• 39.19.-Círculo vicioso: yo te elijo, tú me eliges  JOHIR AKERMAN 
  • Mandarines y políticosJORGE IVÁN GONZÁLEZ*

Así se hace política en Colombia. El sábado 25 de octubre de 2014 se llevó a cabo una reunión en medio de whiskies y vallenatos en la cárcel El Bosque de Barranquilla para negociar el apoyo de dos casas de poder y asegurar su influencia y estabilidad en la elección a la Gobernación para el departamento de Sucre.

La reunión fue entre el exgobernador Salvador Arana y Jorge Luis Alfonso López, nada más y nada menos que el hijo de Enilce del Rosario López Romero, alias la Gata.

Vamos por partes.

Salvador Arana fue gobernador de Sucre entre 2001 y 2003 y fue condenado a 40 años de cárcel por el homicidio de Eudaldo Díaz Salgado, exalcalde de El Roble en ese mismo departamento.

Un video del 1° de febrero de 2003 muestra a Díaz Salgado en un consejo comunitario en Corozal advirtiéndole al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez que había planes para asesinarlo por sus recurrentes denuncias de parapolítica y corrupción.

“A mí me van a matar”, sentenció Díaz Salgado dos meses antes de que así fuera. Díaz Salgado desapareció el 5 de abril de 2003 y cinco días después lo hallaron muerto en el sector Boca del Zorro. Su cuerpo tenía signos de tortura y nueve impactos de bala.

Después de una ardua investigación, la justicia encontró que el asesino de Díaz Salgado estaba sentado al lado derecho de Uribe Vélez en ese consejo comunitario donde la víctima pidió ayuda y era el entonces gobernador de Sucre, el señor Salvador Arana. (Ver Video).

Pese a la advertencia y la evidencia que había en contra del exgobernador, Uribe le dio la espalda a la verdad y posteriormente nombró a Salvador Arana como embajador de Colombia en Chile, hasta que se fugó cuando ordenaron su captura por este crimen.

La sentencia proferida por la Corte Suprema en contra de Arana fue histórica ya que impuso una de las condenas más altas en contra del gobernador de la muerte. También le ordenaron pagar más de $2.300 millones de pesos de multa no sólo por vínculos con grupos paramilitares, sino por su participación en el crimen del adversario político.

Pero volvamos a la reunión en la cárcel El Bosque.

En el otro lado de la mesa para negociar el poder en Sucre y como interlocutor del gobernador asesino se encontraba, como ya dijimos, el hijo de la Gata, empresaria del chance que, está probado jurídicamente, financió al expresidente Uribe a la Presidencia y también las operaciones de paramilitares.

Pues bien, el heredero del chance y exalcalde de Magangué no se quedó atrás con sus credenciales para estar negociando el poder en Sucre, ya que la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 29 años y tres meses en su contra, por ser el determinador de la muerte del comunicador Rafael Enrique Prins Velásquez, ocurrida el 19 de febrero de 2005.

Alfonso López ordenó el homicidio del periodista debido a las publicaciones que este habría hecho sobre él y su familia. Un digno hijito de la Gata.

Es por esto que para Jorge Luis Alfonso López poder controlar la Gobernación de Sucre por medio de terceros podría significar la recuperación y revigorización del negocio del chance en el departamento, y para Arana, el regreso abierto al poder en una tierra de la cual ha seguido siendo amo y señor desde la sombra.

El resultado de la negociación de estos dos pesos pesados fue el apoyo al candidato a la Gobernación Yahir Acuña, quien no se queda atrás en escándalos ya que tiene varios por corrupción y una investigación vigente en la Corte Suprema.

Pero esos son detalles a la hora de conseguir el control del presupuesto y poder de un departamento como Sucre. Pues bien, los lazos de Arana y Acuña van más allá de la política. Son socios en la clínica Rey David en Sincelejo y Arana es el dueño de una propiedad en la que ha residido Yahir Acuña constantemente cuando viaja a Sucre.

Sobre la relación entre Acuña y la familia de la Gata, el ahora candidato a la Gobernación lo ha admitido abiertamente y sin pudor, como cuando le dijo en una entrevista al diario El Meridiano de Sucre: “Soy amigo de la Gata, ¿y qué?”.

Pues tiene razón, ¿y qué? Ya que este es un país en donde ser amigo de criminales y apoyado por ellos no se condena, se premia.

Por eso también logró el apoyo para estas elecciones de Álvaro García Romero, alias el Gordo García, quien fue condenado a 40 años por la masacre de Macayepo. Tal y como lo reportó La Silla Vacía, García tiene un pacto con Acuña que lo ha disparado en sus posibilidades y ha sido crucial para esta campaña, sobre todo porque en las elecciones regionales pasadas, Acuña sufrió un golpe cuando, en la cúspide de su popularidad en Sucre, no pudo llevar a su esposa, Milene Jarava, a la Gobernación y fue derrotado por el hoy gobernador Édgar Martínez..

Una derrota que tuvo que ver con que, dos días antes de esas elecciones, Yahir Acuña fue detenido por la policía con $200 millones en una tula.

Pero, de nuevo, esas son pequeñeces en la política colombiana que se olvidan rápido y que hoy, gracias al apoyo de un listado de condenados criminales como el hijo de la Gata, el exgobernador Arana y el Gordo García, tienen a Yahir Acuña a un paso de ser gobernador en una elección que huele a un capítulo de parapolítica ampliada, y en especial a un círculo vicioso de asesinopolítica.

@yohirakermanakermancolumnista@gmail.com                         https://www.elespectador.com/opinion/yohir-akerman

39.19.-Mandarines y políticosJORGE IVÁN GONZÁLEZ*

En la China imperial los mandarines constituyeron una élite relativamente culta que cumplía, entre otras, funciones de consejeros y asesores del gobernante. El poder del mandarín depende de su capacidad de incidir en la dinámica del imperio. Se ha dicho, sin ponerlo en duda, que la tecnocracia colombiana ha sido excelente, y que la relativa estabilidad macroeconómica del país se le debe a las virtudes de la élite tecnocrática. Y este discurso favorable se refiere, principalmente, a los economistas. Habría que preguntarse, una y otra vez, qué es un buen tecnócrata en el discurso de hoy, un buen burócrata en la mirada weberiana, y un buen mandarín, en el lenguaje de la antigua China.

11 oct 2019.- Se puede ser buen o mal tecnócrata porque se tiene incidencia en el gobierno. Y este es un punto de partida fundamental. La élite tecnocrática de Colombia ha tenido influencia, y el reconocimiento social de este hecho le ha dado poder. No quiere decir que los políticos acepten a ciegas los mensajes de la tecnocracia, pero sí los incorporan de alguna manera en su discurso. El político tiene el don misterioso del sincretismo, que le permite encontrar la forma de articular los distintos discursos en función de su conveniencia. El gobernante no puede desconocer los mensajes de la élite económica, así su intuición lo lleve a dudar de la bondad del discurso tecnocrático.

No existe ningún criterio objetivo para afirmar que la tecnocracia colombiana es buena o mala. Basta simplemente con dudar de su bondad intrínseca. Y la relación de causalidad entre el buen tecnocrata y la estabilidad macro no es posible determinarla porque las interacciones entre los fenómenos sociales son multicausales, y porque el mensaje tecnocrático sufre transformaciones profundas en el campo de la política. Independientemente de estas consideraciones complejas, sí hay hechos contundentes que permiten, por lo menos, dudar de la supuesta bondad de la tecnocracia colombiana.

Habría muchos interrogantes. Las tasa de crecimiento han sido muy mediocres. La concentración de la riqueza se ha acentuado. El censo agropecuario del 2014, comparado con los de 1960 y 1970, muestra que la concentración de la propiedad se ha agudizado de manera significativa. No se han sabido aprovechar las bonanzas. Después de un siglo de ver pasar el petróleo a borbotones, las condiciones de vida de los habitantes del Magdalena Medio son pésimas. La reciente bonanza se despilfarró. A medida que aumentaba el precio del petróleo y de los minerales el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se acentuó. Pasó de -2,9% del PIB en el 2011 a -6,3% en el 2016. Y, entre tanto, aumentaba la importación de alimentos básicos. En 10 años pasó de 1 millón a 15 millones.

El país no cuenta con infraestructura. El transporte fluvial y el férreo se acabaron. Y todavía no hay carreteras. El Río Grande de La Magdalena se contamina. El recurso hídrico se ha perdido a ritmos escandalosos. Las declaraciones a favor de la ciencia y la tecnología no tienen expresiones en el presupuesto. El Ministro de Hacienda propone una regla fiscal con proyecciones que a los tres meses son desvirtuadas por los hechos, y su discurso no cambia, como si la realidad continuará enmarcada en sus proyecciones fantásticas.

Obviamente, la élite económica no es responsable de todos los males. Pero, por lo menos, el discurso sí podría ser un poco más humilde.

* jorgeivangonzalez29@gmail.com

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/mandarines-y-politicos-2920022

38.19.-Círculo vicioso de parapolítica  – YOHIR AKERMAN

Así se hace política en Colombia. El sábado 25 de octubre de 2014 se llevó a cabo una reunión en medio de whiskies y vallenatos en la cárcel El Bosque de Barranquilla para negociar el apoyo de dos casas de poder y asegurar su influencia y estabilidad en la elección a la Gobernación para el departamento de Sucre.

La reunión fue entre el exgobernador Salvador Arana y Jorge Luis Alfonso López, nada más y nada menos que el hijo de Enilce del Rosario López Romero, alias la Gata.

Vamos por partes.

13 oct 2019.- Salvador Arana fue gobernador de Sucre entre 2001 y 2003 y fue condenado a 40 años de cárcel por el homicidio de Eudaldo Díaz Salgado, exalcalde de El Roble en ese mismo departamento.

Un video del 1° de febrero de 2003 muestra a Díaz Salgado en un consejo comunitario en Corozal advirtiéndole al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez que había planes para asesinarlo por sus recurrentes denuncias de parapolítica y corrupción.

“A mí me van a matar”, sentenció Díaz Salgado dos meses antes de que así fuera. Díaz Salgado desapareció el 5 de abril de 2003 y cinco días después lo hallaron muerto en el sector Boca del Zorro. Su cuerpo tenía signos de tortura y nueve impactos de bala.

Después de una ardua investigación, la justicia encontró que el asesino de Díaz Salgado estaba sentado al lado derecho de Uribe Vélez en ese consejo comunitario donde la víctima pidió ayuda y era el entonces gobernador de Sucre, el señor Salvador Arana. (Ver Video).

Pese a la advertencia y la evidencia que había en contra del exgobernador, Uribe le dio la espalda a la verdad y posteriormente nombró a Salvador Arana como embajador de Colombia en Chile, hasta que se fugó cuando ordenaron su captura por este crimen.

La sentencia proferida por la Corte Suprema en contra de Arana fue histórica ya que impuso una de las condenas más altas en contra del gobernador de la muerte. También le ordenaron pagar más de $2.300 millones de pesos de multa no sólo por vínculos con grupos paramilitares, sino por su participación en el crimen del adversario político. (Ver Condena).

Pero volvamos a la reunión en la cárcel El Bosque.

En el otro lado de la mesa para negociar el poder en Sucre y como interlocutor del gobernador asesino se encontraba, como ya dijimos, el hijo de la Gata, empresaria del chance que, está probado jurídicamente, financió al expresidente Uribe a la Presidencia y también las operaciones de paramilitares.

Pues bien, el heredero del chance y exalcalde de Magangué no se quedó atrás con sus credenciales para estar negociando el poder en Sucre, ya que la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 29 años y tres meses en su contra, por ser el determinador de la muerte del comunicador Rafael Enrique Prins Velásquez, ocurrida el 19 de febrero de 2005.

Alfonso López ordenó el homicidio del periodista debido a las publicaciones que este habría hecho sobre él y su familia. Un digno hijito de la Gata.

Es por esto que para Jorge Luis Alfonso López poder controlar la Gobernación de Sucre por medio de terceros podría significar la recuperación y revigorización del negocio del chance en el departamento, y para Arana, el regreso abierto al poder en una tierra de la cual ha seguido siendo amo y señor desde la sombra.

El resultado de la negociación de estos dos pesos pesados fue el apoyo al candidato a la Gobernación Yahir Acuña, quien no se queda atrás en escándalos ya que tiene varios por corrupción y una investigación vigente en la Corte Suprema.

Pero esos son detalles a la hora de conseguir el control del presupuesto y poder de un departamento como Sucre. Pues bien, los lazos de Arana y Acuña van más allá de la política. Son socios en la clínica Rey David en Sincelejo y Arana es el dueño de una propiedad en la que ha residido Yahir Acuña constantemente cuando viaja a Sucre.

Sobre la relación entre Acuña y la familia de la Gata, el ahora candidato a la Gobernación lo ha admitido abiertamente y sin pudor, como cuando le dijo en una entrevista al diario El Meridiano de Sucre: “Soy amigo de la Gata, ¿y qué?”.

Pues tiene razón, ¿y qué? Ya que este es un país en donde ser amigo de criminales y apoyado por ellos no se condena, se premia.

Por eso también logró el apoyo para estas elecciones de Álvaro García Romero, alias el Gordo García, quien fue condenado a 40 años por la masacre de Macayepo. Tal y como lo reportó La Silla Vacía, García tiene un pacto con Acuña que lo ha disparado en sus posibilidades y ha sido crucial para esta campaña, sobre todo porque en las elecciones regionales pasadas, Acuña sufrió un golpe cuando, en la cúspide de su popularidad en Sucre, no pudo llevar a su esposa, Milene Jarava, a la Gobernación y fue derrotado por el hoy gobernador Édgar Martínez. (Ver El pacto).

Una derrota que tuvo que ver con que, dos días antes de esas elecciones, Yahir Acuña fue detenido por la policía con $200 millones en una tula.

Pero, de nuevo, esas son pequeñeces en la política colombiana que se olvidan rápido y que hoy, gracias al apoyo de un listado de condenados criminales como el hijo de la Gata, el exgobernador Arana y el Gordo García, tienen a Yahir Acuña a un paso de ser gobernador en una elección que huele a un capítulo de parapolítica ampliada, y en especial a un círculo vicioso de parapolítica.

asesinopolítica.@yohirakermanakermancolumnista@gmail.com https://www.elespectador.com/opinion/yohir-akerman

  • 37.19.-El Parqueadero y El Aro YOHIR AKERMAN
  • Andrés Felipe Arias y el poder de su castaCECILIA OROZCO 
  • Pliego tipo y desarrollo empresarial –  GERMÁN CARDONA

Termínenos esta trilogía de columnas sobre el Parqueadero Padilla con la relación que tiene esta investigación con la horrorosa masacre de El Aro. Para eso, el eje principal de esta historia es la sentencia del 24 de septiembre de 2015 del Tribunal Superior de Medellín en contra del bloque paramilitar Cacique Nutibara.

6 oct 2019.- Como establece la sentencia de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, el allanamiento al Parqueadero Padilla, que se realizó el 30 de abril de 1998, dio origen a la investigación No. 34986 de la Fiscalía Especializada de Medellín contra varias personas, entre ellas, el jefe financiero de las Autodefensas, Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas.

En el allanamiento se encontró el organigrama de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, así como una relación de las personas que hacían parte del grupo paramilitar y sus libros de contabilidad, extractos bancarios, facturas de compra, comunicaciones sobre los operativos militares, un equipo de cómputo, 70 disquetes, cheques, dinero en efectivo, además de dos pistolas con salvoconducto a nombre de Soto Toro.

El proceso del Parqueadero Padilla permitió identificar 496 cuentas bancarias de una serie de empresas, lo que permitió confirmar que tras las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y el Bloque Cacique Nutibara estuvieron empresarios y sectores privados, como después lo ratificó en sus declaraciones Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como Don Berna.

No en vano, el allanamiento del Parqueadero Padilla y sus hallazgos ocasionaron el asesinato de por lo menos siete investigadores del CTI de la Fiscalía por la gravedad de lo que contenía la información encontrada.

Pero una de las cosas más dicientes de la evidencia encontrada es que desde el Parqueadero Padilla, y a través de Soto Toro, alias Lucas, se financiaron, planearon y apoyaron logísticamente las masacres ocurridas entre 1994 y 1998.

Así como se oye.

Entre esas horrorosas masacres que fueron apoyadas desde el Parqueadero Padilla se encuentra la de La Granja, en Ituango (Antioquia), el 15 de julio de 1996; también la de Pichilín, en Morroa (Sucre), el 4 de diciembre de 1996, y la de El Aro, también en Ituango, el 22 de octubre de 1997. Todas, mientras Álvaro Uribe Vélez era gobernador.

Es importante recordar que el 31 de mayo de 2018 la Corte Suprema de Justicia declaró la masacre de El Aro, la masacre de La Granja y el asesinato de Jesús María Valle como crímenes de lesa humanidad.

Pues bien, desde el parqueadero está documentado que el paramilitar Soto Toro coordinaba las relaciones y operaciones con las autoridades militares y les suministraba hombres, armamento y recursos a los bloques y estructuras de las Autodefensas con los cuales se cometieron las más graves violaciones al derecho internacional humanitario en esas masacres.

Como establece la sentencia del magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, existe otro elemento que confirma esta relación y es la nómina paralela de la Oficina de Envigado entregada por Juan Carlos Sierra, más conocido como el Tuso Sierra, que muestra la lista de personas que aportaban recursos o que recibían sobornos de dicha oficina.

Esa evidencia documental entregada por, en este momento, uno de los defensores del expresidente Uribe incluía a congresistas, altos funcionarios públicos, dirigentes políticos, oficiales del Ejército y la Policía, y miembros de la Fiscalía, algunos ya condenados o con reconocidos vínculos con los grupos paramilitares, como los congresistas Óscar Suárez Mira, Miguel Alfonso de la Espriella, Eleonora María Pineda Arce, Rocío Arias Hoyos y nada más ni nada menos que el primo del expresidente, Mario Uribe Escobar.

Pero volvamos al Parqueadero Padilla, ya que ahí también fue encontrada información financiera sobre unas Convivir que relacionan a Uribe Vélez.

Parte de esos expedientes encontrados fueron de la estructura y finanzas de la Convivir Orden y Desarrollo, que tuvo entre sus miembros a los paramilitares Rudolf Paffen; Salomón Feris Chadid, del Bloque Norte de las Autodefensas; Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López Romero, conocida como la Gata, y Víctor Antonio Guerra de la Espriella, primo de la senadora María del Rosario Guerra.

El mismo Guerra de la Espriella le dijo a El Tiempo el 21 de febrero de 2007 que “esta fue una de las siete primeras Convivir creadas poco después de que Pedro Juan Moreno, entonces secretario de Gobierno de Antioquia, fue a dictar una charla sobre la experiencia de las Convivir en Antioquia”.

Ahora bien, el paramilitar Soto Toro también tenía información financiera en el Parqueadero Padilla de la Convivir Deyavanc, cuya sigla significa “Defensores de Yarumal, Valdivia, Angostura y Campamento”, en donde Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, figuraba como el revisor fiscal.

Según los documentos encontrados en ese allanamiento, Deyavanc tenía como domicilio el municipio de Valdivia y la solicitud de personería jurídica se adelantó ante la Gobernación de Antioquia, siendo gobernador Uribe Vélez, quien les dio vida con la Resolución 42395 de 1996.

Pero más preocupante aún, el 30 de enero de 2018 el paramilitar Olguán de Jesús Agudelo Betancur, alias el Apóstol, declaró como testigo de la Fiscalía en el juicio en contra de Santiago Uribe Vélez, hermano del senador Uribe Vélez e investigado por paramilitarismo, que la Convivir Deyavanc habría sido creada mediante consenso entre el gobernador Álvaro Uribe Vélez y alias Julián Bolivar.

“Yo le mandé decir a Álvaro Uribe Vélez que cuando él fue gobernador de Antioquia, en el año 1996, hizo una visita a Yarumal en el helicóptero de la Gobernación y nosotros, las autodefensas que operábamos al mando de Mauricio Piedrahíta y de alias Pérez, le habíamos prestado la seguridad a él, que había sostenido una pequeña reunión con el grupo armado en Yarumal, donde había tratado un punto de que el grupo armado se debía convertir en una Convivir”.

La reunión, según narró el testigo, “tuvo lugar en un edificio llamado Plaza Hostal, en Yarumal, un sábado, con el doctor Álvaro Uribe Vélez, cuando él era gobernador de Antioquia […] allí se reunió con Álvaro Vásquez, Mauricio Piedrahíta y Rodrigo Pérez Alzate”.

Por todos estos hechos, el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, en la mencionada sentencia en contra del Bloque Cacique Nutibara, realizó una compulsa de copias en contra del expresidente Álvaro Uribe para que se le investigue por paramilitarismo, en especial por su responsabilidad en la masacre de El Aro. Pero hasta ahora nada de eso ha avanzado, principalmente porque el exfiscal Luis Camilo Osorio fue esencial para enterrar la investigación denominada judicialmente Parqueadero Padilla, que contenía todas estas relaciones documentadas.

@yohirakermanakermancolumnista@gmail.com     https://www.elespectador.com/opinion/el-parqueadero-y-el-aro-columna-884604 

37.19.-Andrés Felipe Arias y el poder de su castaCECILIA OROZCO

No han sido muy afortunadas las declaraciones de Iván Duque en estos días. Por mucho que se le endilgue a inteligencia militar la responsabilidad del “oso” internacional que hizo Colombia en la ONU cuando el mandatario, con libraco en mano, denunció por enésima vez al gobierno venezolano de sus complicidades con el Eln, es en él, en el presidente de la República, en quien recae la vergüenza de presentar un documento con plagios fotográficos descubiertos mediante una sencilla comprobación periodística que, por cierto, no se le ocurrió hacer a ninguno de los funcionarios civiles o uniformados, directores, consejeros o ministros del Gobierno.

Más desapercibidas, pero no menos graves por el irrespeto que implican a la institucionalidad, fueron las expresiones de Duque contra la condena que la Corte Suprema le impuso a Andrés Felipe Arias por encontrarlo culpable de haber cometido dos delitos contra la administración pública mientras ejercía como ministro y sucesor de Álvaro Uribe.

2 oct 2019.-  Después de embarrarla en la ONU, el presidente le dijo a la comunidad colombiana de Miami que “hay una sanción (a Arias) que no guarda proporción” porque, a su juicio, la condena impuesta es muy alta. Esta afirmación de Duque, que el senador Uribe y su grupo de poder han logrado convertir en muletilla que todos repiten sin haber leído la sentencia, sin conocer las pruebas o sin tener en cuenta que el monto de las condenas no se impone “comparando con otros casos” (como cree Duque), ni a capricho de los jueces, sino de acuerdo con lo que dicten los códigos penales previamente aprobados en el Congreso, lesiona, hondamente, uno de los pilares de la democracia: la independencia de la justicia.

No es la primera vez que el mandatario se entromete en asuntos de competencia exclusiva de la Rama Judicial. Se le está volviendo costumbre “ordenar” a quién deben capturar, “condenar” a quien le parece “bandido”, insinuar conductas indebidas de la JEP, etc. Sobra decir que no es válida su aclaración inane de que opina como persona y no como presidente ¿A quién le cabe en la cabeza que el mandatario de un país puede separarse de sus funciones por momentos, para hacer lo que desee?

Volviendo a Arias, a quien pobretean por tener que pagar sus deudas de conducta como lo deben hacer los presos del mundo entero, la aureola de privilegios que lo rodea ha sido realmente excepcional. Lean ustedes este rápido listado y después confiesen si no quisieran tener tanta suerte:

Al preso Arias (¿sí está detenido o entra y sale de su “celda”?) le filtran la sentencia de la Corte; le dan tiempo de que se fugue al exterior; le tramitan asilo en Estados Unidos; diplomáticos de ese país que quita visas como si fuera un castigo penal universal, lo protegen, por años, en su territorio; emprenden campaña de acusaciones falsas contra los magistrados que firmaron su condena; le pagan abogados allá y acá; usan las cortes internacionales de derechos humanos de las que han denigrado por años, para su defensa; un abogado, que resulta ser de los de Uribe Vélez, manipula la información y pone a un comité de “detenciones arbitrarias” (¡¡¡!!!) a analizar su caso; entorpecen la extradición a Colombia; ya aquí, el Inpec, que se regodea exhibiendo a los deportados, lo oculta de la prensa y le asigna —contra la orden judicial— prisión de lujo en medio de jardines y protección militar (ver); lo visitan desde el expresidente de la República hasta el representante de la alta comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, para constatar que tenga todas las comodidades.

El presidente Duque hace bien la tarea (esta vez, sí) de enviarle al exterior el mensaje de que Arias es un perseguido judicial. Y lo que faltaba: la Corte Constitucional revisará una tutela contra su condena, ignorando la última instancia penal de nuestro ordenamiento judicial: la Corte Suprema.

No vengan con cuentos: la doble instancia que se predica como derecho de todos los procesados en la justicia internacional es, aquí, una mera disculpa política para favorecer a Andrés Felipe Arias porque ningún otro preso de única instancia le ha importado al poder. Me pregunto cómo hará la Corte Constitucional para salir del berenjenal, precisamente constitucional, que acaba de armar. Con Arias constatamos de nuevo que, en Colombia, la igualdad es solo un enunciado, no un principio, porque, en verdad, unos pocos pertenecen a la casta y los demás somos del montón de los invisibles.

https://www.elespectador.com/opinion/cecilia-orozco-tascon

37.19.-Pliego tipo y desarrollo empresarial –   GERMÁN CARDONA

 La corrupción es la reina de todos los problemas de nuestro país. Las encuestas siempre ponen este flagelo como el más temible de ellos, inclusive por encima del desprestigio del Congreso, de los grupos al margen de la ley y de la inseguridad.
Todo lo anterior indica que si Colombia quiere ser un país digno, por ejemplo, de estar en la Ocde y ser un destino de inversionistas, debe y tiene que luchar contra la corrupción, pero no con propuestas y mentiras, como sucedió cuando recientemente el Congreso de la República hundió la ley anticorrupción que avalamos los colombianos en las urnas.

Para la muestra, este otro botón. En los últimos días, el debate político ha estado centrado en la discusión del alcance de las propuestas que se discuten en el Congreso en torno a los pliegos tipo, que han sido motivo de angustia desde su concepción y presentación al Congreso a finales del año 2017. La Federación Colombiana de Municipios, y en particular su eterno director, hicieron un intenso lobby para hundirlo, con resultados infructuosos. Posteriormente, tengo entendido, demandaron la ley ante las instancias judiciales ¿Por qué tanto miedo? Simplemente, porque con los pliegos tipo se les acaba a muchos gobernantes locales la fiesta con los recursos públicos.
Varios de mis colegas del gobierno Santos insistieron y explicaron con claridad la importancia de estandarizar las condiciones habilitantes, para así cerrarles la puerta a los corruptos, quienes, al final, lo único que hacen es anular cualquier oportunidad de desarrollo en todas las regiones del territorio nacional.

El Estado es un agente económico fundamental para la actividad productiva del país, y las compras públicas son el motor del desarrollo empresarial. A través de este mecanismo se promueve la competencia en los mercados, se consolidan nichos de emprendimiento y fuentes de generación de empleo.

Teníamos también suficiente evidencia sobre la forma abusiva como algunas administraciones locales habían manejado y siguen manejando la contratación de obras de gran importancia para sus regiones

Desafortunadamente, las compras públicas tienden a convertirse en un fortín político, y ahí aparece el peor de nuestros males: la corrupción. Por eso es tan importante establecer reglas de juego únicas. El principio de concurrencia sobre el cual se fundamenta la contratación pública consiste en que todas las empresas puedan participar en los concursos públicos y así ser partícipes de los beneficios antes mencionados. Esto es precisamente lo que garantiza y protege el pliego tipo.

La experiencia nos ha demostrado que a través de alcaldías y gobernaciones responsables se pueden hacer excelentes labores en beneficio de las comunidades. Desde estas entidades se definen políticas de contratación orientadas a la promoción de la competencia y a salvaguardar la transparencia. Desde el Ministerio de Transporte, tampoco dudamos un minuto sobre la pertinencia de elevar a rango de ley la obligatoriedad del pliego tipo.

Teníamos también suficiente evidencia sobre la forma abusiva como algunas administraciones locales habían manejado y siguen manejando la contratación de obras de gran importancia para sus regiones. Nos acompañaron en esta lucha la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

Por eso, desde el ministerio nos pusimos la tarea de sacar adelante la Ley 1882 de 2018. Hoy, al igual que en ese momento, debemos hacer todo lo posible para evitar que la transparencia sea derrotada por un debate demagógico en favor de la descentralización, y que no vaya a ser que a la hora de la votación en plenaria del Congreso le vuelvan a introducir a la ley el famoso mico para que participen en las decisiones entidades que solo tienen intereses politiqueros.

Esperemos que con acertadas decisiones como está, apoyada también por el actual Gobierno Nacional, empezaremos, ahora sí, a torcerle todos los colombianos el pescuezo a la corrupción.

P. D. Muy lamentable el fallecimiento de Guillermo Perry. Gozaba de un conocimiento e inteligencia superior.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-cardona-gutierrez/pliego-tipo-y-desarrollo-empresarial-columna-de-german-cardona-gutierrez-419900

  • 36.19.-Acoso sexual y laboral, también en los medios CECILIA OROZCO
  • El Parqueadero y los Doce YOHIR AKERMAN

Las Igualadas, el espacio abierto, en buena hora, por El Espectador en su versión web “para discutir con tranquilidad temas de género que parecen elementales, pero que suelen ser ignorados” —¡y con cuánta frecuencia!—, denunció, en su último capítulo, el abuso sexual del que fue víctima la periodista Vanesa Restrepo, del diario antioqueño El Colombiano (ver), por parte de un editor de ese medio, editor que parece tener poder interno a juzgar por la indiferencia de sus directivas ante un caso de ostensible intento de sometimiento sexual.

25 sep 2019.- El editor, denunciado enla Fiscalía por la reportera el 19 de junio pasado, es Juan Esteban Vásquez, de rango superior al de su presunta víctima. Los hechos narrados por Vanesa están descritos por la presentadora de Las Igualadas: una noche de tragos entre compañeros del periódico; la oferta de Vásquez de llevarla a casa en su vehículo; la sugerencia de que, mejor, durmiera en su apartamento (en donde estaba esperándolo su novia) porque estaba borracho y la policía podía incautar el carro; la invitación a descansar en un cuarto de huéspedes y, después, ella despertar con el hombre desnudo a su lado, tocándola y tratando de bajarle la ropa interior.

Su rápida reacción y sus gritos de rabia, que debieron llamar la atención de los vecinos, evitaron la violación y obligaron al dueño del apartamento a dejarla salir. Pero esta intimidante experiencia —por la que pasan miles de mujeres en sus ambientes de trabajo con jefes abusivos que, en pleno siglo XXI, viven aún en la época feudal del “derecho de pernada”— no había concluido.

Vanesa superó, después del primer impacto, el miedo de encontrarse todos los días con su supuesto abusador, a ir sola por las calles o a sufrir retaliaciones. Pidió cita con los ejecutivos de El Colombiano a cuya cabeza está, por cierto, una mujer: Martha Ortiz Gómez, seleccionada en tan importante posición, sospecha uno, por ser sobrina del accionista histórico del diario, Juan Gómez, más que por contar con méritos superiores a otros posibles candidatos a ocupar su silla. Paréntesis sobre Ortiz: fue seleccionada en el listado Women to Watch Colombia junto con otras diez impulsoras de negocios, por “su trayectoria… y calidad humana (y porque) inspiran y animan a más mujeres a desempeñar papeles de liderazgo”.

Retomo: Vanesa quiso revelar la conducta supuestamente delictiva de Vásquez en El Colombiano así como lo hizo en Fiscalía, pero se topó con la displicencia de los jefes y con la actitud distante de Martha Ortiz Gómez, la inalcanzable directora general del medio. Una oficina de manejos laborales trató el asunto como un incidente común: tomó “medidas” de una futilidad asombrosa con la excusa de que eran las previstas en un manual interno: separaron los escritorios de denunciante y denunciado y se ocuparon de que no trabajaran, juntos, los fines de semana.

¡Vaya! La tercera medida consistió en expedir un comunicado hipócrita (ver), con frases de cajón para salvar su pellejo industrial sin ninguna otra consideración. El eje de su argumentación: los hechos ocurrieron ¡“fuera de la jornada laboral”!

Cuenta Mariángela Urbina, periodista de Las Igualadas, que el diario antioqueño revictimizó a Vanesa cuando, durante la entrevista en que relató lo acontecido, le formularon preguntas del estilo de “cómo ibas vestida”. La conducta de El Colombiano en este caso, similar a otros que sus páginas tratan, paradójicamente, con amplio despliegue cuando los involucrados son ajenos a su empresa, parece descubrir, más que una equivocación aislada de juicio, un carácter censurable de quienes, hoy, componen su junta directiva.

 No debemos olvidar qué hizo la directora-sobrina Martha Ortiz y cómo terminó actuando su periódico, en consecuencia, cuando su columnista Ana Cristina Restrepo —una de las periodistas antioqueñas de mayor proyección nacional por la calidad de sus trabajos— le exigió a otro columnista, Raúl Tamayo, rectificar su afirmación pública de que Restrepo era “activista de la guerrilla”. Entonces El Colombiano se escudó en que la injuria del señor Tamayo no había sido publicada en sus páginas (así como “fuera de la jornada laboral”).

Tamayo contó, en esa ocasión, con la protección de la directora-sobrina, muy probablemente porque él es esposo-de-socia del diario. El Colombiano está demostrando que, bajo su cobertura de gran dignidad, cuenta con unos principios, en realidad, deleznables. No sé por qué recuerdo, ahora, la famosa frase bíblica: “Sepulcros blanqueados que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de toda inmundicia”.

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36.19.-El Parqueadero y los Doce YOHIR AKERMAN 

Como lo dije en mi columna anterior, el exfiscal Luis Camilo Osorio sepultó la investigación denominada judicialmente Parqueadero Padilla, que ha sido uno de los golpes más importantes a la estructura del paramilitarismo.

Por eso me parece importante insistir en revivir parte de la evidencia que existe en ese olvidado expediente, puesto que ahora se conecta con varias indagaciones actuales.

Empecemos y pongamos atención porque la historia es complicada.

29 sep 2019.- El 30 de abril de 1998 fue incautado un Chevrolet Trooper repleto de uniformes camuflados que se desplazaba desde Medellín hacia Sopetrán. Gracias a esto se determinó la dirección del parqueadero de donde salió el vehículo y se realizó el respectivo allanamiento en donde se encontró una cantidad de documentos, entre los cuales estaba la contabilidad completa de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

Tal y como lo pudo determinar el periodista Sergio Mesa, de ese libro contable salió un listado de muchas personas relacionadas con la estructura organizacional del paramilitarismo, pero hoy nos vamos a concentrar en una de ellas: la señora Ana Paulina Uribe Lopera.

Según el libro Memoria de la impunidad en Antioquia, elaborado por el IPC y la Corporación Jurídica Libertad, Uribe Lopera era la “esposa de Francisco Javier Piedrahíta Sánchez, terrateniente y ganadero antioqueño que hizo su fortuna en los departamentos de Córdoba y Sucre. Conformó la cooperativa de seguridad y vigilancia privada Nuevo Amanecer en 1996”. (Ver Publicación).

En realidad, Uribe Lopera era su amante, no su esposa, y Piedrahíta Sánchez no era un ganadero y empresario, sino un reconocido jefe paramilitar y hombre de confianza de los hermanos Castaño. Pero en este caso el orden de los factores no altera el producto.

Sigamos.                                                                                                                                                               Piedrahíta Sánchez, conocido en el departamento de Sucre como el rey del cemento, tuvo nexos con los Doce Apóstoles, grupo paramilitar que operó, en su primera etapa, en Yarumal entre 1992 y 1995, por cuya presunta financiación y promoción está siendo investigado Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. (Ver Las crónicas que no me dejaban contar).

El primer vestigio de la aparición del grupo paramilitar de los Doce son las Autodefensas del Norte Lechero, que anunciaron su arribo a Yarumal el 15 de febrero de 1992 a través de un panfleto que fue distribuido bajo las rendijas de las puertas.

Pues bien, el 11 de agosto de 2017, el excomandante Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, declaró ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que llegó a esa región “en el año 1996 y operaba en ese momento el grupo armado los Costeños, enviados por Javier Piedrahíta, que tenía autodefensas en la costa Atlántica, en Buenavista (Córdoba) y en el departamento de Sucre”. (Ver Bloque Central Bolívar).

Aquí se empieza a conectar.

Es importante recordar que el exparamilitar Olguán de Jesús Agudelo Betancur, perteneciente al grupo de los Doce Apóstoles, declaró que Julián Bolívar era parte de los Doce y que era una persona cercana a Santiago Uribe, pese a que Pérez Alzate lo ha negado.

“No lo llamábamos Julián Bolívar en esa época” y, según Agudelo Betancur, “Rodrigo Pérez Alzate decía en ese entonces que el comandante del grupo era Santiago Uribe”. (Ver El testigo).

Ahora bien, no hay que tomar las palabras de nadie frente a este tema sino las del mismo Piedrahíta Sánchez quien, mientras se encontraba prófugo, realizó una llamada el 6 de febrero de 2007 a la emisora La W en la que confesó no solo que estuvo vinculado al paramilitarismo y que tuvo una convivir, sino que hizo negocios con los Uribe.

“Yo tuve muchos negocios con el papá de ellos, con el papá de Álvaro Uribe y con el papá de Santiago [se refiere a Alberto Uribe Sierra]. Tuve negocios con estos… Admiro mucho a Álvaro. Admiro mucho al hermano. Ellos son unas personas demasiadamente honestas. (…) Con Carlos Castaño también yo tenía muchos negocios. Con toda la gente”. (Ver Oyente).

No para ahí.                                                                                                                                                                        De acuerdo con la declaración del paramilitar Pedro Álex Conde Anaya, desmovilizado del Bloque Norte de las Auc, Piedrahíta Sánchez también fue cercano al secretario de Gobierno del entonces gobernador Uribe Vélez, Pedro Juan Moreno Villa: “El Carnicero de San Onofre [Rodrigo Peluffo] era miembro de la convivir del señor Francisco Javier Piedrahíta, que había entrenado e instruido el señor secretario del gobierno departamental de Álvaro Uribe Vélez, Pedro Juan Moreno. (…) Lo que se puede decir es que él le da las órdenes a Rodrigo Peluffo, él es un hombre que maneja mucha plata y tiene vínculos directos con Castaño. La finca de su propiedad se llama Zimba y allí mantiene hombres armados con fusiles”.

Terminemos.                                                                                                                                                                 La relación del Parqueadero Padilla y el grupo paramilitar los Doce Apóstoles está signada por el ganadero Francisco Javier Piedrahíta Sánchez, a través de su amante Ana Paulina Uribe Lopera, que era una de las personas importantes en las finanzas de la organización.

Esto sin contar con que parte de los uniformes para los paramilitares que fueron confiscados en el Chevrolet Trooper ese 30 de abril de 1998 iban a ser suministrados al Bloque Metro de las Auc, bloque por el cual el expresidente Uribe Vélez ha tratado de desmentir su cercanía y relación con los servicios del “abogánster”. Pero eso lo podemos dejar para próximas columnas.

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35.19.-El parqueadero  PadillaYOHIR AKERMAN

Ahora que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comienza a mirar a terceros involucrados en el conflicto armado, vale la pena recordar una historia importante que parece echada en el olvido.

En 1997 el Estado colombiano tuvo la oportunidad de darle un fuerte golpe al paramilitarismo gracias al allanamiento de un parqueadero en Medellín que entregó la planilla completa de los paramilitares, sus sueldos, préstamos, cuentas por cobrar y otros datos particulares.

22 sep 2019.-  La historia está contada en un artículo escrito por el exmagistrado que lideró las investigaciones de la parapolítica, Iván Velásquez, y publicado por el gran periódico Universo Centro de mayo de 2013. (Ver Universo Centro).

El texto lo escribió Velásquez a partir de su memoria ya que él fue el fiscal regional encargado de la operación que, aunque fue inmensamente positiva, arrojó un saldo definitivo a favor de los paramilitares ya que tres investigadores pagaron con su vida la suerte de los hallazgos.

Pues hagamos un tributo a esas personas y repasemos este caso que es igual de interesante en la manera como nació a como se cerró.

El proceso denominado Parqueadero Padilla está compuesto por 2.164 cuadernos y 35.200 folios. Es el segundo proceso más voluminoso después del Proceso 8.000.

Empecemos.

En octubre de 1997 se produjo un revolcón en la Fiscalía en Medellín causado por los rumores sobre la connivencia de fiscales con el paramilitarismo. A la unidad del Cuerpo Técnico de Investigaciones en esa ciudad fueron enviados Gregorio Oviedo Oviedo, que se desempeñaba como fiscal en Bogotá, y el señor Iván Velásquez, que para entonces ocupaba el cargo de magistrado auxiliar en el Consejo de Estado. La prioridad era impulsar las investigaciones contra los paras.

El mensaje llegó a muchos sectores y en particular a un grupo de investigadores del CTI que sabían de los malos pasos de Carlos Mario Aguilar, que más tarde se conocería con el alias de Rogelio, un hombre que logró penetrar el CTI para los intereses de los paramilitares.

Gracias al trabajo de dos investigadores del CTI se recibió un dato que fue crucial: el número telefónico de un mando medio de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) que había sufrido la fractura de una pierna y dedicó su incapacidad, en su casa en Bello, a largas y reveladoras conversaciones con miembros de su organización.

Hablaba sin pudor sin saber que era escuchado en tiempo real por un analista del CTI. De esa manera se supo que en la mañana del 30 de abril de 1998 un Chevrolet Trooper de placa KFI885 repleto de uniformes camuflados se desplazaría desde Medellín hacia Sopetrán, en el occidente de Antioquia, donde operaba un bloque comandado por alias Memín. (Ver Lo sucedido).

Un grupo de investigadores interceptó el vehículo en cercanías de San Jerónimo y obtuvo la dirección desde donde supuestamente había salido el cargamento, lo que permitía pensar que allí funcionaba la fábrica. La nomenclatura señalaba un parqueadero situado a menos de 500 metros de La Alpujarra, sede de la Fiscalía regional y centro administrativo del departamento y la ciudad.

Cuando fueron al parqueadero se encontraron con una sorpresa: al señor Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, quien estaba al frente de un escritorio acompañado de dos secretarias comiéndose los papeles para destruir toda la evidencia al tiempo que destrozaban disquetes con información.

Fueron decomisados decenas de disquetes, dos libros de contabilidad y documentos bancarios. Un verdadero tesoro que revelaba la estructura íntegra de las Accu, sus finanzas y quiénes les aportaban, cuadros de nómina discriminados por escuadras, los alias de sus integrantes incluido el del respectivo jefe, la identificación del grupo, la semana a la que correspondía el pago y su valor, las retenciones de sueldo por préstamos o para fondos comunes y otras cositas. (Ver Material).

Una joya probatoria.

Por ejemplo, en la contabilidad del Parqueadero Padilla apareció una ONG en Montería llamada Funpazcor, que era manejada por Sor Teresa Gómez Álvarez. (Ver Estructura).

De acuerdo a la Fiscalía, Funpazcor no sólo sirvió como fachada paramilitar para legalizar la apropiación de tierras en los departamentos de Chocó, Córdoba y Antioquia, sino que, además, propició aproximadamente 500 desplazamientos forzados, así como un sinnúmero de desapariciones de campesinos que se negaron a entregar las tierras.

Funpazcor era parte social de la organización armada y servía como fachada para manejar las finanzas de las Autodefensas Unidas de Colombia, hecho que antes de ese allanamiento era desconocido para las autoridades.

Por su lado, Sor Teresa Gómez Álvarez, hermana de crianza de los jefes paramilitares Vicente, Fidel y Carlos Castaño Gil, fue condenada por un juzgado de Turbo, Antioquia, a nueve años de cárcel por el delito de desplazamiento forzado y posteriormente encontrada culpable por el homicidio de Yolanda Izquierdo.

Pues bien, a mediados de septiembre de 1998 el fiscal general de ese entonces, el señor Alfonso Gómez Méndez, dispuso el traslado del proceso para la Fiscalía regional de Bogotá, cuya dirección estaba a cargo de Antonio José Serrano.

Pese a toda la evidencia crucial encontrada en el Parqueadero Padilla por Velásquez y Oviedo, el caso estuvo, inexplicablemente, casi tres años sin moverse en la regional de Bogotá y solo en mayo de 2001 se realizó el allanamiento a Funpazcor.

Evidentemente para ese momento ya habían tenido el suficiente tiempo los criminales para destruir todo lo importante y fabricar documentos que llevaron al siguiente fiscal, Luis Camilo Osorio, a regresar el expediente a Medellín para que le dieran sepultura a la investigación. (Ver Preclusión).

Es tan así que Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias Cara’e Mondá, dijo que en la información del parqueadero estaba el 100% de las personas que colaboraban en Antioquia en los diferentes grupos armados. “Y todo el mundo sabe que eso precluyó, todo el mundo sabe que fue en el gobierno del presidente Samper, que en el gobierno de Pastrana se acabó, los fiscales los pasaron para otro lado y eso se acabó”. (Ver Zapata Sierra).

Pero no para ahí.

Daniel Alejandro Serna, alias Kener, fue otro paramilitar que habló del tema diciendo que, pese a que algunos comerciantes, mineros, finqueros y transportadores tuvieron que hacer obligatoriamente sus aportes a la organización, la mayoría de estos lo hicieron voluntariamente como lo mostraba la contabilidad del parqueadero.

“En la zona norte del Valle de Aburrá, Beatriz Elena Torres de Vargas, Jairo Pineda Gómez y Narciso Sierra aportaron dinero al grupo y albergaron a los integrantes del Frente Suroeste en su finca La Palma, también le prestaron ayuda económica al grupo. La primera de ellos, propietaria de algunas empresas y propiedades entre las cuales se destaca la oficina del Parqueadero Padilla, mientras que el segundo, perteneciente al sector transportador y ganadero y financiador del Bloque Metro en Santuario, Antioquia”. (Ver Serna).

Terminemos.

Este fue un caso donde el envío del expediente de un lado a otro y la demora de 30 meses generaron impunidad y la destrucción de mucha evidencia importante. Peor aún, eso generó la muerte de muchas personas, entre ellos Sergio Humberto Parra, Jorge Fernández y Diego Arcila, tres investigadores del CTI que fueron asesinados en Medellín entre 1998 y 1999 por haber hecho parte del operativo para dar con el Parqueadero Padilla.

Las otras personas que siguen por ahí para contar la historia, los que la investigaron y los que ayudaron a matar la investigación, todos, deberían contar lo que saben frente a la JEP.

Rectificación. El 17 de marzo de 2019 publiqué una columna titulada “El esposo de la cónsul”. Allí hice una serie de afirmaciones de las cuales existe absoluto sustento periodístico. Sin embargo, en mi decisión autónoma de respetar el buen nombre de las personas como corresponde a los deberes de mi ejercicio profesional, prefiero en esta oportunidad rectificar sobre parte del contenido, mientras no exista un pronunciamiento que concluya de esa manera. No me consta directamente, pese al sustento periodístico, que la ONG Salva la Selva se haya usado para lavar dinero del Cartel de Sinaloa; tampoco me consta a través de conocimiento directo que Pedro Nel Pineda Rojas y su esposa, Martha Patricia Medina González, incurrieran en conductas constitutivas de delito. Para la Superintendencia, debería indagarse si en efecto se habría cometido una captación ilegal por más de $20.000 millones. Habrá que esperar la decisión. Finalmente, no me consta que Medina González haya participado de ninguna manera en ningún acto que haya llevado a los incumplimientos alimentarios en los que ha incurrido Pineda Rojas con su hija, más allá de tolerar el comportamiento de su marido. Mi compromiso con ustedes no es ser infalible, es admitir cuando caigo en el error. Gracias.

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34.19.-Construyendo futuro colombo peruano.YOHIR AKERMAN

El 6 de noviembre de 2009, el sistema peruano de información jurídica de la República de Perú publicó la resolución ministerial número 1527-RE. En ella, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, durante el gobierno de Alan García, autoriza un viaje a Colombia para sostener una reunión con el presidente Álvaro Uribe Vélez el 11 de noviembre de 2009.

15 sep 2019.- La resolución se firmó en Lima y explica las justificaciones y objetivos del viaje, los gastos de representación y los miembros de la comitiva diplomática. (Ver 1521-RE).

Esta reunión no aparece registrada en la página de la Presidencia, pero la prensa peruana indicó que, durante dicha cita realizada en el Palacio de Nariño, se analizó el tema de armamento en la región, así como la propuesta del presidente Alan García que consistía en disminuir paulatinamente ese gasto para establecer un fondo que ayudara a luchar contra la pobreza en toda la región. (Ver Limitar armamentismo).

No le debió matar la idea al entonces presidente Uribe de limitar el armamentismo para invertirlo en luchar contra la pobreza, pero eso no es lo importante.

En el segundo artículo de la resolución que aprueba la comitiva, se establece que la delegación peruana estará compuesta por el ministro de Justicia de ese país, Aurelio Pastor; acompañada por el embajador de Perú en Colombia, Jorge Voto-Bernales; el subsecretario para América, el embajador Javier León, y Hugo Luis Guerra Arteaga, un reconocido periodista peruano, “en calidad de experto internacional”. (Ver Viáticos).

Aquí se pone interesante.

Como es conocido, el expresidente Alan García decidió quitarse la vida en abril de 2019 cuando la policía peruana fue a buscarlo a su residencia personal con una orden de allanamiento y detención preliminar. El expresidente enfrentaba una dura investigación por presunto lavado de dinero en el caso de Odebrecht.

Según el expediente, la empresa brasileña le había pagado a Alan García por dictar conferencias, frente a lo cual Marcelo Odebrecht señaló que esa siempre ha sido “una política de la empresa para ayudar a los expresidentes”.

Conocida esta información, Erasmo Reyna, uno de los abogados de García, calificó esto como una falsedad y explicó que fue la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (Fieps) la que solicitó sus servicios como conferencista.

Lo que no dijeron García ni su defensa es que este gremio se financiaba con aportes de Odebrecht y tampoco mencionaron que la Policía Federal de São Paulo abrió una investigación contra Paulo Skaf, el expresidente de la Fieps, por recibir dinero ilícito de esta constructora para su campaña a la Gobernación de São Paulo.

Aca es importante recordar la denuncia hecha por esta columna el pasado 14 de abril de las mutuas condecoraciones y encuentros oficiales entre la Federación de Industrias del Estado de São Paulo y su presidente Skaf y el ahora senador Álvaro Uribe. (Ver Las condecoraciones y ver Skaf y Uribe).

Pero volvamos a la presencia del periodista peruano en la reunión de la comitiva diplomática con el gobierno de Uribe. (Ver Foto de reunión).

Varios elementos llaman la atención.

El primero: en junio de 2009, unos meses antes de la visita de Guerra a Colombia, Odebrecht organizó la segunda versión de un concurso de periodismo en Perú con el lema “Construyendo futuro”.

Uno de sus categorías era la “Influencia de las obras de Odebrecht en las comunidades y sus habitantes”. Según otros periodistas del país, este fue un magnifico entrenamiento para que el periodismo peruano se especializara en publirreportajes a favor de las empresas.

Hugo Guerra era, nada más ni nada menos, uno de los jurados del famoso “Concurso de periodismo Odebrecht”. (Ver Concurso).

El segundo: Guerra en junio de 2017 admitió en Radio Nacional de Perú que habría una lista de periodistas peruanos vinculados a Odebrecht sin decir nombres. Interesante. (Ver Mafia del caso).

El tercero: Hugo Guerra ha atacado a algunos de los medios que han denunciado los casos de corrupción de Odebrecht en Perú. Por eso mismo, en noviembre de 2018 América Televisión decidió interponer una demanda penal en contra de Guerra por sus ataques al “Cuarto Poder” y a sus conductores.

Finalmente, Guerra ha sido un eterno defensor del expresidente Alan García y lo ha calificado como un perseguido político. (Ver Entrevista).

Todos estos elementos dejan dudas sobre qué exactamente estaba haciendo este importante periodista en Colombia en pleno auge del lobby y corrupción de Odebrecht y si tiene algo que ver con la supuesta lista de periodistas en Colombia que estaban pagados por la corrupta empresa.

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  • 33.19.-La dignidad de Noticias UnoCECILIA OROZCO
  • La independencia de Noticias Uno YOHIR AKERMAN 

Noticias Uno, antes NTC Noticias, ha sido, durante sus 28 años de existencia, un informativo marginal en el país según Ibope, la multinacional que mide las audiencias y que sustituyó al Verbo Divino en el mundo publicitario, la Verdad Revelada con la que se determinan las inversiones propagandísticas del empresariado nacional a pesar de que nadie conozca el fondo de sus prácticas y, menos, sus métodos o alianzas.

4 sep 2019.- Como digo, de acuerdo con el monstruo Ibope y sus seguidores de secta, Noticias Uno ha sido, en estas casi tres décadas, un informativo secundario. No obstante, en la opinión y en la realidad de los ciudadanos que terminan soportando sobre sus hombros las decisiones que un pequeño grupo de poder toma por ellos, Noticias Uno fue parte relevante de sus vidas sin importar si estaban frente a la pantalla o no, porque incidió en hitos de la historia del país en que residen, mediante su periodismo vigilante e independiente; y con esto, en el respeto a los principios democráticos y los derechos civiles cada vez más atropellados por un autoritarismo sin controles.

Corría mayo de 2004, hace 15 años. Después de 11 horas de un agitado debate en la Comisión Primera de la Cámara, 17 representantes contra 15 decidieron el destino que todavía padecemos 48 millones de habitantes. Tal noche, la votación por el sí a la reelección presidencial inmediata, prohibida en la Constitución, dio vía libre a un segundo periodo de Álvaro Uribe. Los dos votos de la mayoría fueron cuestionados por la oposición por el extraño giro que habían tomado, la noche anterior, quienes habían manifestado públicamente su desacuerdo con el “articulito” que desajustó el sistema de pesos y contrapesos de la democracia.

Yidis Medina votó a favor de la reelección. Teodolindo Avendaño desapareció a tiempo para no tener que votar. Hubo protestas, denuncias y, como casi siempre, todo terminó en silencio político y mediático. Tres meses después, Daniel Coronell, director de Noticias Uno, recibió una llamada de Yidis Medina para solicitarle una cita urgente. (¿Por qué la representante no se comunicó con otro periodista u otro medio de mayor rating? Le habría convenido, dirían Ibope y sus clientes).

Yidis prefirió confiar en Coronell y en Noticias Uno. Le reveló al periodista que su voto por la reelección de Uribe había sido comprado por este y por su gobierno: le habían ofrecido contratos y puestos en entidades públicas a cambio de su favor. Pero le habían incumplido y creía que su vida estaba en riesgo porque se había quejado. Al otro día, aceptó grabar su declaración a condición de guardarla, salvo que autorizara hacerlo o algo le pasara. Coronell cumplió lo prometido: la gravísima prueba de que el jefe de Estado iba a ser reelegido con base en varios delitos quedó guardada en una caja fuerte.

En diciembre de ese año, el Congreso formalizó el acto legislativo de la reelección; en 2005, la Corte Constitucional lo declaró ajustado a la Carta y en 2006, el doctor Uribe Vélez inició su segundo periodo. Coronell, a quien el expresidente y el uribismo califican de perseguidor de este, mantuvo silencio y prefirió honrar su palabra de reportero que impedir, como lo hubiera podido hacer, el fraudulento segundo gobierno del hombre más poderoso de Colombia.

 Dos años después de su nueva administración, en 2008, Noticias Uno develó la bomba noticiosa. Varios ministros y altos funcionarios y la propia Yidis pagaron condena por lo que hicieron. Curiosamente, el beneficiario de sus delitos nunca ha sido investigado ni menos castigado.

Una década después de la yidispolítica, en noviembre de 2018, Noticias Uno explotó otra información escandalosa, en esta ocasión, para el sistema judicial del que depende nuestra libertad, ni más ni menos. Acababa de fallecer Jorge Enrique Pizano, el exauditor del socio colombiano de Odebrecht. El reportero Iván Serrano y quien escribe estas líneas, directora del noticiero desde 2011, nos reunimos con carácter urgente. En privado, primero, y luego con el apoyo de la magnífica planta de periodistas de Noticias Uno, revisamos, organizamos y clasificamos la entrevista, las grabaciones y los mensajes que Pizano nos había confiado durante meses bajo una condición similar a la de Yidis: no podíamos revelar nada excepto con su autorización expresa, si se iba del país o si moría.

Esta otra información produjo un cataclismo que terminó con la renuncia del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aunque este la atribuya, con su inveterada vanidad, a otros sucesos.

Las manchas inocultables que surgieron en Colombia sobre la Presidencia de la República y sobre la Fiscalía General en dos épocas diferentes, pero hondamente conectadas entre sí por hilos contaminados, quedarán en los relatos de la historia gracias al ejercicio profesional de Noticias Uno. Estas dos grandes chivas junto con centenares de noticias más, de denuncia de los maxi y minipoderes privados y públicos, nos granjearon enemigos gigantes y pequeños. Lo sabíamos y conocíamos a ciencia y conciencia los peligros que enfrentaríamos. Hoy los asumimos sin arrepentimiento y con algo que jamás nos podrán arrebatar: la dignidad.

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33.19.-La independencia de Noticias Uno YOHIR AKERMAN

 

La investigación no es una especialidad del periodismo, sino que todo el periodismo debe ser investigativo por definición, dijo Gabriel García Márquez en 1995. Y la frase parece describir la forma en la que el equipo completo de Noticias Uno ha hecho periodismo de cara al país.

8 Sep 2019.- Desde su creación en 1992 como NTC Noticias, pasando por su cambio a Noticias Uno en 2002, el equipo de periodistas hoy encabezado por Cecilia Orozco ha revelado algunos de los escándalos más importantes de Colombia.

Sólo para recordar algunas de las muchas denuncias hechas por ese noticiero, podríamos empezar por la del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán.

La siempre impecable periodista y presentadora María Cristina Uribe y un joven y riguroso Ignacio Gómez, hoy subdirector del noticiero, salieron a pantalla en el año 2007 a mostrar un video que cambiaría la historia y desmentía la versión oficial que había sido contada hace 22 años sobre el Palacio de Justicia.

Noticias Uno demostró que Urán había salido caminando con vida del edificio en medio del combate y después había sido asesinado por las autoridades. (Ver La verdad).

Escalofriante.

Tampoco se puede olvidar cuando el 20 de abril de 2008, Noticias Uno transmitió un video que permaneció inédito por casi cuatro años en el que la excongresista Yidis Medina admitía haber aceptado sobornos de parte del entonces presidente Álvaro Uribe y de algunos de sus cercanos colaboradores para cambiar su voto. Lo hizo ante Daniel Coronell, entonces director del noticiero.

El soborno era, nada más ni nada menos, para que se aprobara en la Cámara de Representantes el proyecto de ley tramitado por el gobierno para permitir la reelección presidencial inmediata que le dio la oportunidad a Uribe de aspirar a un segundo mandato. (Ver El soborno).

Una reelección conseguida de manera ilegal gracias al delito de cohecho.

Cómo olvidar que fue este noticiero el que evidenció que Tomás y Jerónimo, los hijos del expresidente Uribe, llegaron a la Casa de Nariño siendo estudiantes y salieron convertidos en multimillonarios gracias a la famosa estrategia del volteo de tierras con la colaboración de un alcalde de Mosquea que también recibió su tajada del negocio. (Ver Zona franca).

Más reciente, Noticias Uno fue el primer medio en descubrir que Uribe iba a ser investigado por manipulación de testigos, después de que la Corte Suprema dictara un auto inhibitorio para investigar a Iván Cepeda por ese mismo delito.

Frente a ese informe el senador Uribe dijo en cámaras: “Noticias Uno no tiene respuesta de mi parte y te digo por qué: porque ustedes no son periodismo independiente, ustedes en Noticias Uno lo que hacen es buscar cómo protegen a los amigos de las Farc y cómo maltratan a alguien que, como yo, ha dado una gran batalla por la democracia”. (Ver Indagatoria).

La vieja estrategia de responder con mentiras para ocultar la verdad.

Ya que Noticias Uno, por ejemplo, fue el medio que reveló los videos de entrenamiento de habitantes de la calle y desempleados que después aparecieron como desmovilizados en el Bloque Cacica la Gaitana de las Farc, todo para hacer el teatro de una desmovilización falsa que fue develada gracias a la labor de estos periodistas. (Ver Supuesta desmovilización).

También fue el primer medio en denunciar el cartel de la toga, ya que desde 2011, con la llegada de Cecilia Orozco a la dirección de ese equipo, se enfocaron en investigar la corrupción del poder judicial en distintas corporaciones entre la Corte Suprema, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.

Por eso el país conoció las historias de los magistrados Leonidas Bustos, José María Armenta, Rodrigo Escobar Gil, Jorge Pretelt, Henry Villarraga y Alberto Rojas Ríos. (Ver Las altas cortes).

Así, ese noticiero ha impulsado que la justicia actúe frente a unos funcionarios corruptos, al igual que ha evitado que se dé la sentencia de otros que han sido inocentes.

De esta manera entregó la verdad sobre la corrupción de Carlos Palacino en Saludcoop, la descomposición al interior de las Fuerzas Armadas, las primeras denuncias sobre la comunidad del anillo, algunos de los abusos y robos de universidades de garaje, la corrupción de la DIAN en los puertos, los videos en el escándalo de Odebrecht, los abusos del padre Chucho, los audios de DMG, el video desconocido del cuerpo abatido del Mono Jojoy o las pruebas de supervivencia de Ingrid Betancourt cuando estaba secuestrada, imágenes que le dieron la vuelta al mundo.

Este noticiero nunca ha puesto en duda su independencia y su equipo periodístico ha sido ejemplo de valentía y coraje, tanto que en varias situaciones eso les ha costado amenazas de muerte, instigaciones y ataques en contra de su reputación.

Eso es un capital que nunca podrán quitarles y por eso nosotros, su audiencia, siempre estaremos pendientes de sus pasos para poder seguirlos y seguir aprendiendo de ellos. A todos los de Noticias Uno, un aplauso de pie.

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  • 32.19.-Ojo con la elección de registradorCECILIA OROZCO
  • El Rey y su séquitoYOHIR AKERMAN

El nombre de Alexánder Vega Rocha es desconocido para el 95 % de los colombianos. El otro 5 % que ha oído hablar de él está compuesto por políticos de todos los pelambres, algunos miembros de las cortes, unos cuantos periodistas y quienes han tenido nexos sanos o maliciosos con la Registraduría Nacional, o con ese nido de clientelismo llamado Consejo Nacional Electoral.

28 ago 2019.- En estos ámbitos, Vega sí es recordado, entre otras cosillas, por sus habilidades sociales: sabe hacer amigos agradecidos con él “para toda la vida”, dadas sus asombrosas atenciones. Si hubiera un concurso, como el que ahora se desarrolla para elegir registrador, pero con el fin de encontrar al campeón de la Lambonería (ese comportamiento criollo que el escritor Ricardo Silva ilustró, magistralmente, en su columna con tal título como un “patrimonio” colombiano que “seguirá dándose en un mundo en el que el trabajo serio no es suficiente propaganda”), Vega Rocha sería el súmmum de la misma.

Para infortunio del país, ser adulón no es la peor tacha que se le endilga a quien, hoy, encabeza la lista de candidatos a ocupar el trascendental cargo de rector y árbitro de las elecciones nacionales y regionales: Vega obtuvo, el fin de semana pasado, el puntaje más alto en un examen de conocimientos que se exige a los aspirantes a ser registrador nacional. Esa calificación, más otras cosillas, ponen a Vega como el candidato de mayor opción frente a sus electores, los presidentes de la Corte Constitucional, Corte Suprema y Consejo de Estado, este año, Gloria Ortiz, Lucy Jeannette Bermúdez y Álvaro Fernando García. Como dije, las otras cosillas preocupan mucho más. Su pobre hoja de vida es una de estas. En la que se ha publicado en prensa, se registra que es oriundo de Miraflores, Guaviare; que es abogado y que fue personero de Chía y coordinador de asuntos electorales de Bogotá. También se informa que ha litigado. Y punto. Miles de ciudadanos, con una carrera similar o muchísimo mejor que la del puntero del examen, jamás podrán conseguir un cupo laboral en la Registraduría. Pero el afortunado Vega encontró partido padrino: la U lo avaló, empujó su nombre y le hizo un cupo, en 2014, en el mal reputado Consejo Electoral.

Vega Rocha cumplió, ahí sí con “excelencia”, su tarea. Estando en el Consejo, se supo, por una de sus colegas que tampoco desbordaba virtud, que la Sala Penal de la Corte Suprema cuenta con evidencia judicial de una relación de llamadas de los señores Otto Bula y/o Bernardo Miguel Ñoño Elías al celular asignado a Alexánder Vega Rocha en momentos en que los dos primeros estaban, ya, involucrados penalmente en el escándalo de Odebrecht, y el segundo participaba de las decisiones del Consejo Electoral sobre la apertura o no de investigaciones a las campañas presidenciales de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos y su presunta financiación por parte de Odebrecht.

La comunicaciones perversas entre los móviles de Bula y/o el Ñoño —los investigados— y Vega —el juez— duraron ¡12 horas en total! (ver). Vega se enfureció y devolvió el golpe denunciando a su denunciante. Ésta retiró lo dicho en la oscuridad de esas salas en que no existe veeduría ciudadana, y sanseacabó. Pero el documento existe y es legal y legítimo. El cuasi registrador nacional es reconocido también por sus cercanías políticas, no solo con la U, por cierto el partido del Ñoño, al parecer su aliado, sino con todas las colectividades santistas o uribistas que lo buscaban, dependiendo de los asuntos que el Consejo Electoral tenía pendientes. Vega también ha hecho fama por sus presuntos amigos y amigas en las cortes. Las presidentas de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado harían bien, además de cuidar las formas del concurso, en resolver dudas que flotan por su posible compromiso afectivo con Alexánder Vega: ¿Es cierto o falso que han sido invitadas más de una vez a almorzar por el aspirante Vega después de iniciado el proceso de selección? ¿Es cierto o falso que al menos a una de ellas Vega le ofreció tremenda fiesta de cumpleaños? ¿Es cierto o falso que quien es asistente de una de las dos presidentas también lo fue del aspirante Vega? Las respuestas a estas y otras preguntas son un derecho ciudadano y es legítimo formularlas. Hay muchas otras aristas oscuras que deben dilucidarse antes de la elección de registrador. Que no nos pase lo que ya sucedió, por no escuchar las advertencias, en la Fiscalía General.

Entre paréntesis. La presidenta del Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, respondió a llamada de esta columnista después del cierre físico del periódico de hoy. A mis preguntas, negó tener amistad con el aspirante Vega y aseguró que no ha sido homenajeada por él con fiestas o regalos. Aceptó, en cambio, haber sido ponente a favor de la elección de Vega en el Consejo Electoral hace 5 años, en demanda de nulidad de tal acto presentada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado de la que ella hace parte.

https://www.elespectador.com/opinion/ojo-con-la-eleccion-de-registrador-columna-878071

32.19.-El Rey y su séquitoYOHIR AKERMAN

 El nombre del candidato con más opciones de llegar al máximo cargo departamental de Cundinamarca ha aparecido en varias operaciones de “volteo de tierras”, o cambios en los Planes de Ordenamiento Territorial, según la columna del domingo pasado del periodista Daniel Coronell.

Se puede determinar con esa investigación en revista Semana que varias decisiones para modificar el uso de la tierra en algunos sectores de sus municipios han podido estar manchadas por intereses privados de los funcionarios públicos, con el fin de beneficiar a predios de particulares.

Los protagonistas de esas historias, según el columnista, son Nicolás García Bustos, de quien se dice será el próximo gobernador de Cundinamarca, y el actual, Jorge Rey, que tiene puesta toda la maquinaria y su séquito para que García sea su sucesor.

Por eso es importante entender quién hace parte de ese séquito del señor Rey. Y su historia.

Empecemos por él.

1 sep 2019.- Rey heredó la pasión por los negocios y los temas políticos de su madre, Mercedes Ángel de Rey, quien ha sido líder de juntas de acción comunal en Funza y ha presidido la asociación de juntas de ese municipio en varias ocasiones. También ha estado involucrada en los temas de volteo de tierras. (Ver La mamá del Rey).

A los 26 añitos, cuando Álvaro Cruz estaba en su primera administración de la Gobernación de Cundinamarca, Rey fue designado secretario de Gobierno de Funza por Hernando Vargas González quién ganó la elección para la Alcaldía allí y era una ficha de Cruz.

Apenas terminó Vargas su gobierno, Rey se planteó como su sucesor en la Alcaldía de Funza. Su administración fue cuestionada e investigada por haber cobrado una plusvalía creada en un acuerdo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había declarado nulo. Pero sigamos porque no pasó nada.

En el 2012 Álvaro Cruz designó a Rey como su secretario de Acción Comunal. Ese cargo era sin importancia ya que tenía apenas $200 millones de presupuesto para invertir. Pero Cruz le dio una manito y tramitó una adición presupuestal de más de $5.000 millones para ese mismo año con lo que, según La Silla Vacía, Rey empezó a convertir a las juntas de acción comunal de todo el departamento en su maquinaria política. (Ver Jorge Emilio Rey).

Y funcionó. En 2013 Rey renunció para lanzarse a la Cámara de Representantes en donde fue elegido aplastantemente el 9 de marzo de 2014. Pero duró poco.

El 21 de octubre de 2014, es decir, tres meses y un día después de su posesión como legislador, Rey renunció para lanzarse a la Gobernación. Importante entender que para llegar a ser representante a la Cámara hay que hacer una gran inversión en la campaña, pero parece que eso no le dolió a Rey a la hora de renunciar a su cargo en el que duró solo unos mesecitos, ya que él iba por algo mayor.

En todos esos cargos, como en la Gobernación, siempre ha estado rodeado de su séquito en un carrusel de poder.

Jorge Enrique Machuca fue el reemplazo de Rey en la Alcaldía de Funza y después la Gobernación lo nombró gerente de la Licorera de Cundinamarca. Pues bien, el pasado 22 de julio la Procuraduría le abrió pliego de cargos a Machuca junto a su jefe de planeación y a 10 concejales de Funza por presuntas irregularidades relacionadas con el Plan de Ordenamiento Territorial cuando fue alcalde. (Ver Cargos a exalcalde)

Dentro del grupo cercano de Rey también están el representante Óscar Sánchez, quien fue otro de los acusados por el senador Carlos Fernando Galán por irregularidades en el POT junto a Rey. Sánchez fue alcalde de Facatativá entre 2008 y 2011 y lo reemplazó en el cargo su secretario de Planeación, Pablo Malo García.

Sigamos.

El diputado de Cundinamarca Juan Carlos Coy es otro del círculo cercano. La Procuraduría le abrió una investigación por presuntas irregularidades en la gestión y ejecución del proyecto Ciudadela Campestre Chauta, para la construcción de 900 viviendas unifamiliares en un terreno con destinación agropecuaria que no contaba con servicios públicos.

Por otro lado, está el señor David Alexander Piracoca, el personero municipal de Tabio hasta esta semana, quien tiene, entre otras, como funciones constitucionales, el control disciplinario a los funcionarios que participen indebidamente en política. Recientemente La FM reveló que Piracoca guardaba publicidad de políticos cercanos a Rey en el despacho público de la Personería, pero ese es un tema más profundo y lo analizaremos en una columna más adelante.

Por último, llegamos al señor Nicolás García, quien fue alcalde de Mosquera entre 2012 y 2015, secretario de Despacho de la Secretaría de Gobierno del mismo municipio en el 2008, y asesor de la Secretaría de Hacienda en la Alcaldía de Zipaquirá.

García es hijo del empresario de la papa llamado Miguel García, uno de los hombres más ricos del sector agrario en Cundinamarca.

Pero más importante aún, todos estos son los alfiles y las personas de confianza del exgobernador Álvaro Cruz, quien se encuentra preso por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, cohecho tentado y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

Cruz sigue jugando su ajedrez político por medio de Rey y ahora de García.

Lo interesante es que, pese a las investigaciones, a estos no les ha pasado nada ya que, aunque García fue denunciado por volteo de tierras por el exsenador Carlos Fernando Galán en el despacho del entonces fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, este hoy está preso en Estados Unidos por recibir sobornos para torcer procesos a favor de otro gobernador, el de Córdoba, y Rey había contratado la asesoría jurídica del exmagistrado Leonidas Bustos, que había sido jefe y socio de andanzas de Moreno.

Un tema donde el cartel de la toga se cruza con el cartel del volteo de tierras en Cundinamarca.

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  • 31.19.-Aquí está “la señorita Tascón”, señor Martínez NeiraCECILIA OROZCO TASCÓN
  • El apartamento del exmagistrado Ricaurte – YOHIR AKERMAN

El pasado jueves 15 de agosto, una Fiscalía local de Bogotá y el edificio en donde esta funciona se convirtieron en centro de atracción para quienes se encontraban en ese desangelado lugar. Afuera, mientras los ciudadanos corrientes hacían una fila de más de una cuadra de extensión, obligatoria para poder registrar su ingreso, una caravana espectacular de camionetas blindadas alteró la rutina. 

Mientras algunos de los vehículos desaparecían por un parqueadero de acceso privilegiado, otros se estacionaron al frente con el fin de dominar el sitio. Cuando después de media hora de paciente espera en la hilera de los comunes el periodista Julián Martínez, creador del medio virtual Revelados, pudo subir al despacho que lo había llamado para una conciliación por una denuncia penal cuyo contenido desconocía, encontró distribuidos en todo el piso a unos 15 hombres con el logo distintivo de la misma entidad citante, es decir, de la Fiscalía, estampado en sus chalecos. Escoltaban a alguien que debía ser muy importante.

21 ago 2019.- Julián, antiguo miembro del equipo de Noticias Uno, no tuvo tiempo de darle gusto a su curiosidad. Cuando entró a la oficina que lo requería, se encontró a quien lo había denunciado: Néstor Humberto Martínez Neira. La fiscal local del llamado debió sentirse intimidada con la presencia del que, hasta hace apenas tres meses, era el jefe de sus jefes en la entidad investigadora. Ni en sueños ella hubiera podido imaginarse que semejante personalidad fuera a estar sentada en una de las sillas del destartalado cubículo que les asignan a los profesionales del nivel local. El acto prejudicial y la explicación a Julián sobre la querella que enfrentaba se iniciaron pese a que la fiscal advirtió que faltaba por llegar la segunda denunciada de su exjefe máximo: Cecilia Orozco Tascón, la misma que escribe esta columna. (Hace tiempo y ante la avalancha de gente poco respetable que quiere limpiar su nombre con falsas recriminaciones, tomé la opción legal de no atender, por principio, esa etapa y, en su defecto, enfrentar las denuncias durante el proceso formal).

Continúo: Martínez Neira, con su soberbia habitual, enteró al reportero de que, en su concepto, el del poderoso ex fiscal general, Julián y esta columnista somos delincuentes porque el primero le preguntó a la segunda, y esta respondió en uno de sus programas, sobre la extraña forma en que Martínez Neira conoció los términos de unos mensajes y unas llamadas telefónicas entre dos integrantes de la redacción de Noticias Uno en un momento clave: el de la época en que el noticiero reveló las escandalosas grabaciones del ingeniero Jorge Enrique Pizano con las que se descubrió que el multifacético abogado Martínez Neira tenía a su disposición serios indicios de los ilícitos que se estaban cometiendo en la Ruta del Sol II, años antes de que se destapara el affaireOdebrecht.

Antes de concluir la diligencia sin fórmula conciliatoria, el denunciante le exigió a su exsubalterna, la fiscal local, que dejara constancia de que “la señorita Tascón” no había asistido. No era un lapsus sino un intento machista de ofensa que no alcanza su propósito. No imagino a Martínez Neira llamando, por ejemplo, “el señorito Guzmán” al respetable abogado Ramiro Bejarano Guzmán a quien, por cierto, el fiscal general en la sombra teme tanto.

Aparte de la parafernalia con la que pretende aplastar a los periodistas que le incomodan, lo cierto es que Martínez no descansa desde cuando derrumbamos, gracias a la integridad moral de Pizano, su fachada de hombre ejemplar y lo expusimos como es. Su persecución contra Noticias Uno empezó de inmediato, a los pocos días de la muerte de Pizano, y con la ayuda, ingenua en unos casos y cómplice en otros, de periodistas y pseudoperiodistas, de medios y pseudomedios. El primer ataque surgió de una alcantarilla digital que suele publicar historias que mágicamente favorecen al señor Martínez. Allí rodó la versión mentirosa de que el noticiero había adulterado las grabaciones de Pizano. Cuando el peso de la verdad superó ese invento, saltó, en boca de un director radial, espero que de buena fe, otro rumor: que Pizano murió poco después de sufrir una depresión severa debido al incumplimiento de Noticias Uno con él (escuchar audio, minuto 20:00).

Siete días más tarde, el 28 de noviembre de 2018, tuvo lugar el debate en el Senado de control político al fiscal. Sorpresa: Martínez repitió, exactamente, la mentira que le habían transmitido al director de la cadena de radio. “Se vino a saber”, fue la expresión que usó quien después de unos meses se vio forzado a renunciar por el peso de su desprestigio (ver, a partir del minuto 9:00). La denuncia del exfiscal, que no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse en condiciones de igualdad e imparcialidad, es otro capítulo de su inagotable venganza. La “señorita Tascón” no se esconde ni se arredra. Seguiremos informando y enfrentando a gente como usted, señor Martínez Neira, hasta cuando la libertad exista.

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31.19.-El apartamento del exmagistrado Ricaurte –   YOHIR AKERMAN 

El juez 29 de circuito de Bogotá dejó en libertad al exmagistrado Francisco Ricaurte Gómez ya que pasaron más de 240 días desde la detención del expresidente de la Corte Suprema y no había iniciado el juicio en su contra por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, utilización indebida de información y tráfico de influencias.

Es indignante, ya que Ricaurte estaba preso por ser uno de los supuestos cerebros del Cartel de la Toga, caracterizado por negociar fallos de la Corte a cambio de miles de millones de pesos, especialmente, provenientes de congresistas acusados de tener nexos con estructuras paramilitares.

Dentro de las pruebas que ha recaudado la Fiscalía en esta investigación existen grabaciones que evidencian la entrega de sobornos representados en apartamentos, vehículos y lujosos regalos como relojes de alta gama.

Gracias a la lentitud de la justicia el exmagistrado logró volver a la comodidad de su apartamento. Por eso vale la pena darle una miradita a la historia de esa propiedad.

El 24 de febrero de 2009, dos días después de que estallara el escándalo de las chuzadas del DAS revelado por la revista Semana, el entonces magistrado Francisco Ricaurte le dijo a la Fiscalía que las líneas telefónicas de su hogar estaban a nombre del exfiscal Luis Camilo Osorio.

Esto de cara a una declaración para dar inicio a una investigación por las chuzadas a la Corte Suprema de Justicia.

“PREGUNTADO: ¿Está usted dispuesto a suministrar los números celulares, fijos y correos electrónicos que ha utilizado durante el último año, con el fin de llevar a cabo cotejo con la información que se pueda obtener en las diferentes salas de interceptación a cargo del DAS? De antemano, manifestándole que el resultado de este cotejo tiene carácter reservado.

FRANCISCO RICAURTE: Sí estaría dispuesto a suministrar los números telefónicos y el correo privado y oficial, aunque yo no tengo por costumbre comunicarme con mucha frecuencia con los correos electrónicos. Mi celular es 31532XXXXX – 30021XXXXX y los teléfonos fijos son 5629XXX y 5629XXX; los de la residencia son 6556XXX y 6556XXX, teléfonos que están a nombre del doctor Luis Camilo Osorio, exfiscal general de la Nación”. (Ver Formato Entrevista)

Pese a la situación en la que se encontraba la Corte, ya que funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez habían ordenado al DAS chuzar a los magistrados, Ricaurte, en un perfil escrito por la periodista María del Rosario Arrázola, siempre se autodefinió como “un uribista reflexivo” y aseguró que votó en las dos ocasiones por el expresidente de las chuzadas a la Corte y a sus contradictores. (Ver Reflexivo).

Pero volvamos al apartamento que hoy recibe al exmagistrado después de su salida de prisión. ¿Por qué el expresidente de la Corte Suprema dijo el 24 de febrero de 2009 que las líneas de sus teléfonos estaban a nombre del exfiscal general de la Nación Luis Camilo Osorio?

Cuando Francisco Ricaurte era el presidente de la Corte Suprema de Justicia y magistrado de la sala laboral, vivía en arriendo ocupando un apartamento en el exclusivo sector ubicado sobre la carrera séptima con calle 83.

Tal y como lo determinó el periodista Julián Martínez, el inmueble en el que vivía Ricaurte pertenecía al exfiscal Osorio, a quien la Comisión de Acusación del Congreso investiga desde 2013 por una supuesta infiltración del paramilitarismo en la Fiscalía bajo su administración.

Gracias a un informe de la periodista Diana Durán en El Espectador publicado el 17 de agosto de 2017 se pudo establecer cuáles otros bienes tiene Ricaurte y, además, que en 2012 compró dicho apartamento en el que vivía en arriendo a Luis Camilo Osorio a través de un crédito bancario. (Ver Propiedades)

Es importante tener en cuenta que esa transacción se hizo en pleno momento cuando se estaban ejecutando las operaciones ilegales del Cartel de la Toga, por lo cual la justicia tiene que revisar si la compra de ese bien, que hoy puede llegar a costar unos $1.500 millones de pesos, se realizó con dineros provenientes de sobornos y corrupción judicial.

Eso al igual que las otras propiedades del expresidente de la Corte como el apartamento en el barrio La Cabrera, que compró Ricaurte en 2005, un año después de llegar a la Sala Laboral de la Corte Suprema, y que está ubicado a dos cuadras de la vivienda del exmagistrado José Leonidas Bustos.

Un enredo de intereses, apartamentos y ahora dilatación de los procesos, todo para seguir evadiendo la justicia.

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  • 30.19.-El poderoso Pretelt: muchos procesos, pocos resultados  CECILIA OROZCO
  • Finca La Mundial de Uribe VélezYOHIR AKERMAN

Si es cierto que la naturaleza de una persona se define, en buena medida, por los amigos que conserva a lo largo de la vida, entonces la de Álvaro Uribe se descubre, más allá de la imagen que ven sus seguidores, con la identidad de Jorge Pretelt, su protegido en por lo menos 14 años de exposición pública en que el expresidente no ha hecho otra cosa que apoyar a ese abogado gris de Córdoba para intentar llevarlo a los más altos cargos estatales, sin importar las sombras que rodean sus conductas privada y oficial. Diría uno, sobre la relación Uribe-Pretelt, que ambos se encuentran en un mismo mundo de intereses sin ley, a no ser su ley. La situación judicial y administrativa de quien, por cuenta de la influencia y decisión de Uribe Vélez, llegó a ser magistrado de la Corte Constitucional es tan complicada que nadie, en el Estado, puede explicar por qué ninguno de los procesos que tiene pendientes en diferentes instancias surte efectos.

El fin de semana pasado, Noticias Uno reveló el bonito negocio turístico que el señor Pretelt ha desarrollado en un baldío de la Nación del que se apropió, para peor daño, invadiendo un parque natural y matando un arrecife de corales encima del cual construyó una casa-hotel que ofrece, hoy, en redes sociales, a tres millones y medio de pesos la noche o a $750.000 la “suite” (ver). En privado, Pretelt llama “mi isla” al elegante lugar de mar cristalino en el archipiélago de San Bernardo, a hora y media de Cartagena, que él mismo denominó La Gaviota y cuya existencia insulta, además de la normatividad, la pobreza de los habitantes del vecino Santa Cruz del Islote. Pues bien, Pretelt amplió recientemente el daño ecológico y, con este, las instalaciones de “su” casa, aunque sobre ese bien pesan dos investigaciones en Parques Nacionales, una de 2015 y otra de 2018, por “construcción de barrera y relleno… con afectación de pastos marinos y corales”, la primera; y por “reparación de una casa, aumento a tres plantas y nueva estructura de protección sin licencia ambiental ni licencia de construcción”, la segunda.

No obstante que el exvicerrector y cofundador de la progubernamental Universidad Sergio Arboleda dio clases de Derecho por años, ha ignorado, olímpicamente, la Resolución 1424 de 1996 —hace 23 años— del Ministerio de Ambiente en que “se ordena la suspensión de las construcciones en el área del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario, en las islas del Rosario y … el archipiélago de San Bernardo” (ver). Nada vale si se trata de Pretelt: pillados en flagrancia, tres de sus obreros fueron detenidos y conducidos a Cartagena, en operación conjunta entre funcionarios de Parques, Policía y Armada cuando adelantaban la reparación de la casa: muy pronto fueron dejados en libertad “por falta de pruebas”. Pero ahí no se detiene la historia. En la Agencia Nacional de Tierras, antes Incoder, antes Unidad Nacional de Tierras, hay un expediente contra Pretelt Chaljub desde febrero de 2008 que pretende “recuperar el bien indebidamente ocupado, denominado La Gaviota”. Desde entonces, servidores de esas entidades han intentado notificar al implicado Pretelt sin lograrlo; han fijado edictos emplazatorios; han ordenado y ejecutado inspecciones oculares; ha “desaparecido” la investigación y vuelto a aparecer. Y cuando finalmente terminó su trámite y se tomó la decisión de recuperar el predio, el acto de recuperación no se ejecuta y por gracia de la divina providencia ¡aparece la Dirección General Marítima (Dimar), del Ministerio de Defensa, con su mano salvadora, a pedir la competencia del caso!

No tengo espacio para describir otros procesos que le abrieron a Pretelt por la época en que fue nombrado presidente de la Corte, esta vez, por acumulación ilegal de baldíos en Antioquia y Córdoba; ni para comentar la parálisis de su proceso político en el Senado o de su proceso penal en la Corte Suprema por la coima de $500 millones que habría exigido a cambio de un fallo favorable de tutela en que terminaron presos o condenados todos, menos él. Mientras actuaba de manera tan particular, su mentor Uribe lo postuló y defendió: en 2005, lo incluyó en la terna para fiscal general. En 2009, lo preeligió en la Corte Constitucional. En 2015, lo defendió con su bancada en el Congreso. Pretelt salió castigado por indigno, es cierto. Pero no gracias, sino en contra de Uribe. También cierto es que hoy sigue impune haciendo de las suyas a sus anchas, y muerto de la risa.

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30.19.-Finca La Mundial de Uribe VélezYOHIR AKERMAN

 El pasado 13 de agosto el expresidente Álvaro Uribe Vélez dio una entrevista al periodista Ricardo Ospina de Blu Radio en preparación a la indagatoria que tendrá que rendir el 8 de octubre. Entre los muchos elementos importantes que merecen análisis y revisión de sus declaraciones, vamos a centrarnos en uno histórico que es importante para entender la genealogía de este problema en Colombia.

El senador Uribe, para justificar su no presencia en la hacienda Guacharacas, que es lo que establece su relación y la de su hermano con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, en el minuto 3:30 de la entrevista establece: “Dejé de ir a esa región desde el año 79, cuando le entregué a un sindicato controlado por las Farc una tierra de caña, La Mundial San Cipriano, que era en ese momento la mejor estancia panelera de Antioquia; el avalúo de las deudas laborales ascendía a $6 millones y la finca valía más de $20 millones. Preferí entregársela a un sindicato controlado por las Farc para no tener más problemas en esa región”. (Oír Audio).

Vamos por partes ya que la verdadera historia es bien diferente.

Según una crónica de Gustavo Gallo Machado, la finca La Mundial fue todo un emporio panelero que se ubicó en el municipio de Maceo, en el nordeste antioqueño. La historia se remonta a 1971, cuando se constituyó el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (Sintraagrícola) justamente en la finca La Mundial, que hacía parte de la hacienda San Cipriano. La primera se dedicaba al cultivo de la caña de azúcar y a la panela, y la segunda, a la ganadería.

Más de 150 trabajadores se dedicaban día y noche a cortar caña, sacar guarapo y panela. Antonio Morales, uno de los trabajadores de la época dorada del Ingenio Panelero La Mundial, recuerda que aquello era un gran emporio económico, envidiado en toda la región debido a la cantidad de empleo y riqueza que se generaba. “Pero los trabajadores vivíamos en unas condiciones lamentables. No había turnos, la comida no era buena y se abusaba mucho”, dice. (Ver Solo quedan los recuerdos).

Ahí surgió el primer sindicato agrario del país. El primero. Y, según varios de los trabajadores, lo que pretendía Sintraagrícola era acabar con las intensas jornadas de trabajo y dotar a los campesinos de horas de descanso, vacaciones, salarios justos, buena alimentación y condiciones laborales adecuadas.

Pero se toparon nada más ni nada menos que con los Uribe.

En 1975 el joven Álvaro Uribe y su padre compraron la finca La Mundial con toda la producción panelera. Desde un inicio hubo choques entre los trabajadores y los nuevos propietarios, ya que la organización sindical hizo una firme defensa de los derechos adquiridos, mientras que los Uribe obligaron a planes de retiro voluntarios, para disminuir la carga laboral.

La situación se recrudeció rápidamente luego de persistentes conflictos con los trabajadores por el no pago de obligaciones laborales y muchos intentos por acabar con el sindicato al que acusaban de simpatizar con la guerrilla.

Eso llevó a que los Uribe les entregaran la hacienda por un año a los trabajadores para que la administraran y se pagaran sus prestaciones vencidas, pero al devolverla en 1978, Uribe Vélez exigió que se la entregaran sin trabajadores, cosa que era ilegal. Eso obligó a la familia Uribe a salir de la finca, el 4 de junio de 1979, dejándoles la producción a los trabajadores, pero conservando la propiedad.

El 24 de marzo de 1980 el presidente Julio César Turbay Ayala nombró a Álvaro Uribe Vélez en la dirección del departamento de la Aeronáutica Civil. Eso ocupó su atención por lo complicado del cargo y los altos intereses que tenían los narcotraficantes en conseguir licencias para sus aviones.

Pero sigamos con La Mundial, que es como seguir con la historia de Colombia.

El 30 de agosto de 1981 la sociedad Javier Suárez y Cía., que agrupó a 68 trabajadores de la finca agremiados en Sintraagrícola, se tomó la propiedad de La Mundial, cosa que molestó infinitamente a los Uribe. Aunque se puede considerar un abuso lo que pasó con la familia del expresidente, nunca hubo manos de las Farc en esa situación como aseguró el senador en su reciente entrevista de Blu Radio.

Todo lo contrario.

La sociedad final quedó en manos de 55 campesinos, quienes compraron la propiedad el 30 de diciembre de 1982 por $5 millones a los Uribe, negocio que se formalizó en escritura pública el 17 de mayo de 1985. En manos de los trabajadores la producción panelera lastimosamente tuvo muchas dificultades de orden administrativo y la finca se vino abajo.

Pero los Uribe no estaban tranquilos y este fue uno de los primeros casos en que los intereses de los paramilitares y de los Uribe parecieron alienarse por arte de magia.

Por esa época se iniciaron los señalamientos de que en La Mundial hacía presencia la guerrilla, refiriéndose a los trabajadores sindicales que se habían quedado con la propiedad. Como respuesta hubo una aterrizada en la zona de un primer grupo de autodefensas, el MAS o Muerte a Secuestradores, que incursionó en la finca a mediados de los 80 y mató al trabajador Alfonso Jiménez. Ahí empezó.

Estos asesinatos y hostigamientos a los trabajadores de La Mundial continuaron con la llegada de los paramilitares del Magdalena Medio a la zona y la victoria de Uribe en la Gobernación de Antioquia, donde creó el 18 de noviembre de 1996 la legalización de la Convivir El Cóndor, a través de la Resolución 42378 de ese año.

De acuerdo con investigaciones del Instituto Popular de Capacitación (IPC), retomadas del libro Colombia, nunca más: crímenes de lesa humanidad, “el 10 de noviembre de 1996, Darío Olarte Castaño, de 24 años de edad, campesino y socio de La Mundial, fue desaparecido por un grupo paramilitar.

Dos meses después, el 11 de febrero de 1997, los paramilitares al mando de alias Óscar asesinaron a cuatro campesinos: Gilberto Casas Betancur, Norberto Casas Arboleda, Argemiro Betancur Espinosa y Alcides Palacio Arboleda en una incursión a la finca La Mundial.

Todo, cuando Uribe era gobernador.

“La situación fue dura y hubo mucho miedo. Aquí llegaban hombres armados reclamando y diciendo que éramos guerrilleros. Pero la verdad es que somos campesinos haciendo valer el derecho al trabajo”, le dijo Antonio Morales al periodista Gustavo Gallo. (Ver Mucho miedo).

Otras dos haciendas muy cercanas a La Mundial, San Cipriano y Guacharacas, que también eran propiedad de Uribe Vélez, fueron tomadas frecuentemente como bases de operativos por parte de la Brigada 14 del Ejército que dieron lugar a numerosas denuncias por violaciones de los derechos humanos y connivencia con los paramilitares.

Según relatos de gente de la zona, el Ejército hostigaba permanentemente a los trabajadores de La Mundial, acusándolos de “haberle robado la finca al doctor Uribe Vélez”, y, según documentos de las organizaciones campesinas de Antioquia, fueron 12 el número de víctimas, entre ejecutados y desaparecidos que hubo de personas relacionadas con La Mundial entre 1985 y 1997.

Esto demuestra que, aunque el expresidente Álvaro Uribe insiste en modificar su propia historia en las entrevistas radiales, es su pasado familiar, empresarial y político el que escribe una parte importante de la historia del conflicto en Colombia donde se mezclan el narcotráfico, los paramilitares y la estigmatización como guerrilleros de todos aquellos que van en contra de sus intereses. Eso sigue pasando.

@yohirakermanakermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/la-mundial-columna-876669

29.19.-Dinámica políticaYOHIR AKERMAN 

Aunque dicen que la política es dinámica, la realidad es que los políticos siempre son los mismos. Solo que se distribuyen el dinamismo.

Así lo concluye una lista elaborada por el representante a la Cámara por Bogotá David Racero, que muestra cómo los viejos caciques políticos se reparten el poder. El representante utiliza como objeto de estudio el Valle del Cauca que en octubre elegirá los cargos más importantes del departamento: la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali.

Tomemos algunos de sus datos y traten de no perderse con la cantidad de nombres, lazos, líos e investigaciones.

Empecemos.

11 ago 2019.- Uno de los aspirantes a la Alcaldía de esa ciudad es el señor Roberto Ortiz, conocido popularmente como el Chontico. Llega respaldado por los liberales, la alianza entre el Movimiento Significativo de Ciudadanos, el Centro Democrático y el Partido Conservador. Chontico fue candidato en el 2015 al mismo cargo, pero por el Partido Liberal y de ahí su frase celebre: “Hace cuatro años no perdí, sino que aplacé el triunfo”. (Ver Entrevista El País).

Pero en el aplazamiento cambió algunos de sus ideales políticos.

El Chontico está con todos. Fue aliado en el pasado de Angelino Garzón en 2003, quien actualmente es embajador de Colombia en Costa Rica, a pesar de lo que pasó con su hija Ángela Garzón, quien recientemente renunció al Centro Democrático cuando el partido le quitó su apoyo a la Alcaldía de Bogotá.

Por otro lado, en la misma carrera está Jorge Iván Ospina Gómez, que fue alcalde de Cali entre el 2008 y 2011. Para esa elección fue fórmula del exgobernador Juan Carlos Abadía, que terminó inhabilitado por el término de 10 años debido a irregularidades en contrataciones. (Ver Destitución).

Abadía tenía una fuerte alianza con el entonces senador Juan Carlos Martínez, uno de los más grandes barones electorales del Pacífico y quien terminó condenado dos veces. La primera, a siete años por parapolítica y la segunda, a cuatro años más por tener una “registraduría paralela” con la que alteró la votación de las elecciones atípicas para la Gobernación del Valle en las que pretendía favorecer a Francined Cano, pero resultó electo Ubeimar Delgado. (Ver Registraduría paralela).

Pero lo mejor del candidato a la Alcaldía Ospina Gómez es que ha tenido varios procesos en su contra y, en uno de ellos, por presunta contratación irregular para la remodelación del estadio Pascual Guerrero cuando fue alcalde. Pues, oh sorpresa, el juez ponente de su caso era el magistrado Gustavo Enrique Malo, vinculado al Cartel de la Toga. Y el abogado de Abadía, aliado de Ospina Gómez en esa candidatura, fue el exfiscal Luis Gustavo Moreno, preso por el mismo cartel y por negociar casos en los que Malo era el juez. (Ver Llamado a juicio).

Se empieza a complicar, pero avancemos que cada vez se pone peor.

Vamos a la carrera por la Gobernación donde la saliente Dilian Francisca Toro es el poder real. Toro es hoy aliada política de Clara Luz Roldán, que aspira a reemplazarla en el cargo de ese departamento. Ella fue directora de Coldeportes en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

Sobre la alianza Toro-Roldán es importante ver las denuncias del exesposo de Clara Luz Roldán sobre su madrina política Dilian Francisca Toro. El abogado Gustavo Adolfo Prado denunció a la exsenadora Toro, en lo que denominó una “empresa electoral” que pondría al sistema de salud a su servicio.

Para justificar la denuncia reveló siete préstamos en el 2007 de entre $10 y $35 millones a aspirantes a cargos de elección popular en distintos municipios del Valle, a través de la firma Ceiba Verde como una manera de asegurar respaldos, votos y, además, comprometer las administraciones y recibir contratos, según Prado. (Ver Denuncia Noticias Uno).

Sigamos.

El otro aspirante a la Gobernación es el exconcejal liberal Carlos Clavijo, avalado por el movimiento de autoridades indígenas AICO y primo del ya mencionado exgobernador Juan Carlos Abadía.

Es importante recordar que fuera de las irregularidades en contratación, el exgobernador destituido Abadía también salió del cargo al comprobarse que le hizo proselitismo al hoy convicto Andrés Felipe Arias. Por eso la Procuraduría General también lo destituyó e inhabilitó, como quien dice, no solo por corrupto sino también por lambón.

La Procuraduría determinó que el entonces gobernador del Valle del Cauca participó en política al estar presente en una reunión que se realizó el 20 de febrero de 2010 en el corregimiento de Rozo, Palmira, junto a 21 mandatarios locales y el entonces precandidato conservador Arias.

En medio de la polémica, Noticias Uno publicó dos fotografías que confirmaron la presencia de Arias en dicha reunión y en las imágenes se observa al precandidato conservador y a su lado el entonces gobernador Juan Carlos Abadía, con lo que parecen ser afiches de campaña.

También se conoció una grabación, quizá la prueba más explosiva por el contenido, en la que se escucha la voz del excongresista condenado por el Proceso 8.000 Carlos Herney Abadía, padre del exgobernador del Valle, hablando de la reunión de su hijo el gobernador con los alcaldes y Arias, y aclarando textualmente que su hijo “… Juan Carlos va a apoyar a Andrés Felipe por orden del presidente Uribe”. (Ver La grabación).

Lo mejor, o lo peor de esa historia, fue que después se comprobó que la reunión de Arias y Abadía se realizó en la finca de un testaferro de Wilber Varela, alias Jabón. (Ver Autoridades ocupan finca).

Pero se complica más.

Francisco José Lourido, que fue el reemplazo de Abadía cuando fue destituido en la Gobernación, es hoy de nuevo el candidato por el Centro Democrático. Lourido fue designado como gobernador del Valle en el último cargo que entregó como primer mandatario Uribe Vélez a dos días de convertirse en expresidente.

La decisión fue criticada ya que debían hacerse elecciones. Pero la posesión de Lourido fue solo el primero de los problemas que tuvo el gobernador designado ya que estuvo relacionado con el famoso escándalo de Termopacífico. Recordemos que para lograr construir una hidroeléctrica en el Valle, la Sociedad IPCO y Emcali conformaron la sociedad Termopacífico S.A.

Esa sociedad hizo un negocio con la empresa de la familia Lourido Salento S.A. para la compra de un lote que fue vendido en un precio superior al verdadero. Vaya detalle.

Eso sin mencionar que Lourido estaba supuestamente inhabilitado para ser gobernador ya que intervino como contratista en varios convenios y contratos con entidades administrativas, seis meses antes de su nombramiento. (Ver El dossier).

Para ir cerrando, está Álvaro López Gil del Partido Conservador, que también busca ser gobernador del Valle, pero es impulsado por Ubeimar Delgado, exgobernador entre 2012 y 2015 y a quien la Fiscalía le acabó de imputar cargos por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica, destrucción, supresión y ocultamiento de documento público. (Ver Fiscalía imputó cargos).

Según el ente investigador, el exmandatario habría incurrido en irregularidades en el año 2015 al nombrar como secretaria de Turismo y Comercio del departamento a Jessica Echeverry Rodríguez, siendo hija de Albeiro Echeverry, que para ese entonces era concejal electo de Cali.

Ubeimar Delgado fue propuesto por Duque a la Embajada de Suecia, pero tuvo problemas al posesionarse porque no cumplía con los requisitos para el cargo y ahora se dedica a hacerse con la Gobernación a través de López Gil. Delgado es tío de Mauricio Delgado, que fue senador y es hermano del exsenador César Tulio Delgado.

Finalicemos.

Por el petrismo está la exministra de Trabajo del gobierno de Juan Manuel Santos Griselda Janeth Restrepo. Ella fue senadora por el Partido Liberal inicialmente y no es que esté libre de pecados. La Procuraduría le adelantó una investigación disciplinaria por acoso laboral cuando fue superintendente de Subsidio Familiar. Fuera de eso fue acusada por convertir la Supersubsidio en un fortín politiquero, que manipulaba informes y engavetaba expedientes a su antojo, y que puso a cercanos colaboradores a vigilar cajas de compensación intervenidas para “su propio beneficio”. (Ver Fortín politiquero).

Todo este enredo prueba que la política no solo es dinámica, sino que los caciques electorales tienen clara la dinámica política.

@yohirakermanakermancolumnista@gmail.com https://www.elespectador.com/opinion/dinamica-politica-columna-875510

  • 28.19.-UN GRITO POR LA VIDA Y POR LA PAZ –  Mauricio Cabrera
  • “¿QUÉ PASARÍA SI ASESINARAN A…” . Cecilia Orozco
  • EL INSTIGADOR Yohir Akerman

Estuvieron ausentes los partidos tradicionales en protestar contra la supuesta ideología de género. Un imponente grito por la vida y por la paz. Fue lo que se vivió el 26 de Julio en 70 ciudades de Colombia y otras 67 del mundo, en donde miles de personas de todas las ideologías, creencias, etnias y sectores sociales, unieron sus voces para exigir que cesen los asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de guerrilleros que le apostaron a la paz y entregaron sus armas en el país.

28 jul  2019 Colombia sigue siendo uno de los países más violentos del mundo, pero los asesinatos y amenazas contra estas personas tienen un macabro significado especial. Como lo decía la proclama leída en las marchas, los líderes sociales son “mujeres y hombres que saben hablar, que saben actuar, que se atreven a levantar la voz, a debatir con el rostro descubierto, a argumentar y a reunir amigos y aliados para proponer una reforma justa, para pedir o exigir el respeto de un compromiso firmado, para recuperar tierras, sustituir cultivos, para proteger territorios del abuso de cierto tipo de minería arrogante e insostenible”.

Por eso, dice la proclama, “cuando se mata a una líder social, cuando se asesina a alguien que ha tenido el valor de manifestarse, protestar y exigir algo justo, lo que se pretende no es solo asesinar y silenciar a esa persona, sino también asustar, callar y paralizar a todas las demás”.

Tras cientos de asesinatos que siguen en la impunidad, la chispa que generó esta solidaria reacción ciudadana fue el conmovedor video del grito de dolor del hijo de María del Pilar Hurtado ante del cadáver de su madre asesinada por luchar por tierra y vivienda para los desplazados.

Para despertar la conciencia nacional frente a estos hechos, en el movimiento social Defendamos la Paz surgió la idea de convocar una manifestación pública, sin propósitos partidistas, ni electorales. La respuesta fue impresionante: los medios de comunicación, la Iglesia Católica, sindicatos artistas, deportistas, intelectuales, periodistas y muchas organizaciones de la sociedad civil se fueron uniendo a la convocatoria.

El resultado fue la masiva salida a las calles de esa Colombia que no es indiferente frente al derramamiento de sangre, y que representa el abrazo a quienes defienden los derechos de todos, a los que han apostado por la paz; es un acto de esperanza para que cesen sus muertes, para decir que la vida y la paz están por encima de todo, que los líderes no están solos.

Triste decir que después de la marcha también resuena el silencio de quienes siguen indiferentes frente a esta ola de violencia. Brillaron por su ausencia los partidos políticos tradicionales, la gran mayoría de los candidatos en campaña electoral para las próximas elecciones, y organizaciones como esas iglesias cristianas tan activas en protestar contra la supuesta ideología de género.

Por emocionante que haya sido la marcha, no basta. Hay que continuar. Por eso DLP convoca de nuevo a “realizar un ejercicio permanente de observación, denuncia y acompañamiento territorial para garantizar la labor e integridad de las lideresas y los líderes sociales, así como de quienes dejaron las armas; a promover un pacto nacional para sacar la violencia de la política; y a concertar medidas oficiales de carácter integral que brinden seguridad al liderazgo social y a la defensa de los derechos humanos”. Ojalá la respuesta sea igual de contundente.

Mauricio Cabrera Galvis
Consultor privado.
macabrera99@hotmail.com

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/un-grito-por-la-vida-y-por-la-paz-532003

28.19.-“¿QUÉ PASARÍA SI ASESINARAN A…” . Cecilia Orozco

La persecución política en Colombia —llámenla campañas de desprestigio, obstrucción al debate parlamentario, obstáculos a las libertades o al simple derecho de ser oposición— está pasando de castaño a oscuro y ojalá no termine en un atentado o, peor, en un magnicidio. Si por desgracia eso llegara a ocurrir, la responsabilidad pública caerá sobre el gobierno Duque y su colectividad, el Centro Democrático, que cosecha votos prendiéndoles fuego a las divergencias y poniéndole lente de aumento a la paja en el ojo ajeno mientras se hace el ciego con las vigas en el propio. La negligencia y el desdén con que el Ejecutivo deja pasar las denuncias y la mudez del líder de la ultraderecha cuando de controlar los excesos de sus seguidores se trata son indicios de su omisión culposa, aunque su autoría intelectual no pueda demostrarse.

Proveniente de las cloacas cultivadas por ciertos partidos en internet, circuló, horas después de que concluyeran las manifestaciones del viernes pasado, un video incitador que pretendía imitar, en lenguaje homicida, otro que promovía las marchas en defensa de la vida de los líderes sociales. El video delictivo difundido por @Zien_TheBosh —un usuario de identidad personal oculta, pero de preferencias uribistas explicitadas de manera grotesca en sus mensajes— se ilustra con las imágenes de líderes de la oposición al Gobierno; una voz con acento español —para evitar ser reconocida— dice: “¿Qué pasaría si asesinaran a Iván Cepeda? ¿Qué pasaría si asesinaran a Gustavo Petro? ¿Qué pasaría si asesinaran a Jorge Robledo? ¿Qué pasaría si asesinaran a Claudia López? ¿Qué pasaría si asesinaran a Antonio Sanguino? ¿Qué pasaría si asesinaran a Carlos Caicedo?”. Continúa la voz de falso acento: “Ellos representan un sector del país que se ha dedicado a polarizar, generar odios y divisiones”. Y termina con una composición de siluetas de pistolas, revólveres y fusiles: “Si ellos son asesinados, se alzarían en armas sus seguidores porque lo único que han sembrado es odio”.

La conclusión del potencial asesino uribista no es, entonces, que matar a Cepeda, Petro, Robledo u otro de los opositores sea criminal, sino que los criminales son los seguidores de los asesinados por “¡alzarse en armas!”. Este delincuente virtual tiene colección de mensajes incitadores de violencia. Una de sus “reflexiones” de la semana pasada contra el caricaturista Matador fue del siguiente nivel: “¿Quién con sus cinco sentidos activos le metería una bala a esta poca cosa? Nadie le perdería una bala y menos se ganaría un cañazo por alguien que no quita ni pone en la política”. En consecuencia, hay que “meterle bala” a los congresistas de la oposición para no “perderla”. El individuo @Zien_TheBosh eliminó el video en cuanto sus víctimas y el movimiento Defendamos la Paz anunciaron su intención de formular denuncia por los delitos de instigación a delinquir y amenaza soportada, además del propio video cuyas copias existen (y que no difundo para no expandir su propósito torvo), con los mensajes, en redes, de otros uribistas de similar ferocidad, como uno que contestó a la pregunta “¿qué pasaría si asesinaran…?” con esta belleza de frase: “Haría fiesta”.

Dramáticamente, el caso de este sujeto no es único. Otros hechos peligrosos para la vida de los opositores, y para su prestigio, se dan, aquí y allá, sin que el jefe de Estado o su partido declaren rechazo, alarma o anuncien expulsiones: mientras no sea con ellos, qué importa. Pasó en Cúcuta con un coordinador del Centro Democrático que acusó de conspiración contra el Estado a la Comisión de Paz del Senado: Barreras, Cepeda, Sanguino, etc.

Nadie en el Centro Democrático se inmutó. Por el contrario, Paloma Valencia lo respaldó. Pasó con la denuncia sobre interceptaciones ilegales, seguimientos y montajes a esos parlamentarios de la Dirección Nacional de Inteligencia. Pasó en el Senado con la marrullera presidencia de Macías, frente a la mirada cómplice de Álvaro Uribe. Pasa con los medios y los periodistas independientes a quienes poco a poco nos van cerrando el cerco de acción profesional. Pasa y sigue pasando ante la indiferencia de la Casa de Nariño. Hasta que algo sin remedio pase, sí, señor, con toda la responsabilidad oficial.

https://www.elespectador.com/opinion/que-pasaria-si-asesinaran-columna-873573

28.19.-EL INSTIGADOR Yohir Akerman 

El pasado 30 de julio se conoció una sentencia que pasó casi desapercibida pero que tiene importantes implicaciones. Ese día el Juzgado 26 Penal del Circuito condenó a José David García Fernández, policía exjefe de seguridad de los magistrados de la Corte Suprema, en el marco de las “chuzadas” del DAS.

4 ago 2019.- García Fernández fue un intendente de la Policía que se hizo cargo de la seguridad de los togados cuando estalló el escándalo de la infiltración en las comunicaciones del alto tribunal durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El juez encontró que, en lugar de proteger a los miembros de la Corte Suprema, García Fernández conspiró contra ellos haciendo parte de un plan para grabar sus conversaciones privadas que “era orquestado desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia adscrito a la Casa de Nariño”. (Ver Condena).

El intendente de la Policía admitió su culpabilidad. Entre sus delitos, describió cómo reclutó al conductor del entonces magistrado auxiliar Iván Velásquez, entre 2007 y 2009, y a la en ese momento auxiliar de servicios generales que servía los tintos en la Sala Plena de la Corte Suprema, para que grabaran las sesiones reservadas de ese alto tribunal.

Es importante recordar que el magistrado Iván Velásquez era el encargado de llevar a cabo las investigaciones contra los legisladores que habían sido vinculados al escándalo de la parapolítica, entre ellos Mario Uribe, primo del expresidente Uribe Vélez. De ahí el interés de la Casa de Nariño en conocer los pasos del magistrado.

García Fernández era, nada más y nada menos, el escolta de Iván Velásquez Gómez. En ese trabajo se convirtió en informante secreto del DAS con el seudónimo de Diego y la clave Y66-1, participando en la oscura “Operación Escalera” a cargo de Alba Luz Flórez Gélvez, la Mata Hari, conocida por haber seducido y convencido a los escoltas de la Corte Suprema para infiltrar a la Sala Penal.

El expediente muestra que la Mata Hari le dijo al intendente que era funcionaria de la Casa de Nariño y, para convencerlo de que participara en la operación, le manifestó que los miembros de la Policía Nacional tenían que tener más lealtad con el presidente de la República que con el de la Corte Suprema de Justicia.

Una vez convencido, el escolta del magistrado Velásquez emprendió su trabajo clandestino suministrándole al DAS todos los comentarios que escuchaba por los pasillos de la Corte Suprema de Justicia. Al cabo de un mes, tras recibir el agradecimiento de la Mata Hari y una remuneración por su trabajo, vinculó a otro integrante en la operación fraudulenta. (Ver Pagos reservados).

Se trataba del señor Manuel Estreinger Pinzón Casallas, apodado en el organismo de inteligencia como Mario y a quien también convencieron con el argumento de que la Presidencia de la República necesitaba recolectar información sobre la Corte Suprema por asuntos de “seguridad nacional”. (Ver Declaración Mata Hari – 24 mayo 2010).

Pinzón Casallas era el conductor de la camioneta del esquema de protección de Iván Velásquez, es decir que su chofer y su escolta eran agentes espiando sus pasos y conversaciones.

Durmiendo con el enemigo.

Acá viene la historia de los documentos robados de la Corte. Entre noviembre de 2007 y octubre de 2008 se sustrajeron de la Corte Suprema los procesos judiciales por parapolítica contra los congresistas Óscar Leonidas Wilches Carreño, Eric Julio Morris Taboada, Álvaro García Romero, Luis Eduardo Vives Lacouture, Dieb Nicolás Maloof Cuse, Mauricio Pimiento Barrera, Guillermo Gaviria Zapata y Habib Merheg Marun. (Ver Copias de procesos).

Les expedientes fueron fotocopiados en una papelería vecina del alto tribunal, trabajo desarrollado por García Fernández en complicidad con el conductor de Iván Velásquez.

A finales de marzo de 2008, el intendente David García coordinó la cita entre la detective Flórez Gélvez y Janeth Maldonado, la señora que llevaba los tintos a los magistrados en la Sala Plena, para encargarla de poner una grabadora oculta en la pescadería Centro Mar que queda ubicada a pocas cuadras de la Corte Suprema.

A Maldonado le dijeron que necesitaban que ella les ayudara contándoles los movimientos de los magistrados, especialmente Yesid Ramírez Bastidas y César Julio Valencia.

Según el expediente, la Mata Hari le dijo textualmente a la señora del aseo que el trabajo encubierto era para recolectar información que tenía como destino al presidente Álvaro Uribe Vélez.

La mujer aceptó.

Cada semana le entregaba un informe verbal a la agente del DAS en el cual le contaba las conversaciones que sostenían los magistrados mientras ella les servía los tintos o se encontraba limpiando los escritorios de la sala. Inicialmente los resultados eran infructuosos porque Blanca Janeth Maldonado no comprendía ni recordaba muy bien los términos jurídicos y la información que obtenía era, según cálculos de Alba Flórez, el 3% de la que necesitaba el organismo de inteligencia.

La Mata Hari le explicó la situación a su superior William Romero y éste autorizó la entrega de un magnetófono para que le fuera prestado a la señora Maldonado.

Era un adminículo cuadrado de color negro marca Sim-Scale con serial 16777 con los siguientes accesorios: cargador y adaptador, convertidor de corriente europeo, micrófono y una memoria con capacidad de 512 megabytes. La grabadora de voz, según consta en el contrato No. 060 del DAS, tiene un valor comercial de $14 millones.

Aunque toda esta información iba con destino al presidente Uribe, un cable de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá enviado al gobierno norteamericano en septiembre de 2009 aclara que varios funcionarios señalaron a José Obdulio Gaviria Vélez, asesor estrella del entonces mandatario, como el “instigador de las chuzadas” del DAS y de la operación de infiltración y espionaje de la Corte Suprema.

Son más de siete testigos los que acusan al primo del capo Pablo Escobar de ser el motor de estos ilícitos que se cometieron en contra de opositores políticos, magistrados, defensores de derechos humanos y periodistas. Uno de ellos fue, nada más ni nada menos, el expresidente Juan Manuel Santos, que lo reconfirmó en su libro La batalla por la paz y en varias entrevistas que ha dado a medios sobre el tema.

Ese instigador está hoy sentado en el Senado de la República y todos los otros involucrados están condenados, como García Fernández, o muertos.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/el-instigador-columna-874337

  • 27.19.-UN PILLO, SUS JUGADITAS Y OTRAS TRAMPITAS – Cecilia Orozco
  • FOTOGRAFÍAS – Yohir Akerman

Casi a 20 años del sometimiento de Colombia a los designios de Álvaro Uribe, es posible señalar con abundante evidencia que uno de los daños mayores que el señor de estas tierras nos ha hecho a quienes aquí vivimos es la postración lastimosa del Estado; y con esta, la degradación de los personajes que él, utilizando su poder sin límites, ha puesto a manejar los asuntos públicos. Para no ir muy lejos, el Parlamento y el Gobierno se aprestan a cambiar la estructura constitucional para revocarle la condena a un individuo que cometió dos delitos graves que afectaron los dineros de la Nación.

Y para recordar hechos cercanos, el senador-expresidente-jefe de todos los jefes instaló, en el Ejecutivo, a un presidente de la República al que eligieron sus creyentes sin exigirle el requisito que una empresa cualquiera le pediría a alguien que aspirara a obtener un cargo de mediana responsabilidad: experiencia profesional mínima; e impuso en el Legislativo a un presidente del Congreso analfabeta de letras y cultura… y, por supuesto, de moral.

24 jul 2019.-  Macías, un siervo ramplón y sin méritos que nunca hubiera alcanzado, por sí mismo, la dignidad de representación en que lo impuso su patrón, terminó confesando, en la apertura del actual periodo de sesiones, su talante de bandidito: “Les voy a hacer una jugada a estos de la oposición: es que nos toca por obligación que ellos hablen después del presidente. Tan pronto termine él (Duque), yo digo: ‘Se decreta un receso’ y le pido a la comisión que acompañe al presidente y lo saco de aquí”. En realidad, no es ninguna noticia. Burlarse del Estatuto de la Oposición fue parte de su tarea de uribista en la mesa directiva del Senado, pero no se suponía que quedara huella. El mérito de su confesión grabada es que es prueba de su hipocresía y, claro, de la hipocresía de la bancada del Centro Democrático y del Gobierno, con la oposición y con los propios uribistas que votaron por ellos y que esperan que no los engañen con “jugaditas”.

No obstante, para el Macías pillado con las manos en la masa y para el presidente Duque “favorecido” por el pillo, la ilegalidad no tiene la menor importancia. El primero zanjó su trampa con un trino retador en que reducía su calificación de violador de la ley a “un error”. Y para el segundo, todo un jefe de Estado, callar con zancadillas a las fuerzas opositoras, un hecho que haría caer a mandatarios y primeros ministros en otras latitudes, no vale la pena y solo es cuestión de “no meterle más misterio”. El senador saboteado en la instalación del Congreso el 20 de julio, Jorge Enrique Robledo, recordó otras trampas de Macías: prohibir, en el Senado, el debate de moción de censura al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla que terminó realizándose en la Cámara pese a todo el aparato de poder que sepultó las objeciones al examinado.

Y orquestar, el día del debate al exfiscal general, el acto vulgar a favor de Néstor Humberto Martínez en que se preparó, como obra de teatro, toda una escenografía con Paloma Valencia en el papel de actriz protagonista para desviar la acusación contra Martínez y centrarla en el senador Petro a quien, por contera, Macías le cercenó, impunemente, su derecho de respuesta a Valencia, mediante su vicepresidente Eduardo Pulgar. Por su parte, el presidente Duque también se las trae: varias veces ha cambiado sus alocuciones en directo por grabaciones en video para obstaculizar el derecho de réplica que tienen los disconformes.

Así que no se trata solo de jugaditas, errorcitos o de meterles misterio a las audacias oficiales que imponen censura al pensamiento y a la libertad de expresión.

Gracias a un micrófono abierto que nos hizo el milagro de constatar lo que ya sabíamos, es decir, el sello autocrático de Uribe, transferido en su integridad, al actual Gobierno y al Congreso, se puede predecir el camino que, apenas a un año de esta administración, recorre la facción política que hoy está en el poder. Quienes no nos crean, que se atengan a las consecuencias advertidas, paradójicamente, por los que dijeron que si elegíamos a otros diferentes a ellos, caeríamos en una nueva que Venezuela. Para allá vamos aunque la carita de yo no fui del uribismo mentiroso engañe a todo el mundo, otra vez.

https://www.elespectador.com/opinion/un-pillo-sus-jugaditas-y-otras-trampitas-columna-872411

27.19.-FOTOGRAFÍAS – Yohir Akerman

Eran pasadas las 8:30 de la noche del pasado miércoles 24 de julio cuando sonó el celular del abogado Miguel Ángel del Río Malo. Al tercer timbre contestó y rápidamente, al decir aló, una voz masculina al otro lado de la línea le dijo: “El que no va a ver la luz del sol es usted, perro hijueputa, si sigue jodiendo contra Marquitos Figueroa”.

Ese fue el fin de la llamada, pero el principio de esta historia que se basa en fotografías.

28 Jul 2019  La referencia de la amenaza al abogado sale de unas declaraciones que Del Río Malo dio el 17 de julio de este año en el diario El Heraldo de Barranquilla. En ellas el penalista dijo que seguiría trabajando sin miedo y sin parar en la defensa de las víctimas del narcotraficante Marcos de Jesús Figueroa Fonseca, con el propósito de que este no vuelva a ver la luz del día en libertad. (Ver Cancelan boletas de libertad).

Pese a ser capturado inicialmente en Brasil en el 2014, alias Marquitos Figueroa ha seguido manteniendo poder y manejando una estrategia jurídica para que dilaten los procesos en su contra y se venzan los términos. Eso, además de seguir controlando el negocio de una estructura criminal dedicada a los homicidios selectivos, la extorsión, contrabando de gasolina y el narcotráfico.

Por eso el pasado 28 de junio un juez de control de garantías avaló la solicitud del fiscal 21 de la Unidad contra el Crimen Organizado y dictó nueva orden de captura en su contra por su responsabilidad y participación en el asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, un joven de 29 años, crimen registrado el 18 de agosto de 2011.

Rodríguez Pomar fue asesinado en el barrio El Prado de Barranquilla cuando parqueaba su camioneta en una sastrería propiedad de su familia.

Pero su asesinato fue un error.

Óscar Eduardo Rodríguez era el hijo mayor de Carlos Rodríguez, un narcotraficante que pagó prisión en Estados Unidos, a quien alias el Ñeñe Hernández le debía más de $1.000 millones y para no pagarle lo mandó a matar. Sencillo. (Ver La amenaza).

De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, la organización de Marquitos Figueroa planeó el crimen de Rodríguez para liberar de la deuda a alias el Ñeñe, pero al momento del crimen el sicario, según su propia confesión, se confundió y asesinó al hijo.

Vamos a alias el Ñeñe.

José Guillermo Hernández Aponte, conocido en el mundo criminal y por sus amigos de la política como el Ñeñe Hernández, fue asesinado el 1° de mayo de 2019 en Brasil en un supuesto acto para robarle el lujoso reloj, mismo país donde fue capturado Marquitos Figueroa en 2014.

Importantes personalidades de la política lamentaron la muerte del que consideraban su amigo, como el expresidente Álvaro Uribe Vélez diciendo: “Causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, finquero del Cesar, asesinado en un atraco en el Brasil donde asistía a una feria ganadera”. (Ver Trinos de Lafaurie y Uribe).

Pero la verdad salió a relucir.

Alias el Ñeñe Hernández era el lavador y brazo político de Marquitos Figueroa. Es por eso que el pasado 11 de junio la Fiscalía adelantó un operativo conjunto en seis departamentos del país donde incautaron bienes tasados en $1,2 billones pertenecientes a la estructura criminal dirigida por alias Marquitos Figueroa, y de la que harían parte José Ñeñe Hernández y Armando Gnecco conocido como Mandarino. (Ver Estructura).

Los investigadores lograron determinar que dichos bienes habrían sido adquiridos con dineros provenientes del narcotráfico y figuraban a nombre del Ñeñe y Mandarino. (Ver Fiscalía).

Entonces, ningún finquero y ganadero del Cesar, no. Más bien, un testaferro, lavador y, fuera de eso, presunto autor intelectual del asesinato del joven Óscar Eduardo Rodríguez.

Nada de esto importó en la campaña política a la Presidencia de Iván Duque, donde el Ñeñe fue un gran apoyo logístico y por eso fueron premiados él y su esposa como invitados de honor a la posesión del presidente Duque. (Ver Posesión).

¿Qué tiene el presidente Duque para responder frente a esto?, ¿cómo conoció al Ñeñe?, ¿recibió dineros en su campaña del Ñeñe, es decir, del narcotráfico? Todas, preguntas sin respuesta hasta ahora.

Y para problema del presidente Duque, al Ñeñe Hernández había algo que le gustaba más que tener lujos y amigos con poder, y era exhibir las dos cosas en sus redes sociales. Razón por la cual son varias las fotos que existen entre el presidente Iván Duque y este testaferro, presunto asesino y lavador de Marquitos Figueroa. (Ver Fotografías).

Imágenes del avión del Ñeñe, el yate y su helicóptero están coloreadas con la presencia de varios líderes políticos y también cinco fotos en campaña con el presidente Duque e incluso la primera dama. Son demasiadas las imágenes que existen entre el presidente y este testaferro, presunto asesino y lavador de Marquitos Figueroa, como para lavarse las manos sin dar explicaciones. (Ver Un narcotraficante en la campaña de Duque).

Mucho más, cuando existen varios líderes políticos como Elsa Noguera o el Mello Castro quienes, como se puede ver en su cuenta de Instagram, fueron apoyados por el Ñeñe Hernández para sus anteriores campañas y las actuales a la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Valledupar, respectivamente. (Ver Instagram).

Peor aún, cuando la estructura criminal de la que hacía parte el ÑeñeHernández sigue amenazando de muerte a abogados como Miguel Ángel del Río Malo, que tratan de hacer justicia y mantener tras las rejas a los culpables del errado asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez, todo por una deuda de la mafia.

https://www.elespectador.com/opinion/fotografias-columna-873201

26.19.-UNA TERNA PARA FISCAL OPACA – Rodrigo Uprimny                                                  

El presidente Duque ha sostenido que su gobierno promueve la transparencia pública. Pero su reciente decisión sobre el procedimiento de elección del nuevo fiscal general (FG) hace dudar de ese supuesto compromiso gubernamental.

14 jul 2019.- Esta elección del FG es esencial, pues es el jefe de una enorme institución, que tiene el poder de decidir qué delitos investiga, a quién acusa y, por el contrario, cuáles casos archiva. Por eso muchos expertos internacionales han hecho propuestas para garantizar la transparencia y legitimidad del nombramiento de un funcionario tan importante y poderoso. Por ejemplo, como lo mencioné en una columna reciente, la Fundación del Debido Proceso Legal en Washington (DPLF, por su sigla en inglés), basándose en los estándares sobre la independencia de los fiscales elaborados por Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana y en las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, propuso nueve principios sobre el proceso de selección de un FG, como que haya transparencia, publicidad, evaluación de méritos, posibilidades ciudadanas de cuestionar nombres, etc.

El presidente Duque debe elaborar la terna, de la cual la Corte Suprema elegirá al próximo FG, por lo cual podría aplicar esos principios para lograr una terna que nos brinde confianza a todos los colombianos. Sin embargo, dio un paso en sentido contrario, pues derogó el decreto 450 de 2016, que daba alguna transparencia a la elaboración de la terna, ya que ordenaba que la lista de los aspirantes fuera pública y de esa manera la ciudadanía pudiera formular observaciones sobre la idoneidad o no de los candidatos.

Ese decreto 450/16 tenía deficiencias; por ejemplo, no establecía que los candidatos debían explicitar sus eventuales conflictos de interés, lo cual permitió la elección de alguien como Néstor Humberto Martínez, que los tenía todos. Pero ese decreto era un paso en la dirección correcta, que el presidente Duque hubiera podido mejorar para incrementar la legitimidad y transparencia de elaboración de la terna. En vez de eso, Duque decidió derogarlo con argumentos jurídicos que simplemente son falsos, invocando además una jurisprudencia del Consejo de Estado que no tenía nada que ver con el tema.

Duque arguyó que un decreto no podía modificar la forma de selección del FG establecida en la Constitución. Y es cierto que un decreto no puede modificar la Constitución. No podría, por ejemplo, quitarle al presidente Duque la facultad de elaborar la terna para trasladarla a algún expresidente. Pero eso no hacía el decreto 450/16, que simplemente establecía el procedimiento que el presidente se comprometía a seguir para ejercer en mejor forma su función constitucional. Y esto es legítimo, pues que la Constitución atribuya al presidente la decisión sobre la terna para FG no impide que el propio presidente se comprometa con un procedimiento para incrementar la transparencia, legitimidad e imparcialidad de esa terna. Todo lo contrario: la adopción de ese procedimiento es un desarrollo de los “principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” que, conforme al artículo 209 de la Constitución, rigen la función gubernamental.

Por esa derogatoria, la elaboración de la terna para FG ha quedado en la total opacidad. Esto no solo contradice las declaraciones presidenciales a favor de la transparencia y la legalidad, sino que, además, es en sí mismo muy grave, pues los colombianos hemos perdido la oportunidad de valorar y eventualmente cuestionar los nombres de los aspirantes a ese cargo tan poderoso. Ojalá el presidente Duque reconsidere esa decisión.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

https://www.elespectador.com/opinion/una-terna-para-fiscal-opaca-columna-870736

  • 25.19.-El SUCESOR DEL DAS, ¿TAMBIÉN “CHUZA”? –   Cecilia Orozco
  • EL MURO DE LA VERGÜENZA – Yohir Akerman

La cabeza actual de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) es el almirante Rodolfo Amaya Kerquelen, jefe de la Casa Militar de 2002 a 2010, es decir, durante los dos gobiernos Uribe. Su nombramiento en la DNI no produjo sorpresa: a solo un mes de que Iván Duque fuera elegido y 20 días antes de que se posesionara, la prensa ya sabía que Amaya Kerquelen sería escogido para dirigir las tareas de inteligencia y contrainteligencia civil del Estado bajo el mando directo del presidente de la República desde la DNI.

En efecto, Amaya fue confirmado como el hombre de la seguridad nacional en cuanto se instaló el nuevo Gobierno. Ni que hablar de la importancia del cargo en cualquier administración, pero sobre todo en una que padece la agobiante supervisión de Álvaro Uribe, tan obsesionado con la represión. Así que el novel presidente Duque no tuvo que buscar: el almirante que vigilaba en épocas uribistas todo lo que acontecía en la residencia presidencial, incluyendo, por supuesto, el suceso del 23 de abril de 2008 cuando dos enviados del narcoparamilitarismo de Antioquia ingresaron con autorización por sus sótanos y en horas nocturnas (episodio alias Job) para reunirse con el secretario jurídico del presidente, era el candidato perfecto para estar en la Dirección de Inteligencia ¡Diga usted si no!

10 Jul 2019.-  Pese a que mantiene bajo perfil, Amaya adquiere renovada notoriedad estos días por la carta que tres congresistas de la oposición le escribieron a Iván Duque para denunciar que recibieron “información según la cual desde la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, se vienen preparando operaciones de descrédito en contra nuestra y de una decena de ciudadanos quienes hemos sido declarados “objetivos políticos” de acciones encubiertas (ilegales)”. Se trata de los senadores Roy Barreras, de la U; Iván Cepeda, del Polo Democrático, y Antonio Sanguino, del Partido Verde. A Barreras, Cepeda y Sanguino los separan sus bancadas, sus líneas políticas y sus propias trayectorias públicas pero los une su defensa del Acuerdo de Paz. Ellos tres y sus actividades pueden producir todas las opiniones a favor o en contra suya pero no hay alguien —ni siquiera en la ultraderecha— que se atreva a afirmar bajo la gravedad del juramento que conforman un grupo armado ilegal peligroso para la existencia del Estado, único motivo válido para hacerles seguimientos o interceptaciones, previa autorización de un juez. Entonces, ¿por qué tres senadores serían “objetivos políticos” o sujetos de “operaciones de inteligencia” de la DNI, con “directrices emanadas del propio director… Amaya Kerquelen”?

En la mente enferma de los obsesos persecutores, no es posible vivir sin enemigos grandes. Desarmadas las Farc, había que crear otro monstruo que les diera una razón para odiar: el Acuerdo de Paz. De modo que los congresistas que apoyen la JEP, el Sistema de Atención a las Víctimas y la Comisión de Verdad en donde se conocerá, finalmente, quién fue quién y quién ordenó qué en los tiempo de confrontación, repito, esos parlamentarios son los nuevos “guerrilleros” que el Estado debe enfrentar porque estos luchan a favor de la inteligencia humana en contra de la mera Inteligencia estatal. Conocida la carta al presidente Duque, la DNI expidió un comunicado. Imaginen su contenido: una obviedad según la cual nada de lo denunciado es cierto.

Así fue en 2006, 2007 y 2008: tres años y más en que se filtraban las acciones ilegales del DAS, tres y más años en que desde la propia Casa de Nariño se negaba la veracidad de las versiones que indicaban que los opositores políticos de entonces, los periodistas independientes y los magistrados que investigaban a los parapolíticos aliados del Gobierno eran seguidos, interceptados, espiados hasta en los aspectos más íntimos de sus vidas y amenazados, además de ser víctimas de montajes judiciales y mediáticos. Hasta cuando la verdad, que se cuela como agua de tubería rota, se descubrió pese a que falta castigar a los máximos responsables. De acuerdo con esa verdad, hay más de 20 condenados y 30 investigados por lo que se llamó el escándalo de las “chuzadas” del DAS. Entre los procesados estaban varios secretarios y asesores de la Casa de Nariño, subalternos de Uribe; directores de departamentos; directores de Inteligencia y Contrainteligencia, agentes secretos y, claro, directores del DAS. Rodolfo Amaya Kerquelen es sucesor, en la agencia estatal de seguridad, de Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado. Ambos purgan sus respectivas condenas.

https://www.elespectador.com/opinion/el-sucesor-del-das-tambien-chuza-columna-870071v

25.19.-EL MURO DE LA VERGÜENZA – Yohir Akerman 

El 26 de julio de 2017 la hoy senadora por el Centro Democrático María del Rosario Guerra de la Espriella se comprometió en su campaña al Congreso de la República a luchar contra la corrupción y a crear “el muro de la vergüenza” en donde se exhibirían los rostros de los políticos vinculados a ese terrible flagelo. (Ver Trino de muro).

14 jul 2019.- Crucial iniciativa que nos une y apoyamos desde estas páginas. Entonces le vamos a dar una manito a la senadora Guerra para exhibir el rostro de los corruptos, empezando con algunas de las personas que cuentan con un lugar honorífico y meritorio en esta cruzada.

Esta semana se conoció un grave fallo de la Contraloría General de la Nación por responsabilidad fiscal en contra del exgobernador de Sucre Julio César Guerra Tulena, tío de la senadora Guerra.

El señor Guerra Tulena se hizo acreedor de su espacio en este muro de la vergüenza ya que fue encontrado responsable, junto a otros funcionarios, de la desaparición de $2.398 millones de pesos de recursos de la salud. (Ver Contraloría).

Una platica.

Según la Contraloría, el exgobernador Guerra Tulena firmó, de su puño y letra, la autorización de los pagos a la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre, mediante resoluciones expedidas entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015 por tratamientos médicos. (Ver Rúbricas).

La investigación determinó que nunca existió la atención que esta IPS aseguró haber realizado, y que lo que se logró, de manera fraudulenta, fue el pago de unos servicios y tratamientos a enfermos mentales que no fueron prestados y que fueron facturados con documentación adulterada.

Pero vamos al detalle, que cada vez se solidifica más el espacio en este importante muro del tío de la senadora del Centro Democrático.

Dos testimonios fueron claves para probar el montaje y la acción fraudulenta que se realizó en este denominado caso del cartel de los enfermos mentales.

El primero, el de la gerente del Hospital Regional Nuestra Señora de las Mercedes del municipio de Corozal, Eugenia Díaz Hernández, quien expidió certificaciones en donde afirma que esta IPS Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre no prestó la atención inicial de urgencia, ni remitió para valoración o internación psiquiátrica a las personas que relacionó ante la Secretaría de Salud, como tampoco expidió las hojas de remisión, ni las supuestas órdenes de hospitalización que se adjuntaron a las facturas presentadas. (Ver Respuesta a solicitud).

El segundo testimonio es aún más impresionante y es del señor Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuán, médico y cirujano especialista en psiquiatría de la Universidad Javeriana.

Este doctor relató: “Yo firmé un contrato en el año 2013, de duración de seis meses, para ir dos fines de semana al mes a valorar a los pacientes hospitalizados en dicha institución. El contrato nunca se llevó a cabo, fui nada más una vez, estuve día y medio en Corozal y nunca más me volvieron a llamar, los intenté contactar y nunca me respondieron las llamadas, ni los correos que les envié”.

Le preguntó la Contraloría: “¿Cuántos pacientes atendió?”, respondió: “Ninguno, porque no vi pacientes, nunca me llamaron, nunca fui, entonces no vi ningún paciente”. (Ver Entrevista).

Pues bien, el exgobernador Guerra Tulena autorizó el pago con los recursos públicos de más de $2.000 millones basado en facturas que supuestamente había presentado el médico Gustavo Zambrano con cientos de pacientes, como ocurrió con otros médicos. Solo en el año 2014, fueron presentadas 134 facturas por tratamientos avaluados en $1.435 millones y en 2015, 57 facturas por $720 millones.

En esas cuentas de cobro aparece la historia clínica de ingreso de los pacientes, evolución médica y los tratamientos que dicen fueron realizados por el médico, pero en realidad todo fue falsificado y realizado de manera fraudulenta y criminal fabricando las facturas y usando el nombre y el prestigio del médico Zambrano y la Universidad Javeriana sin autorización, para no levantar sospechas.

“No hospitalicé a ningún paciente porque no vi pacientes; como le dije, a mí me llevaron allá a conocer las instalaciones, no vi pacientes, entonces no, nunca di una orden de hospitalización (…) La firma no corresponde a la mía, firmo totalmente diferente, es un garabato que hicieron, intentando falsificar mi firma; el sello que utilizan las historias clínicas no corresponde al mío”. Además, agrega el doctor que están mal redactadas y que las facturas no usan los términos que un médico genuino usaría en esos casos. (Ver Firma).

Honorífico lugar el que se gana el tío Julio César en el muro de la senadora María del Rosario Guerra, sin dudas.

Pero, tal y como ha sido documentado por medios y sentencias judiciales, hay más espacios que se han ganado otros miembros de la misma familia en el muro de la vergüenza.

Mirémoslos rápidamente.

Uno de los hermanos de la importante senadora del Centro Democrático, Joselito Guerra de la Espriella, fue condenado a 90 meses de prisión por enriquecimiento ilícito, estafa y falsedad agravada en el escándalo que el país conoció como el Proceso 8.000. (Ver Alta pena).

Básicamente el señor Joselito recibió dineros del narcotráfico provenientes del Cartel de Cali. Así de claro y así de sencillo. Fuera de eso, Joselito fue el responsable de llevar a la Casa de Nariño a los hermanos Nule, hoy presos por corrupción, para reunirse con el expresidente Álvaro Uribe Vélez con el fin de hablar de proyectos de infraestructura. (Ver El encanto de los Nule por María Jimena Duzán).

No para ahí.

Antonio, su otro hermano, fue acusado de tener vínculos con el paramilitarismo, beneficiarse de su aparato militar e incluso de ser un apoyo de la operación militar de las autodefensas ya que “en la finca de Guerra siempre permanecía una escuadra de las autodefensas bajo el mando de alias el Paisita”. (Ver Testigo acusa a senador Guerra).

En la sentencia que condena a 40 años al exsenador Álvaro García Romero por la masacre de Macayepo, hablan de varias reuniones de miembros de la familia Guerra con paramilitares. (Ver Única instancia 32805).

Pero hay más, ya que Antonio Guerra de la Espriella se entregó a las autoridades después de que la Corte Suprema de Justicia le ordenara medida de aseguramiento como presunto autor de los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado, cohecho y tráfico de influencias por el caso de Odebrecht. (Ver Odebrecht).

Nada más ni nada menos.

Para terminar, está el espacio en el muro del primo de la senadora Guerra de la Espriella, Miguel Alfonso de la Espriella Burgos conocido como Miguelito, condenado por constreñimiento al elector y concierto para delinquir en los inicios del escándalo conocido como la parapolítica. (Ver Compadre Miguel).

Todos estos hechos fueron realizados mientras Antonio, Joselito y Miguelito ocuparon, en diferentes momentos, sillas en el Congreso. Va bien el muro de la vergüenza, vergüenza, vergüenza.

@yohirakerman  akermancolumnista@gmail.com 

https://www.elespectador.com/opinion/el-muro-de-la-verguenza-columna-870805

24.19.-SEMBRANDO PAÍS – Yohir Akerman 

La familia Guerra Hoyos se compone de cinco hermanos. Entre ellos están Bernardo Alejandro, concejal de Medellín por el partido Liberal; Fernando, representante legal de la emisora Ondas de la Montaña; Fanny Patricia, hermana media y quien es periodista; y Andrés, candidato por segunda vez a la Gobernación de Antioquia por el Centro Democrático.

Una familia unida, principalmente cuando se trata de contratación con los recursos distritales. Y bastante tranquila, sobre todo en el tema de las inhabilidades. Me explico. 

6 Jul 2019.- El artículo 49 de la Ley 617 de 2000 establece que los hermanos de los concejales están inhabilitados para contratar con el municipio y con sus entidades descentralizadas. Así de claro, pero así empieza el enredo.

La fundación Sembremos País fue fundada en 2015 por el candidato a la Gobernación Andrés Guerra y su esposa María Clara Arroyave como una plataforma para sus aspiraciones políticas. (Ver Registro de Sembremos País)

Guerra Hoyos fue candidato por primera vez a la Gobernación de Antioquia por el Centro Democrático en 2015, pero perdió frente al actual gobernador Luis Pérez Gutiérrez.

Tal y como lo establece una investigación de la Personería de Medellín, María Clara Arroyave del Río, esposa del candidato a la Gobernación, cuñada del concejal Bernardo Guerra Hoyos, y fundadora y suplente de la fundación Sembremos País, celebró el contrato P-3423 de 2018 con el Instituto Tecnológico Metropolitano para prestar servicios de odontología a la institución universitaria adscrita a la Alcaldía de Medellín. (Ver Informe de vigilancia)

La misma esposa del candidato del Centro Democrático firmó otro contrato, el PS-1198 de 2018, con el Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo, uno de los primeros colegios públicos de la ciudad de Medellín, para la operación y gestión de la política pública de la juventud, como si las inhabilidades de ley por su cuñado concejal no significaran nada. (Ver Pascual Bravo)

Está enredado, pero se pone peor.

La fundación Sembremos País tiene un programa radial matutino, que lleva el mismo nombre, el cual es dirigido y producido por el candidato a la Gobernación Andrés Guerra y que tiene como finalidad sostener su nombre en los medios para permanecer activo en el debate político. (Ver Certificación)

Algunos de los miembros de la fundación, como John Wilson Carvajal Ruiz, actual representante legal, Blanca Denis Gutiérrez Ospina y Sabina López Gómez, son militantes del partido Centro Democrático y a la vez han pertenecido a la Unidad de Apoyo del concejal liberal Bernardo Alejandro Guerra en el Concejo de Medellín. (Ver Miembros fundadores)

Dinámicos, pero todo queda en familia puesto que el mismo Concejo Municipal de Medellín ha celebrado varios contratos con la fundación Sembremos País para la “prestación de servicios de publicidad”. (Ver Contrato 4600072111)

De la misma manera, el canal Telemedellín, entidad adscrita al distrito, ha aprobado los contratos directos 613, 670 y 861 de 2016, 195 y 398 de 2017 para pagar pauta publicitaria en el programa radial Sembremos País. Lo más extraño es que dicha fundación no tiene en su razón y objeto social la de recibir o hacer pauta publicitaria. (Ver Contratos Sembremos País)

Más interesante aún, el programa se transmite por la emisora Ondas de la Montaña, que es del otro hermano Fernando Guerra Hoyos. La cadena radial no se ha quedado atrás y ha suscrito directamente los contratos 743 de 2016 y 291 de 2017, también con Telemedellín con el objeto contractual de pauta publicitaria para los diferentes programas de la emisora. (Ver Certificado de representación)

Pero no para ahí. Con los contratos 140 de 2017 y 406 de 2018 ocurre algo parecido, pero no igual. La diferencia es que estos fueron entre Telemedellín y la periodista Fanny Patricia Guerra Gómez, la otra hermana del candidato a la Gobernación por el Centro Democrático, para la pauta publicitaria del programa radial Viva la Vida. ¡Qué viva! Ya que todas esas contrataciones se hicieron durante 2016 y 2018, mientras Bernardo Alejandro Guerra ejercía su cargo político en el Concejo de Medellín por lo cual existían inhabilidades.

Pero sigue. Puesto que el 21 de marzo de este año el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó la pérdida de investidura en un fallo de primera instancia para Bernardo Alejandro principalmente por dos razones que nada tienen que ver con los contratos a favor de sus hermanos.

La primera causa tiene que ver con la defensa en el Concejo de Medellín de los beneficios para los afectados por el desplome del edificio Space en 2013, pues entre ellos estaba su hija Alejandra Guerra, dueña de un apartamento en uno de los edificios de la firma CDO que el Municipio ordenó evacuar cuando sucedió la tragedia.

Para el Tribunal, Guerra propuso una comisión accidental en el Concejo que decidió exonerar del pago del impuesto predial a los damnificados por los líos de la constructora CDO hasta 2023, y entre ellos entregó ese beneficio a su hija. Todo por la familia.

La segunda razón se debe a que, para el Tribunal, Guerra obtuvo financiación ilegal, violó las normas de financiación y se voló los topes máximos en su última campaña al Concejo. (Ver Fallo Tribunal)

Con estos antecedentes habrá que estar muy pendientes no solo de la financiación de la campaña a la Gobernación de Antioquia de Andrés Guerra Hoyos por el Centro Democrático, sino también de toda la posible contratación para su familia en el caso de que llegue a ganar, ya que, como dice su slogan de campaña, esa parece ser la manera de sembrar país.

@yohirakerman akermancolumnista@gmail.com 

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23.19.-MUNICIPIOS PEQUEÑOS, PROBLEMAS GRANDES – Yohir Akerman

 Donmatías y San Roque son dos pequeños municipios ubicados en el corazón de Antioquia, a una hora de la ciudad de Medellín. Entre los dos cuentan con casi 40.000 habitantes y ambos comparten un común denominador y es una larga historia llena de corrupción y desfalcos de las antiguas administraciones.

30 jun 2019 Vamos por partes. 

Desde el año 2000 ambos municipios han estado gobernados por una coalición del Centro Democrático y el Partido Conservador, utilizando el mismo modelo de contratación que fue evidente y descubierto al cambiar de gobierno en el año 2016.

El 1° de noviembre de 2016 el CTI de la Fiscalía legalizó la captura del exalcalde del municipio de San Roque, Fredy Oswaldo Rodríguez Henao, investigado por los delitos de prevaricato por acción, falsedad material en documento público, peculado por apropiación y violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades. Unas cositas.

Por otra parte, el 28 de agosto de 2017 la Fiscalía le imputó los cargos de celebración indebida de contratos, falsedad en documento público y asociación para la comisión de delitos en contra de la administración pública al exalcalde del Centro Democrático Javier Darío López Restrepo y a cuatro funcionarios más. (Ver Imputación).

Entre los múltiples contratos de obras públicas que este alcalde del uribismo celebró sin el respaldo presupuestal o sin hacer la obra, se encuentran varios icónicos como la construcción de instituciones educativas, plantas de tratamiento de aguas residuales, vías o la terminal de transporte. Todos, elefantes blancos que quedaron a medio construir y ahora son núcleos de violencia y microtráfico. (Ver Contratos y realidad).

Nada de Seguridad Democrática en Donmatías.

Para llevar a cabo los procesos irregulares de contratación, la Alcaldía expedía el certificado de disponibilidad presupuestal de manera manual sin el respaldo del software contable, con rubros y partidas presupuestales que no contaban con recursos, y que eran firmados de manera indiscriminada por el exalcalde o demás funcionarios implicados. (Ver Disponibilidad presupuestal).

La obra se adjudicaba con este documento falso y a medida que se contaba con recursos disponibles, se emitía un registro presupuestal para respaldar cada desembolso.

Fueron más de 20 obras contratadas con esta modalidad, por un valor cercano a los $20.000 millones de los cuales se pagaron cerca de $8.000 y el resto no pasó a la vigencia 2016 ni como cuentas por pagar ni como reserva presupuestal, ni como vigencias futuras. (Ver Cuadro detallado de obras).

Por ejemplo, al mirar el contrato del colegio Marianito, este fue adjudicado por $4.065 millones, de los cuales se pagaron como anticipo $1.219 millones. Pero, oh sorpresa, la obra no contaba con la validación de la Gobernación de Antioquia para su construcción, tampoco tenía los respectivos permisos ambientales, no contaba con las medidas mínimas exigidas por la norma en lo que tiene que ver con educación, por lo cual el Ministerio de ese sector lo declaró no viable técnicamente. (Ver Cartas de Gobernación y Mineducación).

Un proceso que terminó afectando a toda la comunidad, pero enriqueciendo a unos pocos. Mano firme la de López Restrepo, pero para desaparecer el dinerito. Y todo lo contrario a corazón grande.

Ahora bien, en este caso, pese a las evidencias, la investigación no parece andar. El exalcalde López Restrepo tiene como jefe político al señor Jhon Jairo Berrío López, actual representante a la Cámara por el Centro Democrático y quien fue alcalde de Donmatías del 2001 al 2003 y por segunda vez del 2008 al 2011.

El señor Berrío López también tiene pendiente un proceso en la Fiscalía porque en su mandato se abstuvo de nombrar gerente para el hospital Francisco Eladio Barrera y usó ese puesto para nombrar personas encargadas temporalmente que eran cercanas a él y sus intereses políticos. Ese proceso tampoco se mueve en la Fiscalía y acá viene lo más interesante.

Tanto López Restrepo como Berrío López son personas del clan de los Valencia Cossio. Tanto así que cuando Santiago Valencia hizo su campaña al Senado, su fórmula a la Cámara de Representantes en Antioquia era el señor John Jairo Berrío.

Santiago Valencia es hijo de Fabio Valencia Cossio y sobrino de Guillermo León Valencia Cossio, quien fue director de la Fiscalía Seccional de Medellín durante cinco años, encargado de administrar la Fiscalía de Medellín y Antioquia y quien todavía controla a mucha gente en los entes investigativos.

Es importante recordar que Guillermo León Valencia Cossio ahora está preso por dos casos, el primero porque el funcionario influyó para que se sacara a John Freddy Manco Torres, alias el Indio, del organigrama de la banda de Don Mario, y al tiempo entregó documentos de uso reservado a ese narcotraficante a cambio de cuantiosos pagos en efectivo y una cuatrimoto.

La otra condena es por haber utilizado su investidura para obstruir a la justicia y tratar de frenar una investigación contra el capo del cartel del Norte del Valle Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta.

Pero volvamos al municipio de San Roque ya que ahora se conoce que el candidato a la Alcaldía del Centro Democrático es el señor Luis Alejandro Villegas Cano, actual concejal del municipio por ese mismo partido.

Villegas Cano es hijo de Luis Alberto Villegas Uribe, alias Tubo, que fue identificado por las autoridades como uno de los creadores de grupos paramilitares.

En 1998 el CTI determinó que Luis Alberto y su hermano Juan Guillermo Villegas Uribe coordinaban, desde Lácteos El Paisa, la consecución de armas y municiones ilegales y la provisión de recursos económicos a partir del cobro de cuotas a diversas personas del nordeste antioqueño. El dinero y las armas eran para sostener una célula paramilitar del Bloque Metro que inició como la Convivir El Cóndor, de la cual eran representantes legales. (Ver El hermano).

Ese Juan Guillermo, tío del candidato a la Alcaldía de San Roque por el Centro Democrático, es el mismo que es investigado, con los Uribe Vélez y los hermanos Gallón Henao, por la creación de estructuras paramilitares desde la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia del expresidente. Y también es el que aparece en la famosa llamada donde el senador Uribe Vélez dice “nos están escuchando esos hps”, refiriéndose a la Corte Suprema, por interceptaciones legales que el ente de justicia autorizó para indagar la manipulación, compra y presión a testigos por parte del expresidente.

Unas largas tramas de corrupción, delitos e investigaciones las que envuelven a los candidatos y políticos del Centro Democrático en los pequeños municipios antioqueños de Donmatías y San Roque, donde los problemas son todo menos chiquitos.

@yohirakerman///akermancolumnista@gmail.com https://www.elespectador.com/opinion/municipios-pequenos-problemas-grandes-columna-868559

 

  • 22.19.-ACABAR CON LAS CORTES – Yohir Akerman
  • RAZONES PARA HABLAR DE VIOLENCIA DE GENERO – Maria Silvestre

Hace un poco más de una semana el hoy senador Álvaro Uribe Vélez, en diálogo con W Radio, reiteró la necesidad de derogar la Jurisdicción Especial para la Paz y crear una única alta corte a raíz de lo que él calificó como una crisis de credibilidad en la justicia.

“A mí me dicen que no hable sobre ese tema porque lo pueden tomar como personal, pero no lo es. Yo sí creo en la necesidad de esa única corte, permitiendo que los actuales magistrados terminen sus periodos o incluso que muchos de ellos hagan parte de esa corte”, señaló.

23 Jun 2019.- Vergonzoso, pero no es nuevo. Y no solo por la propuesta que se hizo de esto en campaña presidencial hace un año, sino que para entender la sinopsis de acabar con las cortes por la “crisis de credibilidad” hay que ir un poco más atrás.

Me explico.

El 22 de abril de 2008 se dio la captura de Mario Uribe Escobar, primo del entonces presidente Uribe Vélez, por sus nexos con grupos paramilitares.

Un día después, a las 6:30 de la tarde ingresaron por el sótano de la Casa de Nariño, con autorización del jefe de Estado, Severo Antonio López Jiménez, alias Job, vocero de los paramilitares; Diego Álvarez, abogado de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, jefe máximo de la Oficina de Envigado; el exgobernador del Cauca Juan José Chaux Mosquera, condenado por sus vínculos con las autodefensas, y el lobista Óscar Iván Palacio, para reunirse con Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia, y César Mauricio Velásquez, jefe de prensa de Álvaro Uribe.

El contenido de esa reunión es ampliamente conocido. Un día después de la reunión con los voceros de los paramilitares, hubo un nuevo encuentro en la Presidencia de la República con el fin de fabricar una historia falsa para vincular al entonces presidente de la Corte Suprema, Yesid Ramírez Bastidas, con empresarios y relaciones de narcotráfico.

El contenido de la reunión es ampliamente conocido. Un día después de la reunión con los voceros de los paramilitares, hubo un nuevo encuentro en la Presidencia de la República con el fin de fabricar una historia falsa para vincular al entonces presidente de la Corte Suprema, Yesid Ramírez Bastidas, con empresarios y relaciones de narcotráfico.

Es decir que le querían generar una crisis de credibilidad a la Corte Suprema de Justicia, mismo tribunal que había pedido la captura dos días antes del primo del presidente.

Pero no para ahí.

El 28 de septiembre de 2010, el abogado Iván Velásquez Gómez rindió una declaración ante la Fiscalía General de la Nación como consecuencia de unos seguimientos ilegales de los cuales estaban siendo víctimas él y su familia.

Es importante recordar que, fuera de ser la persona que logró demostrar los excesos de Pablo Escobar en la cárcel La Catedral, Velásquez como magistrado auxiliar de la Corte Suprema fue quien inició investigaciones contra Álvaro Uribe por supuestos nexos con paramilitares y encarceló al primo de este junto a más de 50 congresistas por parapolítica.

Eso sin mencionar su trabajo más reciente en Guatemala en donde desmontó una red de corrupción por la que están presos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Pero volvamos a su declaración. El exmagistrado de la Corte Suprema le dijo a la Fiscalía que desde que inició la investigación previa en contra del primo del expresidente Uribe, en junio o julio de 2007, se desencadenó “la mayor arremetida en la persecución contra la Corte y contra mí, lo que se demuestra con el complot que, a través de un paramilitar conocido como Tazmania, de nombre José Orlando Moncada Zapata, se fraguó por parte del doctor Mario Uribe Escobar, el señor Santiago Uribe Vélez y el señor Ernesto Garcés Soto en alianza con varios paramilitares presos, unos en la cárcel de Itagüí y otros en La Picota, actuando como enlace el abogado Sergio Gonzáles Mejía, quien para entonces era abogado de Tazmania y de Juan Carlos Sierra Ramírez, conocido como el Tuso Sierra. Tal vez a partir de ese montaje de Tazmania, en el propósito de atribuirme supuestas actuaciones ilegales en las investigaciones, se sucedió una serie de hechos que pretendían acreditar lo que desde el Gobierno nacional se llamó el Cartel de Testigos de la Corte Suprema”. (Ver Declaración).

El paralelismo con lo que sucede hoy, 12 años después, es espeluznante.

Pero sigamos y, para hacerlo, la declaración del que fue el subdirector de Fuentes Humanas del DAS durante el espionaje a la Corte Suprema de Justicia es el mejor camino.

El señor William Romero Sánchez rindió declaración en la Fiscalía el 16 de septiembre de 2010, en la que estableció que específicamente él fue el coordinador de la operación de espionaje en la Corte Suprema de Justicia que infiltró la detective Alba Luz Flórez, conocida como la Mata Hari.

“En mayo de 2007, mediante un requerimiento por escrito imparten órdenes de recolección de información sobre temas puntuales relacionados con magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.

No solo era la Corte sino también los viejos enemigos de Uribe a los que había que desprestigiar.

“En la búsqueda de información sobre la trayectoria familiar y académica en los departamentos del Caquetá y Huila de Yesid Ramírez, entre otros requerimientos, se da continuidad a los casos de Piedad Córdoba y Gustavo Petro en cabeza de la Subdirección de Operaciones y la Subdirección de Contrainteligencia, apoyando la Subdirección de Desarrollo Tecnológico y la Subdirección de Fuentes Humanas, todos los insumos logrados por estas subdirecciones eran enviados a la Subdirección de Análisis, que finalmente los consolidaba en un producto final dirigido a la Dirección del Departamento con destino a la Presidencia”. (Ver Declaración Romero Sánchez).

Y nada mejor que el final.

“Preguntado: sírvase manifestar si conoció cuál era el destino final de la información obtenida de la Corte Suprema de Justicia y los senadores ya mencionados. Contesto: sí, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, dada la retroalimentación que me dio la doctora María del Pilar en compañía del capitán Tabares”. (Ver Destino final).

La estrategia siempre ha sido la misma, golpear la reputación de la justicia que está juzgando a su familia. En el pasado era acabar la reputación de los magistrados para proteger a su primo Mario Uribe Escobar. Después viene el cartel de testigos falsos para ayudar a su hermano Santiago Uribe Vélez. Y ahora el expresidente es el que necesita acabar con la Corte para proteger su propio legado.

https://www.elespectador.com/opinion/acabar-con-las-cortes-columna-867432

22.19.-RAZONES PARA HABLAR DE VIOLENCIA DE GENERO – Maria Silvestre

Las mujeres sufren violencia por el hecho de ser mujeres, porque la sociedad es machista y patriarcal; 1.000 hombres mataron a 1.000 mujeres porque creyeron que podían hacerlo

ENRIQUE FLORES

Estos días nos estamos haciendo eco de que se ha alcanzado la cifra de 1.000 mujeres asesinadas por violencia machista. Sin embargo, hace meses que el número de víctimas mortales por violencia de género superó la redonda cifra de 1.000, ya que nuestra legislación, desde 2015, también reconoce como víctimas de esta violencia a los menores, y, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el número total de menores víctimas mortales de violencia de género desde 2013 hasta la fecha ha sido de 28. Lo más terrible de esta estadística es que sabemos que no es una foto fija y que es muy posible que entre que se escribe este artículo y se publica, el número se incremente porque los asesinatos de mujeres por ser mujeres y de sus hijos e hijas, con la única finalidad de hacerles daño a ellas, se van a seguir perpetrando.

17 jun 2019 OTROS ARTÍCULOS DE LA AUTORA

Un serio retroceso en materia de igualdad (16/01/2019)

En 2004 se aprobó la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género, y 15 años después, con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se están acordando modificaciones para que mejore la intervención de las instituciones públicas, garantes de la seguridad, protección y atención a las mujeres maltratadas. Un claro ámbito de mejora es la no exigencia de la denuncia para poder atender a estas mujeres. Sin embargo, a pesar de que se ha avanzado considerablemente desde la aprobación de la ley y de que hemos aprendido en el camino, no solo con respecto a la exigencia de la denuncia, también con relación a la prevención para evitar la revictimización de las mujeres maltratadas, con relación a la coordinación interinstitucional, también respecto a la protección y atención a menores y a la reconsideración del papel que debe desempeñar el padre maltratador o a la introducción de medidas cautelares que pongan el foco en el maltratador y no tanto en la víctima, a pesar de todos estos avances, asistimos actualmente a un intento de resignificación de la violencia de género o machista que no es baladí, tampoco ingenua ni, mucho menos, simbólica.

Uno de los principales logros alcanzados en nuestra sociedad con respecto a la violencia ejercida sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres ha sido desplazar el maltrato psicológico, social, económico, físico y sexual sufrido por las mujeres del ámbito privado y familiar al ámbito público, y que este sea visto e interpretado como un problema social. Ahora bien, eso no quiere decir que se haya conseguido asimilar de forma generalizada y mayoritaria dicha percepción y atribución pública. El CIS nos lo recuerda todos los meses en su encuesta sobre las principales preocupaciones de la ciudadanía. La violencia contra las mujeres ha tenido dos picos en los últimos 20 años: el primero fue durante la tramitación y aprobación de la ley de violencia de género, en marzo de 2004 la preocupación llegó a alcanzar un 11,7%; el segundo lo estamos viviendo desde comienzos de 2019, desde enero la preocupación ha alcanzado valores cercanos al 7%. Este repunte vendría de la mano de las movilizaciones del 8-M, pero, sobre todo, como consecuencia del caso de La Manada y del movimiento MeToo. Ahora bien, son porcentajes que están lejos de las principales preocupaciones sociales, encabezadas por el paro, con un 64,6% en mayo de 2019.

La cesión de PP y Ciudadanos a Vox en Andalucía tendrá consecuencias en la respuesta institucional a la violencia

Con ello quiero decir que la base social que soporta todo el engranaje institucional y legal en torno a la violencia ejercida sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, si bien cuenta con una clara fundamentación jurídica y académica, puede sufrir vaivenes en la legitimación social si se insiste en cuestionar su fundamentación desde el discurso político y público. Por esa razón, la cesión que PP y Ciudadanos han hecho a Vox para la aprobación de los presupuestos en Andalucía no es solo simbólica, ya que va a tener consecuencias en la respuesta institucional a la violencia machista, y porque, sobre todo, viene a quebrar uno de los principales logros alcanzados en esta materia: la consideración de problema social de la violencia machista. Yerran las derechas democráticas al legitimar el discurso ideológico de Vox en este tema, puesto que le otorgan carta de validez; la cuestión es saber si dicha cesión es tal, o tan solo viene a refrendar una opinión que ya tenían y que hasta ahora no se atrevían a manifestar en alta voz. Debemos evitar, en términos de Pippa Norris, que se amplíe la “zona de aquiescencia” de la ultraderecha y que se normalicen ideas y debates superados.

Si nos alerta estar hablando de 1.000 mujeres y 28 menores asesinados, si nos duele reconocer que en nuestra sociedad al menos 1.000 hombres han asesinado a mujeres con las que tenían o habían tenido una relación, debemos ser capaces de alzar la voz ante cuestionamientos infundados de las razones estructurales de estos asesinatos; 1.000 hombres mataron a 1.000 mujeres porque creyeron que podían hacerlo, y si cientos de miles están maltratando, humillando, insultando y aislando a cientos de miles de mujeres es porque creen que pueden hacerlo, porque no reconocen en esas mujeres a seres autónomos, libres, independientes y capaces de tomar sus propias decisiones, porque prevalecen relaciones machistas desiguales que cosifican a las mujeres, las deshumanizan y les niegan sus derechos.

La intervención contra la violencia machista debe pensarse, al menos, en dos tiempos; en el corto plazo y en el medio-largo plazo. En el corto plazo debemos priorizar la protección y atención a las mujeres que hoy están sufriendo maltrato, pero en el medio-largo plazo debemos trabajar para promover sociedades igualitarias en las que se deconstruyan los roles tradicionales de género, sociedades donde sea posible desnaturalizar la posición de la mujer en el ámbito privado y construir nuevas formas de ser mujeres y hombres con iguales atribuciones de valor.

Debemos promover sociedades igualitarias que deconstruyan los roles tradicionales de género

Son muchos los “¿por qué?” que todavía no estamos formulando, porque son muchas las situaciones que nos parecen normales por estar normalizadas, pero debemos preguntarnos por qué existe una desigualdad universal entre mujeres y hombres, preguntarnos por qué los cuerpos de las mujeres están sexualizados, por qué se cosifica a las mujeres, por qué existe la brecha salarial, por qué se da la segregación educativa, por qué la conciliación, la pobreza o la vulnerabilidad son femeninas —tal y como nos indica el recién presentado VIII Informe FOESSA—, en suma, por qué estamos lamentando la muerte de 1.000 mujeres por violencia machista. Para acertar en la respuesta debemos realizar un buen diagnóstico: las mujeres sufren violencia por el hecho de ser mujeres, porque la sociedad es machista y patriarcal. Hasta que no removamos estos fundamentos será muy difícil dejar las estadísticas sobre violencia de género en una foto fija.

https://elpais.com/elpais/2019/06/14/opinion/1560529257_305796.html#?id_externo_nwl=newsletter_opinion20190621m

21.19.-MÁS SOBRE EL CORONEL MEJÍA –Yohir Akerman

El 5 de mayo de este año publiqué una columna titulada “La JEP funcionando” donde se documentan desconocidos detalles de la histórica relación de poder y colaboración entre las Fuerzas Armadas y los grupos de paramilitares, que llevó a crímenes y asesinatos extrajudiciales conocidos como falsos positivos.

9 jun 2019.- En especial los cometidos por el batallón del Ejército La Popa, bajo la comandancia del coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, todo evidenciado por el relato del teniente coronel Heber Hernán Gómez Naranjo que se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 23 de junio de 2017 bajo el radicado No. 301153. (Ver La JEP funcionando).

El día siguiente a mi columna, el coronel Mejía publicó una dura respuesta en la que justificaba sus acciones militares, negaba rotundamente cualquier pacto con criminales y establecía que el honor de un soldado “es la patria misma”.

Fuera de eso advirtió: “No le acepto a usted y jamás a nadie le aceptaré que me hablen de falsos positivos en mi gestión en el Cesar, señor Akerman”.

Tajante el coronel Mejía.

El problema es que ahora se conocen dos declaraciones adicionales en diligencia judicial de versión voluntaria, ambas de exmilitares compareciendo ante la JEP en el mes de noviembre de 2018, que lo contradicen y entregan nueva evidencia sobre los crímenes cometidos por el batallón del Ejército La Popa bajo la comandancia del coronel Mejía.

En el marco del caso 003 de 2018 que adelanta el magistrado Óscar Parra Vera de la Sala de Reconocimiento de verdad y responsabilidad de la JEP por muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate o falsos positivos, se tomaron esas dos versiones libres, la primera dura más de seis horas y la segunda casi cuatro.

Durante esas largas horas se entregaron relatos con infinitos detalles de la alianza del coronel Mejía con los paramilitares, las múltiples reuniones con famosos líderes de las Autodefensas, las operaciones que se hicieron en conjunto y los asesinatos extrajudiciales por parte del Ejército, con nombre y apellido, de personas que después fueron presentadas como guerrilleros de las Farc o el Eln.

Por lo macabro que cuentan esas versiones libres, ambas, es mejor mantener anónimas las identidades de los exmilitares y comparecientes ante la JEP, sobre todo para proteger sus vidas.

Y ese es uno de los temas de esta columna.

Las dos narraciones cuentan cómo los exmilitares han sido víctimas de amenazas de muerte o intentos de asesinato desde que se decidieron a confesar los crímenes de los cuales hicieron parte, guiados por la comandancia del coronel Mejía. Eso es terrible y hay que proteger a estos exmilitares que hoy sirven de testigos.

“Y quiero decir algo con todo esto que estoy diciendo, sé que me voy a morir en cualquier momento, no sé cuándo, pero sé que me voy a morir, honorables magistrados, yo les pediría a ustedes de corazón medidas cautelares para mi familia y para mí porque mi vida corre peligro y ya han visto varias amenazas”. (Ver Versión libre).

Se eriza la piel.

En especial porque, pese a que en 2013 el Juzgado Sexto Especializado de Bogotá condenó al oficial Mejía a 19 años de cárcel por aliarse con el paramilitarismo como consecuencia de toda la evidencia que existía en su contra, además de la nueva que se conoce gracias a la JEP, el militar sigue siendo tratado como un héroe por un grupo político.

Ese es el otro tema de esta columna.

Cuando el coronel Mejía, desde su condena en una instalación militar en Bogotá, publicó un libro titulado Me niego a arrodillarme, fue acogido como un texto de quien defiende el honor del Ejército y no de un militar que abusó de su poder y terminó realizando asesinatos extrajudiciales.

El libro cuenta con un prólogo de Plinio Apuleyo Mendoza y fue presentado en la Feria Internacional del Libro del 2016, en un evento en el que también estuvieron el general Camilo Zúñiga, excomandante de las Fuerzas Militares; el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie; la representante a la Cámara María Fernanda Cabal y la senadora del Centro Democrático Paola Holguín.

Como lo reportó Noticias Uno en ese momento al entrevistar a los asistentes, la representante Cabal estableció que “desde hace nueve años yo visito al coronel Hernán Mejía y a muchos otros soldados injustamente encadenados por haber enfrentado el terror”.

¿Injustamente encadenados?

Por su parte, la senadora Holguín definió que el coronel Mejía “en este libro rinde un homenaje a los soldados de batalla”, pero en realidad no es un homenaje a los soldados decir que se niega a arrodillarse a la justicia que lo encontró culpable con pruebas y evidencia, es simplemente desconocer la justicia.

Pero no para ahí.

El propio expresidente Álvaro Uribe le envió un mensaje al oficial en el que decía: “Estimado coronel Mejía, lo felicito por su entereza. Solamente alguien de su fortaleza moral y en medio de tanta persecución presenta este libro. Hemos sufrido una larga noche de injusticias que tendremos que superar”. (Ver Felicitación de Uribe).

Es esa entereza y fortaleza moral que ve el expresidente Uribe la misma que están valorando para ascender ahora a militares que están involucrados en investigaciones de falsos positivos, o para tratar como víctimas y no victimarios a los militares que ordenaron por escrito a sus unidades duplicar el número de bajas y capturas sin “exigir perfección” a la hora de ejecutar ataques letales contra enemigos.

Mientras el partido de gobierno siga viendo el capítulo de los falsos positivos como hechos menores del ejercicio de la batalla, una injusticia, persecución o, peor aún, tratando como héroes a militares investigados o condenados por asesinatos extrajudiciales por el honor militar, no se podrá cambiar la visión política que constantemente lleva a esas deformaciones en las directrices militares. Un crimen es un crimen a pesar del honor.

@yohirakerman  akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/mas-sobre-el-coronel-mejia-columna-864980

20.19.-Las reuniones del vice mindefensa Eastman  Yohir Akerman

Una cosa está completamente confirmada y es que, como lo estableció La Silla Vacía, a finales de abril el saliente secretario general de Presidencia, Jorge Mario Eastman, visitó al director de Semana, Alejandro Santos, para hablar de los documentos y testimonios sobre las directrices del comandante en jefe del Ejército que tenían el fin de “doblar los resultados” de operaciones en combate. La historia que después publicó el diario The New York Times. 

Eastman le explicó a La Silla Vacía que sabía que Semana tenía la información “desde hace dos o tres semanas”, mientras que Santos le confirmó al mismo medio que el entonces secretario general de Presidencia fue a la revista por su experiencia en asuntos de seguridad y defensa, tema central de la denuncia, ya que fue viceministro de Defensa dos veces. 

2 jun 2019.-  Pues miremos un poco más de su hoja de vida y sobre todo de lo otro en lo que es experto Eastman.

Jorge Mario Eastman Robledo fue, entre otras, consejero presidencial para las Comunicaciones entre 2006 y 2009, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez; jefe de negociación adjunto del proceso de paz con el Eln en la administración de Andrés Pastrana; secretario privado de Humberto de la Calle, cuando fungía como ministro del Interior de César Gaviria; consejero presidencial para la Modernización del Estado con Ernesto Samper; más recientemente, fugaz fórmula vicepresidencial de Juan Carlos Pinzón; secretario general de la Presidencia con Iván Duque hasta abril pasado, y, próximamente, embajador de Colombia en el Vaticano.

El hombre orquesta.

En octubre de 2004 el entonces presidente Uribe lo nombró viceministro de Defensa, cargo en el que participó en el aterrizaje de la política de Seguridad Democrática con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. En 2006 el Gobierno lo nombró en Comunicaciones y en 2009 lo volvió a nombrar viceministro de Defensa, encargado principalmente de las relaciones internacionales del sector defensa y el fortalecimiento de los derechos humanos de las Fuerzas Armadas.

El 24 de abril de 2008, mientras era consejero presidencial para las Comunicaciones, Eastman Robledo participó en otra histórica reunión junto a Bernardo Moreno Villegas, entonces secretario general de la Casa de Nariño.

Esa reunión le costó a Moreno Villegas 18 años de destitución e inhabilidad por la “extralimitación de sus funciones”, en el marco del escándalo de las “chuzadas”. A Eastman Robledo, nada. (Ver María del Pilar Hurtado confirma asistencia de Eastman).

Pero expliquemos mejor esa reunión y, para hacerlo, es necesario retroceder el casete solamente 48 horitas antes para un poco de contexto.

El 22 de abril de 2008 se dio la captura de Mario Uribe Escobar, primo del entonces presidente Uribe Vélez, por sus nexos con grupos paramilitares.

Un día después, el 23 de abril a las 6:30 de la tarde, ingresaron por el sótano de la Casa de Nariño, con autorización del jefe de Estado, Severo Antonio López Jiménez, alias Job, vocero de los paramilitares; Diego Álvarez, abogado de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, jefe máximo de la Oficina de Envigado; el exgobernador del Cauca Juan José Chaux Mosquera, condenado por sus vínculos con las autodefensas, y el lobista Óscar Iván Palacio, para reunirse con Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia, y César Mauricio Velásquez, jefe de prensa de Álvaro Uribe.

El contenido de esa reunión es ampliamente conocido. Un día después de la reunión con los voceros de los paramilitares, tal y como lo establece el periodista Julián Martínez en su libro ChuzaDAS, hubo un nuevo encuentro en la Presidencia de la República con el fin de fabricar una historia falsa para vincular al entonces presidente de la Corte Suprema, Yesid Ramírez Bastidas, con empresarios y relaciones de narcotráfico. (Ver ChuzaDAS).

¿La razón? La Corte Suprema de Justicia era el tribunal que había pedido la captura dos días antes del primo del presidente.

El plan, se supo después, consistía en filtrar información a un medio de comunicación para generar desprestigio a la entidad y para eso llegaron a la Casa de Nariño ese 24 de abril la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, acompañada por los directores de Inteligencia y Contrainteligencia de la misma entidad; el capitán Fernando Tabares y Jorge Alberto Lagos, para sostener una reunión con Bernardo Moreno; José Obdulio Gaviria; César Mauricio Velásquez; el director de la UIAF, Mario Alejandro Aranguren, y el asesor de comunicaciones, Jorge Mario Eastman Robledo. (Ver Condenan a la Nación).

Casi todos están presos.

El 26 de abril la revista Semana publicó un artículo titulado “El mecenas de la justicia” que hablaba de un empresario opita con supuestas conexiones con la mafia, que pagaba vuelos privados a magistrados de las altas cortes y les organizaba lujosos eventos.

Pero eso no salió bien. Semana tuvo que rectificar la información cuando su director, Alejandro Santos, descubrió que se trataba de un montaje para desprestigiar a la Corte y en especial a Ramírez Bastidas. (Ver Orden del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá).

Todo, fabricado en esa reunión del 24 de abril, misma fecha en la que, gracias a un memorando reservado del DAS que apareció tiempo después, se planeó vincular, de manera falsa, a los congresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro y al periodista Daniel Coronell con la compra de testigos.

Una fecha importante.

Por eso la Procuraduría General de la Nación emitió un cuestionario al presidente Uribe sobre la reunión de ese 24 de abril, en el que Uribe respondió que fue informado del encuentro, pero que su conocimiento era que el objetivo era revisar información periodística. (Ver Carta junio 22 de 2010).

De esa misma manera, el 6 de agosto de 2009, el mismo Eastman Robledo compareció en una diligencia de versión libre ante la Procuraduría por esos hechos, en la que admitió que, aunque no fue convocado formalmente, asistió a ese encuentro ya que su costumbre era “pasar por esa oficina (de Bernardo Moreno) para averiguar los asuntos del día, así como los demás relacionados con mis funciones como asesor en comunicaciones. Al llegar a la oficina se me pregunta si sabía la información que manejaba la revista Semana”. (Ver Declaración Libre).

Finalmente, en la misma diligencia, al ser preguntado por sus funciones como asesor en comunicaciones, Eastman Robledo dijo que en ese momento era el enlace de la Presidencia “con los directores de todos los medios de comunicación. (…) En la práctica yo me especializo mucho en las crisis internacionales, y en lo que tiene que ver con aquellos medios de comunicación que tienen una relación más estrecha conmigo, como es el caso de la revista Semana”. (Ver Investigaciones Especiales).

Esa relación quedó comprobada durante aquel escándalo en 2008 y en este nuevo lamentable episodio. Todo parece indicar que el nuevo embajador de Colombia ante el Vaticano va a tener ante la Santa Sede muchas oportunidades para confesarse por todas esas reuniones en las que, aunque no parece que hizo algo ilegal, sí quedan dudas sobre su integridad.

@yohirakerman  akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/la-reunion-columna-863901

  • 19.19.-MIREN LA PAZ –  Patricia Lara
  • AUTORIDADES MORALES EN PERIODISMO –    Cecilia Orozco
  • LA “ECONOMÍA MIXTA”: LO ÚLTIMO EN CONTRATACIÓN PÚBLICA Y CORRUPCIÓN –Aurelio Suárez*
  • LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DE LAS CAMPAÑAS: OTRA FORMA DE CORRUPCIÓN – Juan Carlos Álvarez*

De tantas noticias, incluso la irrefutable sepultura que la Corte Constitucional les dio a las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, la más transcendental, por la certeza que genera de que la reconciliación es posible, fue el foro “Hablemos de verdad”, convocado por El Espectador. 

Bajo la tutela de Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, y después de escucharle al fotógrafo Jesús Abad Colorado sus relatos de esta guerra que él ha retratado por años, y luego de oír a Andrea Echeverri cantar “todas somos mamitas / y no debemos parir / para en esta guerra / nuestros hijos ver morir. / Todos somos hijitos / hermanitos de Caín / refresquemos la memoria / pa que no se vuelva a repetir”, los enemigos de ayer respondieron la pregunta de la periodista Gloria Castrillón: “¿Por qué es tan difícil contar la verdad?”.

Rodrigo Londoño, Timochenko, excomandante de las Farc, dijo que le daba miedo contarla porque al ver los resultados de esa lucha que emprendieron convencidos de que defendían al pueblo, siente vergüenza.

Luis Eduardo Cifuentes, el Águila, excomandante del Bloque Cundinamarca de las Autodefensas (Auc), quien pagó 11 años de cárcel, pidió perdón: “Nada justifica nuestro accionar”; afirmó que le cumplieron a la justicia pero a las víctimas lo que les interesa es saber dónde están y qué pasó con sus seres queridos; se quejó de que a muchos de las Auc los han matado y agregó: “Ni las víctimas han sido reparadas por el Estado ni a los reinsertados se les ha dado una oportunidad para reinsertarse en la sociedad”.

El general (r) Rafael Colón, uno de los duros en el combate, quien participó en el desminado humanitario, dijo que “cuesta decir la verdad porque se pueden perder” estatus y responsabilidades; habló de esa concepción que hubo en sectores del Ejército sobre que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, la cual llevó a no combatir el paramilitarismo en algunas zonas; afirmó: “Hay que preguntarles también a los gobernadores y alcaldes por qué parte de sus presupuestos iban a las Auc, y a los ganaderos, por qué las Auc llegaban a sus fincas”, y concluyó: “Las verdades hay que contarlas como son… Tenemos que contar la verdad de los falsos positivos para deshacernos de esa cruz”.

Jorge Ballén, presidente de Panaca, cuyo hermano secuestró la guerrilla y quien como empresario sufrió muchas extorsiones en Urabá, confesó que a él le tocó “comprar vida” y pidió que se construya una nueva verdad.

Luego hablaron las víctimas: representantes de las comunidades negras que han sido asesinadas, de los indígenas que han sido discriminados, de las mujeres que han sido violadas… Todos claman por que se cumpla ya el Acuerdo de Paz para que no los maten ni se extingan sus territorios.

De último habló el comisionado de Paz, Miguel Ceballos. También contó su verdad: “Me metí de cura después de ser abogado para buscar una verdad. Y me salí. Y trabajé como secretario de la Comisión de Conciliación. Y tuve que trabajar con el Eln. Y fui señalado como guerrillero. Y luego fui viceministro de Uribe y me acusaron de extraditar a los paras. La más difícil es la verdad personal”.

Al final, resonaron las palabras del general Colón: “Necesitamos construir confianza: Duque y sus ministros tienen que decir al unísono si apoyan el Acuerdo de Paz o no”.

Y, en la conciencia, se estampó el ruego de Aída Quilcué, indígena del norte del Cauca, quien pidió respeto para quienes piensan distinto e imploró:

“Que la paz no nos cueste la vida”.

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https://www.elespectador.com/opinion/miren-la-paz-columna-863519 

19.19.-AUTORIDADES MORALES EN PERIODISMO –    Cecilia Orozco

El 19 de marzo de 2018, la revista Semana publicó un artículo con el siguiente título: Trino de Álvaro Uribe contra Daniel Coronell desata dura controversia (ver). La atención de la revista se centró en el escándalo que produjo un trino que Uribe había publicado y en el que expresaba sus intenciones de desaparecer el noticiero que descubrió que su reelección, en 2006, había sido bastarda y corrupta por cuanto se logró mediante la compra de votos en el Congreso (yidispolítica). El expresidente ordenaba en su mensaje cortarle la cabeza a Noticias Uno: “Daniel Coronel, político y contratista de Santos, tiene pánico y con razón; un Gbno de Iván Duque manejará con transparencia las concesiones de televisión”.

29 may 2019.-  Hoy, el sueño de Uribe podría convertirse en realidad puesto que tiene poder sobre el jefe de Estado. No obstante que Duque aseguró, de inmediato, que su Gobierno respetaría la libertad de prensa, los —y las— coyotes de la bancada uribista en el Congreso han reiterado, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, las tres mentiras del trino de su superior para darles apariencia de verdad. Truco conocido desde el siglo de Maquiavelo. Sin embargo, la tarea de descrédito a Noticias Uno, cuyo buen nombre profesional ha crecido en sentido totalmente opuesto al esperado por sus detractores, ha permanecido en el ámbito del uribismo y sus secuaces, falsos comunicadores vendidos, monetariamente, a esa causa.

Y esta semana el director de una cadena radial, es decir, un periodista con serias responsabilidades sobre lo que afirma al aire porque compromete no solo su respetabilidad profesional sino la de la “casa editorial” que representa, difamó a Noticias Uno y a sus reporteros copiando las falsedades del señor Uribe. Ese directivo mediático pretendía atacar una columna de Coronell en Semana, qué coincidencia, la misma revista que había difundido la venganza que Uribe preparaba y a la cual se incorporó, tarde ya, el director periodista como si las frases de su editorial fueran suyas y no de autoría politiquera: “Daniel, que está (sic) tan amigo del escrutinio público de los medios de comunicación, le voy a hacer una pregunta: su noticiero —porque Daniel es propietario y dueño (sic) de un medio de comunicación—, su noticiero de televisión ¿por qué no hizo denuncias en el gobierno de Santos que ‘premió’ a Daniel Coronell con un noticiero de televisión? ¿Puedo suponer yo… que ese fue un favor de Daniel y de los periodistas de Noticias Uno… con el gobierno que lo ‘premió’ adjudicándole un noticiero ‘gratis’ para competir en la televisión colombiana?”.

Quien escribe esta columna dirige Noticias Uno hace ocho años y asume, junto con su respetabilísima sala de redacción, las fallas y los éxitos que en esta época haya tenido. Así como puedo dar fe de que el accionista histórico de Semana, Felipe López, nunca cercenó mi libertad de dirección en el Noticiero de las 7, de su propiedad y adjudicado a él en condiciones tan profesionales como cuando se le adjudicó recientemente una concesión al Canal Uno (del cual Noticias Uno posee solo el 20 %), afirmo tajantemente que Daniel Coronell (accionista mayoritario pero no único de Noticias Uno, o sea de menos del 20 %) jamás ha intervenido en el contenido de este informativo desde cuando se fue del país a dirigir a 600 periodistas de la cadena Univisión, en Estados Unidos. Algo ocupada estará su mente en otros asuntos, por favor. No defenderé a Noticias Uno. Esta se defiende a sí misma cuando —para nuestro honor— los días lunes, después de nuestras emisiones de fin de semana, varios medios, incluido el de nuestro nuevo enemigo, nos hacen el homenaje de retomar o desarrollar nuestra agenda noticiosa. Aporto tres detalles que indican la falta de rigor profesional del director-periodista y que descubren su fondo ideológico, que no ético: 1. El Canal Uno no obtuvo una “concesión gratis”: les costó a sus accionistas más de $117.000 millones por utilizar una red estatal deteriorada y sin las ventajas de los canales privados. 2. Él, que pese a lo que dijo nunca fue director de Noticias Uno, se molestó cuando le ofrecieron el cargo a esta columnista porque, según confesó enardecido ante dos directivos de la empresa, “él era el director-presentador ‘natural’” de Noticias Uno. 3. Quien aquí firma renunció a la dirección del Noticiero de las 7 al otro día de que su entonces esposo, Darío Restrepo Vélez, fuera nombrado por el presidente César Gaviria como su director de Inravisión, poderosa entidad que tenía funciones de vigilancia sobre la televisión. Había una clara incompatibilidad moral y por eso me fui. ¿El cuñado del presidente Duque, aliado “natural” de la causa uribista, tiene autoridad para hablar de otros? La amenaza del senador expresidente va tomando forma…

* Aclaraciones necesarias:

– Esta columna se escribió antes de conocerse la decisión del socio de revista Semana, Felipe López, de retirar de su medio la columna de Daniel Coronell. Doloroso capítulo del periodismo colombiano, muy a tono con los tiempos políticos actuales en que prima la censura y los censores sobre la libertad y los defensores de las libertades.

– La poseedora del 20% del Canal Uno no es, en estricto sentido, Noticias Uno. Es la empresa NTC S.A., uno de cuyos productos es Noticias Uno. En lenguaje accionario, esto es diferente.

https://www.elespectador.com/opinion/autoridades-morales-en-periodismo-columna-863152

19.19.-LA “ECONOMÍA MIXTA”: LO ÚLTIMO EN CONTRATACIÓN PÚBLICA Y CORRUPCIÓN –Aurelio Suárez

Una forma distinta de corrupción está haciendo estragos en varios departamentos o ciudades del país. ¿Quiénes son los corruptos y cómo nos están robando?

Antioquia y el gobernador Luis Pérez

El pasado 28 de marzo la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicó un informe titulado “El sofisticado mecanismo de corrupción de Luis Pérez”. El informe muestra que políticos, congresistas, excongresistas y criminales se han favorecido de “una sociedad de economía mixta denominada Valor +”, que cuenta con aportes de capital privado y dineros públicos provenientes del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).

A partir de los debates realizados por el diputado Luiz Peláez en la Asamblea del departamento, los investigadores de esa fundación, Ariel Ávila y Esteban Salazar, denuncian que Valor + ha sido utilizada para todo tipo de contrataciones “asignadas a dedo, con sobrecostos y mal ejecutadas”. En 2016 y 2017 el valor de esos contratos ascendió a 16.960 millones de pesos.

La investigación identifica a los funcionarios y beneficiarios de la empresa, donde fueron nombrados allegados de socios políticos y financiadores de la campaña de Luis Pérez, el actual gobernador de Antioquia. Pero además menciona 31 “aliados estratégicos” con los cuales Valor + ha adelantado contratos de distinta índole. Entre ellos se destacan:

  • TRONEX, vinculada al clan Ramos y al actual candidato a la alcaldía de Medellín, Alfredo Ramos Maya.
  • QUIPUX, que ha construido un emporio en torno al negocio de fotomultas y registros y manejo del RUNT; y
  • FUREL, una empresa en proceso de “extinción de dominio de sus bienes por lavado de activos” que es de Hernán Moreno, reconocido financista de campañas y acusado por obras no ejecutadas en Armenia.

El informe denuncia convenios interadministrativos con municipios como Guarne, El Retiro y Rionegro en los cuales median favores y diversas contraprestaciones políticas y económicas. De acuerdo con ellos, Pérez ha hecho de Valor + un instrumento de aparente ropaje legal para gestionar prebendas —incluidos procesos de titulación de tierras— en beneficio de sus favoritos.

La parranda de la contratación en Barranquilla

Pero el gobernador Pérez no es el único que utiliza las empresas de economía mixta para llevar a cabo sus maniobras oscuras. Este “sofisticado mecanismo” se ha extendido a lo largo y ancho de Colombia y ha sido utilizado por varios gobernantes locales.

El académico y economista Jairo Parada develó en el periódico El Heraldo cómo —mediante mecanismos similares— se hacen ferias y fiestas en la alcaldía de Barranquilla de Alejandro Char. En una columna titulada “Los socios”, delata los “altos niveles de concentración de los beneficiarios de la contratación”, “en arroyos, parques, juegos deportivos y obras de todo tipo”.

Entre los beneficiarios se destacan las firmas A Construirde los hermanos Daes, Valorcon de la familia Gerlein, Donado & ArceAEIngenieros CivilesYacamanSergio TorresInversiones Jacur (Faisal Cure), y otras que se repiten seguidamente en las obras de contratación.

Pérez ha hecho de Valor + un instrumento de aparente ropaje legal para gestionar prebendas.

Parada también revela que los antiguos procesos de contratación pública por concesiones han sido reemplazados por “sociedades de economía mixta, donde no hay concurso, sino que se cita al socio a una notaría” y nombra como ejemplos al “Alumbrado Público de Barranquilla S.A.S.”, a “Mi Red IPS” y a “Siembra Barranquilla”, “empresas mixtas que funcionan como de derecho privado”.

https://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/12013-la-economia-mixta-lo-ultimo-en-contratacion-publica-y-corrupcion.html

foto: Urna de Cristal
Contratación a dedo, sin licitaciones públicas, las “ventajas” de la economía mixta.

En otras investigaciones —de una veeduría independiente— se descubrió que:

  • En la primera de las empresas anteriores, la del alumbrado, el Distrito tiene una participación del 65 % mientras que William Vélez —también concesionario del aseo— y el grupo Daes tienen el 35 % restante. Pero en un clásico negocio “entre tigre y burro amarrado”, los ingresos se derivan en un 59 % del recaudo del impuesto al alumbrado por treinta años, lo que solo en 2018 les reportó casi 43 mil millones de pesos.
  • A “Mi Red IPS” se le entregó el usufructo de la red pública hospitalaria durante 30 años para cubrir 650 mil usuarios. La sociedad mixta cuenta con una participación oficial del 65 %, y el 35 % restante es de la sociedad privada Cuidar Salud.
  • “Siembra Barranquilla” ha tenido a Tropipalmeras como proveedor especial para arborizar la Circunvalar, el Paseo Bolívar, la Castellana, el Boulevard de la carrera 53 y la plaza de La Concordia. Tropipalmeras es una firma de los hermanos de la exalcaldesa y candidata a la gobernación del Atlántico, Elsa Noguera.

Los ingresos y costos de estas sociedades “mixtas” están fuera del control ciudadano y actúan en genuina “zona franca” frente a la Ley, como ha pasado con la Triple A, donde grupos españoles han hecho las del diablo sin mediar objeción.

Puede leer: La corrupción en Colombia.

Resistencia ciudadana en Villavicencio

A propósito de William Vélez, es él quien intenta trasladar a Villavicencio la figura que utiliza en Barranquilla para el negocio del alumbrado. El 29 de noviembre de 2018 la mayoría del concejo municipal de esta segunda ciudad, orquestado por el alcalde Wilmar Barbosa, aprobó la creación de una empresa de economía mixta con tales fines, financiada con el recaudo del respectivo impuesto, que allí es de 25 mil millones de pesos anuales.

El amaño al interés de Vélez y al proyecto de Barbosa ha sido tanto que el estudio que “recomendó” esa solución fue contratado por 712 millones de pesos a un ex empleado del mismo Vélez. Aunque su grupo ha sido concesionario del mismo alumbrado desde hace veinte años, ahora opta por ser “socio” del municipio, pues esta nueva figura le acarrea mayores beneficios como, por ejemplo, no someter a licitación o concurso público la concesión fenecida.

Sin embargo, en Villavicencio se despertó la resistencia ciudadana. Algunos dirigentes sociales, encabezados por el concejal Felipe Hartman y veedores como David Mora y Efraín Mojica, lograron que el juez segundo de la capital del Meta les concediera medidas cautelares para detener el adefesio. Ahora el caso irá a una segunda instancia.

Vendrán más demandas y movilizaciones en el pulso entre la ciudadanía villavicense en defensa del patrimonio público y el retorcido plan de marras.

Y el campeón…

El campeón en abusos con la figura de “empresa de economía mixta” es el alcalde del promisorio municipio de Tocancipá, Walfrando Forero, quien está encartado en un proceso por peculado y por falsedad en documento público debido a hechos ocurridos en el 2008, cuando también fue alcalde.

Alumbrado público, uno de los afectados por la creación de figuras de “economía mixta” Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Forero ha montado siete entidades de esa naturaleza para las finalidades más diversas: una para aprovechamiento de residuos sólidos; otra para un metro cable; la tercera para construir un complejo universitario; la cuarta para un centro multiferial y de negocios; la del alumbrado público; y una más para el servicio de video vigilancia.

Esta nueva figura mayores beneficios como, no someter a licitación o concurso público la concesión fenecida.

La duración de esas entidades es de treinta años y también fue creada una séptima con una duración de diez años para una red de servicios TIC. Todas ellas fueron aprobadas en sesiones extraordinarias del concejo de Tocancipá y se gestiona una más para el aeropuerto presentado como “de la Sabana”, en iguales condiciones que las otras.

Las evaluaciones de tales iniciativas arrojan fallas comunes:

  • Faltan estudios técnicos y administrativos que las sustenten como alternativa óptima;
  • Inexplicablemente se limita a un 10 % la participación del municipio;
  • Carecen de cálculos sobre montos de inversión y costos de operación; y
  • Tampoco hay consideraciones sobre los niveles de riesgo.

Pero la falla más importante es que no existe la más mínima transparencia para seleccionar los respectivos “socios estratégicos”, revalidando lo dicho: Walfrando los escogerá a su antojo en una notaría.

Le recomendamos: Corrupción e impunidad en el Tolima.

¿Quién ayudará a las comunidades?

Gobernantes del norte, del centro y del oriente, de partidos políticos diferentes, personajes populares e impopulares recurren al expediente de la “economía mixta” para montar malolientes negocios con duración hasta mediados del siglo.

Por fortuna, surgen resistencias ciudadanas que confrontan, denuncian y dan el pecho, a contramano de concejales y organismos de control locales que alcahuetean a cambio de transacciones propias de la politiquería.

¿No habrá quién ayude a estas comunidades en su indignación? ¿No será tarea de la Contraloría General trancar esta oleada que pone el interés público a favor de provechos particulares? ¿Se volverá costumbre este fantasma que ahora ronda los erarios?

*Aurelio Suárez es Analista, consultor en áreas públicas y privadas, columnista, catedrático universitario y panelista de la cadena Blu Radio.

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19.19.-LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DE LAS CAMPAÑAS: OTRA FORMA DE CORRUPCIÓN – Juan Carlos Álvarez*

A pocos meses de las elecciones vuelve el debate sobre la financiación de las campañas y las maneras de burlar las reglas. ¿Qué se puede hacer para evitar la corrupción? *.

Corrupción en campaña

Uno de los grandes retos de las democracias es el financiamiento irregular de las campañas electorales. En muchas ocasiones se recurre a mecanismos ilegales para conseguir recursos; y en otras ocasiones, aunque no se violan las disposiciones legales, se aprovechan vacíos en la legislación para conseguir recursos de manera indirecta.

La obtención de recursos adicionales por estas vías les da ventajas electorales a algunos sobre aquellos competidores que se mantienen dentro de los márgenes autorizados. Tanto en las formas de financiación legal como en las irregulares, por lo general existe un pacto corrupto entre los receptores de los recursos (campañas, partidos, movimientos, candidatos) y aquellos que los entregan.

Dentro de esta lógica, una vez los patrocinados acceden a los cargos en la administración donde manejan el presupuesto público, los patrocinadores esperan una retribución por su aporte, o, por lo menos, una mayor posibilidad de incidir sobre su inversión y distribución.

Cuando se enfrenta este problema el foco de atención suele dirigirse a la legislación penal.

Las prácticas de financiación ilegal o irregular de campañas en la política colombiana han tenido muchas manifestaciones, pero ¿cuál es la respuesta más adecuada para prevenirlas y sancionarlas?

Cuando se enfrenta este problema el foco de atención suele dirigirse a la legislación penal. Puede decirse que en el imaginario social existe una tendencia a pensar que la solución a los problemas es la expedición de leyes que establezcan nuevos delitos, aumenten penas o eliminen beneficios penales.

En no pocos casos, las demandas de criminalización surgen en momentos en que esos comportamientos indeseables se hacen visibles y adquieren relevancia mediática. Sin embargo, las leyes de mano dura expedidas debido a escándalos relacionados con corrupción en campañas políticas no han dado los resultados que se esperaban.

Puede leer: Financiación de las campañas: normas inaplicadas, cooptación y desinterés ciudadano.

Los cupos indicativos

Un caso que puede ser ilustrativo de la financiación irregular de campañas políticas son los llamados cupos indicativos o partidas de inversión social regional. Estas partidas están conformadas por fondos públicos que se incorporan al presupuesto general de la Nación y se destinan a financiar obras en diversas regiones, cuyo manejo y asignación está a cargo del ministerio de Hacienda y Crédito Público.

foto: Fiscal General de Pensilvania
Algunos políticos han acabado en la cárcel por irregularidades en la financiación de sus campañas

Pero en muchas ocasiones estos dineros son utilizados como mecanismo para intercambio entre el gobierno de turno y parlamentarios que votan favorablemente proyectos de ley de interés para el Ejecutivo.

El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo sostiene que estas partidas de inversión han servido “para transmutar las normas que rigen el gasto público en instrumentos de beneficio y aprovechamiento político para algunos parlamentarios”.

Estos réditos políticos se concretan de diversas maneras. Una de ellas consiste en que los contratistas a los que se les asigna la realización de las obras financiadas con dineros públicos acaban siendo financiadores de las campañas de los parlamentarios que han gestionado los cupos indicativos.

 Ver en esta edición: La resurrección de los auxilios parlamentarios

No es solo cuestión de nuevas leyes

Ante este tipo de irregularidad, que es uno entre muchos otros, resulta pertinente preguntarse si para evitar y sancionar la corrupción lo prioritario es la expedición de una nueva ley penal. En este caso particular, se crearon dos nuevas modalidades delictivas en la Ley 1864 de 2017: el artículo 396A, sobre financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, y el artículo 396B, sobre violación de topes o límites en los gastos de campañas.

Sin embargo, la incriminación de la financiación ilegal y de la violación de topes o límites de gastos poco ayudará a resolver el problema, pues este se origina en la forma de asignación de los recursos públicos, algo que propicia un campo abonado para la corrupción.

La legislación sobre financiación de campañas políticas en Colombia es dispersa y a veces contradictoria.

La solución es intervenir sobre las causas que provocan el problema, antes que recurrir a crear nuevos delitos, cuando los que existen en el Código Penal resultan suficientes para sancionar estas prácticas. En el ejemplo propuesto, lo razonable habría sido establecer mecanismos diferentes para la asignación de las partidas destinadas a la inversión social en las regiones.

Además de todo esto, la legislación sobre financiación de campañas políticas en Colombia es dispersa y a veces contradictoria, y hay deficiencias en la conformación y funcionamiento de las autoridades electorales, en particular el Consejo Nacional Electoral.

Este organismo no cuenta con las herramientas necesarias para hacer un control eficaz y oportuno de los gastos de las campañas políticas, lo que abre un espacio que favorece las prácticas irregulares e ilegales.

Lea en Razón Pública: Financiación a las campañas: una mano invisible sin control.

Recuperar la confianza

Antes de recurrir al derecho penal, la mejor manera de enfrentar algunos de los problemas mencionados aquí es identificar las prácticas que los originan. Esto supone tener una regulación clara y coherente sobre la financiación de estas actividades, dotar de herramientas suficientes a las autoridades electorales para que realicen el control preventivo y darles instrumentos de sanción administrativos más expeditos.

De esta manera se puede empezar a romper la tradición de que ante un nuevo escándalo de corrupción la primera propuesta que surge es crear un nuevo tipo delictivo o endurecer la respuesta penal.

Más allá de la legislación, la solución del problema de la corrupción política (y de la corrupción en general) es la formación de ciudadanos capaces de valorar en su plena dimensión la importancia de actuar dentro del marco de unas reglas mínimas de juego.

La vida en sociedad y la comunidad política descansan en la confianza mutua, es decir, que nosotros respetemos las normas y podamos confiar en que los demás también actuarán en esa dirección.

*Razón Pública agradece el auspicio de la universidad EAFIT. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.                                                                                                                                     ** Profesor de Derecho Penal de la Universidad EAFIT. Estas reflexiones hacen parte de los resultados del proyecto de investigación sobre “Financiación irregular, ilegal y corrupta de partidos y campañas políticas. El papel de la política criminal y el derecho penal”.                                   https://razonpublica.com/index.php/internacional-temas-32/12007-la-financiacion-irregular-de-las-campanas-otra-forma-de-corrupcion.html

  • 18.19.-LA CANCILLER MARIA FERNANDA CABAL –Yohir Akerman
  • 18.19.-Del New York Times  al Gobierno de Colombia

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, estuvo en el centro de la tormenta política por atacar al periodista de The New York Times Nicholas Casey, quien escribió el artículo que denuncia que el Ejército Nacional tendría órdenes de aumentar sus resultados operativos y reducir los controles de las operaciones militares.

En su cuenta de Twitter, la congresista atacó al reportero con mentiras cuestionando cuánto le habría pagado las Farc por escribir ese artículo y afirmó que Casey pertenecía a una élite de izquierda que es más activista que periodista, calificando la publicación de imprecisa, tendenciosa y con falta de rigor.

No paró ahí.

26 may 2019.- En una entrevista con La W, no solo cuestionó al periodista, quien abandonó el país por seguridad después de los ataques, críticas y falsedades que lanzaron en su contra miembros del Centro Democrático, sino que también arreció contra el periódico, que es uno de los más respetados del mundo por su seriedad y sus denuncias.

Cabal se preguntó al aire en la emisora radial: “¿El New York Times quién es? ¿Tan respetable? Para mí no es respetable el New York Times. Es el rey de las fake news”. (Ver ¿El New York Times quién es?).

Pues ya que se pregunta cuál es la relevancia del diario estadounidense más leído en los micrófonos de La W, que sí conoce, entonces miremos algunas de las notas que ha publicado ese importante medio de comunicación en el pasado de la señora Cabal. Por ejemplo, una que establece que renunció a la Fiscalía investigada porque su oficina filtró información a las mafias.

Me explico.

María Fernanda Cabal Molina fue directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía de noviembre de 2005 a marzo de 2007, durante la administración de Mario Iguarán Arana. La conocían como la canciller del ente investigativo.

Así lo muestra la edición No. 52 de la revista Huellas de la Fiscalía General de la Nación, en la página 12, que ubica a Cabal como la persona que era encargada, además, de «diseñar una política institucional frente a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” (Ver Huellas).

Cabal Molina llegó a la entidad respaldada por el Partido Conservador, el exministro Fernando Londoño y su esposo, el ganadero José Félix Lafaurie Rivera. El nombramiento de Cabal Molina fue un reconocimiento al crucial apoyo que el presidente de Fedegán le dio a Iguarán Arana para llegar a la Fiscalía en ese momento.

Como se ha dicho en esta columna, el exgerente del Fondo Ganadero, Benito Osorio Villadiego, en colaboración con la justicia colombiana, reveló que en 2005 Lafaurie Rivera se reunió con el paramilitar Salvatore Mancuso para conseguir el apoyo de las Autodefensas a la elección de Mario Iguarán como aspirante a la Fiscalía General, reunión en la que Osorio Villadiego habría sido facilitador. (Ver Declaración).

Adicionalmente, el 16 de enero de 2014, Osorio Villadiego le entregó a la Fiscalía un pantallazo de un correo supuestamente enviado el 11 de julio del 2005 desde la cuenta jflafaurie@yahoo.com a fogancor@hotmail.com, cuenta manejada por Osorio, con el asunto “Corte Fiscal”. (Ver Correo).

El correo incluía un adjunto que, según el testigo de la Fiscalía, correspondía a nombres de magistrados de la Corte Suprema que supuestamente podían ser influenciados por los paramilitares de Ralito para definir la elección de fiscal general que se realizó ese año. (Ver En campaña).

Pero no nos desviemos y volvamos a Cabal Molina. A inicios de 2007, el fiscal encargado de la investigación de la masacre de marzo de 2005 en San José de Apartadó logró establecer que el Ejército estaba mucho más cerca del sitio de lo que se había dicho inicialmente.

Basados en esa información, el 21 de febrero de 2007, la Fiscalía llamó a indagatoria a dos oficiales, nueve suboficiales y 58 soldados “por su presunta autoría en los delitos de homicidio en persona protegida y terrorismo”.

Pero no sin que antes hubiera varios problemas.

Tal y como lo establecieron La W y otros medios nacionales, desde el despacho de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, manejado en ese momento por Cabal Molina, se filtró al Ministerio de Defensa, antes de que ocurriera y saltando el conducto regular, la trascendental decisión que adoptó la Unidad de Derechos Humanos llamando a indagatoria a más de 60 militares por la masacre de Apartadó. (Ver La masacre).

No solo eso.

Según La W y otros diarios, poco antes de eso se había conocido de otra presunta filtración de órdenes de captura y pedidos de extradición que realizó alguien de esa oficina encabezada por Cabal Molina, esta vez a varios narcotraficantes que consiguieron eludir los operativos conducentes a su captura de las autoridades estadounidenses, ya que contaban con la información previa de los operativos. (Ver El País – Cae otra alta funcionaria).

Alguien estaba, desde la oficina manejada por Cabal, protegiendo a los militares y a las mafias.

Esto originó una crisis en el ente investigador y la salida de varios funcionarios, momento en el que la fiscal Cabal decidió tomarse unos días de vacaciones y no contestar llamadas, ni siquiera de Iguarán.

Así, el 2 de marzo de 2007, La W informó que la directora de la Oficina de Asuntos Internacionales no volvería a su cargo tras cumplir su permiso de siete días ya que, según confirmó esa emisora con fuentes de la Fiscalía, “el jefe del organismo, Mario Iguarán, estaba buscando a la funcionaria para pedirle su renuncia al cargo debido a las filtraciones que desde su oficina habían trascendido a la mafia y al Ministerio de Defensa”. (Ver Fiscal pide renuncia a Asuntos Internacionales).

Siete días después, el 9 de marzo, La W reportó que “la jefe de la oficina encargada de tramitar y ejecutar las solicitudes de extradición de las autoridades extranjeras en la Fiscalía, María Fernanda Cabal, dijo que no renunciaría a su cargo por ahora y que iba a esperar que se hiciera una exhaustiva investigación sobre las filtraciones de información”. (Ver Jefe de Asuntos Internacionales no renuncia).

Siete días más tarde, el 16 de marzo, ese medio radial reportó que Cabal Molina había renunciado a su cargo en la Fiscalía ya que “ella y su esposo, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, estaban siendo objeto de seguimientos por parte de hombres del DAS y le preocupaba su seguridad y la de su familia”. (Ver Renunció la directora de Asuntos Internacionales).

Extraño ya que con todos los documentos, investigaciones periodísticas y sentencias judiciales que se conocen de los seguimientos ilegales y espionaje que hizo el DAS durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez en contra de magistrados de las cortes, reporteros y otros objetivos de esa administración, nunca ha aparecido una sola página del DAS o del G3 que tenga que ver con espionaje o seguimientos a Cabal Molina o su esposo, quienes eran -y son- aliados de ese gobierno.

Pero sigamos porque hay que creerle a la funcionaria, especialmente cuando un día después de que se conociera su renuncia le dio una entrevista a El Tiempo en la que respondió lo siguiente ante la pregunta de si tuvo problemas con el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos por el caso de Apartadó:

“Uno en estas instituciones tiene que aprender a ser hipócrita. A reírse y llevarse la información debajo del brazo, a morirse de la risa y hacerse el pendejo. El calibre de esa noticia no lo han medido, sobre todo porque estamos ad portas de decisiones en Estados Unidos sobre el Plan Colombia y el TLC. No se puede tener la ligereza de filtrar a los medios una noticia que va a reventar al país. Hay que manejarla con discreción (…) No es que yo cuestione la calificación del fiscal. Le pedí que me explicara por qué tomó la decisión, para que las autoridades extranjeras puedan entender que no se trataba de una acusación”. (Ver Entrevista 17 de marzo de 2007).

Tremenda canciller.

Finalmente, Cabal dijo en esa misma entrevista que no entendía por qué, si nueve meses atrás el fiscal de ese caso había decidido otra cosa sobre Apartadó, ahora realizaba un cambio repentino, como si el proceso de recoger evidencia fuera estático dentro de una investigación.

Pero aquí es necesario recordar dos cosas. La primera es que hace menos de un mes se conoció una histórica sentencia que deja clara y probada la participación y complicidad del Ejército colombiano con los paramilitares en esa horrible masacre de Apartadó donde se degollaron con machetes a líderes sociales y tres menores de edad. (Ver Una sentencia histórica)

La segunda es que, como se ha advertido en este espacio, la hoy senadora Cabal Molina y su esposo, el ganadero José Félix Lafaurie, han sido y son amigos y cercanos de varios militares acusados y sentenciados por ejecuciones extrajudiciales de civiles. (Ver La JEP funcionando)

De ahí que esta pareja siempre defienda mediáticamente a los militares y los trate como los héroes de la patria, incluso a los que se han descarriado y cometido actos de barbarie como los falsos positivos o las ilegales alianzas con las mafias y el paramilitarismo para combatir a la guerrilla.

Eso explica porqué la senadora Cabal atacó al periodista Nicholas Casey con mentiras y falsedades después del artículo en The New York Times sobre la doctrina militar del Ejército colombiano, en una acostumbrada estrategia de su partido en el que se criminaliza a los periodistas que investigan o realizan denuncias. Por eso es previsible lo que podrá pasar después de esta columna.

@yohirakerman

akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/la-canciller-columna-862687

18.19.-Del New York Times  al Gobierno de Colombia

El diario norteamericano respondió los cuestionamientos que hicieron el Canciller y el MinDefensa.

Guillermo Botero, ministro de Defensa, y Carlos Holmes Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores.Foto: EL TIEMPO / EFE 

24 de mayo 2019.- Luego de que el Gobierno colombiano le enviara este martes una carta a The New York Times cuestionando el artículo que hace referencia a unos supuestos incentivos en el Ejército colombiano para mejorar sus resultados operacionales, el medio norteamericano se pronunció sobre el documento que escribieron el canciller Carlos Holmes Trujillo y el ministro de Defensa, Guillermo Botero. 

La misiva del Times está firmada por su editor ejecutivo, Dean Baquet, y se centró en refutar afirmaciones que hizo el Gobierno en la carta del pasado martes.

“En su carta, ustedes señalan que el artículo ‘sugiere que miembros de las Fuerzas Armadas han recibido instrucciones contrarias a nuestra Constitución y a nuestra legislación y que desafían los derechos humanos internacionales y el derecho internacional'», describe el Times.

A lo que inmediatamente responde: “Discrepamos respetuosamente con dicha caracterización. El artículo cita las órdenes emitidas por el mayor general Nicacio Martínez Espinel y no afirma ni sugiere que sean ilegales. De hecho, el artículo no menciona la Constitución colombiana, las leyes colombianas ni el derecho internacional en absoluto, excepto en una ocasión en la que el artículo cita específicamente al general Martínez cuando dice que el mandato del ejército es seguir la ley y respetar los derechos humanos”.

Este jueves se conoció la respuesta del diario norteamericano al Gobierno de Colombia. Foto: Archivo particular Respuesta New York Times

Luego, el diario norteamericano dice que el autor del artículo, Nicholas Casey, “en ningún momento sugiere que el Ejército colombiano ha emitido órdenes ilegales o inconstitucionales. De hecho, la única referencia a la legalidad de dichas órdenes viene del mismo general, cuando dice que la orden por encima de todas es respetar la ley y proteger los derechos humanos”.

Otra de las críticas que hizo el Gobierno de Colombia al artículo publicado por Casey (tanto en la versión digital e impresa del Times) es que “convenientemente no refleja” las respuestas detalladas del General Nicacio Martínez, por lo que el Canciller y el Ministro la consideran “citada parcialmente y sacada de contexto”.

A lo que el medio responde: “El artículo cita al general Martínez de manera extensa a partir de la entrevista que tuvimos con él, y le otorga amplio espacio para explicar las órdenes y el contexto en el que fueron emitidas”.

Y más adelante agrega: “En su carta (la del Gobierno) se dice que ‘citamos parcialmente’ las órdenes. Pero las órdenes que revisamos son bastante escuetas; en muchos casos se trata de una sola línea. Citamos dichas líneas y ofrecimos al general Martínez la oportunidad de confirmar la existencia de esas directrices —lo cual hizo— y de explicarlas con mayor detalle. Después publicamos su explicación, a pesar de que dicha explicación contradecía el lenguaje de las órdenes que él había firmado”.

Luego el editor ejecutivo aclara que le dieron al general (Nicacio Martínez) la oportunidad de explicar si sus órdenes habían sido malinterpretadas y sacadas de contexto por los hombres bajo su mando.

Sobre esto el diario cita textualmente el artículo de Casey: “Aun así, el general cuestionó cómo los oficiales han interpretado sus instrucciones”. Y Agrega: “La orden que hay es de ser operacionalmente efectivos”, dijo. “Unos me dijeron superar el 10 por ciento. Listo, usted quiere superar el 10. Otros dijeron: ‘Yo quiero hacer el 50 por ciento más de las afectaciones, pero nunca de muertos’. Otros: ‘Yo quiero hacer el 100 por ciento’. Hay unos que la han cumplido, otros que no la han cumplido”.

En la última parte de la respuesta, el medio menciona, sobre el uso de fuentes sin nombres: «El artículo deja claro que hay oficiales de alto rango con conocimiento de primera mano de las nuevas órdenes, de cómo se emitieron y de las preocupaciones que dichas órdenes suscitaron entre algunos miembros del Ejército».

E inmediatamente vuelven a copiar apartes del texto original del periodista Casey que dice: «Dos de los oficiales que hablaron con el Times dijeron que estaban activos durante la época de los asesinatos y fueron ascendidos de rango en períodos subsiguientes».

Y agrega la carta más apartes del texto de Casey: «Algunos de los comandantes parecían confundidos, hasta que recibieron la instrucción de duplicar su número este año, dijeron los oficiales. Poco después, recibieron la misma orden del general Martínez por escrito. ‘La meta es doblar los resultados operacionales en todos los niveles del mando’, dicen las órdenes, que tienen su firma».

La carta finaliza explicando que «todo lo anterior se le presentó al general Martínez durante nuestra entrevista y nada de ello fue disputado por el general durante nuestra conversación. Su única objeción fue que, según él, no le ordenó a los comandantes que ‘duplicaran’ sus resultados, a pesar del hecho de que sus órdenes sí piden dicho incremento por escrito. Aun así, el artículo incluyó su postura de que los oficiales habían malinterpretado sus órdenes. Una vez más, fue un intento deliberado de incluir su postura y sus comentarios tanto como fuera posible, para no dejar fuera detalles y contexto clave». 

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/la-respuesta-del-new-york-times-al-gobierno-de-colombia-366200

  • 17.19.-URIBISMO, VISAS Y TRAICIÓN A LA PATRIA – Cecilia Orozco
  • UNA SENTENCIA HISTÓRICA – Yohir Akerman

En nuestro Código Penal, Título XVII, hay un par de descripciones sobre delitos de traición a la patria, totalmente claro e inequívoco: (Art. 455) “El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de 26,6 a 45 años”. (Art. 457) “El que, encargado por el Gobierno colombiano de gestionar algún asunto de Estado con gobierno extranjero o con persona o con grupo de otro país o con organismo internacional, actúe en perjuicio de los intereses de la República, incurrirá en prisión de 6,6 a 22,5 años”. Que aquí no se “use” la aplicación de los delitos que se cometen contra el país en que todos nacimos ni se inicien procesos penales por ese motivo, no significa que el castigo contemplado para esos ilícitos no se pueda activar, sobre todo, contra los altos funcionarios encargados de representar a la Nación que incurran en esa indignidad. En tiempos antiguos la traición al país se castigaba con el destierro perenne. Hoy debería aplicarse, mínimo, pena de exclusión permanente de la vida pública.

Para el canciller Trujillo, quien fijó la posición del Gobierno frente a la desafiante intromisión de Estados Unidos en los debates sobre la Ley Estatutaria de la JEP, la extradición de nacionales y la fumigación con glifosato de los cultivos de coca, el coincidente retiro público de visas a un congresista y a tres magistrados de las cortes, el primero, insultado por el embajador Whitaker, y los segundos, citados de manera humillante a comparecer ante un funcionario de esa representación extranjera; repito, para el ministro de Relaciones Exteriores de Iván Duque, este capítulo vergonzoso de intervencionismo imperial con que se pretendía presionar unos votos y torcer varias conciencias solo tiene la dimensión de “situaciones particulares de orden migratorio”.

El presidente de la República, como casi siempre, estuvo ausente de la discusión: mientras la grave alteración del ambiente en los recintos donde se tomarían las decisiones contra o a favor de sus objeciones a la Estatutaria reventaba en todos los medios, él presidía, muy orgulloso, una irónica Cumbre de Concordia Américas en que estaban presentes, y como sus invitados principales, el ofensivo embajador Whitaker y el congresista republicano Rick Scott. Duque los recibió con honores y únicamente atinó a pedir que se ¡“afianzara el cerco diplomático” contra Maduro!

¿Autismo en materia de política exterior? O, como dijo el expresidente César Gaviria, ¿“una actitud en la que no es posible distinguir entre el temor y la subordinación del gobierno Duque, o la simple complicidad mutua”? La complicidad de que habla el jefe liberal no es retórica o simple oposición interna. No nos crean tan pendejos, y perdonen expresión tan brusca. El retiro de visas estadounidenses a servidores del poder Legislativo y Judicial en momentos en que iban a utilizar su voz y voto para determinar el destino final de los artículos de la ley de funcionamiento de la JEP objetados por el uribismo, así como la extradición de Santrich, no es casual ni en tiempos ni en modos. La mirada ausente de Duque; la conducta agresiva de José Obdulio Gaviria cuando anunció, con dos meses de anticipación, lo que la embajada de Estados Unidos haría: “ah y bien valdría la pena que Secretaría de Estado piense seriamente en aplicar sanciones (tipo Venezuela) a los magistrados JEP saboteadores/cómplices”; y las respuestas evasivas de la vicepresidenta Ramírez y del propio Uribe no son otra cosa que la evidencia de su culpa: se ahorcaron porque fueron a pedirle ayuda a Whitaker para asustar a los opositores. Pero, ante el efecto bumerán que les devolvió el golpe en plena cara, les tocó volver después con rodilleras a rogarle que deshiciera lo hecho. Pero su juego quedó descubierto y su traición a Colombia también.

https://www.elespectador.com/columna

17.19.- UNA SENTENCIA HISTÓRICA Yohir Akerman

 En la comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista.

Esas fueron las palabras que dio el 20 de marzo de 2005 el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, para responsabilizar a la guerrilla de las Farc por el ataque perpetrado el 21 de febrero de ese año en las veredas Mulatos y La Resbalosa en el Urabá antioqueño.

19 may 2019.- En ese sangriento ataque fueron asesinados Luis Eduardo Guerra, reconocido líder de la Comunidad de Paz; su hijo Deyner Andrés Guerra, de 11 años, y su compañera, Beyaniera Areiza, de 17 años. Después de matarlos con machetes, dejaron sus cuerpos tirados en la montaña.

También fueron acuchillados los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó Alonso Bolívar y Sandra Milena. Y degollados y descuartizados dos niños, Natalia de cinco años de edad y Santiago de 18 meses de nacido.

Los dos primeros murieron también a machete. Los niños, según reza la necropsia, “por degüello con arma blanca”.

Tres días después del ataque, la comunidad señaló públicamente que dichos actos eran responsabilidad de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y la reacción del Estado de Colombia fue estigmatizar a la gente de la zona y señalar que ese crimen era atribuible únicamente a la guerrilla de las Farc.

En esta historia es importante resaltar el papel de uno de los primeros periodistas en llegar al lugar de los hechos y quien descubrió, con base en los testimonios de los sobrevivientes, que esa masacre fue perpetrada por las Autodefensas, en complicidad con los militares del Ejército Nacional.

Ese periodista fue Hollman Morris, que en el programa Contravía desvirtuó la estrategia del Gobierno de culpar a la guerrilla de las Farc de esas atrocidades. Como era de esperarse, esa investigación lo llevó a volverse víctima de intimidaciones y seguimientos por parte del DAS.

Con el paso de los años se ha podido establecer que, para el desarrollo del plan criminal, se dictó la orden de la Operación Fénix por parte de la Brigada XVII del Ejército, complementada con la misión táctica Feroz, en cuya planeación e idea participó el comandante del Comando Conjunto Caribe, general Mario Montoya Uribe, hoy en la JEP por “falsos positivos”.

Varios batallones fueron dispuestos para el desarrollo de la Operación Fénix, centrándose la responsabilidad en el Batallón Vélez y el Batallón de Contraguerrillas Nº 33 Cacique Lutaima, quienes dispusieron la presencia de aproximadamente 270 hombres para la operación, acompañados de más de 80 hombres del Fsan jorente Héroes de Tolová, perteneciente a los paramilitares.

Es más, tal y como lo establece el periodista Julián Martínez en su libro ChuzaDAS, documentos encontrados por la Fiscalía del grupo ilegal de inteligencia G-3 comprueban que meses antes de que el líder de la comunidad, Luis Eduardo Guerra, fuera asesinado, estaba incluido como uno de los 16 miembros de San José de Apartadó que fueron declarados como “blancos” por el DAS. (Ver Página 109 ChuzaDAS).

Pues bien, el 16 de marzo de 2010 el Juzgado Primero Especializado de Antioquia condenó a 20 años de cárcel al capitán de la Brigada 17 del Ejército, Guillermo Armando Gordillo Sánchez, por su participación en el homicidio de esas ocho personas en la llamada masacre de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Por esta razón, el 10 de diciembre de 2013 el entonces presidente, Juan Manuel Santos, pidió perdón a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó por ser acusada erróneamente por las autoridades en el pasado de apoyar a las Farc. Como respuesta, el expresidente Uribe atacó a Santos y se ratificó en establecer que personas de la Comunidad de Paz eran parte de las Farc, para defender la Operación Fénix y la misión táctica Feroz. (Ver Trinos).

Hace pocos días se conoció que la Sala Penal de la Corte Suprema condenó a 34 años a dos oficiales y cuatro suboficiales del Ejército, por su coparticipación y responsabilidad en esa masacre de Apartadó.

Encontraron culpables al teniente coronel Orlando Espinosa Beltrán, entonces comandante del Batallón Francisco de Paula Vélez, y al oficial de operaciones, mayor José Fernando Castaño. El fallo también cobija a los sargentos Henry Agudelo Cuasmayán y Ángel Padilla Petro, al cabo segundo Sabarín Cruz Reina y al cabo tercero Ricardo Bastidas Candia.

Por esta masacre en 2013 fueron llamados a indagatoria los generales retirados Luis Alfonso Zapata y Héctor Fandiño Rincón, pero el caso no se ha movido en la Fiscalía. Y si bien esta condena puede ser impugnada, la evidencia es tan demoledora que algunos dan por descontado que será ratificada.

El proceso en su acerbo probatorio incluye una declaración ante la Procuraduría del paramilitar Héver Veloza García, alias HH, quien indicó que, a través de uno de sus subalternos, se enteró de que mandos superiores del Ejército Nacional habían solicitado que se eliminara a alias Melaza porque este había puesto al descubierto la connivencia de las Auc con las tropas legales para la ejecución del operativo realizado en febrero de 2005. (Ver Sentencia).

Adriano José Cano Arteaga, o alias Melaza, era un patrullero del grupo Héroes de Tolová, que pertenecía a Don Berna y operaba entre Córdoba y Urabá, y que al momento de la masacre no se había desmovilizado.

Melaza aseguró que un paramilitar conocido como 44 fue quien dirigió la masacre y que otro conocido como Pirulo fue quien degolló a los niños. Los paramilitares estaban, según el relato, junto a unos 50 soldados al mando del capitán Gordillo, quien se habría quedado “asegurando un monte” mientras los paramilitares se adelantaron para cometer el crimen.

La declaración de alias HH también establece que los mandos “de la institución castrense”, poco después de esos hechos, solicitaron dinero para sobornar testigos con el fin de inculpar a la guerrilla de las muertes ocurridas con ocasión de la maniobra militar.

Un modus operandi que se repite para desviar las investigaciones. ¿Qué ira a decir el expresidente Uribe sobre la masacre de Apartadó ahora que se tiene esta histórica sentencia?

@yohirakerman akermancolumnista@gmail.com https://www.elespectador.com/opinion/una-sentencia-historica-columna-861445

  • 16.19.-YO TE APRUEBO, TÚ ME APRUEBAS – Yohir Akerman
  • EN VICTIMIZACIÓN, SENTIDO DE LAS PROPORCIONES  Cecilia Orozco

 

Los hechos: la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) es dueña de un edificio de ocho pisos localizado en la esquina de la calle 36 con carrera séptima, enfrente del Parque Nacional, una zona de alta valorización inmobiliaria. Sus vecinos son la Universidad Libre, el Ministerio de Ambiente y el edificio de Ecopetrol.

La CAR tuvo que dejar ese edificio porque, aparentemente, no cumplía con las normas de sismorresistencia y por tanto era preciso demolerlo y volverlo a hacer. Por este motivo se trasladó al edificio del Centro Comercial Gran Estación, donde arrendó dos pisos por cuatro años, tiempo estimado para hacer un nuevo edificio de 12 pisos que ya tenía licenciado.

12 may 2019.- Por el primer año de arrendamiento, de diciembre de 2017 a diciembre de 2018, alcanzó a pagar $9.612 millones de pesos y, a mediados de 2018, decidió negociar la compra de los pisos que ocupa.

¿La razón? Los cuatro años inicialmente planteados resultaron insuficientes para aprobar un plan parcial de renovación urbana ante la Secretaría de Planeación Distrital, la demolición del edificio viejo, la contratación de la obra nueva, las licencias y la construcción propiamente dicha de la nueva estructura. Pasó de cuatro a siete años.

Según le explicó el director de la CAR, Néstor Franco González, al Consejo Directivo, la compra se justificaba ya que con el arriendo de siete años podían comprar los dos pisos, pues arrendarlo les costaría cerca de $70.000 millones y comprarlo, $66.000 millones de pesos.

Suena lógico.

Ahora bien, como informó Caracol Radio en su momento, en el estudio de mercado se adujo el arriendo como base de la conveniencia de la compra, asunto que no es muy concluyente pues el estudio debía ser sobre la venta del metro cuadrado en el barrio Salitre, uno de los más costosos en Bogotá, y no en cualquier otra zona de la ciudad. (Ver Nueva sede).

Recordemos que por unos hechos muy similares fue investigada la doctora Sandra Morelli cuando fue contralora general, pues ella arrendó también unas propiedades del edificio de Gran Estación cuando la sede principal de la Contraloría dejó de ser en el centro de Bogotá. (Ver Contra las cuerdas).

Pero lo más interesante no está en el edificio nuevo de la CAR, sino en el viejo.

Según un documento interno de la entidad, cuando decidieron el traslado temporal por cuatro años al edificio de Gran Estación, los directivos lo hicieron sobre la base de que, después de demoler el edificio de ocho pisos, se realizaría un edificio de 12 pisos con base en una licencia que ya había sido expedida, de acuerdo con la norma vigente antes de 2017. (Ver Estudios previos).

Los cuatro pisos adicionales le daban un margen a la CAR para un eventual crecimiento de funcionarios y contratistas.

Pero, de un momento a otro, lo que era una reconstrucción de un edificio gubernamental por exigencias normativas y con el propósito de mejorar la sede de la entidad se volvió un negocio inmobiliario. Me explico.

La Secretaría de Planeación aprobó el 26 de febrero de 2018, por solicitud del jefe de Infraestructura y Tierras de Ecopetrol, el Decreto 110 con el cual incorporó el terreno de la CAR en la carrera séptima con calle 36 al tratamiento de renovación urbana, lo que permitía una transformación sustancial de los usos y los índices de construcción.

En ese momento, a principios de 2018, se suponía que se formularía un plan parcial que incluía los terrenos de Ecopetrol, la CAR, el Ministerio de Ambiente, un terreno más pequeño que por entonces compró la Universidad Libre y un edificio privado.

La finalidad de un plan parcial es la de agrupar varios predios para lograr, a cambio de mayores edificabilidades o usos más rentables, que los propietarios privados transfieran a la ciudad suelo que será de uso público o colectivo y que se reconfigure y mejore el espacio urbano. Una buena iniciativa, pero acá va lo más interesante.

Sin justificación alguna, el predio de la CAR y su vecino de la Universidad Libre fueron excluidos de la delimitación inicial del plan parcial, volviéndolo un plan parcial casi de un solo predio y su trámite empezó a moverse a una velocidad inusual en la Secretaría de Planeación.

Vaya, vaya, vaya.

Mientras esto ocurría y el aprovechamiento del terreno de propiedad de la CAR se multiplicaba de manera significativa, el alcalde Enrique Peñalosa inició dos trámites de su especial interés que requerían la aprobación de la CAR: 1) la solicitud de realinderación y sustracción de la reserva Thomas van der Hammen, una de las principales obsesiones del alcalde, y 2) la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, que incluye volver urbanizable la zona de manejo y protección ambiental del río Bogotá, algunas áreas de valor ambiental al sur de la ciudad y clasificar como urbana la franja de transición urbana-rural de los cerros orientales.

Pues bien, como por arte de magia la CAR, que había estado en contra de ambos trámites, de la noche a la mañana empezó a estar de acuerdo con el Distrito. De esta manera los intereses inmobiliarios de la CAR y del alcalde Peñalosa empezaron a confluir.

Como se dijo anteriormente, el proyecto inmobiliario de la CAR fue variando sin justificación suficiente y lo que era un plan parcial de una manzana de un momento a otro se dividió en dos y se volvió un plan parcial que solo incluye el terreno de la CAR y un terreno menor de la Universidad Libre, desvirtuando la esencia de esa figura, que es la reconfiguración de un espacio urbano. Todo aprobado por la Secretaría de Planeación. (Ver Resolución 505).

Fuera de eso, el índice de construcción de la CAR aumentó pasando de los 12 pisos iniciales en un edificio, que había licenciado la CAR, a tres edificios de hasta 40 pisos o 94.000 metros cuadrados de construcción.

En conclusión, el promotor original del plan, Ecopetrol, quedó por fuera del baile, mientras el alcalde Peñalosa parece que va a lograr lo que quiere con la reserva Van der Hammen y los cerros orientales, cambiando el uso del suelo a favor de su idea de expansión urbana a costa del medio ambiente. Todo gracias a que la CAR, entidad encargada de ejecutar las políticas ambientales, está en este momento más en lo del negocito inmobiliario que en lo de la política ambiental.

@yohirakerman  akermancolumnista@gmail.com  https://www.elespectador.com/opinion/yo-te-apruebo-tu-me-apruebas-columna-860162 

16.19.-EN VICTIMIZACIÓN, SENTIDO DE LAS PROPORCIONES  Cecilia Orozco

Funeral de líder social en el Cauca, en donde se han registrado 163 asesinatos  de líderes sociales desde la fecha de la firma del Acuerdo de Paz de noviembre 2016. En todo el país 454 víctimas, principalmente en Cauca, Norte de Santander y Antioquia.

Mientras los líderes sociales de las comunidades rurales de Colombia caen muertos uno tras otro sin que de parte del Gobierno se perciba una verdadera voluntad política de protegerlos de los ataques que hasta con granadas están sufriendo, en el centro del poder se banalizan los informes sobre el peligro de vida en que estarían algunos personajes que, paradójicamente, suelen contar con hiperprotección del Estado.

8 May 2019.- En cuanto a la cacería que se ha desatado contra las poblaciones que reclaman sus derechos, hay que lamentar que no se le haya escuchado al presidente Duque dar orden perentoria de perseguir a las “Águilas Negras”, bandas de narcos y paramilitares, como las que suele dictar contra quienes se acogieron a un Acuerdo de Paz que —gústeles o no a él y a su partido— desarmó la estructura guerrillera más fuerte del continente.

En cuanto a las noticias sobre amenazas que habrían recibido altos funcionarios públicos, habría que tener cierta mesura y responsabilidad antes de darlas a conocer. En un país como Colombia es casi un crimen social hacerse la víctima cuando hay miles que lo son, real y dolorosamente.

El propio presidente Duque no debería permitir que se anden difundiendo informaciones sobre complots contra él, salvo en ocasiones de extrema gravedad en que esté comprometida su seguridad y la de la nación. Por cruel que parezca, otras situaciones similares pero no vitales, constituyen gajes de su oficio de mandatario. Por eso son tan frecuentes en este y en cualquier país.

 Hace unos días, el fiscal Martínez lanzó una alerta de amenaza contra el jefe de Estado sin dar detalles ni mostrar la identidad de uno solo de los sospechosos. Esta semana, el canciller Carlos Holmes Trujillo, cada vez más engreído y desatinado en su gestión (¿en dónde quedó el Carlos Holmes amable y tolerante?), puso a sus colegas del Grupo de Lima a rechazar un plan fraguado por el régimen de Maduro contra la integridad física de Duque. Diría uno, lego en la materia, que resulta mil veces más efectivo que los cuerpos de inteligencia trabajen en completo sigilo para desactivar ataques asesinos que publicitarlos como lo hace, precisamente, Maduro casi todos los días.

Cosa aparte y casi farandulera es lo que ocurre escalones abajo en los recintos del poder, en donde hay tanto funcionario “importante” que para que uno adquiera cierta notoriedad, tiene que abrirse paso a codazos. Recuerdo al inefable doctor Cruz, el subsecretario del Senado elegido y reelegido cien veces por su habilidad cortesana, cuando le mintió al Senado en pleno sobre una supuesta agresión que habría sufrido, en junio de 2017, de un equipo periodístico de Noticias Uno, noticiero poco querido en esos salones. Aunque se disculpó cuando se pudo demostrar, con videos, su falsedad, en la audiencia ante la Procuraduría Cruz reiteró su mentira cuando describió su golpazo al camarógrafo “como un choque accidental” y cuando afirmó que su vida emocional había “sido afectada por haber sido expuesta de manera tan infame”: un victimario que fingió ser víctima.

El 1° de mayo pasado, en mitad del agitado debate por las objeciones de Duque a la Ley Estatutaria de la JEP, el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, otro “avión” que maneja a su antojo la organización administrativa del Congreso, dejó saber que lo habían amenazado. ¿Quiénes? No lo incluía el mensaje que vía WhatsApp y, curiosamente, desde un número del celular no oculto sino identificado en pantalla, le habría enviado un presunto sicario. No obstante, era obvio que el matón estaría actuando en “representación” de la oposición que quedaba, así, categorizada como asesina. “Pedazo de secretario… llevando las cosas a favor… del gobierno nacional sapo hp te atendrás a las consecuencias…”, decía el texto. Por pura curiosidad periodística, Noticias Uno llamó al número en pantalla. Para nuestra sorpresa, la persona dueña del móvil contestó: una señora humilde que se gana la vida llevando y trayendo documentos de abogados penalistas por toda la ciudad. Ni idea de quién era Eljach ni menos qué era eso de las objeciones. Desde cuando este funcionario permitió su publicación, la señora, que no tiene escoltas como Eljach y quien camina las calles arriba y abajo como los ciudadanos del común, ha recibido decenas de llamadas amenazantes del otro lado. La “víctima” Eljach dijo que “todo estaba solucionado” cuando se le preguntó por el mensaje. Lástima que su “victimaria” esté intimidada por las llamadas del otro lado.

Entre paréntesis. En diciembre de 2017, Eljach denunció otras amenazas después, según dijo, de haber anunciado la votación por el hundimiento de las circunscripciones de paz. Tan conveniente: los autores de las amenazas siempre resultan ser los defensores del Acuerdo de Paz.

Entre paréntesis II. Ninguna persona de bien quiere que Eljach o cualquier otro ciudadano sufra  lo que han sufrido miles de colombianos: ataques contra su integridad. Pero hay que tener sentido de la prudencia y, sobre todo, de las proporciones.

https://www.elespectador.com/opinion/columna-134

15.18.-LA JEP FUNCIONANDO – Yohir Akerman

Sigamos indagando del batallón La Popa. El sanguinario y violento batallón La Popa. Esta vez por medio del relato del teniente coronel Heber Hernán Gómez Naranjo que se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 23 de junio de 2017 bajo el radicado No. 301153. Por medio de ese sometimiento se comprometió a contribuir a la verdad y a atender los requerimientos del sistema integral de reparación y, sobre todo, no repetición.

5 may 2019.- El 30 de noviembre de 2018 el militar rindió una versión libre y reservada ante la JEP como compareciente en el marco del caso 003 que adelanta la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP por muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.

Falsos positivos.

Los funcionarios a cargo de la audiencia fueron el magistrado Óscar Parra Vera, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, en compañía de la magistrada Catalina Díaz y el magistrado auxiliar Fabián Martínez.

Durante casi seis horas el coronel Gómez relató las barbaridades sanguinarias que se cometieron en el batallón del Ejército La Popa, para el que trabajó bajo la comandancia del coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez.

Según el relato ante la JEP, el coronel Mejía “era un oficial de mostrar, uno de los más condecorados del Ejército colombiano, especialmente en el tema de orden público. En ese tiempo, eran muy respetadas las medallas obtenidas por combates o resultados operacionales, y el nombre que yo escuchaba del señor coronel Mejía era eso, y que esas condecoraciones le daban a él, pues, pie y piso, para vulgarmente, digámoslo, no dejarse mangonear de nadie”.

Pero eso se disfrazó rápidamente. La necesidad de conseguir resultados operacionales llevó al batallón La Popa, bajo el liderazgo de Mejía Gutiérrez, a fusilar civiles sistemáticamente para hacerlos pasar por guerrilleros, torturar milicianos de las Farc para conseguir información y realizar operaciones conjuntas entre las Autodefensas y el Ejército de una manera coordinada y estructurada.

Según el relato de Gómez Naranjo ante la JEP, “el batallón era una máquina de guerra y como tal tenían que verse los resultados operacionales. El batallón La Popa venía siendo muy cuestionado, cuestionado a nivel, al interior del Ejército, por su falta de resultados operacionales. Porque es que enemigo había, había enemigo (…) y pues las instrucciones fueron claras, el batallón La Popa es una máquina de guerra y en el departamento del Cesar hay que ganar la guerra. La guerra se gana con resultados operacionales”.

Es por eso que al poco tiempo de estar al mando del batallón La Popa, tal y como lo plantea el Informe No. 5 de la Fiscalía ante la JEP, el coronel Mejía conformó un grupo especial con 14 militares de esa dependencia con el argumento de tener una unidad de reacción rápida.

El grupo era conocido dentro de las instalaciones con el nombre de Zarpazo. Según testigos, ese grupo salía y como a las cuatro o cinco horas volvía con la novedad de que habían dado dos o tres bajas. Eso pasaba seguido. A todo el mundo le parecía raro que mientras las contraguerrillas completas, que patrullaban las partes altas y sí estaban cerca de la guerrilla, no daban bajas, los del grupo Zarpazo siempre que salían regresaban con bajas exitosas.

La verdad se conoció después y estos relatos ante la JEP ayudan a esclarecer esos hechos. Mejía acordó con los paramilitares que todo lo que dieran de bajas las Autodefensas el batallón La Popa lo legalizaba como bajas en combate. Y no solo eso, cuando no había bajas, simplemente las generaban con civiles inocentes.

Pues bien, según lo publicó un informe de la revista Semana basado en el relato de un testigo de estas operaciones, “un domingo temprano, cuando apenas mi coronel Mejía llevaba diez días de haber llegado, me llamó al comando y me dijo que consiguiera un arma y me fuera con él en el carro del batallón. Los dos íbamos de civil (…) Llegamos a una finca en donde había unos 200 paramilitares. En la casa principal, sentados en una mesa, estaba toda la cúpula del Bloque Norte: el señor Jorge 40, el señor Hernán Giraldo, TolemaidaOmega y 39, que era David Hernández, un militar retirado que había sido amigo de mi coronel. Se saludaron con mucha alegría porque ellos eran amigos de escuela y los vi recochar mucho cuando se vieron”.

Ese día se pactó que el coronel Mejía tendría un sueldo mensual de $30 millones, aportados por Jorge 40, para que los militares no se metieran con sus hombres.

Pese a que fue la amistad con 39 lo que generó la relación con los paramilitares, Mejía decidió quedarse con la relación y no con 39.

El coronel recibió la orden de Jorge 40 de matar a 39 y como 39 confiaba en Mejía, este le puso una cita y lo que hizo fue tenderle una emboscada. Según los testigos hoy declarando ante la JEP, es importante recordar que el jefe de todo en Cesar, incluido La Popa, era Jorge 40.

Por todos estos hechos, en septiembre de 2013 el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá emitió una sentencia por medio de la cual se condenó al teniente coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio y promoción de grupos armados al margen de la ley.

Ahora bien, estas nuevas versiones y declaraciones ante la JEP han sacado detalles desconocidos hasta ahora de esa histórica relación de poder y colaboración entre las Fuerzas Armadas y los grupos de autodefensas, sin mencionar los crímenes, asesinatos y falsos positivos.

Lo que demuestra esto es que la JEP, pese a todos los ataques e imperfecciones, sí funciona para buscar la verdad y reparación. Y eso explica un poco los recientes intentos de debilitar y quitarle el carácter jurídico a la entidad por parte del partido de gobierno, que parecen responder más a una estrategia de querer esconder esas verdades y no lograr una reparación real.

Más aún cuando se conoce que el temible coronel Mejía Gutiérrez, como ha sido documentado, es un amigo cercano de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y su esposo, el ganadero José Félix Lafaurie.

@yohirakerman   akerman columnista@gmail.com https://www.elespectador.com/opinion/la-jep-funcionando-columna-853815

14.19.-LAS CONDECORACIONES – Yohir Akerman  Marcelo Odebrecht y Álvaro Uribe | Casa de Nariño

Varios encuentros oficiales, dos visitas a Brasil, unas condecoraciones, muchas fotos y un gran contrato son el eje de esta historia en donde es importante seguir la complicada línea de tiempo. Empecemos.

El 14 de julio de 2008 el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez recibió al gerente general de Odebrecht en Palacio.

14 abr 2019.- Una fotografía evidencia la reunión en el Salón Obregón de la Casa de Nariño en la que, a un lado de la mesa, se encuentran el mandatario y el entonces ministro de Minas, Hernán Martínez Torres. Al otro lado, Marcelo Odebrecht, el entonces superpoderoso de la compañía brasilera, junto al señor Luiz Antonio Mameri, el ejecutivo que, después se descubrió, autorizaba los sobornos para América Latina. En medio de la mesa, un mapa de Colombia como si se tratara de un ponqué para repartir. (Ver Foto con Odebrecht y Mameri).

Solo siete meses después, el 16 de febrero de 2009, la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp) condecoró al entonces presidente Uribe Vélez con la Medalla al Mérito. Importante mérito.

Uribe llegó al recinto a las 3:15 p.m. y fue recibido por, nada más y nada menos, el señor Marcelo Odebrecht, con el fin de darle el reconocimiento a la gestión en beneficio del desarrollo económico de Colombia. (Ver Foto con Odebrecht y Skaf).

La distinción le fue entregada por el presidente de la Federación, Paulo Skaf, en una ceremonia en la que el mandatario aseguró que el interés de Colombia era lograr “una gran integración” con los empresarios de Brasil. Esa integración, en algunos casos, fue exagerada como quedó en evidencia y las consecuencias de la corrupción las seguimos pagando. (Ver Video 1).

Otros siete meses después, el 17 de septiembre del mismo año, el Gobierno recibió en el mismo Salón Obregón de la Casa de Nariño al señor Odebrecht por segunda vez.

Como se ha reportado antes en esta columna, al encuentro, registrado por el noticiero del Palacio de Nariño, asistieron, además del ahora expresidente Uribe y el hoy preso Marcelo Odebrecht, el entonces alto consejero para la Competitividad y las Regiones, Miguel Peñaloza, vinculado por la Fiscalía al caso de la multinacional, y el entonces viceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García Morales, ahora preso por recibir sobornos de Odebrecht. (Ver Foto de Sala de Prensa).

Sin embargo, como lo publicó el periodista Julián Martínez en Noticias Uno, una cosa que no mencionó el noticiero de Palacio de Nariño es que a la reunión también asistió el exministro Andrés Felipe Arias, quien en ese momento ya era precandidato presidencial por el Partido Conservador. (Ver Foto de Arias en la reunión en Palacio).

Arias anunció su aspiración presidencial el 7 febrero de 2009 cuando dejó de ser ministro de Agricultura. Seis meses después, fuera del Gobierno, asistió a esta reunión con Odebrecht, hoy condenado a 19 años por pagar sobornos a políticos a cambio de contratos de infraestructura. (Ver Injusticias).

Fue en la misma época de la reunión en Palacio cuando el exviceministro García Morales recibió los 6,5 millones de dólares que le pagó Odebrecht como soborno.

Sigamos.

Un mes después de esa reunión, la condecoración fue al revés. Como lo publicaron los periodistas Diana Salinas, David Tarazona y Claudia Báez en un completo y serio informe en el medio Cuestión Pública, el presidente Uribe viajó de nuevo a Brasil del 18 al 19 de octubre para participar, otra vez, en un evento de la Federación de Industrias del Estado de São Paulo. (Ver Video 2).

Durante esa visita oficial, Uribe condecoró a Paulo Skaf, presidente de la Fiesp, en la famosa puerta giratoria de premios en la que tú me condecoras y yo te condecoro. (Ver Fotos de condecoraciones).

“La integración entre los pueblos no se hace por generación espontánea, necesita personas que la construyan. Usted ha sido un gran constructor de la integración entre Brasil y Colombia. Le agradecemos de corazón, necesitamos que siga su tarea”, dijo el mandatario al imponer la Orden al Mérito en el Grado Comendador a Skaf.

Escasos ocho días después de esa segunda visita de Uribe a la Fiesp, el 27 de octubre se abrieron en Colombia los sobres de los tres consorcios participantes para el tramo II del proyecto Ruta del Sol, entre los cuales se encontraba el consorcio formado por Odebrecht. (Ver Encuentros).

Solo dos meses y medio después de eso, el 14 de enero de 2010, el Gobierno del presidente Uribe Vélez firmó el contrato con la brasilera para la construcción del importante proyecto.

Finalmente, el expresidente Uribe y Luiz Mameri se encontraron el 8 de abril del 2010, en el Foro Económico Mundial en Cartagena. En la foto del archivo de Presidencia, se ve también a Luiz Bueno, el superintendente de Odebrecht para Colombia, y a la actual ministra de Trabajo, Alicia Arango, quien entonces era secretaria de la Presidencia. (Ver Foto con Bueno y Mameri).

Terminemos.

Como lo estableció Cuestión Pública en su informe, entre julio del 2008 y abril del 2010 existieron múltiples encuentros en los que coincidieron y se reunieron los ejecutivos de Odebrecht con el gabinete de Uribe, pero volvamos a la condecoración de Skaf.

El decreto expedido por el Gobierno de Uribe señala que Paulo Skaf no solo permitió fortalecer las relaciones comerciales, impulsando el desarrollo mediante proyectos de inversión entre empresas de los dos países, sino que, además, contribuyó de manera notable al acercamiento cultural.

Y qué cultura.

Skaf terminó involucrado en grandes giros de dinero que Odebrecht entregó al Movimiento Democrático Brasileño con el fin de seguir consiguiendo contratos.

No solo eso, el brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como Duda Mendonça, confesó en colaboración con la Procuraduría de su país que, por medio de sus cuentas en Suiza, Odebrecht le giró a Paulo Skaf por lo menos cuatro millones de reales, más o menos 3.600 millones de pesos, para apoyar la campaña de Skaf en el 2014 a la Gobernación del estado de São Paulo.

Ese mismo año la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga fue asesorada por Duda Mendonça quien, según W Radio, fue presentado al candidato por directivos de Odebrecht.

Ante eso Zuluaga dijo claramente en un comunicado que “por intermedio de Odebrecht, establecí contacto con Duda Mendonça, y reitero que la campaña acordó el pago de $2.438’455.038 por servicios de asesoría estando ese dinero debidamente registrado en la contabilidad”. (Ver El asesor).

De eso no hay dudas. Pero la cercanía que tuvieron los representantes del Gobierno de Uribe con personas como Mendonça, Mameri, Skaf y el mismo Odebrecht sí deja mucho que desear de su criterio para contratar y, especialmente, para condecorar.

@yohirakerman akermancolumnista@gmail.com

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  • 13.18.-PREOCUPANTE BALANCE DEL PAQUETE DE LOS PROYECTOS ANTICORRUPCIÓN
  • EL PAÍS DONDE GANAN LOS MALOSCecilia Orozco

 

La existencia de Colombia es la prueba irrefutable de que las historias épicas y los cuentos infantiles basados en que los héroes derrotan a los bandidos mienten sin vergüenza: aquí, dios nunca vence al diablo. O, dicho de otra manera, los buenos pierden y los malos siempre ganan en la política, las leyes, los nombramientos oficiales, los estrados judiciales; en la competencia por los sueldos más altos, por los honores y las condecoraciones y hasta en el ingreso a un espectáculo, a un bar, a un bus o al teatro, adonde siempre entran primero los avivatos que brincan la fila para pasar por encima de quienes respetan los turnos.

17 abr 2019.- Lo demuestra la hoja de vida de los abogados que persiguen, desde su misma posibilidad, la curul de senador de Antanas Mockus, símbolo de la decencia y de la resistencia pacífica contra los corruptos obvios y contra los hipócritas que también lo son, aunque se camuflen con aureola de santidad.

En julio de 2018, Iván Cancino, Francisco Bernate, Abelardo de la Espriella, Daniel Peñaredonda y Karen Juris (los dos últimos, subalternos de De la Espriella) le pegaron un grito al Consejo Electoral para impedir la posesión de Mockus. A estos cinco, conocidos por sus clientes, los une, además, su obsecuencia uribista. Otro bando de abogados menos pomposo, compuesto por los señores Víctor Velásquez, Eduardo Padilla y José Manuel Abuchaibe, y de línea directa con los parapolíticos partidos de Opción Ciudadana —PIN— y Convergencia Ciudadana, tampoco podía permitir que Mockus, cuyo mayor pecado es haberse bajado los pantalones como acto de protesta, llegara al Congreso en donde solo tienen derecho de éxito los cómplices de los malos.

Este trío también acudió al Consejo Electoral y, después, al Consejo de Estado demandando la pérdida de investidura del profesor. Como no prosperaron sus primeras acciones, se metió por el lado de la nulidad de su elección. Los magistrados, inocentes o culpables, sirvieron en bandeja la curul del buenazo. ¿Historias épicas en que ganan los héroes? ¡Vergüenza de falsedad!

Y un segundo caso sucedió en estos días tristes de la nación con un exfuncionario de la justicia transicional, Néstor Raúl Correa, a quien defendimos en su momento pese a las advertencias que nos hacían. Pues bien, Correa parece ser, hoy, el peor enemigo de la JEP, seguramente para vengar su retiro forzado. Ahora, después de que su nombre fuera honrado por un alto comité internacional, es el instrumento de los dos Malos de la película, Uribe y Martínez Neira, los poderosos personajes que buscan rematar la Jurisdicción Especial mediante escándalos prefabricados con sus pseudoperiodistas de internet y con sus remedos de investigaciones penales. Primero, Correa “denunció” a su antigua amiga de vida profesional, Marta Lucía Zamora, y a dos de los abogados con quienes él mismo trabajó durante largos meses sin darse cuenta de que eran sospechosos. Sus dudas solo surgieron después de su retiro, qué conveniente, para no comprometerse. Luego, la Fiscalía y la DEA (ahora convertida en Parafiscalía) montaron una sospechosa escena de soborno de un empleado X del nuevo sistema judicial que, en todo caso, les era útil para quitarle piso ético a la JEP. Y, finalmente, Correa es testigo contra quien verdaderamente les interesa a todos: la presidenta de la Jurisdicción, Patricia Linares, a la que un pájaro del uribismo le disparó con una apertura de “investigación” en la politiquera Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. ¡Sí se tienen confianza!

Firma la “denuncia” contra Linares, que prosperó con la rapidez de un rayo y que fue escrita con el más riguroso estilo jurídico, una persona de nombre Lina Navarro Arias, que aportó la dirección de su residencia ubicada en San Martín, “César” (sic, ver denuncia). En un ejercicio de verificación, Noticias Uno fue al sitio y rastreó sus señales de identidad (ver noticia). Resultado: Navarro no vive en esa dirección, o quien dijo ser su abuelo negó su residencia en ese lugar y población; se trata de una mujer en edad estudiantil, inscrita en el Sisbén en grado de gran pobreza; no es abogada y, en contravía de lo que informó su familiar, vota en San Martín o al menos figura en la lista electoral. Se sabe que uno de los trucos de la oscuridad es buscar firmones de sus demandas para ocultar sus intereses. La cabeza de Linares está a disposición de los dos Malos. ¡Vergüenza de falsedad estos dos!

https://www.elespectador.com/opinion/el-pais-donde-ganan-los-malos-columna-850833

13.18.-PREOCUPANTE BALANCE DEL PAQUETE DE LOS PROYECTOS ANTICORRUPCIÓN

Solo dos puntos establecidos en la consulta están cerca de ser realidad. Gobierno insistirá en 2019.

Siete Siete puntos fueron partes de la consulta anticorrupción, hoy solo dos están cerca de ser una realidad.Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO 

De los siete puntos que hicieron parte de la consulta anticorrupción y que luego se convirtieron en proyectos de ley y de reforma constitucional, tres ya se hundieron. Dos están cerca de ser realidad.

A pesar de que el presidente Iván Duque dijo en septiembre pasado que esperaba que los proyectos estuvieran aprobados antes de finalizar este año, la realidad fue otra.
El primer proyecto de este paquete, sepultado, fue la reforma constitucional que congelaba el salario de los altos funcionarios del Estado, incluidos los congresistas.

15 dic 2018.- Este acto legislativo no se pudo tramitar en la Comisión Primera de la Cámara, pues 36 de los 38 representantes que conforman esta comisión se declararon impedidos para discutir la iniciativa, al considerar que estaban legislando en causa propia.

El Gobierno anunció que insistirá con esta iniciativa el próximo año. “Habría que buscar una redacción para que esta reforma tenga efectos hacia el futuro y no sobre el salario de los actuales congresistas”, dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

Peor suerte corrieron dos iniciativas que buscaban mayor transparencia en la gestión pública: el que establecía mayor rigurosidad en la rendición de cuentas de los congresistas y el que proponía que los presupuestos públicos se discutieran en audiencias públicas con participación ciudadana. Ambos no alcanzaron ni siquiera a ser debatidos.

En el caso de la discusión de los presupuestos con participación ciudadana, el Gobierno había anunciado desde hace algunas semanas que se iba a dejar para marzo.

Avanza norma que pone a congresistas a exponer conflictos de intereses

Duque pide a ministros que revelen sus declaraciones de renta

¿Hasta dónde el Congreso tramitará los proyectos anticorrupción?

Igual suerte corrió una propuesta liderada por la Procuraduría, que no hacía parte de la consulta, pero sí del paquete anticorrupción, que buscaba establecer la responsabilidad penal para personas jurídicas.

Los únicos proyectos que han tenido un avance significativo son el que quita los privilegios de cárcel especial a los condenados por actos contra la administración pública y el que permite que los delitos de corrupción no prescriban. Esto se dio gracias a que estos puntos fueron introducidos en una iniciativa de la Fiscalía que ya hacía trámite en el Congreso y a la que le resta solo un debate.

Entre el primero y el segundo debates, es decir, a mitad de camino, se encuentran iniciativas como la que obliga a los servidores del Estado a hacer pública su declaración de renta y de bienes, la que pone a los congresistas a dar a conocer sus conflictos de interés y la norma que establece la obligatoriedad de los pliegos tipo en la contratación pública. Estos continuarán su trámite a partir de marzo del próximo año.

También está en fila la reforma política, que si bien perdió gran parte de su columna vertebral, contiene una disposición que limita a tres los periodos en cada corporación pública (Senado, Cámara, concejos y asambleas), muy diferente a lo que se propuso en la consulta.

Esta reforma se encuentra agonizante en el Congreso y está a la espera de que este domingo, a las 7 de la noche, un día muy poco habitual para sesionar, el Senado apruebe la conciliación del texto de Cámara, o de lo contrario se hundirá.

Una de las situaciones que conspiró contra el mayor éxito del paquete anticorrupción fue la alta congestión legislativa que se presentó este semestre. Tanto que, como expresó el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Samuel Hoyos, “sesionamos incluso jueves y viernes, algo poco habitual”.

Pero también hay congresistas, como la senadora de Alianza Verde Angélica Lozano, que responsabilizan al Gobierno por la “demora” en ponerles mensaje de urgencia a los proyectos, lo cual les daría un trámite prioritario.

Pero el Gobierno aclaró que esto no se podía hacer; de lo contrario, “se hubiesen bloqueado” otras reformas que también estaban en trámite.

Las cuentas del Gobierno para que no mueran proyectos anticorrupción

https://www.eltiempo.com/politica/congreso/mayoria-de-proyectos-del-paquete-de-la-consulta-anticorrupcion-se-hundieron-305482

12.19.-LA PRUEBA TÉCNICA – Yohir Akerman

Esta es una historia escalofriante de una acusación de abuso a un menor en donde es importante atenerse solo a los hechos. Nada más. Es un caso donde lo más importante es proteger los derechos del menor y por eso en esta columna se omitirán los nombres de los padres, el sexo específico del menor, los datos concretos del caso, las fechas exactas y los documentos de soporte que son habituales en esta columna semanal, para mantener anónima su identidad.

7 abr 2019.- No por eso deja el tema de ser concreto. La pareja duró en matrimonio casi cinco años. Se casaron en el 2008 y dos años después resultaron embarazados después de buscar ese proceso como familia. Desafortunadamente la relación se deterioró cuando el menor cumplió dos años. Ahí empezaron los problemas para divorciarse.

En marzo de 2013 se da la separación de cuerpos entre esta pareja y se inicia el proceso de divorcio y patria potestad. A inicios del año 2015, cuando el menor tenía tres años y medio, la madre solicitó una evaluación psicológica a una reconocida terapeuta de la Universidad Javeriana.

La psicóloga concluyó que el menor había estado sometido a situaciones que ponen en riesgo su desarrollo y estabilidad emocional y que, a juzgar por su propio relato, podría haber sido víctima de un posible abuso sexual por parte del padre. Escalofriante.

La madre, pese a haber recibido de la doctora ese concepto tan estremecedor sobre las presuntas agresiones sexuales por parte del padre, solamente lo hizo público seis meses después, cuando ante la Comisaría de Familia le otorgaron visitas nocturnas al padre del menor.

Es difícil entender por qué una madre o un padre que tiene conocimiento de un posible abuso sexual decide guardar silencio durante seis meses y permite que su hijo o hija siga compartiendo con un supuesto agresor, y decide hacerlo público solo cuando pierde en su estrategia jurídica.

Aunque durante el proceso de evaluación la psicóloga de la Javeriana reconoció que no era experta en hacer valoraciones para este tipo de conductas y abusos sexuales, las conclusiones del reporte, una vez público, conllevaron a unas graves consecuencias. Como era de esperarse, esta evaluación desató un proceso y una denuncia penal en contra del padre por abuso de menores.

Nueve meses después, a finales de 2015 y basados en esa evaluación, se da una audiencia para decretar medidas de protección en la que el juez de garantías ordena a la Fiscalía que, fuera del Dictamen de Valoración solicitado a Medicina Legal, no se le hagan más evaluaciones al menor para no revictimizarlo.

Un mes después de la audiencia para decretar las medidas de protección, se realizó el dictamen por parte de Medicina Legal que concluyó que el menor se encontraba atravesando “un trastorno de ansiedad y de estrés intenso que devenía del conflicto interparental (…) y la exposición del menor a las situaciones de orden legal que se habían desencadenado tras la acusación contra el progenitor”.

Pero que, y esto es lo más importante, “desde la perspectiva forense no era preciso caracterizar y argumentar una dinámica abusiva de índole sexual en el caso examinado” y, fuera de eso, que era recomendación de los peritos “limitar la exposición del menor a situaciones de evaluación donde se reactiven este tipo de situaciones” al igual que como lo había hecho el juez de garantías.

Finalmente, Medicina Legal ordenó la “evaluación por el área de psiquiatría a los progenitores ya que el funcionamiento familiar expuesto sugiere la pertinencia de que se realice un estudio acucioso de su estado mental”. Para entonces el menor sólo tenía contacto con su madre.

Pues bien, la madre hizo caso omiso y para controvertir el dictamen de Medicina Legal pidió dos conceptos adicionales. El primero por parte de una psicóloga y el segundo a cargo de un psiquiatra. Los dos concluyeron que podía haber existido una dinámica abusiva de índole sexual por parte del padre.

Al presentarlos a la Fiscalía, la entidad le solicitó un informe al Colegio Colombiano de Psicólogos en enero de 2017 para determinar la validez y solidez de las tres evaluaciones entregadas por la madre de la víctima.

El perito designado por la Fiscalía desechó los tres conceptos aportados por la denunciante y fue más allá. El Tribunal Colombiano de Psicólogos resolvió una queja disciplinaria que se había presentado en contra de la primera psicóloga, la de la Javeriana, que emitió el estudio inicial del menor, sancionándola disciplinariamente por las irregularidades e inconsistencias científicas en el informe rendido. Un cambio en la norma que rige ese tipo de procedimientos que adelanta el ente disciplinario hizo que ese proceso reiniciara y, a la fecha, existe un pliego de cargos contra esa psicóloga. Pero las irregularidades no paran ahí.

El Tribunal Colombiano de Psicólogos compulsó copias ante la Fiscalía sobre la segunda psicóloga que emitió un concepto aportado por la madre, para que fuera investigada por ejercicio ilegal de la profesión de psicólogo ya que no tenía tarjeta profesional.

Para concluir, el perito designado por la Fiscalía dio mayor validez a la valorización y dictamen de Medicina Legal, el cual descartó la dinámica abusiva de índole sexual en contra del menor, y descartó las otras evaluaciones aportadas por la denunciante.

Como respuesta, la Fiscalía solicitó una audiencia de preclusión ya que, después del dictamen de Medicina Legal, no existía evidencia para desvirtuar la presunción de inocencia del padre. Esta fue negada en el Juzgado Penal de Circuito que recibió el caso, argumentando insuficiente sustentación de la Fiscalía por lo que el juez ordenó seguir investigando.

Unos días después, el mismo fiscal encargado del caso, con los mismos elementos materiales probatorios con los que había solicitado el cierre de la investigación, dio un giro de 180 grados y ahora pidió una audiencia de imputación de cargos al padre del menor.

Es importante mencionar que los miembros de la familia de la madre denunciante son y han sido importantes miembros y actores en las altas cortes colombianas y en la justicia. Aunque no existe duda alguna de la integridad y honradez de los miembros de su familia, la sola presencia de sus importantes apellidos dentro de este caso puede hacer desbalancear la pesa de la equidad.

Después del giro de la Fiscalía, en agosto de 2017 se realizó la audiencia de imputación de cargos en contra del padre ante un juez penal del Circuito. La audiencia se desarrolló con los mismos elementos probatorios utilizados para solicitar la preclusión por parte de la Fiscalía y sin aportar ningún documento o hecho adicional a lo que se tenía en el momento en que se pidió cerrar el caso. Extraño.

Como consecuencia de esto, en enero del año pasado se realizó la audiencia de acusación con el fiscal que ahora lleva el caso, quien solicitó como prueba, de manera adicional, el interrogatorio del menor, desobedeciendo la orden expresa del juez de garantías, así como la recomendación que obra en el único dictamen pericial que existe que es el de Medicina Legal. En ese documento se solicita de manera expresa no realizarle más valoraciones al menor para evitar la revictimización.

Pero nada, el caso siguió y ahora parece que el padre enfrenta la mayor injusticia de su vida. Su testimonio se oyó en los micrófonos de W Radio el pasado 28 de marzo en una escalofriante entrevista en la que describió el infierno que ha vivido hace más de cuatro años, mismo tiempo en que no ha podido ver al menor. (Ver Entrevista).

Pero una cosa es clara, y es que en este tipo de casos hay que separarse de las versiones de los padres y enfocarse en las evidencias que obran dentro del expediente, ya que la justicia tiene que decidir en justicia, no en venganzas. Y estos casos, por lo crudos y desgarradores que son, presentan múltiples dilemas éticos y jurídicos sobre todo a la hora de proteger a los menores.

Sea cual sea el resultado, esto ya es una historia de terror donde se han destrozado muchas vidas. Muchas. Y si el padre es responsable de lo que se le acusa, los 24 años que le pueden esperar de cárcel son ínfimos para pagar sus horripilantes actos. Pero, por ahora, el acervo probatorio y, sobre todo, la prueba técnica dejan serias dudas de su culpabilidad.

@yohirakerman akermancolumnista@gmail.com https://www.elespectador.com/opinion/la-prueba-tecnica-columna-849120

  • -11.19.-Y AHORA, ¡UN LÍO CON RUSIA! – Cecilia Orozco
  • -LA PAOLA – Yohir Akerman

La senadora del Centro Democrático Paola Holguín compartió la semana anterior en sus redes sociales una fotografía de una valla publicitaria que causó un profundo debate sobre alimentar la polarización.

La valla, patrocinada por un equipo denominado “los Paolos”, del que la congresista es líder junto al representante a la Cámara por Antioquia Juan Espinal, da dos opciones a los colombianos, “Víctimas: no (apoyar la) JEP” o “Victimarios: (apoyar la) JEP”.

La senadora Holguín acompañó la foto diciendo: “Este es el verdadero dilema, más que JEP o no JEP, se trata de victimarios o víctimas, impunidad o justicia. ¿Tú de qué lado estás?”. (Ver Trino).

Pues no del de la doctora Holguín, ya que ella y su familia han estado varias veces del lado equivocado, principalmente en lo que tiene que ver con la ley. Me explico.

Paola Andrea Holguín Moreno se dio a conocer en marzo de 2009 cuando reemplazó a José Obdulio Gaviria en la oficina de asesoría al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

El primo hermano de Pablo Escobar Gaviria fue asesor presidencial entre agosto de 2002 y marzo de 2009 y renunció un mes después de que la revista Semana revelara que el DAS estaba siguiendo e interceptando a la oposición y a magistrados que el presidente Uribe consideraba sus enemigos. Como se sabe, distintos testimonios vinculan a José Obdulio con el famoso caso de las “chuzadas” del DAS.

Paola Holguín y José Obdulio Gaviria no solo han tenido y tienen los mismos cargos, asesores de Uribe y luego senadores de la República, sino que sus familias tienen una indudable cercanía con el narcotráfico, especialmente en su natal Antioquia.

De José Obdulio ya lo sabemos.

Vamos al caso de Paola Andrea. El padre de la senadora se llama Frank Holguín Ortiz, una persona que, según informaciones de prensa, durante los años 90 tuvo nexos con el Cartel de Medellín.

Vaya, vaya, vaya.

El 20 de febrero de 1999 el periódico El Tiempo publicó una nota en la que el ministro de Justicia de la época, Parmenio Cuéllar, reveló que habían detectado a personas vinculadas a la Dirección de Estupefacientes que estaban entregando información reservada a organizaciones de abogados que trabajaban al servicio de los narcotraficantes.

Con la infiltración a Estupefacientes los narcos buscaban conocer de antemano las pruebas que tenía el Estado en contra de ellos para quitarles sus bienes y así eliminarlas o buscar mecanismos para contrarrestarlas en los tribunales. Suena similar a lo que sigue pasando hoy en día.

Con la información de la Fiscalía, El Tiempo publicó la lista de los procesos en la Dirección Nacional de Estupefacientes que habían tratado de torcer. El caso número 31402 es el proceso que relaciona como narcotraficante y testaferro al padre de la senadora del Centro Democrático. (Ver Narcos infiltraron Oficina Antidrogas).

El señor Frank Holguín Ortiz fue procesado por el delito de narcotráfico y se le realizó una extinción de dominio por ser testaferro del capo Pablo Escobar Gaviria, primo de José Obdulio.

Los bienes del narcotraficante Pablo Escobar que estaban a nombre de Frank Holguín Ortiz habían sido ocupados en marzo de 1998 por la Fiscalía en una operación en la que se recuperaron 20.000 bienes de la mafia. La operación fue tan grande que los medios dieron un importante cubrimiento, siempre mencionando al padre de la senadora Holguín. (Ver DAS y Policía han ocupado 20.000 bienes).

Pero nada de esto importó a la hora de volverse una de las personas más cercanas del expresidente Uribe. Por el contrario, es tan cercana la relación, que la senadora Holguín terminó escribiendo una biografía del expresidente titulada Uribe de carne y hueso, con la que pretendía “contarle a la gente que la imagen de autoritario que tenía no era la real”, según un perfil de La Silla Vacía.

Ahora la senadora Paola Holguín ha consolidado un subgrupo dentro del Centro Democrático denominado “los Paolos” donde se enorgullecen de repetir que “a los Paolos no llega el que quiera, sino el que pueda. El que entienda que Uribe es nuestro jefe único, y Paola nuestra líder”. (Ver La cara radical del uribismo).

Los Paolos fue el grupo que financió las polémicas vallas de la JEP en Antioquia que preguntan “¿Tú de qué lado estás?”. Definitivamente no del lado acobijado por una historia familiar de narcotráfico.

@yohirakerman akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/la-paola-columna-847797

11.19.-Y AHORA, ¡UN LÍO CON RUSIA! – Cecilia Orozco

 

Si algo le faltaba al Gobierno Duque para añadirle al mosaico de enredos que ha armado en solo ocho meses, todo un récord, ya lo logró: ¡un lío diplomático con Rusia! “El uso ilegítimo de la fuerza militar contra Venezuela por parte de otros Estados que respaldan a la oposición será interpretado… solamente como un acto de agresión… y una amenaza a la paz y seguridad internacionales”, se lee en la carta que envió la Federación Rusa, a través de su embajada, al Congreso colombiano.

3 Abr 2019.-  Alude, también, al torpe espectáculo de la frontera, de febrero pasado, en que comprometió su prestigio el propio Duque, quien en esa fecha se paseó, triunfante, por el puente cucuteño de Tienditas con sus invitados internacionales. Dice el mensaje: “con sus medidas relacionadas con el envío de la llamada ayuda humanitaria, los Estados que han congelado los activos de Venezuela… buscan empujar a la población a derrocar a las autoridades”.

“La dura respuesta del Gobierno colombiano”, como tituló un diario nacional, quedó muy chistosa, casi ridícula. El canciller Trujillo reaccionó “de manera contundente” —añadió el periódico del título— cuando contestó que “Colombia reitera que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente…”, pero, a continuación, califica de “régimen ilegítimo y usurpador” al gobierno que, precisamente, Rusia defiende en su carta-advertencia. Para completar el galimatías que creó, solito – como manda Uribe -, el Ejecutivo nacional y mientras Duque aseguraba, por un lado, que el país “no está en la posición de agredir a ningún Estado”, del otro lado, su ministro de Relaciones Exteriores concluía su reto a Rusia, chistoso, casi ridículo, con una frase que parecía escrita por el Pentágono: “Colombia reitera que cualquier despliegue o incursión militar en apoyo al régimen de Nicolás Maduro… constituye una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región”. Putin está, hoy, muerto de miedo.

Si las cosas siguen tomando el curso que se ve venir, nuestro territorio-emparedado servirá como escenario bélico de las dos potencias del mundo: lejos de los rusos, lejos de los estadounidenses, pero guerreando entre nosotros, los indiecitos del patio trasero. Sin embargo, y por más que Duque se esfuerza por caerle bien a Trump prestándose para confrontar a Venezuela, para adueñarse de su petróleo, para envenenar nuestros seres humanos, animales, alimentos y campos con glifosato, el presidente norteamericano aseguró, del mandatario colombiano, que, aunque es un “buen tipo, no ha hecho nada por nosotros”. Humillación frente a la obsecuencia.

Entre paréntesis.- Dos de los juristas más respetados del país, Rodrigo Uprimny y Yesid Reyes, se enfrentan por una tesis que, en todo caso, debería preocupar a los congresistas que votarían las objeciones del presidente de la República a la Ley Estatutaria de la JEP: basado en la famosa sentencia constitucional del caso Samper, en que la Corte declaró inviolables los votos de los parlamentarios, Uprimny sostiene que, a pesar de que el presidente “no podía usar las objeciones para irse contra la sentencia… los congresistas tienen plena libertad para opinar y votar como mejor les parezca”. Reyes, por el contrario, cree, según su columna de El Espectador, que quien “vote favorablemente la objeciones a la Ley Estatutaria podría incurrir en el delito de fraude a resolución judicial”. Reyes explicó, con detalles, su teoría en el nuevo portal lalineadelmedio.com. Dice que cuando estableció el carácter inviolable de los votos de senadores y representantes, la Corte analizó un artículo de la Constitución, pero no el 243, que indica que “los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control constitucional hacen tránsito a cosa juzgada” y añade que “ninguna autoridad podrá reproducir el contenido del acto declarado inexequible”. Lo más interesante y preocupante, diría yo, se encuentra líneas adelante cuando Reyes se pregunta: “¿Qué sentido tendría esa prohibición (¡incluida en la propia Constitución!) si los parlamentarios tuvieran libertad absoluta para desconocerla invocando su derecho a la inviolabilidad?”. ¡Agárrame ese trompo en la uña!, como, a propósito, dirían los venezolanos.

https://www.elespectador.com/opinion/y-ahora-un-lio-con-rusia-columna-848266

A- 10.19  EL LENGUAJE QUE SE TRADUCE EN MUERTOS – Patricia Lara

Esta semana Antioquia apareció sembrada de vallas con mensaje diabólico:

“Tú, ¿de qué lado estás?”, preguntaban las vallas en letras blancas resaltadas sobre un fondo azul dividido por una raya vertical que separaba las dos posibles respuestas: la una decía “víctimas” y debajo “no JEP”, y la otra decía “victimarios” y debajo “JEP”. Y más abajo, en el centro, sobre un fondo blanco, sobresalían los logotipos del Centro Democrático y de un grupo denominado los Paolos, liderado por la senadora antioqueña Paola Holguín, miembro del partido uribista, quien para denominar su grupo utiliza un nombre, los Paolos, similar a los usados por bandas armadas como los Pitufos o los Urabeños, etc.

29 mar 2019.- La intención del mensaje de los Paolos no puede estar más clara: por un lado, desprestigiar la Justicia Especial para la Paz y estigmatizarla al regar el cuento mentiroso de que está hecha para beneficiar a los malos (los victimarios), y por otro, polarizar de nuevo al país y dividirlo entre el bando de los buenos y el bando de los malos.

Y quizás no hay cosa que abone más el terreno de la violencia que dividir el mundo entre buenos y malos o, lo que es lo mismo, tener una visión maniquea de la realidad y de la historia.

Así me lo explicaron durante una extensa entrevista que les hice para la revista Cambio 16 Colombia, hace más de 20 años, los doctores Otto y Paulina Kernberg, considerados entonces los expertos mundiales en las llamadas personalidades fronterizas, correspondientes a personas que son más proclives a involucrarse en la violencia.

Según los doctores Kernberg, quienes han sufrido en su infancia, primero maltrato físico, luego sicológico y después sexual, tienen mayores probabilidades de ser violentos después. Pero esas posibilidades se potencian si se vive en una sociedad donde está extendida la creencia de que el mundo se divide entre buenos y malos.

Y es lógico que el maniqueísmo abone la violencia. Porque si cada cual piensa que como está con los buenos tiene el derecho y hasta el deber de proteger a los suyos de los malos, es muy fácil que decida después que, para conseguirlo, debe acabar con los malos del mundo. Entonces se enciende la chispa de la violencia y se llega a lo que Humberto de la Calle, con razón, considera en su reciente libro como algo inaceptable: que haya una violencia buena y una mala.

Pero el efecto del maniqueísmo se vuelve devastador si quienes lo practican y estimulan son los líderes de la sociedad. De ahí la pertinencia de la carta que la presidenta de la JEP, Patricia Linares, le envió al senador Álvaro Uribe, en su condición de expresidente y jefe del Centro Democrático, para solicitarle a él y, por intermedio suyo, a los miembros de su partido que cumplan el artículo 22 de la Constitución que establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Agrega Linares que ese deber se intensifica si se trata de funcionarios del Estado que no deben acudir a estrategias de desprestigio y agresión contra quienes tienen la difícil tarea de administrar justicia transicional. “La paz requiere de espíritus sosegados, de un lenguaje (…) sincero y conciliador”, concluye.

Pero más tardó ella en escribir la carta que Uribe en trinar que seguirá atacando la JEP y Holguín en exhibir en el Senado una sonrisita de satisfacción al reconocer que fue ella la responsable de las vallas.

¡Ojalá entiendan algún día Uribe y su bancada que su lenguaje incendiario puede traducirse en votos, pero también en muertos!

www.patricialarasalive.com@patricialarasa                                https://www.elespectador.com/opinion/patricia-lara-salive

B- 10.19  URIBE Y GRANADOS: DOBLE RASERO, CÍNICO RASERO – Cecilia Orozco

La escandalosa revelación del periodista Daniel Coronell, en su columna de la revista Semana, sobre el nexo profesional que unió a la magistrada de la Corte Suprema en cuyo despacho se define la suerte judicial de Álvaro Uribe, con el abogado penalista que lidera la defensa del expresidente, obliga, mínimo, a una explicación pública de los dos personajes, no solo por cuanto togada y senador ejercen funciones con incidencia en la vida diaria de los ciudadanos, sino porque ambos representan el vértice de la pirámide del Estado: la una, en la cúpula de la Justicia, casi nada, a la que todos debemos someternos supuestamente en condiciones de igualdad; el otro, mediante el control del Legislativo y del Ejecutivo, tal como lo demuestra día por día y, ya, sin ningún recato

27 mar 2019.- Pero ni el uno ni el otro parecen preocupados por el descubrimiento del columnista. La magistrada Cristina Lombana —asombrosamente militar activa y juez civil, al tiempo— no creyó relevante informarles a sus electores de la Corte Suprema que había trabajado en el bufete de Jaime Granados, el apoderado del procesado de mayor poder político que ha tenido el país, en años de años. Lombana calló en el momento de presentarse ante ellos y entregar su hoja de vida con esa omisión maliciosa. Tampoco lo hizo cuando, ya elegida y posesionada, llegó el caso a sus manos por presunto reparto imparcial. Que se sepa, ella no puso a consideración de sus colegas ni de la Sala Plena una solicitud de posible impedimento, así fuera como un gesto de cortesía social.

Del lado Uribe, silencio sepulcral que contrasta con la bulla que hace ante los medios cuando teme la acción de los funcionarios judiciales a quienes amedrenta con recusaciones, rumores sobre su vida o testimonios inventados en las cárceles en donde, sin saberse cómo, siempre encuentra presos dispuestos a apoyar su causa destruyendo la honra de sus investigadores.

Recuerdo la rueda de prensa que convocó el procesado Uribe, en julio del año pasado (ver), cuando lo delataba el miedo a una orden de captura que él mismo y su círculo político se encargaron de difundir para sembrar, artificialmente, la impresión de que, en lugar de investigarlo en términos de ley, la Corte lo perseguía por razones políticas, su argumento predilecto de defensa.

Citó a los periodistas a una de sus magníficas haciendas —como para intimidarlos más, fuera del temor que genera su presencia, con el entorno de poderío económico que lo rodea—. Estaba escoltado por algunos de sus abogados, la mayoría conocidos por sus malas mañas y peor fama. Entonces, su apoderado en este caso, Jaime Granados, se dirigió a los presentes para enfatizar, entre otras ideas, las siguientes:

“Esta mañana, a las ocho en punto, se radicó, en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia un escrito de 47 páginas en donde se argumentan las razones por las cuales la defensa del señor expresidente Uribe Vélez recusa a la Sala de Instrucción número Dos (que lo procesa)… porque (entre otras razones)… conforme lo establece la jurisprudencia internacional y también la colombiana… los jueces no solo deben ser imparciales sino también tienen que dar garantías de imparcialidad, tienen que parecer imparciales. Y (ellos) han demostrado que no dan esas garantías… Por esa razón hemos tenido que recusarlos”.

Ahora, cuando nos enteramos de que la magistrada de la nueva sala a la que el investigado y su apoderado pidieron trasladar el caso, fue empleada, subalterna o asociada de Granados, este y su cliente mantuvieron el dato en secreto absoluto. Doble rasero. Cínico rasero. ¡Imagínense lo que habría pasado con Uribe, abogados y las Valencia, Cabal, Holguín y Guerra si, por ejemplo, la magistrada Lombana hubiera trabajado, así fuera un único día, en la oficina de los defensores de Iván Cepeda! Doble rasero. ¡Cínico rasero!

* Esta columna fue escrita antes de la publicación de un comunicado de la magistrada Lombana entregado ayer, a mediodía. Sin embargo, la autora ratifica el contenido esencial de la misma.

https://www.elespectador.com/opinion/uribe-y-granados-doble-rasero-cinico-rasero-columna-846937

A- 9.19 EL ESPOSO DE LA CÓNSUL – Yohir Akerman 

Mariana Pineda Melo es una niña que ha demostrado varias veces, en sus cortos 13 años, ser una de las mentes más brillantes en el país. Su potencial es inmenso y su futuro, enorme. Pero ahora necesita ayuda con su presente por culpa de su pasado. Me explico.

Mariana se encuentra cursando octavo año de bachillerato en el Colegio Santa Mariana de Jesús. Como parte de su programa, en el año 2018 el colegio conformó el Club de Robótica SM Robotics que está integrado por 15 alumnos y tres docentes.

17 Mar 2019.- En noviembre del año pasado ese grupo de lúcidos jóvenes tuvo la oportunidad de participar en las eliminatorias regionales de la Universidad Minuto de Dios para el evento First Lego League. En la competencia obtuvieron el 5º lugar, lo cual les dio la clasificación a las competencias nacionales.

El 26 y 27 de enero, en el Cubo de Colsubsidio de Bogotá, se llevó a acabo la eliminatoria a nivel nacional con la participación de 40 equipos. Y en esa final el grupo de Mariana obtuvo el primer lugar ganando un cupo para representar a Colombia en el Mundial de Robótica de Lego.

El importante evento se llevará a cabo del 17 al 20 de abril de 2019 en el George Brown Convention Center en la ciudad de Houston, Texas, en Estados Unidos. Pero ahí viene el problema.

Mariana no tiene los recursos para poder asistir ya que, entre otras, su padre lleva más de tres años sin responder por la cuota alimentaria que se fijó en el Juzgado Noveno de Familia en el año 2007.

Esta brillante niña es hija de la señora Leyda María Melo Tinjaca, una abogada trabajadora y preocupada por la educación y el desarrollo intelectual de su hija, y de Pedro Nel Pineda Rojas, un oscuro señor que ha hecho todo lo contrario.

Acá se complica la cosa. El señor Pineda Rojas trabajaba en la Contraloría de Bogotá como director de Desarrollo y Participación Ciudadana en el momento en el que tuvo a Mariana. En la actualidad se desempeña como inversionista en finca raíz y es el esposo de la consejera de Relaciones Exteriores de la Embajada de Colombia en Alemania, la diplomática Martha Patricia Medina González.

Antes de vivir en Alemania, Martha Patricia Medina González fue cónsul en los Países Bajos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez como funcionaria inscrita en el escalafón de carrera diplomática.

Durante esa época, el 30 de julio de 2008 para ser más exactos, el señor Pedro Nel Pineda Rojas transfirió todos sus bienes a su esposa con el propósito de declararse insolvente frente al juzgado de familia que tenía el caso en su contra. No sin antes disolver la sociedad conyugal, por supuesto. (Ver Documentos).

Todas las artimañas legales que hizo el señor Pineda Rojas, con la complicidad de la representante del cuerpo consular de Colombia, eran para no cumplir con su obligación legal y no pagar por la educación de su hija, una niña a la que cualquier otro padre estaría orgulloso de poder ayudar a cumplir sus brillantes sueños.

Peor aún, se tienen indicios de que la doctora Medina ha usado sus influencias en el Ministerio de Relaciones Exteriores para que su esposo pueda salir y entrar de Colombia pese a que tiene una medida cautelar en Migración por tener varios casos pendientes debido a inasistencia alimentaria y una orden del Juzgado Tercero de Familia.

Pero la cosa se complica más.

Tal y como lo denunció Noticias Uno, el 14 de agosto de 2010 la narcotraficante Teresa de Jesús Cifuentes, hermana menor del mafioso Jorge Cifuentes Villa, celebró su matrimonio con una fastuosa fiesta en Guadalajara, México.

En la lista de 300 invitados figuran nada más y nada menos que la cónsul Martha Patricia Medina y su esposo, Pedro Nel Pineda Rojas. La pareja, muy tiesa y muy maja, está en las fotos nupciales al lado del criminal clan, famoso por ser socio del capo mexicano Joaquín el Chapo Guzmán.

No fue una coincidencia. En diciembre de ese año, hubo otro encuentro de Cifuentes con la cónsul y su esposo, quienes viajaron a la casa de campo del narco en Madrid. El diario El Tiempo estableció que celebraron juntos el Año Nuevo en esa ciudad.

El tema sigue. En julio de 2010 el señor Pineda Rojas viajó en un chárter a Puerto Inírida, Guainía, con Jorge Cifuentes, para, supuestamente, evaluar un ambicioso proyecto ambiental.

Dicho plan consistió en fundar una ONG ambiental que operó en el departamento de Guainía durante el gobierno de Álvaro Uribe. La organización llamada Salva la Selva decía que se encargaba de promover los derechos humanos de los indígenas y la protección del medio ambiente, pero en realidad fue solo una fachada para lavarle dinero al Cartel de Sinaloa.

El vínculo más comprometedor que enreda a la diplomática son dos cheques por $500 millones que fueron girados a una cuenta a nombre de Valores SAI S. A. Martha Patricia Medina y su esposo, Pedro Nel Pineda Rojas, son socios mayoritarios de esa empresa de inversiones que recibió la importante suma y a la que la Superintendencia Financiera le negó el permiso de funcionamiento. (Ver $500 millones de pesos).

Según la decisión, SAI compartía accionistas, incluidos Medina y su esposo, con Valores Urbanos, firma señalada de captar fondos de manera ilegal. Para la Superintendencia Financiera fue claro que Pineda Rojas y su esposa incurrieron en conductas penales por captar casi $20.000 millones, con los que levantaron un edificio de apartamentos y dos más de oficinas y parqueaderos en el norte de Bogotá, hoy ocupados por terceros de buena fe, ajenos al caso.

Posteriormente, Pedro Nel Pineda Rojas admitió que sí recibió el dinero en pago por la estructuración de un negocio de parte de los Cifuentes, pero advirtió en una carta remitida a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que el dinero provenía de un negocio legal de la firma Bioforestal, también vetada por el gobierno de Estados Unidos, y que era un préstamo personal.

Difícil de creer.

Lo que queda claro es que el empresario Pineda Rojas y la consejera Medina González han tenido relaciones cercanas y complejas con condenados mafiosos como los Cifuentes Villa.

También que la pareja ha hecho varias piruetas legales para esconder los bienes del señor Pineda Rojas frente a los juzgados con el fin de no pagar la cuota alimentaria de su hija.

Y no hay dudas de que la peor víctima de todo esto es la brillante niña de 13 años, Mariana Pineda Melo, que hoy está recibiendo donaciones para poder cumplir su sueño de dejar el nombre de Colombia en alto al asistir el próximo mes al Mundial de Robótica de Lego en Houston.

@yohirakerman

akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/el-esposo-de-la-consul-columna-845382

B- 9.19  SOBRE LA COLUMNA DE YOHIR AKERMAN – Martha Patricia Medina

Falta gravemente a la verdad el columnista Yohir Akerman en casi todo su escrito (El Espectador, «El esposo de la cónsul», marzo 17, 2019)

No tengo ni he tenido NINGUNA relación, participación, injerencia ni mucho menos influencia alguna en la situación de mi esposo Pedro Nel Pineda Rojas respecto de su hija menor. Es un tema de absoluta privacidad de él y la madre de la niña.

Es absolutamente FALSO y constituye una calumnia con alcance penal, afirmar que yo haya sido “cómplice” de “artimañas legales” o haya “usado influencias” de mi cargo para que mi esposo “pueda salir y entrar de Colombia pese a que tiene una medida cautelar en Migración por tener varios casos pendientes”. Mi esposo lleva sus temas judiciales de manera autónoma y hace varios meses el Juzgado Tercero ordenó el levantamiento de la restricción de salida del país.

El resto del artículo calumnioso del señor Akerman es una repetición de hechos falsos unos, y tergiversados, otros, que ya fueron objeto de indagación por la Cancillería hace 7 años, y que culminaron con el cierre de la indagación, porque: “no existen elementos para deducir la existencia de una presunta irregularidad que merezca reproche disciplinario a la doctora Martha Patricia Medina González” (Oficina de Control Disciplinario Interno, Radicado IP-042/2012). Y enfatizó la Oficina de Control Disciplinario: “ni ella ni el país, conocía sobre las presuntas actividades ilícitas del precitado señor Cifuentes”.

Como se observa, la labor de confrontación e indagación de este caso, por parte del señor Akerman adolece completamente de cualquier rigor académico, ético o periodístico, pues se limitó a copiar unos datos falsos e inventar otros, sin solicitar la versión de los afectados.

Jamás gestioné préstamo ni recibí dinero de Cifuentes, afirmar lo contrario constituye una canallada y una infamia.

Una nota que supuestamente pretendía mostrar un caso de inasistencia alimentaria se tituló de manera abusiva contra mí, usando mi nombre y cargo como escudo, para hacerla más destacada. No puede seguir ocurriendo que cada vez que quieran afectar a mi esposo hagan afirmaciones falsas, calumniosas e injuriosas contra mí; esto constituye, sin lugar a duda, un acto de violencia machista y de misoginia que debería estar proscrito del diario que usted dirige.

Exijo que el señor Yohir Akerman rectifique todas y cada una de sus aseveraciones mentirosas, en el mismo espacio y con el mismo despliegue de su escrito calumniador.

Martha Patricia Medina González. Berlín. https://www.elespectador.com/opinion/sobre-la-columna-de-yohir-akerman-columna-845551

8.19.-MISIÓN CUMPLIDA: LA PAZ EN TRIZAS  Cecilia Orozco

Campamento de desmovilizados del las Farc. (Foto: captura de video del El Nuevo Herald, 2017).

El cianuro que el presidente Duque le dio, en botella de agua saborizada que el fiscal Martínez le proporcionó, al Acuerdo de Paz cuando anunció, el domingo pasado, que no firmaría la ley estatutaria que reglamenta la Justicia Especial para la Paz (JEP), está haciendo el efecto tóxico mortal que ambos pretendieron siempre, aunque el primero nos hubiera entregado el veneno en paquete bonito, de fingida amabilidad: no solo le dieron un golpe de Estado a la Corte Constitucional porque las modificaciones que propone el presidente cuestionan la autoridad de cierre jurídico que esa corporación tiene, sino que puso al Congreso y, con este, al país, ante el falso dilema de discutir las objeciones por él presentadas. No es así: el Legislativo aprueba o aprueba lo que Duque quiere. De lo contrario, caerá toda la ley y con esta, la JEP; y con esta, el Acuerdo de Paz, su verdadero blanco de guerra.

13 Mar 2019.- Artículo 200 de la Ley 5° de 1992 en la cual se expide el reglamento del Congreso de la República: “Discrepancias entre las Cámaras (Senado y C. de Representantes). Cuando una Cámara hubiere declarado infundadas las objeciones presentadas por el Gobierno a un proyecto de ley, y la otra las encontrare fundadas, se archivará el proyecto”.

Estas tres líneas significan que si —como se dice en los corrillos del Capitolio— el uribismo-martinizmo tiene mayoría en el Senado, y este aprueba lo que al Gobierno le dé la gana, pero no cuenta con tanta docilidad en la Cámara, “se archivará el proyecto”. O sea, si uno de los dos cuerpos legislativos se atreve a desafiar la voluntad del presidente e intenta preservar la sentencia original de la Corte sobre la ley estatutaria, esta desaparece, enterita. Visto desde el ángulo real: para evitar el desplome de la ley estatutaria de la justicia, la única opción que existe es la de aceptar las objeciones presidenciales.

El plan envenenado, por si las moscas, viene con doble dosis en el mismo paquete: el Gobierno presentará, también, una reforma constitucional contra el Acto Legislativo 01 de 2017, ni más ni menos, aquel en que se encuentran “las normas para la terminación del conflicto armado” y en que se da soporte constitucional al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. El cianuro en su esencia: el poder Ejecutivo, en manos de Duque, fusionado con el Legislativo en un único cuerpo dominado por Uribe, someten a su voluntad política al poder Judicial con el apoyo ladino del traidor a la rama: Martínez Neira.

Fernando Londoño estará cantando su triunfo, como le corresponde. Él anunció sus propósitos, estos propósitos que hoy se materializan, con suficiente antelación como no lo hizo ninguno de sus copartidarios mentirosos que se dan sus mañas de democracia para conquistar votos, pese a que lo suyo sea el ojo por ojo y el diente por diente. Londoño va de frente porque su soberbia, que lo hace verse como una especie de dios a cuyos pies estamos los plebeyos colombianos, lo incita a revelar sus odios sin velos fingidos. Él tendrá, sí señor, las pruebas para cobrar lo que exigió en una iglesia cristiana durante una reunión del ultraderechismo colombiano, en mayo de 2017 (ver), cuando esa agrupación apenas aspiraba a reconquistar el gobierno que nos devolvería a las cavernas.

Estas fueron sus palabras: “Este partido se llama Centro Democrático por unas circunstancias más o menos fortuitas, pero políticamente es todo, menos de centro. Este es un partido de derecha (aplausos). Yo me declaro, sin ninguna vergüenza, de derecha”. Luego añadió su perla madre: “El primer desafío del Centro Democrático (cuando retorne a la Casa de Nariño) será volver trizas ese maldito papel (gesto de romper lo que tiene en la mano) que llaman el Acuerdo Final con las Farc”. Duque, un blando del uribismo que Londoño ha criticado ácidamente, se ha hecho perdonar. Falta la celebración.

https://www.elespectador.com/opinion/cecilia-orozco-tascon

8.19.-PIRUETAS CON LOS PARQUES – Yohir Akerman

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha invertido su administración en dos cosas: predicar que los metros son malos mientras que los sistemas de buses articulados son buenos y a la tala de sabios y viejos árboles llamándolos plagas, para sustituirlos por la construcción de nuevos parques.

Parque urbanizado.

Dediquémonos a lo último ya que del 12 al 16 de junio de 2019 se llevará a cabo el Congreso Internacional de Parques en Bogotá. El evento será financiado por la Empresa de Acueducto de la ciudad y la Empresa de Energía de Bogotá. Es organizado por la Alcaldía y promovido por World Urban Parks.

Consultando la página de World Urban Parks encontramos que su director es el señor Gil Peñalosa, nada más y nada menos que el hermano del alcalde Enrique Peñalosa. (Ver Director and Chair).

En la página de World Urban Parks el señor Gil se autodenomina como un “apasionado” por desarrollar urbes para todos y dice que ha ayudado a la gestión de más de 350 ciudades en el uso de parques y el uso de bicicletas. Suena familiar.

En su perfil también se destaca que tiene una importante experiencia en Canadá en donde fundó una organización para esta labor. Interesante, ya que el señor Gil Peñalosa se cambió su nombre. Antes era Guillermo Peñalosa, una persona de encontrones con la justicia.

Resulta que en julio de 2001 se conoció que la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía dictó orden de captura contra Guillermo Peñalosa Londoño, en ese entonces director de Proexport en Canadá. Seguramente de ahí sacó toda su experiencia en ese país.

La Fiscalía citó en varias oportunidades al hermano del hoy alcalde de Bogotá por el proceso que se le adelantaba para determinar su responsabilidad penal con ocasión de una actuación durante su gestión como director del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD).

Como Guillermo, o Gil, Peñalosa nunca compareció ante la Fiscalía, esta le dictó orden de captura y lo declaró persona ausente. (Ver Orden de captura).

Pero vamos más para atrás.

El señor Gil Peñalosa fue director del IDRD desde el 27 de enero de 1995 hasta el 20 de mayo de 1997, cuando Paul Bromberg era alcalde de la ciudad. Gil renunció al cargo cuando su hermano Enrique se lanzó a buscar la Alcaldía para el periodo siguiente.

Ahora bien, seis meses antes de llegar a ese cargo, el 22 de junio de 1994, se suscribió el contrato de arrendamiento 136 de 1994 entre el Instituto Distrital para la Recreación y Deporte y la sociedad Reforestaciones y Parques S. A., mediante el cual se entregaron los juegos, atracciones, parqueaderos y demás instalaciones ubicadas en el parque El Salitre para que fueran explotadas por esta sociedad.

Para la fecha de la firma del contrato la junta directiva de la sociedad Reforestación y Parques estaba conformada, entre otros, por los señores Enrique Peñalosa Camargo, padre del hoy alcalde, y su hijo Guillermo, Gil, Peñalosa Londoño. (Ver Cámara de Comercio).

Las renuncias de los Peñalosa a la junta directiva de esta compañía se dieron el 3 de agosto de 1994, es decir, a los 43 días de haber firmado el contrato con el IDRD.

Un informe de la Contraloría de Bogotá demostró que en la evaluación del contrato en mención se omitió el proceso licitatorio, celebrando directamente con una empresa que carecía de la experiencia, idoneidad administrativa y técnica para prestar un servicio público de recreación y cultura, toda vez que la sociedad se había creado solo 12 diitas antes de la suscripción del contrato. (Ver Control de Advertencia).

El 10 de junio de 1994 la empresa Inversiones Lindaraja se asoció con otras tres firmas y cinco particulares para formar la sociedad Reforestación y Parques S. A. Enrique Peñalosa Londoño fue socio y gerente de Inversiones Lindaraja y después sus hermanos Guillermo y Camilo fueron los socios con Julián como gerente. El 22 de ese mismo mes se firmó el contrato de arrendamiento de El Salitre por 15 años. (Ver Asamblea ordinaria de socios).

No es la única pirueta que se ha hecho con ese parque.

Como informó la revista Alternativa, el arrendamiento sería del 4% del valor de los ingresos de los dos primeros años e iría ascendiendo un punto los años siguientes hasta llegar, en el octavo año, al 10%. Cifra que se mantendría durante el tiempo restante. (Ver Edición No. 23 de agosto-septiembre de 1999).

El 25 de agosto de 1998 se prorrogó el arriendo en siete años y seis meses hasta finales del 2016, y se modificó el valor del arrendamiento pasando del 10% anual de los ingresos a partir del octavo año al 4% a partir del séptimo año. Los ingresos eran de $8.568 millones. Nada mal.

Lo que es cierto es que cuando el IDRD firmó el contrato de arrendamiento con Reforestación y Parques S. A. no contó con la aprobación previa de Planeación Distrital y el 5 de diciembre de 1994 la Personería de Bogotá sancionó al director del Instituto, Hernán Cortés Parada, con destitución de su cargo y prohibición para ser empleado oficial durante dos años.

Al quedar vacía la dirección del IDRD el alcalde de aquella época, Antanas Mockus, nombró para este cargo a Guillermo Peñalosa Londoño, quien, como se dijo antes, se retiró el 17 de enero de 1995 de Reforestación y Parques S. A. y nueve días después asumió el reto con el distrito en la oficina con la que antes estaba negociando.

De contratado a contratador.

En ese contrato se estableció que los ingresos obtenidos por la explotación del parque El Salitre se invertirían en la recuperación y mantenimiento del parque conmemorativo Simón Bolívar a través de la Fundación Ecoparque Simón Bolívar, mediante el convenio de administración No. 137 del 10 de agosto de 1994.

El representante legal de dicha fundación era el señor Guillermo Rodolfo Prieto Díaz, quien para ese momento era a su vez gerente y representante legal de la famosa sociedad Reforestación y Parques S. A., situación esta que, si bien no se erige en una inhabilidad e incompatibilidad de acuerdo con el ordenamiento jurídico, sí constituye un indicio para corroborar que la selección del contratista no fue objetiva, sino que atendió a factores meramente subjetivos. Este convenio de administración fue liquidado el 18 de agosto de 1995. (Ver Informe Contraloría de Bogotá).

Finalmente, en la alcaldía de Peñalosa la sociedad Reforestación y Parques S. A. le vendió la mayoría de sus acciones al grupo Mágico de México y el contrato se modificó de nuevo. Se estableció un arrendamiento del 4% mensual sobre las utilidades brutas, con una base mínima de $800 millones. El monto de la inversión subió a $42.000 millones. Muy particular el momento de vender.

Lo que quedó claro con eso es que en ese contrato pasado, como en la actualidad, los gobiernos de Enrique Peñalosa siempre han favorecido los negocios de los parques de su hermano Gil. Pero es que es mejor cuando todo queda en familia y por eso ahora es importante que atendamos el Congreso Internacional de Parques de Bogotá.

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A- 719 LA JEP BAJO FUEGO URIBISTA – Cecilia Orozco

Aunque la corrupción es la tragedia madre de todos los males de esta sociedad, los enemigos de que se sepa la verdad de la guerra en Colombia: la verdad sobre los notables que terminaron de propietarios de miles de hectáreas de la mejor tierra gracias a la maraña entre los títulos legítimos y los impuestos por el terror; que        

 

traficaron con negocios de armas y de Inteligencia; que se adueñaron de los contratos públicos en alianza con los paramilitares o sometieron sus voluntades a la guerrilla; aunque la corrupción es la madre de todas las demás tragedias que soporta este pueblo, repito, los que tienen miedo de que se destape el forro sucio que sus vidas celebraron, felices, la que se “descubrió” en uno de los organismos del sistema de justicia transicional, que no en el tribunal de la Jep ni en sus tres salas. Para que quede claro.

El poderoso uribismo, caracterizado por su predilección por la “verdad” prefabricada en las cárceles, fue el primero en alegrarse de la corrupción de un fiscal de la Unidad de Investigación de ese sistema. Parece un contrasentido: el presidente de la República se hizo elegir con un discurso de transparencia pública que confirmó después, cuando adhirió —al menos en apariencia— a la consulta contra la corrupción. Pero su partido, que niega sistemáticamente la que tiene en casa, se alegra de que un funcionario público se corrompa si el caso sirve a sus estrategias, en esta oportunidad, de destrucción de lo que resta del Acuerdo de Paz y sus estructuras. El uribista más uribista de todos, el representante de la quintaesencia de la ultraderecha ejecutiva y legislativa de su amo, expresó su emoción en cuanto se conoció el video del individuo Carlos Julián Bermeo en el momento en que recibía un fajo de billetes por debajo de una mesa: “¡Bueno! ¡Se rebozó (sic)* la copa! Fariano se va o se va. Inadmisible q Jep siga torpedeando/saboteando procesos de extradición. ¡Ah, y bien valdría la pena que Secretaría de Estado piense seriamente en aplicar sanciones (tipo Venezuela) a los magistrados Jep saboteadores/cómplices”.

¿Una locura más del congresista J.O. Gaviria? No. Dice abiertamente lo que el uribismo taimado piensa: Estados Unidos tiene que suspender las visas de los magistrados de la alta corte que es la Jep, bloquear sus cuentas bancarias, prohibir que los bancos les den préstamos y, también, ¿por qué no?, pedir su extradición junto con la de Santrich. Para eso están en el poder. El patrón Álvaro Uribe soltó la idea de fondo: “ ya no es descabellado pensar que puede llegarse a la derogatoria de la Jep… Yo, hasta hace unos días, decía que políticamente no veía condiciones para derogarla… Pero empieza uno a sentir un malestar de opinión pública que, de pronto (si) esto ocurre en la Jep, crea las condiciones para su derogatoria”.

El uribismo desea y su Fiscalía actúa. El foco que Néstor Humberto Martínez ha puesto contra la justicia transicional y lo que esta representa —las confesiones y, tras estas, la verdad de la guerra que a él tampoco le conviene— es de utilidad inmensa. Imagínense ustedes cada quien con su propia justicia: ojos atentos, rápidos y contundentes para atajar los delitos de unos; amnesia y anestesia para los de otros. El tipejo Bermeo, un X en la cadena de la justicia de transición sin la importancia que quieren darle los medios de comunicación que Martínez coopta, nunca ha debido ser nombrado en ese o en otro cargo oficial. Su pasado ligado, precisamente, a la más corrupta clase política del país, entre otros, al condenado parapolítico Luis Alberto Gil, impedía su selección. Eso no tiene discusión. Aparte de ello, en las democracias los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo se cocinan los operativos en una Fiscalía desacreditada por la conducta oscura de su jefe; cómo se establecen las prioridades en materia de investigaciones que hacen que unas tengan vía libre para poner en juego $500 mil dólares y otras sean ignoradas por siempre; cuál es la nacionalidad de los tales “agentes encubiertos” y a cuál organismo (DEA o CTI) responden; por qué justo el día en que se conocen noticias que aparentemente favorecen a un exguerrillero preso, se suelta la bomba informativa sobre un corrupto que, sin poder incidir en la decisión por la que se le pagaba, sirve de plataforma para pedir la extradición hasta de los togados de la JEP y para anunciar que lo que se viene, desde el poder Ejecutivo y Legislativo, es el golpe final: la clausura definitiva de los tribunales de paz.

 *Según la RAE: Rebozar:  cubrir  casi todo el rostro con la capa o manto. Rebosar: Derramarse un líquido por encima de los bordes del recipiente. Cuando JOG escribió «se rebozó la copa» con z lo que terminó diciendo fue que taparon la copa con un manto

https://www.elespectador.com/opinion/la-jep-bajo-fuego-uribista-columna-843314

B- 7.19 CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD EN EL TOLIMA – Aurelio Suárez *

De unos años para acá, los índices de corrupción han aumentado significativamente en este departamento. ¿Cómo puede explicarse esta crisis y quiénes son los implicados?

Una crisis de larga data

Las malas condiciones laborales impuestas a los peones y aparceros de las haciendas cafeteras, la caída de la cotización internacional del grano de café a 4 centavos de dólar por libra y la propagación del movimiento revolucionario hicieron que el 28 de julio de 1929 estallara la primera rebelión socialista en El Líbano, Tolima. Según Gonzalo Sánchez, ese estallido buscaba “transformar fundamentalmente la sociedad”, pero los jefes liberales y conservadores locales, unificados en torno al presidente Miguel Abadía Méndez, sofocaron el movimiento.

Tolima vivió cruentos episodios durante el período de la Violencia, esto es, el conjunto de enfrentamientos entre liberales y conservadores que tuvo lugar entre 1946 y 1966. Antonio Caballero lo ha caracterizado como “una suma de muchas y muy variadas violencias impulsadas por los gobiernos”.

En concordancia con Caballero, la antropóloga María Victoria Uribe asegura que en esos años se presentaron “masacres perpetuadas por policías, alcaldes militares y bandoleros liberales y conservadores”, especialmente contra la base gaitanista. Caballero señala que después de El Bogotazo, los “nueveabrileños” levantaron autodefensas en el Tolima, pero Rojas Pinilla y el Frente Nacional las extinguieron.

El conflicto armado dejó graves secuelas en este departamento: tras la mutación de grupos campesinos en guerrillas, se consolidaron cinco frentes de las FARC, se asentaron dos del ELN y en la década de los noventa, surgieron siete bloques paramilitares con centro en la cuenca alta del río Magdalena. Entre 1985 y 2015 se registraron 1.685 actos terroristas, 368 despojos de tierras, 268.822 desplazados, 23.798 víctimas de homicidio, 15.367 de amenazas, 982 de secuestro y 2.794 de desaparición forzada.

Como si fuera poco, por otra parte, las crisis agrícolas provocadas por la “apertura económica” afectaron a los productores de café, algodón, leche, arroz, sorgo y maíz, y la firma de varios TLC hizo que el sector agropecuario pasara de representar el 42 por ciento del PIB tolimense en 1990 al 14 por ciento en 2015, y que la industria pasara del 15 por ciento a porcentajes ínfimos. Esta crisis se ha extendido hasta el día de hoy, tanto así que Ibagué cerró el año pasado con la tercera tasa de desempleo (15,2 por ciento) e informalidad (54,1 por ciento) entre las 23 principales ciudades del país.

Políticos corruptos

Juegos Deportivos Nacionales. Foto: Gobernación del Tolima.

En medio de esas tragedias, una clase política logró adueñarse del poder regional: los hermanos Mauricio y Guillermo Alfonso Jaramillo, herederos de Alfonso Jaramillo Salazar, dueño del Partido Liberal durante décadas; de hecho, Mauricio fue senador por varios periodos y Guillermo Alfonso ha sido senador, alcalde de Ibagué y gobernador; Óscar Barreto, jefe conservador, fue elegido gobernador dos veces; y Emilio Martínez, ex congresista destituido por distintos procesos irregulares de contratación y preso por parapolítica, es pieza clave en alcaldías de Honda, Mariquita, Líbano, Espinal y Guamo.

El panorama no es más alentador en la Cámara de Representantes: Carlos Edward Osorio y Jaime A. Yepes, dirigentes de la U, Ángel María Gaitán, de la cuerda de Jaramillo, y Elver Hernández, conservador y sucesor de Humberto Gómez Gallo, han sido (o son) representantes a la cámara; Aquileo Medina llegó por Cambio Radical y Ricardo Ferro por el Centro Democrático. El único senador actual de las maquinarias es Miguel Barreto, primo del gobernador.

Ibagué cerró el año pasado con la tercera tasa de desempleo (15,2 por ciento) e informalidad (54,1 por ciento) entre las 23 principales ciudades del país.

Las siguientes tablas muestran los prontuarios de los alcaldes de Ibagué y de los gobernadores de Tolima de los últimos dieciocho años. Sin lugar a dudas, dejan mucho que desear.

Alcaldía de Ibagué (2001-2019)

Gobernación del Tolima (2001-2019)

Los mandamases conquistaron los cargos gracias a respaldos cruzados y compadrazgos. Oscar Barreto cuenta con apoyo incondicional del Partido Conservador y del uribismo, pero en varias ocasiones ha sido respaldado por Cambio Radical y por la U y, en la última elección, por Opción Ciudadana y Mira. Jorge Tulio Rodríguez contó con el respaldo del partido Liberal, pero desde 2010 ha recibido el apoyo de la U. Y Rubén Darío Rodríguez fue apoyado en su primera alcaldía por Guillermo Jaramillo, Alberto Santofimio y Carlos García y en la segunda por el Partido Liberal.

Además, los alcaldes y gobernadores impulsan como candidatos a sus funcionarios y socios: Jesús María Botero fue secretario de salud de Jorge Tulio Rodríguez; Rubén Darío Rodríguez, de la entraña de Santofimio, ha tenido varias cuotas en las administraciones liberales. Y actualmente Guillermo Jaramillo impulsa a José Alberto Girón, exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué, que tiene procesos abiertos por posesionarse inhabilitado y por responsabilidad fiscal ante la Contraloría Departamental.

Al escribir “Corrupción Tolima” en Google, aparecen 507 mil resultados en 0,36 segundos; y al digitar “Corrupción Ibagué” salen 334 mil en 0,39 segundos. En el ranking de Transparencia, Ibagué ocupa el puesto dieciséis (entre 29 capitales) con puntaje de 56,03 y alto riesgo de corrupción. La Contraloría del Tolima cayó del puesto décimo con 62,8 puntos y riesgo medio, en 2013-2014, al puesto 21 con 55,02 puntos y riesgo alto de corruptela en 2015-2016.

Foto: Gobernación del Tolima.

Corrupción en el Tolima

La situación no da para más: el desfalco en la construcción y diseño de los escenarios deportivos para los Juegos Deportivos Nacionales de 2015, cuando se esfumó la tercera parte de los 140 mil millones presupuestados, no tiene precedentes y destapó la podredumbre incubada.

Eran tres grandes escenarios: el estadio Murillo Toro, el Parque Deportivo y la Unidad Deportiva Calle 42. Los dos últimos no se terminaron y quedaron reducidos a un campo de 33 hectáreas en ruinas. Esta última contaba con un presupuesto de 39 mil millones, de los que se usó solo un 41 por ciento. Para el Parque se invirtió un 37 por ciento de los 85 mil millones destinados, pues los estudios se adjudicaron en licitación a la firma española Typsa por 11 mil 500 millones, un contrato que, según la Fiscalía, se cuadró con coimas por 1.800 millones de pesos. Debido al desgreño quedaron 40 mil millones sin usar, parte de los 55 mil que el municipio debe devolver a Coldeportes. Precisamente Coldeportes, pese a haber firmado un convenio con Ibagué por 74.160 millones, fue connivente con el disparate.

En el ranking de Transparencia, Ibagué ocupa el puesto dieciséis (entre 29 capitales) con puntaje de 56,03 y alto riesgo de corrupción.

Contradiciendo las promesas del Fiscal Martínez, buena parte de la investigación sigue en el aire, especialmente la del Parque Deportivo. Si bien Orlando Arciniegas (quien fue apoderado personal del ex alcalde Jorge T. Rodríguez), el supuesto “cerebro” de la operación, fue condenado a 27 años de prisión y otros diez de los diecisiete sindicados cumplen con penas diversas, los demás no han sido investigados. Esto incluye a Andrés Botero, el entonces director de Coldeportes, y los miembros de los organismos de control que permitieron semejante despelote. El abogado de las víctimas afirmó acertadamente que “el caso permaneció muerto el año 2018”.

Además de los Juegos, existen otros casos emblemáticos como el del Panóptico de Ibagué, con obras inexistentes por 960 millones; el multimillonario detrimento de la Universidad del Tolima y el Triángulo del Tolima, proyecto de irrigación en tres municipios del sur de mayorías indígenas que, según una auditoría de 2014, acarreaba pérdidas de más de cien mil millones ese año a causa de obras abandonadas e irregulares, y sombras en el proceso de compra de tierras. Varios nativos afirman que “ha creado más problemas que beneficios” y el ex ministro Irragori aseguró que “la plata que llega allí se desaparece”. Todo esto está relacionado con proyectos nacionales manchados como los de la doble calzada Bogotá-Girardot y el Túnel de la Línea.

Lea en Razón Pública: ¿Por qué tanta corrupción en Colombia?

En una conversación con los hermanos Jaramillo, Paloma Valencia afirmó, refiriéndose a las elecciones venideras, que “había que garantizar la Alcaldía para los liberales y hacer una interpartidista para la Gobernación”.

Estas afirmaciones tuvieron lugar en medio de la indignación general por la leve suspensión (de apenas nueve meses) dictada contra 15 de los 19 concejales de Ibagué que participaron de la elección irregular del Contralor, también del gusto del alcalde Jaramillo.

La suerte del Tolima es incierta. Y aunque se duplicaron las denuncias por corrupción ante la Fiscalía—al igual que en 2018—, la fuerza cívica que las alienta puede ser abatida por la protagonista constante de este relato: la impunidad. Es momento de que cese de una vez por todas.

 *Analista, consultor en áreas públicas y privadas, columnista, catedrático universitario y panelista de la cadena Blu Radio.

https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11802-corrupcion-e-impunidad-en-el-tolima.html?utm_source=MadMimi&utm_m

A- 6.19 SE LE ESTÁ INCENDIANDO EL PAÍS, PRESIDENTE – Patricia Lara 

“Todos los días faltan dos o tres niños y no se vuelve a saber de ellos”, dice un profesor de Cáceres, municipio del Bajo Cauca antioqueño, cuyas calles de casas pintadas de colores ahora están casi desiertas porque su gente huye o se encierra por miedo a la violencia generada por la disputa territorial entre las Autodefensas Gaitanistas y los Caparrapos, que no son más que antiguos paramilitares mal desmovilizados, quienes hoy trabajan para los carteles mexicanos de la droga. En esa disputa territorial también interviene ahora, con menor intensidad y poder, el Eln.

1 mar 2019 .- “Hay orden de reclutar a nuestros niños desde los 11 años; estoy amenazada; nos han dejado solos; llevamos 19 homicidios este año”, dice, sollozando, una mujer de la Mesa de Víctimas.

Y un maestro afirma: “Me siento preso; mis hijos no salen a la calle; no tengo vecinos; la única representación del Gobierno somos los docentes; la jornada escolar ha sido recortada; se ha ido más del 33 % de estudiantes; ¿qué hago con mis hijos?; estoy pidiendo traslado; no soporto más el estrés…”. Entonces, este acuerpado profesor se derrumba y, en medio del llanto, exclama: “¡Yo no quiero ver más que maten a mis alumnos! ¡No quiero que manden 2.000 o 3.000 policías! ¡Quiero que manden tres que sean honestos!”.

Esa tragedia no ocurre sólo en Cáceres: durante un recorrido que hicimos con Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo (casi la única instancia institucional que escucha a esta gente y hace lo posible por transmitirle su desesperación al gobierno, a base de hacer llamadas a altos funcionarios, Presidente de la República incluido, y de emitir alertas tempranas a las que pocas bolas les paran), también la escuchamos de gente de otros municipios del Bajo Cauca, tanto en Córdoba como en Antioquia: San José de Uré, Montelíbano, Caucasia, La Apartada, Puerto Libertador, Ayapel, Tarazá, Puerto Claver, Puerto López y El Bagre.

Allí matan a los líderes sociales… ¿Y por qué los matan? Porque promueven la sustitución de cultivos ilícitos, o los acusan de ser sapos, o saludan a alguien que pueda ser cercano a alguno que pertenezca a un grupo y lo asesinan los amigos del otro, o traspasan la barrera invisible más tarde de la hora señalada, o cargan celular donde no deben, o se niegan a pagar extorsiones, o promueven la restitución de tierras, o los matan por nada… Y en medio de esa situación, la mayoría desconfía de la policía: “Sólo una señora en la plaza nos vende”, me dijo un agente. “Los policías tenemos que peluquearnos entre nosotros porque nadie nos peluquea”, agregó.

“La gente habla mucho de que hay connivencia entre los grupos y la policía”, afirmó un experto que nos acompañó en el recorrido.

“Desde la misma estructura del Estado se fomenta la impunidad; muchos alcaldes del Bajo Cauca están presos”, comentó un personero.

Semejante drama no se limita al Bajo Cauca. Se extiende como mancha de aceite en otras cuatro regiones del país: Buenaventura, Chocó (costa Pacífica y Alto y Bajo Baudó), Catatumbo y Tumaco. Y se repite en menor medida en los Llanos Orientales.

Y, mientras tanto, el presidente Duque anda dedicado a Guaidó, a llevarnos al borde de la guerra con Venezuela, a volver irreversible el proceso con el Eln y a cavilar sobre cómo acaba con lo que sí funciona: la paz con las Farc y la JEP.

(Y a todas estas, ¿los periodistas en qué país vivimos? ¿Dónde estamos?).

Continuará…

Nota. Por seguridad, omito los nombres de los entrevistados.

www.patricialarasalive.com@patricialarasa

 https://www.elespectador.com/opinion/patricia-lara-salive

B- 6.19 PROVOCANDO A LA BESTIA HERIDA – Cecilia Orozco

Una gran estupidez. Solo así puede calificarse la detención, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, del periodista Jorge Ramos y de sus seis compañeros de Univisión, la más influyente cadena de habla hispana en Estados Unidos.

Jorge Ramos detenido en palacio Miraflores y deportado de Venezuela por preguntas indiscretas…

La orden de retenerlos y confiscarles sus equipos y grabaciones fue dada directamente por Nicolás Maduro quien, minutos antes del atropello, se había levantado de su silla mientras Ramos lo entrevistaba. A Maduro no le gustaron las preguntas que el popular presentador latinoamericano de noticias le estaba formulando.

27 feb 2019.-  Y actuó con su acostumbrada megalomanía, interrumpiendo la conversación en mitad de la grabación para que quedara claro quién mandaba. Después los liberó, pero para ponerles en sus pasaportes el sello de “deportado”. Pero el dictadorcito venezolano, que exhibe en público sus dotes de bailarín de salsa mientras las fronteras de su país se incendian y sus compatriotas se matan entre sí, no es el único que termina, con violencia, las entrevistas que se salen del libreto impuesto por las conveniencias del poder.

Otros mandatarios, desde Trump hasta Álvaro Uribe, que, hoy, se muestran ante el mundo como los abanderados de la democracia, han hecho gestos similares, intimidando reporteros, mandándolos a callar, expulsándolos de las residencias presidenciales (como ocurrió con el propio Ramos y otros, a los que Trump calló en la Casa Blanca); o del teatro de provincia en que se pavoneaba, por ejemplo, el jefe del presidente Duque, que humilló a un corresponsal de provincia cuando le exigió que apagara su cámara y se retirara porque no le gusta el medio para el que reportaba (Noticias Uno).

No hay defensa posible sobre el régimen madurista: en lugar de moderar su rumbo, extrema su conducta autoritaria y, con esta, su aislamiento de la realidad y su locura mental. Dicho lo anterior, es obligatorio completar la oración analítica para concluir que la estupidez también abunda en el lado opuesto. No me refiero al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien más que un auténtico líder de Estado, parece un galán principiante de novela, con su juventud y su vestimenta desaliñada a cuestas, que simula un papel, pero a quien se le nota otro en que lo vapulean manos no tan invisibles. Me refiero, en cambio, a las “decisiones conjuntas” tomadas por una pretendida alianza internacional antimadurista compuesta por el patrón continental en su despacho oval, e instruida a los presidentes del sur de América.

Y si de estupideces hablamos, ningún ejemplo mejor que el del fin de semana en la frontera nortesantanderena. A nadie podía caberle en la cabeza que la hiperpublicitada “ayuda humanitaria” multinacional iba a traspasar, con 11 camiones cargados hasta el tope con “limosnas”, como las denominó Maduro, la línea divisoria entre las dos naciones sin que este hiciera algo por torpedearla.

Duque, anfitrión; Guaidó, “jefe de Estado” visitante; la OEA, a través de Almagro y otros mandatarios llegaron a pavonearse antes de que los vehículos iniciaran su marcha, antes de penetrar el otro lado. Pasó lo que tenía que pasar: agitadores encapuchados en suelo colombiano que encaletaban piedras y armaban bombas molotov frente a agentes de la Policía Nacional, para lanzarles a los seguidores de Maduro. Y agentes de la base de la Guardia Nacional, a su vez armados con gases lacrimógenos y una que otra herramienta de fuego. De milagro no estamos hoy lamentando una catástrofe, esa sí, humanitaria.

Ahora, no me digan que nadie sabía que la fiera herida de Caracas no iba a reaccionar como lo hizo; no me digan que los guerreristas colombianos no calcularon que la mecha se iba a prender en el tramo cucuteño del paso fronterizo; no me digan que los encapuchados brotaron, intempestivamente, de la tierra sin que nadie lo supiera; no me digan que la ausencia, en ese operativo, de la Cruz Roja Internacional fue solo casual; no me digan que Estados Unidos no buscaba provocar al animal. No me digan que el gobierno Duque, a pesar de que suba en las encuestas, no está jugando el peor rol internacional de nuestra historia: el de la marioneta de la guerra fronteriza que se mueve al son que le toque el titiritero mayor.

Entre paréntesis. 1. Para que no nos quepa duda de para dónde vamos: el exdirector adjunto del FBI, Andrew McCabe, conocido por hablar de Trump descarnadamente, contó que el presidente alguna vez dijo que “Venezuela es un país con el que (Estados Unidos) debería entrar en guerra (por una razón): tiene petróleo y está justo en nuestra puerta trasera”.

  1. Según varios reportes de prensa, Duque, en su reciente visita a Washington, soportó, en silencio, un ofensivo comentario de su anfitrión: “no me gusta lo que veo en nuestro patio trasero”;
  2. De acuerdo con un revelador informe del corresponsal de El Espectador en la capital estadounidense, el vicepresidente Mike Pence, detrás de la escena oficial de la Cumbre de Lima que sesionó esta semana en Bogotá, sostuvo una reunión privada con Duque y Juan Guaidó. En esa cita, Pence habría “explorado tres cartas ‘con escenarios bélicos’ para que Maduro entienda que la del sábado (en la frontera) fue la última vez que (Maduro) cruzó la línea roja”. La invasión armada toca sus trompetas.
  3. https://www.elespectador.com/opinion/provocando-la-bestia-herida-columna-842035

C- 6.19 LOS HILOS DE LA MORDAZA – Cristina de la Torre 

Pelando todo el cobre, sorprende este Gobierno cada día con alguna iniciativa para llevar el pensamiento libre al paredón. Ya apunta contra la libertad de prensa; ya contra la libertad de cátedra y la pluralidad de miras en historia, en memoria, en sociedad; ya instala torquemadas en tu biblioteca y en tu alcoba; ya entrampa la libre profesión de ideas políticas en una telaraña de informantes (¿cuántos armados?), a manera de policía política, cuyos 800.000 miembros son apenas el huevo de un aparato en expansión, probado ya.

26 feb 2019.- Pan comido en los gobiernos fascistas y comunistas, son bípedos erguidos a un tiempo sobre la violencia física y la violencia ideológica. Y éstas sostienen los regímenes de fuerza para que prevalezca el pensamiento del jefe, por simple eliminación de toda disensión. Aplanada por la propaganda hasta reducirse a groseras simplificaciones y mentiras, su ideología deriva en dogma afilado para la acción intrépida, profiláctica, que Stalin, Hitler, Mussolini, Fidel, Maduro, Bolsonaro y Trump esgrimieron a su paso por el poder. Lo terrible es que el modelo pega con naturalidad en esta Colombia acostumbrada a dirimir diferencias a puño limpio. O a bala.

En seis meses se ha tejido aquí un dechado de esperpentos. Mientras se amenaza a periodistas independientes, se quiere estrangular a Noticias Uno y se lanza proyecto de vigilancia oficial y censura de prensa, un plumífero le cuelga desde su poder una lápida a la columnista Ana Cristina Restrepo: la sindica de oficiar como activista política de las Farc. Para embolatar las memorias de la guerra, se nombra director de la entidad encargada a un amigo de responsables del horror que necesitan escurrírsele a la verdad y a la justicia.

Ahora se escribirá una historia oficial contra el terrorismo, látigo de la democracia ejemplar que aquellos representan. En esta cruzada envolvente contra el pluralismo y la libertad de pensamiento no podía faltar la incursión en la moral privada. Cursa proyecto para crear un Ministerio de la Familia (nuclear), no de la gran diversidad de familias existente, dizque para proteger su moral, armonía y funcionalidad. El ente activará programas de formación ética y rehabilitación espiritual y formulará denuncias penales para salvar a la familia y a los niños.

Se radicó proyecto que sanciona también, aun penalmente, a educadores que hagan en las aulas proselitismo político, “que inciten a discusiones políticas” o influyan en la ideología política de los estudiantes. ¿Cómo enseñar historia si el registro de los hechos, de sus protagonistas e ideas, remite al azaroso movimiento del poder? ¿Y las mil disputas que lo rodean no son, precisamente, la política? Y para justipreciarlas, ¿no se impone la libre evaluación de todas las versiones? Esta sicopatía de querer salvar a la juventud de la aventura de pensar por neurona propia sacrifica su derecho a la educación: a explorar, a razonar, a comparar, a imaginar, a criticar, a hablar de política.

Proyecto éste para un Estado confesional, constriñe la libertad y es idéntico al del filofascista Bolsonaro, cuyo ministro de Educación suspira por preservar con él la familia, la religión, la ciudadanía, el patriotismo. El Gobierno de Duque ha adoptado el mismo tono inquisitorial para idéntico principio de censura que ya monseñor Builes respiraba en 1945, aunque sólo en materia de religión: denostaba el prelado “la corrupción de las mentes por las doctrinas erróneas”, la masonería y el comunismo. Educar en todas las religiones, escribe, es “moldear a la juventud en troqueles de impiedad (…) como si las religiones falsas basadas en el error tuvieran derechos…”.

He aquí, apenas entresacados, hilos de la mordaza que el extremismo de derechas ha vuelto a tejer. Menos fácil le será imponerla que jugarse, como se juega, una invasión militar a Venezuela.

https://www.elespectador.com/opinion/cristina-de-la-torre

5.19.-EL VISITANTE ILUSTRE DEL URIBISMO – Cecilia Orozco

“Lo felicito y éxitos. Usted es un ejemplo”: Álvaro Uribe elogió así al venezolano Lorent Saleh, cuyo nombre completo es Lorent Enrique Gómez Saleh (GS). A este le deben parecer más presentables su primer nombre y segundo apellido, pues borró el segundo nombre y el apellido paterno de su corta, pero muy agitada vida. Gómez Saleh o Saleh, como él prefiere, también habló, emocionado, en el encuentro que tuvo con el senador hace unos días: “Gracias (por) encontrarme de nuevo con usted. Es todo un acto especial, mágico, estar de nuevo firme y de frente (a usted)”. Estas palabras, un tanto extrañas y sin aparente coherencia, adquieren, sin embargo, otra dimensión una vez se reexaminan los videos de hace cinco o seis años, cuando él permanecía en este país, primero con visa de estudiante y, después, de manera ilegal, puesto que excedió el tiempo estipulado en el documento de extranjería y no adelantó trámites para regularizar su situación.

20 feb 2019.- Resulta que este visitante ilustre de Uribe, presentado ante la prensa por el canciller Holmes Trujillo como lo haría con un embajador de la ONU o, mejor, como si fuera el líder histórico de la desobediencia civil no violenta, Ghandi, y quien fuera recibido por la vicepresidenta de la República y por no pocos alborozados miembros de la bancada uribista en el Congreso, tiene un pasado que en muchos países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, lo calificarían de terrorista, con todo lo que esta denominación implica en materia de derechos a la libertad y movilidad internacional, entre otros.

Claramente, hay que decir que GS fue víctima de vejámenes de la dictadura. No se puede eludir, tampoco, la mención a la situación de prisión sin juicio que soportó este hombre durante cuatro años bajo el régimen de Maduro, por lo cual, entre otras razones, se le concedieron premios —desinformados— de derechos humanos. Pero su tragedia no puede ocultar sus actos de manifiesta violencia con amenazas explícitas de ejecutar ataques armados y de “volar y quemar discotecas y licorerías” en ciudades venezolanas.

Una de las videoconversaciones de GS desde Colombia con un interlocutor ubicado en Venezuela (digna de toda credibilidad por cuanto quien ahí aparece, con voz y figura propios, es el exestudiante) es tan explícita, que serviría como auto cabeza de proceso en cualquier tribunal del mundo (ver video). Extracto algunas de sus afirmaciones:

“Hay un uniforme para la frontera. Uniformes urbanos son, el saco militar, como el de la Armada, con un escudo… En el de la frontera está… (hace gesto de comillas con los dedos de ambas manos)… lo humanitario: el chaleco humanitario internacional (repite gesto de comillas)… Estamos trabajando el tema de los símbolos, de las doctrinas… Si Carlos Castaño hubiese podido meterle doctrina a esa vaina, güevón, coño, hubiera sido una vaina arrecha”; “¿Tú viste el pe’o (pedo) que anunció Uribe? Un día salió Uribe, sacó las fotos de una gente con (pancartas) ‘Santos y Maduro, socialismo seguro’, en Cúcuta, en un mitin que dio Santos (en campaña presidencial de 2014); Uribe sacó, marico, las fotos, marico… esa vaina le hizo mella al tipo (Santos) y fue una mariquera… (en) que ganamos $500.000 pesos… Yo creo que ni siquiera se invertirían en esa jugada $100.000, marico, $100.000 putos pesos, marico, y logramos, güevón, noticia nacional (riéndose)”. (Con susurros): “Hermano, yo tengo francotiradores de primera línea, puros francotiradores… mira, este pana es de Fuerzas Especiales. Es quien coordina mi seguridad aquí en Colombia. Marico, nosotros aquí tenemos, güevón, francotiradores. Tenemos todo. Es que el pe’o en Venezuela, ¿cómo lo prendemos si no tenemos al gobierno de Colo…?”. “Nosotros tenemos aquí… eh, instructores (susurros) explosivistas, los mejores explosivistas a disposición… un francotirador con $10.000 dólares, ponemos un buen francotirador ahí, en Caracas”. “Esta es gente anticomunista, güevón, mercenarios, marico… ¿Qué pasa, güevón? Que aquí hay mucha gente que lo único que sabe es de guerra, güevón”. Habla el interlocutor de GS: “Mira, ¿y no has podido verte con Uribe?”. GS: “No, porque estoy metido en la zona… yo quería salir para Bucaramanga… (ahí) me reunía con militares y con gente allá… luego seguía a Bogotá para recoger fondos y reunirme con los senadores y bueno… para ejercer presión y reunirme con Uribe”. “Ese es un psicópata de ultraderecha”. Interlocutor: “Pero, ¿eso es público, que trabajas con Uribe o no?”. GS: “Ah, no, pues claro, güevón: ¡total!”.

Preguntas al azar: ¿Quién le pagó a GS $500.000 pesos por sabotear un mitin de Santos? ¿Por qué GS, dirigiéndose a Uribe, le dice: “De nuevo firme, de frente (a usted)”? ¿Qué habría hecho Estados Unidos si pilla un video de una persona de nombre árabe, en que ésta pronunciara una sola de las afirmaciones de GS en dicha grabación? No lo habría deportado, como hizo Colombia, en 2014; lo habría puesto preso y sometido a larga condena por terrorismo. ¿Qué ha hecho el gobierno Duque y su jefe, Álvaro Uribe, en 2019? Con la aprobación de Trump y por gusto propio, recibirlo como si fuera Mahatma Ghandi.

https://www.elespectador.com/opinion/el-visitante-ilustre-del-uribismo-columna-840597

5.19 B.-EL YATE, LOS AMIGOS Y EL CARTEL DETRÁS DE LA COMIDA DE LOS NIÑOS DE BOGOTÁ

Una decena de contratistas, la mayoría ya conocidos, tendrán que defenderse ante un nuevo escándalo por los refrigerios de más de 780.000 niños en Bogotá. Estas son las evidencias de la SIC para señalarlos de colusión y de intentar reversar las decisiones que los ponían en cintura.

 El yate, los amigos y el cartel detrás de la comida de los niños de Bogotá Foto: Semana

El tin marín de do pingüé fue la fórmula que al parecer encontró una decena de contratistas para repartirse, durante una década, las licitaciones de los refrigerios escolares de Bogotá. Los procesos se abrían a licitación por zonas (podían ir entre 10 y 30 zonas dependiendo de la época), eran condiciones casi idénticas en precio y población, y aún así las empresas en cuestión encontraban la manera de ser las competidoras únicas. Se calcula que obtuvieron de esta manera los contratos en 178 subastas y se cruzaron solamente en 9 procesos; en estos últimos casos también la puja se habría manipulado provocando la inhabilidad de una de las firmas. Con esta práctica habrían afectado procesos de contratación pública por $1.5 billones de pesos.

7 ago 2018.- La decena de empresarios aparece en el expediente de la Superintendencia de Industria por presunta colusión, violar las reglas de libre competencia, razón por la cual esta semana les abrieron pliego de cargos. Y aunque hubo controversia entre las administraciones entre 2007 y 2017, lo cierto es que la SIC hasta ahora solo ha encontrado presunta responsabilidad en los empresarios, algunos ya viejos conocidos de otros carteles de contratación.

En el expediente es protagonista Germán Trujillo Manrique, más conocido como el zar del PAE, quien es controlante de la Cooperativa Surcolombiana y se encuentra respondiendo en el proceso penal por las supuestas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar de Santander.

También Stella Téllez, quien controla la firma Alimentos Spress SAS, investigada por el presunto cartel de las frutas, y  Fabio Doblado Barreto, sancionado por la Superindustria por obstrucción de una investigación relacionada con la contratación de alimentos de las cárceles. Luego del recién destapado cartel de las raciones de las fuerzas militares, Iberoamericana de Alimentos y Servicios, controlada por Juan Carlos Almansa Latorre, e Industrias Alimentos Catering SAS, controlada por Hayder Mauricio Villalobos Rojas, repitieron en este nuevo escándalo. Esta última firma también aparecían en los expedientes del carrusel de Bogotá.

Puede leer: Alimentación escolar en Bogotá: víctima de presunto cartel empresarial durante 10 años

Los implicados insisten en que no existió un acuerdo, asociación o pacto para evitar competir en las licitaciones del distrito, sin embargo, las pruebas recaudadas por la SIC van en otra dirección. Una las pistas que llamó poderosamente la atención de los investigadores, es la relacionada a un correo entre Gustavo Enrique Donado Arrázola y Juan Carlos Almansa. Ambos sostienen ante los investigadores que todo es una coincidencia, sin embargo, en abril del 2014, en el mismo correo en que se recuerdan la «creación de una sociedad este mes», hablan sobre un yate llamado ‘Nave Pato‘ de propiedad en común. «Las hélices de Pato me recomendaron comprar las dos porque son hélices que después vienen con mayor peso una que la otra y eso es malo para el desempeño. Nos costaron 7 millones las dos puestas en Barranquilla».

Este correo tiene antecedentes desde el 2012, cuando los empresarios intentaron crear una sociedad de nombre Asoalimentos. Pero fue hasta el 2015 que hicieron realidad esta idea conjunta y se asociaron en Asoproval, de la que hicieron parte en principio Surcolombiana, Catalinsa, Liber, Ibeaser, Diseral y Aerodelicias.  Aunque interrogados por la SIC los contratistas aseguraron que fue una asociación irrelevante y pasajera, para discutir «el clima, el IVA y la nutrición», la autoridad encontró que en realidad este fue el escenario de reunión, comunicación y coordinación entre los proponentes investigados.

Aunque el cartel que destapa la SIC está relacionado con las licitaciones de los refrigerios escolares, los correos delatan cómo al parecer también existían vasos comunicantes para otras licitaciones, como las de alimentación de cárceles. Sobre este tema, la autoridad está investigando.

Para los investigadores, el pacto entre los contratistas para quedarse con los contratos de refrigerio para 780.000 niños era evidente; los representantes de las diez firmas contratistas -autodenominadas como ‘los amigos‘- constituían el 70 por ciento de los oferentes en estas licitaciones. Por ello, investigadores encontraron relevante la declaración que rindió Gustavo Enrique Donado Arrázola, agente del mercado controlante de Aerodelicias SAS y Servicial SAS, quien respondió a la pregunta insistente de la SIC de cómo hacían para no tener contendores en las subastas. «Al tin marín de do pingüé», dijo Donado, pero no dio más pistas sobre la existencia del acuerdo y del cartel.

En conversaciones como estas, registrada en septiembre del 2017, la SIC encontró evidencia para entender las funciones que se escondían detrás de Asoproval.

Hernando Prieto: Hola monica
Hernando Prieto: He hablado con los amigos y me dicen q tomemos tinto el día de hoy
Hernando Prieto: Y más con el tema de mañana
Hernando Prieto: Ya me comentó CAMILA q no estás en el país
(…)
Monica: Hernando estoy Fuera del Pais hoy
Hernando Prieto: X lo pronto te molestaríamos Xa q nos presten la sala a las 4

«El tema de mañana» al que hace referencia el mensaje está relacionado con un debate en el Concejo de Bogotá y los mensajes posteriores dan muestra de cómo los contratistas se acercaron a integrantes de esta corporación para intentar tumbar los procesos licitación y de contratación que abrió el distrito al lado de Colombia Compra Eficiente en donde imponían nuevas barreras a los cartelistas.

En el 2015, se comenzaron a implementar Instrumentos de Agregación de Demanda, lo cual permite al Estado eliminar costos de intermediación. Lo hacen a través de la contratación del servicio de alimentación escolar en las modalidades de preparado en sitio o en refrigerios. Esto le abrió la puerta a nuevos y grandes competidores cuya especialidad se concentra en proveer alimentos y no en el resto de la operación logística.

En contexto: Se tiran la pelota por el cartel empresarial de la alimentación escolar en Bogotá

Estas medidas fueron atacadas no solamente políticamente sino con tutelas, cuyos borradores habrían sido proyectados y enviados desde los correos de la Asociación. Luego fueron interpuestas por supuestos empleados de las firmas contratistas alegando ante los jueces que se les estaban vulnerando sus derechos fundamentales. Pedían la inmediata terminación de los procesos de licitación. Una de esas tutelas fue presentada por el representante de Confenalpadres, cuyos comunicados públicos también eran preparados por la Asociación como consta en este documento:

El zar, ¿asesor y controlante?

En el pliego de cargos de la Superindustria tiene como protagonista el ya cuestionado Germán Trujillo Manrique, más conocido como el zar del PAE. La SIC encontró que este empresario ni siquiera aparece en los papeles como miembro directivo de la firma Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda, la cual logró millonarios contratos en Bogotá, así como también en Huila, Caquetá, Tolima, Meta y Santander.

Por lo ocurrido en este último departamento, Trujillo está respondiendo penalmente por los delitos de firma de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público y privado, en calidad de determinador.

Trujillo, esposo de la exgobernadora del Huila Cielo González, es señalado por la presunta ejecución irregular de un contrato para entregar refrigerios en 82 municipios de Santander. Sin tener si quiera la capacidad de ejecución, firmó un contrato con la gobernación de Santander por 35.700 millones de pesos en el 2016.

En el caso de Bogotá, lo que encontró la Superindustria es que habría hecho parte de ese presunto cartel que se alió para ganarse los contratos. Sin embargo, los investigadores se llevaron una sorpresa al encontrar que Trujillo no hace parte de los directivos que conforman la Cooperativa. Surcolombiana pertenece a la familia del empresario.

Documentos encontrados por la SIC dan cuenta que de la representante legal de la cooperativa Luisa Fernanda Flórez Rincón firmó el 1 de junio del 2011, un contrato con vigencia de un año prorrogable automáticamente, por una remuneración para Trujillo como  contratista por 20 millones de pesos; el contrato contemplaba un reajuste de acuerdo al desempeño. Paradójicamente, el sueldo de la representante legal ascendía a tan solo 1.5 millones de pesos.

Al revisar los reportes de pagos de Surcolombiana, se encontraron con que a partir de enero de 2015 los valores que la cooperativa le pagó mensualmente a Trujillo por honorarios, ascendieron a más de 80 millones de pesos. Se suma a las cuentas los pagos por anticipos, gastos de representación y varios, 1.504 millones de pesos para el 2015 y 1.063 millones en el 2016.

«Se trata del carácter claramente inverosímil de una situación en la que un asesor –que supuestamente se limitaría a dar consejos a la representante legal de la compañía– reciba una remuneración que supera en más de 100 veces la que recibe la persona asesorada», asegura la SIC. La explicación más razonable -continúa la autoridad- es que ese supuesto asesor en realidad es el controlante de la cooperativa y el beneficiario de la actividad mercantil.

Este capítulo fue retratado en el pliego de cargos para concluir que como presunto controlante de la cooperativa, Trujillo logró contratos por más de 50.000 millones de pesos en Bogotá, en presunta alianza con el cartel de ‘los amigos‘.

Pliego de cargos:

Aerodelicias SAS; Servicial SAS; La Campiña SAS; Industrias Alimentos Catering SAS – Catalinsa SAS; Diseral SAS; Iberoamericana de Alimentos y Servicios SAS; Fabio Doblado Barreto; Proalimentos Liber SAS; Alimentos Spress SAS; Cooperativa Multiactiva Surcolombiana Inversiones Ltda. También fueron cobijados: Germán Trujillo Manrique; Gustavo Enrique Arrázola; Stella Téllez Hernández; Jairo Humberto Becerra Rojas; Juan Carlos Almansa Latorre; Hayder Mauricio Villalobos Rojas y Juan de Jesús Alemán Guerrero. También deberán responder Lukas Donado Rangel, Mónica Guasca Caicedo, Diana Lucero Gualteros Jiménez, William Fajardo Rojas, Vilma Alcira Páez Velasco, Hernando Prieto Molina, Beatriz Becerra Rojas, Lucero Téllez Hernández, Ismael Bello Pachón y Luisa Fernanda Flórez.

https://www.semana.com/nacion/articulo/el-yate-los-amigos-y-el-cartel-detras-de-la-comida-de-los-ninos-de-bogota/574344

4.19.-RIESGO DE PERSECUCIÓN OFICIAL – Cecilia Orozco

Publicar sobre alguien que “tiene pinta de puta” no solo es un acto atroz de discriminación de género. Además, encierra una carga de ira que puede explotar de cualquier manera, incluso, con violencia física. Si a esa expresión de odio se agrega que “la pinta” tiene relación con la filiación política de las víctimas del señalamiento (“fanáticas petristas”) y el victimario es funcionario directo de la Presidencia de la República, el caso deja de ser uno más, en la lista del anecdotario de los ataques bajos del uribismo, y escala a una situación de riesgo general de persecución oficial.

13 feb 2019.- No es exageración: en los escasos seis meses de la administración Duque, importantes miembros de la oposición y no pocos críticos desde la prensa han sido afectados con gestos peligrosos provenientes de empleados del Ejecutivo. No es mera casualidad que ocurra un incidente tras otro, del mismo tipo censor, y que no haya conexión entre unos y otros ni una manifestación explícita del jefe de Estado en contra de estos. Tampoco es coincidencia que los atacantes sean servidores públicos nombrados después de la posesión de Duque o que tengan vínculos con el partido del mandatario.

 El autor del reciente mensaje, Ignacio Greiffenstein, era el director de televisión de Presidencia hasta hace unas horas. Lo conocí en el oficio hace muchos años. Lo recuerdo tranquilo, reposado y serio. Por eso, me tomó por sorpresa su trino del fin de semana pasada que refleja lo contrario: una personalidad trastornada, similar a la de los delincuentes cibernéticos fletados por la extrema derecha.

Sinceramente, lamento que Greiffenstein haya tomado la opción de ser integrante del grupo censurador oficial junto con: Juan Pablo Bieri, exgerente del Sistema de Medios Públicos, RTVC, quien redujo la libertad de pensamiento de un periodista crítico a una cuestión de estómago (“la mano que le da de comer”); el propio Bieri quien, por interpuesta funcionaria, amordazó a dos comentaristas del programa informativo de Radio Nacional, el día en que iban a entrevistar, en directo, a Duque; la directora del partido de Gobierno, Nubia Stella Martínez, desde cuya cuenta de Twitter se descalificó a la conductora de un programa radial como “jefe de prensa de la rata de Petro (de nuevo contra el petrismo) a la que le debían pagar con fajos de billetes”; el comunicador Carlos Alberto García, manejador de las redes de la Superintendencia de Notariado, quien el pasado mes de diciembre intentó ocultar su autoría en dos trinos injuriosos contra el columnista Daniel Coronell y el reportero independiente Julián Martínez, a quienes llamó “h.p. periodistas de tres pesos” , “bandidos” y “judíos”, denominativo que produjo el reclamo molesto del embajador de Israel en Colombia, por su connotación antisemita; el congresista del uribismo que forzó a su asesora de prensa a retirarse de su unidad de trabajo porque también trinó… pero en contra de Álvaro Uribe.

Doble rasero: censura inmediata, si la crítica publicada afecta al Ejecutivo y su partido; protección o silencio cómplice, cuando los mensajes calumnian a los opositor

https://www.elespectador.com/opinion/cecilia-orozco-tascon

4.19.-LA INVASIÓN DE 11 MIL TESOROS DE LA MAFIA EN MANOS DEL ESTADO – Unidad Investigativa 

Valen $ 2 billones y los ocupan parientes de capos, empresas y hasta un pastor cristiano.

Los lavadores de activos prefieren los bienes raíces. Los narcos también.                                                                                            

La hacienda La Novillea fue una de las propiedades favoritas del sanguinario narcotraficante José ‘Chepe’ Santa Cruz, tercero en la línea de mando del cartel de Cali. En sus 515 hectáreas vivía una de sus mujeres, quien empezó a vociferar vulgaridades cuando el bloque de búsqueda de la Policía se tomó el predio, repleto de animales exóticos.

La escena ocurrió hace 24 años y el Estado aún no ha podido disponer de ese narcopredio, a 20 minutos de Cali, avaluado en 20.000 millones de pesos y al que se quiere convertir en centro carcelario. El narcobien fue invadido poco antes de que se le entregara a la vieja y corrupta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), y sus ocupantes han interpuesto todo tipo de acciones legales para evitar que pase a manos del Estado.

17 de febrero 2019.- También ha sido imposible recuperar los 11.600 metros cuadrados de un lote del asesinado capo Hélmer ‘Pacho’ Herrera, en el barrio Mayapán, de Cali. El pastor cristiano Jorge Villavicencio insiste en que lo compró de buena fe. El 30 de enero, propuso pagar 3,5 millones de pesos de arriendo mensual por un fragmento, pero la diligencia se frustró. Y aunque el pastor lo niega, autoridades dicen que les aseguró que había una orden del gobierno para que le entregaran el lote y que tenía en la línea a un influyente ministro.

Y no se trata de episodios aislados. EL TIEMPO estableció que de los 24.463 predios de la mafia y de corruptos que están en manos del Estado, 11.009 fueron entregados con ocupaciones ilegales como estas. Léase bien: 24.463 predios y 11.009 en el limbo.

La cifra no es despreciable, porque todo el inventario de esos activos, incluidas haciendas, aviones, reses, sociedades y hasta obras de arte, valen 7,7 billones de pesos, la misma cifra que el gobierno aspira a recaudar con la Ley de Financiamiento. Y los invadidos superan los 2 billones de pesos.

Además de representar el 45 por ciento del total de narcobienes, se trata de activos valiosos, como el predio donde funciona el parque Panaca, en Quindío, vinculado a la fortuna del capo Wílber Varela.

En la lista también está la finca La Manuela, del capo Pablo Escobar; el edificio Balcones de Zúñiga; el centro comercial Panamá, de ‘Pacho’ Herrera, y playa Salguero, en Santa Marta, del grupo Dávila. También aparece la hacienda Veracruz, de 1.240 hectáreas, de alias el Mexicano, que 60 familias de Guaduas, Cundinamarca, se niegan a desalojar.

El propio fiscal Néstor Humberto Martínez le ha advertido al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en varias cartas confidenciales, que este fenómeno está afectando golpes históricos dados a organizaciones mafiosas, al cuestionar incluso la labor de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que reemplazó a la DNE.

Amenazas y presiones

Según Martínez, grupos ilegales están usando 21 predios ya extinguidos en la explosiva zona de Caucasia, al igual que decenas de los incautados al poderoso ‘clan del Golfo’. Y otros, como los del exsenador Otto Bula, se hallan en estado improductivo. Así lo ha expresado en cartas a la Presidencia y a la propia SAE.

El esfuerzo por extinguir los patrimonios ilícitos tiene que verse compensado con una correcta gestión de los bienes incautados

 “El esfuerzo por extinguir los patrimonios ilícitos tiene que verse compensado con una correcta gestión de los bienes incautados. Con el Consejo Superior hemos insistido en la enajenación temprana de las fortunas intervenidas, y los resultados son frustrantes”, le dijo Martínez a este diario.

Desde hace 4 meses, EL TIEMPO empezó a indagar el tema y estableció que, en algunos casos, los ocupantes dicen ser terceros de buena fe –que compraron o arrendaron los predios–, como Panaca o el pastor Villavicencio, confeso simpatizante del uribismo. Este último expediente ya le costó una indagación por tráfico de influencias al senador Roy Barreras, que la Corte Suprema archivó en 2017.

Pero también hay casos de amenazas contra los 50 empleados que tiene la SAE para la recuperar activos, y presiones legales y políticas que podrían hacer que se repliqueel patrón corrupto que terminó con el saqueo a la DNE, un caso que pareciera ir rumbo a la impunidad.

Alias Popeye, el sicario de Pablo Escobar, amenazó de muerte a funcionarios de la SAE que fueron a desalojar a su familia de varios predios. Y, un día después del operativo para recuperar el palacete de la ‘Gata’, en Barranquilla (que duró 4 años ocupado ilegalmente), el vigilante fue amordazado y varios hombres picaron con una fresadora industrial el mármol italiano y sacaron los jacuzzis.

A las amenazas materiales se les une el estado en el que la SAE recibió los activos y la complejidad legal de los operativos para recuperarlos –apoyados solo por inspectores de policía, bomberos y algunos agentes–, a pesar de que hay una orden del gobierno de monetizarlos para usar sus réditos en la lucha contra la mafia.

De los 4.644 inmuebles que la Fiscalía ha dejado a disposición de la SAE en los últimos años, 2.872 llegaron con ocupaciones ilegales: el 62 por ciento. Y el estado de los bienes heredados de la DNE es más dramático. De los 19.819 que se ubicaron tras 4 años de rastreo, 8.137 estaban invadidos.

“Las ocupaciones ilegales no fueron generadas dentro de esta administración de la SAE y solo en julio de 2017 se tuvo la posibilidad de empezar a hacer los desalojos de manera directa, gracias a que la Ley 1849 que le asignó facultades de policía administrativa”, le dijo a este diario Andrés Ávila, vicepresidente de bienes de la SAE.

¿Tambalea la enajenación?

Esa misma ley le dio vía libre a la llamada enajenación temprana, que permitió comercializar bienes en proceso de extinción. Según la presidenta de la SAE, Virginia Torres, esa doble fórmula ya ha permitido la recuperación, en solo 2018, de cerca de 1.535 activos, generando ventas por 500 mil millones de pesos, y tener un portafolio de bienes listos para comercializar por 403 mil millones de pesos. La recuperación de activos, puesta en marcha en 2017, es considerada tan exitosa, que en un año se ha logrado lo que antes se hacía en tres.

Pero EL TIEMPO conoció una demanda, admitida por el magistrado Alberto Rojas, en la que el exsubdirector jurídico de la DNE, Carlos Robledo –uno de los investigados por su saqueo–, busca tumbar la enajenación temprana, argumentando su inconstitucionalidad.

Ese palo en la rueda se une a inconvenientes para vender algunos bienes, como el yate de Interbolsa y el complejo Meritage, de Medellín. También se suman nuevos episodios de corrupción que dejan en evidencia que los tesoros de la mafia y de los corruptos siguen siendo un problema de Estado que ningún gobierno ha podido manejar.

La Fiscalía adelanta una explosiva investigación en contra de una red que exigía plata para devolver bienes sometidos a extinción. Ya fueron detenidos Alfredo Mendoza Fortich, secretario general de la Contraloría de Córdoba, y Érika Rivera, funcionaria de la Fiscalía. Pero vienen más.

La controversia

Néstor H. Martínez
Fiscal General

“El esfuerzo por extinguir los patrimonios ilícitos tiene que verse compensado con una correcta gestión de los bienes incautados. Con el Consejo Superior hemos insistido en la enajenación temprana de las fortunas intervenidas, y los resultados son frustrantes”.

Virgina Torres
Presidenta de la SAE

“La recuperación de activos de la SAE, puesta en marcha en 2017, ha sido exitosa. En 2018 fueron 1.535, tasados en $ 500 mil millones. Este año, la meta es de 680 activos. Y en el caso de la DNE nos constituimos en víctimas en 345 procesos y denunciamos 81 casos”.

Juan C. Restrepo
Exdirector de la DNE

“La acción de la justicia es pobre y sombría en el caso de la DNE. Ni siquiera fueron llamados a responder grandes delincuentes de cuello blanco; y de los pocos que han ido a prisión, casi todos salieron al poco tiempo por vencimiento de términos y millonarios”.

Bienes invendibles ligados a corruptos

Aunque uno de los objetivos estratégicos trazados por la SAE es la recuperación de activos para proteger el patrimonio público, algunos presentan líos jurídicos o nexos con peligrosos grupos ilegales, que complican su venta. Estos son tres casos emblemáticos.

El yate de Interbolsa

El 22 de febrero de 2018, la Fiscalía 53 Especializada de Extinción de Dominio solicitó embargar, secuestrar y suspender el poder dispositivo sobre el yate de recreo y pesca deportiva Gaia, marca Sunseeker, vinculado al desfalco de Interbolsa. El yate fue sometido a subasta mediante intermediario comercial, a finales de 2018, con un valor base de 1.783 millones de pesos. Pero la puja fue declarada desierta porque nadie se presentó. Mientras se surte el proceso de nuevo, hay que pagarle muelle y mantenimiento.

La casa de Otto Bula en Cartagena

La mansión que el exsenador Otto Bula adquirió en Cartagena a través de terceros, usando los sobornos de la multinacional Odebrecht, tampoco se ha podido comercializar. La SAE informó que salió a subasta en julio del año pasado, pero no se vendió. Algunos estiman su valor en 2 millones de dólares, y si bien una familia la reclama como suya, sigue en el paquete de bienes priorizados para la venta dentro de la llamada figura de enajenación temprana, que ahora tambalea por una demanda ante la Corte Constitucional.

El complejo Meritage de Medellín

Para la Fiscalía es claro que fue adquirido con dineros de ‘la Oficina’. Tal como lo reveló EL TIEMPO, el lote, tasado en 52.000 millones de pesos, fue negociado hace décadas por Iván López Vanegas, absuelto en Estados Unidos por narcotráfico. Y en el negocio también ha sido mencionado el narcoparamilitar Héctor Restrepo, alias Perra Loca, y un vendedor de mango. Pero sus dueños dicen que son terceros de buena fe y acaban de demandar a la nación ante instancias internacionales, por 250 millones de dólares.

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3.19.-CON EL URIBISMO SE HA PERDIDO TODA MESURA –  Juan Manuel López

La polarización no permite tener una conversación con quien califica a Uribe de una forma diferente: o es héroe o demonio, o se está con él o se es ‘santista’

El uribismo no es culpa de Uribe, es parte de la tendencia nacional a radicalizar las posiciones. Foto: Leonel Cordero/Las2Orillas

En Colombia en general no nos conformamos con tomar posiciones ‘neutrales’ o discretas sino que nos volvemos fundamentalistas; vemos o blanco o negro pero no nos gustan los grises por sentirlos como indefinidos, como ‘tibios’, sin carácter; somos incapaces de apreciar que existen los colores aún en las ideas.

Tal vez por eso entendemos mal el fenómeno de la ‘corrupción’. Es verdad que estamos más que invadidos, pero probablemente la explicación no esté en la maldad de las personas sino en deficiencias de las instituciones que generan ese tipo de comportamiento en los ciudadanos. Solo que sucede como con el ajo: mientras uno no lo haya comido, la persona que si lo hizo nos huele horrible; pero basta con que nosotros lo comamos para que nos volvamos insensibles a ese olor, no porque no nos moleste sino porque no lo sentimos.

En el caso de enfrentamientos ideológicos el factor Uribe ha hecho perder toda mesura. En muchos otros países estos alcanzaron las dimensiones de levantamientos insurgentes o hasta de guerras civiles. Pero nosotros logramos el récord de tener las guerrillas de más duración del mundo. Y ahora una polarización que prácticamente no permite tener una conversación con quien califica a Uribe de una forma diferente a la propia: o es un héroe o es un demonio, o se está con él o se es ‘santista’, o se aplaude la ‘Seguridad Democrática’ o se está apoyando a la guerrilla.

Porque con el uribismo se exacerbó al extremo esta característica. En ninguna parte se había llegado a que en un Estado de Derecho argumentara el jefe de Gobierno que las decisiones tomadas por su antecesor no lo obligaban porque habían sido decididas por otro mandatario. Ni, aún en un sentido más propiamente jurídico, que, habiéndose pronunciado la Corte Constitucional sobre la vigencia de una ley – la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz-, se planteara la posibilidad de que el presidente reviviera la posibilidad de tumbarla por inconveniente.

 Como si se tratara de borrar todo lo que no decidió el gobierno de Uribe,
volvemos a los informantes, las Convivir, a amenaza de guerra con Venezuela,
las visitas ‘íntimas’ al presidente americano (hablando eso sí mejor inglés
)

 Pero es que no se entendió -o deliberadamente no se reconoce- que al decidir elevar el ‘tratado’ con las Farc a formar parte integral de la Constitución, todo lo que éste contiene es de rango superior a cualquier otra norma interna, por lo tanto solo susceptible de cambio por vía de una Reforma a la Constitución. O que dicho documento fue remitido a las Naciones Unidas dándole categoría de tratado internacional por lo cual, por similitud en el tratamiento, tendría primero que ser denunciado antes de poder desconocerlo. O, cuando se tocan temas como el de Santrich, que por definición esas normas rigen por encima incluso de los tratados internacionales, ya que se estableció que eran desarrollo del Artículo 3 de los protocolos de Ginebra y que se depositó el documento en el CICR (máximo guardián de las normas del Derecho Humanitario).

Como si se tratara de borrar todo lo que no decidió el gobierno de Uribe, volvemos a la idea de los informantes, de las Convivir, de la amenaza de guerra con Venezuela, de las visitas ‘íntimas’ al presidente americano (hablando eso sí mejor inglés), a la negación del conflicto armado, a la imposibilidad de treguas bilaterales; tal vez lo que falta es el body counting, el premio por las bajas que se causen al enemigo que generó lo que eufemísticamente llamamos ‘falsos positivos’.

El uribismo no es culpa de Uribe, es parte de la tendencia nacional a radicalizar las posiciones.

https://www.las2orillas.co/con-el-uribismo-se-ha-perdido-toda-mesura/?utm_source=getresponse&utm_medium=email&utm_campaign=las2orillas&utm_

3.19.LA CENSURA ASOMA SUS NARICES EN COLOMBIA – Cecilia Orozco

La bestia censora en Colombia se crece.

Un sufragio, unas flores manchadas con sangre y una declaración de “objetivo militar” contenida en un mensaje hecho con letras recortadas de periódico, son los elementos que encontró, en un paquete que le hicieron llegar a la puerta de su casa, el periodista y defensor de derechos humanos William Vianney Solano, el fin de semana pasado. El mensaje concluía con los vocablos “águilas negras”. Solano vive en Buga y se dedica a revelar actos de corrupción de las administraciones públicas locales, desde su sitio virtual Dcerca.

En su trabajo periodístico sobresalen sus denuncias contra el hoy congresista –dueño y señor de la ciudad señora– John Harold Suárez. Este personaje es un político de peso ligero elevado al rango de senador gracias al aval del uribismo que lo acogió en su partido por 36.000 votos, pese a que conocía sus conductas turbias y sus compañías de dudosa reputación. Por ejemplo, la de Juan Carlos Abadía, el destituido exgobernador del Valle del Cauca quien jugaba a apoyar a Suárez en la elección de 2018 para ejercer de parlamentario en cuerpo ajeno, según relató La Silla Vacía en su momento.

Vianney Solano no es una víctima única, en Colombia, de la práctica represora que viene aumentando en forma de presión individual a ciertos comunicadores, en unos casos; de ataques en redes sociales contra el prestigio de periodistas de renombre, en otros casos; de despidos laborales como castigo al pensamiento, en unos más; y, ahora, de amenazas de muerte. De todas maneras, los agresores de reporteros van tras un solo objetivo, en el fondo: censurar la libertad de palabra, de expresión, de información y prensa.

“Matamos la producción”. Así, con ese lenguaje inadmisible en un país que ha sufrido masacres y homicidios selectivos, dictó sentencia condenatoria el gerente del Sistema de Medios Públicos, RTVC, Juan Pablo Bieri, contra el presentador del programa Los puros criollos, Santiago Rivas, en diciembre pasado. “Lo ponemos a las tres de la mañana… (porque) se está burlando de la entidad que le da de comer y le paga un sueldo”.

Esa fue la conclusión de Bieri respecto de Rivas después de que este expresara sus preocupaciones sobre una ley que promueve el Gobierno en el Congreso. Bieri fue nombrado rector de las comunicaciones estatales el 27 de agosto de 2018, por el presidente de la República. El respaldo de varias figuras del Centro Democrático a Bieri fue notorio hasta cuando se hicieron evidentes sus mentiras, momento en el cual, la Casa de Nariño aceptó su renuncia sin decir una sola palabra en defensa de la libertad de opinión.

El palacio presidencial tampoco se pronunció sobre el veto impuesto a dos periodistas de la Radio Nacional, una mañana en que se tenía previsto entrevistar al jefe de Estado. A Carlos Chica y Andrea Olano les indicaron, perentoriamente, que no podían formularle preguntas a Iván Duque.

A finales de enero, el país leyó dos afirmaciones de carácter penal contra la directora del programa de mediodía de la W Radio, Vicky Dávila, publicadas en la cuenta de Twitter de Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático. En uno de los mensajes, decía que Dávila era “la jefe de prensa de la rata de Petro”; en el otro, se aseguraba que a la periodista “le debían pagar con fajos en bolsas”.

Micrófono en mano, la agredida exigió retractación o pruebas. La ejecutiva del uribismo se disculpó y descargó su responsabilidad en un jovencito de no más de 23 años quien, según Martínez, manejaba sus redes sociales. La cosa se quedó de ese tamaño aunque la confesión implícita de la jefe administrativa del partido de gobierno es escandalosa: las comunicaciones de la colectividad política más poderosa de Colombia, estaban, o están, en manos de un imberbe.

Daniel Coronell y el reportero Julián Martínez pasaron por una experiencia similar, a finales de diciembre (“no sea hp periodista de tres pesos”; “preséntese a la justicia, bandido…”), cuando los insultó, con palabras soeces, un asesor del superintendente de Notariado, desde la cuenta oficial de la entidad pública. Dos profesionales fueron despedidas, hace poco, de sus puestos, luego de que dieran sus opiniones en contra del senador Álvaro Uribe.

De nuevo, en las filas del oficialismo, silencio. Y como si fuera poco, el fiscal general de la Nación, con todo su poder judicial, defendió su disminuido nombre en el Senado acusando de conspiración a dos columnistas y un noticiero de televisión que no son obsecuentes con él, sin ninguna prueba en la mano. Estos no son buenos tiempos para la libertad de prensa. Lo que pasa en Venezuela con las cadenas acalladas escandaliza al poder. El crecimiento lento pero continuo de la bestia censora en Colombia no le interesa.

https://www.elespectador.com/opinion/la-censura-asoma-sus-narices-en-colombia-columna-838020

2.19.-“CON EL VISTO BUENO DEL GOBIERNO NACIONAL” Cecilia Orozco

“El presidente lo autorizó a establecer ese contacto (con el Eln) y mantener relación, y que las respuestas se den directamente con el presidente”. La frase, que tiene la mayor importancia política para el país en el contexto de la preguerra interna que vivimos, hoy, fue consignada por el “gestor de paz” del Eln, Juan Carlos Cuéllar, en una carta a dos personajes, seguramente en su calidad de testigos del hecho. Cuando Cuéllar escribió “presidente”, se refería a Iván Duque; cuando aludió a la persona que este “autorizó a establecer contacto con el Eln”, hablaba de Angelino Garzón, el omnipresente político, único en esa especie, que puede exhibir en su hoja de vida la pertenencia a cinco partidos políticos (desde la Unión Patriótica hasta el uribismo), y cargos públicos con cuatro mandatarios enemigos entre sí (Pastrana, Uribe, Santos y Duque); y todo eso, después de haber ejercido como líder de la central de sindicatos CUT ¡Coherencia de periplo!

30 ene 2019.- La carta es del 31 de julio del año pasado, es decir, cuando Santos aún no había concluido su mandato, pero Duque había sido elegido como su sucesor, en buena parte gracias a la bélica bandera de oposición, de su colectividad, al Acuerdo de Paz con las Farc y a sus diálogos con el Eln. En la misiva, una especie de acta revelada por Noticias Caracol el lunes pasado, Cuéllar enunciaba las condiciones que el nuevo mandatario le imponía a esa guerrilla para continuar con el diálogo y que Garzón resumió, según el gestor del Eln, en los siguientes términos: “que espera que no se den acuerdos con Santos que luego no se pueden cumplirQue Duque ve más positivo si el Eln no llega con hechos cumplidos, eso no quiere decir que no se avance sobre lo construido”. Cuando Caracol Televisión le preguntó al actual embajador en Costa Rica su opinión sobre la carta, Garzón contestó afirmando sin afirmar, muy al estilo gubernamental: “desde la campaña yo le manifesté al señor presidente Duque toda mi disponibilidad de colaborarle en los temas referentes al diálogo social y la reconciliación de Colombia… y Juan Carlos Cuéllar ha venido cumpliendo una positiva labor en favor de la paz de manera legal y abierta con el visto bueno del Gobierno Nacional”. La noticia se supo solo horas después de que la Casa de Nariño, mediante su nervioso comisionado Ceballos, hubiera intentado desmentir, o, al menos, minimizar la validez periodística de la información de Noticias Uno, del pasado fin de semana, sobre dos viajes que el exsenador Everth Bustamante hizo a Cuba, entre noviembre y diciembre, para dialogar con la cúpula del Eln a nombre del jefe de Estado en funciones, Iván Duque.

Bustamante, quien no respondió a llamadas del noticiero el domingo en la noche, publicó un rebuscado comunicado en que, extrañamente, recordaba su apoyo electoral a Duque y su respaldo a la forma como este conduce el país; declaraba que no era funcionario público (¿?) y terminaba negando sin negar, muy al estilo gubernamental, sus encuentros con el Eln: “tengo profundo respeto por la dignidad presidencial sin que el señor presidente, en algún momento, me haya solicitado realizar actividad alguna en nombre de su gobierno y mucho menos en relación con los asuntos de paz y particularmente con el Eln». La actividad palaciega continuó con una precipitada convocatoria a rueda de prensa, del comisionado Ceballos, para leer otra rareza de comunicado en que nos notificaba a los ciudadanos que podemos viajar a Cuba libremente; reclamaba para sí la exclusividad del diálogo con el Eln y caía en una contradicción con Bustamante: “Conocida por el Gobierno Nacional la intención del señor Everth Bustamente García de viajar a la isla de Cuba por decisión, cuenta y riesgo propios, el alto comisionado para la Paz se permite certificar que no (le) concedió ninguna autorización…, para actuar ni interlocutar con el Eln en nombre del Gobierno Nacional».

Muy al estilo gubernamental, Ceballos no explicó cómo la Casa de Nariño “conoció la intención” de Bustamante, pero no se enteró si viajó, ni con quién se encontró, ni mucho menos cuáles gestiones adelantó en la isla. Muy al estilo gubernamental, Ceballos usó una afirmación equívoca cuando expresó que “el alto comisionado para la Paz… no (le) concedió ninguna autorización” al exsenador uribista, lo cual, en sentido estricto, significa que él, Ceballos, no le dio permiso a Bustamante. De ninguna manera puede entenderse que lo dicho por Ceballos se extiende a las decisiones oficiales o extraoficiales del presidente de la República que puede reservarse – ni más faltaba – su fuero para asuntos de Estado que él considere de extrema reserva.

Pero saltó la liebre en Cali con el documento del gestor del Eln Cuéllar, que el embajador de Duque en Costa Rica, no su comisionado de Paz, avaló y sobre quien certificó que todavía cumple una positiva labor en favor de la paz de manera legal y abierta con el visto bueno del gobierno nacional. Lo malo de la administración Duque no es su voluntad de adelantar otro proceso de paz, hoy frustrado por la infinita falta de civilización del Eln, sino su reiterado estilo de decir públicamente una cosa y de hacer lo contrario, en secreto. O sea, su intención de engañar a los ciudadanos con medias mentiras envueltas en medias verdades. En la Colombia del 2019, no todos tragamos entero.

https://www.elespectador.com/opinion/ante-la-crisis-respuestas-de-novatos-columna-835543

1.19.-ANTE LA CRISIS, RESPUESTAS DE NOVATOS – Cecilia Orozco

El gobierno Duque se comporta como suelen hacerlo los novatos que han tenido la suerte —casi nunca por méritos— de ascender rápido en sus carreras: sus funcionarios se muestran engreídos; exhiben la terquedad de su prepotencia… o de su ignorancia; no aceptan otra opinión, los atropella el poder que detentan como si fuera eterno y creen que el mundo se iluminó con ellos. El atentado con que el Eln les segó la vida a 20 adolescentes basado en un “derecho de guerra” que esa agrupación malinterpreta como permiso para el bandidaje cobarde, le dio al círculo gobernante la oportunidad de demostrar su capacidad de liderar, en momentos de crisis, a un país decepcionado con su elección presidencial. Pero desperdicia la ocasión con sus confusiones y ausencia de foco. Así fuera por seguir los consejos de Maquiavelo, la administración podría mostrar la altura y equilibrio que se exigen de un Estado, que no es lo mismo que se puede esperar de las bandas ilegales.

3 ene 2019.- El canciller, Carlos Holmes Trujillo, hasta antes de entrar al cargo un hombre afable y comprensivo pese a militar en el uribismo, ahora no rebaja la cara de “usted no sabe quién soy yo”. Él, que conoce los manejos de la diplomacia, los omite sin medir las consecuencias de incumplir la palabra empeñada, no solo con el interlocutor en una negociación de paz que su gobierno nunca canceló formalmente; también con unas naciones que, de buena fe, se prestaron para que unos colombianos enfrentados pudieran sentarse en sitio neutral. Miguel Ceballos, amable en la academia, más parece el primer guerrero de la Casa de Nariño que el comisionado de Paz, cargo que no tiene ni tendrá papel en este cuatrienio. En su lánguido rol, da declaraciones, a veces como ministro de Relaciones Exteriores; a veces, como militar o, incluso, como investigador del CTI: anuncia las próximas órdenes de captura.

Confieso, no obstante, que el más sorprendente es el ministro de Defensa, tan poco enterado de su cartera, tan poco atinado, tan despistado y, al mismo tiempo, tan peligroso como podría llegar a pesar de su figura de apariencia bonachona. Botero tomó la vocería oficial para revelar, al lado del fiscal general —otro que le debe estar dando gracias al Eln por los favores recibidos— el modo en que se ejecutó el acto terrorista y la identidad de quien lo detonó. Pero, en su afán y el de Martínez Neira por mostrar una eficiencia que nos hubiera sido útil antes del atentado, hizo afirmaciones falsas a las que les quiere quitar la importancia que tienen. Traigo a colación dos: 1. “Esta persona (el conductor de la camioneta-bomba) aprovecha la apertura de una puerta… y la ‘sacada’ de unas motos y a toda velocidad ingresa a la Escuela de Cadetes sin respetar a los guardias de seguridad, quienes inmediatamente, frente al hecho, comienzan a avisar a los demás guardias que hay dentro de la institución”. 2.- “Ingresa bruscamente (el terrorista)… es detectado por estas personas (de la Escuela)… y aquí (muestra un fotograma) es abordado por un oficial de seguridad que ya estaba notificado por radio… aquí está el oficial inquiriéndolo”.

Los investigadores oficiales tienen reportes contrarios: el conductor entró tranquilamente por una puerta abierta cuyo dispositivo de cierre estaba averiado. Solo esquivó un cono de tránsito, único obstáculo que había, y pasó por el lado de un auxiliar solitario sin entrenamiento en vigilancia o Inteligencia. El vehículo dio la vuelta completa a la Escuela por sus vías internas y, solo al final del trayecto, un uniformado lo inquirió porque se dirigía a una salida clausurada. El hombre retrocedió y, pocos segundos después, explotó el artefacto. La película montada por el ministro para ocultar las fallas protuberantes en un centro policial se cayó en pocas horas por las revelaciones periodísticas de quienes no tragamos entero (ver) ni servimos de consuetas a nadie. Como le era imposible negar los hechos, el ministro, en quien reside la Inteligencia del Estado, contestó molesto: “lo primero es la seguridad del pueblo colombiano. Después ya habrá una investigación interna… Tenemos que buscar a los culpables en las personas que hicieron los actos terroristas. Ni más faltaba que ahora los receptores de la culpabilidad sean las personas que estaban en la General Santander”. A ver, señor ministro, si explota un carrobomba en instalaciones policiales que se presumen vigiladas, ¿qué se espera de la seguridad del “pueblo colombiano” que circula casi sin presencia de agentes, por las calles del país? Hay que buscar a los delincuentes, claro. Y también a los responsables que permiten, con su desidia, que gente inocente sea blanco de los criminales. Yo puedo atender dos y tres asuntos al tiempo. ¿Usted no?

https://www.elespectador.com/opinion/ante-la-crisis-respuestas-de-novatos-columna-835543

46.18 A.-UN PROYECTO DE CENSURA Y SUS AFANES – Cecilia Orozco

Con la disculpa de modernizar el sector de las comunicaciones en el país, como dice el texto-atentado contra la democracia informativa que el uribismo y sus aliados borregos están aprobando, a pupitrazo, en el Congreso, este Gobierno intenta sepultar al Canal Uno y, con este, ¡qué felicidad!, a Noticias Uno, principal objetivo para silenciar, sobre todo, en los precisos momentos en que destapamos escándalos como el de la implicación del fiscal general en el de Odebrecht. No solo eso.

12 dic 2018.- Cualquier manifestación periodística, cultural o artística de la televisión pública, queda “amenazada por convivencia” desde el momento en que esta ley sea sancionada por Iván Duque porque estaremos sometidos a la vigilancia del papá Ministerio de las TIC, o sea, del Ejecutivo. En efecto, este asumirá el control absoluto del campo mediante la creación de una poderosa Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de la que se predica, en la letra, que “no estará sujeta a control jerárquico o de tutela alguno”, pero cuyos miembros serán el ministro de turno, un delegado del presidente de la República, un representante de los operadores públicos regionales que, en la práctica, sería vocero de los gobernadores quienes dependen, en buena medida, del Gobierno Nacional; y dos personas elegidas en un supuesto proceso de selección mediante convocatoria pública surtido de manera mañosa, según nos consta por la experiencia de años y años. Aún bajo el supuesto de que estos fueren elegidos limpiamente, la CRC tendrá tres miembros de origen político contra dos ciudadanos sin poder alguno.

El proyecto que ha levantado sospechas en las bancadas minoritarias sin que, por supuesto, nadie las escuche, tiene mensaje de urgencia de la Casa de Nariño que ha enviado la “pesada” de su círculo (ministros, el consejero político Jaime Amín, Felipe Buitrago “director de Gobierno y áreas estratégicas de Presidencia”, la consejera lobista de palacio Karen Abudinen,etc.) para lograr un trámite veloz. Lo que no hizo el presidente Duque con las propuestas de la consulta anticorrupción, pese a que dio su palabra a favor de los 12 millones de ciudadanos que votaron por ella, lo está haciendo con esta ley que favorece a los grupos privados y que excluye —y no por simple descuido— al Canal Uno con otra excusa: el carácter jurídico diferente entre las concesiones pactadas con los unos y el otro pasando por alto esa bobería contenida en el principio constitucional del derecho a la igualdad. La cosa es de la siguiente forma: a cambio de renunciar al derecho a la licencia que ya tienen, y de acogerse al “régimen de habilitación general” previsto en esta ley, a los canales privados se les permitirá sustituir el pago fijo de $128.000 millones por la licencia que deberían consignar en enero próximo, por “un único porcentaje sobre sus ingresos brutos… (incluyendo) los ingresos por concepto de pauta publicitaria y terminales” . Significa que terminarán pagando una suma radicalmente inferior a la prevista en las obligaciones contraídas.

Todos los fomentos estatales a medios de comunicación abiertos o cerrados son bienvenidos. Pero la contraprestación no puede ser la lesión a las arcas públicas, el sometimiento a la vigilancia oficial y el agradecimiento empresarial que se traducirá, irremediablemente, en favores informativos. Mucho menos puede ser, a cambio de tener a unos contentos y consentidos, pero de eliminar a los otros, justo a quienes estorban por su independencia periodística. Con sobrada razón, el senador Mockus publicó una carta en que concluye: “La urgencia del proyecto no es clara… Entendería esa urgencia si estuviéramos hablando, por ejemplo, de la mortalidad infantil en la Guajira por desnutrición o del asesinato de líderes sociales”.

Entre paréntesis. Aclaraciones pertinentes: 1. Esta columnista es contratista —no socia— del Canal Uno. 2. La columna se publica en este medio, que pertenece a uno de los grupos concernidos en el proyecto que critico, por el respeto a la libertad de opinión que aquí se profesa.

https://www.elespectador.com/opinion/un-proyecto-de-censura-y-sus-afanes-columna-828563

B -46.18.- FISCALÍA ABRIÓ NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN CASO REFICAR – Colprensa 

Reficar Archivo El País Exjefe jurídico de Reficar deberá presentar disculpas a la Junta Directiva de Ecopetrol. ¿Disculpas? …

Pero el Presidente Duque aseguró que no venderá Ecopetrol

El fiscal delegado para las finanzas criminales, Andrés Jiménez, anunció que se abrieron nuevas líneas investigación en el caso Reficar en el que la Fiscalía General ha logrado evidenciar un desfalco por 610.000 millones de pesos en la modernización de la Refinería de Cartagena.

Jiménez anunció que las líneas de investigación se abrieron luego de que Nicolás Isaakson, una de las personas imputadas en agosto de 2017 por el presunto desfalco, prendió el ventilador y anunció la serie de irregularidades que se registraron en tal negocio que se llevó a cabo entre la empresa extranjera CB&I y Ecopetrol.

Luego de anunciar su colaboración, Isaakson empieza a negociar un principio de oportunidad con la Fiscalía a cambio de que cese la persecucion en su contra. Reveló, por ejemplo, que por parte de la Junta directiva de Reficar y Javier Gutiérrez, entonces presidente de Ecopetrol, se concertó la omisión de información financiera fundamental lo que facilitó el desfalco.

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Del mismo modo, Isaakson reveló que existen contratos de «doble pago» de gasolina y grúas que serían usados dentro del proyecto de la Refinería.

Sobre el particular la Fiscalía halló la evidencia que confirmaría esta irregularidad. En el caso de la gasolina se celebraron contratos denominados de tarifa unitaria, es decir que la empresa que rentaba los automotores se encargaba de los gastos de rodamiento y mantenimiento. Sin embargo, hallaron facturas con las que se soportaba el pago por concepto de gasolina a pesar de que eso le correspondía a la firma contratada.

En igual sentido sucedió con las grúas para el megaproyecto. La empresa con la que suscribieron su alquiler debía encargarse del mantenimiento de las máquinas y por eso se le giró el dinero respectivo. Pero se hallaron las facturas cuyo concepto era el arreglo y la manutención de esa maquinaria.

Entre las pruebas documentales con las que cuenta la Fiscalía hay correos electrónicos, copias de las actas de la Junta Directiva y los soportes de los pagos. Cada uno de ese material es revisado por los investigadores designados al caso.

De otra parte, Jiménez aseguró que «este viernes el señor Nicolás Isaakson asistirá a la Junta directiva de Ecopetrol como parte de sus compromisos de arrepentimiento. Él estaba viviendo fuera de Colombia, pero vino para ponerle la cara al país y a la Junta de Ecopetrol».

La investigación de la Fiscalía empezó luego de que se evidenciara una serie de irregularidades en el proyecto que se llevó a cabo en Cartagena. Por estos hechos, fueron procesados Reyes Reynoso, Pedro Rosales, Nicolás Isaakson y cinco personas más, entre directivos de CB&I y Reficar.

https://www.elpais.com.co/judicial/fiscalia-abrio-nuevas-lineas-de-investigacion-en-caso-reficar.html

En Colombia se revelan más fraudes en Reficar

La contraloría de Colombia ha revelado una serie de irregularidades administrativas que se cometieron en la construcción de la refinería más grande de este país.

La construcción de la refinería de Cartagena, Reficar, está llena de corrupción y escándalo, el Contralor de Colombia ha revelado que el daño fiscal hasta el momento ha sido estimado en unos 2.879 millones de dólares, situación que desde el comienzo denunció el sindicato de trabajadores

La corrupción llegó hasta el punto que se mandaba a destruir en la noche lo que se había construido en el día, para eso fueron contratados empleados foráneos que ganaban mejores sueldos que los locales.

Parece que esta historia continuará pues el Contralor de la nación ha anunciado que viene una nueva investigación en la cual se revisaran  contratos por más mil millones de dólares en esta empresa.

Álvaro Altamiranda, Bogotá.

https://www.hispantv.com/noticias/colombia/327224/fraude-reficar-santos-refineria-corrupcion

45.18 A.-LA OTRA CARA DEL PAISA: UN GERENTE GENIAL EN LA MITAD DE LA SELVA DEL CAQUETÁ – Iván

Se ideó un sistema para generar energía en el río Pato y con 300 exguerrilleros montó hortalizas, cultivo de peces y cría de cerdos que maneja desde la clandestinidad

Se llama Hernán Darío Velásquez pero se quedó para siempre El Paisa Óscar. Dejó su zona de 25 años de guerra en el Caquetá para tomar por primera vez un avión y aterrizar en La Habana en el 2017 en el último tramo de la negociación. Permaneció poco tiempo y siempre estuvo al lado de Iván Márquez, el jefe del equipo negociador de las Farc, con quien ha tenido cercanía. Nadie lo pudo ver y ningún periodista ha logrado una entrevista con el comandante de la temible Teófilo Forero. Regresó pronto al único lugar del planeta donde se siente seguro: las selvas del Caquetá donde nunca lo pudo ubicar el Ejército a pesar de ser el objetivo militar número uno. La leyenda construída alrededor del aguerrido comandante de las Farc permanece intacto,  solo que ahora con un nuevo ingrediente: lidera en la zona de Miravalle un mega proyecto productivo en el corazón de la selva, con una hidroturbina que genera energía limpia desde el río Pato y paneles solares que completan el sistema sin afectar el medio ambiente.

2 Dic 2018.- La proeza la logró gracias al ingenio y la pericia del joven ingeniero huilense Raphael Plazas. Creció en Neiva con los rumores de la guerra con las Farc a la vuelta de la esquina y la Teófilo Forero como la gran amenaza, con lo cual ni el Paisa le resultaba ajeno. Recién había llegado de una pasantía en Munich en la fábrica Smarth Hydro Power, en donde aprendió los secretos de la energía alternativa, tomó rumbo al Espacio territorial de Miravalle a orillas de los ríos Coreguaje y el Pato. El encuentro fue en una casa improvisada en enero de 2017. La paz era una realidad, los bombardeos eran asunto del pasado y El Paisa y su guerrillerada de 300 hombres estaban listos a reemprender una nueva vida bajo su liderazgo, como lo habían hecho en la guerra.

El Paisa la tenía clara: ningún proyecto productivo que les asegurara primero la comida y luego la posibilidad de comercializar algún producto prosperaría sin energía. Y tenían cerca el río Pato y un  caudal que podría regularse sin daños ambientales y aprovecharlo en la generación de kilowatios de energía. Un hidrotornillo era la solución, y el ingeniero Rapahel Plazas, el hombre para echar a andar el proyecto.

Al  ingeniero Plazas le impresionó la propuesta de El Paisa. Aunque en Latinoamerica el único hidrotornillo que funcionaba está en Chile, se podía soñar en tener en Miravalle una turbina capaz de alimentar energéticamente una amplia zona del Caquetá. La dificultad que veía este joven  campeón internacional de Robótica en Inglaterra eran los recursos, y así se lo expresó al Paisa, quien le ripostó con optimismo: “Si nos quedamos esperando a Santos nos demoramos toda la vida. El gobierno no es serio. Yo me muevo por otro lado”, le aseguró al ingeniero.

Raphael Plazas decidió dejar las comodidades de la ciudad para internarse en las selvas del Caquetá y cumplir el sueño de cientos de guerrilleros.

Entusiasmado, Raphael se trasladó a vivir en un conteiner en Miravalle. Renunció a su puesto en el  Sena y se trasladó con escasas mudas, un computador y una impresora 3D. Antes de la detención de Santrich el 9 de abril de este año, que prendió las alarmas entre los guerrilleros desmovilizados,  El Paisa gobernaba traquilamente en las tierras del Caquetá donde su mando y relación con los campesinos estaban a toda prueba. Recibía visitantes, antendía delegaciones internacionales y buscaba financiación de su macroproyecto agrícola de Miravalle. Entre tanto el ingeniero trabajaba con sus drones buscando acomodar las terrazas con paneles solares que formaban la silueta del rostro del Comandante Máximo de las Farc, Manuel Marulanda Vélez.

 homenaje al máximo comandante de las Farc.

El propio Raphael lideró una idea que se convirtió en un buen argumento para conseguir fondos para el proyecto. Se internó con un grupo de exguerrilleros a la reserva del Coreguaje, una zona preservada por la guerra donde las Farc han tenido presencia histórica y filmó la rica fauna y flora donde sorprendían los osos hormigueros, osos perezosos y la cantidad de fuentes de agua. El video se volvió en una pieza valiosísima que le enviaron a los contactos de quienes requerían apoyo económico.

El embajador de Noruega Johan Vibe, reaccionó positivamente y lo contactó con la fundación Caritas. La colombiana Marta Rubiano Skretteberg, quien es la secretaria general de Caritas en Oslo, se entusiasmó y junto con su esposo decidieron visitar de incógnitos Miravalle. El Paisa tuvo tema de conversación fluida con el noruego por su común afición a la pesca, que el excomandante guerrillero practica en el río Vichada. Con su habilidad y elocuencia de culebrero antioqueño,  El Paisa no se fue por las ramas y de frente colocó sobre la mesa su sorprendente propuesta: “Mis hombres entregaron armas por un valor de USD $3 millones. Nosotros, en contra prestación, queremos $1.000 millones para poner a andar nuestros proyectos”. A las dos semanas recibiría $1.200 millones para comenzar su proyecto de hidribación energética.

Complementaria a esta financiación consiguieron recursos para Acuaponía, un sistema muy efectivo para cultivar peces y plantas que requieren 24 horas de iluminación, asi como proyectos de piscicultura coordinadas por la experta Mónica Avilés —El hidrotornillo siguió avanzando bajo la dirección del ingeniero Velásquez quien obtuvo el apoyo del empresario huilense Iván Joya que puso todo su taller mecánico a su disposición para ensamblar el proyecto estrella—. Con una inversión de $110 millones la zona tuvo energía sin necesidad de posteado ni cables.

La frustración llegó en abril de este año. El Paisa empezó a dudar del compromiso del gobierno con la seguridad de los excombatientes y sus dudas las profundizó la presencia de militares en áreas cercanas a Miravalle, sobrevuelos de drones y finalmente la detención de Jesús Santrich. No bastaron los estímulos con visitas a la zona para transmitir tranquilidad como la del delegado de la ONU, Jean Arnaut. La firmeza del Paisa se impuso y la decisión estaba tomada.

Una noche se despidió de sus hombres y también de Raphael Plazas: “donde estemos y como estemos vamos a apoyar esta zona y a los muchachos… no hay que flaquear”. Los casi trescientos guerrilleros que lo habían acompañado en la guerra y en la paz se quedaron perplejos. La tentación a abandonar la zona hizo carrera pero aguantaron.

Desde la clandestinidad sigue presente con comunicación con Rodolfo, el segundo al mando. Desde Noruega Caritas llega con su voz de aliento y apoyo económico que administra la Pastoral social en cabeza de Monseñor Héctor Fabio Henao, quien el pasado 14 de noviembre visitó Miravalle para inaugurar el primer sistema de hidrogeneración eléctrica de Colombia. Lo acompañó el senador por el partido Farc Pablo Catatumbo y representantes de la cooperación internacional. El ingeniero Raphael Plazas sirvió de guía junto con excombatientes y  campesinos de la zona que le han puesto el pecho a este esfuerzo de desarrollo tecnólogico y producción agrícola en la mitad de la selva. Pero su gestor, el artífice del invento, nunca llegó.

https://www.las2orillas.co/la-otra-cara-del-paisa-un-gerente-genial-en-la-mitad-de-la-selva-del-caqueta/?utm_medium=push&utm_source=las2orillas

B_45.18.-EL CINISMO PRESENTE – Cecilia Orozco

Escalofriante. Solo en las dictaduras ocurre lo que está sucediendo en Colombia. En medio del escándalo público pero sin consecuencias inmediatas que habrían implicado cortar de raíz el mal, el fiscal general, que está involucrado en el mayor caso de corrupción continental que ha enfrentado Latinoamérica, no solo sigue en su cargo oficial aparentando que nada pasa; la entidad que preside, contaminada irremediablemente por las tachas éticas y, tal vez, legales que se le endilgan a él como persona, continúa en poder de todos los expedientes Odebrecht y —la tapa— adelanta las diligencias para establecer si Alejandro, hijo de Jorge Enrique Pizano, el testigo que dejó evidencias abrumadoras de su comportamiento deleznable, fue víctima o no de un asesinato.

28 nov 2018.- A la hora en que se escribe esta columna, no se ha iniciado el debate previsto en el Senado para ejercer crítica política sobre la conducta de Néstor Humberto Martínez. No conozco, por tanto, el desarrollo de la plenaria pero soy pesimista en cuanto a sus resultados pese a la fuerte decisión de los parlamentarios convocantes y a que, en privado, la mayoría de los congresistas expresan su asombro con la actitud laxa del fiscal frente a los delitos que Pizano le revelaba en las conversaciones que le grabó, y en que incurrió Odebrecht mientras era socio de Corficolombiana, la firma que Martínez asesoraba. Soy pesimista porque aunque piensen que Martínez Neira debe renunciar, los partidos tradicionales se unirán en torno a él, no tanto para defenderlo sino para defenderse a sí mismos de las salpicaduras que el fiscal podría irradiar contra el establecimiento que ellos sostienen.

En cualquier caso, lo que se escucha (oír grabación) en la audiencia de “control posterior”, que solicitó ante un juez la fiscal asignada al presunto homicidio de Alejandro Pizano, también escandaliza. Ella narra que un grupo considerable de agentes del CTI, investigadores y peritos, se presentaron a la casa de campo de la familia víctima, el sábado 17 de noviembre; recalca que inspeccionaron cada rincón con autorización de la viuda y sus hijas; relata que la diligencia se extendió hasta las 10 de la noche, momento en el cual pidió suspenderla mientras llegaban otros analistas; especifica que estos arribaron a la medianoche y trabajaron hasta las 2:30 de la madrugada del domingo 18 pero, en otra parte de su descripción, afirma que la familia, exhausta, pidió permiso para retirarse a las 5 de la mañana; hace la lista exhaustiva de los que calificó como “elementos materiales de prueba”. Entre estos, menciona medicamentos, frascos, pastilleros, caja con 16 discos compactos o DVD, tres teléfonos celulares, cinco computadores portátiles, un disco duro, un iPad, 11 folios aparte de la historia clínica de Jorge Enrique Pizano y un tarro de cianuro de un kilo, entre otros.

También cuenta que le recibió declaración juramentada a siete parientes o personas cercanas a la familia Pizano, presentes en esas horas. Insiste en que “no se violó el derecho a la intimidad” de la viuda e hijas a pesar de que también admite que tomaron fotografías y que entrevistaron a los vecinos del lugar, los días previos. A este aterrador panorama, difícil de soportar psicológicamente, aun por quien no hubiera pasado por la angustiosa experiencia de perder, en cuestión de horas, al esposo e hijo o al padre y hermano, la fiscal del caso añadió, con una tranquilidad pasmosa, que no pidió antes el control de legalidad de ese acto intimidante en el término previsto en la ley (36 horas) sino que lo hizo solo cinco días después de concluida su fatigante presencia en la casa Pizano — viernes 23 de noviembre— con la disculpa de que ¡los agentes no le entregaron a ella los informes respectivos sino 24 horas antes!

Esa semana misteriosa en que la Fiscalía tuvo en su poder, y sin legalizar este acto, todos los archivos digitales y físicos del ingeniero Pizano, sí ,señor, el principal testigo de la venalidad de Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal general de la Nación, hunde todavía más la credibilidad y la autoridad de ese organismo. ¿Cómo sabemos si el material en su poder fue manipulado o si se ocultaron evidencias? El juez invalidó las pruebas. Y la fiscal del caso así como sus superiores, aducen que no se trataba de un allanamiento sino de “una inspección”. Disculpa que ofende la inteligencia ajena y el objeto de la diligencia que solicitaron. Entre tanto, el doctor Martínez Neira y hasta su hijo Humberto, en artículo que le publicó Semana, piden “respeto a la intimidad” de las Pizano. Cínico.

https://www.elespectador.com/opinion/el-cinismo-presente-columna-825982

C_45.18.- GRUPO DE ACCIÓN CONTRA LAVADO DE ACTIVOS GAFI DICE: “DESDE  2013 SOLO HAY 5 FALLOS POR FINANCIAR AL TERRORISMO’- Justicia

 GAFI DICE QUE RESULTADOS EN INVESTIGACIONES POR LAVAR ACTIVOS Y FINANCIAR EL TERRORISMO SON BAJOS.

Gran parte de los capitales del lavado de activos se quedan en los países donde se comercializa la droga, como los europeos y Estados Unidos. Además, el lavado tiene que pasar por los bancos internacionales y sus paraísos fiscales. Foto:  Hernando Herrera / Archivo EL TIEMPO

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) cuestionó que en el país la mayoría de procesos por lavado de activos se estén quedando en las formas más simples en las que se comete ese delito, y con montos bajos de efectivo, “lo que no concuerda con el perfil de riesgo de Colombia”. También criticó las pocas condenas que se dictan en el país por financiar al terrorismo.

Según Gafi, la mayoría de investigaciones “están relacionadas con casos que no impactan efectivamente a las organizaciones criminales que actúan en el país”.

13 nov 2018.- Estas son algunas de las conclusiones en su Informe de Evaluación Mutua de Colombia, en el que hace recomendaciones frente a las medidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Según su informe, la efectividad y el cumplimiento técnico de Colombia en la investigación y procesamiento de esos dos delitos siguen siendo bajas, pese a que en el país el volumen de activos lavados en la economía podría ser del 7,5 % del PIB, y pese a la amenaza que implican los grupos ilegales en el territorio.

El Gafi asegura que la mayoría de condenas por lavado de activos en el 2016 y 2017 se dieron por enriquecimiento ilícito: “Estos casos no requieren una condena sobre la actividad ilícita que aumenta el patrimonio del acusado. Además, casi todas las condenas se han obtenido a través de un acuerdo de negociación de culpabilidad”.

El estudio reportó que entre el 2012 y el 2016 hubo 230 procesos por lavado de activos: “Los resultados de las acusaciones y enjuiciamientos de lavado de activos muestran que hubo un aumento en el número de imputaciones, pero un declive en la tasa de condenas. Las autoridades explicaron que la razón de esta situación es la creciente complejidad de estos casos. Sin embargo, sigue siendo una seria preocupación”, dijo.

Frente a la financiación del terrorismo, el Gafi dice que preocupa que desde el 2013 solo haya cinco condenas, pese al alto riesgo que representa el crimen organizado vinculado al narcotráfico y la minería ilegal. De hecho, la minería ilegal es un problema creciente ya que “el 50 por ciento de minas del país son ilegales”.

Otra advertencia es que la inteligencia financiera de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) no está conduciendo al número de condenas esperadas. “Si bien la Fiscalía utiliza la mayoría de las diseminaciones de la Uiaf en la etapa de indagaciones preliminares, esa inteligencia ha conducido a menos casos de lavado de activos (…) y a ninguno de financiación del terrorismo”, asegura.

Si bien la Fiscalía utiliza la mayoría de las diseminaciones de la Uiaf, esa inteligencia ha conducido a menos casos de lavado de activos (…) y a ninguno de financiación del terrorismo

El informe muestra que entre julio y agosto del 2017, la Uiaf entregó 422 reportes a la Fiscalía, por los cuales el ente acusador inició 242 procesos penales: 151 están en etapa preliminar, 27 son investigaciones en curso y solo en 16 se lograron condenas.

El Gafi también recomienda enfocarse no solo en el narcotráfico, sino también ver los riesgos de las sociedades anónimas simplificadas (S. A. S.), la evasión fiscal o el sector informal. Por ejemplo, las S. A. S. representan el 54 por ciento de sociedades comerciales, y se constituyen solo con un documento privado simple, “lo que trae riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo que no están siendo analizados por las autoridades”.

El otro lío es la corrupción, en donde “las grandes redes de influencia están particularmente establecidas en el sector de contrataciones”. Al año, dice Gafi, los productos de corrupción rondan los 7.500 millones de dólares, por lo que cuestiona que en Colombia no hay sanciones penales para firmas corruptas.

Extinción del dominio

El Gafi afirma que en el país hay importantes avances frente a los bienes extinguidos. La Fiscalía aseguró que entre el 2011 y el 2016 hubo 292 decisiones legales que extinguieron 1.405 activos. Y entre el 2014 y mayo del 2017 hubo 13.941 activos con medidas cautelares por un monto de más de 17 billones de pesos.

Pese a esto, el Grupo asegura que la Fiscalía solo tenía una repatriación de activos desde el exterior. “Colombia podría beneficiarse si se realizan más esfuerzos para repatriar el producto del delito trasladado al exterior y obtener el intercambio internacional de activos”, dice.

https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/quien-era-hector-beltran-leyva-el-capo-mexicano-enemigo-del-chapo-guzman-295054

44.18 A .-LA TRAMA MACABRA DE UN MATONEO A LA PRENSA LIBRE – Cecilia Orozco

“No acepto diálogos privados sobre casos oficiales”, decía, con dramatismo teatral, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, mientras acercaba su teléfono a la cámara de Caracol Televisión poniendo, de frente, la pantalla de su móvil. Sucedió durante la gran entrevista que el director de los informativos de ese medio, Juan Roberto Vargas, le hizo al funcionario por la grave crisis que se desató cuando Noticias Uno reveló, primero, y El Espectador, días después, el contenido de unas grabaciones que dejó, como testimonio de su inocencia, el fallecido ingeniero Jorge Enrique Pizano.

21 nov 2018.-  Este, víctima visible más reciente de un sistema político corrompido que acapara el poder del Estado y que impone, cambia y vuelve a imponer, de acuerdo a sus intereses, a ciertos personajes en los cargos de mayor responsabilidad del Estado sin importar su condición moral, también quiso exponer la conciencia laxa de quien escuchaba, fresco, sus graves denuncias sobre los delitos que se estaban cometiendo en el consorcio dominado por Odebrecht, la multinacional que llevó la corrupción a su máxima expresión continental.

Sin embargo, Martínez, en una racha de mala suerte o, mejor, de cuentas de cobro que la vida le debe estar pasando, exhibió en su pantalla no su inocencia, sino un indicio de su presunta participación en el matoneo desatado en redes sociales que se inició a partir de ese momento, a Noticias Uno; a su directora, quien escribe estas líneas, y a cuantos representen un peligro para su entramado. Cuando la cámara toma la imagen del celular, entra una llamada identificada como “Yamhure”. Coincide ese apellido con el de un individuo que ha hecho fama —mala fama—, antes en medios tradicionales y ahora en redes sociales, por armar campañas de desprestigio con falsedades que tienen como objeto confundir a la opinión pública para favorecer a los que tienen mucho por ocultar. ¿Todo un fiscal general en contacto con individuos de esa categoría? Fiel a su carácter, Martínez explicó que él “habla con los periodistas”. ¡Vaya! Darle ese mérito profesional a la persona que fue despedida de este diario por razones que un funcionario judicial debería recordar es, por lo menos, preocupante. El matoneo creció en la medida en que el respaldo a Martínez ha ido disminuyendo. El grupo sórdido que ha estado en esa tarea baja pretende desprestigiar al mensajero, como si con ello también desprestigiara el mensaje que descubre el mundo también sórdido de los macronegocios del país. La línea de tiempo del bullying es clara:

El lunes 12 de noviembre, Noticias Uno publica la parte más relevante de una de las conversaciones del ingeniero Pizano con el abogado Martínez. El 14, Juan Roberto Vargas se apunta un éxito con su entrevista al fiscal. Ese es el día en que la persona Yamhure llama al fiscal. El jueves 15 se me acerca un reportero en una ceremonia y me advierte que me van a hacer un montaje por haber expuesto las grabaciones. El viernes 16, El Espectador publica la segunda conversación con Martínez Neira sobre las denuncias por los movimientos de dinero presuntamente delictivos que encontró Pizano en el consorcio Ruta del Sol II. En la tarde de ese viernes, El EspectadorSemana y Noticias Uno publican la totalidad de las grabaciones en sus páginas web. El sábado 17, el mismo sujeto que tiene línea directa con el fiscal y otro individuo de las alcantarillas virtuales publican, muy de mañana, sendos trinos en que hablan de “ataques coordinados… y conspiraciones contra el fiscal general”. El domingo 18 amanece otro trino, esta vez contra @CeciliaOrozcoT y @NoticiasUno. Se afirma, allí, con un llamativo “atención” que “hay evidencia de que se alteraron las grabaciones” y añade la amenaza de que se nos podrían imputar delitos. ¿Quién lo haría?: la Fiscalía de Martínez Neira, por supuesto.

No me preocupé por cuanto las grabaciones estaban a la vista, escucha y lectura de las audiencias de los tres medios, con dos días de anticipación: la “denuncia” de los criminales virtuales se caía por el peso de la evidencia contraria. Pero el lunes 19, hace dos días, se comunicó conmigo un conocido periodista, fuerte defensor de la gestión de Martínez Neira y con quien yo no charlaba hacía meses. Me contó que la familia Pizano lo buscó para pedirle asesoría de medios. Consultó mi opinión y se la di: aislarse y contratar psiquiatras y psicólogos para apoyar su salud mental. Ese día, se entregó un comunicado sin firma responsable, proveniente, según se dijo, de las señoras Pizano: “modificación de las grabaciones… no sigue los deseos de Jorge Enrique”, dice el escrito y añade afirmaciones sorprendentes a favor del fiscal que amargó el último año de sus vidas: “(cuando él grabó a Martínez Neira) jamás tuvo el objetivo de encontrar… el detrimento de un servidor público… manifestamos nuestra confianza en la investigación que adelanta la Fiscalía”.

 La respetable familia, cuyo dolor seguramente sí fue manipulado, recibió la asesoría errada, no sé de quién. En contraste, transcribo apartes no publicados del último mensaje del ingeniero tristemente fallecido a mi celular: “… ya le llegará la hora a NHMN quien con LACSA y un sector político manejan todo a su antojo”; “se lo advertí (facturas sin soporte) no solo al Grupo Aval sino a su abogado NHMN… pero Aval no hizo nada”; “nadie había hablado de mis declaraciones… permíteme, dejaron con el c… al aire a Odebrecht, a Sarmiento y a NHM…”. Este es el mensaje real, por encima de las consejas, que envió la víctima central de los que “manejan todo a su antojo”. Respeto por las Pizano. Respeto por quienes tenemos una trayectoria profesional limpia, muy larga ya, que habla por nosotros. No necesitamos defensa aunque con estos montajes… Pero no nos asustamos. Seguiremos informando.

* Esta columnista denunció penalmente, por injuria y calumnia, al individuo Ernesto Yamhure hace dos años, nueve meses. El proceso avanzaba en la Fiscalía pero duerme, quietecito, en los anaqueles de una fiscalía local a partir de, o en coincidencia con, el momento en que se posesionó el doctor Martínez. Si se puede, estoy lista a retirarla, motivo falta de garantías.

https://www.elespectador.com/opinion/la-trama-macabra-de-un-matoneo-la-prensa-libre-columna-824655

B – 44.18 .-LA PLATICA QUE SE PERDIÓ – Yohir Akerman

Esta es una historia técnica, complicada, un poco aburridora, pero no por eso deja de ser importante. Involucra a los constructores, a Camacol, al exalcalde Gustavo Petro y, obviamente, al alcalde Enrique Peñalosa.

25 nov 2018.-  El actual burgomaestre, en su afán de conseguir recursos para sus proyectos, ha pretendido vender empresas públicas o endeudarnos por años, pero, al mismo tiempo, ha descuidado el cobro de tributos que ya existen y que son equitativos como el de la participación en plusvalías.

TODO PARA PROTEGER A SUS AMIGOS CONSTRUCTORES.

Vamos por partes.

La plusvalía es una contribución que se cobra exclusivamente a los privados propietarios de suelo cuando se les autorizan usos más rentables o mayor edificabilidad en un terreno, dependiendo de la zona en donde está ubicado ese predio.

Es un tributo de destinación específica. Eso implica que solo puede ser invertido en obras en la zona del predio beneficiado. Por lo tanto, debe dirigirse a vías, alcantarillado pluvial, parques, canchas, entre otras, en donde se hace determinada construcción.

Ese dinero no es para las arcas del municipio, sino para la ejecución de proyectos que beneficien la zona de influencia.

Peñalosa, en su intento por borrar todo lo que hicieron administraciones anteriores, ha cocinado un importante detrimento patrimonial del que nadie parece preocuparse. Ni siquiera los entes de control.

SIGAMOS.

Petro expidió el Decreto 562 de 2014, llamado el decreto de los rascacielos, porque permitía construir grandes torres, pero exigía pagos en suelo o en dinero para parques, vías, espacios peatonales, equipamientos, etc.

Ese decreto fue muy criticado porque afectaba tejidos barriales al irrumpir con torres de 20 o 22 pisos en zonas con casas o edificios de pocos pisos. Válido. También fue inmensamente criticado por Camacol, puesto que Petro expidió la ley sin consultarles.

Lo que nunca se dijo cuando llovieron las críticas fue que hay otras zonas de la ciudad donde se permite altas torres y que no pagan nada. De hecho, en ocasiones ni siquiera pagan participación en plusvalía. Por ejemplo, la torre Bacatá se licenció con base en el POT expedido por Peñalosa en el año 2000 y pagó cero pesos por cargas y cero pesos por plusvalías. Por eso era obvio que, a los constructores y a sus gremios, no les gustara el Decreto 562.

Para hacerse una idea de los recursos que se podían recuperar con la combinación de los dos instrumentos, se puede mirar el predio de la torre localizada en la Carrera 11B No. 99-55 y/o Calle 99 No. 11B-14, con un área de 2.304,64, que pagó cargas urbanísticas por ocho mil millones de pesos y adicionalmente le fue liquidada, y luego exonerada de manera oscura, una participación en plusvalía por valor de más de once mil millones de pesos. (Ver Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos?)

Peñalosa, en su campaña financiada por diferentes constructores, la emprendió contra el Decreto 562 de 2014 y al llegar a la Alcaldía cumplió su compromiso y lo derogó por medio del Decreto 079 de 2016. Así las cosas, se volvió a la situación anterior que permitía hacer grandes torres sin pagar nada a la ciudad.

Por esta razón, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, UAECD, tomó la decisión de solo realizar el recálculo respecto a los predios que hubieran obtenido licencias durante la vigencia del Decreto 562 de 2016. (Ver Recalculo)

Al optar por hacer el ajuste solo para unos predios identificados de manera particular, ya no aplicaba la técnica de avalúos masivos. Dicho de otra manera, correspondía a la UAECD determinar si los predios ya licenciados habían pagado o no las cargas de servicios públicos o la obligación de la destinación de suelo de vivienda de interés prioritario, ya que el ajuste se originaba en la reglamentación de las mismas.

UN AMPLIO MARGEN PARA LA CORRUPCIÓN.

Pues bien, para no ponernos demasiado técnicos, la concejal María Fernanda Rojas, gracias a un derecho de petición, pudo obtener una respuesta del IDU que muestra que en 14 meses de vigencia del decreto que derogó Peñalosa, el No. 562 de 2014 vigente entre diciembre de 2014 y febrero de 2016, se recaudaron 169.000 millones de pesos.

UNA PLATICA.

El mismo monto recibió el Instituto Distrital de Recreación y Deportes para parques ya que cada entidad recibía el 50 %. Esos 340.000 milloncitos fueron pagados por los constructores como contraprestación al aumento de la edificabilidad. (Ver Respuesta oficio 2018EE13686)

Al Peñalosa derogar el Decreto 562 por compromiso de campaña con Camacol, como se dice coloquialmente: botó el sofá, pero no a la esposa infiel que encontró con otro en el sofá, ya que dejó vigentes las altas edificabilidades en otros sectores de la ciudad, pero sin cobrar cargas a los constructores.

Como si fuera poco, Catastro Distrital, a cargo de la hoy Secretaría de Educación, después de derogado el Decreto 562 hizo una nueva liquidación de la participación en plusvalías. Con el pretexto del cálculo de una obligación adicional para financiar actualización de las redes de servicios públicos y el porcentaje del suelo destinados a vivienda de interés prioritario, exoneró 39 predios sin verificar que la gran mayoría no habían pagado esas cargas y estaban obligados a pagar la participación en plusvalía.

Algunos cálculos puntuales, como el de la torre mencionada ubicada en la Carrera 11B No. 99-55 y/o Calle 99 No. 11B-14, de un promotor cercano a la administración de Peñalosa, y otros, muestran que la participación en plusvalías dejada de cobrar por cada predio era alrededor de 10.000 millones de pesos. (Ver Exclusión)

Catastro Distrital los excluyó sin hacer revisión de las licencias y sin que hubiera habido reclamación de los propietarios porque la liquidación inicial estuviera mal hecha.

TERMINEMOS.

Peñalosa les regaló una importante suma de dinero a los constructores, pese a que en algunos casos eso ya estaba calculado en la estructura de los proyectos, se había informado a los inversionistas y estos estaban dispuestos a pagar.

Y aunque las irregularidades han sido denunciadas ante la Personería y la Contraloría, por la abogada María Mercedes Maldonado, quien fue secretaria de Hábitat en Bogotá y en 2014 fue designada alcaldesa interina de la ciudad, los organismos de control o se han hecho los de la vista gorda, o no han visto la gravedad del problema, o no han tomado acciones preventivas ni realizado auditorías dirigidas a frenar el detrimento.

El punto crucial es que si la participación en plusvalía no se cobra cuando el constructor todavía es el dueño del terreno, después se tendría que cobrar cuando los compradores de vivienda y de oficinas vendan.

Está como le gusta a Peñalosa: que sea el ciudadano común quien termine pagando y no quienes se beneficiaron económicamente con los incrementos en los precios del suelo por los cambios de normas, los cuales les deberían permitir pagar esas cargas y las plusvalías.

Un silencioso y fuerte detrimento patrimonial oculto detrás de una maraña de consideraciones técnicas.

@yohirakerman https://www.elespectador.com/opinion/la-platica-que-se-perdio-columna-825503

C -44.18.-DOS EXDIRECTIVOS DE CEMEX TESTIFICARÁN CONTRA LA PODEROSA CEMENTERA- U Investigativa

Édgar Ramírez hablará con el FBI y Camilo González, con la Fiscalía sobre compra de mina.

Édgar Ramírez (izq.), imputado por la Fiscalía, se fue del país hace varios meses. Camilo González (der.) tiene detención domiciliaria por este caso.

Foto: Archivo particular

Para el 29 de noviembre está programada en Washington una reunión entre agentes del FBI, un alto funcionario de la Fiscalía de Colombia y Édgar Ramírez, el exvicepresidente de Planeación de la poderosa cementera mexicana Cemex.Fuentes federales le aseguraron a EL TIEMPO que Ramírez busca concretar ese día una doble colaboración judicial con ambos gobiernos para demostrar supuestos actos de corrupción por parte de algunos miembros de la cúpula de la multinacional.

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25 nov 2018.- Y si bien el plato fuerte serán las irregularidades en la adquisición, en Antioquia, de una mina de caliza –vinculada a Aldemar Moncada, chatarrero asesinado en 2016–, hay otros temas en la agenda.

EL TIEMPO estableció que se trata de la suscripción de otros contratos, el pago de impuestos y la cartelización en los precios del cemento, que ya le costó a Cemex una sanción en Colombia. De hecho, en agosto, el FBI recogió información para la Comisión de Valores de Estados Unidos, debido a que Cemex cotiza en la bolsa de ese país.

“Además de vicepresidente de Planeación, Ramírez tenía información sobre negocios en América Latina”, le dijo hace siete días a este diario uno de sus allegados. Y, un día después, la W Radio reveló que los datos en su poder desencadenarían un caso de corrupción similar al de Odebrecht, ya que implican pagos a políticos con el fin de ganar millonarios contratos.

Al respecto, voceros de la cementera le aseguran a EL TIEMPO que esas investigaciones no son nuevas. De hecho, dicen que, por el caso de la mina, desde diciembre de 2016 revelaron el requerimiento de la Comisión de Valores para determinar si habían incumplido la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero. Y el 30 de abril pasado informaron que son investigados por supuestas prácticas anticompetitivas en Estados Unidos.Pero admitieron desconocer la colaboración de Ramírez a quien se le imputó en Colombia falsedad, administración desleal y enriquecimiento ilícito.

La millonaria planta de cemento que aún no opera en Antioquia

Ni oraciones ni correos secretos salvaron a exdirectivos de Cemex

A La Modelo dos exdirectivos de Cemex

El caso Cemex toca ahora el ‘jet set’ mexicano

Las claves del caso Cemex, que ahora enreda a top model mexicana

Sin embargo, EL TIEMPO estableció que él no es el único que testificaría contra Cemex. La Fiscalía afina un principio de oportunidad con Camilo González, exvicepresidente jurídico de la cementera, detenido por los mismos hechos.

Si bien Ramírez y González fueron denunciados por la multinacional, señalándolos de realizar irregularidades en la negociación de la mina, ahora ambos dicen tener evidencia de que la casa matriz les ordenó ejecutar el negocio y de que sus jefes estaban al tanto de las diligencias y del nexo con el chatarrero muerto.

EL TIEMPO conoció decenas de correos que son la base de la evidencia.

El asesor de Carrasquilla

Pero Cemex insiste en ser víctima dentro del caso. De hecho, bajo esa figura sus directivos hacen ‘lobby’ para que Colombia le deje explotar la mina, a pesar de que está en un proceso de extinción de dominio contra los bienes del chatarrero.

En efecto, desde el gobierno Santos, la cementera inició una negociación confidencial para que puedan explotar al menos una tonelada de caliza al año, reconociéndole al país el 1,7 por ciento sobre las ventas.

EL TIEMPO estableció que cuando arrancaron los diálogos con el gobierno Duque, esa oferta cayó al 1 por ciento. En plata blanca, significa que el país dejaría de recibir 63 mil millones de pesos al año. La negociación, a punto de cerrarse, la coordina Juan Alberto Londoño, asesor del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y quien trabajó para Cemex.

Londoño lidera las reuniones entre la cementera y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que administra la mina, la zona franca y el título minero.

El propio Londoño le admitió a EL TIEMPO que, a finales de 2016, y hasta junio de 2017, fue contratado por Cemex para hacerle un análisis de impuesto de industria y comercio en San Luis, Tolima. Pero, según dijo, en su criterio no hay impedimento para que participe en la negociación, por tratarse de temas diferentes.

En igual sentido se pronunció la cementera, que de paso advirtió que sus obligaciones fiscales están al día en los 50 países donde opera.

Y Londoño agregó que si bien en el gobierno Santos Cemex llevó el caso de la mina hasta la alta consejería para la Competitividad, “esa oficina no ha tenido injerencia en el caso durante la administración Duque”.

La aclaración se debe a que ese despacho está hoy en cabeza de Clara Parra, esposa del ministro Carrasquilla, conocida de Londoño y exejecutiva de Cemex, quien confirmó la versión.

“La negociación no se ha cerrado. La mina y la zona franca son activos con potencial de generar valor, pero también con riesgo de que se pierda”, agregó Londoño cuando se le preguntó por los detalles del caso.

Advirtió además que la zona franca no ha iniciado operaciones y requiere de una inversión que Cemex está asumiendo con la intención de ser el operador hasta que se defina si los predios son o no sometidos a extinción de dominio.

Y, aunque la negociación avanza no obstante las investigaciones en Estados Unidos, para que quede en firme debe ir a una conciliación que, previo el visto bueno de la Procuraduría, tiene que confirmar un tribunal administrativo.

Cementera dice que denunció irregularidades

Si bien la multinacional sostiene que ignora el proceso de colaboración de Édgar Ramírez, dice que su exvicepresidente de planeación fue desvinculado de la compañía cuando se encontraron “irregularidades en relación con la compra de terrenos para la construcción de una planta de cemento en Maceo, Antioquia”. Por esa misma época retiraron a Camilo González. Y recalca que Cemex no solo los denunció sino que colabora con autoridades. Sobre la negociación de la mina, admite que está en curso y que espera que culmine con el beneplácito financiero, legal, operacional y técnico de la SAE.

UNIDAD INVESTIGATIVA u.investigativa@eltiempo.co https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/dos-exdirectivos-de-cemex-acceden-a-testificar-contra-la-poderosa-cementera-297522?cid=EM

43.18 A. – EXPRESIDENTE DE PERÚ INVESTIGADO POR CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS PIDE ASILO EN URUGUAY

Domingo, Noviembre 18, 2018 – 15:06 El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó que el expresidente, Alan García (2006-2011), investigado por corrupción y lavado de activos, ha pedido asilo en Uruguay.

«El ex presidente ha solicitado asilo a ese país, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay», se lee en un comunicado difundido por la Cancillería del país andino.La embajada de Uruguay en Perú informó que García ingresó en la noche del sábado a la casa del embajador uruguayo en Lima con el propósito de asilarse en el país oriental.

La Cancillería ha indicado que el pedido de asilo del exmandatario será evaluado por Uruguay luego que las autoridades peruanas correspondientes hagan llegar información pertinente en relación a la situación de García.

El exjefe de Estado es investigado por la Fiscalía de Perú por haber recibido presuntos sobornos de la empresa Odebrecht para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, obra ejecutada durante su mandato.

Asimismo, se le imputa presunto lavado de activos por pagos ilícitos por conceptos de conferencias dictadas para Odebrecht y socios empresariales brasileños en 2012.

Estas conferencias, sostiene la Fiscalía, habrían sido actividades de fachada para el lavado de fondos ilícitos.

El Poder Judicial de Perú dictó impedimento de salido por 18 meses.

http://hsbnoticias.com/noticias/internacional/expresidente-de-peru-investigado-por-corrupcion-y-lavado-de-481170

B.- 43.18 – LA CONDENA A 30 AÑOS POR EL ASESINATO DE LUIS CARLOS GALÁN, NO SE MODIFICARÁ.

Corte Suprema envía a JEP caso de Maza Márquez pero le dice que no revisará sentencia

Martes, Noviembre 20, 2018 – 14:16

La Corte Suprema de Justicia tomó una polémica decisión frente al caso del exdirector del DAS Miguel Maza,  pues lo envía a la JEP pero sin mayores explicaciones, advierte que no se puede revisar su sentencia.

Miguel Alfredo Maza Márquez fue condenado en 2016 a 30 años de prisión, como coautor del homicidio con fines terroristas, calificado como magnicidio, del candidato liberal a la Presidencia Luis Carlos Galán, cometido en 1989.

Maza solicitó acogerse a la JEP en calidad de agente del Estado no miembro de la Fuerza Pública, con la intención de acceder a los beneficios del acuerdo de paz firmado con las FARC hace casi dos años. Dicha solicitud fue atendida por la Corte, con ponencia del magistrado Ramiro Alonso Marín, quien decidió remitir el expediente a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, para que en ese ámbito definan si el condenado podría acceder a alguno de los beneficios del Acuerdo Final de Paz.

Sin embargo, la Corte Suprema advierte que, dado que el proceso de Maza ya terminó, los beneficios eventuales no pueden incluir una revisión de la sentencia, potestad que es exclusiva de la misma corporación que lo condenó.

Así las cosas, el caso de Maza Márquez abre dos asuntos importantes que tendrá que despejar la JEP: si es posible considerar relacionado con el conflicto armado un crimen como el cometido contra Galán Sarmiento y si, pese a no revisar la sentencia, al condenado se le pueden dar otros beneficios, por ejemplo la sustitución de condena.

Maza cumple su condena en el Centro de Capacitación de la Policía Nacional (Cespo), en Bogotá.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/corte-suprema-envia-jep-caso-de-maza-marquez-pero-le-dice-481806

 

42.18.-USO DE PARAÍSOS FISCALES SE MULTIPLICA POR CINCO EN LATINOAMÉRICA – Efe

Holanda, Panamá, Suiza y Luxemburgo son los países más utilizados por los latinoamericanos.

El escandalo de los ´Papeles de Panamá´o la filtración periodística de documentos del gabinete de abogados Mossack Fonseca, fue revelado en abril de 2016. Foto: AFP 

La utilización de paraísos fiscales se multiplicó por cinco en Latinoamérica en un periodo de quince años, en un contexto de internacionalización de las economías en el que fondos billonarios han escapado especialmente a Europa, no solo al Caribe.

Un lista negra de los destinos de la evasión fiscal con sanciones de verdad efectivas haría más difícil la huida de este dinero necesario para escuelas y hospitales públicos, advierte un informe de Oxfam, presentado en La Paz por Susana Ruiz, responsable de justicia en la organización no gubernamental.

26 nov 2017.- Este incremento de la salida de capital está «vinculado al crecimiento y a la internacionalización de estas economías», detalla Ruiz en la explicación del informe. Dentro de Latinoamérica, destaca el caso de Bolivia, cuyo crecimiento «se multiplicó por siete en un periodo de cinco años», aunque «con volúmenes inferiores a los de sus países vecinos».

«La gran fortuna también existe en Bolivia», agrega. La responsable de Oxfam apunta que «Holanda, Panamá, Suiza y Luxemburgo» son los países más utilizados por los latinoamericanos para evitar impuestos a través de cuentas bancarias.

Saber cuánto dinero está oculto «es difícil, precisamente por la naturaleza misma de estos flujos», pero hay investigadores que calculan que suma «aproximadamente entre 20 y 32 billones de dólares» a nivel global. «Un volumen equivalente al PIB de las dos potencias mundiales, Estados Unidos y China, juntas», señala.

Los paraísos fiscales en islas caribeñas también se han utilizado en Suramérica como salida a los activos, aunque los datos de los conocidos como «papeles del paraíso» todavía no han trascendido. Al igual que los papeles de Panamá, se trata de una filtración a gran escala de documentos sobre grandes fortunas ocultas lejos de las autoridades fiscales de sus países de origen, que se ha encargado de airear el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIJ).

A nivel mundial, «las Islas Caimán atraen siete veces más inversión que Brasil y tres veces más que China», según Oxfam. Dada la complejidad, la organización propone cinco medidas para acabar con la evasión fiscal. Entre las propuestas, Susana Ruiz subraya la necesidad de «elaborar una lista negra mundial de paraísos fiscales, incluyendo sanciones que desincentiven su uso».

Además, agrega que se debería «incrementar la transparencia en la información financiera» para evitar los desfalcos, e impulsar una «ley de lucha contra paraísos fiscales». En su análisis del informe, Ruiz pone en valor la «ejemplaridad de Ecuador», que aprobó en referéndum el año pasado que «los cargos electos públicos no puedan tener cuentas ni activos en paraísos».

Una de las claves estriba en la «ejemplaridad en el comportamiento de los funcionarios», ya que como se ha visto, «las soluciones no han sido suficientes para frenar esta inercia», advierte. «Más de la mitad del comercio mundial pasa por paraísos fiscales», que a su vez generan «el 45 % de los beneficios empresariales», recalca citando datos del reconocido economista francés Gabriel Zucman, autor del libro «La riqueza oculta de las naciones: Investigación sobre los paraísos fiscales».

Oxfam mantiene que de los 170.000 millones de dólares que los países en desarrollo dejan de recaudar cada año, 100.000 millones se deben a la evasión fiscal de las grandes empresas. Esa cantidad sería suficiente para proporcionar educación a 124 millones de niños sin escolarizar y para costear la atención sanitaria que podría salvar la vida de seis millones de niños, según el análisis de esta organización sobre unos paraísos que solo unos pocos pueden «disfrutar».

https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/uso-de-paraisos-fiscales-se-multiplica-por-cinco-en-latinoamerica-155444

42.18.-INVITACIÓN ACEPTADA, SEÑOR PRESIDENTE – Marc Hofstetter

Esta semana empieza el trámite legislativo de la ley de financiamiento. La atención de los medios y las redes ha estado enfocada en el IVA. No me voy a centrar en esa parte, que parece abocada al fracaso: ni se extenderá a tantos bienes ni el salto será al 19 % propuesto.

10 nov 2018.- Menos atención han recibido las propuestas sobre impuestos a la renta empresarial y a los dividendos que reciben sus accionistas. En la exposición de motivos, el Gobierno explica que quiere bajar los impuestos sobre la renta empresarial al 30 % argumentando que la tasa colombiana es muy alta, más ahora que muchos países se han movido en la dirección de reducir ese tributo. Que la tasa colombiana es alta es indiscutible. Es tan alta la tarifa colombiana, que si uno toma los 37 países de la OCDE la tarifa a la que quisiera bajarse el Gobierno seguiría siendo la tercera más alta, lejos del promedio, que está por debajo del 24 %.

Infortunadamente, la letra menuda del proyecto aclara que no todos pagarán el 30 %. Hay una lista larga de privilegiados que pagarán menos: las zonas francas seguirán con tarifas especiales, las empresas del sector de economía naranja (donde habrá que montar una absurda burocracia que verifique la autenticidad cromática del contribuyente) y los hoteles (necesitaremos también inspectores que determinen cuáles son moteles, que no clasificaron a la rifa), entre otros, tendrán privilegios especiales. Los privilegios contradicen el espíritu simplificador con el que se justifica la ley. Resulta insólito que el Gobierno esté dispuesto a pagar el costo político de subir el IVA, pero no el de quitar privilegios empresariales. Sin estos, a todas las empresas podría ofrecerles una tarifa de renta empresarial significativamente menor.

Lo que no dice el proyecto es que si bien el impuesto de renta a las empresas es muy alto, el impuesto que pagan sus accionistas por los dividendos recibidos es extremadamente bajo. Para ser precisos, de los 37 países de marras somos el quinto con menor tarifa (y eso que la tarifa del 10 % usada en mis cálculos solo se paga por dividendos por encima de $33 millones).

Al bajar los impuestos corporativos y dejar quietos los ya bajos impuestos a los dividendos, la propuesta les reduce la carga tributaria a los que más ingresos reciben en el país y la tributación conjunta sobre empresas y dividendos de Colombia quedaría aún más abajo de lo que está del promedio de la OCDE.

Asistí a un evento en el que el presidente Duque, al cerrarlo, les pidió a los asistentes contribuir con sus opiniones al debate de la ley y en el que afirmó estar dispuesto a sacrificar capital político para sacar adelante la mejor reforma posible. Invitación aceptada, señor presidente. Le resumo en una frase el mensaje de la columna: bienvenida una reducción de renta a todas las empresas, pero quitando TODOS los tratamientos especiales, nuevos y heredados, sin preferencias cromáticas y empinando a cambio los impuestos a los dividendos. Si le vamos a pedir un sacrificio a la clase media debe haber también uno, más que proporcional, de la alta.

https://www.elespectador.com/opinion/invitacion-aceptada-senor-presidente-columna-822964

41.18.-LA TORPE DEFENSA DEL EXMINISTRO ARIAS – Cecilia Orozco

Una tercera o cuarta ola publicitaria favorable al fugitivo exministro Andrés Felipe Arias acaba de emprenderse con la aquiescencia de unos medios o con la sana intención de informar, de los menos, pero sirviendo a sus fines torvos, al final de cuentas. Ocurre cada vez que los jueces estadounidenses se aprestan a tomar una decisión sobre alguno de los sucesivos recursos que interponen sus abogados para impedir su extradición a Bogotá, solicitada por la Corte Suprema para que purgue la condena de 17 años en prisión que le impuso en julio de 2014.

31 oct 2018.- En agosto pasado se supo la noticia de que la Corte del Distrito Sur de la Florida se abstuvo de concederle la libertad. (Arias se encuentra en una prisión desde cuando un juez de ese estado avaló su envío a Colombia, en septiembre de 2017). Los argumentos de sus apoderados no convencieron al tribunal y, con ello, sumaron un rosario de reveses judiciales a pesar de que han logrado detener la extradición, estos 13 meses. En abril de este año, una jueza le había negado, por primera vez, la libertad bajo fianza porque “se encontraba en serio riesgo de fuga”. Arias insistió: además de las decisiones de abril y agosto, el 17 de septiembre y el 8 de octubre pasados la Corte le rechazó otras apelaciones.

Una semana después, llegó a Colombia una conmovedora “carta abierta a los colombianos” del exministro. Pese a que allí pedía “deponer” lo que calificó como “prejuicios” contra él, afirmó que seguiría “luchando contra este secuestro” en un claro insulto a la Corte Suprema de Colombia y, de paso, a la Corte de la Florida. Torpe, muy torpe. Su carta, en lugar de conseguir solidaridad con él, banalizó el crimen del secuestro que han padecido decenas de sus connacionales y minimizó la crueldad con que fueron tratados.

Después, repitió sus ya gastados argumentos sobre una supuesta persecución política de la justicia contra los miembros del uribismo, y sobre la presunta violación de sus derechos por no haber contado con doble instancia de juzgamiento. Ni un solo argumento serio contra las pruebas que lo condenaron. Arias se reserva decir que en la época de su juicio no existía una sala de apelaciones para los aforados, unos privilegiados del sistema por tener como jueces a los magistrados de la cúpula en cambio de los jueces que nos atienden a los ciudadanos comunes. Los bandidos de cuello blanco han venido torciendo, a su acomodo, el hecho protuberante de que semejante protección sería, en realidad, una “persecución” para ocultar sus culpas y blanquearse por fuera.

Luego, y de remate, llegó una entrevista hecha a la esposa del condenado. La señora, que merece consideración humana, ahondó en desatinos: trastocó el tiempo pasado y lo puso en presente cuando aseguró, con tranquilidad pasmosa, que su marido fue condenado por unos jueces “a quienes se les ha comprobado que basan sus decisiones en intereses políticos y dinero”. Metió, así, en el mismo saco a los magistrados de todas las épocas con evidente distorsión de la realidad, como evidente fue el revoltillo que hizo con el Acuerdo de Paz. No sobra recordar que la magistrada ponente del caso Arias, si es a ella a la que alude, es una de las de mayor honorabilidad y credibilidad que ha pasado por la Corte. Si los “estrategas” del exministro pretenden ambientar un muy probable cambio de tesis norteamericana para concederle el asilo político por presiones del actual Ejecutivo de Colombia, hoy manejado por Álvaro Uribe Vélez, no lo están haciendo bien porque su torpeza lo que indica es precisamente lo contrario: no tienen sólidas razones jurídicas para permitir que permanezca en Estados Unidos quien es un delincuente certificado aquí, gústeles o no.

Entre paréntesis. Si Arias hubiera enfrentado su pena como corresponde a un hombre con valor, ya habría salido de la cárcel por pena cumplida: fue detenido en 2011 por orden de la entonces fiscal general Viviane Morales, hoy embajadora del gobierno uribista, en París (¡qué paradoja!), y fue dejado en libertad condicional dos años después. Esos dos años recluido –aunque en la lujosa “prisión” del Cantón Norte–, más los cuatro que han pasado desde cuando se dictó su sentencia condenatoria, sumarían seis a los cuales se les añadirían años de beneficios por trabajo, estudio u otras gabelas que tienen los presos. Es decir, estaría cerca de haber redimido la mitad de su pena y a punto de quedar libre y sin complicaciones ¿Quién le filtró el sentido de su fallo días antes de que huyera y quién lo ha aconsejado estos años de rígidas condiciones carcelarias en Estados Unidos? Yo lo sé y ustedes también aunque no lo digamos en voz alta.

https://www.elespectador.com/opinion/la-torpe-defensa-del-exministro-arias-columna-821025

41.18.-GLIFOSATO Y OTROS NEONICOTINOIDES EN LA UNIÓN EUROPEA – Victor Ginsburgh

Bruselas rociada con glifosato

Todos habrán leído que el glifosato y otros neonicotinoides han sido prohibidos en la capital, Bruselas, desde 2016 por las autoridades de la región. Sin decirlo en voz alta, sin duda eso estuvo bien. Pero todavía está en los oídos de los funcionarios de la Comisión Europea, quienes acaban de explicar hace unos días a estos pobres tontos bruselinos, que «no podemos invocar consideraciones de seguridad generales y abstractas relacionadas con una sustancia activa con referencia al principio de precaución». No señor!

Y dado que no hay consenso sobre el tema, es mejor seguir usando una sustancia que no sabemos realmente si nos dará hijos sin brazos, o con los ojos torcidos, o que no tengan ombligo. que en cualquier caso es inútil después del nacimiento y no es hermoso ver, ni zizi, a veces es útil, pero tampoco siempre es bello verlo. Asumimos el riesgo, mucho mejor para la firma Bayer, que acaba de comprar Monsanto. Ellas dos forman una gran máquina que ya ha envenenado a mucha gente, incluso si ellos no están en Bhopal en India, es su hermano Union Carbide (1), ni en Seveso, en el norte de Italia, donde está el hermano Hoffmann-Laroche (2). Los hermanos químicos se encuentran en todas partes y en todas las latitudes. Algunos producen herbicidas, otros, pesticidas y algunas veces ambos (3).

Además, la Comisión también cita un artículo reciente publicado en el Diario del Instituto Nacional del Cáncer que «no encontró un vínculo entre el cáncer y la exposición al glifosato en el largo plazo de un gran número de trabajadores agrícolas » (4). Si su estudio es tan bueno y confiable como el de The Lancet, descrito en mi blog del 26 de septiembre de 2018, «Una lección en econometría alcohólisada» (5), nos fuimos a carcerizarnos y sin poder volver a beber un vaso de vino. No soy comprador de ninguno de los dos.

Sin embargo, otra revista tan médica y famosa como las dos que acabo de mencionar, el Diario de la Asociación Médica Americana, Medicina Interna, señala que el riesgo de cáncer se reduce en un 25 por ciento entre los que consumen medicamentos normales. agricultura ecológica (6). Es extraño, pero si no me equivoco, dice que es mejor comer alimentos orgánicos que glifosato.

                                                       Dewayne Johnson

Sin embargo, una demanda contra Roundup (rellena de glifosato) acaba de otorgar $ 39 millones a un jardinero afroamericano Dewayne Johnson que se está muriendo de cáncer. Monsanto proporcionará un total de $ 78 millones, de los cuales $ 39 millones se pagarán a California por daños punitivos. «Este ensayo histórico fue el primero en colocar en el banquillo de los acusados a los productos de glifosato de Monsanto», concluye el artículo (7).

Pero continúen con el glifosato, amigos de la Comisión Europea que lo saben todo, usted gana lo suficiente como para consumir solo lo orgánico. Nosotros no!

(1) Actualice su memoria con https://en.wikipedia.org/wiki/Bhopal_disaster

(2) Actualice con https://en.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_de_Seveso

(3) Tenga en cuenta que los consumidores / usuarios son a menudo los aliados de las multinacionales. Aunque reconocen la nocividad del producto, creen que no es el uso mínimo que hacen que tendrá consecuencias. Demasiado perezosos para eliminar, contribuyen al desastre de los bienes comunes (gracias a Pierre P. por este comentario).

(4) Citado por Frederic Rohart, Europa elimina la prohibición del glifosato por Bruselas, L’Echo, 23 de octubre de 2017.

(5) Léelo o vuelve a leerlo, ¡vale la pena!

(6) Pascale Santi, alimentos orgánicos reduce significativamente el riesgo de cáncer, Le Monde, 22 de octubre de 2018.

(7) Resumen de prueba en los Estados Unidos: Daños e intereses reducidos a 78 millones de dólares, RTBF, octubre de 2018.

41.18.-ENTRAMOS DIRECTAMENTE EN LA PARED. ¿PERO CUÁL? – Pierre Pestieau

     ¡Vas derecho contra el muro, cuidado marica!

Durante algún tiempo, de acuerdo con las reuniones, me encuentro frente a personas que están convencidas de que vamos directamente contra la pared. El problema es que las razones de este pesimismo, de esta convicción de que la humanidad se va a arruinar, varían de persona a persona. Distinguiré cuatro tipos de Casandras. Probablemente hay más. Cada uno tiene las suyas.

23 oct 2018.- Hay quienes ven la inteligencia artificial y la revolución como una amenaza letal para el hombre. Luego están los que piensan que vamos a extinguirnos en la forma en que tratamos el planeta tierra. También hay quienes piensan que las diversas y crecientes fracturas que separan a los países y a los hombres nos llevan al desastre. Finalmente, hay quienes están obsesionados con la insostenibilidad de la deuda que estamos contrayendo en detrimento de las generaciones futuras.

Los pesimistas del medio ambiente no todos están de acuerdo. Cada uno tiene sus especialidades: la dieta más saludable (los bios, los vegetarianos y los veganos), el modo de transporte con la menor huella de carbono, la calefacción más eficiente (sin aire acondicionado en verano e invierno). Vivimos a 17 grados mientras usamos vestidos polares Damart). Esto lleva a contradicciones aberrantes. Practica la clasificación selectiva pero no habla con su vecino, quien los culpa a ambos cuatro veces cuatro. Él monta su bicicleta solamente, pero solo come comida congelada.

Derecho contra el muro.

Los Cassandras de la inteligencia artificial están obsesionados con la perspectiva de perder el control de su existencia y estar esclavizados a la máquina, el robot que Hal Hal en Odyssey 2001 toma el control de la nave espacial.

Finalmente, hay quienes creen que las crecientes disparidades en riqueza e ingresos y sus consecuencias en términos de fractura social, violencia urbana y guerras regionales solo pueden llevar a un cataclismo.

A menudo estas creencias son mutuamente excluyentes. No hay duda de objetar a alguien que piensa que las OGN u otros glifosatos eventualmente llevarán a nuestra extinción. Pero probablemente también haya otros problemas, que pueden ser más urgentes.

Mientras que, como ‘sabios’, sabemos que la virtud está en la mitad.

Adresse: http://www.thebingbangblog.be

39.18.-LAS 5 GIGANTES PETROLERAS QUE ARRODILLARON AL GOBIERNO PARA PERMITIR EL FRACKING – Juan José Jaramillo

Los ministros de Hacienda, Minas y la directora del Autoridad Nacional de Licencias Ambientales Anla, trabajan para reglamentar una técnica tan eficaz como devastadora para la naturaleza

Sin disimular su poder entraron por la puerta del Club El Nogal en Bogotá los 400 directivos e inversionistas que pesan en el sector petrolero en Colombia. Asistían al tercer encuentro gremial de la Asociación Colombiana de Petróleo que celebran todos los años. El tema casi que resultaba obvio: el  futuro del petróleo en Colombia.

10 oct 2017.- El foro tuvo la presencia de invitados especiales como el expresidente de México, Felipe Calderón, empresarios norteamericanos y canadienses y los precandidatos Iván Duque y Juan Carlos Pinzón, la expectativa estaba centrada en las discusiones de los actores involucrados. En la mañana del primer día participó Kenyon Waver, representante del Departamento de Comercio de Estados Unidos junto a Gary Guidry, gerente de la canadiense Gran Tierra Energy. Su presencia tenia un significado particular: el interés de la empresa en tramitar permisos para la extracción con el método del fracking.

En el mismo panel estuvo Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH – la autoridad, encargada de la subasta de los bloques. Sector público y sector privado trabajan como una sola fuerza en este sector; ahora con un propósito común: la regulación del fracking en Colombia. Cuentan con un aliado clave: nada menos que el Ministro de minas, Germán Arce.

Pero quizás el mayor defensor de esta práctica es Francisco Lloreda, quien salió del gobierno como Alto Consejero para la Convivencia y Seguridad Ciudadana para asumir la presidencia  de la Asociación Colombiana de Petroleo -ACP-, el poderoso gremio que agrupa a las petroleras que aportan el 10% del PIB anual del país. El actual ministro de hacienda Mauricio Cárdenas cuando se desempeñaba en la cartera de minas, apoyado por Juan Gabriel Uribe en el ministerio del medio ambiente,  le abrieron la puerta a este polémico método de explotación en el que además están interesadas cinco grandes multinacionales: Ecopetrol, ConocoPhillips, Exxon, Drummond, Parex Resources

Exxon Mobile lidera la avanzada. El cuerpo diplomático de ese país hace escuchar su voz por los rincones de los ministerios de Minas y Ambiente, así como en la ANH. En el 2013 el gobierno de Estados Unidos invitó a  funcionarios del Ministerio de Minas del ANLA para mostrarles exitosos ejemplos de fracking..

La ANLA depende del Ministerio de ambiente, pero actua como a su aire más cerca del ministerio de minas, de manera que el gran sacrificado y cuya voz poco cuenta es el ministro de ambiente. Importa tan poco esta cartera en el gobierno Santos que han pasado por la cartera XXX funcionarios, ninguno con experiencia en el sector.

Las cinco grandes empresas con títulos para explotar con fracking solo esperan la reglamentación final por parte del Ministerio de Ambiente.

¿En que están los cinco gigantes que presionan este método que su eficacia va de la mano de la destrucción del medio ambiente?

Ecopetrol de Colombia

Su anterior Presidente Juan Carlos Echeverry, era un verdadero fan y dio la cara públicamente en su defensa. Su argumento: la urgencia en mejorar las reservas petroleras del pais que según sus cálculos no alcanzan para más de cinco años, mientras que con fracking lograríamos ser autosuficientes durante veinte años. El ojo lo tenía puesto en el Magdalena Medio, donde Ecopetrol estima que podría llegar a los 1.000 millones de barriles.

Llegó incluso a presionar diciendo que “Si no nos dejan pronto acá, nos vamos para Brasil o Venezuela o para donde nos dejen.”. Tiene ya cuatro proyecto listos: VMM 16 en Anapoima, CAT 3VMM5, VMM 29 y Cor 62 estas dos en asocio con Exxon Mobile.

Drummond del Canadá

Es la empresa que más ha adelantado tiene el proceso, pues ha conseguido permisos para “buscar gas metano dentro de rocas”, aunque en la práctica se traduce en fracking. En Chiriguaná y La Jagua, ambos en Cesar, tramitaron permisos ambientales que fueron concedidos por el ANLA en para sacar gas de entre las rocas.

Como tal, la canadiense Drummond tiene cuatro proyectos para hacer fracking, y solo está esperando la luz verde del Ministerio de Ambiente:     CR2, CR3 y CR4, así como La Loma. Los tres primeros están ubicados en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y la exploración la hicieron junto a la brasilera OGX que hoy está quebrada. Estos proyectos tienen un conflicto especial: hay una superposición con los terrenos de los indígenas wiwa, wayuú y yupka.

ConocoPhillips de Estados Unidos

Ya tiene adjudicadas  33,714 hectáreas en San Martín y Aguachica, Cesar, y Río Negro Santander para hacer fracking. . El primer proyecto se llama VMM-2 y tiene varios pozos, pero uno de ellos es en el que han ido trabajando: PicoPlata1 en San Martín, que ha tenido que parar sus trabajos porque integrantes de Cortadec – Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas – con su protesta han logrado frenar el proceso.

Fernando Ávila es el Director Legal de ConocoPhillips para Latinoamérica, los ha enfrentado duramente. La ventaja con que cuenta esta petrolera es que el contrato es una  adición a  una contrato de explotación ordinaria que ya tenían perfeccionado, con lo cual han conseguido que el pozo PicoPlata se considere como proyecto piloto del fracking en Colombia.

Además de esta ventaja legal cuenta con otra circunstancia favorable. Uno de sus contratistas es Héctor García, esposo de la directora del ANLA, Clara Victoria González, y según la organización  Alianza Colombia Libre de Fracking, esta es la razón por la cual el ANLA no ha suspendido un proyecto que no tiene los permisos necesarios.

Hector García, esposo de la directora de la Anla, Clara Victoria González, es contratista de Conoco Phillips lo cual explicaría el comportamiento complaciente frente a esta petrolera

La Contraloría encontró incidentes de negligencia por parte del ANLA en noviembre del 2016, y remitió sus conclusiones a la Procuraduría, que no ha fallado al respecto. http://ccalcp.org/wp-content/uploads/2012/10/TRASLADO-HALLAZGO-PROCURADURIA.pdf

https://colombiaplural.com/wp-content/uploads/2017/03/COL_Fracking_0217-724×1024.jpg

Parex Resources del Canadá

Esta empresa canadiense tiene sede en Calgary, Alberta´, pero en realidad está constituida en Barbados.  El presidente de la sucursal colombiana es Lee Di Estefano. Es una empresa muy joven, que nació de las cenizas de la argentina  Petro Andina.

En el 2015 Ecopetrol anunció que firmaba una alianza con esta empresa, en la que la colombiana participaba con el 40 por ciento y la canadiense tenía el 60% restante. En junio de 2016 los trabajadores de Parex llegaron a Simacota, Santander, y advirtieron que las perforaciones estarían listas en agosto de ese año. El proyecto es conocido como el campo VMM 9.

Para poder agilizar los trabajos Parex aprovechó la alianza con Ecopetrol para operar bajo la Resolución 1200 de la ANLA, con lo cual logró permisos para realizar las exploraciones en Santander. Tuvieron como antecedente, el tratamiento ventajoso que recibió la Oxy con el campo La Cira, en Barrancabermeja por su alianza previa con  Ecopetrol.

Parex tiene pozos convencionales en otros lugares, el más conocido es Capachos, en Tame, Arauca, que se  reactivó en el 2016.

Exxon Mobile de Estados Unidos

Esta es la empresa petrolera más grande del mundo. Al año factura más dinero que países como Irlanda o Puerto Rico, y en Colombia está asociada con Ecopetrol en la exploración de los pozos Cor 62 en el Huila y VMM 37, en el Magdalena Medio. Para este proyecto ya presentaron un plan de manejo ambiental, pero no les han autorizado pues todavía la explotación sigue sin tener delimitado el camino.

Andrés Acosta es el presidente en Colombia, y antes era el Vicepresidente Comercial de Gas, uno de los puestos más importantes de la compañía. Vivía en Doha, y desembarcó en febrero del 2016 en Colombia. La empresa en Colombia está dentro de las 10 más grandes: factura más de $6 billones al año, tiene 700 estaciones de servicio, 12 plantas de combustibles y hasta una planta de lubriantes en Cartagena.

https://www.las2orillas.co/las-5-gigantes-petroleras-que-arrodillaron-al-gobierno-para-permitir-el-fracking/

39.18.-ITALIA: LA IGLESIA, EL ESTADO Y LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE LAS MUJERES – Rossana Rossanda

También yo participo en la protesta de las amigas que se han indignado por la moción aporobada por el Ayuntamiento de Verona y por la representante del PD en él: tocar la Ley 194 significa abolir todo lo que se ha tratado de hacer para defender a las mujeres de los abortos clandestinos; y se ha hecho poco, porque la 194 permite, en cualquier caso, la libertad de conciencia del médico, a través de la cual pasa el modo de eludirla. Debe mantenerse por completo.

21 oct 2018.- Al mismo tiempo, creo que hay que precisar un argumento en el que no coincido con mis amigas. No creo, la verdad, que sea correcto declarar que el aborto es un acto médico como sacarse una muela. Nunca me he quedado embarazada, de modo que nunca se me ha planteado el problema, pero he visto a amigas mías más jóvenes que han tenido que afrontarlo: para ninguna ha sido en absoluto sencillo.

En el caso del aborto hay dos posibles cuestiones enfrentadas: por un lado una mujer, generalmente joven, pero perfectamente capaz de entender y elegir, que conoce las dificultades que hay que afrontar en el caso de un hijo no deseado, con las dificultades económicas que supone criarlo hasta que esté en condiciones de mantenerse por sí mismo. En la mayor parte de los casos, el compañero que ha participado en la fecundación no se interesa por ello.

Por el otro lado, hay un feto, es decir un sujeto bastante imperfecto, que representa una potencialidad de vida de una persona, pero no es todavía persona, careciendo de todo el sistema neurológico que permite serlo.

Hay por lo tanto «sujetos» diversos, y la elección de las mujeres ha de ser libre y responsable. Es absolutamente falso que con ello se mate a un ser humano, este ser humano no existe todavía. Sé bien que la Iglesia lo considera existente desde el momento de la concepción, pero hasta que una persona no es tal, hablar de ser humano es imposible.

Nos vemos ante una elección absolutamente pertinente en términos de humanidad, y que ha de afrontarse como tal. Todas las jóvenes con las que me he encontradoy que han tenido que hacer esa elección pueden haber sufrido, como en el caso de una posibilidad que no se ha realizado.

No estoy por tanto de acuerdo con expresarse superficialmente, por no decir con dudoso sentido del humor, como he leído en la broma de: «Fuera el Vaticano de mis bragas».

En esos casos, es bueno recordar que la Iglesia Católica tiene un código propio que nada tiene que ver con el del Estado. No creo que sea cuestión de volver atrás en esta distinción, que Italia ha hecho en su momento, por más que se tardase en ello.

Rossana Rossanda  Es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso.  Il manifesto, 18 de octubre de 2018 Traducción: Lucas Antón http://www.sinpermiso.info/textos/italia-la-iglesia-el-estado-y-la-libertad-de-eleccion-de-las-mujeres

38.18.-LAS ERRÁTICAS UNIVERSIDADES – Bernardo García

»Lejos esté de nosotros, Majestad, el funesto vicio de pensar»

(según se cuenta, sentencia del rector de la Universidad de Cervera al
absolutista Fernando VII)

Manifestación en la calle 73 Foto: archivo Publimetro

No es lo mismo pedagogía que aprendizaje. Ni tampoco es lo mismo aprendizaje que investigación. Así sucede que excelentes profesores de cátedras magistrales produzcan alumnos con notoria mediocridad. Lo que entra por una oreja sale por la otra y sólo quedan unas notas garrapateadas a gran velocidad que serán el texto de estudio para responder en el examen. También sucede que excelentes alumnos egresados con honores no dan pié con bola cuando ingresan al trecho donde se forcejea por encontrar nuevas luces. Porque los brillantes egresados estaban acostumbrados a embodegar, no a buscar.

Pero las reformas de calidad en el aprendizaje e investigación  languidecen cuando surgen voces de malestar universitario. La precariedad financiera es un problema de bulto y de esforzada presión, como se ventila ahora. Inclusive el problema del poder universitario como se planteó en las grandes movilizaciones de 1971, el problema se despacha con cupos en el Consejo Superior. ¿Pero quién se atreve a descabezar la plétora de  cátedras presenciales obligatorias para darle paso al estudio privado de excelentes textos que deben ser leídos, analizados y resumidos? Si todo el sistema universitario está montado sobre el pago a los profesores por hora-cátedra o su múltiplo, se produciría una expulsión masiva de profesores. No es así. Unos pasarían a ser monitores y tutores y; otros pasarían a ser profesores  ex – cátedra e investigadores.

Ese cambio y otros parecidos no los toleran los profesores. Tampoco les interesa a los estudiantes que asisten confortablemente a escuchar profesores que tratan de resumirle y explicarle a los estudiantes lo que se encuentra en tratados y libros de texto de fácil acceso. Poco esfuerzo para el auditorio estudiantil y bajo aprendizaje. Además habría que resolver el problema de la preparación de profesorado. Un tutor-profesor le enseña al alumno a planificar su tiempo, a planificar sus tiempos de estudio según el tipo de materia, la técnica de esquemas y resúmenes de lectura, los métodos de memorización y los métodos analíticos de comprensión, la mecánica central de las materias que estudia. Le enseña a aprender, a estudiar, a investigar. Y eso como monitoreo individual y seguimiento por lo menos en el primer año de estudios.

Pero también está el profesor-investigador que administra su tiempo entre una cátedra a la semana y tiempo de investigación. Son profesores ya consagrados. El control se ejerce a través de la publicación semestral en la revista de la facultad de los “avances de investigación” a juicio de sus lectores. Y claro que los artículos publicados se convierten no sólo en el acervo científico y técnico al servicio de la comunidad, sino que esos aportes son los que diferencian a las prestigiosas universidades de las menores.

En Europa, después de la Carta Magna de las Universidades Europeas (Bolonia, 1988) firmada por cerca de tres mil rectores de universidades europeas; después de la Declaración de la Sorbona (mayo, 1988) firmada por los ministros de educación de Francia, Alemania, Italia y  Reino Unido; y después de la Declaración de Bolonia (junio 1999) firmado por treinta ministros europeos de educación, se ha producido un clima de controversia y reformas.

Primero fueron recibidas con aire de suficiencia y ridiculizadas. Luego se produjeron fuertes reacciones sobre todo por la pretensión de introducir en la academia el concepto de productividad y competitividad dentro de la política neoliberal de la globalización. Finalmente, tercian en la contienda diversas tendencias que se presentan como alternativas modernizantes de un cascarón que se volvió inepto para operar con universidades de grandes masas estudiantiles y demanda industrial de conocimientos. Bg

37.18.-LA CORRUPCIÓN Y LAS “ÍAS” – Salomón Kalmanovitz

La corrupción surge con el exceso de poder que detenta un agente público o privado sobre las decisiones que pueda tomar, que cuenta con discrecionalidad para tomar dichas decisiones (puede hacer lo que quiere) y cuya posibilidad de poder ser descubierto y castigado es mínima. Es una situación en la que el beneficio económico privado del involucrado en el acto corrupto va en detrimento del interés general. Esta es la conducta corrupta que tipifican las investigadoras Arango, Dávila y Newman* para hacer recomendaciones a los entes de control penal (Fiscalía), administrativo (Procuraduría) y fiscal (Contraloría).

8 oct 2018.- La forma como son elegidos estos funcionarios impide que se concentren en investigar la corrupción y colaboren entre sí para erradicarla. Surgen de ternas que generan una selección adversa, dictadas por la política, no de procesos de selección meritoria; por lo demás, los requisitos para ocupar esos cargos son poco exigentes y los funcionarios no deben aclarar los conflictos de interés de su pasado que puedan lesionar su objetividad y que los obliguen a declararse impedidos para conocer casos en que hayan estado involucrados. Estos conflictos son evidentes en la conducta del fiscal Martínez Neira como abogado de poderosos intereses privados (Mattos y Sarmiento Angulo), consultor de gobiernos y de agencias de contratación estatal (ANI), y superministro. Su abuso de poder es evidente con su atropello de la JEP.

El incentivo del fiscal en particular es avanzar su carrera antes que combatir el crimen y la corrupción, convirtiendo sus investigaciones en espectáculos mediáticos, corrompiendo las pruebas que publicita y con las cuales lincha públicamente a los sospechosos. Las tres “ías” no actúan de manera coordinada, lo cual potenciaría su radio de acción y su éxito en el combate contra el crimen, ni fortalecen sus capacidades científicas de investigación; más bien, cada una busca su interés y compite con las demás por la palestra.

Una de las grandes fallas de los tres entes es que no pueden acceder a los datos reservados que recoge la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), restricción seguramente introducida por los corruptos. Esta información permite probar la conducta punible y reparar a las víctimas, mediante la extinción de dominio de los bienes y dineros apropiados indebidamente, especialmente cuando la víctima es el propio Estado.

La puerta giratoria es otra conducta tipificada como corrupción en la que un funcionario adquiere información privilegiada para después explotarla en beneficio propio, en detrimento del Estado, algo que debiera perseguir la Contraloría en especial. Como lo mostró Óscar Alarcón en este diario, el artículo 3º de la Ley 1474 de 2011 introdujo la prohibición a funcionarios públicos de utilizar de manera indefinida los conocimientos adquiridos a favor de negocios propios, para prevenir nuevos carrasquillas.

Noticias Uno demostró cómo representantes de la empresa del exministro convencían a los alcaldes de que se endeudaran facilito con los carísimos bonos del agua y no con Findeter, que tenía requisitos estrictos para salvaguardar los recursos que prestaba de manera responsable. Esos municipios quedaron sin agua y endeudados, más empobrecidos que nunca. Con todo, ninguna de las “ías” va por Carrasquilla.

* Leonardo Villar, Daphne Álvarez (editores), “Lucha integral contra la corrupción en Colombia: relfexiones y propuestas” (Fedesarollo, 2018). https://www.elespectador.com/opinion/la-corrupcion-y-las-ias-columna-816645 

37.18.-A LA CACERÍA DE CORONELL – Yohir Akerman 

El 16 de mayo de 2005 a las 7:50 p.m. llegaron a la sede de Noticias Uno dos coronas mortuorias. La primera a nombre de Daniel Coronell y la segunda lamentando el fallecimiento de su esposa, María Cristina Uribe, y de su hija Raquel, en ese momento de seis años de edad.

7 oct 2018.- Con unos lapsos de 15 minutos se entregaron, en diferentes partes de Bogotá, otras coronas fúnebres con amenazas de muerte en contra de otros dos periodistas. (Ver Comunicado FLIP).

Las intimidaciones se tornaron tan violentas y creíbles que el 8 de agosto de ese año Coronell se mudó con su familia a Buenos Aires, Argentina, luego de descubrir que varias amenazas en su contra provenían del computador del señor Carlos Nader Simmonds, amigo cercano del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. (Ver Descubriendo al verdugo)

Nader estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico y conspiración y, si eso no fuera suficiente, celebró con Pablo Escobar el asesinato de Luis Carlos Galán diciendo que era “más buen muerto que un hijueputa”.

Dos años después, el viernes 29 de junio de 2007, un avión proveniente de Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, en el que regresaba a Colombia la familia Coronell Uribe.

Pero sus problemas no habían terminado. Por el contrario, hasta ahora empezaba lo peor.

Coronell retornó para volver a la dirección de Noticias Uno y continuar con su valiente trabajo investigativo. Ese día la producción del noticiero le entregó un celular, cuya existencia y abonado telefónico solamente lo conocían sus familiares y los reporteros del informativo.

Dos días después, es decir, el 1º de julio de ese año, el periodista recibió una llamada de un número que no aparecía registrado en su libreta de contactos y del cual él no sospechaba de quién era.

Al contestar la llamada la voz en el otro lado de la línea era, nada más y nada menos, del señor Santiago Uribe Vélez, hermano del entonces presidente. En la comunicación el hacendado le expresó su molestia por una columna que Coronell publicó en la revista Semana el 29 de abril de 2007, titulada “Guacharacas y autogoles”, en la cual revelaba los negocios que la familia Uribe Vélez sostuvo con los hermanos Gallón Henao, conocidos por el asesinato del futbolista Andrés Escobar.

No era difícil adivinar de dónde había sacado el privado número el hermano del presidente.

Lo que no sabía el reportero era que el mismo Uribe Vélez le había ordenado al entonces director del DAS determinar quiénes eran las fuentes que le suministraban la información sobre los hechos que la familia presidencial quería mantener en el anonimato, según manifestó la subdirectora de Operaciones, Martha Inés Leal Llanos.

El número celular de Coronell en ese tiempo, que le habían entregado en Noticias Uno cuando regresó del exilio, era el 314 237 3876 y ese teléfono apareció en un archivo llamado “60949.html” que fue incautado en el computador de Leal Llanos cuando la Fiscalía allanó el DAS. (Ver 60949.html).

Según el informe de la Fiscalía, Leal Llano envió un correo electrónico el 25 de febrero de 2008 a las seis de la mañana solicitando como información “urgente” interceptar los abonados telefónicos 314 237 3876 y 310 850 1357 a nombre, supuestamente, de Miguel Ángel Mesa Cuadros. (Ver Procuraduría).

Esa era una estrategia para no poner el nombre de Coronell en la solicitud de una chuzada de un teléfono ya que no había bases legales para hacerlo, sino pedirlo para una persona que sí reunía los méritos jurídicos para una interceptación legal.

Una fachada.

Pues bien, el 12 de septiembre de 2007 hubo una reunión en el Metropolitan Club citada por Bernardo Moreno Villegas, secretario general de la Presidencia de la República en ese momento, con María del Pilar Hurtado, directora del DAS, y el capitán Fernando Alonso Tabares Molina, quien fungía en ese entonces como director de Inteligencia del mismo organismo.

La cita de trabajo tenía el propósito de escuchar, a través del secretario Moreno Villegas, las instrucciones que el jefe de Estado le impartiría a la nueva administración del DAS.

Durante el desayuno, Moreno Villegas tomó la palabra la mayoría del tiempo y les manifestó a Hurtado y a Tabares, quienes atentamente tomaban apuntes de las órdenes del secretario del presidente Uribe, que el “interés del señor presidente de la República” era que el organismo de inteligencia lo mantuviera informado sobre cuatro temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia, los congresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro, y el periodista Daniel Coronell.

La constancia de dicha reunión quedó registrada