• 21.26.-El misterio del asesinato de Jovenel Moïse se cierne sobre Haití – NICOLAS BOURCIER
  • La red de sobornos de Petróleos de Venezuela pagó en Andorra 30 millones a un directivo de la compañía JOAQUÍN GIL, JOSÉ MARÍA IRUJO 
  • El prontuario familiar de los “dignatarios” CECILIA OROZCO
  • Parapatriota YOHIR AKERMAN
  • Dos buenas noticias PATRICIA LARA

Recientemente me referí a dos temas que han tenido desarrollos importantes. Uno es la conveniencia de que se prorrogue el período de la Comisión de la Verdad, que vence en noviembre, pues la pandemia generó una interrupción de casi un año en muchas de sus labores, lo que significó que no disponga del tiempo suficiente para completar su trabajo con el detalle que había planeado.

23 jul 2021.- El otro es la necesidad de que la Fiscalía y la justicia se pronuncien pronto sobre los señalamientos que exparamilitares han hecho de manera general ante el Tribunal de Justicia y Paz sobre las Fuerzas Armadas, a propósito de que estas les habrían suministrado a las Auc listas de personas que debían ser asesinadas, sin que hayan revelado los nombres de los acusados, lo cual hace daño a la credibilidad y al prestigio de las Fuerzas Armadas como institución.

Pues bien, en ambos temas ha habido progresos:

Por una parte, la Corte Constitucional asumió el estudio de una demanda que busca extender la duración de la Comisión de la Verdad y plantea, justamente, que no debe contabilizarse en su mandato el periodo de vigencia del estado de emergencia sanitaria. El caso está en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien admitió la demanda y solicitó conceptos al respecto tanto a expertos como a entidades gubernamentales y no gubernamentales.

Por la trayectoria de la Corte y por lo crucial del tema, esperamos que el fallo sea a favor de la prórroga de la vigencia de la Comisión de la Verdad.

Por otra parte, la justicia profirió esta semana dos sentencias importantes. De un lado, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostró en juicio que el coronel retirado del Ejército Juan Carlos Castañeda, quien se desempeñó como comandante del Batallón 44 Ramón Nonato Pérez, y el exalcalde de Casanare Flaminio Cocinero Costo “participaron en un plan criminal ejecutado por las autodefensas” de Martín Llanos contra los pobladores de Chámeza y Recetor (Casanare), y les entregaron “listados con los nombres de supuestos auxiliadores de grupos guerrilleros (…) En total, 54 habitantes fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos”. El Juzgado Único Especializado de Yopal avaló los argumentos del fiscal e impuso las penas respectivas.

De otro lado, la JEP profirió el Auto 125/21 en el que se identificó que, entre 2002 y 2005, algunos miembros del Batallón La Popa (a quienes cita con nombres y apellidos) tenían dos patrones de acciones criminales: el de relacionarse con los grupos paramilitares, en lo que se incluye el suministro de listados de personas para que fueran ejecutadas, y el de la atroz práctica de los llamados falsos positivos producidos como respuesta a las presiones por la obtención de resultados en la lucha contra la guerrilla. “Estos dos patrones permitieron a la Sala establecer la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad”, declaró el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.

Ambas sentencias son una buena noticia para las Fuerzas Armadas, pues en ellas se señalan con nombres y apellidos a los exmilitares responsables de esos crímenes y se evita, así, la generalización de la acusación que mancha a la institución como un todo.

De modo que vamos avanzando.

***

Paz en la tumba de Germán Castro Caycedo, maestro del gran reportaje escrito y televisivo. Mi abrazo de condolencia muy estrecho para su esposa, Gloria Moreno, y para los demás miembros de su familia.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/patricia-lara-salive/dos-buenas-noticias/

21.26.-El misterio del asesinato de Jovenel Moïse se cierne sobre Haití – NICOLAS BOURCIER

Muchas áreas grises permanecen en la investigación del asesinato del presidente haitiano, a pesar de la detención de 23 hombres, incluidos 18 ex soldados colombianos.

Funcionarios asisten a una ceremonia en honor del presidente haitiano Jovenel Moïse, en Puerto Príncipe, Haití, el 20 de julio de 2021. VALERIE BAERISWYL / AFP

Es difícil imaginar un silencio más angustioso. Las calles están casi vacías, las encrucijadas desiertas. Incluso en los barrios de Puerto Príncipe controlados por pandillas, de los que solo se escapó una inmensa angustia hace unas semanas, no hay más ruido, no más gritos, no más disparos.

23 jul 2021.- Como si la capital haitiana contuviera la respiración, sumida a pesar de sí misma en un abismo sin fin desde el asesinato el 7 de julio del presidente Jovenel Moïse, y suspendida por completo a las sacudidas de una investigación en zonas grises tan múltiples y confusas que preocupantes. Lejos, muy lejos, de las versiones oficiales de las autoridades policiales, ellas mismas sospechosas de complicidad en el crimen.

En el papel, los autores del ataque fueron arrestados, dicen las autoridades estatales: veintitrés hombres, incluidos dieciocho ex soldados colombianos, tres haitianos y dos con doble nacionalidad haitiano-estadounidense. También se dictaron siete órdenes de aprehensión según la policía, se registraron diez viviendas, se llevaron a cabo una treintena de interrogatorios, cuatro altos agentes de seguridad de Jovenel Moïse en régimen de aislamiento y veinticuatro agentes sometidos a medidas cautelares. Otros tres colombianos murieron pocas horas después del asesinato. Se dice que cinco están huyendo. Según el juez de paz de Pétion-Ville, el distrito de la residencia privada del presidente, llegado a notar la muerte, Jovenel Moïse recibió doce balazos en el cuerpo. Varias de sus extremidades se fracturaron en los momentos previos a su muerte y un ojo enucleado.

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Su esposa Martine Moïse, herida en el brazo y el abdomen, fue evacuada a un hospital en Florida. En un breve mensaje grabado, del que varios expertos han expresado dudas sobre su autenticidad, dice que acusa, sin nombrarlos, a los opositores políticos de su marido, los «enemigos del interior», y promete continuar su acción. Regresada desde entonces a Puerto Príncipe, debía asistir este viernes 23 de julio al funeral del fallecido presidente en Cap-Haitien, su región natal. Ninguna otra persona, guardaespaldas o sirviente, resultó herida.

Varios países citados

En una foto presentada a la prensa por Léon Charles, director general de la policía nacional de Haití, podemos ver a dos de los sospechosos detenidos, así como al exsenador opositor Joël John Joseph, sujeto de un aviso de búsqueda, participar en una reunión en torno a una mesa grande. Según el alto funcionario, las personas de la foto planeaban el asesinato de Jovenel Moïse en un hotel de Santo Domingo, República Dominicana, país que comparte la misma isla que Haití.

Una versión inmediatamente contradicha por un profesor estadounidense, Parnell Duverger, quien asistió a varias reuniones con algunos de los miembros que aparecen en la foto. Según él, se trataba simplemente de prepararse para el post-Jovenel Moïse, presidente mal elegido en 2016 y denunciado por una gran mayoría de la población por haberse apoderado de todas las instituciones, plagadas ellas mismas de corrupción, mediocridad y delincuencia. .

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La investigación también parece haber avanzado en un aspecto internacional del caso, en el que se citan varios países. “Había un grupo de cuatro mercenarios que ya estaban presentes en Haití. Los demás entraron el 6 de junio. Pasaron por República Dominicana”, por la frontera terrestre, aseguró el jefe policial, agregando: “Son ex soldados de las fuerzas especiales de Colombia. Son expertos, criminales. «

Entre los de la foto, algunos fueron detenidos. Este es el caso de dos haitiano-estadounidenses, Christian Emmanuel Sanon, sospechoso por los investigadores haitianos de haber contratado mercenarios colombianos, y James Solages, ex empleado de la Embajada de Canadá en Puerto Príncipe. Este último habría coordinado el equipo con la empresa de seguridad venezolana CTU, con sede en Miami. El titular de la firma, Antonio Emmanuel Intriago Valera, también está en la imagen. Habría entrado en Haití varias veces.

Órdenes cambiadas durante la misión

La policía también está buscando a Rodolphe Jaar, uno de los cinco sospechosos que huyeron. Apodado «Whisky», el hombre fue acusado en 2013 en un tribunal de Florida por conspirar y contrabandear cocaína a los Estados Unidos desde Colombia y Venezuela a través de Haití. Se declaró culpable y fue condenado a cuarenta y seis meses de prisión. En una audiencia en 2014, su abogado dijo que había sido una fuente confidencial durante varios años para el gobierno de Estados Unidos. Ya en ese momento, Haití era uno de los centros de narcotráfico de la región, más de una cuarta parte del tráfico proveniente de América Latina hacia Estados Unidos pasa por esta parte de la isla.

Una fuente le dijo al Miami Herald que algunos miembros de la tripulación creían que el objetivo era arrestar al presidente Moïse e instalar al Sr. Sanon en su lugar. Un profesor universitario de Puerto Príncipe que lo conoció en junio le dijo al New York Times que Sanon parecía «un poco loco» y estaba hablando de reemplazar el francés en particular por el inglés como idioma oficial de Haití, junto con el criollo.

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El jueves 15 de julio, el Pentágono confirmó por su parte que algunos de estos colombianos se habían beneficiado de las sesiones de entrenamiento ofrecidas por el ejército estadounidense, en el momento en que se encontraban comprometidos con las fuerzas colombianas. Serían media docena según un funcionario del ministerio. Los familiares de estos exsoldados, entrevistados por varios medios de comunicación norteamericanos y colombianos, afirmaron saber que habían sido reclutados para capturar a Jovenel Moïse y entregarlo a la Agencia Estadounidense Antidrogas. Varios de ellos afirman que las órdenes han cambiado durante su misión. Algunos dicen que los habrían engañado. Una versión apoyada por el general Jorge Vargas, jefe de la policía colombiana, en una reciente conferencia de prensa.

«Debe haber habido una conspiración»

Matías Gutiérrez estuvo casi entre los arrestados. Francotirador retirado de las fuerzas especiales colombianas, debería haberse embarcado en junio para Haití si no hubiera dado positivo por Covid-19. «Si hubiera viajado, podría haber estado involucrado en lo mismo que los comandos allí «, dijo a Reuters. Gutiérrez, quien ahora trabaja como guardia de seguridad, dijo estar convencido de que los hombres arrestados no estaban involucrados en el asesinato de Moisés, sugiriendo que soldados de este calibre no podrían, en tal escenario, deslizarse hasta el punto de torturar al presidente y sufrir. Tal estampida.

“No eran nuestros comandos. Debe haber habido una conspiración, dijo. Su extracción fue un caos total. Por qué? Como no iban a agredir, acudieron a apoyar un pedido de las fuerzas de seguridad del presidente. «

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Para aumentar la confusión, un reportaje difundido en Caracol News, canal de televisión privado con sede en Colombia, acusó directamente al primer ministro, Claude Joseph, de ser uno de los instigadores del operativo. El ex cercano a Jovenel Moïse lo negó y luego renunció el domingo. Una decisión que llegó al día siguiente de una nota de prensa del Grupo CORE, grupo formado por embajadores de diferentes países como Estados Unidos y Francia. Este último le pidió que cediera el paso a Ariel Henry, médico y exministro, elegido por el mismo Jovenel Moïse apenas dos días antes de su asesinato. El mismo Henry que formó un nuevo gobierno el martes con varios exministros, entre ellos Claude Joseph de Relaciones Exteriores.

«Jovenel jugó con fuego»

Extraña investigación. En una inspección más cercana, parece sorprendente decir lo mínimo que ninguna de las pistas mencionadas por las autoridades esté interesada en posibles complicidades internas, ni en el papel de las pandillas que, al menos en parte, han logrado atraer a los buenos del presidente Moïse. Acusado de corrupción en 2019 en un informe del Tribunal de Cuentas y deriva autoritaria (suspensión de las elecciones legislativas, destitución de dos tercios de los senadores, ausencia de un Consejo Constitucional), el ex caudillo de Haití fue sospechado por las organizaciones de la sociedad civil para se han aliado con varias bandas poderosas en Puerto Príncipe agrupadas desde 2020 en una organización llamada «G9». Un grupo encabezado por un ex policía, Jimmy Chérizier alias «Barbecue»,

Varias fuentes de la capital, entre ellas un agente de seguridad del Ministerio del Interior, que prefirió permanecer en el anonimato, confirman la discreta visita al palacio presidencial de al menos dos cabecillas del “G9” en los últimos meses. “A lo largo de su presidencia, Jovenel jugó con fuego, desliza una de estas fuentes. Confió en bandas armadas, aterrorizó a los vecindarios cercanos a la oposición antes de finalmente quemarse a sí mismo. «

El 17 de julio, día del regreso de Martine Moïse a Puerto Príncipe, Jimmy Chérizier compartió un tuit de bienvenida: “Que todas las fuerzas de la naturaleza te acompañen y que la lucha continúe. « Desde entonces ha sido eliminado.

Martine Moïse, viuda del presidente haitiano Jovenel Moïse, herida durante el ataque, a su llegada al aeropuerto de Port-au-Prince, en Haití, el 17 de julio de 2021. MICHEL JR. DESSOURCES / AFP

Y luego hay algunas coincidencias inquietantes. Se dice que el avión privado, un Cessna Citation Mustang, que llevó a la viuda del presidente Jovenel Moïse a Haití, es el mismo que utilizaron en mayo algunos miembros del equipo colombiano. Una de las casas de Puerto Príncipe, también ocupada por mercenarios y ubicada a unos cientos de metros de la residencia del difunto presidente, fue alquilada durante varios meses por una tal Magalie Habitant, amiga íntima del gobierno de Jovenel.

Ferviente activista vinculado al partido gobernante (PHTK), este exjefe de la red vial de Puerto Príncipe sirvió de intermediario para recuperar de manos de los secuestradores a tres personas que habían sido secuestradas en febrero en la Quinta Avenida. Una calle conocida por ser particularmente peligrosa y controlada por cuatro bandas aliadas o parte del «G9».

Dos de las figuras clave del séquito del presidente han sido detenidas en los últimos días. Citado el 14 de julio por la fiscalía, Dimitri Hérard, jefe de seguridad del palacio, y el comisionado Jean Laguel Civil, otro jefe de seguridad del presidente, no se presentaron en un primer momento. No fue hasta el día siguiente que presuntamente fueron detenidos. Todavía no se ha filtrado nada. Para muchos, sus testimonios podrían explicar, una vez más, la aparente facilidad con la que los asesinos llegaron a su fin, y así trazar los hilos de los verdaderos patrocinadores.

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/23/le-mystere-jovenel-moise-pese-sur-haiti_6089283_3210.html

21.26.-La red de sobornos de Petróleos de Venezuela pagó en Andorra 30 millones a un directivo de la compañía JOAQUÍN GIL, JOSÉ MARÍA IRUJO 

El que fuera responsable de finanzas de la energética percibió 10,4 millones de un exviceministro de Chávez a través de un “contrato oral

El exministro de Petróleo de Venezuela Rafael Ramírez (izquierda) junto a Hugo Chávez, en 2008, en Caracas. AFP PHOTO / THOMAS COEX

La red de exviceministros del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) investigada por cobrar comisiones a empresas a cambio de adjudicaciones de la principal firma estatal de su país, Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), pagó 30,6 millones de dólares al que fuera director financiero de esta compañía entre 2005 y 2011, Eudomario Carruyo, según los documentos a los que ha tenido acceso de EL PAÍS.

20 jul 2021.- Carruyo cobró este dinero en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2008 y 2010, cuando formaba parte de la cúpula de la energética. Los fondos llegaron a través de transferencias de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía y Petróleo de Venezuela; Diego Salazar, primo del exministro de Energía y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez; y Luis Carlos de León, exabogado de la petrolera.

Los pagos se justificaron como trabajos de asesoría prestados por Carruyo al grupo de exjerarcas y se cerraron mediante “contratos orales”. Los falsos servicios de consultoría fueron una de las tretas de la trama que saqueó PDVSA para justificar sus comisiones ilegales, según los investigadores.

Un juzgado de Andorra procesó en 2018 a Villalobos, Salazar y De León por pertenecer presuntamente a una red de 28 personas que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas agraciadas con millonarias adjudicaciones de PDVSA. La trama ocultó sus beneficios —2.000 millones de dólares— en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario. Documento de conocimiento del cliente de la cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) vinculada al exdirector financiero de PDVSA Eudomario Carruyo.

Carruyo percibió 30,6 millones a través de una cuenta en la BPA a nombre de su sociedad panameña Biford Investments S. A., en la que figuró como representante junto a su esposa, Nancys Jacibis Perozo de Carruyo. El exdirectivo de PDVSA abrió este depósito para facturar supuestos servicios de su firma venezolana de ingeniería, Lugo Enterprise.

Así, Carruyo ingresó 10,4 millones de dólares de las sociedades panameñas controladas por el exviceministro Villalobos Lomond Overseas S. A. (5,5 millones), Monterrey Management Limited (3,1) y Tristaina Trading S. A. (1,8). También, cobró 15,1 millones de Highland Assets Corp, una firma de Luis Mariano Rodríguez Cabello, presunto testaferro de Diego Salazar, sobrino del exministro de Petróleo Rafael Ramírez. Y dos millones de una cuenta en la BPA a nombre de la compañía panameña Worldwide Traders Line S. A. vinculada a Salazar y a su esposa, Rosycela Díaz Gil.

Luis Carlos de León, exabogado de PDVSA, abonó 2,9 millones entre 2009 y 2010 a Carruyo a través de Cano Navy Corp, su sociedad panameña con cuenta en la BPA.

Testaferro familiar

El dinero de la trama llegó a las cuentas en la BPA de Carruyo en forma de traspasos internos, un sistema que no deja rastro. Y tras aterrizar en la entidad andorrana, se transfirió a otros depósitos del exjefe de finanzas de PDVSA en el extranjero. Así, Carruyo traspasó 20,1 millones en junio de 2011 a una cuenta en un banco de Dubái controlada por su sobrina, la venezolana Katerina S. P., de 34 años. Y remitió 6,5 millones en abril de 2010 a un depósito de un banco de Suiza donde figuraba como beneficiario.

El exdirector financiero de PDVSA le dijo a la entidad que decidió cancelar sus cinco cuentas en la BPA después de la aparición de este banco en informaciones periodísticas. “[Carruyo] No quiere correr riesgos”, indicó la institución financiera andorrana en un documento interno.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) concluye en un informe de julio de 2020 que Carruyo utilizó a su sobrina Katerina S. P. como testaferro en dos cuentas en la BPA. Se trata de depósitos vinculados a las sociedades panameñas Welnut Overseas S. A. y Terrystone Foundation que canalizaron el millonario caudal de fondos inyectado por la trama.

La familiar del político reconoció en una declaración jurada que su tío era el verdadero dueño de los fondos.

La treta de Carruyo de usar a su sobrina en sus cuentas en Andorra tenía por objeto —según los investigadores— evitar que el banco cerrara los depósitos del exdirectivo de la petrolera por su condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP), una etiqueta para identificar a cargos públicos, funcionarios o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupción.

Los investigadores andorranos cuestionan el origen de los fondos que Carruyo ingresó en la BPA y dudan de que la empresa de ingeniería y obra civil que supuestamente generaba el dinero —Lugo Enterprise— tuviera actividad real. También critican los supuestos contratos con los que el exejecutivo de la petrolera trató de justificar sus millonarios ingresos. “Se desconocen los trabajos prestados, los pagos acordados, los importes”, recoge el informe de la Uifand.

Las pesquisas siembran dudas además sobre la procedencia de los 30,6 millones que aterrizaron en la constelación de cuentas de Carruyo.

La Uifand sostiene que el exdirectivo usó la cuenta en la BPA en la que cobró esta suma como “puente”, una pasarela para derivar después los fondos a otros depósitos. Así, su cuenta a nombre de la sociedad Biford Investments S. A. ingresó 11,5 millones en 2010 de la red chavista y envió 11,2 millones a otra cuenta del exdirectivo de PDVSA en la entidad andorrana a nombre de la mercantil panameña Orfield Foundation S. A.

Un informe incorporado al sumario —unas pesquisas que arrancaron en 2012 y que suman ya más de 76.000 documentos— enmarca los ingresos en la BPA de Carruyo en los movimientos de una presunta organización delictiva que se sirvió para hacer caja de su proximidad al Ejecutivo del expresidente Chávez. “Políticos venezolanos habrían cobrado sobornos a fin de facilitar contratos de PDVSA a empresas extranjeras”, indica el documento.

La tesis coincide con la expuesta por la magistrada andorrana Canòlic Mingorance en septiembre de 2018 en el auto por el cual procesó a 28 miembros de esta organización. La resolución presentaba a la red como un grupo integrado por exdirigentes venezolanos y funcionarios de la energética estatal que cobró comisiones de más del 10% a empresas, especialmente chinas, que resultaban después agraciadas con contratos de PDVSA.

El paradero de Carruyo, que ha estado vinculado a distintas derivadas del saqueo de PDVSA, es desconocido desde hace años.

Ismael Oliver, abogado del exministro venezolano Nervis Villalobos, defiende que su cliente “no ha cometido ningún acto de soborno, corrupción o blanqueo de capitales en ningún país”. Y precisa que el exjerarca “no ha sido condenado por ningún tribunal”. “Todas las operaciones que hizo el señor Villalobos en la BPA, su filial Banco de Madrid o cualquier entidad financiera fueron expresamente revisadas y fiscalizadas por el departamento de cumplimiento normativo de los bancos y son lícitas”, responde Oliver a este periódico por correo electrónico.

Sin embargo, las pesquisas apuntan que la trama movió el caudal de fondos que fue a parar a Andorra a través de una alambicada madeja de cuentas opacas y sociedades instrumentales —sin actividad— en paraísos fiscales como Suiza o Belice.

La Fiscalía de Venezuela cifró en 4.200 millones de euros el expolio de la petrolera estatal perpetrado por la red. Junto al exviceministro Villalobos, la organización incluyó en su cúpula a Javier Alvarado, el todo poderoso exviceministro de Energía y Petróleo y director entre 2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Un exmandatario que está siendo investigado en España y EE UU y que fue arrestado en Madrid en 2019 a petición de un juzgado de Texas, que le reclamaba por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y conspiración para el blanqueo. Las pesquisas del juez americano indagan un caso de corrupción de más de 50 millones de dólares conectado con la energética venezolana.

Una investigación interna de los actuales gestores de PDVSA determinó que exdirectivos de esta firma defraudaron a la compañía, al menos, 500 millones de dólares. El método pasaba por autoconcederse contratos de compra de material a sus propias sociedades. Para ello, amañaban presuntamente las licitaciones y blanqueaban su botín en España. De 48.000 contratos examinados entre 2009 y 2015, un total de 2.562 fueron a empresas de Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera. PDVSA presentó en España una querella contra ambos.

La denuncia se dirige, también, contra Rafael Reiter, Javier Alvarado y otras nueve personas. La Audiencia Nacional tramita la querella. Varios de los investigados residen en España, donde han adquirido propiedades millonarias.

investigacion@elpais.es

 https://elpais.com/internacional/2021-07-20/la-red-de-sobornos-de-petroleos-de-venezuela-pago-en-andorra-30-millones-a-un-directivo-de-la-compania.html

21.26.-El prontuario familiar de los “dignatarios” CECILIA OROZCO

Sin periodistas y bajo la orden de que las cámaras de la televisión «pública» no enfocara a los representantes de la oposición, el presidente Duque recibió el aplauso del oficialismo que respaldó el llamado a la represión de quienes lideraron el estallido social del 28 de abril y que se prolongó por cerca de dos meses en todo el país.

La catadura sórdida del Congreso de la República se oculta bajo venias sociales, labia formalista y trajes, corbatas y tacones de marca con que se visten quienes asisten a sus salones: la apariencia es el alma del mundillo político.

21 jul 2021.- Se entiende, entonces, que los aliados del Gobierno “cumplieran el pacto” al que se comprometieron al inicio de la administración Duque, eligiendo a los presidentes de Senado y Cámara que señalaran Uribe y sus subalternos de la Casa de Nariño sin consideraciones de ningún otro tipo, ni siquiera las de su imagen frente a las demás naciones. Casi todos ellos depositaron la dignidad del Estado, en su Rama Legislativa, en dos personas que ninguna empresa privada con prestigio seleccionaría para dirigir sus operaciones por la vergüenza de tener, a la cabeza de sus negocios, a alguien que no puede presentar a los miembros de su familia por sus pasados carcelarios.

Juan Diego Gómez Jiménez, político conservador antioqueño archiconocido por sus habilidades, en particular en los alrededores de Bello, es el presidente del Senado. En su hoja de vida figura, por supuesto, el nombre de su padre: Orlando de Jesús Gómez Botero, fallecido. Este fue conocido, en ciertos entornos paisas, con el mote de “la Ballena”. El 8 de noviembre de 2011 fue condenado, mediante sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Medellín que confirmaba la decisión de un juez del circuito de Bello, a ocho años de cárcel sin derecho a ejecución condicional de la pena ni a prisión domiciliaria. La Sala Penal de la Corte Suprema revisó el caso a pedido de su abogado defensor, en 2012, y encontró el fallo ajustado a la ley. O sea, su condena pasó todos los filtros sin duda de su culpabilidad. El padre del presidente del Senado fue declarado responsable de los delitos de fraude procesal, falso testimonio y obtención de documento público falso cuando con base en la adulteración, la doble identidad de un individuo y la construcción fraudulenta de una propiedad se adueñó criminalmente de un predio urbano de 33.000 m², es decir, de un megaterreno. La Corte dijo, refiriéndose al padre del honorable señor presidente del Congreso, que “conformó toda una empresa criminal para obtener la declaración judicial de pertenencia del bien”. Su hijo, el senador, heredó sus líos y sus negocios como cualquier descendiente de fallecido.

Jennifer Arias, representante por el Centro Democrático a la Cámara por el Meta, también es famosa por sus destrezas, como Gómez Jiménez, en los círculos llaneros, especialmente en las empresas pequeñas de aviación que les prestaron sus servicios de transporte a candidatos en campaña, entre estos a Uribe Vélez, a Duque y a otros notables del uribismo, según investigación de la Fundación Pares. Arias, muy cercana, además de al expresidente, al ministro del Interior, es tan encantadora que fue capaz de desbancar a los representantes Edward Rodríguez, Juan Manuel Daza, Ricardo Ferro y hasta a Enrique Cabrales, cuñado de Tomás, hijo de Uribe. Pese a su juventud (34 años) Arias ya ha sido directora del uribismo en el Meta, candidata a la Alcaldía de Villavicencio y jefe de la campaña de Duque en los amplios Llanos. La presidenta de la Cámara tampoco puede presentar a sus parientes: su padre, Luis Eduardo Arias Castellanos, fue condenado, en 1993, por asesinar a un hombre. Un juzgado de la capital del Meta lo condenó a 40 meses de prisión cuando aceptó que mató a Alfonso Leguízamo Lozada. Pero como un currículo penal, en Colombia, es una recomendación más que un impedimento, el señor Arias Castellanos ha sido adjudicatario de jugosos contratos públicos en su departamento, en un acople casual con las influencias políticas de su exitosa hija. Pares documentó al menos dos negocios de Arias Castellanos por $8.000 millones. Andrés, hermano de la fulgurante belleza que hoy preside la Cámara, recibió una condena por narcotráfico en 2008, en una corte del Distrito Sur de Florida. Los parientes en primer grado de consanguinidad de los presidentes de Senado y Cámara asesinaron, traficaron con cocaína, cometieron fraude judicial, falsificaron la identidad de una persona, conformaron empresas criminales, se apropiaron de 33.000 m² e indujeron a otros a dar falsos testimonios. Pero, eso sí, los ciudadanos de a pie podemos sentirnos orgullosos de que los partidos de nuestra institucionalidad “respetaron sus acuerdos políticos”.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/el-prontuario-familiar-de-los-dignatarios/

21.26.-Parapatriota YOHIR AKERMAN

Una de las herencias más lamentables que ha dejado el mandato de Iván Duque, entre muchas, es que ahora cualquiera, sin experiencia alguna, cree que puede llegar a ser presidente. ¿Cómo no? Duque llegó a la Casa de Nariño con el único mérito de ser el candidato elegido por el expresidente Álvaro Uribe. Nada más.

25 jul 2021.- Ese mismo movimiento de la derecha política colombiana ahora tiene unos precandidatos presidenciales que son de lo más irrisorio del abanico político. Esta columna va a centrarse en uno que anunció en junio su intención de llegar a la Presidencia. Ignorando el detallito de estar inhabilitado y, más grave aún, tener una condena a 14 años de prisión por haberse aliado con las Autodefensas Unidas de Colombia.

Detalles, que llaman.

Publio Hernán Mejía Gutiérrez, coronel en retiro del Ejército, es el fundador del movimiento Primero Patria, que se autodenomina como “un grupo de ciudadanos patriotas que trabajan por salvar a Colombia de la politiquería”.

Mejía fue comandante del Batallón de Artillería del Ejército Número 2 La Popa, de 2002 a 2003, y está condenado a prisión. Fue encontrado culpable de haber actuado de manera conjunta con los paramilitares del frente Mártires del Cacique Upar. Una alianza con el fin de presentar resultados conocidos como “falsos positivos”, patrullar de manera conjunta y proveerle armas y material de intendencia al bloque liderado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Esos hechos han merecido varias denuncias en esta columna en el pasado.

El coronel en retiro se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad que tiene lista la imputación contra él y contra otros 14 militares adscritos al Batallón La Popa de Valledupar, por su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales.

Pese a eso, el pasado 25 de junio Mejía anunció: “Luego de largas cavilaciones y hablar con mi conciencia, he tomado la decisión de lanzarme como precandidato a la Presidencia de la República. Lo hago a sabiendas de que no pertenezco a ningún movimiento o partido político y el único ideal es salvar a Colombia”.

Es evidente que las cavilaciones y charlas de Mejía con su conciencia no fueron lo suficientemente largas como para alcanzar a incluir algunos de los muertos que tiene encima el precandidato, sobre los cuales ya existen sentencias judiciales en firme. Pero acá siempre estaremos para darle una manito al coronel y ayudarle a refrescar la memoria con respecto a sus víctimas.

Como se ha establecido en esta columna, existen dos declaraciones cruciales en diligencia judicial de versión voluntaria. Ambas son de exmilitares compareciendo ante la JEP, en el mes de noviembre de 2018, que corroboran la alianza de Mejía con paramilitares para matar indígenas y campesinos inocentes y hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate.

Como lo hemos hecho en el pasado, es mejor mantener anónimas las identidades de los exmilitares y comparecientes ante la JEP, por lo macabro que cuentan esas versiones libres. Especialmente para proteger sus vidas. Las dos narraciones cuentan cómo los exmilitares han sido víctimas de amenazas de muerte o intentos de asesinato, desde que se decidieron a confesar los crímenes de los cuales participaron, guiados por la comandancia del coronel Mejía.

 “Quiero decir algo con todo esto que estoy diciendo, sé que me voy a morir en cualquier momento, no sé cuándo, pero sé que me voy a morir, honorables magistrados, yo les pediría a ustedes de corazón medidas cautelares para mi familia y para mí porque mi vida corre peligro y ya han visto varias amenazas”.

No es injustificado el miedo.

Para entender el riesgo que corren estos testigos, es importante recordar el relato de otro testigo de estas operaciones de Mejía, que dijo: “Un domingo temprano, cuando apenas mi coronel Mejía llevaba diez días de haber llegado, me llamó al comando y me dijo que consiguiera un arma y me fuera con él en el carro del batallón. Los dos íbamos de civil (…) Llegamos a una finca en donde había unos 200 paramilitares. En la casa principal, sentados en una mesa, estaba toda la cúpula del Bloque Norte: el señor Jorge 40, el señor Hernán Giraldo, Tolemaida, Omega y 39, que era David Hernández, un militar retirado que había sido amigo de mi coronel. Se saludaron con mucha alegría porque ellos eran amigos de escuela y los vi recochar mucho cuando se vieron”.

Ese día se pactó que el coronel Mejía tendría un sueldo mensual de $30 millones, aportados por Jorge 40, para que los militares no se metieran con sus hombres. Pese a que fue la amistad con 39 lo que generó la relación con los paramilitares, Mejía decidió quedarse con la relación y no con 39.

El coronel recibió la orden de Jorge 40 de matar a 39. Como 39 confiaba en Mejía, este le puso una cita y lo que hizo fue tenderle una emboscada, para así cumplir su misión. O como reza el legendario vallenato de Alejo Durán, Cero treinta y nueve se la llevó.

Ahora bien, existe otro relato crucial para entender la máquina de muerte que montó Mejía en Valledupar en alianza con los paramilitares. Es el del también militar y teniente coronel Heber Hernán Gómez Naranjo, quien se sometió a la JEP el 23 de junio de 2017, bajo el radicado No. 301153.

El 30 de noviembre de 2018, el coronel Gómez Naranjo rindió una versión libre y reservada ante la JEP en la que, durante casi seis horas, relató las barbaridades sanguinarias que se cometieron en el batallón del Ejército La Popa, bajo la comandancia del coronel Mejía Gutiérrez.

Según el relato, “el batallón era una máquina de guerra y como tal tenían que verse los resultados operacionales. El batallón La Popa venía siendo muy cuestionado, cuestionado a nivel, al interior del Ejército, por su falta de resultados operacionales. Porque es que enemigo había, había enemigo (…) y pues las instrucciones fueron claras, el batallón La Popa es una máquina de guerra y en el departamento del Cesar hay que ganar la guerra. La guerra se gana con resultados operacionales”.

Es por eso que al poco tiempo de estar al mando del batallón La Popa, tal y como lo plantea el Informe No. 5 de la Fiscalía ante la JEP, el coronel Mejía conformó un grupo especial con 14 militares de esa dependencia, con el argumento de tener una unidad de reacción rápida.

El grupo era conocido dentro de las instalaciones con el nombre de Zarpazo. Según relatan los testigos, el grupo salía y como a las cuatro o cinco horas volvía con la novedad de haber dado dos o tres bajas. Pasaba con frecuencia. A todo el mundo le parecía raro que mientras las contraguerrillas completas, que patrullaban las partes altas y sí estaban cerca de la guerrilla, no daban bajas, los del grupo Zarpazo siempre que salían y regresaban con bajas exitosas.

El coronel Gómez Naranjo, estableció que “(Mejía) me dijo a mí: Hernán, palabras más palabras menos, espero toda su lealtad. Yo le dije: Mi coronel, claro que sí, vamos a trabajar, esa lealtad después pude entender yo, de acuerdo a lo que él nos comentaba, que iba encaminada en ese sentido, a generar en cabeza de él esas alianzas con ya grupos conformados y de los cuales teníamos conocimiento de autodefensas en sectores muy cercanos a la ciudad de Valledupar”.

Y la lealtad se dio. Pero con los paramilitares dirigidos por Jorge 40, no con la población indefensa que el Ejército y el Batallón La Popa tenían la obligación de proteger.

Por eso, cuando el 30 de abril de 2016 el coronel Mejía presentó su libro titulado Me niego a arrodillarme en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, con prólogo del escritor Plinio Apuleyo Mendoza, no alcanzó a prever que ni arrodillándose se iba a salvar de la evidencia y de las pruebas en su contra.

Por consiguiente, su precandidatura presidencial, para supuestamente salvar a la patria de la politiquería, quedará en una sentencia de la JEP. Sentencia en la que se reivindica a las víctimas de esos criminales, mal llamados patriotas, que asesinaron ciudadanos indefensos para mostrarlos como éxitos militares. Primero Patria. Después… calabozo.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/parapatriota/

  • 21.25.-Un fallo sobre la “Casa de Nari” que da vergüenza CECILIA OROZCO
  • Farsantes y peligrososRAMIRO BEJARANO
  • Las pruebas son eternasYOHIR AKERMAN

Las decisiones judiciales hay que respetarlas y acatarlas. Todas. No solo las que confirman las posiciones personales o las que creemos convenientes u oportunas, como hace el expresidente imputado Álvaro Uribe Vélez.

18 jul 2021.- Pero respetarlas y acatarlas no quiere decir que algunas no merezcan una revisión cuidadosa. Como la del pasado 12 de julio, en la que el juez 56 de conocimiento de Bogotá, absolvió a César Mauricio Velásquez, exsecretario de prensa de la Presidencia y a Edmundo del Castillo, exsecretario jurídico de la Presidencia en el gobierno de Uribe.

Estos exsecretarios eran juzgados por el plan de desprestigio que se planeó contra la Corte Suprema de Justicia. En ese plan participaron agentes de la antigua agencia de espionaje o Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en hechos por los que sí fueron condenados Bernardo Moreno Villegas, secretario general de la Presidencia, y María del Pilar Hurtado Afanador, exdirectora del DAS.

Según el juez del proceso, la Fiscalía no aportó pruebas que vincularan a Velázquez y del Castillo con el plan de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia. “…en atención a que las pruebas de cargo debatidas en juicio oral no permitieron a este Autoridad Judicial arribar al conocimiento más allá de duda razonable sobre la autoría en la comisión de los hechos y su responsabilidad frente al delito por el cual fueron llamados a juicio en calidad de autores”.

Qué extraño, o mejor qué predecible, que la Fiscalía en manos de Francisco Barbosa, fiel escudero del imputado Álvaro Uribe Vélez, no aporte las evidencias que demuestran que los secretarios del entonces presidente Uribe complotaron presuntamente contra la Corte Suprema.

Las evidencias existen.

Por eso revisemos cuáles son esas pruebas que parece que a la Fiscalía se le embolataron en algún cajón. La investigación en contra de Velásquez y del Castillo la comenzó el fiscal Mario Iguarán Arana en febrero de 2009. En abril de ese año, se allanaron las instalaciones del DAS, de donde salieron muchos de los documentos y relatos que hoy extrañamente se encuentran extraviados por la Fiscalía.

Para entender lo que salió de ese allanamiento del DAS, lo mejor es hacer una bitácora de la penúltima semana de abril de 2008, una de las más difíciles que vivió el entonces presidente Uribe en sus ocho años de gobierno. En esos días se realizaron varias reuniones por las que hay gente condenada, y se cometieron hechos que involucran a los exsecretarios de la presidencia de participar en tres episodios del escándalo de escuchas ilegales, conocido como “las Chuzadas”. Además del denominado espionaje del ‘paseo’ de los magistrados a Neiva y la visita clandestina del exparamilitar alias Job al Palacio de Nariño.

Tal y como lo plantea el libro “ChuzaDAS: ocho años de espionaje y barbarie” del periodista Julián Martínez, lo que sucedió en la Casa de Nariño en esas fechas comprueba la asociación criminal que se tejió entre la Presidencia de la República, la organización narcoparamilitar denominada la ‘Oficina de Envigado’, el extinto DAS y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda.

Empecemos.

El domingo 20 de abril de 2008, el informativo de televisión Noticias Uno, que para la época dirigía el periodista Daniel Coronell, reveló el testimonio de la excongresista Yidis Medina, grabado en agosto de 2004. En ese testimonio, Medina aseguró que el gobierno de Álvaro Uribe le compró su voto para el trámite legislativo que permitió su reelección en 2006.

Desde ese día, en la Casa de Nariño comenzaron a elaborar una intensa campaña difamatoria contra Daniel Coronell y Yidis Medina. El objetivo de quitarle credibilidad a la revelación de Noticias Uno y a la versión de la exrepresentante a la Cámara.

Producto de la investigación de Coronell, no sólo fue condenada por cohecho Yidis Medina, sino también los exministros del gobierno de Uribe, Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio.

Pues los informes sobre las declaraciones de Yidis Medina, realizados por el extinto DAS, eran recibidos por César Mauricio Velásquez. Así lo muestra un documento hasta ahora inédito, con fecha del 24 de abril de 2008 y radicado B3-71837-1, encontrado en el famoso allanamiento.

El lunes, la entonces directora del DAS coordinó una reunión entre César Mauricio Velásquez con el capitán Jorge Alberto Lagos, subdirector de Contrainteligencia del DAS. El objetivo era entregarle información confidencial de inteligencia obtenida, sin orden judicial, sobre un viaje de los magistrados de la Corte Suprema a Neiva en 2006, con el propósito de vincularlos, falsamente, con un escándalo narcotráfico. Lagos va a la Casa de Nariño, se encuentra con Velásquez y le entrega información, pues se sabía que la Corte iba a arrestar al primo del presidente Uribe en cualquier momento.

Según documentos del DAS, cuando Lagos se reunió con Velásquez alrededor de las 3:00 pm y le contó sobre el viaje de Neiva, el secretario de prensa de Presidencia tomó el teléfono y llamó al entonces asesor presidencial, José Obdulio Gaviria para que hiciera presencia en el lugar. Una vez allí se sentaron los tres a socializar los hallazgos que había obtenido contrainteligencia sobre el tema. Según el capitán Lagos, Gaviria y Velásquez solicitaron tener copia de los documentos obtenidos de manera ilegal por el DAS.

Al día siguiente capturaron al senador Mario Uribe Escobar, expresidente del Congreso y primo del mandatario, quien intentó fugarse del país solicitando asilo político en la Embajada de Costa Rica. Mario Uribe fue enviado a prisión por sus nexos con grupos paramilitares.

El miércoles 23 de abril, a las 6:30 de la tarde, ingresaron por el sótano de la Casa de Nariño, con autorización del jefe de Estado, los siguientes personajes: Severo Antonio López Jiménez, alias ‘Job’, vocero de las paramilitares; Diego Álvarez, abogado de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, jefe máximo de la ‘Oficina de Envigado’; el exgobernador del Cauca, Juan José Chaux Mosquera, condenado por sus vínculos con las autodefensas, y el lobista Óscar Iván Palacio. Lo hicieron para reunirse con Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia, y César Mauricio Velásquez, jefe de prensa de Álvaro Uribe.

Los representantes de los paramilitares mostraron unas grabaciones de video y audio, con las que pretendían ensuciar al magistrado Velásquez y, de esta manera, ayudar al Palacio de Nariño a desprestigiar los procesos por ‘parapolítica’. A cambio, la tarea de alias ‘Job’ y el abogado de ‘Don Berna’ era convencer a los secretarios de Uribe, para que el primer mandatario no firmara la extradición del jefe de la ‘Oficina de Envigado’.

El director de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares, aseguró ante la Fiscalía que lo importante del encuentro entre paramilitares y los secretarios del presidente, es que la intención de dicha reunión era la de afectar al magistrado Iván Velásquez. Algo similar a lo que se pretendía con el famoso caso Tasmania.

En el encuentro también participó Martha Inés Leal Llanos, subdirectora de Operaciones del DAS, delegada por María del Pilar Hurtado para participar en la oscura reunión. Según Leal Llanos, ahí también se discutió la interceptación ilegal de las comunicaciones de varias personas, para lograr el objetivo de manchar la carrera del magistrado.

Así de claro y así de sencillo.

Ahora bien, no se puede olvidar que era el mismo Cesar Mauricio Velásquez, según los relatos de los testigos, el encargado también de visitar a la UIAF para recoger pruebas ilegales de las cuentas bancarias de esos mismos magistrados. Es decir, no solo los chuzaron, sino que les espiaron su vida económica. Todo por investigar al primo del presidente Uribe y la parapolítica.

Ese 24 de abril, veinticuatro horas después de la reunión con los voceros de los paramilitares, hubo un nuevo encuentro en la Presidencia de la República para vincular a un señor llamado Ascencio Reyes Serrano, un empresario huilense que había hecho un homenaje al magistrado Yesid Ramírez Bastidas, con actividades del narcotráfico.

A la Casa de Nariño llegó ese día la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, acompañada por Fernando Tabares y Jorge Alberto Lagos, directores de inteligencia y Contrainteligencia, para sostener una reunión con Bernardo Moreno, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, César Mauricio Velásquez y el director de la UIAF, Mario Alejandro Aranguren.

Por estos hechos hay condenas en firme.

Recordemos que cuando el entonces procurador general Alejandro Ordóñez destituyó e inhabilitó por 18 años a Bernardo Moreno Villegas, en su condición de secretario general de la Presidencia, por “extralimitación de sus funciones”, en el marco del escándalo de las ‘Chuzadas’, argumentó que la decisión también se daba por la participación de éste en la reunión que se llevó a cabo en la Casa de Nariño el 24 de abril de 2008.

Al final de esa semana, Cesar Mauricio Velásquez filtró la información de inteligencia obtenida de forma ilegal, puesto que no existía orden judicial, sobre los movimientos de los magistrados en la reunión que tuvieron en Neiva en 2006, con el propósito de vincularlos falsamente con narcotráfico.

El fin de semana del 25 y 26 de abril de 2008 el contenido y plan de la reunión fue publicado en la revista Semana, en un artículo titulado “El mecenas de la justicia”. Semana tuvo que rectificar la información, cuando su entonces director Alejandro Santos, descubrió que se trataba de un montaje promovido por la Casa de Nariño.

Aunque el expresidente imputado Álvaro Uribe celebró la decisión del juzgado 56 de absolver a sus exsecretarios Velásquez y del Castillo por el escándalo de las Chuzadas en contra de la Corte Suprema de Justicia y dijo que “la injusticia no es eterna”, lo que tiene que recordar es que las pruebas y la evidencia en contra de sus funcionarios sí son eternas. Esto, pese a que ahora la Fiscalía las prefiera engavetar por completo.

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21.25.-Un fallo sobre la “Casa de Nari” que da vergüenza CECILIA OROZCO

César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo. Foto El Espectador

Resulta desconcertante, por calificarla de manera suave, la decisión del juez Manuel José Pulido, de absolver a dos funcionarios del círculo más cercano del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, por los hechos sombríos en que incurrieron, entre 2007 y 2008, desde sus oficinas de la Casa de Nariño —a pocos metros de la del omnímodo jefe de Estado—, cuando recibieron, en calidad de invitados, a delincuentes de la peor laya, y cuando aceptaron concertar, con estos, ciertas actuaciones: recibir de ellos materiales ilegales y distribuirlos, después, a periodistas cómplices que publicaban, como si fueran “noticias” y “chivas”, ese sartal de falsedades.

14 jul 2021.- Los protagonistas directos e indirectos de la trama descrita hicieron parte de un engranaje delictivo y no les importó. Tampoco ahora, porque el poder político protege su impunidad y el poder judicial casi no existe. Los beneficiados por Pulido, pese a las evidencias y testimonios que tuvo a mano pero que no vio, y pese al propio contexto histórico que tampoco parece tener en cuenta aunque ha sido probado judicialmente en no menos de 20 sentencias de condena contra otros partícipes de esos episodios, son Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia, y César Mauricio Velásquez, secretario de Prensa; el primero, abogado; el segundo, periodista de quien creí que era persona de fiar. Acepto que me equivoqué, de cabo a rabo: su carácter no le dio para mantener la limpieza de su conducta cuando optó por ser, en lugar de reportero leal con la verdad, otro peón del político que más ha corrompido las instituciones nacionales en el último cuarto de siglo: Uribe Vélez.

El juez Pulido concluyó, en su fallo de 65 páginas que escribió con rapidez inusitada entre viernes, sábado y domingo pasados, que “las pruebas de cargo… no permitieron arribar al conocimiento, más allá de la duda razonable sobre la autoría… del delito (concierto para delinquir) por el cual fueron llamados a juicio…”, motivo por el cual los absuelve. La esencia de la acusación en contra de Del Castillo y Velásquez se encuentra, como dije, en su asistencia a reuniones con bandidos, una de estas con alias Job, un sicario del paramilitar alias Don Berna, en un hecho que no tiene que ser probado ante ningún juez, “más allá de la duda razonable”, porque hay evidencia plena y archisabida: un video publicado hasta en los medios parroquiales del país, de su ingreso por los pasillos entapetados de la “Casa de Nari”, como la denominó Job en famosa llamada a alias Don Berna al salir de la cita “con el curita” (así se refirió al secretario de Prensa Velásquez por el activismo de este en el Opus Dei). Del Castillo y Velásquez integraron el enorme grupo presidencial que atentó contra el Estado de derecho cuando pretendió destruir a la Corte Suprema debido a que sus magistrados procesaban, por nexos con los paramilitares, al primo y aliado de Uribe Vélez, el entonces senador Mario Uribe Escobar.

Otro episodio en que estuvieron involucrados Del Castillo y Velásquez, sin prueba suficiente según el togado, es el “caso paseo”. Pues bien, recuerdo perfectamente aquel capítulo porque en ese tiempo colaboraba con la extinta revista Semana: allí se publicó, en abril de 2008, un gran escándalo periodístico titulado “El ‘mecenas’ de la justicia”. Relataba, con pormenores sorprendentes, el viaje de varios magistrados de la Suprema a Neiva, supuestamente pagado por el presunto socio de un narcotraficante. Desde luego, el efecto de que la Corte que investigaba al primo del presidente recibiera regalos de un mafioso era que la dejaba sin autoridad moral para juzgarlo a él o a cualquier otro. Pero como lo primero que emerge de las inundaciones es el agua… y la verdad, unos directivos de la revista descubrieron que una de sus periodistas, cuyo nombre omito porque falleció, fue convocada por la Casa de Nariño para entregarle las “evidencias” que demostrarían las malas compañías de la Corte, y que habían sido recopiladas —torcida e ilegalmente— por agentes del DAS al servicio de la Presidencia. La periodista era consciente del complot y decidió ser parte del juego sucio. Se demostró, en otros procesos y declaraciones, que sus contactos fueron José Obdulio Gaviria, Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, entre otros. ¿Cómo resume el juez Pulido lo revelado por un testigo reportero sobre el “caso paseo”?: “(El artículo “Mecenas de la justicia”) fue objeto de retractación porque la foto publicada estaba errada” (¡¡¡!!!) Lo que el testigo de la revista contó y el juez consideró irrelevante es que Del Castillo y Velásquez llamaron insistentemente a la periodista, después de desatado el escándalo, para que devolviera los soportes que le habían entregado y borrar así su rastro. Tanto afán tenía que enviaron a retirarlos a una asistente de Del Castillo que fue grabada cuando entraba a la sede de la revista. Según el fallador Pulido, esa prueba no demuestra la culpa de los acusados. Absueltos pero no inocentes.

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21.25.-Farsantes y peligrososRAMIRO BEJARANO

Lo que ha hecho esta semana Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller, primero en la Asamblea de la ONU y más tarde expidiendo un comunicado desde la Cancillería sobre las marchas en Cuba, es grotesco y provocador.

18 jul 2021.- Si la Procuraduría y la Fiscalía estuviesen dispuestas a ser independientes y no apéndices del Gobierno, deberían al menos iniciar investigaciones para establecer si esas conductas constituyen o no faltas que deban ser sancionadas.

Se necesita ser muy tahúr para pararse a hablar en la más importante asamblea diplomática del planeta a sostener la mentira irritante de que las muertes de manifestantes durante la protesta social en Colombia fueron obra de vándalos infiltrados. La irresponsable funcionaria llevó como avalista de ese desafío a Emilio José Archila, quien por segunda vez se dejó arrastrar y de nuevo dio muestras de que se siente bien en su rol de pajecito del régimen, dispuesto a integrarse a ese club de fantoches que faltan a la verdad sin ruborizarse. Marta Lucía corroboró que Colombia no está dispuesta a sancionar lo que ya la CIDH estableció que había pasado y eso nos expone a inevitables sanciones internacionales. Si esta es la funcionaria que creíamos que decía la verdad cuando explicó la detención de su hermano narco en los EE. UU., o cuando puso distancia a los negocios de su marido con un sospechoso lavador de activos, tenemos derecho a dudar de que tampoco en esas ocasiones la canciller ha honrado la verdad. Quién miente una vez mentirá siempre.

Y esa actitud falaz quedó repetida cuando la Cancillería expidió un insólito y cínico comunicado exhortando a la dictadura cubana a que permita la protesta pacífica y respete los derechos humanos, como si aquí no tuviéramos el doloroso saldo de muertos, heridos y desaparecidos de las marchas recientes, en el que está comprometida la policía. Ese comunicado tiene el tufo arrogante de Adriana Mejía, la vicecanciller odiosa, arbitraria y perseguidora que ahora, sin hablar francés, irá a gozar de las mieles parisinas en la OCDE.

Ninguna necesidad tenía la Cancillería de expedir un comunicado expresando solidaridad con los cubanos y su creciente proceso de protestas ciudadanas ante lo que es un régimen en decadencia, mucho menos recomendándoles permitir allá lo que aquí es prohibido y respetar los derechos humanos que también han ultrajado gracias al paquetazo director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas.

Duque hace lo suyo también, pues no pudo desconocer que detrás del magnicidio en Haití están los exoficiales colombianos y salió a rasgarse las vestiduras, pero haciéndose el de la vista gorda con el papel de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Esta es la responsable de conceder y renovar las licencias a las compañías que, en ese complejo universo de la delincuencia extranjera, hacen atractivo para ciertas organizaciones contratar en Colombia comandos que afuera hagan cosas inclusive lícitas. No se atrevió Duque a pedir cuentas al superintendente Alfonso Clavijo Clavijo, quien moral y legalmente está obligado con el país a no guardar silencio.

Nos contaron que los exoficiales son mercenarios en el extranjero, pero no nos han dicho qué habrán hecho o estarán haciendo aquí por cuenta del paramilitarismo que no incomoda al Gobierno ni al Centro Democrático. ¡Qué miedo!, como dicen en Buga, ¡que nos cojan confesados!

El balance no puede ser más sombrío. En efecto, a pesar de los indicios tan claros, ninguna autoridad ha siquiera anunciado una investigación para remover los cimientos de las empresas de seguridad de donde salió la veintena de oficiales y soldados que se fueron felices a Haití en un crucero del mal, pues unos creían que debían secuestrar al presidente y otros matarlo. Mientras tanto Duque da el pésame sin llamar al orden a nadie.

Adenda No 1. Las recientes y contundentes decisiones de la JEP sobre los “falsos positivos” restablecen la confianza en la justicia colombiana. Va quedando claro quiénes y por qué quieren eliminar la JEP.

Adenda No 2. Difícil creer en el nuevo comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, un intolerante enemigo consuetudinario de la paz.

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  • 21.24.-Preguntas para el fiscal general  PATRICIA LARA
  • El abrazo de Cabal con la “gente de bien” CECILIA OROZCO
  • Resistencia y antimonumentos CONSUELO AHUMADA
  • El asesinato del presidente Jovenel Moïse sumerge a Haití en el caos NICOLAS BOURCIER

En las garras de una violencia increíble, la pobreza extrema y la creciente mafia, el país se prepara para una nueva crisis, dejando a los habitantes entre la confusión y la angustia.

Niños caminan por una calle de Puerto Príncipe, vaciada tras el asesinato de Jovenel Moïse el 7 de julio. Al fondo, una catedral destruida por el terremoto de 2010. JOSEPH ODELYN / AP

La noticia cayó con las primeras luces de la mañana, bajo un cielo haitiano ya pesado. Aproximadamente a la una de la madrugada del martes 6 al miércoles 7 de julio, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en un ataque perpetrado por un comando armado no identificado en su casa, ubicada en las afueras de la capital, Puerto Príncipe.

8 jul 2021.- El anuncio fue hecho por el primer ministro interino Claude Joseph en un comunicado de prensa. Según los informes, la esposa del jefe de Estado, Martine Moïse, también resultó afectada durante la agresión. El estado de esta última, lesionada y trasladada al hospital, seguía siendo incierta al momento de escribir este artículo, anunciando los medios de comunicación su muerte o un aterrizaje en Miami a bordo de un avión ambulancia.

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Joseph dijo más tarde en la mañana que era el gobernante de facto del país, pero sin dar más detalles, ni sobre la duración ni sobre el alcance de sus prerrogativas. Un nuevo primer ministro lo reemplazaría esta semana. El presidente de la máxima institución judicial del país, René Sylvestre, quien también pudo haber jugado un papel en la transición, murió a causa del Covid-19 el 23 de junio. República Dominicana, por su parte, ordenó pocas horas después del anuncio del ataque el «cierre inmediato» de su frontera con Haití, los dos países que comparten la misma isla.

«Con la gangsterización del país y este asesinato del presidente, todos temen lo peor», Nixon Boumba, sociólogo haitiano

Mientras las condolencias y las reacciones de consternación de los principales líderes mundiales llegaban a Port-au-Prince, una gran parte de la población permanecía encerrada en sus hogares alrededor de radios y televisores, dejando las calles de la capital vacías y las tiendas cerradas. «La confusión está en todas partes «, dice Nixon Boumba, sociólogo, activista de derechos humanos y agudo observador de la situación haitiana contactado por teléfono. Con la mafia del país y este asesinato del presidente, todos temen lo peor. Algunos incluso hablan de un posible escenario de Ruanda… «

Crisis crónica de gobernanza

De hecho, este dramático evento corre el riesgo de desestabilizar aún más al país más pobre de las Américas, que ya enfrenta una doble crisis política y de seguridad de violencia sin precedentes. Gangrenado por crímenes atroces, corrupción y extrema precariedad, golpeado duramente por desastres naturales y desde el comienzo del año por una nueva ola de Covid-19, Haití también se encuentra en las garras de una crisis de gobernabilidad crónica.

Bandas fuertemente armadas controlan gran parte de la capital y sus carreteras principales. Los secuestros han aumentado en los últimos meses con, a veces, diez casos por semana solo en Puerto Príncipe. Fueron secuestrados escolares e incluso religiosos en plena masa. La pobreza y el hambre van en aumento, ya que los sucesivos gobiernos de Moïse Jovenel (siete primeros ministros nombrados en poco más de tres años) han sido acusados ​​de enriquecerse al no proporcionar ni siquiera los servicios más básicos.

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Después de un período colonial y poscolonial marcado con hierro candente, dos décadas de dictadura de François Duvalier, conocido como «Papa Doc», luego de su hijo, Jean-Claude, conocido como «Baby Doc», un presidente elegido democráticamente en 1990, Jean-Bertrand Aristide, pero derrocado un año después por un golpe de estado y un devastador terremoto en 2010, el país nunca se ha reconstruido ni se ha asentado en una democracia pacífica y madura.

Colt del sulfuroso presidente derrocado Michel Martelly, acusado de corrupción en el uso de fondos destinados a la reconstrucción del país, Jovenel Moïse ocupó su lugar el 7 de febrero de 2017. Presidente mal elegido, poco conocido y sin experiencia política, el hombre de El de 48 años tuvo que hacerlo dos veces en 2015 y 2016 para obtener la mayoría de los votos (apenas 600.000 papeletas para una tasa de participación del 12%).

Escándalo político-financiero

Sin amor, Jovenel Moïse también tenía en su contra a una gran mayoría de la población al final de su primer año en el cargo. El intento de subir los precios del combustible, luego las revelaciones del llamado asunto “Petrocaribe”, este escándalo político-financiero de malversación de miles de millones de dólares en préstamos de Venezuela y que involucra a cuatro jefes de Estado haitianos incluido él mismo, desató protestas violentas y convocatorias. Por su salida de 2018.

Para complicar las cosas, Jovenel Moïse comienza en 2020 a gobernar por decreto, tras la suspensión de las elecciones legislativas, debido a una polémica sobre los métodos de cálculo de la distribución de escaños y la caducidad de los mandatos parlamentarios. Así amordaza al Tribunal de Cuentas, crea una nueva agencia nacional de inteligencia y modifica el código penal para, en particular, extender la “calificación de acto terrorista” a los bloqueos de carreteras, una de las principales formas de protesta en Haití.

Lea el artículo de opinión: «Es hora de que los amigos de Haití se pronuncien en contra de un gobierno inconstitucional, corrupto y represivo»

Desde hace meses, Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA exigen el establecimiento de nuevas elecciones legislativas para restablecer el equilibrio de poder. En cambio, propuso un referéndum para modificar la Constitución, seguido de elecciones legislativas y presidenciales en septiembre y noviembre de 2021. Una fórmula que le habría permitido gobernar por decreto hasta 2022. Ampliamente impugnado por la oposición, el referéndum electoral programado para el 27 de junio se pospuso indefinidamente a principios de junio a causa, oficialmente, de la crisis sanitaria.

Los cargos de blanqueo de capitales, que datan de su época en el mundo empresarial, ya pesaban sobre él en el momento de su elección.

Proveniente de un entorno modesto en el norte del país, originario de la pequeña ciudad de Trou-du-Nord, ubicada entre Cap-Haitien y la frontera con Saint-Domingue, Jovenel Moïse comenzó su ascenso con el lanzamiento de la primera zona agrícola franca. En el país con su empresa Agritrans, una empresa productora y exportadora de banano para la que consiguió un préstamo de capital multimillonario. Los cargos de blanqueo de capitales, que datan de su época en el mundo empresarial, ya pesaban sobre él en el momento de su elección. Desde entonces, también se han presentado varias denuncias denunciando cientos de expropiaciones arbitrarias de campesinos en beneficio de Agritrans. La tierra no ha visto crecer los plátanos durante mucho tiempo.

Deriva autoritaria

Las críticas más fuertes contra Jovenel Moïse, sin embargo, se centraron en la violencia cotidiana, que ha crecido exponencialmente en los últimos dos años. Hasta el punto de que una gran parte de la población lo acusó de hacer la vista gorda ante las atrocidades y dejar que la situación se deteriorara, o incluso de beneficiarse y jugar con el apoyo de ciertos grupos armados.

Se unió la semana pasada, pocos días antes del asesinato del presidente, Himmler Rébu, ex coronel, autor de un fallido golpe de Estado y escritor, no dudó en acusar a Jovenel Moïse de deriva autoritaria y connivencia con algunos secuaces:

“Técnicamente, Puerto Príncipe es una capital asediada por pandillas, todas las vías de acceso están bloqueadas. Este trabajo no puede ser obra de simples bandidos. Tienen armas de guerra y tienen la ventaja del poder de fuego sobre la policía. Ningún estado puede albergar a suficientes personas ignorantes para construir tal superestructura, por casualidad o negligencia. Nos enfrentamos a una elección política. «

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Es en este contexto que en junio de 2020, Jimmy Chérizier alias «Barbecue», un ex policía, publicó un video en YouTube en el que anunciaba una alianza entre diferentes pandillas en Puerto Príncipe. Esta nueva agrupación, de la que se autoproclama portavoz, agrupa a nueve de los mayores cabecillas de la capital. Lo llama el «G9». Si bien esta nueva organización dice ser apolítica y habla de revolución armada, organizaciones de la sociedad civil señalan desde el anuncio que fue creada para presionar a los barrios y asegurar la victoria de Jovenel y sus familiares en las elecciones.

Jimmy Chérizier, quien dice ser «garante de la seguridad» de varios distritos de la capital, tiene una orden judicial en su contra desde febrero de 2019. Esta orden nunca se ha ejecutado, según recuerda una investigación del medio haitiano AyiboPost. Mejor aún, el ex policía incluso recibió el apoyo público del ministro de Justicia, Rockefeller Vincent, sobre quien asoman, nuevamente, fuertes sospechas de corrupción. Más recientemente, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos reveló que había puesto a disposición del Estado locales para la instalación de la Oficina Nacional de Identificación y elaboración de cédulas electorales bajo su control.

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Al final de la mañana del miércoles, Claude Joseph declaró el estado de sitio en todo el país. Prometió que «los autores, los asesinos de Jovenel Moïse pagarían por lo que hicieron en los tribunales» y aseguró que la situación de seguridad en el país está bajo control. Cuatro «mercenarios» involucrados en el ataque de la noche, dijo la policía de Puerto Príncipe más tarde ese mismo día, fueron asesinados y otros dos arrestados.

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/08/l-assassinat-de-jovenel-moise-plonge-haiti-dans-le-chaos_6087504_3210.html

21.24.-Preguntas para el fiscal general  PATRICIA LARA

Señor fiscal general, Francisco Barbosa:

En las últimas semanas se han dado a conocer entrevistas de prensa y versiones que los exparamilitares Jorge Iván Laverde, alias el Iguano; Úber Banquez, alias Juancho Dique, y Salvatore Mancuso han rendido ante los tribunales de Justicia y Paz.

9 jul 2021.- En ellas, los tres coinciden en hacer señalamientos muy graves contra las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad. A usted, doctor Barbosa, como fiscal general, le corresponde precisar y no dejar pasar por alto esas sindicaciones, para que se judicialice a los responsables y no queden flotando en el ambiente esas acusaciones contra las Fuerzas Armadas como institución.

En esencia, los tres exparamilitares afirman que las Fuerzas Militares, la Policía, el DAS y otras instituciones les suministraban a las Autodefensas Unidas de Colombia listados de personas que consideraban cercanas a los grupos subversivos para que las asesinaran.

Aquí, apartes de sus declaraciones:

El Iguano: “Recibíamos información de la Fuerza Pública, Sijín, Policía, Fiscalía, DAS, organismos de inteligencia, para darles muerte a las personas (…). De esas personas ya hemos hablado: hemos manifestado, tal cabo, tal sargento, tal teniente, tal capitán, tal coronel… A todos los hemos mencionado”.

Juancho Dique: “Si dejábamos los cuerpos por ahí, la Fuerza Pública nos llamaba la atención y decía que se les iban a incrementar las estadísticas de violencia y que eso podría (…) traer a la gente de derechos humanos (…). Por eso desaparecíamos a las personas (…). Y aunque yo no puedo decir que eso fue una política de Estado, sí puedo dar fe de que sabía el comandante de la estación de Policía, y de ahí para abajo y para arriba toda la jerarquía (…). No era un secreto. Por ejemplo, pasaba que cuando capturaban una persona en equis municipio, le daban libertad y nos daban la instrucción de cogerla y desaparecerla. Yo tengo todavía la orden de batalla de la Fuerza Naval de la Costa. Allí hay centenares de personas sindicadas con nombre, dirección, teléfono (…). A esos jóvenes los cogíamos, los desmembrábamos y los arrojábamos a las aguas del Canal del Dique (…), para que no fueran recuperados los restos óseos, porque si a la persona se le bota completa, el cuerpo a las 72 horas sube a la superficie”.

Salvatore Mancuso: “(Las decisiones de matar a Eduardo Umaña, Elsa Alvarado y Mario Calderón, Jaime Garzón, Jesús María Valle) eran, en su gran mayoría, pedidos que venían desde el Estado y se encargaba a quien mejor pudiere desarrollar esa acción militar”.

Señor fiscal, esas afirmaciones de los exparamilitares no son nuevas: empezaron a hacerlas en las versiones libres que desde hace 15 años están rindiendo ante los tribunales de Justicia y Paz. En ellas, incluso, mencionan nombres de militares, políticos y empresarios involucrados con el paramilitarismo.

¿Qué ha hecho hasta ahora la Fiscalía con esas informaciones? ¿Qué investigaciones ha abierto? ¿A qué conclusiones ha llegado? ¿Ha obligado a los exparamilitares a precisar quiénes, en el DAS y en las Fuerzas Militares y de Policía, les suministraron los listados de personas a las que debían matar?

Su deber, doctor Barbosa, es investigar si son ciertas esas revelaciones y, si lo son, descubrir quiénes fueron los funcionarios determinadores de esos miles de asesinatos para dar a conocer sus nombres. Si no lo hace con prontitud, señor fiscal Barbosa, usted estará ayudando a enlodar a las Fuerzas Armadas como institución.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/patricia-lara-salive/preguntas-para-el-fiscal-general/

21.24.-El abrazo de Cabal con la “gente de bien” CECILIA OROZCO

María Fernanda Cabal Foto El Espectador

La congresista María Fernanda Cabal, que se ha hecho conocer no por méritos propios pues no se sabe de ninguno que la acredite sino porque se arrimó al árbol con la sombra de Uribe, quiere hacer creer que aspira a ser la sucesora de Duque del que habla tan feo y tan mal.

7 jul 2021.- “Bueno”, dirá ella (el silencio inteligente no es virtud que posea, es claro), “si Iván llegó a la Casa de Nariño, ¿por qué yo no podría?”. Cabal estaría traicionando, así, a su cercano amigo Óscar Iván Zuluaga, excandidato, precandidato y candidato perenne, con quien celebraba su fiesta de cumpleaños y al que, supuestamente, apoyaba para el cargo que, hoy, le disputa: de pareja de baile, a rival.

También sería competidora de otro de sus compañeros amados, el precandidato presidencial y coronel (r) del Ejército Publio Hernán Mejía, condenado a 19 años de cárcel como autor intelectual de asesinatos de civiles que fueron disfrazados como “bajas en combate”. Mejía ha anunciado que su “único ideal es salvar a Colombia”, gracias a que anda libre, burlándose del Acuerdo de Paz, de la JEP… y del reguero de víctimas que dejó.

Volvamos a Cabal. Sus deseos oscuros y los desafueros verbales que utiliza, a ciencia y conciencia, con incitaciones a un clima de violencia política y de discriminación social, no tendrían relevancia pues podría pasar por la loquita agresiva del barrio. Pero la función parlamentaria le otorga visibilidad y campo de acción y ella los aprovecha en medio de la más absoluta impunidad: los jueces no la tocan. El pasado fin de semana, Cabal se unió a la “gente de bien”, como se autodefinen, con cinismo, en Cali, las personas adineradas que aplauden a los pistoleros de civil que salen a las calles, al lado de policías, a matar manifestantes, la “chusma” que dirían ellas. La “gente de bien” fue convocada el domingo pasado, a una “pintatón”, entre otros, por un sujeto que fue grabado precisamente disparando contra una protesta en Ciudad Jardín.

Imágenes de personas de civil disparando en las protestas del paro nacional.

Él mismo se identificó, después de que su imagen armada rodara en las redes, como Andrés Escobar. Adujo que era “empresario”, disculpa machacada desde los tiempos del ultraderechismo vinculado al fenómeno paramilitar. Escobar citó, desde un plácido lugar al lado del mar, repito, a una “pintatón”, es decir, a borrar los grafitis que dejaron los inconformes del paro, en murales de la ciudad.

En efecto, llegó un grupo de ciudadanos y eliminó la huella pictórica de los manifestantes en un acto desafiante y provocador que, en todo caso, resulta menos grave que borrar del todo a los jóvenes. La “gente de bien” que echó pintura gris sobre las frases que los estudiantes dejaron en los muros ha debido tener algún tipo de coordinación por su vestimenta: camisetas blancas con un letrero, en el pecho, en que se leía “#YoSoySeguridad”, y otro en la espalda que clamaba “No al comunismo” (ver). La señora Cabal no podía faltar: aterrizó en el sitio para dar su discurso a sus seguros votantes. Y se abrazó, efusiva, con un individuo que poco después fue identificado como Gustavo Adolfo Muñoz, capturado, en 2013, como jefe de una “fábrica nacional de falsos testigos”, según descubrió el columnista Daniel Coronell (ver).

 María Fernanda Cabal en Cali.

Muñoz, cercano a altos mandos militares y a los promotores de la reelección de Uribe Vélez, en 2004, se había dedicado a conseguir delincuentes que mintieran sobre políticos de la oposición (desde entonces viene la treta de conseguir testimonios en las cárceles). Por las falsedades tramadas por Muñoz, el senador Luis Fernando Velasco estuvo cuatro meses en La Picota como presunto miembro de las Farc. Pero la justicia encontró que Velasco no era guerrillero (¡!) y que Muñoz era responsable del montaje. Por eso lo condenó a seis años de cárcel por los delitos de falso testimonio, fraude procesal, falsa denuncia y calumnia. El abrazo de Cabal no sorprende: es lo de ella, lo del uribismo y, desde luego, lo del jefe máximo de la “gente de bien”.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/el-abrazo-de-cabal-con-la-gente-de-bien/

21.24.-Resistencia y antimonumentos CONSUELO AHUMADA

Se levantó el bloqueo de Puerto Resistencia con 750 hombres de Esmad y ejército, en lo que es un Estado de conmoción interior de facto, ordenado desde el Ubérrimo

Resiste es un monumento que expresa la alegría multicolor en resistencia, pero también el símbolo de un nuevo mundo, diverso. Foto: Santiago Puccini/Las2Orillas 

Dos meses después del estallido social, la indignación sigue viva. A pesar de la tregua en las movilizaciones, las ollas comunitarias continúan como centros de reuniones y cultura popular. Todavía llega la Fuerza Pública a los puntos de resistencia a reprimir, un ritual que se repite todas las noches desde el principio.

29 jun 2021.- El sábado pasado ocurrió un evento muy grave. Uno más. Se levantó el bloqueo de Puerto Resistencia en Cali, mediante un operativo adelantado por 750 integrantes del Esmad y del Ejército, con helicópteros, al mando del Secretario de Seguridad y Justicia de la ciudad, el excoronel Carlos Javier Soler. Varias personas fueron detenidas y agredidas.

La Unión de Resistencias de Cali denunció que todo ocurrió después de que dicho personaje, armado, criminalizara la protesta social y se pronunciara en contra del diálogo que desarrolla el alcalde, quien en teoría es su jefe, en los distintos puntos de resistencia.

El episodio dice mucho sobre la situación del país: Estado de conmoción interior de facto en buena parte del territorio nacional, ordenado desde el Ubérrimo e impuesto mediante el Decreto 575 de mayo 28. Los militares subordinan a las autoridades civiles, quienes no se atreven a contradecirlos. Solo en dos lugares se garantizó la movilización social pacífica, sin intervención del Esmad: el departamento del Magdalena y la ciudad de Villavicencio, ambos con gobiernos progresistas.

Pero en estos meses críticos el Gobierno Nacional no aprendió nada. La altanería e indolencia de sus funcionarios parece imbatible. Se sienten triunfadores a pesar de su fracaso y derrota. Basta mirar las encuestas que ellos mismos hacen.

Y para la muestra, varios ejemplos. Además del incremento semanal en las cifras de líderes y lideresas y excombatientes asesinados y asesinadas, la represión policial contra la juventud rebelde ha tomado formas de crueldad inimaginable, que nos remontan a las épocas más duras de la Violencia y del terror paramilitar. Aparecen cuerpos decapitados o desmembrados en bolsas, cadáveres en ríos lejanos a los sitios de detención. Centenares de personas “no localizadas”, reportadas como desaparecidas.

Frente a toda esta tragedia, las organizaciones internacionales expresan su preocupación y horror, pero tampoco adoptan medidas contundentes. Los funcionarios del gobierno responden con tono fuerte a las denuncias e insisten en que las cifras oficiales solo las recopila la Fiscalía y en que todo es parte del complot.

Miremos otros asuntos. El nuevo minhacienda inicia un recorrido por el país para “socializar” el nuevo proyecto de reforma tributaria, pero en Barranquilla solo se reúne con un comité gremial coordinado por el senador conservador Efraín Cepeda.

El presidente les da ejemplo. Sin ninguna evidencia, responsabiliza a la protesta de 10.000 muertos adicionales por la pandemia. La apertura total de la economía en su peor momento no cuenta para nada. Colombia lleva semanas en el tercer lugar por el número de muertes diarias.

En inglés perfecto, insiste en que las vacunas deben ser un bien público universal, pero el gobierno sigue votando en la OMC en contra de suspender temporalmente la patente, como lo pide la mayoría de los países del mundo, para acceder a las vacunas.

El balance del Congreso no es para nada mejor. Por obra del partido de gobierno, se hunden varios proyectos: matrícula cero, prohibición del fracking, aprobación del Acuerdo de Escazú, reforma la Policía Nacional y la ley de especialidad agraria, un proyecto central para el acuerdo de paz. Además, insiste en rechazar las curules para las víctimas e impone límites legales a la protesta social.

Pero igual, el uribismo y el gobierno fueron derrotados y eso no lo cambia nadie. De ahí la preocupación por su futuro, que no lograrán amainar ni con los presuntos atentados de Cúcuta.

Resiste es una construcción desde abajo, por una comunidad en lucha, que donó los materiales, su trabajo colectivo durante 19 días, las fotos y memorias de los jóvenes y las jóvenes asesinados y asesinadas

Hace unos días el uruguayo Raúl Zibechi se refirió al monumento construido en Puerto Resistencia en Cali como a un antimonumento. Señaló que los monumentos tradicionales se hacen desde el poder colonial a héroes, conquistadores, machos, genocidas, que han cometido atrocidades.

Por el contrario, Resiste es una construcción desde abajo, por una comunidad en lucha, que donó los materiales, su trabajo colectivo durante 19 días, las fotos y memorias de los/as jóvenes asesinado/as. Es un monumento que expresa la alegría multicolor en resistencia, pero también el símbolo de un nuevo mundo, diverso.

Es un concepto que utilizó también Doris Salcedo cuando construyó su Antimonumento por la paz en el centro de Bogotá con las armas fundidas de la antigua guerrilla. Hoy se homenajea allí a las víctimas de la violencia policial.

Es muy simbólico que el pueblo misak derribara la estatua de Sebastián de Belalcázar precisamente el 28A a las 7am, cuando iniciaba la movilización social. Ha sido toda una lección de rescate de la dignidad y la memoria colectivas, para quienes evalúan el paro solo por las pérdidas económicas.

¿Quién dijo que todo está perdido?, preguntaba Fito Páez. En realidad, hay mucho ganado en toma de conciencia y lucha por los derechos. Eso sí, se vuelve fundamental unir generaciones, deponer prevenciones y articular diversas formas de organización, para proyectar la resistencia hacia un cambio político de fondo en 2022.

https://www.las2orillas.co/resistencia-y-antimonumentos/

21.24.-Volando a la Cámara YOHIR AKERMAN

La representante Jennifer Kristin Arias Falla será la honorable presidenta de la Cámara por el Centro Democrático a partir del próximo 20 de julio. Por eso vale la pena seguir pegándole una esculcadita a su historia familiar ya que, gracias a ella, la presidencia de ese órgano legislativo quedará ahora conectada a pilotos del narcotráfico, ganaderos con vínculos con paramilitares y contratistas a dedo del departamento del Meta.

Empecemos.

11 jul 2021.- Tal y como lo documentó la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, en una reciente investigación sobre la congresista, liderada por el periodista Julián Martínez, la representante Arias Falla fue señorita Meta en el Concurso Nacional de la Belleza Señorita Colombia 2007.

Antes de ser reina y estar en la política, siempre quiso ser piloto. Pues el mismo año en que fue coronada reina, su hermano piloto, Andrés Eduardo Arias Ochoa, fue capturado en una operación de narcotráfico llevada a cabo por la DEA en Miami, Florida. Es decir que ella coronó, pero su hermano no.

La reciente columna del subdirector de Pares, Ariel Ávila, menciona este hecho, estableciendo que Arias Ochoa aceptó cargos de narcotráfico en marzo de 2008 ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

Pues vamos más profundo. En febrero de 2007, Arias Ochoa contactó a una fuente confidencial de la DEA para comprarle cocaína y heroína. Le dijo que había manejado de Nueva York a Miami y que le interesaba reunirse con la fuente para negociar la compra de estupefacientes con el fin de comercializarlos en Estados Unidos.

El 5 de marzo se encontraron en el restaurante Denny’s del sector Coral Gables y en esa reunión la fuente confidencial de la DEA y Arias Ochoa negociaron la compra de 10 kilos de cocaína y uno de heroína.

Arias le dijo a la fuente que estaba comprando cocaína para sus socios en Miami. El 9 de marzo se encontraron para concretar el negocio. Arias le pidió la cocaína a la fuente y esta le contestó que primero le mostrara el dinero del pago. Arias lo llevó hacia su carro y le mostró un sobre blanco con alrededor de 15.000 dólares en billetes de 100 y 20 dólares. Inmediatamente después, Arias fue capturado por la DEA y en ese momento se declaró culpable.

Sigamos.

No paran ahí los enredos de la familia de la representante Arias Falla, famosa por ser de toda la confianza del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La representante es hija del señor Luis Eduardo Arias Castellanos, un hombre que se vio envuelto en un caso de homicidio en 1992, cuando asesinó a un presunto amante de su esposa, la señora Laura Falla Londoño.

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio lo condenó a 40 meses de prisión, ya que se acogió a sentencia anticipada y se declaró culpable del homicidio del señor Alfonso Leguizamo Lozada.

Después de eso, el señor Arias parece que se rehabilitó con tanto éxito, que se volvió uno de los contratistas más poderosos en el departamento del Meta. De asesino a contratista del erario departamental.

Hay algo muy interesante en uno de esos contratos. En medio de la campaña electoral de su hija, en febrero de 2018, Luis Eduardo Arias firmó un contratico con la Alcaldía de Puerto Gaitán, Meta, por más de $4.000 millones de pesos, en calidad de representante legal de la Unión Temporal Ganaderos Altillanura. El plazo de ejecución del contrato de suministro número 215 de 2018 era de ocho meses.

No había tiempo que perder, especialmente cuando el objeto del contrato era el “establecimiento de un sistema de ganadería con implementación silvopastoril y mejoramiento de pasturas para resguardos indígenas y pequeños productores del municipio de Puerto Gaitán, Meta”. $4.000 millones para eso es una ganga, sobretodo en un contrato de suministro asignado a dedo.

Pues bien, la Procuraduría local abrió indagación preliminar contra el exalcalde de Puerto Gaitán José Alexander Fierro Guayara y contra Leonardo Andrés Restrepo Terranova en su calidad de secretario de Agricultura y Medio Ambiente, por irregularidades en la ejecución de ese contrato, firmado con el señor Arias.

Una fuente del departamento del Meta, que prefiere guardar su identidad, ya que sabemos que el señor Arias ha sido literalmente de armas tomar, cuenta que el contrato presentó varias faltas durante la ejecución. Esto, porque “aunque estaba designado para cultivos silvopastoriles de árboles, la plata se desvió para la campaña de Jennifer Arias y las obras nunca las realizaron”.

Terminemos.

Tal y como lo documentó Pares en su investigación y la columna de Ariel Ávila, la representante Arias Falla fue la coordinadora de campaña a la presidencia de Iván Duque para los departamentos de Vaupés y Guaviare, estrechando una relación del expresidente Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque con empresarios de la aviación de los Llanos que están vinculados a actividades del narcotráfico.

El entonces candidato a la Presidencia Iván Duque Márquez y un grupo de aspirantes al Congreso fueron transportados en varios actos de campaña de 2018 en vuelos a los departamentos del Llano colombiano por aeronaves de la empresa Llanera de Aviación.

Según pudo determinar Pares, esta compañía de transporte aéreo es investigada por la Dirección Especializada del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación por lavado de activos. Nada más ni nada menos.

Es más, dos de los pilotos de Llanera de Aviación, involucrados con investigaciones de narcotráfico, han realizado vuelos oficiales para las campañas del Centro Democrático entre febrero y mayo de 2018. En esos vuelos tuvieron como pasajeros, entre otros líderes, al hoy presidente Iván Duque, al exsenador Álvaro Uribe Vélez, y, evidentemente, a la representante Jennifer Arias.

“La representante a la Cámara es reconocida por ser lobista de las empresas de aviación de los Llanos, a quienes les logró conseguir autorizaciones para hacer vuelos, al declararse la pandemia en marzo de 2020 bajo la modalidad de vuelos humanitarios”, estableció la investigación de Pares.

Otra persona muy cercana a los pilotos involucrados en narcotráfico es el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. El esposo de la senadora y ahora flamante precandidata presidencial María Fernanda Cabal aparece en varias fotografías con los pilotos de la campaña del Centro Democrático que resultaron uno capturado en mayo de este año y el otro muerto en Guatemala.

Pues bien, no se puede olvidar que el señor Arias Castellanos, padre de la representante Arias Falla, es el director del Comité de Ganaderos del Meta y, como es de esperarse, tiene una relación estrecha con el presidente de Fedegán.

Ahí se cierra el círculo de estos contratistas del Meta con expedientes de homicidio, ganaderos acusados de apoyar históricamente al paramilitarismo, pilotos relacionados con narcotráfico y congresistas del Centro Democrático. Ganadería, paramilitarismo, narcotráfico y política. Amárrense los cinturones y sonrían, que vamos volando a la Cámara.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/volando-a-la-camara/

  • 21.23.-Inseguro solidario YOHIR AKERMAN
  • La actuación “irregular y sospechosa” de un fiscal CECILIA OROZCO
  • La herencia envenenada de Duque: el empeño de dejarnos actualizado un odiado estatuto represor RAMIRO BEJARANO
El presidente de Colombia, Iván Duque, en una declaración oficial en la que estuvo acompañado por la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, el comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Enrique Zapateiro, y el ministro del Interior, Daniel Palacios. (CRÉDITO OBLIGATORIO: PRESIDENCIA DE COLOMBIA)

 Finalmente, Iván Duque pudo hablar por teléfono con el presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, quien sabiamente le advirtió sobre la necesidad de que las autoridades toleren la protesta social y respeten los derechos humanos, pero la primera respuesta de Duque fue anunciarle al país que impulsará una ley contra vandalismo y disturbios.

4 jul 2021.- El provocador anuncio se hizo desde una guarnición policial, en el marco del pomposo ascenso del general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, cada vez menos confiable.

Hay que recordarles a Duque y a la gavilla de sus desinformados asesores lo que parece no enseñan en la cueva del fascismo de la Sergio Arboleda: tanto el vandalismo como los disturbios y demás posturas violentas son delitos. Inclusive el tal “terrorismo urbano de baja intensidad”, acuñado por Duque, también es punible.

Si con los códigos Penal y de Seguridad y Convivencia sacaron al Esmad a disparar contra la población civil, ¿para qué otra ley? Todo, aplaudido por algunos medios que andan entregados a difundir boletines oficiales para subliminalmente apoyar los excesos policiales y fustigar a los jóvenes que persisten en sus protestas.

Y para qué más normas punitivas si en la arbitraria, perseguidora y delincuencial Fiscalía, presidida por Francisco Barbosa y el facineroso Gabriel Ramón Jaimes Durán, continúan exonerándose entre ellos mismos y hostigando a quienes no somos santos de su devoción, todo para honrar los propósitos malvados de Alejandro Ordóñez, Angelino Garzón, Álvaro Uribe, entre otros malandrines agazapados desde las trincheras del régimen. Eso hicieron con el alcalde de Cali, a quien como a un delincuente llamaron a interrogatorio por dialogar con los inconformes, para saciar los sangrientos reclamos del momierío caleño que de dientes para afuera dice una cosa pero en la realidad hace otra, como mandar de avanzada al amenazante pero perfumado señorito de la ultraderecha local Christian Garcés, promotor del proyecto para armar a todo el mundo.

No nos engañemos. La ley antivandalismo y antidisturbios que ofrece Duque al final de su desastroso mandato será la renovación del temido Estatuto de Seguridad, con el que Turbay Ayala reprimió y censuró a opositores y críticos, período de ingrata recordación para los derechos humanos y las libertades públicas. Entonces tuvo que exiliarse en México nuestro nobel García Márquez, acosado por el estado de sitio que le tenía preparado un carcelazo seguro pero injusto.

No es casualidad que esta nueva idea la hubiese soltado Duque ante las cachuchas y charreteras de policías y militares. El mensaje quedó claro: esta ley es sugerida por la Policía, a juzgar por las imprudentes declaraciones de su director reclamando que se necesita. ¿Qué es lo que no han podido hacer? ¿Acaso pretenden convertir en acto del servicio disparar contra civiles o infiltrar policías disfrazados de civiles en las marchas para propiciar desorden? Obvio que detrás de este esperpento está también la voz militarista e incendiaria de Rafael Guarín, el camaleón consejero de Seguridad y cipayo del exprocurador Ordóñez.

Da miedo que la política de seguridad y convivencia esté pensada desde la Dirección de la Policía, precisamente la institución más cuestionada, nacional e internacionalmente, por sus desafueros al reprimir el reciente paro nacional y las protestas. Cuando se conciben leyes para controlar la protesta social desde los batallones, se está más cerca de la tiranía que de la democracia. Mientras el Congreso criollo reparte con holgura ascensos a los generales, el de EE. UU. condicionó la ayuda económica a la Policía a que se sancionen las denuncias por abusos de varios oficiales.

Triste final de este accidentado y pésimo gobierno de Duque. Ahora, en vez de reparar las imborrables faltas, se empeña en dejarnos actualizado un odioso estatuto represor. Ese sería su gran y único legado.

Duque ni siquiera fue capaz de aprovechar los respaldos —unos seguramente sinceros y otros de consabidos lagartos y oportunistas— que recibió con ocasión del confuso e inexplicado atentado en Cúcuta, para liderar una gran convocatoria nacional de reconciliación. Lo suyo es discriminar, reprimir y odiar.

Adenda No 1. Hará mucha falta la voz libre y enhiesta de Ángela María Robledo en el Congreso.

Adenda No 2. “Bestias malnacidas”: Duque (no Popeye).

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/herencia-envenenada/

21.23.-Inseguro solidario YOHIR AKERMAN

Las llamas empezaron a arder en las llantas de los buses alrededor de las 11:15 de la noche. Primero en el articulado que estaba en la primera posición. Rápidamente los siguientes siete buses de Transmilenio que se encontraban en línea detrás del puntero ardían como troncos en chimenea.

 

4 jul 2021.- A las 6:30 p.m. los buses habían sido bloqueados en la autopista Sur de Bogotá a la altura de la estación de Transmilenio denominada Bosa. Los neumáticos fueron desinflados y pinchados para que no tuvieran escapatoria. Bloqueados sin posibilidad de fuga. Todo había sido una emboscada. (Ver Video).

Un acto premeditado de vandalismo imperdonable, en contra de los bienes de la ciudad ocurrido el 9 de septiembre de 2020 durante las manifestaciones y protestas en contra del Gobierno nacional. Un evento de brutalidad y terrorismo en contra de los ciudadanos, no perpetrado por los manifestantes pacíficos, no, sino por los vándalos que se infiltraron en las marchas para desprestigiar el objeto de las mismas.

El resultado fue la incineración total de 13 vehículos, ocho buses articulados rojos de Transmilenio y cinco buses corrientes del SITP de color azul y naranja. Todos los vehículos quemados pertenecían a empresas operadoras del sistema de transporte público de pasajeros. Para tener la dimensión de los daños, es importante aclarar que un bus biarticulado cuesta alrededor de $1,185 millones. Un articulado, $850 millones y los buses corrientes, entre $350 y $450 millones. Fueron más de $12.000 millones, entre los daños y el lucro cesante de diez meses.

Triste como todos los daños que han hecho a las ciudades vándalos infiltrados en las marchas. Pero sigamos enfocados en este caso de los buses.

Como cualquier otro vehículo que ofrezca un servicio público de transporte de pasajeros, los operadores de estos buses deben tener un seguro contra todo riesgo, pues así lo exige la ley. Es decir, deben tener una póliza adquirida por el dueño que cubre los posibles daños o víctimas en cualquier hecho o accidente. Pero también deben tener otra póliza.

Aquí hay que ponernos técnicos.

Un vehículo de servicio público tiene dos pólizas: una particular, que paga el dueño, y una gubernamental para el transporte público, que paga el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, con recursos públicos.

Las pólizas particulares que tienen vigentes cada uno de los operadores dueños de esos 13 buses para esa época tenían una condición: en caso de ser catalogado el hecho como terrorismo, este tiene que suceder dentro de los patios de los buses, no en la operación. No en la calle, ni en la vía. Estos seguros se adquieren así, porque la póliza que paga el Gobierno es la que cubre los actos de terrorismo o hechos como los aquí descritos, de incineración en vía pública.

Acá se pone complicado.

Según las normas que regulan ese servicio y que exige el contrato con Transmilenio, la póliza particular cubre terrorismo y vandalismo solo en los patios, mientras que la póliza del Gobierno tiene ese cubrimiento solo cuando los vehículos se encuentran “en operación”. Así que las coberturas son diferentes: una es en patios, con los vehículos parqueados, y otra es en la vía, donde ocurrieron los hechos.

¿La razón? Dado que es el Estado quien debe garantizar la seguridad de todos los automotores que transportan pasajeros, el Gobierno debe comprar una póliza para amparar y cubrir los hechos que ocurran en Colombia por incineración, cuando se les sale de las manos a las autoridades garantizar este derecho. Por ley, el Gobierno asume esta reparación.

En razón a esto, los dueños de los vehículos hicieron todos los trámites que se requerían, presentando la reclamación a la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, del sector solidario, la que tiene a su cargo la póliza de seguro de automóviles 844-40-994000000002 del Ministerio de Hacienda, que fue otorgada mediante licitación pública para vigencia de cuatro años, entre 2019 y 2023, por $40.000 millones.

Pero, oh, sorpresa.

La aseguradora que seleccionó el Gobierno no quiere pagar. Faltando un día para vencerse el plazo legal de 30 días para dar respuesta a la reclamación, la compañía de seguros les envió una carta a los reclamantes diciendo un rotundo “no”. Esto, justificado en que no se trataba de “actos terroristas” sino de “tipo de eventos vandálicos”.

Ahora bien, la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de adelantar labores de investigación, logró establecer quiénes fueron los autores y responsables de la incineración de los vehículos de transporte.

Mediante la comunicación MEBOG-SUBCO 29.57 —suscrita por el coronel Wilson Javier González Delgadillo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C.—, se certificó que los hechos en los cuales fueron incinerados los vehículos de transporte público Masivo y Zonal sobre la autopista Sur fueron consecuencia de actos terroristas ejecutados por cédulas urbanas autodenominadas “Uniones Solidarias” conformadas por militantes de grupos armados organizados residuales (GAOR) con incidencia en la localidad de Ciudad Bolívar.

Para la misma época de la respuesta de la aseguradora, el Ministerio de Defensa se pronunció y dijo que “este hecho no se trataba de actos vandálicos ni amotinamiento ni nada de esto sino que se trataba de actos terroristas”. Pareciera que la aseguradora no se tomó el trabajo de revisar la diferencia entre los términos “terrorismo” y “vandalismo” en el Diccionario de la Real Academia española, que se limita a que el terrorismo pretende causar un efecto político, mientras que el vandalismo no. ¿Será que las “Uniones Solidarias” no pretenden un efecto político?

El 6 de octubre del año pasado, la Policía de Bogotá, a través del comandante operativo de Apoyo Especializado, coronel José Óscar Jaramillo Niño, en ese momento encargado de la Policía en Transmilenio, certificó que esos vehículos incinerados fueron objeto de vandalismo.

Por su parte los operadores de los buses y los usuarios están presos de un tecnicismo en donde una aseguradora, pagada con recursos de todos los colombianos, dice que no responde por los millonarios daños, y de nada ha servido que los transportadores pusieran quejas ante los ministerios de Hacienda y de Transporte, la Superfinanciera, la Veeduría Distrital y la Contraloría General. Ellos tampoco responden.

Mientras tanto, queda claro que el Gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda, compró una póliza por $40.000 millones por si ocurrían unos hechos, los hechos ocurrieron y la seguradora no quiere pagar. La tragedia se cuenta sola y quienes pagan el precio de los actos de vandalismo y terrorismo perpetrados por los infiltrados en las marchas son los usuarios del transporte masivo y los ciudadanos.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/inseguro-solidario/

21.23.-La actuación “irregular y sospechosa” de un fiscal CECILIA OROZCO

Foto: General Ricardo Gómez Nieto y Gabriel Jaimes, el mismo fiscal encargado del caso Uribe 

Gabriel Jaimes, el fiscal que ya se hizo tristemente famoso porque pedirá, contra toda lógica judicial, la preclusión en el único caso en que Álvaro Uribe Vélez ha podido ser procesado por la débil justicia colombiana, es un personaje perverso. Y perverso es, según la Real Academia Española de la Lengua, “el que corrompe las costumbres…”.

30 jun 2021.- Un episodio de la carrera oscura de Jaimes fue revelado, el domingo pasado, por Noticias Uno, y lo dibuja de cuerpo entero: se autoarchivó una investigación penal que cursaba contra él, en la misma entidad en que trabaja como uno de sus más altos funcionarios. Con autoarchivo quiero decir que, siendo Jaimes quien dirige el grupo de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, uno de sus subalternos, Jorge Hernán Díaz Soto, “decidió” cerrar, a favor de su jefe directo, el expediente que lo involucraba y que podría haber conducido a lo contrario: una imputación en su contra por el delito de falsedad ideológica en documento público.

En febrero de este año, Díaz Soto estampó el sello de “archivo por conducta atípica” en el proceso Jaimes y salió, por fin, del lío que le habría costado su puesto si se hubiera atrevido a hacer otra cosa. Se deduce, además, que Díaz no resolvió con libertad, en este caso especial, sino que consultó a su superior puesto que la orden de Jaimes, enviada mediante un mensaje de WhatsApp, hace un tiempo, a quienes le reportan, fue clarísima: “Los fiscales delegados deben remitir todos los proyectos de decisiones de fondo e informes sobre las actuaciones medulares de sus despachos a mi correo institucional, con suficiente anterioridad para informar y valorar cada situación con el señor fiscal general”. Además, no consta que Jaimes o Díaz se hubieran preguntado si deberían declararse impedidos; mucho menos, que hubieran sugerido que se nombrara un fiscal ad hoc, independiente del subalterno, del encartado, de Barbosa y, desde luego, de Uribe, pues a este es al que menos le conviene que el fiscal que se recordará por solicitar una preclusión en caso de tan clara culpa también sea acusado por un delito que tiene que ver con falsedades.

La historia del proceso que se autoarchivó Jaimes es así: en 2010, él era procurador delegado para Asuntos Penales, nombrado por su amigo y padrino de matrimonio, Alejandro Ordóñez, otro que no tuvo, nunca, como lo recuerda el país, objeciones de conciencia para imponerle sanciones disciplinarias a quien le estorbara, motivo por el cual Colombia fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un día de mayo de ese año 2010, el 31, para ser exacta, Jaimes firmó una carta con frases dolosas sobre una extraña mujer de nombre Guiomar (o “Giomar”) Patricia Riveros Gaitán, con el fin de dar aspecto de legalidad a un contrato por $42 millones que el general Ricardo Gómez Nieto, que llegó a ser comandante del Ejército, ya le había otorgado a ella, puesto que la señora Riveros “es una persona de mi íntegra confianza”, de acuerdo con la explicación que dio el militar después. La carta de Jaimes al general Gómez, solicitada, al parecer, por este mismo y entregada por el firmante a la interesada en su mano, aseguraba que “no existe ningún antecedente probatorio a la fecha que condene a la señora Giomar Patricia Riveros G…. no existe ninguna inhabilidad ni incompatibilidad para que la mencionada doctora contrate con ustedes… Avalo la contratación con esta entidad (Hospital Militar)” (ver).

El problema para el oficial y para Jaimes surgió porque ambos sabían que la contratista había sido condenada un año antes, en 2009, por el delito de “abuso de confianza (con) sanción privativa (de libertad) por 12 meses… y la imposibilidad de contratar con el Estado hasta marzo de 2014”. La situación judicial del general Gómez y del procurador Jaimes se complicó: la información sobre la condena a su protegida estaba publicada en la página web de la propia Procuraduría, en donde se registran los antecedentes disciplinarios de los servidores del Estado. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema dijo, en documento sobre la investigación que abrió contra el general Gómez Nieto, que “la actuación (de Jaimes) fue irregular y sospechosa” no solo por falsa (ver). También porque él no tenía funciones disciplinarias para expedir ese tipo de certificados. Y, por si fuera poco, porque escribió la recomendación días después de que el contrato había sido firmado. Es decir, formalizó, usando su nombre y su cargo, una farsa para favorecer intereses particulares y en perjuicio del Estado y la justicia. Tal como ejerce, hoy, sus funciones como fiscal de la preclusión de Uribe.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/la-actuacion-irregular-y-sospechosa-de-un-fiscal/

  • 21.22.-Columna con ojos húmedos LUIS NOÉ OCHOA
  • La comisión de las mentiras YOHIR AKERMAN
  • Procesos Uribe y Aguilar: testigos que la Fiscalía ignora CECILIA OROZCO
Alvaro Uribe y el «fiscal» que busca torcer uno de los procesos judiciales contra el ex presidente. Foto Blu Radio

“Álvaro Uribe Vélez no es el único político indagado por el que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General parecen tener diferencias, específicamente, en el tema de las pruebas”.

23 jun 2021.- Esta frase que encabeza un artículo de El Tiempo, de noviembre del año pasado, describe, sin intención crítica, el modo distinto como la Corte y la Fiscalía Barbosa desempeñan sus funciones de investigación, recopilación de información y evaluación de las evidencias halladas en los procesos penales que adelanta cada una en el campo de sus competencias: en la Corte, Sala de Instrucción, algunos de sus miembros las están ejerciendo con independencia de la importancia del personaje involucrado, con total autonomía, apego a las leyes y códigos y, también, a la moral social que tanto necesita edificarse en un país de cafres incrustados en las altas esferas estatales; en la Fiscalía, con total desprecio por su misión de búsqueda de la verdad procesal y respeto por esta, y con abuso delictivo del poder transitorio que posee pero que cree eterno.

La afirmación de El Tiempo se encuentra en una nota titulada “Corte Suprema ronda al senador Richard Aguilar” (ver). Allí se narra que testigos de primera línea, puesto que fueron muy cercanos a Aguilar cuando este era el gobernador de Santander (2012-2015), decidieron detallar, una vez pillados, cómo se amañaban durante ese periodo y con destino a los bolsillos de Aguilar, del representante del uribismo Edwin Ballesteros y de otros, licitaciones, contratos y requisitos para adjudicar obras multimillonarias. Los testigos responden a la Fiscalía. El exgobernador, debido a su fuero, a la Corte que ha considerado valiosas las revelaciones de quienes acusan a Aguilar de corrupto. Una de las declarantes fue secretaria de Infraestructura de esa administración y conoció la conducta del investigado, hijo del también corrupto Hugo Aguilar, exgobernador de ese mismo departamento y presidiario condenado a nueve años de cárcel por aliarse con paramilitares para repartirse los bienes regionales. Pero a la Fiscalía no le parecen relevantes los hallazgos contra el hoy congresista de Cambio Radical. La consecuencia es judicial y práctica: si no les ofrecen rebajas u otros acuerdos, los testigos que denuncian al vástago de un parapolítico no tendrán incentivos para colaborar con la justicia. Hasta hace poco, el locato Barbosa, único que puede tomar esa decisión, se había abstenido de pronunciarse pese a la petición argumentada de la Sala de Instrucción que indaga a Aguilar. La inacción de Barbosa puede estar ligada a la intención de no afectar el poder político santandereano, próximo al uribismo, pues, ante confesiones de tamaña credibilidad, el exgobernador senador Aguilar, hijo del exgobernador Hugo Aguilar y hermano del gobernador actual, exsenador Mauricio Aguilar, puede terminar condenado, segundo en la candorosa familia.

Casualmente, esta semana se anuncia la realización de la audiencia solicitada por el subalterno del locato, Gabriel Jaimes, para resolver la situación judicial de otro superpoderoso, pero este en el nivel nacional: Álvaro Uribe. De nuevo, la Fiscalía desconoce, sin siquiera disimular, los testimonios, los audios del imputado y otros, y los centenares de pruebas de tiempo, modo y lugar que recopiló la Corte Suprema y que incriminan al expresidente hasta el tuétano. La Fiscalía pasó de ser investigadora a prevaricadora para tener cómo justificar una preclusión que comparte solo con la defensa del señor Uribe. Mañana, jueves, presenciaremos un acto vergonzoso que manchará el nombre de la justicia y la nación. No será fácil que la historia les perdone al locato Barbosa, al gobierno de su amigo que lo propició y al imputado que lo fraguó este monumento a la impunidad y a la hipocresía pues todos en Colombia tenemos la certeza de que es culpable aunque unos lo digamos y otros lo callen.

Paréntesis. Otra casualidad: Iván Cancino es el apoderado de Diego Cadena, abogado de narcos y del expresidente Uribe. Cancino también representa a Richard Aguilar y, simultáneamente, ha firmado al menos dos contratos con la Gobernación de Santander. ¿El gobernador Mauricio Aguilar le pagó $95 millones del presupuesto público a Cancino por sus servicios al departamento, o a buena cuenta de la defensa de su hermano Richard?

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/procesos-uribe-y-aguilar-testigos-que-la-fiscalia-ignora/

21.22.-Columna con ojos húmedos LUIS NOÉ OCHOA

A las Farc les falta un acto público sincero en que les pidan perdón a sus víctimas y al país.

Los ríos de Colombia han crecido con torrentes de lágrimas y sangre. Y estos días han sido más abundantes. El miércoles lloramos. La Comisión de la Verdad, que dirige el padre Francisco de Roux, organizó un encuentro entre víctimas del secuestro y los secuestradores, varios dirigentes de las Farc, en el Teatro Libre, como nombre significativo. Fue un acto conmovedor, de sentimientos revueltos en las entrañas.

Debe de ser muy difícil, de respiración contenida y boca seca, mirarse cara a cara con quienes propiciaron semejantes vejámenes y humillaciones, con quienes los convirtieron en mercancía u objeto político, y les robaron un pedazo de vida, los derechos a la libertad, a la felicidad, a la familia, al amor, a abrazar, a despedir a sus muertos adorados que no pudieron esperarlos más. Debe de ser estremecedor tener de frente a quienes por cuya culpa no volvieron a ver nunca sus seres amados: padres, hijos o hermanos. Por eso merecen admiración absoluta y respeto los siete que con coraje estuvieron allí. Entre ojos húmedos los aplaudí.

Los testimonios estremecen. Don Roberto Lacouture contó que, aparte de él, secuestraron a 15 de los suyos. Uno de ellos murió. Helmuth Angulo dijo que supo que su padre llegaba de largas caminatas a quitarse la camiseta para secarle la sangre de los pies a su madre. Ellos no regresaron. Él no pide venganza, pide justicia. Otros perdonan, pero no olvidan.

“Aquí se necesitan voluntad y grandeza, como la que tienen las víctimas. Y no olvidar que el infame secuestro sigue.”

El secuestro es uno de los delitos más miserables. Y las Farc, en su trasegar errado y brutal, se llevaron a muchas personas. Miles. Recuerdo, entre las atrocidades, el clamor del niño Andrés Felipe Pérez, hijo del cabo José Norberto Pérez: “Señores de las Farc, por favor, liberen a mi papá, que yo lo quiero aquí conmigo para que me dé muchos besos como lo hacía antes”. Y se quebraba en llanto. Nada los conmovió. El niño murió de cáncer, esperanzado. Y recuerdo la tragedia de los diputados del Valle. Y las alambradas humillantes.

Pero fue un encuentro muy importante, que dejó mensajes. Uno, que el proceso de paz, así tenga fallas, es el camino y no se debe desandar. Entre otros logros, paró los secuestros y miles de muertes, porque fundió las armas.

Las Farc sí han pedido perdón, pero falta un acto público grande y sincero, no que lloren a moco tendido, pero sí que de verdad les pidan perdón a todas sus víctimas y a todo el país. Y que reparen con los bienes, como pidió Ingrid Betancourt y que fue lo que se firmó. Que se honren los compromisos. Y que haya justicia, claro. Y que el Gobierno tampoco llore, como los congresistas, a mico tendido, ni mire para atrás, sino que acelere la implementación de la paz. Porque hay programas, capacitación, pero también es cierto que han matado a 257 reinsertados. Eso también hay que llorarlo, y actuar.

Aquí se necesitan voluntad y grandeza, como la que tienen las víctimas. Y no olvidar que el infame secuestro sigue. Señores elenos, ¿este dolor en un solo escenario no los pone a pensar? Liberen a los secuestrados.

* * * *

El dolor sigue. Hoy lloro por quienes se ha llevado el covid, en especial por Wendy Rojas, quien fue compañera de labores en oficio sencillo, que ella hacía importante, como era calentarnos el alma con un tinto humeante y con una sonrisa amplia. La querida Wendy tenía alma de vendedora y de progreso. Era la mujer más positiva que haya visto. Aguerrida y con deseos de surgir para darles lo mejor a sus dos hijitos. Solo la vi llorar de alegría cuando le publicaron en ADN una fotografía, producto de un curso en que se apuntó y fue buena estudiante. El virus le malogró los sueños el jueves. La mejor foto con que nos quedamos todos es la de su sonrisa. Y el mejor ejemplo, su coraje. Gracias, Wendy.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/luis-noe-ochoa/columna-de-luis-noe-ochoa-sobre-el-encuentro-entre-las-victimas-y-las-farc-598906

21.22.-La comisión de las mentiras YOHIR AKERMAN

El pasado 14 de junio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez concedió una entrevista a la revista Semana, en la que repitió una y otra vez —sin contrapregunta alguna ni corroboración de la información— argumentos que se han comprobado falsos y mentirosos sobre las 6.402 ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas entre 2002 y 2008, escándalo conocido como los falsos positivos.

27 jun 2021.- Uribe hizo esto como respuesta al testimonio ofrecido el pasado 11 de junio por el expresidente Juan Manuel Santos ante la Comisión de la Verdad, en la que habló de su responsabilidad como ministro de Defensa durante el segundo gobierno de Uribe, entre julio de 2006 y mayo de 2009.

Respecto al testimonio de Santos —quien entre otras cosas dijo que Uribe promovía el conteo de cuerpos y bajas en lugar de las desmovilizaciones y capturas—, el imputado expresidente negó sin sonrojarse lo dicho por Santos. Pese a toda la evidencia en su contra, agregó que “nunca, ni como ministro, ni como candidato… Santos dijo esas cosas”.

El expresidente agregó: “Él (Santos) dice que aplicábamos la doctrina de Vietnam, del bodycount, cuente muertes, cuente bajas… esa doctrina no existió nunca, están todos los comandantes de la época y todos los documentos”.

Pues hagámosles contrapunteo a sus argumentos, ya que Semana no lo hizo, y recordémosle los hechos, no sus opiniones. Empecemos por una revisión de las propias palabras del Uribe presidente que desvirtúan y contradicen las del Uribe expresidente.

El 11 de mayo de 2010, el expresidente dijo en una entrevista con Juan Gossaín: “Como el otro cuento ‘no, es que hay falsos positivos porque Uribe exige muchos resultados’. Sí yo he pasado estos ocho años exigiéndole resultados a la Fuerza Pública, una cosa es exigir resultados y otra cosa es inducir al delito; se induce más al delito cuando no se exigen resultados porque cuando la Fuerza Pública se adormece, ahí es cuando se facilitan los crímenes y la violación de derechos humanos”.

Un poco de contexto histórico.

La Directiva 029 de 2005 —emanada por el entonces ministro Camilo Ospina, en la que se avalaba el pago de recompensas a quienes capturaran o dieran de bajas a guerrilleros— tiene 15 páginas. En ella se establecen pagos por balas decomisadas, armas incautadas y guerrilleros abatidos. Era una política institucional que establecía el estímulo por la muerte de guerrilleros. Pero en la práctica esta política de recompensas tuvo consecuencias escabrosas.

Estadísticas de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía muestran que, tras la expedición de la Directiva 029, se pasó de 73 denuncias en 2005, a 122 en 2006 y 245 en 2007. Aunque las recompensas por la muerte de guerrilleros no podían, en principio, ser entregadas a miembros de la Fuerza Pública, estas suscitaron alianzas entre grupos criminales y militares, con el fin de cobrar las recompensas y mostrar mejores resultados. Estas alianzas criminales explican algunas de las desapariciones que hoy escandalizan al mundo entero, menos al señor Uribe.

Las recompensas y los incentivos que se ofrecieron, propiciaron alianzas criminales dedicadas a la fabricación de cadáveres.

A octubre de 2008, el gobierno tenía una red de informantes conformada por 2 millones 109 mil 696 personas. En 2007 se pagaron recompensas por $18.529 millones y en 2008 por $29.500 millones.

Los incentivos detrás de los falsos positivos corroboran todos los temores acerca de la existencia de una política oficial de recompensas, que disparó la práctica de ejecuciones extrajudiciales por parte de el Ejército, en alianza con grupos criminales durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Recordemos que el 22 de septiembre de 2008, la directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, Susan Lee, le envió una carta al entonces ministro Santos en la que le decía “la falta de investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales en los casos de ejecuciones extrajudiciales, da un claro mensaje de impunidad a los perpetradores de estas violaciones de derechos humanos, quienes saben que pueden seguir cometiendo violaciones de derechos humanos sin tener que confrontar en ningún momento sus hechos ante la justicia”.

El pronunciamiento de Amnistía Internacional también le pedía al gobierno voluntad política para investigar esos asesinatos selectivos y así evitar la impunidad.

Seis días después de esta carta, estalló el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, cuando once madres de Soacha, Cundinamarca, denunciaron la desaparición y posterior asesinato de sus hijos en Norte de Santander. Fueron presentados por el Ejército como guerrilleros dados de baja en operaciones militares.

Pero la respuesta del gobierno de Uribe ante la sugerencia internacional, fue sofisticar la estrategia informativa para hacerle creer al mundo que las ONG hacían “falsas acusaciones” contra la Fuerza Pública.

El 4 de mayo de 2009, Uribe dijo “El gobierno tiene que ser firme para evitar y sancionar y buscar la sanción de los falsos positivos como para denunciar las falsas denuncias que tanto daño le hacen a esta política de seguridad democrática”.

Por su parte, el ministro Juan Manuel Santos aseguraba que la inteligencia estatal había determinado que las ONG estaban fabricando falsas denuncias de ejecuciones extrajudiciales contra el Ejército. “Hemos tenido información de inteligencia sobre casos concretos que los estamos investigando para judicializar, esas falsas denuncias o esos intentos de tratar de aprovechar esta situación para manchar el buen nombre de nuestras fuerzas militares”.

Algunas de esas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que denunciaron los falsos positivos empezaron a ser sujetos de espionaje por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Entre las entidades que el DAS estaba interceptando ilegalmente se encontraban el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, la Asociación MINGA, la Corporación Jurídica Libertad y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y las internacionales Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Al declararlos como enemigos, el DAS incluyó a los abogados y las organizaciones dentro del paquete de espionaje de la inteligencia para Presidencia.

Pero vamos más atrás.

El 25 de julio de 2007, el expresidente Uribe dio un discurso en la conmemoración del segundo año de la Ley de Justicia y Paz, en la que dijo: “Ahora la estrategia guerrillera es otra: cada que se le da una baja a la guerrilla, ahí mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial. Pero las Fuerzas Armadas han puesto todo el cuidado para no dar lugar a que se señale a miembros de las Fuerzas Armadas de estar en colusión con grupos paramilitares”. (Ver Los corifeos tenían razón)

Agregó: “Pero tampoco podemos caer en una trampa. Aquí cada vez que las guerrillas y sus áulicos sienten que se les puede derrotar, el recurso al cual apelan es el recurso de violación de derechos humanos. (…) Se avanza en la acción contra la guerrilla, y entonces cualquier baja ya la denominan ejecución extrajudicial”.

Hoy sabemos que los corifeos tenían la razón. Y que el conteo del escándalo va en 6.402 ejecuciones extrajudiciales, que podrían llegar a 10.000 según algunas organizaciones internacionales. Y mientras el expresidente Santos tuvo el valor de pararse frente a la Comisión de la Verdad y pedir perdón, el expresidente Uribe solo asiste a sus comisiones amigas para seguir promulgando mentiras.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/la-comision-de-las-mentiras/

  • 21.21.-‘Esto está muy feo’ LUIS NOÉ OCHOA
  • Problemas de conexión – YOHIR AKERMAN
  • El reino del pinocho consumado RAMIRO BEJARANO

Uno de los pilares de nuestra democracia es la garantía ciudadana de acceder a información pública, pero de ella algunos funcionarios se burlan groseramente. Las marrullas empiezan desde cuando atienden las preguntas de los reporteros, en cuyas narices eluden responder. Muchos periodistas se dejan meter los dedos a la boca por temor reverencial, por complicidad con el entrevistado —a quien le excusan sus baboserías u omisiones— o sencillamente porque van a preguntar sin haberse tomado el trabajo de estudiar quién es el personaje y de qué se trata el asunto, lo cual termina en que el interrogado gobierna la entrevista.

20 jun 2021.- Iván Duque es el rey, pues abusa de su investidura para responder sin decir nada. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez infla sus respuestas con frases inútiles para que parezca que dijo de todo cuando no ha dicho nada. Lo mismo acontece con casi todos los ministros. Los de Defensa, Interior, TIC, Deporte, para solo mencionar los más allegados a Duque, se han contagiado de la malévola instrucción de hacerse los idiotas, al igual que el fiscal y la procuradora. El mal se ha extendido a las respuestas a los derechos de petición.

A finales de diciembre pedí que me informaran a cuáles compañías el Gobierno había comprado vacunas contra el COVID-19. ¡Quién dijo miedo! La Casa de Nari trasladó mi solicitud a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que se negó a responder invocando que esos negocios están amparados con cláusulas de confidencialidad. Ejercí el recurso de insistencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad que por mayoría ordenó entregar la información en tres días. Ya ha pasado casi un mes y no hay respuestas sino un litigio tortuoso plagado de leguleyadas. Al empeño de que no se me responda se han sumado el Ministerio de Salud, renombradas firmas de abogados y multinacionales tales como Janssen Pharmaceutical y Janssen-Cilag S.A., que en tono apocalíptico dicen defender secretos industriales y anuncian grandes catástrofes si se me entrega la información, la cual solo están dispuestos a suministrar si el asunto se dirime en un costoso proceso arbitral donde estén presentes todos los entes del sector salud, además con previa consulta al Tribunal Andino de Justicia con sede en Quito. ¿Qué tal el disparate y la tinterillada? Jamás el costo de una vacuna será un secreto industrial, porque este se puede predicar de la fórmula química del remedio, pero nunca de su precio, menos si lo ha pagado el Estado.

¿Qué oculta el Gobierno incumpliendo una perentoria orden judicial que le impuso la obligación de revelar por cuánto y a quiénes adquirió las vacunas? Huele a negociado, de esos que ya se rumora se tejen en una famosa hacienda en la sabana de Bogotá liderados por un semidios del régimen. En la Argentina cayó un ministro que pretendió imponerle condiciones tramposas a una empresa extranjera para permitirle el ingreso al país. Allá se supo lo que estaba pasando gracias a los medios, pero aquí vamos en que a pesar de una orden judicial en firme el Gobierno no quiere que se sepa cuánto y a quiénes pagó. ¿Será que pagó un precio leonino en comparación con otros países?

Pero allí no paran las falacias oficiales. Recientemente formulé otra petición a Iván Duque para que informara lo relacionado con su autorreportaje en inglés denigrando de Gustavo Petro y lo que me respondió su jefe de comunicaciones dejó al descubierto más de una mentira. En efecto, la primera sorpresa fue el hallazgo de que no fue un monólogo, sino una entrevista con Bernardo Álvarez, editor, diseñador, fundador y director de Shine Creative, bastante desconocido; que Duque habló en inglés porque así le hablaron y que quien difundió el video no fue el Gobierno. Como primero cae un mentiroso que un cojo, se le olvidó que el sábado en el que se hizo pública la extraña entrevista, Caracol Radio, citando fuentes oficiales, informó que tal video lo habían hecho y difundido miembros del equipo digital de la oficina de comunicaciones de la Presidencia. Nadie en Palacio desmintió o rectificó a Caracol. Mintieron cuando filtraron la información o al responder mi petición o en ambas ocasiones, al fin y al cabo son embusteros incorregibles.

Adenda. Grave si el Eln fue el autor del atentado terrorista al Ejército en Cúcuta, pero más aún si no lo fue.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/reino-pinocho/

21.21.-‘Esto está muy feo’ LUIS NOÉ OCHOA

Duele esta Colombia, donde se mata por parejo, hasta sus músicos. Homenaje don Raúl Carvajal.

Mañana es Día del Padre en Colombia, una fecha triste en muchos hogares, porque la señora muerte se está llevando a madres, padres e hijos por parejo. Casi 600 diarios, y ya va llegando a la espantosa cifra de los 100.000. Ayer iban 98.156.

19 jun 2021.- Hoy quiero dedicar esta nota como un sencillo homenaje póstumo a don Raúl Carvajal, un padre valiente, lleno de dolor, pero también de coraje y dignidad. Él murió en Bogotá, de covid-19, el sábado pasado, a los 73 años. Se fue reclamando verdad y justicia por la muerte de su hijo, el soldado Raúl Carvajal, a quien por orgullo y amor lo bautizó con su mismo nombre.

Don Raúl llegó a Bogotá, a la plaza de Bolívar, en febrero de 2011, en su viejo camión Dodge. Traía en él una carga que pesaba toneladas, no para el camión, sino para su alma: traía los restos de su hijo, muerto el 8 de octubre de 2006 en El Tarra, Norte de Santander. Él estaba convencido de que a su muchacho lo había matado el propio Ejército, en el que llevaba 9 años, por negarse a cometer un ‘falso positivo’.

“Esto está muy feo. A mí me mandaron matar unos muchachos para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. Yo no los quise matar, yo me voy a retirar”, contaba que le había dicho su Raúl, 20 días antes de la muerte. El covid se llevó a don Raúl sin saber la verdad. Dios le permita al cabo Carvajal en el más allá contarle todo y abrazarlo, adorarlo y agradecerle su lucha ejemplar y tenaz.

“Las víctimas de los falsos positivos necesitan conocer aquí, no en el cielo, ese nefasto capítulo, por justicia y por alivio espiritual.”

“Esto está muy feo” para todos, para las familias de los más de 6.000 ‘falsos positivos’, que tampoco saben toda la verdad. El expresidente Santos, como debe ser, fue ante la Comisión de la Verdad a contar su versión de lo que pasó y dijo que él ordenó investigar esas atrocidades. Uribe se niega a ir a esa instancia. Triste todo. Las víctimas necesitan conocer aquí, no en el cielo, ese nefasto capítulo, por justicia y por alivio espiritual.

“Esto está muy feo” para nuestro país, donde se mata por parejo, hasta sus músicos. La muerte es la única que anda feliz, bailando, yeah, yeah. El lunes pasado, en Cali asesinaron al cantante y compositor de Buenaventura Junior Jein, quien vivió en su salsa choke, pero también por lo social; con valor civil y protestó por la muerte de los adolescentes en un cañaduzal. “Madre, no llegaré a la cena…”. “Hay sangre en la arena y no es del torero / es de unos chicos que nunca volvieron”, dice su canción ¿Quién los mató?

Lo mataron vilmente. Y el otro día, en Pereira, asesinaron a Lucas Villa, que protestaba bailando. Y en el paro han muerto decenas. Duele esta Colombia que parece andar en silla de ruedas. Todos tenemos que ponernos en pie para exigir que se detenga esta violencia y para que haya justicia.

Yo, por lo pronto, me voy con mi perreo protesta, yeah:

Don Raúl Carvajal apagó su camión, sin saber quién le partió el corazón. Ya estará en el cielo, y al fin tendrá consuelo. Mataron a Junior Jein, y debemos saber quién; mataron a Lucas Villa, y solo quedó una vainilla. Se va mucha gente en un ataúd, la impunidad goza de salud. Y sigue el paro, violento y raro, que ya debe parar y dialogar, porque el covid-19 se mueve, se mueve, mata sin mirar a quién, de 99.000, ya llega los cien, con tristes tres ceros, queridos parceros. Y porque se le metió la violencia, que no tiene clemencia. Yeah. La única resistencia es mucha prudencia y pedir a la dirigencia, la que sabe tocar guitarra, o la que ni la agarra, que se las da de dura, tocar la misma partitura. Yeah. O sea, unión, y grandeza, echen cabeza, tomen las mismas rutas; o si no, nos lleva el… patas. Yeah.

Feliz Día del Padre, y consuelo donde falta un ser querido. Y, por favor, cuídense, no hagan grandes reuniones, “que esto está muy feo”, pues el covid acecha.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/luis-noe-ochoa/esto-esta-muy-feo-columna-de-luis-noe-ochoa-597173 

21.21.-Problemas de conexión – YOHIR AKERMAN

La Audiencia Nacional de España dio luz verde para extraditar a Colombia al exguerrillero del Eln Luis Jhon Castro Ramírez, alias Zarco, el Mono o Antoni. Parece una noticia sin importancia, pero lo cierto es que es la segunda vez que España aprueba la extradición de este personaje, envuelto en falsos positivos. El Gobierno de Colombia, hasta ahora, ha actuado en ese caso con imprudente inoperancia o estratégica negligencia. Alguna de las dos.

Me explico.

20 jun 2021.- Alias Zarco dio un salto mortal sin despeinarse, pasando de ser guerrillero y luchar contra las Fuerzas Armadas a posteriormente confabularse con el Ejército, perpetrando al menos 15 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”.

En 2010 confesó varios crímenes en los que había colaborado con el Batallón de Alta Montaña No. 3 Rodrigo Lloreda Caicedo y con el Gaula del Ejército en Cali. Específicamente, con el sargento Rubiel Bustos Escarraga, cuando comandaba operaciones en el Valle del Cauca. Incluso con agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

El modus operandi era sencillo, pero de terror. Según Zarco, los integrantes del Ejército, del Gaula y agentes del DAS reclutaban jóvenes a cambio de otorgarles beneficios para su desmovilización. Estos jóvenes nunca alcanzaban a entender que los estaban reclutando ni llegaban a alzar un fusil. Eran inmediatamente asesinados y presentados como expertos guerrilleros muertos en combate.

El 28 de octubre de 2011, Castro Ramírez, alias Zarco, confesó a la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos que reclutó varios jóvenes para que militares del Batallón Jaime Rooke los asesinaran y los hicieran pasar como bajas dadas en operaciones militares. Les ponían camuflados y armas. Les disparaban a quema ropa, sin que nunca hubiera un combate. (Ver Ejército pagó al Zarco).

Zarco resultó ser un efectivo productor de sanguinarias masacres.

La Fiscalía 39 Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos de Bogotá relató uno de esos casos: “El 28 de febrero de 2008 aproximadamente a las 9:30 a.m. en la finca Los Mangos (…) militares que para la fecha se encontraban bajo el mando del comandante del Batallón Jaime Rooke, coronel Javier Alberto Vallejos Delgado, quien suscribió la misión táctica y tuvo conocimiento del resultado operacional fraudulento, apostada la tropa desde el día anterior en la finca Los Mangos y conociendo previamente la situación de las víctimas, esto es la cantidad de personas, vehículos y armas, se les espera al interior del predio y como lo relata el mismo Luis Jhon Castro, sin que mediara ataque previo por parte de las víctimas se procede hacer uso de la capacidad de fuego y sorpresa con la que contaba la tropa para así darles muerte sin que existiera el enfrentamiento”.

Un documento del Consejo de Estado agrega a esta escalofriante historia: “Con base en los datos vistos en el anterior análisis, se considera que los tres (3) sucesos narrados por el señor Luis Jhon Castro Ramírez, alias el Zarco o el Mono o Antoni, como sucedidos durante el año de 2008 en el departamento del Tolima, guardan relación en el modus operandi que fuera planeado por integrantes de la Sección de Inteligencia del Batallón de Infantería No. 18 Jaime Rooke del Ejército Nacional (…) tanto para las víctimas como victimarios basados en hechos ficticios o creados por estos”.

El 2 de agosto de 2018, la Fiscalía vinculó penalmente al coronel en retiro del Ejército Nacional Javier Alberto Vallejos Delgado, al sargento segundo retirado Sergio Ramírez Murillo y a tres exsoldados, como posibles coautores del homicidio de esas seis personas, en los hechos ocurridos el 28 de febrero de 2008 en la finca Los Mangos de la vereda Potreritos, municipio de Ibagué, Tolima.

La Fiscalía aseguró que en esos casos se utilizaron todas las herramientas del Estado, como uniformes oficiales, órdenes de registro, armas e inteligencia militar para quitarles la vida a civiles ajenos al conflicto.

Una deformación en la que el Ejército, en vez de combatir contra el real enemigo, se dedicó a recrear escenas creíbles de guerra, con el Zarco como productor ejecutivo trayendo a las víctimas.

Pero volvamos a su extradición. El Zarco fue detenido el 25 de noviembre de 2018 en España por un delito menor. Interpol descubrió que se trataba de ese sanguinario personaje y prosiguieron a notificar a las autoridades colombianas para comenzar los trámites de extradición.

Ahí empezó la confusión.

El 22 de diciembre de 2020, el director de Investigación Criminal Interpol Colombia, mayor general Fabio Hernán López Cruz, autorizó la orden de compra No. 44926 en la que muestra que el Estado colombiano pagó más de $14 millones para el transporte aéreo entre Madrid y Bogotá del Zarco y tres funcionarios encargados de su custodia de la DIJIN, en las rutas de operación nacional e internacional. Es más, al revisar el contrato aparece como si el Zarco hubiera regresado a Colombia el 17 de diciembre de 2020.

Pero, ¡oh, sorpresa!

La cancillería colombiana nunca firmó los requisitos legales para que España entregara al preso, pese a los múltiples pedidos del gobierno español. Una de las cosas más absurdas del proceder de las autoridades de Colombia en este caso es que cancelaron tres audiencias de imputación de cargos mientras el acusado estaba detenido en España, por “problemas de conectividad a internet”.

El chiste se cuenta solo.

Los familiares de las víctimas llegaron a cada una de las audiencias, esperando que avanzara el proceso judicial para reivindicar la memoria de sus familiares. Y para que se hiciera justicia, tras la negligencia judicial que permitió que el sádico reclutador se fugara del país y se perdiera su rastro por más de 10 años. Al conectarse a las audiencias virtuales —esperando que se realizaran—, fueron notificadas por las instituciones judiciales, una y otra vez, que habían sido canceladas por imposibilidad de conectarse. El proceso nunca pudo avanzar.

El 30 de diciembre del 2020, ocho meses después de que distintos medios de comunicación anunciaron que estaba lista su extradición a Colombia, Castro Ramírez, alias Zarco, tuvo que ser dejado en libertad. Pese a estar aprobada su extradición, nunca se dieron las audiencias de imputación por problemas de internet, lo que hacía ilegal para ese país seguir reteniéndolo. (Ver Artículo de W Radio).

El 26 de enero de 2021, la Fiscalía General de la Nación informó a los familiares de las víctimas del Zarco que el imputado no iba a estar presente en la audiencia, ya que básicamente se encontraba libre disfrutando de las calles de Madrid. Su libertad había sido otorgada días antes por parte del gobierno español y la Interpol, gracias a la negligencia del Estado colombiano para tramitar su regreso al país.

El 5 de febrero, la entonces canciller, Claudia Blum, trató de culpar de su propia negligencia a la Interpol desconociendo que era un error del gobierno colombiano. También trataron de atribuirle responsabilidad al gobierno español por poner en libertad al exguerrillero.

Pero no. Fue un error que vino directamente de las autoridades colombianas —en cabeza de la Cancillería y el Ministerio de Justicia— por problemas de conexión a internet. Pero lo que realmente muestra es un gobierno desconectado del sentido de la justicia y del dolor de las familias de las víctimas.

El 13 de febrero de 2021, las autoridades españolas recapturaron a Castro Ramírez, alias el Zarco. Esperemos que ahora que la Audiencia Nacional de España dio luz verde, por segunda vez, para que el sanguinario reclutador y productor de falsos positivos sea extraditado a Colombia, el gobierno haga más que comprar tiquetes de avión y se asegure de tener internet, para traer al Zarco y que nos cuente todo lo que sabe sobre los falsos positivos en los que está involucrado. Y pague por sus horribles delitos.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/problemas-de-conexion/

 

  • 21.20.-¡No es la comunicación, estúpido!  SANDRA BORDA
  • Nos devolvieron al 2001, a pedir mano dura -ALVARO FORERO
  • “Ellos” con todo, nosotros con nada – CECILIA OROZCO
  • 20.21.-Y ahora, ¿quién podrá defendernos? YOHIR AKERMAN

La crisis actual ha mostrado que los funcionarios nombrados en las diferentes entidades no tienen ni el conocimiento, ni la experiencia para manejar sus carteras. Un ministro del Interior que desconoce lo que pasa en el interior del país, un ministro de Justicia que no entiende el concepto básico de la justicia, un ministro de Defensa que cree que su labor es únicamente la defensa de las Fuerzas Militares y no la de la población, y así sucesivamente.

5 jun 2021.- Personajes que no daban ni para ser viceministros, pero ahí están manejando esas carteras. Lo mismo ha sucedido con los entes de control, donde el presidente Iván Duque ha ternado y usado todo el peso del Gobierno para sacar nombramientos de funcionarios que nunca debieron quedar en esos puestos.

Es el caso de la procuradora general, Margarita Cabello, quien fue ministra de Justicia de Duque y que, pese a no entender esa cartera, ahora no se dedica a investigar funcionarios públicos sino a defenderlos. O Francisco Barbosa, que en la Fiscalía es un personaje irrisorio persiguiendo a los enemigos del gobierno, todo desde los micrófonos de la egolatría y la vanidad.

Pero uno de los peores y más preocupantes ejemplos de esto es el señor Carlos Ernesto Camargo Assis, actual defensor del Pueblo.

Camargo es exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, elegido por el Partido Conservador y el Centro Democrático. Es responsable de archivar la investigación en contra de Óscar Iván Zuluaga, por la presunta entrada de dineros de Odebrecht a su campaña.

Al final de su periodo, los artífices del archivo de la investigación en favor de Zuluaga salieron favorecidos en el gobierno de Iván Duque. Mermelada de Assis, podría llamarse. Al exmagistrado Felipe García Echeverry lo nombraron embajador en Bruselas y Camargo Assis salió para la Federación Nacional de Departamentos y después para la Defensoría del Pueblo.

Cuando este funcionario fue elegido en su cargo el 1° de septiembre de 2020, declaró que su único compromiso era defender los derechos humanos. Pero para defender algo hay que entenderlo, o por lo menos saber de qué se trata.

Claramente el presidente Duque ternó a Camargo sin preocuparse si conocía del tema de derechos humanos. O, peor aún, no le preocupan a la Presidencia los derechos humanos. Entonces dejó llegar al puesto, por medio de favores políticos, a alguien que no tenía el conocimiento de lo que iba a hacer, violentando la autonomía que debe tener ese importante cargo.

Y el resultado es visible. La violencia ha venido aumentando no solo por el paro, sino por las masacres, decapitaciones, violaciones de derechos humanos por parte de agentes estatales, es decir, todo un reto para una Defensoría del Pueblo.

En esto no se puede olvidar cuando, durante el segundo día del paro, la emisora W Radio descubrió que el defensor Camargo se encontraba, muy tieso y muy majo, en Girardot veraneando con su familia mientras el país empezaba a desmoronarse.

O el episodio el pasado 10 de mayo —que quedó grabado en video— cuando abandonó una reunión con las comunidades indígenas del Cauca, que se encontraban en la asamblea de la comisión política de organizaciones sociales con representantes del CRIC, negritudes y el congreso de los pueblos, entre otras. Todo porque no entendía de los temas que le estaban hablando, ni quería atender las denuncias de los líderes, requisito fundamental de su cargo.

Finalmente, la falta de rigor en las cifras de esa entidad. Y los contratos que ofrece y reparte desde la Defensoría, a diestra y siniestra, como lo hizo cuando estaba en la Federación de Departamentos, privilegiando a exmagistrados del Consejo de Estado, a familiares de personas cercanas y renombrados políticos que podrían favorecer sus propios intereses. Pero ese es tema para una columna e investigación aparte.

Lo que es claro es que solo se han necesitado ocho cortos meses para desdibujar la figura de la Defensoría del Pueblo, generando que se ataquen a otros funcionarios de esa entidad que sí defienden los derechos humanos y sí entienden que su labor es acompañar a las comunidades en medio de estas confrontaciones y del conflicto armado.

Por consiguiente, un vacío en una labor esencial en esta coyuntura, en la que finalmente sufren los derechos humanos de ese pueblo que Camargo no sabe defender. Una realidad vigente no solo en esa entidad y que, de nuevo, se debe a la falta de experiencia del Gobierno y al ejercicio del poder del presidente Duque, al ternar y nombrar en las entidades más relevantes a funcionarios que no tienen el peso ni la experiencia para ocupar esos cargos. Una situación que deja a la sociedad preguntándose… y ahora, ¿quién podrá defendernos?

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/y-ahora-quien-podra-defendernos/

21.20.-¡No es la comunicación, estúpido!  SANDRA BORDA

Creo que la estrategia no va a funcionar y, al contrario, le echará más leña al fuego.

Vamos para seis semanas de paro y ha quedado claro que el Gobierno ya definió una estrategia para enfrentar esta situación: su propósito es debilitar al comité del paro y a las organizaciones sociales para irle bajando la temperatura a la movilización social. 

7 jun 2021.- Las tácticas para lograr este objetivo son tres: la primera es continuar usando el garrote (la represión policial) en las calles y así disuadir a quienes salen a protestar. La segunda es procurar que la negociación no avance para poder presentar a los organizadores del paro como intransigentes y simultáneamente evitar hacer concesiones que le serían políticamente costosas. Y la tercera es adoptar medidas paliativas para restarles argumentos y legitimidad a quienes están en la calle.

Creo que la estrategia no va a funcionar y, al contrario, le echará más leña al fuego. Las tres tácticas, en vez de restarle argumentos y reivindicaciones a la movilización social, solo van a darle a esta más razón de ser. Todo esto, acompañado de una ausencia de políticas económicas y sociales que genuinamente contribuyan a sacar a la gente de la situación de desesperación en la que la dejó el confinamiento, solo prolongará la crisis y el desgobierno.

Permítanme examinar cada una de las tácticas y explicar en dónde creo que residen sus problemas. La primera táctica, la represión policial, es la que menos elaboración requiere. Las violaciones de los derechos humanos ya denunciadas hasta la saciedad siguen presentándose y gracias a ello, hoy la protesta también es un ejercicio de solidaridad frente a los jóvenes que han sido asesinados o desaparecidos. El Gobierno no pudo resistir la presión frente a su decisión de no permitir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hoy, la brutalidad policial es vista aquí y en el mundo no como una demostración de su poder, sino como un síntoma de su gran debilidad.

“Las tres tácticas, en vez de restarle argumentos y reivindicaciones a la movilización social, solo van a darle más razón de ser”

Justo por esa debilidad, el Gobierno prefiere trazar gruesas líneas rojas que le permitan presentarse como duro e inamovible en el escenario de cualquier negociación. Por eso el tono vociferante del Presidente en sus discursos. Es un ejercicio de compensación destinado a mantener la percepción de la mano dura tradicionalmente asociada con el uribismo y que en etapa preelectoral es una cuestión de supervivencia para ese sector político.

Para poder darse el lujo de esa intransigencia –en medio de tanta debilidad–, entonces la tercera táctica es de crucial importancia. Ya no es viable para el Gobierno hacerse el de la vista gorda y por eso toma medidas paliatorias, paños de agua tibia, que presenta como decisiones unilaterales no relacionadas con negociación o diálogo alguno. De esta forma envía la señal de que está dispuesto a cambiar de rumbo, pero a su ritmo y en la medida en que solo el Gobierno mismo lo considere necesario. Por supuesto, en el mundo de la Casa de Nariño, cuanto más lento sea el cambio, mejor, y cuanto menos profundas sean las reformas, menos riesgos se corren que nos demos cuenta de que el emperador ya no tiene ropa.

La matrícula cero por un semestre y la reforma policial que el Presidente anunció el fin de semana son dos ejemplos de esta última táctica. Ninguna medida responde comprehensivamente a las demandas de la gente en la calle, y particularmente la segunda sobresale por cosmética y superficial. Se trata de decisiones concebidas como golpes de opinión, pura estrategia de comunicaciones, material de publicidad política. Ahí no hay reacciones pensadas en clave de política pública real. Como el Gobierno parece seguir en modo electoral, valdría la pena recordarle que la mejor campaña es aquella que se construye alrededor de un buen producto, y también, que hay cosas que ni el más sofisticado ‘marketing’ logra promocionar.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/sandra-borda-guzman/no-es-la-comunicacion-estupido-columna-de-sandra-borda-594257

21.20.-Nos devolvieron al 2001, a pedir mano dura ALVARO FORERO

Nos quedamos con el pecado, el estallido social, y sin el género, el grado de inversión, el Santo Grial del irresponsable ministro Alberto Carrasquilla.

 

30 may 2021.- La razón de la mayoría de gobernantes del mundo para disparar la deuda pública y llevar el gasto público a niveles comparables a los de la Gran Depresión era evitar crisis sociales que, al explotar, dañaran la reactivación económica y desestabilizaran la democracia hasta incapacitar al Estado para tomar medidas económicas y de salud que controlaran la crisis. Colombia no vio ese riesgo. A pesar de que antes de la pandemia estaba subiendo el desempleo, estaba aumentando la pobreza, estaba disparado el descontento social —según indicaban las encuestas, las protestas en las calles y las elecciones locales—, estaba llegando a niveles extremos la inmigración venezolana y el Gobierno tenía una gobernabilidad muy frágil. Todas las alertas prendidas.

La única vacuna con que contaba el mundo en ese momento para prevenir la profundización de la crisis social generada por la pandemia era el gasto público. Mientras los países desarrollados gastaban en planes de salvamento económico por encima del 20 % del PIB, países de desarrollo comparable al nuestro gastaban alrededor del 10 % y muchos elevaban su deuda pública a niveles cercanos al 100 % y hasta el 150 % como Japón, Colombia invirtió menos del 3 % del PIB y creció la deuda a niveles del 60 %. Mientras muchos países subsidiaron inmediatamente las nóminas de las empresas para reducir los despidos, hasta 70 % y 80 % del salario, Colombia se demoró dos meses en subsidiar nóminas y solo hasta el 40 % del salario mínimo.

Cuando la crisis estaba en su situación más crítica, el Gobierno presentó un plan de ajuste, aumentando los precios de los alimentos y de la gasolina, usando el manual con que se generó el Caracazo. Y ahora que estallan las calles, la respuesta del Estado es el inmovilismo, limitándose a apoyar a la Policía —a pesar de que los abusos exacerban a los protestantes y alientan a los delincuentes a pescar en río revuelto—, a no permitir la intervención de la CIDH y a demorar la negociación con la mesa del paro. Aunque la situación de Cali presagiaba cosas peores, no se hizo casi nada.

Gustavo Petro evitó que lo responsabilizaran del paro las primeras semanas, diciendo que este se ha debido levantar una vez cayó la reforma tributaria, pero a la segunda semana salió a marchar y se radicalizó. En ese momento el Gobierno y su partido enfocaron sus esfuerzos en responsabilizarlo.

El viernes el presidente Duque anunció desde Cali máximo despliegue de la Fuerza Pública. No decretó conmoción interior porque sabe que eso generaría expectativas de medidas de solución y mayor presión para que el Estado actúe. Las herramientas a disposición del Estado, económicas para presentar un plan de emergencia con que negociar el paro y políticas para generar un consenso sobre soluciones que lleguen hasta los inconformes en las calles, no se utilizan.

Así llegamos a las condiciones de 2001, de coincidencia de una crisis económica y de seguridad, que conmocionaron tanto a la sociedad que surgió como única salida la mano dura ofrecida por el populismo autoritario, que había dominado la política todo el siglo XXI pero estaba en decadencia y están tratando de resucitar.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/alvaro-forero-tascon/nos-devolvieron-al-2001-a-pedir-mano-dura/

20.21.-“Ellos” con todo, nosotros con nada – CECILIA OROZCO

Los expresidentes que rodean al gobierno de Iván Duque Foto Gestión y Más

Les importa un bledo. Incluso la presencia en Colombia de una delegación oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que encabeza su presidenta, Antonia Urrejola, no les preocupa más allá del disimulo diplomático. Al gobierno Duque, a su partido, a sus aliados en el Congreso, a unos magistrados blanqueados de las altas cortes que fungen como auxiliares del uribismo más que como jueces, y a las cabezas de los organismos de control que dejaron de ser los vigilantes del Ejecutivo para convertirse en sus subalternos solo les interesan las apariencias.

9 jun 2021.- A ellos les sirve parecer, no ser: mientras reciben en salones elegantes a la CIDH, desdeñan a los delegados del Comité del Paro; mientras se visten con las chaquetas verdes de la Policía en señal de respaldo al temido Esmad, anuncian —para que vea la galería internacional— que en adelante serán de color azul ONU; mientras militarizan las calles por orden presidencial, el mensajero de ellos, el ministro de Justicia, culpa a los alcaldes de lo que suceda en los bloqueos.

Ellos, los que integran el poder oficial, pretenden dominar la nación como se hacía antes del estallido social: se reúnen en privado (Duque y Uribe, Duque y Pastrana, Duque y Gaviria, Duque y Vargas Lleras, etc.) para repartirse, otra vez, ministerios, contratos, puestos y presupuestos engordados con la próxima reforma tributaria. Ellos siguen canjeando votos en Senado y Cámara por cuotas nacionales y regionales, y continúan amangualándose con los jefes de la Registraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría y la Procuraduría para que sus entidades no vean, oigan ni digan nada, y, a cambio, ellos les aprueben, en el Capitolio, las reformas que requieren para tener más dinero, más puestos y más contratos para distribuir entre… los que ellos digan.

Hace un mes nos asombraba la torpeza del presidente y su ministro Carrasquilla con un proyecto tributario que levantó la ira popular. Pero estamos alelados, atontados, con otra reforma más grosera: la de la Procuraduría de la señora Cabello, exministra de Duque, en que se burla de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), hermana mayor de nuestros visitantes de la CIDH. En este fallo, la Corte condenó al Estado colombiano por violar los derechos políticos del senador Petro cuando el entonces procurador Alejandro Ordóñez (hoy sentado al lado de la presidenta Urrejola de la CIDH, como embajador del gobierno Duque) lo separó de la Alcaldía de Bogotá y eliminó sus derechos políticos durante 15 años. Pues bien, la Corte IDH conminó a Colombia a adecuar las funciones de la Procuraduría para que ese atropello no pudiera volver a ocurrir, para que nunca más el órgano estatal intentara destituir a nadie elegido por voto popular. Pero la “avivata” Cabello le dio la vuelta a la decisión judicial y le propuso al Congreso, que ya le aprobó buena parte de su reforma, convertir a la Procuraduría en jueza de los funcionarios elegidos. Lo contrario de lo que exigió la Corte IDH.

La procuradora general no pierde tiempo: les abrió investigaciones a cuatro congresistas de la oposición un día antes de la votación de su reforma en las Comisiones Primeras conjuntas con lo que impidió que participaran en el debate. Dentro de pocos días, el Ministerio Público será copia de la policía política de las dictaduras, que persigue a unos y privilegia a otros. La senadora María Fernanda Cabal dio su voto afirmativo a la reforma diabólica de Cabello la semana pasada; no tuvo problemas de conciencia con el favor que acababa de recibir de la procuradora: esta contrató a una de las abogadas de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) como procuradora judicial II ante la JEP: Laura Virginia Benedetti Roncallo, pese a no tener experiencia en litigio. Pero eso no importa siempre y cuando sea una de “ellos” como, en efecto, lo es, porque trabaja con Cabal y su esposo, José Félix Lafaurie desde 2003. Con Lafaurie, en la Superintendencia de Notariado y Registro. Después, con Cabal, tanto en Cámara como en Senado. Ahora será su mano derecha en la Procuraduría de Cabello, en donde Benedetti ganará $30 millones mensuales (ver). Y en donde, por si fuera poco, será la espía de Lafaurie-Cabal en las audiencias reservadas de la JEP. Cabello beneficia a Cabal, Cabal beneficia a Cabello con sus votos. Faltan datos de otros congresistas favorecidos. “Ellos” con todo. Nosotros con nada.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/ellos-con-todo-nosotros-con-nada/

  • 21.19.-Presidente, por favor, frene ya el paramilitarismo urbano PATRICIA LARA
  • Pobre marinero: donde manda capitán… CECILIA OROZCO
  • Y ahora, quién podrá defendernos?  YOHIR AKERMAN

La crisis actual ha mostrado que los funcionarios nombrados en las diferentes entidades no tienen ni el conocimiento, ni la experiencia para manejar sus carteras. Un ministro del Interior que desconoce lo que pasa en el interior del país, un ministro de Justicia que no entiende el concepto básico de la justicia, un ministro de Defensa que cree que su labor es únicamente la defensa de las Fuerzas Militares y no la de la población, y así sucesivamente.

5 jun 2021.- Personajes que no daban ni para ser viceministros, pero ahí están manejando esas carteras. Lo mismo ha sucedido con los entes de control, donde el presidente Iván Duque ha ternado y usado todo el peso del Gobierno para sacar nombramientos de funcionarios que nunca debieron quedar en esos puestos.

Es el caso de la procuradora general, Margarita Cabello, quien fue ministra de Justicia de Duque y que, pese a no entender esa cartera, ahora no se dedica a investigar funcionarios públicos sino a defenderlos. O Francisco Barbosa, que en la Fiscalía es un personaje irrisorio persiguiendo a los enemigos del gobierno, todo desde los micrófonos de la egolatría y la vanidad.

Pero uno de los peores y más preocupantes ejemplos de esto es el señor Carlos Ernesto Camargo Assis, actual defensor del Pueblo.

Camargo es exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, elegido por el Partido Conservador y el Centro Democrático. Es responsable de archivar la investigación en contra de Óscar Iván Zuluaga, por la presunta entrada de dineros de Odebrecht a su campaña.

Al final de su periodo, los artífices del archivo de la investigación en favor de Zuluaga salieron favorecidos en el gobierno de Iván Duque. Mermelada de Assis, podría llamarse. Al exmagistrado Felipe García Echeverry lo nombraron embajador en Bruselas y Camargo Assis salió para la Federación Nacional de Departamentos y después para la Defensoría del Pueblo.

Cuando este funcionario fue elegido en su cargo el 1° de septiembre de 2020, declaró que su único compromiso era defender los derechos humanos. Pero para defender algo hay que entenderlo, o por lo menos saber de qué se trata.

Claramente el presidente Duque ternó a Camargo sin preocuparse si conocía del tema de derechos humanos. O, peor aún, no le preocupan a la Presidencia los derechos humanos. Entonces dejó llegar al puesto, por medio de favores políticos, a alguien que no tenía el conocimiento de lo que iba a hacer, violentando la autonomía que debe tener ese importante cargo.

Y el resultado es visible. La violencia ha venido aumentando no solo por el paro, sino por las masacres, decapitaciones, violaciones de derechos humanos por parte de agentes estatales, es decir, todo un reto para una Defensoría del Pueblo.

En esto no se puede olvidar cuando, durante el segundo día del paro, la emisora W Radio descubrió que el defensor Camargo se encontraba, muy tieso y muy majo, en Girardot veraneando con su familia mientras el país empezaba a desmoronarse.

O el episodio el pasado 10 de mayo —que quedó grabado en video— cuando abandonó una reunión con las comunidades indígenas del Cauca, que se encontraban en la asamblea de la comisión política de organizaciones sociales con representantes del CRIC, negritudes y el congreso de los pueblos, entre otras. Todo porque no entendía de los temas que le estaban hablando, ni quería atender las denuncias de los líderes, requisito fundamental de su cargo.

Finalmente, la falta de rigor en las cifras de esa entidad. Y los contratos que ofrece y reparte desde la Defensoría, a diestra y siniestra, como lo hizo cuando estaba en la Federación de Departamentos, privilegiando a exmagistrados del Consejo de Estado, a familiares de personas cercanas y renombrados políticos que podrían favorecer sus propios intereses. Pero ese es tema para una columna e investigación aparte.

Lo que es claro es que solo se han necesitado ocho cortos meses para desdibujar la figura de la Defensoría del Pueblo, generando que se ataquen a otros funcionarios de esa entidad que sí defienden los derechos humanos y sí entienden que su labor es acompañar a las comunidades en medio de estas confrontaciones y del conflicto armado.

Por consiguiente, un vacío en una labor esencial en esta coyuntura, en la que finalmente sufren los derechos humanos de ese pueblo que Camargo no sabe defender. Una realidad vigente no solo en esa entidad y que, de nuevo, se debe a la falta de experiencia del Gobierno y al ejercicio del poder del presidente Duque, al ternar y nombrar en las entidades más relevantes a funcionarios que no tienen el peso ni la experiencia para ocupar esos cargos. Una situación que deja a la sociedad preguntándose… y ahora, ¿quién podrá defendernos?

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/y-ahora-quien-podra-defendernos/

21.19.-Presidente, por favor, frene ya el paramilitarismo urbano PATRICIA LARA

Un civil dispara contra una manifestación en el marco de una nueva protesta contra el Gobierno del presidente colombiano Iván Duque, en Cali, Colombia, el 28 de mayo de 2021. © Luis Robayo / AFP

Ahora que se han publicado editoriales advirtiendo el peligro que significan los ataques contra manifestantes realizados por civiles armados en presencia de policías que parecen ciegos, sordos y mudos, es decir, ahora que muchos claman porque no prospere el paramilitarismo urbano, vale la pena recordar, para que el fenómeno no se repita en las ciudades, que el paramilitarismo rural creció y se consolidó gracias a la complicidad de sectores militares, políticos y empresariales.

3 jun 2021.- Para corroborarlo, no es sino leer lo dicho en el 2009 por Salvatore Mancuso, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), ante el Tribunal de Justicia y Paz. (No obstante, el general Rito Alejo del Río —a quien Uribe ofreció, en 1999, un homenaje de desagravio por las investigaciones que se hacían en su contra por vínculos con paramilitares— acaba de asegurar en la JEP que él jamás se reunió con las Auc).

Dijo Mancuso: “A Rito Alejo del Río lo conocí en el Nudo de Paramillo, en una primera reunión que se hizo en El Diamante junto con Carlos Castaño (y) Rodrigo Doble Cero. Y luego en otra reunión en un sitio llamado 21 (…), entre San Pedro de Urabá y Valencia (…), donde (estuvimos) Carlos Castaño, Alemán (y) yo”.

“¿Se reunía con frecuencia con el general Rito Alejo?”, le preguntó el juez.

“Así es, doctor. Yo estuve en la Brigada XVII (…) patrullando con el Ejército (…). Entramos al latifundio donde quedaba el campamento madre del Bloque José María Córdova y allá nos recogió un helicóptero, porque se estaban tomando Urrá y secuestraron a los suecos constructores de Urrá. El helicóptero que nos recogió tenía que aterrizar en Tierralta, porque yo iba a apoyar las tropas del Ejército (…). Me descargaron a mí con los hombres: estábamos en ese momento como 12 (o) 13 hombres en la Brigada XVII. Llegamos barbados, con fusiles (que) nos puso el Ejército, M-16, AUG MK-47, y dormimos allá (…). Esa noche me reuní con el comandante de la Brigada XVII (y con) el de la XI (…). Yo hablaba por radio de comunicaciones del Ejército, por teléfono con ambos (…). Al día siguiente me sacaron hasta (…) la base militar de Tierralta. Ahí (…) planificamos la operación de rescate de los suecos, pero ya la guerrilla llevaba muchísima ventaja (…). Hubo combates fuertísimos (…). Yo antes combatía hombro a hombro con el Ejército (…). Ahora todo el mundo niega que combatía a mi lado (…), que me conocía (…). El paramilitarismo de Estado y las operaciones encubiertas no fueron el producto de algunas mentes enfermizas (…); tampoco, el resultado de la reacción fanatizada de algunos oficiales (…). Tales acciones ilegales fueron el resultado directo de la aplicación de una concepción (…) que se señala en las academias militares (…) y se (difundió) entre los llamados sectores dirigentes del campo político y económico”. Hasta ahí las palabras de Mancuso.

Ahora, si el presidente, el director de la Policía y demás autoridades y estamentos civiles y militares no toman conciencia del peligro en que estamos, si no descalifican de manera contundente y muy pública cada transgresión policial y cada complicidad con el hecho de que civiles ejerzan justicia por su propia mano, hoy se puede cocinar un paramilitarismo urbano que resulte de la aplicación de una política de “dejar hacer, dejar pasar”, venida desde lo alto… Eso sería nefasto y volvería definitivamente invivible el país urbano, como invivible se volvió durante años gran parte de la Colombia rural.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/patricia-lara-salive/presidente-por-favor-frene-ya-el-paramilitarismo-urbano/

21.19.-Pobre marinero: donde manda capitán… CECILIA OROZCO

El ex presidente Uribe y su presidente Iván Duque. Foto El Espectador

Un mes después de que aflorara la protesta ciudadana en casi todos los rincones del país por las acciones de un Ejecutivo torpe, insensible y desconectado, nada avanza en la supuesta mesa de conversaciones con el Comité del Paro, pese a las graves perturbaciones públicas que amenazan la vida y los bienes de la gente. Por el contrario, Colombia, cuyos bolsillos venían estropeados por el año largo de pandemia, retrocede en posibilidades de alcanzar paz, convivencia y desarrollo en al menos tres décadas, de acuerdo con el análisis de los expertos.

1 jun 2021.- Hoy nadie invertiría en esta nación ni daría un centavo por su progreso. Finalmente Fernando Londoño, pájaro de mal agüero del extremismo gobernante, podrá dar su parte de victoria: él, su líder Uribe, su presidente y su partido volvieron trizas el Acuerdo de Paz; y con la destrucción de este pacto civilizado que, duélale a quien le duela, despertó la admiración internacional y la ilusión nacional, provocaron el descuartizamiento del territorio. Ahí tienen su obra. Como es usual en situaciones de debacle institucional, los capitales importantes se están fugando hacia el exterior en una operación escape de fortunas sin un ápice de solidaridad con quienes hicieron prosperar sus negocios durante años. Las empresas y los estratos altos migrarán y salvarán sus pellejos, de eso no cabe duda. Aquí quedarán la pobreza general y la desesperanza. Ah y, eso sí, los políticos aprovechados de siempre.

Lo que viene es previsible y no debe sorprender a nadie: mano dura, represión, suspensión de derechos, militarización, sofocación —cuando no, eliminación— de los rebeldes o de quienes parezcan serlo, como el estudiante de música de Cali Álvaro Herrera, que fue obligado, después de una serie de puñetazos y patadas de los policías que lo detuvieron, a “admitir”, frente a una cámara y con su rostro ensangrentado, que era un vándalo. El joven recuperó, por suerte, su libertad cuando sus compañeros universitarios difundieron otros videos mientras él participaba en un concierto en el mismo momento en que habría atacado a la Fuerza Pública. De no ser por la contundencia de la prueba visual, Álvaro estaría enfrentando un proceso judicial en la Fiscalía subalterna de Barbosa. Por casos como este, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha expresado, en comunicado oficial de su oficina, que “es necesario garantizar los derechos… a las garantías procesales de los detenidos”. Supongo que ni el oscuro ministro de Justicia ni Andrés Pastrana se referían a Bachelet como uno de los conspiradores que, junto a Maduro, estarían propiciando la violencia en Colombia, solemne estupidez que nadie cree, ni siquiera ellos, como explicación de los dolorosos sucesos de este mes de rebelión.

Entre tanto, y con la degradación de las protestas sospechosamente conveniente para los extremistas de todos los pelambres, se descubre, ahora sin tapujos ni disimulos, quién es el verdadero amo del rejo. Según una entrevista de Uribe con Blu Radio, el jefe del jefe de Estado visitó reservadamente a este, el jueves pasado, después de decirle a El Mundo, de España, que a Duque “sí le ha faltado (autoridad para manejar el paro)”, frase que adobó con esta otra: “La tiene que fortalecer… y es factible por el profesionalismo de las Fuerzas Armadas”. El viernes, a medianoche, el presidente pareció obedecerle: decretó la “máxima” militarización de media Colombia y anunció que “este despliegue se hará en cabeza de oficiales de la más alta experiencia”, tal como se lo había solicitado (exigido) Uribe Vélez, tanto en su conversación privada como en comunicado de su partido personal. No por casualidad, el dialogante alcalde de Cali tuvo que modificar, en cosa de horas, su posición para nombrar a un secretario de Seguridad Militar (r) de rango de coronel como quería Uribe quien pronunció la siguiente afirmación inolvidable por las consecuencias que sobrevendrán pronto: “El Gobierno no puede supeditar el ejercicio de autoridad a que el alcalde (de cada municipio) ayude… No (se puede) condicionar el ejercicio de autoridad a los alcaldes” (oír). De acuerdo con la conclusión del entrevistado, no hay que destituir alcaldes ni gobernadores, basta con hacerlos a un lado. Nadie quiere vivir en medio del caos, sin Estado, sin Gobierno, sin Constitución que obedecer. La cuestión es cómo se ejerce el mando: en democracia y con sujeción a las leyes o en autocracia y con garrote y armas de fuego en la mano.

Entre paréntesis. Atención: el uribismo aprovecha la confusión generalizada para promover, en la Cámara, un proyecto de censura previa a contenidos de prensa con la disculpa de proteger derechos de los niños. Propone crear una comisión oficial para revisar qué pueden o no pueden publicar los medios. ¡Lo que faltaba!

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/pobre-marinero-donde-manda-capitan/

 

  • 21.18.-Suerte echada con el CIDH – RAMIRO BEJARANO
  • Ventajas de impunidad otorga la destrucción de expedientes en incendio del Palacio de Justicia en Tuluá, dice la Corte Suprema.
  • Saltan del barco que se hunde y Duque no se entera – CECILIA OROZCO
  • Las cruces de los Uribe  YOHIR AKERMAN
  • Los “falsos positivos”: Una verdad aterradora pero necesaria – GONZALO SÁNCHEZ G.

El anuncio público de la JEP sobre los avances de la investigación en el macro caso 003, “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agente del Estado,” nos confronta con las verdades incómodas que la justicia transicional ayudará a esclarecer para que asumamos de una vez por todas nuestro pasado violento, exijamos cuentas y avancemos decididamente para resolverlo y transformarlo.

24 feb 2021.- El avance de la investigación que se ha presentado a la sociedad colombiana esta semana señala que se han documentado 6.402 personas asesinadas en estado de indefensión y presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2010. Se aclara que éstas representan el 78% de las muertes de este tipo en un periodo histórico que se remota a los años 80. Se trata de una cifra que supera las 2.248 víctimas reportadas por la Fiscalía General de la Nación, las 2.279 documentadas por el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, o las 1.741 reportadas por el CINEP.

Este cambio en las dimensiones no debería sorprendernos tanto, pues si algo se espera de la justicia transicional es que cierre la brecha entre lo ocurrido y lo conocido. Y dado el contexto actual hay que subrayar vigorosamente que es justamente un logro el acuerdo de paz que este conocimiento esté siendo posible.

La dinámica de construcción estadística está respaldada por variados canales : víctimas que se confrontan con el miedo para exigir justicia y que reconocen las oportunidades para denunciar; víctimas y organizaciones que pueden presentar informes ante la JEP; perpetradores que aportan verdad para obtener beneficios judiciales; y funcionarios y académicos que construyen una ruta de investigación para identificar patrones de macrocriminalidad a partir de la integración y contrastación de la información procedente de distintas fuentes. Este acumulado social e institucional permite consolidar hoy día un universo en el que se integran casos nunca denunciados,y casos documentados por distintas fuentes que no compartían información.

Con estas anotaciones en mente cabe afirmar que muy probablemente en los 2.248 casos de la Fiscalía General de la Nación no estaba la totalidad de los 2.279 del Observatorio de Memoria y Conflicto, y a la inversa. Esto sin contar con otras fuentes como la Cooperación Colombia-Europa-Estados Unidos. Un aporte no menor de la JEP con su avance es que corrobora una vez más que tener información fragmentada puede ser tan grave como carecer de información, y que ambas situaciones son camino expedito al olvido y a la impunidad.

Las dimensiones de lo documentado por la JEP nos remiten a un inevitable ejercicio de memoria: evocar el informe sobre ejecuciones extrajudiciales del relator de la Organización de Naciones Unidas, Philip Alston, quien visitó Colombia en junio de 2009, y al año siguiente presentó sus conclusiones. Hace más de 10 años, Alston aseguraba que podrían ser más de 5.000 las víctimas de los “falsos positivos”; que había encontrado indicios de sistematicidad en los hechos, y algo muy contundente que dejamos pasar por alto, a saber, que esta escala de la victimización implicaba que uno de cada tres muertos reportados por el Estado colombiano en su lucha contra grupos armados ilegales como muertos en combate, eran en realidad “falsos positivos”.

Demostrar las dimensiones del hecho criminal es de enorme relevancia, ya que una de las características de los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra es su carácter generalizado, así que las dimensiones cuentan, y mucho, para establecer un patrón de macrocriminalidad.

Seguramente algunos sectores de la opinión pública y de la política intentarán subestimar la cifra de 6.402 muertos, calificándolos como no tan relevantes en un conflicto armado que cuenta con más de 9 millones de víctima; y que ha dejado más de 265 mil muertos, según los registros del Centro Nacional de Memoria Histórica a 2018. Se omite en esas comparaciones negacionistas y poco éticas el agravante de que dichos crímenes fueron perpetrados por agentes de Estado, que tenían el mandato constitucional de proteger a los ciudadanos, y que se financiaron con los impuestos de todos los colombianos.

Pero más allá de las consideraciones éticas, dicha cifra puede decir mucho si aclaramos frente a qué universo de hechos violentos debe compararse, para comprender sus implicaciones. La comparación fuerte no es con el conjunto de la victimización del conflicto armado, sino con un subconjunto particular de la guerra: el de las muertes en combate.

Hagamos un encadenamiento lógico de las cifras. El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica documentó 15.237 muertes en combate entre 2002 y 2010, así que este es el primer paso para determinar el universo que sirve de referencia para leer lo que implica la cifra de las víctimas de los “falsos positivos”. A este subconjunto hay que descontarle entonces la cifra de miembros de la Fuerza Pública, 3.777, que también son muertos en combate, lo que deja un resultado efectivo del universo de los que fueron presentados como miembros de grupos armados ilegales dados de baja en combate. A la luz de estos datos el número de muertes en combate de quienes fueron presentados como miembros de grupos armados ilegales sería de 11.460.

Si son 11.460 los muertos en combate que fueron presentados como miembros de grupos armados ilegales, las 6.420 víctimas de los “falsos positivos” identificadas dentro de ese total cambia radicalmente la manera de interpretar los resultados operativos en la lucha contra los grupos armados ilegales. Si se tiene en cuenta que cada víctima de un “falso positivo” debe descontarse de las muertes en combate reportadas, se llega a la monstruosa conclusión de que la víctimas de los “falsos positivos” representaron 1 de cada 2 muertes reportadas como bajas en combate. Dicho de otra manera, más de la mitad de los resultados operacionales de una política pública de seguridad fueron producto de una operación criminal que presentó a civiles indefensos como miembros de grupos armados ilegales dados de baja en combate.

Cabe entonces preguntarse: Si el 56% de los muertos en combate que fueron presentados como miembros de grupos armados ilegales eran en realidad civiles en estado de indefensión, entonces la sistematicidad que en su momento señaló el relator de Naciones Unidas, asegurando que eso no implicaba la existencia de una política oficial, es sostenible ahora? . Siguiente pregunta: ¿Una directiva que ofrecía recompensas por bajas en combate no fue en realidad la causa determinante y última de una escala de victimización que copó más de la mitad de los resultados operacionales de una política de seguridad?

Verdades incómodas pero necesarias para continuar el debate. Última anotación: si el número de guerrilleros muertos en combate realmente es mucho menor que el que se presentó en su momento en los resultados operacionales, entonces la asimetría en la capacidad de infligir daño entre la guerrilla y el Estado se reduce considerablemente. En qué quedaría entonces la retórica victoriosa de la seguridad democrática?. Porque, en síntesis, si antes de que se develaran estas dimensiones de los “falsos positivos”, por cada miembro de la fuerza pública muerto en combate, había tres miembros de grupos armados ilegales muertos, ahora esa relación es casi simétrica, cercana a una relación 1 a 1, un muerto real en combate, y un muerto “falso positivo”. Aterradora revelación de esta guerra degradada. Las verdades que brinda la paz duelen, pero son las que estábamos esperando.

* Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia

https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/los-falsos-positivos-una-verdad-aterradora-pero-necesaria/

21.18.-Suerte echada con el CIDH – RAMIRO BEJARANO

Juan Grabois denunció haber sufrido malos tratos en aeropuerto de Colombia 

Vergonzoso el confuso episodio del oficial de Migración que no autorizó el ingreso al país del argentino Juan Grabois, quien venía en una misión observadora de derechos humanos. La excusa no pudo ser más pueril: el extranjero faltó al respeto. Así ocurrió cuando Chávez, incómodo con José Miguel Vivanco, lo expulsó arbitrariamente de Venezuela.

29 may 2021.- Ese atropello coincidió con el viaje de Marta Lucía Ramírez a los Estados Unidos para apagar incendios. Poco sirvió. Resultó insólita su inicial declaración de que la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solo podría realizarse luego de que aquí se adelantaran los procesos en curso ante distintas autoridades. Surtida una primera ronda de entrevistas en Washington, la canciller —a quien, entre otras cosas, no se le vio acompañada del embajador Francisco Santos— intempestivamente cambió de discurso, pues afirmó que si de la CIDH querían venir al día siguiente, bien podrían hacerlo.

Alguien debió advertirle a la vicepresidenta que repudiar la visita era una estupidez, en especial invocando la grotesca coartada de que previamente debían terminar unos procesos aquí para salvaguardar la soberanía nacional. Nadie en el Gobierno entiende el alcance de las visitas de la CIDH, negadas curiosamente en aquellos lugares sometidos a regímenes de talante dictatorial como Venezuela, que la Comisión visitó pero desde Cúcuta. La CIDH no viene a un país en condición de juez ni a sustituir su poder judicial, como parecieron entenderlo el Gobierno y algunos de sus abogados áulicos que defendieron la primera postura de la canciller. Como lo explicó la profesora experta en la materia María Clara Galvis, “la CIDH no juzga si Colombia cumplió o no con las investigaciones, sino que coopera con un Estado para ayudarlo a salir de una crisis de derechos humanos”.

Aunque con explicaciones vacuas intenten los agentes del Gobierno y hasta el subpresidente alegar que aquí no hay preocupación con los derechos humanos, sino la represión a unos terroristas bloqueadores e incendiarios, los resultados de los disturbios por las marchas dejan un reguero de abusos policiales, con un crecido número de muertos, heridos y, quién lo creyera, hasta desaparecidos. No podrán tapar el sol con un dedo, ni justificar la incoherencia de la Fuerza Pública para reaccionar ante los desmanes y los vándalos. Muy efectiva contra los marchantes y la población civil, pero bastante lenta e ineficiente para repeler ataques previsibles.

Me refiero al pavoroso incendio del hermoso Palacio de Justicia de Tuluá, que estaba prácticamente anunciado desde el día anterior, sin que a la hora de la agresión hubiesen aparecido el Esmad o el improvisado mandatario del Valle del Cauca, el tempestuoso general Zapateiro, comandante del Ejército. La Corte Suprema de Justicia con razón ha repudiado este acto violento que no tenía por qué suceder en el marco de protestas pacíficas. Si sucedió fue porque las autoridades dejaron desprotegida la sede judicial de Tuluá, como también lo estaban en Buga y Cartago, y como ocurrió en Jamundí. Si el acto criminal se hubiese intentado contra el edifico de la Policía en Tuluá o el batallón Palacé, no habría quedado vivo nadie. Ahora ya empezaron las detenciones indiscriminadas de presuntos sospechosos del ataque aleve, y eso atemoriza porque van y concluyen revocados por los jueces, como los encarcelamientos de los supuestos terroristas del atentado al Centro Andino en Bogotá.

Restan 14 meses para que concluya esta pesadilla que va en ascenso, ahora que Duque se negó a firmar el preacuerdo con los organizadores del paro, pues viene en camino un nuevo proyecto de reforma tributaria que deje felices a los que todo lo tienen porque no tendrán que asumir un sacrificio diferente de vestirse de blanco para marchar en silencio o reclamando que “los buenos somos más”, mientras los desposeídos se mueren de hambre. El libreto está listo: cuando se repitan las protestas, aparecerá la conmoción interior que la derecha y el uribismo —perdón por el pleonasmo— reclaman para asegurar el triunfo electoral en 2022.

Adenda. El hijo de Horacio Serpa, arrodillado al Gobierno que propició la infamia de que se sindicara a su padre de asesino. Insaciable apetito burocrático, oportunismo y falta de carácter: perversa combinación.

https://www.elespectador.com/opinion/suerte-echada/

21.18.-Ventajas de impunidad otorga la destrucción de expedientes en incendio del Palacio de Justicia en Tuluá, dice la Corte Suprema.

A través de dos comunicados, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura rechazaron el incendio del Palacio de Justicia “Lizandro Martínez Zúñiga” de Tuluá, Valle del Cauca. Las entidades coincidieron en que los actos vandálicos atenta contra la materialización de los derechos de los ciudadanos.

En la noche de este martes se reportó un incendio en el Palacio de Justicia de Tuluá. / Captura de pantalla

“En momentos tan críticos como los que atraviesa el país, las sedes de la justicia son las casas de protección democrática de los colombianos. El fuego que las consume, como ocurrió en el ataque criminal al Palacio de Justicia de Tuluá, erosiona severamente las bases del Estado”, expuso la Corte Suprema de Justicia en cabeza del magistrado Luis Antonio Hernández quien añadió que los ataques ocurridos durante los últimos días atentan en contra de los derechos de los ciudadanos. Desde el alto tribunal aseguraron que “los actos de violencia deben detenerse de inmediato”. 

26 may 2021.- El más reciente ataque vandálico registrado en el Palacio de Justicia en Tuluá, en el que incineraron la infraestructura, ha generado todo tipo de reproches. La Corte Suprema, por su parte, expresó que su rechazo no solo por la destrucción en el municipio vallecaucano sino por los episodios similares registrados en las sedes judiciales de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cundinamarca, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Rosa de Viterbo, La Plata y Villavicencio.

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“Estos eventos ponen en peligro la integridad de los funcionarios y empleados judiciales, quebrantan la indemnidad de la justicia e impactan los ya escasos recursos con los cuales funciona. La destrucción de expedientes otorga ventajas a la impunidad y a la agudización de los conflictos, no a su resolución”, expuso la Corte y añadió que exhorta a los integrantes de la mesa de negociación a quienes ostentan liderazgo político y a los líderes de las protestas para que reconozcan la responsabilidad que, por acción u omisión, les corresponde tanto en el conflicto como en su solución.

Para el alto tribunal se deben rechazar, enfáticamente, los abusos de todo tipo, la destrucción del tejido social y la economía del país, los ataques violentos a la propiedad privada y a los bienes públicos, así como el bloqueo de carreteras. Lo anterior con el propósito de apaciguar la alteración social que empaña el ejercicio de los derechos a la libre expresión y la protesta pacífica. Así como también que se detenga la pérdida de vidas humanas.

Una postura similar asumió el Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza de la magistrada Gloria Stella López, que trajo a colación los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia, en Bogotá, durante 1985. “En momentos como los que vivió Tuluá la noche del 25 de mayo solo llega a la mente de los colombianos el holocausto del que fue víctima la justicia hace 35 años y rememora la petición del inmolado magistrado Alfonso Reyes Echandía: “Que cese el horror”.

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La corporación condenó los ataques de los que ha sido víctima la Rama Judicial en materia de infraestructura y reprochó que por cuenta de actos vandálicos se esté poniendo en riesgo la vida de los funcionarios públicos que se encuentran en el interior de las sedes judiciales. “La destrucción de expedientes y el ataque sistemático a la justicia no puede ser un fin, pues obstaculiza el propósito de construir una sociedad más justa, más aún cuando los jueces son los garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¡La prioridad es la vida y la justicia!”.

El Consejo Superior reiteró que la mejor solución para dirimir las diferencias que existen en el territorio nacional es el diálogo. “No queremos tener más este sentimiento de impotencia y tristeza, no solo por el ataque a la justicia, sino a institucionalidad del país”, dijo la entidad.

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Los actos vandálicos registrados en la noche de este martes, en donde no solo se incineró la infraestructura sino que atentaron contra la vida de Camilo Andrés Arango, un joven de 18 años, estudiante de derecho, y que perdió la vida por impacto de bala, se presentaron en el marco de las movilizaciones que convocaron desde el pasado 28 de abril como negativa a las directrices dadas por el Gobierno de Iván Duque.

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21.18.-Saltan del barco que se hunde y Duque no se entera – CECILIA OROZCO

A pesar de que Colombia se encuentra al borde de un abismo que puede costarnos la interrupción de la democracia formal con que contamos y la cual, al menos, ha permitido la alternancia de los poderes Ejecutivo y Legislativo cada cuatro años; a pesar de que la administración Duque atraviesa la peor crisis de gobernabilidad que haya enfrentado un mandatario nacional en décadas, ni el presidente, ni la vicepresidenta, ni su gabinete, ni los genios asesores de la Casa de Nariño se han tomado en serio la ola de protestas pacíficas y violentas que ha sacudido hasta los cimientos del Estado.

25 may 2021.- Este Gobierno hueco todavía un mes después del estallido anda jugando al engaño y la distracción: como si fuera un acto magnánimo y no una necesidad nacida de la realidad política, el presidente de la República concede la instalación de una mesa de conversaciones con el Comité del Paro y nunca volvió a sentarse con los líderes populares; nombró a Miguel Ceballos coordinador de su grupo de delegados aunque el excomisionado de Paz había renunciado y estaba por retirarse. En alocuciones públicas ofrece garantías para las marchas y después anuncia la “asistencia militar” en las ciudades; dice que respeta a quienes van a las concentraciones, pero policías de uniforme y de civil, bajo su mandato, apuntan sus armas directo contra el cuerpo de los saqueadores e, indistintamente, contra los buenos ciudadanos. Mientras en las calles colombianas se recrean las escenas sangrientas de los pistoleros del lejano Oeste americano y los vecinos de los barrios, atemorizados, se esconden de las balas e inhalan gases lacrimógenos, Duque, residente de un planeta encantado distante de la Tierra, dedica su tiempo a actuar en un estudio exclusivo para él, con cámaras de frente y de perfil, para contestar, en inglés, a las preguntas de una pantalla que no lo tensionan tanto como las de los periodistas profesionales. Sus “respuestas” —más bien, sus frases prefabricadas— sobre la parálisis nacional no respetan una mínima cuota de veracidad.

¡En verdad, es asombrosa la desconexión del presidente con la incendiada Colombia! Y la de su vicepresidenta canciller que emprende, cual princesa también encantada, viaje al exterior, segura de que con la “carreta” vacua con que ha conquistado votantes aquí puede entretener a los directivos de los organismos multilaterales, allá. Su misión, y decidió aceptarla, consistía en cerrarle las puertas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para una visita al país. La CIDH evaluaría, en el terreno de los hechos, si es cierto que los comandos de la Policía adaptan sus procedimientos, en las manifestaciones, a los convenios internacionales, o si son tan salvajes como los vándalos a los que combaten. La explicación de Marta Lucía Ramírez da risa, una risa angustiosa: no hay necesidad de que la Comisión Interamericana u otros enviados independientes examinen la conducta oficial. Los investigadores con que cuenta el país van a resolver las dudas, afirmó. “Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, todos (sic) han establecido un equipo de trabajo para asegurar que no haya un solo caso de violación de DD. HH.”, les dijo a unos manifestantes que la esperaban a la salida de la casa del embajador de Colombia en Washington. Me retracto: no da risa sino rabia que Ramírez pretenda que alguien confíe en la Fiscalía de Barbosa (exconsejero de Duque), la Procuraduría de Cabello Blanco (exministra de Duque) y la Defensoría de Camargo (politiquero aliado de Duque, y tan sensible frente a las víctimas que prefirió irse, en uno de los más delicados episodios de violencia, a pasar un puente festivo en Anapoima).

El gobierno Duque cae, vuelto pedazos: tuvo que irse, con el rabo entre las piernas, Alberto Carrasquilla, un ministro tan autónomo que parecía el jefe del presidente y no al contrario; se fue, también, con la cabeza abajo, Claudia Blum; se fue Miguel Ceballos enrostrándole al intocable Uribe sus abusos y enfrentándose al partido gubernamental, el mismo que, hoy, no sabe cómo deshacerse del que puso Uribe; renunció Viviane Morales a vivir en la embajada de París, cómo estará de cerca la debacle. Saltan del barco que se hunde, unos y otros, y Duque sigue sin darse por enterado. El peor mandatario en el peor momento.

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21.18.-Las cruces de los Uribe – YOHIR AKERMAN

Uribe, Luis Alfredo Ramos, Santiago Uribe, Mauricio Santoyo, Don Berna y Ernesto Baez. – Foto: SEMANA

Retomemos el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus cercanas coincidencias de tiempo, modo y lugar con el paramilitarismo. Para eso vale la pena retomar unas declaraciones de otro testigo que, sorpresivamente, terminó silenciado.

29 may 2021.- El paramilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, alias Cristian Barreto, se ganó la confianza de Salvatore Mancuso y lo siguió en su travesía de terror por varias regiones del país, entre ellas Antioquia. Antes de eso fue escolta personal de Carlos Castaño. Es decir, conoció muy de cerca el liderazgo de esa organización criminal.

Alias Cristian Barreto realizó la masacre de El Aro. Fue el primero que empezó a develar las aberraciones cometidas por los paramilitares en la incursión a ese corregimiento de Ituango, en el norte antioqueño.

Según sus propias palabras —perseguido por las pesadillas y por los gritos de las víctimas de El Aro que le retumbaban en la cabeza cada vez que cerraba los ojos—, alias Cristian Barreto decidió entregarse a las autoridades en febrero de 1998. Es decir, cinco meses después de ejecutada la masacre.

Gracias a una investigación realizada por el periodista Sergio Mesa, pudimos conocer que, en varias declaraciones y ratificaciones rendidas ante la Fiscalía, alias Cristian Barreto da cuenta del accionar del Bloque Noroccidental de las Auc, que estaba al mando de Luis Arnulfo Tuberquia, alias Memín, y relaciona la hacienda La Carolina, que fue propiedad nada más y nada menos que de los hermanos Uribe Vélez.

Alias Memín —quien fue excluido de la Ley de Justicia y Paz el 15 de abril de 2009 por la Corte Suprema de Justicia— se acogió a sentencia anticipada y aceptó cargos por homicidios, desapariciones forzadas y 10 casos de desplazamiento forzado. El sentenciado recibió una rebaja del 40 % del total de la pena impuesta, que ascendió a 40 años de prisión por su participación en la muerte de 304 personas.

Pero volvamos a alias Cristian Barreto.

De acuerdo con declaraciones rendidas entre 1998 y 2008, la policía de San José de la Montaña y los militares de la base militar, que coordinaban sus trabajos con los paramilitares con presencia en la zona, estaban instalados en la hacienda La Carolina. Así como se oye.

Esto no es nuevo. La vinculación de la hacienda La Carolina —en ese entonces propiedad de los Uribe Vélez— con el accionar de grupos paramilitares fue confirmada por ex jefes paramilitares como Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar.

También fue relatada por el teniente Everardo Bolaños Galindo, alias Jhon Jhon, condenado por paramilitarismo y por su participación en la masacre de El Aro: “[…] la presencia de las autodefensas era muy marcada. […] La Carolina era una finca de un hermano de Álvaro Uribe de nombre Santiago Uribe, posteriormente, en La Carolina siempre permanecía ejército porque era la entrada hacia Ituango y ahí estaba un grupo de autodefensas, y más adelante hacia Medellín, hacia Santa Rosa, estaba otro grupo de autodefensas lideradas por alias el Viejo, todo este grupo de autodefensas estaba en medio de la jurisdicción del batallón”.

Coincidencias de tiempo, modo y lugar. Pero aquí se conecta otro crimen.

La sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Medellín del 24 de noviembre de 2017 que condena por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado a los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, como coautores del homicidio del abogado Jesús María Valle Jaramillo, dice: “La orden de asesinar a Valle provino de Carlos Castaño y de los Angulo Osorio, la orden fue dada en el sector de Las Cruces, jurisdicción del municipio de San José de la Montaña.

Pues vamos a Las Cruces.

Según alias Cristian Barreto, el asesinato de los abogados Jesús María Valle Jaramillo y Eduardo Umaña Mendoza, denunciantes de las masacres de La Granja y El Aro, en Ituango, se habría planeado en una reunión que se realizó en jurisdicción del municipio de San José de la Montaña, a pocos kilómetros de la hacienda La Carolina.

Frente a esto, la Fiscalía le preguntó en una de sus declaraciones a alias Cristian Barreto si participó en reuniones donde se decidiera asesinar a una o más personas. La respuesta fue estremecedora.

“Había 45 hombres y entre ellos estaban el Mono Mancuso, Alexis, Pelucas y Memín que llegó después de la reunión, y el comandante de la Policía de San José de la Montaña y un sargento del Ejército que no sé el nombre, pero que es un moreno que estaba de comandante de la base de La Carolina, que es la entrada de los Llanos de Cuivá, ahí planearon asesinar y escoger el personal de los que iban a ser los hechos”.

Existe otra declaración que es más explícita.

“[…] ellos estaban demandando a la Cuarta Brigada que los militares hacían incursiones en conjunto con los paramilitares, fundamentalmente la del Aro, la de Segovia y habían (sic) denuncias, también la de Pichilín, Sucre, y muchos homicidios que se daban en Puerto Valdivia y desapariciones. La decisión la tomó Álvaro Uribe Vélez que dijo para mí el voto mío callarlo, también habló el general Manosalva de la Cuarta Brigada, dijo que la decisión la tomaran que el voto de ellos era sí, habló Junior y lo único que dijo fue que ese señor José Ovalle [se refiere a Jesús María Valle Jaramillo] le tenía persecución con lo de Ituango que si era para matarlo estaba dispuesto a lo que fuera. Entonces Castaño y Mancuso dijeron autorizado. Ese día autorizaron escoger al personal para hacer el trabajo, se tomó también la decisión de asesinar a los investigadores del CTI y al periodista Jaime Garzón y a la señora Amparo Ariza”.

Pero no solo lo dijo ahí. El 25 de marzo de 2008, el mismo paramilitar alias Cristian Barreto, de apellido Villalba, respondió a la Fiscalía sobre las motivaciones para dar muerte al defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo: “Porque ellos estaban demandando a la Cuarta Brigada”.

La Fiscalía le preguntó: Señale con precisión, además de los enunciados, ¿qué personas asistieron a la reunión en que se dispuso dar muerte a los defensores de derechos humanos, entre ellos el doctor Jesús María Valle Jaramillo y el doctor Umaña?

Alias Cristian Barreto contestó: “Estuvo Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Junior, Monoleche, mi persona y los militares ya mencionados y los agentes de Policía ya mencionados. Santiago Uribe y Álvaro Uribe, que era el gobernador. Santiago Uribe todavía maneja el frente que manejaba en esa época, queda en Santa Rosa de Osos, ese grupo ha prestado el personal para el sicariato urbano y rural, en esa época tenía 220 hombres entre Santa Rosa de Osos y los Llanos de Cuivá. Actualmente todavía existe ese grupo, pero con más personas y comando por él, le dicen el Pecoso. Hasta donde me han dicho a mí, ese grupo ya creció”.

En otra declaración, alias Cristian Barreto amplió y ratificó su versión: “[en la reunión de] Las Cruces llegando a San José de la Montaña, se reunieron para […] callar a los que estaban investigando la masacre de El Aro, a los del CTI, y ordenaron matar al doctor José [debe entenderse como Jesús] María Valle, al doctor Umaña Mendoza […]. En esas reuniones estuvieron los hermanos Uribe, los militares ya mencionados, Junior, Mancuso, Castaño, Monoleche, que estuvo en la última de Las Cruces, y mi persona que era comandante del grupo”.

El 7 de julio de 2008 agregó otros detalles. “Hasta la finca en que yo estaba llegaron con los señores de la Policía de San José de la Montaña, fueron en un helicóptero azul, eso lo pueden verificar con los pobladores a ver si para esa época bajaron helicópteros a la cancha de fútbol que queda para el lado de Toledo ya al fondo del caserío. No sé de quién eran los helicópteros, Carlos Castaño llegó con Mancuso y el piloto era Angarita, y a él lo mataron aquí en Medellín. Los militares llegaron en el helicóptero con Álvaro Uribe y Santiago y los policías, el mayor Parra Niño llegó vía terrestre”.

Las grabaciones de estas reuniones, según alias Cristian Barreto, las entregó a la Fiscalía pero, oh, coincidencia, se fueron perdiendo: “[…] habían (sic) unos casetes grabados, habían (sic) tres casetes los grabé yo, se los entregué a un señor del CTI y como a los ocho días fue asesinado y le quitaron los casetes y esos casetes fueron a manos de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. Yo entregué esos casetes en febrero del 98. Un año después, a uno de esos señores del CTI lo mataron ahí en Medellín a los ocho días de tener ese casete, y al otro lo mataron en septiembre de 1999”.

Villalba fue asesinado el 23 de abril de 2009 en el municipio de La Estrella, Antioquia, al sur del Valle de Aburrá, mientras se encontraba en detención domiciliaria. Había sido condenado a 37 años de prisión por todos sus salvajes crímenes. Pero seguramente fueron sus palabras y conocimiento, no sus acciones, lo que le dio esa sentencia de muerte.

Las autoridades nada saben de los responsables de este crimen, que dejará inconclusa una parte de la verdadera historia de la masacre de El Aro. La otra parte dicha está.

Afortunadamente para la oscura historia de la relación del Ejército, los paramilitares y la Gobernación de Antioquia, Villalba o alias Cristian Barreto no se llevó a la tumba todos sus secretos sobre el accionar paramilitar en el norte antioqueño. No sabemos si su lápida la adorne una cruz, pero sin duda una cruz marca el lugar: la hacienda La Carolina. Para los Uribe Vélez, las declaraciones del comandante paramilitar son Las Cruces que tienen que cargar. Otras más.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/las-cruces-de-los-uribe/

  • 21.17.- Masacres para olvidar – YOHIR AKERMAN
  • Intolerancia a la carta frente a la recepción de Petro en casa de la comunidad judía – PATRICIA LARA
  • Paz en la tumba de Alison – CECILIA OROZCO

La imagen borrosa de Alison se ve en el ángulo derecho de la cámara de un testigo que graba y narra la escena de su captura, ejecutada por policías del GOES (Grupo de Operaciones Especiales) en la noche del pasado miércoles 12 de mayo, en un costado de la carretera Panamericana a la altura de Popayán.

18 may 2021.- Su figura pequeña, aunque acurrucada en el andén cerca de un muro, se distingue por el color claro de su pantalón, al parecer de sudadera. Dos hombres del GOES, cuyos rostros se ocultan tras unos cascos de diseño largo y visera oscura, parecen lanzar un golpe contra ella, levantarla y agarrarla de los brazos para arrastrar su cuerpo, tal como lo hicieron a partir de ese momento y durante la eternidad que duró su difícil traslado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) que se encontraba a unos 100 o 120 metros de distancia. Desde el momento de su retención, se inició un difícil forcejeo entre ellos y la díscola Alison que pataleaba y halaba para zafarse de los policías cuyo número iba en aumento mientras ella gritaba que no estaba haciendo nada y que eran “unos imbéciles” (ver).

Al principio de la “película”, que infortunadamente no era de ficción, Alison llevaba cubierta su cabeza con la capucha de su chaqueta; también usaba un tapabocas que solo permitía ver sus ojos. Era una sospechosa. O no: era culpable por su vestimenta. En medio del tire y afloje, otros dos o tres uniformados hundían el pedal amenazante de sus motos en torno a ella. Su cara y parte de su cuerpo de la cintura hacia abajo fueron quedando descubiertos: “Soltame que me estás desnudando, imbécil”. Los del GOES, exasperados, le pedían calma. Alison no cesaba de gritar: “Yo no estaba haciendo nada”. Se tiró al piso y se sentó. Lanzó su mochila lejos de ella y pidió que la revisaran para ver si encontraban algo que la incriminara. Nadie hizo caso. Los machos GOES siguieron forcejeando con ella hasta cuando uno retó a los otros: “¿¿¿Usted qué está pensando??? ¡¡Una mujer le va a ganar a cuatro varones!! ¡La chimba, hijueputa!”. Retados “los varones” la cogieron entre cuatro. Dos tomaron sus piernas, cada uno para su lado. Los otros, la agarraron de las manos. Y, así, colgada, como res que sale del matadero, fue trasladada a la URI. A la entrada, se vio el último reflejo de su figura. Un par de horas después, asegura el comunicado oficial, Alison fue entregada a su abuela después de que, verificada su identidad en el bolso en el que no encontraron indicios de que hacía parte de ninguna red “terrorista”, se dieron cuenta de dos datos que asustaron a los GOES: era menor de edad y su padre era un policía.

Libre, Alison expresó su rabia en una red social en sus términos de barriada: “Yo soy la que cogieron, en ningún momento me ven tirando piedras… cuando menos pensé estaban encima y solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma…”. Al día siguiente, jueves 13 de mayo, la abuela encontró muerta a Alison. De acuerdo con la versión publicada, se suicidó. El general Ricardo Rincón, comandante de la Regional 4 de la Policía, declaró, indignado, pero no por la muerte dramática de Alison sino porque se hubiera conocido su historia, que era “una noticia falsa, ruin y vil”. E hizo publicar en su cuenta de Twitter un texto en que se sobreimpuso un titular grande, en rojo: “MENTIRA INFAME”, sin siquiera darse el tiempo de investigar el caso, así fuera para disimular (ver).

La brutal reacción del alto oficial, indiferente ante una adolescente muerta por su propia mano o por otras, produjo el rechazo de diez organizaciones sociales de la zona, incluida una comisión de derechos humanos de la Universidad del Cauca. El Estado, destapadas ya sus tácticas fascistas, actuó en defensa de sí mismo: la Fiscalía anunció la realización de un “examen forense psicológico” cuya conclusión se puede deducir: Alison era una enferma psiquiátrica. No hay responsables. En cuanto al examen físico de Medicina Legal, un instituto inexistente desde cuando Barbosa botó a la directora Claudia Adriana García, en 2019, por informar que la muerte del estudiante Dilan Cruz, a manos del Esmad, había sido “un homicidio”, también conocemos su resultado: “no se encontraron evidencias de abuso sexual”. Comentario final: ¿arrastrar a una chica despernancada por cuatro “varones” es un procedimiento ajustado a los estándares internacionales aun teniendo en cuenta su rebeldía? Imposible que Colombia se sienta, hoy, orgullosa de su Policía.

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21.17.- Masacres para olvidar – YOHIR AKERMAN

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelantó la tercera audiencia de versión voluntaria del terrorífico general retirado Rito Alejo del Río, en la que la respuesta favorita del militar fue: no recuerdo.

22 may 2021.- Esta reciente audiencia se trató sobre el macrocaso que investiga la JEP por el exterminio de la Unión Patriótica (UP). El militar retirado no perdió oportunidad para alejarse de sus probados nexos con las autodefensas y hasta dijo que no recuerda la masacre cometida contra miembros del partido político de izquierda.

Pues démosle al general en retiro un amable recorderis.

Entre 1984 y 1997, hay documentadas 415 masacres contra miembros de la Unión Patriótica, según el libro Unión Patriótica: Expedientes contra el olvido, de Roberto Romero Ospina, publicado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Cuando Jaime Pardo Leal, en una campaña de pocos meses, obtuvo en las elecciones presidenciales de 1986 cerca del 5% del electorado, la ultraderecha colombiana se intranquilizó.

El caso de Urabá es muy representativo, donde la UP se alzó con casi todas las alcaldías de esa región bananera y agrícola de Antioquia.

En la página 345 del mencionado libro se lee: “Los paramilitares, en connivencia con sectores de las Fuerzas Armadas, arrasaron con la UP en una verdadera operación de exterminio con generales como Rito Alejo del Río, el famoso pacificador al estilo Morillo. Allí pusieron en práctica la famosa Operación Retorno, acuñada por el propio Ejército y que no era otra cosa que permitir las condiciones para que regresaran, a sangre y fuego, los viejos barones de la politiquería liberal conservadora que habían sido derrotados pacíficamente en las urnas por la UP”.

Aunque los grupos paramilitares o de autodefensas estuvieron, en un principio, amparados por la ley, en su evolución fueron quedando al servicio de grandes propietarios rurales y de narcotraficantes interesados en proteger sus territorios.

El origen de estos grupos, tal como se conocen hoy en día, se remonta a comienzos de la década de los 80, con la creación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS) por parte de sectores del narcotráfico afectados por los secuestros de la guerrilla.

El MAS surgió en 1981, cuando no se había producido la guerra entre los carteles de Medellín y de Cali. El antecedente fue el aumento de las presiones de las guerrillas a los narcotraficantes y el hecho que usaron para justificar su conformación fue el secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana de los hermanos Ochoa, unos de los líderes del cartel de Medellín, ocurrido el 12 de noviembre de 1981.

Posteriormente, el 5 de marzo de 1986, se dio la mascare de Campo Capote en la que 60 paramilitares del MAS, acompañados de unidades militares, incursionaron en Campo Capote, donde torturaron, desaparecieron y asesinaron a los miembros de la UP.

El día anterior a la masacre, militares de la Brigada XIV hicieron presencia en Puerto Nuevo y Puerto Parra y con ellos un grupo de 30 paramilitares recorrieron los municipios en busca de los líderes de la Unión Patriótica, dando como resultado ocho personas asesinadas, siete desaparecidas y cinco heridos.

Cosas difíciles de olvidar.

Pese a eso, Rito Alejo lo intentó y eso quedó registrado a las tres horas y dos minutos de la audiencia, cuando el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez de la JEP lo desnudó en sus mentiras. (Ver Audiencia).

JEP: Señor Del Río, Campo Capote estaba bajo su jurisdicción el 5 de marzo de 1986, usted era comandante. Esa masacre la cometieron paramilitares, ¿cómo explica usted esto?

Rito Alejo del Río: Doctor, yo voy a verificar, porque para esa época yo no tengo presente que se hubiera cometido ninguna masacre. Las masacres fueron posteriores.

JEP: Señor Del Río, el dato está, no solo es un dato oficial, incorporado al expediente, sino que además hay otro tipo de pruebas. La masacre sucedió, los nombres de las personas existen, eran militantes de la Unión Patriótica. Se cometió cuando el batallón estaba bajo su jurisdicción y la zona de Campo Capote estaba en su jurisdicción, ¿cómo explica usted eso?

Del Río: Yo realmente no me acuerdo, porque eso ya fue hace…

JEP: ¿No recuerda una masacre, señor Del Río, una masacre de estas dimensiones?

Del Río: No, no, no. No la tengo presente, señor magistrado.

Ante la sorpresiva y olvidadiza respuesta de del Río, el magistrado Salazar exhibió un informe de inteligencia del extinto DAS, con fecha de febrero de 1990, escrito por Óscar de Jesús Echandía Sánchez, un mayor retirado del Ejército a quien le decían Chocolate.

Chocolate dijo que el entonces teniente coronel Del Río, comandante del Batallón Girardot de Medellín, usaba una fuente como intermediaria para las razones que le enviaba a Henry Pérez sobre los posibles operativos en la zona de Puerto Boyacá y nombres del personal del Ejército con quienes se podía o no tratar para que colaboraran con las autodefensas y el narcotráfico.

Aunque del Río dijo que esto era complemente falso, hay varios testigos —exmilitares, exparamilitares y narcos— que lo vinculan como partícipe en esa y en otras 70 masacres de la región.

En esas que terminaron en el exterminio de los miembros de la Unión Patriótica, gracias a que el Ejército se alió con los narcos y el paramilitarismo para acabar con la izquierda política. Los votos de la democracia se reemplazaron por las balas y el Estado fue suplantado por la criminalidad.

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21.17.-Intolerancia a la carta frente a la recepción de Petro en casa de la comunidad judía – PATRICIA LARA

“Setenta personas de mi familia murieron en los campos de concentración. Por lo tanto, no puedo tomar esas cosas a la ligera” : Estela Goldstein – Foto: SEMANA

“Como hija de sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, me impacta la falta de tolerancia”, dice Estela Goldstein, presidenta del ancianato judío Beit Avot y una de las asistentes al encuentro que se realizó el pasado viernes entre miembros de la comunidad judía, el embajador de Israel y el candidato Gustavo Petro, en casa del empresario Jean Claude Bessudo y de su esposa, Danielle.

20 may 2021.- Pero antes de hablar de esa reunión —por cuya causa Bessudo ha recibido en las redes toda clase de improperios y cartas provenientes de representantes de la extrema derecha—, vale la pena ilustrar la dimensión del drama que, por la discriminación, el racismo y la falta de tolerancia, padecieron los padres de Estela en la época de Hitler, por el solo hecho de ser judíos. Resulta que ellos, quienes pasaron la guerra escondiéndose en Polonia, en esa época tuvieron un niño. Y el “amigo” que los escondía sintió tanto miedo de que los nazis los descubrieran en su casa, que mató al bebé.

Ya entenderán ustedes por qué a Goldstein la afecta tanto la falta de tolerancia que se ha expandido en Colombia, a tal punto que se arme semejante escándalo porque un grupo de judíos se reúne con el candidato de la izquierda, quien puntea en las encuestas y es considerado por la derecha como una especie de Satanás. Sin embargo, como dice uno de los asistentes a la reunión, no fueron la comunidad judía ni el Estado de Israel los que validaron a Petro, sino la sociedad colombiana, que lo eligió alcalde de Bogotá, que le dio ocho millones de votos y que lo tiene como senador con un sueldo pagado por el Estado. De manera que, como afirma la fuente, “las acusaciones son ridículas. Además, si uno se encuentra con alguien, no significa que apoye sus ideas”. Y, como dice Bessudo, “la polarización sólo conduce al odio y a la violencia; la única manera de bajarle a la violencia y a la polarización es conociéndonos los unos y los otros. Por otra parte, en mi colegio, el Liceo Francés, me enseñaron a formarme mi propia opinión”.

Para formarse su propia opinión, la comunidad judía escuchó a Petro, como acostumbra hacerlo con otros candidatos. Los Bessudo prestaron su casa para ello y les sirvieron a las 34 personas presentes (22 integrantes de la comunidad, Petro, tres acompañantes suyos y ocho miembros de la familia Bessudo) un almuerzo compuesto por lomo a la pimienta, pollo barbecue, papas con paprika, ensalada, flan de chocolate con almendras y buen vino.

La reunión no era fácil para nadie. Pero después de hora y media, durante la cual Petro habló de las relaciones con Israel, del desarrollo agrícola e industrial, del carbón y el petróleo, de la necesidad de que la Policía se convierta en un cuerpo civil que no dependa del Ministerio de Defensa, el almuerzo terminó de manera cordial. Unos “quedaron inconformes y otros interesados”, afirma Estela Goldstein, quien salió contenta de haber asistido a ese encuentro que, según ella, constituyó “una muestra de democracia, de apertura y de tolerancia”. Así les haya sabido a cacho a los campeones de la polarización, como el periodista Gustavo Rugeles y el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Félix Lafaurie. Además, no solo es importante que los empresarios conozcan a Petro, quien tiene chances de convertirse en presidente, sino que Petro escuche a los empresarios, pues no hay nada más difícil que construir y mantener una empresa. Y nada más fácil que destruirla.

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  • 21.16.-Del cura para abajo – YOHIR AKERMAN
  • Un país en crisis y sin presidente  CECILIA OROZCO
  • Capturan en EE. UU. al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons
  • Estrategia suicida – RAMIRO BEJARANO

Este Gobierno que defiende la reserva legal de informaciones públicas —tanto que todavía sigue sin entregar ningún dato de cómo y por cuánto negoció las vacunas del COVID-19—, sin embargo, hace excepciones ilegales. En ese insólito viaje que hizo en una madrugada a Cali, dizque para poner la cara cuando nadie lo pudo ver, Duque se presentó en el consejo de seguridad acompañado por su jefe de campaña y consejero personal, Luigi Echeverri, un particular, así hoy esté designado por el Gobierno en jugosas juntas directivas. Ningún servidor público puede compartir información reservada con un particular, menos en asuntos de seguridad y defensa nacional.

15 may 2021.- Fácil resulta imaginar la incomodidad, por no decir el fastidio, que los curtidos oficiales que estaban asistiendo ese amanecer al inverosímil consejo de seguridad debieron sentir al manejar temas ultrasecretos delante del belicoso asesor íntimo que manda cartas pidiendo censurar a un senador opositor. Duque está jugando con candela y gasolina, si cree que los hombres de la milicia se aguantarán indefinidamente ese maltrato institucional de ponerlos a compartir delicados asuntos de Estado con quien no ejerce función pública.

Duque ha ido sumando detalles desagradables contra la Fuerza Pública, como el de haberles patrocinado la compra de unos aviones que se ahogó el último día del multimillonario negocio, lo cual fue recibido mal. En ese ambiente de desconfianza, Duque no puede atreverse a cuestionar sin timideces los excesos de la Fuerza Pública, como se lo han pedido. No es que no quiera, sino que no puede.

Otro que no ayuda es Miguel Ceballos, el comisionado de Guerra. Él ha sido promotor de decisiones equivocadas, en particular las relacionadas con el desconocimiento del proceso de paz con las Farc y los diálogos con el Eln. Fue él quien debió envenenar todavía más a la administración Trump para que restableciera como terrorista a Cuba porque no ha faltado a sus compromisos como anfitrión y garante de ese accidentado proceso con los elenos. Tal es la hipocresía de Ceballos que, al tambalear este Gobierno, se acordó de restablecer esas conversaciones con quienes no ha cesado de estigmatizar aquí y afuera.

Mientras la Cancillería protesta por un trino del presidente de la Argentina porque pidió a Duque no reprimir la protesta social, guardó silencio ante reclamo similar del gobierno estadounidense. Es la misma contradicción de censurar a la Oficina de DD. HH. de la ONU en Colombia, y luego pedir su apoyo para negociar con los del paro nacional y el Eln. Ahí no paran los enredos. Hoy, en Washington, Pacho Santos es un alma en pena porque no lo recibe nadie. Duque sigue sin entender que si, después de cinco meses de haber ganado las elecciones, Biden no lo ha llamado, como sí lo hizo con otros mandatarios, es porque no es bienvenido en la Casa Blanca ni en el Departamento de Estado. Adicionalmente, el sanedrín expulsó a Claudia Blum, porque la sintieron más ministra de Uribe que de Duque, y nombrarán en su reemplazo a otro intemperante lagarto de ese círculo íntimo presidencial que conspira y persigue sin piedad.

Estas dificultades no son pasajeras. Se está cayendo Duque, con el beneplácito de su propio partido. El uribismo está empeñado en que crezca el incendio para intimidar a los colombianos, esperando que de nuevo voten por el Centro Democrático ante el peligro creado por ellos mismos de que esto se lo tome el comunismo, el castrochavismo o el narcoterrorismo. Igual hicieron cuando el plebiscito y lo mismo se proponen desempolvando la interpretación neonazi de la revolución molecular disipada. No en vano el multimillonario empresario Carlos Enrique Moreno, cuñado de Álvaro Uribe, lidera reuniones con empresarios en las que se habla de cómo proteger a sangre y fuego sus intereses. Como en Pereira, donde industriales lugareños alternaron con dos oscuros congresistas del Centro Democrático (¿mano negra?) empeñados en oponerse al diálogo con los “terroristas infiltrados”, contra quienes piden bota militar y conmoción interior, previa censura a los medios que no marchen al mismo ritmo, suprimiéndoles la pauta comercial. Fascismo puro.

Que quede claro, ningún demócrata quiere que tumben a Duque, porque la solución no son los militares al poder ni que se peruanice nuestra deteriorada democracia. Son otros los que trabajan en esa siniestra aventura.

Adenda. La única reforma a la Policía es inventarse un nuevo y verdadero cuerpo civil de seguridad.
notasdebuhardilla@hotmail.com

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21.16.-Del cura para abajo – YOHIR AKERMAN

El temible general (r) del Ejército Rito Alejo del Río sigue contando algunas verdades a medias ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en su macrocaso 004 investiga la violencia de Antioquia y el Chocó.

15 may 2021.- Rito Alejo, conocido como “el pacificador del Urabá” —por el papel que desempeñó dentro del comando de la Brigada 17 desde diciembre de 1995 hasta diciembre de 1997—, evidentemente tiene mucho más para contar sobre esa violenta época en la que los paramilitares y el Ejército trabajaron mancomunadamente. Pero enfoquémonos en lo que ha dicho hasta ahora.

Empecemos por una carretera.

En la audiencia, el polémico militar dijo: “Con el gobernador (Álvaro Uribe Vélez) se hablaba mucho del problema de transitabilidad de Medellín hacia Urabá. De arreglo de las vías y todo eso, y ahí nos incidía mucho el gobernador para que hubiera un apoyo y se arreglaran todos esos problemas que existían allá”. (Ver Audiencia).

Recordemos que, según han confesado los paramilitares Raúl Hasbún y Dalson López, la carretera que se construyó en 1996 para conectar Medellín con Urabá, denominada “la panamericana”, era una carretera hecha por orden del clan Castaño para sacar las municiones y la cocaína que las Autodefensas escondían en Belén de Bajirá, donde los paramilitares querían cooptar tierras.

Hasbún ha dicho claramente al respecto: “Allá no había vía, no había carretera. La carretera la construimos nosotros entre Barranquillita y Nuevo Oriente y Nuevo Oriente y Bajirá (…) él, con maquinaria de nosotros y maquinaria de él mismo, organiza la vía hasta la finca 4S, pero ahí no había carretera, no había absolutamente vía de penetración”. (Ver Informe).

Interesante que los paramilitares y la Gobernación, con el apoyo de los fusiles del Ejército, trabajaron mancomunadamente en el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Pero volvamos a Del Río.

Rito Alejo agregó que estuvo en tres o cuatro reuniones con el entonces gobernador Uribe para hablar de esa carretera y, según sus propias palabras, “para decirle verdad, él (Uribe) me insistió mucho, me dijo: si usted logra que esos empresarios, porque hay unos que son muy cobardes, vuelvan allá, deles protección y toda esa cuestión si eso se sucede yo creo que vamos a disparar la economía de Urabá”.

Cuando la JEP le preguntó directamente quiénes apoyaban a los paramilitares, el general en retiro respondió: “Era mucha gente, por decir. Nadie iba a decir ‘yo apoyo’. Pero uno lo notaba en el ambiente… Como dice la canción de Escalona, del cura para abajo hay que requisar”.

Ante la pregunta de la magistrada de la JEP sobre si en la brigada del Ejército entrenaban o vivían paramilitares, el general en retiro respondió con mucha naturalidad: “Probablemente hayan entrado. Hay declaraciones de soldados y de paras que en una de ellas me preguntaban: usted entró a la brigada, sí”.

Y sí.

También dijo con mucha calma que él dio concepto favorable a la creación de las Convivir, piedra fundamental de la formación de los grupos paramilitares, pero con una sorpresa: “Yo le quiero decir una cosa y también le quiero hacer llegar una directiva porque fue que a nosotros nos impusieron crear Convivir (…) Y nos hacían reuniones, y eso ya lo había dicho, para mirar qué cumplimientos nosotros hacíamos de esa directiva”.

No se puede olvidar que Álvaro Uribe Vélez, siendo gobernador de Antioquia, fue uno de los impulsadores y defensores acérrimos de la creación de las Convivir. Y que, además, justificó la dotación de armas de largo alcance para estos grupos, así como su participación en tareas militares.

“Nosotros les pedimos a las Convivir que colaboraran mientras llegaban las tropas, pero ellos nos respondieron que no tenían los recursos porque mientras la guerrilla tenía toda clase de armas, ellos sólo contaban con revólveres y changones”. Esas fueron las palabras del entonces gobernador Uribe Vélez, para justificar que la población civil respondiera ante situaciones que terminaron en el ejercicio de grupos paramilitares trabajando con las Fuerzas Militares.

Hoy, lastimosamente, se continúan permitiendo por parte del Gobierno nacional, y pregonando por parte del expresidente Uribe como gran líder espiritual del Centro Democrático, mensajes tendientes a armar a la población civil y a involucrarla en el conflicto armado, mediante su utilización en tareas de inteligencia, en operativos militares y en el control del órden público.

Es como si no hubiéramos aprendido nada de la historia paramilitar de este país. Y mientras tanto Uribe sigue pregonando, como un cura, que hay que apoyarse en las armas para defender la integridad. Los hechos recientes han demostrado que eso solo termina en lamentables enfrentamientos entre civiles y la Fuerza Pública o, peor aún, entre los mismos ciudadanos.
@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

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21.16.-Un país en crisis y sin presidente  CECILIA OROZCO

Palacio de Nariño, sede presidencial de Colombia. Foto Presidencia 

“Gran gesto”. Así calificó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, más por necesidad política que porque fuera verdad, la visita furtiva del presidente Iván Duque a esa hermosa ciudad, convertida, hoy, en tierra de nadie en donde todos intentan sobrevivir a la guerra de trincheras que se desató en sus calles.

11 may 2021.-Lo cierto es que el “gran gesto” presidencial se produjo de manera vergonzosa por provenir de quien ostenta, sin decoro, los siguientes títulos: jefe de Estado, jefe de Gobierno, suprema autoridad administrativa de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pues bien, el fin de semana pasado, momento en que más se requería su presencia en la capital vallecaucana con el fin de poner, si no orden, al menos la cara, Duque se excusó con la increíble disculpa de que no iba “para no distraer el trabajo de la Fuerza Pública”. Sin embargo, horas después se contradijo, presionado por el enojo que les produjo a los caleños, los mandatarios locales y hasta a miembros de su propio partido su decisión.

Entonces fue. Pero lo hizo clandestinamente, como miedoso de representar la autoridad legítima de la nación. Aterrizó en la base aérea militar Marco Fidel Suárez a la una de la mañana del lunes. Caminó unos pasos desde la pista hasta la sala de recepción del aeropuerto; se reunió, allí, con unos ministros y funcionarios regionales durante tres horas, y se devolvió a la comodidad de la Casa de Nariño antes del amanecer.

En su “estadía” en la capital del Valle, Duque ni siquiera hizo un leve recorrido por sus calles escoltado por el ejército, la policía y sus guardias civiles, si era preciso. No tuvo la curiosidad de ver los destrozos del vandalismo repudiable ni los que quedaron después de la confrontación armada de civiles contra civiles. No vio nada, salvo las luces urbanas desde la altura de su nave.

Cali quedó, allá abajo, hundida en su conflicto, bloqueada por las barricadas. Mientras tanto, el mandatario sigue aquí, cómodo, prepotente, ocupado en maratón de reuniones y haciendo teatro. En el palacete que lo alberga, su equipo de astronautas juega dos cartas: una de concertación y diálogo para la galería nacional e internacional; otra, hacia adentro, la del uribismo de siempre, que se traduce en que no pasa nada y en que lo único que sucede allá afuera es culpa de los comunistas, de Petro, las Farc, el Eln, Maduro, Cuba y, pasada de moda la palabreja castrochavismo por la desaparición física de Castro y de Chávez, ahora lo es también de la inextricable “revolución molecular” no sé de qué cosa, término que nadie entiende pero que asusta en épocas de formas moleculares de los virus COVID-19, SARS y MERS que matan con sus contagios.

La canciller, Claudia Blum, caleña ella y esposa de Francisco José Barbieri, también caleño y personaje de poder por ser el propietario de Tecnoquímicas, grupo empresarial de la industria farmacéutica (“molecular”, cómo no) que vende miles de productos de consumo masivo, fue la encargada de dejar al descubierto los planes del Gobierno.

Según denuncia periodística de Laura Gil en el portal Lalíneadelmedio.com, Blum envió, desde el celular en cuya identidad se lee “Dra. Claudia”, un video de propaganda política con la interpretación oficial sobre el paro, reenviado muchas veces (forwarded many times) y con el mensaje “Por favor divulgarlo” (ver).

Su versión sobre la explosión social colombiana es exactamente la de Uribe, Duque y sus incendiarios congresistas, tan incendiarios como el vandalismo. En el video distribuido por el Gobierno no hay manifestantes pacíficos, ni motivos de reclamo ni peticiones. Tampoco aparecen los excesos del Esmad con los muertos y heridos que ha dejado y que circulan, en otros videos, en las plataformas de Estados Unidos, Europa y el resto del mundo.

En el guion no viven sino los vándalos. La perversidad mayor está en la tesis que suelta: “Seamos claros: la violencia es ilegítima; la fuerza es legítima. La fuerza es ejercida por las autoridades del Estado; la violencia es ejercida por la gente…”. Se rumora que Blum renunció después de la denuncia de Laura Gil. Nadie lo ha confirmado. Tampoco responderán, pero pregunto de todos modos, mediante derecho de petición a la Presidencia, si es cierto que María Paula Correa, la del rimbombante cargo de “jefe de gabinete de la Presidencia”, es la madre del video. Y si fue ella quien, también, dio la orden de distribuirlo.

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21.16.-Capturan en EE. UU. al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, señaló que se iniciarán los trámites para su extradición. FOTO POR: GUDILFREDO AVENDAÑO / ARCHIVO EL TIEMPO

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, anunció la captura en Estados Unidos del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus. Así lo confirmó el cuerpo de alguaciles de ese país. 

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12 may 2021.- «Lyons fue capturado por solicitud de Colombia, que pidió su extradición para que responda por una condena que tiene vigente por el delito de concierto para delinquir agravado. Con el conocimiento de esta captura, he dado la orden para iniciar los trámites correspondientes para hacer oficial su envío a Colombia y ponerlo a disposición de la justicia», dijo el ministro Ruiz.

Ese preacuerdo logrado con la Fiscalía en 2017 se dio en el marco de las investigaciones por el desfalco de los recursos de regalías en Córdoba durante su administración en el periodo 2012-2015, por un monto de $ 8.950 millones.

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Según la investigación, como gobernador, Lyons dio la instrucción de agotar los procesos de contratación de los proyectos que se beneficiarían con los recursos del fondo de regalías y por los cuales los beneficiarios de los contratos debían pagarle una comisión del 30 por ciento.

Esa comisión, dijo la Fiscalía, se repartiría entre él, Musa Besaile Jairo Zapa, director departamental de Regalías, quien fue asesinado en 2014. Según la Fiscalía, se aprobaron finalmente diez proyectos y se habrían recibido por comisiones el valor mencionado.

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A Lyons la Fiscalía le imputó los cargos de peculado por apropiación, concierto para delinquir agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El exgobernador primero no aceptó los cargos, pero luego la Fiscalía solicitó la aplicación de un principio de oportunidad para que ya no fuera procesado por los delitos de peculado contrato sin cumplimiento de requisitos legales a cambio de entregar la suma de $ 4.000 millones.

Y por el delito de concierto para delinquir llegó a un preacuerdo que fue avalado por la Corte Suprema de Justicia y que le implicó una pena de 5 años y tres meses de prisión.

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«El acusado fue el líder de la empresa criminal no solo por idear los mecanismos con los que sería defraudado el patrimonio del ente territorial a su cargo, sino porque siempre estuvo al frente de la misma, dando instrucciones a sus emisarios para manipular la celebración de los convenios de cooperación a fin de garantizar el pago del 30 por ciento del valor de cada uno por concepto de comisión a favor del gobernador y a cargo de las personas escogidas para su ejecución», dijo la corte el 21 de marzo de 2018 al leer la condena en su contra.

Lyons tiene varios procesos abiertos. Uno por presuntamente haber direccionado la adjudicación de unos convenios a la Corporación Unificada Nacional de Educación a cambio, al parecer, de un porcentaje de los recursos para su beneficio particular.

En este caso, la Procuraduría profirió pliego de cargos contra el exgobernador por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de los dos convenios por más de 43.248 millones de pesos.

(Le puede interesar: Otro exmagistrado de la Corte, a responder por ‘cartel de la toga’)

Igualmente, la Contraloría dictó fallo de responsabilidad fiscal en su contra por $ 71.674 millones por el llamado ‘cartel de la hemofilia’, un fraude en el que se desviaban recursos supuestamente para pacientes con hemofilia que nunca existieron.

Lyons tiene pendiente un proceso disciplinario por irregularidades en pagos por servicios de odontología por cerca de $ 3.000 millones.
justicia@eltiempo.com

https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/capturan-en-ee-uu-al-exgobernador-de-cordoba-alejandro-lyons-587913

  • 21.15.-Carta abierta al presidente Duque – YOHIR AKERMAN
  • Plomo al ciudadano: ¡ajúa!  CRISTINA DE LA TORRE 
  • Tributos, corona de espinas  – BEETHOVEN HERRERA
  • Farsa sobre lo fundamental, se dicen  – RAMIRO BEJARANO

La convocatoria nacional para un “acuerdo sobre lo fundamental” —expresión que los ignorantes atribuyen a Álvaro Gómez, cuando su autor fue Harold Linsky— es un engaño. Ni Duque, ni el Centro Democrático, ni la ultraderecha quieren conciliar nada.

8 may 2021.-  Difícil entender cómo Duque propone un gran consenso y empieza por enrocar ministros y viceministros, en vez de airear la envenenada atmósfera de la “Casa de Nari”. No se quiere cambiar de libreto y por eso no se contempló la posibilidad de explorar si militantes de otros partidos estarían dispuestos a subirse al potro desbocado de este Gobierno.

El problema se creció tanto que, ido Carrasquilla, continúan las protestas, así el nuevo ministro de Hacienda al menos esté poniendo la cara, cosa que el anterior dejó de hacer desde cuando Daniel Coronell le contó al país el hallazgo de los bonos de agua, con los que se hizo rico luego de su paso por la misma cartera.

Lo peor es la desinstitucionalización que ha debilitado al ya maltrecho Estado de derecho. Hay evidencia reiterada y sistemática de una policía que actúa abiertamente en contra de la población civil. No solamente han muerto algo más de 26 personas, sino que hay desaparecidos y, como en las épocas de Pinochet, ni siquiera se divulgan los nombres de los detenidos. Como era de esperar, Duque se infla hablando de los vándalos —que los hay, hasta oficiales—, pero frente al abuso policial —con el que se siente cómodo, como su patrón Uribe y su partido— lo hace tardía y tímidamente.

Estamos viviendo una agenda militarista. La ultraderecha trajo al neonazi chileno Alexis López, experto en el manejo represivo de la protesta social, para que sentara las bases de este infierno a partir de tergiversar la revolución molecular disipada.

Hace unos días ultrajaron a una profesora en Cali a quien sindicaron de estar adoctrinando a sus jóvenes alumnos porque se atrevió a explicarles qué son los falsos positivos, pero cuando traen a la Universidad Militar a un reconocido enemigo de las expresiones populares para que aconseje cómo desactivarlas, eso no les parece adoctrinamiento. Es el siniestro guion del poder, sin que nadie pueda contradecirlos.

La Procuraduría anda con el embeleco de propiciar espacios de concertación, como si fuera Gobierno, cuando lo que le corresponde es vigilar y sancionar los extravíos policiales. La Fiscalía no se estremece con esa Fuerza Pública que mata a sangre fría o que, como sucedió en Buga, desde un helicóptero disparó a la población civil, sin que se sepa qué andaba haciendo ese aparato en los predios del Milagroso ni la razón de ese ataque aéreo indiscriminado a plena luz del día. Y para acabar de completar, Barbosa amenaza con extinguir el dominio de los propietarios de vehículos que participen en bloqueos, dizque porque eso es pánico económico. Quien genera miedo es un fiscal de bolsillo que ofende seriamente la democracia y que pretende expropiar automotores para prender la mecha de una conflagración difícil de apagar.

Todo esto lo está propiciando y permitiendo el Gobierno. La comunidad internacional está alarmada, porque el mandatario que creían buena persona es otro dictadorzuelo cuyo poder descansa en la arbitrariedad de las armas. No hay pesos ni contrapesos. Eso explica por qué la brusca e intolerante vicecanciller, Adriana Mejía, descalificó a la oficina de la ONU para DD. HH., solo porque no ha guardado silencio sobre los atropellos de la Fuerza Pública, los asesinatos y las desapariciones.

Cualquiera sea la razón, ningún protagonista de la protesta ha pisado la oficina de Duque. Han pasado por la casa presidencial más lagartos y lambones que personas que puedan recomponer las cosas. Un empresario amigo, que me pidió reserva, reseña que el tal encuentro con dirigentes empresariales fue un besamanos en el que muchos de ellos llegaron a respaldar incondicionalmente al régimen y a pedir mano dura, pero esos ilustres visitantes no apoyaron, por ejemplo, la derogatoria de la reforma tributaria de 2019 que tantos beneficios les ha representado.

Estamos en manos de un gobernante incompetente y soberbio, manejando un país en llamas, que cuando habla no dice nada, tampoco escucha y vive rodeado de lagartos incapaces y malintencionados que pretenden superar este estallido social en conmoción interior y a punta de bala.

Adenda. Lo que faltaba: magistrados de altas cortes sucumbiendo a los artificios de un Gobierno acosado por su desprestigio.

https://www.elespectador.com/opinion/farsa-sobre-lo-fundamental/

21.15.-Carta abierta al presidente Duque – YOHIR AKERMAN

Señor presidente, Iván Duque Márquez, le escribo esta carta como colombiano preocupado y sorprendido por su desconexión con la realidad del país.

8 may 2021.- He seguido con atención sus declaraciones y acciones desde que inició esta crisis. Eso me ha impulsado a escribirle esta misiva. A título personal y como ciudadano, parte de ese país que usted intenta gobernar desatinadamente.

Empiezo por decirle que la fortaleza de un gobierno frente a sus ciudadanos no se debe sostener sobre los fusiles y las balas. Apuntar un cañón en contra de quienes se gobierna y representa nunca será una buena idea.

La fortaleza de un presidente se debe centrar en la capacidad del diálogo y conciliación con las diferentes opiniones de su pueblo. Con las voces de la crítica y no únicamente con las personas que lo apoyan. Con todas.

Pero no, presidente Duque, usted se niega al consenso y se aísla para no verse frágil, sin darse cuenta de lo débil que ya es desde hace rato.

Un sector del partido al que usted pertenece y que su administración representa no lo respeta. Una gran mayoría de los que votaron por usted, tampoco. Su líder ideológico lo contradice en público y cogobierna desde un sofá en una finca. Y usted como primer mandatario está rodeado de personas que solo le dicen lo que usted quiere oír, porque su inseguridad no le permite tener voces críticas alrededor suyo para corregir errores o enderezar caminos.

Lamentable.

Esa misma característica ha hecho que hoy tengamos ministros que no entienden la cartera que manejan, o funcionarios que le han restado altura e importancia a sus cargos, por una necesidad enfermiza de satisfacer la vanidad. Mal que usted también padece.

Se extrañan la dignidad y la prudencia entre algunos funcionarios de su Gobierno. Pero aún más, los argumentos, expuestos con claridad y elegancia. Y eso es únicamente responsabilidad de su falta de experiencia en el ejercicio de la administración del poder.

Ustedes se muestran como la solución a esta crisis, cuando su Gobierno y los errores que ustedes han cometido son el principal problema.

Y por eso le escribo, señor presidente. Porque su manera de manejar la situación actual muestra a un Gobierno incapaz de mirar sus errores y con una lectura poco realista de lo que ha sido su papel en la crisis colombiana. A ustedes les pesa el ego y son incapaces de admitir errores.

Por eso que creen que nuestros jóvenes no tienen todo el derecho a pedirles una rendición de cuentas. A exigir un diálogo sin rodeos ni estigmatizaciones. A exigir que los agentes dedicados a proteger la sociedad no le disparen al pueblo desarmado.

También es cierto, señor presidente, que hay mucha distancia entre las solicitudes del Comité del Paro y lo que piden las voces de la gente que está en la calle. Unas no concuerdan con las otras.

Y que sectores de la extrema izquierda han infiltrado las marchas para desestabilizar la institucionalidad por los vehículos equivocados. Pero también hay sectores de la extrema derecha y grupos neoparamilitares que se han colado en las protestas para hacer vandalismo y con eso deslegitimizar el grito de la sociedad. Eso hace inmensamente complicado y retador el proceso de negociación o el camino para desenredar esta situación. Nadie le dijo que ser presidente era únicamente para sacar las negociaciones fáciles o lidiar con las coyunturas sencillas de desenredar. No.

Por todos los civiles asesinados y los desaparecidos y las víctimas de violencia sexual en las destrucciones de estas noches. Por aquella mujer y su bebé, por Siloé, por Lucas Villa, por todos ellos.

Pero también por los policías muertos, heridos y agredidos, por los oficiales quemándose en los CAI, por todos los agentes que legítimamente no han abusado de su fuerza y han protegido a la sociedad, es claro que esto tiene que parar. Por todas las vidas que valen igual, todas, por ellas usted tiene que demostrar ese liderazgo que dice tener y no convertir la protesta en un campo de guerra.

Es el momento.

Y por eso, presidente Duque, le escribo para apoyar al país, para rodear al Gobierno, a su Gobierno, y ofrecerme para lo que usted piense que como colombiano puedo hacer para ayudar a sobrepasar esta crisis desde el diálogo y la construcción. No desde el sometimiento.

Lo hago asimismo rodeando a la gente en la calle, a sus voces y a sus legítimos pedidos. Creo más en ellos que en su Gobierno. Pero también creo que su administración necesita más de la luz de todos nosotros en esta coyuntura, para sacarlo del cuarto oscuro de la soberbia desde donde gobiernan, desescalar esta situación y proteger al país. Piense en Colombia, en toda Colombia, y dialogue por el bienestar de ella, no de ese partido político al que pertenece que ya ni lo apoya. Gracias.

https://www.elespectador.com/opinion/carta-abierta-al-presidente-duque/

21.15.-Plomo al ciudadano: ¡ajúa!  CRISTINA DE LA TORRE 

Como obedeciendo al instinto invencible de quien sabe que sólo puede prevalecer por la fuerza, insta Álvaro Uribe a disparar contra vándalos entreverados en multitudes de manifestantes pacíficos, marcadas de antemano con el inri de terroristas.

3 may 2021.- La orden podrá resolverse en disparar sin mirar mucho a quién, grupúsculo de violentos o no, a culpables de tener hambre, de denostar la más desalmada reforma tributaria concebida en este país, de ser el “otro” cuya sola existencia ofende a la siniestra secta del uribismo. Como en efecto ha sucedido: 14 muertos en las calles, tres desaparecidos, 28 heridos (muchos de ellos graves) y cientos de detenidos de incierto paradero sería el balance de víctimas en Cali al segundo día de protestas, según denuncia la Red de Derechos Humanos Francisco Cifuentes.

Y la poderosa prensa gobiernista calla, glorifica el “sacrificio” de una Fuerza Pública que agrede —armada y acorazada— a la población inerme e invierte grotescamente el sentido de los hechos: un noticiero de televisión muestra como saqueadores a quienes se dirigen a devolver lo robado a un almacén, tras recuperarlo de los asaltantes. El diario de mayor circulación reduce a 60.000 personas los millones de movilizados en el país; su única fuente, la Policía.

“Los mensajes irresponsables de Álvaro Uribe dispararon (literalmente) la tensión. No permitiremos que se masacre a nuestros jóvenes”, escribió Claudia López. Como cualquier Ortega de Nicaragua, dictador en su platanal, había escrito el agobiante expresidente del nuestro: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Rugido el más reciente de quien había ya escrito, con ocasión del paro de 2019: “Si la autoridad serena, firme y con criterio social implica una masacre, es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”. O su bendición de “buen muerto” para un contrario asesinado.

Si en Cali la Red de Derechos Humanos exige investigar quién dio a la Fuerza Pública la orden de disparar, en Bogotá un trino de su alcaldesa sugiere que persisten tensiones entre la burgomaestra y el cuerpo armado de la capital. En contravía de su autoridad, en virtual insubordinación de los uniformados contra el poder civil que en Colombia prevalece sobre el militar, disparó el Esmad el año pasado contra la multitud: 13 protestantes murieron. Que habría todavía vallas obstruyendo órdenes de la alcaldesa a la Policía de Bogotá lo sugiere el último trino de López: “Después de muchos esfuerzos retiramos el Esmad de todos los puntos y garantizar el retorno a casa”. También aquí hace falta saber quién da o quiere dar órdenes a la Policía.

El dramatismo de las protestas contra la tributaria, pringadas de violencia, deriva de la golpiza que se avecinaba contra las clases más aporreadas por la pandemia: las asalariadas y vulnerables. Del alarmante crecimiento de la pobreza y del desempleo que Daniel Oviedo, director del DANE, revela: hoy alcanza la pobreza a más de 21 millones de colombianos. ¡21 millones carecen de lo necesario para alimentarse y abrigarse bajo techo! El desempleo alcanza el 16,8 %. Si Colombia ocupa el tercer peor lugar del mundo en manejo de la pandemia, descuella también por su avaricia para auxiliar a los damnificados: mientras destina mares de recursos a los bancos, cree aliviar a una franja de los más pobres con caridades de miseria y abandona a las pequeñas empresas. No será la primera vez que el hambre y la rabia produzcan un estallido social gestado en décadas de humillación y desigualdad. Dar plomo al ciudadano al grito de guerra “ajúa” no hará sino repotenciar aquel polvorín y alinear al pueblo contra la ruindad de este Gobierno y su partido.

https://www.elespectador.com/opinion/plomo-al-ciudadano-ajua/

21.15.-Tributos, corona de espinas  – BEETHOVEN HERRERA

La reforma se retiró del Congreso, pero hay que retener sus elementos repetibles o no. El país siente el efecto de la descarbonización, con un rezago en energías renovables, tributaria incluye IVA de 5% a bienes para plantas solares y otros detalles.

En el templo de Edfú, entre Karnak y Luxor, Ramsés construyó un cilindro conectado bajo el suelo con el Nilo.

2 may 2021.- Cuando la creciente del río traía riego y abono, la producción, el ingreso y el empleo subían, y como en ese ‘Nilómetro’ aumentaba el nivel del agua por las leyes de la física, el faraón subía los impuestos, y lo contrario ocurría en la sequía.

Colombia comienza a sentir los efectos devastadores de la descarbonización con un severo rezago en energías renovables pero la reforma propuesta incluye IVA de 5% a los bienes y servicios para plantas solares y un posible 19% para parques eólicos. Además, establece IVA del 19% a la gasolina y al diésel, para los servicios públicos de energía, gas natural y GLP a los estratos 4,5 y 6, y tributo al carbono.

Según la consultora GfK entre abril de 2020 y marzo de 2021 la mitad de computadores en Colombia estaban por debajo de $1’750.000, no gravados con IVA; y tampoco tabletas y celulares por debajo de $798.776.

La reforma establece para todos un impuesto del 19%, pese a ser necesarios para la educación virtual, el teletrabajo y el comercio electrónico: ¡la brecha digital se incrementará!

Rosario Córdoba, presidente del Consejo Privado de Competitividad recomienda no mantener días sin IVA, pues “la evidencia sugiere que ese tipo de esquemas no incrementan la demanda agregada, y en cambio, benefician mayoritariamente a personas de altos ingresos y complican la administración tributaria” (Portafolio 30/04/21).

Los gremios Asoleche, Fedearroz, Fedeacua, Porkcolombia y Fenavi, manifestaron que “al eliminar la categoría de bienes exentos de los productos básicos de la canasta familiar y pasarlos a excluidos los insumos para la producción de alimentos como el arroz, la carne, el pollo, los huevos, el cerdo, la leche y el pescado van a tener un sobrecosto que será entre 5% y el 10% y que tendrá que pagar el consumidor”.

Además, dicho cambio afectará la formalidad pues para pedir la devolución de IVA se exige formalidad en pago de renta, formalización de los trabajadores y formalidad ambiental.

Por su parte, Paula Moreno, ex ministra de cultura, sostiene que “hacer que la financiación del Fondo de Cine sea un programa del Ministerio hace que pierda impacto, escala y fuerza, es condenarlo a la extinción”. (El Tiempo, abril 25/21).

Y para incentivar la creación de nuevos empleos el empresario quedaría exento del aporte a pensiones y a las Cajas de Compensación familiar.

Natalia Moreno de la campaña “Menstruación libre de impuestos”, ha denunciado que aplicar IVA a las toallas higiénicas afectaría a las mujeres que registran menores tasas de ocupación, con un claro sesgo sexista, pues para las mujeres menstruar no es opcional.

Y recordó que la Corte Constitucional tumbó el IVA a ese producto para proteger el acceso de las mujeres a ese producto esencial.

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/tributos-corona-de-espinas-columnista-551577

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