17.19.-TERCER PLAN ESTRATÉGICO EXITOSO DE COLOMBIA 1970-1974

Tras el asesinato del líder colombiano Jorge Eliécer Gaitán y su versión oficial como un intento comunista de sabotear la Reunión Panamericana que se celebraba en Bogotá, el presidente Truman por fin aceptó que el Banco Mundial enviara una comisión de estudio para establecer un Plan económico que salvase a ese país del comunismo. Hasta ese momento 1949, el Banco de Reconstrucción y Fomento sólo operaba para la reconstrucción de Europa, el Plan Marshall.

Esa misión fue presidida por el famoso economista Lauclhin Currie y luego reforzada por otro famoso Albert Hirsman. A raíz del Informe final de esa misión Currie, se estableció un Plan con un presupuesto integral que pudiera romper los diversos círculos viciosos del subdesarrollo. Una parte importante de ese proyecto estaba compuesto por partidas destinadas a la construcción de vivienda y  de infraestructura vial, por su demostrada fuerza en el mercado inter industrial y el ímpetu desencadenado en el crecimiento económico. Demostración hecha en el New Deal tras la crisis de 1929 y en la cual Lauchlin Currie trabajara como economista jefe.

A pesar del enorme entusiasmo generado por la iniciación de un pequeño Plan Marshall para Colombia y los grupos planificadores de la élite política, el empeño del Dr. Currie se frustró por el golpe de estado del general Rojas Pinilla La misión francesa de Economía y Humanismo, presidida por el Padre Lebret tomó el encargo planficador. Pero cuando se publicó el Informe Lebret, para iniciar el curso planificador, el presidente Rojas cayó y el flamante informe se distribuyó masivamente en el exterior a través del Icetex y la red de embajadas y consulados colombianos.

Restaurada la democracia es cuando, Lauchlin Currie retoma el Plan de 1950 y le da una nueva forma bajo el título de la “Operación Colombia”. Presentada al presidente Alberto Lleras en 1958 para constituirla en Plan de desarrollo, el presidente la rechaza considerando que si se acelerara más aún la migración campesina a las ciudades, habría que militarizar al país.

En efecto, la Operación partía de la hipótesis de que en el campo subsistía un enorme margen de población en situación de “desempleo disfrazado de empleo” por su baja productividad y baja remuneración. Pero al decir de los críticos, otro tanto de desempleo disfrazado y de marginalidad social podía ya existir en las ciudades.

En segundo lugar, la Operación contemplaba una inyección masiva de capital en el sector del crédito hipotecario para desencadenar una poderosa creación de construcción urbana y vivienda que absorbiera no sólo la mano de obra citadina desempleada, sino también la mano de obra no calificada de los campesinos migrantes, La creación de corporaciones de ahorro y vivienda por los principales bancos y la creación de bonos de valor constante fue la respuesta adecuada.

No obstante los industriales se quejan de el encarecimiento de la tasa de interés indexada por el costo de la vida y el desplazamiento masivo de capitales hacía la Unidades de poder adquisitivo constante (UPAC) lesionaba la expansión industrial en que el país venía empeñado con éxito. Currie respondía afirmando que las altas tasas de interés provocarían un mayor ahorro, suficiente para atender los dos requerimientos: construcción e industria. Tal elasticidad del ahorro a la tasa de interés no se manifestó, como suele suceder en países de capital escaso.

En fin, aunque la fuerza motriz de la construcción en el mercado interindustrial resulta notable como también sucede con la industria automotriz, sin embargo el nivel de valor agregado de ese mercado es inferior al generado por la industria. En realidad, la vivienda es una función de los niveles de ingreso en cuya canasta familiar aparece la capacidad de adquirir vivienda. Y ese nivel de ingresos es el que produce la industria. O sea que la vivienda es función de los salarios medios y altos de la industria, como la agricultura es función de los salarios urbanos.

Por estas razones, a partir del Plan de las cuatro estrategias (vivienda como eje central, exportaciones y elevación de la productividad agrícola que compense la migración…y al final, un esfuerzo de distribución de ingresos), nunca más se volvió a plantear planes de perfil industrial. Se entró entonces en la era que aún vivimos de planes estatales y no de economía mixta, y planes que priorizan el gasto social que asegure la gobernabilidad. “Planes bienestarina”.

17.19.-TERCER PLAN ESTRATÉGICO EXITOSO DE COLOMBIA 1970-1974 – Roberto Arenas Bonilla

Prologo

En diciembre de 1970, al tomar posesión de la jefatura del Departamento Nacional de Planeación acordamos con el señor presidente de la República, doctor Misael Pastrana Borrero, las líneas generales de acción que deberla desarrollar el Departamento.

Desde ese momento, se inició, sin limitaciones de pensamientos ortodoxos o convencionales, un intenso trabajo de estudio y análisis de nuestra realidad, social y económica, con el propósito de establecer la naturaleza de los problemas del país y hacer un diagnóstico a fondo de los mismos. Se buscaba con base en ello, y a la luz de los indiscutibles progresos logrados en los últimos años, concebir una estrategia que pudiera Impulsar aún más aceleradamente el proceso económico y que al mismo tiempo garantizara una mejor distribución de sus frutos entre la población colombiana y en particular entre los vastos núcleos social, cultural y económicamente más deprimidos de nuestra sociedad.

Es decir, debíamos diseñar una estrategia para impulsar aceleradamente el crecimiento económico pero mejorando los niveles de vida de los más pobres y disminuyendo las grandes diferencias existentes entre estos y los otros grupos de nuestra sociedad, tanto en el consumo como en el ingreso y las oportunidades. Dicho en otras palabras, se pretende conducir el país hacia un verdadero desarrollo que le garantice el bienestar y en donde la igualdad de oportunidades le permita al colombiano realizarse plenamente según sus capacidades y su voluntad de servicio.

Ya durante la campaña presidencial de 1970, el doctor Pastrana señalaba en sus discursos, en concordancia con el programa conocido como el Acuerdo de la Casa de la Moneda, suscrito por las dos grandes colectividades políticas, la liberal y la conservadora, su indeclinable propósito de orientar con empeño la acción gubernamental hacia una mayor igualdad, procurando, para ello, hacer compatible el crecimiento económico y el cambio social. De allí surgió su programa “Frente Social”. Asimismo, el doctor Pastrana había indicado con particular énfasis en su campaña una gran preocupación por encontrar las maneras de encauzar el inevitable crecimiento urbano por senderos que pudieran convertirlo en el gran motor del desarrollo. En otras palabras, es taba consciente, como él lo dijera más tarde ya como presiden te de la. República, en su discurso del 20 de julio de 1971 ante el Congreso de Colombia, en pleno, de que “el desarrollo es hoy un fenómeno inseparable del crecimiento urbano”.

Descargar pdf  PLAN CURRIE INTRODUCCIÓN.

16.19.-SEGUNDO PLAN ESTRATÉGICO EXITOSO: PLAN DECENAL INDUSTRIAL 1960-1970 – Alberto Lleras

COLOMBIA

PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PRIMERA PARTE – EL PROGRAMA

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANEACIÓN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION Y SERVICIOS TECNICOS

PRESENTACIÓN

El señor Presidente de la Repùblica,Dr. Alberto Lleras Camargo, al promulgar el PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO en acto efectuado en el Salón Dorado del Club Militar, el día 20 de Diciembre de 1961, ante las autoridades civiles, eclesiásticas, militares, el Cuerpo Diplomático y dirigentes  de la industria y el comercio, los gremios obreros y distinguidas personalidades, pronunciò el siguiente discurso

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15.19.-PRIMER PLAN EXITOSO DE DESARROLLO COLOMBIANO

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, EN USO DE SUS FACULTADES EXTRAORDINARIAS QUE LE CONFIERE LA LEY 54 DE 1939  

DECRETA: 

Artículo primero.El Gobierno, por conducto del Ministerio de la Economía Nacional, de acuerdo con los estudios adelantados por ese Despacho y con los que en el futuro se realicen adopta un plan general para el fomento de las actividades económicas del país, en forma que asegure la producción de los artículos alimenticios y materias primas industriales necesarios para su sostenimiento y desarrollo internos y que asegure al mismo tiempo la exportación de géneros comerciables en proporciones que permitan un satisfactorio incremento de nuestra capacidad de compra en el extranjero. 

Serán finalidades fundamentales del plan:

1º El conocimiento, explotación y utilización de los productos alimenticios y medicinales, así como de las materias primas de origen vegetal, mineral o animal que sean naturales del territorio colombiano.

2º La producción y abaratamiento de materias básicas para el desarrollo industrial; de fuerza motriz, combustibles, materias de construcción y abonos;

3º Aumentar y encauzar los conocimientos y la capacidad productora del colombiano.

Artículo segundo.Para la facilidad en el desarrollo, el plan se dividirá en tres partes:

 i.- Plan de fomento agrícola.

  ii.- Plan de fomento ganadero.

  iii.- Plan de fomento manufacturero.

  En el plan de fomento agrícola se determinarán previo el correspondiente estudio técnico los cultivos que social y económicamente convenga fomentar, las zonas en donde deban desarrollarse y el volumen de producción aconsejable, de acuerdo con los consumos internos y las posibilidades comerciales.

  En el plan de fomento ganadero se determinarán, previo el correspondiente estudio técnico, las zonas de explotación ganadera, las razas y especies y la orientación zootécnica y sanitaria en general.

  En el plan de fomento manufacturero se determinarán las industrias básicas y de primera transformación de materias primas nacionales, que la iniciativa y el capital particulares no hayan podido por sí solos desarrollar satisfactoriamente, indispensables para asegurar al país el aprovechamiento de sus recursos naturales en condiciones económicas, independizando las industrias complementarias de la importación de materias primas susceptibles de ser reemplazadas por nacionales, y creando nuevos renglones de exportación

  Artículo tercero.Con el objeto de coordinar la ejecución del plan general de fomento económico, el Ministerio de Relaciones Exteriores someterá a la consideración del Ministerio de la Economía Nacional los proyectos de convenios internacionales de comercio, a fin de que este último emita concepto sobre su conveniencia o inconveniencia para los intereses de los gremios productores del país.

  El Consejo Nacional de Vías de Comunicación oirá el concepto del Ministro de la Economía Nacional, antes de impartir su aprobación definitiva a cualquier red de construcción de carreteras, cables aéreos o ferrocarriles nacionales.

  El Ministro de la Economía Nacional tendrá la facultad de intervenir en las deliberaciones de la Comisión Nacional de Tarifas y de proponer reformas sobre tarifas de transporte cuando, a su juicio, así lo requieran las necesidades de la producción agrícola, ganadera e industrial del país.

  Las resoluciones de la Oficina de Control de Cambios y Exportaciones que, en cualquier forma, se relacionen con la importación o exportación de productos incluidos en el plan general de fomento económico requerirán, para su validez, además de la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la del Ministro de la Economía Nacional.

  Artículo cuarto.Por decreto especial el Gobierno reorganizará el Consejo Nacional de Economía.

  Mediante la creación de comités especiales dependientes del mismo Consejo tendrán representación activa tanto los productores y consumidores como el gremio de trabajadores cuyo vocero designará el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social.

  Tales comités asesorarán al Gobierno, a solicitud del mismo, en todas las cuestiones de índole económica que requieran la intervención reguladora del Estado.

  Artículo quinto.Las actividades de los organismos oficiales de crédito agrícola y del Instituto de Fomento Industrial que se crea por el presente Decreto, se desarrollarán en armonía con este plan de fomento económico, mediante la concesión de los créditos necesarios para su ejecución, y según las normas aquí consignadas y las del Decreto extraordinario sobre crédito agrícola que en esta misma fecha se dicta.

  Artículo sexto.La Sección de Provisión Agrícola de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, dará preferencia a la compra de maquinaria, abonos,insecticidas, semillas, molinos de viento, bombas, alambre de púas, drogas, artículos veterinarios y demás elementos que el Ministerio de la Economía considere convenientes para la realización de este plan de fomento.

  Artículo séptimo.La Sección de Provisión Agrícola podrá efectuar ventas al Ministerio de la Economía Nacional a plazos que no excedan de la vigencia fiscal correspondiente.

  Para las operaciones previstas en el presente artículo no se requiere la intervención del Departamento Nacional del Provisiones.

  Artículo octavo.Todos los elementos producidos o fabricados en el país que adquiera la Sección de Provisión Agrícola de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, serán transportados por los ferrocarriles nacionales en condiciones que en ningún caso pueden ser inferiores a las señaladas para el transporte de artículos similares de procedencia extranjera.

  Artículo noveno.Para la ejecución del plan general de fomento económico el Ministerio de la Economía Nacional tendrá las facultades y ejercerá las atribuciones que señalan los artículos siguientes.

  Artículo diez.El Ministerio de la Economía Nacional podrá establecer cultivos de experimentación, demostración y propagación de los productos relacionados con este plan general de fomento. Dichos cultivos podrán hacerse directamente tanto en terrenos de propiedad de la Nación como en terrenos tomados en arrendamiento, o por medio de contratos celebrados con entidades oficiales, semioficiales o particulares, pudiendo el Gobierno prestar para ello el concurso técnico, de personal, maquinaria, semillas y demás colaboración que estime conveniente, y contratar con este fin prestamos en los organismos oficiales de crédito agrario, según las normas ordinarias de éstos.

  Artículo once.El Ministerio de la Economía Nacional organizará directamente o fomentará el establecimiento de centrales de beneficio, almacenes y plantas de conservación de los géneros contemplados en este plan de fomento. Las centrales oficiales podrán darse en administración a cooperativas, entidades oficiales, semioficiales o privadas que se obliguen a prestar los servicios correspondientes mediante tarifas que no excedan al precio de costo.

  Artículo doce.El Ministerio de la Economía Nacional, directamente o por medio de contratos, podrá establecer laboratorios, plantas y explotaciones de investigación o ensayo de materias primas y procedimientos para su beneficio, para lo cual podrá adquirir o tomar en arrendamiento yacimientos, terrenos, edificios, equipo y materiales, y prestar su contribución técnica, de personal, maquinaria, equipos y demás d colaboración que estime necesaria.

  Artículo trece.El Gobierno, por medio de contratos, podrá adjudicar tierras baldías que se destinen al fomento de los cultivos a que se refiere este plan agrícola, o al incremento de las industrias ganadera y manufacturera, y en los contratos respectivos se estipulará como condición resolutoria del dominio el no aprovechamiento efectivo de los terrenos dentro del plazo prudencial que en cada caso determine el Gobierno. Las adjudicaciones que se hagan podrán exceder hasta en un 100% los límites señalados en las leyes vigentes cuando se trate de cultivos de tardío rendimiento, tales como el caucho, la quina, etc.; de cultivos de fibras que puedan servir de materia prima para los textiles o de fomento de la industria ovina. Igualmente podrá el Gobierno aportar baldíos a las empresas que él promueva o que se fundencon los mismos fines.

  Artículo catorce.Para facilitar el aprovechamiento de los terrenos baldíos o su incorporación a la economía nacional, el Gobierno establecerá centros de colonización y podrá auxiliar a las personas que vayan a radicarse en ellos sujetas al plan de trabajo que adopte el gobierno, con recursos para su traslado y sostenimiento por un tiempo prudencial y con herramientas semillas y demás elementos que se estimen indispensables.

  Artículo quince.También podrá el Gobierno aportar las minas o yacimientos de propiedad nacional a empresas organizadas para su explotación o darlos en arrendamiento sin sujeción a las disposiciones pertinentes del Código Fiscal.

 Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a las minas de metales preciosos, de esmeraldas y sal gema, ni a los yacimientos de hidrocarburos.

  Artículo diez y seis.Para la elaboración de planes especiales de fomento agrícola, ganadero e industrial, el Ministerio de la Economía Nacional podrá crear comisiones de estudio, enviar al Exterior personal preparado y contratar los servicios de entidades y profesionales, nacionales y extranjeros.

  Artículo diez y siete.El Ministerio de la Economía Nacional impulsará y auxiliará la organización y desarrollo de cooperativas de producción y de consumo, y podrá celebrar con tales entidades o con empresas e individuos particulares contratos que permitan asegurar la compra de las cosechas o productos de otro género industrial a precios estables y remuneradores.

  Artículo diez y ocho.El Gobierno podrá reglamentar el transporte, distribución, almacenamiento y exportación de productos agrícolas e industriales con el fin de asegurar la mayor estabilidad de los precios y el abastecimiento de los mercados de consumo.

  Artículo diez y nueve.El Gobierno podrá facilitar a los agricultores, por intermedio de cooperativas, mediante la celebración de contratos con entidades oficiales, semioficiales o particulares, la obtención del crédito necesario para el abastecimiento, defensa y recolección de los cultivos. El Gobierno podrá garantizar subsidiariamente las obligaciones de las cooperativas que se beneficien con los créditos que se otorguen de acuerdo con los contratos a que se refiere este artículo, cuando estas cooperativas se sometan a las normas y obligaciones que el Gobierno estime conveniente establecer en cada caso.

  Artículo veinte.Como parte integrante del plan general de fomento económico, el Gobierno adoptará, por decreto separado, normas sobre defensa, conservación y aprovechamiento de bosques, conforme a las circunstancias locales y naturales.

  El Gobierno podrá prohibir la destrucción de los bosques en determinadas regiones, reglamentar su aprovechamiento industrial e imponer la obligación de sembrar árboles maderables, en proporciones adecuadas, en las fincas rurales.

 Artículo veintiuno.Con el objeto de estimular la producción y el consumo de frutas y hortalizas, el gobierno podrá imponer la obligación de destinar a tales cultivos, determinadas extensiones de las tierras laborables.

  Artículo veintidós.El Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para obtener la efectividad de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, y fijará las multas en que incurran los infractores.

  Artículo veintitrés.El Gobierno organizará y fomentará, en las zonas determinadas por el plan, el establecimiento de viveros para cultivos de tardío rendimiento.

 Artículo veinticuatro.En los permisos para utilizar aguas de uso público, y en las concesiones de fuerza hidráulica, el Ministerio de la Economía Nacional determinará las condiciones y obligaciones a cargo de los beneficiarios, que estime adecuadas para asegurar el logro de los fines que persigue el plan de fomento. Al mismo objetivo subordinará la realización y servicio de las obras de desecación y riego.

  Artículo veinticinco.El Ministerio de la Economía Nacional podrá adquirir la maquinaria y demás elementos indispensables para el montaje de estaciones o puestos de servicio agrícola.

  Las tarifas de tales estaciones no excederán el precio de costo del respectivo servicio.

  Artículo veintiséis.Queda prohibido el uso de sistemas de pesca y caza que puedan ser perjudiciales para la conservación de las especies, y la práctica de estas industrias durante las épocas de reposo necesarias para la conservación y aumento de las mismas. La infracción a las disposiciones sobre estas materias será castigada con multas hasta de $ 500.

  El Gobierno, al reglamentará esta disposición, señalará los métodos o sistemas no lícitos de caza y pesca, las épocas de veda y la forma de hacer efectivas las penas en que se incurra.

  Artículo veintisiete.El Gobierno tomará medidas análogas a las determinadas en las leyes vigentes sobre fomento de la ganadería, para desarrollar la sericultura y piscicultura y la cría y aprovechamiento de otras especies animales comercialmente explotables, como las aves de corral, las abejas, los conejos, etc.

  Artículo veintiocho.El Ministerio de la Economía Nacional tendrá a su disposición un fondo rotatorio, para cuyo funcionamiento se hará una primera apropiación de quinientos mil pesos ($ 500.000).

  La contabilidad y fiscalización de este fondo serán reglamentadas por la Contraloría General de la República.

  Artículo veintinueve.Los productos de granjas oficiales de cualquier clase, podrán ser vendidos directamente por el Ministerio de la Economía Nacional y su valor ingresará al fondo rotatorio.

  Igualmente, y con idéntica destinación, ingresará al Fondo todo lo que el Estado recaude por concepto del valor del servicio de maquinaria agrícola, o como producto de cultivos hechos por su cuenta, o mediante contratos con personas privadas o entidades oficiales, o como utilidad en las empresas a que el Estado aporte directamente capital en forma de terrenos, yacimientos, etc.

  El Ministerio de la Economía Nacional podrá girar contra el Fondo, con las formalidades que prescriba la Contraloría General de la República, para los gastos que implique el cumplimiento de este plan de fomento, y que por su índole san susceptibles de reembolso; y para el pago de los préstamos que contempla el artículo 10.

  La venta de bienes de que trata este artículo, estará exenta de los requisitos del Código Fiscal, y demás leyes relativas a la enajenación de bienes nacionales; pero la Contraloría General de la República expedirá, de acuerdo con el Ministerio de la Economía Nacional, una reglamentación de las operaciones que se acomode a la índole de las que debe realizar el Fondo.

INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL.

Artículo treinta.Con el fin de promover la fundación de empresas que se dediquen a la explotación de industrias básicas y de primera transformación de materias primas nacionales, que la iniciativa y el capital particulares no hayan podido por sí solos desarrollar satisfactoriamente, créase por el presente Decreto una institución que se denominaráInstituto de Fomento Industrial.

  El Gobierno podrá directamente aportar capital para el establecimiento o ensanche de industrias de interés nacional; pero tales aportes se efectuarán por intermedio del Instituto de Fomento Industrial al cual entregará el Gobierno los fondos correspondientes.

  Artículo treinta y uno.Previos los estudios técnicos del caso, el Instituto de Fomento Industrial podrá suscribir hasta el 51% del capital de las empresas que reúnan las características que señala el artículo anterior.

  Las acciones que adquiera en tales empresas el Instituto de Fomento Industrial, podrán ser vendidas cuando considere que tal venta puede realizarse sin afectar los fines para los cuales había efectuado la inversión, y no haya motivos de interés publico que hagan inconveniente la enajenación, a juicio del Gobierno.

  Artículo treinta y dos.El Instituto de Fomento Industrial tendrá un capital no menor de cuatro millones de pesos, aportados así: tres millones de pesos por el Gobierno Nacional, y un millón de pesos por el Banco Central Hipotecario. Este capital podrá aumentarse mediante la suscripción de acciones por los bancos comerciales y por los individuos o entidades, oficiales o particulares. El Instituto podrá iniciar operaciones cuando este pagado el 50% de su capital mínimo.

  Artículo treinta y tres.La Junta Directiva del Instituto de Fomento Industrial estará integrada en la siguiente forma:

  Por el Ministro de la Economía Nacional, quien será el Presidente de la corporación.

 Por dos miembros designados libremente por el Presidente de la República.

 Por dos representantes de la Junta Directiva del Banco Central Hipotecario; y

 Hasta por tres miembros más, que serán elegidos por los bancos comerciales, y por los particulares, accionistas de la institución, en la forma que se establezca en los estatutos.

  Artículo treinta y cuatro.El Instituto de Fomento Industrial podrá invertir hasta el 50% de su capital en bonos industriales, que pueda financiar en el Banco de la República, en caso necesario.

  Artículo treinta y cinco.Autorízase al Banco Central Hipotecario para suscribir hasta $ 1.000.000 en acciones del Instituto de Fomento Industrial y a los bancos comerciales, para adquirir y poseer acciones del mismo hasta por un valor equivalente al 5% del capital y reserva legal de cada uno de ellos.

  Artículo treinta y seis.La junta directiva del Instituto de Fomento Industrial podrá garantizar a los accionistas distintos del Gobierno, un dividendo hasta del 5% anual, sobre el valor nominal de las acciones, que se tomará de las utilidades del correspondiente ejercicio.

  Artículo treinta y siete.El Instituto de Fomento Industrial queda sometido a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria.

  Artículo treinta y ocho.La mitad de la sutilidades que correspondan al Gobierno por sus acciones en el Instituto de Fomento Industrial, se llevará al fondo de reserva legal, el cual se constituirá únicamente con tales utilidades; la otra mitad ingresará al fondo rotatorio, de que trata el artículo 28 de este Decreto.

  Artículo treinta y nueve.El Instituto de Fomento Industrial podrá utilizar los servicios del Banco Central Hipotecario para desarrollar sus operaciones.

  Artículo cuarenta.Tanto el Instituto de Fomento Industrial, como las acciones, bonos, etc., de la Institución y las operaciones que ésta ejecute, estarán exentas de impuestos nacionales, departamentales y municipales, y de toda clase de contribuciones. Además gozará el Instituto de todas las ventajas que concede la ley a las instituciones de utilidad pública.

  Artículo cuarenta y uno.Los bonos u obligaciones que emitan las empresas en las cuales posea mayoría de acciones el Instituto de Fomento Industrial podrán ser garantizados por este último y por el Gobierno Nacional.

  El Gobierno podrá igualmente garantizar cualquier obligación que contraiga el Instituto de Fomento Industrial.

  Artículo cuarenta y dos.El Ministerio de Hacienda y Crédito Público designará un Comité de tres miembros, en el cual estarán representados el Ministerio de la Economía, el Banco de la República y el Banco Central Hipotecario, que se encargará de elaborar los estatutos del Instituto de Fomento Industrial, y de llenar las formalidades relativas a su organización. Dichos estatutos, previa su aprobación por el Gobierno, serán protocolizados por el Comité en una de las Notarías de la ciudad de Bogotá.

  Artículo cuarenta y tres.Las medidas de fiscalización y control que dicte o hayan dictado los departamentos respecto a productos agrícolas, aunque éstos sean objeto de monopolio o sirvan como materia prima para la elaboración de productos monopolizados, se aplicarán de manera que no constituyan un obstáculo para la utilización en otros ramos de la industria de residuos o sobrantes de los productos agrícolas materia de la fiscalización departamental.

  Artículo cuarenta y cuatro.En la medida que indique la defensa de la producción nacional; la manera como esta vaya satisfaciendo, en cantidades y precios, las necesidades del consumo nacional, el Gobierno restringirá la importación de los siguientes Artículos:

  Algodón en rama e hilazas de algodón; lana e hilazas de lana; aceites vegetales y grasas animales de alimentación; cacao y sus derivados para la preparación de chocolate alimenticio; trigo y sus derivados comerciales alimenticios; arroz y sus derivados alimenticios; azúcar y panela alimenticias; legumbres y hortalizas de alimentación humana, y frutas frescas de posible cultivo nacional.

  Mientras se adoptan las respectivas providencias, la Oficina de Control de Cambios y Exportaciones no concederá licencias de importación de los artículos antes enumerados, en cantidades que excedan las necesidades inmediatas del consumo nacional.

  Artículo cuarenta y cinco.Para el establecimiento de las restricciones de importación, a que se refiere el presente Decreto, se tendrán en cuenta las estipulaciones que se hallen vigentes en nuestras convenciones internacionales de comercio.

  Artículo cuarenta y seis.En el decreto o decretos que determinen la industria del plan de fomento, se indicará cuáles de ellas estarán exentas, por un plazo no mayor de cinco(5) años, del pago del impuesto de patrimonio.

  Artículo cuarenta y siete.El Gobierno dará preferencia en las compras que efectúe, a los productos provenientes de las empresas comprendidas en el plan.

  Artículo cuarenta y ocho.Cuando para el desarrollo del plan general de fomento económico, en sus aspectos agrícolas, ganadero y manufacturero, concurran condiciones favorables semejantes en distintas zonas del territorio del país, el Ministerio de la Economía Nacional podrá dar preferencia a aquellas en donde los gobiernos seccionales aporten mayor colaboración.

  Artículo cuarenta y nueve.Los Ministerios de la Economía Nacional, Educación y Trabajo, Higiene y Previsión Social, desarrollarán una labor de conjunto, encaminada al mejoramiento económico, cultural y sanitario de la vida rural.

Artículo cincuenta.Por medio de decretos especiales, el Gobierno desarrollará y reglamentará las disposiciones del presente Decreto.

Artículo cincuenta y uno. El presente Decreto empezará a regir desde la fecha de su expedición.

Comuníquese y publíquese. Dado en Bogotá a 18 de junio de 1940.

EDUARDO SANTOS.

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Luis López de Mesa.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Carlos Lleras Restrepo.

El Ministro de la Economía Nacional.

Miguel López Pumarejo.

El Ministro de Minas y Petróleos,

Juan Pablo Manotas.

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1234043

  • 14.19.-REVISANDO EL ESTANCAMIENTO SECULAR – Roger E. A. Farmer 
  • EL MITO DEL ESTANCAMIENTO SECULAR – Joseph E. Stiglitz 
  • ESTANCAMIENTO SECULAR: LO QUE LES ESTÁ FALTANDO A LOS AGOREROS ECONÓMICOS ACTUALES – Joel Mokyr*

Todos los analistas coinciden en afirmar que desde 2004 el crecimiento de las economías del mundo es muy lerdo. El intento de reconciliar el keynesianismo con la economía clásica ha fallado. Hay que intervenir en los mercados financieros

La discusión pública entre el premio Nobel Joseph Stiglitz y el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos Larry Summers es notable por la animosidad personal que revela entre dos economistas que esencialmente están de acuerdo en materia de economía. Stiglitz ha lanzado un no muy sutil ataque contra Summers por no insistir en un mayor déficit fiscal cuando estaba a cargo del Consejo de Economía Nacional durante la presidencia de Obama. Summers responde diciendo que la política impidió un estímulo fiscal mayor. Pero si bien ambos coinciden en que la Gran Recesión podría haberse superado con un estímulo fiscal importante, ninguno de los dos ha planteado el modelo económico que apuntala su confianza en este desenlace.

8 sep 2018..- Summers revitalizó el trabajo de Alvin Hansen, quien introdujo el concepto de estancamiento secular en los años 1930. Pero no he visto que Summers planteara un modelo de equilibrio general dinámico y plenamente articulado que respalde su consejo. Mientras que, en su trabajo escrito sobre este tema, ha oscilado constantemente entre una definición de estancamiento secular que implica tasas de crecimiento permanentemente más bajas como resultado de una baja inversión y un empleo permanentemente más bajo como resultado de una demanda agregada deficiente.

No es lo mismo. En su refutación a Stiglitz, Summers se muestra a favor de la segunda definición. En sus palabras, “abandonada a su suerte, la economía privada tal vez no encuentre su camino de regreso al pleno empleo tras una fuerte contracción”.

Yo estoy de acuerdo con esta aseveración. Y he ofrecido una teoría internamente coherente según la cual el estancamiento secular surge naturalmente como consecuencia de las bajas expectativas de parte de los hogares y las empresas sobre el valor futuro de sus activos. Esta teoría integra la economía keynesiana con la teoría del equilibrio general de una manera novedosa. Un empleo persistente más alto no tiene nada que ver con los precios rígidos. Es una consecuencia de mercados de factores ausentes.

Summers es muy consciente de mi trabajo. Lo discutimos cuando visité Harvard en 2011 y nuevamente cuando él ofreció una conferencia en la LSE en 2012. En un principio, se mostraba de acuerdo en los correos electrónicos privados. Pero cuando señalé que la teoría no respalda inequívocamente la expansión fiscal como la respuesta apropiada para una recesión, dejó de interesarse en mi trabajo. Las ideas nuevas suelen ser difíciles de aceptar, y exigen adoptar una manera diferente de pensar que puede ser difícil de absorber, inclusive para personas tan inteligentes como Stiglitz y Summers.

No podemos seguir haciendo aseveraciones infundadas sobre política económica utilizando la fallida interpretación de la Teoría General que evolucionó a partir del intento de John Hicks de reconciliar a Keynes con los clásicos. La manifestación actual de esa estrategia se conoce como nueva economía keynesiana, que el propio Summers ha rechazado, con razón, porque es inconsistente con el estancamiento secular. Pero no basta con asegurar que el estancamiento secular es posible. Es hora de confrontar las teorías alternativas del estancamiento secular con evidencia empírica, como lo he hecho yo. La aseveración de que los salarios nominales son rígidos a la baja no es, en mi opinión, una explicación creíble del desempleo persistente. Tampoco era una explicación creíble para Keynes, quien aseguró que su teoría no dependía de la presunción de salarios rígidos.

En un modelo plenamente articulado con múltiples tasas posibles de desempleo de equilibrio, debe explicarse cómo se selecciona un equilibrio. En mi trabajo, las expectativas son un factor fundamental nuevo e independiente que determina la tasa de desempleo de nivel estable. Cuando nos sentimos ricos, somos ricos. Y si los espíritus animales son en efecto fundamentales, se torna importante entender los factores que determinan los vaivenes en la confianza.

Si una dosis grande de política fiscal expansionista no es la repuesta, ¿cuál es? Mi respuesta es que la manera correcta de responder a las crisis financieras es con políticas que restauren el valor de los activos privados. Y la manera correcta de directamente impedir las crisis financieras es intervenir en los mercados financieros para moderar las oscilaciones en los valores de los activos, y prevenir así las recesiones antes de que sucedan.

Roger E.A. Farmer es profesor de Economía en la Universidad de Warwick, director de Investigación en el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social y autor deProsperity for All.© Project Syndicate, 2018.

https://elpais.com/economia/2018/09/05/actualidad/1536135243_175635.html

EL MITO DEL ESTANCAMIENTO SECULAR – Joseph E. Stiglitz

La más importante reflexión de la crisis: el problema es político, no económico

foto ANA BUSTELO

Tras la crisis financiera de 2008, algunos economistas sostuvieron que Estados Unidos (y acaso la economía mundial) padecían «estancamiento secular», una idea que se originó después de la Gran Depresión. Las economías siempre se habían recuperado de sus caídas, pero la Gran Depresión tuvo una duración inédita. Muchos creyeron que la recuperación no hubiera sido posible sin el gasto público de la Segunda Guerra Mundial, y temían que al terminar la guerra la economía volvería a estancarse. Se pensaba que había sucedido algo por lo cual, incluso con tipos de interés bajos o nulos, la economía seguiría paralizada. Felizmente estas aciagas predicciones resultaron erradas, por razones que ahora comprendemos bien.

A los responsables de manejar la recuperación de la crisis de 2008 (las mismas personas culpables de la infraregulación de la economía en los días previos a la crisis, a quienes inexplicablemente el presidente Barack Obama acudió para que arreglaran lo que habían ayudado a estropear) la idea de estancamiento secular les pareció atractiva, porque explicaba su incapacidad de lograr una recuperación rápida y sostenida. Por eso, mientras la economía languidecía, revivieron la idea, insinuando que ellos no tenían la culpa porque hacían lo que podían.

Los acontecimientos del año pasado mostraron la falsedad de esta idea, que nunca pareció muy verosímil. Una mal diseñada reforma tributaria regresiva y un programa de incremento del gasto con respaldo bipartidista provocaron un súbito aumento del déficit estadounidense de cerca del 3% a casi el 6% del PIB, que impulsó el crecimiento a alrededor del 4% y llevó el desempleo a un nivel mínimo en 18 años. A pesar de sus defectos, estas medidas demuestran que, con apoyo fiscal suficiente, es posible alcanzar el pleno empleo, incluso mientras los tipos de interés suben a niveles significativos.

El Gobierno de Obama cometió un error crucial en 2009 al no aplicar un estímulo fiscal mayor, más prolongado, mejor estructurado y más flexible. Si lo hubiera hecho, la recuperación de la economía habría sido más fuerte y no se hablaría de estancamiento secular. Pero tal como lo aplicó, sólo el 1% superior de la pirámide vio aumentar sus ingresos durante los primeros tres años de la así llamada recuperación.

Algunos advertimos en aquel momento que era probable que la caída fuera profunda y prolongada, y que se necesitaban medidas más enérgicas y diferentes de las que propuso Obama. Sospecho que el principal obstáculo fue la creencia en que la economía sólo había experimentado una ligera desaceleración de la que se recuperaría en poco tiempo. Bastaba llevar los bancos al hospital, atenderlos bien (es decir, no pedir cuentas a los banqueros ni criticarlos, sino subirles el ánimo invitándolos a opinar sobre lo que había que hacer a continuación) y, lo más importante, bañarlos en dinero, y pronto todo estaría bien.

Pero los padecimientos de la economía eran más profundos de lo que sugería este diagnóstico. Las consecuencias de la crisis financiera eran más graves, y una redistribución a gran escala de ingresos y riqueza hacia la cima de la pirámide había debilitado la demanda agregada. La economía estaba pasando del énfasis en las manufacturas a los servicios, y las economías de mercado por sí solas no manejan muy bien esas transiciones.

No bastaba un rescate de bancos a gran escala. Estados Unidos necesitaba una reforma fundamental del sistema financiero. La Ley Dodd-Frank de 2010 ayudó un poco, pero no lo suficiente, a evitar que los bancos hagan cosas perjudiciales; pero no hizo nada para asegurar que cumplan la función que supuestamente tienen: por ejemplo, concentrarse más en dar crédito a las pequeñas y medianas empresas.

Se necesitaba más gasto público, pero también programas más activos de redistribución y predistribución, para hacer frente al debilitamiento del poder de negociación de los trabajadores, la concentración de poder de mercado en grandes corporaciones y los abusos corporativos y financieros. Y unas políticas industriales y laborales activas tal vez hubieran sido útiles para las áreas perjudicadas por las consecuencias de la desindustrialización.

Pero las autoridades no hicieron lo suficiente ni siquiera para impedir que las familias pobres perdieran sus hogares. Las consecuencias políticas de estos fracasos económicos eran predecibles y fueron predichas: era evidente que había riesgo de que las víctimas de semejante desastre recurrieran a un demagogo. Lo impredecible era que Estados Unidos conseguiría uno tan malo como Donald Trump: un misógino racista decidido a destruir el Estado de Derecho dentro y fuera del país y desprestigiar a las instituciones estadounidenses encargadas de evaluar y decir la verdad, incluidos los medios de prensa.

Un estímulo fiscal de la magnitud del de diciembre de 2017 y enero de 2018 (que en ese momento la economía en realidad no necesitaba) hubiera sido mucho más potente diez años antes, cuando el desempleo era tan alto. De modo que la débil recuperación no fue resultado del «estancamiento secular»: el problema fue que el gobierno aplicó políticas inadecuadas.

Se plantea aquí una pregunta fundamental: ¿serán las tasas de crecimiento de los años venideros tan sólidas como en el pasado? Eso dependerá evidentemente del ritmo del cambio tecnológico. La inversión en investigación y desarrollo, sobre todo en investigación básica, es un factor determinante importante, pero obra con gran retraso; los recortes propuestos por el gobierno de Trump no presagian nada bueno.

A esto hay que sumarle una gran incertidumbre. La tasa de crecimiento per cápita ha variado en gran medida en los últimos 50 años, desde un 2% o 3% anual en la(s) década(s) de después de la Segunda Guerra Mundial hasta el 0,7% en la última década. Pero es posible que haya habido demasiado fetichismo en relación con el crecimiento; sobre todo cuando se piensa en los costes medioambientales, y aun más si ese crecimiento no aporta grandes beneficios a la inmensa mayoría de los ciudadanos.

La reflexión sobre la crisis de 2008 tiene muchas enseñanzas que ofrecernos, pero la más importante es que el problema era –y sigue siendo– político, no económico: no hay nada que necesariamente impida una gestión económica que asegure pleno empleo y prosperidad compartida. El estancamiento secular sólo fue una excusa para políticas económicas deficientes. Hasta que no superemos el egoísmo y la miopía que definen nuestra política –especialmente en Estados Unidos con Trump y sus cómplices republicanos–, una economía al servicio de todos, no de unos pocos, seguirá siendo un sueño imposible. Incluso si el PIB aumenta, los ingresos de la mayoría de los ciudadanos estarán estancados.

Joseph E. Stiglitz es el ganador del premio Nobel 2001 en Ciencias Económicas. Su libro más reciente se titula ‘Globalization and its Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era of Trump’ [‘El malestar en la globalización revisitado: la antiglobalización en la era de Trump’]. © Project Syndicate, 2018.

 Las preguntas que se hacia Summers eran ¿y si el mundo en el que vivimos desde hace años fuese la nueva normalidad? ¿Y si las condiciones de cuasi depresión van camino de mantenerse, no uno o dos años más, sino décadas?

La estela de la reflexión de Summers la han seguido desde entonces muchos economistas.

Uno de ellos, Paul Krugman, afirmó que aunque la hipótesis de Summers se refería a EE.UU. se podía considerar válida para todas las economías desarrolladas.

El razonamiento de Summers comenzaba con una constatación: la crisis financiera que dio origen a la Gran Recesión ya ha quedado muy atrás, sin embargo, la economía sigue deprimida.

A partir de ahí razona que el “estancamiento secular” sería un estado duradero en el que la depresión económica sería la norma, con episodios de pleno empleo escasos y distanciados entre sí.

Antes de la crisis, y a pesar de la burbuja inmobiliaria y del alto endeudamiento privado, la economía no funcionaba a pleno rendimiento. Es decir, el estado normal de la economía sería tendente a una ligera depresión que solamente se podría superar y tender al pleno empleo, y esta es la hipótesis más fuerte de Summers, cuando se producen burbujas.

En la versión del «estancamiento secular» que hace el economista J. Bradford Delong se pone el énfasis en que el paradigma económico ha cambiado. «Antes de 2008 las sacudidas adversas al gasto podría crear desempleo masivo y capacidad no utilizada, pero sus efectos se limitaban a uno, dos o máximo tres años. Y cada año, una vez terminada la desaceleración inicial, la economía estadounidense recuperaba aproximadamente un 40% del terreno entre su situación actual y su potencial de pleno empleo. Cuando se analizaban situaciones en un horizonte de tres a siete años, se podía asumir sin duda el modelo clásico: la economía regresaría al pleno empleo, mientras que los cambios en política y en el entorno económico alterarían la distribución, pero no el nivel del gasto, la producción y el empleo.

«Ahora se ha revelado que todo esto está mal. Desde principios de los años noventa, Japón ofrece evidencias contundentes de que el corto plazo puede durar décadas y luego vendría no un retorno a la vieja normalidad sino una transición hacia una nueva normalidad en la que una nueva depresión de corto plazo keynesiano tiene consecuencias duraderas. Lo que hemos visto desde 2008 es que Japón no es la excepción».

No obstante, muchos economistas opinan que si hay estancamiento secular el fenómeno no es idéntico en Europa y en EE. UU ya que en Europa la desaceleración del crecimiento potencial es más grave.

Las causas del estancamiento secular

Entre las causas del estancamiento secular se encontrarían:

1) La ralentización del crecimiento demográfico

2) El déficit comercial, que apareció en los años ochenta y que, con oscilaciones, se ha hecho crónico.

3) El ahorro privado no consigue la rentabilidad necesaria para financiar la inversión privada.

4) Las nuevas tecnologías de la información y la digitalización no aumentan la productividad total de los factores de producción (PTF) «tanto como lo hicieron las nuevas tecnologías manufactureras del siglo XX (combustión interna, electricidad, automoción, aviación, telefonía, televisión, laser, internet y telefonía móvil»).

5) Tras un endeudamiento masivo por parte de las empresas y familias, ahora tienen tendencia a no endeudarse y ahorrar lo cual mantiene débil el consumo lo que también explicaría las bajas tasas de inversión.

Otra versión diferente de lo que está pasando

La da el profesor Joel Mokyr en un artículo titulado «El estancamiento secular: lo que les está faltando a los agoreros económicos actuales», en el que recuerda el impacto de las innovaciones tecnológicas en el desarrollo de la humanidad y, de alguna forma, hace una enmienda a la totalidad a la teoría del estancamiento secular. Leer enseguida, el artículo completo

 https://blog.bankinter.com/economia/-/noticia/2015/0/30/que-es-estancamiento-secular

ESTANCAMIENTO SECULAR: LO QUE LES ESTÁ FALTANDO A LOS AGOREROS ECONÓMICOS ACTUALES – Joel Mokyr*

La ciencia está permitiendo la invención como nunca antes y en formas que mejorarán la vida, sin embargo esto no es reflejado en las estadísticas del PIB. No hay nada como una recesión para conducir a los economistas a un estado de ánimo deprimido. Así como sucedió en la década de 1930 ‒cuando se temía al así llamado estancamiento secular, o a la ausencia de crecimiento debido a la escasez de oportunidades de inversión‒ muchos de mis colegas en estos días parecen creer que «los días tristes han llegado nuevamente». El crecimiento económico experimentado durante gran parte del siglo 20 fue fugaz. Nuestros hijos no serán más ricos que nosotros. La incorporación de millones de mujeres casadas a la fuerza de trabajo y el enorme incremento de los graduados universitarios, que impulsó el crecimiento posterior a 1945, fueron dones excepcionales. El crecimiento lento está aquí para quedarse.

¿Qué falla en esta historia? Basta responder con una sola palabra: la «tecnología». La responsabilidad de los historiadores económicos es recordar cómo era el mundo antes de 1800. El crecimiento era imperceptiblemente lento, y la gran mayoría de la población era tan pobre que tan solo una mala cosecha podía llegar a matar a millones. Casi la mitad de los niños nacidos morían antes de alcanzar los 5 años, y los que lo hicieron a una edad adulta a menudo eran raquíticos, enfermos y analfabetos.

Lo que ha cambiado este mundo fue el progreso tecnológico. A partir de fines del siglo 18, las innovaciones y avances en lo que entonces se llamaban «las artes útiles» comenzaron a mejorar la vida, primero en Gran Bretaña, luego en el resto de Europa, y finalmente en gran parte del resto del mundo.

¿Por qué sucedió esto? Brevemente: avanzó la Ciencia. Una razón por la cual la ciencia avanzó tan rápidamente es que la tecnología proveyó herramientas e instrumentos que les permitió a los «filósofos naturales» (como se les llamaba entonces) estudiar el mundo físico. Un ejemplo es el barómetro. Herramienta, inventada por un alumno de Galileo llamado Torricelli en 1643, que  mostró la existencia de la presión atmosférica. Esa visión científica estimuló el desarrollo de las primeras máquinas de vapor (conocidas como motores atmosféricos).

En 1800 otro italiano, Alessandro Volta, inventó la «pila» ‒la primera batería‒, la cual sirvió principalmente como una herramienta para la investigación química, permitiendo así proyectar el mundo recién descubierto de elementos y compuestos que posteriormente desataría las industrias químicas del siglo 19.

De esta forma, la tecnología salió adelante por sus propios esfuerzos: Una invención en un área estimulaba el progreso en otra. La teoría de los gérmenes de la enfermedad y la posterior revolución en la tecnología médica nunca podrían haber ocurrido sin la mejora de los microscopios.

En comparación con las herramientas que disponemos hoy en día para la investigación científica, las de Galileo se asemejan a las hachas de hierro. Actualmente, tenemos mucho mejores microscopios, telescopios y barómetros, y la codificación digital de la información ha penetrado en todos los aspectos de la ciencia, dando lugar a la reinvención de la invención. Palabras como «IT» o «comunicaciones» no son suficientes para expresar el alcance del cambio. Enormes bancos de datos para la investigación, la simulación química cuántica y los análisis estadísticos altamente complejos sólo son algunas de las herramientas que la era digital coloca al servicio de la ciencia.

Las consecuencias se observan en todas partes, desde la genética molecular a la nanociencia. Los ordenadores cuánticos, aunque aún en fase experimental, prometen aumentar este poder en órdenes de magnitud. A medida que la ciencia se mueve a nuevas áreas y resuelve problemas ‒ni siquiera imaginables‒, los  inventores, ingenieros y empresarios esperan entre bastidores para diseñar nuevos artilugios y procesos basados ​​en los descubrimientos que continuan mejorando nuestras vidas.

En la especulación sobre cómo se verán y qué harán las nuevas tecnologías, los robots y la inteligencia artificial permanecen al frente y en el centro de la escena, siendo deseadas (¿a quién le gusta hacer las camas?) pero a la vez temidas ante la potencial “reducción de los puestos de trabajo”. No hemos visto ni una fracción de lo que es posible en la información y tecnología de la comunicación. Pero los avances más inesperados pueden venir de los rincones menos glamorosos, tal como la ciencia de los materiales.

Los materiales son el núcleo de nuestra producción. Los términos Bronce y Edad de Hierro manifiestan su importancia; la gran era de progreso tecnológico entre 1870 y 1914 era totalmente dependiente del acero barato y de cada vez mejor calidad. Pero lo que está sucediendo actualmente en los materiales es un salto más allá de cualquiera en el pasado, con nuevas resinas, cerámicas y nuevos sólidos diseñados completamente in silico  (es decir, en un ordenador), desarrollados a un nivel nanotecnológico. Esto promete materiales que la naturaleza nunca antes soñó y que ofrecen propiedades ordenadas por encargo en cuando a dureza, resistencia, elasticidad, etcétera.

Un ejemplo de esto es el grafeno, una lámina de carbono muy fina cuyas moléculas pueden estar dispuestas de forma tal de convertirlo en el material más fuerte o flexible en la tierra. Más aún, conduce la electricidad y el calor mejor que cualquier otro material que se haya descubierto. En el futuro, el grafeno es probable que sustituya al silicio en los transistores, células solares y otras aplicaciones que aún son difíciles de imaginar.

La modificación genética es otra área de expansión de la frontera. Las plantas serán diseñadas para arreglar los nitratos en el suelo o para absorber más dióxido de carbono de la atmósfera y para adaptarse a las temperaturas más extremas y a las lluvias. Estas pueden ser nuestra mejor defensa contra la degradación del medio ambiente, el cambio climático y otros efectos secundarios adversos ocasionados por las tempranas y más crudas técnicas agrícolas. Las «nanobomas» que penetran físicamente las membranas bacterianas son la próxima arma en la interminable guerra contra los microbios.

Los avances no están «en el horizonte», sino que están aquí. La economía puede estar enfrentando algunos vientos en contra, pero el viento de cola tecnológico es más parecido a un tornado. ¡Abróchense los cinturones de seguridad!

Por lo tanto: Si todo es tan bueno, ¿por qué todo es tan malo? ¿Por qué hay tristeza en  muchos de mis colegas? Parte de la historia es que los economistas están entrenados para mirar las estadísticas en forma agregada, como el PIB per cápita o el «factor de productividad». Estas medidas fueron diseñadas para una economía de acero y trigo, no una en la que la información y los datos son los sectores más dinámicos. En este contexto, esas son malas medidas de la contribución de la innovación a la economía.

Muchos bienes y servicios nuevos son caros de diseñar, pero una vez que funcionan, se pueden copiar a muy bajo costo, o incluso a un costo igual a cero. Eso significa que tienden a contribuir poco a la medición de la producción, sin embargo su impacto en el bienestar del consumidor es muy grande. La evaluación económica basada en agregados tales como el producto bruto interno será cada vez más engañosa, ya que la innovación se acelera. Lidiar con estos bienes y servicios totalmente nuevos no es para lo que estos números fueron diseñados, a pesar de los heroicos esfuerzos de los estadísticos en la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics, en inglés).

Las estadísticas globales no reflejan la mayor parte de lo que es interesante. He aquí un ejemplo: Si la telecomunicación o los autos sin conductor redujeran a la mistad el tiempo promedio que los individuos gastan en comunicarse, esto no se reflejaría en las cuentas del ingreso nacional ‒pero haría que millones de personas estén sustancialmente mejor. La tecnología no es nuestro enemigo. Es nuestra mayor esperanza. Si usted piensa que el rápido cambio tecnológico no es deseable, intente pensar en el estancamiento secular.

Mokyr es profesor de economía e historia en la Universidad de Northwestern. Su libro más reciente es « The Enlightened Economy: An Economic History of Britain 1700-1850″ (Yale, 2012). http://focoeconomico.org/2014/09/07/estancamiento-secular-lo-que-les-esta-faltando-a-los-agoreros-economicos-actuales/

13.19.-El SOCIALISMO «CON CARACTERÍSTICAS CHINAS»: ¿SOCIALISMO DE MERCADO O RESTAURACIÓN CAPITALISTA? – Homar Garcés

Tras la muerte de Mao Tse-Tung, en China se fue instaurando lo que sus gobernantes comenzaron a denominar un modelo de “socialismo de mercado”, lo que ha obligado a muchos economistas y analistas políticos de todo el mundo a dilucidar en qué consiste y cómo éste le ha permitido al gigante asiático erigirse como la mayor potencia económica, por encima de aquellas que, como Estados Unidos, ocuparan desde mucho tiempo atrás los primeros lugares en el sistema económico capitalista mundial, amenazando su hegemonía.

16 abr 2019.- En apariencia, este “socialismo de mercado” no estaría contraviniendo los principios fundamentales del marxismo aunque se evidencien al mismo tiempo unos crecientes grados de explotación, plusvalía y desigualdad social que lo equiparan con el neoliberalismo capitalista. A ello se añade el surgimiento de una clase privilegiada, integrada por la alta burocracia del Estado y del Partido Comunista, lo que -a la luz de los teóricos clásicos del socialismo- constituiría una desviación de los parámetros revolucionarios tradicionales.

Como destaca Claudio Katz en su artículo China: Un socio para no imitar, “toda la generación de ahijados del viejo liderazgo comunista maneja las grandes compañías. Allí se concentra la nueva élite. Basta observar que un tercio de los 800 individuos más ricos del país son miembros del PCCH (Partido Comunista de China)”. Este último elemento es lo que hace conjeturar a muchos analistas económicos que en la República Popular China se produjo un renuevo capitalista, pero con unos ribetes propios, dada la singularidad de su historia política o lo que algunos también llaman “socialismo con características chinas”.

Este socialismo «con características chinas» no deja de llamar la atención a nivel mundial gracias al extraordinario desarrollo económico alcanzado desde 1978 cuando comenzaran las reformas impulsadas bajo el liderazgo pragmático de Den Xiaoping, cuya frase emblemática “no importa que el gato sea blanco o negro, mientras pueda cazar es un buen gato” marcó el ascenso de su país como nueva potencia en el panorama mundial. Si bien es cierto que el conjunto de reformas adoptadas en el terreno de la economía auguraba una expansión del capitalismo neoliberal en el inmenso territorio chino, facilitándole condiciones más lucrativas a las empresas que allí funcionaran, el Estado mantuvo un control indiscutible de elementos económicos fundamentales; diferenciándose en este aspecto de la ortodoxia aplicada en la extinta Unión Soviética y las naciones bajo su órbita.

Sin embargo, en su artículo El “socialismo de mercado” chino, Alejandro Teitelbaum refiere que “China, no constituye una alternativa al neocolonialismo -económico, político y militar- practicado por las grandes potencias occidentales, con USA a la cabeza, y sufrido por numerosos países de todas las regiones del mundo, sino que es un relativamente nuevo y poderoso actor -con características y estrategias específicas- en el bando de las potencias neocoloniales. Dentro del cual se disputan zonas de influencia y ámbitos económicos y financieros sobre el fondo de una cierta convivencia pacífica basada en la necesidad de preservar el statu quo capitalista a escala mundial”.

En el presente, con Xi Jinping se estableció oficialmente adecuar los aportes teóricos de Karl Marx al contexto chino. Con tal propósito, se impone el cumplimiento de una agenda durante los próximos años, cuyo contenido, entre otras cosas, resalta el papel preponderante del Partido Comunista de China sobre las fuerzas armadas y todo el proceso del trabajo; así como la garantía que cada dimensión de la gobernanza esté basada en la ley; un enfoque centrado en el pueblo, de modo que éste sea quien administre la nación; la profundización de la reforma de una manera integral, aumentando la calidad de vida, acompañada de una nueva visión para el desarrollo, y la defensa del principio de «un país, dos sistemas», tendente al logro de la reunificación nacional.

En el plano internacional, China promovería la construcción de una comunidad de destino en la cual se inserte toda la humanidad, sin que signifique asumir el rol imperialista de otras potencias, cosa que la clase política de Estados Unidos ve con mucho recelo, desatando una guerra comercial contra ésta a fin de contener su auge económico y preservar su habitual hegemonía. Según la visión de los gobernantes chinos, la economía de mercado sería un instrumento, no un fin en sí mismo, dotado de autonomía o independencia frente al resto del conjunto social, como ocurre regularmente en las naciones situadas en Occidente. Esto, sin embargo, no terminaría de explicar el gran auge económico, tecnológico y militar que se observa en China y que mantiene en expectativa a sus mayores competidores, resaltando Estados Unidos entre los más destacados, mientras en algunas naciones de nuestra América (entre ellas, Venezuela) se busca adoptar sus esquemas de crecimiento, obviando todo lo referente al acervo cultural acumulado por dicho país, el cual ha resultado ser un elemento primordial a la hora de colocarlo en el sitial que ahora éste ocupa en el escenario internacional, incluyendo lo iniciado por Mao Tse-Tung.

https://www.alainet.org/es/articulo/199355

  • 12.19.- UN NUEVO DRAGÓN EMERGE: ¿CÓMO POTENCIAR A LAS EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA? – Leandro Hernández*
  • LAS TRAMPAS DEL PLAN DE DESARROLLO –  Salomón Kalmanovitz

El Plan de Desarrollo de la Administración Duque se autodenomina, entre otros pactos, como “pacto por la equidad”, pero cuenta con al menos siete artículos que son prebendas tributarias que golpearían el bolsillo de los más vulnerables y favorecerían a empresarios y a gremios de la producción de manera generosa. Se trata de un árbol de Navidad al que se le cuelgan muchos regalos empresariales.

8 abr 2019.- Según el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, “se ratifica mi temor de que es un error estratégico abrir la puerta a temas tributarios en el plan porque eso puede abrir una caja de pandora en el Congreso. En esta primera ponencia hay artículos nuevos con exenciones, créditos fiscales, deducciones y hasta becas por impuestos”. La discusión de la tributación deben hacerla los representantes del pueblo, para lo cual deben concentrarse exclusivamente en el tema para alcanzar profundidad; que intervengan todos los sectores afectados para expresar sus dudas o su oposición a impuestos que resultan nocivos para ellos. Acá se trata de colgarle artículos impositivos al plan para que sea votado a pupitrazo, sin permitir que se expresen los intereses de los afectados.

El más descarado de todos es un nuevo inciso que obliga a las importaciones de azúcar y aceite a pagar cesiones a los respectivos fondos de estabilización de precios, lo que significa un freno a estas y un aumento de las rentas de los barones del azúcar y de la palma africana. Digo descarado porque no solo logran una protección adicional frente a la competencia que encarecería estos artículos de primera necesidad para 45 millones de consumidores, sino que su recaudo irá directamente a premiar sus ineficiencias. En otra circunstancia, el arancel entraría al presupuesto general de la Nación, para ser gastado según las prioridades del gobierno en educación, salud o infraestructura; acá, se destina a pagarles precios más altos a los productores de los que permitiría la competencia.

Igualmente retrógrado es el artículo 296 que permite que los dividendos que se distribuyen dentro de los grupos empresariales o de sociedades registrados ante la Cámara de Comercio no estén sujetos a retención en la fuente; en cambio los salarios si tienen retención ineludible.

El artículo 184 permite que los proyectos de generación de energía con paneles solares sean exonerados del pago del IVA de forma directa; el artículo 201 dice que las inversiones que realicen las pequeñas y medianas empresas en los proyectos calificados como de investigación e innovación podrán acceder a un crédito fiscal por valor de 50 % de la inversión realizada. En ambos casos, se trata de escoger ciertos sectores frente a otros sin consultar el costo beneficio de las exenciones y sin certificar que son serios.

Del mismo tenor es el artículo 233 que busca incentivar las actividades culturales y creativas del país a través de Áreas de Desarrollo Naranja. Se trata de la exención de un porcentaje del impuesto por la compra o venta de inmuebles y del pago del tributo de delineación urbana. Las inversiones realizadas en estas áreas tendrán un beneficio similar al de obras por impuestos, sin definir rigurosamente la tal economía naranja.

Para coronar el pastel, el artículo 300 permite que las universidades privadas hagan convenios con Coldeportes para asignar becas a deportistas, recibiendo a cambio títulos negociables para el pago de hasta el 30 % del impuesto sobre la renta.

https://www.elespectador.com/opinion/las-trampas-del-plan-de-desarrollo-columna-849231

12.19.- UN NUEVO DRAGÓN EMERGE: ¿CÓMO POTENCIAR A LAS EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA? – Leandro Hernández*

Lograr el rápido crecimiento de una empresa no es tarea fácil. Se necesita trabajo, dinero y nuevas ideas. ¿Cómo reconocer y acompañar a las compañías de alto crecimiento? 

Buenos aires 9 abr 2019Las empresas de alto crecimiento generan nuevos y mejores puestos de trabajo, potencia el desarrollo y la productividad de los países de la región. BANCO MUNDIAL

“La guarida del dragón”, o manē no tora en japonés, es un programa de televisión donde entusiastas participantes suelen presentar ideas de negocios rentables y de alto crecimiento a potenciales inversores, para que los asistan con fondos y asesoramiento. Este formato ha probado ser un éxito mundial: más de 30 países han adaptado el show a su realidad local y miles de participantes han pasado por esta experiencia. Incluso dos países latinoamericanos, México y Colombia, han desarrollado sus propias versiones.

Fuera de los estudios de televisión, identificar empresas y emprendimientos de alto crecimiento también es un desafío. Poder encontrarlas y potenciarlas es fundamental para promover el desarrollo económico, en especial en los países de América Latina y el Caribe, convirtiéndolas en motores de creación del empleo y desarrollo de la producción.

¿Qué son?

La mayoría de las personas asocian a las empresas de alto crecimiento con emprendimientos tecnológicos. Esta relación tiene sentido, sobre todo en Latinoamérica donde emprendimientos digitales como la colombiana Rappi han revolucionado el mercado en solo tres años. En este caso, el uso de herramientas tecnológicas permitió abordar desafíos pendientes de la región: los mensajeros compensan la mala logística existente, se mitigan ciertos problemas de seguridad y se generan nuevos servicios para los usuarios no bancarizados.

Sin embargo, la mayoría de estas empresas de alto crecimiento presentan una realidad bastante distinta, ya que no operan solo en el sector de alta tecnología. Tanto en México como en Brasil, las compañías dedicadas a la elaboración de alimentos y diseño de indumentarias se encuentran entre los sectores donde las empresas tienen un alto potencial.

Si bien suelen ser más jóvenes que el promedio en los mercados de países en desarrollo, la mayoría de estas empresas tienen un par de años y están desarrollándose en distintas ciudades, no solamente en las capitales.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que un periodo de elevado crecimiento no es garantía de continuidad; de hecho, estos momentos son más bien efímeros. Muchas compañías entran y salen de periodos de expansión acelerada. El desarrollo rápido no es una característica permanente de ninguna empresa, sino un momento dentro de su ciclo de vida.

La innovación, la aglomeración de empresas, el capital humano, las redes internacionales y el desarrollo financiero son factores fundamentales para impulsar el crecimiento rápido. Pero, aún más importante, el crecimiento empresarial requiere un entorno competitivo donde emprendedores puedan crear sus compañías, financiarse, poner a funcionar sus instalaciones, hacer valer sus contratos, conseguir empleados, y también saber capear la volatilidad de los mercados.

Según datos del informe Doing Business, que mide todos estos factores, los países de América Latina siguen teniendo oportunidades de mejora en aspectos sensibles como pago de impuestos, registro de propiedades y protección de los inversionistas minoritarios.

El efecto dominó

Un nuevo informe del Banco Mundial indica que en países en desarrollo, como Brasil, las empresas de alto crecimiento representan solamente el 20% de la totalidad de las compañías que operan en el país, aunque son responsables del 60% de los nuevos empleos creados.

A la vez, estas empresas generan un fuerte efecto en sus comunidades, facilitan el desarrollo de otras actividades económicas en la misma localidad y generan nuevos polos industriales. También posibilitan la transferencia de nuevas tecnologías y el desarrollo de competencias blandas, como las habilidades de gestión.

“El desarrollo de un sector privado vibrante e innovador es uno de los aspectos centrales para lograr un crecimiento económico sostenible en los países de América Latina y el Caribe. Empresas y hacedores de políticas deben hacer frente a nuevos desafíos para poder seguir promoviendo la creación de empleo y el desarrollo de nuevas competencias”, sostiene Daniel Gomez Gaviria, especialista del Banco Mundial.

Identificar a los dragones

Ante los desafíos del comercio global y de tendencias de consumo en cambio permanente, hay una sola pregunta: ¿cómo se respalda el crecimiento de este tipo de empresas?

El mencionado informe del Banco Mundial sostiene que uno de los mayores desafíos de los gobiernos está en identificar las empresas de alto crecimiento, especialmente en los periodos tempranos de desarrollo, momento en que la iniciativa empresarial requiere de mayor acompañamiento.

Los expertos proponen un nuevo ABC para promover la formación de este tipo de empresas:

  • · Asignación de los recursos: Deben garantizarse las condiciones para facilitar el desarrollo de las empresas, apuntando a mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos de modo que se facilite el ingreso y salida de los mercados, así como que genere las condiciones de flexibilidad necesarias.
  • · Business to business spill overs (Efectos de enlace entre empresas): Las empresas pueden tener efectos indirectos una con otra, a pesar de que realicen diferentes actividades. Vínculos geográficos, economías de aglomeración, redes comerciales y mecanismos de transferencia de conocimiento permiten en realidad fomentar el aprendizaje, mejorar la calidad y potenciar los beneficios para el crecimiento.
  • · Capacidades empresariales: Para poder crecer en mercados competitivos, es central que las empresas puedan contar con recursos humanos, tecnológicos y financieros adecuados. Para esto, se requiere de políticas que permitan que las empresas prioricen sus áreas de investigación y desarrollo, aceleren la adopción de nuevas tecnologías y fortalezcan sus prácticas gerenciales y aptitudes interpersonales de sus colaboradores.

Afortunadamente, en América Latina gobiernos y organizaciones de la sociedad civil ya han desarrollado diversos instrumentos para apoyar la acumulación de estas capacidades, con diversos niveles de éxito.

Programas como iNNpulsa en Colombia buscan promover la innovación y la productividad a través de la provisión de préstamos e inversiones de capital, y la consolidación del ecosistema emprendedor. En México, los programas del Instituto Nacional del Emprendedor proveen de inversiones equivalentes, asegurando hasta el 80% de los costos para que una empresa invierta en equipamiento tecnológico, certificación, consultoría o maquinarias.

Leandro Hernández es productor online del Banco Mundial.

https://elpais.com/internacional/2019/04/09/america/1554840371_827489.html

  • -11.19.-A ROMPER LA REGLA FISCAL – Salomón Kalmanovitz
  •  ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA ANDI – Mauricio Galindo y Rolando Lozano

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master muestra el paquete de propuestas del sector privado al Gobierno. Apostar a que al Gobierno le vaya mal lo pagan los ciudadanos.

El presidente de la Andi plantea además que deberían bajarse tasas de interés.  Abel árdenas/Archivo EL TIEMPO 

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, se refiere al trámite de aranceles para proteger algunas industrias. Trámite lento dice, porque requiere estudios para la OMC. Se queja además de que haya una activa política de impuestos, pero no existe un propósito nacional de crecimiento económico. Impuestos sin crecimiento lleva a la quiebra, claro está. No existe un verdadero estímulo a las exportaciones, más bien el desestímulo por la sobrevalorización del peso. Se vive a mercede de los productos primarios minero-energéticos. Y lo cierto es que las compañías extranjeras están exentas de reintegrar dólares. O sea que son exportaciones aparentes, reales en la salida del territorio, pero que no suman en el ingreso de la nación.

Así mismo, considera positivo el ajuste en la regla fiscal porque el Gobierno podrá entrar a mirar asuntos, algunos de los cuales hacen parte del paquete de propuestas que viene planteando el gremio; pero nada dijo sobre las industrias que fenecen, ni sobre las que están por nacer. Nada.

4 abr 2019.- ¿Cuáles son las preocupaciones principales en la actual coyuntura? 

Se ha venido dando una sustitución del Ejecutivo, en cosas que ha hecho habitualmente. Por ejemplo, la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo, por algunos congresistas, de un arancel a confecciones.

Nuestro gremio, por ejemplo, tiene peticiones para 50 aranceles haciendo fila. ¿Qué tal si lo hiciéramos por las vías que no son? Así, se generaría un desorden institucional grande.

Hay que hacer una inmensa defensa de mantener la estructura de la discusión, porque es muy fácil salir a decir cosas populares en el Congreso y, como no cuesta nada, incluso en reputación, más bien se gana popularidad. Eso es grave.

Lo de aranceles en el Plan Nacional de Desarrollo es otra versión de cuando, en el Congreso, se hizo la propuesta sobre el salario mínimo.

El Estado tiene una estructura de poderes, cada uno con sus facultades y toma de decisiones. No tengan la menor duda de que si se llega a legislar en el Congreso sobre ese tema, se vienen retaliaciones de otros países.

La mayoría de los legisladores que incluyeron el artículo con aranceles nos dicen, ‘¿es que ustedes no defienden la industria nacional?’ Claro que queremos que haya aranceles para varios sectores. Pero es un error que incurramos por la vía no adecuada.

Primer debate a proyecto por una Política Pública de Equidad Laboral

Plan de Desarrollo, aprobado en primer debate en el Congreso

Desde hace 6 años, empresas no estaban tan motivadas para invertir

¿Cuál es el camino adecuado?

Debe efectuarse una definición de política de desarrollo, industrial y de comercio internacional, y señalar cómo los eslabones van teniendo mecanismos de protección en la medida en que se van presentado los problemas.
El competente para las medidas de aranceles es la Triple A, y, en política general de comercio exterior, el Consejo Superior de Comercio Exterior. Aprobar una salvaguardia toma dos o tres meses, y un derecho antidumping, varios.
Es cierto que hemos pedido que esos procesos se agilicen, pero son trámites técnicos que requieren estudio.

¿Qué otro tema está en la agenda del gremio?

La política de crecimiento económico, porque se están haciendo cosas como la ley de financiamiento, bajar los niveles de impuesto de renta, deducciones de IVA en los bienes de capital, y se hizo un esfuerzo importante con el salario mínimo, entre otros, pero el aumento importante del crecimiento económico no se ha dado.

El foco debe estar en producir medidas que impulsen el crecimiento económico, pues, institucionalmente, no hay quien lo dirija o un encargado. Es una de las críticas de quienes hacen diagnósticos del país.

Se trata de contar con una persona que –además del Presidente de la República– tenga en la mente la gestión de asuntos para hacer crecer más la economía.

¿Qué otras peticiones han hecho?

Por ejemplo, pedimos un incentivo a las exportaciones hasta el nivel que permite la misma Organización Mundial de Comercio (OMC), o, inclusive, que existe en otros países de Latinoamérica. También propusimos desatrapar unos 14 billones de pesos en regalías, que puedan ser ejecutados en proyectos de infraestructura. Se podrían usar, por ejemplo, para financiar obras de gran envergadura.

Nos costó demasiado, hace tres años, el freno a la economía para ajustar la política monetaria para cumplir la meta de inflación.

Además de la confianza, es clave enfocarse en que la economía crezca porque cuando se frena, es más difícil que vuelva a crecer.

Es cierto que la cifras han mejorado, pero Colombia no ha adoptado como objetivo de la sociedad el crecimiento económico. Solo con el crecimiento se reduce la pobreza, se pueden hacer las obras de infraestructura y se reduce el desempleo. Esta es la génesis para que haya crecimiento. La otra forma es endeudando el país y llevándolo a la quiebra.

Es cierto que la cifras han mejorado, pero Colombia no ha adoptado como objetivo de la sociedad el crecimiento económico

No es tema de favorecer a los empresarios y los capitales, sino cómo la sociedad se puede desarrollar.

Entre tanto, el crecimiento sigue de la mano de materias primas.

Afortunadamente, la extracción de petróleo por métodos no convencionales es una discusión que se ha desligado del tema político. Es una conversación menos ideológica, más científica, Y con las pruebas piloto sabremos si hay riesgo o no. Espero que no exista, como dicen los científicos, y así lo indican los cerca de 200.000 pozos que se han abierto en Estados Unidos.

Desde 2007, ese país está explotando 200.000 pozos con métodos no convencionales y no ha habido problemas de agua y sostenibilidad.

Además, de lograr autonomía energética, es el mayor productor de petróleo del mundo.
Mientras repuntan los indicadores, hay turbulencia política.

¿Hay una apuesta para que las cosas salgan mal?

En efecto, Colombia ha perdido mucho cuando la forma más rentable de hacer política es tratar de que al Gobierno le vaya mal. Y, en medio de eso, los ciudadanos quedan en una situación perversa.

Los empresarios quisiéramos ver más políticos queriendo que a Colombia y el Estado les vaya bien.

Es muy difícil imaginar un escenario en el que si al Presidente le va bien, a la población no le vaya igualmente bien.

Inclusive hay gente de la coalición que lo eligió buscando que al Presidente de la República le vaya mal y tenga obstáculos. Ese costo lo pagamos los ciudadanos.

Mencionaba antes la política monetaria. ¿Cuál cree que debe ser el próximo movimiento de tasas del Banco de la República?

Esta vez, la inflación no es una amenaza, luego se puede sugerir que baje la tasa para que haya créditos más baratos y más inversión.

Se puede pensar que esa transmisión se demora en llegar al mercado financiero varios meses, pero el objetivo ahora debe ser un mayor crecimiento económico, y pedimos a los bancos que nos acompañen para que sea más rápido.

Faltan temas como la agilización de obras de infraestructura, reducción de trámites y ejecución de regalías, entre otros

¿Qué observaciones del gremio faltan por ser acogidas en el Gobierno?

Hay varias cosas por realizar, pero muchas de ellas dependían de que se lograra el equilibrio macroeconómico, que se obtiene cuando la regla fiscal se ajusta 0,4 puntos porcentuales. Sin embargo, faltan temas como la agilización de obras de infraestructura, reducción de trámites y ejecución de regalías, entre otros.

No es que no nos hayan hecho caso sino que tenían que ir surtiendo pasos en donde el equilibrio fiscal era muy importante. Estamos esperando el Marco Fiscal de Mediano Plazo, pero este ajuste de la regla fiscal conlleva un Marco Fiscal de Mediano Plazo implícito.

El problema en el Cauca cómo lo perciben los empresarios

Es un problema dentro del cual los mecanismos se han salido de control y se han vuelto violatorios de los derechos de la ciudadanía y la población.

El país tiene que pararse firme frente a ellos y oír los reclamos justificados, pero habrá otros que no lo sean.

Hay aprovechamiento de políticos y deben responderle al resto de la población porque van a quedar bien con la minga. ¿Y el resto de la población de Cauca y Nariño?

Respetando el derecho de la protesta, hay que recuperar el principio de que los derechos míos llegan hasta donde llegan los de los demás. Y esa línea no se puede transgredir.

Sin embargo, se están afectando los derechos de una gran población. Y es importante que los grupos étnicos entiendan que no solo tienen derechos sino también obligaciones.

Las cosechas de papa, tilapia y trucha se van a dañar, pero también se afectarán los trabajadores que se han venido preparando seis meses para sacarlas.

Mauricio Galindo – Rolando Lozano economía El Tiempo. https://www.eltiempo.com/economia/empresas/las-propuestas-de-la-andi-sobre-la-economia-colombiana-346036

11.19.-A ROMPER LA REGLA FISCAL – Salomón Kalmanovitz

La regla fiscal es un compromiso a largo plazo del Estado colombiano de mantener los ingresos y gastos del Gobierno dentro de una senda sostenible. Con ella se pretende ofrecer seguridad a los compradores de bonos del Gobierno y a los inversionistas nacionales y extranjeros, en el sentido de que se honrará la deuda pública y de que los capitales invertidos serán resguardados por la estabilidad macroeconómica resultante.

1 Abr 2019.- Dentro de los lineamientos establecidos, la regla fiscal puede ser modificada en caso del surgimiento de hechos imprevistos, mediante la aprobación por un comité asesor técnico, independiente del Gobierno, que estudia las circunstancias y examina la senda alternativa de equilibrio fiscal que propone el ministro de Hacienda. En 2018, el gobierno Santos la alteró, justificándola por la caída de los precios del petróleo, que significó un impacto negativo del 3 % del PIB en sus ingresos

Esta vez, el ministro Carrasquilla adujo que la llegada de migrantes venezolanos en grandes números al país imponía unos gastos adicionales en salud y educación del 0,5 % del PIB, que debían ser enfrentados por medio de endeudamiento adicional. Se puede deducir que la justificación de Carrasquilla es débil para alterar de nuevo la regla fiscal, que se vuelve así una meta movible que le hace perder credibilidad al Gobierno.

La calificadora Fitch advierte que la meta del déficit fiscal puede cumplirse en 2019, pero difícilmente lo hará en 2020, cuando entra en vigor el carnaval de exenciones tributaria contenidas en la Ley de Financiamiento. Carrasquilla dice que eso no le quita el sueño, porque va a hacer malabares: reducir el tamaño del Estado, aumentar la eficiencia de la DIAN y vender la vajilla del país (parte de Ecopetrol y otras joyitas).

Un tema que no han considerado los analistas es el impacto de la medida populista del presidente eterno de aumentar el salario mínimo del 6 % sobre la nómina del Gobierno, tanto de sus funcionarios como de los contratistas. La consecuencia es aumentar aun más el déficit fiscal de 2019 o restringir el alcance del gasto público.

Según el Gobierno, su déficit en 2018 fue del 3,1 % del PIB, pero una proyección de los datos del Banco de la República lo acercan al 4 % del PIB. Para 2019 se aspira a que será 2,7 % del PIB, una reducción difícil de lograr. Esto sugiere que el desvío frente a la regla fiscal es bastante mayor al presentado por Carrasquilla y que en 2020, cuando se materialicen los regalos del mismo presidente eterno a los grandes contribuyentes, el desequilibrio fiscal se tornará peligroso para la salud de la economía.

El saldo de la deuda total del Gobierno Nacional alcanzaba el 37 % del PIB en 2014 y en 2018 se trepó al 47 % ($459 billones), de nuevo según datos del Banco de la República. Al paso que va, el endeudamiento público superará la mitad del PIB, del cual afortunadamente una parte mayoritaria es deuda interna, denominada en pesos, pero los acreedores, tanto nacionales como extranjeros, pueden dejar de comprar bonos del Gobierno si perciben que su deuda es insostenible.

La economía no va bien, como lo demuestra el agudo aumento del desempleo. Una justificación para romper la regla fiscal más seria es que se requiere un gasto público mayor para revertir la parte recesiva del ciclo que se avecina. Aun mejor es aumentar los impuestos a los ricos y gastarlos en bienes públicos (infraestructuras, salud y educación), manteniendo el equilibrio fiscal.

https://www.elespectador.com/opinion/prosur-columna-846679

A- 10.19  PLAN DE DESARROLLO: PACTO POR LA INIQUIDAD – Aurelio Suárez

  •  El pacto por la equidad se enfoca en recortar el gasto público en derechos sociales fundamentales.

Mientras se debate el Plan de Desarrollo, el ministro Carrasquilla arguye que el “potencial del crecimiento de la economía” se funda en “la reducción de la carga tributaria efectiva de las empresas de 20 % sobre sus utilidades entre 2018 y 2022”. Al respecto, el FMI advirtió: “La ley de financiamiento puede llevar a menores ingresos a medida que aplique la reducción en la carga tributaria para empresas (…) deberían considerarse medidas estructurales respecto a ingresos y a gastos”. Mincomercio condicionó el promocionado emprendimiento a atraer “inversión extranjera eficiente” en 11.500 millones de dólares anuales y la Ocde puso el plan como paso final para vincular a Colombia y destacó la Ley Tecnologías de la información y la comunicación  – TIC. 

26 mar 2019.- El denominado Pacto por la Equidad, fuera de entregar más privilegios, tributarios y otros, a firmas extranjeras de cine, a inversionistas portuarios, al ámbito indefinido de la ‘economía naranja’, a quienes gasten en investigación aun en beneficio propio, a los dividendos entregados dentro de grupos empresariales, a las posiciones dominantes en el sector de energía y a los dueños de minas con subsuelo de “propiedad privada”–además de dejar el cierre de brechas laborales contra de la mujer a merced del mercado del trabajo– se enfoca, alineado con el FMI, en recortar el gasto público en derechos sociales fundamentales o en trasladarlo a cargo de la sociedad, como pasará con $1,2 billones de las pensiones de Electricaribe para posibilitar su posterior subasta por retazos.

El Sisbén IV disminuirá los beneficiarios de programas sociales: se avisa de cinco millones de “colados” en el régimen subsidiado de salud, y el director del Dane definió como clase media a quien perciba más de cuatro dólares diarios. Añade que el 20,7 % del estrato tres y el 6,4 % del dos tienen ingresos muy altos.

Esta “política social moderna” tiene artículos que, como denunció la CUT, ahondan la flexibilización laboral “formalizando” con estándares inconstitucionales mediante mecanismos como el enganche para graduandos, contratos por horas, labores rurales parciales o el teletrabajo, incluyendo el sector público; o el trueque del ahorro pensional de quienes no alcanzaron a jubilarse por una entrega bimensual, gota a gota, que no bastará para subsistir, o también la imposición del pago en salud a grupos de usuarios del régimen subsidiado, mientras con una ley de saneamiento se capitalizaría a las EPS.

Anif estima que el plan bajará el coeficiente de Gini, de diferencia en el ingreso, apenas de 0,51 a 0,50. La creación de 400.000 empleos anuales nuevos, entre formales e informales, será inferior a la de 440.000 en promedio entre 2010 y 2018 y la pobreza caería a ritmo igual que en el cuatrienio anterior.

En salud y educación, pese a 301 artículos aprobados, el Plan no estableció fundamentos para transferir recursos crecientes a municipios y departamentos, lo que debería concretarse en una reforma constitucional y, antes bien, les recargó el pago de las prestaciones económicas del magisterio. A contramano, pese a sentencias de la Corte, delega en Minminas la fijación del precio de los combustibles, empezando por borrar una deuda de $ 14 billones con el Fondo de Estabilización, en evidente ‘raponazo’ fiscal.

Arrecian las críticas a los poderes presidenciales para transformar áreas del Estado; a la prórroga de concesiones mineras por 30 años en tanto endurece requisitos a la minería tradicional; al insólito visto bueno a los entes territoriales para comprometer vigencias futuras en 2019; al establecimiento de la contribución de valorización sobre predios rurales para costear las 4G; a más tributos para financiar transmilenios e inaceptables metas para contener la deforestación.

Hay omisiones imperdonables: inconsistencias y carencias para ser la ruta expedita en la construcción de paz o el abandono del agro y la industria que –excepto la producción agrícola en gran escala, actividades rurales no agropecuarias o zonas francas– continúan desprotegidas frente a los TLC y a las importaciones. En simultánea, cunde el pánico oficial cuando se propone proteger la cadena textil-confección y a regañadientes surge un fondo para el café sin mecanismos ciertos. Incurias similares indignaron a los indígenas, movilizan a los docentes y alertan a las universidades sobre la incertidumbre para concretar lo logrado.

Razón les cabe a quienes hablan de Plan de Subdesarrollo: el interés primero de Duque y Carrasquilla es financiar la confianza inversionista –cuyas ganancias se distribuyen con altísima desigualdad a favor de conglomerados y transnacionales– y que ahora, pagada por las mayorías, constituye un genuino pacto por la iniquidad, la más aberrante de las inequidades.

Aurelio Suárez Montoya

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/aurelio-suarez-montoya/plan-de-desarrollo-pacto-por-la-iniquidad-aurelio-suarez-montoya-341798 

B – 10.19  ¿POR QUÉ SE HABLA Y ESCRIBE TANTO SOBRE LA RENTA BÁSICA? – Daniel Raventós

En el año 2018 se ha hablado y escrito sobre la renta básica incondicional (RB) más que en toda la historia anterior de la humanidad. 2019 va en camino de superar aún al año 2018. No es poca cosa.

Pero, ¿por qué se habla y escribe tanto sobre la RB? Algunas de las razones son:

24 mar 2019.- 1. El fracaso de los subsidios condicionados

Me referí a ello en el artículo anterior. Por fracaso debe entenderse la diferencia entre lo que pretendían y lo que han conseguido estos subsidios condicionados. La experiencia de décadas que se tienen de ellos y en distintos países permiten hacer un balance general que confirma la miseria de los subsidios condicionados para pobres.

  1. El trabajo asalariado ya no es garantía de salvarse de la pobreza

El incremento de los working poor es una constatación. Esto es, la población que, a pesar de contar con empleo legal, puede considerarse pobre. Tras las desregulaciones industriales y la destrucción del tejido productivo de amplias zonas geográficas acometidos desde hace décadas pero acentuadas a raíz de la Gran Recesión de 2008, además de las políticas económicas de recortes y austeridad impuestas desde la UE, la pobreza se ha extendido a nuevos  sectores de la población, la mayoría de los cuales habían gozado de una posición socioeconómica relativamente cómoda durante los treinta años posteriores a la II Guerra Mundial, cuando el Estado de bienestar conoció su época más gloriosa en Europa. Cambio drástico: en el año 2015 la UE registraba un 13,2 % de trabajadores pobres.

  1. Proliferación de experimentos sobre la RB

En los últimos años se han puesto en funcionamiento o están aún vigentes experimentos (muy parciales) de RB. Finlandia, Barcelona, Utrech, Namibia… Eso hace mucho ruido y ha motivado que la RB aparezca a veces de forma sensacionalista en muchos titulares de prensa. En breve: son experimentos que pueden ilustrar sobre algunos aspectos muy parciales de la RB, como la actitud ante el trabajo remunerado. Pero es evidente que no pueden informar sobre los efectos fiscales, la libertad para toda la población que supondría y los cambios en la vida de muchas personas, el poder de negociación de trabajadores y muchas mujeres en sus puestos de trabajo, los efectos sobre unos salarios (que aumentarían) y sobre otros (que disminuirían), la disminución de la aversión al riesgo para emprender pequeños negocios… Pero, como queda dicho, estos proyectos al menos han servido para dar a conocer, aunque sea deformadamente, la RB.

  1. La mecanización y substitución de muchos puestos de trabajo

Proliferan los informes y estudios sobre la substitución en un período de tiempo más o menos corto de multitud de puestos de trabajo. Y no todos de baja calificación. Aunque hay opiniones discrepantes, un porcentaje muy importante de estudiosos se inclinan a concluir que las máquinas supondrán más pérdidas de empleo que las puestos de trabajo que serán creados debido a esta mecanización. Esta perspectiva ha motivado que la RB sea vista como una alternativa a tener en cuenta.

  1. Las condiciones de vida y trabajo cada vez peores de buena parte de la población no rica

Aunque se habla de recuperación económica, las condiciones de la gran mayoría de la población son peores que antes del estallido de la gran crisis hace una década. Aquí la evidencia estadística es muy abundante. Esta realidad también ha motivado que la RB sea vista por cada vez más personas como una medida de aplicación inmediata para hacer frente a esta situación.

Hay más razones de por qué se habla y escribe tanto sobre la RB, pero las apuntadas son de las más importantes.

Daniel Raventós

es editor de Sin Permiso, presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro del comité científico de ATTAC. Sus últimos libros son, en colaboración con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, «Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa» (Serbal, 2017) y, en colaboración con Julie Wark, «Against Charity» (Counterpunch, 2018).

https://lamiradacomun.es/opinion/por-que-se-habla-y-escribe-tanto-sobre-la-renta-basica /http://www.sinpermiso.info/textos/por-que-se-habla-y-escribe-tanto-sobre-la-renta-basica

9.19.- DE VUELTA AL URIBECHAVISMO – Cristina de la Torre 

No, no son iguales. Uribe llegó al poder para afianzar la economía de mercado y Chávez, para desmontarla. Pero en política, guardadas diferencias de grado, cogieron ambos por la vertiente autoritaria del populismo latinoamericano. En Venezuela desemboca el chavismo en la dictadura de Maduro, agente ejecutor de la divisa del coronel; en Colombia regresa la de Uribe sobre los hombros de Iván Duque. Hace 14 años aventuraba yo en un librito (Álvaro Uribe o el neopopulismo en Colombia) que aquellos líderes suscribían elementos medulares del mismo modelo político: el del neopopulismo con carga de arbitrariedad y mano dura.

19 mar 2019.-  La prueba del tiempo parece darme la razón y ratificarlo hoy, cuando, la mirada en su mentor, desafía Duque la legalidad: desacata fallo de la Corte Constitucional (una barbaridad, dirá Sergio Jaramillo), pone en riesgo la división de poderes, induce el retorno a la guerra y reanuda campaña electoral con la jauría aulladora que ha vuelto invivible la república.

Mucho en Chávez y en Uribe conspira contra la democracia: la búsqueda ciega del unanimismo; la determinación de absorber o cooptar el fuero de jueces y legisladores, por convertir la democracia constitucional en Estado de opinión manipulada; la militarización de la sociedad; el anclaje de la seguridad en una policía política; la búsqueda del poder para quedarse en él.

Y, en Uribe, la idolatría de la guerra. Manes de los regímenes de fuerza que proliferaron en la región y cuyos signos restablece Duque, solícito exhumador del uribechavismo. Sus objeciones a la JEP calculan el golpe en dos planos. Primero, para resucitar el proyecto subversivo de la ultraderecha contra la democracia y la paz; con su efecto colateral de asegurarles impunidad a prestantes promotores de atrocidades en el conflicto. Segundo, convertir la campaña electoral en borrasca de odios y mentiras, siempre pródigas en votos.

Llegado al poder, creó Chávez el instrumental para perpetuarse en él, para neutralizar al Congreso y a las Cortes. En parecida dirección obró Uribe. Su propuesta originaria de referendo apuntaba a revocar el Congreso, pero la Corte Constitucional estimó que, a guisa de reforma constitucional, sólo buscaba atacar a un grupo de gobernantes. Calificó el proyecto de “contrario a la idea más elemental de Estado de derecho y de constitucionalismo”. Y lo tumbó.

Uribe reformó un “articulito” de la Carta para hacerse reelegir en 2006. “Ya que le dieron 40 años a don Manuel (Marulanda), por qué no le dan un tiempito más largo a la Seguridad Democrática?”, dijo. Y, a son de democracia plebiscitaria, su ministro Pretelt defendió la opción de reelegirlo por veredicto popular, no por regla constitucional. A la segunda reelección y tras escándalo de soborno a parlamentarios, se opuso la Corte en 2010 porque atentaba contra la separación de poderes. Con una segunda reelección, hubiera Uribe terminado por controlar las Cortes; la Suprema incluida, a la cual persiguió con saña cuando ésta investigaba a su bancada por parapolítica.

Maduro corona el modelo: atrapa presidencia indefinida, altas cortes, poder electoral y una Constituyente de bolsillo en reemplazo de la Asamblea legislativa. Duque le sigue el paso. Ya desde su campaña proponía disolver las Cortes para fundirlas en una y reducir el Congreso a la mitad. De prosperar sus reparos a la JEP, le habrá arrebatado a la Constitucional su poder de órgano de cierre, en favor del Ejecutivo. Y va por la cooptación de los congresistas entregándoles 20 % del presupuesto de inversión. Mas, si hace unos años desfallecían la oposición y el movimiento social bajo la fusta de Uribe, no podrá Duque ignorarlos ahora: media Colombia prepara la defensa de la democracia y de la paz. Si precarias, resultan ellas infinitamente más deseables que el ominoso uribechavismo.

https://www.elespectador.com/opinion/de-vuelta-al-uribechavismo-columna-845634

A- 8.19 PLANEACIÓN Y HACIENDAJorge Iván González

En el mundo ideal del presupuesto por programas, el DNP define los programas estratégicos y Hacienda gira, de acuerdo con las prioridades señaladas por el DNP. Si el orden de jerarquías estuviera claro, Hacienda se encargaría de la caja, mientras el DNP orientaría el camino del desarrollo. Ese es el derecho.

Concejales municipales G-11 con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda, en jornada para analizar la ejecución efectiva de los Planes de Desarrollo Territorial. (Cali, 05.2016)

La discusión sobre la relación institucional entre el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda se ha acentuado estos días a raíz del art. 35 del proyecto del Plan de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. La desafortunada redacción del artículo distorsiona los alcances de una discusión que es relevante. En el artículo se dice: “…se avanzará progresivamente hacia la unificación del Presupuesto General de la Nación en cabeza del citado Ministerio [el de Hacienda], con el fin de mejorar la focalización, calidad del gasto público e impacto en el desarrollo”.

15 mar 2019.- El ministro, Carrasquilla ha respaldado el artículo argumentando, entre otras razones, que la integración de los presupuestos de funcionamiento y de inversión fue una recomendación de la Comisión del Gasto. En el Informe de la Comisión dice: “La unificación del presupuesto de funcionamiento e inversión requiere un cambio institucional en el que haya una sola unidad presupuestaria, fusionando las competencias de la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda y del DNP. Una dirección de presupuesto unificada permitiría un tránsito más ágil hacia la adopción de un esquema de presupuestación por programas”.

La Comisión de Gasto no dice que la unificación presupuestal deba estar en cabeza de Hacienda. Y, además, inscribe el proceso en el presupuesto por programa. Este aspecto, que es central, se ha dejado de lado. Para la Comisión sería ideal que el presupuesto se pudiera organizar en función de los programas prioritarios del gobierno. Si, por decir algo, 80% del presupuesto de la Nación se organiza alrededor de 60 programas, se evitarían muchos de los problemas que tiene el manejo actual del presupuesto. Entre ellos, la diferencia artificial entre funcionamiento e inversión. En condiciones ideales, una vez que se aprueba el programa se giran los recursos necesarios, bien sea para pagar la infraestructura requerida, o la nómina de los funcionarios vinculados al programa. Desde esta perspectiva, la distinción entre funcionamiento e inversión deja de ser relevante porque lo que importa es cumplir con las metas del programa de manera adecuada. Además, la organización del presupuesto por programa ayuda a mejorar la coordinación entre las entidades nacionales y locales. Y tiene la ventaja adicional de evitar los enredos presupuestales relacionados con las vigencias futuras.

A la luz de estas consideraciones es irrelevante que el presupuesto sea manejado por Hacienda. Claro está, siempre y cuando el DNP cumpla con su función misional de planear con un horizonte de mediano y largo plazo. En el mundo ideal del presupuesto por programa, el DNP define los programas estratégicos y Hacienda gira, de acuerdo con las prioridades señaladas por el DNP. Si el orden de jerarquías estuviera claro, Hacienda se encargaría de la caja, mientras el DNP orientaría el camino del desarrollo.

Como hoy el DNP no planea, y se ahoga junto con Hacienda en los manejos de caja, es comprensible la alarma de los anteriores directores del DNP, ya que sin el control burocrático de los gastos de inversión, el DNP terminaría siendo una entidad fantasma. Pero el reclamo de los antiguos jefes no debería ser porque Planeación mantenga el control de los gastos de inversión, sino porque el DNP efectivamente esté en capacidad de definir las prioridades nacionales.

 * jorgeivangonzalez29@gmail.com                     https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/planeacion-y-hacienda-2839835

B- 8.19 PETROLEO, FRACKING Y AGUA –  Mauricio Cabrera

La producción de petróleo y gas en yacimientos no convencionales, con la técnica del fracturamiento hidráulico (Fracking) tiene riesgos ambientales, sobre todo para el agua de consumo humano, porque la puede acabar o contaminar.

4 mar 2019.- Es muy conocido el video del chorro de agua del lavamanos que se incendia porque viene contaminada con gas. Es un evento real que sucedió en Estados Unidos hace más de 30 años, y la pregunta crucial es cuál es la probabilidad de que se repita con el uso del fracking en el país. La respuesta depende de si la industria hoy tiene la tecnología para evitarlo, si existen las normas para controlarlas y si las autoridades tienen la capacidad de hacerlas cumplir.

La Comisión de Expertos recomendó al Gobierno que antes de autorizar está técnica se hicieran proyectos piloto que aporten la información necesaria para responder estas preguntas. Dado que la normatividad en Colombia es mucho más estricta que en otros países, los temas críticos son la tecnología disponible y la capacidad institucional para exigir su cumplimiento.

Unos cuantos hechos y datos pueden contribuir a dimensionar los riesgos que puede tener la autorización de usar el fracking. El primero es que esta técnica utiliza mucho menos agua que los pozos convencionales y por eso es casi nulo el riesgo de que vaya a disminuir la disponibilidad del líquido para consumo humano.

En Colombia, cada año se usan unos 120 millones de m3 de agua en la producción de petróleo convencional, mientras que el fracturamiento de un pozo no convencional requiere 20.000 m3 por una sola vez. En una campaña súper intensa de fracking se podrían perforar unos 200 pozos por año (con una inversión de unos 2.000 millones de dólares), en los que se utilizarían 4 millones de m3 de agua, es decir, menos del 4 por ciento de lo que usa hoy la industria petrolera, con la ventaja adicional de que en la etapa de producción no van a requerir más agua. En cuanto al riesgo de contaminación de acuíferos, también hay que decir que con el petróleo convencional ese riesgo ya existe, y que es mucho mayor que con el fracking, pero que está bien controlado con la tecnología existente.

Un hecho que no se conoce bien es que Ecopetrol tiene actualmente plantas de tratamiento de agua de mayor capacidad que cualquier acueducto del país. La razón es que el petróleo sale de los pozos mezclado con agua; mejor dicho, de los pozos sale agua con un poco de petróleo. Por ejemplo, en Rubiales, por cada barril de petróleo salen 90 barriles de agua.

Ecopetrol produce unos 260 millones de barriles de petróleo al año, que salen con 4.000 millones de barriles de agua. Esos son unos 700 millones de m3 de agua que son tratados y purificados para reutilizarla o verterla sin contaminar. Para comparación, el acueducto de una ciudad como Cali trata y utiliza en el año 216 millones de m3 de agua, es decir, menos de la tercera parte.

El riesgo de contaminación es mínimo. En los últimos 4 años, en los 10.000 pozos que opera Ecopetrol ha habido 11 incidentes en los que se han derramado en total 300 barriles de petróleo por año (incluyendo los 500 de Lisama), es decir, 1 por cada millón producido. Son cifras que dan un poco de tranquilidad.

Mauricio Cabrera Galvis Consultor privado macabrera99@hotmail.com

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/petroleo-fracking-y-agua-527058

A- 7.19 LA “REVOLUCIÓN PEDAGÓGICA” EN COLOMBIA. RUTAS Y ATAJOS (I) – Sandra Patricia Ordoñez

Julian de Zubiría, el gran pensador sobre la educación.- Foto Revista Internacional Magisterio No. 80

Ya no hay sabios. Salvo los pontífices que se ocupan de temas éticos y morales. Pero y eso si no se atreven a meterse en campos minados de impertinencias como el campo económico y el campo militar. Los sabios no existen más como en tiempos de la revolucionaria enciclopedia. Ahora imperan los expertos especializados en macrotemas como la educación y la transferencia tecnológica. La Unesco por ejemplo publicó una lista de los 100 pensadores más importantes sobre la educación. Yo sólo conozco tres de ellos: el brasileño Freire, el newlyorkino Ivan Illich y el Suizo Georges Piaget. Otros diez también, pero no sus obras sobre la materia. Claro que existen genios como Eistein que nunca dijo ni pio sobre la educación. Y también existen deliciosos clarlatanes. Pero lo cierto es que existen hombres y mujeres expertos de verdad por su creatividad y acción pedagógica, como el entrevistado ahora, el maestro Julia de Zubiría.

Como lo advierte él, al final de esta exposición:  ” Colombia tiene el sistema más débil de América Latina (lo copiamos de Chile, pero es que en Chile el sistema de evaluación es muy bonito, es muy completo. Si bien incluye videos de los docentes, incluye también entrevistas a pares, trabajo en equipo… en Colombia es “Haga un video”. Entonces cogimos una ruta muy mala en evaluación); en currículo no tenemos ningún avance. Y, sin embargo, Colombia se propuso ser el país más educado en el año 2025. ¿Lo vamos a lograr? Todo indica que no. Es más: seríamos, de América Latina, los más atrasados en las medidas fundamentales” BG.

Julián de Zubiría Samper es el Director de Innovación Pedagógica del Instituto Alberto Merani. Allí ha logrado materializar en la práctica los principios fundamentales de la pedagogía dialogante, que propende por el desarrollo intelectual y valorativo de los estudiantes, privilegiando la promoción de competencias transversales, por encima del aprendizaje de información. Hoy comparte con Magisterio un análisis de nuestro sistema educativo en el contexto latinoamericano y de los desafíos que implican las metas de calidad esbozadas por el gobierno.

14 jul 2016.- · Cuando usted dice que en Colombia es apremiante la necesidad de un cambio de paradigma educativo ¿a qué se refiere?

El asunto es que la información no ha debido ser nunca el objeto de la educación, pero hoy en día eso es tan evidente para todo el mundo, que ya no hay lugar a discusión: ahora tenemos acceso casi ilimitado a la información y la guardamos en dispositivos tecnológicos que están al alcance de cualquiera, como por ejemplo un celular. Pero ojo: la información sólo le sirve a quien tiene un pensamiento desarrollado para poder saber en qué momento y cómo y dónde, y qué parte usar. Lo importante es saber cómo encontrarla, cómo interpretarla, cómo trabajar con ella. Entonces, la educación a lo que debe dedicarse, es al desarrollo de unas competencias básicas como leer, interpretar, analizar, abstraer, generalizar, convivir, expresar, escribir…. Y en ese sentido la educación en nuestro país está totalmente equivocada. Si el objeto de la educación es formar un mejor ser humano, toda la información sobra. De todo lo que se enseña en la actualidad en Matemáticas, más o menos el 98% se puede eliminar. ¡El 98%! Y de lo que se enseña en Geografía, el 95% se puede eliminar. Lo que no se puede eliminar es lo que han eliminado: el análisis, la interpretación, la deducción.

  • ¿Es decir que, desde su perspectiva, para poder hablar en Colombia de calidad en educación habría que re-plantear todo el sistema?

Claro. Porque no es lógico que la escuela consista en transmitirle a un niño una información a la que él puede acceder en cualquier lugar, pero con la cual no va a tener idea de cómo operar. ¡Es absurdo que los niños vean los símbolos químicos en el siglo XXI, que los niños vean los nombres de presidentes, ríos, lagunas, huesos, fórmulas! ¡Todo eso es totalmente impertinente! Toda esa información está en la red. Lo que no está en la red es la competencia para analizarla, para interpretarla… esa sí la tiene que tener el muchacho.

  • Desde luego. Y parece un viraje muy lógico. De hecho, no es un planteamiento nuevo en absoluto. Pero pasan décadas y no logra consolidarse esta perspectiva…

Así es. En efecto, el sistema sigue dedicado a transmitir una información que todo el mundo consigue en la red, y el examen de Cálculo sigue siendo “Resuelva esta ecuación” Y el examen de Geografía sigue siendo “¿Cuál es la capital, cuál es el río y la montaña…?” ¡Qué preguntas tan absurdas! Uno debería poder sacar el celular o el computador en cualquier examen. Y si las preguntas que hace el docente las puede contestar el celular, es porque no son preguntas para pensar.

  • ¿Entonces por dónde tenemos que empezar la transformación? ¿Por replantearnos las preguntas?

Hay que cambiar la formación de maestros. Necesitamos unos maestros que piensen, analicen, que favorezcan la creatividad… Hay que formar un maestro que desarrolle la competencia. Pero las facultades de educación actuales tienen el mismo problema de la educación básica: transmiten información. Entonces, lo primero es cambiar la formación de los maestros, porque con esa formación seguirá el problema de perpetuidad del modelo pedagógico.

  • Pero si bien es preciso cambiar el paradigma desde la fuente, habría que modificar la estructura de implementación para tener algún avance concreto… ¿No habría, por ejemplo, implicaciones curriculares fundamentales en esta nueva perspectiva?

Por supuesto. Es un chiste de mal gusto que un joven vea quince asignaturas… ¡Eso no tiene sentido! Y el próximo año habrá otra. Porque la lógica que se tiene por parte del Ministerio, es que ante un nuevo problema, se agrega otra asignatura: si se cumplen 200 años de la muerte de Bolívar, crean la Cátedra Bolivariana, si hay un problema de aumento en la tasa de embarazo adolescente, crean la asignatura de Sexualidad, si vamos a firmar el acuerdo de paz, crean la Cátedra de la Paz… El problema es que no hay medidas estructurales. Tenemos un currículo totalmente fragmentado: como dice el dicho, “Cada maestrito con su librito”. Y esa es una idea equivocadísima de la educación. Tenemos maestros que enseñan contenidos distintos y no competencias de carácter general. El día que hagamos la revolución pedagógica, que en Colombia está demoradísima, el docente de Matemáticas y el de Educación física y el de Lenguaje, fundamentalmente trabajarán lo mismo: variarán los contenidos, pero todos desarrollarán competencias para pensar, comunicarse y convivir. Entonces, sí, hay que formar al nuevo docente, pero al mismo tiempo hay que generar un nuevo currículo para que los estudiantes vean asignaturas que les ayuden a sus propósitos, para que los estudiantes vean cosas pertinentes…

  • ¿Es decir que, en realidad de lo que estamos hablando es de dotar de sentido a la educación?

Claro. Hoy en día los jóvenes tienen un rito que es duro, pero que es muy inteligente: le preguntan al profe, ─Profe, ¿aprobé? Y si el profesor les dice ─Sí aprobó, dicen ─Muchas gracias, toman el cuaderno y lo botan a la basura. ¡Eso es durísimo! Y nos dice una cosa muy grave: que la educación se desconectó de la vida. Cualquier joven sabe que lo que le enseñan en el colegio no sirve en la vida y que lo que él necesita en la vida, no se lo enseñan en el colegio. Lo que enseña el colegio no nos hace mejores seres humanos, no potencia nuestras capacidades, no forma nuestro criterio para invertir el dinero, no nos muestra derroteros para convivir con los demás, no nos ayuda a comprender nuestras emociones, no nos hace reparar en la importancia de saber leer los gestos de los otros, no nos da elementos de juicio para poder leer un video, un comercial, una película… ¡eso es lo que uno necesita en la vida! El joven tiene mil preguntas, pero las respuestas de la escuela no tienen nada qué ver. Hay una enfermedad que se conoce con el nombre de esquizofrenia y que se caracteriza por la desconexión con la realidad. A la escuela le pasó eso. La nuestra es una escuela esquizofrénica. Afortunadamente hay muy buenos maestros que compensan el problema. Hay maestros que sí nos enseñan a pensar, a analizar, a amar, a expresar, a escribir, a leer, pero son pocos. La mayoría de los maestros pasan por la vida de los estudiantes sin un impacto. ¿Por qué? Porque no cambian nuestras maneras ni de pensar, ni de sentir, ni de actuar. Y de eso se trata la educación.

  • El asunto es ¿Cuál es el factor capaz de disparar esa transformación? Porque de esto se viene hablando hace mucho tiempo, y se formulado el concepto de competencias transversales, y cada gobierno ha planteado en su momento su propia “revolución” en términos de lo educativo, pero el sistema se mantiene incólume… el discurso no trasciende en la práctica… las políticas parecen no encontrar su norte…

Sí. En realidad, Colombia no ha hecho ninguna revolución pedagógica importante en los últimos veinte años. Hubo un intento en el 94, con la Ley General de Educación: un intento bonito de construir un PEI, vincular padres, estudiantes, maestros, crear concejos directivos… un intento que le concedió autonomía a la institución educativa… pero lo desmontaron en la práctica.

  • ¿Cuál sería entonces su revisión de la gestión de los últimos dos gobiernos en términos de educación?

Bueno, si miramos, los dos periodos de Alvaro Uribe, lo que se llamó la “revolución educativa” no fue revolución, ni fue educativa: fue un modelo administrativo que montó un sistema de seguimiento muy completo, premió a los colegios que hacían programas ISO de calidad… pero no tocaron para nada el modelo pedagógico: ni el currículo, ni la formación… no tocaron ninguna variable pedagógica. Y en este gobierno se han hecho esfuerzos, pero se sigue sin tocar las variables clave. Este gobierno ha insistido mucho, por ejemplo, en la jornada única. La jornada es muy buena porque es muchísimo mejor que los jóvenes estén en la escuela a que estén en la calle: va a ayudar a disminuir embarazo adolescente, puede ayudar a disminuir tazas de robo o delincuencia juvenil… Eso es muy conveniente, pero no toca la estructura. Entonces, una jornada ampliada, ¿con el mismo currículo? ¿más de lo mismo? ¿con los mismos docentes? ¡No! ¡Eso no tiene sentido! Hacer lo mismo una y otra vez y buscar resultados diferentes es locura, decía Albert Einstein. Según esto, estamos locos en educación.

  • ¿Cómo ve a Colombia en el contexto regional? En términos de políticas, ¿podría decirse que vamos bien orientados con respecto a las metas de despuntar en Latinoamérica en calidad educativa?

Analicemos el contexto: Chile es un buen ejemplo en América Latina de que se pueden mejorar las competencias en lectura, en Matemáticas… ellos han avanzado muchísimo en un lapso relativamente breve, quince años. Del 2000 al 2015 ¿Cómo? Formando y evaluando muy bien a los maestros y cambiando el currículo. Ecuador, por su parte está transformando los sistemas de formación de docentes y duplicó los salarios de maestros (conozco muy bien el proceso porque yo asesoré a la Ministra de Educación, y Ecuador va a ser la sorpresa). Perú es también un buen ejemplo: estableció unos nuevos sistemas de evaluación de rectores, muy buenos, muy completos. ¡Y están avanzando! De tiempo atrás, Brasil, Argentina y Uruguay trabajaron muy bien en la educación inicial… México también se está moviendo, República Dominicana reformó de manera importante su currículo… Colombia, por su parte, está muy mal en educación inicial (que es una variable decisiva en educación de Calidad); en formación de maestros, está muy, muy, muy atrás y sigue sin tocar las facultades de Educación; en salarios, un salario de un docente está un 18% abajo del salario de cualquier profesional del país con el mismo nivel de experiencia (ha habido un pequeño avance ahora, pero no se puede hablar de nivelación); en evaluación de Maestros, yo me atrevería a decir que el sistema que escogió Colombia es el más débil de América Latina (lo copiamos de Chile, pero es que en Chile el sistema de evaluación es muy bonito, es muy completo. Si bien incluye videos de los docentes, incluye también entrevistas a pares, trabajo en equipo… en Colombia es “Haga un video”. Entonces cogimos una ruta muy mala en evaluación); en currículo no tenemos ningún avance. Y, sin embargo, Colombia se propuso ser el país más educado en el año 2025. ¿Lo vamos a lograr? Todo indica que no. Es más: seríamos, de América Latina, los más atrasados en las medidas fundamentales.

  • También con respecto a la Jornada Única, Colombia ha pretendido seguir los pasos de Chile…

Lo que pasa es que el Ministerio dice: ─ Chile ha sido el país de mayor avance porque implementó la jornada única. Y eso no es cierto. ¡Chile es el país que más ha avanzado, porque hizo una revolución pedagógica en el año 98! ¡Y cambió el currículo! ¡Y puso el currículo a trabajar competencias fundamentales! Cuando lo hizo, estableció la jornada… ¡Excelente! Pero para que un colegio entrara a la jornada, era necesario que esa jornada se articulara al PEI. En Colombia ampliamos la jornada y ahora nos preguntamos qué hacer. No: primero hay que cambiar el currículo y la formación de los maestros.

https://www.magisterio.com.co/articulo/de-las-rutas-y-atajos-de-la-revolucion-pedagogica-en-colombia

B- 7.19 UN ASUNTO SERIO PARA PENSAR – Francisco Cajiao

No es lo mismo planear que pensar la educación. Al revisar documentos viejos, descubro que en los últimos cincuenta años hay muy pocas variaciones en las propuestas educativas de América Latina, aunque el mundo de hace medio siglo era bien diferente del que vivimos hoy y es definitivamente arcaico en relación con lo que será dentro de dos décadas.

4 mar 2019.-. Cambian las palabras, se introducen conceptos nuevos que suelen ser confusos, y lo que antes se hacía siguiendo un razonable sentido común se reviste de tecnocracia, pero la escuela sigue siendo la misma de hace medio siglo, los maestros tienden a reproducir las pedagogías que padecieron cuando niños, y la forma como el Estado concibe la enseñanza y el aprendizaje sigue aferrada a los modelos curriculares más anquilosados.

Pareciera que las angustias del aparato público se centraran casi exclusivamente en garantizar el acceso de los niños al sistema escolar y en conseguir los mejores puntajes posibles en las pruebas de lenguaje, matemática y ciencias, de acuerdo con estándares internacionales. Desde luego, no ignoran los problemas crecientes de convivencia escolar, uso indebido de las redes sociales y dificultades relacionadas con el consumo de alcohol y drogas, sobre lo cual se expiden leyes y decretos inconexos.

Sin embargo, otros problemas profundos no aparecen en las agendas públicas como parte de aquello urgente de enfrentar. Hoy es mucho más difícil para niños y adolescentes encontrar una identidad y, junto con ella, un sentido a sus vidas: las fronteras de la identidad sexual se han ido haciendo menos claras, las habilidades y talentos que se valoran en el mundo social y laboral no encuentran espacio relevante en los estrechos esquemas curriculares, y el destino de la educación superior como ruta cierta para encontrar un lugar en el mundo del trabajo ha dejado de ser seguro.

La educación básica y la media hacen parte de los procesos de transmisión cultural y construcción de identidad, y a ese fin responden los aparatos públicos y privados para ofrecerla, pero con el tiempo nos hemos quedado con el aparato y sin los contenidos que puedan materializar esa intención.

Al repasar el informe del Proyecto Principal de Educación (PPE), en que Unesco analiza la evolución del sector entre 1980 y 1989, encuentro que las recomendaciones podrían formar parte de nuestro actual Plan de Desarrollo, y nadie se daría cuenta de su anacronía. Si no se piensa a fondo sobre los cambios sociales y su relación con la construcción de cultura e identidad –eso es la educación desde la prehistoria–, seguiríamos dando solución a problemas de otra época y eludiendo los de ahora, como si fueran secundarios.

Es ingenuo creer que el éxito de otros países radica en metodologías, financiamiento o modelos teóricos que pueden importarse contratando expertos internacionales, cuando hay tantas evidencias que demuestran que el éxito educativo depende de una construcción cultural. Esos países llevan a sus órganos legislativos los asuntos serios de la educación, mientras que aquí alguien desgasta el Congreso con un proyecto de censura a los maestros.

Nos hace falta una instancia que piense a fondo la educación y ayude a quienes desde su función gubernamental tienen que tomar decisiones prácticas en el corto plazo. La experiencia muestra que las urgencias no dan tiempo a quienes dirigen el sector de examinar alternativas diversas, valorar las experiencias disruptivas que aparecen en uno u otro colegio, abrir puertas de diálogo hacia el futuro con maestros y estudiantes, analizar las causas de fracaso sistemático de programas emprendidos por los gobiernos y tratar de abordar los temas de la educación desde ópticas distintas.

Esa era la función del Plan Decenal de Educación, pero, al parecer, tampoco este mecanismo ha logrado su objetivo. La cuestión es averiguar qué tiene en mente el Gobierno para llenar el vacío.

FRANCISCO CAJIAO fcajiao11@gmail.com  https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/francisco-cajiao/un-asunto-serio-para-pensar-columna-de-francisco-cajiao-334018

C- 7.19 La educación desapareció de la nueva Misión de Sabios

El excoordinador de la Misión de Sabios de 1994, Carlos Eduardo Vasco, planteó, a través de una carta abierta, cinco puntos por los cuales cree que esta Misión fracasará.

 El reconocido investigador, Carlos Eduardo Vasco, se despachó contra el presidente Iván Duque y la nueva Misión de Sabios. Foto: Semana

Carta abierta sobre la nueva Misión de Sabios al Sr. Presidente, a la Sra. Vicepresidenta, a los 43 miembros de la nueva Misión y a todos los académicos y académicas del país, del comisionado coordinador de la antigua Misión de Sabios, Carlos Eduardo Vasco Uribe.

Estimado Sr. Presidente, apreciada Sra. Vicepresidenta, queridos miembros de la nueva Misión de Sabios y colegas académicos y académicas:

Dejé pasar 20 días desde aquel memorable jueves 8 de febrero en el Jardín Botánico, fecha de la cual ya no quisiera acordarme, para darme el tiempo de “contar hasta diez” dos veces antes de enviarles esta misiva, profundamente sentida, tal vez insolente por demasiado sincera y muy probablemente impertinente, defectos de los cuales les pido de antemano me excusen con mucha empatía por encontrarme ahora avanzando lentamente por el noveno piso de mi vida, a mis 81 años de edad, ya por encima del bien y del mal.

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  1. Las trivialidades de la convocatoria

Todavía no puedo creer lo que viví el jueves 8 de febrero en el Jardín Botánico. Recuerdo claramente el día 24 de julio del año pasado, hace ya siete meses. Nos reunimos en la sede de la Academia Colombiana de Ciencias tres antiguos comisionados de la antigua Misión de Sabios, Eduardo Posada, Fernando Chaparro y yo, su antiguo comisionado coordinador, y los presidentes de la Academia de Ciencias y del Colegio de Academias.

Agradecimos mucho al entonces Sr. Presidente electo que nos aceptara sin tardanza nuestra invitación a conversar con él y con la Sra. Ministra de Educación, recién nombrada y aún no posesionada, sobre la posible convocatoria de una nueva Misión de Sabios. Grande fue mi alegría e ilusión ese día, en el que, después de 25 años, parecía resurgir de su tumba oscura la primera Misión, y parecía que el informe “Colombia, al filo de la oportunidad” iba a tener una segunda.

Pero, después de seis meses de silencio total, ese jueves 8 de febrero en el Jardín Botánico, a las nueve de la mañana del día de la instalación de la nueva Misión, nos enteramos tres de los antiguos comisionados que habíamos sido excluidos de la misma y, eso, por parte de uno de los acomodadores.

Tres de mis colegas de la antigua Misión de Sabios, el Dr. Rodolfo Llinás, el Dr. Eduardo Aldana y el Dr. Fernando Chaparro, estábamos esperando la llegada del Sr. Presidente para la inauguración, conversando sentados en la segunda fila de las sillas, cuando el acomodador llegó con el Dr. Eduardo Posada. Le pidió al Dr. Llinás pasar con él a la primera fila, y nos indicó a los otros tres que nos sentáramos unas filas más atrás, pues esas sillas estaban reservadas para los comisionados.

Al decirle que nosotros tres también éramos comisionados, releyó su lista y nos confirmó que no figurábamos en ella. Nos pasamos para la cuarta fila, y al empezar a llegar los otros 40 comisionados, nos volvió a pedir levantarnos de allí y pasar al lado izquierdo de la sala. Solo entonces nos dimos por enterados.

Según nuestras expectativas, que creí que eran acuerdos, el entendimiento inicial en la reunión del 24 de julio y en los primeros documentos que entregué al Dr. Enrique Forero, era que a cada uno de los seis o siete comisionados de la antigua Misión que aceptáramos seguir colaborando con la nueva nos nombrarían una persona más joven de nuestra confianza como nuevo comisionado para seguir llevando nuestra antorcha, y que se escogerían unas diez o quince personas más con los criterios muy loables de presencia internacional, de mayor participación femenina y de personas que vivieran fuera de la capital.

Tanto la Dra. Ángela Restrepo como yo enviamos algunos nombres de la persona que podría acompañarnos y de otros candidatos más, como sugerencias a la Sra. Vicepresidenta, a quien el Presidente Duque había encargado por decreto de la organización de la nueva Misión, a través del Dr. Forero, presidente de la Academia y del Capitán Ariza, pero nunca recibimos ninguna consulta, pregunta ni respuesta, a menos que pueda considerarse como tal la respuesta tajante del acomodador de marras.

No esperaba yo de dama tan bien educada este tratamiento, y aunque por algún motivo pudiera tal vez explicarse su conducta con nosotros los tres comisionados varones, no veo cómo justificarla con la Dra. Ángela Restrepo, quien estaba presente virtualmente ese día jueves, y quien, por supuesto, no se atrevería jamás a quejarse, como sí me atrevo yo a cometer tal atrevimiento.

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  1. Las infortunadas coincidencias con el Bicentenario

Es verdad que no se le puede pedir mucha profundidad de memoria histórica a tan joven Presidente, pero no puedo pasar por alto recordar ahora que hace precisamente 200 años, en la reconquista española de nuestra patria de 1815 a 1819, Morillo y Sámano estaban fusilando a nuestros pocos sabios sobrevivientes de la Expedición Botánica.

Por ello me impresionó mucho, tal vez indebida pero inevitablemente, que en este bicentenario de la independencia y la república se nombrara a una persona de nacionalidad española para coordinar a los nuevos sabios de Colombia. No es culpa de ella, por supuesto.

Esto sería simplemente una infortunada coincidencia, si no me asaltara al mismo tiempo la comparación con otros recientes nombramientos en otras comisiones de memoria o falta de ella, y por lo tanto no puedo disimular mis encontrados sentimientos. Me refiero a la ausencia de la dimensión histórica en la nueva Misión y en quienes la convocaron.

Obviamente parece que el gobierno y el partido de gobierno no consideran la historia como ciencia, sino como herramienta de indoctrinación y control, al tiempo que proponen un proyecto en el congreso para penalizar a los maestors que señalen a sus estudiantes las dimensiones críticas, éticas y políticas de la historia. Una Misión sin historia no es misión.

Por ello entiendo y me parece apropiado, como lo hicieron los profesores de historia de la Universidad Nacional, pedirle a Darío Acevedo su renuncia, y si no renunciare, pedirle al Sr. Presidente la revocatoria de su nombramiento. Me uno a ellos.

Entiendo, pues, y hasta me alegro ahora de que nuestro antiguo comisionado, Marco Palacios, no hubiera querido formar parte de la nueva, y no veo en ella ningún colombiano que tome su lugar. Por más que, afortunadamente, se nombró al Dr. Johan Schot, no creo que su especialidad en la historia de la tecnología le permita llenar ese vacío.

Tal vez este alejamiento de la historia no ocurra por culpa del Sr. Presidente ni su Vicepresidenta, sino por ciertos expresidentes, congresistas, y partidos antidemocráticos que comparten con Torrijos o Acevedo, con Plinio Apuleyo o José Obdulio, esa extraña enfermedad degenerativa que llamo “amnesia doble”: no tienen memoria ninguna de los discursos y argumentos que hace pocos años esgrimían tan elocuentemente contra el capitalismo, y parecen haber olvidado totalmente que hubiera habido algún conflicto social y político en Colombia en los últimos 50 años.

No se acuerdan tampoco de los millones de víctimas ni de los falsos positivos, pero sí estoy seguro de que recuerdan algo, porque ellos también se declaran víctimas de los “sicarios morales” que alguna vez los criticamos y quieren ahora impedir a toda costa el trabajo de la Comisión de la Verdad y el de la Justicia transicional. No entiendo cómo se convoca una Misión a espaldas de nuestra historia.

Por supuesto, todo esto no quiere decir nada negativo sobre la persona misma de la nueva coordinadora, la Dra. Cristina Garmendia, muy sabia, exitosa e inteligente exministra del gobierno español. Su nombramiento es un acierto. Estoy seguro de que no solo no tomará ella a mal mi ambigua nota histórica, sino que se sentirá muy estimulada y obligada a hacer todo lo posible para apoyar a los otros 42 comisionados en el éxito de esta nueva Misión, así sea por resarcir en algo a nuestra patria de lo que otros gobiernos anteriores hayan podido hacer tan mal (no me refiero al gobierno del presidente Santos sino al del Rey Fernando VII).

Es claro que yo mismo, por mi edad y mi estado de salud, no podría de ninguna manera coordinar a tantos sabios, ni hubiera aceptado ese nombramiento, pues con solo nueve ya me quedó otrora bien difícil. No creo ni siquiera haber podido colaborar con los actuales durante diez meses y, por eso, en esta carta no quiero que se tome nada como resentimiento personal o egolatría (aunque confieso que la tengo, pero no creo que influya en este escrito).

Ya hablé con la Dra. Cristina, quien me sedujo a primera vista (en el buen sentido de la palabra), y le entregué personalmente la antorcha de la antigua Misión: el informe “Colombia, al filo de la oportunidad”. Le manifesté mis mejores augurios para una exitosa coordinación y mi disponibilidad, que ahora le renuevo, para ayudarla en lo poco en que pueda asesorarla, por más que después de esta carta, cualquier ayuda mía más bien la perjudique.

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  1. La relación con el Plan Nacional de Desarrollo

Debo confesar públicamente que tampoco se cumplieron las expectativas ni las propuestas, que creíamos que eran acuerdos entre los que estuvimos presentes en esa reunión inicial en la Academia respecto a la convocatoria de la nueva misión de sabios. Como dije arriba, ese día acordamos convocar la nueva misión para asesorar al Sr. Presidente en la formulación de políticas públicas para su gobierno y de políticas de Estado por otros 25 años. Sentí mucha alegría con su decisión de acoger esa propuesta lo más pronto posible.

La misma Sra. Ministra de Educación, recién nombrada aunque todavía no posesionada, le indicó al Sr. Presidente la necesidad de reunirnos pronto, ojalá comenzando en ese mes de agosto mismo, para revisar las conclusiones de la antigua Misión que estuvieran aún vigentes y lograr que quedaran de una vez integradas al articulado del Plan Nacional de Desarrollo que el nuevo gobierno debía elaborar en los seis meses siguientes, desde agosto del año pasado hasta enero de este año, y presentarlo al Congreso para su aprobación.

La misma Sra. Ministra le recordó que las recomendaciones que no se integraran al articulado del Plan de Desarrollo, tanto en educación como en ciencia y tecnología, tendrían que esperar otros cuatro años para llevarse a la práctica.

Es claro que fue culpa mía haber creído que el presente gobierno estaba inclinado al cumplimiento de acuerdos, y mucho menos en este caso, en el que ni siquiera eran acuerdos. Pero, de todas maneras, me siento obligado a confesar públicamente mi sorpresa mayúscula cuando me llegó la convocatoria para la inauguración de la nueva Misión el jueves 8 de febrero en el Jardín Botánico cuando se anunció al mismo tiempo para el día anterior la radicación en el congreso del Plan Nacional de Desarrollo.

Quedaron así mis colegas de la nueva Misión en la misma triste condición que nosotros con la antigua, condenados de nuevo a que los ocho documentos de propuestas y las recomendaciones globales que se entreguen al país dentro de diez meses se queden de nuevo en los anaqueles, esperando tal vez una tercera oportunidad en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno siguiente dentro de cuatro años. Y anoto, con temor, que, si el gobierno siguiente lo va a encabezar el Dr. Holmes Trujillo, tendrían que esperar ocho.

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  1. La exclusión de la educación

Me extrañó más todavía, especialmente por lo orgullosos que nos sentíamos del nombre y del informe de nuestra antigua Misión: Ciencia, Educación y Desarrollo, y por haber empezado a organizar la nueva Misión con la Sra. Ministra de Educación para poner en el centro de los nuevos documentos las recomendaciones sobre la educación, notar ahora que precisamente todos los aspectos y personas de la educación hubieran desaparecido de la nueva Misión y prácticamente también del articulado del Plan de Desarrollo.

Afortunadamente, dos de los coautores de un celebrado informe sobre la educación, Guillermo Perry y Sandra García, me ahorran páginas de análisis. Indican ellos que solo se plantean en el nuevo Plan de Desarrollo algunas metas de aprendizaje para el grado 11, y no para los demás grados de básica y media y que no hay metas para las áreas específicas. De los 73 artículos que quedaron en el pacto por la equidad, solo 4 son de la “subsección” de educación y solo uno de los 4 artículitos se relaciona con la calidad de la educación básica y media, y eso solo para el mejoramiento de infraestructura.

¿Dónde están las principales metas de la antigua Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, casi todas orientadas a la educación? ¿Dónde está la planeación y la garantía de financiación de los acuerdos logrados en diciembre con los maestros, con los estudiantes universitarios, sus profesores y rectores? No encuentro nada en el Plan de Desarrollo ni en el encargo a los comisionados de la nueva Misión ni en las personas seleccionadas para ella.

Fue nadie menos que el mismo Premio Nobel Serge Haroche, nombrado ese día como nuevo comisionado, quien le tuvo que recordar al Sr. Presidente al día siguiente de la instalación que lo más importante para impulsar la ciencia y la tecnología en un país en desarrollo es la educación. Lástima que tampoco tuvo tiempo el Sr. Presidente para haberse quedado a escuchar el discurso de aceptación por parte del Dr. Wasserman, en el que él hizo también el debido énfasis en la educación en todos sus niveles.

¿Se excluyó al MEN, a la Comisión Académica y a la Comisión Gestora de la conformación del Plan Decenal de Educación, tanto de la elaboración del articulado del Plan de Desarrollo como de las decisiones sobre las temáticas y sobre todo sobre los miembros de la nueva Misión de Sabios?

Francamente, aunque es claro que sí hay una despreocupación real por la educación en buena parte del gobierno y en todo el partido de gobierno —ojalá no en el Sr. Presidente mismo y ciertamente no en la Sra. Vicepresidenta— la realidad es que no nombraron a nadie relacionado con la educación en la nueva Misión ni insertaron ninguna de las propuestas de la antigua en el articulado del Plan, excepto tal vez los consabidos saludos a la bandera en la retórica introductoria del documento, en la que me extrañó también el inusitado elogio nominal a un personaje nefasto para la ciencia, la educación y la paz.

Se desatendió también la propuesta de involucrar a la Academia Colombiana de Pedagogía y Educación, y la sugerencia de nombrar en la nueva Misión a su presidente, el Dr. Rafael Campo, cuya amplia visión de la educación debería tenerse especialmente en cuenta por ser él invidente.

Infortunadamente, no se me ocurre ningún otro criterio que se hubiera tenido en cuenta para excluir a los antiguos comisionados más directamente relacionados con la educación, como a Ángela Restrepo, a Eduardo Aldana, a Fernando Chaparro y a mi. No es grave el caso de Fernando ni el mío, pero sí siento muchísimo que se haya excluido a la Dra. Ángela Restrepo por haber sido ella quien había ofrecido avanzar en una propuesta específica sobre enseñanza de las ciencias y preparación de docentes, y más que todo, que se haya desechado al Dr. Eduardo Aldana con su propuesta sobre los Institutos regionales “Innovar” para cada departamento (y a mediano plazo para cada cuenca hidrográfica), la propuesta más valiosa de la antigua Misión de sabios para la educación secundaria, media y terciaria en el sector rural. No somos las personas: es la educación.

Siento pues tener que decir que la educación desapareció del todo en la convocatoria de la nueva Misión de ciencia, tecnología e innovación, y casi totalmente del articulado del Plan de Desarrollo. No es pues, ni de lejos, la nueva Misión una continuación y perfeccionamiento de la antigua. Es más bien el entierro de tercera de la sección más importante del informe “Colombia al filo de la oportunidad”, en el que esta lápida funeraria le cambia totalmente el sentido a aquella frase del Maestro Gabo sobre la educación: que debería ser “una educación desde la cuna hasta la tumba”. Pero no esta tumba…

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Me temo ver pronto de nuevo en las calles a los maestros, a los estudiantes de educación media, a los estudiantes y profesores universitarios, esta vez también con sus rectores, exigiendo el cumplimiento de todos los acuerdos de diciembre y la reinserción de la educación en el centro de todas las políticas de Estado y de gobierno.

  1. La contradicción entre políticas de gobierno y políticas de estado

Finalmente, lo que me tiene más apesadumbrado es que después de redactado el Plan Nacional de Desarrollo no haya en este momento ya lugar para que la nueva Misión pueda formular políticas para este gobierno, sino solo algunas políticas de Estado a largo plazo. Así intentamos hacerlo hace 25 años en la antigua Misión, con la intención de que nuestras conclusiones comprometieran a futuros gobiernos. Lamentábamos expresamente que en Colombia solo hubiera políticas de gobierno y de ministro, pero no políticas de Estado.

Pero hay aquí una contradicción fundamental, para mí insoluble. En los últimos meses del año pasado y los dos primeros de este año, el Sr. Presidente, varios de sus ministros y todo el partido de gobierno han estado proclamando a todo el mundo civilizado el incumplimiento de muchos compromisos que, como Estado colombiano, deberíamos cumplir, con la excusa de que habían sido firmados por gobiernos anteriores.

No faltaría ya, Sr. Presidente, sino que otro de sus ministros decidiera no pagar los próximos vencimientos de la deuda externa por haber sido esta contraída por gobiernos anteriores.

Siento decirles, Sr. Presidente y Sra. Vicepresidenta, que en esas condiciones yo me sentiría moralmente impedido para asesorar a su gobierno en la elaboración de políticas de Estado. Menos mal no me nombraron ustedes en la nueva Misión, para evitarme el penoso incidente de tener que rechazar mi postulación. Si acaso la hubiera aceptado antes, ahora tendría que decir que yo sí siento una incompatibilidad moral que me obligaría ahora a renunciar a una Misión que no fuera de educación, que tuviera memoria histórica de la antigua ni aceptar su diferenciación entre políticas de gobierno y políticas de Estado.

Espero, eso sí, que mis colegas de la nueva Misión no sientan tan profundamente como yo esta incongruencia que ahora siento y continúen pacientemente con su trabajo de elaborar políticas de Estado para un próximo gobierno, a pesar del fundado temor de que el siguiente no acepte nada de lo elaborado en el presente.

Propongo pues a los 43 comisionados que sigan calladamente su tarea de formular políticas de Estado a largo plazo, pero sin entregar ningún documento hasta que el Sr. Presidente no se posesione realmente como Jefe de Estado, como rector y representante responsable del Estado colombiano, no de un partido antidemocrático y unos votantes engañados.

Siento decirle, Sr. Presidente, que no por culpa suya sino más bien de cierto partido de extremo centro, de cierto senador ya tristemente célebre y de cierto expresidente conocido de autos, usted no se ha posesionado todavía como Jefe de Estado sino como jefe de gobierno, y de un gobierno que no reconoce obligaciones del Estado, como para nuestra vergüenza nos lo han tenido que reprochar públicamente los gobiernos de Alemania, de Noruega y de Cuba.

No veo que haya rechazado usted, ni su embajador, ni sus ministros con toda la contundencia requerida que cualquier Mister Bolton mande 5000 soldados a Colombia sin ni siquiera consultarlo con usted, con su embajador en Washington ni con su ministro de relaciones exteriores. Humillar así a un país no es asunto para risas y bromas con regalitos de bloques amarillos.

Lamento decirle Sr. Presidente, que en mi no muy humilde opinión, usted no se ha posesionado todavía como Jefe de Estado de la digna y altiva República de Colombia, sino solo como mayordomo de la finca de cierto expresidente, que resultó ser, como lo temíamos, una plantación colonial más de los Señores Trump, Pence y Bolton, amenazando así con revertir otra vez 200 años de la tenue independencia de nuestra república.

Lea:Los riesgos de la cruzada de Duquecontra Maduro

Posesiónese usted, Sr. Presidente, como Jefe del Estado soberano de Colombia; autojuraméntese si es necesario, como está de moda, como se lo pidió Daniel Samper Ospina; pero yo no se lo digo en broma, sino con toda la seriedad del caso: no permita que ni cierto senador, ni cierto expresidente, ni cierto partido antidemocrático quieran reducirlo a manejarles la finca a los señores Trump, Pence, y Bolton, y menos todavía, exigiéndole que se ofrezca a administrarles también la finca vecina.

Si por fin en algún momento de este año logra usted posesionarse como Jefe de Estado y no solo de gobierno, y empieza a comprometerse a mantener en alto el honor de Colombia ante los países civilizados, especialmente ante Alemania, Noruega y Cuba y a excusarse ante ellos, jurando cumplir todos los compromisos de Estado adquiridos por los gobiernos anteriores, tendremos alguna oportunidad de que las políticas de Estado que acuerden los nuevos comisionados sean respetadas y seguidas por los gobiernos posteriores.

Si así, como lo espero, sucediere en algún momento de este año, podrán con tranquilidad los 43 comisionados continuar su difícil labor de elaborar a conciencia esas políticas de Estado, no de gobierno y menos de ministro. Termino pues pidiéndole y animándole a hacerlo cuanto antes: Sr. Presidente, asuma usted su misión histórica de ser nuestro Jefe del Estado colombiano. Dios y la Patria os lo demandan; que Él y Ella os lo concedan.

*Excoordinador de la Misión de los Sabios de 1994. https://www.semana.com/economia/articulo/la-polemica-de-angelica-lozano-sobre-las-pensiones-y-el-plan-de-desarrollo/603842

6.19.-La MMT, Minsky, Marx y el fetichismo del dinero – Michael Roberts*

Recientemente, el ex vicegobernador del Banco de Japón, Kikuo Iwata argumentó que Japón debería aumentar el gasto público y financiar desde el Banco central el aumento de la deuda del sector público. Este ex gobernador parece haber adoptado la teoría monetaria moderna (MMT), o al menos una versión keynesiana del aumento del gasto público mediante el déficit como una respuesta ‘radical’ (¿o desesperada?) ante la incapacidad sistemática de la economía japonesa de crecer con una tasa que se acerque a la anterior a la crisis global.

3 mar 2019.- Los datos más recientes sobre la economía japonesa son deprimentes. El mejor indice de la actividad industrial, el PMI del Nikkei manufacturero, cayó hasta el 48,5 en febrero de 2019, la tasa más baja desde junio de 2016, mientras la producción y los nuevos pedidos disminuyeron a un ritmo más rápido. Mientras tanto, la confianza empresarial se debilitó por noveno mes consecutivo. En el T4 de 2018, la producción nacional de Japón se estancó. Ha habido un crecimiento nulo en relación con el final de 2017. Lo que hay que comparar con un crecimiento medio anual del 2% desde la década de 1980.

Iwata fue originalmente el arquitecto del programa de compra masiva de bonos del Banco de Japón conocido como “flexibilización cuantitativa y cualitativa” (QQE). Su objetivo era impulsar la economía a través de una inyección masiva de oferta monetaria. Pero aunque el gobierno japonés incurrió continuamente en déficits presupuestarios anuales, no consiguió reactivar el crecimiento del PIB nominal o de los ingresos reales de los hogares.

El PIB per capita de Japón ha ido en aumento, pero porque la población disminuye y la mano de obra también. El ingreso personal disponible no ha aumentado más rápidamente que la economía en su conjunto durante muchos años: un punto porcentual menos que el promedio de crecimiento del PNB a finales de 1980. Japón pueden tener ‘pleno empleo’, pero el porcentaje de la mano de obra empleada temporal o parcialmente ha pasado del 19% en 1996 al 34,5% en 2009, y también ha aumentado el número de japoneses que viven en la pobreza. Según la OCDE, el porcentaje de personas que viven en pobreza relativa (definida como un ingreso inferior al 50% de la mediana) en Japón suponía el 12% de la población total a mediados de la década de 1980, pero el 15,3% en la década del 2000.

La respuesta de Iwata al ‘estancamiento secular’ de Japón es continuar con los déficits y el gasto públicos, pero esta vez financiado con la mera impresión de dinero, no la emisión de bonos. “Las políticas fiscales y monetarias tienen que trabajar al unísono, de manera que se gaste más dinero en medidas fiscales y el total de dinero volcado en la economía aumente como resultado”. Es la única opción de política que queda, porque “la política actual del Banco de Japón no tiene mecanismos para aumentar las expectativas de inflación. Necesitamos un mecanismo que inyecte dinero en la economía de forma directa y permanente”. Las compras de bonos del Banco de Japón no funcionan, porque los bancos acaparan el dinero en depósitos y reservas y no lo prestan. Hay que dejarlos de lado, dice Iwata.

Esta propuesta se asemeja a la idea del “dinero helicóptero” – una política de financiación directa del banco central del gasto público mediante la suscripción de bonos. La solución de Iwata al bajo crecimiento y unos ingresos reales débiles es una variante más de la idea de que hay que estimular la demanda para relanzar una economía capitalista, en este caso mediante la mera impresión de más dinero.

Otra variante actual es la creación de una economía sin dinero en efectivo. Porque la gente sigue acaparando su dinero en efectivo (bajo el colchón) y no gasta, mientras que a las pequeñas empresas se les paga en efectivo y esconden sus ganancias acaparándolas. Así que los bancos centrales y los gobiernos, en el mundo de las monedas cripto-digitales, ahora se les ha ocurrido abolir o aminorar los pagos en efectivo mediante transacciones digitales.

La última versión es del FMI. Después de haber probado la flexibilización cuantitativa, como en Japón y en otros lugares, y luego las ‘tasas de interés negativas’ (es decir, pagar por pedir dinero prestado) para impulsar las economías, la idea ahora es restar importancia al dinero en efectivo. La cosa funciona así: “En un mundo sin dinero en efectivo, no habría ningún límite inferior para las tasas de interés. Un banco central podría reducir su tasa política, del 2 por ciento a menos 4 por ciento para contrarrestar una recesión severa. El recorte de las tasas de interés se transferiría a los depósitos bancarios, los préstamos y los bonos. Sin dinero en efectivo, los depositantes tendrían que pagar la tasa de interés negativa para mantener su dinero en el banco, haciendo el consumo y la inversión más atractivos. Lo que alentaría los préstamos, impulsaría la demanda y estimularía la economía. Una opción para romper el límite inferior cero de la tasa política sería eliminar el dinero en efectivo”. ¿Cómo? Haciendo que el dinero en efectivo fuese tan costoso como los depósitos bancarios con tasas de interés negativas, de manera que fueran posibles tasas de interés muy negativas, preservando al mismo tiempo el papel del dinero en efectivo.

La propuesta es que el banco central divida la base monetaria en dos monedas distintas: dinero en efectivo y dinero electrónico (e-dinero). El e-dinero sería emitido sólo por vía electrónica y pagaría la tasa política de interés, y el dinero en efectivo tendría una tasa de cambio con el dinero electrónico, la tasa de conversión. Las tiendas comenzarían a anunciar los precios en dinero electrónico y dinero en efectivo por separado, al igual que en algunas tiendas de frontera en pequeñas economías abiertas ya anuncian los precios tanto en la divisa local como en monedas extranjeras. El dinero en efectivo perdería valor, tanto en términos de bienes como de dinero electrónico, y no habría ningún beneficio para acumular dinero en efectivo fuera de los depósitos bancarios. “Este sistema de doble moneda local permitiría al banco central poner en práctica una tasa de interés tan negativa como fuera necesario para contrarrestar una recesión, sin provocar ninguna sustitución a gran escala en dinero en efectivo”.

Esta idea del FMI se contrapone con el intento real de algún gobierno de ‘devaluar’ el dinero en efectivo. Hace dos años, el gobierno de la India bajo Modi abolió de la noche a la mañana los billetes de alta denominación.El gobierno afirmó que el objetivo era eliminar las ganancias mal habidas de los indios ricos que ocultaban sus ganancias en efectivo para evitar pagar impuestos. Pero fueron los indios pobres, sobre todo en las áreas rurales, los más afectados por esta ‘desmonetización’. Dos tercios de los trabajadores indios están empleados en pequeñas empresas con menos de diez trabajadores – a la mayoría se les paga de manera ocasional y en rupias en efectivo. La desmonetización buscaba atacar la corrupción y la evasión de impuestos, pero no parece haber tenido un gran efecto. De hecho, una gran cantidad de indios ricos hacen “apaños privados” para obtener nuevos billetes de banco y evitar tener que declarar el dinero en las cuentas bancarias ..

Salir de una recesión o depresión mediante la impresión de dinero o reduciendo el valor de los fondos en efectivo ha sido durante mucho tiempo una idea de origen keynesiano. El propio Keynes estaba muy interesado en las ideas de Silvio Gesell, un comerciante alemán, que fue ministro de Finanzas en el gobierno revolucionario de Baviera en 1919. Gesell estaba convencido de que los problemas causantes de las depresiones capitalistas, como la de finales del siglo XIX, se debieron a la alta tasa de interés de los préstamos. Esto alentaba la acumulación de dinero en efectivo. Si se pudiera detener, el dinero se convertiría en gasto y las depresiones se superaría. Keynes señaló que la obra de Gesell contenía “destellos de perspicacia profunda, pero no pudo llegar al fondo de la cuestión”.  A Keynes le resultaba  especialmente atractivo el intento de Gesell de establecer “un socialismo anti-marxista, una reacción contra el liberalismo a partir de bases teóricas totalmente diferentes a las de Marx, que se basaban en un repudio en lugar de una aceptación de las hipótesis clásicas, y en un desencadenamiento de la competencia en lugar de su abolición. Creo que el futuro aprenderá más del espíritu de Gesell que del de Marx”.  (Teoría General).

La principal propuesta política de Gesell para poner fin a las depresiones era imprimir dinero. Según esta propuesta, los billetes de curso legal (aunque tendría que aplicarse también a algunas formas de dinero bancario) sólo conservarían su valor durante el mes de su impresión, al igual que una tarjeta de seguros, con sellos comprados en una oficina de correos. Keynes comentó: “La idea detrás del dinero estampado es sólida. De hecho, es posible que se encuentre la manera de aplicarla en la práctica a escala modesta”. La idea era devaluar el dinero en efectivo y obligar a la gente a gastar y aumentar así la ‘demanda efectiva’, al romper la ‘trampa de liquidez’ de la acumulación de dinero en efectivo.

La idea de Gesell ha sido defendida por muchos poskeynesianos. Pero a diferencia de ellos, aunque Keynes estaba interesado por este ‘truco de circulación’ (para usar la frase de Marx), vio en ella algunos problemas. Uno, que Gesell no se dio cuenta de que la inversión capitalista no sólo estaba gobernada por la tasa de interés de los préstamos, sino también por la tasa de ganancia sobre la inversión (lo que Keynes llamó la ‘eficiencia marginal del capital’). Por lo que “elaboró sólo la mitad de una teoría de la tasa de interés”.  Otro, que si se estampaban notas en efectivo, los que deseasen acaparar podrían simplemente mantener el dinero en depósitos bancarios, en oro o en moneda extranjera. Así que estamos en la casilla de partida. Para más información sobre las diferencias fundamentales entre Gesell y Marx sobre el dinero, ver aquí: http://www.unotheory.org/files/2-15-4.pdf

Todas estas teorías monetarias de las crisis – cuyo exponente más general es la llamada financiarización – tienen una cosa en común: ignoran o niegan la ley del valor, es decir, que todas las cosas que necesitamos o usamos en la sociedad son el producto de la fuerza de trabajo humana y de una economía capitalista en la que la producción es con fines de lucro (es decir, para ganar dinero más allá de los costes de producción), no para la satisfacción de necesidades, y por lo tanto el dinero representa el tiempo de trabajo invertido socialmente necesario. Vemos sólo el dinero, no el valor, pero el dinero es sólo la representación del valor en su forma universal, es decir, el trabajo abstracto medido como tiempo de trabajo socialmente necesario. Es un fetichismo pensar que el dinero es algo exterior y separado del valor.

Como dice Marx: “una mercancía en concreto sólo se convierte en dinero porque todas las demás mercancías expresan su valor en él”, pero “parece, por el contrario, que todas las demás mercancías universalmente expresan sus valores en una determinada mercancía, porque es dinero. El movimiento que media este proceso se desvanece en su propio resultado, sin dejar rastro alguno. Sin tener que hacer nada para lograrlo, las mercancías encuentran la forma de su propio valor, en su forma acabada, en el cuerpo de una mercancía existente fuera y junto a ellas …. De ahí la magia del dinero. … El enigma del fetichismo del dinero es, por tanto, meramente el enigma del fetichismo de la mercancía, que se ha hecho visible y ciega los ojos”.

Esto es importante y no un mero truco metafísico. Si Marx tiene razón en su caracterización del dinero, entonces podemos argumentar que la producción capitalista es producción para más dinero (valor y plusvalía), a través de la explotación de la fuerza de trabajo. Eso significa que, a menos que se cree más valor por la fuerza de trabajo, el dinero no puede hacer más dinero. Marx siempre se opuso a la idea fantástica de que las contradicciones que surgen de la naturaleza de las mercancías, y por lo tanto emergen en su circulación, pueden ser eliminadas aumentando la cantidad del medio de circulación.” (En referencia a la obra del fisiócrata Jean-Daniel Herrenschwand).

Marx reconoce que es precisamente en la categoría del interés en la que el fetichismo del dinero es más fuerte. En el capital a interés el “carácter fetichista del capital y la [concepción] de este fetichismo del capital [son] ahora totales” (CAP III, Penguin, p.516). Pareciera que el dinero puede hacer dinero a través de devengo de intereses sin ‘explotación’ o ‘producción’. Es una “forma sin contenido” (CAP III, p.255). “En D-D’ tenemos la forma sin sentido del capital, [la inversión] y [cosificación] de las relaciones de producción en su más alto grado, la forma que genera intereses, la forma simple del capital, que antecede su propio proceso de reproducción; […] la capacidad del dinero, o de una mercancía, para acrecentar su propio valor independientemente de la reproducción – lo que es una mistificación del capital en su forma más flagrante“ (CAP III, p.256).

Es este fetichismo del dinero el que domina las teorías de los gurús post-keynesianos, como el economista estadounidense de la década de 1980, Hyman Minsky. La obsesión de Minsky con el dinero y las finanzas como la causa de la crisis ha sido brillantemente expuesta en un artículo reciente de Mike Beggs, profesor de economía política en la Universidad de Sydney. Beggs muestra que Minsky fue inicialmente socialista, siguiendo las ideas del ‘socialismo de mercado’ de Oscar Lange. Pero finalmente se retractó de la necesidad de reemplazar el capitalismo con una nueva organización social, para tratar de resolver las contradicciones del capital financiero en el capitalismo.

En la década de 1970, Minsky contrastó su posición con la de Keynes. Keynes había defendido una “socialización general de la inversión”, pero condicionando esta afirmación en el sentido de que “no es la propiedad de los medios de producción lo importante que el Estado asuma”: bastaba con “determinar el monto total de los recursos destinados a aumentar los medios y la tasa básica de recompensa de quienes los poseen”. En la década de 1970, Minsky fue más allá y pidió el control de los ‘centros dirigentes’ de la industria y de esta manera integrar el keynesianismo con el ‘socialismo de mercado’ de Lange y Abba Lerner .

Sin embargo, en la década de 1980, el objetivo de Minsky no era exponer los limites del capitalismo, sino explicar cómo el inestable capitalismo podría ser ‘estabilizado’. Biggs: “Sus propuestas tienen como objetivo, por tanto, resolver el problema de la estabilidad. … .La expansión del consumo colectivo desaparece por completo. Minsky defiende lo que él llama el “gran gobierno”, principalmente como una fuerza de estabilización macroeconómica. El presupuesto federal debería ser al menos del mismo orden de magnitud que la inversión privada, de modo que pueda tomar el relevo cuando ésta retrocede, pero no necesita ser mayor”.

Este enfoque de la política económica no es muy diferente del de los partidarios de la MMT. Minsky incluso propuso una especie de empleo garantizado tipo MMT. El gobierno mantendría una red de empleo garantizado, ofreciendo puestos de trabajo a cualquier persona que de otro modo estaría en paro. Pero con unos salarios lo suficientemente bajos como para contener los salarios en el mercado de trabajo en el extremo inferior.La baja remuneración, lamentablemente, es necesaria, según Minsky, porque “las restricciones sobre los salarios monetarios y los costes laborales son corolarios del compromiso de mantener el pleno empleo”. La disciplina del mercado laboral se mantiene: las personas que trabajan no tienen miedo al paro, pero si a una reducción de su salario hasta el salario mínimo (Beggs).

Por lo tanto, en la década de 1980, Minsky creyó que el objetivo de la política del gobierno era la estabilidad financiera, con el fin de apoyar y sostener la rentabilidad y la inversión privada. “Una vez conseguida una estructura institucional en la que se vean limitadas las explosiones como consecuencia del pleno empleo, incluso cuando las ganancias se estabilizan, el resto puede dejarse a los mecanismos de mercado”. (Minsky).

La evolución de Minsky del socialismo a la estabilidad de la rentabilidad capitalista se produjo porque él y los post-keynesianos niegan y / o ignoran la ley del valor de Marx, al igual que los ‘socialistas de mercado’, como Lange y Lerner. Los post-keynesianos y los partidarios de la MMT niegan que el beneficio proviene de la plusvalía extraída por la explotación  en el proceso de producción capitalista y que esta es la fuerza impulsora de la inversión y el empleo. En su lugar, todos caen en el fetichismo del dinero. Con el fetichismo del dinero, el dinero reemplaza al valor, en lugar de representarlo. Todos ellos creen que el dinero es el causante de las crisis y también su solución mediante ¡la creación de valor! Lo que les lleva a ignorar el origen y la función del beneficio, excepto como algo residual de la inversión y el gasto de los consumidores.

Esto en cuanto a la teoría. Pero ¿qué pasa en realidad? La realidad es que la depresión de finales del siglo XIX no terminó porque se inyectase dinero en la economía. Pero acabó, ¿por qué? En mi libro, La Larga Depresión, explico cómo opera la ley de la rentabilidad de Marx y después de varias crisis, la rentabilidad en las principales economías se restauró para permitir una recuperación de la inversión en la década de 1890 (Capítulo 2) seguido por un aumento de la rivalidad internacional en un período de globalización (el imperialismo) que finalmente explotó en una guerra mundial cuando la rentabilidad comenzó a caer de nuevo en la década de 1910.

A los keynesianos (incluyendo los partidarios de la MMT) les gusta decir que la Gran Depresión fue resuelta gracias a la flexibilización monetaria y el gasto fiscal de inspiración keynesiana. Pero la evidencia es otra. En la década de 1930, la flexibilización monetaria (QE etc) falló, como Keynes reconoció en su momento. Los déficits presupuestarios propuestos por el “New Deal” nunca se llegaron a aplicar del todo, pero, aun así, los programas de trabajo garantizado no consiguieron reducir el desempleo o recuperar los ingresos reales hasta el ‘boom’ de la guerra. De nuevo, en mi libro, La Larga Depresión, Capítulo 3, se demuestra que la economía de Estados Unidos sólo se recuperó una vez que la economía de guerra se impuso y el gobierno controló la inversión.

Lo que diferencia a la Larga Depresión desde el año 2009 es que, a diferencia de la Gran Depresión de la década de 1930, ahora hay tasas (oficiales) muy bajas de desempleo en las principales economías. En cambio, los ingresos reales están estancados, mientras que el crecimiento de la productividad y la inversión es muy bajo. Los mercados financieros están en auge, pero los sectores productivos de la economía se arrastran. Y, sin embargo, desde 2009 hemos sido testigos de todo tipo de trucos monetarios: tasas de interés cero o incluso negativas, políticas monetarias no convencionales (QE) y ahora propuestas de ‘dinero helicóptero’, déficits públicos sin limites tipo MMT y economía sin dinero en efectivo (a la Gesell).

Como María Ivanova ha mostrado, subsiste la creencia ciega de que la naturaleza propensa a las crisis de la economía capitalista puede ser gestionada mediante una “política monetaria imaginativa”, es decir, mediante la manipulación de la deuda (pública), el dinero y el crédito. Ivanova argumenta que los méritos de una interpretación marxista de la crisis superan los de Minsky por al menos dos razones. En primer lugar, las causas estructurales de la Gran Recesión no se encuentran en el sector financiero, sino en el sistema de producción globalizado. En segundo lugar, la creencia de que los problemas sociales tienen orígenes monetarios o financieros, y podrían ser resueltos mediante ajustes monetarios y reformas de las instituciones financieras, es fundamentalmente erróneo, porque la misma repetición de las crisis da fe de los límites de las políticas fiscales y monetarias como medio para garantizar una “acumulación equilibrada».

Ninguno de los esquemas del ‘’fetichismo del dinero” han servido o servirán para reactivar las economías capitalistas. Por el contrario, estas medidas solo han servido para crear burbujas financieras en beneficio de los más ricos. Porque estos “trucos de circulación” no se basan en la realidad de la ley del valor.

*Michael Roberts es un reconocido economista marxista británico, que ha trabajador 30 años en la City londinense como analista económico y publica el blog The Next Recession.

Fuente: https://thenextrecession.wordpress.com/2019/02/26/mmt-minsky-marx-and-the-money-fetish/ Traducción: G. Buster  http://www.sinpermiso.info/textos/la-mmt-minsky-marx-y-el-fetichismo-del-dinero 

5.19.-EN CHINA, UN SISTEMA DEMASIADO GRANDE Y LENINISTA PROVOCARÍA UNA CRISIS– Martin Wolf

La corrupción está demasiado arraigada en el sistema del partido para que las reformas de Xi Jinping funcionen.

Xi Jinping, quien recientemente recibió el título de ‘líder central’ de China, es un hombre con dos misiones. La primera es purgar la corrupción del Partido Comunista Chino. La segunda es reformar la economía. Sin embargo, estos objetivos resultarán incompatibles si continúa concentrando sus principales esfuerzos en purificar y fortalecer al corrupto Estado unipartidista leninista.

16 dic 2016.- En 2014, Xi describió el reto al que China se enfrenta de la siguiente manera: “La corrupción en las regiones y en los sectores está entrelazada; los casos de corrupción por colusión están aumentando; el abuso de autoridad sobre el personal y el abuso de autoridad ejecutiva se superponen; el intercambio de poder por poder, de poder por dinero y de poder por sexo es frecuente; la colusión entre funcionarios y empresarios y la colusión entre superiores y subordinados se han vuelto entrelazadas; los métodos de transferir beneficios entre sí son ocultos y diversos”.

Esta dura acusación puede que sirva sus propios intereses. Como señala Minxin Pei en un brillante libro, ‘China’s Crony Capitalism’ (‘El capitalismo clientelista de China’), a un posible ‘hombre fuerte’ le es demasiado fácil usar la acusación de corrupción como un arma contra sus rivales. Sin embargo, es tan eficaz precisamente porque es probable. Utilizando evidencia publicada por las autoridades chinas, el profesor Pei demuestra que la corrupción colusoria es generalizada. Esta corrupción distorsiona la economía, degrada la administración y priva al partido de su legitimidad social.

No surgió por accidente

La corrupción es, de hecho, un cáncer. Sin embargo, no surgió por accidente. La explosión de la corrupción desde principios de la década de 1990 representa la desventaja de una reforma exitosa.

“La aparición y la consolidación del capitalismo clientelista en la economía política de China es, en retrospectiva, el resultado lógico del modelo autoritario de modernización económica de Deng Xiaoping”, sostiene el escritor. Pei, “porque las élites en control de un poder sin restricciones no pueden resistirse a usarlo para saquear la riqueza generada por el crecimiento económico”.

La corrupción es la progenie del matrimonio entre el Estado unipartidista y el mercado. Se propaga por la tentación, la coerción y la imitación. Una vez que la corrupción se vuelve normal, el sistema corre el riesgo de llegar a un punto de inflexión. Eso es lo que teme Xi.

La característica especial de la corrupción china es que ha coincidido con un enorme aumento de la riqueza. La corrupción no ha impedido este aumento. Más bien, el crecimiento y la corrupción han ido de la mano.

Es posible que, por un tiempo, incluso se han apoyado mutuamente: la corrupción facilitó el crecimiento, el cual financió la corrupción.

Las principales características de la política china durante este período han estado definidas por tres aspectos: la liberalización de los mercados; el traspaso del poder; y los derechos de propiedad disputados e inseguros.

El control de la propiedad se descentralizó, pero no conllevaba una propiedad segura. Cuando el control sobre la propiedad es un privilegio, no un derecho, como ocurre en China, quienes tienen el poder político tienen la capacidad de hacerse a sí mismos (y a quienes favorecen) enormemente ricos.

Y eso es exactamente lo que han hecho. Los sirvientes del partido han expropiado a su propio Estado de valiosos bienes, incluyendo tierra y minerales.

En el momento indicado

La necesidad de confabulación al hacerlo provino del hecho de que ninguna persona controlaba los medios – la propiedad y los permisos – necesarios para la actividad económica. Los grupos colusorios surgieron oportunamente.

Algunos estaban dirigidos por altos funcionarios, ‘yibashou’, quienes a menudo eran secretarios del partido, en ‘colusión vertical’. Algunos estaban dirigidos por funcionarios de rango similar, en ‘colusión horizontal’. Algunos estaban dirigidos por empresarios privados o incluso por gánsteres.

En algunos lugares, el resultado ha sido una forma de ‘Estado mafioso’. Incluso se ha encontrado corrupción en los mecanismos disciplinarios del Partido Comunista, en los servicios de seguridad y en el Ejército Popular de Liberación. Éstas son todas instituciones centrales del propio Estado unipartidista.

Es posible argumentar, correctamente, que la corrupción no ha impedido los extraordinarios resultados económicos pasados de China.

Existen cuatro contraargumentos a tal complacencia. En primer lugar, la corrupción ha tendido a ser cada vez más generalizada y más costosa con el paso del tiempo.
En segundo lugar, a medida que la población se vuelva más instruida y más exigente, su tolerancia a la corrupción y a las deficiencias administrativas resultantes se reducirá.
En tercer lugar, el crecimiento económico se está desacelerando, lo que hace que la desviación de ingresos a las manos de los depredadores sea más costosa para todos los demás.

Por último, el crecimiento es cada vez más dependiente del espíritu empresarial innovador, el cual es probable que el capitalismo clientelista estrangule.
Más leninismo y más mercados

La cuestión es, sin embargo, si se puede hacer mucho más que encarcelar a un gran número de personas. Las respuestas de Xi parecen ser más leninismo y más mercados. Pero ésta es una combinación extremadamente problemática.

La razón por la que Deng Xiaoping promovió la descentralización de la toma de decisiones es que China es demasiado vasta para cualquier otra cosa.

Hoy en día, la complejidad de la economía hace que el control político centralizado sea aún más inviable. En la práctica, es imposible que el centro controle las actividades de todos sus agentes.

Sin embargo, tampoco puede hacerlos responsables ante el pueblo, ya que eso destruiría el monopolio del poder del partido.

El Estado unipartidista leninista no puede proporcionarle una solución al problema de la gobernanza. Y tampoco puede ofrecerle una solución al problema económico.

Si una economía de mercado ha de combinarse con un gobierno razonablemente falto de corrupción, los agentes económicos necesitan derechos legales protegidos por tribunales independientes. Pero eso es precisamente lo que un Estado leninista no puede proporcionar, puesto que está, por definición, por encima de la ley.

El Estado unipartidista puede regir por ley, pero no puede ser gobernado por ella. Por lo tanto, sus agentes están por encima de los recursos legales efectivos disponibles para los particulares.

Si, como parece, los esfuerzos de Xi por combinar la restauración de la disciplina leninista con la liberalización del mercado resultan inviables, el régimen se enfrentará a una crisis más profunda. Puede que no se presente en un futuro cercano. Pero parece seguro que, a la larga, se presentará.

El Xi se ha embarcado en su presente curso por buenas razones. Si cuenta con buenas soluciones es otro asunto completamente distinto.

Martin Wolf Columnista del Financial Times.

https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/columna-martin-wolf-17-de-diciembre-502330

A-4.19.LOS CARTELES PRIVADO-PÚBLICOS – Salomón Kalmanovitz

No hay nada más sólido que un cartel de productores apoyado directamente por el Estado para imponer precios que superen ampliamente los que fijaría la competencia nacional e internacional. En Colombia existen dos grandes carteles que producen bienes de consumo masivo y crecientes volúmenes de exportación, como el azúcar y el aceite de palma, pero que además dan lugar a biocombustibles que se mezclan a la gasolina y al diésel con precios fijados directamente por ellos en connivencia con el Ministerio de Minas.

17 feb 2019.-  El Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA) es un mecanismo creado por el Gobierno colombiano y los ingenios para “procurar un ingreso remunerativo a los productores, regular la producción nacional e incrementar la producción nacional (sic)”, que existe desde 2001. Pretenden “generar indiferencia en los ingresos que percibe un productor, ya sea que este efectúe sus ventas en los mercados de precios altos o bajos”.

De acuerdo con el portal de Asocaña, el precio internacional del azúcar blanco fue de US$337 la tonelada en Nueva York en diciembre de 2018. A eso se le suma un arancel del 47,5 %, más un flete entre Brasil y Buenaventura de US$90, gastos que obviamente no existen porque los ingenios están en el Valle del Cauca. El precio de paridad resultante es de US$658 la tonelada. Los consumidores colombianos estamos pagando más que, por ejemplo, un comprador peruano que accede al azúcar a un precio de US$440 la tonelada. El precio interno fijado por el cartel les permite a los ingenios que tengan sobrantes exportarlos con el subsidio financiado por la fijación administrativa del precio interno.

Otros excedentes van a ser insumos del etanol carburante, cuyo precio administrado supera ampliamente la cotización internacional. Valga una corrección sobre la columna pasada en la que me equivoqué al calcular el valor del subsidio que reciben: no son $49.500 millones al año sino medio billón de pesos, lo que igualmente aplica a los productores de aceite de palma.

Fedepalma armó un contubernio con el Estado en el Fondo de Estabilización de Precios del Aceite Crudo de Palma. Según las resoluciones que publica, el Fondo fija un precio similar al que tendría al importar el aceite desde Malasia, incluyendo un flete de US$76 la tonelada, más el arancel del 20 % que resulta del acuerdo con Mercosur, a pesar de que se cultive en Tumaco, el Magdalena Medio o los Llanos Orientales. Si el precio internacional cae, el Sistema Andino de Franja de Precios aumenta automáticamente el arancel cada 15 días. La tonelada en el mercado internacional hoy está en US$550, mientras que en el mercado doméstico está en el equivalente de US$750.

Como hay sobreproducción de aceite de palma, el gremio debe exportar la mitad de su producido y hacen el negocio miti-miti: los que venden en el mercado interno ceden la mitad de la diferencia a los que exportan, pero el consumidor colombiano está pagando 40 % más que si tuviera acceso al aceite sin precio administrado. Afortunadamente, hay otros aceites, extraídos de la soya, el maíz y el girasol, que le hacen competencia, al costo de sacrificar la industria nacional de aceites y grasas. Fedepalma encuentra más cómodo un negocio administrado con el Estado que obligue al consumo del aceite nacional: está solicitando que se amplíe la mezcla de aceite en el diésel del 10 % actual al 15 % y eventualmente al 20 %.

https://www.elespectador.com/opinion/el-precio-de-la-gasolina-columna-838957

3.19.-EL PLAN DE DESARROLLO TIENE 12 BASES Y SIETE AGENDAS REGIONALES – Ómar G. Ahumada

El ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, tiene los ejes de la carta de navegación 2018-2022.

El emprendimiento y la productividad es una de las estrategias a las que le apunta el Gobierno para generar mayor equidad. Foto: Archivo / ELTIEMPO

El Gobierno ya definió los frentes de acción que orientarán sus acciones de política pública durante los próximos años, a través de la formulación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, que son los ejes sobre los cuales se sustenta el proyecto de ley que debe ser sometido a consideración del Congreso de la República.

11 oct 2018.- Para ello, según un documento del Departamento Nacional de Planeación (DNP), conocido por EL TIEMPO, el plan fue llamado Pacto por Colombia, pacto por la equidad, y su columna vertebral está fundada en la sumatoria de la legalidad más emprendimiento, dando como resultado la equidad.

En total son 12 las bases del PND, las cuales le apuntan directamente a uno de los componentes de la ecuación anterior, que incorporará y planteará estrategias con los 17 objetivos de desarrollo sostenible y las 169 metas fijadas para que hacia el año 2030 se logre erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas tengan paz y prosperidad. El plan también estará acorde con las buenas prácticas de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde), que aportará aspectos claves como la mejora normativa, la competencia y el medioambiente y desarrollo sostenible.

En este sentido, el PND del gobierno de Iván Duque incluirá metas volantes consistentes con dichos objetivos y, según se pudo establecer, la socialización de estas bases comenzará después del 25 de octubre próximo.

Las bases

En materia de legalidad, la primera base es la de legalidad y seguridad, que incluye tres elementos principales, como lo son la seguridad, justicia y convivencia para la equidad; transparencia y lucha contra la corrupción; y política exterior y soberanía.

Otro de los componentes de este eje es la equidad como política pública moderna para la inclusión social y productiva, que abarca acciones para una inclusión social sostenible, pero acelerando la inclusión productiva; acciones coordinadas para superar la pobreza; enfoque en grupos poblacionales indígenas, afros, raizales, negros, gitanos y palenqueros; la juventud naranja e instrumentos para conectar la política social a los mercados.

La tercera base del componente de legalidad, según el documento, es la de los bienes productivos y recursos naturales para la productividad y la equidad, en la que las estrategias tienen que ver con la creación de un mercado eléctrico 2.0, la transformación de los recursos naturales para el crecimiento nacional y regional; y el agua potable, saneamiento básico y aseo.

Entre tanto, el componente de emprendimiento del PND tiene como bases el crecimiento verde, el transporte y logística para el comercio exterior y la integración regional, así como una base denominada ‘La paz que nos une’.

La primera tiene como elementos la conservación y uso del capital natural para nuevas oportunidades económicas, una agenda sectorial para la sostenibilidad y la productividad, al igual que el crecimiento resiliente al cambio climático y a riesgos de desastres.

En el PND, la base de transporte le apunta al fortalecimiento institucional del sector, a la movilidad urbana y regional de carga y de pasajeros, así como al transporte nacional y logística.

En cuanto a la paz, esta base del plan de desarrollo plantea un componente de víctimas y estabilización, una mayor coordinación y eficiencia para esa estabilización, e instrumentos y herramientas para alcanzar esa paz.

Y sobre el resultado esperado, que tiene que ver con la equidad, el primer eje es el emprendimiento y la productividad y prevé esquemas de emprendimiento y formalización, el desarrollo productivo e internacionalización, la adopción tecnológica e innovación empresarial, mejoras regulatorias, competencia y financiamiento, así como una transformación y desarrollo rural.

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Otra base del plan en este aspecto es conectar territorios y fortalecer la descentralización, apuntándole a tener ciudades incluyentes y que sean motores de productividad, una conectividad y aprovechamiento de vínculos urbano-rurales, a fortalecer políticas e inversiones para el desarrollo regional, al igual que un fortalecimiento fiscal e institucional.

Para la equidad otra de las bases del plan es la economía naranja y la cultura, a través de una política integral de la economía creativa y un esquema de cultura y transformación social.

Otras dos bases transversales del PND 2018-2022 son la transformación digital, con un entorno y masificación de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones; al igual que una administración pública eficiente y de servicio al ciudadano, mediante la conectividad con el ciudadano.

Una vez socializadas las bases, el próximo año sería presentado el proyecto de ley para que el plan quede en firme.

El 14 de noviembre se presentan las bases al Consejo Nacional de Planeación, el 7 de febrero del 2019 el proyecto llega al Congreso y el 7 de mayo del 2019 es el plazo máximo para aprobación del PND 2018-2022.

El 14 de noviembre se presentan las bases al Consejo Nacional de Planeación, el 7 de febrero del 2019 el proyecto llega al Congreso y el 7 de mayo del 2019 es el plazo máximo para aprobación del planAgendas por región y participación de la gente

El Plan Nacional de Desarrollo del cuatrienio observa las dinámicas regionales más allá de las fronteras político-administrativas, entendiéndolas desde el punto de vista funcional, así como desde una óptica de asociatividad, mediante una planeación intermedia para el desarrollo supramunicipal.

De estas dinámicas se derivarán siete agendas regionales para el Eje Cafetero y Antioquia, el Pacífico, la región Central, los Santanderes, la Orinoquia, la región Caribe y la Amazonia.

A estas se suma el componente de los colombianos en el exterior. Con ello, el Gobierno ya planeó una estrategia de participación en las regiones.

Así, entre octubre y noviembre se prevé abordar la esfera regional, con 14 talleres, dos por región, en universidades y centros de pensamiento y la esfera departamental con 15 talleres con los actores políticos y 10 talleres ‘Construyendo País’, entre octubre y enero del 2019.

Entre tanto, la dimensión comunitaria se llevará a cabo entre octubre del 2018 y febrero del 2019, a través de un portal electrónico, consultas formales a las comunidades indígenas y un diálogo social enfocado en víctimas, género y población en situación de discapacidad.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor de Economía y Negocios
En Twitter: @omarahu

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/bases-del-plan-de-desarrollo-2018-2022-280270

2.19.-EL ABSURDO MODELO ECONÓMICO COLOMBIANO – Juan Carlos Martínez Castro

En Colombia encontramos productos con precios más altos que en Estados Unidos y Europa. Lo paradójico es que mientras todo está por las nubes y tiende a incrementarse, los salarios son cada vez más estáticos por lo que pierden capacidad adquisitiva, generando así un desequilibrio en el mercado nacional. 

Nota Altereco.- Lo que el doctor Juan Carlos Martínez Castro no tiene en cuenta es que la agricultura y por lo tanto la ganadería, las bestias porcinas y caprinas que comen agricultura tienen en los Estados Unidos y en Europa un subsidio del Estado que puede alcanzar el 30% del precio final. Claro que los subsidios vienen de impuestos, que les son devueltos en la baratura agrícola. En carros de alta gama, o sea de lujo, no hay discusión. No tenemos tantas divisas para importar a granel y bajos precios ese tipo de carros. Y en finca raíz si que no estamos de acuerdo porque depende de qué tan grande sea la diferencia entre la tasa cambiaria usada y la tasa real de cambio. Las diferencias pueden ser muy tan fuertes como ilusorias.

Los consumidores colombianos no hemos podido disfrutar realmente de los TLC pues la desgravación arancelaria es paulatina en la mayoría de los productos y sólo se verá reducida con el paso de los años. Lo que sí se pueden ver son los altos precios del conjunto de la mercancía que se importa, esto a pesar de que los empresarios ya no pagan los mismos impuestos.

Adicionalmente, los empresarios nacionales fijan precios exorbitantes a sus productos y le pagan salarios muy bajos a sus trabajadores lo que junto a la especulación generalizada, hace que cada vez sea más difícil adquirir ciertos productos y que por tanto, disminuya la calidad de vida de los colombianos.

Un ejemplo son los automóviles. La camioneta Lexus LX 570 que se consigue en los Estados Unidos desde $85.830 dólares que equivalen a $267’420.531 pesos colombianos (según la TRM de la fecha en que se escribe este artículo $3.115,70 M/L), es vendida en nuestro país a un precio promedio de $600’000.000 de pesos M/L, lo que quiere decir que con lo que se compra una camioneta de estas en Colombia, alcanza para adquirir dos en Estados Unidos y aún sobrarían $65’158.938 pesos M/L.

El Chevrolet Camaro cuya versión más básica se consigue en Estados Unidos desde $25.905 dólares que equivalen a $80.712.208 pesos colombianos (según la TRM de la fecha en que se escribe este artículo $3.115,70 M/L), es vendido en nuestro país desde $193’010.000 pesos M/L, lo que quiere decir que con lo que se compra un carro de estos en Colombia, alcanza para adquirir dos en Estados Unidos y aún sobrarían $31’485.584 pesos M/L.

El Porsche Panamera 4S que se consigue en los Estados Unidos desde $104.000 dólares que equivalen a $324’032.800 pesos colombianos (según la TRM de la fecha en que se escribe este artículo $3.115,70 M/L), es vendido en nuestro país desde $709’900.000 pesos M/L, lo que quiere decir que con lo que se compra un espectacular deportivo de esta marca en Colombia, alcanza para adquirir dos en Estados Unidos y aún sobrarían $61’834.400 pesos M/L.

De esta manera, queda demostrado que los estadounidenses adquieren vehículos a precios muy inferiores de lo que se comercializan en Colombia. De hecho, sin ir más lejos, los carros que se ofrecen en nuestro país tienen los precios más altos del continente americano y por ello el parque automotor nacional es precario, contaminante y anticuado.

En la finca raíz también vemos este mismo fenómeno. Los precios de la vivienda están disparados en ciudades como Bogotá y Cartagena, tanto así que hoy en día es más costoso adquirir una casa o un apartamento en la capital colombiana que en ciudades como Nueva York, Londres o París. La situación es tan crítica que en barrios bogotanos de estrato 5 como San José de Bavaria, hay propiedades que superan el millón de dólares a pesar de que sus calles y alcantarillas están destapadas y de no contar con andenes ni iluminación pública. Mientras que en la Florida-EE.UU, una casa de similares características y con mejores zonas comunes, se puede conseguir desde los $100.000 dólares.

De nada sirven los acuerdos comerciales con otros países si no generan precios más cómodos para los consumidores. Los importadores y distribuidores están abusando de su posición siendo de los pocos que se han beneficiado al comprar a menor costo en el exterior

Los precios de la ropa no son la excepción. Aunque ese mercado se ha dinamizado mucho con el ingreso de algunas marcas extranjeras, las prendas son comercializadas en Colombia a precios muy superiores que en Estados Unidos y Europa y paradójicamente, al promedio de los fabricantes nacionales. De hecho, algunas marcas que son de uso común entre los consumidores estadounidenses y europeos debido a sus bajos precios, en Colombia son consideradas “marcas de lujo” por todo lo contrario. Por su parte, las cadenas de almacenes por departamentos y las grandes superficies han diversificado en menor medida la oferta de ropa y de calzado aunque con precios muy altos si se tiene en cuenta que las marcas que comercializan, proceden mayoritariamente de Chile y de China y que en el caso de las grandes superficies, se trata de marcas propias de baja calidad.

La oferta gastronómica presenta un comportamiento muy similar. En las principales ciudades del país existen restaurantes cuyos platos pueden costar el presupuesto mensual de alimentación de una persona que gana un salario mínimo. Llama la atención que Colombia sea uno de los países del mundo donde ir a un buen restaurante se considere un gasto suntuario y por lo tanto, sea un privilegio de pocos. En Cartagena por ejemplo, los comensales pueden pagar por un plato mal preparado y mal presentado, lo mismo que pagarían en un buen restaurante europeo. Lo anterior además de la especulación generalizada de precios que desafortunadamente, existe en esa ciudad en perjuicio del turismo.

La gasolina en Colombia es de las más caras del planeta si se compara con el SMLV y eso es innegable. Por ejemplo, en EE.UU. y Corea del Sur que importan el petróleo de nuestro país, la gasolina se vende a un precio mucho menor el cual baja a la par de la cotización internacional del petróleo. De hecho, se calcula que en Colombia el galón de combustible le cuesta al consumidor el 20% de su ingreso promedio diario. Es absurdo que mientras más producimos petróleo y más baja de precio en los mercados internacionales, más cara sea la gasolina y que las únicas que ganen en semejante especulación, sean las empresas extractivas y distribuidoras las cuales se enriquecen con nuestros recursos sin beneficiar a los colombianos.

Otro ejemplo lo constituyen los teléfonos inteligentes. Mientras que en EE.UU. un iPhone XS se consigue desde los $999 dólares que equivalen al cambio de hoy a $3’112.584 pesos (según la TRM de la fecha en que se escribe este artículo $3.115,70 M/L), es vendido en Colombia en algunas versiones a más de $6’000.000 de pesos. Prácticamente es el doble de lo que paga cualquier estadounidense o europeo por el mismo dispositivo y lo peor es que hay consumidores que lo financian y terminan pagando sumas ridículas por ese aparato.

Es un modelo económico que claramente tiene como principal beneficiario al sistema financiero y a los grandes monopolios.

Los ejemplos son innumerables y se presentan en todos los sectores y con todos los bienes y servicios que se comercializan en el país. Desde bienes de consumo como zapatos, productos alimenticios, productos deportivos, smartphones y electrodomésticos; hasta servicios bancarios, de educación, salud y transporte. También en los bienes industriales. Todos cuentan con un elevado sobrecosto, un alto impuesto y un gran nivel especulativo en su precio final.

Lo anterior ha ocasionado que la economía no crezca en los porcentajes esperados y que incluso baje el nivel de consumo aún cuando la inflación esté controlada. Como consecuencia, los consumidores se ven obligados a financiar los productos que necesitan o desean y como efecto de ello terminan pagando exponencialmente el valor inicial, un modelo económico que claramente tiene como principal beneficiario al sistema financiero y a los grandes monopolios.

De nada sirven los acuerdos comerciales con otros países si no generan precios más cómodos para los consumidores. Los importadores y distribuidores están abusando de su posición siendo de los pocos que se han beneficiado al comprar a menor costo en el exterior y dejando de hacerlo a los productores nacionales con las consecuencias que esto trae para el país. Sin embargo, no han querido transferir ese beneficio económico al consumidor pues siguen vendiendo a los precios de siempre e inclusive los han incrementado.

Si bien es cierto que la importación de un producto le transfiere al mismo un costo adicional por distintos conceptos logísticos e impositivos, en Colombia dichos valores se han aumentado de forma tan especulativa que están afectando la calidad de vida de la población. Y aunque es obvio que los grandes exportadores también ganan con el alto precio que experimenta el dólar, ello no beneficia en absoluto a los trabajadores colombianos ya que estos escasamente reciben el SMLV que se establece cada año. A diferencia de esta situación, en otros países y en algunas empresas, a mayores ventas-mayores ingresos para todos y viceversa, y como ejemplo están las diferentes compañías japonesas y más recientemente la estadounidense Apple.

La Superintendencia de Industria y Comercio tiene el deber de impedir que los grandes distribuidores especulen con los precios, más si se trata de productos de la canasta familiar. Del mismo modo, debe procurar que los electrodomésticos, celulares y automóviles (entre otros productos) bajen de precio pues es una promesa básica de los TLC. Por su parte, el Banco de la República y la Superintendencia Financiera deben trabajar para que las entidades financieras bajen las tasas de interés y se estimule de ese modo el consumo. También para que dichas entidades dejen de lucrarse de forma tan descarada a costa de los colombianos ya que son las organizaciones que más se enriquecen bajo este inequitativo modelo económico.

En cuanto al fisco, este se debería enfatizar en las personas verdaderamente ricas y en las distintas actividades empresariales según sus utilidades. Pero sobre todo, se debería castigar con mayor ahínco las diferentes formas de evasión y elusión de impuestos así como perseguir el contrabando y las inmensas fortunas que se esconden en paraísos fiscales. Igualmente, es necesario eliminar por completo la burocracia parasitaria que representan las Cajas de Compensación las cuales se enriquecen tanto del sector público como del privado, esto evitaría en su conjunto futuras reformas tributarias la cuales sólo afectan al consumidor.

Si comparamos el ingreso de un colombiano promedio (1SMLV) que equivale a COP$925.148 (incluido el auxilio de transporte) con lo que gana un estadounidense que trabaje apenas 8 horas al día a tan sólo 10 dólares c/u, encontraremos una diferencia de $6’552.532 pesos mensuales que reciben de más los trabajadores de Estados Unidos (según la TRM de la fecha en que se escribe este artículo $3.115,70 M/L). Ahora, si confrontamos ese ingreso con lo que paga cada consumidor por los productos e impuestos en su respectivo país, entenderemos que los colombianos nos encontramos en una situación de total desventaja y sumamente injusta por no calificarla de otra manera.

Se debería castigar con mayor ahínco las diferentes formas de evasión de impuestos así como perseguir el contrabando y las inmensas fortunas que se esconden en paraísos fiscales.

Con semejantes precios e impuestos que pagamos; los colombianos deberíamos tener mejores aeropuertos, puertos marítimos, autopistas, hospitales, colegios, universidades, parques, casas, automóviles, electrodomésticos….. que EE.UU. y Europa en su conjunto. También una mejor infraestructura de telecomunicaciones y en sí, un mayor estándar de vida. Infortunadamente, ocurre todo lo contrario y lo único que evidenciamos es corrupción en todos los sectores de la economía. Siendo consecuentes con el mercado y teniendo una justa proporción entre lo que se trabaja, lo que se gana, lo que se gasta y lo que se tributa; un ciudadano colombiano debería recibir un salario superior o por lo menos a la par que cualquier ciudadano estadounidense o europeo, pero de forma irracional sucede lo contrario.

Es absurdo que algunos “empresarios” se quejen de que la economía no crezca lo suficiente cuando no están realmente comprometidos con la generación de empleo y cuando los pocos puestos de trabajo que producen los remuneran con bajos salarios y a la vez, pretendan vender con los precios más altos de la región. Desconocen que al pagar mejores salarios los consumidores tendrán mayor poder adquisitivo y por lo tanto se generará un mayor consumo, mucho más si dejan de cobrar tanto por los productos.

Esto es en lo que más se diferencia la economía de Estados Unidos de la colombiana pues mientras el empresario estadounidense trata de vender al menor precio posible para lograr utilidades por volumen de ventas, el empresario colombiano trata de vender al mayor precio que pueda así sean pocas unidades. De igual forma, el empresario estadounidense se esfuerza por pagarle buenos salarios a sus trabajadores para que tengan mayor poder adquisitivo, mientras que el empresario colombiano se restringe al SMLV y hace lo posible para no pagar ni siquiera las prestaciones sociales.

Del mismo modo, algunos empresarios colombianos creen erróneamente que sacarle el máximo de dinero a su cliente en una sola transacción es hacer un buen negocio, cuando en realidad están dañando una posible relación a largo plazo que les traería mejores resultados comerciales. También se equivocan al creer que el pagar bajos salarios les ahorra costos cuando es lo contrario pues sus colaboradores no harán su labor con gusto, no se comprometerán con la empresa y se irán apenas tengan una mejor oportunidad. Lo peor es que existen muchos personajes a los que ni siquiera se les puede llamar empresarios ya que se dedican a vivir de la renta y del interés más no del esfuerzo personal o del hacer empresa.

Colombia debe encaminarse hacia una nueva cultura empresarial basada en el precio justo de los productos y en salarios bien remunerados. También en unos impuestos más proporcionales a las distintas actividades empresariales, a su utilidad final y a la verdadera riqueza que poseen las personas naturales y jurídicas. Asimismo, el sector público y el sector privado deben converger para que exista una justa distribución de la riqueza de modo que se eleve el estándar de vida y a la vez, se contribuya al desarrollo del país teniendo como principal objetivo el bienestar y la felicidad del ciudadano.

Juan Carlos Martínez Castro Profesional en Mercadeo & Publicidad. Magister en Marketing Digital. Bogotá D.C./Colombia/LATAM

http://blogs.eltiempo.com/digital-jumper/2019/02/01/absurdo-modelo-economico-colombiano/

1.19 – LEY DE REGIONES – Jorge Iván González

El Congreso acaba de aprobar la ley de regiones. Al habilitar esta figura, se permitirá que, por ejemplo, el Gobierno Nacional pueda asignar recursos el presupuesto general de la Nación a las Regiones Administrativas y de Planificación RAP. De hecho, las RAP Caribe y la del Eje Cafetero ya cuentan con el aval de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República y está en proceso de conformación la RAP de la Amazonía. 

Este es un paso importante en el proceso de consolidación de las regiones administrativas y de planeación (RAP). En la norma se determina, igualmente, el proceso para convertirlas en regiones entidad territorial (RET). Ahora la ley debe ser sancionada por el Presidente. El Ministerio de Hacienda no está de acuerdo porque ello implicaría aumentos en el gasto público. En contra de la opinión del Ministerio, la ley de regiones es un paso positivo por varias razones.

21 dic 2018.- Primera. Contribuye a desentrabar el caos institucional que existe alrededor del ordenamiento territorial. Este entramado institucional es ineficiente e inoperante. El número de entidades que tiene relación con el ordenamiento es abundante, sus funciones se traslapan y, además, las relaciones de jerarquía entre ellas no son claras. La conjunción de estas tres características se expresa en un caos institucional. El ordenamiento territorial no ha avanzado, y no obstante la abundancia de normas prolifera la minería ilegal, la deforestación, la contaminación y la sedimentación de los ríos, la destrucción de cuencas y de páramos, la urbanización sin control, etc. La ausencia de una visión de conjunto se expresa en la falta de articulación del ordenamiento de los municipios con las dinámicas del territorio. De acuerdo con la ley de regiones, las RAP deben propender “por la coherencia y articulación de la planeación entre las entidades territoriales que la conforman”.

Segunda. La ley es compatible con el capítulo XV de las Bases del Plan de Desarrollo, que es el “Pacto por la Descentralización”. Los últimos estudios que se han realizado en el país sobre la ruralidad muestran que la relación entre el campo y la ciudad no es dicotómica. Las interacciones y los flujos (de personas, carga, etc.) crean un continuo, así que un municipio es más o menos rural en función de la densidad y de la distancia a las grandes ciudades. Este principio ilumina la ley de regiones. Al entender la ciudad en interacción con su región se crean condiciones adecuadas para garantizar la sostenibilidad de las dinámicas urbanas.

Tercera. Permite avanzar en la integración de las RAP y de los órganos colegiados de administración y decisión (Ocad). La distribución de las regalías a través de los Ocad ha descuidado los proyectos estratégicos con perspectiva regional. Al articular la RAP y los Ocad se logra tener una visión regional.

Cuarta. Clarifica la función de los departamentos. La RAP facilita la acción conjunta de varios departamentos, y pone énfasis en la función que tienen como ordenadores del territorio.

Quinta. La ley de regiones obliga a replantear la financiación de los departamentos. Las preocupaciones del Ministerio de Hacienda se podrían resolver dando tres pasos: actualización de los catastros, cobro del predial de tal forma que la tarifa efectiva se acerque a la nominal y, finalmente, traslado de dos o tres puntos del mayor recaudo a los departamentos. Estas acciones son compatibles con los acuerdos de La Habana.

Uno de los aspectos más relevantes de la negociación fue el reconocimiento de la importancia del catastro multipropósito. El catastro contribuye, además, a la formalización de la propiedad. Las posesiones informales, que son predominantes en el agro colombiano, han llegado a una situación límite, y se hacen insostenibles.

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/ley-de-regiones-2808352

46.18 A.-POR QUÉ LA PAZ GLOBAL NECESITA ESTADOS NACIONALES – Michael von der Schulenburg

Los Estados-nación deben seguir siendo los pilares para construir un orden mundial estable. La gente parece temer la pérdida de su identidad en asociaciones estatales mayores, y de ahí que se sienta más segura en naciones más pequeñas. Esto explicaría por qué en nuestro mundo globalizado el número de Estados nacionales sigue creciendo, por qué tras la Guerra Fría se desintegraron tantos países y por qué vemos un incremento de los movimientos separatistas, incluso en Europa. La paz y la estabilidad no se conseguirán sin Estados, sino con ellos.

El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, declaró recientemente que «el nacionalismo es la madre de todos los problemas políticos». Esta declaración debe entenderse en el contexto de la agitada historia alemana. Sin embargo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Alemania puede enfrentar un desafío totalmente diferente: de qué modo rescatar a los Estados nacionales.

De hecho, el futuro de los Estados nacionales se ha convertido en una cuestión central en nuestros tiempos. En un mundo de comunicación instantánea, de organizaciones supranacionales, de empresas transnacionales y flujos de capital transfronterizos, de elites internacionales, de viajes globales y migración en masa, de misiles balísticos y exploración espacial, ¿es todavía deseable –o incluso posible– organizar a las sociedades humanas en áreas geográficas limitadas por fronteras?

Dic 2018.- Para resumirlo en una palabra: sí. De hecho, los Estados nacionales pueden haberse vuelto más importantes, no a pesar de, sino a causa de la globalización. Cualquier otra cosa conduciría al caos.

El argumento más convincente a favor de los Estados nacionales es el creciente número de los que fracasan. Crean en el orden global «agujeros negros» de lugares ingobernables que afectan la supervivencia y el bienestar de decenas de millones de personas y tienden a desestabilizar regiones enteras. Virtualmente todos los conflictos armados del mundo se producen hoy dentro de Estados nacionales fallidos. Se han convertido en un problema de seguridad global.

De los 178 países relevados en el Índice de Estados Frágiles de 2018, solo 56 fueron considerados estables, mientras que 122 (68%) se incluyeron en listas de varios niveles de fragilidad e inestabilidad; 32 países (18%) se categorizaron como en estado de alerta, en alerta elevada y en alerta muy elevada. Los problemas de estos países no son causados por presiones externas sino casi exclusivamente por conflictos internos, la mayoría de profunda raigambre histórica. Como resultado, los gobiernos pierden el control sobre sectores del país y sus poblaciones, ya sea de manera física –en forma de áreas vedadas– o social –como ausencia de servicios públicos–.

El vacío que esto crea es ocupado por actores beligerantes no estatales, en su mayoría armados, y nunca por alguna forma de gobernanza global. Estos actores no estatales van desde organizaciones extremistas islamistas hasta diversos movimientos ideológicos, étnicos, religiosos o separatistas. Incluyen a caudillos militares, milicias, grupos paramilitares e incluso pandillas juveniles, estructuras de clanes y grupos rebeldes. Se superponen a organizaciones delictivas y de crimen transnacional, traficantes de drogas y redes corruptas dentro de los gobiernos. Los propósitos de estos actores no estatales son diversos. Algunos quieren derrocar a un gobierno, otros controlar áreas de un país; otros solo quieren espacio para sus negocios ilegales.

Lo que tienen en común es que desafían el monopolio estatal del uso de la fuerza, provocan violencia, crean inestabilidad e impiden el desarrollo, además de asesinar a gente inocente. En 2016, bastante más de medio millón de personas murieron en forma violenta en todo el mundo. Solo 18% de esas muertes violentas fueron resultado de conflictos armados internos; 72% fueron homicidios intencionales emparentados con delitos, guerras entre bandas o disturbios raciales. Esto indica una gran pérdida de autoridad por parte del Estado.

El crecimiento de la población, el calentamiento global y el atraso económico pueden acelerar la violencia entre comunidades y contribuir aún más al fracaso de los Estados nacionales. Para evitar esto, debemos abandonar los sueños de un gobierno global que reemplace a los Estados nacionales y, en cambio, encontrar un nuevo equilibrio entre estos últimos y el gobierno global. De hecho, un gobierno global eficaz necesitará Estados nacionales fuertes.

Los Estados nacionales cambian a través del tiempo

La mayoría de los analistas políticos occidentales desprecian a los Estados nacionales porque los consideran responsables de guerras, colonialismo y chauvinismo. Tienen razón. Sin embargo, lo irónico es que estos Estados nacionales «nacionalistas» ya no existen. Desaparecieron con el fin de la Segunda Guerra Mundial. La Carta de las Naciones Unidas de 1945 fue su acta de defunción. Cuando los Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron que «en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado», pusieron fin al militarismo en el que se basaban los Estados nacionales nacionalistas. Y cuando los Estados miembros de las Naciones Unidas reafirmaron «la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas», pusieron fin a la «superioridad racial» como justificación para ejercer supremacía sobre otros países y pueblos.

Con el inicio de la Guerra Fría, las actitudes hacia los Estados nacionales se volvieron ambivalentes. Los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial –la Unión Soviética y Estados Unidos– ahora promovían ideologías contrapuestas que deseaban aplicar a escala global. Las políticas nacionalistas independientes ya no eran posibles. En verdad, ambas ideologías creían que sus sistemas políticos y económicos, en última instancia, volverían obsoletos los Estados nacionales. Esto, por supuesto, no ocurrió. La mayoría de los países que en la actualidad son Estados miembros de las Naciones Unidas experimentaron a los Estados nacionales nacionalistas tan solo como potencias coloniales y estuvieron mayormente en los márgenes de los enfrentamientos Este-Oeste.

Los Estados nacionales modernos rara vez son étnicamente homogéneos y su supervivencia depende de la integración entre comunidades y no de pretensiones de superioridad étnica. Se los juzga cada vez más por la seguridad, la justicia, los empleos y los servicios sociales que proveen antes que por la fuerza de su ejército. Esto no solo vale para los países democráticos. Algunos de los mayores éxitos en términos de desarrollo económico y erradicación de la pobreza se dieron bajo regímenes autoritarios, como los de Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Chile y, por supuesto, China. Ni siquiera lo que se conoce como Estados rebeldes son una excepción en este aspecto.

Como resultado, prácticamente ya no hay guerras entre Estados nacionales. También han declinado las alianzas militares. Muchas disposiciones de seguridad son parte de acuerdos de cooperación regionales, como la Unión Africana, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés), la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZOPACAS), la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés) y, por ahora, incluso la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). Ya no están dirigidas contra un enemigo externo sino que buscan el apoyo mutuo en el mantenimiento de la seguridad regional. La excepción es la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Integrar las dos caras de los Estados nacionales

Con el colapso del comunismo, se asumió que la democracia liberal sería la respuesta al debilitamiento de los Estados nacionales. Sin embargo, esto casi nunca funcionó. La razón por la cual ningún sistema político se adapta a todos los Estados nacionales reside en el carácter dual: no solo son un «Estado» sino también una «nación». Esto es lo que los hace únicos.

El «Estado» es la cara tangible de un país: el gobierno, la institución nacional, el Poder Judicial, el Parlamento, las fuerzas de seguridad, los sistemas legales. La «nación» es la cara más esquiva: las identidades nacionales, la solidaridad nacional, los valores comunes, el sentimiento de pertenencia. El aspecto de nación le da al Estado su legitimidad, mientras que el de Estado le da a una nación su forma. Para que un Estado nacional sea estable y pacífico, ambos aspectos deben estar en armonía. Virtualmente todos los conflictos armados internos de la actualidad pueden remontarse a años de mal gobierno que conducen a la división de lealtades nacionales, y viceversa.

El aspecto de nación domina. Si no se responde a la pregunta de si la gente o las comunidades quieren vivir juntas y, si es así, de qué manera, es imposible construir instituciones estatales sustentables. La gente parece temer la pérdida de su identidad en asociaciones estatales mayores, y de ahí que se sienta más segura en naciones más pequeñas. Esto explicaría por qué en nuestro mundo globalizado el número de Estados nacionales sigue creciendo, por qué tras la Guerra Fría se desintegraron tantos países y por qué vemos un incremento de los movimientos separatistas, incluso en Europa. También explicaría por qué la mayoría de los Estados nacionales son acosados por movimientos separatistas y por problemas con la integración europea. Europa todavía carece de identidad común y solidaridad suficientes para construir instituciones «estatales» creíbles que podrían convertirse en un «supra-Estado nacional».

En particular, los sectores más pobres de la población ven los Estados nacionales como una salvaguarda de los beneficios sociales, de la atención de la salud a un costo accesible, de los sistemas de educación y justicia y como una protección frente a las desgracias y el impacto negativo de la globalización. Esto explicaría por qué los Estados nacionales gozan de tanto apoyo popular en todo el mundo. De acuerdo con la Encuesta Mundial de Valores, un promedio de más de 80% de los ciudadanos están orgullosos o bastante orgullosos de su país, incluso en países como Zimbabue, que son relativamente nuevos y en los que el Estado es en buena medida disfuncional.

Aceptar diversos sistemas políticos

Debido a su carácter dual, es probable que los Estados nacionales adopten sistemas políticos que estén enraizados en sus experiencias históricas, sistemas de valores locales, creencias religiosas y organizaciones sociales preexistentes. Esta es una mala noticia para quienes al final de la Guerra Fría tenían esperanzas de que la democracia liberal se convirtiese en el sistema político global unificador. Desde 2005, la democracia liberal está en declive a escala global y no se vislumbra que el «fin de la Historia» anunciado por Francis Fukuyama llegue en el corto plazo.

Las intervenciones occidentales pueden haber contribuido a esta situación. Afganistán, en medio de negociaciones con Estados Unidos por la paz, puede terminar con los talibanes en el gobierno. En Libia, las elecciones presidenciales podrían llevar a Saif Qaddafi al poder y en Siria, es probable que Bashar al-Ásad se mantenga en la Presidencia. Pese a los miles de millones en ayuda extranjera, difícilmente podría decirse que Iraq es una democracia liberal en funcionamiento. Quizás tengamos que apoyar soluciones políticas que no nos gustan en otros lugares problemáticos del mundo, entre ellos Somalia, Yemen, Congo, Sudán del Sur, Mali, la República Centroafricana, Venezuela e incluso Ucrania.

Debemos aceptar que los Estados nacionales adoptan sistemas políticos diferentes y, por nuestro propio bien, dejar de percibir el mundo como dividido entre regímenes democráticos y autoritarios, entre países buenos y malos. El panorama político mundial es mucho más complejo y Occidente ya no tiene poder para cambiar esto.

Irónicamente, es posible que sea el gran número de Estados nacionales lo que absorba puntos de vista y enfoques políticos divergentes en todo el mundo y lo que impida que estos se transformen en conflictos abiertos. La diversidad política de los Estados nacionales aporta así un factor crucial de estabilidad global. El gobierno global sin Estados nacionales no podría lograr lo mismo.

Fortalecer las Naciones Unidas

En esto consiste la ventaja comparativa de las Naciones Unidas, un sistema de gobierno global construido sobre la base de Estados nacionales y que ha desarrollado un marco normativo e institucional en torno del cual pueden agruparse Estados miembros con diferentes sistemas políticos. Esta es la debilidad de las Naciones Unidas, pero también su fortaleza. Con base en su Carta Orgánica, existen ahora numerosas convenciones y acuerdos internacionales a los que se ha sometido la mayoría de los gobiernos del mundo. Dos conjuntos de normas son de particular importancia para construir la cooperación entre Estados nacionales con diferentes sistemas políticos:

– sus tratados e instrumentos de derechos humanos definen las relaciones entre un Estado y los ciudadanos de cualquier país miembro, independientemente del sistema político que este tenga. Incluyen los derechos políticos y civiles, los derechos económicos, culturales y sociales y los derechos de las minorías, las mujeres, los niños, los migrantes y las personas con discapacidades;

– la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030 provee un marco para que todos los Estados miembros trabajen en forma conjunta en los temas apremiantes que enfrenta nuestro planeta: de la erradicación de la pobreza a la seguridad alimentaria, de la educación a los servicios de salud, de la seguridad del agua a la energía, y del cambio climático a la justicia económica y social.

El mundo no será un lugar perfecto, pero si construimos sobre la base de lo que une a los Estados miembros y nos enfocamos menos en lo que los separa, podríamos convertirlo en un lugar mejor. En oposición a lo que piensan quienes diseñan políticas en la actualidad, las Naciones Unidas todavía ofrecen el mejor –y quizás el único– foro para esto. 

Traducción: María Alejandra Cucchi Fuente: https://www.ips-journal.eu/regions/global/article/… http://nuso.org/articulo/por-que-la-paz-global-necesita-estados-nacionales/?utm_source=email&utm_medium=email

B-46.18.-BRASIL: TEORÍA Y POLÍTICAS ECONÓMICAS – Theotonio Dos Santos 

Muchos gobiernos electos están subyugados a sus bancos centrales, bajo el pretexto de que son instituciones independientes, por encima de las prácticas «inmorales» de los políticos.  Por «política» debe entenderse elecciones y la participación de los pueblos que son los principales afectados por las decisiones de los políticos y las acciones “políticas” de estos bancos.  Es así como intereses absolutamente minoritarios de la población rigen la economía mundial y consiguen obligar a las grandes mayorías a someterse a la dictadura tecnocrática llamada Bancos Centrales ‘independientes’.

6 dic 2018.- La misión de estas instituciones es transferir, bajo las más diversas formas, masas colosales de riqueza al «mercado» financiero.  Se trata de una expropiación de los recursos obtenidos por los distintos tipos de ingresos fiscales para transferirlos al sistema financiero bajo los pretextos más increíbles y las maneras más inventivas.

Es extraño observar cómo esta modalidad violenta de capitalismo de Estado se realiza en un ambiente ideológico dominado por los principios doctrinales del neoliberalismo, apoyándose siempre en la famosa frase de la Sra. Thatcher de que «no hay alternativa». Se trata de una expresión de determinismo económico que se torna incluso ridícula cuando vemos la realidad histórica que tratan de describir estos pretendidos instrumentos científicos.  Ya hemos dicho en varias ocasiones que este espectacular aparato ideológico se parece estrechamente al mundo intelectual católico fundado en la escolástica tomista que dominó por muchos siglos la economía feudal europeo y que disponía de enormes poderes estatales y religiosos para torturar e incluso condenar a muerte a los «herejes», representantes de la nueva onda filosófica y científica liderada por las burguesías en expansión material y financiera.

Debe quedar claro sin embargo, que el reino del capital financiero no tiene nada que ver con la fantasía ideológica «neoliberal» que pretende establecer el equilibrio fiscal, monetario y cambiario a través del «libre mercado».  El mundo nunca ha vivido desequilibrios tan colosales como en esta nueva fase de dirección de las finanzas y de las políticas macroeconómicas a través de los bancos centrales independientes.

Todos sabemos que no existe un libre mercado en el mundo contemporáneo dominado por monopolios privados e incluso estatales.  Y todos sabemos que desde principios de los años 60 del siglo XX hay un desequilibrio permanente del centro hegemónico de la economía mundial, los Estados Unidos, que condujo a un déficit comercial y también financiero que terminaría llevando a ese país a una crisis colosal y una deuda imposible de ser superada (1).

En Brasil estas transferencias tienen una forma absurda: el gobierno brasileño lanzó y todavía lanza en el mercado financiero títulos de deudas no porque tenga deudas (desde hace más de 20 años que Brasil tiene superávit fiscal y por lo tanto no tiene deudas en la gestión primaria de su presupuesto).  De hecho, el gobierno brasileño desde los años 1994 lanza títulos de deuda no para satisfacer las necesidades de su población y cumplir con los objetivos del Estado.  Incluso sabemos que al definir la función del Estado, no hay ningún teórico de la corriente neoliberal que incluya entre los deberes del Estado lanzar títulos de deuda con altas tasas de interés sin tener ninguna deuda derivada de los llamados «fines» del Estado.

De hecho, la colosal deuda pública actual de Brasil comenzó en 1994, cuando debíamos 56 mil millones de dólares y llegó a su punto más alto de más de 800 mil millones de reales en vísperas de la elección de Lula como presidente de la República.  Es importante resaltar que, de manera más moderada, Lula continuó la política de altas tasas de interés manteniendo la emisión de títulos de la deuda federal para pagar intereses de la deuda que fue construida sobre la nada con el único propósito de transferir recursos a una minoría que vive de estos intereses inexplicables.

Cabe señalar que estos enormes recursos públicos que se transfieren al sector privado o semipúblico no fueron utilizados para ninguna inversión productiva y sí para la especulación en un mercado financiero cada vez más distante de la economía productiva y, por tanto, cada vez más cerca de una gran crisis económica, social y política.  Agregamos a estas crisis la elaboración enfermiza de un discurso capaz de defender esta política irracional con sus efectos desmoralizantes para el pensamiento social brasileño.

Se hace necesario por tanto una terrible manipulación intelectual desde hace mucho tiempo practicada en nuestro país: hacer deudas públicas y pagar por ellas altas tasas de interés por razones macro económicas y no pagar deudas públicas inexistentes.  Otros estados nacionales escondieron sus objetivos de servir al capital financiero (es decir, el 1% que posee más del 50% de la riqueza mundial).  Por ejemplo, Estados Unidos transfirió el equivalente a la mitad de su PIB a sus bancos y agentes financieros durante la crisis de 2008, bajo el pretexto de que era necesario ayudar a los clientes de estos bancos afectados por la especulación y la crisis financiera y, sobre todo que era necesario para salvar las agencias financieras afectadas por la crisis porque eran demasiado grandes como para permitirse que entren en quiebra.  Las consecuencias de estas quiebras afectarían a todos…

En Brasil se inventaron dos excusas vergonzosas para enriquecer a nuestro 1% de la población y por tanto los dueños de nuestro país, siendo gran parte de ellos empresas subsidiarias de capitales de propiedad de corporaciones transnacionales del centro del sistema mundial.  Veamos la situación generada en los últimos 20 años como resultado de estas políticas indefendibles:

1) Cuando estábamos con los dólares excedentes durante la primera década de los años 2000, debido al enorme aumento de nuestras exportaciones, se consideró conveniente favorecer más entrada de dinero al país atrayendo capitales del exterior con altas tasas de interés pagadas por el Estado brasileño.

2) Cuando se redujo la tasa de interés pagada por el Estado a alrededor del 6% en los años 2010-2012, se inventó una amenaza de aumento de la tasa de interés de Estados Unidos que nunca ocurrió.  De acuerdo con estas «predicciones» sería el fin de la entrada de capitales internacionales en Brasil y, por tanto, deberíamos sin falta «elevar las tasas de interés»… con lo cual el pueblo brasileño dejaba transferir cerca del 50% del «gasto público» a este sector reducido de la población.

Recordemos que a pesar del título de «inversión directa» se trataba de capitales financieros en busca de nuestros excedentes financieros, especialmente expresados en nuestras elevadísimas reservas de divisas que –asómbrese lector- están en manos del mismo Banco Central que las aplica en inversiones financieras injustificables (como la compra de los desvalorizados títulos emitidos por Estados Unidos y por los cuales paga cero interés desde 2008) o sino se utiliza nuestras reservas en el mercado de divisas para mantener nuestra moneda con alto valor frente al dólar, en lugar de colocarlas al servicio de inversiones realmente productivas y necesarias.  Esta institución monstruosa empujó al país a un falso déficit fiscal, que debe ser cubierto con el ajuste fiscal para reducir el gasto público destinado a satisfacer las necesidades de nuestra población aumentando de manera completamente artificial nuestras deudas y exigiendo más recortes de gastos públicos para aumentar el déficit público.  E incluso consideran como un despilfarro absurdo a la «responsabilidad fiscal».

Por lo tanto, la presidenta Dilma Rousseff, dirigía un país de alto éxito económico (y financiero!) con un crecimiento del PIB de más del 7% anual, un poderoso superávit comercial internacional, unas reservas en crecimiento, una capacidad envidiable de atracción de capitales del exterior, un aumento del empleo y la reducción del desempleo, un programa de gasto público de alta calidad a pesar de todas las críticas que se podía hacer y finalmente a través de unas políticas sociales que pasaron a ser imitadas en todo el mundo.  En ese momento el gobierno de la presidenta Dilma alcanzó más del 60% de aprobación en 2012.

¿Cómo es posible que la presidenta Dilma haya dado crédito a los «economistas» del Banco Central y pase a abandonar su programa extraordinariamente exitoso?  ¿Cómo puede ser que acepte las ideas absurdas de los directores del Banco Central, reunidos bajo el nombre de COPOM, e inicie una política recesiva a partir del aumento de la tasa de interés con el único objetivo de contener una inflación, que en realidad era relativamente baja?

Peor aún, ¿cómo puede nuestra querida luchadora y estudiosa de la economía heterodoxa con influencia marxista creer que este es el camino correcto para contener una inflación que todavía era baja y que «amenazaba» explotar, según estos economistas «geniales»?  Explosión esta que sólo existía en la cabeza de los seis directores del Banco Central.  No hubo un solo estudio económico para probar esto.  No hubo un solo modelo teórico que probara esta previsión interesada y desastrosa…

Esta es la gran pregunta.  Lean detenidamente el artículo del Premio Nobel más respetado en el mundo actual – Joseph Stiglitz (2).  No se trata de un radical izquierdista y sí de un analista social, político y económico de gran calidad que no se dejó llevar por raciocinios primarios sin ningún fundamento empírico.

En un artículo reciente sobre la crisis mundial reitera que el «pensamiento» económico que sustenta estas políticas de falso rigor fiscal es de hecho un instrumento directo del capital financiero.  Los partidarios de esta política, a la cual se convirtió Dilma y gran parte de la izquierda brasileña, inexplicablemente, pues estoy seguro de que al menos la presidenta Dilma no razona en función de intereses personales, sino por los intereses del país.  Los pueblos de todo el mundo sufren de los resultados de esta opción.  Los pueblos de todos los países del mundo votan sistemáticamente contra los llamados «ajustes fiscales» que son un ajuste del gasto público para crear «excedentes» fiscales para pagar las deudas que el sistema financiero consigue crear en todo el mundo.

Los pretextos utilizados por el pensamiento neoliberal no son válidos.  Sin embargo, incluso los papas del neoliberalismo en mundo entero nunca se atrevieron a poner en el cadalso un país como Brasil que desde hace veinte años mantiene el superávit fiscal y cuenta con cerca de $ 400 mil millones de dólares de reservas.  Los discutibles evaluadores de la «salud» económica de los países, a pesar de sus errores tremendos de predicción y evidente asistencia a los especuladores en general, no se atrevieron a bajar el estatus de Brasil al punto de excluirlo de los centros más saludables del mundo para recibir capital.

Sin embargo, el gobierno respaldado por las fuerzas populares del país entrega el poder a un contador sin ninguna obra científica que pueda justificar su «prestigio» y que trata de imponer el recorte de gran parte de las medidas económicas de contenido social para establecer una política macro económica inexplicable.

Ningún razonamiento económico razonable, ningún estudio empírico serio, ningún estudio de caso capaz de probar la relación absurda entre los aumentos desproporcionados en las tasas de interés y contención de la inflación, ninguna teoría o incluso un articulito en alguna revista con calificación alta, como es la moda en nuestros círculos académicos actuales, se presentó para el debate con el pueblo brasileño que justifique la transferencia de alrededor de 1 billón de reales en pago de intereses al privilegiadísimo 1% del pueblo brasileño.  En fin, ninguna explicación capaz de fundamentar esta política que es rechazada radicalmente por más del 70% de la población… que dejó de apoyar a Dilma para convertirse en masa de maniobra de intereses golpistas en el país.

Stiglitz se acerca cada vez más a los análisis que nos conducen a las políticas económicas contrarias a la trayectoria seguida de repente por el actual gobierno, elegido para mantener su política anterior – esto es, antes del suicidio del regreso a las altas tasas de interés para beneficio del capital financiero.  Él esperaba que se las perfeccione, nunca que se las abandone.  Nadie imaginaba que, en lugar de continuar con la política aprobada por la abrumadora mayoría de la población, el segundo gobierno de nuestra compañera de muchas luchas adoptaría la política económica de la oposición brasileña.

Se trata inclusive de la sumisión a los economistas del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que dejaron el gobierno en 2002 con una tasa de inflación del 13%, una deuda externa de 35 mil millones de dólares, una deuda pública de más de 800 mil millones de reales, un crecimiento cero del PIB, una concentración del ingreso colosal, etc., etc.  Es hora de pensar bien en quien creemos. El pueblo brasileño, como todos los pueblos del mundo, ya tomó su decisión.  Hay un levantamiento mundial contra las políticas neoliberales y sus «ajustes fiscales» que retiran recursos de nuestro pueblo para entregarlos bajo diferentes disfraces a los dueños del sistema financiero mundial…

Si no creen en el rigor de estos análisis, esperemos para ver la explosión mundial que se está configurando…

Notas:
(1) En la reciente reedición de mi libro sobre “A Teoria da Dependencia: Balanço e Perspectivas”, Editora Insular, Florianópolis, 2015, reproducimos un texto de 1975 donde reafirmaba mis análisis de la economía mundial que preveía una nueva división internacional del trabajo en la que se profundizaría la crisis del centro hegemónico de la economía mundial establecido fuertemente al final de la II Guerra Mundial.  Se trata de la introducción a mi libro “Imperialismo e Dependencia”, cuya última edición en español fue publicada por la Biblioteca Ayacucho y el Banco Central de Venezuela, Caracas, 2011. Se puede acceder y descargar el libro gratuitamente en http://theotoniodossantos.blogspot.com/p/livros-e-artigos-para-download.html
(2) Ver Stiglitz: como bancos tornaram-se ameaça global http://outraspalavras.net/capa/stiglitz-como-bancos-tornaram-se-ameaca-global/

*Theotonio Dos Santos Premio Mundial Economista Marxista de 2013 de la Asociación Mundial de Economía Política – World Association for Political Economy – WAPE. Fuente: http://www.alainet. org/pt/articulo/172474) http://www.sinpermiso.info/textos/brasil-teoria-y-politicas-economicas (Traducción: ALAI)

45.18.-QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS – Jorge Iván González

En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (BPND), “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” se proponen una serie de “pactos transversales” que buscan conjugar las oportunidades para la “inclusión social”, y para la “inclusión productiva”. Es importante avanzar en ambas dimensiones porque los logros alcanzados por el lado social se pueden perder si no están acompañados de una política económica que estimule la inclusión productiva.

23 nov 2018.- En Colombia se han presentado avances importantes en el frente social, pero los rezagos en las áreas productivas son notables. En gran parte, porque durante los últimos años se debilitaron la industria y la agricultura. La enfermedad holandesa causada por las bonanzas del petróleo y los minerales, impidió aprovechar mejor los excedentes. Es inaceptable que durante los años de las bonanzas se haya ampliado el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

En las BPND se acierta al llamar la atención sobre la importancia de la inclusión productiva. Allí se mencionan algunas estrategias, destacando la importancia de la productividad agropecuaria, pero no se presenta una discusión general sobre los errores de la política económica que han impedido la inclusión productiva.

En el documento se muestra que los avances que se han conseguido en las áreas sociales se pueden perder si no se lucha contra la desigualdad, y si la matriz productiva no se modifica para que sea compatible con un desarrollo ambientalmente sostenible. Se espera que en los próximos 4 años el Gini baje de 0,508 a 0,47. Este es el Gini de las encuestas hogares, que se refiere, sobre todo, a los ingresos laborales. En las BPND no se mencionan otros Gini que son fundamentales, como los de la concentración de la tierra y la riqueza. El primero es de 0,93, de acuerdo con los datos del Censo Nacional Agropecuario de 2014. La disminución del Gini que se propone es importante pero insuficiente. Tal y como avanza la discusión de la reforma tributaria en el Congreso, es muy probable que no se alcance progresividad necesaria para reducir alguno de los Gini.

La parte más interesante de las BPND está al final. Es la sección XV: “Pacto por la Descentralización: Conectar Territorios, Gobiernos y Poblaciones”. Este tema debería ser el articulador de todo el Plan, ya que toca el principal reto de la sociedad colombiana: el ordenamiento del territorio de tal forma que genere convergencia entre las regiones. Buscando “que nadie se quede atrás”, las BPND pone en evidencia la continuidad campo-ciudad, y muestra la relevancia que tiene la funcionalidad territorial, y las interdependencias municipales. La política de desarrollo territorial “debe buscar la integración subregional para aprovechar esa funcionalidad”. Las ciudades intermedias son “dinamizadoras del desarrollo territorial y rural”. Se reconoce la pertinencia de los análisis del Sistema de Ciudades pero se propone ir más lejos, explicitando las jerarquías funcionales y las externalidades derivadas de las economías de aglomeración. Es una lástima que un asunto tan neurálgico no se constituya en el eje del documento. Sin duda, en la lógica de las BPND, el rescate de los “nodos de desarrollo” evitaría el daño que le han hecho a la producción nacional, y a la inclusión productiva, las economías de enclave de las zonas que han vivido las bonanzas.

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/que-nadie-se-quede-atras-2796982 

44.18.-SOBRE EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES LA REINA DE HOLANDA LLEGA EL JUEVES A LA CUMBRE DEL G20 EN ARGENTINA

Particiará de un evento especial sobre el empoderamiento de las mujeres.

La reina Máxima llega el jueves al país y se quedará hasta el sábado./ Reuters archivo,Un comunicado del servicio de información del Gobierno holandés explica que Máxima estará en Buenos Aires hasta el sábado 1 de diciembre en su papel de defensora especial del secretario general de la ONU para el Financiamiento Inclusivo para el Desarrollo (UNSGSA). https://www.clarin.com/mundo/cumbre-g20-reina-maxima-llega-jueves argentina_0_MdSF_f3aT.html

EL G20 DE BUENOS AIRES – Oscar Ugarteche

El G20 de Buenos Aires se abre con agendas nacionales bilaterales más que agendas globales. México firmara su tratado de libre comercio ma non troppo con Estados Unidos en el que México promete respetar 70 años la autoría de los inventos. Estados Unidos de su lado y en reciprocidad le mantiene los aranceles de 25% y 10% al acero y al aluminio. Se mantiene una guerra comercial entre Estados Unidos y China y entre Estados Unidos y la Unión Europea y la postura de Estados Unidos frente a la OTAN es de hostilidad, habiéndose abierto la posibilidad de que Alemania y Francia organicen una fuerza militar fuera de la OTAN en vista de la simpatía americana a las posturas rusas en Europa Central. Cosas graves, pero entre alidados.

26 nov 2018.-

 El mundo resumido en el G20 no podrá evitar los problemas financieros de economías altamente endeudadas frente al alza de la tasa de interés y la caída del comercio internacional. Tendrán que tener importantes palabras al respecto. Podría haber sorpresas, aunque en general todo está fríamente calculado.

Fuente OECD data. y IMF Debt statistics

https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/GDD

Otro tema espinoso son los aranceles contra las importaciones de la UE. El hecho de haber roto con el sistema multilateral de comercio es poco apreciado por Europa y por los latinoamericanos. La ventaja de Trump es que los tres gobiernos latinoamericanos no tendrán posición adversa mientras estén estos gobernantes. Su desventaja es que los asiáticos si la tendrán y ellos pesan mucho.

En este G20, en medio de alzas de la tasa de interés que pueden conducir la economía mundial a una recesión, no se va a discutir temas financieros que, como se ve en la tabla, son muy serios. El alza de la tasa de interés va a repercutir sobre los costos de la deuda de los países ricos altamente endeudados de Europa, Canadá, Estados Unidos y Japón. Cada 1% de alza de la tasa de interés es igual a 1% del PIB de trasferencia del fisco a los acreedores, con el consiguiente ajuste fiscal, dadas las políticas de metas de inflación y los niveles de deuda de 100% del PIB promedio que tienen los países del G7.

Un tema que se ha esquivado, son los problemas financieros de la gran banca demasiado grande para quebrar, cuyos precios de las acciones vienen en caída desde el 2008. Trump está protegiendo a la banca americana (tres bancos de 30) pero no puede proteger al resto del mundo. Basilea III ha demostrado ser un fiasco que mira los créditos bancarios mientras la gran banca se dedica en realidad a las inversiones. Esto no se tocará. Mientras tanto la diplomacia del Yuan seguirá. China ya tiene más bancos “demasiado grandes para quebrar” que Estados Unidos, pero sobre todo, lo que tiene es liderazgo mundial, que Estados Unidos ha perdido y dinero para hacer efectivas sus ofertas.

Veremos más acuerdos bilaterales que un acuerdo multilateral que ahora será desconocido por Washington, como está desconociendo todos los otros acuerdos multilaterales que tiene. Esta reunión puede ser una pérdida de tiempo, que parece, o la ocasión para que el mundo reconvenga una postura multilateral más fuerte de parte de todos sus socios, en particular del fundante del multilateralismo. Debe recordarse que el anfitrión de este G20 vetó la participación a unas 60 personas que asistirían a la preparatoria de la cumbre de la OMC en diciembre del año 2017, y a varias les negó la visa o las deportó, y que por tanto carece de un cartel democrático internacionalmente reconocido.

– Oscar Ugarteche, economista peruano, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas UNAM (México), SNI/CONACYT, Coordinador del proyecto Obela www.obela.org.

https://www.alainet.org/es/articulo/196755 

43.18.-¿DUQUE SIN RUMBO? – Cristina de la Torre

No. Es claro que el presidente Duque agencia un proyecto: el proyecto de derechas de Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático, que lo llevó al poder. Que su Gobierno aparezca errático, contradictorio, obedece a la confusión que el propio mandatario ha creado. Por querer proyectar una imagen de bonhomía, contraria a la del protomacho desafiante de su mentor, Duque barniza con suave palabrería la contundencia de los hechos. Por más cabecitas y vallenatos que interprete, ahí están su reforma tributaria, monumento a la inequidad; el naufragio de los proyectos anticorrupción; atropellos de su partido contra la justicia transicional, contra la ley de restitución de tierras y las curules para las víctimas; la agonía por abandono de las leyes de catastro y reforma rural.

Está la inaudita defensa presidencial del negocio del agua de su ministro Carrasquilla y la del fiscal que enmudeció ante posibles coimas en el caso Odebrecht. Y la mar de colombianos que protestan en las calles. Si todo ello abreva en el modelo de la economía para el gran capital, en política no podía faltar el recurso a los consejos comunales, fuente fecunda de poder entresacado de la premodernidad. El uribismo en marcha. A 100 días de Gobierno, la imagen del presidente no podía sino desplomarse al 27,2%.

Es que la gente toma nota. Pese a su alharaca contra la mermelada y la vieja política, ha activado el buenazo de Duque dos fuentes suculentas de mermelada: la reforma tributaria y los auxilios parlamentarios. Cupos para los congresistas, esta vez por la quinta parte del presupuesto nacional de inversión: $220 billones. Una cosa es la legítima gestión de necesidades regionales que los parlamentarios representan y muy otra, la privatización de los recursos públicos en manos de la clase política, por demás venal.

De otro lado, gruesa tajada de los $14 billones que el Gobierno dice necesitar vía impuestos lubricará clientelas, aparato electoral propio en cada municipio donde presida Duque un consejo comunal. Entre otras, por esta razón se habría disparado el plan de gastos del Gobierno, sin el necesario respaldo financiero. Denuesta el presidente el Estado derrochón, pero su presupuesto redistribuye las partidas reservándose la más apetitosa para sus untaditas de pueblo cada semana.

Herencia del caudillismo atávico que en Colombia Uribe reeditó, estos consejos son escenario dispuesto para el protagonismo del presidente convertido en tramitador de mil ruegos de parroquia, por encima del plan de desarrollo local. Su público, auditorios expectantes integrados por personas seleccionadas y aleccionadas de antemano. Con Uribe, la comedia culminaba en la entrega de chequecitos que parecían sacados del bolsillo del Benefactor, pero respondían, rigurosamente, a partidas presupuestales ya definidas y negociadas con la clase política. Con Duque, serán partidas sacadas de la mermelada que su Gobierno destine a consejos comunales, mientras los parlamentarios miran para otro lado: el de su propia mermelada. Todo queda en familia.

En provincia hace Duque microgerencia y demagogia; en Bogotá el ministro de Hacienda –el mismo de Uribe– hace lo suyo: exprimir a los más necesitados en favor de potentados que recibirán exenciones billonarias para que generen 50 empleos, y financiar el clientelismo presidencial. No será con esta reforma tributaria ni desdeñando al movimiento estudiantil como podrá Duque alcanzar su inverosímil meta de equidad. Aun si lo quisiera, tampoco podría. Baste con leer el texto de Uribe sobre los 100 días del presidente en El Espectador: respira tono de rendición de cuentas y proyecciones de Gobierno exclusivas de un mandatario en ejercicio. El proyecto de Duque es el de Uribe. Y no apenas por afinidad ideológica, sino por suplantación del presidente.

https://www.elespectador.com/opinion/el-destape-de-duque-columna-823238

42.18.-EL DESTAPE DE DUQUE – Cristina de la Torre

 Después de tanto vaivén, de tanta calculada ambigüedad, se despoja el presidente de la piel de oveja para desnudar su más puro pedigrí reaccionario: el proyecto de reforma tributaria. Asalto a la mesa de los pobres y a la flaca bolsa de la clase media, llenará con ello el hueco de nuevas exenciones a los multimillonarios. Como si les faltaran. Otros $12 billones cercenados sin anestesia a las rentas del trabajo, en favor de las rentas del capital. Si apuntara al 1 % de las familias que acaparan el 21,6 % del ingreso nacional y pagan impuestos irrisorios, o ninguno; si fuera esta reforma progresiva —como en cualquier democracia— recaudaría en el acto decenas de billones y más aún en el mediano plazo. Cifras que Álvaro Uribe tapa mientras dice oponerse al IVA del pupilo, como abrebocas de campaña electoral. Fue el propio expresidente el primero en intentar la introducción del IVA en 2003; y en 2006 concedió gabelas de escándalo a grandes firmas nacionales y extranjeras. A zonas francas y mediante contratos de estabilidad fiscal, que Duque retoma.

13 nov 2018.-  Para Salomón Kalmanovitz, si a la elite empresarial se le aplicara el 37 % de impuesto a la renta que regiría para salarios de la clase media, se obtendrían $52 billones ya. Además, por arriendo de propiedad rural de lujo y por la propiedad del suelo rural se acopiaría cifra parecida. Si se suprimieran todas las exenciones a zonas francas, a hoteles y (ahora) a la dichosa economía naranja, se recaudaría otro tanto. Las exenciones de renta representaron $59,3 billones en 2007.

¿Por qué no paga tal impuesto el sector financiero, cuyas utilidades fueron el año pasado $17 billones? ¿Por qué no se cobran los $18 billones con cargo a capitales ocultos en Panamá? ¿Y los $50 billones que la corrupción le roba al Estado cada año, cuyo control legal deja hundir en el Congreso este Gobierno, mientras le entrega a la clase parlamentaria la quinta parte del presupuesto en calidad de mermelada? Reconociendo que proteger el erario no es logro alcanzable a la vuelta de la esquina; y que un pago justo de predial dependerá del catastro —saboteado por el latifundismo desde hace 90 años—, una suma de niño diría: a la mano, por impuestos sobre rentas de la elite, sus exenciones suprimidas y tributos sobre depósitos en paraísos fiscales, bien podría el monto superar los $70 billones. A mediano plazo, el control de la corrupción más impuestos sobre la tierra reportarían unos $100 billones. Populismo, se dirá, siguiendo la moda. No. El recaudo tributario en Chile representa el 5 % del PIB; en los países de la OCDE, el 8 %; en Suecia y Finlandia, hasta el 12 %. En Colombia representa mísero 1,5 %.

A la clase media se la tienen montada. Quieren ahora acorralarla con IVA, más impuesto de renta, ampliación de la base gravable y gravamen a las pensiones. Retener impuesto a las pensiones, después de que su titular cotizó y tributó durante décadas, configura doble tributación; y violenta derechos adquiridos que la Constitución protege. Ya a los pensionados se les descuenta el 35 % de su mesada, 12 % en salud y descuento por solidaridad. En suma, reciben 55 % menos de lo debido. Sin contar el 13 % perdido en los últimos años por reajuste según el Índice de Precios al Consumidor y no por referencia al salario mínimo.

A la voz de reforma tributaria, Fernando Londoño propone más bien acopiar recursos cerrando “ese engendro de la Corte Constitucional”, prohibiendo “cabildos abiertos y cerrados”, dejando de gastar plata “en el embeleco del posconflicto (en vez de aumentar magistrados en la JEP, quitarle 28, pues) da lo mismo suprimirlos que mantenerlos”. Nada raro. También el Gobierno anuncia, si su reforma se hunde, recortes en inversión social y en el posconflicto. Queda, pues, todo el cobre a la vista.

https://www.elespectador.com/opinion/el-destape-de-duque-columna-823238

41.18.-CAPITALISMO SOCIAL, LA ALTERNATIVA – Cristina de la Torre

Que populismo, que crisis de los partidos, que Occidente se va al despeñadero. Tal vez no. No en toda la línea. Asistimos, más bien, a un ciclo de auge de la democracia plebiscitaria en manos de demagogos como Trump y Bolsonaro, que se imponen con la mentira, el odio, el miedo y ofertas de violencia que riegan la simiente del resentimiento y la venganza. Cosechan en la Europa que ve cuartearse medio siglo de bienestar sacrificado a la cohabitación de la socialdemocracia con el neoliberalismo. Y en América Latina, con el descenso de la aurora izquierdizante que en 15 años redimió de la pobreza a decenas de millones de personas, para terminar ahogada en corrupción. Ahora se refocila la derecha, neoliberal en economía, despótica en política: libertad económica en provecho de pocos, cargas de profundidad contra la democracia y los derechos ciudadanos.

6 nov 2018.-  Pero la propia democracia alberga antídotos que podrán mover el péndulo en sentido opuesto. Dígalo, si no, la persistencia de capitalismo social y democracia que rige en Uruguay bajo el ala de Mujica, sabio entre sabios de todas las tribus. O el cambio que un López Obrador traería a México. O la fundada esperanza de “revolución tranquila”, a la uruguaya, que una convergencia en ciernes entre fuerzas de izquierda y de centro podría entronizar en Colombia. Tan prometedora, que la derecha en pleno sueña con frenar su ascenso prolongando el período de chares y peñalosas.

Si Bolsonaro restaura los demonios más retardatarios de la región (milicia, latifundismo, religión, privilegios para los menos y fusta contra los más), lastre empotrado en la roca de los siglos, la Cepal vuelve a encararlos. Gestora del modelo industrializador, reformista, que su antípoda ultraliberal echó a perder, la Comisión porfía en postular la erradicación de la pobreza, de la desigualdad, de la extrema concentración del ingreso y la riqueza, agudizadas por el modelo que ha imperado en los últimos decenios.

Medios para lograrlo: acción decidida del Estado en inversión social e impuesto progresivo, y planificación concertada del desarrollo. Un nuevo paradigma económico, social y ambiental. Y rebelión contra la cultura del privilegio. Aquella que desde la Colonia naturaliza las jerarquías sociales, las asimetrías de acceso a los frutos del progreso, a la deliberación política, a los activos productivos. ¿Qué dirá nuestro flamante presidente Duque, tan empeñoso en vender como igualitaria la reforma tributaria más inequitativa que pueda concebirse?

Para Joaquín Estefanía, por confraternizar con el neoliberalismo, perdió la socialdemocracia europea su identidad y su legitimidad política. Olvidó que en ella no contaba sólo la igualdad, sino también la democracia y la libertad. Entonces el modelo que irrumpía avasallador ocupó el vacío que el hostilizado Estado de bienestar dejaba, y se apropió el concepto de libertad. Su libertad. La libertad de los desiguales, patrimonio exclusivo de la minoría que ostenta el poder y la riqueza. Por su extremismo, este paradigma ha terminado por abrir espacio al renacimiento de la socialdemocracia clásica, pero adaptada al capitalismo del siglo XXI. No ya apenas para extender el bienestar a toda la población (ideal todavía soñado entre nosotros), sino para ampliar libertades y espacios de autorrealización del individuo.

Así, en la sociedad de la abundancia como en ésta de las precariedades reaparece el capitalismo social como alternativa a las purulencias que el neoliberalismo ha creado. Allá y acá. Si en Europa se trata de redistribuir la abundancia, en América Latina principiará por erradicar la pobreza y las desigualdades más afrentosas. En Colombia nace una convergencia para el cambio que ya demostró inmenso poder electoral y capacidad de lucha. ¡Enhorabuena!

https://www.elespectador.com/opinion/capitalismo-social-la-alternativa-columna-822065

41.18.-DRESISTENCIA –  Gustavo Duncan 

El crecimiento de la clase media ha estado acompañado por un incremento de la lucha por los derechos políticos. De hecho, gran parte de esa clase media ha surgido de la expansión de la formación universitaria y de la oferta de empleos públicos que, por su propia naturaleza, ofrecen no solo una oportunidad de ingresos relativamente altos, sino de concientización de una serie de derechos y desarrollo de habilidades de negociación que permiten consolidar su situación en el largo plazo.

31 oct 2018.-  Lo paradójico es que sectores universitarios y empleados públicos han sido bastante tolerantes con expresiones de resistencia contra el statu quo. No obstante sus grandes avances en términos de movilidad, existe un profundo resentimiento contra los privilegios de las élites sociales y económicas. Tanto así que muchos de ellos han interpretado la insurgencia marxista como una consecuencia natural de la desigualdad económica y de la falta de oportunidades de sectores excluidos.

Sin embargo, estos mismos sectores han sido reacios a reconocer el papel jugado por otras formas de resistencias que, aunque hacen uso de prácticas criminales, como las guerrillas, no disponen de ninguna plataforma ideológica ni discurso para justificar sus actuaciones. Para ellos se trata de delincuentes puros.

La falta de un discurso es el resultado de la carencia de preparación y estudios de los sectores excluidos que utilizan el crimen como medio de resistencia. Pero no se trata de que no tengan aspiraciones políticas ni de que sea un fenómeno limitado. En solo América Latina, según datos presentados en una conferencia en la Universidad de Chicago sobre la materia, 27 millones de personas viven bajo alguna forma de gobierno criminal. Es decir, bajo organizaciones criminales como maras, combos o carteles que les proveen justicia y protección de manera parcial y, a veces, total.

La falta de un discurso la suplen entonces con una situación de facto: la de ser gobierno al margen del Estado. Es así como cientos de miles de jóvenes de comunidades excluidas han encontrado mecanismos más efectivos que las típicas insurgencias marxistas de acceder al poder y a rentas económicas.

No es el propósito aquí idealizar, mucho menos legitimar, estas organizaciones. Sin embargo, sí resaltar que en un futuro inmediato serán la forma más común de resistencia política armada con que tropezarán los Estados en la región.

GUSTAVO DUNCAN https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/gustavo-duncan/resistencia-gustavo-duncan-288394

40.18.-REGALÍAS ESTRATÉGICAS – Jorge Iván González

La distribución de las regalías debe ser modificada de manera sustantiva. El cambio constitucional que se hizo en el 2011 buscó que las regalías llegaran a un gran número de municipios, evitando que siguieran concentradas en las regiones productoras.Este propósito se consiguió. De acuerdo con las evaluaciones realizadas por el DNP y el Ministerio de Hacienda las regalías efectivamente se distribuyeron a lo largo del territorio nacional. 

26 oct 2018.- Pero este logro distributivo tuvo un altísimo costo, que ha sido la dispersión de los recursos en unos 13.000 proyectos. La abundancia de pequeños proyectos no ha permitido que se realicen inversiones estratégicas, enmarcadas en una visión de largo plazo.

El manejo que se ha hecho de los excedentes de la bonanza ha sido totalmente equivocado, como lo denunció, con toda razón, el excontralor Maya. En su opinión, la dispersión no ha permitido que las regalías contribuyan a sembrar la bonanza. Las regiones productoras continúan comportándose como economías de enclave.

La enfermedad holandesa aumentó la importación de alimentos básicos y el aparato industrial sigue raquítico. Desde el punto de vista institucional, concluye Maya, los Órganos colegiados de administración y decisión (Ocad) han fracasado.

El anuncio de una nueva bonanza vuelve a poner en primer plano la discusión sobre la forma en cómo se deben distribuir las regalías. Las primeras estimaciones indican que el monto disponible podría ser de $20 billones. Y existe el peligro inminente de que estos recursos continúen desaprovechándose.

Los municipios productores están buscando que en la nueva distribución a ellos les asignen 50% del total de regalías. Preocupa que esta petición no se enmarque en una mirada de largo plazo, basada en una premisa fundamental: las regalías tienen que financiar pocos proyectos estratégicos que, por su naturaleza, favorezcan el desarrollo nacional y que tengan impacto en la productividad local y en el bienestar de sus habitantes. Si las regalías se destinan a financiar proyectos estratégicos, en el mediano plazo las regiones serán las más beneficiadas.

Se podrían articular cinco grandes proyectos estratégicos. El primero sería la modernización del Igac con $3 billones. El mejor negocio para todos los municipios del país es la actualización de los avalúos catastrales. Los recursos propios aumentarán en un plazo muy breve.

Y en tales circunstancias, se les podría asignar a los departamentos, de manera permanente, dos o tres puntos del predial. En los municipios pequeños con baja capacidad institucional, el cobro del predial debe ser realizado por alguna instancia nacional.

El segundo sería acueducto. Los municipios sin acueducto o con problemas de acueducto tendrían la obligación de darle prioridad a esta inversión. El tercero sería la puesta al día de la infraestructura de todas las escuelas del país, comenzando por las rurales.

El cuarto serían las carreteras terciarias. Y el quinto la atención de la biodiversidad, especialmente en el Pacífico y el Amazonas. La definición de las prioridades en ciencia y tecnología deben nacer de una comisión científica y no del Ocad.

Los cambios son urgentes porque las regalías se pueden seguir despilfarrando. Afortunadamente, la directora del DNP, Gloria Alonso, entiende bien la necesidad de priorizar proyectos estratégicos, como bien lo expreso cuando era vicecontralora de Maya.

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/regalias-estrategicas-2786405

39.18.- UNA CRISIS DESPERDICIADA – Salomón Kalmanovitz

La Gran Depresión de los años 30 tuvo consecuencias políticas e ideológicas profundas. Indujo el triunfo del nazismo en Alemania y del fascismo en Japón, pero también el recambio en Estados Unidos a favor del partido demócrata y al Nuevo Trato de Franklin Roosevelt. En todos ellos se potenció la intervención estatal, que fue fundamental para sacarlos de la larga recesión en que cayeron después de la implosión de 1929. La crisis también catalizó la profesión económica, que fue desafiada por un nuevo paradigma.

22 oct 2018.- La idea de que el sistema capitalista funcionaba armónicamente y en equilibrio perpetuo fue cuestionada por John Maynard Keynes, quien desarrolló una teoría más acorde con el comportamiento observado del sistema: crisis económicas y financieras recurrentes, desempleo a veces desbordado de hombres y máquinas, destrucción de valor a todo lo largo y ancho del planeta. Keynes sentó las bases de la macroeconomía moderna y de las cuentas nacionales que hoy permiten auscultar el crecimiento y la salud de las economías de todos los países del mundo.

En 2008 estalló una grave crisis financiera que precipitó sendas recesiones en Estados Unidos y Europa, obligando a la intervención masiva de los gobiernos para salvar al sistema bancario regular y a la banca de inversión que fue aventurera en el diseño de nuevas y peligrosas herramientas financieras. La ingeniería financiera se inventó derivados nocivos que precipitaron la ruina del sistema inmobiliario y la quiebra de multitud de entidades y personas. Al sistema se le permitió prestar dinero a familias que no tenían capacidad de pago, conociendo que el gobierno vendría a salvarlo, igual que sucedió con los “bonos de agua” en Colombia, aunque las familias perdieron sus viviendas y los municipios sus acueductos. Gracias a las enseñanzas que legaron la Gran Depresión y el keynesianismo, la crisis fue superada tras varios años de penuria, no sin dejar profundas heridas en el cuerpo social de desempleo crónico y de empobrecimiento.

Las consecuencias esta vez fueron distintas: avanzó la derecha política sobre Estados Unidos y en muchos países de Europa y se fortalecieron las instituciones económicas y las teorías responsables del desastre. La teoría de la eficiencia de los mercados que informa que las crisis financieras son imposibles sigue impávida. La teoría de las expectativas racionales que dice que las personas actúan siempre optimizando su bienestar sigue en pie, como si no hubieran sido masivamente estafadas. La ingeniería financiera, con toda su capacidad de hacerle daño al cuerpo social, continúa prosperando, como lo prueba la preeminencia de la banca de inversión y su influencia sobre las políticas públicas en Estados Unidos y con el ministro Carrasquilla en Colombia.

Un libro reciente de Philip Mirowski, que se puede traducir como Nunca dejes que una grave crisis económica se desperdicie: de cómo el neoliberalismo sobrevivió al colapso financiero, cuenta precisamente esta historia. Los mandarines de la economía en Estados Unidos hicieron caso omiso de cómo se habían equivocado de manera sistemática antes y después de la crisis reciente; reinan en las facultades más prestigiosas del mundo, donde rehúsan enseñar historia para ocultar lo ocurrido: pérdidas enormes en bienestar de las poblaciones y miseria por doquier, pero siguen defendiendo la ausencia de regulación financiera, los bajos impuestos y la penuria pública.

https://www.elespectador.com/opinion/una-crisis-desperdiciada-columna-819201

Nota Altereco.- Si bien es cierto, algunas precauciones montó Obama; pero la cuerda va más lejos. La OECD nacida como coordinadora del Plan Marshall y ahora tanque de pensamiento de los siete grandes y de los trece restantes es la lideresa de la política de globalización. Los siete grandes tienen el 80% de las empresas multanacionales que cubren el planeta tierra. La idea es que lo administren, lo exploten y lo provean, pasando de largo sobre los Estados intervencionistas ahora librecambistas. Y así ha sido; pero lo que no estaba planeado es que las dichas empresas migraran en bloque a países como China, India y Vietnan con bajos salarios, pero con el requisito de exportar. No hay mercado externo mejor que el suyo propio. Así se consolidó el creciente déficit comercial de los Estados Unidos. La diferencia entre Beni Sanders y Trump es que el primero inculpa a Wall Street y el segundo a China. Colisión interpretativa entre socialistas y nacionalistas. Pero ahora il confronto gordiano está allí, tras el impune 2008. bg.

38.18.-FINANCIACIÓN CONTINGENTE AL INGRESO – Jorge Iván González

Dada la baja presión fiscal que existe en Colombia, los recursos de las universidades públicas tienen que ser complementados con una financiación contingente al ingreso (FCI). Puesto que el país no ha logrado consolidar un sistema tributario progresivo, es necesario buscar alternativas.

En Colombia la presión tributaria es muy reducida. Los ingresos del Gobierno Central Nacional apenas representan 16% del PIB. Este porcentaje es de 24% en América Latina, y considerablemente más alto en los países desarrollados. En el panorama internacional el tamaño del Estado en Colombia es relativamente pequeño. No es extraño, entonces, que la educación pública esté desfinanciada.

12 oct 2018.- Y en el campo de la educación superior, de 310 instituciones que existen actualmente, 72,6% son privadas y 27,4% oficiales. La falta de alternativas educativas para los jóvenes es preocupante. Mientras que en Colombia 26% de la población entre 25 y 34 años de edad ha alcanzado algún nivel de educación terciaria, en los países de la Ocde la relación es de 41%.

Los egresados de las instituciones de educación superior públicas y de programas como Ser Pilo Paga, una vez que en su vida profesional obtengan un nivel de ingresos suficiente para ser contribuyentes del impuesto a la renta, deben pagar, total o parcialmente, la formación que recibieron.

En los sistemas de crédito convencionales (CC) se fija el plazo para pagar la deuda, y la tasa de interés determina el valor de la mensualidad. En la financiación contingente al ingreso, el deudor paga un porcentaje de su ingreso hasta que termina de cumplir con la obligación, así que el período de amortización es variable, y no existe una tasa de interés predeterminada.

Mientras que en el CC la variable más importante es la tasa de interés, en la FCI el punto de referencia es el ingreso, y el único valor fijo es el porcentaje del ingreso que la persona debe pagar. Si el ciclo del mercado laboral reduce los ingresos del egresado, se amplía el plazo de pago.

Al mantener constante el peso de los pagos con respecto al ingreso, se minimiza su impacto negativo sobre el nivel de consumo. En el CC los cambios en la tasa de interés inciden en el valor de la deuda, y afectan directamente la capacidad de pago del egresado.

En la FCI la tasa de interés permite calcular el valor presente neto de la deuda, pero no afecta la calidad de vida del egresado porque la tarifa que determina el pago está atada al ingreso. La FCI protege contra las fluctuaciones erráticas de los mercados de capitales.

En la FCI el período de pago cambia de acuerdo con el ingreso de cada persona. De todas maneras, se fija un período máximo de pago, por ejemplo 15 años. Si durante este lapso el egresado no alcanza a amortizar toda la deuda, el saldo restante se cancela.

La ley 1911 de 2018 dio un primer paso hacia la FCI pero no avanza lo suficiente. La FCI tiene varias virtudes: favorece la equidad, la calidad, la cobertura y, además, no sesga la elección de la carrera.

El estudiante elije la profesión que responde a su vocación, y no la que considera más rentable, como sucede con el CC. Los recursos obtenidos a través de la FCI deben volver a las instituciones de educación superior públicas para complementar las transferencias ordinarias. Y su distribución entre las entidades se puede realizar en función de indicadores de calidad.

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/financiacion-contingente-al-ingreso-2781085

38.18.-EL «IMPUESTO AL SOL» ESTÁ OFICIALMENTE MUERTO: EL GOBIERNO RECONOCE EL DERECHO A AUTOCONSUMIR SIN PEAJES NI CARGO – Javier Jiménez

El Gobierno de España acaba de anunciar que ha derogado el llamado «impuesto al sol», la normativa que permitía hacer peajes y cargos al autoconsumo eléctrico. Además, con el real decreto-ley de medidas contra la pobreza energética que acaba de aprobar se han retirado otras barreras que dificultaban el desarrollo del autoconsumo en el país.

«Por fin este país se libra del gran absurdo del que se han mofado expertos internacionales», ha declarado Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Hoy apenas hay un millar de autoconsumidores, frente al más de un millón que existe en Alemania. Eso sí, reanimar el autoconsumo no será sencillo.

Ahora lo difícil: reanimar el autoconsumo

Ya hace más de un año que el Parlamento hizo su último intento por reanimar el autoconsumo. Infructuosamente. Ahora el Ministerio para la Transición Ecológica, ha presentado un paquete de medidas para impulsar el desarrollo del autoconsumo con la idea de «garantizar a los consumidores el acceso a alternativas más baratas y respetuosas».

Las eléctricas de siempre son las que te quieren vender las placas solares de casa, incluso para autoconsumo

Pero sobre todo, el Ministerio parece haber entendido que el autoconsumo es una herramienta clave para generar mayor independencia energética en un momento en que la independencia energética de España está manifestándose como nunca en el precio del recibo de la luz.

En el real-decreto se incluyen también cosas como simplificar los trámites burocráticos y técnicos, eliminar la inscripción obligatoria en el registro de producción de energía para instalaciones no superiores a 100 kilovatios y reconocer el derecho al autoconsumido compartido. Esto último es especialmente importante porque el 66,5% de los españoles vive en bloques de pisos.

https://www.xataka.com/energia/impuesto-al-sol-esta-oficialmente-muerto-gobierno-reconoce-derecho-a-autoconsumir-peajes-cargo

37.18.-EL PLAN DE DESARROLLO DE IVÁN DUQUE – Bernardo García

Solo dos tipos de planes se salvaron de la debacle. Uno, los planes de desarrollo de economía mixta, en que los gobiernos se trenzan con empresas privadas para lograr grandes objetivos de desarrollo. Son de la estirpe del Big Push teorizado por Rosenstein Rodan, cuyas múltiples industrias complementarias y derivadas logran provocar el despegue industrial descrito por take off de WW.Rostow. En los años sesenta y bajo los auspicios de la Alianza para el Progreso, muchos países emprendieron con éxito esos planes de “Sustitución de importaciones”. Colombia coronó su Plan decenal industrial (1960-70) y luego se embarcó en un Plan de urbanización y vivienda, también de envergadura, pero  luego cayó en proyectos dispersos sin levantar vuelo industrial. México, Brasil y los países del Sudeste asiático perseveraron en la década del setenta y marcaron su take off industrial. Los demás permanecen en la industria del ensamblaje, ni siquiera de maquila porque no es reexportable.

El segundo tipo de planes vigentes por su eficacia es el practicado por las grandes corporaciones multinacionales. Es una planeación estratégica empresarial. Es quizá más rigurosa que los planes de desarrollo de economía mixta y pueden tener una gran envergadura internacional sobre todo cuando se trata de conquista y consolidación de mercados. La globalización ha obligado al mundo empresarial a diseñar estrategias muy precisas y sofisticadas para llevar ventaja en el fuero de la competitividad. Los inversionistas exigen cada vez más el carácter claro, conciso, concreto e informativo de los planes empresariales a largo plazo. La temática introducida en la planeación estratégica por Michael Porter implica mayores esfuerzos en identificar el contexto en que se moverán las futuras inversiones, es decir los cuatro mercados de su diamante: de productos, de proveedores, de fuerza de trabajo y de productos sustitutos.

LA DEBACLE

Con el advenimiento del neoliberalismo, la planeación entró en el “camino de la esclavitud soviética” que habrían pronosticado sus fundadores: F. von Hayek y L. von Mises. Algunos países perfeccionaron su sistema de planeación mediante una mejoría en su personal. La aplicación de los “principios burocráticos weberianos” en cuanto reclutamiento de funcionarios por meritocracia, niveles de profesionalización y autonomía, carreras especiales de administración pública, ha permitido reducir los comportamientos anómalos.

Pero tras el Consenso de Washington la mayoría de los gobiernos migro hacia la simple racionalización de los Presupuestos públicos. Tales planes presupuestales y estrictamente reducidos al sector público se siguen llamando impropiamente Planes de Desarrollo Económico y Social. En tales presupuestos, el gobierno puede jugar con bastante agilidad en la satisfacción de reivindicaciones regionales o de partido político. En el manejo de este clientelismo, Colombia es uno de los países más brillantes en la especialidad. En efecto, el severo ejercicio de 20 años de Frente Nacional, con presidencia rotativa, parlamento paritario, puestos y presupuestos en sana repartija, creó un hábito cultural muy firme.

LAS PROMESAS ELECTORALES

Desechados desde 1974 los planes indicativos de economía mixta, salvo dos planes merecen un reconocimiento por su impacto: el Plan de Integración Nacional PIN del presidente Turbay y el Salto social contra la pobreza del presidente Samper. El primero de gran envergadura en obras de infraestructura con un endeudamiento externo considerable, pero sostenible. El segundo de un impacto social innegable por la creación de instituciones como el Sisbén y sus actividades. El pronóstico para el gobierno del presidente Duque parece que bien adecuadas las promesas electorales /1, la colcha de retazos del Plan puede que no desempantane la economía, pero si puede prestarle al gobierno un clima de gobernabilidad. Con los gobiernos eunucos del Consenso de Washington, eso es lo que se espera.

1/ Las promesas electorales del presidente Duque están sistemáticamente ordenadas para su consulta en

https://www.ivanduque.com/propuestas 

36.18.-ASÍ ESTÁ EL MERCADO DEL PETRÓLEO – Marc Fortuño

SUBEN LOS PRECIOS Y EEUU BATE RÉCORDS DE PRODUCCIÓN

Aquellos que repitieron mil veces la teoría del «peak oil», se equivocaron radicalmente. Hoy los precios del petróleo se encuentran relativamente bajos y uno de los datos más sorprendentes es que Estados Unidos ha conseguido superar los 10 millones de barriles diarios, una cifra no vista desde 1970.

El fracking lo ha cambiado todo y cada vez más se reduce el poder del cártel de la OPEP que durante años controlaba el precio del petróleo, con el objetivo de maximizar la recaudación en sus arcas públicas por la comercialización del crudo.

12 feb 2018.- Tendencia alcista de los precios del petróleo en los últimos dos años

Tanto en el año 2016 como en el 2017, los precios de Brent subieron. Tras el hundimiento de los precios del crudo, las cotizaciones subieron un 52,41% en el año 2016 y un 17,69% en 2017. Actualmente, en lo que va de año, si bien los precios del Brent subieron hasta situarse por encima de los 70 dólares, desde finales de enero, los precios han corregido un 11,50% hasta situarse en los 62,79 dólares.

La OPEP y Rusia acordaron en noviembre de 2016 unos recortes de 1,8 millones de barriles diarios que se extienden hasta finales de 2018. La OPEP debía recortar 1,2 millones de barriles para alcanzar el objetivo de 32,5 millones de barriles, siendo Arabia Saudí quién asumía el mayor recorte.

Para la OPEP, está decisión fue muy amarga. De hecho, los ingresos por exportaciones se redujeron a 450.000 millones de dólares en 2016, lo que supuso un descenso de 1.000 millones de dólares en comparación con el año anterior de 1,2 billones de dólares en 2012, lo que ocasionó importantes tensiones en el ámbito presupuestario.

Como veremos a continuación, a medida que la OPEP recorta producción para reducir inventarios e incrementar precios, se produce un incentivo… Más fracking en Estados Unidos!!

Estados Unidos supera los 10 millones de barriles por día

En noviembre del año pasado se produjo un hito histórico para el sector petrolífero en Estados Unidos, al alcanzar una producción de petróleo de 10,038 millones de barriles por día (bdp), gracias a un efecto combinado de aumento de los precios y las reducciones de los costes de producción.

La producción de noviembre de 2017 estaba a punto de alcanzar el récord de 10,044 millones dde bdp alcanzado en noviembre de 1970.

¿Cómo lo ha conseguido Estados Unidos? La producción del fracking –fracturación hidráulica y perforación horizontal– alcanzó los 5,09 millones de barriles por día en noviembre, eclipsando el pico anterior de 4,7 millones de bdp en marzo de 2015 y está tecnología ya representa cerca del 51% de la producción total de Estados Unidos.

Para Estados Unidos, la abundancia de energía doméstica significa una disminución de las importaciones, el aumento de la autosuficiencia, el crecimiento económico y un mayor posicionamiento de la geopolítica internacional que, a día de hoy, sigue dominada por la capacidad de producir petróleo.

Esto desafía claramente a Arabia Saudí y Rusia por el dominio del mercado mundial de crudo. Se espera que las explotaciones estadounidenses rompan la marca de los 11 millones de barriles a finales de este año.

Con esta tendencia, se aprecia como las importaciones de petróleo de países extranjeros se están reduciendo a nuevos mínimos y las exportaciones de crudo estadounidense están aumentando. El déficit comercial del petróleo en Estados Unidos fue de 2,5 millones de bpd al final del año.

La era del petróleo aún le queda cuerda

Con los Estados Unidos representando el 80% del aumento de la oferta mundial de petróleo hasta el 2025 y manteniendo la presión a corto plazo sobre los precios a la baja, los consumidores del mundo no están aún preparados para decir adiós a la era del petróleo.

La realidad del petróleo es que se está a punto de pasar de una era de escasez e incertidumbre a otra de abundancia y estabilidad. Gracias al auge de la producción estadounidense de gas natural y petróleo y a una industria moderna y tecnológicamente avanzada que es capaz de aprovechar esa riqueza.

Las proyecciones presentes es que hasta mediados de los años 2020, el crecimiento de la demanda seguirá siendo sólida pero se desacelera notablemente a partir de entonces, a medida que la mayor eficiencia y el coche eléctrico incremente sus adeptos se reducirá el uso de los derivados del petróleo en lo vehículos -aunque el parque automovilístico mundial se duplicará desde hoy para alcanzar los 2.000 millones de vehículos en 2040-.

El uso del petróleo para producir petroquímicos es la mayor fuente de crecimiento, seguido de cerca por el aumento del consumo de camiones (las políticas de eficiencia energética cubren el 80% de las ventas globales de automóviles hoy en día, pero sólo el 50% de las ventas globales de camiones), de la aviación y del transporte marítimo.

Con estas premisas, es difícil volver a ver un petróleo disparado como en años anteriores y que el bolsillo de los consumidores sufría cada vez que íbamos a repostar. De hecho, un cambio más rápido a los coches eléctricos mantendría los precios del petróleo más bajos por más tiempo.

https://www.elblogsalmon.com/sectores/suben-los-precios-y-eeuu-bate-records-de-produccion-asi-esta-el-mercado-del-petroleo

35.18.- LA GRAN RECESIÓN DE 2008 – Eduardo Sarmiento

Hace diez años se presentó la gran recesión mundial. La crisis creó escepticismo sobre el estado de la ciencia económica y de su aplicación al mundo real.

Después de la depresión de los años 30 se lograron grandes avances en el área macroeconómica e incluso se alcanzaron consensos sobre su aplicación. Se consideraba que fenómenos como los de la depresión de los años 30 no se volverían a repetir y que, en cualquier caso, los países por su cuenta podían garantizar el equilibrio macroeconómico en términos de mantener la máxima producción y el empleo dentro de la estabilidad de precios y cambiaria.

22 sep 2018.- En la teoría dominante, que se encuentra en todos los libros de texto, la tasa de interés conduce al balance interno, representado por la igualdad entre el ingreso nacional y el gasto, y al balance externo, definido como la relación entre el déficit en cuenta corriente y el acceso a su financiación. De allí se proclama que la trilogía del banco central autónomo para fijar la tasa de interés, el tipo de cambio flexible y la austeridad fiscal garantiza el pleno empleo y la estabilidad de la balanza de pagos.

El mundo idealizado fue desvirtuado por la realidad. Debido a la globalización, los países, en particular los desarrollados, se precipitaron en excesos de ahorro y tasas de interés cero. Se configuró un mundo de excesos de ahorro en que todos los países no caben. Inevitablemente, aparece un grupo de países con exceso de ahorro que limita la producción y el empleo y déficits en cuenta corriente
infinanciables.

La primera manifestación se vio en Estados Unidos. El cuantioso déficit en cuenta corriente con China ocasionó un exceso de ahorro que lo precipitó en caída libre, que se extendió como la pólvora. En todos los lugares del universo se presentaron caídas notables del producto nacional. La política monetaria de tasas de interés se tornó ineficiente. La baja de la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal y la entrega masiva de recursos de los bancos de inversión no tuvo mayor impacto. Tal como lo señalamos en esa época, la salida de la crisis se logró con la ampliación de los déficits fiscales y su financiación con emisión. La receta fue impecable. Su aplicación en los países desarrollados provocó la recuperación mundial en menos de un año.

Luego, la recaída de Estados Unidos y Europa reforzó el diagnóstico. Ambos encontraron que la recuperación sostenida solo se podía lograr con déficit fiscal financiado con emisión. Acudieron sin contemplaciones a la facilitación cuantitativa, que no es otra cosa que la adquisición de los bonos del tesoro antes del período de maduración. El dispositivo alcanzó el doble propósito de reducir el déficit en cuenta corriente y disminuir el exceso de ahorro, y en corto plazo consolidó la recuperaron sostenida.

Por exclusión de materia, el exceso de ahorro mundial queda por cuenta de los países emergentes, entre los cuales se destacan las naciones grandes de América Latina. En general se ven abocadas a desequilibrios de balanza de pagos ocasionadas por los países desarrollados y excesos de ahorro por la tasa de interés cero. Las autoridades económicas disponen de un solo instrumento, la política fiscal y monetaria combinada para alcanzar dos objetivos: el balance interno y el balance externo, lo cual no es posible. Los sistemas no disponen de la discrecionalidad para alcanzar la máxima producción y empleo.

Está visto que el equilibrio mundial no resulta de las acciones individuales. Es necesario algún tipo de acuerdo para reducir los superávits en cuenta corriente de los países de mayor tamaño, mejorar las condiciones comerciales y cambiarias de los de menor tamaño, y reducir el exceso de ahorro mundial. De otra manera, el mundo quedaría expuesto a repetir la historia de 2008.

 https://www.elespectador.com/opinion/tributacion-gasto-publico-y-reactivacion-columna-812362

34.18.-El Estado regresa al primer plano: Estrategias de análisis en la investigación actual – Theda Skocpol**

 En la última década ha tenido lugar un súbito aumento del interés por el “Estado” en las ciencias sociales comparativas, Ya sea como objeto de investigación o como algo a lo que se recurre para explicar consecuencias de interés, el Estado en calidad de actor o de institución viene ocupando un lugar destacado en una extraordinaria profusión de estudios de investigadores de diversas tendencias técnicas procedentes de todas las disciplinas importantes. La gama de los temas estudiados ha sido muy amplia. Investigadores de América Latina, África y Asia han examinado el papel de los Estados en la configuración del desarrollo económico nacional y la negociación con las grandes compañías multinacionales1. Los estudiosos interesados

** En: Grompone, Romeo (editor), Adrianzén, Alberto; Cotler, Julio; López, Sinesio (Compiladores).

Instituciones políticas y sociedad. Lecturas introductorias. IEP, Lima, 1995. pp. 92-129.

* “Bringing the State back in strategies of analysis in current research”, introducción a B Evans, D. Rueschemeyer y T. Skocpol (comps.), Bringing the State Back in, Cambridge University Press, 1985, pp. 3-43. Traducción de Fabián Chueca.

Este texto es una revisión de “Bringing the State back in: false leads and promising starts in current theories and research”, preparado inicialmente para una conferencia del Social Science Research Council titulada “States and social structures: research implications of current theories”, celebrada en el Seven Spring Center Mt. Kisco Nueva York, del 25 al 27 de febrero de 1982. Los debates de la conferencia me resultaron de gran utilidad. Posteriormente, las reacciones de Pierre Bimbaum, David Easton, Harry Eckstein, Kenneth Finegold y Eric presentada en la conferencia, al igual que el acceso a ejemplares, previos a su publicación, del ensayo de Stephen Krasner “Review articles: approaches to the State; alternative conceptions and historical dynamics”, Comparative Politics, 16, 2 enero de 1984, pp. 223-46, y el ensayo de Roger Benjamin y Raymond Duvall titulado: “The capitalist State in context”, de próxima publicación en R. Benjamin y S. Elkin (comps). The democratic State, Lawrence, University of Kansas Press, 1985. Sobre todo, estoy agradecida intelectualmente a los debates e intercambios de memorandos con todos mis compañeros del Comité del Social Science Research Council sobre Estados y estructuras sociales: Peter Evans, Albert Hirschmann, Peter Karzentein, Ira Katznelson, Stephen Krasner, Dietrich Rueschemeyer y Charles Tilly.

1 Entre los ejemplos importantes figuran Alice Amsdem, “Taiwan’s economic history: A case of statism a challenge to dependency theory”, Modern China 5, 1979, pp. 341-380; Pranab Bardhan,“The State, classes and economic growth in India”, 1982-83 Radhakrishnan Memorial Lectures, All Souis College, Oxford; Douglas Bennett y Kenneth Sharpe, “Agenda setting and bargaining power: The Mexican State versus transnational automobile corporations”, World Politics 32, 1979, pp. 57-89; Peter B. Evans, Dependent development: The alliance of multinational, State, and local capital in Brazil, Princeton University Press, Princeton, N.J. 1979; Nora Hamilton, The limits of State autonomy: Post revolutionary México, Princeton University Press, Princeton, N.J.1982; Steven Langdon, Multinational corporations in the political economy of Kenya, MacMillan, Londres 1981; Hyun-chin Lim, “Dependent development in the world system: The case of South Korea, 1963-1979”, tesis doctoral, Universidad de Harvard 1982; Richard Sklar, Corporate power in an African State: The political impact of multinational mining companies in Zambia, University of California Press, Berkeley 1975; Alfred Stepan, The State and society: Peru in comparative perspective, Princeton University Press, Princeton, N.J.; y Ellen Kay Trimberg, Revolution

en las democracias industriales avanzadas de Europa, Norteamérica y Japón han ahondado en la participación de los Estados en el desarrollo de programas sociales y en la resolución de los problemas económicos nacionales e internacionales2. Los investigadores de historia comparativa han examinado la formación de los Estados nacionales, la desintegración y reconstrucción de los Estados en las revoluciones sociales, y la influencia de los Estados en la formación de las clases, las relaciones étnicas, los derechos de la mujer y las formas de protesta social3,

from above: Military bureaucrats and development in Japan, Turkey, Egypt and Peru, Transation Books, Nueva Brunswick, N.J. 1978.

2 Entre los ejemplos importantes figuran Douglas Ashford, British dogmatism and French pragmatism: Central-local policymaking in the modern Welfare State, Allen & Unwin, Londres 1983; Pierre Bimbaum, The heights of power: An essay on the power elite in France, traducción Arthur Goldhammer, University of Chicago Press, Chicago 1982; David Cameron, “The expansions of the public economy: A comparative analysis”, American Political Sciencia Review 72, 1978, pp. 1243-1261; Kenneth Dyson y Stephen Wilks (comps.), Industrial crisis: A comparative study of the State and industry, St. Martin’s Press, Nueva York 1983; Peter Hall, “Policy innovation and the structure of the State: The politics-administration nexus in France and Britain”, Annals of the American Academy of Political and Social Science 466, 1983, pp. 43- 59; Peter A. Hall, “Patterns of economic policy among the European states: An organizational approach”, en Stephen Bornstein, David Held y Joel Krieger (comps.), The State in capitalist Europe, Allen & Unwin, Londres; Hugh Heclo, Modern social politics in Britain and Sweden, Yale University Press, New Haven, Conn. 1984; Chalmers Johnson, MITI and the Japanese miracle: The growth of industrial policy, 1925- 1975, Stanford University Press, Stanford, Calf. 1982; Peter Katzenstein (comp.), Between power and plenty: Foreign economic policies of advanced industrial states, University of Wisconsin Press, Madison 1978; Steven Kelman, Regulating America, regulating Sweden: A comparative study of occupational health and safety policy, MIT Press, Cambridge, Mass. 1981; Stephen D. Krasner, Defending the national interest: Raw materials investments and U.S. foreign policy, Princeton University Press, Princeton, N.J. 1978; Theodore J. Lowi, “Public policy and bureaucracy in the United States and France”, en Douglas E. Ashford (comp.), Comparing public policies: New concepts and methods, vol. 4 de Sage yearbooks in politics and public policy, Sage, Beverly Hills, Calif. 1978, pp. 177-196; Leo Panith (comp.), The Canadian State: Political economy and political power, University of Toronto Press, Toronto 1977; Theda Skocpol y John Ikenberry, “The political formation of the American Welfare State in historical and comparative perspectives”, Comparative Social Research 6, 1983, pp. 87-148; S. Tolliday y J. Zeitlin (comps.), Shop floor bargaining and the State: Historical and comparative perspectives, Cambridge University Press, Cambridge y Nueva York 1984; y John Zysman, Political strategies for industrial order: State, market and industry in France, University of California Press, Berkeley 1977.

3 Entre los ejemplos más importantes figuran Michael Adas, “From avoidance to confrontation: Peasant protest in precolonial and colonial Southeast Asia”, Comparative Studies in Society and History 23, 1981, pp. 217-247; Bertrand Badje y Pierre Birnbaum, The sociology of the State, traducción Arthur Goldhammer, University of Chicago Press, Chicago 1983; Pierre Birnbaum, “States, ideologies, and collective action in Western Europe”, Social Science Journal 32, 1980, pp. 671-686; Jose Murillo de Carvalho, “Political elites and States building: The case of nineteenth century Brazil”, Comparative Studies in Society and History 24, 1981, pp. 378-399; Mounira Charrad, “Women and the State: A comparative study of politics, law, and the family in Tunisia, Algeria and Morocco”, tesis doctoral, Universidad de Harvard 1980; Daniel Chirot, Social change in a peripheral society: The creation of a Balkan colony, Academic Press, Nueva York 1976; Stanley B. Greenberg, Race and State in Capitalist development, Yale University Press, New Haven, Conn. 1980; Michael Hechter, Internal colonialism: The Celtic fringe in British national development, 1536-1966, University of California Press, Berkeley 1975; Ira Katznelson, City trenches: Urban politics and the patterning of c1ass in the United States, Pantheon Books, Nueva York 1981; Joel S. Migdal, Peasant, politics and revolution: Pressures toward political and social change in the Third World, Princeton University Press, Princeton, N.J. 1974; Gianfranco Poggi, The development of the modern State: A sociological introduction, Stanford University Press, Stanford, Calif. 1978; Joseph Rothschild, Ethnopolitics: A conceptual framework, Columbia University Press, Nueva York 1981; Theda Skocpol, States and social revolutions: A comparative analysis of France, Russia and China, Cambridge University Press, Cambridge y Nueva York 1979; Stephen Skowronek, Building a new American State: The expansion of national administrative capacities, 1877-1920, Cambridge University Press, Cambridge y Nueva York 1982; Ezra N. Suleiman, Politics power and bureaucracy in France: The administrative elite, Princeton University Press, Princeton, N.J. 1974; Charles Tilly (comp.), The formation of national-States in Western Europe, Studies in Political Development N° 8, Princeton University Press, Princeton, N.J. 1975;  y Charles Tilly, The contentious French, Harvard University Press, Cambridge.

historia económica y de la economía política han teorizado sobre los Estados como creadores de los derechos de propiedad y como reguladores y distorsionadores de los mercados4. Y los antropólogos culturales han estudiado los significados y las actividades especiales de los “Estados” en marcos no occidentales5.

Estos estudios diversos no han estado vinculados por ningún programa de investigación o teoría general explícitamente compartida. Sin embargo, en este ensayo argumentaré que en muchos de ellos se ha registrado una convergencia implícita de las estrategias de análisis y los razonamientos complementarios. La mejor forma de alcanzar ese objetivo es explorar los problemas abordados en una serie de estudios comparativos e históricos que han considerado a los Estados como factores importantes y han profundizado en la forma en que los Estados influyen en los procesos políticos y sociales a través de sus políticas y de sus relaciones con los grupos sociales. No obstante, en primer lugar es conveniente subrayar la reorientación paradigmática implícita en la frase “El Estado regresa al primer plano”6.

De las teorías centradas en la sociedad al renovado interés por los Estados 

No puede negarse que se está operando un notable cambio intelectual, porque no hace mucho las teorías y los programas de investigación dominantes de las ciencias sociales rara vez hablaban de los Estados. Esto era cierto incluso -o quizás debamos decir especialmente- cuando estaban en juego la política y la elaboración de la política pública. Pese a algunas excepciones importantes, las formas de explicar la política y las actividades gubernamentales centradas en la sociedad eran características sobre todo de las perspectivas pluralistas y estructural-funcionalistas predominantes en la ciencia política y la sociología de Estados Unidos en las décadas del 50 y del 607. En estas perspectivas, el Estado era considerado como un concepto

4 Véase especialmente Douglas C. North, “A framework for analyzing the State in economic history”, Explorations in Economic History 16, 1979, pp. 249-259; Douglas C. North, Structure and change in economic history, Norton, Nueva York 1981 (Estructura y cambio en la historia económica, Alianza, Madrid 1984); y Robert H. Bates, Markets and States in tropical Africa: The political basis of agricultural policies, University of California Press, Berkeley 1981.

5 Véase especialmente Clifford Geertz, Negara: The theatre State in nineteenth-century Bali, Princeton University Press, Princeton, N.J. 1980.

6 Los sociólogos pueden advertir que el título de este capítulo se hace eco del título del discurso presidencial de George C. Homans de 1964 ante la American Sociological Association: “Bringin men back in”. Naturalmente, los temas son completamente distintos, pero hay una afinidad de aspiración a explicaciones basadas en proposiciones sobre las actividades de grupos concretos. Esto contrasta con la aplicación de abstracciones conceptuales analíticas, característica de ciertas “teorías” estructural- funcionalistas o neomarxistas.

7 Entre las excepciones más importantes figuraban el innovador libro de Samuel Huntington, centrado en el Estado, Political order and changing societies, Yale University Press, New Haven, Conn. 1968; los antiguo, asociado a tediosos estudios jurídico-funcionalistas de principios constitucionales de ámbito nacional. Los conceptos alternativos eran juzgados más compatibles con las investigaciones científicas generalizadoras8. El “gobierno” era considerado primordialmente como un terreno en el que los grupos de interés de carácter económico o los movimientos sociales normativos contendían o se aliaban entre sí para configurar la adopción de decisiones sobre política pública. Se entendía que esas decisiones eran repartos de beneficios entre los grupos que los reclamaban. La investigación se encontraba en las “aportaciones” de las sociedades al gobierno y en los efectos distributivos de las contribuciones gubernamentales. El propio gobierno no era tomado muy en serio como actor independiente y, en la investigación comparativa, las variaciones en las organizaciones gubernamentales se juzgaban menos significativas que las “funciones” generales compartidas por los sistemas políticos de todas las sociedades.

Como ocurre con frecuencia en la vida intelectual, los paradigmas pluralistas y estructural-funcionalistas fomentaron investigaciones que llevaron a nuevas preocupaciones por fenómenos a los cuales en un principio habían restado importancia conceptualmente. Cuando los pluralistas se centraban en los factores determinantes de decisiones concretas de política pública, comprobaban a menudo que los dirigentes gubernamentales tomaban iniciativas que iban mucho más allá de las demandas de los grupos sociales o los electorados o comprobaban que los organismos gubernamentales asumían el papel principal en la adaptación de decisiones políticas concretas. Dentro de las premisas teóricas pluralistas, sólo había un reducido número de fórmulas para conciliar esas conclusiones9 En los clásicos numerosos análisis de Morris Janowitz sobre las relaciones Estado-sociedad, como en The military in the political development of new nations, Chicago University Press, Chicago 1964; y en Social control of the Welfare State, Chicago University Press, Chicago 1976; y los sondeos de gran perspicacia conceptual de James Q. Wilson en Political organizations, Basic Books, Nueva York 1973. En sus numerosas obras de sociología política, Seymour Martin Lipset ha permanecido sensible siempre a los efectos de las diversas estructuras institucionales de representación gubernamental. Además, Reinhart Bendix ha desarrollado de forma coherente un enfoque weberiano, centrado en el Estado, de los regímenes políticos, como contrapunto crítico al desarrollismo estructural-funcionalista; y S. N. Eisenstadt y Stein Rokkan han desarrollado síntesis creativas de los métodos de análisis político comparativo funcionalista y weberianos.

8 Para exposiciones claras y paradigmáticas, véanse Gabriel Almond, “A developmental approach to political systems”, World Politics 16, 1965, pp. 183-214; Gabriel Almond y James S. Coleman (comps.), The politics of developing areas, Princeton University Press, Princeton, N.J. 1960; Gabriel Almond y G. Bingham Powell, Jr., Comparative politics: A developmental approach, Little, Brown and Co., Boston 1966; David Laston, “An approach to the analysis of political systems”, World Politics 9, 1957, pp. 388-400; y Davis B. Truman, The governmental process, Knopf, Nueva York 1951.

9 Eric A. Nordlinger, en On the autonomy of the democratic State, Harvard University Press, Cambridge 1981, ha llevado las premisas pluralistas hasta sus límites conceptuales con el fin de incluir la posibilidad de acciones autónomas por parte de políticos o funcionarios administrativos elegidos. De forma reveladora, Nordlinger define la “autonomía del Estado” puramente en términos de las preferencias conscientes de los funcionarios públicos, de quienes se dice que actúan de forma autónoma mientras no cedan deliberadamente ante las exigencias de los actores sociales. Al insistir en que los funcionarios

pluralistas de la política de New Haven, las enérgicas iniciativas personales del alcalde Richard Lee en pro de la renovación urbana fueron ampliamente documentadas, pero no fundamentadas en ningún análisis global, centrado en el Estado sobre las posibilidades de que ciertas categorías de alcaldes utilizasen de una forma nueva los fondos federales10. En obras importantes sobre la “política burocrática”, como Essence of decision, de Graham Allison y Bureaucratic politics and foreing policy, de Morton Halperin, los organismos oficiales eran tratados individualmente, como si fuesen puros análogos de los grupos sociales de interés enfrentados del pluralismo clásico11. La estructura y las actividades del Estado norteamericano en su conjunto desaparecían de la vista y del análisis en este enfoque12.

Al igual que en el caso de los pluralistas, aunque sobre un entramado más amplio, cuando los investigadores estructural-funcionalistas del desarrollo político comparativo se aprestaban a “aplicar” sus grandes teorías a la historia de Europa occidental o a grupos concretos de organizaciones políticas no occidentales, descubrían a menudo que los modelos y secuencias históricas no encajaban bien con los postulados por los conceptos y supuestos originales. Al final, el “desarrollo político” (que resultaba ser una idea excesivamente evolucionista) tenía que ver más con las luchas concretas internacionales y nacionales por la construcción del Estado que con ninguna lógica intrínseca de la “diferenciación” socioeconómica. Sumamente reveladores a este respecto fueron los estudios de orientación histórica fomentados o patrocinados por el Commitee on Comparative Politics del Social Science Research Council hacia el final de su existencia (1954-1972)13. En no pocos sentidos, las ideas y públicos tienen carencias y recursos políticamente pertinentes, al igual que los votantes, las elites económicas y los grupos de interés organizados, Nordlinger se limita a conceder a los funcionarios la misma dignidad que tienen todos los actores en el “proceso político” fluido que postula el pluralismo. La autonomía del Estado, dice en realidad Nordlinger, es simplemente el ejercicio creativo del liderazgo político. Cualesquiera que sean la organización o las capacidades del Estado, todo funcionario público, en todo momento, está por definición en condiciones de hacerlo. En mi opinión, el valor del libro de Nordlinger, no reside en su bastante insípida conclusión general, sino en las hipótesis investigables sobre las variaciones en la autonomía del Estado que pueden extraerse de algunas de las tipologías que ofrece.

10 Véase Robert Dahl, ¿Who governs?, Yale University Press, New Haven, Conn. 1961; Raymond E. Wolfinger, The polities of progress, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1974; y Nelson W. Polsby, Community power and political theory, Yale University Press, New Haven, Conn. 1961. A la hora de reflexionar en los elementos analíticos que faltan en estos estudios, me ha sido provechoso el examen crítico de Geoffrey Fougere en “The structure of government and the organización of politics: A polity centered approach”, Departamento de Sociología, Universidad de Harvard, setiembre de 1978.

11 Grahan Allison, Essence of decision: Explaining the Cuban missile crisis, Little, Brown and Co., Boston 1971; y Morton S. Halperin, Bureaucratic politics and foreing policy, The Brookings Institutions, Washington, D.C., 1971.

12 Me ha sido útil el análisis de Stephen Krasner de la perspectiva de la política burocrática en Defending the national interest, p. 27. El libro de Krasner muestra también lo diferente que es adoptar un enfoque más microscópico, histórico y centrado en el Estado.

13 Véanse Leonard Binder, James S. Coleman, Joseph La Palombara, Lucian W. Pye, Sidney Verba y Myron Weiner, “Crises and sequences political development”, Studies in Political Development N°7, descubrimientos sobre los Estados a los que vamos a pasar aquí revista nacieron de reacciones provocadas por esos enfrentamientos de las grandes teorías del Committee con los datos de los estudios de casos concretos y las historias comparativas.

También, específicamente entre los estudiosos más jóvenes, hay nuevas ideas y conclusiones que provienen de una genealogía teórica alternativa. A partir de mediados de la década del 60 los “neomarxistas” críticos iniciaron una serie de vivos debates sobre el “Estado capitalista”. Hay ya una bibliografía conceptualmente ramificada y empíricamente amplia que se ocupa en especial del papel de los Estados en la transición del feudalismo al capitalismo, de las intervenciones socioeconómicas de los Estados en las democracias capitalistas industriales avanzadas y de la naturaleza y el papel de los Estados en los países dependientes dentro de la economía-mundo capitalista14. Los neomarxistas han debatido, sobre todo, interpretaciones alternativas de las funciones socioeconómicas desempeñadas por el Estado capitalista. Para algunos, el Estado es un instrumento de dominación de clase; para otros, un garante objetivo de las relaciones de producción de la acumulación económica; y para otros, en fin, un terreno en el que se libran las luchas políticas de clases.

Princeton University Press, Princeton, N.J. 1971; Gabriel Almond, Scott C. Flanagan y Robert J. Mundt, Crisis, choice and change; historical studies of political development, Little, Brown and Co., Boston 1973; Tilly (comp.), “Formation of national states”; y Raymond Grew (comp.), Crises of political development in Europe and the United States, Studies in Political Development N° 9, Princeton University Press, Princeton, N.J. 1978. Las obras de Tilly y Grew critican abiertamente las concepciones teóricas defendidas por el Committee on Comparative Politics, que patrocinó estos proyectos, y Tilly propugna un enfoque como el incluido ahora en la misión del Committee on States and Social Structures.

14 Una muestra de las obras neomarxistas más importantes incluye Perry Anderson, Passages from antiquity to feudalism, New Left Books, Londres 1974 (Transiciones de la antigüedad al feudalismo, Siglo XXI, Madrid 1989,14a edición) y Lineages of the absolutist State, New Left Books, Londres 1974 (EL Estado absolutista, Siglo XXI, Madrid 1987,8a edición); Gösta Esping-Anderson, Roger Friedland y Erik Olin Wrigpt, «Modes of class struggle and the capitalist State», Kapitalistate 4-5, 1976, pp. 186-220; John Holloway y Simon Picciiotto (comps.), State and capital: A marxist debate, Arnold, Londres 1978; Ralph Miliband, The State in capitalist society, Basic Books, Nueva Yord 1969 (El Estado en la sociedad capitalista, Siglo XXI, México 1970); Nicos Poulantzas, Political power and social classes, traducción de Timothy O’Hagen, New Left Books, Londres 1973 (Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, Siglo XXI, México 1969); Claus Offe, “Structural problems of the capitalist State”, German Political Studies 1, 1974, pp. 31-75; Göran Therborn, ¿What does the ruling class do when it rules?, New Left Books, Londres 1978 (¿Cómo domina la clase dominante?, Siglo XXI, Madrid 1979); de Immanuel Wallerstein, The modern world system, vols. 1 y 2, Academic Press, Nueva York 1974, 1980 (El moderno sistema mundial, Siglo XXI, Madrid 1984).

Algunas excelentes reseñas de los debates neomarxistas son las de Martin Carnoy, The State and political theory, Princeton University Press, Princeton, N.J. 1984; David A. Gold, Clarence Y.H. Lo y Enk Olin Wright, “Recent developments in Marxist theories of the capitalist State”, Monthly Review 27, N°5, 1975, pp. 29-43, Nº 6, pp. 36-51; Bob Jessop, “Recent theories of the capitalist State”, Cambridge Journal of Economics 1, 1977, pp. 353-373; Bob Jessop, The capitalist State: Marxist theories and methods, New York University Press, Nueva York 1982; y Ralph Miliband, Marxism and politics, Oxford University Press, Oxford 1977 (Marxismo y política, Siglo XXI, Madrid 1978).

De estos debates neomarxistas han surgido conceptos y cuestiones valiosos, y muchos de los estudios comparativos e históricos que vamos a analizar aquí se han inspirado en ellos para definir problemas e hipótesis investigables. Sin embargo, a nivel teórico, prácticamente todos los neomarxistas que han escrito sobre el Estado han mantenido unos supuestos, profundamente arraigados, centrados en la sociedad, lo cual no les ha permitido dudar de que, en la base, los Estados están configurados intrínsecamente por las clases o las luchas de clases y sirven para mantener y ampliar los modos de producción15 Y así, muchas formas posibles de acción estatal autónoma se descartan por definición. Por otra parte, los teóricos neomarxistas también han tratado de generalizar con excesiva frecuencia -a menudo de forma sumamente abstracta- las características o funciones que comparten todos los Estados dentro de un modo de producción, una fase de acumulación capitalista o una posición en el sistema capitalista mundial. Esto hace difícil asignar una importancia casual a las variaciones en las estructuras y actividades de los Estados de una nación a otra y en breves períodos de tiempo, con lo que se reduce la utilidad de algunos esquemas neomarxistas para la investigación comparativa16.

Hasta el momento el análisis se ha referido principalmente a paradigmas de la ciencia social norteamericana de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, la resistencia de pluralistas y estructural- funcionalistas a hablar de los Estados y la falta de disposición incluso de los neomarxistas críticos a admitir una auténtica autonomía de los Estados tienen resonancias de tendencias presentes desde el principio en las ciencias sociales modernas. Estas ciencias nacieron con las revoluciones industrial y democrática de Europa occidental en los siglos XVIII y XIX, y resulta del todo compatible que los teóricos fundadores situaron el lugar exacto de la dinámica de la sociedad y el bien social no en los Estados monárquicos y aristocráticos, anticuados y superados, sino en la sociedad civil, entendida de modo 15 De todos los participantes en los debates neomarxistas, Fred Block es quien llega más lejos al considerar a los Estados como actores verdaderamente autónomos. Véase su “The ruling class does not rule: Notes on the Marxist theory of State”, Socialist Revolution 7, 1977, pp. 6-28; y “Beyond relative autonomy”, en Ralph Miliband y John Saville (comps.), The Socialist Register 1980, Merlin Press, Londres 1980, pp. 227-242. Para posiciones congruentes, véase también Trimberger, Revolution from above, así como mis escritos States and social revolutions, Cambridge University Press, Cambridge y Nueva York 1979, y “Political response to capitalist crisis: NeoMarxist theories of the State and the case of the New Deal”, Politics and Society 20, 1980, pp. 155-201. Block y yo somos criticados conjuntamente en Carnoy, State and political theory, cap. 8, por haber concedido una importancia excesiva a la autonomía del Estado; y Block, Trimberger y yo somos analizados críticamente en Ralph Miliband, “State power and class interest”, New Left Review 138, 1983, pp. 57-68.

16 El alcance de numerosas proposiciones neomarxistas acerca de los estados las hace más aplicables/verificables en comparaciones entre modos de producción que entre naciones dentro del capitalismo. Therborn, en Ruling class, es uno de los pocos teóricos que no obstante, intenta esas comparaciones entre modos.

diverso como “el mercado”, “la división industrial del trabajo” o las “relaciones de clase”. Teóricos fundadores tan opuestos políticamente como Herbert Spencer y Karl Marx (a quienes ahora, en una circunstancia no del todo inadecuada, sólo separa un camino en el cementerio de Highgate, Londres) coincidían en que el capitalismo industrial estaba venciendo al militarismo y las rivalidades territoriales de los Estados. Para estos dos teóricos, la realidad socioeconómica de la Gran Bretaña del siglo XIX presagiaba el futuro de todos los países y del mundo en su conjunto.

Mientras la historia mundial avanzaba -a través de sangrientas guerras mundiales, conquistas coloniales, revoluciones de formación de Estados y movimientos nacionalistas anticoloniales- desde la Pax Británica del siglo XIX hasta la Pax Americana del período posterior a la Segunda Guerra Mundial, las ciencias sociales occidentales se las arreglaban para mantener su vista apartada en gran medida del fundamental papel explicativo de los Estados como potentes y autónomos actores organizativos17. No se trataba de que se ignorasen fenómenos como el autoritarismo y el totalitarismo político, sino que las explicaciones teóricas preferidas se expresaban en términos de retraso económico o de la desafortunada persistencia de valores tradicionales” no occidentales. Cuando la capitalista y liberal Gran Bretaña, y después la capitalista y liberal Norteamérica, pudieron ser consideradas plausiblemente como las “sociedades punteras” incuestionables, las ciencias sociales occidentales pudieron realizar la hazaña de minimizar el papel explicativo de los Estados en sus principales paradigmas teóricos, ya que estos paradigmas se cimentaban en la compresión de la modernización, sus causas y su dirección. Y en Gran Bretaña y Norteamérica, los países “más modernos”, el cambio económico parecía espontáneo y progresivo y las decisiones de los órganos legislativos parecían ser la base de la política.

A medida que transcurría el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, varios cambios hicieron perder credibilidad a las concepciones del cambio social y la política centrada en la sociedad. Como consecuencia de la “revolución keynesiana” de las décadas del 30 a la del 50, la gestión macroeconómica nacional se convirtió en la norma y el gasto público con fines sociales creció rápidamente en todas las 17 No pretendo sugerir una mera continuidad. En torno a las guerras mundiales y durante la depresión de la década del 30, cuando se tambalearon tanto la hegemonía británica como la estadounidense, tuvo lugar la irrupción de teorías más centradas en el Estado, incluidas obras como Harold Lasswell, ‘The garrison State”, American Journal of Sociology 46, 1941, pp. 455-468; y Karl Polanyi, The great transformation, Beacon Press, Boston 1957 (1a edición, 1944).

democracias capitalistas industriales avanzadas, incluido Estados Unidos. El desmantelamiento de los imperios coloniales dio lugar a decenas de “nuevas naciones”, que no tardaron en poner de manifiesto que no se limitarían a recapitular los modelos democráticos liberales de Occidente en su organización política o sus opciones políticas concretas. Por último, aunque quizás sea lo más importante, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos comenzaron a sufrir, a mediados de la década del 70, fuertes y claras presiones en un mundo de competencia económica internacional más intensa e incierta. Probablemente no sorprenda el hecho de que, en esta coyuntura, volviera a ponerse de moda hablar de los Estados como factores y como estructuras institucionales configuradoras de la sociedad.

Los científicos sociales están dispuestos ahora a ofrecer explicaciones centradas en el Estado, no sólo respecto de los países totalitarios y de  industrialización tardía, sino también de Gran Bretaña y Estados Unidos. Oportunamente, algunos razonamientos recientes subrayan las formas en que las estructuras del Estado van configurando de modo característico el desarrollo económico y las políticas económicas internacionales en Gran Bretaña y Norteamérica, y analizan, además, cómo podrían estos Estados obstaculizar o facilitar los respectivos intentos de regeneración de la industria nacional en curso18. En resumen, ahora que los debates sobre amplios sectores públicos han adquirido un gran protagonismo en todas las democracias capitalistas, y que Gran Bretaña y Estados Unidos se parecen mucho más a Estados-sociedades concretos en un mundo incierto, comparativo e independiente, compuesto por numerosas entidades de esa índole, parece que está en curso un giro paradigmático en las ciencias sociales macroscópicas, giro que implica un replanteamiento profundo del papel de los Estados en relación con las economías y las sociedades.

¿Renacimiento de una perspectiva europea continental? 

En el siglo XIX, los teóricos sociales, orientados hacia las realidades de la política y el cambio social en el continente europeo, se negaron a aceptar (incluso18 Véanse algunos tratamientos sugerentes en Stephen D. Krasner, “United States commercial and monetary policy: Unravelling the paradox of external strength and internal weakness”, en Katzenstein (comp.), Between power and plenty, pp. 51-87; Stephen Blanck, `Britain: The politics of foreign economic policy, the domestic economy, and the problems of plurarism stagnation”, en Katzenstein (comp.), op. cit., pp. 89-138; Andrew Martin, “Political constraints on economic strategies in advanced industrial societies”, Comparative Political Studies 10, 1977, pp. 323-354; Paul M. Sacks, “State structure and the asymetrial society; an approach to public policy in Britain”, Comparative Politics 12, 1980, pp. 349-376; y Dyson y Wilks (comps.), Industrial crisis.

después de que la industrialización estuviese en plena marcha) la minimización de la importancia del Estado, característica de los que colocaban a Gran Bretaña en el centro de sus reflexiones. Aun valorando positivamente los ideales liberales, los estudiosos continentales de la vida social, especialmente los alemanes, insistieron en la realidad institucional del Estado y en su influencia permanente sobre y dentro de la sociedad civil. Ahora que los científicos sociales comparativos subrayan de nuevo la importancia de los Estados, quizás no sea sorprendente que muchos investigadores vuelvan a confiar -desde luego, con diversas modificaciones y ampliaciones- en la interpretación básica del “Estado” transmitida a los estudiosos contemporáneos a través de las obras muy difundidas de intelectuales alemanes tan importantes como Max Weber y Otto Hintze.

Max Weber mantenía que los Estados son asociaciones obligatorias que reivindican el control de los territorios y las personas que en ellos habitan19. Las organizaciones administrativas, jurídicas, recaudatorias y coercitivas constituyen el núcleo de todo Estado. Estas organizaciones tienen estructuras variables en los distintos países, y pueden enmarcarse en algún tipo de sistema constitucional respectivo de gobierno parlamentario y contienda electoral por los puntos ejecutivos y legislativos clave. No obstante, como señala atinadamente Alfred Stepan en una formulación que capta la causticidad de la perspectiva weberiana.

Los Estados deben ser considerados como algo más que “gobiernos”. Son sistemas administrativos, jurídicos, burocráticos y coercitivos permanentes que no sólo tratan de estructurar las relaciones entre la sociedad civil y la autoridad pública en una organización política, sino también de estructurar muchas relaciones cruciales dentro de la sociedad civil20. 

Ciertamente, en esta perspectiva el Estado no lo es todo; también otras organizaciones y agentes modelan las relaciones sociales y la política, y el análisis debe estudiar a fondo la estructura y las actividades del Estado en relación con ellos. Pero esta concepción weberiana del Estado exige que veamos en él mucho más que un simple foro en el que los grupos sociales formulan demandas y emprenden luchas políticas o concluyen acuerdos.19 Para los principales escritos de Max Weber sobre los estados, véase Guenther Roth y Claus Wittich (comps.), Economy and society, vol. 2: cap. 9, vol. 3: caps. 10-13, Bedminster Press, Nueva York 1968.

20 Stepan, State and society, p. XII.

Es más: como demostraba la obra de Otto Hintze, pensar en los Estados como organizaciones que controlan territorios nos hace olvidar las características esenciales comunes a todos los sistemas políticos para considerar las diversas formas en que las estructuras y acciones del Estado están condicionadas por contextos transnacionales históricamente cambiantes21. Estos contextos influyen en los distintos Estados a través de las relaciones geopolíticas de dominación y competencia interestatal, a través de la comunicación internacional de ideales y modelos de política pública y a través de las pautas económicas mundiales de comercio, división de las actividades productivas, flujos de inversión y finanzas internacionales. Los Estados se sitúan necesariamente en la intersección entre los órdenes sociopolíticos nacionales para sobrevivir y avanzar en relación con otros Estados. El Estado moderno tal como lo conocemos, y tal como fue conceptualizado por Weber y Hintze, ha sido siempre, desde su nacimiento en la historia de Europa, parte de un sistema de Estados competitivos e interrelacionados.

Aunque podemos estar presenciando una reformulación de los intereses de la ciencia social significativamente inspirada en la interpretación weberiano-hintzseana del Estado, la verdadera labor de reorientación teórica sólo está en sus comienzos. Es comprensible que esta labor esté plagada de dificultades, porque se está intentando considerar e investigar las repercusiones de los Estados en un contexto de tendencias teóricas profundamente arraigadas que se obstinan en centrarse en la sociedad. Las recientes tentativas de los neomarxistas y de los que podrían llamar neopluralistas por teorizar en términos muy generales sobre “La autonomía del Estado” no han ofrecido conceptos ni hipótesis explicativas lo bastante ricos como para incluir los argumentos y descubrimientos de diversos estudios históricos comparativos22.

Sin embargo, en lugar de extendernos sobre los defectos de estas teorías generales, dedicaremos el resto de este ensayo a analizar lo que algunos estudios históricos y comparativos seleccionados tienen que decirnos acerca de los Estados o contextos sociales y transnacionales. Dos tendencias del conocimiento actual, un tanto distintas pero igualmente importantes, reclaman nuestra atención. En primer lugar, examinaremos los argumentos sobre la “autonomía del Estado” y sobre las

21 Oxford University Press, Nueva York 1975, 1a edición 1897-1932.

22 Para un análisis de la teoría pluralista más importante sobre la autonomía del Estado, véase la nota 9. Las obras de Poulantzas y Offe citadas en la nota 14 representan importantes teorías marxistas de la autonomía del Estado. El enfoque de Poulantzas es, en última instancia, muy frustrante, ya que se limita a postular la “autonomía relativa del Estado capitalista” como rasgo necesario del modo de producción capitalista en cuanto a tal. Poulantzas insiste en que el Estado es “relativamente autónomo” con independencia de los vínculos empíricos variables que se dan entre las organizaciones del Estado y la clase capitalista y, al mismo tiempo, postula que el Estado debe funcionar invariablemente para estabilizar el sistema capitalista en su conjunto.

capacidades de los Estados en cuanto actores que tratan de alcanzar objetivos en materia de políticas concretas. A continuación estudiaremos los argumentos sobre la influencia de los Estados en el contenido y funcionamiento de la política. La intención global de este ejercicio no es proponer una nueva teoría general del Estado o de los Estados y las estructuras sociales, empresa que tal vez no sea conveniente, al menos por el momento, y que en cualquier caso no sería factible en el espacio de un solo ensayo. En cambio, confío en presentar e ilustrar un marco de referencia conceptual, junto con algunas hipótesis y cuestiones a medio plazo que podrían inspirar a la investigación futura sobre los Estados y las estructuras sociales a través de diversos problemas locales y zonas geoculturales del mundo.

Autonomía y capacidad de los Estados 

Los Estados, concebidos como organizaciones que reivindican el control de territorios y personas, pueden formular y perseguir objetivos que no sean un simple reflejo de las demandas o los intereses de grupos o clases sociales de la sociedad. Esto es lo que se entiende normalmente por “autonomía del Estado”. A menos que tenga lugar esa formulación de objetivos independiente, apenas se plantea la necesidad de hablar de los Estados como actores importantes. Si se profundiza en la cuestión, se puede continuar con el análisis de las “capacidades” de los Estados para alcanzar los objetivos oficiales, especialmente por encima de la oposición real o potencial de grupos sociales poderosos o en circunstancias socioeconómicas recalcitrantes. ¿Cuáles son los factores determinantes de la autonomía y de las capacidades del Estado? He aquí una muestra de los argumentos de una serie de estudios recientes que abordan estas cuestiones.

Los Estados como actores 

Se han empleado varias líneas de razonamiento, individualmente o en combinación, para explicar por qué y cómo los Estados formulan y persiguen sus objetivos. La articulación de los Estados en estructuras transnacionales y corrientes internacionales de comunicación pueden mover a los altos funcionarios estatales a seguir estrategias de transformación, incluso ante la indiferencia o la resistencia de fuerzas sociales políticamente importantes. De modo similar, la necesidad fundamental para los Estados de mantener el control y el orden puede propiciar reformas por iniciativa estatal (así como la simple represión). En cuanto a quién tiene más probabilidades de actuar en esas circunstancias, parece que serán los colectivos de

funcionarios estatales coherentes desde el punto de vista organizativo, en especial los colectivos de funcionarios de carrera relativamente desvinculados de los intereses socioeconómicos dominantes en el momento, los que probablemente pongan en marcha nuevas y características estrategias estatales en épocas de crisis. Asimismo, los colectivos de funcionarios pueden desarrollar de formas características las políticas públicas ya establecidas, actuando de modo relativamente continuo a lo largo de períodos temporales prolongados.

Las orientaciones extranacionales de los Estados, los desafíos a los que pueden hacer frente para mantener el orden interno y los recursos organizativos a los que pueden recurrir y que pueden desplazar los colectivos de funcionarios estatales, todas estas características del Estado, considerado desde una perspectiva weberiano- hintzeana, pueden contribuir a explicar la acción autónoma del Estado. En las explicaciones de Alfred Stepan y Ellen Kay Trimberger de lo que podemos considerar casos extremos de acción estatal autónoma -situaciones históricas en las cuales las élites estratégicas utilizan la fuerza militar para hacerse con el control de todo un Estado nacional y después emplean medios burocráticos para imponer desde arriba cambios reformistas o revolucionarios- aparecen de forma especialmente clara, distintas combinaciones de factores de esta índole.

En su libro State and society: Peru in comparative perspective, Stepan investiga los intentos de las élites estatales de América Latina de instaurar regímenes corporativos “incluyentes” o “excluyentes”23. Un elemento clave de la explicación que da Stepan de esos episodios es la formación de un cuadro estratégicamente localizado de funcionarios que gozan de una fuerza organizativa interna y en las organizaciones estatales existentes, y que goza, asimismo, de una idea unitaria de carácter ideológico sobre la posibilidad y conveniencia de utilizar la intervención del Estado para asegurar el orden político y promover el desarrollo económico nacional. En el caso del golpe corporativo “excluyente” de Brasil en 1964 y del golpe corporativo “incluyente” de Perú en 1968, Stepan subraya la socialización previa de lo que denomina “nuevos profesionales militares”. Se trataba de oficiales militares de carrera que habían pasado juntos por escuelas de formación en las que además de otros conocimientos militares más tradicionales, habían aprendido técnicas e ideas sobre planificación económica nacional y contrarrevolución. Posteriormente, estos nuevos 23 Stepan, State and society, caps. 3 y 4. Véase también Alfred Stepan, “The new professionalism of internal warfare and military role expansion”, en A. Stepan (comp.), Authoritarian Brazil, Yale University Press, New Haven, Conn. 1973, pp. 47-65.

profesionales militares instauraron regímenes corporativos para responder a  supuestas crisis del orden político y del desarrollo económico nacional. Los profesionales militares utilizaron el poder del Estado para conjurar o desviar amenazas contra el orden nacional procedentes de clases y grupos no dominantes. También emplearon el poder del Estado para implantar reformas socioeconómicas o planes para fomentar la industrialización nacional, algo que consideraban un requisito fundamental para mejorar su posición internacional en el mundo moderno.

En su obra Revolution from above, Ellen Kay Trimberger se centra en una serie de casos históricos la restauración Meiji en Japón, la revolución de Ataturk en Turquía, la revolución de Nasser en Egipto y el golpe de Estado en Perú en 1968 en los cuales burócratas dinámicamente autónomos, entre los que figuraban oficiales militares tomaron el poder del Estado y lo reorganizaron. A continuación, utilizaron el Estado para destruir una clase dominante, una aristocracia de la economía nacional24. Al igual que Stepan, Trimberger subraya la formación, a través de la socialización y los intereses profesionales anteriores, de una élite coherente de funcionarios dotada de una orientación ideológica estatista y nacionalista. Trimberger coincide también con Stepan en la importancia dada a la preocupación de la élite por reprimir cualquier posible agitación desde abajo. Sin embargo, tal vez porque en realidad expone una versión más transformadora de la acción autónoma del Estado para reorganizar la sociedad, Trimberger insiste más que Stepan en el papel de las amenazas exteriores contra la autonomía nacional como factor que precipita la “revolución desde arriba”. Y desde una variable estructural que Stepan había pasado por alto: la relación de la élite del Estado con las clases económicas dominantes. Trimberger señala: “Se puede decir que un aparato estatal burocrático o un sector de éste es relativamente autónomo cuando las personas que ocupan puestos elevados de carácter civil y/o militar cumplen dos condiciones: 1) no son reclutadas en las clases terratenientes, comerciales o industriales dominantes; y 2) no establecen vínculos personales y económicos estrechos con esas clases después de su acceso a los altos cargos”25. Trimberger examina también la relación de la élite del Estado con las clases económicas dominantes con el fin de predecir la amplitud de los cambios socioeconómicos que puede intentar un Estado en respuesta a “una situación de crisis, cuando el orden social, político y económico vigente está amenazado por fuerzas externas y por la agitación desde abajo”26. Cuando las élites burocráticas mantienen sus vínculos con24 Trimberger, Revolution from above.

25 lbid., p. 4.

26 Ibid., p. 5.

las clases dominantes, pueden tener lugar reformas autoritarias por iniciativa estatal, como, por ejemplo, en Prusia de 1806 a 1814, en Rusia en la década de 1860 y en Brasil después de 1964. Pero los cambios estructurales más radicales que Trimberger califica de “revolución desde arriba”, incluida la expropiación real de una clase dominante, sólo se producen en situaciones de crisis cuando las élites burocráticas del Estado están libres de vínculos o alianzas con las clases dominantes27. Como se habrá advertido, Trimberger ha dotado al concepto neomarxista de autonomía relativa del Estado de un nuevo poder analítico como instrumento para predecir las posibles consecuencias sociopolíticas de diversas configuraciones sociales e históricas del Estado y del poder de clase28.

La autonomía del Estado en los sistemas políticos constitucionales 

Stepan y Trimberger se ocupan en términos algo distintos, aunque coincidentes en partes, de casos extraordinarios de autonomía del Estado, casos en los cuales funcionarios que gobiernan de forma no constitucional tratan de utilizar el Estado en su conjunto para dirigir y reestructurar la sociedad y la política. Mientras tanto, otros estudiosos han abordado casos más limitados de autonomía del Estado en la historia de la elaboración de la política pública en sistemas políticos constitucionales, democráticos y liberales como Gran Bretaña, Suecia y Estados Unidos29. De forma diferente, también tiene cabida en estos análisis los mismos factores analíticos esenciales: las orientaciones internacionales de los Estados, sus funciones de mantenimiento del orden interno y las posibilidades organizativas de que los colectivos de funcionarios formulen y persigan una política propia. 27 Asi, al comentar la obra de Stepan, Trimberger mantiene que podría haber explicado la naturaleza represiva y “excluyente” del golpe de Estado de Brasil (en contraste con las reformas “incluyentes” de Perú, que comprendieron la movilización política masiva y la expropiación de los propietarios de haciendas) centrándose en los vínculos de los militares brasileños con los capitalistas brasileños multinacionales. En realidad, Stepan dice (“The new professionalism”, p. 54) que los profesionales militares brasileños recibieron su formación junto con civiles pertenecientes a las elites, incluidos industriales, banqueros y elites comerciales, que también asistieron a la Escuela Superior de Guerra del Brasil en el período anterior a 1964.

28 La obra de Trimberger confirma así los problemas de la teoría de Nicos Poulantzas analizados en la nota.

29 En el caso de Francia, hay una bibliografía especialmente rica sobre la autonomía del Estado, sus consecuencias y sus límites. Aquí prescindo deliberadamente de ella al ser Francia un caso sumamente obvio de aplicación de las ideas sobre la autonomía del Estado. No obstante, véanse las obras de Brinsbaum, Hall, Suleiman y Zysman citadas en las notas 2 y 3, junto con Stepehn Cohe, Modern capitalist planning: The French experience, University of California Press, Berkeley 1976; y Richard F. Kuisel, Capitalism and State in modern France: Renovation and economic management in the Twentieth century, Cambridge University Press 1981.

Hugh Heclo ofrece en Modern social politics in Britain and Sweden un complejo relato histórico comparativo del desarrollo a largo plazo del seguro del desempleo y de la política de asistencia a la tercera edad de esas dos naciones30. Sin que se presente explícitamente como tal, el libro de Heclo trata de las aportaciones estatales autónomas a la elaboración de la política social. Pero las acciones autónomas del Estado que Heclo destaca no son en su totalidad actos de coerción o dominación sino, por el contrario, actividades intelectuales de unos administradores civiles dedicados a diagnosticar los problemas de la sociedad y a idear políticas alternativas para resolverlos. Como dice Heclo:

Los gobiernos no sólo “pueden” (o cualquiera que sea la forma verbal de ese enfoque); también resuelven. La formación de una política es una forma de resolución colectiva en nombre de la sociedad, e implica decidir y conocer. El proceso de elaboración de las políticas de pensiones, desempleo y jubilación va más allá de decidir qué “deseos” hay que satisfacer, para incluir los problemas de saber quién podría desear algo, qué se desea, qué debería desearse y cómo convertir incluso el acuerdo general más asequible en una acción colectiva concreta. Este proceso es político no porque toda política sea un derivado del poder y del conflicto, sino porque algunos hombres se han comprometido a actuar en nombre de otros31.

Según la historia comparativa de Heclo, los gestores de la administración pública de Gran Bretaña y Suecia han efectuado, de forma constante, aportaciones más importantes al desarrollo de la política social que los partidos políticos o los grupos de interés. Las condiciones socioeconómicas y especialmente, las crisis, sólo han propiciado demandas esporádicas de los partidos y de los grupos de interés, afirma Heclo. Han sido los funcionarios, recurriendo a “los recursos administrativos de la información, el análisis y la competencia profesional”, quienes han concebido los términos de la elaboración de nuevas políticas como “correctivos no tanto de las situaciones sociales en cuanto tales como de los fallos apreciados en la política anterior” en función de “la propia concepción de la burocracia gubernamental de lo que se venía haciendo”32. Los datos de Heclo revelan también que la autonomía de la burocracia para configurar la política social ha sido mayor en Suecia que en Gran Bretaña, ya que el Estado burocrático centralizado y premodemo de Suecia estaba, desde el comienzo de la industrialización y antes de la liberalización y la democratización plenas de la política nacional, en condiciones de tomar la iniciativa en

30 Heclo, Modern social politics.

31 Ibid., p. 305.

32 Ibid., pp. 303, 305-306.

el diagnóstico de los problemas sociales y en la propuesta de soluciones universales para resolverlos.

Heclo dice mucho menos de lo que le resultaría posible acerca de las influencias que determinan el momento y el contenido de las iniciativas estatales características, aunque ofrece datos acerca de la sensibilidad de los funcionarios civiles hacia los requisitos del mantenimiento del orden ante los desajustes ocasionados por el desempleo industrial. También señala la permanente conciencia, por parte de los funcionarios, de los precedentes y modelos extranjeros de política social. Sobre todo, Heclo demuestra que los colectivos de funcionarios administrativos pueden tener una amplia influencia, tanto directa como indirecta, sobre el contenido y el desarrollo de importantes políticas oficiales. Su obra sugiere cómo localizar y analizar las aportaciones estatales autónomas a la elaboración de la política incluso dentro de sistemas políticos constitucionales dirigidos nominalmente por órganos legislativos y partidos electorales.

En esta línea, merece la pena examinar brevemente dos obras que defienden las aportaciones estatales autónomas a la elaboración de la política incluso en Estados Unidos, sistemas políticos en el cual, según prácticamente todos los estudiosos, la base estructural para dicha autonomía es menor que en cualquier otro régimen capitalista liberal moderno. Estados Unidos no heredó un Estado burocrático centralizado de la época preindustrial y predemocrática. Por otra parte, la dispersión de la autoridad debido al sistema federal, la división de la soberanía entre los distintos brazos del gobierno nacional y la estrecha simbiosis entre sectores de la administración federal y los comités del Congreso contribuyen a hacer que el poder del Estado norteamericano en el siglo XIX esté fragmentado, disperso e influido en todas partes por intereses sociales organizados. Además, el gobierno nacional carece de posibles puntos de apoyo de un poder estatal fuerte tales como una administración pública profesional, consciente de sus estatutos y con acceso previsible a puestos ejecutivos clave: organismos de planificación dotados de autoridad; un control ejecutivo directivo sobre un banco central nacional; y propiedad pública de sectores estratégicos de la economía. Habida cuenta de estas características del gobierno de Estados Unidos, el concepto de autonomía del Estado no ha sido empleado con frecuencia por los estudiosos para explicar los acontecimientos políticos norteamericanos.

No obstante, Stepan Krasner, en su obra Defending the nacional interest; sí utiliza este concepto para explicar la continuidad que se aprecia durante el siglo XX en la formulación de la política exterior de Estados Unidos sobre cuestiones relacionadas con inversiones internacionales en la producción y comercialización de materias primas33. Una ingeniosa táctica heurística respalda la selección por Krasner de este “ámbito de estudio” para la investigación histórica sistemática: es un ámbito situado en la intersección de los intereses estatales propiamente geopolíticos y los intereses económicos de (a menudo) poderosas empresas privadas. Así, Krasner puede preguntarse si el tira y afloja a corto plazo de los intereses comerciales configura la definición del “interés nacional” de Estados Unidos con respecto a la producción de materias primas en el extranjero o si se registra una presencia constante de un interés autónomo del Estado. Krasner encuentra el segundo modelo y lo atribuye a actores situados en una posición especial dentro del gobierno de Estados Unidos, por lo demás débil, fragmentado e influido socialmente.

En lo que se refiere a la política exterior de Estados Unidos, los actores estatales fundamentalmente son el presidente y el secretario de Estado, y las instituciones más importantes son la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Lo que distingue a estos papeles y organismos es su alto grado de aislamiento de presiones sociales concretas y una serie de obligaciones formales e informales que los encargan de favorecer los intereses generales de la nación34.

Lamentablemente, Krasner no se extiende sobre el concepto de partes “aisladas” del Estado. En particular, no nos dice si las diversas características organizativas de los organismos estatales contribuyen a aumentar o a disminuir el aislamiento. Por el contrario, Krasner subraya fundamentalmente hasta qué punto distintos sectores del ejecutivo federal están sometidos a influencias del Congreso35

.Además, no puede disipar plenamente la sospecha de que la presidencia y el departamento de Estado pueden ser simplemente objeto de influencias comerciales basadas en las clases y no en los intereses36. No obstante, Krasner muestra que las33 Krasner, Defending the national interest.

34 Ibid., p. 11.

35 Véase también Krasner, “United States commercial and monetary policy”, pp. 51-87.

36 Y así Krasner tiene la mayor dificultad para distinguir su razonamiento en favor de la “autonomía del Estado” de la perspectiva estructural marxista, según la cual el Estado actúa en favor de los intereses de la clase del capital en su conjunto. Su solución, insistir en los objetivos ideológicos “irracionales” de la política del Estado como prueba contra el argumento de los intereses de clase, no me parece muy convincente. ¿Puede una ideología imperialista no ser prueba de una coincidencia de clase así como de una finalidad del Estado? Por el contrario, podría insistirse en los “intereses” geopolíticos apreciados en las intervenciones basadas en el “mundo libre” no son obviamente irracionales habida cuenta de ciertas interpretaciones de los intereses geopolíticos de Estados Unidos.

políticas públicas sobre materias primas han tendido a discrepar más de las poderosas exigencias empresariales precisamente cuando han Estado en juego cuestiones claramente geopolíticas de intervención militar en el extranjero y amplias concepciones ideológicas relativas a la hegemonía mundial de Estados Unidos. Así, pues, el estudio de Krasner sugiere que se producen aportaciones claramente estatales a la formulación de la política de Estados Unidos exactamente en aquellos casos y terrenos en los que una perspectiva weberiano-hintzeana insistiría en que deben producirse, con independencia de lo desfavorable que sea el potencial gubernamental global para emprender acciones estatales autónomas. Como dijo en una ocasión J.P. Nettl, “con independencia de lo que el Estado sea o no sea internamente (…) ha habido pocos desafíos a su soberanía y a su autonomía en “asuntos exteriores”37.

Mi obra en colaboración con Kenneth Finegold sobre los orígenes de la política agrícola del New Deal sugiere también que dentro de un “Estado débil” pueden producirse aportaciones estatales autónomas a la elaboración de la política interior. Estas aportaciones estatales autónomas tienen lugar en áreas de actuación política concretas y en momentos históricos determinados, aunque en general no sean discernibles en todas las áreas de actuación y contribuyan involuntariamente a crear fuerzas políticas que más tarde impondrán severas limitaciones a nuevas acciones estatales autónomas38. Finegold y yo mantenemos que, en el período que siguió a la Primera Guerra Mundial, el departamento de Agricultura de Estados Unidos era “una isla de fortaleza del Estado en un océano de debilidad”39 y atribuimos la formulación de las intervenciones agrícolas del New Deal-políticas que respondían a una “crisis agraria” antigua, aunque no simplemente de la manera exigida por los poderosos grupos de interés agrícola- a los recursos excepcionales de capacidad administrativa, planificación pública previa y experiencia gubernamental práctica a disposición de los expertos agrícolas federales en los albores del New Deal. Nuestro razonamiento se parece a las conclusiones de Hugh Heclo sobre los funcionarios civiles innovadores de Gran Bretaña y Suecia. En esencia, hallamos que una parte del gobierno nacional de Estados Unidos en los comienzos del siglo XX permitió que la capacidad profesional de los funcionarios actuase en una esfera política restringida de forma semejante a como actuó en Suecia o en Gran Bretaña entre 1900 y 1920.

37 J.P. Nettl, “The State as a conceptual variable”, World Politics 20, 1968, pp. 563-564.

38 Kenneth Finegold y Theda Skocpol, “Capitalists, farmers, and workers in the New Deal. The ironies of government intervention” (ponencia presentada a la asamblea anual de la American Political Science Association, Washington, D.C., 31 de agosto de 1980). Parte de esta ponencia fue publicada posteriormente como Theda Skocpol y Kenneth Finegold, “State capacity and economic intervention in the early New Deal”, Political Science Quarterly 97, 1982, pp. 255-278.

39 Skocpol y Finegold, “State capacity” p. 271.

Pero, además, rastreamos la suerte política que corrieron las intervenciones administrativas del New Deal en la agricultura. Mostramos que, en el contexto global de la estructura estatal estadounidense, esta intervención inicialmente autónoma del Estado sirvió para fortalecer inadvertidamente a un grupo de presión concreto, la American Farm Federation, a la que proporcionó los incrementos decisivos de peso electoral y administrativo que necesitaba para “ganarse” una influencia predominante en la política agrícola federal posterior a 1936. Los intentos subsiguientes de planificación estatal, en especial los que implicaban la redistribución del poder económico, racial o de clase, fueron limitados y anulados después por los intereses agrícolas y comerciales establecidos, capitaneados por el Farm Bureau.

En resumen, la “autonomía del Estado” no es un rasgo estructural fijo de ningún sistema de gobierno. Puede aparecer y desaparecer. Esto es cierto no sólo debido a que las crisis pueden precipitar la formulación de estrategias y políticas oficiales por parte de élites o administradores que de otro modo no podrían materializar sus posibilidades de acción autónoma; también es cierto porque las mismas posibilidades estructurales de acciones estatales autónomas cambian con el tiempo, a medida que las organizaciones de coerción y administración experimentan transformaciones, tanto internamente como en sus relaciones con los grupos sociales y con sectores representativos del gobierno. Por consiguiente, aunque la investigación internacional comparativa puede indicar en términos generales si un sistema de gobierno tiene tendencia “más fuertes” o “más débiles” a la acción estatal autónoma, el potencial de este concepto sólo puede apreciarse en su integridad en estudios verdaderamente históricos y sensibles a las variaciones estructurales y a los cambios coyunturales que se operan dentro de sistemas políticos determinados.

¿Son “racionales” las acciones del Estado?

Debemos hacer otra serie de comentarios sobre la racionalidad de las acciones autónomas del Estado. A menudo se considera que esas acciones son más capaces de velar por los “intereses de clase capitalistas” o por los “intereses generales de la sociedad” o por el “interés nacional” que las decisiones gubernamentales fuertemente influidas por el tira y afloja de las exigencias de grupos de interés, bloques de votantes o empresas mercantiles concretas40. En estas perspectivas, se considera que los 40 De formas diferentes, Defending the national interest, de Krasner y Political power and social classes, de Poulantzas, sirven de ejemplo para este punto.

funcionarios estatales son especialmente capaces de formular estrategias globales y a largo plazo que transcienden las exigencias parciales y estrechas de miras de los capitalistas guiados por el afán de lucro o de grupos sociales que sólo se preocupan de sus propios intereses. Pero los estudiosos que ven con escepticismo el concepto de autonomía del Estado responden a menudo que los argumentos autolegitimadores de los funcionarios del Estado, sus afirmaciones de que conocen y representan los intereses “generales” o “nacionales”, no deben tomarse al pie de la letra. Los funcionarios del Estado no tienen más derecho que otros a reivindicar un conocimiento suficiente de los problemas sociales o de sus soluciones, afirman los escépticos. Además, sus símbolos legitimadores pueden enmascarar simplemente políticas formadas para favorecer intereses o fracciones de clases particulares.

Ciertamente, esas dudas sobre la racionalidad superior de las acciones del Estado merecen una atención respetuosa; sin embargo, no tenemos que descartar totalmente la posibilidad de que las acciones estatales parcial o totalmente autónomas puedan ser capaces de abordar los problemas e incluso de encontrar “soluciones” que estén fuera del alcance de los actores sociales y de los sectores del gobierno estrechamente constreñidos por ellos. En parte, la materialización de esas posibilidades dependerá de la disponibilidad y (lo cual resulta incluso más problemático) del empleo adecuado de ideas correctas sobre lo que el Estado puede y debe hacer para abordar los problemas sociales; en parte, dependerá de la coincidencia o de la falta de coincidencia entre el margen de autoridad de la organización estatal autónoma y la escala y la profundidad de la acción adecuada para hacer frente a un tipo determinado de problema. Por ejemplo no es probable que los organismos estatales que sólo tengan autoridad sobre regiones o tipos de transporte concretos logren planificar sistemas coordinados de transporte nacional, con independencia del grado de información y de capacidad para la acción oficial autónoma que puedan poseer esos organismos. En resumidas cuentas, las iniciativas autónomas pueden ser estúpidas o estar mal dirigidas, y las iniciativas autónomas pueden ser fragmentadas, parciales y contradictorias. Sin embargo, y a pesar de todas estas posibilidades, las acciones del Estado pueden ser coherentes y apropiadas a veces.

No obstante, con independencia de lo apropiado (para hacer frente a un determinado tipo de crisis o problema) que pueda ser la actividad autónoma del Estado, nunca puede ser realmente “desinteresada” en ningún sentido significativo. Esto es cierto no sólo porque todas las acciones del Estado benefician necesariamente a algunos intereses sociales y perjudican a otros (aun cuando los beneficiarios sociales no hayan trabajado en pro de las acciones del Estado ni las hayan provocado). Es más, las acciones autónomas estatales adoptarán normalmente formas que traten de reforzar la autoridad, la longevidad política y el control social de las organizaciones del Estado cuyos responsables generaron las políticas o ideas de actuación políticas pertinentes. Podemos plantear la hipótesis de que una característica (oculta o manifiesta) de todas las acciones autónomas del Estado será el fortalecimiento de las prerrogativas de los colectivos de funcionarios del Estado. Que de ello se deriven o no políticas racionales pueden depender de cómo se defina el término “racional” y puede ser incluso accidental en gran medida. La cuestión es que se producirán políticas distintas de las que piden los actores sociales. La tarea de investigación primordial para los interesados en la autonomía del Estado es, sin duda, el estudio en profundidad de por qué, cuándo y cómo los Estados forjan esas políticas características. Posteriormente, será posible preguntarse por su racionalidad para resolver los problemas a los que hacen frente, y podremos examinar esta cuestión sin formular supuestos idealistas sobre la omnisciencia o el desinterés de los Estados.

¿Pueden los Estados alcanzar sus objetivos? 

Algunos estudiosos de la historia comparativa no sólo han investigado los puntos en que se apoyan las acciones estatales autónomas, sino que han emprendido también la tarea más estimulante de explicar las diversas capacidades de los Estados para poner en práctica sus políticas. Desde luego, la explicación de las capacidades del Estado está estrechamente relacionada con la explicación de la fijación de objetivos autónomos por parte de los Estados, ya que es sumamente probable que los funcionarios estatales intenten hacer cosas que parezcan viables con los medios de que disponen. Sin embargo, con no poca frecuencia, los Estados persiguen objetivos (ya sean propios o impuestos por grupos sociales poderosos) que estén fuera de su alcance. Por otra parte, la aplicación de sus políticas conducen a menudo a consecuencias buscadas y no buscadas, tanto cuando los Estados intentan cumplir cometidos que no pueden concluir como cuando los medios que emplean generan reacciones sociopolíticas y cambios estructurales imprevistos. Por consiguiente, las capacidades de los Estados para aplicar estrategias y políticas merecen ser analizadas detenidamente por derecho propio. No voy a tratar de efectuar aquí un estudio exhaustivo de los hallazgos fundamentales en esta área importante de la investigación, sino que me limitaré a indicar algunas ideas y enfoques prometedores incluidos en las investigaciones actuales de las capacidades del Estado.

Pueden decirse algunas cosas esenciales sobre los fundamentos generales de las capacidades del Estado. Evidentemente, la total y absoluta integridad y el control administrativo-militar estable de un territorio dado, son condiciones previas de toda capacidad de aplicación de una política por parte del Estado41. Además, es fundamental que el Estado disponga de funcionarios leales y cualificados, y de abundantes recursos económicos para alcanzar con eficacia toda suerte de objetivos. No es sorprendente que las historias de la construcción del Estado apunten exactamente a estos medios universales del poder del Estado42. Algunos de estos recursos llegan a arraigar en unas relaciones institucionales que son lentas en cambiar y relativamente insensibles a las manipulaciones a corto plazo. Por ejemplo, ¿atraen y retienen los puntos de responsabilidad del Estado a funcionarios interesados en hacer carrera con un amplio bagaje de conocimiento y una fuerte motivación? La respuesta bien puede depender de las relaciones desarrolladas a lo largo de la historia entre instituciones educativas de élite, las organizaciones del Estado y las empresas privadas que compiten con el Estado por el personal con una elevada formación. Pero si esta situación no se ha establecido históricamente al comienzo de la era industrial, es difícil deshacer modelos alternativos menos favorables para el Estado43.

Los factores que determinan los recursos económicos de un Estado pueden ser un tanto más manipulables a lo largo del tiempo, aunque no siempre. La cuantía y las formas de ingresos y créditos disponibles para el Estado se derivan de equilibrios políticos condicionados estructuralmente, aunque cambiantes a lo largo de la historia, y de negociaciones entre los Estados y entre un Estado y las clases sociales. Entre las categorías fundamentales de hechos que se ofrecen en cualquier estudio de las capacidades del Estado figuran las fuentes y la cuantía de los ingresos del Estado y el grado de flexibilidad posible en su recaudación y empleo. Las disposiciones 41 O tal vez deba decirse que, en el mejor de los casos, todo movimiento estatal o de construcción del Estado preocupado por un control administrativo-militar total sólo será capaz (y tendrá probabilidades) de aplicar políticas relacionadas con ese objetivo primordial. Este principio es una buena guía para comprender muchos de los cambios sociales que acompañan a las luchas por la construcción del Estado durante los interregnos revolucionarios.

42 Véase Tilly (comp.), Formation of national states; Michael Mann, “State and society, 1130-1815: An analysis of English State finances”, Political power and social theory, JAI Press, Greenwich, Conn. 1980, vol. 1, pp. 165-208; y Stephen Skowronek, Building a new American State, the expansion of national administrative capacities, Cambridge University Press, Cambridge y Nueva York 1982.

43 Véase la importante obra histórico-comparativa de Bernard Silberman sobre los modos alternativos de burocratización del Estado en relación con los procesos de profesionalización: “State bureaucratization: A comparative analysis”, Departamento de Ciencias Políticas, Universidad de Chicago 1982.

institucionales internas y las situaciones internacionales dificultan la modificación de los límites dentro de los cuales deben maniobrar las élites del Estado para recaudar impuestos y conseguir créditos. ¿Depende un Estado de los impuestos a la exportación (por ejemplo procedentes de un recurso nacional escaso o de unos productos vulnerables a súbitas fluctuaciones del mercado mundial)?44 ¿Le permite a un Estado no hegemónico su situación geopolítica recoger los beneficios de la ayuda militar para la construcción del Estado o debe confiar en los banqueros o en los organismos internacionales de ayuda que insisten en favorecer las inversiones privadas y restringen las opciones políticas internas del Estado prestatario?45 ¿Qué autoridad establecida tiene un Estado para recaudar impuestos, recibir créditos o invertir en empresas públicas potencialmente rentables? y ¿Qué “espacio” hay en el sistema político-constitucional existente para cambiar los modelos de recaudación de ingresos desfavorables para el Estado?

Por último, ¿qué autoridad y qué medios organizativos tiene que desplegar un Estado, con independencia de los recursos económicos de que disfrute? ¿Están “reservados” rígidamente determinados tipos de ingresos para usos especiales que no pueden ser modificados fácilmente por personas que adoptan las decisiones oficiales?46 ¿Puede el Estado canalizar (manipular) las corrientes de crédito hacia empresas y sectores industriales concretos, o las prácticas político-constitucionales establecidas sólo favorecen los gastos globales por categorías? A todos estos tipos de preguntas debe responderse en cualquier estudio de las capacidades del Estado. Los medios del Estado para captar y emplear recursos financieros nos dicen más que cualquier otro factor individual sobre sus capacidades actuales (e inmediatamente posibles) para crear o reforzar las organizaciones del Estado, para contratar personal, 44 Los ingresos inesperados procedentes de las ventas internacionales de petróleo, por ejemplo, pueden hacer a los Estados Unidos más autónomos de los controles de la sociedad y, debido a debilidad de las raíces sociales y de los pactos políticos, más vulnerables en momentos de crisis. Mantengo esa postura en “Rentier State and shi’a Islam in the Iranian Revolution”, Theory and society 11, 1982, pp. 265-283. El Comité Conjunto sobre Oriente Próximo y Medio del American Council of Learned Societies y del Social Sciences Research Council tiene en la actualidad un proyecto titulado “Social Change in Arab Oil- Producing Societies” que investiga las repercusiones de los ingresos procedentes del petróleo en las relaciones Estado-sociedad.

45 Véase Robert E. Wood, “Foreign aid and the capitalist State in under developed countries”, Politics and Society 10, 1980, pp. 1-34. El ensayo de Wood documenta y estudia principalmente las repercusiones negativas para la construcción del Estado de la mayor parte de la ayuda extranjera, aunque también señala que “las instituciones militares ‘superdesarrolladas’ favorecidas por la ayuda pueden proporcionar un trampolín para una experimentación estatista no pretendida por quienes ofrecen la ayuda” (p. 34). Taiwan y Corea del Sur parecen buenos ejemplos de este caso.

46 Véase John A. Dunn, Jr., “The importance of being earmarked: Transport policy and highway finance in Great Britain and the United States”, Comparative Studies in Society and History 20, 1, 1978, pp. 29-53.

para lograr el apoyo político, para subvencionar iniciativas económicas y para financiar programas sociales47.

Las capacidades del Estado para seguir modalidades de política concretasLas cuestiones fundamentales de la integridad territorial de un Estado, sus recursos económicos y el personal de que dispongan pueden constituir el punto de partida de cualquier investigación sobre las capacidades de ese Estado para alcanzar unos objetivos; sin embargo, los estudios más fructíferos de las capacidades del Estado tienden a centrarse en áreas de actuación políticas concretas. Como dice Sthepan Krasner:

No hay un ningún motivo para dar por sentado a priori que el modelo de puntos fuertes y puntos débiles será el mismo para todas las actuaciones políticas. Es posible que un Estado pueda modificar la estructura de su sistema de asistencia médica, aunque no pueda construir una red eficaz de transportes, mientras que otra pueda resolver con relativa facilidad los desplazamientos de sus ciudadanos y ser incapaz de curar sus enfermedades48.

Quienes estudian una estrategia general de cambio impulsada por el Estado, como una “revolución desde arriba” o un episodio importante de reformas patrocinadas por la burocracia, tal vez tengan que valorar la capacidad global de un Estado para alcanzar objetivos de transformación de múltiples esferas. Por otra parte, como señala Krasner, puede ser conveniente demostrar que “a pesar de las variaciones entre áreas de estudio dentro de los países, hay diferencias modales en el poder del Estado entre (por ejemplo) los países avanzados de economía de mercado”49. No obstante, tal vez esas valoraciones globales se elaboren mejor a partir de investigaciones sectoriales específicas, ya que uno de los datos más importantes acerca del poder de un Estado puede ser la desigualdad entre distintas áreas de actuación política. Y el resultado más revelador, incluso de una revolución de largo alcance o de una reforma desde arriba, puede ser la disparidad de las transformaciones producidas entre distintos sectores sociopolíticos. 47 Para formulaciones “clásicas” del análisis social de las finanzas del Estado, véanse especialmente Lorenz von Stein, “On taxation”, y Rudolf Goldscheid, “A sociological approach to problems of public finance”, ambos en Richard A. Musgrave y Alan T. Peacock (comps.), Classic in the theory of public finance, MacMillan, Nueva York 1958, pp. 202-213 y 28-36, respectivamente.

48 Krasner, Defending the national interest, p. 58.

49 Ibid.

Por ejemplo, en un provocador artículo titulado Constitutionalism, class and the limits of choice in US. foreing policy, Ira Katznelson y Kenneth Prewitt exponen cómo la política de Estados Unidos con respecto a América Latina ha Estado condicionada en parte por la desigualdad de las capacidades del gobierno nacional norteamericano: perfectamente capaz de intervenir en el extranjero, pero carente de las capacidades de planificación nacional “necesarias para dirigir la distribución interna de los costos que implican una política exterior menos imperialista”50. Por poner otro ejemplo, Alfred Stepan extrae muchas de sus conclusiones más interesantes sobre las consecuencias contradictorias e involuntarias del episodio de “corporativismo incluyente” en Perú de un análisis meticuloso de los éxitos desiguales del régimen a la hora de reestructurar los compromisos políticos de diversos grupos sociales y reorientar el curso de la evolución económica en diversos sectores51.

En numerosos estudios sobre las capacidades de los Estados para alcanzar tipos concretos de objetivos se emplea el concepto de “instrumento de actuación política” para hacer referencia a los medios pertinentes que un Estado puede tener a su disposición52. Las comparaciones entre distintas naciones son necesarias para determinar la naturaleza y el alcance de los mecanismos institucionales, cuya aplicación a un conjunto determinado de cuestiones por parte de los funcionarios del Estado puede ser concebible. Por ejemplo, Susan y Norman Fainstein comparan la política urbana de naciones de Europa noroccidental con la de Estados Unidos y, en consecuencia, pueden concluir que el Estado Nacional norteamericano carece de ciertos instrumentos para hacer frente a las crisis urbanas de los que disponen los Estados europeos, instrumentos tales como organismos centrales de planificación, consorcios de inversión de capital controlados por el Estado y programas de bienestar nacional gestionados directamente53.

De manera análoga, Peter Katzenstein reúne un conjunto de estudios relacionados sobre cómo seis países capitalistas industriales avanzados gestionan el comercio internacional, la inversión y las implicaciones monetarias de sus respectivas

50 Ira Katznetson y Kenneth Prewitt, “Constitutionalism, class, and the limits of choice in U.S. foreign policy”, en Richard Fagen (comp.), Capitalism and the State in U.S. Latin American relations, Stanford University Press, Stanford, Calif. 1979, p. 38.

51 Stepan, State and society, caps. 5-8.

52 Este concepto es estudiado por Peter Katzenstein en Between power and plenty, pp. 16, 297-298.

53 Susan S. y Norman I. Fainstein, “Nacional policy and urban development”, Social Problems 26, 1978, pp. 125-146; véanse especialmente pp. 140-141.

economías54. Katzenstein consigue establecer distinciones bastante claras entre las estrategias de que disponen Estados como el japonés y el francés, que tienen instrumentos de actuación política que les permite aplicar medidas a nivel de sectores industriales concretos, y otros Estados, como el británico y el norteamericano, que deben recurrir a manipulaciones macroeconómicas globales de parámetros fiscales y monetarios. Una vez más como en el estudio de Fainstein, es la yuxtaposición de los enfoques de diferentes naciones a un área de actuación política determinada lo que permite destacar los instrumentos de política pertinentes. Sin embargo, para ninguno de estos estudios esos “instrumentos” son creaciones deliberadas a corto plazo de los gestores de los Estados. Ambos estudios se orientan hacia el análisis microscópico de amplios modelos institucionales de historias nacionales divergentes que explican por qué los países tienen o no ahora instrumentos de actuación política para hacer frente a problemas o crisis concretos.

Los Estados en relación con los marcos socioeconómicos 

Los estudios pormenorizados de las capacidades del Estado no sólo implican un examen de los recursos e instrumentos que el Estado puede tener a su alcance para enfrentan problemas concretos, sino que también consideran necesariamente algo más que el Estado como tal. Estos estudios analizan a los Estados en relación con tipos concretos de entornos socioeconómicos y políticos y poblados por actores que tienen intereses y recursos determinados. Una de las aplicaciones obvias de la perspectiva relaciona) consiste en investigar el poder de los Estados sobre las estructuras y los actores no estables de ámbito nacional o transnacional, especialmente los dominantes en el plano económico ¿Qué capacidades tienen los Estados para cambiar el comportamiento o para oponerse a las exigencias de esos actores o para transformar las estructuras recalcitrantes? Las respuestas se encuentran no sólo en las características de los propios Estados, sino también en el equilibrio entre los recursos y las ventajas situacionales de los Estados comparadas con las de los actores no estatales. Este tipo de enfoque relacional es utilizado por Stephen Krasner en su análisis de los esfuerzos de los responsables de la política Estadounidense para aplicar una política exterior de materias primas en las interacciones con las grandes compañías, cuyas preferencias y prácticas establecidas han sido contrarias a menudo a lo que el Estado entiende por interés nacionales55.

54 Katzenstein (comp.), Between power and plenty.

55 Krasner, Defending the national interest, especialmente partes 2 y 3.

Este es también el enfoque utilizado por Alfred Stepan para analizar los éxitos y los fracasos de los dirigentes militares peruanos en el empleo del poder del Estado para cambiar los modelos de inversión de capital extranjero en un país dependiente como el suyo56. Stephen desarrolla de forma brillante una serie coherente de hipótesis causales para explicar la diversidad de los resultados en cada sector industrial: azúcar, petróleo y manufactura. Examina las características del régimen en cada uno de estos sectores: grado de compromiso con unos objetivos de actuación política claros, capacidades técnicas, aptitudes de supervisión, control por el Estado. Asimismo, estudia las características de las inversiones y mercados existentes en la medida en que chocan con las ventajas que las compañías multinacionales peruanas o extranjeras esperaban conseguir con nuevas inversiones. El razonamiento completo es demasiado complejo para que lo reproduzcamos aquí, pero su significación va mucho más allá del área de estudio de la inversión extranjera y del caso peruano. Al adoptar un enfoque tímidamente relaciona) con respecto al equilibrio de los recursos que los Estados y las compañías multinacionales pueden aportar en sus acuerdos mutuos, en parte simbióticos y en parte conflictivos, Stepan, proporciona un modelo importante para nuevos estudios de las capacidades del Estado en numerosas áreas de actuación política.

Otro enfoque relacional, ligeramente distinto, del estudio de las capacidades de los Estados aparece en el libro de Peter Katzenstein Between power and plenty en el cual (como ya se ha indicado) el objeto de la explicación no es, en última instancia, el poder del Estado sobre los actores no estatales, sino las estrategias de las naciones para lograr la “interdependencia” dentro de la economía-mundo capitalista. Un concepto al que se recurre de modo esencial en la recopilación de Katzenstein es el de “red de actuación política”, que incluye una relación estructurada entre el Estado y la sociedad. En palabras de Katzenstein:

Los actores de la sociedad y del Estado que influyen en la definición de los objetivos de la política económica exterior son los grandes grupos de interés y los grupos de acción política. Los primeros representan las relaciones de producción (incluyendo la industria, las finanzas, el comercio, el trabajo y la agricultura); los segundos provienen de la estructura de autoridad política (principalmente la burocracia del Estado y los partidos políticos). Las coaliciones gobernantes (…) en cada uno de los 56 Stepan, State and society, cap. 7.

Estados industriales avanzados encuentran su expresión institucional en redes de actuación política características que vinculan el sector público y el privado en la aplicación de la política exterior57.

Katzenstein mantiene que la definición y la aplicación de la política económica exterior surge del nexo entre el Estado y la sociedad. Tanto los objetivos del Estado como los intereses de las clases poderosas pueden influir en la orientación de la política nacional y la aplicación de una política viene determinada no sólo por los instrumentos de actuación política de que dispone el Estado, sino también por el apoyo organizado que recibe de grupos sociales clave.

Así, objetivos de actuación política como la reconversión industrial podrían llevarse a la práctica efectivamente porque una administración estatal central controla el crédito y puede intervenir en los sectores industriales. Sin embargo, puede ser de la misma importancia que las industrias estén organizadas en asociaciones disciplinadas dispuestas a colaborar con los funcionarios del Estado. En resumen, un análisis completo exige el examen de la organización y los intereses del Estado, la especificación de la organización y los intereses de los grupos socioeconómicos, y la investigación de las relaciones tanto complementarias como conflictivas de los actores estatales y sociales. Un enfoque de esta índole es el que emplean constantemente los colaboradores de Power and plenty para explicar los objetivos económicos exteriores de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Francia y Japón. El enfoque se utiliza también para analizar las capacidades de las redes de actuación política de estas naciones para aplicar estrategias económicas existentes o concebibles como alternativa.

Los enfoques relacionales de State and society de Stepan, y de Power and plenty, de Katzenstein, exponen con especial claridad algunas observaciones importantes acerca de la investigación actual sobre los Estados en cuanto actores y estructuras. Situar de nuevo al Estado en el primer plano de los análisis de la elaboración de la política y del cambio social exige una ruptura con algunos de los supuestos social-deterministas más amplios del pluralismo, del desarrollismo estructural-funcionalista y de los diversos neomarxismos. Sin embargo, esto no significa que haya que limitarse a volver del revés los antiguos enfoques teóricos: los estudios sobre los Estados por sí solos no han de sustituir las preocupaciones por las clases o los grupos, como tampoco han de forjarse argumentos puramente estatal-

57 Katzenstein (comp.), Between Power and plenty, p. 19.

deterministas en lugar de explicaciones centradas en la sociedad. La necesidad de analizar los Estados en relación con los contextos socioeconómicos y socioculturales queda demostrada de forma convincente en las mejores investigaciones actuales sobre las capacidades de los Estados. Y estamos a punto de examinar otro grupo de estudios en los cuales es aún más fundamental el enfoque plenamente relacional de los Estados y las sociedades.

La sección anterior se centraba en el Estado como conjunto de organizaciones a través de las cuales los colectivos de funcionarios pueden formular y aplicar estrategias o políticas características. Cuando el Estado aparece en el discurso actual de las ciencias sociales, los no marxistas, al menos, suelen referirse a él en este sentido: como un actor cuyos esfuerzos independientes tal vez hayan de ser tomados más en serio que hasta el momento a la hora de explicar la elaboración de políticas y el cambio social. Pero hay otra forma de reflexionar acerca de la influencia sociopolítica del Estado, un marco de referencia alternativo a menudo no articulado, pero quizás más importante incluso que la concepción del Estado como actor. Este enfoque puede llamarse “tocquevilliano”, ya que Alexis de Tocqueville lo aplicó magistralmente en sus estudios El antiguo régimen y la revolución y la democracia en América58. En esta perspectiva los Estados importan no sólo por las actividades de los funcionarios del Estado orientadas al logro de un objetivo. Importan porque sus configuraciones organizativas, junto con sus modelos globales de actividad, influyen en la cultura política colectivas (aunque no otros) y, posibilitan el planteamiento de ciertas cuestiones políticas (aunque no de otras).

Desde luego, los “puntos fuertes” o los “puntos débiles” de los Estados en cuanto escenarios de acciones oficiales más o menos independientes y eficaces constituyen un aspecto clave de las configuraciones organizativas y de los modelos globales de actividad en juego en esta perspectiva. Este segundo enfoque es totalmente complementario de las ideas que analizamos en la sección anterior, pero aquí el modus operandi del investigador no es el mismo. Cuando se analiza la influencia de los Estados desde el punto de vista tocquevilliano, esa influencia no se encuentra mediante la disección de las estrategias o políticas del Estado y sus posibilidades de ser aplicadas. Por el contrario, el investigador considera de un modo más microscópico las distintas formas en que las estructuras y actividades de los Estados influyen de modo no intencionado en la formación de grupos y en las

58 Estoy agradecida a Jeff Weintraub por haberme enseriado las afinidades de este segundo enfoque con la sociología política de Tocqueville.

capacidades, ideas y exigencias políticas de los diversos actores de la sociedad. Así, una parte del razonamiento de Tocqueville sobre los orígenes de la Revolución Francesa trataba de las formas en las cuales la monarquía francesa, a través de su estructura institucional y de sus prácticas políticas, socavó de manera no intencionada el prestigio y las capacidades políticas de la aristocracia, provocó al campesinado y al Tercer Estado urbano y movió a los intelectuales a lanzar andanadas abstractas y racionalistas contra el statu quo. La influencia del Estado impregnaba todo el razonamiento de Tocqueville, aunque no dijera mucho acerca de las actividades y los objetivos de los propios funcionarios del Estado.

Estudios comparativos de las estructuras y políticas del Estado en las democracias capitalistas industriales 

Una buena manera de demostrar la utilidad actual de esos análisis microscópicos de los efectos socioeconómicos de los Estados consiste en esbozar algunos de los descubrimientos de los estudiosos de la historia comparativa que se han centrado en las diferencias existentes entre las naciones capitalistas industriales avanzadas de Occidente y en el seno de ellas. Efectos análogos han sido hallados, o podrían haberlo sido, entre otros grupos de países por ejemplo, entre las naciones capitalistas periféricas o “de industrialización reciente” o entre los países “socialistas de Estado”, pero las observaciones analíticamente relevantes serían similares. Por consiguiente, me limitaré a las comparaciones entre Estados Unidos y algunas naciones europeas, recurriendo a diversas obras para esbozar ideas sobre el modo en que las estructuras y actividades de los Estados influyen en la cultura política, la formación de grupos y la acción política colectiva y los programas de estudio de la política.

En un ensayo original e innovador para su década, The State as a conceptual variable, J.P. Nettl describía una serie de diferencias institucionales y culturales en la “estatalidad” de Estados Unidos, Gran Bretaña y las naciones del continente europeo59. Algunos de los contrastes más llamativos de Nettl hacía referencia a dimensiones de la cultura política, es decir, a ideas muy extendidas sobre la naturaleza y el lugar del poder político y a concepciones sobre qué puede lograrse en política y cómo. En su ensayo titulado Constitucionalism, class, and the limits of choice 59 Nettl, “The State as conceptual variable”, pp. 559-592. Una obra reciente que trata cuestiones afines es The State tradition in Western Europe: A study of an idea and institution de Kenneth Dyson, Oxford University Press, Nueva York 1980.

in U.S. foreign policy, Ira Katznelson y Kenneth Prewitt aplican y amplían algunas de estas ideas de Nettl.

Debido a las diferencias en las trayectorias históricas de sus respectivos sistemas de gobierno, mantenía Nettl, los europeos continentales piensan que la “soberanía” reside en las instituciones administrativas centralizadas, los británicos se centran en los partidos políticos en el parlamento y los ciudadanos Estadounidenses se niegan a calificar de soberano a ningún órgano concreto, atribuyendo la soberanía al Derecho y a la Constitución. Según Nettl, en Europa el orden administrativo puede reconocerse de inmediato como una esfera de acción autónoma y, tanto los partidarios como los adversarios del orden establecido, tienden a abrirse camino en él en su condición de agente del bien público. Sin embargo, en Estados Unidos, como explican atinadamente Katznelson y Prewitt60:

La Constitución no establece (…) un Estado (centralizado administrativamente) que a su vez dirija los asuntos de la sociedad hacia alguna concepción clara del bienestar público; por el contrario, establece una economía política en la cual el bienestar público es el conjunto de las preferencias privadas (…). Estados Unidos son un sistema de gobierno de legislación y litigio (…) La política se convierte en la lucha para que los intereses sociales y económicos adquieran rango de ley (…) La cultura política define que tener poder político es conseguir que se apruebe una ley

El descontento adopta con suma frecuencia la forma de un intento de forzar una interpretación nueva y más favorable de la Constitución (…) Nunca en este interminable ajetreo la propia Constitución se convierte en el objetivo. Por el contrario, los principios constitucionales legitiman la reivindicación de un reparto justo del American way of life, y las interpretaciones y reinterpretaciones constitucionales son los medios para forzar las redistribuciones.

En resumen, los diversos tipos de Estados no sólo realizan las actividades decisorias, coercitivas y judiciales de distintas maneras, sino que también dan origen a diversas concepciones que influyen en el comportamiento de todos los grupos y clases de las sociedades nacionales.

Las formas de acción colectiva a través de las cuales los grupos plantean exigencias políticas o los dirigentes políticos tratan de conseguir apoyo también están determinadas, parcialmente, por las estructuras y actividades de los Estados. Este 60 Ira Katznelson y Kenneth Prewitt, “limits of choice”, en Fagen (comp.), Capitalism and the State, pp. 31- 33.

punto ha sido abundantemente demostrado para los países occidentales por los estudiosos que se ocupan de las causas y las formas de la protesta social, del “corporativismo” como sistema de consulta a los grupos de interés institucionalizado por los gobiernos y de los partidos políticos como mediadores entre el electorado y el ejercicio del poder del Estado.

Charles Tilly y sus colaboradores han investigado la modificación de las formas de protesta colectiva, tanto violenta como no violenta. En el proceso han señalado numerosas formas de influencia de las estructuras estatales, así como las acciones de los funcionarios del Estado, en la cronología, los objetivos y las formas de protesta colectiva. Las inexorables relaciones existentes entre la guerra y la construcción del Estado en los primeros tiempos de la Europa moderna hicieron, según Tilly, que la mayor parte del “descontento colectivo” de aquellos tiempos provocara intentos, en especial por parte de las élites regionales y las comunidades locales, de defender los derechos adquiridos frente a los recaudadores de impuestos y los reclutadores militares de la monarquía61. Posteriormente, las redes nacionales de personas de clase media y obrera en la Gran Bretaña en proceso de industrialización crearon las formas innovadoras de protesta del “movimiento social” asociativo a través de interacciones con las prácticas parlamentarias, jurídicas y selectivamente represivas del Estado británico62. También se propagaron a otras muchas naciones europeas diversas variaciones sobre “repertorios” de acción colectiva de los Estados concretos. Podrían extraerse de la obra de Tilly numerosos ejemplos más de la influencia de los Estados en la acción colectiva. Hace muchos años que Tilly defiende enérgicamente la restitución al Estado de su protagonismo en el análisis de la protesta social, esfera de la sociología política dominada anteriormente por los sistemas sociales y por los enfoques de la psicología social63.

Si los estudios de la acción colectiva son un tema permanente en sociología, los estudios de los grupos de interés ocupan una posición comparable en las ciencias políticas. Recientemente, como señala Suzanne Berger, los investigadores de diversos países de Europa Occidental han dejado de considerar a los “grupos de interés como reflejos de la sociedad”. Por el contrario, han descubierto que “el momento y las características de la intervención del Estado” influyen “no sólo en las tácticas y 61 Charles Tilly, As sociology meets history, Academic Press, Nueva York 1981, pp. 109-144.

62 Ibid., pp. 145-178.

63 Para una visión general de Tilly de la acción colectiva en respuesta crítica a enfoques sociológicos anteriores, véase From mobilization to revolution, Addison-Wesley, Reading, Mass. 1978.

estrategias organizativas”, sino también “en el contenido y la definición del propio interés”, con el resultado de que cada nación europea, de acuerdo con la secuencia y las formas históricas de las intervenciones sociales y económicas del Estado, tiene una configuración característica de los intereses que actúan en la política64. Además, los estudiosos de los grupos de interés, en Europa Occidental han debatido enérgicamente las causas y la dinámica de los modelos “corporativos” en los cuales los grupos de interés, que representan exclusivamente determinados intereses socioeconómicos funcionales, consiguen un estatus público y el derecho a participar con autoridad en la elaboración de la política nacional. Algunos estudiosos han subrayado, directamente, que las iniciativas del Estado crean formas corporativas. Otros, más escépticos respecto de esta concepción tan centrada en el Estado, analizan, no obstante, las innumerables formas en las cuales unas estructuras y políticas estatales concretas fomentan o socavan la representación del grupo corporativo65.

Cuando entra en escena Estados Unidos, quedan perfectamente claros algunos puntos clave en la línea apuntada. En un provocador ensayo de 1979, Robert Salisbury preguntaba: “Why no corporatism in America?” (¿Por qué no hay corporativismo en Norteamérica?) y Graham K. Wilson profundizaba en la pregunta en 198266. Ambos estudiosos coinciden en que características tan esenciales (interrelacionadas) de la estructura estatal de Estados Unidos como el federalismo, la importancia de las unidades geográficas de representación, los partidos políticos no programáticos, las esferas fragmentadas de la burocracia administrativa y la importancia del Congreso y sus comités especializados dentro del sistema de soberanía dividida del gobierno nacional, fomentan todas ellas una proliferación de grupos de interés en competencia, estrictamente especializados y escasamente disciplinados. En resumen, poco de la estructura y el funcionamiento del Estado norteamericano hace que sea políticamente viable o creíble el corporativismo, ni para los funcionarios ni para los grupos sociales. Incluso los movimientos de protesta de Estados Unidos tienden a seguir pautas temáticamente especializadas y 64 Suzanne Berger, “Interest groups and the governability of European society”, Items (boletín del Social Science Research Council) 35, 1981, pp. 66-67.

65 Véanse Suzanne Berger (comp.), Organizing interest in Western Europe: Pluralism, corporatism, and the transformation of politics, Cambridge University Press, Cambridge y Nueva York 1981; Phillipe C. Schmitter y Gerhard Lehmbruch (comps.), Trend toward corporatist intermediation, vol. I de Contemporary political sociology, Sage, Beverly Hills, Calif. 1979; y Gerhard Lehmbruch y Phillipe C. Schmitter (comps.), Patterns of corporatist policy-making, vol. 7 de Modern politics series, Sage, Beverly Hills, Calif. 1982.

66 Robert H. Salisbury, “Why no corporatism in America?’, en Schmitter y Lehmbruch (comps.), Corporatist intermediation, pp. 213-230; y Graham K. Wilson, “Why is there no corporatism in the United State?, en Lehmbruch y Schmitter (comps.) Corporation policy-making, pp. 219-236.

geográficamente fisíparas. Las estructuras del Estado, los grupos de interés establecidos y los grupos de oposición pueden reflejar las formas de organización y los fines de los demás.

Junto con los grupos de interés, las formas más importantes y duraderas de acción política colectiva en las democracias capitalistas industriales son los partidos políticos que compiten electoralmente. En una serie de brillantes ensayos histórico- comparativos, Martin Shefter demuestra cómo esos partidos han llegado a funcionar mediante el clientelismo o mediante llamamientos programáticos a bloques de votantes organizados67. Shefter mantiene que esto dependió en gran parte de las formas de poder del Estado vigentes cuando se estableció el sufragio democrático en las diversas naciones. En Alemania, por ejemplo, los monarcas absolutistas habían establecido burocracias administrativas centralizadas mucho antes del advenimiento de las elecciones democráticas. Cuando nacieron los partidos políticos que solicitaban el voto, no pudieron ofrecer las “ventajas del oficio” a sus seguidores, porque había una coalición (de funcionarios públicos vinculados a las clases altas y medias e inclinadas a utilizar la educación universitaria como una forma de hacer carrera en el Estado) que respaldaba el mantenimiento de las burocracias públicas a salvo del control de los partidos. Así, los partidos políticos alemanes se vieron obligados a utilizar llamamientos ideológicos y programáticos que iban desde el comunismo o el socialismo hasta el antisemitismo y el fascismo68. En cambio Shefter muestra cómo la desigualdad territorial de la administración central predemocrática en Italia y la ausencia de una burocracia federal autónoma en la democracia del siglo XIX en Estados Unidos permitieron que los partidos políticos que ejercían el clientelismo colonizaran la organización administrativa en estos países, lo cual determinó que los votantes fuesen cortejados con llamamientos no programáticos y especialmente con el clientelismo u otros repartos “distributivos” de los recursos controlados por el sector público.

67 Véase Martin Shefter, Party and patronage: Germany, England and Italy”, Politics and Society 7, 1977, pp. 403-451; “Panty, bureaucracy and political change in the United States”, en Louis Maisel y Joseph Cooper (comps.), The development of political parties: Patterns of evolution and decay, vol. 4 de Sage electoral studies yearbook, Sage, Beverly IIills, Calif. 1979, pp. 211-265; y “Regional receptivity to reform the legacy of the progressive era”, Political Science Quarterly 98, 1983, pp. 459-483.

68 De hecho, Shefter muestra (“Party and patronage”, p. 428) que la gran magnitud de la autonomía burocrática en la República de Weimar indujo a partidos que podrían haber preferido apelar al clientelismo para obtener votos campesinos a efectuar llamamientos ideológicos. Así, recurrieron a las “ideas” antisemitas y nacionalistas para atraer al campesinado, clase a la que a menudo se supone orientada intrínsecamente hacia los llamamientos del clientelismo.

La obra de Shefter, que aquí no puede resumirse más, abarca también a Gran Bretaña, Francia y los contrastes regionales dentro de Estados Unidos en el siglo XX. Con coherencia analítica y vivo detallismo histórico, Shefter muestra la influencia de la evolución de las estructuras administrativas del Estado en los objetivos y las formas organizativas de los partidos políticos que median entre los cargos públicos, por un lado, y los electorados arraigados en la sociedad, por otro. A diferencia de muchos investigadores del proceso electoral y los partidos políticos, Shefter no considera que los partidos políticos sean simplemente vehículos para expresar las preferencias políticas de la sociedad, Shefter es consciente de que también son organizaciones para reivindicar y utilizar la autoridad del Estado, organizaciones que desarrollan sus propios intereses y estilos de trabajo persistentes. Las líneas de determinación van tanto (o más) desde las estructuras del Estado a las reorganizaciones de los partidos y al contenido de las políticas electorales como desde las preferencias de los votantes a las plataformas de los partidos y a las políticas del Estado.

Las estructuras de la administración pública y las organizaciones políticas partidarias, consideradas conjuntamente, contribuyen en gran medida a “seleccionar” los tipos de cuestiones políticas que se incluirán (o se evitarán) en la “agenda política” de una sociedad. En su libro sobre la elaboración de la política en relación con la contaminación atmosférica en la política municipal de Estados Unidos, Matthew Crenson desarrolla este argumento de una manera que tiene consecuencias que trascienden su propio estudio69. Según Crenson, las maquinarias urbanas orientadas hacia el clientelismo y personalistas prefieren poner de relieve temas políticos que creen beneficios o costes divisibles susceptibles de ser asignados de modo diferenciado en negociaciones por separado a cambio del apoyo de grupos geográficos de votantes o de empresas privadas. Sin embargo, los controles de la contaminación atmosférica generan unos beneficios colectivos indivisibles, de forma que los gobiernos basados en una maquinaria y los partidos orientados hacia el clientelismo tratarán de evitar que la contaminación atmosférica sea un tema de debate. Agendas políticas enteras, mantiene Crenson, pueden estar dominadas por tipos de temas similares, ya sean temas distributivos mayormente “colectivos” o mayormente “específicos”. Esto sucede en parte porque las necesidades organizativas del gobierno y de los partidos suscitan temas similares. También sucede porque, una vez que la conciencia política y la movilización de grupo se inclinan en una determinada dirección, la gente tiende a hacer más reivindicaciones en la misma línea.

69 Matthew Crenson, The un-politics of air pollution: A study of non-decision making in the cities, Johns Hopkins University Press, Baltimore, Md. 1971, especialmente caps. 5 y 6.

De nuevo observamos una dialéctica entre sociedad y Estado, que en este caso influye al contenido de la política sobre ese tema básico del mismo modo que anteriormente veíamos cómo las interrelaciones entre la sociedad y el Estado intervenían en la configuración de las culturas políticas y las formas de acción colectiva.

Los Estados y las capacidades políticas de las clases sociales 

Puesto que son tantos los aspectos de la política relacionados con unas estructuras estatales que varían de una acción a otra, a nadie debería sorprender que el “clasismo” de la política varíe también en relación con los Estados, pues el grado (y las formas) en que están organizados los intereses de clase en la política internacional depende mucho de la cultura política predominante, de las formas de acción colectiva y de las posibilidades de plantear y resolver temas colectivos (sociales o de clase) de carácter general. Tal vez tengan razón los marxistas cuando mantienen que la clases y las tensiones de clase están siempre presentes en las sociedades industriales, aunque la expresión política de los intereses y los conflictos de clase nunca esté determinada automática o económicamente sino que depende de las capacidades de las clases para conseguir concientización, organización y representación. Directa o indirectamente, las estructuras y actividades de los Estados condicionan profundamente esas capacidades de clase. Así, las ideas clásicas de la sociología política marxiana deben ponerse, si no de cabeza, sin duda de lado.

Entablando un diálogo crítico directo con Marx, Pierre Birnaum afirma que la diferencia de ideología y actitudes hacia la política de los movimientos obreros de Francia y Gran Bretaña puede explicarse en términos de Estado70. Según Birnbaum, el Estado centralizado y burocrático francés, claramente diferenciado de la sociedad, fomentó las orientaciones y la militancia política anarquistas o marxistas entre los trabajadores franceses, mientras que el establishment británico, centralizado pero menos diferenciado, alentó a los trabajadores británicos y a sus dirigentes a preferir el gradualismo parlamentario y la negociación salarial contractual privada.

Argumentos análogos de Ira Katznelson en City trenches, y de Martin Shefter en un ensayo titulado Trades unions and political machines: the organization and disorganization of the American Worlking class in the late nineteenthn century, apuntan 70 Pierre Birnbaum, “States, ideologies and collective action in Western Europe”, International Social Science Journal 32, 1980, pp. 671-686.

a factores específicamente centrados en el Estado para explicar la bajísima capacidad política a nivel nacional de la clase obrera industrial de Estados Unidos71. La democratización (en forma de sufragio universal para los hombres blancos) tuvo lugar en Estados Unidos precisamente al comienzo de la industrialización capitalista. A partir de la década de 1830, la competencia electoral incorporó a los trabajadores al funcionamiento del sistema político, no por medio de una burocracia o un establishment nacionales, sino por medio de partidos políticos, orientados hacia el clientelismo, fuertemente arraigados en las comunidades locales. En contraste con lo ocurrido en muchas naciones europeas, los sindicatos y los trabajadores de Estados Unidos no tuvieron que aliarse con las asociaciones o partidos políticos que luchaban por el sufragio en oposición a unas clases dominantes políticamente privilegiadas y a un Estado administrativo autónomo. En Estados Unidos no había unos significados y organizaciones comunes que sirvieran de puente entre el trabajo y la residencia, y en los primeros tiempos la clase obrera industrial de Estados Unidos experimentó la “política” como cosa de unos grupos estrictamente locales organizados según criterios étnicos o raciales por los políticos de la maquinaria. Las luchas en el centro de trabajo fueron asumidas finalmente por los sindicatos interesados en las cuestiones cotidianas. “De este modo”, concluye Katznelson, “se otorgó a los ciudadanos y a sus bases un significado comunitario independiente de las relaciones laborales. El modelo segmentado de interpretación de clase en Estados Unidos (…) tuvo su origen principalmente en las características de la organización política creada por el funcionamiento de un sistema constitucional federal72.

La estructuras del Estado influyen no sólo en las capacidades de las clases subordinadas sino también en las de las clases acomodadas. Nunca basta con postular que los grupos dominantes tienen un “interés de clase” en mantener el orden sociopolítico o en que continúe un determinado desarrollo económico según fórmulas congruentes con sus modelos de propiedad. La manera exacta -o incluso la posibilidad- de que se mantenga el orden y continúe la acumulación económica depende, en una parte muy significativa, de las estructuras estatales existentes y de las capacidades políticas de la clase dominante que esas estructuras contribuyen a configurar. Por ejemplo, en mi estudio de 1973 sobre Social origins of dictatorship and 71 Katznelson, City trenches; y Martin Shefter, `Trades unions and political machines: The organization  and disorganization of the American working class in the late nineteenth century”, de próxima publicación en Ira Katznelson y Aristide Zolberg (comps.), Working class formation: Nineteenth century patterns in Western Europe and the United States, Princeton University Press, Princeton, N.J.

72 Katznelson y Prewitt, “Limits of choice”, p. 30.

democracy de Barrington Moore, mantenía que el “reformismo” de grupos terratenientes y burgueses clave en la Gran Bretaña del siglo XIX no fue sólo un producto de los intereses económicos de clase. Fue también una función de los intereses políticos particulares, en complejo equilibrio, que esos grupos tenían en unas formas descentralizadas de administración y represión y en unas formas parlamentarias de adopción de decisiones políticas73. Del mismo modo, buena parte del razonamiento de mi States and social revolutions sobre las causas de las transformaciones revolucionarias en ciertos Estados agrarios se basa en un análisis comparativo de las capacidades políticas de las clases altas terratenientes tal como fueron configuradas por las estructuras y las actividades de los Estados burocráticos monárquicos74.

Una vez más, la cuestión que se debate puede verse con toda claridad en Estados Unidos. Al igual que la clase obrera industrial estadounidense, los capitalistas norteamericanos carecen de capacidad política para hacer valer sus intereses de clase en la política nacional. Esta es una suma de las razones que invocan Susan y Norman Fainstein para explicar la incoherencia e ineficacia de las respuestas de la política contemporánea de Estados Unidos a las crisis urbanas a las que las naciones de Europa Occidental han hecho frente de modo más eficaz, en beneficio de las clases dominantes y subordinadas por igual75. Históricamente, la estructura del Estado norteamericano, relativamente débil, descentralizada y fragmentada, unida a la temprana democratización y a la ausencia de una clase obrera políticamente unificada, ha fomentado y permitido la división de los capitalistas Estadounidenses por estrictos intereses y su adopción de una ideología antiestatal y liberal76. Puede aducirse que los grupos comerciales estadounidenses se han beneficiado a menudo de esta situación. Sin embargo, sus intereses comerciales han sido una y otra vez vulnerables a intervenciones reformistas del Estado en las que no han podido ejercer una gran influencia o que no han podido limitar habida cuenta de su desunión política o (como en pleno New Deal) de su alejamiento de los organismos o administraciones intervencionistas del gobierno77. Para el mundo empresarial norteamericano siempre 73Theda Skocpol, “A critical review of Barrington Moore’s Social origins of dictatorship and democracy”,

Politics and Society 4, 1973, pp. 1-34.

74 Skocpol, States and social revolutions.

75 Fainstein y Fainstein, “National policy and urban development”.

76 lbid., pp. 39-40; y David Vogel, “Why businessmen distrust their State: The political consciousness of American corporate executives”, British Journal of Political Science 8, 1978, pp. 45-78.

77 Véase David Vogel, “The ‘new’ social regulation in historical and comparative perspective”, en Thomas McGraw (comp..), Regulation in perspective, Harvard University Press, Cambridge 1981, pp. 155-185.

ha sido difícil proporcionar un apoyo firme a las iniciativas nacionales que pudieran beneficiar a la economía en su conjunto.

Obviamente, los trabajadores y capitalistas industriales no agotan los grupos sociales que intervienen en la política de las democracias industriales. Los estudios de las repercusiones de las estructuras y políticas del Estado sobre los intereses y capacidades de los grupos también han contribuido, en gran medida, a explicar, en términos históricos y comparativos, las implicaciones políticas de los agricultores y los pequeños empresarios. Además, nuevas e importantes obras están analizando en la actualidad las relaciones entre la formación del Estado y el desarrollo de las “profesiones” modernas, así como las preocupaciones relacionadas con el despliegue de conocimientos “expertos” en la elaboración de la política publica78. No obstante, sin estudiar estas obras también ha quedado ilustrado de modo suficiente el razonamiento básico de esta sección.

La política en todas sus dimensiones se fundamenta no sólo en la “sociedad” o en la “economía” o en una “cultura”, en el caso de que alguna de estas variables o todas ellas se consideren independientemente de los modelos organizativos y las actividades de los Estados. Los significados de la vida pública y de las formas colectivas a través de las cuales los grupos adquieren conciencia de los objetivos políticos y trabajan para alcanzarlos no surgen sólo de las sociedades, sino en los puntos de encuentro de los Estados y las sociedades. En consecuencia, la formación, por no decir las capacidades políticas, de fenómenos en apariencia puramente socioeconómicos, como los grupos de interés y las clases, depende en una medida importante de las estructuras y actividades de los mismos. Estados en los que, a su vez, tratan de influir los actores sociales.

Conclusión

78 Véase Gerard L. Geison (comp.), Professions and the French State, 1700-1900, University of Pennsylvania Press, Filadelfia 1984. Arnold J. Heidenbeimer, “Professiones, the State, and the Polic (e) and connection: How concepts and terms envolved over time and accross language boundaries” ponencia presentada en una reunión sobre Profesiones, Política Pública y Estado, XII Congreso Mundial de la International Political Science Associations, Río de Janeiro, Brasil, 12 de agosto de 1982; Terry Johnson, “The State and the professions; peculiarities of the British”, en Anthony Giddens y Gavin MacKewíe (comes.), Social class and the division of labour, Cambridge University Prem Cambridge y Nueva York 1982, pp. 186-200; Dietrich Rueschemeyer, Jawyers and their society: A comparative study of the legal profession in Germany and the United States, Harvard University Press, Cambridge 1973; Dietrich Rueschemeyer, “Professional autonomy and the social control of expertise”, en R. Dingwall y P Lewis (comes.), The sociology of the professions, MaeMillan, Londres 1983; Bernard Silberman, “State bureaucratization”; y Deborah A. Stone, The limits to professional power: National health tare in the Federal Republic of Germany, Chicago University Press, Chicago 1980.

Este ensayo ha realizado un amplio recorrido -aunque inevitablemente selectivo- a través de la investigación actual sobre los Estados en cuanto actores y en cuanto estructuras institucionales con repercusiones en la política. Se han estudiado dos estrategias analíticas alternativas. Aunque complementarias, para poner de nuevo al Estado en el primer plano de los estudios comparativos e históricos del cambio social, la política y la elaboración de políticas concretas. Por una parte, los Estados pueden ser considerados como organizaciones mediante las cuales los colectivos de funcionarios pueden perseguir objetivos característicos, alcanzándolos con mayor o menor eficacia según los recursos estatales disponibles en relación con los marcos sociales. Por otra parte, los Estados pueden ser considerados de un modo más macroscópico como configuraciones de organización y acción que influyen en los significados y métodos de la política para todos los grupos y clases de la sociedad.

Teniendo en cuenta las tendencias intelectuales e históricas estudiadas en la introducción a este ensayo, no pueden quedar ya muchas dudas de que los Estados han de ser tomados en serio en las explicaciones que den las ciencias sociales de una amplia gama de fenómenos que han suscitado interés desde hace tiempo. Sin embargo, quedan muchas cuestiones teóricas y prácticas sobre la forma en que han de investigarse los Estados y sus repercusiones. Mi conclusión programática es clara: en lugar de enredarnos en una serie de debates conceptuales abstrusos y abstractos, sigamos las líneas de las estrategias analíticas aquí esbozadas. Con su ayuda podemos llevar a cabo nuevas investigaciones comparativas e históricas para desarrollar generalizaciones y las reformas, y acerca de la influencia de los Estados en los conflictos y los programas políticos.

Es probable que, a medida que se pongan en práctica esos programas de investigación histórico-comparativa, aparezca una nueva interpretación teórica de los Estados en relación con las estructuras sociales. Pero esta nueva interpretación, casi con toda seguridad, no se parecerá a las grandes teorías sistemáticas de los estructural-funcionalistas o los neomarxistas. A medida que pongamos de nuevo al Estado en el primero plano que le corresponde en las explicaciones del cambio social y la política, nos veremos obligados a respetar la historicidad intrínseca de las estructuras geopolíticas y asistiremos necesariamente a los ineludibles entrelazamientos de los acontecimientos a nivel nacional con los contextos históricos mundiales cambiantes. No necesitamos una gran teoría, nueva o restaurada, del Estado, sino interpretaciones sólidamente fundamentadas y analíticamente profundas de las regularidades causales que subyacen en las historias de los Estados, las estructuras sociales y las relaciones transnacionales en el mundo moderno.

33.18.-EL PLAN CURRIE Y EL POPULISMO (3) – Bernardo García

Nunca nadie había visto al doctor Bernard Lauchlin Currie tan furioso y enfático como cuando el experto mundial en migraciones Gustav Ranis califícó a Currie de “irresponsable social”, en un simposio sobre el Plan. Fue una expresión nacida de un discurso académico en que se estrellaban a medio camino dos puntos de vista. El uno de Rannis, desarrollado con su colega  John Fei en Development of the labor surplus economy theory and policy (Homewood, 1964), con alto fundamento empírico del modelo dual de A.Lewis y el otro, el de L.Currie fundamentado en una analogía visionaria publicada en “Desarrollo económico acelerado”. El propio Currie volvió más tarde sobre su genial analogía, en un artículo sobre la enseñanza de la economía:

«Por ejemplo, yo supongo que durante casi toda mi vida he sabido el significado de la expresión desempleo disfrazado. Sin embargo, no fue sino hasta 1961 que súbitamente comprendí su significado con respecto al problema colombiano. El súbito descubrimiento de que en términos económicos la mitad de la fuerza laboral colombiana se hallaba desempleada, fue la clave para todo el análisis de contenido en la Operación Colombia. Si se perdona la pretensión de la analogía, vino a ser la tradicional manzana que cayó sobre la cabeza de Newton» (Currie, 1993, 337Currie, L. 1993. «La teoría del crecimiento», Cuadernos de Economía, No. 18-19, pp. 377-390.).

Entonces, desempleo disfrazado es un potencial como el desempleo abierto keynesiano, que se vuelve dinámico si se transforma en demanda efectiva. Pero no a la manera del populismo vulgar que monetiza la demanda popular con montos de dinero inflacionarios, sino a la manera keynesiana auténtica que él mismo como líder en el brain trust de Roosevelt la había promovido. La construcción masiva de vivienda y de obras de urbanización desataría una monumental demanda derivada de la nueva mano de obra de la construcción, las industrias conexas y derivadas. Los ingresos y salarios generados constituirían unas oleadas de demanda efectiva con sus efectos multiplicadores del ingreso y aceleradores de la inversión y aumento de la demanda por alimentos, en beneficio del campo.

Ni Rannis ni Fei exageraban cuando mostraban la dramática situación de los países subdesarrollados cuya población explotó en los años cincuenta con la drástica disminución de la tasa de mortalidad infantil y la boyante fertilidad, agravada además por rachas de migración campesina hacia las ciudades. Así, si la población colombiana pasó de crecer en la década del 40 al 1.09%, en la del /60 pasó a crecer al 3%. Pero además, las ciudades crecían entre el 5 y el 10%, toda una tragedia demográfica para el empleo, que ni las formulas industrialistas, ni las keynesianas iban a resolver. Ni la una, ni la otra. ¿Está claro?

Al final, el presidente Alberto Lleras, diez años antes, tenía razón cuando le manifestaron que se trataba de un plan que aceleraría el crecimiento. ¿Cómo? – Mediante la aceleración de la migración campo-ciudad. Entonces comentó Lleras, “tendríamos que militarizar el país” y se mantuvo en el plan industrial 1960-70. Pero lo que quizá el presidente Lleras ignoraba es que si se concentra la inversión en las ciudades, lejos de bajar la tasa de desempleo, se aumenta. Esa es la muy verificada “paradoja Todaro”, que se enrumbó en esa década y ahora seguía con cambio de jinete, no más.

Es enorme la literatura que se ha producido sobre desempleo e industrialización. Desde los tediosos análisis sobre tecnologías intensivas en capital o en trabajo, hasta luminosos ensayos sobre la poderosa industria exportadora a gran escala. Pero ni lo uno, ni lo otro ha sido exitoso salvo en el caso de Corea del Sur. Los países del bloque soviético y China optaron por limitar el número de hijos por pareja y establecer pasaportes con visados especiales para migrar del campo a la ciudad. De manera que la disputa en torno al empleo sólo encontraría una solución con el advenimiento del control de la natalidad. Por lo demás, la disputa entre coyunturistas amos del empleo en el corto plazo e industrialistas por empleos bien remunerados queda tablas. Obvio que quien esto escribe pertenece a la segunda secta.

Algunos trabajos dan cuenta de la trayectoria del Plan de las Cuatro Estrategias. Claro que fue un éxito como plan indicativo, con enorme participación del sector privado y con la coordinación coherente del gobierno. No fue tan espectacular como se esperaba frente al paso firme de los coreanos del sur y otros “tigres asiáticos”, con estrategia industrialista y exportadora.   Ver trabajos de Hernando Gómez Buendia:EL DESEMPLEO URBANO: RAÍCES, TENDENCIAS E IMPLICACIONES” Fedesarrollo, 1975 y Juan José Echavarría y Mauricio Villamizar (con la colaboración de Juanita González): “EL PROCESO COLOMBIANO DE DESINDUSTRIALIZACIÓN”, Banco de la República, 2005. 

En Gómez Buendía se advierte que el desempleo abierto se mantuvo entre el 7 y el 10%. Es decir que el Plan pudo absorber el boom demográfico, la racha migratoria y debió dejar un margen de crecimiento de desempleo disfrazado en las ciudades. En Echeverría y Villamizar se constata que el crecimiento industrial cedió y más aún si se prescinde de las petroquímicas. Más tarde, con la moda neoliberal se produce un “prematuro” descenso industrial. Anti-Currie.

32.18.-EL PLAN CURRIE Y EL POPULISMO (2) – Bernardo García

La vivienda no es un artículo de exportación. Urbanismo y calles, tampoco. Algo se exporta por habitaciones hoteleras para turistas extranjeros. Su multiplicador interindustrial es muy liviano en materiales de construcción de bajo valor agregado y mano de obra poco calificada.

Mientras tanto Corea del Sur lanzaba el plan quinquenal en los setentas sobre la industria automotriz. La Asociación colombiana de Industriales Andi criticaba que la construcción de vivienda desplazaría una enorme masa de capitales desprotegiendo la continuación de la industrialización exportadora.  En efecto, las unidades de valor constante UPAC para financiar el auge masivo del urbanismo y vivienda superaba en rentabilidad a todo tipo de papeles financieros.

L.Currie responde que las elevadas tasas de interés van a incentivar el ahorro y que por lo tanto habrá dinero para todo el mundo. Verdad en los países desarrollados con abundancia de capital, pero en los países con poco capital prima la teoría de “restos financieros sobrantes y cupos financieros faltantes”, con alta inelasticidad a la tasa de interés. Al cabo del tiempo eso es lo que sucedió y no hubo dinero para todo el mundo.

Otro consuelo para los industriales fue poner como segunda estrategia el impulso a las exportaciones. Y el impulso se dio con incentivos tributarios CAT y se obtuvieron buenos resultados, pero no los espectaculares como los coreanos quienes se endeudaban a granel en dólares, pero pagaban. Casi nada en capital extranjero directo. Para ellos significó una verdadera ampliación del mercado  tanto o más grande que el andino y bien guiados por sus émulos y maestros exportadores japoneses.

Pero la jugada maestra para abandonar la industrialización consistió en superponer el pleno empleo como objetivo central y no el desarrollo industrial. Se contrató un gran estudio intitulado “Hacia el pleno empleo” con la OIT, con abundantes debates y comentarios de prensa. En suma, un extenso y minucioso diagnóstico, el estudio culminó ofreciendo tres alternativas de política económica. El sector agrícola tradicional ofrecía el más alto multiplicador de empleo, seguidos por sectores intermedios como la construcción y terminando con la industria.

El veterano L.Currie señaló que no se podía considerar el sector  tradicional plagado por el desempleo disfrazado de empleados con baja productividad, bajos salarios y en proceso de emigración. Entonces era la construcción que posee amplios multiplicadores en el mercado interindustrial. La ventaja sobre una potencial industria automotriz, es que la construcción se caracteriza por absorber obreros no calificados, es decir campesinos de reciente migración. El problema del campo, añadió, no es de oferta sino de demanda y el incremento de obreros y sus salarios en la construcción va a provocar una enorme demanda adicional de alimentos.

No obstante, en la publicación de “Aspectos cuantitativos del Plan”, Currie omitió la matriz en la que se prueba el efecto de una demanda considerable sobre el aumento del ingreso/per capita de los diversos sectores.  En ese aspecto prima la industria porque con un menor efecto/empleo, paga sueldos y salarios muy superiores al resto de la economía. Y es ese nivel de ingresos es el que permite que en su canasta familiar de gastos ingresen arriendos y cuotas hipotecarias. Es así como se ha financiado en el mundo la vivienda, sin competir con la industria, sino derivada de ella y ayudada por el crédito hipotecario. La demanda por vivienda es una derivada de sueldos y salarios industriales calificados, como la demanda agrícola puede ser derivada de salarios no calificados de la construcción de vivienda.

Bernard Lauchlin Currie New administratative assistant to presiden Roosevelt and John Kenneth Galbrait.

 Es obvio que Bernard Luchlin Currie ya había campeonado en el “bloque de cerebros” del New Deal del presidente Roossevelt, en la expansión de la teoría Keynesina. Sí se trata de un plan keynesiano en Colombia país pre industrial, no de un plan industrialista. Son dos cosas compatibles, pero muy distintas. Los coreanos lo distinguieron bien. Una cosa es la estabilización de la economía en el corto plazo (precios, salarios, tasa de interés, tasa cambiaria) y otra cosa son las macroinversiones industriales de largo plazo.

 El famoso John Kenneth Galbraith*  en su artículo Cómo llegó Keynes a Estados Unidos” (traducido en Revista Económica Institucional  vol.16 no.30 Bogotá Jan./June 2014) habla del papel y las competencias de Lauchlin Currie,                                                                                                                                                                                              

Antes de publicar La teoría general, Keynes presentó sus ideas directamente al presidente Roosevelt, sobre todo en una famosa carta al New York Times del 31 de diciembre de 1933: «Hago mucho énfasis en el aumento del poder de compra nacional resultante del gasto del gobierno financiado con préstamos». Y visitó a Roosevelt en el verano de 1934 para exponer su tesis, aunque la sesión no fue un gran éxito; en la reunión cada uno planteó sus dudas sobre el sentido común del otro.

Entre tanto, dos funcionarios clave de Washington, Marriner Eccles, el muy competente banquero de Utah, que llegaría a ser jefe de la Junta de Reserva Federal, y Lauchlin Currie, un reciente profesor de Harvard que era su director adjunto de investigaciones y luego consejero económico de Roosevelt (y, aún más tarde, destacada víctima de la persecución de McCarthy), habían llegado por su cuenta a conclusiones similares a las de Keynes sobre la orientación apropiada de la política fiscal. Cuando La teoría general apareció, ambos la interpretaron como una confirmación de la orientación que habían propuesto.  L.Currie, brillante economista y profesor, era también un calificado e influyente intérprete de las ideas en la comunidad de Washington. No es frecuente que nuevas e importantes ideas sobre la economía entren a un Gobierno por medio de su banco central. Nadie debería inquietarse. No existe el más leve indicio de que alguna vez volverá a suceder 1.

1 1Currie no fue promovido en Harvard debido en parte a que sus ideas, que anticiparon brillantemente a las de Keynes, se consideraron deficientemente académicas hasta que Keynes las hizo respetables. La economía es muy complicada.  

31.18.-EL PLAN CURRIE Y EL POPULISMO (I) – Bernardo García

El populismo llegó para quedarse. Sea de izquierda o de derecha. Razón estructural. La población migra del campo a la ciudad porque la productividad se eleva en la agricultura, porque el diferencial de salarios campo-ciudad se crece (teoría de Arthur Lewis), porque le esperanza matemática de encontrar empleo es superior en las ciudades (paradoja Todaro), o en fin porque situaciones de violencia obligan al éxodo. Ese es el punto de partida de la teoría de Jean Fourastié en su obra “La esperanza del siglo XX”. Ese éxodo también está implícitamente contemplado entre las dos primeras etapas históricas de desarrollo formuladas por WW Rostow.

La población campesina migra a las ciudades y las urbes en pleno despertar industrial absorben las masas campesinas que dan lugar a un numeroso proletariado asalariado. Pero esa ley se rompió en los países de indutrialización tardía o pasmada, salvo Corea del Sur. Pero en casi todas partes los incipientes y nuevos países industriales vieron con asombro crecer urbes gigantescas y muchas medianas con enormes masas flotantes en oficios con apariencia de empleo, pero con una productividad muy baja y salarios deleznables. No toda la población flotante es pobre. Algunos negocios informales pueden rentar hasta cuatro y cinco salarios mínimos. Pero son la excepción.  Esa es la estructura populista de inmensas masas urbanas, flotantes, sin patrones, ni sindicatos, ni vecindarios estables. Sólo necesitan un caudillo carismático que las intermedie ante el Estado.

La raíz del mal consiste en la ruptura de esa clave histórica del desarrollo económico.  Allyn Young el admirado profesor de Lauchlin Currie  en “Increasing Returns and Economic Progress”, 1928 había lanzado una aproximación para el desencadenamiento del proceso industrial. En el circuito de producción antes de llegar al consumo se produce un complejo intercambio en el variado mercado interindustrial. Young aproxima el proceso asimilándolo al principio de Adam Smith sobre el efecto positivo de la especialización de los individuos. Similar a la especialización sectorial, dice Young. Aproximación forzada; pero vale. Lo que interesa es el desencadenamiento del proceso.

En 1954 WW.Rostow sorprende con su original tesis de que “el despegue  industrial” es provocado por empresas que producen un proceso de múltiples intercambios en mercados interindustriales y cuyo análisis lo ejemplariza con el reciente método de las tablas matriciales insumo-producto establecido por Leontieff[1].  Esa tesis enunciada en el simposio de eminencias en crecimiento económico, fue determinante con la presentación del modelo de progreso técnico con la función de producción agregada de Robert Solow (1957). Luego en 1960  retoma ese concepto es su obra “Etapas del desarrollo económico – Un manifiesto no comunista”.

Eso explica que los ferrocarriles desempeñaran el papel decisivo de gran multiplicador industrial en Estados Unidos, Francia, Alemania  y Rusia; y también desempeño un papel importante en Suecia y Japón. No obstante, la ruptura hizo que los ferrocarriles ya no fueran una fuerza de despegue industrial (take off) ni en la India, ni en China, ni en Canadá. Tampoco tuvo efecto en Argentina antes de 1914. Mientras para los primeros países, el ferrocarril fue motivo para emprender industrias de locomotoras y por ende de motores, de rieles y con ello todo la industria metalúrgica y sus derivados, de vagones y carrocerías, de travesaños e industrias madereras…, para los segundos países debieron contentarse con la revolución en la industria de los transportes, importando del exterior todo lo demás.

El aserto de WW  Rostow sobre el fogón interindustrial del despegue industrial (take off) desencadenó un gran rechazo por parte de los grandes historiadores de la economía cuantitativa, y sólo cesó cuando fueron más allá de las categorías agregadas iniciadas por Colín Clark y desagregaron sus datos como lo había sugerido repetitivamente WW.Rostow. El primero Simón Kuznets y luego Deanne, Marczewski, Walter Hoffmann, Chenery y Taylor. El despegue (take off) como impulso de partida obtuvo un visto bueno tardío, pero efectivo.

El punto clave de esta historia es que el despegue industrial no se produce cuando países como Colombia no construyeron ferrocarriles sino que los importaron en su totalidad e implantaron industrias finales en el exitoso Plan decenal Industrial de 1960; pero no pudieron implementar la industria de bienes intermedios y de capital. El Pacto Andino se frustró con la prioridad revolucionaria de Velasco Alvarado en el Perú y de Salvador Allende en Chile. Ecuador y Bolivia gozaban de una enorme inestabilidad política y prepotente Venezuela petrolera era muy reticente. Quedaba la alternativa de vigoroso empeño exportador; pero entonces se atravesó en Plan de las cuatro estrategias de Lauchlin Currie y del presidente Misael Pastrana (1970-74). El take off industrial colombiano feneció entonces, para permanecer un tiempo como intento fallido, para luego declinar en manos más neoliberales y globalizantes en manos de las multinacionales.

30.18.-EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN – Salomón Kalmanovitz

La corrupción en Colombia es endémica, pues se presenta con mayor intensidad en los períodos electorales, a partir del financiamiento privado de las campañas. Las grandes firmas constructoras financian las campañas presidenciales y legislativas a cambio de los contratos del Estado. Las empresas que son exoneradas de impuestos contribuyen generosamente a favor de las campañas de los políticos que las favorecen. Es por eso que el Centro Democrático siempre tiene sus arcas llenas para financiar sus campañas políticas e ideológicas.

20 ago 2018.- El sistema político está basado en el clientelismo, que intercambia puestos, tejas, víveres y dinero por el voto a favor del político. Se le llama clientelismo de mercado porque es la forma moderna del viejo gamonalismo, que estaba basado en relaciones personales de patronazgo. El Consejo Nacional Electoral otorga curules si logra acuerdos entre los representantes de los partidos mayoritarios en contra de los partidos débiles. En otros países existen tribunales electorales administrados por jueces independientes.

La corrupción es también sistémica, pues permea todos los niveles de gobierno, aunque prevalezca más en las regiones en donde hay mayor debilidad del Estado y presencia de actores ilegales que capturan las transferencias que deben ir a financiar la salud, la educación y los programas sociales. También está presente en todos los organismos del Estado que son botín para determinados grupos políticos que hacen parte de la coalición de gobierno, aunque en verdad esto no es necesario.

La esencia de la política democrática es la negociación entre los integrantes de coaliciones e incluso con la oposición, pero donde hay un compromiso de todos de no intervenir la burocracia profesional que administra el Estado. Se cambian las cabezas de Ministerios e institutos mas no se revuelca la nómina ni se subcontrata temporalmente a la mayor parte de los funcionarios, lo cual lleva a la magnífica ineficiencia y extendida corrupción que caracterizan la administración pública colombiana. El concepto de mermelada esconde la legitimidad de las negociaciones políticas que sólo se desvirtúan cuando llevan a la apropiación privada de recursos públicos, a elefantes blancos y a obras que benefician a los contratistas más que a los ciudadanos.

Para rematar, los entes de control y el aparato de justicia se manejan igual con base en el clientelismo de mercado, generando una proliferación de contralorías, defensorías y sus funcionarios que están lejos de vigilar al Estado; en las altas cortes existen magistrados que venden sentencias. No hay entonces una amenaza cierta contra la gran y pequeña corrupción que acompaña el funcionamiento del Estado. El resultado es que el crimen de la corrupción paga con creces.

El próximo 26 de agosto tenemos la rara oportunidad de expresar nuestro rechazo a la corrupción política en una consulta de siete puntos que busca rebajarles el salario legislativo a $20 millones mensuales e impedir que los legisladores se atornillen en sus curules; imponer penas privativas de libertad para la corrupción y la prohibición de contratar con el Estado a los culpables, así como la contratación trasparente con pliegos únicos y rendición de cuentas de los legisladores; por último, “hacer públicas sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés”. Sería conveniente, por ejemplo, conocer el patrimonio del senador Álvaro Uribe y de sus hijos.

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https://www.elespectador.com/opinion/el-combate-la-corrupcion-columna-807082

29.18.-¿ESTÁ LOCO EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR O EL LOCO ES DUQUE? – Bernardo García

El presidente electo de México, López Obrador, anunció que su política no es ir por los capos sino por su dinero. Para ellos habrá una justicia transicional, dijo, como la hubo en Colombia. El presidente Duque, en cambio, promete volver a la carga.

El narco ya probó que podía matar y comer del muerto. Todos los regímenes artillados en su contra han quedado tendidos en el campo de batalla. Más aún, se los ha comido por dentro inyectándoles el virus que corrompen a policías y generales, alcaldes, jueces, magistrados, ministros y presidentes sin descartar por supuesto a los banqueros. Pero con ellos no es corrupción. Es negocio blindado y puro sin el cual el narco no sería pingue  negocio.

Muchos han opinado que la guerra no se gana ni a tiros, ni con fumigación de cultivos, ni con cacería de capos. Todo ese despliegue se frustra porque el negocio es demasiado suculento. Y ahora demasiado poderoso. En los años noventa los expertos estimaban en 600 mil millones de dólares, la masa de dinero procedente del narconegocio en el mundo. Ahora, los mismos expertos  cifran el negocio  alrededor de los dos billones de dólares, fármacos estufacientes incluídos. Es una cifra bestialmente grande.

El GAFI/FATF es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo inter-gubernamental (34 países), cuyo propósito es el desarrollo y promoción de políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (40 recomendaciones).  Su función es propiciar la aprobación de legislación específica que ayude en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. Este comando de alta alcurnia fue creado en 1989 por la Cumbre de los Siete Grandes G-7 a instancias del  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La misma que más tarde lanzara con éxito la ofensiva contra los paraísos fiscales con evasión de impuestos, pero en cuanto a dineros del narco pasó por aquellas islas como torpedo errático.

Lo que se sabe a ciencia cierta es que los grandes lavadores son las sucursales de los grandes bancos internacionales. La mayoría de ellos con oficinas conexas y casas matrices en la City de Londres. De manera que el voluntarioso GAFI publicó sus primeros informes la existencias de un par de agencias de viajes en Cali y algunas casas de cambios en Medellín. Se supone que los grandes bancos internacionales se morían de la risa. Pero entonces el Gafi la emprendió contra los bancos de la City londinense. Sin más rodeos lo despacharon con frases cortas: podemos informar sobre transferencias diarias totales de las sucursales (en Paraísos), no sobre clientes en particular que están protegidos por el secreto bancario. Punto final. Entonces procedieron a concebir las 40 recomendaciones para para que los bancos pillen a los bandidos.  No se sabe si es un chiste o una paradoja.

Ahora aparece López Obrador montado en su rocinante, con su rodela en el brazo izquierdo y la puntiaguda lanza batiendo el viento para perseguir a los malcinantes lavadores. Y con el primero que se tiene que encontrar es con el presidente Trump que como Nixon sabe que hay que darle trabajo a las gigantes fueras armadas y que además, el secreto bancario es intocable. ¿La razón entonces la tiene el presidente Duque y emperrarse otra vez con algún glifosato y mucho plomo? No importa llover  sangre sobre suelo mojado en sangre, pero no lo va tumbar la DEA.

28.18.-SOBRE LA COMPETITIVIDAD CHINA Y LA NUESTRA – César Ferrari*

En 2017, sobre un total de 137 países, Colombia ocupó el puesto 66 en el ranking de competitividad global del Foro Económico Mundial (FEM). En el primer lugar se ubicó Suiza y en el segundo Estados Unidos. Corea del Sur se ubicó en el puesto 26 y China en el 27. 

Llama la atención que en dicho ranking, que se llama de competitividad, el país más competitivo en el mundo, China, porque ha sido capaz de colocar casi todos los bienes y servicios que produce, en casi todos los mercados del mundo, desplazando así a otros países posicionados previamente en esos mercados, se ubique en el puesto 27, detrás de otro país que también se caracteriza por ser muy exitoso penetrando y conquistando mercados: Corea del Sur.

1 Ago 2018.- Es decir, si ser competitivo consiste en la capacidad de penetrar y posicionarse en los mercados, el ranking del  FEM resulta extraño: pareciera no medir competitividad si no otra cosa. Según sus proponentes, el índice “evalúa los factores y las instituciones que determinan mejoras en la productividad, que a su vez es el principal factor determinante del crecimiento a largo plazo y un factor esencial en el crecimiento económico y la prosperidad.”

Lo cual no quiere decir que sea inútil. Al contrario, sirve para identificar cuáles de esos factores e instituciones están más o menos desarrollados para, a partir de su identificación, orientar la política pública de manera más eficiente; aunque también puede ser manipulado políticamente. Los factores y las instituciones considerados para el cálculo del índice están agrupados en 12 tipos de variables: instituciones, infraestructuras, entorno macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y formación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación en materia de negocios, innovación.

En el caso colombiano, algunas de las variables más atrasadas o inadecuadas en términos relativos respecto a las de otros países son: la tasa impositiva como porcentaje de las utilidades de las empresas (135), los costos del terrorismo para las empresas (puesto 132), el desvío de fondos públicos (131), las importaciones como porcentaje del PIB (125), las exportaciones como porcentaje del PIB (124), la calidad de las carreteras (110), la asequibilidad de los servicios financieros (99).

Cualquiera entendería que resolver esos atrasos es necesario para un mejor desarrollo del país. Pero eso no quiere decir que a partir de esas soluciones, necesariamente, el país o mejor dicho sus empresas, que son las que producen y venden en los mercados nacionales e internacionales, se vuelvan más competitivos. La falta de competitividad puede ser consecuencia de que los costos financieros de las empresas son muy elevados por falta de competencia en los mercados de crédito.

O puede ocurrir lo que se conoce como la enfermedad holandesa: el país exporta recursos naturales abundantes, que generan una cantidad enorme de divisas, que revalúan la tasa de cambio y hacen inviable la producción y exportación de otros bienes y servicios que tienen menor nivel de productividad, es decir producen menos valor agregado (los servicios laborales que se añaden a la tela para producir una camisa) por unidad de factor empleado (servicios laborales) en el proceso productivo (la producción de camisas).

En este caso, para evitar esa revaluación cambiaria y la consecuente pérdida de competitividad de las empresas, pueden emplearse dos tipos soluciones: reducir la oferta de divisas que entran al mercado cambiario orientándolas a fondos especiales en el exterior, como hacen los noruegos, o aumentar la demanda de divisas acumulando  reservas internacionales, como hicieron los chinos hasta hace unos años.

Mejor dicho, el desarrollo es una cuestión compleja que requiere una visión estratégica amplia y nuevas políticas que la pongan en práctica. Así, entre otras, para manejar la cuestión cambiaria se necesita una nueva política monetaria, para mejorar el sistema financiero se requiere una nueva política regulatoria que induzca mayor competencia en los mercados de crédito, para reducir la tasa impositiva a las empresas deben aumentarse los impuestos a las personas naturales más ricas.

Adicionalmente, para hacer carreteras se necesita mayor gasto fiscal y, por lo tanto, mayores ingresos fiscales (las alianzas público privadas son una solución ineficiente que implica desviar fondos de las inversiones que debería estar haciendo el sector privado en fábricas para emplearlos en las inversiones que debería estar haciendo el sector público), y para resolver el problema del terrorismo se requiere resolver el del narcotráfico que exige a su vez que los cultivadores de coca tenga ingresos razonables en sus cultivos legales, es decir no solo una solución policial si no, sobre todo, una nueva política económica agraria que rentabilice a los productores agropecuarios.

* Ph.D. Profesor titular, Departamento de Economía, Pontificia Universidad Javeriana. https://www.elespectador.com/opinion/sobre-la-competitividad-columna-803547

27.18.-SÉPTIMO DÍA Y LA LABOR DEL INVIMA, UN PROGRAMA TENDENCIOSO – Francisco Azuero

El programa Séptimo Día, transmitido por Caracol TV el pasado 24 de Junio, le atribuyó al INVIMA y a las autoridades de salud en Colombia intenciones perversas para no aprobar el registro de medicamentos.  Fue un programa hecho sin ninguna objetividad periodística. 

El  pasado domingo 24 de Junio, el programa Séptimo Día, dirigido por el periodista Manuel Teodoro, estuvo dedicado a supuestas fallas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA),  al no aprobar el registro de medicamentos que, según el programa, han sido aprobados en otros países (el programa puede verse aquí)

1 jul 2018.- Según sus funciones legales, el INVIMA está encargado de aprobar el registro sanitario de medicamentos, requisito indispensable para su comercialización legal en Colombia.  Las criticas al Invima se basaron en tres ejemplos. En cada uno de ellos, se entrevistaron a pacientes o a sus familiares. La conclusión a la que quería llegar era muy simple: por culpa de la negligencia del INVIMA estos pacientes no podían contar con los medicamentos que le permitían a ellos enfrentar su enfermedad. En uno de lo casos, la paciente había fallecido. Se insinuó incluso que esa muerte era responsabilidad del Invima

Miremos cada uno de los tres ejemplos mostrados en el programa.

        1-Palbociblib . Fabricado por Pfizer. Medicamento utilizado para el cáncer de seno. Ha recibido aprobación  de la Agencia Federal de Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés)  También fue aprobada para su comercialización por la  Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por su siglas en inglés). Su gran mérito, aparentemente, es que puede prolongar en 10 meses la mediana de supervivencia de los pacientes. El precio de su caja, con 21 cápsulas (tres semanas  de tratamiento) es, según la información de la paciente entrevistada en Séptimo Día, de $23 millones. Sin embargo en un blog del Instituto Nacional del Cancer (organización del gobierno federal de Estados Unidos para la investigación sobre esta enfermedad) se señala lo siguiente:   “ Al tiempo del análisis, la duración del seguimiento de pacientes tanto en el estudio de ribociclib como en el de palbociclib no era suficientemente largo como para determinar si las terapias mejoraron el tiempo que vivieron las pacientes. Los investigadores de ambos estudios continúan el seguimiento y esperan informar acerca de la supervivencia general en el futuro”.

No es cierto, por lo tanto, que este medicamento pueda ser presentado como una cura contra el cáncer, como maliciosamente se insinuó en el programa. Su financiación a través del Sistema de Seguridad Social en Salud Colombiano, no pasaría un objetivo análisis de costo/beneficio. En el caso inglés, el NICE (instituto Nacional de Salud y Excelencia en el Cuidado) solo aprobó su financiamiento a través del Sistema Nacional de Salud  después de que el laboratorio aceptó reducir sensiblemente el precio, como puede leerse aquí . Téngase en cuenta que el Reino Unido tiene un PIB per cápita (medido por capacidad de compra) que es tres veces el de Colombia.

  1. Romidepsin (nombre comercial Istodax, de laboratorios Celgene)  Se trata de un medicamento contra el cáncer denominado linfoma periférico de células T.. Si bien ha sido aprobado por la  FDA, el Comité de Medicamentos para uso humano de la Agencia Europea de Medicinas (EMA), negó la autorización para su comercialización,  basándose en que el Comité no pudo determinar el beneficio del medicamento. Tampoco fue posible determinar si los beneficios del medicamento eran mayores que los riesgos (ver aquí)
  2. Coencima Q-10. De nature’s bounty. Según el programa séptimo día, y los médicos consultados por ellos, serviría para hacer frente a una enfermedad rara denominada “leucodistrofia mitrocondial”. Sin embargo, la sustancia está aprobada, tanto en Estados Unidos como en Colombia como suplemento dietético,  no como medicamento (ver aquí.).  Los criterios para aprobar un alimento o suplemento alimenticio no son tan exigentes como en el caso de las medicinas.

En el 2010 la sala especializada de medicamentos y producto biológicos del INVIMA, dictaminó  que no existía evidencia científica que demostrara la eficiencia del producto en la patología para la cual era formulado.  En el 2013 volvió a pronunciarse sobre la misma sustancia, negando la autorización para el producto Liquipak, que tiene dicho principio activo. Frente a la solicitud de que se incluyera este producto en el listado de medicamentos vitales no disponibles, el comité concluyó que dicho producto, al contar con sustitutos en el mercado (es decir que tenían el mismo principio activo) no cumplía con los criterios para su inclusión en el listado de medicamentos vitales no disponibles

Por otra parte, el que quiera conseguir esa sustancia (complemento alimenticio, no medicamento) lo puede conseguir fácilmente en Colombia (miraraquí, por ejemplo).

La gran conclusión del programa (y de algunos de los médicos y dirigentes gremiales entrevistados) sería que no el país no debería tener una entidad científica encargada de la aprobación de medicamentos. Basta con aceptar las aprobaciones de una agencia de otro país. Conclusión absurda.

 Como se ve, el programa se caracterizó por su absoluta parcialidad. De 46 minutos de duración, a Director del Invima, pese a haber conversado con la periodista por una hora y cuarenta minutos, solo se le dio 1 minutos 40 segundos. Quienes aspiren a oir una versión completa sobre la manera como trabaja el INVIMA, pueden oir la entrevista que se le hizo en la emisora de la Universidad Nacional, en este sitio.

http://franciscoazuero.blogspot.com/

27.18.-ENERGÍA ELÉCTRICA: GARANTÍAS ‘STANDBY’ Hemberth Suárez

La llegada de nuevos agentes e inversionistas al sector eléctrico ha tonificado el ejercicio de la comercialización y de la generación de energía.

En la actualidad existen 156 agentes registrados en el Mercado de Energía Mayorista (MEM), de los cuales 108 desarrollan la actividad de comercialización de energía eléctrica. En la medida en que la oferta de energía eléctrica se está empezando a cubrir con la participación de nuevos agentes y fuentes de generación de energía, como las no convencionales de energía renovable (eólica, solar y biomasa), se espera un incremento en el número de agentes generadores y comercializadores de energía eléctrica. En tal sentido, conviene identificar cuáles son los instrumentos y mecanismos permitidos por la regulación del MEM para garantizar el cumplimiento de los compromisos que adquieran los generadores y comercializadores de energía.

29 jul 2018.- El reglamento de comercialización de energía fue expedido por la Creg, y definió los requisitos que debe atender todo inversionista interesado en desarrollar la comercialización de energía; también señala las obligaciones de los comercializadores, las reglas sobre la interacción de los comercializadores con otros agentes que participan en el MEM y, en particular, señala que para garantizar el pago de las transacciones, los comercializadores deberán optar por el otorgamiento de garantías, hacer uso del mecanismo de pago anticipado o acudir a la alternativa de la cesión de créditos respecto de obligaciones adquiridas en el MEM.

Entre las garantías nacionales que permite el reglamento están las garantías bancarias, el aval bancario y la carta de crédito standby. En cuanto a las garantías internacionales, la única admisible por la regulación de la Creg es esta última, la cual debe tener en cuenta que la entidad financiera del exterior que emita la carta de crédito deberá estar incluida en el listado de entidades financieras internacionales que señala el Banco de la República, así como acreditar una calificación de deuda de largo plazo de Standard & Poor’s Corporation, Fitch Ratings o de Moody’s Investor’s Services Inc., de al menos grado de inversión.

Es importante anotar que las garantías otorgadas por entidades financieras del exterior deberán prever mecanismos expeditos y eficaces para resolver cualquier disputa que pueda surgir en relación con la garantía, como la decisión definitiva bajo las reglas de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, por uno o más árbitros designados, según lo establecen las mencionadas reglas, o a través de los jueces del Estado de Nueva York.

Un punto importante para los nuevos comercializadores que inicien operaciones en el MEM, es que la regulación de la Creg permite garantizar sus negociaciones con garantías o prepagos mensuales únicamente. A la vez, es necesario que los nuevos agentes cumplan con una Capacidad de Respaldo de Operaciones en el Mercado, que se fortalece en función del patrimonio con el cual un comercializador o generador de energía entra a participar en el MEM.

La llegada de nuevos agentes e inversionistas al sector eléctrico ha tonificado el ejercicio de la comercialización y de la generación de energía. Por lo tanto, es importante que los nuevos agentes identifiquen los instrumentos que pueden utilizar para cubrirse de los riesgos derivados de sus operaciones en el MEM.

*Hemberth Suárez
Socio, OGE Legal Services

http://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/hemberth-suarez-energia-electrica-garantias-standby-519548

26.18.-REGALÍAS: LUCES Y SOMBRAS – Beethoven Herrera

Contraloría reconoce que si antes las regalías llegaban a 522 municipios, hoy cubren a 1.122 municipios, pero hay fragmentación de proyectos pequeños.

Cuando se comparan las evaluaciones que los diferentes analistas realizan de la evolución en el uso de las regalías, se tiene la impresión de que hablan de países distintos: Mientras el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dice que en regalías estamos “mil veces mejor que antes”, otros, en cambio, creen que no hay motivo para tanta dicha.

15 jul 2018.- El Ministro considera que el actual sistema es más equitativo, más eficiente, llega a más territorios y que la cooperación del 10 por ciento del sistema que financia ciencia, tecnología e innovación incorpora la posibilidad de ejecutar proyectos para la implementación de los acuerdos de paz. (El Tiempo, mayo 6/2018)

En su argumentación, el el jefe de la cartera de Hacienda sostiene que se han destinado 31 billones de pesos para ejecutar 13.420 proyectos aprobados; y destaca que, mientras en el antiguo sistema el 80 por ciento de los recursos se concentraban en los nueve departamentos mineros y petroleros, donde reside el 17 por ciento de la población, actualmente el 80 por ciento de los recursos llega al total de la población, y el 20 por ciento restante a las regiones productoras.

Adicionalmente, el Gobierno señala que el Fondo de Ahorro y Estabilización ha recibido, en promedio, el 20 por ciento de los recursos y acumula a la fecha 3.400 millones de dólares, en tanto que la reforma del 2018 permitió que el 7 por ciento de las regalías (cerca de 500.000 millones de pesos anuales) financien el acuerdo de paz, y por esa vía el posconflicto contará con recursos seguros hasta el 2037.

Paradójicamente, en el mismo diario, en la misma fecha, el exministro de Hacienda Guillermo Perry, sostiene que “hay bajísimos niveles de ejecución, falta absoluta de priorización y dispersión deprimente de recursos en proyectos de muy bajo impacto (…). La gran mayoría de proyectos de innovación no merecen ese nombre y han sido ejecutados por entidades sin calificación técnica”. (El Tiempo, mayo 6/2018).

Este balance crítico es coincidente con el estudio de la Contraloría General de la Nación, en el que se concluye que hay dispersión y ausencia de visión estratégica en los proyectos aprobados, los Ocad no cumplen las funciones fundacionales, hay ausencia de proyectos regionales, se considera inadecuado el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, y se cree que permanece el riesgo de corrupción.

La Contraloría reconoce que si antes las regalías llegaban a 522 municipios, hoy cubren a 1.122 municipios, pero hay una fragmentación de proyectos pequeños sin una visión de largo plazo, los municipios tienen muy pocas posibilidades de acceder a los fondos de inversión y los gobernadores concentran un poder de decisión abrumador.

Es controvertido el papel que desempeñan los Ocad, pues, aunque fueron concebidos como órganos colegiados con participación de diversos actores, la Contraloría encontró que las votaciones allí son solo formales; de 567 proyectos reportados, solo 8 (1,5 por ciento) tuvieron un voto negativo, lo cual, en la práctica, constituye el unanimismo.

Igualmente grave es el hecho de que los 1.326 proyectos aprobados entre el 2011 y el 2017 solo 16 (2,1) fueron departamentales. Ello obliga a poner en cuestión la existencia de los múltiples Ocad regionales, pues han terminado convertidos en una burocracia inútil por la falta de visión departamental y de coordinación entre la Ley de Regalías y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.

En lo que se refiere a los recursos del Fondo de Tecnología, Emprendimiento e Innovación, la Contraloría encuentra que los proyectos terminan siendo ejecutados por personas no idóneas, y estima que es dudosa la naturaleza de esos proyectos o que fueron modificados para su ejecución.

Además, el ente de control observa lentitud en la ejecución y riesgo de corrupción, pues a diciembre del 2017 había 12,7 billones sin ejecutar, equivalentes al 38 por ciento de la inversión; todo ello causado por la rotación del personal del DNP, con el consiguiente cambio de criterios y la arbitrariedad en la aplicación de estos, pese a la detallada normatividad, y la descoordinación entre las entidades de orden nacional. (Contraloría General de la Nación. ‘Evaluación y perspectivas de reforma del sistema regional de regalías’ 2018).

El Gobierno ha propuesto reglamentar la reforma constitucional de regalías a través de un proyecto de ley que busca hacer más eficiente la ejecución del Fondo de Ciencia, Tecnología e Iinnovación por medio de convocatorias abiertas y públicas que le otorguen mayor participación a las universidades, organizaciones científicas y centros de investigación.

El mencionado proyecto de ley es objeto de controversia, pues, aunque en su enunciado se declara que los departamentos mantienen su autonomía para determinar sus necesidades y estructurar los planes y acuerdos estratégicos, introduciría un mecanismo de convocatorias abiertas y competitivas que permitiría la presentación de proyectos por parte de entidades expertas y especializadas que garanticen la calidad en la ejecución. Así mismo, propone la ejecución de proyectos por entidades especializadas sin importar su naturaleza jurídica y asigna a Colciencias el papel de órgano rector de vigilancia cuando la operación la realice una entidad privada. Además, los recursos serían transferidos directamente desde la cuenta única del Tesoro hacia la del contratista.

Aunque resulta evidente que estas propuestas buscan racionalizar la asignación y ejecución de dichos recursos, introduce una clara limitación a las competencias de los gobernadores y ello podría explicar la amplia oposición que ese proyecto de ley tiene entre los mandatarios regionales.

Beethoven Herrera Valencia
Profesor de las Universidades Nacional y Externado

http://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/regalias-luces-y-sombras-analisis-519080

26.18.-COLEGIOS EN CONCESIÓN – Jorge Iván González

Los colegios en concesión están dando muy buenos resultados. A esta conclusión se llegó en la evaluación que hicimos con un equipo del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, y que acaba de ser publicada por la Secretaría de Educación: Aprendizajes y Retos de los Colegios en Concesión de Bogotá.

Investigaciones anteriores han llegado a resultados similares. El Concejo aprobó vigencias futuras para que la ciudad pueda contratar 13 colegios más y pase de los 22 actuales a 35.

20 jul 2018.- Esta decisión es consecuente con los hallazgos de las evaluaciones, y no se debería interpretar como un desprecio a los colegios distritales convencionales. Por el contrario, los colegios en concesión están mostrando alternativas de prácticas gerenciales y pedagógicas que deben estimular los avances de los colegios oficiales.

La modalidad de los colegios en concesión comenzó con la primera administración de Peñalosa. El operador recibe el plantel y unos recursos que oscilan alrededor de $2,5 millones por alumno y por año. El colegio es autónomo en la selección de maestros, métodos pedagógicos y modelo administrativo.

El Distrito entregó las concesiones a entidades con experiencia en educación, con la obligación de que atendieran a niños y jóvenes de bajos ingresos. En el contrato se definieron metas que el operador debía cumplir en términos de logro, repitencia, deserción, etc. Estos criterios se han cumplido.

Los 22 colegios son administrados por entidades como Cafam, Calasanz, Colsubsidio, Don Bosco, Fé y Alegría, así que el colegio concesionado se articula al proyecto educativo respectivo, y esto le permite aprovechar las experiencias pedagógicas.

Los colegios en concesión efectivamente están atendiendo a la población de más bajos ingresos. En 2015, 75% de los estudiantes de los colegios en concesión pertenecían a Sisbén 0, 1 y 2. En los colegios oficiales la participación de esta población era de 71%.

No hay duda que los colegios en concesión están vinculando a estudiantes provenientes de familias pobres.

Y, finalmente, los colegios en concesión obtienen mejores resultados que los colegios oficiales en casi todos los indicadores analizados: menor deserción; mayor aprobación; mejores puntajes en las pruebas Saber 9 y 11, tanto en matemáticas como en lenguaje; menor repitencia; menor ausentismo; mayor acceso a instituciones de educación superior (incluyendo al Sena); menor embarazo adolescente.

Habría tres explicaciones al relativo éxito de los colegios en concesión. La primera es el alto margen de maniobra del rector. Esta posibilidad gerencial no existe en los colegios oficiales.

La segunda es la jornada única. Es conveniente, entonces, que la Secretaría de Educación y el Ministerio continúen avanzando hacia la generalización de la jornada única. Y la tercera explicación está relacionada con el compromiso que logran los colegios en concesión alrededor del Proyecto Educativo Institucional (PEI), que no es tan claro en los colegios oficiales.

Las enseñanzas de los colegios en concesión deberían ser asimiladas por los planteles oficiales, del tal manera que progresivamente se vaya cerrando la brecha entre ellos. Entre ambas modalidades de formación debe haber complementariedad para aprender mutuamente. Esta convergencia dinámica será favorable, sobre todo, para los estudiantes.

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/colegios-en-concesion-2751544

25.18.-ROTO EL ASCENSOR SOCIAL – Jorge Iván González

En Colombia una familia pobre necesita casi 300 años para alcanzar un ingreso similar al promedio. A esta conclusión alarmante llega el último informe de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (Ocde).

El estudio, “A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility. Overview and Main Findings”, compara la movilidad social en los países de la Ocde, incluyendo a Colombia. Una de las maneras de medir la movilidad social es por el tiempo que requiere una familia pobre para alcanzar el ingreso promedio de su respectivo país.

Mientras que en Dinamarca se requieren dos generaciones, en el promedio de la Ocde 4,5, y en Colombia, que es el país con la menor movilidad social, se necesitan 11 generaciones. En nuestro país el ascensor de la movilidad social tiene daños estructurales, que dejan sin esperanza y sin futuro a quienes viven hoy en la pobreza. La trampa es profunda, y en las comparaciones internacionales que hace la Ocde, la peor situación es la nuestra.

El Informe pone en evidencia las causas profundas de la ausencia de movilidad y advierte sobre las consecuencias que de allí se derivan. El diagnóstico evita las relaciones causales simples, y pone en evidencia las limitaciones estructurales que frenan el ascenso social.

La desigualdad en términos de ingreso y de riqueza, y la falta de oportunidades, sobre todo educativas, van configurando una sociedad en la que las familias pobres no tienen posibilidades. Cuando el horizonte del ascenso social se aleja tanto, y es necesario esperar tres siglos, la conflictividad social se agudiza. La ruptura del ascensor tiene, según la Ocde, tres tipos de consecuencias.

En primer lugar, la falta de movilidad “golpea las bases del crecimiento económico”. Numerosas oportunidades de inversión “nunca verán la luz”. Entre otras razones, porque jóvenes que potencialmente podrían ser brillantes, nunca tendrán la posibilidad de desarrollar sus capacidades. Estos obstáculos llevan a una reducción de la productividad y de la competitividad. A partir del informe de la Ocde, se debería considerar la falta de oportunidades como una de las causas de la menor productividad.

La segunda consecuencia negativa tiene que ver con el bienestar individual. Los pobres no pueden ser felices porque no logran cumplir el plan de vida que consideran valioso. La falta de movilidad social, continúa la Ocde, “reduce la satisfacción vital y eroda la cohesión social”.

Y la tercera implicación es el malestar colectivo. Las tensiones aumentan y el ambiente social es más hostil. Como lo narra Alonso Salazar, los jóvenes pobres sienten que no han nacido para ser semilla. Como nadie puede esperar 300 años, es comprensible que la persona no vea ninguna salida y opte por la violencia.

El texto de la Ocde es dramático. Y en medio de este panorama triste, la situación de Colombia es especialmente crítica. Preocupa la miopía que suele acompañar los análisis económicos, y el optimismo simplista de nuestros gobernantes, que al anunciar las proyecciones del PIB olvidan la fractura estructural de la sociedad.

Duele reconocer que el país sea profundamente excluyente, y que los pobres no tengan esperanza. Es injusto que la única forma de superar la trampa de la pobreza sea gracias a la conjunción misteriosa de talento y suerte, de seres excepcionales como Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado o Carlos “la roca” Sánchez.

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/el-ascensor-roto-2746309

24.18.-BITCOIN: EL ORO VIRTUAL – Juan Manuel López

El Oro ha cumplido la función de ser el valor de referencia universal prácticamente desde el fondo de los tiempos. 

Los metales por las características de sus posibles usos y por no ser consumibles sirvieron de instrumento para fijar el valor de las cosas.

Así las primeras monedas acuñadas valían lo que su propio peso y representaban su propio valor.

Entre ellas los metales preciosos -llamados así en parte por lo atractivos, en parte por sus cualidades para ser trabajados en ornamentación, y en parte por su escasez- se convirtieron en la referencia para definir otros valores. La plata y sobre todo el oro acabaron siendo el patrón de todas las otras referencias de valor, en especial, con la aparición del dinero en forma de billetes, se convirtieron en el patrón universal para definir el valor de todas las monedas.

Es lo que se llamó el patrón oro, según el cual la moneda de cada país -ó sea los billetes que se emitían- tenia como respaldo la cantidad de oro que garantizaba. Los billetes eran una especie de pagaré que podría cobrarse por el equivalente en oro que señalaba.

Después de la Segunda Guerra Mundial y en los acuerdos de Bretton Woods se reconoció que esto era un principio teórico no aplicable a la realidad, y se liberó el valor de las monedas, amarrándolas directamente las unas a las otras, lo cual acabó cambiando el patrón oro por el patrón dólar que es el que en la práctica hoy nos rige, cuando todas las monedas tienen su equivalencia medida en esa divisa.

Esto fue en alguna forma cuestionado por Francia bajo el General De Gaulle, quien exigió que los Estados Unidos respondiera con sus reservas de oro en Fort Knox por lo que estipulaban sus billetes. Estados unidos entregó el oro correspondiente, y simplemente notificó que el dólar quedaría respaldado por la cantidad de oro que les quedaban -es decir la mitad de lo que certificaban los billetes- porque el valor de esa moneda la sustentaba la capacidad productiva del país. En esa forma se consolidó aún más la posición privilegiada y perdió importancia el valor del oro.

Hoy el oro tiene lo que sería un valor en el fondo ajeno a la cantidad que exista, circulando en el mercado como cualquier producto que depende de la oferta y la demanda. Guarda sin embargo la característica de ser el referente de valor que no puede ser manejado ni depende de ninguna autoridad. Por eso sigue siendo una parte de las reservas que conservan la mayoría de los paises, y sirve de refugio para los inversionistas cuando aparecen turbulencias en los mercados financieros.

En resumen la importancia del oro no reside en sus calidades intrínsecas sino en su uso como referente de valor, es decir por la credibilidad que ofrece como instrumento universal de intercambio.

Lo que está sucediendo con el Bitcoin es que está ocupando o remplazando al oro en su función de valor libre de control por autoridad alguna. Mientras que todas las monedas dependen del pais que las emite -porque su valor fluctúa según el manejo que sus autoridades le den, pero también porque su circulación acaba siendo controlada quedando las transacciones que se hacen registradas en los movimientos bancarios- el Bitcoin, al igual que El Oro, no es objeto de ninguna forma de control.

Esas dos características -su capacidad como instrumento de intercambio, o sea de pago, y el no tener ningún control- hacen que depende de la credibilidad que logre. Y lo que se está viendo es que la está logrando para el manejo de recursos clandestinos.

Es decir que mientras existan las economías clandestinas e ilegales existirá un campo fértil para la prosperidad del Bitcoin. Esto con la ventaja respecto al oro de que no requiere manejo físico. Y con la posibilidad de suplantar en ese mundo subeconómico al dólar.

Bastaría con que se admitan negociaciones en las bolsas o que un gigante comercializador como Amazon acepte pagos en esa moneda para darle esa credibilidad y convertibilidad que garantizaría su permanencia.

24.18.-SURGIMIENTO DEL SECTOR CUATERNARIO

Con la automatización de muchas labores, las actividades del sector cuaternario se están volviendo más prominentes. Gracias a los avances tecnológicos se han mecanizado muchas tareas de las actividades primarias (agricultura), actividades secundarias(industria) e incluso del sector de servicios (restaurantes).

Por ejemplo, en la agricultura el uso de maquinaria, fertilizantes, técnicas modernas de cultivo entre otras ha permitido un incremento enorme de la producción total agrícola a la vez que la demanda de trabajo agrícola ha disminuido. Esto también sucede en la industria y en algunas áreas de servicios donde se han automatizado procesos que reducen la demanda de trabajo pero que incrementan la productividad total de la actividad.

Esta idea es reflejada en la teoría de los tres sectores desarrollada por Colin Clark y Jean Fourastié. Ésta plantea la existencia de los tres sectores de la economía y el surgimiento de un cuarto, el sector cuaternario, una vez el país logra cierto grado de desarrollo.

Como se ve en la gráfica, el país un tiempo después de que logra desarrollarse a través de la industrialización; empieza un proceso de desindustrialización y crecimiento de los servicios intelectuales, surgiendo así el sector cuaternario. Similar al proceso de terciarización de la economía.

Sin embargo, esto no significa que el sector cuaternario solo se encuentre en países desarrollados. Si bien es cierto que este sector es más predominante en países en donde este tipo de actividades son impulsadas y la gente no vive constantemente en un estado de subsistencia y se puede dedicar a actividades intelectuales. Varios países en desarrollo o subdesarrollados también cuentan con actividades cuaternarias importantes que impulsan su economía.

https://www.actividadeseconomicas.org/2017/07/sector-cuaternario.html

24.18.-ENTRE LAS 20 MAYORES EMPRESAS TECNOLÓGICAS DEL PLANETA LAS EUROPEAS (Y LAS ESPAÑOLAS) BRILLAN POR SU TOTAL AUSENCIA – Derblauemond

La clasificación de las mayores empresas tecnológicas del planeta ha visto la luz un año más. En ella se cuentan los grandes líderes sectoriales de la nueva economía, habiendo también algunos representantes del grupo de compañías tecnológicas y de telecomunicaciones de las de toda la vida (léase por vida lo es vida tecnológica, es decir: «de las últimas décadas»).

Pero hay sonoras faltas entre los 20 primeros clasificados que claman por su ausencia. Hay países a los que les gusta contarse como parte del mundo desarrollado que no tienen ni un sólo representante en la importante clasificación. Pero lo peor de todo es que hay continentes enteros sin una sola empresa entre esos 20 líderes tecnológicos del planeta. Y están mucho más cerca de lo que usted supone.

4 Jul 2018.- La clasficación que nos deja en evidencia a la vez como españoles y como europeos, y ni hablar de latinoamericanos y africanos.

La reciente noticia, que pone de relieve que el futuro no está contando con nosotros (o más bien que nosotros no estamos apostando por formar parte de ese futuro), deja meridianamente claro la más que notable ausencia de empresas tanto europeas como españolas entre los 20 mayores líderes tecnológicos del planeta.

Esta noticia es doblemente pésima para nuestra socioeconomía, puesto que este sector de la tecnología se ha vuelto el líder indiscutible de la economía del futuro… y ya también del mismo presente. De hecho, como bien detalla el enlace anterior, estas 20 mayores empresas tecnológicas del planeta han cuadruplicado su valor bursátil en los últimos cinco años.

Por todos es conocido como además las denominadas GAFA (Google Apple Facebook y Amazon) son a la vez tecnológicas y las mayores empresas por valor bursátil en los mercados, y su valor en conjunto es igual al PIB de toda Francia. Si incluímos la quinta (que es Microsoft) para hacer las GAFA+M, seguimos teniendo un pleno «techie» al cinco.

Queda claro pues que el futuro es tecnológico se mire por donde se mire, y esas ausencias europeas y españolas sólo pueden llevarnos a concluir que estamos perdiendo ese tren que desde estas líneas tantas veces les hemos dicho que es imprescindible, no ya montarse en él, sino ser una de las locomotoras mundiales que tira del convoy.

Tener líderes tecnológicos es mucho más esencial de lo que les parece a algunos

Tener esos líderes tecnológicos no es sólo tener empresas que gracias a la tecnología dan jugosos beneficios a los accionistas europeos. No es tampoco sólo tener empresas que conquistan mercados ejerciendo su liderazgo. No es sólo que los ciudadanos y empresas europeas sean los primeros en tener acceso a una tecnología que les supone una gran ventaja competitiva frente a otras superpotencias.

Tener líderes tecnológicos propios es muchísimo más: es poder ser los protagonistas que proyectan un modelo en el que es esencial dar forma al futuro en el que queremos que vivan nuestros hijos. Ello sin olvidar que además ese futuro hay que dibujarlo desde dentro, y hacerlo expandiéndose en el mercado con sus propias reglas y con productos que la gente todavía no sabe que necesita, aprovechando así la gran ventaja competitiva que supone hoy en día ser los primeros.

Tener líderes tecnológicos del futuro es también, no ya poder dictar cuál es el futuro que más interesa a los líderes del Viejo Continente tanto para ser sostenible socioeconómicamente como para extender sus valores socioeconómicos en el mundo. El tema es que se puede expresar esta importancia también en términos meramente defensivos.

Podemos decir sin lugar a dudas que tener líderes tecnológicos europeos es un salvoconducto ante las prácticas proteccionistas, monopolísticas, nacionalistas, o simplemente econo-totalitarias de países terceros que no nos quieren en el mapa más que como mercado que les compre sus productos, pero en ningún caso con empresas que tengan algo que decir en el mundo del futuro. Lo cual, estarán de acuerdo en que supone que haya una Europa de hoy, pero no una Europa del mañana.

La responsabilidad es de todos los agentes socioeconómicos, pero especialmente de los dirigentes políticos

En el desastre que supone la noticia de hoy, no puedo negarles que ningún agente socioeconómico europeo o español puede esquivar su responsabilidad. Desde el ciudadano que no mira por comprar o promocionar productos europeos, pasando por las empresas que no apuestan por la tecnología para lanzar productos innovadores y que atraigan a los consumidores, y acabando con los dirigentes políticos que no son capaces de articular, fomentar, y crear el caldo de cultivo idóneo para que florezca este tejido socioeconómico esencial. Todos somos responsables en parte de esta penosa situación.

Porque hay visiones de futuro, ciudadanos responsables, voluntad empresarial, iniciativas sectoriales… y hay políticas gubernamentales que deben orquestar todo este conjunto, y aportar su connatural granito de arena dándole consistencia y una cobertura pública. El conjunto ha fallado claramente porque, aparte de todo lo anterior, luego está la realidad del mercado, que acaba siendo en el sistema capitalista la prueba del algodón que no engaña. Y ahí nos hemos caído con todo el equipo, topando con esa realidad innegable de la total ausencia de líderes tecnológicos europeos en ese top 20.

No podemos culpar de ello a terceros países, porque lo que debemos tener asumido es que vivimos en un mundo ultra-competitivo y despiadado, en el que otras superpotencias sólo tienen la ambición de dominar nuestro mundo económico (y a veces también hacerlo en otros planos). Somos nosotros los que tenemos la obligación de defender nuestro propio futuro socioeconómico; es más, si no lo hacemos, nadie lo hará por nosotros, más bien al contrario: harán todo lo posible por destruirlo si eso les reporta beneficios, aunque tan sólo sea reforzar su liderazgo a costa nuestra.

https://www.elblogsalmon.com/economia/20-mayores-empresas-tecnologicas-planeta-hay-paises-continentes-que-brillan-su-ausencia

23.18.-LA BURBUJA DEL CARBONO PUEDE TRAER UN SHOCK FINANCIERO MUNDIAL PORQUE EL CAMBIO CLIMÁTICO ES YA MUY PALPABLE – Derblauemond

Nadie está a salvo del pinchazo de una burbuja del tamaño de la del carbono

No se crean que por comprarse un coche eléctrico y consumir energía 100% renovable está usted a salvo, y que ya no le va a afectar que quiebren la mayoría de las empresas de la energía fósil: en toda economía donde un gigante cae, el efecto dominó tiene una probabilidad distinta de cero, y en el caso del peso de este sector tan importante, la probabilidad no es nada desdeñable. Sí, o se toman medidas desde ya, o la crisis financiera está servida (y ya saben que las crisis de las finanzas siempre acaban pasando por la calle de Main Street)

29 Junio 2018.-  ¿Recuerdan la burbuja inmobiliaria? Pues recuerden también que afectó a los que especularon, a los que nos resistimos a especular, a los que tenían vivienda, y a los que no. A todos, porque las crisis no entienden de personas, sino de números (que no cuadran), y se llevan todo por delante sin apenas preguntar. El pinchazo de la colosal “burbuja de carbono” no duden de que también le acabará afectando a usted de alguna (o muchas) maneras, y seguramente lo hará de forma más grave que liviana.

Pero realmente no teníamos alternativa al pinchazo, que sólo podemos afrontar con paliativos en vez de con remedios que lo eviten. Decíamos que las socieconomías siempre necesitan tiempo para adaptarse a nuevos escenarios. Lamentablemente es un tiempo que muy probablemente ya no tenemos.

Y recuerden también que, puestos a hablar de probabilidades y del futuro que dejamos a nuestros hijos, también hay una probabilidad asignada (aunque por mí desconocida) al escenario de que la mutación de las socioeconomías a las energías «limpias» no sea lo suficientemente rápida, que el cambio climático ocurra igualmente de forma masiva y no reversible, pero que además también suframos al mismo tiempo el pinchazo de la “burbuja de carbono”: ése sería el (peor) escenario consistente en que hayamos acometido esa necesaria mutación energética, pero demasiado tarde.

No es por ser pesimista, pero, siendo rigurosos, hoy había que poner sobre el tablero todos los escenarios posibles. Y ahora, que alguien con deidad suficiente empiece a hacer rodar los dados sobre este tablero, porque no nos vendría mal saber cuanto antes qué va a ser de nosotros y de nuestras socioeconomías. Al menos para poder ir haciéndonos la idea y, si es posible de alguna manera, ir preparándonos para lo que los dados dicten que será lo azarosamente (o determinísticamente) inevitable. A estas alturas de la película (o más bien del nivel del termómetro), debemos recordar que los romanos ya decían: «Alea jacta est» (la suerte está echada: por nosotros y para nuestros hijos).

https://www.elblogsalmon.com//economia/cambio-climatico-muy-palpable-burbuja-carbono-puede-traer-shock-financiero-mundial?utm_source=recommended&utm

 

22.18.-¡VUELVEN LOS PANAMA PAPERS! ESTOS SON LOS PRIMEROS HALLAZGOS PARA COLOMBIA – Alianza El Espectador – Connectas

La nueva filtración de un millón de documentos del bufete Mossack Fonseca, pone al descubierto el tras bambalinas de lo que sucedió después de las primeras revelaciones periodísticas en abril de 2016. Además de las repercusiones penales y tributarias en 79 países, para atender el volumen de reclamos o exigencias de clientes colombianos, la firma creó el “Proyecto Colombia”, entre otras acciones, para recaudar información que no conocía de sus clientes.

La nueva filtración de Panama Papers muestra lo que pasó en Mossack Fonseca tras las primeras revelaciones de abril de 2016. Ilustración: Jonathan Bejarano – El Espectador

El 3 de abril de 2016 se desató una tormenta en el bufete panameño de abogados Mossack Fonseca (Mossfon) por la filtración de 11.5 millones de documentos de sus clientes. Obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y revisados por un centenar de medios en el mundo, los archivos dejaron al desnudo secretos económicos de jefes de Estado, políticos, empresarios, deportistas o artistas. La firma panameña quedó expuesta como depositaria de esos secretos, aprovechando las leyes laxas de ese país en asuntos financieros.

Según autoridades de diversas naciones, también quedaron en evidencia prácticas del buffete para ayudar a evadir impuestos, y se adelantan procesos judiciales para determinar si además se facilitaban delitos como lavado de dinero. Los reflectores fiscales y penales de distintos países buscan determinar si los directivos de Mossfon y sus empleados conocían las irregularidades. Tras la investigación periodística y las pesquisas de las autoridades, los abogados emprendieron un plan de contingencia con largas jornadas de trabajo, para responder solicitudes o hacer correcciones, buscando decirle al mundo que todo estaba en regla. (Lea aquí: Los poderosos de las regiones, en Papeles de Panamá)

Los detalles de ese “tras bambalinas” empresarial después de la primera filtración de documentos en abril de 2016, se conocen ahora gracias a una nueva entrega de los Panama Papers. Esta vez, el diario alemán Süddeutsche Zeitung logró 1.2 millones de documentos, que igualmente compartió con el ICIJ, y que fueron evaluados por la alianza periodística entre El Espectador y la plataforma de periodismo colaborativo CONNECTAS. En el análisis y el procesamiento del segundo capítulo Colombia participaron los periodistas Pilar Cuartas, Edilma Prada, Sol Lauría, Priscila Hernández y Carlos Eduardo Huertas. (Lea aquí: Habla la fuente de Panama Papers)

A través de decenas de correos electrónicos, muchos de los dueños de sociedades offshore que aparecieron en los informes de la primera filtración, reclamaron a Mossack Fonseca. Algunos se quejaron de que, “por falta de cuidado, los habían puesto en una posición compleja”. Otros admitieron que “accionistas se vieron en la necesidad de dar explicaciones”. Incluso hubo quienes, más preocupados por las revelaciones, exigieron certificaciones para quedar bien parados en eventuales citaciones de autoridades fiscales, y señalaron de “negligencia” a la compañía que les provocó “problemas mayúsculos”.

Como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) empezó a indagar a quienes figuraron en la base de datos, proliferaron las peticiones de información de clientes colombianos a Mossack Fonseca. “Para atender solicitudes de la DIAN y de los bancos, que como ustedes saben están originadas en la publicación de los Papeles de Panamá, deseamos solicitarles que nos permitan una constancia de que estas sociedades fueron liquidadas”, se lee en uno de los mensajes. Otro cliente reconoció que ya paga sanciones a la DIAN. Algunos preguntaron si la firma había reportado sus nombres a la autoridad fiscal.

El tsunami provocado por las revelaciones de 2016 y la falta de suficiente información sobre los antecedentes de sus clientes, llevó a la firma Mossfon a abrir una operación especial denominada “Proyecto Colombia”, para conocerlos al cien por ciento. La estrategia consistió básicamente en cubrir sus vacíos de información y requerir documentación sobre la procedencia de los fondos, pruebas de residencia o copias de pasaportes, entre otros aspectos específicos. Con estas solicitudes quedó en evidencia que Mossfon no conocía completamente a sus clientes y que tampoco fue riguroso a la hora de aceptarlos.

El 21 de mayo de 2016, una comunicación interna del bufete de abogados admitió que, de sus 10.551 sociedades registradas en Panamá, en el 75 por ciento de ellas  desconocía quiénes eran sus beneficiarios. En Islas Vírgenes Británicas, donde Mossfon también tenía una sede, el desconocimiento de los verdaderos dueños de sus 28.427 sociedades activas llegó al 72 por ciento. Sobre la oficina de Colombia, cerrada en 2017, tras la lectura de uno de los correos enviados por empleados de Mossfon, se concluye que existió la costumbre de registrar sociedades con clientes que nada tenían que ver con ellas.

Uno de los clientes colombianos que pidió certificación para entregar a la DIAN fue el exalcalde de Sincelejo Jesús Antonio Paternina Samur. En septiembre de 2016, el político sucreño, que negó su vínculo con una empresa en Panamá cuando se conocieron las revelaciones, pidió a Mossfon un certificado de inactividad y ausencia de bienes de su sociedad Willowmead Holdings. Cuando el bufete recibió esa petición, revisó los antecedentes de su cliente y pidió explicaciones sobre una información. Según el portal La Silla Vacía, Paternina enfrentó acciones en la Fiscalía y la Procuraduría por desbordar los topes de su campaña política en 2007 y mentir al Consejo Nacional Electoral.

Mossack Fonseca renunció a ser el agente residente de Jesús Paternina. / Ilustración: Jonathan Bejarano – El Espectador

El exalcalde envió una declaración juramentada para argumentar que esas pesquisas no querían decir que él fuera culpable. A Mossfon no lo convenció su respuesta y el 13 de marzo de 2017 renunció a ser agente residente de Willowead. “Esa sociedad se creó para prestar servicios de consultoría y asesoría en temas de administración pública. Solo se creó en papeles. Jamás se consignó capital ni se abrió cuenta. No tiene activos ni pasivos. Fue liquidada a raíz del bololó (Panama Papers). La DIAN nos investigó y por eso pedí la certificación. Esa investigación ya se archivó”, respondió Paternina a El Espectador y CONNECTAS.

Otra de las solicitudes a Mossfon después de los Panama Papers la remitió el senador Juan Samy Meregh Marun, un empresario pereirano que siguió los pasos políticos de su hermano Habib. Este último ha evadido la justicia tras acumular señalamientos de presuntas relaciones con paramilitares y narcotraficantes, y de haber sido sindicado de la compra irregular de baldíos en Vichada. El nombre de Juan Samy Meregh aparece asociado a las compañías panameñas Ardle International S.A., abierta el 13 de enero de 2015, y Millenio Holding Propert S.A., registrada el 20 de diciembre de 2013, cuando ya oficiaba como congresista por el Partido Conservador.

El 11 de abril de 2016, el senador Juan Samy Merehg pidió a Mossfon “cambiar las acciones de las dos sociedades” para que quedaran a nombre suyo, con fecha de cambio retroactivo a mayo de 2015. Al respecto, una de las empleadas de Mossfon mencionó: “Al cliente hay que preguntarle el porqué del cambio de acciones con fechas retroactivas (…)  y encontré unos resultados adversos”. ¿Por qué Meregh quería una fecha retroactiva para los documentos de sus sociedades? La alianza periodística El Espectador-CONNECTAS se lo preguntó al senador, pero no obtuvo respuesta.

Juan Samy Meregh, senador de la República, es uno de los clientes del cuestionado bufete Mossack Fonseca. / Ilustración: Jonathan Bejarano – El Espectador

Hace dos años, tras la primera publicación de Panama Papers, Meregh aseguró que Ardle International S.A. se creó para “identificar y adelantar oportunidades de negocios en el exterior”, pero insistió en que “nunca ha desarrollado actividades, no ha realizado ningún tipo de inversión, ni ha aperturado cuentas bancarias en instituciones del exterior”. Es decir, en palabras del propio Meregh, “dicha sociedad no ha sido utilizada para ningún propósito, ni comercial ni familiar”. Sin embargo, sus respuestas dejan dudas porque únicamente se refirió a Ardle International S.A. y nada agregó sobre Millenio Holding Propert S.A.

Hernán Maestre Castro es otro personaje poderoso en los liderazgos regiones de la costa Caribe y reapareció en los documentos filtrados para esta segunda versión de Panama Papers. Actualmente es miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla y fue gerente de la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos en 2014. Aunque en la primera filtración de los papeles de Mossfon, en abril de 2016, Hernán Maestre negó tener empresas en Panamá, en junio de 2016 pidió reactivar la sociedad Mikron Equities, donde aparecía como accionista. Luego se arrepintió de hacerlo.

“Al momento de la constitución de Mikron Equities S.A., los accionistas eran personas que nunca usaron esa sociedad y la devolvieron a Mossfon. Así quedó libre y con mis hermanos la adquirimos. Sin embargo, su proceso de activación nunca se completó, pues Mossfon solicitó información sobre mí que no se suministró. En junio de 2016 quisimos liquidarla, pero para hacerla había que reactivarla. Desistimos de hacerlo y continuamos sin pagar anualidades de mantenimiento para que las autoridades registrales la dieran de baja. En síntesis, esa sociedad siempre estuvo inactiva, nunca fue utilizada”, afirmó Hernán Maestre a esta alianza.

Hernán Maestre es otro de los poderosos de las regiones que aparece en Panama Papers. / Ilustración: Jonathan Bejarano – El Espectador

A la par de las solicitudes de los clientes a Mossfon tras las revelaciones de Panama Papers, la DIAN incrementó sus averiguaciones y detectó cuatro grupos de empresas vinculadas con Mossfon. Las que establecieron sociedades en el exterior sin irregularidades; las que crearon empresas de papel, pero no evadieron impuestos; las que giraron dinero al exterior con facturas y contratos válidos y, finalmente, aquellas que usaron documentos falsos y facturas ficticias. Estas últimas comprenden un capítulo aparte que pasaron a ser investigadas por la Fiscalía. Esta pesquisa concluyó que Mossfon ofrecía un entramado financiero y societario que vendía facturas falsas a empresas nacionales a través de sociedades en el exterior. Esas compañías registraban gastos en su contabilidad por servicios no prestados. Por este “modus operandi” fueron capturados en octubre de 2017 Juan Esteban Arellano, representante de Mossfon en Colombia, y Luz Mary Guerrero, dueña de Servientrega. Cuando fue capturada Guerrero, Mossfon renunció a ser agente residente de sus nueve sociedades offshore. Según las pesquisas, a través de ellas se habrían sacado del país $14.000 millones. Por casos similares al de Servientrega, el capítulo Colombia ya suma 44 personas imputadas. La mayoría revisores fiscales, representantes legales o contadores.

Mossfon también ofreció su cuestionado servicio de refacturación a sociedades del empresario Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del excandidato presidencial Gustavo Petro. Gutiérrez creó 15 compañías en Islas Vírgenes Británicas. El 28 de enero de 2014, una empleada de Mossfon escribió en un correo electrónico que se reunió con una abogada de la firma Trenaco, que tenía como socio a Gutiérrez. “Le mencionamos nuevamente el tema de refacturación para que se lo proponga al gerente y puedan sacar los excedentes de dinero de la compañía. Quedó muy interesada y me dijo que me contaba la respuesta de su jefe”, se lee en el correo.

En respuesta a un cuestionario, Gutiérrez dijo que Trenaco en Colombia no usó ese servicio de refacturación y que sus 15 sociedades offshore están liquidadas. Por el cese del pago de sus deudas, la Superintendencia de Sociedades decretó el 19 de septiembre de 2016 el inicio de la liquidación judicial de Trenaco, transportadora del sector petrolero. Al cierre del primer semestre, la compañía reportó activos por $41.242 millones, pasivos por $109.276 millones y patrimonio negativo del orden de los $68.034 millones. Desde septiembre de 2014, Mossfon renunció a ser agente residente de las compañías de Gutiérrez tras artículos de prensa sobre su posible injerencia en negocios del Distrito durante la administración Petro.

Sin embargo, un año después, Mossfon aceptó como cliente a Jairo Gutiérrez Robayo, hermano de Carlos Gutiérrez. Los documentos prueban que fue beneficiario de la sociedad “Utari sociedad anónima”, registrada el 2 de octubre de 2015 en Costa Rica. “Se tuvo la intención de que fuese utilizada como vehículo para el manejo y administración de un proyecto en etapa de estructuración. No obstante, no se materializó y, por tanto, no podría ser beneficiario de la misma. La revisión a la sociedad para su legalización conllevó más tiempo del inicialmente previsto, lo que generó el desistimiento”, comentó Jairo Gutiérrez.

Mossfon también renunció a ser el agente residente de polémicos clientes como Leo Eisenband Gottlieb, dueño de la empresa Fedco, procesado por supuestas irregularidades en la compra del centro comercial Villa Country en Barranquilla; y del empresario Juan Gonzalo Ángel, exdueño de CableNoticias, hermano de Guillermo “Guillo” Ángel, reconocido narcotraficante de los años 80 que hizo parte del grupo de los llamados 12 del patíbulo, quienes negociaron con la Fiscalía sus cuentas judiciales a cambio de aportar información clave para desmantelar la estructura criminal del capo Pablo Escobar Gaviria.

En síntesis, como lo refiere la Fiscalía, con colaboración de la DIAN y las autoridades de Panamá, hasta ahora son 14 las sociedades colombianas rastreadas por la transferencia irregular de recursos al exterior o falsificación de contabilidad, lo cual se traduce en imputaciones a 44 personas naturales vinculadas al escándalo Panama Papers. De estas causas la que ha sido más visible es la captura de Luz Mary Guerrero, accionista y representante de las empresas Efectivo Ltda y Circulante S.A., y dos de sus asesores: Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega; y Jorge Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal de Efectivo Ltda y Circulante S.A. (Lea aquí: Servientrega y el lío de los “Panama Papers”)

Luz Mary Guerrero, dueña de Servientrega, está siendo procesada por el caso de Panama Papers. / Ilustración: Jonathan Bejarano – El Espectador

Según la Fiscalía, por diversos cargos, han tenido que comparecer ante la justicia, de la firma Inversiones Zambrano Pinzón Asociados S.A.S., su representante legal, Pedro Julio Zambrano; el contador Juan Víctor Rozo; y la revisora fiscal Ángela Rocío Rincón. Con funciones similares, también han sido vinculados a procesos penales directivos o empleados de las sociedades Artextil S.A., El Heraldo S.A., Rymel Ingeniería Eléctrica S.A.S., Medicina Nuclear Diagnostica S.A.S., Broquel S.A.S., Soluciones Empresariales y de Mercadeo S.A.S., Prodisur S.A., Servinsumos S.A., MAS S.A.S., Moreno Restrepo S.A. y FAACA S.A.S.

De igual manera, la publicación de los Panama Papers en abril de 2016 ha permitido abrir investigaciones en 79 países, donde se evalúan casos de evasión fiscal o lavado de dinero. Según el ICIJ, al menos 500 bancos y sus filiales registraron empresas fantasmas a través de Mossfon. El escándalo ha repercutido en los cinco continentes, con capítulos incidentes como la caída del primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, quien renunció luego de demostrarse que él y su esposa tenían una compañía en Islas Vírgenes Británicas, no declarada antes de entrar al parlamento.

A nivel de América Latina, los Panama Papers han tenido repercusión en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile Costa Rica, Cuba, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Colombia y, por supuesto, Panamá. En este último país, el escándalo se centró en la debacle de Mossfon que llegó a tener 45 oficinas en el mundo, y la captura de sus socios fundadores Jürguen Mossack y Ramón Fonseca. Ambos fueron arrestados a comienzos de 2017, pero por sus nexos con el proceso de origen brasilero Lava Jato, relacionado con la apertura de cuentas bancarias en paraísos fiscales para que Odebrecht canalizara los pagos de sus sobornos.

Desde Panamá, Guillermina McDonald, abogada de Mossfon para los temas penales reconoció que ha sido un duro golpe para la firma panameña, pero que “todo no se puede cerrar como quien apaga una luz”. La abogada McDonald explicó que la mayoría de los trabajadores tenía entre 20 y 30 años de trabajo con Mossfon, y para ellos el impacto ha sido tan difícil como para sus promotores, que ya son abuelos. “El licenciado Mossack se siente muy mal porque lo tienen estigmatizado como un delincuente, y él sabe que no lo es, y los que trabajaron con él tampoco”, afirmó la abogada.

“En Panamá la firma Mossack Fonseca no es la única que se dedica al derecho corporativo”, insistió Guillermina McDonald en defensa de su cliente, y aseguró que el ataque viene de quienes pretenden que Mossfon sea recaudador de impuestos, pues otros utilizaron sus estructuras para ocultar bienes y no pagar tributos. La abogada se quejó de que la denuncia interpuesta por el bufete por hackeo de su base de datos, no prosperó en la justicia. “Además, lo absurdo es que las fiscalías panameñas repitan cosas que dice Brasil en el tema Lava Jato, cuando en Panamá eso es legal, lo mismo que en Nevada (EE.UU.), o en otras jurisdicciones”.

“La justicia panameña tiene que hacer algo para satisfacer al mundo, pero todo lo que se hizo está bajo el amparo de las leyes y las diferentes jurisdicciones que se usan para hacer sociedades”, concluyó Guillermina McDonald. Lo cierto es que, tras el escándalo Panama Papers, cientos de sociedades pidieron cambiar de agente residente y abandonaron a Mossfon. La firma anunció en marzo de este año su cierre, “por el daño irreparable, el deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de las autoridades panameñas”. La pregunta que todos se hacen ahora es: ¿Y a qué firma se mudaron sus clientes?

*CONNECTAS es la principal plataforma de periodismo colaborativo de América Latina. Su misión es promover el intercambio de información clave para el desarrollo de la región. Su apuesta por el periodismo de profundidad y de investigación. 

www.elespectador.com/noticias/investigacion/vuelven-los-panama-papers-estos-son-los-primeros-hallazgos-para-colombia-articulo-795413

 

21.18.-EL MODELO BOLIVIANO: SUS «MILAGROS» Y SUS «TALONES DE AQUILES» – Fernando Molina

El modelo económico boliviano es celebrado por distintos sectores políticos  internacionales. Para muchos, se trata de la prueba de que la izquierda también puede desarrollar una gestión eficiente de la economía, sin dejar de atender las necesidades sociales de la población. Pero el modelo, para muchos «milagroso», también tiene sus problemas.

Se suele atribuir parte del éxito económico de Bolivia en el último tiempo a las «Arcenomic», término que alude a Luis Arce, el economista que diseñó el modelo de desarrollo del país y que lo dirigió personalmente de 2006 a 2017, año este último en el que enfermó y renunció a su posición como ministro de Economía de Evo Morales. Arce es un economista fuertemente contrario al neoliberalismo, partidario del Estado, pero moderado en política económica y prudente en la macroeconomía. Su línea continúa guiando las decisiones del gobierno boliviano y sigue cosechando éxitos. Entre ellos puede destacarse el crecimiento en un 4,7% del PIB durante este año. Sin embargo, esta política no está exenta de críticas. Hay quienes la consideran como posible generadora de la llamada «enfermedad holandesa», es decir, de la tendencia crónica de una economía extractiva a gastar mal.

El modelo boliviano considera la existencia de dos sectores. Uno de ellos es el «generador de excedentes», compuesto por las industrias petrolera, minera y eléctrica. El otro sector, en cambio, es el «generador de ingresos y empleos» y lo conforman las industrias manufactureras, agropecuarias, la construcción y el turismo, entre otras. El modelo se basa en la toma del primer sector por parte del Estado (que se convierte así en el principal actor de la economía) y en la transferencia de los excedentes de este al segundo sector por la vía del gasto público y la redistribución económica -es decir, de la ampliación de la demanda-.

Hace unos días, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, espetó a los empresarios que estaban ante «un gobierno de los trabajadores». Esta afirmación debe examinarse a la luz de lo siguiente: mientras que la presencia del Estado en el sector «generador de excedentes» es casi total, el sector «generador de ingresos y empleo» sigue siendo mayoritariamente privado y sigue orientado al lucro. Esto diferencia al modelo boliviano del «socialismo del siglo XXI». Las limitaciones que ha puesto el gobierno al sector privado solo han sido cuantitativas. Todas ellas las ha tomado del arsenal nacional-popular y no del socialista. La lista es la siguiente: una política salarial dictada desde arriba y fuertemente «pro trabajador», ciertos «topes» a las exportaciones de alimentos -a fin de asegurar el abastecimiento interno-, y la imposición a los bancos de «cuotas mínimas» para los distintos tipos de crédito. Los empresarios dicen que estas medidas han impedido que la inversión privada sea más vigorosa, pero nadie piensa que la hayan detenido como ocurrió en Venezuela. Las principales amenazas a la industria nacional no son las nacionalizaciones sino la importación muy abundante (y a menudo ilegal) de algunos productos, así como un tipo de cambio inmóvil y sobrevalorado.

El modelo de transmisión de excedentes «hacia dentro» ha sido exitoso en el corto plazo. Gracias al shock de ingresos que sacudió al país entre 2006 y 2014 -todos canalizados hacia el mercado interno-, se incrementaron el consumo y las actividades destinadas a satisfacerlo. Además, se favoreció el bienestar social. La extrema pobreza monetaria (ingresos de menos de 2 dólares al día) cayó de 38% a 18%, y hoy es de solo de un 10% en las ciudades. Al mismo tiempo, Bolivia se convirtió en un país de ingresos medios: «solo» el 30% de su población gana menos de 4 dólares por día. Ocurrió así el «milagro».

Sin embargo, y tal como afirma la teoría de la «maldición de los recursos naturales», puede haber complicaciones con este tipo de modelo. Cuando los excedentes se originan en la extracción de recursos no renovables se tiende a distorsionar la economía a largo plazo, así como a cambiar la mentalidad de la sociedad convirtiéndola en «adicta» a la recepción de estos excedentes «fáciles». La «enfermedad holandesa» es un crecimiento contrahecho a causa de la «fuerza gravitacional». Evidentemente, promueve la actividad extractiva sobre todos los demás sectores. Se trata de un fenómeno que valoriza la moneda nacional, aumenta la capacidad de compra de los salarios y, en consecuencia, dispara las importaciones, mientras que disminuye la competitividad exportadora del país. Todos estos síntomas se han presentado en Bolivia, aunque los puntos de vista sobre sus implicaciones son disímiles. El gobierno cree que la transferencia de excedentes no tiene por qué causar «rentismo» o dependencia de los sectores productivos de las rentas del gas. Esto, siempre y cuando se los destine a la inversión pública en infraestructura, a la creación de empresas estatales saneadas y a una política social muy activa en un contexto de equilibrio macroeconómico.

Sin embargo, con los años los problemas causados por esta «transferencia hacia dentro» se han ido sumando. Algunos casos de inversión pública se han comenzado a revelar como «despilfarro»: escuelas sin alumnos, carreteras poco usadas y aeropuertos innecesarios. Al mismo tiempo, solo algunas empresas estatales -las que operan en nichos tradicionalmente rentables- han logrado generar altas utilidades. Pero las demás trabajan de forma muy ajustada o pierden dinero. Finalmente, el equilibrio macroeconómico se ha visto comprometido por la caída del precio del gas que el país exporta y que es responsable de la mayor parte del shock de ingresos o, para seguir con la nomenclatura que estamos usando, del shockde «excedentes» experimentado. Desde 2015, Bolivia presenta una sistemática caída de sus ingresos internacionales, que sumó un 40% entre 2014 y 2017. El país tiene, en consecuencia, problemas para financiar los gastos de un Estado ampliado, por lo que registra ya por tres años un déficit fiscal de alrededor del 7% del PIB. En el mismo periodo las importaciones solo han caído un 20% (lo que parece confirmar el diagnóstico de «enfermedad holandesa»), por lo que se ha producido una merma en las reservas internacionales de 15.000 a 10.000 millones de dólares. Esta situación sigue siendo controlable, pero constituye el talón de Aquiles del modelo (en realidad, de todos los modelos latinoamericanos, toda vez que la región comercia en una moneda que no es la suya). En este momento, las reservas disminuyen a razón de 200 millones de dólares mensuales y se calcula que, si el gobierno las dejara caer a 6.000 millones o menos, Bolivia estaría en un serio problema.

Ventajas y problemas de la «bolivianización»

Evo Morales dijo más de una vez que la estabilidad, es decir, el equilibrio macroeconómico, es «un patrimonio del pueblo boliviano» y debe conservarse. No es una tarea del Fondo Monetario Internacional -como ocurría en el pasado-, sino de un programa monetario y fiscal que, aprobado por el Ministerio de Economía y el Banco Central, define la cantidad de dinero que se pone en la economía a fin de alentar la actividad económica sin crear presiones inflacionarias (desde hace ocho años que la inflación se ha mantenido en niveles bajos). Este programa ha sido facilitado por la abundancia de las reservas internacionales a consecuencia del boom de ingresos del exterior que vivió el país entre 2006 y 2014, pero también del que probablemente es el mayor logro financiero de la gestión de Morales: la «bolivianización» de la economía. Gracias a ambos factores, la política monetaria y fiscal han podido ser constantemente expansivas y han alentado un crecimiento continuo del PIB anual que ha sido el mayor de la historia del país.

Bajo el neoliberalismo, las autoridades monetarias no podían impulsar el crédito interno, pues este estaba casi completamente dolarizado. El nivel de las reservas internacionales se había convertido en una rienda cuyo largo marcaba la amplitud máxima a la que podía crecer la economía. Ahora el gobierno tiene más juego de cintura. Si a fines de la década de 1990 solo el 3% de los depósitos del sistema financiero estaba nominado en bolivianos y el resto en dólares, hoy esto es casi al revés: 94% de los depósitos está en bolivianos y solo el 6% en dólares.

¿Qué pasó? Gracias a la entrada de una gran cantidad de dólares (100.000 millones) por el boom de las exportaciones, el boliviano se valorizó (o cada dólar comenzó a cambiarse por menos bolivianos). Hasta 2011, el tipo de cambio fluctuaba libremente, así que la valorización dio al público la señal de que tener dólares significaba perder dinero. Luego el gobierno estabilizó el tipo de cambio en 6,96 bolivianos, que es el precio fijo del dólar desde 2011. Si se toma en cuenta la inflación, esto implica que con el transcurso del tiempo cada dólar puede comprar cada vez menos cosas dentro del mercado interno. Estos estímulos cambiarios se complementaron con un mayor encaje bancario en dólares y la transformación del Impuesto a las Transacciones Financieras, a fin de que solo gravara a las operaciones en moneda extranjera. Estas medidas, en un contexto de gran confianza en la economía nacional y con una gran cantidad de reservas internacionales de respaldo, obraron otro «milagro». La bolivianización ha permitido que las autoridades monetarias mantengan un volumen expansivo de crédito a los actores productivos, incluso desde que las reservas internacionales comenzaron a caer en 2015.

Ahora bien, el problema está en que la bolivianización necesita que el tipo de cambio sea fijo, porque si no fuera así y ocurrieran devaluaciones, estas podrían llevar a las personas, deseosas de no perder su capacidad de compra, a usar nuevamente el dólar. Se ha dicho que ese es el segundo talón de Aquiles (o, mejor dicho, otro aspecto de la misma debilidad) de la política monetaria actual, ya que le quita a las autoridades la herramienta de la devaluación como medio para abaratar el costo de las exportaciones y enfrentar escenarios como el actual, en el que los países vecinos han realizado esta maniobra cambiaria y, por tanto, ponen productos más baratos en los mercados clientes de Bolivia y en el propio mercado nacional. El gobierno no cree que la devaluación funcione en Bolivia. Piensa que la industria local no se beneficia claramente con un boliviano más barato, porque es muy dependiente de maquinarias e insumos importados, y un boliviano barato reduce la capacidad para importar. Por esto en los últimos años el oficialismo ha resistido cualquier «tentación» de devaluar el boliviano. Sin embargo, tal tentación solo puede ser resistida cuando se tiene un alto nivel de reservas, lo que nos conduce nuevamente al mismo punto. Es decir, al punto de las divisas y del precio y el volumen de las exportaciones que pueden generar divisas. La estabilidad del modelo boliviano actual se disputa en la arena de la producción de suficientes divisas para sostener la transferencia de excedentes y, con ello, la demanda interna incrementada.

http://nuso.org/articulo/de-milagros-y-talones-de-aquiles/

 

20.18.-ESTADO, PODER POLÍTICO Y PODER ECONÓMICO: ¿UNA COALICIÓN PARA EL DESARROLLO? – Mario Humberto Hernández

Surgen problemas como: ¿qué define la direccionalidad de un Estado hacia el desarrollo o la preservación del atraso?, ¿cómo explicar el despegue de los países desarrollados, o el avance de capitalismos tardíos como los del éxito asiático? Para responder a estas interrogantes es necesario hallar las condicionantes previas.

Estructura del poder

La estructura de poder es determinante para la comprensión de los procesos de desarrollo de toda sociedad. Su injerencia es central para la cimentación y coordinación de la cooperación que haga viable la estructuración de la reproducción social. Sin embargo, el poder no es neutro; en la moderna sociedad capitalista existe una desproporción en las relaciones de poder que mantienen los actores frente al sistema social y ante sí mismos.

La división de clases sociales estructuralmente antagónicas los relaciona de forma heterogénea entre sí y frente al Estado. Los derechos de propiedad juegan un papel definitivo en esa desproporción; concretamente, la facultad de apropiarse de medios y factores productivos no sólo implica la posibilidad de llevar a efecto la obtención de rentas derivadas de éstos, sino también una influencia determinante en las condiciones en que se proyecta la vida material de una sociedad. No puede omitirse al Estado como el actor encargado de definir los derechos de propiedad que orientan el transcurso de la vida económica, así como de promover la modernización dentro de las condiciones históricas capitalistas.

Supuestamente, frente a los intereses antagónicos de las clases sociales el Estado se levanta con altura de miras por encima de los mismos para encauzar las políticas que impliquen el mayor bien común. No obstante, la historia demuestra que ni las clases sociales ni el Estado no son agentes cerrados entre sí, mantienen relaciones que imbrican intereses, ideas y recursos que impactan a la sociedad entera y las condiciones generales en las que ésta se ubica dentro del espectro amplio que va del atraso a la prosperidad.

1 Doctor. Profesor Investigador Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Administración, Integrante del Área “Estado, Gobierno y Políticas Públicas”.  

Por ende, es menester revisar desde el plano teórico los vínculos sistémicos existentes entre el Estado y el gran capital dentro de la ubicación del marco institucional. El propósito de este artículo es ubicar teóricamente la relación entre el gran capital en el diseño institucional de la sociedad capitalista y particularmente frente al Estado; para ello se ponen en discusión esencialmente al marxismo y al institucionalismo con la necesidad de reconocer la forma en que el Estado, como responsable de poner las reglas del juego social, se planta frente a los intereses del gran capital y los asimila en la estrategia del desarrollo capitalista de países como México.

La relación Estado-capital en el marxismo

Marx sostuvo la idea de que en el despliegue histórico de las necesidades de la valorización del capital, la política tiende a subordinarse ante ellas por lo que el Estado no actúa de forma neutra2 . Dado que las sociedades se hallan divididas en clases sociales, la propiedad de los medios de producción contradice los ideales de libertad e igualdad entre los ciudadanos (Held, 1992: 143).

Es así que el Estado termina por servir como instrumento de los intereses del gran capital, que tiende a quedar cada vez más concentrado y centralizado en la formación de grandes estructuras monopólicas y en desmedro del proletariado (Bobbio, 2001: 169). Si —como apuntó Marx en el Prólogo de 1859— las condiciones económicas fundamentan el entramado político, jurídico e institucional de la vida social, los intereses económicos se superponen a la sociedad por medio de un despliegue formal e informal de marcos de sentido que legitiman la propiedad privada sobre los medios de producción y las formas de valorización del capital, y donde el Estado es la superestructura que se levanta sobre los cimientos de las relaciones económicas y sociales.

2 En la acepción moderna abierta por Maquiavelo de la política como el acometimiento del poder de gobernar y mantenerse en él; no ya en el sentido dado por Aristóteles como polis. Sin embargo, David lacionados con el grado en que se despliegan los puntos intermedios de la relación entre el Estado y el capital3.

El papel del Estado como factor institucional en el desarrollo capitalista

Para definir con mayor amplitud esta relación es necesario hacer un apunte acerca de lo que consideramos el Estado en la sociedad capitalista más allá de la interpretación marxista.

Por „Estado‟4 se entiende regularmente al territorio, los ciudadanos y el conjunto de los órganos de gobierno de un país; pero por antonomasia se reconoce como el agente que tiene el control sobre la sociedad, para lo que puede incluso ejercer coerción mediante la fuerza que monopoliza legítimamente. Su función es garantizar el orden interno y hacerlo respetar frente a otros agentes externos a la sociedad (defensa del territorio).

El Estado desarrolla sus funciones por medio de una organización jurídica plasmada en leyes y por organismos de gobierno, que a su vez están encabezadas por agentes encargados del gobierno práctico (gobernantes) para forjarlas en acciones, estos son individuos sometidos a los fines esenciales del Estado (soberanía, orden constitucional, derecho, identidad, cultura, etcétera).

Además, para el funcionamiento del Estado se requiere un aparato político, es decir medios de gobierno formales e informales que den eficacia a las funciones del Estado; además de dotar los elementos capaces de mantener el poder sobre el gobierno principal.

3 A pesar de que el marxismo intentó, en la vertiente gramsciana, integrar a la sociedad dentro del Estado (Estado en sí), se considera necesario reconocer la especificidad de los intereses propios del Estado, a partir de la cúpula que detenta el poder, como un actor escindido del resto de la sociedad (Estado para sí).

4 Suelen reconocerse tres perspectivas acerca del Estado: 1) la organicista, que lo reconoce como un ente independiente y anterior a los hombres, como si fuese un organismo vivo (Leviatán), el cual no puede desmembrarse; 2) la contractualista, según la cual, el Estado es producto derivado de un contrato entre los hombres, es obra humana pero por encima de los intereses particulares, en pos de una voluntad general (Rousseau); y 3) la concepción formalista, que reconoce al Estado como una comunidad que reside en un territorio, a partir de ello, se da un ordenamiento jurídico centralizado (Kelsen) con base en el derecho, el Estado tiene tres elementos: la soberanía (poder preponderante), el pueblo (o ciudadanía) y su territorio. (N. Abbagnano, Diccionario de Filosofía).

Pero si bien la deliberación sobre el Estado se remonta a la Antigüedad, las ideas acerca de su funcionalidad tienden a modificarse de acuerdo con las condiciones que prevalecen en cada época; es menester ocuparnos de su relación en el marco específicamente capitalista, en una aproximación teórica que dé cuenta de la relación que existe entre este agente y una sociedad dividida estructuralmente en clases sociales antagónicas.

La desigualdad de clases y la necesidad de la formación del Estado es expresión formal de la asimetría del poder, la que es propia a la historia de las sociedades humanas, desde las antiguas hasta las modernas, en aras de habilitar un poder que rebasa el plano de las libertades para controlar el ambiente social y garantice la seguridad individual; ese Leviatán que define Hobbes.

Como puede reconocerse, este es un tema que rebasa al marxismo. Gaetano Mosca afirmó: (En) todas las sociedades, empezando por las medianamente desarrolladas, que apenas han llegado a los preámbulos de la civilización, hasta las más cultas y fuertes, existen dos clases de personas: la de los gobernantes y la de los gobernados. La primera es siempre menos numerosa, desempeña todas las funciones políticas, monopoliza el poder y disfruta de las ventajas que van unidas a él. En tanto, la segunda, más numerosa, es dirigida y regulada por la primera de una manera más o menos legal, o bien de un modo más o menos arbitrario y violento, y a ella le suministra, cuando menos aparentemente, los medios de subsistencia y los indispensables para la vitalidad del organismo político (2004: 91).

Aunque la división política sea tajante en el principio de que no todos pueden gobernar, sino que el poder se ejerce a través de una minoría, el punto a discutir es reconocer si esa minoría en efecto es representativa de la voluntad general y se encamina a los fundamentos de su legitimidad, en tanto es independiente de los intereses de los que se apropian de los grandes recursos; o bien, simplemente se disuelve en aquéllos.

De ser ineluctable la segunda posición, el desarrollo económico sería imposible para los países incorporados pasivamente al capitalismo. El estudio del desarrollo ha demostrado, por otra parte, que es posible la superación del atraso mediante un proceso complejo de transformación social que pasa necesariamente por las formas en las que el poder se estructura a partir de la dirección estatal y el tipo de coalición que logra con las élites dominantes, aunque esto no deja al desarrollo como resultado garantizado.

El problema que antecede al Estado desarrollista: los límites al paradigma de la industrialización tardía

Si en los países atrasados donde la industrialización es incipiente o inexistente, es posible acelerar el ritmo o abreviar los pasos que siguieron con anterioridad países vanguardistas a partir de la adaptación al paradigma tecnológico de vanguardia, como reconoce el paradigma de la industrialización tardía, el problema de cómo avanzar hacia la industrialización capitalista tendría atisbos de solución. La experiencia de los países dinámicos de Asia o países “A” (Corea del Sur, Hong Kong, China, Malasia, Singapur, Taiwán, India) dio aliento a la tesis de que es posible crear un núcleo endógeno, con base en el aprendizaje tecnológico que potencie las capacidades sociales innovadoras.

Pero en los países “B” (América Latina), a pesar de que se ha discutido esta estrategia con entusiasmo, prevalecen condicionantes políticos que pueden explicar por qué no se ha roto cabalmente la “trampa del atraso”, como lo demuestran los exacerbantes niveles de desigualdad entre las clases sociales.

Como resulta notorio en la literatura económica, hay una base sólida de estudios que enfatizan que se requiere contar con un Estado capaz de romper la “camisa de fuerza” del atraso, para favorecer la acumulación interna mediante el apoyo y la coordinación. Entre esos estudios fueron pioneros los del paradigma de la industrialización tardía que reconocieron que ahí donde el capital es escaso, es común la tendencia a la empresa de gran tamaño, pero por lo mismo, para evitar el rapto del Estado por intereses privados, se requiere fundamentalmente la dirección estatal para encaminarla hacia una meta que rebase el interés del capitalista rentista, sometiéndolo a esa “meta más grande”.

Gerschenkron, en su estudio del caso ruso, reconoce: “Para poder conseguir el capital que la industrialización requería, fue necesario el funcionamiento de la máquina estatal que, con su poder obligatorio, y por medio de su política impositiva consiguió desviar las rentas del consumo a la inversión” (1970: 31).

Surge así la pregunta de por qué en América Latina no se han seguido esos pasos, a pesar de que entre los 1980s y los 1990s surgió una serie de esfuerzos intelectuales trazando agendas de investigación y esbozos de programas públicos para imitar el “milagro asiático”. Casos como los de América Latina ilustran el error de las teorías del desarrollo y de la sociedad en general, al asumir que el Estado actuará en un sentido desarrollista, favoreciendo el cambio institucional y renunciando a su condición depredadora; así como suponer que los agentes (Vg., las grandes empresas) tenderían al aprendizaje y la innovación sin los incentivos suficientes para renunciar al rentismo.

El problema parece subyacer entonces en algo anterior: en la voluntad política. Tratándose de las vías para el desarrollo, si el cómo no se ha materializado, debe explicarse antes el por qué.

Lo anterior implica, además de un cambio interno en el Estado, trasminar la voluntad de cambio al conjunto de la sociedad; involucrarla hacia una coalición que defina el interés conjunto de la sociedad con la finalidad de la superación del atraso. Debilitar la reticencia al cambio en pueblos castigados y miserables, así como desmoronar los intereses enquistados es algo que según Gerschenkron, va más allá de las meras promesas pecuniarias:.

“En un país atrasado, el esfuerzo rápido y grande necesario para la industrialización requiere un New Deal emocional” (Gerschenkron, ibid: 40).

Apreciar el peso de las instituciones es peculiarmente importante para los países que padecen el atraso porque es en donde no se ha enraizado el crecimiento ni la innovación como pauta regular. Rivera (2008; 2009) en su estudio sobre la obra de Douglass North ha propuesto la línea de estudio sobre la omisión de lo que antecede al Estado desarrollista, reconociendo la importancia de las instituciones en el funcionamiento económico.

La matriz institucional y su injerencia sobre el desempeño económico

Es conveniente explicar la idea que seguimos en torno a la relación entre el Estado y el desarrollo capitalista dentro de la idea del cambio institucional, en la idea de que de la matriz institucional se derivan las reglas o limitaciones ideadas por el hombre para dar forma a la interacción humana (North, 1993: 13). Con base en un sentido común que trasciende el presente y da continuidad a las ideas centrales de esa sociedad a través de las generaciones, asumimos que las instituciones son aquello que John Elster llama “el cemento de la sociedad” al tener como objetivo la estabilidad social.

Las instituciones como reglas o limitaciones coercitivas quedan manifiestas en leyes, criterios y normas. Si nos atenemos al principio de que las instituciones buscan evitar el conflicto desintegrador de la sociedad y su funcionalidad, lo intentan a través de crear un tejido que por medio de incentivos y sanciones, estimula o inhibe el comportamiento de los sujetos. Douglass North (1993) las reconoce también como las reglas del juego social, cuyo fin es “reducir la incertidumbre” (ibid: 16); para ello se requiere de instituciones primarias y secundarias, reglas explícitas e implícitas que configuren y normen la conducta de los sujetos, para que la estabilidad sea duradera y organizada, integrando la complejidad de los intereses particulares y grupales. En un sistema social, las instituciones son las reglas, pero las organizaciones (políticas, económicas, sociales, educativas) son los jugadores (ibid: 15).

Pero ni la generación de instituciones ni su evolución ocurren de forma espontánea, son una construcción humana inmersa dentro de un marco o matriz principal. Si bien las instituciones en su plano formal son construcciones humanas administradas por el Estado y realizadas por el resto de los actores sociales, su plasmación no necesariamente responde al criterio estatal; ya que tanto las leyes mismas son pilares de la edificación social, como las instituciones informales moldeadas en criterios, normas y costumbres que cohesionan en un sentido común a esos actores, definiendo medios y fines legítimos para la sociedad.

En ellas se forman los estímulos, valores, intereses, pasiones, hábitos mentales y demás expresiones que crean ese marco de sentido compartido. Con frecuencia, las instituciones informales son más duraderas que las formales ya que atienden lo primario de la cultura, conectando al pasado con el presente y proyectando el futuro; de esta forma —reconoce North— “nos proporcionan una clave para explicar la senda del cambio histórico” (ibid: 17).

Dentro de esto es imprescindible reconocer el incentivo material o económico en las instituciones primarias, esto es, las que cimentan la formación social. La vida material es el principio básico que condiciona el acceso de los agentes a la riqueza social y los medios para reproducirla. La satisfacción de las necesidades básicas, exige el establecimiento de disposiciones sistemáticas para la provisión de los recursos necesarios. Ahí subyace la centralidad del trabajo, que en su relación dialéctica con la naturaleza permite al hombre no sólo transformarla para dotarse de la riqueza que contiene en sus entrañas, sino transformarse a sí mismo (Marx, 1982a) y crear una cultura a partir de la estructuración de relaciones de producción, con base en los medios históricamente disponibles (Marx, 1989). El trabajo es la base de la producción de riqueza social en una sociedad.

 Pero no debe perderse de vista que las instituciones informales alcanzan una dimensión distinta en el imaginario colectivo o esfera ideológica, en la que se involucran los intereses y pasiones de las clases sociales antagónicas dentro del capitalismo. Lo que Marx (1989) llama formación social, corresponde más que a un determinismo materialista, a una implicación dinámica que emerge de la vida material y condiciona a la vida jurídico-política e ideológica; pero a su vez la vida material se retroalimenta por los condicionamientos que hacen la vida institucional formal e informal (como se empeñó en demostrar Max Weber). Esa formación económico-social genera, en cada espacio concreto, su propia matriz institucional, de la que se derivan las instituciones históricamente efectivas en cada punto de referencia temporal, y que en lo correspondiente al terreno económico, potencian o limitan el desarrollo.

Pero sobre las relaciones de producción prevalece el entramado institucional formal, plasmado en el sistema jurídico y político que establece las reglas sociales, define las libertades negativas y limita coercitivamente a los sujetos. El Estado impone la cooperación y coordinación productiva necesarias para el progreso económico y define los derechos de propiedad que habilitan o restringen el campo de acción económica de los agentes económicos a partir de la facultad para participar de las rentas de bienes o de factores (North, 1993; Rivera, 2009).

Esto es lo que subyace en detrás del desarrollo capitalista, el cual no es un fenómeno espontáneo producto de la “mano invisible”. De tal manera, la matriz institucional puede potenciar o frenar el desarrollo, por eso es tan determinante el papel del Estado en el desempeño de los capitalismos nacionales. Esto nos conduce al problema de qué es lo que define la direccionalidad de un Estado hacia el desarrollo o la preservación del atraso.

Además del orden interno y la defensa de la soberanía, se reconoce como una función del Estado, dotar dentro de los criterios modernos, del mayor bienestar posible a su población, garantizándoles seguridad y oportunidades de movilidad social ascendente, esto queda ineluctablemente inmerso en el marco de las condiciones capitalistas. Los Estados que, dentro de los contornos del capitalismo pueden considerarse exitosos, crean una base material que produce la riqueza social que luego habrá de ser distribuida con criterios basados en la finalidad primaria del Estado: el orden interno y el bienestar.

En el otro extremo, están los Estados que fallan en sus funciones primarias, medran con la riqueza existente, más que importarles el funcionamiento de los medios para acrecentarla; en estos casos prevalece una óptica mezquina, se hace común servirse del poder para beneficio particular a costa de la miseria general. Se descuidan la salud, la educación, la iniciativa y todo aquello que habilita a los ciudadanos como sujetos activos; a favor de medios de control que los preserva en la pasividad; las ataduras que preservan instituciones inferiores a favor de fuertes intereses asentados. Esto es el entrampamiento institucional dentro del atraso. “La trampa del atraso prevalece porque los mecanismos de exclusión se institucionalizan, o sea, dan lugar a reglas formales e informales que sirven a ese fin, moldeando la conducta, las competencias y capacidades de los agentes e instituciones y la visión colectiva de la realidad social” (Rivera et al: 2009: 25).

El punto nodal es reconocer las circunstancias de la gestión estatal, las características específicas en que su dirección alimenta posibilidades de establecer un proyecto social capaz de dar sentido a una economía dinámica a favor del capital pero también del trabajo y demás actores sociales. Si bien el Estado capitalista está en correspondencia con las condiciones históricamente definidas por el propio modo de producción, y en consecuencia existe una vinculación entre los intereses de la clase dominante con el poder, al Estado le corresponde sentar las bases para establecer un capitalismo nacional regulado que tenga posibilidades de reproducción. Los Estados pueden encaminar sus esfuerzos en coordinación con un desempeño regulado del capital.

Si bien el gran capital ejerce una influencia categórica ante el Estado, en comparación con el resto de los sujetos sociales, es igualmente necesario reconocer a la luz de las experiencias donde ha sido posible el desarrollo capitalista, que el Estado puede imponer la industrialización, así como iniciar las grandes inversiones, allí donde no hay una base de acumulación de capital para potenciarlo.

Esto significa reconocer los requerimientos de acumulación de capital privado que impone el modo de producción. Así, el trabajo y el capital se ubican en igualdad de condiciones, y sólo el Estado, como regulador en esa relación conflictiva, puede mediar en esa tensión sin descuidar que el peso relativo de los agentes está desproporcionado. Ello explica por qué en la mayoría de los casos se exige un sacrificio mayor a las clases trabajadoras, las que recogen virtuales beneficios a posteriori 5.

North enfatiza que el Estado tiene una tendencia “depredadora”, lo que guarda cercanía con el marxismo. Esa tendencia y la formación de élites de poder pueden tornarse impenetrables y obstaculizar el progreso. Ello nos remite al asunto de las condicionantes que impiden la conducta innovadora, o por el contrario, favorecen el desmoronamiento del entrampamiento institucional adverso que caracteriza al atraso.

Surgen problemas como: ¿qué define la direccionalidad de un Estado hacia el desarrollo o la preservación del atraso?, ¿cómo explicar el despegue de los países desarrollados, o el avance de capitalismos tardíos como los del éxito asiático? Para responder a estas interrogantes es necesario hallar las condicionantes previas.

5 Considérese el periodo del Estado Benefactor que tras la recomposición de la producción, la sintonizó con las posibilidades de una demanda más amplia y la extensión de la seguridad social.

Dependencia de la trayectoria y cambio institucional

Dado que la historia influye sobre la tecnología, el conocimiento y las instituciones de una sociedad, la dependencia de la trayectoria (path dependence) afecta los modelos institucionales que definen las actitudes o disposiciones sociales. “El mercado en sí mismo es una institución social que da forma a las preferencias, podría fomentar las características de apertura, la competitividad y el egoísmo (…) Las preferencias, la tecnología, y las instituciones son todas endógenas, y los eventos transitorios pueden tener efectos persistentes sobre ellas” (Hoff y Stiglitz: 397).

Pero cuando la trayectoria del atraso ha sido aprendida y legitimada socialmente, afecta los modelos institucionales que definen las actitudes o disposiciones sociales, con su reflejo ulterior sobre la educación, y finalmente sobre la tecnología, el conocimiento y el comportamiento organizacional. Tal y como ocurre con las trayectorias innovadoras del progreso que generan dinámicas virtuosas y estimulan sistemáticamente la innovación, ocurre lo contrario en las trayectorias guiadas por el atraso, en las que han sido definidas matrices o marcos institucionales adversos que crean “camisas de fuerza” opresoras del comportamiento innovador de los sujetos.

Hay que reconocer primeramente, que el modelo conductual de países desarrollados en los que el poder público resuelve ciertos problemas, no puede proyectarse linealmente al medio de países atrasados. Si bien el Estado marca las reglas del juego, hay que tomar en cuenta que no está al margen de las condiciones históricas efectivas, por lo que no puede vérsele como agente neutro; debido a que los grupos que controlan al Estado priorizan sus intereses, éste tiene una tendencia a auto-perpetuarse y por lo tanto subyace su tendencia depredadora ya que es más factible mantenerse si se limitan las capacidades críticas que pudieran devenir en oposición política.

Por encima de los derechos de propiedad eficientes (que maximizan el ingreso agregado), el grupo que controla el poder estatal tenderá a establecer derechos de propiedad ineficientes (que minimizan costos de transacción inmediatos y maximizan la renta económica de ese grupo) (Rivera, 2009: 149).

Ello no necesariamente es fruto de un Estado demasiado opresivo, “…frecuentemente, el problema es un Estado demasiado débil” (Hoff y Stiglitz, op. cit.: 399); debilidad que se traduce en complacencias a grupos de interés ante la ausencia del capital social que se oponga a esa trayectoria. Incluso hay casos donde el rentismo simula el cambio para medrar con fuente de beneficios futuros no explotables; es el caso de las privatizaciones, cuando un gobierno se apropia desde esa posición de las rentas de una empresa pública, privatizándola puede beneficiarse de las rentas futuras (Hoff y Stiglitz, ibid).

De eso se sigue un problema de incentivos y de rentas, ya que si no existen los incentivos claros al cambio, aquellos agentes que se benefician de las rentas no renunciarán a éstas, lo que perpetúa conductas contrarias a la innovación. Por ende, sería un error suponer las cosas habrían de cambiar espontáneamente ya que los actores económicos tienen intereses que tienden a resguardar. Mientras la matriz institucional sea funcional con el statu quo, es decir, el arreglo informal dispuesto en el que el Estado y las élites políticas cuenten con medios materiales y políticos para sostenerse, y los grandes capitales puedan obtener rentas sin exigirse grandes y riesgosas inversiones para convertirse en innovadores, tenderá a prolongarse la trayectoria institucional.

Sin incentivos suficientes para romper el rentismo o el lucro del atraso, los agentes no actuarán hacia el aprendizaje ni la innovación, preservando la “trampa del atraso”. Finalmente, ¿por qué habría de romperse una matriz que aun basada en el atraso es funcional para los grupos (públicos y privados) que detentan el poder?

Una de las claves que ofrece North, está en la amenaza al poder por parte de rivales internos o externos: “(…) siempre habrá otros Estados o gobernantes potenciales dentro de la misma sociedad, que limitan el grado de libertad del gobernante para actuar como una especie de monopolista y maximizar el ingreso marginal que obtendrá de los gobernados” (citado por Rivera, op. cit.: 151). Esto implica que si el Estado no favorece la acumulación de capital durante cierta etapa, merma sus propias bases materiales, ya que funge como “cuerpo parasitario”.

Reconociendo que la frontera entre un Estado desarrollista y uno depredador no es tajante, sino que de alguna u otra forma hay elementos de ambas caracterizaciones en cualquier Estado, es importante el planteamiento de Rivera (2008; 2009), quien expone la idea de que son choques internos o externos los que hacen que el bloque de poder retraiga su tendencia depredadora y considere “intervenciones profundas” que alteren la matriz institucional (Hoff y Stiglitz 2002); estos choques representan una amenaza al poder o un riesgo a la sobrevivencia nacional.

Esto impondría una tensión (fuerzas de primer orden) necesaria que obligara a romper las condiciones del atraso y diera lugar al Estado desarrollista (fuerzas de segundo orden).

 Las fuerzas de primer orden son el prerrequisito para que se presenten las fuerzas de segundo orden, es decir, el Estado desarrollista (Rivera, et al., 2009). Sin las fuerzas de primer orden, las de segundo orden se diluyen en la trayectoria histórica depredadora. Entre los choques internos pueden considerarse crisis económicas profundas, movimientos sociales organizados, corrientes políticas democratizadoras con respaldo popular y todo conflicto endógeno que desestabilice la trayectoria seguida e implique la necesidad de un gran cambio.

Los choques externos podríamos considerarlos peligros desde el exterior como intervenciones políticas, militares o el propio reordenamiento geopolítico y económico del mundo, que figuren ataques a la soberanía y amenacen el status del Estado, generando cambios en la relación entre el poder y la sociedad. En ambos casos el resultado deriva en ganancias para los grupos más amplios y el progreso nacional.

En la experiencia de los países “A” el detonante fue la amenaza externa; en el marco de la Guerra Fría, el riesgo de la amenaza comunista impulsó el cambio de la trayectoria seguida hasta los 1950s bajo el resguardo de Estados Unidos. El caso chino se apoya en el choque interno tras las reformas (“cuatro modernizaciones”) instauradas por Deng Xiaping dada la incertidumbre política tras la muerte de Mao y el choque exógeno que implicaba el progresivo auge del desarrollo capitalista de Japón y los tigres asiáticos (Harvey, 2005: cap. 5). 6

6 Harvey no se refiere explícitamente desde el enfoque de choques endógenos-exógenos, pero toma en cuenta estos elementos como causas de las reformas chinas.

Sin perder de vista que las posibilidades son azarosas y no debe considerarse ningún determinismo a partir de la ruptura dado que el choque no implica un cambio desarrollista en sí mismo, es claro que si no hay una conmoción profunda y duradera que represente una amenaza al poder y las élites como un peligro a la sobrevivencia nacional, se prolonga al Estado depredador.

El tema ahora es cómo puede romperse la matriz institucional adversa en países tipo “B”, en los que por la dependencia de la trayectoria (razones de índole idiosincráticas, históricas, culturales, educativas), producto del atraso económico y la debilidad democrática, el conservadurismo prevaleciente genera adaptación tácita a dicha la matriz; o como plantearía Barrington Moore, por qué la gente no se rebela frente al orden establecido.

Sin pretensiones exhaustivas, una de las posibles explicaciones está en la legitimidad que alcanza la propia matriz institucional; dentro de su funcionalidad da pie a instrumentos ideológicos que convalidan el estado de las cosas con miras a un “futuro promisorio” meramente abstracto. Eso se alienta por sentimientos deterministas basados en el chauvinismo. A eso puede sumarse el peso también ideológico de los medios de difusión masivos, afines al poder, que exaltan el conservadurismo y las pretensiones de los fines exitosos a partir de una conexión simbólica del poder y el éxito pecuniarios con las élites legitimadas; como advirtió Veblen (1974), el talón de Aquiles de la teoría marxiana de la revolución descansa en que las masas trabajadoras tienden a conducirse a partir de la emulación pecuniaria institucionalizada.

La conformación de un ethos capitalista —en efecto distinto al protestantismo original, como reconoció Weber— define aspiraciones pecuniarias, independientes de la existencia de los medios legítimos para obtenerlas, lo que aunque despierte ánimos ilegítimos como el robo, el fraude, etcétera, no invalida los fines establecidos (Merton, 2002: capítulo VI) 7.

 7 También influye el deseo de seguridad frente a fuerzas que la amenacen o ante el mismo poder, como mecanismo de preferencia por un estado de tranquilidad dentro del atraso o el autoritarismo (Cfr. E. Fromm, El miedo a la libertad). En esencia, se conforma una moralidad conformista. “Sociedades enteras pueden en ciertos momentos educarse a sí mismas en una ética de la sumisión” (Moore, 1989: 57).

Otra explicación reside en la capacidad de organización de los grupos sociales. Mancur Olson cuestiona cómo a pesar de la desproporción de pesos entre los actores frente al Estado en una sociedad democrática capitalista, el fundamento de que una minoría ejerce un poder enorme parezca “natural”. Olson pone el acento en el hecho de que: “el alto grado de organización de los intereses comerciales, así como el poder de los mismos, se debe en buena parte al hecho de que la comunidad empresarial está dividida en „industrias‟ (generalmente oligopolistas), cada una de las cuales sólo contiene un pequeño número de empresas” (Olson, 1992: 158; cursivas originales).

El que el número de esas industrias sea pequeño facilita el acuerdo entre las empresas que las conforman y que puedan presentarse como grupo de presión activo y con fuerza política. Los oligopolios son capaces, así, no sólo de ejercer un control sobre el mercado que distorsiona la eficiencia, los precios y la calidad, sino que al tener buena dosis de control sobre los bienes que circulan en la sociedad.

A diferencia de los grupos grandes, casi por definición desorganizados, los intereses de los grupos económicos se organizan con mucha mayor facilidad lo que incrementa su eficiencia, “(…) el interés organizado y activo de los grupos pequeños tiende a triunfar sobre los intereses desorganizados y desprotegidos de los grupos más grandes” (ibid, 159) 8.

 Así, para Olson la organización y status activo de los grupos pequeños son la clave de la eficiencia en el logro de sus objetivos, frente a la desorganización de los grupos grandes e inactivos. Prototípicamente los cabilderos de los grupos empresariales (loobying) se hallan inmersos en las decisiones públicas, implican un costo que es solventado por esos grupos; a diferencia de los grandes grupos sociales, como pueden ser por ejemplo los consumidores, que por lo general están desinteresados y desorganizados en la defensa de sus intereses, por lo que sus esfuerzos de presión suelen ser dispersos.

8 Olson procura, a partir del análisis de los Estados Unidos, matizar el poder de los grupos empresariales, reconociendo que este también puede integrar a federaciones empresariales en las que participen numerosas organizaciones, o bien, que pueden ganar algunas prerrogativas, pero también perder terreno frente a los beneficios sociales logrados; pero el caso de los grandes capitales, y de los organismos de representación del gran capital en México, parecen desvanecerse las salvedades que el autor plantea, a partir del desmantelamiento paulatino de la seguridad social, la agresividad contra los derechos sindicales del sector trabajador, o el castigo al salario real.

Debemos reconocer que la intervención del capital en las decisiones estatales no es algo exclusivo de los países atrasados. Los grupos de interés existen y su poder no es equivalente al de los ciudadanos ordinarios; en diversos países pueden hallarse ejemplos de cómo los cabilderos ingieren en la definición de políticas públicas para beneficio de grupos particulares, muchas veces valiéndose de prácticas indebidas.

Sin embargo, cuando en los países con instituciones bien asentadas se descubre el cohecho, las sanciones suelen ser ejemplares. Caso contrario a países atrasados en los que la corrupción también se ha institucionalizado y forma parte de las reglas no escritas que los habitantes siguen, o el abuso por parte de los grandes consorcios contra sus intereses en precios o calidad de los bienes y servicios.

Conclusiones

El modelo conductual político bajo el cual se orienta la acción del Estado, es decisivo para el análisis de los procesos de industrialización y el crecimiento de los países. En ese terreno, las instituciones, como marco de sentido general sobre el comportamiento de los actores sociales, ayudan a explicar el desempeño económico de los países, a partir de la tendencia hacia la innovación o hacia el atraso, a partir de la comprensión de la matriz que influye sobre la trayectoria de acción. La forma de concebir al poder crea eslabones históricos y las instituciones pasadas establecen el presente y moldean el futuro (histéresis9 ).

Los países desarrollados han institucionalizado la innovación como pauta regular en su comportamiento. Caso contrario a los países en los que prevalece el atraso económico, en los que se institucionaliza el conformismo, el sometimiento y la subordinación; el beneficio político de una población mal educada y acrítica en un contexto antidemocrático y elitista puede ser muy rentable para los grupos que detentan el poder.

9 El concepto se toma de la física, sólo para referir la relación del presente con el pasado, en la idea de que un impulso inicial forma una trayectoria difícilmente modificable.

A partir de lo anterior, la integración de países “B” a la nuevo situación históricoeconómica del mundo, no solo ha carecido de actividad, sino que prolonga desigualdades muy marcadas en cuanto al avance científico-educativo con respecto a los países que han adoptado una matriz institucional innovadora, base indispensable para acometer los retos tecnológicos que plantea el capitalismo actual cimentado en el conocimiento.

Ello, sumado a una condición asimétrica entre las grandes empresas rentistas, refugiadas en los sectores tradicionales escasamente intensivos en tecnología, y las empresas transnacionales, más proclives al avance tecnológico.

En ese sentido, el gran capital ha sido factor de crecimiento en los países “A”, mientras que en los países “B” tiende a ser un núcleo endurecido sumamente influyente en torno a su poder económico-político, centrado en su hegemonía oligopólica en sectores clave de la economía. Esto, no impulsa la posibilidad de un compromiso definido y constante con el aprendizaje y la modernización tecnológica, debido a que cuando los grandes capitales extraen ganancias de monopolio, actúan como incentivos adversos a la innovación.

Esto forma derechos de propiedad ineficientes (Rivera, 2009) que hacen del gran capital un sujeto desinteresado por la innovación, ya que no la necesita para obtener grandes rentas.

Por ende, es menester romper la “camisa de fuerza” que sostiene instituciones ineficientes; pero como hemos visto, eso depende de un cambio profundo en el sistema de poder. Mientras no se sujete a los grupos que controlan el poder, incluyendo al Estado mismo, no se estará en condiciones de crear las posibilidades de crecimiento, ni de movilidad social.

Ello reclama una sacudida de tal magnitud que amenace el status quo prevaleciente, ya que no se erosionará la matriz institucional que obstaculiza la modernización del país para dar paso a otra matriz que la favorezca de forma espontánea. Por lo que se requiere de una conmoción que desestabilice al sistema de poder para abrir la posibilidad de un cambio en la trayectoria institucional que incluya a las capas gruesas de la población.

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19.18.- Academia

 

licia Bárcena

Secretaria Ejecutiva

Mario Cimoli

Secretario Ejecutivo Adjunto Interino

Raúl García-Buchaca

Secretario Ejecutivo Adjunto para Administración y Análisis de Programas

Daniel Titelman

Director de la División de Desarrollo Económico

Ricardo Pérez

Director de la División de Publicaciones y Servicios Web

El Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe es una publicación anual de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La coordinación del informe estuvo a cargo de Daniel Titelman, Director de la División de Desarrollo Económico.

Participaron en la redacción del informe Ivonne González, Michael Hanni, Juan Pablo Jiménez, Esteban Pérez Caldentey, Andrea Podestá, Ignacio Ruelas y Daniel Titelman. Se utilizaron insumos preparados por Juan Carlos Gómez Sabaini y Dalmiro Morán en el capítulo II y por Oscar Cetrángolo y Javier Curcio en el capítulo III.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) colaboró con el fnanciamiento de esta publicación.

Notas explicativas

  • Los tres puntos (…) indican que los datos faltan, no constan por separado o no están disponibles.
  • La raya (-) indica que la cantidad es nula o despreciable.
  • La coma (,) se usa para separar los decimales.
  • La palabra “dólares” se refere a dólares de los Estados Unidos, salvo cuando se indique lo contrario.
  • La barra (/) puesta entre cifras que expresen años (por ejemplo, 2013/2014) indica que la información corresponde a un período de 12 meses que no necesariamente coincide con el año calendario.
  • Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.

Esta publicación debe citarse como: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2018 (LC/PUB.2018/4-P), Santiago, 2018.

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Publicaciones y Servicios Web, publicaciones@cepal.org. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción.

Prólogo

La presente edición del Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe coincide con un importante hito: el trigésimo aniversario del Seminario Regional de Política Fiscal de la CEPAL. Durante los últimos 30 años, este seminario ha sido un evento central en la agenda regional para la discusión de la política fiscal.

A lo largo de estas tres décadas, en sus diferentes ediciones, el seminario ha servido como foro de debate entre autoridades nacionales, expertos fiscales y funcionarios de organismos internacionales acerca del desempeño, los desafíos y las oportunidades de la política fiscal, y ha enriquecido el diseño y la gestión de políticas en los países.

En 2017 la dinámica fiscal de la región se caracterizó por una consolidación fiscal que se refleja en una mejora del resultado primario, aunque en algunos países todavía se observan déficits elevados. Destaca la mejora que se registró en América del Sur, donde el déficit primario promedio bajó del 1,9% del PIB en 2016 al 1,5% del PIB en 2017. En el norte de América Latina —conformado por Centroamérica, Haití, la República Dominicana y México— el resultado primario se volvió superavitario y alcanzó el 0,1% del PIB, en comparación con un déficit del 0,2% del PIB en 2016. En el Caribe, en cambio, el superávit primario se mantuvo estable en un 1,0% del PIB.

A su vez, la mejora en la posición fiscal y el repunte de la actividad económica atenuaron el crecimiento de la deuda pública en la región. La deuda pública bruta de América Latina alcanzó un 38,4% del PIB en 2017, cifra que representa un leve aumento de alrededor de 0,7 puntos porcentuales del PIB en relación con 2016, cuando se ubicó en un 37,6% del PIB. En el Caribe, la deuda pública del gobierno central alcanzó un 70,9% del PIB, lo que supone una disminución de 1,5 puntos porcentuales del PIB en relación con 2016 (72,5% del PIB). La consolidación fiscal en la región fue producto de una contención del crecimiento del gasto público y una reactivación de los ingresos fiscales. En particular, en 2017 se observó una reducción generalizada del gasto corriente primario en toda la región, que disminuyó del 15,5% del PIB en 2016 al 15,3% del PIB en 2017 en América Latina y del 21,9% del PIB en 2016 al 21,4% del PIB en el Caribe. En cambio, los pagos de intereses aumentaron levemente en toda la región, impulsados principalmente por la evolución de la deuda pública.

Se registró también una preocupante disminución de los gastos de capital en varios países, que llevó a una caída de estas erogaciones para el conjunto de América Latina (del 3,7% del PIB en 2016 al 3,5% en 2017). Resulta importante destacar que la merma en la inversión pública experimentada en los últimos años tendrá efectos más allá del corto plazo y que limitará el crecimiento potencial de la región aún más, lo que reafirma la importancia de adoptar medidas de protección de estos gastos para que no sean utilizados como el principal instrumento de ajuste.

A su vez, en 2017 se observaron señales de reactivación de los ingresos fiscales, sobre todo en América del Sur, donde el repunte de la actividad económica y las nuevas medidas tributarias adoptadas en 2016 impulsaron la recaudación tributaria. En concreto, la variación interanual real de la recaudación de los principales impuestos en América del Sur se volvió positiva a partir del tercer trimestre del año, después de más de cuatro trimestres consecutivos de contracción.

Cabe mencionar que la evolución de los ingresos públicos de la región en 2017 fue apoyada, en parte, por la estabilización de los ingresos provenientes de recursos naturales no renovables. Se estima que los ingresos procedentes de la producción y la comercialización de hidrocarburos en la región se estabilizarán en alrededor del 3,3% del PIB en promedio, después de registrar caídas sustanciales en 2015 y 2016. Por su parte, los ingresos provenientes de la minería en la región se mantienen estables, pero bajos, con un promedio de alrededor del 0,4% del PIB.

Además de analizar las tendencias de la coyuntura fiscal en la región, esta edición del Panorama Fiscal aprovecha el trigésimo aniversario del Seminario Regional de Política Fiscal de la CEPAL para examinar la evolución de la política fiscal durante las últimas tres décadas y los desafíos futuros que plantea la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sin duda, su adopción en la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación

8        Prólogo  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

de la agenda para el desarrollo después de 2015 ha exigido una reformulación del papel de la política fiscal en la región, especialmente a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La cuestión del financiamiento del desarrollo sostenible ha adquirido un papel central y, entre las fuentes alternativas, se ha destacado la movilización de recursos internos. Entre otros obstáculos encontrados, en la mayoría de los países el nivel de recursos se encuentra por debajo de su nivel potencial, no solo por deficiencias en el diseño y la administración de los tributos, sino también, y principalmente, por la elevada evasión impositiva —tanto en el ámbito interno como internacional— y por la existencia de cuantiosos gastos tributarios. El impuesto a la renta personal, muy particularmente, continúa siendo el talón de Aquiles de los sistemas tributarios de la región, con una recaudación del 1,8% del PIB en 2015 para los países de América Latina en comparación con el 8,4% del PIB para los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Todo ello conduce a otro gran déficit a nivel regional: la escasa capacidad redistributiva de la tributación, con estructuras tributarias dominadas por impuestos indirectos regresivos, en una región como América Latina, que continúa siendo la más desigual del planeta a pesar de los avances logrados en esta materia durante la década pasada.

Ante esta evidencia, ampliar la base impositiva y mejorar el diseño del sistema tributario, fortalecer la administración de los impuestos y eliminar las vías para la elusión y la evasión fiscales resultan tareas clave para mejorar el financiamiento del desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo en los países de la región.

Por otra parte, ante la revisión de las políticas y el gasto público durante las últimas tres décadas, así como la situación actual en materia de intervención de los Gobiernos de América Latina y el Caribe, resulta inevitable cierta insatisfacción al comprobar la simultaneidad de dos fenómenos: el crecimiento de la presencia estatal y su debilidad o insuficiencia para lidiar con los graves problemas sociales y económicos de los países de la región. Las dificultades para alcanzar tanto niveles aceptables de inclusión, equidad e igualdad en el cumplimiento de los derechos, como una mayor eficiencia y eficacia de la intervención pública, siguen siendo la regla.

No obstante, pese a la gran heterogeneidad de situaciones, se ha observado una creciente preocupación por mejorar los efectos de las intervenciones. La trayectoria del gasto público de los países obedece a varios propósitos, entre ellos mejorar la educación y ampliar la cobertura de la protección social, lo que supone mejorar la distribución del ingreso y consolidar políticas públicas más equitativas.

Es preciso, entonces, considerar estrategias de mediano plazo para recorrer un sendero de reformas progresivas que no es único ni permanente y debe poder adaptarse a los rasgos de cada política en cada lugar y momento. No solo se trata de discutir el punto final de ese recorrido, sino también el funcionamiento de los sistemas durante un período de transición que, necesariamente, será prolongado y obligará a redefiniciones importantes durante el proceso. Además, la modernización y consolidación de una burocracia estatal dinámica, flexible y eficiente es un desafío permanente de todas y cada una de las políticas de gasto público.

En esta edición del Panorama Fiscal también se examina, desde la perspectiva de la región, el debate que se abrió sobre los desafíos de la política fiscal a partir de la crisis de 2008-2009. Esta nueva aproximación al rol estabilizador de la política fiscal que se llevó a cabo en los países desarrollados ha sido un soplo de aire fresco al debate sobre política fiscal y macroeconómica. En el caso de América Latina y el Caribe —que constituye una región muy heterogénea en términos de necesidades, capacidades y espacios fiscales— se constata la necesidad de fortalecer los estabilizadores automáticos, examinar los espacios para el uso de la deuda pública en un contexto global de bajas tasas de interés y reformular el papel del gasto público como instrumento para apoyar la demanda agregada.

  1. La política fiscal de la región sigue caracterizándose por la consolidación, pero la recuperación del espacio fiscal ha sido gradual

Como se adelantó en el Balance Preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2017, durante ese año la consolidación continuó siendo la principal característica de la orientación de la política fiscal en la región. Esto se reflejó tanto en el desempeño de los indicadores fiscales como en la intencionalidad de la política fiscal que se

  • Los “impuestos correctivos” suelen gravar los productos o servicios cuyo consumo quiere disminuirse, como el alcohol, el tabaco y los juegos de azar.

12      Capítulo I Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

hizo patente en los presupuestos del año. Durante este, los lineamientos de política se basaron en medidas que suponían contener el crecimiento del gasto público o incrementar la presión fiscal, para recuperar espacio fiscal o por lo menos limitar la erosión de la posición fiscal. Como resultado, en ambas subregiones se observa un creciente número de países donde el cambio de la postura fiscal se puede calificar como neutro o de endurecimiento (véase el gráfico I.1).

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

Nota:  El endurecimiento se define como una mejora del resultado primario que representa 0,25 puntos del PIB o más en un año. La relajación se define como un empeoramiento de dicho resultado que representa 0,25 puntos del PIB o más en un año.

Sin embargo, es importante señalar que en el caso de América Latina el endurecimiento de la postura fiscal ha sido gradual, lo que ha traído consigo una recuperación relativamente lenta del espacio fiscal. Además, aunque el cambio de la postura fiscal de un número no desdeñable de países se puede describir como neutro, es decir, en ellos se ha logrado estabilizar el resultado primario, en varios todavía hay un déficit primario importante. Sin embargo, en el promedio de las economías de América Latina se registró una reducción del déficit primario, que pasó del 1,0% del PIB en 2016 al 0,7% del PIB en 2017 (véase el gráfico I.2). Por su parte, el resultado global promedio se redujo del 3,1% del PIB en 2016 al 2,9% del PIB en 2017.

Se observan tendencias muy diferentes, tanto entre las subregiones como en cada una de ellas. En el norte de América Latina —conformado por Centroamérica, Haití, la República Dominicana y México— el resultado primario promedio se volvió levemente superavitario, en comparación con un déficit del 0,2% del PIB en 2016. El resultado global de este grupo de países también mejoró, pero en menor medida (al pasar del 2,1% del PIB en 2016 al 2,0% del PIB en 2017), debido al incremento generalizado del pago de intereses, que aumentó del 2,0% del PIB en 2016 al 2,1% del PIB en 2017. Como se puede apreciar en el gráfico I.3, en esta subregión conviven situaciones fiscales diferentes. Por un lado, destaca el déficit primario elevado de Costa Rica, que aumentó del 2,4% del PIB en 2016 al 3,1% del PIB en 2017.

Por otro lado, en Panamá, la República Dominicana, México y El Salvador, el resultado primario mejoró. Destaca en particular el caso de México, donde el déficit primario del 0,3% del PIB en 2016 se convirtió en un superávit del 1,3% del PIB en 2017, gracias a los esfuerzos del Gobierno para contener el gasto público y al nivel histórico que alcanzó el remanente de operación que el Banco de México entrega al gobierno federal (1,5% del PIB). La mejora del resultado primario en la Republica Dominicana (del 0,5% del PIB en 2016 al 0,8% del PIB en 2017) y El Salvador (del 1,7% del PIB al 2,7% del PIB en esos años), compensó el incremento del servicio de la deuda pública y permitió que el resultado global se mantuviera relativamente estable.

14      Capítulo I  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

En América del Sur, los esfuerzos para contener el crecimiento del gasto público han conllevado una reducción del déficit primario promedio, que pasó del 1,9% del PIB en 2016 al 1,5% del PIB en 2017 (véase el gráfico I.2). Como en el caso de los países del norte de América Latina, se observa un incremento en el pago de intereses (que pasó del 2,3% del PIB en 2016 al 2,4% del PIB en 2017). Esta alza atenuó el impacto de la reducción del déficit primario sobre el desempeño del resultado global, que se redujo del 4,2% del PIB en 2016 al 3,9% del PIB en 2017 (la primera mejora desde 2011).

Como se observa en el gráfico I.4, las medidas de consolidación adoptadas permitieron lograr reducciones importantes del déficit primario en Colombia (del 1,6% del PIB en 2016 al 0,6% del PIB en 2017) y el Uruguay (del 1,0% del PIB en 2016 al 0,3% del PIB en 2017). En Colombia, este resultado se debe al conjunto de medidas que contenía la estrategia de austeridad inteligente del Gobierno, con la que se buscó distribuir el peso del ajuste entre las diferentes herramientas disponibles (ingresos, gastos, deuda) (Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, 2016). En el Uruguay, después de dos años de aumento del déficit primario, se aprobaron medidas de consolidación (tanto en el área de los ingresos como de los gastos) con el fin de equilibrar las cuentas públicas.

 

No obstante, a pesar de los esfuerzos de consolidación, el déficit primario se mantiene elevado en América del Sur. En 2017, se registró un déficit primario superior al 1% del PIB en el Perú (1,7% del PIB), el Brasil (1,7% del PIB), Chile (2,0% del PIB) y la Argentina (2,5% del PIB). En comparación, en el norte de América Latina solo hay dos países que tienen este nivel de déficit (Costa Rica y Panamá). El nivel y la persistencia de este déficit limitan el espacio de políticas de estos países, dada la importancia de resguardar la sostenibilidad de la deuda pública en el mediano plazo.

En el Caribe, el superávit primario se mantuvo con un promedio del 1,0% del PIB en 2017 (con exclusión de Dominica) (véase el gráfico I.5). Por su parte, el resultado global aumentó al 2,5% del PIB, debido al incremento en el pago de intereses (del 3,2% del PIB en 2016 al 3,4% del PIB en 2017). Cabe mencionar que la necesidad de seguir generando un superávit primario sustancial para abordar el elevado nivel de

Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe • 2018

Capítulo I      15

deuda pública en estos países limita en gran medida el espacio para que la política fiscal pueda impulsar la actividad económica. En este sentido, en el gráfico I.5 se pueden ver superávits elevados en Jamaica (6,8% del PIB), Granada (4,7% del PIB), Barbados (4,6% del PIB) y Belice (3,2% del PIB). Por el contrario, destaca el caso de Trinidad y Tabago, donde el déficit primario pasó del 2,9% del PIB en 2016 al 5,4% del PIB en 2017.

  1. La consolidación fiscal y el repunte de la actividad económica atenuaron el crecimiento de la deuda pública

En 2017, la deuda pública bruta de América Latina alcanzó un 38,4% del PIB, cifra que representa un leve aumento de solo 0,7 puntos porcentuales del PIB en relación con 2016. Además, disminuyó el número de países donde la deuda se incrementó con relación a 2016, lo que a su vez se sumó a una caída del nivel de endeudamiento en 11 de los 18 países sobre los que se informa. Sin embargo, el año fue marcado por el incremento de la emisión de bonos soberanos en la mayoría de los países de la región. Diecisiete de los 18 países sobre los que se informa emitieron bonos soberanos durante 2017; solo Haití quedó fuera de este grupo, lo que contrasta de forma significativa con 2008, cuando solo 6 países lograron colocar deuda soberana.

En América Latina, el Brasil sigue siendo el país que tiene el mayor nivel de deuda pública, con un 74,0% del PIB, seguido por la Argentina, con un 53,7%, y Costa Rica, con un 48,8%. En el otro extremo se encuentra el Perú, con un 21,5% del PIB (el menor nivel de endeudamiento público de la región), seguido del Paraguay, con un 21,9%, y de Guatemala, con un 23,5% (véase el gráfico I.6).

A nivel de las subregiones, en América del Sur la deuda pública bruta aumentó 1,4 puntos porcentuales del PIB, con lo que se alcanzó un 38,6% de este en promedio. El Ecuador, el Brasil, Chile y el Paraguay son los países donde se observó el mayor incremento, con 4,4, 4,0, 2,5 y 2,0 puntos porcentuales, respectivamente. En Centroamérica, el nivel de endeudamiento se mantuvo estable con respecto al año anterior y se situó en un 38% de este en promedio, con incrementos en Costa Rica (4,1 puntos), Honduras (2,3 puntos) y la República Dominicana (2,2 puntos). Este escenario muestra que el nivel de endeudamiento de América del Sur ha aumentado mucho desde 2015 e incluso sobrepasó la tasa promedio de deuda pública de Centroamérica durante 2017.

En el Caribe, la deuda pública del gobierno central durante 2017 alcanzó un 70,9% del PIB, lo que supone una disminución de 1,5 puntos porcentuales de este en relación con 2016. Se mantiene la tendencia a la baja observada en los últimos años: el nivel dePanorama Fiscal de América Latina y el Caribe • 2018

  Capítulo I      17

endeudamiento aumentó en solo 4 de los 13 países incluidos. Jamaica sigue siendo el país más endeudado, con un 109,5% del PIB, seguido por Barbados, con un 102,7%. Estos son, a la vez, los países donde el nivel de endeudamiento disminuyó más, al igual que en Dominica y Saint Kitts y Nevis (véase el gráfico I.6).

Resulta interesante examinar con más detalle la dinámica de la deuda pública en América Latina, dado que esta aumentó menos de lo que se hubiera esperado dado el déficit primario registrado2. Como se muestra en el gráfico I.7, entre 2013 y 2016 la deuda pública aumentó más de un punto del PIB por año, lo que se explica sobre todo por la contribución del déficit primario, el efecto del tipo de cambio real (sobre todo en 2015 y 2016) y el efecto de la tasa de interés real. Por otro lado, la contribución negativa del crecimiento real disminuyó significativamente, lo que refleja la fuerte desaceleración que sufrió la región durante el período. Sin embargo, en 2017 se nota una cierta reversión de estas tendencias, que da como resultado un menor crecimiento de la deuda pública. En particular, el repunte de la actividad económica en la región, así como la baja de la tasa de interés real, contrarrestaron en mayor medida el crecimiento de la deuda debido al déficit primario.

A nivel de las subregiones, aunque la deuda pública de los países de América del Sur aumentó en 2017, la posición de todas las variables relevantes mejoró en relación con 2016. El aumento de la deuda se explica principalmente por el déficit primario, que fue compensado por un diferencial de tasas negativo, por la mejora de las condiciones financieras (menores tasas de interés) y por el efecto de la recuperación económica (véase el gráfico I.8). En Centroamérica, este cambio fue casi nulo, resultado que se explica principalmente por el diferencial negativo de las tasas de interés y la tasa de crecimiento, dado que esta subregión ha mantenido tasas de crecimiento cercanas al 4%, y por la mejora continua en el déficit primario.

Ajuste por saldo flujo Efecto de la tasa de interés

Déficit primario

Efecto del tipo de cambio Efecto del crecimiento

Cambio en el saldo de la deuda pública

A pesar de que bajó la tasa de interés real promedio en la región, el servicio de la deuda mantiene su tendencia alcista, que coincide con la evolución de la deuda pública. Como revela el gráfico I.9, en general hubo una estrecha relación entre la variación del stock de la deuda pública y el pago de intereses durante el año. Vale remarcar que existen otros factores que explican la evolución del pago de intereses a nivel de los países, como la variación del tipo de cambio y el uso de instrumentos con una tasa de interés variable, entre otros.

Durante 2017, el pago de intereses de América Latina alcanzó un 2,3% del PIB en promedio, 0,2 puntos porcentuales del PIB más que en 2016. Brasil sigue siendo el país de la región cuya deuda tiene un costo mayor, con un 5,7% del PIB, seguido de la Argentina, Colombia, Costa Rica, Honduras y la República Dominicana, con niveles superiores o iguales al 3,0% del PIB (véase el gráfico I.10). En el otro extremo se encuentran Chile, el Paraguay y Haití, con niveles inferiores al 1% del PIB. En el Caribe, el pago de intereses alcanza un 3,4% del PIB, y son Barbados y Jamaica los países cuya deuda tiene mayor peso en las cuentas fiscales, con un valor que supera el 7% del PIB.

  1. Los esfuerzos dirigidos a la consolidación fiscal se manifestaron en la contención del crecimiento del gasto público

Se observa una ralentización progresiva del crecimiento del gasto público, aunque con matices subregionales. Como se ilustra en el gráfico I.11, la variación interanual en la relación entre el gasto público y el PIB ha tendido a disminuir en el último período. En América Latina se puede apreciar una fuerte desaceleración del gasto a partir de 2014, liderada sobre todo por los países del norte de la región, en respuesta a las crisis fiscales que surgieron en 2013 y 2014. En América del Sur, este proceso empezó con más intensidad en 2015 y se aceleró marcadamente en 2016 y 2017. En ambas subregiones de América Latina, el ajuste del gasto ha descansado más que nada en los gastos de capital, que muestran una contribución negativa al crecimiento del gasto. Se ve algo similar en el Caribe, donde los gastos de capital fueron objeto de un fuerte ajuste en los últimos años para contener la evolución del gasto, aunque en 2017 estos registraron un incremento.

No obstante, como se puede observar en el gráfico I.11, en 2017 el peso del ajuste empezó a caer más sobre el gasto corriente primario, cuyo ritmo de crecimiento disminuyó de forma significativa con respecto al producto en todas las subregiones. Esto se observa claramente en los presupuestos de 2017 —y en la exposición de motivos de los proyectos de presupuesto de 2018— en los que se ve una intención de limitar el crecimiento del gasto corriente a través de recortes o mayores eficiencias.

En México, por ejemplo, en el Paquete Económico de 2017 se apuntó a: i) la contención de los recursos destinados a servicios personales; ii) la reducción en los gastos de operación; iii) el privilegio de programas que contribuyen a la reducción de la pobreza a través de la disminución de las carencias sociales, y iv) la priorización de la inversión productiva sobre la administrativa (SHCP, 2016). En el mismo sentido, el Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019 del Perú previó una moderación del crecimiento del gasto corriente, con una tasa por debajo de la del producto dentro de las medidas para “asegurar el compromiso con la sostenibilidad fiscal” (Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, 2016). En cuanto al Caribe, en el presupuesto de Antigua

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Capítulo I      21

y Barbuda se planteó que la postura fiscal será equilibrada y pragmática, garantizando la sostenibilidad a largo plazo y, al mismo tiempo, asegurando que la actividad económica no se vea obstaculizada por políticas fiscales demasiado conservadoras (Browne, 2017).

Como se mencionó anteriormente, resulta importante destacar también el papel que el creciente servicio de la deuda pública de la región desempeña en la formulación de políticas fiscales. Como se puede apreciar en el gráfico I.11, el incremento de dicho servicio ha creado una presión adicional sobre las cuentas fiscales, que los países han compensado con reducciones del gasto primario. En 2017, esto es más evidente en América Latina, en particular entre los países del norte (lo que refleja una contribución positiva al crecimiento del gasto público).

Las tendencias descritas han conllevado un cambio en la composición del gasto público total en la región. Por un lado, como se puede apreciar en el gráfico I.12, en toda la región el peso del pago de intereses en el gasto total ha aumentado en relación con los otros componentes. Esto es quizá más evidente en el norte de América Latina, donde el servicio de la deuda pública alcanzó el 11,8% del gasto total (2,2% del PIB) en 2017, en comparación con el 10,5% (2,0% del PIB) en 2016. Por otro lado, fue muy generalizada la reducción del gasto corriente primario, que alcanzó 0,2 puntos del PIB en América Latina y 0,5 puntos del PIB en el Caribe. A nivel de los países, se registraron reducciones del gasto corriente primario en 10 de los 17 países considerados en América Latina y en 7 de los 12 países considerados en el Caribe.

En cuanto a los gastos de capital, se registró un preocupante descenso en 2017 en América Latina, tanto a nivel agregado como en ambas subregiones (véase el grafico I.12). Como se puede apreciar en el grafico I.13, se observan descensos en 11 de los 17 países informados, con reducciones iguales o por encima de 0,3 puntos del PIB en Chile, Colombia, el Ecuador, la Argentina, el Brasil, Panamá y México. Vale remarcar que en este el último país esta reducción se explica principalmente por una elevada base de comparación en 2016 debido a ciertas transacciones financieras entre el gobierno federal de México y las empresas estatales (Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad), en el marco de la reforma energética aprobada en 2013. En el Caribe, así como en el Perú, el incremento observado en estas erogaciones se debe, en parte, a los esfuerzos de reconstrucción después de desastres naturales.

  1. Los ajustes del gasto público también incidieron en los objetivos socioeconómicos de la región

Otra forma de evaluar los cambios en la evolución del gasto público es a través de los objetivos socioeconómicos que con él se persiguen y el peso que estos adquieren dentro del presupuesto público de los países de la región. Con respecto al último período, entre 2012 y 2017, se ha analizado la repercusión que los ajustes del gasto han tenido sobre la inversión pública, pero el grado en que estos ajustes afectan los objetivos de política tiene la misma relevancia. Para aproximarse a ello se recurre entonces a la clasificación de las funciones del gobierno que, en sentido estricto, muestra el fin con el que se realizan los desembolsos (Comisión Europea y otros, 2016)3. En otras palabras, dicha clasificación permite analizar las funciones que persiguen las unidades de gobierno por medio de distintos tipos de gasto (véase el cuadro I.1). Es de suma relevancia para la región incorporar este tipo de clasificador en concordancia con las cifras de la clasificación económica: lograr una contabilidad funcional y económica unificada permitirá a los países de la región comprender la eficiencia con que asignan los recursos en distintos ámbitos, tanto económicos como sociales, y, a su vez, determinar si se cumplen los objetivos de política.

Con esta mirada, la mayor parte (más del 60%) del gasto público total de los países de América Latina en 2016 se concentró en las funciones de servicios públicos generales (27,1%), salud (10%), educación (18,1%) y protección social (19,4%) (véase el gráfico I.14). Respecto a 2015, la estructura del gasto se mantuvo prácticamente constante. Aunado a ello, la composición de la mayor parte del gasto social difiere cuando se analiza por subregiones. En los países de Centroamérica y México, en efecto, se observa un mayor peso del gasto educativo (22,7%) y un menor peso del gasto en protección social (10,2%). En contraste, en los países de América del Sur se prioriza el gasto en protección social (27,6%) y se observa un menor peso relativo del gasto educativo (13,9%). En ambas subregiones, el gasto en salud mantiene una importancia relativa similar, cercana al 10% del gasto público total. Es importante mencionar que, a los efectos de la clasificación funcional, el gasto referente al pago de los intereses de la deuda forma parte de la función de servicios públicos generales.

En los países del Caribe destaca el mayor peso que adquieren los gastos en servicios públicos generales y se observan casos como el de Trinidad y Tabago en que esta función representa más del 50% del gasto total. En lo que respecta al gasto social, su participación en el gasto total se sitúa entre el 30% (como en las Bahamas, Jamaica, y Trinidad y Tabago) y el 40% (Barbados).

Incluir el análisis a partir de la clasificación cruzada del gasto público es de suma relevancia para los países de la región, dado que nos permite visualizar la eficiencia real del gasto, a través de su finalidad económico-funcional. En el caso de la Argentina, Chile, México y el Paraguay, en el gráfico I.15 se puede observar la distinta composición del gasto, tanto por funciones de gobierno como por finalidad económica. Así, destaca que el mayor porcentaje del gasto (más del 90% en la mayoría de los casos) que proviene de los servicios públicos generales, la protección social y la educación es gasto corriente. El gasto de capital, por su parte, adquiere mayor peso en funciones relacionadas con los asuntos económicos y la vivienda.

  1. La evolución de los ingresos públicos empezó a apoyar la consolidación fiscal en 2017, particularmente en América del Sur

A partir del primer trimestre de 2017, se ve una mejora progresiva en la recaudación real de los principales impuestos en América del Sur (véase el gráfico I.16). Esta mejora se debe a una combinación de factores macroeconómicos y de políticas. Primero, después de dos años de contracción, la economía del continente volvió a crecer durante el año y alcanzó una tasa de crecimiento del 0,8% (CEPAL, 2018). Segundo, el arrastre de la recaudación fiscal causado por la caída de los ingresos fiscales provenientes de los recursos naturales se suavizó gracias al incremento de los precios internacionales de estos productos. Tercero, en varios países, entre los que se destacan Colombia y el Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe • 2018

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Uruguay, se implementaron medidas fiscales en 2016 con el fin de aumentar la presión tributaria. Resulta importante remarcar que, en el caso de los dos impuestos que se examinan en el gráfico I.16, solo se volvieron a registrar tasas positivas de variación interanual a partir del tercer trimestre de 2017, después de más de un año de contracción.

En cambio, en el norte de América Latina se observa una leve baja en las tasas de crecimiento de los principales impuestos. Esta tendencia es más evidente en la recaudación del impuesto al valor agregado, donde la variación interanual promedio se redujo del 5,7% a fines de 2016 al 3,9% en el tercer trimestre de 2017. Esto se debe

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a la ralentización de la actividad económica, que en Centroamérica y México pasó del 3,0% en 2016 al 2,5% en 2017, y a la elevada base de comparación que algunos países tenían en 2016. Los ingresos por el impuesto sobre la renta también muestran señales de menor dinamismo durante el año, pero siguen creciendo a tasas altas, sobre todo si se los compara con el modo en que ha evolucionado la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA), lo que refleja en parte el hecho de que la recaudación actual del impuesto sobre la renta se calcula en relación con los ingresos del período anterior.

En el Caribe, la recaudación tributaria fue menos dinámica en 2017, lo que es reflejo del magro crecimiento registrado en el año, que fue del 0,1% (CEPAL, 2018). Durante el año se desaceleraron los ingresos por concepto del IVA (o del impuesto sobre las ventas en algunos países que no cuentan con IVA), que en 2016 habían sido impulsados por medidas encaminadas a aumentar la recaudación en Antigua y Barbuda, y San Vicente y las Granadinas. La recaudación del impuesto sobre la renta se mantuvo a niveles relativamente constantes, con tasas de crecimiento cercanas al cero. Hubo contracciones significativas en algunos países, sobre todo en Trinidad y Tabago, que afectaron dicha recaudación.

Resulta importante destacar que el arrastre que el declive vertiginoso de los ingresos fiscales provenientes de materias primas tuvo en los ingresos públicos se suavizó sustancialmente en 2017. Se estima que los ingresos procedentes de la producción y la comercialización de hidrocarburos en la región se estabilizarán en alrededor del 3,3% del PIB en promedio, después de registrar caídas sustanciales en 2015 y 2016 (véase el gráfico I.17). Sin embargo, resulta importante destacar que ahora se ubican 3,9 puntos del PIB por debajo del nivel máximo que alcanzaron en 2013 (7,2% del PIB). En cuanto a la minería, a pesar del repunte que el precio internacional de varios metales y minerales tuvo en 2016 y 2017, los ingresos provenientes de esta actividad se mantienen bajos (alrededor del 0,4% del PIB en promedio).

 

Por efecto de todas estas tendencias, en 2017 los ingresos totales de América Latina en su conjunto se mantuvieron básicamente estables y representaron el 18,2% del PIB. Los ingresos tributarios, con exclusión de los ingresos extraordinarios percibidos en 2016 por programas de regularización de activos, exhibieron un leve aumento y pasaron del 15,5% del PIB en 2016 al 15,6% del PIB en 2017 (véase el gráfico I.18). Por su parte, los otros ingresos —compuestos sobre todo por ingresos no tributarios— aumentaron levemente y llegaron al 2,7% del PIB.

 

El aumento de la presión tributaria en América Latina se debe principalmente al repunte de este tipo de ingresos en América del Sur, que se incrementaron del 17,2% del PIB en 2016 —sin incluir los ingresos tributarios por programas de regularización de activos— al 17,4% del PIB en 2017. En particular, destaca el avance en materia de presión tributaria que se logró en el Uruguay (0,7 puntos del PIB) y en Colombia (0,6 puntos del PIB). En el Uruguay, este desempeño se explica sobre todo por un alza en la recaudación de los impuestos sobre la renta, que se modificaron en 2016 en el marco de un programa de consolidación fiscal. En Colombia, en la reforma tributaria aprobada a fines de 2016 se incluyó un incremento de la tasa general del IVA —del 16% al 19%— que dio lugar a un fuerte repunte en la recaudación de este impuesto.

En cambio, en Centroamérica, Haití, la República Dominicana y México hubo un leve descenso de la presión tributaria, en consonancia con la ralentización de la recaudación observada en los principales impuestos. Destaca en particular el caso de México, donde los ingresos tributarios cayeron 0,9 puntos del PIB. Esto ocurrió como reflejo del significativo descenso de la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que se aplica a las gasolinas y el diésel. Dicho descenso fue producto de una reducción de las cuotas aplicadas.

En el Caribe, en 2017 los ingresos totales cayeron del 26,7% del PIB en 2016 al 26,4% del PIB. Sin embargo, este resultado oculta una diversidad importante de tendencias en la subregión. Por un lado, destaca la caída de los ingresos totales en Trinidad y Tabago (del 30,8% del PIB en 2016 al 25,0% del PIB en 2017) como resultado de una nueva merma

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de la recaudación tributaria (2,0 puntos del PIB) y una contracción de los otros ingresos (3,8 puntos del PIB). Esto se debió sobre todo a las menores utilidades provenientes de las empresas públicas y a una caída de los ingresos extraordinarios de capital. Por otro lado, los ingresos totales mejoraron en Suriname (3,4 puntos del PIB). Esto fue producto del alza en los ingresos no tributarios provenientes de la minería, ya que la presión tributaria se mantuvo estable después de caer considerablemente en 2016.

  1. Los países mantuvieron un alto ritmo de activismo tributario en 2017

Al igual que en el año anterior, en varios países se mantuvo un alto ritmo de activismo tributario durante 20174. La reforma más amplia del año fue la de la Argentina, en la que se incluyó una gran cantidad de modificaciones al marco tributario. Se aprobó una reducción gradual del 35% al 25% de la tasa del impuesto a las ganancias que se aplica a las sociedades (35% en 2018, 30% en 2019 y 2020, y 25% de 2021 en adelante). Con el argumento de incentivar la reinversión de utilidades, se introdujo una retención a la distribución de dividendos, con una tasa del 7% respecto de las utilidades devengadas en 2018 y 2019, y del 13% de 2020 en adelante. Esto implica que la carga tributaria sobre las ganancias distribuidas se mantiene en el mismo nivel. Con la misma lógica, se estableció un nuevo régimen de devolución anticipada de saldos a favor del IVA para las empresas que hayan realizado inversiones.

En la reforma se planteó impulsar la formalización del empleo a través de la creación de un mínimo no imponible de 12.000 pesos de salario bruto para las contribuciones patronales (empezando con un mínimo no imponible de 2.400 pesos en 2018, que aumentará gradualmente a 12.000 pesos en 2022). Al mismo tiempo, se unifican de manera gradual las alícuotas que se aplican al sector privado (en 19,5%) y se elimina el esquema de reducción de contribuciones por zona geográfica.

Se introdujo un impuesto a la renta financiera de las personas físicas, cuyas fuentes estaban exentas del impuesto con anterioridad. Se aumentó la deducción especial del impuesto a las ganancias que se les hace a los trabajadores autónomos, cuyo monto había sido históricamente muy inferior a la deducción especial que se les hacía a los trabajadores dependientes. Se eliminó el impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI) y se introdujo un impuesto a la ganancia de capital por la venta de inmuebles, excepto los destinados a casa-habitación, con una alícuota del 15%.

En la reforma argentina también se planteó reducir las distorsiones que los diferentes impuestos pueden ocasionar. Se estableció que el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios se puede utilizar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Asimismo, se buscó un acuerdo con los gobiernos provinciales para reducir los impuestos sobre los ingresos brutos y los impuestos de sellos.

Entre otras medidas de la reforma argentina destacan varios cambios de los impuestos sobre el consumo. Por ejemplo, se amplió la base gravable del IVA para incluir los servicios digitales prestados por empresas del exterior. Por otro lado, se aumentaron las tasas de los impuestos internos que se aplican a algunos productos no saludables (bebidas alcohólicas, gaseosas y cigarrillos) y a las aeronaves y embarcaciones de alta gama, en tanto que se redujeron las tasas de los que se aplican a los productos electrónicos y a los autos y motos de gama media. Durante el debate sobre la reforma, en la Cámara de Diputados se incluyó una reducción del 21% al 10,5% de la tasa del IVA que grava la carne de pollo, cerdo y conejo.

  • Véanse los cuadros analíticos de las medidas adoptadas en la región en 2016 [en línea] http://repositorio.cepal.org/bitstream/ handle/11362/41044/7/PF2017Cuadros_analiticos.pdf.

Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe • 2018

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Por otro lado, en el Ecuador se aprobó la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, que abarcó cambios en varios impuestos. En el caso del impuesto sobre la renta de las sociedades, se aumentó la tasa general del 22% al 25%, con una rebaja de tres puntos porcentuales para las microempresas y los exportadores. En este último caso, la tasa solo se rebaja si la empresa mantiene o aumenta su nivel de empleo. Se introdujeron también ciertas limitaciones a la reducción de la tasa por la reinversión de utilidades (principalmente se limitaron estos incentivos a exportadoras habituales y empresas manufactureras). Se ofrece una tasa del 22% a las empresas que celebran contratos de inversión dentro del primer año de vigencia de la Ley, cuando en los proyectos en cuestión se contribuya al cambio de la matriz productiva o se contemple la explotación minera. Vale remarcar que en la reforma también se incluyó una devolución del impuesto a la salida de divisas para las empresas exportadoras.

Además, en la reforma ecuatoriana se incluyeron ciertos beneficios para las microempresas y el sector agrícola. En este sentido, se estableció un mínimo no imponible de 11.290 dólares estadounidenses en relación con el impuesto sobre la renta de las microempresas y se exoneró a las nuevas microempresas del pago de ese impuesto por un período de tres años. También se creó una deducción del 10% para las microempresas, por sus compras a empresas de economía popular y solidaria (EPS). En cuanto al sector agrícola, por medio de la reforma se derogó el impuesto a las tierras rurales y se incluyó una exención del IVA para las actividades de riego y drenaje.

En el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en la reforma del Ecuador se ampliaron los gastos deducibles para incluir los gastos por hijos (sin límite de edad) y padres dependientes. Sin embargo, vale remarcar que en el proyecto de ley original se contemplaban ciertas limitaciones a las deducciones por gastos personales, según ingreso y número de dependientes, pero estas medidas se descartaron en la versión aprobada por la Asamblea Nacional.

Más allá de estas reformas más amplias, se identificaron medidas tributarias en un número significativo de países durante 2017. En la mayoría de estos se buscaba generar ingresos adicionales, como un medio para fortalecer las cuentas públicas, no solo a nivel nacional sino también a nivel subnacional. En general, estas medidas se pueden dividir en tres tipos: aumento de los llamados “impuestos correctivos”, aumento de los impuestos al consumo de energía y aumento de los impuestos al comercio internacional. Además, durante el año se registraron ciertos avances en el desarrollo de políticas tributarias aplicadas a la economía digital en la región.

En algunos de países, durante el año se aumentaron los mencionados “impuestos correctivos”, que además de tener potencial recaudatorio pueden servir para lograr otros fines de política social, sobre todo en el ámbito de la salud. Por ejemplo, en la reforma tributaria argentina se incrementaron las tasas de los impuestos internos que se aplican a algunos productos no saludables (bebidas alcohólicas, gaseosas y cigarrillos). En Belice, se aumentó el impuesto específico sobre el consumo de cerveza, así como la tasa que se aplica al consumo de cigarrillos provenientes de la zona libre. En la misma línea, en Jamaica se subió el impuesto especial sobre el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y productos del tabaco, y en el Uruguay se aumentó un 12% el impuesto específico interno (IMESI) que grava los cigarrillos.

En la misma lógica, en la Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Uruguay se incluyeron varias medidas relacionadas con los impuestos sobre los juegos de azar. Se estableció un nuevo impuesto específico que grava la realización de apuestas a través de máquinas electrónicas de juegos de azar o de apuestas automáticas de resolución inmediata, con una tasa del 0,75% del monto de la apuesta. Asimismo, se creó una nueva retención en la fuente en relación con el

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impuesto sobre la renta de los premios obtenidos en los juegos de azar y las carreras de caballos: se aplicará una tasa del 12% sobre la diferencia entre el premio generado y la apuesta realizada (con algunas excepciones).

En varios países del Caribe se subieron los impuestos relacionados con el consumo de energía. En Barbados se aumentó la tasa del impuesto selectivo sobre la gasolina y el diésel. En Belice, además de subir la tasa del impuesto específico que se aplica a los combustibles, se bajó de 200 a 100 dólares mensuales de dicho país el umbral no imponible del impuesto general sobre las ventas respecto del consumo de electricidad. En Jamaica se aumentaron los impuestos específicos que gravan el consumo de combustibles y se redujo de 350 kWh a 150 kWh por mes el consumo no imponible de energía eléctrica a los efectos del impuesto general sobre el consumo.

Por otra parte, en algunos países se observó un aumento de los impuestos sobre el comercio internacional. En Barbados se aumentó del 2% al 10% la tasa del impuesto nacional de responsabilidad social que grava los bienes importados y los productos manufacturados en el país. En Belice se aumentó del 2% al 3% la tasa del impuesto ambiental sobre bienes importados. En el Ecuador se implementó una tasa de servicio de control aduanero que grava las importaciones, aplicando una tasa de 0,10 centavos al resultado de dividir el peso neto del bien en gramos por una unidad de control de este tipo de bien en gramos. En el Uruguay se aumentó la tasa consular del 2% al 3%, en relación con las importaciones provenientes de países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y del 2% al 5%, en lo que respecta a las de otros países. Por otro lado, en el Paraguay se está debatiendo la posibilidad de crear un nuevo impuesto sobre la exportación de soja (en el proyecto de ley se contempla una tasa del 15% sobre las exportaciones de soja en su estado natural).

En varios países se aprobaron medidas relacionadas con la tributación de la economía digital. En la Argentina, la reforma tributaria amplió la base gravable del IVA a los servicios digitales prestados por empresas del exterior a residentes. En el Brasil, las municipalidades de Río de Janeiro y São Paulo aprobaron la aplicación del impuesto sobre servicios (ISS) a la emisión en directo de audio, video, imágenes o texto a través de Internet, a los servicios de publicidad, al procesamiento, almacenamiento o alojamiento de datos, textos, imágenes, videos, páginas electrónicas, aplicaciones y sistemas de información, y al desarrollo de programas informáticos, incluidos los juegos electrónicos (con diferentes tasas en cada municipalidad). Además, en la mayoría de los estados brasileros se amplió la base gravable del impuesto sobre la circulación de mercaderías y servicios y se incluyó la venta de software y otros bienes digitales, con una tasa reducida del 5% (salvo en el caso de los juegos electrónicos). En el Uruguay, se amplió la base imponible del IVA para gravar la prestación de servicios a residentes por parte de no residentes a través de Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares.

También en el Uruguay, se modificó el tratamiento de las rentas de fuente internacional por servicios de Internet que alcanza el impuesto sobre la renta. A partir de 2018, las rentas por la producción, distribución o intermediación de películas cinematográficas y de cintas (tapes), y por la transmisión directa de televisión, se considerarán íntegramente como de fuente uruguaya y se gravarán en su totalidad (el tratamiento anterior permitía una determinación ficta). Las rentas que obtienen no residentes por la prestación de servicios a través de Internet, plataformas tecnológicas y aplicaciones informáticas en el país se gravarán con el impuesto sobre la renta. Asimismo, se gravarán las rentas por la mediación e intermediación en servicios prestados a través de Internet, plataformas tecnológicas y aplicaciones informáticas: se gravará el 100% de ellas cuando ambas partes de la transacción se encuentren en el país, o el 50% cuando alguna de ellas esté fuera de él.

En cuanto a otras medidas, en el Estado Plurinacional de Bolivia se aumentó del 22% al 25% la alícuota adicional del impuesto sobre las utilidades de las empresas que se aplica a las entidades de intermediación financiera, cuando el coeficiente de Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe • 2018

Capítulo I      33

rentabilidad respecto al patrimonio de estas entidades excede el 6%. En el Brasil se modificó la base gravable de la Compensación Financiera por la Explotación de Recursos Minerales (CFEM), que ahora se calcula sobre los ingresos brutos en vez de los ingresos netos. También se procuró aumentar la tasa de la regalía en relación con algunos productos: mineral de hierro (3,5%; 2% en el caso de los yacimientos marginales), niobio (3%), diamantes (2%) y oro (1,5%).

En El Salvador se aprobó una reforma de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones con el fin de mejorar la sostenibilidad del sistema y su financiamiento. Por un lado, se aumentó del 13% al 15% la tasa mensual de las cotizaciones del Sistema de Ahorro para Pensiones. Para los trabajadores, la tasa aumenta del 6,25% al 7,25% y, para los empleadores, el incremento sería del 6,75% al 7,75%. Un monto equivalente a 5 puntos porcentuales (que se reducirá hasta 2 puntos porcentuales en 2050) se destinará a la nueva Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), que apoyará el financiamiento del costo previsional del Gobierno.

Resulta importante destacar que en varios países se adoptaron medidas tributarias para impulsar la actividad económica o incentivar ciertas actividades económicas. En las Bahamas se redujo la tasa general del impuesto sobre las licencias de las empresas (del 1,5% al 1,25% de los ingresos) y se limitó esta tasa al 1% en el caso de los hoteles que tengan un volumen de negocios superior a los 400 millones de dólares de dicho país. En el Brasil se crearon nuevos incentivos para fomentar el sector petrolero y el del gas nacional, en particular nuevas reglas relativas a las deducciones de los gastos de exploración y producción, y cambios de las retenciones que se aplican a los acuerdos de flete de los buques. Además, se extendió hasta 2040 el programa Repetro, un régimen aduanero especial para el sector. En Panamá se introdujo un nuevo régimen legal especial para las operaciones de financiamiento del sector marítimo local e internacional, en el que, entre otras medidas, se exime del impuesto sobre la renta a las rentas provenientes de ciertas actividades relacionadas, por un período de 20 años.

Durante el año, en varios países se tomaron medidas tendientes a mejorar el cumplimiento tributario. En el ámbito internacional, la Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México y el Uruguay firmaron la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios. Asimismo, la Argentina y el Brasil firmaron un Protocolo de Enmienda al Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con Respecto a los Impuestos sobre la Renta. El Ecuador, El Salvador y el Uruguay crearon o modificaron sus listas de jurisdicciones de baja o nula imposición, o jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales. En la República Dominicana se estableció la obligación de divulgar información sobre el propietario efectivo final (ultimate beneficial owner) como parte de la declaración jurada del impuesto sobre la renta de las sociedades, lo que condice con la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Ley núm. 155-17 de 2017).

En el ámbito nacional, en la reforma argentina se incluyeron medidas contra la evasión: se modificó el Régimen Penal Tributario y se aumentaron las penas por evasión, garantizando la prisión efectiva en la mayoría de los casos. En el Brasil se reabrió el programa de regularización de activos no declarados en el extranjero y se creó un nuevo Programa Especial de Regularización Tributaria (PERT). En El Salvador se aprobó la Ley Transitoria para Facilitar el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias y Aduaneras, que permitió pagar impuestos en mora sin intereses, recargos ni multas por un período de tres meses. Asimismo, en Guatemala se implementó una amnistía tributaria por el mismo período, para que los contribuyentes pagasen sus impuestos debidos sin multas, moras, intereses ni recargos (el porcentaje de exoneración de estos se redujo del 100% al 90% durante el período).

34      Capítulo I   Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

  1. Los gobiernos subnacionales siguieron ajustando sus cuentas al nuevo contexto económico que enfrentan

Se empezaron a notar mejoras en las balanzas fiscales de los gobiernos subnacionales de la región, aunque en 2016 estas seguían siendo deficitarias en promedio (véase el gráfico I.19). Esta leve mejora se explica por la disminución de los gastos (en el Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, México y el Perú), el aumento de los ingresos (en el Brasil) y los cambios legislativos que contienen reglas fiscales orientadas al manejo responsable del déficit y la deuda pública5. Se observan cambios similares al analizar la cobertura de los gobiernos intermedios; en cambio, si solo se toman en cuenta los gobiernos locales, se nota un leve deterioro de la situación fiscal, que se atribuye principalmente a la evolución de las cuentas fiscales de estas entidades en el Perú.

 

En cuanto a la comparación entre los países (véase el cuadro I.2), llama la atención los cambios en las cuentas fiscales de los gobiernos regionales del Estado Plurinacional de Bolivia y de los departamentales de Colombia —ambos países productores de recursos naturales no renovables—, donde la marcada disminución de los ingresos en 2016 se acompañó de una reducción semejante de los gastos, con la que, en el caso de Colombia, se logró contener el deterioro del resultado fiscal.

En contraste, los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador, las municipalidades de Chile y los gobiernos departamentales del Uruguay han consolidado resultados primarios positivos que, en el caso del primer país, ascienden al 1% del PIB, mientras que, en los otros dos, rondan entre el 0,1% y el 0,2% del PIB, respectivamente. Destaca, asimismo, el caso de los gobiernos estatales de México, donde los cambios de las cuentas fiscales han sido considerables, sobre todo si se tiene en cuenta que, en 2008, la magnitud del déficit primario fue del 1,4% del producto, cifra que mejoró hasta alcanzar en 2016 un superávit del 0,2%.

El nivel de deuda pública de los gobiernos subnacionales se mantiene bajo en términos del PIB. Sin embargo, vale resaltar el repunte que ha tenido en los últimos años, al pasar del 3,6% del PIB en 2014 al 4,2% del PIB en 2016 (véase el gráfico I.20). Asimismo, la deuda medida como porcentaje de los ingresos totales se mantiene por encima del 40%, lo que permite inferir niveles agregados que no implican un riesgo para la sostenibilidad, pero que al ser un promedio simple esconden diferencias. En este sentido, el análisis por país y unidad de gobierno muestra casos en que esta relación puede superar el 100% de los ingresos totales y otros en los que se mantiene por debajo del 10% (Jiménez y Ter Minassian, 2016; CEPAL, 2017a).

Resulta interesante resaltar que gran parte de la deuda pública de los gobiernos subnacionales se mantiene dentro de la frontera institucional del mismo sector público (véase el cuadro I.3). Esto a excepción de México y el Brasil, países que muestran un nivel importante de endeudamiento con la banca comercial que supera el 1% del PIB y equivale a más del 60% de la deuda total de las entidades federativas mexicanas y al 17% de la deuda estadual del Brasil. En el caso de la Argentina, sobresale la emisión de bonos subnacionales (3,4% del PIB).

Los cambios en el resultado de las cuentas fiscales subnacionales en 2016 responden en promedio a una reducción del gasto, ya que los ingresos públicos se mantuvieron e incluso disminuyeron levemente. La disminución de los ingresos en 2016 se explica sobre todo por la reducción de las transferencias del gobierno central y, en algunos casos, por una menor recaudación de ingresos fiscales provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables que los niveles de gobierno comparten (véase el gráfico I.21).

La contención del gasto público subnacional se evidenció en una reducción de los gastos de capital. Como se puede apreciar en el gráfico I.23, aunque los gastos corrientes predominan en las erogaciones, el ajuste que se llevó a cabo en 2016 se centró en los gastos de capital, que en promedio cayeron del 2,7% del PIB en 2015 al 2,4% del PIB en 2016. Resulta importante destacar que la inversión pública de los gobiernos subnacionales en países productores de recursos naturales no renovables se suele financiar con transferencias provenientes de los ingresos que se recaudan a partir de esta actividad. Por el lado de los gobiernos locales, se observa que el gasto, tanto el corriente como el de capital, se mantuvo estable en relación con el producto.

Aunado a lo anterior, vale resaltar el alto nivel de gasto de capital que se observó en el Estado Plurinacional de Bolivia y en Colombia, países que en 2016 mantenían un nivel agregado de gasto cercano al 8% del PIB, en el caso de los gobiernos regionales bolivianos, y al 9% del producto en el caso de los departamentos colombianos (véase el gráfico I.24). En cuanto a los gobiernos locales, destaca el caso del Perú, en donde la cifra agregada de gasto de capital asciende a casi el 2% del PIB.

Introducción

  1. Los ingresos públicos en América Latina durante los últimos 30 años
  1. Desafíos actuales relativos a los ingresos públicos en América Latina
  1. Lineamientos de reforma de los mecanismos de ingresos públicos de la región
  1. Conclusiones

Bibliografía

Introducción

En la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015, bajo la premisa de establecer un sendero viable hacia un futuro sostenible y poner fin a la pobreza y la desigualdad a escala mundial, 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas llegaron a un consenso respecto del documento final titulado “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (Naciones Unidas, 2015). En ese marco, se planteó un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 169 metas que abarcan las esferas económica, social y ambiental, y que apuntan no solo a promover el desarrollo humano y la lucha contra la pobreza, sino a garantizar la seguridad alimentaria, la educación inclusiva, la igualdad de género, la disponibilidad de agua y energía, el empleo digno y el crecimiento económico.

De acuerdo con los consensos alcanzados, existen tres fuentes de ingresos por excelencia que contribuyen al financiamiento de los ODS: i) las donaciones o la asistencia oficial para el desarrollo, ii) los flujos de inversión extranjera directa y iii) el conjunto diverso de recursos públicos internos. En particular, en la Agenda 2030 se muestra un interés especial en la “movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole” (Objetivo 17.1). La importancia de los recursos de origen interno se relaciona con la ventaja de que son relativamente más estables y sostenibles que otros tipos de financiamiento público. Además, recurrir en menor medida a los recursos provenientes de la asistencia oficial para el desarrollo o de la inversión extranjera directa reduce la dependencia de los países respecto de una masa de ingresos que son afectados por diversos factores exógenos que escapan al control directo del Estado.

En cuanto a la movilización de recursos internos, los países de América Latina se ven enfrentados a grandes desafíos a la hora de cumplir los ODS con una mirada en el horizonte 2030. Esos desafíos no solo abarcan la modificación de sus marcos institucionales, sino también cuestiones referidas a la forma de incrementar sus recursos fiscales a fin de obtener la cuantía de financiamiento público necesaria para concretar dichos objetivos.

En los últimos años se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de introducir reformas estructurales en los sistemas de finanzas públicas, no solo para asegurar su sostenibilidad, sino también para dar un salto en términos del financiamiento público y de la capacidad de cada Estado de América Latina y el Caribe para aplicar políticas fiscales activas que contribuyan a establecer un sendero sólido de crecimiento inclusivo. En ese sentido, es prioritario que los países no solo protejan los importantes logros alcanzados en materia de ingresos públicos de la región durante la década pasada, sino que además procuren incrementar las fuentes de recursos (y consolidar las existentes) para elevar esa base actual de financiamiento hacia un nivel superior en los años venideros.

Ante este panorama, el principal objetivo del presente capítulo consiste en establecer una serie de lineamientos innovadores en materia de recursos fiscales (tributarios y no tributarios) para los países de la región con vistas a la Agenda 2030, sobre la base de las experiencias acumuladas durante las últimas décadas y de un análisis que se centre en las alternativas disponibles para superar los principales obstáculos estructurales.

Después de esta introducción, en la primera sección de este informe se analiza la evolución de los ingresos públicos en América Latina durante los últimos 30 años, destacando las tendencias de los principales instrumentos fiscales y de las medidas y las reformas adoptadas. En la segunda sección se ofrece una aproximación a los principales desafíos que enfrentan los países de la región en su afán por fortalecer y

44      Capítulo II    Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

consolidar sus ingresos públicos y asegurar, de esta manera, el financiamiento de la Agenda 2030. En la tercera sección se plantea, en primer lugar, una serie de aspectos que hacen al marco contextual de los países de la región y, seguidamente, un menú de políticas con el fin de alentar y profundizar el debate regional sobre la movilización de recursos internos y el fortalecimiento de los sistemas tributarios. Por último, se presenta una serie de conclusiones y reflexiones finales.

  1. Los ingresos públicos en América Latina durante los últimos 30 años
  1. La evolución general de los ingresos públicos en la región

En América Latina se han observado profundas transformaciones en materia fiscal en los últimos 30 años. Considerando el período completo, podría destacarse el sustancial incremento del nivel global de recursos, tributarios y no tributarios, así como los avances en la administración tributaria de los principales instrumentos de recaudación. Sin embargo, también es necesario remarcar que este proceso no ha sido para nada estable en el tiempo y ha sufrido fuertes oscilaciones a escala general y a nivel de cada país.

En un intento de establecer períodos parciales en la evolución temporal de los ingresos públicos de la región, es aceptable argumentar que los años ochenta se caracterizaron por un comportamiento variado e inestable del nivel de recursos fiscales. En casi todos los casos se registraron fuertes reducciones durante los primeros años del decenio, con una posterior recuperación, no siempre equivalente, en la segunda parte del período.

Estas fuertes fluctuaciones de los ingresos fiscales se debieron a la particular evolución de los ingresos tanto tributarios como no tributarios. En el primer caso, las variaciones más significativas —en particular las reducciones de la recaudación— estuvieron asociadas a la agudización de los procesos inflacionarios que se observaron en países como la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Nicaragua y el Perú, así como a profundas recesiones ocurridas en la mayoría de las economías de la región, que se tradujeron en una fuerte contracción de las bases tributarias y en un aumento generalizado de la evasión impositiva y la informalidad económica (CEPAL, 1991).

En el caso de los ingresos no tributarios, las variaciones más notorias estuvieron relacionadas con la apropiación fiscal de las rentas de las empresas privadas, sobre todo en aquellos Estados que obtenían elevados ingresos fiscales de los productos de exportación. Ellos sufrieron la mayor exposición a la gran inestabilidad que, durante esos años, caracterizó a los precios de estos productos en los mercados internacionales. Este fenómeno fue particularmente importante en la determinación del ahorro de las empresas públicas durante la década mencionada, al menos en lo que respecta a aquellas vinculadas a la explotación de recursos naturales.

En ese contexto, en los países de América Latina se comenzaron a implementar ajustes fiscales más estrictos con el objetivo de alcanzar la estabilidad macroeconómica y la sustentabilidad fiscal en el menor tiempo posible. Por el lado de los ingresos, esto se hizo evidente a partir de varias reformas tributarias que consolidaron algunas tendencias ya iniciadas, como la ampliación gradual de la base imponible y el aumento de la alícuota general del impuesto al valor agregado (IVA). También debe mencionarse la supresión de una gran cantidad de tributos de escasa recaudación pero alto costo administrativo (simplificación) y la transformación de los impuestos específicos al consumo en equivalentes ad valorem (eficiencia).

Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe • 2018

Capítulo II      45

Gracias a estas y otras medidas, la carga tributaria promedio de la región mostró un incremento paulatino pero sostenido a lo largo de la década de 1990, pasando del 13,5% del PIB en 1990 al 15,9% del PIB en 2000 (véase el gráfico II.1). Por supuesto, esta evolución estuvo influenciada por el contexto macroeconómico general, lo que explica la desaceleración del ritmo de crecimiento de los ingresos tributarios en la segunda mitad de la década, cuando los países de la región fueron afectados por las sucesivas crisis financieras de distintos países emergentes.

Desde inicios de los años noventa, se intensificó la influencia de lo que se conoce como consenso de Washington sobre las políticas macroeconómicas de los países de la región. En consecuencia, además de las reformas tributarias que tenían un claro énfasis en los objetivos de eficiencia y simplificación —en detrimento de las cuestiones distributivas—, se materializó una oleada de privatizaciones de empresas estatales, principalmente en los sectores de las telecomunicaciones, los servicios públicos y también las industrias extractivas de hidrocarburos y minerales. Desde una perspectiva fiscal, este proceso generó efectos diversos sobre las cuentas públicas (Chong y López-de-Silanes, 2005). En compensación por los ingresos directos que se dejaron de percibir, se recibieron ingresos en efectivo —que se agotaron en el corto plazo— y se generaron otros ingresos permanentes, como los ingresos tributarios (que reforzaron la recaudación) y no tributarios (regalías y cargos de operación) obtenidos de las firmas privatizadas.

En los primeros años del nuevo siglo comenzó a configurarse una nueva y trascendental etapa de los ingresos públicos a nivel regional. Especialmente a partir de 2003, los ingresos fiscales se incrementaron mucho en unos pocos años y alcanzaron máximos históricos en varios indicadores. La carga tributaria promedio pasó del 16,1% del PIB en 2002 al 19,0% del PIB en 2007 (véase el gráfico II.1). En parte, este notable resultado fue factible gracias a los avances en la administración del IVA y del impuesto sobre la renta (ISR), y a la reducción de un gran número de incentivos tributarios que significaban grandes pérdidas en términos de recursos. La introducción de impuestos sobre las transacciones financieras y de gravámenes mínimos sobre los ingresos o los activos también contribuyó a incrementar los recursos, al elevar el grado de cumplimiento y ampliar la gama de instrumentos de política tributaria.

Además del incremento del nivel de recursos, desde los primeros años del nuevo siglo comenzaron a plasmarse importantes cambios estructurales más allá de las características específicas de cada sistema tributario. En consecuencia, en los países de América Latina se fue confirmando una estructura tributaria típica que se apoya sobre dos pilares tributarios fundamentales: el IVA y el ISR. Como se observa en el gráfico II.2, la recaudación promedio de los impuestos generales sobre bienes y servicios (principalmente el IVA) pasó del 3,2% al 7,1% del PIB entre 1990 y 2015, y llegó a representar más de un tercio de la carga tributaria total, mientras que los ingresos tributarios por concepto de impuestos sobre la renta y las ganancias de capital (principalmente el ISR) pasaron, en promedio, del 3,0% al 5,4% del PIB entre los mismos años y alcanzaron una participación porcentual del 26,0% del total.

 

Por su parte, las contribuciones destinadas al financiamiento de la seguridad social se consolidaron como un tercer pilar tributario, aunque no en todos los países de la región: actualmente aportan, en promedio, el 3,9% del PIB y el 18,6% del total de la carga tributaria. Los gravámenes selectivos sobre bienes y servicios continuaron teniendo una participación nada despreciable en la mayoría de los países de la región, aunque su participación relativa promedio en la carga tributaria total haya disminuido hasta el 7,9%, frente al 10,5% que se registró en 1990. Mucho mayor fue la caída absoluta y relativa de los impuestos sobre el comercio internacional, que en la actualidad aparecen relegados a un plano secundario (aportan solo el 0,9% del PIB y el 4,3% del total). Por último, los impuestos sobre la propiedad mantienen su presencia históricamente débil a lo largo de la región, con una recaudación promedio inferior al 1% del PIB y al 4% del total.

Como era de esperarse, la crisis financiera internacional de 2008 tuvo un claro impacto negativo sobre las economías de la región. Sin embargo, superados los efectos más directos de dicha crisis, los ingresos públicos de los países, sobre todo los tributarios, retomaron la senda alcista hasta alcanzar rápidamente valores máximos históricos en el promedio regional y superar la barrera del 20% del PIB en los últimos años.

En el gráfico II.3 se pretende mostrar cuál ha sido la evolución conjunta de la carga tributaria promedio (medida por los cambios en puntos porcentuales) y el crecimiento de la economía (como tasa porcentual), ambos en promedios trienales y respecto del período inmediatamente anterior. Allí sobresalen claras diferencias entre los distintos períodos. Partiendo de una tasa de crecimiento promedio cercana al 3% y un aumento de la carga tributaria de poco más de un punto porcentual en el período de 1994 a 1996 (respecto del período de 1991 a 1993), se puede observar una tendencia declinante en el ritmo (no así en el nivel efectivo) de crecimiento económico regional y de evolución de la carga tributaria, que alcanzaron valores incrementales promedios del 1,6% y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente, en el período de 2000 a 2002.

A partir de 2002, como se señaló, comienza a materializarse un profundo cambio de tendencia, en un contexto de crecimiento económico sostenido que alcanzó tasas extraordinarias en varios países de la región y se tradujo en un incremento excepcional de la carga tributaria a nivel regional. Se llegó al máximo en el período de 2006 a 2008, cuando, en promedio, el crecimiento anual alcanzó el 5,2% y el aumento de la carga tributaria se situó en 1,8 puntos porcentuales (pasó del 17,0% del PIB en el período de 2003 a 2005 al 18,8% del PIB en el período de 2006 a 2008). La crisis financiera de 2008 y 2009 tuvo sus repercusiones tanto en el nivel de actividad como, más profundamente, en la evolución de los ingresos tributarios de la región, que se redujeron al punto de detener la alentadora tendencia creciente que se venía manteniendo desde 2003.

Pasada la destacable recuperación que se observó en el ritmo de crecimiento de la carga tributaria durante el período de 2012 a 2014 (mucho más vigoroso que el del PIB promedio), el período más reciente es quizás el que plantea más interrogantes para los países de la región. Las perspectivas de crecimiento económico son, aunque positivas, más acotadas que en años anteriores en todos los casos, con un contexto internacional que en la actualidad se muestra favorable, pero con un dinamismo claramente menor a nivel macroeconómico. Esto restringe, al menos en el corto plazo, la posibilidad de incrementar con rapidez la carga tributaria. Ante esta coyuntura, y dada la necesidad de elevar el gasto público en diferentes áreas1, la introducción de reformas fiscales tendientes a incrementar la movilización de recursos internos adquiere una relevancia muy significativa en todos los países de la región, más allá de las grandes diferencias que hay entre ellos.

  1. La diversidad de casos a nivel regional

Actualmente, la mayor parte de los ingresos públicos con que cuentan los países de América Latina para financiar las funciones del Estado están constituidos por instrumentos de carácter tributario. Solo en algunos casos, los ingresos no tributarios adquieren una importancia significativa y están casi exclusivamente conformados por:

  1. instrumentos fiscales que se aplican a las industrias extractivas de hidrocarburos y minerales, o b) mecanismos de financiamiento público derivados de la explotación económica de algún recurso estratégico (el Canal Interoceánico de Panamá es el caso paradigmático a nivel regional). No obstante, más allá de las tendencias generales que puedan identificarse en la región en su conjunto, puede afirmarse que, si algo caracteriza a los ingresos públicos en América Latina, es la diversidad de casos en el plano regional.

Entrando en detalle sobre los valores más actualizados (véase el gráfico II.4), es posible distinguir países como la Argentina o el Brasil, cuya carga tributaria (32,1% y 32,0% del PIB, respectivamente) tiene un valor cercano al promedio que se calcula en relación con los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que era del 34,0% del PIB en 2015. También son destacables las cifras que se han alcanzado en el Uruguay (27,0% del PIB), el Estado Plurinacional de Bolivia (24,7% del PIB, con un crecimiento de 16 puntos porcentuales desde 1990) y Costa Rica (23,1% del PIB), que se encuentran claramente por encima del promedio del 20,9% del PIB que corresponde a los 18 países seleccionados de América Latina en el período más reciente.

En el entorno cercano al promedio de los 18 países seleccionados de América Latina es posible identificar un grupo de países cuya carga tributaria se ubicó entre el 21,2% y el 20,6% del PIB en 2015 (dichas cifras corresponden a Honduras y a Chile, respectivamente). Entre ellos se destacan Colombia, el Ecuador y Nicaragua, por el fuerte ascenso de la carga tributaria respecto de los valores registrados en 1990. Como puede observarse en el gráfico II.4, esta evolución favorable también se confirma en casos como el del Paraguay (17,9% del PIB, 12 puntos porcentuales más que en 1990) o El Salvador, e incluso en países donde el nivel de carga tributaria aún se halla rezagado respecto al promedio regional, como es el caso de la República Dominicana y Guatemala. No ocurre lo mismo en Panamá, donde el incremento entre 1990 y 2015 resulta casi insignificante en términos del producto.

Las diferencias tributarias entre los países de América Latina no se limitan solo al nivel de recursos, sino que también pueden verificarse en el diferente peso relativo de los principales instrumentos vigentes en la actualidad. Así, por ejemplo, como se desprende del gráfico II.5, México es el país de la región donde los impuestos sobre la renta y las ganancias de capital alcanzan el mayor valor relativo (cercano al 40%), mientras que el Paraguay se ubica en el extremo opuesto, ya que este grupo de tributos representa poco más del 15% en ese país.

En cambio, la predominancia de los tributos generales sobre bienes y servicios (particularmente del IVA) es muy marcada en varios países, como la República Bolivariana de Venezuela e incluso la Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia y el Brasil. No ocurre lo mismo en el caso de Panamá, Costa Rica o México, donde esos tributos aportan un monto acotado de recursos tributarios. De cualquier manera, cuando se suma el peso, también variable, de los impuestos selectivos, en la mayoría de los casos se comprueba el sesgo hacia la imposición indirecta, lo que tiene implicancias concretas en términos del impacto redistributivo de los sistemas tributarios de la región.

18.18.-LA VERDAD CIENTÍFICA, UNA HISTORIA MUY RELACIONADA CON EL GÉNERO – Manon Garcia, PhD

La sub-representación de las mujeres en los campos científico, literario y filosófico no, no es debido a una naturaleza más emocional o una aversión natural a la abstracción que las mujeres están ausentes de los campos científicos y filosóficos, sino más bien a causa de la historia milenaria de la dominación masculina, que los privó de la educación y marginó su trabajo

22 may 2018.-  La sub-representación de las mujeres en los campos científico, literario y filosófico se atribuye regularmente a una naturaleza femenina que llevaría a las mujeres a interesarse en las emociones más que en la verdad, los niños más que la ciencia. Las teorías explican que cuando las mujeres practican las matemáticas su útero se mueve y las hace histéricas, otras que las mujeres estarían menos interesadas en la lógica o la metafísica debido a una aversión natural por la abstracción. Si 56 de los 57 filósofos en el programa final son hombres, no estaría tan vinculado a la historia milenaria de la dominación masculina, que privó a las mujeres de la educación y marginó el trabajo de las mujeres filósofas, de Hipatia de Alexandria a Elisabeth de Bohème y Harriet Taylor, pero a una naturaleza emotiva y afectiva de las mujeres que les haría preferir la aspiradora al microscopio.

La filosofía feminista desde Simone de Beauvoir nos invita a desconfiar de tal esencialismo al mostrar que la naturalización de las jerarquías sociales a menudo es un medio para disfrazar su dimensión histórica y política. La producción de conocimiento está vinculada a las relaciones de poder y la forma en que las desigualdades de género estructuran las normas, las virtudes y los roles sociales permiten explicar que las mujeres tienen, en promedio, más dificultades para acceso a las más prestigiosas profesiones científicas e intelectuales.

Sigue habiendo un problema más profundo: sin hacer ninguna diferencia en la naturaleza entre hombres y mujeres, ¿no podemos pensar que las diferencias de género en la sociedad les dan a los hombres una ventaja en la búsqueda de la verdad? La idea de que hay algo en la verdad que la hace más accesible o más interesante para los hombres que para las mujeres es contra-intuitiva: después de todo, «2 + 2 = 4» es cierto que si uno es un hombre o una mujer y si una proposición es verdadera cuando dice algo que corresponde a la realidad del mundo, la verdad debería ser la misma para todos.

La rama de la filosofía feminista dedicada al estudio del conocimiento (epistemología feminista) estudia el impacto de las concepciones de género socialmente construidas sobre la producción de conocimiento y muestra que esta concepción de la verdad es demasiado simplista. A partir de estas obras, inspiradas por el marxismo, la posmodernidad, pero también la filosofía analítica contemporánea, podemos sacar tres conclusiones generales: la situación social en la que nos encontramos afecta a lo que sabemos y cómo lo conocemos; los valores y prejuicios de los científicos se reflejan en el conocimiento, incluso empírico; las relaciones de poder moldean el contenido y las modalidades del conocimiento.

Históricamente, la esfera pública en general y la producción de conocimiento en particular han sido dominio reservado de los hombres, y la ciencia refleja este privilegio masculino: debido a sus puntos de vista dominantes, hay fenómenos que los hombres no ven. no veo ni veo a las mujeres de manera diferente, por ejemplo, la organización sexista de la sociedad. Debido al predominio de los hombres sobre las mujeres, hay cosas que no sabemos porque no se pueden decir ni escuchar: el dolor de las mujeres se toma estructuralmente menos en serio que el de los hombres por los  médicos, lo que explica el sub-diagnóstico de enfermedades como la endometriosis.

Otro ejemplo de las injusticias epistémicas creadas por la dominación masculina es la tendencia de las mujeres, y en particular las mujeres de entornos desfavorecidos, a no presentar una denuncia en caso de violación, por temor a no ser creídas.

Finalmente, debido al predominio de los valores masculinos, hay cosas que desconocemos porque no corresponden a estos valores: el trabajo doméstico está casi completamente ausente del análisis económico hasta los años sesenta.

tos filósofos feministas no afirman que todo el conocimiento sea igual o que no haya verdad u objetividad. Por el contrario, muestran que las prácticas científicas mayoritarias tienen aspectos problemáticos que dificultan la búsqueda de la verdad, especialmente porque las mujeres están estructuralmente en desventaja:

: Exclusión de mujeres científicas y sesgos a favor de estilos cognitivos considerados como impedimentos masculinos del progreso científico, modos de conocimiento considerados socialmente como «femeninos» son descalificados por carecer de objetividad, privando así a la investigación de la verdad de las fuentes Las teorías científicas, que son muy valiosas, a menudo son androcéntricas, es decir, establecen normas de vidas humanas o «masculinidad», de modo que las mujeres simplemente son ignoradas o representadas como desviadas.

Finalmente, las teorías científicas son a veces sexistas o en su contenido, cuando dicen que las mujeres son inferiores o están naturalmente subordinadas a los hombres, o en su aplicación, cuando se utilizan para reforzar la subordinación de las mujeres. Incluso si los puntos de vista se multiplican y los sesgos epistémicos sexistas se desvanecen, la verdad sigue siendo un dominio que los hombres se reservan para sí mismos. Pero, ¿por cuánto tiempo? Cada vez más mujeres están rompiendo barreras.

Encuentra Libération en el festival Philosophia: ¿La verdad, el área reservada de los hombres? Filósofos, intelectuales, ensayistas, mujeres aún están sub-representadas en el campo del pensamiento. ¿Es posible repensar la cuestión de la verdad por género? Discusión con las filósofas Sandra Laugier y Manon Garcia, sábado, 26 de mayo, a las 18:30, Saint-Emilion. 

*Manon Garcia Docteure en philosophie

http://www.liberation.fr/debats/2018/05/22/la-verite-scientifique-une-histoire-tres-genree_1651883

 

17.18.-TRABAS A LA INDUSTRIALIZACIÓN DE ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERICIO OMC-Verónica Fossati , María Florencia Iborra , Adriana Molina**

Resumen    

Muchas de las herramientas de política pública que supieron emplear los países actualmente industrializados fueron restringidas o incluso prohibidas a partir de la creación del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio y, con mayor intensidad, luego del surgimiento de la Organización Mundial del Comercio en 1994. En este contexto, varios de los instrumentos utilizados por los países en desarrollo para lograr industrializarse han sido cuestionados por sus pares en el marco de este organismo multilateral. Este trabajo buscará identificarlos con miras a detectar aspectos concretos cuya flexibilización permitiría a estos países recuperar parte de dichas herramientas.

Para ello se efectuaron relevamientos de las reclamaciones presentadas en las actas de determinados Consejos y Comités de la OMC y de los casos tramitados ante el Órgano de Solución de Diferencias. Los resultados permiten observar que la mayor parte de los cuestionamientos son efectuados por los países industrializados y recaen sobre un pequeño número de países en desarrollo, y que se encuentran vinculados en su mayoría a subsidios –ya sea internos o a las exportaciones–, a licencias de importación y a requisitos de contenido local.

  • El presente trabajo surge como subproducto de una iniciativa más amplia desarrollada por el CEI que se denomina “Friends of Industrialization”. Ver CEI (2015).

               ** Las autoras hacen una mención especial a Federico Lavopa, como artífice y promotor de la idea de este trabajo.

1.   Introducciónrácticamente todos los países hoy desarrollados hicieron uso intensivo de diversas herramientas de política pública en sus etapas iniciales de industrialización, utilizando desde aranceles a la importación y subsidios internos o a la exportación, hasta requisitos de desempeño para las inversiones y débiles regímenes de protección de los derechos de propiedad intelectual.

Luego de la segunda posguerra, muchas de estas herramientas de política comenzaron a ser eliminadas de las opciones disponibles para los gobiernos de los países en desarrollo. Una parte importante de estas limitaciones tuvo lugar con la creación del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) en 1947. Sin embargo, las mayores restricciones a la utilización de la política industrial surgieron con su sucesora, la Organización Mundial del Comercio (OMC), establecida en 1994.

Como resultado de la adopción de las reglas de la Ronda Uruguay, los países perdieron una importante cantidad de herramientas de política pública y vieron limitado su accionar en otras. En general, existe consenso en la literatura acerca de que las normas más gravosas en este sentido fueron el Acuerdo sobre Subsidios y Medidas Compensatorias, el Acuerdo sobre Medidas de Inversión relacionadas con el Comercio y el Acuerdo sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Sin embargo, con el nuevo milenio –y en especial a partir de la crisis económica mundial desatada en 2008–, el paradigma en el que fuera concebida la OMC comenzó a ser cada vez más objetado.(1) Desde el plano teórico  se observa un creciente cuestionamiento al andamiaje conceptual neoliberal, mientras que desde el punto de vista práctico pueden identificarse numerosos ejemplos, tanto en países desarrollados como en desarrollo, de intervención estatal en los   mercados(2).

El resurgimiento de la política industrial como una herramienta central de desarrollo y el incremento del peso relativo de las economías emergentes en las negociaciones internacionales generan el espacio apropiado para buscar la incorporación de discusiones referidas a la recuperación de estos instrumentos de política a la agenda de la OMC. Sin embargo, es necesario tener presente que este contexto favorable podría llegar a cambiar como resultado de la creciente proliferación de acuerdos comerciales Norte-Sur, la posible concreción de “mega-acuerdos” regionales(3), y la aparición de un nuevo andamiaje teórico –basado en el concepto de cadenas globales de valor– que aboga por la profundización de la liberalización comercial y la desregulación de los mercados.

El principal objetivo de este trabajo es reconocer cuáles son las herramientas de política pública que utilizan –o pretenden utilizar– los países en desarrollo en pos de su industrialización y que resultan cuestionadas por sus pares en el marco de la OMC. De esta forma se busca contribuir a la identificación de aspectos concretos del paquete de normas comerciales multilaterales en los que una flexibilización permitiría a las economías en vías de desarrollo recuperar herramientas de política industrial ahora prohibidas o limitadas.

Para ello se efectuaron dos relevamientos: El trabajo se organiza de la siguiente manera.

el primero, de las reclamaciones presentadas en las actas de determinados Consejos y Comités de la OMC, y el segundo, de los casos tramitados ante el Órgano de Solución de Diferencias (OSD). Esto permitirá identificar y clasificar los instrumentos de política industrial que enfrentan los mayores impedimentos dentro del ámbito de este organismo multilateral.

En la segunda sección se resume la literatura que documenta el empleo de políticas industriales por parte de los países hoy desarrollados, se describen brevemente cuáles son las nuevas normas surgidas desde la creación de la OMC y se reseña el debate sobre la reducción del espacio de política industrial para los países en desarrollo.

En la sección 3 se describe la metodología utilizada para llevar a cabo los relevamientos y,

en la sección 4 siguiente se presentan los principales resultados obtenidos.

En último lugar se exponen las consideraciones finales.

  • La actual estructura regulatoria de la OMC refleja un paradigma de desarrollo económico –el neoliberal– y una estructura mundial de poder

–el unipolarismo– que comienzan a evidenciar signos de agotamiento.

  • Para comprobar esto basta revisar los informes que la OMC ha estado preparando desde 2009 sobre la evolución de las medidas comerciales a raíz de la crisis económica internacional y los Exámenes de las Políticas Comerciales de sus miembros.
  • Por ejemplo, la Zona de Libre Comercio Transatlántica entre EE.UU. y la UE o el Acuerdo de Asociación Transpacífico (Australia, Brunei, Canadá, Chile, EE.UU., Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam).

2.   Revisión de la literatura

2.1.  Contexto histórico

La literatura especializada documenta ampliamente cómo la gran mayoría de los actuales países desarrollados y de aquellos considerados como “de industrialización tardía” usaron activamente políticas comerciales e industriales para promover –y no simplemente para proteger– sus industrias nacientes durante sus primeras etapas de industrialización.

Los ejemplos más conocidos son los del Reino Unido (entre 1721 y 1846) y de los Estados Unidos (desde 1820 hasta terminada la Segunda Guerra Mundial). Estos países, que hoy se presentan como fervientes defensores del libre comercio, emplearon estrategias de promoción industrial agresivas, basadas principalmente en una elevada protección arancelaria y en el otorgamiento de subsidios (Chang, 2002 y 2005).

Por su parte, países como Alemania, Francia y Suecia –con menores tasas arancelarias promedio– hicieron uso intensivo de otros tipos de políticas intervencionistas para impulsar industrias estratégicas, como el establecimiento de “fábricas modelo” de propiedad estatal, el financiamiento gubernamental de inversiones riesgosas, el apoyo a la investigación y el desarrollo (I&D) y la promoción de la cooperación público-privada. Suiza y los Países Bajos, en cambio, se valieron de la ausencia de leyes sobre protección de la propiedad intelectual para poder alcanzar las fronteras del conocimiento tecnológico de la época (Chang, 2002).

Con el establecimiento del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio en 1947, muchas de estas herramientas de política comenzaron a ser gradualmente eliminadas de las opciones disponibles para los gobiernos. Sin embargo, a pesar de limitar las restricciones en frontera (básicamente, aranceles y cuotas de importación), el GATT preservaba en manos de los Estados un importante menú de opciones para intervenir en pos de la industrialización.

En ese contexto, tanto Japón como los países de “industrialización tardía” –entre ellos, Corea del Sur, Taiwán y Singapur(4)– supieron aprovechar las herramientas de política disponibles para lograr sus objetivos de desarrollo económico. Estas economías, entre otras medidas, liberaron gradual y selectivamente sus mercados, otorgaron subsidios, regularon las inversiones extranjeras directas (IED) y aplicaron políticas relacionadas con la capacitación de recursos humanos y el aprendizaje tecnológico (Chang, 2002) (5).

En la mayoría de estos países, el Estado intervino otorgando subsidios, tanto a la producción como a la exportación, para incentivar la actividad económica. Una característica distintiva, en especial en el caso de Corea del Sur, fue que el gobierno ejerció una importante disciplina sobre los receptores de los subsidios y estableció “mecanismos de control recíprocos” para asegurar que las ayudas otorgadas a las empresas fueran empleadas en forma productiva (Amsden, 1987). Es decir que a cambio de los subsidios se impusieron estándares de desempeño sobre las empresas privadas, generalmente relacionados con el entrenamiento de trabajadores, la inversión en I&D, la asistencia técnica extranjera, y los montos a producir y, sobre todo, a exportar.

Este grupo de países también recurrió a la limitación y regulación de las inversiones extranjeras para asegurarse que contribuyeran al desarrollo nacional de largo plazo(6). Entre las medidas más comúnmente utilizadas se destacan las restricciones a la entrada en sectores determinados (que prohíben la entrada o la permiten sólo bajo ciertas condiciones) y la utilización de mecanismos informales para prevenir adquisiciones hostiles y takeovers(7) (por ejemplo, mediante la presencia de empresas estatales o la participación accionaria del gobierno en empresas de sectores clave, o la regulación de las formas de gobernanza empresarial). En los casos en los que la entrada de IED

  • Estas herramientas también fueron utilizadas por los países incluidos en la “segunda ola” de industrialización (Indonesia, Malasia, Tailandia) y por otros, como Brasil y México.
  • Singh (1996) presenta un listado de medidas de política industrial utilizadas por países del este asiático. También se pueden consultar numerosos ejemplos en Kumar y Gallagher (2007).
  • En OMC (2002) se pueden consultar numerosos ejemplos de medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio implementadas tanto por países desarrollados como en desarrollo.
  • Consiste en la toma de control de una empresa mediante la compra del paquete mayoritario de acciones.

estaba permitida, se establecieron numerosos requisitos de desempeño(8) por razones de balanza de pagos o para asegurar a los empresarios locales la adquisición de tecnologías avanzadas y habilidades empresariales a partir de la interacción con los inversores extranjeros, ya sea a través de requisitos de contenido local o de transferencia tecnológica (Chang y Green, 2003).

Por otra parte, para reducir la brecha tecnológica con los países desarrollados, se aprovechó el know-how extranjero: las formas de adquisición tecnológica fueron mutando de la copia y la imitación a la inversión en licencias y asistencia técnica extranjeras (Amsden, 1987). Muchos países permitieron durante largo tiempo que sus empresas no sólo copiaran tecnologías desarrolladas en el exterior, sino que incluso las patentaran a su nombre –basta recordar que Japón, Taiwán y Corea del Sur fueron conocidos en su momento como las “capitales de la falsificación” (Wade, 2003).

Otros instrumentos utilizados comúnmente por este grupo de países fueron las tasas de interés y los tipos de cambio diferenciales y la liberalización selectiva de las importaciones.

Así, las numerosas historias de desarrollo económico exitoso acaecidas durante los últimos 50 años demuestran que la protección de las industrias incipientes fue vital durante las primeras etapas de industrialización. Sin embargo, tal como se detallará en la próxima sección, la gran mayoría de estas herramientas fueron prohibidas o severamente limitadas con el establecimiento de la OMC en 1994. Recurriendo a la conocida metáfora de Friederich List –que fuera luego convertida en el título de uno de los libros más citados en materia de desarrollo económico (Chang, 2002)– se podría afirmar que los países desarrollados, una vez que subieron la escalera del desarrollo, la patearon para que los demás ya no pudieran ascender.

2.2.  Limitaciones a las herramientas de política industrial

Antes de la Ronda Uruguay, las reglas comerciales multilaterales se circunscribían fundamentalmente a aranceles para productos no agrícolas y a algunas otras medidas en frontera. La evolución del sistema multilateral de comercio, desde la creación de la OMC, condujo a una limitación creciente de las conductas comerciales permitidas, especialmente al incorporar acuerdos que regulan las medidas implementadas “tras la frontera” y se extienden más allá del comercio de bienes.

Estas normas se aplican en forma uniforme a todos los miembros, independientemente de su nivel de desarrollo. Si bien existen excepciones dirigidas a los países en desarrollo, luego de la Ronda Uruguay las disposiciones sobre Trato Especial y Diferenciado (TEyD) se redujeron básicamente a la concesión de períodos de transición más largos para la aplicación plena de las normas y compromisos, en particular para el grupo de países menos adelantados (PMA)(9).

En general, se observa en la literatura especializada un consenso en que las normas que más restringieron el accionar de los países en desarrollo fueron el Acuerdo sobre Subsidios y Medidas Compensatorias, el Acuerdo sobre Medidas de Inversión Relacionadas con el Comercio y el Acuerdo sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. A continuación se describen con más detalle las principales limitaciones al espacio de política impuesto por cada uno de ellos.

2.2.1.  Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias

Luego de la creación de la OMC, a través del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC),     se limitó fuertemente la utilización de subsidios. Este acuerdo establece importantes restricciones en materia  de subsidios a la producción para los bienes no agrícolas(10), entre las que se destaca la prohibición general de

  • Los “requisitos de desempeño” o “prescripciones en materia de resultados” son generalmente utilizados para influenciar el comportamiento de los inversores. Pueden consistir en condiciones para el establecimiento y/u operación de una inversión o en exigencias que el inversor debe cumplir para recibir subsidios u otro tipo de incentivos. Entre ellos se destacan: i) requisitos de contenido local (los productos fabricados deben contener cierta cantidad de materiales de producción nacional); ii) prescripciones en materia de exportación (exigencia de exportar cierta parte de la producción); y iii) prescripciones en materia de nivelación del comercio (se deben utilizar ingresos obtenidos de la exportación para el pago de importaciones).
  • En la era del GATT, el TEyD se focalizaba en las necesidades de desarrollo de los miembros, por lo que les otorgaba flexibilidades a la hora de implementar los acuerdos o las políticas necesarias para incentivar la capacidad de oferta y la competitividad de las empresas domésticas (Hamwey, 2006).
  • Las reglamentaciones del ASMC no se aplican al comercio agrícola ni al de servicios.

utilización de subsidios a la exportación y de aquellos vinculados a requisitos de contenido local(11). El ASMC prevé también un conjunto de subsidios permitidos, vinculados al fomento de actividades de I&D y educación superior, asistencia a regiones en desventaja y apoyo para la adaptación de instalaciones a nuevos requerimientos ambientales oficiales(12).

Es necesario resaltar que estos subsidios permitidos son, básicamente, los que utilizan los países industrializados. En cambio, aquellos subsidios que fueron exitosamente empleados por los países de industrialización tardía –como los subsidios a la exportación o las subvenciones a la producción atadas a requisitos de desempeño– y que podrían servir a los países en desarrollo para diversificar y promover sus industrias están prohibidos o son recurribles.

Por otra parte, el acuerdo reglamenta el uso de medidas compensatorias en el caso de que exista un daño a la industria nacional como resultado de subsidios a la producción en terceros países. Asimismo, el alcance del ASMC se extiende a las subvenciones otorgadas por los gobiernos subnacionales y las empresas públicas.

La estricta reglamentación de los subsidios a la producción de bienes no agrícolas contrasta claramente con la evidencia histórica descripta en la sección anterior: a pesar de los acuerdos firmados en la Ronda Tokio, tanto los países desarrollados como los de industrialización  reciente  emplearon  estos  instrumentos  activamente para desarrollar sus industrias. A su vez, se observan diferencias importantes en el tratamiento que reciben las subvenciones en el sector agrícola, donde las disciplinas son mucho más permisivas. Los países desarrollados constantemente otorgan sumas de dinero cuantiosas a sus productores agrícolas, a través de instrumentos como la Política Agrícola Común de la UE o la Farm Bill en EE.UU., y distorsionan los mercados internacionales de materias primas, al incentivar la comercialización de productos básicos a precios inferiores a los costos de producción.

2.2.2.   Acuerdo sobre Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio

Tal como se detallara en la sección 2.1, en la era del GATT varios de los países de industrialización tardía recurrieron a la limitación y regulación de las IED para alcanzar sus metas de desarrollo económico. Sin embargo, desde la implementación del Acuerdo sobre Medidas en Materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC o TRIMs por su sigla en inglés(13)), el espacio para generar vínculos positivos y efectos derrame se redujo considerablemente.

A través de este acuerdo se exige que los Países miembro de la OMC eliminen los requisitos de desempeño relacionados con el comercio (esto incluye los requisitos de contenido local, de balance comercial y de exportación) y se prohíbe la regulación de las actividades de las empresas multinacionales en materia de compra de insumos domésticos. Los miembros están obligados a dar un trato no menos favorable a la IED que el otorgado a las inversiones de capital nacional. Los países que intenten establecer este tipo de requisitos pueden ser llevados ante el OSD de la OMC.

De esta forma, el Acuerdo sobre las MIC también restringe la habilidad de los gobiernos para condicionar el apoyo a la producción al logro de metas de exportación, instrumento que fue muy utilizado para monitorear el desempeño de las empresas por los países del este asiático.

Entre los instrumentos que continúan siendo compatibles con las normas de la OMC se encuentran aquellas medidas que no imponen restricciones cuantitativas y que no discriminan entre inversores extranjeros y locales, incluyendo requisitos de joint venture(14) o de participación mínima de capital nacional, exigencias relacionadas con la transferencia de tecnología o con la I&D local, y prescripciones relativas al porcentaje mínimo de personal nacional reclutado para labores de carácter tecnológico. No obstante, en la práctica, sólo pueden aplicar este tipo de medidas los países que disponen de un considerable poder de influencia sobre los inversores extranjeros (UNCTAD, 2006).

  • Los países con un ingreso per cápita inferior a US$ 1.000 están exentos de esta prohibición.
  • El ASMC preveía originalmente tres categorías de subsidios: i) prohibidos, ii) recurribles y iii) no recurribles. Las disposiciones sobre subvenciones no recurribles estuvieron vigentes durante 5 años. Su aplicación podría haberse prorrogado por un período adicional mediante el consenso en el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias, pero como no se llegó a tal acuerdo las disposiciones expiraron. Desde el año 2000 los subsidios abarcados en esta categoría pasaron a ser recurribles (es decir que pueden ser impugnados si se demuestra que causan efectos desfavorables). Algunos autores sostienen que el estatus actual de este tipo de subvenciones no es claro, ya que el examen para determinar si su aplicación debía prorrogarse no fue llevado a cabo (Bosch, 2009). Otros sostienen que, dada la importancia política de esta clase de subsidios en algunos países, existe un acuerdo implícito respecto a la moderación a la hora de impugnarlos (UNDP, 2003).
  • Trade-Related Investment Measures
  • Acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo entre dos o más partes, con el objeto de llevar a cabo una tarea específica (por ejemplo, desarrollar un producto o introducirse en un nuevo mercado). Cada uno de los participantes es responsable de las ganancias, pérdidas y costos asociados a ella. Sin embargo, la empresa es una entidad propia, separada de los demás intereses comerciales de los participantes.

También en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS o GATS por su sigla en inglés(15)) se incluyeron una serie de limitaciones sobre las posibilidades de regulación de la IED en diversos sectores de servicios(16). Si bien este acuerdo extiende los principios de nación más favorecida y de trato nacional al comercio de servicios y busca incrementar el acceso a los mercados, contiene una cláusula de excepción mayor que los demás acuerdos. Bajo la misma se puede listar qué sectores y requisitos desean excluirse de los compromisos de liberalización(17). Por ejemplo, se podrían seguir aplicando requisitos de desempeño, pero sólo en aquellos sectores incluidos en las listas positivas de liberalización.

Dado que asegurar la provisión de servicios públicos es una responsabilidad primaria de los gobiernos, el AGCS constituye una importante intrusión en la política económica doméstica (Wade, 2003). Asimismo, cabe destacar que esta situación se ha visto fuertemente agravada con la aparición de los acuerdos bilaterales de inversión (BITs), que limitan aún más las posibilidades de regular las inversiones extranjeras.

2.2.3.   Acuerdo sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio

Las disciplinas relacionadas con el resguardo de la propiedad intelectual quedaron materializadas en el Acuerdo sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS, por su sigla en inglés(18)), que entró en vigencia en 1996. El acuerdo incluye regulaciones para toda la familia de derechos de propiedad intelectual: patentes, derechos de autor, marcas, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, indicaciones geográficas y datos secretos. Establece los estándares mínimos de protección que deben otorgar los Países miembro de la OMC, así como los procedimientos que deben estar disponibles para asegurar su cumplimiento.

A los fines de los objetivos de industrialización de las economías en desarrollo, las patentes resultan de particular interés. En esta materia, el Acuerdo sobre ADPIC establece, entre otras cosas, restricciones a la facultad de los gobiernos para denegar patentes para ciertos tipos de productos o procesos, un período mínimo de duración de las patentes de 20 años y límites a la flexibilidad que tienen los Estados para el uso de tecnologías o productos patentados en su territorio. Estas cláusulas tienen un impacto apreciable sobre las posibilidades de desarrollo tecnológico de las economías menos avanzadas, ya que limitan la difusión tecnológica, el aprendizaje y el desarrollo tecnológico nativo e incrementan los costos de acceso a la tecnología(19).

La adquisición de conocimientos sujetos a derechos de propiedad intelectual ha sido uno de los principales factores determinantes de la industrialización tanto temprana como tardía. La evidencia histórica muestra que los países aplican una política de protección de derechos de propiedad intelectual laxa hasta tanto alcanzan un nivel de desarrollo tal que al sector industrial le interese la protección de estos derechos (Chang, 2002).

Por otra parte, se observa una importante asimetría en el diseño del acuerdo, que se concentra principalmente en el establecimiento de incentivos a la innovación y a la creación de conocimientos –actividades que ocurren principalmente en los países industrializados–, mientras que las condiciones relativas a la transferencia de tecnología y la cooperación técnica –de fundamental importancia para los países en desarrollo– se basan en la “buena voluntad” de los miembros y están formuladas de manera vaga (UNCTAD, 2006).

Los gobiernos de los países en desarrollo, no obstante, aún conservan cierta discrecionalidad en la aplicación de políticas de protección de la propiedad intelectual. Dentro de las opciones disponibles se destaca la posibilidad de otorgar licencias obligatorias(20) bajo ciertas condiciones. Esta excepción es muy importante en el caso de la salud pública, pero también ha sido utilizada con objetivos de industrialización, por ejemplo a través de requisitos de

  • General Agreement on Trade in Services.
  • Si bien el AGCS se ocupa de las reglas multilaterales en el ámbito del comercio de servicios, como éste incluye el establecimiento de empresas en países extranjeros para la provisión de servicios, el acuerdo constituye también un acuerdo sobre inversiones.
  • Estos listados se denominan “listas positivas” de liberalización.
  • TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights.
  • Existe un inevitable trade-off entre proveer incentivos a la creación de conocimiento y facilitar el uso de dicho La protección de los derechos de propiedad intelectual puede estimular la creación de conocimiento mediante incentivos a la innovación. En ausencia de este tipo de protección, las invenciones podrían tomar el carácter de bienes públicos, quedar sujetas a problemas de acción colectiva, y dar por resultado la consecuente sub-provisión. Pero al mismo tiempo, la protección de la propiedad intelectual restringe la diseminación del conocimiento. El acceso limitado al conocimiento, a su vez, puede resultar negativo para las futuras innovaciones, ya que la creación de conocimiento es un proceso incremental (Shadlen, 2005).
  • Las licencias obligatorias o compulsivas son permisos que puede otorgar un gobierno para producir un producto o utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la La flexibilidad para recurrir a esta herramienta era casi ilimitada hasta la adopción del TRIPS que impuso una serie de disciplinas y condiciones para su utilización.

explotación local, como lo han hecho Brasil e India(21). Sin embargo, existen discrepancias sobre si el Acuerdo sobre ADPIC permite que los países impongan licencias obligatorias en ausencia de producción local(22) (Shadlen, 2005), lo que puede llegar a disuadir el uso de estos mecanismos por parte de las economías en vías de industrialización.

Una cuestión que se ha planteado recurrentemente es cómo garantizar que el acceso de la población a los productos farmacéuticos y las tecnologías médicas no se vea perjudicado por los sistemas de protección de patentes –en especial en lo que se refiere a países menos desarrollados– pero manteniendo al mismo tiempo los incentivos para la realización de actividades de I&D encaminadas a crear nuevos medicamentos. A tal efecto, los Miembros de la OMC firmaron en 2001 una declaración (OMC, 2001) donde convinieron que el acuerdo no impide que los miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En este documento se destaca que los países pueden valerse de las flexibilidades previstas en el acuerdo y que estas flexibilidades aplican a todas las áreas, no sólo a la de salud pública.

A pesar de todas las críticas que despierta este acuerdo, según varios autores (entre ellos, Wade, 2003; Shadlen, 2005; UNCTAD, 2006), la principal amenaza a la utilización de la política sobre protección de la propiedad intelectual para alcanzar objetivos de desarrollo proviene de los acuerdos comerciales firmados entre países desarrollados y en desarrollo. Allí se pierde la gran mayoría de las flexibilidades que aún se conservan en el régimen multilateral, a través de la imposición de requisitos “ADPIC plus”, como por ejemplo el establecimiento de condiciones restrictivas para poder recurrir al uso de licencias obligatorias.

2.3.  El debate sobre el espacio de política industrial

Un gran número de autores coincide en que las reglas comerciales multilaterales surgidas desde la creación de la OMC han reducido el margen de los países en desarrollo para aplicar políticas industriales. Por ejemplo, Hamwey (2005) sostiene que las nuevas restricciones exógenas impuestas por el sistema multilateral de comercio disminuyeron significativamente el espacio de política disponible, en especial para los países en desarrollo. En forma similar, Wade (2003) argumenta que los Acuerdos sobre Servicios, MIC y ADPIC no sólo constituyen una restricción del espacio para el desarrollo de los países sino para su autodeterminación.

UNCTAD (2006) también sostiene que la expansión del régimen multilateral debilitó la influencia de los instrumentos de política doméstica sobre los objetivos nacionales. El mismo razonamiento se mantiene en el último Informe sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2014a), donde se resalta que los Miembros de la OMC debieron resignar medidas que tuvieron un papel importante en los procesos de desarrollo exitosos del pasado, como el uso de subsidios, el establecimiento de requisitos de desempeño sobre los inversores extranjeros y la utilización de ingeniería reversa e imitación como formas de acceder a nuevas tecnologías.

Bora et al. (2000) concluyen que las nuevas disciplinas redujeron las herramientas de promoción industrial a instrumentos genéricos, lo que tiene el efecto de “nivelar la cancha” para el comercio internacional, pero no permite a los países desarrollar industrias determinadas a través de herramientas de política específicas. Kumar y Gallagher (2007) añaden que además de limitar un espacio valioso de política, los Acuerdos de la Ronda Uruguay no abordaron muchas de las distorsiones existentes en los países desarrollados, por ejemplo, las presentes en el sector agrícola o los picos y el escalonamiento arancelarios en el ámbito de los productos industriales.

Di Caprio y Gallagher (2006) señalan que algunos instrumentos se mantuvieron en pie a pesar de estar prohibidos. Confirman esta afirmación a partir de las demandas presentadas al Órgano de Solución de Diferencias, donde encuentran una importante cantidad de reclamaciones relacionadas con el control de las importaciones y los subsidios a las exportaciones o a la producción. Los países de industrialización tardía generalmente trataron de justificar el uso de estas medidas prohibidas a partir de las disposiciones sobre TEyD o “reclasificando” sus políticas industriales, para que quedaran bajo el amparo de instrumentos consistentes con la OMC (por ejemplo, notificando las excepciones).

A su vez, la gran mayoría de los autores reconocen que a pesar de estas mayores restricciones, los miembros mantienen cierta flexibilidad para la aplicación de políticas que buscan la industrialización. En este sentido, Lall

  • El concepto de explotación local se refiere a la condición impuesta por algunos países a los titulares de una patente que su producto o procedimiento patentado deba ser utilizado o producido en el país que concede la patente. Esta condición tiene el efecto de forzar a los titulares de patentes extranjeras a situar las instalaciones de producción en el país de concesión de la
  • Tal como surge de la controversia planteada por EE.UU. a Brasil (DS199). Ver sección 4.2.

(2003) destaca que las reglas de la OMC no prohíben todas las intervenciones de tipo selectivo sino sólo las que afectan el comercio. Es posible aplicar medidas dirigidas a promocionar industrias que ofrezcan un aporte particular a las estrategias de desarrollo nacional, siempre y cuando los incentivos no estén relacionados con las exportaciones, ni hagan distinciones por origen del capital. Asimismo, es preferible que los estímulos estén dirigidos a la esfera de los servicios o el medio ambiente (Padilla Pérez y Alvarado Vargas, 2014).

Entre las áreas donde los gobiernos aún pueden accionar se encuentran las siguientes: i) los aranceles, ya que muchos países conservan líneas sin consolidar y existen diferencias entre los aranceles aplicados y los consolidados(23);

  1. ii) el uso de determinados tipos de subsidios y estándares, básicamente para promover la I&D y las actividades de innovación; iii) el otorgamiento de créditos a la exportación; iv) la posibilidad de imponer condiciones de entrada específicas por sector para la IED y de emplear –aunque con limitaciones– los mecanismos de licencias obligatorias e importaciones paralelas(24) (UNCTAD, 2014a). Además, sigue siendo posible promocionar exportaciones y atraer inversiones, ya sea mediante políticas pasivas (promoción de las ventajas comparativas o establecimiento de un marco institucional que facilite la llegada de IED) o activas (creación de organismos de promoción y atracción de inversiones, incentivos fiscales y financieros). Otros autores ponderan también el papel positivo que pueden llegar a producir las políticas enfocadas en generar un ambiente propicio para los negocios y aquellas que busquen fortalecer la competencia en los mercados (Padilla Pérez y Alvarado Vargas, 2014).

Teniendo en cuenta que las nuevas reglas de la OMC dejarían amplio espacio para que los países promuevan el desarrollo de sus sectores manufactureros y sus exportaciones y que sigue existiendo cierta flexibilidad respecto a la aplicación de aranceles, Amsden (2003) considera que “el ladrido de la OMC es más fuerte que su mordida”. No obstante, la autora reconoce que los gobiernos se encuentran más restringidos para aplicar “mecanismos de control recíprocos” –fundamentales en el esquema utilizado por varios países de industrialización tardía–, pero sostiene que no habría inconvenientes en seguir utilizando otros tipos de estándares de desempeño como aquellos atados a la profesionalización de las prácticas gerenciales, al incremento de la formación de capacidades o a la generación de activos basados en conocimientos específicos a una empresa, ni los relacionados con la promoción de prioridades estratégicas de un país.

Sin embargo, tal como resalta Bosch (2009), muchas de las herramientas permitidas –en especial los subsidios– no están disponibles para todos los países en desarrollo sino sólo para aquellos con un grado de industrialización consolidado y que están en una fase de alta tecnología del desarrollo industrial. En este sentido, Singh (1996) afirma que el impacto de los Acuerdos de la Ronda Uruguay depende en gran medida del grado de desarrollo de cada país: las restricciones al espacio de política son mucho más onerosas para aquellos países que se encuentran más atrasados –independientemente de las concesiones especiales que se les otorguen–, mientras que aquellos que son técnica e industrialmente más avanzados pueden aprovechar mejor los espacios remanentes para intentar seguir el ejemplo de los Tigres asiáticos. Por su parte, Bora et al. (2000) sostienen que los resquicios en los Acuerdos de la OMC que permitirían a los países en desarrollo continuar utilizando subsidios y otros instrumentos para promover sus objetivos de política industrial constituyen un arma de doble filo, ya que las mismas oportunidades están disponibles para los países industrializados. Por lo tanto, los países en desarrollo no tienen posibilidades de ganar ventajas comparativas frente a las economías desarrolladas mediante la utilización de estas herramientas de política.

También es necesario tener en cuenta que muchos autores advierten que las mayores restricciones al espacio de política no se deben a las normas del sistema multilateral de comercio, sino a la firma de acuerdos comerciales y tratados de inversión entre países desarrollados y en desarrollo, ya que la gran mayoría de ellos toma las obligaciones de los Acuerdos de la Ronda Uruguay como meros puntos de partida e incorpora provisiones mucho más restrictivas que las impuestas por la OMC (denominadas “OMC plus”) o incluso añade temas no abarcados por los acuerdos multilaterales (UNCTAD, 2014a; Wade, 2003, entre otros).

Amsden y Hikino (2000), por su parte, consideran que el aspecto más coercitivo del nuevo orden económico mundial no se debe a las restricciones legales formales establecidas por las normas de la OMC, sino a la presión política informal ejercida por los países desarrollados sobre las economías emergentes para que abran sus mercados.

Lall (2003) sostiene que todas estas limitaciones, sumadas a las presiones existentes para lograr una mayor

  • Además, los  miembros  pueden  aplicar  salvaguardias  y  otros  mecanismos  para  proteger  industrias  específicas  amenazadas  por  un incremento de las importaciones, o a toda la economía si las importaciones están en un nivel tal que amenazan el balance de pagos. También existe la posibilidad de proteger a industrias individuales de prácticas comerciales desleales.
  • Las importaciones paralelas constituyen un mecanismo mediante el cual productos comercializados por el titular de la patente en un país son importados en otro país sin la aprobación del No todos los gobiernos permiten esta práctica.

liberalización, amenazan con congelar las ventajas comparativas en áreas donde las capacidades ya existían al momento de la liberalización, de modo tal que afectan negativamente las perspectivas para los países de menor grado de desarrollo. Ante este escenario, los expertos recomiendan recuperar el espacio de política perdido a través de esfuerzos de negociación de nuevas reglas generales o de disposiciones de TEyD más efectivas, que tengan en cuenta el diferente grado de desarrollo de los países.

En cambio, Evans (2005) sugiere que las limitaciones impuestas por las reglas del sistema multilateral de comercio han servido para aislar a los Estados de excesos irracionales que hicieron fracasar intentos anteriores de industrialización, hecho que los impulsó hacia una política industrial más inteligente. Las reglas actuales servirían para incentivar a los gobiernos de los países menos desarrollados a aplicar estrategias de desarrollo basadas en las capacidades y en los sistemas nacionales de innovación, lo que permitiría una distribución más amplia de las inversiones públicas y mayores retornos a los ciudadanos comunes que las estrategias que caracterizaron a la política industrial en el pasado.

En la misma línea, Rodrik (2004) sostiene que lo que limita una política industrial sensata hoy en día no son las herramientas disponibles, sino la voluntad de hacerlo. Una política industrial “inteligente” requiere de cooperación estratégica entre los sectores público y privado, que facilite el proceso de encontrar las áreas y los tipos de intervención deseables para alcanzar el desarrollo económico y la industrialización. Este proceso no entraña necesariamente el descubrimiento de nuevos productos o procesos, sino encontrar que un determinado producto

–ya establecido en los mercados internacionales– puede ser producido en forma competitiva por el país.

3.   Metodología

Para identificar y clasificar aquellas herramientas de política industrial que los países en desarrollo intentaron o están intentando utilizar y son cuestionadas por sus pares en el marco de la OMC se relevaron:

  1. las actas de Consejos y Comités previamente seleccionados; y
  2. los casos tramitados ante el

Dado que la categoría “países en desarrollo” abarca una gran cantidad de economías con características muy disímiles, los relevamientos se concentraron en aquellos países recientemente industrializados o en vías de industrialización. Para ello se utilizó una definición ad hoc basada en la de “Economías Emergentes Industrializadas” de UNIDO(25) (EIE, por su sigla en inglés). A efectos comparativos, también se incluyó en el relevamiento al resto de los países en desarrollo y a aquellos considerados industrializados. No se tomó en cuenta el grupo de Países Menos Adelantados. El listado de países incluido en cada categoría se puede consultar en el Anexo 1.

El período bajo estudio abarca desde 1995 hasta 2013, inclusive.

Sólo se analizaron aquellos instrumentos relacionados con el comercio de bienes no agrícolas(26). Por lo tanto, las herramientas que afectan al comercio de productos agrícolas o al de servicios quedaron fuera del análisis. Asimismo, para acotar el universo bajo estudio y focalizarlo en los mecanismos de industrialización más frecuentemente utilizados, no se tuvieron en cuenta los instrumentos de defensa comercial, las medidas sanitarias y fitosanitarias, ni los obstáculos técnicos al comercio.

Las medidas se agruparon de acuerdo a una versión modificada de la clasificación de barreras no arancelarias de la UNCTAD (UNCTAD, 2013) que se presenta en el Anexo 2.

  • En las estadísticas de UNIDO se clasifica a los países en cuatro categorías de acuerdo a su etapa de desarrollo industrial: i) países industrializados; ii) economías emergentes industrializadas; iii) otras economías en desarrollo y iv) países menos adelantados. Las categorías
  1. ii) y iii) conforman el grupo de países en desarrollo. Los umbrales que separan cada categoría dependen de las siguientes variables: valor agregado manufacturero (VAM) per cápita, PIB per cápita y participación en el VAM mundial (Upadhyaya, 2013).
  • Se considera como producto no agrícola a todo aquél que no se encuentra comprendido en la definición de “producto agrícola” del Anexo 1 del Acuerdo sobre la Agricultura de la Ronda Uruguay. Incluye productos manufacturados (electrónicos, vehículos, maquinarias, textiles e indumentaria, artículos de cuero, químicos), combustibles y productos de las industrias extractivas, pescado y sus manufacturas y productos forestales.
  • 3.1.  Relevamiento de actas en Consejos y Comités seleccionados

En primer lugar se buscó identificar y clasificar las medidas de política industrial implementadas por los países recientemente industrializados o en vías de industrialización que fueron –o están siendo– cuestionadas por otros miembros. Para ello se relevaron, para el período 1995-2013, las actas de las reuniones de los siguientes Consejos y Comités de la OMC:

  • Consejo del Comercio de Mercancías:
    • Comité de Acceso a los Mercados
    • Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias
    • Comité de Licencias de Importación
    • Comité de Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el
  • Consejo General:
    • Comité de Restricciones por Balanza de Pagos
  • Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

La información recabada incluye los miembros cuestionados y los que efectúan la reclamación, los acuerdos involucrados, el tipo de medida cuestionada y las fechas relevantes en cada caso. Asimismo, a los efectos de observar el grado de “intensidad” o reiteración de cada reclamación, se tuvo en cuenta la cantidad de países que efectúan un mismo cuestionamiento, la cantidad de actas en las que se presentaron y si estos fueron tratados o no en más de un Comité.

El mecanismo para seleccionar los casos consiste en la revisión de cada una de las actas, tomando en consideración aquellas medidas adoptadas por los distintos Países miembro que fueron cuestionadas por su aparente incumplimiento de las normas de la OMC –con independencia de la validez de la reclamación–. Ello incluye tanto las medidas reportadas por los mismos países como aquellas que terceros países denuncian que deberían haber sido anunciadas, sin considerar su posterior derivación o no al OSD. Sin embargo, sólo se ciñe a aquellas medidas efectivamente aplicadas e informadas por fuentes oficiales, sin considerar las supuestas intenciones de los países, tal como lo sugiere la UNCTAD (2014b).

Por su parte, quedan fuera de análisis, los exámenes de transición de China (sección 18 del Protocolo de Adhesión de China), así como los cuestionamientos relativos tanto a los procedimientos utilizados por cada país –en su conformidad o no con las normas– como a la falta de notificación parcial o total de ciertas medidas. Tampoco se analizan los informes de preguntas y respuestas sobre medidas reportadas en las actas, a menos que en el mismo documento se brinde la información suficiente, es decir: países involucrados y medidas cuestionadas. Sólo en dicho caso se utilizaron documentos adicionales para profundizar el relevamiento.

Con respecto al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio se empleó una metodología distinta, dado que las actas no brindan la misma información otorgada que en los demás casos. En tanto éstas se orientan a discusiones más teóricas y relativas a normativas, se seleccionaron como casos relevantes aquellas reclamaciones que avanzaron hacia el OSD. En pocas oportunidades pudieron identificarse otros cuestionamientos a medidas relevantes para este trabajo dentro del cuerpo de las actas.

3.2.  Casos tramitados ante el OSD

Para identificar cuáles fueron las herramientas de política industrial o relacionadas más cuestionadas ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC se utilizó la Base de datos de Solución de Diferencias de la OMC elaborada por el CEI(27). Esta base registra todas las disputas iniciadas en la OMC entre 1995 y 2013 y cuenta con información sobre las solicitudes de consulta y las diferentes etapas del proceso de solución de diferencias alcanzadas en cada caso. Dentro de cada categoría, se detallan tanto los casos(28) como las reclamaciones(29).

  • Para mayor información sobre la construcción de la base de datos, ver Daicz et al. (2014).
  • Se define como “caso” a la cantidad de veces que fue invocado un acuerdo, independientemente de la cantidad de disposiciones dentro del mismo que hayan sido mencionadas.
  • Se refiere a cada una de las disposiciones específicas de un acuerdo que fueron invocadas contra el País

Esta base de datos registra 506 casos bilaterales(30), de los cuales 62% corresponden a disputas contra países desarrollados, 31% a demandas iniciadas contra economías emergentes industrializadas, 7% al resto de los países en desarrollo y sólo 1 caso contra economías menos adelantadas.

A los efectos de este trabajo, se seleccionaron todas aquellas disputas en las que haya sido demandada alguna economía emergente industrializada y que involucre al comercio de productos no agrícolas. Asimismo, para poder realizar comparaciones, también se relevaron las demandas contra el resto de los países en desarrollo y contra las economías industrializadas. Se incluyó información sobre los miembros demandados y demandantes, los acuerdos involucrados, el tipo de medida cuestionada, la etapa del proceso de solución de diferencias alcanzada en cada caso y su resultado.

No se tuvieron en cuenta las disputas relacionadas únicamente con el comercio de productos agrícolas o de servicios. Tampoco se incorporaron casos concernientes a medidas comerciales correctivas o a los protocolos de adhesión de los miembros.

Del total de casos bilaterales contabilizados en la base, quedaron seleccionados 141 que equivalen al 28% del total de disputas registradas(31).

4.   Resultados

4.1.  Relevamiento de actas en Consejos y Comités seleccionados

Del total de actas relevadas, se seleccionaron 169 casos, de los cuales casi el 32% (54 casos) corresponde a medidas cuestionadas a las economías industrializadas (IE), mientras que el 68% se refiere a medidas objetadas al grupo de países en desarrollo (115 casos). Sin embargo, dentro de este grupo, el 93% de los cuestionamientos afecta a las economías emergentes industrializadas (EIE), y se registran sólo 8 medidas implementadas por los demás países en desarrollo (ODE).

Tanto para los países desarrollados como para las economías emergentes industrializadas, el Comité en el que   se registró la mayor cantidad de cuestionamientos fue el de Subvenciones y Medidas Compensatorias, lo que representa el 48,1% y el 42,1% del total de reclamaciones para cada grupo, respectivamente (Cuadro 1). En cuanto a los países en vías de industrialización, siguen en orden de importancia los cuestionamientos presentados ante los Comités de Licencias de Importación (21,5%) y de Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (18,7%), mientras que para los países desarrollados se destaca el número de planteos presentados ante el Consejo de Propiedad Intelectual (27,8%).

Si una misma solicitud de consultas involucra a más de un reclamante o a más de un demandado, el caso se computa tantas veces como pares de partes

  • Los casos seleccionados representan el 24% de los registrados en la base que afectan a las economías industrializadas, 44% de los que involucran a países emergentes industrializados y 13% de los correspondientes a otros países en desarrollo.

Con respecto al tipo de medida, las más frecuentemente cuestionadas a los países emergentes industrializados fueron aquellas relacionadas con las exportaciones (31,8%), seguidas por las medidas de control de la cantidad (22,4%) y las subvenciones internas (18,7%) (Cuadro 2). En cambio, si se tiene en cuenta la cantidad de veces que una misma medida fue objetada en las diferentes actas de un mismo Comité, priman las medidas de control de la cantidad por sobre aquellas relacionadas con las exportaciones. Se arriba a la misma conclusión si se observa cuál fue el instrumento de política más cuestionado por la mayor cantidad de países.

En el caso de los países desarrollados, casi el 40% de las objeciones se refiere a subvenciones internas, seguidas en orden de importancia por las medidas de protección de la propiedad intelectual (27,8%) y las de control de la cantidad, y sobre las exportaciones (11,1% cada una).

Cabe notar la alta recurrencia de cuestionamientos sobre medidas de distinta naturaleza que implican algún tipo de requisito de contenido nacional. Más del 25% del total de medidas registradas están supeditadas a algún condicionamiento de contenido local, entre las cuales, el 80% corresponde a medidas cuestionadas a los EIE. En cuanto al tipo de medida a la que acompañan, se presentan mayoritariamente dentro de subvenciones (44,4%) y medidas sobre las exportaciones (22,2%).

Por otra parte, el 80,8% de las reclamaciones presentadas debido a medidas implementadas por los EIE fueron efectuadas por países desarrollados (Cuadro 3), especialmente por EE.UU. y la UE o alguno de sus miembros, y seguidas, aunque por lejos, por Japón, Canadá y Suiza.

 

Cabe destacar que entre las economías emergentes industrializadas, las que han sido más cuestionadas son China, Brasil, India, la Argentina, Indonesia y Malasia, tal como se observa en el Cuadro 4. En cambio, si se contabiliza el número de veces que se repiten los cuestionamientos dentro de las actas de un mismo Comité, de un total de 237 menciones para los EIE, la India lidera el ranking de los países más cuestionados, seguido por Brasil, Indonesia y China.

Si, en cambio, se analiza cada reclamación en forma individual, debe destacarse que la economía emergente industrializada que recibió el mayor número de cuestionamientos sobre un mismo caso fue la Argentina (13 veces), seguido por Indonesia y Brasil (11 veces cada uno). Asimismo, los tres casos demandados por una mayor cantidad de países corresponden a la Argentina y Ucrania. Finalmente, si se observan los cuestionamientos que se han presentado en más de un Comité, sobresalen los efectuados a la India y Ucrania.

Al analizar las 141 disputas seleccionadas de la Base de Solución de Diferencias, se observa que las economías industrializadas enfrentan el 51% de las demandas, mientras que el 49% restante corresponde a controversias en las que se demandó a algún país en desarrollo (Cuadro 5). Dentro de este grupo, el 94% de las reclamaciones son contra economías en proceso de industrialización, mientras que el grupo de los demás países en desarrollo se ve afectado solamente en 4 casos.

A su vez, las disputas que involucran a los países en desarrollo se focalizan en sólo 14 países del centenar que componen el grupo. En particular, algo más del 78% de las demandas enfrentadas por las economías emergentes industrializadas se concentran en cuatro países: China, India, Brasil y la Argentina (Cuadro 6).

Además, el 81% de los casos en los que se demanda a algún país emergente industrializado es iniciado por países desarrollados, y más de tres cuartas partes corresponden a disputas iniciadas por EE.UU. o la UE.

Todos estos factores podrían estar indicando la existencia de un sesgo en las diferencias presentadas

ante el OSD contra aquellas economías que poseen un mayor potencial productivo.

El acuerdo invocado con más frecuencia entre las demandas seleccionadas es el GATT de 1994, independientemente del grupo de países que sea demandado (Cuadro 7). Esto se explica porque los casos seleccionados involucran al comercio de bienes y este acuerdo constituye el núcleo de las normas que regulan dichos flujos.

En el caso de las disputas en las que se demanda a alguna economía en vías de industrialización, resulta relevante destacar que aproximadamente la mitad de las consultas iniciadas contra los EIE que invocan el GATT de 1994 aluden al artículo III (trato nacional) y/o al XI (eliminación general de restricciones cuantitativas), mientras que cerca de una cuarta parte hacen referencia al artículo I (trato de nación más favorecida). El artículo III suele utilizarse para reclamar contra el “trato discriminatorio” que implican los requisitos de contenido local en la producción, en tanto que los artículos I y XI se utilizan generalmente en contra de las políticas que ligan las cantidades importadas a las exportaciones realizadas.

Entre los principales acuerdos invocados contra los EIE siguen en orden de importancia el ASMC y el Acuerdo sobre las MIC –ambos íntimamente relacionados con las políticas de desarrollo  industrial  que  estos países suelen necesitar para alcanzar sus metas de industrialización, como subsidios, requisitos de desempeño para los inversores extranjeros o requisitos de contenido local en la producción–. También se registra un número importante de cuestionamientos ligados al Acuerdo sobre Licencias de Importación, que abarca medidas de control de las cantidades importadas típicamente utilizadas como instrumento para proteger las industrias nacientes. En cambio, a pesar de su importancia para el aprendizaje y acceso a nuevas tecnologías, el Acuerdo sobre ADPIC es invocado sólo en el 4% de las disputas.

Cuando los demandados son los países desarrollados, los acuerdos más mencionados luego del GATT de 1994    son los de Subvenciones y Medidas Compensatorias y de Protección de Derechos de Propiedad Intelectual. La relativamente baja proporción de disputas que invocan el Acuerdo sobre las MIC (7,7%) se puede explicar debido a que los países desarrollados han ido sustituyendo las prescripciones específicas en materia de resultados por otras que producen efectos similares, pero de manera compatible con las normas de la OMC. Ejemplo de ello son las regulaciones “destornillador” utilizadas por la UE para controlar la importación de piezas y componentes(32), o la utilización de reglas de origen en los acuerdos preferenciales para lograr objetivos de contenido mínimo nacional.

Los resultados descriptos generalmente se mantienen si se analizan solamente las controversias que llegaron a tener dictamen del Grupo Especial.

  • Estas regulaciones consisten en la aplicación de una medida antidumping sobre un insumo, salvo que el producto que contenga dicho insumo cumpla con ciertos requisitos de contenido local mínimo.

Similares conclusiones se obtienen al analizar las medidas de política implementadas por los EIE que son objeto de controversia más frecuente: algo más del 40% de las disputas involucran subsidios, ya sea internos o a las exportaciones, mientras que las medidas de control de la cantidad concentran un cuarto de las reclamaciones (Cuadro 8). Es de destacar, además, que en el 25% de las controversias, las medidas cuestionadas contienen algún tipo de requisito de contenido local o de compensación de balanza comercial. En el caso de las subvenciones en particular, este porcentaje asciende a 50%.

Respecto de los casos contra países desarrollados, las medidas objeto de mayores disputas son los subsidios internos, las relacionadas con la protección de los derechos de propiedad intelectual y las de control de la cantidad. En el 7% de las disputas, se registran prescripciones de contenido local.

En cuanto a los productos que son objeto de las controversias, cabe destacar que gran parte de las diferencias relacionadas con la protección de los derechos de propiedad intelectual corresponden al sector de productos farmacéuticos o químicos. Por su parte, las disputas que objetan el uso de subsidios a la exportación se concentran en industrias manufactureras pesadas, como la aeronáutica o la automotriz, mientras que la mayoría de los casos que cuestionan el empleo de requisitos de contenido local involucran a esta última industria.

Al analizar la etapa alcanzada por las disputas iniciadas contra países en vías de industrialización, se observa que más de la mitad pasaron a la instancia de solicitud de constitución de Grupo Especial, y para aproximadamente el 60% de estas controversias se distribuyó la decisión del Panel. Dicho dictamen fue apelado en el 60% de los casos. Por otra parte, en el 40% de las reclamaciones que no pasaron de la etapa de consultas se arribó a una solución mutuamente convenida.

Cabe destacar que la proporción de reclamaciones que alcanzan la instancia de adopción de Informe del Panel y que aluden al Acuerdo sobre ADPIC se encuentra muy por encima del promedio. Respecto de aquellas diferencias que invocan a los Acuerdos sobre MIC y SCM, la proporción de cuestionamientos que llegaron a dicha instancia supera levemente la media, y en el caso de las MIC, el porcentaje es mayor que el observado para los países desarrollados. Por último, mientras que la cantidad de consultas que invocan el Acuerdo de Licencias de Importación es elevada, el porcentaje de controversias que llega más allá de la instancia de adopción del Informe del Panel es bajo, lo que podría estar indicando una tendencia de los IE a realizar una gran cantidad de cuestionamientos de forma de generar un efecto “disuasivo” sobre el uso de estas herramientas.

La gran mayoría de los actuales países desarrollados y de las economías de industrialización tardía usaron activamente políticas comerciales e industriales para promover sus industrias nacientes. Sin embargo, a partir de la adopción de los Acuerdos de la Ronda Uruguay –en particular aquellos referidos a Subvenciones y Medidas Compensatorias, Medidas de Inversión relacionadas con el Comercio y aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio– los países en desarrollo perdieron o vieron limitado su accionar respecto de una importante cantidad de instrumentos de política pública.

Este trabajo intenta distinguir aquellas medidas de política industrial empleadas por los países en desarrollo que resultaron cuestionadas por sus pares en la OMC, con miras a contrastar empíricamente la bibliografía teórica y contribuir a la identificación de aspectos concretos en los que una flexibilización de las normas de la OMC permitiría a este grupo de países recuperar alguna de las herramientas de política pública ahora prohibidas o limitadas.

Los resultados de los relevamientos de las actas de diversos Consejos y Comités de la OMC y de las disputas presentadas ante el OSD muestran un posible sesgo en los cuestionamientos de los países desarrollados (en particular, EE.UU. y la UE) contra aquellas economías que poseen un mayor potencial productivo, ya que la mayor parte de las reclamaciones efectuadas se dirigen a los países en desarrollo y en particular se concentran en unos pocos países (China, India, Brasil y la Argentina).

Asimismo, sobresale la alta recurrencia de cuestionamientos a economías emergentes relacionados con subsidios

–ya sea internos o a la producción– y a medidas de control de las cantidades importadas. Es de destacar, además, que una importante proporción de los instrumentos cuestionados –en especial los subsidios– incluye algún tipo de requisito de contenido local o de compensación de balanza comercial.

Las actuales negociaciones comerciales en el marco de la Ronda Doha –aunque hoy virtualmente estancadas– y la mayoría de los acuerdos bilaterales firmados entre países en desarrollo y desarrollados –ya sean comerciales o de inversión– amenazan con restringir aún más el espacio de política disponible para las economías emergentes. Por lo tanto, es necesario aprovechar la ventana de oportunidad dada por el mayor peso relativo de estas economías en las negociaciones internacionales y el resurgimiento de la política industrial como herramienta de desarrollo, para buscar la incorporación de las discusiones referidas a la recuperación de los instrumentos de política industrial en la agenda multilateral.

Referencias

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16.18.-LECCIONES DE LOS ANTIGLOBALIZACIÓN – Joseph E. Stiglitz

Sería un error concluir que el malestar con la economía global de la clase media ha llegado a su punto máximo

MARAVILLAS DELGADO

La victoria de Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales francesas ha generado un suspiro de alivio en el mundo. Por lo menos Europa no se dirige por el camino proteccionista que el presidente Donald Trump obliga a tomar a Estados Unidos. Sin embargo, los defensores de la globalización aún no deben descorchar el champán: los proteccionistas y los defensores de la “democracia iliberal” están en aumento en muchos otros países. Y el hecho de que alguien que es un fanático declarado y mentiroso consuetudinario hubiese podido conseguir la cantidad de votos que Trump obtuvo en Estados Unidos, y que alguien de la extrema derecha como Marine Le Pen haya disputado la segunda vuelta con Macron el pasado 7 de mayo, debería causar profunda preocupación.

12 may 2017.- Algunos asumen que una gestión deficiente de Trump y su evidente incompetencia deberían ser suficientes para mitigar el entusiasmo por panaceas populistas en el resto del planeta. Asimismo, se puede decir casi con certeza que los electores estadounidenses del cinturón de óxido que apoyaron a Trump estarán en peor situación dentro de cuatro años, y que los votantes racionales con seguridad entenderán dicha situación.

Pero sería un error llegar a la conclusión de que el malestar con la economía global —al menos con la forma como la economía global trata a grandes cantidades de los que forman parte de (o anteriormente formaban parte de) la clase media— ha llegado a su punto máximo. Si las democracias liberales desarrolladas mantienen políticas de statu quo, los trabajadores desplazados continuarán siendo marginados. Muchos de ellos sentirán que al menos Trump, Le Pen y sus semejantes aseveran sentir el dolor de dichos trabajadores. La idea de que los votantes vayan a volcarse en contra del proteccionismo y el populismo por su propia voluntad puede ser nada más que una vana ilusión cosmopolita.

Sería un error concluir que el malestar con la economía global de la clase media ha llegado a su punto máximo

Los defensores de las economías liberales de mercado deben entender que muchas reformas y avances tecnológicos pueden dejar a algunos grupos —posiblemente a grupos numerosos— en peor situación. Según los principios rectores, estos cambios aumentan la eficiencia económica, permitiendo a los ganadores compensar a los perdedores. Sin embargo, si los perdedores continúan en peor situación, ¿por qué deberían ellos apoyar la globalización y las políticas a favor del mercado? De hecho, va a favor de sus propios intereses girar su apoyo hacia políticos que se oponen a esos cambios.

Por lo tanto, la lección debe ser obvia: en ausencia de políticas progresistas, incluyendo la carencia de sólidos programas de bienestar social, reeducación laboral y otras formas de asistencia a personas individuales y comunidades relegadas por la globalización, los políticos al estilo de Trump pueden convertirse en una presencia permanente dentro del paisaje.

Los costos impuestos por estos políticos son altos para todos nosotros, incluso si no logran alcanzar plenamente sus ambiciones proteccionistas y nativistas. Esto ocurre debido a que estos políticos se aprovechan del miedo, exacerban el fanatismo y prosperan dentro de un peligroso enfoque polarizado de nosotros contra ellos. Trump ha lanzado sus ataques vía Twitter contra México, China, Alemania, Canadá —y muchos otros— y con seguridad la lista crecerá a medida que Trump esté más tiempo en el cargo. Le Pen ha apuntado sus ataques hacia los musulmanes, pero sus comentarios recientes que niegan la responsabilidad francesa con respecto a acorralar a judíos durante la Segunda Guerra Mundial revelan su persistente antisemitismo.

El resultado de todo esto podría ser rupturas nacionales profundas, y tal vez irreparables. En Estados Unidos, Trump ya ha disminuido el respeto que se tiene por la presidencia y lo más probable es que él al irse deje atrás un país aún más dividido.

No debemos olvidar que antes de los albores de la Ilustración, que acogió a la ciencia y la libertad, los ingresos y los estándares de vida estuvieron estancados durante siglos. Sin embargo, Trump, Le Pen y los otros populistas representan la antítesis de los valores de la Ilustración. Sin ruborizarse, Trump cita “hechos alternativos”, niega el método científico y propone masivos recortes presupuestarios que afecten a la investigación realizada con fondos públicos, incluyendo aquella relativa al cambio climático, que Trump cree que es un engaño.

Trump, Le Pen y los otros populistas representan la antítesis de los valores de la Ilustración

El proteccionismo defendido por Trump, Le Pen y otros plantea una amenaza similar a la economía mundial. Durante tres cuartas partes de un siglo se ha intentado crear un orden económico mundial basado en reglas, en el que los bienes, servicios, personas e ideas pudiesen moverse más libremente a través de las fronteras. Ante el aplauso de sus compañeros populistas, Trump ha lanzado una granada de mano a esa estructura.

Ante la insistencia de Trump y sus acólitos relativa a que las fronteras realmente revisten importancia, las empresas pensarán dos veces el momento de construir sus cadenas de suministro globales. La incertidumbre resultante desalentará las inversiones, sobre todo las inversiones transfronterizas, lo que disminuirá el impulso para un sistema global basado en reglas. Al tener menos inversiones en el sistema, los defensores de dicho sistema tendrán menos incentivos para impulsarlo.

Esto será problemático para el mundo entero. Nos guste o no, la humanidad permanecerá conectada globalmente, enfrentando problemas comunes como el cambio climático y la amenaza del terrorismo. Se debe reforzar, no debilitar, la capacidad y los incentivos para trabajar cooperativamente con el propósito de resolver estos problemas.

La lección que todo esto nos deja es algo que los países escandinavos aprendieron hace mucho tiempo. Los países pequeños de la región comprendieron que la apertura era la clave del rápido crecimiento económico y la prosperidad. No obstante, si iban a permanecer abiertos y democráticos, sus ciudadanos tenían que estar convencidos de que no se debía relegar a segmentos importantes de la sociedad.

Por consiguiente, el Estado de bienestar se convirtió en parte integral del éxito de los países escandinavos. Ellos comprendieron que la única prosperidad sostenible es la prosperidad compartida. Esta es una lección que ahora deben aprender Estados Unidos y el resto de Europa.

http://economia.elpais.com/economia/2017/05/11/actualidad/1494512712_532788.html

 

15.18.-CANDIDATOS A VICEPRESIDENTE SE MIDIERON EN DEBATE ECONÓMICO – Andrés Artuz

Clara López,Marta Lucía Ramírez , Juan Carlos Pinzón, Claudia López, y los moderadores Mauricio Reina y Ricardo Ávila.

Más de 1.500 personas se dieron cita en la mañana de ayer (jueves) en el coliseo de la Universidad del Norte para conocer las ideas, propuestas y planteamientos de los  candidatos a la vicepredidencia de Colombia, que participaron en el debate económico presidencial, organizado por Fedesarrollo, la Universidad del Norte y Portafolio, diario de EL TIEMPO Casa Editorial.   

3 may 2018.-  Juan Carlos Pinzón, el más ovacionado por los asistentes, consideró, al preguntársele sobre sostenibilidad fiscal, tras lo tangible que es la desaceleración de la economía por la caída del precio del petróleo y que ocasiona que el gobierno haya perdido una quinta parte de sus ingresos, que es primordial recuperar la confianza de los inversionistas, darle estabilidad jurídica a los proyectos en general y volver a trabajar en competitividad. 

El exministro de defensa agregó que es fundamental darle prioridad a temas como la propiedad de la tierra, del subsuelo y reglamentar las consultas.

“Es necesario un sistema tributario más simple y menos oneroso con una tasa por debajo del 30 por ciento en renta corporativa. Para impulsar la productividad creo que es prioridad invertir en educación y bienes públicos como la infraestructura, en ciencia, tecnología e innovación, impulsar más el turismo, la agroindustria sin olvidar un sector minero-energético sostenible y responsable”, sostuvo.

En ese mismo sentido, Clara López dijo que hay que luchar contra la inflación, tener austeridad del gasto público, aumentar la productividad, la proporción de bienes públicos, la infraestructura, logística, y sobretodo un desarrollo rural integral con acceso a la tierra y formalización de la propiedad en el campo para hacer un país de propietarios en el campo.

Las respuestas de López, en los tres bloques que tuvo el debate, enfatizaron siempre en la importancia de “salvar la paz”, en medio de una crisis actual que, según la candidata, tiene en jaque el proceso conseguido por el presidente Juan Manuel Santos.

En el debate también se abordaron otros temas y liderazgo que tendrá cada campaña en caso de resultar ganadora en los comicios del próximo 27 de mayo

“Se debe pensar en un crecimiento a largo plazo aprovechando el dividendo de la paz, que hay que rescatar del estado crítico en que se encuentra la implementación del proceso”, manifestó.

Uno de los pocos momentos álgidos del debate, que en sus más de dos horas de duración mantuvo un tono cordial y de admiración general entre los candidatos, fue cuando le tocó el turno a Martha Lucía Ramírez de hacerle una pregunta Juan Carlos Pinzón y en la que se refirió a Germán Vargas como un copiloto que se quedó dormido en su rol de vicepresidente.

Pinzón, por su parte, sin perder la sonrisa, inició su respuesta diciendo que sería mejor recordar que el piloto de la campaña de Ramírez (Duque), “nunca se ha subido a un avión”.

Claudia López insistió en que la economía colombiana es rentista, baja en confianza, con un mar de dudas y mal gobernada como consecuencia del fenómeno de la corrupción y el clientelismo.

“Hay que apostarle a una educación de calidad y cerrar la brecha de empleo con mejores trabajos y salarios para las mujeres y jóvenes. Más seguridad y justicia en las regiones. Propongo una educación de mejor calidad con mejores salarios para los profesores, no rebajarle impuestos a los que pueden pagar, hay que implementar un sistema tributario progresivo”, expresó la candidata.

En el debate, en el que también se habló de reforma pensional, Martha Lucía Ramírez dijo que el estancamiento de la economía se debe a un retraso en la productividad, por lo que propuso aumentar los factores de producción, pasar la frontera agrícola de 6 a 10 millones de hectáreas y producir alimentos procesados tanto para consumo interno como para exportación.

Andrés Artuz Fernández  redactor de el tiempo Barranquilla

http://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/aspirantes-a-vicepresidente-miden-ideas-en-debate-economico-213096

 

14.18.-RECUPERAR LA IZQUIERDA – Jonás Fernández

La socialdemocracia debe situar a Europa en el centro de operaciones y reivindicar la idea de progreso

Reunión organizada por la Comisión Europea en Bruselas esta semana sobre el futuro de Siria. STEPHANIE LECOCQEFE

Los partidos socialdemócratas están atravesando dificultades en casi todos los países europeos. Una de las explicaciones que se esgrime se resume en la ausencia de una alternativa de política económica. Al inicio de la crisis, los partidos socialistas en el Gobierno perdieron el poder tras aplicar ajustes presupuestarios, y los que lo alcanzaron en medio de la tempestad con promesas contra la austeridad retornaron a la oposición al incumplirlas. Por ello, cabe preguntarse si esta homogeneización relativa de las políticas económicas es resultado de decisiones discrecionales o es fruto de otras restricciones.

27 abr 2018.-  La globalización y la revolución tecnológica han dejado inoperativos los instrumentos de intervención del Estado en la economía construidos en el siglo XX. Los Estados-nación no pueden viabilizar sistemas fiscales tan progresivos como en el pasado, a la vista de la movilidad creciente de las bases imponibles. La soberanía normativa está seriamente dañada cuando se regulan mercados con operadores globales. Pero incluso aquellos países que retienen la política monetaria se encuentran al albur de los flujos de capitales y de las decisiones de los bancos centrales de referencia. De este modo, la “caja de herramientas” de los Gobiernos nacionales se ha reducido significativamente y, por ende, la capacidad de operar políticas económicas de izquierda.

Por lo tanto, y excluyendo la opción de apearnos de la globalización, la izquierda de Gobierno debe reconstruir instituciones con capacidad ejecutiva, recuperar la acción colectiva, la soberanía efectiva. Y la palanca para ello sólo puede ser la Unión Europea. Sin embargo, muchos partidos socialistas siguen operando casi exclusivamente sobre las opiniones públicas nacionales.

Al Norte, los socialdemócratas han reorientado su política tributaria hacia el consumo, redistribuyendo vía gasto, y han construido unos mercados flexibles y abiertos al exterior, con una reducida intervención. En el debate europeo se muestran reacios a mancomunar riesgos y observan con distancia la construcción de un pilar social, que podría estar por debajo de sus propios parámetros nacionales.

Para las europeas necesitamos un manifiesto común y una candidatura a la presidencia de la Comisión

Al Este, los socialistas desean integrarse de manera efectiva en el mercado único y construir sus propios modelos de bienestar, pero se muestran reacios al diseño de un pilar social robusto a escala europea. La productividad de sus economías no les permite aún disponer de estándares laborales, sanitarios o medioambientales al nivel de los países más desarrollados, y la centralización de políticas sociales es interpretada como amenaza a su propio desarrollo.

Al Sur, disponemos de Estados de bienestar desarrollados, aunque en menor medida que en el Norte, y políticas de intervención en los mercados más intensas, no siempre progresistas. Estamos en una posición complicada porque nuestras economías no son suficientemente flexibles y nuestros sistemas fiscales son menos redistributivos, y con importantes bolsas de fraude. Somos, quizá, los que más necesitamos esa nueva Administración pública europea.

Estos enfoques nacionales dificultan la construcción de una propuesta económica para Europa. Estamos, pues, en un bucle donde las urgencias nacionales dificultan el despliegue de una estrategia europea, y ello impide implementar políticas económicas alternativas. La ciudadanía se decepciona, se pierde el gobierno y a veces los partidos socialistas inician un camino de introspección que les conduce a la melancolía y a la resistencia.

La salida de este círculo vicioso pasa por situar Europa en el centro de operaciones para reconstruir los instrumentos de intervención y reivindicar la idea de progreso. Y hacerlo siendo conscientes de los distintos planos del debate, diferenciando el proceso constituyente permanente (que exige consensos) y las áreas de discusión ideológica, que necesita de mayorías. Por ejemplo, una mejora de la influencia de los socialistas en esta legislatura ha abierto ya espacio de maniobra al Gobierno portugués.

En mayo de 2019 se celebrarán elecciones europeas, y para entonces los socialistas deberíamos haber resuelto gran parte de este acertijo(conundrum) con un manifiesto común y una candidatura a la presidencia de la Comisión. El PSOE ya está trabajando no sólo para ofrecer una propuesta electoral con visión europeísta, sino también porque en ella está la respuesta a la crisis de la socialdemocracia. La izquierda necesita de la Unión para cumplir con su promesa, y el continente necesita de nosotros para seguir blandiendo los valores europeos.

https://elpais.com/elpais/2018/04/27/opinion/1524823908_658322.html

13.18.-Doce (12) recomendaciones de la Comisión del Gasto que cambiarían la inversión pública en Colombia

Aumentar la edad de pensión y los copagos del servicio de salud, limitar los beneficios de los maestros y militares, y ponerle un tatequieto a los jueces son algunas de las soluciones que este grupo propone para despejar el panorama fiscal del país a mediano plazo.

12 recomendaciones de la Comisión del Gasto que cambiarían la inversión pública en Colombia

El día de ayer se dio a conocer el informe definitivo de la Comisión de Estudio de Eficiencia del Gasto Público y la Inversión, un grupo de nueve de expertos en materia económica nombrados por el Gobierno hacia principios de 2016 que se dedicaron durante varios meses a revisar todos los temas relacionados con el gasto e inversión que hace del Gobierno.

Las conclusiones de la comisión son preocupantes no solo porque muestran la crítica situación fiscal del país a mediano plazo sino porque evidencian que las soluciones que se tendrán que tomar a futuro no serán fáciles. Cada una de las múltiples recomendaciones planteadas por los expertos son temas de gran calado y difícil implementación, incluso varias de ellas requieren cambios constitucionales y reformas de ley.

Las conclusiones son preocupantes no solo porque muestran la crítica situación del país a mediano plazo sino porque evidencian que las soluciones a futuro no serán fáciles.

El panorama fiscal del país no está despejado. Según la comisión, las proyecciones del Gobierno -consignadas en su Marco Fiscal de Mediano Plazo- muestran que está confiando demasiado en los ingresos provenientes de la formalización de la economía y los esfuerzos de gestión de la Dian para compensar la reducción que tendrá la tarifa del impuesto de renta corporativa al 33 por ciento en 2019 (desde el 40 por ciento actual incluyendo la sobretasa). Por esto, prevén que para cumplir las exigencias de la regla fiscal tendrá que hacerse un esfuerzo mucho más grande en reducción de gastos que lo proyectado por el Gobierno (1,2 por ciento del PIB entre 2017 y 2020). Algo bastante complicado considerando las fuertes restricciones y la inflexibilidad del gasto público en Colombia.

Puede leer: Empleo público al banquillo

El estudio además resalta cómo el gasto público en el país en muchos casos es ineficiente, ineficaz y no contribuye a mejorar la distribución del ingreso. Por el contrario, hay gastos altamente regresivos como el de las pensiones. También resalta la gran deficiencia en materia de sistemas de información que hay en muchos frentes: litigios contra el Estado, contratación, empleo público y subsidios, entre otros.

Por esto, plantea cambios profundos, muchos de ellos bastante polémicos que tardarán tiempo en lograrse. De hecho, muchas de las reformas planteadas no son para este sino para los próximos gobiernos. Habrá que preguntarles a los diferentes candidatos a cuáles darán prioridad pues de esto dependerá quién llevará los costos del inevitable ajuste que tendrá que hacer el país en sus finanzas públicas en los próximos años.

La primera recomendación –si bien el mandato de la Comisión no fue el estudio de los ingresos– es que el Gobierno “evalúe de nuevo medidas para lograr un mayor recaudo y un sistema tributario más eficiente y equitativo”. Esto es, una nueva reforma tributaria de tipo estructural y propone que esta vez se complemente con un mayor esfuerzo propio por parte de las entidades territoriales (dado el potencial que existe).

Los cambios que recomienda son profundos y van desde una reforma pensional hasta una racionalización de los beneficios de maestros y militares.

En cuanto al ajuste en el gasto, los cambios que recomienda son profundos y van desde una reforma pensional y una nueva modificación al régimen de regalías, hasta una racionalización de los beneficios de maestros y militares. Además, plantean cambiar el proceso presupuestal y modificar las rentas de destinación específica y los gastos inflexibles determinados por leyes, entre otros temas. A continuación, algunas de las propuestas planteadas por la Comisión del Gasto luego de 10 meses de estudio.

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  1. Una reforma pensional urgente. Alrededor del 28 por ciento de los impuestos pagados por los colombianos al Gobierno nacional se destina a pagar pensiones. Por esto, la Comisión considera que es urgente una reforma que elimine el arbitraje entre los dos regímenes pensionales existentes e incluso plantea marchitar el Régimen de Prima Media (que las nuevas cotizaciones vayan solo a los fondos privados), entre otras propuestas.

Para reducir la magnitud de los subsidios y la inequidad que se genera en el RPM propone reducir el tope existente para las pensiones en este régimen (que actualmente se ubica en 25 salarios mínimos) y calcular el ingreso base de liquidación con el promedio del salario de toda la vida laboral o al menos el de los últimos 20 años (en vez de los últimos 10 que se utilizan actualmente).

Sin embargo, para asegurar la sostenibilidad del sistema pensional colombiano también propone aumentar la edad para pensionarse y los porcentajes de cotización al 18 por ciento, así como establecer un gravamen a las pensiones altas.

Para asegurar la sostenibilidad del sistema pensional colombiano propone aumentar la edad para pensionarse y los porcentajes de cotización al 18 por ciento.

  1. Racionalizar los beneficios de maestros.Dado que dos terceras partes del desequilibrio pensional corresponden a los regímenes especiales que todavía persisten, como los de maestros y militares y policías, la comisión considera que hay que racionalizarlos.

Por ejemplo, considera que hay que eliminar la diferencia en relación con la edad de jubilación que tienen los maestros frente al régimen general. En la actualidad, la edad de jubilación de un profesor es actualmente de 57 años, tanto para hombres como para mujeres. Además, afirman que la administración de los pasivos pensionales de los maestros debería pasarse del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio (FOMAG) a Colpensiones.

  1. Y de los militares.Si bien reconocen la necesidad de tener algunas condiciones especiales a la fuerza pública acordes con su dignidad y labor, proponen simplificar y hacer más transparentes sus sistemas de remuneración, así como revisar los sistemas de pensiones y asignaciones de retiro en el espíritu del sistema general de pensiones. Además, afirman que, la pertinencia de un sistema de salud especial para los soldados y policías es clara, pero que la cobertura para sus familiares debería hacerse a través del sistema general de seguridad social en salud.

La pertinencia de un sistema de salud especial para los soldados y policías es clara, pero la cobertura para sus familiares debería hacerse a través del sistema general de seguridad social en salud.

  1. Cambiar el proceso presupuestal. Hay que facultar al Gobierno para que modifique la gran cantidad de rentas de destinación específica y los gastos inflexibles determinados por ley que hoy existen. Además,proponen unificar el proceso presupuestal, tanto a nivel nacional como regional, y avanzar hacia un esquema de presupuestación por programas. Esto permitiría no solo una mejor priorización de los recursos sino una mayor evaluación y un control más estricto al tener sistemas de información integrados y transparentes. En este frente, también afirman que se requiere una ley para reglamentar y ponerle límites a todo el tema de las Vigencias Futuras.

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  1. Reforma a las regalías. La caída de los ingresos por regalías en los municipios productores es una de las principales causas que explica la proliferación de las consultas antimineras y el bajo apoyo a los proyectos petroleros, se propone una nueva reforma a las regalías que modifique además los porcentajes de destinación específica establecidos en las normas constitucionales. Además, según la comisión se debe permitir que con estos recursos las entidades territoriales paguen sus deudas en salud, pensiones y fallos judiciales adversos, entre otros.
  2. Legislar con sostenibilidad. La Corte Constitucional debería contar con un equipo económico que analice el impacto de sus decisiones sobre las finanzas públicas. En este mismo sentido, proponen crear una entidad independiente y altamente técnica que analice y cuantifique los costos de iniciativas de gasto contenidas en los proyectos de ley y que le haga seguimiento crítico al MFMP y a la política fiscal y presupuestal. Una especie de Secretaría Técnica del Comité de Regla Fiscal como existe en otros países que rinda cuentas públicas.
  3. Facilitar el despido de los empleados públicos. Hay que flexibilizar los parámetros para la desvinculación del servicio público. Es decir, facilitar esquemas de retiro de empleados públicos que contemplen condiciones de despido con justa causa y que eviten demandas contra el estado. Dado que los concursos hoy son escasos y poco transparentes, la comisión propone revisar la institucionalidad existente y las funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), así como el papel de la ESAP en la capacitación de servidores públicos.

Facilitar esquemas de retiro de empleados públicos que contemplen condiciones de despido con justa causa y que eviten demandas contra el estado.

  1. Mayor control a la contratación en las regiones. Ampliar el uso de mecanismos de agregación de demanda para la provisión de bienes y servicios por parte del Estado, como los acuerdos marco que promueve Colombia Compra Eficiente (CCE), hacia los entes territoriales. Es más, si bien no se presente menoscabar la autonomía fiscal de los gobiernos locales, la comisión propone hacerlos obligatorios cuando se ejecutan recursos del Gobierno Nacional y de regalías.

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  1. Freno a jueces y abogados. En materia de litigios contra el estado que son una fuente creciente de desangre de las finanzas públicas, la Comisión propone reglamentar la figura jurídica de la Responsabilidad Civil del Estado (artículo 90 de la Constitución Política). En particular, afirma que hay que limitar la discrecionalidad de los jueces y endurecer las faltas de los abogados, así como reglamentar sus honorarios en los litigios contra el Estado.

Hay que limitar la discrecionalidad de los jueces y endurecer las faltas de los abogados.

  1. Mayor gasto de bolsillo en salud. Aumentar los copagos y cuotas moderadoras que realizan los usuarios del sistema de salud, para “racionalizar” la demanda por servicios médicos. De igual manera, aumentar la cotización para beneficiarios con capacidad de pago, como los rentistas de capital, que hoy aparecen como dependientes. De hecho, proponen revisar el valor de la UPC.

Como se requieren nuevas fuentes de recursos, proponen que un punto porcentual de los cuatro puntos de aporte que hoy se asignan a las cajas de compensación se destine al sistema de salud, además de impulsar nuevamente los impuestos a las bebidas azucaradas y a otros productos que generan externalidades negativas en la salud. Hay que flexibilizar la normatividad sobre integración vertical entre las EPS y las IPS.

  1. Mayor contribución de los entes territoriales.Incentivar a los municipios grandes a contribuir de manera más activa a la financiación del gasto para la educación inicial y la atención integral a la primera infancia, así como al plan de alimentación escolar. Con esto, recursos nacionales como los del ICBF se podrían focalizar mejor en las zonas rurales y más vulnerables. En materia de educación, también proponen revisar la ley de financiación de universidades públicas, trasladar el Sena al Ministerio de Educacióny crear la Superintendencia de Educación, para tener la capacidad de intervenir las secretarías de educación y las instituciones educativas.
  2. Ojo con el proyecto de ley de subsidios.Para la comisión, el proyecto de ley (186 de 2016) que actualmente cursa en el Congreso de la República para regular el gasto público en subsidios, no cumple con todos los propósitos que se planteó. Además, ante la multiplicidad de subsidios que hoy existen, proponen dejar marchitar aquellos programas que no pasen una evaluación de impacto rigurosa, y concentrarse en los programas que resulten bien evaluados.

http://www.semana.com/economia/articulo/recomendaciones-de-la-comision-del-gasto-como-mejorar-la-inversion-publica/564095

 

12.18.-PROMESAS ELECTORALES Y OTRAS MENTIRAS – Bernardo García

 

No se miente por sembrar esperanzas. No. Tampoco por encender los ánimos para emprender proyectos difíciles. Ni tampoco por impugnar a otros candidatos, émulos en la lisa democrática. Sería muy aburrida la convivencia en sociedad sin la pimienta de los políticos en pugna o los políticos enfrentados en coaliciones. Obvio que se excluyen los rabiosos fanatismos y las violentas diatribas que terminan en puñaladas. Pero en democracia  es más apasionante si rima con la economía. Se confrontan ideas y se dirimen intereses de clase o de sector. 

Pero las promesas se vuelven mentiras cuando un candidato se empeña en vender un imposible. Duque dice que reducirá los impuestos que tienen ahorcados a los empresarios. Es un tic de las derechas el tratar de reducir impuestos a los ricos y compensar con un recorte a la educación o a la salud pública. Pero además del tic suena una falsedad. A pesar de la reciente reforma tributaria, las cuentas fiscales del gobierno siguen en rojo. Las empresas calificadoras de riesgo ya han registrado una baja nota para Colombia: “mala paga”. Luego tal promesa resulta con tono en falsete. Así lo demostró el Banco de la República en versión Kalmanovitz publicada en la última edición.

Otro imposible que suena a absurdo está en el punto 10 de Petro. Reza asi: “Reindustrialización del país, apoyando los sectores estratégicos de economía, industria metalmecánica, textil, informática y agroindustrial”. Pero Petro no tiene ninguna comunidad con Berni Sanders y por supuesto ninguna afinidad con Donald Trump. Ni tampoco tiene un partido capaz de plantear una alguna reforma de la Organización Mundial del Comercio, que no permite mover aranceles, ni al FMI y al Banco Mundial que vetan el financiamiento de todos los proyectos industriales de los países emergentes. Ahora sólo hay plata para infraestructura.

Inclusive, un país con vigor exportador todavía puede solicitar préstamos a granel y con exceso de atrevimiento. Cuando Corea del Sur lanzó su plan para desarrollar la industria automotriz, 1967, los funcionarios del FMI se burlaron de ese paisito con tamañas pretensiones. Igual en población que Colombia, también en territorio poblado (excluida la amazonía, la Orinoquia y las selvas del Chocó). El Banco Mundial analizó con más juicio el plan coreano y se sumó a la negativa. Pero con la probada voluntad exportadora, Corea consiguió finalmente los préstamos por su formidable capacidad de pago y ahora luce su industria automotriz, como más tarde sus gigantes astilleros navales. Nunca con capital extranjero directo. Siempre con préstamos extranjeros.

Vargas Lleras como veterano hombre de Estado, hizo una síntesis de lo que en Colombia se llama Plan de desarrollo, que es decir una semblanza de un juicioso Plan presupuestal, en donde se pueden hacer algunos énfasis sin salirse de la plana. Eso produce una buena administración del establecimiento y punto. Educación, salud, seguridad, vivienda, justicia, turismo, cultura, transporte, relaciones internacionales… y la mención de fomento de industrias, agricultura y minas. Pero en medio de ese conjunto sólido y bien articulado, se abre un gran agujero negro: el desempleo y la caída de las exportaciones.

Sí habla de ellos claro, pero las consideraciones al respecto son muy tenues. Esos son dos temas graves que requieren objetivos y medios montados en un plan de desarrollo estratégico, de los que Colombia ya no tiene, ni a juzgar por los cinco candidatos en pugna, tampoco tendrá.

ASESORES Y MERCADEO ELECTORAL

¿Cuál es la vértebra que más duele? ¿Cuál es la medalla más preciada?  ¿Qué es lo que más aborrece la gente? Dolor, amor, miedo. Con esas tres preguntas, un estratego experto en orientar campañas electorales, puede agitar un poderoso señuelo. Si es un mal como las Farc el candidato promete la paz y Pastrana le ganó así al prestigioso Horacio Serpa. Después hizo un potpurrí en el Caguán, pero se montó en la presidencia. Si es un premio, la reconquista de la industria es un deseo patrio y Trump se impulsa a la par con Berni Sanders. Si se trata de apartar un mal, Hugo Chávez se presentó como el salvador de la crisis traumática provocada por la operación schock neoliberal. Y logró desbordar.

No todos los estrategos ganan todas las batallas electorales. O mejor, unos más que otros. Lo importante es señalar que las tres preguntas no exploran los más graves problemas objetivos, sino los problemas sentidos. Son más bien campo de simpatías, antipatías y temores.  Se apela a la emoción y al corazón, no a la razón y la cabeza. No obstante pueden haber banderas emotivas que destapan una verdad de a puño;  pero es más frecuente agitar banderas para ocultar la verdad. Y la mentira aparece como omisión indebida. Pero la calidad de la democracia  se demuestra si la gente no traga entero.

12.18 DESEMPLEO

Así que los candidatos se ‘rajaron’ en propuestas de empleo general y para las víctimas en particular, según Informe de ONG canadiense Cuso International  que realizó un estudio comparativo de las propuestas de empleo hechas por los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño. Las propuestas, muy bien planteadas, no fueron sustentadas con acciones concretas. Les falta dientes. El Dane evidenció que para el trimestre de noviembre 2017-enero 2018, en el total nacional, la tasa de desempleo para los jóvenes de 14 a 28 años fue de 16,8%.  Para las mujeres fue de 21,6%, mientras que para los hombres fue de 13,1%. Lo que evidencia la urgencia de atender el desempleo masivo.

 http://www.finanzaspersonales.co/trabajo-y-educacion/articulo/empleo-las-propuestas-de-empleo-de-los-candidatos-a-las-elecciones-2018/75710

12.18.- DE LANDÍNEZ A DMG Y OTRAS PIRÁMIDES – Beethoven Herrera

Ha pasado más de siglo y medio y se siguen repitiendo fenómenos similares: aparecen captadores extralegales que ofrecen elevadas y rápidas utilidades.

Las crisis económicas generadas por los abusos de personas o entidades que manejan el ahorro público, se han producido en Colombia incluso desde mediados del siglo XIX, y guardan grandes similitudes con fenómenos que hemos vivido recientemente.

Aunque en el actual ordenamiento constitucional compete al Estado proteger el ahorro ciudadano, y nadie puede captar dinero del público ni otorgar créditos sin estar autorizado por el gobierno, tras culminar las guerras de independencia, nuestro incipiente Estado no había regulado esa actividad.

15 abr 2018.-  Ello permitió la actividad especulativa de Judas Tadeo Landínez, quien comenzó su actividad en 1839 con de 22.000 pesos de la época, y llegó a captar recursos por encima de 2’100.000 en 1841, mientras el presupuesto total del Estado ascendía a alrededor de 2’000.000 de pesos.

Landínez comenzó a captar dinero de los bogotanos pagando un interés del 2 por ciento mensual, muy superior al 1 por ciento de la época, entregando a cambio una letra o pagaré que era utilizado como papel moneda, por la buena reputación que tenían, al punto que los clientes pasaron de dar sus recursos líquidos, a entregar sus inmuebles.

Agotados los predios de la capital, Landínez extendió su negocio a los pueblos vecinos y los altos rendimientos que ofrecía indujeron a muchos, incluso comunidades religiosas, a entregarle sus bienes. Para sostener el ritmo de pagos, pasó a hacer negocios más riesgosos en la agricultura y la manufactura.

Los problemas comenzaron cuando quiso adquirir la factoría de tabaco en Ambalema, porque la velocidad con la que cambiaban de mano los papeles emitidos como pago generó desconfiaza, al temer que esa velocidad fuera expresión de desconfianza.

Cuando intentó arrendar la mina de sal de Zipaquirá, enfrentó problemas de liquidez y al no poder vender prontamente los bienes adquiridos tuvo que demorar cada vez más los pagos de intereses. Para salir de esa situación, cobró al Estado bonos que había comprado a los veteranos de la independencia por un precio promedio de 20 por ciento del valor nominal del título, pero el Estado no pagó la deuda del modo esperado y prometió hacerlo en tres años, dejándolo sin liquidez para pagar intereses. Entonces, pidió a los titulares de sus pagarés y papeles prorrogar sus cobros para evitar una crisis, pues muchas personas le habían confiado sus recursos.

El colapso de Landínez comenzó cuando el Estado no le pagó el dinero de los bonos, esto llevó a la pérdida de la confianza por parte del público y a la quiebra de muchas personas.

Ha pasado más de siglo y medio y se siguen repitiendo fenómenos similares: aparecen captadores extralegales que ofrecen elevadas y rápidas utilidades, pero esa dinámica, obviamente es insostenible, pues no está apoyada en los rendimientos productivos. Y el Estado permite que rebroten periódicamente.

Beethoven Herrera Valencia Profesor, U. Nacional y Externado  beethovenh@hotmail.com

http://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/de-landinez-a-dmg-y-otras-piramides-516193

 

11.18.-Vuelco rural – Cristina de la Torre

No se trata apenas de redistribuir la tierra, sino también la población en el territorio: rediseñar el minifundio en unidades de tamaño rentable y desconcentrar la gran propiedad de tierras feraces pero subexplotadas en la frontera agrícola. Cambio de fondo que implicará reubicación de pequeños propietarios sobrantes en poblados aledaños a zonas de minifundio, y traslado a la frontera agrícola de colonos arrojados a lejanías inhóspitas, sin más horizonte que el de la coca.

La mira en el largo plazo, propone el agrarista Absalón Machado un modelo de desarrollo alternativo fundamentado en la agricultura familiar que podrá convivir con la agroindustria. Un paso adelante de la reforma rural suscrita en el Acuerdo de Paz, no pasará inadvertido este modelo de repoblamiento y recomposición del minifundio, si de pedirles definiciones a los candidatos se trata. En particular a los inmovilistas, obscenos en su defensa del statu quo y de la contrarreforma agraria apuntalada por el paramilitarismo.

Nueva ruralidad para un nuevo campesinado, el modelo preliminar apunta a aumentar el tamaño de la pequeña propiedad, mínimo hasta una Unidad Agrícola Familiar, suficiente para sostener con dignidad a una familia. De donde resultarían microfundistas sobrantes que podrán ubicarse en poblados vecinos, confiar su tierra al Estado a cambio de una renta y emplearse, por ejemplo, en actividades de turismo ecológico y de naturaleza. Resultado: habrá menos productores, pero con mayor capacidad productiva y nivel de vida. Y se mantendrá esta población en el entorno rural.

Por otra parte, revirtiendo la ominosa tradición de colonización consistente en expulsar el campesinado a los extramuros de la patria o a metrópolis sin empleo, se habrá completado un fin medular: reubicar a esos pobladores en la frontera agrícola, cerrarla, y mantenerlos también a ellos en la ruralidad. Porque se buscaría, como se ha dicho, redistribuir extensas propiedades subexplotadas entre el campesinado nuevo, mediante tres instrumentos que las leyes consagran desde 1936 y 1994: extinción de dominio, expropiación con indemnización y compra de tierras. La política de poblamiento y redistribución agraria se habrá traducido en proceso de recampesinización o acomodamiento de la agricultura familiar en el paisaje rural; y en ubicación de población excedente en espacios urbanos de la ruralidad.

El nuevo paradigma supone concertación del Estado con el sector privado. Además, una política integral de tierras con restitución, formalización de la propiedad, creación de una jurisdicción agraria y, elemento principalísimo, una política de reducción de precios de la tierra. En ello resulta decisivo tasar en justicia el impuesto predial, para quitarle a la tierra el potencial especulativo y rentístico que incrementa artificialmente su valor: la vuelve inaccesible al comprador y dispara los costos a la inversión productiva.

La redistribución de la tierra —explica Machado— operará en perspectiva de industrialización, de descentralización hacia centros menores, de construcción de infraestructura y suministro de bienes públicos. Pero supone, sobre todo, cierre de la frontera agrícola y freno a la titulación de baldíos en la periferia. Demandará así mismo instituciones que estrechen lazos entre lo rural y lo urbano, y activa participación de la comunidad. Entonces crecerán corredores de producción agrícola alrededor de las áreas urbanas, para garantizar seguridad alimentaria y protección del medio ambiente.

Brillante hipótesis que proyecta la discusión a nuevos ámbitos, mientras el Congreso prepara debate a la Ley de Tierras, corazón de las reformas sin las cuales no habría paz. Esta propuesta promete un vuelco rural, sin sangre. Una revolución pacífica.

https://www.elespectador.com/opinion/vuelco-rural-columna-749044

11.18.-EL BANCO MUNDIAL Y LOS ESTÁNDARES LABORALES – Beethoven Herrera

La Guía de Estándares Laborales y Sociales del Banco Mundial, propone condicionar sus préstamos al cumplimiento de los Convenios de la OIT.

El borrador Guía de Estándares Laborales y Sociales, producido por el Banco Mundial, propone condicionar sus préstamos al cumplimiento, por parte del solicitante, de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y tendrá un impacto importante en las relaciones entre los países y el Banco Mundial. Dicha Guía busca que los proyectos generen empleo decente y formal, contribuyendo a aliviar la pobreza.

8 abr 2018.- El Banco propone que los derechos laborales estén garantizados en el marco de las leyes nacionales, confía en que si hay cooperación entre gobiernos y trabajadores habrá menos violaciones laborales, y recomienda mantener la comunicación eficaz en las áreas de salud ocupacional y seguridad en el trabajo.

La Guía comienza reconociendo los derechos laborales fundamentales enmarcados en una visión de desarrollo sostenible e incluyente y promete apoyar a los países prestatarios en sus buenas prácticas medioambientales, al tiempo que estimula la no discriminación, transparencia, participación y rendición de cuentas, como condiciones de una mejor gobernanza.

Entre los 189 Convenios que la OIT ha promulgado en un siglo de historia, el Banco Mundial ha seleccionado los que son conocidos como fundamentales: derechos de asociación y negociación colectiva, eliminación del trabajo forzado, erradicación del trabajo infantil y no discriminación en el trabajo.

Dichos derechos fueron recogidos en la Declaración de Principios Fundamentales y Derechos del Trabajo, aprobada en la Conferencia de la OIT de 1998, la cual establece que “Todos los miembros, incluso aquellos que no han ratificado los convenios mencionados, tienen la obligación de cumplirlos, la cual se deriva del hecho mismo de su pertenencia a la Organización, por lo cual se comprometen a respetar y promover los principios concernientes a los Derechos Fundamentales”. Y la OIT ha recomendado la incorporación de los convenios ratificados en la ley interna de cada país.

Las organizaciones sindicales han expresado inquietudes respecto de las salvedades que el Banco Mundial hace para los trabajadores estacionales, pues dada la extensión del trabajo temporal en las cosechas agrícolas, en las temporadas de ventas y en la contratación tercerizada, podría ocurrir que muchos trabajadores quedaran sin protección para sus derechos. El Banco Mundial debería garantizar iguales derechos laborales para todos los trabajadores, independientemente de su tipo de vinculación o duración de su labor.

Preocupa que al precisar las condiciones de aplicación de la mencionada guía, el Banco Mundial indique que ello depende de la naturaleza y duración del empleo, lo cual puede generar un desequilibrio por el acceso desigual a dicha protección.

Por tales razones, la mencionada Guía podría terminar convertida en una declaración conceptual, que en la práctica no evite que en los proyectos que dicha entidad financia, se presenten formas precarias de trabajo, en las cuales se violen algunos de los mencionados derechos.

http://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/el-banco-mundial-y-los-estandares-laborales-515935

 

 

10.18.- PROF. HARVINDER SINGH DEFIENDE DESLOCALIZACIÓN (entrevista)- Josep Catà Figuls

España está perdiendo oportunidades comerciales en los países emergentes” – El profesor indio defiende el impacto social positivo de la deslocalización en países en desarrollo

Harvinder Singh, profesor de la universidad de Ghaziabad (India). Foto: CONSUELO BAUTISTA

Hay un mercado de 4.000 millones de clientes potenciales en los países en vías de desarrollo, y las empresas de países occidentales todavía se pelean para colocar sus productos en los segmentos ricos de la población. Esta es la tesis del profesor de marketing Harvinder Singh, que en las universidades de Ghaziabad (India) y de Dubai (Emiratos Árabes Unidos) trata de demostrar por qué las empresas deberían dirigir sus esfuerzos a la llamada “base de la pirámide”. La idea, originalmente del profesor indio C. K. Prahalad, se basa en que, si se hacen productos asequibles para un mercado de 4.000 millones de personas, las empresas ganarán dinero y a la vez crearán un impacto social positivo. Singh, que participa estos días en la semana internacional de la escuela de negocios de Eada en Barcelona, considera que España tiene todas las herramientas para aprovechar la oportunidad, pero que la está perdiendo. 

Barcelona 25 mar 2018.-  Pregunta. ¿Por qué hay más oportunidades de negocio en los países emergentes que en los mercados tradicionales?

Respuesta. Lo más importante es el número de consumidores potenciales. Por ejemplo, en India, tenemos 1.300 millones de personas. Lo segundo es el perfil de edad. Si miramos India, prácticamente el 65% de la población es menor de 35 años. Esto significa que hay capacidad de crecimiento de la población, y por lo tanto de los clientes, mientras que en Europa o países como Japón, la población está decreciendo. Europa es un mercado seguro pero algo pequeño. La mayoría de gente ya consume la mayoría de productos y servicios. Por ejemplo, todo el mundo tiene ya teléfonos o coches. Si estas empresas tienen que buscar nuevos clientes, tienen que pensar en ir a países donde no haya estos productos. En India, África, Brasil, encontrarás personas que no tienen buena educación, higiene, automóviles, teléfonos. Si la gente no tiene cosas, es una gran oportunidad de negocio porque lo puedes vender.

  1. ¿Cómo hacerlo si no hay poder adquisitivo?
  2. Este es el reto. Hacer productos asequibles para la gente pobre pasa por cambiar la manera de fabricarlos o por la búsqueda de una financiación fácil. Y hay productos que están siendo vendidos por docenas de compañías y que ya son accesibles. Por ejemplo, hay smartphonesque en India se pueden encontrar por 20 euros.
  3. ¿Cuál es el impacto social que generarían las empresas?
  4. La idea del profesor Prahalad era dar la vuelta al marketing, y fijar el objetivo de vender a los 4.400 millones de personas pobres que hay en el mundo, los que están en la base de la pirámide y ganan menos de dos dólares al día. Este mercado, bien gestionado, podría llegar a tener un valor de cinco billones de dólares (4,05 billones de euros). Sacar provecho para las compañías, y a la vez hacer un impacto social allá donde el Gobierno no llega. Es lo que hizo el premio Nobel Mohammad Yunus al crear el Bangladesh Grameen Bank. Esta entidad daba créditos a interés bajo a personas pobres que hasta entonces se dirigía a prestadores de dinero que cobraban hasta el 60%. Yunus creó este banco y cambió la vida de millones de personas.
  5. ¿Qué mercados tienen más oportunidades?
  6. Países como India necesitan infraestructuras, inversión en energía, productos de higiene y de medicina, dispositivos electrónicos, automóviles… La penetración de los coches en India, por ejemplo, es del 10%. Hay un gran mercado abierto que no pueden abarcar solo las compañías de dentro. No tenemos ni el capital ni el talento. Necesitamos experiencia y talento de fuera, por ejemplo de empresas como Seat. Además, estos países podrían ser como un hubpara las empresas, donde se hace la manufactura y se exporta a otros países. Se ahorrarían costes y la marca no se vería afectada, porque habría más clientes.
  7. El bajo coste del personal puede ser interesante para las empresas, pero ¿no se aprovechan de la mano de obra barata?
  8. En economía tenemos un concepto llamado ‘purchasing power parity’ (PPP, paridad de poder adquisitivo). Si los salarios son más bajos en India o en África, también lo son los costes. El PIB per cápita en India es de 1.700 dólares, pero en PPP es más de 7.000 dólares. Esto significa que con 1.700 dólares en India se puede comprar productos y servicios equivalentes a los que puede comprar un estadounidense con 7.000 dólares. Y desde luego, cuando las cosas mejoren, también mejorarán los salarios, gradualmente, como ha pasado en China últimamente.
  9. ¿España está aprovechando las oportunidades?
  10. El jugador más activo ha sido siempre Estados Unidos. Sí, España está perdiendo la oportunidad, y la razón principal seguramente es que Latinoamérica es el patio trasero de España a nivel comercial. Pero tener todos los huevos en una cesta no es la idea más inteligente. No se pueden desdeñar los millones de clientes en los países emergentes.
  11. ¿Hace falta más formación en las universidades sobre los países emergentes?
  12. Sí, si los estudiantes europeos conociesen más sobre estos países, y al revés, esto sería una maravillosa oportunidad. De alguna manera los gobernantes deberían pensar en ello. Y la presencia de los estados también es importante: Alemania, Inglaterra, Francia, tienen instituciones culturales en la mayoría de países emergentes, mientras que la presencia de España es menor.
  13. ¿Qué le aconsejaría a una empresa española que piensa en el mercado emergente?
  14. Que no es una mala idea trasladar la producción a países donde el coste es más barato, y a partir de ahí atacar a esos mercados. La marca seguirá siendo respetada. El diseño y la parte intelectual pueden seguir aquí, pero se construye fuera. Y que es necesario conocer los mercados, los países, hacer estudios.

https://elpais.com/economia/2018/03/24/actualidad/1521888994_156273.html

 

9.18 Libro Cepal

 

Resumen

 La investigación y la reflexión que dan lugar a este documento se articulan alrededor de algunas ideas y consideraciones fundamentales. En primer lugar, se afirma que la planificación es un acto político, una teoría y una disciplina para la creación de sentido de pertenencia y de futuro y para    la gobernanza multiescalar, intersectorial y pluritemporal del desarrollo.

En segundo  lugar,  se  pretende  conocer  la  práctica  concreta  de  la planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe en la actualidad. Para hacer esta exploración, en tercer lugar, se adopta el dispositivo heredado de los trabajos previos del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), particularmente de los derivados de los diálogos ministeriales de planificación iniciados en 2013. En ellos, se identifica que el quehacer de la planificación ha adquirido tales niveles de complejidad y amplitud que debe abordarse a través de un enfoque de sistemas.

Por consiguiente, ya no basta con hacer referencia a las funciones de la planificación (prospección, coordinación, implementación y evaluación), sino que aparece el desafío de comprender las interacciones entre sus componentes y, más específicamente, la gestión que de ellas se hace en la práctica. Con este enfoque, se identifica un conjunto de desafíos o retos a partir de los cuales se pretende conocer las formas de gestión de las interacciones: la articulación de tiempos (pluritemporalidad), escalas (multiescalaridad), sectores (intersectorialidad) y actores (participación, apropiación social) y la acumulación de aprendizajes (evaluación y seguimiento).

Con estos desafíos como marco de análisis, se identificaron experiencias específicas de nueve países de la región. Esta selección se hizo con la intención de exponer con detalle ejercicios concretos que, por alguna razón, ilustraran mejor la solución práctica que se venía dando a alguno de los desafíos previamente mencionados y que, al mismo tiempo, pudieran servir como referencia a otros países. Cada caso alimenta especialmente   la reflexión acerca de alguno de los retos pero, como es de esperar, ilustra también el abordaje práctico de todos los demás, aunque sea en menor medida o con menos intensidad.

El análisis y la exposición de resultados del trabajo no buscan presentar un relato y una interpretación de cada caso en particular, sino que cada reto se tomó como pregunta transversal a todos ellos. Así, la exposición de los resultados se hizo haciendo alusión a cada uno de los grandes retos, agrupando experiencias muy diversas y desiguales. No obstante, en el anexo A1 se incluye un resumen de cada caso concreto.

El resultado final es un conjunto de aprendizajes y hallazgos que ilustran las maneras prácticas en que los sistemas de planificación para    el desarrollo de los países de la región han dado solución a cada uno de estos desafíos. Independientemente de las diferencias y especificidades encontradas, el conjunto de la experiencia señala que para los países ha sido de particular interés el uso de  herramientas  muy  específicas  que han permitido avanzar en la solución de cada desafío. Entre las más destacables se encuentran la planificación estratégica, la prospectiva, la gestión, la programación y planificación por resultados, la presupuestación plurianual y los sistemas de evaluación, monitoreo y seguimiento. Ninguna de ellas se asocia exclusivamente con un único reto, sino que,   por lo general, está relacionada con varios, o con la totalidad de ellos. No obstante, cada una hace énfasis en uno de ellos y, por sus propiedades y características, alimenta prácticas de gestión de interacciones orientadas  a partes específicas del sistema. Entre ellas, por sus pretensiones y características, la que más se aproxima a esta gestión cerebral del sistema es la evaluación, el seguimiento y el monitoreo. No obstante, esta es, tal vez, una de las tareas que quedan formuladas como un reto pendiente: el de investigar, conocer y proponer herramientas concretas que proporcionen a los sistemas esta gestión cerebral de la que probablemente carecen.

Prólogo 

En el presente libro se presenta un trabajo de investigación y reflexión realizado por la CEPAL a través del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). Su propósito principal es dar a conocer la práctica de la planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe desde una perspectiva particularmente útil y oportuna pues, como se mostrará más abajo, contribuye a dar respuesta adecuada a los desafíos contemporáneos.

Esta investigación parte de la base de que el ejercicio de la planificación en los países de la región ha adquirido una dimensión y una complejidad tales, que es preciso abordarlo y entenderlo como un sistema, ya no solamente como un proceso. No consiste en la ejecución repetitiva  de  ciclos de diseño de planes, ejecución de políticas, programas y proyectos, evaluación y retroalimentación, sino que permite la coexistencia de un conjunto muy amplio de este tipo de ciclos promovidos desde una gran variedad de instituciones, niveles gubernamentales y marcos temporales.

Abordar la planificación desde el enfoque de sistema implica reconocer la presencia de retos de organización y funcionamiento de particular envergadura. En este trabajo, estos retos se entienden como desafíos prácticos para la adecuada gestión de interacciones complejas. Aparecen como la mejor forma concreta de garantizar que las acciones colectivas posean unidad de sentido, cohesión, coherencia y sinergia. Se identifican al menos cuatro retos:

  1. Se planifica desde lo sectorial e institucional, al mismo tiempo que desde lo nacional. La necesaria conjugación entre los procesos de planificación más especializados y los más generales demanda un esfuerzo particular en los planos más variados:

información, lenguaje y comunicación, concertación y diálogo. Por tanto, es central observar cómo se maneja la relación entre las perspectivas sectoriales y las integrales. A este se lo ha denominado el reto de la intersectorialidad.

  1. También se planifica desde diversos niveles y escalas de gobierno: nacional, intermedio y local. Las competencias, los recursos, las atribuciones, así como los actores y las expectativas comprometidos son muy variados y en ocasiones Por consiguiente, de la gestión de estas diferencias y complementariedades depende la posibilidad de garantizar la unidad de esfuerzos y la convergencia de las acciones. A este se lo ha llamado el reto de la multiescalaridad.
  • Las intervenciones y la acción pública tienen diversos plazos de maduración y de generación de impacto. Los actores poseen diferentes racionalidades y lógicas de legitimación que imponen también diferencias en el plazo y la velocidad de sus acciones. A la manera como en cada sistema se da respuesta a la conjugación de esta diversidad de plazos (largo, mediano, corto, coyuntural) se la ha denominado reto de la
  1. Finalmente, pero no por ello menos importante, es más conocida y evidente la heterogeneidad de valores e intereses presente en la diversidad de actores que participan en los procesos de planificación y gestión pública. Es este el reto mismo de la democracia y de la movilización de múltiples actores para que

Aunque podrían identificarse otros retos de similar envergadura, este trabajo se ha concentrado en los cuatro ya mencionados y los ha explorado mediante la revisión de experiencias concretas en nueve países de la región: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, México y República Dominicana. En cada uno de ellos se seleccionó una experiencia concreta que  ilustrara  la  manera  como  se  había  abordado y resuelto cada uno de estos retos. En el libro que aquí presentamos se expone el análisis transversal y se extraen las principales lecciones aprendidas, los mayores vacíos pendientes y los desafíos de futuro.

En una de sus principales conclusiones, se señalan derroteros importantes en la tarea de mejorar la calidad, la pertinencia y la eficiencia de la planificación y la gestión pública para el desarrollo en la región. En efecto, la evaluación, el seguimiento y la retroalimentación aparecen como una función destacada que está llamada a jugar un papel central para dotar a los sistemas de la inteligencia requerida, es decir, de su capacidad de aprendizaje y mejoramiento. Se sugiere así fortalecer su papel como medio para identificar aciertos, errores y prácticas significativas que permitan una permanente acumulación de aprendizaje colectivo que dote

Planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe…                               11

a estos sistemas de las capacidades que el entorno y las características del mundo contemporáneo exigen. De esta forma, tanto desde el punto de vista organizacional, como desde la perspectiva de la cooperación técnica, la investigación y el aprendizaje horizontal que se necesitan en el futuro inmediato, es preciso poner un énfasis especial en esta interrogación para así acelerar los procesos necesarios de consolidación, ajuste y mejora.

Aparte de continuar trabajando y consolidando la forma de responder  adecuadamente  a  cada  uno  de  los  retos  que  se  detectan     y examinan a través de los mecanismos de elaboración de visiones, coordinación y participación, se requiere un esfuerzo especial en cuanto a la gestión del conjunto. Esto significa fortalecer y reorientar el papel de la evaluación y la retroalimentación, para así contribuir a preparar a nuestros países ante los retos ambiciosos, variados e integrales que se proponen en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Implementar  esta  agenda  y  alcanzar  de  manera  integral  los objetivos que en ella se plantean requiere llevar a cabo una labor significativa de organización que haga posible el diálogo constructivo  entre actores, sectores, plazos y niveles de acción.

La unidad e integralidad de la Agenda 2030 podrá preservarse mediante la puesta en práctica de plataformas que den respuesta operativa a la pluralidad y heterogeneidad de nuestras sociedades y de sus expectativas. De la misma manera, son la forma más oportuna de prepararse para dar respuesta a un mundo de crecientes incertidumbres, con cambios profundos y muchas veces inesperados e impredecibles, como los que ya se observan en procesos como la salida del Reino Unido de la Unión Europea (brexit) o el replanteamiento de los acuerdos mundiales de comercio.

Finalmente, pero no por eso menos importante, con esta entrega damos cumplimiento a las resoluciones de la XIV Reunión del Consejo Regional de Planificación del ILPES, celebrada en 2013, y a los acuerdos  de la XXIV Reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación del ILPES y de la XXV Reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación del ILPES1, que tuvieron lugar en 2014 y 2015, respectivamente.

Introducción 

Con la llegada del siglo XXI, los países de América Latina y el Caribe experimentaron importantes transformaciones de sus modelos de gobierno y de gestión pública, entre las que destaca el reposicionamiento de la planificación para el desarrollo. Aunque a finales del siglo XX se preservó en muchos casos la planificación sectorial, territorial y urbana, en la gran mayoría de los países se debilitó su uso en procesos más integrales relacionados con las condiciones del desarrollo nacional. Al calor de la reivindicación del papel del Estado en el proceso de desarrollo, desde inicios del presente siglo, el ejercicio de la planificación se ha venido recuperando como un elemento fundamental del quehacer de lo público.

En este documento se pretende dar a conocer la evolución observada en el siglo XXI, así como algunos componentes de estas transformaciones, visibles, en parte, en los cambios institucionales y normativos que se han producido y en la propia práctica de la planificación para el desarrollo.     El objetivo es, en primer lugar, describir la evolución de los enfoques desarrollados durante este siglo para abordar la planificación para el desarrollo en la región; en segundo lugar, presentar un conjunto de experiencias de planificación emblemáticas seleccionadas y  estudiadas por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), y, finalmente, formular algunas propuestas de trabajo futuro e incidir muy especialmente en los aportes del ILPES a esta materia. El documento se presenta a consideración de las autoridades de la región en el marco de la XVI Reunión  del  Consejo  Regional  de  Planificación del ILPES, que se realizará en Lima, en octubre de 2017. Una síntesis preliminar del mismo se presentó en la XV Reunión del Consejo Regional de Planificación, en noviembre de 2015 en Yachay (Ecuador).

El documento se organiza en siete capítulos. En el primer capítulo se exponen los ingredientes que hacen de la actual planificación para el desarrollo un ejercicio singular y con desafíos muy particulares. Estas singularidades se manifiestan en diversos planos. En primer lugar, la planificación como disciplina plantea una evolución  hacia  una  mirada de la planificación y la gestión pública para el desarrollo no dicotómica sino integrada. En segundo lugar, la planificación tiene que ver con los cambios políticos y sociales del mundo y la región y  los  desafíos  que estos plantean en materia de construcción de liderazgo público y social.  En tercer lugar, se relaciona con la evolución económica de  mediano plazo y coyuntural de la región, que desemboca en desafíos de hondo calado, como los formulados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2016)1 a través del gran impulso ambiental para el desarrollo sostenible. Finalmente, a partir de la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2015, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se delinean un propósito y una visión de futuro comunes, con retos mayores, tanto en términos de desarrollo como de planificación. Se plantea un concepto de planificación para el desarrollo contextualizado   en el plano de la evolución de los sistemas nacionales de planificación      de la región y sus consiguientes retos en materia de gestión del conjunto   y de las interacciones entre las partes.  De  esta  forma,  se  argumenta  que  los  principales  retos  de  la  planificación  contemporánea  tienen  que ver con la necesidad de conjugar los distintos plazos de la acción pública (pluritemporalidad), las diferentes aproximaciones sectoriales (intersectorialidad), los diversos niveles de gobierno (multiescalaridad),   el aprendizaje y mejoramiento permanentes (la evaluación) y la participación social (consolidación del papel de la ciudadanía).

En el segundo capítulo se explica la metodología de investigación utilizada para la realización de este trabajo y se describen las experiencias seleccionadas. Tomando como punto de partida lo que en el primer capítulo se denominan los retos de la planificación, se escogieron experiencias nacionales específicas que sirven para ilustrar la  manera  concreta  en  que se ha abordado alguno de estos retos. Se incluyen experiencias de planificación específicas de la Argentina, el Brasil, Colombia, Chile, Cuba, el Ecuador, Guatemala, México y la República Dominicana.

En los capítulos siguientes se exponen  los  resultados  obtenidos  del análisis y la interpretación realizados a partir de las experiencias documentadas. No se relata cada experiencia por separado (aunque en el anexo A1 puede consultarse un resumen de cada), sino que se presentan Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible (LC/G.2660/Rev.1), Santiago, 2016.

Planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe…                               15

tomando los retos de la  planificación  como  marco  de  análisis.  Así,  en el tercer capítulo se aborda la conjugación de los tiempos y los plazos (pluritemporalidad); en el cuarto, la coordinación entre niveles de gobierno (multiescalaridad); en el quinto, la relación entre lo sectorial y lo integral (intersectorialidad); en el sexto, el reto del aprendizaje permanente, la evaluación y el monitoreo, y en el séptimo se hace un resumen del trabajo y se subrayan los principales hallazgos del análisis. Se destacan los avances obtenidos, pero también las tareas pendientes para cada uno de los desafíos. Por último, se subraya la función estratégica de la evaluación y el seguimiento y se valora el papel potencial que pueden desempeñar    en la organización y futura consolidación de las capacidades de gestión integral de los sistemas nacionales de planificación para el desarrollo en los países de la región.

Capítulo I

La planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe:

albores y desafíos de cara a la complejidad del siglo XXI 

El propósito de este capítulo es dar cuenta de los fundamentos y del marco de interrogaciones a partir de los cuales se indagó la experiencia reciente de los países de América Latina y el Caribe en materia de planificación para el desarrollo. Interesa, por tanto, explicar el sentido de emplear la planificación para el desarrollo como categoría central del análisis, presentar el origen y el significado de interrogar la experiencia a partir de los retos de la planificación para el desarrollo, y exponer las singularidades del entorno en que esta planificación se ejercita: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el contexto global que ella delinea, las condiciones macroeconómicas de los países de la región y del mundo actual, así como los avances y desafíos de la planificación y de la gestión pública.

Presentar estos pilares es indispensable para comprender el enfoque del estudio y de los hallazgos obtenidos, entender las limitaciones y los alcances de una propuesta como la adoptada, y valorar sus aportes. Es muy importante dar a conocer que este trabajo forma parte de un proceso de búsqueda que intenta arrojar luces sobre la importancia de los desafíos que sobrevienen, para así ayudar a comprender la preparación que ellos nos exigen.

En consonancia con trabajos referenciales publicados recientemente (García, Kaufmann y Sanginés, 2015), la investigación y las conclusiones

que se establecen en el presente hacen énfasis en la práctica de la planificación. En el caso de García, Kaufmann y Sanginés (2015), este énfasis práctico se expresa en el esfuerzo por entender los instrumentos y las herramientas concretos que los países utilizan en los procesos de gobierno y gestión pública para obtener resultados en materia de  desarrollo.  A tales efectos, utilizando el enfoque de la nueva gestión pública, se diseñó una herramienta que permite conocer el estado de avance de los países   de la región a lo largo del ciclo completo de esta gestión: planificación, presupuesto, gestión financiera pública, gestión de programas y proyectos, seguimiento y evaluación. La información obtenida y el análisis e interpretación de los resultados dan buena cuenta de la situación actual de la gestión pública de la región y permiten identificar los principales logros, desafíos y tareas pendientes.

Como se dijo más arriba, el presente trabajo comparte el foco en la mirada práctica. Cuenta, sin embargo, con algunas singularidades que lo distinguen y le hacen posible establecer un diálogo productivo. Interesa comprender cómo se articulan las distintas fases del ciclo de gobierno pero, en este caso, conjugadas alrededor de la planificación para el desarrollo como categoría de referencia. De otro lado, la prospectiva y la coordinación se consideran funciones estratégicas cuyas características y roles se hace un esfuerzo por comprender.

Independientemente de estas diferencias, interesa destacar que la mayor parte de la labor que se hizo a lo largo del trabajo de investigación y al presentar las reflexiones que se consignan en este documento se orienta a conocer la manera como los países resuelven problemas estratégicos de la planificación, organizados en torno a la idea de que existen grandes retos. La reflexión teórica preliminar es indispensable pero no constituye su propósito primordial.

Ala.nifiPcación del desarrollo

La comunidad humana, sin importar lo primitiva o avanzada que sea, necesita usar herramientas, instrumentos y procedimientos que le permitan obtener acuerdos fundamentales y metas de interés general, así como contribuir a la organización de sus acciones a fin de desplegar los medios necesarios para alcanzarlos y hacerlos realidad. En las sociedades contemporáneas, la planificación para el desarrollo como disciplina forma parte de una amplia familia de materias afines, como la administración, la gestión y las políticas públicas, por mencionar las más importantes. Con énfasis diferentes, fundamentos distintos y herramientas peculiares, todas comparten los desafíos de contribuir a la construcción de acuerdos y la organización de las acciones colectivas.

La planificación tiene orígenes muy remotos y aplicaciones muy antiguas. Solo a título ilustrativo, cabe mencionar que la ciudad, como obra humana, supuso emplear la planificación desde sus más lejanos orígenes1. De otro lado, la guerra es tal vez la empresa más antigua que ha hecho uso de esta disciplina, así como de la estrategia, como uno de sus enfoques más originales. En el contexto moderno y en el de esta reflexión, que hace referencia a cómo se relacionan la planificación y el desarrollo, su origen es más reciente y remite al surgimiento mismo de la idea de desarrollo. Por tanto, entendida como paradigma de la acción pública con amplitud global y significado geopolítico mayor, puede decirse que la planificación surge a mediados del siglo XX. La proclamación de la Carta Internacional de Derechos Humanos, el nacimiento de las Naciones Unidas y la disputa geopolítica mayor del mundo de ese entonces (entre   el Este y el Oeste) marcan ese nacimiento. En el ámbito latinoamericano  y caribeño, por su parte, las doctrinas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Alianza para el Progreso dieron un impulso especial a la creación de entidades de gobierno dedicadas a    la planificación del desarrollo.

En esa primera etapa, en el mismo momento en que se acuña el término “países en desarrollo”, se plantea el desafío global de construir  una institucionalidad enfocada en promover la industrialización, el crecimiento económico y el bienestar de las sociedades rezagadas. Este surgimiento marcó una primera y larga época de la planificación del desarrollo (y no para el desarrollo, como se denomina actualmente). La industrialización se concebía como el motor de la modernización y de la transformación económica y social; al Estado se lo comprendía como su promotor, y se le otorgaba a la planificación el papel de diseñadora del horizonte y ordenadora de los procesos de cambio integral.

Cada uno de los países de América Latina y el Caribe pasó de abordar este proceso de manera esporádica, a través de grandes misiones o de grandes programas, a constituir instituciones para la operación permanente de la planificación como parte neurálgica de la organización del Estado y de la función pública. Sin desconocer las especificidades nacionales, sobresalen rasgos comunes a la práctica y el pensamiento planificador de la época: el papel destacado de la ciencia, de la técnica y del conocimiento objetivo como ingredientes fundamentales de la planificación; el lugar central otorgado a la industrialización como motor de las transformaciones que se perseguían; el papel protagónico y a veces exclusivo  del  Estado,  y el papel  central de  los niveles nacionales (federales) de gobierno. Los medios de intervención ocupaban un muy amplio espectro de posibilidades y alcanzaban, incluso,1    Los primeros vestigios urbanos se han encontrado en la región de Mesopotamia y datan de     hasta 6.000 años antes de nuestra era.

algunos de intervención directa muy importantes, como la inversión pública y la constitución de instituciones del Estado encargadas de las más variadas funciones de la vida y la economía, en particular la producción directa de bienes y servicios.

Estas concepciones y prácticas alcanzaron su  cénit  a  lo  largo  de la década de 1970, pero luego se interrumpieron de  forma  abrupta  debido a las urgencias impuestas por la crisis de la deuda en la década siguiente (Máttar y Perrotti, 2014).  Posteriormente, en los años ochenta   y noventa, sobrevino una larga fase de debilitamiento y,  en  algunos  casos, desaparición de la planificación del desarrollo, que se explica no solamente por el impacto de la situación económica de la región, sino también por las falencias propias del ejercicio práctico y los enfoques prevalecientes de la planificación. Atender los compromisos de la deuda significó  transformar  las  modalidades  de  gestión  y  política  pública que hasta ese  entonces  prevalecían.  Se  procedió  al  desmantelamiento, a veces gradual y otras drástico, de las empresas públicas estatales, se recortaron presupuestos y funciones, se rediseñaron las políticas y se reordenaron las prioridades de la acción estatal. La idea del ajuste ordenó la política pública de los años ochenta, para dar lugar a la apertura, la liberalización, la desregulación y la privatización  como  palabras  claves de las funciones estatales en los noventa. A lo largo de esas dos décadas, las instituciones y las prácticas de la planificación se desvirtuaron y debilitaron: en algunos casos, se conservaron las denominaciones pero   se cambiaron las funciones y, en otros, se las liquidó abiertamente. No obstante, en algunos niveles se conservó la práctica de la planificación, especialmente en el subnacional y urbano, así como en ciertos sectores, como la energía y la infraestructura.

Como se dijo, la planificación del desarrollo tuvo que hacer frente a sus debilidades intrínsecas. Puede afirmarse que la modalidad normativa o tradicional de la planificación sufrió un verdadero descrédito, que se manifestó en la débil materialización tanto de los objetivos como de los medios planteados. Más concretamente, hubo muy poca  articulación  entre plan, presupuesto y resultados. Pueden mencionarse al menos tres grandes explicaciones:

  1. Se asoció a  la  planificación  con  una  mirada  del  Estado  y  de la gestión pública que se caracterizaba por su pesadez e inflexibilidad. Como reacción, para enfrentar los problemas públicos, en los años ochenta apareció el paradigma de las políticas públicas, con una mirada más flexible y moderna, y con una gran variedad de instrumentos ausentes de la planificación como práctica
  1. Se criticó su desvinculación de la realidad, con teorías y búsquedas por entender los sistemas sociales en su esencia e integralidad, pero llevando a cabo en la práctica acciones e intervenciones claramente parciales y especializadas. En efecto, la mirada economicista de la planificación promovió una acción parcial que era insuficiente para enfrentar los problemas más complejos (ILPES, 1982) y estaba poco estructurada (Matus, 1983).
  • Se pusieron en evidencia sus débiles condiciones de factibilidad y el bajo nivel de implementación o  ejecución de  los  planes y El énfasis de los procesos de planificación estaba en formular diagnósticos extensos e integrales, cuya finalidad era comprender de forma exhaustiva  el  sistema que se buscaba intervenir. Aunque se establecían objetivos técnicamente claros y con posibilidades de ser eficientes, no se los vinculaba bien con las estrategias y las acciones. En la planificación no se analizaban las fuerzas o los actores sociales, y se asumía una separación entre el actor que planificaba y el que implementaba.

En los ejercicios de planificación que se llevaron a cabo en las décadas de 1960, 1970 y 1980, se entendía al planificador como un agente neutral y objetivo, externo a la realidad que se había de planificar. En   esas condiciones, los actores sociales, las comunidades, el mundo político e incluso el mismo sector público internalizaron poco los resultados y     los procesos, lo que afectó seriamente su capacidad de implementación (Matus, 1998).

A  inicios  del  siglo  XXI,  los  cambios  de  orientación  política  de los gobiernos de la región acompañaron nuevas transformaciones y presenciaron la aparición de un nuevo espacio político e institucional propicio a la planificación para el desarrollo. Este resurgimiento se dio obviamente en un contexto original que significa la presencia de rasgos y tendencias muy propios, diferentes de los prevalecientes durante el siglo XX.

Bla.nifiPcación y gestión pública para el desarrollo

Un primer ingrediente original de la planificación contemporánea deriva del hecho de que su resurgimiento no implica rechazar ni relegar los enfoques ni las herramientas desarrolladas durante las décadas previas. Hoy en día, la planificación y la gestión se entienden como piezas de un todo complejo. Dada su diversidad de orígenes y enfoques, la distinción y separación de ambas preserva sentido. No obstante sus diferencias, cada una de ellas  reconoce los aportes de la otra e intenta tender puentes e interconexiones.

La planificación para el desarrollo del siglo XXI es tributaria del legado     y de la permanente contribución de la gestión pública para el desarrollo.

Los años ochenta y noventa estuvieron acompañados por búsquedas e innovaciones que, entre otras cosas, dieron lugar a una significativa consolidación de la disciplina y la institucionalidad de la gestión pública, obligada a atender grandes y crecientes necesidades con cada vez menos recursos. Aparte de las nuevas mentalidades y enfoques propuestos, se pusieron en marcha valiosas herramientas propias de lo que más arriba se denominó nueva gestión pública. El reingreso de la planificación no desconoció esa tradición sino que, por el contrario, la asimiló, la integró y aprendió de ella. En este proceso de consolidación      y aprendizaje de la gestión pública y de su institucionalidad confluyeron diversas organizaciones multilaterales, entre ellas la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), así como la CEPAL, mediante el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).

A  través  de  las mencionadas  instituciones  se   promovió   el  uso  de  herramientas  como  la  planificación  orientada  a   resultados, el presupuesto por resultados, la gestión financiera, la gestión de programas y proyectos, y el seguimiento y la evaluación (BID/CLAD, 2007; García y García, 2010; García, Kaufmann y Sanginés, 2015). Este marco de la gestión por resultados y la creación de valor público acompañó las principales reformas de modernización de la gestión pública en el mundo durante las últimas tres décadas. En prácticamente todas las regiones del  mundo,  incluida  América  Latina  y  el  Caribe,  se implementaron reformas significativas destinadas a mejorar la eficiencia y la eficacia del gasto público,  en el  marco del  paradigma de la nueva gestión pública (Barzelay, 2001)2.

Por su parte, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) organiza su acercamiento  conceptual  al  accionar  del gobierno como un proceso de producción pública. Esta organización conceptual obedece a la lógica de la cadena de creación de valor público3 en el gobierno (véase el diagrama I.1), e impulsa, a través de la producción pública, resultados e impactos significativos para la ciudadanía, el sector privado y las generaciones venideras.

En esa misma perspectiva, estas instituciones  ayudan  a  precisar los desafíos que supone formular políticas públicas en la actualidad y a nutrir el debate acerca de la planificación y la gestión pública en la región. Los gobiernos enfrentan al menos cuatro desafíos importantes al formular políticas públicas: capacidad técnica insuficiente en el centro de gobierno4 para formular políticas y evaluarlas (ex ante y ex post); poca coordinación entre las políticas sectoriales, que da lugar a políticas inconsistentes e incoherentes; bajos niveles de impugnabilidad durante la formulación de las políticas, ya sea desde el Ejecutivo, desde el Legislativo o desde fuera del sector público, y desconexión entre la formulación y la implementación de las políticas. Más específicamente, se plantea que las instituciones de planificación, aunque pueden contar con capacidad analítica, no cuentan con suficiente influencia en las oficinas del Ejecutivo o en política presupuestaria (Banco Mundial, 2010, pág. 2).

En  estos  diagnósticos,  se  agregan  y  puntualizan  otros  temas    de central importancia. En donde se ha desarrollado la capacidad de monitoreo y evaluación de programas, por lo general se la ha circunscrito a proyectos y programas específicos, y no se ha alimentado de forma efectiva la formulación de nuevas políticas o la corrección de las antiguas. Tanto los parlamentos como los actores de la sociedad civil (movimientos sociales y espacios técnicos), aunque más fortalecidos para desarrollar y proponer alternativas de políticas, aún son débiles, también en su papel  de exigir rendición de cuentas de los gobiernos y autoridades sobre los resultados gubernamentales.

Los sistemas de gestión por  resultados  implementados  hasta ahora en la región han quedado, en buena medida, a nivel de proyectos

4      Por “centro de gobierno” se entiende la autoridad política en la cumbre del Poder Ejecutivo,      así como también las secretarías centrales (oficinas de gabinete y de planificación) y ministerios (hacienda) que brindan apoyo administrativo y técnico vital al centro.

y programas, desvinculados de las políticas sectoriales o nacionales de desarrollo, y superficialmente vinculados a las  metas  de  desarrollo  en los programas de gobierno o los  planes  de  desarrollo.  La  mayor  parte de la información disponible a través de estos sistemas está relacionada con los procesos y productos, y hace falta fortalecer la información sobre resultados e impactos sociales (CEPAL/GIZ, 2012).

Los sistemas de seguimiento de metas nacionales de las oficinas   del Ejecutivo aún son débiles: se brindan definiciones de los indicadores que a menudo son insuficientes y no se indica cómo contribuye a ellos el accionar de las agencias ejecutoras. Tampoco ayudan a paliar la inercia presupuestaria ni a mejorar la consistencia general de los programas de gobierno (Banco Mundial, 2010). Sin duda, un desafío actual es fortalecer el control de la calidad de las políticas públicas a través de un mejor delineamiento de la forma en que los ministerios y las agencias deben contribuir con las metas de desarrollo prioritarias de los países.

Cue. vasNsociedades, nuevos liderazgos, participación ciudadana y desafíos

Un segundo rasgo que contribuye a dotar de originalidad a la práctica de  la planificación para el desarrollo en los albores del siglo XXI se relaciona con los cambios sociales y políticos de la democracia contemporánea. Las democracias y los pueblos de la región, después de cerca de 25 años de relativa estabilidad, enfrentan grandes desafíos que comprometen e interpelan el papel de la planificación en la construcción de nuevos liderazgos.

En las últimas décadas han ocurrido profundas transformaciones sociales que han generado un nuevo contexto en  la  región.  Entre  las  más  relevantes,  pueden  mencionarse   los   procesos   de   urbanización, el incremento de los niveles de escolaridad, el cambio tecnológico, la terciarización  económica,  los  nuevos  grupos  medios,  y  los  procesos   de democratización y reprimarización productiva como respuesta a la demanda  creciente  que  proviene  de  países  emergentes  (China,  India   y otros).  Este nuevo contexto señala desafíos de Estado,  de gobierno y    de gestión pública que no deben escapar al ámbito de los intereses de la planificación para el desarrollo.

Un primer aspecto son las dinámicas simultáneas de cooperación y conflicto entre actores sociales, que son condicionantes, en gran medida, de las fronteras de posibilidad de la acción pública. Esta dinámica exhibe variaciones importantes tanto en lo temporal como en lo  espacial. De acuerdo con  diversos análisis recientes, este contexto,    o marco social, se caracteriza por una complejidad creciente, por

la emergencia de nuevos grupos o agentes sociales, y por profundos cambios en las actitudes y los valores individuales y sociales (Castells, 2012; Rosanvallon, 2008; Dubet, 2013).

A modo de evidencia, en la encuesta realizada por la Corporación Latinobarómetro en 2013,  se detecta una mayor  disposición a protestar  en la región. Aunque la ciudadanía declara no participar masivamente en organizaciones, sí asegura estar disponible para movilizarse de acuerdo con las circunstancias, lo que refleja una clara condición de activismo latente. “Este desarrollo de la participación habla de un sistema político con dificultades para entender las expectativas de la población y la dificultad de representarlas. Es un síntoma de la crisis de representación… Un conflicto puntual puede entonces gatillar en un país determinado una protesta sin aviso previo” (Corporación Latinobarómetro, 2013, pág.  42).  A tono con esta interpretación, en los resultados de 2016 se afirma: “La democracia tiene dificultades en lograr un apoyo mayoritario de la población en América Latina, entre otros motivos, por la percepción de que no se gobierna para la mayoría. Por el contrario, la población tiene la sensación de que se gobierna para el beneficio de unos pocos. Entre 2004 y 2011 aumentó del 24% al 36% la percepción que se gobierna para todo el pueblo, pero desde entonces el indicador viene bajando hasta llegar a sólo el 22% en 2016, la cifra más baja medida desde hace 12 años” (Corporación Latinobarómetro, 2016, pág. 33).

La participación ciudadana y las movilizaciones sociales buscan espacios en la región, como respuesta a estructuras de poder muy concentradas, dinámicas económicas no siempre competitivas en el mercado internacional, instituciones estatales relativamente débiles y poco legítimas, problemas de violencia, inseguridad ciudadana  y  exclusión  social (desigualdad y pobreza), niveles  de  participación  ciudadana limitados e irregulares, y mecanismos incompletos de reconocimiento institucional de las identidades culturales (PNUD, 2012, pág. 22). Gracias a la democratización, al avance en educación y al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, la población latinoamericana parece transitar a una fase de “plena conciencia de su situación y las injusticias que esta implica. Ya no se perciben las asimetrías sociales como normales, inherentes a un cierto orden teleológico del mundo” (PNUD, 2012, pág. 115).

Como parte de esta preocupación y en busca de salidas de política pública, la CEPAL y otros organismos multilaterales han venido trabajando en la promoción de políticas de gobierno abierto (véase el cuadro I.1). Estas se sustentan en la articulación de tres principios fundamentales:

  1. La transparencia, que supone proporcionar información sobre lo que está haciendo el gobierno, poner a disposición sus fuentes y bases de datos, y publicar los planes de actuación por los que

puede ser considerado responsable frente a la sociedad. Ello fomenta y promueve la rendición de cuentas ante la ciudadanía y un permanente control social.

  1. La participación, para promover el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la formulación de las políticas públicas y facilitar el camino para que las administraciones públicas se beneficien del conocimiento, las ideas y la experiencia de los ciudadanos, creando nuevos espacios de encuentro y diálogo que favorezcan el protagonismo, la implicación y la deliberación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
  • La colaboración, que significa comprometer e implicar a los ciudadanos y demás agentes sociales en el esfuerzo por trabajar juntos para resolver los problemas públicos, aprovechando el potencial y las energías disponibles en vastos sectores de la sociedad. Ello supone colaborar, cooperar y trabajar de forma coordinada, no solo con la ciudadanía, sino con las empresas, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil y demás actores, y da lugar a la labor conjunta dentro de las propias administraciones, entre ellas y con sus funcionarios a nivel transversal (Naser y Ramírez-Alujas, 2014).
    • En la gran mayoría de las visiones o estrategias se contemplan las metas de los
      • De gobierno: el Estado y el gobierno organizan la administración pública en niveles, con competencias, responsabilidades y atribuciones diferentes. En este proceso, y en la atención de sus  responsabilidades  a  través  de  la  planificación,  entran  en conexión e interactúan con otros niveles de gobierno. En algunos casos, esas relaciones están claramente definidas y son complementarias. En otros, puede haber ambigüedades, vacíosa planificación contemporánea exige procesos participativos en sus diversas fases de elaboración, implementación y evaluación.

        Estas circunstancias constituyen un llamado a que la planificación contribuya a construir liderazgos acordes a este contexto. Para ello, conviene apelar a Crosby y Bryson (2005), quienes definen liderazgo como la capacidad de inspirar y movilizar a otros para llevar a cabo acciones colectivas en la búsqueda de bienes comunes. Sugieren la necesidad de contar con ocho competencias básicas, de cuyo significado y contenido deben surgir desafíos para crear capacidades de planificación y gestión pública: capacidad de comprensión del entorno, de identificación de activos, de creación de visiones colectivas, de construcción de equipos productivos, de construcción de organizaciones efectivas, de toma de decisiones en ámbitos muy variados, de sanción de conductas antiéticas y de coordinación de objetivos estratégicos5

        DinámiDica y ciclos económicos, política pública y planificación para el desarrollo

        Un tercer ingrediente que forma parte de los rasgos originales de la planificación para el desarrollo de este ciclo se relaciona con las peculiaridades del modo como ha crecido la región. Se ha cerrado un ciclo económico expansivo con avances  en  lo  social y  con  estabilidad fiscal, monetaria y macroeconómica. Se está aún en un momento de desaceleración económica, tanto regional como mundial, y se abren interrogantes en materia macroeconómica, fiscal y de política social. La planificación para el desarrollo estará insoslayablemente condicionada por estos desafíos.

        Como fruto y parte de la dolorosa experiencia de las políticas de ajuste de los años ochenta y de las expectativas incumplidas de las políticas de liberalización de los años noventa, los países de la región construyeron contextos de operación estable en materia de moneda, tipo de cambio y cuentas fiscales. Más aún, como resultado de los nuevos énfasis de política pública en la década de 2000, se aportaron nuevas dimensiones a esta estabilidad, específicamente en lo concerniente al papel de las políticas de bienestar y protección sociales. Las bajas tasas de inflación, los niveles moderados de déficit fiscal, el significativo desendeudamiento público y la relativa estabilidad de los

        5 El ILPES, en cooperación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ofrece desde 2013 un curso sobre liderazgo público  y  desarrollo, que tiene el siguiente propósito general: transmitir las principales orientaciones conceptuales y de políticas públicas de las propuestas actuales de la CEPAL sobre cambio estructural con igualdad e integración, y generar una discusión en torno a los tipos de liderazgo que se necesitan en América Latina para llevar adelante una agenda latinoamericana. En el marco de la cooperación con AECID, se contemplan dos cursos más para el bienio 2016-2017.

        tipos de cambio ilustran con elocuencia los avances arriba mencionados. En lo social, el inicio del siglo XXI se acompañó de novedades prometedoras, como la caída pronunciada y sistemática de las tasas de pobreza e indigencia, sobre todo entre 2002 y 2008, la disminución de la desigualdad medida a través de los coeficientes de Gini informados en las encuestas   de hogares y, lo que es más significativo, el relativo desacoplamiento entre pobreza y ciclo económico.

        En efecto, desde 1980 hasta inicios de la década de 2000, la región no avanzó en la disminución de las tasas de pobreza, pues durante los años de recesión estas crecieron de forma acelerada y durante los de recuperación no disminuyeron en igual proporción. Entrado el siglo XXI, no solo se inició un proceso de caída permanente de las tasas de indigencia y de pobreza, sino que, a pesar del descenso del producto en 2009 por la crisis de las hipotecas de alto riesgo y, unos años más tarde, por el enfriamiento económico, se ha evitado el crecimiento de unas y otras (CEPAL, 2014a y 2015b).

        Este panorama general, sin embargo, ha venido cambiando (CEPAL, 2016c). El crecimiento mundial sigue sin recuperarse y el de la región se  ha hecho mucho más lento que el de la fase anterior. Este crecimiento bajo se ha acompañado de un crecimiento muy lento de la productividad, la inversión y el comercio exterior. El precio de las materias primas continúa deprimido, aunque con alguna recuperación de los combustibles, y se abren perspectivas de que se incrementen los costos financieros derivados de un posible aumento de las tasas de  interés  en  los  Estados  Unidos. Las políticas comerciales de países como los Estados Unidos podrían cambiar de manera significativa y aumentar así la incertidumbre sobre el comportamiento de los mercados externos para los países de la región. A pesar de estas dificultades, el gasto social del sector público entre 2010 y 2015 se ha mantenido e incluso aumentado levemente de 13,8% a 14,5% del PIB; no obstante, para 2016 se prevé mayor cautela por parte de los Gobiernos y eventuales caídas en este indicador (CEPAL, 2017d, pág. 17).

        La CEPAL (2016b) pone de presente los retos estructurales propios de un desafío que va más allá de la coyuntura e implica construir  un nuevo estilo de desarrollo, concordante con los desafíos planteados por la Agenda 2030 (véase la sección E). El deterioro continuado del panorama económico mundial confronta una región que no logró cerrar sus brechas estructurales de productividad, desigualdad, pobreza, género, territorio y sustentabilidad ambiental (CEPAL, 2016b, cap. V). Se propone una salida que conjuga corto y largo plazo, y articula un conjunto de estrategias alrededor de la idea mayor de un gran empuje ambiental para la igualdad  y sostenibilidad del desarrollo (CEPAL, 2016b, cap. VI). En esta propuesta se combinan estrategias globales, regionales y nacionales. Este último

        plano se aborda a través de una amplia gama de políticas y estrategias   que requerirán un Estado, una sociedad y una economía en convergencia de propósitos, todo lo cual implica que la planificación para el desarrollo habrá de asumir retos mayores, pues se contemplan tareas en múltiples planos, niveles y tiempos, como las siguientes (CEPAL, 2016b, pág. 146):

        • Espacio fiscal y planificación plurianual para proteger e impulsar la inversión pública
        • Política monetaria que otorgue igual prioridad a la estabilidad nominal y a la financiera
        • Política macroprudencial en el ámbito externo, especialmente en tiempos de gran liquidez
        • Ciudades inteligentes: expansión del sistema público de transporte e integración social
        • Aumento de la participación de las energías limpias en la matriz energética
        • Desarrollo de capacidades tecnológicas en tecnologías limpias
        • Creación de centros científicos de evaluación, apoyo a la implementación y acompañamiento de las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (INDC)
        • Retiro gradual de los subsidios a los combustibles fósiles
        • Impuestos a sectores y actividades intensivos en carbono
        • Incorporación de los costos ambientales en el costo de los créditos bancarios
        • Protección social universal
        • Cobertura universal en salud y educación

        El contexto global: transformación del mundo hacia 2030

        Un cuarto componente que dota de especificidad al contexto y la práctica de la planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe es la aprobación, en septiembre de 2015, de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estos acuerdos cristalizan una visión del mundo deseado, señalan las prioridades que se deben atender e incluso proponen estrategias y formas de conseguir los propósitos trazados.

        Como iniciativa global, la Agenda 2030 da continuidad al trabajo iniciado en 2000 con la Cumbre del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Durante los primeros 15 años de este siglo y teniendo como referencia los ya mencionados ODM,  los países de América Latina   y el Caribe en su conjunto (con notables diferencias entre ellos en lo que respecta a algunos objetivos) lograron avances importantes en materia de reducción de la pobreza extrema, el hambre, la desnutrición y la mortalidad infantil, y de un mayor  acceso al agua potable y a servicios mejorados      de saneamiento. No obstante, el progreso fue insuficiente en lo relativo      a la conclusión universal de la educación primaria, la paridad de género tanto en el empleo como en los parlamentos nacionales, la reducción de   la mortalidad materna, el acceso a servicios de salud reproductiva y la reversión de la pérdida de bosques (CEPAL, 2015a, pág. 8).

        La Agenda 2030 surge como iniciativa de los países, se entiende como un propósito universal (compromete a todos los países independientemente de su nivel de desarrollo), es multidimensional, integral e integrada: “En nombre de los pueblos a los que servimos, hemos adoptado una decisión histórica sobre un amplio conjunto de Objetivos y metas universales y transformativos, de gran alcance y centrados en las personas. Nos comprometemos a trabajar sin descanso a fin de conseguir la plena implementación de la presente Agenda de aquí a 2030. Reconocemos que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Nos comprometemos a lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones

        —económica, social y ambiental— de forma equilibrada e integrada. También aprovecharemos los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y procuraremos abordar los asuntos pendientes” (Naciones Unidas, 2015).

        Para implementarla y darle  seguimiento, se asume el compromiso  de construir una arquitectura institucional que involucra las escalas global, regional y nacional. En este último plano, a la planificación se le otorga un lugar central:  “Alentamos  a todos  los Estados Miembros a que  formulen  lo antes posible respuestas nacionales ambiciosas para la implementación general de la presente Agenda. Esas respuestas pueden facilitar la transición hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible y basarse en los instrumentos de planificación existentes, como las estrategias nacionales de desarrollo y desarrollo sostenible, según proceda” (Naciones Unidas, 2015).

        Asimismo, la CEPAL, a través de sus órganos subsidiarios (como es el caso del Consejo Regional de Planificación del ILPES), mantiene relevantes ámbitos de encuentro de expertos y encargados de tomar decisiones de la región, yconstituye una plataforma en la que es posible compartir experiencias,buenas prácticas y lecciones aprendidas, así  como  propuestas  innovadoras de políticas públicas (CEPAL, 2015a, pág. 85). Más específicamente, debe mencionarse la conformación y puesta en funcionamiento del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, cuya primera reunión tuvo lugar en mayo de  2017  en  México.  Este  Foro  crea una plataforma para que los países expongan sus avances, intercambien experiencias y aceleren sus procesos de aprendizaje (CEPAL, 2017a).

        Conviene reiterar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un acuerdo global que no sustituye los esfuerzos de planificación endógena  de los países y las entidades subnacionales, sino que plantea el desafío     de compaginar los grandes acuerdos globales con las prioridades que se identifican en el plano nacional y local. Asimismo, las 169 metas en que se desagregan los 17 ODS, en muchos casos deberán ser definidas con base en criterios nacionales, y constituyen pisos y no techos máximos.

        Este llamado a la transformación de los modos de vida y consumo, el carácter ambicioso de esta visión de futuro y su insistencia en la integralidad e indivisibilidad de la  Agenda  2030  y  los  ODS  significan un desafío insoslayable para la  planificación  como  herramienta  social  de conducción del cambio social. Ese conjunto y esa integralidad, sin embargo, dependen de lo que la misma Agenda 2030 admite y proclama: que cada país deberá hacerlo teniendo en cuenta su nivel de desarrollo y sus particulares condiciones institucionales, legales y políticas, principio que se denomina responsabilidades comunes pero diferenciadas. Como   se expondrá en la sección F, los retos de la planificación no son más que preguntas concretas, formas operativas de indagar si la planificación como medio y herramienta compleja contribuye o no a la constitución de esa indivisibilidad, en el respeto de las condiciones propias de cada país. Se entiende, por tanto, que esa unidad no debe ser solamente una declaración, sino una práctica. Para que lo sea, el medio a través del cual se la construye, es decir, la planificación, debe ser coherente con ella.

        Flanificación para el desarrollo: tres momentos en la mirada del ILPES, las funciones, los sistemas nacionales y los retos de

        la planificación para el desarrollo

        En esta sección se pretende mostrar la manera como el ILPES ha abordado algunos de los retos que la teoría y la práctica de la planificación para el desarrollo le han planteado durante este siglo. No obstante, lo más importante será exponer y explicar el contenido, el significado y la importancia de los pilares sobre la base de los cuales se mirará la práctica de la planificación en la región.

        Cada uno de los ingredientes o singularidades que se expusieron con anterioridad ha incidido sobre los enfoques  y  los  trabajos  que  se han desarrollado a lo largo del siglo. Por una parte, los enfoques y los contenidos de las publicaciones “Panoramas de la Gestión Pública” en general y, muy especialmente, las de 2014 y 2016,  hablan con elocuencia  de que existe una mirada integral, pero diferenciada, de la planificación y la gestión pública para el desarrollo. Los temas, las preocupaciones y las herramientas se entrecruzan y se retroalimentan, sin que ninguna de las dos perspectivas pierda su solidez ni su foco.

        De otro lado, el papel central de la participación, la transparencia, el liderazgo y la necesidad de construir patrones de trabajo que contribuyan a la producción de nuevos liderazgos se traduce en las actividades y la importancia que se les otorga a temas como el gobierno y el Estado abiertos (Naser, Ramírez-Alujas y Rosales, 2017), la planificación participativa (Sandoval, Sanhueza y Williner, 2015) y con perspectiva de género, así como en los cursos de nuevo liderazgo público desde 2013.

        En su tercer ingrediente, el análisis y la discusión acerca de los focos de la planificación, los temas permanentes y emergentes han seguido ocupando un lugar destacado en las preocupaciones de investigación, cooperación técnica y capacitación del ILPES. Algunos títulos que testimonian la importancia que se le da a esta comprensión son, entre otros, Lira (2006), Leiva (2012) y CEPAL (2013). En el cuadro I.2 se ilustra la amplitud y complejidad de la localización y el arraigo institucional de la planificación para el desarrollo en la región. Aparte de su diversidad, este andamiaje institucional tiene por lo general su fundamento en normas constitucionales y legales que perfilan su función estratégica. No obstante, es un hecho común a la mayoría de los casos que el órgano  rector de  la planificación  no sea más que la punta de un iceberg de inmenso tamaño y profundidad. Tener una mirada panorámica de este conjunto, de sus complejidades e interrelaciones, señala un nuevo foco de atención para el cual la teoría, la práctica y la institucionalidad deben aportar respuestas apropiadas con miras a garantizar su adecuada gestión, coherencia e impacto.

        Como es de esperarse, el cuarto componente ha tenido especial impacto en el trabajo más reciente y ha dado lugar a la constitución del observatorio regional de planificación y a la oferta de un conjunto de talleres y cursos con énfasis en la conexión entre planificación, gestión pública e implementación de la Agenda 2030 y los ODS.

         

        Como parte del esfuerzo del ILPES por comprender y consolidar     la planificación y la gestión pública para el desarrollo, interesa en este momento destacar aquellos trabajos que contribuyen más directamente a la construcción de los pilares del presente y de la investigación a la cual este dio lugar. En este pequeño conjunto de trabajos, la labor se centró en registrar y comprender las prácticas de la planificación para el desarrollo en los países de la región. En su secuencia temporal permite comprender, además, el modo en que el abordaje ha evolucionado y adquirido más complejidad. Vale mencionar tres momentos o antecedentes centrales. En primer lugar, el trabajo de Martin (2005), en donde se adopta un abordaje que destaca y explica las funciones de la planificación, a saber, prospectiva, coordinación, implementación y evaluación. En segundo lugar, el documento presentado al Consejo Regional de Planificación del ILPES en 2013 (Cuervo y Mattar, 2014), en el que, teniendo en cuenta la consolidación de una institucionalidad de planificación amplia y plural, con experiencias desde los sectores, las instituciones y los niveles de gobierno, se pone en evidencia la necesidad de entender el ejercicio de la planificación mediante el enfoque de sistemas. En ese mismo trabajo y momento se manifiesta que es necesario identificar un reto nuevo y desafiante para el gobierno de estos sistemas: el de gestionar las articulaciones variadas y complejas. De allí surge finalmente la aproximación que da lugar a este trabajo, el tercer momento, que consiste en determinar al menos cuatro grandes planos en el interior de los cuales se aborda y resuelve (o se deja de resolver) esta gestión de las articulaciones: la relación entre sectores, entre niveles de gobierno, entre plazos temporales, entre actores, y del ciclo de planificación y gestión en su conjunto (aprendizaje institucional).

        Como resultado de estos nuevos puntos de partida, se pone de manifiesto la necesidad de resolver un desafío organizacional,  que consiste en dar salidas adecuadas a la gestión de un sistema dinámico y complejo como este. Ya  no basta con aclarar las distintas funciones que   lo componen, ni con tener las herramientas que permiten manejarlas de forma articulada, sino que además ahora es indispensable preguntarse cuáles son las mejores formas y estrategias de mantener en marcha este complejo sistema y garantizar su funcionamiento eficiente, versátil, flexible y, lo que es aún más difícil, pertinente.

        Gl c.onEcepto de planificación para el desarrollo

        En esta sección se destacará la idea o concepto de planificación para el desarrollo que sirve de referencia para el trabajo de investigación cuyos resultados se presentan en este documento y que, de la misma manera, inspira la idea de los retos de la planificación.

        En primer lugar, de acuerdo con lo planteado en los diálogos ministeriales de planificación (Cuervo y Mattar, 2014), el concepto contemporáneo de planificación retoma sus aspiraciones originales y fundamentales, y las expresa en un lenguaje apropiado para el momento actual. Se propone así que la planificación es un acto político, una teoría y una disciplina para la creación de sentido (de pertenencia y de futuro) y la gobernanza multiescalar, intersectorial y pluritemporal del desarrollo.

        En lo político se entiende que la planificación tiene como uno de  sus propósitos centrales contribuir a la construcción de la idea que cada sociedad, en cada momento de su historia, tiene de lo que es el bien común. En este mismo sentido se pide que la planificación contribuya a construir liderazgos orgánicos, empezando por el suyo propio, sin el cual carecerá de la fortaleza que se le solicita. Se demanda, de igual modo, una reflexión teórica capaz de ponerse a tono con los desafíos del momento, indispensable para acelerar los procesos de aprendizaje y conocimiento     a través de la práctica. Se reclama la reconstrucción de escuelas e instituciones de formación de capacidades individuales y colectivas para su ejercicio y mejoramiento continuo.

        Su capacidad creadora de sentido expresa el desafío que se le impone a la planificación de aportar elementos para conjugar y coordinar los esfuerzos más plurales y diversos que provienen de los diferentes componentes de la sociedad. Algunos de esos componentes son de naturaleza inmaterial y simbólica, pero no por ello menos potentes.  Se trata de —sobre la base de   su creciente y siempre viva conciencia de los desequilibrios y las brechas sociales, políticas y económicas en medio de las cuales se mueve— contribuir a la construcción de imágenes amplias y legítimas del bien común: visiones que permitan crear un sentido de pertenencia alrededor de valores presentes o que deben construirse. Por esta razón, precisa también de un discurso y una narrativa política que ponga el acento ya no solo en lo inmediato y urgente, sino también en lo trascendente y estructural, que ayude a marcar rumbos y facilitar acuerdos para propiciar las transformaciones hacia un futuro mejor, con ayuda de la prospectiva. La planificación para el desarrollo, por tanto, debe contribuir a que se construya un sentido de pertenencia a un grupo humano, a una comunidad, pero también a un futuro colectivo. Como parte de este proceso, en el contexto actual, la planificación debe afirmar su compromiso de ponerse al servicio de la construcción de un mundo convergente con la visión de desarrollo sostenible hacia 2030 que se acordó de forma unánime en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.

        Los componentes anteriores perderían valor y sentido si no derivaran simultáneamente en la construcción o potenciación de capacidades para hacer realidad los acuerdos obtenidos. Por consiguiente, es indispensable que la planificación para el desarrollo disponga y se dote de una apropiada

        respuesta a los desafíos de gobernabilidad y gobernanza presentes en sus dos primeras características. Es por ello que se parte del reconocimiento  de la  asociación  indisoluble  entre  planificación  y  gestión  pública  para  el desarrollo. Se requiere, por tanto, de continuidad en la búsqueda de salidas de articulación, perfeccionamiento e innovación  permanente  de las herramientas, e insistencia en que pertenezca a un ciclo de inacabable retroalimentación  entre  planificación,  gestión,  coordinación,  evaluación y monitoreo de la política pública para el desarrollo. Se sugiere tomar conciencia de la complejidad de  las organizaciones y los sistemas en los  que está inmersa, con la exigencia que de ello se deriva de gestionarla adecuadamente. Se propone una búsqueda particular de estrategias que den cuenta de la muy básica necesidad revelada de encontrar formas novedosas de hacerle frente a los retos de desarrollo con perspectiva de largo plazo.

        Con estos parámetros, es claro que la planificación se entiende como un medio y no como un fin. Su propósito es contribuir a la construcción del desarrollo, entendido como una idea colectiva del deber ser social, de lo que la humanidad en general y los distintos grupos en los que ella se encuentra organizada pretenden para sí mismos como ideal y como visión de futuro.

        Se entiende que el medio (la planificación) y el fin (el desarrollo)  son un conjunto integral, en interacción y correspondencia mutuas. Si el desarrollo tiene como centro al ser humano, la planificación no podría tener un centro diferente. Si la democracia, la libertad, la igualdad y la justicia son pilares fundamentales de los derechos universales del ser humano,   en la planificación no tienen por qué estar ausentes, ni ser marginales o secundarios en su quehacer.

        Como se ha dicho, en este documento, la investigación toma como centro la planificación,  sus procesos,  sus procedimientos,  sus instrumentos y su ejercicio práctico. Los contenidos del desarrollo no serán el centro de atención. Lo central será examinar si las maneras a través de las cuales opera la planificación son coherentes con la construcción de los valores fundamentales y los principios del desarrollo. La mirada se enfocará  en las instituciones,  las normas, los procesos  y  las  herramientas  prácticas  que  se  utilizan  en la planificación, con lo que  se pretende  entender  si  ella,  como  plataforma de trabajo para la organización de un sistema complejo de interacciones, contribuye o no a construir esos valores y principios básicos del desarrollo.

        Het.os Ldoeslar planificación para el desarrollo

        En esta sección se presentan consideraciones generales que permiten entender cómo se han determinado los retos, así como también el contenido y las características generales de cada uno.

        Convertir en realidad la unidad, interdependencia e indivisibilidad del desarrollo —además de la visión planteada en la Agenda 2030— requiere poner en marcha procesos, procedimientos y sistemas de planificación que permitan gestionar las interacciones de forma adecuada. En esa gestión se confrontan obstáculos de muy diverso tipo, y es en respuesta a ellos que se han identificado los grandes retos de la planificación.

        Esos obstáculos son, a lo menos, de cuatro tipos:

        1. De conocimiento (cognitivos): la solución  a  los  problemas  del desarrollo requiere conocer sus causas, condicionantes, trayectorias y explicaciones. En esa búsqueda, la teoría y la investigación científica despliegan conocimientos cada  vez más especializados y profundos, con un impacto ambivalente. Contribuyen, por una parte, a conocer de forma más cabal y detallada los problemas y sus comportamientos, pero, al mismo tiempo, crean barreras a la integración de otros conocimientos especializados. Se requiere, sin embargo, integrar los distintos saberes especializados, no solamente los técnicos y los científicos, sino también los políticos y los La planificación, por tanto, confronta el desafío de superar estas barreras y propiciar el diálogo y el conocimiento integral que sirvan de base para generar acciones transversales de mayor eficacia.
        2. De organización: de forma semejante a lo cognitivo, atender los problemas y aplicar políticas públicas que los resuelvan significa, por lo general, construir organizaciones especializadas en su atención. Estas organizaciones adquieren su propio ritmo, operan recursos  y  medios  de  intervención  singulares, y tienden a distanciarse de otras, aunque les sean afines. Esta especialización organizacional tiene un  impacto  doble,  pues  al mismo tiempo que aumenta la eficacia de las acciones y las soluciones, hace más difícil la interacción con otras que, por su carácter y relevancia, pueden ser indispensables para mejorar la calidad de las acciones y sus resultados. La planificación,   por tanto, confronta en este sentido el desafío de contribuir a conjugar los esfuerzos interinstitucionales e
    • y contradicciones cuya resolución sea indispensable a la hora de mejorar la calidad de la acción pública y de sus resultados. Por esta razón, la planificación confronta la necesidad de resolver adecuadamente las interacciones entre los diferentes niveles territoriales (nacional, intermedio y local).

      1. De plazos: la atención de los problemas del desarrollo implica también llevar a cabo acciones con plazos muy diferentes y diversos. Construir plantas hidroeléctricas, por ejemplo, implica plazos que se cuentan en decenios, mientras que la atención de catástrofes y emergencias requiere de acciones inmediatas. Además, los diferentes actores que intervienen en la gestión y  la política públicas pueden actuar con horizontes muy diversos. Para el responsable político es indispensable hacer visibles los resultados en plazos muy cortos, mientras que para los técnicos y los administradores, las soluciones y los resultados pueden tomar más Finalmente, actividades como la planificación y el presupuesto suelen trabajar en horizontes contrapuestos. Mientras la primera reflexiona y actúa en plazos largos, la acción de la segunda se organiza en plazos anuales. Por consiguiente, para la planificación, gestionar la integralidad significa también procurar que se armonicen los distintos ritmos temporales, así como las perspectivas de corto, mediano y largo plazo.

      Estos obstáculos operan de muy diversas formas y en muy diversos planos. Los desafíos de la planificación que se plantean a continuación  son algunos de los planos que se han identificado y constituyen,  por  tanto, una manera concreta y operativa de indagar la manera como los países han intentado construir procesos integrales e integrados. También hacen posible establecer un diálogo entre los obstáculos previamente mencionados y la forma práctica de resolverlos. Estos retos o desafíos son los siguientes:

      • El reto o desafío de la pluritemporalidad

      Las intervenciones  y  la  acción  públicas  tienen  diversos  plazos  de maduración y distintos lapsos para generar impactos. Además, los actores poseen diferentes racionalidades y lógicas de legitimación que también imponen variedad en el plazo y la velocidad de sus acciones.       Se ha denominado reto de pluritemporalidad a la manera como se da respuesta a la conjugación de esta diversidad de plazos (largo, mediano, corto y coyuntural) en cada sistema. En los estudios de caso y a lo largo  del análisis, se intenta conocer las formas de definir y los mecanismos que permiten articular los diferentes horizontes temporales —largo, mediano y corto plazo— presentes en el ejercicio de la planificación para el desarrollo, así como en su coordinación con la puesta en práctica. Se pregunta acerca de cómo opera el diálogo —a veces conflictivo— entre lo urgente y lo trascendente, entre lo coyuntural y lo estructural, entre el quehacer del gobierno y las políticas de Estado.

      • El reto o desafío de la multiescalaridad y la planificación entre niveles de gobierno

      Se planifica desde diversos niveles y escalas de gobierno: nacional, intermedio y local. Las competencias, los recursos, las atribuciones, así como los actores y las expectativas comprometidas, son muy variados y en ocasiones contrapuestos. Por consiguiente, de la gestión de estas diferencias y complementariedades depende la posibilidad de garantizar la unidad de esfuerzos y la convergencia de las acciones. A este se lo ha llamado reto de la multiescalaridad. En los estudios de caso y en el análisis que de ellos se deriva, se busca comprender las formas de definir y coordinar las distintas escalas territoriales de la planificación  y  la  gestión  para  el  desarrollo. Es decir, se pretende conocer los mecanismos de diálogo, negociación y resolución de conflictos entre diferentes niveles del Estado.

      • El reto o desafío de la intersectorialidad

      Se planifica desde lo sectorial e institucional,  al  mismo  tiempo  que desde lo nacional. La conjugación necesaria entre los procesos de planificación más especializados y los más generales demanda un esfuerzo particular en planos muy diversos: información, lenguaje y comunicación, concertación y diálogo. Por tanto, es central observar cómo se maneja la relación entre las perspectivas sectoriales y las integrales. A este se lo ha denominado reto de la intersectorialidad. Se intenta reconocer las formas de definir y los mecanismos mediante los cuales se interrelacionan las aproximaciones especializadas  y  sectoriales  con  las  más  transversales  e integrales. En los estudios de caso y en el análisis y la interpretación resultantes, se busca comprender cómo se articulan y retroalimentan entre sí los planes, las políticas sectoriales (por ejemplo, de la agroindustria, la manufactura y la educación) y los temas (por ejemplo, ciencia y tecnología, y competitividad), así como entre ellos y la visión estratégica global.

      • El reto o desafío de la integración de los diversos actores y agentes sociales (Estado, sociedad, mercado)

      Es conocida y evidente la heterogeneidad de valores e intereses presente en la diversidad de actores que participan en los procesos de planificación y de gestión pública. Es este, en el fondo,  el reto mismo       de la democracia y depende de cómo se movilice la participación y el diálogo entre múltiples actores. En los estudios de caso y en sus análisis, se pretende conocer las distintas formas de participar en los diferentes procesos de planificación y en sus diversas fases.

      • Elretoodesafíodelaevaluaciónyelseguimiento,elaprendizaje y la articulación entre planificación e implementación

      Se ponen en marcha sistemas de evaluación y seguimiento para acompañar los procesos de planificación, y como mecanismo de diálogo    y retroalimentación entre esta y la puesta en práctica de las políticas, los programas y los proyectos. En los estudios de caso y en sus análisis, se procura determinar de qué formas se conjugan estas dos fases del ciclo de la acción pública, así como la manera en que se registran los aprendizajes y se los utiliza para corregir errores y mejorar procesos.

      Indagar las formas en que  la  planificación  resuelve  los  desafíos de la multiescalaridad, la pluritemporalidad, la intersectorialidad, la participación y el aprendizaje trasciende el nivel estrecho de las técnicas    y remite a la pregunta mayor  acerca de la capacidad práctica, concreta       y efectiva que permite al medio (la planificación) responder al fin (el desarrollo), ser coherente con él y contribuir a alcanzarlo.

      Capítulo II

      Las experiencias estudiadas y la metodología empleada 

      El objetivo de este capítulo es exponer los criterios que guiaron la selección de las nueve experiencias que se estudiaron. Además, interesa explicar la metodología que se siguió, así como las posibilidades y limitaciones que de ella se derivan.

      Al c. onEtexto

      En esta sección se presentan las características generales de las nueve experiencias estudiadas en 2014 y 2015. Este estudio fue posterior a los diálogos ministeriales de planificación de 2013, y en él se tomó como base la identificación de cinco dimensiones alrededor de las cuales es posible comprender los desafíos contemporáneos que la planificación para el desarrollo confronta en la región: las tres primeras atañen principalmente al diseño de los planes, mientras que las dos últimas se refieren de forma más específica a su implementación.

      A cada caso (país), se le plantearon estos retos de la planificación como punto de referencia del trabajo que se asignó a los especialistas. Sin embargo, no se les encargó que exploraran el conjunto de estos retos, sino que se les indicó  una  experiencia  específica que debía ser su objeto de estudio. A través de esa experiencia o caso, el o la investigadora debía  indagar la  manera como  el  país había resuelto  o estaba enfrentando en la práctica cada uno de los desafíos de la planificación. Por consiguiente, no se buscaba que se describiera el sistema de planificación, su institucionalidad ni su  historia,  sino  que la labor se centrara en describir, analizar e interpretar una experiencia específica.

      Además, se quiso que cada caso o experiencia fuera especialmente ilustrativa de la manera en que cada país confrontaba algunos de los retos de la planificación. Por tanto, el equipo del Instituto Latinoamericano  y  del  Caribe  de  Planificación  Económica y Social (ILPES) identificó en lo previo experiencias que tuvieran relación sobre todo con alguno de los dilemas o retos, que pudieran ilustrar la práctica de la planificación en la región y que a la vez ofrecieran elementos que otros países pudieran tomar en cuenta. Dadas las características de  la  investigación,  así  como  la  diversidad y  heterogeneidad  de  los sistemas  de   planificación  de   la   región,  no se pretende hacer generalizaciones ni extraer lecciones o recomendaciones categóricas para el conjunto de los países.

      Al seleccionar los casos, no se pretendió evitar esa  diversidad, sino reflejarla. Por tal razón, se incluyeron países federales y de territorio amplio, como la Argentina, el Brasil y México, economías medianas y unitarias, como Colombia y Chile, así como naciones más pequeñas, como el  Ecuador  y  Guatemala. Además,  del  Caribe se incluyeron Cuba y la República Dominicana, cuyos rasgos característicos en materia de planificación son similares a los de los países continentales, aunque también comparten sesgos con los países del Caribe de habla inglesa

      Esa diversidad también se refleja en las condiciones y características institucionales de la planificación en cada uno de estos países, tal y como se ilustró previamente en el cuadro I.2. Colombia cuenta con una entidad de planificación nacional adscrita a la Presidencia de la República, mientras que Chile no tiene un ministerio o entidad nacional de planificación. Después de un virtual abandono en los años noventa, el Ecuador y Guatemala, por su lado, reactivaron las instituciones y funciones de planificación una vez entrado el siglo XXI. Después de casi dos décadas   de ausencia de planes de mediano plazo, Cuba, por su parte, ha llevado a cabo una planificación económica de características muy singulares y, en este momento, está avanzando para apoyar la actualización de su modelo económico. Por último, la República Dominicana ha construido una sólida institucionalidad destinada a la planificación, con liderazgos, voluntad política y visión de largo plazo, y ha impulsado procesos de crecimiento que son de interés para el conjunto de la región.En los planes más recientes se incorporan los ODS (Colombia, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018) o, si los planes se formularon antes de septiembre de 2015, se los adecúa para acomodarlos a la Agenda  en ese mismo sentido, la CEPAL ha llamado la atención sobre la necesidad de redefinir las relaciones entre Estado, mercado y sociedad, en una nueva ecuación que sea funcional a un desarrollo inclusivo, sostenible e igualitario (CEPAL, 2010, 2012b y 2015c), y en el que la participación ciudadana sea fundamental, pues a la fecha, la disputa, los disensos y los consensos se han producido principalmente entre el Estado y el mercado.

      Recuadro II.1 Planificación en el Caribe

      El desarrollo de la región del Caribe enfrenta problemas específicos, algunos similares a los de  América  Latina,  pero  otros  muy  distintos  de  los  retos  de la región; ello se refleja en la orientación y el énfasis de las políticas y la planificación, que se complementan para resolver tales retos. La sostenibilidad del desarrollo es prioridad de los países caribeños, ahora fortalecida por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que puede convertirse en estímulo para resolver problemas añejos y nuevos del desarrollo caribeño, como lo son el riesgo frente a los desastres provocados por los fenómenos naturales, los efectos del cambio climático, la sostenibilidad del turismo como palanca del crecimiento  y la reducción del peso de la deuda externa.

      En función  de  las  características  económicas  y  geográficas  de  los países caribeños, hay principios comunes en cuanto a la visión nacional y la planificación: el énfasis en el crecimiento verde, el desarrollo del turismo como actividad motora de la economía y el fomento económico a través de la mejora de la conectividad física y el funcionamiento de las empresas pequeñas.

      Varios países ponen énfasis en un ambiente ecológico, con una correcta preservación de la biodiversidad. Este punto se relaciona sobre todo con el turismo, puesto que es la actividad económica que en la mayoría de los países absorbe la mayor parte del PIB. El turismo provee uno de cada seis empleos en el Caribe, lo que se refleja en el peso que las políticas y la planificación le dan a este sector. Se pueden citar, a modo de ejemplo, la Ley de Protección y Gestión Ambiental del Ministerio de Salud y Medio Ambiente de Antigua y Barbuda, o el Plan Estratégico de Desarrollo 2030 de Granada, en el que también se destaca  el objetivo de preservar y desarrollar un entorno natural ecológico para lograr  una planificación eficaz y sostenible. Belice establece estrategias turísticas detalladas en el Plan Maestro Nacional de Turismo Sostenible para 2012-2030. En el caso de Suriname, aunque cuenta con una economía muy dependiente   del exterior, tiene establecido el Plan Nacional de Acción por la Biodiversidad, a través de la implementación de estrategias sostenibles.

      En la visión de Belice hacia el año 2030, se espera un desarrollo sostenible con base en la colaboración entre el sector público, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. Dicho tema también se aborda en Dominica, donde se ha estipulado el objetivo de establecer el marco para el crecimiento sostenible y las transformaciones en el período que va de 2014 a 2018, es decir, durante la aplicación de la Estrategia de Crecimiento y Protección Social. En Guyana, el crecimiento bajo en carbono ya ha adoptado la forma de estrategia gubernamental, con el objetivo de combatir el cambio climático.

      La geoeconomía también juega un papel en las estrategias de desarrollo: dada la localización de los países caribeños en la parte  central  de  las  Américas,  consolidar  su  posición  como  un  centro  de  conectividad  puede  ser una estrategia importante. En el Plan Estratégico de Desarrollo 2030 de Granada se pone énfasis no solo en lo ecológico, sino también en lo logístico; precisamente, uno de sus principios es fomentar la logística y el comercio en busca de un posicionamiento regional que promueva la conectividad.

      En el marco del objetivo global de lograr una economía más dinámica y diversificada, el Plan Nacional de Desarrollo Visión Jamaica 2030 contiene una visión bien detallada y específica del país en el futuro, junto con un programa gubernamental de medio plazo, que incluye un sistema de monitoreo y evaluación de los indicadores y los 62 objetivos nacionales. El nuevo paradigma de la planificación en Jamaica comprende un modelo de prosperidad y creación de formas de capital más sofisticado, mayor valor agregado en la producción y las exportaciones y, por último, una cultura favorable a la innovación. En el Plan Nacional se privilegia la participación ciudadana, lo cual es un buen ejemplo del avance cualitativo de la planificación en esta subregión.

      Cada  una de  estas  experiencias   se   describió   en   detalle,   y su resumen se presenta en el anexo A1. Sin embargo, no es cada experiencia o cada caso tomado como unidad lo que constituye  el  centro de la exposición de los resultados. Como se dijo previamente, se identificaron dimensiones y preguntas transversales que  se  aplicaron al análisis de cada caso y sirvieron para establecer comparaciones y extraer algunos aprendizajes, vacíos y desafíos. Sobre la base de estas dimensiones y grandes preguntas se organiza la exposición de los resultados en el resto del documento. Se espera, además, exponer esta evidencia pensando en su posible vinculación con la Agenda 2030 y en la identificación de algunas sugerencias de política.

        experiencias estudiadas

      En la selección de los estudios de caso se tomó en consideración el tipo de experiencia, su pertinencia respecto de los retos, el que hubiera información y evidencia empírica, así como la posibilidad de obtener aprendizajes que fueran de utilidad para otros países. Los casos escogidos no constituyen, sin embargo, una muestra construida con los criterios de la representatividad estadística. Se abarcó el mayor número de casos, con el presupuesto y el tiempo disponibles, y se identificaron prácticas que fueran de interés (desde la perspectiva de los retos de la planificación) para el conjunto de los países de la región. Los países seleccionados y los retos de la planificación que se relacionan con cada uno de ellos se muestran en el cuadro II.1. Aunque en cada estudio de caso se hizo énfasis en el reto que se enuncia en la tercera columna, también se consideraron los demás1.

      En esta selección se ha tenido que sacrificar la posibilidad de realizar un análisis homogéneo y directamente comparable de  los  temas. La comparación e interrelación se establece, más bien, a través  de las preguntas abordadas. Por consiguiente, la tarea de comparar y generalizar se hace más difícil. No obstante esa dificultad, el beneficio de la opción que se adopta deriva de la posibilidad de conocer cada caso en su singularidad y detalle, lo que aporta gran riqueza a su comprensión y al reconocimiento de lecciones y aprendizajes.

      1 Los estudios de caso se realizaron en 2015 y se procesaron en 2015 y 2016. En algunos países, los planes y programas analizados pueden haber perdido impulso por diferentes motivos, por ejemplo, cambios de administración. Aun así, los casos siguen teniendo validez para ilustrar diferentes etapas o momentos de la planificación reciente en la región.

       Brasil  “A retomada do planejamento governamental no Brasil e a experiência recente (2007 a 2014) do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento)”

      Chile  “La coherencia entre la planificación del largo y corto plazo: el presupuesto orientado a resultados en Chile. Estudiode caso”

      Colombia  “El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados de Colombia: SINERGIA. Estudio de caso”

      Cuba “El desafío de Cuba: extender el mercado, desarrollar la planificación”

      Ecuador  “La Estrategia Territorial

      Nacional. Ecuador. Estudio de caso”

      Se presentan los elementos del Plan Estratégico Territorial (PET), principal instrumento nacional de planificación del desarrollo y ordenamiento territorial desde 2004. Se describe el avance de las tres fases del PET y luego se analizan sus logros, mencionando casos específicos y resultados exitosos, para finalmente plantear los desafíos de cara al futuro.

      Reto en que se hace énfasis: multiescalaridad

      Se describen el origen, el desarrollo y los contenidos del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) del Brasil, así como los resultados logrados y las perspectivas futuras.

      Reto en que se hace énfasis: intersectorialidad

      Se describe el sistema de planificación chileno, abordando en primer lugar la planificación de largo plazo y, luego, el sistema de seguimiento y control de gestión. Posteriormente, se identifican las fortalezas y debilidades de ambos sistemas,

      y se formulan conclusiones y recomendaciones en relación con cada uno.

      Reto en que se hace énfasis: pluritemporalidad,

      y evaluación y seguimiento

      Se exponen la historia y el marco legal, institucional e instrumental del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA), y luego se analiza el caso colombiano desde la perspectiva

      de la aplicación de las mejores prácticas enunciadas por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de gestión

      y presupuesto por resultados. Se complementa el análisis con las fortalezas y debilidades

      de la experiencia en planificación del  país.

      Reto en que se hace énfasis: evaluación y seguimiento

      Se destaca la importancia de la planificación en el nuevo contexto económico de Cuba, en el que se reconoce la consideración del  funcionamiento  de los mercados. Se describe la relación histórica entre

      la planificación y la economía nacional, y se concluye con propuestas para institucionalizar el uso de la prospectiva estratégica en el diseño y análisis de

      las políticas.

      Reto en que se hace énfasis: multiescalaridad

      y pluritemporalidad

      Se exponen los principales componentes de la Estrategia Territorial Nacional del  Ecuador,  que es parte del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 del Gobierno Nacional de la República

      del Ecuador. Se describen los elementos centrales de la estrategia, se presenta un análisis del nivel  de ejecución hasta la fecha, y se exponen las conclusiones y los desafíos que plantea su  correcta implementación.

      México             “Planeación multinivel y los retos de su compatibilización. México. Estudio de caso”

      Se describe en detalle la formulación del Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032, en sus distintas fases (diagnóstico, diálogos ciudadanos y planificación), identificando las buenas prácticas y las lecciones aprendidas, así como los desafíos planteados por los mismos actores que participaron en el proceso.

      Reto en que se hace énfasis: pluritemporalidad

      Se describe la evolución del sistema de planeación multinivel de México, a partir del documento rector, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y se expone su vinculación con los planes sectoriales y estatales, considerando dentro del sistema el presupuesto federal y el sistema de evaluación de resultados.

      Se presentan los instrumentos y sistemas, se caracterizan sus elementos, con énfasis en el reconocimiento de buenas prácticas, y, por último, se hacen propuestas sobre los aspectos que se considera necesario mejorar.

      Reto en que se hace énfasis: multiescalaridad

      República Dominicana

      “La planificación de mediano plazo en el sector público dominicano. El Plan Nacional Plurianual del Sector Público”

      Se expone la experiencia de formular el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013-2016  de la República Dominicana, en el marco de su Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030: Un viaje de transformación hacia un país mejor, y se describen sus principales elementos. Se identifican sus fortalezas y debilidades, y se plantean los desafíos futuros.

      Reto en que se hace énfasis: pluritemporalidad y multiescalaridad

      Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de M. Armijo,     “La coherencia entre la planificación del largo y corto plazo: el presupuesto orientado a resultados en Chile. Estudio de caso”, Santiago, CEPAL, 2015, inédito; A. Barrera y N. Novillo, “La Estrategia Territorial Nacional. Ecuador. Estudio de caso”, Santiago, CEPAL, 2015, inédito; V. Chanquín, “Guatemala: la experiencia de formulación del Plan Nacional de Desarrollo K’atun: ‘Nuestra Guatemala 2032’. Estudio de caso”, Santiago, CEPAL, 2015, inédito; O. Fernández, “El desafío de Cuba: extender el mercado, desarrollar la planificación”, Santiago, CEPAL, 2015, inédito;

      1. Gracia, “El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados de Colombia: SINERGIA. Estudio de caso”, Santiago, CEPAL, 2015, inédito; L. Pugliese, “El Plan Estratégico Territorial. Argentina. Estudio de caso”, Santiago, CEPAL, 2015, inédito; C. Ruiz, “Planeación multinivel y los retos de su compatibilización. México. Estudio de caso”, Santiago, CEPAL, 2015, inédito;
      2. Sotelo, “La planificación de mediano plazo en el sector público dominicano. El Plan Nacional Plurianual del Sector Público”, Santiago, CEPAL, 2015,  inédito;  J.  Cardoso  y  C.  Navarro,  “A retomada do planejamento governamental no Brasil e a experiência recente (2007 a 2014) do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento)”, Santiago, CEPAL, 2015, inédito.

      En  esta  medida,  se  documenta  un  amplio  conjunto  de  datos   en materia de planificación para el desarrollo, en ámbitos como las organizaciones que participan, los enfoques que se siguen, los procesos que se desencadenan, las herramientas y los métodos que se utilizan, las normas constitucionales y  legales,  así  como  las  disposiciones  jurídicas o políticas transitorias, que les dieron  sustento,  e,  incluso,  algunos  de los resultados conseguidos. En la base de estas realidades hay procesos políticos, sociales y legislativos complejos que no se registraron ni se describieron. Por razones de alcance y recursos, esta tarea escapó al alcance de la investigación. Teniendo en cuenta lo anterior, los aprendizajes se extrajeron tanto del registro, la organización y la conjugación de las evidencias y los hechos visibles, como de la apreciación, en este caso más conjetural e interpretativa, de los procesos políticos, sociales y de liderazgo que puedan estar en su base.

      Los resultados no se presentan tomando cada caso o experiencia como referencia, sino que se organizan en torno a los retos de la planificación. El análisis de cada reto culmina con la presentación de algunas interpretaciones de conjunto2.

      1e.to deEllar pluritemporalidad

      En los casos de Guatemala y la República Dominicana, se estudian iniciativas relacionadas con el reto de la articulación pluritemporal de la planificación. En Guatemala, se analiza el diseño y la implementación del Plan K’atun 2032, y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo de Mediano Plazo. Los elementos que se destacan son el diseño participativo de los instrumentos, la dimensión territorial del plan y las preguntas que se abren para adecuar el andamiaje institucional de largo y mediano plazo al ciclo de políticas públicas.

      El estudio de la República Dominicana da cuenta del diseño y la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, y su articulación con el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013-2016. Esta iniciativa, que se inicia a partir de la creación por mandato constitucional del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública en 2006, ha enfrentado parte importante de los dilemas  relativos  a  cómo articular la dimensión temporal de los planes, las políticas y los programas, lo que la hace un referente valioso para ejercicios similares  en otros países de la región.

      El estudio de caso de Cuba  apunta a la recuperación del ejercicio   de la planificación de mediano y largo plazos, después de dos décadas      de priorizar la gestión de la coyuntura. El texto aporta elementos sobre la necesidad de incorporar al mercado en la práctica de la planificación, lo que, de acuerdo con el Gobierno, debe hacerse teniendo en cuenta la tutela y el liderazgo del Estado, con el fin de mantener los objetivos de igualdad y bienestar social que el mercado difícilmente garantizaría.

      2  Junto con los estudios de casos se contó con otras referencias útiles como: Cuervo y Mattar  (2014), CEPAL (2014b), CEPAL/GIZ (2015), y otros documentos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y estudios de organismos internacionales como OCDE (2016) y García, Kaufmann y Sanginés (2015), entre otros.

      2e.to deEllar multiescalaridad

      Respecto de la perspectiva territorial, interesa determinar si las prácticas de planificación en los niveles nacionales y subnacionales tienden a la especialización o a la integración. También interesa establecer si hay continuidad en los compromisos que se establecen en los objetivos, o si estos cambian de acuerdo al Gobierno existente. Estos temas se abordan más que nada a partir de los estudios de la Argentina, México y el Ecuador.

      Se analiza el Plan Estratégico Territorial (PET) de  la  Argentina que, al no existir un plan nacional de desarrollo, se constituye en el eje rector de la planificación gubernamental y coordinador de los objetivos nacionales de desarrollo y de las provincias. El estudio contribuye a dar cuenta de algunos retos que la planificación enfrenta en la actualidad a     la hora de promover  el desarrollo, superar las desigualdades, contribuir   al diálogo intersectorial o abordar múltiples escalas de intervención en lo geográfico y lo jurisdiccional. Este caso se enmarca de forma específica en la concepción multiescalar de la planificación.

      En el caso del Ecuador, se aborda la experiencia de la Estrategia Territorial Nacional, concebida como la herramienta de ordenamiento territorial del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. A través de la Estrategia Territorial Nacional, se orienta la implementación de las políticas públicas en el territorio y se asegura su pertinencia. En esta iniciativa se identifican desafíos relativos a los niveles del Gobierno y de otros actores que actúan en el territorio. Esta estrategia considera el territorio como una construcción social de carácter multidimensional y dinámico, y permite articular la política pública nacional con las condiciones y características propias de este.

      En el estudio de México, se analiza la planeación multinivel y los retos que supone compatibilizarla, describiéndose los diversos arreglos institucionales que han permitido implementar los procesos de planeación de largo y mediano plazo definidos a nivel nacional y subnacional (a partir de reformas clave en el ámbito político y económico). La institucionalidad del Gobierno de México no contiene una entidad de planificación nacional pero, en la presente administración, la dimensión regional del desarrollo se ha fortalecido desde el nivel ministerial, como reconocimiento de las fuertes disparidades que hay en el desarrollo territorial y, por ende, de la necesidad de avanzar hacia un desarrollo regional armónico.

      3e.to deEllar intersectorialidad

      En el ámbito relativo a la dimensión sectorial, se analiza cómo se articulan los objetivos definidos a nivel nacional y de los sectores. Se detallan experiencias relativas a la ejecución de las políticas, los programas

      y los proyectos sectoriales y, en algunos casos, a su financiación. Se describen los desafíos presentes en los diseños institucionales, las prácticas presupuestarias, la gestión de las inversiones y la evaluación. En términos generales, interesa determinar qué posibilidades y limitaciones tiene la acción especializada frente a la integralidad de la planificación en su dimensión nacional y sectorial.

      En el estudio de caso del Brasil, se estudia la experiencia del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que  es  el  plan  nacional de inversión en infraestructura, y su rol como  instrumento  para promover la reactivación económica a través de una iniciativa de planificación y coordinación intergubernamental impulsada desde la Presidencia de la República.

      4e.to deEllar participación

      Este es el único de los retos para el cual no se seleccionó ningún caso ni experiencia específica. Se lo trató, más bien, como un componente que atravesaba el conjunto de los casos y, cuando el análisis arrojó información pertinente, se lo presentó como parte de los resultados.

      5e.to deEllar evaluación y el seguimiento: acumulación de aprendizajes

      En los casos de Chile y Colombia, se analizan los sistemas de evaluación como parte integrante de los procesos de planificación. Constituyen dos  de las experiencias con mayor trayectoria en la región en este ámbito. En Chile, la característica principal del proceso de planificación gubernamental es que se centra en el nivel ministerial o meso, y se vincula con el proceso presupuestario a partir del sistema de la evaluación de resultados y el control de la gestión. En efecto, dicho sistema se articula con procesos de planificación institucional a nivel de los ministerios, con un fuerte énfasis en el mejoramiento del desempeño de los servicios públicos.

      Colombia aporta la experiencia de uno de los componentes centrales de su sistema de planificación, el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados (SINERGIA), que se constituye en la herramienta estratégica para la toma de decisiones en varios ámbitos de política pública. Su perspectiva territorial y la incorporación gradual de un sistema de evaluaciones de programas contribuyen elementos fundamentales para analizar los tres desafíos de la planificación que se mencionaron.

      Capítulo III

      El reto de la pluritemporalidad, o la conjugación de tiempos y plazos1

      En este capítulo se aborda el análisis de las experiencias desde la perspectiva de la conjugación entre tiempos y plazos, así como sus desafíos y aprendizajes. Los actores o agentes que participan en los procesos de planificación y de gestión para el desarrollo poseen horizontes temporales diferentes: para el político, puede ser su período de gestión o ejercicio; para el técnico, puede ser la duración y los plazos de maduración de los procesos que están a     su cargo, y para los sujetos sociales, dependerá de la inmediatez de las necesidades que estén en juego. Por tanto, conversar sobre esa diversidad de plazos y perspectivas de tiempo, además de conjugarlos y articularlos, es una tarea insoslayable si se quiere no solamente atender las necesidades legítimas que cada uno de ellos representa, sino también lograr que tengan la coherencia, coordinación o armonía deseada.

      Aunque la experiencia de los países de la región presenta muchos contrastes, el mediano plazo se ha consolidado como referencia temporal con peso técnico e institucionalidad. Sin embargo, ha emergido un interés muy significativo en la elaboración de visiones y planes de largo plazo que, entre otras cosas, revela una búsqueda por identificar y poner en marcha políticas de largo plazo que trasciendan los límites temporales de cada período de gobierno y se articulen con las aspiraciones estratégicas de cada sociedad nacional. En ocasiones, aunque no en todos ni en la mayoría de los casos, en estas miradas de largo plazo se utilizan enfoques que se

      1 En este documento se entiende como mediano plazo aquel que coincide con un período de gobierno, como largo plazo el que lo supera, y como corto plazo el que es inferior.

      alimentan de la prospectiva. No obstante, todavía hacen falta mecanismos y puentes consolidados de articulación con la política pública y su puesta en práctica (Rodríguez y Cuervo, 2014). El peso del corto plazo es muy importante y sigue  poniendo  en  tensión  las  lógicas  del  presupuesto  y la planificación. Aunque hay mucho por avanzar y aprender sobre las formas de lograr una  adecuada  integración  entre  estas  dos  lógicas  de la acción pública, se han puesto en movimiento herramientas que están contribuyendo de forma positiva.

      Al m.  edEiano plazo como pilar y columna vertebral

      El ejercicio de planificar en plazos correspondientes a los períodos presidenciales es un rasgo que se destaca en la realidad contemporánea de la planificación en la región. Sin embargo, aunque la mayor parte de los países cuenta con planes nacionales de desarrollo que abarcan el período de gobierno, sus trayectorias y grados de consolidación son diferentes (véase el cuadro III.1). Un grupo minoritario de países posee prácticas de planificación de mediano plazo bastante consolidadas, a saber, Costa Rica, Colombia, el Brasil y la República Dominicana. En efecto, cuentan con marcos normativos y sistemas de planificación de larga data. Otros países han fortalecido sus prácticas de planificación de mediano plazo apenas en el último decenio. Entre ellos se encuentran el Ecuador, la República Dominicana y México. Con procesos aún más recientes se encuentran Guatemala y Jamaica.

      República Dominicana, y San Vicente y las Granadinas

      Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Haití, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela (República Bolivariana de)

      Bahamas, Cuba, Granada, Guyana, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, y Uruguay

      Sin planes              Chile, Argentina, Saint Kitts y Nevis, y Antigua y Barbuda

      Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Panorama de la Gestión Pública 2016. En el marco de un gobierno abierto centrado en el ciudadano”, Santiago, 2017, inédito.

      a enSteenderán de mediano plazo a los que se ejecutan durante un período determinado de gobierno, y de largo plazo a los que lo trascienden.

      También hay países sin planes nacionales de desarrollo institucionalizados. Sin embargo, aun en esos casos, la acción pública se organiza con solidez en el mediano plazo a través de instrumentos como las agendas gubernamentales, expresión directa de los programas de gobierno. Este es el caso de la Argentina, Chile y el Uruguay. En otros, la planificación tiene lo sectorial como su pilar.

      • Coordinación entre actores gubernamentales y participación ciudadana: diagnóstico, diálogos ciudadanos y planificación, procesos de construcción colectiva, metodologías participativas, con inclusión de diferentes sectores de la sociedad (Guatemala), y construcción  de  equipos  multidisciplinarios  inmersos  en  el trabajo de reflexión, discusión y debate del marco teórico, conceptos, metodologías, análisis de los insumos, construcción de escenarios o identificación de tendencias y definición de metas (República Dominicana).
      • Levantamiento de información e incorporación de evaluaciones para la generación de antecedentes útiles para la toma de decisiones, así como intercambio de experiencias de pares: se destaca en este punto el interés por conocer experiencias y buenas prácticas de países con mayor desarrollo en los aspectos metodológicos (por ejemplo, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) del Ecuador apoyó el diseño del Plan Nacional de La  planificación  desempeña  un  papel  insustituible   a   la   hora de priorizar y asignar los recursos públicos, en la medida en que la identificación de los objetivos y las metas nacionales establece un referente que permite asignar fondos a los sectores y programas que resultan más efectivos para satisfacer las necesidades sociales.

        En este sentido,  los planes  nacionales de  desarrollo de  Colombia,  el Ecuador, Guatemala, México y la República Dominicana constituyen instrumentos novedosos, pues exhiben características de  mayor  exigencia y confiabilidad. Sus principales rasgos son los siguientes: i) cuentan con metas e indicadores dotados de mayor grado de concreción, basados en los comportamientos históricos, así como en líneas de base y estudios específicos;

        1. incluyen módulos de seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas, e indicadores de monitoreo año a año; iii) incluyen instrumentos y procesos para la rendición de cuentas, sobre los que se realizan informes para las diferentes instancias; iv) con diversos grados de desarrollo, se incorpora la dimensión subnacional en las metas para identificar las brechas existentes (Colombia y el Ecuador); v) los presupuestos nacionales operan como ordenadores de lo posible y se procura así que las metas no queden en el nivel de promesas de un mandato de gobierno, y vi) se aplican metodologías para medir la producción física de los programas y se incluyen indicadores de eficacia, eficiencia y resultados, utilizando dicha información en alguna fase del proceso

        Por su interés y posibilidad de réplica, cabe mencionar que en el proceso de consolidación de estas prácticas de planificación de mediano plazo se han empleado algunas estrategias destacables. Algunas de ellas reaparecerán en el análisis de los retos de la planificación que se lleva a cabo en los capítulos siguientes. Dichas estrategias son las que siguen:

    • esarrollo K’atun de Guatemala, y Colombia apoyó el desarrollo del sistema de evaluación de la República Dominicana).

      • Apoyo técnico y fortalecimiento a nivel nacional y subnacional para la implementación de los planes de desarrollo y el presupuesto basado en resultados: procesos de capacitación intensivos en planificación estratégica, construcción de indicadores y marco lógico, en que las instancias de planificación nacional o federal han desempeñado un rol clave para fortalecer las capacidades técnicas.
      • Utilización de sistemas de tecnologías de la información y las comunicaciones para el seguimiento de las metas: se ha facilitado la visibilidad y la actualización de las metas de las estrategias y planes de desarrollo, así como el intercambio de información en tiempo real entre los órganos rectores de planificación y las demás entidades; la mayoría de los países cuentan con sistemas que operan en línea para la provisión de datos relacionados con las metas e indicadores de los

      En la articulación entre el mediano plazo y el corto plazo, es de particular interés y relevancia conocer los avances de la región en materia de procesos, instrumentos, técnicas y métodos de presupuesto. En las experiencias analizadas, se observa un esfuerzo por mejorar la definición de objetivos y metas, haciéndolos más concretos, medibles y posibles de monitorear, lo que facilita su uso y su credibilidad. En Colombia, el Ecuador, Guatemala, México y la República Dominicana, se identifican los vínculos entre la planificación de mediano plazo y el proceso de elaboración del presupuesto. Esta relación se establece a través de sus marcos legales y reglamentarios, y de sus metodologías. En contraste, en las visiones de largo plazo no necesariamente se establecen de manera explícita las previsiones presupuestarias, ni mucho menos la seguridad de su financiamiento.

      En la República Dominicana, a partir de la Ley de Planificación e Inversión Pública núm. 498-06 y el Decreto núm. 493-07 en que se aprueba el Reglamento de Aplicación núm. 1 de dicha ley, se determinó que el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) contuviera los programas y proyectos prioritarios que serían ejecutados por los organismos del sector público no financiero, así como los recursos necesarios respectivos, sobre la base de los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010- 2030, la política fiscal y el marco financiero del presupuesto plurianual.  En el caso de México, donde se ha logrado un importante avance en la implementación del presupuesto basado en resultados, se observan con mayor nitidez los esfuerzos por articular los programas con las políticas, objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo. En Guatemala, una de las experiencias más recientes que merece ser destacada es la iniciativa   de vincular los objetivos nacionales de desarrollo con el presupuesto, en   el marco de las disposiciones que establecieron como eje orientador el Plan Nacional de Desarrollo y la implementación del enfoque de gestión orientada a los resultados.

      En Chile, aun cuando no existe una institucionalidad formal específica para la planificación, ello no ha sido inconveniente para que se definieran objetivos de mediano plazo a través del Programa de Gobierno como su referente principal en la definición de objetivos globales a nivel ministerial. Por otro lado, también el Sistema de Evaluación y Control de Gestión cumple parte de esta función de ordenamiento y definición de objetivos (a través de las definiciones estratégicas ministeriales) (Leiva, 2012, citado en Máttar y Cuervo, 2016). De forma complementaria, en los últimos años la planificación ha fortalecido los ministerios como instancias de formulación de prioridades de política, planificación y control de gestión de los servicios públicos. No obstante, a pesar de que el presupuesto basado en resultados se ha desarrollado ampliamente en Chile, aún no constituye un esquema que permita asignar prioridades de gasto público conforme a criterios de calidad y eficiencia. La evidencia señala que su fortaleza está más bien asociada con el apoyo al mejoramiento de la gestión de los servicios públicos.Bás.

      allMá del mediano plazo: visiones de largo plazo y construcción de futuro

      Como se dijo y se ilustró previamente, la planificación se ha constituido como la herramienta principal de los gobiernos para determinar las prioridades de política pública, definir los cursos de acción a través de objetivos y articular estos últimos en compromisos públicos sobre los cuales se rinde cuenta a la ciudadanía. En algunos casos, este proceso de definición de prioridades se apoya en la construcción de visiones de futuro para el país, sector o territorio, y esas visiones se materializan en planes a mediano plazo, con objetivos, estrategias y líneas de acción. En otras situaciones no sucede lo mismo y los objetivos gubernamentales de largo o mediano plazo no quedan plasmados en documentos estructurados como los planes o las agendas de gobierno.

      A pesar de estos contrastes, un hecho propio y característico de la planificación en el período que se está analizando es el creciente interés  en explorar el largo plazo. Este interés, como se dijo, se pone de manifiesto en la construcción de visiones o estrategias nacionales de desarrollo que van más allá de un período de gobierno. En algunos casos, incluso, estos ejercicios pueden tener horizontes de referencia de dos o tres decenios (Rodríguez y Cuervo, 2014, pág. 9).

      Los hallazgos de Rodríguez y Cuervo (2014), así como los resultados que arrojaron los estudios de caso que se hicieron para la presente investigación, señalan que en algunos países se utilizan los ejercicios de visiones de futuro con el propósito de establecer prioridades de política pública apoyadas en consensos nacionales y con duraciones superiores a un período de gobierno

      Como se muestra en el cuadro III.2, una veintena de Gobiernos han coordinado la elaboración  de este tipo de imágenes y visiones de futuro deseado.  Más   de la mitad de estas visiones de futuro tienen un grado  de articulación con  los planes de mediano plazo, así como diversos grados de participación de actores relevantes (García, Kaufmann y Sanginés, 2015).

      Fuente: Red de América Latina y el Caribe de Planificación para el Desarrollo (REDEPLAN), “Diagnóstico de los sistemas de planificación de la región”, San José, 2015, inédito; L. Cuervo y J. Máttar, “Planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe: regreso al futuro. Primer informe de los diálogos ministeriales de planificación”, serie Gestión Pública, Nº 81 (LC/L.3838), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Repositorio Digital de Planes y Programas de Desarrollo en América Latina y el Caribe [en línea] https://planes.cepal.org/; portales institucionales en línea de los órganos rectores de planificación.

      Otro papel de estas visiones, en los casos donde se acompañan de planes, ha sido el de servir de articuladoras en los procesos de formulación e implementación de las políticas. De esta manera, en algunos casos se ponen en marcha arreglos institucionales para coordinar e implementar los objetivos comprometidos. Como se observa en el cuadro III.3, en estos ejercicios se utilizan enfoques metodológicos e instrumentos variados, entre los que se cuentan tanto la prospectiva como la planeación estratégica (García, Kaufmann y Sanginés, 2015).

      En cuanto a los contenidos de estos ejercicios de largo plazo, aunque los temas que se abordan son muy variados, hay algunas prioridades comunes (García, Kaufmann y Sanginés, 2015):

      • preteSnede reducir la desigualdad, lo que se expresa en un mejoramiento del coeficiente de Gini orientado al cierre de las brechas de
      • Se incorporan metas relacionadas con programas de lucha contra la pobreza con perspectiva de integración al mercado de trabajo.
      • Se consideran políticas de educación (cobertura y calidad educativa en todos los niveles y acceso al mercado de trabajo).
      • Se incluyen políticas de salud (disminución de la mortalidad infantil y materna, disminución del dinero de bolsillo que se destina a gastos de salud, contención del aumento del VIH/SIDA).
      • Se integran políticas contracíclicas para atenuar los efectos de los ciclos y los choques externos, y generar así condiciones para el crecimiento de la inversión pública (el Ecuador, la República Dominicana, Colombia).
      • Se incluyen políticas de medio ambiente y sustentabilidad ambiental (huella de carbono y otras).
      • Se consideran metas relacionadas con la participación del gasto en