• 21.20.-¡No es la comunicación, estúpido!  SANDRA BORDA
  • Nos devolvieron al 2001, a pedir mano dura -ALVARO FORERO
  • “Ellos” con todo, nosotros con nada – CECILIA OROZCO
  • 20.21.-Y ahora, ¿quién podrá defendernos? YOHIR AKERMAN

La crisis actual ha mostrado que los funcionarios nombrados en las diferentes entidades no tienen ni el conocimiento, ni la experiencia para manejar sus carteras. Un ministro del Interior que desconoce lo que pasa en el interior del país, un ministro de Justicia que no entiende el concepto básico de la justicia, un ministro de Defensa que cree que su labor es únicamente la defensa de las Fuerzas Militares y no la de la población, y así sucesivamente.

5 jun 2021.- Personajes que no daban ni para ser viceministros, pero ahí están manejando esas carteras. Lo mismo ha sucedido con los entes de control, donde el presidente Iván Duque ha ternado y usado todo el peso del Gobierno para sacar nombramientos de funcionarios que nunca debieron quedar en esos puestos.

Es el caso de la procuradora general, Margarita Cabello, quien fue ministra de Justicia de Duque y que, pese a no entender esa cartera, ahora no se dedica a investigar funcionarios públicos sino a defenderlos. O Francisco Barbosa, que en la Fiscalía es un personaje irrisorio persiguiendo a los enemigos del gobierno, todo desde los micrófonos de la egolatría y la vanidad.

Pero uno de los peores y más preocupantes ejemplos de esto es el señor Carlos Ernesto Camargo Assis, actual defensor del Pueblo.

Camargo es exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, elegido por el Partido Conservador y el Centro Democrático. Es responsable de archivar la investigación en contra de Óscar Iván Zuluaga, por la presunta entrada de dineros de Odebrecht a su campaña.

Al final de su periodo, los artífices del archivo de la investigación en favor de Zuluaga salieron favorecidos en el gobierno de Iván Duque. Mermelada de Assis, podría llamarse. Al exmagistrado Felipe García Echeverry lo nombraron embajador en Bruselas y Camargo Assis salió para la Federación Nacional de Departamentos y después para la Defensoría del Pueblo.

Cuando este funcionario fue elegido en su cargo el 1° de septiembre de 2020, declaró que su único compromiso era defender los derechos humanos. Pero para defender algo hay que entenderlo, o por lo menos saber de qué se trata.

Claramente el presidente Duque ternó a Camargo sin preocuparse si conocía del tema de derechos humanos. O, peor aún, no le preocupan a la Presidencia los derechos humanos. Entonces dejó llegar al puesto, por medio de favores políticos, a alguien que no tenía el conocimiento de lo que iba a hacer, violentando la autonomía que debe tener ese importante cargo.

Y el resultado es visible. La violencia ha venido aumentando no solo por el paro, sino por las masacres, decapitaciones, violaciones de derechos humanos por parte de agentes estatales, es decir, todo un reto para una Defensoría del Pueblo.

En esto no se puede olvidar cuando, durante el segundo día del paro, la emisora W Radio descubrió que el defensor Camargo se encontraba, muy tieso y muy majo, en Girardot veraneando con su familia mientras el país empezaba a desmoronarse.

O el episodio el pasado 10 de mayo —que quedó grabado en video— cuando abandonó una reunión con las comunidades indígenas del Cauca, que se encontraban en la asamblea de la comisión política de organizaciones sociales con representantes del CRIC, negritudes y el congreso de los pueblos, entre otras. Todo porque no entendía de los temas que le estaban hablando, ni quería atender las denuncias de los líderes, requisito fundamental de su cargo.

Finalmente, la falta de rigor en las cifras de esa entidad. Y los contratos que ofrece y reparte desde la Defensoría, a diestra y siniestra, como lo hizo cuando estaba en la Federación de Departamentos, privilegiando a exmagistrados del Consejo de Estado, a familiares de personas cercanas y renombrados políticos que podrían favorecer sus propios intereses. Pero ese es tema para una columna e investigación aparte.

Lo que es claro es que solo se han necesitado ocho cortos meses para desdibujar la figura de la Defensoría del Pueblo, generando que se ataquen a otros funcionarios de esa entidad que sí defienden los derechos humanos y sí entienden que su labor es acompañar a las comunidades en medio de estas confrontaciones y del conflicto armado.

Por consiguiente, un vacío en una labor esencial en esta coyuntura, en la que finalmente sufren los derechos humanos de ese pueblo que Camargo no sabe defender. Una realidad vigente no solo en esa entidad y que, de nuevo, se debe a la falta de experiencia del Gobierno y al ejercicio del poder del presidente Duque, al ternar y nombrar en las entidades más relevantes a funcionarios que no tienen el peso ni la experiencia para ocupar esos cargos. Una situación que deja a la sociedad preguntándose… y ahora, ¿quién podrá defendernos?

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/y-ahora-quien-podra-defendernos/

21.20.-¡No es la comunicación, estúpido!  SANDRA BORDA

Creo que la estrategia no va a funcionar y, al contrario, le echará más leña al fuego.

Vamos para seis semanas de paro y ha quedado claro que el Gobierno ya definió una estrategia para enfrentar esta situación: su propósito es debilitar al comité del paro y a las organizaciones sociales para irle bajando la temperatura a la movilización social. 

7 jun 2021.- Las tácticas para lograr este objetivo son tres: la primera es continuar usando el garrote (la represión policial) en las calles y así disuadir a quienes salen a protestar. La segunda es procurar que la negociación no avance para poder presentar a los organizadores del paro como intransigentes y simultáneamente evitar hacer concesiones que le serían políticamente costosas. Y la tercera es adoptar medidas paliativas para restarles argumentos y legitimidad a quienes están en la calle.

Creo que la estrategia no va a funcionar y, al contrario, le echará más leña al fuego. Las tres tácticas, en vez de restarle argumentos y reivindicaciones a la movilización social, solo van a darle a esta más razón de ser. Todo esto, acompañado de una ausencia de políticas económicas y sociales que genuinamente contribuyan a sacar a la gente de la situación de desesperación en la que la dejó el confinamiento, solo prolongará la crisis y el desgobierno.

Permítanme examinar cada una de las tácticas y explicar en dónde creo que residen sus problemas. La primera táctica, la represión policial, es la que menos elaboración requiere. Las violaciones de los derechos humanos ya denunciadas hasta la saciedad siguen presentándose y gracias a ello, hoy la protesta también es un ejercicio de solidaridad frente a los jóvenes que han sido asesinados o desaparecidos. El Gobierno no pudo resistir la presión frente a su decisión de no permitir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hoy, la brutalidad policial es vista aquí y en el mundo no como una demostración de su poder, sino como un síntoma de su gran debilidad.

“Las tres tácticas, en vez de restarle argumentos y reivindicaciones a la movilización social, solo van a darle más razón de ser”

Justo por esa debilidad, el Gobierno prefiere trazar gruesas líneas rojas que le permitan presentarse como duro e inamovible en el escenario de cualquier negociación. Por eso el tono vociferante del Presidente en sus discursos. Es un ejercicio de compensación destinado a mantener la percepción de la mano dura tradicionalmente asociada con el uribismo y que en etapa preelectoral es una cuestión de supervivencia para ese sector político.

Para poder darse el lujo de esa intransigencia –en medio de tanta debilidad–, entonces la tercera táctica es de crucial importancia. Ya no es viable para el Gobierno hacerse el de la vista gorda y por eso toma medidas paliatorias, paños de agua tibia, que presenta como decisiones unilaterales no relacionadas con negociación o diálogo alguno. De esta forma envía la señal de que está dispuesto a cambiar de rumbo, pero a su ritmo y en la medida en que solo el Gobierno mismo lo considere necesario. Por supuesto, en el mundo de la Casa de Nariño, cuanto más lento sea el cambio, mejor, y cuanto menos profundas sean las reformas, menos riesgos se corren que nos demos cuenta de que el emperador ya no tiene ropa.

La matrícula cero por un semestre y la reforma policial que el Presidente anunció el fin de semana son dos ejemplos de esta última táctica. Ninguna medida responde comprehensivamente a las demandas de la gente en la calle, y particularmente la segunda sobresale por cosmética y superficial. Se trata de decisiones concebidas como golpes de opinión, pura estrategia de comunicaciones, material de publicidad política. Ahí no hay reacciones pensadas en clave de política pública real. Como el Gobierno parece seguir en modo electoral, valdría la pena recordarle que la mejor campaña es aquella que se construye alrededor de un buen producto, y también, que hay cosas que ni el más sofisticado ‘marketing’ logra promocionar.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/sandra-borda-guzman/no-es-la-comunicacion-estupido-columna-de-sandra-borda-594257

21.20.-Nos devolvieron al 2001, a pedir mano dura ALVARO FORERO

Nos quedamos con el pecado, el estallido social, y sin el género, el grado de inversión, el Santo Grial del irresponsable ministro Alberto Carrasquilla.

 

30 may 2021.- La razón de la mayoría de gobernantes del mundo para disparar la deuda pública y llevar el gasto público a niveles comparables a los de la Gran Depresión era evitar crisis sociales que, al explotar, dañaran la reactivación económica y desestabilizaran la democracia hasta incapacitar al Estado para tomar medidas económicas y de salud que controlaran la crisis. Colombia no vio ese riesgo. A pesar de que antes de la pandemia estaba subiendo el desempleo, estaba aumentando la pobreza, estaba disparado el descontento social —según indicaban las encuestas, las protestas en las calles y las elecciones locales—, estaba llegando a niveles extremos la inmigración venezolana y el Gobierno tenía una gobernabilidad muy frágil. Todas las alertas prendidas.

La única vacuna con que contaba el mundo en ese momento para prevenir la profundización de la crisis social generada por la pandemia era el gasto público. Mientras los países desarrollados gastaban en planes de salvamento económico por encima del 20 % del PIB, países de desarrollo comparable al nuestro gastaban alrededor del 10 % y muchos elevaban su deuda pública a niveles cercanos al 100 % y hasta el 150 % como Japón, Colombia invirtió menos del 3 % del PIB y creció la deuda a niveles del 60 %. Mientras muchos países subsidiaron inmediatamente las nóminas de las empresas para reducir los despidos, hasta 70 % y 80 % del salario, Colombia se demoró dos meses en subsidiar nóminas y solo hasta el 40 % del salario mínimo.

Cuando la crisis estaba en su situación más crítica, el Gobierno presentó un plan de ajuste, aumentando los precios de los alimentos y de la gasolina, usando el manual con que se generó el Caracazo. Y ahora que estallan las calles, la respuesta del Estado es el inmovilismo, limitándose a apoyar a la Policía —a pesar de que los abusos exacerban a los protestantes y alientan a los delincuentes a pescar en río revuelto—, a no permitir la intervención de la CIDH y a demorar la negociación con la mesa del paro. Aunque la situación de Cali presagiaba cosas peores, no se hizo casi nada.

Gustavo Petro evitó que lo responsabilizaran del paro las primeras semanas, diciendo que este se ha debido levantar una vez cayó la reforma tributaria, pero a la segunda semana salió a marchar y se radicalizó. En ese momento el Gobierno y su partido enfocaron sus esfuerzos en responsabilizarlo.

El viernes el presidente Duque anunció desde Cali máximo despliegue de la Fuerza Pública. No decretó conmoción interior porque sabe que eso generaría expectativas de medidas de solución y mayor presión para que el Estado actúe. Las herramientas a disposición del Estado, económicas para presentar un plan de emergencia con que negociar el paro y políticas para generar un consenso sobre soluciones que lleguen hasta los inconformes en las calles, no se utilizan.

Así llegamos a las condiciones de 2001, de coincidencia de una crisis económica y de seguridad, que conmocionaron tanto a la sociedad que surgió como única salida la mano dura ofrecida por el populismo autoritario, que había dominado la política todo el siglo XXI pero estaba en decadencia y están tratando de resucitar.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/alvaro-forero-tascon/nos-devolvieron-al-2001-a-pedir-mano-dura/

20.21.-“Ellos” con todo, nosotros con nada – CECILIA OROZCO

Los expresidentes que rodean al gobierno de Iván Duque Foto Gestión y Más

Les importa un bledo. Incluso la presencia en Colombia de una delegación oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que encabeza su presidenta, Antonia Urrejola, no les preocupa más allá del disimulo diplomático. Al gobierno Duque, a su partido, a sus aliados en el Congreso, a unos magistrados blanqueados de las altas cortes que fungen como auxiliares del uribismo más que como jueces, y a las cabezas de los organismos de control que dejaron de ser los vigilantes del Ejecutivo para convertirse en sus subalternos solo les interesan las apariencias.

9 jun 2021.- A ellos les sirve parecer, no ser: mientras reciben en salones elegantes a la CIDH, desdeñan a los delegados del Comité del Paro; mientras se visten con las chaquetas verdes de la Policía en señal de respaldo al temido Esmad, anuncian —para que vea la galería internacional— que en adelante serán de color azul ONU; mientras militarizan las calles por orden presidencial, el mensajero de ellos, el ministro de Justicia, culpa a los alcaldes de lo que suceda en los bloqueos.

Ellos, los que integran el poder oficial, pretenden dominar la nación como se hacía antes del estallido social: se reúnen en privado (Duque y Uribe, Duque y Pastrana, Duque y Gaviria, Duque y Vargas Lleras, etc.) para repartirse, otra vez, ministerios, contratos, puestos y presupuestos engordados con la próxima reforma tributaria. Ellos siguen canjeando votos en Senado y Cámara por cuotas nacionales y regionales, y continúan amangualándose con los jefes de la Registraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría y la Procuraduría para que sus entidades no vean, oigan ni digan nada, y, a cambio, ellos les aprueben, en el Capitolio, las reformas que requieren para tener más dinero, más puestos y más contratos para distribuir entre… los que ellos digan.

Hace un mes nos asombraba la torpeza del presidente y su ministro Carrasquilla con un proyecto tributario que levantó la ira popular. Pero estamos alelados, atontados, con otra reforma más grosera: la de la Procuraduría de la señora Cabello, exministra de Duque, en que se burla de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), hermana mayor de nuestros visitantes de la CIDH. En este fallo, la Corte condenó al Estado colombiano por violar los derechos políticos del senador Petro cuando el entonces procurador Alejandro Ordóñez (hoy sentado al lado de la presidenta Urrejola de la CIDH, como embajador del gobierno Duque) lo separó de la Alcaldía de Bogotá y eliminó sus derechos políticos durante 15 años. Pues bien, la Corte IDH conminó a Colombia a adecuar las funciones de la Procuraduría para que ese atropello no pudiera volver a ocurrir, para que nunca más el órgano estatal intentara destituir a nadie elegido por voto popular. Pero la “avivata” Cabello le dio la vuelta a la decisión judicial y le propuso al Congreso, que ya le aprobó buena parte de su reforma, convertir a la Procuraduría en jueza de los funcionarios elegidos. Lo contrario de lo que exigió la Corte IDH.

La procuradora general no pierde tiempo: les abrió investigaciones a cuatro congresistas de la oposición un día antes de la votación de su reforma en las Comisiones Primeras conjuntas con lo que impidió que participaran en el debate. Dentro de pocos días, el Ministerio Público será copia de la policía política de las dictaduras, que persigue a unos y privilegia a otros. La senadora María Fernanda Cabal dio su voto afirmativo a la reforma diabólica de Cabello la semana pasada; no tuvo problemas de conciencia con el favor que acababa de recibir de la procuradora: esta contrató a una de las abogadas de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) como procuradora judicial II ante la JEP: Laura Virginia Benedetti Roncallo, pese a no tener experiencia en litigio. Pero eso no importa siempre y cuando sea una de “ellos” como, en efecto, lo es, porque trabaja con Cabal y su esposo, José Félix Lafaurie desde 2003. Con Lafaurie, en la Superintendencia de Notariado y Registro. Después, con Cabal, tanto en Cámara como en Senado. Ahora será su mano derecha en la Procuraduría de Cabello, en donde Benedetti ganará $30 millones mensuales (ver). Y en donde, por si fuera poco, será la espía de Lafaurie-Cabal en las audiencias reservadas de la JEP. Cabello beneficia a Cabal, Cabal beneficia a Cabello con sus votos. Faltan datos de otros congresistas favorecidos. “Ellos” con todo. Nosotros con nada.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/ellos-con-todo-nosotros-con-nada/

  • 21.19.-Presidente, por favor, frene ya el paramilitarismo urbano PATRICIA LARA
  • Pobre marinero: donde manda capitán… CECILIA OROZCO
  • Y ahora, quién podrá defendernos?  YOHIR AKERMAN

La crisis actual ha mostrado que los funcionarios nombrados en las diferentes entidades no tienen ni el conocimiento, ni la experiencia para manejar sus carteras. Un ministro del Interior que desconoce lo que pasa en el interior del país, un ministro de Justicia que no entiende el concepto básico de la justicia, un ministro de Defensa que cree que su labor es únicamente la defensa de las Fuerzas Militares y no la de la población, y así sucesivamente.

5 jun 2021.- Personajes que no daban ni para ser viceministros, pero ahí están manejando esas carteras. Lo mismo ha sucedido con los entes de control, donde el presidente Iván Duque ha ternado y usado todo el peso del Gobierno para sacar nombramientos de funcionarios que nunca debieron quedar en esos puestos.

Es el caso de la procuradora general, Margarita Cabello, quien fue ministra de Justicia de Duque y que, pese a no entender esa cartera, ahora no se dedica a investigar funcionarios públicos sino a defenderlos. O Francisco Barbosa, que en la Fiscalía es un personaje irrisorio persiguiendo a los enemigos del gobierno, todo desde los micrófonos de la egolatría y la vanidad.

Pero uno de los peores y más preocupantes ejemplos de esto es el señor Carlos Ernesto Camargo Assis, actual defensor del Pueblo.

Camargo es exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, elegido por el Partido Conservador y el Centro Democrático. Es responsable de archivar la investigación en contra de Óscar Iván Zuluaga, por la presunta entrada de dineros de Odebrecht a su campaña.

Al final de su periodo, los artífices del archivo de la investigación en favor de Zuluaga salieron favorecidos en el gobierno de Iván Duque. Mermelada de Assis, podría llamarse. Al exmagistrado Felipe García Echeverry lo nombraron embajador en Bruselas y Camargo Assis salió para la Federación Nacional de Departamentos y después para la Defensoría del Pueblo.

Cuando este funcionario fue elegido en su cargo el 1° de septiembre de 2020, declaró que su único compromiso era defender los derechos humanos. Pero para defender algo hay que entenderlo, o por lo menos saber de qué se trata.

Claramente el presidente Duque ternó a Camargo sin preocuparse si conocía del tema de derechos humanos. O, peor aún, no le preocupan a la Presidencia los derechos humanos. Entonces dejó llegar al puesto, por medio de favores políticos, a alguien que no tenía el conocimiento de lo que iba a hacer, violentando la autonomía que debe tener ese importante cargo.

Y el resultado es visible. La violencia ha venido aumentando no solo por el paro, sino por las masacres, decapitaciones, violaciones de derechos humanos por parte de agentes estatales, es decir, todo un reto para una Defensoría del Pueblo.

En esto no se puede olvidar cuando, durante el segundo día del paro, la emisora W Radio descubrió que el defensor Camargo se encontraba, muy tieso y muy majo, en Girardot veraneando con su familia mientras el país empezaba a desmoronarse.

O el episodio el pasado 10 de mayo —que quedó grabado en video— cuando abandonó una reunión con las comunidades indígenas del Cauca, que se encontraban en la asamblea de la comisión política de organizaciones sociales con representantes del CRIC, negritudes y el congreso de los pueblos, entre otras. Todo porque no entendía de los temas que le estaban hablando, ni quería atender las denuncias de los líderes, requisito fundamental de su cargo.

Finalmente, la falta de rigor en las cifras de esa entidad. Y los contratos que ofrece y reparte desde la Defensoría, a diestra y siniestra, como lo hizo cuando estaba en la Federación de Departamentos, privilegiando a exmagistrados del Consejo de Estado, a familiares de personas cercanas y renombrados políticos que podrían favorecer sus propios intereses. Pero ese es tema para una columna e investigación aparte.

Lo que es claro es que solo se han necesitado ocho cortos meses para desdibujar la figura de la Defensoría del Pueblo, generando que se ataquen a otros funcionarios de esa entidad que sí defienden los derechos humanos y sí entienden que su labor es acompañar a las comunidades en medio de estas confrontaciones y del conflicto armado.

Por consiguiente, un vacío en una labor esencial en esta coyuntura, en la que finalmente sufren los derechos humanos de ese pueblo que Camargo no sabe defender. Una realidad vigente no solo en esa entidad y que, de nuevo, se debe a la falta de experiencia del Gobierno y al ejercicio del poder del presidente Duque, al ternar y nombrar en las entidades más relevantes a funcionarios que no tienen el peso ni la experiencia para ocupar esos cargos. Una situación que deja a la sociedad preguntándose… y ahora, ¿quién podrá defendernos?

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/y-ahora-quien-podra-defendernos/

21.19.-Presidente, por favor, frene ya el paramilitarismo urbano PATRICIA LARA

Un civil dispara contra una manifestación en el marco de una nueva protesta contra el Gobierno del presidente colombiano Iván Duque, en Cali, Colombia, el 28 de mayo de 2021. © Luis Robayo / AFP

Ahora que se han publicado editoriales advirtiendo el peligro que significan los ataques contra manifestantes realizados por civiles armados en presencia de policías que parecen ciegos, sordos y mudos, es decir, ahora que muchos claman porque no prospere el paramilitarismo urbano, vale la pena recordar, para que el fenómeno no se repita en las ciudades, que el paramilitarismo rural creció y se consolidó gracias a la complicidad de sectores militares, políticos y empresariales.

3 jun 2021.- Para corroborarlo, no es sino leer lo dicho en el 2009 por Salvatore Mancuso, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), ante el Tribunal de Justicia y Paz. (No obstante, el general Rito Alejo del Río —a quien Uribe ofreció, en 1999, un homenaje de desagravio por las investigaciones que se hacían en su contra por vínculos con paramilitares— acaba de asegurar en la JEP que él jamás se reunió con las Auc).

Dijo Mancuso: “A Rito Alejo del Río lo conocí en el Nudo de Paramillo, en una primera reunión que se hizo en El Diamante junto con Carlos Castaño (y) Rodrigo Doble Cero. Y luego en otra reunión en un sitio llamado 21 (…), entre San Pedro de Urabá y Valencia (…), donde (estuvimos) Carlos Castaño, Alemán (y) yo”.

“¿Se reunía con frecuencia con el general Rito Alejo?”, le preguntó el juez.

“Así es, doctor. Yo estuve en la Brigada XVII (…) patrullando con el Ejército (…). Entramos al latifundio donde quedaba el campamento madre del Bloque José María Córdova y allá nos recogió un helicóptero, porque se estaban tomando Urrá y secuestraron a los suecos constructores de Urrá. El helicóptero que nos recogió tenía que aterrizar en Tierralta, porque yo iba a apoyar las tropas del Ejército (…). Me descargaron a mí con los hombres: estábamos en ese momento como 12 (o) 13 hombres en la Brigada XVII. Llegamos barbados, con fusiles (que) nos puso el Ejército, M-16, AUG MK-47, y dormimos allá (…). Esa noche me reuní con el comandante de la Brigada XVII (y con) el de la XI (…). Yo hablaba por radio de comunicaciones del Ejército, por teléfono con ambos (…). Al día siguiente me sacaron hasta (…) la base militar de Tierralta. Ahí (…) planificamos la operación de rescate de los suecos, pero ya la guerrilla llevaba muchísima ventaja (…). Hubo combates fuertísimos (…). Yo antes combatía hombro a hombro con el Ejército (…). Ahora todo el mundo niega que combatía a mi lado (…), que me conocía (…). El paramilitarismo de Estado y las operaciones encubiertas no fueron el producto de algunas mentes enfermizas (…); tampoco, el resultado de la reacción fanatizada de algunos oficiales (…). Tales acciones ilegales fueron el resultado directo de la aplicación de una concepción (…) que se señala en las academias militares (…) y se (difundió) entre los llamados sectores dirigentes del campo político y económico”. Hasta ahí las palabras de Mancuso.

Ahora, si el presidente, el director de la Policía y demás autoridades y estamentos civiles y militares no toman conciencia del peligro en que estamos, si no descalifican de manera contundente y muy pública cada transgresión policial y cada complicidad con el hecho de que civiles ejerzan justicia por su propia mano, hoy se puede cocinar un paramilitarismo urbano que resulte de la aplicación de una política de “dejar hacer, dejar pasar”, venida desde lo alto… Eso sería nefasto y volvería definitivamente invivible el país urbano, como invivible se volvió durante años gran parte de la Colombia rural.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/patricia-lara-salive/presidente-por-favor-frene-ya-el-paramilitarismo-urbano/

21.19.-Pobre marinero: donde manda capitán… CECILIA OROZCO

El ex presidente Uribe y su presidente Iván Duque. Foto El Espectador

Un mes después de que aflorara la protesta ciudadana en casi todos los rincones del país por las acciones de un Ejecutivo torpe, insensible y desconectado, nada avanza en la supuesta mesa de conversaciones con el Comité del Paro, pese a las graves perturbaciones públicas que amenazan la vida y los bienes de la gente. Por el contrario, Colombia, cuyos bolsillos venían estropeados por el año largo de pandemia, retrocede en posibilidades de alcanzar paz, convivencia y desarrollo en al menos tres décadas, de acuerdo con el análisis de los expertos.

1 jun 2021.- Hoy nadie invertiría en esta nación ni daría un centavo por su progreso. Finalmente Fernando Londoño, pájaro de mal agüero del extremismo gobernante, podrá dar su parte de victoria: él, su líder Uribe, su presidente y su partido volvieron trizas el Acuerdo de Paz; y con la destrucción de este pacto civilizado que, duélale a quien le duela, despertó la admiración internacional y la ilusión nacional, provocaron el descuartizamiento del territorio. Ahí tienen su obra. Como es usual en situaciones de debacle institucional, los capitales importantes se están fugando hacia el exterior en una operación escape de fortunas sin un ápice de solidaridad con quienes hicieron prosperar sus negocios durante años. Las empresas y los estratos altos migrarán y salvarán sus pellejos, de eso no cabe duda. Aquí quedarán la pobreza general y la desesperanza. Ah y, eso sí, los políticos aprovechados de siempre.

Lo que viene es previsible y no debe sorprender a nadie: mano dura, represión, suspensión de derechos, militarización, sofocación —cuando no, eliminación— de los rebeldes o de quienes parezcan serlo, como el estudiante de música de Cali Álvaro Herrera, que fue obligado, después de una serie de puñetazos y patadas de los policías que lo detuvieron, a “admitir”, frente a una cámara y con su rostro ensangrentado, que era un vándalo. El joven recuperó, por suerte, su libertad cuando sus compañeros universitarios difundieron otros videos mientras él participaba en un concierto en el mismo momento en que habría atacado a la Fuerza Pública. De no ser por la contundencia de la prueba visual, Álvaro estaría enfrentando un proceso judicial en la Fiscalía subalterna de Barbosa. Por casos como este, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha expresado, en comunicado oficial de su oficina, que “es necesario garantizar los derechos… a las garantías procesales de los detenidos”. Supongo que ni el oscuro ministro de Justicia ni Andrés Pastrana se referían a Bachelet como uno de los conspiradores que, junto a Maduro, estarían propiciando la violencia en Colombia, solemne estupidez que nadie cree, ni siquiera ellos, como explicación de los dolorosos sucesos de este mes de rebelión.

Entre tanto, y con la degradación de las protestas sospechosamente conveniente para los extremistas de todos los pelambres, se descubre, ahora sin tapujos ni disimulos, quién es el verdadero amo del rejo. Según una entrevista de Uribe con Blu Radio, el jefe del jefe de Estado visitó reservadamente a este, el jueves pasado, después de decirle a El Mundo, de España, que a Duque “sí le ha faltado (autoridad para manejar el paro)”, frase que adobó con esta otra: “La tiene que fortalecer… y es factible por el profesionalismo de las Fuerzas Armadas”. El viernes, a medianoche, el presidente pareció obedecerle: decretó la “máxima” militarización de media Colombia y anunció que “este despliegue se hará en cabeza de oficiales de la más alta experiencia”, tal como se lo había solicitado (exigido) Uribe Vélez, tanto en su conversación privada como en comunicado de su partido personal. No por casualidad, el dialogante alcalde de Cali tuvo que modificar, en cosa de horas, su posición para nombrar a un secretario de Seguridad Militar (r) de rango de coronel como quería Uribe quien pronunció la siguiente afirmación inolvidable por las consecuencias que sobrevendrán pronto: “El Gobierno no puede supeditar el ejercicio de autoridad a que el alcalde (de cada municipio) ayude… No (se puede) condicionar el ejercicio de autoridad a los alcaldes” (oír). De acuerdo con la conclusión del entrevistado, no hay que destituir alcaldes ni gobernadores, basta con hacerlos a un lado. Nadie quiere vivir en medio del caos, sin Estado, sin Gobierno, sin Constitución que obedecer. La cuestión es cómo se ejerce el mando: en democracia y con sujeción a las leyes o en autocracia y con garrote y armas de fuego en la mano.

Entre paréntesis. Atención: el uribismo aprovecha la confusión generalizada para promover, en la Cámara, un proyecto de censura previa a contenidos de prensa con la disculpa de proteger derechos de los niños. Propone crear una comisión oficial para revisar qué pueden o no pueden publicar los medios. ¡Lo que faltaba!

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/pobre-marinero-donde-manda-capitan/

 

  • 21.18.-Suerte echada con el CIDH – RAMIRO BEJARANO
  • Ventajas de impunidad otorga la destrucción de expedientes en incendio del Palacio de Justicia en Tuluá, dice la Corte Suprema.
  • Saltan del barco que se hunde y Duque no se entera – CECILIA OROZCO
  • Las cruces de los Uribe  YOHIR AKERMAN
  • Los “falsos positivos”: Una verdad aterradora pero necesaria – GONZALO SÁNCHEZ G.

El anuncio público de la JEP sobre los avances de la investigación en el macro caso 003, “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agente del Estado,” nos confronta con las verdades incómodas que la justicia transicional ayudará a esclarecer para que asumamos de una vez por todas nuestro pasado violento, exijamos cuentas y avancemos decididamente para resolverlo y transformarlo.

24 feb 2021.- El avance de la investigación que se ha presentado a la sociedad colombiana esta semana señala que se han documentado 6.402 personas asesinadas en estado de indefensión y presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2010. Se aclara que éstas representan el 78% de las muertes de este tipo en un periodo histórico que se remota a los años 80. Se trata de una cifra que supera las 2.248 víctimas reportadas por la Fiscalía General de la Nación, las 2.279 documentadas por el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, o las 1.741 reportadas por el CINEP.

Este cambio en las dimensiones no debería sorprendernos tanto, pues si algo se espera de la justicia transicional es que cierre la brecha entre lo ocurrido y lo conocido. Y dado el contexto actual hay que subrayar vigorosamente que es justamente un logro el acuerdo de paz que este conocimiento esté siendo posible.

La dinámica de construcción estadística está respaldada por variados canales : víctimas que se confrontan con el miedo para exigir justicia y que reconocen las oportunidades para denunciar; víctimas y organizaciones que pueden presentar informes ante la JEP; perpetradores que aportan verdad para obtener beneficios judiciales; y funcionarios y académicos que construyen una ruta de investigación para identificar patrones de macrocriminalidad a partir de la integración y contrastación de la información procedente de distintas fuentes. Este acumulado social e institucional permite consolidar hoy día un universo en el que se integran casos nunca denunciados,y casos documentados por distintas fuentes que no compartían información.

Con estas anotaciones en mente cabe afirmar que muy probablemente en los 2.248 casos de la Fiscalía General de la Nación no estaba la totalidad de los 2.279 del Observatorio de Memoria y Conflicto, y a la inversa. Esto sin contar con otras fuentes como la Cooperación Colombia-Europa-Estados Unidos. Un aporte no menor de la JEP con su avance es que corrobora una vez más que tener información fragmentada puede ser tan grave como carecer de información, y que ambas situaciones son camino expedito al olvido y a la impunidad.

Las dimensiones de lo documentado por la JEP nos remiten a un inevitable ejercicio de memoria: evocar el informe sobre ejecuciones extrajudiciales del relator de la Organización de Naciones Unidas, Philip Alston, quien visitó Colombia en junio de 2009, y al año siguiente presentó sus conclusiones. Hace más de 10 años, Alston aseguraba que podrían ser más de 5.000 las víctimas de los “falsos positivos”; que había encontrado indicios de sistematicidad en los hechos, y algo muy contundente que dejamos pasar por alto, a saber, que esta escala de la victimización implicaba que uno de cada tres muertos reportados por el Estado colombiano en su lucha contra grupos armados ilegales como muertos en combate, eran en realidad “falsos positivos”.

Demostrar las dimensiones del hecho criminal es de enorme relevancia, ya que una de las características de los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra es su carácter generalizado, así que las dimensiones cuentan, y mucho, para establecer un patrón de macrocriminalidad.

Seguramente algunos sectores de la opinión pública y de la política intentarán subestimar la cifra de 6.402 muertos, calificándolos como no tan relevantes en un conflicto armado que cuenta con más de 9 millones de víctima; y que ha dejado más de 265 mil muertos, según los registros del Centro Nacional de Memoria Histórica a 2018. Se omite en esas comparaciones negacionistas y poco éticas el agravante de que dichos crímenes fueron perpetrados por agentes de Estado, que tenían el mandato constitucional de proteger a los ciudadanos, y que se financiaron con los impuestos de todos los colombianos.

Pero más allá de las consideraciones éticas, dicha cifra puede decir mucho si aclaramos frente a qué universo de hechos violentos debe compararse, para comprender sus implicaciones. La comparación fuerte no es con el conjunto de la victimización del conflicto armado, sino con un subconjunto particular de la guerra: el de las muertes en combate.

Hagamos un encadenamiento lógico de las cifras. El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica documentó 15.237 muertes en combate entre 2002 y 2010, así que este es el primer paso para determinar el universo que sirve de referencia para leer lo que implica la cifra de las víctimas de los “falsos positivos”. A este subconjunto hay que descontarle entonces la cifra de miembros de la Fuerza Pública, 3.777, que también son muertos en combate, lo que deja un resultado efectivo del universo de los que fueron presentados como miembros de grupos armados ilegales dados de baja en combate. A la luz de estos datos el número de muertes en combate de quienes fueron presentados como miembros de grupos armados ilegales sería de 11.460.

Si son 11.460 los muertos en combate que fueron presentados como miembros de grupos armados ilegales, las 6.420 víctimas de los “falsos positivos” identificadas dentro de ese total cambia radicalmente la manera de interpretar los resultados operativos en la lucha contra los grupos armados ilegales. Si se tiene en cuenta que cada víctima de un “falso positivo” debe descontarse de las muertes en combate reportadas, se llega a la monstruosa conclusión de que la víctimas de los “falsos positivos” representaron 1 de cada 2 muertes reportadas como bajas en combate. Dicho de otra manera, más de la mitad de los resultados operacionales de una política pública de seguridad fueron producto de una operación criminal que presentó a civiles indefensos como miembros de grupos armados ilegales dados de baja en combate.

Cabe entonces preguntarse: Si el 56% de los muertos en combate que fueron presentados como miembros de grupos armados ilegales eran en realidad civiles en estado de indefensión, entonces la sistematicidad que en su momento señaló el relator de Naciones Unidas, asegurando que eso no implicaba la existencia de una política oficial, es sostenible ahora? . Siguiente pregunta: ¿Una directiva que ofrecía recompensas por bajas en combate no fue en realidad la causa determinante y última de una escala de victimización que copó más de la mitad de los resultados operacionales de una política de seguridad?

Verdades incómodas pero necesarias para continuar el debate. Última anotación: si el número de guerrilleros muertos en combate realmente es mucho menor que el que se presentó en su momento en los resultados operacionales, entonces la asimetría en la capacidad de infligir daño entre la guerrilla y el Estado se reduce considerablemente. En qué quedaría entonces la retórica victoriosa de la seguridad democrática?. Porque, en síntesis, si antes de que se develaran estas dimensiones de los “falsos positivos”, por cada miembro de la fuerza pública muerto en combate, había tres miembros de grupos armados ilegales muertos, ahora esa relación es casi simétrica, cercana a una relación 1 a 1, un muerto real en combate, y un muerto “falso positivo”. Aterradora revelación de esta guerra degradada. Las verdades que brinda la paz duelen, pero son las que estábamos esperando.

* Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia

https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/los-falsos-positivos-una-verdad-aterradora-pero-necesaria/

21.18.-Suerte echada con el CIDH – RAMIRO BEJARANO

Juan Grabois denunció haber sufrido malos tratos en aeropuerto de Colombia 

Vergonzoso el confuso episodio del oficial de Migración que no autorizó el ingreso al país del argentino Juan Grabois, quien venía en una misión observadora de derechos humanos. La excusa no pudo ser más pueril: el extranjero faltó al respeto. Así ocurrió cuando Chávez, incómodo con José Miguel Vivanco, lo expulsó arbitrariamente de Venezuela.

29 may 2021.- Ese atropello coincidió con el viaje de Marta Lucía Ramírez a los Estados Unidos para apagar incendios. Poco sirvió. Resultó insólita su inicial declaración de que la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solo podría realizarse luego de que aquí se adelantaran los procesos en curso ante distintas autoridades. Surtida una primera ronda de entrevistas en Washington, la canciller —a quien, entre otras cosas, no se le vio acompañada del embajador Francisco Santos— intempestivamente cambió de discurso, pues afirmó que si de la CIDH querían venir al día siguiente, bien podrían hacerlo.

Alguien debió advertirle a la vicepresidenta que repudiar la visita era una estupidez, en especial invocando la grotesca coartada de que previamente debían terminar unos procesos aquí para salvaguardar la soberanía nacional. Nadie en el Gobierno entiende el alcance de las visitas de la CIDH, negadas curiosamente en aquellos lugares sometidos a regímenes de talante dictatorial como Venezuela, que la Comisión visitó pero desde Cúcuta. La CIDH no viene a un país en condición de juez ni a sustituir su poder judicial, como parecieron entenderlo el Gobierno y algunos de sus abogados áulicos que defendieron la primera postura de la canciller. Como lo explicó la profesora experta en la materia María Clara Galvis, “la CIDH no juzga si Colombia cumplió o no con las investigaciones, sino que coopera con un Estado para ayudarlo a salir de una crisis de derechos humanos”.

Aunque con explicaciones vacuas intenten los agentes del Gobierno y hasta el subpresidente alegar que aquí no hay preocupación con los derechos humanos, sino la represión a unos terroristas bloqueadores e incendiarios, los resultados de los disturbios por las marchas dejan un reguero de abusos policiales, con un crecido número de muertos, heridos y, quién lo creyera, hasta desaparecidos. No podrán tapar el sol con un dedo, ni justificar la incoherencia de la Fuerza Pública para reaccionar ante los desmanes y los vándalos. Muy efectiva contra los marchantes y la población civil, pero bastante lenta e ineficiente para repeler ataques previsibles.

Me refiero al pavoroso incendio del hermoso Palacio de Justicia de Tuluá, que estaba prácticamente anunciado desde el día anterior, sin que a la hora de la agresión hubiesen aparecido el Esmad o el improvisado mandatario del Valle del Cauca, el tempestuoso general Zapateiro, comandante del Ejército. La Corte Suprema de Justicia con razón ha repudiado este acto violento que no tenía por qué suceder en el marco de protestas pacíficas. Si sucedió fue porque las autoridades dejaron desprotegida la sede judicial de Tuluá, como también lo estaban en Buga y Cartago, y como ocurrió en Jamundí. Si el acto criminal se hubiese intentado contra el edifico de la Policía en Tuluá o el batallón Palacé, no habría quedado vivo nadie. Ahora ya empezaron las detenciones indiscriminadas de presuntos sospechosos del ataque aleve, y eso atemoriza porque van y concluyen revocados por los jueces, como los encarcelamientos de los supuestos terroristas del atentado al Centro Andino en Bogotá.

Restan 14 meses para que concluya esta pesadilla que va en ascenso, ahora que Duque se negó a firmar el preacuerdo con los organizadores del paro, pues viene en camino un nuevo proyecto de reforma tributaria que deje felices a los que todo lo tienen porque no tendrán que asumir un sacrificio diferente de vestirse de blanco para marchar en silencio o reclamando que “los buenos somos más”, mientras los desposeídos se mueren de hambre. El libreto está listo: cuando se repitan las protestas, aparecerá la conmoción interior que la derecha y el uribismo —perdón por el pleonasmo— reclaman para asegurar el triunfo electoral en 2022.

Adenda. El hijo de Horacio Serpa, arrodillado al Gobierno que propició la infamia de que se sindicara a su padre de asesino. Insaciable apetito burocrático, oportunismo y falta de carácter: perversa combinación.

https://www.elespectador.com/opinion/suerte-echada/

21.18.-Ventajas de impunidad otorga la destrucción de expedientes en incendio del Palacio de Justicia en Tuluá, dice la Corte Suprema.

A través de dos comunicados, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura rechazaron el incendio del Palacio de Justicia “Lizandro Martínez Zúñiga” de Tuluá, Valle del Cauca. Las entidades coincidieron en que los actos vandálicos atenta contra la materialización de los derechos de los ciudadanos.

En la noche de este martes se reportó un incendio en el Palacio de Justicia de Tuluá. / Captura de pantalla

“En momentos tan críticos como los que atraviesa el país, las sedes de la justicia son las casas de protección democrática de los colombianos. El fuego que las consume, como ocurrió en el ataque criminal al Palacio de Justicia de Tuluá, erosiona severamente las bases del Estado”, expuso la Corte Suprema de Justicia en cabeza del magistrado Luis Antonio Hernández quien añadió que los ataques ocurridos durante los últimos días atentan en contra de los derechos de los ciudadanos. Desde el alto tribunal aseguraron que “los actos de violencia deben detenerse de inmediato”. 

26 may 2021.- El más reciente ataque vandálico registrado en el Palacio de Justicia en Tuluá, en el que incineraron la infraestructura, ha generado todo tipo de reproches. La Corte Suprema, por su parte, expresó que su rechazo no solo por la destrucción en el municipio vallecaucano sino por los episodios similares registrados en las sedes judiciales de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cundinamarca, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Rosa de Viterbo, La Plata y Villavicencio.

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“Estos eventos ponen en peligro la integridad de los funcionarios y empleados judiciales, quebrantan la indemnidad de la justicia e impactan los ya escasos recursos con los cuales funciona. La destrucción de expedientes otorga ventajas a la impunidad y a la agudización de los conflictos, no a su resolución”, expuso la Corte y añadió que exhorta a los integrantes de la mesa de negociación a quienes ostentan liderazgo político y a los líderes de las protestas para que reconozcan la responsabilidad que, por acción u omisión, les corresponde tanto en el conflicto como en su solución.

Para el alto tribunal se deben rechazar, enfáticamente, los abusos de todo tipo, la destrucción del tejido social y la economía del país, los ataques violentos a la propiedad privada y a los bienes públicos, así como el bloqueo de carreteras. Lo anterior con el propósito de apaciguar la alteración social que empaña el ejercicio de los derechos a la libre expresión y la protesta pacífica. Así como también que se detenga la pérdida de vidas humanas.

Una postura similar asumió el Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza de la magistrada Gloria Stella López, que trajo a colación los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia, en Bogotá, durante 1985. “En momentos como los que vivió Tuluá la noche del 25 de mayo solo llega a la mente de los colombianos el holocausto del que fue víctima la justicia hace 35 años y rememora la petición del inmolado magistrado Alfonso Reyes Echandía: “Que cese el horror”.

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La corporación condenó los ataques de los que ha sido víctima la Rama Judicial en materia de infraestructura y reprochó que por cuenta de actos vandálicos se esté poniendo en riesgo la vida de los funcionarios públicos que se encuentran en el interior de las sedes judiciales. “La destrucción de expedientes y el ataque sistemático a la justicia no puede ser un fin, pues obstaculiza el propósito de construir una sociedad más justa, más aún cuando los jueces son los garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¡La prioridad es la vida y la justicia!”.

El Consejo Superior reiteró que la mejor solución para dirimir las diferencias que existen en el territorio nacional es el diálogo. “No queremos tener más este sentimiento de impotencia y tristeza, no solo por el ataque a la justicia, sino a institucionalidad del país”, dijo la entidad.

https://www.elespectador.com/judicial/la-destruccion-de-expedientes-otorga-ventajas-a-la-impunidad-corte-suprema-sobre-incendio-a-palacio-de-justicia-en-tulua/?jwsource=cl

Los actos vandálicos registrados en la noche de este martes, en donde no solo se incineró la infraestructura sino que atentaron contra la vida de Camilo Andrés Arango, un joven de 18 años, estudiante de derecho, y que perdió la vida por impacto de bala, se presentaron en el marco de las movilizaciones que convocaron desde el pasado 28 de abril como negativa a las directrices dadas por el Gobierno de Iván Duque.

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21.18.-Saltan del barco que se hunde y Duque no se entera – CECILIA OROZCO

A pesar de que Colombia se encuentra al borde de un abismo que puede costarnos la interrupción de la democracia formal con que contamos y la cual, al menos, ha permitido la alternancia de los poderes Ejecutivo y Legislativo cada cuatro años; a pesar de que la administración Duque atraviesa la peor crisis de gobernabilidad que haya enfrentado un mandatario nacional en décadas, ni el presidente, ni la vicepresidenta, ni su gabinete, ni los genios asesores de la Casa de Nariño se han tomado en serio la ola de protestas pacíficas y violentas que ha sacudido hasta los cimientos del Estado.

25 may 2021.- Este Gobierno hueco todavía un mes después del estallido anda jugando al engaño y la distracción: como si fuera un acto magnánimo y no una necesidad nacida de la realidad política, el presidente de la República concede la instalación de una mesa de conversaciones con el Comité del Paro y nunca volvió a sentarse con los líderes populares; nombró a Miguel Ceballos coordinador de su grupo de delegados aunque el excomisionado de Paz había renunciado y estaba por retirarse. En alocuciones públicas ofrece garantías para las marchas y después anuncia la “asistencia militar” en las ciudades; dice que respeta a quienes van a las concentraciones, pero policías de uniforme y de civil, bajo su mandato, apuntan sus armas directo contra el cuerpo de los saqueadores e, indistintamente, contra los buenos ciudadanos. Mientras en las calles colombianas se recrean las escenas sangrientas de los pistoleros del lejano Oeste americano y los vecinos de los barrios, atemorizados, se esconden de las balas e inhalan gases lacrimógenos, Duque, residente de un planeta encantado distante de la Tierra, dedica su tiempo a actuar en un estudio exclusivo para él, con cámaras de frente y de perfil, para contestar, en inglés, a las preguntas de una pantalla que no lo tensionan tanto como las de los periodistas profesionales. Sus “respuestas” —más bien, sus frases prefabricadas— sobre la parálisis nacional no respetan una mínima cuota de veracidad.

¡En verdad, es asombrosa la desconexión del presidente con la incendiada Colombia! Y la de su vicepresidenta canciller que emprende, cual princesa también encantada, viaje al exterior, segura de que con la “carreta” vacua con que ha conquistado votantes aquí puede entretener a los directivos de los organismos multilaterales, allá. Su misión, y decidió aceptarla, consistía en cerrarle las puertas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para una visita al país. La CIDH evaluaría, en el terreno de los hechos, si es cierto que los comandos de la Policía adaptan sus procedimientos, en las manifestaciones, a los convenios internacionales, o si son tan salvajes como los vándalos a los que combaten. La explicación de Marta Lucía Ramírez da risa, una risa angustiosa: no hay necesidad de que la Comisión Interamericana u otros enviados independientes examinen la conducta oficial. Los investigadores con que cuenta el país van a resolver las dudas, afirmó. “Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, todos (sic) han establecido un equipo de trabajo para asegurar que no haya un solo caso de violación de DD. HH.”, les dijo a unos manifestantes que la esperaban a la salida de la casa del embajador de Colombia en Washington. Me retracto: no da risa sino rabia que Ramírez pretenda que alguien confíe en la Fiscalía de Barbosa (exconsejero de Duque), la Procuraduría de Cabello Blanco (exministra de Duque) y la Defensoría de Camargo (politiquero aliado de Duque, y tan sensible frente a las víctimas que prefirió irse, en uno de los más delicados episodios de violencia, a pasar un puente festivo en Anapoima).

El gobierno Duque cae, vuelto pedazos: tuvo que irse, con el rabo entre las piernas, Alberto Carrasquilla, un ministro tan autónomo que parecía el jefe del presidente y no al contrario; se fue, también, con la cabeza abajo, Claudia Blum; se fue Miguel Ceballos enrostrándole al intocable Uribe sus abusos y enfrentándose al partido gubernamental, el mismo que, hoy, no sabe cómo deshacerse del que puso Uribe; renunció Viviane Morales a vivir en la embajada de París, cómo estará de cerca la debacle. Saltan del barco que se hunde, unos y otros, y Duque sigue sin darse por enterado. El peor mandatario en el peor momento.

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21.18.-Las cruces de los Uribe – YOHIR AKERMAN

Uribe, Luis Alfredo Ramos, Santiago Uribe, Mauricio Santoyo, Don Berna y Ernesto Baez. – Foto: SEMANA

Retomemos el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus cercanas coincidencias de tiempo, modo y lugar con el paramilitarismo. Para eso vale la pena retomar unas declaraciones de otro testigo que, sorpresivamente, terminó silenciado.

29 may 2021.- El paramilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, alias Cristian Barreto, se ganó la confianza de Salvatore Mancuso y lo siguió en su travesía de terror por varias regiones del país, entre ellas Antioquia. Antes de eso fue escolta personal de Carlos Castaño. Es decir, conoció muy de cerca el liderazgo de esa organización criminal.

Alias Cristian Barreto realizó la masacre de El Aro. Fue el primero que empezó a develar las aberraciones cometidas por los paramilitares en la incursión a ese corregimiento de Ituango, en el norte antioqueño.

Según sus propias palabras —perseguido por las pesadillas y por los gritos de las víctimas de El Aro que le retumbaban en la cabeza cada vez que cerraba los ojos—, alias Cristian Barreto decidió entregarse a las autoridades en febrero de 1998. Es decir, cinco meses después de ejecutada la masacre.

Gracias a una investigación realizada por el periodista Sergio Mesa, pudimos conocer que, en varias declaraciones y ratificaciones rendidas ante la Fiscalía, alias Cristian Barreto da cuenta del accionar del Bloque Noroccidental de las Auc, que estaba al mando de Luis Arnulfo Tuberquia, alias Memín, y relaciona la hacienda La Carolina, que fue propiedad nada más y nada menos que de los hermanos Uribe Vélez.

Alias Memín —quien fue excluido de la Ley de Justicia y Paz el 15 de abril de 2009 por la Corte Suprema de Justicia— se acogió a sentencia anticipada y aceptó cargos por homicidios, desapariciones forzadas y 10 casos de desplazamiento forzado. El sentenciado recibió una rebaja del 40 % del total de la pena impuesta, que ascendió a 40 años de prisión por su participación en la muerte de 304 personas.

Pero volvamos a alias Cristian Barreto.

De acuerdo con declaraciones rendidas entre 1998 y 2008, la policía de San José de la Montaña y los militares de la base militar, que coordinaban sus trabajos con los paramilitares con presencia en la zona, estaban instalados en la hacienda La Carolina. Así como se oye.

Esto no es nuevo. La vinculación de la hacienda La Carolina —en ese entonces propiedad de los Uribe Vélez— con el accionar de grupos paramilitares fue confirmada por ex jefes paramilitares como Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar.

También fue relatada por el teniente Everardo Bolaños Galindo, alias Jhon Jhon, condenado por paramilitarismo y por su participación en la masacre de El Aro: “[…] la presencia de las autodefensas era muy marcada. […] La Carolina era una finca de un hermano de Álvaro Uribe de nombre Santiago Uribe, posteriormente, en La Carolina siempre permanecía ejército porque era la entrada hacia Ituango y ahí estaba un grupo de autodefensas, y más adelante hacia Medellín, hacia Santa Rosa, estaba otro grupo de autodefensas lideradas por alias el Viejo, todo este grupo de autodefensas estaba en medio de la jurisdicción del batallón”.

Coincidencias de tiempo, modo y lugar. Pero aquí se conecta otro crimen.

La sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Medellín del 24 de noviembre de 2017 que condena por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado a los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, como coautores del homicidio del abogado Jesús María Valle Jaramillo, dice: “La orden de asesinar a Valle provino de Carlos Castaño y de los Angulo Osorio, la orden fue dada en el sector de Las Cruces, jurisdicción del municipio de San José de la Montaña.

Pues vamos a Las Cruces.

Según alias Cristian Barreto, el asesinato de los abogados Jesús María Valle Jaramillo y Eduardo Umaña Mendoza, denunciantes de las masacres de La Granja y El Aro, en Ituango, se habría planeado en una reunión que se realizó en jurisdicción del municipio de San José de la Montaña, a pocos kilómetros de la hacienda La Carolina.

Frente a esto, la Fiscalía le preguntó en una de sus declaraciones a alias Cristian Barreto si participó en reuniones donde se decidiera asesinar a una o más personas. La respuesta fue estremecedora.

“Había 45 hombres y entre ellos estaban el Mono Mancuso, Alexis, Pelucas y Memín que llegó después de la reunión, y el comandante de la Policía de San José de la Montaña y un sargento del Ejército que no sé el nombre, pero que es un moreno que estaba de comandante de la base de La Carolina, que es la entrada de los Llanos de Cuivá, ahí planearon asesinar y escoger el personal de los que iban a ser los hechos”.

Existe otra declaración que es más explícita.

“[…] ellos estaban demandando a la Cuarta Brigada que los militares hacían incursiones en conjunto con los paramilitares, fundamentalmente la del Aro, la de Segovia y habían (sic) denuncias, también la de Pichilín, Sucre, y muchos homicidios que se daban en Puerto Valdivia y desapariciones. La decisión la tomó Álvaro Uribe Vélez que dijo para mí el voto mío callarlo, también habló el general Manosalva de la Cuarta Brigada, dijo que la decisión la tomaran que el voto de ellos era sí, habló Junior y lo único que dijo fue que ese señor José Ovalle [se refiere a Jesús María Valle Jaramillo] le tenía persecución con lo de Ituango que si era para matarlo estaba dispuesto a lo que fuera. Entonces Castaño y Mancuso dijeron autorizado. Ese día autorizaron escoger al personal para hacer el trabajo, se tomó también la decisión de asesinar a los investigadores del CTI y al periodista Jaime Garzón y a la señora Amparo Ariza”.

Pero no solo lo dijo ahí. El 25 de marzo de 2008, el mismo paramilitar alias Cristian Barreto, de apellido Villalba, respondió a la Fiscalía sobre las motivaciones para dar muerte al defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo: “Porque ellos estaban demandando a la Cuarta Brigada”.

La Fiscalía le preguntó: Señale con precisión, además de los enunciados, ¿qué personas asistieron a la reunión en que se dispuso dar muerte a los defensores de derechos humanos, entre ellos el doctor Jesús María Valle Jaramillo y el doctor Umaña?

Alias Cristian Barreto contestó: “Estuvo Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Junior, Monoleche, mi persona y los militares ya mencionados y los agentes de Policía ya mencionados. Santiago Uribe y Álvaro Uribe, que era el gobernador. Santiago Uribe todavía maneja el frente que manejaba en esa época, queda en Santa Rosa de Osos, ese grupo ha prestado el personal para el sicariato urbano y rural, en esa época tenía 220 hombres entre Santa Rosa de Osos y los Llanos de Cuivá. Actualmente todavía existe ese grupo, pero con más personas y comando por él, le dicen el Pecoso. Hasta donde me han dicho a mí, ese grupo ya creció”.

En otra declaración, alias Cristian Barreto amplió y ratificó su versión: “[en la reunión de] Las Cruces llegando a San José de la Montaña, se reunieron para […] callar a los que estaban investigando la masacre de El Aro, a los del CTI, y ordenaron matar al doctor José [debe entenderse como Jesús] María Valle, al doctor Umaña Mendoza […]. En esas reuniones estuvieron los hermanos Uribe, los militares ya mencionados, Junior, Mancuso, Castaño, Monoleche, que estuvo en la última de Las Cruces, y mi persona que era comandante del grupo”.

El 7 de julio de 2008 agregó otros detalles. “Hasta la finca en que yo estaba llegaron con los señores de la Policía de San José de la Montaña, fueron en un helicóptero azul, eso lo pueden verificar con los pobladores a ver si para esa época bajaron helicópteros a la cancha de fútbol que queda para el lado de Toledo ya al fondo del caserío. No sé de quién eran los helicópteros, Carlos Castaño llegó con Mancuso y el piloto era Angarita, y a él lo mataron aquí en Medellín. Los militares llegaron en el helicóptero con Álvaro Uribe y Santiago y los policías, el mayor Parra Niño llegó vía terrestre”.

Las grabaciones de estas reuniones, según alias Cristian Barreto, las entregó a la Fiscalía pero, oh, coincidencia, se fueron perdiendo: “[…] habían (sic) unos casetes grabados, habían (sic) tres casetes los grabé yo, se los entregué a un señor del CTI y como a los ocho días fue asesinado y le quitaron los casetes y esos casetes fueron a manos de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. Yo entregué esos casetes en febrero del 98. Un año después, a uno de esos señores del CTI lo mataron ahí en Medellín a los ocho días de tener ese casete, y al otro lo mataron en septiembre de 1999”.

Villalba fue asesinado el 23 de abril de 2009 en el municipio de La Estrella, Antioquia, al sur del Valle de Aburrá, mientras se encontraba en detención domiciliaria. Había sido condenado a 37 años de prisión por todos sus salvajes crímenes. Pero seguramente fueron sus palabras y conocimiento, no sus acciones, lo que le dio esa sentencia de muerte.

Las autoridades nada saben de los responsables de este crimen, que dejará inconclusa una parte de la verdadera historia de la masacre de El Aro. La otra parte dicha está.

Afortunadamente para la oscura historia de la relación del Ejército, los paramilitares y la Gobernación de Antioquia, Villalba o alias Cristian Barreto no se llevó a la tumba todos sus secretos sobre el accionar paramilitar en el norte antioqueño. No sabemos si su lápida la adorne una cruz, pero sin duda una cruz marca el lugar: la hacienda La Carolina. Para los Uribe Vélez, las declaraciones del comandante paramilitar son Las Cruces que tienen que cargar. Otras más.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/las-cruces-de-los-uribe/

  • 21.17.- Masacres para olvidar – YOHIR AKERMAN
  • Intolerancia a la carta frente a la recepción de Petro en casa de la comunidad judía – PATRICIA LARA
  • Paz en la tumba de Alison – CECILIA OROZCO

La imagen borrosa de Alison se ve en el ángulo derecho de la cámara de un testigo que graba y narra la escena de su captura, ejecutada por policías del GOES (Grupo de Operaciones Especiales) en la noche del pasado miércoles 12 de mayo, en un costado de la carretera Panamericana a la altura de Popayán.

18 may 2021.- Su figura pequeña, aunque acurrucada en el andén cerca de un muro, se distingue por el color claro de su pantalón, al parecer de sudadera. Dos hombres del GOES, cuyos rostros se ocultan tras unos cascos de diseño largo y visera oscura, parecen lanzar un golpe contra ella, levantarla y agarrarla de los brazos para arrastrar su cuerpo, tal como lo hicieron a partir de ese momento y durante la eternidad que duró su difícil traslado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) que se encontraba a unos 100 o 120 metros de distancia. Desde el momento de su retención, se inició un difícil forcejeo entre ellos y la díscola Alison que pataleaba y halaba para zafarse de los policías cuyo número iba en aumento mientras ella gritaba que no estaba haciendo nada y que eran “unos imbéciles” (ver).

Al principio de la “película”, que infortunadamente no era de ficción, Alison llevaba cubierta su cabeza con la capucha de su chaqueta; también usaba un tapabocas que solo permitía ver sus ojos. Era una sospechosa. O no: era culpable por su vestimenta. En medio del tire y afloje, otros dos o tres uniformados hundían el pedal amenazante de sus motos en torno a ella. Su cara y parte de su cuerpo de la cintura hacia abajo fueron quedando descubiertos: “Soltame que me estás desnudando, imbécil”. Los del GOES, exasperados, le pedían calma. Alison no cesaba de gritar: “Yo no estaba haciendo nada”. Se tiró al piso y se sentó. Lanzó su mochila lejos de ella y pidió que la revisaran para ver si encontraban algo que la incriminara. Nadie hizo caso. Los machos GOES siguieron forcejeando con ella hasta cuando uno retó a los otros: “¿¿¿Usted qué está pensando??? ¡¡Una mujer le va a ganar a cuatro varones!! ¡La chimba, hijueputa!”. Retados “los varones” la cogieron entre cuatro. Dos tomaron sus piernas, cada uno para su lado. Los otros, la agarraron de las manos. Y, así, colgada, como res que sale del matadero, fue trasladada a la URI. A la entrada, se vio el último reflejo de su figura. Un par de horas después, asegura el comunicado oficial, Alison fue entregada a su abuela después de que, verificada su identidad en el bolso en el que no encontraron indicios de que hacía parte de ninguna red “terrorista”, se dieron cuenta de dos datos que asustaron a los GOES: era menor de edad y su padre era un policía.

Libre, Alison expresó su rabia en una red social en sus términos de barriada: “Yo soy la que cogieron, en ningún momento me ven tirando piedras… cuando menos pensé estaban encima y solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma…”. Al día siguiente, jueves 13 de mayo, la abuela encontró muerta a Alison. De acuerdo con la versión publicada, se suicidó. El general Ricardo Rincón, comandante de la Regional 4 de la Policía, declaró, indignado, pero no por la muerte dramática de Alison sino porque se hubiera conocido su historia, que era “una noticia falsa, ruin y vil”. E hizo publicar en su cuenta de Twitter un texto en que se sobreimpuso un titular grande, en rojo: “MENTIRA INFAME”, sin siquiera darse el tiempo de investigar el caso, así fuera para disimular (ver).

La brutal reacción del alto oficial, indiferente ante una adolescente muerta por su propia mano o por otras, produjo el rechazo de diez organizaciones sociales de la zona, incluida una comisión de derechos humanos de la Universidad del Cauca. El Estado, destapadas ya sus tácticas fascistas, actuó en defensa de sí mismo: la Fiscalía anunció la realización de un “examen forense psicológico” cuya conclusión se puede deducir: Alison era una enferma psiquiátrica. No hay responsables. En cuanto al examen físico de Medicina Legal, un instituto inexistente desde cuando Barbosa botó a la directora Claudia Adriana García, en 2019, por informar que la muerte del estudiante Dilan Cruz, a manos del Esmad, había sido “un homicidio”, también conocemos su resultado: “no se encontraron evidencias de abuso sexual”. Comentario final: ¿arrastrar a una chica despernancada por cuatro “varones” es un procedimiento ajustado a los estándares internacionales aun teniendo en cuenta su rebeldía? Imposible que Colombia se sienta, hoy, orgullosa de su Policía.

https://www.elespectador.com/opinion/paz-en-la-tumba-de-alison/

21.17.- Masacres para olvidar – YOHIR AKERMAN

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelantó la tercera audiencia de versión voluntaria del terrorífico general retirado Rito Alejo del Río, en la que la respuesta favorita del militar fue: no recuerdo.

22 may 2021.- Esta reciente audiencia se trató sobre el macrocaso que investiga la JEP por el exterminio de la Unión Patriótica (UP). El militar retirado no perdió oportunidad para alejarse de sus probados nexos con las autodefensas y hasta dijo que no recuerda la masacre cometida contra miembros del partido político de izquierda.

Pues démosle al general en retiro un amable recorderis.

Entre 1984 y 1997, hay documentadas 415 masacres contra miembros de la Unión Patriótica, según el libro Unión Patriótica: Expedientes contra el olvido, de Roberto Romero Ospina, publicado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Cuando Jaime Pardo Leal, en una campaña de pocos meses, obtuvo en las elecciones presidenciales de 1986 cerca del 5% del electorado, la ultraderecha colombiana se intranquilizó.

El caso de Urabá es muy representativo, donde la UP se alzó con casi todas las alcaldías de esa región bananera y agrícola de Antioquia.

En la página 345 del mencionado libro se lee: “Los paramilitares, en connivencia con sectores de las Fuerzas Armadas, arrasaron con la UP en una verdadera operación de exterminio con generales como Rito Alejo del Río, el famoso pacificador al estilo Morillo. Allí pusieron en práctica la famosa Operación Retorno, acuñada por el propio Ejército y que no era otra cosa que permitir las condiciones para que regresaran, a sangre y fuego, los viejos barones de la politiquería liberal conservadora que habían sido derrotados pacíficamente en las urnas por la UP”.

Aunque los grupos paramilitares o de autodefensas estuvieron, en un principio, amparados por la ley, en su evolución fueron quedando al servicio de grandes propietarios rurales y de narcotraficantes interesados en proteger sus territorios.

El origen de estos grupos, tal como se conocen hoy en día, se remonta a comienzos de la década de los 80, con la creación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS) por parte de sectores del narcotráfico afectados por los secuestros de la guerrilla.

El MAS surgió en 1981, cuando no se había producido la guerra entre los carteles de Medellín y de Cali. El antecedente fue el aumento de las presiones de las guerrillas a los narcotraficantes y el hecho que usaron para justificar su conformación fue el secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana de los hermanos Ochoa, unos de los líderes del cartel de Medellín, ocurrido el 12 de noviembre de 1981.

Posteriormente, el 5 de marzo de 1986, se dio la mascare de Campo Capote en la que 60 paramilitares del MAS, acompañados de unidades militares, incursionaron en Campo Capote, donde torturaron, desaparecieron y asesinaron a los miembros de la UP.

El día anterior a la masacre, militares de la Brigada XIV hicieron presencia en Puerto Nuevo y Puerto Parra y con ellos un grupo de 30 paramilitares recorrieron los municipios en busca de los líderes de la Unión Patriótica, dando como resultado ocho personas asesinadas, siete desaparecidas y cinco heridos.

Cosas difíciles de olvidar.

Pese a eso, Rito Alejo lo intentó y eso quedó registrado a las tres horas y dos minutos de la audiencia, cuando el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez de la JEP lo desnudó en sus mentiras. (Ver Audiencia).

JEP: Señor Del Río, Campo Capote estaba bajo su jurisdicción el 5 de marzo de 1986, usted era comandante. Esa masacre la cometieron paramilitares, ¿cómo explica usted esto?

Rito Alejo del Río: Doctor, yo voy a verificar, porque para esa época yo no tengo presente que se hubiera cometido ninguna masacre. Las masacres fueron posteriores.

JEP: Señor Del Río, el dato está, no solo es un dato oficial, incorporado al expediente, sino que además hay otro tipo de pruebas. La masacre sucedió, los nombres de las personas existen, eran militantes de la Unión Patriótica. Se cometió cuando el batallón estaba bajo su jurisdicción y la zona de Campo Capote estaba en su jurisdicción, ¿cómo explica usted eso?

Del Río: Yo realmente no me acuerdo, porque eso ya fue hace…

JEP: ¿No recuerda una masacre, señor Del Río, una masacre de estas dimensiones?

Del Río: No, no, no. No la tengo presente, señor magistrado.

Ante la sorpresiva y olvidadiza respuesta de del Río, el magistrado Salazar exhibió un informe de inteligencia del extinto DAS, con fecha de febrero de 1990, escrito por Óscar de Jesús Echandía Sánchez, un mayor retirado del Ejército a quien le decían Chocolate.

Chocolate dijo que el entonces teniente coronel Del Río, comandante del Batallón Girardot de Medellín, usaba una fuente como intermediaria para las razones que le enviaba a Henry Pérez sobre los posibles operativos en la zona de Puerto Boyacá y nombres del personal del Ejército con quienes se podía o no tratar para que colaboraran con las autodefensas y el narcotráfico.

Aunque del Río dijo que esto era complemente falso, hay varios testigos —exmilitares, exparamilitares y narcos— que lo vinculan como partícipe en esa y en otras 70 masacres de la región.

En esas que terminaron en el exterminio de los miembros de la Unión Patriótica, gracias a que el Ejército se alió con los narcos y el paramilitarismo para acabar con la izquierda política. Los votos de la democracia se reemplazaron por las balas y el Estado fue suplantado por la criminalidad.

https://www.elespectador.com/opinion/masacres-para-olvidar/

21.17.-Intolerancia a la carta frente a la recepción de Petro en casa de la comunidad judía – PATRICIA LARA

“Setenta personas de mi familia murieron en los campos de concentración. Por lo tanto, no puedo tomar esas cosas a la ligera” : Estela Goldstein – Foto: SEMANA

“Como hija de sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, me impacta la falta de tolerancia”, dice Estela Goldstein, presidenta del ancianato judío Beit Avot y una de las asistentes al encuentro que se realizó el pasado viernes entre miembros de la comunidad judía, el embajador de Israel y el candidato Gustavo Petro, en casa del empresario Jean Claude Bessudo y de su esposa, Danielle.

20 may 2021.- Pero antes de hablar de esa reunión —por cuya causa Bessudo ha recibido en las redes toda clase de improperios y cartas provenientes de representantes de la extrema derecha—, vale la pena ilustrar la dimensión del drama que, por la discriminación, el racismo y la falta de tolerancia, padecieron los padres de Estela en la época de Hitler, por el solo hecho de ser judíos. Resulta que ellos, quienes pasaron la guerra escondiéndose en Polonia, en esa época tuvieron un niño. Y el “amigo” que los escondía sintió tanto miedo de que los nazis los descubrieran en su casa, que mató al bebé.

Ya entenderán ustedes por qué a Goldstein la afecta tanto la falta de tolerancia que se ha expandido en Colombia, a tal punto que se arme semejante escándalo porque un grupo de judíos se reúne con el candidato de la izquierda, quien puntea en las encuestas y es considerado por la derecha como una especie de Satanás. Sin embargo, como dice uno de los asistentes a la reunión, no fueron la comunidad judía ni el Estado de Israel los que validaron a Petro, sino la sociedad colombiana, que lo eligió alcalde de Bogotá, que le dio ocho millones de votos y que lo tiene como senador con un sueldo pagado por el Estado. De manera que, como afirma la fuente, “las acusaciones son ridículas. Además, si uno se encuentra con alguien, no significa que apoye sus ideas”. Y, como dice Bessudo, “la polarización sólo conduce al odio y a la violencia; la única manera de bajarle a la violencia y a la polarización es conociéndonos los unos y los otros. Por otra parte, en mi colegio, el Liceo Francés, me enseñaron a formarme mi propia opinión”.

Para formarse su propia opinión, la comunidad judía escuchó a Petro, como acostumbra hacerlo con otros candidatos. Los Bessudo prestaron su casa para ello y les sirvieron a las 34 personas presentes (22 integrantes de la comunidad, Petro, tres acompañantes suyos y ocho miembros de la familia Bessudo) un almuerzo compuesto por lomo a la pimienta, pollo barbecue, papas con paprika, ensalada, flan de chocolate con almendras y buen vino.

La reunión no era fácil para nadie. Pero después de hora y media, durante la cual Petro habló de las relaciones con Israel, del desarrollo agrícola e industrial, del carbón y el petróleo, de la necesidad de que la Policía se convierta en un cuerpo civil que no dependa del Ministerio de Defensa, el almuerzo terminó de manera cordial. Unos “quedaron inconformes y otros interesados”, afirma Estela Goldstein, quien salió contenta de haber asistido a ese encuentro que, según ella, constituyó “una muestra de democracia, de apertura y de tolerancia”. Así les haya sabido a cacho a los campeones de la polarización, como el periodista Gustavo Rugeles y el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Félix Lafaurie. Además, no solo es importante que los empresarios conozcan a Petro, quien tiene chances de convertirse en presidente, sino que Petro escuche a los empresarios, pues no hay nada más difícil que construir y mantener una empresa. Y nada más fácil que destruirla.

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  • 21.16.-Del cura para abajo – YOHIR AKERMAN
  • Un país en crisis y sin presidente  CECILIA OROZCO
  • Capturan en EE. UU. al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons
  • Estrategia suicida – RAMIRO BEJARANO

Este Gobierno que defiende la reserva legal de informaciones públicas —tanto que todavía sigue sin entregar ningún dato de cómo y por cuánto negoció las vacunas del COVID-19—, sin embargo, hace excepciones ilegales. En ese insólito viaje que hizo en una madrugada a Cali, dizque para poner la cara cuando nadie lo pudo ver, Duque se presentó en el consejo de seguridad acompañado por su jefe de campaña y consejero personal, Luigi Echeverri, un particular, así hoy esté designado por el Gobierno en jugosas juntas directivas. Ningún servidor público puede compartir información reservada con un particular, menos en asuntos de seguridad y defensa nacional.

15 may 2021.- Fácil resulta imaginar la incomodidad, por no decir el fastidio, que los curtidos oficiales que estaban asistiendo ese amanecer al inverosímil consejo de seguridad debieron sentir al manejar temas ultrasecretos delante del belicoso asesor íntimo que manda cartas pidiendo censurar a un senador opositor. Duque está jugando con candela y gasolina, si cree que los hombres de la milicia se aguantarán indefinidamente ese maltrato institucional de ponerlos a compartir delicados asuntos de Estado con quien no ejerce función pública.

Duque ha ido sumando detalles desagradables contra la Fuerza Pública, como el de haberles patrocinado la compra de unos aviones que se ahogó el último día del multimillonario negocio, lo cual fue recibido mal. En ese ambiente de desconfianza, Duque no puede atreverse a cuestionar sin timideces los excesos de la Fuerza Pública, como se lo han pedido. No es que no quiera, sino que no puede.

Otro que no ayuda es Miguel Ceballos, el comisionado de Guerra. Él ha sido promotor de decisiones equivocadas, en particular las relacionadas con el desconocimiento del proceso de paz con las Farc y los diálogos con el Eln. Fue él quien debió envenenar todavía más a la administración Trump para que restableciera como terrorista a Cuba porque no ha faltado a sus compromisos como anfitrión y garante de ese accidentado proceso con los elenos. Tal es la hipocresía de Ceballos que, al tambalear este Gobierno, se acordó de restablecer esas conversaciones con quienes no ha cesado de estigmatizar aquí y afuera.

Mientras la Cancillería protesta por un trino del presidente de la Argentina porque pidió a Duque no reprimir la protesta social, guardó silencio ante reclamo similar del gobierno estadounidense. Es la misma contradicción de censurar a la Oficina de DD. HH. de la ONU en Colombia, y luego pedir su apoyo para negociar con los del paro nacional y el Eln. Ahí no paran los enredos. Hoy, en Washington, Pacho Santos es un alma en pena porque no lo recibe nadie. Duque sigue sin entender que si, después de cinco meses de haber ganado las elecciones, Biden no lo ha llamado, como sí lo hizo con otros mandatarios, es porque no es bienvenido en la Casa Blanca ni en el Departamento de Estado. Adicionalmente, el sanedrín expulsó a Claudia Blum, porque la sintieron más ministra de Uribe que de Duque, y nombrarán en su reemplazo a otro intemperante lagarto de ese círculo íntimo presidencial que conspira y persigue sin piedad.

Estas dificultades no son pasajeras. Se está cayendo Duque, con el beneplácito de su propio partido. El uribismo está empeñado en que crezca el incendio para intimidar a los colombianos, esperando que de nuevo voten por el Centro Democrático ante el peligro creado por ellos mismos de que esto se lo tome el comunismo, el castrochavismo o el narcoterrorismo. Igual hicieron cuando el plebiscito y lo mismo se proponen desempolvando la interpretación neonazi de la revolución molecular disipada. No en vano el multimillonario empresario Carlos Enrique Moreno, cuñado de Álvaro Uribe, lidera reuniones con empresarios en las que se habla de cómo proteger a sangre y fuego sus intereses. Como en Pereira, donde industriales lugareños alternaron con dos oscuros congresistas del Centro Democrático (¿mano negra?) empeñados en oponerse al diálogo con los “terroristas infiltrados”, contra quienes piden bota militar y conmoción interior, previa censura a los medios que no marchen al mismo ritmo, suprimiéndoles la pauta comercial. Fascismo puro.

Que quede claro, ningún demócrata quiere que tumben a Duque, porque la solución no son los militares al poder ni que se peruanice nuestra deteriorada democracia. Son otros los que trabajan en esa siniestra aventura.

Adenda. La única reforma a la Policía es inventarse un nuevo y verdadero cuerpo civil de seguridad.
notasdebuhardilla@hotmail.com

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21.16.-Del cura para abajo – YOHIR AKERMAN

El temible general (r) del Ejército Rito Alejo del Río sigue contando algunas verdades a medias ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en su macrocaso 004 investiga la violencia de Antioquia y el Chocó.

15 may 2021.- Rito Alejo, conocido como “el pacificador del Urabá” —por el papel que desempeñó dentro del comando de la Brigada 17 desde diciembre de 1995 hasta diciembre de 1997—, evidentemente tiene mucho más para contar sobre esa violenta época en la que los paramilitares y el Ejército trabajaron mancomunadamente. Pero enfoquémonos en lo que ha dicho hasta ahora.

Empecemos por una carretera.

En la audiencia, el polémico militar dijo: “Con el gobernador (Álvaro Uribe Vélez) se hablaba mucho del problema de transitabilidad de Medellín hacia Urabá. De arreglo de las vías y todo eso, y ahí nos incidía mucho el gobernador para que hubiera un apoyo y se arreglaran todos esos problemas que existían allá”. (Ver Audiencia).

Recordemos que, según han confesado los paramilitares Raúl Hasbún y Dalson López, la carretera que se construyó en 1996 para conectar Medellín con Urabá, denominada “la panamericana”, era una carretera hecha por orden del clan Castaño para sacar las municiones y la cocaína que las Autodefensas escondían en Belén de Bajirá, donde los paramilitares querían cooptar tierras.

Hasbún ha dicho claramente al respecto: “Allá no había vía, no había carretera. La carretera la construimos nosotros entre Barranquillita y Nuevo Oriente y Nuevo Oriente y Bajirá (…) él, con maquinaria de nosotros y maquinaria de él mismo, organiza la vía hasta la finca 4S, pero ahí no había carretera, no había absolutamente vía de penetración”. (Ver Informe).

Interesante que los paramilitares y la Gobernación, con el apoyo de los fusiles del Ejército, trabajaron mancomunadamente en el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Pero volvamos a Del Río.

Rito Alejo agregó que estuvo en tres o cuatro reuniones con el entonces gobernador Uribe para hablar de esa carretera y, según sus propias palabras, “para decirle verdad, él (Uribe) me insistió mucho, me dijo: si usted logra que esos empresarios, porque hay unos que son muy cobardes, vuelvan allá, deles protección y toda esa cuestión si eso se sucede yo creo que vamos a disparar la economía de Urabá”.

Cuando la JEP le preguntó directamente quiénes apoyaban a los paramilitares, el general en retiro respondió: “Era mucha gente, por decir. Nadie iba a decir ‘yo apoyo’. Pero uno lo notaba en el ambiente… Como dice la canción de Escalona, del cura para abajo hay que requisar”.

Ante la pregunta de la magistrada de la JEP sobre si en la brigada del Ejército entrenaban o vivían paramilitares, el general en retiro respondió con mucha naturalidad: “Probablemente hayan entrado. Hay declaraciones de soldados y de paras que en una de ellas me preguntaban: usted entró a la brigada, sí”.

Y sí.

También dijo con mucha calma que él dio concepto favorable a la creación de las Convivir, piedra fundamental de la formación de los grupos paramilitares, pero con una sorpresa: “Yo le quiero decir una cosa y también le quiero hacer llegar una directiva porque fue que a nosotros nos impusieron crear Convivir (…) Y nos hacían reuniones, y eso ya lo había dicho, para mirar qué cumplimientos nosotros hacíamos de esa directiva”.

No se puede olvidar que Álvaro Uribe Vélez, siendo gobernador de Antioquia, fue uno de los impulsadores y defensores acérrimos de la creación de las Convivir. Y que, además, justificó la dotación de armas de largo alcance para estos grupos, así como su participación en tareas militares.

“Nosotros les pedimos a las Convivir que colaboraran mientras llegaban las tropas, pero ellos nos respondieron que no tenían los recursos porque mientras la guerrilla tenía toda clase de armas, ellos sólo contaban con revólveres y changones”. Esas fueron las palabras del entonces gobernador Uribe Vélez, para justificar que la población civil respondiera ante situaciones que terminaron en el ejercicio de grupos paramilitares trabajando con las Fuerzas Militares.

Hoy, lastimosamente, se continúan permitiendo por parte del Gobierno nacional, y pregonando por parte del expresidente Uribe como gran líder espiritual del Centro Democrático, mensajes tendientes a armar a la población civil y a involucrarla en el conflicto armado, mediante su utilización en tareas de inteligencia, en operativos militares y en el control del órden público.

Es como si no hubiéramos aprendido nada de la historia paramilitar de este país. Y mientras tanto Uribe sigue pregonando, como un cura, que hay que apoyarse en las armas para defender la integridad. Los hechos recientes han demostrado que eso solo termina en lamentables enfrentamientos entre civiles y la Fuerza Pública o, peor aún, entre los mismos ciudadanos.
@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

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21.16.-Un país en crisis y sin presidente  CECILIA OROZCO

Palacio de Nariño, sede presidencial de Colombia. Foto Presidencia 

“Gran gesto”. Así calificó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, más por necesidad política que porque fuera verdad, la visita furtiva del presidente Iván Duque a esa hermosa ciudad, convertida, hoy, en tierra de nadie en donde todos intentan sobrevivir a la guerra de trincheras que se desató en sus calles.

11 may 2021.-Lo cierto es que el “gran gesto” presidencial se produjo de manera vergonzosa por provenir de quien ostenta, sin decoro, los siguientes títulos: jefe de Estado, jefe de Gobierno, suprema autoridad administrativa de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pues bien, el fin de semana pasado, momento en que más se requería su presencia en la capital vallecaucana con el fin de poner, si no orden, al menos la cara, Duque se excusó con la increíble disculpa de que no iba “para no distraer el trabajo de la Fuerza Pública”. Sin embargo, horas después se contradijo, presionado por el enojo que les produjo a los caleños, los mandatarios locales y hasta a miembros de su propio partido su decisión.

Entonces fue. Pero lo hizo clandestinamente, como miedoso de representar la autoridad legítima de la nación. Aterrizó en la base aérea militar Marco Fidel Suárez a la una de la mañana del lunes. Caminó unos pasos desde la pista hasta la sala de recepción del aeropuerto; se reunió, allí, con unos ministros y funcionarios regionales durante tres horas, y se devolvió a la comodidad de la Casa de Nariño antes del amanecer.

En su “estadía” en la capital del Valle, Duque ni siquiera hizo un leve recorrido por sus calles escoltado por el ejército, la policía y sus guardias civiles, si era preciso. No tuvo la curiosidad de ver los destrozos del vandalismo repudiable ni los que quedaron después de la confrontación armada de civiles contra civiles. No vio nada, salvo las luces urbanas desde la altura de su nave.

Cali quedó, allá abajo, hundida en su conflicto, bloqueada por las barricadas. Mientras tanto, el mandatario sigue aquí, cómodo, prepotente, ocupado en maratón de reuniones y haciendo teatro. En el palacete que lo alberga, su equipo de astronautas juega dos cartas: una de concertación y diálogo para la galería nacional e internacional; otra, hacia adentro, la del uribismo de siempre, que se traduce en que no pasa nada y en que lo único que sucede allá afuera es culpa de los comunistas, de Petro, las Farc, el Eln, Maduro, Cuba y, pasada de moda la palabreja castrochavismo por la desaparición física de Castro y de Chávez, ahora lo es también de la inextricable “revolución molecular” no sé de qué cosa, término que nadie entiende pero que asusta en épocas de formas moleculares de los virus COVID-19, SARS y MERS que matan con sus contagios.

La canciller, Claudia Blum, caleña ella y esposa de Francisco José Barbieri, también caleño y personaje de poder por ser el propietario de Tecnoquímicas, grupo empresarial de la industria farmacéutica (“molecular”, cómo no) que vende miles de productos de consumo masivo, fue la encargada de dejar al descubierto los planes del Gobierno.

Según denuncia periodística de Laura Gil en el portal Lalíneadelmedio.com, Blum envió, desde el celular en cuya identidad se lee “Dra. Claudia”, un video de propaganda política con la interpretación oficial sobre el paro, reenviado muchas veces (forwarded many times) y con el mensaje “Por favor divulgarlo” (ver).

Su versión sobre la explosión social colombiana es exactamente la de Uribe, Duque y sus incendiarios congresistas, tan incendiarios como el vandalismo. En el video distribuido por el Gobierno no hay manifestantes pacíficos, ni motivos de reclamo ni peticiones. Tampoco aparecen los excesos del Esmad con los muertos y heridos que ha dejado y que circulan, en otros videos, en las plataformas de Estados Unidos, Europa y el resto del mundo.

En el guion no viven sino los vándalos. La perversidad mayor está en la tesis que suelta: “Seamos claros: la violencia es ilegítima; la fuerza es legítima. La fuerza es ejercida por las autoridades del Estado; la violencia es ejercida por la gente…”. Se rumora que Blum renunció después de la denuncia de Laura Gil. Nadie lo ha confirmado. Tampoco responderán, pero pregunto de todos modos, mediante derecho de petición a la Presidencia, si es cierto que María Paula Correa, la del rimbombante cargo de “jefe de gabinete de la Presidencia”, es la madre del video. Y si fue ella quien, también, dio la orden de distribuirlo.

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21.16.-Capturan en EE. UU. al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, señaló que se iniciarán los trámites para su extradición. FOTO POR: GUDILFREDO AVENDAÑO / ARCHIVO EL TIEMPO

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, anunció la captura en Estados Unidos del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus. Así lo confirmó el cuerpo de alguaciles de ese país. 

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12 may 2021.- «Lyons fue capturado por solicitud de Colombia, que pidió su extradición para que responda por una condena que tiene vigente por el delito de concierto para delinquir agravado. Con el conocimiento de esta captura, he dado la orden para iniciar los trámites correspondientes para hacer oficial su envío a Colombia y ponerlo a disposición de la justicia», dijo el ministro Ruiz.

Ese preacuerdo logrado con la Fiscalía en 2017 se dio en el marco de las investigaciones por el desfalco de los recursos de regalías en Córdoba durante su administración en el periodo 2012-2015, por un monto de $ 8.950 millones.

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Según la investigación, como gobernador, Lyons dio la instrucción de agotar los procesos de contratación de los proyectos que se beneficiarían con los recursos del fondo de regalías y por los cuales los beneficiarios de los contratos debían pagarle una comisión del 30 por ciento.

Esa comisión, dijo la Fiscalía, se repartiría entre él, Musa Besaile Jairo Zapa, director departamental de Regalías, quien fue asesinado en 2014. Según la Fiscalía, se aprobaron finalmente diez proyectos y se habrían recibido por comisiones el valor mencionado.

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A Lyons la Fiscalía le imputó los cargos de peculado por apropiación, concierto para delinquir agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El exgobernador primero no aceptó los cargos, pero luego la Fiscalía solicitó la aplicación de un principio de oportunidad para que ya no fuera procesado por los delitos de peculado contrato sin cumplimiento de requisitos legales a cambio de entregar la suma de $ 4.000 millones.

Y por el delito de concierto para delinquir llegó a un preacuerdo que fue avalado por la Corte Suprema de Justicia y que le implicó una pena de 5 años y tres meses de prisión.

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«El acusado fue el líder de la empresa criminal no solo por idear los mecanismos con los que sería defraudado el patrimonio del ente territorial a su cargo, sino porque siempre estuvo al frente de la misma, dando instrucciones a sus emisarios para manipular la celebración de los convenios de cooperación a fin de garantizar el pago del 30 por ciento del valor de cada uno por concepto de comisión a favor del gobernador y a cargo de las personas escogidas para su ejecución», dijo la corte el 21 de marzo de 2018 al leer la condena en su contra.

Lyons tiene varios procesos abiertos. Uno por presuntamente haber direccionado la adjudicación de unos convenios a la Corporación Unificada Nacional de Educación a cambio, al parecer, de un porcentaje de los recursos para su beneficio particular.

En este caso, la Procuraduría profirió pliego de cargos contra el exgobernador por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de los dos convenios por más de 43.248 millones de pesos.

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Igualmente, la Contraloría dictó fallo de responsabilidad fiscal en su contra por $ 71.674 millones por el llamado ‘cartel de la hemofilia’, un fraude en el que se desviaban recursos supuestamente para pacientes con hemofilia que nunca existieron.

Lyons tiene pendiente un proceso disciplinario por irregularidades en pagos por servicios de odontología por cerca de $ 3.000 millones.
justicia@eltiempo.com

https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/capturan-en-ee-uu-al-exgobernador-de-cordoba-alejandro-lyons-587913

  • 21.15.-Carta abierta al presidente Duque – YOHIR AKERMAN
  • Plomo al ciudadano: ¡ajúa!  CRISTINA DE LA TORRE 
  • Tributos, corona de espinas  – BEETHOVEN HERRERA
  • Farsa sobre lo fundamental, se dicen  – RAMIRO BEJARANO

La convocatoria nacional para un “acuerdo sobre lo fundamental” —expresión que los ignorantes atribuyen a Álvaro Gómez, cuando su autor fue Harold Linsky— es un engaño. Ni Duque, ni el Centro Democrático, ni la ultraderecha quieren conciliar nada.

8 may 2021.-  Difícil entender cómo Duque propone un gran consenso y empieza por enrocar ministros y viceministros, en vez de airear la envenenada atmósfera de la “Casa de Nari”. No se quiere cambiar de libreto y por eso no se contempló la posibilidad de explorar si militantes de otros partidos estarían dispuestos a subirse al potro desbocado de este Gobierno.

El problema se creció tanto que, ido Carrasquilla, continúan las protestas, así el nuevo ministro de Hacienda al menos esté poniendo la cara, cosa que el anterior dejó de hacer desde cuando Daniel Coronell le contó al país el hallazgo de los bonos de agua, con los que se hizo rico luego de su paso por la misma cartera.

Lo peor es la desinstitucionalización que ha debilitado al ya maltrecho Estado de derecho. Hay evidencia reiterada y sistemática de una policía que actúa abiertamente en contra de la población civil. No solamente han muerto algo más de 26 personas, sino que hay desaparecidos y, como en las épocas de Pinochet, ni siquiera se divulgan los nombres de los detenidos. Como era de esperar, Duque se infla hablando de los vándalos —que los hay, hasta oficiales—, pero frente al abuso policial —con el que se siente cómodo, como su patrón Uribe y su partido— lo hace tardía y tímidamente.

Estamos viviendo una agenda militarista. La ultraderecha trajo al neonazi chileno Alexis López, experto en el manejo represivo de la protesta social, para que sentara las bases de este infierno a partir de tergiversar la revolución molecular disipada.

Hace unos días ultrajaron a una profesora en Cali a quien sindicaron de estar adoctrinando a sus jóvenes alumnos porque se atrevió a explicarles qué son los falsos positivos, pero cuando traen a la Universidad Militar a un reconocido enemigo de las expresiones populares para que aconseje cómo desactivarlas, eso no les parece adoctrinamiento. Es el siniestro guion del poder, sin que nadie pueda contradecirlos.

La Procuraduría anda con el embeleco de propiciar espacios de concertación, como si fuera Gobierno, cuando lo que le corresponde es vigilar y sancionar los extravíos policiales. La Fiscalía no se estremece con esa Fuerza Pública que mata a sangre fría o que, como sucedió en Buga, desde un helicóptero disparó a la población civil, sin que se sepa qué andaba haciendo ese aparato en los predios del Milagroso ni la razón de ese ataque aéreo indiscriminado a plena luz del día. Y para acabar de completar, Barbosa amenaza con extinguir el dominio de los propietarios de vehículos que participen en bloqueos, dizque porque eso es pánico económico. Quien genera miedo es un fiscal de bolsillo que ofende seriamente la democracia y que pretende expropiar automotores para prender la mecha de una conflagración difícil de apagar.

Todo esto lo está propiciando y permitiendo el Gobierno. La comunidad internacional está alarmada, porque el mandatario que creían buena persona es otro dictadorzuelo cuyo poder descansa en la arbitrariedad de las armas. No hay pesos ni contrapesos. Eso explica por qué la brusca e intolerante vicecanciller, Adriana Mejía, descalificó a la oficina de la ONU para DD. HH., solo porque no ha guardado silencio sobre los atropellos de la Fuerza Pública, los asesinatos y las desapariciones.

Cualquiera sea la razón, ningún protagonista de la protesta ha pisado la oficina de Duque. Han pasado por la casa presidencial más lagartos y lambones que personas que puedan recomponer las cosas. Un empresario amigo, que me pidió reserva, reseña que el tal encuentro con dirigentes empresariales fue un besamanos en el que muchos de ellos llegaron a respaldar incondicionalmente al régimen y a pedir mano dura, pero esos ilustres visitantes no apoyaron, por ejemplo, la derogatoria de la reforma tributaria de 2019 que tantos beneficios les ha representado.

Estamos en manos de un gobernante incompetente y soberbio, manejando un país en llamas, que cuando habla no dice nada, tampoco escucha y vive rodeado de lagartos incapaces y malintencionados que pretenden superar este estallido social en conmoción interior y a punta de bala.

Adenda. Lo que faltaba: magistrados de altas cortes sucumbiendo a los artificios de un Gobierno acosado por su desprestigio.

https://www.elespectador.com/opinion/farsa-sobre-lo-fundamental/

21.15.-Carta abierta al presidente Duque – YOHIR AKERMAN

Señor presidente, Iván Duque Márquez, le escribo esta carta como colombiano preocupado y sorprendido por su desconexión con la realidad del país.

8 may 2021.- He seguido con atención sus declaraciones y acciones desde que inició esta crisis. Eso me ha impulsado a escribirle esta misiva. A título personal y como ciudadano, parte de ese país que usted intenta gobernar desatinadamente.

Empiezo por decirle que la fortaleza de un gobierno frente a sus ciudadanos no se debe sostener sobre los fusiles y las balas. Apuntar un cañón en contra de quienes se gobierna y representa nunca será una buena idea.

La fortaleza de un presidente se debe centrar en la capacidad del diálogo y conciliación con las diferentes opiniones de su pueblo. Con las voces de la crítica y no únicamente con las personas que lo apoyan. Con todas.

Pero no, presidente Duque, usted se niega al consenso y se aísla para no verse frágil, sin darse cuenta de lo débil que ya es desde hace rato.

Un sector del partido al que usted pertenece y que su administración representa no lo respeta. Una gran mayoría de los que votaron por usted, tampoco. Su líder ideológico lo contradice en público y cogobierna desde un sofá en una finca. Y usted como primer mandatario está rodeado de personas que solo le dicen lo que usted quiere oír, porque su inseguridad no le permite tener voces críticas alrededor suyo para corregir errores o enderezar caminos.

Lamentable.

Esa misma característica ha hecho que hoy tengamos ministros que no entienden la cartera que manejan, o funcionarios que le han restado altura e importancia a sus cargos, por una necesidad enfermiza de satisfacer la vanidad. Mal que usted también padece.

Se extrañan la dignidad y la prudencia entre algunos funcionarios de su Gobierno. Pero aún más, los argumentos, expuestos con claridad y elegancia. Y eso es únicamente responsabilidad de su falta de experiencia en el ejercicio de la administración del poder.

Ustedes se muestran como la solución a esta crisis, cuando su Gobierno y los errores que ustedes han cometido son el principal problema.

Y por eso le escribo, señor presidente. Porque su manera de manejar la situación actual muestra a un Gobierno incapaz de mirar sus errores y con una lectura poco realista de lo que ha sido su papel en la crisis colombiana. A ustedes les pesa el ego y son incapaces de admitir errores.

Por eso que creen que nuestros jóvenes no tienen todo el derecho a pedirles una rendición de cuentas. A exigir un diálogo sin rodeos ni estigmatizaciones. A exigir que los agentes dedicados a proteger la sociedad no le disparen al pueblo desarmado.

También es cierto, señor presidente, que hay mucha distancia entre las solicitudes del Comité del Paro y lo que piden las voces de la gente que está en la calle. Unas no concuerdan con las otras.

Y que sectores de la extrema izquierda han infiltrado las marchas para desestabilizar la institucionalidad por los vehículos equivocados. Pero también hay sectores de la extrema derecha y grupos neoparamilitares que se han colado en las protestas para hacer vandalismo y con eso deslegitimizar el grito de la sociedad. Eso hace inmensamente complicado y retador el proceso de negociación o el camino para desenredar esta situación. Nadie le dijo que ser presidente era únicamente para sacar las negociaciones fáciles o lidiar con las coyunturas sencillas de desenredar. No.

Por todos los civiles asesinados y los desaparecidos y las víctimas de violencia sexual en las destrucciones de estas noches. Por aquella mujer y su bebé, por Siloé, por Lucas Villa, por todos ellos.

Pero también por los policías muertos, heridos y agredidos, por los oficiales quemándose en los CAI, por todos los agentes que legítimamente no han abusado de su fuerza y han protegido a la sociedad, es claro que esto tiene que parar. Por todas las vidas que valen igual, todas, por ellas usted tiene que demostrar ese liderazgo que dice tener y no convertir la protesta en un campo de guerra.

Es el momento.

Y por eso, presidente Duque, le escribo para apoyar al país, para rodear al Gobierno, a su Gobierno, y ofrecerme para lo que usted piense que como colombiano puedo hacer para ayudar a sobrepasar esta crisis desde el diálogo y la construcción. No desde el sometimiento.

Lo hago asimismo rodeando a la gente en la calle, a sus voces y a sus legítimos pedidos. Creo más en ellos que en su Gobierno. Pero también creo que su administración necesita más de la luz de todos nosotros en esta coyuntura, para sacarlo del cuarto oscuro de la soberbia desde donde gobiernan, desescalar esta situación y proteger al país. Piense en Colombia, en toda Colombia, y dialogue por el bienestar de ella, no de ese partido político al que pertenece que ya ni lo apoya. Gracias.

https://www.elespectador.com/opinion/carta-abierta-al-presidente-duque/

21.15.-Plomo al ciudadano: ¡ajúa!  CRISTINA DE LA TORRE 

Como obedeciendo al instinto invencible de quien sabe que sólo puede prevalecer por la fuerza, insta Álvaro Uribe a disparar contra vándalos entreverados en multitudes de manifestantes pacíficos, marcadas de antemano con el inri de terroristas.

3 may 2021.- La orden podrá resolverse en disparar sin mirar mucho a quién, grupúsculo de violentos o no, a culpables de tener hambre, de denostar la más desalmada reforma tributaria concebida en este país, de ser el “otro” cuya sola existencia ofende a la siniestra secta del uribismo. Como en efecto ha sucedido: 14 muertos en las calles, tres desaparecidos, 28 heridos (muchos de ellos graves) y cientos de detenidos de incierto paradero sería el balance de víctimas en Cali al segundo día de protestas, según denuncia la Red de Derechos Humanos Francisco Cifuentes.

Y la poderosa prensa gobiernista calla, glorifica el “sacrificio” de una Fuerza Pública que agrede —armada y acorazada— a la población inerme e invierte grotescamente el sentido de los hechos: un noticiero de televisión muestra como saqueadores a quienes se dirigen a devolver lo robado a un almacén, tras recuperarlo de los asaltantes. El diario de mayor circulación reduce a 60.000 personas los millones de movilizados en el país; su única fuente, la Policía.

“Los mensajes irresponsables de Álvaro Uribe dispararon (literalmente) la tensión. No permitiremos que se masacre a nuestros jóvenes”, escribió Claudia López. Como cualquier Ortega de Nicaragua, dictador en su platanal, había escrito el agobiante expresidente del nuestro: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Rugido el más reciente de quien había ya escrito, con ocasión del paro de 2019: “Si la autoridad serena, firme y con criterio social implica una masacre, es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”. O su bendición de “buen muerto” para un contrario asesinado.

Si en Cali la Red de Derechos Humanos exige investigar quién dio a la Fuerza Pública la orden de disparar, en Bogotá un trino de su alcaldesa sugiere que persisten tensiones entre la burgomaestra y el cuerpo armado de la capital. En contravía de su autoridad, en virtual insubordinación de los uniformados contra el poder civil que en Colombia prevalece sobre el militar, disparó el Esmad el año pasado contra la multitud: 13 protestantes murieron. Que habría todavía vallas obstruyendo órdenes de la alcaldesa a la Policía de Bogotá lo sugiere el último trino de López: “Después de muchos esfuerzos retiramos el Esmad de todos los puntos y garantizar el retorno a casa”. También aquí hace falta saber quién da o quiere dar órdenes a la Policía.

El dramatismo de las protestas contra la tributaria, pringadas de violencia, deriva de la golpiza que se avecinaba contra las clases más aporreadas por la pandemia: las asalariadas y vulnerables. Del alarmante crecimiento de la pobreza y del desempleo que Daniel Oviedo, director del DANE, revela: hoy alcanza la pobreza a más de 21 millones de colombianos. ¡21 millones carecen de lo necesario para alimentarse y abrigarse bajo techo! El desempleo alcanza el 16,8 %. Si Colombia ocupa el tercer peor lugar del mundo en manejo de la pandemia, descuella también por su avaricia para auxiliar a los damnificados: mientras destina mares de recursos a los bancos, cree aliviar a una franja de los más pobres con caridades de miseria y abandona a las pequeñas empresas. No será la primera vez que el hambre y la rabia produzcan un estallido social gestado en décadas de humillación y desigualdad. Dar plomo al ciudadano al grito de guerra “ajúa” no hará sino repotenciar aquel polvorín y alinear al pueblo contra la ruindad de este Gobierno y su partido.

https://www.elespectador.com/opinion/plomo-al-ciudadano-ajua/

21.15.-Tributos, corona de espinas  – BEETHOVEN HERRERA

La reforma se retiró del Congreso, pero hay que retener sus elementos repetibles o no. El país siente el efecto de la descarbonización, con un rezago en energías renovables, tributaria incluye IVA de 5% a bienes para plantas solares y otros detalles.

En el templo de Edfú, entre Karnak y Luxor, Ramsés construyó un cilindro conectado bajo el suelo con el Nilo.

2 may 2021.- Cuando la creciente del río traía riego y abono, la producción, el ingreso y el empleo subían, y como en ese ‘Nilómetro’ aumentaba el nivel del agua por las leyes de la física, el faraón subía los impuestos, y lo contrario ocurría en la sequía.

Colombia comienza a sentir los efectos devastadores de la descarbonización con un severo rezago en energías renovables pero la reforma propuesta incluye IVA de 5% a los bienes y servicios para plantas solares y un posible 19% para parques eólicos. Además, establece IVA del 19% a la gasolina y al diésel, para los servicios públicos de energía, gas natural y GLP a los estratos 4,5 y 6, y tributo al carbono.

Según la consultora GfK entre abril de 2020 y marzo de 2021 la mitad de computadores en Colombia estaban por debajo de $1’750.000, no gravados con IVA; y tampoco tabletas y celulares por debajo de $798.776.

La reforma establece para todos un impuesto del 19%, pese a ser necesarios para la educación virtual, el teletrabajo y el comercio electrónico: ¡la brecha digital se incrementará!

Rosario Córdoba, presidente del Consejo Privado de Competitividad recomienda no mantener días sin IVA, pues “la evidencia sugiere que ese tipo de esquemas no incrementan la demanda agregada, y en cambio, benefician mayoritariamente a personas de altos ingresos y complican la administración tributaria” (Portafolio 30/04/21).

Los gremios Asoleche, Fedearroz, Fedeacua, Porkcolombia y Fenavi, manifestaron que “al eliminar la categoría de bienes exentos de los productos básicos de la canasta familiar y pasarlos a excluidos los insumos para la producción de alimentos como el arroz, la carne, el pollo, los huevos, el cerdo, la leche y el pescado van a tener un sobrecosto que será entre 5% y el 10% y que tendrá que pagar el consumidor”.

Además, dicho cambio afectará la formalidad pues para pedir la devolución de IVA se exige formalidad en pago de renta, formalización de los trabajadores y formalidad ambiental.

Por su parte, Paula Moreno, ex ministra de cultura, sostiene que “hacer que la financiación del Fondo de Cine sea un programa del Ministerio hace que pierda impacto, escala y fuerza, es condenarlo a la extinción”. (El Tiempo, abril 25/21).

Y para incentivar la creación de nuevos empleos el empresario quedaría exento del aporte a pensiones y a las Cajas de Compensación familiar.

Natalia Moreno de la campaña “Menstruación libre de impuestos”, ha denunciado que aplicar IVA a las toallas higiénicas afectaría a las mujeres que registran menores tasas de ocupación, con un claro sesgo sexista, pues para las mujeres menstruar no es opcional.

Y recordó que la Corte Constitucional tumbó el IVA a ese producto para proteger el acceso de las mujeres a ese producto esencial.

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/tributos-corona-de-espinas-columnista-551577

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