• 20.21.-Mejor a las buenas, así el ministro de Injusticia diga lo contrario PATRICIA LARA
  • Policía politizada o policía civil que protege al ciudadanoCRISTINA DE LA TORRE
  • 20.21.-¿Se llegó al pico de la tercera ola?DIEGO OTERO

¿Estamos ante el final de la etapa ascendente la tercera ola?

Como hemos afirmado, parecía que el 28 de abril se había llegado al pico de la tercera ola, con 17.616 contagiados diarios, pero esto se vio suspendido el 23 de mayo por un crecimiento acelerado de los contagios hasta que se llegó a 26.823 infectados diarios el 6 de junio, tendencia que se quebró los días 7 y 8 de junio, hasta alcanzar 25.597 en este último día (gráfico 1). 

7 jun 2021.- Se quebró de nuevo la etapa ascendente, ¿o son solamente unos días de decrecimiento? Como siempre hemos dicho, hay que esperar una semana más.

De 33 regiones, al 8 de junio tres estaban aún creciendo, que son Bogotá, Valle y Santander. El resto de los 30 departamentos, la mayoría han presentado disminuciones en los contagiados en los últimos tres días, lo cual es muy buen indicio.

Bogotá presenta un porcentaje muy alto de los infectados

Bogotá tuvo un cambio dramático el 23 de mayo después de varias semanas de relativa estabilidad de casos diarios entre 4.000 y 5.000 hasta el 22 de mayo, que aumentaron a 8.000 el 30 de mayo y se impulsaron sobrepasando la barrera de los 8.000 del 31 de mayo al 4 de junio, y desde el 5 de junio la cifra de 9.000 para llegar el 8 de junio  a 9.540, que equivale al 37 por ciento de todos los contagiados diarios, porcentaje que nunca había ocurrido desde que comenzó la pandemia el 6 de marzo, en que  normalmente variaba alrededor de 30 por ciento (gráfico 2).

Valle del Cauca y Santander siguen en la tercera ola en la etapa ascendente

Adicional a Bogotá, el Valle del Cauca y Santander son los otros dos departamentos en que los contagiados diarios siguen en ascenso. Estas tres regiones explicaban el 8 de junio el 51,6 por ciento de los infectados (gráficos 3 y 4).

Santander es muy especial porque venía hasta el 25 de enero de 2021 con menos de 550 contagiados, que bajaron a menos de 200 el 20 de abril. A partir de esta fecha los casos crecen exponencialmente llegando a casi 2.000 el 8 de junio.

Valle del Cauca se disparó de 765 infectados el 24 de mayo a 1.564 el 8 de junio.

Los muertos diarios pasaron la barrera de los 500

Los muertos a nivel nacional habían llegado a un máximo de 504 diarios el 18 de mayo, que bajaron a 498 el 28 de mayo, para subir de nuevo a 532 el 7 de junio. El 8 de junio fue un día extraño porque los muertos actuales cayeron de 535 a 427 y según promedio semanal de 532 a 518 (gráfico 5). Siempre hay un rezago con respecto a los infectados nacionales, por lo que en la medida que estos bajen se reflejará en los muertos.

La mayor parte de los muertos se concentran en Bogotá con un 18,8 por ciento para el 6 de junio, porcentaje menor al de su participación en casos diarios que era de 34,6 por ciento para este mismo día, porque la tasa de mortalidad de Bogotá es de 1,8 por ciento en comparación 2,57 por ciento para el nivel nacional., que bajó del 2,60 por ciento del 1 de junio. Bogotá tuvo un pico el 3 de junio con 131 muertos diarios según promedio semanal, que bajó a 119 el 6 de junio (gráfico 6).

Siguen en participación, Antioquia con 8,6 por ciento, Valle del Cauca con 8,2 por ciento, Santander y Córdoba con 7 por ciento cada uno. O sea, en cinco regiones se concentraba el 6 de junio el 49,6 por ciento de todos los muertos diarios

Conclusiones

Pareciera que se llegó o se está llegando al pico de la tercera ola por lo que viene ocurriendo desde junio, especialmente de los días del 6 al 8 de junio.

Lo que suceda en Bogotá, definirá el pico nacional, adicional a los departamentos del Valle del Cauca, Santander, Antioquia y Cundinamarca.

Siguen las voces que achacan a las protestas los incrementos que se vienen dando desde el 23 de mayo. No hay ninguna base teórica ni empírica para que se pueda afirmar que esto es así.

Desde un punto de vista teórico, se conoce por los expertos en asuntos criminalísticos que protestas conducen a que mucha gente permanezca en sus hogares por miedo a incidentes de violencia de los manifestantes y de las fuerzas del orden. En cuanto a la pandemia, no son millones los que salen a las calles y sí muchos los que no van a trabajar y se quedan en sus, parques, hacen deporte o van a supermercados. Asimismo, los manifestantes lo hacen a cielo abierto donde hay excelente ventilación.

Empíricamente, las protestas comenzaron el 28 de abril. Así, si se considera un período promedio de 10 días entre el contagio, su germinación y la definición de las pruebas, significa que a partir de 8 de mayo debería haberse dado un crecimiento en el número de los contagiados. Y esto no ocurrió, porque hasta el 22 de mayo los infectados cayeron.

El aumento de los contagios desde el 23 de mayo se restringe en unas pocas regiones. Bogotá ha sido fundamental en esto, ya que ha pasado de menos de 6.000 casos diarios a casi 10.000, igual que Valle del Cauca, Santander y Antioquia. No es un fenómeno nacional sino muy concentrado.

Pero, si se confirma que el tercer pico se logró el 6 de junio, se habría tenido un período de solamente 14 días de haberse dado una nueva etapa de aumento en los infectados diarios, después del pico intermedio del 28 de abril.

Foto tomada de: Alcaldía de Bogotá
https://www.sur.org.co/se-llego-al-pico-de-la-tercera-ola/

20.21.-Mejor a las buenas, así el ministro de Injusticia diga lo contrario PATRICIA LARA

Ministro de Justicia. Foto El Espectador

Que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, diga por TV: “Empresarios, les ruego un favor, no se dejen enredar con ese decreto que sacó el alcalde”, es un escándalo que atenta contra el Estado de derecho. Pero lo es mucho más si se examina por qué lo dice.

11 jun 2021.- Resulta que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, emitió el Decreto 304 del 2021 por el cual “se institucionaliza la mesa de diálogo”. Gracias a la colaboración de la Iglesia y del arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve; a la cooperación de las universidades y los organismos de derechos humanos de la ONU y la OEA, y a la participación de empresarios, se han logrado acuerdos con los jóvenes de la Unión de Resistencias Cali-Primera Línea Somos Tod@s. Por ello se levantaron a las buenas 21 de los 25 bloqueos que quedaban en Cali. (Otros dos los había levantado a las malas la Fuerza Pública, con un saldo de tres muertos, entre ellos un policía, y seis habían terminado espontáneamente cuando el presidente Duque anunció la asistencia militar). Aún quedan cuatro que se espera se suspendan cuando se establezca el plan de inclusión social de emergencia. (Este miércoles de paro se hicieron otros bloqueos que se cree serán transitorios).

Lo anterior se ha logrado gracias a que el decreto reconoció como actor a la Unión de Resistencias Cali-Primera Línea Somos Tod@s y como cooperantes a la minga indígena, el sector académico y entidades de cooperación internacional; a que se han acordado con los jóvenes programas de emergencia que contemplan ollas comunitarias, planes de empleo, atención psicosocial y de salud, y garantías de seguridad; a que se ha creado un comité interinstitucional conformado por Alcaldía, Gobernación, universidades, gremios y empresarios, “donde todos ponen para sacar adelante este plan de choque que ha venido funcionando progresivamente”, según el alcalde. “Veo mucha disposición de los empresarios. Ellos quisieran que de inmediato todo estuviera desbloqueado, pero los términos de negociación son más largos”, agrega.

Según otras fuentes, varios empresarios están empezando a darse cuenta de que el diálogo es la mejor vía para superar la crisis. El reconocimiento como actor que la Alcaldía hizo de la Unión de Resistencias Cali-Primera Línea Somos Tod@s había levantado roncha en los sectores altos, pues, con cierta razón, consideraban que no se podían legitimar las vías de hecho.

Sin embargo, antes que la discusión jurídica debe prevalecer el sentido de la realidad, el cual, en este caso, significa entender que esos jóvenes, si bien llevan pasamontañas y escudos, en realidad son bailarines de salsa, universitarios, barberos, constructores, drogadictos, desescolarizados, desempleados o víctimas de la exclusión que quieren vivir con dignidad y, ante el anuncio de una reforma tributaria que los afectaría aún más, se manifestaron de forma violenta, bloquearon las calles y algunos participaron en saqueos. Ellos no están vinculados al Comité de Paro ni siguen a ningún político. Como me explicó monseñor, necesitan una renta básica, trabajo y oportunidades: “Esta protesta pacífica es un grito ético, un llamado de atención de esta gente que quiere presionar por todos lados para que la liberen de la corrupción, pues están siendo empujados a buscar dinero por los caminos no debidos”.

Los poderes locales, los empresarios y todos estamos obligados a ayudarles a que no caigan en el mundo del crimen. Así el ministro de Injusticia opine lo contrario.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/patricia-lara-salive/mejor-a-las-buenas-asi-el-ministro-de-injusticia-diga-lo-contrario/

20.21.-Policía politizada o policía civil que protege al ciudadanoCRISTINA DE LA TORRE

Verduga de su pueblo, la Policía traiciona con ferocidad la misión de protegerlo que la democracia le dio; aunque uniformados hay dispuestos a honrar el encargo. Masa maleable en manos de partidos en el poder, más de una vez perdió la Policía su neutralidad de cuerpo civil destinado a la seguridad de la ciudadanía: desde los tiempos de los chulavitas se ha politizado para perseguir y hasta liquidar a la oposición; para sofocar a tiros la protesta social, en gesta sangrienta de un gobierno como este de Duque, cuya brutalidad hará historia en el continente.

7 jun 2021.- Pero no sólo se politizó. También se privatizó, a menudo como guardia pretoriana de hacendados y contrabandistas, de cofradías de negocios turbios, de “gentes de bien”. Además, oficiales habrían sido albaceas del paramilitarismo en crímenes de Estado, algunas de cuyas víctimas revela hoy Mancuso. Y miembros del Esmad acolitan a paras urbanos que disparan contra manifestantes.

La ambigüedad de sus fines, entre seguridad nacional y seguridad ciudadana, ha convertido a la Policía en virtual cuerpo paramilitar, en agente de represión política. Mutó ella de institución civil a aparato militar contra civiles. Y convirtió la solidaridad de cuerpo en encubrimiento del delito. Sobre la norma escrita —letra muerta— prevalece en la Policía el vetusto imaginario de Guerra Fría que educó a los uniformados en la religión del anticomunismo y trocó al manifestante en terrorista. En el enemigo interno, de probada rentabilidad electoral para la casta sin hígados que se vende como demócrata enfrentada al ruso comeniños. Pero las cosas han cambiado. Mientras no se replanteen en la Policía doctrina y organización, crecerá la grieta que ya la separa del pueblo ultrajado en la pobreza, en la exclusión, en la muerte que abate sus clamores en cualquier calle de Siloé, de Buga, de Facatativá.

Casi un siglo lleva la politización de la Policía. Pero fue en las dictaduras civiles de Ospina, Gómez y Urdaneta donde se configuró como política de Estado con el asesinato en masa de sus contradictores. Instrumentos, la Popol (Policía Política), el SIC (luego DAS) y los paramilitares de la época: chulavitas y pájaros, las águilas negras de la Violencia. Ospina sacrificó la imparcialidad de la Policía (y la del Ejército), destituyó a los agentes de filiación liberal, los reemplazó por conservadores y unificó a la Policía bajo el mando del Ministerio de Guerra.

Si durante el Frente Nacional proliferó la subordinación de comandos de policía a grupos locales de poder privado, en tiempos del narcotráfico y del conflicto armado se cotizaron muchos por lo más bajo: extendieron ahora su ala protectora sobre mafiosos y usurpadores de tierras, y tributaron con armas y logística al paramilitarismo. Ante el Tribunal de Medellín declaró Mancuso esta semana que entre paramilitares y la Policía, el Ejército y el DAS había “permanente comunicación” y de ellos recibían apoyo militar. Que las decisiones de matar, entre muchos otros, a Eduardo Umaña, Jaime Garzón y Jesús María Valle se tomaron por “pedidos que venían desde el Estado”.

Cobran vigencia renovada los principios de reforma a la Policía que Álvaro Camacho formuló como miembro de la Comisión que en 1993 se creó para ese efecto: a la Policía, cuerpo civil, compete la protección del ciudadano y la garantía de sus derechos, no la guerra, que es del fuero militar. No deberá pretextarse la alteración del orden público para convertirla en agente de represión política. Debe ella salir del Ministerio de Defensa, recibir sólida formación profesional y humanística, remuneración digna y vigilancia de los órganos de representación popular. La Policía se debe al ciudadano, no a grupos de interés ni a partidos políticos. Pregunta: ¿acepta la Policía ser mero adminículo de crueles imitadores de dictador?

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cristina-de-la-torre/policia-politizada/ 

 

  • 21.19.-Simplemente cumplir la leyGERMÁN VARGAS
  • “Es una orden abusiva y contraria a la Constitución”: Gustavo Gallón CECILIA OROZCO
  • El poder ilegítimo CRISTINA DE LA TORRE
  • ¿Qué propone Gustavo Petro? SALOMÓN KALMANOVITZ
  • Gobierno niega ‘actitud dilatoria’ en negociación con comité del paro
  • Los puntos que tienen frenada la negociación para poner fin al paro NÉSTOR GÓMEZ

Levantamiento de bloqueos y garantías para la protesta, entre los puntos que separan a las partes.

Esta semana se completará un mes desde que el presidente Iván Duque anunció que el Gobierno se sentaría a buscar consensos con el Comité del Paro, pero hasta ahora ni siquiera El país entra a la sexta semana del paro nacional y no se vislumbra cuándo terminará. se ha logrado instalar la mesa de negociación.

El Comité ha acusado al Gobierno Nacional de tener “una actitud dilatoria”, algo que ha sido negado por el Ejecutivo.

6 Jun 5021 “Eso simplemente no tiene ni pies ni cabeza, el del 24 de mayo nunca se pensó que fuera un documento que se fuera a firmar (…), no es cierto que no tengamos la intención de llegar al punto de negociar el pliego de garantías”, dijo ayer el coordinador de los diálogos con el Comité, Emilio Archila.

El documento al que se refiere Archila fue un ‘borrador’ que se hizo cuando el excomisionado de paz Miguel Ceballos, estaba al frente de las conversaciones, y al cual las partes se comprometieron a hacerle ajustes para llegar a un texto de consenso. Pero de manera sorpresiva, dijo Archila, los líderes del Comité del Paro insisten en que hay que firmarlo.

Además “tendría una falencia gigantesca y es que ahí no había todavía ningún texto sobre condena de los bloqueos, no tiene ni una sola línea al respecto”.

Con todo y estas dificultades, Archila se mostró optimista para la reunión de este domingo, “así que confío en que mañana (este domingo) lleguemos a un buen entendimiento”.

Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) aseguró que han avanzado “muy poco en el acuerdo sobre las garantías para el ejercicio de la protesta. Esperamos que el Gobierno muestre voluntad efectiva para llegar pronto a un acuerdo”.

Los líderes sindicales insisten en que, el pasado 24 de mayo, llegaron a un preacuerdo con 34 medidas para garantizar las movilizaciones, “que el Gobierno deshizo el 29 de mayo, proponiendo cambios regresivos en prácticamente todo el texto”.

La firma de este documento, en el que, de acuerdo con el Ejecutivo, no hay ninguna condena a los bloqueos –lo cual es una línea roja del Gobierno– y exigencias como la derogatoria de la resolución 575 de asistencia militar, entre otros, es ahora el palo en la rueda.

Esta nueva diferencia significa un paso atrás en los avances que el propio Archila había anunciado hace menos de una semana, cuando aseguró que había “consensos” en 16 puntos, pero aún faltan 15 temas, los más complejos, para firmar un preacuerdo y sentarse a negociar. Lo que más preocupa es que aún no hay un preacuerdo y por tanto no han empezado la discusión de fondo de los puntos del pliego de emergencia presentado hace un año por los manifestantes: renta básica, salud, empleo, educación, desarrollo agropecuario, entre otros.

Según conoció EL TIEMPO, algunos de los puntos que pide el Comité del Paro en los que no hay acuerdo con el Gobierno son “no a la conmoción interior; autonomía de autoridades civiles ante la protesta social; no intervención de fuerza militar en la protesta; no uso de armas letales de la Fuerza Pública en la protesta; atención en salud a víctimas de violencia policial; seguimiento al acuerdo que se logre en garantías e intervención excepcional del Esmad en la represión a la protesta”.

Unas exigencias que para el Gobierno tienen líneas rojas. “Nosotros estamos siempre dispuestos a dialogar, a conversar, a concertar, a construir, pero nunca con una vía de hecho en la mitad porque eso deja de ser la construcción de acuerdos para convertirse en un chantaje o una extorsión a todos los derechos de los colombianos”, señaló el jefe de Estado.

Justamente el levantamiento de los bloqueos es la principal exigencia del Gobierno. “Los bloqueos no son un tema de negociación, no son un tema de trueque y mucho menos de transacción”, dijo el presidente Iván Duque.

Según una carta enviada por el presidente del Consejo Gremial, Julián Domínguez , al presidente Duque, los bloqueos “han ocasionado pérdidas económicas estimadas en más de 6.1 billones de pesos, lo cual tiene efectos trasversales sobre el tejido empresarial, el aparato productivo y, sobre todo, el empleo formal de los colombianos”.

No obstante, para el secretario general de la CUT, Diógenes Orjuela, el Gobierno no está mostrando “la menor intención de negociar y está usando el debate de los bloqueos, cuando quienes los están haciendo han venido entrando en unos procesos de acuerdos”.

Mientras subsisten las diferencias, la situación se ha convertido, como lo expresó el experto en Opinión Pública y Mercadeo Político Juan David Cárdenas, “en un golpe a golpe en el que está perdiendo el ciudadano del común, que ve que el tiempo pasa y no se llega a ninguna solución”, agrega.

Este domingo las partes se reunirán de nuevo, mientras el comité del paro se mantienen en la premisa con la que empezó: el paro no para.

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/paro-puntos-que-tienen-frenada-la-negociacion-entre-gobierno-y-comite-593945

 

21.19.-Simplemente cumplir la leyGERMÁN VARGAS

Celebro las recientes acciones del Gobierno, de las Fuerzas Militares y de Policía que han permitido levantar más de mil bloqueos en el país y retomar el camino no negociable del cumplimiento de la Constitución Nacional.

05 de junio 2021.- Es pertinente recordar en estos momentos el contenido de artículos como el 95, que señala entre los deberes de las personas el de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; o el del 189, que entre las funciones del Presidente señala aquella de dirigir la Fuerza Pública y disponer de ella como comandante supremo, conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado; o el 135, que señala que los alcaldes están obligados a conservar el orden público en sus municipios, acatando las leyes y particularmente las instrucciones que reciban del Presidente y del gobernador. También el art. 213 relativo a la conmoción interior, que con algún propósito se incluyó en la carta de 1991. Todas estas son clarísimas normas que no admiten interpretación ni debates doctrinales o jurisprudenciales.

Esta normativa ha debido cumplirse desde el primer día para proteger los derechos de millones de colombianos, que han sido vulnerados por causa de bloqueos, saqueos y violencia que no pueden legitimarse como manifestaciones de la protesta. Sobre los bloqueos, va quedando claro, además, a qué verdaderos intereses obedecen. No creo que sea casual que estos estén hoy concentrados en los departamentos del Huila, Cauca y Putumayo ni que tengan como objetivo impedir la erradicación manual de cultivos ilícitos, la no realización de operaciones aéreas y la desmilitarización de las zonas. Es evidente la presencia del narcotráfico en la organización y el financiamiento de estos bloqueos, cuyo punto emblemático es precisamente el de Altamira, en el Huila.

También celebro la actuación de la Fiscalía, que ha procedido a imputar a más de 200 personas por terrorismo, obstrucción de vías públicas, incendio y violencia contra servidor público. Ha dictado ya 59 medidas de aseguramiento y, muy importante, ha logrado ubicar a 319 personas de las mal llamadas desaparecidas. Coincido en que el Fiscal no puede sentarse en ninguna mesa de negociación, como se ha pretendido por el Cric en el Cauca, pues la Fiscalía no puede ni negociar el cumplimiento de la ley ni condicionar en nada sus actuaciones como ente investigador.

En cuanto a los alcaldes, pienso que el Gobierno está en mora de derogar el decreto 575 de mayo 28. En esto coincido con la mesa del paro, pero, en mi caso, porque las facultades de conservación del orden público las tiene que ejercer el Presidente, sin tener que pedirle permiso a ningún mandatario regional o local, y mucho menos en el marco de inconvenientes protocolos, en mala hora implementados. Cómo no reconocer que en varios casos han sido los alcaldes los instigadores de los paros y bloqueos y en otros han retardado la acción de la Fuerza Pública mientras se lavan las manos en conversaciones estériles para quedar bien con todos. Con alcaldes cómplices o acobardados no se puede ejercer autoridad ni hacer cumplir la ley.

Y urge que se ponga orden y se fijen claros criterios a la hora de firmar acuerdos regionales o sectoriales. Lo digo en referencia al acuerdo firmado entre el Ministerio de Transporte y un sector de los camioneros. Este acuerdo compromete la política nacional de concesiones viales, al aceptar que los transportadores puedan determinar la existencia de peajes actuales o futuros y participar en la revisión de las tarifas. Invito a leerlo con cuidado, particularmente los puntos 8, 9 y 10, y formarse su propia opinión. Lo encuentran en mi cuenta de Twitter @German_Vargas. Bien haría el Gobierno en desautorizar la firma de este convenio, como hizo con el de Buenaventura.

Mientras se mantengan los bloqueos y las exigencias sobre desmilitarización y mantenimiento de protocolos con alcaldes y gobernadores, el Gobierno no puede iniciar la discusión de ningún pliego, ni de emergencia ni de nada. Y menos aún cuando los acontecimientos están revelando por fin a los verdaderos actores que desde la oscuridad han financiado y promovido todo lo que lamentablemente ha ocurrido.

GERMÁN VARGAS LLERAS

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/simplemente-cumplir-la-ley-columna-de-german-

21.19.-“Es una orden abusiva y contraria a la Constitución”: Gustavo Gallón CECILIA OROZCO

El director de la Comisión Colombiana de Juristas, entidad que tiene status consultivo ante Naciones Unidas, afirma que el decreto presidencial por el cual se ordenó la militarización de una parte del país, viola la Carta Política debido a que contempla la acción armada del Ejército en contra de la ciudadanía y porque se les da a los manifestantes “tratamiento de combatientes”.

Alcaldes y gobernadores deben incumplir esa norma porque prima la Constitución, dice Gustavo Gallón. / Óscar Pérez

 Varios derechos parecen estar confrontados en la actual situación social de Colombia: los de protesta y el de manifestación pública, de un lado; y los de libre movilidad, transporte, conservación de bienes, del otro, ¿Existe, realmente, esa dicotomía, y cuáles, entre los primeros y los segundos, tienen primacía de acuerdo con el estándar internacional de derechos humanos?

6 jun 2021.- Tanto unos como otros son muy importantes. Los derechos a la protesta ciudadana y a la manifestación pública están interrelacionados con el derecho de reunión, la libertad de expresión y los derechos políticos. Es decir, con la democracia, y constituyen una forma válida de presión ciudadana ante las autoridades mediante la acción colectiva en las calles. Son tan trascendentales, para esos efectos, como el derecho al voto o el control judicial, siempre y cuando se ejerzan en forma pacífica. Por eso gozan de especial protección reconocida por los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución y la jurisprudencia, pero condicionada a ese ejercicio pacífico y al respeto de los otros derechos fundamentales.

Todo el mundo dice, de dientes para afuera, que respeta las manifestaciones, pero muchos preferirían que no se realizara ninguna con el argumento de que después llegan los vándalos. Para evitar actos de vandalismo, ¿se admite la obstaculización, mediante normas y decretos, de la realización de marchas?

No es aceptable que se impida ejercer el derecho a manifestarse con ese pretexto. Los vándalos pueden aparecer con o sin manifestaciones. Lo que debería hacerse es prevenir la acción de los vándalos, no impedir el derecho de protesta. La opción que usted menciona es tanto como decidir esterilizar a la población para conjurar el riesgo de que nazcan delincuentes.

Las dudas surgen por las manifestaciones que ha habido este mes, con derivaciones violentas expresadas en destrucción de bienes, saqueos y ataques. Según las normas internacionales y la Constitución, ¿cómo debe controlarse la violencia comúnmente conocida como vandalismo y quiénes están autorizados para ejercer ese control?

El artículo 15 de la Convención Americana dice que el derecho de reunión puede sujetarse a restricciones legales y democráticas en interés de la seguridad nacional, del orden público, de la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. Según el artículo 37 de la Constitución y la jurisprudencia constitucional, la normatividad aplicable debe estar contenida en una ley especial, de carácter estatutario. La Corte ha precisado que la Policía es la competente para actuar ante una vulneración o amenaza intensa de un derecho fundamental cuya protección sea de mayor importancia que la del derecho de reunión y manifestación; y ha dicho que, en todo caso, las autoridades tienen el deber de verificar y evaluar la eficacia de los medios que puedan interferir, en menor medida, con el derecho de reunión.

Veamos casos concretos: una barricada entre mi casa y el consultorio del médico que voy a ver, ¿es legítima o no? O, en otros términos: ¿hasta dónde pueden llegar los obstáculos callejeros para que sean legítimos aunque afecten parcialmente mis derechos?

(Una barricada) puede ser legítima si no es permanente; o si se suspende o levanta ante la eventualidad de que se afecten seriamente otros derechos fundamentales, como la salud en situaciones de urgencia médica.

En Cali se han visto civiles disparando contra civiles. Se especula que estos pistoleros son policías vestidos de paisano o residentes de barrios que habrían conformado grupos parapoliciales. En medio del caos, la desesperación y el miedo, ¿puede un ciudadano disparar contra otro arguyendo legítima defensa?

No, no puede hacerlo, salvo que esa persona o un tercero corra riesgo inminente de sufrir un ataque grave contra su vida, su integridad o sus bienes. En todo caso, la defensa debe ser proporcional al ataque, de tal forma que no se traduzca siempre, ni la mayoría de las veces, en la muerte del agresor.

Los temas anteriores adquieren más importancia por el decreto 575 de “máximo despliegue de asistencia militar a la Policía”, como lo llamó el presidente Duque, que él acaba de dictar: en la práctica, la militarización de ocho departamentos y de trece municipios, entre estos, seis ciudades capitales ¿Por qué usted considera que ese decreto es inconstitucional y contrario a las normas internacionales de derechos, como lo dijo en su más reciente columna de El Espectador?

Porque con ese decreto, el presidente les está asignando a las fuerzas militares unas funciones para enfrentar a la población civil y para contener o neutralizar las movilizaciones sociales, que corresponden solo a la Policía, no al Ejército. Este está diseñado para la guerra, según el artículo 217 de la Constitución. La Policía, por el contrario, es un cuerpo civil cuyo fin es asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, según el artículo 218 de la Carta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha dicho que la atención de manifestaciones corresponde a una fuerza policial civil y no a fuerzas militares.

El decreto presidencial de asistencia militar se basa, según se lee en ese texto, en varias decisiones constitucionales, entre otras, las que sostienen que ni las libertades ni los derechos son absolutos. ¿Cómo contrarrestar esa argumentación frente a su tesis de inconstitucionalidad?

Que las libertades y los derechos no sean absolutos no significa que en Colombia esté autorizado que el Ejército dirija sus armas contra la ciudadanía. El orden público debe hacerse prevalecer, por supuesto. De ser necesario, con la acción de la Policía. La Corte Constitucional ha advertido, no obstante, que antes de recurrir a ello se debe intentar la vía del diálogo. Pero en ningún caso está prevista, según la Constitución, la acción armada del Ejército en relación con movilizaciones sociales. El presidente, con el decreto 575, les está dando a los manifestantes el tratamiento de combatientes, lo cual es inaceptable por ser contrario a la Constitución y a la democracia.

¿Qué repercusiones tiene en la práctica, que las marchas sean repelidas por militares y no por policías, si estos enfrentan a los manifestantes civiles como lo haría el Ejército frente a un enemigo armado?

Lo que sucede es que, debido a la militarización que ha prevalecido en Colombia durante años, desafortunadamente la Policía se ha acostumbrado a incorporar prácticas militares en su comportamiento. El problema no se resuelve, entonces, solo proscribiendo la actuación de las fuerzas militares en relación con la protesta social, sino desmilitarizando los procedimientos de la Policía.

En su opinión de experto en derechos humanos, ¿cuáles son las fallas de conducta de los hombres del Esmad cuando enfrentan multitudes?

Infortunadamente, con mucha frecuencia se ve que la actitud de los integrantes del Esmad se orienta a vulnerar la integridad e, incluso, la vida de los manifestantes sin ninguna consideración ni sentido de proporcionalidad.

En ese decreto se les recuerdan a los alcaldes unos artículos de ley según los cuales ellos “deben conservar (o restituir) el orden público” en su municipio de acuerdo con “las instrucciones del presidente de la República y del respectivo gobernador”. Para usted, ¿esta interpretación de tales artículos es legal? Y yendo a la práctica con otro ejemplo, ¿el alcalde Ospina, de Cali, deberá obedecer, sin derecho al disenso, al presidente Duque y a la gobernadora Roldán?

Obedecer la orden de disponer de las fuerzas militares para contener las movilizaciones ciudadanas sería violar el juramento de respeto a la Constitución, por parte de alcaldes y gobernadores. Ellos lo que pueden y deben hacer es aplicar la excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4º de la Constitución, según la cual, en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Deben por supuesto, conservar o restituir el orden público, pero a través de acciones políticas y, de ser necesario, con intervención de la Policía, pero no de soldados formados para la guerra.

En otros términos, ¿los alcaldes y gobernadores no solo pueden sino que deben desobedecer la orden de contener las movilizaciones poniéndoles soldados armados al frente, porque esa orden es inconstitucional?

Sin duda. No proceder así sería una violación de sus obligaciones legales y constitucionales.

En el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana se contempla la “asistencia militar para casos graves de alteración del orden público”. Fue en este código que se basó el jefe de Estado para decretarla. Pero como allí también se dice que gobernadores y alcaldes pueden solicitarle al presidente que el Ejército los asista, si no lo han pedido y no lo desean como lo han dicho la alcaldesa de Bogotá y el alcalde de Medellín, ¿estos mandatarios podrían negarse a recibirla?

No es potestativo de ellos negarse. Deben hacerlo, porque –como lo he dicho– sería un grave incumplimiento de sus obligaciones y de su juramento darle curso al decreto 575. Pero no porque ellos no lo hayan pedido o no lo deseen, sino porque es una orden abusiva y contraria a la Constitución.

Alcaldes y gobernadores de las zonas cobijadas por la “asistencia militar” están obligados, de acuerdo con la orden presidencial, a “levantar los bloqueos internos que… se presenten en sus jurisdicciones…”. Pero varios mandatarios locales han privilegiado el diálogo. Para usted, ¿el decreto termina prohibiendo las salidas pacíficas y negociadas?

Ninguna orden presidencial puede prohibirles a las autoridades locales ejercer sus funciones en forma democrática y civilizada. Lo que está prohibido por la Constitución y por los tratados internacionales es que se envíen las fuerzas militares, con sus armas de guerra, a enfrentar las movilizaciones ciudadanas de protesta. Tampoco está permitido que las y los mandatarios locales y los agentes de la Policía queden subordinados a los comandantes del Ejército. Lo que pasa es que durante muchos años se hizo eso en Colombia a través del estado de sitio y la gente terminó viéndolo como una práctica normal. Pero no es normal, es una aberración que deteriora profundamente la democracia.

Pero tal como están las cosas hoy en Colombia, alcalde que no obedezca, alcalde que puede ser sancionado, vaya usted a saber cómo. Lo calificarían de rebelarse a una orden del presidente que se basa en que él es la máxima autoridad en materia de orden público…

Sí. Lo triste es que, “tal como están las cosas”, no sería raro que la Procuraduría o la Fiscalía le abran investigación a algún mandatario local por considerar que así apoyan a “su” Gobierno. Eso sería una distorsión notoria del orden jurídico. Si hubiera justicia, la conducta de estos dos organismos sería declarada, por lo menos, como un prevaricato.

Precisamente, la parte final del decreto dice que “los gobernadores y alcaldes que omitan su cumplimiento, serán sujetos de las sanciones a que haya lugar”. Aunque no especifica cuáles serían, ¿esta advertencia es, primero, una presión indebida en un sistema democrático; y, segundo, un golpe a la autonomía de los gobernantes locales elegidos mediante el voto popular?

Es, sin duda, una amenaza, pero en circunstancias normales no debería asustar a nadie medianamente sensato. Es como el coco, que se usa para asustar a los bebés. No es posible establecer esas sanciones por orden presidencial, y el decreto no lo hizo: simplemente mencionó que podría haber sanciones. Pero, además, no puede haber sanciones por el incumplimiento de una orden –reitero– manifiestamente contraria a la Constitución. Más bien, debería haber sanciones por haber violado la Constitución al impartir dicha orden. Sin embargo, no estamos en circunstancias normales y por el contrario, dados los estrechos vínculos de la Procuraduría y de la Fiscalía con el Gobierno, no es improbable que se produzcan graves arbitrariedades en esa materia. Es el mundo al revés, lamentablemente.

Analistas han dicho que este decreto de asistencia militar es similar a uno de conmoción interior, pero sin los controles que esta declaratoria tendría. ¿Cuál es su criterio al respecto?

Ni siquiera en virtud de la conmoción interior podría, hoy en día, atribuirse funciones de Policía a las fuerzas militares como lo hace el decreto 575, por las razones que ya hemos comentado. Dicho decreto va, entonces, más lejos de lo que podría ir un decreto legislativo de conmoción interior, el cual tendría control automático de la Corte Constitucional que se resuelve en unas semanas. El decreto 575 solo puede ser estudiado por el Consejo de Estado previa demanda, y se resuelve dentro de unos años. Evidentemente, se trata de una “jugadita”, como otras que se han hecho durante este período, para tomar decisiones amañadas y eludir el cumplimiento de la ley.

“Asistencia militar es permitida solo para proteger las movilizaciones”

La Comisión Colombiana de Juristas que usted dirige, ¿demandará el decreto presidencial en cumplimiento del cual se encuentran militarizados 8 departamentos y 13 municipios? Además de ante la Corte Constitucional, ¿harán algún alegato jurídico en cortes internacionales?

Estamos demandando el artículo 170 del Código de Policía que es la norma invocada por el Decreto 575 para disponer de la fuerza militar ante “hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia o ante el riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública”. Si la Corte Constitucional no declara inconstitucional ese artículo, debería, al menos, interpretarlo de tal manera que solo autorice la asistencia militar en operativos que permitan realizar las movilizaciones sociales, protegiéndolas de eventuales ataques armados en su contra o en caso de terremotos o incendios para auxiliar a la población civil con sus efectivos y sus equipos, sin emplear armas de fuego o instrumentos de agresión que puedan causar daño a la ciudadanía. Ante cortes internacionales no cabe demandarlo en abstracto pero sí habría lugar a declarar responsabilidad estatal por la violación de los derechos que se produzca (ojalá nunca ocurra) como consecuencia de su aplicación.

“No hace falta el decreto presidencial para cumplir la obligación de denunciar”

A los mandatarios regionales y locales se les ordena (en el decreto de militarización) “brindar apoyo a las autoridades pertinentes para lograr la mayor eficiencia en los procesos de captura y judicialización” de quienes incurren en actos delictivos” contra el orden público. Se supone que alcaldes y gobernadores no ocultan delincuentes pero entre sus funciones no está la de “lograr capturas” o impulsar “judicializaciones” ¿Cuál es su análisis?

Dentro del principio de colaboración armónica de poderes previsto en la Constitución, la rama ejecutiva debe colaborar con la rama judicial en el cumplimiento de órdenes de captura. Los alcaldes y gobernadores prestan esa colaboración mediante funcionarios de la Policía. Las “judicializaciones”, por su parte, se impulsan a través de denuncias que deben presentar ante la Fiscalía, las autoridades y los particulares que tengan conocimiento de la perpetración de un delito. La obligación de denunciar está establecida en el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal. No hacen falta, para nada de lo anterior, las órdenes contenidas en el decreto 575 (de militarización de una parte del país).

https://www.elespectador.com/politica/es-una-orden-abusiva-y-contraria-a-la-constitucion-gustavo-gallon/

21.19.-El poder ilegítimo CRISTINA DE LA TORRE

En acto vergonzoso que Colombia no olvidará, una mayoría de parlamentarios se postra de hinojos ante el ministro organizador de la represión, ariete del Gobierno que se cobra ya media centena de muertos en las calles. La cobardía inveterada de la clase política, hoy remachada con el voltearepismo de Gaviria y Vargas Lleras, abrió puertas a la anhelada militarización que ha sido arma y estandarte de la extrema derecha.

31 may 2021.- Como si faltaran hechos que confirman todos los días la ilegitimidad de un régimen montado sobre vanidades armadas hasta los dientes: azote de multitudes que reclaman vida digna, cambio y democracia, pero convenientemente reducidas a subversión.

Para que el presidente pueda decretar virtual conmoción interior en nueve departamentos; con sometimiento forzoso de sus autoridades a las medidas que conlleva, so pena de sanciones de la procuradora que trabaja para “nuestro Gobierno”. Providencial, cae la excusa del cielo: entre los infiltrados en las marchas para anarquizarlas, un agente del CTI de la Fiscalía mata a tiros a dos manifestantes y pobladores de la zona lo linchan. Un horror. Ahora podrá Duque responder con el argumento de los fusiles al estallido social que dura y crece porque 98 % de los colombianos apoyan la protesta —revela Gallup. Acaso baje aún más el lánguido 18 % que, según el Observatorio de la Democracia, confía en las instituciones. Más ilegitimidad de este Gobierno y del Estado, imposible. Incapaz de conjurar el hambre con medidas de sentido común como las que Claudia López toma en Bogotá, menos podrá Duque responder al mar de fondo de la injusticia y la desigualdad. Sin el respeto y el consentimiento de los asociados, querrá gobernar sólo a golpes y manteniendo incólumes los parámetros del poder público.

Sí, dos momentos presenta la resolución de la crisis. El primero demanda medidas de emergencia para neutralizar el golpe social, económico y sanitario de la pandemia. Para rescatar la capital, redirecciona la alcaldesa $1,7 billones hacia la población vulnerable, hasta completar una inversión social de $8,5 billones en la ciudad. Y, para reactivar su economía, reabrirá todos los sectores. Aplauso. Un segundo desafío plantea la reformulación del pacto social con un modelo de democracia y desarrollo que amplíe la participación política, redistribuya el ingreso y desconcentre la propiedad. Y que empiece por devolverle al Estado la legitimidad perdida.

Para el profesor Alberto Valencia, hoy estamos pagando el inmenso costo social de haber enfrentado a los grupos ilegales con medios ilegales: la deslegitimación del Estado. Duque profundizaría la crisis política e institucional que la alimentaba y agudizaría la polarización en torno al Acuerdo de Paz, ya desafiado por la decisión de terceros y de agentes del Estado de eludir sus responsabilidades en el conflicto. Sin bandera de Gobierno —ni guerra contrainsurgente ni paz— desechó Duque la lucha anticorrupción que Claudia López le ofreció. En sus desencuentros con la sociedad, no captó Duque el cambio en la política que la paz traía. Insistió en crear miedo a unas Farc inexistentes ya y, en el empeño de salvar el pellejo de su mentor, atacó a la JEP; pero perdió la batalla. “En vez de sintonizarse con el país —escribirá Valencia—, lo hizo con Uribe”. Terminado el conflicto, recobró su importancia el problema social; pero Duque tampoco lo vio, e insistió en el de seguridad, cuando la gente pedía comida, empleo e igualdad. Golpe final a la legitimidad del Estado será la cooptación de los órganos de control por este Gobierno.

He aquí el trasfondo de un Gobierno arbitrario, brutal en su estentórea debilidad. Este de Duque evoca autocracias que, a falta de legitimidad, se imponen por la fuerza bruta. Ignoran que el poder de la bayoneta, por sí solo, no es poder. No en la democracia.

https://www.elespectador.com/opinion/el-poder-ilegitimo/

21.19.-¿Qué propone Gustavo Petro? SALOMÓN KALMANOVITZ

Gustavo Petro se está perfilando como un fuerte candidato para las elecciones presidenciales de 2022, impulsado por el descalabro del Centro Democrático y la catastrófica presidencia de Iván Duque. La pandemia, la contracción de la economía y un estado de ánimo beligerante conspiran contra otras opciones electorales. La favorabilidad de Petro aumentó nueve puntos entre las dos últimas mediciones al 42 %, aunque su desfavorabilidad es más alta con el 52 %; aun así, lidera la intención de voto duplicando a Sergio Fajardo, según la encuesta Guarumo.

30 may 2021.- Las propuestas de Petro incluyen la defensa de un sistema político pluripartidista, tratando de perfilarse como una figura de centro en contra de un régimen de partido único. En el mismo sentido, apoyaría una sólida economía de mercado, pero regulada por un sector público vigoroso. Mantiene su apoyo a los acuerdos de La Habana y continúa su defensa del medio ambiente.

Petro tiene en mente una reforma tributaria que afecte a los grandes grupos económicos y a las personas más ricas, propone además impuestos prediales que castiguen propiedades de tierras fértiles mayores de 1.000 hectáreas. La acompañaría de una reforma agraria que dote de tierras a campesinos que no las posean o permita obtener un nivel de vida digno a los minifundistas. Lo combinaría con un combate a la corrupción que, según él, se apropia de $50 billones anuales.

El candidato pretende garantizar la seguridad alimentaria mediante la producción nacional, combinada con políticas de fijación de precios y calidades de la canasta familiar que en otras latitudes han provocado carestía, el surgimiento de mercados negros y contrabando. En todo caso, pretende que el país profundice su vocación productiva y se aleje del extraer petróleo y carbón de la entraña de la tierra. Imagino que lo hará paulatinamente para no dejar de percibir en el caso del petróleo casi 4 % del PIB de ingreso público, $39 billones al año, de los cuales 2,4 % van a las regiones y municipios por regalías y 1,5 % para la Nación. Se trata de reindustrializar el país con mucha protección aduanera y también fomentar la agroindustria, procesos que pueden generar inflación de los precios tanto de productos industriales como de alimentos al no enfrentar competencia de las importaciones.

Petro plantea una fórmula peligrosa para combatir la pandemia del COVID-19: cada cuarentena que sea necesaria implementar será financiada con emisión del Banco de la República por “varios” billones de pesos para atender los subsidios a las familias afectadas y el empleo de las pequeñas empresas. Suena bien, pero representa el quiebre de una institucionalidad y de una política monetaria que se sostuvo durante las tres últimas décadas. Precisamente para eso se diseñó la independencia del banco central, dando lugar a una emisión controlada de dinero para que no produjera inflación, algo que incluso fomentó el rápido crecimiento económico del país.

El solo anuncio de este tipo de medidas tiene un impacto en las expectativas de la gente: todos los vendedores estarán prestos a subir sus precios y los compradores no podrán defenderse de la merma de su capacidad adquisitiva. Se perdería un intangible valiosísimo que es la confianza en la moneda. El proceso podría terminar con el gobierno intentando controlar todos los precios de la economía, para lo cual no contaría con suficientes policías.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/que-propone-gustavo-petro/

21.19.-Gobierno niega ‘actitud dilatoria’ en negociación con comité del paro

El coordinador del Gobierno afirma que Comité pretende que firmen un ‘borrador’ de acuerdo. FOTO POR: MAURICIO LEÓN. EL TIEMPO

EL TIEMPO05 de junio 2021, 01:31 P. M.

El consejero Presidencial Emilio Archila, coordinador en los diálogos con el comité del paro, negó que haya una ‘actitud dilatoria’ por parte del Gobierno para avanzar en las negociaciones, y explicó las razones por las cuales no han firmado el documento del 24 de mayo que esboza los puntos para un acuerdo entre las partes.

Eso simplemente no tiene ni pies ni cabeza, el del 24 nunca se pensó que fuera un documento que se fuera a firmar”, dijo Archila, quien agregó que de “manera sorpresiva” los miembros del comité cambiaron de posición y están exigiendo firmar un ‘borrador’, que además, dijo, “tendría una falencia gigantesca y es que ahí no había todavía ningún texto sobre condena de los bloqueos, no tiene ni una sola línea al respecto”.Temas relacionados
La firma de este documento y exigencias como la derogatoria de la Resolución 575 de asistencia militar, entre otros, son ahora el palo en la rueda para el futuro de las conversaciones, no obstante, el consejero Archila es optimista y dijo que de la reunión de este domingo surjan acciones positivas.

En todo caso, le dijo Archila a EL TIEMPO, le insistió al comité del paro en volver a la metodología inicial que se había acordado para llegar a un texto definitivo que las partes puedan firmar, y que en ese texto se incluya el rechazo a los bloqueos.

“Yo soy optimista y creo que lo que estamos proponiendo nosotros es lo mejor para el país, así que confío en que mañana lleguemos a un buen entendimiento”, puntualizó Archila.

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gobierno-a-comite-del-paro-no-hay-actitud-dilatoria-en-negociaciones-593894

  • 21.18.-Duque, igual a Maduro – PATRICIA LARA
  • Alejandro Gaviria, ahora sí  ANDRÉS HOYOS
  • La interminable pesadilla de Gaza – MICHAEL ROBERTS

Las bombas llueven sobre la ciudad de Gaza y el resto de la franja, lo que agrava la pesadilla que ya es Gaza para las personas que viven allí. Gaza, que mide 375 kilómetros cuadrados (145 millas cuadradas), es el hogar de alrededor de 2 millones de palestinos, más de la mitad de ellos refugiados.

23 may 2021.- Desde 2007, el enclave sitiado ha estado bajo un paralizante bloqueo israelí y egipcio que ha destruido su economía y privado a sus habitantes de muchos productos básicos vitales, incluidos alimentos, combustible y medicinas.

La gente de Gaza ha sido confinada en el enclave de la Franja y sometida a un embargo por tierra, aire y mar. La entrada de mercancías se ha reducido al mínimo, mientras que el comercio exterior y las exportaciones se han detenido. Mientras tanto, la población tiene un acceso muy limitado al agua potable y carece de suministro eléctrico regular o incluso de un sistema de alcantarillado adecuado.

La tasa de pobreza en la Franja de Gaza ha alcanzado el 80% durante la más de una década de bloqueo israelí, según la Federación General de Sindicatos de Palestina. Además, el 77% de las viviendas en Gaza han sido destruidas y dañadas por los ataques israelíes, dejando a miles de familias sin hogar o desplazadas en medio de un proceso de reconstrucción paralizado, según Anne Jellema, directora de Run4, una fundación de ayuda con sede en los Países Bajos.

Los índices de desempleo y pobreza son bastante malos en toda Cisjordania, pero es mucho peor en Gaza, donde la tasa de pobreza según la definición del Banco Mundial (con un umbral muy bajo) fue del 56% en 2018 en comparación con el 19% en Cisjordania y con dos tercios de jóvenes desempleados. Además, la población de Gaza sufre una pobreza mucho más profunda, con una “brecha de pobreza”, la relación entre el ingreso promedio de los pobres y el umbral de pobreza, casi seis veces el nivel en Cisjordania.  La UNCTAD ha recopilado estas cifras en un informe bastante completo.

Además del bloqueo prolongado y las restricciones del vecino Egipto, Gaza ha soportado tres operaciones militares israelíes en 2007, 2012 y 2014 que dañaron gravemente la infraestructura civil y causaron numerosas víctimas. Al menos 3.793 palestinos murieron, unos 18.000 resultaron heridos y más de la mitad de la población de Gaza fue desplazada, según el informe de la UNCTAD. Más de 1.500 empresas comerciales e industriales resultaron dañadas, junto con unas 150.000 viviendas e infraestructuras públicas, incluidas instalaciones de energía, agua, saneamiento, salud y educación y edificios gubernamentales.

El bloqueo de la Franja de Gaza impuesto por Israel le ha costado al enclave palestino más de 16.000 millones de dólares y ha empujado a más de un millón de personas por debajo del umbral de la pobreza en poco más de 10 años, según el informe. El análisis de la UNCTAD sugiere que, de haber continuado las tendencias anteriores a 2007 (escenario 1 en el gráfico siguiente), la tasa de pobreza en Gaza habría sido del 15% en 2017 en lugar del 56%, mientras que la brecha de pobreza habría sido del 4,2% del 20 por ciento.

En cambio, entre 2007 y 2018, la economía de Gaza creció menos del 5 por ciento, y su participación en la economía palestina disminuyó del 31 al 18 por ciento en 2018. Como resultado, el PIB per cápita se redujo en un 27 por ciento (línea de base en el gráfico superior).

La economía de Gaza ha experimentado un retroceso en la industrialización y la agricultura. La participación de la agricultura y la manufactura en la economía regional de Gaza disminuyó del 34% en 1995 al 23% en 2018, mientras que su contribución al empleo se redujo del 26 al 12%. Esto paraliza cualquier desarrollo de la economía de Gaza y su capacidad para expandir el empleo.

Y en 2020 toda esta pesadilla se ha visto agravada por la pandemia de coronavirus.

El informe de la UNCTAD estima que situar a la población de Gaza por encima de la línea de pobreza requeriría actualmente una inyección de fondos por valor de 838 millones de dólares, cuatro veces la cantidad necesaria en 2007. Pero, en cambio, en 2018, la administración Trump retiró su contribución a la UNRWA, la agencia de la ONU que apoya a cinco millones de refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania ocupada, Líbano, Siria y Jordania.

El economista de la UNCTAD, Richard Kozul-Wright, comentó que “el recorte de 200 millones de dólares fue un gran golpe para la economía palestina. … A menos que los palestinos en la Franja tengan acceso al mundo exterior, es difícil que el destino de la sociedad palestina de Gaza no sea el subdesarrollo… Es realmente impactante que en el siglo XXI, dos millones de personas puedan ser abandonadas en estas condiciones».

https://www.sinpermiso.info/textos/la-interminable-pesadilla-de-gaza

Duque, igual a Maduro – PATRICIA LARA

Así es: uno acaba pareciéndose a quien más ha combatido. Eso es lo que le está sucediendo al presidente Iván Duque con su homólogo Nicolás Maduro: tanto criticarlo, tanto armar conspiraciones de camiones en fila (parece un chiste, pero es verdad) para tumbarlo, tanto criticar a los organismos de control de Venezuela porque están cooptados por el gobierno y no son confiables, tanto rasgarse las vestiduras porque en enero del 2020 Maduro le negó la autorización a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para ir a Venezuela a investigar la situación de los derechos humanos, ¿y Duque, por intermedio de su canciller, Marta Lucía Ramírez, acaba haciendo lo mismo? ¡No hay derecho!

27 may 2021.- Pero hay algo que hace más vergonzosa la posición de Colombia: el argumento que utilizó Maduro para rechazar la solicitud de ingreso a su país de la CIDH fue que Venezuela no pertenece a la OEA desde abril de 2019 y, por lo tanto, no tiene por qué someterse a los lineamientos de esa organización. En cambio Colombia, que no solo pertenece a la OEA, sino que la considera hoy el organismo multilateral más afín a su política, le respondió al presidente de esa entidad, Luis Almagro —quien además era uno de los más obsecuentes seguidores de la política de Trump y de Duque para América Latina (de esos, supongo yo, que le hacían eco al cuento del castrochavismo)—, que por ahora no autoriza el ingreso al país de la CIDH. “Hemos dicho que todas las visitas (son) bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar que los propios organismos de control (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría) terminen de hacer su tarea e investigar cada uno de los casos”, contestó la canciller.

Mejor dicho, en este país en el que 73 años después aún no se sabe quién ordenó asesinar a Jorge Eliécer Gaitán, donde las investigaciones por los homicidios de José Antequera, Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara, Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal y muchos más llevan enredadas más de tres décadas, y sobre el asesinato del estudiante Dilan Cruz, ocurrido en las manifestaciones de noviembre de 2019, la Fiscalía acaba de decir que a él no lo mataron sino que Dilan se le atravesó al proyectil, la canciller le responde a la OEA que la CIDH será muy bien recibida en Colombia cuando los organismos de control concluyan sus pesquisas: es decir, nunca.

Mientras tanto, el paro sigue y las manifestaciones continúan, ocurren abusos y crímenes de un lado y otro, los bloqueos desesperan a la población, los víveres escasean y se encarecen, los productores de alimentos quiebran, se mueren dos bebés que no son atendidos a tiempo porque sus ambulancias quedan detenidas por la obstrucción de las vías, la violencia aumenta, incendian el Palacio de Justicia de Tuluá… ¿y qué más? Cualquier cosa puede pasar.

No obstante, todo podría empezar a mejorar si el presidente mostrara alguna empatía con las víctimas, si les pidiera perdón, si diera el primer paso, como le sugirió Alejandro Gaviria; si en vez de disfrazarse de policía descalificara de inmediato el más mínimo abuso policial; si permitiera y además estimulara el ingreso al país de la CIDH para hacer esas investigaciones a fondo que la gente reclama en las calles y que los organismos de control, por estar cooptados por el Gobierno, no realizan. Así se podría empezar a solucionar la crisis, pero para ello sería necesario que el presidente empezara a conectarse con la realidad.

Nota. Esta columna se escribió antes de que el Gobierno, por fin, autorizara el ingreso de la CIDH.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/patricia-lara-salive/duque-igual-a-maduro-column/

21.18.-Alejandro Gaviria, ahora sí – ANDRÉS HOYOS

Hace cuatro meses escribí aquí una columna titulada “El jodido dilema de Alejandro Gaviria”. Pues bien, el dilema hoy es todavía más jodido, si se quiere. Decía yo entonces que él tiene “razones de mucho peso para lanzarse y para no lanzarse”; escrito esto, ahora me inclino por que se lance, pese a que los riesgos que yo señalaba no han desaparecido.

25 may 2021.- ¿Por qué lo digo? De un lado, porque los favoritismos en el centro político se han ido desdibujando sin desaparecer. No digo que Alejandro tenga garantizado ser el candidato seleccionado –él también aparece abajo en las encuestas recientes–, pero sí tiene muchas probabilidades. Además, su presencia sería crucial para potenciar el debate contra las candidaturas extremas, hoy ufanas y orondas, incluso triunfalistas, en su relativa popularidad.

Los pesimistas ven la consulta de la Coalición de la Esperanza como una feria en la que habría 13, si no 14, opciones, o sea, un mazacote. Yo en cambio esperaría que al final se decanten máximo cuatro o cinco nombres en ese tarjetón, ya que al tiempo con la consulta se deben armar las listas para el Congreso, indispensables a la hora de dar fuerza a cualquier aspiración de gobierno. Activado el novelista que soy, imaginé escenarios en los que quienes vayan quedando abajo en las encuestas se retiren de la consulta, haciendo dos cosas en el proceso: 1) endosar a alguno de los candidatos mejor posicionados, 2) solicitar acceso a alguna de las listas para el Congreso, en el entendido de que la propia campaña fallida para la consulta de marzo les daría no pocos votos en las elecciones parlamentarias. Y como las listas, casi por definición, serían abiertas, esto sirve a la hora de ser elegidos.

Pase lo que pase, la presencia en el ramillete de la consulta de un intelectual, exministro y tecnócrata de prestigio como Alejandro Gaviria suscitaría el obvio interés de la opinión pública, lo que a su vez la pondría de inmediato en la mirada de los medios. Desde luego que hay otros candidatos de centro y centroizquierda buenos que, además, ejercerían bien la presidencia, con todo y la dañina inercia que el puesto arrastra hoy. Pero nada es previsible a un año de las elecciones en medio de semejante caos de abusos de la Policía, bloqueos, vandalismo e injusticia acumulados.

Las aspiraciones de Alejandro han sido muy bien manejadas por él. Ha dejado que la gente, en particular muchos jóvenes, le pidan con vehemencia que se lance. O sea que no es algo a lo que esté obligado ni mucho menos que no tenga otras opciones en la vida. Justamente dada la calidad e importancia de la rectoría de los Andes, que ahora ejerce, uno de los sacrificios que se le pide es dejarla. Eso, por supuesto, sería para aspirar al puesto más importante que se ofrece hoy en este pobre y vilipendiado país.

Alejandro ha demostrado ser un hombre moderado, de centro, incluso “tibio”, según él mismo se autodefinió hace unas semanas. Este aspecto es clave, pues del actual enredo represivo y de recursos desperdiciados no se sale con un gobierno que quiera hacer las cosas a las malas, sin consensos, sin negociar, sin atender a los diversos intereses que están en juego en un país de 50 millones de habitantes. Por el contrario, las salidas –algo así como el nuevo pacto social– hay que armarlas con paciencia, flexibilidad y sabiduría.

En fin, mucha suerte para Alejandro. Una sonrisa de esa diosa romana nunca sobra.

https://www.elespectador.com/opinion/alejandro-gaviria-ahora-si/

  • 21.17.-La hora del cambio – CRISTINA DE LA TORRE
  • Por una campaña mundial de vacunación masiva de 50.000 millones de dólares, el FMI presiona a los estados del G20 – LARRY ELLIOTT
  • Una tercera ola atípica: bajan los casos y aumentan los muertos – DIEGO OTERO
  • Los 19 puntos que le pide a Duque el Comité del Paro
  • Así no es, presidente – RAMIRO BEJARANO

La entrevista de Duque en Caracol TV, en la que terminó hablando de su papito —como si eso solucionara esta crisis—, dejó la sensación de que está gobernando un país enemigo o que está desconectado y no tiene idea de cómo superar esta emergencia creada por su incompetencia.

22 may 2021.- La postura en el reportaje de marras frente a los temas que reclaman en las calles los manifestantes fue la de sostener que cada cosa estaba atendida desde antes del paro nacional. O, lo que es lo mismo, que en nada tienen razón los millones de jóvenes excluidos, ni los trabajadores maltratados. Si todo estaba ya resuelto, ¿por qué, entonces, no cesan las marchas ni las protestas?

El nombramiento de Marta Lucía Ramírez como canciller es equivocado y no aporta a las soluciones. Lo que sí quedó resuelto fue el problema personal y político de la vicepresidenta, quien decidió no jalarle a ser candidata presidencial no por lealtad con su jefe, sino porque sabe que de haberse metido en esa aventura habría resultado estruendosa y justamente derrotada. Ella —que todo lo calcula y no es bobita— advirtió que era mejor ser exvicepresidenta y excanciller que derrotada exaspirante a presidenta.

La nueva canciller abrió plaza con un artículo en El Tiempo donde se citó ella misma para recordar que vaticinó que el punto 2.2 del Acuerdo de Paz con las Farc iba a generar protestas. Es decir, ahora la funcionaria cree que la culpa de que la gente esté en las calles ventilando su miseria, pobreza y falta de trabajo no es del Gobierno sino de lo pactado con la insurgencia. Eso ni siquiera se le había ocurrido al comisionado de Guerra, Miguel Ceballos. Y para acabar de completar, la Corte Constitucional tuvo que recordarle que los servidores públicos no pueden utilizar canales de expresión colectiva para invocar su personal fe religiosa, como ella lo hizo de manera tan imprudente como abusiva, porque ello se estrella contra el principio constitucional de que este es un Estado laico. Olvidaba que Martucha ha sido cooperante del Opus Dei. Amén.

Nada tiene buena cara. Basta advertir que una calificadora de riesgo ya da cuenta de la desconfianza con la que se mira hoy a Colombia. Como era de esperarse, el Gobierno y sus empresarios aliados piensan que son otros los responsables de este desastre que ya se manifiesta. Deberían reflexionar sobre la dramática advertencia del arzobispo de Cali, Darío Monsalve, quien dijo: ¿cómo decirle a un joven que aguanta hambre todos los días que deje pasar comida para los demás?

El problema no son solamente los bloqueos sino las condiciones antisociales que desde el Gobierno hicieron posible este estado de cosas tan deplorable. Por supuesto, la solución no es repeler a bala las protestas, como lo hace una policía incapaz de entender este momento histórico. El general Vargas, director de la Policía, como si fuera lagarto, predica pero no aplica. Continúan los abusos y excesos policiales que están siendo transmitidos en vivo y en directo por los pocos medios que no han recibido la odiosa señal del Gobierno de no contribuir al caos, como ellos suponen que sucede con las terribles imágenes de cuatro policías arrastrando a una joven que luego supuestamente se suicidó. La tal reforma de la Policía es otro asunto que no se ve factible, porque no hay voluntad política de asumirla. El Gobierno dirá que si fracasaron las reformas tributaria y a la salud, nada de raro tiene que no avance la policial. A propósito, si cuando fracasó la reforma tributaria cayó Carrasquilla, ¿por qué no pasa lo mismo ahora con el ministro Ruiz al enterrarse su reforma a la salud?

Y a todas estas, ¿queremos una reforma a la justicia impulsada por este Gobierno desgastado, que multiplique el número de magistrados en altas cortes y prolongue sus períodos? Está haciendo falta que los voceros de la Rama Judicial y sus dolientes no guarden silencio.

Adenda No 1. Recomendado el libro El movimiento estudiantil en los 60. Cronología de una huelga, de Adolfo León Atehortúa Cruz. Magnífica reseña histórica de esos tiempos. De interés para todos y en especial para los bugueños que fuimos testigos mudos del asesinato del joven Jairo Potes Escobar, estudiante del Colegio Académico, ejecutado por las fuerzas vivas de la ciudad.

Adenda No 2. Que venga ya la CIDH y que se vaya el ministro de Defensa.

https://www.elespectador.com/opinion/asi-no-es/

21.17.-La hora del cambio – CRISTINA DE LA TORRE

Bajo la rabia que anida en esta sociedad de castas montada sobre la pobreza y la exclusión, desde las lágrimas por tantos y tantos muertos en las calles, florece acá y allá —en el abigarrado tejido que se llama el pueblo— disposición para enfrentar la adversidad concertando un nuevo pacto social. Pues el que rige, pervertido en el privilegio, en la violencia, en una democracia quebradiza, es causa de la debacle. Y hace agua. Díganlo, si no, esquirlas tomadas al azar de las granadas que este Gobierno ha lanzado contra las multitudes que protestan.

17 may 2021.- Detenida y abusada sexualmente por agentes del Esmad, una adolescente “se suicida” en Popayán. En Cali, paramilitares estrato diez disparan contra indígenas, cuadro inmortal de los ancestros que exalta el puño de hierro del encomendero sobre el nativo. El alcalde de Pereira cohonesta alianza de civiles con veleidosas empresas de seguridad privada: de ocho tiros muere Lucas Villa. Álvaro Uribe insta a la Fuerza Pública a disparar contra terroristas que pueden ser cualquier manifestante y acaricia la ilusión de volver a la guerra.

El nuevo pacto social principia por devolver al Estado su protagonismo, integrar los excluidos a la empresa reformista y rescatar las dinámicas de la paz. Proponen Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo “convocar a todos los partidos y movimientos sociales, a todas las fuerzas vivas, a concertar un Gran Acuerdo Político Nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande”. La deliberación democrática tendría que aterrizar en el Congreso, su escenario natural, y traducirse en leyes. Hay que deliberar para reconciliar, señalan.

Para muchos, en el centro del acuerdo medran medidas de emergencia que empiezan y terminan en el eje del empleo. En la creación inmediata de puestos de trabajo desde el sector público y, a largo plazo, en una estrategia de pleno empleo que privilegie la economía real sobre la especulativa financiera. Otra medida urgente, de vida o muerte, la creación de una renta básica para seis millones de hogares que oscile entre $320.000 y $480.000 mensuales, financiada —como en todo país civilizado— con impuestos directos sobre la renta y el patrimonio de los más pudientes.

La crema de los profesores universitarios sugiere alternativas en política económica y social distintas de la reducción de impuestos a los ricos. En estas décadas, afirma, ha operado una redistribución regresiva del ingreso que castiga los salarios, premia las ganancias y concentra sin pausa la propiedad y la riqueza. Se suprimió la función del Estado como prestador de servicios públicos y garante de los derechos económicos y sociales que culminen en educación y salud universales. Para los académicos, la redistribución del ingreso no se logra con mayor “libertad económica”. Lo prueba la historia de los países desarrollados, donde el Estado fue el gran responsable del desarrollo afirmado en la industrialización y en el impuesto progresivo.

Diríase que un rediseño de la fiscalidad debería comenzar por derogar la reforma tributaria de 2019, que otorgó gabelas por $14 billones a los ricos, a las cuales ha renunciado ya la ANDI. Aconsejaría liquidar el adefesio de que los archimillonarios de Colombia paguen apenas entre 1 y 2 % de impuesto sobre la renta. Y actualizar el catastro para que también los terratenientes paguen impuestos a derechas.

Otros signos de la crisis que abraza al pacto social y político agudizada por el uribismo en el poder: sólo 9 % de los jóvenes confían en la Presidencia y 7 % en el Congreso (Cifras y Conceptos). En perspectiva electoral, por la derecha votaría el 5 %; por la izquierda, el 25 %; por el centro, 41 %. Llegó la hora del cambio. Si el pacto se adopta democráticamente, hallaría su refrendación en las urnas el año entrante.

Cristinadelatorre.com.co

Nota Altereco: los dirigentes del paro han declarado en diversos medios, que si bien existe una crisis, el Paro mantiene sus peticiones porque son aspectos de política económica y social, en manos del gobierno y no de índole constitucional. Salvo quizá, en las medidas para el relanzamiento de la economía, se tropiece con la autonomía del elefante blanco, el Banrepública.  AE.

https://www.elespectador.com/opinion/la-hora-del-cambio/

21.17.-Por una campaña mundial de vacunación masiva de 50.000 millones de dólares, el FMI presiona a los estados del G20 – LARRY ELLIOTT

Respaldar el plan de tres puntos de 50.000 millones de dólares del FMI redunda en los mejores intereses de las naciones ricas al sobrealimentar la economía mundial, dice Kristalina Georgieva.

Un trabajador de la salud administra una vacuna Covid-19 a un monje budista en un hospital de Bangkok, Tailandia. Tailandia dijo el viernes que había detectado sus primeros casos de transmisión local de la variante del coronavirus que se encontraron por primera vez en India. Fotografía: Anuthep Cheysakron / AP

El respaldo de una nación adinerada para una campaña de vacunación global masiva de $ 50 mil millones (£ 35 mil millones) podría proporcionar un impulso de $ 9 billones a la economía mundial , dijo el director del Fondo Monetario Internacional.

21 may 2021.- Al presionar a los países del G7 antes de su cumbre en Cornwall, Inglaterra, el próximo mes, Kristalina Georgieva dijo que las naciones más ricas verían el mejor retorno de la inversión en los tiempos modernos si profundizan para ayudar a enfrentar la pandemia en las partes más pobres del mundo.

El director gerente del FMI, hablando en una conferencia de salud del G20 en Roma, dijo que los países ricos recibirían el 40% de las ganancias del PIB de una actividad económica más rápida y que sus finanzas públicas, fuertemente afectadas por la pandemia, se beneficiarían.

«A estas alturas, todos sabemos que no hay un final duradero para la crisis económica sin un final para la crisis de la salud», dijo Georgieva al dar a conocer los detalles de las nuevas propuestas del FMI para poner fin a la crisis de Covid-19. “Eso significa que la política pandémica es política económica; de gran relevancia para la labor del FMI «.

Georgieva dijo que el plan del fondo tenía tres elementos:

  • Vacunar al menos al 40% de la población mundial para fines de este año y al menos al 60% para el primer semestre de 2022. Para hacerlo, se necesitarían subvenciones adicionales para Covax, la iniciativa mundial de vacunas, la donación de dosis excedentes y flujos fronterizos de materias primas y vacunas terminadas
  • Prepararse para la posibilidad de que las nuevas variantes del virus requieran inyecciones de refuerzo exigirá una inversión en capacidad adicional de producción de vacunas en mil millones de dosis.
  • Gestionar el período intermedio en el que el suministro de vacunas es limitado con pruebas y rastreo generalizados, medidas terapéuticas y de salud pública y, al mismo tiempo, intensificar los preparativos para el despliegue de vacunas junto con cualquier estrategia de estiramiento de dosis aprobada.

Georgieva dijo que el FMI calculó el costo del plan de tres puntos en 50.000 millones de dólares, de los cuales se esperaba que el grupo G20 de países de economía de mercados desarrollados y emergentes encontrase 22.000 millones de dólares. Otros $ 15 mil millones estaban disponibles en las instalaciones de Covid-19 establecidas por los bancos multilaterales de desarrollo, dejando un déficit de $ 13 mil millones que el FMI espera que los países ricos cubran.

“Como hemos estado enfatizando, un final más rápido de la pandemia no solo salva vidas, sino que también podría inyectar el equivalente a $ 9 billones en la economía global para 2025 debido a una reanudación más rápida de la actividad económica. Y las economías avanzadas, a las que se les pide que contribuyan más a este esfuerzo, probablemente obtendrían el mayor retorno de la inversión pública en la historia moderna, capturando el 40% de las ganancias del PIB y aproximadamente $ 1 billón en ingresos fiscales adicionales.

«Con una acción fuerte y coordinada ahora, y con poco en términos de financiamiento en relación con los enormes beneficios, el mundo puede salir de manera duradera de esta crisis económica y de salud sin precedentes».

El llamado a la acción del FMI presiona aún más a los países ricos para que hagan más. El ex primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, ha estado encabezando una campaña internacional pidiendo al G7 (Reino Unido, EE. UU., Francia, Canadá, Italia, Alemania y Japón) que acuerde un plan de reparto de la carga que permita un despliegue mucho más rápido de vacunas en los países más pobres.

La investigación de Save the Children publicada esta semana mostró que por cada £ 1 invertido, el G7 evitaría colectivamente £ 35 en pérdidas relacionadas con la pandemia. El estudio dijo que le costaría al Reino Unido 50 peniques por semana por persona proporcionar vacunas a los países más pobres.

Kirsty McNeill, directora de políticas y campañas de Save the Children, dijo: “La pregunta no es si los países ricos pueden permitirse financiar una implementación justa de las vacunas Covid-19, sino si pueden permitirse no hacerlo. Es una inversión que dará sus frutos 35 veces.

“Por solo el precio de una barra de chocolate a la semana por ciudadano, los países ricos pueden evitar enormes pérdidas económicas resultantes de la prolongación de la pandemia. El Reino Unido por sí solo corre el riesgo de perder más de 70.000 millones de libras esterlinas. Eso es suficiente para pagar los sueldos de más de 210.000 enfermeras durante 10 años”.

https://www.theguardian.com/business/2021/may/21/imf-pushes-g20-states-to-back-50bn-global-mass-vaccination-drive 

21.17.-Una tercera ola atípica: bajan los casos y aumentan los muertos – DIEGO OTERO

Síntesis

Esta tercera ola que comenzó el 10 de marzo es muy atípica. En efecto, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de la Salud-INS, según promedio móvil de siete días, el 28 de abril se llegó al pico de casos diarios de Covi-19 con un valor de 17.614. Mientras tanto, las muertes diarias que parecía habían llegado a un pico el 4 de mayo con 485 casos, a partir del 15 de mayo superaron esta cifra, terminando el 18 de mayo con un promedio móvil de 504.

17 may 2021.- La evolución por territorios ha sido dispar y muy variable. Hasta muy reciente, los casos se concentraban en Atlántico, Antioquia y en el resto de los departamentos de la costa atlántica. En las dos últimas semanas, Bogotá ha venido aumentando los casos diarios y los muertos, pero sin llegar aún a los máximos que tuvo en la segunda ola.

A nivel internacional, ya la mayoría de los países europeos llegaron al pico y están en la etapa descendente, lo mismo que Estados Unidos.

El pico de los infectados diarios llegó el 28 de abril

Las cifras son muy claras. El 28 de abril se llegó al pico de la tercera ola con 17.616 infectados diarios contra 17.857 para el pico de la segunda ola. Desde este punto de vista no se puede afirmar que esta tercera ola ha sido más contagiosa (gráfico 1).

Del 28 de abril al 8 de mayo, se bajó el número de infectados diarios a 15.399; posteriormente se produjo un quiebre hacia arriba que duró hasta 15 de mayo cuando se llegó a 16.828 casos, pero del 16 mayo en adelante se volvió a una tendencia decreciente que llegó a 16.177 el 18 de mayo.

En definitiva, los super contagios no han aparecido, y se está en la etapa descendente del ciclo que lleva ya 20 días. Pero, como hemos afirmado muchas veces, este virus es muy variable y todo es posible, pero por ahora la situación luce positiva.

Los muertos diarios volvieron a amentar

Lo difícil de esta tercera ola se encuentra en los muertos, ya que han aumentado más que en la segunda. Efectivamente, mientras el pico en esta fue de 392 muertos ocurrida el 25 de enero, esta cifra fue superada el 21 de abril (397), aumentando a un máximo de 485 el 4 de mayo, que parecía sería el pico de la tercera ola, pero el 12 de mayo los decrecimientos pararon en 464 muertos diarios, para aumentar hasta llegar a 504 el 18 de mayo, lo que se puede apreciar en el gráfico 2. Sin embargo, el aumento acelerado se paró y es de esperar que caigan los muertos diarios, se está casi en una meseta. En este sentido se puede decir que esta tercera ola ha sido más mortífera que las dos anteriores.

Por este aumento de las muertes, la tasa de mortalidad que había descendido hasta 2,57 por ciento el 23 de abril, volvió a aumentar de ahí en adelante hasta alcanzar 2,62 por ciento el 18 de mayo.

Nueve regiones (Bogotá, Antioquia, Barranquilla, Valle, Santa Marta, Santander, Cesar, Córdoba y Cundinamarca), explicaban el 18 de abril 278 muertos de un total de 348, equivalente al 80 por ciento de todas las muertes diarias, pero para el 17 mayo los muertos fueron de 287 de 496, y la proporción se redujo a 58 por ciento. Esto significa que los restantes 24 departamentos aumentaron los muertos diarios de 20 por ciento a 42 por ciento. En otras palabras, la caída futura de los muertos se concentra en estos departamentos.

Sobresalen la reducción en muertos de Antioquia, Barranquilla, Santa Marta y Cesar, el aumento de estos en Bogotá, Santander, Córdoba, Cundinamarca y la estabilidad en Valle del Cauca.

En Bogotá aumentan los casos y las muertes

El incremento acelerado de los casos que venía del 1 de abril se frenó el 18 de abril con 3.819 casos, continuó lentamente en las dos siguientes semanas hasta alcanzar un máximo de 4.515 infectados el 28 de abril. Parecía que se había llegado al pico porque los casos disminuyeron hasta el 5 de mayo a 4.349 infectados, pero volvieron a crecer a 5.482 el 13 de mayo, y de nuevo se tienen cinco días de disminuciones a 4.896 el 18 de mayo. Es una situación muy volátil, pero no se ha producido un aceleramiento en los infectados como lo han venido diciendo las autoridades de la capital y algunos observadores.

Los muertos han venido creciendo continuamente desde un mínimo de 15 diarios el 13 de marzo a un máximo de 102 el 14 de mayo, con reducciones a 95 el 17 de mayo, aún por debajo del pico de 108 de la segunda ola el 17 de enero.

Mejoran Antioquia, Atlántico, Valle, Risaralda, Quindío, Caldas y Guajira

Siempre hemos afirmado que la dinámica del virus por territorios es muy diferente en cuanto a las etapas de ascenso, descenso y los puntos máximos.  Estos, por ejemplo, difieren notablemente en las fechas como se aprecia en el cuadro 1.

De las 33 regiones, siete tuvieron el pico en abril y 26 en mayo, pero en días no coincidentes, y a pesar de eso el pico nacional se logró el 28 de abril.

Otro hecho interesante está en que, para el 18 de mayo, en 28 regiones los contagiados diarios eran inferiores al pico respectivo que alcanzaron en abril o mayo. De los cinco restantes departamentos, cuatro, Boyacá, Nariño, Vichada y Amazonas, seguían ascendiendo y uno, Casanare, sobrepasó el máximo a que había llegado el 8 de mayo.

Claramente, Atlántico, Antioquia, Valle, Risaralda, Quindío, Caldas y Guajira vienen decreciendo desde que alcanzaron sus picos. El resto presentan una situación mixta, ya que bajan y suben, como Bogotá. Es de esperar que en los próximos días se definirá la ruta de estos departamentos indecisos, pero no hay razones para que no sigan una etapa de decrecimiento correspondiente a la tercera ola.

Las declaraciones de que las protestas van a producir incrementos en los contagios no se han cumplido, ya que estas empezaron el 28 de abril y ya deberían haberse dados los efectos negativos que suponen las casandras. En realidad, si se analizan los datos de Google Mobility no se ven cambios en la movilidad, ya que estos muestran una disminución en la movilidad en el trabajo y más gente en parques, tiendas y farmacias y ningún cambio en los hogares.

Mejora el número de vacunas diarias

En mayo el nivel de vacunación diaria promedio subió a 151.279, aunque del 16 al 18 de mayo bajó el número a menos de 100.000.

Infectados y muertes por grupos de edades

Aún no se ven cambios relevantes en los infectados y muertes diarias por grupos de edades. Hay una levísima caída en el porcentaje de infectados y muertos en los grupos de edades por encima de 70 años como se muestra en los cuadros 2 y 3. Se supone que a medida que queden totalmente vacunados los mayores a 70 años, esto se debe reflejar en menos casos y muertes.

El porcentaje de contagiados disminuyó levemente para las edades de 70 años a más de 100. En cuanto a la distribución de las muertes se da el mismo fenómeno. Es normal que, con el tiempo, estas tendencias se acentuarán y, entonces, en los grupos menores a 70 años empezarán a aumentar la proporción de casos y muertes.

El número de pruebas cayó

En pruebas seguimos mal como lo ha sido desde el comienzo de la pandemia. No se ha logrado llegar a promedios por encima de 70.000 pruebas diarias en 2021. En los primeros 18 días de mayo el promedio diario fue de 66.932.

Conclusiones

Contra todas las predicciones pesimistas, por no decir apocalípticas, esta tercera ola no ha sido super contagiosa, si por esto nos referimos a los contagiados totales.

Sí ha sido más letal porque los muertos diarios el 18 de mayo de 504 habían estado muy por encima del pico de la segunda ola de 392, en 28,6 por ciento.

Las profecías de las casandras no se han cumplido. Decían que, por Semana Santa, los contagios se iban a incrementar bastante y esto no ocurrió, sino que se dio un crecimiento normal. Luego, nos decían que las dos primeras semanas de mayo iban a ser tenebrosas. Tampoco se produjo. Ahora que las dos últimas de mayo, por las protestas, se nos iban a presentar super contagios. Pues bien, hasta ahora esto no ha ocurrido ¿Qué dirán después? Siempre, el miedo, el terror para que los ciudadanos acepten todo lo que digan los autócratas. 

Foto tomada de: https://www.eltiempo.com 

https://www.sur.org.co/una-tercera-ola-atipica-bajan-los-casos-y-aumentan-los-muertos/ 

21.17.-Los 19 puntos que le pide a Duque el Comité del Paro

Después de no llegar a un acuerdo el fin de semana, en una nueva reunión hoy con el gobierno le piden esta lista mientras siguen invitando a nuevas movilizaciones 

El Comité del Paro plantea una lista de peticiones con 19 puntos que le exigen al Gobierno antes de negociar en la nueva reunión programada para hoy.

20 may 2021.- En la reunión del domingo y lunes pasado no se llegó a un consenso porque según el presidente de la CUT el presidente Iván Duque le declaró la guerra al paro al ordenar desplegar las Fuerzas Militares sobre los centros de concentración pacífica.

La organización sigue invitando a nuevas movilizaciones en el país mientras el Gobierno pide levantar los bloqueos.

Lista de peticiones del Comité del Paro

  1. Exigen garantías para el ejercicio de la libre protesta y detener la violencia contra los manifestantes.
  2. El Gobierno debe abstenerse de tomar medidas de tratamiento de orden público como la declaratoria del Estado de Conmoción Interior.
  3. Retirar al Ejército y al Esmad completamente del control de las protestas.
  4. Ordenar a la Policía que se abstenga de usar armas de fuego y otros artefactos que puedan producir heridas en los operativos de control.
  5. El Presidente debe condenar, indiscutiblemente, los abusos de la Fuerza Pública, comprometiéndose al rechazo total de estos actos. Asimismo, su respectiva investigación y sanción.
  6. Reconocer la responsabilidad de la Fuerza Pública en la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, reunión y manifestación pública.
  7. El Ministro de Defensa debe manifestar su disculpa pública por el uso desmedido de la Fuerza Pública y el Esmad en el marco de las protestas.
  8. En consecuencia, los responsables de estos hechos deberán ser retirados de su cargo.
  9. Ordenar a las autoridades públicas evitar la estigmatización en torno a las manifestaciones sociales y rectificar públicamente las calificaciones de “vandalismo criminal” y “terrorismo vandálico”.
  10. Detener la violencia sexual contra las mujeres a manos de la Fuerza Pública.
  11. Prohibir el transporte de mujeres en vehículos y a lugares masculinizados.
  12. Exigen reparación a las víctimas de violencia en el marco de las protestas.
  13. Incluir mecanismos de verificación de las medidas para garantizar el libre ejercicio de la protesta social.
  14. Intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que visiten el país como garantes de la movilización ciudadana.
  15. Solicitan a la Fiscalía la creación de una unidad especial de alto nivel, y con toda la autonomía. Así pues, se encargará de investigar todos los hechos de violencia cometidos por la Fuerza Pública en contra de los protestantes.
  16. La Procuraduría deberá asumir todas las investigaciones disciplinarias con los miembros de la Fuerza Pública involucrados en violaciones a los derechos humanos.
  17. La Defensoría del Pueblo deberá acompañar los procesos, verificando que no se cometan actos de tortura, violencia sexual y garantizar el debido proceso.
  18. Establecer un proceso amplio de discusión sobre la reforma a la Policía Nacional.
  19. El proceso de negociación deberá contar con el acompañamiento del jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu.

https://www.las2orillas.co/los-19-puntos-que-le-pide-el-comite-del-paro-a-duque/

  • 21.16.-Pandemia? – JOSEPH E. STIGLITZ, LORI WALLACH
  • De paros y bloqueos – GERMÁN VARGAS
  • ¿La codicia empresarial prolongará la
  • Reforma letal en salud – CRISTINA DE LA TORRE
  • ¿Qué pasa en Cali? – MAURICIO CABRERA
  • ¿Qué pasa en Cali (2) – MAURICIO CABRERA
  • Desinformación sobre la pandemia del covid-19 como con el Paro – DIEGO OTERO
  • ¿Qué hacía el poder judicial asumiendo competencias del Ejecutivo? Así también se mata a la democracia. Altereco

El Tribunal de Cundinamarca ordenó el 27 de abril suspender las marchas y así, la fuerza pública quedó autorizada para detener a los implicados.  El primer día, el 28 se registraron el mayor número de muertos, heridos y detenidos.  La alta opinión internacional no tardó en protestar contra los violentos desmanes de la fuerza pública para reprimir una manifestación pacífica

La prohibición del Tribunal, por ser la víspera del Paro nacional. ya convocado con anterioridad por el Comité Nacional del Paro con rutas y puntos de encuentro establecidos en ciudades y municipios, resultaba increíble. Era una medida cautelar ordenando el aplazamiento de las manifestaciones de este 28 de abril y el primero de mayo, en un plazo indeterminado. Los alcaldes debían revocar los permisos. Pero el paro ya era inaplazable. Sólo restaba la acción represiva de la “legítima” fuerza pública y la respuesta indignada de los pacíficos marchantes.

¿Por qué el presidente Duque decidió apoyar a Petro? – HERNANDO GÓMEZ

Explicación resumida de la crisis que sacude a Colombia, de las acciones y las reacciones de sus protagonistas, de las salidas probables y las consecuencias que tendrá para el país. Análisis de Razón Pública.

Según Gómez, el riesgo que corre Colombia es del escalamiento de la turbulencia o el “dilema de Schelling”: si el Estado reprime demasiado la gente se levanta, y si no la reprime lo desbordan las exigencias crecientes de la gente. /Archivo – Referencia

Una sola estupidez y tres preguntas

La explicación de lo que está pasando es muy sencilla: el presidente de Colombia es el único de América Latina —y es el único gobernante del mundo— a quién se le ocurrió subir los impuestos en medio de la crisis social más grande que ha vivido el planeta en un siglo —y la peor que ha tenido Colombia en su historia—.

13 may 2021.- A partir de ese autogol monumental, las preguntas que quedan son igualmente obvias:

– ¿Por qué Duque decidió proponer un alza en los impuestos?

– ¿Por qué la gente y los distintos actores o sectores reaccionaron como han reaccionado?,

– ¿Cómo saldremos de esta turbulencia?

  1. ¿Por qué subir los impuestos?

La explicación del ahora exministro Carrasquilla es que el déficit fiscal se había vuelto insostenible a raíz de la pandemia. Ese déficit inevitablemente implicaría que Colombia pierda su grado de inversión, es decir, que se produzca el ciclo conocido de mayor deuda externa, inflación, devaluación y fuga de capitales.

Es un temor perfectamente razonable, y es lo que pensaría un ministro de Hacienda en épocas normales.

Por eso, después de mucha dudas y demoras, el gobierno presentó su proyecto de “Solidaridad Sostenible” cuyos 163 artículos tocaban los bolsillos de muchos colombianos de estratos 2 a 4 y al mismo tiempo prorrogaban la vigencia de los subsidios sociales que se habían adoptado a raíz de la pandemia.

“Necesitamos plata para seguir ayudando a los más golpeados por esta horrible crisis”: esta fue la justificación del gobierno y por eso el nombre —”solidaridad sostenible”— del proyecto.

Dudoso y mentiroso

Antes de examinar las reacciones de la gente, conviene despejar dos cuestiones económicas que vienen muy al caso:

-La idea ortodoxa de que el déficit fiscal significa inflación y eventual crisis cambiaria no es compartida por otras escuelas económicas, en especial la keynesiana y la “teoría monetaria moderna”. Más todavía: a raíz de la pandemia, los gobiernos de todos los países han aumentado el gasto en grandes proporciones, y no es claro que hoy valgan los temores habituales de que el déficit (a) cause inflación (porque no hay quien compre o demande las cosas), y/o (b) haga huir los capitales (¿para dónde se irían?).

Dicho de modo más simple: este no es el momento de la ortodoxia económica, y ninguno de los países industrializados está siendo ortodoxo. Colombia en cambio ha sido víctima de tres cosas: Su tradición de buen deudor y seguidor del Fondo Monetario Internacional (FMI); la Constitución de 1991, que se hizo para prohibir que el Banco de la República financie el gasto público, y la ideología o rigidez del ministro Carrasquilla, su discípulo Duque, la Junta Directiva del Banco de la República y el equipo de gobierno en su conjunto.

Lo de subir los impuestos para atender la pandemia era una mentira del ahora exministro. La verdad era otra:

– El hueco fiscal no se debe a la pandemia sino a que Uribe y sus ministros (Carrasquilla incluido) habían casi duplicado el gasto público gracias a la bonanza petrolera. Pues la bonanza se acabó en 2014 y la Nación dejó de recibir casi el 30% de sus ingresos: este es el hueco.

– Y sin embargo la reforma tributaria de Duque/Carrasquilla del 2019 disminuyó los ingresos del Estado. Las exenciones para empresas aumentaron en 8,2 billones, y el propio Min-Hacienda calculó que la carga tributaria bajaría del 16,6% del PIB en 2019 a 15,7% en 2030.

– Nuestro Estado tacaño ha destinado apenas un 2,8% del PIB a la pandemia, mientras que Estados Unidos, por ejemplo, ha dedicado un 24,8% (datos del FMI).

– Casi la mitad de ese 2,8% no es gasto sino un seguro de crédito para la banca privada. Y del restante 1,5%, más de la mitad resultó del manotazo que Carrasquilla les dio a los Fondos Regionales en mitad de una pandemia (primer decreto de Emergencia Económica).

Puede leer: Reforma tributaria: ¿solidaridad con la gente o con el ministro de Hacienda?

  1. Reaccionan los actores y sectores

La estupidez de Duque y la mentira del ministro produjeron las respuestas perfectamente previsibles de las fuerzas que en Colombia se llaman fuerzas vivas, a saber:

-Primero los políticos que, en vísperas de elecciones, tendrían que estar locos para subir los impuestos de la gente. El jefe Uribe regañó a Duque y añadió con razón que el Centro Democrático sería el primer perjudicado. Este partido y sus socios gobiernistas sugirieron “ajustes” que destruían el proyecto, la oposición aprovechó el papayazo, y el Congreso al unísono se negó a tramitarlo. La reforma tributaria nació muerta.

-Pero la gente ya estaba indignada por todos los males, frustraciones e injusticias reales más las percibidas que son la historia pasada y reciente de Colombia. Súmele a eso las muertes por COVID, el encierro, el desempleo, la pobreza, la desigualdad, la incertidumbre y la desesperanza de estos doce meses, para llevar la olla de presión al paroxismo. Y añada un presidente pirómano que se le ocurre poner más impuestos.

-En las calles ocurrió lo que tenía que ocurrir. Ríos de gente buena con camisetas, pancartas, música y gestores que organizan el desfile y previenen la violencia, mujeres y hombres que marchan porque están hasta el cogote, porque ven marchar a otros y porque quieren ejercer el más elemental de los derechos en una democracia. Protestan contra una situación intolerable, aunque sus exigencias concretas vayan desde la renta mínima hasta la defensa de los animales, desde la matrícula gratis hasta la reducción del tamaño del Congreso, desde la vacuna inmediata hasta la reapertura de los bares, desde permitir los mototaxis hasta la renuncia del presidente Duque (aunque no noten que Marta Lucía sería su reemplazo).

-Los sindicatos y el Comité del Paro que se había autonombrado en 2019 salieron a la calle y sacaron pecho por tumbar una reforma que había nacido muerta. Después tejieron con babas un pliego de peticiones cuyo costo los gremios por supuesto “calcularon” en 81 billones de pesos (unas cuatro reformas tributarias) y que consta de demandas tan sencillas como “6. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica” (que de paso y, además, es lo que manda la Carta desde 1991).

-En las calles también ocurrieron las otras cosas que tenía que ocurrir. Muchachos entre 15 y 25 años llenos de rabia y de hormonas, los jóvenes sin dinero y sin futuro de todas las ciudades y los pueblos que lanzan piedras contra los policías. Los “vándalos” movidos por ideologías lunáticas que hay tantas, los hambrientos que se suman al saqueo, los comerciantes que se arman para defenderse, los que incendian buses, los pedazos de guerrilla que subsisten, más los GAO, los hampones de todos los pelambres y los que piensan que la revolución se hace incendiando estaciones o quemando policías.

-La policía antimotines en todas partes del mundo usa y usará la fuerza bruta, más todavía cuando la nuestra es una Policía militarizada y endurecida por medio siglo de “conflicto interno”, cuando todos los presidentes de Colombia se han puesto el uniforme en lugar de dirigir la Fuerza Pública, cuando Duque tiene además instintos de derecha, cuando Uribe lo aúpa, cuando los policías también están hasta el cogote tras un año de pandemia, cuando les tiran piedra o los patean o tratan de matarlos, cuando el fiscal, la procuradora y el defensor del pueblo son fichas de Duque, cuando el Congreso no ejerce su control político y las Cortes se alinean con el presidente. Dos docenas de muertos (según parece) algunos en condiciones de indefensión o alevosía que los hace del todo repugnantes: es la noticia mundial desde Colombia.

  1. ¿A dónde parará esto?

Más que la teoría ignorante o paranoica de la “revolución molecular disipada” que ha puesto a circular el uribismo, el riesgo que en realidad corre Colombia es del escalamiento de la turbulencia o lo que llaman los analistas serios el “dilema de Schelling”: si el Estado reprime demasiado la gente se levanta, y si no la reprime lo desbordan las exigencias crecientes de la gente.

Esta espiral de muertes y protestas puede llevar la sociedad al caos o hasta el punto de que una fuerza organizada se adueñe del Palacio, los medios de comunicación y los demás centros de poder: esta es la gota de verdad que hay en la idiotez de la “revolución molecular disipada”. Le falta la verdad de que en Colombia hay una sola fuerza organizada y capaz de ocupar esos centros de poder: el Ejército. Y en el caso de Duque, antes que un golpe, tendríamos una militarización completa del país y una violencia de Estado duradera.

Ese escenario extremo ya parece alejarse porque las gentes buenas y las fuerzas vivas de Colombia han ido respondiendo…como era previsible que lo hicieran, a saber:

– Transeúntes, comerciantes y vecinos sufren con los trancones, bloqueos y desmanes, los que tienen algo que perder piden más policía, otros muchos se asustan y se quedan en casa, los jóvenes en su inmensa mayoría no quieren más violencia, las protestas se vuelven pacíficas y los que marchan acaban por cansarse. Este es el ciclo normal o típico de las movilizaciones callejeras en todas partes del mundo.

-Álvaro Uribe y Luis Carlos Sarmiento le explican a Duque que su estupidez lo ha convertido en el jefe de campaña de Petro y que además “se tiró” la economía. Duque retira la reforma que nació muerta, renuncia a Carrasquilla y nombra al ministro que venía trabajando con los gremios durante la pandemia, éste anuncia una reforma más barata y el susto de los ricos ha llegado hasta el punto de que la ANDI pide que “no toque a nadie más…cóbrenos a nosotros”.

-Duque ha cedido, pero no puede admitir que lo ha hecho porque alguien le explica el dilema de Schelling. Por eso no descarta “el estado de conmoción”, no censura los abusos de la Fuerza Pública, defiende a la Policía y sigue hablando de reforma tributaria; las ONG y la prensa mundial ven en esto más pruebas de que Duque es “fascista”, la ONU y la “comunidad internacional” manifiestan alarma, y el gobierno Biden regaña a un presidente cuyo equipo había ayudado a Trump en la campaña.

-Con todo eso volvemos a la táctica probada de Colombia a lo largo de un siglo: los diálogos entre las fuerzas vivas, que van ganando tiempo y eventualmente concluyen en algunas concesiones más una lista de acuerdos incumplibles o que el gobierno no pretende cumplir o que llegado el caso pasarán como papa caliente al gobierno que arranca en 2022.

No es todavía seguro que esa táctica vuelva a funcionar, pero esta vía tiene a su favor dos elementos:

-La gran debilidad de los movimientos sociales en Colombia y su aún más proverbial fragmentación. El “Comité del Paro” (es decir, FECODE, el MOIR y algunas ONG) son lo más parecido a una voz unificada que ya vimos esfumarse al llegar la Navidad del 2019, y en todo caso a Duque le explicaron que el truco está en hablar con muchísima gente porque de tantas reuniones y opiniones no salen sino babas (Uribe, zorro viejo, le aconsejó además “mesas locales y regionales de diálogo” para multiplicar por 1.300 la cantidad de babas). A lo primero llaman democracia y a lo segundo llaman descentralización: ¿quién puede resistirse?

-Mas en el fondo está el hecho de que en Colombia nadie representa a nadie. Los sindicatos hablan por un 4% de los trabajadores en las grandes empresas, las ONG hablan por sus respectivos activistas, los gremios dicen unas cosas mientras Luis Carlos y los antioqueños se aseguran de otras, el periodismo desapareció, las redes son ruido puro…e incluso los políticos de oposición hablan a título personal (es lo que dijo De la Calle en nombre de la Coalición de la Esperanza en el momento de dialogar con Duque).

Así que la marea parece estar bajando:

-Lo que aquí llaman “institucionalidad” cerró filas en torno al presidente. Las Cortes (violando la Constitución) firmaron un comunicado conjunto con el gobierno, los alcaldes (o la hoy controvertida Federación de Municipios) piden levantar el paro, los gremios por supuesto lo respaldan, los militares no se pueden pronunciar pero saben de qué lado está su jefe, y las iglesias por supuesto se sumaron al pedido de que cesen las marchas.

-Me falta el jefe presunto de la conspiración, que no es Maduro porque está muy ocupado, ni tampoco los Comunes porque el partido no existe. Gustavo Petro se disparó en las encuestas gracias al autogol del presidente, y el hechizo cercano del poder es tan intenso que decidió volverse responsable: por eso dijo que “al caer la tributaria se debió declarar victoria popular y frenar marchas” (aunque aun así no logró desprenderse de su mochila de revolucionario al precisar “Si lo quieren, en otros términos, que el Comité debió acumular fuerzas para lo que siga”).

Puede leer: La reciclada y fallida estrategia de seguridad de Duque

Las consecuencias

Dije ya que aún no se descarta el escenario del escalamiento o las protestas crecientes con represión creciente, una violencia anómica o dispersa de muertos en las calles y tropas en las calles que resulten o acaben en la militarización del país y en un gobierno aún más de derecha.

Pero las aguas ya parecen bajar y el escenario probable es menos malo. Tiene de bueno que la gente logrará algunas cosas, como decir la reforma a la salud que ya enredó o tal vez la matrícula gratis por este año, no alzas en la gasolina, unos pesos añadidos al subsidio de pandemia, un poco de justicia para los militares que abusaron, y el reguero de obras o mejoras en municipios o regiones o para grupos de presión más poderosos (camioneros, maestros…).

Pero este escenario previsible tiene de malo todo lo demás:

-Un gobierno maniatado durante el año largo que le falta y en medio de la triple crisis (sanitaria, económica y social); algo así o algo peor que Moreno en Ecuador después del paro indígena de 2019.

-Devaluación del peso y fuga de capitales por cuenta ahora de la inestabilidad política y de la prensa mundial que jamás ha entendido lo que pasa en Colombia.

-El gran hueco fiscal que dejaron Uribe y el final de la bonanza petrolera sigue ahí y agrandado por la recesión y la pandemia. En uno o en dos años tendremos que apretarnos o embarcarnos en el ciclo de inflación, recesión, apretón y estallido social.

-Las elecciones todavía más confusas, inciertas y polarizadas que las del 2018.

-Y el virus disfrutando de las aglomeraciones.

Es que poner a un bobo en la Presidencia tiene consecuencias.

https://www.elespectador.com/noticias/politica/analisis-el-presidente-duque-decidio-apoyar-a-petro/

21.16.-Pandemia? – JOSEPH E. STIGLITZ, LORI WALLACH

Economía digital. 

NUEVA YORK – La única forma de poner fin a la pandemia de COVID-19 es inmunizar a suficientes personas en todo el mundo. El lema “nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo” captura la realidad epidemiológica a la que nos enfrentamos. Los brotes en cualquier lugar podrían generar una variante del SARS-CoV-2 que es resistente a las vacunas, obligándonos a todos a volver a algún tipo de bloqueo. Dada la aparición de nuevas mutaciones preocupantes en India, Brasil, Sudáfrica, el Reino Unido y otros lugares, esta no es una mera amenaza teórica.

6 may 2021.- Y lo que es peor, la producción de vacunas no está ni cerca de entregar las 10-15 mil millones de dosis necesarias para detener la propagación del virus. A finales de abril, solo se habían producido 1.200 millones de dosis en todo el mundo. A este ritmo, cientos de millones de personas en los países en desarrollo permanecerán sin vacunar al menos hasta 2023 .

Por lo tanto, es una gran noticia que la administración del presidente estadounidense Joe Biden haya anunciado que se unirá a los otros 100 países que buscan una exención de emergencia COVID-19 de las reglas de propiedad intelectual (IP) de la Organización Mundial del Comercio que han permitido la monopolización de las vacunas. Las negociaciones oportunas de un acuerdo de la OMC que elimine temporalmente estas barreras crearían la certeza jurídica que los gobiernos y fabricantes de todo el mundo necesitan para aumentar la producción de vacunas, tratamientos y diagnósticos.

El otoño pasado, el ex presidente Donald Trump reclutó a un puñado de aliados de países ricos para bloquear cualquier negociación de exención. Pero la presión sobre la administración Biden para revertir este bloqueo contraproducente ha ido en aumento , obteniendo el apoyo de 200 premios Nobel y ex jefes de estado y gobierno (incluidas muchas figuras neoliberales prominentes), 110 miembros de la Cámara de Representantes de EE. UU. , Diez de EE. UU. Senadores, 400 grupos de la sociedad civil de Estados Unidos , 400 parlamentarios europeos y muchos otros.

UN PROBLEMA INNECESARIO

La escasez de vacunas COVID-19 en el mundo en desarrollo es en gran parte el resultado de los esfuerzos de los fabricantes de vacunas para mantener su control monopólico y sus ganancias. Pfizer y Moderna, los fabricantes de vacunas de ARNm extremadamente efectivas, se han negado o no han respondido a numerosas solicitudes de fabricantes farmacéuticos calificados que buscan producir sus vacunas. Y ningún creador de vacunas ha compartido sus tecnologías con países pobres a través del Fondo de Acceso a Tecnología COVID-19 voluntario de la Organización Mundial de la Salud.1

Las recientes promesas de la compañía de administrar dosis de vacunas a la instalación COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX), que las dirigirá a las poblaciones de mayor riesgo en los países más pobres, no sustituyen. Estas promesas pueden aliviar la culpa de las compañías farmacéuticas, pero no contribuirán significativamente a la oferta global.

Como entidades con fines de lucro, las corporaciones farmacéuticas se centran principalmente en las ganancias, no en la salud global. Su objetivo es simple: mantener tanto poder de mercado como sea posible durante el mayor tiempo posible para maximizar las ganancias. En estas circunstancias, corresponde a los gobiernos intervenir más directamente para resolver el problema del suministro de vacunas.2

UNA SOLUCIÓN DE SENTIDO COMÚN

En las últimas semanas, legiones de cabilderos farmacéuticos han invadido Washington para presionar a los líderes políticos para que bloqueen la exención del COVID-19 de la OMC. Si tan solo la industria estuviera tan comprometida con producir más dosis de vacunas como con la producción de argumentos engañosos, el problema del suministro ya podría haberse resuelto.

En cambio, las compañías farmacéuticas se han basado en una serie de afirmaciones contradictorias. Insisten en que no se necesita una exención, porque el marco actual de la OMC es lo suficientemente flexible como para permitir el acceso a la tecnología. También argumentan que una exención sería ineficaz, porque los fabricantes de los países en desarrollo carecen de los medios para producir la vacuna.

Y, sin embargo, las compañías farmacéuticas también dan a entender que una exención de la OMC sería demasiado eficaz. ¿Qué más podemos hacer con sus advertencias de que socavaría los incentivos a la investigación, reduciría las ganancias de las empresas occidentales y, cuando todas las demás afirmaciones fracasen, que ayudaría a China y Rusia a vencer geopolíticamente a Occidente?

Obviamente, una exención marcaría una diferencia real. Es por eso que las compañías farmacéuticas se oponen con tanta vehemencia. Además, el «mercado» confirma este pensamiento, como lo demuestra la fuerte caída en los precios de las acciones de los principales fabricantes de vacunas justo después del anuncio de la administración Biden de que participará en negociaciones de exención. Con una exención, se pondrán en línea más vacunas, los precios bajarán y también las ganancias.1

Aún así, la industria afirma que una exención sentaría un precedente terrible, por lo que vale la pena considerar cada una de sus afirmaciones por turno.

LAS GRANDES MENTIRAS DE LAS GRANDES FARMACÉUTICAS

Después de años de apasionadas campañas y millones de muertes en la epidemia del VIH / SIDA, los países de la OMC acordaron la necesidad de licencias obligatorias de propiedad intelectual (cuando los gobiernos permiten que las empresas nacionales produzcan un producto farmacéutico patentado sin el consentimiento del propietario de la patente) para garantizar el acceso a los medicamentos. Pero las compañías farmacéuticas nunca renunciaron a hacer todo lo posible para socavar este principio. En parte, debido a la tacañería de la industria farmacéutica, necesitamos una exención en primer lugar. Si el régimen de propiedad intelectual farmacéutica imperante hubiera sido más complaciente, la producción de vacunas y terapéuticas ya se habría incrementado.1

El argumento de que los países en desarrollo carecen de las habilidades para fabricar vacunas COVID basadas en nuevas tecnologías es falso. Cuando los fabricantes de vacunas de EE. UU. Y Europa acordaron asociaciones con productores extranjeros, como el Serum Institute of India (el mayor productor de vacunas del mundo) y Aspen Pharmacare en Sudáfrica, estas organizaciones no han tenido problemas de fabricación notables. Hay muchas más empresas y organizaciones en todo el mundo con el mismo potencial para ayudar a impulsar el suministro de vacunas; solo necesitan acceso a la tecnología y los conocimientos técnicos.

Por su parte, la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias ha identificado unas 250 empresas que podrían fabricar vacunas. Como señaló recientemente el delegado de Sudáfrica en la OMC :

«Los países en desarrollo tienen capacidades científicas y técnicas avanzadas… la escasez de producción y suministro [de vacunas] es causada por los propios titulares de derechos que celebran acuerdos restrictivos que sirven a sus propios fines monopolísticos estrechos anteponiendo las ganancias a la vida».

Final del formulario

Si bien puede haber sido difícil y costoso desarrollar la tecnología de la vacuna de ARNm, eso no significa que la producción de las inyecciones reales esté fuera del alcance de otras compañías en todo el mundo. El propio ex director de química de Moderna, Suhaib Siddiqi, ha argumentado que con el intercambio suficiente de tecnología y conocimientos, muchas fábricas modernas deberían poder comenzar a fabricar vacunas de ARNm en tres o cuatro meses.

La posición alternativa de las compañías farmacéuticas es afirmar que no se necesita una exención a la luz de las «flexibilidades» existentes de la OMC. Señalan que las empresas de los países en desarrollo no han solicitado licencias obligatorias, como para sugerir que son simplemente grandilocuentes. Pero esta supuesta falta de interés refleja el hecho de que las compañías farmacéuticas occidentales han hecho todo lo posible para crear marañas legales de patentes, derechos de autor y diseños industriales patentados y “exclusividades” de secretos comerciales que las flexibilidades existentes tal vez nunca cubran. Debido a que las vacunas de ARNm tienen más de 100 componentes en todo el mundo, muchos de ellos con alguna forma de protección de la propiedad intelectual, es casi imposible coordinar las licencias obligatorias entre países para esta cadena de suministro.

Además, según las normas de la OMC, la concesión de licencias obligatorias para la exportación es aún más compleja, aunque este comercio es absolutamente esencial para aumentar el suministro mundial de vacunas. El fabricante canadiense de medicamentos Biolyse, por ejemplo, no puede producir y exportar versiones genéricas de la vacuna Johnson & Johnson a países en desarrollo después de que J&J rechazara su solicitud de licencia voluntaria.1

Otro factor de la escasez de suministro de vacunas es el miedo, tanto a nivel empresarial como nacional. A muchos países les preocupa que Estados Unidos y la Unión Europea corten la ayuda o impongan sanciones si emiten licencias obligatorias después de décadas de amenazas de hacerlo. Sin embargo, con una exención de la OMC, estos gobiernos y empresas estarían aislados de demandas corporativas, mandatos judiciales y otros desafíos.

LAS VACUNAS DEL PUEBLO

Esto nos lleva al tercer argumento que hacen las grandes compañías farmacéuticas: que una exención de propiedad intelectual reduciría las ganancias y desalentaría la investigación y el desarrollo futuros. Al igual que las dos afirmaciones anteriores, esta es evidentemente falsa. Una exención de la OMC no aboliría los requisitos legales nacionales de que los titulares de propiedad intelectual reciban regalías u otras formas de compensación. Pero al eliminar la opción de los monopolistas de simplemente bloquear más producción, una exención aumentaría los incentivos para que las empresas farmacéuticas firmen acuerdos voluntarios.1

Por lo tanto, incluso con una exención de la OMC, los fabricantes de vacunas pueden ganar mucho dinero . Se proyecta que los ingresos de la vacuna COVID-19 para Pfizer y Moderna solo en 2021 alcancen los $ 15 mil millones y $ 18,4 mil millones , respectivamente, a pesar de que los gobiernos financiaron gran parte de la investigación básica y proporcionaron fondos iniciales sustanciales para llevar las vacunas al mercado.

Para ser claros: el problema para la industria farmacéutica no es que los fabricantes de medicamentos se vean privados de un alto rendimiento de sus inversiones; es que se perderán las ganancias del monopolio, incluidas las de futuras inyecciones de refuerzo anuales que sin duda se venderán a precios elevados en los países ricos.

Finalmente, cuando todas sus demás afirmaciones fracasan, el último recurso de la industria es argumentar que una exención ayudaría a China y Rusia a obtener acceso a una tecnología estadounidense. Pero esto es un engaño, porque las vacunas no son una creación estadounidense en primer lugar. La investigación colaborativa entre países sobre el ARNm y sus aplicaciones médicas ha estado en marcha durante décadas. La científica húngara Katalin Karikó hizo el avance inicial en 1978, y el trabajo ha continuado desde entonces en Turquía, Tailandia, Sudáfrica, India, Brasil, Argentina, Malasia, Bangladesh y otros países, incluidos los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU.

Además, el genio ya está fuera de la botella. La tecnología de ARNm de la vacuna producida por Pfizer es propiedad de BioNTech (una empresa alemana fundada por un inmigrante turco y su esposa), que ya otorgó al productor chino Fosun Pharma una licencia para fabricar su vacuna. Si bien hay ejemplos genuinos de empresas chinas que roban propiedad intelectual valiosa, este no es uno de ellos. Además, China está en camino de desarrollar y producir sus propias vacunas de ARNm. Uno está en ensayos clínicos de fase III ; otro puede almacenarse a temperatura de frigorífico , eliminando la necesidad de gestionar la cadena de frío.

CÓMO ESTADOS UNIDOS PODRÍA REALMENTE PERDER

Para aquellos que se centran en cuestiones geopolíticas, la mayor fuente de preocupación debería ser la incapacidad de Estados Unidos hasta la fecha de participar en una diplomacia COVID-19 constructiva. Estados Unidos ha estado bloqueando las exportaciones de vacunas que ni siquiera está usando. Solo cuando una segunda ola de infecciones comenzó a devastar la India, consideró oportuno liberar sus dosis de AstraZeneca sin usar. Mientras tanto, Rusia y China no solo han puesto a disposición sus vacunas; se han involucrado en una transferencia significativa de tecnología y conocimientos, forjando asociaciones en todo el mundo y ayudando a acelerar el esfuerzo mundial de vacunación.

Dado que las infecciones diarias continúan alcanzando nuevos máximos en algunas partes del mundo, la posibilidad de que surjan nuevas variantes peligrosas representa un riesgo creciente para todos nosotros. El mundo recordará qué países ayudaron y qué países pusieron obstáculos durante este momento crítico.

Las vacunas COVID-19 han sido desarrolladas por científicos de todo el mundo, gracias a la ciencia básica respaldada por numerosos gobiernos. Es justo que las personas del mundo cosechen los beneficios. Es una cuestión de moralidad e interés propio. No debemos permitir que las compañías farmacéuticas antepongan las ganancias a las vidas.

https://www.project-syndicate.org/onpoint/big-pharma-blocking-wto-waiver-to-produce-more-covid-vaccines-by-joseph-e-stiglitz-and-lori-wallach-2021-05

21.16.-De paros y bloqueos – GERMÁN VARGAS

Las condiciones no podían ser más propicias para conseguir el efecto buscado: la ruina total.

Tras un año largo de pandemia, con cerca de 500 personas fallecidas todos los días, con las UCI a reventar y cuando aún no levantamos cabeza, regresó el paro nacional.

16 may 2021.- Las condiciones no podían ser más propicias para conseguir el efecto buscado, que no es otro que conducir al país a la ruina total. Y lo están logrando con una agenda cargada de odio y propósitos políticos. En estos 15 días, el sector productivo ha perdido billones de pesos. En el sector agrícola (1,7), el industrial (2,2), y en el comercio, la construcción y el minero-energético, mucho más. Por lo menos medio billón se pierde cada día por causa de los bloqueos. En el Valle del Cauca, las pérdidas superan ya los dos billones. En Buenaventura, nada entra y nada sale, las navieras están advertidas de que no pueden llegar, y los contratos de concesión del puerto tendrán que ser suspendidos.

Basta ver las declaraciones de algunos promotores del paro para saber que también estimulan y respaldan los ilegales bloqueos. Algunos, como César Arias, de la CUT, sostienen que el objetivo es paralizar la producción. Muy pocos condenan estos hechos y todos están eufóricos por la duración e impacto de estos. Éxtasis total.

Los medios de comunicación iniciaron una campaña para respetar el derecho a la protesta a través del paro, pero sin los bloqueos que están asfixiando a la población por falta de alimentos, servicios y, literalmente, a los enfermos en las UCI por falta de oxígeno. Pero poco éxito han tenido estos llamados. El jueves pasado se reportaron 140 bloqueos, y cada día escalan más. Incluso el propio Acueducto de Bogotá advierte de la posible afectación del servicio de no recibir con prontitud los insumos.

Llevamos 1.950 marchas y 1.501 bloqueos y retenes ilegales en los que extorsionan para permitir el paso, 716 civiles y 849 uniformados lesionados, centenares de establecimientos comerciales afectados, infraestructuras destruidas, personal de la salud agredido, ataques a camiones que transportaban insumos médicos y vacunas, sectores residenciales amenazados, pánico generalizado. BASTA YA. Hace días todo esto se salió de madre, se sobrepasaron todos los límites. Yo me pregunto: ¿qué están esperando el Gobierno y las autoridades para hacer cumplir la ley?

Como ministro del Interior y de Justicia presenté al Congreso la ley de seguridad ciudadana, hoy vigente, una norma que me permito recordar al Gobierno y a todas las autoridades, comenzando por los alcaldes y gobernadores. El art. 44 de ese estatuto tipificó como delito con pena de prisión, multa y pérdida de derechos y funciones públicas a quien incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar las vías o la infraestructura de transporte público y las obstruya temporal o permanente, de manera selectiva o general cuando afecten la vida, el orden público, la salud, la seguridad alimentaria y el derecho al trabajo. Se excluyen las movilizaciones con permiso de la autoridad competente. En cumplimiento de este mandato legal hay que detener de inmediato a quienes bloquean, vandalizan y cometen otros delitos como el daño en bien ajeno, el incendio y la violencia contra servidor público.

Estas normas pasaron el control de constitucionalidad en sentencia C-742/2012, al indicar la Corte que la norma era precisa y clara: que el sujeto pasivo es la comunidad, cuyos derechos citados se ven perjudicados por la conducta tipificada. Y agregó que el bien jurídico protegido es la seguridad pública.

¿Cuál es la excusa para no atender el cumplimiento estricto de normas tan claras y que permitirían hacer respetar los derechos vitales de 50 millones de colombianos? ¿Qué hace falta para que en este país se cumpla la ley sin esguinces, sin disculpas, sin temores? ¿Cuál es el concepto de autoridad que se maneja?

Y a todas estas, ¿cuántos de los líderes del paro estarán tramitando desde ahora sus propias aspiraciones electorales? ¿En qué quedó el paro papero en Boyacá, distinto a la llegada a la cámara de su líder César Pachón o del actual alcalde de Buenaventura, cabeza también del paro en el puerto? Sorprende el silencio cómplice de los candidatos presidenciales sobre esta gravísima situación. Más temprano que tarde, el país les pasará factura.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/de-paros-y-bloqueos-columna-de-german-vargas-lleras-588769

21.16.-Reforma letal en salud – CRISTINA DE LA TORRE

Marchas de ayer en Bogotá (@Dignidad) 

A la violencia que campea desde todos los flancos se ha sumado la potencial amenaza a la supervivencia que la reforma de salud representa para miles de colombianos. Pese a la muerte de decenas de muchachos en las calles y a la desaparición de muchos sin noticia de su paradero; no contento el Gobierno con atribuir a mafiosos la protesta desesperada de una sociedad que estalla como no se viera antes; no contento con hacer la vista gorda a la coartada en boga que convierte al civil inconforme en objetivo militar, y cocinar la conmoción interior como antesala de un autoritarismo sin barniz; impertérrito ante el repudio de gobiernos, medios y organismos de derechos humanos en el mundo, extiende este Gobierno su tentáculo reaccionario sobre el ya malhadado sistema de salud.

10 may 2021.- Policías embisten a médicos que atienden a manifestantes heridos, como apunta el Proyecto de Ley 010 contra el sistema público de salud y su red de hospitales en favor del servicio privado. Retirarlo es bandera del paro.

El tocado de flores que lo adorna no logra disipar sus miasmas: ni recupera él los hospitales, ni ofrece atención primaria en salud, ni responde a los derechos de sus trabajadores y, como modelo financiero, perfecciona la privatización en oligopolio. Sostiene Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana (a quien me permito glosar en adelante), que el proyecto asfixiará las finanzas de los hospitales públicos, única alternativa de salud para los diez millones de colombianos confinados en los extramuros de la patria. En la lógica que persigue la rentabilidad económica y no la social, liquidará los que resulten financieramente inviables (manes de la masacre perpetrada contra ellos en el gobierno de Álvaro Uribe). Tampoco vela el Gobierno porque paguen las EPS y los entes territoriales la deuda de $24 billones que ahorca a clínicas y hospitales. Resultado al canto, la masacre laboral de sus trabajadores, ya expuestos por la ilegalidad que rodea la contratación del 80 % del personal de salud.

El proyecto extrema la negación de los servicios de salud, para provocar el desplazamiento de usuarios del sistema público al privado. El Ministerio decidiría cuáles servicios, procedimientos y medicamentos financiar con dineros públicos y cuáles delegar a las EPS para que el paciente las costee. Se reduciría drásticamente el tratamiento posible del médico general, de modo que el paciente tuviera que acudir al oneroso servicio privado. Enorme tronera se abriría en la financiación de un derecho fundamental indelegable.

En Colombia los recursos del sector son públicos pero los manejan, alegremente, entidades privadas. Y el proyecto 010 refuerza el modelo de captación financiera ilegítima con que la Ley 100 privatizó la salud. La lógica del proyecto, afirma Corcho, no emana del derecho a la salud, sino de la intermediación financiera: es lógica comercial y mercantil. La Ley 100 desmontó la salud pública, el sistema preventivo que operaba en cada municipio. Los mejores sistemas de salud son públicos y descentralizados, aunque prestadores privados y públicos puedan convivir. Es el Estado el que traza las políticas del sector, controla los recursos y los deposita, sin intermediarios, en clínicas, hospitales y entidades encargadas de la salud pública. Reformar el modelo no da espera. Pero no será radicalizando la Ley 100, origen del adefesio que rige, sino mediante la Estatutaria de 2015, que reconoce la salud como derecho fundamental garantizado para todos por igual.

¿Qué mente torcida concibe moler a palos a médicos que auxilian heridos de bala por la policía? La que ordena masacrar a la muchachada ¿será la misma que condene a muerte por falta de atención médica a las legiones de colombianos que no podrán costear servicios particulares de salud?

https://www.elespectador.com/opinion/reforma-letal-en-salud/

21.16.-¿Qué pasa en Cali? – MAURICIO CABRERA

Cualquiera que sea la causa del vandalismo y los saqueos en Cali, debe haber una fuerte reacción ciudadana contra toda clase de violencia.

Las noches se volvieron pesadilla en Cali. La violencia de las protestas contra el gobierno colombiano estalló en esta ciudad donde convergen los males de un país sumido en seis décadas de guerra / AFP

Millones de personas participaron en el paro nacional y cientos de miles que salieron a las calles en todo el país para protestar contra el gobierno lo hicieron de manera pacífica. Pero en algunas ciudades, sobre todo en Cali, se desataron actos de violencia y vandalismo sin justificación ni relación alguna con las causas de la legítima protesta. ¿Por qué sucede esto en Cali?

10 may 2021.- Hay razones muy válidas para la protesta ciudadana: hambre, desempleo, encierro por la pandemia y mucha desigualdad. Basta ver los reportes entregados por el Dane esta semana sobre el impresionante aumento de la pobreza la miseria y el desempleo, para constatar que la situación social es una bomba de tiempo. El proyecto de reforma tributaria fue la chispa que la hizo estallar.

Si las marchas y manifestaciones fueron pacíficas en la inmensa mayoría de los 600 municipios del país en donde se realizaron, ¿por qué en Cali se desató la violencia? ¿Por qué continúa a pesar de los llamados de los organizadores del paro a que no haya más actos públicos?

No es fácil la respuesta y requiere un profundo análisis sociológico, pero se pueden plantear algunas hipótesis, a partir del hecho de que la mayoría de saqueos, bloqueos y actos de vandalismo son protagonizados por jóvenes. Una es el rápido y desordenado crecimiento de la ciudad generado por migraciones masivas de poblaciones del Pacífico y el Cauca, aumentado en los últimos años con migrantes venezolanos.

Esto ha generado una urbe segmentada y segregada, con muchos habitantes sin sentido de pertenencia. Además, desempleo más alto que el promedio nacional, los jóvenes de esas comunas no ven futuro ni razones para cuidar o defender una ciudad que no les ofrece alternativas y frente a la cual solo sienten rabia y rencor.

Este contexto es propicio para que grupos criminales recluten a estos jóvenes, y que en medio de las protestas sean convocados, y respondan con celeridad, para el saqueo, los bloqueos y el enfrentamiento a la fuerza pública, que en lugar de prevenir responde con la misma violencia.

¿Quiénes se benefician de esta violencia? No son los organizadores del paro nacional que tienen objetivos políticos bien definidos: tumbar la reforma tributaria, oponerse al gobierno y ganar en las elecciones. Para esos objetivos los desmanes son contraproducentes porque deslegitiman la protesta y generan una reacción contraria en muchos votantes que les hace perder apoyo político.

Se benefician los delincuentes y los grupos de extrema derecha que encuentran argumentos populares para la represión, las políticas de mano dura y sus propuestas de entregar armas a la población civil y logran réditos electorales para los candidatos que las promueven. Por eso no son absurdas las hipótesis de que por lo menos parte de los actos violentos y los desmanes son provocados por infiltrados de esas tendencias.

Cualquiera que sea la causa, debe haber una fuerte reacción ciudadana contra toda clase de violencia.

Continue leyendo: ¿Qué pasa en Cali? (2)

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/que-pasa-en-cali-columnista-551576

21.16.-¿Qué pasa en Cali (2) – MAURICIO CABRERA

En país de ciegos el tuerto es rey, y a comienzos de 2020 la situación de Cali era menos mala que la del resto del país.

Las noches se volvieron pesadilla en Cali. La violencia de las protestas contra el gobierno colombiano estalló en esta ciudad donde convergen los males de un país sumido en seis décadas de guerra / AFP

El paro continúa. Van 12 días de manifestaciones y bloqueos, pero también de actos de vandalismo y violentos enfrentamientos con la fuerza pública que han dejado demasiados muertos y heridos de ambas partes.

(¿Qué pasá en Cali? Parte 1)

10 may 2021.- Cali sigue siendo la ciudad donde la confrontación es más intensa ¿Cómo fue posible que llegáramos a esta situación y que se prolongue por tantos días? La semana pasada planteé algunas hipótesis que hoy quiero complementar.

Ante todo el contexto social. El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, presentó esta semana las cifras de la pobreza y la desigualdad de Cali, y los resultados del impacto de la pandemia en la ciudad son aterradores.

En país de ciegos el tuerto es rey, y a comienzos de 2020 la situación de Cali era menos mala que la del resto del país, con una tasa de pobreza del 21,9%, frente al 35,7% nacional; en pobreza extrema los porcentajes eran 4,7% y 9,6% respectivamente, y en el índice de desigualdad 0,46% y 0,52%.

Entonces llegó la pandemia y todo empeoró en el país: la pobreza nacional llegó a 42,5 (un aumento de 7 puntos) y 3,5 millones de personas se volvieron pobres (un aumento del 20%). También se incrementó la desigualdad medida por el índice de Gini, el cual pasó de 0,52 a 0,54, volviendo a los niveles de principios de siglo.

Lo que en el país fue tormenta, en Cali fue huracán. La tasa de pobreza aumentó 15 puntos (el doble de la nacional) llegando a 36,3, y el número de pobres aumentó 67%, es decir más del triple de lo que pasó en el país.

Otro indicador alarmante en la ciudad es la pérdida de ingresos de los más pobres: mientras que en el conjunto del país fue del 24%, en Cali fue del 50%.

No hay explicación clara de estas diferencias, sobre todo porque los aumentos del desempleo si han sido similares. Lo que es evidente es que un deterioro de esta magnitud, así sea en la capital del cielo, es el caldo de cultivo más propicio para la explosión social.

En cuanto a la prolongación del paro confluyen dos factores. De una parte, grupos criminales de todas las tendencias que han infiltrado la legítima protesta para crear caos y zozobra y, de otra, la lenta y tardía respuesta del gobierno tanto para atender los justos reclamos de la población, como para enfrentar con más inteligencia y menos violencia los desmanes y el vandalismo en las calles.

Dos ejemplos de la equivocada respuesta oficial. Si el gobierno no se hubiera demorado 5 días en retirar la reforma tributaria y hubiera llamado al diálogo desde el principio, el paro y las protestas no habrían tenido tanto combustible para continuar.

Si en lugar de enfrentar con la fuerza los bloqueos en la ciudad y en las carreteras y las vías de acceso, cuando ya se han formado, se identifican con inteligencia los sitios donde se van a producir y se impide que se formen, se evitarían muchos muertos y heridos.

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/que-pasa-en-cali-2-paro-nacional-2021-551776

21.16.-Desinformación sobre la pandemia del covid-19 como con el Paro – DIEGO OTERO

Síntesis

La desinformación sobre el paro está ligada a la desinformación sobre el Covid-19. La propaganda del gobierno nacional y algunas autoridades regiones y alcaldes se enfoca en hacer alarmismo sobre el Covid-19, con la teoría que las movilizaciones contribuyen a aumentar los contagios, con la idea de crear miedo para que la gente no salga a las calles. 

13 may 2021.- Antes nos hablaban de que la Semana iba a dar lugar a incrementos altos en los infectados. Se hablaba de que esos días del 31 de marzo al 4 de abril se reflejarían después de mediados de abril en súper contagios. Nada de eso ha ocurrido al estudiar las cifras. Después, que por los paros que comenzaron el 28 de abril se iban a tener dos semanas tétricas en la primera mitad de mayo. Como eso no ha ocurrido, ahora la alcaldesa Claudia López, la misma de los presagios pesimistas desde marzo, que las dos semanas terribles va a ser las de finales de mayo. Pero, Bogotá no se puede generalizar al país. La capital no es Colombia.

Las estadísticas de Google Mobility muestran claramente que la movilidad no ha aumentado y cifras de los contagiados prueba que se llegó al pico nacional el 28 de abril.

En cuanto a las muertes, esta tercera ola ha dado lugar a un mayor número de estas que en la segunda, con una tasa de mortalidad que bajó hasta el 23 de abril a 2,57 por ciento, pero que creció a 2,59 por ciento el 11 mayo porque a partir del 28 de abril se redujeron los casos diarios de infectados, y los muertos aún siguen altos, dado que la disminución se refleja más lentamente.

En esta tercera ola, al comienzo fueron determinantes Antioquia, Atlántico y los demás departamentos de la costa atlántica, con Bogotá en una situación relativamente buena. Pero, a partir del pico del 28 de abril los infectados crecieron un poco más rápido en Bogotá, que también llegó a su pico el 28 de abril, con una tasa de mortalidad decreciente de 2,1 por ciento el 10 de febrero a 1,9 por ciento el 10 de mayo, muy por debajo de la tasa nacional de 2,59 por ciento.

El pico nacional se dio el 28 de abril

Es increíble, ni el gobierno nacional, ni los alcaldes, nadie habla que al pico nacional se llegó el 28 de abril con un promedo móvil semanal de 17.616 casos, que ha venido disminuyendo, aunque lentamente, hasta alcanzar 15.988 infectados el 11 de mayo (gráfico 1 y cuadro 1).

La gráfica 1 es super clara, como los datos del cuadro 1: ya llegamos al pico de la tercera ola el 28 de abril con 17.616  casos diarios según promedio móvil de siete días que permite ver bien la tendencia.

Los datos muestran que del 28 de abril al 8 de mayo hubo una caída constante hasta llegar a 15.398 casos diarios de infectados, con un quiebre en los tres siguientes días con una pequeña tendencia creciente a 15.989. Estos movimientos son normales cuando se inicia la etapa decreciente mientras se consolida el cambio, a menos que se den hechos que cambien la tendencia.

Hay una desinformación total a propósito para continuar introduciendo miedo a los colombianos, para que no salgan a la calle y acepten cualquier decisión, norma o regla de limitación a la libertad y los derechos humanos. Hay total unanimidad entre el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá.

Muertes sí han aumentado en esta tercera ola

Para el 11 de mayo, el promedio móvil de muertos era de 449, con una evolución y distribución muy diferente por territorios. Pero, ya se dio el punto máximo el 4 de mayo con 485 muertes diarias, con una caída continua hasta el 11 de mayo. Así, ya hay una evolución positiva.

En el cuadro 2 se presenta la evolución de los muertos para 9 grandes regiones. Bogotá ha venido aumentando el número de muertos diarios, pero está todavía por debajo del pico de la segunda ola, así que el escándalo que se está haciendo sobre la capital está un poco sesgado. Sí, es cierto que hay más utilización de camas UCI, casi al límite del 100 por ciento, pero no es por más muertos ni contagiados exagerados. Es curioso, hay más hospitalizaciones, pero la tasa de mortalidad ha venido disminuyendo. En otras palabras, no hay tantos contagiados en Bogotá como en la segunda ola, ni muertos, pero más hospitalizados, como si en esta etapa el Covid-19 fuera más proclive a hospitalizaciones.

Antioquia, Barranquilla, Valle, Santa Marta y Cundinamarca disminuyen después de mediados de abril sus muertes diarias, mientras que Bogotá, Santander, Córdoba y Cesar los suben. En el agregado, estos 9 territorios explicaban el 17 de abril el 78,68 por ciento de todos los muertos, porcentaje que comenzó a disminuir continuamente hasta llegar a 59,47 por ciento el 10 de mayo. Esto implica, que los incrementos en los muertos se dieron, fuera de los cuatro mencionados, el resto de los 24 departamentos, por incrementos menores de uno a dos muertos por día.

Sin embargo, el aumento nacional en los muertos se centra en Bogotá, que los aumentó de 19 el 1 de abril a 80 el 10 de mayo.

Siguen bajas las pruebas y mejora la vacunación

El promedio diario de pruebas en los primeros once días de mayo tuvo un incremento con los anteriores meses a 69.880, cifra que es muy baja, cuando deberíamos estar por encima de 100.000 pruebas. Esto continúa siendo el lunar negro.

A partir de mayo la vacunación diaria ha crecido, para un promedio de 140.690 vacunados, pero es insuficiente para llegar a 61 millones de vacunas en 2021.

La tasa de recuperación en mayo se ha estabilizado con tendencia a mejorar, con variaciones entre 93,3 y 94,0 por ciento, pero sin llegar a las buenas cifras de 95-96 por ciento de febrero y marzo, aunque hay que tener en cuenta que en estos meses se estaba en la etapa descendente del segundo ciclo, y esto es lo que debe ocurrir ahora en la etapa descendente del tercer ciclo. Ya para el 11 de mayo se había llegado a 94 por ciento.

Ya van más de doce departamentos que están en la etapa descendente de la tercera ola

En el cuadro 3 se tiene una comparación de los contagiados diarios de los días del pico y mínimo de la segunda ola, el pico del 28 de abril de la tercera ola y el valor de los infectados del día 11 de mayo. Para este día, nueve departamentos presentaban valores por debajo del pico de la tercera ola, sobresaliendo los cambios fuertes de Antioquia, Atlántico, Magdalena, La Guajira y Caldas. El resto de los territorios presentan modificaciones muy diferentes, algunos leves con las cifras del 28 de abril, como Bogotá, Valle, Tolima, Córdoba, Huila, Cauca y Caquetá.

En cuanto a la dinámica del Covid-19 hay una gran variedad: un grupo numeroso está en tendencia decreciente, hay otros que todavía aumentan, y un tercer grupo de regiones que muestran gran variabilidad porque crecen y bajan.

Bogotá no es como la pintan

Un ejemplo de esto último es Bogotá, que tuvo un pico el 28 de abril con 4.515 infectados diarios, que se redujo continuamente a 4.349 el 5 de mayo, pero volvieron a crecer los contagios del 6 en adelante y terminaron con 4.915 para el 11 de mayo. Es una situación muy variable y habrá que esperar una semana más para sacar conclusiones claras.

En el gráfico 3 se aprecia muy bien como los datos actuales varían fuertemente de un día a otro, con saltos hacia arriba y abajo, de ahí que es muy difícil hace proyecciones con lo que ocurre en unos pocos días. Esta variabilidad es muy fuerte desde abril.

Ahora, en cuanto a muertos diarios, en Bogotá han venido creciendo desde un mínimo de 15 el 21 de marzo a 80 el 10 de mayo, pero continúa por debajo del máximo del 17 de marzo de 108. Otro punto importante, es que la tasa de mortalidad ha venido disminuyendo de 2,1 por ciento en los meses de febrero y marzo a 1,98 por ciento el 9 de mayo, por debajo de la del nivel nacional de 2,59, lo cual es muy bueno. Así, que contrario a lo que se afirma por los medios, por la alcaldía, algunos médicos y epidemiólogos no es cierto que la situación de Bogotá sea terrible. La mayoría de los indicadores son positivos, excepto el tema de la ocupación de las camas UCI. Pero esto no es para encerrarnos como quieren los apocalípticos y acabar con la economía de Bogotá y enviar más bogotanos a la pobreza y quebrar más empresas. Y más enfermedades y muertes futuras.

Conclusiones

No estamos en una tercera ola terrible. Las cifras hablan por sí solas. Supuestamente llegamos al pico el 28 de abril, y aunque se han dado unos crecimientos pequeños en los infectados diarios del 9 al 11 de mayo, todavía se está por debajo del valor máximo producido de este supuesto tercer pico.

En muertos ocurre lo mismo, se llegó a un máximo de 485 muertos diarios el 4 de mayo que ha venido descendiendo hasta el 11 de mayo. La tasa de recuperación ha comenzado a crecer y ya llegó a 94 por ciento.

No se ve ningún efecto importante de las fiestas de Semana Santa ni todavía de las protestas. Los datos de movilidad de Google no confirman aumentos en la movilidad, porque lo que han producido las protestas son disminuciones de gentes que van a trabajar y más colombianos en los hogares y parques. Las afirmaciones alarmistas de la alcaldesa de Bogotá, especialmente, y de los famosos comités epidemiológicas que nadie sabe que son, quienes los conforman, que estudios y análisis hacen, qué metodologías utilizan, son cajas negras que sirven para asustar a la gente para que acepte lo que decidan los autoritarios.

Finalmente, como dice el filósofo francés Michel Maffesoli “Se entiende que un año de confinamiento impuesto, o recomendado apelando al miedo, provoque un deseo irreprimible de reencontrarse ¡cueste lo que cueste!

Diego Otero Prada, Presidente de la Asociación Colombiana Crítica-ACECRI y Miembro de Número de la Academia de Ciencias Económicas-ACCE

Foto tomada de: Agencia SINC
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https://www.sur.org.co/desinformacion-sobre-la-pandemia-del-covid-19-como-con-el-paro/

  • 21.15.-La misma pendejada, Presidente – PATRICIA LARA
  • Escalar los DD. HH. para desescalar las violencias – RODRIGO UPRIMNY
  • Afugias en la derecha, vistas desde la derecha– SALUD HERNÁNDEZ-MORA
  • ¿Qué pasa en Cali? – MAURICIO CABRERA
  • Elecciones 2022: Gustavo Petro  FERNANDO CEPEDA
  • Mentiras y verdades sobre la reforma de la salud– GERMÁN VARGAS 

Los promotores del paro la han enfilado ahora contra la reforma de la salud.

Los promotores del paro la han enfilado ahora contra la reforma de la salud. Aprovechan la tensa situación creada por ellos para mentir sobre una reforma que mucho bien le haría al país y, lo más importante, a los más vulnerables. 

8 may 2021.- Mentira: afirman que se va a privatizar la salud y entregar su manejo a las EPS.

Verdad: es todo lo contrario, se amplía y se fortalece la capacidad del Estado sobre todos los actores del sistema. Se habilitan herramientas para intervenir y liquidar aquellas empresas que hoy incumplen los criterios de habilitación técnica y financiera, demoran la atención, los procedimientos y no entregan medicamentos. En adelante las EPS deberán competir por calidad y no por el número de pacientes. Las que no sean eficientes o que se prestan para malos manejos, politiquería o corrupción desaparecen, y no son pocas.

Y claro, del proyecto les molestan los criterios de evaluación del aseguramiento que permitiría depurar el sistema. También les incomodan las restricciones en la gestión de recursos, pues se establece un tope en los gastos administrativos. Y ni qué decir de la posibilidad de los giros directos a los hospitales, que acaba con la intermediación en el manejo de recursos. La salud dejará de ser el gran negocio en que algunas empresas la han convertido.

Mentira: que se acaba el Instituto Cancerológico para privilegiar al nuevo centro oncológico de Luis Carlos Sarmiento.

Verdad: el Instituto se fortalece y conserva su naturaleza estatal, y se transforma en una entidad especial con funciones de prestador, formador e investigador. El nuevo centro oncológico, con una donación superior a un billón de pesos por parte del grupo, será el más moderno de Latinoamérica, funcionará como fundación sin ánimo de lucro, y sus excedentes se destinarán exclusivamente a investigación y actualización de equipos.

Mentira: que se van a cerrar los hospitales públicos.

Verdad: el proyecto fortalece la red hospitalaria pública y garantiza la prestación de servicios en mejores condiciones para los pacientes. Es muy importante señalar que propone un subsidio de oferta para aquellos que tienen que operar en circunstancias de desventaja.

Mentira: que se reducen los salarios de los trabajadores de la salud.

Verdad: este proyecto busca mejorar la remuneración de los trabajadores de la salud, formalizar su vínculo laboral, prohíbe la tercerización en la contratación y garantiza condiciones dignas, respetando horarios y descansos. Por ejemplo, el personal vinculado a hospitales públicos será categorizado como servidores públicos con un régimen especial.

Mentira: que limita la formación médica.

Verdad: es injusto que al terminar sus estudios de pregrado los médicos no puedan especializarse por el restringido y privilegiado club donde solo se admiten 2 estudiantes al año en cada especialidad. Con el proyecto se multiplican, con recursos de regalías, de manera significativa los cupos para acceder a una especialización. Se establece el examen único para egresados y, además, los estudiantes recibirán por ley remuneración por el tiempo de la residencia.

Es tal el cúmulo de falacias que se han difundido que requeriría toda la edición del periódico para refutarlas. La iniciativa garantiza en condiciones de igualdad todos los beneficios del plan obligatorio de salud. No toca en absoluto los regímenes especiales. Amplía la licencia de maternidad remunerada a las mujeres del régimen subsidiado, que hoy no lo tienen. Acaba con el ‘paseo de la muerte’ y prohíbe la negación de servicios. La unidad de pago por capitación será suficiente para brindar una adecuada protección a todos los pacientes. No se establecen pagos; y menos, pólizas. Cada persona tendrá un médico que le brindará prevención y atención, poniéndoles fin a las interminables remisiones que hoy son la regla general.

Detrás de este expediente de mentiras hay intereses muy poderosos de quienes se verían afectados, empezando por muchas EPS y por los grupos de cabilderos que tramitan intereses particulares y, últimamente, de los promotores del paro, que se equivocan al ponerse al servicio de esos oscuros propósitos.

  1. D.Pasada la página de la inconveniente reforma tributaria es el momento de cerrar filas en defensa de nuestro país, tristemente sitiado por el vandalismo, los paros y las agendas políticas. 

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/mentiras-y-verdades-columna-de-german-vargas-lleras-587075

21.15.-La misma pendejada, Presidente – PATRICIA LARA

En este paro, el presidente Iván Duque está haciendo la misma pendejada que hizo en el paro de noviembre del 2019, pero peor. Por una parte, retiró su esperpento de reforma tributaria después de cuatro días de paro, cuando ya habían matado a raíz de las protestas, según Indepaz, a 31 personas, entre ellas a un capitán; ya la Policía había cometido 170 agresiones contra la población civil, y ya habían desaparecido a 89 personas.

6 may 20201.- Por otra parte —al igual que en el paro del 2019, cuando Duque se inventó la tal conversación nacional que terminó en nada y excluyó, en la práctica, al Comité del Paro—, el presidente convocó a un diálogo difuso, en el que aparentará que hablará con todos para no hablar con nadie. Y ahora también, en lugar de liderar el diálogo él, como tiene que ser, pues el primer deber de un presidente es conseguir que el país no se desintegre en sus manos, puso a liderarlo no a Diego Molano, hoy ministro de Defensa, quien mostraba tener cierta capacidad de concertación, sino a Miguel Ceballos, el comisionado de Guerra —mas no de Paz—, pues allí donde él mete las narices desbarata cualquier posibilidad de consenso o de acuerdo entre las partes en conflicto.

Es que la agenda pero sobre todo las fechas del diálogo darían risa, si no fuera por lo angustioso de la situación. Hoy, miércoles, cuando escribo esta columna, Bogotá amanece con la noticia de que la víspera hubo 91 heridos, entre ellos 19 policías, y que en Usme se llegó a la barbarie de incendiar un CAI con 10 policías adentro que por fortuna escaparon. En Cali se habla de que ha habido cerca de 30 muertos, 125 policías heridos y el alcalde convoca a una marcha para garantizar un corredor humanitario que facilite el abastecimiento de alimentos y medicinas. Y el expresidente Uribe incita con trinos a la violencia o muestra a policías desmoralizados y en llanto. Mientras tanto, el comisionado Ceballos esperará hasta el lunes para reunirse con el Comité del Paro. (¿Quedará país el 10 de mayo, presidente?). Hoy, 5 de mayo, cuando escribo esta columna, el paro sigue. Y sólo hasta el 7 Ceballos empezará a dialogar con alcaldes de capitales; el 8, con gobernadores; el 10, con el Comité del Paro; el 12, con estudiantes; el 13, con los alcaldes de los municipios PDET; el 14, con los partidos políticos; el 17, con los transportadores; el 18, con representantes de la Acción Comunal, y el 20, con los gremios.

¡Por Dios, presidente Duque! ¿No le parece que usted, en persona, debe reunirse de inmediato con Gustavo Petro, el líder de la oposición, y con los jefes de los demás partidos y grupos que se opusieron a su reforma tributaria? ¿No cree que debe hablar usted, también, con el Comité del Paro? ¿Y no piensa que tiene que convocar a los expresidentes, incluido Juan Manuel Santos, quien se ofreció a ayudarle a superar esta crisis?

Deje de seguir utilizando el sistema de dialogar yo con yo, porque con él está llevando el país al abismo, presidente. Un gobernante llega a acuerdos con sus opositores, no con sus áulicos. Recuerde al presidente Carlos Lleras cuando estando ad portas de un paro enorme citó a Palacio a los dirigentes de todas las centrales obreras y les dijo: de aquí no salen hasta que no lleguemos a un acuerdo. Así fue: luego de dos extenuantes días y noches sin dormir, presidente y centrales lograron un acuerdo. Y no hubo paro.

¡Gobierne, presidente!

Posdata. Si declara la conmoción interior, todo será peor, presidente.

https://www.elespectador.com/opinion/la-misma-pendejada/

21.15.-Escalar los DD. HH. para desescalar las violencias – RODRIGO UPRIMNY

Esta crisis actual es muy grave. En pocos días han muerto más de 30 personas, varias de ellas por balas de la policía. Hay además numerosos desaparecidos. Y ha habido actos de vandalismo criminal extremo, como el intento de incinerar en un CAI a varios agentes de la policía.

8 may 2021.- Además de grave, esta crisis es compleja pues resulta de una combinación de tensiones viejas y nuevas, que se han acumulado y explotaron con ocasión del proyecto de reforma tributaria. Pero a pesar de su complejidad y gravedad, que hacen que la crisis sea difícil de resolver, o tal vez precisamente por eso, es necesario tomar medidas para evitar que se agrave más. El Gobierno y los líderes políticos y sociales deben hacer esfuerzos por desescalar la violencia, para lo cual es necesario escalar los derechos humanos, poniéndolos en el centro del manejo de la crisis. Propongo entonces siete medidas orientadas en esa dirección.

Primero, el presidente y en general todo el alto Gobierno deben condenar inequívocamente los abusos de la Fuerza Pública y señalar que esos actos no serán tolerados y serán investigados y sancionados. Infortunadamente esas declaraciones no han ocurrido.

Segundo, los promotores del paro y quienes compartimos la protesta debemos condenar no sólo los abusos policiales sino también los actos de violencia en las protestas.

Tercero, la Defensoría y la Procuraduría deben recordar que son instituciones independientes del Gobierno y que deben tomar en serio y cumplir su función constitucional de defender los derechos humanos y denunciar los abusos de las autoridades. Infortunadamente, a pesar del compromiso de sus funcionarios, las intervenciones de esos organismos han sido débiles por la cercanía de sus jefes con el Gobierno.

Cuarto, las autoridades deben detectar y sancionar a quienes en las protestas comenten actos vandálicos, especialmente contra otras personas, pero garantizando la protesta pacífica, sin estigmatizarla, y evitando cualquier exceso en el uso de la fuerza.

Por esa razón, quinto, el Gobierno y la Fuerza Pública deben cumplir estrictamente la sentencia de tutela de la Corte Suprema de septiembre 2020, que al amparar el derecho a la protesta pacífica ordenó a las autoridades que se abstuvieran de estigmatizar la protesta y que adoptaran protocolos para evitar excesos en el uso de la fuerza. Pero esa sentencia no ha sido cumplida en estas protestas, por lo cual los peticionarios de esa tutela, que fue apoyada por varias organizaciones de derechos humanos, entre las cuales está Dejusticia, presentaron un incidente de desacato contra el Gobierno.

Sexto, la Fiscalía debe investigar todas las violencias ocurridas en estas protestas, incluidas las de la policía, pues si el delito es claramente contrario a la función constitucional de la Fuerza Pública, el caso debe ir a la justicia ordinaria, conforme a la jurisprudencia constitucional y al artículo 3 de la Ley 1407.

Séptimo, debemos buscar el apoyo de organismos internacionales de derechos humanos. Por eso, en vez de obstruir la labor de verificación de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como intentó hacer la viceministra de Relaciones Exteriores, el Gobierno debería facilitar la presencia de otras instancias internacionales, como la Comisión Interamericana, para que nos ayuden a enfrentar la crisis. Esas medidas y otras del mismo carácter, que ponen los derechos humanos en el centro del manejo de la crisis, ayudarían a desescalar las violencias, lo cual facilitaría al mismo tiempo los necesarios diálogos en la búsqueda de acuerdos nacionales genuinos para enfrentar los problemas y las tensiones subyacentes que alimentaron estas protestas.

https://www.elespectador.com/opinion/escalar-los-dd-hh-para-desescalar-las-violencias/

21.15.-Afugias en la derecha, vistas desde la derecha– SALUD HERNÁNDEZ-MORA

Lo de Tomás Uribe sería un paso hacia el precipicio. Debería descartarlo de manera rotunda, no a media voz, y desaparecer del universo político. No aporta votos diferentes a los de su padre y genera rechazo.

1 may 2021.- Ya da igual lo que haga con su reforma tributaria. De este golpe no se levanta Duque. Y, de paso, le ha dado el último empujón a la derecha para que ruede por el despeñadero y la entierren en 2022.

Si no lo remedia nadie, el ególatra Petro, que posa de jefe de Estado y ya prodiga “alocuciones”, será el ganador, y Colombia entrará en la deriva autoritaria y populista que hemos conocido en otros países de la región.

Y es que la burbuja de Casa de Nariño resulta muy peligrosa. Lo demostró Santos con creces, que terminó creyéndose líder planetario, nunca conoció la verdadera Colombia y tampoco es que le importara. Sus anhelos estaban bien lejos, todo lo cifraba al famoso premio.

Me temo que Duque se contagió del mismo mal, aunque él sea un dirigente honesto y no sufra todavía los delirios de grandeza de su antecesor.

Pero no hacía falta ser economista ni estudiar Ciencia Política para saber que ese proyecto de ley causaría un terremoto. Y aunque no ha sido la primera vez que Carrasquilla, afectado de una prepotencia ilimitada, mete a su jefe en problemas, lo preocupante es que en Palacio, con tanto alto consejero, nadie advirtiera la catástrofe que se avecinaba. Además de que Duque paga un alto precio político por nada. Porque la tal reforma terminará famélica y con tantas cirugías que no la reconocerán en Hacienda, si es que no la hunden antes.

A la inconmensurable embarrada, que habrían solucionado dialogando antes con los líderes de los partidos afines, se suma el dato de que vuelven a ser 21 millones los colombianos que sobreviven con unos míseros 331.688 pesos mensuales o con menos. Aunque la culpa del crecimiento de la miseria y la pobreza solo es achacable a la pandemia, para los opositores la tienen Duque y la derecha, y la comparan con periodos anteriores, sin tener en cuenta el efecto covid. También desdeñan que antes de que el virus asolara el mundo, Colombia caminaba por la senda correcta.

Pero ya entonces, en 2019, cuando la economía marchaba bien, los mismos radicales montaron otro paro que fue secundado por miles de ciudadanos sin filiaciones políticas. Incomprensible que hayan olvidado en Casa de Nariño que parte de la ciudadanía manifestaba un descontento con altas dosis de frustración y resentimiento social.

Son décadas en que millones de colombianos tienen una jornada laboral más larga que los trabajadores de otros países, sin esperanza alguna de escalar estrato, padeciendo las estrecheces de siempre, sin siquiera poder dar estudio a los hijos, observando la corrupción desatada y la buena vida de unos pocos.

Durante años Álvaro Uribe supo recoger y aplacar ese descontento porque conectaba con el pueblo. No procedía de la élite bogotana, entendía a la clase media rural y urbana, y los pobres lo sentían cercano. Gobernó, además, cuando Colombia estaba acorralada por la guerrilla, los paramilitares y una honda crisis económica, y supo leer las angustias del colombiano medio, sacar adelante el país e insuflar esperanza.

Pero se apagó la estrella de Uribe. Mantiene, según las encuestas, alrededor de 30 por ciento de seguidores fieles, porcentaje nada despreciable pero insuficiente para poner al nuevo presidente. También juega en su contra que, para muchos uribistas, Duque no cumplió las expectativas, generó un nuevo desencanto, que unen al fiasco de Santos. Ya no se fían del dedazo de su líder y buscan desesperados un mesías que los libre de Gustavo Petro. Y esta vez no será fácil hallar una alternativa confiable.

No podrá ser nadie de la derecha, ni de la élite, ni que huela a uribismo. Lo de Tomás Uribe sería un paso hacia el precipicio. Debería descartarlo de manera rotunda, no a media voz, y desaparecer del universo político. No aporta votos diferentes a los de su padre y genera rechazo.

Tampoco llegará a la meta un Char, su apellido arrastra un legado de politiquería y malos manejos, por bien que lo estén haciendo en Barranquilla desde hace 13 años. Sin contar con que el caudal electoral de la costa no es suficiente para ganar.

Podría ser una buena opción un lobo solitario como Federico Gutiérrez, que fue un alcalde popular de Medellín y cuenta con bajos índices de rechazo. Pero será un milagro meterse en la segunda vuelta si no lo acompañan partidos y movimientos ciudadanos.

La izquierda moderada es un desierto, casi todos sus precandidatos juegan a que los nombren vicepresidente. A Fajardo, el único con posibilidades, le sacarán del parche por los líos que le montan y no tendrá tiempo de despejarlos. Tampoco es rival de peso para Petro un Alejandro Gaviria, el exministro de Santos que ni siquiera fue capaz de rescatar las EPS. Y no basta ser el adorado de los opinadores capitalinos para ganar la contienda.

En suma, las protestas de estos días, violentas en su mayoría, son una advertencia para los candidatos. ¿Cómo aplacar la ira de la ciudadanía con las arcas vacías y un discurso realista? Ahí es donde el populismo triunfa y arruina a las naciones.

https://www.semana.com/opinion/articulo/duque-entierra-a-la-derecha/202139/

21.15.-¿Qué pasa en Cali? – MAURICIO CABRERA

Cualquiera que sea la causa del vandalismo y los saqueos en Cali, debe haber una fuerte reacción ciudadana contra toda clase de violencia.

Día después de las protestas con vandalismo en Cali – Foto: Cortesía 

Millones de personas participaron en el paro nacional y cientos de miles que salieron a las calles en todo el país para protestar contra el gobierno lo hicieron de manera pacífica. Pero en algunas ciudades, sobre todo en Cali, se desataron actos de violencia y vandalismo sin justificación ni relación alguna con las causas de la legítima protesta. ¿Por qué sucede esto en Cali?

2 may 2021.- Hay razones muy válidas para la protesta ciudadana: hambre, desempleo, encierro por la pandemia y mucha desigualdad. Basta ver los reportes entregados por el Dane esta semana sobre el impresionante aumento de la pobreza la miseria y el desempleo, para constatar que la situación social es una bomba de tiempo. El proyecto de reforma tributaria fue la chispa que la hizo estallar.

Si las marchas y manifestaciones fueron pacíficas en la inmensa mayoría de los 600 municipios del país en donde se realizaron, ¿por qué en Cali se desató la violencia? ¿Por qué continúa a pesar de los llamados de los organizadores del paro a que no haya más actos públicos?

No es fácil la respuesta y requiere un profundo análisis sociológico, pero se pueden plantear algunas hipótesis, a partir del hecho de que la mayoría de saqueos, bloqueos y actos de vandalismo son protagonizados por jóvenes. Una es el rápido y desordenado crecimiento de la ciudad generado por migraciones masivas de poblaciones del Pacífico y el Cauca, aumentado en los últimos años con migrantes venezolanos.

Esto ha generado una urbe segmentada y segregada, con muchos habitantes sin sentido de pertenencia. Además, desempleo más alto que el promedio nacional, los jóvenes de esas comunas no ven futuro ni razones para cuidar o defender una ciudad que no les ofrece alternativas y frente a la cual solo sienten rabia y rencor.

Este contexto es propicio para que grupos criminales recluten a estos jóvenes, y que en medio de las protestas sean convocados, y respondan con celeridad, para el saqueo, los bloqueos y el enfrentamiento a la fuerza pública, que en lugar de prevenir responde con la misma violencia.

¿Quiénes se benefician de esta violencia? No son los organizadores del paro nacional que tienen objetivos políticos bien definidos: tumbar la reforma tributaria, oponerse al gobierno y ganar en las elecciones. Para esos objetivos los desmanes son contraproducentes porque deslegitiman la protesta y generan una reacción contraria en muchos votantes que les hace perder apoyo político.

Se benefician los delincuentes y los grupos de extrema derecha que encuentran argumentos populares para la represión, las políticas de mano dura y sus propuestas de entregar armas a la población civil y logran réditos electorales para los candidatos que las promueven. Por eso no son absurdas las hipótesis de que por lo menos parte de los actos violentos y los desmanes son provocados por infiltrados de esas tendencias.

Cualquiera que sea la causa, debe haber una fuerte reacción ciudadana contra toda clase de violencia.

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/que-pasa-en-cali-columnista-551576

21.15.-Elecciones 2022: Gustavo Petro  FERNANDO CEPEDA 

  

Gustavo Petro encabeza las encuestas de intención de voto para las elecciones del año que viene. ¿Quién es Gustavo Petro, cuál ha sido su historia y por qué podría ser el próximo presidente de Colombia?

Habilidad política

3 may 2021.- De acuerdo con la última encuesta de Invamer, Gustavo Petro encabeza la intención de voto con un porcentaje comparable al que logró en 2018.

Gustavo Petro ha demostrado una notable habilidad política. Igual formó parte de un grupo guerrillero, el M-19, que logró evadir la responsabilidad por asaltar el Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

Petro hizo parte del cuerpo diplomático en la Embajada de Colombia en Bruselas y allá complementó sus estudios de economía realizados en la Universidad Externado. Desempeñó con aprecio general su tarea de senador de la República y adelantó debates que lo consagraron como un luchador contra la corrupción.

Tuvo el acierto de distanciarse del alcalde mayor de Bogotá elegido en nombre del Polo Democrático. Abanderó las denuncias contra Samuel Moreno Díaz y su grupo de funcionarios, concejales y hasta congresistas. Dejó de pertenecer a ese partido y ahora lidera un movimiento que denomina Colombia Humana, que aún no obtiene la personería jurídica.

Alcaldía

Cuando fue alcalde Petro reveló una personalidad compleja que le hizo difícil trabajar en equipo. Dos testimonios de funcionarios muy cercanos a él a pocos días de empezar su gobierno desnudaron realidades que el país no conocía.

El más brutal fue el de Daniel García-Peña, quien lo describió de manera implacable en una carta pública. El otro fue de Antonio Navarro, quien en su condición de exministro, exgobernador y expresidente de la Asamblea Constituyente, aceptó ser su secretario de gobierno. Un gesto muy generoso, uno más de aquellos a los cuales nos tiene acostumbrados.

“Gustavo Petro ha demostrado una notable habilidad política”

Al final de cuentas, no hay claridad en la ciudadanía sobre su desempeño como alcalde; a nadie le pareció conveniente hacer un balance justo de lo bueno, lo regular y lo malo. Hay que ver si esto formará parte de la retórica de su campaña. Lo único claro fue su mensaje que enfrentaba a ricos y pobres, siendo él el abanderado de los más débiles.

Nadie diría que fue el mejor alcalde de la ciudad. Ante la controvertida decisión del procurador Ordoñez se defendió como una fiera y usó el Canal Capital como si fuera el balcón del Palacio Liévano. Ninguna autoridad se pronunció al respecto y una vez más Petro ratificó que no se dejaba.

En algún momento tuvo que entregar la alcaldía, pero lo restituyó una decisión de la Comisión de Derechos Humanos del Sistema Interamericano. Su apoyo a Juan Manuel Santos fue clave para la reelección de 2014 y para la firma del Acuerdo de Paz.

Foto: Prosperidad social – Petro es el único candidato que sube, y de qué manera.

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Candidato presidencial

Como candidato presidencial Petro consiguió 4.855.069 de votos en la primera vuelta, es decir el 25,1 % del total. Y así pasó a la segunda vuelta, superando por un margen muy pequeño a Sergio Fajardo, quien obtuvo el 23,8 % de los votos. Por su parte, Iván Duque obtuvo un 39,4 %, es decir 7.616.857 votos.

Un proceso electoral inusitado que él capitalizó eficazmente cuando decidió, a última hora, participar en una consulta que mostró a Duque y a Petro como los candidatos que el electorado veía como los reales contendores por la Presidencia de la República.

Cuando pasó a segunda vuelta, Petro tuvo otra vez la habilidad de cambiar su imagen, de aparecer casi como el candidato de centro, y así obtuvo 3.184.435 votos adicionales. Pasó del 25,1 % al 41,77 %. Impresionante. En total, algo más de ocho millones de votos. Duque pasó del 39,4 al 54,03 %, algo más de diez millones de votos.

Por primera vez los dos partidos tradicionales, Liberal y Conservador, no participaban en la contienda final. ¿Qué ocurría en el sistema político colombiano? Una pregunta interesante a la que nadie quiso responder.

“Cuando fue alcalde Petro reveló una personalidad compleja que le hizo difícil trabajar en equipo.”

Sergio Fajardo tuvo en sus manos decidir quién sería el presidente de Colombia para el periodo 2018-2022. ¿Qué hubiese pasado si Fajardo no hubiese sido candidato o si hubiese apoyado a Duque o a Petro? Prefirió no hacerlo y dejó a sus votantes en libertad. ¿Qué hubiese pasado si la confrontación hubiese sido entre Duque y Fajardo?

A lo largo de su carrera política, Petro demostró determinación, vocación de poder y decisión de llegar a la Presidencia de la República. Supo ir más allá de las coyunturas y dejó en claro que ni los jueces, ni los magistrados, ni los procuradores lo arrinconan.

Y sus comportamientos polémicos parecen ser flor de un día. Qué tal proponer que se desconozca la legitimidad del presidente Duque y plantear que no se paguen impuestos ni servicios públicos. Esto desborda la oposición.

Después de la derrota

A raíz de su derrota en la segunda vuelta, casi todos los medios de comunicación lo convirtieron en el jefe de la oposición, pese a que el Estatuto respectivo no contempla esa figura, lo cual es una falla. Y aunque los grupos de oposición no le reconocieron ese carácter, Petro supo comportarse como tal y gozar de las enormes ventajas que ofrece esa designación.

Ningún otro candidato recibe el buen tratamiento que le dan los medios de comunicación a Petro. Y con ello me refiero a la crítica, al elogio y al mero registro, porque eso es lo importante en la vida política.

En este sentido, Petro cuenta con medios de comunicación favorables de forma gratuita y no siempre por amor. Además, la pandemia le ofreció un escenario propicio para su estilo y su retórica. Pero no fue igual para los demás candidatos.

Aunque no puede negarse que la pandemia ayudó al presidente Duque, quien durante su primer año y medio de gobierno fue prácticamente olvidado por los medios de comunicación. Y eso que el expresidente Uribe denominó “rabia social” sí que le está dando mucha ventaja en esta ineludible confrontación.

Queda un año. Y si se hace más de lo mismo, el resultado no sorprenderá. La encuesta de Invamer mostró que Gustavo Petro salta de un 25,9 % a un 38,3 % en la intención de voto más inmediata, una diferencia casi idéntica a la que logró en la segunda vuelta de 2018.

Y hay otro dato importante: Petro es el único candidato que sube, y de qué manera. Los demás están a la baja, con la excepción de Alejandro Char que registró un aumento mínimo.

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Nueva candidatura

Observando el comportamiento de Petro como candidato puede concluirse que trabaja con una estrategia electoral aconsejada por expertos desde el día de su derrota en 2018. Tal vez eso explique la amplia ventaja que tiene.

Cuando aspirantes a la presidencia pedían mi consejo, mi primera respuesta era siempre una asesoría de estrategia electoral que no debe conseguirse para el último año sino desde el primer día. Así se construye la imagen de un candidato.

Puede afirmarse que Macron en Francia la hizo en nueve meses, y así también se le esfumó. No conozco el caso de Duque. Pero el comportamiento electoral ya no se rige por las reglas y usos del pasado.

Obama y Trump lo mostraron, más el segundo que el primero. Y aunque aquí no se tienen los elementos para el laboratorio electoral que ellos montaron, sí parece que el papel de las redes sociales y de otras formas de aproximación al ciudadano están conformando el perfil de los presidenciables.

La gran pregunta hoy no es quién será el presidente sino quiénes serán los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta. Sin duda Petro estará ahí. Pero el otro candidato no es fácil de anticipar. Parece que la carrera presidencial consistirá en identificar a ese contendor.

La advertencia de César Gaviria y de Álvaro Uribe —¡ojo con el 2022! — no tuvo eco.

Queda un año y Gustavo Petro tomó muy en serio el consejo de Sun Tzu: “Si usted usa su enemigo para derrotar al enemigo usted será fuerte cualquiera sea el lugar al que vaya”.

https://razonpublica.com/elecciones-2022-gustavo-petro/

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