25.19.-PELIGROSA ARMA ECONÓMICA EN MANOS DE TRUMP – Juan Manuel López

Hasta la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos fueron un país aislacionista. 

Si participaron en la primera o ‘Gran Guerra’ no fue por voluntad propia ni en solidaridad con otros partícipes, sino por el hundimiento por los submarinos alemanes del Lusitania, trasatlántico civil norteamericano. 

8 jul 2019.- A partir de la ayuda de Roosvelt a Churchill para impedir la toma de Europa  por parte del nazismo y de Hitler, cambió el temperamento americano (o el de sus dirigentes) y se volvió principal protagonista de lo que llamamos la geopolítica, con presentación benevolente mediante intervenciones como en el viejo continente el Plan Marshall o la Alianza para el Progreso para América Latina. Pero también usando la amenaza de su potencial bélico en su confrontación con el modelo sovietico durante la guerra fría, y su capacidad efectiva en las guerras de Indochina y de Vietnam.

Así inventaron o se convencieron de lo que llaman su ‘destino manifiesto’ como primera potencia mundial y el rol de árbitro del orden del planeta.

Fue la época en que los Estados Unidos se presentaba como el pais que altruistamente ayudaba al mundo porque así lo entendían sus habitantes y ese era el temperamento de sus dirigentes.

Se puede decir que, respaldados tanto por su poder armado como por su poder económico,

asumieron el papel de un liderazgo benevolente sobre y a nombre de la ‘cultura de Occidente’ (Democracia, Capitalismo, Estados Liberales, Derechos Humanos, etc.).

Tenían entonces una presentación que justificaba su intervención en defensa o reivindicación de alguna valor superior (a sus ojos).

Caído el muro de Berlín con todo su significado, Norteamérica ha participado en -o propiciado-  todas las guerras de la época moderna, ya no necesariamente con pretextos justificables sino para mantener su jerarquía como poder universal. Usando la fuerza de las armas ha demostrado que quien no se someta a sus deseos queda destruido. Es lo que sucedió en lo que más ha ganado y más le ha dedicado como son las guerras alrededor del petróleo.

Así pasó de ser el mayor importador del hidrocarburo a ser hoy ya país exportador y principal productor mundial. Pero simultáneamente pasando por guerras en Irak, Kuwait, Libia, Afganistán por  la posibilidad de acceso del crudo ruso a occidente, y con las ‘sanciones económicas’ a Irán y Venezuela.

Pero ahora todo el orden mundial se ha alterado y puesto en entredicho con la presidencia de Donald Trump.

24.19.-FARMACÉUTICAS: CURAR NO ES RENTABLE – Beethoven Herrera

SEGÚN un estudio de Fedesarrollo, los precios de los medicamentos en Colombia son astronómicamente altos comparados con otros países

La farmacéutica estadounidense Pfizer ha sido denunciada por esconder el medicamento Enbrel, utilizado para tratar la artritis reumatoide, y que podría también reducir el riesgo del Alzhéimer.

Esto ha revivido la tesis del nobel de medicina Richard J. Roberts, quien ha sostenido que curar no es rentable y que la lógica de las farmacéuticas no es investigar fármacos que puedan curar del todo alguna enfermedad.

De similar manera, el sildenafilo, también de Pfizer, se concibió como un medicamento contra la hipertensión arterial, pero demostró ser útil para la disfunción eréctil. Se comercializó con el nombre de Viagra y aunque no pudo ser patentada de nuevo, pues están prohibidas las segundas patentes, le generó a la firma ganancias millonarias.

La lista Fortune de las 500 mayores empresas del mundo mostró en el 2002 que el volumen de beneficios de las 10 mayores farmacéuticas supera los beneficios acumulados por las otras 490 compañías. Y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sostiene que por cada dólar que se invierte en la fabricación de un medicamento se obtienen cerca de mil dólares de ganancias.

La agencia de noticias independiente ProPublica, divulgó un informe acerca del pago de 281 millones de dólares que hicieron en el 2009 varias firmas farmacéuticas a médicos para que formularan ciertos medicamentos, y sostiene que las medicinas recomendadas trataban síntomas, pero no buscaban curar las enfermedades.

Si la estructura de la industria farmacéutica es oligopólica, existen pocas firmas que produzcan el mismo bien y, en este caso, las empresas pueden coludirse y repartir el mercado. La FADSP señaló que 25 firmas del sector controlan el 50 por ciento del mercado mundial.

Adicionalmente, el mercado farmacéutico está dominado por empresas de países desarrollados, sobre todo de Estados Unidos, que ostenta cinco casillas en el top de las diez principales compañías del sector.

Ello hace posible la colusión para fijar precios elevados, lo cual constituye un mercado no competitivo que no solo aumenta los costos sanitarios y excluye a los más pobres del acceso a la salud, sino que puede frenar la innovación, pues el monopolio de las patentes permite decidir en cuál dirección no hay interés de financiar la investigación por ser menos rentable.

Todo este debate hace recordar la negativa de la Corte Suprema de India a permitir el patentamiento de un medicamento propuesto por la farmacéutica Novartis. El máximo tribunal judicial consideró que la patente no podía otorgarse, ya que se trataba de un medicamento preexistente, al cual solo se le había modificado una proteina para solicitar una nueva patente por veinte años e impedir así que ese medicamento quedara disponible para producirlo de modo genérico.

Y cabe recordar, también, el estudio de Fedesarrollo, que encontró que los precios de los medicamentos en Colombia son astronómicamente altos comparados con otros países, y es notable que las farmacéuticas de Estados Unidos hayan escrito al gobierno de su país pidiéndole vetar el ingreso de Colombia a la Ocde por la política colombiana de control a los abusos con los precios para facilitar el acceso a los medicamentos.

Beethoven Herrera Valencia Profesor de las universidades Nacional Externado   beethovenhv@gmail.com

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/farmaceuticas-curar-no-es-rentable-530927

  • 23.19.-¿HAY MÁS AMENAZADOS? – Catalina Ruiz-Navarro
  • COLOMBIA: DEMOCRACIA CON AROMA DE FASCISMO – Cristina de la Torre 

La organización Somos Defensores ha registrado más de 1.477 casos de personas defensoras amenazadas desde el 2016 hasta marzo de 2019; 366 fueron asesinadas. Somos Defensores ha lanzado el proyecto “Voces a prueba de balas”, en donde cuenta la historia de 11 defensores y defensoras amenazados en Colombia.

Veinte líderes indígenas de Risaralda está amenazados de muerte 

27 jun 2019.- Nelson Pacué, en el resguardo Huellas Caloto en el Cauca: “Amenazado por proteger su territorio ancestral de la minería”. “Mi lucha es caminar las huellas de nuestros ancestros para defender el territorio en su integralidad”. Guillermo Pérez, director de la asociación de campesinos en las comunidades sin tierra del Cesar: “Amenazado por pedir la restitución de tierras y la salida de la minería”. “Nuestra lucha es por la defensa de la vida, de los derechos del campesino, el acceso a la tierra, la permanencia en el territorio y la construcción de vida digna para las comunidades de la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta”. Salomé Melo, secretaria departamental de los Derechos Humanos en Nariño: “Amenazada por proteger a los jóvenes y apoyar la desmilitarización de los territorios”. “Lucho porque se nos reconozca como esos jóvenes de pensamiento libre que podemos crear una paz con justicia y armonía y dejar atrás todos esos años de violencia”. Erlendy Cuero hace parte de la asociación de afrodescendientes desplazados más grande de Colombia: Afrodes. “Está amenazada por tratar de reivindicar los derechos de las comunidades afro, por reclamar dineros perdidos de las víctimas del conflicto armado y por luchar en contra del microtráfico”. “Han sido suficientes los padecimientos y la sangre derramada de mis ancestros en la esclavitud para que hoy vuelvan esas acciones denigrantes, viviendo un genocidio a la vista de todos”. Gustavo Merchán, fiscal de la organización sindical Sintrateléfonos, amenazado por defender los derechos de los sindicatos: “Lucho porque en Colombia se den las garantías para poner la economía al servicio de los sectores explotados”. Laura Weinstein, directora ejecutiva del Grupo de Apoyo a Personas Trans (GAAT), amenazada por defender los derechos de la comunidad Lgbti: “Lucho para construir nuevas formas de justicia, de respeto y de diversidad”. Martha López, lideresa social campesina del municipio de Apartadó y profesora voluntaria de 150 niños y niñas: “Amenazada por proteger los derechos de los campesinos, los niños, los indígenas y los afros”. “Siempre he luchado en medio de las balas, de la persecución”. Martha Rojas, de Tebaida, Quindío, quien con su grupo de trabajo crearon un equipo de fútbol para niños y niñas del barrio, recuperaron polideportivos, pavimentaron andenes, calles y consiguieron alumbrado público: “Amenazada por proteger los derechos de su comunidad del crimen organizado y la drogadicción”. “Mi compañero Édgar Alvarado tuvo que haber perdido su vida para recuperar este polideportivo”. Luis Pérez, quien hace parte del Comité de Integración Social del Catatumbo, “ha decidido continuar con el legado de su familia y luchar por la defensa de los derechos humanos y, sobre todo, de la madre tierra. Está amenazado por proteger a los a los campesinos de su región”. “Lucho para que en el Catatumbo haya vías de acceso en buen estado y así el campesino pueda comercializar sus productos y contar con puestos de salud para atender sus necesidades básicas”. Carolina Sánchez, estudiante de Derecho de la Universidad del Cauca y parte de la Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino (Ordeurca): “Amenazada por proteger los recursos naturales de Colombia del crimen organizado y la drogadicción”. “Lucho todos los días porque tengamos derecho a vivir, al agua, al territorio, por el reconocimiento del campesino como sujeto de derechos”. Cecilia Mantilla, del municipio de Betulia, Santander, pescadora del río Sogamoso, hace parte del movimiento social de los ríos Sogamoso y Chucurí, articulado a Ríos Vivos Colombia”. “Aguas para la vida, no para la muerte”.

¿Hay más amenazados? Sí, y con sus luchas arriesgan la vida para conseguir los derechos que debería garantizarnos el Estado. No hay peor ciega que la que no quiere ver.

@Catalinapordios

https://www.elespectador.com/opinion/hay-mas-amenazados-columna-867917

23.19COLOMBIA: DEMOCRACIA CON AROMA DE FASCISMO – Cristina de la Torre

Pese a la insustancialidad de Iván Duque, el presidente y su partido van pintando el cuadro de un Gobierno que emula los regímenes de fuerza. Son sus trazos de brocha gorda: la criminal pereza de las autoridades para apresar y juzgar a los autores intelectuales del exterminio de líderes sociales, y la persecución (¿purga?, ¿tal vez eliminación?) de uniformados que señalan responsabilidad de superiores suyos en la comisión de falsos positivos. Tan amenazante este destape, que el uribismo precipita una propuesta de referendo para eliminar las cortes (donde se ventilan las verdades de la guerra) y cercenar el Congreso.

1 jul 2019.- Para sacar otros poderes públicos del sombrero de un líder venido a menos, reducido al afán de sobrevivir a la acción de la justicia. ¿Nostalgia de tiranías que convirtieron la voluntad general en fortín particular de algún egócrata, llámese Mussolini, Leonidas Trujillo, Maduro? ¿Purga en las Fuerzas Armadas, como la de Hitler contra sus tropas de asalto (SA) en la Noche de los Cuchillos Largos? ¿Como la de Stalin en el Ejército Rojo? ¿Como la de Maduro hoy contra uniformados que discrepan de la acción militar contra el pueblo desarmado? Hacia el desmonte del Estado de derecho conduciría el referendo en ciernes, si no fuera porque el prestigio del líder que lo mueve se desploma conforme se satura Colombia de la corrupción y de la violencia en las que nuestra ultraderecha es reina.

Si la ofensiva contra la JEP no ha dado tregua es porque miles de militares están declarando ante sus jueces; desde soldados rasos hasta oficiales de alto rango, en tren de identificar a los máximos responsables de atrocidades como los falsos positivos. Mientras diez generales preparan declaración, el soldado Yeris Gómez, verbigracia, sostuvo que en el Cesar hubo “un baño de sangre”, y alianzas de militares con los jefes paramilitares Jorge 40 y alias 39. Según Semana, miembros del Ejército que han rendido testimonio son acosados por la inteligencia militar, reciben sufragios y amenazas de muerte.

De otro lado, el llanto de un niño ante el cuerpo de su madre asesinada, María del Pilar Hurtado, conmocionó al país. Era ella la víctima número 702 en dos años y medio de masacre de líderes sociales. Quince días antes, había alertado la Defensoría del Pueblo, pero la policía desestimó en sendos consejos de seguridad la amenaza. A poco, caerían asesinados tres de los acosados. La cuarta del mismo panfleto del clan del Golfo sería María del Pilar. Por descalificar la amenaza en vez de actuar, 70 % de las alertas tempranas han resultado en el homicidio que se rogaba evitar.

En entrevista concedida a Cecilia Orozco, señala el presidente de Indepaz, Camilo González, que tras los sicarios “hay empresarios del enriquecimiento ilícito, políticos y agentes del Estado corruptos”. Que, sin la complicidad o el entronque con agentes del Estado, no podrían los narcoparamilitares crecer o reproducirse. Relaciona la airada oposición al Acuerdo de Paz con la violencia que se ejerce contra las comunidades y sus líderes. Y afirma: al Gobierno, al Centro Democrático y a la ultraderecha les cabe responsabilidad política en el recrudecimiento de la violencia.

Exterminio de dirigentes comunitarios; persecución a soldados que reivindican el honor del Ejército; creación de una red de informantes civiles que configura virtual policía política; embestida contra la libertad sexual y de pensamiento en la escuela y en la prensa son menjurjes que emiten aromas de fascismo. Otra cosa es que puedan invadir una sociedad diestra en mecanismos de supervivencia y con potencial electoral para hacer respetar la democracia y la paz. Acierta Claudia López cuando antepone al poder de la corrupción y la violencia el poder de la cédula, capaz de cambiar en las urnas la historia de este país.

https://www.elespectador.com/opinion/colombia-democracia-con-aroma-de-fascismo-columna-868732

  • 22.19.-FERIAR EL ESTADO, MIMAR A LOS RICOS –   Cristina de la Torre
  • CARRASQUILLA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS – Salomón Kalmanovitz
  •  EL REINO DE LA INCERTIDUMBRE ¿O DE LA RESIGNACIÓN? – Juan Manuel López 

 “No concilio que se venda Isagén, privando a la nación de un patrimonio rentable y estratégico (…) Hay que mantener el control estatal sobre este tipo de empresas porque son un elemento central de la seguridad nacional”, dijo Duque a la venta de Isagén. Pero hoy prepara la privatización de Isa, Cenit y parte de Ecopetrol, para comenzar, los bienes públicos más rentables de Colombia. Para llenar el hueco fiscal que la ley de (des)financiamiento no cubrió, ahondado por el fastuoso obsequio en impuestos que la élite económica recibió, gratis, sin que amague ella el más leve gesto de reciprocidad hacia el país.

18 jun 2019.- Además, con riesgo de convertir el producto de esas operaciones en plata de bolsillo de un Gobierno en campaña perpetua, proclive a la torpeza de vender la nevera para poder mercar. Ya el Gobierno puso el ojo en las 107 empresas (que valen $170 billones) donde el Estado es accionista, para vender sus frutos más apetitosos, mientras la quejosa cresta empresarial atesora gabelas oficiales y, en vez de reinvertir ganancias en proyectos productivos para crear riqueza y empleo en Colombia, exporta sus utilidades y cierra masivamente plazas de trabajo. O especula con ellas. Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República, declara sin más vueltas que se frenó la inversión en el país.

Se hace ilusiones Carrasquilla. Espera que “la significativa reducción implementada en la carga tributaria empresarial estimule la inversión y la generación de empleo”. La verdad, como ha sucedido siempre con esta fantasía, es que —entre otras razones por angurria empresarial— la economía se empereza y el desempleo se dispara. En Medellín alcanzó 13,5 % en abril. No sólo no se crean nuevos puestos de trabajo, sino que se cierran por cientos de miles. Revela Mauricio Cabrera que el desempleo desborda los dos dígitos, no porque haya más gente buscando empleo (621.000 renunciaron a la faena), sino porque se han eliminado 775.000 puestos de trabajo. El país entró en una temporada de destrucción neta de puestos de trabajo, apunta crudamente Dinero. Además, el subempleo creció en el último año, para desaparición total de 1’389.000 empleos decentes. Una tragedia, escribe Cabrera

Tan mal negocio será abrumar de dádivas y canonjías a una oligarquía sin sentido de patria como sacrificar el patrimonio más preciado de la nación. Menos, cuando sus ingresos y utilidades crecen. Como es el caso de Isa, que en tres años duplicó el valor de su acción y los dividendos que gira a la nación. El año pasado obtuvo ingresos por $7,2 billones y utilidades por $1,5 billones. Es líder del transporte de energía en el subcontinente, incursiona en vías y comunicaciones y administra el mercado de energía en el país. Ecopetrol, por su parte, es la empresa más productiva y rentable de Colombia. Registró el año pasado ingresos por más de $62 billones, 25 % más que el año anterior. Sus activos valen $114 billones, y su patrimonio, $57 billones.

No se entrega la infraestructura del desarrollo al interés privado. Ni se subordina la rentabilidad social al lucro particular. Trocar en negocio privado los bienes estratégicos de beneficio general puede comprometer el futuro. Privatizar no es apenas depositar en particulares la propiedad pública: es también confiarles funciones y proyectos del Estado que terminarán supeditados a su apetito de negociantes. Con la venta de Isagén, y ahora de Isa, Cenit y parte de Ecopetrol, queda en entredicho la soberanía energética del país. Como agonizantes quedan las finanzas públicas con tanto mimo a élites improductivas. El Gobierno busca la plata fuera del tiesto. ¿Por qué no condiciona la exención tributaria a la verificada creación de empleo formal? Ominosa esta fórmula de feriar el Estado y mimar, de gratis, a los ricos.

 https://www.elespectador.com/opinion/feriar-el-estado-mimar-los-ricos-columna-866399

22.19.-CARRASQUILLA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS – Salomón Kalmanovitz 

No recuerdo un lanzamiento del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) tan lleno de mentiras, medias verdades y exageraciones como el que acaba de anunciar el gobierno Duque. El ministro y los técnicos hablaban socarronamente, sabiendo que engañaban al público.

El fracaso de la ley de financiamiento, que arrojó resultados negativos para el fisco, no se va a corregir con otra reforma tributaria, sino con un recorte brutal del gasto ($10 billones), una presunta reforma a la DIAN (otra más) que vale medio punto del PIB, pero “recupera” un punto para el fisco, justificada con la experiencia de México, que lo logró, y se preguntan: ¿por qué nosotros no? Para llenar el hueco dejado por la devolución de impuestos, se anuncia la venta de activos incluyendo ISA, que hace la interconexión eléctrica de varios países y es una de las empresas más grandes de América Latina, que renta 12 % anual de su capital y no 5 %, como aduce Carrasquilla, más un pedazo de Ecopetrol, que es la joya del Estado colombiano.

16 jun 2019.- Es un plan para empobrecer al Estado y dejarlo en los rines con tal de que las empresas y los ricos paguen menos impuestos. De hecho, la única justificación económica para vender empresas públicas es adquirir nuevos activos socialmente más rentables, como infraestructuras de vías, educación o acueductos, no para comérselos en gasto corriente.

La rebaja de impuestos es una cura fenomenal para el crecimiento, afirma la extrema derecha. Quite impuestos y las empresas invertirán lo que les devuelvan y más, sin importar si hay demanda interna o externa para su nueva producción. El uso de la capacidad instalada de la industria, según Fedesarrollo, es de solo un tercio, mientras que las exportaciones no tradicionales están estancadas y el mercado interno ha repuntado un poco, pero tampoco tanto, así que no hay incentivos materiales para construir capacidad adicional.

Carrasquilla sostiene que obtendrá un déficit fiscal en 2019 del 2,3 % del PIB, a pesar de que relajó la regla fiscal para permitir un 2,7 % de déficit, supuestamente para atender el éxodo venezolano. Lo cierto es que las sumas no dan: perdió $5 billones con la ley de financiamiento y tiene gastos ineludibles que pretende escamotear.

El MFMP dice que el crecimiento este año será 3,6 % y en adelante rondará el 4 %. El resultado del PIB para el primer trimestre de 2019 fue un mediocre 2,3 %, o sea que la economía debe crecer al 4,3 % el resto del año para alcanzar ese resultado, algo implausible. Las razones son que las importaciones triplican el crecimiento de las exportaciones, o sea sustraen demanda agregada, y la inversión creció solo 2,8 % en el primer trimestre del año, según el DANE. En abril, la industria se contrajo 1,3 %

Una evidencia del estancamiento económico es el aumento del desempleo, que ya completa siete meses en curso. Las cifras son preocupantes: no solo aumentó el número de personas desempleadas, sino que bajó la tasa de participación, o sea que mucha gente se cansó de buscar trabajo. El dato más escandaloso es que durante el último año se destruyeron 775.000 puestos de trabajo.

El loable propósito de un desarrollo basado en el conocimiento que anunció Duque como eje de su plan de gobierno requiere una gran inversión en educación de calidad, desde el nivel básico hasta el más avanzado, y en el avance de la ciencia y la tecnología, que no es gratis ni se sustituye con aplicaciones pendejas. Sin recursos públicos, no se puede lograr.

https://www.elespectador.com/opinion/carrasquilla-en-el-pais-de-las-maravillas-columna-866239

22.19.-EL REINO DE LA INCERTIDUMBRE ¿O DE LA RESIGNACIÓN? – Juan Manuel López 

Puede ser que como humanidad lo que estamos viviendo se pueda llamar la ‘era de la incertidumbre’. El futuro como especie es tan incierto como el del millón de especies en vía de extinción que dependen que logremos detener la destrucción del medio ambiente. En lo coyuntural cualquier cosa es imaginable que suceda mientras Trump sea el hombre más poderoso del mundo. Y las migraciones, el ‘choque de civilizaciones’, la decadencia del modelo democrático en Occidente, las revoluciones fundamentalistas o prolaicas en las teocracias musulmanes, o el mismo fenómeno económico del gigante Chino son variables que no permiten avizorar cuál puede ser el inmediato orden futuro.

18 jun 2019.- Pero si ese es el entorno externo ¿Qué decir de lo qué pasa en Colombia? 

Incertidumbre vivimos respecto al ‘acuerdo de paz’ y hacia adónde nos lleva. Pero infortunadamente no solo en ese tema

Es lógico que quienes detentan el poder defiendan que lo que están haciendo está bien y está produciendo buenos resultados. Como igual lo es que la oposición destaque los aspectos menos buenos del gobierno que esperan remplazar.

Lo que no es usual es que los miembros de la institucionalidad, apelando a la autoridad y al poder que les da el cargo, se encuentren enfrentados los unos con los otros.

En la rama judicial ya es imposible saber cuál de las diferentes jerarquías tiene la palabra definitiva. El principio teórico es que la razón de ser de la Administración de Justicia no es que se establezca dónde está la razón -puesto que lo normal es que cada parte la tenga desde su punto de vista-, sino que se produzca un pronunciamiento que resuelva esa indefinición.

Pero nosotros hemos logrado que nada se defina en los estrados judiciales; ya era muy difícil por el tiempo que podía tomar, pero inventamos ahora los llamados ‘choques de trenes’ que hacen que, ya sea a través del infinito número de diferentes instancias bajo diferentes jurisdicciones, o porque las Altas Cortes desconocen la autoridad una de otra, el hecho es que nunca se llega al final de los procesos.

En lo político vivimos el absurdo de que el partido que supone ser el de gobierno – es decir el del Presidente- aparece hoy como el que más ‘piedra en el zapato’ es para el primer mandatario. No se sabe si hay un programa de gobierno o cuál sería este, porque lo que dijo el candidato no lo mantiene el gobernante, y porque parece que tanto su bancada como su gabinete lo que siguen son las directrices de otro líder.

Respecto al Legislativo, nada tan evidente como la falta de confiabilidad en que cumplan su función. En parte por el cuestionamiento que se hace a la ‘transparencia’ de sus miembros; en parte porque el tratamiento que le da el gobierno poco contribuye a ‘relación armónica de los poderes’, lo que lleva a la ‘falta de gobernabilidad’, bajo la cual no se logran mayorías ni consensos suficientes alrededor de los proyectos de ley que se proponen, redundando en algo aún más imprevisible con los ‘arbolitos de Navidad’ llenos de micos

Lo último es el enfrentamiento entre el Director del Banco de la República y el Ministro de Hacienda. Aclarado ya que ambos tienen razón en cuanto a cifras -puesto que los dos toman como fuente el DANE-. El Dr. Carrasquilla señala que lo que sucede es que las expectativas no se han cumplido porque están atrasadas pero que siguen vigentes (una especie de ‘sí pero no’); y el Dr. Echavarría parece haberle dicho al Presidente que no intentó descalificar los resultados sino señalar la necesidad de mejorarlos y para ello destacó una de las causas que lo obstaculizan (la polarización).

Pero la controversia es más de fondo y de personalidades que de análisis económico o de debates técnicos. En cuanto a lo segundo, el Ministro no pudo limitarse al tema en discusión sino se lanzó contra la persona que vio como contraparte; no respetó al Director del Banco de la República, ni a la entidad que representaba, sino descalificó arrogantemente a quien presentaba una opinión que no era de su gusto.

Y en cuanto al fondo, las cifras que respectivamente utilizaron mostraban la una la situación del momento con la comparacion puntual respecto al año anterior y respecto al mundo exterior, mientras la desestacionalizada lo que destaca es la tendencia que se ve en el momento. Vale aquello de que el uno habla de una foto y el otro de la película.

No estamos ante un vaso que unos ven medio lleno y otros medio vacío, sino que unos nos lo muestran lleno y otros lo muestran vacío. Entre tantas incertidumbres que vivimos, ésta, por ser producida por las máximas autoridades en lo que supone ser un debate técnico, es la gota que desborda cualquier credibilidad en nuestros funcionarios.

Como nada podremos hacer para salir del reino de la incertidumbre, nos toca vivir en el reino de la resignación. JMLC

 

  • 21.19.-EL REINO DE LA INCERTIDUMBRE ¿O DE LA RESIGNACIÓN? – Juan Manuel López
  • EL PRESIDENTE ¿ESTÁ O NO CON EL ESTADO DE DERECHO? – Cecilia Orozco   

Puede ser que como humanidad lo que estamos viviendo se pueda llamar la ‘era de la incertidumbre’. El futuro como especie es tan incierto como el del millón de especies en vía de extinción que dependen que logremos detener la destrucción del medio ambiente. En lo coyuntural cualquier cosa es imaginable que suceda mientras Trump sea el hombre más poderoso del mundo. Y las migraciones, el ‘choque de civilizaciones’, la decadencia del modelo democrático en Occidente, las revoluciones fundamentalistas o prolaicas en las teocracias musulmanes, o el mismo fenómeno económico del gigante Chino son variables que no permiten avizorar cuál puede ser el inmediato orden futuro.

12 jun 2019.-  Pero si ese es el entorno externo ¿Qué decir de lo qué pasa en Colombia?

Incertidumbre vivimos respecto al ‘acuerdo de paz’ y hacia adónde nos lleva. Pero infortunadamente no solo en ese tema

Es lógico que quienes detentan el poder defiendan que lo que están haciendo está bien y está produciendo buenos resultados. Como igual lo es que la oposición destaque los aspectos menos buenos del gobierno que esperan remplazar.

Lo que no es usual es que los miembros de la institucionalidad, apelando a la autoridad y al poder que les da el cargo, se encuentren enfrentados los unos con los otros.

En la rama judicial ya es imposible saber cual de las diferentes jerarquías tiene la palabra definitiva. El principio teórico es que la razón de ser de la Administración de Justicia no es que se establezca dónde está la razón -puesto que lo normal es que cada parte la tenga desde su punto de vista-, sino que se produzca un pronunciamiento que resuelva esa indefinición.

Pero nosotros hemos logrado que nada se defina en los estrados judiciales; ya era muy difícil por el tiempo que podía tomar, pero inventamos ahora los llamados ‘choques de trenes’ que hacen que, ya sea a través del infinito número de diferentes instancias bajo diferentes jurisdicciones, o porque las Altas Cortes desconocen la autoridad una de otra, el hecho es que nunca se llega al final de los procesos.

En lo político vivimos el absurdo de que el partido que supone ser el de gobierno – es decir el del Presidente- aparece hoy como el que más ‘piedra en el zapato’ es para el primer mandatario. No se sabe si hay un programa de gobierno o cuál sería este, porque lo que dijo el candidato no lo mantiene el gobernante, y porque parece que tanto su bancada como su gabinete lo que siguen son las directrices de otro líder.

Respecto al Legislativo, nada tan evidente como la falta de confiabilidad en que cumplan su función. En parte por el cuestionamiento que se hace a la ‘transparencia’ de sus miembros; en parte porque el tratamiento que le da el gobierno poco contribuye a ‘relación armónica de los poderes’, lo que lleva a la ‘falta de gobernabilidad’, bajo la cual no se logran mayorías ni consensos suficientes alrededor de los proyectos de ley que se proponen, redundando en algo aún más imprevisible con los ‘arbolitos de Navidad’ llenos de micos.

Lo último es el enfrentamiento entre el Director del Banco de la República y el Ministro de Hacienda. Aclarado ya que ambos tienen razón en cuanto a cifras -puesto que los dos toman como fuente el DANE-. El Dr. Carrasquilla señala que lo que sucede es que las expectativas no se han cumplido porque están atrasadas pero que siguen vigentes (una especie de ‘sí pero no’); y el Dr. Echavarría parece haberle dicho al Presidente que no intentó descalificar los resultados sino señalar la necesidad de mejorarlos y para ello destacó una de las causas que lo obstaculizan (la polarización).

Pero la controversia es más de fondo y de personalidades que de análisis económico o de debates técnicos. En cuanto a lo segundo, el Ministro no pudo limitarse al tema en discusión sino se lanzó contra la persona que vio como contraparte; no respetó al Director del Banco de la República, ni a la entidad que representaba, sino descalificó arrogantemente a quien presentaba una opinión que no era de su gusto.

Y en cuanto al fondo, las cifras que respectivamente utilizaron mostraban la una la situación del momento con la comparacion puntual respecto al año anterior y respecto al mundo exterior, mientras la desestacionalizada lo que destaca es la tendencia que se ve en el momento. Vale aquello de que el uno habla de una foto y el otro de la película.

No estamos ante un vaso que unos ven medio lleno y otros medio vacío, sino que unos nos lo muestran lleno y otros lo muestran vacío. Entre tantas incertidumbres que vivimos, ésta, por ser producida por las máximas autoridades en lo que supone ser un debate técnico, es la gota que desborda cualquier credibilidad en nuestros funcionarios.

Como nada podremos hacer para salir del reino de la incertidumbre, nos toca vivir en el reino de la resignación.

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/24101?.rand=13o1ucdba3j23

21.19.-EL PRESIDENTE ¿ESTÁ O NO CON EL ESTADO DE DERECHO?Cecilia Orozco  

La obsesión del presidente con la sobredimensionada figura de Jesús Santrich empieza a parecer un factor enfermizo de su personalidad: cuando tiene un micrófono a mano, le resulta imposible no mencionar ese nombre. Y como si el estado psicológico del mandatario estuviera alcanzando niveles compulsivos, alude al exguerrillero, además, con una repetitiva exigencia de su captura inmediata, recaptura inmediata, extradición inmediata y hasta de sanción disciplinaria inmediata. Tal cual lo hacía el “juez” Uribe quien en sus tiempos de popularidad absoluta ordenaba a la policía detener a los individuos que él señalaba en su consejos comunales, sin pasar por ningún juicio, solo a la voz del amo. Como Maduro.

12 jun 2019.- Ni siquiera cuando toma aire fresco en el exterior Duque puede zafarse de su fantasma. El lunes pasado, apenas saliendo de la Casa Rosada, en Buenos Aires, y en lugar de referirse a asuntos internacionales de interés continental o siquiera bilateral, salió, otra vez, con su peleíta interna, la que les interesó un bledo a los periodistas argentinos: “… alias JesúsSantrich es un mafioso…”. Irrefrenable, Duque sentenció: “A mí me parece que ese video comprueba que Santrich es un mafioso… Yo también espero que, dado que la Procuraduría está pidiendo que se (le) capture…, pues también que, con la evidencia que existe, la propia Procuraduría suspenda del ejercicio del cargo a esa persona”

Hace 15 días, en un escenario completamente distinto, organizado para hablar de acceso a la salud, educación y bienestar de los colombianos, el presidente recayó en su adicción. Entonces dijo, sin explicar qué tiene que ver el exmiembro de las Farc con las EPS: “Alias Jesús Santrich es un mafioso y las evidencias que conoce el país son las de un mafioso que estaba negociando el envío de un cargamento de cocaína… y con evidencias también nuevas se procedió hace pocos días a su captura en unos hechos que claramente ocurrieron después de la firma de los acuerdos…”

En mayo de 2018, el candidato Iván Duque se encontraba en campaña para la Presidencia. Pero ya mostraba síntomas de su enfermedad emocional. Entonces aseguró: “Para mí, Jesús Santriches un mafioso; fue capturado como mafioso y debe ser extraditado como un mafioso que es…” (ver). Ningún otro tema ocupa la mente del mandatario: el curso de la economía que altera al Banco de la República, la alta tasa de desempleo, la violencia callejera, en fin…

Pero, bueno, la reiteración temática no pasaría de ser una anécdota o, mejor, un episodio preocupante por sus implicaciones en la salud del mandatario y en la del país con un timonel tan centrado en un solo colombiano y tan desentendido de los 45 millones de ciudadanos restantes del país, si no fuera porque cuando Duque acusa, juzga y condena a Santrich a cárcel o a extradición sin haber sido vencido en un juicio formal, se está llevando de calle el Estado de derecho. Y esto sí nos incumbe a todos porque significa que el presidente de la República está propiciando un golpe a la democracia.

Judicialmente, la decisión de extraditar o no a Santrich se encuentra en revisión, en la segunda instancia de la JEP, jurisdicción que lo cubre, en principio, por el Acuerdo de Paz. En el Consejo de Estado se revisó su estatus de congresista y en dos de sus instancias se mantuvo su investidura, motivo por el cual se pudo posesionar como representante a la Cámara. Y la Sala Penal de la Corte Suprema asumió la investigación por los hechos presentados por la Fiscalía después de la recaptura del procesado y decidió dejarlo en libertad mientras lo oye en indagatoria.

Significa que las cortes están haciendo su trabajo de acuerdo a los códigos de la justicia. Nadie, ni Santrich ni sus enemigos, puede presionar a los jueces para que fallen más rápido, más fuerte o más suave de lo que indican las leyes preestablecidas. Los ánimos exaltados del jefe político de Duque, quien llamó a marchar contra las decisiones de la otra alta corte del país, la Constitucional, ensucian aún más el ambiente político contra el Estado de derecho. Si Iván Duque aún no se ha percibido de la gravedad del momento que se vive, no por Santrich que no tiene, por Dios, la importancia que se le da, hay que preguntarle: señor presidente, ¿usted es o no es un demócrata? No por ser elegido popularmente se mantiene ese sello: hay que merecerlo con sus actos. Aquí no queremos un Maduro del otro lado.

https://www.elespectador.com/opinion/el-presidente-esta-o-no-con-el-estado-de-derecho-columna-865405

  • 20.19.-DEFENSAS CON CÓDIGOS MAFIOSOS Cecilia Orozco
  • LA SAGA DE LOS FALSOS POSITIVOS Cristina de la Torre

Con códigos mafiosos se aseguran lealtad los narcos entre sí, y con códigos mafiosos atacan a los otros narcos. Con esos mismos códigos mafiosos, ¿defiende el grupo en el poder a los hombres del Ejército? Todo indica que sí: al que abra la boca, lo silencian; al que viole la regla de solidaridad de cuerpo, lo ejecutan; al que dispare más balas, lo premian; al matón, lo admiran; al abusador, lo ascienden; al que reconozca un error, lo declaran traidor; al pacifista, lo califican de cobarde, y al que no tiene agüero, lo ponen de modelo.

La reedición, en el gobierno Duque, del sistema de conteo de cadáveres con que se midió en los gobiernos Uribe el éxito militar contra la guerrilla, reedición que, por fortuna, fue develada por The New York Times, va dejando claro que aquella mancha asesina de los uniformados de Colombia no fue producto de una equivocada interpretación del texto normativo que se expidió en la época sino un propósito delictivo de lesa humanidad que regresa con el mismo jefe supremo, y que se disfraza y suspende para evitar la sanción internacional. Pero no por arrepentimiento.

La orden se ha desarrollado por episodios. A solo un mes de reconquistar la Presidencia de la República, una congresista a la que le caben todos los apelativos menos el de cabal, y quien se caracteriza por ser la más salvaje exponente uribista de la ley del fuerte sobre el débil, insultaba a la comandancia del Ejército por no entrar adonde fuere, desenfundando las armas y tirando a matar. Dijo en pleno recinto parlamentario con una agresividad casi homicida (ver): “… ¡llevamos tres meses sin entregar esos cuerpos hasta cuando a Guacho no se le dio la gana! ¡Qué vergüenza!”

“A eso nos llevó el Acuerdo de Paz: a acabar con la Inteligencia, a una cúpula militar inservible que todavía no entiendo por qué continúa…”. Unas semanas después de su regaño a Iván Duque —y como si fuera un mandato de Uribe al presidente dicho por intermedio de la bocona—, el jefe de Estado cambió los mandos y eligió a varios generales cuestionados, precisamente, por haber dirigido los batallones en cuyas jurisdicciones se encontraron casos de “falsos positivos”.

Con razón o sin ella, la justicia lo determinará, el nombramiento del comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, satisfizo al ala extremista del partido de gobierno pues no escuchamos ni una sola crítica contra él de ese sector. Mal síntoma. Por coincidencia, por presión política o por instrucciones civiles, el general Martínez resultó ser el autor visible de las nuevas directivas denunciadas por el medio estadounidense, a falta del medio nacional que omitió publicar semejante noticia. Ya destapado el escándalo en el mundo, el Gobierno y su partido reaccionaron de la peor manera: intentaron descalificar al periódico más influyente de las Américas; desmintieron al corresponsal y pusieron en duda su honorabilidad; ordenaron retroceder las instrucciones de Martínez y lo callaron así como al resto de los oficiales a quienes aislaron de la prensa; pusieron al canciller, de rodillas, a dar explicaciones, a avanzar y a retroceder. Y lo que faltaba: una creativa campaña de falsos positivos informativos según la cual el Ejército resulta ser víctima de un complot criminal.

En los últimos días toman forma estos nuevos capítulos. El ministro de Defensa en funciones presidenciales, que pasará a la historia por su torpeza, asegura sin ninguna prueba en mano que “no tiene el menor asomo de duda” de la existencia de “una campaña de desprestigio” sobre la que le preguntó —quién sabe si inducida por alguien— una corresponsal.

Horas antes, un individuo que se llama a sí mismo defensor de derechos humanos pero que, en realidad, es el coordinador del Centro Democrático en Norte de Santander acusó a los senadores de la Comisión de Paz de conspirar contra las Fuerzas Militares en una reunión clandestina (ver video 1, ver video 2) con el Eln y las disidencias de las Farc para “darles información sobre cómo están organizadas…, cuáles son las unidades militares vulnerables y cómo están conformadas”. El uribismo está en lo suyo: ataca hasta poner en riesgo de muerte a quien lo descubre. Códigos mafiosos en acción.

También le puede interesar: «Las tres derrotas de Duque en mayo: Santrich, la JEP y el pacto nacional» https://www.elespectador.com/noticias/politica/las-tres-derrotas-de-duque-en-mayo-santrich-la-jep-y-el-pacto-nacional-video-864107

https://www.elespectador.com/opinion/defensas-con-codigos-mafiosos-columna-864233

 20.19.-LA SAGA DE LOS FALSOS POSITIVOS –  Cristina de la Torre

De vuelta al régimen de seguridad democrática, alarma la involución operada en la doctrina militar: de los derechos humanos a la tropelía. La nueva cúpula de las Fuerzas Armadas desestima la enseña de su antecesora, a saber, la paz es la victoria, para reabrir el camino de los falsos positivos, ariete de la guerra sucia. Marca de cobardía en la frente del Gobierno Uribe, el asesinato de 5.000 civiles inermes ajenos al conflicto deshonró, por contera, al soldado que entregó hasta la vida en el asedio a las Farc (ofensiva sin la cual no hubiera podido Santos negociar después la paz). El abrupto timonazo de hoy denuncia sed de sangre en los instigadores de la guerra que ya fue, una barbaridad para un país en posconflicto.

4 jun 2019.- Nuevas grietas se abren entre uniformados. Diga usted entre el general Alberto Mejía en una orilla y, en la otra, el comandante del Ejército, general Nicasio Martínez. En la vertiente del primero, oficiales de alto rango denuncian la orden de duplicar bajas “como sea”, aun ampliando el riesgo de matar civiles y sellando alianza con paramilitares. La nueva instrucción emula la que el entonces ministro de Defensa, Ospina, expidió en 2005 para dar lugar al genocidio de marras. Mientras la Procuraduría le abre investigación al jefe del Ejército, el general Colón dice en foro de El Espectador: “hay que preguntarles a los gobernadores y alcaldes por qué parte de sus presupuestos iban a las Auc; y a los ganaderos, por qué llegaban (éstas) a sus fincas (…) Hay que contar las verdades como son… contar la verdad de los falsos positivos, para deshacernos de esa cruz”.

Sí. Es ancho el horizonte de las circunstancias políticas que gestaron semejante atrocidad: la vileza de un Gobierno que exigía resultados como agregado indiscriminado de cadáveres. La alianza de militares con las fuerzas más oscuras y violentas que fungían, a su turno, como fervientes seguidoras del partido en el poder. Y contra su enemiga mortal, la guerrilla, dizque rodeada de “auxiliadores” que devenían candidatos a falso positivo. La campaña de Uribe contra las Farc floreció al costo de generalizar la guerra sucia, codo a codo con el paramilitarismo, con su brazo político en el Congreso y con los empresarios que lo financiaron.

El asesinato del desmovilizado Dimar Torres, a quien se quiso hacer pasar por guerrillero del Eln, simboliza el retorno a los falsos positivos. En los cuales habría tenido responsabilidad, por cadena de mando, el general Martínez, si damos crédito al debate del parlamentario Alirio Uribe del 14 de octubre de 2014. Cruza él información de Fiscalía, Procuraduría y Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) para concluir que el entonces brigadier general Nicasio Martínez comandaba entre 2004 y 2006 la Quinta División, con jurisdicción en Cesar y la Guajira, a la que se le imputaban 100 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Imputación semejante afectó a otros ocho generales. 88 % de los 6.600 falsos positivos reportados entre 1998 y 2014 tuvieron lugar en el Gobierno de Álvaro Uribe.

En su informe de febrero dice Human Rights Watch: “el Gobierno de Colombia ha nombrado en puestos clave del Ejército al menos a nueve generales contra los cuales existen evidencias creíbles que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales”. Ya Vivanco había escrito que el general Montoya “estuvo al frente del Ejército colombiano cuando se cometieron algunas de las atrocidades masivas más graves que hayan ocurrido en el Hemisferio Occidental en los últimos años”. ¿Creerá Duque que semejante horror se conjura designando lectores de órdenes militares mientras mantiene en el mando a quienes las expiden y ascienden en la impunidad?

Coda. Lamentable la suspensión, con sabor a censura, de la columna de Daniel Coronell en Semana.

https://www.elespectador.com/opinion/la-saga-de-los-falsos-positivos-columna-864064

  • 19.19.-NO REPETIR – Gustavo Duncan 
  •            AGONIZAN EN EL SENADO ARTÍCULOS ANTICORRUPCIÓN –                              Unidad Investigativa
  • ¿CÓMO REDUCIR LOS CULTIVOS DE COCA? LEGALIZÁNDOLOS –                  Santiago Villa  

 Más allá de si de nuevo ocurren ‘falsos positivos’, como denunció The New York Times, lo cierto es que hay suficiente evidencia para lanzar una alerta al Gobierno. Es una alerta de máxima urgencia porque se puede repetir la experiencia de hace diez años, cuando, con el propósito de exigir resultados a las Fuerzas Militares, se comenzó a evaluar el desempeño de las distintas unidades con base en las bajas causadas al enemigo.

29 may 2019.- La experiencia demostró no solo que los litros de sangre no eran un indicador efectivo para medir los resultados operacionales, sino que podían inducir incentivos perversos. Algunas unidades militares comenzaron a fabricar bajas de guerrilleros y paramilitares inexistentes o de manera innecesaria; es decir, asesinaron a individuos que pertenecían a ejércitos irregulares en situaciones en las que era posible su arresto, para recibir reconocimiento y bonificaciones.

Lo que de verdad funcionaba para medir el desempeño de las unidades militares era su capacidad de retomar el control de las poblaciones y espacios geográficos que estaban bajo la autoridad o la amenaza de ejércitos irregulares. De hecho, un buen indicador para evaluar resultados era la tasa de homicidios porque obligaba a la Fuerza Pública a evitar violencia que llevara a la muerte de civiles. Se imponía el control del Estado por la fuerza, a la vez que se garantizaba la protección a los habitantes del lugar.

Un indicador obvio es, por supuesto, la capacidad de evitar el asesinato de líderes sociales.

Ahora que ya no existe un ejército guerrillero tan capaz en el terreno militar como eran las Farc, mucho menos sentido tiene implantar una política de evaluación de desempeño basada en los litros de sangre. Nadie discute que las Fuerzas Armadas deban ser contundentes para neutralizar por medios violentos al Eln, las disidencias de las Farc y las ‘bacrim’, pero el centro de gravedad del nuevo conflicto no es matar por matar, sino terminar de retomar los espacios de control social y de rentas criminales de estos grupos.

De fondo, se evidencia el gran desconocimiento en la materia del ministro Botero. Una estrategia basada, en cambio, en el fortalecimiento de la inteligencia y la evaluación del control territorial por distintos indicadores que reflejen la capacidad de regulación social del Estado en relación con la de los ejércitos irregulares es la clave para alcanzar la paz en el posconflicto.

Un indicador obvio es, por supuesto, la capacidad de evitar el asesinato de líderes sociales.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/gustavo-duncan/no-repetir-columna-de-gustavo-duncan-368744

19.19.-AGONIZAN EN EL SENADO ARTÍCULOS ANTICORRUPCIÓN Unidad Investigativa

Eliminar la casa por cárcel para funcionarios y límites a los pabellones VIP tienen pocos adeptos. 

El exfiscal Martínez logró que pasara gran parte del articulado. Pero faltan puntos clave. Foto:  Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO 

Álvaro Uribe, Gustavo Petro, John Besaile, María del Rosario Guerra, Antonio Sanguino, Arturo Char, Richard Aguilar, Maritza Martínez, Sami Merek, Carlos Lozada…

Estos son 10 de los 23 senadores de la República que se han declarado impedidos para participar en el debate de uno de los proyectos de ley más ambiciosos en materia de anticorrupción: el que busca desde ponerles límites a los privilegios carcelarios para los funcionarios condenados hasta elevar las penas para algunos delitos de cuello blanco.                   

“Lo están dilatando para que se hunda por trámite y no por argumentos”

 Aunque el articulado ya ha superado 8 sesiones en Cámara y Senado, en su recta final ha estado a punto de naufragar por cuenta de los impedimentos, que alcanzaron inicialmente los 50 y que están justificados en el hecho de que ellos o sus familiares son sujetos de investigación.

25 may 2019.- Temístocles Ortega, Eduardo Pulgar, Laura Fortich, Luis Eduardo Díazgranados, Jorge Londoño, Andrés García Zuccardi, Édgar Díaz, José Ritter López, Nora García, Ana María Castañeda, Ruby Chagüi, Miguel Botero y Nicolás Pérez completan la lista de los impedidos, según la relatoría del Senado.

Y si bien se logró completar el ‘quorum’ requerido (46 votos), todavía hay congresistas que se resisten a respaldar los puntos más álgidos de la iniciativa.

La tensión es tal que EL TIEMPO estableció que, aunque se han logrado aprobar 35 de los artículos, se tuvo que conformar una ‘minicomisión’ de última hora, con el nuevo fiscal general (e), Fabio Espitia, a bordo, que reunirá a los partidos este martes para intentar finiquitar el apoyo a los 21 puntos que hacen falta.

Están invitados Roy Barreras, Roosvelt Rodríguez y Eduardo Pulgar, de ‘la U’; Efraín Cepeda, del Partido Conservador; Angélica Lozano, de la Alianza Verde; Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, y Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical, coordinador ponente del proyecto de ley, radicado por el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez.

El lío es que el plazo para aprobar ese articulado vence el próximo 20 de junio, y si eso no sucede, el proyecto se hundirá en su totalidad, a pesar de que los diferentes partidos y el propio Gobierno pregonan que combatir la corrupción es una de sus principales banderas.

“Muchos se oponen y el articulado genera mucha resistencia. Pero nadie se para de frente por lo impopular que resultaría. Lo están dilatando para que se hunda por trámite y no por argumentos”, explicó Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde.

Reporteros de este diario hablaron con varios senadores y todos coincidieron en que la mayor resistencia se concentra en tres artículos y en que el ambiente se enrareció aún más luego de que algunos asumieron que el exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías les había mandado un mensaje desde la cárcel cuando dijo que aún tenía mucho que contar sobre cómo se logró el respaldo a la paz en el Congreso y los supuestos fondos de Odebrecht que terminaron en la campaña de reelección de Juan Manuel Santos.

Sobre el caso Odebrecht, en general, el procurador Fernando Carrillo ha dicho que aún falta un 50 por ciento de las investigaciones.

El pulso

Uno de los artículos espinosos es el que eleva las penas para cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito en delitos contra la administración pública.

Con ellos, el proyecto busca evitar casos como el del ‘rey’ de las raciones escolares, Germán Trujillo, esposo de la exgobernadora del Huila Cielo González. 

Aunque la Fiscalía pidió condenarlo a 12 años por peculado por apropiación, obtuvo dos rebajas de penas por allanarse a cargos desde la primera audiencia y devolver 2.200 millones de pesos del dinero de la comida de los niños de Santander que usó para comprar un apartamento. En resumen, saldrá libre dentro de tres años.

Algo similar pasará con el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien recibió 6 millones de dólares de la multinacional Odebrecht para amarrar la licitación de la Ruta del Sol II. Por ese cohecho debería pagar 11 años de cárcel, pero la condena le quedó en algo más de 5 años.

“El país rechaza y se indigna con penas irrisorias que, aplicadas en sus máximos, nunca son proporcionales al daño que causan los condenados”, explicó el ponente, Germán Varón.

Para evitar que ese tipo de delincuentes paguen penas bajas gracias a las gabelas previstas en la ley, el proyecto propone que cuando el monto del soborno o de lo robado sea mayor a 100 salarios mínimos, la pena aumente a la mitad.

Algunos senadores creen que el monto, cerca de 82 millones de pesos, es muy bajo para perseguir a un político y a funcionarios públicos por enriquecimiento ilícito.

Incluso, uno de los senadores que ha estado en las discusiones del articulado llegó a proponer que ese delito desapareciera, porque había sido creado en relación con el narcotráfico.

“Se ha hablado con la Fiscalía de que el tope de 100 salarios mínimos es bajo. Hay que llegar a una medida de entre 400 o 500 salarios mínimos para que se persiga a la gran corrupción y la justicia no se distraiga en pequeños casos. Hay que ir por los apartamentos escondidos en Miami, y no por el reloj que adquirieron”, explicó el conservador Efraín Cepeda, uno de los pocos que habla de frente del tema con argumentos jurídicos.

También genera resistencia el punto que busca que los corruptos paguen la totalidad de la pena en un centro carcelario. Es decir, que no se les pueda conceder domiciliaria, así hayan cumplido el 50 por ciento de la sentencia. A este se le une la iniciativa de Angélica Lozano de ponerles límites a los privilegios penitenciarios.

“Lo han vuelto un abuso. La norma que permite la reclusión en un lugar especial es para jueces, uniformados y funcionarios que persiguen a delincuentes y que no podían ser mezclados con ellos. Pero, ahora, se extendió a políticos y empresarios”, enfatizó Lozano.

A pesar del panorama, el ponente, el senador Varón, cree que al llegar el fiscal (e) Espitia se le puede dar al articulado el empujón final para ser aprobado.

Sin embargo, sentenció: “El trámite de este proyecto se convierte en una prioridad dentro de la agenda del Congreso. De no aprobarse en los próximos 26 días, todo el trabajo se hundirá”.

Declaración de renta sería de acceso público

El paquete legislativo anticorrupción que está en el Congreso tiene un apartado que sí logró avanzar esta semana. En efecto, la plenaria del Senado aprobó, en tercer debate, un proyecto de ley que obliga a los funcionarios del Estado a hacer públicas las declaraciones de renta, los formatos de patrimonio y los conflictos de interés para el ejercicio de sus cargos.

Lo que se busca con esta iniciativa, la cual hizo parte del bloque de la consulta anticorrupción que en agosto pasado superó los 11 millones de votos, es que esa información sea publicada en Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), con el fin de que la ciudadanía pueda acceder a ella y se haga más trasparente la contratación pública. “Este proyecto, que fue el punto seis de la consulta anticorrupción, ayuda a saber con cuánta plata entran y con cuánta salen del cargo, y ya solo le resta su último debate en la plenaria de la Cámara”, aseguró Angélica Lozano, senadora de Alianza Verde y segunda vicepresidenta del Congreso.

UNIDAD INVESTIGATIVA u.investigativa@eltiempo.com En Twitter: @uinvestigativa

https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/los-articulos-anticorrupcion-que-agonizan-en-el-senado-366968

19.19.-¿CÓMO REDUCIR LOS CULTIVOS DE COCA? LEGALIZÁNDOLOSSantiago Villa 

Mientras el mundo se decide por legalizar la cocaína, esa condición previa (aunque no exclusiva) para que en Colombia transitemos hacia la paz, en nuestro país podemos comenzar con un paso más modesto y menos arriesgado: legalizar el cultivo de la planta de coca.

Si en Colombia se legaliza la hoja de coca, esos costosos, inanes y absurdos esfuerzos por reducir la siembra podrían centrarse en atacar la producción de la cocaína propiamente.

29 may 2019.- Combatir el contrabando de narcóticos es una actividad idiota e inútil, que drena nuestros recursos y sacrifica sin sentido las vidas de nuestros policías y militares. Pero también es cierto que aceptar la cocaína no parece ser cosa de corto plazo. En el mundo falta voluntad política, porque quienes sufrimos las peores consecuencias de esa prohibición somos un puñado de países productores: todos en vías de desarrollo.

Cuando los países del primer mundo decidan legalizar un consumo regulado o abierto (como sucede ahora con la marihuana), encontrarán la forma de producir su propia cocaína, tal como lo hacía Alemania durante el siglo XIX, que importaba la hoja de coca desde América del Sur y procesaba la cocaína en sus laboratorios.

Nosotros quedaremos fuera del negocio, y observaremos, como amante abandonado bajo el rellano de la puerta, que todos nuestros esfuerzos y sacrificios para proteger la salud de los consumidores del primer mundo fueron en vano. No sólo se siguen drogando, sino que es el primer mundo el que más se lucrará del negocio y nosotros quedaremos por fuera.

Pero volvamos al punto de esta columna: la propuesta de legalizar el cultivo de la coca.

En lugar de criminalizar a campesinos que no cultivan ningún producto nocivo, sino la planta que nutrió a los indígenas suramericanos durante siglos, todo el esfuerzo debía estar en buscar laboratorios, rutas, cuentas bancarias y negocios de lavado de dinero.

Recordemos que la hoja de coca no es la cocaína, sino un componente más junto con la acetona, el ácido sulfúrico y la gasolina, entre otros. A nadie se le ocurriría ilegalizar el ácido sulfúrico para combatir la producción de cocaína. ¿Por qué hacerlo entonces con la hoja de coca?

Porque es más fácil encontrar y fumigar cultivos que controlar las demás sustancias. Las instituciones que luchan contra el narcotráfico necesitan medir el éxito de sus esfuerzos en cifras, y resulta menos peligroso y costoso reducir cifras de cultivos que número de laboratorios o rutas de tráfico.

Si se legaliza la coca, sin embargo, su producción podría hacerse en terrenos abiertos, limitando así la deforestación para esconder los cultivos; y sería quizás más fácil monitorear las ventas, lo que facilita el hallazgo de laboratorios, que son, según la mentalidad prohibicionista, el “auténtico problema”.

Quizás incluso el precio caería tanto que la producción de coca sería menos atractiva que la de otros productos. Esto, claro, no sucedería en las regiones más apartadas, donde la coca se produce porque no hay infraestructura vial.

Esto tiene muchas complicaciones, claro. No sería legal vender la coca a grupos narcotraficantes, como no es legal venderles los otros componentes. La limitación mantendría abierta la puerta para criminalizar a los productores y no resuelve el problema, que es buscar cómo proteger al campesino de la guerra contra las drogas.

Es complicado y una columna no es el espacio para resolver los detalles del asunto.

Esta propuesta parte de una premisa: es imposible no sólo acabar con la producción y el tráfico de cocaína en Colombia, sino reducirla a proporciones mínimas. Lo único que podemos hacer es escoger qué segmentos de la población queremos apartar de una guerra sin sentido, que más temprano que tarde se acabará gracias a la legalización, y que nos dejará plantados como las víctimas idiotas de una historia sobre la que teníamos control, pero nos negamos a ejercerlo.

Twitter: @santiagovillach 

   https://www.elespectador.com/opinion/como-reducir-los-cultivos-de-coca-legalizandolos-columna-863218

  • 18.19.-ÓPERA BUFA EN LAS ALTAS ESFERAS POLÍTICAS  – Cristina de la Torre 
  • 18.19 .- PAÍS CONMOCIONADO –  Cecilia Orozco
  • 18.19.-¡MÁS GENEROSIDAD, PRESIDENTE! – Patricia Lara

 

Malitos los actores. Quisieron montar una tragedia (sembrar el caos, hacer invivible la república), pero exageraron a tal punto en gesticulación y voces engoladas, que resultaron inverosímiles y terminaron interpretando una ópera bufa. Para salvar el pellejo, en su vieja escalada contra la justicia precipitaron el fiscal Martínez y el senador Uribe la asonada del día contra ella. Ya la Corte Suprema preparaba reconvención al fiscal por conflictos de interés en el ejercicio del cargo, a cuyo amparo encubría la desmesurada corrupción de Odebrecht. Y reactivaba llamado a indagatoria a Uribe, por manipulación de testigos en un caso que involucra a paramilitares. Curtidos manipuladores de la opinión hasta transformar franjas enteras de ciudadanos en rebaño, aprovecharon el desconcierto de muchos —crédulos impresionables al vibrato de la caverna y fanáticos que le hacen eco— para mutar en oportunidad política su derrota colosal con las objeciones a la JEP e invitar a la protesta callejera contra ella. Y pasar a mayores. Fantasearon con demolerlo todo con la contundencia de una acción sin retorno.

21 may 2019.-  Según ellos, el auto que libraba de extradición a Santrich desafiaba el orden jurídico y obedecía a un pacto de cogobierno con el narcotráfico. En nombre del Estado de derecho y de la paz, un reducto de exaltados propuso decretar estado de conmoción interior y convocar constituyente. El primero, para extraditar a Santrich acaso sin pruebas, provocar así el regreso de los desmovilizados a la guerra y ensayar los excesos que la conmoción permite en manos de algún perdonavidas desesperado y vengativo. La segunda, para rediseñar un Estado que quepa en el bolsillo de la derecha.

Ni marchó la galería en las calles, ni vivieron más de un suspiro las iniciativas de conmoción y constituyente. Pero Martínez se dio el lujo de inducir, por omisión de pruebas, la decisión de la JEP, que se pronunciaba en estricto derecho. Él y los gringos se las negaron una y otra vez. Mas, no bien se conoció aquel auto, aparecieron las esquivas pruebas. A dos minutos de su libertad, recapturó la Fiscalía al sindicado para juzgarlo, como bien lo proponía la propia JEP. Mas ya Martínez había llevado la justicia transicional a la picota pública y ahora se coronaba con laureles de justiciero insobornable. Ni el presidente ni el partido de Gobierno le preguntaron por su oscura relación con la firma más corrupta del continente.

No podían. El flamante embajador de Estados Unidos acababa de inmortalizar a Martínez con el calificativo de “patriota”. Al estruendoso silencio con que este Gobierno bendijo la humillante violación de la soberanía nacional en cabeza de nuestras cortes le seguirá la marcha —hace nueve meses emprendida— de colonizados en pos del amo. José Obdulio Gaviria, ideólogo del ala extremista del Centro Democrático, abrió en febrero de par en par este camino cuando escribió con pasión de converso: “bien valdría la pena que Secretaría de Estado piense seriamente en aplicar sanciones a los magistrados JEP saboteadores/cómplices”.

Le salieron al público con una bufonada y éste va desalojando desencantado la sala. Ya lo habían dicho voceros de los partidos Liberal, la U y Cambio Radical: “El caos que algunos pregonan no existe. Las soluciones están previstas en nuestra Carta Política”. Y Álvaro García, presidente de la Corte Suprema, remachó con broche de oro: rechazó “el sistemático ataque a la integridad del poder judicial (…) Las cortes representan la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Cualquier interferencia, acto injusto, persecución o interceptación ilegal contra sus magistrados es también una agresión contra la independencia judicial”. Controle la ultraderecha su compulsión subversiva contra el Estado de derecho. Mejor le va si se aviene a la democracia y a la paz.

https://www.elespectador.com/opinion/opera-bufa-columna-861652

18.19 .- PAÍS CONMOCIONADO –             Cecilia Orozco

Obras son amores y no buenas razones. El presidente Duque casi siempre afirma, en público, lo que resulta correcto en las democracias. Pero hechos producidos en su gobierno indican que vamos hacia una ruptura constitucional con consecuencias antidemocráticas: bien sea porque él mismo se desdiga, en privado, y dé instrucciones opuestas a sus declaraciones mediáticas; bien por la torpeza institucional de sus funcionarios, bien porque el senador Uribe sea el que manda, la realidad es que su administración, su partido y el propio jefe de Estado empiezan a caracterizarse por actos en que se irrespeta la autonomía de los otros poderes; se humilla a los opositores; se insulta a los nuevos actores políticos; se hostilizan los movimientos sociales, se minimizan las violaciones a los derechos humanos y se amenaza la libertad de prensa .

22 may 2019. – En su entrevista con María Isabel Rueda, en El Tiempo, dice, según el titular, una frase que, por cierto, no encontré en el texto: “No toleraré la violación de la Constitución y la ley en las Fuerza Militares”. No obstante, su ministro de Defensa, su comandante del Ejército y los congresistas más nefastos del uribismo, en sus respuestas frente a la denuncia de The New York Times sobre la existencia de instrucciones militares que conducirían al regreso de la época desgraciada de los falsos positivos, dan señales de que el ministro Botero, el general Martínez y el Centro Democrático se encuentran en la orilla contraria a la del titular de su reportaje (“no toleraré la violación de la Constitución ni la ley”). Guillermo Botero, un señor que maneja comerciantes y que no sabe nada de seguridad nacional, desautorizó el artículo del diario neoyorquino porque era “un esfuerzo por atacar el Ejército”. Pero después admitió que el número de bajas en combate había aumentado durante el periodo Duque, aunque se lo atribuyó a que también se incrementaron los operativos, como si estos tuvieran el objetivo de matar, no el de capturar. Por su parte, el general Nicacio Martínez negó la existencia de los documentos que mencionaba el corresponsal Nicholas Casey. A los pocas horas no solo reconoció que tenían su aval, sino que ordenó su retiro. Y, para terminar, la senadora Cabal, conocida por su promoción de la “filosofía” de la venganza primaria, acusó a Casey de haberse ido “de gira” con las Farc, y le preguntó, muy en su estilo amarillista, cuánto le habrían “pagado por este reportaje”. Por lo menos, no hay coherencia entre el discurso presidencial y el de sus voceros.

A raíz de sus malhadadas objeciones a la Estatutaria de la JEP, de su fracaso en el Congreso pese a las maniobras tinterillas de su presidente de Senado, Ernesto Macías; de la entereza que han mostrado los miembros de la JEP ante las presiones generalizadas en el caso Santrich, del melodrama que montó Martínez Neira para irse con aire de triunfo y cubrir, así, su derrota propiciada por su propia venalidad, Duque y su partido están metiendo a Colombia en una supuesta crisis que merecería decretar el estado de conmoción interior. Es decir, la declaración de alteración grave de la democracia que permite que el Presidente de la República haga de jefe de Estado, de juez y de legislador al tiempo. A la pregunta de Rueda sobre el punto, Duque no se atrevió a negar enfáticamente que no acudiría a ella: “la conmoción interior es una herramienta que siempre tiene el presidente para enfrentar circunstancias definidas en la Constitución”. O sea, ni sí ni no, sino todo lo contrario

La semana pasada, en medio del desorden institucional que nadie controla, incluido el bochornoso espectáculo de recaptura de Santrich frente a las cámaras de televisión como fiera que se enjaulaba en un circo romano con espectadores ávidos de sangre, se rumoró que Uribe y sus coyotes estuvieron en Palacio presionando a Duque para que decretara la conmoción interior, extraditara en medio de ella a Santrich y después cerrara el Congreso. Me pareció increíble, pero hoy tal vez el presidente no lo descarta del todo porque este es un país conmocionado desde cuando el uribismo regresó al poder. ¡Y que se diga!

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18.19.-¡MÁS GENEROSIDAD, PRESIDENTE! – Patricia Lara

Hay que abonarle al presidente Iván Duque que, a pesar de todas las presiones, no se ha dejado imponer del senador Uribe y de la extrema derecha del Centro Democrático la peligrosa idea de decretar el estado de conmoción interior para extraditar a Santrich. Ello equivaldría, ni más ni menos, a brincarse las cortes y los procedimientos judiciales y, así, dar un golpe de Estado camuflado que, sin lugar a dudas, se hundiría por inconstitucional, pues carecería de los requisitos para decretarse, pero facilitaría la extradición inmediata de Santrich y, así, haría volar en pedazos lo que queda del proceso de paz, ya que los miembros del partido FARC consideran que las pruebas contra Santrich son un montaje y que la estabilidad jurídica de toda la guerrillerada tambalea. ¡Y no les faltan indicios para pensarlo!

24 may 2019.-  Dicho lo anterior, hay que alertar a la opinión porque ese riesgo no ha desaparecido del todo, no obstante que cada vez es más evidente que no hay crisis institucional, como se dijo, porque la institucionalidad está funcionando a la perfección: al fiscal renunciado ya la Corte le aceptó la renuncia y será reemplazado, a la ministra de Justicia también el presidente le nombró reemplazo, el fallo de la JEP que le otorgó el beneficio de no extradición a Santrich fue apelado por el procurador. Ese fallo será confirmado o revocado por la Sala de Revisión de la JEP; si lo revoca, pasará a estudio de la Corte Suprema de Justicia y ella será la que determine si Santrich debe ser extraditado o no. Si la Corte decide que sí, finalmente sería el presidente quien tendría la última palabra y diría si por razones de conveniencia nacional lo extradita o no.

Pero el peligro de que se decrete la conmoción interior se mantiene aún puesto que, según le dijo a este diario el senador John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres, quien asistió a la reunión de Duque con el Centro Democrático y los partidos aliados, el plan es que si la Corte Constitucional hunde las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, si la JEP no resuelve a favor la apelación de la no extradición de Santrich y si no se logra el consenso de los partidos en torno a los caprichos del Gobierno, decretarían la conmoción interior. O sea que si el gran consenso nacional, en vez de concertarse con los partidos, incluidos los de oposición como debe ser, no se convierte en un pupitrazo para hacer lo que al Gobierno le dé la gana, el Centro Democrático presionará para que se decrete ni más ni menos que una dictadura al estilo de Maduro.

Sin embargo, eso no es lo que le conviene a este país. Ni tampoco le conviene al presidente Duque, que lleva un año perdido, patrocinando una pelea que no es suya y a quien sólo le quedan un poco más de tres años para construir su legado.

En cambio, si el presidente se apoyara en el bloque mayoritario de partidos que está dispuesto a construir con él un acuerdo para detener el genocidio de los líderes sociales, disparado por el incremento inusitado del paramilitarismo, y a impulsar la implementación del Acuerdo de Paz, Iván Duque podría escribir aún una página importante de nuestra historia. Pero, para hacerlo, se requeriría que tuviera motivaciones positivas: por ejemplo, que, en vez de insistir en que “el que la hace la paga”, repitiera algo así como “todos unidos construiremos una Colombia mejor”. No obstante, para hacer eso, necesitaría disponer de mucha más generosidad…

#AdiósALaGuerra            

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17.19.-CÁLCULOS ALEGRES DE OPPENHEIMER SOBRE CORRUPCIÓN EN RÉGIMEN DE MUCHO MERCADO Y POCO ESTADO – Cristina de la Torre 

Anacrónico, rudimentario propagandista del neoliberalismo, sostiene Andrés Oppenheimer en Portafolio (22.04/19) que la mano peluda de Odebrecht no podía surgir sino en un gobierno como el de Lula en Brasil y alargarse hacia todos los que en la región replicaban ese modelo de “populismo autoritario”. Que, por contraste, aquella apenas si tocó a México y Colombia, dizque por ser éstos regímenes de libre mercado. De donde se infiere que la corrupción pega naturalmente en regímenes de centroizquierda, y menos en los de derecha que, al parecer, preservan heroicamente su virginidad. Se equivoca.

13 may 2019.- Aunque corrupción hubo siempre, con el desmantelamiento del Estado, la privatización de sus funciones y la supresión de instrumentos regulatorios de la economía que el Consenso de Washington introdujo, aquella invadió como mar embravecida el poder público y la sociedad. El amancebamiento de negocio privado y función pública —distinto de la sana asociación público-privada— disparó la corrupción en proporciones bíblicas.

 A Odebrecht, por mencionar el desafuero más reciente, le antecedió la crisis financiera de 2008, segunda en tamaño y capacidad de daño después del crack de 1929. La última pauperizó a millones de familias en Estados Unidos y multiplicó hasta la obscenidad las ganancias de un puñado de banqueros que hiceron (y hacen) su agosto protegidos por la inacción compensación del Estado. Por su parte, si la corrupción medró en los gobiernos reformistas de América Latina, no fue precisamente porque éstos redimieran de la pobreza a porciones sustantivas de la población. Fue porque no desmontaron cabalmente el modelo privatizador que Pinochet había entronizado y los Chicago-boys convertido en dogma de fe. No se diga, entonces, que la corrupción tiene color político, pues Putin y Trump se disputan esa presea.

Por lo que a Colombia toca, no será nuestro país la casta Lucrecia que Oppenheimer quisiera. Aquí las coimas de Odebrecht no sumaron los $11 millones de dólares que él reporta, sino $50. Y si mucho ha demorado la investigación es porque el mismísimo fiscal general resultó comprometido en ella. Lo mismo que excandidatos presidenciales, viceministros, senadores, altos heliotropos de las burocracias pública y privada, el hombre más rico del país y hubo dos envenenados con cianuro.

Informa Transparencia por Colombia que el punto álgido de la corrupción es la contratación pública. Más de la mitad de gobernadores, alcaldes y concejales están involucrados en ella, por montos que suman $18 billones en dos años. El contralor Carlos Felipe Córdoba recuerda que en Reficar hubo sobrecostos por $17 billones y, en Saludcoop, hallazgos penales por $1,4 billones. Habla de mallas complejas de contratistas que acaparan casi toda la contratación pública, como que una sola de ellas concentra adjudicaciones por $60 billones. Todo, producto de la privatización de la función pública y de la precaria vigilancia y control del Estado.

Caso dramático, el de la salud, convertida en negocio de intermediarios financieros. Claman al cielo imágenes recientes de hacinamiento de 350 % de pacientes en hospitales públicos, mientras las EPS les adeudan $10 billones, que no pagan. Y hay también otras fuentes de exacción: como los carteles de hemofilia y enfermos mentales inexistentes, negocio de exgobernador que sigue presidiendo algún notablato regional. Y de la mano vino la privatización de la política, mediada por la corrupción: la alianza entre financiador de campaña, elegido y contratista, que puso en jaque el sistema mismo de la democracia.

Por qué no cambiar el modelo privatizador, o moderarlo, rescatando los proyectos anticorrupción que este Gobierno echó a perder. Por qué no insistir en la lista cerrada de la reforma política. Por qué no generalizar la veeduría ciudadana. Nunca es tarde y hay con quién.

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16.19.-CORTES DE JUSTICIA COLOMBIANAS Y EE. UU. EN ALTA TENSIÓN – Justicia

Retiro de visa a magistrados elevó malestar tras denuncias de chuzadas y presiones sobre ley de JEP.Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Eyder Patiño, y de la Corte Constitucional Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo. Foto: Cortesía: Cortes

Más allá de lo que suceda a partir de este lunes, para cuando está prevista una reunión entre funcionarios de la embajada de EE. UU. y la magistrada de la Corte Constitucional Diana Fajardo, para hablar de una notificación que le hicieron por correo electrónico sobre cambios en las condiciones de su visa, la tensión entre las cortes colombianas y el Gobierno estadounidense ha ido escalando.Si bien es claro que cada país es libre de otorgar o negar la entrada de una persona a su territorio, según las cortes hay “presiones” y “retaliaciones” por fallos de los altos tribunales que afectan intereses de EE. UU., como la extradición y el uso del glifosato para combatir los cultivos de coca

Así como la magistrada Fajardo, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Éyder Patiño, recibió hace unos días una notificación por correo. A él le dijeron que le retiraban la visa estadounidense.

Estos dos hechos fueron antecedidos por un mensaje al también magistrado de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo, quien antes de Semana Santa recibió la noticia de que le retiraban el permiso para entrar al país norteamericano. Él, por su cuenta, se presentó a la embajada de EE. UU. para aclarar su situación y recuperó el visado.

Lizarazo fue el ponente de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que objetó el presidente Iván Duque. Además, debe presentar ante la Corte Constitucional en los próximos días una ponencia sobre la decisión que debería tomar este tribunal respecto a la petición que le hizo el Senado para que evalúe si Duque debe o no sancionar la ley. Esto, ante las dudas sobre la mayoría calificada en la votación que rechazó las objeciones presidenciales en esa corporación.

Patiño, por su lado, fue el magistrado ponente del fallo de la Corte Suprema que negó la extradición del indígena José Martín Yama, acusado por EE. UU. de narcotráfico. Este tribunal consideró que ya había pagado en Colombia la pena impuesta por la justicia indígena, de 10 años, y que no podía ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

Sobre la cancelación de su visa, Patiño sostuvo que se dio como una respuesta a sus posiciones jurídicas “que le han resultado incómodas a algún sector de la opinión”, pero dijo: “Eso no va a amilanarnos”.

Otros funcionarios de la justicia sin entrada a EE. UU.

Cortes cierran filas por cambios en visas de tres magistrados

Esto no va a amilanarnos: magistrado al que EE. UU. le canceló su visa

posiciones jurídicas “que le han resultado incómodas a algún sector de la opinión (…) Eso no va a amilanarnos”.

Ante las novedades con las visas de dos magistrados de la Corte Constitucional, la presidenta de esta corporación, Gloria Ortiz; el vicepresidente, Alberto Rojas, y la magistrada Fajardo pidieron cita con el presidente Iván Duque. El lunes se reunieron con el mandatario y le manifestaron su preocupación por lo que consideraban “una presión” del Gobierno de EE. UU. sobre ese tribunal. Le solicitaron, incluso, que les ayudara a aclarar la situación con el embajador Kevin Whitaker.

Ya el viernes, la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la JEP coincidieron en que respetan la autonomía de los Estados y sus representantes diplomáticos, pero rechazaron resoluciones que puedan tomarse para presionar decisiones judiciales.
El Consejo de Estado dijo que no debe utilizarse “ningún elemento, decisión o actuación como mecanismo de presión o represalia frente a las decisiones judiciales”. Y la JEP rechazó “cualquier decisión o circunstancia que sirva de mecanismo de presión indebida”.

La Corte Suprema, puntualmente, consideró “cualquier interferencia, acto injusto, persecución, seguimiento o interceptación ilegal” contra los magistrados como “una agresión contra la independencia judicial”, que, dijo, “no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos”.

Supuestas chuzadas

Ese tribunal se refirió a interceptaciones porque hace dos semanas la Corte Constitucional denunció supuestas chuzadas, y varios magistrados dijeron a distintos periodistas que sospechaban del Gobierno estadounidense. La Corte pidió a la Fiscalía y a la Policía investigar.

Ante las denuncias, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo que él mismo había alertado al tribunal constitucional sobre una red que buscaría interceptarla para enterarse de la vida privada de los magistrados, extorsionarlos y conseguir fallos favorables.

La creciente tensión entre EE. UU. y las cortes comenzó luego de que la embajada de ese país canceló una cena programada con los magistrados del tribunal constitucional por denuncias del representante a la Cámara John Jairo Cárdenas –a quien también le quitaron la visa–, según las cuales el embajador Whitaker había invitado a desayunar a varios colegas para presionar una votación a favor de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP.

En su momento, la embajada de EE. UU. dijo que la cena se había cancelado por las “inquietudes” que había generado la invitación. Aseguró que hacía ese tipo de encuentros regularmente para “fortalecer la cooperación bilateral, respetando siempre la soberanía y la independencia de Colombia”

El Gobierno de Colombia y su canciller deberían enviar una carta a (…) Estados Unidos quejándose y pidiendo explicaciones, porque es una intromisión en los asuntos internos de Colombia

Llamado al Gobierno

Expertos en relaciones internacionales y derecho internacional ven relación entre el retiro de visas y las decisiones que están tomando las altas cortes. Le piden al Gobierno que se pronuncie y le exija a EE. UU. respeto hacia la justicia colombiana.

El riesgo, dice el profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario Enrique Prieto, es que “la injerencia de Estados Unidos” genere “miedo no solo a los magistrados, sino también al Poder Legislativo”.

Por eso, agrega Prieto, “lo que deberían hacer el Gobierno de Colombia y su canciller es enviar una carta al Gobierno de Estados Unidos quejándose y pidiendo explicaciones, porque es una intromisión en los asuntos internos de Colombia”.

En el mismo sentido, el decano de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, padre Luis Fernando Múnera, dice que “retirar las visas cuando se están discutiendo temas tan delicados (en las cortes) es una presión”.

Y llama la atención sobre el hecho de que “la agenda entre Estados Unidos y Colombia está otra vez marcada por el narcotráfico”, con lo que –agrega Múnera– “estamos perdiendo el terreno ganado en unas relaciones respetuosas de cooperación”.

No es la primera vez que EE. UU. retira la visa a funcionarios judiciales colombianos, pero en otros casos lo ha hecho cuando tienen investigaciones penales formales por actuaciones irregulares.

Es el caso de la exdirectora administrativa de la JEP Martha Lucía Zamora, y de Jorge Pretelt, exmagistrado de la Corte Constitucional. Zamora es investigada por supuestos favorecimientos a exguerrilleros de las Farc que se acogieron a la JEP, y Pretelt, por corrupción.

Pero ni la magistrada Fajardo, ni Patiño ni Lizarazo han sido notificados sobre investigaciones. De hecho, el Fiscal General le dijo a este diario que hasta la fecha el ente acusador no tiene información que comprometa a magistrados de las cortes en hechos de corrupción. Y que no hay elementos para compulsar copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra ningún integrante de las altas cortes.

Por lo pronto, las cortes están a la espera de un pronunciamiento del presidente Duque sobre lo que han considerado una presión indebida de EE. UU. sobre la justicia colombiana.

https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/retiro-de-visas-sube-tension-entre-cortes-y-ee-uu-360396?cid=EMA_CON_PUBL_ET_MOMPOTES

  • 15.19.-SE NECESITA UN PRESIDENTE – Patricia Lara
  • EL DAS DEL URIBISMO, ¿DE VUELTA A SUS ANDADAS? Cecilia Orozco

Macías discute con algunos senadores cómo votar las objeciones, si en bloque o artículo por artículo. Foto:  Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

3 may 2019.- El espectáculo liderado por el senador Uribe ha sido lamentable: después de que el 8 de abril fueron derrotadas en la Cámara las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP por 110 votos contra 44, el 30 de abril, luego de dilaciones orquestadas, el Senado por fin pudo votar y las hundió por 47 votos contra 34.

Entonces, con argucias, el uribismo se empeñó en aumentar el quorum con dos senadores que nunca se posesionaron, Iván Márquez y Aída Merlano, para decir que el total de habilitados para votar era de 108 y no de 106, cuando la ley es clara al respecto. Si a esos 106 posesionados se les restan los 14 impedidos, el quorum es 92. Y la mayoría indiscutible es 47.

De modo que el entierro de las objeciones es incuestionable tanto jurídica como matemáticamente. Y políticamente sí que es evidente pues, para llegar a ese resultado tan dañino para la paz y la imagen del país, Uribe, Duque y su combo han pasado por encima de la ética: han enloquecido a los jefes de las bancadas liberal, de la U y de Cambio Radical: César Gaviria, Germán Vargas Lleras y Aurelio Iragorri, para que modifiquen su posición digna y vertical en defensa del Acuerdo de Paz; y han tratado de seducir a los senadores de esos partidos con el fin de que se volteen contra sus bancadas —lo cual acarrea sanciones— o no asistan a las votaciones, tal como ocurrió cuando el presidente Uribe logró cambiar el “articulito” que, en el 2006, le permitió reelegirse y por lo cual su ministro del Interior, Sabas Pretelt, y los parlamentarios Teodolindo Avendaño y Yidis Medina acabaron en la cárcel.

Ese podría llegar a ser el caso de la senadora de la U Maritza Martínez, quien anunció que votaría contra las objeciones por disciplina de bancada, pero huyó del recinto antes de votar. Luego se supo que el 26 de abril el presidente y su ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, mediante el Decreto 734, nombraron representante de Duque ante el Consejo Directivo de Cormacarena a Orlando Barbosa Villalba, uno de los financiadores de la senadora Martínez. Todo indica que el caso pararía en la justicia y, probablemente, enredaría a los firmantes del decreto y a la senadora, quien tendría que demostrar que su fuga no fue estimulada por la mermelada presidencial.

Ya es hora de que el presidente Duque entienda que esa obsesión de Uribe contra la JEP daña no sólo a este país que no avanza por culpa de esa pelea perdida, sino su imagen, pues ya aparece claro que él actúa como títere de ese a quien llamó “presidente eterno”. Y perjudica demasiado el prestigio internacional de Colombia, porque el mundo, empezando por el Consejo de Seguridad de la ONU, no entendería que el presidente pudiera resultar acusado de cometer cohecho para hacer trizas la paz.

Reflexione, presidente Duque, aún le queda una oportunidad: detener el circo, aceptar el resultado limpio de la votación, sancionar sin dilaciones la ley estatutaria de la JEP, buscar un consenso entre todas las fuerzas políticas empezando por los líderes del partido FARC —los otros firmantes del Acuerdo de Paz— y doblar la página para determinar, entre todos los sectores, cuál es la Colombia grande que queremos construir, e impulsar al país a trabajar unido para alcanzarlo. Así, usted se crecería y podría gobernar solito.

Pero, para lograrlo, como Freud descubrió que les ocurre a los hombres, tiene que desmarcarse de esa figura castradora de autoridad y, de una manera simbólica, en lenguaje sicoanalítico, matar al padre.

www.patricialarasalive.com@patricialarasa https://www.elespectador.com/opinion/se-necesita-un-presidente-columna-853427

15.19.-EL DAS DEL URIBISMO, ¿DE VUELTA A SUS ANDADAS? Cecilia Orozco

El DAS, antiguo Departamento Administrativo de Seguridad que trabajaba bajo las órdenes directas de la Casa de Nariño, espió ilegalmente, entre 2007 y 2009 —segundo gobierno de Álvaro Uribe—, a la Corte Suprema de Justicia en claro desvío de sus funciones constitucionales: desarrollar labores de inteligencia civil para defender a la Nación de ataques criminales.

Una década después de los escandalosos hechos que no se redujeron a interceptar sin orden judicial a los magistrados del alto tribunal, sino que se ampliaron hasta llegar a fabricarles montajes para reducir su independencia por la vergüenza de los interrogantes mediáticos que pesaban sobre ellos, y a esculcarles su vida privada y la de sus hijos y esposos para hallar posibles episodios íntimos con que poderlos chantajear, la historia ha podido constatar que el mandatario de la época no tuvo un desliz momentáneo de poder, sino que es su método, que constituye su sello. Increíblemente, la justicia, diez años después, no lo alcanza pese a que todos sus alfiles fueron condenados o, al menos, investigados (ver lista abajo).

30 abr 2019.- Por esta realidad incontestable, por su falta de reciedumbre institucional y por la sonrisa medio burlona, medio tontarrona que dejó ver mientras daba declaraciones sobre la grave posibilidad de que, esta vez, la víctima de las “chuzadas” sea la Corte Constitucional, molestan la actitud y el tono de Gloria Ortiz, presidenta de esa corporación, cuando se refería a las sospechas de sus compañeros, de tener interceptadas sus comunicaciones. Lo que ella llamó “la percepción de algunos magistrados que sienten que su teléfono está como raro, que los están oyendo, ja ja”, reduce la majestad de la institución que representa y, por supuesto, le quita toda seriedad a la denuncia. ¿Qué de extraño tendría que agentes de la Fiscalía Martínez Neira, cuya cabeza ha demostrado no tener reato moral, no pararse en mientes, no detenerse ante mentira alguna para conseguir lo que sirva a sus planes, espiaran a los togados poseedores de la última palabra sobre la validez o invalidez de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP?

¿A quién le parecería raro que la Dirección Nacional de Inteligencia, reemplazo del DAS y actualmente bajo la conducción de hombres que, más que responder a Duque, obedecen a Uribe, estuviera repitiendo la dosis de 2009 de seguir los pasos de los magistrados menos susceptibles a los halagos o a las amenazas del fiscal general o del embajador de Estados Unidos? ¿Qué de extravagante tendría que los extranjeros de la DEA que actúan más libremente que Pedro en su casa oyeran a su antojo las discusiones de la sala plenaria en materia de extradición?

No sé qué opinan ustedes, pero a mí no me sorprendería que el DAS, ahora con otro nombre e individuos, pero con el mismo jefe máximo dirigiendo sus operaciones, esté de regreso con sus ataques al poder judicial: ayer, su objetivo era la Corte Suprema por cuanto ella empezó a juzgar a los aliados del círculo presidencial como aliados simultáneos de los paramilitares. Hoy, el blanco es la Corte Constitucional porque constituye el obstáculo que puede atravesarse a los planes del régimen uribista, de destruir la jurisdicción en que algunos criminales que buscan reducción de penas pueden contar la verdad sobre sus delitos, pero, ante todo, la verdad sobre las identidades de quienes los empujaban a delinquir apoyándolos desde la sombra institucional.

La diferencia favorable, entre la situación de 2009 y la de 2019, es decir, entre el DAS y la Dirección de Inteligencia, es que Colombia 19 está compuesta por una ciudadanía mucho más enterada, más política, más dispuesta a defender la democracia que la Colombia 09, más fácil de engañar. La diferencia desfavorable es que el DAS del país 09 contaba con el apoyo irrestricto del Ejecutivo y de sus apéndices en el Legislativo. El operativo de espionaje del país 19, en cambio, cuenta con una suma de poder dictatorial: la Fiscalía General, la bancada de Gobierno, este mismo y la temible DEA que trabajan por un único objetivo: clausurar el Acuerdo de Paz, cerrar la JEP y extraditar a todo aquel que pretenda abrir la boca. El régimen blando de Duque, el presidente de mostrar, pero de Uribe, el mandamás de ocultar, empieza a mostrar su verdadera faz. A lo Maduro, pero supuestamente “bueno” y presentable porque es de ultraderecha.

Lista no exahustiva de condenados e investigados del DAS que actuaban bajo las instrucciones de la Presidencia de la República

Condenados: 

Secretario general de Presidencia, gobierno Uribe: Bernardo Moreno.

Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, gobierno Uribe: Mario Aranguren.

Directores generales del DAS que reportaban a Casa de Nariño: Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado.

Subdirector general del DAS: José Miguel Narváez.

Jefes de Inteligencia y Contrainteligencia: Fernando Tabares, Jorge Alberto Lagos.

Subdirectora de Operaciones de Inteligencia: Martha Leal.

***

Investigados, mencionados por los condenados y con procesos judiciales pendientes:

Asesor presidencial, gobierno Uribe: José Obdulio Gaviria.- Secretario jurídico de Presidencia, gobierno Uribe: Edmundo del Castillo. – Presidenta del Congreso: Nancy Patricia Gutiérrez (absuelta). – Consejero de Comunicaciones, gobierno Uribe: Jorge Mario Eastman. – Jefe de Prensa de Presidencia, gobierno Uribe: César Mauricio Velásquez. – Directores del DAS: Andrés Peñate, Felipe Muñoz.

https://www.elespectador.com/opinion/el-das-del-uribismo-de-vuelta-sus-andadas-columna-853078

  • 14.19.-EL IMPUESTO A LA DESVALORIZACIÓN – Juan Manuel López
  • INCREÍBLE: SUPERINTENDENCIAS COLOMBIANAS SIN DIENTES – Pablo Felipe Robledo

En ninguna parte del mundo tienen gran aceptación los impuestos. Hablar de ello en Colombia aún menos, pues es como agitar un panal de avispas. Enerva la cantidad, la inestabilidad, el despilfarro, etc… 

 Pero parece que acabamos de establecer un nuevo récord.

 Nada más insólito, injusto y enervante que el impuesto que se está cobrando por la supuesta valorización que traerá el Trasmilenio por la carrera séptima.

26 abr 2019.- Ya lo es por el hecho de ser cobrado por anticipado cuando los antecedentes lo que muestran es que las obras si se realizan es varios años después de lo programado (recordar el ‘deprimido’ de la 94).

Más lo es cuando queda en entredicho su ejecución (o se presenta oposición u objeciones) por parte de entes de control como la Procuraduría o un juez de la República .

Lo cierto es que la simple noticia de que se iniciaría la licitación de ese proyecto produjo la desvalorización inmediata de todos los predios afectados (supuestamente ‘beneficiados’) con esa posibilidad. “Tras de cotudo, con paperas” dirían nuestros viejos; un impuesto ‘por valorizacion’ que grava -y agrava- la desvalorización que causa.

Pero la explicación de este absurdo no se encuentra tanto en las posibles fallas de nuestro sistema en general, sino en el talante del gobierno que lo adelanta.

El daño más grande causado a la movilidad de la capital -y en consecuencia a todo su desarrollo- fue la decisión de sustituir la posibilidad de construir un metro por la ‘genialidad’ de importar un sistema exitoso para ciudades intermedias (entre 1 y 3 millones de habitantes).

Para pensar lo que fue como error, basta con pensar que no existe ninguna ciudad del mundo desarrollado con una población de más de 8 millones que no tenga un sistema de metro para transporte masivo.

Pero más lo dice nuestra propia experiencia cuando de 388 kilómetros previstos hoy sólo existen 114; o todavía está pendiente no se sabe qué porcentaje de la ‘chatarrizacion’ programada; o el costo del experimento de las lozas.

Eso sin considerar  los cuestionamientos que como modelo financiero denunció en su momento el exalcalde Jaime Castro (costo de mantenimiento de la infraestructura más subsidios y garantías de rentabilidad para los operadores contra pérdidas del sistema); no se diga lo cuestionable de entregar el espacio público para beneficio y explotación por parte de unos pocos empresarios privados.

Que el actual alcalde está comprometido con este sistema de transporte es obvio; no por el lado económico como algunos han buscado acusarlo, pero sí por él lado de su ego; entre reconocer su desacierto de entonces o insistir en él como si no hubiera sido un enorme error, sigue lo que dice su talante.

Lo malo de Peñaloza no son sus ejecutorias -la construcción de instalaciones para hospitales, parques, o megabibliotecas son aplaudibles-, ni sus obsesiones -la defensa del uso de la bicicleta es más que oportuno-, ya que estas pueden ser buenas, pero sí la forma autocrática en que las adelanta.

Por ejemplo como en su primera gestión contó con el triple de los recursos usuales de la alcaldía (el presupuesto ordinario; el que dejó Mockus con la justificación de que ‘no hizo nada pero no robó’; y el de la ‘descapitalizacion’ de la EEEB), quedó con la idea de esa capacidad de gasto y lo busca hoy en la venta de otros activos y en el endeudamiento hasta el año 41 de vigencias futuras, para embarcarnos en la construcción de un metro acorde con su imaginación pero no suficientemente demostrado como el más conveniente para la ciudad.

El susto es que se aplique también un ‘impuesto a la desvalorizacion’ para recaudar los faltantes presupuestales de ese proyecto. JMLLC

14.19.-INCREÍBLE: SUPERINTENDENCIAS COLOMBINAS SIN DIENTES – Pablo Felipe Robledo

Hace dos semanas la Corte Constitucional informó que las superintendencias, al ser autoridades administrativas, no podían ni allanar ni interceptar comunicaciones sin orden judicial. La noticia se difundió y se generó en la opinión pública la falsa y absurda idea de que las superintendencias allanaban o interceptaban comunicaciones en el curso de sus investigaciones.

23 Abr 2019.-  Nada más alejado de la realidad. La verdad es que nunca una superintendencia ha allanado un lugar o interceptado una comunicación. No lo han hecho, ni con orden judicial ni sin orden judicial. Por ello, resulta inane que la Corte les recuerde que no pueden allanar o interceptar comunicaciones. Es tan innocuo como si la Corte se tomara el trabajo de recordarles que no pueden torturar a ningún investigado.

No obstante, lo que sí preocupa enormemente son otros posibles pronunciamientos que supuestamente traería la anunciada sentencia de la Corte. Se especula que la Corte diría, además, que las autoridades administrativas de inspección, vigilancia y control no pueden hacer una visita administrativa de inspección sorpresa a sus vigilados y que deben tramitar antes una orden judicial para poderla hacer y exigir la exhibición de cualquier documento.

Pues, señores, si la Corte Constitucional llegara a decir eso, con su infinita “sabiduría” estaría matando no solo a las diez superintendencias sino también al Invima, la DIAN, la Aeronáutica Civil, el ICA, las CAR, las secretarías de salud y un millar más de autoridades administrativas que ejercen este tipo de funciones de inspección, vigilancia y control en nuestro país,

Por ello, me resisto a creer que eso vaya a suceder. No creo que la Corte se atreva a confundir lo inconfundible, pues una cosa es una visita administrativa de inspección y otra un allanamiento; y una cosa es la exhibición de documentos y otra la interceptación de comunicaciones. Pero como todo es posible en este país cuando se trata de proteger a los poderosos que violan la ley, si la Corte dice eso, las autoridades de inspección, vigilancia y control solo burlas y risas generarían, pues no le cogerían la huella ni a un tractor en la playa.

Imagínense a una autoridad de inspección, vigilancia y control avisando y tramitando una orden judicial para poder visitar una estación de servicio con el fin de verificar si los surtidores están calibrados o no, o un supermercado para constatar si vende productos vencidos, o un hospital para verificar el proceso habitual de esterilización de los instrumentos quirúrgicos. ¿Absurdo o no?

Quienes creemos en el determinante rol de las autoridades de inspección, vigilancia y control esperamos que la redacción definitiva de la sentencia esté en función de proteger a la sociedad y que esa creatividad jurídica que tanto caracteriza a la Corte esté por encima de la “creatividad” de los empresarios inescrupulosos que son objeto del poder de supervisión y regulación estatal que ejercen las diez superintendencias y un millar de autoridades más.

La verdad, me resisto a creer que los magistrados de la Corte sean tan ingenuos. https://www.elespectador.com/opinion/me-resisto-creer-columna-851799

13.19.- EL LEGADO MÁS PREOCUPANTE DE LA ERA TRUMP – Joseph E. Stiglitz 

La renuncia forzada de Kirstjen Nielsen al cargo de secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos no es motivo para celebrar. Es verdad que estuvo al frente de la separación forzosa de familias en la frontera estadounidense (notoria por el encierro de niños pequeños en jaulas de alambre). Pero es improbable que la partida de Nielsen traiga consigo alguna mejora, ya que el presidente Donald Trump quiere reemplazarla con alguien que ejecute sus políticas xenófobas en forma todavía más despiadada.

21 ABR 2019  La política migratoria de Trump es espantosa en casi todos sus aspectos, pero es posible que no sea lo peor de su gobierno. De hecho, identificar qué es lo peor se ha convertido en un juego de salón muy popular en Estados Unidos. Sí, llamó a los inmigrantes criminales, violadores y animales. Pero ¿qué decir de su profunda misoginia o su vulgaridad y crueldad sin límites? ¿O de que les haga la vista gorda a los supremacistas blancos? ¿O de su retirada del acuerdo climático de París, del acuerdo nuclear con Irán y del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio? Y sin olvidar su guerra contra el medioambiente, la salud y el sistema internacional basado en reglas.

Este juego morboso es interminable, porque casi todos los días aparece un nuevo contendiente por el título. Trump es una personalidad conflictiva, y cuando se vaya, deberíamos reflexionar sobre cómo fue que alguien tan perturbado y moralmente deficiente pudo llegar a ser elegido presidente del país más poderoso del mundo.

Pero lo que más me preocupa es el daño que ha hecho Trump a las instituciones necesarias para el funcionamiento de la sociedad. La agenda trumpista de “hacer grande a Estados Unidos otra vez” no se refiere, claro está, a restaurar el liderazgo moral del país; más bien, encarna y celebra el egoísmo y la egolatría desenfrenados. Es una agenda económica. Lo cual nos obliga a preguntarnos: ¿cuál es la base de la riqueza estadounidense?

Adam Smith intentó dar una respuesta en su clásico de 1776, La riqueza de las naciones. Allí señaló que los niveles de vida habían estado estancados por siglos, hasta que hacia fines del siglo XVIII, comenzó a darse un enorme aumento de los ingresos. ¿A qué se debió?

Smith fue una de las mentes más brillantes del gran movimiento intelectual conocido como la Ilustración escocesa. El cuestionamiento de la autoridad establecida que siguió a la Reforma en Europa obligó a la sociedad a preguntarse: ¿Cómo podemos conocer la verdad? ¿Cómo podemos saber acerca del mundo que nos rodea? ¿Y cómo debemos organizar la sociedad?

De la búsqueda de respuestas a estas preguntas surgió una nueva epistemología, basada en el empirismo y en el escepticismo de la ciencia, que se impusieron a las fuerzas de la religión, la tradición y la superstición. Con el tiempo, se fundaron universidades y otras instituciones de investigación para ayudarnos a juzgar la verdad y descubrir la naturaleza de nuestro mundo. Mucho de lo que hoy damos por sentado (desde la electricidad, los transistores y las computadoras hasta el láser, la medicina moderna y los teléfonos inteligentes) es el resultado de esta nueva disposición, sostenida por la investigación científica básica (financiada en su mayor parte por el Estado).

A falta de una autoridad monárquica o eclesiástica que dictara el modo óptimo, o el mejor posible, de organizar la sociedad, la sociedad tenía que decidirlo por su cuenta. Pero idear instituciones que aseguraran el bienestar de la sociedad era más difícil que descubrir las verdades de la naturaleza: en general, en este tema no se podían hacer experimentos controlados.

Sin embargo, un estudio atento de la experiencia pasada podía ser informativo. Había que basarse en el razonamiento y en el discurso, reconociendo que ninguna persona tenía un monopolio de nuestra comprensión de la organización social. De este proceso surgió la convicción de que es más probable que instituciones de gobernanza basadas en el Estado de Derecho, el debido proceso y un sistema de controles y contrapesos, y sostenidas por valores fundacionales como la libertad individual y la justicia universal, produzcan decisiones acertadas y justas. Estas instituciones no serán perfectas, pero se las diseñó de modo de hacer más probable la detección y posterior corrección de sus defectos.

Pero ese proceso de experimentación, aprendizaje y adaptación demanda un compromiso con la determinación de la verdad. Los estadounidenses deben gran parte de su éxito económico a un variado conjunto de instituciones dedicadas a decir, descubrir y verificar la verdad, de las que son centrales la libertad de expresión y los medios independientes. Los periodistas son tan falibles como cualquiera; pero como parte de un sólido sistema de controles y contrapesos sobre quienes ocupan posiciones de poder, han sido tradicionalmente proveedores de un bien público esencial.

Desde los tiempos de Smith, está comprobado que la riqueza de una nación depende de la creatividad y productividad de su gente, que sólo es posible promover adoptando el espíritu de la indagación científica y la innovación tecnológica. Y eso depende de mejoras continuas de la organización social, política y económica, descubiertas a través del discurso público razonado.

El ataque que Trump y su gobierno han emprendido contra cada uno de los pilares de la sociedad estadounidense (y su especialmente agresiva demonización de las instituciones del país dedicadas a la búsqueda de la verdad) pone en riesgo la continuidad de la prosperidad de los Estados Unidos y su capacidad misma de funcionar como una democracia. A esto se suma la aparente falta de controles a los intentos de los gigantes corporativos de capturar las instituciones (tribunales, legislaturas, organismos regulatorios y grandes medios de comunicación) que supuestamente deben evitar la explotación de trabajadores y consumidores. Está surgiendo ante nuestros ojos una distopía que antes sólo imaginaron los escritores de ciencia ficción. Da escalofríos pensar quién es el “ganador” en este mundo, y en quién o en qué puede convertirse, en el mero intento de sobrevivir.

Traducción: Esteban Flamini. Joseph E. Stiglitz es profesor distinguido de la Universidad de Columbia y ganador del Premio Nobel 2001 en Ciencias Económicas. Su libro más reciente, People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent [La gente, el poder y las ganancias: un capitalismo progresista para una era de descontento], saldrá publicado este mes en W. W. Norton y Allen Lane.

Project Syndicate 1995–2019

https://www.elespectador.com/opinion/el-legado-mas-preocupante-de-trump-columna-851300

  • 12.19.-POR QUÉ COLOMBIA TUVO QUE REGULAR LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS? Natalia Arenas
  • OTRA GRAN BATALLA EN FÁRMACOS CONTRA LA GULA DEL GRINGO  – Cristina de la Torre

Si no es globito electorero del uribismo, apuntaría al control de precios que ya Alejandro Gaviria ensayó. Colada entre insinuaciones de declarar borrón y cuenta nueva para la billonada de deudas contraídas entre EPS, hospitales y el Estado —punto final de ostensible ventaja para las primeras—, una luz de esperanza habría brillado esta semana.

8 abr 2019.-  Julio César Aldana, director de Invima, retoma la idea de abrir el mercado a genéricos de fármacos biotecnológicos cuando los precios de monopolio han puesto el sistema de salud al borde de la quiebra. Precios de multinacional farmacéutica que pesan abrumadoramente sobre los recobros por medicamentos que en el último año representan 20 % del gasto público en salud. Propone el funcionario echar a andar el decreto de 2014 que les abre a los monopolios competencia, en particular al grupo de biosimilares.

En buena hora, esta es una clásica manera de quebrar precios. Para facilitar el acceso a medicamentos como factor medular del derecho a la salud; y para alivio sustancial de los costos del sistema. De un sistema orientado por desgracia a satisfacer la gula de multinacionales, algunas EPS y clínicas privadas.

Óscar Andia, director del Observatorio de Medicamentos y directivo de la Federación Médica Colombiana, revela que en los últimos cinco años aumentaron los precios del mercado farmacéutico en $5,4 billones. Casi todo por medicamentos no-POS, los más caros, que no pagan las EPS sino el Estado. Se han reanimado ahora estos recobros, tras haber amainado con el control de precios del Gobierno anterior.

Todo comenzó, recuerda Andia, con la libertad absoluta de precios decretada por la administración Uribe en 2003. Muchas medicinas se vendieron a precios hasta 20 veces por encima de los internacionales. El efecto fue devastador. No sólo para el ciudadano de a pie, sino para el Estado que debía desembolsar billonadas por recobros de las EPS. Vino luego un período de estabilización entre 2011 y 2013, y un nuevo crecimiento entre 2014 y 2017. Ocurrió que la regulación en biotecnológicos del Gobierno Santos redujo dramáticamente los precios, sí.

Pero las multinacionales neutralizaron el logro con un aumento desproporcionado de la oferta de estos fármacos. Vendieron a menor precio, pero en cantidades extraordinarias. Los recobros por estos biotecnológicos son astronómicos y siguen mandando la parada.

Para nuestro analista, la viabilidad del sistema de salud en Colombia depende no sólo de perfeccionar la regulación de precios y extenderla más allá de los biotecnológicos, sino también de otras medidas estructurales. Como ésta de atacar el monopolio y el abuso de posición dominante mediante competencia abierta de fármacos en el mercado.

Además, fijar precios a la entrada, expedir declaratorias de interés público y exigir licencias. Y, por supuesto, estimular la producción y la innovación de nuestra propia industria farmacéutica. No apenas protegiéndola de importaciones sustitutas, sino con una política que obligue a transferir tecnología a cada cesión de un nicho de mercado.

Finalmente, el Gobierno podría centralizar las compras y proteger el autoabastecimiento del país con productos genéricos. Como se estila en la India, se entroniza en Argentina y Brasil, y se estudia ya en toda Suramérica. Y concluye: una política de fomento a la industria nacional tendrá que pasar por apoyar los genéricos y abrir el abanico de la competencia.

Mas esta política no podrá emanar sino de revolcar la Ley 100, para devolverle al Estado la iniciativa, la dirección del sector y el control de sus recursos. El buen éxito de la iniciativa de Aldana dependerá de su determinación para suprimir privilegios a EPS privadas. Y para vencer el miedo al gringo, jefe del sumiso, humillado presidente que es jefe del director de Invima. ¿Lo logrará?

https://www.elespectador.com/opinion/farmacos-en-colombia-o-la-gula-del-gringo-columna-849382

12.19.-POR QUÉ COLOMBIA TUVO QUE REGULAR LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS? Natalia Arenas

Desde la Ley 100, en 1993 hasta la gestión de Alejandro Gaviria como Ministro de Salud, la regulación de los precios de las medicinas ha sido rediseñada, pensada y discutida. Y ha sido, sobre todo, un chicharrón que se ha heredado de gobierno a gobierno

La ley 100 de 1993, que es la ley que creó el actual sistema de salud en Colombia, planteó varias cosas. Por un lado, amplió los beneficios de los usuarios del sistema y creó el Plan Obligatorio de Salud, un paquete de servicios a los que tienen acceso todos los afiliados y que son costeados por el Estado. Por otro, creó un sistema para que quienes tengan recursos puedan aportar a la bolsa pública (el Fosyga) desde donde se desembolsan los recursos para pagar por los servicios de salud –es decir, el régimen contributivo–. Y otro para que quienes no puedan pagar, reciban subsidio del Estado con recursos de los contribuyentes y de otros impuestos, –o sea, el régimen subsidiado–.

Inicialmente, el régimen contributivo era más robusto. Es decir, sus afiliados tenían acceso a servicios más complejos y más costosos. Pero la idea de la ley era que con el tiempo, ambos sistemas se igualaran para que tanto los contribuyentes como los subsidiados pudieran tener acceso a los mismos servicios.

«Sobre Santos, entonces, recayó el chicharrón de solucionar la crisis de la salud. El país, sin embargo, aún no había tocado fondo.»

Sin embargo, en el 2008, luego de 16 años de la entrada en vigencia de la ley, esta actualización no se había dado. Mientras tanto, el sistema estaba colapsando por varias presiones. Por un lado, cada vez había más medicamentos nuevos que no estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud y que por ser ‘de punta’ eran más caros. A eso se sumó que durante el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) se liberaron los precios de los medicamentos. Es decir, había cero regulación y los laboratorios farmacéuticos tuvieron total libertad para cobrar lo que quisieran por sus productos nuevos.

Eso desencadenó una segunda presión: dado que no se actualizó el Pos, los pacientes cada vez exigían tratamientos y medicamentos más novedosos que no estaban cubiertos en el plan de salud. Lo hacían vía tutela que, si salía favorable, obligaba al Estado a pagar por estos servicios a través de las Entidades prestadoras de salud —las EPS.

Las EPS, entonces, pagaban por los servicios de los pacientes y luego le cobraban al Estado a través del Fosyga, la gran bolsa de recursos donde se recogen los aportes de los afiliados al sistema. Sin embargo, el Estado se demoró en pagar y generó una deuda de 500 mil millones de pesos. Por eso, en 2009, las 15 EPS más grandes del país dijeron que estaban en riesgo de quiebra.

Ante esa situación, el Gobierno de Álvaro Uribe decretó la ‘emergencia social’ por la crisis de la salud. La medida significó que el país entró en un estado de excepción, lo que le dio facultades al presidente para emitir decretos con fuerza de ley saltándose el camino normal de pasar por el Congreso para que éste los apruebe. El Gobierno Uribe emitió varios decretos para solucionar la crisis. Pero en abril de 2010, tres meses antes de la posesión del presidente Juan Manuel Santos, la Corte Constitucional los declaró inconstitucionales y los tumbó.

«La primera medida que tomó el Gobierno de Santos fue ponerle un tope al precio que pagaba por los medicamentos a través de los recobros.»

Sobre Santos, entonces, recayó el chicharrón de solucionar la crisis de la salud. El país, sin embargo, aún no había tocado fondo.

En el 2011 quedó al descubierto una red de corrupción que involucró a varias EPS que estaban cobrando más caro al Estado por los servicios que ellos habían pagado a través de los recobros al Fosyga. Incluso, estaban cobrando por servicios que sí estaban incluidos en el plan obligatorio de salud.

La investigación reveló que en algunos casos, hubo sobre-facturas hasta en un 500 %, se imponían tutelas falsas y funcionarios públicos cobraban tajadas para agilizar los trámites de recobros. Los primeros informes sobre esta red aseguraban que había más de 2 billones de pesos del sistema comprometidos por esta red.

Por eso, la primera medida que tomó el Gobierno de Santos fue ponerle un tope al precio que pagaba por los medicamentos a través de los recobros. La medida buscaba justamente atacar ese ‘carrusel de la salud’ que denunció el Gobierno.

Los únicos que se opusieron abiertamente a esta medida fueron las farmacéuticas multinacionales agremiadas en Afidro. Como contó El Tiempo en ese momento, para el entonces presidente de Afidro, la medida lo que hacía era “destruir la competencia e incrementar artificialmente los precios de las copias”, refiriéndose a los medicamentos genéricos que producen, mayoritariamente, los laboratorios nacionales.

Aún así, la medida fue aprobada. Ese, en todo caso, fue sólo el comienzo. A partir de 2013, el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, emprendió varias batallas para regular los precios de los medicamentos que ya habían aparecido durante la emergencia social como una de las causas de la crisis en la salud.

En el camino, el Ministerio se enfrentó con –casi– todos los actores que participan en la industria.

https://cerosetenta.uniandes.edu.co/medicamentos-gaviria/

11.19.- 30 CONGRESISTAS VAGOS Y RATEROS IRÁN A JUICIO ANTE EL CONSEJO DE ESTADO – Paula Bolívar

Según el informe, los congresistas cobraron más de $1.300 millones por los días de sesiones plenarias y de asistencia obligatoria, no laborados.

Investigación sobre ausentismo en el Congreso de la República. Foto: Colprensa Desde el Congreso solicitan que se archive la Reforma Política.

Caterine Juvinao @CathyJuvinao  es la representante de una nueva veeduría ciudadana  llamada Vigilemos al Congreso.com, entidad que  entregó este martes un detallado informe que realizó durante mas de 6 meses sobre el Ausentismo parlamentario  en el Congreso de la República.

Juvinao relata que durante esta investigación encontró que en el Congreso no  hay procesos claros para obtener la información y además existen varias irregularidades  en los procesos de Senado y Camara porque aunque en las gacetas deben estar adjuntas las excusas  de ausencias de los congresistas, extrañamente no hay ningún tipo de soporte que sustenten dichas faltas.

“Los secretarios generales de ambas cámaras no fueron diligentes con la entrega de la información de los derechos te petición”, dice.

Es por ello que esta veeduría demandará a 30 congresistas y exfuncionarios ante Consejo de Estado por ausentismo parlamentarioen donde exigirán la muerte politica de cada uno de estos parlamentarios.

Esta es la lista de los congresistas que más insistencias presentaron en el cuatrienio del 2014 al 2018.

David Barguil, partido conservador, tiene 73 inasistencias,  perdió  7 periodos de un total de 8 periodos y cobró  mas de $76 millones por los días no laborados.  según la investigación la mayoría de fallas son por poner la huella e irse del congreso.

Luis Eduardo Diaz Granados, Cambio Radical,  tiene 6 periodos perdidos, 60 inasistencias, cobró  más de 62 millones de pesos por los días no laborados.  Es el mismo representante que Llegó a votar en ultimo minuto el Plan nacional de Desarrollo.

Cristobal Rodriguez, Partido de la U, perdió 6 periodos, tiene 59 insistencias y cobró  más de $61 millones por días no laborados.  Ahora suena para la alcaldía de sogamoso.

Alfredo Ape Cuello, Partido conservador, 6 periodos perdidos, 54 fallos y cobró más de 56  millones de pesos por días no laborados.

Jaime Felipe Lozada, Partido conservador, 5 periodos perdidos con  54 fallas y cobró más de $56 millones por días no laborados

Kelyn Johana Gonzalez, Partido Liberal, perdió 5 periodos con  48 inasistencias y recibió más de $50 millones.

Julian Bedoya, Partido Liberal, 4 periodos perdidos, 51 inasistencias  y más de  53  millones de pesos por días no laborados.

Sara Elena Piedrahita Lyons,  prima de alejando Lyons,  Partido de la U, perdió  4 periodos, con  51 fallas y cobró  más de $53  millones por días no laborales.

Ciro Fernandez Nuñez, Partido Cambio Radical perdió 4 periodos con  48 inasistencias cobró  más de $50 millones por  días no trabajados.

Carlos Edward Osorio Aguilar, partido de la U, perdió 4 periodos con  46 inasistencias, cobró mas de $48 millones.

Jorge Hernando Pedraza Gutierrez, Partido Conservador,  perdió 4 periodos con 48 inasistencias  y cobró mas de $48 millones  es unos de los congresistas que lidera el proyecto de ley de modernización del sector TIC.

Albeiro Vanegas,  perdió 3 periodos con 40 inasistencias, y cobró mas de 41 millones de pesos por días no laborados.

Laureno Acuña,  perdió 3 periodos con 40 inasistencias, cobró más de $ 41 millones por días no laborados.

Jack Housni Jaller,  perdió 3 periodos con 39 inasistencias, cobró más de 40 millones de pesos por días no laborados.

Javier Tato Alvarez Montenegro,  perdió 3 periodos con  36 insistencias,  cobró mas de $37 millones  por días no laborados, hoy es  candidato a Alcaldía de pasto.

Olga Lucia Suarez Mira, 3 periodos perdidos con 35 inasistencias, cobró mas de 36 millones de pesos por días no laborados.

Juan Manuel Corzo, Partido Conservador, 3 periodos perdidos con  33 faltas y cobró  más de $34 millones de pesos.

José Alfredo Greco Zuleta, Partido de la U,  perdió 2 periodos con  38 inasistencias  y cobró más de $39 millones  por días no laborados.

Silvio Jose Carrasquilla Torres, Partido Liberal, 2 periodos perdidos  con 37 fallas y cobró mas de $ 38 millones por días no laborados.

Luís Emilio Sierra Grajales,  perdió 2 periodos, con 32 faltas,  cobró más de  $33 millones por días no laborados.

Alvaro Antonio Asthon,  perdió 2 periodos con 28 inasistencias, cobró  más de $29 millones por  días no laborados.

Jose David Name,  perdió 2 periodos con 31 fallas, cobró  más de $21 millones de pesos  por días no laborados.

Arturo Char, según el informe es el congresista que más se enferma, se enferma todos los meses,  perdió un periodo con  33 fallas, cobró más de $34 millones por días no laborados, su principal argumento son  Viajes por asuntos personales.

German Varón Cotrino, Partido Cambio Radical, perdió 1 periodo con 29 fallas y cobró  más de $30 millones por días no laborados.

Eduardo Enrique Pulgar, Partido de la U, perdió 1 periodo  con 24 fallas y cobró mas de $25 millones por días no laborados.

Juan Diego Gomez, Partido Conservador, perdió 1 periodo  con 23 fallas y cobró más de $24 millones por días no laborados.

Jose Elver Hernadez Casas, Partido Conservador, perdió 1 periodo  con 20 fallas y cobró un pago por más de 20 millones de pesos por los días no laborados.

Sandra Lilian Ortiz, Alianza Verde, perdió 1 periodo  con 20 fallas y cobró mas de $ 20 millones por los días no laborados.

Mauricio Aguilar, perdió perdió 1 periodo con 15 fallas y cobró más de $15 millones por los días no laborados.

Yahir Fernando Acuña, perdió 1 periodo con 10 fallas y cobró más de 10 millones de pesos por los días no laborados.

http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/estos-son-los-congresistas-mas-vagos-segun-investigacion-de-veeduria-ciudadana/20190402/nota

10.19.-PROFUNDIDAD DE LA CRISIS CAFETERA, OBLIGA SOLUCIONES CIERTAS Y EFICACES – Oscar Gutiérrez*

Situación Internacional del Café es de grave crisis. Tiene su origen en la sobreoferta de café en el mercado mundial, por la extraordinaria cosecha de Brasil, la recuperación de Vietnam, México, otros países centroamericanos y Colombia, que paso de 7,3 millones de sacos en 2012 a casi 14 millones en 2018.

Se suman a esa situación dos factores que distorsionan los precios y el mercado. Uno, la presencia de fondos privados de inversión que especulan -en el mercado de futuros en las bolsas de valores- y, el otro, las poderosas multinacionales de la torrefacción, comercialización y distribución que, controladas por el capital financiero -al igual que los fondos privados de inversión- aprovechan para, con base en los “precios de mercado” y sobre todo, en los juegos de especulación en las bolsas de valores, comprar a precios de ganga café que -para la gran mayoría de los productores de cafés suaves del mundo- son de ruina.

Debe resaltarse que grandes monopolios han integrado verticalmente el negocio cafetero mundial y controlan, no solo la importación, transformación y distribución en los países consumidores sino, cada día más y por diferentes mecanismos, la producción y exportación en los países productores.

Esa integración vertical conlleva la creación de alianzas y fusiones -de grandes compañías presentes hace décadas en los negocios cafeteros- y de consorcios -aún más grandes- que facilitan el control monopólico del mercado -de una envergadura tal- que siete grandes corporaciones controlan entre el 75% y el 80% del mercado mundial. Podría afirmarse que intervienen desde las semillas y las siembras hasta las ventas en cafeterías, grandes superficies y supermercados, donde se vende café, molido o soluble.

Estos factores llevan a precios, en el mercado mundial, de un dólar con sesenta centavos (U.S. $1,60) hace 27 meses, a menos de noventa y seis centavos de dólar -esta semana- (U.S.$ 0,96). Pero, además, la baja en la cotización podría ser mayor y prolongarse dos o tres años o incluso más.

Frente a esta situación de crisis de ingreso para los productores del grano, se han expresado voces en el sentido de que Colombia debe retirar su café de la bolsa de Nueva York y salir a venderlo sin tener en cuenta los precios que fija la bolsa. La propuesta parte de un reclamo justo por el comportamiento retorcido del mercado, ya señalado.

El asunto es cómo llevar a cabo ese retiro. En ese sentido, lo primero que debería hacerse es comprometer a los gobiernos de los países -que entregan cafés suaves al mercado- para que constituyan un club de países exportadores -que deberá incluir a Brasil- para que negocie, con los gobiernos de las naciones consumidoras, precios que reconozcan, al menos, los costos de producción más una tasa de ganancia razonable para los productores.

* Director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria.

Sin tener la garantía de que la mayoría de los países productores se comprometan a pertenecer a la organización, a moderar la oferta del grano, almacenar por los períodos de tiempo que sean necesarios, controlar a los exportadores de sus respectivos países y colocar en el mercado mundial solo las cuotas acordadas, sería un riesgo demasiado elevado retirar nuestro café de la bolsa de Nueva York. Un paso en falso podría ser peor para los caficultores colombianos. Una unidad de países productores puede ser de gran éxito para los productores de cafés suaves del mundo.

Razones hay y poderosas para intentarlo. En 1983 se definió, en el acuerdo internacional de cuotas, que un precio razonable era US$1 dólar con 40 centavos la libra. Si dicho precio se trajera a dólares constantes -aplicando la devaluación de Estados Unidos- la libra debería estarse vendiendo entre US$2 dólares con 96 centavos y US$3 dólares con 10 centavos. Que se reconozca esa pérdida neta, en las relaciones de intercambio, es la primera tarea de los productores.

Pero, la primera dificultad para constituir un club de países exportadores se encuentra en el poco apoyo expresado por el gobierno de Colombia a la idea. Es necesario, para mejorar los precios internacionales, constituir una organización de Estados productores que propenda a regular la oferta y buscar precios no solo justos sino dignos para los productores. Sin la presencia de los Estados de las naciones productoras nada será posible. Habrá oposición y protesta, pero ella, por sí sola, no modificará los precios ni obligará a las multinacionales a pagar unos que sean dignos.

Asistir a encuentros internacionales de productores e instar al gobierno nacional a que modifique la posición asumida y lidere, con Brasil y otras naciones caficultoras, un reclamo a los gobiernos y a las multinacionales, es nuestro pedido. Mejores precios en el mercado mundial significan mayores ingresos para los productores y para el país y un alivio, sin duda, para las finanzas públicas.

* Oscar Gutiérrez Reyes.  Director Ejecutivo Nacional  Dignidad Agropecuaria Colombiana.

Pereira, marzo 24 de 2019

9.19.- CAMBIO DE PREDICCIÓN O DE RUMBO – Eduardo Sarmiento

¿Para dónde vamos, tigre?

 El país lleva cinco años en estancamiento. Nunca antes en la historia registrada del país se había permanecido tanto tiempo con tasas de crecimiento por debajo de las tendencias. Sin embargo, no se ha avanzado en un diagnóstico de las causas y, lo más grave, en las soluciones para superarlas. Las recetas se buscan en cambios de las metodologías y predicciones y en normas jurídicas de alcances desconocidos.

23 mar 2019.- El deterioro de la economía se atribuye a factores coyunturales que tienden a corregirse solos. Se esperaba que la lenta recuperación de la cotización que tuvo lugar en la primera parte del año pasado restituiría el estado normal de la economía. No se advirtió que el choque causado por la caída de los precios del petróleo se agravó por el deterioro estructural de la economía, que viene de la apertura económica y se ocultó durante años por todos los medios. El país lleva 10 años con déficit en cuenta corriente superiores a 3 % del PIB, que solo se morigeran cuando se disparan las cotizaciones de las commodities.

En varios libros y publicaciones he mostrado cómo este comportamiento no es otra cosa que la confluencia de la apertura económica, la prioridad de la minería y la pasividad del Banco de la República. No se cumplió la teoría de Robert Mundell, y en general de la escuela de Chicago, que sirvió de fundamento para la creación de los bancos centrales. En el contexto de banco central autónomo sustentado en el tipo de cambio flotante, la política monetaria y la política fiscal asiladas no conducen al pleno empleo y la plena capacidad.

El cuantioso déficit en cuenta corriente es el resultado de las aperturas económicas que inducen a los países en desarrollo a especializarse en bienes intensivos en mano de obra que tienden a estar sobreofrecidos y enfrentan limitaciones de demanda y operan con bajas productividades de trabajo y salarios. En todos los países de América Latina, la productividad del trabajo y los salarios bajó en los últimos 25 años con respecto a Estados Unidos. La escasez de divisas lleva muchas veces a concederle tratamientos especiales a la inversión extranjera y facilitar la entrada ilícita de divisas.

El efecto contraccionista del déficit en cuenta corriente no puede compensarse con la baja de la tasa de interés ni con la ampliación del déficit fiscal. Las economías pasan a operar con exceso de ahorro y tasa de interés cero. Tanto la política fiscal como la política monetaria aisladas son ineficaces para impulsar la producción y el empleo. La economía queda a la deriva.

Lo anterior no lo han entendido el FMI y la OCDE, cuya injerencia en el manejo de la economía es cada vez mayor. Ante la aparición de datos que muestran que no se alcanzará la proyección de 3,6 % del PIB, se han precipitado en proponer la suspensión de la regla fiscal para que el déficit que se proyectaba en 2 % del PIB para el presente año se amplíe a 4 %. No advierten que el expediente llevaría a una expansión paralela de los déficits, que es un camino de difícil retorno, como lo muestra la experiencia reciente de Argentina.

El deterioro de la economía se origina en una seria deficiencia de balanza de pagos que impide la inversión, el balance macroeconómico y la reducción del desempleo. La solución se ha buscado con estímulos tributarios improvisados que han acentuado el exceso de ahorro. Lo que se plantea es un cambio de modelo que corrija el déficit en cuenta corriente y reduzca el exceso de ahorro. En la práctica se conseguiría con una política industrial y cambiaria orientada en favor de las actividades intensivas en capital, un banco central estrechamente coordinado con la política fiscal y un sistema cambiario altamente regulado.

https://www.elespectador.com/opinion/cambio-de-prediccion-o-de-rumbo-columna-846484

8.19.-RAZONES POR LA MOBILIZACIÓN INDÍGENA – Daniela Vargas

Grupo de indígenas del municipio de Caldomo en reunión previa a la partida.

Los choques entre manifestantes y autoridades han dejado por lo menos 16 heridos. /CRIC

Se espera que más de 20.000 indígenas de los departamentos Valle del Cauca, Huila, Caldas y Antioquia se unan a las protestas que se adelantan  los indígenas del Cauca desde el pasado 9 de marzo en el departamento. La minga está liderada por el CRIC, pero la respaldan otras organizaciones como el Consejo Regional Indígena de Caldas, Cridec, los pueblos nasa, misak, yanacuna, emberá y pijao, la Marcha Patriótica, el Coordinador Nacional Agrario, el CNA, y otras.

1.- Compra de tierras.- “Esta es la manera cómo queremos llamar la atención del gobierno colombiano sobre el cumplimiento de los acuerdos que el gobierno ha dilatado”, dijo Richard Sierra, consejero de Relaciones Políticas y Justicia de la Organización indígena de Antioquia OIA. El vocero de la organización se refiere a temas como la compra de tierras para comunidades indígenas, “para el caso de Antioquia están pendientes la compra de tierras 25 procesos que iniciaron en 2013 y siguen vigentes”, agregó.

La OIA apoya a la “Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz” Cuenta de Twitter @CRIC_Cauca 

2.- Comisión mixta.- Federico Valencia, líder indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), dijo que necesitan el cumplimiento del artículo 1811 de 2017, en donde se estableció la creación de una Comisión Mixta integrada por delegados del Gobierno. Esta comisión sería para resolver temas territoriales, ambientales, educación, desarrollo económico, entre otros.

Otra de las inconformidades de los indígenas es que los acuerdos presentados en la pasada comisión mixta, conformada por delegados del Gobierno y autoridades indígenas, no fueron tomados en cuenta en el Plan de Desarrollo. Sin embargo, según el Gobierno, el 90% de los consensos fueron aprobados.

Las afirmaciones de Valencia se unen a las de Sierra, quien afirmó que “hay unos planes de salvaguardia que no se están desarrollando”, esto hace referencia a los pueblos indígenas que están en vía de extinción.

“Nosotros queremos que el gobierno nacional se siente a atender la agenda de los acuerdos con los indígenas, también el tema de Derechos Humanos, el conflicto armado e indígenas asesinados”, concluyó el vocero de la OIA.

Tras el bloqueo de la vía Panamericana por las inconformidades de los pueblos indígenas del Cauca, continúan los intentos de negociar soluciones para conjurar la crisis que se agudizó en el departamento tras el inicio de la minga indígena

3.- Presencia del presidente.- Con una mesa de negociación que se instaló hoy, 14 de marzo, en la vía Panamericana, a la que acudieron alcaldes de varios municipios, delegados del Gobierno Nacional, representantes de la Fuerza Pública y defensores de derechos humanos, se intenta conjurar la crisis que se agudizó desde hace cinco días, cuando indígenas y manifestantes de la Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz —liderada por el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC— bloquearon la vía Panamericana, uno de los corredores viales más importantes del sur del país.

El cierre de la carretera ha ocasionado graves problemas de movilidad y los choques entre los manifestantes y las autoridades han dejado hasta el momento 16 personas heridas. Los indígenas exigen la presencia del presidente Iván Duque en la región para que escuche sus peticiones respecto a las problemáticas del departamento del Cauca. Aunque fue citado para el martes, 12 de febrero, en la zona de El Pital, en el municipio de Caldono, el mandatario no asistió.

4.- Consulta previa y medioambiente “Pensamos que el presidente está usurpando el poder de la alta Corte Constitucional y se está tomando poderes que no están planteados dentro del marco legal”, señaló a El Espectador, Giovanni Yala, vocero indígena del CRIC. Yala se refiere a que aunque la Corte Constitucional estableció que, mediante el mecanismo de consulta previa, los pueblos indígenas pueden participar en las decisiones que afecten a sus territorios, la medida no es implementada y las comunidades no tienen voz en proyectos como la minería y el fracking que se adelantan en la región.

Las comunidades exigen que se las reconozca como autoridades ambientales como las encargadas de legislar sobre los recursos naturales y no al Gobierno, como sucede actualmente. 

5- Autonomía y Gobierno propio Las comunidades alegan que ha habido incumplimientos en el reconocimiento de los resguardos indígenas que son dueños de las tierras por derecho ancestral y colonial.

Las comunidades exigen que las autoridades indígenas sean reconocidas como un Gobierno. En ese sentido, los diálogos se harían de Gobierno a Gobierno y no de Gobierno a minorías. Del mismo modo, exigen el respeto de las economías propias.

“Estos terrenos nos fueron entregados en los años 1500 y 1600, cuando hubo una ocupación de nuestros ancestros. Ahora, esos lugares se han convertido en globos de tierra y las comunidades están en estado de confinamiento. Incluso, hay nuevos resguardos que se encuentran en la pobreza extrema. Estamos hablando de una deuda histórica que aún no ha sido saldada”, dijo Giraldo.

6.- Plan Nacional de Desarrollo

Dentro del capítulo indígena del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 fueron aprobados $10 billones para entregar a los pueblos indígenas del país.  “De los $10 billones destinados a las comunidades, el Gobierno retiró el 70% del presupuesto unos meses después”, aseguró Feliciano Valencia, líder indígena del CRIC.

Las autoridades territoriales expresaron que no están claras las ramas de inversión ni los proyectos en los que se ejecutarán esos recursos. Lo que exigen en cuanto a este punto es que se firmen acuerdos de presupuesto que respalden la actividad territorial y de las comunidades.

7.- Conflicto armado y asesinato a líderes sociales- Las autoridades indígenas también exigen que el Gobierno respete el Acuerdo de Paz pactado en La Habana con las Farc y que se retomen las conversaciones con la guerrilla del Eln, presente en varios municipios del Cauca. 

Algunos líderes aseguraron que, en el departamento, la cifra de líderes sociales asesinados sobrepasa los cien en el último año. “De los 527 líderes que fueron asesinados a nivel nacional, el 30 % cayeron en el Cauca. De esos casos, por lo menos  44 —según el proceso de investigación— fueron perpetrados por servidores públicos, es decir por militares”, sostuvo Giovanni Yala.

Para Aída Quilicue, consejera de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el fenómeno va mucho más allá de los asesinatos. “No solo se trata de los homicidios, también hay constantes amenazas, desplazamientos, confinamientos, y vuelven a aparecer factores y actores de la guerra en Colombia”, expresó.

Las comunidades le piden al Gobierno una respuesta clara al tema de restitución de tierras —que es una de las causas de asesinato a líderes— y acciones que mitiguen la violencia en el territorio.

Érika Giraldo explicó que en el departamento del Cauca hay patrones concretos de homicidio, mientras que en otras regiones se trata de asesinatos más colectivos, como la masacre que ocurrió en noviembre de 2018 en el municipio de Riosucio, Caldas, en la que una familia perteneciente al resguardo indígena de San Lorenzo fue asesinada.

“Lo que pasa es que el Gobierno no reconoce la existencia del paramilitarismo ni de otras organizaciones armadas en las zonas afectadas. Las guerrillas no atentan contra los líderes sociales, sino contra los líderes comunitarios. Vivimos en constantes amenazas”, dijo.

Por el momento, los líderes siguen a la espera de una respuesta por parte del presidente Duque para “plantear un debate y tratar temas fundamentales en cuanto a derechos humanos, economía, paz, territorios y conflicto armado”.

La minga es de carácter indefinido y las organizaciones anunciaron que no se retirarán de las zonas bloqueadas (en los departamentos del Cauca, Huila y Caldas) hasta que se firmen nuevos acuerdos y se garantice su cumplimiento.

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/cauca/los-reclamos-de-los-indigenas-del-cauca-articulo-845008

7.19.-UNA NUEVA E INCOMPRENSIBLE MODALIDAD DE FALSO POSITIVO –  Juan Manuel López

¿Una modalidad de falso positivo jurídico? El caso de la vinculación de Santrich a los sobornos que se descubrieron al señor Bermeo, fiscal de apoyo de la JEP

Marzo 06, 2019

Caso Santrich-Bermeo: hasta lo más incomprensible pareciera ser posible

Suceden cosas incomprensibles como que pueda presentarse como defensor de la democracia, de la defensa de los Derechos Humanos, de la solidaridad, quien ha sido exponente en forma desafiante del racismo, del sexismo, quien abusa del autoritarismo, del poder del dinero y de la reividicacion del ‘todo vale’. Que Trump resulte ser identificado y aceptado como el abanderado y el colíder (con nuestro Duque) de la ‘batalla humanitaria’ contra Maduro resulta por lo menos desconcertante.

Pero es que ya hasta lo más incomprensible pareciera ser posible.

Es lo que sucede en el caso de la vinculación de Santrich a los sobornos que se descubrieron al señor Bermeo, fiscal de apoyo de la JEP.

Nada más contradictorio que la eventual posibilidad de que quien ha sido sentenciado como parapolítico acabe siendo acusado  -él y todo su equipo- de organizar una conspiración delictuosa para beneficiar a un guerrillero. Más absurdo aún cuando el instrumento o camino que habrían escogido sea inconducente, puesto que ni los fiscales suponen tener ascendencia sobre los magistrados, ni en el caso concreto la sección a la cual pertenecía el funcionario de la JEP incurso en el delito pertenece o tiene relación con la sala donde se decide la suerte de Santrich.

Surgió además la incógnita de dónde aparecen los recursos para ese cohecho, ya que sería sorprendente que el mismo Santrich dispusiera personalmente de ellos, o que en verdad la antigua organización Farc guerrillera subsiste en alguna forma clandestina para manejar dineros ocultos. Sobre todo porque ante esta última posibilidad aparecerían dos opciones, a cual más difícil de comprender: una, que el destino y manejo de esos recursos fuera el implementar su inserción a la actividad política y no su eventual retorno a la guerra, caso en el cual sería insólito que los destinen a defender mediante acciones ilegales lo que tendrían que suponer que es una desviación de lo que están adelantando; no tendría sentido que si consideran que las acusaciones contra Santrich son ciertas, eso llevara a que quienes a nombre de la guerrilla y en su calidad de dirigentes han definido un camino, lo abandonen por defender a quien se salió de él. La otra sería que para ellos detrás de todo el trámite del Acuerdo de Paz existiera la idea que se podía simultáneamente abandonar la posición de insurgentes y seguir el negocio del narcotráfico, y que Santrich hubiera sido el encargado de ese ‘departamento’, teniendo por eso que acudir a ‘liberarlo’.

Sin embargo, más difícil de entender es lo que acabó siendo la realidad al informar la Fiscalía que los recursos fueron suministrados por ella misma.

Nos encontraríamos ante un ‘entrampamiento’ (es decir el montaje de las condiciones para incitar a alguien a cometer un delito para después acusarlo de intentarlo) lo que significaría que la Fiscalía habría engañado a quienes acabaron siendo los delincuentes para lograr acusarlos de lo que le interesaba.

Si la iniciativa no fue por el lado de SantrIch; y si los que lo montaron -la Fiscalía-
dicen que descubrieron ese plan, el objetivo de ese entramaje
iba a hacer creer que se estaban cometiendo delitos para impedir su extradición

Si eso es así, si la iniciativa no fue por el lado de SantrIch; y si los mismos que lo montaron -la Fiscalía- dicen que descubrieron ese plan, el objetivo de ese entramaje se orientaba a hacer creer que se estaban cometiendo delitos para impedir su extradición.

Y esto con el propósito ulterior de desprestigiar a la JEP: por un lado, mostrando la corrupción del funcionario como si esto fuera una muestra representativa de quienes la componen; por otro, atando el caso y volviendo a poner el foco sobre el debate que gira alrededor del tema de la extradición de Santrich.

Como en el momento parece que los cargos que se imputarán serán referidos solo al delito de narcotráfIco (el envío anterior de cocaína a Italia, y el plan de repetir el negocio), solo falta que la Fiscalía no solo no acuse sino no pruebe la culpabilidad y la participación de Santrich en este soborno para que nos encontremos ante la nueva modalidad de un falso positivo jurídico.

https://www.las2orillas.co/algo-incomprensible-o-una-nueva-modalidad-de-falso-positivo/

6.19.-ECOPETROL AL RESCATE DEL FISCO Camilo Díaz

Los excelentes resultados reportados por la empresa con utilidades de $11,56 billones ayudarán a que el fisco pueda cuadrar las cuentas, un motivo más para conservarla como activo estatal.

Los resultados que reportó Ecopetrol el pasado martes son una excelente noticia para el país, y todavía más para el Gobierno puesto que la empresa le transferirá a la Nación como mínimo $6,1 billones de dividendos si como ha anunciado la asamblea de accionistas acoge la propuesta de la Junta Directiva de distribuir el 60% de las utilidades, por su puesto el accionista mayoritario que es la Nación (88,5% de las acciones) puede decidir distribuir una tasa mayor de dividendos, caso en el cual lo que recibiría el Estado puede llegar hasta $9,1 billones.

 28 feb 2019.- El monto de dividendos que entregará la petrolera al erario le llega al Gobierno como un bálsamo en estos momentos donde tiene las cuentas descuadradas, ya que la Ley de Financiamiento con el plan B que logró aprobar en diciembre solo logra recoger $7,1 billones de los $15 billones que se esperaban con la propuesta original. A las transferencias por dividendos se suman los impuestos que pagará la empresa que bordean los $6,5 billones más $3,5 billones adicionales en pagos por regalías, en total la compañía les aportara a las arcas al menos $16,1 billones una cifra que puede aumentar hasta $20 billones si la asamblea de accionistas decide distribuir el 80% de las utilidades y tomar parte del excedente de caja que tiene la empresa que puede ser distribuido en dividendos para los accionistas.

Ese potencial de aportes al estado, especialmente en transferencia de dividendos, evidencian que Ecopetrol es un respaldo para los ingresos del Estado. Las cuentas son sencillas, la empresa tiene el potencial de aportar de manera recurrente más dinero que el que han podido recaudar las últimas reformas tributarias, la de 2016 buscó $9 billones y esta de 2018 $7,1 billones.

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La compañía respalda los ingresos estatales sin cargar al ejecutivo con el lastre político de negociar una reforma tributaria cada dos años, y lo mejor de todo, sin ponerle frenos a la economía que se resiente con los impuestos a los hogares o empresarios, al contrario, las inversiones de 2018 llegaron a US$3.000 millones y para este año tiene programadas nuevas por US$4.000 millones que son realizadas con la propia generación de caja de la empresa lo que la convierte en un dinamizador de la actividad petrolera del país porque la mayoría de las inversiones son ejecutadas en Colombia y  el 70% son en producción por eso el índice de reemplazo de reservas llegó a 129% y la vida media de las reservas de la empresa se ubicó en 7,2 años, mientras que las del país en general solo llegan a 5,5 años.

Los resultados que tiene la empresa muestran que su valor no es solo comercial, Ecopetrol es el principal activo estratégico que tiene la Nación porque de los 899 kbpd que se produjeron en enero la compañía contribuyo con cerca de 590 kbpd, es el principal refinador con una carga promedio de 370 kbpd en las refinerías de Barranca y Cartagena, y en 2018 fue la empresa que exploró el mayor número de pozos exploratorios, 17 en total, es además el principal transportador a través de Cenit que con los 10 mil kilómetros de ductos que posee aporto $11,4 billones en ingresos y transporto 1.1 millones de barriles diarios.

El desempeño operativo ha dado como resultado un excelente desempeño financiero de utilidad neta de $11,56 billones con un margen Ebitda del 45,4% un punto de equilibrio menor por barril que permite que con precios del US$38 se generen utilidades netas, una rentabilidad de las inversiones del 13,1% y un flujo de caja libre acumulado que asciende a US$ 12.000 millones lo que ha permitido hacer prepagos de la deuda y probablemente transferir más recursos al Estado. Todo lo anterior comprueba que Ecopetrol es un activo estratégico para la Nación que es capaz de contribuir a los recursos fiscales de manera recurrente, en contraste con un ingreso temporal como es vender una parte, y el principal inversor del sector petrolero nacional.

https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/ecopetrol-al-rescate-del-fisco-por-camilo-diaz/267737

5.19.-DE LA MARIHUANA AL CANNABIS – Mauricio Cabrera

Lo lamentable para Colombia es que, por seguir empeñados en la prohibición, nos está dejando el tren del nuevo negocio.

¡Cómo cambian las políticas y las leyes! Antes, la marihuana era prohibida y perseguida, ahora, el cannabis es un cultivo legal, uno de los más grandes en Norteamérica. Antes, los cultivadores y comercializadores de la marihuana eran criminales que debían ser extraditados, hoy, los productores de cannabis son respetados empresarios que cotizan sus acciones en la Bolsa de Nueva York.

 

18 feb 2019.- Pero algunas cosas no cambian. Antes, los colombianos poníamos los muertos en la guerra contra las drogas, mientras que los gringos se la fumaban y se quedaban con la mayor parte de las ganancias del narcotráfico. Ahora, nosotros seguimos poniendo los muertos y prohibiendo la dosis mínima, mientras que los gringos se la siguen fumando y monopolizando las utilidades del negocio legalizado.

La marihuana cambió de estatus y el cultivo y la comercialización de cannabis es uno de los negocios más florecientes. Revistas especializadas en ese mercado estiman que las ventas legales del cáñamo crecerán de 12.200 a 16.900 millones de dólares entre el 2018 y el presente año. Analistas de Wall Street (https://bit.ly/2GMedgV) proyectan que en una década las ventas llegaran a 75.000 millones de dólares.

Para entender las dimensiones de este negocio, cabe decir que hoy es un monto igual a nuestras exportaciones de petróleo y mayor que todas las exportaciones no tradicionales de Colombia, que solo fueron de 14.788 millones de dólares el año pasado. El cannabis es una alternativa mejor que el aguacate para sustituir al petróleo.

El multimillonario negocio no es producto de un descubrimiento científico o una nueva tecnología, ni de la innovación de unos emprendedores del Silicon Valley, solo de un simple cambio legislativo. La marihuana está en la lista de sustancias prohibidas desde mediados del siglo pasado y fue uno de los primeros objetivos de la guerra contra las drogas declarada por Nixon después de la derrota en Vietnam.

Pero esta guerra también se perdió. Países como Canadá y Uruguay legalizaron el consumo de la marihuana, tanto medicinal como recreativo. Lo mismo han hecho 10 estados de Estados Unidos, y otros 20 permiten el consumo medicinal. En junio pasado, el Gobierno norteamericano autorizó el uso de un derivado de la marihuana (el cannabidiol o CBD) como droga para tratar la epilepsia, y la Organización Mundial de la Salud acaba de recomendar que el CBD sea retirado de la lista de drogas peligrosas.

Los inversionistas están felices. Existen 25 grandes compañías canadienses dedicadas al cultivo y distribución de productos de marihuana como materia prima, cotizadas en la Bolsa de Nueva York. El incremento del precio de sus acciones ha sido enorme, algunas más del 600 por ciento, y su valor de mercado conjunto ya se acerca a los 40.000 millones de dólares. Hasta las grandes tabacaleras y los bancos están invirtiendo en ellas.

Lo lamentable para Colombia es que, por seguir empeñados en la prohibición, nos está dejando el tren del nuevo negocio. Hoy, la mayoría del cannabis del mercado legal se produce en California y Canadá, y en Alaska hay invernaderos para cultivar esta planta tropical. Aquí, los bancos no reciben como clientes a las empresas productoras por temor a ser acusados de lavado de dinero, mientras que en EE. UU. ya hay más de 500 bancos que les ofrecen servicios financieros. ¿Será que pasará lo mismo con la cocaína cuando acá acabemos con los sembrados de coca y la puedan producir allá?

Mauricio Cabrera Galvis
Consultor privado
macabrera99@hotmail.com

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/de-la-marihuana-al-cannabis-526496

4.19.-BRIGADA ÉLITE CONTRA LOS CARTELES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Con explosivas decisiones en casos que buscan defender los derechos del consumidor y evitar la violación a la libre competencia empresarial, Pablo Felipe Robledo termina en dos semanas su periodo como superintendente de Industria y Comercio. Y como ha ocurrido en los últimos seis años, desde que llegó al cargo en octubre de 2012, los anuncios que hará en los próximos días generarán gran revuelo.

Cinco grandes investigaciones están por salir del despacho de Robledo. En ellas se busca establecer si hubo prácticas que afectan la libre competencia, la creación de carteles para quedarse con las licitaciones, además del boicot por parte de empresas para subirles los precios a las entidades estatales en las compras de bienes y servicios. Todo apunta a que en la mayoría de estos casos se formularán pliegos de cargos contra los investigados que incurrieron en estas prácticas contra la competencia, e incluso las medidas cobijarían a sus directivos por tratar de obstruir la justicia.

Entre los resultados que se conocerán está la investigación iniciada a finales de 2016 en la adjudicación del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot, con un costo estimado de 1,7 billones de pesos, sobre la cual se denunció una posible colusión –varias empresas pactaron entre sí, afectando a un tercero–. También está el de la Ruta del Sol tramo 2, investigada por violación a las normas de la competencia, pues del consorcio a cargo hacía parte la brasileña Odebrecht, envuelta en un caso de corrupción transnacional en el que se han probado sobornos por 6,5 billones de dólares a servidores públicos para lograr su adjudicación.

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También se confirmará si hubo irregularidades en el contrato de mantenimiento de los puntos Vive Digital en varios municipios del país, a cargo de Fonade, en el que algunos funcionarios habrían intervenido el proceso licitatorio por 400.000 millones de pesos. Y como si fuera poco, se sabrá si hay pliegos de cargos contra las empresas que se concertaron para ganar una licitación por cerca de 80.000 millones de pesos para la compra de materiales educativos con destino a los colegios públicos.

Se sabrá también si algunos empresarios que prestan los servicios de transporte especial para compañías del Estado habrían recurrido a algún tipo de práctica restrictiva de la competencia al ponerse de acuerdo para repartirse las zonas por las cuales licitar y no competir, perjudicando al Estado y a todos los colombianos. Estos resultados, sin duda, desatarán todo un polvorín.

Durante los últimos seis años la Sic ha impuesto multas y sanciones por 1,7 billones de pesos.

Los casos que están por resolverse se suman a las recientes investigaciones por cartelización de empresas que lleva la Superindustria y que han escandalizado al país, entre ellas, la de alimentación escolar; de los servicios de vigilancia, de papelería, de abastecimiento de frutas y de todo tipo de suministros para el Estado, que demuestran cómo empresarios inescrupulosos se han apoderado, a través de todo tipo de artimañas, de la contratación pública.

Llega el SWAT

Ninguna de estas ‘bombas’ habría sido descubierta sin la participación del grupo élite contra colusiones que creó a comienzos del año pasado la Superindustria para luchar contra la corrupción privada en las licitaciones públicas. Esta especie de SWAT está conformada por más de 55 profesionales entre abogados, ingenieros, economistas, administradores, contadores y técnicos forenses, quienes buscan desactivar los carteles en la contratación estatal.

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Si bien la entidad había tomado antes decisiones importantes para combatir las prácticas anticompetitivas en varios sectores de la economía –carteles de los pañales, el cemento y los cuadernos, entre muchos otros–, nunca había atacado la corrupción en la contratación estatal “a pesar de que casi todo lo corrupto en licitaciones públicas constituye una práctica anticompetitiva”, asegura Robledo.

El Estado es uno de los mayores consumidores de bienes y servicios en el país, y como tal tiene todo el derecho a que le ofrezcan los productos en las mejores condiciones posibles. De la misma manera, los empresarios también deben saber que pueden competir en igualdad de condiciones para proveer al gobierno. Por eso, la labor para contrarrestar las conductas que violan la competencia o que atentan contra los derechos del consumidor debe ser cada vez más efectiva.

En Colombia la contratación estatal representa actualmente alrededor del 15 por ciento del PIB, es decir, más de 130 billones de pesos, y lo que debería ser una fuente de crecimiento empresarial y de oportunidades para todos se ha concentrado en pocas manos, pues la mayoría de procesos tienen un bajo nivel de competencia. Por eso, terminan adjudicándose por el máximo del presupuesto y afectando las finanzas públicas.

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Los resultados de los golpes de este grupo élite han sido contundentes. En 18 meses han revelado casos que involucran prácticas anticompetitivas en casi todos los grandes bienes y servicios que contrata el Estado, mediante todas las formas de contratación, y que involucran recursos por más de 3 billones de pesos.

Esto podría parecer desolador, pues sin importar si son licitaciones públicas, mecanismos de selección abreviada, convenios, subastas e incluso instrumentos de agregación de demanda, los corruptos han encontrado la forma de repartirse las zonas, entidades, productos o manipular los procesos.

«Por esto, si el país quiere seguir luchando contra la corrupción en las licitaciones públicas, debe sostener este esfuerzo de contar con entidades independientes con personal calificado, presupuestos fuertes, capacidad investigativa, tecnología forense y con gran capacidad sancionatoria»

Las conductas para evadir la competencia y tratar de apoderarse de los contratos públicos van desde pagos a los otros competidores y el control oculto sobre todos los contendores de la licitación hasta uniones temporales de papel. Además, se ha vuelto común que los privados boicoteen las licitaciones para imponer sus condiciones, entre muchas prácticas nocivas. Lo más preocupante es que son conductas tan arraigadas en la contratación pública que incluso para muchos contratistas del Estado resultan “normales”, de acuerdo con Francisco Melo, director de este grupo élite.

Frente a este panorama no hay que desanimarse, asegura Robledo, pues el que la autoridad sancione puede generar la sensación de que hay mayor corrupción, que aunque siempre ha existido, no era evidente. No obstante, será lo único que garantice que esta disminuya a futuro, pues “no hay nada más pedagógico que las sanciones ejemplarizantes”.

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A pesar del corto tiempo que lleva operando el grupo élite, hoy las cosas son diferentes. Ahora la entidad cuenta con una mayor capacidad para detectar y sancionar este tipo de conductas, además de un trabajo integrado con los órganos de control. La tarea anticorrupción es de largo aliento. “El día en que el Estado demuestre que tiene la capacidad de detectar y sancionar estos casos habrá menos corrupción”, asegura Robledo.

Por esto, si el país quiere seguir luchando contra la corrupción en las licitaciones públicas, debe sostener este esfuerzo de contar con entidades independientes con personal calificado, presupuestos fuertes, capacidad investigativa, tecnología forense y con gran capacidad sancionatoria, agrega Robledo, quien completó seis años en el cargo.

No obstante, también hay que rescatar la ética empresarial, pues “los mejores códigos de conducta se encuentran lamentablemente en las empresas que hemos venido sancionando por cartelización en los últimos años”. La ética empresarial debe dejar de ser solo un compendio de palabras bonitas consignadas en los códigos de conducta de las compañías. En otras palabras, la ética no se predica, se aplica. Además, será necesario capacitar a los empleados públicos de las áreas de contratación en el interior de las entidades estatales para que afinen el olfato y puedan detectar este tipo de prácticas.

Pero también habrá que modificar las normas de competencia e imponer sanciones diferentes de las económicas, incluso del tipo social, para que exista un efecto social que disuada a los corruptos de ejercer sus prácticas. La gran mayoría de los carteles han sido encontrados gracias a denuncias por parte de las mismas entidades y funcionarios.

Así se roban la contratación estatal

 En año y medio de labores, el grupo élite ha encontrado numerosos carteles en las licitaciones públicas. Estas son algunas de las estrategias que han utilizado los particulares para apoderarse de la contratación.

PAGAR LA SALIDA

La empresa interesada en un contrato contacta a sus competidores y les paga para que se retiren o se inhabiliten y la dejen ganar el contrato estatal al precio más alto posible. Por lo general, opera en procesos adelantados mediante subasta y el pago se hace con las utilidades que el contratista ganador recibe por los sobreprecios cobrados al Estado. Este es el caso del presunto cartel de los suministros, en el cual se imputaron cargos a 23 empresas por cartelización sistemática (pagar la salida) en más de 100 procesos de contratación adelantados por 14 entidades estatales.

CONTROL OCULTO Y COORDINACIÓN

Una persona que controla varias empresas y las presenta en los procesos de selección como si fueran competidores con ofertas independientes, cuando en realidad participan en los procesos bajo una estrategia coordinada encaminada a tener más probabilidades de ganarse el contrato, en comparación con las que tienen los competidores que participan legítimamente. Es el caso del denominado zar de la vigilancia privada, en el que Jorge Arturo Moreno Ojeda creó al menos siete empresas dedicadas a prestar este servicio y de esta manera participaba en los procesos de licitación estatal por más de 322.000 millones dando apariencia de competidores.

BOICOT

En algunos casos los contratistas no están de acuerdo con las condiciones de calidad o precio que se exigen por parte de la entidad pública y, por lo tanto, deciden boicotear el proceso a fin de forzarla para que les pague un mayor precio o les permita entregar productos de menor o deficiente calidad. Lo hacen a través de tutelas o denuncias malintencionadas ante organismos de control y órganos judiciales para colapsar los procesos. El grupo élite está investigando si este tipo de prácticas se habría dado en el denominado cartel de las frutas.

REPARTICIÓN DE MERCADOS

También es usual que en procesos de selección en los que el objeto del contrato está dividido por zonas o tipos de producto, los proponentes se repartan las áreas geográficas o productos de manera que cada uno pueda hacer su oferta al precio más alto posible en los que les corresponden como resultado de la repartición. Esto es así porque en esos escenarios no contará con competidores que lo motiven para mejorar su propuesta. Este habría sido el caso de los proveedores de raciones alimenticias para las Fuerzas Militares a quienes se les encontró un computador con la distribución acordada por los proponentes.

UNIONES TEMPORALES DE PAPEL

La función de las uniones temporales y demás figuras asociativas es otorgar herramientas que permitan a las empresas aunar esfuerzos para abordar proyectos en los que individualmente no podrían participar. Lo que se pretende con ese tipo de instrumentos es ampliar el número de proponentes que podrían participar en procesos de selección, pues así se promueve una mayor competencia que, a su vez, mejoraría las condiciones de contratación en beneficio de las entidades públicas. Esta práctica es investigada por el grupo élite en uno de los contratos para el desarrollo de obras de infraestructura administrados por Fonade.

ABUSO DE LA FIGURA DE UNIÓN TEMPORAL

Aunque la figura de la unión temporal tiene como propósito promover la competencia en los procesos de contratación pública, algunos de los proponentes han encontrado la manera de utilizar esa herramienta para impedir la competencia. La estrategia consiste en que los proponentes que pueden participar en un determinado proceso de selección se integran en una unión temporal, no para aunar esfuerzos que les permitan participar, sino para garantizar que la unión temporal sea el único oferente y, con ello, lograr la adjudicación al mayor precio posible. Esta práctica es investigada por el grupo élite en el caso relacionado con el cartel de las frutas y en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Bogotá, en el que la representante legal de uno de los proponentes afirmó que la razón por la cual se vinculó con sus competidores en una unión temporal fue la de eliminar la competencia y lograr ejecutar el contrato al mayor precio posible.

EMPRESAS FACHADA

Empresarios sancionados, inhabilitados o condenados por violar la ley en procesos de contratación pública crean compañías de fachada a nombre de terceros para seguir participando de manera encubierta en los procesos de selección del Estado. Este caso, según la Superindustria, se presentó con una empresa de alimentación que fue inhabilitada para contratar con el Estado por su vinculación con el carrusel de la contratación de Bogotá. Sin embargo, sus accionistas constituyeron una nueva sociedad que sigue contratando con el Estado.

https://www.msn.com/es-co/noticias/otras/brigada-%C3%A9lite-contra-los-carteles-de-la-contrataci%C3%B3n-p%C3%BAblica/ar-BBKUCre

3.19.- ‘HAY RICOS QUE SE BENEFICIAN CON SUBSIDIOS PARA LOS POBRES’ –  Yamid Amat

‘El 70 % del subsidio en pensiones lo recibe el 40 % más rico de la población’, dice Planeación.

Luis Fernando Mejía, director nacional de Planeación. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Los colombianos con mayores ingresos son buena parte de los beneficiados con los millonarios subsidios que, por 72 billones de pesos, el Estado paga para ayudar, supuestamente, a la población de menores recursos. Dicho de otra manera: una parte asombrosa de los subsidios creados para beneficiar a los pobres están favoreciendo a los ricos. 

31 dic 2017.- A esa desastrosa conclusión se llega después de dialogar unas horas con Luis Fernando Mejía, director nacional de Planeación. Mejía es economista con maestría de la Universidad de los Andes y doctorado de la Universidad de Chicago.

Sus revelaciones sobre los subsidios y a quienes están beneficiando son aterradores. Sugiere inclusive cambiar el sistema de estratos como medición social, a fin de solucionar la actual realidad asombrosa. Denuncia, por ejemplo, que más del 70 % del subsidio a las pensiones lo recibe el 40 % más rico de la población. Y los más pobres solo reciben el 4,3 %. 

“El monto total de subsidios está estimado en 72 billones de pesos, esto es equivalente al 9 % del PIB. Los más importantes están concentrados en educación, con 3 % del PIB; pensiones, con 2,3 % del PIB y salud, con 1,9 %”, dice Mejía.

YA ¿Por qué la comisión del gasto público denunció que no hay claridad sobre cuántos subsidios hay y a quiénes benefician?

Porque es así. Es difícil conseguir la información entre las entidades del Estado; no porque se oculte, sino porque a veces no se sabe cuánto es el subsidio y cuánto es el costo administrativo. Un segundo problema tiene que ver con la focalización, es decir, a quiénes se entregan los subsidios, que en algunos casos no se hace a la población más vulnerable. Un tercer problema es la ausencia de evaluaciones de impacto, pues muchos subsidios se entregan sin realmente llevar a cabo ese proceso.

YA ¿Y qué ha hecho Planeación Nacional frente a semejante desorden?

Presentamos un proyecto de ley que soluciona puntualmente esos tres problemas. Primero, plantea la creación de un sistema único de información interoperable para centralizar todos y cada uno de los programas relacionados con el gasto en subsidios en el país; segundo, crea un procedimiento de elementos mínimos necesarios para garantizar que los subsidios lleguen a los que realmente los necesitan y, tercero, obliga a evaluar la efectividad de los subsidios al menos una vez cada cuatro años.

Encontramos que más del 70 % del subsidio en pensiones lo recibe el 40 % más rico de la población

YA Pero ¿qué problemas hay en la entrega de subsidios?

Detectamos un problema en la focalización que tienen algunos subsidios. Por ejemplo: el más regresivo de todos es el subsidio en pensiones. Encontramos que más del 70 % del subsidio en pensiones lo recibe el 40 % más rico de la población. El 20 % más pobre solo recibe el 4,3 % de los subsidios.

YA ¿Cómo se paga el subsidio a las pensiones?

Como las cotizaciones a pensiones no alcanzan a cubrir la mesada que recibe el jubilado a veces por más de 20 años, el Estado entra a subsidiar esa pensión. Por ejemplo, para una pensión de salario mínimo, el subsidio anual asciende a 5,1 millones de pesos en promedio, mientras que para una pensión superior a los seis salarios mínimos, el subsidio al año es cercano a los 19 millones de pesos, y el subsidio aumenta si la pensión es mayor.

YA ¿Y por qué más del 70 % del gasto público en pensiones va al 40 % más rico de la población?

Por las altas tasas de informalidad laboral. Quienes acceden a una pensión usualmente son personas que la mayor parte de su vida laboral transitaron en la formalidad, que son en su gran mayoría personas de altos niveles de educación e ingresos medios o altos.

YA ¿Cuántas personas están pensionadas hoy en Colombia?

Apenas el 24 % de los mayores de 65 años, por lo que hay un problema muy grave de cobertura. Por eso, para llegar a las personas más vulnerables se creó Colombia Mayor, un programa que le da una transferencia monetaria de 70.000 pesos mensuales a los adultos mayores de más de 65 años. Es una cifra que parece marginal, pero que es absolutamente importante porque de otra manera esas personas no tendrían ningún tipo de ingreso. En este gobierno se triplicó la cobertura de este programa, y hoy tenemos un millón y medio de adultos mayores con ese auxilio.

Entre educación, pensión y salud se está yendo 7,2 % del PIB. El 1,8 % restante se gasta en servicios públicos, atención a la pobreza

YA Pero ¿y el resto de personas que no pueden acceder a una pensión?

Entre otras cosas, hay que seguir avanzando en formalización laboral. Si bien en este gobierno el número de personas formales superó, por primera vez en décadas, a las informales en las 13 grandes ciudades, cuando usted tiene a la mitad del país empleada en el sector informal, esas personas no están ahorrando, no están cotizando, y cuando lleguen a su edad de retiro difícilmente se van a pensionar. Por eso es fundamental seguir profundizando la agenda de formalización laboral.

YA ¿Cómo hacer para establecer la manera como se están gastando 72 billones en subsidios?

Yo abriría la discusión en dos temas: uno, el de los tres rubros más grandes, que son educación, pensiones y salud, y dos, el resto de subsidios.

YA ¿Cuál es el tema en salud?

En salud, hoy en día se gasta 1,9% del PIB. El más importante es el gasto que se hace en el régimen subsidiado. Hoy en día tenemos alrededor de la mitad de la población en el régimen contributivo y la otra mitad en el régimen subsidiado. Cuando se planteó el sistema se esperaba que dos terceras partes estuvieran en el contributivo y una tercera parte en el subsidiado. Si avanzamos formalización laboral, seguirá aumentando la participación del régimen contributivo.

YA ¿Cuánto vale el subsidio que el Estado da a la salud?

1,9 % del PIB; son unos 15 billones de pesos del 2015, incluyendo el régimen subsidiado y programas tan importantes como el de vacunación.

YA ¿Entre educación, pensiones y salud se va más del 75 % del valor de los subsidios?

Así es. Entre educación, pensión y salud se está yendo 7,2 % del PIB. El 1,8 % restante se gasta en servicios públicos, atención a la pobreza, incluyendo Familias en Acción, atención a la primera infancia y subsidios en vivienda, entre otros.

YA ¿En qué consisten los subsidios en educación?

Todo lo que tiene que ver con la gratuidad de la educación, del grado 1.° al grado 11.°, más los subsidios que entrega el Gobierno para educación superior, incluyendo el programa Ser Pilo Paga, que ahora con 40.000 estudiantes genera erogaciones de 800.000 millones de pesos anuales.

YA Pero esos son los subsidios buenos, ¿cuáles son los subsidios malos?

Hay subsidios que se deben revisar. Por ejemplo, los subsidios en servicios públicos: hay un subsidio cruzado entre los estratos 5 y 6 para financiar el consumo de los estratos 1, 2 y 3; cuando ese subsidio cruzado no se puede financiar de manera completa con esas contribuciones, el Presupuesto General de la Nación cubre el faltante; ese gasto hoy en día es del 0,5 % del PIB. El problema es que el 32 % de ese gasto que hace el Gobierno en subsidiar servicios públicos le llega al 40 % más rico de la población.

YA ¿Es decir que en servicios públicos estamos subsidiando a los ricos?

Se utiliza un mecanismo que perdió su capacidad de encausar el gasto público: el estrato socioeconómico de la vivienda.

YA ¿Por qué dice que el 40 % de los más ricos tienen subsidios en servicios?

Hicimos un cruce de quiénes están recibiendo los subsidios de acuerdo con sus niveles de ingresos y en dónde están ubicados de acuerdo con el estrato de su vivienda. Al realizar este cruce encontramos que en los estratos 1, 2 y 3 hay alrededor de 7 millones de personas que están en el 20 % más rico de la población colombiana, pero reciben subsidios.

YA ¿Hay personas de altos ingresos que están viviendo en estratos 1, 2 y 3?

Así es. En la práctica, en estratos 1, 2 y 3 hay personas de altos ingresos que están accediendo a estos subsidios. El asunto es que el estrato perdió su capacidad de ser un buen indicador de la capacidad de generación de ingresos; eso no quiere decir que mayoritariamente las personas ricas no estén en estratos 4, 5 y 6, sino que también las hay en estratos 1, 2 y 3.

Al realizar este cruce encontramos que en los estratos 1, 2 y 3 hay alrededor de 7 millones de personas que están en el 20 % más rico de la población

YA ¿Y cómo hacen 7 millones de personas para engañar al Estado?

No es un engaño. Es que para entregar un subsidio de servicio público no se pregunta si la persona es de alto, medio o bajo ingreso, lo único que se pregunta es el estrato socioeconómico de la vivienda; entonces no es una trampa al Estado, simplemente son personas de altos ingresos que viven en viviendas de estratos 1, 2 y 3; es un problema del mecanismo de entrega.

YA ¿Quién fija el estrato de la población?

Esa responsabilidad está en cabeza de las entidades territoriales.

YA Y si el sistema de estratos entró en crisis, ¿cuál es la solución?

Indudablemente hay que revisar el mecanismo de entrega de estos subsidios.

YA Usted ya propuso una modificación a la ley de servicios públicos…

En el proyecto de ley de subsidios, que ya tuvo un primer debate en Comisión Tercera del Senado, planteamos una modificación de la forma como se entregan los subsidios de servicios públicos.

YA ¿Lo que hay que hacer es una revisión general de los estratos?

El estrato socioeconómico de la vivienda como instrumento de entrega de subsidios es una cosa muy atípica a nivel internacional, casi único de Colombia, con dificultades como las que hemos detectado. Por eso estamos planteando que para la entrega de subsidios de servicios públicos se haga un cruce del estrato socioeconómico con el Sisbén, lo cual permitiría excluir a las personas de altos ingresos que no deberían estar recibiendo el subsidio.

YA  En resumen: ¿una primera herramienta para reducir el gasto público es recortar los subsidios a servicios?

Recortar lo que está llegando a personas de altos ingresos y dedicarlo solo a personas que sí lo necesitan. Todo el gasto que hace el Gobierno en servicios públicos suma 4,3 billones de pesos del 2015.

YA De esos 4,3 billones, ¿cuánto está llegando al 20 % más rico?

Más de 500.000 millones de pesos.

YA ¿Qué se puede hacer para que los subsidios tengan mejor efecto social?

Hay un espacio importante para que estos subsidios tengan un mayor impacto en la distribución del ingreso. Si bien hemos avanzado sustancialmente desde 2010 reduciendo la desigualdad, una mejor focalización de los subsidios contribuiría de manera importante a reducciones aún mayores en los índices de desigualdad.

YA ¿Entonces en materia de subsidios se debe impedir que estos lleguen a quienes no los necesitan?

Exacto. Y esto implica mejorar los instrumentos para la entrega de subsidios, incluyendo el Sisbén, en donde ya hemos sacado más de medio millón de ‘colados’ en los últimos dos años.

YA ¿Y en materia de activos del Estado que se puedan vender para bajar el déficit?

Estamos desarrollando justo en este momento un documento de política pública sobre la gestión del portafolio de activos del Gobierno; en principio, el Gobierno debe tener participación accionaria en empresas por dos tipos de razones. Primero, cuando hay fallas de mercado, por ejemplo, los pequeños agricultores usualmente no tienen acceso al crédito porque no tienen formalizada la propiedad de su tierra y ahí el Banco Agrario juega un rol fundamental en garantizar el acceso al crédito.

Segundo, cuando se considere que hay un interés nacional estratégico en participar en algún sector. En este caso, por ejemplo, hoy no tiene mucho sentido la participación accionaria del Estado en Coltel (Telefónica).

YA ¿Hay que vender las acciones en Telefónica?

Así es, el sector de telecomunicaciones es un sector maduro y desarrollado. No parece haber una razón estratégica para mantener nuestra participación accionaria en este sector. El Estado debe concentrase en su rol de regulador de ese mercado.

YAMID AMAT Especial para EL TIEMPO

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/entrevista-de-yamid-amat-al-director-de-planeacion-nacional-166598

2.19.-LA VENTA DE ECOPETROL – Salomón Kalmanovitz 

El Gobierno Duque pretendió de entrada aumentar el presupuesto de sus gastos de 2019 en casi un 10 % frente al de 2018: aumento de la burocracia proporcional y de la inversión por mucho más. Esa fue la justificación para que el ministro Carrasquilla requiriera $14 billones en una nueva reforma tributaria cuando los contribuyentes se estaban lamiendo todavía las heridas que les infligió la reforma de 2016.

4 feb 2019.- El ministro intentó golpear de nuevo a los sectores más vulnerables de la sociedad con su IVA a la canasta básica, pero la opinión indignada se lo impidió. El Centro Democrático, por su parte, aprovechó la guachafita parlamentaria para devolver impuestos a diestra y siniestra, lo que terminó con un saldo negativo para el fisco: $7,5 billones de impuestos adicionales y $9 billones de exenciones. Nueve.

La situación se complica con el expresidente redentor haciendo populismo: el ajuste del salario mínimo duplicó la inflación de 2018 y eso aumenta los gastos de funcionamiento del Gobierno proporcionalmente; se propone además quitarnos a los jubilados privilegiados un 8 % de los aportes en salud, lo cual aumentaría el déficit pensional aún más. Al mismo tiempo, la reforma tributaria volvió a perdonar a los pensionados ricos que recibimos un subsidio de $80 millones al año, según Marc Hoffsteter. Así las cosas, el país se encamina hacia un peligroso déficit fiscal que podría terminar con la pérdida de su grado de inversión, encareciendo su financiamiento y despertando el temor de los inversionistas en confiarle su plata a un Estado derrochón. Cero en confianza inversionista.

Las opciones que le quedan a Carrasquilla son bastante limitadas. Puede hacer un ajuste del gasto monumental, con lo cual afectaría el futuro electoral del Centro Democrático, o puede vender activos de la nación, lo que reduciría el flujo de caja hacia futuro y el colateral que representan. Este parece ser el camino escogido: vender otro pedazo de Ecopetrol, empresa en la que el Estado cuenta con un 88,5 % de su capital y que es administrada por un gobierno corporativo, relativamente independiente, pero a la hora de la verdad no tanto. La falta de cuidado en las inversiones hechas en Reficar, Ecodiesel y Bioenergy, una planta de etanol en los Llanos Orientales, más los altos subsidios que otorga a ingenios de azúcar y palmicultores, insinúan que cae presa de los intereses de las elites y toma malas decisiones para el peculio colectivo.

El país es un productor pequeño con cerca de 850.000 barriles diarios de crudo, a partir de pozos que se están agotando. Ante la crisis global del petróleo en 2014 y la extinción de sus reservas, la junta directiva de Ecopetrol decidió reducir el reparto de las utilidades de la empresa y dedicarlas más a la exploración y, si se lo permiten las autoridades ambientales y las comunidades, al “fracking”. Esta perspectiva de largo plazo afecta negativamente la valoración de la empresa.

Las fluctuaciones violentas de los precios del petróleo también dictan el valor de la acción: en 2014 alcanzó casi los $4.000, para reducirse a $1,000 en 2016 y recuperarse un tanto en la actualidad a $2.935. La utilidad de Ecopetrol será de unos $11 billones en 2018, de los cuales el Gobierno insistirá en apropiar lo más que pueda. Los impuestos a la gasolina y el diésel constituyen recursos importantes; precisamente por eso nos están elevando tanto sus precios a los consumidores y transportistas.

https://www.elespectador.com/opinion/la-venta-de-ecopetrol-columna-837664

1.19 A- NADA ES RENTABLE EN LA ECONOMÍA CAMPESINA, SEÑOR MINISTRO VALENCIA – Oscar Gutiérrez

La VI Asamblea Nacional de Delegados de Dignidad Agropecuaria acordó enviar esta Carta Abierta para expresar el sentir de los productores agropecuarios, campesinos, indígenas y empresarios agrícolas nacionales, sobre la grave crisis atraviesa el sector. 

Hace casi cinco meses, sostuvimos una larga reunión con usted, señor Ministro. Se explicaron los problemas que agobian a cafeteros, arroceros, paneleros, productores de leche y carne, palmicultores, paperos, maiceros, plataneros, yuqueros, frijoleros y otros más. Se señaló el grave problema de deudas y embargos a los productores y los atropellos se están cometiendo contra los habitantes de páramos.   

Se dejo claro que el problema fundamental del sector es el ingreso de los productores. Por ningún lado es rentable. En café y palma, los precios internacionales que pagan las grandes multinacionales, y el capital financiero que las controla son, hace varios años, precios que ni siquiera cubren los costos de producción de países como el nuestro. Con todo y la devaluación del peso lo cierto es que un ingreso de $ 720 mil pesos por carga de café pergamino, es un ingreso que no recoge ni los costos de producirla. Frente a esto, el gobierno definió los costos de producción en $700 mil pesos/carga y acordó un subsidio de máximo $25.000 pesos/carga, si el precio interno llegaba a estar por debajo de $700 mil pesos. Destinaron $100 mil millones, no alcanzaron a gastarse $2.500 millones, pero han repetido hasta la saciedad y pagado costosa propaganda oficial para crear la sensación de que hay un gran apoyo oficial a los caficultores. Sin embargo, lo cierto es que los cafeteros están trabajando a perdida.

Pero más grave que eso es lo que se prevé para este año. En los mercados de especulación     -en los que se negocia el café- se están imponiendo precios iguales o peores a los que hoy se paga por el grano nacional. Le pedimos al gobierno que se expresará en los foros internacionales frente a este atropello de las multinacionales y nada dijo, le solicitamos se acordará con otras naciones productoras un reclamo para exigir precios dignos y nada ha hecho. Le dijimos: en 1984, el precio internacional reconocido, acordado, en la OIC, era de entre 1 dólar 20 y un dólar 40 por libra. Hoy, se compra nuestro grano a un dólar y a menos y el gobierno nada dice por este comportamiento que linda en la más cabizbaja explotación de los cafeteros colombianos.

Ante esas realidades que no son nuevas y por las cuáles los cafeteros han tenido que hacer paros y movilizaciones sociales Dignidad Cafetera planteó, como parte de los acuerdos del paro de 2013, se creará un fondo que permitiera la estabilización del precio interno del café. Eso, con dificultades se ha trabajado en el Congreso de la República. Pero, requiere una amplia discusión sobre el Fondo, sobre cómo debe operar, quién lo debe gerenciar, cómo se debe financiar y, sobre todo, cuál será su papel principal si, ¿garantizar precios remunerativos además de estables? o, ¿se convertirá en un negocio más para apalancar seguros de riesgo, con compañías que hagan jugosas utilidades con los recursos públicos aportados?

Ante esa posibilidad haremos reuniones, encuentros, asambleas, foros y, de ser posible, audiencias públicas con la Cámara de Representantes para que la Ley se ajuste y cumpla su objetivo: Garantizar precios estables y remunerativos a los productores cafeteros de Colombia. Y eso debe empezar ajustando -a precios reales- los costos de producción y reconociendo los mismos a los productores.

Si por el café llueve, en los demás sectores no escampa. Hemos adelantado conversaciones en el consejo nacional del arroz sobre los precios que paga -a los productores- el oligopolio que controla el negocio del arroz. El gobierno ha propuesto, como gran solución al problema de comercialización e ingreso de los productores “la agricultura por contrato” de la cual se dice, garantiza precio y mercado al productor. De eso ya saben las gentes del campo del país, tanto en el café como en otros productos. Pero se pregunta: En el arroz y en otros bienes agrícolas ¿no hay agricultura por contrato? Ahí, ¿los precios los definen no los costos de producción y una adecuada tasa de ganancia para el productor sino, la oferta y la demanda     -afectadas, además, por las importaciones acordadas en los TLC- y, sobre todo, por los precios que impone el oligopolio, de un producto en el que somos o podemos ser autosuficientes?

Igual sucede, en el maíz, los cereales, la leche y sus derivados, los aceites, el frijol, la carne de cerdo y gran parte de los 12,8 millones de toneladas de productos del agro que hoy se importan y que, en lugar de importarlos, deberíamos reemplazarlos, sustituirlos, por producción nacional forjando trabajo y riqueza para el sector agropecuario del país.

Un caso aberrante es el del etanol, un producto derivado de la caña de azúcar, en el que somos autosuficientes y que se terminó importando, golpeando no solo a trabajadores y productores de azúcar sino, fundamentalmente, a los paneleros. Las cañas que no van al procesamiento de etanol van a la producción de panela en grandes trapiches o azúcar en los ingenios, azúcar que termina -con parte de la que se importa- derretida para hacer panela falsa lo que deriva en bajos precios y más pobreza en las zonas paneleras.

Dos asuntos más estuvieron a consideración de la Asamblea. Uno, los graves atropellos se están cometiendo en los páramos con el argumento de su delimitación. Asunto al que no nos oponemos pero que no puede ser como se está haciendo. De eso también hablamos con Usted. Y el otro, de una gravedad enorme, es el relacionado con deudas y remates de tierra de los agricultores. Esto se ha expuesto, incluso, en los talleres de fin de semana que hace el gobierno. Pero nada se ha resuelto, de verdad, para esos agricultores, así el presidente diga, que se resuelva. Solicitamos una reunión urgente con Usted para que se acuerden soluciones y, pase de ser, anuncio de taller de fin de semana.

Estuvimos -estos meses- esperando con paciencia soluciones y diálogo con el gobierno. Pero nada se resuelve. Por eso, promoveremos una gran movilización social agropecuaria este semestre. Explicaremos a productores y colombianos la necesidad de modificar la política agraria oficial. Creemos que “la nación debe empeñarse en un programa de mediano y largo alcance que tenga como norte la expansión de la producción agropecuaria dirigida a producir los alimentos y materias primas agrícolas que importamos. Un plan que debe empezar por redefinir el papel del Estado en la producción agropecuaria. La esencia debe ser que solo se importará lo que falte para abastecer, adecuadamente, el mercado nacional”.

“El eje en la formación de los precios de todas las actividades productivas agropecuarias se definirá sobre la base de evaluar los costos de producción y garantizar una debida tasa de ganancia para el productor, de manera tal que el ingreso permita fortalecer la capacidad económica, técnica y productiva de los agricultores nacionales. A eso deberá agregarse una redefinición del papel del crédito en la producción agrícola, la investigación tecnológica apropiada a nuestra realidad, el uso de fertilizantes, insumos y semillas nacionales diversas, el riego y demás bienes públicos indispensables para la labor agraria. Un programa de estas características permitirá que florezca la producción nacional, abaratar los alimentos y llevar trabajo, progreso y bienestar al campo colombiano”.

Reiteramos nuestra decisión de buscar diálogo y soluciones con el gobierno, pero de no darse las mismas promoveremos la necesaria movilización social agraria.

Bogotá, enero 23 de 2019

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/17899?reason=norrinuser

 

1.19 B -2019: ¿UN NUEVO COMIENZO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA? – Alejandro Gómez*

Una declaración de la ONU puede ser la excusa para que Colombia reconozca la importancia de la agricultura familiar y salde su deuda histórica.

Una oportunidad

El año pasado, la Asamblea General de la ONU declaró que el periodo comprendido entre 2019 y 2028 sería el Decenio de la Agricultura Familiar.

En 2014, la ONU había celebrado el Año Internacional de la Agricultura Familiar y los resultados fueron contundentes: se crearon Comités de Agricultura Familiar en diecisiete países de América Latina, se produjeron leyes a favor de este tipo de agricultura y fueron  promovidas una investigación y una tecnología apropiadas para el sector.

Por eso el Decenio de la Agricultura Familiar es una oportunidad que llega en un momento vital para Colombia. Tras la firma del Acuerdo de La Habana y, en particular con lo pactado en el primer punto —Reforma Rural Integral—, Colombia emprendió un viaje de retorno al campo para conseguir su recuperación y convertir al país en un protagonista en la producción de alimentos de la economía global.

Se trata de un reto importante: en Colombia, según cifras de FAO Colombia, 3,4 millones de personas sufren de hambre y malnutrición y, paradójicamente, muchas de esas personas viven en zonas rurales; en igual sentido, hoy el país importa cerca de doce millones de toneladas de alimentos al año. ¿Aprovecharemos este decenio para tomar medidas a favor de esa ciudadanía rural colombiana?

La importancia de la agricultura familiar campesina

La mayor parte de nuestra canasta familiar proviene del trabajo de familias campesinas.
Foto: Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Nunca en la historia de la humanidad había sido tan fácil comer como ahora.

La carne animal por la que nuestros antepasados se jugaban la vida la conseguimos hoy porcionada en bandejas de poliestireno. Las verduras y hortalizas las conseguimos prelavadas en bolsas. Las leguminosas y cereales los conseguimos en cajas, a granel, en latas o listos para ser consumidos.

Pero en esa búsqueda de pragmatismo y rapidez, perdimos algo en el camino. Hoy es poco lo que sabemos de nuestra comida. Llenamos nuestras neveras y despensas de todo lo que podemos, sin saber de dónde viene o cómo se cultivó o se trató lo que comemos. Quienes vivimos en las ciudades nos relacionamos con la comida solo desde el consumo: nos importa el producto terminado y poco nos interesa el proceso.

En las ciudades, por ejemplo, casi todos desconocemos que la inmensa mayoría de lo que consumimos ha sido cultivado o criado por pequeños productores. Más del 90 por ciento de las 570 millones de las granjas agrícolas en el mundo son operadas por agricultores familiares campesinos.

Ellos no solo son responsables de producir el 70 por ciento de los alimentos que comemos, sino que son esenciales para combatir el hambre y la pobreza, para asegurar alimentos frescos y saludables, y para procurar una gestión sostenible del campo y los recursos naturales. Además son ellos quienes preservan el patrimonio biocultural de nuestros países: semillas nativas, biodiversidad, preservación de los ecosistemas, culinaria, entre otros.

3,4 millones de personas sufren de hambre y malnutrición y, paradójicamente, muchas de esas personas viven en zonas rurales.

Marcos Rodríguez Fazzone, asesor Especialista en Sistemas Alimentarios, Agricultura Familiar y Mercados Inclusivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO Colombia), asegura que se debe reconocer la contribución y la importancia de la Agricultura Familiar Campesina, y que Colombia puede dar fe de ello:

“En términos demográficos los agricultores familiares representan un 75 por ciento de las unidades productivas de total del país, generando el 57 por ciento del empleo en el sector rural y con un aporte de cerca del 41 por ciento del valor de la producción. Y esta contribución es algo que se consigue apenas con el 5 por ciento del acceso a la tierra”.

Para él, el modelo familiar de agricultura es viable y es necesario comprender su importancia en la alimentación de la población y la preservación de la biodiversidad en Colombia.

Puede leer: ¿Tiene futuro la agricultura colombiana?

Una deuda histórica

Entre los retos que identifica la FAO para que Colombia transforme su campo y salde la deuda histórica que tiene con quienes trabajan en las zonas rurales —de los cuales un 47 por ciento vive en la pobreza— está impulsar la agricultura familiar.

De acuerdo con la FAO Colombia, “aunque la contribución de la Agricultura Familiar Campesina a la seguridad alimentaria de Colombia es incuestionable, el país aún está en mora de diseñar políticas públicas y programas específicos para impulsarla de manera que pueda ejercerse con sostenibilidad económica. Asistencia técnica, créditos y asociaciones son herramientas fundamentales”.

Hoy existen casos emblemáticos que pueden servirle al país como guía:

  • A comienzos de siglo, Brasil se embarcó en la tarea de crear políticas a favor de la agricultura familiar. Guilherme Cassel, ministro de desarrollo agrario entre 2003 y 2010, asegura que el primer paso para conseguir ese propósito fue atacar el imaginario que existía sobre esta forma de agricultura como un sector violento, pobre e improductivo.

Una de las primeras evidencias del cambio fue la publicación del Censo agropecuario de 2006. Con él se demostró que los pequeños agricultores eran más productivos por hectárea que las grandes agroindustrias y que el modelo familiar producía el 70 por ciento de todos los alimentos que consumían los brasileños.

  • En Costa Rica, Mercedes Peña, politóloga y ex primera dama, lideró el programa Tejiendo Desarrollo, para que las personas manifestaran lo que necesitaban y a su vez participaran en el desarrollo de su propia comunidad.

Este tipo de programas permite identificar problemas locales y acompañar las soluciones adecuadamente. Sin embargo, para Peña era claro que no habría cambio si no había voluntad política, y que esta “se demuestra cuando no solo se generan políticas públicas, sino que además se las dota de contenido económico. Flaco favor estamos haciendo si no pensamos en términos económicos”.

Para Rodríguez Fazzone, el post-acuerdo en Colombia nos obliga a pensar en políticas sociales para la reconstrucción de confianza, siendo ésta la base para impulsar cualquier emprendimiento rural: “Colombia necesita avanzar en una combinación de políticas de inclusión social con políticas de inclusión productiva”.

Uno de los problemas que enfrenta el agro es la falta de oportunidades para sus habitantes. A falta de mejores opciones, los jóvenes están migrando hacia las ciudades, y el campo envejece poco a poco. Por eso es necesario procurar el acceso a créditos y tecnologías, de manera que se maximice el aporte económico y cultural que hace el campo a nuestro país.

Le recomendamos: El campo colombiano repunta y jalona el crecimiento económico.

Los retos

El mayor problema de los agricultores es que no cuentan con garantías.
Foto: Región Central

El pasado 8 de noviembre se llevó a cabo en Bogotá el panel «Decenio de la Agricultura Familiar: Retos y perspectivas para América Latina”. En el evento participaron expertos en materia de agricultura, representantes de la sociedad civil y un representante del Gobierno colombiano.

El panel sirvió para entender el camino que se ha recorrido en el continente americano en materia de agricultura, para poner en evidencia el potencial de los productores familiares y para plantear los grandes retos a los que se enfrentan.

Según Luis Vicente Faco, asesor de la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado (COPROFAM), uno de los grandes retos es hacer visibles a estos productores: “lo que más afecta a la agricultura familiar es la indiferencia. La falta de reconocimiento de algunos gobiernos de Latinoamérica y la sociedad civil que no sabe de dónde viene lo que comen”.

Juliana Millán Guzmán, de la Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), añadió que las   políticas del gobierno deben tener enfoques diferenciales que fortalezcan al sector y que se basen en la participación de los campesinos. Millán leyó un comunicado suscrito por diez organizaciones y políticos para pedirle al Gobierno Nacional, representado en el panel por Fernando Henao Velasco del Ministerio de Agricultura, que oyera las demandas de los grupos de agricultores familiares en Colombia.

En el comunicado, los firmantes escribieron: “Renovamos así nuestro compromiso con la construcción conjunta de la política pública de Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria, su implementación y seguimiento. La vinculación de éste proceso a las diferentes instancias de planeación nacional, regional y municipal, y la búsqueda conjunta por la consolidación de una ley de Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria; que contribuya de manera efectiva en la reducción a cero del hambre, la pobreza y la exclusión social en el campo y la ciudad”.

Más del 90 por ciento de las 570 millones de las granjas agrícolas en el mundo son operadas por agricultores familiares campesinos.

Henao aseguró que el Gobierno colombiano está interesado en poner en el centro de las políticas de desarrollo a estos pequeños agricultores: “En Colombia hay un reto de reducción de brechas. Eso se logra por medio de la agricultura familiar”.

Estamos en un momento crucial para los pequeños agricultores. En palabras de Carlo Petrini, fundador del movimiento Slow Food: “es nuestro deber hacer un gran movimiento de resiliencia que debe estar estrechamente relacionado a la política de la tierra. Nuestro gran patrimonio de biodiversidad se está erosionando en el mundo entero. Debemos tener conciencia de que una de las maneras de derrotar esta situación será por medio de las pequeñas comunidades rurales”.

* Director de la revista Cerosetenta de la Universidad de los Andes.
@gomezdugand.    

**Este artículo fue producido como parte de la alianza entre la FNPI y la FAO para promover el debate sobre la transformación del campo colombiano.

https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11715-ancla2019-un-nuevo-comienzo-para-la-agricultura-familiar-campesina.htm

46.18.-LA ORGANIZACIÓN SARMIENTO ANGULO: ¿EL VERDADERO ESTADO COLOMBIANO? – Aurelio Suárez

El famoso economista Joseph Schumpeter habría sentenciado que la tendencia a la concentración y centralización creciente del capital era un hecho histórico, tanto en países capitalistas, como en los soviéticos. No obstante, es forzoso distinguir los grandes grupos financieros por su papel y desempeño. En Corea del Sur cuatro grupos lideran la industria automotriz, los astilleros y los aparatos electrónicos. Y Corea es tan joven en industria como Colombia, la que tiene sus grandes potencias financieras concentradas en las gaseosas, las cervezas, los seguros y la construcción. Esterilizado el Instituto de Fomento Industrial, los gobiernos quedaron eunucos para crear oportunidades de inversión industrial. Aurelio Suárez lo explicita muy bien para el grupo Sarmiento.

El empresario tiene gran influencia sobre todos los ámbitos de la sociedad colombiana. ¿Cuál es su cuota de responsabilidad en el escándalo de Odebrecht?*

La cuarta parte del PIB

El Grupo Aval Acciones y Valores S.A. es el grupo económico más poderoso de Colombia. Con una fortuna de 12 mil millones de dólares, su cabeza, Luis Carlos Sarmiento Angulo, ocupa el puesto 123 entre los más ricos del mundo, según la lista Forbes de este año.

Aval es un buen ejemplo del conglomerado del capitalismo contemporáneo, pues a su alrededor se produce la fusión monopolista entre el capital bancario y el capital industrial. Hace 62 años comenzó su carrera como constructor de vivienda y dio un gran salto al adquirir varios bancos: primero el de Occidente, luego AV Villas, más adelante el de Bogotá y finalmente el Popular y Ahorramás. Fue así como logró controlar el 30 por ciento de los activos financieros del país.

La familia Sarmiento posee cerca del 80 por ciento de los casi 23.300 millones de acciones del Grupo Aval, mientras que el 20 por ciento restante se reparte entre grupos como JP Morgan con el 7 por ciento, Vanguard, MSCI y Abu Dhabi Investment que suman otro 1 por ciento, algunos fondos de pensiones e inversionistas nacionales con entre el 1 y el 2 por ciento, y más de 45 mil pequeños tenedores con cerca del 8,5 por ciento.

El Grupo Aval funciona como un holding; es decir, como una agrupación de empresas donde el dirigente controla la “sociedad madre” y ésta a la vez a sus “hijas” y de ahí a sus “nietas”. La posesión del 50 por ciento de la matriz es suficiente para controlar con tan solo 1 millón, 8 millones en la tercera generación y de ahí hacia adelante en proporción de 16, 32, 64, etc.

Actualmente, Aval maneja alrededor de 240 billones de pesos en activos, lo que equivale al 25 por ciento del PIB colombiano. El 71 por ciento de esa cifra se destina a operaciones nacionales y el 29 por ciento restante en el exterior, principalmente para Centroamérica. El 65 por ciento de esos activos está representado en cartera y el 35 por ciento en inversiones de renta fija. El patrimonio atribuible a los accionistas se acerca a 17 billones, y tuvo utilidades netas por 2 billones en 2016 y 2,3 billones en 2017.

Las “hijas” del grupo Aval son los bancos AV Villas, Popular, de Occidente y de Bogotá, el grupo de pensiones y cesantías Porvenir, la firma corredora Casa de Bolsa y su principal vehículo de inversión, la Corporación Financiera Colombiana Corficolombiana, que también posee un banco en Panamá y tiene presencia en 60 empresas.

En el exterior tiene otra “hijas”: Credomatic, uno de los principales bancos de Centroamérica y dos más ubicadas en las Islas Caimán: Grupo Aval International Limited y Grupo Aval Limited. Cuenta además con Seguros Alfa, la segunda aseguradora del país. Sus bancos tienen 1.397 oficinas, 3.775 cajeros electrónicos y más de 40 mil puestos de atención. La operación centroamericana cubre 356 oficinas, 1.736 cajeros y 2.403 puestos de atención. En total, posee alrededor de 75 mil trabajadores vinculados.

Para referirnos a este monumental emporio económico, resulta más acertado hablar de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo (OLCSA), cuya empresa matriz es el Grupo Aval.

El dueño del país

La gráfica siguiente, elaborada en 2015 por la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) ilustra la influencia de la OLCSA sobre distintos sectores de la vida

Fuente: Felcoper

En materia de infraestructura la OLCSA contaba con seis concesionarias en 2015, a las cuales se agregaron Covipacífico S.A.S. y Covimar S.A.S. en 2017. Entre todas ellas, sumó más de 1.300 kilómetros de ocho vías concesionadas, como las de Bogotá-Villavicencio-Yopal, Buga-Tuluá-Victoria, Bogotá-Facatativá-Los Alpes, entre otras, e incluyendo la Ruta del Sol II. Además están presentes en la concesión de los aeropuertos de Cali y de Cartagena y tienen vínculos con grandes gestoras de proyectos y construcción como Dragados y Proindesa. Hoy en día es sabido que el Grupo Aval está relacionado con el escándalo de Odebrecht, sin embargo, la investigación que se adelanta aún no destapa por completo este capítulo.

Lea en Razón Pública: Odebrecht: certezas, interrogantes y lecciones.

Por otra parte, la OLCSA ha invertido sumas significativas en el área energética, principalmente en la distribución y comercialización de gas. En 2012 logró el control de Promigas, la compañía que transporta y distribuye el 50 por ciento de gas en Colombia a través de los 2.900 kilómetros de redes de gasoductos que posee.

En Bogotá su poderío es más grande, pues participa de la Empresa de Energía, y por ende, en la transportadora de gas TGI. De hecho, hasta este año disfrutó de la concesión de la planta de acueducto de Tibitó y actualmente es el principal financiador del SITP, donde está provisionando más de 300 mil millones por la quiebra de varios operadores.

No hay ningún sector de la sociedad colombiana en el que no tenga una incidencia significativa, podría decirse que en nuestro país no se mueve un dedo sin su anuencia.

En cuanto a la agricultura a gran escala, OLCSA cuenta con cuatro agroindustrias con cerca de 25 mil hectáreas, algunas en conflicto por acaparamiento de baldíos, en cultivos de caucho, palma de aceite, maíz, algodón, arroz, piscicultura y ganadería y con miles de hectáreas en tierra para proyectos futuros. Así mismo, Pizano, emblemática forestal, gestó una agrupación con un socio internacional hasta llegar a 50 mil hectáreas para materia prima hacia la producción industrial de tableros, puertas, productos transformados, piezas y muebles de madera.

En el sector hotelero —uno de los que más beneficios tributarios ha recibido en los últimos años— OLCSA tiene dos compañías con más de cuatro mil habitaciones y cerca de 35 operaciones con el emblemático Grand Hyatt de Bogotá como líder. En construcción, tiene varios proyectos en la flamante calle 26 de la capital colombiana. También participa en la industria con fábricas como Tesicol y en minería como socio de Mineros S.A.

Como si fuera poco, Sarmiento Angulo tiene una gran influencia en los medios colombianos, pues posee un conglomerado multimedia con dos canales de televisión, tres periódicos diarios —entre ellos el de mayor circulación nacional— una decena de revistas y la serie 7 Días distribuida en los llanos y en Boyacá. En síntesis, no hay ningún sector de la sociedad colombiana en el que no tenga una incidencia significativa. Evidentemente, podría decirse que en nuestro país no se mueve un dedo sin su anuencia.

Una relación peligrosa

Edificio Corficolombiana Foto; Wikipedia

Entre tantos casos, el vínculo más desconcertante entre la OLCSA y las ramas del poder es el de Néstor Humberto Martínez, abogado de muchos de los negocios de la organización. Además de superintendente bancario, Martínez ha sido embajador, miembro de la junta directiva del Banco de la República, ministro de Interior, de Justicia y “superministro” (ministro de la presidencia). Alternaba varios de esos cargos con el servicio a Sarmiento Angulo; prueba de ello es que en 2006 lo asesoró en la compra de Megabanco, en 2010 en la adquisición de las acciones de El Tiempo y de Credomatic, en 2012 en la de Promigas y en 2014 en el registro bursátil en Wall Street.

Pero sin lugar a duda, el negocio más importante de la OLCSA con asistencia de Martínez fue el de la Ruta del Sol II, donde actuó como encargado jurídico y se agregaba el doble de kilómetros en concesión para el Grupo Aval. Recurriendo a varias de las más de 10 empresas jurídicas y de inversiones de su familia, el actual fiscal dispuso la suscripción del contrato de estabilidad jurídica en 2010; la viabilidad de suscripción de la adición Ocaña-Gamarra en 2012 y la resolución de los requerimientos del Comité de Estabilidad en 2015. Adicionalmente, el Banco Agrario acreditó a MNA Martínez Abogados como asesor jurídico en la estructuración de Navelena, la iniciativa liderada por Odebrecht sobre el río Magdalena.

La cercanía con los expresidentes alcanza a César Gaviria asociado con Aval en la firma Gas Comprimido del Perú (Gascop).

Entonces, ¿es Martínez el fiscal indicado para investigar el escándalo de Odebrecht?, ¿cómo es posible que aún existan dudas sobre su serio conflicto de intereses para llevar este caso? Por otro lado, ¿Conocía Aval de las picardías de José Elías Melo, quien mientras era presidente de Corficolombiana, pertenecía a la cúpula de su staff directivo? ¿Hasta cuándo podrá mantenerse el argumento esgrimido por Aval de que fue una sufrida “víctima” del otro accionista, y que apenas en 2017 se enteró de sus malos manejos?

En su libro “Corrupción, cohesión social y desarrollo”, José Antonio Alonso sostiene que entre más desigual es una sociedad, mayores niveles de corrupción presenta. ¿No es Colombia el ejemplo perfecto de esa ecuación? Mientras que las líneas entre los actores privados, los cargos nombrados y los cargos electos sigan siendo borrosas, la situación seguirá igual: un Estado (privado) detrás del Estado continuará definiendo el rumbo de nuestro país.

*Nota al lector: Toda la información presentada proviene de informes oficiales de las diferentes empresas del Grupo Aval y de publicaciones oficiales de la prensa nacional e internacional.

**Analista, consultor en áreas públicas y privadas, columnista, catedrático universitario y panelista de la cadena Blu Radio.

  https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11635-la-organizaci%C3%B3n-luis-carlos-sarmiento-angulo-%C2%BFel-verdadero-estado-colombiano.

45.18 A.- EL PRESUPUESTO DEL 2019 -Salomón Kalmanovitz

El presupuesto del año entrante fue diseñado por la administración saliente y parecía estar financiado adecuadamente, cumpliendo incluso la regla fiscal. El ministro Alberto Carrasquilla dijo que no y que necesitaba más recursos ($14 billones), algo que parece no ser tan cierto al resignarse a menos de la mitad de la suma originalmente roturada, después de iniciadas las negociaciones en el Congreso de la República.

El rubro mayor del presupuesto de 2019 es el servicio de la deuda pública, $66,4 billones, prácticamente el doble que el destinado a Defensa. El segundo en importancia es el de educación, con $38,7 billones que el movimiento estudiantil juzga insuficiente. El presupuesto total alcanza casi $260 billones, del cual una quinta parte se destina a servir una deuda pública total que alcanza el 44 % del PIB y que ha venido trepándose en especial después del colapso del precio de las materias primas.

Las agencias de calificación nos miran con recelo porque, si sigue cayendo el precio del petróleo, podemos llegar a una situación de insolvencia que provoque una estampida de capital, como acaba de pasar en Argentina, algo que se complica con la incompetencia y falta de decisión que ha caracterizado al gobierno del Centro Democrático y al presidente Duque. La reciente devaluación del peso refleja la incertidumbre en la que nos sentimos y cómo nos ven los inversionistas extranjeros.

¿Por qué nos vemos abocado a una situación financiera de riesgo frente al resto del mundo? La respuesta más obvia es que el recaudo tributario se quedó por debajo del gasto público que se complementaba con la renta petrolera, como nuevos ricos que perdimos la capacidad de prevenir lo que era de esperar: que el precio del petróleo bajaría en algún momento. La proyección del recaudo tributario este año puede llegar a 14,7 % del PIB, pero el presupuesto es de 26 % del PIB, o sea que necesitamos refinanciar la deuda para no sufrir una caída brusca del gasto que está ocurriendo de todas maneras. En efecto, el gasto en inversión es de sólo 1,5 % del PIB, menos de la mitad de lo que alcanzó en los años de bonanza. En vez de aumentar impuestos, lo que ha sucedido es que los gobiernos de Uribe, Santos y ahora el de Duque optan por aumentar el endeudamiento público. Así, el gobierno queda cojo.

La reforma tributaria de 2016 fue selectivamente dura, al trepar el IVA al 19 %, aumentar los impuestos a la renta de la clase media y hasta los dividendos comenzaron a tributar un tris, pero de nuevo sin recurrir al excedente. El gobierno de Duque no escogió el mejor momento para anunciar torpemente que se necesitaba una nueva reforma, dura contra los pobres y la clase media, cuando los congresistas enfrentan elecciones regionales el año entrante. En vez de esperar una mejor oportunidad y diseñar cuidadosamente una reforma estructural que aumentara el recaudo de manera eficiente y progresiva, se lanzó con una propuesta que era una colcha de retazos, chambona, regresiva e ineficiente, que despertó una oposición generalizada, que incluyó al propio Centro Democrático.

La versión light de la reforma tributaria, que se transó con Cambio Radical, conservadores y la U, espera recaudar sólo el 0,7 % del PIB, toca los dividendos un poco más e incluye un impuesto temporal al patrimonio. Entonces hacemos como si tenemos reforma, aunque en un par de años se nos informe que es indispensable una nueva.

https://www.elespectador.com/opinion/el-presupuesto-de-2019-columna-826941

B_45.18.-EL FUERTE OLEAJE ALREDEDOR DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO – Economía y Negocios 

Está entre críticas y aceptaciones. Ponencia se prepara para una semana bajo potente lupa. “Prefiero recaudar 7 billones de pesos bien recaudados que caer, simplemente, en el ímpetu recaudador y perder la coherencia de la reforma”, dice el presidente Duque

Unos expertos estiman que el proyecto mejoró y otros dicen que se puede ir por más de $ 7,5 billones. Foto:  Cortesía del Ministerio de Hacienda

Un poco más de la mitad de la plata necesaria para completar el presupuesto del 2019 es el umbral al que llegan las medidas definidas en la ponencia oficial de la ley de financiamiento, que, tras un largo proceso de ajustes y controversias, logró dar un paso adelante: el miércoles fue radicada en el Congreso y tuvo ya una jornada de debates en comisiones económicas.

Prefiero recaudar 7 billones de pesos bien recaudados que caer, simplemente, en el ímpetu recaudador y perder la coherencia de la reforma, dijo el presidente.

1 dic 2018.- Los sectores que esperan el financiamiento de algunos de sus programas demandan en total 14 billones de pesos, de los cuales, si la ponencia –como está hoy– obtiene el visto bueno en primer debate y se mete en la agenda de las plenarias, recaudaría 7,5 billones de pesos.

“Prefiero recaudar 7 billones de pesos bien recaudados que caer, simplemente, en el ímpetu recaudador y perder la coherencia de la reforma; por eso hemos preferido esa actitud para enfrentar las dificultades”, señaló el presidente Iván Duque.

Con los recursos esperados será necesario escoger, según prioridades, lo que podrá financiarse y lo que no, situación que dará pie a una reñida puja porque todos los sectores van a querer salvarse del inminente recorte o congelamiento, como lo ha denominado el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Ampliación de cobertura y servicios de salud, 529 millones de raciones de alimentación escolar, créditos Icetex para acceso a educación superior, subsidios de energía para 11,3 millones de familias, cinco ciclos de familias en acción para 2,4 millones de familias son algunos de los gastos desfinanciados que forman parte de la lista presentada por el Gobierno al lanzar el proyecto original.

Según Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, “no sabemos cuál será la estrategia para afrontar tan tremenda restricción en los ingresos esperados. Ese será el debate al despuntar en 2019”.

Falta pedalear por más

Por la importancia de los programas en capilla, para ser objetos de congelamiento en sus inversiones, en el ajedrez de posibilidades para la ley de financiamiento también está la de mover más fichas, de manera tal que el Gobierno logre la totalidad de los recursos que le faltan al presupuesto, lo que –para algunos expertos– no está tan alejado de la realidad económica, pero sí –y mucho– de la realidad política.

En términos económicos, según los expertos Luis Jorge Garay y Jorge Espitia, “ir solo por un poco más de 7 billones de pesos es inaceptable, puesto que los gastos sociales son exigencias, no necesidades”.

En ese contexto, plantean, entre otras alternativas, topes a las deducciones de las personas jurídicas ($ 2 billones), impuesto al patrimonio a personas naturales y jurídicas de manera permanente (hasta $ 6 billones); un rango adicional, de 30 por ciento, en el impuesto a dividendos para ingresos superiores (hasta $ 1,5 billones) e IVA presuntivo a unos 700.000 contribuyentes de los ingresos más altos, como compensación por beneficiarse de las exclusiones de ese impuesto a la canasta familiar ($ 1,6 billones)”.

De hecho, según el congresista Jhon Milton Rodríguez, en las mesas de trabajo que elaboraron la ponencia quedaron propuestas algunas estrategias ‘colchón’ que se pondrán a consideración en los próximos debates. Una de estas es precisamente la del IVA presuntivo, que, según cálculos preliminares, podría aportar 2,2 billones de pesos.

De corto alcance

Para Sergio Clavijo, director del Centro de Pensamiento Económico Anif, el alcance de la ponencia también es corto. “Para que el plan B tributario fuera exitoso, debería incrementar de forma permanente la relación recaudo-PIB en no menos de 1 punto porcentual, de 2019-2022”. Pero las cuentas de Anif indican que “para 2020, el recaudo ahora estaría cayendo (-0,3 % del PIB) y en -0,5 % del PIB hacia el 2022”.

En medio de esos números hay otro tablero que no se descarta para este proyecto: el hundimiento, toda vez que en la primera jornada en las comisiones económicas, si bien fue negada la proposición que pedía su archivo, no cesa la controversia.

Una vez puestas en la mesa todas estas cartas, hay que destacar que el proyecto, según algunos expertos, mejoró en comparación con la idea original, cuya columna vertebral era el IVA a la canasta familiar.

El Consejo Gremial, que agrupa las principales organizaciones económicas del país (23), mostró su respaldo a la ponencia para primer debate, al considerar que “contribuye a la equidad social, el crecimiento económico y la formalización”.

Así está el rompecabezas

En esta oportunidad, la ponencia conserva la filosofía del proyecto original, es decir, alivio a las empresas a través de una reducción del impuesto de renta, del 33 por ciento, hasta el 30 por ciento en el 2022, más una carga mayor a las personas naturales con altos ingresos, con lo cual, según subrayó el presidente Duque, “intentamos resolver ese entuerto de tener un sistema empresarial agobiado por la carga tributaria, y lo que presenta esa ley es una reducción sustancial de la tasa efectiva de tributación para que se generen empleos, se pague mejor y tengamos mejor entorno de desarrollo empresarial”.

Entre las fuentes que hoy juegan, para obtener recursos, se destacan el retorno a la tarifa general del IVA del 19 por ciento, ante la caída de la idea de gravar toda la canasta, pero con una tasa menor. También se conserva la tarifa del 5 por ciento. Se aplicará un IVA plurifásico a la cerveza y bebidas azucaradas, con lo cual el impuesto será cobrado en varios tramos de la cadena de producción.

El impuesto al patrimonio se aplicará durante cuatro años, en general, sobre personas naturales con una tarifa de 1,5 por ciento para patrimonios de más de 5.000 millones de pesos.

Los dividendos se gravarán al 15 por ciento a partir de 10 millones de pesos, cifra que se redujo, pues era de 20 millones.

En la propuesta persiste el régimen simple, para restaurantes, cafeterías, panaderías y similares, que, al unificar varias de sus obligaciones tributarias, estarían excluidos de IVA. Quedaría excluida de IVA la venta de inmuebles, pero con impuesto al consumo de 2 por ciento cuando los montos superen 26.800 UVT ($ 918 billones).

Javier Hoyos, de la firma Gestión Legislativa, destaca que “la retención en la fuente aumentaría a partir de ingresos de 4’970.000, rango que hoy tiene la tarifa de 28 por ciento y pasaría a ser de 33, hasta el 39 por ciento para ingresos superiores a 78’821.000 de pesos”.

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/inicia-discusion-de-ley-de-financimiento-en-el-congreso-300396

44.18 A.-TASAR LOS DIVIDENDOS – Salomón Kalmanovitz

La doble tributación no existe. Se trató de una leyenda inventada por los interesados para aducir que es injusta. Se puede entender mejor como un solo impuesto sobre las utilidades que se divide, una parte menor sobre la empresa, y un castigo mayor si se reparte a sus accionistas. Es una política sabia que incentiva la reinversión de las utilidades, un empujoncito para que los dueños ahorren más y las empresas (y la economía) crezcan más.

26 nov 2018.- La reforma tributaria de 1986, aprobada durante el gobierno conservador de Belisario Betancur, fue precisamente la que abolió el impuesto a los dividendos. Treinta años después se rompió el pacto entre las elites para no cobrarlo por Santos II, pero con unas tasas irrisorias de 5 y 10 % que se podían evadir fácilmente. En Europa estas tasas tienden a estar por encima del 40 %. En Estados Unidos era de 33 % sobre las utilidades de las empresas y una máxima de 45,6 % a los dividendos. El señor Trump redujo el gravamen a las empresas al 21 % para 2018, pero no tocó el de los dividendos. En Chile y México la tasa es de 29 % para el reparto de utilidades.

Al eximir los dividendos de impuestos, el incentivo se torna perverso: una mayor parte de las utilidades se reparte para escapar al gravamen, las empresas se descapitalizan y sus dueños la gasta en consumo de lujo, adquieren segundas viviendas en Cartagena, Santa Marta, Miami, Nueva York y Madrid o las invierten fuera del país. Se estimula así la canibalización del capital de las firmas y su mayor endeudamiento, al contar con menos recursos propios para invertir e incluso para operar.

Durante estos 30 años el país se desindustrializó, quizás en parte porque no se fomentó el ahorro y la inversión de las firmas, aunque también por la renta petrolera que fue perjudicial para las empresas industriales y agropecuarias al revaluar el peso que las perjudicó. En todo caso, la política tributaria dio la señal a los ricos de que era mejor dilapidar que invertir en sus empresas.

Hemos hecho un cálculo burdo de que una tasa del 37 % a los dividendos aportaría 5 % del PIB al fisco. Así podrían reducir los impuestos a las empresas, no gravar tanto el consumo y contar con recursos adicionales que, bien invertidos en educación e infraestructura, aumentarían la productividad y la riqueza de la nación, induciendo un círculo virtuoso.

El impuesto al reparto de las utilidades de las empresas a sus dueños tiene entonces varias virtudes: es progresivo, ya que los que más tienen más pagan; es justo, pues se nutre del excedente y no tiene que extraer recursos del exiguo consumo de los pobres ni de una clase media atribulada; por último, es eficaz, porque dirige el excedente productivamente dentro de las empresas y al financiamiento de bienes públicos que son necesarios.

La propuesta de Carrasquilla era también irresponsable. Según Javier Ávila y Jorge Armando Rodríguez, extraía 1,3 % del PIB del consumo y de la renta de la clase media, pero descargaba a las empresas y hacía temporal el impuesto al patrimonio. Hacia 2020 el aporte de la reforma se reducía a 0,6 % del PIB, en 2021 restaba 0,6 y otro -0,7 % del PIB en 2022[1]*. Legaba de esta manera al próximo gobierno un déficit mayor al que decía haber encontrado para financiar su mayor presupuesto. Con su caída, se abre una ventana de oportunidad para diseñar una reforma tributaria estructural, justa y productiva.

*“Sumas y restas tributarias en la ley de financiamiento”, CID, U.N.

https://www.elespectador.com/opinion/salomon-kalmanovitz

B- 44.18.-LO QUE NO SE DEBATE SOBRE LA LEY DE FINANCIAMIENTO – Juan Manuel López

El debate sobre la forma de financiar los actuales déficits presupuestales ha girado alrededor de ‘de donde sacar los recursos que faltan’ sin aclarar el contexto dentro del cual se produce esta necesidad.

¿Porqué Ley de Financiamiento?

La Ley de Financiamiento sustituye una Reforma Tributaria, evitando tener que recorrer el trámite que ésta implica ya que se presenta como un complemento a la Ley de Presupuesto. Esto porque la reforma tributaria no aportaría recursos sino desde 2020, ya que la característica de los nuevos tributos que dependen de la declaración de renta es que no se pueden aplicar retroactivamente y por lo tanto solo rigen a partir de la declaración del 2019 que se presenta en el 2020.

En ese sentido la importancia de la ampliación del IVA reside en que comienza su aplicación a partir del momento en que se apruebe la Ley pues el recaudo comienza inmediatamente; es por eso que ‘no existe Plan B’ como lo ha repetido el gobierno.

La necesidad de lograr ingresos inmediatos aplica no solo para el año 2019 sino para faltantes de caja que ya existen en este 2018.

¿De dónde o cómo se calcularon los 14 millones? Se bajó de 25 a 14 ajustando partidas. En parte las del petróleo y la deuda externa que representan rubros mayores del presupuesto. El alza de los hidrocarburos se reflejó en el cálculo de los impuestos, las regalías, y la participación en los dividendos de Ecopetrol; según estimados de los ‘expertos’ cada movimiento de un dólar en su precio representa más de medio billón de pesos en los ingresos estatales. Hoy volvió a caer al precio de hace un año, el mismo de antes del ajuste. Y con el dólar tendiendo a la estabilidad o a la baja (por la misma alza del petróleo) el estimado del gasto en la deuda cambiará y parece seguro que subirá por encima de 3.200 aumentando los costos de su servicio.

El problema con la regla fiscal es que por ley el límite de endeudamiento tiene unos topes que se prohíbe exceder. Dentro de las llamadas ‘políticas de ajuste’ del modelo neoliberal ésta seria ‘la cereza del pastel’ que impediría los desbordes inflacionarios por devaluación de la moneda. Esto se opone a la posibilidad Keynesiana de reactivar una economía mediante grandes inyecciones de recursos por parte del Estado si para esto se requiere acudir a emisiones que implican financiación con deficits presupuestales.

¿Quién impulsa esa Ley? En Colombia hemos resuelto calificar de ‘grandes economistas’ a quienes aplican la ortodoxia del momento. Al respecto me parece que fue Piketty quien planteó que un individuo se puede calificar de ‘gran economista’ por los aportes que haga a esa ciencia y no por conocer muy bien lo que está de moda. Lo que Carrasquilla representa es la teoría económica del momento en su punto más simple y más extremo cuando supone que el crecimiento económico de un país es la unica función del Estado, que ello depende del aumento de la riqueza nacional sin importar en manos de quién, y que por eso el reducir la tributación al sector empresarial y cargárselo a los trabajadores y las clases más pobres es una necesidad transitoria para que con el tiempo por percolación el progreso llegue a las siguientes capas de la sociedad. Así ni siquiera sus propuestas de reducir el salario mínimo o de gravar con el IVA la canasta familiar son aportes propios.

Las alternativas de solución que se rumoran posibles serían: de un lado el violar la Regla Fiscal. Esto implicaría responsabilidades para quienes tomen la decisión y pasa por el reconocimiento del abandono en algo de la doctrina neoliberal; de otro lado estaría el cobro de mayores impuestos inmediatos a los sectores más poderosos del mundo empresarial como serian gravámenes a las cervezas, las gaseosas y las operaciones bancarias, lo que se podría adelantar mediante decretos pero levantaría callos donde menos se quiere. Por ultimo se habla de la eventualidad de declarar el ‘Estado de Emergencia Económica’ para expedir por decreto lo que el Congreso por no querer con el costo de responsabilizarse por esa Ley, no aprueba.

43.18.-PRESIDENTE ACORRALADO: LA AUSTERIDAD DE DUQUE – Jorge Iván González*

El presidente quiere ahorrarnos 9 billones de pesos con recortes de personal burocárico. Qué tan factible -y qué tan buena- es esta idea que por supuesto le suena a la gente.  

El presidente Duque sueña cuando afirma que las medidas de austeridad permitirán ahorrar 9 billones de pesos. Esta es la cifra que el presidente anuncio desde Leticia, al expedir su directiva número 09 del 9 de noviembre.

Pero esa directiva o ese plan de austeridad es una salida desesperada, que no consulta las características del Estado colombiano.

La propuesta del ministro Carrasquilla está demasiado sesgada hacia el IVA. De los 14 billones de pesos que se obtendrían con la “ley de financiamiento”, más de 11 billones se originarían en este impuesto.

El desespero presidencial es comprensible. En el Congreso se está debilitando el eje principal de la reforma fiscal. El costo político de ampliar el IVA a todos los bienes de la canasta básica de alimentos es tan alto, que el Centro Democrático ya dijo que no estaba dispuesto a asumirlo. Tienen razón Uribe y sus copartidarios porque las elecciones locales están muy cerca.

Si los partidos del gobierno se rebelan, la reforma se hunde. Y como el gobierno no quiere replantear la equivocada reducción de los impuestos a las empresas, y tampoco está dispuesto a aumentar la tributación de los ricos, no queda más alternativa que soñar con reducir el gasto.

Ministro y Viceministro de Hacienda.  Foto: Facebook Iván Duque

Cuando la Comisión del Gasto y de la Inversión Pública entregó su informe en enero de este año, en plena campaña presidencial, se esperaba que el documento fuera un insumo para los debates de los candidatos. Duque no lo leyó. Tampoco sus asesores.

La Comisión muestra con claridad que no es posible reducir el gasto público. Que el país tiene que aumentarlo, y debe hacerlo de manera eficiente. En la lógica de la Comisión es impensable que el gasto se pueda reducir en 9 billones de pesos. Incluso, la Comisión consideró que la propuesta que hacía el Marco Fiscal de Mediano Plazo del exministro Cárdenas—menos ambicioso que Duque—era demasiado optimista en sus estimaciones del ajuste fiscal.

Ese plan de austeridad es una salida desesperada, que no consulta las características del Estado colombiano.

En palabras de la Comisión, “…el gasto público tiende a aumentar como proporción del PIB a medida que los países se desarrollan, reflejando la creciente demanda de servicios públicos”. Es una aceptación de la llamada ley de Wagner, quien observó que el gasto público como porcentaje del PIB crecía en todos los países. A medida que las sociedades son más complejas, el gasto público tiene que aumentar para poder responder a las necesidades colectivas. La Comisión del Gasto pone en evidencia el tamaño relativamente pequeño del Estado colombiano, cuando se compara con otros países de América Latina y, sobre todo, de Europa.

¿Reducir la burocracia? No se puede

Informe de la Comisión del Gasto Foto: Presidencia de la República

En la directiva presidencial el mayor recorte del gasto se debe hacer por el lado de las plantas de personal de las entidades. Ordena eliminar las llamadas “plantas paralelas”, o los contratos de prestación de servicios que están por fuera de la planta. Según Duque, la gran oportunidad de ahorrar estaría en la racionalización de estos contratos.

Pero la directiva presidencial desconoce dos hechos contundentes. El primero es sencillo: el empleo público en Colombia es raquítico. Y, segundo, como esta verdad no se quiere aceptar, el gobierno afirma que la burocracia es excesiva.

Entre tanto las entidades se las van arreglando para contratar por fuera de planta. No tienen más remedio. Y ocultan los empleos temporales bajo diversas modalidades de gastos de “inversión”. Nadie sabe cuál es el número de contratos “por fuera de planta”, pero podrían ser equivalentes al número de empleados de planta. Los problemas de información son evidentes. Dice la Comisión:

“Las cifras disponibles sobre empleo público en Colombia están fragmentadas y pueden no estar revelando su verdadera dimensión. Existe una subestimación derivada de diferentes formas de contratación y fuentes de financiación del empleo público. Se destaca en particular la proliferación de los contratos de prestación de servicios, que permite que un porcentaje importante de los empleos se registren en el rubro de transferencias o inversión y no en servicios personales, para eludir los límites de la ley 617 de 2000” (p. 118).

Pretender eliminar los contratos por fuera de planta es imposible. Ello equivaldría a acabar con la mitad de las funciones del Estado.

¿Qué tanta burocracia hay en Colombia?

En 1997, el informe de otra Comisión de Gasto que fue dirigida por Gabriel Rosas hizo una estimación del empleo público. En 1995 la cifra era de 935.263 funcionarios. Según las estimaciones de la reciente Comisión del Gasto, en el 2017 eran 1.396.478. Esto significa que, en promedio, el empleo habría crecido a un ritmo de 2,2 por ciento anual.

El número absoluto de empleados y su ritmo de aumento son muy pequeños y, como dice la Comisión, está subvalorado. Los 1,4 millones de funcionarios equivalen al 5,3 por ciento de los ocupados. Este porcentaje es muy bajo. En México, Brasil y Chile está alrededor del 15 por ciento. En Canadá e Inglaterra es el 27 por ciento. En Noruega es 33 por ciento y en Dinamarca es 36 por ciento. En el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la relación es de 25 por ciento. Al comparar estas cifras es ridículo pensar que la austeridad se logrará disminuyendo la contratación del Estado.

El empleo público en Colombia es raquítico. Y, como esta verdad no se quiere aceptar, el gobierno afirma que la burocracia es excesiva.

El sueño de Duque tiene cabida en la fantasía de un país que insiste en esconder la realidad de la contratación pública, y que se niega a contabilizar los empleos “por fuera de planta”. La eliminación de estos contratos llevaría a la cuasi extinción de un Estado absolutamente débil. Las entidades no podrían funcionar sin estos contratistas. La necesidad de contratistas es evidente en numerosas entidades, comenzando por los hospitales y siguiendo con Planeación Nacional y el DANE. En mayor o menor medida, todas las entidades tienen que recurrir a los contratos “por fuera de planta”.

El asunto es tan grave que la Comisión del Gasto le dedicó un capítulo especial. En el 2017, la contratación por fuera de planta se estimaba en 5,2 billones de pesos, y el 90,7 por ciento de este valor se presupuestó en el rubro de “inversión”. Esta es la forma como se disfraza la mentira colectiva. La Comisión propone asumir en serio el reto de la carrera administrativa, y realizar un cambio estructural a la función pública.

Es comprensible que en medio de las angustias fiscales, el Presidente sueñe con un ambicioso programa de austeridad. Pero saliendo de estos mundos imaginarios, es importante recordar: primero, que el gasto continuará subiendo; segundo, que es inevitable que el número de funcionarios siga creciendo; tercero, que la única solución para cerrar la brecha fiscal es mediante impuestos; cuarto, que una reforma tributaria, un año antes de las elecciones locales, debe tener algún viso de progresividad.

Le recomendamos: Los 101 días de Duque.

*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.

https://razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11581-la-austeridad-de-duque-es-posible-reducir-la-burocracia.html

42.18.-LOS PRIVILEGIOS TRIBUTARIOS EN LA LEY DE FINANCIAMIENTO: UN PASO ATRÁS – Francisco Azuero

Continuamos examinando el régimen tributario propuesto para las sociedades. Lejos de eliminar los privilegios tributarios existentes, el proyecto propone crear otros, que no tienen  mayor base técnica ni justificación económica.

En la última versión del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Ministerio de Hacienda calculó el costo fiscal de los beneficios tributarios en el impuesto a la renta [1] pagado por las personas jurídicas en el año gravable 2017  en un $6,4 billones (0,7% del PIB).  El mismo documento señalaba que en el año 2010 el peso de esos beneficios era del 3,6% del PIB. Se había reducido el costo para el fisco de estos tratamientos excepcionales, pero siguen siendo importantes.

12 nov 2018.- El proyecto de Ley de Financiamiento (LF) presentado por el Gobierno, lejos de disminuir este tipo de privilegios crea otros, cuyo costo fiscal está por determinar, puesto que en la exposición de motivos presentada por el gobierno no se hace ningún cálculo.

Entre los privilegios que se mantienen están los siguientes:

Hoteles. La Ley 788 de 2002 (art 18)  señaló que quedaban exentos durante 30 años los ingresos correspondientes a los hoteles que se construyeran o remodelaran dentro de los 15 años siguientes. Al eliminarse la contribución parafiscal patronal destinada el SENA, al ICBF y al sistema de salud en el año 2012, se estableció que la tarifa sería del 9%, efecto compensatorio que fue aplicado al resto de empresas. Se suponía que este privilegio se acababa en el 2017, tiempo más que suficiente para que se ampliara la infraestructura hotelera, si ese era el propósito (Justificación dudosa, por lo demás, pero ese no es tema por el momento). El proyecto de LF (art 69)  vuelve a declarar exentas las rentas de los hoteles que se construyan o remodelen por los próximos 10 años.

Zonas Francas. La Ley 1004  de 2005 estableció que la tarifa general para los usuarios de las zonas francas sería del 15%, notoriamente inferior al 35% aplicable en ese momento para el resto de las sociedades. Cuando se integró la contribución parafiscal patronal de SENA, ICBF y Salud en el impuesto de renta (Leu 1819 de 2016) esta tarifa quedó en el 20%.  En lugar de que la compensación fuera del 9%, como en el resto de empresas, para estos contribuyentes fue del 5%. Es decir, el privilegio tributario aumentó. El proyecto de LF lo mantiene.Nuevas propuestas sobre incentivos tributarios.

El  proyecto propone la eliminación de algunas rentas exentas, contempladas hoy en el articulo 235-2 del Estatuto Tributario tales como “aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, o inversiones en aserríos (si, no se sorprenda el lector, hoy existe un estímulo tributario para la deforestación).

Pero el proyecto crea nuevos tratamientos especiales.

A-      Mega-Inversiones y Contratos de Estabilidad Jurídica

Si una empresa realiza una inversión por valor igual a 50 millones de UVT  ($1650 millones), y se compromete a generar 50 empleos directos tendrá derecho a que la tarifa del impuesto a la renta sea del 27% (claro que si es un hotel seguirá siendo del 9%)[2], tres puntos por debajo de la tarifa general, durante 20 años.

Se establece como condición que la inversión se haga en “propiedades, planta y equipo que sean productivos o que tengan la potencialidad de serlo”.   No se entiende el sentido de esta condición. ¿Acaso no toda inversión es productiva? La definición económica de inversión consiste precisamente en la ampliación de la capacidad productiva del agente que la realice. Al aumentar la relación capital/trabajo, aumenta normalmente la productividad, de este último. En un caso extremo, una empresa podrá justificar la compra de un avión ejecutivo, argumentando que aumenta la productividad del presidente y demás miembros del equipo directivo.

Por otra parte, el proyecto autoriza que las inversiones se deprecien contablemente en dos años, en lugar de los correspondientes a la vida útil del equipo, como lo establece la técnica contable, reconocida en el artículo 137 del ET. Otro beneficio.

Pero lo más preocupante en lo relacionado con las Mega-Inversiones es la resurrección, con otro nombre de los “Contratos de Estabilidad Juridica” creados en la ley 963 del 2005, y afortunadamente eliminados en la Ley 1607 de 2012 (art 166). Se firmaron un total de 65 contratos. En esta entrada hemos analizado las consecuencias negativas de esta figura (ver por ejemplo  mirar estas entradas: 1,2,3,4).  El MFMP estimó el costo de los CET para el año 2017 en $1483 millones (0,2% del PIB).

Los inversionistas que aspiren a realizar la Mega-Inversión serán calificados por el Ministerio de Industria y Comercio, según reglamentación que expida el gobierno nacional.

En caso de que no realicen las inversiones, el contribuyente reconocerá una “renta líquida por recuperación de deducciones sobre las cantidades efectivamente invertidas”. No dice nada el proyecto sobre los impuestos dejados de pagar. Estos proyectos no estarán sujetos al sistema de renta presuntiva, que. recordemos, se desmontará, según el proyecto, a partir del 2021.

B-      Economía Naranja

El proyecto propone que las rentas provenientes de la “Economía Naranja”“ o sea “industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas”, sean exentas de impuestos durante un período de cinco años.

Lo primero que es necesario preguntarse es ¿qué es la economía naranja”? En un libro coaturado por el presidente Duque del 2013, y publicado por el BID, se afirma (pag 33) que, “tratar de plasmar un concepto definitivo de la economía naranja o de sus industrias es tan absurdo como innecesario”. En eso estamos plenamente de acuerdo. Solo que si el concepto se va utilizar para declarar regímenes tributarios excepcionales, la precisión si sería necesaria.  La norma no puede prestarse a ambigüedades.

Sin embargo, otra más reciente publicación del mismo BID trata de definir la economía naranja, como el “conjunto de actividades, que en combinación, permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios cuyo valor puede basarse en la propiedad intelectual”.  No se avanza mucho en la precisión del término.

El proyecto de LF señala que las empresas favorecidas con este tratamiento tributario deben tener como  objeto social exclusivo “el desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas”.  Seguimos con el mismo problema, ¿qué es una empresa de valor agregado tecnológico? En sentido estricto, toda actividad productiva tiene un valor agregado tecnológico: utiliza una tecnología determinada para convertir un insumo en un producto o servicio útil para el comprador.  No se puede negar que un campesino que utilice un arado está utilizando una tecnología, por rudimentaria que esta sea. Por otra parte, como lo afirma el mismo documento del BID de 2017 (pag 9), “la creatividad como concepto está presente en todas las actividades humanas”.

Una disposición tributaria, en contraste, debe caracterizarse por su precisión, a fin de que no le quede ninguna duda al contribuyente o a la autoridad  sobre los términos de su aplicación. Este problema lo resuelve el proyecto de una manera que nos parece bastante simple.

En primer lugar, señala que las actividades que califican para este incentivo son 71, entre las cuales están la confección de prendas de vestir, la fabricación de productos de piel, el curtido de cueros, la fabricación de calzado, la impresión y los servicios relacionados con ellas (atención fotocopiadoras), la de muebles, el transporte de pasajeros por cualquier vía, actividades de zonas de camping, alojamiento en hoteles (aparecen nuevamente con otros beneficio), las actividades de comunicación satelital y otras actividades de telecomunicaciones (atención operadoras de telefonía móvil), espectáculos musicales, parques de atracciones. Obviamente, también aparecen en la lista las actividades más indudablemente creativas: edición de libros, desarrollo de sistemas informáticos, agencias de noticias, publicidad, diseño, educación, artes plásticas, actividades teatrales y creación audiovisual

Se les exige a las empresas favorecidas cumplir con los requisitos de empleo que defina el gobierno nacional (mínimo 10 empleados) y adelantar una inversión por valor de 25000 UVT ($829 millones). El Ministerio de Cultura será la autoridad para definir la conformidad con el proyecto y la existencia de “valor agregado tecnológico y actividades creativas”. Menuda tarea la que le queda.

C-      Incentivo tributario para el desarrollo del campo.

El proyecto contempla que las rentas provenientes de inversiones que aumenten la productividad en el sector agropecuario (surge nuevamente la pregunta ¿Habrá algún empresario tan irracional que decida acometer una inversión que no aumente la productividad, ya no en en el campo, sino en cualquier actividad económica?) serán exentas por un período de 10 años. Como requisito deben tener por objeto social exclusivo algunas de las actividades que incrementan la productividad del campo y estar comprendidas en la Sección A, división 01 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Allí están todas las actividades agropecuarias.

Se exige un monto mínimo de inversión de 50.000 UVT ($1658 millones), y la generación de 10 empleos.  El proyecto de inversión debe ser presentado ante el Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, quien debe emitir un acto de conformidad y confirmar que “las inversiones incrementan la productividad del sector agropecuario”.

Los comités del gobierno, autoridades tributarias.

En todos estos casos (Mega-Inversiones, Economía Naranja  e Incremento en la productividad del campo)   se está fallando en cumplir con el artículo 338 de la Constitución que establece que “la Ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar,directamente,  los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos”. Por el contrario, muchas variables relacionadas con la naturaleza de los tributos, se estaría delegando en el Gobierno, para que este las establezca mediante decretos reglamentarios o resoluciones. En cuanto a la definición de los contribuyentes favorecidos con estos regímenes tributarios especiales, queda en manos del poder ejecutivo: el Ministerio de Industria y Turismo, en el caso   de las Mega-Inversiones, el Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura, en el segundo caso, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el caso de las inversiones que aumenten la productividad en el campo.

Tal vez valga la pena aprender lecciones del pasado. Los Contratos de Estabilidad Jurídica (según la Ley que estuvo vigente hasta el 2012) debían ser aprobados por un Comité de Estabilidad Jurídica, compuesto por funcionarios del gobierno. Como tuvimos oportunidad de mencionarlo en una entrada anterior de este blog,  en el caso del famoso proyecto de la Ruta del Sol, el Comité negó una primera solicitud en el año 2010. La empresa interpuso recurso, y el mismo comité aprobó el contrato el 21 de Diciembre de 2012, unos días antes que se sancionara la Ley que le prohibía al gobierno firmar estos contratos en el futuro. Según la Fiscalía General de la Nación (ver aquí),  habría operado  en este caso la presión del famoso buldócer parlamentario que estaba al servicio de Odebrecht. Existe entonces un gran peligro en violar el principio de transparencia en las normas tributarias. Si éstas pueden ser distintas para cierto tipo de contribuyentes que cuenten con capacidad de presión ante cualquier comité (sea de estabilidad jurídica, de zonas francas, etc), está abierta la oportunidad para la corrupción.

La opinión pública, y en particular el Congreso deben ejercer el mayor cuidado en el estudio y aprobación de estos nuevos “incentivos tributarios”.  Por esta vía se continúa erosionando la estructura impositiva colombiana, se crean privilegios injustificados para algunos contribuyentes, se está profundizando la inequidad tributaria (los más favorecidos por estos tratamientos son los más ricos) y se abren las puertas a la corrupción.

[1] Definidos como tratamientos favorables a ciertos contribuyentes, que se traducen en que resultan pagando un impuesto menor al que resultaría de aplicar las normas aplicadas al resto de ellos.

[2] Aquí no establece la condición de que el hotel sea remodelado como lo señala el artículo 69 del proyecto, al que nos referimos anteriormente.

https://franciscoazuero.blogspot.com/2018/11/los-privilegios-tributarios-en-la-ley.html 

42.18.-MÁS ALLÁ DEL IVA – Jorge Iván González

Se dice, con prepotencia y aparente certeza, que los “altos” impuestos son los principales causantes de la falta de competitividad. Ninguno de los dos postulados es cierto.El Gobierno ha llevado a que la discusión sobre la reforma tributaria gire alrededor del IVA. Esta mirada tan parcial se explica por tres razones que son muy discutibles. La primera, es la alta tributación de las empresas. La segunda, es la causalidad entre impuestos y competitividad. Y la tercera, es la conveniencia de ampliar el número de contribuyentes y la base de tributación.

9 nov 2018.- Se ha dicho que la tributación de las empresas es alta. Pero los ejercicios empíricos no coinciden porque los supuestos y los métodos son muy distintos. El estudio de Rincón y Delgado (Banco de la República) muestra que la tributación del capital ha sido, en promedio, de 15,7%. Pero, por otro lado, Gómez y Steiner (Coyuntura Económica) afirman que la tasa efectiva que pagan las empresas, con respecto a la utilidad, es de 59,6%. La distancia entre las cifras es enorme, y en la arena política, que es donde se definen los tributos, se utiliza una u otra tasa dependiendo del propósito que se busque. El Gobierno y los gremios han preferido la cifra más alta y argumentan que la tributación de Colombia es elevadísima en el panorama internacional. Parece más razonable, siguiendo a Rincón y Delgado, concluir que la tarifa efectiva del impuesto que pagan las empresas es relativamente baja.

Si la estimación de la tarifa efectiva se presta a múltiples discusiones, es mucho más complicado determinar la relación de causalidad que va de los impuestos a la competitividad. Los factores multicausales abundan. Las variables que podrían incidir en la competitividad son de muy diversa naturaleza. Habría determinantes macro, como la tasa de cambio, la enfermedad holandesa de la que todavía no sale la economía nacional, el altísimo costo del crédito.

Por el lado meso, el caos del “ordenamiento” territorial, la ausencia de vías, la pésima distribución de las regalías, la trampa de las economías de enclave. Y entre los factores micro, valdría la pena considerar los bajos niveles de educación, las dificultades para el acceso a la salud, la poca asistencia técnica que reciben los pequeños y medianos empresarios, la tramitología, etc. Faltaría mencionar los problemas asociados a la violencia y a la débil institucionalidad. Frente a esta realidad tan compleja, por qué se dice, con prepotencia y aparente certeza, que los “altos” impuestos son los principales causantes de la falta de competitividad. Ninguno de los dos postulados es cierto.

Finalmente, el discurso a favor de la reducción de los impuestos de las empresas se justifica con otra falacia: la carga tributaria tiene que distribuirse mejor. Este principio sería cierto si la sociedad colombiana fuera más igualitaria. Es obvio que si el 1%, el 0,1%, el 0,01%, el 0,001% acaparan la mayor parte de la riqueza y de la tierra del país, hacia allí se debe dirigir la tributación.

En vista de las dificultades políticas que se están presentando con la propuesta de modificación del IVA que el Gobierno llevó al Congreso, valdría la pena cambiar la óptica de la discusión, y repensar alternativas fiscales. Y el primer paso podría ser el de no reducir el impuesto a las empresas. Frente al tema tributario el presidente Duque está obligado a incumplir sus promesas de campaña. Quizás sea preferible que le falle a los grandes empresarios que a la gran masa de consumidores. Y para tranquilidad de unos y otros, la mayor demanda sí favorece la competitividad.

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/mas-alla-del-iva-2791751

42.18.-LA REFORMA SE RECOMPONE GRAVANDO MÁS LOS DIVIDENDOS: KALMANOVITZ – por Economía y Negocios 

El economista y excodirector del Banco de la República, partidario de tener un IVA generalizado.

Salomon Kalmanovitz, excodirector del Banco de la República

¿Hasta donde se es rico o se es pobre o de clase media en Colombia? Ese es el viejo dilema que vuelve cada vez que hay en el país una nueva reforma tributaria (ley de financiamiento en esta ocasión) y que se encendió tan pronto como se destapó la propuesta en la que el Gobierno plantea universalizar el IVA a la canasta básica de los colombianos, lo cual le daría 1,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); quitarle carga a las empresas en la misma proporción (1,1 % del PIB), y gravar los dividendos de las personas naturales.


En este último punto, según el economista y excodirector del Banco de la República Salomón Kalmanovitz, la propuesta se hizo “con demasiada modestia”.

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La polémica desatada alrededor de la reforma parece mostrar que tendrá que ser modificada. ¿Qué le cambiaría para recomponer ese bloque de propuestas?

​En general, la reforma no es ambiciosa en recursos, porque en el país se requiere más plata para infraestructura, ciencia y tecnología, universidades públicas. Pero, además, el recaudo está sustentado en el impuesto a las ventas, IVA. Los 14 billones por los que va el Gobierno equivalen a 1,5 puntos del PIB; el IVA pone 1,1 por ciento (más de $ 11 billones), y la clase media aporta 0,2 por ciento de ese porcentaje.

Para recomponer la reforma en términos de equidad -sin afectar ingresos e inclusive, obteniendo más- se les debería cobrar a los dividendos lo mismo que le están cobrando a la clase media alta -el 37 por ciento- y permitirles algunas deducciones.
Que los grandes grupos empresariales del país pongan 37 por ciento de todos los dividendos que reciben. Allí es donde está la plata, no en los gerentes ni subgerentes de las compañías (clase media alta). Ahí también hay plata, pero no tanto. El grueso está en la élite.

Es inaudito que los dividendos paguen 5 ó 10 por ciento y no el 37 con el cual ‘clavan’ a la clase media. Al contrario, deberían pagar más que la clase media porque tienen mucho más. Eso sería verdaderamente progresivo.

Es decir, ¿se está sacando plata de donde no es?
​En los países de la Ocde el impuesto de renta de las personas aporta 8,5 puntos del PIB. En Colombia es 1 punto y llega a 1,5 con la reforma del 2016. Aquí podríamos llegar, si quisiéramos emular a estos países con los que ahora nos codeamos, a un 8 por ciento del PIB, que es el promedio de ellos. Suecia o Finlandia recaudan 10 o 12 por ciento. Ahí está la plata. Búsquenla ahí, no la busquen donde no la hay, donde le meten mucho peso a las personas que ya cargan con pesados impuestos, donde el sector informal es amplio y la productividad es muy baja. Esa gente que se gana dos salarios mínimos todavía es bastante pobre. Les da durísimo pagar un IVA del 18 por ciento a la canasta.

Es inaudito que los dividendos paguen 5 ó 10 por ciento y no el 37
con el cual  ‘clavan’ a la clase media

Entonces, ¿quién debe pagar impuestos y quién no?
Todo mundo debe pagar impuesto en el país. Me parece bien que exista un IVA generalizado, universal, pero que hubiera mucho más por el lado de las rentas empresariales, por los excedentes que no están contribuyendo. Son los sectores que más contratan con el Estado. No es justo que no estén tributando con todo su potencial.

Se ha estimado que a la gente a la que le van a devolver el IVA que paga es a aquella que tiene ingresos hasta 800 mil pesos. ¿Usted cree que se recompondría la propuesta del IVA si se amplía ese rango a los que ganan hasta 3 salarios mínimos?
Eso ayudaría, pero entonces ya no serían 4 millones sino 8 millones de hogares. Tendrían que devolver más.

En ese escenario, ¿de dónde podrían salir los ingresos que se requieren?
Según mis cuentas, aplicando a los dividendos la misma tasa que le aplican a la clase media se obtendrían 5 puntos del PIB. Pero, vaya y tenga el poder político para imponerlo. Esto se llama poner disciplina a las élites. Eso no lo va a hacer este Gobierno.

¿Es factible económicamente, pero políticamente no?
Pero uno debe acariciar la idea de que algún día va a haber aquí, como en todas partes, como ocurre en Chile, disciplina para las élites. Uno debe poder ponerlas a financiar un Estado grande que, a su vez, es garantía para el propio desarrollo de esas mismas élites.

https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/salomon-kalmanovitz-dice-que-se-debe-recomponer-el-proyecto-de-reforma-tributaria-290418

41.18.-NINJAS Y ‘SUBPRIME’: UNA DÉCADA SIN ARREPENTIMIENTO – Beethoven Herrera

Las promesas de  Trump de eliminar los altos costos derivados de la nueva ley, se veían con buenos ojos desde Wall Street.

A Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, le habían otorgado el más alto grado de calificación posible (Triple A+) poco antes de su colapso.

Esa paradoja se explica porque las calificadoras eran contratadas por las firmas que emitían paquetes hipotecarios para medir los riesgos asociados a estos activos, y si el pago por la calificación lo hacían las mismas firmas que serían objeto de la valoración, es evidente el conflicto de intereses.

5 nov 2018.- Recién desencadenada la crisis, el presidente Obama presentó el proyecto de ley que culminó en la aprobación, en el 2010, de la Ley Dodd-Frank. La crisis desnudó falencias del sistema, y por ello la nueva norma adoptó principios macroprudenciales y ordenó aumentar el capital propio de las instituciones financieras, reforzar la regulación y supervisión de instituciones grandes e interconectadas, mejorar la supervisión del complejo sistema financiero, mejorar el gobierno empresarial y las compensaciones bancarias con la toma de riesgos prudentes, y revisar los sistemas de decisión de las instituciones bancarias grandes.

La llegada de Donald Trump a la presidencia creó cierta expectativa en el sector financiero, y las promesas de eliminar los altos costos derivados de la nueva ley, se veían con buenos ojos desde Wall Street.

En consecuencia, el Partido Republicano comenzó a atacar las instituciones que fueron creadas durante el gobierno Obama, quitándoles facultades. Por ejemplo, según el Financial Times, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo proteger a los ciudadanos frente a abusos financieros, dejará de supervisar préstamos por encima de la tasa de usura, por orden del director de la institución, Mick Mulvaney.

En junio del 2018, el Congreso aprobó la Economic Growth, Regulatory Relief, and Consumer Protection Act. Esta ley deja por fuera 26 de los 35 bancos que debían someterse a pruebas de estrés de manera frecuente bajo la DFA (Dodd Frank Act ), al no considerarlos de importancia sistémica.

Bajo el argumento de los elevados costos de implementar la regulación, el cambio se aprobó con el apoyo de los demócratas, los mismos que habían apoyado la Ley Dodd-Frank. Por esto, Ben Bernanke, junto con los exsecretarios del Tesoro Henry Paulson y Timothy Geithner, publicaron un artículo en el New York Times, en el cual muestran su preocupación por los cambios a la DFA.

Los autores manifiestan que el Congreso le ha quitado herramientas de contención ante una eventual crisis a la Federal Deposit Insurance Company (FDIC), a la Reserva Federal (FED) y al Tesoro. Entre estos cambios destacan las trabas impuestas a los préstamos de emergencia por parte de la FED, que se incluyeron en la Ley Dodd-Frank. ¡Ellos tienen por qué saberlo!

Beethoven Herrera Valencia Profesor U. Nacional y Externado Colaboración de Juan Camilo Puellohttps://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/ninjas-y-subprime-una-decada-sin-arrepentimiento-523061 

40.18.-SERÁ MEJOR EL GOBIERNO DE LOS GREMIOS QUE EL DE LOS POLÍTICOS? – Juan Manuel López

El nuevo gobierno se ha conformado por dirigentes de los gremios, por unos tecnócratas que no representan fuerzas políticas, y por cercanos al presidente o a su mentor

Estamos ahora ensayando un gobierno de los gremios, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, es un ejemplo. Foto: Twitter/Guillermo Botero

Que la descalificación a muchos de los políticos no es justa, es aceptado.

Lo que no es tan claro es que sea justo o acertado descalificar y descartar la conveniencia de estar sometidos a un sistema donde el orden y el poder que maneja el Estado éste en manos de los sectores políticos. Es algo sobre lo cual, vale la pena discurrir.

Que existe un rechazo a la clase política y a los políticos es algo evidente.

Que la descalificación a muchos de los políticos no es justa, es aceptado.

Lo que no es tan claro es que sea justo o acertado descalificar y descartar la conveniencia de estar sometidos a un sistema donde el orden y el poder que maneja el Estado éste en manos de los sectores políticos. Es algo sobre lo cual, vale la pena discurrir.

30 oct 2018.- Que nuestra clase política ha fallado es indudable; también que esto es explicable porque nuestra estructura institucional ha permitido y hasta propiciado esto. Por ejemplo, acabar la confrontación ideológica y de programas en el Frente Nacional y reemplazarlo por el acuerdo para repartirse los puestos y no debatir sobre alternativas de gobierno fue parte de lo que creó el clientelismo. O el sistema electoral en el cual los candidatos al Senado por ser nacionales tenían que destinar infinitas sumas a sus campañas propició la corrupción de los contratos y contratistas. O algo similar pasaba con las listas abiertas que hacían enfrentar a los miembros de un Partido con sus propios copartidarios.

También influyó que la prensa o los medios en general se convirtieron en competencia de los políticos para ver cuál representaba más la opinión y los intereses de la ciudadanía. La campaña de desprestigio divulgada a través de ellos contribuyó a multiplicar y magnificar los defectos del accionar de los políticos profesionales (que ya de por sí eran muchos).

Es decir que como sistema regido y administrado por políticos el nuestro estaba lejos de ser el modelo teórico que manejan las democracias avanzadas como las europeas o la americana o incluso algunas latinoamericanas como la chilena.

Estamos ahora ensayando un gobierno de los gremios. El presidente Duque fue elegido como representante del statu quo en contraste con la alternativa de izquierda que representaba Petro, pero quienes encarnan -como es inevitable- ese statu quo son los poderes organizados dentro de él. En particular los que se asocian alrededor de los intereses económicos, o sea los gremios. Por eso rompieron el principio de ser neutrales en las elecciones -cuándo era importante evitar divisiones internas- y se convirtieron en actores políticos apoyando una de las fuerzas en contienda.

Como consecuencia lógica los elegidos para los ministerios son quienes representan esas agremiaciones y/o quienes comparten esa visión y orientación o concepción de cómo y quién debe manejar el Estado; coincide con ellos la extrema derecha seguidora de Uribe aunque no tenga más motivación que ‘seguir al führer’.

El nuevo gobierno – o mejor el nuevo modelo de gobierno- se ha conformado por dirigentes de los gremios, por unos tecnócratas que no representan fuerzas políticas, y por miembros cercanos al presidente o a su mentor, siempre y cuando no tengan imagen de ‘políticos’.

Lo que se debe tener en cuenta es que ese modelo de gobierno corporativo -o sea el fascismo como lo dice su nombre- fue el adelantado por Mussolini, que copiado en su orientación -si no en su concepto estructural- despertó y respaldo el nazismo. 

Se abandona el principio de representatividad de la ciudadanía
y con el pretexto de escoger a los más capaces se sube al gobierno
a quienes representan los sectores poderosos

Cuando no se gobierna a través de los políticos de profesión se abandona el principio de la representatividad de la ciudadanía y con el pretexto de escoger a los más capaces se sube al gobierno a quienes representan los sectores poderosos, lo cual no lleva a modelos consensuales sino a modelos represivos de gobierno.

Una expresión o ejemplo ilustrativo es el que el Dr. Botero está en un Ministerio no solo por su cercanía con el Dr. Duque sino por darle reconocimiento a lo que representa. Pero su actitud y propuestas respecto a la protesta social no muestran únicamente el enfoque represivo de la derecha sino la visión de los comerciantes que siempre han sido víctimas del vandalismo que frecuentemente acompaña esas manifestaciones.

Por supuesto no es necesariamente este el principio de una cadena que debe llegar a los mismos resultados, ni quienes hoy ocupan los cargos tienen ese propósito. Pero, al igual que en Italia o en Alemania -o en nuestro caso bajo Laureano Gómez-, la retórica paralela de que es peligroso quien represente un grupo que no coincida con los intereses a esos grupos, termina motivando acciones criminales como lo estamos viendo con los asesinatos de líderes sociales.

https://www.las2orillas.co/sera-mejor-el-gobierno-de-los-gremios-que-el-de-los-politicos/?

39.18.-EL FIN DE TRUMP SE ACERCA SI LA FED SIGUE SUBIENDO TIPOS DE INTERÉS – Derblauemond

En los últimos días hemos asistido en los mercados a un abrupto giro bajista no visto prácticamente desde que Trump pisó por primera vez la Casa Blanca. En diversos medios y ocasiones les veníamos advirtiendo sobre la peligrosa situación en la que se habían instalado los mercados, los cuales se habían inflado a base de expectativas que no se estaban traduciendo en resultados empresariales tangibles (al menos no acordes a la magnitud récord de la subida). Parece que el mercado ya ha pasado a considerar que la situación podría ser insostenible (de momento).

Pero hay una lectura todavía más preocupante que se desprende de la situación actual de los mercados, y en ella le va en buena parte la sostenibilidad de las cuentas públicas a Estados Unidos, así como del sistema socioeconómico en su conjunto. El asunto es que el presidente Trump, y el conjunto de la Administración de EEUU no podrán sobrevivir financieramente sin traumáticas medidas (o en caso extremo incluso sin un default) en un entorno de tipos alcistas como el que viene imponiendo la FED desde hace unos trimestres.

 16 Oct 2018.- El alto endeudamiento estadounidense, un festín de deuda para todos (de verdad)

Pues mucho se ha hablado de la burbuja de deuda china y de las potenciales y extremadamente dañinas consecuencias que su pinchazo traería para la economía mundial. Pero nosotros también les hemos alertado hace tiempo de otra burbuja igualmente castastrófica: la eterna burbuja de la deuda soberana occidental, y especialmente de la estadounidense (pasaremos de puntillas hoy por el tema de la deuda nacional española).

Realmente, como es tónica habitual del carácter de alerta temprana que caracteriza a estas líneas, les venimos advirtiendo sobre ello desde los albores mismos de su formación. El principio de todo estuvo en una conjunción de un gasto público al alza, a la vez que se vió cómo los ingresos acusaron de forma relevante el impacto sobre las cuentas públicas de la terrible crisis subprime.

Y por si este cóctell no fuera ya lo suficientemente explosivo, a la fiesta de funestos balances de color rojo, se sumó la política ultraexpansiva de la FED y otros bancos centrales, que optaron por regalar el dinero, o incluso cobrar por tenerlo en determinados casos. Ante este dinero extremadamente barato, la consecuencia no podía ser otra más que una barra libre de deuda, que lejos de solventar la situación, podría haberla empeorado en el medio y largo plazo. Aunque bien es cierto que nunca sabremos la magnitud de ese otro desastre al que podría habernos llevado no aplicar ese «gas de la risa», consistente en inundar el mercado de dinero barato y que tan satíricamente denomina el autor Daniel Lacalle.

Recuerden cómo, en los sistemas capitalistas, se considera la deuda soberana como la deuda más segura de un país, y las malas lenguas dicen que no es porque necesariamente lo sea, sino porque si es el Estado el que cae, acaba utilizando todas las herramientas en su mano para evitar la caída, y así terminará arrastrando consigo al conjunto del país. Por eso, este festival de deuda ha sido totalmente solidario, y el festín no es sólo para los políticos de turno, sino que inevitablemente ha sido un forzado festín para todos, puesto que al final todos estamos obligados a responder de una u otra manera por las obligaciones financieras de nuestros respectivos estados.

Los mercados ya le han visto las orejas al lobo de la deuda estadounidense

Es cierto que esta burbuja de deuda soberana occidental ha sido especialmente persistente, y está tardando en explotar bastante más de lo que esperábamos. Pero los temas estatales suelen ser así: si toda burbuja por definición puede alargar su fiesta mucho más allá de lo racionalmente sostenible, las estatales lo son por partida doble, y es por la gran capacidad regulatoria y de influencia sobre el mercado al alcance de los gobiernos.

Pero el brusco (brusquísimo) giro de las Bolsas en los últimos días no anticipa nada bueno por su especial virulencia. Y en especial porque ahora los agentes del mercado sí que han puesto sus ojos inyectados en sangre sobre la sostenibilidad de la deuda estadounidense, especialmente en un claro entorno de tipos al alza. No puedo decirles si esta vez viene el pinchazo de verdad, o si sólo va a tratarse de un nuevo caso de parada y fonda, pero lo cierto es que las cosas parecen apuntar más bien al escenario más doloroso para el presente: parece que muy probablemente estemos asistiendo ya al pinchazo de la burbuja de deuda estadounidense (sic, porque caerán otras fiestas soberanas detrás).

Como no podía ser de otra forma, a la vista de la catadura de la mayoría de los dirigentes políticos, la mayor parte de los gobiernos no aprovecharon este entorno excepcional de tipos ultrabajos (e incluso negativos) para hacer los deberes, reducir deuda, y sacar el lápiz rojo para cercenar todo gasto ineficiente y socioeconómicamente inútil (incluso con llamadas de compasiva disculpa a cuñados y «amiguetes» con sueldos fáciles).

Por el contrario, lo que han hecho muchos gobiernos es dormirse en los laureles, y narcotizarse a base del bálsamo del tigre con el que los Bancos Centrales untaron los mercados para que la digestión de la crisis subprime no nos provocase una peritonitis. Así, lejos de aprovechar el viento a favor para reconducir las cuentas públicas, lo que han hecho es mantener la insostenible situación, o incluso empeorarla. Como siempre acaba ocurriendo en economía, ahora llega el inevitable momento de rendir cuentas, y con la marea bajando a marchas forzadas, se va a ver claramente quién ha utilizado el dinero barato para comprarse un previsor bañador, y quién va a acabar haciendo una exhibición pública de sus vergüenzas nacionales.

Y claro, luego todo será culpa de los tiburones internacionales que rondan por los océanos de los mercados. Obviamente, haberlos haylos, pueden oler la sangre desde kilómetros de distancia, y no dudan en acudir al festín de despedazar una presa malherida. Pero recuerden que si esos tiburones aparecen, es porque alguien ha decidido irresponsablemente no curarse rápidamente una herida, ha permitido que la herida se torne en hemorragia, y no ha querido parar la sangría en sus cuentas. Y es entonces cuando aparecen estos depredadores económicos (y haberlos siempre los habrá) a hacer sangre con una presa que se ha catalogado como tal a sí misma.

Y ahora se suman a la fiesta los tipos alcistas de la FED

Por si todo esto no fuera poco, como buena parte de nuestros lectores saben, la economía, y con ella los tipos de interés que tratan de regularla, tienen sus inevitables ciclos. Así viene siendo desde que el capitalismo es capitalismo, y muy probablemente desde hace más siglos, incluso aún cuando la econometría no existía como tal y no se podían cuantificar rigurosamente estos cíclicos altibajos.

Por otro lado, por todos es sabido que uno de los cometidos fundacionales de todo Banco Central es la contención de la inflación. En algunos casos como el de la FED estadounidense, a este mandato constitutivo se une el de promover el empleo. Pero el ciclo económico estadounidense va tocando a su fin, el mercado laboral está literalmente que arde, los salarios (por fin) parece que empiezan a mostrar un crecimiento importante, y las perspectivas de inflación han pasado a cotizar al alza de cara a los próximos meses.

Ante esta conjunción de variables de entrada para la Reserva Federal, la decisión no podía ser otra más que el vuelo más halcón de la institución, y así tomaron hace ya trimestres la senda alcista en los tipos de interés. Pero hay alguien a quien esta tendencia le viene fatalmente mal, y de hecho lleva meses cargando las tintas (y los tuits) contra la FED y sus subidas de tipos. ¿De quién podemos estar hablando?

Trump no podría sobrevivir políticamente a la cuesta creciente de tipos de interés

Obviamente, es el propio presidente Trump el que se está dedicando a despotricar contra la FED y su política monetaria, rompiendo con una tradición de décadas por la que el poder político estadounidense respetaba (mayormente) la independencia de las instituciones económicas del país. Ya analizamos hace unos meses el tema de lo peligroso de dar barra libre al poder político en este sentido, y permitir abiertamente sus injerencias en las decisiones de unas instituciones económicas que deberían ser lo más independientes posible.

También les enlazamos entonces un interesante estudio que muestra cómo el desempeño económico y el bienestar de los ciudadanos es sensiblemente mejor en países con instituciones económicas independientes y no sujetas al político de turno. Así que dejamos ese debate ya abordado de lado en esta ocasión, y nos centraremos en el porqué de que Trump haya optado por adoptar una política de acoso y derribo contra la FED.

Trump tiene una bomba de relojería que le está explotando entre las manos y que quiere desactivar, y esa bomba es la que citábamos antes de la burbuja de deuda soberana estadounidense. Imagínense cómo será la situación, que incluso el tema se está abordando ya desde el punto de vista de que la situación insostenible de la deuda del país es incluso un problema de seguridad nacional por voces muy reputadas en ese campo.

El futuro político de Trump parece indivisiblemente encadenado a la evolución de la situación de la deuda de EEUU. Esto es así porque, si su recorte de impuestos no hace que la economía empiece a crecer a raudales, lo que sí habrá conseguido es que, en un entorno de tipos al alza y de recorte de ingresos, la deuda estadounidense se vuelva definitivamente insostenible. Y hay que decir que se trata de un problema que viene de largo, pero que es a Trump al que le puede finalmente explotar entre las manos. Y no será sólo porque sea Trump el que haya echado la gota que colma el vaso, sino porque él ha mantenido el grifo abierto con un chorreo continuo de dólares transmutados en deuda.

Independientemente de que haya sido mayormente heredado, el problema de deuda que tiene Trump es colosal. Pero hay una solución muy indicada para aminorar la carga de una pesada losa de deuda, y es ni más ni menos la inflación. Aquí no sólo se trata ya de que unos tipos bajos obviamente hacen que las nuevas emisiones y refinanciaciones de deuda sean más baratas para el gobierno, y que pague menos en intereses (con todo el efecto multiplicador que se quita en los niveles de deuda actuales)

La segunda derivada, y todavía más importante, es que una inflación relevante es una de las formas exógenas más eficientes para que esa deuda, año a año, vaya suponiendo una menor carga financiera, ya que es erosionada por un dinero que cada día vale menos (con lo que las deudas del pasado también valen menos en el presente). Efectivamente no es que Trump denoste las subidas de tipos de la FED simplemente porque quiera puro y duro crecimiento económico (que también), es que en realidad Trump necesita como el beber un rebrote inflacionario, pues es la salida más fácil del callejón sin salida de la deuda soberana estadounidense.

Ante tamaño problema, poco parece importarle a Trump el riesgo cierto de que unos tipos de interés muy bajos, con una economía que muestra evidentes señales de vitalidad, pueda acabar trayendo un peligroso sobrecalentamiento económico, además de que la inflación se coma literalmente los ahorros de los ciudadanos. Y algunos dirán que la economía debería coger más inercia antes de apaciguarla con subidas de tipos, pero lo cierto es que estas subidas hay que acometerlas trimestres antes de que se prevea el sobrecalentamiento económico: los efectos reales de los tipos de interés en Main Street llegan bastantes meses más tarde de que la subida de tipos haya tenido lugar.

La receta más eficaz actualmente para incentivar el crecimiento económico en EEUU

En todo caso, si lo que Trump pretende verdaderamente con su recorte de impuestos es precisamente reactivar la economía como promulga a los cuatro vientos, sería mucho más inteligente por su parte haber beneficiado con el recorte de impuestos principalmente a las clases medias y bajas, en vez de a las clases altas y a las empresas como ha hecho con su reforma fiscal, y por cierto, de la cual paradójicamente se han quejado oficialmente cientos de ricos potentados por sus efectos sobre la histórica desigualdad. Es un básico de economía el hecho de que la propensión marginal al consumo que revierte a la economía es mucho más alta entre estas clases medias y bajas (bajo condiciones normales): son las clases menos favorecitas las que gastan en nuevos productos casi todo el nuevo dinero que cae en sus manos, mientras que un contribuyente de clase alta (que ya tiene literalmente de todo lo que necesita) raramente va a dedicar su nuevo dinero fresco a comprarse un segundo helicóptero que no necesita. Y que conste que hace ya años que les hablamos de este efecto socioeconómico, e incluso lo propusimos como receta para poder dar portazo a la crisis.

Esto es especialmente cierto en un país como EEUU, donde la tasa impositiva efectiva sobre las empresas (la que en efecto pagan compañías en relación a sus ingresos económicos) está en línea con la del resto de economías desarrolladas, al contrario de lo que afirma vehementemente Trump de que el país sufre la carga impositiva corporativa más alta del planeta. Además de toda esta trifulca tributaria, lo cierto es que en EEUU el mayor margen para el recorte fiscal que se traduzca en un crecimiento económico efectivo está precisamente en el otro lado de la pirámide de clases sociales de las que ha beneficiado Trump.

Y cuidado, porque evidentemente la distribución de la presion fiscal varía en cada país, con lo que las recetas económicas más adecuadas para cada caso también lo hacen: España sin embargo se sitúa en el pelotón de cabeza de Europa en presión fiscal empresarial, y también destaca por ello a nivel mundial. Pero claro, sea para España o sea para Trump, todo esto añade nuevas variables a una ecuación económica que interesa exponer como artificialmente simplista. La realidad es que algunos huyen interesadamente de modelos socioeconómicos con un poco más de complejidad, no quieren contemplar las escalas de grises, y se aferran a visiones dicotómicas de la realidad. Con un mundo económico extremadamente complejo por naturaleza, luego pasa lo que pasa… porque si algo tiene la economía es que siempre siempre acaba pasando factura.

Lo que Trump parece no computar en su ecuación es que, tal vez, echar gasolina al fuego de una economia que se acabe recalentando puede tener consecuencias absolutamente devastadoras. Estaría por ver en todo caso si ese perjuicio sería todavía peor que no conseguir meter las cuentas estadounidenses en la senda de la sostenibilidad, acometiendo necesarios (y eficaces) recortes de gasto.

Pero los recortes deben hacerse con sentido, eliminando el gasto superfluo y la «promiscuidad cuñadil» (en caso de que allí también la hubiere), y, sobre todo, maximizando la eficiencia socioeconómica en el uso del dinero público, no como se ha hecho en otros lados… (y no miro a nadie)… Porque el problema no es tanto el gasto público hipertrofiado, como cuando encima ese gasto es improductivo socioeconómicamente: una cosa es hacer buen uso del dinero, y otra tirarlo a paladas a la hoguera (de las vanidades políticas).

https://www.elblogsalmon.com/economia/fin-trump-se-podria-estar-acercando-fed-sigue-subiendotipos?utm_source=recommended&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_campaign=17_Oct_2018+El+Blog+Salm%C3%B3n

38.18.- EL AUGE Y CAÍDA DE LA INDUSTRIA – Salomón Kalmanovitz

La industrialización colombiana nunca fue un serio propósito nacional. La protección frente a la competencia externa, el crédito subsidiado o la intervención directa del Estado a través del Instituto de Fomento Industrial a favor de la industria fue más débil que en las economías latinoamericanas más avanzadas, como Brasil, Argentina o Chile. Esta ausencia de voluntad hizo que el desarrollo industrial en Colombia fuera superficial, de corto aliento, mientras que la desindustrialización fue rápida y de gran impacto. Este es el principal argumento de un trabajo de Carlos Brando y mi persona, presentado en un seminario sobre el tema llevado a cabo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano el pasado 12 de octubre.

15 oct 2018.-  Entre 1930 y 1975 la industria creció al 7,5 % anual, bastante más que la riqueza total que lo hizo casi al 5 %, gracias al largo auge cafetero y a la protección natural que permitió la Gran Depresión mundial de los años 30 del siglo pasado. Los gobiernos conservadores de Ospina, Gómez y Rojas, además de todos los del Frente Nacional (excepto el de Lleras Restrepo), le brindaron más protección y crédito a la agricultura que a la industria, aunque esta también se benefició.

Para el período 1975-2015, la industria creció un poco más del 2 % anual, mientras la economía lo hacía casi al doble. Confluyeron en esta etapa políticas que favorecieron más la construcción y al sector financiero, sobre todo a la minería incluyendo el petróleo, a partir de los años 80; también en los 90 confluyó la cancelación de las políticas que habían favorecido a la industria. La participación de la minería creció desproporcionadamente en las exportaciones financiando un gran volumen de importaciones que desplazó parte de la industria doméstica.

En 1975 la industria atendía el 85 % de la demanda interna con lo que producía, mientras en 2015 había reducido su participación al 60 %. Destacan la industria textil (de 2 % al 52 % atendido por importaciones), el calzado (del 0,5 % al 20 %) y los autos (de 36 % al 72 %). El proceso de desplazamiento es más grave de lo que muestran las cifras porque el narcotráfico financió con una tasa de cambio muy baja un enorme monto de contrabando técnico, frente al cual los sanandrecitos son un juego de niños. La alta tributación, el IVA y los parafiscales también deterioraron la rentabilidad industrial.

La industria también ha cambiado su estructura: la contabilidad, el aseo, la seguridad, la alimentación y el transporte salieron de la fábrica y son subcontratadas a empresas de servicios especializadas, ahorrando costos y reduciendo el personal que puede llegar a sindicalizarse, por lo cual las cifras de valor agregado subregistran su tamaño.  Aún así, contando toda la cadena industrial también se evidencia su pérdida de participación en la riqueza, aportando solo el 3 % del empleo total.

La industria colombiana perdió importancia además porque carece de las economías de escala que tiene Brasil con su gran población o México con su participación en el tratado comercial que sostiene mal que bien con Estados Unidos y Canadá; pero también por el atraso de su infraestructura de transporte y portuaria, la pobre inversión en educación, investigación y desarrollo y la falta de visión de sus elites para concebir un proyecto de desarrollo y adelantarlo con voluntad y persistencia.

Por eso también consideran la educación superior como un lastre y no como una fuente de riqueza.

https://www.elespectador.com/opinion/el-auge-y-caida-de-la-industria-columna-817980

37.18.-¿A DÓNDE VA A PARAR EL NARCO-DINERO?- Unidad investigativa*

Se está mimetizando en un ‘boom’ inmobiliario, zonas de proyectos viales y en bitcoines. Autos de alta gama como Mercedes convertibles clase E y BMW Z4 y juegos de azar. Sectores de la banca comercial se siguen resistiendo a darles acceso a los operadores porque suelen servirse para camuflar dinero sucio. Pero, la mayor parte del narco-capital se queda en el exterior: se lava en alguno de los paraísos fiscales y se recicla en las casas matrices de los grandes bancos internacionales. Y allá suelen permanecer con excelente asesoría de elegantes  y muy éticos financial brokers. En este informe de El Tiempo se ilustran algunas de estas modalidades.

Ni cabe duda de que el grueso de los capitales del lavado de activos se queda en los países donde se comercializa la droga, como los europeos y Estados Unidos, con excelente asesoría financiera.  Foto:  Hernando Herrera / Archivo EL TIEMPO

6 oct 2018.- Agentes antimafia de Estados Unidos rastrean el origen de los más de 25.000 millones de pesos con los que un empresario colombiano acaba de levantar un palacete en Barranquilla, con dos canchas de tenis privadas y una flotilla de camionetas Tahoe negras blindadas, de más de 250 millones de pesos cada una, parqueadas en su entrada.

La Dijín también está detrás de alias W, un poderoso empresario vallecaucano que exporta mercancía hacia Europa y que está ligado a los 535 kilos de cocaína localizados hace seis días en el barrio Las Ferias de Bogotá, en una operación combinada con oficiales de inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y agentes del Gobierno francés. La droga, mimetizada en pulpa de fruta congelada, iba rumbo a Bélgica y Holanda en el renglón de exportaciones colombianas.

Estos dos episodios encajan en los patrones que la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) ha identificado, en su Evaluación Regional del Riesgo, como las rutas que transita el narcotráfico para mimetizar la riqueza ilícita. Según cálculos de la entidad, revelados en julio, son más de 40 billones de pesos acumulados, equivalentes a 5 puntos del producto interno bruto (PIB).

Y si bien la indagación de la Uiaf señala que la mafia sigue usando viejos atajos para ‘legalizar’ sus ganancias –el sector inmobiliario, los carros de lujo, los juegos de suerte y azar, la ganadería y el comercio al por mayor y al por menor–, la bonanza cocalera en la que está inmersa el país, con más de 170.000 hectáreas, la ha llevado a diversificar rutas de blanqueo.

En efecto, la Uiaf y agentes de inteligencia le agregan al listado las grandes obras civiles, millonarias operaciones de blanqueo a través de las criptomonedas y de un puñado de escurridizas entidades sin ánimo de lucro a las que la Dian intenta cazar.

Según informes de inteligencia, el ‘boom’ inmobiliario ligado a la mafia que antes se concentraba en Bogotá y Medellín, ahora se trasladó a ciudades cercanas a zonas cocaleras, como Pasto, Popayán y Cali, por donde rondan capos foráneos.

Esto coincide con estudios recientes de la Federación de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), con base en cifras oficiales. Si bien la agremiación no saca conclusiones, sí anota que las ciudades que más se valorizaron en el 2017 fueron Cúcuta, Popayán, Riohacha, Cali, Quibdó, Valledupar, Pasto, Tunja, Pereira y Villavicencio.

“No tenemos reportes que confirmen la relación con el dinero ilícito, pero es algo que no se puede descartar”, explicó María Clara Luque, presidenta de Fedelonjas.

En Pasto y en Popayán, los registros de propiedades crecieron un 300 por ciento

Pero Jairo Mesa, el saliente superintendente de Notariado y Registro, no tiene duda del vínculo entre lo que denomina un nuevo urbanismo del país y la mafia: “En Pasto y en Popayán, los registros de propiedades crecieron un 300 por ciento. Pero para esconderse, los narcos están usando encargos fiduciarios y sociedades por acciones simplificadas (SAS). Eso se ve especialmente en la construcción de hoteles”.

En las zonas que señala Mesa hay 61.695 hectáreas de narcocultivos. Y en el renglón de hoteles y grandes complejos, se sabe que una firma ligada a la llamada ‘Oficina’ acaba de demandar al Estado, porque la Fiscalía la involucró en un proceso de extinción de dominio.

 

Infraestructura y reses

Y, aunque son contados los casos, expertos en obras viales e infraestructura le admitieron a EL TIEMPO que también se ha detectado cómo los dueños de turbias fortunas adquieren bienes que, saben, el Estado requiere para el desarrollo de grandes proyectos viales.

De hecho, consorcios importantes han notificado con preocupación esos hallazgos, concentrados sobre todo en zonas no urbanas. La ANI requiere la compra de 39.437 predios para los proyectos concesionados. A la fecha, se han adquirido 17.139 de estos predios La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le confirmó a EL TIEMPO la existencia del fenómeno, aunque por ahora incipiente.

“La ANI requiere la compra de 39.437 predios para los proyectos concesionados. A la fecha, se han adquirido 17.139 de estos predios. Sin embargo, en los estudios de títulos de predios se han identificado 46 con medidas cautelares de pérdida de disposición por procesos de extinción de dominio relacionados con lavado de activos porque sus propietarios se han encontrado en la Lista Clinton”.

El lío es que capos usan ‘empresarios legales’ para hacer esas compras, haciendo más difícil detectarlas.

Al respecto, agentes federales tienen información según la cual la propiedad rural se comenzó a mover a finales de 2016, por el retorno de narcos que pagaron penas en Estados Unidos y volvieron a participar en la narcobonanza y a reclamarles bienes a testaferros. A eso atribuyen algunos secuestros exprés en el Valle, Sucre y en la Costa.

Y agregan que en lo rural, también están pendientes por localizarse las 577.104 hectáreas de tierras que, según la Fiscalía, acumularon las Farc, especialmente en zonas cocaleras. Eso incluye más de 413.000 reses, otro de los reglones del blanqueo.Un dato similar de bienes rurales está vinculado al ‘clan del Golfo’, al que ya le han confiscado 130 millones de dólares en propiedades.

Pero es evidente que la riqueza de estas y otras organizaciones vinculadas al narcotráfico es mucho mayor. Según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), en lo corrido de este año se han incautado 158 toneladas de coca en territorio nacional y eso, de acuerdo con expertos, es menos del 30 por ciento de lo que sacan.

Vehículos y azar

Los autos de alta gama siguen siendo un indicador. La Asociación Colombiana de Vehículos Automotores (Andemos) registra un aumento sostenido en la importación de los llamados prémiums. En los nueve primeros meses de 2017 habían entrado 6.433 Lexus, Volvo, Jaguar, Porsche, Maserati, Ferrari, Cadillac, BMW, Mercedes, entre otras marcas. En ese mismo periodo de 2018 ya van 7.605, y algunos de ellos han terminado rodando en ciudades intermedias.

“No se puede satanizar el sector. La adquisición de estos vehículos también la determina la reactivación de la economía y el aumento de los precios del petróleo”, advirtió Olivero García, presidente de Andemos.

En todo caso, a las autoridades les ha llamado la atención que víctimas de recientes ataques sicariales, incluso en Bogotá, estén ligadas a carros como Mercedes convertibles clase E y BMW Z4.

Y si bien Coljuegos ha avanzado en la legalización y control de las más de 85.000 máquinas tragamonedas que tiene inventariadas en todo el país, los juegos de suerte y azar no han podido salir de la lista de vulnerables. Sectores de la banca se siguen resistiendo a darles acceso a los operadores por dudas sobre el origen de sus recursos, restricción que varios aprovechan para camuflar dinero sucio.

Sin embargo, los focos siguen puestos en el llamado chance y loterías manejadas por los departamentos, que en la época fuerte del paramilitarismo fueron uno de los grandes vehículos para lavar narcofortunas. Voceros de la Federación de Departamentos dijeron que saben que ese renglón de las apuestas estaba en el listado de vulnerables, por lo que acaban de iniciar su propio diagnóstico para blindarse.

Fenalco, por el contrario, sí tiene análisis frescos que ratifican que la mafia sigue lavando dinero a través del llamado contrabando técnico, el cual no declara lo que trae. Y la mercancía termina monetizándose en el llamado comercio informal, que incluye a los sanandresitos.

“No hay estudios ni formas de medir las pérdidas que se le generan al comercio legal con esos boquetes. Y rastrear ese dinero ilegal es casi imposible porque parte de esa plata ya está por fuera del país”, explicó Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá.

Lo más grave es que el grueso de los dividendos de la narcobonanza vendrá a finales de octubre, cuando se recoja la tercera y más grande cosecha, y la mafia tenga que camuflar los pagos que llegan desde el exterior.

‘Hay mucho narcodinero en el exterior’

Gran parte de los capitales del lavado de activos se quedan en los países donde se comercializa la droga, como los europeos y Estados Unidos. Así lo señala el director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosanía, para quien el Estado debe empezar a exigir en este campo mayor corresponsabilidad de países consumidores en la lucha contra el narcotráfico. “Hay mucho dinero en el exterior, y si se da esa corresponsabilidad se podría saber quiénes están lavando el dinero en EE. UU. y Europa y cómo lo hacen”, precisó.

https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/asi-se-camufla-la-plata-de-la-bonanza-cocalera-278120?cid=EMA_CON_PUBL_ET_MOMPOTES

36.18.- IMPUESTO A LAS PENSIONES POR EQUIDAD Y POR LA OPTIMIZACIÓN FINANCIERA – Saúl Eduardo Pérez

El impuesto a las pensiones es una realidad plasmada en todos los países de la OCDE, donde las pensiones son tratadas tributariamente como un ingreso, o en otros casos, existen tasas de contribución que se aplican a las mesadas de todos los adultos mayores que se benefician del sistema pensional, lo que ayuda al sostenimiento del sistema y hacen posible la redistribución justa no solo de los recursos, sino también de las cargas.

Actualmente, el sistema pensional en Colombia se encuentra en un déficit financiero, ya que, solo para el año 2017, se necesitaron 33,2 billones de pesos para pensiones del Presupuesto de Gastos, de un estimado de 224,4 billones para el Presupuesto General de la Nación (PGN). Es decir, casi el 15% del PGN es destinado a sufragar el rubro de pensiones.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha reportado en su evaluación económica sobre Colombia que, a pesar de los avances en las políticas macroeconómicas del sistema fiscal, el país todavía se enfrenta al reto de reducir la desigualdad de los ingresos que reciben las personas. Por lo tanto, la OCDE considera que Colombia debe diseñar una política económica que permita reestructurar su sistema fiscal, gravando todo tipo de ingresos exorbitantes recibidos por cada persona natural para que haya más justicia redistributiva y se materialice verdaderamente el principio de equidad, empezando a gravar, por ejemplo, todas las mesadas altas que reciben los adultos mayores por concepto de pensiones.

 Sin embargo, con la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se pretende adoptar una reforma tributaria estructural, las pensiones no fueron afectadas y siguen siendo un ingreso exento hasta un monto equivalente a 1.000 UVT ($31’859.000 COP), ya que no se modificó el numeral 5 del artículo 206 del Estatuto Tributario.

En Chile, país miembro de la OCDE, por ejemplo, las pensiones tienen un techo de 13,5 UTM, que equivalen a $535.261,5 pesos chilenos. Es decir, un adulto mayor chileno en edad de jubilación que cada mes reciba más de $535.261,5 pesos chilenos, equivalentes en pesos colombianos a $2’481.522.9 COP, deberá declarar renta y pagar mensualmente el impuesto único de los trabajadores, causado por medio de la retención que realizan las Administradoras de Fondos de Pensiones en ese país5.

En Colombia, ese techo está muy por encima de lo regulado en otras jurisdicciones. Por ende, contar con un sistema tributario inequitativo y regresivo son amenazas latentes al desarrollo económico y social. Si se aplicara un régimen fiscal diferente a las pensiones, que permitiera la optimización financiera de los recursos que se destinan a este sistema, esto es, gravar el ingreso por pensión de mesadas altas, disminuir progresivamente el monto exento de impuesto o aplicar una tasa de contribución a todas las pensiones como sucede en Canadá, el sistema pensional sería económicamente sostenible y permitiría la inclusión al sistema de adultos mayores que se encuentran en extrema pobreza.

El Gobierno colombiano, en un intento por solucionar el problema de extrema pobreza de los adultos mayores en el país y permitir la inclusión de más personas al sistema pensional, ha desarrollado programas como los Beneficios Periódicos Económicos (BEP). Los BEP son un sistema de ahorro flexible, diseñado para los trabajadores independientes que no alcanzan a obtener suficientes ingresos debido a la informalidad de la actividad económica a la que se dedican o porque ganan menos de un salario mínimo mensual, y todas aquellas personas que, por diferentes circunstancias, no cumplieron los requisitos para recibir la pensión.

Este tipo de ayudas solo le proporcionará una pensión básica a un adulto mayor en Colombia dentro de 30 años, y no inmediatamente. Por ende, se identifica una falta de política económica que permee todo plan de gobierno presente y futuro con respecto a la sostenibilidad del sistema pensional, con el fin de afrontar los retos que trae el crecimiento de la población de adultos mayores y el decrecimiento de nuevos empleos para las generaciones venideras.

Fuente: Pérez de La Rosa, S.E. 2017. Un impuesto a las pensiones para la optimización financiera del sistema pensional en Colombia. Revista de Derecho Fiscal. 11 (dic. 2017), 151-163. DOI:https://doi.org/10.18601/16926722.n11.08. Publicado

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/fiscal/article/view/5231

36.18.-GRAVAR LAS PENSIONES ALTAS Y MENOS  IMPUESTOS Y PLANTEA CONSEJO GREMIAL – Caracol Radio

En un documento entregado al electo presidente Iván Duque solicitaron reducir el impuesto de renta y eliminar el 4 x 1.000.

12/07/2018

Los presidentes de los 21 gremios económicos más importantes del país en la reunión que sostuvieron con mandatario electo Iván Duque, le plantearon incluir en la próxima reforma tributaria reducir la tarifa de renta corporativa y grabar altas pensiones. 

“Se propone que la tarifa unificada establecida en 2016 se reduzca del 33% (40% al incluir la sobretasa) al 28%. Esta reducción tendría que ser compensada en alguna medida con mayor recaudo de personas naturales y altos pensionados, fundamentalmente cambiando la base gravable de las empresas, de la renta neta de exenciones a las utilidades contables, teniendo en cuenta los ajustes pertinentes que analicen toda la complejidad tributaria de las personas jurídicas”, se establece en el documento entregado al presidente electo.

Consideran que bajo este esquema mejoraría la equidad y se acomodarían tasas más bajas y predecibles. En particular, permitiría que la tarifa fuese 6 ó 7 puntos menor que la actual de Renta + CREE (Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, 2016).

Para los dirigentes gremiales se hace imperativo ampliar el universo de las personas naturales obligadas a tributar.  “Es necesario gravar progresivamente a quienes reciban más de 2,5 salarios mínimo es decir $1.953.105, (actualmente se tributa a partir de $ 3.202.092)”, se plantea en la propuesta.

Altas Pensiones:

A esto se suma que se debe estudiar nuevamente la posibilidad de gravar las pensiones altas, por encima de 6 salarios mínimos o superior a $4.687.452, y que hoy benefician a cerca de 53.000 personas.

Para el Consejo Gremial se hace imperativo eliminar exenciones y demás tratamientos preferenciales en el impuesto de renta. Solo se deben mantener exenciones para actividades con externalidades positivas, a saber inversiones en investigación y desarrollo, actividades relacionadas con la protección al medio ambiente y el emprendimiento y proyectos con probados méritos sociales y cualidades redistributivas; por ejemplo el mecanismo de Obras por Impuestos y Zomac.

Consideran los gremios que se debe eliminar el 4 x 1.000 y permitir su plena deducibilidad mientras este continué vigente.

“Establecer que el IVA en bienes de capital sea totalmente descontable del impuesto a las ventas en vez de ser deducible sobre el impuesto a la renta.

Reglamentar la retención sobre utilidades introducida en la reforma tributaria del 2016. Debido a que no ha sido reglamentado por el Ministerio de Hacienda, el sistema de auto-retención incluido en la reforma coexiste con las retenciones tradicionales”, entre otros aspectos.

En el documento se establece necesario la reestructuración de la Dian, fortalecer la factura electrónica y combatir la evasión.

http://caracol.com.co/radio/2018/07/12/economia/1531401870_272914.html

36.18.-España: ¿qué tipos de pensiones se encuentran exentas en Impuesto a la renta IRPF?

Con carácter general, las pensiones están sujetas a tributación en IRPF, salvo las otorgadas a determinados colectivos

El tratamiento en IRPF de las pensiones es una de las cuestiones más frecuentes en temporada de campaña de la renta. Soy pensionista, ¿debo tributar por la pensión que percibo?

Salvo excepciones que analizaremos, las pensiones sí están sujetas a tributación y su consideración es la de rendimientos del trabajo. Es decir, las pensiones están sujetas a las mismas normas que, por ejemplo, los ingresos del trabajo de un empleado por cuenta ajena y se les practicará la retención correspondiente, que dependerá de las circunstancias económicas y familiares del beneficiario.

¿Deben todos los pensionistas presentar la declaración de la renta?

Una vez conocido el tratamiento general de las pensiones en IRPF, es importante destacar que no todos los pensionistas tendrán obligación de presentar la declaración de la renta.

Algunos pensionistas podrán no presentar la declaración

Concretamente, aquellos que perciban rendimientos del trabajo inferiores a 22.000 euros anuales no estarán obligados a presentar la declaración.

En el caso de aquellos que perciban los rendimientos por parte de dos o más pagadores, deberán presentar la declaración su la suma de ellos excede los 12.000 euros anuales siempre que los ingresos provenientes del segundo pagador hayan sido superiores a 1.500 euros anuales.

Los pensionistas que sean beneficiarios de un plan de pensiones deben tener en cuenta que se encuentran en este último caso, pues el importe procedente de un plan de pensiones también tiene la consideración de rendimientos del trabajo y a dicho importe se le considerará derivado de un segundo pagador. También aquellos pensionistas que además de su pensión por parte de la Seguridad Social perciben una pensión procedente del extranjero deberán remitirse al caso de contribuyentes con más de un pagador.

Leer más Los planes de pensiones y su impacto en la declaración de la renta

¿Qué tipo de pensiones se encuentran exentas de tributar en IRPF?

Incapacidad permanente absoluta o gran invalidez

Las pensiones de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez quedarán exentas de tributación. Esto aplica tanto a las pensiones procedentes de la Seguridad Social como aquellas abonadas por entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

El tope de esta exención será la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social, tributando el exceso como rendimientos del trabajo.

Es de destacar que estas pensiones pasarán a convertirse en pensiones de jubilación al cumplimiento de los 65 años por parte del beneficiario. Se trataría de un cambio de denominación de la prestación y dicha pensión de jubilación también estaría exenta de tributar en IRPF al haber sido causada por una situación de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

Orfandad

Las pensiones de orfandad estarán en todo caso exentas de tributación en IRPF.

Derivadas de actos de terrorismo

Estarán exentas de tributación en IRPF las pensiones derivadas de actos de terrorismo. También las pensiones de viudedad que se deriven de actos de terrorismo.

En favor de familiares

La pensión en favor de familiares estará exenta si deriva de actos de terrorismo, si ha sido reconocida como consecuencia de una incapacidad permanente en los grados de absoluta o gran invalidez. En todo caso, quedarán exentas de tributación las prestaciones en favor de familiares que sean menores de 22 años.

https://www.jubilaciondefuturo.es/es/blog/que-tipos-de-pensiones-se-encuentran-exentas-de-irpf.html

35.18.-¡NO ES CARRASQUILLA; ES EL MODELO! – Juan Manuel López

El tema más importante en este momento para la economía del país es el debate alrededor del Ministro de Hacienda, porque, cualquiera que sea el resultado, afectará la percepción sobre su imagen (ante la opinión pero también ante los inversionistas nacionales y extranjeros). Pero también porque polarizará aún más a los miembros del Congreso, creando nuevas condiciones para la tramitación de las leyes que él debe pasar.

De lo desarrollado en el Congreso se pueden sacar conclusiones ciertas.

El cambio de la Constitución para abrir la posibilidad de utilizar los recursos de Sistema General de Participaciones en proyectos que solucionen problemas de aguas y saneamiento básico fue una medida acorde al espíritu de ese esquema.

La ley para que se pudieran apropiar recursos de vigencias futuras consiguiendo créditos con esos ingresos tiene cuestionamientos: por un lado quitar recursos que corresponden a próximos gobernantes, amarrándolos a proyectos que no los condicionan en el tiempo  (un proyecto hidroeléctrico a largo plazo por ejemplo sí requiere la seguridad de la continuidad en los siguientes gobiernos); por otro, se caracteriza por seguir creando dependencia y manejo por parte del capital privado de los bienes y/o servicios públicos. Pero eso es el modelo que nos rige.

Normal es que, teniendo la posibilidad de conseguir dineros para ejecutar obras necesarias para los municipios, los Alcaldes y Consejos acudan hasta donde se pueda a ese expediente (más si serán futuros funcionarios los que tendrán que pagar).

Los requerimientos para utilizar esa figura, parece que si se llenaron pues contaron con el visto bueno de la firma encargada. Pero como un par de años después el informe de la procuraduría señala que contratación y ejecución estaban llenos de irregularidades, se puede deducir que solo se referían a los aspectos técnicos, sin incluir la viabilidad financiera ni responsabilidad en el seguimiento.

Todo lo anterior es parte del Modelo; como también lo es la ‘puerta giratoria’ que permite que se aproveche para beneficio propio las ventajas y el conocimiento de pasar por el sector público.

Es ahí donde entra el Dr. Carrasquilla

Que no ejercía cuando se aprobó el Acto Legislativo… Pero él adelantó su trámite durante los primeros cuatro debates y se consideró en el Plan de Desarrollo del cual participó.

Que la Ley reglamentaria nació 18 meses después de su salida, mientras él vivía en Londres ocupado de la enfermedad del hijo…Pero su equipo ni estaba afuera ni tenía el problema de familia, y, tan estaban pendientes de aprovechar el esquema, que montaron el negocio poco tiempo después de proclamada la Ley (cuando un negocio de esa naturaleza necesita meses de negociaciones sobre aspectos jurídicos, fiscales, comerciales, etc.).

Que Konfigura Capital -donde ésta el Dr. Carrasquilla- solo se presenta como el asesor para el montaje del negocio… Pero su socio, Andrés Flórez, resulta ser el representante legal de la empresa Grupo Financiero de Infraestructura, beneficiaria del mismo.

Por eventuales malos manejos en la ejecución por parte de los Municipios no se puede culpar al Ministro…Pero el detrimento sufrido es indiscutible no solo por los altos intereses, el no poder hacer prepagos (lo que es ilegal), o el no considerar que la garantía era el Estado, sino por los resultados, ya que tocó salvarlos vía Findeter.  El ‘equipo’ del Dr. Carrasquilla mostró ser muy poco considerado con la suerte de quienes seguían su esquema.

Lo que vale la pena pensar es porqué haber usado una sociedad existente con acciones al portador en vez de haberla creado a nombre de los dueños. Si no fuera por un problema en Perú y por la aparición de los ‘Panamá Papers’ nada de esto habría salido a la luz pública, quedando como una operación prácticamente clandestina (por lo menos en relación al vínculo del Dr. Carrasquilla).

Hoy diferencia su pensamiento personal de las propuestas como gobierno: si le parecen normal los créditos que organizó para los Municipios ¿Cuál criterio aplicará para los 25 billones que debe conseguir? JML.

34.18.-RECORTE A LOS SUELDOS DE LOS POLÍTICOS: PRIMERA LEY DE LA ERA LÓPEZ OBRADOR: – Luis Pablo Beauregard

Los diputados de Morena eliminan las pensiones de los exmandatarios y fijan que ningún servidor público gane más que el presidente

El diputado del PAN, Juan Carlos Romero, habla con Pablo Gómez, de Morena. Foto: GALO CAÑASCUARTOSCURO

México ya tiene su primera ley de la era de López Obrador. La Cámara de Diputados probó este jueves un tope salarial para la alta burocracia. Ningún secretario de Estado, gobernador, senador, diputado o funcionario público podrá ganar más de los 108.000 pesos (5.700 dólares) que ingresará el próximo presidente de México. La norma también elimina las pensiones que reciben cinco exmandatarios. Estos son dos de los ejes del programa de austeridad prometido en la campaña por el excandidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien logró un resultado histórico el 1 de julio impulsado por su mensaje dirigido a acabar con los privilegios de la clase política.

13 SEP 2018.- Los diputados aprobaron con 246 votos a favor y 111 en contra la ley de remuneraciones de servidores públicos. La norma pretende acabar con una vieja y reiterada violación a la Constitución mexicana, que indica en su artículo 127 que ningún funcionario puede ganar más que el presidente, quien hoy tiene un sueldo de 270.000 pesos mensuales (14.000 dólares). López Obrador, sin embargo, prometió a mediados de julio reducirlo más de la mitad.

Los diputados de Morena desempolvaron una norma de hace siete años para dar al próximo Gobierno de López Obrador una de sus victorias más tempranas en el Congreso. El partido, que controla holgadamente la cámara baja con 255 diputados de 500, mostró su prisa por complacer al futuro presidente al descongelar una minuta que dormía el sueño de los justos desde el 8 de noviembre de 2011. En aquel entonces, el Senado envió el proyecto a la Cámara de Diputados que, controlada por el PRI, nunca la discutió.

Para sacar adelante la ley, Morena apostó por una maniobra poco recurrida en el Congreso y evitó que esta transitara por las comisiones legislativas. La oposición respaldó la medida que significa, en realidad, un reajuste a la baja de los salarios de la alta burocracia en el presupuesto de 2019. Sin embargo, la mayoría de los partidos opositores pidieron retocar un texto escrito en el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012). “No compartimos que se apruebe sin cambios porque está desactualizada y no da certidumbre jurídica”, señaló Dulce María Sauri, diputada del PRI.

El PAN y el PRI, partidos que han sido desplazados a segunda y tercera fuerza en el Congreso respectivamente, dijeron que la entrada en vigor de la ley tal como está se convertirá en un problema judicial. En estos siete años han sido creados órganos e institutos autónomos de alta especialización que no son considerados por la minuta y cuya rebaja salarial causará un alud de recursos en los tribunales laborales.

Morena no cedió y rechazó retocar la redacción de los 17 artículos de la ley, que incluso impone penas de prisión a aquellos servidores públicos que expidan cheques o paguen cantidades que superen el límite establecido. El episodio sirve para ilustrar la nueva realidad del Congreso mexicano. “Cosas como esta van a seguir ocurriendo. Van a seguir chocando. Les hago un llamado para que entiendan para dónde soplan los vientos nuevos y se unan a este ventarrón”, dijo el diputado morenista Pablo Gómez, uno de los principales defensores de la norma.

Al evitar modificar el texto, los diputados evitan que este retorne al Senado. La nueva ley pasará al poder Ejecutivo para que este la publique. “El presidente Peña Nieto o publica la ley o la veta. Si la veta que dé la cara al pueblo para explicarlo. Los privilegios van para atrás. Se van a acabar los abusos y atropellos”, dijo Gerardo Fernández Noroña, un polémico aliado de López Obrador.

La ley aprobada este jueves pretende recortar la abismal brecha salarial, a veces de hasta 17 ó 18 veces, que existe entre los altos cargos del Gobierno federal y sus empleados. Pero la norma se convertirá en un quebradero de cabeza para muchos. El Poder Judicial, por ejemplo, donde un ministro de la Suprema Corte ingresa mensualmente más de 300.000 pesos (16.000 dólares), prepara un plan de austeridad para adaptarse a los nuevos tiempos. Las medidas de este programa, sin embargo, ya han sido rechazadas por insuficientes por los senadores de Morena porque solo significan el recorte de 1% de su presupuesto y no afectan a los sueldos, dentro de los más altos del sector público en México. La cuarta transformación marcha y acelera rumbo al 1 de diciembre.

https://elpais.com/internacional/2018/09/14/mexico/1536894636_288909.html

33.18.-CÓMO OCCIDENTE DEBERÍA VER A UNA CHINA EN ASCENSO – Martin Wolf

La actual fricción con Estados Unidos no va a detener el progreso de China. BLOOMBERG

Los países avanzados de la actualidad, dominados por EE.UU. y por Europa, cuentan con una preponderante proporción de la economía global. El 14% de la humanidad que habita en países avanzados genera el 60% de la producción mundial a precios de mercado y el 41% a paridad de poder adquisitivo (PPA).

18 may 2018.-  Esto no durará: tan recientemente como en 1990, los países avanzados generaron el 78% de la producción mundial a precios de mercado y el 64% a PPA. El Occidente debe aceptar su relativo declive o involucrarse en una lucha extremadamente inmoral, y probablemente ruinosa, para evitarlo.

Por esta razón, los occidentales deben considerar cómo ven el mundo los que viven en las potencias emergentes. Es probable que China emerja como la mayor economía del mundo. Necesitamos evaluar y sopesar las opiniones de quienes dirigen el país. Hace dos semanas presenté lo que escuché en reuniones en Beijing. Ahora, evaluaré lo que escuché, utilizando las mismas categorías.

NECESITA UN FUERTE GOBIERNO CENTRAL

Un hecho digno de mención es la creencia de nuestros interlocutores de que la estabilidad política de China es frágil. La historia indica que ellos están en lo cierto. Los últimos dos siglos han sido testigos de numerosos desastres provocados por el hombre. Por lo tanto, es bastante fácil entender por qué los miembros de la élite parecen convencidos de que la renovación del Partido Comunista, bajo el control de Xi Jinping, es esencial. Debemos recordar que los trastornos de la modernización y de la urbanización por los cuales China está pasando desestabilizaron a Europa en el siglo XIX y a principios del XX.

Sin embargo, este aumento del control pudiera descarrilar la economía o generar una explosión política en un país que contiene un pueblo cada vez más alfabetizado, más interconectado y más próspero. China desea ser un enorme Singapur.¿Puede serlo?
modelos occidentales están desacreditados

La élite china tiene razón: tristemente lo están. La visión dominante entre el resto del mundo solía ser que el Occidente era intervencionista, egoísta e hipócrita, pero competente. Después de la crisis financiera y del aumento del populismo, la capacidad del Occidente para adecuadamente manejar sus sistemas económicos y políticos se ha puesto en tela de juicio. Para aquellos que creen en la democracia y en la economía de mercado como expresiones de libertad individual, estos fracasos son alarmantes. Sólo pueden abordarse mediante reformas. Desafortunadamente, lo que Occidente está obteniendo es una improductiva ira.

CHINA NO QUIERE GOBERNAR EL MUNDO

Sobre este punto podemos expresar dudas. Por primera vez, China se convertirá en una gran potencia dentro de una civilización global. Al igual que todas las grandes potencias anteriores, seguramente deseará organizar el orden global y el comportamiento de otros Estados (y también de las organizaciones privadas) a su gusto. También tiene numerosos vecinos, muchos de ellos históricamente aliados a EE.UU. China ya está tratando de expandir su influencia, especialmente en el mar de China Meridional. También está intentando influir el comportamiento en el extranjero, en particular el de todos los estudiantes chinos.

CHINA ESTÁ SIENDO ATACADA POR EE.UU.

La élite china tiene razón en pensar que los estadounidenses consideran cada vez más a su país como un rival; de hecho, como una amenaza. Los estadounidenses argumentan que China los está atacando mediante la extensión de su poder militar y de la socavación de sus aliados, principalmente de Japón. La verdad es que el poder es, inevitablemente, un juego de suma cero. EE.UU. considerará el aumento del poder chino como una amenaza, cualesquiera que sean las intenciones.

Además, muchos estadounidenses, de hecho muchos occidentales, realmente no aceptan las posiciones chinas en cuanto a Tíbet y a Taiwán, desconfían de las intenciones de China, y resienten su éxito. Tal desconfianza mutua le da cabida a la llamada “trampa de Tucídides”, con la sospecha entre la potencia establecida y la potencia en ascenso.
China sobrevivirá

Esto es, casi seguramente, cierto. A menos que EE.UU. rompa todos sus compromisos y busque imponerle un embargo económico, la actual fricción no detendrá el progreso de China, aunque pudiera desacelerarlo. Una mayor amenaza para China radicaría en la reacción interna a un entorno externo mucho más hostil. La respuesta más probable sería un control político y económico más estricto, en lugar del cambio necesario hacia una economía más orientada al mercado, más liderada por el sector privado y más impulsada por el consumo.

Este será un siglo revelador. La perspectiva correcta que el Occidente debiera adoptar es que China es un importante competidor. Su ascenso creará un sinnúmero de dilemas para el Occidente, especialmente para EE.UU. Pero China también es un socio esencial para garantizar un mundo razonablemente cooperativo, estable, próspero y pacífico.

El Occidente necesita pensar con más detenimiento cómo debiera funcionar un mundo como ése. El punto de vista de la administración estadounidense – de que el ejercicio del poder unilateral es todo lo que se necesita – fracasará. No gestionará los bienes comunes globales de esa manera, aunque a la administración Trump no le preocupa eso en lo absoluto. Tampoco alcanzará la estabilidad: si lo duda, debiera mirar al caldero en ebullición en el que se ha convertido el Medio Oriente después de interminables intervenciones.

Es esencial que los occidentales se den cuenta de que nuestra incapacidad para adecuadamente gobernar nuestros propios países se ha convertido en nuestro peor enemigo. Mientras tanto, el único futuro para un mundo interdependiente debe basarse en el respeto mutuo y en la cooperación multilateral.

Esto no significa aceptar todas las demandas chinas como legítimas. Pero estamos cambiando de un pasado dominado por el Occidente a un futuro posoccidental. Tenemos que sacarle el máximo provecho.

http://www.portafolio.co/internacional/como-occidente-deberia-ver-a-una-china-en-ascenso-517264http://www.portafolio.co/internacional/como-occidente-deberia-ver-a-una-china-en-ascenso-517264

32.18.-SOBRE EL FINAL DE LA GUERRA EN SIRIA – Carl Bildt*

Tras una conversión sospechosamente repentina, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirma ahora que está preocupado por el destino de los millones de refugiados que huyeron de la matanza en Siria. En una reunión reciente con la canciller alemana, Angela Merkel, Putin expresó su esperanza de que la Unión Europea ayude a reconstruir Siria para que sus desplazados puedan iniciar el regreso. Y, en las últimas semanas, diplomáticos rusos han estado promoviendo el mismo mensaje en las capitales europeas.

02 sep 2018.- Es verdad que ahora que el régimen de Bashar al-Assad recuperó la mayor parte del territorio del país, la guerra civil en Siria muestra signos claros de estar llegando a su fin. Pero no era un resultado inevitable. Por el contrario, hubo momentos en que el ejército sirio estuvo muy cerca de colapsar. Solo la ayuda crucial de milicias con respaldo iraní y el apoyo aéreo ruso permitieron a Assad dar vuelta a la situación.

Entre tanto, los intentos estadounidenses de establecer una oposición armada “moderada” tuvieron pocos resultados, fuera de darles a las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo (YPG, un desprendimiento del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK) el control de la franja lindante con Turquía en el norte de Siria. Lo único que resta ahora es destruir el último enclave de Al Nusra en Idlib y negociar algún tipo de acuerdo entre las YPG y Assad.

Assad sobrevivió a un costo horrible. Más de la mitad de los sirios se convirtieron en desplazados internos o tuvieron que huir a países vecinos o a Europa. Gran parte de la infraestructura de Siria (de complejos de viviendas a hospitales) yace en ruinas. Y, no hace falta decirlo, la economía del país está destruida por los efectos directos del conflicto y las sanciones impuestas como parte del fallido intento de obligar a Assad a negociar una solución política.

Ningún otro país en el último medio siglo sufrió un costo tan alto en pérdida de vidas humanas y destrucción física. Es indudable que los responsables de esta tragedia son el régimen de Assad y sus valedores rusos e iraníes. Ellos dirán que combatían el terrorismo, como si eso excusara los métodos indiscriminados y el temerario desprecio de las vidas de civiles. Pero las generaciones futuras recordarán cuál fue el verdadero origen del terror que se abatió sobre el Levante en los últimos siete años.

Las estimaciones de cuánto costará reconstruir Siria varían ampliamente. Un estudio publicado en 2017 por el Banco Mundial señala un costo en torno de 225.000 millones de dólares, pero cálculos más recientes acercan el total a 400.000 millones; otros prevén que la suma llegará a un billón de dólares. Y eso, sin contar siquiera los costos humanos de la guerra.

La ofensiva de seducción que Putin inició en Europa deja claro que Rusia no tiene intención de sufragar ni siquiera una pequeña parte de los gastos. Al parecer, el Kremlin no se considera en modo alguno obligado a reconstruir las ciudades y la economía que sus bombas destruyeron.

Estados Unidos tampoco se muestra muy interesado en ayudar. La semana pasada, el gobierno de Trump canceló 230 millones de dólares destinados a la reconstrucción de Raqqa y otras zonas liberadas de Isis, y pretende que se haga cargo Arabia Saudita. Hay que ver todavía si hay alguna sabiduría en esa decisión.

La retirada de Estados Unidos explica el repentino interés de Putin en discutir con los europeos los padecimientos de los refugiados sirios. No pensó en ellos cuando las bombas rusas caían en sus vecindarios obligándolos a huir, pero ahora que quiere que Europa dé ayuda financiera a Assad, de pronto se muestra compasivo.

Sin embargo, no está claro que Assad quiera que los sirios desplazados regresen. Como mucho, parece dispuesto a aprovecharse de la situación para remodelar la composición étnica y política del país protegiendo su propia secta minoritaria, la de los alahuitas. De allí la nueva ley que pone a los refugiados un plazo de un año para reclamar propiedades antes de que el gobierno las confisque, así como otros requisitos burocráticos que parecen pensados para que las autoridades sirias puedan negarle el regreso a cualquiera.

Además, Assad declaró explícitamente que las empresas europeas no serán bienvenidas para la reconstrucción y las rusas tendrán trato preferencial. Es evidente que el régimen pretende usar en provecho propio cualquier ayuda que reciba para la reconstrucción del país. Por todas estas razones, lo último que deben hacer los europeos es entregar dinero directamente a Assad. Es mucho mejor dar apoyo financiero directo a las personas y familias que quieran y puedan volver a Siria.

Al mismo tiempo, la UE no debe levantar las sanciones mientras no haya un acuerdo político creíble entre el régimen y las fuerzas de la oposición. La pregunta es si tal acuerdo será posible. Hasta ahora, todas las propuestas realistas fracasaron por la insistencia de Assad en conservar el poder.

Assad debería recordar que ahora gobierna sobre las ruinas de un país. Incluso cuando las armas se callen, su régimen no estará a salvo. Su incapacidad para revivir a Siria lo volverá vulnerable, igual que hace ocho años su negativa a aceptar reformas políticas. Europa no tiene motivos para salvar a Assad de este dilema. La ayuda a Siria debe esperar hasta que haya una solución política genuina. Después de la destrucción desatada por el régimen de Assad, es el único camino.

*CARL BILDT Ex primer ministro y exministro de Asuntos Exteriores de Suecia. Project Syndicate, 2018 Estocolmo https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otros-columnistas/sobre-el-final-de-la-guerra-en-siria-263184 

31.18.-NUEVO CONTRALOR: PEZ EN TODAS LAS AGUAS – Cecilia Orozco

A cinco días de que vayamos a las urnas para votar las propuestas de la consulta anticorrupción, la clase política nos ha brindado un espectáculo de la más hirsuta corrupción, durante el acto de elección del contralor general. Y no porque vayamos a demostrar que los 203 congresistas que eligieron a Felipe Córdoba recibieron tulas de dinero, como se concibe la compraventa de conciencias, sino por la demostración cínica de los partidos del poder, de la manera en que amalgaman sus intereses, borran los principios que pregonan  y olvidan las públicas objeciones éticas con que unos de sus miembros atacaban a otros, enfatizando el presunto abismo moral que habría entre ellos. Ahora, todos se funden en un gran abrazo de “triunfo” por haber  designado, para vigilar el destino de los dineros públicos de la Nación, a quien exhibe, como trofeo de vida, ser el mejor amigo de unos y, simultáneamente, el mejor amigo de los peores enemigos de los primeros, sin traicionar a ninguno.

22 Ago 2018.-  No en vano Córdoba se sintió en la obligación de expresar su agradecimiento por haber sido elevado a uno de los más altos cargos del aparato estatal, tanto a Gaviria como a Pastrana y a Uribe, sin relegar a Vargas Lleras ni al conservador Omar Yepes Alzate, su suegro, excongresista de 30 años de asistencia al Capitolio, investigado por canjear votos por puestos en su tierra, una actividad nada extraña en su manejo electoral. Para fortuna del suegro del contralor, sin embargo, el Consejo de Estado le salvó su investidura gracias al concepto del entonces magistrado Alejandro Ordóñez.  Como se ve, la fotografía de los tres sonrientes padrinos expresidentes del contralor, con su mensaje gráfico de regreso al viejo país dominado por los gamonales de fierro en mano, es estrecha a la hora de explicar el “milagro” Córdoba: en justicia, habría que tomar una imagen más amplia en que cupieran, además de ellos tres, Vargas y Yepes, muchos más caciques que pusieron su empeño para que este joven cronológico conservara el clientelismo tradicional sin peligro alguno para su supervivencia.  El funcionario que deberá investigar y sancionar a los servidores públicos torcidos entra amarrado de pies y manos por el favor que le prodigaron los parlamentarios de la ultraderecha, la derecha, la centroderecha y la presunta centroizquierda liberal, cuando se burlaron descaradamente de la tal calificación de méritos elaborada por la Universidad Industrial de Santander cuyo prestigio también sale aporreado por prestarse al juego vulgar del Congreso que la contrató.

Así, Córdoba resulta ser cercano al jefe de Cambio Radical que le consiguió su más reciente puesto en la dirección ejecutiva de la Federación de Departamentos, en donde era, hasta ayer, el subalterno de los gobernadores de quienes, de hoy en adelante, será su juez fiscal: bonita maroma. El contralor goza de cercanía, desde luego, con los conservadores de su suegro y, de ahí, para arriba; con los liberales de César Gaviria, pereirano como él. Y ni se diga, también afín al uribismo del que algunos comentaristas han dicho, tal vez por despistados, que salió derrotado. Nada más inexacto. Felipe Córdoba se mueve como pez en las aguas dulces y saladas. Lo demostró derrotando en su propia colectividad y por sus excelentes relaciones de amistad, al supuesto invencible candidato del Centro Democrático, José Félix Lafaurie, que parece haber sido, apenas, un despiste del uribismo mayoritario para despejarle el camino a su rival. Los humillantes 12 votos que obtuvo Lafaurie de su partido hablan por sí solos.

La campaña interna de José Obdulio Gaviria por Córdoba y la escena captada por las cámaras de Noticias Uno,  del contralor entrando a la oficina del Congreso en que más cómodo se sentía, es decir, la del representante uribista Enrique Cabrales —cuñado de Tomás Uribe—, para esperar los resultados de la votación el lunes pasado, indica el poder real que tenía su aspiración en el círculo decisorio del expresidente. Primero, la familia. Por cierto, el senador Uribe Vélez, quien últimamente dice y se contradice, adelanta y retrocede, afirma y niega, simuló ser leal a Lafurie y, para dejar prueba de ello, declaró su impedimento. Eso sí, después de varias semanas de haber participado en la preselección de los candidatos. Si necesitábamos un argumento más para votar el próximo domingo siete veces sí para rebelarnos contra la corrupción, la elección de Córdoba nos lo dio.

https://www.elespectador.com/opinion/nuevo-contralor-pez-en-todas-las-aguas-columna-807386

30.18.-La identidad del presidente, a prueba – Cecilia Orozco

El Trastorno de Identidad Disociativo (TID), también conocido en psicología como síndrome de doble o múltiple personalidad en que, como su nombre lo indica, varias identidades con características diferentes y desconectadas entre sí residen en el mismo ser humano, podría atacar al Gobierno que se posesionó ayer. Paradójicamente, esa enfermedad mental, que conduce a quienes la padecen a ser generosos y comprensivos en un momento, violentos, en otro, y hasta homicidas en ciertas ocasiones, sería la tabla de salvación de la administración Duque si el nuevo presidente tiene el coraje y, desde luego, la capacidad política de eliminar a sus bestias interiores y de reemplazarlas por un único yo: el conciliador que ha pregonado desde la campaña y que ha reiterado, como mandatario electo, al menos de dientes hacia afuera.

8 ago 2018 .-Sin embargo, los primeros síntomas indican que las contradicciones reales o aparentes son tan extremas que, o hacen parte de una pantomima inicial para, más tarde, atenazar el país y amarrarlo a esa dictadura disfrazada de “Estado de opinión” que sueña el peligroso extremista J. O. Gaviria; o bien, revelan unos brotes de división entre el Ejecutivo y el partido que lo eligió, debido a los líos del líder absoluto de todos ellos, que hoy se exhibe sin pudor como fiera herida y dispuesta a destruir lo que sea antes de caer vencida.

El domingo pasado, 5 de agosto, apenas a dos días de la posesión de Iván Duque, los diarios nacionales y regionales daban cuenta de posiciones oficiales opuestas a pesar de que los involucrados eran uno solo hasta el 17 de junio, fecha en que ganaron las elecciones: por un lado, el del presidente y su vicepresidenta, aunque con las marcas indelebles de su procedencia, y el de Álvaro Uribe y su arrasadora bancada, del otro. El Tiempo: “Creo firmemente en que tenemos que… construir sobre las cosas que nos unen y no quedarnos en el torbellino de lo que nos divide… es el momento de actuar juntos…” (Iván Duque). El Espectador: “Una cosa es el Centro Democrático y otra, el Gobierno… Es distinto el presidente Duque. Las iniciativas de varios miembros de su partido siempre las tomaremos en cuenta con el mayor interés, pero las decisiones del Gobierno son del Gobierno… Por encima de todo, somos respetuosos de la institucionalidad… debemos respetar la justicia…” (Marta Lucía Ramírez). Diarios nacionales y regionales de ese mismo día dominical: “Comunicado en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez”. “Ante los hechos respecto al llamado a indagatoria (a Uribe)… por TRES MAGISTRADOS (mayúsculas originales) de la Corte Suprema de Justicia… hacemos la siguiente declaración a la opinión pública: se está engañando la independencia de algunos magistrados de la Corte… algunos (de ellos) no respetan la imparcialidad… reconocemos en él (senador Uribe) a la persona que liberó a Colombia… en estos momentos tan cruciales y difíciles, estamos con él, lo apoyamos en su defensa ante la investigación que le abrieron TRES MAGISTRADOS (mayúsculas originales)… sin pruebas claras y violando el debido proceso”.

El comunicado de página entera, con una deficiente redacción y firmado por más de mil personas -como para meter susto -, entre quienes estaba la bancada entera del uribismo y algunos con pasados sospechosos, añade la estocada amenazante con intención de intimidar a la Corte Suprema. No, perdón, a los TRES MAGISTRADOS que cometieron el crimen de investigar al ciudadano Álvaro Uribe Vélez como si fuera un colombiano del montón: “Es hora que (sic) la Corte se reivindique. Que supere el pasado de corrupción y que recupere la dignidad que merece la justicia. Eso solo lo podrá lograr otorgándole las garantías procesales al Dr. Uribe”. El poder Legislativo, con la firma de su presidente actual (Ernesto Macías) quien pertenece a la misma bancada uribista, se ha levantado en contra del poder Judicial para impedir que el jefe del recién posesionado Presidente de la República sea llevado a juicio. ¿Cuál de las personalidades del TID del uribismo adoptará Iván Duque, hoy representante del poder Ejecutivo: la de las bestias que atacan en manada a la democracia o la de su yo respetuoso de la Constitución?

https://www.elespectador.com/opinion/papel-de-los-periodistas-en-las-crisis-del-poder-columna-803432

29.18.-PACTO CON QUIÉN Y SOBRE QUÉ – Cristina de la Torre

Pese a la embestida de troglodita que el Centro Democrático protagonizó contra el presidente Duque cuando asumía el cargo —con oda a Álvaro Uribe, descalificación de sus jueces y puñaladas al llamado del ungido mandatario a la unidad—, un pacto con el uribismo sobre políticas de gobierno no ofrecerá obstáculos: serán las mismas del expresidente en la cosa tributaria, laboral, agraria y de seguridad. Distinto sería un compromiso en materias de Estado, como el respeto a la vida y la preservación de la paz: aquí se mostraría esta caverna cuando menos retrechera.

La oposición, por su parte, adversario natural del poder en funciones, casi medio país que hoy agradece el estrechón de manos entre Robledo y Petro, espera iniciativas de fondo. Además, respeto a la libre controversia entre propuestas de gobierno. Y a la libertad de prensa, otra vez en peligro por amenazas de muerte contra la periodista que registró reunión secreta de la bancada uribista —gavilla “traidora” de malandrines que despotricaba del Gobierno que ella misma había elegido—.

14 ago 2018.- Mas, no es seguro que el presidente y su partido anden divorciados. Tras el estoicismo con que Duque recibió la avalancha de lodo se habrán cincelado las dos caras de una moneda: cara de Duque, en verso amable, conciliador; sello en ruda prosa del presidente eterno y su bancada de siervos para el debate torticero en el parlamento. Así lo reconoce Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior que recibe una de las cinco carteras más importantes del gabinete, entregadas a Uribe. No existe, dijo, distancia real entre uno y otros: el Legislativo tiene que liderar el debate político y el Gobierno tiene que gobernar para todos.

De momento, el pacto se contrae al gran mundo empresarial. Duque ha conformado gabinete con predominio de los gremios; son ellos los que trazan su política económica y liderarán el diálogo social-empresarial. Ellos, quienes derivarán los frutos de trocar la economía campesina en surtidor de asalariados para la agroindustria. Y ahora se los tendrá por punta de lanza de la equidad, exótico papel asignado a capataces y señores que llevan siglos manejando el país como finca de su propiedad. Atavismo que el ministro de Defensa, Botero, recoge para advertir, indignado, que no permitirá la protesta de minorías alebrestadas contra mayorías indefensas. Y el senador Uribe apunta a sabotear la consulta anticorrupción, como apuntó siempre contra la paz.

Consejo Gremial y ministro Carrasquilla propondrán a dos manos duplicar la base de contribuyentes para cobrar impuesto de renta a quienes devengan desde $1’900.000 y extender el IVA a la canasta familiar de la clase media. Regalos tributarios a las empresas, dizque para elevar la productividad, la competitividad y las cotas de empleo. Pero demostrado está que estos estímulos, lejos de traducirse en puestos de trabajo, favorecen a un reducido sector de privilegiados. Dígalo, si no, la flexibilización laboral de Carrasquilla-Uribe, con su contratación temporal y de cooperativas; con sus contratos de trabajo a término fijo. Antes que reducirse el desempleo, aumentó el trabajo informal. Y esta política perdura en el nuevo Gobierno.

A las ligas mayores pertenecen las cinco temáticas de Estado que Clara López propone como materia de un pacto de país: respeto a la vida y consolidación de la paz; cumplimiento del Acuerdo con las Farc y apoyo al diálogo con el Eln para terminar definitivamente el conflicto armado; respeto a las libertades públicas, en particular al derecho de movilización y protesta pacífica; defensa de la soberanía nacional, y devolución al Estado del valor de la palabra que lo designa. Si el presidente Duque las contempla, ¿incurrirá en traición al padre, para desplomarse bajo su puño de hierro?

https://www.elespectador.com/opinion/pacto-con-quien-y-sobre-que-columna-805930 

29.18.-PARECE QUE PARA ‘EL QUE DIGA URIBE’, NO ES ‘LO QUE DIGA URIBE’ – Juan Manuel López 

El discurso del Senador Macías no fue un discurso del Presidente del Congreso en la posesión de un Primer Mandatario sino la de un vocero de un partido político de oposición que logró derrotar al Gobierno al cual se oponía; fue desplazado en cuanto al evento -no era el lugar, ni el momento, ni la audiencia para pretender tener la última palabra al respecto (aún asumiendo que tuviera razón en lo dicho)-. 

Además del malestar causado, perjudicó al nuevo Jefe de Estado porque vendió una mala imagen del país con cifras que fueron escogidas para presentar los malos aspectos omitiendo aquellos buenos con los cuales hoy ha ganado aceptación Colombia como un país avanzando en sus problemas; porque mostró ante el mundo una población dividida, con más ánimo de profundizar diferencias que de subsanarlas; porque presentó lo que menos se esperaba en un momento en el que del triunfo de la oposición se esperaría una introducción al programa que con él como cabeza se esperaría construir.

14 ago 2018.-Pero en lo que más lo perjudicó fue en que le quitó al discurso del Dr. Duque el protagonismo y la relevancia que merecía. La inmensa mayoría de comentarios y debates -ya que análisis pocos- se han referido a la perorata Macías, y muy poco se ha entrado en la forma o el contenido del primer discurso presidencial del recién elegido.

Casi todos los comentaristas coinciden en que en el discurso de Duque hubo los lugares comunes que en forma natural coincidirían para un nuevo ‘pacto nacional’ (lucha contra la corrupción, contra las drogas, mirar al futuro y no al pasado, etc.); coinciden también en que el eje central fue el tema de la unidad nacional. Pero poco se ha ido más allá en el análisis.

Pero para quienes tenemos recelo de lo que puede producir una demasiada facilidad de palabra, eso fue lo más de destacar de la alocución presidencial: hablar una hora, sin un papel ni ninguna guía, si una pausa, una duda o un tartamudeo, y tocar toda la variedad de temas tratados dada la importancia de los mismos, no es una hazaña menor. Pero improvisar gracias a las facultades oratorias es bueno en plaza pública o en el Congreso pero no es lo apropiado para la presentación de un programa presidencial.

En todo caso de los dos discursos, o del análisis de los dos conjuntamente, salen como posibles conclusiones:

1) O es la continuación de una estrategia coordinada de ‘el sombrero del bueno y el sombrero del malo’, ya sea premeditada y dirigida por el exmandatario o porque como fenómeno espontáneo tomó fuerza durante la campaña.

2) O, al igual que con Santos, el que sale elegido bajo ‘el que diga Uribe’ no necesariamente se guía por ‘lo que diga Uribe’. Y si no fueron alocuciones coordinadas, la contradicción o el contraste entre ambas intervenciones muestra que alguno -o ambos- se estarían saliendo de lo de ‘lo que diga Uribe’.

3) Del discurso del Presidente del Senado se deduce que el recién posesionado Presidente Duque tendrá que enfrentar dos dificultades más grandes que la de la oposición política: por una lado la de la situación en la que recibe el país; y por el otro la actitud de quienes sienten que por haberlo subido al poder les tiene que responder como ellos lo esperan.

28.18.-¿CÓMO VA LA OPOSICIÓN CONTRA EL FRENTE NACIONAL RESUCITADO POR DUQUE? – Entrevista de Cecilia Orozco al senador Jorge Enrique Robledo

El senador Robledo, dirigente de izquierda, afirma que el unanimismo político en torno al gobierno Duque se asimila al acuerdo liberal-conservador de los años 58 al 74, cuando los partidos se amalgamaron en el poder, en una democracia electoral aparente. Pero también reconoce que la nueva administración enfrentará a fuertes contradictores en el Congreso y analiza el Estatuto de la Oposición, que se aplicará por primera vez.

“Actuaremos unidos contra las propuestas regresivas del ‘Frente Nacional’ duquista”: Robledo. / Mauricio Alvarado 

COT – El Estatuto de la Oposición, recientemente sancionado, se estrenará al tiempo con el gobierno Duque, uno de los que mayor apoyo o cuasi-unanimidad partidista ha logrado ¿Cómo se organizará la oposición para lograr incidencia política real, teniendo en cuenta que, aun con figuras como usted, Petro, Angélica Lozano y otros, su inferioridad numérica en el Congreso es clara? 

4 ago 2018 JER – Los hechos dicen que Duque resucitó el Frente Nacional con Uribe, Pastrana, Gaviria, Vargas Lleras y los partidos Centro Democrático, Liberal, Conservador, la U y Cambio Radical, lo que concentra unos 80 senadores, de 107. Los declarados en oposición que asistimos el 20 de julio fuimos 22 de seis sectores diferentes; el mayor número de opositores al régimen que yo recuerde. Colombia puede estar segura de que vamos a jugar un gran papel; no obstante las diferencias entre nosotros, que son naturales y a las que no hay que ponerles misterio, porque no nos van a impedir lograr coincidencias.

– ¿Por qué dice “el mayor número de opositores que yo recuerde”? A Santos le tocó lidiar con la numerosa bancada de la derecha uribista y con la tradicional oposición de izquierda: nada fácil… 

– Me refiero a opositores al régimen. No solo al Gobierno. La oposición de Uribe a Santos ocurrió entre fuerzas políticas que han manejado a Colombia, tradicionalmente. En tanto, la nuestra será diferente y sobre un número mayor de temas.

– El “Frente Nacional” que, según usted reviviría, sería —a mi juicio— sin alternancia en la Presidencia si se tienen en cuenta los intentos del uribismo de perpetuarse en el Gobierno, pero, ¿también sin “mermelada”, como afirman el presidente electo y su bancada?

– Es difícil ‘leer’ a cuatro años, que en política constituyen una eternidad. Pero podrían hacer lo de estas elecciones: competir entre ellos en primera vuelta y unirse en la segunda, para gobernar juntos. Y, seguro, el “Frente Nacional” duquista será con “mermelada” como pegamento de sus coincidencias programáticas: es obvio que operó, hace poco, para repartirse las posiciones directivas del Congreso. Si se demoraron en el pacto fue porque solo había cuatro presidencias para distribuir y eran cinco los comensales. También tendrán que acordarla en el resto del poder. Los exsantistas deberán darles a los duquistas-uribistas una parte de la burocracia que hoy poseen y, con ella, la porción correspondiente de los contratos.

– A propósito y salvo el fundamental Acuerdo de Paz, las diferencias entre el uribismo y el antiguo santismo parecen diluirse, a juzgar por la coalición de Duque conformada por su partido, desde luego, pero también por las bancadas que sustentaron las administraciones Santos. ¿Se fusionaron las dos corrientes o insiste, como lo ha dicho, en que siempre fueron iguales?

– No es que las diferencias entre santistas y uribistas se hayan diluido. Es que, exceptuando el proceso de paz y poco más, siempre han estado de acuerdo en todo lo principal. Incluso, tiene razón Santos cuando dice que le cuidó muy bien los “tres huevitos” a Uribe. Y sobre ese desacuerdo, Uribe se inventó la falacia hasta cómica del Santos castrochavista como una viveza para derrotarlo, cosa que ya logró. Si se mira cómo actuaron en el Congreso los santistas y los uribistas frente a las leyes principales, salta a la vista que, otra vez sin contar las del Acuerdo de Paz, votaron unidos. Y está el caso de la reforma tributaria que los uribistas votaron no, pero se quedaron para hacerle el quórum a Santos. Si hubieran querido, la habrían hundido.

– ¿Cree que la reciente situación judicial del expresidente Uribe endurecerá la agenda del Congreso y las relaciones entre la oposición y la coalición gubernamental? En otras palabras, ¿cuánto incidirá el llamado a indagatoria del senador Uribe por parte de la Corte Suprema, en las relaciones gobierno-oposición?

– En este tema tenemos un profundo desacuerdo entre la oposición y el duquismo-uribismo —y falta ver con cuánto del exsantismo—, entre otras razones, porque la Corte Suprema llamó a Álvaro Uribe a indagatoria por haber intentado meter a la cárcel, con testigos falsos, a Iván Cepeda, senador de la oposición. Además, constituye un error gravísimo que desquicia el país, que un expresidente de la República —como nunca se había visto— le haya hecho un ataque tan brutal a la justicia colombiana al agredir a la Corte, apenas comparable con el tratamiento que le dio a esa corporación cuando era jefe de Estado. Espero que en el Congreso podamos debatir a fondo estos sucesos.

– Con el terremoto político armado por los subalternos del senador Uribe a raíz de la apertura de investigación en su contra y sus reacciones en contra de todo el que no esté con él, en las redes sociales y en las declaraciones a los medios tradicionales, ¿teme que la institucionalidad del país corra peligro?

– Esperemos que no. Ojalá que lo que haya de sensato allá no se deje arrear por sus barras bravas. Y lo mismo digo sobre quienes, también como barras bravas, son contradictores de Duque y, en especial, de Uribe. Reitero que sin el desarme de los espíritus, es decir, sin adecuar el lenguaje y los puntos en controversia a la nueva realidad del desarme de las Farc —y ojalá del Eln— siempre estará en riesgo lo conseguido, que no es todo pero sí es muy importante. Que nadie olvide que las armas no se disparan solas; que las accionan, las ideas y las palabras son exacerbadas hasta el punto de llevar a la violencia.

– Mientras la agresividad de la bancada del Centro Democrático se ha exacerbado al límite, el presidente entrante, Iván Duque, se ha mantenido prácticamente alejado de la discusión. Se podría decir que él muestra un carácter más tranquilo que el de sus copartidarios. ¿Hará esta circunstancia la diferencia entre los gobiernos Uribe y Duque, tanto en forma como en fondo?

– La forma hace al hombre, se dice. Nadie es clon de nadie. Se equivoca quien piense que Duque es una víctima, un preso de Uribe. Ningún hecho permite concluirlo. Por el contrario. Todo indica que coinciden en su interpretación de la historia nacional, sobre todo en la reciente; en sus orígenes políticos y en sus concepciones económicas, sociales y políticas. Son verdaderos compadres políticos. Es más, he planteado la hipótesis de que también coinciden en la táctica de “desuribizar” o “santificar” a Duque, pero solo en las apariencias, para mejorar su capacidad de confundir a los colombianos. “Si Santos fue capaz de embolatar y cooptar a tantos, por qué nosotros no”, dirán.

– Volviendo al tema de la oposición, se ha especulado que habría un solo jefe que la representaría. Pero, simultáneamente, no es fácil que alguien de tan sobresaliente tarea en el Congreso como usted, se someta a otro personaje, por ejemplo, a Petro; o que este acepte que usted tenga el liderazgo. La anunciada reunión entre ustedes esta semana, ¿tiene el propósito de definir este asunto?

– Coincido con Gustavo Petro cuando le preguntan al respecto y responde que “esa es una discusión inoficiosa porque no existe la figura de líder de la oposición”: no existe ni en el Estatuto de la Oposición, ni en el reglamento del Congreso, ni en ninguna parte. Lo que se debe hacer es generar los consensos posibles y necesarios entre proyectos políticos diferentes, pero a los que nos une la oposición a Duque, como los ya logrados en proyectos de ley o en las votaciones para las mesas directivas del Senado y la Cámara, al tiempo que tratamos con respeto y cordialidad las diferencias. Creo que en ese contexto será la conversación de los próximos días.

– La siguiente pregunta se la hago por pura curiosidad personal: ¿cuánto hace que usted y Petro no cruzan palabra?

– La última vez que estuve con Gustavo Petro fue el 2 de agosto de 2010, en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Polo cuando él decidió, sin que nadie se lo hubiera planteado, separarse del partido. Estoy seguro de que cuando nos sentemos a charlar, será una reunión cordial, un interesante intercambio de opiniones entre dos personas que tenemos, al igual que los demás dirigentes en oposición, la gran responsabilidad de impedir que Duque saque adelante todo su programa regresivo.

– Me gustaría presenciar esa reunión, porque las relaciones entre ustedes dos han sido difíciles. ¿Sus personalidades son muy fuertes, además de las diferencias políticas?

– Puede ser. Pero también estoy convencido de que tenemos la madurez política suficiente para entender que podemos y debemos llegar a acuerdos que les convengan a los colombianos.

– Al Polo, que ha sido el partido opositor de izquierda casi solitario durante los 16 años de Uribe y Santos, le va a tocar compartir ese espacio con nuevos grupos y personajes. Por ejemplo, el movimiento del propio Petro, la Unión Patriótica, la Fuerza Alternativa y otros. ¿Se estrechó el margen de acción para ustedes? ¿Eso es bueno o malo para el Polo?

Agreguemos al MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social) y a la Alianza Verde, incluida en ella la fuerza de Compromiso Ciudadano. Esa es la realidad y con ella tenemos que trabajar. Soy optimista sobre la continuación de la consolidación del Polo mientras se relaciona con las otras fuerzas en oposición al Gobierno. Por ejemplo, espero que la Coalición Colombia (Verdes, Polo y Compromiso) se consolide en las elecciones regionales de 2019 y, además, llegue a acuerdos locales con los otros sectores que no respaldan a Duque.

En los debates más “calientes”, ¿la oposición tendrá una sola estrategia o cada partido de esa ala desarrollará una propia?

Creo que, por norma, actuaremos y votaremos unidos en contra de las principales propuestas del “Frente Nacional” duquista que, seguro, serán regresivas. Pero el reglamento del Congreso le da un vocero a cada fuerza con personería jurídica, además de las vocerías a Gustavo Petro, en el Senado, y de Ángela Robledo, en la Cámara, que tienen un origen especial. Sería un error, salvo casos excepcionales, hacer una sola intervención en los debates en vez de varias; diversidad que también da fuerza y expresa la realidad y los matices de la oposición a Duque.

– Una de las normas contempladas en el nuevo Estatuto de la Oposición establece que los partidos que estén por fuera de las coaliciones de Gobierno declaren públicamente su condición de opositores ante la autoridad electoral, dentro del primer mes del Gobierno. ¿Es sana para usted esta obligación o termina cercenando las posibilidades de quienes decidan retirarse de la coalición o de la oposición? ¿Todo el mundo queda amarrado?

– En el Polo nos parece positivo que se formalice quiénes están en oposición y quiénes con el Gobierno, entre otras razones, para que engañen menos a los colombianos. También es acertado que se prohíba el transfuguismo de los dirigentes de un partido en oposición. Y, de otra parte, la norma permite que si una organización opta por cambiar su posición frente al Gobierno, pueda hacerlo.

– En el Estatuto hay otros puntos interesantes que le garantizarán a la oposición sus derechos, incluso financiación estatal, acceso a medios y a información y documentación oficial; participación en mesas directivas, derecho a utilizar los mecanismos de comunicación de las corporaciones de elección, etc. Pero una de las más importantes es la del derecho de réplica frente a ataques que provengan del Gobierno. ¿Se han preparado para llevar a la práctica estas herramientas?

– Empiezo por aclarar que el Estatuto de la Oposición es bien cicatero con los contradictores del Gobierno: pocas réplicas, poco tiempo en los medios, ninguna representación en las mesas directivas de las comisiones del Congreso y pocos recursos económicos. No en vano lo definieron las fuerzas de la Unidad Nacional —hoy con Duque—, porque a los sectores políticos tradicionales les ha gustado una democracia falsa; es decir, sin oposición, a la que siempre han maltratado de muchas maneras. La forma como actuaremos conjuntamente la iremos construyendo por el camino.

– Reitero, tal como quedó el Estatuto, destaco el derecho de réplica que no existía. Si se extreman las diferencias, como puede preverse por el estilo agresivo de la bancada de Gobierno, será buena herramienta para verbos como el suyo, el de Petro y otros… Parece recomendable elevar el nivel de debate….

– Así es. No hay duda de que aun cuando los instrumentos sean escasos, haremos uso de ellos, plenamente. Que el país cuente con que el Polo, y estoy seguro de que así será con los otros sectores en oposición, planteará con consistentes argumentos, convicción y valor civil nuestros puntos de vista contrarios a los de Duque, al igual que lo hicimos con Uribe y Santos. Y eso se hará con el estilo democrático que el país ya nos conoce. Ojalá el duquismo-uribismo y sus aliados del “Frente Nacional” redivivo entiendan y acepten sus deberes con los derechos de la oposición, aunque empezaron mal con lo que dijo el ministro de Defensa entrante en contra del derecho a la movilización.

“El carácter plutocrático del nuevo Gobierno” 

– Duque nombró un gabinete que corresponde, en general, a lo que había dicho: menores de 50 años, mitad de mujeres y técnicos en lugar de políticos ¿Qué opina de los ministros y qué le indica su composición?

– Lo principal del gabinete de Duque es su carácter plutocrático, que es lo contrario de lo democrático. Casi que cada ministro representa a algún gran negocio, en especial de extranjeros. Y no digo esto porque no entienda que los gobiernos deben estimular el desarrollo económico, incluida la economía empresarial y el empleo. Pero esa concepción impide el auténtico progreso de la economía nacional y del común de la gente. El cuento de que son menores de 50 años, la mitad mujeres y falsamente apolíticos – no existen los ministros apolíticos-,  lo veo, como he dicho, calculado por el duquismo-uribismo para mejorarle al gobierno su capacidad de engaño.

– ¿Considera posible que Duque  recomponga las relaciones Gobierno- Congreso de tal manera que se basen en discusión de ideas y no en puestos o contratos?

En general, no hay acuerdos burocráticos que no se fundamenten en respaldos al programa del Gobierno.  Los potes de ‘mermelada’ de Santos correspondían al apoyo, en el Congreso, a los proyectos, leyes y obra de su administración. Eso no cambiará.

“El problema del ‘qué dirán’ sus electores”

– Es obvio que el Acuerdo de Paz será el primer blanco de la bancada de gobierno ¿Podemos esperar que, finalmente, lo hagan trizas con los cambios que pretende introducir y que terminarían por acabar, del todo, con la JEP y sacar a los exguerrilleros de las Farc del Congreso, o todo esto es más anuncio que realidad?

Habrá que ver si Duque va a cometer el error garrafal de intentar destruir el Acuerdo, incluso contra todos los poderes económicos globales, empezando por la directora del FMI. Además, el proceso está tan blindado constitucionalmente, que podría romperse los dientes en el intento. Que no termine haciendo el ridículo. El problema que tienen, en su bancada, es lo que dijeron como oposición y “el qué dirán” sus electores. Vale resaltar que al introducirle dos artículos a la ley reglamentaria de la JEP contra la opinión del Gobierno Santos y por lo demás estériles, también, por primera vez, votaron una ley del Acuerdo de paz, norma que se habría hundido sin sus votos. Aquí también puede suceder que Duque, en acuerdo con Uribe, termine moviéndose con el cálculo de ganar respaldo entre quienes no votaron por él.

https://www.elespectador.com/noticias/politica/duque-resucito-el-frente-nacional-dice-jorge-enrique-robledo-articulo-804253

27.18.-TOREANDO LA GUERRA -Cristina de la Torre

Fue una guerra despiadada, cargada de sevicia contra la población inerme, como no se viera en parte alguna de América Latina. Mas, por orden del presidente electo Duque, el Centro Democrático y sus aliados de última hora en el Congreso incrustaron en los cimientos de la justicia transicional torpedos enderezados a reanimar la conflagración. Y a la ferocidad de esta embestida, inconstitucional, meca de batallas sin tregua contra la paz, le siguió la caída de la última hoja de parra: anunciaron Paloma Valencia y Paola Holguín que su partido convocaría referendo para disolver la JEP y bloquear su participación en política a los líderes de la guerrilla que entregó las armas y se allanó a las reglas de la democracia. Vale decir, romper la espina dorsal del Acuerdo de Paz.

No fueron ajustes inofensivos al Acuerdo de La Habana, que los tales cambios encierran el potencial de hacerlo trizas. Y revelan, blanco sobre negro, el diabólico propósito de la caverna de volver a la guerra. Con la autoridad que le asiste, señala Humberto de la Calle los desafueros perpetrados, en advertencia que aquí gloso (El Espectador, 28/7). Dizque por salvar el honor de los militares incursos en crímenes como los falsos positivos, se los excusa de comparecer ante la JEP. Pero los deja en un limbo de inseguridad jurídica y en riesgo de juicio por tribunales internacionales. Y quedan sus víctimas sin la verdad y sin la reparación que los uniformados les deben. Con ello se rompe la unidad de la verdad y quedan esas víctimas en “un limbo de desigualdad aberrante”.

La atrocidad de aquellos crímenes emula la de muchos cometidos por las Farc, apunta el ex jefe negociador de Paz. Pero si sólo se pide cárcel para los jefes de la guerrilla y no para los terceros y los agentes del Estado, “nos encontramos en una ruptura esencial que dejará sembradas las semillas de nuevas violencias”. Porque castigar a uno solo de los actores del conflicto y concederles impunidad a los demás será incentivo poderoso para que la guerrillerada vuelva al monte.

¿Eso queremos? Es que renacería el conflicto, acaso para cobrar otros 220.000 muertos certificados y 85.000 desaparecidos (investigadores de prestigio calculan que aquella cifra representa apenas la cuarta parte de las víctimas mortales; sólo entre 1985 y 2015 habrían sido 700.000). Comparados con ella, los sacrificados por todas las dictaduras del Cono Sur alcanzarían una reducidísima proporción. Para no mencionar las formas del horror que esta violencia alcanzó en Colombia, ejercida masiva e indiscriminadamente contra la población civil:

Con la complacencia de un general del Ejército, paramilitares juegan fútbol con cabezas de campesinos recién sacrificados, a la vista de toda la comunidad. La cifra certificada de falsos positivos ronda los 5.000, aunque The Economist habla de 10.000. Paramilitares montan escuelas de descuartizamiento de personas vivas, con motosierra. Francisco Villalba confiesa a la Fiscalía que recibió el entrenamiento de marras en la finca La 35, en El Tomate, Antioquia. Las Farc desoyen durante meses la súplica de un secuestrado para ver a su hijo, un niño que va muriendo de cáncer. Tampoco puede ver el cadáver. Crueldad refinadísima que clama al cielo. En manos del mandatario electo queda la decisión de recular y mantener sellado el dique de la barbarie, cuando sus iracundos copartidarios torean la guerra.

Bien merecido el Nobel de Paz que distinguió al presidente Santos por haberla conjurado. Y aleccionador el sello final de su gobierno: “La popularidad —dijo—, esa caricia efímera para la vanidad, la sacrifiqué gustoso y la volvería a sacrificar a cambio de una sola de esas vidas salvada”. Gratitud por siempre, presidente.

https://www.elespectador.com/opinion/toreando-la-guerra-columna-803225

27.18.-FARC 2.0 –  Gustavo Duncan

El tema de las disidencias de las Farc debe ser analizado con rigurosidad. La noticia de que las disidencias pretendían refundar las Farc prendió las alarmas de la opinión. Para Santos se trata de una exageración, mientras que para el uribismo es la demostración de que el proceso de paz con las Farc fracasó y la violencia persiste. Es lógico que las diversas fuerzas políticas usen la noticia a su conveniencia. 

26 de julio 2018.-  Pero, más allá de sus implicaciones políticas, el tema de las disidencias de las Farc debe ser analizado con rigurosidad por sus graves implicaciones en la situación de seguridad del país. El fenómeno de las disidencias es real, no es invento de periodistas o de opositores que quieren dañarle el Nobel de Paz a Santos, y tendrá efectos a corto y mediano plazo, aunque de una manera muy diferente a la de las antiguas Farc.

Las actuales disidencias no aspiran a la toma del poder nacional para suplantar el Estado e imponer un nuevo tipo de sociedad. Así las Farc en su momento nunca hubieran estado ni siquiera remotamente cerca de una victoria definitiva, su forma de operar estaba dictada por la lógica propia de una guerrilla que aspira a la toma del poder. En ese sentido, se constituía en la principal amenaza para el Estado central, pues sus acciones estaban pensadas para afectar, en lo posible, sus intereses y su capacidad militar.

Detrás de la conferencia para una refundación de las Farc lo que hay es un gran acuerdo entre señores de la guerra para preservar y expandir el control de estos territorios.

Las disidencias, en cambio, lejos están de organizar sus ejércitos hacia la conquista del poder en Bogotá. Sus intereses están centrados en el control de territorios periféricos plagados de cultivos de coca y de salidas de drogas hacia mercados internacionales. Detrás de la conferencia para una refundación de las Farc lo que hay es un gran acuerdo entre señores de la guerra para preservar y expandir el control de estos territorios.

No obstante, el hecho de que no dispongan de una plataforma ideológica concebida para la toma del poder nacional no quiere decir que no sean un problema de máxima gravedad. En el nuevo escenario, Colombia se va a repoblar de ejércitos privados que ejercen como Estados alternos de la población ubicada en áreas periféricas. Y cualquiera, como los líderes sociales, que se interponga será victimizado.

A fin de cuentas, la falta de una ideología es suplida por las aspiraciones de poder y consumo de jóvenes marginados de comunidades excluidas de los mercados. La coca, el oro –en suma, el crimen organizado– tienen más que ofrecer que el comunismo caduco de las antiguas Farc.

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/gustavo-duncan/farc-2-0-disidencias-de-las-farc-247892

26.18.-50 congresistas de 7 partidos de izquierda, se declaran “bancada de la paz”, y presentan 14 proyectos de ley de orden social. 

Sectores de izquierda se unieron para conformar la ‘bancada por la paz’.

Bancada por la paz, con congresistas de los siete partidos de oposición Foto: Twitter de Iván Cepeda

Esta bancada está conformada por congresistas del Polo, Alianza Verde, UP, Mais, Farc, Lista de la Decencia y Colombia Humana.

Este grupo, en el que se encuentra el excandidato presidencial Gustavo Petro, será el principal bloque de oposición al gobierno del presidente Iván Duque. 

20 jul 2018.- Además de esta bancada, otros congresistas también harán oposición desde sus propios partidos, como es el caso de Jorge Enrique Robledo, máximo líder del Polo, pero que no es parte sustancial de la llamada “bancada de la paz”, donde Petro podría tener un liderazgo.

Según cuentas del propio Petro, la oposición contará con 25 senadores, independientemente de si hacen parte de dicha bancada o no.

Serán nueve senadores de la Alianza Verde, cinco del Polo, cinco de la Farc, tres de la Lista de la Decencia (Mais y UP), dos de la circunscripción indígena y un senador independiente del partido de ‘la U’.

De hecho, este grupo de parlamentarios apoyó conjuntamente la candidatura de Antanas Mockus para la presidencia del Senado aun sabiendo que no tendrían mayorías para lograrlo.

“Mockus nos representa a todos los que estamos en actitud de oposición. Este es probablemente el primer gesto claro de que vamos a hacer esfuerzos por unificarnos en torno a nuestra oposición al gobierno de Iván Duque”, explicó Robledo.

Este bloque estará por primera vez en la historia cobijado por un estatuto legal que brinda beneficios a la oposición, como el derecho a la réplica tras alocuciones presidenciales, entre otros.

Además, la oposición tuvo varios actos simbólicos que denotan un tono enérgico y fuerte. Por ejemplo, Petro dijo que las 3 curules del movimiento cristiano Colombia Justa Libres son “producto de un fraude”, y la Alianza Verde dejó en el recinto carteles de la consulta anticorrupción, reclamando así desde el principio la bandera de esta iniciativa.

http://www.eltiempo.com/politica/congreso/la-oposicion-llego-al-congreso-con-fuerza-presento-14-proyectos-de-ley-246036

26.18.-INDICADOR EXTERNO

25.18.-¿SE PARECEN EN ALGO DUQUE Y TRUMP? – Juan Manuel López

Gira nuestro interés alrededor de dos mandatarios que copan el espacio de todos los medios. Y pareciera que nada tan diferente como la imagen de Trump y de Duque.

Trump es un mandatario que nos desvela al manejar la política como si fuera un reality en el que lo que cuenta es mantenerse como el centro del espectáculo.

Y, siguiendo la versión ortodoxa, ello se consigue exagerando lo que se propone al punto de crear suspenso pero sin concretar nada diferente de la expectativa por saber cúal será el próximo capítulo.

El caso del Presidente Americano se destaca sobre todo en las posiciones internacionales. El primer golpe o el primer paso es descalificar lo que se va a negociar o a quien va a adelantar las conversaciones. Escandalizar y volver noticia su futura presencia convirtiéndola en el centro de atención del mundo de la manera  más contraria a lo ‘diplomático’ y/o a lo ‘políticamente correcto’.

Lo hizo desde las primeras declaraciones de amenaza de bombardeo contra Corea del Norte y el tratamiento a su gobernante, con lo cual se llegó hasta temer el inicio de un desastre nuclear; pero después lo convirtió en unas ‘amigables’ conversaciones en las cuales calificó como un triunfo que ese peligro hubiera desaparecido.

Lo hizo en el caso de Irán, saliéndose del acuerdo pactado pero sin implicar ninguna consecuencia diferente de mostrar al mundo que él no se sometía a las reglas convencionales de los pactos internacionales y que con él siempre los temas deberían ser tratados como un partícipe especial.

Lo repitió cuando atacó a la señora Merkel y la posición que ha tomado Alemania respecto a las relaciones con Rusia y el tema del manejo de los inmigrantes; el resultado fue el alivio porque eso no se expresó en actos o medidas que perturbaran la relación existente.

Después en vísperas de la reunión de la OTAN adelantó los cuestionamientos a los demás miembros pareciendo que hasta la Alianza podría quedar en entredicho, pero concluyendo con que debían seguir y cumplir simplemente con los aspectos económicos proyectados.

Antes de encontrarse con la Primera Ministra Británica Teresa May se metió en la política local opinando sobre la conveniencia de la salida de Inglaterra de la Unión Europea y promoviendo con sus intervenciones el rechazo popular que lo llevaría al centro de las noticias del momento. Ninguna conclusión o acción concreta salió de esa visita excepto la declaración de que entre las dos naciones existe un vínculo especial, como la han dicho todos los Presidentes de los Estados Unidos y los Primeros Ministros británicos en todas las reuniones bipartitas.

Y ya lo había hecho en la reunión de los 7 en Canadá cuando además de declarar su descontento con el NAFTA llegó a proclamar la negativa a firmar el comunicado conjunto.

En todos los caso lo que logró fue destacar su presencia como un elemento ajeno al mundo en el cual circulaba, pero no para lograr cambios o concesiones sino solo para incomodar a los que declaraba como contrapartes.

Nuestro Mandatario Electo parece ser amigo de la estrategia contraria. Comienza por desvirtuar todas las amenazas que podían acompañarlo durante su campaña y desligarse de los excesos que sus partidarios y su mentor proclamaban como objetivos de su gobierno.

Aparece tan discreto como es posible, tanto en el sentido de no ser demasiado protagónico creando escenarios a su alrededor, como el de ser reflexivo y moderado en sus planteamientos.

Muy diplomático y políticamente correcto, no busca ‘alebrestar’ las audiencias o los interlocutores y muy paso a paso parece sondear como sale de los compromisos que podrían crearle dificultades para cumplirlos, como la promesa de llevar la juventud al poder o reconocer por lo menos la mitad del gabinete en cabeza de mujeres.

Esperemos que lo bueno de este contraste no se refleje en los resultados y que detrás de esa buena presentación no vengan las medidas y las políticas que para la mitad de los colombianos fueron amenazas.

Porque -estrategia deliberada o no- los dos mandatarios se parecen en que su imagen política la forman desmontando la amenaza que ellos mismo decidieron representar.

25.18.-DE QUIEBRA-EMPRESAS A MINISTROS – Mario Valencia

El papel de algunos gremios se ha tergiversado, para convertirse en trampolines de sus di rigentes a cargos políticos, en detrimento de los intereses de sus afiliados.

Forma parte de la naturaleza humana la necesidad de pertenecer a algún grupo, llámese equipo de fútbol, comunidad religiosa o partido político. Además, en la era moderna han surgido nuevos modos de organización que contribuyen a conseguir los objetivos de sus miembros y defender sus aspiraciones, como los sindicatos para los trabajadores y gremios para las empresas. La importancia de la existencia de estas instituciones para el desarrollo económico es obvia.

2 jul   2018.-  Gremios de la producción fuertes son la máxima garantía para ubicar en la agenda pública las necesidades empresariales, exigiendo a las instituciones gubernamentales políticas y medidas en beneficio del desarrollo económico. Las empresas tienen responsabilidades sociales, una de ellas es producir riqueza individual y nacional, así que, aunque suene obvio, deberían ser los primeros defensores del estímulo a la producción.

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No sorprende entonces, pero sí desconcierta, que gremios empresariales que han sido duramente golpeados por políticas públicas, como la reducción de aranceles, y otros que han sido víctimas de una clara persecución política, como la emprendida por la ficha de un candidato presidencial en una súper poderosa Superintendencia, hayan terminado apoyando a sus verdugos.

El papel de algunos gremios se ha tergiversado, para convertirse en trampolines de sus dirigentes a cargos políticos, en detrimento de los intereses de sus afiliados. Así ocurrió con Luis Carlos Villegas de la Andi, hoy ministro de Defensa. Y lo mismo está pasando con la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Su presidente, Jorge Enrique Bedoya, convirtió al gremio en un fortín electoral en la reciente campaña presidencial, para impulsar su aspiración ministerial.

Bedoya nunca ha protegido a los agricultores; no lo hizo como presidente de Fenavi, cuando permitió que el gobierno de Uribe, en la madrugada del 27 de febrero de 2006, negociara en el TLC con Estados Unidos un contingente de 26.000 toneladas de cuartos traseros de pollo. En lo corrido de la implementación del acuerdo, las importaciones de este producto se han incrementado 567%.

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Mucho menos lo ha hecho en la SAC, desde donde ha defendido ese mismo TLC que está arruinando a sus agremiados, diciéndoles que la culpa es su falta de competitividad, y que los TLC hay que aprovecharlos porque “hay personas que no lo hicieron porque no lo comprendieron o quizás porque no quisieron y no lo aceptaron”.

Recientemente, en un hecho que ha pasado inadvertido, el gremio de los cerealeros, Fenalce, se retiró de la SAC, alegando que desde las reformas emprendidas por Bedoya “ya no tiene como fin primordial la defensa del sector agrícola nacional”, y mantendrá su independencia “frente a los hechos económicos, sociales y políticos del país” de la SAC, como por ejemplo el que Bedoya ya hace parte del equipo de empalme del presidente electo Duque, en el área de agricultura liderado por Iván Darío Gómez.

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Bedoya también ha hecho poco por proteger a los lecheros, ganaderos y azucareros en las recientes negociaciones del TLC con Australia y Nueva Zelanda, que de concretarse acabarían con estos renglones de la economía. El presidente electo prometió a los empresarios en el Consejo Gremial que no firmaría nuevos TLC y se comprometió a evaluar los vigentes, por medio de una ley que aprobó en el Congreso el Representante del Centro Democrático Federico Hoyos. Mientras tanto, parece que algunos dirigentes gremiales seguirán apelando a la puerta corrediza, en donde pasan de quebrar empresas a ser ministros.

https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/de-quebrar-empresas-a-ministros-por-mario-valencia/259753

24.18.-FRENTE AMPLIO CON GABINETE EN LA SOMBRA – Bernardo García

La idea no es muy original –como me sugiere un comentarista- pero no deja de ser muy interesante porque una oposición gaseosa tiende a evaporarse. Ni es un partido, ni es una coalición, ni es un movimiento. Lo acaecido en Colombia es simple oposición en el acto electoral. No obstante puede devenir un Frente Amplio con las alas de una mariposa de colores; pero que sólo puede volar si tiene un ligamento en la cintura. Que ese podría ser el gabinete en la sombra.

En Inglaterra, El segundo partido forma el denominado «gabinete en la sombra».                             

Lo cierto es que las finanzas del Estado colombiano, con el despiporre de los precios del petróleo, carbón y níquel, andan periclitando. No es un tema apto para la demagogia. Un buen ministro de hacienda tendría que cuadrarlo. Sin rematar a Ecopetrol, ni reducir a la mitad los sueldos y salarios. Y la producción del campo está en desmedro. Pero además si se quiere repartir a fuerza de impuestos, la productividad no salta a la vista. Son productos de baja elasticidad de la demanda y los precios no marchan a la par con las alzas en insumos de abonos y pesticidas. Del enredo del sistema de salud, ni hablar. Un gran pulpo burocrático del Estado no parece viable, pero una descentralización total también es riesgosa. Un buen ministro con sus asesores podría ponerle un punto final al despelote. Y así en otros ministerios como Educación e industria y comercio exterior.

Hasta los años setenta, los Estados contaban con gobiernos que medraban en la intervención en la economía buscando el bien general. Algo misterioso resultó de la crisis de los precios del petróleo de 1973 y subsiguientes. Los Estados Árabes castigaban a los países que apoyaron a Israel en aquella última guerra. Surgió en Occidente un fuerte brote inflacionario de origen en los disparados costos del petróleo y al tratar de controlarlo por la vía de la demanda monetaria agregada, se consagró le recesión en la producción. Algo sucedió entonces para que se enrostrara la vigencia de los Estados y se enarbolara la bandera de la liberación financiera. El resultado misterioso es ese: liberación financiera.

Desde entonces se decretó el”Estado Pequeño” y se añadió además el “Libre Comercio Internacional”. Estado pequeño que es también un negocio y que ofrece negocios y contratos. Se juntó entonces la avaricia que dejó de estar bajo control, con la vanidad del poder con ejercicio irresponsable. Sería el mercado el que resuelve todo el resto. No obstante ya está sonando una tremenda alarma: los Estados Unidos no pueden esperar   más tiempo que su endeudamiento comercial se agigante, sin que los mercados se ajuicien. Y es así como los ministros deben volver a sus puestos con mayor responsabilidad, preparación y trabajo en equipo. Al menos, si se trata de sustituir neoliberales y de enfrentarlos con lucidez, como alternativa de poder. Jaime Bateman decía: “Si no se puede hacer la revolución, hay que hacer la conmoción”, pero la conmoción suele ser puro ruido. No más.

23.18.-¿FRENTE AMPLIO DE IZQUIERDA? – Bernardo García

Un frente amplio es más sólido que un frente unido. Porque es más simple y cubre sin dificultades mayores un amplio espectro ideológico. Es toda una vertiente que se decanta frente a una situación sin remedio:  o se identifica con el uno o se va con el otro. No por militancia, ni por identidad de programas, sino por empatía y sinergia.  Claro que la ceremonia en la Plaza de los mártires, en la que Petro denegó de algunos principios y prácticas del Castro-Chavismo que le endilgaba el Uribismo. ¿Eso sacó en limpio principios programáticos de un apoyo electoral? Ciertamente no, aunque limpió el camino de supuestas ignominias.  Esta es la letanía de la ceremonia:  

1.- No expropiar 2. No dilapidar los recursos públicos y disciplina fiscal. 3. impulso a la economía privada y formalización laboral. 4. Democracia pluralista y respeto a la diversidad.  5. Respeto al Estado Social de Derecho  y a la separación de poderes.

Pero claro que de paso se tocaron las teclas de Populismo chambón practicado otrora en el Chile allendista y ahora en la Venezuela de Maduro: el plan Vuscovic. Se supone que disciplina fiscal es ante todo no financiarse con emisiones de dinero y desencadenar una inflación imparable. Se supone que el impulso a la economía privada rescata los planes indicativos de desarrollo para nuevos sectores productivos.  Y se presume también que se ataca más la pobreza creando más empleos formales  y estables que con subsidios.

 Lo que no se tocó fue la comandancia del frente. No venía al caso. Se trataba simplemente de un apoyo electoral condicionado a la pequeña letanía. Pero de pensar en un frente amplio no se requiere un jefe, sino una dirección colegiada y una secretaría rotativa.  Sin funciones ejecutivas, pero con capacidad de coordinar opiniones comunes frente a los debates y los proyectos de ley en el Congreso. Coordinar no significa suplantar porque las bancadas parlamentarias del Frente guardan su autonomía.

En cambio,  los Frentes Unidos requieren una unidad más orgánica y por lo tanto una dirección más deliberante y ejecutiva. Es otra cosa, pero es una meta. Un partido con matices y tendencias de convivencia y alta tolerancia. Por ahora ni los dirigentes padecen de alta sinergia y simpatía, ni las militancias les guardan igual lealtad a todos los jefes por el acto electoral.

Alianza Verde logró 10 senadores y 9 representantes, el Polo Democrático Alternativo 5 Sen. y 2Repr., la coalición Lista de la decencia 4 Sen., para un total de 19 senadores y 11 representantes. Los votos totales  de verdes, polo y decentes por senado suma 2’468.806 de votos. Tuvo que acontecer una riada de un poco más de 5’500.000 votos de opinión  más  para llegar a las presidenciales con ocho millones.

Sin duda, del liberalismo de izquierda; de conservadores social cristianos, de movimientos sociales, de afros e indígenas y de algún resto de jóvenes que ya degustaron los agrios manjares del neoliberalismo. Todo ese anti establecimiento podía haber rimado con Fajardo-presidente, o con de la Calle aunque sin su partido.  Petro lo hizo bien y su prestigio de parlamentario valiente y de alcalde mártir de persecución infame,  salieron revalidados de la gesta electoral. No obstante, el apoyo electoral recibido no lo consagra como jefe de una oposición fraccionada y una militancia vaporosa. Pero sí lo legitima para convocar a un Frente Amplio con dirección colectiva y secretaría rotativa, y con mucha parsimonia a cuestas.

23.18.-INDICADOR EXTERNO

23.18.-INCONSISTENCIA PENSIONAL DESAFÍO PARA DUQUE – Eduardo Sarmiento

El sistema pensional es el aspecto más crítico del gasto público y la distribución del ingreso. La privatización de las pensiones adoptada en la Ley 100 se ha convertido en una fuente de inequidades. Ni más ni menos significa trasladar el ahorro intergeneracional de los trabajadores a los fondos privados (AFP) y a los sectores de mayores ingresos de la sociedad colombiana. inicuo.

30 Jun 2018.-  En el sistema público de prima media, que operó antes de la Ley 100, las pensiones se cubrían con aportes de los nuevos cotizantes. Como por cada pensionado había 10 cotizantes, el mecanismo operaba con holgura financiera. En el nuevo sistema los pensionados tienen la opción de quedarse en el sistema público de prima media (Colpensiones) o pasar a la modalidad privada antes de diez años de la fecha de retiro.

En virtud de la solidaridad, los sistemas pensionales generan un ahorro que se traslada a las siguientes generaciones. En consecuencia, las empresas intermediarias obtienen ingresos mayores que los pasivos registrados en los balances. En las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP, el excedente les significa grandes ganancias. En los sistemas de prima media, como el que funcionó antes de la Ley 100 y actualmente en Colpensiones, el excedente se traslada a los afiliados en la forma de pensiones mayores que las cotizaciones incrementadas por la tasa de interés de mercado. En la actualidad, Colpensiones opera con ingresos muy inferiores a los egresos y le causa al presupuesto nacional una cuantiosa erogación fiscal.

Estamos en el peor de los mundos. En esencia, se configuró un dispositivo en el cual el Estado se queda con los pensionados y los fondos privados de pensiones con los cotizantes. En las AFP, los beneficios del ahorro intergeneracional se adicionan al capital, y en el público de prima media se trasladan a los afiliados en forma proporcional al ingreso, y para completar, la inconsistencia del sistema le genera al presupuesto nacional un cuantioso subsidio. Al final se materializa una enorme transferencia de ingresos al capital y a los sectores de mayores ingresos que arruina la capacidad distributiva de la política fiscal.

Unas pocas cifras ilustran la inequidad. Sólo el 25 % de los ciudadanos en edad de retiro tienen acceso a las pensiones y los sectores de menores ingresos no obtienen ni el 4 % del valor de las pensiones. Debido al bajo acceso al subsidio pensional, el 40 % más pobre sólo recibe por la vía del gasto público el 15 % de los ingresos tributarios. Por eso, el coeficiente de Gini es igual antes y después de impuestos, y Colombia registra uno de los índices más altos del mundo.

La actitud de la actual administración ha sido elusiva. En un principio reconoció la gravedad del sistema pensional y anunció la necesidad de introducirle reformas de fondo, pero no hizo nada en las tres reformas tributarias. Se limitó a conformar una comisión que no ha resultado en mayor compromiso. Una parte de los miembros sugiere acentuar la privatización y prescindir de Colpensiones , y la otra parte propone mantener el sistema actual, pero limitando la modalidad de prima media a salarios cercanos al mínimo.

Si bien la segunda propuesta es un avance en relación con lo existente, no resuelve el problema de fondo. El daño está hecho. Los pensionados actuales y los que están en la transición de Colpensiones  reclamarán derechos adquiridos inmodificables. Los fondos de pensiones señalarán que las grandes ganancias están comprometidas en créditos de largo plazo al sector financiero. De seguro, la reforma se aplicará sólo a los nuevos afiliados y se manifestará luego de varias décadas. Por ahora, ¿el país tendrá que operar con un sistema fiscal regresivo y soportar una de las peores distribuciones del ingreso del universo?.

https://www.elespectador.com/opinion/inconsistencia-pensional-columna-797496

23.18.-SÁNCHEZ TIENE UN PLAN PARA GARANTIZAR LAS PENSIONES  (Y NO VA GUSTAR A TODO EL MUNDO) – Alejandro Nieto 

El nuevo Gobierno del PSOE tiene un plan para garantizar las pensiones. Después de años de inacción por parte del Gobierno del PP, que lo único que hizo fue poner parches al sistema de Seguridad Social mediante préstamos del Estado que no va a poder devolver, por fin hay un plan concreto para sostener el sistema público de pensiones.

30 Jun 2018.-  Sin embargo el plan se centra exclusivamente en aumentar los ingresos del sistema, y no en contener los gastos. Por tanto será un plan a medias, pues la presión demográfica hará que todas las medidas de aumentos de gastos sean insuficientes.

Aumento de ingresos

El plan que Sánchez tiene en la cabeza fue desgranado en la entrevista que dio ayer en TVE. La estrategia tiene cuatro patas, a cada cual más polémica:

La primera es «destopar» el máximo de cotización a la Seguridad Social. En la actualidad aquellas personas que ganen más de 45.000 euros llegan al tope y no pagan más a la Seguridad Social por su salario. Es decir, una persona que gane 45.000 euros, 100.000 o 1.000.000 de euros al año pagan lo mismo a la Seguridad Social. ¿Dónde está el truco? Pues que esas tres personas, cuando se jubilen, cobrarán todas lo mismo, la pensión máxima (que este año se sitúa en 36.000 euros).

La segunda medida es la creación de nuevos impuestos. Aquí Sánchez ha sido bastante ambiguo, pero nos podemos imaginar impuestos especiales a la banca o a multinacionales tecnológicas.

La tercera medida es eliminar las bonificaciones a la contratación fija. Esto ahora mismo está siendo una sangría para la Seguridad Social y sus efectos sobre la creación de empleo son más que discutibles.

Y la cuarta medida es la subida de salarios, ya sea con presiones o con nueva legislación (se habla de subir el sueldo mínimo a 14.000 euros al año), con lo que aumentarán los ingresos del sistema pero con la contrapartida de que los derechos adquiridos de los trabajadores supondrán una presión mayor al sistema en el futuro.

La polémica está servida

Todas las ideas tienen sus pros y sus contras. Está claro que el PSOE ha creado una hoja de ruta para salvar las pensiones y eso es bueno. Pero pone la presión exclusivamente en el aumentos de ingresos, cuando también habría que contener los costes.

El aumento de ingresos tiene sus pegas. Si se quitan los topes de cotización está claro que se hace el sistema menos contributivo: los mayores salarios estarán aportando mucho más al sistema de lo que reciben. De hecho esto ya pasa, cualquiera que gane más de 36.000 euros al año está aportando más de lo que recibe en la jubilación. Pero esa franja es estrecha, ya que a partir de 45.000 euros no se cotiza de más, cosa que va a cambiar.

Es innegable que para hacer el sistema sostenible algo de esto tenía que haber, el sistema tenía que ser más solidario y menos contributivo. De hecho es un movimiento que ya se ha dado en los últimos años sin mucho debate, pues la pensión máxima se ha ido congelando mientras que el tope de contribución ha ido subiendo. Ahora si Sánchez aplica lo que ha anunciado el efecto será más bestia.

Por otro lado crear nuevos impuestos y financiar la Seguridad Social no solo con cotizaciones es algo que también se veía venir. De hecho el Estado ha estado realizando préstamos a la Seguridad Social en los últimos años. ¿Es sostenible? El problema es que tiene pinta de que la Seguridad Social se va a ir comiendo todos los recursos del Estado. Y sí, las pensiones es una parte muy importante del Estado del Bienestar, pero si vamos dedicando más y más recursos a esta pata, dejamos cojas las otras (como Sanidad y Educación).

La eliminación de las bonificaciones las veo bastante bien. Como ya he dicho es muy discutible que incentive la creación de empleo y son una sangría. Incentivar el empleo fijo debería hacerse con un tratamiento menos dual de nuestro mercado laboral, por ejemplo equiparando la indemnización de despido de ambos tipos de contratos como propone Ciudadanos (si deberían ser 15, 20 o 33 días por año trabajado es otro tema).

Y por último, la subida de salarios para aumentar ingresos del sistema es pan para hoy y hambre para mañana. Si suben los salarios (los más bajos), se estarán creando en el futuro pensiones más altas. No veo mal que los salarios suban, ni mucho menos, pero esto no es una solución a la larga para las cuentas de la Seguridad Social.

¿Y qué pasa con el factor de sostenibilidad?

El problema de todo esto es que el PSOE no mira en ningún momento a los gastos del sistema. Y la reforma de 2013 tenía cosas buenas que se van a cargar. La Seguridad Social tiene que ser sostenible, tiene que tender de forma automática a déficit cero. El Gobierno anterior no hizo nada para lograrlo y este lo va a intentar subiendo los ingresos, pero la reforma de 2013 tenía estabilizadores automáticos para reducir los gastos si esto no sucedía, el factor de sostenibilidad.

El Gobierno del PSOE podría perfectamente aumentar los ingresos y dejar que el sistema baje automáticamente los gastos si esto no sucede. Pero parece que es un trago muy grande para un partido político que recibe muchos votos de jubilados. Y esto tenderá a incrementarse, no olvidemos que la edad media en España no para de subir y ya anda por los 43 años.

https://www.elblogsalmon.com/economia-domestica/sanchez-tiene-plan-para-garantizar-pensiones-no-va-gustar-todo-mundo

 

AGONÍA DE LA DEMOCRACIA COMIENZA CON LA DE LA JUSTICIA – Victor Ginsburgh

Rudy Giuliani, el gran vigilante Donald Trump dice que está por encima de la justicia, diciendo en un tweet del 4 de junio de 2018 que tenía el «absoluto derecho» de perdonarse a sí mismo por cualquier posibilidad de un acto criminal (1). Hace poco más de un mes, decidió ordenar justicia para investigar la investigación llevada a cabo por Rober Mueller. Y en el transcurso de 2017, se arrogó el derecho de hacer lo que quería con su Ministerio de Justicia.

Rudy Giuliani, le grand justicierRudy Giuliani, le grand justicier

Es apoyado en esto por su nueva banda de abogados, incluido el ex alcalde de Nueva York, el famoso Rudy Giuliani. Su padre fue acusado de delitos mayores y robos, incluso pasó algún tiempo en la famosa prisión estadounidense Sing Sing. El hermano de su madre estaba a la cabeza de una organización criminal para préstamos de usura y salas de juego. Bueno, nos olvidaremos, porque el pequeño Rudy no es responsable de sus padres, pero seguramente aprendió mucho para «limpiar», como dijo, la ciudad de Nueva York de su inframundo y trata hoy para poner el «borracho» de Trump en la silla de montar.

Esta es obviamente la forma más directa para una buena dictadura, algunos países de la Unión Europea están muy cerca de: Hungría, Polonia, Italia, Austria y me sugirieron a un colega rumano, Rumania.

Bélgica todavía no está allí, aunque … Todavia que.

Para leer dos artículos recientes en L’Echo, uno tiene la impresión de que la justicia, que debe rendirse en un tiempo razonable y de manera igual para todos, se está afianzando cada vez más. El primer artículo se titula «¿Plazos para apelar ante los tribunales de Bruselas? De dos a tres años «(2): 4.500 nuevos archivos cada año, cerca de 4.500 archivos tratados, pero 2.5 veces más, o 11.500 permanecieron en las bodegas del Palais de Justice. Y agrega el periódico «Se esperan varios retiros de magistrados a fines de 2018, su reemplazo no está en la agenda, y las nuevas citas toman nueve meses». Damos prioridad a ciertos casos, algunos casos se entregan hasta cinco veces, y dejamos que los casos penales financieros se alarguen, obviamente beneficiando a aquellos que conocemos: «ya no contamos», escribe el periodista, «los enormes archivos con varios cientos». miles de euros que bajan y exceden el período de limitación. Los estafadores tienen un bulevar frente a ellos. Y los políticos deciden los presupuestos. Te veo venir?

Fiesta en el Palacio de Justicia de Bruselas

El segundo es el resultado de una entrevista con Frédéric Lutgens (3) quien agrega que «en la corte, ver que los registros financieros fracasan es doloroso». Lutgens, ex juez, ahora asesor del Tribunal Supremo, se especializa en grandes asuntos financieros: KB Lux, Tractebel Kazakhgate en la que empapó el elegante ex presidente del Senado, Armand De Decker, finalmente procesados de tráfico de influencias hace 6 semanas, cuando el caso se conocía desde 2011. En general, silencioso, Lutgens le dijo al periodista que entrevista: «A menudo me quejaba de la manera en que los registros financieros son tratados en las comidas entre colegas para no dar marcha atrás cuando se me ofrece expresarme «y que se queja de los» magistrados sin formación en delitos financieros «mientras se refiere a» razones menos aceptables «en nombre de algunos y límites de tiempo ridículamente bajos para casos que requieren decenas de miles de horas de trabajo para ser entendidos correctamente «y, me atrevo a agregar, negocios obviamente montado por abogados de formidable inteligencia.

Y durante este tiempo, el Ministro de Justicia piensa en una «desaparición programada de los jueces de instrucción tal como existen».

El camino, qué es lo que digo, la autopista de cinco carriles a la ausencia de democracia está abierto.

http://www.thebingbangblog.be/

 

22.18.-30 AÑOS DE DESARROLLO PERDIDOS – Mario Valencia

Con el presidente electo Iván Duque, Colombia cumplirá 30 años perdidos en materia de desarrollo, no porque el país carezca de los recursos necesarios para hacerlo, sino porque la dirigencia política -que acaba de re-re-reelegirse- está empeñada en impedirlo.

 

Es imposible pensar que personas tan estudiadas, formadas en las mejores universidades del planeta, se hayan equivocado ingenua y sistemáticamente durante tres décadas en las políticas desarrollistas, si acaso es lo que querían. Es cierto que en este periodo ha habido avances en algunos aspectos económicos, incluyendo la calidad de vida, pero solo para un sector de la población, porque Colombia es todavía el segundo país más desigual de América Latina y Duque no logrará cambiar esta situación. Explicaré por qué:

El trabajo involucrado en la producción es la fuente de toda riqueza, que se materializa en el comercio interno y externo. Esto no tiene misterio, en eso consiste el capitalismo. Una nación puede decidir hacerlo o no, pero si no lo hace es imposible lograr una verdadera creación de riqueza. Duque, aunque lo sabe, difícilmente lo aplicará porque tiene otros intereses. Defender al consumidor implica inevitablemente proteger a los productores. Sin producción no hay creación de empleo, entonces no hay consumidores. Los productores colombianos no están protegidos, todo lo contrario. El Estado actúa como enemigo, como su mayor obstáculo, siendo cómplice de la competencia desigual que los afecta.

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La clase política tradicional que eligió a Duque es exactamente la misma protagonista de la corrupción. No quiere decir esto que todos quienes apoyaron a Duque son corruptos, pero sí que todos los corruptos apoyaron a Duque. Por cuenta de la corrupción Colombia ocupa el puesto 129 entre 137 países en eficiencia del gasto público, el puesto 119 en favoritismo de decisiones de funcionarios del gobierno y el 131 en desvío de fondos públicos, según el Foro Económico Mundial. Con estos niveles Colombia se parece más a Somalia -el más corrupto- que a Nueva Zelanda -el menos-. Como se roban los recursos públicos, no queda suficiente para crear bienes y servicios públicos, como carreteras, ferrocarriles, redes eléctricas, dar acceso al crédito, invertir en ciencia y tecnología o financiar la educación y la capacitación de alta calidad. Sin estos elementos, el país no puede competir con sus socios comerciales, por más creativos y emprendedores que sean sus empresarios.

Para completar, el Estado ha suscrito malos negocios comerciales en los que Colombia no es capaz de vender lo poco que produce, pero sí compra (con deuda o con recursos naturales) lo que otros países fabrican. De esta forma, la riqueza del trabajo y la producción se queda en esos países. El presidente electo Iván Duque cree en estos acuerdos, los ha defendido y aprobado, en contra de los intereses de los empresarios y los trabajadores nacionales. ¿Estará dispuesto a revisarlos y renegociarlos? En eso consistirá una parte importante de la oposición y la movilización ciudadana que deberá construirse.

Visite: Reindustrializar es la prioridad

La economía colombiana de las tres últimas décadas se ha sustentado en la extracción de recursos naturales, atrayendo inversión con enormes beneficios fiscales y un alto costo social y ambiental. De esta actividad se ha nutrido la especulación financiera y con los recursos que quedan en el país se mueve el comercio de revendedores y el trabajo de rebuscadores, pero no la producción y el empleo de calidad. El presidente electo Duque, el “mozalbete inteligentón” como lo llamó su copartidario Fernando Londoño, es consciente de esto pero no hará nada para cambiar la orientación porque es preso de su dogmatismo y -sobre todo- del Centro Democrático, el partido Conservador, Liberal, la U (de Uribe y Santos), Cambio Radical y todos quienes lo apoyaron… los mismos con las mismas

https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/30-anos-de-desarrollo-perdidos-por-mario-valencia/259376

22.18.-INDICADOR EXTERNO

 

21.18.- Y COLOMBIA NO REPUNTÓ – Mario A. Valencia*

No hay un solo texto de economía, ni un solo modelo matemático que pueda pronosticar resultados diferentes a los muy lamentables del 2017, si se hace lo que hace Colombia

El déficit fiscal más el de cuenta corriente fue 7,8 % del PIB en 2017, la industria manufacturera cayó 0,7 % entre enero a noviembre, el desempleo 9,4 % en el mismo periodo … Foto: La Patria/EFE 

¿Han notado el optimismo desbordado del ministro Mauricio Cárdenas cuando comienza cada año, en contraste con su pesimismo cuando se negocia el salario mínimo en diciembre? No es extraño, es su naturaleza: la de la astucia.

22 ene 2018.- Que Santos gobernó para hacer felices a las transnacionales y a los organismos internacionales no es una ocurrencia. Sin embargo, es preocupante el estado económico y social del país. Porque un buen desempeño económico no se logra con discursos de superación personal, sino con resultados. En 2017 Cárdenas se inventó Colombia Repunta y afirmó: “la economía vuelve a crecer más rápidamente, la inflación desciende, es decir, un año con una proyección mejor en el 2017…Empiezan las expectativas favorables, de confianza, optimismo”. Después agregó: “nuestro país está en una transición hacia una Nueva Economía basada en la industria, el agro y el turismo”.

Reforma tributaria regresiva en 2016 que asaltó la capacidad adquisitiva
de los hogares, presupuesto público destinado a la mermelada,
aumento del endeudamiento externo…

¿Cuáles fueron las medidas de política económica que acompañaron este optimismo? i) reforma tributaria regresiva en 2016 que asaltó la capacidad adquisitiva de los hogares, ii) profundización de acuerdos económicos internacionales lesivos a la producción y al empleo, iii) disminución de aranceles a los productos importados, iv) presupuesto público destinado a la mermelada, v) dependencia de la extracción de recursos naturales, vi) aumento del endeudamiento externo y vii) agresión contra el ahorro nacional. Sin contar los impactos económicos y sociales de la corrupción. No hay un solo texto de economía, ni un solo modelo matemático que pueda pronosticar resultados diferentes, si se hace lo que hace Colombia. El déficit fiscal más el de cuenta corriente fue 7,8 % del PIB en 2017. La industria manufacturera cayó 0,7 % entre enero a noviembre de 2017, el desempleo se ubicó en 9,4 % en el mismo periodo, el comercio minorista cayó 0,2 % a octubre, la inversión extranjera cayó 3,1 % a septiembre, la moratoria de los hogares creció 39 % a octubre, la confianza de los hogares completó 24 meses seguidos en terreno negativo y Colombia volvió a ser el octavo país más desigual del planeta.  Y todavía hay algunos candidatos que no se sonrojan al decir que si se cambia la orientación “hará inviable a Colombia como Nación”. ¿Más?

Que 2018 va a ser un mejor año que el anterior está por verse. Si son los mismos con las mismas, haciendo MAL de lo mismo, no es posible esperar resultados positivos. Por eso la economía es una ciencia, pero manejada en Colombia por charlatanes.

*Director de Cedetrabajo y miembro de Justicia tributaria.                                                                              https://www.las2orillas.co/y-colombia-no-repunto/

21.18.-INDICADOR EXTERNO

 

20.18.-EL SÍNDROME DE ESTOCOLMO EMPRESARIAL – Mario Valencia

El rasgo psicológico del síndrome de Estocolmo consiste en que la víctima desarrolla un vínculo afectivo con su captor, porque considera que la ausencia de maltrato físico es un acto de humanidad por parte del verdugo. Eso pareciera ser lo que ocurre a una parte de la dirigencia empresarial del país.

El camino de la creación de riqueza ha sido marcado por otras naciones durante los últimos dos siglos. Se sabe que las fuerzas del mercado existen y operan, pero generan externalidades negativas que deben ser corregidas por el Estado. Así ha ocurrido en todas las crisis del capitalismo desde 1873 hasta nuestros días.

El Estado, además, es responsable de equipar al país de competitividad, para que las empresas disfruten de un menor costo país. Para financiarla se requiere tener un recaudo tributario suficiente y un gasto público eficiente. Las empresas son las primeras responsables de la creación de empleos de alta calidad, con el objetivo de aumentar el ingreso per cápita y tener un mercado interno robusto.

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04 jun 2018.-  Este círculo virtuoso no se ha presentado en el país, haciendo que el bienestar no sea realidad para el grueso de la población. Con la tesis de que el Estado no debía intervenir en la economía porque los privados maximizan mejor los beneficios, se abrió camino a los mayores niveles de corrupción de la historia, haciendo que con recursos y políticas públicas se favorezca a unos pocos negociantes nacionales y extranjeros.

En términos generales, el desarrollo empresarial del país se ha estancado. Miles y miles de empresas transformadoras se han cerrado o emigrado como consecuencia del lesivo marco institucional, convirtiendo los trabajos en rebusque y reemplazando fábricas por revendedores de importaciones. A pesar de la vastísima riqueza del territorio y una abundante población, los empresarios se ven en la obligación de buscar su futuro en mercados extranjeros en donde la competencia es desleal, porque los países desarrollados sí protegen y estimulan a sus productores. En cambio el mercado nacional se entregó a los inversionistas foráneos para extraer -a pérdida para Colombia- recursos naturales.

Los responsables están plenamente identificados: la clase política tradicional, que -una vez más- ganó en marzo y en mayo. Los principales gremios del país han caído en el síndrome de Estocolmo, cohonestando con los gobiernos y el Congreso en las malas decisiones que impiden un mayor crecimiento económico. No de otra forma se explicaría por qué muchos decidieron respaldar a Iván Duque en primera vuelta y seguramente lo harán también en segunda. Duque representa la visión económica y social fallida, de menos impuestos directos y más indirectos, cumplimiento de las exigencias recesivas de los organismos multilaterales, entrega a los privados de enormes recursos a nombre de alianzas público privadas, respaldo a los tratados de libre comercio y disminución de los derechos e ingresos de los trabajadores, que son los mismos consumidores incapaces de dinamizar la economía para que las empresas produzcan y vendan más.

Los empresarios escogen a su verdugo para que los represente, con la ilusión de ser su amigo y evitar el maltrato. Lamentablemente lo que ha ocurrido es que en este caso el captor no se enamora de sus rehenes, sino que los usa y los coopta para seguir su fechoría. Una opción menos enfermiza sería que los empresarios tomaran mejores decisiones políticas. Ahora toca esperar otros cuatro años de desaceleración para intentarlo nuevamente.

https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/el-sindrome-de-estocolmo-empresarial-por-mario-valencia/258997

20.18.-LA SEGUNDA VUELTA Salomón Kalmanovitz

Los resultados de la primera vuelta arrojaron un resultado novedoso, pero a la vez amenazador para el sistema político clientelista: el voto de opinión de centro e izquierda fue mayoritario 50,9 % (sumando Petro, Fajardo y de la Calle) contra 46,4 % por la extrema derecha y el clientelismo (Duque más Vargas Lleras). Aunque no es fácil que se unifique el voto ciudadano para ganar la próxima contienda, es un campanazo de alerta que puede revolcar el sistema político colombiano hacia futuro.

Álvaro Uribe volvió a ser la última esperanza de los políticos que son financiados por los contratistas o por el crimen organizado para acceder a las posiciones del Estado, desde las cuales malversan los recursos públicos o se los quedan. Cambio Radical, la mayoría del Partido de la U, casi todo el Partido Conservador y el pedazo del liberal con que se quedó César Gaviria fueron a pedir y recibir la protección del gran señor de la política.

Eso también le hará perder apoyo a Iván Duque en la opinión, pues socava su credibilidad de que combatirá la corrupción. En qué quedan sus promesas de que no habrá un solo beneficio para los corruptos, ni casa por cárcel ni reducción de penas. Hizo la aseveración rotunda de que “crearemos la extinción de dominio exprés para recuperar todo lo que se roben y empoderaremos a los ciudadanos para denunciarlos”. Con miles de políticos sub judice que lo apoyan y esperan nombramientos y contratos a cambio es imposible cumplir su promesa.

La amenaza que se cierne sobre el futuro del clientelismo también hará que busque aprovechar su mayoría legislativa para establecer la reelección indefinida del presidente eterno y aprobar las reformas electorales que le corten el paso a las nuevas fuerzas sociales que desató la ausencia de un enemigo armado. El país se encamina hacia una relativa normalización como escenario de competencia política pacífica, basada en argumentos, ideologías, sin miedos.

Esto lo han comprendido miembros de la Alianza Verde, como Antanas Mockus y Claudia López, para alejarse de la posición del voto en blanco que no puede contrarrestar efectivamente los avances electorales de la campaña Uribe-Duque.

Claudia López destacó que no cree que las dos candidaturas sean óptimas para el país, pero no son lo mismo: la de Uribe entraña un enorme riesgo, “por su pasado de abuso, corrupción, falsos positivos”; su revanchismo contra el partido político FARC puede terminar acorralando este grupo, invitándolo a sumarse a las disidencias armadas y también a que se descarrile el proceso de paz iniciado con el Eln. Las posiciones de Petro son coherentes con la búsqueda de la paz y se compromete a no cambiar las instituciones del país, respetar la independencia al Banco de la República y no excederse en el endeudamiento para financiar el gasto público.

Otros temas no menores tienen que ver con las amenazas contra las libertades individuales y las minorías por miembros de la coalición orquestada por Uribe, incluyendo al exprocurador destituido Alejandro Ordóñez y a Viviane Morales, quienes andan callados para no espantar el centro político al que Duque pretende seducir.

Daniel Coronell ha llamado la atención sobre las amenazas que se ciernen sobre la libertad de prensa y la mordaza a la televisión pública, proclamadas sin ambages por el propio Uribe, porque se siente seguro de su triunfo. Sería otra amable sorpresa de la democracia colombiana que el resultado de la segunda vuelta lo desfavorezca.

https://www.elespectador.com/opinion/la-segunda-vuelta-columna-793617

20.18.-INDICADOR EXTERNO

19.18.-EL POPULISMO SUBE DE ALCURNIA – Bernardo García

– Adolfo Hitler pudo haber sido un loco de amarrar, pero lo que decía era lo que el pueblo alemán deseaba oír. ¿O es que el pueblo alemán no estaba derrotado militarmente y en el colmo de la humillación con unas brutales reparaciones de guerra impuestas por los aliados? Esa fue la seca respuesta de Hans NN. un viejo alemán que vive hace más de cincuenta años en Colombia y que cuando era niño frecuentó a Hitler en persona.

– ¿Y el holocausto de los judíos?

– La crisis económica era terrible con desempleo e inflación. Se sabía que la causa era financiera, el derrumbe de las bolsas de valores. Entonces, culpar a los judíos con fama de financistas resultaba cómodo y aceptable para el pueblo. El resto no fue un secreto a gritos, como dicen algunos. Fue  una barbaridad terrible, un secreto criminal de las SS.

De manera, concluí, que el violento populismo alemán del Tercer Reich no fue sólo el efecto de un líder frenético y unos ejércitos en marcha. Eran causa y efecto.

En Rusia fue distinto. Lenin tuvo que escribir duros panfletos y una obra maestra, “El desarrollo del capitalismo en Rusia” para contener la fuerza de los populistas. Más aún, la escritora y revolucionaria Vera Zasulich  elevó consulta a Marx y Engels para saber si por la vía de los talleres artesanales y las comunas campesinas se podría llegar al socialismo industrial sin pasar por el capitalismo.

Carlos Marx dio un rotundo sí. En cambio, Federico Engels más marxista que Marx dijo que no, que eso era un imposible. No obstante, el movimiento se desvaneció hacia 1881 tras el asesinato del zar Alejandro II  y una terrible persecución.

En Estados Unidos, ante los ojos de la gente, el gobierno favorecía los intereses privados en detrimento del bien común. Eran los años en que se formaron grandes fortunas como las de Andrew Carnegie, J.P. Morgan, John D. Rockefeller, Leland Stanford o Cornelius Vanderbilt. Había una amplia percepción social de que el gobierno sacrificaba el bien del país a las fortunas individuales y abandonaba a los granjeros embargados  por miles de hipotecas. James D. Weaver fue el  candidato del Greenback Party en 1880 y luego desafortunado candidato presidencial de los populistas en 1892, el movimiento declinó. .

Quizá en Argentina con Juan Domingo Perón y en Colombia con Jorge Eliecer Gaitán, no sólo existía un caldo de cultivo, sino que además, el uno como diplomático y el otro como estudiante de posgrado asistieron a la explosión populista del facismo italiano de las camisas negras liderada por Benito Mussolini. En Argentina al menos era flagrante la existencia de una cúpula social dominante de origen británico. En cambio en Colombia reinaba el anuncio de un denso conflicto político que luego sería “la violencia” de los años cincuenta. Otra cosa.

En suma, se puede decir que todos esos populismos que se rebelan contra la representaciones  tradicionales de la democracia liberal, al aparecer ahora en Europa con tintes nacionalistas como en Francia con Le Penn, en España con Podemos y también en Estados Unidos con Trump rebelándose contra la globalización, se vuelven dignos de un análisis y no de una simple descripción peyorativa. El concepto subió de alcurnia intelectual.

Le Pen, Iglesias y Trump. ¿La modernidad populista?

Ya no se puede decir alegremente que el populismo es fruto de un demagogo que capta masas marginales de la población. Ya no es el gamonal de a caballo seguido por una multitud de peones y aparceros. Ni son el conflicto consagrado del proletariado y la burguesía.  Ni se expresa como una explosión de pobres contra ricos. El populismo es muy diverso en su composición, pero empuja con la coherencia intelectual que le imprime su líder. Por esa razón, vale la pena no sólo dilucidar cuáles son los factores que lo inducen si no además,  cuál es la meta que se propone.

Casi siempre la reivindicación es distributiva en el orden económico y participativa en el orden político. Y en principio, en su exageración yace su perdición. Baste recordar la experiencia del gobierno de Salvador Allende y su famoso Plan Vuskovic. Plan que conoció muy de cerca Fidel Castro y lo avaló, aunque sentenció que sólo se podría ejecutar con las armas en la mano. Pero no advirtió que la inflación y el endeudamiento se comen las armas.

Chile tenía y tiene el sólido recurso del cobre, como primer productor del mundo, y se supone que su similitud con la petrolera Venezuela, podría servir de objeto. Por fortuna, Colombia no es petrolera, aunque así lo crea Petro. Ni minera. Están exentos de integrar los dólares de exportación. Sólo pagan impuestos y regalías al gobierno. Por lo demás son un simple enclave de la economía. Pero no es que tampoco no se pueda hacer nada.

https://es.wikipedia.org/wiki/Populismo

18.18.-INGRESAR A LA OCDE: ¿OPORTUNIDAD O EMBELECO? – Bernardo García

China tiene en vilo a los países de punta: ha logrado atraer una plétora de sus empresas, que se trastean con sus máquinas y tecnología para exportarles a buenos precios a sus países de origen. Resultado: deuda comercial creciente. Aún no se conoce el pensamiento de la globalizante OCDE. Hacen aproximaciones. Aunque los Europeos tienen el mismo problema que los USA con los chinos, pero ya está visto que no les gusta tener el mismo líder.

THE OECD AND CHINA A strategic partnership that atters more than ever                                                                                                    

Nació en medio de los escombros de la segunda guerra mundial, pero con buenos músculos financieros y gran prestigio entre los grandes. Aquella organización de 18 países europeos más Estados Unidos y Canadá  canalizaba los ingentes recursos del Plan Marshall para la reconstrucción europea. Rica y poderosa, esta asociación fue considerada como un selecto club de los países más desarrollados y con voluntad de orientar una civilización más acorde con los principios de la gran reforma del capitalismo iniciada al final de la guerra. Es notable su enorme capacidad investigativa y de publicación de libros, revistas y estadísticas. Cualidad que la hermana con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y como faro de la Organización G7. Las decisiones de sus foros no son de forzoso cumplimiento para sus treinta y seis socios.

Su mirada progresista en el campo económico, político y social tuvo un lunar cuando se adentró en el terreno del Tercer Mundo. Fincada en países colonialistas, sus proposiciones no pudieron traspasar el énfasis en la “especialización en productos primarios y en ayuda a los países subdesarrollados”. Resulta muy difícil superar el ancestral etnocentrismo europeo para entender y proclamar otras mejores políticas para una vida mejor en países en desarrollo. No era una pérdida de foco sino más bien una lamentable insuficiencia.

Llegados los tiempos del neoliberalismo, su inspiración primera que frente al ideal nacional socialismo nazi presentaba las reformas socialdemócratas cristalizadas en el Estado del Bienestar, se ha trocado más prosélita de la política de globalización. Nacida y criada en las patrias de la gigantes empresas transnacionales, no tiene otra alternativa y en eso están.

Colombia tiene un régimen de economía mixta. En el artículo 333 de la Constitución Política se declara la libre empresa y economía de mercado. En el artículo 334 se establece que el Estado es el supremo director y coordinador de toda la economía. El problema se limita a definir cuánto de Estado y cuánto de empresas privadas. El neoliberalismo quiere Estado pequeño y privatizar todo lo que se pueda. ¿Esa es la obsesión que se justifica como mejores prácticas para el desarrollo, a pesar de que se ha constatado en más de veinte años que el desarrollo se volvió más bien un marasmo? Pero, se refugian en sus falsos principios.

Hay que regresar por fuerza al esfuerzo conjunto del Estado conductor y el batallador sector privado. Eso se llama planes indicativos de desarrollo. El universo de la lógica de las transnacionales no puede pasar por encima de los países que ni tienen un mercado gigante, ni salarios de hambre, ni  tecnología de punta. China, que tiene las tres cosas, tiene a los países de punta en vilo: han logrado atraer una plétora de empresas, que se trastean con sus máquinas y tecnología para exportarles a buenos precios a sus países de origen.  Y eso da deuda comercial abultada, creciente e insostenible, como afirma el presidente Trump.

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8731241

                                                                                                                                                                                         18.18 LEGALIZACIÓN DE LA DROGA                                                                                                                                                    Alicia Bárcena dijo en París hoy 28 de mayo, que había llegado con ganas de lanzar propuestas un tanto provocadoras y no decepcionó. Ante el Foro América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la jefa de la CEPAL reclamó la legalización de la droga como parte de la solución a los problemas económicos y sociales de una región que hoy en día deja, recordó, a gran parte de su juventud más vulnerable a merced de los carteles.              https://elpais.com/tag/fecha/20180528 

18.18.-Colombia y la OCDE – Salomón Kalmanovitz 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cuenta con 36 países miembros y se encarga de emitir directrices sobre las mejores prácticas en materia económica, laboral, medioambiental, tributaria y medidas contra la corrupción y para el buen gobierno de las empresas públicas y privadas. Hace también análisis del comportamiento del grupo y de cada uno de sus miembros. Colombia es el socio 37 y el más pobre en términos de ingreso por habitante, después de México y Chile.

27 may 2018.-  Las directrices emanadas de la OCDE no son de obligatorio cumplimiento, a pesar de las reservas de los profetas del desastre que advierten que está en juego nuestra soberanía. Ellos temen que “se imponga el pensamiento económico dominante sobre las finanzas sanas”, a favor de las finanzas enfermizas, me imagino. Las directrices sí constituyen una presión por el lado de los argumentos y de la autoridad moral de países serios a favor de políticas que contribuyan al desarrollo incluyente. Por ejemplo, las medidas de protección a la actividad sindical han sido acogidas por el Gobierno colombiano, gracias a las prácticas que defiende la OCDE, después de que fuera tan vulnerada durante la era Uribe.

Con relación al medio ambiente, el impuesto a las bolsas plásticas y el que recae sobre el carbono en Colombia, que han contribuido a protegerlo, fueron resultado de una de estas directrices. Atendiendo a la regulación de la competencia, la mayor independencia de las superintendencias con períodos fijos de cuatro años para sus titulares le puede dar más dientes a su vigilancia, aunque a veces defiendan a los oligopolios contra los consumidores.

El promedio del tamaño del Estado en las economías de la OCDE es de 34 % del PIB, que va del 47 % para Dinamarca al 16,5 % para México, lo que sugiere que la civilización política y el avance social requieren de un Estado grande. Colombia grava sólo el 14,5 % del PIB para alimentar su enclenque Estado, que además tiene enormes problemas de corrupción, ausencia de burocracia educada e ineficiencia sistémica.

La organización también es ejemplo de tributación justa. Mientras en la OCDE el impuesto a la renta de las personas alcanza el 8,4 % del PIB, en Colombia es de sólo 1 %; si acá los impuestos a las empresas están en 6,5 % del PIB, en el promedio OCDE es de 2,8 %. La nuestra es una mezcla socialmente inequitativa y contraproducente para el desarrollo económico. Igualmente, acá son bajos los impuestos a la propiedad inmueble e inexistentes para las grandes propiedades rurales. En cada uno de sus países miembros, el catastro está actualizado y sirve para asegurar los derechos de propiedad de todos los ciudadanos, lo que permite profundizar los mercados de tierras y de arriendos, algo que no sucede por estos lares. También, en Colombia es desproporcionada la carga que recae sobre trabajadores y patrones para financiar las pensiones y las contribuciones a la salud, pues en la OCDE el Estado más fuerte sirve para asumir una parte importante de los costos de la seguridad social.

La OCDE sugiere respetar los derechos de propiedad en general y los de propiedad intelectual en particular, lo que incluye patentes sobre inventos y fármacos. En Colombia no hay lucha contra la piratería de películas, música y otras obras, que se deberá emprender hacia futuro. En casi todos los países miembros hay monopsonios estatales que logran abaratar los medicamentos utilizados en sus sistemas de salud, con la excepción de Estados Unidos.                                                                                                                                       https://www.elespectador.com/opinion/colombia-y-la-ocde-columna-791034

 

18.18.-LO QUE NO SE DICE DE LA OCDE – Mauricio Cabrera

Aceptando que es un gran logro para el país el ingreso a la Ocde, creo que no se conocen bien todos los alcances de esa membresía.

Que Colombia haya sido aceptada en el exclusivo club de solo 36 países que integran la Ocde es otra muestra de que afuera creen que la situación y las perspectivas del país son mucho mejores que lo que dicen en las encuestas la mayoría de los propios colombianos. “De lejos dicen que se ve más claro” afirmaría Serrat, no porque afuera tengan menos información, sino porque hay menos pasiones y envidias de expresidentes que distorsionan el análisis de la realidad.

27 may 2018.- Sin embargo, aún aceptando que es un gran logro para el país, el ingreso a la Ocde, creo que no se conocen bien todos los alcances de esa membresía ni todas las buenas prácticas que impulsa y recomienda el club. Lo que más destacan los medios es la mejor imagen que tendrá el país, con el consiguiente aumento de la confianza de los inversionistas internacionales por las políticas fiscales, de comercio exterior, de gobernanza de empresas públicas o de propiedad intelectual que recomienda la Ocde.

De hecho, uno de los temas que demoró el ingreso de Colombia fue la presión de las farmacéuticas norteamericanas contra el esfuerzo del ministro Alejandro Gaviria de controlar sus abusos de precios de medicamentos. Afortunadamente, el gobierno no cedió en esa materia.

Son mucho menos conocidas otras buenas prácticas que recomienda la Ocde en campos que interesan menos a los inversionistas y a los mercados financieros y mucho más al resto de la población. Son aquellas en materia de derechos de los trabajadores, de promoción del trabajo decente, de lucha contra la pobreza y la desigualdad, de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente.

Es menos conocido que otro de los obstáculos que tuvo que superar Colombia para ser aceptada fueron las objeciones del Comité Laboral por la persecución a sindicalistas y los asesinatos de líderes sociales. En estos temas el Estado sí tuvo que hacer compromisos y adoptar políticas que demostraran su compromiso con los derechos de los trabajadores.

El lema de la Ocde es “Mejores prácticas para mejores vidas”, y no es un defensor de las políticas neoliberales. Por el contrario, tal vez por la orientación de su director el mexicano Ángel Gurría, ha dedicado mucho esfuerzo a promover políticas no solo para reducir la pobreza, sino también las desigualdades de ingreso, de riqueza, de género y raza.

Un ejemplo de este enfoque es su último informe anual que es una contribución a la iniciativa del Pacto Mundial por el Trabajo Decente y el Crecimiento incluyente. También el informe del 2015 se dedicó al mismo tema con el título “Juntos en ello: Por qué la menor desigualdad beneficia a todos”. Estos documentos están en la página web de la Ocde, donde también hay una completa base de datos sobre la distribución del ingreso y la riqueza.

Para el caso de Colombia, el informe de recomendaciones preparado en el 2015 parece un programa progresista y socialdemócrata, pues está enfocado a las políticas prioritarias para el desarrollo inclusivo, tales como desarrollo rural, educación universal, o trabajo decente, para lograr un crecimiento inclusivo, una economía más justa y mayor equidad.

El próximo gobierno decidirá si sigue estas recomendaciones y avanza hacia un país más equitativo y en paz, o nos mantiene en el pasado de injusticias y guerra. Eso es lo que está en juego en estas elecciones.

http://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/lo-que-no-se-dice-de-la-ocde-517531

 

17.18.-DE ESTADO Y EMPRESAS: LO OLVIDADO EN LA PRIMERA VUELTA – Bernardo García

Ni Iván Duque, que lo sabe bien, ni Petro, que lo entiende bien, hablan del asunto. Esa es materia delicada reservada a los príncipes de la OCDE. Quienes son los que dan línea en la globalización. Quizá Vargas Lleras pueda recordar la crisis del 68, en la que Carlos Lleras renunció y al fin logró la reforma constitucional que le daba al Ejecutivo la potestad de regular el ahorro nacional. Y duró hasta que llegaron los bárbaros. Así que en la relación del Estado con las Empresas económicas reside el nudo gordiano que define si pueden  o no trabajar en consuno. Si juntos ponen la economía a caminar o si siguen separados a paso de marmota mientras los problemas van a paso de ganso.

Es claro que lo opuesto del desarrollo liderado por el Estado no es el liderado por el mercado sino por las empresas. La contra reforma neoliberal lo dejó bien claro.  Y las empresas son sus dueños y accionistas en un territorio. Razón por la cual los tratados de libre comercio van más lejos: adscriben esos territorios a las gigantes empresas internacionales, sin el estorbo de los Estados y con ciertas normas vigiladas por la Organización Mundial del Comercio OMC.

La coexistencia  “libre” de los grupos empresariales de países emergentes con sus gigantes correlatos de los países desarrollados, con felices Tratados de Libre Comercio, crea la famosa asimetría estructural. Se manifiesta de inmediato la desproporción y el bloqueo. La única forma de buscar un relativo equilibrio es mediante una sana relación de las empresas con su Estado. Éste podrá entonces jugar el papel clásico de demiurgo productor, custodio y regulador, partero promotor y administrador a medio tiempo. No es el corporativismo fascista, pero sí acuerdos transparentes en que el Estado ponga su capacidad de iniciativa y convocatoria, su envergadura administrativa al servicio de propósitos acordados en consuno. El presidente Lula, por ejemplo, creo un comité consultivo corporativo muy particular al respecto. Clave de su éxito en política económica, diferente de la monetaria del Banco Central.

La cultura anglosajona tiene una tradición de separación radical del Estado y el sector privado de la economía. Pero esa separación es bastante aparente porque viven relaciones concubinas en  voluminoso cabildeo (lobby). En la vieja tradición alemana y japonesa esa relación es más transparente e institucional sin llegar a la constitución de parlamentos corporativos de estilo fascista. En Colombia los cafeteros, los ganaderos, los agricultores, los mineros y los sindicatos obreros, entre otros, tenían una larga experiencia y un banco a bordo. Pero fueron menguados. Ahora los grandes conglomerados empresariales son los que pueden gozar de tener un banco a bordo.

Se pueden traer a cuento el Grupo Santodomingo, el Sindicato Antioqueño, el grupo Aval liderado por Luis Carlos Sarmiento, la organización Ardila Lulle, el Grupo Bolivar… Según un informe de la Supersociedades, de los 537 grupos empresariales registrados en 2011, 430 entregaban sus balances a las Supersociedades, mientras que unos 40 lo hacían a la Superfinanciera. Las sociedades subordinadas a esos grupos pasaron de 1.487 en 2010 a 1.833 en 2.011. No se puede decir que esa relación de control y vigilancia de las superintendencias sea un feliz encuentro para trabajar en consuno.

Con nuestra piadosa devoción a los grandes y fuertes, los líderes políticos se han quedado encerrados con la caja fuerte del presupuesto, cegatones de las perspectivas del país. País que se metió para mal en el mar grande de los animales grandes. En esa situación crítica y con horizontes cerrados es forzoso examinar para la 2ª vuelta el tema para volver a la carga en consuno. La gran reforma del capitalismo no sólo fue el Estado del Bienestar, sino también la licencia soberana de independencia e industrialización para los entonces países del Tercer Mundo. Falta algo que se parezca a un Plan Indicativo de Desarrollo con el IFI en punta aunque le disguste a Luis Alberto Moreno, destructor del IFI y luego presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

Ver más adelante: “TRABAS A LA INDUSTRIALIZACIÓN DE ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERICIO OMC”

16.18.-INDICADOR EXTERNO

16.18.-CRECIMIENTO ESPERADO EN COLOMBIA – Bernardo García

Todo candidato presidencial que se respete, hace crecer el PIB a un 5 o 7% anual. Con esa premisa se absorbe el desempleo, se aumenta la tributación y se desarrollan muchos programas sociales. Con esta premisa, amplia es castilla. No se hace populismo puesto que lo prometido, está financiado. Y nadie puede discutirles. Petro sentencia futuros con solvencia, a Germán Vargas no le tiemblan los labios construyendo país, Duque no es Iván el terrible sino el ensueño venidero, De la Calle compite con el viejo programa populista de las Farc y en fin, Sergio Fajardo puede hacernos soñar con un sistema educativo en tercera dimensión espacial. Todo es posible y soñar no cuesta nada.

 Pero la cuestión es la premisa. Si el futuro presidente es el que va hacer crecer el PIB, entonces hay que introducir una salvedad: “El Estado intervendrá en la economía para garantizar su crecimiento acelerado”. Intervención seria del Estado: con planeación indicativa para el sector privado. Imaginemos los  comentarios de los candidatos según su talante ideológico.

Duque replicaría: – esa proposición es incorrecta porque el Estado sólo debe intervenir cuando el mercado resulte insuficiente. Pero el mercado puede garantizar el crecimiento acelerado, luego no es necesario que intervenga el Estado.

Preguntado ¿cuál es la garantía del mercado?

– La inversión inducida por la expansión de la demanda genera una mayor producción. Y esa demanda está controlada por el Banco Central que permite una expansión adecuada del volumen de dinero sin caer en la inflación. Ese crecimiento de la demanda es la correa de trasmisión que obliga a la oferta a producir más.

– De acuerdo, le digo, pero ese es el crecimiento normal, con baja tasa de inflación y a condición de que esa mayor demanda monetizada llegue en buena proporción a los salarios que son los que más consumen. Mira que durante diez años, desde 2008, los Estados Unidos soltaron los medios de pago (dinero), con tasas de interés vecinas a cero,

y la economía apenas si se mosqueaba. El Estado tiene que intervenir invirtiendo en obras para reanimar la demanda interindustrial, que reanima la demanda efectiva con empleo y salarios. Además habría que pensar en la expansión de la demanda externa, o sea en las exportaciones que son función de la tasa cambiaria.

– Exacto, interviene Germán Vargas, hay que controlar la tasa cambiaria para que las exportaciones sean competitivas. A los argentinos les gusta el dólar barato, porque les gusta ahorrar en dólares y les gusta importar. Pero es mejor el dólar caro si de exportar se trata y de expandir la producción colombiana. La devaluación gota a gota, llamada crawling peg, la instaló mi abuelo Carlos Lleras y funcionó bien durante 30 años.

– En tono de moderador, digo yo, que esas dos intervenciones del Estado en la economía, son las que acepta el neoliberalismo, en el Consenso de Washington, y con buena suerte con los precios de los bienes exportables es posible que la economía crezca por encima de la tasa de crecimiento de la población, pero no más como lo sabemos por experiencia.

– Cómo así que con moneda sana y tasa cambiaria competitiva es suficiente para acelerar el crecimiento y ¿la educación qué?, protesta Sergio Fajardo.

– Aclaro, digo yo. Su reclamo, doctor Fajardo, es como una puñalada para los economistas cortoplacistas. Es que aún no hemos hablado de los aceleradores del crecimiento a mediano y largo plazo. Kennedy y su asistente WW Rostow decidieron meterle planes industriales a Latinoamérica para evadir las tentaciones castristas y  lograron bastante en el mediano plazo. Corea del Sur logró mucho más en el largo plazo. México y Brasil, también bastante. Siempre con la educación creciendo en paralelo.

– Pero, advierte Iván Duque, es que la planificación industrial está mandada a recoger. Todos los países del mundo están comprometidos con la Organización Mundial del Comercio OMC de no poner nuevos aranceles y sin aranceles no hay industria nueva que resista.

Petro se rebota e irrumpe: – La OMC acepta cuatro motivos para elevar los aranceles: contra el dumping, por defensa nacional, frente a nuevos productos y algo más…. si a una industria nueva no se la protege morirá aplastada por la competencia mundial. La OMC tiene que aceptar el criterio de la defensa nacional directa. No es una metáfora.

A Fajardo no le cae bien ese directo desafío y pide la palabra: – primero debemos repasar el protocolo que Colombia firmó para el ingreso a la OMC. En detalle hay que mirar cuáles son los aranceles tope a que se comprometió el país. Claro que con la asesoría de Urrutia y Hommes es posible que Gaviria no haya establecido márgenes interesantes para sectores promisorios. Hay que mirar caso por caso.

Por ahora, concluyo, no habrá planes de desarrollo sectoriales para el sector privado. Tampoco habrá libertad soberana para proteger con aranceles a la industria naciente. No obstante aún no sabemos cómo va a terminar el enfrentamiento del presidente Trump con China y en dónde va a parar la Organización Mundial del Comercio OMC. Por el momento, queda vetada la premisa de crecimiento acelerado y sus deliciosas conclusiones.

https://noticias.caracoltv.com/colombia-decide-2018/noboteelvoto-que-candidatos-estan-echando-carreta-con-sus-propuestas 

16.18.-INDICADOR EXTERNO

15.18.- IVAN DUQUE DIJO QUE NO SE NEGOCIARÁN MÁS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO TLC, PERO SE PROTEGERÁN LOS YA FIRMADOS CON 58 PAÍSES – Bernardo García

“No se negociarán más tratados de libre comercio. Se pretenderá insertar al país en cadenas de valor”

Esa promesa electoral no pudo ofender a su preceptor Álvaro Uribe, porque además promete que se pretenderá insertar al país en las “cadenas de valor”. Debió más bien traerle a la memoria las gestas libradas con su colega político y abogado Fabio Valencia Cossio, nombrado entonces como Alto Delegado para la Competitividad Nacional. Rimbombante honor. Hace once años. Recién  firmado el primer TLC con los Estados Unidos. No hay noticia sobre los aportes de tal cargo.

Quizá trataba de remediar el problema de las inteligencias astutas, es decir rápidas y refinadas, capaces de meterse por entre una rendija, pero que no saben a dónde llegan. Y la llegada tuvo que ser sorpresiva: más de quinientas empresas. Muchas superan considerablemente por el valor de sus ventas al producto interno bruto de Colombia. Son firmas de miedo por su cobertura en el mundo, su poderío y sus acelerados ritmos de crecimiento. El presidente Uribe de entonces quizá pensaba que firmaba un documento de compra-venta con el presidente Bush. No más. Y luego le vinieron con el cuento del diamante de Michael Porter y sus cadenas de valor que eran prácticas de gestión para las empresas, no para ciudades, ni países.

Pero luego vendría la sorpresa mayor. Ese rebaño de gigantes corporaciones ya no vienen a instalar sucursales. Tampoco nos exportan desde sus casas matrices. No. Lo hacen desde Pakistán, Malasia, Vietnan y sobre todo desde China a precios fuera de competencia aún con aranceles. En ese enredo están también los Estados Unidos. Cargan cada año con una onerosa deuda comercial, provocada en gran parte por sus propias empresas radicadas en Asia.

Por el contrario, el otro candidato Germán Vargas Lleras denunció las estafas resultantes de las decisiones de la escuela de Rudolf Hommes y compañía. “Revisaremos los Tratados de Libre Comercio, sentenció en Cúcuta, donde 8 de los 14 tratados vigentes presentan un déficit comercial, según el DANE”, concluyó. Denuncia tardía la del vice-presidente, aunque más vale tarde que nunca.

  1. En cambio, por sorpresa, Humberto de la Calle dijo: “Decir que vamos a renegociar los tratados de libre comercio, sin más, puede ser riesgoso. Quiero que entre todos examinemos ventajas y desventajas de los TLC, que ya tienen mecanismos de salvaguarda y protección para los sectores que se han visto afectados”. Pareciera que los cuatro años de reclusión negociadora en la Habana, lo sustrajeran de la realidad: desindustrialización visible y documentada, balanzas comerciales negativas, racha de importaciones de alimentos que deprimen la agricultura. Algún día dijo Keynes: “vale la pena comer un poco más caro, pero con un desempleo menos peligroso”.

Sergio Fajardo y Gustavo Petro, radicales pero no locos. Ambos propusieron revisar y evaluar los tratados de Libre Comercio y entrar a renegociarlos para suprimir sus desafueros. Y eso es duro porque las locuras, cuando se permiten, difícilmente toleran reformas. Hay que acostumbrarse a denunciar tratados locos para establecer lo razonable de siempre: Tratados de comercio, con sus ampliaciones, restricciones y revisiones aceptables para las dos partes. Sobre todo si son entre estados muy, muy desiguales. Tratados sin razonables talanqueras son un despropósito. Lula se lo dijo: “presidente, acepto del tratado pero no lo celebro porque la asimetría estructural puede traernos problemas”.

Qué pasó con el diamante de Porter y las microempresas.

Veamos un ejemplo apto para la finca El Ubérrimo propiedad del expresidente. Mientras se han subastado 1.777 toneladas de leche en polvo colombiana en los últimos tres meses, las importaciones registradas tan solo en el mes de enero de 2018 superan las 7 mil toneladas de leche y derivados lácteos, procedentes de Estados Unidos (74 %) y la Unión Europea (9 %). mientras tanto, sólo Colanta tiene 12.000 toneladas atascadas en bodega que le ha traído problemas de liquidez por falta de ventas. En todas las subastas colombianas se tiene como base de negociación el precio internacional de la leche en polvo, establecido por Fonterra la compañía neozelandesa multinacional, líder mundial de productos lácteos y el mayor exportador de lácteos del mundo. Pero la inundación es incontenible.

Lo que descubrió Michael Porter en su tesis de grado, “Estrategia competitiva” (1980) es que las doscientas grandes empresas exitosas en la costa este de los Estados Unidos, eran firmas dominantes en los cinco caras del diamante: 1.- disponibilidad de infraestructura, recursos naturales y recursos humanos 2.- frente a su clientela de compradores no asociados 3.- competencia débil de otras empresas o posibilidad de eliminarla 4.- crecimiento favorable de sectores afines y auxiliares. 5.- Gobierno y dirección. Estímulos favorables del gobierno y empeño de la gerencia en investigación y desarrollo. Excelente capacidad de negociación.

Tratados de Libre Comercio de la República de Colombia con 58 países: 28 países de la Unión Europea), 3 de Norteamérica, cuatro de Centroamérica, cuatro de Mercosur, cuatro del Grupo Andino, 1 con Chile, 12 Países de Caricom, Israel y Corea del Sur. En trámite Japón, Turquía y Nueva Zelanda.

15.18.-INDICADOR EXTERNO

15.18.- RETOS DE LA IZQUIERDA COLOMBIANA – Luis Gabriel Galán

Independientemente del resultado en las elecciones presidenciales, los datos son irrefutables. El desembarco de la izquierda ya no es el de un solitario Robinson Crusoe que tiene como únicos acompañantes los restos del naufragio y al simpático Viernes.

Las elecciones parlamentarias y las encuestas lo han demostrado. Incluso, una sumatoria arbitraria de porcentajes, y no del todo precisa ni concluyente, revela una notable intención de voto. Sumar a Petro, Fajardo y De la Calle se aproximaría al 50% del censo electoral que está dispuesto a votar. Después de una prolongada guerra que sirvió de “transformismo hacia la derecha”, la izquierda colombiana empieza a tener un futuro promisorio. No obstante, los retos son numerosos.

4 mayo  2018.- El primero será ampliar la democracia urbana y rural. Un dato de sumo interés. Las elecciones del plebiscito apenas movilizaron el 35% del censo electoral. Si tomamos una muestra más pequeña, p. e. Antioquia, es evidente que la ciudad no domina significativamente las elecciones colombianas. Medellín y los municipios aledaños representaron no más del 50% de la votación total del departamento. En muchos municipios antioqueños la votación total no superó el 27% del electorado. Estas cifras son todavía muy bajas. Por contraste, en las últimas elecciones parlamentarias en Italia votó más del 70% del electorado.

La izquierda colombiana deberá incorporar la masa del censo electoral urbano y rural que perdura en el anonimato de la abstención. Ensanchar la democracia parece ser la única manera de derrotar las maquinarias personalistas de los viejos partidos, un aspecto fundamental para ganar la presidencia y tener gobernabilidad en el Congreso. No obstante, el asunto parece importar muy poco. Petro y Fajardo han sido incapaces de constituir partidos políticos o de crear instituciones políticas duraderas. Y aquí es útil comparar de nuevo con el socialismo europeo. En gran medida, la longevidad de sus partidos socialistas se debió a que ampliaron la democracia urbana e incluso rural, como en Italia, con partidos de masas que propagaron la política con la ayuda de sindicatos, cooperativas, barberos, librerías, clubes sociales y clubes deportivos.

Este no es un llamado a la politización de la sociedad. Sólo quiero mostrar que la izquierda creció en ciertos parlamentos europeos creando instituciones nuevas y viejas para rivalizar con los partidos conservadores de los aristócratas y junkers. En Europa, estos partidos lucharon contra la abstención y enseñaron a votar a millones de campesinos y obreros que no conocían el sufragio. Si la izquierda pretende crecer en el Congreso colombiano, deberá crear nuevas instituciones y atraer las existentes -ligas agrarias, sindicatos, cabildos o JAC- para movilizar los electores apáticos.

Es innegable que la izquierda se ha perfilado en estas elecciones como una amenaza a largo plazo para el statu quo y la derecha colombiana. Pero un segundo reto será superar la historia de desunión; una tradición no propiamente colombiana. Las peleas entre el Polo, Petro y los Verdes recuerdan las viejas peleas entre la izquierda europea. Allí, los anarquistas, comunistas y socialistas no vivieron en armonía, aunque trabaran ocasionales alianzas. Las consecuencias saltan a la vista. En Inglaterra, los Laboristas hicieron alianzas con los Liberales que les permitió adueñarse del parlamento y realizar reformas sociales mientras que el Partido Socialista alemán nunca tuvo una buena relación con los Comunistas y el Partido de Centro Católico y por ello nunca logró tener mayorías parlamentarias que le permitiera aprobar sus anheladas reformas sociales.

El último reto que deberán enfrentar los políticos será definir qué tipo de izquierda prevalecerá, en medio del amplio espectro político. Es claro que la facción que representa Petro infunde temor a gran parte del electorado o lo mantiene en la indiferencia más absoluta. La izquierda debe definirse en relación con sus rivales. Parte del fracaso en Rusia antes de la revolución bolchevique fue su extremo radicalismo que condujo a la extrema violencia con la que fue reprimida por parte de la aristocracia y del Zar (no olvidemos que unos anarquistas asesinaron al Zar Alejandro II). Estos actos, sumados a la torpe antipatía de Nicolás II por las reformas sociales, creó un abismo irreconciliable y sangriento.

En nuestro caso, las guerrillas giraron el país hacia la derecha. Y Petro, que surge de una de ellas, ha sumado a su fallida experiencia administrativa la torpeza de no tener una posición clara y distante del modelo venezolano. Todo esto lo envuelve en unas brumas que no disipará fácilmente en un futuro cercano.

Por otra parte, tengo mis dudas acerca de la conveniencia de una opción de izquierda que sea vista como extrema. En Italia, condujo a Mussolini; en Rusia, desencadenó una guerra civil sangrienta que implantó a Stalin; y en Alemania entronizó al nazismo. En Colombia, las guerrillas reavivaron el paramilitarismo. Ahora, en el campo electoral, Petro nos está conduciendo de nuevo a Uribe.

El lector se preguntará por qué el juego con tantos paralelos europeos. Sin duda, eran sociedades muy distintas a la nuestra. Yo mismo soy escéptico de pensar la historia como una maestra de vida o una serie de procesos repetibles en condiciones distintas. Sin embargo, es posible sacar una que otra lección del surgimiento de los partidos socialistas europeos.

David Lloyd George en plaza pública a principios del siglo XX

Todos tuvieron que enfrentarse a los conservadores. Todos tuvieron que ampliar su electorado. Todos tuvieron que resolver sus divisiones. Alemania, Rusia y el Reino Unido abrigaron distintos tipos de izquierda que se definieron con base a sus rivales y a sus estructuras sociales. Sus programas, sus instituciones y sus métodos de lucha política variaron de forma importante.

El menos celebrado, el menos admirado, el menos conocido de los socialismos, es el inglés. Los británicos triunfaron porque cumplieron con los tres retos que debe superar hoy la izquierda colombiana. Fue quizás el único socialismo en la historia que logró una transformación social pacífica en medio de un cambio extraordinario de época. Fue el único que superó el péndulo de la extrema izquierda y la extrema derecha con su moderación. Pero no por ello dejó de lograr cosas importantes. El “People’s Budget” de Lloyd George culminó décadas de reformas: impuestos a los ricos, impuestos a la tierra, una reforma electoral que derrotó las viejas maquinarias, reavivó la producción agrícola y consolidó un servicio civil profesional que erradicó en gran medida el clientelismo. ¿Alguna semejanza con las ideas de nuestros candidatos?

http://blogs.eltiempo.com/el-excursionista/2018/05/04/retos-la-izquierda-colombiana/

 

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