Troncal de la Paz en Antioquia con Aníbal Gaviria, hoy detenido.

La concesión BTS, a 30 años con 15 más prorrogables, data de 2002. Según anunció la ANI, Solarte la vendió en 2020 al fondo australiano Macquarie y dejó tramos pendientes, pleitos con trabajadores (La W) y litigios con propietarios de predios. Un veedor dijo: “El Gobierno invirtió 1,6 billones de pesos, pero nunca se supo cuánto Solarte” (Boyacá Siete Días, septiembre, 2020).

Respecto a Tunjuelo-Canoas, “La Fiscalía pudo demostrar que las dos empresas (Odebrecht y CSS) pactaron pagar 8,75 por ciento del contrato en coimas para asegurar la consecución de la obra” y Paola Solarte aceptó el cargo, al acogerse a sentencia anticipada. En la Troncal de la Paz, Luis Fernando Solarte, “procesado por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales (…) dejará de ser investigado siempre y cuando revele información (…) que envuelve principalmente al gobernador suspendido de Antioquia, Aníbal Gaviria” (Infobae, junio, 2021).

Como socio del 29 por ciento de Opain en el aeropuerto El Dorado, ha disfrutado de 30 modificaciones ventajosas desde 2006 hasta 2019, más de dos por año (ANI). En cuanto a la corrupta Ruta del Sol 2, en la que participaba con el 4,99 por ciento, se benefició con ilegalidades, como denunció Camilo Gómez: “Pusieron los recursos empresas de Odebrecht y la constructora de Solarte y ahí mismo, tan pronto recibieron ingresos, la sacaron a manera de distribución anticipada de utilidades” (Asuntos Legales), “una dinámica de reembolsos y pagos irregulares en la ejecución” (SIC). ¿Escogió Odebrecht compinche para tan sombrías maniobras? Aunque por sanciones y restricciones del sector bancario, el Grupo Solarte viene mimetizándose tras las estructuras societarias en varias vías 4G, proyectos como Popayán-Santander de Quilichao ni siquiera han arrancado.

Hay un desatino menos difundido: la concesión del Aeropuerto Matecaña, de Pereira, cuando ya se conocía de ciertos torcidos de CSS. “En abril del 2017 el alcalde Juan Pablo Gallo suscribió el contrato por valor de $287 mil millones y plazo de 20 años… se presentarían dos proponentes de 12 firmas habilitadas (…) El ganador ofreció (a Pereira) una participación de los ingresos (…) del 10,82 por ciento y el perdedor el 10,63”, un porcentaje bajo para este tipo de concesiones. Como dudosa coincidencia, el consorcio rival tenía entre sus miembros a William Vélez, asociado a CSS en El Dorado. No es suspicacia sospechar colusión entre los proponentes (Carlos A. Crosthwaite, Elopinadero.com.co).

Como “árbol que nace torcido, difícilmente endereza”, el desarrollo contractual es un sendero de disparates. Luego de cuatro años, CSS no ha cancelado la estampilla Procultura, que grava en Pereira todo contrato público con el 1 por ciento. El texto original lleva ya cinco modificaciones, varias sustanciales, como en la cláusula que exigía que el crédito bancario, con el que se respaldaba el contrato, fuera consignado en un patrimonio autónomo. Sin embargo, ya que por sus malandanzas CSS perdió la confianza del sector financiero, se le franqueó reemplazarlo con inciertos recursos propios, que podrían venir hasta de los mismos de la concesión (2017). ¿Se violaron in fraganti los términos de la licitación?

Llenó la copa “el rebose de las canales recolectoras de aguas lluvias de su cubierta cada vez que se presenta un fuerte aguacero (…) se ven discurrir aguas por las salas de atención a pasajeros (…) daños en baños de atención al público” (Crosthwaite). Se infiere que los recursos para mantenimiento correctivo o preventivo no se usan o quizás, por la iliquidez de CSS, ni existen (video). Pese a avisos de veedores sobre los perjuicios que acaecerían con esta concesión, el alcalde Gallo desoyó y procedió con la barbaridad. Ahora es candidato al Senado por el Partido Liberal, estampa de una clase emergente que capturó la administración pública pereirana, reedición de “los mismos con las mismas” que hicieron bazares del patrimonio público. Con tan profuso prontuario cabe inquirir: ¿fue sin contraprestación la feria de Matecaña? Averígüelo, señor Fiscal.

https://www.semana.com/opinion/articulo/feria-de-matecana-gangazo-a-los-solarte/202100/

 

  • 21.28.-Agro, Ingreso Seguro 2.0 AURELIO SUÁREZ
  • Nuestras pequeñas guerras futbolíticas –RAMIRO BEJARANO
  • Mensajes perversos de la Fiscalía Barbosa CECILIA OROZCO
  • Parajusticia – YOHIR AKERMAN
La decisión la anunció el fiscal Francisco Barbosa en entrevista con Vicky Dávila – Foto: Archivo

El uribismo continúa con un esfuerzo organizado para seguir creando una historia del país paralela, que desconoce los delitos cometidos por funcionarios de los gobiernos del mandatario Álvaro Uribe Vélez. A la misma vez, una justicia a la medida para esto. Y no solo los delitos cometidos por sus funcionarios, sino también por el mismo imputado expresidente.

8 ago 2021.- Ese ha sido el caso con el general en retiro del Ejército Mario Montoya Uribe, en el que la velocidad y contundencia de la investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha hecho que se mueva su proceso en la Fiscalía. Caso que hasta ahora dormía su suerte en el anaquel del olvido.

La JEP, encargada de juzgar los hechos más graves ocurridos en el marco del conflicto armado, imputó la semana pasada a otros 15 militares por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Fueron 127 asesinatos en la costa Caribe, como parte del proceso de “falsos positivos”, como se conoce a los asesinatos de civiles por parte de uniformados para presentarlos como guerrilleros caídos en combate.

Pocos días después de la decisión de la JEP y ante la contundencia de la evidencia y los hechos, el fiscal general, Francisco Barbosa, se vio obligado a anunciar que imputará a Montoya por 104 ejecuciones extrajudiciales, como entonces comandante del Ejército de Colombia durante los años en que se produjeron la mayoría de los falsos positivos.

Un poco de contexto.

El expresidente Uribe nombró en febrero de 2006 al general Montoya Uribe, quien fue uno de los cerebros de la Operación Orión en Medellín, ocurrida entre el 16 y 19 de octubre de 2002. La Operación Orión no fue para rescatar a Medellín de la delincuencia, sino una cadena de crímenes que se ejecutaron bajo la declaratoria del estado de excepción. En ella, militares dirigidos por Montoya patrullaron y asesinaron en conjunto con los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, con la justificación de combatir a las guerrillas.

De acuerdo con la Corporación Jurídica Libertad, hubo 80 civiles heridos, 17 homicidios cometidos por la Fuerza Pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas y 370 detenciones arbitrarias.

Eso, solo para hablar de una de las operaciones famosas de Montoya. Pero se pueden recordar otras.

El 2 de mayo del 2002, un cilindro bomba cayó dentro de la iglesia de Bojayá, en Chocó, donde los habitantes se protegían de un horrible enfrentamiento entre la guerrilla y las Auc. El hecho ocasionó la muerte de 119 personas, dos de ellas después del ataque, y el desplazamiento de casi 6.000 civiles.

Como he dicho antes en esta columna, este fue uno de los ataques más sangrientos y violentos de la guerrilla de las Farc y su actuar siempre será imperdonable y tenido en la memoria. Pero no solo el de los guerrilleros.

Cuando Mario Montoya, entonces comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, llegó a la zona un día después de la masacre y vio la cantidad de periodistas, mandó a uno de sus oficiales a comprar unos zapatos de bebé.

Como si la devastadora escena no fuera suficientemente escalofriante, Montoya, ante una de las cámaras, sacó uno de los zapaticos y antes de la entrevista comenzó a llorar. Como un dato aparte, esas mismas cámaras lo grabaron después, casual, dando órdenes a sus oficiales, rodeado de paramilitares y en completa coordinación con ellos. (Ver Video conocido en 2010).

Esa no fue la única vez que Montoya trabajó en coordinación con los paramilitares. O que inventó supuestas víctimas, ya que, peor aún, también creó falsos guerrilleros que eran tan solo jóvenes civiles.

El 7 de febrero de 2008, Darvey Mosquera y dos amigos salieron del municipio de Pradera, Valle, con la idea de conseguir un trabajo que les había ofrecido un soldado. En el camino fueron detenidos por otros miembros del Ejército que les dispararon.

El cuerpo de Darvey, hijo de la señora Alfamir Castillo Bermúdez, apareció después en una fosa común usando un uniforme camuflado, con botas pantaneras. Fue presentado como “guerrillero muerto en combate”. Los autores eran miembros del Batallón 57 del Ejército.

Es importante resaltar que la señora Alfamir Castillo ha dejado constancia verbal, en una de las audiencias contra Montoya, de que ha recibido amenazas de muerte para no declarar dentro del proceso.

Lo mismo pasa con otro importante testigo. El señor Robinson González del Río fue coronel del Ejército hasta 2014 y actualmente ha recibido amenazas de muerte. González del Río fue condenado en segunda instancia a 37 años de prisión por su participación en el asesinato de dos jóvenes en la vereda Trocaderos del municipio de Neira en septiembre de 2007, como parte de los falsos positivos dirigidos por Montoya Uribe.

También sucede con el paramilitar Adolfo Guevara Cantillo, conocido en el mundo en el mundo del crimen organizado como 101, quien recibió amenazas por sus declaraciones en contra de Montoya.

Y no es sorpresa. En una entrevista con el periodista Gonzalo Guillén, alias 101 dijo que “el general Mario Montoya es el mentiroso más grande que puede existir y yo pienso que la vergüenza más grande para el Ejército porque, si bien nosotros como como oficiales hicimos muchísimas operaciones, hicimos muchísimas actividades de pronto convencidos de una causa, él la hizo por dinero, y a él le pagaban, él tenía su sueldo y él todo lo hacía por dinero, todas sus actividades entre la organización fueron por dinero y lo puedo decir porque yo tengo la fortuna de haber sido militar, pero también la gran fortuna de haber pasado posteriormente a las autodefensas y conocer muy de cerca, muy bien que era lo que se manejaba dentro”.

Pese a todo esto, el expresidente Uribe y todo su aparato de defensa paralela de justicia, o parajusticia, siempre han defendido a Montoya y establecido que es un héroe, nada más ni nada menos. Pero es mutua la admiración. Montoya condecoró al expresidente Uribe el 7 de agosto de 2008, en plena época intensa de falsos positivos, con el Bastón de Mando, “como una forma de reconocerlo como un líder que ha dado ejemplo y ha aportado a las Fuerzas Armadas con sus conocimientos”.

 Pocos meses después, el 4 de noviembre de 2008, Uribe elogió a Montoya tras su renuncia a la comandancia del Ejército, aunque todo demostraba que era el motor de los falsos positivos.

“El general Mario Montoya es un ser excepcional en aquello del ser que busca la eficacia operativa sin perder de vista la transparencia. Algunos equivocadamente creen que para ser eficaz hay que violar la transparencia, el general Mario Montoya ha entendido siempre que la eficacia tiene que ir acompañada de la transparencia y otros equivocadamente creen que para ser transparente hay que renunciar a ser eficaz y dejar que simplemente pasen los años en las Fuerzas Armadas sin combatir a los terroristas para salvar a una apariencia de transparencia, el general Mario Montoya no es eso, el general Mario Montoya ha sido una equilibrada combinación de eficacia y de transparencia”. (Ver Video).

Así de excepcional y equilibrada es su combinación entre eficacia y transparencia, que en una audiencia del 13 de febrero del 2020 el general Montoya dijo que los falsos positivos ocurrieron porque los soldados a su mando, que prestaban el servicio militar eran de estrato 1 y 2 entonces no entendieron sus órdenes. “Pues esos muchachos ni siquiera sabían cómo coger cubiertos ni cómo ir al baño, entonces no entendieron la diferencia entre resultados y bajas, y por eso cometieron estos hechos”.

Qué indolencia, descaro y, especialmente, ¡qué mentira!

Para demostrar la falsedad de sus palabras siempre están los documentos, que están en poder de la Fiscalía hace varios años. Uno de ellos es la orden del día N. 073 del miércoles 5 de abril de 2006, firmada por el comandante del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, en Bello, Antioquia. Allí se establecieron las tareas cotidianas en esta unidad castrense y sirven para entender la distorsión que tenía Montoya entre el bien y el mal.

La “orden de carácter permanente”, que eran las recomendaciones del general Mario Montoya, entonces comandante del Ejército, contenía 28 “políticas” que debían ser tenidas en cuenta no sólo allí, sino en las unidades militares de todo el país.

Entre ellas se destacan frases como “los comandantes se evalúan por sus resultados” y “las bajas no es lo más importante, es lo único” (sic), que impusieron alta presión a las tropas y generaron una práctica sistemática de asesinatos de civiles, para hacerlos pasar como “dados de baja”, y con ello lograr beneficios personales. Entre los que estaban ascensos, recompensas, permisos y viajes de placer.

Lo único excepcional de este personaje es su manera de volverse una máquina de muerte de civiles indefensos. Todo un asesino excepcional.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/parajusticia/

21.28.-Agro, Ingreso Seguro 2.0 AURELIO SUÁREZ

En el colmo de los colmos, el crédito agropecuario está destinando cuantiosos montos a financiar las importaciones de productos del agro. ¡Horror! 

En 2006, Álvaro Uribe lanzó el programa de crédito agropecuario subsidiado Agro, Ingreso Seguro, presentado para “promover la productividad y la competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía” (DNP). 

7 ago 2021.- Jorge Enrique Robledo demostró lo contrario: “El gobierno nacional tomó los escasos recursos del sector agropecuario (…) y los distribuyó de una manera concentradísima, en beneficio de unos pocos muy poderosos, a quienes les dio mucho, mientras que a casi todo el resto de los colombianos no les dio nada y a unos cuantos tan solo alguna cosa”.

Desde el comienzo se sabía que, dentro de las dadivosas entregas a la cúpula de beneficiarios, se violaron las normas en cerca de 40 casos por valor de 16.567 millones de pesos, por lo que los implicados debieron devolver esa suma (El Espectador). El ministro Arias fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por 17 años, inhabilitado y multado por organismos de control, y con él llevados a juicio más de una decena de funcionarios. Varios de ellos y un número similar de los particulares aventajados irregularmente se acogieron a sentencia anticipada (El Espectador).

Resulta absurdo que, en 2020, 15 años después, el Gobierno de Duque repita la historia, al menos con la concentración del crédito. Informes de Finagro y glosas de analistas y gremios del campo lo demuestran. De 24,2 billones de pesos que se colocaron, 17,2 billones, el 71 por ciento, se prestaron apenas al 2 por ciento de los solicitantes, calificados como “grandes”. En la otra orilla, el 75 por ciento de los prestatarios, los “pequeños”, apenas recibieron 14 por ciento de las colocaciones, 3,4 billones (Finagro).

En números absolutos significa que “el saldo promedio de cartera de un pequeño productor es de cerca de $7 millones; el de un mediano, de $60 millones, y el de un grande, de $1.202 millones” (Finagro, 2020, p. 86). Luego 14.309 “muy poderosos” disponen de casi 18 billones de pesos, en tanto 60.000 medianos se hacen a 3,6 billones, y 485.714 campesinos y menores productores acceden entre todos apenas a 3,4 billones. Como las unidades de producción agropecuaria son casi 2 millones, resulta que cerca de tres de cada cuatro no acceden a ningún tipo de crédito. ¿Así o más desigual? (Dane- ENA-2019).

Ahí no para la iniquidad. Cuando se mira el objetivo de los créditos, el dato es aterrador. Sabiendo que los escasos recursos son solo 2,4 por ciento del PIB, mientras el agro es casi el 7 por ciento de la economía, tres de cada diez pesos colocados van a “normalización”. Es el nombre técnico para “refinanciación”, que no es para nuevas actividades, sino para sujetos cuyas obligaciones “no han podido cumplir con el cronograma de pagos acordado”. No fomenta la producción, sino que prorroga a mayor costo los recorridos de crédito sobre morosos entrampados, lo que es evidencia de las gigantescas dificultades del campo.

Un documento de Fedegán denuncia quiénes son los “muy poderosos”: “Dentro de una distorsionada concepción de cadena, incluyen rubros de Comercialización y Servicios de Apoyo, por donde se cuelan hasta grandes superficies, multinacionales de agroquímicos e industrias procesadoras” y que, en cuentas gruesas, capturan casi la mitad de todos los créditos, 45 por ciento. El hecho es conocido por los arroceros, que ven “fugar” ingentes paquetes hacia el oligopolio de los molinos, vía “comercialización” (Agameta). En el colmo de los colmos, el crédito agropecuario está destinando cuantiosos montos a financiar las importaciones de productos del agro. ¡Horror!

El manejo del crédito está puesto en alto porcentaje en las entidades privadas, como banca de primer piso, a las que se entregan recursos del Gobierno, de Finagro, a tasa de DTF + 1 por ciento y los colocan a DTF + 10 por ciento, por ejemplo, al mediano productor, vuelto así en “vaca lechera” de la banca. Un margen confiscatorio.

Las distorsiones son inconcebibles: la tasa de interés, para el pequeño productor, oscila alrededor del 11,5 por ciento; la del mediano, en torno al 10,5 y la del grande, donde hay libertad a los bancos para negociarla, del 8,5 real (Fedegán). ¿Es posible mayor asimetría? ¿Habrá en las generosas tarifas a los “grandes” una reedición de los desaguisados del original Agro, Ingreso Seguro? En manos de la Contraloría General y del control político del Congreso queda averiguarlo.

Iván Duque anhela ser recordado por la “equidad”. El caso del crédito para la agricultura será uno más donde ocurrirá al revés: lo añorarán el sector financiero y los “muy poderosos” favorecidos también con la promovida Agricultura por Contrato, donde el agricultor queda sometido por el intermediario, como acaeció con la Philip Morris y los tabacaleros, hasta que los extinguiera.

https://www.semana.com/opinion/articulo/agro-ingreso-seguro-20/202100/

21.28.-Nuestras pequeñas guerras futbolíticas –RAMIRO BEJARANO

Durante muchos años asistí al Campín todos los domingos para ver a los equipos locales, siempre con la esperanza de que perdieran. Hoy quedé reducido a ir solo cuando juega el Deportivo Cali, aunque en la última ocasión tuvimos que soportar los insultos de una santafereña que no nos permitió celebrar el único gol que el equipo ha marcado allí en una década.

8 ago 2021.- Antes ir al estadio era muy grato porque nadie se atrevía a agredir a quien estuviese apoyando a los cuadros enfrentados con Santa Fe o Millonarios. Era una terapia semanal cuya cita cumplía con puntualidad. Hoy ir a fútbol es una actividad peligrosa y desagradable.

La agresividad en las tribunas ya no es verbal sino física, contra hombres, mujeres, niños y niñas. Es como hacer parte de un manicomio de gentes enfurecidas que son capaces de matar. Por eso pasó lo que vimos esta semana, cuando unos jóvenes golpearon hasta dejar inerme a otro, porque no pudieron arreglar a madrazos sus diferencias, que es como se solucionaban esas pequeñas guerras futbolísticas.

Y es entonces cuando el estupor por las imágenes que vimos hace que se tomen decisiones equivocadas o se omitan ciertos detalles. El Gobierno nacional pone el grito en el cielo y dice que no se va a tolerar la violencia en los estadios, pero olvida que el Centro Democrático es precursor de esos mismos arrebatos. Tengo vivo el recuerdo de una marcha convocada por el partido de gobierno, a la que tuvieron la desafiante iniciativa de concurrir Daniel Samper Ospina y Vladdo. Ingenuos y temerarios. Obviamente el Centro Democrático no es una congregación pacifista y mis dos buenos amigos fueron expulsados apenas transitadas unas pocas cuadras, con lo cual les hicieron un favor porque eso iba para linchamiento. En cambio, alias Popeye, el sicario de Pablo Escobar, marchó con sus copartidarios uribistas tranquilamente, sin que nadie se atreviera a criticarlo.

Esos brotes de intolerancia fueron lo que vimos en las jornadas de protesta este año, protagonizados principalmente por unos momios de Cali ayudados por policías. Es lo que va quedando en el subconsciente de algunos ciudadanos, por eso lo que sucedió en El Campín y seguirá pasando en todos los estadios no es inesperado. Ni ajeno a la política, de la que nuestro nobel Gabo dijo que aquí no hay seguidores sino hinchas.

El país atraviesa por una coyuntura incierta. El modelo económico, la pandemia y los errores para enfrentarla configuraron un estado económico incoherente y destructivo. La producción y el empleo decaen y la distribución del ingreso se deteriora.

En general, los profesionales economistas reconocen que la economía está mal, pero no avanzan a explicar las causas y, lo más grave, no ofrecen soluciones concretas. La propuesta generalizada es dejar la solución al próximo gobierno. No se advierte que las deficiencias económicas tienden a agravarse en la medida en que se amplía su duración. Cuanto más prolongado el daño más difícil es su restablecimiento.

Tiene razón Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, cuando critica la solución de prohibir el ingreso a los estadios de los simpatizantes de un determinado equipo por un año y sanciones parecidas, pues ninguna de esas medidas represivas resolverá el problema y, por el contrario, incrementarán el odio y el resentimiento, además de afectar las maltrechas arcas de los clubes. El tema hay que enfrentarlo de manera diferente.

Lo primero es que mientras las autoridades dan declaraciones alteradas contra esos desmanes, a ninguna se le ocurrió formular denuncia penal contra los agresores y el fiscal Barbosa ni siquiera aprovechó el ruido mediático que tanto disfruta para promover de oficio la investigación. Por cuenta de ese olvido, cuando uno de esos patanes se presentó a la policía tuvieron que dejarlo libre. Si lo hubieran detenido, otra sería hoy la percepción de lo que pasó.

Lo segundo es que, en materia de seguridad, los asistentes a esos espectáculos masivos deben pasar por filtros para detectar si portan armas y despojarlos de las mismas. Además, si bien los estadios no se pueden llenar con más policías que espectadores, sí es urgente que haya un número suficiente de uniformados —no del Esmad— que reaccionen inmediata, eficaz y prudentemente cuando se prendan las barras bravas.

El asunto no es solo policivo ni judicial, porque la raíz del problema es la incultura, que no se combate con bolillo ni con plomo venteado, sino con educación. Desde los primeros años de formación hay que sembrar en las nuevas generaciones la postura de la no agresión como mecanismo para expresar la disidencia o el desacuerdo. Hay que enseñarles a leer, pensar, pero sobre todo a vivir en comunidad.

Por lo pronto guardaré mi camiseta de la amenaza verde para vestirla cuando me siente a ver resignado por televisión al equipo amado.

Adenda. Urgente que Mancuso concurra a la JEP a revelar lo que apenas esbozó esta semana en la Comisión de la Verdad, que fue lo que el gobierno de Uribe no dejó que divulgara cuando lo extraditaron sin haber hablado aquí.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/lo-que-somos/

21.28.-Mensajes perversos de la Fiscalía Barbosa CECILIA OROZCO

Todavía no estamos al tanto de la magnitud del desastre que dejará el paso del señor Barbosa por la Fiscalía General. Esta entidad, a pesar de los profundos errores en que ha incurrido la Corte Suprema por su falta de independencia electoral cuando vota por la persona que la dirigirá cada cuatro años, ha mantenido, mal que bien, la función que le asignó la Constitución, es decir, investigar los delitos que se cometen y acusar a los presuntos responsables ante juzgados y tribunales.

4 ago 2021.- Pero Barbosa, un sujeto psiquiátrico que, como salta a la vista, no estaba preparado —por más títulos que ostente— para asumir semejantes cargo y reto, está destruyéndola de tal manera que cuando termine su periodo habrá que rehacerla para que la ciudadanía vuelva a respetar, al menos, a sus fiscales e investigadores, hoy sacrificados en medio de la politiquería del grupo gobernante que lo puso ahí sin acreditar “mérito” distinto al de ser compañero de pupitre de Duque. El autobombo en que viene empeñado este individuo, con sus bien pagados asesores y sus subalternos de prensa que trabajan solo para desarrollar una estrategia publicitaria alrededor de su figura, no alcanza a ocultar las ruinas que van quedando en ese despacho, ni el ridículo que hace su ocupante cada vez que aparece, todo engolado, a explayarse en los supuestos éxitos que se atribuye.

Las entrevistas complacientes que le hicieron por la imputación que le formuló el fiscal del caso al general (r) Mario Montoya por los asesinatos cobardes de 104 civiles disfrazados de guerrilleros contenían, ciertamente, material de gran significado. Sin embargo, el momento en que la Fiscalía General decide asumir ese espinoso tema no tiene relación con la oportunidad judicial pues los crímenes que Montoya determinó sucedieron hace 13 años y Barbosa llegó a su puesto hace año y medio cuando el expediente de los falsos positivos ya era contundente y cuando agilizar las decisiones al respecto solo requería de su autorización: él mismo contó que “el año pasado” conversó con la presidenta de la JEP de esa época, Patricia Linares, sobre la parálisis de los procesos de falsos positivos. Aseguró, también, que había que derogar una circular y escribir otra de media página para que empezaran a andar las etapas del proceso. ¿Por qué, entonces, se demoró 12 meses en hacerlo? La única razón que se me ocurre, conociendo su patética dependencia del uribismo, es que no tuvo, antes, permiso ni valor.

Podría uno preguntarse, también, ¿y ahora por qué sí? De nuevo, el motivo que se me viene a la mente es que tanto él como su amigo de secretos Jaimes y como el propio procesado Uribe Vélez necesitan, con urgencia, legitimar —exhibiendo la Fiscalía como investigadora balanceada— la preclusión que los tres están procurando conseguir contra la lógica probatoria que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, esta sí legítima en sus conclusiones, validó con creces argumentativas. No me baso únicamente en mi imaginación. Hay elementos objetivos que permiten pensar que la angustia de su desprestigio está llevando a Barbosa y al grupillo que ha llevado a la entidad a cometer toda clase de arbitrariedades. Les transcribo dos mensajes enviados por los canales internos de la Fiscalía: “¡Urgente! Por favor revisar la siguiente información y dar respuesta por correo antes de las 11 a.m. de hoy (27 julio, 2021, segundo día de audiencia de preclusión caso Uribe): listado de casos con imputaciones o medidas o condenas contra gente del Centro Democrático y cercanos a Uribe que se haya hecho (sic) durante esta administración. Algo sencillo con nombres, actuación judicial y fecha. Ejemplo: Andrés Felipe Arias, César Mauricio Velásquez, Edmundo del Castillo”. ¿Para qué se necesitaba esa información si no era para aliviar el descrédito de Barbosa? No se sorprendan todavía. Este mensaje parece develar el modus operandi del fiscal general y de sus segundos para defenderse… o atacar. El 28 de mayo pasado, fecha de movilizaciones, disturbios y muertos en Cali por disparos oficiales y de civiles que accionaban sus armas al lado de los policías, día también en que Duque anunció la militarización de una parte del país y en que Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, pedía garantías para los manifestantes e investigaciones por los asesinatos del paro, circuló este correo en la Fiscalía: “De manera atenta se solicita su colaboración con el fin de consultar con los despachos a su cargo, si se adelantan investigaciones donde (sic) se involucren funcionarios de Naciones Unidas (ONU) por hechos relacionados con corrupción (sic), en caso afirmativo, remitir despacho, NC, hechos y estado actual”. Una Fiscalía vengativa, amiguera y muy probablemente delictiva es la de Barbosa. No hay que engañarse con sus cantos de sirena y su cara de prócer. Tarde o temprano el tren de prevaricatos que se hila en ese oscuro lugar se descubrirá. Y varios de sus autores deberían parar en la cárcel o, al menos, ser condenados a nunca más pertenecer a la Rama Judicial.

Entre paréntesis. Faltan datos asombrosos de lo que ocurre en el búnker. Ya se sabrán.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/mensajes-perversos-de-la-fiscalia-barbosa/

  • 21.27.-Marihuana Index y prohibicionismo JORGE IVÁN GONZÁLEZ
  • Un militar “bandido” ¿es solo “un bandido”? CECILIA OROZCO
  • Dinastías y mafias electorales MAURICIO CABRERA
  • Democracia de papel RAMIRO BEJARANO
  • Son corruptos, no correctos YOHIR AKERMAN
Familia Aguilar, en Santander. De izquierda a derecha: Hugo, Mauricio y Ríchard Aguilar. FOTO: El Tiempo

El 19 de agosto de 2014, el gobernador del departamento de Santander en ese momento, Richard Alfonso Aguilar Villa, lanzó en conjunto con su coterráneo Alejandro Ordóñez, en ese entonces procurador general de la Nación, una campaña de transparencia, financiada por el Ministerio Público, llamada “Cultura de la legalidad y la integridad: soy correcto, no corrupto”.

1 ago 2021.- El chiste se cuenta solo.

En primera medida, porque el hoy embajador ante la Organización de Estados Americanos, Alejandro Ordóñez Maldonado, fue destituido de la Procuraduría en septiembre de 2016 por el Consejo de Estado porque se comprobó que su elección para ese cargo se logró de manera fraudulenta. En segundo lugar, porque la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención preventiva del ahora senador Richard Aguilar, por presunta corrupción cuando fue gobernador de Santander.

Pero no son los únicos presuntos corruptos, y no correctos, envueltos en esta historia.

Para contar esta historia no se puede empezar por otro lado que por el inicio. Como es conocido, el padre de Aguilar Villa es el señor Hugo Aguilar Naranjo. Un excoronel de la Policía que se volvió gobernador de Santander y fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica e inhabilitado por la Procuraduría para ocupar cargos públicos por sus nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Mal inicio.

La justicia demostró que Aguilar Naranjo llegó a la Gobernación con el apoyo del Bloque Central Bolívar, gracias a testimonios de exparamilitares como Salvatore Mancuso y otros. “Hugo Aguilar Naranjo promovió y colaboró con las Autodefensas Unidas de Colombia y puso su investidura a disposición de dicha estructura armada ilegal”, establece la sanción disciplinaria que lo inhabilitó para hacer política por veinte años.

Eso no le ha imposibilitado hacer política en tercera persona. Mauricio Aguilar es el actual gobernador de Santander; Richard, su hermano, fue gobernador entre 2012 y 2015, mientras que el padre, el señor Hugo Aguilar, lo fue entre 2004 y 2007.

Un negocito familiar.

Sigamos por Mauricio. El actual gobernador de Santander fue candidato al Senado por el Partido de Integración Nacional (PIN), movimiento político investigado y protagonista del escándalo conocido como la “parapolítica”, en el que se probó que varios de sus miembros fueron elegidos gracias al apoyo de los paramilitares.

Después de eso fue senador y ahora gobernador. Mauricio es el único de los tres Aguilar que actualmente no está en la cárcel. Pero hay que darle tiempo al tiempo, porque la justicia, aunque ha cojeado con el clan de los Aguilar, ahí va llegando.

Especialmente porque los tentáculos del clan Aguilar se han ido adueñando, poco a poco, de la política en Santander y, más preocupante aún, de sus recursos y su contratación.

Como lo denunció la periodista Cecilia Orozco Tascón, la gobernación de Mauricio Aguilar tiene contratado al abogado Iván Cancino desde agosto de 2020, con dos contratos diferentes: uno por $45 millones y otro por $50 millones. Cancino es el penalista que ahora se encarga de la defensa de su hermano Richard Aguilar. Puede que no haya nada malo en eso, pero sí queda la errada sensación de que la defensa de Richard se está pagando con recursos departamentales dados a dedo por su hermano Mauricio.

Por eso es mejor centrarnos en ese caso que tiene investigado a Richard Aguilar, puesto que involucra a otros familiares del clan Aguilar. Las presuntas irregularidades por las que se investiga al exgobernador, hermano del actual gobernador, ocurrieron en varios contratos suscritos entre 2014 y 2015.

Los principales testigos del caso son dos personas que trabajaron en la Gobernación. La señora Claudia Toledo Bermúdez, secretaria de Infraestructura entre 2012 y 2015, y su esposo, Lenin Darío Pardo, contratista de la gobernación.

Ambos resultaron salpicados en las investigaciones de la Fiscalía, luego de un relato de Octavio Reyes, el ingeniero que se quedó con un contrato por $15.000 millones para remodelar el estadio deportivo Alfonso López en marzo de 2015.

Como lo denunció en su momento el columnista de Vanguardia Miguel Ángel Pedraza, y posteriormente la directora del mismo diario, Diana Giraldo, la remodelación del estadio estuvo llena de sobrecostos e incumplimientos. La obra no se terminó y cuando se investigó fue el contratista quien develó la existencia de un sofisticado sistema de corrupción en la gobernación de Aguilar.

Según la evidencia, por una orden dada directamente por Aguilar, “se acordaron coimas por el 16% del valor del contrato, incluidas las adiciones que se hicieran durante la ejecución del mismo, porcentaje distribuido así: 10% para el gobernador Richard Aguilar, 3% para un señor llamado Julián Jaramillo y 3% para los esposos Toledo Pardo”. Esto para que el contrato quedara en manos de Octavio Reyes, quien aceptó entregar dineros por debajo de la mesa por más de $2.000 millones.

El señor mencionado es el empresario Julián Jaramillo Díaz, quien se desempeñó como asesor de despacho de Aguilar Villa y director de Proyectos de Infraestructura en los años en cuestión. Según el relato de Claudia Toledo y Lenin Pardo, Jaramillo Díaz sería el encargado de dirigir el “combo de Infraestructura” para ajustar los pliegos de los procesos licitatorios a favor de los contratistas que ellos necesitaban que ganaran.

Julián Jaramillo, hijo de Libardo Jaramillo, procesado penalmente por temas de corrupción en el carrusel de contratos en el Imebú, llegó a la administración de Aguilar Villa luego de vender su participación accionaria en las empresas Construmarca e Impregráficas a Milena García Quintero, esposa de Pedro Beltrán, socio de Julián Jaramillo.

Como siempre, todo quedó en familia, como el otro contrato objeto de estudio.

El testimonio entregado por Claudia Toledo, en el que afirma que el exgobernador Aguilar Villa la presionó para que le adjudicara el corredor vial San Gil-Charalá-Límites a una empresa de un señor llamado Aureliano Naranjo, primo del exgobernador Hugo Aguilar Naranjo, papá de Richard Aguilar.

La adjudicación no se pudo dar al primo, razón por la cual la Gobernación le dio un premio de consolación de un millonario contrato para construir el corredor Agroforestal, gracias a la intermediación de Aguilar Villa y el ajuste de los pliegos por parte de Julián Jaramillo y su “combo de infraestructura”. El contrato superó los $180.000 millones.

Una maravilla.

Todavía falta el juicio al senador Aguilar por estos hechos. Pero la evidencia que tiene la Corte Suprema en su contra es abrumadora. Como dijimos, para su defensa Aguilar se fue por el abogado penalista Iván Cancino, conocido por sus estrategias jurídicas para dilatar los procesos a punta excusas médicas y problemas de internet, como fue develado en esta columna el 23 de febrero de 2020. (Ver Diarrea).

Todo parece indicar que su primera jugada jurídica fue recomendar que el senador renunciara a su curul, como lo hacen todos los congresistas que tienen rabo de paja, para que su caso se remita a la Fiscalía y no sea juzgado por la Corte Suprema.

Este fenómeno ha venido creciendo desde cuando el expresidente e imputado Álvaro Uribe Vélez renunció a su investidura. Y por esa razón, como lo hemos visto en estos días, tiene el ente investigador a su favor por medio del fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán, mano derecha de Alejandro Ordóñez, coterráneo de Richard Aguilar y aliado en su campaña Soy corrupto, no correcto. Perdón, es al revés el título de la campaña, pero en este orden parece más atinado según los hechos que se vienen demostrando.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/son-corruptos-no-correctos/

21.27.-Marihuana Index y prohibicionismo JORGE IVÁN GONZÁLEZ

En los países del norte la marijuana cotiza en bolsa, como cualquier otro producto. Ayer el “marijuana index” llegó a 121,55 puntos. En el índice participan 43 empresas de los Estados Unidos y de Canadá. Frente a este panorama es inaceptable que Colombia continúe con la lógica prohibicionista.

30 jul 2021.- Afortunadamente, el Gobierno comienza a tomar decisiones que van en la dirección adecuada. La reglamentación de la exportación del cannabis medicinal es un paso necesario, pero muy insuficiente.

A pesar del evidente fracaso de la “guerra contra las drogas”, sorprende la capacidad que ha tenido la lógica prohibicionista para continuar renovándose. No obstante, los ligeros avances, el Gobierno Duque insiste en mantener la bandera prohibicionista con un discurso que se repite, sin que los argumentos cambien. Desgraciadamente, el presidente Biden seguirá estimulando en los países del sur las medidas prohibicionistas, así que por ahora no se vislumbran alternativas distintas a la aspersión. Se repite un discurso inútil. Mientras tanto, amparadas en las economías ilegales, se consolidan las disidencias de las Farc, el ELN, y los grupos armados como el Clan del Golfo. La guerra continúa!

Uno de los autores más críticos de la lógica prohibicionista ha sido Friedman. Hace 30 años, en 1991, en una entrevista para America’s Drug Forum, se preguntaba: “¿Por qué destruimos y propiciamos el asesinato de miles de personas en Colombia”. Y de manera autocrítica continúa: “… Si pudiéramos aplicar nuestras leyes contra las drogas, no habría mercado para ellas. Colombia no estaría en el estado en que está”.

La pregunta continúa vigente. De acuerdo con Friedman, el asesinato de miles de personas en Colombia es una consecuencia del prohibicionismo. El número de muertos continúa aumentando. Friedman concluye su entrevista de manera enfática, “… la violencia es causada por la prohibición y por nada más”.

Pese a los esfuerzos por combatirlo, el narcotráfico permanece. En este proceso ilegal participan agentes privados, públicos, órganos de control, policía y ejército. El negocio es posible porque todos tienen su cuota, y la cadena de corrupción no se interrumpe. El gobierno ha dicho que a los líderes sociales los asesina el narcotráfico. Y Friedman diría, con razón, que el narcotráfico es una consecuencia directa del prohibicionismo.

El fracaso de la lucha contra las drogas se observa en las calles de las grandes ciudades, en las selvas de Colombia, y en el tráfico internacional. Los bancos y los paraísos fiscales continúan lavando los dineros de la coca. La mentira colectiva se adorna con declaraciones periódicas, y finalmente inútiles, en contra del sistema financiero que esconde dineros mal habidos. A pesar de la evidencia de los paraísos fiscales, no se toman decisiones que lleven a modificar tal estado de cosas.

Además, los paraísos fiscales han contribuido a consolidar la concentración de la riqueza, y a evitar que la tributación progresiva toque a las grandes fortunas. Desde esta perspectiva, hay una clara relación entre lavado y desigualdad.

Ningún mecanismo es perfecto, pero la legalización es un paso fundamental hacia el desarrollo de una institucionalidad muy superior a la actual. Mientras en Estados Unidos, en Europa, en Perú y en Bolivia, se avanza hacia diversas modalidades de legalización, Colombia continúa anclada en los viejos esquemas.

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/marijuana-index-3208954

21.27.-Un militar “bandido” ¿es solo “un bandido”? CECILIA OROZCO

El capitán retirado del ejército que atacó a su propia institución. Foto Infobae

“Hablar del estatus de militar retirado versus el estatus de bandido con quien es un bandido, son diferencias grandes (sic). El Capi no es un militar retirado, es un bandido. Que haya estado en la Fuerza, sí.

28 jul 2021.- Pero eso no quiere decir que sea un bandido porque estuvo en la Fuerza. Es bandido porque es bandido” (5’21”: ver). Según la teoría-trabalenguas que el presidente de la República expresó en una parte de su entrevista con El Espectador el domingo pasado, no es importante que el señalado “cerebro” de los atentados con carro bomba a la Brigada 30 y con disparos de fusil al helicóptero presidencial haya sido preparado por el Ejército colombiano en el uso de armas de combate y tácticas de guerra; ni que lo haya hecho durante 12 años en los que el presunto autor de los ataques de junio fue destacado como “uno de los pilotos mejor entrenados y la estrella de Vulcano, fuerza de tarea de la Brigada 30” (El Tiempo), la misma que él trató de destruir con 30 kilos de explosivos, tan solo cinco años después de ser oficial activo.

El capitán (r) Andrés Fernando Medina, capturado por la Fiscalía, —en un acto que no es heroico, como lo intenta presentar el narciso Barbosa, sino apenas una de sus obligaciones— no era un uniformado cualquiera. En su hoja de vida consta que fue comandante de unidad del Gaula; comandante de unidad de contraguerrilla en una zona conflictiva y oficial de seguridad del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación número 2, con sede en Cúcuta, en la muy estratégica frontera con Venezuela. Las responsabilidades asignadas a Medina indican que sus superiores confiaban en sus destrezas y en su lealtad. No obstante, los investigadores del CTI aseguran que existen “evidencias demoledoras” contra quien habría vendido a una banda armada sus habilidades, sus contactos humanos y su fácil acceso a la Brigada, probablemente por mucho dinero. Y que, una vez comprado, se habría concertado con el Frente 33 de las disidencias de las antiguas Farc para destruir un sector de la que fuera su casa militar. Peor aún: para matar al primer mandatario de su país cuyo itinerario, incluidos los lugares que visitaría, las horas de ida y regreso y las coordenadas de su ruta aérea, Medina habría conocido en detalle.

Por si fuera poco, este capitán, ya en uso de su retiro, entrenaba, en materias de defensa y tiro, a grupos de escoltas de la Unidad Nacional de Protección, entidad oficial de la que dependen los esquemas de seguridad que el Estado les da a los amenazados de muerte. Noticias Uno reveló que Medina ejecutó esta tarea en los propios campos de la brigada cucuteña. O sea, entraba y salía del sitio que trató de derruir cuando lo deseaba. De nuevo, significa que los mandos militares a cargo seguían teniendo plena confianza en él hasta hace unas semanas. Así que la tesis de que “es bandido porque es bandido”, sin considerar que fue miembro de las Fuerzas Armadas, es insuficiente y, sobre todo, es un grave error de juicio. Pese a estas enormes fisuras que, según los hechos, hay en la seguridad nacional, Duque insistió en su posición superficial cuando El Espectador le preguntó por los militares implicados en el asesinato de otro jefe de Estado, el de Haití: “… todos (los involucrados) sabían en lo que se metieron. Ahora, ellos son 23. En Colombia, en los últimos 10 años se han retirado 80.000 soldados profesionales ¿23 de 80.000 son un patrón? Yo no lo creo. Ahora, ¿ellos hacen eso porque estuvieron en la Fuerza? Noooo. Hacen eso porque fueron contratados para cometer un acto criminal” (5’55”: ver).

La pregunta es por qué tantos uniformados son proclives, pese a su estricta disciplina y supuesto sentido del honor, a convertirse en delincuentes o a vender sus conocimientos a antagonistas de su patria. Habrá que recordarle respetuosamente al presidente que los mercenarios, militares retirados y muchos activos que renuncian a las Fuerzas Armadas para integrar tropas o grupos armados en el exterior, son miles. Y sería bueno que reparara en que es muy común encontrar, en las noticias y en los estrados, a militares y policías involucrados con carteles de contratación, bandas de macro y microtráfico, abusos de autoridad, asaltos, robos y hasta comercio sexual. ¿Y qué decir de los innumerables “falsos positivos”, crímenes de guerra que nos avergüenzan frente al mundo? Un examen serio a la formación que reciben los agentes armados del Estado, desprovisto de extremismos ideológicos, está en mora de iniciarse. Entre más tarde, mayor riesgo se corre, empezando por los peligros en la frontera con Venezuela. Parodiando a Duque: un militar retirado que sea bandido no solo es un bandido. Sigue siendo un militar que delinque después de ser entrenado por el Estado de Colombia.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/un-militar-bandido-es-solo-un-bandido/

21.27.-Dinastías y mafias electorales MAURICIO CABRERA

El fenómeno de las dinastías electorales no es nuevo ni exclusivo de Colombia. Lo problemático es que corrompe el sistema democrático.

Los hijos no son culpables de los delitos de los padres. Es el argumento que más se repite cuando hijos o parientes de políticos que han sido condenados por diversos delitos buscan ser elegidos para algún cargo público, y que ha vuelto a salir a raíz de los cuestionamientos a los elegidos presidentes de la Cámara y el Senado.

25 jul 2021.- Es cierto, pero también debería decirse que no deben heredar los votos conseguidos por sus familiares con el poder y el dinero obtenido ilegalmente.

El fenómeno de las dinastías electorales no es nuevo ni exclusivo de Colombia. Basta pensar en apellidos como Bush o Kennedy para constatar que en todas partes se cuecen habas. Lo problemático en nuestro país son dos características de los clanes que corrompen el sistema democrático.

El primero son los feudos electorales que se fortalecieron con las listas abiertas para las elecciones de los cuerpos colegiados y el debilitamiento de los partidos. Caciques dueños de un número de votos suficiente para ser elegidos se convirtieron en meretrices de la política vendiendo sus votos al mejor postor.

A su vez, movimientos políticos sin ideología ni principios se volvieron proxenetas, de avales agrupando personajes de todos los talantes, con el objetivo de sumar votos para pasar el umbral, mantener la personería jurídica y recibir dineros del Estado por los votos obtenidos.

El fraccionado sistema electoral colombiano permite multiplicar las ganancias electorales de los mismos votos. Un senador con sus votos amarrados, los puede usar para elegirse a sí mismo, y en las elecciones regionales los moviliza para que su hijo sea elegido al Concejo de la ciudad, y algún pariente cercano Alcalde de otro municipio. Para evitar suspicacias, el hijo y el pariente se pueden inscribir con el aval de otro partido. Todo un ejemplo de solidaridad familiar.

El segundo son los clanes mafiosos cuando políticos condenados se hacen elegir en cuerpo ajeno, utilizando sus maquinarias electorales para que sus hijos o parientes los reemplacen. Esta práctica se generalizó en Colombia cuando fue descubierta la alianza entre los paramilitares y políticos de todos los partidos, pero sobre todo del uribismo.

Cuando condenaron a varios políticos por la parapolítica antes de las elecciones de 2010, algunos lograron mantener el aval para sus parientes en los partidos tradicionales, pero también otros formaron un nuevo partido, el PIN, donde sus familiares lograron 4 curules al Senado.

En los comicios de 2104 y 2018 se repitieron los elegidos en cuerpo ajeno, pero ya no solo con los condenados por la parapolítica sino también los implicados en los sobornos de Odebrecht. Para las próximas elecciones ya se habla de que por ejemplo familiares de la prófuga Aida Merlano, o del senador Pulgar, sobornador de jueces, están buscando avales en varias toldas.

La supervivencia de la democracia requiere que desaparezcan estas dinastías electorales, para lo cual se requieren verdaderos partidos políticos y no montoneras manejadas por caudillos.

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/dinastias-y-mafias-electorales-554382

21.27.-Democracia de papel RAMIRO BEJARANO

Senador de Cambio Radical, Richard Aguilar. / Cortesía: Sofía Toscano, Colprensa 

Otra vez se sacude políticamente Santander, ahora por la captura del senador Richard Aguilar, presuntamente comprometido en la celebración de contratos sin requisitos legales, concierto para delinquir y peculado mientras fuera gobernador de su departamento. Las evidencias filtradas son bastantes severas.

1 ago 2021.- Aguilar es más de lo mismo. Miembro de una casta política tan poderosa que todos en su familia han sido o van a ser mandatarios seccionales, saltó al Senado como gran aliado del Gobierno en las áreas económicas. Allí le ha servido a Duque y ha sido recompensado con burocracia que será diezmada mientras enfrenta su defensa.

Si este infortunado suceso que lo ha hecho renunciar a su senaduría no se hubiere presentado, seguramente Aguilar muy pronto habría empezado a sonar como precandidato presidencial, para sumarse a ese directorio de muchos desocupados que acarician la ilusión de sentarse en el solio de Bolívar, pues si llegó Duque por qué no ellos.

Es una vergüenza que cada congresista que enfrenta cargos asuma la postura de retirarse del Congreso para ponerse a salvo de la Sala Penal de Instrucción de la Corte Suprema, trasteándose a la Fiscalía politizada y gobiernista de Barbosa, donde parece que rigieran otros códigos, pues allá los delitos de sus amigos se ven como bochinches de café, mientras que a sus críticos los persiguen implacablemente con hechos inventados.

La ciudadanía con razón debe de ver con indignación esa maroma judicial de buscar juez para sus causas, estrategia que de entrada tiene el efecto tranquilizador de que el renunciado queda por fuera del Congreso, pero también en libertad inmediata por obra y gracia de una enrevesada hermenéutica que prohíja el adefesio de que todo lo que haya investigado la Corte Suprema no sirve y hay que volver a empezar. Semejante desafío solamente pasa en Colombia. Estas cosas no pueden seguir ocurriendo, y si en verdad se piensa en una reforma a la justicia, lo primero que debería abolirse sería este columpio judicial, en vez de promover las puntadas inútiles y obvias con las que el impresentable ministro de Justicia ha embaucado al país, ambientando la falacia de que cuando sea aprobado el esperpento de ley estatutaria que está en trámite todos los procesos serán decididos cumplidamente. Es evidente que alguien como Wilson Ruiz no podía ser el funcionario capaz de atreverse a suprimir este salvavidas congresional que les permite a muchos de sus cercanos eludir el rigor de la justicia y buscar los paños de agua tibia de una Fiscalía complaciente pero sólo con ellos.

Volvamos a Aguilar. Su captura, además del inmenso remezón que suscitó en su región, también revive la inquietud de si los gobernadores y alcaldes elegidos popularmente en verdad han traído más democracia, como suelen sostenerlo los herederos políticos de Álvaro Gómez, o si por el contrario, como lo creemos muchos, esa fue una habilidosa estrategia electoral para asegurar el control político del conservatismo en las provincias, que ha deteriorado la administración pública.

En el caso de Aguilar es censurable que toda su familia tenga tantas responsabilidades políticas. Un departamento tan vital con gentes laboriosas y educadas como siempre ha sido Santander, que tantas figuras cimeras le ha aportado a la nación, hoy es una finca política de una misma prole. De qué participación democrática estamos hablando en Santander, donde su más importante senador es hermano del gobernador del departamento y ambos son vástagos de quien fuera también mandatario. Y este es solo un caso emblemático de los muchos que hay, porque no han desaparecido los “feudos podridos” de los que hablaba López Michelsen, en los que siguen mandando los gamonales de siempre y sus familias. En San Andrés el contubernio entre el gobernador actual, Everth Julio Hawkins, y los hermanos Ronald y Jack Housni Jaller es un ejemplo lacerante.

Va llegando la hora de superar de una vez por todas ese remedo de democracia de la elección popular de alcaldes y gobernadores.

Adenda No 1. Lástima que Duque no hubiere tenido oportunidad de referirse en su entrevista en El Espectador a su impublicable álbum fotográfico con narcos y violadores.

Adenda No 2. Si la seguridad nacional la pone en peligro una ciudadana alemana que apoya las protestas pacíficas en Cali, no hay salvación.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/democracia-de-papel/

  • 21.26.-El misterio del asesinato de Jovenel Moïse se cierne sobre Haití – NICOLAS BOURCIER
  • La red de sobornos de Petróleos de Venezuela pagó en Andorra 30 millones a un directivo de la compañía JOAQUÍN GIL, JOSÉ MARÍA IRUJO 
  • El prontuario familiar de los “dignatarios” CECILIA OROZCO
  • Parapatriota YOHIR AKERMAN
  • Dos buenas noticias PATRICIA LARA

Recientemente me referí a dos temas que han tenido desarrollos importantes. Uno es la conveniencia de que se prorrogue el período de la Comisión de la Verdad, que vence en noviembre, pues la pandemia generó una interrupción de casi un año en muchas de sus labores, lo que significó que no disponga del tiempo suficiente para completar su trabajo con el detalle que había planeado.

23 jul 2021.- El otro es la necesidad de que la Fiscalía y la justicia se pronuncien pronto sobre los señalamientos que exparamilitares han hecho de manera general ante el Tribunal de Justicia y Paz sobre las Fuerzas Armadas, a propósito de que estas les habrían suministrado a las Auc listas de personas que debían ser asesinadas, sin que hayan revelado los nombres de los acusados, lo cual hace daño a la credibilidad y al prestigio de las Fuerzas Armadas como institución.

Pues bien, en ambos temas ha habido progresos:

Por una parte, la Corte Constitucional asumió el estudio de una demanda que busca extender la duración de la Comisión de la Verdad y plantea, justamente, que no debe contabilizarse en su mandato el periodo de vigencia del estado de emergencia sanitaria. El caso está en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien admitió la demanda y solicitó conceptos al respecto tanto a expertos como a entidades gubernamentales y no gubernamentales.

Por la trayectoria de la Corte y por lo crucial del tema, esperamos que el fallo sea a favor de la prórroga de la vigencia de la Comisión de la Verdad.

Por otra parte, la justicia profirió esta semana dos sentencias importantes. De un lado, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostró en juicio que el coronel retirado del Ejército Juan Carlos Castañeda, quien se desempeñó como comandante del Batallón 44 Ramón Nonato Pérez, y el exalcalde de Casanare Flaminio Cocinero Costo “participaron en un plan criminal ejecutado por las autodefensas” de Martín Llanos contra los pobladores de Chámeza y Recetor (Casanare), y les entregaron “listados con los nombres de supuestos auxiliadores de grupos guerrilleros (…) En total, 54 habitantes fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos”. El Juzgado Único Especializado de Yopal avaló los argumentos del fiscal e impuso las penas respectivas.

De otro lado, la JEP profirió el Auto 125/21 en el que se identificó que, entre 2002 y 2005, algunos miembros del Batallón La Popa (a quienes cita con nombres y apellidos) tenían dos patrones de acciones criminales: el de relacionarse con los grupos paramilitares, en lo que se incluye el suministro de listados de personas para que fueran ejecutadas, y el de la atroz práctica de los llamados falsos positivos producidos como respuesta a las presiones por la obtención de resultados en la lucha contra la guerrilla. “Estos dos patrones permitieron a la Sala establecer la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad”, declaró el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.

Ambas sentencias son una buena noticia para las Fuerzas Armadas, pues en ellas se señalan con nombres y apellidos a los exmilitares responsables de esos crímenes y se evita, así, la generalización de la acusación que mancha a la institución como un todo.

De modo que vamos avanzando.

***

Paz en la tumba de Germán Castro Caycedo, maestro del gran reportaje escrito y televisivo. Mi abrazo de condolencia muy estrecho para su esposa, Gloria Moreno, y para los demás miembros de su familia.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/patricia-lara-salive/dos-buenas-noticias/

21.26.-El misterio del asesinato de Jovenel Moïse se cierne sobre Haití – NICOLAS BOURCIER

Muchas áreas grises permanecen en la investigación del asesinato del presidente haitiano, a pesar de la detención de 23 hombres, incluidos 18 ex soldados colombianos.

Funcionarios asisten a una ceremonia en honor del presidente haitiano Jovenel Moïse, en Puerto Príncipe, Haití, el 20 de julio de 2021. VALERIE BAERISWYL / AFP

Es difícil imaginar un silencio más angustioso. Las calles están casi vacías, las encrucijadas desiertas. Incluso en los barrios de Puerto Príncipe controlados por pandillas, de los que solo se escapó una inmensa angustia hace unas semanas, no hay más ruido, no más gritos, no más disparos.

23 jul 2021.- Como si la capital haitiana contuviera la respiración, sumida a pesar de sí misma en un abismo sin fin desde el asesinato el 7 de julio del presidente Jovenel Moïse, y suspendida por completo a las sacudidas de una investigación en zonas grises tan múltiples y confusas que preocupantes. Lejos, muy lejos, de las versiones oficiales de las autoridades policiales, ellas mismas sospechosas de complicidad en el crimen.

En el papel, los autores del ataque fueron arrestados, dicen las autoridades estatales: veintitrés hombres, incluidos dieciocho ex soldados colombianos, tres haitianos y dos con doble nacionalidad haitiano-estadounidense. También se dictaron siete órdenes de aprehensión según la policía, se registraron diez viviendas, se llevaron a cabo una treintena de interrogatorios, cuatro altos agentes de seguridad de Jovenel Moïse en régimen de aislamiento y veinticuatro agentes sometidos a medidas cautelares. Otros tres colombianos murieron pocas horas después del asesinato. Se dice que cinco están huyendo. Según el juez de paz de Pétion-Ville, el distrito de la residencia privada del presidente, llegado a notar la muerte, Jovenel Moïse recibió doce balazos en el cuerpo. Varias de sus extremidades se fracturaron en los momentos previos a su muerte y un ojo enucleado.

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Su esposa Martine Moïse, herida en el brazo y el abdomen, fue evacuada a un hospital en Florida. En un breve mensaje grabado, del que varios expertos han expresado dudas sobre su autenticidad, dice que acusa, sin nombrarlos, a los opositores políticos de su marido, los «enemigos del interior», y promete continuar su acción. Regresada desde entonces a Puerto Príncipe, debía asistir este viernes 23 de julio al funeral del fallecido presidente en Cap-Haitien, su región natal. Ninguna otra persona, guardaespaldas o sirviente, resultó herida.

Varios países citados

En una foto presentada a la prensa por Léon Charles, director general de la policía nacional de Haití, podemos ver a dos de los sospechosos detenidos, así como al exsenador opositor Joël John Joseph, sujeto de un aviso de búsqueda, participar en una reunión en torno a una mesa grande. Según el alto funcionario, las personas de la foto planeaban el asesinato de Jovenel Moïse en un hotel de Santo Domingo, República Dominicana, país que comparte la misma isla que Haití.

Una versión inmediatamente contradicha por un profesor estadounidense, Parnell Duverger, quien asistió a varias reuniones con algunos de los miembros que aparecen en la foto. Según él, se trataba simplemente de prepararse para el post-Jovenel Moïse, presidente mal elegido en 2016 y denunciado por una gran mayoría de la población por haberse apoderado de todas las instituciones, plagadas ellas mismas de corrupción, mediocridad y delincuencia. .

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La investigación también parece haber avanzado en un aspecto internacional del caso, en el que se citan varios países. “Había un grupo de cuatro mercenarios que ya estaban presentes en Haití. Los demás entraron el 6 de junio. Pasaron por República Dominicana”, por la frontera terrestre, aseguró el jefe policial, agregando: “Son ex soldados de las fuerzas especiales de Colombia. Son expertos, criminales. «

Entre los de la foto, algunos fueron detenidos. Este es el caso de dos haitiano-estadounidenses, Christian Emmanuel Sanon, sospechoso por los investigadores haitianos de haber contratado mercenarios colombianos, y James Solages, ex empleado de la Embajada de Canadá en Puerto Príncipe. Este último habría coordinado el equipo con la empresa de seguridad venezolana CTU, con sede en Miami. El titular de la firma, Antonio Emmanuel Intriago Valera, también está en la imagen. Habría entrado en Haití varias veces.

Órdenes cambiadas durante la misión

La policía también está buscando a Rodolphe Jaar, uno de los cinco sospechosos que huyeron. Apodado «Whisky», el hombre fue acusado en 2013 en un tribunal de Florida por conspirar y contrabandear cocaína a los Estados Unidos desde Colombia y Venezuela a través de Haití. Se declaró culpable y fue condenado a cuarenta y seis meses de prisión. En una audiencia en 2014, su abogado dijo que había sido una fuente confidencial durante varios años para el gobierno de Estados Unidos. Ya en ese momento, Haití era uno de los centros de narcotráfico de la región, más de una cuarta parte del tráfico proveniente de América Latina hacia Estados Unidos pasa por esta parte de la isla.

Una fuente le dijo al Miami Herald que algunos miembros de la tripulación creían que el objetivo era arrestar al presidente Moïse e instalar al Sr. Sanon en su lugar. Un profesor universitario de Puerto Príncipe que lo conoció en junio le dijo al New York Times que Sanon parecía «un poco loco» y estaba hablando de reemplazar el francés en particular por el inglés como idioma oficial de Haití, junto con el criollo.

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El jueves 15 de julio, el Pentágono confirmó por su parte que algunos de estos colombianos se habían beneficiado de las sesiones de entrenamiento ofrecidas por el ejército estadounidense, en el momento en que se encontraban comprometidos con las fuerzas colombianas. Serían media docena según un funcionario del ministerio. Los familiares de estos exsoldados, entrevistados por varios medios de comunicación norteamericanos y colombianos, afirmaron saber que habían sido reclutados para capturar a Jovenel Moïse y entregarlo a la Agencia Estadounidense Antidrogas. Varios de ellos afirman que las órdenes han cambiado durante su misión. Algunos dicen que los habrían engañado. Una versión apoyada por el general Jorge Vargas, jefe de la policía colombiana, en una reciente conferencia de prensa.

«Debe haber habido una conspiración»

Matías Gutiérrez estuvo casi entre los arrestados. Francotirador retirado de las fuerzas especiales colombianas, debería haberse embarcado en junio para Haití si no hubiera dado positivo por Covid-19. «Si hubiera viajado, podría haber estado involucrado en lo mismo que los comandos allí «, dijo a Reuters. Gutiérrez, quien ahora trabaja como guardia de seguridad, dijo estar convencido de que los hombres arrestados no estaban involucrados en el asesinato de Moisés, sugiriendo que soldados de este calibre no podrían, en tal escenario, deslizarse hasta el punto de torturar al presidente y sufrir. Tal estampida.

“No eran nuestros comandos. Debe haber habido una conspiración, dijo. Su extracción fue un caos total. Por qué? Como no iban a agredir, acudieron a apoyar un pedido de las fuerzas de seguridad del presidente. «

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Para aumentar la confusión, un reportaje difundido en Caracol News, canal de televisión privado con sede en Colombia, acusó directamente al primer ministro, Claude Joseph, de ser uno de los instigadores del operativo. El ex cercano a Jovenel Moïse lo negó y luego renunció el domingo. Una decisión que llegó al día siguiente de una nota de prensa del Grupo CORE, grupo formado por embajadores de diferentes países como Estados Unidos y Francia. Este último le pidió que cediera el paso a Ariel Henry, médico y exministro, elegido por el mismo Jovenel Moïse apenas dos días antes de su asesinato. El mismo Henry que formó un nuevo gobierno el martes con varios exministros, entre ellos Claude Joseph de Relaciones Exteriores.

«Jovenel jugó con fuego»

Extraña investigación. En una inspección más cercana, parece sorprendente decir lo mínimo que ninguna de las pistas mencionadas por las autoridades esté interesada en posibles complicidades internas, ni en el papel de las pandillas que, al menos en parte, han logrado atraer a los buenos del presidente Moïse. Acusado de corrupción en 2019 en un informe del Tribunal de Cuentas y deriva autoritaria (suspensión de las elecciones legislativas, destitución de dos tercios de los senadores, ausencia de un Consejo Constitucional), el ex caudillo de Haití fue sospechado por las organizaciones de la sociedad civil para se han aliado con varias bandas poderosas en Puerto Príncipe agrupadas desde 2020 en una organización llamada «G9». Un grupo encabezado por un ex policía, Jimmy Chérizier alias «Barbecue»,

Varias fuentes de la capital, entre ellas un agente de seguridad del Ministerio del Interior, que prefirió permanecer en el anonimato, confirman la discreta visita al palacio presidencial de al menos dos cabecillas del “G9” en los últimos meses. “A lo largo de su presidencia, Jovenel jugó con fuego, desliza una de estas fuentes. Confió en bandas armadas, aterrorizó a los vecindarios cercanos a la oposición antes de finalmente quemarse a sí mismo. «

El 17 de julio, día del regreso de Martine Moïse a Puerto Príncipe, Jimmy Chérizier compartió un tuit de bienvenida: “Que todas las fuerzas de la naturaleza te acompañen y que la lucha continúe. « Desde entonces ha sido eliminado.

Martine Moïse, viuda del presidente haitiano Jovenel Moïse, herida durante el ataque, a su llegada al aeropuerto de Port-au-Prince, en Haití, el 17 de julio de 2021. MICHEL JR. DESSOURCES / AFP

Y luego hay algunas coincidencias inquietantes. Se dice que el avión privado, un Cessna Citation Mustang, que llevó a la viuda del presidente Jovenel Moïse a Haití, es el mismo que utilizaron en mayo algunos miembros del equipo colombiano. Una de las casas de Puerto Príncipe, también ocupada por mercenarios y ubicada a unos cientos de metros de la residencia del difunto presidente, fue alquilada durante varios meses por una tal Magalie Habitant, amiga íntima del gobierno de Jovenel.

Ferviente activista vinculado al partido gobernante (PHTK), este exjefe de la red vial de Puerto Príncipe sirvió de intermediario para recuperar de manos de los secuestradores a tres personas que habían sido secuestradas en febrero en la Quinta Avenida. Una calle conocida por ser particularmente peligrosa y controlada por cuatro bandas aliadas o parte del «G9».

Dos de las figuras clave del séquito del presidente han sido detenidas en los últimos días. Citado el 14 de julio por la fiscalía, Dimitri Hérard, jefe de seguridad del palacio, y el comisionado Jean Laguel Civil, otro jefe de seguridad del presidente, no se presentaron en un primer momento. No fue hasta el día siguiente que presuntamente fueron detenidos. Todavía no se ha filtrado nada. Para muchos, sus testimonios podrían explicar, una vez más, la aparente facilidad con la que los asesinos llegaron a su fin, y así trazar los hilos de los verdaderos patrocinadores.

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/23/le-mystere-jovenel-moise-pese-sur-haiti_6089283_3210.html

21.26.-La red de sobornos de Petróleos de Venezuela pagó en Andorra 30 millones a un directivo de la compañía JOAQUÍN GIL, JOSÉ MARÍA IRUJO 

El que fuera responsable de finanzas de la energética percibió 10,4 millones de un exviceministro de Chávez a través de un “contrato oral

El exministro de Petróleo de Venezuela Rafael Ramírez (izquierda) junto a Hugo Chávez, en 2008, en Caracas. AFP PHOTO / THOMAS COEX

La red de exviceministros del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) investigada por cobrar comisiones a empresas a cambio de adjudicaciones de la principal firma estatal de su país, Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), pagó 30,6 millones de dólares al que fuera director financiero de esta compañía entre 2005 y 2011, Eudomario Carruyo, según los documentos a los que ha tenido acceso de EL PAÍS.

20 jul 2021.- Carruyo cobró este dinero en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2008 y 2010, cuando formaba parte de la cúpula de la energética. Los fondos llegaron a través de transferencias de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía y Petróleo de Venezuela; Diego Salazar, primo del exministro de Energía y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez; y Luis Carlos de León, exabogado de la petrolera.

Los pagos se justificaron como trabajos de asesoría prestados por Carruyo al grupo de exjerarcas y se cerraron mediante “contratos orales”. Los falsos servicios de consultoría fueron una de las tretas de la trama que saqueó PDVSA para justificar sus comisiones ilegales, según los investigadores.

Un juzgado de Andorra procesó en 2018 a Villalobos, Salazar y De León por pertenecer presuntamente a una red de 28 personas que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas agraciadas con millonarias adjudicaciones de PDVSA. La trama ocultó sus beneficios —2.000 millones de dólares— en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario. Documento de conocimiento del cliente de la cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) vinculada al exdirector financiero de PDVSA Eudomario Carruyo.

Carruyo percibió 30,6 millones a través de una cuenta en la BPA a nombre de su sociedad panameña Biford Investments S. A., en la que figuró como representante junto a su esposa, Nancys Jacibis Perozo de Carruyo. El exdirectivo de PDVSA abrió este depósito para facturar supuestos servicios de su firma venezolana de ingeniería, Lugo Enterprise.

Así, Carruyo ingresó 10,4 millones de dólares de las sociedades panameñas controladas por el exviceministro Villalobos Lomond Overseas S. A. (5,5 millones), Monterrey Management Limited (3,1) y Tristaina Trading S. A. (1,8). También, cobró 15,1 millones de Highland Assets Corp, una firma de Luis Mariano Rodríguez Cabello, presunto testaferro de Diego Salazar, sobrino del exministro de Petróleo Rafael Ramírez. Y dos millones de una cuenta en la BPA a nombre de la compañía panameña Worldwide Traders Line S. A. vinculada a Salazar y a su esposa, Rosycela Díaz Gil.

Luis Carlos de León, exabogado de PDVSA, abonó 2,9 millones entre 2009 y 2010 a Carruyo a través de Cano Navy Corp, su sociedad panameña con cuenta en la BPA.

Testaferro familiar

El dinero de la trama llegó a las cuentas en la BPA de Carruyo en forma de traspasos internos, un sistema que no deja rastro. Y tras aterrizar en la entidad andorrana, se transfirió a otros depósitos del exjefe de finanzas de PDVSA en el extranjero. Así, Carruyo traspasó 20,1 millones en junio de 2011 a una cuenta en un banco de Dubái controlada por su sobrina, la venezolana Katerina S. P., de 34 años. Y remitió 6,5 millones en abril de 2010 a un depósito de un banco de Suiza donde figuraba como beneficiario.

El exdirector financiero de PDVSA le dijo a la entidad que decidió cancelar sus cinco cuentas en la BPA después de la aparición de este banco en informaciones periodísticas. “[Carruyo] No quiere correr riesgos”, indicó la institución financiera andorrana en un documento interno.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) concluye en un informe de julio de 2020 que Carruyo utilizó a su sobrina Katerina S. P. como testaferro en dos cuentas en la BPA. Se trata de depósitos vinculados a las sociedades panameñas Welnut Overseas S. A. y Terrystone Foundation que canalizaron el millonario caudal de fondos inyectado por la trama.

La familiar del político reconoció en una declaración jurada que su tío era el verdadero dueño de los fondos.

La treta de Carruyo de usar a su sobrina en sus cuentas en Andorra tenía por objeto —según los investigadores— evitar que el banco cerrara los depósitos del exdirectivo de la petrolera por su condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP), una etiqueta para identificar a cargos públicos, funcionarios o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupción.

Los investigadores andorranos cuestionan el origen de los fondos que Carruyo ingresó en la BPA y dudan de que la empresa de ingeniería y obra civil que supuestamente generaba el dinero —Lugo Enterprise— tuviera actividad real. También critican los supuestos contratos con los que el exejecutivo de la petrolera trató de justificar sus millonarios ingresos. “Se desconocen los trabajos prestados, los pagos acordados, los importes”, recoge el informe de la Uifand.

Las pesquisas siembran dudas además sobre la procedencia de los 30,6 millones que aterrizaron en la constelación de cuentas de Carruyo.

La Uifand sostiene que el exdirectivo usó la cuenta en la BPA en la que cobró esta suma como “puente”, una pasarela para derivar después los fondos a otros depósitos. Así, su cuenta a nombre de la sociedad Biford Investments S. A. ingresó 11,5 millones en 2010 de la red chavista y envió 11,2 millones a otra cuenta del exdirectivo de PDVSA en la entidad andorrana a nombre de la mercantil panameña Orfield Foundation S. A.

Un informe incorporado al sumario —unas pesquisas que arrancaron en 2012 y que suman ya más de 76.000 documentos— enmarca los ingresos en la BPA de Carruyo en los movimientos de una presunta organización delictiva que se sirvió para hacer caja de su proximidad al Ejecutivo del expresidente Chávez. “Políticos venezolanos habrían cobrado sobornos a fin de facilitar contratos de PDVSA a empresas extranjeras”, indica el documento.

La tesis coincide con la expuesta por la magistrada andorrana Canòlic Mingorance en septiembre de 2018 en el auto por el cual procesó a 28 miembros de esta organización. La resolución presentaba a la red como un grupo integrado por exdirigentes venezolanos y funcionarios de la energética estatal que cobró comisiones de más del 10% a empresas, especialmente chinas, que resultaban después agraciadas con contratos de PDVSA.

El paradero de Carruyo, que ha estado vinculado a distintas derivadas del saqueo de PDVSA, es desconocido desde hace años.

Ismael Oliver, abogado del exministro venezolano Nervis Villalobos, defiende que su cliente “no ha cometido ningún acto de soborno, corrupción o blanqueo de capitales en ningún país”. Y precisa que el exjerarca “no ha sido condenado por ningún tribunal”. “Todas las operaciones que hizo el señor Villalobos en la BPA, su filial Banco de Madrid o cualquier entidad financiera fueron expresamente revisadas y fiscalizadas por el departamento de cumplimiento normativo de los bancos y son lícitas”, responde Oliver a este periódico por correo electrónico.

Sin embargo, las pesquisas apuntan que la trama movió el caudal de fondos que fue a parar a Andorra a través de una alambicada madeja de cuentas opacas y sociedades instrumentales —sin actividad— en paraísos fiscales como Suiza o Belice.

La Fiscalía de Venezuela cifró en 4.200 millones de euros el expolio de la petrolera estatal perpetrado por la red. Junto al exviceministro Villalobos, la organización incluyó en su cúpula a Javier Alvarado, el todo poderoso exviceministro de Energía y Petróleo y director entre 2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Un exmandatario que está siendo investigado en España y EE UU y que fue arrestado en Madrid en 2019 a petición de un juzgado de Texas, que le reclamaba por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y conspiración para el blanqueo. Las pesquisas del juez americano indagan un caso de corrupción de más de 50 millones de dólares conectado con la energética venezolana.

Una investigación interna de los actuales gestores de PDVSA determinó que exdirectivos de esta firma defraudaron a la compañía, al menos, 500 millones de dólares. El método pasaba por autoconcederse contratos de compra de material a sus propias sociedades. Para ello, amañaban presuntamente las licitaciones y blanqueaban su botín en España. De 48.000 contratos examinados entre 2009 y 2015, un total de 2.562 fueron a empresas de Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera. PDVSA presentó en España una querella contra ambos.

La denuncia se dirige, también, contra Rafael Reiter, Javier Alvarado y otras nueve personas. La Audiencia Nacional tramita la querella. Varios de los investigados residen en España, donde han adquirido propiedades millonarias.

investigacion@elpais.es

 https://elpais.com/internacional/2021-07-20/la-red-de-sobornos-de-petroleos-de-venezuela-pago-en-andorra-30-millones-a-un-directivo-de-la-compania.html

21.26.-El prontuario familiar de los “dignatarios” CECILIA OROZCO

Sin periodistas y bajo la orden de que las cámaras de la televisión «pública» no enfocara a los representantes de la oposición, el presidente Duque recibió el aplauso del oficialismo que respaldó el llamado a la represión de quienes lideraron el estallido social del 28 de abril y que se prolongó por cerca de dos meses en todo el país.

La catadura sórdida del Congreso de la República se oculta bajo venias sociales, labia formalista y trajes, corbatas y tacones de marca con que se visten quienes asisten a sus salones: la apariencia es el alma del mundillo político.

21 jul 2021.- Se entiende, entonces, que los aliados del Gobierno “cumplieran el pacto” al que se comprometieron al inicio de la administración Duque, eligiendo a los presidentes de Senado y Cámara que señalaran Uribe y sus subalternos de la Casa de Nariño sin consideraciones de ningún otro tipo, ni siquiera las de su imagen frente a las demás naciones. Casi todos ellos depositaron la dignidad del Estado, en su Rama Legislativa, en dos personas que ninguna empresa privada con prestigio seleccionaría para dirigir sus operaciones por la vergüenza de tener, a la cabeza de sus negocios, a alguien que no puede presentar a los miembros de su familia por sus pasados carcelarios.

Juan Diego Gómez Jiménez, político conservador antioqueño archiconocido por sus habilidades, en particular en los alrededores de Bello, es el presidente del Senado. En su hoja de vida figura, por supuesto, el nombre de su padre: Orlando de Jesús Gómez Botero, fallecido. Este fue conocido, en ciertos entornos paisas, con el mote de “la Ballena”. El 8 de noviembre de 2011 fue condenado, mediante sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Medellín que confirmaba la decisión de un juez del circuito de Bello, a ocho años de cárcel sin derecho a ejecución condicional de la pena ni a prisión domiciliaria. La Sala Penal de la Corte Suprema revisó el caso a pedido de su abogado defensor, en 2012, y encontró el fallo ajustado a la ley. O sea, su condena pasó todos los filtros sin duda de su culpabilidad. El padre del presidente del Senado fue declarado responsable de los delitos de fraude procesal, falso testimonio y obtención de documento público falso cuando con base en la adulteración, la doble identidad de un individuo y la construcción fraudulenta de una propiedad se adueñó criminalmente de un predio urbano de 33.000 m², es decir, de un megaterreno. La Corte dijo, refiriéndose al padre del honorable señor presidente del Congreso, que “conformó toda una empresa criminal para obtener la declaración judicial de pertenencia del bien”. Su hijo, el senador, heredó sus líos y sus negocios como cualquier descendiente de fallecido.

Jennifer Arias, representante por el Centro Democrático a la Cámara por el Meta, también es famosa por sus destrezas, como Gómez Jiménez, en los círculos llaneros, especialmente en las empresas pequeñas de aviación que les prestaron sus servicios de transporte a candidatos en campaña, entre estos a Uribe Vélez, a Duque y a otros notables del uribismo, según investigación de la Fundación Pares. Arias, muy cercana, además de al expresidente, al ministro del Interior, es tan encantadora que fue capaz de desbancar a los representantes Edward Rodríguez, Juan Manuel Daza, Ricardo Ferro y hasta a Enrique Cabrales, cuñado de Tomás, hijo de Uribe. Pese a su juventud (34 años) Arias ya ha sido directora del uribismo en el Meta, candidata a la Alcaldía de Villavicencio y jefe de la campaña de Duque en los amplios Llanos. La presidenta de la Cámara tampoco puede presentar a sus parientes: su padre, Luis Eduardo Arias Castellanos, fue condenado, en 1993, por asesinar a un hombre. Un juzgado de la capital del Meta lo condenó a 40 meses de prisión cuando aceptó que mató a Alfonso Leguízamo Lozada. Pero como un currículo penal, en Colombia, es una recomendación más que un impedimento, el señor Arias Castellanos ha sido adjudicatario de jugosos contratos públicos en su departamento, en un acople casual con las influencias políticas de su exitosa hija. Pares documentó al menos dos negocios de Arias Castellanos por $8.000 millones. Andrés, hermano de la fulgurante belleza que hoy preside la Cámara, recibió una condena por narcotráfico en 2008, en una corte del Distrito Sur de Florida. Los parientes en primer grado de consanguinidad de los presidentes de Senado y Cámara asesinaron, traficaron con cocaína, cometieron fraude judicial, falsificaron la identidad de una persona, conformaron empresas criminales, se apropiaron de 33.000 m² e indujeron a otros a dar falsos testimonios. Pero, eso sí, los ciudadanos de a pie podemos sentirnos orgullosos de que los partidos de nuestra institucionalidad “respetaron sus acuerdos políticos”.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/el-prontuario-familiar-de-los-dignatarios/

21.26.-Parapatriota YOHIR AKERMAN

Una de las herencias más lamentables que ha dejado el mandato de Iván Duque, entre muchas, es que ahora cualquiera, sin experiencia alguna, cree que puede llegar a ser presidente. ¿Cómo no? Duque llegó a la Casa de Nariño con el único mérito de ser el candidato elegido por el expresidente Álvaro Uribe. Nada más.

25 jul 2021.- Ese mismo movimiento de la derecha política colombiana ahora tiene unos precandidatos presidenciales que son de lo más irrisorio del abanico político. Esta columna va a centrarse en uno que anunció en junio su intención de llegar a la Presidencia. Ignorando el detallito de estar inhabilitado y, más grave aún, tener una condena a 14 años de prisión por haberse aliado con las Autodefensas Unidas de Colombia.

Detalles, que llaman.

Publio Hernán Mejía Gutiérrez, coronel en retiro del Ejército, es el fundador del movimiento Primero Patria, que se autodenomina como “un grupo de ciudadanos patriotas que trabajan por salvar a Colombia de la politiquería”.

Mejía fue comandante del Batallón de Artillería del Ejército Número 2 La Popa, de 2002 a 2003, y está condenado a prisión. Fue encontrado culpable de haber actuado de manera conjunta con los paramilitares del frente Mártires del Cacique Upar. Una alianza con el fin de presentar resultados conocidos como “falsos positivos”, patrullar de manera conjunta y proveerle armas y material de intendencia al bloque liderado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Esos hechos han merecido varias denuncias en esta columna en el pasado.

El coronel en retiro se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad que tiene lista la imputación contra él y contra otros 14 militares adscritos al Batallón La Popa de Valledupar, por su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales.

Pese a eso, el pasado 25 de junio Mejía anunció: “Luego de largas cavilaciones y hablar con mi conciencia, he tomado la decisión de lanzarme como precandidato a la Presidencia de la República. Lo hago a sabiendas de que no pertenezco a ningún movimiento o partido político y el único ideal es salvar a Colombia”.

Es evidente que las cavilaciones y charlas de Mejía con su conciencia no fueron lo suficientemente largas como para alcanzar a incluir algunos de los muertos que tiene encima el precandidato, sobre los cuales ya existen sentencias judiciales en firme. Pero acá siempre estaremos para darle una manito al coronel y ayudarle a refrescar la memoria con respecto a sus víctimas.

Como se ha establecido en esta columna, existen dos declaraciones cruciales en diligencia judicial de versión voluntaria. Ambas son de exmilitares compareciendo ante la JEP, en el mes de noviembre de 2018, que corroboran la alianza de Mejía con paramilitares para matar indígenas y campesinos inocentes y hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate.

Como lo hemos hecho en el pasado, es mejor mantener anónimas las identidades de los exmilitares y comparecientes ante la JEP, por lo macabro que cuentan esas versiones libres. Especialmente para proteger sus vidas. Las dos narraciones cuentan cómo los exmilitares han sido víctimas de amenazas de muerte o intentos de asesinato, desde que se decidieron a confesar los crímenes de los cuales participaron, guiados por la comandancia del coronel Mejía.

 “Quiero decir algo con todo esto que estoy diciendo, sé que me voy a morir en cualquier momento, no sé cuándo, pero sé que me voy a morir, honorables magistrados, yo les pediría a ustedes de corazón medidas cautelares para mi familia y para mí porque mi vida corre peligro y ya han visto varias amenazas”.

No es injustificado el miedo.

Para entender el riesgo que corren estos testigos, es importante recordar el relato de otro testigo de estas operaciones de Mejía, que dijo: “Un domingo temprano, cuando apenas mi coronel Mejía llevaba diez días de haber llegado, me llamó al comando y me dijo que consiguiera un arma y me fuera con él en el carro del batallón. Los dos íbamos de civil (…) Llegamos a una finca en donde había unos 200 paramilitares. En la casa principal, sentados en una mesa, estaba toda la cúpula del Bloque Norte: el señor Jorge 40, el señor Hernán Giraldo, Tolemaida, Omega y 39, que era David Hernández, un militar retirado que había sido amigo de mi coronel. Se saludaron con mucha alegría porque ellos eran amigos de escuela y los vi recochar mucho cuando se vieron”.

Ese día se pactó que el coronel Mejía tendría un sueldo mensual de $30 millones, aportados por Jorge 40, para que los militares no se metieran con sus hombres. Pese a que fue la amistad con 39 lo que generó la relación con los paramilitares, Mejía decidió quedarse con la relación y no con 39.

El coronel recibió la orden de Jorge 40 de matar a 39. Como 39 confiaba en Mejía, este le puso una cita y lo que hizo fue tenderle una emboscada, para así cumplir su misión. O como reza el legendario vallenato de Alejo Durán, Cero treinta y nueve se la llevó.

Ahora bien, existe otro relato crucial para entender la máquina de muerte que montó Mejía en Valledupar en alianza con los paramilitares. Es el del también militar y teniente coronel Heber Hernán Gómez Naranjo, quien se sometió a la JEP el 23 de junio de 2017, bajo el radicado No. 301153.

El 30 de noviembre de 2018, el coronel Gómez Naranjo rindió una versión libre y reservada ante la JEP en la que, durante casi seis horas, relató las barbaridades sanguinarias que se cometieron en el batallón del Ejército La Popa, bajo la comandancia del coronel Mejía Gutiérrez.

Según el relato, “el batallón era una máquina de guerra y como tal tenían que verse los resultados operacionales. El batallón La Popa venía siendo muy cuestionado, cuestionado a nivel, al interior del Ejército, por su falta de resultados operacionales. Porque es que enemigo había, había enemigo (…) y pues las instrucciones fueron claras, el batallón La Popa es una máquina de guerra y en el departamento del Cesar hay que ganar la guerra. La guerra se gana con resultados operacionales”.

Es por eso que al poco tiempo de estar al mando del batallón La Popa, tal y como lo plantea el Informe No. 5 de la Fiscalía ante la JEP, el coronel Mejía conformó un grupo especial con 14 militares de esa dependencia, con el argumento de tener una unidad de reacción rápida.

El grupo era conocido dentro de las instalaciones con el nombre de Zarpazo. Según relatan los testigos, el grupo salía y como a las cuatro o cinco horas volvía con la novedad de haber dado dos o tres bajas. Pasaba con frecuencia. A todo el mundo le parecía raro que mientras las contraguerrillas completas, que patrullaban las partes altas y sí estaban cerca de la guerrilla, no daban bajas, los del grupo Zarpazo siempre que salían y regresaban con bajas exitosas.

El coronel Gómez Naranjo, estableció que “(Mejía) me dijo a mí: Hernán, palabras más palabras menos, espero toda su lealtad. Yo le dije: Mi coronel, claro que sí, vamos a trabajar, esa lealtad después pude entender yo, de acuerdo a lo que él nos comentaba, que iba encaminada en ese sentido, a generar en cabeza de él esas alianzas con ya grupos conformados y de los cuales teníamos conocimiento de autodefensas en sectores muy cercanos a la ciudad de Valledupar”.

Y la lealtad se dio. Pero con los paramilitares dirigidos por Jorge 40, no con la población indefensa que el Ejército y el Batallón La Popa tenían la obligación de proteger.

Por eso, cuando el 30 de abril de 2016 el coronel Mejía presentó su libro titulado Me niego a arrodillarme en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, con prólogo del escritor Plinio Apuleyo Mendoza, no alcanzó a prever que ni arrodillándose se iba a salvar de la evidencia y de las pruebas en su contra.

Por consiguiente, su precandidatura presidencial, para supuestamente salvar a la patria de la politiquería, quedará en una sentencia de la JEP. Sentencia en la que se reivindica a las víctimas de esos criminales, mal llamados patriotas, que asesinaron ciudadanos indefensos para mostrarlos como éxitos militares. Primero Patria. Después… calabozo.

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  • 21.25.-Un fallo sobre la “Casa de Nari” que da vergüenza CECILIA OROZCO
  • Farsantes y peligrososRAMIRO BEJARANO
  • Las pruebas son eternasYOHIR AKERMAN

Las decisiones judiciales hay que respetarlas y acatarlas. Todas. No solo las que confirman las posiciones personales o las que creemos convenientes u oportunas, como hace el expresidente imputado Álvaro Uribe Vélez.

18 jul 2021.- Pero respetarlas y acatarlas no quiere decir que algunas no merezcan una revisión cuidadosa. Como la del pasado 12 de julio, en la que el juez 56 de conocimiento de Bogotá, absolvió a César Mauricio Velásquez, exsecretario de prensa de la Presidencia y a Edmundo del Castillo, exsecretario jurídico de la Presidencia en el gobierno de Uribe.

Estos exsecretarios eran juzgados por el plan de desprestigio que se planeó contra la Corte Suprema de Justicia. En ese plan participaron agentes de la antigua agencia de espionaje o Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en hechos por los que sí fueron condenados Bernardo Moreno Villegas, secretario general de la Presidencia, y María del Pilar Hurtado Afanador, exdirectora del DAS.

Según el juez del proceso, la Fiscalía no aportó pruebas que vincularan a Velázquez y del Castillo con el plan de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia. “…en atención a que las pruebas de cargo debatidas en juicio oral no permitieron a este Autoridad Judicial arribar al conocimiento más allá de duda razonable sobre la autoría en la comisión de los hechos y su responsabilidad frente al delito por el cual fueron llamados a juicio en calidad de autores”.

Qué extraño, o mejor qué predecible, que la Fiscalía en manos de Francisco Barbosa, fiel escudero del imputado Álvaro Uribe Vélez, no aporte las evidencias que demuestran que los secretarios del entonces presidente Uribe complotaron presuntamente contra la Corte Suprema.

Las evidencias existen.

Por eso revisemos cuáles son esas pruebas que parece que a la Fiscalía se le embolataron en algún cajón. La investigación en contra de Velásquez y del Castillo la comenzó el fiscal Mario Iguarán Arana en febrero de 2009. En abril de ese año, se allanaron las instalaciones del DAS, de donde salieron muchos de los documentos y relatos que hoy extrañamente se encuentran extraviados por la Fiscalía.

Para entender lo que salió de ese allanamiento del DAS, lo mejor es hacer una bitácora de la penúltima semana de abril de 2008, una de las más difíciles que vivió el entonces presidente Uribe en sus ocho años de gobierno. En esos días se realizaron varias reuniones por las que hay gente condenada, y se cometieron hechos que involucran a los exsecretarios de la presidencia de participar en tres episodios del escándalo de escuchas ilegales, conocido como “las Chuzadas”. Además del denominado espionaje del ‘paseo’ de los magistrados a Neiva y la visita clandestina del exparamilitar alias Job al Palacio de Nariño.

Tal y como lo plantea el libro “ChuzaDAS: ocho años de espionaje y barbarie” del periodista Julián Martínez, lo que sucedió en la Casa de Nariño en esas fechas comprueba la asociación criminal que se tejió entre la Presidencia de la República, la organización narcoparamilitar denominada la ‘Oficina de Envigado’, el extinto DAS y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda.

Empecemos.

El domingo 20 de abril de 2008, el informativo de televisión Noticias Uno, que para la época dirigía el periodista Daniel Coronell, reveló el testimonio de la excongresista Yidis Medina, grabado en agosto de 2004. En ese testimonio, Medina aseguró que el gobierno de Álvaro Uribe le compró su voto para el trámite legislativo que permitió su reelección en 2006.

Desde ese día, en la Casa de Nariño comenzaron a elaborar una intensa campaña difamatoria contra Daniel Coronell y Yidis Medina. El objetivo de quitarle credibilidad a la revelación de Noticias Uno y a la versión de la exrepresentante a la Cámara.

Producto de la investigación de Coronell, no sólo fue condenada por cohecho Yidis Medina, sino también los exministros del gobierno de Uribe, Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio.

Pues los informes sobre las declaraciones de Yidis Medina, realizados por el extinto DAS, eran recibidos por César Mauricio Velásquez. Así lo muestra un documento hasta ahora inédito, con fecha del 24 de abril de 2008 y radicado B3-71837-1, encontrado en el famoso allanamiento.

El lunes, la entonces directora del DAS coordinó una reunión entre César Mauricio Velásquez con el capitán Jorge Alberto Lagos, subdirector de Contrainteligencia del DAS. El objetivo era entregarle información confidencial de inteligencia obtenida, sin orden judicial, sobre un viaje de los magistrados de la Corte Suprema a Neiva en 2006, con el propósito de vincularlos, falsamente, con un escándalo narcotráfico. Lagos va a la Casa de Nariño, se encuentra con Velásquez y le entrega información, pues se sabía que la Corte iba a arrestar al primo del presidente Uribe en cualquier momento.

Según documentos del DAS, cuando Lagos se reunió con Velásquez alrededor de las 3:00 pm y le contó sobre el viaje de Neiva, el secretario de prensa de Presidencia tomó el teléfono y llamó al entonces asesor presidencial, José Obdulio Gaviria para que hiciera presencia en el lugar. Una vez allí se sentaron los tres a socializar los hallazgos que había obtenido contrainteligencia sobre el tema. Según el capitán Lagos, Gaviria y Velásquez solicitaron tener copia de los documentos obtenidos de manera ilegal por el DAS.

Al día siguiente capturaron al senador Mario Uribe Escobar, expresidente del Congreso y primo del mandatario, quien intentó fugarse del país solicitando asilo político en la Embajada de Costa Rica. Mario Uribe fue enviado a prisión por sus nexos con grupos paramilitares.

El miércoles 23 de abril, a las 6:30 de la tarde, ingresaron por el sótano de la Casa de Nariño, con autorización del jefe de Estado, los siguientes personajes: Severo Antonio López Jiménez, alias ‘Job’, vocero de las paramilitares; Diego Álvarez, abogado de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, jefe máximo de la ‘Oficina de Envigado’; el exgobernador del Cauca, Juan José Chaux Mosquera, condenado por sus vínculos con las autodefensas, y el lobista Óscar Iván Palacio. Lo hicieron para reunirse con Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia, y César Mauricio Velásquez, jefe de prensa de Álvaro Uribe.

Los representantes de los paramilitares mostraron unas grabaciones de video y audio, con las que pretendían ensuciar al magistrado Velásquez y, de esta manera, ayudar al Palacio de Nariño a desprestigiar los procesos por ‘parapolítica’. A cambio, la tarea de alias ‘Job’ y el abogado de ‘Don Berna’ era convencer a los secretarios de Uribe, para que el primer mandatario no firmara la extradición del jefe de la ‘Oficina de Envigado’.

El director de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares, aseguró ante la Fiscalía que lo importante del encuentro entre paramilitares y los secretarios del presidente, es que la intención de dicha reunión era la de afectar al magistrado Iván Velásquez. Algo similar a lo que se pretendía con el famoso caso Tasmania.

En el encuentro también participó Martha Inés Leal Llanos, subdirectora de Operaciones del DAS, delegada por María del Pilar Hurtado para participar en la oscura reunión. Según Leal Llanos, ahí también se discutió la interceptación ilegal de las comunicaciones de varias personas, para lograr el objetivo de manchar la carrera del magistrado.

Así de claro y así de sencillo.

Ahora bien, no se puede olvidar que era el mismo Cesar Mauricio Velásquez, según los relatos de los testigos, el encargado también de visitar a la UIAF para recoger pruebas ilegales de las cuentas bancarias de esos mismos magistrados. Es decir, no solo los chuzaron, sino que les espiaron su vida económica. Todo por investigar al primo del presidente Uribe y la parapolítica.

Ese 24 de abril, veinticuatro horas después de la reunión con los voceros de los paramilitares, hubo un nuevo encuentro en la Presidencia de la República para vincular a un señor llamado Ascencio Reyes Serrano, un empresario huilense que había hecho un homenaje al magistrado Yesid Ramírez Bastidas, con actividades del narcotráfico.

A la Casa de Nariño llegó ese día la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, acompañada por Fernando Tabares y Jorge Alberto Lagos, directores de inteligencia y Contrainteligencia, para sostener una reunión con Bernardo Moreno, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, César Mauricio Velásquez y el director de la UIAF, Mario Alejandro Aranguren.

Por estos hechos hay condenas en firme.

Recordemos que cuando el entonces procurador general Alejandro Ordóñez destituyó e inhabilitó por 18 años a Bernardo Moreno Villegas, en su condición de secretario general de la Presidencia, por “extralimitación de sus funciones”, en el marco del escándalo de las ‘Chuzadas’, argumentó que la decisión también se daba por la participación de éste en la reunión que se llevó a cabo en la Casa de Nariño el 24 de abril de 2008.

Al final de esa semana, Cesar Mauricio Velásquez filtró la información de inteligencia obtenida de forma ilegal, puesto que no existía orden judicial, sobre los movimientos de los magistrados en la reunión que tuvieron en Neiva en 2006, con el propósito de vincularlos falsamente con narcotráfico.

El fin de semana del 25 y 26 de abril de 2008 el contenido y plan de la reunión fue publicado en la revista Semana, en un artículo titulado “El mecenas de la justicia”. Semana tuvo que rectificar la información, cuando su entonces director Alejandro Santos, descubrió que se trataba de un montaje promovido por la Casa de Nariño.

Aunque el expresidente imputado Álvaro Uribe celebró la decisión del juzgado 56 de absolver a sus exsecretarios Velásquez y del Castillo por el escándalo de las Chuzadas en contra de la Corte Suprema de Justicia y dijo que “la injusticia no es eterna”, lo que tiene que recordar es que las pruebas y la evidencia en contra de sus funcionarios sí son eternas. Esto, pese a que ahora la Fiscalía las prefiera engavetar por completo.

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21.25.-Un fallo sobre la “Casa de Nari” que da vergüenza CECILIA OROZCO

César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo. Foto El Espectador

Resulta desconcertante, por calificarla de manera suave, la decisión del juez Manuel José Pulido, de absolver a dos funcionarios del círculo más cercano del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, por los hechos sombríos en que incurrieron, entre 2007 y 2008, desde sus oficinas de la Casa de Nariño —a pocos metros de la del omnímodo jefe de Estado—, cuando recibieron, en calidad de invitados, a delincuentes de la peor laya, y cuando aceptaron concertar, con estos, ciertas actuaciones: recibir de ellos materiales ilegales y distribuirlos, después, a periodistas cómplices que publicaban, como si fueran “noticias” y “chivas”, ese sartal de falsedades.

14 jul 2021.- Los protagonistas directos e indirectos de la trama descrita hicieron parte de un engranaje delictivo y no les importó. Tampoco ahora, porque el poder político protege su impunidad y el poder judicial casi no existe. Los beneficiados por Pulido, pese a las evidencias y testimonios que tuvo a mano pero que no vio, y pese al propio contexto histórico que tampoco parece tener en cuenta aunque ha sido probado judicialmente en no menos de 20 sentencias de condena contra otros partícipes de esos episodios, son Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia, y César Mauricio Velásquez, secretario de Prensa; el primero, abogado; el segundo, periodista de quien creí que era persona de fiar. Acepto que me equivoqué, de cabo a rabo: su carácter no le dio para mantener la limpieza de su conducta cuando optó por ser, en lugar de reportero leal con la verdad, otro peón del político que más ha corrompido las instituciones nacionales en el último cuarto de siglo: Uribe Vélez.

El juez Pulido concluyó, en su fallo de 65 páginas que escribió con rapidez inusitada entre viernes, sábado y domingo pasados, que “las pruebas de cargo… no permitieron arribar al conocimiento, más allá de la duda razonable sobre la autoría… del delito (concierto para delinquir) por el cual fueron llamados a juicio…”, motivo por el cual los absuelve. La esencia de la acusación en contra de Del Castillo y Velásquez se encuentra, como dije, en su asistencia a reuniones con bandidos, una de estas con alias Job, un sicario del paramilitar alias Don Berna, en un hecho que no tiene que ser probado ante ningún juez, “más allá de la duda razonable”, porque hay evidencia plena y archisabida: un video publicado hasta en los medios parroquiales del país, de su ingreso por los pasillos entapetados de la “Casa de Nari”, como la denominó Job en famosa llamada a alias Don Berna al salir de la cita “con el curita” (así se refirió al secretario de Prensa Velásquez por el activismo de este en el Opus Dei). Del Castillo y Velásquez integraron el enorme grupo presidencial que atentó contra el Estado de derecho cuando pretendió destruir a la Corte Suprema debido a que sus magistrados procesaban, por nexos con los paramilitares, al primo y aliado de Uribe Vélez, el entonces senador Mario Uribe Escobar.

Otro episodio en que estuvieron involucrados Del Castillo y Velásquez, sin prueba suficiente según el togado, es el “caso paseo”. Pues bien, recuerdo perfectamente aquel capítulo porque en ese tiempo colaboraba con la extinta revista Semana: allí se publicó, en abril de 2008, un gran escándalo periodístico titulado “El ‘mecenas’ de la justicia”. Relataba, con pormenores sorprendentes, el viaje de varios magistrados de la Suprema a Neiva, supuestamente pagado por el presunto socio de un narcotraficante. Desde luego, el efecto de que la Corte que investigaba al primo del presidente recibiera regalos de un mafioso era que la dejaba sin autoridad moral para juzgarlo a él o a cualquier otro. Pero como lo primero que emerge de las inundaciones es el agua… y la verdad, unos directivos de la revista descubrieron que una de sus periodistas, cuyo nombre omito porque falleció, fue convocada por la Casa de Nariño para entregarle las “evidencias” que demostrarían las malas compañías de la Corte, y que habían sido recopiladas —torcida e ilegalmente— por agentes del DAS al servicio de la Presidencia. La periodista era consciente del complot y decidió ser parte del juego sucio. Se demostró, en otros procesos y declaraciones, que sus contactos fueron José Obdulio Gaviria, Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, entre otros. ¿Cómo resume el juez Pulido lo revelado por un testigo reportero sobre el “caso paseo”?: “(El artículo “Mecenas de la justicia”) fue objeto de retractación porque la foto publicada estaba errada” (¡¡¡!!!) Lo que el testigo de la revista contó y el juez consideró irrelevante es que Del Castillo y Velásquez llamaron insistentemente a la periodista, después de desatado el escándalo, para que devolviera los soportes que le habían entregado y borrar así su rastro. Tanto afán tenía que enviaron a retirarlos a una asistente de Del Castillo que fue grabada cuando entraba a la sede de la revista. Según el fallador Pulido, esa prueba no demuestra la culpa de los acusados. Absueltos pero no inocentes.

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21.25.-Farsantes y peligrososRAMIRO BEJARANO

Lo que ha hecho esta semana Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller, primero en la Asamblea de la ONU y más tarde expidiendo un comunicado desde la Cancillería sobre las marchas en Cuba, es grotesco y provocador.

18 jul 2021.- Si la Procuraduría y la Fiscalía estuviesen dispuestas a ser independientes y no apéndices del Gobierno, deberían al menos iniciar investigaciones para establecer si esas conductas constituyen o no faltas que deban ser sancionadas.

Se necesita ser muy tahúr para pararse a hablar en la más importante asamblea diplomática del planeta a sostener la mentira irritante de que las muertes de manifestantes durante la protesta social en Colombia fueron obra de vándalos infiltrados. La irresponsable funcionaria llevó como avalista de ese desafío a Emilio José Archila, quien por segunda vez se dejó arrastrar y de nuevo dio muestras de que se siente bien en su rol de pajecito del régimen, dispuesto a integrarse a ese club de fantoches que faltan a la verdad sin ruborizarse. Marta Lucía corroboró que Colombia no está dispuesta a sancionar lo que ya la CIDH estableció que había pasado y eso nos expone a inevitables sanciones internacionales. Si esta es la funcionaria que creíamos que decía la verdad cuando explicó la detención de su hermano narco en los EE. UU., o cuando puso distancia a los negocios de su marido con un sospechoso lavador de activos, tenemos derecho a dudar de que tampoco en esas ocasiones la canciller ha honrado la verdad. Quién miente una vez mentirá siempre.

Y esa actitud falaz quedó repetida cuando la Cancillería expidió un insólito y cínico comunicado exhortando a la dictadura cubana a que permita la protesta pacífica y respete los derechos humanos, como si aquí no tuviéramos el doloroso saldo de muertos, heridos y desaparecidos de las marchas recientes, en el que está comprometida la policía. Ese comunicado tiene el tufo arrogante de Adriana Mejía, la vicecanciller odiosa, arbitraria y perseguidora que ahora, sin hablar francés, irá a gozar de las mieles parisinas en la OCDE.

Ninguna necesidad tenía la Cancillería de expedir un comunicado expresando solidaridad con los cubanos y su creciente proceso de protestas ciudadanas ante lo que es un régimen en decadencia, mucho menos recomendándoles permitir allá lo que aquí es prohibido y respetar los derechos humanos que también han ultrajado gracias al paquetazo director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas.

Duque hace lo suyo también, pues no pudo desconocer que detrás del magnicidio en Haití están los exoficiales colombianos y salió a rasgarse las vestiduras, pero haciéndose el de la vista gorda con el papel de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Esta es la responsable de conceder y renovar las licencias a las compañías que, en ese complejo universo de la delincuencia extranjera, hacen atractivo para ciertas organizaciones contratar en Colombia comandos que afuera hagan cosas inclusive lícitas. No se atrevió Duque a pedir cuentas al superintendente Alfonso Clavijo Clavijo, quien moral y legalmente está obligado con el país a no guardar silencio.

Nos contaron que los exoficiales son mercenarios en el extranjero, pero no nos han dicho qué habrán hecho o estarán haciendo aquí por cuenta del paramilitarismo que no incomoda al Gobierno ni al Centro Democrático. ¡Qué miedo!, como dicen en Buga, ¡que nos cojan confesados!

El balance no puede ser más sombrío. En efecto, a pesar de los indicios tan claros, ninguna autoridad ha siquiera anunciado una investigación para remover los cimientos de las empresas de seguridad de donde salió la veintena de oficiales y soldados que se fueron felices a Haití en un crucero del mal, pues unos creían que debían secuestrar al presidente y otros matarlo. Mientras tanto Duque da el pésame sin llamar al orden a nadie.

Adenda No 1. Las recientes y contundentes decisiones de la JEP sobre los “falsos positivos” restablecen la confianza en la justicia colombiana. Va quedando claro quiénes y por qué quieren eliminar la JEP.

Adenda No 2. Difícil creer en el nuevo comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, un intolerante enemigo consuetudinario de la paz.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/farsantes-y-peligrosos/

  • 21.24.-Preguntas para el fiscal general  PATRICIA LARA
  • El abrazo de Cabal con la “gente de bien” CECILIA OROZCO
  • Resistencia y antimonumentos CONSUELO AHUMADA
  • El asesinato del presidente Jovenel Moïse sumerge a Haití en el caos NICOLAS BOURCIER

En las garras de una violencia increíble, la pobreza extrema y la creciente mafia, el país se prepara para una nueva crisis, dejando a los habitantes entre la confusión y la angustia.

Niños caminan por una calle de Puerto Príncipe, vaciada tras el asesinato de Jovenel Moïse el 7 de julio. Al fondo, una catedral destruida por el terremoto de 2010. JOSEPH ODELYN / AP

La noticia cayó con las primeras luces de la mañana, bajo un cielo haitiano ya pesado. Aproximadamente a la una de la madrugada del martes 6 al miércoles 7 de julio, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en un ataque perpetrado por un comando armado no identificado en su casa, ubicada en las afueras de la capital, Puerto Príncipe.

8 jul 2021.- El anuncio fue hecho por el primer ministro interino Claude Joseph en un comunicado de prensa. Según los informes, la esposa del jefe de Estado, Martine Moïse, también resultó afectada durante la agresión. El estado de esta última, lesionada y trasladada al hospital, seguía siendo incierta al momento de escribir este artículo, anunciando los medios de comunicación su muerte o un aterrizaje en Miami a bordo de un avión ambulancia.

Leer también En Haití, el «descenso a los infiernos» de la población ante la violencia

Joseph dijo más tarde en la mañana que era el gobernante de facto del país, pero sin dar más detalles, ni sobre la duración ni sobre el alcance de sus prerrogativas. Un nuevo primer ministro lo reemplazaría esta semana. El presidente de la máxima institución judicial del país, René Sylvestre, quien también pudo haber jugado un papel en la transición, murió a causa del Covid-19 el 23 de junio. República Dominicana, por su parte, ordenó pocas horas después del anuncio del ataque el «cierre inmediato» de su frontera con Haití, los dos países que comparten la misma isla.

«Con la gangsterización del país y este asesinato del presidente, todos temen lo peor», Nixon Boumba, sociólogo haitiano

Mientras las condolencias y las reacciones de consternación de los principales líderes mundiales llegaban a Port-au-Prince, una gran parte de la población permanecía encerrada en sus hogares alrededor de radios y televisores, dejando las calles de la capital vacías y las tiendas cerradas. «La confusión está en todas partes «, dice Nixon Boumba, sociólogo, activista de derechos humanos y agudo observador de la situación haitiana contactado por teléfono. Con la mafia del país y este asesinato del presidente, todos temen lo peor. Algunos incluso hablan de un posible escenario de Ruanda… «

Crisis crónica de gobernanza

De hecho, este dramático evento corre el riesgo de desestabilizar aún más al país más pobre de las Américas, que ya enfrenta una doble crisis política y de seguridad de violencia sin precedentes. Gangrenado por crímenes atroces, corrupción y extrema precariedad, golpeado duramente por desastres naturales y desde el comienzo del año por una nueva ola de Covid-19, Haití también se encuentra en las garras de una crisis de gobernabilidad crónica.

Bandas fuertemente armadas controlan gran parte de la capital y sus carreteras principales. Los secuestros han aumentado en los últimos meses con, a veces, diez casos por semana solo en Puerto Príncipe. Fueron secuestrados escolares e incluso religiosos en plena masa. La pobreza y el hambre van en aumento, ya que los sucesivos gobiernos de Moïse Jovenel (siete primeros ministros nombrados en poco más de tres años) han sido acusados ​​de enriquecerse al no proporcionar ni siquiera los servicios más básicos.

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Después de un período colonial y poscolonial marcado con hierro candente, dos décadas de dictadura de François Duvalier, conocido como «Papa Doc», luego de su hijo, Jean-Claude, conocido como «Baby Doc», un presidente elegido democráticamente en 1990, Jean-Bertrand Aristide, pero derrocado un año después por un golpe de estado y un devastador terremoto en 2010, el país nunca se ha reconstruido ni se ha asentado en una democracia pacífica y madura.

Colt del sulfuroso presidente derrocado Michel Martelly, acusado de corrupción en el uso de fondos destinados a la reconstrucción del país, Jovenel Moïse ocupó su lugar el 7 de febrero de 2017. Presidente mal elegido, poco conocido y sin experiencia política, el hombre de El de 48 años tuvo que hacerlo dos veces en 2015 y 2016 para obtener la mayoría de los votos (apenas 600.000 papeletas para una tasa de participación del 12%).

Escándalo político-financiero

Sin amor, Jovenel Moïse también tenía en su contra a una gran mayoría de la población al final de su primer año en el cargo. El intento de subir los precios del combustible, luego las revelaciones del llamado asunto “Petrocaribe”, este escándalo político-financiero de malversación de miles de millones de dólares en préstamos de Venezuela y que involucra a cuatro jefes de Estado haitianos incluido él mismo, desató protestas violentas y convocatorias. Por su salida de 2018.

Para complicar las cosas, Jovenel Moïse comienza en 2020 a gobernar por decreto, tras la suspensión de las elecciones legislativas, debido a una polémica sobre los métodos de cálculo de la distribución de escaños y la caducidad de los mandatos parlamentarios. Así amordaza al Tribunal de Cuentas, crea una nueva agencia nacional de inteligencia y modifica el código penal para, en particular, extender la “calificación de acto terrorista” a los bloqueos de carreteras, una de las principales formas de protesta en Haití.

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Desde hace meses, Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA exigen el establecimiento de nuevas elecciones legislativas para restablecer el equilibrio de poder. En cambio, propuso un referéndum para modificar la Constitución, seguido de elecciones legislativas y presidenciales en septiembre y noviembre de 2021. Una fórmula que le habría permitido gobernar por decreto hasta 2022. Ampliamente impugnado por la oposición, el referéndum electoral programado para el 27 de junio se pospuso indefinidamente a principios de junio a causa, oficialmente, de la crisis sanitaria.

Los cargos de blanqueo de capitales, que datan de su época en el mundo empresarial, ya pesaban sobre él en el momento de su elección.

Proveniente de un entorno modesto en el norte del país, originario de la pequeña ciudad de Trou-du-Nord, ubicada entre Cap-Haitien y la frontera con Saint-Domingue, Jovenel Moïse comenzó su ascenso con el lanzamiento de la primera zona agrícola franca. En el país con su empresa Agritrans, una empresa productora y exportadora de banano para la que consiguió un préstamo de capital multimillonario. Los cargos de blanqueo de capitales, que datan de su época en el mundo empresarial, ya pesaban sobre él en el momento de su elección. Desde entonces, también se han presentado varias denuncias denunciando cientos de expropiaciones arbitrarias de campesinos en beneficio de Agritrans. La tierra no ha visto crecer los plátanos durante mucho tiempo.

Deriva autoritaria

Las críticas más fuertes contra Jovenel Moïse, sin embargo, se centraron en la violencia cotidiana, que ha crecido exponencialmente en los últimos dos años. Hasta el punto de que una gran parte de la población lo acusó de hacer la vista gorda ante las atrocidades y dejar que la situación se deteriorara, o incluso de beneficiarse y jugar con el apoyo de ciertos grupos armados.

Se unió la semana pasada, pocos días antes del asesinato del presidente, Himmler Rébu, ex coronel, autor de un fallido golpe de Estado y escritor, no dudó en acusar a Jovenel Moïse de deriva autoritaria y connivencia con algunos secuaces:

“Técnicamente, Puerto Príncipe es una capital asediada por pandillas, todas las vías de acceso están bloqueadas. Este trabajo no puede ser obra de simples bandidos. Tienen armas de guerra y tienen la ventaja del poder de fuego sobre la policía. Ningún estado puede albergar a suficientes personas ignorantes para construir tal superestructura, por casualidad o negligencia. Nos enfrentamos a una elección política. «

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Es en este contexto que en junio de 2020, Jimmy Chérizier alias «Barbecue», un ex policía, publicó un video en YouTube en el que anunciaba una alianza entre diferentes pandillas en Puerto Príncipe. Esta nueva agrupación, de la que se autoproclama portavoz, agrupa a nueve de los mayores cabecillas de la capital. Lo llama el «G9». Si bien esta nueva organización dice ser apolítica y habla de revolución armada, organizaciones de la sociedad civil señalan desde el anuncio que fue creada para presionar a los barrios y asegurar la victoria de Jovenel y sus familiares en las elecciones.

Jimmy Chérizier, quien dice ser «garante de la seguridad» de varios distritos de la capital, tiene una orden judicial en su contra desde febrero de 2019. Esta orden nunca se ha ejecutado, según recuerda una investigación del medio haitiano AyiboPost. Mejor aún, el ex policía incluso recibió el apoyo público del ministro de Justicia, Rockefeller Vincent, sobre quien asoman, nuevamente, fuertes sospechas de corrupción. Más recientemente, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos reveló que había puesto a disposición del Estado locales para la instalación de la Oficina Nacional de Identificación y elaboración de cédulas electorales bajo su control.

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Al final de la mañana del miércoles, Claude Joseph declaró el estado de sitio en todo el país. Prometió que «los autores, los asesinos de Jovenel Moïse pagarían por lo que hicieron en los tribunales» y aseguró que la situación de seguridad en el país está bajo control. Cuatro «mercenarios» involucrados en el ataque de la noche, dijo la policía de Puerto Príncipe más tarde ese mismo día, fueron asesinados y otros dos arrestados.

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/08/l-assassinat-de-jovenel-moise-plonge-haiti-dans-le-chaos_6087504_3210.html

21.24.-Preguntas para el fiscal general  PATRICIA LARA

Señor fiscal general, Francisco Barbosa:

En las últimas semanas se han dado a conocer entrevistas de prensa y versiones que los exparamilitares Jorge Iván Laverde, alias el Iguano; Úber Banquez, alias Juancho Dique, y Salvatore Mancuso han rendido ante los tribunales de Justicia y Paz.

9 jul 2021.- En ellas, los tres coinciden en hacer señalamientos muy graves contra las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad. A usted, doctor Barbosa, como fiscal general, le corresponde precisar y no dejar pasar por alto esas sindicaciones, para que se judicialice a los responsables y no queden flotando en el ambiente esas acusaciones contra las Fuerzas Armadas como institución.

En esencia, los tres exparamilitares afirman que las Fuerzas Militares, la Policía, el DAS y otras instituciones les suministraban a las Autodefensas Unidas de Colombia listados de personas que consideraban cercanas a los grupos subversivos para que las asesinaran.

Aquí, apartes de sus declaraciones:

El Iguano: “Recibíamos información de la Fuerza Pública, Sijín, Policía, Fiscalía, DAS, organismos de inteligencia, para darles muerte a las personas (…). De esas personas ya hemos hablado: hemos manifestado, tal cabo, tal sargento, tal teniente, tal capitán, tal coronel… A todos los hemos mencionado”.

Juancho Dique: “Si dejábamos los cuerpos por ahí, la Fuerza Pública nos llamaba la atención y decía que se les iban a incrementar las estadísticas de violencia y que eso podría (…) traer a la gente de derechos humanos (…). Por eso desaparecíamos a las personas (…). Y aunque yo no puedo decir que eso fue una política de Estado, sí puedo dar fe de que sabía el comandante de la estación de Policía, y de ahí para abajo y para arriba toda la jerarquía (…). No era un secreto. Por ejemplo, pasaba que cuando capturaban una persona en equis municipio, le daban libertad y nos daban la instrucción de cogerla y desaparecerla. Yo tengo todavía la orden de batalla de la Fuerza Naval de la Costa. Allí hay centenares de personas sindicadas con nombre, dirección, teléfono (…). A esos jóvenes los cogíamos, los desmembrábamos y los arrojábamos a las aguas del Canal del Dique (…), para que no fueran recuperados los restos óseos, porque si a la persona se le bota completa, el cuerpo a las 72 horas sube a la superficie”.

Salvatore Mancuso: “(Las decisiones de matar a Eduardo Umaña, Elsa Alvarado y Mario Calderón, Jaime Garzón, Jesús María Valle) eran, en su gran mayoría, pedidos que venían desde el Estado y se encargaba a quien mejor pudiere desarrollar esa acción militar”.

Señor fiscal, esas afirmaciones de los exparamilitares no son nuevas: empezaron a hacerlas en las versiones libres que desde hace 15 años están rindiendo ante los tribunales de Justicia y Paz. En ellas, incluso, mencionan nombres de militares, políticos y empresarios involucrados con el paramilitarismo.

¿Qué ha hecho hasta ahora la Fiscalía con esas informaciones? ¿Qué investigaciones ha abierto? ¿A qué conclusiones ha llegado? ¿Ha obligado a los exparamilitares a precisar quiénes, en el DAS y en las Fuerzas Militares y de Policía, les suministraron los listados de personas a las que debían matar?

Su deber, doctor Barbosa, es investigar si son ciertas esas revelaciones y, si lo son, descubrir quiénes fueron los funcionarios determinadores de esos miles de asesinatos para dar a conocer sus nombres. Si no lo hace con prontitud, señor fiscal Barbosa, usted estará ayudando a enlodar a las Fuerzas Armadas como institución.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/patricia-lara-salive/preguntas-para-el-fiscal-general/

21.24.-El abrazo de Cabal con la “gente de bien” CECILIA OROZCO

María Fernanda Cabal Foto El Espectador

La congresista María Fernanda Cabal, que se ha hecho conocer no por méritos propios pues no se sabe de ninguno que la acredite sino porque se arrimó al árbol con la sombra de Uribe, quiere hacer creer que aspira a ser la sucesora de Duque del que habla tan feo y tan mal.

7 jul 2021.- “Bueno”, dirá ella (el silencio inteligente no es virtud que posea, es claro), “si Iván llegó a la Casa de Nariño, ¿por qué yo no podría?”. Cabal estaría traicionando, así, a su cercano amigo Óscar Iván Zuluaga, excandidato, precandidato y candidato perenne, con quien celebraba su fiesta de cumpleaños y al que, supuestamente, apoyaba para el cargo que, hoy, le disputa: de pareja de baile, a rival.

También sería competidora de otro de sus compañeros amados, el precandidato presidencial y coronel (r) del Ejército Publio Hernán Mejía, condenado a 19 años de cárcel como autor intelectual de asesinatos de civiles que fueron disfrazados como “bajas en combate”. Mejía ha anunciado que su “único ideal es salvar a Colombia”, gracias a que anda libre, burlándose del Acuerdo de Paz, de la JEP… y del reguero de víctimas que dejó.

Volvamos a Cabal. Sus deseos oscuros y los desafueros verbales que utiliza, a ciencia y conciencia, con incitaciones a un clima de violencia política y de discriminación social, no tendrían relevancia pues podría pasar por la loquita agresiva del barrio. Pero la función parlamentaria le otorga visibilidad y campo de acción y ella los aprovecha en medio de la más absoluta impunidad: los jueces no la tocan. El pasado fin de semana, Cabal se unió a la “gente de bien”, como se autodefinen, con cinismo, en Cali, las personas adineradas que aplauden a los pistoleros de civil que salen a las calles, al lado de policías, a matar manifestantes, la “chusma” que dirían ellas. La “gente de bien” fue convocada el domingo pasado, a una “pintatón”, entre otros, por un sujeto que fue grabado precisamente disparando contra una protesta en Ciudad Jardín.

Imágenes de personas de civil disparando en las protestas del paro nacional.

Él mismo se identificó, después de que su imagen armada rodara en las redes, como Andrés Escobar. Adujo que era “empresario”, disculpa machacada desde los tiempos del ultraderechismo vinculado al fenómeno paramilitar. Escobar citó, desde un plácido lugar al lado del mar, repito, a una “pintatón”, es decir, a borrar los grafitis que dejaron los inconformes del paro, en murales de la ciudad.

En efecto, llegó un grupo de ciudadanos y eliminó la huella pictórica de los manifestantes en un acto desafiante y provocador que, en todo caso, resulta menos grave que borrar del todo a los jóvenes. La “gente de bien” que echó pintura gris sobre las frases que los estudiantes dejaron en los muros ha debido tener algún tipo de coordinación por su vestimenta: camisetas blancas con un letrero, en el pecho, en que se leía “#YoSoySeguridad”, y otro en la espalda que clamaba “No al comunismo” (ver). La señora Cabal no podía faltar: aterrizó en el sitio para dar su discurso a sus seguros votantes. Y se abrazó, efusiva, con un individuo que poco después fue identificado como Gustavo Adolfo Muñoz, capturado, en 2013, como jefe de una “fábrica nacional de falsos testigos”, según descubrió el columnista Daniel Coronell (ver).

 María Fernanda Cabal en Cali.

Muñoz, cercano a altos mandos militares y a los promotores de la reelección de Uribe Vélez, en 2004, se había dedicado a conseguir delincuentes que mintieran sobre políticos de la oposición (desde entonces viene la treta de conseguir testimonios en las cárceles). Por las falsedades tramadas por Muñoz, el senador Luis Fernando Velasco estuvo cuatro meses en La Picota como presunto miembro de las Farc. Pero la justicia encontró que Velasco no era guerrillero (¡!) y que Muñoz era responsable del montaje. Por eso lo condenó a seis años de cárcel por los delitos de falso testimonio, fraude procesal, falsa denuncia y calumnia. El abrazo de Cabal no sorprende: es lo de ella, lo del uribismo y, desde luego, lo del jefe máximo de la “gente de bien”.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/el-abrazo-de-cabal-con-la-gente-de-bien/

21.24.-Resistencia y antimonumentos CONSUELO AHUMADA

Se levantó el bloqueo de Puerto Resistencia con 750 hombres de Esmad y ejército, en lo que es un Estado de conmoción interior de facto, ordenado desde el Ubérrimo

Resiste es un monumento que expresa la alegría multicolor en resistencia, pero también el símbolo de un nuevo mundo, diverso. Foto: Santiago Puccini/Las2Orillas 

Dos meses después del estallido social, la indignación sigue viva. A pesar de la tregua en las movilizaciones, las ollas comunitarias continúan como centros de reuniones y cultura popular. Todavía llega la Fuerza Pública a los puntos de resistencia a reprimir, un ritual que se repite todas las noches desde el principio.

29 jun 2021.- El sábado pasado ocurrió un evento muy grave. Uno más. Se levantó el bloqueo de Puerto Resistencia en Cali, mediante un operativo adelantado por 750 integrantes del Esmad y del Ejército, con helicópteros, al mando del Secretario de Seguridad y Justicia de la ciudad, el excoronel Carlos Javier Soler. Varias personas fueron detenidas y agredidas.

La Unión de Resistencias de Cali denunció que todo ocurrió después de que dicho personaje, armado, criminalizara la protesta social y se pronunciara en contra del diálogo que desarrolla el alcalde, quien en teoría es su jefe, en los distintos puntos de resistencia.

El episodio dice mucho sobre la situación del país: Estado de conmoción interior de facto en buena parte del territorio nacional, ordenado desde el Ubérrimo e impuesto mediante el Decreto 575 de mayo 28. Los militares subordinan a las autoridades civiles, quienes no se atreven a contradecirlos. Solo en dos lugares se garantizó la movilización social pacífica, sin intervención del Esmad: el departamento del Magdalena y la ciudad de Villavicencio, ambos con gobiernos progresistas.

Pero en estos meses críticos el Gobierno Nacional no aprendió nada. La altanería e indolencia de sus funcionarios parece imbatible. Se sienten triunfadores a pesar de su fracaso y derrota. Basta mirar las encuestas que ellos mismos hacen.

Y para la muestra, varios ejemplos. Además del incremento semanal en las cifras de líderes y lideresas y excombatientes asesinados y asesinadas, la represión policial contra la juventud rebelde ha tomado formas de crueldad inimaginable, que nos remontan a las épocas más duras de la Violencia y del terror paramilitar. Aparecen cuerpos decapitados o desmembrados en bolsas, cadáveres en ríos lejanos a los sitios de detención. Centenares de personas “no localizadas”, reportadas como desaparecidas.

Frente a toda esta tragedia, las organizaciones internacionales expresan su preocupación y horror, pero tampoco adoptan medidas contundentes. Los funcionarios del gobierno responden con tono fuerte a las denuncias e insisten en que las cifras oficiales solo las recopila la Fiscalía y en que todo es parte del complot.

Miremos otros asuntos. El nuevo minhacienda inicia un recorrido por el país para “socializar” el nuevo proyecto de reforma tributaria, pero en Barranquilla solo se reúne con un comité gremial coordinado por el senador conservador Efraín Cepeda.

El presidente les da ejemplo. Sin ninguna evidencia, responsabiliza a la protesta de 10.000 muertos adicionales por la pandemia. La apertura total de la economía en su peor momento no cuenta para nada. Colombia lleva semanas en el tercer lugar por el número de muertes diarias.

En inglés perfecto, insiste en que las vacunas deben ser un bien público universal, pero el gobierno sigue votando en la OMC en contra de suspender temporalmente la patente, como lo pide la mayoría de los países del mundo, para acceder a las vacunas.

El balance del Congreso no es para nada mejor. Por obra del partido de gobierno, se hunden varios proyectos: matrícula cero, prohibición del fracking, aprobación del Acuerdo de Escazú, reforma la Policía Nacional y la ley de especialidad agraria, un proyecto central para el acuerdo de paz. Además, insiste en rechazar las curules para las víctimas e impone límites legales a la protesta social.

Pero igual, el uribismo y el gobierno fueron derrotados y eso no lo cambia nadie. De ahí la preocupación por su futuro, que no lograrán amainar ni con los presuntos atentados de Cúcuta.

Resiste es una construcción desde abajo, por una comunidad en lucha, que donó los materiales, su trabajo colectivo durante 19 días, las fotos y memorias de los jóvenes y las jóvenes asesinados y asesinadas

Hace unos días el uruguayo Raúl Zibechi se refirió al monumento construido en Puerto Resistencia en Cali como a un antimonumento. Señaló que los monumentos tradicionales se hacen desde el poder colonial a héroes, conquistadores, machos, genocidas, que han cometido atrocidades.

Por el contrario, Resiste es una construcción desde abajo, por una comunidad en lucha, que donó los materiales, su trabajo colectivo durante 19 días, las fotos y memorias de los/as jóvenes asesinado/as. Es un monumento que expresa la alegría multicolor en resistencia, pero también el símbolo de un nuevo mundo, diverso.

Es un concepto que utilizó también Doris Salcedo cuando construyó su Antimonumento por la paz en el centro de Bogotá con las armas fundidas de la antigua guerrilla. Hoy se homenajea allí a las víctimas de la violencia policial.

Es muy simbólico que el pueblo misak derribara la estatua de Sebastián de Belalcázar precisamente el 28A a las 7am, cuando iniciaba la movilización social. Ha sido toda una lección de rescate de la dignidad y la memoria colectivas, para quienes evalúan el paro solo por las pérdidas económicas.

¿Quién dijo que todo está perdido?, preguntaba Fito Páez. En realidad, hay mucho ganado en toma de conciencia y lucha por los derechos. Eso sí, se vuelve fundamental unir generaciones, deponer prevenciones y articular diversas formas de organización, para proyectar la resistencia hacia un cambio político de fondo en 2022.

https://www.las2orillas.co/resistencia-y-antimonumentos/

21.24.-Volando a la Cámara YOHIR AKERMAN

La representante Jennifer Kristin Arias Falla será la honorable presidenta de la Cámara por el Centro Democrático a partir del próximo 20 de julio. Por eso vale la pena seguir pegándole una esculcadita a su historia familiar ya que, gracias a ella, la presidencia de ese órgano legislativo quedará ahora conectada a pilotos del narcotráfico, ganaderos con vínculos con paramilitares y contratistas a dedo del departamento del Meta.

Empecemos.

11 jul 2021.- Tal y como lo documentó la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, en una reciente investigación sobre la congresista, liderada por el periodista Julián Martínez, la representante Arias Falla fue señorita Meta en el Concurso Nacional de la Belleza Señorita Colombia 2007.

Antes de ser reina y estar en la política, siempre quiso ser piloto. Pues el mismo año en que fue coronada reina, su hermano piloto, Andrés Eduardo Arias Ochoa, fue capturado en una operación de narcotráfico llevada a cabo por la DEA en Miami, Florida. Es decir que ella coronó, pero su hermano no.

La reciente columna del subdirector de Pares, Ariel Ávila, menciona este hecho, estableciendo que Arias Ochoa aceptó cargos de narcotráfico en marzo de 2008 ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

Pues vamos más profundo. En febrero de 2007, Arias Ochoa contactó a una fuente confidencial de la DEA para comprarle cocaína y heroína. Le dijo que había manejado de Nueva York a Miami y que le interesaba reunirse con la fuente para negociar la compra de estupefacientes con el fin de comercializarlos en Estados Unidos.

El 5 de marzo se encontraron en el restaurante Denny’s del sector Coral Gables y en esa reunión la fuente confidencial de la DEA y Arias Ochoa negociaron la compra de 10 kilos de cocaína y uno de heroína.

Arias le dijo a la fuente que estaba comprando cocaína para sus socios en Miami. El 9 de marzo se encontraron para concretar el negocio. Arias le pidió la cocaína a la fuente y esta le contestó que primero le mostrara el dinero del pago. Arias lo llevó hacia su carro y le mostró un sobre blanco con alrededor de 15.000 dólares en billetes de 100 y 20 dólares. Inmediatamente después, Arias fue capturado por la DEA y en ese momento se declaró culpable.

Sigamos.

No paran ahí los enredos de la familia de la representante Arias Falla, famosa por ser de toda la confianza del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La representante es hija del señor Luis Eduardo Arias Castellanos, un hombre que se vio envuelto en un caso de homicidio en 1992, cuando asesinó a un presunto amante de su esposa, la señora Laura Falla Londoño.

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio lo condenó a 40 meses de prisión, ya que se acogió a sentencia anticipada y se declaró culpable del homicidio del señor Alfonso Leguizamo Lozada.

Después de eso, el señor Arias parece que se rehabilitó con tanto éxito, que se volvió uno de los contratistas más poderosos en el departamento del Meta. De asesino a contratista del erario departamental.

Hay algo muy interesante en uno de esos contratos. En medio de la campaña electoral de su hija, en febrero de 2018, Luis Eduardo Arias firmó un contratico con la Alcaldía de Puerto Gaitán, Meta, por más de $4.000 millones de pesos, en calidad de representante legal de la Unión Temporal Ganaderos Altillanura. El plazo de ejecución del contrato de suministro número 215 de 2018 era de ocho meses.

No había tiempo que perder, especialmente cuando el objeto del contrato era el “establecimiento de un sistema de ganadería con implementación silvopastoril y mejoramiento de pasturas para resguardos indígenas y pequeños productores del municipio de Puerto Gaitán, Meta”. $4.000 millones para eso es una ganga, sobretodo en un contrato de suministro asignado a dedo.

Pues bien, la Procuraduría local abrió indagación preliminar contra el exalcalde de Puerto Gaitán José Alexander Fierro Guayara y contra Leonardo Andrés Restrepo Terranova en su calidad de secretario de Agricultura y Medio Ambiente, por irregularidades en la ejecución de ese contrato, firmado con el señor Arias.

Una fuente del departamento del Meta, que prefiere guardar su identidad, ya que sabemos que el señor Arias ha sido literalmente de armas tomar, cuenta que el contrato presentó varias faltas durante la ejecución. Esto, porque “aunque estaba designado para cultivos silvopastoriles de árboles, la plata se desvió para la campaña de Jennifer Arias y las obras nunca las realizaron”.

Terminemos.

Tal y como lo documentó Pares en su investigación y la columna de Ariel Ávila, la representante Arias Falla fue la coordinadora de campaña a la presidencia de Iván Duque para los departamentos de Vaupés y Guaviare, estrechando una relación del expresidente Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque con empresarios de la aviación de los Llanos que están vinculados a actividades del narcotráfico.

El entonces candidato a la Presidencia Iván Duque Márquez y un grupo de aspirantes al Congreso fueron transportados en varios actos de campaña de 2018 en vuelos a los departamentos del Llano colombiano por aeronaves de la empresa Llanera de Aviación.

Según pudo determinar Pares, esta compañía de transporte aéreo es investigada por la Dirección Especializada del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación por lavado de activos. Nada más ni nada menos.

Es más, dos de los pilotos de Llanera de Aviación, involucrados con investigaciones de narcotráfico, han realizado vuelos oficiales para las campañas del Centro Democrático entre febrero y mayo de 2018. En esos vuelos tuvieron como pasajeros, entre otros líderes, al hoy presidente Iván Duque, al exsenador Álvaro Uribe Vélez, y, evidentemente, a la representante Jennifer Arias.

“La representante a la Cámara es reconocida por ser lobista de las empresas de aviación de los Llanos, a quienes les logró conseguir autorizaciones para hacer vuelos, al declararse la pandemia en marzo de 2020 bajo la modalidad de vuelos humanitarios”, estableció la investigación de Pares.

Otra persona muy cercana a los pilotos involucrados en narcotráfico es el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. El esposo de la senadora y ahora flamante precandidata presidencial María Fernanda Cabal aparece en varias fotografías con los pilotos de la campaña del Centro Democrático que resultaron uno capturado en mayo de este año y el otro muerto en Guatemala.

Pues bien, no se puede olvidar que el señor Arias Castellanos, padre de la representante Arias Falla, es el director del Comité de Ganaderos del Meta y, como es de esperarse, tiene una relación estrecha con el presidente de Fedegán.

Ahí se cierra el círculo de estos contratistas del Meta con expedientes de homicidio, ganaderos acusados de apoyar históricamente al paramilitarismo, pilotos relacionados con narcotráfico y congresistas del Centro Democrático. Ganadería, paramilitarismo, narcotráfico y política. Amárrense los cinturones y sonrían, que vamos volando a la Cámara.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/volando-a-la-camara/

  • 21.23.-Inseguro solidario YOHIR AKERMAN
  • La actuación “irregular y sospechosa” de un fiscal CECILIA OROZCO
  • La herencia envenenada de Duque: el empeño de dejarnos actualizado un odiado estatuto represor RAMIRO BEJARANO
El presidente de Colombia, Iván Duque, en una declaración oficial en la que estuvo acompañado por la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, el comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Enrique Zapateiro, y el ministro del Interior, Daniel Palacios. (CRÉDITO OBLIGATORIO: PRESIDENCIA DE COLOMBIA)

 Finalmente, Iván Duque pudo hablar por teléfono con el presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, quien sabiamente le advirtió sobre la necesidad de que las autoridades toleren la protesta social y respeten los derechos humanos, pero la primera respuesta de Duque fue anunciarle al país que impulsará una ley contra vandalismo y disturbios.

4 jul 2021.- El provocador anuncio se hizo desde una guarnición policial, en el marco del pomposo ascenso del general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, cada vez menos confiable.

Hay que recordarles a Duque y a la gavilla de sus desinformados asesores lo que parece no enseñan en la cueva del fascismo de la Sergio Arboleda: tanto el vandalismo como los disturbios y demás posturas violentas son delitos. Inclusive el tal “terrorismo urbano de baja intensidad”, acuñado por Duque, también es punible.

Si con los códigos Penal y de Seguridad y Convivencia sacaron al Esmad a disparar contra la población civil, ¿para qué otra ley? Todo, aplaudido por algunos medios que andan entregados a difundir boletines oficiales para subliminalmente apoyar los excesos policiales y fustigar a los jóvenes que persisten en sus protestas.

Y para qué más normas punitivas si en la arbitraria, perseguidora y delincuencial Fiscalía, presidida por Francisco Barbosa y el facineroso Gabriel Ramón Jaimes Durán, continúan exonerándose entre ellos mismos y hostigando a quienes no somos santos de su devoción, todo para honrar los propósitos malvados de Alejandro Ordóñez, Angelino Garzón, Álvaro Uribe, entre otros malandrines agazapados desde las trincheras del régimen. Eso hicieron con el alcalde de Cali, a quien como a un delincuente llamaron a interrogatorio por dialogar con los inconformes, para saciar los sangrientos reclamos del momierío caleño que de dientes para afuera dice una cosa pero en la realidad hace otra, como mandar de avanzada al amenazante pero perfumado señorito de la ultraderecha local Christian Garcés, promotor del proyecto para armar a todo el mundo.

No nos engañemos. La ley antivandalismo y antidisturbios que ofrece Duque al final de su desastroso mandato será la renovación del temido Estatuto de Seguridad, con el que Turbay Ayala reprimió y censuró a opositores y críticos, período de ingrata recordación para los derechos humanos y las libertades públicas. Entonces tuvo que exiliarse en México nuestro nobel García Márquez, acosado por el estado de sitio que le tenía preparado un carcelazo seguro pero injusto.

No es casualidad que esta nueva idea la hubiese soltado Duque ante las cachuchas y charreteras de policías y militares. El mensaje quedó claro: esta ley es sugerida por la Policía, a juzgar por las imprudentes declaraciones de su director reclamando que se necesita. ¿Qué es lo que no han podido hacer? ¿Acaso pretenden convertir en acto del servicio disparar contra civiles o infiltrar policías disfrazados de civiles en las marchas para propiciar desorden? Obvio que detrás de este esperpento está también la voz militarista e incendiaria de Rafael Guarín, el camaleón consejero de Seguridad y cipayo del exprocurador Ordóñez.

Da miedo que la política de seguridad y convivencia esté pensada desde la Dirección de la Policía, precisamente la institución más cuestionada, nacional e internacionalmente, por sus desafueros al reprimir el reciente paro nacional y las protestas. Cuando se conciben leyes para controlar la protesta social desde los batallones, se está más cerca de la tiranía que de la democracia. Mientras el Congreso criollo reparte con holgura ascensos a los generales, el de EE. UU. condicionó la ayuda económica a la Policía a que se sancionen las denuncias por abusos de varios oficiales.

Triste final de este accidentado y pésimo gobierno de Duque. Ahora, en vez de reparar las imborrables faltas, se empeña en dejarnos actualizado un odioso estatuto represor. Ese sería su gran y único legado.

Duque ni siquiera fue capaz de aprovechar los respaldos —unos seguramente sinceros y otros de consabidos lagartos y oportunistas— que recibió con ocasión del confuso e inexplicado atentado en Cúcuta, para liderar una gran convocatoria nacional de reconciliación. Lo suyo es discriminar, reprimir y odiar.

Adenda No 1. Hará mucha falta la voz libre y enhiesta de Ángela María Robledo en el Congreso.

Adenda No 2. “Bestias malnacidas”: Duque (no Popeye).

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/herencia-envenenada/

21.23.-Inseguro solidario YOHIR AKERMAN

Las llamas empezaron a arder en las llantas de los buses alrededor de las 11:15 de la noche. Primero en el articulado que estaba en la primera posición. Rápidamente los siguientes siete buses de Transmilenio que se encontraban en línea detrás del puntero ardían como troncos en chimenea.

 

4 jul 2021.- A las 6:30 p.m. los buses habían sido bloqueados en la autopista Sur de Bogotá a la altura de la estación de Transmilenio denominada Bosa. Los neumáticos fueron desinflados y pinchados para que no tuvieran escapatoria. Bloqueados sin posibilidad de fuga. Todo había sido una emboscada. (Ver Video).

Un acto premeditado de vandalismo imperdonable, en contra de los bienes de la ciudad ocurrido el 9 de septiembre de 2020 durante las manifestaciones y protestas en contra del Gobierno nacional. Un evento de brutalidad y terrorismo en contra de los ciudadanos, no perpetrado por los manifestantes pacíficos, no, sino por los vándalos que se infiltraron en las marchas para desprestigiar el objeto de las mismas.

El resultado fue la incineración total de 13 vehículos, ocho buses articulados rojos de Transmilenio y cinco buses corrientes del SITP de color azul y naranja. Todos los vehículos quemados pertenecían a empresas operadoras del sistema de transporte público de pasajeros. Para tener la dimensión de los daños, es importante aclarar que un bus biarticulado cuesta alrededor de $1,185 millones. Un articulado, $850 millones y los buses corrientes, entre $350 y $450 millones. Fueron más de $12.000 millones, entre los daños y el lucro cesante de diez meses.

Triste como todos los daños que han hecho a las ciudades vándalos infiltrados en las marchas. Pero sigamos enfocados en este caso de los buses.

Como cualquier otro vehículo que ofrezca un servicio público de transporte de pasajeros, los operadores de estos buses deben tener un seguro contra todo riesgo, pues así lo exige la ley. Es decir, deben tener una póliza adquirida por el dueño que cubre los posibles daños o víctimas en cualquier hecho o accidente. Pero también deben tener otra póliza.

Aquí hay que ponernos técnicos.

Un vehículo de servicio público tiene dos pólizas: una particular, que paga el dueño, y una gubernamental para el transporte público, que paga el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, con recursos públicos.

Las pólizas particulares que tienen vigentes cada uno de los operadores dueños de esos 13 buses para esa época tenían una condición: en caso de ser catalogado el hecho como terrorismo, este tiene que suceder dentro de los patios de los buses, no en la operación. No en la calle, ni en la vía. Estos seguros se adquieren así, porque la póliza que paga el Gobierno es la que cubre los actos de terrorismo o hechos como los aquí descritos, de incineración en vía pública.

Acá se pone complicado.

Según las normas que regulan ese servicio y que exige el contrato con Transmilenio, la póliza particular cubre terrorismo y vandalismo solo en los patios, mientras que la póliza del Gobierno tiene ese cubrimiento solo cuando los vehículos se encuentran “en operación”. Así que las coberturas son diferentes: una es en patios, con los vehículos parqueados, y otra es en la vía, donde ocurrieron los hechos.

¿La razón? Dado que es el Estado quien debe garantizar la seguridad de todos los automotores que transportan pasajeros, el Gobierno debe comprar una póliza para amparar y cubrir los hechos que ocurran en Colombia por incineración, cuando se les sale de las manos a las autoridades garantizar este derecho. Por ley, el Gobierno asume esta reparación.

En razón a esto, los dueños de los vehículos hicieron todos los trámites que se requerían, presentando la reclamación a la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, del sector solidario, la que tiene a su cargo la póliza de seguro de automóviles 844-40-994000000002 del Ministerio de Hacienda, que fue otorgada mediante licitación pública para vigencia de cuatro años, entre 2019 y 2023, por $40.000 millones.

Pero, oh, sorpresa.

La aseguradora que seleccionó el Gobierno no quiere pagar. Faltando un día para vencerse el plazo legal de 30 días para dar respuesta a la reclamación, la compañía de seguros les envió una carta a los reclamantes diciendo un rotundo “no”. Esto, justificado en que no se trataba de “actos terroristas” sino de “tipo de eventos vandálicos”.

Ahora bien, la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de adelantar labores de investigación, logró establecer quiénes fueron los autores y responsables de la incineración de los vehículos de transporte.

Mediante la comunicación MEBOG-SUBCO 29.57 —suscrita por el coronel Wilson Javier González Delgadillo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C.—, se certificó que los hechos en los cuales fueron incinerados los vehículos de transporte público Masivo y Zonal sobre la autopista Sur fueron consecuencia de actos terroristas ejecutados por cédulas urbanas autodenominadas “Uniones Solidarias” conformadas por militantes de grupos armados organizados residuales (GAOR) con incidencia en la localidad de Ciudad Bolívar.

Para la misma época de la respuesta de la aseguradora, el Ministerio de Defensa se pronunció y dijo que “este hecho no se trataba de actos vandálicos ni amotinamiento ni nada de esto sino que se trataba de actos terroristas”. Pareciera que la aseguradora no se tomó el trabajo de revisar la diferencia entre los términos “terrorismo” y “vandalismo” en el Diccionario de la Real Academia española, que se limita a que el terrorismo pretende causar un efecto político, mientras que el vandalismo no. ¿Será que las “Uniones Solidarias” no pretenden un efecto político?

El 6 de octubre del año pasado, la Policía de Bogotá, a través del comandante operativo de Apoyo Especializado, coronel José Óscar Jaramillo Niño, en ese momento encargado de la Policía en Transmilenio, certificó que esos vehículos incinerados fueron objeto de vandalismo.

Por su parte los operadores de los buses y los usuarios están presos de un tecnicismo en donde una aseguradora, pagada con recursos de todos los colombianos, dice que no responde por los millonarios daños, y de nada ha servido que los transportadores pusieran quejas ante los ministerios de Hacienda y de Transporte, la Superfinanciera, la Veeduría Distrital y la Contraloría General. Ellos tampoco responden.

Mientras tanto, queda claro que el Gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda, compró una póliza por $40.000 millones por si ocurrían unos hechos, los hechos ocurrieron y la seguradora no quiere pagar. La tragedia se cuenta sola y quienes pagan el precio de los actos de vandalismo y terrorismo perpetrados por los infiltrados en las marchas son los usuarios del transporte masivo y los ciudadanos.

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21.23.-La actuación “irregular y sospechosa” de un fiscal CECILIA OROZCO

Foto: General Ricardo Gómez Nieto y Gabriel Jaimes, el mismo fiscal encargado del caso Uribe 

Gabriel Jaimes, el fiscal que ya se hizo tristemente famoso porque pedirá, contra toda lógica judicial, la preclusión en el único caso en que Álvaro Uribe Vélez ha podido ser procesado por la débil justicia colombiana, es un personaje perverso. Y perverso es, según la Real Academia Española de la Lengua, “el que corrompe las costumbres…”.

30 jun 2021.- Un episodio de la carrera oscura de Jaimes fue revelado, el domingo pasado, por Noticias Uno, y lo dibuja de cuerpo entero: se autoarchivó una investigación penal que cursaba contra él, en la misma entidad en que trabaja como uno de sus más altos funcionarios. Con autoarchivo quiero decir que, siendo Jaimes quien dirige el grupo de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, uno de sus subalternos, Jorge Hernán Díaz Soto, “decidió” cerrar, a favor de su jefe directo, el expediente que lo involucraba y que podría haber conducido a lo contrario: una imputación en su contra por el delito de falsedad ideológica en documento público.

En febrero de este año, Díaz Soto estampó el sello de “archivo por conducta atípica” en el proceso Jaimes y salió, por fin, del lío que le habría costado su puesto si se hubiera atrevido a hacer otra cosa. Se deduce, además, que Díaz no resolvió con libertad, en este caso especial, sino que consultó a su superior puesto que la orden de Jaimes, enviada mediante un mensaje de WhatsApp, hace un tiempo, a quienes le reportan, fue clarísima: “Los fiscales delegados deben remitir todos los proyectos de decisiones de fondo e informes sobre las actuaciones medulares de sus despachos a mi correo institucional, con suficiente anterioridad para informar y valorar cada situación con el señor fiscal general”. Además, no consta que Jaimes o Díaz se hubieran preguntado si deberían declararse impedidos; mucho menos, que hubieran sugerido que se nombrara un fiscal ad hoc, independiente del subalterno, del encartado, de Barbosa y, desde luego, de Uribe, pues a este es al que menos le conviene que el fiscal que se recordará por solicitar una preclusión en caso de tan clara culpa también sea acusado por un delito que tiene que ver con falsedades.

La historia del proceso que se autoarchivó Jaimes es así: en 2010, él era procurador delegado para Asuntos Penales, nombrado por su amigo y padrino de matrimonio, Alejandro Ordóñez, otro que no tuvo, nunca, como lo recuerda el país, objeciones de conciencia para imponerle sanciones disciplinarias a quien le estorbara, motivo por el cual Colombia fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un día de mayo de ese año 2010, el 31, para ser exacta, Jaimes firmó una carta con frases dolosas sobre una extraña mujer de nombre Guiomar (o “Giomar”) Patricia Riveros Gaitán, con el fin de dar aspecto de legalidad a un contrato por $42 millones que el general Ricardo Gómez Nieto, que llegó a ser comandante del Ejército, ya le había otorgado a ella, puesto que la señora Riveros “es una persona de mi íntegra confianza”, de acuerdo con la explicación que dio el militar después. La carta de Jaimes al general Gómez, solicitada, al parecer, por este mismo y entregada por el firmante a la interesada en su mano, aseguraba que “no existe ningún antecedente probatorio a la fecha que condene a la señora Giomar Patricia Riveros G…. no existe ninguna inhabilidad ni incompatibilidad para que la mencionada doctora contrate con ustedes… Avalo la contratación con esta entidad (Hospital Militar)” (ver).

El problema para el oficial y para Jaimes surgió porque ambos sabían que la contratista había sido condenada un año antes, en 2009, por el delito de “abuso de confianza (con) sanción privativa (de libertad) por 12 meses… y la imposibilidad de contratar con el Estado hasta marzo de 2014”. La situación judicial del general Gómez y del procurador Jaimes se complicó: la información sobre la condena a su protegida estaba publicada en la página web de la propia Procuraduría, en donde se registran los antecedentes disciplinarios de los servidores del Estado. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema dijo, en documento sobre la investigación que abrió contra el general Gómez Nieto, que “la actuación (de Jaimes) fue irregular y sospechosa” no solo por falsa (ver). También porque él no tenía funciones disciplinarias para expedir ese tipo de certificados. Y, por si fuera poco, porque escribió la recomendación días después de que el contrato había sido firmado. Es decir, formalizó, usando su nombre y su cargo, una farsa para favorecer intereses particulares y en perjuicio del Estado y la justicia. Tal como ejerce, hoy, sus funciones como fiscal de la preclusión de Uribe.

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  • 21.22.-Columna con ojos húmedos LUIS NOÉ OCHOA
  • La comisión de las mentiras YOHIR AKERMAN
  • Procesos Uribe y Aguilar: testigos que la Fiscalía ignora CECILIA OROZCO
Alvaro Uribe y el «fiscal» que busca torcer uno de los procesos judiciales contra el ex presidente. Foto Blu Radio

“Álvaro Uribe Vélez no es el único político indagado por el que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General parecen tener diferencias, específicamente, en el tema de las pruebas”.

23 jun 2021.- Esta frase que encabeza un artículo de El Tiempo, de noviembre del año pasado, describe, sin intención crítica, el modo distinto como la Corte y la Fiscalía Barbosa desempeñan sus funciones de investigación, recopilación de información y evaluación de las evidencias halladas en los procesos penales que adelanta cada una en el campo de sus competencias: en la Corte, Sala de Instrucción, algunos de sus miembros las están ejerciendo con independencia de la importancia del personaje involucrado, con total autonomía, apego a las leyes y códigos y, también, a la moral social que tanto necesita edificarse en un país de cafres incrustados en las altas esferas estatales; en la Fiscalía, con total desprecio por su misión de búsqueda de la verdad procesal y respeto por esta, y con abuso delictivo del poder transitorio que posee pero que cree eterno.

La afirmación de El Tiempo se encuentra en una nota titulada “Corte Suprema ronda al senador Richard Aguilar” (ver). Allí se narra que testigos de primera línea, puesto que fueron muy cercanos a Aguilar cuando este era el gobernador de Santander (2012-2015), decidieron detallar, una vez pillados, cómo se amañaban durante ese periodo y con destino a los bolsillos de Aguilar, del representante del uribismo Edwin Ballesteros y de otros, licitaciones, contratos y requisitos para adjudicar obras multimillonarias. Los testigos responden a la Fiscalía. El exgobernador, debido a su fuero, a la Corte que ha considerado valiosas las revelaciones de quienes acusan a Aguilar de corrupto. Una de las declarantes fue secretaria de Infraestructura de esa administración y conoció la conducta del investigado, hijo del también corrupto Hugo Aguilar, exgobernador de ese mismo departamento y presidiario condenado a nueve años de cárcel por aliarse con paramilitares para repartirse los bienes regionales. Pero a la Fiscalía no le parecen relevantes los hallazgos contra el hoy congresista de Cambio Radical. La consecuencia es judicial y práctica: si no les ofrecen rebajas u otros acuerdos, los testigos que denuncian al vástago de un parapolítico no tendrán incentivos para colaborar con la justicia. Hasta hace poco, el locato Barbosa, único que puede tomar esa decisión, se había abstenido de pronunciarse pese a la petición argumentada de la Sala de Instrucción que indaga a Aguilar. La inacción de Barbosa puede estar ligada a la intención de no afectar el poder político santandereano, próximo al uribismo, pues, ante confesiones de tamaña credibilidad, el exgobernador senador Aguilar, hijo del exgobernador Hugo Aguilar y hermano del gobernador actual, exsenador Mauricio Aguilar, puede terminar condenado, segundo en la candorosa familia.

Casualmente, esta semana se anuncia la realización de la audiencia solicitada por el subalterno del locato, Gabriel Jaimes, para resolver la situación judicial de otro superpoderoso, pero este en el nivel nacional: Álvaro Uribe. De nuevo, la Fiscalía desconoce, sin siquiera disimular, los testimonios, los audios del imputado y otros, y los centenares de pruebas de tiempo, modo y lugar que recopiló la Corte Suprema y que incriminan al expresidente hasta el tuétano. La Fiscalía pasó de ser investigadora a prevaricadora para tener cómo justificar una preclusión que comparte solo con la defensa del señor Uribe. Mañana, jueves, presenciaremos un acto vergonzoso que manchará el nombre de la justicia y la nación. No será fácil que la historia les perdone al locato Barbosa, al gobierno de su amigo que lo propició y al imputado que lo fraguó este monumento a la impunidad y a la hipocresía pues todos en Colombia tenemos la certeza de que es culpable aunque unos lo digamos y otros lo callen.

Paréntesis. Otra casualidad: Iván Cancino es el apoderado de Diego Cadena, abogado de narcos y del expresidente Uribe. Cancino también representa a Richard Aguilar y, simultáneamente, ha firmado al menos dos contratos con la Gobernación de Santander. ¿El gobernador Mauricio Aguilar le pagó $95 millones del presupuesto público a Cancino por sus servicios al departamento, o a buena cuenta de la defensa de su hermano Richard?

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/procesos-uribe-y-aguilar-testigos-que-la-fiscalia-ignora/

21.22.-Columna con ojos húmedos LUIS NOÉ OCHOA

A las Farc les falta un acto público sincero en que les pidan perdón a sus víctimas y al país.

Los ríos de Colombia han crecido con torrentes de lágrimas y sangre. Y estos días han sido más abundantes. El miércoles lloramos. La Comisión de la Verdad, que dirige el padre Francisco de Roux, organizó un encuentro entre víctimas del secuestro y los secuestradores, varios dirigentes de las Farc, en el Teatro Libre, como nombre significativo. Fue un acto conmovedor, de sentimientos revueltos en las entrañas.

Debe de ser muy difícil, de respiración contenida y boca seca, mirarse cara a cara con quienes propiciaron semejantes vejámenes y humillaciones, con quienes los convirtieron en mercancía u objeto político, y les robaron un pedazo de vida, los derechos a la libertad, a la felicidad, a la familia, al amor, a abrazar, a despedir a sus muertos adorados que no pudieron esperarlos más. Debe de ser estremecedor tener de frente a quienes por cuya culpa no volvieron a ver nunca sus seres amados: padres, hijos o hermanos. Por eso merecen admiración absoluta y respeto los siete que con coraje estuvieron allí. Entre ojos húmedos los aplaudí.

Los testimonios estremecen. Don Roberto Lacouture contó que, aparte de él, secuestraron a 15 de los suyos. Uno de ellos murió. Helmuth Angulo dijo que supo que su padre llegaba de largas caminatas a quitarse la camiseta para secarle la sangre de los pies a su madre. Ellos no regresaron. Él no pide venganza, pide justicia. Otros perdonan, pero no olvidan.

“Aquí se necesitan voluntad y grandeza, como la que tienen las víctimas. Y no olvidar que el infame secuestro sigue.”

El secuestro es uno de los delitos más miserables. Y las Farc, en su trasegar errado y brutal, se llevaron a muchas personas. Miles. Recuerdo, entre las atrocidades, el clamor del niño Andrés Felipe Pérez, hijo del cabo José Norberto Pérez: “Señores de las Farc, por favor, liberen a mi papá, que yo lo quiero aquí conmigo para que me dé muchos besos como lo hacía antes”. Y se quebraba en llanto. Nada los conmovió. El niño murió de cáncer, esperanzado. Y recuerdo la tragedia de los diputados del Valle. Y las alambradas humillantes.

Pero fue un encuentro muy importante, que dejó mensajes. Uno, que el proceso de paz, así tenga fallas, es el camino y no se debe desandar. Entre otros logros, paró los secuestros y miles de muertes, porque fundió las armas.

Las Farc sí han pedido perdón, pero falta un acto público grande y sincero, no que lloren a moco tendido, pero sí que de verdad les pidan perdón a todas sus víctimas y a todo el país. Y que reparen con los bienes, como pidió Ingrid Betancourt y que fue lo que se firmó. Que se honren los compromisos. Y que haya justicia, claro. Y que el Gobierno tampoco llore, como los congresistas, a mico tendido, ni mire para atrás, sino que acelere la implementación de la paz. Porque hay programas, capacitación, pero también es cierto que han matado a 257 reinsertados. Eso también hay que llorarlo, y actuar.

Aquí se necesitan voluntad y grandeza, como la que tienen las víctimas. Y no olvidar que el infame secuestro sigue. Señores elenos, ¿este dolor en un solo escenario no los pone a pensar? Liberen a los secuestrados.

* * * *

El dolor sigue. Hoy lloro por quienes se ha llevado el covid, en especial por Wendy Rojas, quien fue compañera de labores en oficio sencillo, que ella hacía importante, como era calentarnos el alma con un tinto humeante y con una sonrisa amplia. La querida Wendy tenía alma de vendedora y de progreso. Era la mujer más positiva que haya visto. Aguerrida y con deseos de surgir para darles lo mejor a sus dos hijitos. Solo la vi llorar de alegría cuando le publicaron en ADN una fotografía, producto de un curso en que se apuntó y fue buena estudiante. El virus le malogró los sueños el jueves. La mejor foto con que nos quedamos todos es la de su sonrisa. Y el mejor ejemplo, su coraje. Gracias, Wendy.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/luis-noe-ochoa/columna-de-luis-noe-ochoa-sobre-el-encuentro-entre-las-victimas-y-las-farc-598906

21.22.-La comisión de las mentiras YOHIR AKERMAN

El pasado 14 de junio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez concedió una entrevista a la revista Semana, en la que repitió una y otra vez —sin contrapregunta alguna ni corroboración de la información— argumentos que se han comprobado falsos y mentirosos sobre las 6.402 ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas entre 2002 y 2008, escándalo conocido como los falsos positivos.

27 jun 2021.- Uribe hizo esto como respuesta al testimonio ofrecido el pasado 11 de junio por el expresidente Juan Manuel Santos ante la Comisión de la Verdad, en la que habló de su responsabilidad como ministro de Defensa durante el segundo gobierno de Uribe, entre julio de 2006 y mayo de 2009.

Respecto al testimonio de Santos —quien entre otras cosas dijo que Uribe promovía el conteo de cuerpos y bajas en lugar de las desmovilizaciones y capturas—, el imputado expresidente negó sin sonrojarse lo dicho por Santos. Pese a toda la evidencia en su contra, agregó que “nunca, ni como ministro, ni como candidato… Santos dijo esas cosas”.

El expresidente agregó: “Él (Santos) dice que aplicábamos la doctrina de Vietnam, del bodycount, cuente muertes, cuente bajas… esa doctrina no existió nunca, están todos los comandantes de la época y todos los documentos”.

Pues hagámosles contrapunteo a sus argumentos, ya que Semana no lo hizo, y recordémosle los hechos, no sus opiniones. Empecemos por una revisión de las propias palabras del Uribe presidente que desvirtúan y contradicen las del Uribe expresidente.

El 11 de mayo de 2010, el expresidente dijo en una entrevista con Juan Gossaín: “Como el otro cuento ‘no, es que hay falsos positivos porque Uribe exige muchos resultados’. Sí yo he pasado estos ocho años exigiéndole resultados a la Fuerza Pública, una cosa es exigir resultados y otra cosa es inducir al delito; se induce más al delito cuando no se exigen resultados porque cuando la Fuerza Pública se adormece, ahí es cuando se facilitan los crímenes y la violación de derechos humanos”.

Un poco de contexto histórico.

La Directiva 029 de 2005 —emanada por el entonces ministro Camilo Ospina, en la que se avalaba el pago de recompensas a quienes capturaran o dieran de bajas a guerrilleros— tiene 15 páginas. En ella se establecen pagos por balas decomisadas, armas incautadas y guerrilleros abatidos. Era una política institucional que establecía el estímulo por la muerte de guerrilleros. Pero en la práctica esta política de recompensas tuvo consecuencias escabrosas.

Estadísticas de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía muestran que, tras la expedición de la Directiva 029, se pasó de 73 denuncias en 2005, a 122 en 2006 y 245 en 2007. Aunque las recompensas por la muerte de guerrilleros no podían, en principio, ser entregadas a miembros de la Fuerza Pública, estas suscitaron alianzas entre grupos criminales y militares, con el fin de cobrar las recompensas y mostrar mejores resultados. Estas alianzas criminales explican algunas de las desapariciones que hoy escandalizan al mundo entero, menos al señor Uribe.

Las recompensas y los incentivos que se ofrecieron, propiciaron alianzas criminales dedicadas a la fabricación de cadáveres.

A octubre de 2008, el gobierno tenía una red de informantes conformada por 2 millones 109 mil 696 personas. En 2007 se pagaron recompensas por $18.529 millones y en 2008 por $29.500 millones.

Los incentivos detrás de los falsos positivos corroboran todos los temores acerca de la existencia de una política oficial de recompensas, que disparó la práctica de ejecuciones extrajudiciales por parte de el Ejército, en alianza con grupos criminales durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Recordemos que el 22 de septiembre de 2008, la directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, Susan Lee, le envió una carta al entonces ministro Santos en la que le decía “la falta de investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales en los casos de ejecuciones extrajudiciales, da un claro mensaje de impunidad a los perpetradores de estas violaciones de derechos humanos, quienes saben que pueden seguir cometiendo violaciones de derechos humanos sin tener que confrontar en ningún momento sus hechos ante la justicia”.

El pronunciamiento de Amnistía Internacional también le pedía al gobierno voluntad política para investigar esos asesinatos selectivos y así evitar la impunidad.

Seis días después de esta carta, estalló el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, cuando once madres de Soacha, Cundinamarca, denunciaron la desaparición y posterior asesinato de sus hijos en Norte de Santander. Fueron presentados por el Ejército como guerrilleros dados de baja en operaciones militares.

Pero la respuesta del gobierno de Uribe ante la sugerencia internacional, fue sofisticar la estrategia informativa para hacerle creer al mundo que las ONG hacían “falsas acusaciones” contra la Fuerza Pública.

El 4 de mayo de 2009, Uribe dijo “El gobierno tiene que ser firme para evitar y sancionar y buscar la sanción de los falsos positivos como para denunciar las falsas denuncias que tanto daño le hacen a esta política de seguridad democrática”.

Por su parte, el ministro Juan Manuel Santos aseguraba que la inteligencia estatal había determinado que las ONG estaban fabricando falsas denuncias de ejecuciones extrajudiciales contra el Ejército. “Hemos tenido información de inteligencia sobre casos concretos que los estamos investigando para judicializar, esas falsas denuncias o esos intentos de tratar de aprovechar esta situación para manchar el buen nombre de nuestras fuerzas militares”.

Algunas de esas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que denunciaron los falsos positivos empezaron a ser sujetos de espionaje por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Entre las entidades que el DAS estaba interceptando ilegalmente se encontraban el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, la Asociación MINGA, la Corporación Jurídica Libertad y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y las internacionales Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Al declararlos como enemigos, el DAS incluyó a los abogados y las organizaciones dentro del paquete de espionaje de la inteligencia para Presidencia.

Pero vamos más atrás.

El 25 de julio de 2007, el expresidente Uribe dio un discurso en la conmemoración del segundo año de la Ley de Justicia y Paz, en la que dijo: “Ahora la estrategia guerrillera es otra: cada que se le da una baja a la guerrilla, ahí mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial. Pero las Fuerzas Armadas han puesto todo el cuidado para no dar lugar a que se señale a miembros de las Fuerzas Armadas de estar en colusión con grupos paramilitares”. (Ver Los corifeos tenían razón)

Agregó: “Pero tampoco podemos caer en una trampa. Aquí cada vez que las guerrillas y sus áulicos sienten que se les puede derrotar, el recurso al cual apelan es el recurso de violación de derechos humanos. (…) Se avanza en la acción contra la guerrilla, y entonces cualquier baja ya la denominan ejecución extrajudicial”.

Hoy sabemos que los corifeos tenían la razón. Y que el conteo del escándalo va en 6.402 ejecuciones extrajudiciales, que podrían llegar a 10.000 según algunas organizaciones internacionales. Y mientras el expresidente Santos tuvo el valor de pararse frente a la Comisión de la Verdad y pedir perdón, el expresidente Uribe solo asiste a sus comisiones amigas para seguir promulgando mentiras.

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  • 21.21.-‘Esto está muy feo’ LUIS NOÉ OCHOA
  • Problemas de conexión – YOHIR AKERMAN
  • El reino del pinocho consumado RAMIRO BEJARANO

Uno de los pilares de nuestra democracia es la garantía ciudadana de acceder a información pública, pero de ella algunos funcionarios se burlan groseramente. Las marrullas empiezan desde cuando atienden las preguntas de los reporteros, en cuyas narices eluden responder. Muchos periodistas se dejan meter los dedos a la boca por temor reverencial, por complicidad con el entrevistado —a quien le excusan sus baboserías u omisiones— o sencillamente porque van a preguntar sin haberse tomado el trabajo de estudiar quién es el personaje y de qué se trata el asunto, lo cual termina en que el interrogado gobierna la entrevista.

20 jun 2021.- Iván Duque es el rey, pues abusa de su investidura para responder sin decir nada. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez infla sus respuestas con frases inútiles para que parezca que dijo de todo cuando no ha dicho nada. Lo mismo acontece con casi todos los ministros. Los de Defensa, Interior, TIC, Deporte, para solo mencionar los más allegados a Duque, se han contagiado de la malévola instrucción de hacerse los idiotas, al igual que el fiscal y la procuradora. El mal se ha extendido a las respuestas a los derechos de petición.

A finales de diciembre pedí que me informaran a cuáles compañías el Gobierno había comprado vacunas contra el COVID-19. ¡Quién dijo miedo! La Casa de Nari trasladó mi solicitud a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que se negó a responder invocando que esos negocios están amparados con cláusulas de confidencialidad. Ejercí el recurso de insistencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad que por mayoría ordenó entregar la información en tres días. Ya ha pasado casi un mes y no hay respuestas sino un litigio tortuoso plagado de leguleyadas. Al empeño de que no se me responda se han sumado el Ministerio de Salud, renombradas firmas de abogados y multinacionales tales como Janssen Pharmaceutical y Janssen-Cilag S.A., que en tono apocalíptico dicen defender secretos industriales y anuncian grandes catástrofes si se me entrega la información, la cual solo están dispuestos a suministrar si el asunto se dirime en un costoso proceso arbitral donde estén presentes todos los entes del sector salud, además con previa consulta al Tribunal Andino de Justicia con sede en Quito. ¿Qué tal el disparate y la tinterillada? Jamás el costo de una vacuna será un secreto industrial, porque este se puede predicar de la fórmula química del remedio, pero nunca de su precio, menos si lo ha pagado el Estado.

¿Qué oculta el Gobierno incumpliendo una perentoria orden judicial que le impuso la obligación de revelar por cuánto y a quiénes adquirió las vacunas? Huele a negociado, de esos que ya se rumora se tejen en una famosa hacienda en la sabana de Bogotá liderados por un semidios del régimen. En la Argentina cayó un ministro que pretendió imponerle condiciones tramposas a una empresa extranjera para permitirle el ingreso al país. Allá se supo lo que estaba pasando gracias a los medios, pero aquí vamos en que a pesar de una orden judicial en firme el Gobierno no quiere que se sepa cuánto y a quiénes pagó. ¿Será que pagó un precio leonino en comparación con otros países?

Pero allí no paran las falacias oficiales. Recientemente formulé otra petición a Iván Duque para que informara lo relacionado con su autorreportaje en inglés denigrando de Gustavo Petro y lo que me respondió su jefe de comunicaciones dejó al descubierto más de una mentira. En efecto, la primera sorpresa fue el hallazgo de que no fue un monólogo, sino una entrevista con Bernardo Álvarez, editor, diseñador, fundador y director de Shine Creative, bastante desconocido; que Duque habló en inglés porque así le hablaron y que quien difundió el video no fue el Gobierno. Como primero cae un mentiroso que un cojo, se le olvidó que el sábado en el que se hizo pública la extraña entrevista, Caracol Radio, citando fuentes oficiales, informó que tal video lo habían hecho y difundido miembros del equipo digital de la oficina de comunicaciones de la Presidencia. Nadie en Palacio desmintió o rectificó a Caracol. Mintieron cuando filtraron la información o al responder mi petición o en ambas ocasiones, al fin y al cabo son embusteros incorregibles.

Adenda. Grave si el Eln fue el autor del atentado terrorista al Ejército en Cúcuta, pero más aún si no lo fue.

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21.21.-‘Esto está muy feo’ LUIS NOÉ OCHOA

Duele esta Colombia, donde se mata por parejo, hasta sus músicos. Homenaje don Raúl Carvajal.

Mañana es Día del Padre en Colombia, una fecha triste en muchos hogares, porque la señora muerte se está llevando a madres, padres e hijos por parejo. Casi 600 diarios, y ya va llegando a la espantosa cifra de los 100.000. Ayer iban 98.156.

19 jun 2021.- Hoy quiero dedicar esta nota como un sencillo homenaje póstumo a don Raúl Carvajal, un padre valiente, lleno de dolor, pero también de coraje y dignidad. Él murió en Bogotá, de covid-19, el sábado pasado, a los 73 años. Se fue reclamando verdad y justicia por la muerte de su hijo, el soldado Raúl Carvajal, a quien por orgullo y amor lo bautizó con su mismo nombre.

Don Raúl llegó a Bogotá, a la plaza de Bolívar, en febrero de 2011, en su viejo camión Dodge. Traía en él una carga que pesaba toneladas, no para el camión, sino para su alma: traía los restos de su hijo, muerto el 8 de octubre de 2006 en El Tarra, Norte de Santander. Él estaba convencido de que a su muchacho lo había matado el propio Ejército, en el que llevaba 9 años, por negarse a cometer un ‘falso positivo’.

“Esto está muy feo. A mí me mandaron matar unos muchachos para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. Yo no los quise matar, yo me voy a retirar”, contaba que le había dicho su Raúl, 20 días antes de la muerte. El covid se llevó a don Raúl sin saber la verdad. Dios le permita al cabo Carvajal en el más allá contarle todo y abrazarlo, adorarlo y agradecerle su lucha ejemplar y tenaz.

“Las víctimas de los falsos positivos necesitan conocer aquí, no en el cielo, ese nefasto capítulo, por justicia y por alivio espiritual.”

“Esto está muy feo” para todos, para las familias de los más de 6.000 ‘falsos positivos’, que tampoco saben toda la verdad. El expresidente Santos, como debe ser, fue ante la Comisión de la Verdad a contar su versión de lo que pasó y dijo que él ordenó investigar esas atrocidades. Uribe se niega a ir a esa instancia. Triste todo. Las víctimas necesitan conocer aquí, no en el cielo, ese nefasto capítulo, por justicia y por alivio espiritual.

“Esto está muy feo” para nuestro país, donde se mata por parejo, hasta sus músicos. La muerte es la única que anda feliz, bailando, yeah, yeah. El lunes pasado, en Cali asesinaron al cantante y compositor de Buenaventura Junior Jein, quien vivió en su salsa choke, pero también por lo social; con valor civil y protestó por la muerte de los adolescentes en un cañaduzal. “Madre, no llegaré a la cena…”. “Hay sangre en la arena y no es del torero / es de unos chicos que nunca volvieron”, dice su canción ¿Quién los mató?

Lo mataron vilmente. Y el otro día, en Pereira, asesinaron a Lucas Villa, que protestaba bailando. Y en el paro han muerto decenas. Duele esta Colombia que parece andar en silla de ruedas. Todos tenemos que ponernos en pie para exigir que se detenga esta violencia y para que haya justicia.

Yo, por lo pronto, me voy con mi perreo protesta, yeah:

Don Raúl Carvajal apagó su camión, sin saber quién le partió el corazón. Ya estará en el cielo, y al fin tendrá consuelo. Mataron a Junior Jein, y debemos saber quién; mataron a Lucas Villa, y solo quedó una vainilla. Se va mucha gente en un ataúd, la impunidad goza de salud. Y sigue el paro, violento y raro, que ya debe parar y dialogar, porque el covid-19 se mueve, se mueve, mata sin mirar a quién, de 99.000, ya llega los cien, con tristes tres ceros, queridos parceros. Y porque se le metió la violencia, que no tiene clemencia. Yeah. La única resistencia es mucha prudencia y pedir a la dirigencia, la que sabe tocar guitarra, o la que ni la agarra, que se las da de dura, tocar la misma partitura. Yeah. O sea, unión, y grandeza, echen cabeza, tomen las mismas rutas; o si no, nos lleva el… patas. Yeah.

Feliz Día del Padre, y consuelo donde falta un ser querido. Y, por favor, cuídense, no hagan grandes reuniones, “que esto está muy feo”, pues el covid acecha.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/luis-noe-ochoa/esto-esta-muy-feo-columna-de-luis-noe-ochoa-597173 

21.21.-Problemas de conexión – YOHIR AKERMAN

La Audiencia Nacional de España dio luz verde para extraditar a Colombia al exguerrillero del Eln Luis Jhon Castro Ramírez, alias Zarco, el Mono o Antoni. Parece una noticia sin importancia, pero lo cierto es que es la segunda vez que España aprueba la extradición de este personaje, envuelto en falsos positivos. El Gobierno de Colombia, hasta ahora, ha actuado en ese caso con imprudente inoperancia o estratégica negligencia. Alguna de las dos.

Me explico.

20 jun 2021.- Alias Zarco dio un salto mortal sin despeinarse, pasando de ser guerrillero y luchar contra las Fuerzas Armadas a posteriormente confabularse con el Ejército, perpetrando al menos 15 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”.

En 2010 confesó varios crímenes en los que había colaborado con el Batallón de Alta Montaña No. 3 Rodrigo Lloreda Caicedo y con el Gaula del Ejército en Cali. Específicamente, con el sargento Rubiel Bustos Escarraga, cuando comandaba operaciones en el Valle del Cauca. Incluso con agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

El modus operandi era sencillo, pero de terror. Según Zarco, los integrantes del Ejército, del Gaula y agentes del DAS reclutaban jóvenes a cambio de otorgarles beneficios para su desmovilización. Estos jóvenes nunca alcanzaban a entender que los estaban reclutando ni llegaban a alzar un fusil. Eran inmediatamente asesinados y presentados como expertos guerrilleros muertos en combate.

El 28 de octubre de 2011, Castro Ramírez, alias Zarco, confesó a la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos que reclutó varios jóvenes para que militares del Batallón Jaime Rooke los asesinaran y los hicieran pasar como bajas dadas en operaciones militares. Les ponían camuflados y armas. Les disparaban a quema ropa, sin que nunca hubiera un combate. (Ver Ejército pagó al Zarco).

Zarco resultó ser un efectivo productor de sanguinarias masacres.

La Fiscalía 39 Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos de Bogotá relató uno de esos casos: “El 28 de febrero de 2008 aproximadamente a las 9:30 a.m. en la finca Los Mangos (…) militares que para la fecha se encontraban bajo el mando del comandante del Batallón Jaime Rooke, coronel Javier Alberto Vallejos Delgado, quien suscribió la misión táctica y tuvo conocimiento del resultado operacional fraudulento, apostada la tropa desde el día anterior en la finca Los Mangos y conociendo previamente la situación de las víctimas, esto es la cantidad de personas, vehículos y armas, se les espera al interior del predio y como lo relata el mismo Luis Jhon Castro, sin que mediara ataque previo por parte de las víctimas se procede hacer uso de la capacidad de fuego y sorpresa con la que contaba la tropa para así darles muerte sin que existiera el enfrentamiento”.

Un documento del Consejo de Estado agrega a esta escalofriante historia: “Con base en los datos vistos en el anterior análisis, se considera que los tres (3) sucesos narrados por el señor Luis Jhon Castro Ramírez, alias el Zarco o el Mono o Antoni, como sucedidos durante el año de 2008 en el departamento del Tolima, guardan relación en el modus operandi que fuera planeado por integrantes de la Sección de Inteligencia del Batallón de Infantería No. 18 Jaime Rooke del Ejército Nacional (…) tanto para las víctimas como victimarios basados en hechos ficticios o creados por estos”.

El 2 de agosto de 2018, la Fiscalía vinculó penalmente al coronel en retiro del Ejército Nacional Javier Alberto Vallejos Delgado, al sargento segundo retirado Sergio Ramírez Murillo y a tres exsoldados, como posibles coautores del homicidio de esas seis personas, en los hechos ocurridos el 28 de febrero de 2008 en la finca Los Mangos de la vereda Potreritos, municipio de Ibagué, Tolima.

La Fiscalía aseguró que en esos casos se utilizaron todas las herramientas del Estado, como uniformes oficiales, órdenes de registro, armas e inteligencia militar para quitarles la vida a civiles ajenos al conflicto.

Una deformación en la que el Ejército, en vez de combatir contra el real enemigo, se dedicó a recrear escenas creíbles de guerra, con el Zarco como productor ejecutivo trayendo a las víctimas.

Pero volvamos a su extradición. El Zarco fue detenido el 25 de noviembre de 2018 en España por un delito menor. Interpol descubrió que se trataba de ese sanguinario personaje y prosiguieron a notificar a las autoridades colombianas para comenzar los trámites de extradición.

Ahí empezó la confusión.

El 22 de diciembre de 2020, el director de Investigación Criminal Interpol Colombia, mayor general Fabio Hernán López Cruz, autorizó la orden de compra No. 44926 en la que muestra que el Estado colombiano pagó más de $14 millones para el transporte aéreo entre Madrid y Bogotá del Zarco y tres funcionarios encargados de su custodia de la DIJIN, en las rutas de operación nacional e internacional. Es más, al revisar el contrato aparece como si el Zarco hubiera regresado a Colombia el 17 de diciembre de 2020.

Pero, ¡oh, sorpresa!

La cancillería colombiana nunca firmó los requisitos legales para que España entregara al preso, pese a los múltiples pedidos del gobierno español. Una de las cosas más absurdas del proceder de las autoridades de Colombia en este caso es que cancelaron tres audiencias de imputación de cargos mientras el acusado estaba detenido en España, por “problemas de conectividad a internet”.

El chiste se cuenta solo.

Los familiares de las víctimas llegaron a cada una de las audiencias, esperando que avanzara el proceso judicial para reivindicar la memoria de sus familiares. Y para que se hiciera justicia, tras la negligencia judicial que permitió que el sádico reclutador se fugara del país y se perdiera su rastro por más de 10 años. Al conectarse a las audiencias virtuales —esperando que se realizaran—, fueron notificadas por las instituciones judiciales, una y otra vez, que habían sido canceladas por imposibilidad de conectarse. El proceso nunca pudo avanzar.

El 30 de diciembre del 2020, ocho meses después de que distintos medios de comunicación anunciaron que estaba lista su extradición a Colombia, Castro Ramírez, alias Zarco, tuvo que ser dejado en libertad. Pese a estar aprobada su extradición, nunca se dieron las audiencias de imputación por problemas de internet, lo que hacía ilegal para ese país seguir reteniéndolo. (Ver Artículo de W Radio).

El 26 de enero de 2021, la Fiscalía General de la Nación informó a los familiares de las víctimas del Zarco que el imputado no iba a estar presente en la audiencia, ya que básicamente se encontraba libre disfrutando de las calles de Madrid. Su libertad había sido otorgada días antes por parte del gobierno español y la Interpol, gracias a la negligencia del Estado colombiano para tramitar su regreso al país.

El 5 de febrero, la entonces canciller, Claudia Blum, trató de culpar de su propia negligencia a la Interpol desconociendo que era un error del gobierno colombiano. También trataron de atribuirle responsabilidad al gobierno español por poner en libertad al exguerrillero.

Pero no. Fue un error que vino directamente de las autoridades colombianas —en cabeza de la Cancillería y el Ministerio de Justicia— por problemas de conexión a internet. Pero lo que realmente muestra es un gobierno desconectado del sentido de la justicia y del dolor de las familias de las víctimas.

El 13 de febrero de 2021, las autoridades españolas recapturaron a Castro Ramírez, alias el Zarco. Esperemos que ahora que la Audiencia Nacional de España dio luz verde, por segunda vez, para que el sanguinario reclutador y productor de falsos positivos sea extraditado a Colombia, el gobierno haga más que comprar tiquetes de avión y se asegure de tener internet, para traer al Zarco y que nos cuente todo lo que sabe sobre los falsos positivos en los que está involucrado. Y pague por sus horribles delitos.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/problemas-de-conexion/

 

  • 21.20.-¡No es la comunicación, estúpido!  SANDRA BORDA
  • Nos devolvieron al 2001, a pedir mano dura -ALVARO FORERO
  • “Ellos” con todo, nosotros con nada – CECILIA OROZCO
  • 20.21.-Y ahora, ¿quién podrá defendernos? YOHIR AKERMAN

La crisis actual ha mostrado que los funcionarios nombrados en las diferentes entidades no tienen ni el conocimiento, ni la experiencia para manejar sus carteras. Un ministro del Interior que desconoce lo que pasa en el interior del país, un ministro de Justicia que no entiende el concepto básico de la justicia, un ministro de Defensa que cree que su labor es únicamente la defensa de las Fuerzas Militares y no la de la población, y así sucesivamente.

5 jun 2021.- Personajes que no daban ni para ser viceministros, pero ahí están manejando esas carteras. Lo mismo ha sucedido con los entes de control, donde el presidente Iván Duque ha ternado y usado todo el peso del Gobierno para sacar nombramientos de funcionarios que nunca debieron quedar en esos puestos.

Es el caso de la procuradora general, Margarita Cabello, quien fue ministra de Justicia de Duque y que, pese a no entender esa cartera, ahora no se dedica a investigar funcionarios públicos sino a defenderlos. O Francisco Barbosa, que en la Fiscalía es un personaje irrisorio persiguiendo a los enemigos del gobierno, todo desde los micrófonos de la egolatría y la vanidad.

Pero uno de los peores y más preocupantes ejemplos de esto es el señor Carlos Ernesto Camargo Assis, actual defensor del Pueblo.

Camargo es exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, elegido por el Partido Conservador y el Centro Democrático. Es responsable de archivar la investigación en contra de Óscar Iván Zuluaga, por la presunta entrada de dineros de Odebrecht a su campaña.

Al final de su periodo, los artífices del archivo de la investigación en favor de Zuluaga salieron favorecidos en el gobierno de Iván Duque. Mermelada de Assis, podría llamarse. Al exmagistrado Felipe García Echeverry lo nombraron embajador en Bruselas y Camargo Assis salió para la Federación Nacional de Departamentos y después para la Defensoría del Pueblo.

Cuando este funcionario fue elegido en su cargo el 1° de septiembre de 2020, declaró que su único compromiso era defender los derechos humanos. Pero para defender algo hay que entenderlo, o por lo menos saber de qué se trata.

Claramente el presidente Duque ternó a Camargo sin preocuparse si conocía del tema de derechos humanos. O, peor aún, no le preocupan a la Presidencia los derechos humanos. Entonces dejó llegar al puesto, por medio de favores políticos, a alguien que no tenía el conocimiento de lo que iba a hacer, violentando la autonomía que debe tener ese importante cargo.

Y el resultado es visible. La violencia ha venido aumentando no solo por el paro, sino por las masacres, decapitaciones, violaciones de derechos humanos por parte de agentes estatales, es decir, todo un reto para una Defensoría del Pueblo.

En esto no se puede olvidar cuando, durante el segundo día del paro, la emisora W Radio descubrió que el defensor Camargo se encontraba, muy tieso y muy majo, en Girardot veraneando con su familia mientras el país empezaba a desmoronarse.

O el episodio el pasado 10 de mayo —que quedó grabado en video— cuando abandonó una reunión con las comunidades indígenas del Cauca, que se encontraban en la asamblea de la comisión política de organizaciones sociales con representantes del CRIC, negritudes y el congreso de los pueblos, entre otras. Todo porque no entendía de los temas que le estaban hablando, ni quería atender las denuncias de los líderes, requisito fundamental de su cargo.

Finalmente, la falta de rigor en las cifras de esa entidad. Y los contratos que ofrece y reparte desde la Defensoría, a diestra y siniestra, como lo hizo cuando estaba en la Federación de Departamentos, privilegiando a exmagistrados del Consejo de Estado, a familiares de personas cercanas y renombrados políticos que podrían favorecer sus propios intereses. Pero ese es tema para una columna e investigación aparte.

Lo que es claro es que solo se han necesitado ocho cortos meses para desdibujar la figura de la Defensoría del Pueblo, generando que se ataquen a otros funcionarios de esa entidad que sí defienden los derechos humanos y sí entienden que su labor es acompañar a las comunidades en medio de estas confrontaciones y del conflicto armado.

Por consiguiente, un vacío en una labor esencial en esta coyuntura, en la que finalmente sufren los derechos humanos de ese pueblo que Camargo no sabe defender. Una realidad vigente no solo en esa entidad y que, de nuevo, se debe a la falta de experiencia del Gobierno y al ejercicio del poder del presidente Duque, al ternar y nombrar en las entidades más relevantes a funcionarios que no tienen el peso ni la experiencia para ocupar esos cargos. Una situación que deja a la sociedad preguntándose… y ahora, ¿quién podrá defendernos?

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/y-ahora-quien-podra-defendernos/

21.20.-¡No es la comunicación, estúpido!  SANDRA BORDA

Creo que la estrategia no va a funcionar y, al contrario, le echará más leña al fuego.

Vamos para seis semanas de paro y ha quedado claro que el Gobierno ya definió una estrategia para enfrentar esta situación: su propósito es debilitar al comité del paro y a las organizaciones sociales para irle bajando la temperatura a la movilización social. 

7 jun 2021.- Las tácticas para lograr este objetivo son t