*22.18.-Desprecio por la decencia CECILIA OROZCO
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Video íntimo de Petro RAMIRO BEJARANO
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U. Sergio Arboleda: Donde tú sí cuentas  YOHIR AKERMAN

La Universidad Sergio Arboleda no solo ha tenido multimillonarios contratos con este gobierno y las entidades de control manejadas por sus egresados. No. También lo ha hecho con compañías que se hicieron multimillonarias gracias al testaferrato del régimen de Nicolás Maduro, vinculadas al polémico empresario Alex Saab. 

Me explico. 

21 may 2022.- La Sergio Arboleda actualmente se encuentra en medio de varias polémicas, una por daño ecológico y otra por presunto fraude, como lo ha revelado el periodista Daniel Coronell en La W. Por esta razón Rodrigo Noguera, que se desempeñaba como su rector, se ha apartado de su cargo y ha designado como suplente su hermano, el también jurista Jorge Noguera.

Pues nos vamos a concentrar en un acuerdo que firmó el señor Jorge Noguera el 12 de diciembre de 2013, en calidad de vicerrector administrativo. Fue un contrato entre la universidad Sergio Arboleda, alma máter de un gran porcentaje de los altos funcionarios del gobierno actual, y Carlos Eduardo Yunes, representante legal de una empresa llamada CI Trenaco Colombia SAS, una de las firmas contratistas más famosas que ha tenido el régimen venezolano.

Un poco de historia.

Según se ha podido conocer gracias a los llamados Panamá Papers, en mayo de 2013, Carlos Gutiérrez Robayo le hizo llegar a la firma panameña Mossack Fonseca una curricular, en la que se identificaba como “director downstream de C.I. Trenaco”.

Gutiérrez Robayo es concuñado del candidato presidencial Gustavo Petro. La esposa del empresario, María Teresa Alcocer García, es hermana de la esposa de Petro, Verónica Alcocer García.

Pero más importante, Gutiérrez Robayo era uno de los directivos de Trenaco, junto a Alex Saab y Álvaro Pulido. Entre agosto de 2010 y finales de 2013, Trenaco incrementó sus ingresos en más de 1.200 por ciento, gracias a la contratación con el Estado venezolano. Suficiente para convertirse en la séptima compañía petrolera más grande de Colombia en su momento.

Así como 2013, año del acuerdo con la Sergio Arboleda, fue un periodo impresionante para el crecimiento de Trenaco, 2015 lo fue para su debacle.


En octubre de 2015, Gutiérrez anunció su retiro, vendiéndole en su totalidad la compañía al empresario Alex Saab, quien para ese momento ya era un gran contratista del Estado venezolano. Pero, lo mejor para él o lo peor para el pueblo venezolano, dependiendo de dónde se le vea, estaba por venir.

Sigamos con el contexto.

El 11 de noviembre de 2015 se produjo un arresto histórico en Haití. Francisco Flores de Freites y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, fueron arrestados por la DEA.

La captura se llevó a cabo en una operación encubierta coordinada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Los sobrinos fueron acusados por tráfico de 800 kilos de cocaína de Haití a Estados Unidos, valorado en unos 80 millones de dólares.

Pese a que los sobrinos se declararon inocentes en medio de lágrimas, y que Maduro aseguró que todo era parte de una trampa de Estados Unidos a la mal llamada Revolución Bolivariana, la evidencia en su contra obligó a Flores y a Campo a negociar una salida a este problema con la justicia estadounidense y fueron condenados a 18 años de cárcel.

En medio de esa negociación, revelaron que el tesorero de la petrolera estatal, Pdvsa, era una pieza clave para lavar el dinero que producía el narcotráfico. El funcionario apuntado se llama Carlos Erik Malpica Flores, quien es primo de los detenidos y también sobrino de la ‘primera combatiente’, como el chavismo llamaba a la esposa de Maduro.

El hombre detrás del tesoro, como era llamado Malpica Flores, era vicepresidente de Finanzas y Planeación de Pdvsa, reportándole directamente al despacho de la Presidencia. También era tesorero de la nación en la Oficina Nacional de Presupuesto y miembro de las juntas directivas del Bandes y del Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción. Este último servía para captar el dinero que el gobierno destinaba a la construcción de viviendas sociales, que nunca se construyeron.

Como consecuencia de la acusación en su contra y de unos problemas internos con algunos clientes internacionales de Pdvsa, Maduro destituyó el 15 de enero de 2016 al sobrino favorito Malpica Flores.

Ahora bien, un mes antes de salir de Pdvsa, Malpica Flores dejó en firme unos contratos por 4.400 millones de dólares con la empresa colombiana-suizo-venezolana llamada Trenaco. Los acuerdos eran para la construcción de plataformas, perforación, refinamiento y conexionado de varios sectores de la Faja Petrolífera del Orinoco.

En ese momento Trenaco se hizo inmensamente famosa por conseguir el proyecto más apetecido de la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, ganándole el pulso de la licitación de los 600 pozos a gigantes mundiales del petróleo como Halliburton, Schlumberger y Weatherford.

Cuando el contrato con Pdvsa se cayó, Trenaco también desapareció.

No sin antes haber firmado un convenio con la Universidad Sergio Arboleda para que sus estudiantes hicieran prácticas empresariales en esa firma refinadora de petróleo. Compañía que sirvió para que Saab creara una telaraña de empresas con las que sacó billones de dólares de Venezuela con contratos que nunca ocurrieron, e hizo blanqueamiento de esos capitales que le fueron robados a los recursos de los venezolanos.

Resulta una desafortunada coincidencia que el abogado que Saab utilizó en Colombia hasta poco antes de ser extraditado a los Estados Unidos por corrupción, testaferrato y lavado de activos, es otro egresado de esa refinada institución académica.

Abelardo de la Espriella es un orgulloso licenciado de la Sergio Arboleda. Fuera de todos los recursos que recibió de su cliente que ya sabemos venían de sus operaciones irregulares en Venezuela, también resulta que actualmente se moviliza en Barranquilla en las camionetas blindadas que eran de Saab, como lo denunció el periodista Julián Martínez.

¿De dónde vinieron los recursos para comprar todos esos vehículos de lujo de Saab? Ojalá no haya sido de las operaciones ilegales que el empresario extraditado hizo en Venezuela.

Y ahí resulta mayor coincidencia, y más desafortunada, el hecho de que en la lista de colaboradores que entregó Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, a la Jurisdicción Especial para la Paz, incluye a la Universidad Sergio Arboleda, advirtiendo que esa institución tuvo “unos contratos muy grandes” con el beneplácito y el convenio de los paramilitares.

Aunque la Universidad Sergio Arboleda lo ha negado rotundamente, queda un sinsabor de su muy refinada educación. Y adquiere un nuevo sentido el lema de esta institución que dice: “Donde tú sí cuentas”. Después de todo esto nos quedan dudas de quiénes sí deberían contar.

https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/donde-tu-si-cuentas 

22.18.-Desprecio por la decencia CECILIA OROZCO

El acto retador, innecesario y abusivo de la Procuraduría Cabello de separar de su cargo al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a 19 días de las elecciones, contados estos a partir del momento de su destemplado anuncio (“no se equivoquen conmigo”), ha exacerbado aún más los ánimos de un país que se encuentra al borde de que se desate un enfrentamiento civil, una vez se conozca el nombre del ganador de las elecciones en primera o segunda vuelta.

18 may 2022.- Esperemos que el 29 de mayo o, en su defecto, el 19 de junio no retrocedamos al 9 de abril del siglo pasado y no suframos, por la irresponsabilidad general de esta campaña, una revuelta que termine con muertos en las plazas. No es posible negar que Quintero “dio papaya” con sus frases y gestos públicos a favor del candidato Petro. Pero si la procuradora hubiera honrado el juramento que hizo de acatar la Constitución y las leyes, y no hubiera puesto por encima de ellas los intereses de quien sigue siendo su jefe en la práctica, Iván Duque, de su partido y de su candidato presidencial, Federico Gutiérrez, en lugar de la medida desproporcionada, además de ilegítima, de suspenderlo de sus funciones, lo habría amonestado. Y, si quería ir más allá, le habría advertido que podría interponer una denuncia penal contra él, como es el procedimiento reglado por la Convención Americana de Derechos Humanos, que protege los derechos de los elegidos y de sus electores cuando han ganado, en democracia, la posición en que están.

Pero si Cabello —una abogada cuya ética pública falta por examinar a fondo, en particular en su paso corruptor por la Corte Suprema— quería reiterar que ella y Duque y Uribe (tocando la sinfonía en el fondo) poseen tanto dominio que pueden estar por encima del orden nacional y de sus deberes con la Convención Americana, la procuradora podría, también, haber disimulado un poco su cinismo para la galería internacional, la única que le preocupa a su grupo de poder: hubiera suspendido de sus funciones al comandante del Ejército, por ejemplo, quien se atrevió a ir mucho más allá que Quintero, cuando enfrentó groseramente al mismo Petro no solo siendo servidor armado del Estado, sino subvirtiendo las normas que le impiden entrar —en su condición de militar activo y con mando de tropa— en controversias políticas y, con mayor razón, en ataques a un candidato presidencial, opositor —y no cualquiera— al Gobierno a quien debe obediencia; Cabello, la estricta, hubiera amonestado al ministro de Defensa, superior jerárquico del general violador de la ley, o al ministro del Interior a quien le falta poner valla en su casa invitando a votar por Gutiérrez, el candidato del Ejecutivo. ¿O alguien no lo sabe en Colombia?

Cabello hubiera podido, así mismo, aparentar que nadie puede “equivocarse con ella”, no afectando con la misma decisión de Quintero a un alcalde de ciudad mediana con el fin de soportar su supuesta imparcialidad, ni a un concejal de municipio pequeño o al personero de un pueblecito, sino haciéndole un serio llamado de atención para que se comporte a la altura de presidente de la República a su promotor Iván Duque, este sí en campaña abierta y descarada por Federico Gutiérrez, alguien cuya estampa de estadista no se ve ni por el forro.

Hablando de Gutiérrez, es tanto el desespero que se adivina en quienes lo ensalzan y analizan las encuestas, que están llevándolo, a costa de lo que sea, a imitar al candidato que llena estadios con el fin de dar la impresión de que es tan popular como este. A costa de lo que sea no es una simple expresión. Es reflejo de la realidad que vemos: en el entorno de Gutiérrez son bienvenidos los narcotraficantes o la gente que negocia con ellos (ver); la compra de votantes mediante mensajes masivos en redes, como la que denunciamos en Noticias Uno el fin de semana pasado, que ocurrió en Pereira en donde la constructora Gerenciar ofreció bonos de $20.000 para ser redimidos con la entrega de hamburguesas a quienes acompañaran al candidato en la plaza (ver); las amenazas a los trabajadores de ciertos políticos-empresarios cuestionados, si ellos manifiestan su favor por otros candidatos (ver), y el apoyo a este embrión del uribismo-gavirismo por parte de los políticos de la peor laya, no importa si fueron condenados o procesados por corrupción: sus votos son bienvenidos (ver). La era Uribe ha arrastrado al país hasta el fondo. Ha logrado sacar lo peor de la gente. Estamos viviendo una situación moral tan lamentable que la decencia en las posturas políticas y la distancia que se tome de los corruptos se juzgan como “tibias” y despreciables.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/desprecio-por-la-decencia/

22.18.-Video íntimo de Petro RAMIRO BEJARANO

El nerviosismo en las campañas a una semana de la primera vuelta es generalizado, pero más en las hordas de Fico, porque entendieron que las encuestas ya no los favorecerán ni con la ayuda de siempre.

22 may 2022.- A Fico lo tienen formulando denuncias penales por todo y por nada; tanto, que si llegare a perder no tendría tiempo de asumir su puesto de senador cabeza de la oposición, sino de atender la multitud de querellas promovidas contra sus contradictores. Otro uribista purasangre, sin advertir las consecuencias penales de sus manifestaciones, sostuvo sin sonrojarse: “Un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir”.

Últimamente el uribismo se declaró perseguido porque “encontraron” una minicámara en la sede de Fico en Medellín, cuento truculento que no impresionó a nadie, salvo al incompetente y perfumado director de la Policía, general Vargas. ¡Chuzadores chuzados! Están cazando lo que caiga, pero eso es la punta del iceberg de un uribismo acorralado dispuesto a combinar todas las formas de lucha, inclusive con cosas ilícitas, para no dejar el poder.

No es casualidad que haya venido creciendo el rumor de que existe un video en el que Petro aparecería alicorado y rodeado de travestis, inclusive disfrazado de mujer. El asunto lo han repetido tanto que un partidario ciego del Centro Democrático, quien sirvió como telonero de Fico en una concentración en Barranquilla, con lenguaje soez y a gritos, dejó saber entre líneas que además del “petrovideo” —en el que el candidato fue filmado recibiendo dinero en efectivo en bolsas de basura— hay “otros videos que también se entregaron, que son temas personales que no vienen al caso”. A buen entendedor, pocas palabras bastan.

La sucia estrategia se propone publicar pronto esos videos de “temas personales” con una editada nota que deje la impresión de que Petro es un degenerado que anda en orgías con travestis o que en materia de placeres sexuales disfruta y comparte todas las opciones. Hay quienes creen que esa es una bomba que sepultaría la candidatura del Pacto Histórico, porque este país no toleraría a alguien con esas inclinaciones. El propio Petro anunció que le están montando un escándalo íntimo personal.

El cuento no es nuevo. Hace unos años, en la campaña para la elección a la Alcaldía de Bogotá, una prestigiosa periodista fue abordada por conocidos que le ofrecieron la tal película de Petro enfiestado. La comunicadora rechazó el ofrecimiento porque, con razón, le pareció asqueroso. El video no salió. Luego de elegido en la Alcaldía, empezó a circular el mismo runrún de una ruidosa fiesta de celebración de Petro en la que lo habrían filmado en situación comprometida, pero tampoco se divulgó nada.

Ahora, en la antesala de la primera vuelta, uno de sus más ardientes e iracundos seguidores refirió en una manifestación que “se entregaron” videos de “temas personales” de Petro —no dijo quién los entregó, si la Fiscalía o la Policía, ni quién los recibió— y ello coincide con el regreso del murmullo de que esta vez sí se publicarán antes o después del 29 de mayo, como salvavidas del desastre que se les avecina.

No he visto los videos de marras ni me interesa verlos. Tampoco afirmo que el uribismo tenga esos videos, aunque de ellos ya hablen subliminalmente en plaza pública, pero conociendo el almendrón no tengo duda de que el Gobierno y su partido son capaces de la mezquindad de divulgarlos; por eso los ambientan en ese empeño de desacreditar opositores. Alguien informado asegura que las grabaciones sí están en las toldas uribistas, pero que han vacilado en publicar el video “estrella” porque es muy borroso y temen que un tiro en falso catapulte a Petro.

En ese cálculo pueden tener razón, porque semejante error garrafal no movería a quienes ya escogieron votar por Petro a cambiar su decisión. Divulgar una cinta de Petro con travestis o disfrazado de mujer no lo destrozaría a él sino a quienes crean que con esa maroma se sentarían de nuevo en su Casa de Nari. Ya se sabe quiénes serían.

Como lo dijo Fajardo, la campaña es tramposa, escenario de la vulgaridad y, por cuenta de los mismos de siempre, amenaza con convertirse en el reino de la extorsión. Aquí todo puede pasar.

Adenda. El Congreso, bajo presión de poderosos dignatarios de una alta Corte, está por enterrar la virtualidad en la justicia. Todo, con el silencio cómplice del impresentable ministro de Justicia, Wilson Ruiz.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/video-intimo-de-petro/

*22.17.-Un criminal de guerra libre y desafiante – CECILIA OROZCO
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Desamparo PATRICIA LARA
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Confecciones Muñoz para encuestas YOHIR AKERMAN
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La paradoja del fiscal Pecci ALBERTO DONADIO
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¿Por qué el poderío del Clan del Golfo? – AURELIO SUÁREZ

Duque falta a la verdad cuando dice que se ha capturado a más de 2.800 miembros “en casi 4 años”. Los Informes de Gestión de la Fiscalía en 2019-2020-2021 registran 1.440 detenciones de todos los grupos del crimen organizado.

14 may 2022.- “El mensaje es uno solo: no vamos a ceder jamás ante el Clan del Golfo y ninguna estructura del narcotráfico”. No son palabras de Iván Duque del 7 de agosto de 2018, sino del 9 de mayo de 2022 (Twitter), aunque desde 2013 la Policía aseveró que era “la única banda criminal que hoy tiene connotación de carácter nacional” (Indepaz, 2015).

El tardío discurso, a días de dejar la presidencia, denota una problemática actitud frente al avance de ese grupo criminal. En abril de 2019, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) estaban en 222 municipios (‘Gran atlas del conflicto’, El Espectador), pero en 2020 se les atribuían 3.260 hombres y ya en 261 municipios había “intensidad alta de grupos narcoparamilitares” (El Tiempo, Indepaz, 2020).

El portal Verdad Abierta concluyó que en 2019 las AGC eran “gestores de riesgo” en 213 municipios y en 2022 en 253. Comparó la alerta temprana 035-19 de Riesgo Electoral, emitida por la Defensoría del Pueblo, que identificaba en 2019 a 402 con distintos niveles de riesgo, con la 004-2022, que los fijó en 521 para el año actual y 79 en el máximo. Las AGC son factor de alteración en Antioquia, Chocó, Bolívar, Sucre, Nariño, Córdoba, Atlántico, Cauca y Norte de Santander.

Duque falta a la verdad cuando dice que se ha capturado a más de 2.800 miembros “en casi 4 años” (Twitter, 9/5/22). Los Informes de Gestión de la Fiscalía en 2019-2020-2021 registran 1.440 detenciones de todos los grupos del crimen organizado, incluidos “ELN, Pelusos, disidentes de las Farc, Clan del Golfo y Caparros”. (Ver informes).

Al contrario, el alcalde de Frontino estima en 1.000 los hombres armados de las AGC en 19 pueblos del occidente antioqueño, lleva dos años sin salir del casco urbano, dice que la fuerza pública y la Fiscalía tienen muy baja presencia y cuestiona a Iván Duque por “minimizar” el paro armado (Blu Radio, 9/5/2022). En carta dirigida a la alta comisionada de Derechos Humanos, los alcaldes de esa región alegan que “nos sentimos vulnerables y en riesgo inminente, sin libertad y garantías plenas sin ejercer nuestras funciones constitucionales”.

El obispo de Quibdó, Juan C. Barreto, en abril de 2017, denunció que las AGC, “hace poco menos de dos años”, “avanzan sin mayor freno estatal”. La Defensoría del Pueblo anotó que “la fuerza pública presente (…) tiene relaciones de connivencia, colaboración y coordinación con las AGC”. Sus intereses fueron “los territorios que estuvieron bajo el dominio de las Farc” (Verdad Abierta, 27/4/ 2017).

Igual en Urabá: Mutatá, Murindó, Dabeiba y Vigía del Fuerte, antes de influencia de las ex-Farc, están bajo las AGC, robustecidas en su casa matriz. En septiembre de 2021, organizaciones sociales y la Iglesia católica expusieron “la degradación en las condiciones de seguridad” allí por la guerra entre las AGC y el ELN.

En Córdoba, en el Nudo de Paramillo, son amos de “una república independiente” (Nueva Prensa, 20/9/2022) e influyen en Montería, en barrios del sur donde “el que habla, se muere”, y en playas como Moñitos o Puerto Escondido. Una línea, desde Urabá hacia el interior, traza un corredor del mar a zonas de coca. Indepaz advirtió en 2015 que en el Bajo Cauca antioqueño las AGC “son el eslabón actual de una larga cadena” de “intereses económicos y geoestratégicos” en Cáceres, Tarazá, El Bagre, Nechí y Zaragoza, con los mayores índices nacionales de homicidios en 2018 (‘Gran atlas del conflicto’, El Espectador).

Las AGC captan 60 por ciento del PIB del narcotráfico, que es de 19 billones de pesos (S. Montenegro, Cede, 2019), y tienen a cargo narcomenudeo, minas, contrabando de combustibles y mercancías, despojo de tierras, contratación pública y ciertos proyectos agrícolas y pecuarios (Indepaz, 2015). Por la autoridad que ejercen, “ante la ausencia del Estado”, mangonean sobre los “coyotes” que mueven migrantes por el Darién (Juan A. Gómez).

En Urabá y Córdoba volcaron dinero hacia el comercio, la construcción y hoteles, al ‘gota a gota’ o ‘pagadiario’ y a la provisión de víveres. El boom de edificaciones es tal que, mientras en Montería los metros cuadrados nuevos edificados, comparado 2021 con 2019, crecieron 28,5 por ciento, en todas las 14 áreas metropolitanas solo alzaron 1,3 (Dane, Ceed, 4T, 2021).

El clan con la jefatura de Úsuga tuvo “poder y control territorial sobre vastas extensiones de la costa colombiana”, según acusación del fiscal del distrito este de Nueva York (InSight Crime), además en territorios de las ex-Farc. Es primer cartel de drogas, permea la economía y corrompe funcionarios y políticos, como se declaró ante la JEP. El paro, con 309 actos violentos, fuera de rechazar esa extradición, confirmó el poder que detenta frente al Estado, cuya floja reacción refleja una impropia conducta asumida durante el cuatrienio Duque, otra en el cúmulo de equivocaciones.

https://www.semana.com/opinion/articulo/por-que-el-poderio-del-clan/202200/

22.17.-Un criminal de guerra libre y desafiante – CECILIA OROZCO

Con todas y cada una de sus letras, este individuo es un criminal de guerra. Pero buena parte del Estado colombiano y la alta sociedad —en particular, la que representa a los ultraconservadores que se deslegitiman y envilecen a sí mismos con los homenajes que le rinden— lo tratan como si mereciera consideración y respeto. Como un héroe. No obstante, el sujeto —aunque se vista con uniforme y charreteras— es un macrohomicida, si nos atenemos al fallo del Juzgado 4° Penal del Circuito de Bogotá, del 31 de mayo de 2019, ratificado por el Tribunal Superior de esta ciudad el 22 de enero de 2021, que lo condenó a 39 años de prisión por haber ordenado la ejecución, a sangre fría, de 20 personas escogidas al azar o que les parecían sospechosas a él y a sus secuaces, por tener aspecto campesino o indígena, y por ser vecinas del Batallón La Popa (Valledupar).

11 may 2022.- Este criminal ya había recibido otra condena, en 2013, del Juzgado 6° Penal del Circuito de Bogotá, a 19 años y seis meses en cárcel por concierto para delinquir agravado, pena que, sin embargo, fue disminuida a 14 años en segunda instancia, en 2019: en todo caso, en este proceso fue encontrado responsable por aliarse con los paramilitares de esa región para actuar de manera mancomunada con ellos en la selección de las víctimas que salían de sus mataderos cual bultos de papa, por organizar patrullajes conjuntos con los delincuentes en lugar de denunciarlos y combatirlos, y por proveerles armas y material de intendencia (botas, chaquetas, tulas, chalecos proveedores de munición, material de campaña, etc.).

Pese a llevar en sus espaldas tamañas culpas que a él le parecen condecoraciones, y aunque está inhabilitado para ejercer actos políticos y electorales, el coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez tuvo la insolencia de presentarse —y el uribismo, de aceptarlo— como precandidato presidencial en un conversatorio organizado por el Foro Atenas y el portal La Linterna Azul, órganos del extremismo de derecha, al lado de las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, y del eterno aspirante de su partido a la Primera Magistratura, Rafael Nieto Loaiza, el 25 de junio de 2020. El reo Mejía dijo ese día: “Luego de largas cavilaciones y de hablar con mi conciencia, he tomado la decisión de lanzarme a la Presidencia de la República… mi único ideal es salvar a Colombia”. Según Mejía Gutiérrez, los bandidos son otros: todos los que no actúan ni piensan como él. Se ha escapado de decir los términos precisos, pero de sus mensajes, en redes sociales, se deduce que cree que, tal como hallaron los juzgados que examinaron las pruebas en su contra, quienes no pertenecen a su estrecho mundo merecen la pena capital. Dos de sus perlitas: “El imperio de la ley y el respeto a la autoridad deben restablecerse. Quienes atacan a la sociedad y sus instituciones son objetivos legítimos a ser neutralizados (sic). PRIMERO LA PATRIA” (abril, 2021). “Nada tienen que hacer los indígenas apoyando el desorden en las ciudades cuando son históricos privilegiados del Estado y con altos grados de corrupción, ¿quién los manipula o les financia cada tour?” (mayo, 2021).

Mejía estaba cumpliendo pena pero se aburría mucho aunque lo visitaban personajes vistosos de la política nacional. Como se imaginarán, despotricaba de las conversaciones del gobierno Santos con las Farc y, mucho peor, del Acuerdo y de su justicia transicional en que prima el perdón de los criminales de guerra a cambio de revelarles la verdad a las víctimas y de comprometerse a repararlas y a no repetir sus delitos. El cinismo es la vía de los sinvergüenzas: así que, sin importar el odio que vertía en contra de la JEP, se sometió a su jurisdicción en junio de 2017 con dos objetivos: ser libre y la suspensión temporal de sus condenas. Pues bien, desde entonces, el señor Mejía disfruta de plena libertad de movimientos; alardea como nunca; amenaza y revictimiza, con su conducta y palabras, a las víctimas del Batallón La Popa y no ha dicho una sola verdad en las audiencias a las que ha tenido la voluntad de ir, pues a algunas ni siquiera asiste. “Eso nunca pasó”, ha contestado cuando los togados le han preguntado por los falsos positivos del Cesar, es decir, por los muertos presentados como trofeos de combate ante el presidente de la República de la época, Álvaro Uribe Vélez. Desde hace dos años, los defensores de las víctimas le han pedido a la JEP “la exclusión directa del compareciente (Mejía) por (su) grave incumplimiento…”. Otros abogados han insistido en que se le abran “incidentes” por irrespeto a sus compromisos. Sin embargo, la JEP ha sido paciente estos cinco años: solo hace seis meses, la Sala de Reconocimiento se conmovió y envió su caso a la Fiscalía de esa jurisdicción para que lo investigue por sus actos como autor mediato de crímenes de guerra y lesa humanidad, exponiéndose a una pena de 20 años. Pero al individuo le importó un higo y continuó desplegando su comportamiento retador mientras reproduce “patrones de violencia”, racismo, discriminación. Y, al fin, la Sección de Ausencia de Reconocimiento resuelve abrirle un “incidente de verificación del régimen de condicionalidad” que podría implicar la pérdida de todos los beneficios concedidos e incluso devolverlo adonde pertenece: la cárcel. No obstante, flota un interrogante: ¿por qué algunos togados de la JEP le tienen tanto miedo al condenado? ¿Los ha amenazado?

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/un-criminal-de-guerra-libre-y-desafiante/

22.17.-Desamparo PATRICIA LARA

La sensación de desamparo que se vive en el país es insoportable: aterra presenciar un paro armado de una organización de narcotraficantes y paramilitares que paraliza durante días, según las autoridades, 95 municipios de 11 departamentos; incendia y afecta 186 automotores; obstruye vías; asesina a seis personas, entre ellas tres miembros de la Fuerza Pública, y no pasa mayor cosa. Las autoridades se van por las ramas, dicen que han capturado a unos cuantos, que trabajan sin descanso, que se acerca el fin del Clan del Golfo, pero la verdad es que su poder crece día a día, por más que hayan extraditado a Otoniel, su jefe (ya han surgido otros, como Chiquito Malo, etc.).

13 may 2022.- Que esto sea así no tiene más que una explicación: como ocurre en la mayoría de las series sobre mafiosos, estas organizaciones subsisten porque poseen tentáculos en la mayoría de los poderes políticos, militares, policiales y judiciales de las zonas donde operan, lo cual significa, ni más ni menos, que muchos de los grandes señorones, policías, jueces y militares de sus zonas de influencia trabajan bajo su mando y son sus asalariados.

Eso ya ha salido a la luz pública. Leyner Palacios, líder de Bojayá, ahora comisionado de la Verdad, denunció hace un par de años que en el Chocó había connivencia entre los paramilitares y miembros de la Fuerza Pública. Lo mismo han dicho varios obispos de la región del Pacífico. Por otra parte, según un informe publicado en la revista Cambio sobre la coca en el sur de Bolívar, se supo que los campesinos se quejan de que la Policía Antinarcóticos les cobra por erradicar solo un pedacito de los cultivos de coca que tienen en esa área donde opera el Clan del Golfo, el cual les compra la coca al precio que quiere y patrulla la zona en compañía de algunos militares. Días antes de que extraditaran a Otoniel, cuando él empezó a mencionar nombres de funcionarios que estaban en la nómina del Clan del Golfo, afirmó que, entre otros, el general Leonardo Barrero, quien fuera comandante de las Fuerzas Militares, “servía como puente entre estructuras dedicadas al narcotráfico y el Ejército, por lo que era considerado parte de la nómina del Bloque Centauros, de las Auc”.

Pero la inseguridad no solo es insoportable en los territorios donde opera el Clan. Miren esto que le ocurrió a un columnista: el 8 de mayo, cuando esperaba para cruzar la carrera séptima a la altura de la calle 127 de Bogotá, un tipo en jeans y camiseta le preguntó dónde podía conseguir marihuana. Él le respondió que no sabía, que no fumaba marihuana.

Entonces aparecieron dos hombres que lo empujaron en una camioneta 4×4 de vidrios oscuros. Le dijeron que eran de las Autodefensas Gaitanistas (o Clan del Golfo) y que estaban haciendo limpieza social. Le pidieron la cédula, le revisaron los grupos de WhatsApp, miraron sus chats y sus correos, le advirtieron que a los sapos les cortan los dedos, anotaron su número de celular, lo llevaron al cajero, lo obligaron a sacar dinero, lo regresaron al vehículo, le quitaron la plata y le dijeron que se fuera y ni se le ocurriera avisarles a los policías, porque ellos estaban en su nómina y le iría peor.

¡Este desamparo en que vivimos los colombianos no puede seguir! No podemos continuar contentándonos con el cuentico de que se está trabajando incansablemente para combatir el crimen y que vamos por buen camino. ¡No, señores! Los resultados están a la vista.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/patricia-lara-salive/desamparo/

22.17.-Confecciones Muñoz para encuestas YOHIR AKERMAN

El fundador, Victor Muñoz.

Las campañas políticas han demostrado que las encuestas de percepción, favorabilidad y preferencias electorales son como los trajes a la medida. Se hacen para hacer ver muy bien al cliente, cuidadosamente, por buenos modistas o especialistas en imagen. Pero muchas veces esconden la realidad. 

15 may 2022.- Es un problema de varias encuestadoras en el país, no todas, claro. Hoy vamos a concentrarnos en Guarumo, una firma que ha venido tratando de presentar una situación electoral irreal a punta de malas muestras, preguntas amañadas y procesos poco claros.

No solo eso. En los últimos cuatro años ha estado al servicio de los intereses del gobierno de Iván Duque, lo cual no es sorpresa, ya que fue fundada por, nada más ni nada menos, Víctor Muñoz, uno de los escuderos más cercanos del mandatario.

Vamos a la historia. 

El 27 de noviembre de 2012, se creó la compañía Cloud Based Zona Franca SAS, la cual dos años después modificó su razón social a Guarumo SAS. Los socios fundadores de la empresa fueron el exregistrador nacional Carlos Ariel Sánchez y Muñoz, quien desde que entró al gobierno, dice que renunció a su participación. Trata de esconder sus vínculos con la compañía y las encuestas que produce.

En noviembre de 2018, Carlos Ariel Sánchez anunció su sorpresivo retiro de la empresa, tras un desacuerdo en la metodología empleada por la firma para realizar el sondeo que midió los primeros cien días del gobierno de Duque. En esa medición, el presidente resultó con un sorpresivo 48,5 por ciento de favorabilidad. ¡Qué maravilla!

Desde entonces la firma se ha encargado de producir números de favorabilidad de esta administración que no son creíbles, ni siquiera haciendo una muestra al interior de la Casa de Nariño. Tal vez no sea coincidencia que al árbol de guarumo, se le conozca en inglés como Trumpet Tree o árbol trompeta. La trompeta de propaganda gobiernista.

Vamos a otros datos. 

El 22 de noviembre de 2020, Guarumo dio resultados diferentes a los de la encuesta bimestral de Invamer Gallup. En ese momento, la encuestadora fundada por Muñoz dijo que el presidente Duque tenía una imagen favorable de 50,1 por ciento. Esto frente a un 31 por ciento que tres semanas antes había anunciado Invamer.

El 23 de diciembre de ese mismo año Guarumo mostró, mentirosamente, que el 54,5 por ciento de los colombianos aprobaba la gestión del gobierno. Y así sucesivamente, los guarismos de Guarumo son usados contantemente para contribuir a la propaganda del gobierno, hasta llegar a este mes de mayo. Según la última encuesta de ellos, la favorabilidad del presidente Duque está en un poderoso 40,1 por ciento. Y claro, las cajas de resonancia y las porristas del gobierno siempre repiten esos mensajes amañados como si fueran verdad.

De la misma manera que han inflado a Duque, Guarumo también lo viene haciendo con el candidato de la derecha Federico Gutiérrez que, según esa encuestadora, le ganaría a Gustavo Petro en segunda vuelta. Así lo publicaron en abril pasado. No sería la primera vez que miden con el deseo y no con la realidad.

En 2019 empataron a Miguel Uribe con Claudia López para la Alcaldía de Bogotá, cuando López sacó 35 por ciento de la votación y Uribe apenas 13 por ciento. También dijeron que Alfredo Ramos le ganaba a Daniel Quintero en Medellín por casi el doble de votos, encuesta que claramente quería crear una tendencia más que medirla. El resultado en las urnas fue 38 por ciento para Quintero y 29 por ciento para Ramos.

Pero también es una trompeta que ha servido para pegar unas resonadas al interior de la derecha. Guarumo fue una encuestadora que sirvió para debilitar la candidatura de María Fernanda Cabal y justificar un resultado de la consulta interna de la derecha, que solo le gustaba a Palacio y, principalmente, al Ubérrimo.

Pese a que Muñoz diga que no tiene nada que ver con los resultados de esas encuestas, y con la empresa, ya que renunció a sus acciones, es claro que su mano de sastre es la que hace todas esas confecciones, maquillajes y cirugías estéticas, sorprendentemente ajustadas a los intereses del gobierno.

Su talento no para ahí. 

Como lo he denunciado anteriormente, Muñoz, desde que fue nombrado alto consejero para la transformación digital, se encargó del manejo de las bodegas uribistas. Estas han sido claves para la distribución de mensajes confeccionados, con el fin de beneficiar al uribismo, al gobierno o al presidente.

Siete meses después de ser nombrado en ese puesto por Iván Duque, el 15 de septiembre de 2019 Muñoz fue obligado a renunciar por un escándalo que no ha dejado de vivir.

El 5 de septiembre de 2019, Muñoz participó en una reunión, que era confidencial hasta que el expresidente Álvaro Uribe Vélez la publicó en su cuenta de Twitter. En ella confluyeron activistas, simpatizantes, influenciadores y tuiteros cercanos al Centro Democrático.

La conferencia, que nadie ha podido responder aún cómo se financió, tenía cuatro panelistas. Entre ellos Carlos Escobar, conocido en el mundo virtual por ser experto en propaganda negra, en cómo dañar la reputación de las personas que le hacen críticas a las ideas del uribismo. Y claro, cómo no, Víctor Muñoz, en ese momento todavía consejero del presidente Duque.

Carlos Arturo Escobar Marín es primo del narcoparamilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Fue evidenciado por Daniel Coronell en septiembre de 2014 en una columna titulada “El hombre que nació dos veces”, en la cual se relatan las actividades delictivas de Escobar Marín, y sus condenas en los Estados Unidos.

Pero vamos al otro conferencista.

De la reunión se sabe que Muñoz explicó cómo organizar cadenas y mensajes para poner tendencias en redes sociales y manejar los debates en Twitter, a partir de bodegas organizadas y estructuradas.

Fue tan exitoso, que después de la conferencia con el grupo de más de 80 tuiteros cercanos al Centro Democrático, que se observan en una fotografía difundida por el entonces senador Uribe en su cuenta de Twitter, se formó un grupo de WhatsApp. En el equipo, por supuesto, incluyeron a Escobar y al entonces consejero del presidente Duque, para discutir diferentes estrategias y las campañas que se querían manejar. Bodegas Muñoz se podría decir.

Pero también otras cosas.

Resulta que el grupo además se creó para desprestigiar medios de comunicación y periodistas independientes, o lo que ellos consideran “periodistas y medios mamertos”, entre los cuales obviamente me incluyeron. Eso fue lo que metió en problemas al consejero de Presidencia.

Tal y como lo relató un artículo de La Silla Vacía, que investigó la sorpresiva salida de Muñoz, “la realidad es que se fue por un mensaje que envió a un chat de influenciadores uribistas y de derecha, pocos días después de una reunión de decenas de ellos a la que asistió a título personal y sin haber informado al presidente, según nos respondieron oficialmente de la Casa de Nariño”.

Pues bien, ese consejero presidencial que estaba moviendo campañas oscuras en contra de medios de comunicación desde su escritorio de servidor público, regresó al gobierno, como si nada hubiera pasado, y en formato recargado.

Tan solo tres meses después del escándalo, el 3 de diciembre de 2019, se conoció que el presidente Duque había nombrado a Muñoz como miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en reemplazo de Carlos Luis Ayala Cáceres. Y como si eso no fuera suficiente, el 27 de diciembre se publicó en la página web de la Presidencia de la República la hoja de vida de Muñoz para el cargo de alto consejero para asuntos económicos y transformación digital. Hoy en día funge como el secretario general de Palacio, un cargo con mucho poder.

En el paso por las diferentes oficinas también ha trabajado en otras confecciones y cambios de imagen. Unas más polémicas, como los perfilamientos de periodistas y enemigos del gobierno, realizadas por terceros para la misma administración.

En mayo de 2020 se conoció de unas acciones de vigilancia y perfilamiento por parte del Ejército colombiano a más de 130 personas, incluidos defensores de derechos humanos, políticos, líderes sindicales, otros miembros de las Fuerzas Armadas y periodistas internacionales y nacionales, dentro de los que me encuentro.

Entre febrero y diciembre de 2019, diferentes entidades del Ejército ejecutaron uno de los casos de espionaje más delicados en la historia reciente del país.

En esas misiones, por medio de herramientas informáticas y de software, realizaron búsquedas y recolectaron masiva e indiscriminadamente toda la información posible de sus objetivos, para elaborar informes de inteligencia militar que incluían teléfonos, direcciones de residencia y trabajo, correos electrónicos, amigos, familiares, hijos, colegas, contactos, infracciones de tráfico y hasta lugares de votación.

Toda esa información coordinada en la Casa de Nariño desde la oficina de, sorpresa, sorpresa: Víctor Muñoz.

No paró ahí. 

El 27 de agosto de 2020 se conoció una lista de más de 450 influenciadores en redes sociales que aparecen en una base de datos, monitoreada por una polémica firma llamada Du Brands, que eran calificados de positivos, negativos o neutros. El gobierno admitió que contrató a la empresa, por más de 3.300 millones de pesos, para posicionar al presidente Duque en redes sociales.

La compañía terminó haciendo perfilamientos de sus opositores. Evidentemente, este columnista fue calificado como bastante negativo para esta administración, cosa que me honra como periodista, pero conociendo la forma como operan actores del gobierno, por supuesto no deja de preocupar.

Todas estas estrategias, dentro de las que se encuentran la fabricación de encuestas a la medida, la creación de mensajes que son repetidos por las bodegas de la derecha, y el perfilamiento en redes de los opositores del gobierno, son manejados por Víctor Muñoz, como un sastre que elabora trajes a la medida, un cirujano que elimina curvas incómodas, un maquillador de patas de gallo tapao del uribismo. Un importante y oscuro trabajo que se podría denominar Confecciones, Bodegas y Asesorías de Imagen Muñoz.

https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/confecciones-munoz

22.17.-La paradoja del fiscal Pecci ALBERTO DONADIO

El fiscal paraguayo Marcelo Pecci acompañado de su esposa, Claudia Aguilera. RR SS 

Esa dicotomía entre monstruos como el Chapo y los clientes finales de la cadena, a los cuales no se les atribuye ninguna responsabilidad, hace que la política antidrogas esté diseñada para fracasar.

14 may 2022.- Las fotografías del inmolado fiscal paraguayo Marcelo Pecci y de su esposa, Claudia Aguilera, de turistas en Cartagena muestran una pareja sencilla, casi vulnerable. Pecci tenía 45 años. El suyo y el de su esposa son dos rostros abiertos, despejados, que generan simpatía. Son dos personas que podrían tener cabida en el álbum de cualquier familia. Aunque se conocían profesionalmente de tiempo atrás –él, fiscal antidrogas, ella, presentadora de la televisión–, se hicieron novios en diciembre, se casaron el 30 de abril y pasaban la luna de miel en Barú. Ella estaba embarazada. Pero él había abierto una cuenta con la mafia que no se cierra nunca. Pensar en un viaje de bodas en la playa, sin escoltas, de incógnitos, aun en otro país, ya no era viable. El fiscal Pecci tal vez conocía la historia de Giovanni Falcone, el fiscal antimafia siciliano asesinado hace 30 años, un 23 de mayo de 1992.

En 1984 fue extraditado de Brasil a Italia un mafioso llamado Tommaso Buscetta, que se volvería notable como il pentito, el arrepentido. Fue el primer miembro de la mafia siciliana que se convirtió en informante, el primero en traicionar el juramento de omertà o código de silencio. Él accedió a hablar con Falcone porque en una guerra de mafia le mataron dos hijos, un hermano, dos cuñados y cuatro sobrinos. Cuando se reunió con Falcone, Buscetta fue claro: “Le advierto, señor juez, después de este interrogatorio usted se volverá una celebridad. Pero tratarán de destruirlo física y profesionalmente. Y conmigo harán lo mismo. No olvide que la cuenta que abrió con Cosa Nostra no se cerrará nunca. ¿Insiste en interrogarme?”. El testimonio de Buscetta fue fundamental para condenar a más de 300 capos de Cosa Nostra, muchos a cadena perpetua. Cuando las condenas quedaron en firme, la Comisión, el órgano supremo de Cosa Nostra, dio la orden de eliminar a Falcone. Se colocaron siete barriles de TNT y Semtex debajo de una autopista por la que pasaría Falcone en su carro.

Él, de 53 años, su esposa y tres agentes de la escolta volaron por los aires. El asesinato del fiscal Pecci revive la conmoción que se sintió el 30 de abril de 1984, cuando fue asesinado el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla; el 17 de noviembre de 1986, cuando fue ultimado el coronel Jaime Ramírez Gómez, director de la policía antinarcóticos; y el 17 de diciembre de 1986, cuando fue acribillado don Guillermo Cano, el director de El Espectador. Marcelo Pecci obró con valentía innegable. Pero su arrojo fue fútil porque la política antidrogas mundial se basa en una estrategia fallida: la criminalización selectiva de la cocaína. Se persigue a los carteles, a los revendedores y a los cultivadores, pero no a los consumidores. Es como perseguir al que siembra tabaco, al que seca las hojas en un caney, pero no al que se fuma un puro. Se presenta al Chapo Guzmán como un criminal de la peor laya, terrorista, secuestrador, torturador.

Pero la DEA no causa ninguna molestia a los compradores de los miles de toneladas de productos ilegales que el Chapo colocó en el mercado de los Estados Unidos. Lady Gaga, Paris Hilton, Drew Barrymore, Al Pacino, Jack Nicholson, Robert De Niro y muchísimos otros personajes del cine y del espectáculo que han reconocido ser consumidores de cocaína fueron clientes del Chapo, o de otro cartel mexicano o colombiano.

Esa dicotomía entre monstruos como el Chapo y los clientes finales de la cadena, a los cuales no se les atribuye ninguna responsabilidad, hace que la política antidrogas esté diseñada para fracasar. La DEA infiltra bancos y carteles en operaciones encubiertas para capturar a los lavadores y a los narcos. ¿Cuándo ha habido una operación encubierta para detener a actores famosos de Hollywood en sus mansiones y llevarlos a la cárcel por una conducta, como el consumo, que está penalizada? Un artículo del New York Times pregunta qué tan común es el uso de cocaína en Hollywood y cita a un profesional de la salud que contesta: “Los pacientes me cuentan que no conocen a nadie que no use drogas ilícitas”.

El artículo es del 22 de septiembre de 1980. El surgeon general de los Estados Unidos afirmó en 1964 que el cigarrillo era causante de enfisema y de otras enfermedades pulmonares y cardiovasculares. En los siguientes 60 años se logró por medio de leyes y campañas públicas la casi total proscripción del cigarrillo. Antes en las películas casi todos los actores fumaban. Hoy ninguno. Pero el consumo de cocaína entre personajes famosos no genera estigma. Está destinada a la derrota, y al sacrificio inútil de un valiente como Marcelo Pecci, una guerra contra la cocaína que criminaliza todas las fases de producción y comercio, menos el consumo final.

https://www.semana.com/opinion/articulo/el-fiscal-pecci/202200/

 

*22.16.-Alerta Bogotá con la inseguridad –  GERMAN VARGAS
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“Solas contra el sistema” CECILIA OROZCO
*Cómo será lo que vio el mayor Ospina sobre la verdad…- MARÍA ISABEL RUEDA
*Unidad Nacional de Espionaje  – YOHIR AKERMAN
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Capaces de todoRAMIRO BEJARANO

Era inevitable que esta campaña suscitara episodios intimidantes contra uno de los candidatos más opcionados, porque aquí tenemos aprendido que cuando se agotan los argumentos de la escasa dialéctica el paso siguiente es el aniquilamiento moral y si este tampoco funciona entonces no queda de otra que el exterminio físico. La ultraderecha ya lo hizo el 9 de abril de 1948, cuando acribillaron a plena luz del día a Gaitán, disparos con los que le cambiaron el rumbo al país porque, abatido el caudillo y dividido el liberalismo, se hicieron presidentes Ospina Pérez y Laureano Gómez, dictadores civiles que gobernaron a sangre y fuego y sin Congreso, como después lo hizo Gustavo Rojas Pinilla, tirano militar.

8 may 2022.- Digo lo anterior no por el remedo de entierro de Fico, que el Centro Democrático (CD) ha desfigurado al extremo de convertirlo en amenaza, lo cual no es más que una estrategia mediática para que termine de pasar inadvertida la denuncia de Petro de que se está fraguando un atentado en su contra. Algunos insensatos del CD han puesto en duda esa denuncia, lo cual es un desafío y una torpeza, porque aquí sí matan. De Luis Carlos Galán se recuerda que antes de su magnicidio se supo que el narcotraficante Pablo Escobar estuvo a punto de matarlo en una visita que hiciera a Medellín antes del crimen.

El incompetente y perfumado director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, no da tranquilidad, porque en una rueda de prensa salió más asustado que convencido a repetir que había recibido la información del atentado, pero no se atrevió a identificar cuáles medidas adoptará el Gobierno, salvo la obviedad de incrementar escoltas o carros blindados. Si la conjura fuese contra Fico, muy seguramente Fiscalía y Policía habrían montado una de sus ruidosas alianzas para encarcelar inocentes y cobrar el “triunfo” de haber desbaratado el complot, que nadie en el CD pondría en duda.

Ojalá no nos ocurra la tragedia de que asesinen a uno de los candidatos. Si eso sucede y el sacrificado fuese Petro, no habría un Bogotazo sino una revolución. Si la cordura no alerta a quienes estuvieren detrás de esta aventura criminal para desistir de esos propósitos, que al menos tengan presente que si desatan esa orgía sangrienta lo que aquí se armaría no lo pararía nadie.

Es la consecuencia de una campaña presidencial despojada de ideas pero rica en insultos y advertencias. En eso Fico va ganando, porque así como es de liviano para refutar planteamientos ajenos, es provocador en el dicterio y en la sindicación, como lo dejó patentado esta semana cuando dijo que en otra campaña conversaban con bandidos y procedían como bandidos. Un cuatrienio suyo estaría marcado por la diatriba diaria y la descalificación de los argumentos con el Código Penal en las manos, pues al uribismo le gusta gobernar con penalistas.

Duque y el general Vargas muy generosos aumentan salarios a los policías, mientras que Fico le propone al empresariado que lo respalda la creación de un “bono de gratitud económica” para los trabajadores. Mensajes subliminales y populistas propios de regímenes decadentes en pleno período electoral que buscan favorecer a Fico y su cohorte.

El estilo del partido de gobierno siempre es irresponsable y explosivo, igual al de Fico. Sus faltas las excusan atropellando, como lo hizo un melancólico grupo de exfuncionarios de Uribe con un cómplice y deplorable comunicado en el que ratificaron su vocación de ultrajadores de la justicia.

Por eso ahora Duque, ante las graves acusaciones que le hiciera Aida Merlano de que los Gerlein le metieron ilegalmente $6.000 millones, sale desesperado a descalificarla casi a gritos y a sostener la monstruosa mentira de que su “campaña fue manejada de manera transparente”, y de testigo invoca solo a su protegido Luigi Echeverry, pues a las volandas logró extraditar a alias Otoniel justo antes de su entrevista en el Canal Caracol.

¿Dónde quedaron la Caya Daza o el Ñeñe Hernández? Para solo mencionar dos lunarcitos. Cuando Duque no sea inquilino de la Casa de Nari, tendrá que ser investigado por la Fiscalía y no por la Comisión de Acusaciones, y ya veremos si Barbosa les sigue funcionando cuando Duque sea exsubpresidente.

Adenda. El Congreso debe aprobar el proyecto de ley en curso que incorpora como legislación permanente el Decreto 806/20 que hizo posible la justicia virtual. El país judicial no entendería el atraso de regresar a la presencialidad a ultranza.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/capaces-de-todo/

 

 

22.16.-Alerta Bogotá con la inseguridad –  GERMAN VARGAS 

Desde el inicio de la Administración, la alcaldesa ha tenido una pésima relación con la Policía.

 Forzoso retomar el tema de seguridad en Bogotá, ya que cada día empeora. La última encuesta del Dane revela que la gran mayoría de la gente se siente insegura o muy insegura y que más del 23 % ya tomó la decisión de no volver a salir a la calle en la noche. La percepción de inseguridad, que ya había pasado de 60 a 76 %, se elevó en abril a 88 %, algo nunca antes visto.

8 may 2022.- La extorsión y sus indicadores también han crecido, pese a que frente a este delito la gente es temerosa de denunciar. Estamos viendo situaciones alarmantes como que en zonas de la ciudad o se paga o no se puede ir a trabajar, comerciar, circular, o aun pasear al perro.

Llevamos 311 desapariciones misteriosas. Algunas pocas ya han aparecido sin vida, pero de la mayoría aún no se sabe nada. Los indicadores de lesiones personales, hurto a personas, hurtos violentos han crecido en un 27 %, y los robos de carros, celulares, motos y las agresiones sexuales también aumentan sin control.

Los denominados puntos calientes de microtráfico y hurtos se dispararon en 153 % en los últimos dos años, y se informa de 190 bandas criminales, 19 dedicadas a cometer homicidios. El horror. La ciudad ha sido testigo de nuevos actos terroristas. Esta es la hora en que el portal Américas no se recupera, y llevamos 7 meses con el parque Nacional invadido, en perjuicio de los vecinos de estos sectores que han soportado esta situación ya por demasiado tiempo. Qué falta de autoridad.

Y qué tal los nuevos anuncios: pondremos en marcha un escudo de seguridad a cargo de la Brigada 13. Solicitaremos a Maduro que capture y extradite a miembros de las disidencias del grupo 33 de las Farc. ¿Ya les respondió? Trasladaremos a peligrosos delincuentes a otras cárceles del país. ¿Ya se hizo?

Desde el inicio de la Administración, la alcaldesa ha tenido una pésima relación personal con la Policía, una relación desprovista de confianza y credibilidad. La Policía no se siente ni acompañada ni mucho menos respaldada. Se siente sola y sin interlocución. Un día, la alcaldesa abraza al general Camacho y lo condecora, y al día siguiente anuncia que no hay confianza en la institución. La seguridad no ha sido nunca un tema prioritario de esta alcaldía. Es claro que su plan distrital de seguridad, comenzando por el presupuesto y su destinación, no corresponde a la gravísima situación que se vive.

Por causa de esa desarticulada relación se han perdido 2 años largos para adecuar tecnologías como la del reconocimiento facial, la conectividad de la Policía con los centros de despacho y asuntos como la geolocalización. También han sufrido la movilidad y la capacidad de respuesta de la Policía, pues no se volvieron a comprar vehículos ni motos y es la hora en que no han entregado el nuevo comando de la policía de Bogotá, en donde confluirá todo el sistema de seguridad.

Algunos avances se perciben en asuntos como la nueva ley de seguridad para enfrentar la reincidencia, los nuevos protocolos de la Policía en atención al ciudadano y uso de la fuerza, entre otros. También es pertinente destacar el cambio del plan de vigilancia a cuadrantes móviles y la optimización de las investigaciones criminales. Lástima que estas mejoras choquen contra la ineficacia del minjusticia, doctor Ruiz, y sus anuncios sobre habilitación de nuevos cupos carcelarios. Un absoluto fiasco, si se considera que hoy tenemos a 22.000 reclusos en las URI y las estaciones de policía de manera permanente, y que ello demanda 2.500 agentes para su custodia. Difícil así.

El de seguridad no es el único tema que preocupa en la ciudad. Las obras que pagamos por valorización no avanzan, 12 de estas obras con ejecución inferior al 5 %. Muchas otras suspendidas y que terminarán constando el doble. Hay irregularidades en la contracción de los fondos de desarrollo local y ya vemos a 16 alcaldes locales citados a interrogatorio por la Fiscalía. La Secretaría de Gobierno contrató a 1.338 funcionarios, el 97 % de forma directa. Parece que el programa se denominara ‘palanca, no talento’. Hasta pagar los impuestos en Bogotá se volvió imposible.

Por esto, no es extraño el derrumbe de Fajardo en Bogotá. La gente desesperada, viendo semejante fracaso, bien recuerda que la alcaldesa fue su fórmula vicepresidencial hace cuatro años y está pasando la factura.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-alerta-bogota-670656

22.16.-“Solas contra el sistema” CECILIA OROZCO

Foto: de izquierda a derecha Carmen Helena Ortiz, jueza 28, fiscal Angélica Monsalve 

Dos mujeres han sacado, recientemente, la cara por la desprestigiada Rama Judicial colombiana: Carmen Helena Ortiz, jueza 28 de Conocimiento de Bogotá quien —pese a que tenía en el estrado al jefe de los jefes políticos de la nación— negó el archivo del proceso que se sigue contra Uribe Vélez, motivo por el cual él tendrá que ir a juicio, y la fiscal Angélica Monsalve, que concentró el interés público cuando decidió enfrentar un entramado de gran copete social que pretendía que ella desistiera de imputarles delitos relacionados con inhabilidades para contratar con el Estado a miembros de una familia con poder económico que creen que su dinero los exime de cumplir la ley, o bien de explicar, ante un juez, que nunca la incumplieron.

4 may 2022.- Ortiz y Monsalve demostraron que en los despachos comunes y corrientes de la justicia hay carácter suficiente para actuar con dignidad, decencia y autonomía pese a la corrupción que corroe las instituciones oficiales en formas unas veces descaradas y otras envueltas en algodones para hacerlas parecer menos sucias, menos “cochinas”, como dijo ella en algún momento. Como aquellas en las que incurren personajes del alto mundo cuando trafican influencias de modo elegante y mientras se toman un drink, con fines inconfesables, incluso el de ocultar los resultados de una investigación penal.

Media hora de autocharla grabada en video y retransmitida por decenas de medios de comunicación en directo —de acuerdo con los agradecimientos que Uribe se permitió leer para notificarle al país el poder con que todavía cuenta— tuvo que soportar, ella sí, sin derecho a la defensa, la jueza Ortiz después de que se conoció su decisión. Lo menos que aseguró el exsenador en contra de su juzgadora es que ella ignoró, a propósito, las pruebas del expediente, es decir, que es una prevaricadora, y, después, “deploró” su supuesta “falta de valoración” de las afirmaciones de los testigos que contaron la verdad, si hablaron a su favor, pero mintieron si declararon en su contra, lo que viene siendo la misma cantaleta acusatoria que les enrostró a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema que iniciaron la investigación en 2018 y a los magistrados de la Sala de Instrucción de la propia Corte que la completaron. Hoy le toca la dosis de veneno a la jueza porque ratificó el análisis de la Corte. Imagino lo que le espera a la doctora Ortiz pues todos aquellos que han osado confrontar a Uribe han sido objeto —por arte del azar y de la mera coincidencia— de múltiples ataques mediáticos, pérdidas de empleos, mensajes amenazantes, montajes y hasta asesinatos.

La fiscal Monsalve, por su lado, ha estado envuelta en torbellinos mayores por haber anunciado su intención de acusar a los prominentes empresarios Ríos Velilla que se consideran inimputables, no por no comprender las ilicitudes en que habrían incurrido, sino porque, ajá, ¡ellos son ellos! La doctora Monsalve ha tenido que resistir varias tempestades huracanadas originadas, casi nada, en el grupo de los poderosos entre los poderosos de este pequeño país, todos a una, a favor de los Ríos.

¡Ellos son ellos!: el fiscal general Francisco Barbosa quien, taimado él, ordenó trasladarla a miles de kilómetros de su residencia, Putumayo, con la evidente consecuencia de abandono del proceso; el ex fiscal general Néstor Humberto Martínez, antecesor de Barbosa y su sombra, la que sigue incidiendo en las actuaciones relevantes del búnker; el rector de la cueva que es la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, una mano negra que parece alcanzar lo que desee con solo moverla.

 Y, ahora, en vista del muro impenetrable que es la voluntad de Monsalve, los intocables Ríos le mandaron la pesada: uno de los tradicionales abogados de Uribe Vélez, conocido de autos, entre otras razones por su patanería con las mujeres. El hombre llegó a atacar, nada raro, la vida personal de Monsalve para quebrantarla. En un escrito de recusación en contra de la fiscal, el defensor de Ríos hace referencia —aunque, hipócrita, escribe: “No me estoy refiriendo a asuntos de su órbita personal”— a un asunto al parecer privado, íntimo de ella.

 La recusación fue rechazada. El abogado también envió —mediante uno de sus empleados— un derecho de petición, citando el número del proceso Ríos, al director de la DIJIN que, obviamente, no tenía por qué responder. La cuestión central de la petición dice: “Para investigar presuntos hechos de corrupción” de la fiscal. En radio, el abogado, dominado por la histeria, adujo que ella “intentó infiltrar” su oficina por un mensaje medio ingenuo de Monsalve en que le pregunta a una persona que trabaja con el defensor de Ríos: “Qué trama Lombana conmigo”. De ahí a acusarla de “infiltrar” un bufete, hay mucho trecho.

El penalista también sacó a relucir mensajes de la doctora Monsalve sin mayor importancia pero, claramente, pretendía indisponerla con su medio judicial para que la dejen “sola”. Nada tenían que ver con el caso. Los métodos empleados por este señor siempre han sido cuestionables y poco éticos. Los Ríos no ganarán, así, ni el proceso ni el favor de la opinión pues se comportan como lo harían los culpables.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/solas-contra-el-sistema/

22.16.-Cómo será lo que vio el mayor Ospina sobre la verdad…- MARÍA ISABEL RUEDA

Veremos los diagnósticos sobre los orígenes de la violencia en Colombia y qué incluye la ‘verdad’.

Cuando se fundó la Comisión de la Verdad, se pactó en La Habana que a sus miembros los escogería un comité compuesto por tres representantes de las Farc, tres del Gobierno y tres conjuntos. Como si las Farc fueran la mitad del país y la otra mitad, el resto de nosotros. No. Este país no vivió una guerra civil con las Farc que lo tuviera partido por mitad. Esa fue la falsa verdad sobre la cual se construyó nuestra Comisión de la Verdad. Y se suponía que los 11 elegidos serían “neutrales”. ¿Neutrales? 

7 may 2022.- Si en Colombia se acabó la historia en el pénsum de los colegios, fue por la absoluta incapacidad de los colombianos de ponernos de acuerdo en una verdad neutral de los hechos, que no indignara a una mayoría. Difícilmente, entonces, podríamos tener acordada cuál es la verdad neutral que buscamos en la Comisión de la Verdad.

Muchos filósofos se pasaron buena parte de sus vidas buscando el significado de verdad. Para Platón, estaba cerca de la felicidad; para Aristóteles, la verdad se da cuando surge en el alma una opinión verdadera y simultáneamente una acción recta. Descartes decía que cada cosa tiene una sola verdad absoluta, que es inalcanzable, y por eso estamos en manos de verdades relativas. Kant sostenía que la verdad era una perfección lógica del conocimiento. Hegel creía que lo verdadero era lo absoluto.

Nosotros nos quedaríamos cortos si nos contentamos, para simplificar, con que la verdad es la coincidencia entre una afirmación y unos hechos. Con frecuencia arrastra otros conceptos, como la honestidad, la buena fe y la sinceridad. Por lo tanto, la Verdad no tiene una sola definición. ¿Qué construye la verdad? ¿La verdad es subjetiva u objetiva?

Ninguna de estas dudas impidió que, dizque para establecer la verdad en el conflicto, pusiéramos a funcionar esta comisión ‘veritas’ o ‘veritatis’, cuyas conclusiones se nos darán a conocer en un mamotreto el próximo 30 de junio, acto que se aplazó hasta después de las elecciones, para restarle sospechas de politiquería.

Pero lo que nos contarán, inevitablemente, saldrá de lo que los 11 miembros de la Comisión afirmen que saben, piensan o sienten. Por eso no serán verdades absolutas, sino relativas; dependerán de principios valorados según la época, la cultura o el punto de vista.

Nos ofrecieron que la Comisión estaría a cargo de una verdad amplia, completa y equilibrada acerca del conflicto, como ingrediente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. A su cabeza se escogió al padre Francisco de Roux. Me gusta la definición de que el padre Pacho es “un santo de izquierdas”. Posee un carácter no beligerante, pero sí ideologizado. Y con la renuncia del mayor Carlos Ospina, único exoficial que fungía como miembro, se crea el hecho grave, gravísimo, de que muy improbablemente quede alguien que vele por la verdad de las víctimas pertenecientes a nuestras Fuerzas Armadas.

¿Por qué el mayor Ospina se aguantó cuatro años adentro y hasta ahora renuncia? Todo indica que se sintió incapaz de firmar la “verdad” como está proyectada. Ya veremos si en sus diagnósticos sobre los orígenes de la violencia en Colombia la “verdad” incluye que es un derecho legítimo que unos colombianos se alcen en armas contra el Estado y contra la inmensa mayoría de sus compatriotas.

Lo que sabemos es que el informe trae hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Como la Comisión no tiene funciones judiciales, es de esperar que todo esto se plantee en una esfera civil, con base en unos criterios sobre los cuales no hay uniformidad. Para definir los hallazgos y las conclusiones, la Comisión se ha recostado en un experto en inteligencia artificial, Patrick Ball. Pero el entendimiento de una violencia de décadas, entre innumerables y bien distintos actores, no es un ejercicio mecánico.

En cuanto a las recomendaciones que hará el informe, la Comisión exigirá aún más acompañamiento internacional durante cuatro años para vigilar que se cumplan. Es decir, serán obligatorias. Pero darles carácter vinculante a las comisiones de la verdad ha sido un fracaso, porque atenta contra la separación de poderes. Una comisión de la verdad no puede obligar al Congreso a legislar, a la Justicia a fallar y al Ejecutivo a decidir, según sus instrucciones.

De la experiencia de otras comisiones de la verdad en el mundo se deriva que es mejor tener un mínimo de funciones, en lugar de muchas. La de Kenia no funcionó por exceso de ellas; pero la de Argentina sí, porque tenía una sola función: buscar a los desaparecidos.

Ojalá la del padre De Roux no haya caído en la trampa de tratar de hacer mucho, para terminar haciéndolo casi todo mal.

Entre tanto… En lo que menos se parece ‘Otoniel’ a Pablo Escobar es en la cárcel en la que les tocó pagar sus penas. Del resto, en todo.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-isabel-rueda/columna-de-maria-isabel-rueda-como-sera-lo-que-vio-el-mayor-ospina-670666

22.16.-Unidad Nacional de Espionaje  – YOHIR AKERMAN

La Unidad Nacional de Protección, UNP, está utilizando dispositivos tecnológicos en sus vehículos, que pueden ser usados para espiar ilegalmente los movimientos y sucesos de las personas que deben proteger. 

8 may 2022.- Una situación similar a la del extinto DAS, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que usó los recursos de esa entidad, sus funcionarios y el aparato de inteligencia del Estado para hacer espionaje ilegal en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dirigentes políticos de oposición y periodistas. Pero ahora en la UNP del presidente Iván Duque.

Vamos por partes.

Para evidenciar esta investigación, enfoquémonos en el grave caso que ha sufrido una periodista en particular, que nos hace entender el alcance del programa y de la tecnología que tiene la UNP, para posiblemente hacer espionaje de sus protegidos.

Su nombre es Claudia Julieta Duque. Es la periodista que descubrió que dirigentes del DAS, como el exsubdirector José Miguel Narváez Martínez, estaban detrás del crimen de Jaime Garzón. También del posterior montaje en el proceso judicial que se hizo para mantener en la impunidad el caso durante dos décadas.

Vale la pena recordar que en ese delito participaron agentes del Estado y miembros de las autodefensas, mancomunadamente y que Narváez Martínez, fuera de ser parte de la entraña de los paramilitares, era parte del núcleo íntimo del expresidente Uribe Vélez.

Pero volvamos a la periodista. Entre los años 2001 y 2010, Claudia Julieta ha sido perseguida, espiada y víctima de tortura psicológica agravada, considerado un crimen de lesa humanidad, por su labor investigativa en la participación del DAS en el caso Garzón. Las amenazas en su contra, lamentablemente, se volvieron rutinarias y con carácter continuado.

Por esa razón, desde 2003, la periodista ha tenido asignado un esquema de seguridad a raíz de que, después de un análisis de riesgo, se encontró que su valoración era de peligro ‘extraordinario’. Pero en el mes de febrero de este año la periodista renunció a ese esquema de seguridad por los elementos que vienen a continuación.

A inicios del año 2020, Claudia Julieta fue informada, por cuatro fuentes diferentes al interior de la UNP, sobre un plan ilegal, a partir del cual se estaban registrando sus movimientos a través de un dispositivo GPS instalado en el vehículo blindado que le fue otorgado para su protección.

Después de investigar más sobre el tema, y de varias denuncias que Claudia Julieta realizó ante la Fiscalía y diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y libertad de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció. Lo hizo ante la CIDH, con un oficio fechado el 23 de junio de 2021, en el que básicamente admitió que esto era verdad y que, óigase bien, la UNP monitorea los movimientos de todos sus vehículos con una “herramienta de verificación”. Todos.

La justificación de la UNP para hacerlo, es que se hace necesario para “la trazabilidad del cumplimiento de los hombres de protección en las actividades y la capacidad de reacción de la entidad en caso de cualquier situación de riesgo que comprometa la vida e integridad de la protegida”.

Suena técnico. Pero termina siendo espionaje.

Claudia Julieta nunca tuvo conocimiento oficial de dicho monitoreo. Nunca dio su consentimiento para que se hiciera la trazabilidad de todos sus desplazamientos, lo que terminó constituyendo un espionaje ilegal a sus movimientos, efectuados con insumos del Estado y una ruptura de seguridad generada, precisamente, a través del esquema de seguridad que debía protegerla.

Para demostrar esto, esta columna tuvo acceso a un archivo en Excel con un registro pormenorizado y detallado de los movimientos del vehículo con placas UUK731, una de las camionetas que fue usada para el transporte de la periodista Duque hasta el pasado mes de febrero. Registro que incluye, entre otros datos: movimientos de la protegida con fecha y hora; rumbo del vehículo hasta con la velocidad; y localización, con ubicación y direcciones exactas en donde ha estado.

Pero eso no es lo más asustador.

La tabla de Excel oficial de la UNP también incluye cruce de información o conexión remota con el teléfono móvil de la periodista, e información sobre si el celular estaba encendido o apagado, en línea y si tenía el GPS encendido. Y un link de Google Maps que lleva la ubicación exacta, análisis que, en algunas circunstancias, se hacía cada hora, y en otras, cada 15 minutos.

El problema va más allá. Algunas de las camionetas de la UNP no solo tienen ese sistema de GPS y cruce de información con el celular del protegido. También otros dispositivos que igualmente resultan invasivos de la privacidad e intimidad, como lo son una cámara infrarroja que puede tomar fotografías, un sensor de fatiga, un sensor can-bus que, si bien puede monitorear el estado del vehículo, también se conecta, sin consentimiento de la persona protegida, a todos los dispositivos electrónicos con acceso a internet que vayan dentro de la camioneta.

Los tipos de sensores o dispositivos que tienen los vehículos asociados a este sistema, entre ellos el GPS propiamente dicho y todo el sistema de transmisión de información como cámaras, son sistemas que también podrían permitir operar la computadora interna del carro. Esto es peligroso ya que la configuración de dispositivos permitiría una serie de comandos que, entre otras cosas, pueden controlar los seguros de las puertas, podrían apagar remotamente el vehículo, bloquear la señal del celular o tomar fotografías del interior.

De película. Película de espionaje y terror.

La UNP ante estos temas ha respondido que sí tienen acceso a todos esos datos, pero que tienen una fuerte política de privacidad de esa información. Insuficiente y más con lo que viene a continuación.

Una pesquisa más profunda demuestra que el manejo de esos datos tan sensibles de los protegidos, es subcontratado a empresas externas, una de ellas denominada SatControl SAS, compañía prestadora del servicio de GPS. Esta empresa ha indicado que ellos no son responsables por la seguridad de esa información “ni se responsabilizan por cualquier consecuencia derivada de fallas técnicas o del ingreso indebido por parte de terceros a la Base de Datos o Archivo en los que reposan los datos personales de los protegidos”.

¿Entonces quién es responsable de algo tan sensible? La UNP dice que manejan este tema con cuidado, pero lo tercerizan a una compañía que tampoco asegura ser responsable de la seguridad de esos datos. Al final, esa información tan delicada de los protegidos de la entidad queda expuesta, lo que hace fácil o viable que termine en malas manos.

En el caso de Claudia Julieta Duque, como en muchos otros, es un gran riesgo más que una protección. Y eso podría conducir a una posible responsabilidad del Estado por la deformación que se da de la obligación de protección para convertirla en espionaje.

Es importante recordar que la periodista Duque es una persona que fue amenazada y torturada psicológicamente por descubrir los tentáculos del DAS con el asesinato de Jaime Garzón. Y que, después de acabado el DAS por el escándalo de las escuchas ilegales conocido como las ChuzaDAS y el espionaje ilegal que hicieron a opositores del gobierno de Álvaro Uribe, la mayoría de los funcionarios de seguridad del DAS pasaron a la UNP a ejercer trabajo de seguridad y escoltas.

Ciertos funcionarios de la UNP, no todos y eso es importante subrayarlo, terminaron trayendo las mismas prácticas que tenían en el DAS, fundamentalmente de espionaje. Pero ahora con acceso a una información que resulta casi igual de grave que las chuzadas, pero con un nivel aún más intensivo y detallado, ya que puede hacerse en todas las camionetas de la UNP.

Todo esto con el agravante que puede producir un nivel de datos pormenorizado de monitoreo de los protegidos que les interesen, o que resulten incómodos para el gobierno o para la entidad. Como en el pasado lo han sido magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dirigentes políticos de oposición, defensores de derechos humanos y periodistas.

Ese es el caso de Claudia Julieta Duque en donde el ratón terminó cuidando al queso y la Unidad Nacional de Protección acabó actuando en su contra como una Unidad Nacional de Espionaje.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-alerta-bogota-670656

*22.15.-Código electoral: algo toca hacer y de inmediato GERMÁN VARGAS
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No se puede gobernar con trinos… ni con esqueletos CECILIA OROZCO
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Carta abierta al embajador de Estados Unidos YOHIR AKERMAN
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¿Hasta dónde escalarán?- MARÍA ISABEL RUEDA

Acerca de matar inocentes y disfrazarlos de guerrilleros, no existe una orden semejante.

Pocas veces el país había enfrentado un espectáculo tan desgarrador y contundente como las confesiones de militares sobre su autoría de ‘falsos positivos’. Hay que reconocer que fue un ‘round’ de la JEP, en urgente necesidad de legitimarse en la práctica de su oficio. 

1 may 2022.- Pero seguimos reclamándole por la lentitud con la que ha abordado la misión principal para la cual fue creada: condenar suavemente a las Farc por sus crímenes de guerra y lesa humanidad. Sus macrocasos siguen en capilla. Y tampoco han actuado tan “simétricamente”, como pregonan, en el tratamiento a los militares. No solo la JEP los priorizó por encima de las Farc, que apenas tendrán su turno en alrededor de un mes; sino que, más asimétricamente aún, se avizora que no escucharemos jamás a un autor material de la guerrillerada, tal como oímos a los soldados dando su testimonio personal. Se supone que solamente el secretariado admitirá sus delitos, pero protegido por la sombrilla de una responsabilidad colectiva.

Como van las cosas se vislumbra, por el lado de los militares, que la máxima autoría de ‘falsos positivos’ no pasará del general Mario Montoya, quien probablemente jamás dio una orden semejante. Su responsabilidad versará sobre no haber hecho nada por evitarlo. Pero sí quizás provocar tan repudiable conducta al establecer la práctica de “premiar” con beneficios laborales, tipo vacaciones y ascensos, los homicidios producidos en el conflicto, admitidos por el DIH. Pero eso no significa que exista prueba, por lo menos de los documentos abundantes recogidos por la Fiscalía, de que el general Montoya ordenara expresamente la comisión de ‘falsos positivos’.

Vale la pena parar en el general Montoya. Pocos ejemplos de las cicatrices de la guerra como las que este excomandante de nuestro Ejército lleva en el cuerpo y en el alma, y a lo mejor, en su conciencia. Ayer era reputado como un héroe, hoy como un asesino. Desde su paso por la Fiscalía le achacaron 104 ‘falsos positivos’. Pero su carrera militar, a su vez, estuvo colmada de los momentos más brillantes a los que pueda aspirar militar alguno. Salió en medio de la purga ordenada por el presidente Uribe, precisamente por los ‘falsos positivos’.

En sus 40 años de servicio figuran operaciones como Orión, que persiguió a las guerrillas urbanas de la comuna 13 de Medellín; la Mariscal, en la que se derrotó a las Farc en el oriente antioqueño; la Fénix, que dio de baja a ‘Raúl Reyes’; y la heroica y cinematográfica operación Jaque, que, sin disparar un solo tiro, logró la libertad de Ingrid Betancourt, 3 contratistas norteamericanos y 11 militares.

Algunos de estos operativos dieron pie para que se empezaran a cuestionar los métodos del general Montoya, no siempre acordes con la doctrina militar: violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas y alianzas nos sanctas con ‘paras’. Y comenzó a hablarse de lo que parecía imposible: los ‘falsos positivos’. ¿Que el general Montoya no hizo nada para impedirlos, o que siempre estuvo convencido de que eran muertos en combate permitidos por el DIH?

Eso lo tendrá que dilucidar la JEP. En la Fiscalía, esta conducta de Montoya estaba siendo investigada con la de más de 18 oficiales, de los cuales este general tenía el grado superior. Ya lo dijo esta semana el general Paulino Coronado ante la JEP: “La política de inflexión física (contra las Farc) la definió el general Montoya”.

Él, a diferencia de los soldados y oficiales que vimos esta semana confesando, no aceptó la comisión de delitos. Se fue por el camino confrontacional. Tendrá un juicio ante el Tribunal de la JEP, que, de encontrarlo culpable, lo condenará a un máximo de 20 años de pena restrictiva de la libertad.

Ahora el país y sus víctimas quieren más de los militares autores de ‘falsos positivos’. Quieren llegar hasta quienes dieron la orden. Y probablemente ahí se tropezarán contra una pared. Acerca de matar inocentes, arrastrarlos hasta el campo de batalla y disfrazarlos de guerrilleros, no existe una orden semejante.

Quienes estaban convencidos, incluyendo a magistrados mamertos de la propia JEP, que jalar esa pita llevaría hasta Álvaro Uribe como presidente y a Juan Manuel Santos como ministro, en calidad de “ordenadores” de ‘falsos positivos’, se han tenido que ir conformando con que estos no fueron ordenados por ninguno de los dos.

Esperemos que, como a los militares, los colombianos podamos ver al secretariado de las Farc confesando públicamente sus crímenes con la misma intensidad, pasión y arrepentimiento que intuimos como auténticos en las bárbaras confesiones de esta semana. Que la JEP no complete su asimetría protegiéndolos con la privacidad de un confesionario. Ni les deje pasar como atenuantes cosas como que sus secuestrados, por lo menos, dormían calienticos en las camitas de sus cambuches.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-isabel-rueda/columna-de-maria-isabel-rueda-hasta-donde-escalaran-668990

22.15.-Código electoral: algo toca hacer y de inmediato GERMÁN VARGAS

Por fortuna la Corte Constitucional puso fin a la tragicomedia del Código Electoral. 

En buena hora la Corte terminó de enterrar el Código Electoral, tramitado de manera inconstitucional, a las carreras y con la complicidad del Gobierno.

1 may 2022.- Desde noviembre de 2020 advertí sobre la inconveniencia del entonces proyecto de ley que creaba una descomunal estructura burocrática en la Registraduría, vulneraba la carrera administrativa, permitía al registrador seleccionar su propia auditoría y, lo más grave, introducía las modalidades de voto remoto, anticipado, mixto y domiciliario. También critiqué su impacto fiscal en plena pandemia.

Pero ocurrió justo lo que advertí. La ley estatutaria se tramitó sin el debate necesario, en comisiones primeras bien aceitadas por la designación de nuevos registradores y promesas sobre la nómina adicional que se creaba. De nada valieron las advertencias sobre la inconstitucionalidad en el trámite del proyecto, que fue despachado a toda prisa, con mensaje de urgencia del Gobierno y con la intervención del Mininterior, que se empleó a fondo en su aprobación.

Por fortuna la Corte Constitucional, en sentencia C 133 de la semana pasada, puso fin a esta tragicomedia al declarar la inconstitucionalidad de todo el proyecto. Sostuvo la Corte que hubo en el trámite vicios de procedimiento ya advertidos, tan graves que no pueden ser subsanados. Lo dicho, todo tramitado a las carreras y a pupitrazo limpio. Y al Gobierno le cabe gran responsabilidad por la convocatoria a sesiones extras para terminar el trámite, cuando era claro que una ley estatutaria solo puede aprobarse en una legislatura, o sea, en los dos periodos ordinarios de esta.

¿Cuándo los parlamentarios responderán por la aprobación de leyes, a sabiendas de su inconstitucionalidad y con violación de procedimientos sobre los cuales no cabe alegar ignorancia? ¿Cuándo será que quienes componen las mesas directivas, los parlamentarios ponentes y también quienes no lo son y los funcionarios del Gobierno van a responder por las graves consecuencias de estas conductas?

El del Código Electoral no es un caso aislado. Basta recordar los fallos de inconstitucionalidad sobre la reforma tributaria, o el de rendición de cuentas de congresistas, también el del régimen para liquidación de honorarios a concejales o el de las curules para las víctimas. Todos se cayeron por ausencia total de deliberación, falta de análisis de los costos fiscales o por fallas protuberantes de procedimiento.

Mientras nadie responda, todo esto seguirá ocurriendo. Para la muestra, el botón de la modificación de la ley de garantías, que es una norma estatutaria y como tal no podía ser modificada por una ley ordinaria como la del presupuesto. Bajo la presunción de legalidad de esta se han hecho miles de contratos interadministrativos por billones de pesos, que fueron a aceitar las campañas políticas, tal como lo advertí varias veces.

La Corte seguramente tumbará la ley, pero esa platica ya se gastó y mucho influyó en el debate electoral. Igual suerte, estoy seguro, correrá la ley que otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría, y es el mismo caso de la última reforma de la justicia, del doctor Wilson Ruiz, que siendo estatutaria fue votada de manera virtual, contrariando lo dicho por la Corte. Además, esta ley tampoco tuvo el necesario aval fiscal.

El fuero parlamentario no puede seguir liberando de responsabilidad a quienes tramitan y aprueban leyes con manifiesta violación de la Constitución y desconociendo fallos y doctrina de la Corte. Pero en el caso del nuevo Código Electoral y de la reforma que habilitó la contratación en pleno proceso electoral, la situación no puede ser más grave, pues podemos estar frente ya no a una falla de procedimiento, sino, francamente, a un prevaricato. Pronto me referiré a este delicado tema para que se conozca la identidad de quienes intermediaron esa contratación, sus montos y beneficiarios.

Por lo pronto, sugiero revivir la tesis del exmagistrado Gil Botero cuando sostuvo que la responsabilidad del Estado por el hecho del legislador puede llevar a la acción de repetición contra los parlamentarios y los funcionarios. Otra opción sería aplicar la pérdida de la investidura por manifiesta violación del ordenamiento jurídico.

Lo que es claro es que algo toca hacer, y de inmediato.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-algo-toca-hacer-668982

22.15.-No se puede gobernar con trinos… ni con esqueletos CECILIA OROZCO

Los mensajes cruzados, de manera tan agresiva, entre quien podría llegar a ser el próximo presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Militares, y el actual comandante del Ejército Nacional que tiene bajo sus órdenes a 240.000 hombres y mujeres activos, la mayoría armados, además de una gran irresponsabilidad de los dos personajes, reflejan el desorden institucional en que está sumida Colombia como consecuencia del gobierno torpe, débil, ignorante y prepotente que impuso, con engaños, el uribismo retardatario.

El legado de Duque es el caos institucional: nadie pone orden en casa mientras él y su corte, un grupito arribista que desconoce las teorías del Estado y el carácter sagrado de los bienes públicos, raspan hasta la última migaja de poder antes de que se les termine su cuarto de hora. Ojalá sea pronto para recuperar la dignidad de ser colombianos.

27 abr 2022.- Volviendo con la historia de los mensajes, trinos publicados en las cuentas de cada contrincante prendieron la mecha. El primero de ellos, el senador Gustavo Petro incendió las tribunas a sabiendas de lo que hacía y de las respuestas que seguramente le llegarían. Quien aspira a dirigir el país y cuenta con enormes probabilidades de lograrlo, si es más formado que Duque —y, desde luego, lo es—, entiende que cada una de sus palabras producirá efecto expansivo. Y que sus contradictores, en particular aquellos que tienen esqueletos en el armario, aprovecharán para intentar descargar sus culpas y conseguir réditos a costa del país.´´

 Si Petro afirma que “mientras los soldados son asesinados por el Clan del Golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan”… y que “la cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales”, es obvio que se producirá, de inmediato, un escándalo en que lo que menos importará será si miente o si dice una verdad de a puño. Y prevalecerá la ira en lugar de la razón.

Es claro que quienes mueren en los ataques de las bandas criminales son los soldados, jóvenes de las clases populares, y no los generales de los clubes; y, aunque me da mucho dolor que sea así, también existen casos protuberantes de oficiales que han sido promovidos por narcopolíticos y que han sido mencionados por jefes de esa banda, en concreto, por alias Otoniel y alias Matamba, como sus aliados en el negocio del tráfico de droga.

 Constan en la JEP y en fiscalías delegadas ante la Corte expedientes y declaraciones sobre este escabroso asunto. Pero sobre el candidato presidencial Gustavo Petro el punto no es si sus trinos son ciertos. Eso importa poco. Es más: resulta más grave que se exprese como si fuera un “influencer” de 16 años, siendo verdad lo que dice.

Al senador candidato se le impone la moderación y la prudencia de un estadista entendiendo que, si llega a la Casa de Nariño, no se convertirá en un hipócrita que se abrazará con los uniformados corruptos en el acto de posesión, sino que los enfrentará y que destacará en los puestos de comando a quienes se lo merezcan.

En cuanto al general Eduardo Zapateiro, por su rango y posición como comandante del Ejército, los ciudadanos de a pie le exigimos respeto por la democracia. No se puede excusar su conducta con ningún argumento. Un general que conoce sus altas responsabilidades no desciende al cuadrilátero de las redes sociales para expresarse, en trinos de revancha, con un lenguaje más propio de politiqueros incendiarios tipo Cabal, tipo Uribe.

Será necesario refrescarle la memoria a Zapateiro cuando, por insultar a un candidato presidencial, se atrevió a quitarse su uniforme de gala para suscribir la afirmación de que “a ningún general he visto recibiendo dinero mal habido”. En los expedientes judiciales que mencioné figuran cifras de muchos billetes que habrían sido entregados por el desdichado Clan del Golfo a algunos generales.

Por supuesto, no lo hicieron frente a las cámaras: por los delitos en que estaban incurriendo, incluyendo el de traición a la patria, se escondían. No obstante, sus nombres empezaron a salir a la luz pública. Zapateiro debe renunciar e irse con vergüenza y sin honor. Destaco la mesura del candidato Fajardo quien reprendió la conducta del comandante del Ejército pese a que Petro ha sido duro con él. Y respecto del aspirante Federico Gutiérrez quien intervino en este delicado asunto como buen oportunista y falso predicador que es, no hay que decir otra cosa que se preocupe porque el esqueleto se le está saliendo del armario.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/no-se-puede-gobernar-con-trinos-ni-con-esqueletos/

22.15.-Carta abierta al embajador de Estados Unidos YOHIR AKERMAN

Excelentísimo señor embajador de los Estados Unidos ante Colombia, Philip S. Goldberg, le escribo esta carta en mi papel de columnista de un medio de comunicación colombiano, privilegio que llevo con mucho honor y orgullo. Pero también como ciudadano estadounidense preocupado y confundido.

1 may 2022.- He seguido con atención las declaraciones y acciones de la Embajada ante las decisiones de la justicia colombiana en diferentes casos. Esto me ha impulsado a escribirle esta misiva. A título personal, como columnista y como ciudadano de la nación que usted representa ante Colombia, mi país de nacimiento.

El gobierno de los Estados Unidos de América, acertadamente, le ha suspendido o cancelado la visa de entrada al país a varias personas de alto perfil, por casos jurídicos muy sonados en Colombia o, simplemente, por ser imputados por la justicia nacional.

Repito, acertadamente. 

Una de las razones para ello, según lo han declarado en el pasado voceros del gobierno que usted representa, señor embajador, es para prevenir que personas que presuntamente han cometido delitos en Colombia, se escapen o usen la jurisdicción de los Estados Unidos para esconderse. Casos se han visto en el pasado.

En ese sentido, el 31 de julio de 2017, su antecesor en la representación diplomática de Washington ante Colombia, el embajador Kevin Whitaker, fue vehemente al asegurar en una entrevista en W Radio, que si una persona está siendo buscada por la justicia colombiana o está sujeta a un proceso judicial, también es un problema del gobierno de los Estados Unidos.

El representante anterior de la oficina que actualmente usted maneja aseguró: “Tenemos el derecho y la obligación de quitar la visa y recolectar información para saber si es apto para entrar al país”.

Es claro señor embajador Goldberg que usted tiene una carrera particularmente distinguida en el Servicio Exterior de los Estados Unidos y por eso entiende las implicaciones de un tratamiento diferencial en este tema. Su rango de “embajador de carrera”, es el más alto en el Servicio Exterior, un estatus que se otorga a un número muy pequeño de diplomáticos estadounidenses.

También es cierto que usted está a punto de asumir una nueva misión como embajador en Corea del Sur, pendiente de la aprobación del Congreso estadounidense como su alto rango lo exige. Felicitaciones por ese nuevo reto señor embajador. Sin embargo, antes de dejar Colombia es importante que este tema quede analizado y se pueda estudiar detenidamente con quien lo reemplace.

En este sentido, el gobierno de los Estados Unidos ha tomado en el pasado decisiones tan difíciles como revocar la visa a congresistas colombianos, por estar involucrados en escándalos de corrupción. Igualmente, a magistrados de la Corte Suprema, mientras estaban siendo investigados por el famoso cartel de la toga. Incluso, a un presidente en ejercicio y a exfuncionarios de gobierno o entidades de control.

Por eso sorprende tanto que, en un caso tan importante para Colombia como el que enfrenta el imputado expresidente Álvaro Uribe Vélez, en donde existe tanta evidencia documental y en donde cuatro instancias diferentes de la justicia (la Sala Penal de la Corte Suprema, la Sala de Instrucción de la misma entidad, la Corte Constitucional y la Juez 28 Penal del Circuito de Conocimiento) han señalado que hay razones jurídicas para que se conserve su condición de imputado y continúe su proceso, el gobierno de los Estados Unidos no haya tomado decisión alguna sobre su visa. ¿Cuál es la postura oficial de Washington frente a este tema? Lo pregunto ya que ha pasado suficiente tiempo para conocerla.

Además, es de público conocimiento, señor embajador, que múltiples aliados y exfuncionarios de la admiración del expresidente Uribe, han utilizado el territorio de los Estados Unidos, y otras naciones, para evadir sus condenas e investigaciones ante la justicia colombiana.

Son varios los casos. 

El más sonado es el del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien durante varios años sostuvo, desde su cómoda casa en Florida, que la condena en su contra era una persecución política. Todo para terminar, después de un largo proceso, extraditado por un juez federal, para que cumpliera con su condena en Colombia.

Pero no es el único. Los casos de exfuncionarios de Uribe que se dieron a la fuga en el exterior también incluyen a María del Pilar Hurtado, quien admitió que fue por consejo de Álvaro Uribe Vélez que se escapó a Panamá para evadir su proceso y pedir asilo. Ella dirigió durante el gobierno de Uribe el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y usó el aparato de inteligencia del Estado para hacer espionaje ilegal en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dirigentes políticos de oposición y periodistas. Después de otro largo y desgastante proceso, esta funcionaria terminó extraditada desde Panamá para ser juzgada y pagar su pena en Colombia.

O el caso del señor Luis Carlos Restrepo, quien fue alto comisionado para la paz y cuyo rastro se perdió cuando se produjo una decisión judicial en su contra. El 20 de enero de 2012 la Fiscalía le formuló cargos por los delitos de prevaricato, peculado y fraude procesal, además de tráfico y porte de armas y hasta hoy se desconoce su paradero.

Finalmente está el caso del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, el gran aliado en la región de su par Álvaro Uribe Vélez. Panamá había pedido la extradición de Martinelli en 2016 bajo la acusación de crear una red encaminada a espiar ilegalmente a más de 150 opositores políticos durante su mandato presidencial. El exgobernante se declaró víctima de una persecución política, un argumento no ajeno a los oídos de los colombianos, y se resguardó en los Estados Unidos para después terminar siendo extraditado de regreso a Panamá.

El listado podría seguir y es largo. 

Ahora es el mismo expresidente Uribe quien enfrenta a la justicia en su calidad de imputado, repitiendo que todo esto es un acto de persecución política. Ya ha visto usted, señor embajador, que diferentes instancias judiciales, dos salas de la Corte Suprema de Justicia, un juez de tutela, el tribunal superior de Bogotá, la Corte Constitucional y el Juzgado 28 Penal del Circuito han reiterado que existe razón para que continúe el proceso por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Con las garantías constitucionales y legales, el señor expresidente podrá demostrar su inocencia, o no. De eso, señor embajador, se trata el imperio de la ley, principio universalmente acogido por las democracias y piedra angular del sistema jurídico de los Estados Unidos de América. Nadie, por poderoso que sea, puede estar por encima de la ley.

Y, de acuerdo con el expediente, hay claros indicios, testimonios, pruebas documentales y técnicas, que muestran la intervención del imputado expresidente Álvaro Uribe, del también imputado abogado Diego Cadena y del exrepresentante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, en los hechos materia de investigación.

Todas esas personas, a pesar de las pruebas y las actuaciones judiciales, siguen teniendo visa para entrar a los Estados Unidos. Entonces me pregunto señor embajador, de nuevo como ciudadano estadounidense, si la ley es igual para todos, pero en algunos casos no todos somos iguales ante la ley.

Es verdad que el expresidente Uribe fue un gran aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y fue un presidente que, a los ojos de Washington, trabajó mucho por la seguridad del país. Pero este no es un tema político. Es asunto jurídico. Y también un tema de igualdad ante la ley y ante el gobierno de los Estados Unidos.

Por eso, señor embajador, me atrevo a preguntarle por qué no se ha procedido en este caso, como en otros anteriores en donde el gobierno de su país, que es también el mío, ha actuado con firmeza y decisión. De antemano le agradezco su atención a mis preguntas, excelentísimo señor embajador. Muchas gracias.

https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/carta-abierta-al-embajador-de-estados-unidos

*22.14.-Tasa de cambio moral y petrismoAURELIO SUÁREZ
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Avivatos RAMIRO BEJARANO
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La artimaña y el miedo como estrategia  CONSUELO AHUMADA
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El guachemán YOHIR AKERMAN
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Las millonarias deudas que no ha pagado Palacino por saqueo a Saludcoop MARÍA ISABEL ORTIZ

Carlos Gustavo Palacino fue detenido y enviado a prisión (foto) en 2018, pero salió por encimieno de términos. Foto: Archivo particular.

Hay 4 fallos fiscales por más de un billón de pesos y está reportado como deudor moroso del Estado.

Compra de bienes raíces en Colombia, México y Ecuador, préstamos a socios y trabajadores, pagos de viajes personales y compra de vehículos de alta gama. Estas son algunas de las cosas que, según la condena conocida esta semana, Carlos Gustavo Palacino Antía, el ‘exzar’ de Saludcoop, pagó ilícitamente con dineros que debían destinarse al servicio de los afiliados de la que fue la EPS más grande del país.

(Lea también: La millonaria suma que tendrá que devolver Palacino al sistema de salud) 

Por esos hechos, un juez de Bogotá condenó a 10 años de cárcel al otrora poderoso directivo de la EPS y le ordenó, además, que entregue 296.000 millones de pesos al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Esta es la primera condena contra Palacino, quien según las autoridades condujo a la liquidación de Saludcoop, dejando huecos tan grandes en la EPS que sus actuaciones se han considerado incluso como la génesis de la liquidación posterior de Cafesalud, que había nacido tras Saludcoop, y más recientemente de Medimás, de la que se anunció su liquidación a comienzos de marzo de este año.

Sin embargo, no es la primera vez que la justicia se pronuncia sobre las irregulares gestiones de Palacino, quien está libre. Fue capturado en una lujosa casa en La Calera, Cundinamarca, en 2018 y recuperó la libertad en 2019 por vencimiento de términos.

Registros en la Procuraduría, la Contraloría y la Contaduría General muestran que desde 2012 hay fallos disciplinarios contra Palacino y su entorno en Saludcoop; desde 2013, fallos fiscales que ahora suman más de un billón de pesos, y señalan que está reportado como deudor moroso del Estado ante tres entidades públicas.

Clínica que era de Saludcoop en Medellín. Estuvo cerrada desde 2018. Foto de referencia. FOTO: Esneyder Gutiérrez

En el boletín de deudores morosos del Estado, que muestra a quienes tienen una obligación con una entidad pública cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos mensuales y más de seis meses de mora, hay tres registros de Palacino.

Aunque el registro no especifica el valor de la deuda, de acuerdo con el boletín de deudores morosos del Estado, de la Contaduría, Palacino está reportado ante la Central de Inversiones del Estado por una deuda que tiene con la Superintendencia de la Economías Solidaria. También está reportado en este boletín porque tiene obligaciones de pago con la administración de Bogotá, así como una deuda con el municipio de Cota, Cundinamarca.

De otra parte, según el certificado de antecedentes de la Procuraduría, contra Palacino hay dos sanciones disciplinarias de esa entidad, que lo inhabilitó en 2012 por 10 años para ocupar cargos públicos, y en 2013, en otro proceso, por 18 años. En ambos casos las sanciones tienen que ver con los manejos irregulares de Palacino con los dineros de la salud en Saludcoop.

Además, en la Procuraduría también aparece una multa por 51’500.000 pesos impuesta en 2013 que, según el certificado de antecedentes disciplinarios, ya pagó por completo.

(Puede leer: Palacino: ¿qué se sabe del hombre condenado por desfalco a Saludcoop?)

Pero lo que no ha pagado son los fallos fiscales en los que la Contraloría lo encontró responsable de la pérdida de recursos públicos por sus maniobras en Saludcoop.

Según informó el órgano de control a EL TIEMPO, a Palacino se le abrieron 7 procesos de responsabilidad fiscal, y todos están terminados: en cuatro se profirió un fallo con responsabilidad, dos se anularon y el último se archivó.

El primer fallo es de 2013 y es contra Palacino y 15 de los exdirectivos de Saludcoop. En el caso, la cuantía fue de 1,4 billones de pesos y entre sus argumentos el órgano de control indicó que desde 1998 se iniciaron las prácticas “que generan de manera continua e ininterrumpida, y bajo un mismo hilo conductor, el desvío a lo largo de los años de los recursos parafiscales”.

El segundo fallo es de octubre de 2018, por una cuantía total de 925’611.649, y es contra Palacino, así como otras EPS y sus representantes legales. Según el certificado de antecedentes fiscales, el valor que le corresponde al exdirectivo de Saludcoop es de 76’991.490 pesos.

(Más notas: ‘No acepto los cargos’: Jhonier se retracta por asesinato de Mauricio Leal)

En un tercer proceso, en marzo de 2019, Palacino y Saludcoop fueron sancionados por 25’699.791.700 pesos; y en diciembre de ese mismo año, la Contraloría sancionó de nuevo a Palacino y a Saludcoop EPS por una cuantía de 2’848.764,005 pesos.

Según informó el órgano de control, actualmente contra Palacino, Saludcoop y Cafesalud hay nueve procesos de cobro coactivo.

 

Aunque en ninguno, aseguró la entidad, se ha pagado el dinero producto de las sanciones, tres están en la etapa persuasiva del cobro coactivo.

En otro proceso se indica que se están resolviendo excepciones contra el mandamiento de pago; en el proceso cuya sanción es de 1,4 billones de pesos se están “resolviendo los recursos de reposición presentados contra la resolución que resolvió las excepciones y ordenó seguir la ejecución”; en otro la etapa es “resolviendo los recursos de reposición presentados contra el auto que aprobó la liquidación del crédito”; y en tres procesos hay una “liquidación del crédito aprobada”, lo que, explicaron desde la entidad, significa que ya hay un valor definitivo para el pago, pero no que haya pagado.

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El que tiene que pagar es el Estado porque la entidad donde dicen que está la plata la cogió el Estado: abogado de Palacino

De acuerdo con el abogado Hernán Gonzalo Jiménez, que representa a Palacino, apelarán la condena de 10 años impuesta esta semana por un juez, y frente a las deudas con la Contraloría, aseguró: “El que tiene que pagar es el Estado porque la entidad donde dicen que está la plata la cogió el Estado. El gobierno del presidente (Juan Manuel) Santos intervino a Saludcoop y cogió todas las clínicas -y todo lo que se habla allí- y el dinero que aparentemente se perdió, y se lo entregó a unas personas”.

Añadió que todos los recursos estatales de los que acusan a Palacino por llevárselos “se invirtieron en clínicas. A él lo condenan por haber construido clínicas y hospitales en Colombia, en cambio de haber dejado la plata en los bancos. Y como estas se construyeron y el Estado las tomó, pues es el Estado el que tiene el dinero. Entonces, el gobierno que supuestamente tenía el dinero se lo entregó a varias personas que se lo llevaron”, concluyó.

¿Qué hacer para cobrar las deudas?

Para buena parte de la sociedad es increíble que a quien las autoridades señalan de ser un protagonista de la debacle de la que fue la EPS con más afiliados de Colombia no esté pagando sus deudas.

Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, dijo que “a los colombianos les queda claro que la paquidermia del Estado y sus órganos de vigilancia y control, así como de la justicia, hacen prácticamente imposible la protección y recuperación oportuna de los recursos públicos”.

La paquidermia del Estado y sus órganos de vigilancia y control, así como de la justicia, hacen prácticamente imposible la recuperación oportuna de los recursos públicos: Camilo Enciso

Agregó que el Estado debe levantar hasta la última piedra para “rastrear a cualquier testaferro, familiar, empresa o fundación que se haya beneficiado de los recursos de Saludcoop, y recuperarlos”, y dijo que desde 2013 la Contraloría advirtió que las irregularidades en el manejo de recursos habían empezado en 1998, lo que evidencia que la intervención del Estado debe ser más oportuna.

Frente a lo que debe hacerse para cobrar, consideró: “La Contraloría debería decir a cuánto ascienden los activos de Palacino, para ver si realmente se va a recuperar algo significativo, o si estamos ante un esfuerzo inútil”.

Por último, indicó que el desfalco a Saludcoop no solo afectó las finanzas del Estado: «El problema no es solo cuánta plata desviaron Palacino y sus cómplices, sino cuánta gente murió o sufrió daños irreparables en sus vidas y salud por cuenta de la deficiente o nula prestación de servicios que se derivó de este caso de corrupción. Palacino debe repararlos a ellos también».

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Por su lado, Sandra Morelliexcontralora general, indicó que Palacino lleva años sin pagar “por la sencilla razón de que no ha habido ninguna voluntad por parte de los organismos de control ni de la Superintendencia de Salud, que hizo todo lo posible para desembargar todos los bienes que mi administración había embargado para garantizar la reposición del recurso que se había apropiado indebidamente”.

Embargar los activos, transferirlos al sistema de salud, liquidarlos o venderlos, y entregarle el dinero al sistema de salud es como la forma en la que se puede recuperar ese dinero: Sandra Morelli

Añadió que aunque los montos de los fallos fiscales son altos, eso no los hace imposibles de pagar. “Los activos que se habían comprado con recursos destinados al servicio de salud se identificaron y se embargaron: clínicas, IPS, campos de golf, inversiones en el exterior… Si se hace la gestión de cobro efectivo, ahí se recupera el dinero, embargar los activos, transferirlos al sistema de salud, liquidarlos o venderlos, y entregarle el dinero al sistema de salud es como la forma en la que se puede recuperar ese dinero”, expuso la exfuncionaria.

Y concluyó: “Suena mucho (la suma de más del billón) pero es que habían desviado muchos recursos de la salud que estaban identificados en las inversiones a las que fueron a parar. Esto no es indemnización, es la recuperación de un recurso perdido”.

https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/carlos-palacino-deudas-con-el-estado-por-desfalco-a-saludcoop-667142

22.14.-Tasa de cambio moral y petrismoAURELIO SUÁREZ

Armado el rompecabezas, se colige que, el petrismo en el todo vale para un éxito rápido, acudió a lo que Édgard Revéiz denomina tasa de cambio moral.

Uribe propuso en agosto de 2021 una amnistía general. Gustavo Petro dijo que coincidía y la perfumó con el “perdón social” del filósofo posmoderno Derrida: “El perdón social e histórico es un momento casi irrepetible para las sociedades. Pero antes de una amnistía debe haber devolución de todos los bienes a los despojados y verdad completa” (La Silla Vacía). 

23abr 2022.- No es nuevo. En 2007, en el debate sobre paramilitarismo en Antioquia, Petro esbozó “un acuerdo de verdad que sonaba a impunidad y punto final” (SEMANA, 20/4/2007) y tuvo beneplácito de Mancuso. Volvió a proposiciones similares en 2011 y 2015 (@mcestupinan, 13/4/2022) y el 12 de abril de 2022 en Aguachica planteó “una JEP para narcotraficantes” (ver video). El “perdón social” pertenece a su ideario contemporizador.

Esa indulgencia resuena cuando parapolíticos se han frustrado pidiendo pista en la JEP, y ladrones del erario y cerebros criminales cumplen largas penas. A Kiko Gómez, por ejemplo, se le rechazó la primera solicitud y, aunque se reconsideró (Cuestión Pública, 12/4/2022), solo cubre delitos menores que no lo salvan del presidio por 55 años. Álvaro García, después de admitido, fue expulsado por no aportar verdad nueva y detallada (Caribe Noticias, 3/3/2022) y seguirá preso 40 años. Tampoco fue aceptado el exalcalde de Villavicencio Germán Chaparro y paga 39 años por homicidio. Conviven en el patio Ere Sur de La Picota con otros, como el exsenador Martín Morales, quien, fuera de tráfico de narcóticos y armas y homicidio, está untado del “cartel de la toga” y condenado a 25 años de cárcel (Asuntos Legales, 3/11/2018).

En su nombre, Iván Moreno, del “carrusel de la contratación” en Bogotá, con Morales, Chaparro y Ronald Housni, exgobernador sanandresano sancionado a siete años por corrupción, firmaron el 2 de marzo de 2022 una carta al abogado de Kiko, Pedro Niño, para “tratar (…) temas (que) contribuirán a construir un nuevo país”. Enuncian seis, todos tocantes con la justicia (ver documento).

22abril 2022 –  Documentos Columna Aurelio Suárez en Semana by Semana on Scribd

No es esa sola carta. El diario La Razón.co dice que “presos de nueve cárceles” enviaron otra en la que le piden amnistía a Gustavo Petro. Expresan que “hemos venido impulsando (…) la campaña política (…) por él (sic) Pacto Histórico y (…) en favor del candidato Gustavo Petro” y que “creemos firmemente qué (sic) merecemos otra oportunidad, de resarcimiento, de justicia alternativa y restaurativa, de rebaja de penas, de amnistía e indulto”.

Se forjaba intercambio de votos por beneficios jurídicos para penados sin distingo alguno.

El 11 de abril Petro afirmó que su hermano Juan Fernando estaba “hablando con Iván Moreno” porque “nos ha sugerido” ser “constructor de (…) perdón social” que “se está discutiendo dentro de las cárceles” (Sigue La W, 11/4/2022). El 13 de abril (La W, 3 p. m.) la abogada Cielo Rusinque, vocera petrista, reiteró que “esa invitación (…) se atiende para escuchar lo que tienen que decir o en qué medida pueden aportar”. Es decir, el Pacto Histórico decidió dar trámite a las cartas.

Noticias Caracol, el mismo día, divulgó los asistentes a la reunión del 8 de abril, reconocida por Rusinque y Petro, donde “se habría hablado de una reforma de la justicia que incluiría rebaja de penas para corruptos y la supuesta eliminación de jueces de ejecución de penas” (Noticias Caracol, 13/4/2022).

Juan Fernando contó en diálogo con SEMANA, al mediodía de ese 13, que los presos le dieron un documento para el candidato, que preguntaron “¿Qué significa perdón social?” y que aspiran a la “esperanza de segunda oportunidad”. Contrario a lo destacado dos días antes por Petro y Rusinque, dijo que su misión “era independiente”, que “no se sabía que él iba a ir” pese a la obvia presunción sobre el carácter político de la diligencia (SEMANA, 13/4/2022).

Al sentir estallar la tempestad sobre su cabeza por el disparate, el candidato arrancó una saga de desmentidos para construir otro relato. El medio digital @Ultimahoracol, en el video “Petro contra Petro”, sumó 14 (ver en Instagram) y hay otras tantas más cometidas en la condescendiente entrevista de la revista Cambio el Viernes Santo. Ahí Petro convino con los periodistas que fue “papayazo”, o un “a mis espaldas” o un “me acabo de enterar”, sin descartar el “entrampamiento”, versión reforzada con un testimonio radial del convicto Germán Chaparro (La W, 18/4/2022) y sostenida frente a los nuevos bullicios.

Armado el rompecabezas, se colige que, el petrismo en el todo vale para un éxito rápido, acudió a lo que Édgard Revéiz denomina tasa de cambio moral, la manipulación de la justicia, como se ha hecho por décadas “en la preferencia social que han tenido los gobiernos (…) respecto a la sanción que debe darse a los delitos que más afectan a los ciudadanos”. Una censurable y dañina adopción.

https://www.semana.com/opinion/articulo/tasa-de-cambio-moral-y-petrismo/202217/

22.14.-Avivatos RAMIRO BEJARANO

Invivible se volvió la República, como en los tiempos del dictador civil Laureano Gómez, por las leguleyadas que despliega este Gobierno, creyendo que con su sartal de excusas y coartadas engaña a la opinión.

24 abr 2022.- Duque y sus ministros, diariamente y por todos los medios de comunicación, intervienen descarada y peligrosamente en política, validos de la impunidad que los protege y del visto bueno que les prodigan la mayoría de esos medios y sus comunicadores de cabecera. Como un jugador con cartas marcadas, Duque sostiene que él no interviene en política sino que expresa su derecho a opinar —entre otras cosas, ignora que no está consagrado en el artículo 28 sino en el 20 de la Constitución— sobre las propuestas de quienes aspiran a sucederlo.

En la Casa de Nari se creen las falacias que ellos mismos acuñan, con las cuales están regando de gasolina el territorio nacional para que el día menos pensado reviente una conflagración. Duque y su cohorte de aduladores contribuyen a la creencia generalizada —no equivocada— de que tendremos elecciones fraudulentas. En efecto, las trampas no solo se han visto por la incompetencia de un registrador tambaleante sino que están a la vista de todos cuando el Gobierno asume que ejerce su libertad de expresión aplastando con toda la fuerza del Estado la opinión disidente de los candidatos que hacen propuestas que no son de recibo en el Consejo de Ministros, hoy convertido en una guarida donde se cocinan el odio y la persecución.

Todo en el Gobierno se ejecuta bajo el mismo talante de ofrecer explicaciones babosas para todo. Para no ir muy lejos, ahora el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en una muy sustentada sentencia decretó la nulidad del nombramiento del “héroe del Putumayo”, el ministro de Defensa, Diego Molano, porque se violó la ley que impone la obligación de designar al menos a una tercera parte de mujeres en el gabinete ministerial. El Gobierno alega que después de nombrar a Molano sí completó la cuota de seis mujeres, como si eso purgara la falta de haber desatendido ese deber cuando lo designó. Como esta justicia nuestra siempre es tardía por la congestión en los despachos, cualquier apelación impedirá que tenga que cumplirse oportunamente esta orden y por eso Molano se quedará hasta el 7 de agosto, aprovechando para “lagartear” otro puesto.

Esa es otra manía de este Gobierno embustero. Duque anda remando para que lo nombren como director de una oficina internacional de inmigrantes, haciendo valer las tibias medidas que aquí se tomaron en favor de los venezolanos, que poco han servido. No es el único. El mentiroso consejero presidencial Emilio Archila, luego de haber conspirado contra la paz, ha utilizado su cargo para tomarse por asalto la decanatura de la Facultad de Derecho del Externado, de la que se ausentó por su propia voluntad para rendirles culto al uribismo, a Duque y a su banda de rufianes, desplegando prácticas clientelistas y tergiversando al secretario general de esa universidad.

Otro tanto pasa frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que, como lo anuncié, sería desastroso para el país. Ahora, a la manera de Maturana, el Gobierno y su abogado Manuel José Cepeda pregonan que ganaron el pleito, cuando nos dieron una muenda histórica porque condenaron a Colombia por violar la soberanía de Nicaragua y no se protegieron los derechos de los raizales sanandresanos. También le están mintiendo a la nación con las resultas de esta tragedia del litigio con Nicaragua.

El fiscal Barbosa no se queda atrás. En ruidosa rueda de prensa cobró el “logro” de haber establecido que el futbolista Freddy Rincón venía conduciendo el vehículo en el que se accidentó. ¡Qué hallazgo!

Solo falta que gane el pérfido Fico, amaestrado ya en el arte de hacerse el bobo con las preguntas difíciles. En efecto, en las puertas de La Picota un exfiscal lo acorraló preguntándole por qué invitó a todos los fiscales de una unidad a Medellín, al Hotel Intercontinental, con todo pagado, luego de que la fiscal Claudia Carrasquilla Emiliani encarcelara a su ex secretario de Seguridad Gustavo Villegas, cuando Fico está mencionado en ese asunto. En cambio, hoy anda propalando, sin pruebas, que desde una cárcel le están montando un complot. ¿Quién le contó?

Dios los cría.

Adenda. De antología la desilusionante fotografía de Duque con todas las magistradas de la Corte Constitucional con la que enterraron los insultos oficiales.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/avivatos/?cx_testId=53&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s

22.14.-La artimaña y el miedo como estrategia  CONSUELO AHUMADA

En la medida en que las encuestas reafirman a Petro y Francia como grandes ganadores, el temor de la extrema derecha se vuelve terror entre escándalos y ardides

Gustavo Petro y Francia Márquez lideran un proyecto progresista que se perfila como ganador primera vez en décadas. Foto: Nelson Cárdenas 

Estamos en la recta final de unas elecciones definitorias para romper con cuatro años de desastre económico, social y humanitario, marcado por masacres, asesinatos, desplazamientos forzados, falsos positivos, corrupción y cinismo sin límites.

19 abr 2022.- Por primera vez en décadas se perfila como ganador un proyecto progresista, liderado por Petro y Francia. Un proyecto amplio e incluyente, que inicie la transformación social y dignifique las condiciones de las mayorías, históricamente excluidas y expropiadas de sus derechos. “Colombia, potencia mundial de la vida” encarna ese proyecto.

En la medida en que las encuestas siguen reafirmando la tendencia arrolladora del Pacto Histórico, el temor de la extrema derecha a perder sus privilegios se convierte en terror. Su decisión es recurrir a cualquier medio para impedir un resultado que parece inatajable. Basta escuchar a Uribe, a Duque o a Fernando Londoño.

Ello explica el intento de fraude en las elecciones de marzo, el derroche de recursos públicos para comprar votos y la manipulación para sembrar el miedo entre la población.

La Picota es de nuevo el escenario propicio para que este sector despliegue todo su potencial. La noticia de Semana Santa fue la reunión del coordinador de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el hermano de Petro con algunos reclusos, incluidos parapolíticos y corruptos. La masacre del Putumayo quedó en segundo plano.

Un informe de Noticias Caracol, basado en declaraciones anónimas de algunos de los reclusos asistentes a dicha reunión, se refirió a unos beneficios judiciales, que supuestamente los visitantes les habrían ofrecido. En medio del desconcierto generalizado, se difundió la idea de que estos beneficios se estarían pactando a cambio de votos.

La declaración de la Comisión Intereclesial hace varias precisiones y termina por develar lo sucedido. La reunión de la Picota se dio por iniciativa del abogado Pedro Niño, como parte de un trabajo amplio de diálogo, reconciliación y paz que promueve la reconocida ONG. En la cárcel nunca se habló de beneficios judiciales ni de votos a favor de una campaña.

La Comisión reconoció “la imprudencia cometida al ingresar con el hermano de un candidato, en una contienda electoral tan polarizada” reunió https://www.justiciaypazcolombia.com/seguimos-convencidos-que-la-verdad-abre-el-camino-hacia-la-justicia-y-la-paz/

Pero este episodio no fue aislado. Noticias Uno recibió un documento que empezó a circular en la Picota desde el 23 de marzo. Se trataba de una propuesta de perdón total y olvido, para todos los delincuentes y por todos los delitos. Un texto sin firmas ni logo, que se atribuyó a Gustavo Petro. Fue promovido y difundido por los tenebrosos criminales y parapolíticos de la Costa, Marquitos Figueroa y Kiko Gómez y por Pedro Niño, abogado de este último.

Se conoció también un audio en el que Figueroa llamaba a votar por Petro. Apareció una carta anterior, firmada desde la Cárcel de Alta Seguridad de Cómbita, Boyacá, mediante la cual adhieren a su campaña Figueroa y otros reconocidos paramilitares, entre ellos Alberto Guerrero, Pipintá, excomandante de las AUC.

Todos estos personajes han sido fichas claves de Vargas Lleras y de los Char y, por tanto, del uribismo y, por supuesto respaldan a su actual candidato. De hecho, Figueroa era aliado del Ñeñe Hernández, enredado en la financiación de la campaña de Duque, aunque el fiscal de bolsillo nunca lo investigó.

Los hechos son contundentes en cuanto al entrampamiento de la extrema derecha a la campaña del Pacto, para favorecer a Federico Gutiérrez. Es el estilo sicarial que ha caracterizado a este gobierno. Un intento desesperado por vincular a Petro con las elites corruptas y mafiosas, que él mismo enfrentó con decisión, tanto en el senado como en la alcaldía de Bogotá.

Sin embargo, no puede desconocerse que se cometió un error grave por parte del entorno de la campaña. En estos momentos decisivos, resulta inexplicable que su hermano haya asumido dicha tarea. Máxime si se sabía de un plan para enlodar al candidato desde las cárceles por parte de los narcos. Las primeras declaraciones de Petro cuando estalló el escándalo tampoco ayudaron mucho.

Pero es claro que el problema central es la estrategia de la extrema derecha y no los errores de la campaña

El escándalo les dio tribuna a los demás candidatos. Carentes de argumentos, todos al unísono encontraron la oportunidad de reforzar dicha estrategia para tratar de recortar distancia en la carrera presidencial.

A todo ello sumémosle la intensificación de la campaña de terror entre la población. Se insiste en que Petro va a expropiar cuando la mayoría de la gente ha sido expropiada de sus derechos fundamentales.

Por último, oigamos al Cardenal Salazar el Viernes Santo: “La mentira se ha apoderado de todos los medios y se usa sobretodo en el campo electoral (…) El miedo como arma para manipular las elecciones. El miedo es el peor consejero, es destructor, crea angustia, fragmentación, violencia. No nos dejemos vencer por el miedo”.

El Pacto Histórico debe redoblar el cuidado y activar las alarmas. Prepararse para nuevos escándalos, videos y ardides. Superar el temporal y aprovechar la marea alta. Es mucho lo que está en juego en estos comicios.

https://www.las2orillas.co/la-artimana-y-el-miedo-como-estrategia/

22.-14.-El guachemán YOHIR AKERMAN

Foto: Wilson Javier Devia Pérez, funcionario de planta de la Unidad Nacional de Protección.UNP

Sigamos con los escándalos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y el famoso Clan Gnecco de la costa, ya que sus escándalos son únicamente superados por su descaro.

23 abr 2022.- Vamos en orden cronológico.

A finales del año 2020, el exministro del Interior Fernando Londoño, tuvo un invitado especial en su programa radial, La Hora de la Verdad, para que hablara del proceso de paz y de la contratación de personal para la protección de los combatientes desmovilizados.

El invitado de honor fue el señor Wilson Javier Devia Pérez, funcionario de planta de la UNP y presidente sindical regional bastante polémico. Como mencionamos en la columna pasada, el señor Devia Pérez es un funcionario bastante polémico y es oficial de protección grado 11, con sede Bogotá, con más de diez años en la UNP. Más otros 11 años en el DAS, para un total de más de 21 años en las dos entidades.

En el programa radial de Londoño, Devia se dedicó a criticar el proceso de paz, y pues la verdad es que cada quien puede tener sus opiniones sobre eso. Pero también entró a cuestionar la contratación que en ese momento se haría de unos 800 escoltas para preservar la vida de los excombatientes de las Farc, luego de la firma del acuerdo, ya que esas personas no merecían la vida.

Eso sí le queda más difícil criticarlo a un funcionario que debe prestar sus servicios de seguridad y escolta a esas mismas personas que ataca. Difícil menospreciar la vida de quien le corresponde protegerla, o, peor aún, utilizar el esquema de protección de los protegidos para hacer espionaje y conseguir información sobre personas que hacen parte de la oposición y son críticos al Gobierno.

La verdad después se supo y es que el desconcierto del señor Devia Pérez, en ese momento, nacía del hecho de que la UNP tenía pensado vincular un número aproximado de 800 escoltas, y que, según fuentes cercanas a ese polémico funcionario, ese presidente sindical no estaba controlando el proceso de contratación y quería hacerlo para poder nombrar amigos y cercanos suyos.

Pero Dios premia a los que esperan, como dice el dicho.

Y como el señor Devia supo esperar, después han venido varias contrataciones de amigos y cercanos suyos. Dos de esos ejemplos ocurrieron tres días antes de que empezó a regir la Ley de Garantías.

El 26 de enero de 2022, el director de la UNP, Alfonso Campo Martínez, firmó dos resoluciones, la 146 y 147, con las que hizo dos nombramientos claves para Devia.

El primero al señor Yolver Homero Hernández Castrillón en el cargo de oficial de protección código 3137 de la planta global de la UNP en Pereira. El segundo al señor Holger Ramón Hernández Hernández en el cargo oficial de protección código 3137 grado 11, de la planta global de la UNP en Bogotá. Hasta ahí todo bien. Pero una mirada más de cerca muestra la importancia de los nombramientos.

Con esas resoluciones se designaron al tesorero y al fiscal, es decir el que maneja los recursos y el que hace el control del sindicato que maneja el señor Devia Pérez.

Puso a los ratones a cuidar al queso. Los dos nombramientos, que salieron de una muestra de 9.000 escoltas tercerizados que tiene la entidad, se hicieron a dedo a estas personas que, evidentemente, nunca van a vigilar la labor de su amigo el señor Devia Pérez como presidente sindical.

¿Nos sorprende? No nos sorprende.

Como tampoco nos sorprende cómo el señor Devia puso a los funcionarios sindicales de la UNP al servicio del Clan Gnecco.

Otra nueva grabación, de marzo de 2022, nos muestra que este presidente sindical, hace clientelismo reuniéndose con representantes y senadores, para intercambiar puestos en esa entidad por apoyos políticos.

“Me reúno con senadores y representantes: venga presidente, apoyemos y qué familiar le metemos a trabajar. Tendría familiares en la UNP, tendría familiares en el trabajo, tendría familiares en el Ministerio del Interior. Acá para lo mismo, el sindicato es para que ustedes tengan trabajo y bienestar en cada uno de ustedes. Y la autoridad moral que me caracteriza, les digo a ustedes: junta directiva nacional, decidan a qué senador vamos a apoyar. Yo tengo 16 departamentos en este momento y van a ser 16 representantes con los que debo contar. Es decir, mañana cuando ganen los representantes, si ganó, búsqueme una cita porque vamos a sentar a decirles que es que vamos a trabajarle a alto riesgo y el alto ritmo y la vinculación a la planta de personal de manera inmediata. Eso es lo que yo quiero. Y el mensaje quiero que ustedes no sean solos los escoltas sino con sus familias: mi papá, mi mamá, mi esposa, mi cuñado, entonces ellos son los que tienen que aportar el granito de arena”.

Cambio Colombia · El guachemán Audio 1

Como lo demostré en la columna de hace ocho días, a los pocos días el señor Devia salió con su apoyo al senador José Alfredo Gnecco Zuleta, del Partido de la U, parte del clan Gnecco Cerchar, que una familia política y parapolítica con base en Cesar y electorado en La Guajira y Magdalena.

Eso es interesante por dos cosas. Lo primero porque tanto el director de la UNP, Alfonso Campo Martínez, como su exdirector, Daniel Palacio, y ahora jefe como ministro del Interior, son de la región del Cesar.

Lo segundo porque, tal y como lo demostró la Fundación Pares en un juicioso reporte, el Clan Gnecco fue determinante en el escándalo conocido como la ñeñepólitica, para conseguir los votos de la región a favor del presidente Iván Duque.

Varios audios de las conversaciones entre el narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias ‘Ñeñe Hernández, con María Claudia Daza, asesora del entonces senador Álvaro Uribe Vélez, son clave para entender este enredo.

En esos audios, publicados por Pares, se habla de una presunta operación de compra votos para la campaña presidencial de Iván Duque, y se mencionan a algunos políticos del Clan Gnecco en la presunta operación ilegal que favoreció al candidato del Centro Democrático.

Por ejemplo, en una conversación del Ñeñe Hernández con Yaneth Zuleta del grupo de mujeres “Duquesas con Duque”, el 26 de mayo de 2018, un día antes de la primera vuelta presidencial, ella le dice al Ñeñe: “Nosotras necesitamos hablar un momentico contigo. Estamos aquí en la casa del señor Lucas Gnecco, necesitamos resolver unas necesidades que tenemos con unos votos, con una gente que necesita salir a votar y eso y no nos han resuelto nada de eso”.

Cambio Colombia · El guachemán Audio 2

Parece que el tema se resolvió y que fue necesario volver a resolverlo en segunda vuelta.

El 16 de junio de 2018, un día antes de las elecciones para segunda vuelta presidencial, el narcotraficante Ñeñe Hernández habló un minuto y 53 segundos con una persona que se autodenomina “Goyi”. Entre muchos otros temas, Goyi le dijo al Ñeñe que tiene listo el vehículo de Caya Daza para recoger la gente que tenía que votar al día siguiente y Ñeñe le respondió que cuadrara todo eso con Pepe Gnecco.

Cambio Colombia · El guachemán Audio 3

Esos, entre muchos otros audios, demuestran que el polémico Clan Gnecco fue clave para movilizar a la gente de Valledupar a votar por el presidente Iván Duque, en primera y segunda vuelta. Ahora una entidad del gobierno de Duque, en cabeza de uno de sus presidentes sindicales regionales, está demostrando que fueron clave para movilizar a los escoltas y sus familias para votar por un miembro del Clan Gnecco al Senado.

Según la RAE, la expresión “guachimán” viene del inglés “watchman”, y en varios países de América Latina significa guardián. Y “guache”, del quechua “huaccha” según la misma RAE, es persona ruin y canalla. Así que estos personajes merecen que acuñemos un nuevo término para cerrar con broche de oro su participación en este sórdido capítulo de corrupción, clientelismo y desprotección: Wilson Devia, alias el Guachemán.

https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/el-guacheman

*22.13.-Los falsos positivos del ministro Molano  – RODRIGO UPRIMNY
*
¿“Un buen muerto”? – CRISTINA DE LA TORRE
*
Guillermo Alberto González Mosquera ALBERTO DONADIO
*
Nos quedamos con el pecado y con el Gnecco YOHIR AKERMAN
*
El Petro-jubileo – MARÍA ISABEL RUEDA

No sabemos si Petro se mete en este enredo para salir del lío en que lo metió su hermano.

Es cierto que Gustavo Petro ha impuesto la agenda en esta campaña. Con sus riesgos. Algunas de sus propuestas han sido entendidas mal por la opinión, o terminado razonablemente descalificadas por expertos como inviables. De todo eso ha tenido Petro en esta campaña. Desde gente que entendió que piensa robarles los ahorros de pensión a los colombianos –ciertamente una interpretación exagerada pero que, comprendida a cabalidad, también es bastante polémica– hasta expertos que glosan sus propuestas de fábricas de billetes en el Banco de la República y trenes imaginarios para unir a ciudades colombianas.

17 abr 2022.- Pero una propuesta de Petro que de verdad amenaza con hacerlo quedar muy, pero muy mal, es la del jubileo.

Hasta que el mesianismo de Petro no tomó el protagonismo que hoy tiene, el jubileo era una indulgencia plenaria que concede el Papa en ocasiones especiales. Ahora se les ha hecho creer a los presos que Petro podría complementar al Papa. “El perdón es una gracia divina”, asegura el hermano de Petro. El candidato, a su vez, aseguró a El TIEMPO que él no mandó a su hermano Juan Fernando a hacer ninguna vuelta en las cárceles. Pero admite que sí está patrocinando un “perdón social” y que el exsenador Iván Moreno se ha ofrecido a “ayudar a construirlo”. Con Vicky, en ‘Semana’, el hermano de Petro contradice esa versión. Dice que la propuesta no se origina en su hermano Gustavo, sino en las propias cárceles del país.

¿Perdón social entendido como qué? No está muy claro.

Es absolutamente cierto que el hacinamiento, la lentitud de la justicia y la corrupción del Inpec llevan rato clamando por una reforma a fondo que incluya una humanización de las cárceles. De ahí a soltar a los presos hay un gran trecho. No pudo el hermano de Petro, recuperándose en una clínica de la picadura de un alacrán, explicar bien el perdón social que a estas horas no se sabe si es una propuesta de Iván Moreno, de Gustavo Petro o de su propio hermano. (O del Papa).

Petro sí le dijo a ‘Sigue la W’ que Moreno “no es narco, ni ‘parapolítico’, es (¿simplemente?) corrupto, o fue corrupto”. Como si en Colombia la corrupción no estuviera íntimamente entrelazada con ambos delitos. El huevo y la gallina.

Es difícil saber si se puede ser simplemente corrupto, y sacudirse de todo lo demás. Un “corrupto decente”, como quien dice. A lo Iván Moreno, en versión Petro. O viceversa, si un narco puede saltarse ser corrupto, cuando compra autoridades, o como los ‘paras’, robándose una buena porción de la salud de los colombianos. Pero a todas estas castas pertenecen los presos que fue a visitar el hermano de Petro. No en vano el comité de bienvenida de la visita, según ‘Noticias Caracol’, lo encabezó Franklyn Germán Chaparro, exalcalde de Villavicencio, condenado a 36 años por homicidio, y quien le extendió al hermano de Petro la invitación en su calidad de “amigo”.

Vamos a la propuesta del jubileo. No sabemos si Petro se mete en este enredo para salir del lío en que lo metió su hermano; o si es cierto, como dice un supuesto audio del sicario ‘Marquitos Figueroa’ desde Cómbita, que hay que pedir el voto por Gustavo Petro porque ofrece “beneficios como rebaja de penas, un perdón social, una segunda oportunidad”.

Lo que podría sencillamente ser una obra de misericordia, como es visitar a los presos, adquiere un contexto vulgar, convertido en un operativo electoral. Los presos no pueden votar, pero sus estructuras criminales, a las que manejan con un dedo desde las cárceles, votan, financian, amenazan y hasta matan. La visita fue al pabellón de la ‘parapolítica’ de La Picota, donde no hay únicamente pobres corruptos. Entre los visitantes a esta cumbre, con una decena de internos, figuró un personaje, Danilo Rueda, que no solo se identificó falsamente como representante de la Comisión de la Verdad, sino que antes había integrado las comisiones del Congreso que iban de cárcel en cárcel buscando testigos contra Álvaro Uribe. En la conversación, que duró seis horas, reclusos dicen haber hablado de una reforma de la justicia que incluya una rebaja de penas de entre el 20 y el 30 %, y la eliminación de los condicionamientos a la libertad condicional. Es decir, que la reforma de la justicia que no han dejado hacer las cortes, ni el Congreso, y que les ha podido a todos los últimos gobiernos, se está diseñando en la cocina (literalmente en la cocina) de La Picota, con los delincuentes más peligrosos. Y coordinada por el hermano de un candidato presidencial. Y aquí nos quieren hacer ver que todo esto es una hermosa campaña para que Colombia se embarque en un “perdón social”.

Es que Colombia, según el hermano del candidato Petro, es “un país donde las cosas se llenan de suspicacias”.

Entre tanto… A estas alturas, a Petro siempre le queda el teflón.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-isabel-rueda/el-petro-jubileo-columna-de-maria-isabel-rueda-665598

22.13.-Los falsos positivos del ministro Molano  – RODRIGO UPRIMNY

El ministro de defensa, Diego Molano, ha estado involucrado en al menos tres casos de falsos positivos. En tres ocasiones ha declarado públicamente como éxitos en la lucha contra el crimen ciertas actuaciones de la fuerza pública en que han sido presentados como peligrosos delincuentes quienes en realidad eran víctimas.

17 abr 2022.- Uno de los casos ocurrió el pasado 18 de marzo, cuando Molano anunció en Pereira que la policía destruiría una edificación que era una olla de microtráfico y una “guarida de atracadores”. Sin embargo, como lo mostró Noticias Uno, todo era un montaje. En esa humilde casa había vivido por décadas una anciana de 93 años, quien había sido trasladada algunas semanas antes a un hogar de paso. La policía engañó al hijo de la señora para entrar a la casa, llevó a unos indigentes, los hizo consumir drogas y los filmó para escenificar una olla.

Este caso es el menos terrible pues no hubo víctimas fatales y la vivienda debía ser demolida por riesgo de colapso. Pero es grave ya que evidencia una rutinización de los montajes y el desprecio por parte de ciertas autoridades hacia el buen nombre de personas vulnerables. Los otros dos casos son aún más graves pues hubo víctimas fatales, incluidos adolescentes.

El segundo tipo de casos son los bombardeos a campamentos de grupos armados que han matado a menores reclutados por esos grupos. El ministro Molano ha justificado esas muertes con el argumento de que esos adolescentes son “máquinas de guerra”, por lo cual son un objetivo militar legítimo.

En una columna previa refuté esa tesis: un menor guerrillero es una víctima de reclutamiento forzado por el grupo ilegal y, por lo tanto, debe ser considerado población civil, salvo cuando participe directamente en las hostilidades. Los mandos militares y el ministro deben entonces hacer todos los esfuerzos por verificar si en el campamento que pretenden atacar hay o no menores, conforme al principio de precaución, que establece como deber de todo mando militar verificar si el ataque puede afectar a civiles y, si tal es el caso, minimizar los daños a esa población.

Esto es lo que no ha hecho el ministro, por lo cual es un falso positivo presentar a estos adolescentes muertos en los bombardeos como peligrosas máquinas de guerra, cuando en realidad son víctimas de nuestro cruel conflicto armado.

Finalmente, el tercer falso positivo es probablemente el operativo en Putumayo del 28 de marzo en que 11 personas resultaron muertas. Aunque los hechos son confusos y están aún en investigación, los sólidos reportajes de Cambio, El Espectador y Vorágine, junto con las ambiguas explicaciones de las autoridades, indican que el principio de precaución del DIH no fue respetado.

En efecto, las fuerzas militares realizaron un ataque a un bazar, en el que había decenas de civiles, para enfrentar a unos pocos guerrilleros y cuando el objetivo militar más valioso (alias Bruno) ya había abandonado el sitio. Todo indica que por esa violación al DIH varios civiles murieron, como el gobernador de un resguardo indígena. Sería entonces otro falso positivo más que civiles víctimas de ese operativo fueran presentados como guerrilleros abatidos en combate.

Estos falsos positivos son graves porque implican engaños a la opinión pública, sin que el ministro haya nunca rectificado; por ejemplo, a pesar de que el montaje en Pereira ya fue revelado, Molano no ha ofrecido disculpas a la señora y a su familia. Pero la cosa es peor pues esos operativos han implicado graves violaciones a los derechos humanos, por las cuales el ministro debería asumir al menos la responsabilidad política, si es que no tiene también otras responsabilidades.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/rodrigo-uprimny/los-falsos-positivos-del-ministro-molano/

22.13.-¿“Un buen muerto”? – CRISTINA DE LA TORRE

La mano peluda parece estar de fiesta. Abundante, su cosecha de muertos y de obituarios prematuros sólo en las dos últimas semanas. Se agolpan los hechos para sellar con su impronta sombría el epílogo de un orden reaccionario adicto a la violencia. Veamos.

12 abr 2022.- El presidente del Senado declara que el Eln apoya a Francia Márquez, candidata de oposición a la Vicepresidencia; sindicación que ya a otros candidatos les costara la vida. Como quien aparta de un pastorejo la caspita posada en su solapa, le pone lápida a la mujer luminosa que, salida de la entraña del pueblo, sería segunda del jefe de Estado. “Yo no tengo prontuario criminal —responde ella—. Lo que (a él) le incomoda es que una mujer que podría ser la que tenga en su casa como empleada doméstica vaya a ser su vicepresidenta”. Cuarta incursión contra Francia, después de tres amenazas de muerte en un mes.

Un hombre ataviado con camiseta de Federico Gutiérrez invita a defender por las armas a Cali ante cualquier resultado de la elección presidencial; comparte tarima y mesa que preside el acto de campaña. “Ya son armas en pie”, exclama al micrófono el seguidor del candidato, para defender instalaciones del acueducto, dice, de la brigada, de la base aérea, todos los puntos estratégicos de la ciudad. Su discurso evoca el apoyo paramilitar a la policía en días del paro, que costó decenas de muertos. Plan de rebelión civil armada, acota Cecilia Orozco. Pero a Gutiérrez, al presidente, a los ministros del Interior y de Defensa les resbala, como resbalan canicas los niños que juegan con soldaditos de plomo.

Advierte la Dijín que un grupo criminal amenaza a la fiscal Angélica Monsalve, en traslado relámpago al Putumayo al parecer por adelantar imputación de cargos contra figuras del alto mundo de los negocios. El Clan del Golfo niega la amenaza pues, se dice, esta no podría venir sino de quien la hostiliza. Monsalve rechaza el esquema de seguridad que la Fiscalía le ofrece, dice preferir su independencia judicial. Gustavo Gómez, director de 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, recuerda que el caso se ve doblemente empañado por tráfico de influencias de un ex fiscal general y un rector de universidad, partícipes del aquelarre del poder tradicional, inmoral y ventajoso. Ante las amenazas contra la fiscal, exclama: “¡Que ni se atrevan!”. Ensañada contra personeros del pueblo y de la justicia, la campaña se completa contra la libertad de prensa: a la galardonada Cecilia Orozco, orgullo del periodismo independiente, la persigue por cuatro kilómetros un carro fúnebre que, según el conductor, iba por un fallecido. ¡Tamaño símbolo rodante de la muerte!

Todo indica que el ejército masacra a 11 campesinos en el Putumayo; presidente, ministro y generales presentan el hecho como acción legítima en enfrentamiento armado con una disidencia de las Farc, pero a la fecha no logran desvirtuar la riada de testimonios en contrario: denuncia generalizada de que se disparó contra una comunidad inerme; que 11 personas murieron, entre ellas un gobernador indígena, el presidente de la Junta de Acción Comunal y su esposa, y un menor de 16 años; que fueron rematados con tiros de gracia y manipularon cadáveres para hacerlos empuñar fusiles. Sería otro falso positivo, tras los 6.402 ya documentados.

Aquella adicción a la violencia apunta de preferencia a quienes representan valores medulares de la democracia: el poder popular, la majestad de la justicia, la comunidad, la libertad de prensa que, oh, ironía, también Gustavo Petro ha desafiado. Y parece solazarse en el perseguir, en el amenazar, en la indiferencia frente al matar sin dolor, en la loca ilusión de ver convertido al adversario en “un buen muerto”. ¿No es hora de rescatar el debate político del agravio y de la sangre?

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cristina-de-la-torre/un-buen-muerto/

22.13.-Guillermo Alberto González Mosquera ALBERTO DONADIO

Guillermo Alberto González Mosquera falleció en 2021 a los 80 años. Ya estaba citada la fecha para juzgarlo en la Corte Suprema de Justicia por los dineros perdidos en Probolsa.

Hurtaron 9.413 millones de pesos del departamento del Cauca. Según la Fiscalía, el responsable fue Héctor Jairo Bonilla López. Montó una oficina en Cali llamada Probolsa, que no pertenecía a la bolsa de valores ni estaba autorizada para manejar inversiones ni era una entidad financiera vigilada. Cuando Guillermo Alberto González Mosquera se posesionó en 2008 como gobernador del Cauca, agentes de Probolsa le presentaron una propuesta para invertir 16.000 millones de pesos del Cauca en TES, títulos de deuda pública.

14 abr 2022.- Esa suma fue girada a una cuenta que Probolsa tenía en Serfinco, una comisionista de bolsa que operaba entonces en el país y que sí estaba autorizada para manejar inversiones. En efecto, se le giró el dinero a un particular. Ni corto ni perezoso, Bonilla López gastó a manos llenas las platas del departamento. Giró un millón de dólares a una comisionista en Estados Unidos, se hizo préstamos en pesos y hasta pagó las cuentas de servicios públicos y de teléfono de Probolsa con dineros públicos. Ese manejo ilícito se hizo con la complicidad de Serfinco, que fue luego sancionada por la Superintendencia Financiera con multa de 420 millones de pesos por no asesorar debidamente al departamento.

Serfinco debió haber indicado al departamento que podía invertir directamente en TES abriendo una cuenta en la comisionista, sin necesidad de intermediario. También fue sancionada la ejecutiva de Serfinco, que actuó favoreciendo a Probolsa. La sancionada con multa de 62 millones de pesos, Juanita Iragorri López, manejó los dineros entregados a Probolsa por el Cauca y por la Gobernación de Nariño, el municipio de Arauca, el municipio de Silvia (Cauca), el Hospital Francisco de Paula Santander, de Santander de Quilichao (Cauca), Infituluá y Acuavalle. Esas entidades oficiales perdieron en total 23.000 millones de pesos, pero la más afectada fue el Cauca, con los 9.413 millones de pesos ya anotados.

“JPTA EL EURO SE NOS SUBIÓ”, le dijo un representante de Probolsa a su corredora, Juanita Iragorri. Ese cliente quería comprar un millón de euros, pero, como esa moneda estaba al alza en ese momento, dio entonces la orden de que le compraran un millón de dólares. La operación habría sido una más de las que se realizan todos los días en la bolsa si no fuera porque el dinero no era del cliente, sino del municipio de Arauca. Serfinco sabía que las entidades oficiales solo pueden invertir en TES o en certificados a término, no en dólares o euros, y pese a esa prohibición Juanita Iragorri no le advirtió a las entidades públicas lo que estaba haciendo Probolsa con su plata. El interés de las entidades oficiales era incompatible con el interés de Probolsa, y Serfinco debió haberse abstenido de actuar, según la Superfinanciera. Probolsa se quebró en diciembre de 2008.

Guillermo Alberto González Mosquera falleció en 2021 a los 80 años. Ya estaba citada la fecha para juzgarlo en la Corte Suprema de Justicia por los dineros perdidos en Probolsa. No se le acusó de recibir comisión por colocar esos recursos. Hablé con su abogado, el penalista Orlando Gómez López, para conocer cuál iba a ser la defensa del exgobernador. Me dijo: “El dinero sí se perdió. El hecho sí ocurrió, pero sin dolo de parte del doctor González Mosquera. Él fue el denunciante”. Agregó: “Los señores de Probolsa se presentaron como representantes de Serfinco. La tesorera giró a cuenta en Serfinco, pero era una cuenta de Probolsa. La cuenta sí estaba en Serfinco, pero era de Probolsa. Probolsa podía retirar los dineros. Así fue que tumbaron a Nariño, Cauca, el municipio de Silvia”.

El penalista señaló que González Mosquera vivía muy golpeado por este asunto. “Ahora solo responde ante el tribunal de arriba”, indicó. “Probolsa también defraudó a Nariño. Navarro Wolff era el gobernador. No fue acusado. No hubo igualdad de tratamiento. Por el mismo hecho no acusaron a Navarro. No quiero decir que Navarro fue responsable”, expresó el penalista. Guillermo Alberto González Mosquera fue gerente general de la Caja Agraria, presidente del Banco del Estado, concejal y alcalde de Popayán, rector de la Universidad del Cauca, representante a la Cámara, senador, ministro de Trabajo y de Defensa y embajador en Venezuela. Él como político liberal y su poblado bigote fueron muy conocidos en Colombia a lo largo de más de 50 años. No tenía fama de haberse enriquecido en cargos públicos. Pero, según la acusación por la cual se le iba a juzgar, el exgobernador firmó un contrato de administración de valores con Serfinco y un formulario de conocimiento de persona jurídica de Probolsa, actuaciones que en este caso ponen en duda su buen criterio.

https://www.semana.com/opinion/articulo/guillermo-alberto-gonzalez-mosquera/202200/

22.13.-Nos quedamos con el pecado y con el Gnecco YOHIR AKERMAN

Foto: Wilson Javier Devia Pérez, funcionario de planta de la UNP y Senador Dr José Alfredo Gnecco

Un senador electo del Partido de la U utilizó en su campaña a funcionarios del sindicato de la Unidad Nacional de Protección para imponer a compañeros pertenecientes de la entidad el voto a su favor.

15 abr 2022.- El senador es una joya y el escolta también. Esta es la historia de cómo se desvirtuó el papel de un funcionario encargado de proveer seguridad, para convertirse en promotor de una campaña electoral. Y de cómo se hizo reelegir un senador, que nunca debió reelegirse, a punta de presiones y jugadas indebidas. No es la historia del mundo al revés, más bien de la democracia al contrario.

Vamos por partes.

Cuando se desmanteló el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, por comprobarse que estaban realizando, en el gobierno del expresidente imputado Álvaro Uribe Vélez, chuzadas y seguimientos ilegales a líderes de la oposición, se creó la Unidad Nacional de Protección, UNP, para encargarse de la seguridad en protección y escoltas de personas.

Desde entonces la UNP ha sido un organismo de seguridad encargado de proteger a los funcionarios del gobierno, políticos de oposición, líderes sociales, juristas, periodistas y otros, y garantizar la defensa de los derechos humanos de las personas que presentan riesgos, amenazas y vulnerabilidades en el país.

Muchos de los funcionarios que trabajaban en seguridad en el extinto DAS, pasaron a la UNP, en donde realizan una valiosa labor de protección, escoltas y seguridad.

En Colombia, por su historia violenta, esa es una tarea muy importante, pues tienen que proteger a muchas personas en riesgo. Entre ellos a los líderes sociales en las regiones de más alta peligrosidad. Sus funcionarios son, casi siempre, personas valientes, que se están jugando la vida por sus protegidos y garantizando su seguridad y la de sus allegados. Un trabajo admirable.

Incluso yo he sido uno de sus protegidos. Por amenazas de muerte que he recibido y riesgos que se me han generado por diferentes denuncias en mis columnas de opinión, la UNP me ha brindado en un par de ocasiones, protección con personas especializadas para eso.

Ahora bien, como cualquier otra entidad gubernamental, ha tenido problemas y no ha sido ajena a los grandes escándalos. Esta es la historia de cómo esa misión de seguridad se desvirtuó para convertirse en una entidad haciendo campaña a favor de un senador, para lograr su reelección.

El señor Wilson Javier Devia Pérez, funcionario de planta de la UNP y presidente sindical regional, es oficial de protección grado 11, con sede Bogotá. Lleva más de 10 años en la UNP más otros 11 años en el DAS, para un total de más de 21 años en las dos entidades. Un funcionario curtido.

El pasado 6 de marzo, una semana antes de las elecciones legislativas, el señor Devia envió un mensaje por WhatsApp al chat de diferentes presidentes regionales del sindicato de la entidad, denominado UTUNP.

El chat pedía una reunión, pero se convirtió en algo más.

El señor Devia decía: “Señores presidentes el día de hoy a las 8:30 se realizará la reunión desde Valledupar con el Senador Dr José Alfredo Gnecco con el fin de refrendar el compromiso frente al acompañamiento a la organización sindical en los procesos con la UNP para la vinculación a la planta de personal, por lo anterior los invito a que concurramos muy juiciosamente a dicha reunión en compañía de los directivos y comisiones de quejas y reclamos de las Juntas Directivas de cada subdirectiva”.

A los dos minutos envió un segundo mensaje solicitando confirmación de asistencia. Bastante insistente el señor Devia.

Vamos al senador. José Alfredo Gnecco Zuleta, del Partido de la U, es parte del clan Gnecco Cerchar, una familia política y parapolítica con base en Cesar y electorado en La Guajira y Magdalena.

A José Alfredo lo encierra el narcotráfico y la corrupción, todo en la sombrilla de la parapolítica. Empezando por su padre, Lucas Gnecco Cerchar, condenado por la Corte Suprema de Justicia por malos manejos de dineros públicos cuando fue gobernador del Cesar, hasta su tío, Jorge Gnecco Cerchar, fundador del paramilitarismo en el mismo departamento.

El Clan Gnecco nunca ha perdido la oportunidad de meterse en un escándalo. Por ejemplo, el expediente en la Corte Suprema contra Lucas Gnecco, padre del senador, habría sido parte de los manipulados por Luis Gustavo Moreno Rivera con el cartel de la toga.

Pero no para ahí. Hugo Gnecco Arregocés, primo del senador, fue alcalde de Santa Marta dos veces y también fue condenado por corrupción. Su hermana, Flor Gnecco, fue senadora en 2002 e investigada por presuntas irregularidades en la entrega de notarías durante el gobierno del expresidente Uribe Vélez.

El más reciente escándalo de la familia fue la relación con los protagonistas de la ñeñepolítica y la banda de sicarios de Marquitos Figueroa, un traficante de droga de La Guajira.

Todo empezó por Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, familiar y socio del Clan Gnecco, quien fue gobernador de La Guajira en 2012 y condenado a 55 años de prisión, por su responsabilidad en el asesinato de una exalcaldesa del municipio de Barrancas. Kiko era el centro de una operación criminal que mezclaba contrabando, narcotráfico y corrupción, junto con quien ha sido señalado como su jefe de sicarios, Marquitos Figueroa.

Una familia ejemplar los Gnecco y con unos socios de primera.

Y no solo es la familia. El propio José Alfredo ha tenido una experiencia y hoja de éxitos, como congresista hace nueve años que brilla por sus ausencias. Eso sí, muy juicioso para votar a favor de mantener sus privilegios, como plantear su posición en contra de eliminar los gastos de representación del salario de congresistas.

Pues volvamos a la reunión citada por el funcionario de la UNP el pasado 6 de marzo.

Cuando los diferentes asistentes se conectaron a la videoconferencia, se llevaron la sorpresa de que la reunión se volvió un evento de campaña. Allí de frente y sin sonrojarse, el senador Gnecco pidió el voto y el apoyo de cada uno de los presidentes para convencer a sus equipos y funcionarios de que tenían que votar por él.

En una grabación de la llamada se puede ver cómo otro funcionario de la UNP le pregunta: Senador, ¿cómo podemos votar por usted, explíquenos cómo debemos de votar por usted?

A lo cual el senador Gnecco juiciosamente responde: “No traje un tarjetón, pero le puedo explicar (…) Este tarjetón ustedes indican en la parte izquierda, yo les voy a enviar un video instructivo para que Wilson se los haga llegar y de tal manera no solamente ustedes se familiaricen con él sino esas personas, sus familias y todos los allegados que ustedes puedan llevarles el mensaje. En la parte inferior del lado izquierdo, van a ver el loguito del Partido de la U y lo marcan con una X”.

Wilson se los hizo llegar.

Olvidando el señor Devia que los funcionarios de la UNP tienen restringidas, según su reglamento, varias cositas en participación de política como: tomar parte en las actividades de las agrupaciones políticas, utilizar su empleo para apoyar una campaña política, intervenir en política o campañas utilizando su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, y utilizar bienes o servicios del Estado para favorecer campañas electorales.

Las incumplió todas.

Pero tampoco sorprende, ya que el señor Wilson Devia no es que se haya caracterizado por seguir la ley. Por eso ha tenido varios encontrones con la justicia que le acreditan algunos procesos penales pendientes y vigentes. Acceso carnal violento en la unidad de delitos sexuales en la Fiscalía 49, violencia intrafamiliar agravada por tratarse de menor, mujer, anciano o discapacitado, violencia de género y hurto son algunos de sus procesos.

En esta historia donde quedan muchas preguntas por responder, como por qué un congresista está utilizando a los funcionarios de la unidad para conseguir votos y por qué un escolta pasó a hacer labores de estratega de campaña, el senador Gnecco no contestó mis llamadas. El señor Devia tampoco y el director de la UNP se negó a responder correos.

Una columna donde no hay buenos, a diferencia de las muchas películas de Hollywood donde el escolta es el héroe que arriesga su vida para salvar a una persona importante. En contraste, en esta versión criolla, la misión era lograr los votos que necesitaba un clan parapolítico, poniendo contra la pared a funcionarios de la UNP y sus familias, con el fin de seguir manteniendo el poder en el Senado a los Gnecco. Misión cumplida, quedamos con el pecado y con el Gnecco.

https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/con-el-pecado-y-con-el-gnecco

*22.12.-De túneles y congresosGERMÁN VARGAS
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Roy, el efectivoAURELIO SUÁREZ
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El concepto de familia política en su contexto: deje Assis YOHIR AKERMA
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El permanente retorno de los falsos positivos CONSUELO AHUMADA
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Nobelbrecht: Odebrecht no sobornó al presidente, sino que puso presidenteALBERTO DONADIO
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Tesis descabellada: rebatir lo que le disguste al gobierno RAMIRO BEJARANO

 Margarita Cabello, jefe del Ministerio Público.

Si Duque y varios de sus ministros venían interviniendo descaradamente en la campaña electoral a través del mecanismo de controvertir todas y cada una de las propuestas de los diferentes candidatos presidenciales, en particular las de Petro, ahora la procuradora Cabello les ha concedido patente de corso para que hagan manifestaciones así rompan la neutralidad que están obligados a mantener y hacer respetar. Son las “ventajitas” de que la jefe del Ministerio Público sea alguien de las propias tropas.

10 abr 2022.- En un reportaje concedido por Margarita Cabello a El Tiempo, a la pregunta sobre si no creía que Duque intervenía en política contra el candidato Gustavo Petro, respondió con una perla. Según la procuradora, la prohibición a los funcionarios para que intervengan en “controversias políticas” se refiere a “las diferencias políticas de tipo partidista o en el marco de procesos electorales”, pero no “a la intervención en deliberaciones o discusiones sobre temas públicos” porque supuestamente ello afectaría la discusión pública “entre todos los ciudadanos”.

Mejor dicho, en plata blanca, a diferencia de la histórica llamada de atención que en su momento hizo el procurador Aramburu a Carlos Lleras cuando se le fue la lengua en la campaña que terminó eligiendo a Misael Pastrana en medio de acusaciones inolvidables de fraude, lo que ha hecho Cabello es darles carta blanca a los funcionarios para que refuten lo que les disguste de las propuestas de los candidatos. Eso no es otra cosa que volverse protagonista “en el marco de procesos electorales”, o sea intervenir en política. Hasta el fiscal Barbosa, tan propenso al abuso, se contagió de esta enfermedad y oficiando de Fico salió a regañar a Petro por haber dicho que su Fiscalía no ofrece garantías, que es lo que pensamos millones de colombianos.

Cuando conocí a Margarita Cabello en sus tiempos de destacada jurista respetaba su criterio para aproximarse a los fallos judiciales, pero como ahora se volvió política suele extraviarse interpretando sentencias, como ya le ocurrió con la de la Corte IDH, error que terminó en otro mayor al convertir en jueces a unos procuradores delegados. Ahora repite para poner en peligro la transparencia de las elecciones, pues no es cierto que la Sentencia de la Corte Constitucional C-794 de 2014 les permita a los funcionarios intervenir en política a propósito de referirse a temas de interés general de sus despachos. El daño que esta teoría sacada de la manga está causando a la democracia puede escalar a situaciones de violencia, y es allí donde la procuradora Cabello debería rectificar.

Si es grave que la Procuraduría haya abierto la puerta para que se rompa la neutralidad del gobierno en el proceso electoral, que ya está fracturada, es un verdadero desastre que la jefe del Ministerio Público y recientemente también el fiscal Barbosa olviden que el artículo 422 del Código Penal elevó a la categoría de delito la intervención en política de los servidores públicos. Que quienes se sientan a salvo de la justicia disciplinaria por intervenir en política no echen en saco roto que, si cruzan esa línea roja, tendrán que responder como cualquier delincuente.

La razón que impone a los funcionarios la obligación de no intervenir en un proceso electoral, menos por la vía de rebatir las propuestas de los candidatos opositores del gobierno, es asegurar “que el comportamiento de los servidores públicos sea imparcial y evitar el favorecimiento de un específico candidato o grupo político”.

El resultado de esta incertidumbre se traduce en que lo que resta de esta fatigante campaña electoral no oiremos a Fico haciendo planteamientos ni defendiendo al gobierno que él representa y pretende perpetuar. Si alguien debería refutar las propuestas de Petro o Fajardo, ese tiene que ser el candidato del uribismo, pero Gutiérrez es tan incapaz, desinformado y despistado que su tarea como aspirante a la presidencia la están desempeñando Duque, los ministros Palacios y Molano –sus verdaderos jefes de debate–, con abuso y atropellos que amenazan la tranquilidad. Muy pronto ya lo harán otros funcionarios escudados en la peregrina hermenéutica de la doctora Cabello.

Adenda. La insistencia del ministro de Defensa, Diego Molano, en sostener que la masacre del Putumayo fue una “operación legítima”, cuando es evidente que violaron el DIH porque fueron homicidios de personas protegidas, más que un crimen es una estupidez.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/tesis-descabellada/

22.12.-De túneles y congresosGERMÁN VARGAS

Cómo no reaccionar a la entrevista de Juan Esteban Gil. Todo un sartal de mentiras.

Juan Esteban Gil, director de Invías.

Me había propuesto no volver a mencionar al polémico director del Invías. Pero, cómo no reaccionar ante su reciente entrevista de despedida y balance en este diario. Todo un sartal de mentiras y contradicciones. No desaprovechó la oportunidad para referirse a las críticas que he hecho a su lánguida y lamentable gestión.

10 abr 2022.- Afirma el señor Gil que Colombia es una potencia mundial en la construcción de túneles. ¿Estará pensando en el túnel de La Línea? El mismo que terminó costando 5 veces más de lo presupuestado y cuya construcción duró 8 años más que los tiempos del contrato original. ¿Por qué no nos cuenta que esto ocurrió por la muy mala estructuración del proyecto hecha por él mismo? Ojalá algún día responda por su decisión de disolver el tribunal de arbitramento, donde la nación reclamaba al contratista 1,2 billones por incumplimientos y perjuicios. Y qué tal la última teoría según la cual en la construcción de túneles no se puede hablar de sobrecostos, pues la metodología es observacional. No era eso lo que pensaba cuando suscribieron el contrato del túnel de La Línea a precio global fijo.

También dijo que el Gobierno había hecho inversiones históricas en vías por 25 billones, cuando estas no llegan a la mitad en obras ejecutadas. En el gobierno anterior sí se hizo una inversión histórica por 21 billones en el Invías, entre otras, para contratar todos los túneles que ahora exhibe como resultado de su gestión.

Y qué tal cuando dice: “Nosotros implementamos el pliego tipo” y que las licitaciones tipo sastre eran la práctica en el gobierno anterior. Qué falsedad. Desde 2015, por recomendación mía, todas las licitaciones tenían pliego tipo, mucho antes de que –también en el anterior gobierno– se expidiera la Ley 1882 de enero 2018. Tampoco reconoce que en ese entonces se tomaron medidas como la creación de las salas seguras para la recepción, revisión, evaluación y calificación de las propuestas. Y, adicionalmente, se instituyó la prueba de polígrafo para todos los funcionarios que participaban en el proceso, incluidos los directivos del Invías. Me pregunto si alguna vez el señor Gil se ha sometido a alguna prueba.

Deliberadamente omite mencionar el programa Colombia Rural, donde se suscribieron 1.219 convenios interadministrativos con alcaldías y gobernaciones. Me temo que la casi totalidad de ellos se adjudicó con proponente único. ¿Quiénes serán los intermediarios de esos contratos? Pura ‘mermelada’. ¿Por qué no nos explica el señor Gil, en este alarde de transparencia, cómo fue que la empresa Meco ganó 6 convocatorias por valor de 1,2 billones estando su propietario privado de la libertad en Costa Rica?

Y dice que no conoce de ninguna irregularidad en el Invías. ¿Qué llamará él irregularidad?

En la Contraloría cursan decenas de investigaciones a esta entidad y sus directivos; 54 alertas tempranas por atrasos sustanciales en contratos por valor de 2,5 billones y varias intervenciones de la unidad de reacción inmediata por otros 690.000 millones.

Recientes informes públicos de la Contraloría exponen hallazgos fiscales por otros 50.000 millones en obras como el puente Pumarejo y el puente Hisgaura, mejor conocido como acordeón, en donde el Invías fue el asesor técnico que lo dio recibido a satisfacción.

No podíamos esperar otra cosa. Todo en el sector va al ritmo de los anuncios de la ‘Vice’ y su ministra. En estos cuatro años, la vía Pamplona-Bucaramanga presenta un avance del 12 % (grupo Solarte); la de Popayán-Santander de Quilichao (grupo Solarte), avance del 0 % y, claro, ningún proceso sancionatorio o de caducidad. Igual suerte tendrá la promesa de entregar el km 58 de la vía a Villavicencio. ¿Y en qué terminará el compromiso sobre la entrega de 20 concesiones 4G el 7 de agosto? Me temo que en nada.

La ‘Vice’ también anunció la apertura de la licitación para el canal del Dique en diciembre. Pero la abrió en marzo y dice que la cerrará el 24 de junio y la adjudicará el 3 de agosto. Todo esto me recuerda mucho la contratación de la Ruta del Sol. Y ya sabemos en qué terminó.

Si Colombia tiene la osadía de celebrar un congreso mundial de túneles, propongo que convoquemos también uno de seguridad vial y, por qué no, uno de justicia y, para rematar, uno de cárceles.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/de-tuneles-y-congresos-columna-de-german-vargas-lleras-664287

22.12.-Roy, el efectivoAURELIO SUÁREZ

Por tanta “efectividad”, en nombre de la “izquierda” como mano derecha de Petro, el Legislativo el 20 de julio de 2022 quedaría en sus manos.

Senador Roy Barreras.

No hay político en ejercicio sobre el que se hayan escrito más columnas y notas periodísticas, relacionadas con redes de corrupción y desaguisados, que Roy Leonardo Barreras Montealegre. Es una historia semioculta tras el transfuguismo, desde el Nuevo Liberalismo en su natal Cali a Cambio Radical, al uribismo, al santismo de la U y al petrismo en menos de 20 años. 

9 abr 2022.- No son agresiones de una orilla del espectro, sino denuncias de autores y portales desde todas. Las inició SEMANA (Coronell, 2009) con el título “El Iscariote” y a vuelo de pájaro se encuentran en La Silla Vacía, Cuestión Pública, Las 2 Orillas, La Otra Cara, Vorágine, Blu Radio, Politika, Los Irreverentes y El Expediente, y reseñas en medios como El Tiempo, El País y otros.

Versan sobre cómo Barreras tras bambalinas y valido de “fichas”, “socios” o “calanchines”, según se les llama, devora las mermeladas que le sirven. Son personas como Giovanni Chamorro, secuaz por muchos años, en la Esap (La Silla Vacía), o Mario Andrés Urán, a quien puso en Caprecom para la compra centralizada de medicamentos no POS viniendo de la gerencia de la multinacional Roche (Vorágine), o Julián Andrés Restrepo, su exsecretario, quien con una empresa, Cleaner, acumula 63 contratos de aseo, 60 a dedo, en entidades públicas entre 2013-2019 (Cuestión Pública), entre ellas 130 cárceles donde Caprecom servía (El Tiempo), o el íntimo, negociante y depositario de hospitales de Caprecom y Girardot, Miguel Ángel Duarte, quien se lanzó por las de SaludCoop en liquidación en la aciaga gestión de Guillermo Grosso (La Otra Cara-Las 2 Orillas).

Las acusaciones atañen a Caprecom, SaludCoop y la Esap con el modus operandi de convenios interadministrativos o contrataciones con fundaciones sin ánimo de lucro. En la Esap, a 15 de estas entidades de Cali se les contrataron para disímiles objetos por 13.000 millones de pesos. A Edured, institución de centros de educación superior pública del Valle, en 2018 y 2019 (Duque le dejó el control un rato), le asignaron 23.000 millones de pesos “para organizar eventos”.

Estos casos en la Esap, denunciados en detalle por veedores, se están investigando en la Corte Suprema de Justicia en el despacho del magistrado Farfán Molina y cobijan a Roy por “posible participación en actos de corrupción”.

A Barreras le rinde el ajetreo. En un apartamento donde domicilian dos empresas de papel, Barreras y Cía. S. A. S. y la Clínica Médica Biológica Barreras Ltda., vigentes en la Cámara de Comercio de Cali, en la calle 38 N # 4 N-140, barrio La Flora (ver documentos), una banda le hurtó 1.200 millones de pesos en efectivo, como declaró alias Pinocho ante los jueces (SEMANA 6/4/2016). Pese a que Barreras lo negó, andar con efectivo le es habitual, como se evidenció con el maletín olvidado en el Hotel Ópera con “fajos de billetes de $10.000 y un sobre sellado” (El Tiempo 28/8/2021).

Quizás Roy pagó la deuda por 450 millones de pesos que consignó en la declaración de bienes y rentas de 2017 con Jorge Eduardo Amézquita (ver documentos), constructor de cinco grandes proyectos viales en Cali por 96.000 millones de pesos. Aunque con “incumplimientos y cesiones de contratos”, recibió adiciones por otros 57.000 en la administración Ospina, bien cercana a Barreras (Caliescribe.com). Amézquita es nombrado en las denuncias del “carrusel” de la Esap, entidad al mandato de Barreras desde 2014 con Alejandro Larramendi, Claudia Marcela Franco y en 2018 con Chamorro cuando hubo déficit, contratación desbordada y los gastos anuales crecieron 20 por ciento (CGR-auditoría).

También finca raíz. Según Supernotariado, Barreras tiene bajo su titularidad casas, lotes y apartamentos en Cali y Bogotá, uno en conjunto con su actual esposa, Gloria Arizabaleta, exasesora de la subdirección de Caprecom y representante electa por el Pacto Histórico. Avaluadores consultados los estiman en cerca de 7.000 millones de pesos en el mercado inmobiliario, escrituras casi todas posteriores a 2010 (Ver documentos).

Éxito empresarial. Se sabe socio de cuatro firmas vigentes: La Clínica con cero empleados, dos de tipo familiar y la más reciente, Plataforma Nelmona SAS, donde tiene 57,8 por ciento de 1.750 millones de pesos en activos (ver documentos) y sin conocerse eventuales inversiones en el exterior. La declaración de renta de 2018 confirmó que ya era adinerado: patrimonio bruto de 5.020 millones de pesos y deudas menores a 9 por ciento, e ingresos brutos, ordinarios y ocasionales por 2.625 millones. ¿Es fruto de los años en la política? (Ver documentos).

El efectivo Roy se lució como rescatista de cuatro curules en el Senado para el Pacto Histórico y oficia como puente político con César Gaviria y otras fuerzas. Por tanta “efectividad”, en nombre de la “izquierda” como mano derecha de Petro, el Legislativo el 20 de julio de 2022 quedaría en sus manos.

https://www.semana.com/opinion/articulo/roy-el-efectivo/202200/

22.12.-El concepto de familia política en su contexto: deje Assis YOHIR AKERMAN

Andrés Amaya Rodríguez y Daniela Assis Fierro

Esta es una historia familiar. Una columna para analizar el árbol genealógico y las conexiones políticas que nacen de matrimonios amorosos. Y de matrimonios políticos. 

10 abr 2022.- Sigamos con la pareja conformada por el exgobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, y la exseñorita Córdoba, Daniela Assis Fierro.

Tal y como lo expuso en sus redes sociales el líder del Partido Verde, haciendo el famoso juego de “cómo empezamos” y “cómo vamos”, la relación entre Amaya y Assis empezó el 14 de mayo de 2016. En esa fecha el entonces gobernador le escribió una carta a Daniela diciéndole “la médico más hermosa del universo y sus alrededores”.

Pero entre cómo empezó y cómo van, pues van muy bien, ya que acaban de celebrar su cuarto aniversario el pasado 7 de abril. Aniversario de cuando se casaron en una extravagante boda, con más de 3.000 invitados, en la plaza de Villa de Leyva, como emulando su famoso Festival de las Luces. Y sí, se les fueron las luces, porque desde entonces han pasado varias cosas que merecen la atención.

La primera es la que mencioné en mi columna pasada: la llegada de extraños subcontratistas del departamento de Córdoba para ganar contratos en Boyacá, lo que generó una investigación por parte de la Contraloría, por un presunto cartel fantasma de estudiantes.

Como me lo aclaró el exgobernador Amaya en comunicación directa, el pasado 24 de marzo, la Contraloría General ordenó archivar la investigación por manejo de anticipos y destinación de recursos en el contrato que se ganó la Fundación Obras y Servicios Sociales de Colombia “S.O.S.” de Lorica, Córdoba, para un contrato de servicios educativos y alfabetización para la tercera edad en Tunja, Boyacá.

La Contraloría ordenó desvincular al exgobernador Amaya del proceso de responsabilidad fiscal, pero estableció que sigue existiendo un daño fiscal por 114 millones de pesos, por los cuales se tiene que responder. El caso sigue ante la Fiscalía.

Este no es el único hecho que se ha denunciado en la región, con respecto a la súbita cercanía que se generó entre contratistas de Córdoba y el erario de Boyacá. Existen acusaciones de que Amaya intentó cambiar el personal médico del hospital regional de Sogamoso para traer médicos de Córdoba, argumentando que estos eran más profesionales y menos costosos.

O que los Paes en Duitama, Sogamoso y Paipa, intentaron entregárselos a diferentes fundaciones basadas en Montería. Para el afamado investigador Carl Langebaek, el templo del Sol en Sogamoso era el centro del universo para los muiscas. Al parecer, para Amaya el talento de sus herederos no da la talla, por eso toca traer teguas de los alrededores. Pero esas son denuncias que merecen una profundización en próximas columnas.

Por ahora centrémonos en esta idílica historia familiar. Como se ha dicho antes, la esposa del exgobernador Amaya, Daniela Assis, es prima hermana del defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, oriundo de la ciudad de Montería, quien tiene nexos bastante cercanos con el clan García Pineda de ese departamento.

Carlos Camargo Assis está casado con María Paulina Pineda García, hija de la senadora conservadora Nora María García Burgos.

En 2006 Nora García llegó como fórmula a la Cámara de Representantes del excongresista conservador Julio Manzur Abdalá, cuando obtuvo un poco más de 18.000 votos. Esto le sirvió para impulsar en 2009 la victoria de su hijo Marcos Daniel Pineda García en la alcaldía de la capital departamental, Montería. Si este entramado le parece tan complejo al lector como un tejido de cañaflecha, o de lana boyacense, ya va entendiendo.

Desde ahí, el poder electoral de García ha coincidido con las victorias en las elecciones a la Alcaldía de Montería. En 2010 dio el salto al Senado y triplicó su votación y, posteriormente, en 2018, la senadora García se posicionó como la baronesa electoral de Córdoba, siendo la mujer más votada de su partido y del departamento.

En ese momento le regresó el favor a su aliado político Julio Manzur, condenado por parapolítica y procesado ante la JEP, quien la llevó al Congreso en 2006. Para eso puso a su hijo Wadith Manzur como su fórmula en Cámara de Representantes, quien obtuvo la votación más alta en el departamento, pese a no tener ninguna experiencia política. ¿Nos sorprende? No nos sorprende.

Por su parte, Nora García está siendo investigada por sus nexos políticos con los cabecillas paramilitares Ernesto Báez y Julián Bolívar.

Volvamos a Camargo.

El hoy defensor del pueblo inició su carrera como miembro de la oficina del exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Eduardo Pretelt Chaljub, condenado por el caso del cartel de la toga. Quizás deberíamos rebautizarlo como de la ruana.

Posteriormente Carlos Camargo Assis ingresó a la Universidad Sergio Arboleda como docente, aunque ya sabemos cuáles son los estándares éticos de esa institución, que devienen de su rector. Por un corto periodo Camargo compartió la institución con el presidente, Iván Duque y con nuestro gran fiscal, de quien podría depender la suerte de Amaya.

En 2018, el valor de la Sergio Arboleda se dejó ver, y gracias al apoyo político y a la influencia directa del presidente Duque, Carlos Camargo Assis fue nombrado como director de la Federación Nacional de Departamentos, FND. Allí se vio involucrado en múltiples acusaciones de corrupción, al hacer uso de los recursos de la entidad para cubrir gastos personales.

No solo eso. Camargo les dio múltiples contratos a familiares de magistrados, que incidían en la elección del siguiente registrador, aprovechando su posición de director de la organización que reúne a los departamentos, pues aspiraba a quedarse con ese puesto.

Pero eso, como diría él, salió mal.

En ese momento, en agosto de 2019, varios gobernadores se reunieron en Paipa, Boyacá, para expresar su molestia con Camargo, por utilizar los dineros de los departamentos para impulsar aspiraciones personales. Por esos hechos, varios mandatarios pidieron su renuncia. Pero la campana en forma de familia, y de política, o de familia política, lo salvó.

El entonces gobernador Carlos Amaya, esposo de la prima de Camargo, encontró una astuta solución y fue a pedir que Camargo renunciara a su candidatura a registrador, y que le dieran un plazo de dos semanas para presentar un informe de su gestión como director de la FND.

Gracias a ese salvavidas, cual ruana protectora, Camargo pudo tomar un aire momentáneo y desistir de la Registraduría. Pero aterrizando en la Defensoría del Pueblo, a hacer lo mismo. Actualmente hay un escándalo por los casos de clientelismo, en los cuales Camargo Assis nombra en cargos dentro de la entidad a cercanos, concede contratos a personas cuestionadas política y disciplinariamente y a amigos cercanos a su círculo político, incluyendo a personas sin experiencia ni formación suficientes para cada cargo. No salió tan mal para él, pero sí para el pueblo. Y para el país.

Pero los favores no funcionan de un solo lado. No.

Luego de que Carlos Amaya termina su paso por la Gobernación de Boyacá, es elegido su socio y aliado, Ramiro Barragán Adame, del mismo Partido Verde. No se demoró mucho para que en el cargo de asesor del defensor del pueblo nombraran a José Héctor Barragán Adame, hermano del gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame y aliado de Amaya.

Sin embargo, la elección como gobernador de Barragán se vio viciada, ya que Amaya, durante su periodo como gobernador de Boyacá, nombró encargado al entonces secretario general de la Gobernación, Ramiro Barragán, para reemplazarlo durante una de sus varias salidas al extranjero. Dicho nombramiento se dio dentro del periodo que señala la ley como inhabilidad para inscribirse como candidato a elecciones.

Por esta razón, la elección de Barragán Adame fue demandada por nulidad ante el Consejo de Estado. Pero los chalecos salvavidas en forma de ruana, familiares y políticos, entre Amaya y Camargo, volvieron para no dejar ahogar a nadie.

La demanda quedó en manos de la magistrada Rocío Araújo Oñate, quien había sido una de las beneficiarias de la contratación irregular concedida por Carlos Camargo Assis a su paso por la FND. Este favoreció a Liliana del Rocío Araújo Oñate, hermana de la magistrada Rocío Araújo, con un contrato por 70 millones de pesos.

Como era de esperarse, la demanda de la elección del gobernador Barragán falló a favor del socio de Carlos Amaya, amigo y familiar político de Carlos Camargo Assis. En un proceso durante el cual se presentaron varias irregularidades jurídicas. De nuevo, una situación que evidencia cómo se pusieron las instituciones de ruana, todo para favorecer sus intereses personales y familiares. Nunca antes el concepto de familia política había tenido tanto contexto. Por eso, mejor, deje Assis.

https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/deje-assis

22.12.-El permanente retorno de los falsos positivos CONSUELO AHUMADA

La operación del Ejército en una reunión comunal en Puerto Leguizamo dejó 11 muertos y las alarmas prendidas por los líderes de las comunidades más vulnerables

Habitantes del Putumayo reunidos con la Defensoría del Pueblo. Foto: Defensoría del Pueblo 

A cuatro meses de finalizar su mandato, frente a una derrota inapelable en las parlamentarias y a la perspectiva cierta de un cambio de rumbo en la Casa de Nariño, el gobierno del Duque acentúa una tendencia nefasta, marcada por “los falsos positivos” y otras prácticas de corte fascista. Son la expresión más representativa del legado de Uribe. 

5 abr 2022.- Pero no son solo crímenes denunciados y probados una y otra vez, sino toda la parafernalia para esconderlos o minimizarlos. Estigmatización de las víctimas, montajes, libretos repetidos por los grandes medios, amenazas abiertas o soterradas a líderes y lideresas, periodistas, jueces, son la constante.

En territorios y ciudades, el deterioro del orden público aterra. La razón principal es la decisión del gobierno de sabotear el Acuerdo de paz y su insistencia en culpar al narcotráfico en abstracto.

Las conexiones entre altos mandos militares, algunos en retiro, y el llamado Clan del Golfo han sido objeto de denuncia permanente. En el caso del Chocó, en ello vienen insistiendo desde las autoridades eclesiásticas hasta los alcaldes locales, que no entienden la pasividad militar frente a estos grupos. La crisis humanitaria se expresa allí en desplazamientos y confinamientos permanentes, ante la indiferencia del gobierno central.

Pero nos ocupa ahora un episodio reciente, sucedido al sur del país. El lunes 28 de marzo el Ejército incursionó en la vereda del Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en una reunión comunal. Dejó un saldo de 11 muertos, entre ellos un joven de 16 años, el presidente de la Junta de acción comunal y su esposa y el gobernador indígena del Pueblo Kitcwhwa, Pablo Panduro Coquinche, reconocido líder ambiental y social.

De inmediato, en una acción previsible, el ministro de Defensa justificó la acción criminal como un operativo cuidadosamente preparado contra las disidencias de las Farc, que en efecto se mueven en la región. Según él, las personas “neutralizadas” serían el resultado del enfrentamiento con uno de estos grupos.

En el mismo sentido, aunque con mayores bríos, se pronunció también el comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, tan cuestionado por sus oscuros vínculos. Señaló que la planeación y ejecución de la operación tardó 15 días y contó con un asalto aéreo y una infiltración en el sitio durante los 10 días previos.

Como en tantas otras ocasiones, la comunidad y los medios de prensa locales contradicen la versión oficial

Sin embargo, como en tantas otras ocasiones, la comunidad y los medios de prensa locales contradicen la versión oficial. Un informe que ha circulado profusamente por las redes recoge testimonios de habitantes de la vereda y de familiares de los muertos. Se dice allí que el Ejército entró disparando sin previo aviso, asesinando a sangre fría a personas que se encontraban en un bazar.

Según el informe, varias personas trataron de huir del lugar, por tierra y agua, pero algunas fueron rematadas por miembros del Ejército. Los heridos murieron sin que los militares atendieran sus llamados de auxilio ni permitieran el ingreso de sus familiares.

Se produjo también el desplazamiento hacia Ecuador en un número no establecido de personas, en busca de refugio. Por ello, se advierte del subregistro de quienes desaparecieron como consecuencia del ataque.

Los relatos de los testigos señalan además que los militares intentaron manipular la escena del crimen. Pusieron fusiles para justificar que los muertos pertenecían a los llamados «comandos de frontera». Según Álvaro Rivadeneira, líder indígena de la zona y amigo del gobernador asesinado, la gente venía trabajando desde hacía tres semanas en los bazares comunitarios que realizan cada vez que requieren recolectar dinero para resolver las necesidades de las comunidades.

La OPIAC (Organización Nacional Indígena de la Amazonia Colombiana) refiere que la comunidad asegura que el Ejército activó explosivos para destruir las evidencias y evitar el reconocimiento de los cadáveres.

Se informa también que el levantamiento de los cuerpos lo hizo el Ejército y no la Fiscalía, lo que impediría esclarecer los hechos.

De nuevo se encendieron las alarmas en el país y entre la comunidad internacional por la suerte de los líderes y lideresas sociales y las comunidades más vulnerables. Claramente, es un operativo con carácter intimidatorio. La gente se desplazó masivamente hacia otras cabeceras municipales y resguardos por temor a las represalias.

Los bombardeos del ejército a supuestos campamentos de las disidencias en Caquetá y Guaviare, en los que fueron asesinados niños y niñas reclutados a la fuerza, fueron un precedente escandaloso de los últimos dos años.

Por último, el desespero frente al futuro inmediato del país, por parte de quienes defienden la guerra y el despojo, es notorio. En un artículo reciente, el exministro Gabriel Silva hace referencia a una reunión de Uribe con altos mandos militares, retirados pero poderosos, dignos representantes del sector “tropero”, tan afín al expresidente.

Señala que la sola perspectiva del triunfo electoral de Gustavo Petro los tiene temblando, al tiempo que se activa el ruido de sables: “De las instalaciones militares salen toda clase de mensajes, memes, pronunciamientos, ataques viscerales, que no anticipan nada bueno”, afirma.

Pero para voltear esta página, necesitamos el triunfo del gobierno del cambio y del vivir sabroso.

https://www.las2orillas.co/el-permanente-retorno-de-los-falsos-positivos/

22.12.-Nobelbrecht: Odebrecht no sobornó al presidente, sino que puso presidenteALBERTO DONADIO

 

La entrevista fue muy extensa. Setenta y tres minutos en radio es mucho tiempo. Eso duró el diálogo esta semana en W Radio entre el exfiscal Néstor Humberto Martínez y Daniel Coronell. Lástima que no se aclaró un punto esencial sobre el escándalo de los sobornos de Odebrecht. Coronell preguntó por qué en Perú se demostró que cuatro expresidentes recibieron sobornos y en otros países se les pagaron a varios ministros y, en cambio, en Colombia el caso no llegó a un nivel tan alto. NHM afirmó que en Colombia se comprobaron coimas a dos viceministros y a 11 congresistas, y explicó que los sobornos no llegaron a presidentes ni expresidentes ni al gabinete porque los funcionarios de Odebrecht no confesaron esos hechos. Pero NHM calló una verdad.

9 abr 2022.- Gracias a las investigaciones de sus fiscales se comprobó que los pagos ilícitos de Odebrecht los recibieron parlamentarios del partido de Juan Manuel Santos que se vendieron a la multinacional y que luego fueron fundamentales para el triunfo de Santos en la segunda vuelta en 2014. Los dos más conocidos son el senador Bernardo Elías, alias el Ñoño, y el senador Musa Besaile, ambos de Sahagún. Es decir, hubo un outsourcing o una tercerización de la corrupción de Odebrecht en el Gobierno Santos porque las comisiones no las recibieron ni el presidente ni el gabinete, sino congresistas del partido de Gobierno, pero los actos corruptos y venales a favor de la multinacional sí se dieron, con el mismo efecto que se consiguió en Perú sobornando directamente al jefe del Estado. El Ñoño confesó que “prestó su concurso al conglomerado económico con el propósito de consolidar su actividad en el país, con intervención directa ante diferentes entidades y funcionarios, aprovechando la condición de congresista”.

El Ñoño, que viajaba al lado de Santos en el avión presidencial, también aceptó la siguiente acusación: “El senador Elías asumió la función de agilizar los trámites para sacar avante en un tiempo récord la adición del contrato en las condiciones económicas favorables exigidas por la concesionaria, lo que le generó dividendos equivalentes al 2 por ciento del valor del mismo”. Esa coima del 2 por ciento significó, en dinero contante y sonante, la entrega al Ñoño de 17.900 millones de pesos, según la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que lo condenó. Citando a Otto Bula, pagador de los sobornos recibidos por el Ñoño, la Corte afirmó que el Ñoño reclamaba el dinero en 2014 “con urgencia porque era época electoral y lo requerían para la campaña Santos Presidente”. Santos perdió frente a Óscar Iván Zuluaga la primera vuelta el 25 de mayo de 2014 por 458.000 votos. El 15 de junio de 2014, durante la segunda vuelta electoral, Santos remontó esa cifra en contra y superó a Zuluaga por una ventaja de 911.000 votos. ¿Dónde barrió Santos? En varios departamentos, entre ellos, tres que eran feudos del Ñoño: Córdoba, 63 por ciento para Santos, 34 por ciento para Zuluaga; Sucre, 60 por ciento de Santos vs. 38 por ciento de Zuluaga; La Guajira, 71 por ciento de Santos contra 27 por ciento de Zuluaga. Así lo consigné en mi libro Nobelbrecht, sobre Santos y los sobornos de Odebrecht.

¿Por qué en la entrevista calló Néstor Humberto Martínez sobre estos hechos que favorecen su gestión como fiscal general? Porque él fue puesto por Santos en la terna para fiscal, porque antes de ser fiscal estaba al lado de Santos en la Casa de Nariño como ministro de la Presidencia, y porque cuando NHM relanzó su bufete de abogado en alianza con el expresidente del Gobierno español José María Aznar, el invitado especial a ese acto fue Juan Manuel Santos. NHM es un abogado muy inteligente, pero no un abogado independiente. Tiene la lengua hipotecada por sus compromisos políticos y económicos.

Se puede concluir que fueron más nocivos los sobornos en Colombia que en Perú. En Perú, como aquí, sirvieron para que Odebrecht, a cambio de dinero, obtuviera la adjudicación de contratos. Pero solamente en Colombia sirvieron adicionalmente para obtener un resultado electoral ilícito a favor del presidente, que no los recibió en efectivo, pero que sí se lucró políticamente con ellos gracias a los congresistas de su partido que lo hicieron reelegir en la segunda vuelta.

En Perú, los sobornos no influyeron en las urnas. En Colombia fueron empleados indirectamente para favorecer a uno de los dos candidatos. Ernesto Samper Pizano es el único expresidente al que se le achaca la utilización de dineros sucios para ganar en segunda vuelta. Pero Santos tiene el mismo pecado. No fue apoyado por un cartel del narcotráfico, sino por un cartel internacional de la corrupción. Y eso se comprobó gracias a las pesquisas desplegadas por los fiscales de Néstor Humberto Martínez, aunque él no quiera resaltar ese resultado. En Colombia, Odebrecht no sobornó al presidente, sino que puso presidente.

https://www.semana.com/opinion/articulo/nobelbrecht/202244/

*22.11.-De la que nos salvamosGERMÁN VARGAS
*
Colombia en los mares ALBERTO DONADIO
*
“Necesidades del servicio” o prevaricato en la Fiscalía CECILIA OROZCO
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Debajo de la ruana YOHIR AKERMAN
*
Qué asco RAMIRO BEJARANO

Es urgente poner control a los fiscales generales que llegan a ese empleo y se sienten dioses capaces de definir el domicilio de sus subalternos que no hacen caso. Si esto no cambia, lo mejor sería cerrar de una vez por todas esa cueva de Rolando en la que Barbosa convirtió la Fiscalía y de paso la universidad experta en intrigas. Tuvo razón la fiscal Monsalve. ¡Qué asco! 

La Fiscalía está en graves problemas desde cuando Néstor Humberto Martínez (NHM) asumió como fiscal y desde cuando de ella se adueñaron la Universidad Sergio Arboleda (USA) y su nefasto rector, Rodrigo Noguera (RN).

3 abr 2022.- Fueron notorias las dificultades que tuvo que enfrentar NHM siendo cabeza de la Fiscalía por sus relaciones profesionales como litigante, algunas de las cuales mancharon su gestión. Hoy todavía gravita la duda mortal de que NHM no renunció porque se le antojó sino por las crecientes disputas que tuvo que enfrentar en distintos escenarios, las cuales no pudo solucionar a pesar de estar apoyado por multimillonarios empresarios, influyentes medios de comunicación y hasta destacados líderes de opinión.

NHM atribuyó su retiro como fiscal invocando que no estaba de acuerdo con la orden de la JEP de liberar a Santrich y se puso a salvo de unos fuetazos, lo cual no es extraño porque él es hábil estratega y baquiano en esas tempestades, como lo había demostrado cuando siendo ministro en la presidencia de Andrés Pastrana y estando ad portas de caerse por una moción de censura también renunció a última hora. A pesar de todas esas peripecias le fue muy mal a NHM, pero más a la propia Fiscalía que desde entonces perdió credibilidad, mal que bajo la administración de Barbosa se ha multiplicado.

Todo lo sucedido bajo el reinado desastroso de Barbosa es grotesco, dramático y preocupante. Las revelaciones del columnista Daniel Coronell sobre lo que no es otra cosa que un vulgar y criminal tráfico de influencias son apenas la punta del iceberg del derrumbe de la Fiscalía, muy a pesar de hombres y mujeres probos que en condición de fiscales y técnicos le ponen el pecho y el alma a esa institución. En los pasillos de la Fiscalía se respira hoy un ambiente de indignación con lo revelado, porque la inmensa mayoría de sus funcionarios repudian y son ajenos a esa trapisonda tejida en la cúpula y en las sofisticadas poltronas de la cueva del fascismo, la USA.

En efecto, si a NHM, a la Fiscalía y a Barbosa les fue mal en este episodio ruin, todavía más al indecoroso e intrigante rector, RN, a quien oímos en un audio en el que quedó en evidencia que él y su hija presionaron a la fiscal delegada ante los jueces del Circuito de Bogotá, Angélica Monsalve, para favorecer a unas personas que —vuelve y juega— resultaron ser también recomendadas de NHM, petición inmoral y delictuosa a la que ella no accedió.

Al mejor estilo de las venganzas de la mafia que ni perdona ni olvida, a la valerosa fiscal Monsalve se le vino el mundo encima y por eso lo que le está sucediendo es patético y peligroso. Nombrada por NHM por obligante recomendación del rector Noguera, luego este acudió a ella seguramente creyendo que podía cobrarle el favorcito de haberla metido en la Fiscalía, y como ella se negó, no solo la trató de “ridícula” sino que por arte de magia la trasladaron al Putumayo. Barbosa cree que enmienda esta bochornosa represalia dejando en manos de Monsalve el expediente de marras, pero para que lo tramite “cómodamente” desde el Putumayo.

No se había visto que un ex fiscal general y el rector de una universidad privada emparentada con Dios y por todos los lados con este gobierno corrompido de Iván Duque, que además la ha enriquecido, terminaran involucrados en una extravagante agenda de saboteo a la independencia y autonomía de los fiscales. Los alumnos de ese centro universitario tienen que estar estupefactos al oír las reflexiones de su rector sobre cómo es que funciona el mundo, el suyo por supuesto.

Es urgente poner control a los fiscales generales que llegan a ese empleo y se sienten dioses capaces de definir el domicilio de sus subalternos que no hacen caso. Si esto no cambia, lo mejor sería cerrar de una vez por todas esa cueva de Rolando en la que Barbosa convirtió la Fiscalía y de paso la universidad experta en intrigas. Tuvo razón la fiscal Monsalve. ¡Qué asco!

Adenda. Asesinan a 11 campesinos en el Putumayo, uno de ellos presidente de una Junta de Acción Comunal. Sus deudos indignados y la comunidad en general rechazan la versión de las Fuerzas Militares que señala a las víctimas de pertenecer al Frente 48 de las disidencias o “Comandos de la Frontera”. Si eso no es un “falso positivo”, sí es lo que más se le parece.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/que-asco/

22.11.-De la que nos salvamosGERMÁN VARGAS

No tenemos un sistema electoral confiable, hay un enorme desgaste reputacional e institucional.

Semanas antes de las elecciones de Congreso se prendieron muchas alarmas sobre el proceso electoral. En foro promovido por este diario se hicieron serios señalamientos sobre la organización de los comicios y sus responsables. Las respuestas fueron contundentes: estamos blindados, tenemos planes concretos de contingencia y suficiente capacidad institucional para afrontarlos. Cómo no. Tenía razón Andrés Pastrana cuando formuló reparos a la Registraduría y a sus contratistas. Nadie le paró bolas.

3 abr 2022.- Lo cierto es que todo salió mal: el registrador había anticipado, para curarse en salud, que en esta ocasión los resultados se demorarían más de lo previsto, pero que todo se justificaba por una mayor seguridad y confiabilidad. Pero ni lo uno ni lo otro se consiguió. En la lista de temas para revisar habrá que comenzar por el mal diseño de los formularios E-14, que recogen la información de los votos en las mesas. Este problema jamás se había presentado.

Luego vinieron la selección y designación de jurados, donde fueron reemplazados sin explicación alguna quienes venían desempeñándose por años en este servicio. El proceso de capacitación tampoco funcionó.

De allí en adelante todo resultó peor. El ‘software’, el proceso de digitalización, la transmisión de la información del preconteo, su transparencia y confiabilidad.

Ni qué decir de la idoneidad de los funcionarios de la Registraduría. Nunca se había visto una politiquería igual en la designación de decenas de delegados departamentales, municipales y auxiliares encargados de vigilar las votaciones.

¿Cómo es posible que de 112.000 mesas electorales se hubieran presentado problemas en 23.000? Y podrían ser muchas más, por el número sin precedentes de reclamaciones.

¿Qué pasó con la auditoría integral? ¿Cuándo se conocerá un informe confiable?

Al contrario de lo que sostiene el Gobierno, quedó en evidencia que no tenemos un sistema electoral confiable. En lo que sí coincido con el Presidente es en el enorme desgaste reputacional e institucional. ¿Cómo pudimos llegar a esta situación cuando estábamos advertidos?

Y lo que faltaba, el desconocimiento de la ley cuando el Gobierno y la Registraduría ofrecieron un ilegal reconteo total para realizarse 7 días después de las elecciones. Deberían saber que esta instancia no está consagrada en la ley, que prevé pasos preclusivos en todas las etapas del proceso. ¿Se imaginan en qué estaríamos? Qué tal el país en vilo durante un mes o más mientras quién sabe quiénes y de qué forma recontaban 112.000 mesas. Sorpresas permanentes, todos los días una nueva composición del Congreso. Bueno, seguimos en esas. Algo jamás visto.

Todo lo ocurrido me lleva a una necesaria reflexión sobre el nuevo Código Electoral. Lo primero sea decir que en buena hora la Corte Constitucional se abstuvo de validarlo. Un Código tramitado a las carreras, de manera inconstitucional y que ha sido objeto de numerosas críticas, todas válidas y que espero la Corte atienda para dar sepultura a esta muy inconveniente ley.

Qué cinismo el del registrador cuando en la mesa de garantías electorales advirtió que nada de lo ocurrido hubiera sucedido de haber entrado en vigencia la reforma.

Yo me pregunto si a todo lo acontecido se hubiera sumado en estas elecciones la entrada en vigor de las normas del proyecto original, e incluso del aprobado de reforma del Código Electoral. Por ejemplo: ¿qué hubiera ocurrido si se hubiera podido ejercer el derecho al voto sin presentar la cédula de ciudadanía en aquellos lugares donde se hubiera habilitado el sistema biométrico? ¿Se imaginan las modalidades de voto no presencial, voto remoto por internet o voto electrónico mixto? ¿O la de voto anticipado? ¿O sin concurrir a ningún puesto electoral? ¿Y la del voto anticipado electrónico y la del voto a domicilio? No quiero ni pensarlo.

En este tema se equivocó el Gobierno avalando lo que en su momento llamé “el adefesio”, y además enviando mensaje de urgencia para su trámite. De la que nos salvamos. Rescato de positivo que ahora la Corte podrá tener mejores elementos de juicio para declarar la inconstitucionalidad del referido Código.

La pregunta que queda es si tenemos las suficientes garantías y seguridad para la elección presidencial, y más ante un resultado que se pronostica muy estrecho.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/de-la-que-nos-salvamos-columna-de-german-vargas-lleras-662705

22.11.-Colombia en los mares ALBERTO DONADIO

Por la colección de intrigas, errores, falta de planeación y otros pecados que cuenta Sierra, hay que reconocer que la Flota mercante grancolombiana fue fiel en los mares a lo que sucede en Colombia en tierra firme.

 

El buque hacía agua. Era de noche en el océano Pacífico, a 1.000 millas de Hawái. El cuarto de máquinas estaba inundado. Una bomba descargaba agua al mar, pero era más la que entraba. En el puente de mando del buque Ciudad de Pasto nadie entendía qué estaba pasando. El SOS lanzado por la nave fue recibido en el guardacostas de Hawái, que se comunicó por teléfono con la Flota Mercante Grancolombiana en Bogotá. El agua llegó a la altura de los generadores de corriente.

2 abr 2022.- Hubo que apagarlos. El generador de emergencia no arrancó. El buque quedó a oscuras. Al tercer día, el capitán y el primer oficial se lanzaron al mar en un bote salvavidas. Fueron rescatados. Un avión del servicio de guardacostas lanzó botes. Los demás tripulantes abandonaron la nave. Solamente quedaron a bordo dos marinos y el segundo oficial, Jorge Restrepo. Activaron el generador de emergencia y se comunicaron vía satélite con Bogotá. Era el 4 de febrero de 1992, hace 30 años.

Según Restrepo, el golpe de una ola rompió la lámina de acero del casco por la amura de estribor. Amura es el costado donde el buque se estrecha para formar la proa. Cuando el capitán y el primer oficial llegaron a Hawái, los entrevistaron los agentes de la Flota. Se supo la verdad. El ancla de estribor, que debe estar asegurada, se había soltado y al golpear el casco lo rajó a la altura de la cámara del propulsor transversal. Por esa fisura entró el agua. Dos remolcadores condujeron el Ciudad de Pasto a Los Ángeles. El buque entró al puerto como un fantasma, sin luces, escorado o ladeado, cuenta Guillermo Sierra Barreneche en el libro que acaba de publicar con la asesoría del periodista Pastor Virviescas: Gloria y naufragio de un coloso, de itabooks.com.

El ingeniero Sierra, oficial de la Escuela Naval en Cartagena, trabajó 32 años en la Flota Mercante Grancolombiana, los últimos seis como gerente de buques. Es encomiable que el autor, en un libro de memorias personales, editado por él mismo, no por una gran editorial, haya incluido un repertorio de chambonadas e ilícitos que de otra manera no se habrían conocido nunca. La compañía de seguros declaró el Ciudad de Pasto pérdida total. Fue vendido como chatarra. Son tantas las chapucerías y desaciertos que Sierra conoció dentro de la FMG que por momentos el lector piensa que, por más inverosímil que sea la historia que está leyendo, siempre queda faltando otra sorpresa increíble a medida que se va desgranando el relato. Sucedió con el Ciudad de Pasto. El segundo oficial, Jorge Restrepo, reclamó 4.500 millones de pesos en demanda que presentó en Cartagena.

Alegaba que, según las leyes sobre bienes abandonados en el mar, él era el dueño del buque. La demanda no prosperó. Tampoco prosperó el Crucero Express, un buque de pasajeros que en 1994 entró en servicio entre Cartagena y Cristóbal en Panamá. Con 150 tripulantes, tres restaurantes, dos casinos, dos bares, dos orquestas y capacidad para 750 pasajeros y vehículos, contaba además con 12 bailarinas rusas contratadas de manera permanente, relata Sierra Barreneche. Poco después apenas viajaban 30 pasajeros.

Eran tantas las pérdidas que se pensó en dejar fondeado el barco en Cartagena como hotel. Pero se aproximaba la inspección del casco, que tiene lugar cada cinco años. Normalmente corre por cuenta del dueño del buque, pero el contrato de alquiler firmado por la FMG lo dejó a cargo de la Flota. Se cotizó en un millón de dólares ese trabajo. Esa cifra, más las pérdidas acumuladas en el fallido crucero inaugurado mientras el exministro de Hacienda Luis Fernando Alarcón fue presidente de la FMG, llevaron a descartar la idea del hotel flotante. Afortunadamente el ancla del Crucero Express no se soltó y los dueños del buque aceptaron recibirlo sin cobrar la penalidad, aunque no se había vencido el contrato.

La conclusión de Sierra haría arquear una ceja al británico más impasible: “En los 22 meses de operación del Crucero Express las pérdidas alcanzaron una suma superior a los 40 millones de dólares”. Mucho más habría costado el deseo que expresó el presidente anterior, Enrique Vargas Ramírez, primo de Virgilio Barco. Cuando en 1989 vio atracar el yate de Donald Trump en Manhattan, le dijo a Guillermo Sierra: “Ingeniero, dentro de poco la gerencia de Flota tendrá un barco como este”. Antes la Flota tuvo un gerente fuera de serie, Álvaro Díaz, veleño como el bocadillo. Duró 40 años en el cargo, desde el inicio en 1946. Hizo crecer la empresa. Colombia en los mares. Ese fue el lema de la Flota. Por la colección de intrigas, errores, falta de planeación y otros pecados que cuenta Sierra, hay que reconocer que la Flota fue fiel en los mares a lo que sucede en Colombia en tierra firme.

https://www.semana.com/opinion/articulo/colombia-en-los-mares/202200/

22.11.-“Necesidades del servicio” o prevaricato en la Fiscalía CECILIA OROZCO

Prevaricato: “Delito consistente en que una autoridad, juez o funcionario dicte, a sabiendas, una resolución injusta”. No me queda ninguna duda sobre la verdad exacta de las revelaciones que la valiente fiscal Ángela María Monsalve les entregó al columnista y presidente de la revista Cambio, Daniel Coronell, y al periodista Juan David Laverde, del canal Caracol, en cuanto al tráfico de influencias en que incurrieron, y a las presiones que intentaron ejercer sobre ella, poderosos señores para que no acusara, ante un juez, a otros poderosos señores.

30 mar 2022.- No es la primera vez ni tampoco será la última en que la Fiscalía Barbosa —que no produce sino repudio moral— desvanece los problemas judiciales de sus amigos a punta de artimañas delictivas, o que los inventa para vengarse de aquellos a quienes ordena eliminar. Trataron de aproximarse a esta digna fiscal los siguientes personajes: el exfiscal general Néstor Humberto Martínez (¿les extraña?); Rodrigo Noguera (¿les extraña?), rector de la Universidad Sergio Arboleda; el abogado Juan Alberto Castro (¿el director del gremio de las licoreras, cercano a Germán Vargas Lleras y, por vía de este, a Barbosa?), y otro abogado cuyo nombre se desconoce. El objeto de tanta atención, para la investigadora, no era otro que impedir que ella siguiera adelante con un proceso penal contra la familia Ríos Velilla compuesta por tres hermanos empresarios con negocios y contratos multimillonarios con el Estado colombiano y con otros Estados, en materia de distribución de energía, recolección de basuras y sistemas de transporte, entre otros.

Pues bien, los Ríos, también cercanos a Vargas Lleras, no son X, como nosotros, los ciudadanos de a pie, para enfrentar un juicio. Así que había que “comprar” a la fiscal con lisonjas o con miedo. No lo lograron y, gracias a su valentía, quedaron más desprestigiados de lo que ya estaban en círculos cerrados. ¡Pero claro que conseguirán salir limpios de toda culpa con Barbosa, quien argumentó que el repentino traslado de la funcionaria a Putumayo ordenado por él era una “necesidad del servicio”! Juegan con las instituciones y, encima, nos creen idiotas.

Barbosa también trasladó, de manera repentina, tal como sucedió con Ángela María Monsalve, al curtido fiscal Jaime Zetien que investigaba al candidato presidencial Sergio Fajardo por haber celebrado un contrato, como gobernador, sustituyendo una deuda en pesos, por otra en dólares. Zetien, con 27 años de carrera, fue enviado desde Bogotá al Catatumbo, en plena zona de guerra. Es un secreto a voces que el jefe de Zetien, el recién nombrado fiscal octavo delegado ante la Corte, Leonardo Augusto Cabana, es de los que “hacen caso”, como tan gráficamente describió a los borregos que agachan la cabeza ante una orden el detenido Luis Gustavo Moreno cuando contó que esa era la condición de Martínez Neira para nombrar abogados en la Fiscalía.

Cuentan que el curtido Zetien, quien adelantaba el proceso Fajardo en sus minucias y según su criterio jurídico independiente, creía que el caso debía ser archivado. Entonces apareció, mágicamente, la “necesidad del servicio” y fue despachado. Sin su estorbo, la Fiscalía podrá seguir acusando al candidato Fajardo, odiado por la clase política tradicional antioqueña (léase César Pérez, condenado por una masacre; Luis Pérez, de legendaria mala fama; los áulicos de estos, Álvaro Uribe y otros tantos). Reposan en el historial de ese proceso documentos y fechas que dan pistas de la persecución política tornada, durante el gobierno Duque, en persecución judicial: el 31 de marzo del año pasado, la Fiscalía informó que “le imputaría cargos por irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda” (ver). El 30 de abril, un mes después, cuatro investigadores expertos entregaron, al despacho, un informe de conclusión en que dicen que “la tasa pactada con el préstamo de redescuento es menor que la de los préstamos” sustituidos; que “el plazo estipulado (para el pago) ampliaba el plazo” anterior; que “se mantuvieron las condiciones de las garantías”, y que “los recursos recibidos por concepto de la sustitución… fueron utilizados para hacer pagos de las deudas sustituidas”.

La abogada que, en esa fecha, era fiscal octava, recibió el informe el 4 de mayo. No obstante, y como ya estaba dada la orden, ella guardó en su cajón el informe y al día siguiente fue a acusar a Fajardo, ante los jueces, del delito que ella sabía que él no había cometido. Inocencias, preclusiones, prescripciones por el simple paso del tiempo para los Uribes, los Ríos y hasta para Jaimes, el segundo de Barbosa, aun cuando hayan transgredido la ley. Condena y pena de cárcel para los demás.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/necesidades-del-servicio-o-prevaricato-de-la-fiscalia/?cx_testId=53&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s

22.11.-Debajo de la ruana YOHIR AKERMAN

Esta es la historia de cómo se perdieron 4.500 millones de pesos en corrupción. De cómo una empresa de Lorica, Córdoba, se ganó un contrato de servicios educativos y alfabetización para la tercera edad en Tunja, Boyacá. Y cómo en una gobernación en cabeza del Partido Verde, líder del discurso anticorrupción, se creó un cartel de alumnos viejitos y fantasmas que ahora rondan los pasillos de la Contraloría.

3 abr 2022.- Empecemos por los temas geográficos. Tunja y Lorica están separadas por unos 720 kilómetros de distancia. Para ir de un lugar al otro hay que someterse a unas 22 horas de viaje, en promedio, de carretera. La otra opción son nueve horas de vuelo, ya que para viajar de un lugar al otro toca ir de Tunja a Bogotá, de ahí a Montería y después en carretera hasta Lorica. O a la inversa. Es lejos. Muy lejos, por la precaria infraestructura colombiana.

Pero tampoco se parecen. Mientras Lorica está casi a nivel del mar, tiene unos 125.000 habitantes y una temperatura promedio de 26 grados centígrados en un día fresco, Tunja está en el altiplano cundiboyacense, cuenta con más de 300.000 habitantes y una temperatura promedio, en un día caliente, 12 grados menos que Lorica. Son diferentes. Muy diferentes, por eso unos se inclinan por los sombreros de caña flecha y los otros por las ruanas.

Poca lógica o sentido tiene la contratación de una empresa basada y registrada en Córdoba para ejecutar un contrato de educación en Boyacá. Pero entre estos dos puntos un hecho que acercó a los cacicazgos zenúes y zaques fue el noviazgo que nació en 2016 entre el exgobernador de Boyacá por el Partido Verde Carlos Andrés Amaya Rodríguez, y la exseñorita Córdoba Daniela Assis Fierro. Una historia de amor que es todo menos un cuento de hadas.

Daniela nació en Cereté y estudió su carrera de medicina en la Universidad Javeriana de Bogotá. Conoció al entonces gobernador de Boyacá mientras hacía su año rural en Tunja. Después de dos años de noviazgo, el 7 de abril de 2018, Carlos y Daniela se casaron en una estrambótica boda, con más de 3.000 invitados en la plaza de Villa de Leyva, para celebrar el contrato y el amor eterno de esta pareja.

Un imperio de ruana y sombrero vueltiao.

El otro contrato, el del cartel de los viejitos fantasmas, lo está investigando la Contraloría. Se trata de un Proceso de Responsabilidad Fiscal por detrimento patrimonial superior a los 4.300 millones de pesos, que también nace en 2016. Es que “jueque” el amor no tiene fronteras, “no joda”.

La Gobernación de Boyacá, en cabeza de Carlos Amaya, suscribió el contrato 1061 de 2016 para la prestación del servicio educativo a población adulto mayor y personas en extraedad escolar por más de 6.000 millones de pesos. Una plata, que bien invertida era para enseñarles a los viejitos boyacenses a leer y escribir, pero la platica se perdió.

La Fundación Obras y Servicios Sociales de Colombia SOS fue la ganadora de ese contrato. Eso, pese a múltiples denuncias sobre los oscuros antecedentes de corrupción de dicho contratista. Eso no le importó a Amaya, como tampoco pesó que, según los registros públicos la dirección del contratista estaba ubicada en el apartamento 101, de la calle 4 No. 20 de Lorica, Córdoba. Una entidad que se ganó un contrato de 6.000 millones de pesos, está ubicada en un apartamento residencial a orillas del río Sinú.

Ignorar esas denuncias llevó a que la Contraloría abriera el Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal N° 2018-00134, donde han encontrado evidencias de un detrimento patrimonial por la suma de 4.371.680.198 pesos. Un contratico que pasó por debajo de la ruana el 66 por ciento o dos terceras partes de toda la plata.

Coincidencialmente, como lo denuncié en mi columna pasada titulada «El padrino», Karol Dahiana González Mora, esposa de Luis Ernesto Gómez, jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá y padrino de matrimonio de Carlos Amaya y Daniela Assis, es actualmente contralora delegada Intersectorial 7 y candidata a manejar la Contraloría General. Ay ombe, calle esa jeta.

Si ganara este cargo tendría un serio conflicto de intereses ya que hasta ahora el ente de control ha encontrado varias cosas sobre ese caso.

Las más impresionantes tienen que ver con múltiples pagos por un total de más de 1.700 millones de pesos, por concepto de servicios supuestamente prestados por la Fundación SOS, pero de los cuales no existe soporte alguno de su ejecución.

La Fundación SOS reportó estudiantes que en realidad no existían, pues los soportes de sus matrículas nunca han aparecido. Otro hallazgo de esta investigación, que tiene implicaciones disciplinarias y penales, es el correspondiente al registro de 132 estudiantes con números de identificación que no corresponden a ningún dato en la Registraduría Nacional. Estudiantes fantasmas.

Finalmente, otro de los hallazgos fiscales corresponde al manejo irregular del pago de anticipos por parte de la Fundación SOS. Fueron destinados a gastos totalmente distintos al objeto del contrato con la Gobernación de Boyacá, representando un detrimento patrimonial por más de 580 millones de pesos.

En el periodo comprendido entre los meses de abril de 2016 a marzo de 2017, con el dinero del contrato para la educación en el departamento de Boyacá, se realizaron pagos en Lorica, Córdoba, de cosas que no tienen relación con la ejecución del contrato. Por ejemplo, compras con tarjetas de crédito por 51.042.571 pesos y el pago de un crédito personal por 81.950.340 pesos.

Sorprende, pero no sorprende.

Como lo han publicado medios y juiciosos periodistas en Boyacá, Pedro Llanos, representante legal de la Fundación SOS, fue capturado en 2017, al estar involucrado en otro caso de alumnos fantasmas en el municipio de Lorica. Llanos reportó 1.549 estudiantes inexistentes en contratos por 619 millones de pesos en coordinación con el clan Jattin de Córdoba.

En esos mismos hechos fue condenado el entonces alcalde de Lorica, Francisco José ‘Pachy’ Jattin, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Pero no era la primera vez. En 2016 la entonces alcaldesa de Lorica, Nancy Sofia ‘Choffy’ Jattin Martínez, se vio involucrada en otro caso de alumnos fantasmas, junto con la Fundación SOS, al reportar 945 estudiantes ficticios dentro de un contrato por 3.272 millones de pesos.

Pachy es hermano de Zulema Jattin Corrales y ambos son hijos de José Jattin Safar, excongresista liberal, condenado por el proceso 8.000. Por su parte, Choffy es prima de Pachy y Zulema, quien fue capturada y condenada por parapolítica, al recibir apoyo de Salvatore Mancuso en campaña. Zulema estuvo casada con el fallecido senador del Tolima Luis Humberto Gómez Gallo, otra historia de amor costeñocachaca que dio mucho de qué hablar. Toda una familia ejemplar.

Este clan de Lorica logró el acceso a los recursos públicos del departamento de Boyacá, gracias a la entrada que le dio el exgobernador Amaya. Coincidencialmente, al mismo tiempo que empezó la relación con su esposa Daniela Assis oriunda de Córdoba. Una casualidad, pero una desafortunada, que deja muchos interrogantes sobre lo que se esconde debajo de la ruana boyacense y en la sombra del sombrero vueltiao cordobés.

https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/debajo-de-la-ruana

*22.10.-De ‘Matamba’ a ‘Otoniel’ GERMÁN VARGAS
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El Coronell sí tiene quien le escriba ALBERTO DONADIO
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El padrino YOHIR AKERMAN
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Registrador irrepetible RAMIRO BEJARANO

¿En manos de quién está la responsabilidad administrativa y política de nuestro sistema electoral? Lo pregunto porque daba grima la imagen que vimos el martes pasado que nos mostró al registrador nacional, Alexánder Vega; el ministro del Interior, Daniel Palacios; el presidente del desprestigiado Consejo Nacional Electoral, cuyo nombre desconozco, y una multitud de voceros de las distintas vertientes políticas dizque enterándose del desastre de lo que pasó en las elecciones del 13 de marzo, para finalmente tomar la decisión de no jalarle al esperpento de repetir el conteo de los votos para Senado, como lo pretenden Uribe, Duque, Fico y la derecha.

27 mar 2022.- De razón pasó lo que pasó en las últimas elecciones. Al término de esa reunión que finalizó con la retractación de Vega de pedir la repetición del conteo en el Senado, el ministro Palacios destacó muy orgulloso que ninguno de los asistentes había vuelto a referirse al fraude, con lo cual asumió que este espinoso punto quedó despejado y que todo lo sucedido fue provocado por unos jurados mal preparados y quienes hicieron el primer conteo para Senado. Anda muy despistado Palacios si cree que la única forma del fraude electoral es alterar los resultados en los conteos o en los escrutinios. Decía el cura Camilo Torres: “El que escruta elige”, pero hay otras formas de perturbar un proceso electoral.

Para no ir muy lejos bastaría revisar los caminos que han seguido en esta campaña tanto Duque como el propio ministro Palacios. Me refiero a su tozuda actitud de actuar como candidatos y no como funcionarios, empeñados en refutar cada propuesta que lanzan Fajardo y Petro. La diferencia es que todo lo que diga Fico es soplado desde El Ubérrimo, el Centro Democrático y la Casa de Nari, así se empeñe en sostener la mentira de que él no es el que dijo Uribe.

Cuando un mandatario y sus ministros se convierten en contradictores de los candidatos opositores, allí no hay garantías electorales sino la más brutal interferencia oficial en la voluntad popular. Eso lo ignora el ministro Palacios o se hace el loco, y por eso el Gobierno es el causante de esta asfixiante polarización en la que Duque y su cuadrilla están dejando sumido al país.

Sorprende que interrogado Palacios en una entrevista radial no fuera capaz de responder. Los oyentes debieron quedarse con la sensación de que el funcionario no lo sabía, pero tengo el pálpito de que sí está enterado, solo que en este cuatrienio hay cosas de las que es mejor no hablar.

En efecto, el actual registrador fue hijo de un sofisticado mecanismo de selección que empezó por un examen de conocimientos en el que Vega no ocupó el primer lugar. Luego de esto vino una entrevista con los presidentes de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz; la Corte Suprema, Álvaro García, y el Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, esta última en uso de buen retiro por vencimiento de su período, pero influyente asesora del presidente del Senado. En ese reportaje Vega trituró a sus contrincantes y obtuvo gran puntaje. Nada de eso sería extraño si no fuera porque Vega, como representante de la ONG Transparencia Electoral, se hizo acompañar a México y Washington de las doctoras Ortiz y Bermúdez a unos encuentros académicos, oportunidad que no tuvieron sus competidores. ¿Quién pagó todo esto?

Ese complejo sistema de selección no se limitó a ungir a Vega, fue apenas el inicio de un intercambio de favores que pasó por el intento fallido de nombrar como magistrado en el Consejo de Estado a quien hoy despacha desde una delegada en la Procuraduría, seguramente alimentando su vieja ilusión de convertirse en togado de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Es la sórdida herencia del cartel de la toga, recientemente reforzado con varios alfiles cercanos a la otrora magistrada Ruth Marina Díaz que hoy deambulan en los pasillos del Palacio de Justicia.

La consecuencia obligada de este enredo armado bajo el reinado del registrador debería ser su renuncia. Pero no, estamos hablando de Vega.

Adenda. Francia Márquez no fue prudente en sus primeras declaraciones, pero francamente se ve desproporcionado e inusual que el expresidente Gaviria haya armado semejante berrinche solo porque le dijeron neoliberal y que “es más de lo mismo”. Antes lo han tratado igual un millón de veces sin que se molestara. Sonó a coartada.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/registrador-irrepetible/

22.10.-De ‘Matamba’ a ‘Otoniel’ GERMÁN VARGAS

Nada en el Inpec funciona, ni siquiera su consejo directivo al que jamás concurren los titulares.

Y se voló ‘Matamba’, cabeza del denominado frente Cordillera Sur, aliado del ‘clan del Golfo’ y solicitado en extradición. Pasó por 7 puestos de control sin despertar sospecha. Se menciona que pagó 4 millones de dólares. Los anuncios no se hicieron esperar: “Vendrán correctivos de fondo”, dijeron. Hace 8 días habían dado similares declaraciones cuando el Gobierno destituyó al director del Inpec y también al de La Picota, general Botero. Meses antes habían sido detenidos los directores de La Modelo y de La Picota. En los últimos años han pasado fugazmente por el Inpec 22 directores, varios destituidos. 

27 mar 2022.- No es posible continuar con unos centros penitenciarios en donde todo ocurre. Se venden drogas, alcohol, armas, se compran teléfonos para seguir delinquiendo y privilegios de ubicación en determinado patio, traslados a otras cárceles y fugas, si el precio es correcto.

Por eso, desde el 2010 propuse la liquidación del Inpec y crear una dirección adscrita a la Policía Nacional. El ministerio a mi cargo en ese entonces contrató al Dr. Juan Carlos Esguerra, con el fin de preparar el proceso de liquidación, en ejercicio de las facultades extraordinarias que se venían tramitando en el Congreso y que fueron aprobadas en la ley que también creó el nuevo Ministerio de Justicia, para el cual fue designado el propio Dr. Esguerra.

Pero cuál sería mi sorpresa cuando al poco tiempo, en vez de liquidar el Inpec, resolvió crear otro monstruo similar, el llamado Uspec, para atender los asuntos administrativos. Habrase visto tamaño despropósito. Como era previsible, de inmediato esta nueva entidad cayó también en las garras de la corrupción. Por ella han pasado en estos 11 años 7 directores, incluido al actual, Dr. Andrés Díaz, cuyos títulos para acceder a este cargo no son otros que el de haber sido alcalde de Gachancipá y director de Planeación en Mosquera. Al Uspec llegó como cuota de un ‘combo’ de la Comisión 1.ª del Senado. ¿De quiénes podrá tratarse? ¿Por qué no investigar la contratación por más de 1,5 billones al año que ha tenido lugar en esa entidad? Me temo que nada bueno se encontrará.

De una pasamos a dos entidades igual de corruptas, por lo que en estos 11 años tampoco se avanzó nada en la construcción de nuevos centros penitenciarios ni se implementó el modelo de APP, tan necesario para financiar su construcción y operación. Nada en el Inpec funciona, ni siquiera su consejo directivo al que jamás concurren los titulares, con excepción del ministro de Justicia y un delegado del Presidente, ya que el otro renunció. ¿Por qué nunca ha asistido el director de la Policía Nacional? ¿No le parecerá relevante?

La solución no puede ser seguir ‘quemando’ oficiales de la Policía o del Ejército. El actual brigadier general, Tito Yesid Catellanos, que fue subdirector de narcóticos, lleva 10 días de nombrado y con la volada de ‘Matamba’ ya va rumbo al matadero. ¿Por este caso deberá responder también este general? ¿Qué más tendrá que ocurrir para que el Dr. Ruiz, minjusticia, acepte finalmente su responsabilidad política?

Se anuncia ahora una nueva reforma. ¿En qué consistirá y para cuándo? ¿Se tratará, por fin, de liquidar estas dos entidades o, por el contrario, de sentarse a discutirla con los 81 sindicatos de base, sus seccionales y juntas directivas las posibles intervenciones? Recuerdo que son 4.139 empleados del Inpec que gozan de fuero sindical y 8.864 con afiliación sindical, y que en 2021 se otorgaron 16.718 permisos sindicales. No puedo dejar de preguntarme qué papel ha desempeñado el mintrabajo frente a este abuso. Me dicen que el minjusticia jamás ha tenido reunión con ninguno de los sindicatos.

Me temo que este delicado asunto, así como la reforma de la justicia, el combate a los cultivos ilícitos o la construcción de nuevas cárceles ya quedó, como tantos otros temas, para el próximo gobierno. En lo que sí fue muy eficaz el Dr. Wilson Ruiz fue en coadyuvar al buen resultado electoral de la colectividad que lo promovió a este cargo.

A estas alturas ya no podemos demandar nada adicional a que no se produzca la fuga de ‘Otoniel’. Pero si ocurriera, no sería asunto del ministro Ruiz ni del Gobierno, sino, en criterio de ellos, de generales corruptos e incompetentes. Buen punto de partida para los “correctivos de fondo”.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/de-matamba-a-otoniel-columna-de-german-vargas-lleras-661127

22.10.-El Coronell sí tiene quien le escriba ALBERTO DONADIO

En suma, Coronell cometió una injusticia. Acusó de una quiebra a quien no fue culpable.

A raíz de la columna sobre las acusaciones no probadas de Daniel Coronell contra Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop, conocí el mensaje de un exsuperintendente nacional de Salud: “Excelente y contundente. Esa fue siempre mi impresión, investigación y decisiones adoptadas por animadversión, generada por la imposibilidad de admitir el éxito de Palacino y no poder realizar algo semejante”. Un veterano médico de otra EPS me escribió: “Muy bueno su artículo de Saludcoop. Creó una infraestructura hospitalaria sorprendente. Médicos y pacientes en general satisfechos. Se metió el Gobierno y la acabó”.

26 mar 2022.- Una periodista me reprochó: “Estás gastando la batería contra los colegas que han hecho un ejercicio decente. Coronell hace un periodismo valioso en un país en el que tantos cantan en el coro oficial”. Aun los de la tuna de la oposición pueden cometer una injusticia al acusar sin fundamento, como sucedió con el expresidente de la EPS. También los periodistas decentes pueden no detectar que el Gobierno incurrió en el acto de corrupción de acusar falsamente de corrupción a un particular. Coronell no siguió los principios certeros que según él guían su trabajo. Como este: “Ser contrapoder significa siempre estar preguntando a nombre de quienes sufren los efectos de las decisiones que toman los poderosos”.

En este caso, los poderosos (el Gobierno Santos) intervinieron la más grande entidad privada de salud, que atendía normalmente a los pacientes, y después la arruinaron, llevándola a un patrimonio negativo de -2,88 billones de pesos. Coronell no habló a nombre de los 4 millones de afiliados que padecieron la afectación del servicio y luego su eliminación total. Culpó del colapso a Palacino. Coronell no aplicó otro de sus encomiables principios: “Debemos tratar de buscar honestamente no solo lo que nos reafirme en nuestras posiciones, sino lo que las contradiga”.

Por repetir sus denuncias contra Palacino durante siete años, no vio la verdad maciza. Sin importar quién fuera el jefe de la EPS, hay una verdad indiscutible: el Estado les arrebató una empresa en plena marcha a sus dueños privados para entregarla a interventores oficiales que la llevaron a la ruina. Dicen que algunos políticos ganaron con el saqueo. “Uno tiene que estar dispuesto a encontrar lo que contradiga la idea inicial”, es otro lineamiento que predica Coronell.

Tampoco lo aplicó en esta investigación. No dirigió su pluma contra el presidente Santos y sus altos funcionarios, que invocaron la gravedad de los 8.013 cheques para justificar la intervención, pero que luego dejaron a Saludcoop en manos de saqueadores. Coronell todavía en 2017 culpaba a Palacino del colapso. No estudió lo que contradecía su idea inicial. “Tenemos que buscar la verdad por encima de lo que convenga políticamente”, es otro precepto de Daniel Coronell.

Al Gobierno Santos le convenía políticamente que le siguieran echando la culpa a Palacino y que la prensa siguiera buscando el ahogado río arriba. “El periodismo es esa búsqueda permanente de elementos de información que están ocultos por el poder”, dice Coronell. Aquí los elementos ni siquiera estaban ocultos, pues aparecían en resoluciones de la Superintendencia Nacional de Salud, que son públicas y en las que se reconoce oficialmente que Saludcoop gozaba de buena salud financiera cuando fue intervenida en 2011 y que agonizó en la UCI estatal en 2015.

Me preguntan por qué Palacino no se defendió. No lo sé porque no lo conozco, pero sí lo hizo, limitadamente. En 2018, dijo en entrevista con Caracol TV: “A mí no me pueden hacer responsable sino de lo que ocurrió mientras yo fui representante legal de la institución. Lo que pasó de ahí en adelante, otros tienen que responder. Porque evidentemente a partir de la intervención hubo un proceso acelerado de deterioro del servicio, de deterioro de la infraestructura y deterioro de los resultados institucionales, en lo cual no tenemos nada que ver”.

Agregó que hubo “acciones políticas con el propósito de tomar control de la organización. Yo sé que había competidores que tenían interés en sacar del camino al principal competidor. La intervención de Saludcoop fue un error del Gobierno”. Cuando le pregunté a Coronell qué pruebas tenía contra Palacino, respondió: “Las columnas deben defenderse por sí solas”. El método Coronell dice otra cosa: “Una publicación es como la punta de un iceberg, detrás de eso hay un enorme bloque de investigación y de documentos”. En suma, Coronell cometió una injusticia. Acusó de una quiebra a quien no fue culpable.

https://www.semana.com/opinion/articulo/el-coronell-si-tiene-quien-le-escriba/202245/

22.10.-El padrino YOHIR AKERMAN

Un repaso a uno de los candidatos a manejar la Contraloría General de la República, deja entrever una profunda telaraña de contratos y nombramientos recíprocos y clientelistas que existen entre la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Boyacá.

26 mar 2022.- Empecemos, esta vez de adelante para atrás.

Karol Dahiana González Mora es candidata a la Contraloría General. Tiene el peor puntaje de los 20 candidatos por su hoja de vida y el examen, pero es la esposa de Luis Ernesto Gómez, exsecretario de Gobierno y actual jefe de gabinete de la administración de Claudia López en Bogotá. Eso en algo le ayuda, pues le ha favorecido en el pasado.

Entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Boyacá ha ocurrido un “tú me contratas a uno y yo te contrato a otro”, como lo denunció el periodista Carlos Alberto Rodríguez el pasado 12 de febrero en su cuenta de Twitter, después de una juiciosa investigación.

Ambas administraciones han estado bajo control de miembros del Partido Verde, una en cabeza de Ramiro Barragán Adame, gobernador actual de Boyacá y ficha del exgobernador, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, y la otra manejada por la alcaldesa Claudia López, amiga cercana del mismo Amaya.

Así han ido contratos para un lado y para el otro. El 11 de julio de 2018, Amaya contrató a Luis Ernesto Gómez por 53.700.000 pesos para la prestación de servicios por seis meses como politólogo en la Secretaría de Productividad y Gestión del Conocimiento de la Gobernación de Boyacá.

El que es caballero repite. Al año siguiente, el 28 de enero de 2019, Luis Ernesto Gómez firmó otro contrato, esta vez por 46.090.000 pesos, para la prestación de servicios por seis meses como asesor del proyecto de apoyo para el fortalecimiento institucional en la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá.

Se pone más íntimo.

La relación entre Carlos Amaya y Luis Ernesto Gómez no solo es política. Gómez fue el padrino de matrimonio de Carlos Amaya cuando se casó con Daniela Assis Fierro, prima de Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo. ¿Qué habrá dicho Luis Ernesto en el discurso de brindis por el nuevo matrimonio? No sé, pero una metáfora con una puerta giratoria hubiera sido bastante atinada ya que, por su parte, Amaya es padrino de una de las hijas de Luis Ernesto.

Pero esta puerta da vueltas no solo en lo personal. Como dijimos, Gómez es esposo de Karol Dahiana quien fue nombrada como asesora jurídica en la Región Administrativa y de Planeación Especial, cuando era manejada por Fernando Flórez, también del Partido Verde. Flórez renunció a la entidad para hacer parte de la fallida campaña de Carlos Amaya a la presidencia.

Acá se pone enredado.

La hermana de Luis Ernesto Gómez, Ana María, también se ha llevado su tajada de la torta clientelista. Según el decreto 094 del 14 de enero de 2020, Gómez ha ejercido como directora de la Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e Internacionales en la Casa de Boyacá que es dependencia de la Gobernación de Boyacá con sede en Bogotá

Pero esto no solo es de un lado para el otro. La Alcaldía de Bogotá ha nombrado en varios cargos del Distrito a colaboradores de Carlos Amaya. ¿Cómo no? Luis Ernesto Gómez, por ejemplo, puso el 14 de enero de 2020 a Germán Aranguren, exdirector jurídico de la Gobernación de Boyacá, como director jurídico de la Secretaría de Gobierno de Bogotá y a Suzanne Marie Valeri D’anglejan Chatillon, exasesora de la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, como asesora de Gobierno Distrital de Bogotá.

Pero no para ahí. El padrino de matrimonio también ha ido más lejos contratando al padrino de su hija, Carlos Amaya, como asesor en la alcaldía entre febrero y julio de 2020, después de ser gobernador de Boyacá y antes de iniciar su infructuosa campaña presidencial.

El objeto del contrato que firmó Amaya era para “prestar sus servicios profesionales especializados al despacho de la alcaldesa, para el seguimiento de los proyectos estratégicos orientados a la integración regional del Distrito Capital” por la bicoca de 90 millones de pesos. Una verdadera puerta giratoria entre Tunja y el Palacio Liévano.

Ahora bien, es muy interesante que, desde el 10 de noviembre de 2021, Carlos Amaya enfrenta un proceso de responsabilidad fiscal por 4.300 millones de pesos en la Contraloría General que lo inhabilitaría políticamente. Qué gran coincidencia, por supuesto coincidencia, que ahora se dé la aspiración de la esposa de su padrino, tan cercana a él, para manejar esa misma entidad que lo investiga.

Sigamos.

Donde ha ido Luis Ernesto, también ha sido contratada su esposa desde antes de la gobernación. Gómez fue viceministro del Interior en el gobierno de Juan Manuel Santos durante la administración de Guillermo Rivera. Karol Dahiana González, su esposa, fue contratada como asesora del ministro del Interior, días después de la renuncia de Gómez. Una carrera de relevos la de este matrimonio.

Pare rematar, la hermana del exviceministro, Ana María Gómez, también fue contratada por el Ministerio del Trabajo, otra dependencia controlada en ese entonces por el Partido Liberal, como directora de Movilidad y Formación para el Trabajo. Un matrimonio y una familia que trabaja unida.

Terminemos.

La hoy candidata a la Contraloría, Karol Dahiana González, ha sido representante legal de una compañía llamada Tolk Colombia SAS. La empresa fue fundada en febrero de 2016 en la Cámara de Comercio de Bogotá, con un capital suscrito de 5 millones de pesos dividido en mil acciones ordinarias por ese valor.

Según el objeto social, la compañía presta asesoría y acompañamiento en la promoción y divulgación de marketing, contenidos digitales, campañas de publicidad y mercadeo en medios.

Lo más interesante es que la empresa de la candidata a la Controlaría tuvo varios contratos interesantes, lucrándose siempre con el erario público. Su compañía, pocos meses después de ser fundada, logró contratar con la Superintendencia de Subsidio Familiar en la administración de José Leonardo Rojas Díaz, quien ahora es el secretario de Gobierno del gobernador de Cundinamarca Nicolás García Bustos.

El primer contratico fue el 4 de mayo de 2016 por 55.687.500 pesos, el segundo con esa institución el 14 de febrero de 2017 por 77.962.500 pesos, y el tercero el 26 de enero de 2018 por 86.000.000 pesos.

Al mismo tiempo Tolk Colombia tuvo otros dos contratos con el Ministerio de Vivienda cuando Elsa Noguera manejaba esa institución. El primero fue el 15 de julio de 2016 por 32.866.667 pesos y el otro el 4 de mayo de 2017 por 51.040.000 pesos.

De ahí salió a contratar con el Ministerio de Transporte, en la administración de Germán Cardona Gutiérrez, con otros dos acuerdos, uno el 9 de octubre de 2017 y el otro el 25 de enero de 2018 que sumaron 70 millones de pesos.

Todo suma. Como debería sumar ahora, que está de última en el puntaje a su candidatura a la Contraloría, ser la esposa del padrino y su experiencia, no solo en las puertas giratorias, sino también en la consecución de contratos estatales. Eso debería darle unos puntos extras, por aquello que llaman la universidad de la calle en la política. Una especie de doctorado en exprimir el erario por medio del clientelismo y la contratación pública. Como diría el poeta Federico García Lorca: “Verde que te quiero verde”.

En mi columna del domingo pasado titulada “Autocontralor” mencioné que el señor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, también candidato a contralor general, aparece mencionado en el proceso No. 18429 de la Corte Suprema de Justicia del 28 de septiembre de 2001, por el delito de estafa. El señor Rodríguez Becerra me demostró que esa mención fue un error ya que se trata de un homónimo. Por eso, me siento en la obligación de rectificar esa información y pedir excusas a los lectores. Mi compromiso no es ser infalible, sino ser correcto. Y cuando los errores ocurren, que pueden seguir sucediendo, admitirlos y corregirlos. En cuanto a todos los otros elementos de la columna, me ratifico.

https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/el-padrino

*22.9.-El Gobierno del fraude RAMIRO BEJARANO
*Autocontralor a la vista YOHIR AKERMAN
*La maldición expresidencial  AURELIO SUÁREZ
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Acusaciones no probadas de Daniel Coronell ALBERTO DONADIO
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El Gobierno británico se compromete a proteger a la prensa frente al acoso legal de los oligarcas rusos RAFA DE MIGUEL

Las querellas empleadas por los poderosos para intimidar y arruinar económicamente a medios y editoriales han servido durante años para frenar informaciones de interés público

Boris Johnson, el 7 de noviembre de 2012, en Londres, con el editor del diario ‘Evening Standard’, Evgeny Lébedev, y su hermana Rachel Johnson.DAVE M. BENETT (GETTY IMAGES)

La periodista Catharine Belton puso el dedo en la llaga el pasado martes, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento británico: “Observen el modo en que se está informando hoy sobre los oligarcas rusos, comparado con lo que ocurría hace dos semanas”, dijo a los diputados. “Es tan diferente como la noche del día. Antes era casi como un reinado del terror.

17 mar 2022.- Muchos de los oligarcas tenían un batallón de abogados y gestores de reputación que desplegaban con enorme agresividad. Hasta hace nada, era raro escuchar en los medios que Abramóvich tenía una relación muy cercana con Putin o que, hasta hace poco, había contribuido a sostener su régimen”, señalaba Belton.

Lo sabe muy bien. La periodista, que fue corresponsal en Moscú del Financial Times durante siete añospublicó en 2020 Los Hombres de Putin: Cómo el KGB se Apoderó de Rusia y se Enfrentó a Occidente (Península). El libro, una crónica rigurosa y exhaustiva del entorno de poder que habita el Kremlin y del modo en que exmiembros del servicio secreto soviético intentaron infiltrarse y dividir, con un nuevo grupo de oligarcas, en las sociedades de Occidente, adquirió de inmediato relevancia y notoriedad. La suficiente como para poner nerviosos a Roman Abramóvich, Mijaíl Fridman o Alisher Usmánov —todos sancionados hoy por EE UU, la UE y el Reino Unido—, que comenzaron a verter como locos una cascada de querellas contra Belton y la editorial Harper-Collins, así como preavisos legales a los medios de comunicación, para que no osaran poner sus manos en el libro. Harper-Collins tuvo que gastarse casi 1,8 millones de euros en abogados para proteger la publicación. Y aun así, Belton y su equipo jurídico tuvieron que negociar la retirada o suavización de algunas de las informaciones más polémicas del texto, como el hecho de que al menos tres fuentes hubieran asegurado que Abramóvich compró el Chelsea F.C. por orden directa de Putin.

El Gobierno de Johnson, que en su ímpetu por combatir la agresión de Rusia en Ucrania parece además dispuesto a resolver pecados originales que el Reino Unido arrastra durante años, ha anunciado este jueves su intención de combatir con dureza las llamadas SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation (querellas estratégicas contra la participación pública), las batallas jurídicas que montan los financieros más poderosos contra la prensa y las editoriales, con acusaciones de difamación y de ataques a su intimidad, con el fin de intimidarles económicamente y mantenerles paralizados en procesos judiciales largos y complejos.

“La capacidad de una prensa libre de exigir responsabilidad a los más poderosos es fundamental para nuestra democracia, y como periodista que he sido, estoy decidido a que nunca más permitamos que las críticas sean silenciadas”, ha prometido Boris Johnson. “Para todos estos oligarcas y supermillonarios que pueden permitirse estas costas legales astronómicas, la amenaza con querellas y demandas se ha convertido en un nuevo tipo de arma legal. Debemos poner fin a este efecto tan escalofriante”, decía el primer ministro británico.

El Ministerio de Justicia que dirige Dominic Raab, quien actúa además en este caso con su autoridad de vice primer ministro, ha puesto ya en marcha un proceso de consultas con la intención, según han anunciado fuentes del departamento, de que los cambios legales estén listos a mediados de mayo.

El Gobierno británico pretende reforzar el concepto jurídico de “defensa del interés público”, ya introducido en la Ley de Difamación de 2013, por el que determinadas informaciones, aunque sean erróneas en algunos de sus elementos, pueden ser protegidas frente a posibles querellas en aras de que prevalezca un bien superior, el del interés público de la materia denunciada. Otra posible medida sería la de poner un límite a la cifra total que pueden reclamar los denunciantes para resarcirse de los daños presuntamente sufridos. Y exigir, en el análisis preliminar de cualquier querella por difamación, que se demuestre la “malevolencia real” del demandado, para evitar acusaciones falsas. Finalmente, las nuevas reformas de la ley podrían permitir que jueces y tribunales impusieran Órdenes Civiles de Restricción, para prohibir la repetición constante, como método de presión, de querellas ya descartadas.

Las medidas contra las llamadas SLAPPs son muy contundentes en Estados Unidos, Canadá o Australia. En la UE, un grupo de eurodiputados lleva años exigiendo su impulso, después del asesinato en 2017, con una bomba lapa pegada a los bajos de su coche, de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, cuya participación en la investigación sobre los Papeles de Panamá fue fundamental para implicar al Gobierno del entonces primer ministro, Joseph Muscat.

El talón de Aquiles de Johnson

El primer ministro británico vive un momento de tregua y gloria con su papel internacional en defensa de Ucrania y contra la invasión de Putin. Atrás parecen haber quedado los días del partygate, cuando el escándalo de las fiestas prohibidas en Downing Street amenazó con arruinar la carrera política del primer ministro. Pero el armario de Johnson tiene tantos esqueletos, y tan variados, que muchas de sus proclamas contra Rusia y sus oligarcas pierden fuelle. El diario The Times reveló la semana pasada que Johnson había hecho oídos sordos a la advertencia del MI5, el servicio británico de inteligencia y seguridad doméstica, de que no debía designar miembro de la Cámara de los Lores a su amigo Evgeny Lébedev, propietario del diario londinense Evening Standard. Aun así, Johnson siguió adelante con su decisión en 2020, y acusó a todos los que le desaconsejaban lo contrario de “rusófobos”. Hijo del oligarca, banquero y exmiembro del KGB Alexander Lévedev, el magnate de la prensa es una figura omnipresente en los actos sociales de la capital británica, y desde las páginas de su periódico ha defendido acciones de Putin como la invasión de Crimea, o ha puesto en duda que el KGB estuviera detrás del asesinato, en 2006, del exagente ruso Alexander Litvinenko.

El exasesor de Johnson y hoy su acérrimo enemigo, Dominic Cummings —el ideólogo de la campaña del Brexit— dispuesto siempre a echar mano de su memoria cuando se trata de cargar contra el primer ministro, ha escrito en su blog personal: “Yo estaba en la habitación cuando altos funcionarios del Gobierno le advirtieron al primer ministro de que los servicios de inteligencia tenían serias reservas sobre sus planes [el nombramiento de Lébedev]. Apoyé esas reservas y pedí a Johnson que no siguiera adelante”, ha escrito Cummings. “Se irritó mucho, y como suele hacer, comenzó a balbucear tonterías: ‘Esto es… esto es… esto es que tú también eres antirruso”, asegura el ex asesor que dijo Johnson.

https://elpais.com/internacional/2022-03-17/el-gobierno-britanico-se-compromete-a-proteger-a-la-prensa-frente-al-acoso-legal-de-los-oligarcas-rusos.html

22.9.-El Gobierno del fraude RAMIRO BEJARANO

Mientras crecen las denuncias por fraudes en las pasadas elecciones, sin que Fiscalía, Procuraduría y mucho menos el subpresidente se hayan inmutado, también van quedando claras las peligrosas cartas con las que Uribe, Fico y Duque se proponen enfrentar lo que resta de esta campaña presidencial. El robo de votos en sus narices no les inquieta, solo les importa quedarse en el poder como sea; por eso usan el mismo lenguaje agresivo y mentiroso para torcer en su favor la voluntad popular. Era previsible que con un registrador fruto de la corruptela iba a pasar lo que está pasando y la tragedia que está por ocurrirnos.

20 mar 2022.- La Casa de Nari no ofrece garantías de imparcialidad a quienes no son sus consentidos. Empezó con la suspensión de la Ley de Garantías para multiplicar la contratación interadministrativa en época electoral. Los dolosos resultados ya se han visto, sin que los empresarios que aseguraban que no habría corrupción hoy defiendan el frankenstein.

Duque se aprovecha de la inmunidad e impunidad de las que goza y descaradamente oficia como contradictor de Petro y Fajardo. Ha tomado partido por Fico, el candidato del Centro Democrático (CD), un señor inexperto, inculto también en el arte de gobernar, ordinario y dueño de un vocablo sicarial (“vos dijistes”).

Algunos medios cercanos al Gobierno ya se matricularon en esa cruzada para convertir en jefe de Estado a Fico. Esa fue la sensación que desde el mismo día de las elecciones propalaron al presentarlo como futuro mandatario. Con embustes similares, respaldados por el CD y el Gobierno, le están dando al heraldo de El Ubérrimo el tratamiento de mesías, cuando es peor que Uribe y Duque juntos.

Para rematar, lo que está pasando con la Fiscalía de Barbosa poco difiere de la Nicaragua de Ortega. Ahora se sabe que a pesar de que un concepto de un comité técnico de la Fiscalía recomendaba no imputar a Sergio Fajardo porque no encontró delito alguno en su conducta como gobernador de Antioquia, sin embargo, cinco días después le formularon los más disparatados cargos penales, con lo que además de difamarlo lo han puesto en riesgo político y personal. Coincido con Fajardo en que es difícil creer que esto se hizo sin enterar a Duque y sin su visto bueno.

El gran contradictor de Petro no es Fico, porque no tiene cómo, sino Duque, sus ministros y Uribe. No hay propuesta petrista que no sea refutada por ellos, porque no están gobernando sino dedicados a contradecir al candidato del Pacto Histórico. Cuentan inclusive con el auxilio de empresarios, como el presidente de Asofondos, militante de todos los gobiernos.

Petro sostiene que de ser presidente cambiaría el sistema de pensiones para garantizar que los ciudadanos accedan al dinero una vez cumplan la edad correspondiente, y otra vez Duque insulta a Petro llamándolo demagogo, mientras Uribe lo tilda de populista y narcoterrorista. Y el lorito de Fico repite. Según Duque, esa propuesta “es quitarles el ahorro a las personas y volver eso plata de bolsillo para financiar demagogia”, e insistió en la falacia propalada por Fico, Uribe y el CD de que esta proposición es una expropiación, discurso malintencionado que intentan volver verdad para asustar, cuando en todos los tonos y escenarios Petro ha negado que expropiaría.

Cuando Petro dijo en tono de burla que los votantes deberían recibir los pesitos por la compra de votos pero siempre que no sufragaran por quien les pagó, el próspero y acaudalado ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que eso es delito. Luego Duque remató la infame jurisprudencia de su Gobierno experto en hacerse el loco frente a sus propios crímenes y en ignorar los delitos del gigantesco fraude electoral del domingo anterior. Uno de los Galán había expresado algo parecido a lo de Petro, solo que como no tenía opción de ganar no se les abrió el Código Penal por donde ellos transitan con comodidad.

Inútil pedirle a Duque que se preocupe por detener el fraude electoral. Ya no hay reversa. Ahora que prendió la mecha de una bomba que puede destruirlo junto con su mentor y el cantinflesco Fico, al menos que se serene y piense en el país que dejará cuando termine su desastroso y corrompido cuatrienio.

Adenda. Al alcalde de Medellín le recuerdo lo que decía un pariente en Buga cuando le preguntaban si la masturbación era mala: “No, mijo, lo que pasa es que cuando uno termina queda muy solo y muy triste”.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/el-gobierno-del-fraude/

22.9.-Autocontralor a la vista YOHIR AKERMAN

Uno de los candidatos más opcionados a ser contralor general de la república es el abogado Carlos Hernán Rodríguez Becerra, que viene de ser auditor general. Su gran logro como auditor fue ser intrascendente y parece que su campaña para contralor está basándola en ser irrelevante.

18 mar 2022.- Me explico.

La Universidad Industrial de Santander publicó la lista de los candidatos habilitados, tras evaluar sus hojas de vida, en el marco de la convocatoria para elegir al próximo contralor general que ocupará el cargo en el periodo 2022 a 2026.

En la evaluación se tienen en cuenta criterios de formación profesional, experiencia, docencia y publicaciones. Se escogieron 20 aspirantes que, con los puntajes obtenidos, podrían seguir en la carrera para llegar a manejar el organismo de control que, como vimos en los casos del PAE, Reficar e Hidroituango, no es cualquier cosa.

Este candidato quiere llegar a ser contralor luego de aspirar, infructuosamente, a ser defensor del Pueblo. Eso, como lo dijo el actual defensor, salió mal. Pero si Rodríguez llega a la Contraloría puede salir peor.

Pese a que Rodríguez Becerra ocupa el quinto lugar en las calificaciones, con 78 puntos, ha ganado mucho terreno con respecto a sus competidores. Su lema de campaña se basa en una sola cosa: no tocar a los que lo ayuden a elegir.

Rodríguez Becerra le apuesta a esa efectiva estrategia de tú me eliges y yo te dejo quieto. Y para eso cuenta con una experiencia sustentada en una hoja de vida que demuestra que, donde pone una promesa con sus aliados, nunca empieza una investigación.

En esto es importante aclarar que este personaje es ficha en los diferentes entes de control del exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía Campo, destituido e inhabilitado por la Procuraduría, y el excongresista Juan Carlos Martínez Sinisterra, detenido y condenado por vínculos con grupos paramilitares.

Así como se oye.

En septiembre de 2017, cuando Rodríguez Becerra fue elegido auditor general de la nación por el Consejo de Estado, su elección fue cuestionada porque se produjo a pesar de los múltiples reparos a sus actuaciones políticas y como funcionario público. Rodríguez aparecía como integrante del comité promotor que inscribió la candidatura de Abadía, en compañía del exsenador Juan Carlos Martínez.

El formulario E-6G, conocido como la solicitud de inscripción y constancia de aceptación de candidato a gobernador, mediante el cual se formalizó la candidatura de Juan Carlos Abadía, muestra que fue inscrito por el grupo de ciudadanos ‘Por un Valle Seguro’, representado por los señores Carlos Herney Abadía, padre del exgobernador destituido, Juan Carlos Martínez y Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

 El famoso adagio de dime con quién andas para llegar a un ente de control y te diré a quién no vas a investigar.

No para ahí. Rodríguez fue contralor del Valle, de 2008 a 2011, y como tal fue responsable de vigilar a Abadía, el gobernador que ayudó a elegir. Evidentemente no lo hizo.

Pero alguien más sí hizo la tarea. Abadía fue vinculado al proceso del cartel de la toga por sobornar a un fiscal con 1.000 millones de pesos, para frenar un proceso criminal en su contra por corrupción en las instituciones judiciales en el Valle del Cauca. Abadía fue acusado inicialmente por malversación de dineros públicos destinados a bibliotecas. El fiscal que aceptó el soborno de Abadía ya fue condenado.

El grupo de ciudadanos merecería rebautizarse Por un Pillaje Seguro o Alí Abadía y sus 40 ladrones.

Abadía, además, tiene procesos en la Contraloría General por corrupción en el manejo de la licorera del departamento, la misma institución que ahora quiere manejar Rodríguez, su aliado político y escudero.

 Como si no fuera poco esto para descalificarlo, están los propios casos de Rodríguez Becerra. Ese señor aparece mencionado en el proceso No. 18429 en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del 28 de septiembre de 2001, por el delito de estafa, que se resuelve en casación. Proceso que además incluye falsedad, hurto y abuso de confianza.

Gracias a su trabajo como contralor del departamento del Valle del Cauca, este candidato a manejar la Contraloría General, quedó con varias indagaciones y procesos en la Procuraduría y en la misma Contraloría, por decisiones que tomó en ese caso de aparente corrupción en la Licorera del Valle.

En su momento, el ente de control fiscal determinó que Rodríguez omitió graves evidencias de un detrimento patrimonial y que por ende debería ser investigado por la Procuraduría, donde el proceso arrancó, pero no ha avanzado. Ahora aspira a manejar una de las entidades que lo investigó.

Ni siquiera el nobel de Literatura Gabriel García Márquez hubiera podido escribir esta historia para Macondo, de alguien que quiere controlar un ente de control que lo ha investigado a él mismo. Algo así como un autocontralor, o la crónica de una autoabsolución anunciada.

https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/autocontralor

22.9.-La maldición expresidencial  AURELIO SUÁREZ

Es intolerable que quienes han tenido las riendas del país y se resisten a soltarlas practiquen de forma engañosa “Mi patria, mi bolsillo”.

La frase “los expresidentes son muebles viejos” se atribuye a Harry Truman, del Partido Demócrata, quien fue presidente de Estados Unidos entre 1945 y 1953. Sus dos mayores gestas, lanzar la bomba atómica contra Japón, por la que murieron más de 220.000 personas, y declarar la guerra de Corea.

19 mar 2022.- Esa idea no ha pegado en Colombia. Algunos de los candidatos escogidos el pasado 13 de marzo en varias consultas han hecho romerías a los expresidentes, apropiados de los partidos políticos, con el propósito de alinearlos.

Es otra figura extravagante de la muy deteriorada democracia nacional: Gaviria, jefe del Partido Liberal; Álvaro Uribe, señor feudal del Centro Democrático; Andrés Pastrana, mediante esbirros, voz mandante del Partido Conservador; Juan Manuel Santos, fundador del Partido de la U, mete baza como tahúr por doquier; Ernesto Samper merodea por predios de “izquierda” e intenta incidir mediante el supranacional grupo de Puebla. Hasta Iván Duque, a quien le restan cinco meses para tener la condición de ex, fletó al Equipo por Colombia.

Lo anterior resulta más insólito cuando entre estos expresidentes hay muchas más grandes coincidencias que pequeñas divergencias. Aparte del acuerdo de paz con las Farc, de la que el uribismo ha hecho caballito de batalla e insiste en perpetuar como distintivo, concuerdan en temas estructurales como la política neoliberal de libre comercio y de maximización de la tasa de ganancia del capital extranjero, aplicada por 30 años; en el ejercicio del clientelismo y de ciertas dosis de corrupción consentidas a sus respectivas huestes, de lo que hay recientes ejemplos, y, ante todo, en la docilidad frente a los ucases de Estados Unidos sobre esta neocolonia.

Es más, parte de las disputas entre expresidentes vasallos es por aparecer cada uno como más fiel intérprete de los libretos del Tío Sam en cada coyuntura: bien paz o bien guerra; bien garrote o bien zanahoria; bien halcones o bien palomas; bien Plan Colombia o bien Plan Bicentenario; bien FMI o bien Ocde; bien Tiar o bien Otan. Unos se uncen al carro republicano y otros al demócrata en la línea norteamericana para el Sur que, según conveniencia de tiempo y modo, “o fortalecen derechas o cooptan izquierdas”.

Además, sus decisiones sobre la inversión de sus patrimonios, puestas en evidencia por sendos capítulos de Panama Papers, Pandora Papers o Paradise Papers, marcan una pauta común: garantizar hacia el futuro su riqueza particular, poniéndola en el exterior y en disfrute de jugosos ventajismos tributarios.

Es intolerable que quienes han tenido las riendas del país y se resisten a soltarlas practiquen de forma engañosa “Mi patria, mi bolsillo”, o ¿acaso la quieren para llenarlo más? Andrés Pastrana lo tiene en Panamá en Vanguard Investments Inc.; César Gaviria, en sociedad con hermano y allegados, también guarda en el Istmo su bóveda MC2 Internacional S. A., empresa beneficiaria de contratos oficiales en hidrocarburos (SEMANA, A. Suárez, 16/10/2021). Juan Manuel Santos, consejero de la Fundación Rockefeller, fue director en Nova Holding Company, de Barbados, en el año 2000 y suena ligado a Global Tuition & Education Insurance Corp., liderada por Gabriel Silva, el eslabón que une al kínder de Gaviria con varios gobiernos, incluidos los de Santos y Uribe, en las relaciones con Estados Unidos, asuntos cafeteros y defensa y seguridad. Álvaro Uribe ha mezclado sus activos rurales con bien remuneradas consejerías directivas en consorcios como News Corp y J. P. Morgan (Europa Press, 10/02/2014).

Como colorante adicional, las banderías que los expresidentes forman unos contra otros, se refuerzan sembrando entre la sociedad y la opinión el odio recíproco, que no es ninguna “estrategia de desarrollo”, aunque así se intente mostrar, y a veces con toda suerte de improperios que han llegado hasta la Comisión de la Verdad. Son fuentes primeras de la polarización, que encuentra eco en redes sociales, lo que se define como “enfrentamiento manipulado” en el “mercado de la ira” (Revéiz, 2021).

Excepto Fajardo, a quien por su condición independiente se le da por aislado y derrotado de antemano, candidatos como Petro o Federico Gutiérrez ya iniciaron las peregrinaciones a los oráculos de la burguesía intermediaria criolla. Esto, que politólogas uniandinas, como Carolina Fierro (RCN) o Laura Wills (Congreso Visible), calificarían como “síndrome expresidencial”, se trata de mucho más: de la maldición expresidencial, de caciques eternizados en la captura del Estado. ¡Chao, expresidentes!

https://www.semana.com/opinion/articulo/la-maldicion-eresidencial/202200/

22.9.-Acusaciones no probadas de Daniel Coronell ALBERTO DONADIO

¿Cómo es posible que las irregularidades contables detectadas en 2011 que supuestamente significaban inminente afectación del servicio de salud estuvieran vivas cuatro años después?

Foto: Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop 

  1. Refiriéndose a Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop, la desaparecida EPS, Daniel Coronell escribió en SEMANA en mayo 27 de 2017: “Los que produjeron el colapso de la EPS más grande de Colombia han vuelto por los restos”. Coronell no adujo pruebas en favor de su afirmación. Hasta el momento de la remoción de Palacino, Saludcoop no había colapsado. A fines de 2010, Saludcoop registraba un patrimonio de más de 500.000 millones de pesos.

19 mar 2022.- Lo dice la Resolución 801 del 11 de mayo de 2011 (Superintendencia Nacional de Salud), que ordenó la intervención. La EPS no estaba quebrada ni cercana a la quiebra. En los dos años previos, dio utilidades netas de 57.000 y de 16.000 millones de pesos, y cumplía con el patrimonio mínimo exigido y con el margen de solvencia. En noviembre de 2015, cuando ya Palacino llevaba cuatro años y medio alejado de la EPS, el Gobierno confesó que la EPS estaba ilíquida y que en Saludcoop había “un patrimonio negativo de $-2,88 billones de pesos” (Resolución 2422 de 2015, Superintendencia Nacional de Salud).

Se pasó de un patrimonio positivo a un hueco enorme. La resolución no señala que Palacino hubiera sido desde la sombra el responsable o que hubiera sembrado desde antes de su destitución la semilla del descalabro. “Es notoria la crítica situación financiera de Saludcoop”, anotó el Gobierno en 2015. Y agregó: “La situación operativa y financiera implica la imposibilidad por parte de Saludcoop EPS de continuar ejerciendo su objeto social”. Pero no le atribuyó responsabilidades a Palacino, removido 54 meses antes.

  1. Si Palacino hubiera producido el colapso de la EPS cuando fue su presidente, el Gobierno tenía que señalarlo en la resolución de intervención. Pero no lo hizo. Motivaron la intervención 8.013 cheques girados por la EPS que tenían el sello de pagados, lo cual no era cierto. La falta era muy grave porque la contabilidad debe reflejar la realidad de los negocios. Pero los cheques no implicaban un faltante. Eran deudas reales de la EPS con clínicas y otros proveedores que habían prestado servicios reales. Sumaban 266.000 millones de pesos. Se les puso el sello de pagados porque Saludcoop, como otras EPS, era víctima del incumplimiento del Gobierno en los reembolsos del Fosyga.

La Resolución 801 indica que el patrimonio de Saludcoop venía en ascenso. Subió un 8 por ciento de 2009 a 2010 para situarse en 554.000 millones de pesos. La trampa contable fue lo que condujo a la intervención “a fin de superar las deficiencias financieras detectadas”, según la resolución. También se tuvo en cuenta la “inminente afectación de la prestación del servicio de salud”. El Gobierno insistió en ese punto: “La medida que aquí se adopta tiene como finalidad garantizar la adecuada prestación del servicio de salud”. ¿Qué hizo el Gobierno ante esa grave irregularidad contable que implicaba la “inminente afectación” del servicio de salud para los 4 millones de afiliados a Saludcoop? La siguió utilizando como motivo para mantener vigente la toma de control. Una vez recibido el reembolso del Fosyga, los cheques se entregaron a los beneficiarios. Por lo tanto, la irregularidad contable desapareció.

La intervención se decretó por dos años, hasta mayo de 2013, pero el Gobierno alegó que no había superado las “deficiencias financieras”. Se valió de ese pretexto para ampliarla un año más. “Se han venido erradicando las prácticas contables y financieras ilegales que dieron origen a la mayoría de hallazgos que condujeron, a su vez, a la toma de posesión”, observó el Gobierno. Pero el propio presidente Juan Manuel Santos alargó la vida de ese pretexto cuando dos años después de la destitución de Palacino afirmó: “No se ha concluido el proceso de saneamiento” (Resolución Ejecutiva 128 de 2013, firmada por Santos y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria). Presidente y ministro afirmaron: “Es necesario continuar el proceso de depuración contable”. ¿Cuál depuración contable? Ya los cheques no podían ser un problema. Y si en dos años eso seguía sin solución, la culpa era solo del Gobierno.

Pasó un año más. En mayo de 2014, presidente y ministro alargaron otra vez la intervención por un año. ¿Fundamento? “Todavía resulta necesario superar los hallazgos que dieron origen a la intervención” (Resolución Ejecutiva 120 de 2014). Hallazgos es sinónimo de irregularidades. Si los cheques significaban inminente afectación del servicio de salud, no se entiende que el Gobierno dejara pasar tres años sin darles solución. Pasó un año más. En mayo de 2015, presidente y ministro ampliaron por ocho meses la intervción. ¿Fundamento? “Persisten los hallazgos relacionados con aspectos financieros y operativos” (Resolución Ejecutiva 070 de 2015). Parece un sonsonete. ¿Cómo es posible que las irregularidades contables detectadas en 2011 que supuestamente significaban inminente afectación del servicio de salud estuvieran vivas cuatro años después? Es como si en 2011 el Gobierno hubiera intervenido el banco más grande del país, Bancolombia, destituyendo a su presidente, por graves irregularidades contables, para preservar la prestación del servicio bancario, y en 2015 no hubiera saneado esas irregularidades. Nadie habría entendido ese disparate. La prensa no habría culpado al presidente del banco, sino al Gobierno. Si al fin de los ocho meses de la última prórroga el Gobierno hubiera anunciado que había que liquidar a Bancolombia porque su patrimonio negativo era de -200 billones de pesos, nadie creería que el Palacino de Bancolombia fue el culpable cuando el control lo tuvo el Gobierno por años.¿Qué pasó a finales de 2015 en Saludcoop? La liquidó la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Fundamento?

“Actualmente se presenta la imposibilidad de garantizar el acceso real y oportuno a los servicios y el goce efectivo del derecho a la salud por parte de los afiliados, lo cual implica la imposibilidad por parte de Saludcoop EPS de continuar ejerciendo su objeto social” (Resolución 2414 de 2015). No se mencionó a Palacino como causante del colapso ni se dijo que la quiebra se gestó en su administración, ni se ordenó compulsar copias a la justicia penal por desfalcos de Palacino atados al colapso.

  1. En columna de 2011, Coronell anotó que el complejo hotelero y golfístico Villa Valeria Country Club en Restrepo, Meta, costó 10 millones de dólares. Villa Valeria se construyó con fondos privados de Carlos Palacino, presidente de Saludcoop, y de muchas otras personas. No fue una inversión de Saludcoop. Coronell afirmó: “¿De dónde sacaron fondos los dirigentes de un grupo cooperativo para hacer tamañas inversiones? El doctor Palacino me dijo que ese era un negocio suyo y de unos amigos, y que no involucraba a la cooperativa Saludcoop. Como sea…”.

Coronell no les contó a los lectores si era cierto o falso que el negocio era de Palacino. Si Villa Valeria fue un negocio personal de Palacino, como en efecto lo fue, la denuncia de Coronell perdía todo su peso, pues no está prohibido que los presidentes de las EPS hagan negocios particulares. En cambio, si en Villa Valeria se hubieran invertido dineros destinados a la atención de pacientes, el ilícito habría sido innegable. La verdad quedó en el limbo en la columna ‘Hoyo en uno’, de mayo 14 de 2011. Se vendieron 198 suites hoteleras y varias casas. Coronell afirmó que en Villa Valeria muchos compradores eran proveedores de Saludcoop.

Es cierto. Posiblemente fueron presionados o se sintieron presionados. Pero eso no cambia la naturaleza privada del negocio. También hubo médicos y ejecutivos de Saludcoop que compraron suites hoteleras que valían 100 millones de pesos más 50 millones de pesos de afiliación al club de golf porque veían en Palacino a alguien que sacaba adelante los proyectos y creían que la inversión podía valorizarse. Palacino personalmente invitaba a sus relacionados a invertir en el Meta, pero ninguna autoridad civil, penal o administrativa lo sancionó por Villa Valeria.

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, afirmó en entrevista que había EPS que usaban la liquidez del sistema de salud para construir campos de golf. Cuando por derecho de petición le pidieron en 2014 que se retractara en lo concerniente a Saludcoop, el ministro no sacó a relucir investigaciones de Supersalud que hubieran demostrado la desviación de dineros de la salud hacia Villa Valeria. Dijo que se basó en “hechos que han sido ampliamente cubiertos por los medios en diferentes investigaciones periodísticas”. ¿Coronell?

  1. En columna del 28 de octubre de 2017, Coronell afirmó: “Usando los dineros públicos de la salud y dilatando los pagos a terceros, Palacino se daba vida de magnate y no sentía la obligación de dar explicaciones sobre su fortuna”. La columna no ofrece pruebas del uso de dineros públicos. Tampoco existen decisiones administrativas o judiciales que sustenten la afirmación de Coronell.

La resolución de intervención no señala que Palacino, que ganaba 90 millones de pesos al mes, usó dineros públicos de la salud. Supersalud, que le había dado autorización de funcionamiento a Saludcoop, era el organismo que tenía competencia para investigar ese asunto. No dejó constancia de la desviación de fondos. Tampoco el presidente Santos y el ministro Gaviria, que en tres resoluciones prorrogaron la intervención, mencionaron ese supuesto abuso.

  1. A un cuestionario que le envié, Coronell contestó: “Las columnas deben defenderse por sí solas”.

https://www.semana.com/opinion/articulo/acusaciones-no-probadas-de-daniel-coronell/202200/

*22.8.-Un extraño personajeYOHIR AKERMAN
*Reacción al escándalo Mattos: pura apariencia CECILIA OROZCO
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“Muchas gracias por el detalle. Ya le firmé el recibo a Marín”JORGE GÓMEZ
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Operación del saqueo nacional RAMIRO BEJARANO

Foto: Óscar Barreto, exgobernador del Tolima 

Mientras el proceso electoral invade todos los espacios noticiosos, algunos entendidos comentan sobre la existencia de una gigantesca empresa de corrupción que para ciertos funcionarios parece traducirse en que hay que terminar de enriquecerse antes del 7 de agosto y ponerse a salvo de investigaciones.

13 mar 2022.- Esta cruzada que se ha puesto en marcha tiene calculado entregar las llaves de la Contraloría General de la República a quien secretamente sea seleccionado por un grupúsculo de cuatro altos funcionarios que desde hace rato vienen haciendo jugaditas. No se había visto jamás que un funcionario de rango ministerial como el director de Planeación renunciara un año antes de terminar el gobierno dejando distribuidos millonarios recursos de las regalías destinadas a los 170 municipios PDET, que fueron repartidos a los congresistas aliados para asegurar con esta mermelada su respaldo cuando someta su nombre como candidato a contralor.

Los rumores sobre la corrupción no cesan y se habla de que en Valledupar se están construyendo lujosas casas por un alto funcionario y por otro personajito que estuvo en el Gobierno y, si todo resulta bien, sería el próximo contralor. A propósito, ¿quién será el alto dignatario del Estado al que multimillonarios empresarios le han “ofrecido” una mansión en Miami para que “descanse” en la Florida en cuanto termine el gobierno?

El deterioro de la cosa pública es ostensible en las esferas nacionales pero también en las regiones, donde hay mandatarios seccionales que más que gobernadores son verdaderos emperadores. La lista es grande, pero en ella ocupa lugar destacado Óscar Barreto, el cuestionado exgobernador del Tolima, amo y señor de su departamento.

No hay de qué preocuparse, creen los involucrados, porque además de que están disfrutando las mieles del gobierno tampoco hay autoridad que se mueva a investigar lo que es vox populi, pues la audacia de estos poderes siniestros es tan eficaz que tienen silenciados a los medios.

Este estado de cosas inconstitucional y delictual solo lo detiene una revolución, porque luego de lo que pase en las elecciones de hoy todo seguirá igual o empeorará, pues no hay cómo calmar esta jauría de ladrones y negociantes que están asaltando el erario.

Temerosos de que una Contraloría hostil haga averiguaciones sobre muchos negociados, desde el alto Gobierno se ha orquestado una trama sofisticada. Lo primero fue acuñar un procedimiento ilegal para hacer anticipadamente una lista de aspirantes a contralor, que debe ser elegido por el próximo Congreso, valiéndose de un supuesto examen realizado en la Universidad Industrial de Santander facturado para favorecer la aspiración del exdirector de Planeación Luis Alberto Rodríguez O., porque el cuestionario estaba cargado con preguntas propias de su área y no del control fiscal.

Este primer paso fue abiertamente ilegal, como lo sabe Juan Diego Gómez, el arrodillado y obsecuente presidente del Senado, patrocinador de su copartidario (alias el Pollo), que quiere sentar en la Contraloría. En efecto, como el período del actual Congreso termina el 20 de julio, ya no podrá elegir al contralor, pero orquestaron un plan para confeccionar la lista de aspirantes de la cual tendrá que elegirse a uno, y en el Gobierno se han asegurado de que en esa nómina no haya nadie que se atreva a promover indagaciones o averiguaciones que permitan desenredar el nudo gordiano de la corruptela. Eso explica el afán de que un Congreso saliente que no va elegir contralor se haya precipitado ilegalmente a elaborar una lista de aspirantes a tan alta dignidad, que debe ser escogido por otros congresistas que no participaron en su preselección.

La lista de candidatos a contralor ya está elaborada con 10 nombres, cada uno de los cuales responde a un cacique o interés político. Hasta el fiscal Barbosa también pretende imponer sus propios recomendados al Congreso que viene, de manera que quien resulte ungido sea otro del poderoso grupo de donde saldrá el siguiente jefe de la Contraloría.

Es impostergable que las veedurías ciudadanas y organizaciones nacionales e internacionales contra la corrupción velen por hacerles seguimiento minucioso a los patrimonios de funcionarios que están por dejar sus cargos, sus parientes y amigos cercanos. De no tomar acciones urgentes y eficaces, el país no será viable.

Adenda. Quienes resulten elegidos para las 16 curules de la paz deben ser víctimas. De no serlo, sus elecciones son nulas.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/operacion-saqueo/

22.8.-Un extraño personajeYOHIR AKERMAN

Foto: Carlos Castaño, alias Don Berna, José Miguel Narváez

Dos documentos judiciales, uno inédito hasta ahora y el otro poco analizado, dan elementos para avanzar en varios casos importantes. En especial, sobre la profunda relación de autoridades, gobierno y paramilitares.

13 mar 2022.- El pasado 17 de febrero, la Fiscalía General de la Nación resolvió la situación jurídica de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, pidiendo medida de aseguramiento por el delito de secuestro extorsivo del que fue víctima la exsenadora Piedad Córdoba en 1999. Don Berna se encuentra en Estados Unidos.

Recordemos porque la palabra recordar, en su raíz latina, significa atar cabos sueltos.

Unos 12 años antes de que Piedad, protagonista de mi última columna titulada “El reloj despiadado”, cayera en las mieles de los lujos y negocios oscuros de Álex Saab, la testaferro del régimen venezolano, fue víctima de un secuestro por parte de los paramilitares.

Aproximadamente a las 12:45 del 21 de mayo de 1999, la entonces senadora Córdoba asistía al Centro de Ortopedia en el sector El Poblado de Medellín, a cumplir una cita médica. Poco tiempo después ingresaron al lugar miembros de la banda La Terraza, fuertemente armados, llevándose a Piedad bajo intimidación y amenazas. La senadora fue liberada el 4 de junio de ese año.

Durante su secuestro, tuvo contacto con el máximo jefe de las AUC, Carlos Castaño Gil, quien le reconoció que él había ordenado su retención. Ahora sabemos que en compañía de Don Berna. En diferentes oportunidades, Piedad ha manifestado que tuvo conocimiento de diferentes casos por boca del mismo Castaño, mientras estaba secuestrada, o por haber escuchado conversaciones de él con otros paramilitares. Entre estos casos se encuentra el crimen del periodista Jaime Garzón Forero, registrado el 13 de agosto de 1999.

En el documento de la Fiscalía se establece que, en declaración rendida por Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, ante la Fiscalía 13 de la UNDH, dentro del proceso por el homicidio de Jaime Garzón, el paramilitar textualmente hace la siguiente aseveración: “Mucho tiempo después, le escuché al señor Iván Roberto Duque que mencionaba que Carlos Castaño había ordenado la muerte de ese ciudadano, el señor Garzón, por pedido de algunos extraños personajes e incluso mentó que para los días anteriores a ese hecho, habían visitado a Carlos Castaño, entre ellos, el señor José Miguel Narváez, como también lo había visitado en días posteriores o anteriores al secuestro de la senadora Piedad Córdoba, y que era él quien había entregado unos casetes donde el señor Narváez le mostraba a Carlos que esa señora tenía relación con el ELN”.

Extraños personajes. Recordemos eso.

Agrega el documento hasta ahora desconocido de la Fiscalía, que Juan Rodrigo García Fernández, quien fue asesor de las AUC y además hermano de Carlos Mauricio García Fernández, conocido como el comandante Rodrigo Doble Cero, dice que el secuestro de Piedad Córdoba esta relacionado “con presuntas represalias de Carlos Castaño contra la senadora. Esto con ocasión de las grabaciones de las conversaciones sostenidas por Piedad Córdoba con Felipe Torres del ELN, que varias personas, entre ellas su hermano Doble Cero, manifestaron que José Miguel Narváez le había entregado a Carlos Castaño”.

Por estos hechos, la exsenadora presentó el pasado 23 de febrero una petición formal ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que se le reconozca como víctima dentro del proceso que se abrirá próximamente por los secuestros ejecutados por agentes de la fuerza pública con asociación con grupos paramilitares.

Ahí viene el otro documento objeto de esta columna.

El 28 de febrero, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, en resolución 707, rechazó parcialmente a José Miguel Narváez en su intención de sometimiento a esta jurisdicción pues, de acuerdo con el tribunal, la propuesta de sometimiento no aportaba nada nuevo a la verdad del conflicto.

Fueron más allá. La JEP le dio un ultimátum a Narváez para que en una diligencia reservada, presente una propuesta clara y detallada de aporte a la verdad plena, reparación y no repetición, con relación a los graves hechos por los que ha sido investigado en la justicia ordinaria. Por ejemplo, los homicidios de Jaime Garzón Forero, Manuel Cepeda Vargas, sus relaciones con el paramilitarismo, las chuzadas del DAS, la tortura de la periodista Claudia Julieta Duque, el hostigamiento a Hollman Morris y el secuestro de Piedad Córdoba, entre otros.

Para entender ese ultimátum, es crucial recordar que Narváez Martínez, fuera de ser parte de la entraña de los paramilitares, era parte del núcleo íntimo del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Sigamos recordando, o atando cabos sueltos.

El hoy condenado coautor del asesinato de Jaime Garzón, fue en 2002 parte de la comisión de empalme en asuntos de seguridad del entonces electo presidente Uribe Vélez. Narváez fue designado por el gobierno, junto al empresario antioqueño Pedro Juan Moreno, para estructurar el Centro Nacional de Inteligencia (Cenit), que sería el nuevo organismo que centralizaría todas las informaciones de seguridad nacional y que dependería en forma exclusiva de la presidencia.

El Cenit era conocido como la Sala de Estrategia Nacional y estaba integrado por civiles, analistas y expertos en inteligencia y contrainteligencia, con la colaboración de los organismos de inteligencia del Reino Unido, Japón, Israel y Estados Unidos.

Después de ese paso por la parte neural de la inteligencia del gobierno de Uribe, Narváez continuó su estelar carrera bajo el ala del presidente y se convirtió en asesor del Ministerio de Defensa, antes de pasar a ser subdirector del DAS, bajo la dirección del hoy preso Jorge Noguera Cotes.

Noguera Cotes ha confirmado varias veces que el nombramiento como subdirector del DAS de este personaje, hoy condenado a 26 años por el asesinato de Jaime Garzón, fue por orden directa del entonces presidente Álvaro Uribe. Orden directa.

Como se ha explicado en el pasado, Narváez creó, como subdirector del DAS, el grupo de inteligencia llamado G3, que en la práctica funcionó como un brazo criminal del DAS para hacer seguimientos e interceptaciones ilegales contra opositores del gobierno de Uribe, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y magistrados de las altas cortes.

Después de ese meritorio trabajo de hostigamiento, espionaje y acoso a periodistas, magistrados y opositores del gobierno de Uribe, Narváez fue premiado con un contratico por José Félix Lafaurie para ser su asesor en Fedegán en 2006. ¿Cómo no? Tenía todas las cualidades para trabajar con el polémico líder gremial de ganaderos, famoso por sus enfrentamientos con periodistas, la justicia y los opositores.

Una buena hoja de vida, que llaman.

Y para corroborar eso, nada mejor que seis declaraciones de líderes paramilitares desmovilizados que confirman que, mientras servía como funcionario del gobierno de Uribe y de asesor de Fedegán, Narváez Martínez siguió como puente, aliado y fiel representante del paramilitarismo.

Por ejemplo, el 27 de enero de 2009, el hermano de Doble Cero declaró ante la Fiscalía que buena parte de los actos delictivos cometidos por las autodefensas a órdenes de Carlos Castaño, fueron orientados o sugeridos por Narváez Martínez. “En una ocasión, Carlos Castaño pasó por la finca donde yo me encontraba y me dijo que iba a reunirse con el doctor Narváez, quien venía de parte del ya entonces presidente Álvaro Uribe para concretar aspectos de la dinámica”.

Un extraño personaje y una extraña relación. Pero efectiva. Por eso no se puede desconocer la cercanía de Narváez con el expresidente Uribe, como tampoco su estrecha relación con Lafaurie. Menos ahora que la JEP le da un ultimátum a ese polémico y oscuro personaje si quiere someterse a esa jurisdicción para entender la profundidad de los vínculos entre las Fuerzas Armadas, el gobierno de Uribe Vélez y los paramilitares como Carlos Castaño y Don Berna.

https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/un-extrano-personaje

22.8.-Reacción al escándalo Mattos: pura apariencia CECILIA OROZCO

Cuando se fugó Aida Merlano, en un acto de teatro del absurdo en que se mezclaron el disparate cómico con el riesgo de morir por la fragilidad de la cuerda que le sirvió de ascensor desde la ventana de un tercer piso hasta la calle, el escándalo fue mayúsculo: la conquistadora de los hombres más poderosos de Barranquilla se voló de la cárcel en que estaba pagando sus deudas, ante las narices de sus guardianes del INPEC.

9 mar 2022.- La ministra de Justicia, Margarita Cabello, y el general Óscar Atehortúa, director de la Policía, trataron de demostrar lo que nunca tuvo este Gobierno: voluntad anticorrupción real. Entonces despidieron a varios funcionarios y cambiaron al director del Instituto, un trompo de poner y quitar en la entidad policial dependiendo de si tiene amigos poderosos o no. En ese octubre de 2019, despacharon, pues, al director, el general William Ruiz. Lo sustituyeron con el general Norberto Mujica a quien le tocó enfrentar otro hecho mucho más difícil: el motín en la cárcel La Modelo, ocurrido en marzo del año de la pandemia, el 2020. El resultado no pudo ser peor: 24 presos muertos a bala y 107 personas heridas de las cuales 76 eran detenidos y 31 del INPEC. Todavía está por determinarse si se cometieron, por parte de los agentes, antes y durante las horas de retoma del reclusorio, crímenes de tortura, violaciones a la dignidad humana y hasta ejecuciones extrajudiciales.

Pese a la masacre en esa prisión, el general Mujica corrió con suerte: le permitieron conservar su puesto en medio de homenajes y nueve meses después, con el ascenso del general Jorge Luis Vargas a la Dirección de la Policía, Mujica fue también premiado con su nombramiento en la Dirección de Inteligencia en donde está hoy. Ambos, Vargas y Mujica, coinciden en su vida profesional en las labores de investigación estatal. Deben compartir muchos secretos producto de sus pesquisas. En reemplazo de Mujica, llegó el general Mariano Botero Coy, el paganini de los paseos de Carlos Mattos, pues a él, a Botero, sí lo sacaron Vargas y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, a las patadas antes que al propio director de La Picota. Para reemplazar al destituido general Botero, Vargas y el ministro encargaron a un subalterno de Botero: el coronel Joaquín Medrano. Parece un mal chiste pero no lo es: Medrano fue quien firmó la “remisión médica especial” para Carlos Mattos como consta en un documento que se conoció, en la prensa, el mismo día en que echaron a Botero y pusieron a Medrano. ¿Se conmovieron ellos dos con la denuncia? ¡No! Con cinismo preocupante dejaron actuar a Medrano hasta el domingo pasado cuando Noticias Uno reiteró la enorme contradicción que existía entre sus dos decisiones: botar al director general del INPEC por dejar salir a Mattos y poner en su lugar al oficial que firmó los permisos para que el preso diera paseos por Bogotá.

Noticias Uno reveló, además, la existencia de dos documentos originados en la Dirección de Custodia y Vigilancia que encabeza, precisamente, Medrano: uno, firmado por este en cuanto se sentó en el puesto de director del INPEC. Ordenaba el traslado de un detenido de La Picota, en Bogotá, a El Pedregal, en Medellín, la ciudad natal del preso, un secuestrador que resultó ser cuñado del capitán de la Policía Mauricio Vélez Arboleda. Favores internos en la Policía ¿sí se permiten? El segundo documento tuvo origen, según su huella digital, en la oficina del mismo coronel Medrano. Allí le piden explicaciones, en tono perentorio, al encargado del Complejo Penitenciario de Bogotá por el incumplimiento de las órdenes de traslado, de pabellones y prisiones, de un amplio número de detenidos. En la relación figuran muchos extraditables, tal vez, para camuflar los movimientos de personajes con líos judiciales pero también con influencias: Memo Fantasma, el de los negocios con el esposo de la vicepresidenta; Enrique Pardo Hasche, el preso que se jugó sus condiciones en la cárcel por la defensa de Uribe Vélez, y Eduardo Soto Castillo, alias Fabián, otro testigo del grupito de los que visitaba Diego Cadena para favorecer al expresidente. En esta relación hay dos inconsistencias graves: la firma escaneada y sin autorización del director del INPEC, y dos fechas sin coincidencia entre ellas: ¿una falsificación? A la mañana siguiente de la publicación de Noticias Uno, el Gobierno corrió a anunciar el nombramiento del director en propiedad del Instituto, desplazando al inquietante Medrano. Esta vez el turno es para el general Tito Yesid Castellanos… hasta cuando llegue el nuevo escándalo. Si usted no tiene “vara” con Vargas, con Ruiz o con los políticos queridos y temidos del Gobierno, échese la bendición, general Castellanos. Le quedan meses de actividad.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/reaccion-al-escandalo-mattos-pura-apariencia/

22.8.-“Muchas gracias por el detalle. Ya le firmé el recibo a Marín”JORGE GÓMEZ

Tomado de El Espectador

 

Por el bien de Santander, esta columna tiene el propósito de mostrar quién es y qué hay detrás del señor José Alfredo Marín, candidato al Senado por el Partido Conservador y comodín político del coronel Hugo Aguilar, quien pretende tener al menos esa representación en el Congreso después de que se frustró la candidatura de su hijo el exgobernador Richard Aguilar -del partido Cambio Radical- por lo mismo que hoy le pasa al papá: porque lo metieron preso.

8 mar 2022.- A Marín lo tenían para la Cámara, pero tras la captura de Richard les tocó “ascenderlo” al Senado.

¿Y por qué pusieron a Richard a compartir reclusión con su papá? Porque la Corte Suprema le comprobó que desde su gobernación había montado un sofisticado engranaje para obtener comisiones por contratos de infraestructura, como lo demostraron en parte las confesiones de los dos principales testigos de tantos sobornos y contratos amarrados, la exsecretaria de Infraestructura, Claudia Janeth Toledo, y su esposo Lenin Darío Pardo.

Según detallado informe de Noticias Caracol, ellos revelaron “la más feroz radiografía de la corrupción en Santander”, y entre sus revelaciones hay un detalle que hasta ahora ha pasado desapercibido por la Fiscalía y demás organismos de control.

El periodista Juan David Laverde cuenta ahí de un video hallado en la residencia de Julián Jaramillo Díaz, asesor de confianza de Richard Aguilar, el cual constituye prueba reina de los bultos de dinero que se repartieron en esa época. Según la Corte, “esto indica a todas luces el papel de Jaramillo en este carrusel de corrupción, como quien recibe y reparte dinero producto de coimas”.

Pues bien, el detalle desapercibido se encuentra a partir del minuto 7:40 de este video, donde se ve que alguien le muestra a Jaramillo tres inmensas bolsas repletas de fajos de billetes, y dice: “Doctor Julián, para contarle que ya le llegó la encomienda, mire. (…) Muchas gracias por el detalle. Ya le firmé el recibo a Marín”.

¿Quién es el Marín ahí mencionado? ¿Se trata del mismo José Alfredo Marín en el que hoy están puestos todos los anhelos y complacencias del clan Aguilar? ¿Mejor dicho, es posible acaso que sea otro Marín? Ahí les dejo ese trompo, para que lo bailen en una uña.

Podría pensarse que están ante una situación desesperada, y ello explicaría que en la actual gobernación de Santander -presidida por Mauricio Aguilar, de quien se dice estaría próximo a ser destituido por falsificación de documento público- tienen a su gente trabajando incansablemente para conseguirle votos a Marín.

Parte de la prueba sería un chat de Whatsapp donde Érika Yiseth Flórez Angarita, funcionaria de la Gobernación, invita a un grupo de contratistas “a nuestro proyecto político para que todos nos pongamos la camiseta y nos ayuden con cada uno de sus amigos, vecinos, en fin”. Y en uno posterior se lee: “Les recuerdo que para el día de hoy son las planillas que les compartí”. Y más adelante: “Buenos días, compañeros, les recuerdo los listados. ¿A qué horas puedo pasar?”. Listados de votantes por Marín, por supuesto. (Ver chat).

Pero no se trata de un hecho aislado, pues el periódico Vanguardia en su edición del domingo 6 de marzo cuenta desde su titular que “Con la maquinaria de la Gobernación de Santander a toda marcha, los Aguilar buscar mantener sus curules en el Congreso”. Para no alargar la pita, en este enlace se explica de qué modo “utilizando toda su maquinaria institucional, el gobernador Mauricio Aguilar se la juega en estas elecciones legislativas por mantener su representación en el Senado de la República y la Cámara de Representantes”.

En tal contexto de desesperación se inscribiría el permiso de 72 horas de libertad que el miércoles 2 de marzo le concedió el Inpec a Hugo Heliodoro Aguilar, justo a diez días de las elecciones legislativas. No existen pruebas para hacer esta aseveración, pero si de algo le es útil a Aguilar estar fuera de la cárcel tres días seguidos, sería para ‘ajustar los tornillos’ de la campaña en busca de que su pupilo logre ser elegido.

Si Julián Jaramillo era “el hombre del maletín” de Richard Aguilar, José Alfredo Marín sería el de Hugo Heliodoro, y el video en mención mostraría la conexión entre uno y otro, ambos como miembros activos del mismo clan. Es mucho lo que está en juego, y en este contexto el permiso de salida se explicaría en que busca evitar que su pupilo se le queme, pues en diversos círculos políticos de Santander se rumora que la candidatura de José Alfredo Marín no ha logrado despegar.

Por último, así se trate de un saludo a la bandera, sería de esperar que tanto la Procuraduría como la Fiscalía entren a adoptar las medidas de control y fiscalización pertinentes.

¿Es mucho pedir? Amanecerá y veremos, como dijo el ciego.

Post Scriptum: No es por posar de adivino, pero me atrevo a aventurar que un miembro de otro clan al parecer también mafioso, Alejandro Char, será el ganador de la coalición de la derecha. Esto sería reflejo de la cada vez más creciente banalización de la corrupción en Colombia, o sea la consolidación del ethos mafioso, para decirlo en términos de Germán Ayala. Y es la ocasión para señalar algo en apariencia absurdo: ¿cómo así que en Colombia la gran mayoría de la población se define como “de centro”, pero una encuesta de Guarumo muestra que la segunda consulta más votada será la del Equipo por Colombia, detrás de la del Pacto Histórico? Ahí hay gato encerrado, intentan crecer a la derecha desde las encuestas.

Posdata 2: Como dije en columna anterior, mi voto para el Senado será por el número 9 en la lista del Movimiento Fuerza Ciudadana, Emiro Arias. Aunque no veía por quién votar a la Cámara, lo haré por Jorge Flórez, abogado y exconcejal de Bucaramanga, segundo en la lista de Alianza Verde. Votaré además por Alejandro Gaviria en la consulta del centro y por Gustavo Petro a la presidencia en primera vuelta

https://www.elunicornio.co/muchas-gracias-por-el-detalle-ya-le-firme-el-recibo-a-marin/

*22.7.-El sueldazo los 279 congresistas por los que usted va a votar
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El reloj despiadado de Piedad CórdobaYOHIR AKERMAN
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John Rueda, el sospechoso lavador con relaciones de alto vuelo – CECILIA OROZCO
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Credit Suisse, confidencialidad para corruptos – BEETHOVEN HERRERA
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Credit Suisse ha permitido que personas moralmente en bancarrota roben a los pobres durante demasiado tiempo JOSÉ STIGLITZ

¿Cuántas denuncias se necesitarán para que Suiza y otros países cambien sus leyes sobre el secreto bancario?

«Países como Suiza son los facilitadores clave». Sede del Grupo Credit Suisse en Zúrich. Fotografía: Bloomberg/Getty Images

Las revelaciones explosivas de los secretos de Suisse, reportadas por The Guardian y varios medios internacionales, son una continuación del trabajo pionero de los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso. En cierto sentido, es la misma vieja historia una y otra vez. Cada vez que los periodistas levantan la cortina del secreto del sector financiero, se revela una red de corrupción y actividades nefastas, desproporcionadamente de clientes turbios y familias de dictadores, con un puñado de políticos aparentemente respetables en democracias atrapados en la red.

21 feb 2022.- Pero esta vez, hay algo diferente. Esta vez no se trata de una isla pequeña y oscura en alta mar o de un país en vías de desarrollo en apuros que intenta encontrar un modelo de negocio alternativo a las drogas. Es un banco importante en el centro de Europa, en uno de los países más prósperos del mundo; un país donde se supone que el «estado de derecho» debe reinar supremo. Aún más decepcionante, dado que el país y el banco involucrados han hecho promesas de transparencia y de hacerlo mejor. Y ese es el punto: sin más transparencia, no puede haber rendición de cuentas.

De hecho, la posición de Suiza parece cada vez más doble, con un marco legal que penaliza a quienes intentan romper su secreto. Países de todo el mundo han aprobado leyes de denunciantes, reconociendo lo difícil que es descubrir un comportamiento adverso. La exposición de Frances Haugen de las fechorías de Facebook probablemente no habría sido posible sin las estrictas leyes de denuncia de irregularidades de EE. UU. Pero Suiza, una de las democracias más antiguas del mundo, parece haber redoblado su compromiso con el secreto, independientemente de los incentivos que proporciona para el mal comportamiento, al amenazar a periodistas y otras personas que intentan acceder a datos que muestran lo que está sucediendo en el mundo. Sombras oscuras de su sistema financiero.

Lamentablemente, pero no sorprendentemente, ningún medio suizo pudo unirse a la colaboración mundial de periodismo debido al peligro de graves consecuencias legales bajo las leyes de secreto bancario del país. Pero los periodistas de otros países también deberían recibir felicitaciones, por arriesgarse a la posibilidad de que las autoridades suizas los procesen. Sin duda, Suiza debe conocer el efecto paralizador de su legislación: tal vez su intención era preservar sus modelos de negocio el mayor tiempo posible, de tomar una pequeña porción de las ganancias ilícitas de otros, a cambio de proporcionar un lugar seguro y secreto para atesorar y almacenar el castrado.

Los secretos de Suiza tienen dos aspectos particularmente alarmantes. La colaboración periodística internacional solo vio una pequeña parte de los datos de los clientes del banco, pero si en esta pequeña parte ya hay tantos clientes problemáticos, incluidos dictadores y sus familias, presuntos criminales de guerra, oficiales y jefes de inteligencia, un traficante de personas, empresarios sancionados y abusadores de los derechos humanos – una verdadera galería de granujas – ¿qué veríamos si la ventana del banco fuera más grande?

En segundo lugar, parece que los países que más sufren por la asistencia del banco a los malos actores son los países en desarrollo y los mercados emergentes. La revelación confirma lo que los expertos han advertido durante mucho tiempo: Suiza acordó un intercambio automático de información principalmente con otros países avanzados, pero no con países pobres, y especialmente con aquellos que podrían ser el hogar de estas actividades ilícitas. Como resultado, la cleptocracia y la corrupción aún pueden florecer.

Es bueno ver que los periodistas creen en su deber de informar, y que luchan por “el derecho a saber” de los ciudadanos de países como Suiza, que no pueden controlar lo que ocultan sus políticos. A los políticos de los países avanzados les gusta pronunciar discursos condenando la corrupción en otros lugares. Pero son países como Suiza los facilitadores clave: los que proporcionan el refugio, asegurando los rendimientos a largo plazo.

Debemos ser claros: Suiza no está sola. Se queja con razón de que cerrar la puerta allí simplemente cambiará las actividades hacia bienes raíces y finanzas en Miami, Londres u otros centros de lavado de dinero. Aun así, hay algo moralmente repugnante en que aquellos en los EE. UU., el Reino Unido o Suiza vivan del botín robado a aquellos mucho más pobres. Y aquellos países como Suiza que han diseñado un código legal que hace florecer este sistema deberían estar especialmente avergonzados.

Cuántas historias, cuántas revelaciones, cuántas revelaciones, se necesitarán para que Suiza, los EE. UU., el Reino Unido y otros países cambien sus leyes sobre el secreto bancario y de bienes raíces, y todas las demás actividades que facilitan el lavado de dinero y promueven el crimen y ¿corrupción? Si bien este tesoro oculto mostró que Suiza se beneficia de un flujo de dinero de los países pobres, el sistema en sí mismo se está corrompiendo: la podredumbre del dinero contaminado estropea todo lo que entra en contacto.

Con suerte, los secretos de Suisse, este enorme logro del periodismo honesto y honorable, avergonzará a quienes se han resistido a crear un sistema financiero y económico más transparente.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/feb/21/credit-suisse-secrets-morally-bankrupt-steal-poor-switzerland

22.7.-El sueldazo los 279 congresistas por los que usted va a votar

Cada congresistas le cuesta al país casi cien millones de pesos, en los que se incluye su salario, primas, beneficios y otras prestaciones

El próximo 13 de marzo los colombianos elegirán, mediante voto popular, a 108 senadores y 117 representantes a la Cámara, que serán los encargados de hacer y modificar las leyes en el país y del control político.

3 mar 2022.- Cada uno de los 279 congresistas recibirá salario y otros beneficios económicos que se pagan con los impuestos recogidos y otras contribuciones obligatorias que cubren todo el gasto público del país que para el año 2022 quedó tazado en 350 billones de pesos.

Para este 2022 el salario de los congresistas subió el 5.12%. Tuvo un incremento de un poco más de un millón y medio de pesos frente a los 32.7 millones que se venían ganando en 2021, que ya venía siendo el segundo salario de congresistas más alto de América Latina.

Los congresistas que salgan elegidos en 2022 se adjudicarán un sueldazo de $34.417.000. Si al salario se le suman otros beneficios como primas, vacaciones, seguridad social, seguridad, y sus equipos de trabajo y asesores, cada congresista es un gasto para el país que llega a los $95 millones mensuales.

Para poder elegir a los congresistas la Registraduría Nacional del Estado Civil pondrá en el país y en el exterior 81.925 mesas, que se instalarán en 11.034 puestos de votación.

https://www.las2orillas.co/el-sueldazo-los-279-congresistas-por-los-que-usted-va-a-votar/

22.7.-El reloj despiadado de Piedad CórdobaYOHIR AKERMAN

El recibo de un ostentoso reloj en manos de la DEA es lo que parece marcar el fin de la líder de izquierda Piedad Córdoba. Un péndulo que marca las horas y los minutos que le quedan a esa polémica líder para posiblemente enfrentar a la justicia americana. Una joya de oro y piedras preciosas que es un símbolo de cómo los recursos de los más desfavorecidos del pueblo venezolano terminaron, a nombre de la revolución chavista, gastándose en las boutiques más exclusivas de París por las personas más indolentes.

6 mar 2022.- Esta es una historia de lujo. Una columna en donde los elementos más inverosímiles son reales. En específico, es un relato de lo que significa no tener misericordia, mucho menos piedad, aunque ese sea su nombre de pila.

Para empezar a narrarla, nada mejor que la investigación que el periodista Gerardo Reyes trae en su libro Alex Saab. Les recomiendo que lo lean, ya que en esta coyuntura política trae muchos elementos para entender cómo se hicieron ricos dos exponentes de las esquinas políticas en Colombia.

En una esquina, la de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, que hizo una millonada defendiendo al testaferro de Nicolás Maduro. En la otra esquina, la de la extrema izquierda, Piedad Córdoba, que hizo una fortuna a punta de comisiones, siendo la madrina y protectora de Saab con el régimen que saqueó los recursos del pueblo venezolano.

Piedad nunca ha sido frentera y transparente sobre su profunda relación con Saab. Todo ha salido a cuentagotas. Digamos que a la fuerza gracias al periodismo y la investigación. En diferentes entrevistas, la candidata al Senado empieza negando sus vínculos con el testaferro de Maduro. Después termina contradiciéndose y enfrentada a los hechos, la evidencia y la verdad.

En la entrevista con Gerardo Reyes para su libro, empezó escondiendo que tuviera una familiaridad con Saab. Después le admitió que “escasamente lo conocía”. Cuando se dio cuenta de toda la evidencia que tenía el periodista investigativo de Univisión, la memoria de la exsenadora se fue mejorando. El rigor investigativo, siempre es una milagrosa cura contra la amnesia selectiva.

Para ese libro tuvo que confesar que ella era la persona que intercedía por Alex Saab y su socio Álvaro Pulido ante las entidades venezolanas, como Cadivi, para que les pagaran sus cuentas. Fuera de eso, admitió que era tan cercana, que dormía en su mansión en París. Además, reconoció que se volvió amiga de la esposa de Saab, quien la llevaba de compras. E, incluso, que en algunas ocasiones Piedad utilizó las tarjetas de crédito del testaferro para sus compras personales.

Centrémonos ahí.

En uno de los lujosos viajes que Saab pagó para Piedad, en los que incluso a veces viajaba en sus aviones privados, fue a París entre agosto y septiembre de 2012. La exsenadora fue invitada a la capital francesa por Carlos Lozano al Fête de l’Humanité. En castellano, ese es el Festival de la Humanidad que es una gran cumbre de líderes de izquierda, en la que se discuten las ideas y plataformas para trabajar contra la desigualdad, para fomentar la lucha de clases y mirar cómo se puede detener el capitalismo voraz.

Pues nada mejor que ese entorno anticonsumista para ser la mejor anticomunista. Todo empezó en un sofisticado coctel en la mansión de Saab en el bulevar Saint Germain, con champaña, caviar, foie gras y las délicatesse de la cocina francesa para alimentar las mentes más revolucionarias de la izquierda. Piedad le pidió a la esposa en ese entonces de Alex Saab, Cynthia Certain Ospina, que organizara un evento para atender a sus camaradas. Todo pagado con los recursos robados por la izquierda al pueblo de Venezuela.

La tragicomedia se cuenta sola.

Al día siguiente, para bajar el sabor de las trufas blancas y el sutil dolor de cabeza que deja una noche de buen vino tinto, Piedad dedicó su día a algunas compritas en las boutiques de lujo de Les Champs-Élysées. Prendas, carteras y joyas que Piedad le había visto puestas a Cynthia la noche anterior. Piedad tenía una debilidad por el gusto, sofisticado y costoso de la esposa de Saab. Se antojaba de todo lo que ella se ponía.

Cuentan las fuentes que la exsenadora en esa oportunidad se antojó de un lujoso reloj que la primera esposa del testaferro de Maduro se había comprado en Cartier. Le pidió que se lo mostrara. Incluso se lo probó y no demoró en afirmar que quería comprarse el mismo. Cosa que no era extraña ya que Piedad, como dije, gastaba despiadadamente parte de las comisiones que recibía de Saab por sus oficios con el régimen venezolano, en imitar el europeo estilo de Cynthia.

Esta joyita no fue la excepción.

Con un pequeño problema. En las grandes joyerías de relojes de súper lujo, las piezas más exclusivas y costosas son reservadas para quienes tienen un historial con la marca. Se necesita mostrar que uno ha comprado cierto número de relojes o joyas, para poder acceder al nivel más selecto de esas tiendas. No cualquiera puede llegar y comprar el reloj más caro de una marca como Audemars Piguet, Rolex, Cartier, Richard Mille. No, se necesita demostrar que uno ha comprado varios y que se es digno de llevar lo más exclusivo de la marca.

Problemas de ricos, que llaman.

Este era el caso de ese reloj de Piedad. Por sus quilates, diseño y piedras preciosas, la joya de Cartier de la que se antojó la exsenadora de izquierda no era una pieza para la venta al público en general. No se podía llegar, pedir el reloj, pagar e irse. Para comprar el reloj Piedad necesitó usar la cuenta de Alex Saab quien, evidentemente, como buen defensor del régimen venezolano, era un hombre del mejor nivel de ostentación y, por consiguiente, acceso en las marcas de súper lujo en París.

De acuerdo con fuentes de agencias americanas, esa es la razón por la cual Piedad utilizó la tarjeta American Express Black terminada en 1046 a nombre de Alex Saab para hacer la compra de su reloj Cartier. Porque necesitaba el historial de Saab con la marca y el acceso a ese estrato de exclusividad, que le permitía comprarlo. Acá también es importante aclarar que las tarjetas negras de American Express solo se dan a personas que tienen un nivel de gasto muy superior, y que demuestran respaldo de millones de dólares para sus gastos mensuales.

Piedad se dio gusto pagando con la Amex negra de Saab. Literalmente, no veía la hora de hacerse al reloj.

Después de eso, siguió su rumbo al festival Fête de l’Humanité, para discutir las ideas de la izquierda con sus camaradas y colegas. Ni más faltaba, los defensores del proletariado merecen lo mejor.

Ante estos hechos, la exsenadora ha contado que el Cartier era un reloj cualquiera, que ella le pagó de vuelta a Saab y que solo estaba usando su tarjeta prestada. “Yo no soy tan conchuda”, le dijo a Reyes cuando este le preguntó por esa compra.

Pero no fue la única vez que Piedad utilizó el acceso de Saab, o de su esposa Cynthia, con exclusivas tiendas. Como contó una fuente al libro de Reyes, en otro viaje a París, en el que Piedad se quedó en un lujoso hotel, Cynthia la llevó de shopping o compras a la boutique de Louis Vuitton y ella se gastó 10,000 euros de tajo, más de 40 millones de pesos, en un par de carteras.

Alex Saab le decía a su esposa que le diera gusto en todo. Y Piedad como le gustaba todo lo que le veía a Cynthia puesto, se dio gusto en todo a costas de Saab. O del pueblo venezolano, dependiendo de dónde se vea.

Pero esto no pasó solamente en París. La fijación de Piedad por las carteras de marca y joyas es internacional. Una de las personas cercanas a Córdoba cuenta que eran muy comunes los paseos de la senadora por el centro comercial Sam Bill de Caracas, con bolsas y bolsas de lujosas tiendas. Cuentan que era tan buena compradora, que le cerraban las boutiques para que la senadora pudiera comprar tranquila sin que los otros clientes la molestaran o distrajeran. ¡Una líder de izquierda de verdad!

Incluso cuenta Reyes que Alex Saab le regaló un carro a Camilo Andrés Castro Córdoba, el hijo de Piedad, para que pudiera moverse por Venezuela. Un flamante BMW, ya que Saab le tenía mucho aprecio al hijo de Piedad. Incluso lo llevaba a reuniones en sus aviones privados.

Todo esto es acorde a lo que Andrés Vásquez, exasesor de comunicaciones de la exsenadora, le contó a la justicia, al convertirse en testigo clave en el caso que involucra a Saab con la excongresista. Vásquez les confirmó a las autoridades colombianas detalles de la relación, como que a Piedad le iban a pagar el 10 por ciento de comisión de todos los negocios de Saab.

Cuenta Vásquez que era claro que varios de esos negocios de Saab correspondían a importaciones ficticias, uso ilegal de divisas o saqueo de las arcas de Venezuela. “Incluso, en el correo en que yo le informo eso a Piedad le digo que aquí hay un problema, un problema porque estamos sacando el dinero de alguien que está teniendo en realidad una importación ficticia o algo y es cuando Piedad me dice: hermano, usted es muy flojo, dele todo eso a Camilo (el hijo de Piedad)”.

De esas comisiones es que Piedad se llenó de lujos para ella y su familia. Suntuosidades como ese reloj despiadado que hoy en día le marca un cronómetro regresivo para posiblemente terminar en manos de la justicia americana. Pese a esto, el candidato presidencial Gustavo Petro y la izquierda colombiana no tienen problemas en seguir presentando y defendiendo a Piedad Córdoba como una gran dirigente, que representa su visión y liderazgo. Quién sabe, a lo mejor sí representa su visión de país, en donde el lujo y el acceso es para unos pocos a costa de los recursos del pueblo.

https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/el-reloj-despiadado

22.7.-John Rueda, el sospechoso lavador con relaciones de alto vuelo – CECILIA OROZCO

Foto: Álex Char, John Horacio Rueda Polanía

 Un individuo cuyo nombre no le dice nada a nadie, salvo a unos cuantos periodistas, parece tener tanto poder judicial y político en Colombia, que puede ir por la vida transgrediendo la ley, como se sospecha de él, sin que haya castigo social o penal que lo alcance. Se llama John Horacio Rueda Polanía, el mismo que sonríe mientras posa al lado del aspirante a jefe de Estado Alejandro Char, en una imagen que fue tomada recientemente, según consta en la gorra con la frase “Álex Char, presidente”, que porta la única mujer del grupo fotografiado.

2 mar 2022.- Un sospechoso lavador con relaciones de alto vuelo

Es raro que Rueda Polanía goce de plena actividad pública tanto en Barranquilla como en Bucaramanga y Cúcuta en donde mueve a sus anchas los florecientes negocios de comercio que posee, a pesar de que ha sido capturado varias veces por indicios que lo vinculan con gruesas operaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilegales. Sin embargo, cuando lo detienen, algo pasa, queda libre y sus procesos se paralizan.

Rueda Polanía también ha sido mencionado en un oscuro episodio de venta de dólares a la esposa de otro candidato presidencial: Rodolfo Hernández. Aunque era obvio que el dinero que fue girado a la señora Socorro Oliveros de Hernández, en 2016, provenía de una cuenta misteriosa en un banco que garantiza el ocultamiento de sus orígenes, la Fiscalía ha ignorado las pruebas contundentes que la obligarían, en un país de leyes serias, a investigar y acusar a los responsables ante un juez penal. Paréntesis: 2016 fue el primer año de Rodolfo Hernández en la Alcaldía de Bucaramanga. Entonces, el mandatario local se entretenía organizando una licitación para entregar el manejo de las basuras de la ciudad a un consorcio privado por 30 años, mediante un contrato de valor superior a US$250 millones. No obstante, cuando ya estaba listo para adjudicarlo, el negocio se frustró por revelaciones según las cuales el alcalde y su hijo Luis Carlos habían manipulado, de manera dolosa, las condiciones de la licitación.

Volvamos a la historia que involucra al sospechoso lavador John Rueda con la señora Hernández: esta recibió en su cuenta del Bank of America de la Florida, el 12 de julio de 2016, US$50.000 de la firma Marcopolo Intertrading LTD que tiene, a su vez, cuenta en el SAIBANK, de Curazao. El SAIBANK fue mencionado en operaciones de funcionarios públicos de Latinoamérica en casos de corrupción, por ejemplo, el de Odebrecht. Y, como se sabe, Curazao es un paraíso fiscal muy atractivo porque no cobra impuestos corporativos y porque garantiza el bloqueo de información que sirve a evasores y responsables de ilícitos. Socorro Oliveros Hernández —como es identificada en el Bank of America— engordó su cuenta de Estados Unidos al día siguiente, 13 de julio de 2016, con otros US$50.000 que le giró Marcopolo Intertrading LTD desde el mismo SAIBANK, de Curazao.

Unos días después, el 21 de julio, la esposa del candidato presidencial Hernández recibió notificación del ingreso de US$100.000. Por esas mismas fechas, Luis Carlos, el hijo de Rodolfo, y un intermediario se cruzaron mensajes de celular en que el primero le pedía al segundo conseguir, con urgencia, dinero estadounidense en el mercado extrabancario colombiano. En uno de ellos, de fecha 14 de julio de 2016, es decir, unas horas después de los giros de Curazao a la señora Oliveros, el intermediario le escribió a Hernández hijo: “A mediodía necesitamos un pantallazo que está pidiendo John Rueda el de los 50.000 usd”. Cuatro días más tarde, el 18 de ese mes y año, se lee otro mensaje con destino a Hernández Oliveros: “Me está llamando john que a donde manda por los pesos”. Luis Carlos Hernández contesta: “Mano, no han abierto la oficina. Las oficinas abren a las 8”.

El mensaje fue escrito a las 7:48 de la mañana. Los giros, las fechas de estos, los mensajes de celular y el nombre “John Rueda” o “john” coinciden con los movimientos bancarios de la señora Socorro quien, de acuerdo con otros datos escritos en los móviles, tenía interés en comprar un apartamento en Miami. John Rueda fue capturado en 2006 bajo la sindicación de lavar dólares provenientes del narcotráfico; fue deportado por Venezuela, en 2010, con otro colombiano de la banda de los Mellizos.

El presidente Álvaro Uribe lo mencionó en alocución pública, con sus nombres y apellidos (ver). Y en el año 2020, nuevamente cayó en manos de agentes judiciales, sindicado de hacer parte de un grupo de ganaderos que blanqueaban dólares (ver). Pero John Rueda no solo sigue libre: se da el lujo de negociar con la esposa de un candidato presidencial y de tomarse fotografías con otro.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/un-sospechoso-lavador-con-relaciones-de-alto-vuelo/

22.7.-Credit Suisse, confidencialidad para corruptos – BEETHOVEN HERRERA

Suiza ha suscrito acuerdos de intercambio automático de información con otros países desarrollados pero no con países pobres.

Por su neutralidad política Suiza aloja diversos organismos multilaterales pero tras la Segunda Guerra Mundial quedó demostrado que en sus bancos se guardaron el oro y la riqueza saqueados por los nazis.

27 feb 2022.- Cuando los familiares de los judíos asesinados en los campos de concentración solicitaron la devolución de los ahorros depositados por sus parientes, la banca helvética puso múltiples trabas. Entonces judíos prominentes como Spilberg y Barbara Streissand consiguieron que la justicia americana determinara que si no compartían la información de clientes procesados en Estados Unidos, tales bancos deberían salir del territorio norteamericano.

Así se rompió, solo para esos casos, el secreto bancario que ha servido para esconder dineros robados por gobernantes corruptos como lo demostraron el Nobel Kramer y su colega Seema Jayachandran en un emblemático texto titulado Deuda Odiosa. Allí enumeran a los dictadores Marcos de Filipinas, Abacha de Nigeria, Duvalier de Haiti, Somoza de Nicaragua, y Mobuto en Congo, quienes saquearon a sus países y encontraron refugio en Suiza.

Ahora The New York Times denuncia que Credit Suisse guardó fortunas de personas ligadas a la corrupción. Según el diario, dicho banco abrió cuentas desde 1940 hasta 2010 “no solo a ultrarricos, sino también a persona cuyas situaciones problemáticas habrían sido obvias para cualquiera que pusiera sus nombres en un motor de búsqueda. Ello incluyó a empresarios sancionados o violadores de los derechos humanos por un valor conjunto de US$100 mil millones”.

Un empleado sostiene que el banco desoyó alertas sobre “actividades sospechosas” de sus clientes, acusados de corrupción en Venezuela, gobernantes de Oriente Medio y colaboradores de EE. UU. en la guerra contra el terrorismo. Y mencionan al presidente egipcio Mubarak, sus hijos y el rey de Jordania.

Credit Suisse respondió que rechaza las acusaciones y argumentó que muchas de las cuentas en cuestión ya fueron cerradas y que se trata de una campaña de descrédito. Y agregó que “el banco y el mercado financiero suizo han sido sometidos a cambios importantes en las últimas decadas”. En cambio Daniel Thelesklaf, antiguo director de la Agencia suiza contra blanqueo, aseguró que a los bancos suizos se les ha prohibido aceptar dinero vinculado a actividades criminales y señaló además que “la ley por lo general no se ha aplicado con dureza”.

Estas revelaciones confirman las advertencias de expertos, pues Suiza ha suscrito acuerdos de intercambio automático de información con otros países desarrollados pero no con países pobres, especialmente con aquellos que pueden ser sede de actividades ilícitas. Y como resultado la ‘cleptocracia’ con su corrupción ha florecido…

El nobel Stiglitz ha destacado que en este caso “no se trata de una pequeña isla o un país en desarrollo… se trata del mayor banco del centro de Europa, en uno de los países más prósperos, que se vanagloria del respeto a la ley como su norma suprema”.

¡Y recuerda que Suiza y ese banco habían hecho promesas de mejorar la transparencia! 

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/credit-suisse-confidencialidad-para-corruptos-562295

*22.6.-Un ‘spa’ para ‘Otoniel’ MARÍA ISABEL RUEDA
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¿A quiénes quiere encubrir la Dijín? PATRICIA LARA
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Rodolfo Hernández: Colombia, de mal en peor –  CECILIA OROZCO
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Decorador de interioresYOHIR AKERMAN

Fotos y videos publicados en las redes sociales del abogado Abelardo De la Espriella, comprobarían lo que él ha tratado de negar y esconder en diferentes escenarios, y es que el polémico abogado siguió conociendo de la defensa del testaferro del régimen de Nicolás Maduro, Alex Saab. Incluso después de que este fue sancionado y acusado penalmente por el gobierno de Estados Unidos. 

27 feb 2022.- Vamos por partes.

Como revelé en la columna pasada titulada Abelardo Saabía, la Corte del Distrito Sur de la Florida desclasificó dos documentos, que demuestran que el polémico abogado sabía de las actividades ilícitas de su cliente, en confabulación con el régimen de Maduro, desde el 8 de agosto de 2016.

El 25 de julio de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó al ciudadano colombiano Alex Nain Saab Morán, por su participación en operaciones de lavado, producto de la corrupción y el saqueo de Venezuela.

Cuando Saab ya había sido sancionado por la OFAC, De la Espriella Enterprise Lawyers publicó un comunicado de prensa en defensa de su cliente, en el que reconocieron la existencia de la sanción, pero reivindicaron los derechos de Saab “a la presunción de inocencia y al debido proceso, los cuales asisten a él y a todos los seres humanos”.

Como lo pudo determinar el periodista investigativo Gerardo Reyes para Univisión, de acuerdo con la ley de Estados Unidos, para el momento de la sanción, De la Espriella tenía que haber renunciado a la defensa de Saab o haber solicitado un permiso específico, puesto que el penalista es un residente permanente de los Estados Unidos.

 

El polémico abogado ha sido residente permanente de Estados Unidos desde el 19 de junio de 2017, de acuerdo con la información conocida por Gerardo Reyes. Por lo tanto, está obligado a obtener una licencia especial de la OFAC para que él, o cualquier empresa en la que tenga intereses, represente en cualquier parte del mundo a una persona sancionada por el Departamento del Tesoro.

El comunicado no contenía ningún anuncio de su renuncia a la defensa. Y, aunque De la Espriella ha establecido en varias entrevistas con medios que, efectivamente, ya no representa a Saab, nunca ha presentado públicamente un documento que certifique la terminación de su relación contractual ni tampoco ha precisado la fecha exacta de esa separación con el testaferro de Maduro.

Pero la cosa se pone peor. O mejor.

En la página web de De la Espriella Lawyers Enterprise, se puede constatar que tienen oficinas de abogados en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Miami. Enfoquémonos en estas últimas dos.

La de Miami, porque de nuevo, al tener una oficina de abogados en Estados Unidos y ser residente permanente de ese país, tiene que acatar las normas establecidas por la OFAC. Incluso en su página web, De la Espriella dice que su firma ubicada en Coral Gables hace parte del American Bar Association, ABA por sus siglas en inglés, o Asociación de Abogados de Estados Unidos.

La ABA es una organización que, de acuerdo con ellos, se encarga del establecimiento de estándares académicos para academias y firmas de derecho, y la formulación de un código ético modelo, para el ejercicio de la abogacía en ese país. Ser miembro del ABA es un tema importante.

Pues gracias a una verificación con esa asociación, pude constatar que ni Abelardo De la Espriella, ni De la Espriella Lawyers Enterprise, hacen parte ni son miembros, ni tampoco lo han sido en el pasado, de esa asociación.

Una lastima, porque parece que les serviría acatar ese modelo del código ético del ABA. Prueba de eso es lo que pasa en la otra oficina de interés de la firma, que es la de Barranquilla.

En los procesos en Colombia del señor Alex Saab, después de que la firma De la Espriella Lawyers Enterprise dejara de facturar con su defensa, asumió como abogado en algunos de sus procesos, un jurista llamado Jhonatan Peláez Saenz.

Peláez Saenz es tan interesante como pintoresco.

Primero porque es un, oh coincidencia, gran admirador de su antecesor, Abelardo De la Espriella. En sus redes sociales no esconde el apoyo y admiración por sus causas, su estilo y su persona. Pero el mal gusto no es ilegal.

Segundo, porque ha trabajado en otros casos como abogado de la misma firma de De la Espriella. Al revisar su tarjeta profesional No. 195123, se puede constatar que, en octubre de 2018, Peláez Saenz, fungió como abogado personal, pero representando a la firma de Abelardo De la Espriella, en la defensa del entonces alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub.

Era un pleito que involucraba a la Alcaldía y unas empresas privadas, por la demanda que interpuso una de las 16 familias afectadas por los terrenos de La Loma. Pero eso no es relevante.

Lo importante es que el apoderado principal en ese entonces del hoy candidato presidencial Alex Char, era Abelardo De la Espriella. Pero el que iba a las audiencias y presentaciones del caso ante el Juzgado 16 Penal Municipal en Barranquilla era Peláez Saenz. Y aunque eso sí es significativo, sigue sin ser ilegal.

Entonces vamos a las fotos y videos que Abelardo ha puesto de su flamante oficina en Barranquilla, porque esas nos dan mucha información.

En una amplia casa, decorada con una mezcla de separaciones en vidrios modernos con repisas tradicionales de madera oscura, y ambientada con una colección de arte sobre unas paredes amarillas. En esas paredes pueden verse obras de artistas colombianos como Darío Ortiz, Jacanamijoy, Obregón y Omar Rayo entre otros.

Su abrumador gusto para vestirse, es el mismo que utiliza para decorar sus oficinas.

En los múltiples videos se puede ver tomas del abogado, impecablemente trajeado, simulando varias conversaciones serias con algunos de sus colegas. En otras actúa estar trabajando con una fina colección de diferentes pañuelos, y en muchas tomas camina por la casa modelando, o una exquisita corbata palo de rosa o un blazer azul náutico, de frente a la cámara, con cara de que algo está a punto de explotar en el fondo de la imagen.

Pero lo más diciente pasa en un muro, que se podría denominar como una egoteca, ya que es una pared en la que Abelardo expone fotos y artículos sobre Abelardo. Un gran decorador.

Sobre esa misma pared, y una que colinda perpendicularmente en la que hay una obra de gran formato de un rostro de un hombre que parece con frío, es que también se pueden observar muchas fotos del señor Jhonatan Peláez Saenz en el espacio que presenta como su oficina.

Vaya, vaya, vaya.

Es decir, para ser claros, el abogado Peláez Saenz, que continuó representando algunos intereses de Saab en Colombia después de ser acusado penalmente en la Florida y ser incluido en la lista OFAC, opera desde las mismas oficinas de De la Espriella Lawyers Enterprise en Barranquilla.

Frente a estos hechos intenté contactar al señor Peláez Saenz para corroborar si aún continuaba representando a Saab y si su dirección de notificación sigue siendo la misma de De la Espriella Lawyers en Barranquilla, como aparece en notificaciones con su tarjeta profesional, pero no quiso responder a mis pedidos ni preguntas.

Lo que sí queda claro es que de comprobarse esto por parte de los Estados Unidos, puede poner en problemas jurídicos a De la Espriella en ese país, por su condición de residente legal. Quizás sería mejor que el polémico abogado se dedique a la decoración de interiores, ya que ese talento y peculiaridad, demuestran que Peláez y De la Espriella serían la misma cosa. Algo así como de tal Peláez, tal De la Espriella. ¿O al revés?

https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/decorador-de-interiores

22.6.-Un ‘spa’ para ‘Otoniel’ MARÍA ISABEL RUEDA

Dicen que le están violando sus derechos humanos ante la estricta vigilancia. ¿Merece algo mejor?

Dicen que a ‘Otoniel’ le están violando sus derechos humanos, porque lo vigilan 24/7, ante las versiones de planes de fuga y hasta intentos de soborno a su círculo de vigilancia. Y que eso coarta su libertad de declarar ante la justicia. Pero, además, que el otro día le apretaron demasiado sus esposas. (Las de las muñecas, aclaro. No las conyugales). No podemos tolerar semejante tratamiento.

27 feb 2022.- No podemos, porque asegura estar dispuesto a contarle toda la verdad a la Comisión de la Verdad. Hasta ha pedido que lo reciban en la JEP, donde ya anuncia que confesará graves violaciones de los derechos humanos por parte del Ejército y el DAS. Pero esas declaraciones vienen con premio, que como últimamente en lo judicial será, por algún lado, la cabeza de Álvaro Uribe. Ofrece contar sus fechorías “en compañía de políticos del Casanare y Urabá, aliados de Uribe, así como de alcaldes y congresistas de la coalición de gobierno”, con los que cometió asesinatos, secuestros, amenazas, atentados, desplazamientos de familias campesinas. Momento de gloria que por tanto tiempo llevan esperando los enemigos del expresidente.

Y para qué. ‘Otoniel’ es un hombre de admirable carrera delictiva. La hizo completica. Se educó en las Farc, validó en el Epl, universidad en las autodefensas, y en posgrado montó su propio y millonario negocio narco bajo tres nombres distintos. A él le gusta llamarse jefe de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Pero no le molesta el nombre de ‘clan del Golfo’ ni que lo llamen jefe de ‘los Urabeños’.

Pero con una carrera tan fructífera, sus defensores han encontrado obstáculos en acomodarle su pasado para que lo acepten en la JEP. Han tenido que asegurar que cometió el grueso de sus delitos antes del 1.º de diciembre del 2016, requisito para ser premiado por la JEP. ¿Qué hizo ‘Otoniel’ entre 2017 y 2021? ¿Obras de caridad?

Pero para la JEP, falta cuadrar otras cositas. Allá no reciben paramilitares, y sus defensores dicen que ‘Otoniel’ no lo es en estricto sentido, porque fue expulsado de Justicia y Paz en 2015. Ni siquiera exhibirán para el efecto su valioso pasaporte guerrillero. Solo validarán su condición de empresario narco, como tercero financiador del conflicto. La pregunta es: ¿‘Otoniel’ es un tercero, o un actor que sigue delinquiendo?

Y no ha podido contar la verdad, según sus defensores, porque siempre está vigilado, no porque sea el narco más buscado del mundo, sino para amedrentarlo y mantenerlo callado.

No es que pidan que las medidas de seguridad se reduzcan, faltaba más, sino que “no afecten su confidencialidad y privacidad”. ¿Qué sugieren sus defensores para interrogar a ‘Otoniel’ sin vigilarlo?

Si no se atraviesa la JEP, y lo suelta y le facilita su fuga, lo esperan en la justicia colombiana siete condenas, diez procesos en curso, ocho medidas de aseguramiento, 137 órdenes de captura, 33 investigaciones de la Fiscalía, más tres procesos por narcotráfico en EE. UU. Paga allá, y tendrá que venir a pagar lo que debe acá.

Pero no quieren dejar, y para ambientar que no se lo lleven, ya se le han construido tres mentiras monumentales. Una, que se entregó voluntariamente y eso contradice que se quiera volar. Esa versión ha sido suficientemente desmentida. Dos, que si se va a EE. UU., no sabremos nada de sus delitos en Colombia. Falso. La extradición es la máxima figura de cooperación penal internacional, porque la criminalidad es cada vez más transnacional. Desde EE. UU. podrá ser interrogado cuantas veces quiera por la justicia colombiana. Hasta Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara podrán ir a interrogarlo a la cárcel, como han hecho con otros extraditados. El solo Mancuso, preso en EE. UU., tuvo más de 1.000 oportunidades para contar su verdad. Pero, eso sí, ni modo de pedir que en EE. UU. no lo esposen, o que no le aprieten mucho las cadenas de los pies, y menos que dejen de vigilarlo tanto para que no se cohíba. Y la tercera mentira, que se robaron las confesiones de ‘Otoniel’ ante la Comisión de la Verdad. Robaron, sí, unas grabadoras utilizadas por un comisionado en su oficio, lo cual es lamentable, pero estaban vacías. Lo de ‘Otoniel’ quedó debidamente guardado. Pero qué escándalo el que se armó. ¡Durante varias horas se habían robado la confesión de ‘Otoniel’!

Propongo que para ayudarlo a hablar sin miedo, hagamos de su cárcel un spa. Que las esposas se las diseñe su esposa propia, bien acolchaditas, asesorada por el cirujano plástico que dejaba idénticas a sus esposas subalternas. Que sus guardias lo dejen tranquilo. Y que en su lugar acudan a cuidarlo unas masajistas, no escogidas por la Dijín. Y que le tengan una bolsa de sus ‘snacks’ favoritos, para que cada vez que abra la boca y mencione el nombre de Álvaro Uribe le tiren una cosita rica a su boca. ‘Otoniel’ se merece eso y más. Alma bendita.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-isabel-rueda

22.6.-¿A quiénes quiere encubrir la Dijín? PATRICIA LARA

Otoniel…

 

Lo que se teje tras la casi segura conspiración de la Dijín para evitar que Otoniel les diga lo que sabe tanto a la JEP como a la Comisión de la Verdad debe ser una trama digna de una de esas series españolas en las que los crímenes y negocios ilícitos ocurren porque los delincuentes cuentan con la complicidad de oficiales y políticos claves.

25 feb 2022.- No de otra manera se explica que la Dijín, que custodia a Otoniel, hubiera empezado a obstaculizar sus declaraciones ante la JEP y la Comisión de la Verdad, y a “castigarlo” de modo que le dé miedo hablar. Otoniel, exguerrillero de las Farc y del Epl, exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia y, por último, jefe del Clan del Golfo, había afirmado antes que desea revelar los nombres de los oficiales que están en la nómina de ese grupo criminal y cómo funcionan las alianzas de este con empresarios, miembros de la Fuerza Pública y otros funcionarios.

Veamos los hechos: la primera sesión ante el comisionado Alejandro Valencia y el investigador Eduardo Andrés Celis no contó con la privacidad requerida, fue espiada por cámaras y policías, e interrumpida por la Dijín. Dos días después, desconocidos asaltaron la casa de Celis y se llevaron solo el computador y una grabadora que contenían las declaraciones de Otoniel ante la Comisión, pero por fortuna Valencia hizo copia de las grabaciones. Luego la Dijín dijo que pondría la investigación del robo en manos de la Fiscalía, y sabemos que ahí puede demorar años. El martes, cuando Otoniel caminó cerca de 50 metros para ir a declarar ante la JEP, como lo reveló Daniel Coronell en uno de sus reportes para W Radio, en lugar de ser llevado con esposas en las manos, chaleco antibalas y casco, como es lo habitual, “fue esposado de pies y manos, y además usaron una cadena que une las extremidades superiores e inferiores”, lo cual hizo que el reo se quejara apenas llegó a la sala de audiencias por haber recibido “un tratamiento cruel e indigno”, y dejara “constancia de lo que, según él, es otro de los castigos que viene sufriendo en la Dijín desde que anunció su deseo de contar todo lo que sabe”.

La situación es tan grave, que el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, le envió una carta al presidente Duque, “en la que pone en su conocimiento la gravedad de lo ocurrido”, le anuncia que él, personalmente, seguirá entrevistando a Úsuga (Otoniel) y le solicita que “en su calidad de jefe de Estado inste al conjunto de las instituciones para que investiguen de manera pronta y eficaz lo sucedido”, y provean las garantías necesarias para “que la entrevista se siga desarrollando con las debidas confidencialidad y privacidad”.

El Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad, integrado entre otros personajes por David Bojanini, Bernardo Toro, Cecilia María Vélez, Doris Salcedo y Rodrigo Uprimny, le escribió a Duque en el mismo sentido.

En este momento lo fundamental es no solo que el presidente otorgue las garantías solicitadas por Francisco de Roux, sino que desacelere el trámite de extradición de Úsuga, que se mueve a una velocidad inusitada. También, que la JEP acepte a Otoniel, como él lo ha pedido, en su calidad de tercero colaborador de las Fuerzas Armadas y promotor de grupos paramilitares.

Después sí, que lo extraditen. Pero antes que nos diga la verdad. Porque es algo demasiado importante lo que está en juego: nada menos que descubrir por qué en Colombia persiste el conflicto.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/patricia-lara-salive/a-quienes-quiere-encubrir-la-dijin/

22.6.-Rodolfo Hernández: Colombia, de mal en peor –  CECILIA OROZCO

Tiene razón el columnista Ramiro Bejarano cuando pide que “ojalá algo (trascendente) suceda porque es lo único que salva del marasmo una campaña en que nadie despega ni convence”.

23 feb 2022.- Salvo excepcionales intervenciones de algún candidato, los colombianos nunca habíamos padecido, como esta, una competencia presidencial tan superficial. Pareciera que el carácter frívolo del actual mandatario ha contaminado de tal manera el ambiente que los aspirantes a sucederlo no han podido superar su nivel. La repetición de las fórmulas de siempre: “Lucharé contra la corrupción”, “se acabará la ‘robadera’”, “brillará la meritocracia” y “terminaré la politiquería”, francamente aburre y no despierta la emoción de nadie porque ya nos pusieron la vacuna contra los lemas vacíos. Por el contrario, lejos de conseguir adherentes con su verborrea, los videos ridículos en TikTok y sus esfuerzos por atraer votos sin tocar el establecimiento ni a los de derecha, de izquierda o de centro, despiertan muchas dudas entre quienes queremos elegir, a conciencia, a alguien que merezca nuestra admiración y apoyo en las urnas.

Este caldo de cultivo es perfecto para que se nos cuele un mandatario más dañino que el presente: es posible, no se asombren. Es cierto el adagio popular según el cual toda situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar: no solo elegiríamos a un presidente superficial e ignorante del manejo del Estado sino, además, a un populista violador de la institucionalidad, un corrupto blanqueado o un loco que se siente nuestro salvador. Si esto sucede y sobreviene el desastre, nosotros, en los medios, tendríamos cuota de responsabilidad por estar dedicados a cubrir pendejadas en lugar de descubrir la parte esencial de los hechos. Así, por el descuido y la bobería nacional se ha entronizado en debates y encuestas un personaje, personajillo, más bien, a quien favorecen el silencio generalizado y la lenta acción judicial que indaga sus conductas, las de su hijo y que debería hacerlo, también, con las de su cónyuge mientras se desempeñó como alcalde de Bucaramanga, cargo al que renunció tres meses antes de terminar periodo cuando la Procuraduría General lo apartó de la administración de la ciudad por esos mismos tres meses, una vez comprobó que el individuo de marras estaba participando, directamente, en la campaña de elección de su reemplazo con abuso de su posición de poder.

Ustedes ya lo adivinaron. Este señor, hoy dizque en los primeros lugares en la favorabilidad de los encuestados, es Rodolfo Hernández, un sujeto que simula ser simpatiquísimo, franquísimo, valientísimo y que oculta que su único activo real es ser riquísimo. Pues bien, con el derecho que nos asiste a los gobernados de revisar el pasado de quien pretenda representarnos y dirigirnos, me permito recordar que el entonces alcalde de Bucaramanga (enero de 2016-septiembre de 2019) está vinculado a una investigación penal que avanza a paso de tortuga, por sus actos en la adjudicación de un contrato para el manejo de las basuras de la ciudad ¡durante 30 años! Se trataba de un negocio multimillonario en el que quiso incidir su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros cobrando comisiones a quienes ganaran la licitación. Difícilmente se pueden encontrar, en una investigación judicial, pruebas tan claras de lo que sucedió: existe un contrato de corretaje (comisión que perciben los corredores) firmado, entre otros, por el propio Hernández hijo, quien recibiría US$6 millones si el negocio se concretaba; existe la grabación de una conversación en que el alcalde Hernández presiona, con sus habituales gritos y vulgaridades, al secretario jurídico de la empresa de aseo para que no se interponga en la adjudicación (ver); existen mensajes en los aparatos celulares de varios involucrados; existen los testigos y sus testimonios; existe, en otro caso que la justicia no ha examinado, el traslado de US$170.000 negociados por fuera del sistema bancario y, al parecer, provenientes de un narcotraficante y lavador de activos, a las cuentas bancarias de la esposa del candidato presidencial en Estados Unidos, para la compra de un apartamento (ver).

Entre tanto, Rodolfo Hernández se lanza a la Presidencia como el abanderado de la anticorrupción. Su única defensa consiste en que el contrato no se firmó por el escándalo que hubo aunque es claro como el agua el marcado interés familiar en su adjudicación. Un investigado por presunta corrupción y por permitir conductas posiblemente corruptas de su hijo y de su esposa va a recibir miles de votos a nombre de la pureza y la renovación. Pobre Colombia: de mal en peor.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/rodolfo-hernandez-colombia-de-mal-en-peor/

*22.5.-En Colombia, un capitalismo hirsuto CRISTINA DE LA TORRE
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El presidente y su hermano Andrés Gregorio Duque – SALOMÓN KALMANOVITZ
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La sagrada familia Char – CECILIA OROZCO
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Así se hace, general Zapateiro PATRICIA LARA
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La heredera radical YOHIR AKERMAN

El partido Cambio Radical nunca pierde la oportunidad de perder una oportunidad. Específicamente cuando se trata de tomar distancia de los escándalos de sus miembros o de darles avales a algunos candidatos con pasados oscuros. Es más, en algunos casos, pareciera casi un requisito. 

13 feb 2021.- No es por nada que la actual alcaldesa de Bogotá, en una entrevista con RCN en 2017, definió, irónicamente, al partido Cambio Radical, como “un concierto para delinquir con personería jurídica”.

Pues tampoco, pero en algunos casos los directivos de este movimiento sí dejan muchas más preguntas que respuestas en cuanto a su manejo de los escándalos, el proceso de selección de sus candidatos y sus estándares éticos.

Tal y como lo escribió en una columna memorable el periodista Jorge Eduardo Espinosa en el diario El Espectador en agosto de 2017, para mirar el contexto de este partido, que nació en 1998 producto de un mea culpa de una generación de figuras del Partido Liberal tras el proceso 8.000, no hay más que mirar su página web.

Como dijo Espinosa, este portal inicia con una serie de fotos, donde aparece su fundador y máximo líder, Germán Vargas Lleras. En una imagen aparece risueño, en otra Vargas Lleras trabajador, con casco de obrero en la mano. En otra parte del portal hay un par de fotografías del doctor Vargas Lleras mostrando su liderazgo, mientras da un discurso y finalmente, un Germán inquisidor, apuntando con el dedo, como quien hace una acusación.

Pues parece que la acusación debería ser a su propio partido, porque este bastión de la democracia ha sido el partido con mayor número de dirigentes salpicados en sucesivos escándalos de corrupción en Colombia.

Así como se oye.

Cambio Radical fue el movimiento político de mayor cantidad de congresistas condenados por nexos con los paramilitares con el, no menor, número de cinco senadores y nueve representantes condenados. También pasó a la historia como el primer partido sancionado por el caso, del que en ese momento era el presidente del Senado, Javier Cáceres.

Pero nada de esto importa a los votantes. Es decir, a las maquinarias. Mientras Vargas Lleras como vicepresidente repartía casas gratis y construía carreteras por todo el país, Cambio Radical fue el gran campeón de las elecciones de 2015, al conquistar 255 alcaldías y 14 gobernaciones. Solo para empañar su triunfo, poco tiempo después, con la destitución de cinco de ellos por corrupción. Entre los cuales cuenta con mención de honor el caso de Oneida Pinto, a quien todos, incluida la casa Char, avalaron, pese a ser la heredera política de Kiko Gómez en La Guajira.

Tampoco se puede dejar de mencionar a otra medalla de oro de la corrupción. Es el caso del santandereano Richard Aguilar, que hace parte de la misma lista, donde también se encuentran 11 gobernadores, alcaldes y concejales que engrosan el inventario de personas sentenciadas por la justicia. Todos avalados por ese partido que, según su fundador, se creó para combatir la corrupción.

El chiste se cuenta solo.

La contienda actual no es la excepción. Existen varios casos que ejemplifican esto, incluido el de su candidato presidencial Álex Char que, pese a toda la evidencia, seguirá adelante sin sonrojarse. Pero ese caso lo estudiamos después. Vamos hoy a un ejemplo de esto, más específico y puntual, ya que el diablo está en los detalles, como decía en clase mi profesor de derecho penal.

Sandra Milena Ramírez Caviedes es la carta del partido Cambio Radical para la Cámara de Representantes por el departamento del Magdalena. Está casada con el actual representante a la Cámara Franklin del Cristo Lozano de la Ossa, del partido Opción Ciudadana.

Recordemos que Opción Ciudadana fue fundado en 2009 como el Partido de Integración Nacional (PIN), por Luis Alberto Gil, un parapolítico de pura sepa. En 2013, con vista a las elecciones que se celebraron al año siguiente, cambió su nombre por el que lleva hoy. Pero también podría hacer sido: Opción Paraca.

Franklin del Cristo Lozano de la Ossa fue diputado del Magdalena representando a su tocayo y cacique político, Franklin Lozano Pimienta. Lozano Pimienta es, nada más ni nada menos, que una de las personas que firmó el manuscrito del Pacto de Chivolo.

Recordemos porque recordar es vivir.

El Pacto de Chivolo selló el respaldo del grupo armado paramilitar a 13 candidatos a alcaldías, y 395 aspirantes a la Asamblea y los concejos del Magdalena en 2002. A su vez, todos ellos apoyarían a José Domingo Ávila, en su intención de llegar a la gobernación de ese departamento.

El pacto nació cuando el excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, citó a un centenar de políticos y líderes sociales en el corregimiento de La Estrella, a 20 minutos del casco urbano de Chivolo. El objetivo era acordar las candidaturas que más adelante serían avaladas por los partidos.

El señor Franklin Lozano Pimienta fue la tercera firma, y por supuesto pagó prisión por eso. No sin antes heredar sus votos del paramilitarismo al señor Franklin del Cristo Lozano de la Ossa. Y ahora, ese mismo legado y batón pasa a su esposa, la candidata Sandra Ramírez, como la heredera de todo ese clan encaminado a seguir con la bonita tradición. Tradición parapolítica.

Pero el caso va más allá.

A Ramírez se le acaba de cumplir una inhabilidad que tuvo por la bicoca de una década. La Procuraduría General de la Nación la destituyó del cargo de diputada de la Asamblea Departamental del Magdalena, por inscribirse como candidata a diputada estando inhabilitada y al resultar elegida, tomar posesión del cargo.

Tan bella.

Esa persona, tan Lozana, con su sal y su Pimienta, es la que ahora quiere ser representante por el Magdalena con el apoyo de Cambio Radical. No sorprende ya que ese partido, que ha perdido tantas oportunidades en el pasado, se dé el lujo de perder otra, para mostrarse como un movimiento que no da la bienvenida a la corrupción y a los candidatos con pasados cuestionables o vínculos paramilitares.

Ese parece ser su legado, siempre tan fiel a sus 8.000 raíces. Quizás no sea una coincidencia que la palabra radical tenga origen en la expresión latina para la dicción raíz. O en este caso: mala hierba.

https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/la-heredera-radical

22.5.-En Colombia, un capitalismo hirsuto CRISTINA DE LA TORRE

Motivo “reestructuración”, El Colombiano prescindió del columnista Francisco Cortés Rodas en el día del periodista. Al parecer, no tolera ese periódico la opinión libre sobre verdades que violan su intimidad con los grupos de poder en Antioquia. Piedra de escándalo habría sido la columna que el catedrático tituló “El capitalismo paraco y los empresarios honorables”.

15 feb 2022.- Nuestros grupos capitalistas –escribió él– no son moralmente virtuosos. Aquí se desarrolló también la fórmula extrema de un capitalismo sin ley ni orden que podrá llamarse “capitalismo paraco”; con apoyo de los gobiernos de turno y gracias a una alianza entre paramilitares, narcotraficantes, políticos y “honorables empresarios”. Uno de ellos –dice- es José Félix Lafaurie, denunciado de tales vínculos por el dirigente ganadero Benito Osorio, cuya revelación reafirma Mancuso: para él, la de Fedegán y Auc fue una “alianza gremial, política y militar de alcances que la sociedad colombiana aun no ha llegado a imaginar”. Entre otros, un sangriento proceso de apropiación de tierras.

Hay capitalismos de capitalismos, argumenta Cortés. En Antioquia floreció uno “virtuoso” construido mediante estructura empresarial de propiedad cruzada llamado GEA. Virtuoso sería porque ha generado empleo y mejorado la calidad de vida. Un capitalismo benévolo, inscrito en la línea de la filantropía moderna, pese al pecadillo de Argos que compró con ventaja tierras de campesinos en situación de desplazamiento. Pero filantropía es caridad, no justicia social. Se pregunta el columnista si benévola será la fórmula corporativa que al GEA le permitió usar una empresa pública como EPM para sus propios intereses. Para mantenerse y expandirse, este capitalismo se habría valido de la razón y de la ley, pero también de la fuerza, la violencia y la apropiación de bienes ajenos. Excesos propios de su natural voracidad, que demandan una transformación del orden político y económico capaz de regular el capitalismo y redistribuir la riqueza.

Para Juan Manuel Ospina (El Espectador, enero 28), el discurso liberal del dejar hacer mueve a grandes empresas que terminan por destruir las instituciones del capitalismo de libre mercado. En la base del fenómeno, el desplazamiento del poder de los accionistas –los dueños de la empresa- a sus administradores que, empoderados, cambian las prioridades: reparten una pizca de utilidades entre los accionistas e invierten el grueso, no en creación de nuevas empresas sino en la compra de otras ya existentes. “Es –señala Ospina- un capitalismo más de concentración que de creación de capacidad productiva, donde el capital financiero es actor central”. El GEA es una variante de este modelo, con una particularidad: un grupo de empresas de propiedad cruzada, florecientes, y con acciones en la bolsa (las de sus accionistas) subvaluadas.

Marcadas ya por el crimen, ya por el despotismo empresarial, armonizan estas dinámicas del capitalismo en Colombia con las políticas de los gobiernos, y mucho desemboca en violencia, exclusión y hambre. Dígalo, si no, la más reciente revelación sobre inseguridad alimentaria que en el país alcanza al 54,2 % de los hogares, 64,1 % en el campo. Debido, en parte, a la franciscana asignación de recursos al agro que, cuando la hay, va a parar a la gran agricultura empresarial de materias primas, no al campesino que pone más de dos tercios de los alimentos en la mesa de los colombianos. Debido, también, a la importación masiva de alimentos que el país puede producir.

Boyantes en el dejar-hacer de los gobiernos, al lado del patrón que asocia a gremios (de ganaderos, de palmeros) con paramilitares y políticos, el modelo GEA marcha vertiginoso hacia el monopolio, la privatización de lo público y el abuso de poder. He aquí las dos patas del capitalismo hirsuto que nos asiste.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cristina-de-la-torre/en-colombia-un-capitalismo-hirsuto/

22.5.-El presidente y su hermano Andrés Gregorio Duque – SALOMÓN KALMANOVITZ

Nos enteramos de que Iván Duque visitó el Ducado de Luxemburgo en días pasados, buscando cualquier pretexto para recorrer el mundo con su hermano, a costa de los contribuyentes colombianos. El pequeñísimo país cuenta con una población de 636.000 habitantes. Se distingue por ser la sexta jurisdicción financiera más secreta del mundo, además de ser uno de los más notorios paraísos fiscales corporativos del globo, de acuerdo con la clasificación de la Red por la Justicia Tributaria.

14 feb 2022.- Se trata de uno de los regímenes fiscales más laxos de la Unión Europea, lo que ha generado serios escándalos. Se ha acusado a multinacionales establecidas allí —como Pepsi, Procter & Gamble, J.P. Morgan, Federal Express, Amazon y Deutsche Bank— y a miles de ricachones residentes de evadir millones de euros en impuestos. Por eso, tiene un ingreso por habitante de US$110.000, el más alto del mundo.

No obstante, Duque firmó un tratado para eliminar la doble tributación entre Colombia y Luxemburgo, como para seguir su ejemplo y dejar de cobrar impuestos al capital que se invierta en Colombia, tal como lo hace el ducado. Agregó el presidente colombiano: “El acuerdo incluye compartir información tributaria para combatir conjuntamente contra (sic) la evasión”, pero al mismo tiempo es una “invitación para invertir en el país”. Sin embargo, nuestro Duque no fue recibido por el gran duque de Luxemburgo, Henri Guillaume de Nassau-Weilburg, sino por funcionarios del gobierno del pequeño país.

Según el tuitero Ricardo González Duque (no, no es primo), “el presidente estuvo por fuera del país 43 días el año pasado. De agosto de 2018 a diciembre de 2021 había realizado 44 viajes internacionales y había estado 139 días en el extranjero. Los viajes tuvieron un valor de $3.771 millones, según reporta Presidencia”.

Según Daniel Coronell, en los últimos seis viajes realizados por Iván Duque su hermano ha ocupado una silla en el avión presidencial. “El hermano del señor presidente actualmente no tiene actividad laboral conocida, debe tener mucho tiempo libre o, si está trabajando, debe tener un jefe muy comprensivo”. Andrés Gregorio Duque Márquez ha visitado Nueva York, Lima, Madrid y países como Brasil, Escocia y Emiratos Árabes, y por estos días ha estado en Luxemburgo. Seguramente, acompañará al presidente correcaminos en su paseo por Bélgica, Francia y Holanda. El título que recibe es el de “invitado especial”.

De Andrés Gregorio Duque Márquez se sabe poco: también es egresado de la eminente Sergio Arboleda, en 2014 fue nombrado provisionalmente tercer secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores y representante ante la Santa Sede

por Juan Manuel Santos. El mismo Santos lo nombró funcionario de la Cancillería, sin pertenecer a la carrera diplomática y consular, en 2017. Pero Santos se volvió innombrable para el agradecido hermano Iván después de ser elegido presidente.

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, no puede viajar al exterior por si algo le pasa al presidente, lo cual deja las tareas diplomáticas en manos de la jefa de gabinete y confidente de Duque, María Paula Correa. Según Laura Gil, se trata de una situación anómala. “Existen hoy en Colombia dos cancilleres: una con capacidad de incidencia y cerca del presidente, y otra con el poder legal y más distante del centro decisorio”. El gobierno de Duque ha sido el más disfuncional en toda la historia del país.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/el-presidente-y-su-hermano/

22.5.-La sagrada familia Char – CECILIA OROZCO

La fiscalía del amigo de Duque ha hecho exactamente lo que le ha venido en gana, uno, con el abultado presupuesto que le corresponde a esa entidad, el cual debería haber invertido en la administración de justicia, pero, en cambio, ha feriado en puestos, contratos, viajes, asesores, etc.; y, dos, en materia de manipulación de las investigaciones que se adelantan ahí, distribuyéndolas entre las que ejecuta a toda velocidad (cuando el involucrado carece de influencias o cuando hay que tirarle carne a la galería, como el caso del asesinato del peluquero) y las que ordena dejar inamovibles o con desviaciones importantes de la verdad judicial si los afectados son amigos y aliados de causa política como en el proceso de Uribe Vélez.

16 feb 2022.- Sin embargo, y aunque el precandidato presidencial Alejandro Char, su hermano Arturo, expresidente del Senado, y su padre, el potentado Fuad constituyen un clan con mucho poder, le va a quedar difícil, a Barbosa, ignorar la montaña de señalamientos que ha recaído sobre cada uno de sus miembros, gracias a que una de sus beneficiarias decidió descorrer el velo que cubría a esa sagrada familia con la gloria inmarcesible de la patria. En efecto, detrás del telón había muchos crímenes, según ha contado Aida Merlano: adjudicaciones ilegales de megaobras; robo de dineros públicos que se extraían de los que daba la Nación, la gobernación o la alcaldía; uso delictivo de esos dineros en campañas; elección de senadores y representantes mediante votos corrompidos… Así se entiende mejor cómo fue que el precandidato logró reunir casi tres millones de firmas en solo en treinta días para avalar su candidatura (ver) mientras otros políticos sudaban durante meses intentando presentar 100, 200 o 300 mil rúbricas.

Pero el affaire Char no se limita a delitos electorales que, contrario a lo que se afana en publicitar la Fiscalía en cuanto a que Merlano “no ha entregado una sola prueba” (ver web), pueden constatarse, o no, en más de 200 documentos que se encuentran en manos de la justicia. Tanto afán de la oficina de Barbosa en divulgar que no cuenta con medios probatorios, y tanta compulsa de copias por parte del magistrado Farfán, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que investiga a Arturo Char, suena a que, en la Corte, quieren dispersar las responsabilidades; y a que en el despacho de Barbosa se esfuerzan por impedir que se inicien procesos contra el exalcalde y su inalcanzable padre o, más bien padrino. No en vano este clan ha sido fiel a los intereses de Duque; antes, a los de Uribe, a los de todos los gobiernos que estuvieron y pasaron y, por supuesto, a los de Vargas Lleras. O sea, los dioses del Olimpo político. Hasta Pastrana, quien aparentemente no tenía por qué meter baza en este asunto, ha terciado a favor de Char. Sabrá por qué se mueve.

Decía que el affaire Char no se reduce a ilícitos para ganar elecciones. El apoderado de Merlano acaba de denunciarlos penalmente – ante ese muro de impunidad que ha construido Barbosa, pues no hay más – por estos otros delitos: fuga de presos, secuestro agravado, tentativa de homicidio, acceso carnal violento, constreñimiento para delinquir, fraude procesal y soborno en actuación penal. Ni que habláramos de la “oficina de Envigado”.

Confieso que, en principio, pensé que se trataba de una actuación exagerada. Pero, después, conocidos los detalles del episodio de la fuga de Merlano y de acuerdo con la versión que ella entregó, bajo juramento, comprendo la situación. En resumen, la excongresista que el clan Char tiró al foso de los leones relata que personas que identificó con nombre y apellido y que resultaron ser cercanas colaboradoras de la “sagrada familia”, la visitaron en su celda, antes de la fuga; le hablaron del plan de huida con videollamada incluida, en que se encontraban presentes el hijo y el padre; pagaron a una banda de delincuentes para la ejecución; la llevaron a una casa en Bogotá, la violaron, la embarazaron; se fugó dos veces y dos veces la recapturaron; la trasladaron a zona rural de Valledupar de donde escapó, finalmente, para refugiarse en Venezuela. Hay muchos datos precisos en esta historia macabra, que pueden verificarse. ¿Qué va a hacer la Fiscalía Barbosa con este nuevo proceso que debería abrir? ¿Dará la espalda a los delitos electorales y a los crímenes comunes aunque atroces que se acaban de concretar en esta reciente queja penal? Me temo que sí porque se trata de los Char, uno de cuyos miembros podría ser, todavía, el presidente de la República pues sigue contando con el respaldo institucional.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/la-sagrada-familia-char/

22.5.-Así se hace, general Zapateiro PATRICIA LARA

El general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del Ejército, merece una felicitación: apenas conoció la investigación publicada por la alianza Cambio-Noticias Uno, en la que se demostró, mediante una grabación, que el general Jorge Hernando Herrera Díaz, comandante de la Sexta División, les contó a sus compañeros —en julio de 2019, cuando era comandante de la Brigada 29 del Ejército con sede en Popayán— que él tenía una alianza con la banda de narcotraficantes Los Pocillos para combatir las disidencias de Gentil Duarte, el general Zapateiro hizo lo que tenía que hacer: llamar de inmediato a calificar servicios al general Herrera.

18 feb 2022.- Una vez publicada la investigación, el Ejército sacó un comunicado en el que, entre otras cosas, dijo: “Hoy, al tener conocimiento, a través de la publicación, de los audios que dan cuenta de comportamientos presuntamente irregulares de un oficial general, la institución dará traslado de la información (…) a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue no solamente al general allí mencionado, sino al personal militar que pudo participar en la reunión citada por el medio, pues era su obligación, en el momento, denunciar estas presuntas actividades ilícitas (…) Siendo el interés de la institución contribuir al esclarecimiento de los hechos, se remueve del cargo [al general Herrera]”.

En este caso, Zapateiro no se puso con los rodeos en que han incurrido los últimos ministros de Defensa, quienes, por lo general, han dicho que los oficiales acusados de cometer tal o cual delito tienen derecho al debido proceso y no pueden ser removidos de sus cargos hasta que la justicia compruebe que son culpables. Y eso, al paso que aquí camina la justicia, más o menos quiere decir nunca.

Con ese proceder se les manda a las tropas el mensaje de que, en la práctica, si delinquen, no corren mayor riesgo. Y eso es nefasto. Por eso fue tan importante que el expresidente Santos, siendo ministro de Defensa, cuando tuvo la certeza de que ocurrían los falsos positivos, destituyera al general Montoya y a otros militares implicados en ese horror. Y el efecto de esa acción fue el descenso vertiginoso de los falsos positivos.

En este caso se trata de la perversa costumbre de aliarse con delincuentes para combatir a un enemigo común, como pasó cuando se dio de baja a Pablo Escobar o, lo que es peor, como ocurrió en el pasado cuando en infinidad de casos los militares, aliados con los paramilitares, los mandaron a hacer el trabajo sucio y exterminar a miles de personas con el fin de acabar con la guerrilla y aniquilar su base de apoyo.

Pero ¡ojo!: lo del general Herrera no parece ser un hecho aislado, sino más bien un cáncer que, si no se extirpa de inmediato, como lo hizo Zapateiro, puede hacer metástasis: basta recordar que hace más de dos años Leyner Palacios, líder social de Bojayá, hoy comisionado de la Verdad, denunció la connivencia de los grupos armados con militares. Y en carta que le envió al presidente Duque, en enero de 2020, le dijo: la actuación de los grupos paramilitares del “Clan del Golfo se realiza en connivencia con la fuerza pública asentada en el río Atrato y en muchos otros sectores de la región del Pacífico”, donde precisamente operaban el general Herrera y sus tropas.

Ojalá que esta reacción fulminante del comandante del Ejército conduzca a que, donde quiera que exista, se termine esa perversa connivencia.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/patricia-lara-salive/asi-se-hace-general-zapateiro/

*22.4.-El ganadero y el torturador YOHIR AKERMAN
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Las intocables parejas del poder  –  CECILIA OROZCO
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Veintiséis niños bombardeados y nada pasaPATRICIA LARA
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La verdadera historia de la revista CambioALBERTO DONADIO
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El Nogal de Timochenko MARÍA ISABEL RUEDA
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Reventó la guacherna con el relato de la Merlano RAMIRO BEJARANO

A falta de carnaval en febrero, a los barranquilleros les reventó el festival de Aida Merlano haciendo público lo que allá todo el mundo sabe y comenta hace años y también disfruta. Ni siquiera los líos amorosos del exalcalde Álex Char le han hecho daño en su aspiración presidencial, imbatible en la Arenosa, porque puede que el hombre no hable y que en ocasiones se le trabe la lengua, pero en faenas íntimas se ganó el respeto de sus paisanos.

13 feb 2022.- El relato de la Merlano es verosímil porque no fue un cuento para enlodar a todo el mundo excluyéndose ella. La exsenadora, hoy presa en Maracaibo, informó que el exalcalde-amante le llevó $500 millones, último abono de una jugosa suma de $6.000 millones, el día anterior a las elecciones de 2018, para que se destinaran a pagar a los sufragantes, porque también se sabía que en la famosa “Casa Blanca” se compraban votos.

La operación de encubrimiento que desde Barranquilla se puso en ejecución en medios y en redes sociales para tratar de justificar lo injustificable puede que localmente les haya funcionado a los Char y a los Gerlein, pero difícil cantar victoria.

Alguien cercano a la poderosa casa Char desmintió las escandalosas revelaciones de la Merlano, atribuyéndolas a una maniobra politiquera en plena campaña electoral. Tacaron burro porque aun si el demonio de la politiquería estuviese detrás de lo que se conoció, eso no exonera a nadie. Menos aún, cuando estos mismos agentes de Álex afirman que desde 2019 reposan en la Fiscalía las pruebas aportadas por la excongresista. Si eso es así, entonces la Merlano no faltó a la verdad al acusar a todo el entramado del poder barranquillero en el que también militan los Gerlein y los Nule, sino que la Fiscalía no ha hecho nada en tres años.

Sería bueno que Barbosa, el fiscal del Gobierno y sus aliados, explicara tan extraña omisión en vez de expedir confusas directivas dizque para reglamentar sospechosamente la tarea de investigar delitos electorales, dentro de las cuales no incluyó ninguna para que se investigue la “cláusula Petro”, denuncia que el uribismo descalificó pasando por encima de la Constitución, la ley, las buenas costumbres y el artículo 390 del Código Penal (corrupción de sufragante), el cual prevé que quien “celebre contrato (…) con el propósito de sufragar por un determinado candidato, partido o corriente política, o para que lo haga en blanco o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa”.

Tuvo que declarar la Merlano en la Corte Suprema, para que sus gravísimas sindicaciones tuvieran eco y los salpicados se sintieran en el deber de intentar dar explicaciones, nada convincentes. Char puso la cara a medias porque pidió perdón por su aventura amorosa, para que el fraude electoral se redujera a un viejo problema de alcoba. Allí fue todavía más calculadoramente escueto, pues pretendió convencer al país de que no es creíble el cargo en su contra de haberle entregado tanto dinero a la Merlano, porque entonces era alcalde y por ser ella conservadora y él influyente miembro de Cambio Radical. Francamente eso es creer bobos al resto de los mortales.

Los barranquilleros se burlan de estas coartadas, porque las gentes buenas de allá saben que entre todos los políticos se ayudan, sin distingos de colores partidistas, pues de lo que se trata es llegar al Congreso y comportarse como una banda. Eso ha quedado en evidencia en estos días, cuando voceros de distintos partidos se han entregado presurosos a respaldar a su paisano Álex, porque a quien no se sume a la causa lo desaparecen.

En Barranquilla y en la costa Caribe dan por hecho que el “macho” Álex, a pesar de todo, ganará la consulta porque su clientela —incluidos sus cómplices colegas de la Coalición de la Experiencia— no se estremece con la compra de votos, menos con pasajeras y merecidas infidelidades perdonadas en público por la distinguida y “sacrificada” cónyuge, que pusieron a defender al seductor donjuán alcalde de la cachucha. Aquí puede pasar de todo, pero que no se equivoquen porque detrás de ese telón quedó claro que la Merlano no fue la única que corrompió el sistema electoral en toda la Costa. Veremos si la Fiscalía se atreve.

Adenda. Insólito que el director de la DIAN, Lisandro Manuel Junco, siga en el cargo a pesar de que de nuevo resultó involucrado en otro escándalo por ligerezas éticas, por decir lo menos.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/la-guacherna/ 

22.4.-El ganadero y el torturador YOHIR AKERMAN

José Félix Lafaurie Rivera

Tres documentos secretos del extinto DAS involucran a José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, en actuaciones presuntamente ilegales. Hechos que, hasta ahora, increíblemente, no han sido investigados a profundidad en el caso del ganadero pese a que todos cuentan con sentencias en firme para las otras personas involucradas.

13 feb 2021.- Son dos casos distintos ocurridos en fechas diferentes. Dos de los tres documentos tienen que ver con el caso conocido como la yidispolítica. El otro reporte, con las acusaciones sobre la presunta compra de la elección de Mario Iguarán como fiscal general por parte de los paramilitares.

Vamos por partes.

La yidispolítica es el escándalo político desatado en Colombia en abril de 2008, a raíz de las declaraciones de la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina, en las que admitió recibir ofrecimientos por parte de funcionarios del Gobierno nacional a cambio de su voto favorable a la reforma constitucional que permitió que Álvaro Uribe Vélez fuera reelegido.

El 26 de junio de 2008, la Corte Suprema de Justicia determinó que Medina sí vendió su voto para la reelección, después de escucharla en indagatoria. La sentenció a 47 meses de prisión por el delito de cohecho.

Además de Yidis Medina, también fueron condenados por decisión de la Corte Suprema de Justicia el exrepresentante a la Cámara Iván Díaz Mateus, y el excongresista Teodolindo Avendaño, de quien se comprobó había recibido una notaría de parte del exministro Sabas Pretelt, como pago para que se ausentara de la votación. Misma notaría que más tarde vendería por la bicoca de 450 millones de pesos.

Pero volvamos a los documentos del DAS, que hasta ahora son desconocidos y que dan mayores luces sobre este escándalo. Las dos hojas están marcadas con el rotulo de ‘Reservado’ y mencionan a José Félix Lafaurie como persona vinculada a ese escándalo.

Hay que recordar que, para el momento de los hechos, el actual presidente de Fedegán fungía como superintendente de Notariado y Registro puesto por Uribe Vélez, es decir que los documentos establecen que, presuntamente, fue el encargado de coordinar la entrega de las prebendas y la Notaría.

Es importante esclarecer que, por estos motivos, la Procuraduría General abrió en mayo de 2008 una investigación en contra de Lafaurie. Pero, ¡oh sorpresa!, en marzo de 2009, esa entidad dirigida por el fiel escudero presidencial Alejandro Ordóñez, absolvió disciplinariamente al exsuperintendente. Lo clave es entender que esa misma entidad de control, también absolvió en ese mismo momento al exministro de Protección Social, Diego Palacio; al exministro del Interior Sabas Pretelt, y al exdirector del DAS Jorge Noguera. Todos ellos posteriormente fueron encontrados culpables por estos hechos y tienen sentencias en su contra.

Pero se pone mejor. O peor.

El otro documento, de dos páginas, hace parte de la carpeta número 9 del proceso de las chuzadas del DAS en los folios 148 y 149. En este archivo apareció un documento, también reservado, que involucra a José Félix Lafaurie, explícitamente, con la compra de los magistrados de la Corte Suprema para elegir fiscal.

El documento fue elaborado por la dirección de inteligencia del DAS, cuando la directora del DAS era la hoy condenada María del Pilar Hurtado.

Se trata de la hoja de vida reservada de Ascencio Reyes, un lobista de la rama judicial, al que estaban persiguiendo de forma ilegal por supuestamente tener nexos con la mafia.

Las hojas de vida reservadas en el DAS eran anotaciones de inteligencia producto de interceptaciones, seguimientos y espionaje. La extinta entidad producía estas carpetas con toda esa información para la Presidencia de la República directamente.

El documento confidencial descrito como “información de inteligencia”, dice textualmente que “entregaron dinero a cuatro Magistrados para favorecer la elección del Fiscal General de la Nación Mario Iguarán Arana, el cual habría sido suministrado por los narcotraficantes Alias Don Diego y Wilmer Varela Alias Jabón (…) Como intermediarios para la entrega del dinero actuaron José Félix Lafaurie y Giancarlo Auque De Silvestri, dada su cercanía con las Altas Cortes”.

Vaya, vaya, vaya.

Este nuevo elemento incrimina a Lafaurie y ratifica las acusaciones que hizo recientemente el exgobernador de Córdoba y expresidente del Fondo Ganadero de ese departamento, Benito Antonio Osorio Villadiego, de los nexos entre el presidente de Fedegán y los paramilitares, en el sentido de participar en un presunto plan para elegir con sobornos a Iguarán como fiscal.

Benito Osorio dijo esto en una de las sesiones reservadas ante la JEP y estableció, entre otras, que la designación de Lafaurie como presidente de Fedegán, sucedió bajo la presión del paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

Agregó Osorio que, en el año 2005, él fue citado por el señor José Félix Lafaurie para reunirse con el Mono Mancuso, como era conocido el temido paramilitar Salvatore Mancuso.

Para entender más el documento del DAS que está en la carpeta 9 del expediente de las chuzadas y que menciona a Lafaurie, hay que mirar al otro señor señalado y es Giancarlo Auque De Silvestri, quien también es samario y de las entrañas del exdirector del DAS Jorge Noguera y el exparamilitar Jorge 40.

Auque De Silvestri fue secretario general y director de Inteligencia del DAS en la administración de Jorge Noguera y fue condenado a nueve años y diez meses, el 19 de septiembre de 2014, por concierto para delinquir agravado, tortura psicológica, abuso de autoridad por pacto arbitrario o injusto, violación ilícita de comunicaciones y utilización de equipos transmisores o receptores.

Una joya.

Auque De Silvestri era el hombre de confianza de Jorge 40, ya que, en compañía de Rafael García, jefe de informática del DAS, borraban los datos y expedientes de los paramilitares en el DAS.

Este oscuro personaje es prófugo de la justicia y enfrenta un proceso por los actos de tortura psicológica que se adelantaron contra la periodista Claudia Julieta Duque, quien descubrió y denunció que el DAS tuvo participación directa, tanto en el crimen como en la desviación de la investigación de la Fiscalía del asesinato de Jaime Garzón.

Al cierre de esta columna, el señor Lafaurie no había contestado la totalidad de mis preguntas y se limitó a decir que no conocía a Giancarlo Auque De Silvestri pero sí había conocido al señor Ascencio Reyes, sin explicar la naturaleza de su relación.

Ahora bien, el silencio siempre dice mucho. Especialmente frente a un documento que ata al presidente del gremio de los ganaderos con el torturador del DAS, en una operación en la que presuntamente pagaron dinero del narcoparamilitarismo a magistrados corruptos de la Corte para asegurar la elección de un fiscal que consideraban conveniente para ellos.

https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/el-ganadero-y-el-torturador

22.4.-Las intocables parejas del poder  –  CECILIA OROZCO

Foto: Alejandro Char 

Aun quienes hemos sido observadores permanentes del fenómeno de corrupción que carcome al país nos asombramos ya no del hurto de los dineros públicos que desaparecen en arcas privadas, sino de la desfachatez con que actúan los protagonistas del gran robo nacional. Las semanas preelectorales han puesto en el foco público a unas parejas del poder tradicional, ese que cree que nació con el derecho de enlazar la política con los negocios empresariales; estos, con la contratación oficial y sus billones de pesos; esta, con la compra de elecciones para sentar en los puestos clave de decisión —alcaldías, gobernaciones, curules, ministerios, organismos de control— a quienes garanticen que la política seguirá entrecruzada con los negocios…

9 feb 2022.- Y así, puede continuar fresco el poder tradicional al que tiene sin cuidado, más allá de sus discursos huecos, que el encadenamiento de sus intereses con el manejo del Estado es lo que se llama, precisamente, corrupción.

Decía que las parejas del poder quedaron sumergidas en escándalos muy mentados por estos días, gracias a las revelaciones judiciales y periodísticas. ¿Y después? Ellas saben que nada les pasará. Que nadie las tocará en esta Colombia corrupta que sigue su camino sin mirar a los lados ni atrás, resignada a vivir en la desgracia del sin futuro. Alejandro Char, el príncipe de Barranquilla en donde su padre, Fuad, es rey, es precandidato presidencial, ha sido gobernador, dos veces alcalde, concejal, hermano de expresidente del Senado y, simultáneamente, ha mantenido prósperos negocios personales y familiares de construcción en su región y en todo el territorio nacional. Los parientes Nule de su esposa, con quienes ha compartido adjudicaciones millonarias como la vía Bogotá-Girardot, fueron condenados por el denominado “carrusel de la contratación de Bogotá”.

Este aspirante a presidente de la República ha sido denunciado N veces ante instancias judiciales y en investigaciones de periodistas independientes. Su pareja extramatrimonial Aida Merlano acaba de descorrer el último secreto de su venalidad: declaró en la Corte Suprema y le contó, horas después, a la revista Cambio cómo hacía Char para ganar elecciones. De la manera más simple: invirtiendo “billete”, esto es, comprando votos con dinero que ya estaba en sus cuentas personales pero que salió —de acuerdo con la declarante— del presupuesto público. Por ejemplo, en Merlano, entonces aspirante a reelección en el Senado, invertía $6.000 millones cuando ella fue capturada. La excongresista, ya condenada, rindió testimonio sobre la comisión de delitos electorales graves cometidos no solo por su exmarido sino por toda la familia Char, los Gerlein y los constructores de Barranquilla y Atlántico en donde el alcalde y la gobernadora, hay que recordarlo, son miembros del clan. Pero a los Char no los tocan ni los tocarán la Fiscalía de Barbosa, la Contraloría de Córdoba ni muchos menos la Procuraduría de la barranquillera Cabello. Por eso, “Álex” Char se muere de la risa, desprecia a su expareja, se atreve a contradenunciarla para intimidarla y le responde a la sociedad con un videíto en TikTok en que su esposa lo apoya, cual hembra domada, en el intento de burlarse de Merlano (ver).

La pareja de poder Lafaurie-Cabal actúa con el mismo descaro de los Char. El presidente de la Federación de Ganaderos, que siendo un gremio de particulares maneja mediante su fondo $110.000 millones de parafiscales y, por tanto, responde por estos recursos públicos, fue denunciado por uno de los exmiembros de su agremiación de complicidad con el paramilitarismo; Lafaurie también ha sido acusado de presionar, mediante subalternos suyos, a sus asociados para que voten por María Fernanda Cabal en marzo, en las elecciones para Congreso. Esta, por su parte, chabacana como siempre, reafirmó su peligroso extremismo de derecha —su fascismo, en realidad— después de que se revelara una de sus conversaciones en que califica a Duque dizque de “mamerto” y socialista: ¡Duque, el modoso que firmó la autoritaria Ley de Seguridad! Cabal es solidaria con militares condenados por asesinar civiles a sangre fría en el gobierno de su jefe político; la apoyan y ella se deja apoyar de otros civiles que andan ilegalmente armados, al lado de policías, en las manifestaciones que la senadora ve como “tomas guerrilleras financiadas por el narcotráfico”. Por mucho menos, Lafaurie-Cabal y los Char serían procesados en Estados Unidos, España, Francia, Alemania, por mencionar países que no son gobernados por Maduro. Aquí, las parejas del poder andan sueltas y mandan: están por encima de la ley y de la Constitución que rigen para los demás.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/las-intocables-parejas-del-poder/

22.4.-Veintiséis niños bombardeados y nada pasaPATRICIA LARA

Aquí la muerte de niños nos importa poco. Para la muestra, este botón: la revista Cambio renació esta semana con varias chivas:

11 feb 2022.- Primera, la entrevista a la exparlamentaria Aida Merlano, en la que habla de sus amores con los políticos Julio Gerlein y Álex Char, denuncia con nombres y apellidos la corrupción de la política en el Atlántico, y cuenta su participación en ella (“a mí me criaron en una familia compradora de votos. Yo qué iba a pensar que eso es ilegal”, dice).

Segunda, la grabación de una charla entre la senadora María Fernanda Cabal y un militar, en la que ella comenta que el presidente “Duque es mamerto” y que a Uribe “le ha sabido a mierda”, afirmación que la senadora confirmó a los medios.

Tercera, un relato recogido en Morichal por Cambio, donde se cuenta cómo los restos del adolescente indígena Brayan Esteven Martínez, muerto en un bombardeo de la Fuerza Aérea, se los entregaron en pedacitos, envueltos en una mortaja, a su hermano Fabián. Agrega que entonces (septiembre de 2021) había en la morgue otra adolescente de 15 años fallecida en las mismas circunstancias; documenta que durante el gobierno de Duque van “26 niños muertos en bombardeos —entre ellos una niña de 12 años—”, según consta en un oficio de Medicina Legal enviado al secretario de la Comisión Primera del Senado por solicitud de los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras; y añade que el Gobierno ha presentado los bombardeos de niños como casos aislados, a pesar de que en 10 de 29 de ellos (casi la tercera parte), realizados entre agosto de 2018 y el 30 de octubre de 2021, el Instituto de Medicina Legal ha practicado la necropsia de 26 menores.

Se trata de niños que no participan directamente de las hostilidades, así lo piense de ese modo la general Paulina Leguizamón, subjefa jurídica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, porque en su inmensa mayoría son menores reclutados forzosamente y por lo tanto, como sostiene el jurista Rodrigo Uprimny, “deben ser considerados población civil, porque no están participando en las hostilidades”.

Presidente Duque, ministro Molano, general Leguizamón: aun cuando no sean sus hijos, se trata de niños muertos, de pequeñas víctimas bombardeadas; no son “máquinas de guerra”, como dijo una vez Molano. Son niños obligados a ir a la guerra o, como en el caso de Brayan, que han sido vendidos a la guerrilla por gente sin corazón. Brayan cursaba séptimo grado y, poco antes de morir, lo dejó todo —hogar, novia, estudios— para ir a raspar coca en la finca de un tal Botalón, quien acostumbra engatusar a los niños con la promesa de pagarles bien si se van a trabajar como raspachines, pero él acaba emborrachándolos y vendiéndoselos a la guerrilla.

¿Saben por qué en esas zonas la mayoría de los niños lo hacen? Porque sus padres no trabajan, ellos quieren estudiar pero no pueden pagar sus útiles escolares, no consiguen otros empleos y raspando coca ganan unos $44.000 diarios, menos que un salario mínimo, si se considera que a los raspachines no les pagan prestaciones sociales.

Cuando se cayó Guillermo Botero como ministro de Defensa por el bombardeo de niños, los menores muertos eran 12. Sin embargo, en la época de Molano la cuenta va en 26. Pero a nadie parece importarle: esa noticia no vende y quizás por eso los medios la callan. Entonces se detienen en los escándalos de la Merlano y la Cabal.

Mientras tanto, ¿que continúe el bombardeo de niños?

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22.4.-La verdadera historia de la revista CambioALBERTO DONADIO

No me gusta que traten a los lectores como retrasados mentales. La nota de Patricia Lara sobre los orígenes de la revista en 1993 es maquillada y falaz. Por Alberto Donadio.

Desagrado me produjo el primer número de Cambio. En Colombia, país de 50 millones de habitantes, solo hay dos semanarios de actualidad, Voz, el órgano del Partido Comunista, y la revista SEMANA. Que surja un tercero es bueno para los lectores. Pero lo que hizo Cambio en su primer número me produjo desagrado.

11 feb 2022.- No me gusta que traten a los lectores como retrasados mentales. La nota de Patricia Lara sobre los orígenes de la revista en 1993 es maquillada y falaz. Merecía un asterisco: lectura para oligofrénicos. Se presenta a Lara como una de las fundadoras. Los verdaderos fundadores fueron Daniel Samper Pizano (DSP) y Juan Tomás de Salas, que fue en España lo que los norteamericanos llaman un media mogul, un magnate de los medios de comunicación. De periodista antifranquista que tuvo que abandonar su país y que trabajó en El Tiempo de Bogotá en los años sesenta, pasó a ser, al regresar a España en el ocaso del Generalísimo Francisco Franco, el creador del semanario Cambio16, un hit arrollador desde el punto editorial y comercial. Llegó a hacer tirajes de medio millón de ejemplares.

El número 16 se refería a los 16 inversionistas iniciales que pusieron dinero para crear el medio. Daniel Samper P trabajó con él cuando por amenazas llegó a Madrid en 1987. DSP le propuso lanzar Cambio16 Colombia. De Salas dio el visto bueno, pero sugirió buscar un socio colombiano, que no fuera un conglomerado porque no quería que se pensara que tendría injerencia en el contenido. Invitaron como socia minoritaria a Patricia Lara Salive, hija única y sobrina de dos latifundistas huilenses, Rómulo y Oliverio Lara, acaudalados ganaderos del Huila y Caquetá (la hacienda Larandia) e hijos ellos de un hombre de gran fortuna, Leonidas Lara, cuya casa comercial, Leonidas Lara e hijos, fue muy conocida en el país. Patricia Lara vivía entonces en Viena, donde su marido, Alfonso Gómez Méndez, era embajador de Colombia. Sin contarle a su señora, Gómez Méndez viajó a Madrid y les pidió a Samper y a De Salas retirar la invitación. Adujo que Patricia era loca y que necesitaba ir al siquiatra varias veces a la semana.

El español no cambió de opinión, pues pensó que no había riesgo ya que a cambio de la inversión solo se le daba a la socia una columna de opinión. Ese error de cálculo o de información terminó costándole mucho dinero y la pérdida de la revista. Cambio16 Colombia apareció en 1993. Poco después, Danirl Samper P me pidió que yo fuera el director.

DSP dirigía la revista desde Madrid, con un director provisional en Bogotá, Darío Restrepo. Cuando se supo que Ernesto Samper sería presidente, DSP quiso desligarse del semanario. No deseaba que los ministros u otros altos funcionarios del Gobierno lo llamaran a quejarse de que en algún artículo les habían dado palo. Me pidió empezar el empalme con Restrepo y que una vez elegido el Bojote nada le consultara. Que mandara al diablo a los ministros si era necesario. Mi oficina estaba frente a la de la Chiva Cortés, el gerente. Al otro lado, en la redacción, la socia tenía su oficina. Cuando yo salía del ascensor siempre veía a alguien en la oficina de vidrios transparentes de Patricia Lara. Hablaba interminablemente con las auxiliares de contabilidad, con los redactores, con la señora de los tintos, siempre a puerta cerrada.

Me parecía que Patricia Lara debía tener unos tornillos sueltos y que le faltaban algunas tuercas como para pasarse el día en esas. Era absurdo que una persona que podía vivir muy cómodamente de la renta en París estuviera perdiendo el tiempo de esa forma. Una vez me invitó a mí al conciliábulo. Quería saber qué pensaba yo de lo divino y de lo humano, en un tono de aparente confabulación entre viejos amigos. Ya la conocía por un antecedente alarmante. Yo estaba en Suiza con mi esposa en enero de 1994, en un apartamento amoblado que nos consiguió un amigo. Una madrugada sonó el teléfono fijo, no había celulares. Era Patricia Lara.

Empezó a preguntarme cómo enfocaría yo como director el caso de la Señorita Amazonas, que fue noticia nacional desde fines de 1993, pues se descubrió que la reina era casada y estaba embarazada. ¡Me había llamado de Bogotá a las tres de la mañana para hacerme un examen de periodismo! Un comportamiento de persona inestable. Después me puse a pensar cuántas llamadas tuvo que hacer ella o su secretaria para localizarme, lo que implicaba primero conseguir el teléfono del amigo que nos consiguió el apartamento. Al volver a Bogotá, un día conocí a Juan Tomás de Salas. Me dijo que si para Daniel Samper P yo debía ser el director, él estaba de acuerdo. No me hizo examen de periodismo.

*** Patricia Lara no cuenta que les quitó la revista a De Salas y a DSP. No menciona sus pleitos legales muy encendidos y enconados contra los verdaderos fundadores, que tuvieron la deferencia con ella de invitarla a participar en el capital social de la compañía. Fue un enfrentamiento con abogados en ambos bandos que duró bastante tiempo. Su actitud fue contenciosa y la disputa fue acre. Ahora señala que en la segunda etapa de Cambio16 Colombia “La mayoría de la empresa quedó en mis manos”. Ese maquillaje es falaz. Quedó en mis manos, como el maná que cae del cielo. No fue así. La empresa quedó en sus manos porque ella, que había sido invitada a título de socia minoritaria, se apropió de la revista. Hace 15 años, en entrevista con Melissa Serrato, Lara reconoció que con Daniel Samper P “la pelea fue a muerte”, pero ahora maquilla su propia verdad. Ella echó a pique el proyecto de crear un hebdomadario cuyo modelo era una exitosa publicación europea. Creyó que la invitaron por ser periodista. No. La invitaron por su chequera. Los fundadores no se retiraron porque súbitamente se hubieran aburrido de Colombia. Juan Tomás de Salas sobrevivió a Franco, pero no a una entrometida.

Patricia Lara desmanteló el potente binomio entre Daniel Samper P y Juan Tomás de Salas, el hombre que ayudó a emancipar a España de 40 años de censura franquista. Al entregarle a Patricia Lara la misión de historiadora de los medios de comunicación en Colombia, Cambio omitió contar los antecedentes. ¿Por qué nació el semanario en 1993? ¿Qué llevó a Daniel Samper P a concebirlo? Ese contexto falta. La revista SEMANA de Felipe López era considerada una publicación de derecha, muy cercana al poder, y Daniel Samper P y De Salas buscaban ofrecer una alternativa en que los periodistas no dormían en la misma cama con los presidentes y expresidentes. Hay muchos ósculos para García Márquez en la historia escrita por Patricia Lara, todo el mundo bebió whisky con Gabito en esta playa o en la otra. Todas esas genuflexiones al Nobel ocultan la verdad que no se les cuenta a los lectores. Esa alternativa que representaba el binomio DSP-De Salas no se fue a pique por sabotaje de la derecha, sino de una periodista de izquierda llamada Patricia Lara.

Lo que más asombro me causa de este asunto es el desplante espectacular que Daniel Coronell le hace a DSP en sus propias barbas. Coronell es el cerebro de la revista Cambio, pero al publicar la versión de Patricia Lara, que desconoce al fundador colombiano, incurre en una decisión profesional descerebrada. DSP no vive en una lejana colonia de calvos maoríes nudistas en alguna playa de Nueva Zelanda donde no se le puede contactar para preguntarle por los orígenes de Cambio. Ni se alejó hace años del mundanal ruido para recluirse en un ashram en Uttar Pradesh y leer el Ramayana y el Mahabharata recostado en una estera. Es uno de Los Danieles. ¿No saben los otros Danieles que sin DSP no habría nacido la revista? Supongo que el desplante no se cometió con premeditación y alevosía. ¿Qué falló entonces? Entronizar a Patricia Lara como fundadora de la revista es un paso en falso. Y muy desafortunado en el primer número.

Patricia Lara sí es fundadora de la revista Cambio que en formato digital acaba de lanzarse, en la cual su hijo Federico Gómez es el director y en la cual, nótese bien, no es fundador Daniel Samper Pizano, ni socio, ni columnista. Y tampoco lo sería Juan Tomás de Salas, que falleció de cáncer en 2000 a los 62 años. El azar favoreció a De Salas la primera vez que tomó contacto con Colombia. Corría el año 1962 y él era buscado por la Policía en Madrid. Ingresó a la Embajada de Colombia y pidió asilo político. El funcionario que lo atendió le contestó que en España no había perseguidos políticos. De Salas notó al vuelo que el funcionario tenía en sus manos un libro sobre los nobles de España y le dijo que él figuraba en ese libro. En efecto, él se llamaba Juan Tomás de Salas Castellano, décimo marqués de Montecastro y Llanahermosa. Verificado el dato en el libro, ya no se trataba de un revoltoso, sino de un preclaro hidalgo. El funcionario corrió a informar al embajador, que por otro azar increíble almorzaba con el director-propietario de El Tiempo, el expresidente Eduardo Santos, el cual dijo que Colombia siempre abría sus puertas a los perseguidos políticos. El embajador se limitó a asentir. De Salas vivió varios meses en la Embajada, mientras el Gobierno español expedía el salvoconducto para el viaje a Colombia. En Bogotá, Eduardo Santos lo nombró crítico de cine de El Tiempo. Unos cinco años después, De Salas se marchó a París a trabajar en France Press y luego a Londres en The Economist y en 1971 fundó Cambio16 en España. En 1993, cuando volvió a Bogotá a lanzar la revista, el presidente César Gaviria le confirió la nacionalidad colombiana. ¡Si el marqués de Montecastro y Llanahermosa le hubiera hecho caso a Alfonso Gómez Méndez!

https://www.semana.com/opinion/articulo/la-verdadera-historia-de-la-revista-cambio/202231/

22.4.-El Nogal de Timochenko MARÍA ISABEL RUEDA

En este aniversario de los 19 años del carro bomba en el Club El Nogal nos tragamos un embuste.

 Además de dolorosa, la conmemoración de esta semana por el carro bomba que pusieron las Farc en el Club El Nogal hace 19 años, y que dejó 36 víctimas y 198 heridos, revivió mi convicción de lo mal planteada, desde sus cimientos, que está la defensa de las víctimas por quienes, con total buena fe, no lo dudo, asumieron su vocería.

12 feb 2021.- Además de los abrazos de rigor entre víctimas y victimarios, quedó flotando en el ambiente la peligrosa conclusión de que en el acto terrorista de El Nogal, víctimas y victimarios son equivalentes. Como hermanitos. ¿En qué? En el hecho insólito de que ambos quedaron igualados en su condición de víctimas del Estado, partiendo de la base de que el Gobierno Nacional había convertido el club, con base en unos encuentros con militares activos, diplomáticos y hasta negociadores de los ‘paras’, en una especie de cuartel general de la guerra. Y que de allí se deriva, como quien dice, el derecho de las Farc a implementar un carro bomba con el propósito de acabar “con la mayor cantidad de políticos, militares y diplomáticos” (y civiles, claro) que hubiera en la sede en el momento de la explosión. El juicio de responsabilidad que se deriva de que las víctimas y los perpetradores del atentado terrorista estuvieran en el mismo grado de riesgo es una peligrosa falacia que termina, en últimas, convalidando el acto terrorista.

Si los civiles no podemos convivir con los militares en un club social, en un restaurante, en una vivienda multifamiliar, o transitando por una carretera o en un festival callejero, se establece una falsa simetría entre víctima y victimario. Pero el perpetrador jamás, jamás, podrá ser igual a la víctima.

Por eso, el problema de lo ocurrido en El Nogal no se resuelve con que nos abracemos, siempre que sea el Estado el que se encargue de todos los costos de esta reparación que las Farc han sido incapaces de garantizar. El espectáculo de El Nogal estuvo marcado por un falso progresismo y por un exhibicionismo que perfecciona el diabólico poder intimidante del terrorismo. Sobre ese brutal atentado no puede aceptarse, de ninguna manera, que este se dio porque en El Nogal se reunían u hospedaban estamentos del Estado. Si eso es así, ganó el terrorismo. Porque además de sus efectos sangrientos y las víctimas que dejó regadas, el terrorismo nos acorraló, ya que el orden legítimo, como parece, fue el verdadero responsable. Ahora resulta que los militares son un peligro no para los criminales, sino para la sociedad civil. Y de ahí que pueda endilgársele la responsabilidad económica de sus víctimas al Estado colombiano. Es decir, las Farc pusieron un carro bomba, mataron a 36 personas, hirieron a 198, y los llamados a reparar a sus víctimas somos el resto de los colombianos.

Pero a estos falsos cimientos de la defensa de las víctimas de El Nogal, y siento ser tan cruda en esta afirmación, se suma el espectáculo de lo que vimos en dicha conmemoración. Timochenko, como uno de sus invitados principales, para no decir “homenajeado”, tomó la palabra; y sin haber pagado un solo día de sanción sobre sus condenas a 480 años de prisión por homicidios, secuestros, reclutamiento de menores y actos terroristas, hizo las siguientes afirmaciones que publicó el programa ‘La Noche’ de RCN: preguntado sobre su obligación de reparar económicamente a las víctimas, Timochenko respondió cínicamente: “¿Dígame, en qué punto del acuerdo de paz está eso? ¿En el 3.1, en el 3.8, en el 4.5? No he leído eso en ninguna de las 320 páginas del acuerdo. Sería un hecho inédito que a un grupo subversivo que está peleando con el Estado se le dé la potestad de reparar económicamente a las víctimas”. Luego la reparación no les compete a las Farc, sino al Estado, que, según afirma Timochenko, “se está haciendo el pendejo”.

Ya es muy evidente que los colombianos tendremos que pagar con nuestros impuestos los actos terroristas de las Farc. Los compromisos adquiridos por el gobierno Santos están mimetizados entre los incisos. Ni Timochenko sabe o quiere saber dónde están, ni nadie, entre negociadores, Gobierno, cortes, JEP, los encuentra.

Y en este doloroso aniversario de los 19 años del carro bomba en el Club El Nogal, tendremos que tragarnos un embuste, como si fuera verdad: que víctimas y victimarios somos iguales, que la autoridad del Estado es la verdadera culpable de esta barbarie. Y que el día en que las víctimas de las Farc les saquen su tajada de compensación a las arcas públicas, estaremos listos para borrar con el codo la sangre que allí se derramó. Y a empezar un nuevo capítulo en la vida nacional, reconciliadas la sociedad civil y las Farc, gracias a que a los colombianos nos pusieron a reparar nuestra culpa por todo el desastre.

Entre tanto… Covid: ¡estás que te vas, y te vas, y te vas, y no te has ido!

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-isabel-rueda/el-nogal-de-timochenko-columna-de-maria-isabel-rueda-651292

*22.3.-Tantos embustes sobre Palacino  en SALUDCOOP ALBERTO DONADÍO
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Cláusula Petro, triquiñuela de billar  – CECILIA OROZCO
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La Corte, los reincorporados y el Gobierno – RODRIGO UPRIMNY
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Palabra de Dios – RAMIRO BEJARANO
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Las verdades que nos esperanPATRICIA LARA
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En el nombre del padre YOHIR AKERMAN

Foto: Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo de Jorge 40 

En la última columna que publiqué en el 2021, se analizó la desconocida evidencia del magnicidio del profesor Jorge Adolfo Freytter Romero, crimen declarado de lesa humanidad y perpetrado por ordenes del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

9 ene 2022.- Ese crimen de Estado se realizó en confabulación con miembros del Gaula, funcionarios estatales, narcos y empresarios financiadores. Nada mejor que empezar el 2022 con una investigación sobre el hijo de dicho paramilitar, su inscripción en campaña para quedarse con una de las curules de víctimas en el Congreso y cómo funcionarios del gobierno, autoridades y empresarios de la zona le está ayudando con contratos y presiones para lograrlo.

Una historia que demuestra que todo se renueva, pero lastimosamente poco cambia.

Jorge Rodrigo Tovar Vélez, o Yoyo como le dicen sus amigos en Valledupar, se declara víctima de la guerra y se define como una persona de reconciliación para llegar a la curul de paz. Pero su discurso no convence a víctimas en la Sierra Nevada y Serranía del Perijá, circunscripción que cubre seis municipios del Cesar, cuatro del Magdalena y tres de La Guajira. Por el contrario, su presencia genera todo menos sentimientos de reconciliación.

Vamos por partes.

En julio de 2019, llegó a la dirección territorial de la Unidad de Víctimas, en Cesar y La Guajira, el señor Víctor Hugo Mosquera. Mosquera había sido candidato por el Centro Democrático a la Cámara de Representantes en las elecciones anteriores al Congreso, y una de sus primeras acciones al frente de la unidad fue trasladar las oficinas a una sede en Valledupar.

Como lo denunció el periodista Sebastián Forero de El Espectador, la Unidad de Víctimas en Cesar y La Guajira firmó un nuevo contrato de arrendamiento a finales de 2019 para unas oficinas en la Calle 16B #12 – 96 de Valledupar.

Ahí viene lo interesante.

El arrendatario del bien fue el Grupo Majusa S.A.S., administrador de varias propiedades, entre ellas el edificio de la sociedad San Martín Ltda., cuyos accionistas son Ana Carolina Vélez Salgado, madre de Yoyo Tovar y esposa de Jorge 40, y su abuela Rosario Salgado de Vélez. (Ver Contrato)

Vaya, vaya, vaya.

Así, el director territorial puso a funcionar la Unidad de Víctimas, pagando un alto canon de arrendamiento de $236 millones de pesos en una propiedad que históricamente ha sido de la familia de uno de los jefes paramilitares más sanguinarios de las AUC. Algo irónico y descarado, por decir lo menos.

El joven Tovar no aparece como accionista de la afortunada sociedad arrendataria. Pero en una de las juntas de la sociedad celebrada en 2017, Yoyo actuó como secretario. Entonces no es que sea lejano del para-inmueble. Para-nada.

Pero no para ahí.

Varias denuncias de personas locales establecen que el señor Víctor Hugo Mosquera sostiene constantemente que los guerrilleros no pueden apropiarse de esas curules de paz, y “les ha sugerido fuertemente a varias personas apoyar la candidatura de Yoyo Tovar a esa circunscripción especial”.

Los testimonios y denuncias locales establecen que las entregas de las indemnizaciones a las víctimas por parte del director Víctor Hugo Mosquera son siempre incómodas y estresantes. El director asiste personalmente a esas jornadas y las utiliza para generar lealtades personales y crear presiones políticas encaminadas a votar por Yoyo Tovar. También por el actual representante a la Cámara y ahora candidato al senado por el Centro Democrático, Juan Manuel Daza.

El tema es tan descarado que el director Mosquera ha publicado en sus redes sociales sus simpatías por esos candidatos tal y como lo publicó la nota periodística de El Espectador.

La historia de Yoyo Tovar y Víctor Hugo Mosquera empezó cuando el primero fue nombrado en el Ministerio del Interior como asesor coordinador de la Unidad de Víctimas por el gobierno del presidente Iván Duque. Algo que generó fuertes críticas, además de señalamientos sobre el presunto uso de la entidad pública para catapultarlo en la escena política y darle reconocimiento nacional.

Todos estos elementos recuerdan los episodios de los paramilitares presionando en las zonas que controlaban para que los votantes eligieran a los candidatos que ellos apoyaban, un elemento del escándalo bien conocido como la parapolítica.

Este nuevo escándalo se podría conocer como “la victipolítica”, ya que la Unidad de Víctimas está presionando y haciendo campaña entre las víctimas en pro de un hijo de uno de los mayores victimarios de la historia del país. Situación en la que antes tocaba encomendarse en el padre, ahora en el hijo, y después solo quedará el espíritu santo. Amén.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/en-el-nombre-del-padre/

22.3.-Tantos embustes sobre Palacino  en SALUDCOOP ALBERTO DONADÍO

Quienes quebraron a Saludcoop fueron los interventores y administradores nombrados por el Gobierno Santos entre 2011 y 2015.

Foto: Carlos Palacino.

La Fiscalía afirmó en 2018 que Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop, utilizó dineros de naturaleza parafiscal, pues los recursos propios de la EPS entre 2000 y 2004 fueron insuficientes para el pago de las inversiones realizadas en ese periodo.

4 feb 2022.- En 2020 dos contadoras de la Universidad Nacional especializadas en auditoría de estados financieros de las EPS rindieron un dictamen ante el juez penal que juzga a Palacino. Ellas fueron designadas por la Superintendencia Nacional de Salud, el órgano especializado del Gobierno nacional en esta materia. Se llaman Carolina Fuerte Oviedo y Julie Paola Noguera Chaparro.

En la página 40 de su informe señalan que en los cinco años de 2000 a 2004 las inversiones de Saludcoop con recursos propios generaron un déficit de 112.000 millones de pesos. Pero precisan que en los mismos cinco años las operaciones de Saludcoop con recursos parafiscales generaron un resultado positivo neto de 176.000 millones.

En otras palabras, no es cierto lo que afirmó la Fiscalía. Esta acusó a Saludcoop de apropiarse indebidamente de dineros de la salud (recursos parafiscales) para cubrir las inversiones que realizó con su dinero porque no le alcanzaron los recursos propios. Pero el dictamen señala que la Fiscalía no tuvo en cuenta que ese déficit, que fue cierto, quedó más que compensado por un superávit que logró Saludcoop en la actividad propia de atender pacientes, en la que después de los gastos le quedó un resultado positivo, o utilidad, o remuneración.

Es como si el cliente de un banco tiene en una cuenta corriente un sobregiro por 112.000 millones de pesos, pero en otra cuenta tiene un saldo a favor de 176.000 millones. Las EPS manejan recursos parafiscales, los cuales solo se pueden utilizar para atención médica de pacientes y gastos de administración. Al final sobra un dinero que es la utilidad, pues las EPS no son entes de beneficencia. Esa ganancia va a otra cuenta que es la de recursos propios, la cual es de libre disposición.

En 2011 el presidente Santos proclamó que había descubierto un desfalco a la salud de billones de pesos y en cuestión de días intervino a Saludcoop y removió a Palacino. Todos los medios de comunicación empezaron a hablar de un gigantesco robo a la salud, haciéndole eco al Gobierno.

Los periodistas se creyeron las acusaciones oficiales y las fueron repitiendo sin ton ni son. Afirmaron, por ejemplo, que Palacino utilizó recursos parafiscales para construir un complejo hotelero y golfístico en Restrepo, Meta, llamado Villa Valeria. No era cierto. Se construyó con un préstamo del Banco de Bogotá y con aportes de particulares que compraron las suites hoteleras. ¿Cuántos de los comunicadores que divulgaron esa noticia falsa han vuelto sobre sus pasos para expresar un mea culpa y retractarse?

Varias condenas impusieron los organismos de control, que también se creyeron el cuento que le echó Santos al país. Es un hecho sabido que Saludcoop no estaba en quiebra cuando el Gobierno Santos la intervino en mayo de 2011. Tenía un patrimonio positivo de más de 500.000 millones de pesos. Quienes sí quebraron a Saludcoop fueron los interventores y administradores nombrados por el Gobierno Santos entre 2011 y 2015. En este último año, eran ya tan elevadas las pérdidas y hubo que liquidar a Saludcoop.

Los medios de comunicación que fueron engañados por Santos han dejado pasar 11 años sin contarles a sus lectores quiénes fueron los verdaderos responsables del saqueo de Saludcoop. Uno de esos responsables es Guillermo Grosso, nombrado por la administración Santos como interventor de Saludcoop. En mayo de 2015 él recibió el siguiente e-mail de la regional de Saludcoop en Nariño: “Buenas tardes Dr. Grosso, De manera especial comento mi preocupación por el elevado precio del actual contrato de transporte el cual incrementa los costos de este servicio en un 1.219 por ciento”, frente al contrato anterior.

El contrato cubría transporte terrestre de pacientes dentro de Nariño (no por ambulancia) y aéreo a Bogotá. Sigue diciendo el e-mail que bajo el nuevo contrato impuesto por Grosso enviar un paciente a Bogotá ida y regreso por avión valía 3.933.300 pesos, “lo cual supera los costos de pasajes en avión siendo los transportes aéreos de Pasto los más costosos a nivel nacional”. Con 4 millones de pesos se compra hoy un boleto ida y vuelta Bogotá-Madrid. Grosso está procesado penalmente, pero ni Santos ni sus altos funcionarios asumen la responsabilidad por una catástrofe causada por ellos, no por Palacino.

https://www.semana.com/opinion/articulo/tantos-embustes-sobre-palacino/202200/

22.3.-Cláusula Petro, triquiñuela de billar  – CECILIA OROZCO

La existencia comercial, en unos negocios colombianos, de la denominada “cláusula Petro” que se viene incluyendo —según reveló Ramiro Bejarano en su columna del domingo pasado, en El Espectador— en contratos entre particulares, como una especie de semáforo en rojo que exime a los firmantes de cumplir lo pactado si el candidato del Pacto Histórico es elegido, es inaceptable económica, política y socialmente porque atenta contra el sistema democrático, contra la libertad de participación ciudadana y contra el derecho a votar por quien dicte el libre albedrío de cada quien.

2 feb 2022.- De acuerdo con el relato del profesor Bejarano, “se ha puesto en marcha la estrategia sucia de incluir una estipulación en los grandes contratos … (que indica que) solo empezarían a ejecutarse si Petro resulta vencido en las elecciones presidenciales” o, lo que es lo mismo, “que se dejen sin efecto si (él) llegare a convertirse en presidente”.

El eco que produjo, en algunos medios, la confirmación de que es cierta la activación de esta amenaza de unos sectores de la economía a otros no fue tan contundente como para que sus ejecutores la escondieran y la negaran. Por el contrario, salieron a defenderla y, a mi juicio, a promocionarla mediante falsos profetas del derecho con el argumento de que esa cláusula compromete solo a los pactantes en ejercicio de su “autonomía privada”. Así intentaron sustentarlo los que se pegan del inciso menudito de los códigos menores con el fin de eliminar la lectura de la letra constitucional superior que protege el bien común muy por encima del particular, en este caso, la voluntad de las mayorías electorales de poner en la Casa de Nariño al candidato que escojan, sea este o aquel y estemos los demás de acuerdo o no con su selección. Ah, no, que no se trata de constreñimiento al votante porque es una decisión particular. ¿Cómo explicarían, entonces, los sabihondos blanqueados la variación en la conducta criminal de las bandas armadas ilegales que, antes, masacraban a la población completa y que, ahora, asesinan a uno solo de sus líderes? ¿Son entonces aceptables, hoy, los asesinos porque cometen un homicidio selectivo o la interpretación correcta será que entendieron que matar a un habitante es suficiente para amedrentar a toda la comunidad?

La “cláusula Petro” es perversa, en democracia, porque los sectores dominantes de la sociedad presionan a los más débiles con el mensaje —a Pedro para que entienda Juan— de que se abstengan de elegir al candidato que no gusta a los primeros, so pena de empobrecer más a los segundos y al país pues, ténganlo por seguro, no se trata únicamente de incumplir un contratico: detrás hay acciones mucho más lesivas como fuga de capitales, cierre de sedes empresariales, de inversiones y demás. En las normas jurídicas está tipificada la colusión, en el Estatuto Anticorrupción, como “un pacto ilícito de dos partes con daño a un tercero”. Se refiere a acuerdos restrictivos que minan la libre competencia, por ejemplo, en los precios de productos comerciales cuando dos empresas pactan, en secreto, no bajarlos sino mantenerlos altos con perjuicio para los compradores. Si bien es cierto que se habla de colusión, en general, cuando se alteran ilícitamente procesos de licitación pública, por analogía podría decirse, en el campo de los derechos políticos, que los señores que les ponen puntos suspensivos a sus negocios hasta cuando conozcan el nombre del próximo presidente están incurriendo en el ilícito de colusión porque pactan entre ellos con daño a terceros: el candidato y sus votantes.

Una revisión del asunto “cláusula Petro” resulta en que esta no es la primera vez que se aplica. Ya en las elecciones pasadas, en 2018, habían surgido las informaciones sobre ese pacto impuesto a la brava (ver). El resultado fue desastroso, no tanto por quien perdió como por quien ganó: Iván Duque. Se pregunta uno si la elección de este presidente, uno de los peor calificados por los colombianos en las últimas décadas, fue beneficiosa para la nación. La respuesta es “no”, aunque muchos lambones del poder digan otra cosa. Pues bien, la “cláusula Petro”, tal como lo dijo Ramiro Bejarano, se reactivó ¡desde agosto del año pasado! (ver). Hasta la agencia Bloomberg lo comentó hace meses (ver). No es un cuento que se pueda tomar a la ligera: no solo Petro puede sufrir las consecuencias del amedrentamiento económico; también pueden arruinar al país los alarmistas que van más allá de lo racional, con disculpas, para seguir manejando los billones de pesos del Presupuesto Nacional. Como sostiene la economista Cecilia López: que los demás candidatos le compitan a Petro con propuestas y le ganen con votos. No con triquiñuelas de billar, añado yo.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/clausula-petro-triquinuela-de-billar/ 

22.3.-La Corte, los reincorporados y el Gobierno – RODRIGO UPRIMNY

La sentencia SU-020/22 de la semana pasada, que declaró el “estado de cosas inconstitucional” (ECI) por los asesinatos y amenazas contra los excombatientes reincorporados de las ex-Farc, es al mismo tiempo obvia, pues no descubre nada nuevo, pero es igualmente de trascendental importancia, por su posible impacto. Explico esta aparente paradoja.

6 feb 2022.- La Corte declara un ECI cuando i) existe una violación masiva de derechos fundamentales de una población que ii) no deriva de hechos aislados sino de un incumplimiento de obligaciones de ciertas autoridades, por lo cual iii) las tutelas individuales no sirven y es necesario iv) que el juez constitucional formule órdenes generales a las autoridades relevantes.

La situación de seguridad de los reincorporados es crítica, pues más de 300 han sido asesinados. Y si bien el año pasado hubo una reducción, su número siguió siendo muy alto: 54, es decir, más de uno semanal. Y en todo caso el récord del Gobierno Duque es pésimo: 2019 y 2020 son los peores años con 78 y 74 asesinatos respectivamente.

Esta grave situación de inseguridad de los reincorporados es compleja y deriva de varios factores pero uno de ellos es que el gobierno se ha negado a aplicar vigorosamente el punto 3.4 del acuerdo de paz, que creó un “sistema de garantías de seguridad” para los desmovilizados y los líderes sociales, con medidas de protección individual y colectiva y con mecanismos institucionales como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Duque, en vez de ponerle el acelerador a ese punto, lo frenó drásticamente, no sólo por su antipatía al acuerdo, sino porque supuestamente tenía mejores estrategias. Pero sus estrategias han fracasado como lo muestran las cifras de asesinatos de reincorporados y líderes sociales.

La sentencia constata esos hechos, que habían sido señalados anteriormente por la misión de verificación de la ONU en Colombia y por el Consejo de Seguridad. Estas instituciones han hecho igualmente llamados al cumplimiento del sistema de garantías del acuerdo. Era obvio que el ECI debía ser declarado a fin de que la Corte le ordenara al Gobierno, entre otras cosas, poner en marcha ese sistema de garantías y cumplir el acuerdo. Sin embargo, esto no le resta importancia a la sentencia por el impacto que puede tener.

La Corte ha declarado en el pasado una decena de ECI frente a problemas diversos, como la situación de las cárceles, los derechos de los desplazados, los concursos para notarías o la demora en los trámites en Colpensiones. Algunos de estos ECI, como los de Colpensiones o los notarios, fueron levantados pues la situación mejoró mucho. En otros casos, como con los desplazados, el ECI se ha mantenido por años y sólo ha habido levantamientos parciales pues la situación sigue crítica.

A pesar de esos resultados diferenciados, el consenso académico es que los ECI tienen en general un impacto enorme y positivo, en especial si, como en esta ocasión, la Corte retiene competencia para monitorear el cumplimiento de la sentencia. Así, la declaración del ECI pone el problema en el centro del debate nacional y obliga al Gobierno a reaccionar. Las órdenes y el monitoreo de la Corte generan discusiones sobre el tema, en las que participan además otros actores, como la academia o la sociedad civil, provocando una “jurisprudencia dialógica” que mejora la transparencia y la calidad de las políticas públicas.

El Gobierno Duque, que ha avanzado mucho en ciertos componentes de la reincorporación de excombatientes, tiene hoy la oportunidad de superar esta terrible falla en la garantía de seguridad y la vida de los reincorporados. Es la obligación mínima que asume el Estado en cualquier proceso de paz. Esta oportunidad no puede desaprovecharse.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/rodrigo-uprimny/la-corte-los-reincorporados-y-el-gobierno/

22.3.-Palabra de Dios – RAMIRO BEJARANO

El país político se alborotó por una noticia que confirma que seguimos siendo parroquiales y pueblerinos, como también que ninguno de los precandidatos le atribuye importancia al mandato constitucional de que Colombia es un Estado laico.

6 feb 2022.- Ante la visita de Petro al papa Francisco, todos los demás precandidatos salieron a ofrecer declaraciones más bien tibias sin dar señales de haber comprendido el gesto politizado de meter en la campaña electoral al jefe de una de las tantas religiones reconocidas en el país.

Uno a uno, los precandidatos se dieron a la tarea de referirse al encuentro de Petro con Francisco, sin decir nada importante. Por ejemplo, el locuaz David Barguil se fue casi de bruces alegando que el único candidato que se ha reunido dos veces con el pontífice de los católicos ha sido él, como si eso fuese determinante en estos tiempos. Fajardo, desde el atrio de la basílica del Milagroso en Buga, tampoco dijo algo para recordar sobre esa entrevista. El patán de Rodolfo Hernández presuroso pidió cita en el Vaticano, lo mismo que Fico y Óscar Iván. Ni siquiera Alejandro Gaviria, de quien se sabe que es declarado ateo, exigió que la campaña presidencial debe estar a salvo de influencias religiosas, porque vamos a elegir a un representante de los colombianos y no a un vicario de Cristo.

Pero la mezquindad y la ignorancia del subpresidente Iván Duque fueron superiores a todas las nimiedades que se oyeron. Muerto de la envidia porque Petro le robó vitrina con el papa, solo se le ocurrió ponderar su personal condición de católico y rogar para que el candidato del Pacto Histórico se hiciera perdonar sus pecados. El caso de Duque es patético. Hasta hoy no ha habido oportunidad de la anhelada foto con Biden y a cambio de eso le ha tocado posar con líderes perdedores como Piñera, el chileno; el caótico y tambaleante Castillo, presidente del Perú, y Lasso, el fascistoide y oligarca mandatario del Ecuador, además promotor de expedientes judiciales. El rumbo de América Latina no pasará por la mano de ninguno de estos tres personajitos que ni tienen garantizado que terminarán los períodos para los cuales fueron elegidos, salvo Piñera a quien le quedan días de su desastroso mandato. Ni la visita de António Guterres, el secretario de la ONU, le salió bien a Duque, porque este fue todo menos amable con un gobierno que se empeña en mentir sosteniendo que ha contribuido a la implementación de la paz que ha bombardeado.

Detrás de ese telón de vanidades Petro se pasea en España con el presidente Sánchez, mientras aquí el uribismo recalcitrante pretende contrarrestar esas imágenes poniendo a decir obviedades a dos aguerridas e inteligentes voceras del Partido Popular español, la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dos torbellinos verbales siempre dispuestos a desatar la furia de sus argumentos contra todo aquel que no coincida con sus credos. Me resisto a creer que el elector nuestro sea tan superficial como para definir su voto dependiendo de si a alguien lo recibieron o no en La Moncloa. El 99 % de los colombianos seguramente no conocen a los políticos españoles y a lo mejor ni les importan.

Y a todas estas, no sabemos con certeza a qué fue Petro a sostener una audiencia privada con el papa Francisco que se volvió pública. Si viajó para rendirse a los pies del jefe del Vaticano y ofrecerle que de ser mandatario estará del lado de su Iglesia y que aquí nunca se aprobará el aborto, ello sería desilusionante, por decir lo menos. La experiencia de los púlpitos metidos en la cosa pública nos ha costado sangre y violencia. Lo que esperamos es que le haya reclamado a Francisco porque la Iglesia católica colombiana definitivamente no ha ejecutado su orden de expulsar de su seno a los curas pederastas y permitir que sean sancionados por la justicia. Esta semana se ha sabido, por ejemplo, que en la Arquidiócesis de Villavicencio hay 38 casos de curas pedófilos a quienes no les pasa nada, y lo mismo está ocurriendo en Medellín, Cali y en otras diócesis.

Lo único que le falta a esta tediosa campaña electoral es que ahora los precandidatos se contagien de la fiebre de la rezandería y el arribismo de buscar bendiciones afuera.

Adenda. La ultraderecha hirsuta, ignorante y arrogante en nombre del abuso de la autonomía privada, defendiendo la inconstitucional e ilegal cláusula Petro. Lo dicho: las autoridades, como si no fuera con ellas.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/palabra-de-dios/

22.3.-Las verdades que nos esperanPATRICIA LARA

Foto: María Jimena Duzán y Padre Pacho de Roux 

En charla entre Pacho de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, y la periodista María Jimena Duzán, sostenida en el Hay Festival, comenzamos a estrellarnos contra esas verdades que la Comisión ha escudriñado a fondo y nos revelará en su informe final. Aquí van algunas:

4 feb 2022.- Primera verdad: la guerra no fue entre las Farc, el Eln y el Ejército. En ella participaron otros actores muy importantes que no han sido evidentes. Se dio un entramado muy complejo, donde jugaron elementos políticos, económicos y de defensa, y hubo una articulación entre las Fuerzas Militares y el paramilitarismo. De Roux explicó que ello se muestra bien en el caso de la hacienda Las Tulapas, donde se combinaron la reacción contra la guerrilla, las acciones de Mancuso y del Fondo Ganadero de Córdoba, la actuación de la Fiscalía para legitimar el robo, la de Fedegán para garantizar que se nombrara fiscal general a Mario Iguarán —con la misión de encubrir lo que se hizo— y la del gobernador Benito Osorio, quien actuó de intermediario para que el robo se hiciera asediando a los campesinos, a fin de conformar esa finca de más de 4.000 hectáreas. Luego, personas del empresariado y de la política del Valle del Cauca, asediadas por la guerrilla y los secuestros de sus niños a la salida de los colegios, entraron en comunicación con los paramilitares de Córdoba y crearon el Bloque Calima. Entonces ocurrieron la masacre del Naya y las otras grandes masacres de esa zona.

Segunda verdad: el paramilitarismo fue un aliado del Estado y tuvo un papel muy importante en la disminución del poder de las Farc —que a fines de los años 90 era enorme—, pero el dolor que causó fue inmenso. Hubo una especie de enloquecimiento en la guerra. Por eso, unos incorporaron a más y más niños en la confrontación y los otros produjeron los falsos positivos: “Tenían que mostrarle a la sociedad que se estaba ganando la guerra y eso se mostraba presentando cadáveres”, afirma De Roux.

Tercera verdad: la seguridad ha sido para la propiedad y el poder: a más propiedad y más poder, más seguridad; pero la seguridad no ha cuidado a la gente, como ocurre en Suecia, Dinamarca o Noruega.

Y una pregunta: ¿cómo es posible que nuestro Estado y nuestra sociedad hayan permitido que pasara esto? ¿Cuándo será que las víctimas de los sectores pudientes —sobre todo del secuestro y la extorsión— sentirán que son tan víctimas como las mujeres del Chocó o las mamás de los muchachos de Soacha asesinados por el Ejército? ¿Cómo es posible que estemos parados sobre semejante crisis humanitaria y no nos hayamos dado cuenta?

Entonces, el auditorio, repleto de público, estalló en aplausos para Pacho de Roux.

Ya llegó Cambio. Renace este domingo. La primera semana podrán leerla en forma gratuita. A partir de la segunda, requerirán estar suscritos. Ojalá se suscriban. Ojalá nos apoyen: volver a darle vida a Cambio ha sido un esfuerzo monumental. Ahora Cambio es una realidad.

Yohir Akerman y Federico Gómez Lara, columnistas de este querido periódico, se han despedido de sus columnas de El Espectador porque harán parte del equipo de Cambio. Pero yo, gracias a la generosidad de Fidel Cano, mantendré mi columna aquí, aun cuando también escribiré reportajes para Cambio. Apoyar a El Espectador y a Cambio —dos medios comprometidos con revelar las verdades— es fundamental si queremos consolidar nuestra democracia.

De modo que seguiremos encontrándonos: en El Espectador y en Cambio.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/patricia-lara-salive/las-verdades-que-nos-esperan/

*22.2.-¿Qué es la cláusula Petro? RAMIRO BEJARANO
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Cambio YOHIR AKERMAN
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Un acosado judicial de apellido Cepeda CECILIA OROZCO

La guerra sucia, podrida, es lo propio del uribismo partidista. Dejando de lado, por el momento, los crímenes atroces que se les atribuyen a unos de sus dirigentes, los miembros de esa agrupación se articulan de tal manera que parecen títeres movidos, al unísono, por el chasquido de una mano tenebrosa. Por poner ejemplos, sus congresistas camuflan, con el apoyo sigiloso de Duque, un artículo dentro de un proyecto anticorrupción, que establece cárcel y multas para los periodistas que investigamos a los funcionarios corruptos; otros, entre sus parlamentarios, suspenden la vigencia de la Ley de Garantías Electorales de tal modo que el Gobierno central y sus aliados en gobernaciones y alcaldías puedan pagarles sus votos a potenciales electores, con dineros públicos; los uribistas también se encargan de trapear con la justicia, en unas ocasiones, con denuncias o demandas falsas, y en otras, mediante insultos y amenazas a los jueces que no respondan a sus intereses; y sus aliados millonarios adquieren la propiedad de medios de comunicación para implantar, en la opinión, una realidad distorsionada que “certifican” sus testigos, quienes repiten, en los estrados, el libreto que les entregan en un sobre adobado con sumas generosas.

26 ene 2022.- Así lograron crear un círculo virtuoso: las leyes que arman a su acomodo los protegen; ganan las elecciones; la justicia, intimidada, no sentencia; los reporteros incómodos están arrinconados y los periodistas sinvergüenzas adquieren puesto de deshonor al lado del trono, siempre y cuando cumplan con la tarea de su esclavitud: desprestigiar al “enemigo”, enlodar nombres desde cuentas anónimas en las redes sociales, publicar noticias de mentira y empecinarse en negar las verdaderas.

Tal vez debido a que las de este tipo se han convertido en paisaje noticioso, la semana pasada se registró una información que pasó desapercibida: “La Corte Suprema de Justicia se inhibe de investigar al senador Iván Cepeda por presunto asesoramiento ilegal al Eln”. La denuncia contra el congresista, un sobreviviente de enfermedades naturales pero ante todo de la persecución sañosa de Uribe y sus seguidores en su contra y en contra de sus padres, no obstante que ella murió hace 40 años y que él fue asesinado hace 27, fue interpuesta en esta oportunidad por el representante Edward Rodríguez, declarado indigno de ser precandidato presidencial del autodenominado Centro Democrático por sus propios copartidarios. Su reclamo penal se fundamentó en una constancia del entonces comisionado presidencial Miguel Ceballos quien afirmó, falsamente, que Cepeda se reunió, en Cuba, sin autorización oficial, con la delegación del Eln que podría negociar con el Gobierno Santos. Mintió Ceballos y mintió Rodríguez: esto concluyó, por unanimidad, la Sala de Instrucción de la Suprema, una vez revisados los permisos oficiales que protegían la conducta del cngresista de oposición y que tuvo que certificar el propio Ceballos a solicitud de la Corte ante la cual no podía seguir ignorando los documentos que reposaban en su oficina, so pena de incurrir, él mismo, en varios delitos y en faltas disciplinarias graves.

No es la primera vez que Rodríguez atenta moralmente contra Cepeda Castro. En 2014 lo denunció por injuria, calumnia, falsa denuncia y fraude procesal. La Corte también desestimó sus acusaciones y se inhibió de abrir investigación. Pero el acoso judicial contra el senador del Polo ha sido mucho más tortuoso. El propio Uribe Vélez lo denunció en 2012 y 2014 ante la Suprema, en el famoso caso que concluyó, con sorprendente efecto bumerán, en contra del expresidente y a favor del parlamentario polista: se trata del proceso que todavía está abierto y que, pese a la complicidad de la Fiscalía, ha hecho padecer al exmandatario durante casi tres años.

Abogados de Uribe entablaron, por igual motivo, queja disciplinaria contra Cepeda en la Procuraduría. Esta lo absolvió. Interpusieron demanda de pérdida de investidura en el Consejo de Estado, que la negó en 2016. Milton Rodríguez, congresista cristiano carnal del uribismo, lo acusó de cometer delitos, dos veces. Resultado: el alto tribunal cerró los procesos a favor del denunciado, en 2019 y 2020. Víctor Mosquera, otro apoderado de Uribe Vélez, formuló reclamo judicial por destrucción de material probatorio contra el opositor político; la Corte inadmitió el caso. Mosquera también interpuso una tutela que buscaba afectar la reputación de Cepeda: fue negada en 2018. Como jauría con hambre, muchos más amigos del exmandatario han calumniado a su presa. Sin embargo, los Echeverri, Fabio y Luis Guillermo, protagonizaron la persecución social, política y judicial más patética: en 2005, el poderoso Fabio Echeverri, asesor y gerente de la campaña de reelección de Álvaro Uribe, fue conminado por sentencia de la Corte Constitucional a respetar el buen nombre de Iván Cepeda y su familia. Quince años después, en el 2020, al hijo de Fabio, Luis Guillermo, uno de los personajes más influyentes en la era Duque, se le ordenó rectificar sus afirmaciones en El País, de España, contra el congresista. Uno tras otro, todos se han ido estrellando con los fallos. Si alguien debe tener protección internacional para vivir en estas fronteras, ya que la nacional no parece posible, ese es el senador Cepeda Castro.

***

Fe de erratas.- Una aclaración indispensable a mi columna de hoy, como corresponde, y antes de que nadie me lo solicite: uno de los denunciantes fallidos y perseguidor judicial del senador Cepeda NO es el pastor John Milton Rodríguez, como aseguré. Es el exdiputado del Tolima Milton Restrepo Ruiz, hoy candidato a la Cámara por el uribismo en ese departamento

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/un-acosado-judicial-de-apellido-cepeda/

22.2.-¿Qué es la cláusula Petro? RAMIRO BEJARANO

La historia de esta columna es simple. Si me ocupo de ella no es porque ya tenga decidido por quién me propongo votar en las próximas elecciones presidenciales, porque, al igual que muchos colombianos, todavía deambulo entre varias opciones, pues hoy solamente tengo claro que no sufragaría por nadie que represente la continuidad de este gobierno corrompido y mafioso.

30 ene 2022.- En efecto, en algunos sectores económicos y empresariales, de los que andan temblando ante la eventualidad de que Petro llegue a la Presidencia, se ha puesto en marcha la estrategia sucia de incluir una estipulación en los grandes contratos que se vienen suscribiendo, por medio de la cual las partes, dizque en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pactan que el contrato solo empezaría a ejecutarse si Petro resulta vencido en las elecciones presidenciales, o que se deje sin efectos si llegare a convertirse en presidente. A este esperpento negocial ya le tienen nombre: la cláusula Petro.

Lo que sorprende es que ya hay connotados juristas rindiendo enjundiosos conceptos por los que cobran y les pagan jugosos honorarios para sustentar la legalidad de esta disposición contractual, fundada en la defensa a ultranza del supuesto derecho de los particulares para pactar condiciones suspensivas o causales de rescisión en sus negocios.

Vamos por partes. En lo personal creo que una estipulación de esta naturaleza, de entrada odiosa, es, además, ilegal. En primer término, esta cláusula tan excluyente está encaminada a provocar o estimular el retiro de capitales nacionales o extranjeros del país, que es una de las formas bajo la cual podría tipificarse el delito de pánico económico. No ejecutar un contrato porque una determinada persona llegue a la presidencia no es simplemente una represalia política contra un partido o sus electores, sino un fuetazo a la economía. ¿Qué sigue después de que esa cláusula pueda ser aplicada porque definitivamente ganó las elecciones un personaje que no es del gusto de los contratantes o al menos de la parte económicamente fuerte? Obviamente una desbandada imparable de recursos dinerarios significativos hacia otros países o paraísos fiscales donde no se corran riesgos y de paso donde sean tratados con benevolencia tributaria.

Pero no solo esta singular cláusula podría tipificar pánico económico sino también un delito contra los mecanismos de participación democrática. Sujetar el devenir contractual y en últimas hasta las reglas del mercado financiero a cómo se expresen los votantes es lo menos transparente para cualquier proceso electoral. Estamos en presencia de un sofisticado delito electoral que conlleva presión indebida a los votantes.

Es cierto que la ley civil autoriza incluir condiciones en los contratos, sean positivas o negativas, pero con tal de que no consistan en un hecho que viole la ley, o que riñe con las “buenas costumbres o al orden público”. Eso lo sabe cualquier abogado, inclusive los egresados de la Sergio Arboleda. En el complejo recorrido negocial nunca ha existido el hábito de atar los contratos a los avatares políticos, porque siempre el devenir contractual y el político tienen el destino de las paralelas, porque nunca se juntan. Por ello, inventarse estas cláusulas como forma de expresión del nuevo derecho a propósito de impedir que se ejecute un contrato o que sea rescindido, es incurrir en un grotesco motivo de ilegalidad.

Si de suyo cualquier campaña electoral es áspera y polarizante, con mayor razón si sus resultados han de influir en los contratos entre particulares. No es sano para la Nación. La libertad económica está diseñada precisamente para que haya garantías en el comportamiento de las operaciones que se realicen, no para que las partes queden atadas a condiciones exógenas claramente perturbadoras del orden público, como las que tengan que ver con las elecciones.

Esto es tal vez lo menos que se proponen los potentados de la ultraderecha que están detrás de esta cláusula, porque están dispuestos a todo con tal de que gane uno de sus candidatos y a parar a Petro como sea. Ellos creen que todo les es permitido porque para eso son dueños de la Fiscalía. Valdría la pena saber qué opinan los demás candidatos de esta tramposa cláusula.

Adenda. La Corte Constitucional decide que hay un estado de cosas inconstitucionales en relación con las garantías de seguridad de los excombatientes de las Farc y nadie cae en el Gobierno.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/la-clausula-petro/

22.2.-Cambio YOHIR AKERMAN

Esta es sin duda la columna más difícil que he tenido que escribir. Es la página en blanco que más temor me ha generado en los 15 años que llevo siendo columnista. Por eso solo puedo empezar por rendir un homenaje con estas letras a don Guillermo Cano, a quien nunca conocí, pero cuya carrera ha impactado desde el inicio mi trabajo de columnista con la enseñanza y el ejemplo.

30 ene 2022.- Ya son 35 años de su ausencia, mucho más que mi vida profesional, pero la memoria del legendario exdirector de El Espectador es cada vez más vigente e importante para mí. Su vida al servicio del periodismo lo convirtió en un paradigma personal. He sido testigo de esa historia, en la que 34 años como director de este diario forjaron el mejor criterio y balance en el deber de informar.

Trato de ponerme a la altura de ese reto cada ocho días al escribir una columna en el periódico que él dirigió. Midiendo a diario los altibajos de un país que suele repetir sus malas noticias, y cada vez se sorprende y perturba menos con el nivel de sus escándalos.

Don Guillermo, en medio de un país sin tregua para los conflictos, forjó su carácter y el de el periódico El Espectador, por lo cual ha sido para mí un privilegio y un honor poder ocupar un espacio en la sección de opinión de este diario todos los domingos y estar con ustedes, los lectores de este medio, desde hace ya 7 años.

El estruendoso asesinato de don Guillermo, ejecutado el 17 de diciembre de 1986 por sicarios pagados por Pablo Escobar a la salida de las instalaciones del periódico, al igual que el atentado con bombas contra su sede, reforzaron con el ejemplo, en mí, un valor no negociable: que la independencia periodística se defiende hasta las últimas consecuencias. Incluso las personales.

De la misma manera, la historia de este diario me ha enseñado la esencial importancia para el funcionamiento social y democrático de la separación que debe existir entre la neutralidad de la información y los intereses económicos de los dueños de los medios.

Desde que hago parte de la lista de columnistas de este medio, su actual director, Fidel Cano, siempre me ha demostrado ser defensor de esa importante separación y frontera que debe dividir el ejercicio de informar a una sociedad, y las actividades comerciales de los dueños.

Por eso siempre estaré agradecido con ustedes, por el apoyo en un momento difícil para mi carrera, en el que me quedé sin columna porque fui despedido del diario El Colombiano por defender mis ideas libremente, en especial los derechos de las parejas del mismo sexo.

En ese momento, en 2015, Fidel Cano y este medio me dieron la bienvenida a su sección de opinión y desde entonces nunca, márquese bien, nunca, han dado más que respaldo y respeto a mis posturas, investigaciones y opiniones, pese a que muchas han estado en contravía de sus posiciones editoriales.

Y eso requiere valentía.

Por todo esto, El Espectador siempre lo sentiré como mi hogar. Pero hoy aprovecho este mismo espacio para pedirle a Fidel Cano, a este medio y sus lectores, un permiso, una licencia si se quiere, porque siento que en este momento hay que sumarse a otro proyecto que también haga contrapeso a lo que está haciendo Semana, mezclando intereses privados con el manejo de la información, y a unos directivos y propietarios que se sienten dueños de la información y no de un medio.

Siento que es mi deber, en lo que pueda apoyar con mis columnas y mi voz, aceptar la invitación que me han realizado generosamente Federico Gómez y Daniel Coronell, para aportar al renacimiento de la revista Cambio, como columnista en su edición de los domingos. Eso con la esperanza de tener abierta la posibilidad de volver en el momento adecuado a estas páginas que, como dije antes, fuera de sentir como mi casa, me han ayudado a fraguar el columnista que ustedes leen hoy.

Nunca sin antes dar las gracias a los directivos y a todo el equipo de periodistas y lectores El Espectador, y pedirles que me lleven en el corazón, como yo los llevo a todos ustedes en el mío, orgullosamente.

Con la admiración y respeto que esta casa editorial, sus directivos y sus dueños se merecen, por la práctica de un ejercicio respetuoso y transparente de información, sin mezclar nada más que los intereses de una sociedad que hoy, más que nunca, reclama otro periodismo, serio, como el que se lee acá, y como esperamos se leerá en la revista Cambio. Allá invito a mis lectores, y contradictores, a que me sigan siguiendo.

Gracias a ustedes por acompañarme estos años y por permitirme los que me queden de este honroso trabajo y este importante deber como columnista. Mi compromiso es siempre con ustedes, los lectores, no de estar libre de errores, que los he cometido, sino de ser honesto, transparente y juicioso en admitir y corregir siempre cuando estos se cometan.

Ese es mi reto en este nuevo cambio, con todas las páginas en blanco que me esperan y con estas columnas que escribo para ustedes. Muchas gracias.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/cambio/

*22.1.-¿Por qué es imposible investigar el asesinato de Jovenel Moïse? NICOLÁS BOURCIER

*22.1.-La corona del señor Pretelt y el poder corrupto CECILIA OROZCO
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Camuflado de civilYOHIR AKERMAN
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En casa de herrero se hacen contratosMARÍA ISABEL RUEDA
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¿Por qué ganó Rodolfo? ALBERTO DONADÍA
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La corrupción en veremos RAMIRO BEJARANO

Los precandidatos presidenciales son contestes en la urgencia de atacar la corrupción, pero ninguno sabe por dónde empezar. El último pronunciamiento es de antología: Íngrid Betancourt la enfrentaría con la muy “novedosa” solución de nombrar a un zar anticorrupción.

23 ene 2022.- Tampoco este columnista tiene la fórmula redentora contra la endemia de la corrupción, pero cualquier remedio tiene que pasar por aprobar una ley que permita el rastreo de la situación patrimonial no solo de los funcionarios sino de sus cónyuges, hijos, parentela más cercana y hasta del entorno de asociados y amistades.

El asunto no se reduce a esa tontería de entregar al posesionarse o retirarse de un cargo la relación de activos y pasivos. Eso es un canto a la bandera. La corruptela es muy sofisticada y utiliza toda clase de triangulaciones para ocultar dineros mal habidos. Es vox populi que un funcionario paracaidista, metido en las entrañas del poder, recibe escuetos ingresos derivados de sus salarios, cuando se sabe que hizo constituir sendas sociedades comerciales en las que no figura pero sí lo hacen sus cómplices, quienes reciben coimas o suscriben jugosos contratos, sin que nadie sospeche quién es el beneficiario real del entramado. Para pescar peces gordos camuflados hay que diseñar mecanismos legales que permitan identificarlos, porque lo que hay es para risas.

La exigencia de informar el estado patrimonial de cada funcionario es tan “transparente” como las cuentas de las campañas que presentan partidos y candidatos al Consejo Nacional Electoral, pues todas mienten. En el caso de los servidores públicos las autoridades no tienen cómo investigar el esquema patrimonial extendido a muchas personas, salvo que se inicie un proceso penal, disciplinario o fiscal, pero Fiscalía, Procuraduría y Contraloría se hacen las de la vista gorda con amigos y copartidarios. De lo que se trata es que esa averiguación pueda hacerse de manera expedita. Bastaría obligar a cónyuges, hijos, primos, subalternos, socios y cercanos amigos a entregar información actualizada sobre sus bienes, y autorizar a un ente público para que vigile que se cumpla con estrictez esa obligación, de manera que quien no la atienda se exponga a todo.

Lo otro es abrir puertas afuera para que burladeros como Panama Papers o Pandora Papers entreguen la información que soliciten nuestras autoridades. Igual debería ocurrir con bancos nacionales y extranjeros. Lo que no puede seguir pasando es que de la noche a la mañana sigamos viendo a exfuncionarios habilitados de empresarios y emprendedores, y que nada pase.

Pero si por el lado de las soluciones anticorrupción llueve, por el del modelo de justicia que cada candidato espera presentar al país no escampa. No se ha oído una propuesta para modificar el nombramiento de magistrados de altas cortes.

Entre las muchas mentiras del Gobierno, está la de que con la ley estatutaria que está en revisión en la Corte Constitucional la justicia se enderezaría. ¡Qué va! Nada pasaría, aun si ese esperpento sale vivo del examen de constitucionalidad, como lo anticipó el bocón e impresentable ministro de Justicia, a quien habría que preguntarle cómo es que está enterado de lo que se discute en ese tribunal. O no sabe nada y lanza globitos para presionar a magistrados.

El doctor Luis Hernández, expresidente de la Corte Suprema, anunció que su propuesta para elegir a magistrados es restablecer la cooptación. No creí estar jamás de acuerdo con esa opción, pero admito que es el sistema menos malo. En mi criterio, para que pueda reimplantarse la cooptación es preciso cambiar íntegramente Corte Suprema, Consejo de Estado y Consejo de la Judicatura, para que hagan cirugía a la justicia reintegrados con otros magistrados que no hayan llegado a esos cargos padeciendo el clientelizado mecanismo perverso de la Constitución de 1991 —que en esto fue desastrosa—. Esas cortes renovadas tendrían que integrarse previo un gran consenso nacional, para que por primera y única vez se seleccionen figuras cimeras que en el futuro puedan designar a sus sucesores, despojados de ataduras politiqueras y burocráticas.

Y esto va tan mal que ningún aspirante presidencial quiere hablar de cómo juzgar a altos funcionarios.

Adenda. El único candidato que el presidente eterno respaldará es uno tan malo como él: Rodolfo Hernández. Óscar Iván y Fico, a curarse las heridas.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/en-veremos/

22.1.-¿Por qué es imposible investigar el asesinato de Jovenel Moïse? NICOLÁS BOURCIER

SEIS meses después del asesinato del presidente haitiano en su casa, los patrocinadores de la operación aún no han sido identificados y el país está más sujeto que nunca a la ley de pandillas.

14 ene 2022.- En el espacio de unos minutos, Haití vivió la combinación exacta de violencia y espectáculo macabro que ha acompañado su vertiginosa caída durante demasiados años. El 17 de octubre de 2021, más de tres meses después de que el presidente Jovenel Moïse fuera baleado en su residencia privada, el primer ministro, Ariel Henry, fue desalojado por una banda armada de una ceremonia en honor a Jean-Jacques Dessalines, el padre de la independencia.

El autor del golpe, el líder de la banda Jimmy Chérizier, apodado «Barbacoa» por su propensión a quemar a sus víctimas en sus casas, vino entonces solemnemente a depositar la tradicional corona de flores en este lugar de celebración en Pont-Rouge, un barrio de Port -al Príncipe.

Con el rostro descubierto, este expolicía vestido de blanco con corbata negra, el código de vestimenta exigido por las autoridades, se inclinó ante el retrato del fallecido presidente, presentándolo como «un modelo» y «un hombre extraordinario» que luchó contra los corruptos. Sistema de la isla. En las camisetas de los pandilleros, todos encapuchados, se leía «Jistis pou Jovenel», «justicia para Jovenel Moïse». Luego, antes de abandonar el lugar prometiendo vengarlo, “Barbacoa” arengó a la multitud con gritos de: “¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre!”.

Tan grotesca como trágica, la escena ilustra el abismo en el que está sumido el país, ya de por sí el más pobre y violento del continente. La guerra de pandillas, que se dice que alcanzó su punto máximo en las semanas previas al asesinato del presidente, se ha intensificado aún más. Se registraron al menos 950 secuestros en 2021, según el Centro de Análisis e Investigación de Derechos Humanos con sede en Puerto Príncipe, con una aceleración en los últimos meses. El primer ministro, que se ocupa de la actualidad desde la desaparición de Jovenel Moïse, tuvo que huir el pasado 1 de enero de la ciudad de Gonaïves, 150 kilómetros al norte de la capital, tras enfrentamientos entre policías y grupos armados durante la fiesta nacional.

«Estado comprometido»

La investigación sobre el asesinato del presidente se ha estancado. Varios ciudadanos haitianos, incluidos 20 oficiales de la Policía Nacional Haitiana (HNP), tres estadounidenses de ascendencia haitiana y 18 ciudadanos colombianos, fueron encarcelados durante el verano en la prisión de Port-au-Prince por su presunto papel en el asesinato. Pero seis meses después de los hechos, por increíble que parezca, actualmente no se está realizando ninguna investigación judicial por parte del magistrado a cargo del caso.

Las autoridades en el lugar, o lo que queda de ellas, no han mostrado intención de encontrar a todos los culpables o llevarlos ante la justicia. El propio nombre del actual primer ministro, Ariel Henry, figura entre los que hablaron por teléfono, antes y después del magnicidio, con uno de los principales sospechosos, Joseph Felix Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia, ahora prófugo. . Según varias fuentes consultadas por «Le Monde», se ha ejercido presión e intimidación sobre los investigadores para evitar cualquier interrogatorio sobre los verdaderos patrocinadores.

Principio del formulario

“Haití se ha convertido en un agujero negro donde mafiosos y fuerzas criminales han tomado el control de la capital”, dijo Jean-Marie Théodat, geógrafo y experto en política haitiana. “El presidente Jovenel es una víctima más de esta violencia que gangrena a nuestra sociedad hasta en los pasillos del poder, pero es una víctima significativa. Su muerte y esta investigación estancada demuestran la profundidad de la bancarrota y los compromisos del Estado».

Mucho se ha escrito desde que, en la noche del 6 al 7 de julio de 2021, un pelotón de varios hombres mató a Jovenel Moïse e hirió de gravedad a su esposa antes de huir sin que ninguno de los 647 agentes destinados a proteger al presidente haitiano disparara un solo tiro. Se formuló la hipótesis de una conspiración internacional. También se dijo que podrían estar involucrados narcotraficantes. Su influencia no ha hecho más que aumentar en los últimos años en Haití, que se ha convertido en una de las principales rutas de la droga hacia Estados Unidos.

También se expuso el problemático papel de Michel Martelly, omnipresente tras bambalinas. El expresidente y padre político de Jovenel, que lo acompañó durante todo su mandato, tendría poco gusto por la independencia de su protegido. Esta tesis fue ampliamente apoyada en una larga y rica investigación publicada en diciembre por «The New York Times». El artículo también menciona una lista de traficantes de armas y drogas sacada de la casa del presidente la noche del ataque.

“La dificultad con este asesinato es que hay tantas personas que podrían haber estado involucradas que es difícil atribuirlo a alguien en particular”, dijo Nixon Boumba, sociólogo y activista de derechos humanos en Puerto Príncipe. Jugaba en varios niveles al mismo tiempo, las pandillas, los clanes políticos y los oligarcas de la isla, una polifacética mafia que ha tomado como rehén el poder”.

La mayoría de la población contra Moisés

Es necesario un breve rodeo histórico para desenredar los nudos de la investigación y las responsabilidades de los distintos actores. Cuando Jovenel Moïse ingresó a la carrera presidencial en 2015, era un desconocido para el público. Era Michel Martelly. El fundador del Partido Haitiano Tèt Kale, acusado de malversar fondos destinados a la reconstrucción del país, lo había sacado del anonimato y lo había designado como su sucesor. Nacido en 1968 en Trou-du-Nord, el futuro presidente se presentó como «un pequeño agricultor exitoso».

Un éxito sombrío. El hombre se hizo rico al crear la primera zona franca agrícola del país con su empresa Agritrans, una empresa productora y exportadora de banano, creada con un préstamo de varios millones de dólares. Este movimiento en el mundo de los negocios generó acusaciones de lavado de dinero. Los agricultores también presentaron denuncias sobre cientos de expropiaciones arbitrarias por parte de bandas armadas en beneficio de Agritrans.

Fue un presidente mal elegido. A pesar del apoyo de la oligarquía haitiana y el discreto respaldo de empresas de la vecina República Dominicana, Jovenel Moïse tuvo que pasar por dos vueltas electorales tras una primera elección invalidada para ganar la mayoría de los votos en 2016 (con una participación de apenas 21 por ciento). Al final de su primer año en el cargo, había puesto en su contra a una gran mayoría de la población. El intento de subir los precios de los combustibles, luego el escándalo de Petrocaribe -un caso de malversación de miles de millones de dólares en préstamos de Venezuela, que involucró a cuatro jefes de Estado haitianos incluido él mismo- provocó violentas protestas y llamados a su salida en 2018. “El período fue crucial para el país, fue un punto de inflexión donde la calle exigió rendición de cuentas y socavó el poder, lo cual derivó en el camino de la represión,

Jovenel Moïse pasó a gobernar por decreto. Se aisló y perdió aliados. Tras suspender las elecciones legislativas, el presidente amordazó el Tribunal de Cuentas, creó una nueva agencia nacional de inteligencia y modificó el código penal para, entre otras cosas, extender la calificación de actos terroristas a los bloqueos de carreteras -una de las principales formas de protesta en Haití. También anunció elecciones y un referéndum para enmendar la constitución.
En este punto, el dominio de las pandillas sobre la vida cotidiana haitiana adquirió toda su dimensión. Si bien el gobierno haitiano siempre ha mantenido vínculos peligrosos con bandas armadas (los «tontons macoutes» durante la era Duvalier, los «chimères» bajo Jean-Bertrand Aristide), en particular para el control de los llamados barrios de «oposición», la creciente La evidente alianza del ejecutivo con determinados grupos especialmente violentos desencadena una espiral mortal.

Crisis generalizada

En febrero de 2020, Jovenel Moïse creó una comisión para combatir la violencia, la Comisión Nacional para el Desarme, Desmantelamiento y Reintegración. Si bien se suponía que iba a someter a las pandillas, este organismo promovió la creación clandestina del «G9 an fanmi e alye» («el grupo de 9 en la familia y aliados»), una federación de pandillas armadas en Port-au- Príncipe, encabezado por Jimmy Cherizier. Varias fuentes locales dijeron a «Le Monde» que habían visto, al menos en dos ocasiones, a dos de sus familiares acudir de noche al palacio presidencial. La alianza fue denunciada por los partidos políticos, desde la izquierda hasta la extrema derecha, y por los movimientos sociales.

Las bandas armadas están creciendo en número, armas y en términos de financiamiento, dominio territorial y capacidad operativa. Solo en la capital hay cerca de 90 pandillas. El G9 incluso tiene su propio canal de YouTube. El 7 de julio de 2020, movilizó a 50 de sus miembros, fuertemente armados, en las calles de Port-au-Prince a plena luz del día para exigir algún tipo de reconocimiento legal.

En un raro gesto de firmeza por parte del poder político, el entonces Ministro de Justicia, Lucmane Délile, llamó a la acción. En conferencia de prensa, declaró: «Es un asunto grave que bandidos armados aterroricen a ciudadanos pacíficos. ¡Haití no es una república bananera donde los delincuentes pueden hacer lo que quieran! Ordeno a la PNH que localice y arreste a estos delincuentes porque lo que vi en la televisión es inaceptable». Lucmane Delile fue destituido inmediatamente de su cargo por el presidente.

El G9 controla las áreas de Martissant, Village-de-Dieu, Grand-Ravine, Delmas, Bel-Air, Fort-Dimanche, parte de Cité-Soleil (300.000 habitantes), y otras áreas, ubicadas principalmente en la región central de Port -au-Prince, al norte y al sur. Dada la particularidad geográfica de Haití, este despliegue le otorga la capacidad de aislar la capital del resto del país. Y para mantener el control sobre la parte de la ciudad que es más vocal.

Los tiroteos y masacres en los barrios van en aumento. Miles de habitantes se vieron obligados a huir de sus hogares. El uso de los secuestros como medio de financiación se está volviendo sistemático. En la cúpula del Estado, la tensión es extrema. Se habla de un nuevo cambio de primer ministro. Ese sería el cuarto en dos años. Un quinto podría ser nominado inmediatamente después.

Nuevos mercenarios extranjeros están llegando a suelo haitiano en este contexto de crisis generalizada. Ya, en 2019, hubo rumores insistentes sobre la presencia de ejecutores rusos o serbios. Esta vez, al menos tres estadounidenses de origen haitiano, un venezolano y 22 colombianos llegaron a Puerto Príncipe entre enero y junio de 2021. La mayoría de ellos tienen contratos con la Unidad Contra el Terrorismo (CTU), una empresa de seguridad privada en Florida. La naturaleza exacta de su misión nunca ha sido aclarada.

Un «informe de pandillas»

Mientras enfrentaban a bandas armadas que avanzaban en algunos de los barrios más exclusivos de la capital -particularmente en las alturas y en la zona de Boule 12, no lejos de la residencia privada del presidente-, varios testigos afirman haber visto a los colombianos ayudando a las unidades de la policía nacional a repeler y matar a las bandas. Miembros Al mismo tiempo, se organizaron varias reuniones secretas en Port-au-Prince, Delmas y Pétion-Ville.

En un informe difundido el 6 de enero, la seria Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) afirmó que el objetivo de estas reuniones era «detener a Jovenel Moïse y obligarlo a exiliarse o planear su asesinato». Según su director, Pierre Espérance, «figuras políticas participaron en estas reuniones, y algunas de ellas creían que reemplazarían al presidente después de su salida».

En abril, Jovenel Moïse contactó a Ricardo Seitenfus por WhatsApp. “Primero me sorprendió”, dice el diplomático brasileño, exrepresentante de la Organización de los Estados Americanos en Haití, conocido por su independencia y franqueza. Me habló de sus preocupaciones y de las acusaciones de colusión con bandas armadas que enfrentaba. Luego me pidió que compilara un informe sobre las pandillas con una lista de los nombres de los actores involucrados. ‘Lo que sea necesario’, insistió».

El ex miembro de la Comisión Provisional de Reconstrucción de Haití estuvo de acuerdo. Siguieron muchos intercambios. Jovenel Moïse lo llamaba una o dos veces por semana. «No mencionó a ninguna figura política haitiana, ni mencionó el nombre de una pandilla, solo repitió que quería un ‘enfoque científico'». Ricardo Seitenfus reúne un equipo de unos 60 expertos. El presidente haitiano aprobó un presupuesto global de 700.000 dólares (616.000 euros) para el informe sobre seguridad, bandas y narcotraficantes, así como un libro blanco sobre la epidemia de cólera en Haití, importado en 2010 por las fuerzas de paz y un pacto de garantías democráticas por el futuro del país. Documentos que nunca vio. Al momento de su asesinato, la investigación sobre los narcotraficantes, que «Le Monde» pudo consultar, estaba apenas en sus primeras etapas. Una primera nota de intención sin nombres ni pistas. “No puedo decir nada sobre el grado de su sinceridad”, dijo el diplomático, quien agregó: “Estos hombres de poder en Haití tienen una agenda doble o triple. Obviamente tenía la capacidad de crear demasiados enemigos al mismo tiempo. …»

El comienzo de una «revolución armada»

El 1 de junio, dos bandas rivales se enfrentaron por el control del barrio Martissant de Port-au-Prince. Las hostilidades terminaron cinco días después, poco después de la intervención de un miembro del gobierno, alimentando aún más las sospechas de colusión entre las pandillas y el Estado. En una escena improbable, «Parrillada» apareció en público ante las cámaras el 23 de junio. Rodeado de jóvenes encapuchados y armados, muchos con uniformes de policía, el líder del G9 anuncia el inicio de una «revolución armada», invitando a la población a equiparse y unirse. Su organizacion

“El oficialismo quiere realizar un referéndum y elecciones para defender sus intereses. La oposición exige un gobierno de transición para poder despilfarrar los recursos públicos. Los miembros del sector privado se benefician de exenciones fiscales y no pagan impuestos. La gente se queda sola. , privado de todo. Este tiempo se acabó”, amenazó. Antes de añadir en tono marcial: «¡Usaremos nuestras armas contra todos estos sectores!».

El 5 de julio, dos días antes de su asesinato, Jovenel Moïse anunció el nombramiento de Ariel Henry en lugar del primer ministro Claude Joseph, en el cargo por menos de tres meses. Henry fue impuesto por Michel Martelly, a quien estaba cerrado.

Según la investigación de la RNDDH, el presidente hizo, la noche del asesinato, llamadas de socorro al director general de la PNH, Léon Charles, al comisario divisional Jean Laguel Civil, coordinador de la seguridad general del palacio nacional, y al comisario municipal Dimitri Hérard, a cargo de la Unidad General de Seguridad del Palacio Nacional, creada por Michel Martelly. Todos ellos prometieron ayudarlo. Ninguno lo hizo, señala el informe.

Los mercenarios extranjeros se habían agrupado en cuatro unidades de cinco miembros. La unidad denominada Delta, a la que pertenecía un tal Mario Antonio Palacios Palacios, un exmilitar colombiano de 43 años, es el encargado de ingresar a la residencia del presidente. La primera foto del cadáver de Jovenel Moïse fue captada, según la investigación, por un celular utilizado por uno de los integrantes de esta unidad.

Inmediatamente después del asesinato, Joseph Felix Badio, el exfuncionario que trabajaba en una unidad anticorrupción, llegó al lugar en una camioneta. Irrumpió en el domicilio de la víctima, llevándose documentos y una importante suma de dinero, así como las armas de los policías que allí se encontraban. Desde la una de la madrugada realizó llamadas telefónicas a varias personas, según la RNDDH. Entre sus interlocutores estaban Dimitri Hérard, exsenador y antiguo amigo cercano del presidente René Préval, John Joël Joseph, ahora prófugo, el inspector de división Jude Laurent y Ariel Henry en dos ocasiones, a las 4:03 am y a las 4:20 am.

Acuerdos ocultos

El Primer Ministro afirma haber olvidado el contenido de estas discusiones. Según los registros telefónicos, habló con Badio al menos doce veces, incluidos casi siete minutos la mañana del asesinato. Los comisarios Dimitri Hérard y Jean Laguel Civil han sido detenidos. Están a la espera de la orden del juez de instrucción. Mario Antonio Palacios Palacios, fue aprehendido el 3 de enero en Panamá y extraditado a Estados Unidos, donde fue acusado de “conspiración para brindar apoyo material con resultado de muerte” y “conspiración para matar o secuestrar personas fuera de Estados Unidos”. Cuatro días después, un ex narcotraficante haitiano llamado Rodolphe Jaar fue arrestado en República Dominicana. Según los informes, admitió haber financiado parte del complot, que, según dijo, tenía como objetivo exfiltrar al presidente,

En Port-au-Prince, se han multiplicado los llamados a la renuncia del primer ministro Ariel Henry. El titular de la fiscalía capitalina, Bed-Ford Claude, fue destituido el 14 de septiembre, justo después de pedir la acusación del jefe de Gobierno, quien lo denunció como «una táctica de distracción». Casi al mismo tiempo, los investigadores que trabajaban en el caso fueron citados por la Inspección General de la PNH «con el evidente objetivo de intimidarlos», dijo Pierre Espérance.

Otro dato preocupante es que la investigación de la policía judicial ha escatimado hasta ahora al sector bancario. Sin embargo, la RNDDH revela que al menos “dos instituciones bancarias haitianas fueron utilizadas para la transferencia y circulación de cantidades exorbitantes de dinero de Estados Unidos a Haití”. Esta información fue confirmada por el FBI.

Después de su golpe de octubre, «Parrillada» volvió a ser noticia. Con el G9, bloqueó las terminales petroleras de la capital durante varias semanas, creando escasez de gasolina y exigiendo también la renuncia del primer ministro. Y luego nada. Los bloqueos se levantaron repentinamente. La gasolina reapareció sin explicación. La probable consecuencia de uno de estos acuerdos ocultos que sufre el país desde hace demasiado tiempo.

https://www.lemonde.fr/le-monde-in-english/article/2022/01/14/why-is-jovenel-moise-s-assassination-impossible-to-investigate_6109461_5026681.html 

22.1.-La corona del señor Pretelt y el poder corrupto CECILIA OROZCO

Foto: Exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 

Después de 28 años de haber sido amenazado por paramilitares que llegaron intempestivamente a su vivienda —en la vereda La Puya, Turbo (Antioquia)—, para conminarlo a entregar su predio “No hay como Dios”, que él había rebautizado con el nombre “La Corona”, el campesino Reynaldo Pascual Villalba, de 84 años de edad, pudo regresar a su tierra.

24 nov 2021.- Era un anhelo que creía que no vería realizado porque, en la sabiduría de quien está vinculado a la naturaleza, intuía que se enfrentaba a un poder superior imposible de vencer. Él había escapado en 1992, cuando se negó a transar con los individuos armados pese a la advertencia que le soltaron: “O vende usted o vende su viuda”.

Villalba, que no pensaba doblegarse pero quien tampoco quería morir asesinado, se fue tras dejar sus escrituras en manos de los sujetos, aunque sin firma. Se desplazó con su familia a un barrio de Montería. Allá lo encontraron, tiempo después, dos bandidos, uno de los cuales era Evelio Enrique Díaz Yáñez. Esta vez fueron más directos: “Tiene que venderle el predio al patrón”. No identificaron a su “patrón” pero La Corona fue transferida a Díaz Yáñez.

 En lo que parece ser una típica operación de triangulación, Díaz vendió el predio a Martha Ligia Patrón López, el 7 de junio del 2000. Cinco años después, en junio de 2005, la señora Patrón vendió, otra vez, el predio. Su comprador era su esposo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien además legalizó ese día, en la misma notaría, otros terrenos que anexó a otros más, hasta conformar lo que hoy se conoce como la hacienda La Corona, del señor Pretelt, de poco más de 243 hectáreas.

Cuatro años más tarde, en marzo de 2009, Pretelt vivía un día glorioso: el honorable Senado de la República lo eligió, con 67 votos, magistrado de nuestra más alta Corte, la Constitucional, después de haber sido postulado a tan altísimo cargo por el honorable presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.

Pasaron seis años, hasta 2015, durante los cuales el honorable Pretelt solía ostentar de su condición de máximo fallador de la justicia, al tiempo que exhibía su cuantiosa fortuna de ganadero y terrateniente en fiestas y homenajes que organizaba en sus haciendas —pues no solo poseía una—. Sus invitados predilectos eran los senadores y políticos que lo eligieron, los altos funcionarios de los gobiernos nacional, regional y local, y, desde luego, sus colegas de tribunal y los demás de la rama.

Entre tanto, Villalba y otros campesinos despojados, como él, de la región de La Corona, antes conocida como “La 35” (tenebroso lugar utilizado, en los 90, por el clan Castaño para entrenar paramilitares y ocultar asesinatos en fosas comunes), recorrían fiscalías, procuradurías y juzgados para denunciar a su despojador.

Nada avanzaba para ellos. En cambio, en ese 2015, la cosa mejoró, todavía más, para Pretelt: en febrero fue elegido presidente de la Corte Constitucional pese a la oposición de alguno de sus colegas que ya había escuchado rumores sobre su conducta delictiva. Pero no hay mal que dure 100 años… Solo dos meses después, estalló el escándalo de la coima por $500 millones que Pretelt exigió como pago por la selección y el resultado de una acción de tutela con que la firma Fidupetrol pensaba liberarse de una condena que la obligaba a devolver más de $22.000 millones al departamento de Casanare.

 Mientras Pretelt se defendía con calumnias, insultos y montajes que sus amigos de la prensa difundieron con placer, la Sala Civil de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia estudiaba el caso de despojo de tierras en Turbo en que él era, también, protagonista oscuro. El fallo llegó, finalmente, en marzo del año pasado, declarando “la nulidad absoluta de los negocios jurídicos contenidos en las escrituras” en que aparece la compraventa del predio No hay como Dios (o La Corona) de Evelio Enrique Díaz Yáñez a Martha Ligia Patrón; de esta misma señora y otros a su esposo, Jorge Ignacio Pretelt; del englobe de esas tierras y tres más a la hacienda La Corona, de Pretelt, y de una hipoteca que este le solicitó a un reconocido banco, a la que accedió después de simular que era beneficiario de un programa de Finagro.

La sentencia ordena la restitución material de los predios a sus verdaderos dueños, en plazo máximo de tres días. Ese mandato se dio hace un año y ocho meses. El señor Villalba siguió esperando a que el gran personaje de Montería acatara la justicia. Después de varias denuncias periodísticas, el propietario real del predio regresó muy satisfecho, a su hogar de 1992, hace solo unos días.

 Pero el final no es feliz: el fin de semana pasado unos individuos incendiaron la vivienda y otras construcciones que había levantado don Reynaldo con sus pesos pues le habían dejado el lugar desmantelado (ver). ¿Nuevos criminales vinieron a ensañarse con el señor Villalba y con quienes lucharon, con él, por sus tierras? ¿O son los mismos del pasado que no se resignan a perder el producto de sus delitos? Ellos actúan como si tuvieran corona ante la ley. Y vamos a ver y sí, la tienen.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/la-corona-del-senor-pretelt-y-el-poder-corrupto/

22.1.-Camuflado de civilYOHIR AKERMAN

Jose Felix Lafaurie Rivera 

Siguen floreciendo los motivos por los cuales el sector más recalcitrante de la derecha colombiana ha querido acabar, desde su nacimiento, con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La razón principal es el miedo a la verdad.

23 ene 2022.- Esta historia empieza así.

Los periodistas Ricardo Calderón y Jaime Flórez, del Canal Caracol, destaparon un testimonio que pesa hace años contra José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos. Lafaurie es esposo de la senadora María Fernanda Cabal, una de las voces más activas en contra de la JEP.

Se trata de una versión registrada en una de las sesiones reservadas ante la JEP, del exgobernador de Córdoba y expresidente del Fondo Ganadero de ese departamento, Benito Antonio Osorio Villadiego. Allí se estableció, entre otras, que la designación de Lafaurie como presidente de Fedegán sucedió bajo la presión de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

Eso para empezar.

Osorio dijo que, en el año 2005, él fue citado por el señor José Félix Lafaurie para reunirse con el Mono Mancuso, como era conocido el temido paramilitar. Salvatore Mancuso se encontraba desmovilizado y en libre movimiento en todo Córdoba. La reunión era para discutir la elección de Mario Iguarán como aspirante a la Fiscalía General la Nación. Osorio Villadiego jugó el papel de facilitador de dicha reunión.

Como se ha denunciado en esta columna, el 16 de enero de 2014, el exgerente del Fondo Ganadero, Osorio Villadiego, le entregó a la fiscalía un pantallazo de un correo supuestamente enviado el 11 de julio del 2005 desde la cuenta “jflafaurie@yahoo.com” a “fogancor@hotmail.com”, cuenta manejada por Osorio, con el asunto “Corte Fiscal”.

El correo incluía un adjunto que, según el testigo de la Fiscalía y de la JEP, correspondía a nombres de magistrados de la Corte Suprema, que supuestamente podían ser influenciados por los paramilitares, para definir la elección de Fiscal que se realizó ese año y que ganó Iguarán.

Como se ha dicho antes, la cuenta que enviaba el correo “jflafaurie@yahoo.com” supuestamente pertenecía al señor José Félix Lafaurie, que venía de desempeñarse como flamante superintendente de Notariado y Registro, “guardián de la fe pública” nombrado por el presidente Uribe Vélez, gestión por la que fue sancionado por la Procuraduría por tráfico de influencias.

En agosto de 2004 pasaría a ser, de lejos, el más longevo de todos los presidentes ejecutivos en los casi 60 años de historia de Fedegán.

El propio Salvatore Mancuso habló con Caracol Radio desde la cárcel de Estados Unidos y reiteró que Lafaurie sí buscó apoyo de los paramilitares en la campaña para la elección de Iguarán y que, según Mancuso, Lafaurie “iba con el mensaje del gobierno”, en ese momento el gobierno de Uribe Vélez, para lograr dicho nombramiento.

Es congruente con la obsesión del imputado expresidente, por siempre controlar el nombramiento del Fiscal.

Así mismo, Mancuso advirtió que Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, dio un pago de $5.000 millones para organizar la elección de ese Fiscal y que, además, agregó que existía un “complot” para tumbar a la Corte Suprema y crear una corte ad hoc.

También es sabido que los paras siempre han querido tumbar la Corte Suprema o unificar las Cortes.

Dos reportes en La W Radio, hechos por el periodista Daniel Coronell, han profundizado esta información, aportando mayor evidencia. El primero confirma que la supuesta dirección de correo “jflafaurie@yahoo.com” sí pertenece al señor José Félix Lafaurie. Tanto así que solamente hace dos años, Coronell recibió un correo de esa misma cuenta, correo que Lafaurie le había escrito personalmente.

El segundo reporte demuestra que Benito Osorio no sería el único testigo ante la JEP que involucra a Lafaurie en relaciones con los paramilitares. Ni siquiera el único Benito. Según pudo establecer el Reporte Coronell, Benito Molina Velarde, ganadero de la zona conocido en el expediente como ElMexicano, también involucró a Lafaurie en temas de paramilitarismo. Tremendo sambenito.

Pero nada de esto es sorpresa.

Basta con revisar la historia y encontrar las múltiples declaraciones de Lafaurie, o de su esposa, justificando el accionar de los paramilitares. Por ejemplo, el domingo 22 de octubre de 2006, el periódico El Tiempo publicó una entrevista de Yamid Amat a José Félix Lafaurie, en la que el líder gremial dijo que los paramilitares fueron un remedio a una enfermedad mayor.

Posteriormente un editorial del periódico Portafolio del 1 de marzo de 2007, mientras estallaba el escándalo de la parapolítica en el gobierno de Uribe, estableció textualmente que “recientemente el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, reconoció que, ante la debilidad de la presencia militar del Estado en la década pasada, no pocos ganaderos del país habían hecho alianzas con paramilitares para defenderse de la guerrilla. Es una confesión de un secreto a voces”. Una confesión hecha nada menos que por el sempiterno presidente de Fedegán.

Pese a todas esas confesiones, no pasa nada.

Desde 2014 se han anunciado investigaciones contra Lafaurie, pero nunca avanzan. Y, lastimosamente, este no es el único elemento que vincula al esposo de la senadora Cabal con la criminalidad.

El presidente de Fedegán ha admitido que tuvo contratos con José Miguel Narváez, quien fue condenado a 26 años por ser uno de los autores intelectuales del magnicidio de Jaime Garzón en 1999. Narváez también fue condenado por las chuzadas del DAS, entidad de la que fue subdirector en 2005. Después de salir del DAS fue contratado, nada más ni nada menos, que por José Félix Lafaurie para ser su asesor en Fedegán en 2006. Todos saben que Narváez era el gran asesor de Carlos Castaño, padre del paramilitarismo. Ahora es claro que también lo era de Fedegán.

Por otra parte, existen audios en poder de la Fiscalía, que prueban que el narcotraficante asesinado, José Guillermo Hernández Aponte, alias Ñeñe Hernández, estaba trabajando en favor de Lafaurie para su elección como Contralor General. Y, finalmente, como se ha establecido en esta columna, el presidente de Fedegán figura en varias fotos que demuestran que era bastante cercano a los llamados “Narcopilotos” que trabajaron para las campañas de Uribe, Iván Duque y Jennifer Arias en 2018.

Lafaurie aparece en varias ocasiones con los pilotos de la campaña del Centro Democrático. Pilotos que resultaron uno capturado en mayo del año pasado y el otro muerto en Guatemala, en medio de un ajuste de cuentas entre narcos.

Todas estas personas y los políticos mencionados por el exgobernador Benito Osorio, han sido procesados por la justicia por narcotráfico o paramilitarismo, con una excepción: José Félix Lafaurie. Este sigue siendo un líder gremial de inocultable espíritu paramilitar, burdamente camuflado de civil.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/camuflado-de-civil/

22.1.-En casa de herrero se hacen contratosMARÍA ISABEL RUEDA

En Colombia, la contratación se ha convertido en la fuente favorita de la corrupción.

Las principales críticas a Iván Duque Márquez fueron su juventud, su inexperiencia y su falta de conocimiento del país, no obstante haber sido senador tres años. Antes duró por lo menos diez en EE. UU.

16 ene 2022.- Lo obvio, entonces, era que se rodeara de personas más viejas, más curtidas y más conocedoras de la problemática colombiana. Hizo todo lo contrario: escogió a María Paula Correa, con su mismo talón de Aquiles, más joven e igualmente desconectada; también había vivido muchos años fuera de Colombia, primero como cónsul en Nueva York y luego trabajando con organizaciones internacionales. Duque se la llevó para su campaña y luego la entronizó en el Palacio de Nariño en calidad de jefe de Gabinete. El cargo fue creado con nombre propio, pero en la práctica cumple las clásicas funciones del número dos de Palacio, ya sea que se llame secretario general o superministro, o cualquier otro nombre.

La joven y hábil abogada, especializada en gestión pública, muy pronto se convirtió en la pieza clave del engranaje presidencial. No hay hoja que se mueva sin su permiso. No existe reunión de importancia nacional o internacional en la que ella no acuda con su discreta presencia, respaldando a su jefe. Tampoco hay cita con el Presidente sin su aprobación. Pero nada de esto pasa sin ciertos costos. Ese nivel de poder le ha creado enemigos a María Paula. Los parlamentarios, acostumbrados a que los consientan en la Casa de Nariño, ahora reciben un tratamiento tajante y concreto. Algo parecido les pasa a los ministros. Con los militares la cosa ha sido más complicada. Hace un tiempo corrió el rumor de que los altos mandos no estaban cómodos con la presencia de la doctora Correa en las reuniones en que se trataban temas de altísima seguridad nacional.

María Paula Correa es la persona más poderosa que ha habido en Palacio después de Germán Montoya, que se justificó en su momento por problemas de salud del Presidente. La muy capaz María Lorena Gutiérrez fue bien importante en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero ella tenía un presidente muy proactivo y encima le pusieron a un rival de la talla de Néstor Humberto Martínez, lo cual creó dos fogones de poder en ese gobierno, que llegaron a odiarse y a sabotearse entre sí.

Puede que haya gente que internamente no quiera a María Paula, pero a la hora de mandar, es ella, y punto.

En esas críticas hay parte de injusticia. Si bien no es una estadista tipo Margaret Thatcher, sí una funcionaria supereficiente y, sobre todo, totalmente leal. Puede no ser muy buena para las relaciones públicas, pero definitivamente soluciona los problemas. El que logra llegar ante ella con una solicitud, en menos de 24 horas consigue una respuesta. En su escritorio no se acumulan las cosas.

A su eficiencia hay que sumarle su nivel de información. Al haber tramitado tantos y tan diferentes temas a la sombra del Presidente, está enterada de lo que los demás no saben. Muchos de quienes se quejan de que sienten a Duque aislado le echan la culpa a la agenda que ella controla estrictamente.

Por eso es difícil entender el escándalo en el que María Paula Correa, indirectamente, terminó involucrada la semana pasada. El cuento es muy raro. Todo indica que su principal asesor, Andrés Mauricio Mayorquín, utilizaba su cargo para levantarle múltiples contratos a su señora. El alcalde de Cartagena exhibe un tuit que no deja dudas. La suma de ese tráfico de influencias no es la más escandalosa, pero varios de esos contratos fueron el resultado del uso indebido del cargo en la Casa de Nariño, y muchos tenían color y sabor de corbatas, pues no eran más que relaciones públicas con el Congreso.

En Colombia, la contratación se ha convertido en la fuente favorita de la corrupción. Antes se robaban la plata. Ahora pagan favores con contratos chimbos. Lo raro de este caso es que suceda en la oficina del centro de poder de la Casa de Nariño, donde precisamente se deben trancar estas prácticas.

¿Qué interés podría tener María Paula Correa en que la esposa de su asesor anduviera haciendo contratos bajo su influencia? Pues ninguno. Es absolutamente seguro que no sabía. Pero sí llama la atención que la persona mejor informada de Colombia no registrara lo que pasaba en su propia casa. Al parecer, el señor Mayorquín, como su mano derecha, nunca le informó que andaba cazando contratos, con su esposa, Karen Liseth Vaquiro, de beneficiaria. Fueron cerca de 25, por valor de 1.200 millones de pesos. Correa reaccionó como tocaba: el funcionario fue desvinculado, y los contratos serán rigurosamente examinados por los organismos de control.

Conclusión. En casa de herrero se hacen contratos.

Entre tanto… Gran pérdida la de Juan Carlos Echeverry como candidato presidencial.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-isabel-rueda/en-casa-de-herrero-se-hacen-contratos-columna-de-maria-isabel-rueda-645161

22.1¿Por qué ganó Rodolfo? ALBERTO DONADÍA

Todos los políticos hablan contra la corrupción, pero al único que le cree la opinión pública en esta coyuntura es al exalcalde de Bucaramanga.

En una democracia verdadera, Rodolfo Hernández no sería candidato presidencial. El problema de la corrupción habría sido controlado de tiempo atrás por distintos Gobiernos y fuerzas políticas y no sería hoy un clamor nacional. Pero esa no es Colombia.

22 ene 2022.- Los Gobiernos de los últimos 50 años han dejado robar en una cadena de desfalcos cada vez más oprobiosos. “Los bandidos se tomaron el Estado”, es una sentencia del exministro de Hacienda Rudolf Hommes. Los ciudadanos saben que es la verdad. Los partidos, parlamentarios, presidentes y gabinetes no les pueden achacar la corrupción a Tirofijo ni al Mono Jojoy.

La responsabilidad presente y pretérita reside en los ocupantes de la Casa de Nariño y del Capitolio Nacional. Han detentado el poder legítimo sin enfrentar el saqueo ilegítimo del presupuesto. Por eso, cuando un candidato imperfecto promete acabar con la robadera y eliminar camionetas blindadas y frenar los peculados, la gente lo apoya a ciegas, aunque esa posición sea su único programa de gobierno.

Cuando los ciudadanos han sido engañados por tanto tiempo, cuando con cínica regularidad les prometen un cambio y siempre les incumplen, pero, eso sí, en todos los Gobiernos les suben los impuestos en impajaritables reformas tributarias para seguir financiando la francachela de los bandidos, es natural que se trepe en las encuestas un septuagenario santandereano que algo hizo en su alcaldía contra los pícaros.

Los que buscan munición de artillería para dispararle a Rodolfo Hernández no tienen todos los datos. Pero nada que se revele hará mella en el apoyo que ya conquistó el ingeniero. Vitalogic fue un contrato que no se firmó, pero que pretendía convertir en energía eléctrica las basuras de Bucaramanga. Propósito conveniente. El alcalde Hernández, en forma imperdonable, no buscó a Westinghouse o General Electric, sino a una compañía sin trayectoria constituida en Panamá, la tal Vitalogic, para firmar un contrato de 250 millones de dólares, que, como ya dije, finalmente no se suscribió.

El gerente técnico de la firma era Florin Volcinschi, ciudadano rumano condenado en 2008 en su país por blanqueo de dinero, sustracción al pago de las obligaciones fiscales y falso en escrituras bajo firma privada. Y condenado no por dos o tres florines, sino por no pagar 873.000 euros en impuestos y por disimular la procedencia ilícita de 2.256.000 dólares. ¿Qué hacía Volcinschi en Bogotá mientras cuajaba el negocio de Vitalogic? Gerenciar una empresa de medidores de agua y oponerse a la extradición solicitada por Rumania.

¿Que Mario Camacho Prada, gobernador de Santander condenado por peculado, fue abogado de Rodolfo Hernández? Es cierto. Rodolfo dice que escucha a todos los políticos, pero que no hace alianzas sino con el pueblo colombiano. Estos nexos tóxicos no les preocupan a los que quieren votar por Rodolfo porque confían en que algo hará para recortar los gastos y frenar los chanchullos.

Un taxista de Bucaramanga me decía que con Rodolfo espera que el Estado le dé una alegría. El salario mínimo quedó en un millón de pesos, anotaba, pero los ministros ganan un millón al día y hay que pagarles el almuerzo.

Algo especial tiene Rodolfo que no tienen otros políticos. El senador Jorge Enrique Robledo es un parlamentario de oposición dedicado hace años a combatir la corrupción en numerosos e importantes debates. Pero no tiene la capacidad de comunicación con el elector raso de Rodolfo. Todos los políticos hablan contra la corrupción, pero al único que le cree la opinión pública en esta coyuntura es al exalcalde de Bucaramanga.

 Hay que fiscalizarlo como candidato y seguir fiscalizándolo cuando sea presidente, pero la gente ve que Rodolfo sí interpreta la indignación, es espontáneo en sus convicciones, refleja el sentir popular y, aunque no es el candidato perfecto, es el candidato del momento. Sería, por supuesto, ideal que el próximo presidente santandereano fuera Luis Carlos Galán, que tendría hoy 78 años, dos más que Rodolfo. Pero el segundo presidente de Santander después de Aquileo Parra, de Barichara, posiblemente será Rodolfo Hernández, de Piedecuesta.

La confianza está puesta en que en la presidencia de Rodolfo Hernández no habrá una ministra llamada Karen que no supo que detrás de un contrato de un billón de pesos estaba Emilio Tapia, y no habrá una contratista también llamada Karen que levantó 1.250 millones de pesos gracias a que su esposo era asesor en la Casa de Nariño.

https://www.semana.com/opinion/articulo/por-que-gano-rodolfo/202250/ 

*21.44.-La corona del señor Pretelt y el poder corrupto CECILIA OROZCO
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Horroris causaYOHIR AKERMAN

Se han bajado los estándares demasiado. Nos hemos acostumbrado a que nuestros dirigentes políticos nos mientan sobre una cantidad de factores, incluidos sus títulos o la forma en la que los consiguieron. Es tan común que mientan sobre sus hojas de vida y sus estudios académicos, que ya ni nos sorprendemos cuando son descubiertos en flagrancia.

28 nov 2021.- Por eso acá les presentamos un top 10 de los casos más descarados de plagio en la política colombiana, en los que, pese a existir evidencia en su contra, no ha pasado nada y los infractores se han limitado a no dar explicaciones, molestarse cuando son cuestionados y seguir aspirando a las más altas dignidades del Estado, olvidando su compromiso con lo público.

Vamos de atrás para adelante.

El top 10 de este honroso listado va para tres, en ese momento, concejales de la bancada de Cambio Radical. En agosto de 2008, Carlos Fernando Galán, Orlando Castañeda y Henry Castro firmaron un proyecto de acuerdo sobre las vigencias futuras que se debatió en el Concejo de Bogotá. Hasta ahí todo bien. Pero una semana después se denunció que en dicho proyecto se reprodujeron apartes textuales de un libro sobre hacienda pública del exministro Juan Camilo Restrepo.

Según el relato del concejal Carlos Fernando Galán, el plagio fue responsabilidad de Castro, quien propuso añadirle al acuerdo algunos apartes sobre hacienda pública, para hacer más claro el tema, sin contarles que los lúcidos apartes no eran de él. El partido Cambio Radical nunca le quitó el aval a Castro y, en 2011, sin ninguna vergüenza, fue candidato a la Cámara, donde se quemó con casi 11.000 votos. Fue uno de los perdedores que hasta última hora estuvo pujando por una curul.

El siguiente en el escalafón, el noveno en este decoroso listado, va para Óscar Hernando Motta Valencia, quien fue director de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la Alcaldía de Neiva en 2017. El pasado 23 de noviembre la Procuraduría Regional del Huila dejó en firme la destitución por 12 años a cargos públicos contra el señor Motta, ya que las autoridades competentes descubrieron que entregó diplomas falsos en los que señalaba que era ingeniero de sistemas, cuando solo tenía el grado de técnico.

Tras 4 años de proceso disciplinario, se determinó que Motta Vargas presentó en su momento un acta y diploma falsos de la Universidad Católica de Colombia, que lo acreditaban como ingeniero de sistemas. Según el fallo del ente de control, era “tan evidente” la falsedad de los documentos, que el diploma tenía errores de ortografía como “unibersidad” y “Neiba”, en vez de “universidad” y “Neiva”. ¡Qué grande!

Durante la audiencia de alegatos finales de este caso, la defensa de Motta presentó una apelación del fallo manifestando que el exfuncionario TIC fue diligente y está cursando la carrera de Ingeniería de Sistemas “para superar sus propósitos personales y remediar su falta”. Algo tarde.

El puesto 8 también está para chuparse los dedos.

En agosto de 2003, la Universidad Externado de Colombia tomó una decisión que causó revuelo político porque unos estudiantes fueron acusados de plagio. Aquellos jóvenes estaban iniciando sus carreras políticas y cursando un posgrado en la facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales.

Algunos de los implicados fueron Luis Fernando Velasco, en ese entonces representante a la Cámara; César Correal, alcalde de Villeta; Luis Fernando Cote, exalcalde de Bucaramanga, y Adela Maestre, entonces comisionada nacional de televisión.

Todo empezó cuando en el curso de Introducción a la Economía se pidió elaborar unos trabajos académicos. El profesor decidió hacer grupos de cinco estudiantes para elaborar los trabajos, y dos de ellos resultaron ser idénticos. La Universidad Externado tomó la decisión de cancelar la matrícula a los implicados en el caso, pese a que ocupaban diferentes cargos de elección popular. A la fecha el senador Luis Fernando Velasco sigue insistiendo en que todo fue un malentendido.

El top 7 va para el senador del Partido Liberal Julián Bedoya Pulgarín.

Es un caso sencillo, donde la Universidad de Medellín le anuló el título de abogado al congresista mediante la resolución 008 del 5 de abril de 2021. Todo parece indicar que utilizó su condición de congresista para lograr ventajas ante la universidad y obtener “irregular e inusualmente rápido” el título de abogado.

Tan buen abogado resultó Bedoya que presentó tres de los cinco exámenes preparatorios, requisito indispensable para graduarse de Derecho, el mismo día. Según consta en los registros, Bedoya presentó las pruebas de Penal, Civil II y Político el 23 de noviembre de 2018 con un nivel de éxito de 100%. Vaya, vaya, vaya.

De pronto tiene que volver a presentar el preparatorio de Penal y responder bien las preguntas sobre los delitos de fraude y plagio.

El puesto 6 en este importante listado va para el niño genio de este Gobierno, el actual ministro de Vivienda.

El 1° de septiembre de 2019, Noticias Uno publicó pruebas de una “copia sistemática sin cita de párrafos y tablas” en la tesis de posgrado con la que Jonathan Malagón obtuvo el título de doctor en Economía de la Universidad de Tilburg.

En dicha acusación, se cuestionaba en específico la autoría de cerca de 200 renglones y 30 gráficos que, decía el reportaje, eran “idénticos a otras tesis de maestría publicadas por otros autores antes de su tesis”.

Sin embargo, tras un estudio exhaustivo, la Universidad de Tilburg descartó quitarle el titulo a Malagón. Ahora bien, el Banco de la República, que había publicado un libro basado en la tesis del ministro, tuvo que agregar las enmiendas que la Universidad de Tilburg le pidió incluir luego de su investigación por plagio. A diferencia del texto que entregó a la universidad, el texto del Banco de la República sí identificaba a sus tres alumnos de entonces, actuales subalternos suyos, cuyo trabajo incluyó sin reconocer la autoría de ellos en el texto académico.

La mejor parte de la historia es que el periódico de los estudiantes de la Universidad de Tilburg también se preguntó cómo hizo el ministro Malagón para hacer sus tesis de maestría y doctorado y al tiempo trabajar para el gremio bancario de Colombia, a lo cual el joven ministro respondió que hizo su tesis desde la playa.

¡Chapó!

Entremos en el top 5, que es un caso para estudio científico.

El presidente Iván Duque, que no pierde una oportunidad para perder una oportunidad, nombró a Tito José Crissien Borrero como ministro de Ciencia a mediados de este año. Desde entonces los cuestionamientos en su contra no se hicieron esperar y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales advirtió que el ministro Crissien realizó plagio en documentos académicos. Así de claro y así de sencillo.

Según la Academia, mientras Crissien fue rector de la Universidad de la Costa, la séptima del país que más produce artículos científicos, más de 20 artículos de la institución fueron retirados del repositorio internacional de publicaciones científicas por plagio, en especial en varios documentos en los que Crissien aparecía como coautor. ¿Qué pasó con ese escándalo? Nada, como suele suceder. Y el futuro de la ciencia en Colombia quedó en manos de alguien que necesita mirar el examen en el pupitre del lado para saber qué responder.

Y ya que vamos de bajada en el top, entremos a la cuarta posición, que se lo lleva la honorable presidente de la Cámara de Representantes,

El 30 de octubre, el periodista Juan Miguel Hernández, de El Espectador, publicó un reportaje en torno a las denuncias hechas por el portal Plagio S.O.S., que exponía que en los fragmentos del trabajo conjunto de grado de Jennifer Kristin Arias Falla y Leidy Lucía Largo que aparecen en internet hay copias sin cita de al menos tres fuentes distintas. La primera es presidenta de la Cámara y la segunda es la jefa de la oficina de control interno de la Presidencia de la Cámara de Representantes. Las que plagian juntas permanecen juntas.

Ante las denuncias de El Espectador y Plagio S.O.S., el presidente Iván Duque hizo lo que mejor sabe hacer en esas situaciones, y fue condecorar el 9 de noviembre a Jennifer Arias con la Estrella de la Policía. En el decreto firmado por Duque se refiere como “doctora” a la representante del Centro Democrático.

Muy seguramente le va a tocar cambiar el decreto, ya que, el 22 de noviembre, la Universidad Externado emitió una comunicación pública revelando el dictamen pericial y la investigación que desarrollaron en torno a la tesis de Jennifer Arias y Leidy Lucía Largo, concluyendo que hubo plagio.

El resultado de esto, seguramente, será que no va a pasar nada, como nunca pasa nada en este país. Y para casos en los que no pasa nada, vamos a una mención de honor, que es la medalla de bronce de este escalafón.

En 2006, el hijo menor del expresidente imputado Álvaro Uribe Vélez, el señor Jerónimo Uribe, fue descubierto por plagiar su tesis de Economía en la Universidad de los Andes. El decano de esa facultad en ese entonces era el hoy candidato presidencial Juan Carlos Echeverry, a quien le cayó todo el peso, no solo del gobierno para defender al primer niño, sino también del abogado Jaime Lombana, fiel escudero de los Uribe, quien evitó la expulsión de la Facultad de Economía y más aún enterró el escándalo en un cajón.

Como si no fuera suficiente, y tras de gordo hinchado, Jerónimo Uribe se dedicó a trinar en contra de su exdecano Juan Carlos Echeverry y de las cosas que decía en sus clases de la Universidad de los Andes. ¿Será que esos trinos sí son de su autoría o los escribió alguien más, como su tesis?

Finalmente, la medalla de oro la comparten, en el podio del primer lugar, en un empate técnico, los exalcaldes de Bogotá, precandidatos presidenciales y férreos contradictores Gustavo Petro y Enrique Peñalosa.

Como se ha denunciado en esta columna, a profundidad en ambos casos, Peñalosa y Petro han presumido en varios libros de su autoría y en páginas web oficiales sobre sus estudios, maestrías y múltiples doctorados.

En 2016 la Procuraduría investigó a los exalcaldes por presuntamente tomar posesión y ejercer el cargo de alcalde mayor de Bogotá utilizando datos inexactos, por relacionar en su hoja de vida títulos de maestría y doctorado que eran inexistentes. Se demostró que Peñalosa infló como un doctorado unos estudios de menor duración y complejidad en la Universidad de París; y a Petro se le señaló por decir que tenía título de magíster en la Javeriana y un Ph.D. en Bélgica. Falsos los dos.

Al final, la Procuraduría cerró la investigación contra ambos exalcaldes, señalando que para ejercer el cargo de alcalde no se requiere ningún requisito de estudio, sino solo ser ciudadano colombiano, tener más de 30 años y haber vivido en Bogotá mínimo tres años antes de la elección. No obstante, ambos exalcaldes terminaron diciendo la verdad cuando fueron confrontados en sus mentirosos estudios y tuvieron que hacer precisiones sobre sus hojas de vida. Pese a eso, ahora intentan ocupar el máximo cargo de Colombia. Una vergüenza.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/horroris-causa/


21.44.-La corona del señor Pretelt y el poder corrupto CECILIA OROZCO

Foto: Exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 

Después de 28 años de haber sido amenazado por paramilitares que llegaron intempestivamente a su vivienda —en la vereda La Puya, Turbo (Antioquia)—, para conminarlo a entregar su predio “No hay como Dios”, que él había rebautizado con el nombre “La Corona”, el campesino Reynaldo Pascual Villalba, de 84 años de edad, pudo regresar a su tierra.

24 nov 2021.- Era un anhelo que creía que no vería realizado porque, en la sabiduría de quien está vinculado a la naturaleza, intuía que se enfrentaba a un poder superior imposible de vencer. Él había escapado en 1992, cuando se negó a transar con los individuos armados pese a la advertencia que le soltaron: “O vende usted o vende su viuda”.

Villalba, que no pensaba doblegarse pero quien tampoco quería morir asesinado, se fue tras dejar sus escrituras en manos de los sujetos, aunque sin firma. Se desplazó con su familia a un barrio de Montería. Allá lo encontraron, tiempo después, dos bandidos, uno de los cuales era Evelio Enrique Díaz Yáñez. Esta vez fueron más directos: “Tiene que venderle el predio al patrón”. No identificaron a su “patrón” pero La Corona fue transferida a Díaz Yáñez.

 En lo que parece ser una típica operación de triangulación, Díaz vendió el predio a Martha Ligia Patrón López, el 7 de junio del 2000. Cinco años después, en junio de 2005, la señora Patrón vendió, otra vez, el predio. Su comprador era su esposo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien además legalizó ese día, en la misma notaría, otros terrenos que anexó a otros más, hasta conformar lo que hoy se conoce como la hacienda La Corona, del señor Pretelt, de poco más de 243 hectáreas.

Cuatro años más tarde, en marzo de 2009, Pretelt vivía un día glorioso: el honorable Senado de la República lo eligió, con 67 votos, magistrado de nuestra más alta Corte, la Constitucional, después de haber sido postulado a tan altísimo cargo por el honorable presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.

Pasaron seis años, hasta 2015, durante los cuales el honorable Pretelt solía ostentar de su condición de máximo fallador de la justicia, al tiempo que exhibía su cuantiosa fortuna de ganadero y terrateniente en fiestas y homenajes que organizaba en sus haciendas —pues no solo poseía una—. Sus invitados predilectos eran los senadores y políticos que lo eligieron, los altos funcionarios de los gobiernos nacional, regional y local, y, desde luego, sus colegas de tribunal y los demás de la rama.

Entre tanto, Villalba y otros campesinos despojados, como él, de la región de La Corona, antes conocida como “La 35” (tenebroso lugar utilizado, en los 90, por el clan Castaño para entrenar paramilitares y ocultar asesinatos en fosas comunes), recorrían fiscalías, procuradurías y juzgados para denunciar a su despojador.

Nada avanzaba para ellos. En cambio, en ese 2015, la cosa mejoró, todavía más, para Pretelt: en febrero fue elegido presidente de la Corte Constitucional pese a la oposición de alguno de sus colegas que ya había escuchado rumores sobre su conducta delictiva. Pero no hay mal que dure 100 años… Solo dos meses después, estalló el escándalo de la coima por $500 millones que Pretelt exigió como pago por la selección y el resultado de una acción de tutela con que la firma Fidupetrol pensaba liberarse de una condena que la obligaba a devolver más de $22.000 millones al departamento de Casanare.

 Mientras Pretelt se defendía con calumnias, insultos y montajes que sus amigos de la prensa difundieron con placer, la Sala Civil de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia estudiaba el caso de despojo de tierras en Turbo en que él era, también, protagonista oscuro. El fallo llegó, finalmente, en marzo del año pasado, declarando “la nulidad absoluta de los negocios jurídicos contenidos en las escrituras” en que aparece la compraventa del predio No hay como Dios (o La Corona) de Evelio Enrique Díaz Yáñez a Martha Ligia Patrón; de esta misma señora y otros a su esposo, Jorge Ignacio Pretelt; del englobe de esas tierras y tres más a la hacienda La Corona, de Pretelt, y de una hipoteca que este le solicitó a un reconocido banco, a la que accedió después de simular que era beneficiario de un programa de Finagro.

La sentencia ordena la restitución material de los predios a sus verdaderos dueños, en plazo máximo de tres días. Ese mandato se dio hace un año y ocho meses. El señor Villalba siguió esperando a que el gran personaje de Montería acatara la justicia. Después de varias denuncias periodísticas, el propietario real del predio regresó muy satisfecho, a su hogar de 1992, hace solo unos días.

 Pero el final no es feliz: el fin de semana pasado unos individuos incendiaron la vivienda y otras construcciones que había levantado don Reynaldo con sus pesos pues le habían dejado el lugar desmantelado (ver). ¿Nuevos criminales vinieron a ensañarse con el señor Villalba y con quienes lucharon, con él, por sus tierras? ¿O son los mismos del pasado que no se resignan a perder el producto de sus delitos? Ellos actúan como si tuvieran corona ante la ley. Y vamos a ver y sí, la tienen.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/la-corona-del-senor-pretelt-y-el-poder-corrupto/

*21.43.-Un acierto en seguridad, pero sin cupos carcelarios  GERMÁN VARGAS
*Un cínico Rojas Ríos posando de juez moral CECILIA OROZCO
*Las 10 EPS que tienen reventados a los hospitales colombianos
*Yo Mattos, tú matas YOHIR AKERMAN
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De Ghislaine Maxwell a Andrés Pastrana, pasando por Jeffrey Epstein

Con motivo del juicio contra Ghislaine Maxwell que comienza mañana martes 16 de noviembre, este artículo toma como fuente principal un cubrimiento del prestigioso diario inglés The Guardian y recoge a su vez información sobre el modo en que el expresidente Andrés Pastrana aparece involucrado, con base en averiguaciones periodísticas del director de El Unicornio, Jorge Gómez Pinilla.

15 nov 2021.- Arrestada en New Hampshire el año pasado, Maxwell está acusada de presuntos delitos sexuales, conspiración y perjurio relacionados con Epstein.

Cuando la selección del jurado comience este martes para el juicio por tráfico sexual de la británica Ghislaine Maxwell en la corte federal de Manhattan, muchos observadores podrían pensar que finalmente conocerán la verdad completa sobre los crímenes de su consorte en desgracia, el hombre de negocios Jeffrey Epstein.

Esta conjetura tiene sentido: Epstein se suicidó (o lo ‘suicidaron’) en la cárcel hace más de dos años, mientras esperaba su propio juicio por tráfico sexual, lo cual deja a muchos preguntándose si alguna vez habrá justicia para las víctimas.

Pero cuando Maxwell fue arrestada por su papel en la adquisición de adolescentes para Epstein entre 1994 y 2004, algunos creyeron que el caso brindaría una segunda oportunidad para una explicación completa de lo que hizo Epstein.

De hecho, hay quienes piensan que el testimonio de los testigos, que incluye a víctimas y acusadores, podría proporcionar detalles impresionantes sobre el abuso sexual de menores durante décadas por parte de Epstein y la oscura red de personas que lo permitieron, lo practicaron o cuando menos lo supieron.

Ghislaine Maxwell en la mesa de la defensa durante una audiencia para discutir qué testigos podrán testificar en su próximo juicio por delitos sexuales en Nueva York. Fotografía: Jane Rosenberg / Reuters

Otros observadores prevén que estos procedimientos darán nombres antes no revelados, dado que entre sus asociados se encontraban hombres ricos y poderosos como el príncipe Andrés de Inglaterra, Bill Clinton y Bill Gates, incluso el expresidente colombiano Andrés Pastrana, pasajero registrado en la bitácora de un vuelo del Lolita Exprés.

Habrá además quienes esperan una respuesta definitiva sobre por qué Epstein y Maxwell nunca enfrentaron cargos federales en el sur de Florida hace más de una década, cuando fue acusado de abusar sexualmente de niñas menores de edad. El controvertido acuerdo de no enjuiciamiento que Epstein negoció con las autoridades federales incluía una disposición que protegía a los posibles cómplices, incluida Maxwell, lo que plantea aún más preguntas sobre su aparente impunidad.

En consecuencia, a medida que se avecina el juicio de Maxwell se vislumbra una gran posibilidad de que esas esperanzas se vean frustradas por las mismas actuaciones durante el juicio.

Si bien las acusaciones contra Maxwell están inextricablemente vinculadas al abuso de Epstein, está casi garantizado que este juicio no responderá a todas las preguntas más omnipresentes sobre él, y mucho menos satisfará los antojos de los teóricos de la conspiración que están convencidos de la existencia de una camarilla global de élites sexualmente depredadoras.

La jueza Alison Nathan, quien preside el caso, ha dejado en claro que quiere que el juicio por tráfico sexual de Maxwell sea sobre el supuesto tráfico sexual de Maxwell. Punto final. En varios fallos, Nathan ha impedido en gran medida que este juicio se convierta en un referéndum sobre el manejo de Epstein por parte de las autoridades y si Maxwell es un chivo expiatorio, en consideración a que Epstein escapó de la justicia terrenal.

“Jeffrey Epstein está muerto. La juez Nathan le preocupan los prejuicios indebidos contra la señora Maxwell y se esfuerza por asegurar que tanga un juicio justo”, dijo Moira Penza, socia de Wilkinson Steklof, quien, como fiscal federal asistente en Brooklyn, procesó con éxito el caso de culto sexual de la secta NXIVM. “Esta es en gran medida su prueba. Este no es Jeffrey Epstein en juicio».

Ghislaine Maxwell fue arrestada el 2 de julio de 2020 en una lujosa propiedad aislada en Bradford, New Hampshire, por presuntos delitos sexuales, conspiración y perjurio relacionados con Epstein. Audrey Strauss, la entonces fiscal federal interina de Manhattan, dijo que Maxwell “jugó un papel fundamental al ayudar a Epstein a identificar, entablar amistad y preparar a las víctimas menores”, y que “en algunos casos Maxwell participó en el abuso”.

Cuando estás pensando en los malos de la película, obviamente tienes a Jeffrey Epstein como líder y a Ghislaine Maxwell como su principal facilitador.

Maxwell “habría intentado normalizar el abuso sexual de una víctima menor, entre otras cosas, discutiendo temas sexuales, desnudándose frente a la víctima, estando presente cuando una víctima menor se desvestía o estando presente para actos sexuales que involucran a la víctima menor y a Epstein”, alega la acusación.

Maxwell trató de ocultar su participación en los actos atroces de Epstein, proporcionando información falsa «bajo juramento» en un litigio civil, según la acusación. Ese litigio fue la demanda por difamación presentada contra Maxwell por la acusadora de Epstein, Virginia Giuffre. Ella ha alegado que Epstein y Maxwell la obligaron a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés cuando solo tenía 17 años. Maxwell ha sostenido su inocencia, al igual que el miembro de la realeza británica.

Ahora bien, un indicador de que el juicio de Maxwell se apegará a los delitos sexuales de los que se le acusa, ​​llegó esta primavera.

La defensa había pedido que los cargos de perjurio se juzgaran por separado, argumentando que se refieren a “delitos separados que involucran diferentes períodos de tiempo, diferentes presuntas víctimas y diferentes cargos sustantivos”. Juntar perjurio con cargos por delitos sexuales podría impulsar a los jurados a condenarla por cargos de delitos sexuales «basados ​​en una inferencia falsa de propensión criminal», afirman sus abogados.

La juez Nathan estuvo de acuerdo con ellos y ordenó un juicio separado por los cargos de perjurio. Ella escribió en una opinión de abril que estos cargos «introducirían acusaciones no relacionadas de abuso sexual, lo que potencialmente expondría al jurado a pruebas que de otra manera no serían admisibles».

«En particular, un juicio conjunto expondría al jurado a una franja más amplia de información con respecto al litigio civil contra Epstein, que está lejos de la conducta acusada de Maxwell», dijo Nathan. «Esto presenta un riesgo significativo de que el jurado acumule las pruebas de los diversos delitos imputados y encuentre culpable cuando, si se considera por separado, no lo haría».

Nathan dijo que excluirá la evidencia del acuerdo de no enjuiciamiento, «tanto su existencia como sus términos particulares». La defensa de Maxwell ha argumentado que el acuerdo de no enjuiciamiento fue relevante para señalar los prejuicios y los intereses financieros de dos testigos, incluido uno que recibió inmunidad de procesamiento en virtud del acuerdo.

Pastrana invitó a Ghislaine Maxwell a Cartagena en 2007.

Andrés Pastrana, doble misterio

¿Estaría cobijado por esa misma inmunidad de procesamiento el expresidente Andrés Pastrana, después de la muerte del principal acusado? El tiempo lo dirá.

En todo caso, no sobra recordar que dos viajes lo vinculan con tan escabroso caso de tráfico sexual de menores, uno con Jeffrey Epstein y el otro con Ghislaine Maxwell.

El primero hace referencia a que su nombre apareció en la lista de pasajeros de un vuelo del Lolita Express, así llamado por ser el avión donde el multimillonario Jeffrey Epstein transportaba a su isla privada en Bahamas a las menores de edad que contrataba.

Pastrana se defendió alegando que fue un aventón que Epstein le dio hasta Cuba, invitados ambos por Fidel Castro. Según Univisión “no hay registro de vuelos de ese avión de llegada ni salida a Cuba” (Ver informe de Univisión).

El segundo vuelo -de ida y vuelta- fue el que hizo Ghislaine Maxwell para encontrarse con Andrés Pastrana en Cartagena, invitada por este en marzo de 2007, con motivo de una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Según confidencial de Semana, “el expresidente Andrés Pastrana invitó a dos magnates de las comunicaciones, Theodore Waitt, propietario del emporio de tecnología de Sistemas, Gateway Inc., y la inglesa Ghislaine Maxwell, heredera del conglomerado Maxwell Communication, a conocer Ciudad Perdida en el Parque Tayrona”.

Según el autor del hallazgo de dicho Confidencial, persisten ciertos interrogantes: “¿fue Pastrana quien le formuló invitación personal a Maxwell para asistir a la reunión en Cartagena, o la invitación provino de la SIP? ¿Era ella en efecto una “magnate de las comunicaciones”, o apenas heredera de algo en lo cual no tenía participación? ¿Cuánto tiempo permaneció en Colombia, cuáles ciudades visitó, en dónde se hospedó?”. (Ver artículo de Jorge Gómez Pinilla).

https://www.elunicornio.co/de-ghislaine-maxwell-a-andres-pastrana-pasando-por-jeffrey-epstein/

21.43.-Un acierto en seguridad, pero sin cupos carcelarios  GERMÁN VARGAS

Si las nuevas medidas de seguridad resultan exitosas, aumentará el número de detenidos y condenados.

El Gobierno ha radicado su anunciado proyecto de seguridad ciudadana. Es de esperar que su trámite sea expedito, pues la situación de indefensión de la gente e impunidad ya ha traspasado cualquier límite imaginable. No hay tal que las cifras de criminalidad se estén reduciendo. A septiembre, los homicidios han crecido en 18,3 %; las lesiones personales, en un 18,7 %, y ya van, en lo corrido del año, cerca de 90.000 casos de violencia intrafamiliar.

20 nov 2021.- El proyecto de ley se ocupa de manera muy positiva de problemas que he venido señalando en esta columna y que son en buena medida la causa del incremento de la criminalidad y también del fracaso de muchas de las acciones emprendidas por las autoridades. Comencemos por el gravísimo tema de la reincidencia. El proyecto contempla el agravamiento de la pena para aquellos que en los últimos 5 años tengan condena proferida en su contra por delito doloso. Y, más importante, para aquellos reincidentes capturados muchas veces pero nunca condenados. Establece nuevos parámetros para los jueces en el momento de definir la detención preventiva, lo que permitirá que se los pueda privar de la libertad cuando tengan registros de anteriores capturas.

Al respecto, vale la pena recordar que en el reciente Plan de intervención se capturaron 7.007 individuos; de ellos, 6.139 en flagrancia, y el 86 % de todos ellos quedó en libertad a las pocas horas. Así es imposible. Ojalá jueces y fiscales den correcta aplicación a la nueva norma, que de ser aprobada será una herramienta verdaderamente útil, entre otras, para levantar la moral de la autoridad.

Otro tema es el relacionado con la legítima defensa, cuya normativa actual se ha prestado para tantas injusticias. El proyecto establece claras presunciones a favor de las víctimas, quienes ya no tendrán que probar que la defensa fue proporcional cuando la agresión se ha presentado en su casa, oficina o vehículo. Muy buen avance.

Se ocupa también el proyecto de la penalización del porte de armas blancas y de las llamadas armas traumáticas cuando sean llevadas en transporte público, protestas o eventos públicos, y convierte en delito lo que antes era tentativa, el solo hecho de amenazar e intimidar a una persona.

También eleva la pena para robos de menor cuantía para evitar que los autores de robos de menos de 4 salarios mínimos, celulares y bicicletas, por ejemplo, queden automáticamente en libertad. Igualmente se eleva la pena cuando los delincuentes utilicen máscaras o a menores de edad. Esto, en clara respuesta a los desmanes y excesos en las recientes protestas sociales.

En cuanto a los bienes objeto de extinción de dominio, el proyecto agiliza la comercialización de estos, lo que permitirá hacer más eficaz este instrumento vital en la lucha contra la criminalidad organizada. En buena hora faculta a los alcaldes para construir equipamientos destinados a la seguridad en el lugar que determinen, sin tener que adelantar cambios en los POT. Esta exigencia ha hecho casi imposible la construcción de centros penitenciarios, sin los cuales toda la política de seguridad está condenada al fracaso.

Lo digo porque las nuevas medidas, de resultar exitosas, seguramente incrementarán el número de detenidos y condenados, lo cual sin una respuesta por el lado de la oferta de nuevos centros carcelarios conducirá a empeorar los índices de hacinamiento, cuya solución lamentablemente siempre ha sido la expedición de medidas de descongestión que regresan a la calle a los delincuentes.

Se necesitan urgentemente al menos 50.000 cupos penitenciarios adicionales para asegurar el éxito de esta importante iniciativa. El Gobierno, en cabeza del ministro de Justicia y también del minhacienda, debería asegurarse de destinar los recursos necesarios para este programa de infraestructura carcelaria, pilar de la nueva política de respuesta a la criminalidad.

Es tiempo de incorporar al proyecto otros temas como el tratamiento a menores infractores, que en algunos casos son verdaderos y muy peligrosos delincuentes, o la judicialización de los detenidos en las primeras 24 horas. Pero, ojo, ninguna norma es suficiente por sí sola. Se requieren una perfecta coordinación y compromiso de policías, fiscales y jueces y, por supuesto, de la ciudadanía que, atemorizada, no denuncia ni siquiera uno de cada tres delitos cometidos.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/un-acierto-columna-de-german-vargas-lleras-633665

21.43.-Un cínico Rojas Ríos posando de juez moral CECILIA OROZCO

El diablo haciendo hostias. Un personaje de la picaresca colombiana conocido por su doble moral y dudosa reputación se tomó la libertad de invalidar, por el delito de no estar de acuerdo con él, la decisión de algunos de sus pares en la Corte Constitucional, señalándola de estar “cubierta de sombras e incertidumbre”.

17 nov 2021.- Quien así se expresa parece describir, paradójicamente, no a otros sino su propia vida. Se llama Alberto Rojas Ríos, el litigante arribista de los años 90 que engañó a una viuda recibiendo a su nombre, pero sin entregárselo, un cheque por $116′834.000 de la época, que el municipio de Funza (Cundinamarca) le reconoció a ella como indemnización por la responsabilidad municipal en un choque de vehículos en que su esposo murió.

El abogado Rojas nunca fue sancionado por ese abuso debido a que las mañas suelen prevalecer sobre los derechos en nuestro precario sistema de justicia. Pero, al menos, el escándalo social que se produjo cuando Noticias Uno contó la historia, en 2013, dio como resultado una aparente reparación económica a la señora timada a cambio de no volver a hablar con periodistas porque “tengo prohibición de hacerlo”, según alcanzó a susurrarle, temerosa, a quien la contactó después de las publicaciones.

Rojas Ríos, no obstante su mala fama, desarrolló una carrera política-judicial de rápido ascenso hasta llegar, siempre en medio de polémicas y dudas sobre la transparencia de sus actos, a la cúpula de la Corte guardiana de la Carta Política en donde mantuvo —durante los ya casi ocho años de su periodo— cordialísimas relaciones con sus colegas, fueran estos de la ideología que fueran porque, eso sí, debe admitirse que maneja con destreza las relaciones públicas y la hipocresía social. Hasta la semana pasada, cuando se salió de casillas por la frustración de no haber podido entregarle a Uribe Vélez, en sus manos, un fallo de tutela que ordenara eliminar definitivamente las pruebas que reunió la Corte Suprema en su contra, regresando el proceso a ceros.

Ese milagro se conseguiría si la Sala Plena de la Constitucional le daba la razón a Uribe, tal como lo intentó, con sospechoso denuedo, Rojas Ríos de quien sus compañeros de profesión esperaban conceptos jurídicos de “liberalidad democrática”. Pues no. Rojas es pragmático: así como hoy está aquí, mañana está allá. Hoy, su causa es uribista.

No en vano, para la exrevista cuyo nombre ustedes recuerdan más que yo, el iracundo salvamento de voto de Rojas Ríos “resulta contundente” a pesar de que está adornado de frases vacuas como la de que la decisión mayoritaria de la Sala Plena, que ordenó continuar el proceso contra Uribe en donde lo dejó la Corte Suprema, “borra de un plumazo el debido proceso clásico que tanta sangre ha costado desde las ordalías o juicios de Dios o de la Inquisición hasta nuestros días”. Pura cháchara florida para insultar a los cinco magistrados que osaron fallar en derecho. Veremos cómo será recompensado Rojas cuando salga de la Constitucional, dentro de pocas semanas: ¿Duque le ofrecerá una embajada? ¿Lo apoyará el uribismo para otro alto cargo oficial? ¿Su amigo el contralor Felipe Córdoba, pereirano como él, le dará jugosos contratos de “asesoría”? ¿Hará negocios multimillonarios con el Estado y será candidato a cualquier entidad con el aval del expresidente César Gaviria, también pereirano?

Alberto Rojas Ríos volverá a su ambiente: a la politiquería que lo iba a elegir contralor general de la República en 2010 cuando, a última hora, Sandra Morelli le quitó el puesto; a la del Senado que lo escogió con amplitud de votos de partidos tradicionales como miembro de la Constitucional; a la del clientelismo judicial en el Consejo de Estado, una de cuyas secciones anuló su elección, y a la de su Sala Plena que se la devolvió; a la que compartió con su aliado y amigo, el indigno exmagistrado Jorge Pretelt, condenado por pedir coimas a cambio de otros fallos de tutela que Rojas, qué raro, ayudó a seleccionar… Faltan muchos más datos sobre este singular espécimen. ¿Rojas Ríos, el cínico, juez ético de otros magistrados? ¡Atrevido que es!

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/un-cinico-posando-de-juez-moral/

21.43.-Las 10 EPS que tienen reventados a los hospitales colombianos

Les deben $12 billones con la Nueva EPS liderando el ranking, seguidas por Medimás, Cafesalud y Coomeva, deudas que se dispararon por la atención al Covid

El año de la pandemia fue muy rentable en números para las EPS en Colombia que, según la Superintendencia de Sociedades, tuvieron ingresos superiores a los $74,9 billones de pesos distribuidos en las 44 entidades de salud que se mantienen operativas, tanto en régimen subsidiado como contributivo. Pero al parecer la plata no fue suficiente para pagar el dinero que le deben a los hospitales, por el contrario, las deudas con las clínicas volvieron a aumentar en el primer semestre de este año.

19 nov 2021.- Según el más reciente informe de cartera hospitalaria con corte a junio 30 de 2021, de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, en un grupo de 205 entidades, las deudas por servicios de salud prestados ascendieron a los $12.7 billones de pesos, de los cuales el 55.6% es deuda morosa que supera los 60 días.

Nuevamente los mayores deudores de los hospitales y clínicas son las EPS del Régimen Contributivo con el 50,4 % del total de la deuda, $6.4 billones de pesos; seguido por las EPS-S del Régimen Subsidiado, debiendo $2.6 billones de pesos y en tercer lugar la entidades del Estado que incluye la deuda de las Entidades Territoriales, el extinto Fosyga, la deuda de la nueva Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES- y otras entidades como fuerzas militares, Policía Nacional, ministerios, entre otros, con una deuda de $1.3 billones de pesos. El 18% restante son deudas de las ARL, las Empresas de Medicina Prepagada, planes complementarios, las aseguradoras SOAT, el magisterio, algunas IPS, usuarios particulares y otros.

Las EPS en el régimen contributivo que más deben:

  1. Nueva EPS, debe $ 1.9 billones
  2. Medimás EPS, debe $663.858 millones
  3. Coomeva EPS, debe $554.111 millones

Las EPS en el régimen subsidiado que más deben:

  1. EPS mixta Savia Salud con $413.475 millones
  2. Emssanar ESS con $ 293.039 millones
  3. Asmet Salud ESS con $ 281.670 millones.

En cuanto a los Entes Territoriales, el corte a junio de 2021 arroja un monto total adeudado de $800.779 millones. En esta categoría el mayor deudor es el Departamento de Norte de Santander con $127.139 millones, de los cuales el 79,3 % es cartera morosa.

Al analizar por deudores morosos, es decir entidades que tienen los mayores montos de deudas superior a 60 días, el ranking lo encabeza la Nueva EPS, seguido por Medimás EPS SAS, en tercer lugar, Cafesalud EPS, en el cuarto lugar Coomeva EPS y en el quinto puesto el extinto Fosyga junto con la ADRES.

https://www.las2orillas.co/las-10-eps-que-tienen-reventados-a-los-hospitales-colombianos/

21.43.-Yo Mattos, tú matas YOHIR AKERMAN

Bienvenido el empresario Carlos Mattos a la justicia colombiana. Bienvenido a que responda por los probados sobornos que les pagó a varios funcionarios judiciales, entre ellos al juez Reinaldo Huertas, con el fin de que éste lo beneficiara en un litigio. Pero también bienvenido a que responda por un tema desconocido, y es la presunta financiación a grupos paramilitares, cosa por la cual la justicia colombiana aún no lo ha imputado. Bienvenido.

21 nov 2021.- Para eso una explicación. El 30 de noviembre de 2017 el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, pidió cupo en la Justicia Especial para la Paz (JEP), ofreciendo decir toda la verdad sobre varios temas y reiterando su compromiso con las víctimas del conflicto armado.

Mancuso ofreció contar lo que ocurrió en torno a la historia del conflicto paramilitar para ser aceptado en la JEP. Aunque este tribunal decidió rechazarlo, la presidenta de la Sala de Reconocimiento dejó claro que podrían llamar a Mancuso para que colabore voluntariamente y no como sujeto de la justicia transicional, algo a lo que el exparamilitar no se ha negado.

Pues vale la pena que le peguen su llamadita, ahora que Mattos está en Colombia, después de haber sido extraditado desde España.

Empecemos.

Como se ha dicho en esta columna, en su extensa solicitud a la JEP, Mancuso habló, entre otras cosas, de la supuesta relación del extraditado empresario con las Autodefensas. “Como ocurrió con el caso del señor Carlos Mattos, de la Hyundai, son varias las empresas nacionales y multinacionales que se vieron beneficiadas inicialmente con nuestro actuar”.

Para entender esto, hay que ir más atrás. De acuerdo con testimonios que el mismo Mancuso realizó durante las versiones libres previstas en el proceso de negociación de Justicia y Paz, Mattos habría entregado cuatro vehículos anuales a frentes de las autodefensas para apoyarlos en su causa. Cuatro camionetas Hyundai al año. Cuatro.

No es poca cosa, si calculamos que las Autodefensas Unidas de Colombia se consolidaron de manera centralizada en 1997, su presencia en el territorio experimentó un crecimiento sin precedentes durante los diálogos de paz que tuvieron lugar en el gobierno de Andrés Pastrana, para posteriormente desmovilizarse en 2003. Entonces fueron cuatro vehículos por cerca de cinco años, es decir 20 camionetas. Más o menos.

Si tomamos que cada camioneta Hyundai del momento costaba en promedio unos $30 millones de pesos de la época, por 20 vehículos, nos da un apoyo aproximado por bajito de $600 millones de pesos.

Es matemática simple, pero también delincuencia pura la de Carlos Mattos en su apoyo a los paramilitares.

Sigamos.

La organización Indepaz realizó en diciembre de 2008 un informe titulado “Paraeconomía y Narcoparamilitares”. Ahí se estableció un listado de empresas que han apoyado a las Autodefensas y se encuentran contenidas las acusaciones de financiación y pago de dádivas a los paramilitares por parte del empresario Carlos Mattos.

En el listado se confirma el vínculo y el pago de los cuatro carros al año por parte de Carlos Mattos, como dueño de la importadora Carmattos, en apoyo al Bloque Norte de las Autodefensas.

Ese horrible registro fue confirmado por versiones de Salvatore Mancuso Gómez y Raúl Emilio Hazbún, comandantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

No solo viene de boca de Mancuso y de Hazbún la relación de Mattos con el paramilitarismo. Este hecho también fue confirmado por el paramilitar Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, quien añadió que además de los vehículos, el bloque se reunía en la finca “El Guamo”, de propiedad de Mattos, para discutir temas de estrategia. Es decir, fuera de los vehículos, también hubo hospedaje. Todo un apoyo logístico el de Mattos.

Estas declaraciones permitieron que las autoridades desarrollaran una lista de empresarios que conformaban la llamada “Paraeconomía”.

Según un informe del 18 de mayo de 2014, suscrito por el investigador Daniel Enrique Gómez Romero, que fue incluido en la sentencia en contra de Monoleche, desmovilizado del bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia: “los ganaderos Jorge Gnecco Cerchar, Carlos Mattos, Pepe Castro y Uber Rodríguez financiaron el Bloque Norte de las autodefensas. No solo acordaron con Salvatore Mancuso la creación de un grupo paramilitar en Valledupar, sino que los hombres de éste se asentaron en la finca El Guamo, de propiedad de Mattos, el 20 de septiembre de 1996″.

La Fiscalía ha informado que, después de esa declaración, se compulsaron copias de las versiones de Monoleche contra los mencionados ganaderos y empresarios, entre los que se encuentra Carlos Mattos. Sin embargo, no se tiene información sobre el estado actual de las mismas y las investigaciones en la Fiscalía duermen el sueño de los justos.

Terminemos.

En su arribo a Bogotá, tras ser extraditado desde España la noche del miércoles, Carlos Mattos no parecía el poderoso y ostentoso empresario que antes salía en las revistas mostrando sus lujosos bienes.

No.

Ahora parecía un loquito esquizofrénico que repetía “me trajeron para matarme. En Colombia me quieren matar”. La verdad es que lo trajeron para responder ante la justicia por sobornar a varios funcionarios judiciales y también debería responder por todo el apoyo logístico que en su momento le dio a los paramilitares. Esos sí que mataron gente en Colombia, y todo indica que el apoyo de Mattos lo facilitó. En resumen, la historia es: yo Mattos, tú matas, pero ahora solo repite que lo quieren matar.

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*21.42.-Visbal Martelo: un victimario, no una víctima CECILIA OROZCO
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La jefa del jefe YOHIR AKERMAN

Foto: María Paula Correa e IVAN DUQUE

Con el argumento falaz de proteger la seguridad nacional y, posteriormente, la mentira de hacer cambios para mostrar austeridad dentro del Gobierno, esta administración ha introducido dos decretos en el plazo de dos meses. Estos le han quitado la poca fuerza que tuvo la Vicepresidencia de la República, para darle más dientes al rol de la Jefatura de Gabinete.

Me explico.

14 NOV 2021.- El pasado 27 de julio el Gobierno Nacional aprobó el escueto Decreto 835 de 2021 que hizo cambios sustanciales al funcionamiento de las oficinas del presidente de la República y su vicepresidente.

En su primer artículo establece, básicamente, que el primer mandatario, Iván Duque, y la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, no pueden viajar al exterior al mismo tiempo.

“Todos los desplazamientos que adelanten el presidente de la República y el vicepresidente de la República a nivel nacional e internacional deberán hacerlos por separado, independientemente de los medios de transporte que utilicen”.

Lo bonito viene en el parágrafo segundo.

“Con el fin de garantizar los principios constitucionales considerados y de mantener las condiciones de seguridad, el vicepresidente de la República no podrá salir del país cuando el presidente de la República se encuentra fuera del territorio nacional, salvo que este, por razones excepcionales de necesidad, lo autorice expresamente”.

El castigo a la vicepresidenta y canciller está firmado por el presidente Iván Duque; el ministro de Defensa, Diego Andrés Molano Aponte; el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Víctor Manuel Muñoz Aponte, y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Nerio José Alvis Barranco.

El segundo golpe a la Vicepresidencia por debajo de la correa vino solo dos meses después, con el Decreto 1185 del pasado 30 de septiembre.

Con el argumento de dar muestras de “austeridad” en el gasto público, el presidente Duque decretó recortes y cambios en su equipo de trabajo. Como todo en este Gobierno de ego maltrecho y decisiones sin sentido: mientras el presidente dice una cosa, hace la otra.

Con el decreto terminó haciendo algunos movimientos que beneficiaron, en términos políticos y de equipo, en mayor medida a su jefa de gabinete, María Paula Correa, considerada por fuentes dentro del propio Gobierno Nacional como el poder detrás del poder.

La verdad es que Duque no tiene mucho poder.

Volvamos al decreto, ya que el despacho de Correa recibió 12 funciones más. En la normativa que estaba vigente, expedida en 2019, la poderosa funcionaria tenía 20 responsabilidades, por lo que ahora quedó con 32. La mayoría de sus funciones nuevas cuentan con un amplio enfoque internacional.

Correa, una funcionaria sagaz y trabajadora, ha acumulado influencia desde el inicio del gobierno Duque. En 2018 se desempeñó como secretaria privada de la Presidencia y posteriormente, a inicios de 2019, se creó un cargo que cuadraba mejor con su inmenso poder en el Gobierno: jefa de gabinete.

El Decreto 1185 le entregó a Correa nuevas tareas que van más allá de los asuntos que se tratan en las reuniones de Palacio. Por ejemplo, el texto establece que el despacho de la jefa de gabinete tendrá que hacerles seguimiento al Congreso y a sus comisiones para mantener informado al presidente.

A su vez, la nueva normativa le traza una ruta de trabajo con el Ministerio del Interior, algo extraño para su cargo. Y, solo para poner un ejemplo, en los temas de relaciones internacionales, con el decreto queda dentro de sus funciones “impulsar y hacer seguimiento” a las iniciativas de la Presidencia en sus agendas bilaterales y multilaterales, funciones que corresponderían directamente a la Cancillería.

Pero las diferencias y la distancia entre Correa y Ramírez vienen desde el nombramiento de la vicepresidenta como canciller. De acuerdo con lo que han establecido los colegas de La Silla Vacía, según seis fuentes distintas —un diplomático que para ese momento trabajaba con Duque, un exministro que se mueve en círculos diplomáticos, dos fuentes dentro de la Vicepresidencia y otras dos personas que dicen conocer el tema de primera mano—, el nombramiento de Ramírez ocasionó una fuerte reacción de Correa, ya que ella quería ser la canciller.

Es tan clara esa distancia, que incluso en la visita de Estado que el presidente Iván Duque hizo en septiembre pasado a España, la vicepresidenta y canciller brilló por su ausencia, mientras la jefa de gabinete desafinó por su presencia, incluso en escenarios que no le correspondían.

Correa posó junto al presidente Iván Duque y el rey Felipe VI. Según fuentes de esa entidad en España, la comitiva real estableció ante el Gobierno Nacional que el rey solo se sentaba con mandatarios de Estado, vicepresidentes y en algunos casos ministros de alto nivel. Pero el Gobierno colombiano impuso la presencia de su jefa de gabinete, cosa que incomodó un poco al rey.

Pero el rey de España no es lo importante en esta historia. Lo interesante es lo que se está haciendo con los dineros de los contribuyentes.

Por eso volvamos al Decreto 835, que impide a la vicepresidenta Ramírez salir del país mientras el presidente Duque está en el extranjero, “con el fin de garantizar los principios constitucionales considerados y de mantener las condiciones de seguridad”.

Pese a ser claro, el decreto no tiene mucho sentido real. Para lo único que sirvió fue para justificar que no viajen juntos, porque al mismo tiempo sí están viajando al exterior.

El presidente Iván Duque ha estado muy activo internacionalmente, siempre acompañado de su comitiva. Solo este mes estuvo en Escocia, Francia, Emiratos Árabes y, finalmente, en su muy comentada visita a Israel.

Mientras tanto la vicepresidenta y canciller viajó oficialmente, en paralelo y seguramente sin ninguna razón excepcional, como lo establece el Decreto 835, a Italia, Marruecos, Alemania, Japón y Corea del Sur.

Las fechas se contraponen. Los viajes también. Y eso no tendría nada de escandaloso si no es porque el Gobierno se pone a hacer, con decretos tramposos, las justificaciones de sus movimientos, que no son nada diferente a peleas internas. Todo a correazos.

No saben gobernar ni siquiera en Palacio.

Todo esto deja en evidencia a una administración con una fractura profunda, en donde el mandatario Duque seguirá de viaje en este último año de gobierno para seguir jugando a que en algunos sitios sí lo reconozcan como presidente. En Colombia ya casi nadie lo respeta como tal, ni siquiera algunos miembros de su propio Gobierno, menos aún de su partido. El emperador está desnudo, pordebajeado; pero a falta de pantalones, tiene una Correa ajustada.

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21.42.-Visbal Martelo: un victimario, no una víctima CECILIA OROZCO

Agalludo: “avariento”; avaricia: “afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas” (RAE). Los dos términos definen, aunque sin suficiencia, a Jorge Visbal Martelo, exvocero de los ganaderos más influyentes del país, asociados en la nunca bien analizada Fedegán que le debe muchas explicaciones a la sociedad sobre sus políticas y alianzas, empezando por él mismo.

10 nov 2021.- Lo último que supo Colombia sobre el expresidente de esa federación es que este pobre de solemnidad, que no tiene nadita que comer, será indemnizado por el Estado; en concreto, por la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas que se creó, como su nombre lo indica, para resarcir a las víctimas desvalidas del conflicto armado. No a los ricos ni a los victimarios, desde luego. Y el señor Visbal tiene estas dos condiciones, de acuerdo con los fallos que lo condenan y con las noticias que se publican sobre sus actos.

Sin embargo, este personaje nunca se sacia y jamás deja de pedir como si fuera limosnero: estén seguros de que su expediente no apareció de buenas a primeras encima del escritorio del director de Reparación —el firmón de la resolución que lo favorece—, entre los miles de documentos de nueve millones de personas registradas en esa Unidad, con similares aspiraciones de indemnización pero sin expectativa de obtenerla alguna vez. Contrario a lo que ocurre con los desesperanzados, el expresidente de los ganaderos parece contar con poderosos que lo protegen desde la sombra.

El asesor de la Unidad de Víctimas, John Vladimir Martín Ramos, lo explicó de manera cínica: “En el año 2014 la entidad recibió una declaración que contiene la narración sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que, en particular, el señor Visbal rindió ante la Personería de Bogotá; esa declaración … fue remitida por la Personería a la Unidad para las Víctimas; la Unidad valoró esa información, la contrastó y encontró que lo narrado coincide con la definición de víctima que trae la ley…”. O sea, un acto meramente formal. Y punto. Entonces, se le preguntó, ¿no importa que haya sido condenado como victimario? Su respuesta: “La Unidad no es una autoridad judicial y no le corresponde determinar … si una persona que está incluida en (nuestro) registro está inmersa en investigaciones penales o en procesos judiciales…” (ver).

Así, sin disimulo, el señor Visbal pasó, oficialmente, de victimario, aliado de asesinos y de despojadores de campesinos a víctima con derecho a recibir dineros públicos para él y su familia. Un repaso por su miserable existencia da idea de quién es: en 2004, después de 13 años de haber representado a Fedegán, este gremio también lo indemnizó por sacarlo de su puesto. Vaya usted a saber qué había por ocultar para que los ganaderos aceptaran entregarle a quien en ese entonces declaraba ante la DIAN que poseía bienes por $4.154 millones la generosa suma de $1.512 millones que distribuyeron en una camioneta de $65 millones valorada en el triple de esa cifra; $580 millones como “pensión extralegal” que se le entregarían en cuotas mensuales de $6 millones hasta 2012 cuando cumpliría edad de pensión reglamentaria; bonificaciones por $788 millones que debía consignarle Fedegán desde Miami (en un operación oscura) a una de sus cuentas bancarias en Islas Caimán, vía Panamá, en dólares (US$300.000 de la época), y $79 millones por la conciliación “amistosa”. Para entonces, Visbal declaraba un salario de $8 millones cuando devengaba $24 millones que recibía en cuentas de otras personas, seguramente para evadir impuestos (ver).

Esta “víctima” paupérrima, contrario a lo que les sucede a las otras 8’999.999 anotadas en la Unidad, cae parada: en cuanto salió de la agremiación de sus amigos con una fortuna considerable, el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe, lo envió a residir en Canadá con sueldo, casa y vehículo de embajador durante dos años largos; entró al Congreso como senador en 2007 y solo 24 meses después, en 2009, renunció para evitar que la Corte Suprema lo investigara penalmente por sus nexos con las bandas narcoparamilitares.

La Fiscalía lo procesó y lo acusó, pero en el entretanto el Gobierno Santos lo volvió a elevar a la categoría de diplomático en Perú con casa, carro y sueldo en dólares. Regresó de Lima cuando le dictaron orden de captura. La Fiscalía logró su condena a nueve años en prisión por concierto para delinquir, solo en 2018. Ese mismo año un tribunal superior ratificó la pena. Y cuando la Corte Suprema se aprestaba a examinarla, Visbal hizo otra jugadita para poder insistir en que no existe sentencia definitiva en su contra: solicitó su ingreso a la JEP como actor o conocedor de delitos cometidos en desarrollo del conflicto armado. Ah, pero en el interregno intentó obtener otra pensión como congresista a pesar de que solo fue al Senado dos años.

Mancuso y alias Don Berna, testigos principales de “la afinidad ideológica” de Visbal Martelo con ellos; de sus “constantes reuniones con las autodefensas en las fincas La 7, La 21 y La 53, todas en la zona de Córdoba”, en donde Fedegán “representada por Visbal coadyuvó a la financiación del grupo armado ilegal pagando cuotas para su sostenimiento a cambio de seguridad”; los asesinos Mancuso y Don Berna, repito, han soportado los asesinatos de sus familiares más cercanos.

Pero no por eso pretenden reclamarles al Estado y a la Unidad de Víctimas que los reconozcan como tales: siguen siendo victimarios. Tal como el expresidente de Fedegán quien alega que dos de sus parientes fueron secuestrados por la guerrilla. Vivir para asombrarse.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/visbal-martelo-un-victimario-no-una-victima/

 

*21.41.-Nos cree gilesGERMÁN VARGAS
*Alejandro Gaviria escoge malas compañías CECILIA OROZCO
*Falso primer magistrado – RAMIRO BEJARANO
*El pacto de la Moncloaca – YOHIR AKERMAN
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Vega, un registrador torcido AURELIO SUÁREZ

Lo sustancial es alertar sobre la amenaza a la transparencia y la precaria garantía de imparcialidad de este registrador con opacidad e incoherencias en sus ingresos, patrimonios ocultos y falsedades en documentos públicos.

DR. ALEXANDER VEGA ROCHA- Registraduría Nacional del Estado Civil

El 10 de octubre de 2019 se anunció la selección, entre 59 candidatos inscritos, de Alexander Vega Rocha como registrador nacional del Estado Civil. Lo escogieron, en nombre de las tres cortes, Constitucional, Consejo de Estado y Suprema, las magistradas Gloria Ortiz y Lucy Jeannette Bermúdez, de las dos primeras, y Álvaro García de la tercera. Previo a la entrevista, que daba 300 puntos, Vega iba quinto con 71 puntos abajo del primero y sorpresivamente, como pasa con contralores y personeros favoritos, obtuvo un puntaje de 285 con el que superó por tres al segundo (SEMANA, 10/10/2019).

6 nov 2021.- Para Vega, oriundo del Guaviare, es el último peldaño de una carrera pública que inició como personero de Chía entre marzo de 2004 y 2007; luego como contratista de la Secretaría de Gobierno de Bogotá para asuntos electorales en la administración de Samuel Moreno y de 2009 a 2014, como abogado consultor, entre algunas, en la firma Rodrigo Escobar Gil S. A. S. (Función Pública), del exmagistrado condenado por tráfico de influencias en el expediente de Fidupetrol (El Tiempo, 10/09/2021).

En el cuatrienio 2014-2018, en representación del Partido de la U, Vega fue magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), que saboteó la revocatoria de Peñalosa y archivó el caso Odebrecht. En 2013 constituyó el Grupo Jurídico Empresarial Martínez & Vega Asociados, con matrícula mercantil vigente 00023-67029, junto con su padre, Campo Elías Vega Goyeneche, y Luis Eduardo Martínez Gutiérrez (Cámara de Comercio).

Hasta aquí sin novedad –fuera de escalar conectado con clanes políticos como los Ñoños (La Silla Vacía, 11/10/2019) y de combos anómalos, como se dice en el Meta– si tal ascenso no se manchara al cotejarse los distintos datos que Vega aportó en el Formato Único de Inscripción cuando se posesionó como registrador; en la Declaración de Bienes y Rentas (Sigep, enero 2020) y en la Declaración de Renta de 2019. Sospechosamente, en el Formato tapó sus vínculos con Escobar Gil.

Un análisis del balance y del estado de ingresos y egresos de Vega, consolidando los datos, arroja que, en la declaración de bienes, acredita activos, en bancos y un apartamento, por 440 millones de pesos, y pasivos, por tarjetas de crédito y otros, por 156 millones, para un patrimonio contable de 283 millones, distinto al de 300 millones de la declaración de renta.

Sin embargo, en ambas declaraciones, Alexander Vega omitió que es dueño de dos propiedades en Chía: el 50 por ciento de la casa 23 de la Unidad Residencial San Nicolás, de 218 metros cuadrados, adquirida el 8 de abril de 2013 con su cónyuge por 320 millones de pesos, donde tiene viviendo, desde diciembre de 2019, al alcalde de ese municipio, Luis C. Segura, y de un lote todavía de engorde comprado el 15 de julio de 2014, en el conjunto residencial Granjas de la Balsa, con 3.256 metros cuadrados, por 150 millones de pesos, hoy valorizado por diez veces (metrocuadrado.com). Vega es mandamás en Chía.

Los datos corresponden a las matrículas inmobiliarias 50N-20550584 y 50N-834803, que el 28 de octubre de 2021 registraba la Supernotariado. ¿Por qué no las declaró ni tampoco sus acciones en el Grupo Jurídico Empresarial? ¿De quién será la costosa casaquinta que Vega frecuenta en Restrepo (Meta), que fue del exgobernador Darío Vásquez en Villa Valeria, el célebre condominio de Palacino (SaludCoop)? ¿Cuál es el origen de los recursos con que se compraron?

En cuanto a egresos e ingresos, Vega solo declara, en 2019, la minúscula suma de 34,03 millones de pesos por salarios, lo que, al descontar gastos y deducciones, deja una mísera renta líquida de 20,74 millones sobre la que pagaría impuestos, de lo que se infiere además que el Grupo Jurídico no entregó utilidades. Es raro que tuviera en diciembre saldos bancarios por 14 millones, 40 por ciento de sus entradas declaradas, y a la vez obligaciones por 107 millones en tarjetas de crédito. ¿Cómo pagaría con tan exiguo salario? Ni cuentas claras, ni chocolate espeso.

El proceder de Vega puede configurar un delito contra la fe pública (falsedad documental) al declarar “bajo la gravedad de juramento” (art. 122, inciso 3 CP) que los únicos bienes y rentas eran los que relacionó y omitió intencionalmente incluir varios otros. Esto sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria por violar además los deberes en la Ley 190 de 1995.

Aparte del compromiso legal, o que la Fiscalía lo eleve ante la Corte Suprema, o de un debate de control político, lo sustancial es alertar sobre la amenaza a la transparencia y la precaria garantía de imparcialidad de este registrador con opacidad e incoherencias en sus ingresos, patrimonios ocultos y falsedades en documentos públicos, a cargo de unas elecciones trascendentales: apenas para un país al que se pretende torcer todavía más.
Certificado de Tradicion Conjunto San Nicolas Casa 23 by Semana on Scribd
Declaración de Renta Registrador by Semana on Scribd
Certificado de Tradicion Lote 20 Granjas de La Balsa by Semana on Scribd
Documentos Registrador Alexander Rocha Vega by Semana on Scribd
Declaración de Bienes y Rentas Sigep Registrador by Semana on Scribd
Inscripción Alexander Rocha Vega by Semana on Scribd

https://www.semana.com/opinion/articulo/vega-un-registrador-torcido/202105/

21.41.-Nos cree gilesGERMÁN VARGAS

Todos sabemos que los contratos interadministrativos son la verdadera

‘mermelada’.  

Para ir ambientando las discusiones del congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura mencioné hace un par de semanas los bajísimos porcentajes de ejecución en todas las entidades del sector transporte. Una inocultable parálisis que contrasta con los innumerables anuncios que las autoridades hacen, en especial en esta cita anual del sector y que se asemeja al programa de los cuentachistes.

6  nov 2021.- La mayor atracción del encuentro será, sin duda, el Dr. Gil y la entidad a su cargo, el Invías. Hace algunos años, él fue asesor del entonces ministro Andrés Uriel Gallego, luego pasó a la gerencia de proyectos en el Invías, donde fue responsable de la malograda estructuración y contratación del túnel de La Línea, que conllevó, dados sus sobrecostos y plazos incumplidos, a que debiera darse por terminado y nuevamente licitado.

Sorpresivamente, el Dr. Gil regresó como director de la entidad y procedió, inexplicablemente, a disolver el tribunal de arbitramento que habría de fallar una demanda de reconvención del Estado por una suma superior al billón de pesos. Sostuvo el Dr. Gil que para la entidad, la justicia ordinaria era el mecanismo idóneo para resolver este pleito, pero hizo todo lo contrario en el caso del puente Pumarejo, en donde, y aun sin existir cláusula arbitral, habilitó a la firma contratista para que procediera a reclamar por vía arbitral $ 133.000 millones de manera expedita.

La semana pasada, como preámbulo del congreso, el señor Gil la sacó del estadio, como se dice, con la adjudicación del contrato de recaudo de peajes por diez años, por un valor de $ 950.000 millones. Todo aquí es sospechoso: los pliegos fueron ajustados a la carrera, en audiencia extraordinaria; se ‘equivocaron’ en algo tan elemental como calificar mal la naturaleza del contrato, al que, siendo de servicios, calificaron de obra; suspendieron los términos para no dar respuesta de fondo a las numerosas observaciones técnicas, y tan solo se hizo obligatorio instalar el recaudo electrónico en 5 estaciones de las 35 concesionadas.

El 28 de septiembre se adjudicó, contra todas las advertencias, el viaducto del km 58 en la vía a Villavicencio al consorcio del que hace parte la controvertida firma OHL, famosa por sus incumplimientos y reclamaciones. La obra deberá terminarse dentro del actual periodo presidencial, es decir que cuenta con 2 meses de preconstrucción y 7 de construcción. Pronostico que esta obra no se entregará en los plazos contractuales ni por el valor adjudicado. Una nueva frustración para los metenses.

En materia de contratos interadministrativos, el Invías es un titán. Todos sabemos que estos contratos son la verdadera ‘mermelada’, pues es la forma de enviar recursos a las regiones para que la contratación se traslade a gobernaciones y alcaldías, en donde licitan las obras sin pliego tipo y usualmente con un único proponente. Pues, entre 2020 y 2021, el Dr. Gil ha suscrito 529 convenios interadministrativos por valor superior al medio billón de pesos. Con la modificación de la ley de garantías, la bacanal continuará hasta final de gobierno. Música para el congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura CCI.

El gran ausente del congreso será el propietario de la empresa Meco, adjudicataria de más de 6 contratos en el Invías por valor superior a $ 1,5 billones. Se excusa por estar detenido y sindicado de corrupción en Costa Rica y después de haber pagado en Panamá US$ 10 millones en el proceso que contra esta firma se adelantaba. ¿Cómo y con quiénes habrá obtenido esos contratos en Colombia este célebre empresario? Por algo será que nadie en el Invías ni en la Aerocivil toma acciones legales distintas a apresurar y permitir rápidamente la cesión de estos contratos, que, como sabemos, siempre conlleva una jugosa comisión para el cesionante. Y todos tan campantes.

En la Contraloría cursan decenas de investigaciones y 54 alertas por valor de $ 2,5 billones, al igual que varias intervenciones de la unidad de reacción inmediata en 6 proyectos más por valor de $ 690.000 millones. Me pregunto qué van a hacer con el contrato de obra adjudicado a ICM e Intec de la Costa, las mismas firmas de Centros Poblados en el sonoro caso de Mintic. De la Procuraduría y la Fiscalía poco se sabe. Entre tanto, en el complaciente foro de la CCI no se oirán sino aplausos… y risas.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/nos-cree-giles-columna-de-german-vargas-lleras-630532

21.41.-Alejandro Gaviria escoge malas compañías CECILIA OROZCO

Una Ley de Garantías electorales suspendida de manera inconstitucional por el Gobierno agonizante de Duque y por unas bancadas coligadas con él para usar los dineros que pagamos los ciudadanos, en compraventa de votos: “Yo te doy contratos, tú me devuelves en votos para que me elijas, otra vez, el año entrante”, dicen, frotándose las manos, los “anatolios” del Congreso que son los que le preguntan a la Presidencia de la República cómo votar los proyectos de ley, y le hacen caso.

3 nov 2021.- Un registrador nacional de sospechosa conducta a quien el parlamento le aprobó, en un santiamén y con mensaje de urgencia del Gobierno, una reforma al Código Electoral que no solo modificó los procedimientos de la contienda del 2022 sino que le amplió la nómina en cerca de mil puestos y le incrementó el presupuesto con el fin de tener con qué contratar billonarios servicios; ese registrador mañoso que advirtió, sin explicación coherente, que hay cinco millones de votantes más que los que contempla el DANE; el mismo personaje que les entregó las registradurías locales a los caciques políticos de cada municipio y departamento, y que, en cambio, abandonó su posición de árbitro cuando le contestó a la oposición: “El que no sienta garantías para las elecciones no debería presentarse”; todo lo que está sucediendo, hecho tras hecho, anuncia el arribo de una tormenta perfecta de manipulación y fraude para impedir que el poder público se transforme como quiere, harta de corrupción, la gente del común.

En este mar de incertidumbre, llega Alejandro Gaviria como el forastero purificador, como el hombre que “elevará” el debate y que sacará al país del fango clientelista que no le ha permitido salir del atraso, la pobreza y el abandono en que lo han mantenido los partidos tradicionales, plenos de vicios mientras viven y se reproducen, elección tras elección, en su propia maleza. ¿Y a quién escoge el jugador del viento fresco para concretar alianzas que fortalezcan sus aspiraciones? ¡Plaf! ¡A los jefes y clanes de los partidos tradicionales! Según entrevista que le dio a El Tiempo el fin de semana pasado, Alejandro Gaviria propone una “nueva coalición con fuerzas políticas de origen liberal”. Salvo el Partido Conservador que, al menos en teoría, se encuentra en orilla diferente a la del liberalismo, hasta el Centro Democrático tiene “origen liberal”. Por si alguien lo ha olvidado, también se desprendieron del liberalismo el Partido de la U y Cambio Radical, unas colectividades con muchas vergüenzas por esconder: aparte de que sus jefes, Dilian Francisca Toro y Germán Vargas Lleras, no representan, precisamente, la renovación contra la politiquería, como tampoco César Gaviria, sus agrupaciones tienen que darnos explicaciones sobre cómo permitieron que llegaran a cargos de representación popular los siguientes condenados por graves crímenes: Kiko Gómez, Oneida Pinto, Bernardo Ñoño Elías, Musa Besaile, Alejandro Lyons, Zulema Jattin, Ferney Tapasco, clan Gnecco, clan Cote…

Gaviria, el precandidato, excluye al uribismo pero, de resto, le da la bienvenida a cualquier cacicazgo nacido en el partido de Gaviria, el expresidente, a quien defiende sin analizar la decadencia y el desmoronamiento que ha sufrido esa agrupación bajo su dirección. Gaviria, el precandidato, parece, así, darles la razón a quienes sostuvieron que el expresidente era el verdadero padre de sus aspiraciones políticas con lo cual empieza a ser cada vez menos real su autocalificación de “independiente”.

Pregunta: “¿Le manifestaron (los de la Coalición de la Esperanza) que siguen los vetos hacia las directivas del Partido Liberal?”. Su respuesta: “Sí. Dijeron que las directivas de (ese) partido (léase César Gaviria) no tenían ningún espacio en esa coalición… Fue un veto que interpreté como algo definitivo contra un partido”. Pregunta: “¿Y (alianza) con Cambio Radical?”. Respuesta: “No hemos tenido conversaciones pero si ellos creen en esta agenda programática liberal, podrían tener cabida”. Partió mal el exrector de Los Andes: su presencia, sus conocimientos y, seguramente, sus buenas intenciones quedarán sepultados, muy rápido, en el vertedero de la corrupción de la cosa pública que sus coequiperos llevan incentivando hace muchos años. Desilusión.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/alejandro-gaviria-escoge-malas-companias/

21.41.-Falso primer magistrado – RAMIRO BEJARANO

No hay duda de que el presidencialismo monárquico termina afectando a nuestros gobernantes y, por supuesto, Iván Duque no podía ser la excepción. A medida que se le acerca la hora final de su desastroso y corrupto mandato, su autoritarismo se multiplica.

7 nov 2021.- No lo digo solamente por la abusiva costumbre de Duque de convertir en paseos familiares las visitas de Estado a otros países, obviamente con recursos públicos. Lo último que se ha comentado en las redes sociales es que en los recientes desplazamientos a Glasgow, París, Dubái, Telaviv e intermedias Duque viajó con su cónyuge, sus tres hijos y, claro, no podía faltar Andrés Gregorio Duque, el gran hermano, el Marco Polo del cuatrienio.

Pero son peores los excesos verbales. De ellos ha dado cuenta por estos días Duque a propósito de erigirse otra vez en juez, pisoteando la división de los poderes de nuestra maltrecha democracia.

En efecto, un funcionario del INPEC cometió una imprudencia que casi pone en la calle a Luis Alfredo Garavito, quien purga pena de prisión por múltiples homicidios de menores, y ¡quién dijo miedo! Duque salió a los medios a invadir la órbita de las funciones judiciales, pues condenó al temible pedófilo a cárcel vitalicia y contribuyó a inflamar el tenso ambiente de los noticieros lanzando expresiones tan bruscas como la de “rata apestosa”, con la que denominó a Garavito.

Hay que decirlo para que no se cree confusión. Nadie con dos dedos de frente quiere que Garavito regrese a las calles sin que haya terminado de pagar sus culpas, además porque los entendidos aseguran que este sujeto padece una tendencia temperamental proclive a delinquir. Eso no está en discusión.

El asunto es sencillo. Garavito está condenado a purgar cárcel probablemente por lo que le resta de vida, pero porque así lo ordenó un juez en un proceso que nuestro sistema dispuso que se siguiera por el funcionario competente y con las formas propias del debido proceso. Es la justicia la que decide si alguien ha de permanecer libre o preso, pues se trata de una elemental garantía que tiene que respetarse aun en el marco del precario sistema judicial. Pero aquí a Duque le está permitido vociferar y lanzar lenguas de fuego contra un criminal, como lo hizo en cuanto corrió la especie de que Garavito saldría de la cárcel de Valledupar.

No es la primera vez que Duque deja memoria de estas salidas en falso por suplantar o interferir públicamente en las decisiones judiciales. Lo hizo casi a gritos cuando la Corte Constitucional estudiaba precisamente la ley de prisión perpetua para los violadores, pues entonces fueron reiteradas sus peticiones al alto tribunal para que no declarara la inexequibilidad de ese esperpento legislativo. Por fortuna la Corte Constitucional falló como tenía que hacerlo. Ello, sin olvidar sus nada disimuladas expresiones para incidir en favor de los enredos judiciales de su patrón, Álvaro Uribe, pues cuando el expresidente fue detenido, Duque, sin sonrojarse, prácticamente cuestionó a la Corte Suprema y en tono de emperador prácticamente exigió que cesara esa detención.

Duque también ofició como juez al señalar delante de las cámaras y los micrófonos que en el complejo asunto de Hidroituango deben ser las compañías aseguradoras las llamadas a resarcir la indemnización de los perjuicios causados. Es decir, dictó sentencia declarando responsables a quienes enfrentan juicios de diversa naturaleza y además decretó, por sí y ante sí, que hubo siniestro y que debe ser indemnizado por las aseguradoras, las cuales han de estar tan aterradas como intimidadas por las “opiniones” presidenciales con sabor a mandatos jurisdiccionales.

En ese extraño y fantasioso mundo de vanidades del que vive y se alimenta Duque, se ha convencido de que como hay quienes se dirigen a él en sentido figurado como el primer magistrado de la nación, eso lo convierte en togado.

Adenda No 1. El peligroso ministro de Defensa, Diego Molano, pretende patentar la ilegal fórmula de que desde el Gobierno las falsas noticias se combaten con más falsas noticias. ¿Fiscalía y organismos de control?

Adenda No 2. Carlos Mattos, el empresario ad portas de ser extraditado desde España para enfrentar a la justicia, mandó su avanzada. Con que donante de cuantiosos recursos a la campaña de Iván Duque que pararon en las arcas del Centro Democrático. Otra que se le pasó al tramposo Consejo Nacional Electoral.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/falso-primer-magistrado/

21.41.-El pacto de la Moncloaca – YOHIR AKERMAN

Sigamos investigando sobre las preferencias presupuestales que hace el gobierno del presidente Iván Duque, únicamente con sus aliados políticos. Porque está demostrando que el mandatario es tan inseguro, que necesita sólo hacer alianzas y acuerdos con los que le dicen que es buen presidente.

Empecemos.

7 nov 2021.- El 11 de septiembre de este año, el presidente Duque se reunió a puerta cerrada con los alcaldes del Magdalena que conforman el “Pacto de Ciénaga”. Este pomposo nombre, que parece para recuperar la región de las malas costumbres y grupos políticos, es todo lo contrario. Se trata de una supuesta alianza entre clanes políticos tradicionales y afectos al gobierno nacional, con el objetivo de quedarse con los recursos de regalías del departamento.

La visita que hizo el presidente de la República al municipio de Zona Bananera estuvo acompañada de un anuncio que generó gran proyección para los municipios de este departamento: el acuerdo para la firma de un “pacto histórico” entre el mandatario y los alcaldes, para hacer una bolsa de proyectos que contarán con la debida financiación para los municipios. Los que son aliados, claro.

Evidentemente, a los opositores y a las voces críticas del gobierno, como el gobernador del Magdalena, los excluyeron de este autodenominado histórico evento.

Sigamos.

El inspirador del Pacto de Ciénaga no es nada más ni nada menos que el exsenador Eduardo Pulgar, preso por las denuncias que reveló el periodista Daniel Coronell (ver Las aventuras de Pulgarcito).

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema condenó a cuatro años y 10 meses al excongresista por el delito de tráfico de influencias y cohecho. Con todo y eso, Pulgar sirvió como fuente de inspiración para este compromiso.

En octubre de 2020, los congresistas Antonio Sanguino, Alexánder López, Angélica Lozano, Victoria Sandino, Wilson Arias, Juan Luis Castro, Griselda Lobo y Jorge Guevara publicaron una carta en la que denunciaron el Pacto de Ciénaga.

En la misiva, dijeron que el tema fue orquestado por los alcaldes aliados y buscaría apropiarse de cerca de $320.000 millones de las regalías. Esto. Con el fin de suspender las diferentes inversiones que se vienen haciendo desde la Gobernación del Magdalena, opositora y crítica del gobierno de Duque.

Y acá se pone mejor. El anuncio del presidente Duque con los alcaldes sucede casi en simultáneo con la aprobación por parte del Congreso de la suspensión de la ley de garantías. Norma que establecía una serie de restricciones y prohibiciones para la celebración de contratos y convenios que impliquen la ejecución de recursos públicos antes de elecciones. Todo para evitar situaciones como la del autodenominado pacto histórico, histórico únicamente para los amigos del gobierno.

Con el fin de justificar la derogación de la ley de garantías, el presidente Duque tuvo que dar una vuelta canela argumentativa, sin sonrojarse y mucho menos despeinarse. Una de esas situaciones donde el joven e inexperto presidente Iván Duque contradijo completamente lo que opinaba el joven e inexperto senador Iván Duque.

Mientras Duque fue senador criticó vehementemente esta proposición del presidente Juan Manuel Santos. El entonces senador manifestó categóricamente en ese momento que la modificación de la ley de garantías afectaría la democracia en el país. Incluso especificando en su momento que ya no existía la reelección. Precisamente el argumento que usó ahora para dar vuelta canela.

¿A cuál de los dos Duques creerle? A ninguno.

Pero una cosa sí era acertada de su análisis. El entonces senador Duque, desde el capitolio nacional, dijo hace 4 años: “Si se permite que la contratación estatal se adecúe en función de los intereses del partido de gobierno, eso lacera a la democracia colombiana. Hay que buscar que la ley de garantías se mantenga, porque da ejemplos de la contratación estatal y evita que el partido de gobierno perpetúe sus instancias de poder con los candidatos de sus afectos”.

Pues dicho y hecho, ahora con la foto de sus aliados en el Pacto de Ciénaga, aprovecha las cositas que le permite hacer la derogación de la ley de garantías. Y todo parece indicar que Magdalena fue el primer pedazo de ese ponqué, que ahora se empiezan a comer por todo el país.

Terminemos.

Finalmente, es importante recordar las 1.500 interceptaciones legales a María Claudia Daza, conocida como Cayita, entonces mano derecha del expresidente imputado Álvaro Uribe Vélez, hoy olvidada como un periódico de ayer.

Esas conversaciones dejaron en evidencia, entre otras, discusiones al interior del Centro Democrático durante la campaña presidencial de Iván Duque. Allí se hablaba sobre planeación estratégica y recursos económicos para la misma. También le dieron vida al escándalo del narcotraficante ganadero José Ñeñe Hernández.

Una de esas grabaciones deja ver la mano del Ñeñe en Magdalena, y cómo se fraguó el plan que ahora se ejecuta entre el gobierno nacional de Iván Duque y el famoso Pacto de Ciénaga.

Se trata de un audio que publicó el 15 de marzo de 2020 Noticias Uno, en el que se oye la voz del Ñeñe hablando con Cayita, como integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces senador Álvaro Uribe. En esa conversación, efectivamente, él le dijo que 15 alcaldes de Magdalena se querían reunir con el entonces candidato Iván Duque. (Oír Audio).

– Ñeñe Hernández: Caya, ven acá. Ayer almorcé con Eduardo Rodríguez…

– Caya Daza: Ajá… ¿Edward? Edward…

– Ñeñe: Se llama Edward. Le dije “Edwar yo necesito hablar con usted porque necesito hablar una vaina importante con él (Duque), importante es pero importante pa’ su campaña y pa’ sus cosas…”. Le dije “tengo 15 alcaldes del Magdalena, 15, que se quieren reunir con él…”.

– Caya: ¿Con Edward?

– Ñeñe: ¡Con Edwar, que con Edward! Con el presidente, con el futuro presidente…

– Caya: Ajam… Pero él no se puede reunir con ellos, la ley no se lo permite, creo…

– Ñeñe: Es que no… es que… por eso yo le dije pa’ que se reuniera en mi casa, ¿ya me entendés? A través de los tipos…

– Caya: Sí, José, pero tú estás diciendo eso hace más de un mes y tú no cuadras nada…

Las fotos de la reunión del pasado 11 de noviembre demuestran que la cosa no solo se cuadró en ese entonces, sino que se está ejecutando ahora.

Pese a que el pasado 30 de octubre el Consejo Nacional Electoral archivó a las malas la investigación por la financiación de la campaña electoral de Duque y la Ñeñepolítica, existe un salvamento de voto del magistrado Luis Guillermo Pérez, de 31 páginas, en el que se indica que no se podía tomar una decisión de fondo, porque el caso prácticamente no se investigó. Así como se oye.

Lo cierto es que el gobierno de Duque terminó ejecutando un plan inspirado por un congresista preso por sobornar a un juez; plan estructurado en campaña por un narcotraficante asesinado por sus pares por no pagar sus deudas. Para eso solo tuvo que contradecirse y tumbar una ley que, como dijo el senador Duque en su momento, lastima a la democracia.

Todo para firmar alianzas, sólo con quienes lo llenen de halagos, y distribuirse los dineros de las regalías. Bonito pacto, tan distante de pactos verdaderamente históricos, entre estadistas, para consolidar la democracia por generaciones, como el español Pacto de la Moncloa. Este, un tanto apestoso de PulgarcitosNeñes y Cayitas, podría llamarse el Pacto de la Moncloaca.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/el-pacto-de-la-moncloaca/

*21.40.-Los “fantasmas” del alto y bajo mundo CECILIA OROZCO
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Los niños se quedan cantando: a la rueda, rueda YOHIR AKERMAN
*Reficar: detalles del fallo que ratifica billonaria sanción a responsables
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‘‘Otoniel’ y Pablo PAOLA OCHOA

De nada servirá la captura de ‘Otoniel’, como de nada sirvió la muerte de Escobar.

  1. Nixon y G.W Bush dos lideres fallidos de la “Guerra antidrogas”

Cayó ‘Otoniel’, ‘capo di tutti cappi’, pez gordo y timonel del ‘clan del Golfo’. Cayó el narco más pesado, la reencarnación de Pablo Escobar, el más buscado por la DEA y por las autoridades colombianas en los últimos diez años. ¿Y de qué nos sirve eso al resto de colombianos? Probablemente de nada, como de nada nos sirvió tampoco que.

Porque tras ‘Otoniel’ viene toda una nueva generación de narcos. Malandros que entran a disputarse el insaciable mercado de la cocaína a nivel global; negocio que mueve unos 650.000 millones de dólares al año y que nunca desaparecerá por mucho que se capturen cabezas y se entreguen rutas a cambio. Porque mientras haya demanda, siempre habrá oferta, porque se trata de un negocio con rentabilidades extraordinarias, porque europeos y gringos siguen consumiendo cocaína y les encanta llenarse las narices con harina blanca.

Tras la muerte de Pablo Escobar no pasó nada, como no pasará nada tras la captura de ‘Otoniel’. Vendrán nuevos narcos, más pequeños, menos llamativos, menos poderosos, así como nuevos y más grupos extranjeros. Multiplicación de las cabezas para un leviatán que seguirá siendo imposible de acabar y que crece como un monstruo de poder descomunal. Y es que tras la muerte de Pablo Escobar todo empeoró de manera brutal. Los cultivos de coca se quintuplicaron, pasando de 50.000 hectáreas en 1995 a 245.000 hectáreas el año pasado. La producción de cocaína se sextuplicó y las toneladas métricas subieron de 200 en 1995 a 1.137 en 2020. El precio promedio de venta a los distribuidores en las calles de Estados Unidos subió 45 por ciento y se elevó de 22.000 dólares el kilo a 32.000 dólares el año pasado. Y el precio del gramo en las calles para los consumidores norteamericanos se derrumbó de 200 dólares en 1995 a 160 dólares el año pasado.

Son los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, de la Oficina de la Casa Blanca contra las Drogas y de la propia DEA. Esta última, la agencia más fracasada en toda la historia del hemisferio occidental y uno de los grandes fiascos en la política internacional norteamericana. Agencia que tras la muerte de Escobar ha tenido que ver el crecimiento exponencial del negocio en todos los eslabones de la cadena: siembras, producción, distribución, comercialización, exportación, consumo, ventas, y los dramáticos en productividad y rentabilidad por hectárea.

Lo que no ha cambiado desde la muerte de Pablo Escobar es que Colombia sigue produciendo el producto y quedándose con las chichiguas de las ganancias. Cultivamos el 80 por ciento de la coca a nivel mundial, producimos siete de cada diez gramos de cocaína que se venden en el mundo, exportamos a docenas de países, pero continuamos quedándonos con menos del 10 por ciento de la utilidad final. Lo grueso, lo realmente grueso, se lo quedan los carteles mexicanos y los intermediarios que distribuyen la droga en Estados Unidos, Europa y Australia.

En cambio, seguimos poniendo los muertos, las guerras de carteles, las venganzas entre organizaciones criminales, las masacres de campesinos, los políticos vendidos a la mafia, los jueces con mordaza, el Estado permeado por el poder corruptor del narcotráfico.

De nada servirá la captura de ‘Otoniel’, como de nada sirvió tampoco la muerte de Pablo Escobar.
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/paola-ochoa/otoniel-y-pablo-columna-de-paola-ochoa-627526

21.40.-Los “fantasmas” del alto y bajo mundo CECILIA OROZCO

Socios para bien o para mal.

El jueves pasado, 20 de octubre, fiscales de Lavado de Activos acusaron, ante un juez penal, a alias Memo Fantasma, alias Guillermo Camacho, alias Sebastián Colmenares, por tres delitos: lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado. En el mismo escrito, les imputaron cargos a la mamá y la abuela de Fantasma, apodado así porque, aun cuando hacía años que traficaba con cocaína, era miembro del sanguinario grupo narcoparamilitar Bloque Central Bolívar, “cuidaba” las finanzas de su banda y amasaba, para sí, una fortuna extraordinaria.

Su existencia era desconocida para la justicia y para los agentes de seguridad del Estado porque sabía mimetizarse: esta es una posibilidad. La otra, que gozaba de la protección oficial que podían brindarle unos personajes de la política o cercanos a esta, y miembros bajos y altos de la Policía quienes habrían podido impedir que sus actividades llamaran la atención de los investigadores mientras mutaba su perfil de criminal al de ganadero y empresario.

27 oct 2021.- El nombre real de Memo es Guillermo León Acevedo Giraldo quien, hasta hace poco, disfrutaba de una mansión, en Madrid, al lado de su más reciente pareja, una señora de la alta sociedad antioqueña que iba bien con su nueva personalidad. Hoy Fantasma reside en La Picota, donde corresponde.

“La Fiscalía General de la Nación (FGN) tiene documentado que alias Guillermo Camacho dirige todo un outsourcing criminal con el objetivo de… blanquear y/o darles apariencia de legalidad a recursos y bienes inmuebles que fueron obtenidos de una fuente ilegal…”, se lee en el escrito de acusación de la semana pasada. Agrega que “la FGN ha identificado tipologías de lavado de activos que ha venido desarrollando (el acusado) desde el año 2005 y hasta el año 2020 aproximadamente… (y ha logrado) establecer, en esta línea de investigación, un total de 46 (de sus) bienes”. La primera propiedad de Memo Fantasma relacionada en el documento es el edificio Torre 85, en el norte de Bogotá, en donde el capturado posee, siempre en concurso con su abuela y madre, 23 unidades: tres oficinas avaluadas en $9.808 millones y 20 garajes que cuestan algo más de $1.000 millones. Los socios en la construcción de Torre 85 fueron alias Memo, con el 45 % de participación; Álvaro Rincón Muñoz, de la firma Hitos Urbanos, con 45 %, y Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, con 10 %. Fantasma, mamá y abuela aportaron los predios en donde se levantaría la construcción, en el año 2006, cuando él todavía tenía un pie en el delito y otro en los negocios lícitos.

Sobre la gran tajada del edificio que le pertenece y sobre otras 26 propiedades de Acevedo en tierras de pleno asentamiento paramilitar en Córdoba pesan, hoy, medidas judiciales de embargo, secuestro y suspensión de poder dispositivo, o sea, la antesala a la extinción de dominio que se aplica a los lavadores de activos. Hasta aquí, todo indicaría —como dijo el presidente Duque de alias Otoniel— que Acevedo sería “otro Pablo Escobar”.

 Pero en este caso hay significativas diferencias: el país se enteró, en marzo del año pasado, gracias a la meticulosa investigación del medio de investigación Insight Crime y de su codirector Jeremy McDermott y de su grupo de periodistas, que Memo Fantasma levantó el elegante proyecto inmobiliario de la calle 85 en sociedad con el esposo de la vicepresidenta de la República, Álvaro Rincón, representante de la empresa Hitos Urbanos en que la poderosa política conservadora Marta Lucía Ramírez es, a su vez, socia.

En las fechas del negocio, Ramírez ya había sido ministra de Comercio Exterior y embajadora en Francia del gobierno Pastrana, y ministra de Defensa de Álvaro Uribe. El miembro minoritario del grupo de promotores del edificio Torre 85, Carlos Gutiérrez Robayo, se casó con la hermana de la esposa de Gustavo Petro, el candidato que registra mayor favorabilidad en las encuestas presidenciales. Petro ha dicho, una y otra vez, que no tiene ningún tipo de cercanía con Gutiérrez y este, de regular fama, también lo sostiene en privado. No obstante, para Guillermo Acevedo, un individuo que venía de la profundidad criminal, ese par de socios constituyeron un trofeo por las cumbres sociales y políticas que tocó. Pero no es todo.

En la investigación de Insight Crime se afirma que Fantasma tuvo intensos negocios de narcotráfico, entre muchos carteles, con el Clan de los Cifuentes, de Antioquia (“una organización que tenía contactos políticos de alto nivel y trabajaba directamente con el Cartel de Sinaloa”). Una Cifuentes, Dolly, estuvo casada y tuvo una hija con un hermano de Uribe Vélez.

Acevedo, según las fuentes de McDermott, “tenía algunos policías colombianos en su nómina y los usaba para desaparecer archivos judiciales y desviar investigaciones”, entre ellos, agentes subalternos del general (r) Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad del presidente Uribe, extraditado, años después, a Estados Unidos.

Otra fuente mencionó a Mario Uribe, el primo del exsenador a quien Memo le habría dado financiación y prestado helicópteros para su campaña. Y así, ve uno, asombrado, cómo el mundo político, social y policial se toca y entrelaza con el de los grandes delincuentes. Pero tranquilos: aquí no pasa nada.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/los-fantasmas-del-alto-y-bajo-mundo/

21.40.-Los niños se quedan cantando: a la rueda, rueda YOHIR AKERMAN

El ególatra gobierno del presidente Iván Duque está premiando y castigando a los distintos departamentos, con el acceso a los recursos de las regalías, dependiendo de la cercanía u oposición del gobernante de cada departamento. 

 

Así como se oye.

31 oct 2021.- Lo grave es que las regalías son una bolsa común sobre la cual cada departamento tiene derecho. Con esos recursos generalmente se pagan programas escolares o de alimentación para los sectores menos favorecidos. Entonces, a quien termina castigando o premiando el presidente, por la posición política de cada gobernador, no es a los políticos, sino a los niños colombianos.

El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, denunció el pasado 22 de octubre esa estrategia. Aseguró que el “gobierno Duque y sus aliados de gobernaciones de Bolívar y Sucre negaron el derecho a la alimentación a 141 mil niños del Magdalena. Todo gestionado en sesión inconclusa del Ocad Caribe, que desde 2016 aprobaba el PAE con recursos de regalías. Otra canallada”.

Y sí. Es una canallada.

Para entender el tamaño, hay que empezar por explicar que al hacer eso, el gobierno nacional le quita el acceso al Magdalena a los recursos de regalías. Regalías de las cuales le corresponden casi $90 mil millones de pesos.

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) aprueba y prioriza los programas y proyectos que serán financiados con recursos del sistema de regalías. Está conformado por tres vértices: gobierno nacional, departamental y universidades.

El gobierno, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), analiza la viabilidad de los proyectos que se discuten en mesas conformadas por miembros del gobierno nacional, gobernaciones y universidades. El objetivo es definir cuáles proyectos se aprueban y se financian con recursos provenientes de regalías.

Desde el 2016, antes de la actual gobernación del Magdalena, estaba aprobado el pago de Programas de Alimentación Escolar (PAE) con esos dineros.

En de febrero de 2021 fue radicado el proyecto en el OCAD regional, y a comienzos del mes de mayo fue viabilizado por la mesa técnica del mismo organismo. Le dio un puntaje de 83 sobre 100: es decir una calificación bastante alta en comparación a otros que recibieron los recursos en administraciones anteriores y obtuvieron puntajes que no superaban los 60 puntos.

El 30 de abril de este año, el gobernador de Bolívar, Vicente Antonio Blel Scaff, fue elegido presidente del OCAD regional Caribe. Blel Scaff fue elegido por el Partido Conservador y es un aliado incondicional del gobierno del presidente Duque.

 

Ahí cambió la cosa. El programa no se aprobó en mayo, lo cual originó que los colegios, beneficiarios de esos programas de alimentación empezaran a mandar, por medio de sus rectorías, derechos de petición exigiendo a la Gobernación y a las instancias del OCAD la ejecución del programa.

Pero eso no pasó.

Finalmente, esos derechos de petición se configuraron en unas acciones populares a través del fallo de un juez. Este ordenó al gobernador de Bolívar, Vicente Blel, a que, como presidente del OCAD, convocara y analizara el PAE que estaba radicado desde hace meses atrás.

No se sabe si por incompetencia, desintereses o sevicia, pero nada pasó. Con el argumento de que ya no están en los tiempos del calendario escolar -es decir, ya se está terminando por estar en la meta final de año- se afirmó que el proyecto no sirve. Es decir, el dinero nunca se giró gracias a una estrategia de dilatación. Los afectados fueron los niños.

Sería menos grave la incompetencia o el desinterés. Pero todo parece ser una estrategia afinada para que los rivales políticos no accedan a los recursos públicos en plena época electoral. El Magdalena es tan solo uno de los ejemplos.

 

Mientras tanto, los entes de control como la Procuraduría, siempre leales al gobierno, exigen a las gobernaciones la ejecución del PAE y de otros planes pagados con esas regalías. Los mismos que el OCAD y el gobierno nacional trabaron por razones políticas.

El cuento de terror se escribe solo para los niños sin pan, que se queden cantando: a la rueda, rueda, de OCAD y canela…

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/a-la-rueda-rueda/

21.40.-Reficar: detalles del fallo que ratifica billonaria sanción a responsables

El fallo toma en cuenta el daño fiscal por los controles de cambio 2 y 3 que se hicieron al proyecto

Contraloría confirmó en segunda instancia responsabilidad fiscal por 2.9 billones de 12 personas.

REDACCIÓN JUSTICIA19 de octubre 2021, 12:00 A. M.

Luego de que en abril pasado la Contraloría profirió un fallo de responsabilidad fiscal por más de 2,9 billones de pesos contra varios exfuncionarios de la Refinería de Cartagena (Reficar), el órgano de control confirmó, en segunda instancia, la sanción contra dos expresidentes, tres exvicepresidentes, siete miembros de la junta directiva y cuatro multinacionales contratistas por las mayores inversiones que generaron una pérdida de recursos públicos.

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Para la Contraloría, con sus acciones y omisiones como junta directiva, administración, contratistas y supervisor del proyecto, contribuyeron a la billonaria pérdida de recursos, que es el mayor detrimento patrimonial del Estado en toda su historia.

Tras la confirmación del fallo, deberán pagar la cuantiosa suma que cuantificó la Contraloría como daño fiscal por los controles de cambio 2 y 3 que se hicieron al proyecto de modernización de la refinería en 2012 y 2013.

Estos controles de cambio aumentaron el presupuesto y, según la Contraloría, generaron mayores inversiones que no le agregaron valor al proyecto, así como en gastos que no tenían nada que ver con este, baja productividad de la mano de obra y demoras en el proyecto.

(Lea además: La alerta de la Contraloría por posible riesgo de un billón de pesos)

El fallo de primera instancia se había proferido el 26 de abril de 2021, pero los procesados apelaron la decisión que ahora quedó en firme en un fallo de 2.161 páginas conocido en primicia por EL TIEMPO, tomado por la sala de decisión de la sala fiscal y sancionatoria de la Contraloría.

La Refinería de Cartagena se presupuestó en 3.777 millones de dólares y terminó costando más de 8.000 millones. Foto: Mauricio Dueñas / EFE – Archivo / EL TIEMPO

En primer lugar, frente a las tres solicitudes de nulidad presentadas por un exmiembro de la junta directiva, dos de los contratistas y dos aseguradoras, quienes alegaban una violación de su derecho a la defensa y al debido proceso, la Sala recordó que las solicitudes de nulidad solo pueden ser solicitadas antes de proferirse el fallo.

Frente a las apelaciones que de forma individual presentaron los 12 exfuncionarios y exdirectivos de la Refinería, la Contraloría no acogió los argumentos de ninguno al encontrar que no se desestimaron las pruebas de las que se concluye que existe la certeza del daño al patrimonio público.

Sobre los exvicepresidentes Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, Andrés Virgilio Riera Burelli, Magda Nancy Manosalva Cely, el expresidente Reyes Reinoso Yanes y los exmiembros de la junta directiva Pedro Alfonso Rosales y Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy (expresidente de Ecopetrol), el órgano de control detalló que se probó el nexo entre su comportamiento y el daño al erario por la aprobación de las adiciones de recursos “en exceso” en los controles de cambio 2 y 3.

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Tampoco se acogieron los argumentos del expresidente de Reficar Orlando José Cabrales Martínez y los exintegrantes de la junta Diana Constanza Calixto Hernández, Hernando José Gómez Restrepo y Henry Medina González por sus decisiones de adición presupuestal en el control de cambio 2, lo que produjo daños al patrimonio del Estado.

Del mismo modo se negó la apelación de los exmiembros de la junta Uriel Salazar Duque y Natalia Gutiérrez Jaramillo por sus decisiones sobre el manejo de los recursos públicos que conllevaron a la pérdida de valor de las mayores inversiones en la ampliación y modernización de Reficar en el control de cambio 3.

De otro lado, al estudiar las apelaciones de los contratistas, el órgano de control determinó frente a Chicago Bridge & Iron Company UK Limited y CBI Colombia S.A. que tuvieron “grave negligencia” frente a sus funciones de coordinación, estimación presupuestal y de afectaciones en el cronograma y costos, logística, organización del personal y del esquema de subcontratistas; además de defectos sistemáticos en los diseños y en la ingeniería básica y detallada, retrasos y demoras.

Con todo esto, para el órgano de control, estos contratistas contribuyeron “de manera determinante a una gestión fiscal antieconómica, ineficiente, inoportuna e ineficaz de las inversiones que ocasionó el menoscabo o pérdida de valor de dichas inversiones”, y por ello confirmó su responsabilidad fiscal.

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Sobre la apelación de Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants Inc., la Contraloría destacó que estas asumieron la gerencia del proyecto y si bien no eran un órgano decisorio, al estar al frente de las unidades de proceso, debían integralmente ser responsables de la supervisión del contrato para lograr una ejecución exitosa en términos de calidad, tiempo, presupuesto y seguridad industrial. Pero para el órgano de control, esa gerencia real, “materializada en los verdaderos controles sobre el proyecto”, no se dio, y por ello no se accedió a su apelación.

Absolución por otro evento

En el fallo de segunda instancia también se revisó, en grado de consulta, el fallo sin responsabilidad fiscal que se profirió dentro de la misma decisión contra varias personas por el control de cambio 4, por un valor de 645.990 millones de pesos.

Foto: Foto de Yomaira Grandett / EL TIEMPO

En ese sentido, se mantuvo la absolución por este hecho a favor de los exmiembros de la junta directiva Astrid Martínez Ortiz, Carlos Gustavo Arrieta, Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso Rosales Navarro, Uriel Salazar Duque, y del expresidente de Reficar Reyes Reinoso Yanes. También en favor del director del proyecto de expansión de Ecopetrol, Andrés Virgilio Riera Burelli, y de los cuatro contratistas.

En este caso, la segunda instancia indicó que las causas que originaron el daño patrimonial al Estado, que a su vez generaron el control de cambios 4, tuvieron que ver con un cese laboral que impidió el curso normal de las actividades de Reficar durante 14 semanas, lo que escapa a las previsiones normales. “Existieron impactos negativos en el desarrollo del proyecto, pero estos no fueron producidos per se por el actuar de las directivas de Reficar, Ecopetrol o los contratistas”, se lee en el documento.

Así mismo, se confirmó el fallo sin responsabilidad fiscal en favor de CB&I Américas considerando que esta compañía no fue parte del contrato ni contribuyó en la causación del daño, pues no existió por parte de esta gestión fiscal alguna, a diferencia de los otros contratistas.

También se confirmó el fallo sin responsabilidad fiscal para César Luis Barco García, entonces director corporativo de proyectos de Ecopetrol, quien era miembro suplente en la junta directiva.

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Según el expediente, en las sesiones donde se aprobaron los controles de cambio 2 y 3, que generaron daños fiscales, asistió el miembro de la junta principal, por lo que Barco estuvo citado como suplente sin derecho a voto y por tanto no fue quien tomó la decisión de aprobar las adiciones.

Con la confirmación en segunda instancia, ya no quedan recursos que imponer contra la decisión. De hecho, ni siquiera habrá que esperar  a que el Consejo de Estado ejerza el control automático e integral de legalidad, con lo que el fallo queda completamente en firme.

Defensa de los sancionados demandará decisión

Con la decisión de la Contraloría contra los 12 exfuncionarios y exdirectivos de Reficar se agotaron los recursos para revertir sus efectos. Sin embargo, el abogado Uriel Amaya, defensor de algunos de los sancionados, dijo a EL TIEMPO que están preparando una demanda del fallo ante la jurisdicción contencioso administrativa.

“El recurso no solo pretende que se declare nulo el fallo por ilegal, sino también que se declaren los perjuicios económicos, el daño moral y reputacional de la decisión sobre las personas que vincula”, aseguró Amaya.

Según contó, la defensa tiene varios argumentos para demostrar la ilegalidad del fallo, desde la metodología usada por la Contraloría, pasando por las decisiones tomadas por el órganos de control respecto de los dictámenes técnicos, la forma en que vinculó a contratistas y funcionarios de Reficar e, incluso, el rol que las compañías de seguros han jugado dentro del proceso.

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“Estamos haciendo un análisis de la decisión para, eventualmente, denunciar penalmente a funcionarios de Contraloría por prevaricato”, aseguró el abogado defensor.
Amaya recordó que actualmente hay otro proceso en marcha por este caso , en el que Reficar demandó al contratista ante un tribunal de arbitramento en Estados Unidos, y aseguró que podría verse afectado por las decisiones que ha emitido la Contraloría este año.

De ese proceso, sin embargo, no se conocerán decisiones en el corto plazo.

https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/reficar-detalles-de-fallo-que-ratifica-sancion-de-contraloria-a-directivos-626075