21.18.-EL URIBISMO SE ENFRENTARÁ A UNA COLOMBIA NUEVA – Cecilia Orozco

Con la cara nueva de Iván Duque y el gesto de bondad que ella refleja, el uribismo volverá, muy seguramente, a controlar el Ejecutivo a partir del próximo domingo, soportado por millones de votantes ciegos, sordos y mudos que no quieren ver, oír ni criticar la estela de ilegalidad que dejaron los dos gobiernos del jefe del que van a elegir, a pesar de la contundencia de los hechos que han ido descubriendo periodistas y jueces. Volverá, probablemente, el uribismo tenebroso soportado, también, por otros votantes a quienes les place que desde la Casa de Nariño se hubiera auspiciado la comisión de graves delitos porque militan en el extremismo derechista que justifica el uso de cualquier medio con tal de conseguir el fin: asesinatos de jóvenes vulnerables con el disfraz macabro de cadáveres, para simular el triunfo en la guerra; persecución a líderes de las comunidades, para impedir la exigencia de derechos; montajes mediante ‘informes de Inteligencia’, para desprestigiar los focos de autonomía campesina o citadina; seguimientos e interceptación de comunicaciones, para descubrir las debilidades de los opositores; tácticas jurídico-políticas, para minar la independencia de la prensa…

12 Jun 2018.-  Como dije, seguramente con Iván Duque y, tal vez, por encima de él y de su discurso conciliador, volverá el grupo vengativo que lo ha impulsado, a cobrar lo suyo. Allí veremos acaparando los puestos de control del poder al propio Álvaro Uribe, nombrando ministros, directores, generales y coroneles que le tendrán que rendir pleitesía; a Fernando Londoño, con su odio reconcentrado, buscando la forma de volver “trizas” a sus enemigos personales; a Alejandro Ordóñez, sin el as de la Procuraduría en su mano pero con la carga de la retaliación activada, escogiendo a quién castiga y a quién premia; a José Obdulio Gaviria y tras este a sus peones rugeles, yamhures, restrepos y demás, buscando a sus presas para destrozarlas; a los ganaderos de las Convivir dirigidos por el señor Lafaurie, preparando la revancha, y a las temibles señoras medio machonas —y “boquisucias”, en definición del senador Uribe— Cabal, Holguín y Valencia, tomándose el Congreso para aprobar o vetar leyes y normas.

Pero este ya no es el país del 2002 ni el del 2006. Colombia cambió durante la era Santos, gústenos o no el actual mandatario y sus administraciones. El Acuerdo de Paz que Juan Manuel Santos firmó con el enemigo histórico del Estado no solo desactivó a 7.000 hombres con sus armas, sino que permitió que la sociedad que se ha considerado, a sí misma, buena, decente y perfecta, revisara su lado más oscuro y feo: el de la corrupción, las trampas, la defraudación, las mentiras y las traiciones de unos y otros. Caído el telón del conflicto que nos enfrentaba a seres que creíamos que eran de otro planeta, otros millones de colombianos distantes del uribismo —más del 50 % si nos atenemos a los resultados favorables a Petro, Fajardo y De la Calle—, se liberaron y empezaron a votar como les dio la gana. Es decir, en contra de los partidos de siempre con sus connotados jefes, incluido Uribe puesto que también este ha sido y es parte del sistema político clientelista cuya fecha de caducidad se aproxima.

A esos nueve millones de electores libres no los va a dominar esta segunda era uribista: su educación política ha crecido. Empieza a manifestarse no solo con la elección inteligente de su voto sino con el impacto que han generado destacados personajes dentro de las colectividades tradicionales, además, desde luego, de los movimientos verdes, polistas y petristas. No en vano figuras de ese mundillo comienzan a alejarse de sus estructuras: Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo y los más jóvenes Luis Ernesto Gómez y Daniel Quintero, del Partido Liberal; Luis Felipe Henao y Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical. Y, por supuesto, los excandidatos Sergio Fajardo, apoyado por Claudia López y Jorge Enrique Robledo, y, de otro lado, Humberto de la Calle se insertan en una Colombia más moderna. El gobierno 2018-2022, quiera que no, estará obligado a tenerla en cuenta o fracasará.

https://www.elespectador.com/opinion/el-uribismo-se-enfrentara-una-colombia-nueva-columna-793917

20.18.- JEP: DISCUTIR CON SERIEDAD – Cecilia Orozco

Juan Lozano, comentarista de El Tiempo que aprecio por el respeto que le imprime a sus intervenciones con independencia de si su interlocutor comparte sus puntos de vista o no, escribió su más reciente columna sobre una noticia que ha dado vueltas en medios tradicionales y virtuales durante varios días: viajes al exterior autorizados por la Justicia Especial de Paz, JEP, a exguerrilleros que se acogieron al Acuerdo y, por ende, al sistema judicial creado para examinar y sancionar los delitos de guerra. “JEP Tours; cachetada a las víctimas”, tituló Juan la columna en que se une a las críticas que generó el permiso que se le dio, para ir durante una semana a Isla Margarita, a Fernando Arellán, antiguo militante de las Farc condenado a 40 años de prisión por el terrible atentado al club El Nogal. 

HRW pide que Corte aborde ‘deficiencias’ en justicia para la paz

6 jun 2018.-  Por supuesto, la indignación expresada por muchos, en especial por algunas víctimas o por ciudadanos del común bien intencionados, es explicable: quien delinque y quien lo hace con la crueldad que implica matar a cientos de seres humanos con un bombazo, debe perder sus derechos, empezando por el de la libertad de desplazamiento.

Sin embargo, los dardos lanzados por este episodio incidental contra las bondades fundamentales del Acuerdo de Paz por otras personas – cuyo oficio es político o cuya tendencia ideológica coincide con el extremismo derechista – envenenan la discusión con un fin nada altruista: acabar de destrozar lo que queda de un proceso que, dígase lo que se diga, permitió que miles de otras vidas humanas continuaran cortándose.

Para la muestra, los ejemplos que pone el mismo Juan quien nos recuerda que el autor de la “revelación” de la noticia sobre Arellán fue el representante uribista Samuel Hoyos, conocido, entre otras cosas, por la doblez de su conducta cuando la embarra. Con seguridad, se puede afirmar que Hoyos no se deprimió con su “chiva” ni pensó en ninguna víctima, sino que brincó de la dicha porque podía “tirarse” otro pedazo de paz. Hoyos hizo, esta desproporcionada afirmación, según Juan: “La JEP (es) promotora de turismo para crímenes de lesa humanidad”.

El rosario de epítetos relatados siguió con los de la periodista Salud Hernández que, haciendo gala de su gran sentido del humor, aseguró: “que el asesino Arellán se va (sic) de paseo a Isla Margarita, estupendo. Lo merece. Matar cansa y masacrar decenas, cansa más”. Y el propio columnista se dejó llevar por la emoción electoral cuando añadió de su cuenta: “nunca imaginamos que los acuerdos de paz traerían su componente de bronceadores y piña colada para crímenes de lesa humanidad”. Ningún aporte, mucha malignidad.

La presidenta de la JEP, reputada profesional del derecho, no ha sido la mejor defensora del sistema que está a su cargo. lamentablemente, se ha dejado llevar por la pequeñez de las rencillas internas y se limitó, en el caso de los permisos de viaje a Arellán y a otros exguerrilleros, a zafarse de culpa. A la doctora Patricia le hizo falta un poquito de responsabilidad institucional para explicar que no solo la JEP sino la justicia ordinaria e, incluso, la militar, tienen reglas establecidas, como en todas las democracias, para procesados que hayan obtenido el beneficio de libertad condicional.

Y que cuando, en ejercicio de ese beneficio, uno de los investigados o condenados desee viajar, puede hacerlo siempre y cuando llene unos requisitos. Los exguerrilleros, los militares en retiro y los civiles que han solicitado su ingreso a la JEP firmaron un acta de compromiso que los obliga a: “1. Someterse libremente a la Jurisdicción Especial para la Paz y quedar a disposición de esta, en situación de libertad condicional… 3. Informar todo cambio de residencia a la autoridad competente. 4. No salir del país sin previa autorización de la autoridad competente”. Así, pues, una discusión ética y legal sobre el permiso de viaje a Arellán no reposa en los insultos, el incremento del odio ni las floridas exageraciones verbales sino en saber si adquirió ese derecho cuando dejó las armas, se comprometió a reparar a sus víctimas y a decir la verdad de las barbaridades que ejecutó. Y ante todo, en establecer si cumplió o no con los requisitos que firmó. Igual podría decirse en cuanto a los derechos de otros condenados por crímenes atroces a los que casi nadie se opone. Digamos, los del general Rito Alejo del Río o de los coroneles procesados por los falsos positivos. Seriedad, señores.

https://www.elespectador.com/opinion/jep-discutir-con-seriedad-columna-792619

19.18.-OTRA VEZ LOS PRESOS…. Y URIBE – Cecilia Orozco

 Me fui de espaldas y todavía no me repongo. Aun con todo lo que libros y columnas han afirmado durante 16 años sobre las conexiones de Álvaro Uribe y su entorno con el bajo mundo, jamás imaginé el grado de vileza al que habrían llegado, según se desprende de las más recientes publicaciones sobre la conducta del expresidente que, de resultar exactas, avergonzarán, por la importancia política del personaje involucrado, a Colombia entera ante la comunidad internacional. 

También, a la porción mayoritaria del país que lo eligió y reeligió, y que está dispuesta a volver a elegirlo dentro de 20 días mediante un candidato con rostro fresco pero comprometido hasta la médula con quien es su jefe absoluto y, por tanto, con su pasado.

29 may 2018.- Las gravísimas revelaciones hechas por tres periodistas de quilates aunque cada uno en diferente nivel: Gonzalo Guillén, Yohir Akerman y Daniel Coronell, sobre unas grabaciones que relacionan, por enésima vez, al senador Uribe con cárceles, presos, exparamilitares, abogados de dudosa reputación y manipulación de testigos para desviar la justicia, pero sobre todo para defenderse y defender a su hermano Santiago de procesos judiciales en curso, no deben ser ignoradas por nadie pese a la lagartería de los partidos tradicionales que están tocando a la puerta de la campaña de Iván Duque con las rodilleras puestas.

Después del episodio del condenado alias Tasmania cuya carta favoreciendo al entonces Jefe de Estado atravesó el sistema penal con una velocidad inusitada y apareció en el escritorio del primer mandatario; de la visita a hurtadillas de miembros de la banda criminal de Envigado a la Casa de Nariño en la misma época en que se complotaba desde allí, contra los investigadores de la Corte Suprema; de los homicidios de dos reos recién salidos de la cárcel que habían testificado contra el presidente de la República y su hermano: Francisco Villalba (asesinado en 2009) y Carlos Enrique Areiza (asesinado en abril de este año); de los trinos del propio Uribe pidiendo que las autoridades escuchen al narcotraficante alias Tuso Sierra, protegido por la DEA en Estados Unidos, ahora viene un nuevo capítulo de la historia escrita pero no compilada de los increíbles lazos que subterráneamente existen entre el hombre más poderoso del Estado colombiano y una red de criminales presuntos testigos de sus andanzas, de acuerdo a los numerosos indicios judiciales que brotan aquí y allá.

Particularmente, en la asombrosa columna de Coronell que invito a leer en la página web de la edición circulante de la revista Semana, se escuchan apartes de grabaciones de unas conversaciones entre alias Caliche (exparamilitar) con un preso también exparamilitar que ha sostenido a lo largo de los años, de dos atentados y de las presiones, sus declaraciones contra el expresidente: Juan Monsalve. Caliche, en su jerga de barrizal, llama a Monsalve y refiriéndose a Álvaro Uribe con los motes de “el viejo” y “el caparrudo ese”, le dice en una de las ocasiones que “lo escuché directamente. Me lo pusieron en altavoz, al viejo ahí. Dijo: ‘venga, mijo, ¿será que usted puede entrar y hablar con él (Monsalve) y que nos mande un video diciendo que ese hijueputa (senador Iván Cepeda) está prometiendo cosas que no le pudo cumplir, que no sé qué, que sí sé cuándo y que lo que está hablando él (Cepeda) es mierda?’”.

Coronell también publica otro aparte de grabación en que se evidencia que quien puso en contacto y en altavoz, presuntamente, al exmandatario con Caliche fue el congresista del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada que, consultado por el columnista, no negó haber visitado al exparamilitar aunque le dio otra versión. Según este último, “ese señor Prada está cagado de miedo y ese hijueputa me dijo que me ayudaba, pero que ya, ya… que me cumplían pero que todo por, por… Hagamen (sic) un escrito”.

El periodista también llamó a otros personajes mencionados en el escabroso caso: Jaime Lombana y un sujeto llamado Diego Cadena, conocido por defender a narcotraficantes y quien ahora tiene poder para representar a Álvaro Uribe en las cárceles (¡!!!). Lo relatado por Coronell, Guillén y Akerman es de tal hondura política que la Sala Penal de la Suprema tiene la obligación ética de manifestarse, de inmediato, ante la opinión pública, desde luego, con respeto al debido proceso que se le impone. No podemos ir a segunda vuelta sin saber lo que ella tiene por decir.

https://www.elespectador.com/opinion/otra-vez-los-presos-y-uribe-columna-791412

Daniel Coronell: https://www.semana.com/opinion/articulo/grabaciones-donde-alvaro-uribe-estaria-presionando-a-un-testigo-por-daniel-coronell/569041

 

18.17.-HIDROITUANGO: CODICIA, INEPTITUD Y TRAGEDIA – Cristina de la Torre

Entre la función social del Estado y la ética del beneficio privado a toda costa, EPM ha sido dos empresas: la de ayer, orgullo de Antioquia y de Colombia, marcada por una divisa indeclinable de servicio público bajo la batuta de científicos como Darío Valencia; y la de hoy, un grupo económico de encadenamiento empresarial, alucinado en el rédito financiero hasta terminar amenazando la vida de 113.000 personas. Por ganarse una plata. Hoy ocupa la silla de gerente un encuestador a quien vemos en pantalla de televisión siempre perplejo, como agobiado con el premio que recibiera del alcalde por sus buenos oficios en la campaña que lo llevó al Gobierno de Medellín. Si se rompe la presa, expresó el ingeniero José Hilario López, sobrevendrá la peor tragedia en la historia de la ingeniería después de Chernóbil. Y en ese entierro tendrían velas tanto Federico Gutiérrez, burgomaestre que nombra al hombre de nula preparación para el cargo, como el irresponsable que lo acepta. 

El lunes 7 mayo se produjo un nuevo derrumbe, provocando el taponamiento total del túnel de desviación del río Cauca. Foto: EFE 

 

El lunes 7 mayo se produjo un nuevo derrumbe, provocando el taponamiento total del túnel de desviación del río Cauca. Foto: EFE

28 may 2018.-  El desastre deriva de la modificación del diseño para evitarse una multa por incumplimiento en la entrega de la obra y para ganarse el bono de disponibilidad. El cambio, más que estúpido, fue criminal: sellaron los túneles de evacuación del agua, ya inestables, antes de ituterminar la presa. Prevalecieron los tiburones financieros sobre los ingenieros. Construyeron un tercer túnel sobre dos fallas geológicas y, claro, a poco lo taponó un derrumbe. No eran fallas imprevisibles, como lo dijo el gerente. Ya desde los años 70 se había detectado el deslizamiento Guásimo en la margen izquierda del río, cerca de la represa, pero no se tuvo en cuenta ahora la gravedad de su amenaza.

Para Daniel Quintero, exviceministro de TIC, tan graves eran las fallas geológicas que hubieran debido construir la presa en otro lugar. Todo ello lo sabía desde hacía un año por misiva de López el gobernador Luis Pérez, tan agudo para ver en la crisis telenovela, o diluvio universal, o (para consuelo del orbe) diluvio sólo en Colombia.

El hidroeléctrico fue nicho apetitoso entre las empresas públicas que cayeron abrazadas por la fiebre neoliberal de César Gaviria. Beneficiaria mayor de la licitación que otorgaba el proyecto de Ituango fue Camargo-Correa, firma brasileña involucrada en el escándalo de Lava Jato y hoy investigada por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato con EPM. Arrastrada por el vértigo del lucro, torpe frente a los imperativos de la vida humana y del ambiente, reverenciando la valorización del capital como único resultado posible de la inversión, EPM ha dejado de ser empresa prestadora de servicios para caer víctima de su propio invento: la codicia acorrala como el fuego al escorpión, hasta que éste termina por clavarse su propio aguijón.

La estructura corporativa de dirigentes insobornables desapareció, para dar lugar al juego de los políticos y a tratativas non sanctas. A cada nuevo alcalde, nuevo gerente en EPM, esté o no dotado para el cargo. Juan Gómez nombra a un Valencia Cossio y, Luis Pérez, a la encargada de una discreta sucursal del Banco de Occidente. Algún gerente salió de EPM para el grupo Argos, una de cuyas compañías es Celsia, competencia de aquella en el mercado de energía. El actual alcalde nombra a Jorge Londoño, un ducho en mercadeo, mientras el poder real descansa en un financiero venido de la banca de inversión.

Pero reina la ley del silencio: dijo Quintero que a los empleados de EPM se les prohibe sacar sus chiros al sol. (¿Acaso la compra de Orbitel?) Y sugiere que, desvalorizada la empresa, habrá quienes quieran comprarla a precio de huevo. Así se privatizaría EPM, manjar de avivatos, mientras los pobladores de 14 municipios no saben si podrán sobrevivir a la tragedia.

https://www.elespectador.com/opinion/hidroituango-codicia-ineptitud-y-tragedia-columna-791178

18.18.-LA LEY DEL EMBUDO: EL LADO ANCHO PARA MÍ – Cecilia Orozco

Ocho camionetas blindadas, siete blancas y una negra que presidía el convoy, fueron rebasando calmada y majestuosamente un portón que daba acceso a unas instalaciones magníficas (ver). El sitio se conoce en Colombia como el Cantón Norte (ver), un complejo militar que ocupa los mejores terrenos verdes de Bogotá, anexos a los Cerros Orientales. Cual protagonista de La fiesta del Chivo, el personaje de la camioneta negra —que era (es) venerado por la mitad del país mientras era (es) despreciado y temido por la otra mitad— ingresó al lugar con la propiedad del general de mayor rango. Corría julio del año 2011 y su designado candidato presidencial de la época había sido enviado a prisión por orden de la Corte Suprema, acusado de malversación de dineros públicos y de celebración de contratos ilegales. 

15 may 2018.- Bueno, prisión es un decir. Andrés Felipe Arias, conocido en su momento de mayor gloria con el mote de uribito por su parecido físico, emocional, mental y hasta verbal con su padrino, iba a ser recluido en la Picota en donde, de acuerdo con su nombre, deberían terminar todos los ajusticiados. Pero el suyo era (es) un caso especial. Su maestro intervino y la gente, subyugada por este, aplaudió al Impec cuando invalidó la orden de llevar al interno a una cárcel común pese a que los delitos de corrupción estatal que le imputaron tienen mayor castigo y, en cambio, se diera la de trasladarlo al exclusivo club militar de presos en que se convirtió el Cantón, por largas temporadas. Según la descripción periodística registrada, la habitación —que no celda— que alojaría al exministro de Agricultura en la Escuela de Caballería era “de tres metros por tres, paredes blancas, impecable piso de madera… vista hacia las montañas… (y tenía) una cama de 1,40 de ancho con tendidos blancos y verdes, dos mesas de noche, un escritorio de madera, baño privado, televisor… y podría inclusive tener computador, según dijo el director del Impec” (ver). Esto era poco para la dignidad del excandidato presidencial del uribismo y de otros presos de esa ala privilegiada de la sociedad colombiana que los hace merecedores de trato especialísimo. La narración continuó: “Antes de entrar a la habitación del exministro hay una sala con una mesa de madera y varias sillas de color negro que pueden ser usadas para recibir visitas y reuniones”.

Recuerdo hoy la historia de Arias porque el condenado general Jaime Humberto Uzcátegui, quien pagó su pena en el mismo Cantón Norte y quien, tal vez por haber sido militar, contó con iguales o mayores privilegios que el exministro, publicó un llamativo trino en estos días que demuestra la distorsión del sectarismo. Dice Uzcátegui: “Por un supuesto delito de omisión permanecí 5.047 días en un centro de reclusión… ¿Por qué el asesino y narcotraficante Santrich se encuentra en una sede del episcopado?”. Similares manifestaciones han volado en las redes sociales por parte de voceros del extremismo derechista y, asombrosamente, de un par de sacerdotes católicos cuya caridad cristiana deberían explicar ante quienes guardan las órdenes papales. La comparación entre los lujos de la Escuela de Cabellería y la sencillez de la casa religiosa en que está recluido hace unos días el exguerrillero no resiste el menor análisis (ver). Si bien es un hogar decoroso, la fundación Caminos de Libertad no alcanza, ni de lejos, el nivel socioeconómico de la sede militar, al norte de la capital. A mí que me expliquen los hipócritas que andan rasgando sus vestiduras por el sitio en que se recluyó al exdirigente de las Farc, el cual, por cierto, no ha sido ni juzgado ni condenado bajo las leyes colombianas, como sí lo fueron Arias y Uzcátegui por qué la comunidad debe aceptar que los reos del uribismo (Diego Palacios, Sabas Pretelt, Santiago Uribe, por mencionar solo unos cuantos) pueden estar en sedes militares y policiales de estrato 18 y los demás solo tengan derecho a una mazmorra.

Entre paréntesis. ¿Cómo es el cuento: que extraditemos a Santrich, pero que no extraditen a Andrés Felipe Arias? ¿Existe o no la extradición con Estados Unidos? La ley del embudo como norma.

https://www.elespectador.com/opinion/la-ley-del-embudo-el-lado-ancho-para-mi-columna-755882

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