• 22.19.-ACABAR CON LAS CORTES – Yohir Akerman
  • RAZONES PARA HABLAR DE VIOLENCIA DE GENERO – Maria Silvestre

Hace un poco más de una semana el hoy senador Álvaro Uribe Vélez, en diálogo con W Radio, reiteró la necesidad de derogar la Jurisdicción Especial para la Paz y crear una única alta corte a raíz de lo que él calificó como una crisis de credibilidad en la justicia.

“A mí me dicen que no hable sobre ese tema porque lo pueden tomar como personal, pero no lo es. Yo sí creo en la necesidad de esa única corte, permitiendo que los actuales magistrados terminen sus periodos o incluso que muchos de ellos hagan parte de esa corte”, señaló.

23 Jun 2019.- Vergonzoso, pero no es nuevo. Y no solo por la propuesta que se hizo de esto en campaña presidencial hace un año, sino que para entender la sinopsis de acabar con las cortes por la “crisis de credibilidad” hay que ir un poco más atrás.

Me explico.

El 22 de abril de 2008 se dio la captura de Mario Uribe Escobar, primo del entonces presidente Uribe Vélez, por sus nexos con grupos paramilitares.

Un día después, a las 6:30 de la tarde ingresaron por el sótano de la Casa de Nariño, con autorización del jefe de Estado, Severo Antonio López Jiménez, alias Job, vocero de los paramilitares; Diego Álvarez, abogado de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, jefe máximo de la Oficina de Envigado; el exgobernador del Cauca Juan José Chaux Mosquera, condenado por sus vínculos con las autodefensas, y el lobista Óscar Iván Palacio, para reunirse con Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia, y César Mauricio Velásquez, jefe de prensa de Álvaro Uribe.

El contenido de esa reunión es ampliamente conocido. Un día después de la reunión con los voceros de los paramilitares, hubo un nuevo encuentro en la Presidencia de la República con el fin de fabricar una historia falsa para vincular al entonces presidente de la Corte Suprema, Yesid Ramírez Bastidas, con empresarios y relaciones de narcotráfico.

El contenido de la reunión es ampliamente conocido. Un día después de la reunión con los voceros de los paramilitares, hubo un nuevo encuentro en la Presidencia de la República con el fin de fabricar una historia falsa para vincular al entonces presidente de la Corte Suprema, Yesid Ramírez Bastidas, con empresarios y relaciones de narcotráfico.

Es decir que le querían generar una crisis de credibilidad a la Corte Suprema de Justicia, mismo tribunal que había pedido la captura dos días antes del primo del presidente.

Pero no para ahí.

El 28 de septiembre de 2010, el abogado Iván Velásquez Gómez rindió una declaración ante la Fiscalía General de la Nación como consecuencia de unos seguimientos ilegales de los cuales estaban siendo víctimas él y su familia.

Es importante recordar que, fuera de ser la persona que logró demostrar los excesos de Pablo Escobar en la cárcel La Catedral, Velásquez como magistrado auxiliar de la Corte Suprema fue quien inició investigaciones contra Álvaro Uribe por supuestos nexos con paramilitares y encarceló al primo de este junto a más de 50 congresistas por parapolítica.

Eso sin mencionar su trabajo más reciente en Guatemala en donde desmontó una red de corrupción por la que están presos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Pero volvamos a su declaración. El exmagistrado de la Corte Suprema le dijo a la Fiscalía que desde que inició la investigación previa en contra del primo del expresidente Uribe, en junio o julio de 2007, se desencadenó “la mayor arremetida en la persecución contra la Corte y contra mí, lo que se demuestra con el complot que, a través de un paramilitar conocido como Tazmania, de nombre José Orlando Moncada Zapata, se fraguó por parte del doctor Mario Uribe Escobar, el señor Santiago Uribe Vélez y el señor Ernesto Garcés Soto en alianza con varios paramilitares presos, unos en la cárcel de Itagüí y otros en La Picota, actuando como enlace el abogado Sergio Gonzáles Mejía, quien para entonces era abogado de Tazmania y de Juan Carlos Sierra Ramírez, conocido como el Tuso Sierra. Tal vez a partir de ese montaje de Tazmania, en el propósito de atribuirme supuestas actuaciones ilegales en las investigaciones, se sucedió una serie de hechos que pretendían acreditar lo que desde el Gobierno nacional se llamó el Cartel de Testigos de la Corte Suprema”. (Ver Declaración).

El paralelismo con lo que sucede hoy, 12 años después, es espeluznante.

Pero sigamos y, para hacerlo, la declaración del que fue el subdirector de Fuentes Humanas del DAS durante el espionaje a la Corte Suprema de Justicia es el mejor camino.

El señor William Romero Sánchez rindió declaración en la Fiscalía el 16 de septiembre de 2010, en la que estableció que específicamente él fue el coordinador de la operación de espionaje en la Corte Suprema de Justicia que infiltró la detective Alba Luz Flórez, conocida como la Mata Hari.

“En mayo de 2007, mediante un requerimiento por escrito imparten órdenes de recolección de información sobre temas puntuales relacionados con magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.

No solo era la Corte sino también los viejos enemigos de Uribe a los que había que desprestigiar.

“En la búsqueda de información sobre la trayectoria familiar y académica en los departamentos del Caquetá y Huila de Yesid Ramírez, entre otros requerimientos, se da continuidad a los casos de Piedad Córdoba y Gustavo Petro en cabeza de la Subdirección de Operaciones y la Subdirección de Contrainteligencia, apoyando la Subdirección de Desarrollo Tecnológico y la Subdirección de Fuentes Humanas, todos los insumos logrados por estas subdirecciones eran enviados a la Subdirección de Análisis, que finalmente los consolidaba en un producto final dirigido a la Dirección del Departamento con destino a la Presidencia”. (Ver Declaración Romero Sánchez).

Y nada mejor que el final.

“Preguntado: sírvase manifestar si conoció cuál era el destino final de la información obtenida de la Corte Suprema de Justicia y los senadores ya mencionados. Contesto: sí, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, dada la retroalimentación que me dio la doctora María del Pilar en compañía del capitán Tabares”. (Ver Destino final).

La estrategia siempre ha sido la misma, golpear la reputación de la justicia que está juzgando a su familia. En el pasado era acabar la reputación de los magistrados para proteger a su primo Mario Uribe Escobar. Después viene el cartel de testigos falsos para ayudar a su hermano Santiago Uribe Vélez. Y ahora el expresidente es el que necesita acabar con la Corte para proteger su propio legado.

https://www.elespectador.com/opinion/acabar-con-las-cortes-columna-867432

22.19.-RAZONES PARA HABLAR DE VIOLENCIA DE GENERO – Maria Silvestre

Las mujeres sufren violencia por el hecho de ser mujeres, porque la sociedad es machista y patriarcal; 1.000 hombres mataron a 1.000 mujeres porque creyeron que podían hacerlo

ENRIQUE FLORES

Estos días nos estamos haciendo eco de que se ha alcanzado la cifra de 1.000 mujeres asesinadas por violencia machista. Sin embargo, hace meses que el número de víctimas mortales por violencia de género superó la redonda cifra de 1.000, ya que nuestra legislación, desde 2015, también reconoce como víctimas de esta violencia a los menores, y, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el número total de menores víctimas mortales de violencia de género desde 2013 hasta la fecha ha sido de 28. Lo más terrible de esta estadística es que sabemos que no es una foto fija y que es muy posible que entre que se escribe este artículo y se publica, el número se incremente porque los asesinatos de mujeres por ser mujeres y de sus hijos e hijas, con la única finalidad de hacerles daño a ellas, se van a seguir perpetrando.

17 jun 2019 OTROS ARTÍCULOS DE LA AUTORA

Un serio retroceso en materia de igualdad (16/01/2019)

En 2004 se aprobó la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género, y 15 años después, con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se están acordando modificaciones para que mejore la intervención de las instituciones públicas, garantes de la seguridad, protección y atención a las mujeres maltratadas. Un claro ámbito de mejora es la no exigencia de la denuncia para poder atender a estas mujeres. Sin embargo, a pesar de que se ha avanzado considerablemente desde la aprobación de la ley y de que hemos aprendido en el camino, no solo con respecto a la exigencia de la denuncia, también con relación a la prevención para evitar la revictimización de las mujeres maltratadas, con relación a la coordinación interinstitucional, también respecto a la protección y atención a menores y a la reconsideración del papel que debe desempeñar el padre maltratador o a la introducción de medidas cautelares que pongan el foco en el maltratador y no tanto en la víctima, a pesar de todos estos avances, asistimos actualmente a un intento de resignificación de la violencia de género o machista que no es baladí, tampoco ingenua ni, mucho menos, simbólica.

Uno de los principales logros alcanzados en nuestra sociedad con respecto a la violencia ejercida sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres ha sido desplazar el maltrato psicológico, social, económico, físico y sexual sufrido por las mujeres del ámbito privado y familiar al ámbito público, y que este sea visto e interpretado como un problema social. Ahora bien, eso no quiere decir que se haya conseguido asimilar de forma generalizada y mayoritaria dicha percepción y atribución pública. El CIS nos lo recuerda todos los meses en su encuesta sobre las principales preocupaciones de la ciudadanía. La violencia contra las mujeres ha tenido dos picos en los últimos 20 años: el primero fue durante la tramitación y aprobación de la ley de violencia de género, en marzo de 2004 la preocupación llegó a alcanzar un 11,7%; el segundo lo estamos viviendo desde comienzos de 2019, desde enero la preocupación ha alcanzado valores cercanos al 7%. Este repunte vendría de la mano de las movilizaciones del 8-M, pero, sobre todo, como consecuencia del caso de La Manada y del movimiento MeToo. Ahora bien, son porcentajes que están lejos de las principales preocupaciones sociales, encabezadas por el paro, con un 64,6% en mayo de 2019.

La cesión de PP y Ciudadanos a Vox en Andalucía tendrá consecuencias en la respuesta institucional a la violencia

Con ello quiero decir que la base social que soporta todo el engranaje institucional y legal en torno a la violencia ejercida sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, si bien cuenta con una clara fundamentación jurídica y académica, puede sufrir vaivenes en la legitimación social si se insiste en cuestionar su fundamentación desde el discurso político y público. Por esa razón, la cesión que PP y Ciudadanos han hecho a Vox para la aprobación de los presupuestos en Andalucía no es solo simbólica, ya que va a tener consecuencias en la respuesta institucional a la violencia machista, y porque, sobre todo, viene a quebrar uno de los principales logros alcanzados en esta materia: la consideración de problema social de la violencia machista. Yerran las derechas democráticas al legitimar el discurso ideológico de Vox en este tema, puesto que le otorgan carta de validez; la cuestión es saber si dicha cesión es tal, o tan solo viene a refrendar una opinión que ya tenían y que hasta ahora no se atrevían a manifestar en alta voz. Debemos evitar, en términos de Pippa Norris, que se amplíe la “zona de aquiescencia” de la ultraderecha y que se normalicen ideas y debates superados.

Si nos alerta estar hablando de 1.000 mujeres y 28 menores asesinados, si nos duele reconocer que en nuestra sociedad al menos 1.000 hombres han asesinado a mujeres con las que tenían o habían tenido una relación, debemos ser capaces de alzar la voz ante cuestionamientos infundados de las razones estructurales de estos asesinatos; 1.000 hombres mataron a 1.000 mujeres porque creyeron que podían hacerlo, y si cientos de miles están maltratando, humillando, insultando y aislando a cientos de miles de mujeres es porque creen que pueden hacerlo, porque no reconocen en esas mujeres a seres autónomos, libres, independientes y capaces de tomar sus propias decisiones, porque prevalecen relaciones machistas desiguales que cosifican a las mujeres, las deshumanizan y les niegan sus derechos.

La intervención contra la violencia machista debe pensarse, al menos, en dos tiempos; en el corto plazo y en el medio-largo plazo. En el corto plazo debemos priorizar la protección y atención a las mujeres que hoy están sufriendo maltrato, pero en el medio-largo plazo debemos trabajar para promover sociedades igualitarias en las que se deconstruyan los roles tradicionales de género, sociedades donde sea posible desnaturalizar la posición de la mujer en el ámbito privado y construir nuevas formas de ser mujeres y hombres con iguales atribuciones de valor.

Debemos promover sociedades igualitarias que deconstruyan los roles tradicionales de género

Son muchos los “¿por qué?” que todavía no estamos formulando, porque son muchas las situaciones que nos parecen normales por estar normalizadas, pero debemos preguntarnos por qué existe una desigualdad universal entre mujeres y hombres, preguntarnos por qué los cuerpos de las mujeres están sexualizados, por qué se cosifica a las mujeres, por qué existe la brecha salarial, por qué se da la segregación educativa, por qué la conciliación, la pobreza o la vulnerabilidad son femeninas —tal y como nos indica el recién presentado VIII Informe FOESSA—, en suma, por qué estamos lamentando la muerte de 1.000 mujeres por violencia machista. Para acertar en la respuesta debemos realizar un buen diagnóstico: las mujeres sufren violencia por el hecho de ser mujeres, porque la sociedad es machista y patriarcal. Hasta que no removamos estos fundamentos será muy difícil dejar las estadísticas sobre violencia de género en una foto fija.

https://elpais.com/elpais/2019/06/14/opinion/1560529257_305796.html#?id_externo_nwl=newsletter_opinion20190621m

21.19.-MÁS SOBRE EL CORONEL MEJÍA –Yohir Akerman

El 5 de mayo de este año publiqué una columna titulada “La JEP funcionando” donde se documentan desconocidos detalles de la histórica relación de poder y colaboración entre las Fuerzas Armadas y los grupos de paramilitares, que llevó a crímenes y asesinatos extrajudiciales conocidos como falsos positivos.

9 jun 2019.- En especial los cometidos por el batallón del Ejército La Popa, bajo la comandancia del coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, todo evidenciado por el relato del teniente coronel Heber Hernán Gómez Naranjo que se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 23 de junio de 2017 bajo el radicado No. 301153. (Ver La JEP funcionando).

El día siguiente a mi columna, el coronel Mejía publicó una dura respuesta en la que justificaba sus acciones militares, negaba rotundamente cualquier pacto con criminales y establecía que el honor de un soldado “es la patria misma”.

Fuera de eso advirtió: “No le acepto a usted y jamás a nadie le aceptaré que me hablen de falsos positivos en mi gestión en el Cesar, señor Akerman”.

Tajante el coronel Mejía.

El problema es que ahora se conocen dos declaraciones adicionales en diligencia judicial de versión voluntaria, ambas de exmilitares compareciendo ante la JEP en el mes de noviembre de 2018, que lo contradicen y entregan nueva evidencia sobre los crímenes cometidos por el batallón del Ejército La Popa bajo la comandancia del coronel Mejía.

En el marco del caso 003 de 2018 que adelanta el magistrado Óscar Parra Vera de la Sala de Reconocimiento de verdad y responsabilidad de la JEP por muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate o falsos positivos, se tomaron esas dos versiones libres, la primera dura más de seis horas y la segunda casi cuatro.

Durante esas largas horas se entregaron relatos con infinitos detalles de la alianza del coronel Mejía con los paramilitares, las múltiples reuniones con famosos líderes de las Autodefensas, las operaciones que se hicieron en conjunto y los asesinatos extrajudiciales por parte del Ejército, con nombre y apellido, de personas que después fueron presentadas como guerrilleros de las Farc o el Eln.

Por lo macabro que cuentan esas versiones libres, ambas, es mejor mantener anónimas las identidades de los exmilitares y comparecientes ante la JEP, sobre todo para proteger sus vidas.

Y ese es uno de los temas de esta columna.

Las dos narraciones cuentan cómo los exmilitares han sido víctimas de amenazas de muerte o intentos de asesinato desde que se decidieron a confesar los crímenes de los cuales hicieron parte, guiados por la comandancia del coronel Mejía. Eso es terrible y hay que proteger a estos exmilitares que hoy sirven de testigos.

“Y quiero decir algo con todo esto que estoy diciendo, sé que me voy a morir en cualquier momento, no sé cuándo, pero sé que me voy a morir, honorables magistrados, yo les pediría a ustedes de corazón medidas cautelares para mi familia y para mí porque mi vida corre peligro y ya han visto varias amenazas”. (Ver Versión libre).

Se eriza la piel.

En especial porque, pese a que en 2013 el Juzgado Sexto Especializado de Bogotá condenó al oficial Mejía a 19 años de cárcel por aliarse con el paramilitarismo como consecuencia de toda la evidencia que existía en su contra, además de la nueva que se conoce gracias a la JEP, el militar sigue siendo tratado como un héroe por un grupo político.

Ese es el otro tema de esta columna.

Cuando el coronel Mejía, desde su condena en una instalación militar en Bogotá, publicó un libro titulado Me niego a arrodillarme, fue acogido como un texto de quien defiende el honor del Ejército y no de un militar que abusó de su poder y terminó realizando asesinatos extrajudiciales.

El libro cuenta con un prólogo de Plinio Apuleyo Mendoza y fue presentado en la Feria Internacional del Libro del 2016, en un evento en el que también estuvieron el general Camilo Zúñiga, excomandante de las Fuerzas Militares; el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie; la representante a la Cámara María Fernanda Cabal y la senadora del Centro Democrático Paola Holguín.

Como lo reportó Noticias Uno en ese momento al entrevistar a los asistentes, la representante Cabal estableció que “desde hace nueve años yo visito al coronel Hernán Mejía y a muchos otros soldados injustamente encadenados por haber enfrentado el terror”.

¿Injustamente encadenados?

Por su parte, la senadora Holguín definió que el coronel Mejía “en este libro rinde un homenaje a los soldados de batalla”, pero en realidad no es un homenaje a los soldados decir que se niega a arrodillarse a la justicia que lo encontró culpable con pruebas y evidencia, es simplemente desconocer la justicia.

Pero no para ahí.

El propio expresidente Álvaro Uribe le envió un mensaje al oficial en el que decía: “Estimado coronel Mejía, lo felicito por su entereza. Solamente alguien de su fortaleza moral y en medio de tanta persecución presenta este libro. Hemos sufrido una larga noche de injusticias que tendremos que superar”. (Ver Felicitación de Uribe).

Es esa entereza y fortaleza moral que ve el expresidente Uribe la misma que están valorando para ascender ahora a militares que están involucrados en investigaciones de falsos positivos, o para tratar como víctimas y no victimarios a los militares que ordenaron por escrito a sus unidades duplicar el número de bajas y capturas sin “exigir perfección” a la hora de ejecutar ataques letales contra enemigos.

Mientras el partido de gobierno siga viendo el capítulo de los falsos positivos como hechos menores del ejercicio de la batalla, una injusticia, persecución o, peor aún, tratando como héroes a militares investigados o condenados por asesinatos extrajudiciales por el honor militar, no se podrá cambiar la visión política que constantemente lleva a esas deformaciones en las directrices militares. Un crimen es un crimen a pesar del honor.

@yohirakerman  akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/mas-sobre-el-coronel-mejia-columna-864980

20.19.-Las reuniones del vice mindefensa Eastman  Yohir Akerman

Una cosa está completamente confirmada y es que, como lo estableció La Silla Vacía, a finales de abril el saliente secretario general de Presidencia, Jorge Mario Eastman, visitó al director de Semana, Alejandro Santos, para hablar de los documentos y testimonios sobre las directrices del comandante en jefe del Ejército que tenían el fin de “doblar los resultados” de operaciones en combate. La historia que después publicó el diario The New York Times. 

Eastman le explicó a La Silla Vacía que sabía que Semana tenía la información “desde hace dos o tres semanas”, mientras que Santos le confirmó al mismo medio que el entonces secretario general de Presidencia fue a la revista por su experiencia en asuntos de seguridad y defensa, tema central de la denuncia, ya que fue viceministro de Defensa dos veces. 

2 jun 2019.-  Pues miremos un poco más de su hoja de vida y sobre todo de lo otro en lo que es experto Eastman.

Jorge Mario Eastman Robledo fue, entre otras, consejero presidencial para las Comunicaciones entre 2006 y 2009, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez; jefe de negociación adjunto del proceso de paz con el Eln en la administración de Andrés Pastrana; secretario privado de Humberto de la Calle, cuando fungía como ministro del Interior de César Gaviria; consejero presidencial para la Modernización del Estado con Ernesto Samper; más recientemente, fugaz fórmula vicepresidencial de Juan Carlos Pinzón; secretario general de la Presidencia con Iván Duque hasta abril pasado, y, próximamente, embajador de Colombia en el Vaticano.

El hombre orquesta.

En octubre de 2004 el entonces presidente Uribe lo nombró viceministro de Defensa, cargo en el que participó en el aterrizaje de la política de Seguridad Democrática con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. En 2006 el Gobierno lo nombró en Comunicaciones y en 2009 lo volvió a nombrar viceministro de Defensa, encargado principalmente de las relaciones internacionales del sector defensa y el fortalecimiento de los derechos humanos de las Fuerzas Armadas.

El 24 de abril de 2008, mientras era consejero presidencial para las Comunicaciones, Eastman Robledo participó en otra histórica reunión junto a Bernardo Moreno Villegas, entonces secretario general de la Casa de Nariño.

Esa reunión le costó a Moreno Villegas 18 años de destitución e inhabilidad por la “extralimitación de sus funciones”, en el marco del escándalo de las “chuzadas”. A Eastman Robledo, nada. (Ver María del Pilar Hurtado confirma asistencia de Eastman).

Pero expliquemos mejor esa reunión y, para hacerlo, es necesario retroceder el casete solamente 48 horitas antes para un poco de contexto.

El 22 de abril de 2008 se dio la captura de Mario Uribe Escobar, primo del entonces presidente Uribe Vélez, por sus nexos con grupos paramilitares.

Un día después, el 23 de abril a las 6:30 de la tarde, ingresaron por el sótano de la Casa de Nariño, con autorización del jefe de Estado, Severo Antonio López Jiménez, alias Job, vocero de los paramilitares; Diego Álvarez, abogado de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, jefe máximo de la Oficina de Envigado; el exgobernador del Cauca Juan José Chaux Mosquera, condenado por sus vínculos con las autodefensas, y el lobista Óscar Iván Palacio, para reunirse con Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia, y César Mauricio Velásquez, jefe de prensa de Álvaro Uribe.

El contenido de esa reunión es ampliamente conocido. Un día después de la reunión con los voceros de los paramilitares, tal y como lo establece el periodista Julián Martínez en su libro ChuzaDAS, hubo un nuevo encuentro en la Presidencia de la República con el fin de fabricar una historia falsa para vincular al entonces presidente de la Corte Suprema, Yesid Ramírez Bastidas, con empresarios y relaciones de narcotráfico. (Ver ChuzaDAS).

¿La razón? La Corte Suprema de Justicia era el tribunal que había pedido la captura dos días antes del primo del presidente.

El plan, se supo después, consistía en filtrar información a un medio de comunicación para generar desprestigio a la entidad y para eso llegaron a la Casa de Nariño ese 24 de abril la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, acompañada por los directores de Inteligencia y Contrainteligencia de la misma entidad; el capitán Fernando Tabares y Jorge Alberto Lagos, para sostener una reunión con Bernardo Moreno; José Obdulio Gaviria; César Mauricio Velásquez; el director de la UIAF, Mario Alejandro Aranguren, y el asesor de comunicaciones, Jorge Mario Eastman Robledo. (Ver Condenan a la Nación).

Casi todos están presos.

El 26 de abril la revista Semana publicó un artículo titulado “El mecenas de la justicia” que hablaba de un empresario opita con supuestas conexiones con la mafia, que pagaba vuelos privados a magistrados de las altas cortes y les organizaba lujosos eventos.

Pero eso no salió bien. Semana tuvo que rectificar la información cuando su director, Alejandro Santos, descubrió que se trataba de un montaje para desprestigiar a la Corte y en especial a Ramírez Bastidas. (Ver Orden del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá).

Todo, fabricado en esa reunión del 24 de abril, misma fecha en la que, gracias a un memorando reservado del DAS que apareció tiempo después, se planeó vincular, de manera falsa, a los congresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro y al periodista Daniel Coronell con la compra de testigos.

Una fecha importante.

Por eso la Procuraduría General de la Nación emitió un cuestionario al presidente Uribe sobre la reunión de ese 24 de abril, en el que Uribe respondió que fue informado del encuentro, pero que su conocimiento era que el objetivo era revisar información periodística. (Ver Carta junio 22 de 2010).

De esa misma manera, el 6 de agosto de 2009, el mismo Eastman Robledo compareció en una diligencia de versión libre ante la Procuraduría por esos hechos, en la que admitió que, aunque no fue convocado formalmente, asistió a ese encuentro ya que su costumbre era “pasar por esa oficina (de Bernardo Moreno) para averiguar los asuntos del día, así como los demás relacionados con mis funciones como asesor en comunicaciones. Al llegar a la oficina se me pregunta si sabía la información que manejaba la revista Semana”. (Ver Declaración Libre).

Finalmente, en la misma diligencia, al ser preguntado por sus funciones como asesor en comunicaciones, Eastman Robledo dijo que en ese momento era el enlace de la Presidencia “con los directores de todos los medios de comunicación. (…) En la práctica yo me especializo mucho en las crisis internacionales, y en lo que tiene que ver con aquellos medios de comunicación que tienen una relación más estrecha conmigo, como es el caso de la revista Semana”. (Ver Investigaciones Especiales).

Esa relación quedó comprobada durante aquel escándalo en 2008 y en este nuevo lamentable episodio. Todo parece indicar que el nuevo embajador de Colombia ante el Vaticano va a tener ante la Santa Sede muchas oportunidades para confesarse por todas esas reuniones en las que, aunque no parece que hizo algo ilegal, sí quedan dudas sobre su integridad.

@yohirakerman  akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/la-reunion-columna-863901

  • 19.19.-MIREN LA PAZ –  Patricia Lara
  • AUTORIDADES MORALES EN PERIODISMO –    Cecilia Orozco
  • LA “ECONOMÍA MIXTA”: LO ÚLTIMO EN CONTRATACIÓN PÚBLICA Y CORRUPCIÓN –Aurelio Suárez*
  • LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DE LAS CAMPAÑAS: OTRA FORMA DE CORRUPCIÓN – Juan Carlos Álvarez*

De tantas noticias, incluso la irrefutable sepultura que la Corte Constitucional les dio a las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, la más transcendental, por la certeza que genera de que la reconciliación es posible, fue el foro “Hablemos de verdad”, convocado por El Espectador. 

Bajo la tutela de Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, y después de escucharle al fotógrafo Jesús Abad Colorado sus relatos de esta guerra que él ha retratado por años, y luego de oír a Andrea Echeverri cantar “todas somos mamitas / y no debemos parir / para en esta guerra / nuestros hijos ver morir. / Todos somos hijitos / hermanitos de Caín / refresquemos la memoria / pa que no se vuelva a repetir”, los enemigos de ayer respondieron la pregunta de la periodista Gloria Castrillón: “¿Por qué es tan difícil contar la verdad?”.

Rodrigo Londoño, Timochenko, excomandante de las Farc, dijo que le daba miedo contarla porque al ver los resultados de esa lucha que emprendieron convencidos de que defendían al pueblo, siente vergüenza.

Luis Eduardo Cifuentes, el Águila, excomandante del Bloque Cundinamarca de las Autodefensas (Auc), quien pagó 11 años de cárcel, pidió perdón: “Nada justifica nuestro accionar”; afirmó que le cumplieron a la justicia pero a las víctimas lo que les interesa es saber dónde están y qué pasó con sus seres queridos; se quejó de que a muchos de las Auc los han matado y agregó: “Ni las víctimas han sido reparadas por el Estado ni a los reinsertados se les ha dado una oportunidad para reinsertarse en la sociedad”.

El general (r) Rafael Colón, uno de los duros en el combate, quien participó en el desminado humanitario, dijo que “cuesta decir la verdad porque se pueden perder” estatus y responsabilidades; habló de esa concepción que hubo en sectores del Ejército sobre que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, la cual llevó a no combatir el paramilitarismo en algunas zonas; afirmó: “Hay que preguntarles también a los gobernadores y alcaldes por qué parte de sus presupuestos iban a las Auc, y a los ganaderos, por qué las Auc llegaban a sus fincas”, y concluyó: “Las verdades hay que contarlas como son… Tenemos que contar la verdad de los falsos positivos para deshacernos de esa cruz”.

Jorge Ballén, presidente de Panaca, cuyo hermano secuestró la guerrilla y quien como empresario sufrió muchas extorsiones en Urabá, confesó que a él le tocó “comprar vida” y pidió que se construya una nueva verdad.

Luego hablaron las víctimas: representantes de las comunidades negras que han sido asesinadas, de los indígenas que han sido discriminados, de las mujeres que han sido violadas… Todos claman por que se cumpla ya el Acuerdo de Paz para que no los maten ni se extingan sus territorios.

De último habló el comisionado de Paz, Miguel Ceballos. También contó su verdad: “Me metí de cura después de ser abogado para buscar una verdad. Y me salí. Y trabajé como secretario de la Comisión de Conciliación. Y tuve que trabajar con el Eln. Y fui señalado como guerrillero. Y luego fui viceministro de Uribe y me acusaron de extraditar a los paras. La más difícil es la verdad personal”.

Al final, resonaron las palabras del general Colón: “Necesitamos construir confianza: Duque y sus ministros tienen que decir al unísono si apoyan el Acuerdo de Paz o no”.

Y, en la conciencia, se estampó el ruego de Aída Quilcué, indígena del norte del Cauca, quien pidió respeto para quienes piensan distinto e imploró:

“Que la paz no nos cueste la vida”.

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19.19.-AUTORIDADES MORALES EN PERIODISMO –    Cecilia Orozco

El 19 de marzo de 2018, la revista Semana publicó un artículo con el siguiente título: Trino de Álvaro Uribe contra Daniel Coronell desata dura controversia (ver). La atención de la revista se centró en el escándalo que produjo un trino que Uribe había publicado y en el que expresaba sus intenciones de desaparecer el noticiero que descubrió que su reelección, en 2006, había sido bastarda y corrupta por cuanto se logró mediante la compra de votos en el Congreso (yidispolítica). El expresidente ordenaba en su mensaje cortarle la cabeza a Noticias Uno: “Daniel Coronel, político y contratista de Santos, tiene pánico y con razón; un Gbno de Iván Duque manejará con transparencia las concesiones de televisión”.

29 may 2019.-  Hoy, el sueño de Uribe podría convertirse en realidad puesto que tiene poder sobre el jefe de Estado. No obstante que Duque aseguró, de inmediato, que su Gobierno respetaría la libertad de prensa, los —y las— coyotes de la bancada uribista en el Congreso han reiterado, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, las tres mentiras del trino de su superior para darles apariencia de verdad. Truco conocido desde el siglo de Maquiavelo. Sin embargo, la tarea de descrédito a Noticias Uno, cuyo buen nombre profesional ha crecido en sentido totalmente opuesto al esperado por sus detractores, ha permanecido en el ámbito del uribismo y sus secuaces, falsos comunicadores vendidos, monetariamente, a esa causa.

Y esta semana el director de una cadena radial, es decir, un periodista con serias responsabilidades sobre lo que afirma al aire porque compromete no solo su respetabilidad profesional sino la de la “casa editorial” que representa, difamó a Noticias Uno y a sus reporteros copiando las falsedades del señor Uribe. Ese directivo mediático pretendía atacar una columna de Coronell en Semana, qué coincidencia, la misma revista que había difundido la venganza que Uribe preparaba y a la cual se incorporó, tarde ya, el director periodista como si las frases de su editorial fueran suyas y no de autoría politiquera: “Daniel, que está (sic) tan amigo del escrutinio público de los medios de comunicación, le voy a hacer una pregunta: su noticiero —porque Daniel es propietario y dueño (sic) de un medio de comunicación—, su noticiero de televisión ¿por qué no hizo denuncias en el gobierno de Santos que ‘premió’ a Daniel Coronell con un noticiero de televisión? ¿Puedo suponer yo… que ese fue un favor de Daniel y de los periodistas de Noticias Uno… con el gobierno que lo ‘premió’ adjudicándole un noticiero ‘gratis’ para competir en la televisión colombiana?”.

Quien escribe esta columna dirige Noticias Uno hace ocho años y asume, junto con su respetabilísima sala de redacción, las fallas y los éxitos que en esta época haya tenido. Así como puedo dar fe de que el accionista histórico de Semana, Felipe López, nunca cercenó mi libertad de dirección en el Noticiero de las 7, de su propiedad y adjudicado a él en condiciones tan profesionales como cuando se le adjudicó recientemente una concesión al Canal Uno (del cual Noticias Uno posee solo el 20 %), afirmo tajantemente que Daniel Coronell (accionista mayoritario pero no único de Noticias Uno, o sea de menos del 20 %) jamás ha intervenido en el contenido de este informativo desde cuando se fue del país a dirigir a 600 periodistas de la cadena Univisión, en Estados Unidos. Algo ocupada estará su mente en otros asuntos, por favor. No defenderé a Noticias Uno. Esta se defiende a sí misma cuando —para nuestro honor— los días lunes, después de nuestras emisiones de fin de semana, varios medios, incluido el de nuestro nuevo enemigo, nos hacen el homenaje de retomar o desarrollar nuestra agenda noticiosa. Aporto tres detalles que indican la falta de rigor profesional del director-periodista y que descubren su fondo ideológico, que no ético: 1. El Canal Uno no obtuvo una “concesión gratis”: les costó a sus accionistas más de $117.000 millones por utilizar una red estatal deteriorada y sin las ventajas de los canales privados. 2. Él, que pese a lo que dijo nunca fue director de Noticias Uno, se molestó cuando le ofrecieron el cargo a esta columnista porque, según confesó enardecido ante dos directivos de la empresa, “él era el director-presentador ‘natural’” de Noticias Uno. 3. Quien aquí firma renunció a la dirección del Noticiero de las 7 al otro día de que su entonces esposo, Darío Restrepo Vélez, fuera nombrado por el presidente César Gaviria como su director de Inravisión, poderosa entidad que tenía funciones de vigilancia sobre la televisión. Había una clara incompatibilidad moral y por eso me fui. ¿El cuñado del presidente Duque, aliado “natural” de la causa uribista, tiene autoridad para hablar de otros? La amenaza del senador expresidente va tomando forma…

* Aclaraciones necesarias:

– Esta columna se escribió antes de conocerse la decisión del socio de revista Semana, Felipe López, de retirar de su medio la columna de Daniel Coronell. Doloroso capítulo del periodismo colombiano, muy a tono con los tiempos políticos actuales en que prima la censura y los censores sobre la libertad y los defensores de las libertades.

– La poseedora del 20% del Canal Uno no es, en estricto sentido, Noticias Uno. Es la empresa NTC S.A., uno de cuyos productos es Noticias Uno. En lenguaje accionario, esto es diferente.

https://www.elespectador.com/opinion/autoridades-morales-en-periodismo-columna-863152

19.19.-LA “ECONOMÍA MIXTA”: LO ÚLTIMO EN CONTRATACIÓN PÚBLICA Y CORRUPCIÓN –Aurelio Suárez

Una forma distinta de corrupción está haciendo estragos en varios departamentos o ciudades del país. ¿Quiénes son los corruptos y cómo nos están robando?

Antioquia y el gobernador Luis Pérez

El pasado 28 de marzo la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicó un informe titulado “El sofisticado mecanismo de corrupción de Luis Pérez”. El informe muestra que políticos, congresistas, excongresistas y criminales se han favorecido de “una sociedad de economía mixta denominada Valor +”, que cuenta con aportes de capital privado y dineros públicos provenientes del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).

A partir de los debates realizados por el diputado Luiz Peláez en la Asamblea del departamento, los investigadores de esa fundación, Ariel Ávila y Esteban Salazar, denuncian que Valor + ha sido utilizada para todo tipo de contrataciones “asignadas a dedo, con sobrecostos y mal ejecutadas”. En 2016 y 2017 el valor de esos contratos ascendió a 16.960 millones de pesos.

La investigación identifica a los funcionarios y beneficiarios de la empresa, donde fueron nombrados allegados de socios políticos y financiadores de la campaña de Luis Pérez, el actual gobernador de Antioquia. Pero además menciona 31 “aliados estratégicos” con los cuales Valor + ha adelantado contratos de distinta índole. Entre ellos se destacan:

  • TRONEX, vinculada al clan Ramos y al actual candidato a la alcaldía de Medellín, Alfredo Ramos Maya.
  • QUIPUX, que ha construido un emporio en torno al negocio de fotomultas y registros y manejo del RUNT; y
  • FUREL, una empresa en proceso de “extinción de dominio de sus bienes por lavado de activos” que es de Hernán Moreno, reconocido financista de campañas y acusado por obras no ejecutadas en Armenia.

El informe denuncia convenios interadministrativos con municipios como Guarne, El Retiro y Rionegro en los cuales median favores y diversas contraprestaciones políticas y económicas. De acuerdo con ellos, Pérez ha hecho de Valor + un instrumento de aparente ropaje legal para gestionar prebendas —incluidos procesos de titulación de tierras— en beneficio de sus favoritos.

La parranda de la contratación en Barranquilla

Pero el gobernador Pérez no es el único que utiliza las empresas de economía mixta para llevar a cabo sus maniobras oscuras. Este “sofisticado mecanismo” se ha extendido a lo largo y ancho de Colombia y ha sido utilizado por varios gobernantes locales.

El académico y economista Jairo Parada develó en el periódico El Heraldo cómo —mediante mecanismos similares— se hacen ferias y fiestas en la alcaldía de Barranquilla de Alejandro Char. En una columna titulada “Los socios”, delata los “altos niveles de concentración de los beneficiarios de la contratación”, “en arroyos, parques, juegos deportivos y obras de todo tipo”.

Entre los beneficiarios se destacan las firmas A Construirde los hermanos Daes, Valorcon de la familia Gerlein, Donado & ArceAEIngenieros CivilesYacamanSergio TorresInversiones Jacur (Faisal Cure), y otras que se repiten seguidamente en las obras de contratación.

Pérez ha hecho de Valor + un instrumento de aparente ropaje legal para gestionar prebendas.

Parada también revela que los antiguos procesos de contratación pública por concesiones han sido reemplazados por “sociedades de economía mixta, donde no hay concurso, sino que se cita al socio a una notaría” y nombra como ejemplos al “Alumbrado Público de Barranquilla S.A.S.”, a “Mi Red IPS” y a “Siembra Barranquilla”, “empresas mixtas que funcionan como de derecho privado”.

https://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/12013-la-economia-mixta-lo-ultimo-en-contratacion-publica-y-corrupcion.html

foto: Urna de Cristal
Contratación a dedo, sin licitaciones públicas, las “ventajas” de la economía mixta.

En otras investigaciones —de una veeduría independiente— se descubrió que:

  • En la primera de las empresas anteriores, la del alumbrado, el Distrito tiene una participación del 65 % mientras que William Vélez —también concesionario del aseo— y el grupo Daes tienen el 35 % restante. Pero en un clásico negocio “entre tigre y burro amarrado”, los ingresos se derivan en un 59 % del recaudo del impuesto al alumbrado por treinta años, lo que solo en 2018 les reportó casi 43 mil millones de pesos.
  • A “Mi Red IPS” se le entregó el usufructo de la red pública hospitalaria durante 30 años para cubrir 650 mil usuarios. La sociedad mixta cuenta con una participación oficial del 65 %, y el 35 % restante es de la sociedad privada Cuidar Salud.
  • “Siembra Barranquilla” ha tenido a Tropipalmeras como proveedor especial para arborizar la Circunvalar, el Paseo Bolívar, la Castellana, el Boulevard de la carrera 53 y la plaza de La Concordia. Tropipalmeras es una firma de los hermanos de la exalcaldesa y candidata a la gobernación del Atlántico, Elsa Noguera.

Los ingresos y costos de estas sociedades “mixtas” están fuera del control ciudadano y actúan en genuina “zona franca” frente a la Ley, como ha pasado con la Triple A, donde grupos españoles han hecho las del diablo sin mediar objeción.

Puede leer: La corrupción en Colombia.

Resistencia ciudadana en Villavicencio

A propósito de William Vélez, es él quien intenta trasladar a Villavicencio la figura que utiliza en Barranquilla para el negocio del alumbrado. El 29 de noviembre de 2018 la mayoría del concejo municipal de esta segunda ciudad, orquestado por el alcalde Wilmar Barbosa, aprobó la creación de una empresa de economía mixta con tales fines, financiada con el recaudo del respectivo impuesto, que allí es de 25 mil millones de pesos anuales.

El amaño al interés de Vélez y al proyecto de Barbosa ha sido tanto que el estudio que “recomendó” esa solución fue contratado por 712 millones de pesos a un ex empleado del mismo Vélez. Aunque su grupo ha sido concesionario del mismo alumbrado desde hace veinte años, ahora opta por ser “socio” del municipio, pues esta nueva figura le acarrea mayores beneficios como, por ejemplo, no someter a licitación o concurso público la concesión fenecida.

Sin embargo, en Villavicencio se despertó la resistencia ciudadana. Algunos dirigentes sociales, encabezados por el concejal Felipe Hartman y veedores como David Mora y Efraín Mojica, lograron que el juez segundo de la capital del Meta les concediera medidas cautelares para detener el adefesio. Ahora el caso irá a una segunda instancia.

Vendrán más demandas y movilizaciones en el pulso entre la ciudadanía villavicense en defensa del patrimonio público y el retorcido plan de marras.

Y el campeón…

El campeón en abusos con la figura de “empresa de economía mixta” es el alcalde del promisorio municipio de Tocancipá, Walfrando Forero, quien está encartado en un proceso por peculado y por falsedad en documento público debido a hechos ocurridos en el 2008, cuando también fue alcalde.

Alumbrado público, uno de los afectados por la creación de figuras de “economía mixta” Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Forero ha montado siete entidades de esa naturaleza para las finalidades más diversas: una para aprovechamiento de residuos sólidos; otra para un metro cable; la tercera para construir un complejo universitario; la cuarta para un centro multiferial y de negocios; la del alumbrado público; y una más para el servicio de video vigilancia.

Esta nueva figura mayores beneficios como, no someter a licitación o concurso público la concesión fenecida.

La duración de esas entidades es de treinta años y también fue creada una séptima con una duración de diez años para una red de servicios TIC. Todas ellas fueron aprobadas en sesiones extraordinarias del concejo de Tocancipá y se gestiona una más para el aeropuerto presentado como “de la Sabana”, en iguales condiciones que las otras.

Las evaluaciones de tales iniciativas arrojan fallas comunes:

  • Faltan estudios técnicos y administrativos que las sustenten como alternativa óptima;
  • Inexplicablemente se limita a un 10 % la participación del municipio;
  • Carecen de cálculos sobre montos de inversión y costos de operación; y
  • Tampoco hay consideraciones sobre los niveles de riesgo.

Pero la falla más importante es que no existe la más mínima transparencia para seleccionar los respectivos “socios estratégicos”, revalidando lo dicho: Walfrando los escogerá a su antojo en una notaría.

Le recomendamos: Corrupción e impunidad en el Tolima.

¿Quién ayudará a las comunidades?

Gobernantes del norte, del centro y del oriente, de partidos políticos diferentes, personajes populares e impopulares recurren al expediente de la “economía mixta” para montar malolientes negocios con duración hasta mediados del siglo.

Por fortuna, surgen resistencias ciudadanas que confrontan, denuncian y dan el pecho, a contramano de concejales y organismos de control locales que alcahuetean a cambio de transacciones propias de la politiquería.

¿No habrá quién ayude a estas comunidades en su indignación? ¿No será tarea de la Contraloría General trancar esta oleada que pone el interés público a favor de provechos particulares? ¿Se volverá costumbre este fantasma que ahora ronda los erarios?

*Aurelio Suárez es Analista, consultor en áreas públicas y privadas, columnista, catedrático universitario y panelista de la cadena Blu Radio.

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19.19.-LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DE LAS CAMPAÑAS: OTRA FORMA DE CORRUPCIÓN – Juan Carlos Álvarez*

A pocos meses de las elecciones vuelve el debate sobre la financiación de las campañas y las maneras de burlar las reglas. ¿Qué se puede hacer para evitar la corrupción? *.

Corrupción en campaña

Uno de los grandes retos de las democracias es el financiamiento irregular de las campañas electorales. En muchas ocasiones se recurre a mecanismos ilegales para conseguir recursos; y en otras ocasiones, aunque no se violan las disposiciones legales, se aprovechan vacíos en la legislación para conseguir recursos de manera indirecta.

La obtención de recursos adicionales por estas vías les da ventajas electorales a algunos sobre aquellos competidores que se mantienen dentro de los márgenes autorizados. Tanto en las formas de financiación legal como en las irregulares, por lo general existe un pacto corrupto entre los receptores de los recursos (campañas, partidos, movimientos, candidatos) y aquellos que los entregan.

Dentro de esta lógica, una vez los patrocinados acceden a los cargos en la administración donde manejan el presupuesto público, los patrocinadores esperan una retribución por su aporte, o, por lo menos, una mayor posibilidad de incidir sobre su inversión y distribución.

Cuando se enfrenta este problema el foco de atención suele dirigirse a la legislación penal.

Las prácticas de financiación ilegal o irregular de campañas en la política colombiana han tenido muchas manifestaciones, pero ¿cuál es la respuesta más adecuada para prevenirlas y sancionarlas?

Cuando se enfrenta este problema el foco de atención suele dirigirse a la legislación penal. Puede decirse que en el imaginario social existe una tendencia a pensar que la solución a los problemas es la expedición de leyes que establezcan nuevos delitos, aumenten penas o eliminen beneficios penales.

En no pocos casos, las demandas de criminalización surgen en momentos en que esos comportamientos indeseables se hacen visibles y adquieren relevancia mediática. Sin embargo, las leyes de mano dura expedidas debido a escándalos relacionados con corrupción en campañas políticas no han dado los resultados que se esperaban.

Puede leer: Financiación de las campañas: normas inaplicadas, cooptación y desinterés ciudadano.

Los cupos indicativos

Un caso que puede ser ilustrativo de la financiación irregular de campañas políticas son los llamados cupos indicativos o partidas de inversión social regional. Estas partidas están conformadas por fondos públicos que se incorporan al presupuesto general de la Nación y se destinan a financiar obras en diversas regiones, cuyo manejo y asignación está a cargo del ministerio de Hacienda y Crédito Público.

foto: Fiscal General de Pensilvania
Algunos políticos han acabado en la cárcel por irregularidades en la financiación de sus campañas

Pero en muchas ocasiones estos dineros son utilizados como mecanismo para intercambio entre el gobierno de turno y parlamentarios que votan favorablemente proyectos de ley de interés para el Ejecutivo.

El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo sostiene que estas partidas de inversión han servido “para transmutar las normas que rigen el gasto público en instrumentos de beneficio y aprovechamiento político para algunos parlamentarios”.

Estos réditos políticos se concretan de diversas maneras. Una de ellas consiste en que los contratistas a los que se les asigna la realización de las obras financiadas con dineros públicos acaban siendo financiadores de las campañas de los parlamentarios que han gestionado los cupos indicativos.

 Ver en esta edición: La resurrección de los auxilios parlamentarios

No es solo cuestión de nuevas leyes

Ante este tipo de irregularidad, que es uno entre muchos otros, resulta pertinente preguntarse si para evitar y sancionar la corrupción lo prioritario es la expedición de una nueva ley penal. En este caso particular, se crearon dos nuevas modalidades delictivas en la Ley 1864 de 2017: el artículo 396A, sobre financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, y el artículo 396B, sobre violación de topes o límites en los gastos de campañas.

Sin embargo, la incriminación de la financiación ilegal y de la violación de topes o límites de gastos poco ayudará a resolver el problema, pues este se origina en la forma de asignación de los recursos públicos, algo que propicia un campo abonado para la corrupción.

La legislación sobre financiación de campañas políticas en Colombia es dispersa y a veces contradictoria.

La solución es intervenir sobre las causas que provocan el problema, antes que recurrir a crear nuevos delitos, cuando los que existen en el Código Penal resultan suficientes para sancionar estas prácticas. En el ejemplo propuesto, lo razonable habría sido establecer mecanismos diferentes para la asignación de las partidas destinadas a la inversión social en las regiones.

Además de todo esto, la legislación sobre financiación de campañas políticas en Colombia es dispersa y a veces contradictoria, y hay deficiencias en la conformación y funcionamiento de las autoridades electorales, en particular el Consejo Nacional Electoral.

Este organismo no cuenta con las herramientas necesarias para hacer un control eficaz y oportuno de los gastos de las campañas políticas, lo que abre un espacio que favorece las prácticas irregulares e ilegales.

Lea en Razón Pública: Financiación a las campañas: una mano invisible sin control.

Recuperar la confianza

Antes de recurrir al derecho penal, la mejor manera de enfrentar algunos de los problemas mencionados aquí es identificar las prácticas que los originan. Esto supone tener una regulación clara y coherente sobre la financiación de estas actividades, dotar de herramientas suficientes a las autoridades electorales para que realicen el control preventivo y darles instrumentos de sanción administrativos más expeditos.

De esta manera se puede empezar a romper la tradición de que ante un nuevo escándalo de corrupción la primera propuesta que surge es crear un nuevo tipo delictivo o endurecer la respuesta penal.

Más allá de la legislación, la solución del problema de la corrupción política (y de la corrupción en general) es la formación de ciudadanos capaces de valorar en su plena dimensión la importancia de actuar dentro del marco de unas reglas mínimas de juego.

La vida en sociedad y la comunidad política descansan en la confianza mutua, es decir, que nosotros respetemos las normas y podamos confiar en que los demás también actuarán en esa dirección.

*Razón Pública agradece el auspicio de la universidad EAFIT. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.                                                                                                                                     ** Profesor de Derecho Penal de la Universidad EAFIT. Estas reflexiones hacen parte de los resultados del proyecto de investigación sobre “Financiación irregular, ilegal y corrupta de partidos y campañas políticas. El papel de la política criminal y el derecho penal”.                                   https://razonpublica.com/index.php/internacional-temas-32/12007-la-financiacion-irregular-de-las-campanas-otra-forma-de-corrupcion.html

  • 18.19.-LA CANCILLER MARIA FERNANDA CABAL –Yohir Akerman
  • 18.19.-Del New York Times  al Gobierno de Colombia

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, estuvo en el centro de la tormenta política por atacar al periodista de The New York Times Nicholas Casey, quien escribió el artículo que denuncia que el Ejército Nacional tendría órdenes de aumentar sus resultados operativos y reducir los controles de las operaciones militares.

En su cuenta de Twitter, la congresista atacó al reportero con mentiras cuestionando cuánto le habría pagado las Farc por escribir ese artículo y afirmó que Casey pertenecía a una élite de izquierda que es más activista que periodista, calificando la publicación de imprecisa, tendenciosa y con falta de rigor.

No paró ahí.

26 may 2019.- En una entrevista con La W, no solo cuestionó al periodista, quien abandonó el país por seguridad después de los ataques, críticas y falsedades que lanzaron en su contra miembros del Centro Democrático, sino que también arreció contra el periódico, que es uno de los más respetados del mundo por su seriedad y sus denuncias.

Cabal se preguntó al aire en la emisora radial: “¿El New York Times quién es? ¿Tan respetable? Para mí no es respetable el New York Times. Es el rey de las fake news”. (Ver ¿El New York Times quién es?).

Pues ya que se pregunta cuál es la relevancia del diario estadounidense más leído en los micrófonos de La W, que sí conoce, entonces miremos algunas de las notas que ha publicado ese importante medio de comunicación en el pasado de la señora Cabal. Por ejemplo, una que establece que renunció a la Fiscalía investigada porque su oficina filtró información a las mafias.

Me explico.

María Fernanda Cabal Molina fue directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía de noviembre de 2005 a marzo de 2007, durante la administración de Mario Iguarán Arana. La conocían como la canciller del ente investigativo.

Así lo muestra la edición No. 52 de la revista Huellas de la Fiscalía General de la Nación, en la página 12, que ubica a Cabal como la persona que era encargada, además, de «diseñar una política institucional frente a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” (Ver Huellas).

Cabal Molina llegó a la entidad respaldada por el Partido Conservador, el exministro Fernando Londoño y su esposo, el ganadero José Félix Lafaurie Rivera. El nombramiento de Cabal Molina fue un reconocimiento al crucial apoyo que el presidente de Fedegán le dio a Iguarán Arana para llegar a la Fiscalía en ese momento.

Como se ha dicho en esta columna, el exgerente del Fondo Ganadero, Benito Osorio Villadiego, en colaboración con la justicia colombiana, reveló que en 2005 Lafaurie Rivera se reunió con el paramilitar Salvatore Mancuso para conseguir el apoyo de las Autodefensas a la elección de Mario Iguarán como aspirante a la Fiscalía General, reunión en la que Osorio Villadiego habría sido facilitador. (Ver Declaración).

Adicionalmente, el 16 de enero de 2014, Osorio Villadiego le entregó a la Fiscalía un pantallazo de un correo supuestamente enviado el 11 de julio del 2005 desde la cuenta jflafaurie@yahoo.com a fogancor@hotmail.com, cuenta manejada por Osorio, con el asunto “Corte Fiscal”. (Ver Correo).

El correo incluía un adjunto que, según el testigo de la Fiscalía, correspondía a nombres de magistrados de la Corte Suprema que supuestamente podían ser influenciados por los paramilitares de Ralito para definir la elección de fiscal general que se realizó ese año. (Ver En campaña).

Pero no nos desviemos y volvamos a Cabal Molina. A inicios de 2007, el fiscal encargado de la investigación de la masacre de marzo de 2005 en San José de Apartadó logró establecer que el Ejército estaba mucho más cerca del sitio de lo que se había dicho inicialmente.

Basados en esa información, el 21 de febrero de 2007, la Fiscalía llamó a indagatoria a dos oficiales, nueve suboficiales y 58 soldados “por su presunta autoría en los delitos de homicidio en persona protegida y terrorismo”.

Pero no sin que antes hubiera varios problemas.

Tal y como lo establecieron La W y otros medios nacionales, desde el despacho de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, manejado en ese momento por Cabal Molina, se filtró al Ministerio de Defensa, antes de que ocurriera y saltando el conducto regular, la trascendental decisión que adoptó la Unidad de Derechos Humanos llamando a indagatoria a más de 60 militares por la masacre de Apartadó. (Ver La masacre).

No solo eso.

Según La W y otros diarios, poco antes de eso se había conocido de otra presunta filtración de órdenes de captura y pedidos de extradición que realizó alguien de esa oficina encabezada por Cabal Molina, esta vez a varios narcotraficantes que consiguieron eludir los operativos conducentes a su captura de las autoridades estadounidenses, ya que contaban con la información previa de los operativos. (Ver El País – Cae otra alta funcionaria).

Alguien estaba, desde la oficina manejada por Cabal, protegiendo a los militares y a las mafias.

Esto originó una crisis en el ente investigador y la salida de varios funcionarios, momento en el que la fiscal Cabal decidió tomarse unos días de vacaciones y no contestar llamadas, ni siquiera de Iguarán.

Así, el 2 de marzo de 2007, La W informó que la directora de la Oficina de Asuntos Internacionales no volvería a su cargo tras cumplir su permiso de siete días ya que, según confirmó esa emisora con fuentes de la Fiscalía, “el jefe del organismo, Mario Iguarán, estaba buscando a la funcionaria para pedirle su renuncia al cargo debido a las filtraciones que desde su oficina habían trascendido a la mafia y al Ministerio de Defensa”. (Ver Fiscal pide renuncia a Asuntos Internacionales).

Siete días después, el 9 de marzo, La W reportó que “la jefe de la oficina encargada de tramitar y ejecutar las solicitudes de extradición de las autoridades extranjeras en la Fiscalía, María Fernanda Cabal, dijo que no renunciaría a su cargo por ahora y que iba a esperar que se hiciera una exhaustiva investigación sobre las filtraciones de información”. (Ver Jefe de Asuntos Internacionales no renuncia).

Siete días más tarde, el 16 de marzo, ese medio radial reportó que Cabal Molina había renunciado a su cargo en la Fiscalía ya que “ella y su esposo, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, estaban siendo objeto de seguimientos por parte de hombres del DAS y le preocupaba su seguridad y la de su familia”. (Ver Renunció la directora de Asuntos Internacionales).

Extraño ya que con todos los documentos, investigaciones periodísticas y sentencias judiciales que se conocen de los seguimientos ilegales y espionaje que hizo el DAS durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez en contra de magistrados de las cortes, reporteros y otros objetivos de esa administración, nunca ha aparecido una sola página del DAS o del G3 que tenga que ver con espionaje o seguimientos a Cabal Molina o su esposo, quienes eran -y son- aliados de ese gobierno.

Pero sigamos porque hay que creerle a la funcionaria, especialmente cuando un día después de que se conociera su renuncia le dio una entrevista a El Tiempo en la que respondió lo siguiente ante la pregunta de si tuvo problemas con el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos por el caso de Apartadó:

“Uno en estas instituciones tiene que aprender a ser hipócrita. A reírse y llevarse la información debajo del brazo, a morirse de la risa y hacerse el pendejo. El calibre de esa noticia no lo han medido, sobre todo porque estamos ad portas de decisiones en Estados Unidos sobre el Plan Colombia y el TLC. No se puede tener la ligereza de filtrar a los medios una noticia que va a reventar al país. Hay que manejarla con discreción (…) No es que yo cuestione la calificación del fiscal. Le pedí que me explicara por qué tomó la decisión, para que las autoridades extranjeras puedan entender que no se trataba de una acusación”. (Ver Entrevista 17 de marzo de 2007).

Tremenda canciller.

Finalmente, Cabal dijo en esa misma entrevista que no entendía por qué, si nueve meses atrás el fiscal de ese caso había decidido otra cosa sobre Apartadó, ahora realizaba un cambio repentino, como si el proceso de recoger evidencia fuera estático dentro de una investigación.

Pero aquí es necesario recordar dos cosas. La primera es que hace menos de un mes se conoció una histórica sentencia que deja clara y probada la participación y complicidad del Ejército colombiano con los paramilitares en esa horrible masacre de Apartadó donde se degollaron con machetes a líderes sociales y tres menores de edad. (Ver Una sentencia histórica)

La segunda es que, como se ha advertido en este espacio, la hoy senadora Cabal Molina y su esposo, el ganadero José Félix Lafaurie, han sido y son amigos y cercanos de varios militares acusados y sentenciados por ejecuciones extrajudiciales de civiles. (Ver La JEP funcionando)

De ahí que esta pareja siempre defienda mediáticamente a los militares y los trate como los héroes de la patria, incluso a los que se han descarriado y cometido actos de barbarie como los falsos positivos o las ilegales alianzas con las mafias y el paramilitarismo para combatir a la guerrilla.

Eso explica porqué la senadora Cabal atacó al periodista Nicholas Casey con mentiras y falsedades después del artículo en The New York Times sobre la doctrina militar del Ejército colombiano, en una acostumbrada estrategia de su partido en el que se criminaliza a los periodistas que investigan o realizan denuncias. Por eso es previsible lo que podrá pasar después de esta columna.

@yohirakerman

akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/la-canciller-columna-862687

18.19.-Del New York Times  al Gobierno de Colombia

El diario norteamericano respondió los cuestionamientos que hicieron el Canciller y el MinDefensa.

Guillermo Botero, ministro de Defensa, y Carlos Holmes Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores.Foto: EL TIEMPO / EFE 

24 de mayo 2019.- Luego de que el Gobierno colombiano le enviara este martes una carta a The New York Times cuestionando el artículo que hace referencia a unos supuestos incentivos en el Ejército colombiano para mejorar sus resultados operacionales, el medio norteamericano se pronunció sobre el documento que escribieron el canciller Carlos Holmes Trujillo y el ministro de Defensa, Guillermo Botero. 

La misiva del Times está firmada por su editor ejecutivo, Dean Baquet, y se centró en refutar afirmaciones que hizo el Gobierno en la carta del pasado martes.

“En su carta, ustedes señalan que el artículo ‘sugiere que miembros de las Fuerzas Armadas han recibido instrucciones contrarias a nuestra Constitución y a nuestra legislación y que desafían los derechos humanos internacionales y el derecho internacional'», describe el Times.

A lo que inmediatamente responde: “Discrepamos respetuosamente con dicha caracterización. El artículo cita las órdenes emitidas por el mayor general Nicacio Martínez Espinel y no afirma ni sugiere que sean ilegales. De hecho, el artículo no menciona la Constitución colombiana, las leyes colombianas ni el derecho internacional en absoluto, excepto en una ocasión en la que el artículo cita específicamente al general Martínez cuando dice que el mandato del ejército es seguir la ley y respetar los derechos humanos”.

Este jueves se conoció la respuesta del diario norteamericano al Gobierno de Colombia. Foto: Archivo particular Respuesta New York Times

Luego, el diario norteamericano dice que el autor del artículo, Nicholas Casey, “en ningún momento sugiere que el Ejército colombiano ha emitido órdenes ilegales o inconstitucionales. De hecho, la única referencia a la legalidad de dichas órdenes viene del mismo general, cuando dice que la orden por encima de todas es respetar la ley y proteger los derechos humanos”.

Otra de las críticas que hizo el Gobierno de Colombia al artículo publicado por Casey (tanto en la versión digital e impresa del Times) es que “convenientemente no refleja” las respuestas detalladas del General Nicacio Martínez, por lo que el Canciller y el Ministro la consideran “citada parcialmente y sacada de contexto”.

A lo que el medio responde: “El artículo cita al general Martínez de manera extensa a partir de la entrevista que tuvimos con él, y le otorga amplio espacio para explicar las órdenes y el contexto en el que fueron emitidas”.

Y más adelante agrega: “En su carta (la del Gobierno) se dice que ‘citamos parcialmente’ las órdenes. Pero las órdenes que revisamos son bastante escuetas; en muchos casos se trata de una sola línea. Citamos dichas líneas y ofrecimos al general Martínez la oportunidad de confirmar la existencia de esas directrices —lo cual hizo— y de explicarlas con mayor detalle. Después publicamos su explicación, a pesar de que dicha explicación contradecía el lenguaje de las órdenes que él había firmado”.

Luego el editor ejecutivo aclara que le dieron al general (Nicacio Martínez) la oportunidad de explicar si sus órdenes habían sido malinterpretadas y sacadas de contexto por los hombres bajo su mando.

Sobre esto el diario cita textualmente el artículo de Casey: “Aun así, el general cuestionó cómo los oficiales han interpretado sus instrucciones”. Y Agrega: “La orden que hay es de ser operacionalmente efectivos”, dijo. “Unos me dijeron superar el 10 por ciento. Listo, usted quiere superar el 10. Otros dijeron: ‘Yo quiero hacer el 50 por ciento más de las afectaciones, pero nunca de muertos’. Otros: ‘Yo quiero hacer el 100 por ciento’. Hay unos que la han cumplido, otros que no la han cumplido”.

En la última parte de la respuesta, el medio menciona, sobre el uso de fuentes sin nombres: «El artículo deja claro que hay oficiales de alto rango con conocimiento de primera mano de las nuevas órdenes, de cómo se emitieron y de las preocupaciones que dichas órdenes suscitaron entre algunos miembros del Ejército».

E inmediatamente vuelven a copiar apartes del texto original del periodista Casey que dice: «Dos de los oficiales que hablaron con el Times dijeron que estaban activos durante la época de los asesinatos y fueron ascendidos de rango en períodos subsiguientes».

Y agrega la carta más apartes del texto de Casey: «Algunos de los comandantes parecían confundidos, hasta que recibieron la instrucción de duplicar su número este año, dijeron los oficiales. Poco después, recibieron la misma orden del general Martínez por escrito. ‘La meta es doblar los resultados operacionales en todos los niveles del mando’, dicen las órdenes, que tienen su firma».

La carta finaliza explicando que «todo lo anterior se le presentó al general Martínez durante nuestra entrevista y nada de ello fue disputado por el general durante nuestra conversación. Su única objeción fue que, según él, no le ordenó a los comandantes que ‘duplicaran’ sus resultados, a pesar del hecho de que sus órdenes sí piden dicho incremento por escrito. Aun así, el artículo incluyó su postura de que los oficiales habían malinterpretado sus órdenes. Una vez más, fue un intento deliberado de incluir su postura y sus comentarios tanto como fuera posible, para no dejar fuera detalles y contexto clave». 

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/la-respuesta-del-new-york-times-al-gobierno-de-colombia-366200

  • 17.19.-URIBISMO, VISAS Y TRAICIÓN A LA PATRIA – Cecilia Orozco
  • UNA SENTENCIA HISTÓRICA – Yohir Akerman

En nuestro Código Penal, Título XVII, hay un par de descripciones sobre delitos de traición a la patria, totalmente claro e inequívoco: (Art. 455) “El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de 26,6 a 45 años”. (Art. 457) “El que, encargado por el Gobierno colombiano de gestionar algún asunto de Estado con gobierno extranjero o con persona o con grupo de otro país o con organismo internacional, actúe en perjuicio de los intereses de la República, incurrirá en prisión de 6,6 a 22,5 años”. Que aquí no se “use” la aplicación de los delitos que se cometen contra el país en que todos nacimos ni se inicien procesos penales por ese motivo, no significa que el castigo contemplado para esos ilícitos no se pueda activar, sobre todo, contra los altos funcionarios encargados de representar a la Nación que incurran en esa indignidad. En tiempos antiguos la traición al país se castigaba con el destierro perenne. Hoy debería aplicarse, mínimo, pena de exclusión permanente de la vida pública.

Para el canciller Trujillo, quien fijó la posición del Gobierno frente a la desafiante intromisión de Estados Unidos en los debates sobre la Ley Estatutaria de la JEP, la extradición de nacionales y la fumigación con glifosato de los cultivos de coca, el coincidente retiro público de visas a un congresista y a tres magistrados de las cortes, el primero, insultado por el embajador Whitaker, y los segundos, citados de manera humillante a comparecer ante un funcionario de esa representación extranjera; repito, para el ministro de Relaciones Exteriores de Iván Duque, este capítulo vergonzoso de intervencionismo imperial con que se pretendía presionar unos votos y torcer varias conciencias solo tiene la dimensión de “situaciones particulares de orden migratorio”.

El presidente de la República, como casi siempre, estuvo ausente de la discusión: mientras la grave alteración del ambiente en los recintos donde se tomarían las decisiones contra o a favor de sus objeciones a la Estatutaria reventaba en todos los medios, él presidía, muy orgulloso, una irónica Cumbre de Concordia Américas en que estaban presentes, y como sus invitados principales, el ofensivo embajador Whitaker y el congresista republicano Rick Scott. Duque los recibió con honores y únicamente atinó a pedir que se ¡“afianzara el cerco diplomático” contra Maduro!

¿Autismo en materia de política exterior? O, como dijo el expresidente César Gaviria, ¿“una actitud en la que no es posible distinguir entre el temor y la subordinación del gobierno Duque, o la simple complicidad mutua”? La complicidad de que habla el jefe liberal no es retórica o simple oposición interna. No nos crean tan pendejos, y perdonen expresión tan brusca. El retiro de visas estadounidenses a servidores del poder Legislativo y Judicial en momentos en que iban a utilizar su voz y voto para determinar el destino final de los artículos de la ley de funcionamiento de la JEP objetados por el uribismo, así como la extradición de Santrich, no es casual ni en tiempos ni en modos. La mirada ausente de Duque; la conducta agresiva de José Obdulio Gaviria cuando anunció, con dos meses de anticipación, lo que la embajada de Estados Unidos haría: “ah y bien valdría la pena que Secretaría de Estado piense seriamente en aplicar sanciones (tipo Venezuela) a los magistrados JEP saboteadores/cómplices”; y las respuestas evasivas de la vicepresidenta Ramírez y del propio Uribe no son otra cosa que la evidencia de su culpa: se ahorcaron porque fueron a pedirle ayuda a Whitaker para asustar a los opositores. Pero, ante el efecto bumerán que les devolvió el golpe en plena cara, les tocó volver después con rodilleras a rogarle que deshiciera lo hecho. Pero su juego quedó descubierto y su traición a Colombia también.

https://www.elespectador.com/columna

17.19.- UNA SENTENCIA HISTÓRICA Yohir Akerman

 En la comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista.

Esas fueron las palabras que dio el 20 de marzo de 2005 el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, para responsabilizar a la guerrilla de las Farc por el ataque perpetrado el 21 de febrero de ese año en las veredas Mulatos y La Resbalosa en el Urabá antioqueño.

19 may 2019.- En ese sangriento ataque fueron asesinados Luis Eduardo Guerra, reconocido líder de la Comunidad de Paz; su hijo Deyner Andrés Guerra, de 11 años, y su compañera, Beyaniera Areiza, de 17 años. Después de matarlos con machetes, dejaron sus cuerpos tirados en la montaña.

También fueron acuchillados los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó Alonso Bolívar y Sandra Milena. Y degollados y descuartizados dos niños, Natalia de cinco años de edad y Santiago de 18 meses de nacido.

Los dos primeros murieron también a machete. Los niños, según reza la necropsia, “por degüello con arma blanca”.

Tres días después del ataque, la comunidad señaló públicamente que dichos actos eran responsabilidad de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y la reacción del Estado de Colombia fue estigmatizar a la gente de la zona y señalar que ese crimen era atribuible únicamente a la guerrilla de las Farc.

En esta historia es importante resaltar el papel de uno de los primeros periodistas en llegar al lugar de los hechos y quien descubrió, con base en los testimonios de los sobrevivientes, que esa masacre fue perpetrada por las Autodefensas, en complicidad con los militares del Ejército Nacional.

Ese periodista fue Hollman Morris, que en el programa Contravía desvirtuó la estrategia del Gobierno de culpar a la guerrilla de las Farc de esas atrocidades. Como era de esperarse, esa investigación lo llevó a volverse víctima de intimidaciones y seguimientos por parte del DAS.

Con el paso de los años se ha podido establecer que, para el desarrollo del plan criminal, se dictó la orden de la Operación Fénix por parte de la Brigada XVII del Ejército, complementada con la misión táctica Feroz, en cuya planeación e idea participó el comandante del Comando Conjunto Caribe, general Mario Montoya Uribe, hoy en la JEP por “falsos positivos”.

Varios batallones fueron dispuestos para el desarrollo de la Operación Fénix, centrándose la responsabilidad en el Batallón Vélez y el Batallón de Contraguerrillas Nº 33 Cacique Lutaima, quienes dispusieron la presencia de aproximadamente 270 hombres para la operación, acompañados de más de 80 hombres del Fsan jorente Héroes de Tolová, perteneciente a los paramilitares.

Es más, tal y como lo establece el periodista Julián Martínez en su libro ChuzaDAS, documentos encontrados por la Fiscalía del grupo ilegal de inteligencia G-3 comprueban que meses antes de que el líder de la comunidad, Luis Eduardo Guerra, fuera asesinado, estaba incluido como uno de los 16 miembros de San José de Apartadó que fueron declarados como “blancos” por el DAS. (Ver Página 109 ChuzaDAS).

Pues bien, el 16 de marzo de 2010 el Juzgado Primero Especializado de Antioquia condenó a 20 años de cárcel al capitán de la Brigada 17 del Ejército, Guillermo Armando Gordillo Sánchez, por su participación en el homicidio de esas ocho personas en la llamada masacre de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Por esta razón, el 10 de diciembre de 2013 el entonces presidente, Juan Manuel Santos, pidió perdón a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó por ser acusada erróneamente por las autoridades en el pasado de apoyar a las Farc. Como respuesta, el expresidente Uribe atacó a Santos y se ratificó en establecer que personas de la Comunidad de Paz eran parte de las Farc, para defender la Operación Fénix y la misión táctica Feroz. (Ver Trinos).

Hace pocos días se conoció que la Sala Penal de la Corte Suprema condenó a 34 años a dos oficiales y cuatro suboficiales del Ejército, por su coparticipación y responsabilidad en esa masacre de Apartadó.

Encontraron culpables al teniente coronel Orlando Espinosa Beltrán, entonces comandante del Batallón Francisco de Paula Vélez, y al oficial de operaciones, mayor José Fernando Castaño. El fallo también cobija a los sargentos Henry Agudelo Cuasmayán y Ángel Padilla Petro, al cabo segundo Sabarín Cruz Reina y al cabo tercero Ricardo Bastidas Candia.

Por esta masacre en 2013 fueron llamados a indagatoria los generales retirados Luis Alfonso Zapata y Héctor Fandiño Rincón, pero el caso no se ha movido en la Fiscalía. Y si bien esta condena puede ser impugnada, la evidencia es tan demoledora que algunos dan por descontado que será ratificada.

El proceso en su acerbo probatorio incluye una declaración ante la Procuraduría del paramilitar Héver Veloza García, alias HH, quien indicó que, a través de uno de sus subalternos, se enteró de que mandos superiores del Ejército Nacional habían solicitado que se eliminara a alias Melaza porque este había puesto al descubierto la connivencia de las Auc con las tropas legales para la ejecución del operativo realizado en febrero de 2005. (Ver Sentencia).

Adriano José Cano Arteaga, o alias Melaza, era un patrullero del grupo Héroes de Tolová, que pertenecía a Don Berna y operaba entre Córdoba y Urabá, y que al momento de la masacre no se había desmovilizado.

Melaza aseguró que un paramilitar conocido como 44 fue quien dirigió la masacre y que otro conocido como Pirulo fue quien degolló a los niños. Los paramilitares estaban, según el relato, junto a unos 50 soldados al mando del capitán Gordillo, quien se habría quedado “asegurando un monte” mientras los paramilitares se adelantaron para cometer el crimen.

La declaración de alias HH también establece que los mandos “de la institución castrense”, poco después de esos hechos, solicitaron dinero para sobornar testigos con el fin de inculpar a la guerrilla de las muertes ocurridas con ocasión de la maniobra militar.

Un modus operandi que se repite para desviar las investigaciones. ¿Qué ira a decir el expresidente Uribe sobre la masacre de Apartadó ahora que se tiene esta histórica sentencia?

@yohirakerman akermancolumnista@gmail.com https://www.elespectador.com/opinion/una-sentencia-historica-columna-861445

  • 16.19.-YO TE APRUEBO, TÚ ME APRUEBAS – Yohir Akerman
  • EN VICTIMIZACIÓN, SENTIDO DE LAS PROPORCIONES  Cecilia Orozco

 

Los hechos: la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) es dueña de un edificio de ocho pisos localizado en la esquina de la calle 36 con carrera séptima, enfrente del Parque Nacional, una zona de alta valorización inmobiliaria. Sus vecinos son la Universidad Libre, el Ministerio de Ambiente y el edificio de Ecopetrol.

La CAR tuvo que dejar ese edificio porque, aparentemente, no cumplía con las normas de sismorresistencia y por tanto era preciso demolerlo y volverlo a hacer. Por este motivo se trasladó al edificio del Centro Comercial Gran Estación, donde arrendó dos pisos por cuatro años, tiempo estimado para hacer un nuevo edificio de 12 pisos que ya tenía licenciado.

12 may 2019.- Por el primer año de arrendamiento, de diciembre de 2017 a diciembre de 2018, alcanzó a pagar $9.612 millones de pesos y, a mediados de 2018, decidió negociar la compra de los pisos que ocupa.

¿La razón? Los cuatro años inicialmente planteados resultaron insuficientes para aprobar un plan parcial de renovación urbana ante la Secretaría de Planeación Distrital, la demolición del edificio viejo, la contratación de la obra nueva, las licencias y la construcción propiamente dicha de la nueva estructura. Pasó de cuatro a siete años.

Según le explicó el director de la CAR, Néstor Franco González, al Consejo Directivo, la compra se justificaba ya que con el arriendo de siete años podían comprar los dos pisos, pues arrendarlo les costaría cerca de $70.000 millones y comprarlo, $66.000 millones de pesos.

Suena lógico.

Ahora bien, como informó Caracol Radio en su momento, en el estudio de mercado se adujo el arriendo como base de la conveniencia de la compra, asunto que no es muy concluyente pues el estudio debía ser sobre la venta del metro cuadrado en el barrio Salitre, uno de los más costosos en Bogotá, y no en cualquier otra zona de la ciudad. (Ver Nueva sede).

Recordemos que por unos hechos muy similares fue investigada la doctora Sandra Morelli cuando fue contralora general, pues ella arrendó también unas propiedades del edificio de Gran Estación cuando la sede principal de la Contraloría dejó de ser en el centro de Bogotá. (Ver Contra las cuerdas).

Pero lo más interesante no está en el edificio nuevo de la CAR, sino en el viejo.

Según un documento interno de la entidad, cuando decidieron el traslado temporal por cuatro años al edificio de Gran Estación, los directivos lo hicieron sobre la base de que, después de demoler el edificio de ocho pisos, se realizaría un edificio de 12 pisos con base en una licencia que ya había sido expedida, de acuerdo con la norma vigente antes de 2017. (Ver Estudios previos).

Los cuatro pisos adicionales le daban un margen a la CAR para un eventual crecimiento de funcionarios y contratistas.

Pero, de un momento a otro, lo que era una reconstrucción de un edificio gubernamental por exigencias normativas y con el propósito de mejorar la sede de la entidad se volvió un negocio inmobiliario. Me explico.

La Secretaría de Planeación aprobó el 26 de febrero de 2018, por solicitud del jefe de Infraestructura y Tierras de Ecopetrol, el Decreto 110 con el cual incorporó el terreno de la CAR en la carrera séptima con calle 36 al tratamiento de renovación urbana, lo que permitía una transformación sustancial de los usos y los índices de construcción.

En ese momento, a principios de 2018, se suponía que se formularía un plan parcial que incluía los terrenos de Ecopetrol, la CAR, el Ministerio de Ambiente, un terreno más pequeño que por entonces compró la Universidad Libre y un edificio privado.

La finalidad de un plan parcial es la de agrupar varios predios para lograr, a cambio de mayores edificabilidades o usos más rentables, que los propietarios privados transfieran a la ciudad suelo que será de uso público o colectivo y que se reconfigure y mejore el espacio urbano. Una buena iniciativa, pero acá va lo más interesante.

Sin justificación alguna, el predio de la CAR y su vecino de la Universidad Libre fueron excluidos de la delimitación inicial del plan parcial, volviéndolo un plan parcial casi de un solo predio y su trámite empezó a moverse a una velocidad inusual en la Secretaría de Planeación.

Vaya, vaya, vaya.

Mientras esto ocurría y el aprovechamiento del terreno de propiedad de la CAR se multiplicaba de manera significativa, el alcalde Enrique Peñalosa inició dos trámites de su especial interés que requerían la aprobación de la CAR: 1) la solicitud de realinderación y sustracción de la reserva Thomas van der Hammen, una de las principales obsesiones del alcalde, y 2) la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, que incluye volver urbanizable la zona de manejo y protección ambiental del río Bogotá, algunas áreas de valor ambiental al sur de la ciudad y clasificar como urbana la franja de transición urbana-rural de los cerros orientales.

Pues bien, como por arte de magia la CAR, que había estado en contra de ambos trámites, de la noche a la mañana empezó a estar de acuerdo con el Distrito. De esta manera los intereses inmobiliarios de la CAR y del alcalde Peñalosa empezaron a confluir.

Como se dijo anteriormente, el proyecto inmobiliario de la CAR fue variando sin justificación suficiente y lo que era un plan parcial de una manzana de un momento a otro se dividió en dos y se volvió un plan parcial que solo incluye el terreno de la CAR y un terreno menor de la Universidad Libre, desvirtuando la esencia de esa figura, que es la reconfiguración de un espacio urbano. Todo aprobado por la Secretaría de Planeación. (Ver Resolución 505).

Fuera de eso, el índice de construcción de la CAR aumentó pasando de los 12 pisos iniciales en un edificio, que había licenciado la CAR, a tres edificios de hasta 40 pisos o 94.000 metros cuadrados de construcción.

En conclusión, el promotor original del plan, Ecopetrol, quedó por fuera del baile, mientras el alcalde Peñalosa parece que va a lograr lo que quiere con la reserva Van der Hammen y los cerros orientales, cambiando el uso del suelo a favor de su idea de expansión urbana a costa del medio ambiente. Todo gracias a que la CAR, entidad encargada de ejecutar las políticas ambientales, está en este momento más en lo del negocito inmobiliario que en lo de la política ambiental.

@yohirakerman  akermancolumnista@gmail.com  https://www.elespectador.com/opinion/yo-te-apruebo-tu-me-apruebas-columna-860162 

16.19.-EN VICTIMIZACIÓN, SENTIDO DE LAS PROPORCIONES  Cecilia Orozco

Funeral de líder social en el Cauca, en donde se han registrado 163 asesinatos  de líderes sociales desde la fecha de la firma del Acuerdo de Paz de noviembre 2016. En todo el país 454 víctimas, principalmente en Cauca, Norte de Santander y Antioquia.

Mientras los líderes sociales de las comunidades rurales de Colombia caen muertos uno tras otro sin que de parte del Gobierno se perciba una verdadera voluntad política de protegerlos de los ataques que hasta con granadas están sufriendo, en el centro del poder se banalizan los informes sobre el peligro de vida en que estarían algunos personajes que, paradójicamente, suelen contar con hiperprotección del Estado.

8 May 2019.- En cuanto a la cacería que se ha desatado contra las poblaciones que reclaman sus derechos, hay que lamentar que no se le haya escuchado al presidente Duque dar orden perentoria de perseguir a las “Águilas Negras”, bandas de narcos y paramilitares, como las que suele dictar contra quienes se acogieron a un Acuerdo de Paz que —gústeles o no a él y a su partido— desarmó la estructura guerrillera más fuerte del continente.

En cuanto a las noticias sobre amenazas que habrían recibido altos funcionarios públicos, habría que tener cierta mesura y responsabilidad antes de darlas a conocer. En un país como Colombia es casi un crimen social hacerse la víctima cuando hay miles que lo son, real y dolorosamente.

El propio presidente Duque no debería permitir que se anden difundiendo informaciones sobre complots contra él, salvo en ocasiones de extrema gravedad en que esté comprometida su seguridad y la de la nación. Por cruel que parezca, otras situaciones similares pero no vitales, constituyen gajes de su oficio de mandatario. Por eso son tan frecuentes en este y en cualquier país.

 Hace unos días, el fiscal Martínez lanzó una alerta de amenaza contra el jefe de Estado sin dar detalles ni mostrar la identidad de uno solo de los sospechosos. Esta semana, el canciller Carlos Holmes Trujillo, cada vez más engreído y desatinado en su gestión (¿en dónde quedó el Carlos Holmes amable y tolerante?), puso a sus colegas del Grupo de Lima a rechazar un plan fraguado por el régimen de Maduro contra la integridad física de Duque. Diría uno, lego en la materia, que resulta mil veces más efectivo que los cuerpos de inteligencia trabajen en completo sigilo para desactivar ataques asesinos que publicitarlos como lo hace, precisamente, Maduro casi todos los días.

Cosa aparte y casi farandulera es lo que ocurre escalones abajo en los recintos del poder, en donde hay tanto funcionario “importante” que para que uno adquiera cierta notoriedad, tiene que abrirse paso a codazos. Recuerdo al inefable doctor Cruz, el subsecretario del Senado elegido y reelegido cien veces por su habilidad cortesana, cuando le mintió al Senado en pleno sobre una supuesta agresión que habría sufrido, en junio de 2017, de un equipo periodístico de Noticias Uno, noticiero poco querido en esos salones. Aunque se disculpó cuando se pudo demostrar, con videos, su falsedad, en la audiencia ante la Procuraduría Cruz reiteró su mentira cuando describió su golpazo al camarógrafo “como un choque accidental” y cuando afirmó que su vida emocional había “sido afectada por haber sido expuesta de manera tan infame”: un victimario que fingió ser víctima.

El 1° de mayo pasado, en mitad del agitado debate por las objeciones de Duque a la Ley Estatutaria de la JEP, el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, otro “avión” que maneja a su antojo la organización administrativa del Congreso, dejó saber que lo habían amenazado. ¿Quiénes? No lo incluía el mensaje que vía WhatsApp y, curiosamente, desde un número del celular no oculto sino identificado en pantalla, le habría enviado un presunto sicario. No obstante, era obvio que el matón estaría actuando en “representación” de la oposición que quedaba, así, categorizada como asesina. “Pedazo de secretario… llevando las cosas a favor… del gobierno nacional sapo hp te atendrás a las consecuencias…”, decía el texto. Por pura curiosidad periodística, Noticias Uno llamó al número en pantalla. Para nuestra sorpresa, la persona dueña del móvil contestó: una señora humilde que se gana la vida llevando y trayendo documentos de abogados penalistas por toda la ciudad. Ni idea de quién era Eljach ni menos qué era eso de las objeciones. Desde cuando este funcionario permitió su publicación, la señora, que no tiene escoltas como Eljach y quien camina las calles arriba y abajo como los ciudadanos del común, ha recibido decenas de llamadas amenazantes del otro lado. La “víctima” Eljach dijo que “todo estaba solucionado” cuando se le preguntó por el mensaje. Lástima que su “victimaria” esté intimidada por las llamadas del otro lado.

Entre paréntesis. En diciembre de 2017, Eljach denunció otras amenazas después, según dijo, de haber anunciado la votación por el hundimiento de las circunscripciones de paz. Tan conveniente: los autores de las amenazas siempre resultan ser los defensores del Acuerdo de Paz.

Entre paréntesis II. Ninguna persona de bien quiere que Eljach o cualquier otro ciudadano sufra  lo que han sufrido miles de colombianos: ataques contra su integridad. Pero hay que tener sentido de la prudencia y, sobre todo, de las proporciones.

https://www.elespectador.com/opinion/columna-134

15.18.-LA JEP FUNCIONANDO – Yohir Akerman

Sigamos indagando del batallón La Popa. El sanguinario y violento batallón La Popa. Esta vez por medio del relato del teniente coronel Heber Hernán Gómez Naranjo que se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 23 de junio de 2017 bajo el radicado No. 301153. Por medio de ese sometimiento se comprometió a contribuir a la verdad y a atender los requerimientos del sistema integral de reparación y, sobre todo, no repetición.

5 may 2019.- El 30 de noviembre de 2018 el militar rindió una versión libre y reservada ante la JEP como compareciente en el marco del caso 003 que adelanta la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP por muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.

Falsos positivos.

Los funcionarios a cargo de la audiencia fueron el magistrado Óscar Parra Vera, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, en compañía de la magistrada Catalina Díaz y el magistrado auxiliar Fabián Martínez.

Durante casi seis horas el coronel Gómez relató las barbaridades sanguinarias que se cometieron en el batallón del Ejército La Popa, para el que trabajó bajo la comandancia del coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez.

Según el relato ante la JEP, el coronel Mejía “era un oficial de mostrar, uno de los más condecorados del Ejército colombiano, especialmente en el tema de orden público. En ese tiempo, eran muy respetadas las medallas obtenidas por combates o resultados operacionales, y el nombre que yo escuchaba del señor coronel Mejía era eso, y que esas condecoraciones le daban a él, pues, pie y piso, para vulgarmente, digámoslo, no dejarse mangonear de nadie”.

Pero eso se disfrazó rápidamente. La necesidad de conseguir resultados operacionales llevó al batallón La Popa, bajo el liderazgo de Mejía Gutiérrez, a fusilar civiles sistemáticamente para hacerlos pasar por guerrilleros, torturar milicianos de las Farc para conseguir información y realizar operaciones conjuntas entre las Autodefensas y el Ejército de una manera coordinada y estructurada.

Según el relato de Gómez Naranjo ante la JEP, “el batallón era una máquina de guerra y como tal tenían que verse los resultados operacionales. El batallón La Popa venía siendo muy cuestionado, cuestionado a nivel, al interior del Ejército, por su falta de resultados operacionales. Porque es que enemigo había, había enemigo (…) y pues las instrucciones fueron claras, el batallón La Popa es una máquina de guerra y en el departamento del Cesar hay que ganar la guerra. La guerra se gana con resultados operacionales”.

Es por eso que al poco tiempo de estar al mando del batallón La Popa, tal y como lo plantea el Informe No. 5 de la Fiscalía ante la JEP, el coronel Mejía conformó un grupo especial con 14 militares de esa dependencia con el argumento de tener una unidad de reacción rápida.

El grupo era conocido dentro de las instalaciones con el nombre de Zarpazo. Según testigos, ese grupo salía y como a las cuatro o cinco horas volvía con la novedad de que habían dado dos o tres bajas. Eso pasaba seguido. A todo el mundo le parecía raro que mientras las contraguerrillas completas, que patrullaban las partes altas y sí estaban cerca de la guerrilla, no daban bajas, los del grupo Zarpazo siempre que salían regresaban con bajas exitosas.

La verdad se conoció después y estos relatos ante la JEP ayudan a esclarecer esos hechos. Mejía acordó con los paramilitares que todo lo que dieran de bajas las Autodefensas el batallón La Popa lo legalizaba como bajas en combate. Y no solo eso, cuando no había bajas, simplemente las generaban con civiles inocentes.

Pues bien, según lo publicó un informe de la revista Semana basado en el relato de un testigo de estas operaciones, “un domingo temprano, cuando apenas mi coronel Mejía llevaba diez días de haber llegado, me llamó al comando y me dijo que consiguiera un arma y me fuera con él en el carro del batallón. Los dos íbamos de civil (…) Llegamos a una finca en donde había unos 200 paramilitares. En la casa principal, sentados en una mesa, estaba toda la cúpula del Bloque Norte: el señor Jorge 40, el señor Hernán Giraldo, TolemaidaOmega y 39, que era David Hernández, un militar retirado que había sido amigo de mi coronel. Se saludaron con mucha alegría porque ellos eran amigos de escuela y los vi recochar mucho cuando se vieron”.

Ese día se pactó que el coronel Mejía tendría un sueldo mensual de $30 millones, aportados por Jorge 40, para que los militares no se metieran con sus hombres.

Pese a que fue la amistad con 39 lo que generó la relación con los paramilitares, Mejía decidió quedarse con la relación y no con 39.

El coronel recibió la orden de Jorge 40 de matar a 39 y como 39 confiaba en Mejía, este le puso una cita y lo que hizo fue tenderle una emboscada. Según los testigos hoy declarando ante la JEP, es importante recordar que el jefe de todo en Cesar, incluido La Popa, era Jorge 40.

Por todos estos hechos, en septiembre de 2013 el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá emitió una sentencia por medio de la cual se condenó al teniente coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio y promoción de grupos armados al margen de la ley.

Ahora bien, estas nuevas versiones y declaraciones ante la JEP han sacado detalles desconocidos hasta ahora de esa histórica relación de poder y colaboración entre las Fuerzas Armadas y los grupos de autodefensas, sin mencionar los crímenes, asesinatos y falsos positivos.

Lo que demuestra esto es que la JEP, pese a todos los ataques e imperfecciones, sí funciona para buscar la verdad y reparación. Y eso explica un poco los recientes intentos de debilitar y quitarle el carácter jurídico a la entidad por parte del partido de gobierno, que parecen responder más a una estrategia de querer esconder esas verdades y no lograr una reparación real.

Más aún cuando se conoce que el temible coronel Mejía Gutiérrez, como ha sido documentado, es un amigo cercano de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y su esposo, el ganadero José Félix Lafaurie.

@yohirakerman   akerman columnista@gmail.com https://www.elespectador.com/opinion/la-jep-funcionando-columna-853815

14.19.-LAS CONDECORACIONES – Yohir Akerman  Marcelo Odebrecht y Álvaro Uribe | Casa de Nariño

Varios encuentros oficiales, dos visitas a Brasil, unas condecoraciones, muchas fotos y un gran contrato son el eje de esta historia en donde es importante seguir la complicada línea de tiempo. Empecemos.

El 14 de julio de 2008 el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez recibió al gerente general de Odebrecht en Palacio.

14 abr 2019.- Una fotografía evidencia la reunión en el Salón Obregón de la Casa de Nariño en la que, a un lado de la mesa, se encuentran el mandatario y el entonces ministro de Minas, Hernán Martínez Torres. Al otro lado, Marcelo Odebrecht, el entonces superpoderoso de la compañía brasilera, junto al señor Luiz Antonio Mameri, el ejecutivo que, después se descubrió, autorizaba los sobornos para América Latina. En medio de la mesa, un mapa de Colombia como si se tratara de un ponqué para repartir. (Ver Foto con Odebrecht y Mameri).

Solo siete meses después, el 16 de febrero de 2009, la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp) condecoró al entonces presidente Uribe Vélez con la Medalla al Mérito. Importante mérito.

Uribe llegó al recinto a las 3:15 p.m. y fue recibido por, nada más y nada menos, el señor Marcelo Odebrecht, con el fin de darle el reconocimiento a la gestión en beneficio del desarrollo económico de Colombia. (Ver Foto con Odebrecht y Skaf).

La distinción le fue entregada por el presidente de la Federación, Paulo Skaf, en una ceremonia en la que el mandatario aseguró que el interés de Colombia era lograr “una gran integración” con los empresarios de Brasil. Esa integración, en algunos casos, fue exagerada como quedó en evidencia y las consecuencias de la corrupción las seguimos pagando. (Ver Video 1).

Otros siete meses después, el 17 de septiembre del mismo año, el Gobierno recibió en el mismo Salón Obregón de la Casa de Nariño al señor Odebrecht por segunda vez.

Como se ha reportado antes en esta columna, al encuentro, registrado por el noticiero del Palacio de Nariño, asistieron, además del ahora expresidente Uribe y el hoy preso Marcelo Odebrecht, el entonces alto consejero para la Competitividad y las Regiones, Miguel Peñaloza, vinculado por la Fiscalía al caso de la multinacional, y el entonces viceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García Morales, ahora preso por recibir sobornos de Odebrecht. (Ver Foto de Sala de Prensa).

Sin embargo, como lo publicó el periodista Julián Martínez en Noticias Uno, una cosa que no mencionó el noticiero de Palacio de Nariño es que a la reunión también asistió el exministro Andrés Felipe Arias, quien en ese momento ya era precandidato presidencial por el Partido Conservador. (Ver Foto de Arias en la reunión en Palacio).

Arias anunció su aspiración presidencial el 7 febrero de 2009 cuando dejó de ser ministro de Agricultura. Seis meses después, fuera del Gobierno, asistió a esta reunión con Odebrecht, hoy condenado a 19 años por pagar sobornos a políticos a cambio de contratos de infraestructura. (Ver Injusticias).

Fue en la misma época de la reunión en Palacio cuando el exviceministro García Morales recibió los 6,5 millones de dólares que le pagó Odebrecht como soborno.

Sigamos.

Un mes después de esa reunión, la condecoración fue al revés. Como lo publicaron los periodistas Diana Salinas, David Tarazona y Claudia Báez en un completo y serio informe en el medio Cuestión Pública, el presidente Uribe viajó de nuevo a Brasil del 18 al 19 de octubre para participar, otra vez, en un evento de la Federación de Industrias del Estado de São Paulo. (Ver Video 2).

Durante esa visita oficial, Uribe condecoró a Paulo Skaf, presidente de la Fiesp, en la famosa puerta giratoria de premios en la que tú me condecoras y yo te condecoro. (Ver Fotos de condecoraciones).

“La integración entre los pueblos no se hace por generación espontánea, necesita personas que la construyan. Usted ha sido un gran constructor de la integración entre Brasil y Colombia. Le agradecemos de corazón, necesitamos que siga su tarea”, dijo el mandatario al imponer la Orden al Mérito en el Grado Comendador a Skaf.

Escasos ocho días después de esa segunda visita de Uribe a la Fiesp, el 27 de octubre se abrieron en Colombia los sobres de los tres consorcios participantes para el tramo II del proyecto Ruta del Sol, entre los cuales se encontraba el consorcio formado por Odebrecht. (Ver Encuentros).

Solo dos meses y medio después de eso, el 14 de enero de 2010, el Gobierno del presidente Uribe Vélez firmó el contrato con la brasilera para la construcción del importante proyecto.

Finalmente, el expresidente Uribe y Luiz Mameri se encontraron el 8 de abril del 2010, en el Foro Económico Mundial en Cartagena. En la foto del archivo de Presidencia, se ve también a Luiz Bueno, el superintendente de Odebrecht para Colombia, y a la actual ministra de Trabajo, Alicia Arango, quien entonces era secretaria de la Presidencia. (Ver Foto con Bueno y Mameri).

Terminemos.

Como lo estableció Cuestión Pública en su informe, entre julio del 2008 y abril del 2010 existieron múltiples encuentros en los que coincidieron y se reunieron los ejecutivos de Odebrecht con el gabinete de Uribe, pero volvamos a la condecoración de Skaf.

El decreto expedido por el Gobierno de Uribe señala que Paulo Skaf no solo permitió fortalecer las relaciones comerciales, impulsando el desarrollo mediante proyectos de inversión entre empresas de los dos países, sino que, además, contribuyó de manera notable al acercamiento cultural.

Y qué cultura.

Skaf terminó involucrado en grandes giros de dinero que Odebrecht entregó al Movimiento Democrático Brasileño con el fin de seguir consiguiendo contratos.

No solo eso, el brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como Duda Mendonça, confesó en colaboración con la Procuraduría de su país que, por medio de sus cuentas en Suiza, Odebrecht le giró a Paulo Skaf por lo menos cuatro millones de reales, más o menos 3.600 millones de pesos, para apoyar la campaña de Skaf en el 2014 a la Gobernación del estado de São Paulo.

Ese mismo año la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga fue asesorada por Duda Mendonça quien, según W Radio, fue presentado al candidato por directivos de Odebrecht.

Ante eso Zuluaga dijo claramente en un comunicado que “por intermedio de Odebrecht, establecí contacto con Duda Mendonça, y reitero que la campaña acordó el pago de $2.438’455.038 por servicios de asesoría estando ese dinero debidamente registrado en la contabilidad”. (Ver El asesor).

De eso no hay dudas. Pero la cercanía que tuvieron los representantes del Gobierno de Uribe con personas como Mendonça, Mameri, Skaf y el mismo Odebrecht sí deja mucho que desear de su criterio para contratar y, especialmente, para condecorar.

@yohirakerman akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/las-condecoraciones-columna-850412

  • 13.18.-PREOCUPANTE BALANCE DEL PAQUETE DE LOS PROYECTOS ANTICORRUPCIÓN
  • EL PAÍS DONDE GANAN LOS MALOSCecilia Orozco

 

La existencia de Colombia es la prueba irrefutable de que las historias épicas y los cuentos infantiles basados en que los héroes derrotan a los bandidos mienten sin vergüenza: aquí, dios nunca vence al diablo. O, dicho de otra manera, los buenos pierden y los malos siempre ganan en la política, las leyes, los nombramientos oficiales, los estrados judiciales; en la competencia por los sueldos más altos, por los honores y las condecoraciones y hasta en el ingreso a un espectáculo, a un bar, a un bus o al teatro, adonde siempre entran primero los avivatos que brincan la fila para pasar por encima de quienes respetan los turnos.

17 abr 2019.- Lo demuestra la hoja de vida de los abogados que persiguen, desde su misma posibilidad, la curul de senador de Antanas Mockus, símbolo de la decencia y de la resistencia pacífica contra los corruptos obvios y contra los hipócritas que también lo son, aunque se camuflen con aureola de santidad.

En julio de 2018, Iván Cancino, Francisco Bernate, Abelardo de la Espriella, Daniel Peñaredonda y Karen Juris (los dos últimos, subalternos de De la Espriella) le pegaron un grito al Consejo Electoral para impedir la posesión de Mockus. A estos cinco, conocidos por sus clientes, los une, además, su obsecuencia uribista. Otro bando de abogados menos pomposo, compuesto por los señores Víctor Velásquez, Eduardo Padilla y José Manuel Abuchaibe, y de línea directa con los parapolíticos partidos de Opción Ciudadana —PIN— y Convergencia Ciudadana, tampoco podía permitir que Mockus, cuyo mayor pecado es haberse bajado los pantalones como acto de protesta, llegara al Congreso en donde solo tienen derecho de éxito los cómplices de los malos.

Este trío también acudió al Consejo Electoral y, después, al Consejo de Estado demandando la pérdida de investidura del profesor. Como no prosperaron sus primeras acciones, se metió por el lado de la nulidad de su elección. Los magistrados, inocentes o culpables, sirvieron en bandeja la curul del buenazo. ¿Historias épicas en que ganan los héroes? ¡Vergüenza de falsedad!

Y un segundo caso sucedió en estos días tristes de la nación con un exfuncionario de la justicia transicional, Néstor Raúl Correa, a quien defendimos en su momento pese a las advertencias que nos hacían. Pues bien, Correa parece ser, hoy, el peor enemigo de la JEP, seguramente para vengar su retiro forzado. Ahora, después de que su nombre fuera honrado por un alto comité internacional, es el instrumento de los dos Malos de la película, Uribe y Martínez Neira, los poderosos personajes que buscan rematar la Jurisdicción Especial mediante escándalos prefabricados con sus pseudoperiodistas de internet y con sus remedos de investigaciones penales. Primero, Correa “denunció” a su antigua amiga de vida profesional, Marta Lucía Zamora, y a dos de los abogados con quienes él mismo trabajó durante largos meses sin darse cuenta de que eran sospechosos. Sus dudas solo surgieron después de su retiro, qué conveniente, para no comprometerse. Luego, la Fiscalía y la DEA (ahora convertida en Parafiscalía) montaron una sospechosa escena de soborno de un empleado X del nuevo sistema judicial que, en todo caso, les era útil para quitarle piso ético a la JEP. Y, finalmente, Correa es testigo contra quien verdaderamente les interesa a todos: la presidenta de la Jurisdicción, Patricia Linares, a la que un pájaro del uribismo le disparó con una apertura de “investigación” en la politiquera Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. ¡Sí se tienen confianza!

Firma la “denuncia” contra Linares, que prosperó con la rapidez de un rayo y que fue escrita con el más riguroso estilo jurídico, una persona de nombre Lina Navarro Arias, que aportó la dirección de su residencia ubicada en San Martín, “César” (sic, ver denuncia). En un ejercicio de verificación, Noticias Uno fue al sitio y rastreó sus señales de identidad (ver noticia). Resultado: Navarro no vive en esa dirección, o quien dijo ser su abuelo negó su residencia en ese lugar y población; se trata de una mujer en edad estudiantil, inscrita en el Sisbén en grado de gran pobreza; no es abogada y, en contravía de lo que informó su familiar, vota en San Martín o al menos figura en la lista electoral. Se sabe que uno de los trucos de la oscuridad es buscar firmones de sus demandas para ocultar sus intereses. La cabeza de Linares está a disposición de los dos Malos. ¡Vergüenza de falsedad estos dos!

https://www.elespectador.com/opinion/el-pais-donde-ganan-los-malos-columna-850833

13.18.-PREOCUPANTE BALANCE DEL PAQUETE DE LOS PROYECTOS ANTICORRUPCIÓN

Solo dos puntos establecidos en la consulta están cerca de ser realidad. Gobierno insistirá en 2019.

Siete Siete puntos fueron partes de la consulta anticorrupción, hoy solo dos están cerca de ser una realidad.Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO 

De los siete puntos que hicieron parte de la consulta anticorrupción y que luego se convirtieron en proyectos de ley y de reforma constitucional, tres ya se hundieron. Dos están cerca de ser realidad.

A pesar de que el presidente Iván Duque dijo en septiembre pasado que esperaba que los proyectos estuvieran aprobados antes de finalizar este año, la realidad fue otra.
El primer proyecto de este paquete, sepultado, fue la reforma constitucional que congelaba el salario de los altos funcionarios del Estado, incluidos los congresistas.

15 dic 2018.- Este acto legislativo no se pudo tramitar en la Comisión Primera de la Cámara, pues 36 de los 38 representantes que conforman esta comisión se declararon impedidos para discutir la iniciativa, al considerar que estaban legislando en causa propia.

El Gobierno anunció que insistirá con esta iniciativa el próximo año. “Habría que buscar una redacción para que esta reforma tenga efectos hacia el futuro y no sobre el salario de los actuales congresistas”, dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

Peor suerte corrieron dos iniciativas que buscaban mayor transparencia en la gestión pública: el que establecía mayor rigurosidad en la rendición de cuentas de los congresistas y el que proponía que los presupuestos públicos se discutieran en audiencias públicas con participación ciudadana. Ambos no alcanzaron ni siquiera a ser debatidos.

En el caso de la discusión de los presupuestos con participación ciudadana, el Gobierno había anunciado desde hace algunas semanas que se iba a dejar para marzo.

Avanza norma que pone a congresistas a exponer conflictos de intereses

Duque pide a ministros que revelen sus declaraciones de renta

¿Hasta dónde el Congreso tramitará los proyectos anticorrupción?

Igual suerte corrió una propuesta liderada por la Procuraduría, que no hacía parte de la consulta, pero sí del paquete anticorrupción, que buscaba establecer la responsabilidad penal para personas jurídicas.

Los únicos proyectos que han tenido un avance significativo son el que quita los privilegios de cárcel especial a los condenados por actos contra la administración pública y el que permite que los delitos de corrupción no prescriban. Esto se dio gracias a que estos puntos fueron introducidos en una iniciativa de la Fiscalía que ya hacía trámite en el Congreso y a la que le resta solo un debate.

Entre el primero y el segundo debates, es decir, a mitad de camino, se encuentran iniciativas como la que obliga a los servidores del Estado a hacer pública su declaración de renta y de bienes, la que pone a los congresistas a dar a conocer sus conflictos de interés y la norma que establece la obligatoriedad de los pliegos tipo en la contratación pública. Estos continuarán su trámite a partir de marzo del próximo año.

También está en fila la reforma política, que si bien perdió gran parte de su columna vertebral, contiene una disposición que limita a tres los periodos en cada corporación pública (Senado, Cámara, concejos y asambleas), muy diferente a lo que se propuso en la consulta.

Esta reforma se encuentra agonizante en el Congreso y está a la espera de que este domingo, a las 7 de la noche, un día muy poco habitual para sesionar, el Senado apruebe la conciliación del texto de Cámara, o de lo contrario se hundirá.

Una de las situaciones que conspiró contra el mayor éxito del paquete anticorrupción fue la alta congestión legislativa que se presentó este semestre. Tanto que, como expresó el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Samuel Hoyos, “sesionamos incluso jueves y viernes, algo poco habitual”.

Pero también hay congresistas, como la senadora de Alianza Verde Angélica Lozano, que responsabilizan al Gobierno por la “demora” en ponerles mensaje de urgencia a los proyectos, lo cual les daría un trámite prioritario.

Pero el Gobierno aclaró que esto no se podía hacer; de lo contrario, “se hubiesen bloqueado” otras reformas que también estaban en trámite.

Las cuentas del Gobierno para que no mueran proyectos anticorrupción

https://www.eltiempo.com/politica/congreso/mayoria-de-proyectos-del-paquete-de-la-consulta-anticorrupcion-se-hundieron-305482

12.19.-LA PRUEBA TÉCNICA – Yohir Akerman

Esta es una historia escalofriante de una acusación de abuso a un menor en donde es importante atenerse solo a los hechos. Nada más. Es un caso donde lo más importante es proteger los derechos del menor y por eso en esta columna se omitirán los nombres de los padres, el sexo específico del menor, los datos concretos del caso, las fechas exactas y los documentos de soporte que son habituales en esta columna semanal, para mantener anónima su identidad.

7 abr 2019.- No por eso deja el tema de ser concreto. La pareja duró en matrimonio casi cinco años. Se casaron en el 2008 y dos años después resultaron embarazados después de buscar ese proceso como familia. Desafortunadamente la relación se deterioró cuando el menor cumplió dos años. Ahí empezaron los problemas para divorciarse.

En marzo de 2013 se da la separación de cuerpos entre esta pareja y se inicia el proceso de divorcio y patria potestad. A inicios del año 2015, cuando el menor tenía tres años y medio, la madre solicitó una evaluación psicológica a una reconocida terapeuta de la Universidad Javeriana.

La psicóloga concluyó que el menor había estado sometido a situaciones que ponen en riesgo su desarrollo y estabilidad emocional y que, a juzgar por su propio relato, podría haber sido víctima de un posible abuso sexual por parte del padre. Escalofriante.

La madre, pese a haber recibido de la doctora ese concepto tan estremecedor sobre las presuntas agresiones sexuales por parte del padre, solamente lo hizo público seis meses después, cuando ante la Comisaría de Familia le otorgaron visitas nocturnas al padre del menor.

Es difícil entender por qué una madre o un padre que tiene conocimiento de un posible abuso sexual decide guardar silencio durante seis meses y permite que su hijo o hija siga compartiendo con un supuesto agresor, y decide hacerlo público solo cuando pierde en su estrategia jurídica.

Aunque durante el proceso de evaluación la psicóloga de la Javeriana reconoció que no era experta en hacer valoraciones para este tipo de conductas y abusos sexuales, las conclusiones del reporte, una vez público, conllevaron a unas graves consecuencias. Como era de esperarse, esta evaluación desató un proceso y una denuncia penal en contra del padre por abuso de menores.

Nueve meses después, a finales de 2015 y basados en esa evaluación, se da una audiencia para decretar medidas de protección en la que el juez de garantías ordena a la Fiscalía que, fuera del Dictamen de Valoración solicitado a Medicina Legal, no se le hagan más evaluaciones al menor para no revictimizarlo.

Un mes después de la audiencia para decretar las medidas de protección, se realizó el dictamen por parte de Medicina Legal que concluyó que el menor se encontraba atravesando “un trastorno de ansiedad y de estrés intenso que devenía del conflicto interparental (…) y la exposición del menor a las situaciones de orden legal que se habían desencadenado tras la acusación contra el progenitor”.

Pero que, y esto es lo más importante, “desde la perspectiva forense no era preciso caracterizar y argumentar una dinámica abusiva de índole sexual en el caso examinado” y, fuera de eso, que era recomendación de los peritos “limitar la exposición del menor a situaciones de evaluación donde se reactiven este tipo de situaciones” al igual que como lo había hecho el juez de garantías.

Finalmente, Medicina Legal ordenó la “evaluación por el área de psiquiatría a los progenitores ya que el funcionamiento familiar expuesto sugiere la pertinencia de que se realice un estudio acucioso de su estado mental”. Para entonces el menor sólo tenía contacto con su madre.

Pues bien, la madre hizo caso omiso y para controvertir el dictamen de Medicina Legal pidió dos conceptos adicionales. El primero por parte de una psicóloga y el segundo a cargo de un psiquiatra. Los dos concluyeron que podía haber existido una dinámica abusiva de índole sexual por parte del padre.

Al presentarlos a la Fiscalía, la entidad le solicitó un informe al Colegio Colombiano de Psicólogos en enero de 2017 para determinar la validez y solidez de las tres evaluaciones entregadas por la madre de la víctima.

El perito designado por la Fiscalía desechó los tres conceptos aportados por la denunciante y fue más allá. El Tribunal Colombiano de Psicólogos resolvió una queja disciplinaria que se había presentado en contra de la primera psicóloga, la de la Javeriana, que emitió el estudio inicial del menor, sancionándola disciplinariamente por las irregularidades e inconsistencias científicas en el informe rendido. Un cambio en la norma que rige ese tipo de procedimientos que adelanta el ente disciplinario hizo que ese proceso reiniciara y, a la fecha, existe un pliego de cargos contra esa psicóloga. Pero las irregularidades no paran ahí.

El Tribunal Colombiano de Psicólogos compulsó copias ante la Fiscalía sobre la segunda psicóloga que emitió un concepto aportado por la madre, para que fuera investigada por ejercicio ilegal de la profesión de psicólogo ya que no tenía tarjeta profesional.

Para concluir, el perito designado por la Fiscalía dio mayor validez a la valorización y dictamen de Medicina Legal, el cual descartó la dinámica abusiva de índole sexual en contra del menor, y descartó las otras evaluaciones aportadas por la denunciante.

Como respuesta, la Fiscalía solicitó una audiencia de preclusión ya que, después del dictamen de Medicina Legal, no existía evidencia para desvirtuar la presunción de inocencia del padre. Esta fue negada en el Juzgado Penal de Circuito que recibió el caso, argumentando insuficiente sustentación de la Fiscalía por lo que el juez ordenó seguir investigando.

Unos días después, el mismo fiscal encargado del caso, con los mismos elementos materiales probatorios con los que había solicitado el cierre de la investigación, dio un giro de 180 grados y ahora pidió una audiencia de imputación de cargos al padre del menor.

Es importante mencionar que los miembros de la familia de la madre denunciante son y han sido importantes miembros y actores en las altas cortes colombianas y en la justicia. Aunque no existe duda alguna de la integridad y honradez de los miembros de su familia, la sola presencia de sus importantes apellidos dentro de este caso puede hacer desbalancear la pesa de la equidad.

Después del giro de la Fiscalía, en agosto de 2017 se realizó la audiencia de imputación de cargos en contra del padre ante un juez penal del Circuito. La audiencia se desarrolló con los mismos elementos probatorios utilizados para solicitar la preclusión por parte de la Fiscalía y sin aportar ningún documento o hecho adicional a lo que se tenía en el momento en que se pidió cerrar el caso. Extraño.

Como consecuencia de esto, en enero del año pasado se realizó la audiencia de acusación con el fiscal que ahora lleva el caso, quien solicitó como prueba, de manera adicional, el interrogatorio del menor, desobedeciendo la orden expresa del juez de garantías, así como la recomendación que obra en el único dictamen pericial que existe que es el de Medicina Legal. En ese documento se solicita de manera expresa no realizarle más valoraciones al menor para evitar la revictimización.

Pero nada, el caso siguió y ahora parece que el padre enfrenta la mayor injusticia de su vida. Su testimonio se oyó en los micrófonos de W Radio el pasado 28 de marzo en una escalofriante entrevista en la que describió el infierno que ha vivido hace más de cuatro años, mismo tiempo en que no ha podido ver al menor. (Ver Entrevista).

Pero una cosa es clara, y es que en este tipo de casos hay que separarse de las versiones de los padres y enfocarse en las evidencias que obran dentro del expediente, ya que la justicia tiene que decidir en justicia, no en venganzas. Y estos casos, por lo crudos y desgarradores que son, presentan múltiples dilemas éticos y jurídicos sobre todo a la hora de proteger a los menores.

Sea cual sea el resultado, esto ya es una historia de terror donde se han destrozado muchas vidas. Muchas. Y si el padre es responsable de lo que se le acusa, los 24 años que le pueden esperar de cárcel son ínfimos para pagar sus horripilantes actos. Pero, por ahora, el acervo probatorio y, sobre todo, la prueba técnica dejan serias dudas de su culpabilidad.

@yohirakerman akermancolumnista@gmail.com https://www.elespectador.com/opinion/la-prueba-tecnica-columna-849120

  • -11.19.-Y AHORA, ¡UN LÍO CON RUSIA! – Cecilia Orozco
  • -LA PAOLA – Yohir Akerman

La senadora del Centro Democrático Paola Holguín compartió la semana anterior en sus redes sociales una fotografía de una valla publicitaria que causó un profundo debate sobre alimentar la polarización.

La valla, patrocinada por un equipo denominado “los Paolos”, del que la congresista es líder junto al representante a la Cámara por Antioquia Juan Espinal, da dos opciones a los colombianos, “Víctimas: no (apoyar la) JEP” o “Victimarios: (apoyar la) JEP”.

La senadora Holguín acompañó la foto diciendo: “Este es el verdadero dilema, más que JEP o no JEP, se trata de victimarios o víctimas, impunidad o justicia. ¿Tú de qué lado estás?”. (Ver Trino).

Pues no del de la doctora Holguín, ya que ella y su familia han estado varias veces del lado equivocado, principalmente en lo que tiene que ver con la ley. Me explico.

Paola Andrea Holguín Moreno se dio a conocer en marzo de 2009 cuando reemplazó a José Obdulio Gaviria en la oficina de asesoría al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

El primo hermano de Pablo Escobar Gaviria fue asesor presidencial entre agosto de 2002 y marzo de 2009 y renunció un mes después de que la revista Semana revelara que el DAS estaba siguiendo e interceptando a la oposición y a magistrados que el presidente Uribe consideraba sus enemigos. Como se sabe, distintos testimonios vinculan a José Obdulio con el famoso caso de las “chuzadas” del DAS.

Paola Holguín y José Obdulio Gaviria no solo han tenido y tienen los mismos cargos, asesores de Uribe y luego senadores de la República, sino que sus familias tienen una indudable cercanía con el narcotráfico, especialmente en su natal Antioquia.

De José Obdulio ya lo sabemos.

Vamos al caso de Paola Andrea. El padre de la senadora se llama Frank Holguín Ortiz, una persona que, según informaciones de prensa, durante los años 90 tuvo nexos con el Cartel de Medellín.

Vaya, vaya, vaya.

El 20 de febrero de 1999 el periódico El Tiempo publicó una nota en la que el ministro de Justicia de la época, Parmenio Cuéllar, reveló que habían detectado a personas vinculadas a la Dirección de Estupefacientes que estaban entregando información reservada a organizaciones de abogados que trabajaban al servicio de los narcotraficantes.

Con la infiltración a Estupefacientes los narcos buscaban conocer de antemano las pruebas que tenía el Estado en contra de ellos para quitarles sus bienes y así eliminarlas o buscar mecanismos para contrarrestarlas en los tribunales. Suena similar a lo que sigue pasando hoy en día.

Con la información de la Fiscalía, El Tiempo publicó la lista de los procesos en la Dirección Nacional de Estupefacientes que habían tratado de torcer. El caso número 31402 es el proceso que relaciona como narcotraficante y testaferro al padre de la senadora del Centro Democrático. (Ver Narcos infiltraron Oficina Antidrogas).

El señor Frank Holguín Ortiz fue procesado por el delito de narcotráfico y se le realizó una extinción de dominio por ser testaferro del capo Pablo Escobar Gaviria, primo de José Obdulio.

Los bienes del narcotraficante Pablo Escobar que estaban a nombre de Frank Holguín Ortiz habían sido ocupados en marzo de 1998 por la Fiscalía en una operación en la que se recuperaron 20.000 bienes de la mafia. La operación fue tan grande que los medios dieron un importante cubrimiento, siempre mencionando al padre de la senadora Holguín. (Ver DAS y Policía han ocupado 20.000 bienes).

Pero nada de esto importó a la hora de volverse una de las personas más cercanas del expresidente Uribe. Por el contrario, es tan cercana la relación, que la senadora Holguín terminó escribiendo una biografía del expresidente titulada Uribe de carne y hueso, con la que pretendía “contarle a la gente que la imagen de autoritario que tenía no era la real”, según un perfil de La Silla Vacía.

Ahora la senadora Paola Holguín ha consolidado un subgrupo dentro del Centro Democrático denominado “los Paolos” donde se enorgullecen de repetir que “a los Paolos no llega el que quiera, sino el que pueda. El que entienda que Uribe es nuestro jefe único, y Paola nuestra líder”. (Ver La cara radical del uribismo).

Los Paolos fue el grupo que financió las polémicas vallas de la JEP en Antioquia que preguntan “¿Tú de qué lado estás?”. Definitivamente no del lado acobijado por una historia familiar de narcotráfico.

@yohirakerman akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/la-paola-columna-847797

11.19.-Y AHORA, ¡UN LÍO CON RUSIA! – Cecilia Orozco

 

Si algo le faltaba al Gobierno Duque para añadirle al mosaico de enredos que ha armado en solo ocho meses, todo un récord, ya lo logró: ¡un lío diplomático con Rusia! “El uso ilegítimo de la fuerza militar contra Venezuela por parte de otros Estados que respaldan a la oposición será interpretado… solamente como un acto de agresión… y una amenaza a la paz y seguridad internacionales”, se lee en la carta que envió la Federación Rusa, a través de su embajada, al Congreso colombiano.

3 Abr 2019.-  Alude, también, al torpe espectáculo de la frontera, de febrero pasado, en que comprometió su prestigio el propio Duque, quien en esa fecha se paseó, triunfante, por el puente cucuteño de Tienditas con sus invitados internacionales. Dice el mensaje: “con sus medidas relacionadas con el envío de la llamada ayuda humanitaria, los Estados que han congelado los activos de Venezuela… buscan empujar a la población a derrocar a las autoridades”.

“La dura respuesta del Gobierno colombiano”, como tituló un diario nacional, quedó muy chistosa, casi ridícula. El canciller Trujillo reaccionó “de manera contundente” —añadió el periódico del título— cuando contestó que “Colombia reitera que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente…”, pero, a continuación, califica de “régimen ilegítimo y usurpador” al gobierno que, precisamente, Rusia defiende en su carta-advertencia. Para completar el galimatías que creó, solito – como manda Uribe -, el Ejecutivo nacional y mientras Duque aseguraba, por un lado, que el país “no está en la posición de agredir a ningún Estado”, del otro lado, su ministro de Relaciones Exteriores concluía su reto a Rusia, chistoso, casi ridículo, con una frase que parecía escrita por el Pentágono: “Colombia reitera que cualquier despliegue o incursión militar en apoyo al régimen de Nicolás Maduro… constituye una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región”. Putin está, hoy, muerto de miedo.

Si las cosas siguen tomando el curso que se ve venir, nuestro territorio-emparedado servirá como escenario bélico de las dos potencias del mundo: lejos de los rusos, lejos de los estadounidenses, pero guerreando entre nosotros, los indiecitos del patio trasero. Sin embargo, y por más que Duque se esfuerza por caerle bien a Trump prestándose para confrontar a Venezuela, para adueñarse de su petróleo, para envenenar nuestros seres humanos, animales, alimentos y campos con glifosato, el presidente norteamericano aseguró, del mandatario colombiano, que, aunque es un “buen tipo, no ha hecho nada por nosotros”. Humillación frente a la obsecuencia.

Entre paréntesis.- Dos de los juristas más respetados del país, Rodrigo Uprimny y Yesid Reyes, se enfrentan por una tesis que, en todo caso, debería preocupar a los congresistas que votarían las objeciones del presidente de la República a la Ley Estatutaria de la JEP: basado en la famosa sentencia constitucional del caso Samper, en que la Corte declaró inviolables los votos de los parlamentarios, Uprimny sostiene que, a pesar de que el presidente “no podía usar las objeciones para irse contra la sentencia… los congresistas tienen plena libertad para opinar y votar como mejor les parezca”. Reyes, por el contrario, cree, según su columna de El Espectador, que quien “vote favorablemente la objeciones a la Ley Estatutaria podría incurrir en el delito de fraude a resolución judicial”. Reyes explicó, con detalles, su teoría en el nuevo portal lalineadelmedio.com. Dice que cuando estableció el carácter inviolable de los votos de senadores y representantes, la Corte analizó un artículo de la Constitución, pero no el 243, que indica que “los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control constitucional hacen tránsito a cosa juzgada” y añade que “ninguna autoridad podrá reproducir el contenido del acto declarado inexequible”. Lo más interesante y preocupante, diría yo, se encuentra líneas adelante cuando Reyes se pregunta: “¿Qué sentido tendría esa prohibición (¡incluida en la propia Constitución!) si los parlamentarios tuvieran libertad absoluta para desconocerla invocando su derecho a la inviolabilidad?”. ¡Agárrame ese trompo en la uña!, como, a propósito, dirían los venezolanos.

https://www.elespectador.com/opinion/y-ahora-un-lio-con-rusia-columna-848266

A- 10.19  EL LENGUAJE QUE SE TRADUCE EN MUERTOS – Patricia Lara

Esta semana Antioquia apareció sembrada de vallas con mensaje diabólico:

“Tú, ¿de qué lado estás?”, preguntaban las vallas en letras blancas resaltadas sobre un fondo azul dividido por una raya vertical que separaba las dos posibles respuestas: la una decía “víctimas” y debajo “no JEP”, y la otra decía “victimarios” y debajo “JEP”. Y más abajo, en el centro, sobre un fondo blanco, sobresalían los logotipos del Centro Democrático y de un grupo denominado los Paolos, liderado por la senadora antioqueña Paola Holguín, miembro del partido uribista, quien para denominar su grupo utiliza un nombre, los Paolos, similar a los usados por bandas armadas como los Pitufos o los Urabeños, etc.

29 mar 2019.- La intención del mensaje de los Paolos no puede estar más clara: por un lado, desprestigiar la Justicia Especial para la Paz y estigmatizarla al regar el cuento mentiroso de que está hecha para beneficiar a los malos (los victimarios), y por otro, polarizar de nuevo al país y dividirlo entre el bando de los buenos y el bando de los malos.

Y quizás no hay cosa que abone más el terreno de la violencia que dividir el mundo entre buenos y malos o, lo que es lo mismo, tener una visión maniquea de la realidad y de la historia.

Así me lo explicaron durante una extensa entrevista que les hice para la revista Cambio 16 Colombia, hace más de 20 años, los doctores Otto y Paulina Kernberg, considerados entonces los expertos mundiales en las llamadas personalidades fronterizas, correspondientes a personas que son más proclives a involucrarse en la violencia.

Según los doctores Kernberg, quienes han sufrido en su infancia, primero maltrato físico, luego sicológico y después sexual, tienen mayores probabilidades de ser violentos después. Pero esas posibilidades se potencian si se vive en una sociedad donde está extendida la creencia de que el mundo se divide entre buenos y malos.

Y es lógico que el maniqueísmo abone la violencia. Porque si cada cual piensa que como está con los buenos tiene el derecho y hasta el deber de proteger a los suyos de los malos, es muy fácil que decida después que, para conseguirlo, debe acabar con los malos del mundo. Entonces se enciende la chispa de la violencia y se llega a lo que Humberto de la Calle, con razón, considera en su reciente libro como algo inaceptable: que haya una violencia buena y una mala.

Pero el efecto del maniqueísmo se vuelve devastador si quienes lo practican y estimulan son los líderes de la sociedad. De ahí la pertinencia de la carta que la presidenta de la JEP, Patricia Linares, le envió al senador Álvaro Uribe, en su condición de expresidente y jefe del Centro Democrático, para solicitarle a él y, por intermedio suyo, a los miembros de su partido que cumplan el artículo 22 de la Constitución que establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Agrega Linares que ese deber se intensifica si se trata de funcionarios del Estado que no deben acudir a estrategias de desprestigio y agresión contra quienes tienen la difícil tarea de administrar justicia transicional. “La paz requiere de espíritus sosegados, de un lenguaje (…) sincero y conciliador”, concluye.

Pero más tardó ella en escribir la carta que Uribe en trinar que seguirá atacando la JEP y Holguín en exhibir en el Senado una sonrisita de satisfacción al reconocer que fue ella la responsable de las vallas.

¡Ojalá entiendan algún día Uribe y su bancada que su lenguaje incendiario puede traducirse en votos, pero también en muertos!

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B- 10.19  URIBE Y GRANADOS: DOBLE RASERO, CÍNICO RASERO – Cecilia Orozco

La escandalosa revelación del periodista Daniel Coronell, en su columna de la revista Semana, sobre el nexo profesional que unió a la magistrada de la Corte Suprema en cuyo despacho se define la suerte judicial de Álvaro Uribe, con el abogado penalista que lidera la defensa del expresidente, obliga, mínimo, a una explicación pública de los dos personajes, no solo por cuanto togada y senador ejercen funciones con incidencia en la vida diaria de los ciudadanos, sino porque ambos representan el vértice de la pirámide del Estado: la una, en la cúpula de la Justicia, casi nada, a la que todos debemos someternos supuestamente en condiciones de igualdad; el otro, mediante el control del Legislativo y del Ejecutivo, tal como lo demuestra día por día y, ya, sin ningún recato

27 mar 2019.- Pero ni el uno ni el otro parecen preocupados por el descubrimiento del columnista. La magistrada Cristina Lombana —asombrosamente militar activa y juez civil, al tiempo— no creyó relevante informarles a sus electores de la Corte Suprema que había trabajado en el bufete de Jaime Granados, el apoderado del procesado de mayor poder político que ha tenido el país, en años de años. Lombana calló en el momento de presentarse ante ellos y entregar su hoja de vida con esa omisión maliciosa. Tampoco lo hizo cuando, ya elegida y posesionada, llegó el caso a sus manos por presunto reparto imparcial. Que se sepa, ella no puso a consideración de sus colegas ni de la Sala Plena una solicitud de posible impedimento, así fuera como un gesto de cortesía social.

Del lado Uribe, silencio sepulcral que contrasta con la bulla que hace ante los medios cuando teme la acción de los funcionarios judiciales a quienes amedrenta con recusaciones, rumores sobre su vida o testimonios inventados en las cárceles en donde, sin saberse cómo, siempre encuentra presos dispuestos a apoyar su causa destruyendo la honra de sus investigadores.

Recuerdo la rueda de prensa que convocó el procesado Uribe, en julio del año pasado (ver), cuando lo delataba el miedo a una orden de captura que él mismo y su círculo político se encargaron de difundir para sembrar, artificialmente, la impresión de que, en lugar de investigarlo en términos de ley, la Corte lo perseguía por razones políticas, su argumento predilecto de defensa.

Citó a los periodistas a una de sus magníficas haciendas —como para intimidarlos más, fuera del temor que genera su presencia, con el entorno de poderío económico que lo rodea—. Estaba escoltado por algunos de sus abogados, la mayoría conocidos por sus malas mañas y peor fama. Entonces, su apoderado en este caso, Jaime Granados, se dirigió a los presentes para enfatizar, entre otras ideas, las siguientes:

“Esta mañana, a las ocho en punto, se radicó, en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia un escrito de 47 páginas en donde se argumentan las razones por las cuales la defensa del señor expresidente Uribe Vélez recusa a la Sala de Instrucción número Dos (que lo procesa)… porque (entre otras razones)… conforme lo establece la jurisprudencia internacional y también la colombiana… los jueces no solo deben ser imparciales sino también tienen que dar garantías de imparcialidad, tienen que parecer imparciales. Y (ellos) han demostrado que no dan esas garantías… Por esa razón hemos tenido que recusarlos”.

Ahora, cuando nos enteramos de que la magistrada de la nueva sala a la que el investigado y su apoderado pidieron trasladar el caso, fue empleada, subalterna o asociada de Granados, este y su cliente mantuvieron el dato en secreto absoluto. Doble rasero. Cínico rasero. ¡Imagínense lo que habría pasado con Uribe, abogados y las Valencia, Cabal, Holguín y Guerra si, por ejemplo, la magistrada Lombana hubiera trabajado, así fuera un único día, en la oficina de los defensores de Iván Cepeda! Doble rasero. ¡Cínico rasero!

* Esta columna fue escrita antes de la publicación de un comunicado de la magistrada Lombana entregado ayer, a mediodía. Sin embargo, la autora ratifica el contenido esencial de la misma.

https://www.elespectador.com/opinion/uribe-y-granados-doble-rasero-cinico-rasero-columna-846937

A- 9.19 EL ESPOSO DE LA CÓNSUL – Yohir Akerman 

Mariana Pineda Melo es una niña que ha demostrado varias veces, en sus cortos 13 años, ser una de las mentes más brillantes en el país. Su potencial es inmenso y su futuro, enorme. Pero ahora necesita ayuda con su presente por culpa de su pasado. Me explico.

Mariana se encuentra cursando octavo año de bachillerato en el Colegio Santa Mariana de Jesús. Como parte de su programa, en el año 2018 el colegio conformó el Club de Robótica SM Robotics que está integrado por 15 alumnos y tres docentes.

17 Mar 2019.- En noviembre del año pasado ese grupo de lúcidos jóvenes tuvo la oportunidad de participar en las eliminatorias regionales de la Universidad Minuto de Dios para el evento First Lego League. En la competencia obtuvieron el 5º lugar, lo cual les dio la clasificación a las competencias nacionales.

El 26 y 27 de enero, en el Cubo de Colsubsidio de Bogotá, se llevó a acabo la eliminatoria a nivel nacional con la participación de 40 equipos. Y en esa final el grupo de Mariana obtuvo el primer lugar ganando un cupo para representar a Colombia en el Mundial de Robótica de Lego.

El importante evento se llevará a cabo del 17 al 20 de abril de 2019 en el George Brown Convention Center en la ciudad de Houston, Texas, en Estados Unidos. Pero ahí viene el problema.

Mariana no tiene los recursos para poder asistir ya que, entre otras, su padre lleva más de tres años sin responder por la cuota alimentaria que se fijó en el Juzgado Noveno de Familia en el año 2007.

Esta brillante niña es hija de la señora Leyda María Melo Tinjaca, una abogada trabajadora y preocupada por la educación y el desarrollo intelectual de su hija, y de Pedro Nel Pineda Rojas, un oscuro señor que ha hecho todo lo contrario.

Acá se complica la cosa. El señor Pineda Rojas trabajaba en la Contraloría de Bogotá como director de Desarrollo y Participación Ciudadana en el momento en el que tuvo a Mariana. En la actualidad se desempeña como inversionista en finca raíz y es el esposo de la consejera de Relaciones Exteriores de la Embajada de Colombia en Alemania, la diplomática Martha Patricia Medina González.

Antes de vivir en Alemania, Martha Patricia Medina González fue cónsul en los Países Bajos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez como funcionaria inscrita en el escalafón de carrera diplomática.

Durante esa época, el 30 de julio de 2008 para ser más exactos, el señor Pedro Nel Pineda Rojas transfirió todos sus bienes a su esposa con el propósito de declararse insolvente frente al juzgado de familia que tenía el caso en su contra. No sin antes disolver la sociedad conyugal, por supuesto. (Ver Documentos).

Todas las artimañas legales que hizo el señor Pineda Rojas, con la complicidad de la representante del cuerpo consular de Colombia, eran para no cumplir con su obligación legal y no pagar por la educación de su hija, una niña a la que cualquier otro padre estaría orgulloso de poder ayudar a cumplir sus brillantes sueños.

Peor aún, se tienen indicios de que la doctora Medina ha usado sus influencias en el Ministerio de Relaciones Exteriores para que su esposo pueda salir y entrar de Colombia pese a que tiene una medida cautelar en Migración por tener varios casos pendientes debido a inasistencia alimentaria y una orden del Juzgado Tercero de Familia.

Pero la cosa se complica más.

Tal y como lo denunció Noticias Uno, el 14 de agosto de 2010 la narcotraficante Teresa de Jesús Cifuentes, hermana menor del mafioso Jorge Cifuentes Villa, celebró su matrimonio con una fastuosa fiesta en Guadalajara, México.

En la lista de 300 invitados figuran nada más y nada menos que la cónsul Martha Patricia Medina y su esposo, Pedro Nel Pineda Rojas. La pareja, muy tiesa y muy maja, está en las fotos nupciales al lado del criminal clan, famoso por ser socio del capo mexicano Joaquín el Chapo Guzmán.

No fue una coincidencia. En diciembre de ese año, hubo otro encuentro de Cifuentes con la cónsul y su esposo, quienes viajaron a la casa de campo del narco en Madrid. El diario El Tiempo estableció que celebraron juntos el Año Nuevo en esa ciudad.

El tema sigue. En julio de 2010 el señor Pineda Rojas viajó en un chárter a Puerto Inírida, Guainía, con Jorge Cifuentes, para, supuestamente, evaluar un ambicioso proyecto ambiental.

Dicho plan consistió en fundar una ONG ambiental que operó en el departamento de Guainía durante el gobierno de Álvaro Uribe. La organización llamada Salva la Selva decía que se encargaba de promover los derechos humanos de los indígenas y la protección del medio ambiente, pero en realidad fue solo una fachada para lavarle dinero al Cartel de Sinaloa.

El vínculo más comprometedor que enreda a la diplomática son dos cheques por $500 millones que fueron girados a una cuenta a nombre de Valores SAI S. A. Martha Patricia Medina y su esposo, Pedro Nel Pineda Rojas, son socios mayoritarios de esa empresa de inversiones que recibió la importante suma y a la que la Superintendencia Financiera le negó el permiso de funcionamiento. (Ver $500 millones de pesos).

Según la decisión, SAI compartía accionistas, incluidos Medina y su esposo, con Valores Urbanos, firma señalada de captar fondos de manera ilegal. Para la Superintendencia Financiera fue claro que Pineda Rojas y su esposa incurrieron en conductas penales por captar casi $20.000 millones, con los que levantaron un edificio de apartamentos y dos más de oficinas y parqueaderos en el norte de Bogotá, hoy ocupados por terceros de buena fe, ajenos al caso.

Posteriormente, Pedro Nel Pineda Rojas admitió que sí recibió el dinero en pago por la estructuración de un negocio de parte de los Cifuentes, pero advirtió en una carta remitida a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que el dinero provenía de un negocio legal de la firma Bioforestal, también vetada por el gobierno de Estados Unidos, y que era un préstamo personal.

Difícil de creer.

Lo que queda claro es que el empresario Pineda Rojas y la consejera Medina González han tenido relaciones cercanas y complejas con condenados mafiosos como los Cifuentes Villa.

También que la pareja ha hecho varias piruetas legales para esconder los bienes del señor Pineda Rojas frente a los juzgados con el fin de no pagar la cuota alimentaria de su hija.

Y no hay dudas de que la peor víctima de todo esto es la brillante niña de 13 años, Mariana Pineda Melo, que hoy está recibiendo donaciones para poder cumplir su sueño de dejar el nombre de Colombia en alto al asistir el próximo mes al Mundial de Robótica de Lego en Houston.

@yohirakerman

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https://www.elespectador.com/opinion/el-esposo-de-la-consul-columna-845382

B- 9.19  SOBRE LA COLUMNA DE YOHIR AKERMAN – Martha Patricia Medina

Falta gravemente a la verdad el columnista Yohir Akerman en casi todo su escrito (El Espectador, «El esposo de la cónsul», marzo 17, 2019)

No tengo ni he tenido NINGUNA relación, participación, injerencia ni mucho menos influencia alguna en la situación de mi esposo Pedro Nel Pineda Rojas respecto de su hija menor. Es un tema de absoluta privacidad de él y la madre de la niña.

Es absolutamente FALSO y constituye una calumnia con alcance penal, afirmar que yo haya sido “cómplice” de “artimañas legales” o haya “usado influencias” de mi cargo para que mi esposo “pueda salir y entrar de Colombia pese a que tiene una medida cautelar en Migración por tener varios casos pendientes”. Mi esposo lleva sus temas judiciales de manera autónoma y hace varios meses el Juzgado Tercero ordenó el levantamiento de la restricción de salida del país.

El resto del artículo calumnioso del señor Akerman es una repetición de hechos falsos unos, y tergiversados, otros, que ya fueron objeto de indagación por la Cancillería hace 7 años, y que culminaron con el cierre de la indagación, porque: “no existen elementos para deducir la existencia de una presunta irregularidad que merezca reproche disciplinario a la doctora Martha Patricia Medina González” (Oficina de Control Disciplinario Interno, Radicado IP-042/2012). Y enfatizó la Oficina de Control Disciplinario: “ni ella ni el país, conocía sobre las presuntas actividades ilícitas del precitado señor Cifuentes”.

Como se observa, la labor de confrontación e indagación de este caso, por parte del señor Akerman adolece completamente de cualquier rigor académico, ético o periodístico, pues se limitó a copiar unos datos falsos e inventar otros, sin solicitar la versión de los afectados.

Jamás gestioné préstamo ni recibí dinero de Cifuentes, afirmar lo contrario constituye una canallada y una infamia.

Una nota que supuestamente pretendía mostrar un caso de inasistencia alimentaria se tituló de manera abusiva contra mí, usando mi nombre y cargo como escudo, para hacerla más destacada. No puede seguir ocurriendo que cada vez que quieran afectar a mi esposo hagan afirmaciones falsas, calumniosas e injuriosas contra mí; esto constituye, sin lugar a duda, un acto de violencia machista y de misoginia que debería estar proscrito del diario que usted dirige.

Exijo que el señor Yohir Akerman rectifique todas y cada una de sus aseveraciones mentirosas, en el mismo espacio y con el mismo despliegue de su escrito calumniador.

Martha Patricia Medina González. Berlín. https://www.elespectador.com/opinion/sobre-la-columna-de-yohir-akerman-columna-845551

8.19.-MISIÓN CUMPLIDA: LA PAZ EN TRIZAS  Cecilia Orozco

Campamento de desmovilizados del las Farc. (Foto: captura de video del El Nuevo Herald, 2017).

El cianuro que el presidente Duque le dio, en botella de agua saborizada que el fiscal Martínez le proporcionó, al Acuerdo de Paz cuando anunció, el domingo pasado, que no firmaría la ley estatutaria que reglamenta la Justicia Especial para la Paz (JEP), está haciendo el efecto tóxico mortal que ambos pretendieron siempre, aunque el primero nos hubiera entregado el veneno en paquete bonito, de fingida amabilidad: no solo le dieron un golpe de Estado a la Corte Constitucional porque las modificaciones que propone el presidente cuestionan la autoridad de cierre jurídico que esa corporación tiene, sino que puso al Congreso y, con este, al país, ante el falso dilema de discutir las objeciones por él presentadas. No es así: el Legislativo aprueba o aprueba lo que Duque quiere. De lo contrario, caerá toda la ley y con esta, la JEP; y con esta, el Acuerdo de Paz, su verdadero blanco de guerra.

13 Mar 2019.- Artículo 200 de la Ley 5° de 1992 en la cual se expide el reglamento del Congreso de la República: “Discrepancias entre las Cámaras (Senado y C. de Representantes). Cuando una Cámara hubiere declarado infundadas las objeciones presentadas por el Gobierno a un proyecto de ley, y la otra las encontrare fundadas, se archivará el proyecto”.

Estas tres líneas significan que si —como se dice en los corrillos del Capitolio— el uribismo-martinizmo tiene mayoría en el Senado, y este aprueba lo que al Gobierno le dé la gana, pero no cuenta con tanta docilidad en la Cámara, “se archivará el proyecto”. O sea, si uno de los dos cuerpos legislativos se atreve a desafiar la voluntad del presidente e intenta preservar la sentencia original de la Corte sobre la ley estatutaria, esta desaparece, enterita. Visto desde el ángulo real: para evitar el desplome de la ley estatutaria de la justicia, la única opción que existe es la de aceptar las objeciones presidenciales.

El plan envenenado, por si las moscas, viene con doble dosis en el mismo paquete: el Gobierno presentará, también, una reforma constitucional contra el Acto Legislativo 01 de 2017, ni más ni menos, aquel en que se encuentran “las normas para la terminación del conflicto armado” y en que se da soporte constitucional al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. El cianuro en su esencia: el poder Ejecutivo, en manos de Duque, fusionado con el Legislativo en un único cuerpo dominado por Uribe, someten a su voluntad política al poder Judicial con el apoyo ladino del traidor a la rama: Martínez Neira.

Fernando Londoño estará cantando su triunfo, como le corresponde. Él anunció sus propósitos, estos propósitos que hoy se materializan, con suficiente antelación como no lo hizo ninguno de sus copartidarios mentirosos que se dan sus mañas de democracia para conquistar votos, pese a que lo suyo sea el ojo por ojo y el diente por diente. Londoño va de frente porque su soberbia, que lo hace verse como una especie de dios a cuyos pies estamos los plebeyos colombianos, lo incita a revelar sus odios sin velos fingidos. Él tendrá, sí señor, las pruebas para cobrar lo que exigió en una iglesia cristiana durante una reunión del ultraderechismo colombiano, en mayo de 2017 (ver), cuando esa agrupación apenas aspiraba a reconquistar el gobierno que nos devolvería a las cavernas.

Estas fueron sus palabras: “Este partido se llama Centro Democrático por unas circunstancias más o menos fortuitas, pero políticamente es todo, menos de centro. Este es un partido de derecha (aplausos). Yo me declaro, sin ninguna vergüenza, de derecha”. Luego añadió su perla madre: “El primer desafío del Centro Democrático (cuando retorne a la Casa de Nariño) será volver trizas ese maldito papel (gesto de romper lo que tiene en la mano) que llaman el Acuerdo Final con las Farc”. Duque, un blando del uribismo que Londoño ha criticado ácidamente, se ha hecho perdonar. Falta la celebración.

https://www.elespectador.com/opinion/cecilia-orozco-tascon

8.19.-PIRUETAS CON LOS PARQUES – Yohir Akerman

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha invertido su administración en dos cosas: predicar que los metros son malos mientras que los sistemas de buses articulados son buenos y a la tala de sabios y viejos árboles llamándolos plagas, para sustituirlos por la construcción de nuevos parques.

Parque urbanizado.

Dediquémonos a lo último ya que del 12 al 16 de junio de 2019 se llevará a cabo el Congreso Internacional de Parques en Bogotá. El evento será financiado por la Empresa de Acueducto de la ciudad y la Empresa de Energía de Bogotá. Es organizado por la Alcaldía y promovido por World Urban Parks.

Consultando la página de World Urban Parks encontramos que su director es el señor Gil Peñalosa, nada más y nada menos que el hermano del alcalde Enrique Peñalosa. (Ver Director and Chair).

En la página de World Urban Parks el señor Gil se autodenomina como un “apasionado” por desarrollar urbes para todos y dice que ha ayudado a la gestión de más de 350 ciudades en el uso de parques y el uso de bicicletas. Suena familiar.

En su perfil también se destaca que tiene una importante experiencia en Canadá en donde fundó una organización para esta labor. Interesante, ya que el señor Gil Peñalosa se cambió su nombre. Antes era Guillermo Peñalosa, una persona de encontrones con la justicia.

Resulta que en julio de 2001 se conoció que la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía dictó orden de captura contra Guillermo Peñalosa Londoño, en ese entonces director de Proexport en Canadá. Seguramente de ahí sacó toda su experiencia en ese país.

La Fiscalía citó en varias oportunidades al hermano del hoy alcalde de Bogotá por el proceso que se le adelantaba para determinar su responsabilidad penal con ocasión de una actuación durante su gestión como director del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD).

Como Guillermo, o Gil, Peñalosa nunca compareció ante la Fiscalía, esta le dictó orden de captura y lo declaró persona ausente. (Ver Orden de captura).

Pero vamos más para atrás.

El señor Gil Peñalosa fue director del IDRD desde el 27 de enero de 1995 hasta el 20 de mayo de 1997, cuando Paul Bromberg era alcalde de la ciudad. Gil renunció al cargo cuando su hermano Enrique se lanzó a buscar la Alcaldía para el periodo siguiente.

Ahora bien, seis meses antes de llegar a ese cargo, el 22 de junio de 1994, se suscribió el contrato de arrendamiento 136 de 1994 entre el Instituto Distrital para la Recreación y Deporte y la sociedad Reforestaciones y Parques S. A., mediante el cual se entregaron los juegos, atracciones, parqueaderos y demás instalaciones ubicadas en el parque El Salitre para que fueran explotadas por esta sociedad.

Para la fecha de la firma del contrato la junta directiva de la sociedad Reforestación y Parques estaba conformada, entre otros, por los señores Enrique Peñalosa Camargo, padre del hoy alcalde, y su hijo Guillermo, Gil, Peñalosa Londoño. (Ver Cámara de Comercio).

Las renuncias de los Peñalosa a la junta directiva de esta compañía se dieron el 3 de agosto de 1994, es decir, a los 43 días de haber firmado el contrato con el IDRD.

Un informe de la Contraloría de Bogotá demostró que en la evaluación del contrato en mención se omitió el proceso licitatorio, celebrando directamente con una empresa que carecía de la experiencia, idoneidad administrativa y técnica para prestar un servicio público de recreación y cultura, toda vez que la sociedad se había creado solo 12 diitas antes de la suscripción del contrato. (Ver Control de Advertencia).

El 10 de junio de 1994 la empresa Inversiones Lindaraja se asoció con otras tres firmas y cinco particulares para formar la sociedad Reforestación y Parques S. A. Enrique Peñalosa Londoño fue socio y gerente de Inversiones Lindaraja y después sus hermanos Guillermo y Camilo fueron los socios con Julián como gerente. El 22 de ese mismo mes se firmó el contrato de arrendamiento de El Salitre por 15 años. (Ver Asamblea ordinaria de socios).

No es la única pirueta que se ha hecho con ese parque.

Como informó la revista Alternativa, el arrendamiento sería del 4% del valor de los ingresos de los dos primeros años e iría ascendiendo un punto los años siguientes hasta llegar, en el octavo año, al 10%. Cifra que se mantendría durante el tiempo restante. (Ver Edición No. 23 de agosto-septiembre de 1999).

El 25 de agosto de 1998 se prorrogó el arriendo en siete años y seis meses hasta finales del 2016, y se modificó el valor del arrendamiento pasando del 10% anual de los ingresos a partir del octavo año al 4% a partir del séptimo año. Los ingresos eran de $8.568 millones. Nada mal.

Lo que es cierto es que cuando el IDRD firmó el contrato de arrendamiento con Reforestación y Parques S. A. no contó con la aprobación previa de Planeación Distrital y el 5 de diciembre de 1994 la Personería de Bogotá sancionó al director del Instituto, Hernán Cortés Parada, con destitución de su cargo y prohibición para ser empleado oficial durante dos años.

Al quedar vacía la dirección del IDRD el alcalde de aquella época, Antanas Mockus, nombró para este cargo a Guillermo Peñalosa Londoño, quien, como se dijo antes, se retiró el 17 de enero de 1995 de Reforestación y Parques S. A. y nueve días después asumió el reto con el distrito en la oficina con la que antes estaba negociando.

De contratado a contratador.

En ese contrato se estableció que los ingresos obtenidos por la explotación del parque El Salitre se invertirían en la recuperación y mantenimiento del parque conmemorativo Simón Bolívar a través de la Fundación Ecoparque Simón Bolívar, mediante el convenio de administración No. 137 del 10 de agosto de 1994.

El representante legal de dicha fundación era el señor Guillermo Rodolfo Prieto Díaz, quien para ese momento era a su vez gerente y representante legal de la famosa sociedad Reforestación y Parques S. A., situación esta que, si bien no se erige en una inhabilidad e incompatibilidad de acuerdo con el ordenamiento jurídico, sí constituye un indicio para corroborar que la selección del contratista no fue objetiva, sino que atendió a factores meramente subjetivos. Este convenio de administración fue liquidado el 18 de agosto de 1995. (Ver Informe Contraloría de Bogotá).

Finalmente, en la alcaldía de Peñalosa la sociedad Reforestación y Parques S. A. le vendió la mayoría de sus acciones al grupo Mágico de México y el contrato se modificó de nuevo. Se estableció un arrendamiento del 4% mensual sobre las utilidades brutas, con una base mínima de $800 millones. El monto de la inversión subió a $42.000 millones. Muy particular el momento de vender.

Lo que quedó claro con eso es que en ese contrato pasado, como en la actualidad, los gobiernos de Enrique Peñalosa siempre han favorecido los negocios de los parques de su hermano Gil. Pero es que es mejor cuando todo queda en familia y por eso ahora es importante que atendamos el Congreso Internacional de Parques de Bogotá.

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A- 719 LA JEP BAJO FUEGO URIBISTA – Cecilia Orozco

Aunque la corrupción es la tragedia madre de todos los males de esta sociedad, los enemigos de que se sepa la verdad de la guerra en Colombia: la verdad sobre los notables que terminaron de propietarios de miles de hectáreas de la mejor tierra gracias a la maraña entre los títulos legítimos y los impuestos por el terror; que        

 

traficaron con negocios de armas y de Inteligencia; que se adueñaron de los contratos públicos en alianza con los paramilitares o sometieron sus voluntades a la guerrilla; aunque la corrupción es la madre de todas las demás tragedias que soporta este pueblo, repito, los que tienen miedo de que se destape el forro sucio que sus vidas celebraron, felices, la que se “descubrió” en uno de los organismos del sistema de justicia transicional, que no en el tribunal de la Jep ni en sus tres salas. Para que quede claro.

El poderoso uribismo, caracterizado por su predilección por la “verdad” prefabricada en las cárceles, fue el primero en alegrarse de la corrupción de un fiscal de la Unidad de Investigación de ese sistema. Parece un contrasentido: el presidente de la República se hizo elegir con un discurso de transparencia pública que confirmó después, cuando adhirió —al menos en apariencia— a la consulta contra la corrupción. Pero su partido, que niega sistemáticamente la que tiene en casa, se alegra de que un funcionario público se corrompa si el caso sirve a sus estrategias, en esta oportunidad, de destrucción de lo que resta del Acuerdo de Paz y sus estructuras. El uribista más uribista de todos, el representante de la quintaesencia de la ultraderecha ejecutiva y legislativa de su amo, expresó su emoción en cuanto se conoció el video del individuo Carlos Julián Bermeo en el momento en que recibía un fajo de billetes por debajo de una mesa: “¡Bueno! ¡Se rebozó (sic)* la copa! Fariano se va o se va. Inadmisible q Jep siga torpedeando/saboteando procesos de extradición. ¡Ah, y bien valdría la pena que Secretaría de Estado piense seriamente en aplicar sanciones (tipo Venezuela) a los magistrados Jep saboteadores/cómplices”.

¿Una locura más del congresista J.O. Gaviria? No. Dice abiertamente lo que el uribismo taimado piensa: Estados Unidos tiene que suspender las visas de los magistrados de la alta corte que es la Jep, bloquear sus cuentas bancarias, prohibir que los bancos les den préstamos y, también, ¿por qué no?, pedir su extradición junto con la de Santrich. Para eso están en el poder. El patrón Álvaro Uribe soltó la idea de fondo: “ ya no es descabellado pensar que puede llegarse a la derogatoria de la Jep… Yo, hasta hace unos días, decía que políticamente no veía condiciones para derogarla… Pero empieza uno a sentir un malestar de opinión pública que, de pronto (si) esto ocurre en la Jep, crea las condiciones para su derogatoria”.

El uribismo desea y su Fiscalía actúa. El foco que Néstor Humberto Martínez ha puesto contra la justicia transicional y lo que esta representa —las confesiones y, tras estas, la verdad de la guerra que a él tampoco le conviene— es de utilidad inmensa. Imagínense ustedes cada quien con su propia justicia: ojos atentos, rápidos y contundentes para atajar los delitos de unos; amnesia y anestesia para los de otros. El tipejo Bermeo, un X en la cadena de la justicia de transición sin la importancia que quieren darle los medios de comunicación que Martínez coopta, nunca ha debido ser nombrado en ese o en otro cargo oficial. Su pasado ligado, precisamente, a la más corrupta clase política del país, entre otros, al condenado parapolítico Luis Alberto Gil, impedía su selección. Eso no tiene discusión. Aparte de ello, en las democracias los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo se cocinan los operativos en una Fiscalía desacreditada por la conducta oscura de su jefe; cómo se establecen las prioridades en materia de investigaciones que hacen que unas tengan vía libre para poner en juego $500 mil dólares y otras sean ignoradas por siempre; cuál es la nacionalidad de los tales “agentes encubiertos” y a cuál organismo (DEA o CTI) responden; por qué justo el día en que se conocen noticias que aparentemente favorecen a un exguerrillero preso, se suelta la bomba informativa sobre un corrupto que, sin poder incidir en la decisión por la que se le pagaba, sirve de plataforma para pedir la extradición hasta de los togados de la JEP y para anunciar que lo que se viene, desde el poder Ejecutivo y Legislativo, es el golpe final: la clausura definitiva de los tribunales de paz.

 *Según la RAE: Rebozar:  cubrir  casi todo el rostro con la capa o manto. Rebosar: Derramarse un líquido por encima de los bordes del recipiente. Cuando JOG escribió «se rebozó la copa» con z lo que terminó diciendo fue que taparon la copa con un manto

https://www.elespectador.com/opinion/la-jep-bajo-fuego-uribista-columna-843314

B- 7.19 CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD EN EL TOLIMA – Aurelio Suárez *

De unos años para acá, los índices de corrupción han aumentado significativamente en este departamento. ¿Cómo puede explicarse esta crisis y quiénes son los implicados?

Una crisis de larga data

Las malas condiciones laborales impuestas a los peones y aparceros de las haciendas cafeteras, la caída de la cotización internacional del grano de café a 4 centavos de dólar por libra y la propagación del movimiento revolucionario hicieron que el 28 de julio de 1929 estallara la primera rebelión socialista en El Líbano, Tolima. Según Gonzalo Sánchez, ese estallido buscaba “transformar fundamentalmente la sociedad”, pero los jefes liberales y conservadores locales, unificados en torno al presidente Miguel Abadía Méndez, sofocaron el movimiento.

Tolima vivió cruentos episodios durante el período de la Violencia, esto es, el conjunto de enfrentamientos entre liberales y conservadores que tuvo lugar entre 1946 y 1966. Antonio Caballero lo ha caracterizado como “una suma de muchas y muy variadas violencias impulsadas por los gobiernos”.

En concordancia con Caballero, la antropóloga María Victoria Uribe asegura que en esos años se presentaron “masacres perpetuadas por policías, alcaldes militares y bandoleros liberales y conservadores”, especialmente contra la base gaitanista. Caballero señala que después de El Bogotazo, los “nueveabrileños” levantaron autodefensas en el Tolima, pero Rojas Pinilla y el Frente Nacional las extinguieron.

El conflicto armado dejó graves secuelas en este departamento: tras la mutación de grupos campesinos en guerrillas, se consolidaron cinco frentes de las FARC, se asentaron dos del ELN y en la década de los noventa, surgieron siete bloques paramilitares con centro en la cuenca alta del río Magdalena. Entre 1985 y 2015 se registraron 1.685 actos terroristas, 368 despojos de tierras, 268.822 desplazados, 23.798 víctimas de homicidio, 15.367 de amenazas, 982 de secuestro y 2.794 de desaparición forzada.

Como si fuera poco, por otra parte, las crisis agrícolas provocadas por la “apertura económica” afectaron a los productores de café, algodón, leche, arroz, sorgo y maíz, y la firma de varios TLC hizo que el sector agropecuario pasara de representar el 42 por ciento del PIB tolimense en 1990 al 14 por ciento en 2015, y que la industria pasara del 15 por ciento a porcentajes ínfimos. Esta crisis se ha extendido hasta el día de hoy, tanto así que Ibagué cerró el año pasado con la tercera tasa de desempleo (15,2 por ciento) e informalidad (54,1 por ciento) entre las 23 principales ciudades del país.

Políticos corruptos

Juegos Deportivos Nacionales. Foto: Gobernación del Tolima.

En medio de esas tragedias, una clase política logró adueñarse del poder regional: los hermanos Mauricio y Guillermo Alfonso Jaramillo, herederos de Alfonso Jaramillo Salazar, dueño del Partido Liberal durante décadas; de hecho, Mauricio fue senador por varios periodos y Guillermo Alfonso ha sido senador, alcalde de Ibagué y gobernador; Óscar Barreto, jefe conservador, fue elegido gobernador dos veces; y Emilio Martínez, ex congresista destituido por distintos procesos irregulares de contratación y preso por parapolítica, es pieza clave en alcaldías de Honda, Mariquita, Líbano, Espinal y Guamo.

El panorama no es más alentador en la Cámara de Representantes: Carlos Edward Osorio y Jaime A. Yepes, dirigentes de la U, Ángel María Gaitán, de la cuerda de Jaramillo, y Elver Hernández, conservador y sucesor de Humberto Gómez Gallo, han sido (o son) representantes a la cámara; Aquileo Medina llegó por Cambio Radical y Ricardo Ferro por el Centro Democrático. El único senador actual de las maquinarias es Miguel Barreto, primo del gobernador.

Ibagué cerró el año pasado con la tercera tasa de desempleo (15,2 por ciento) e informalidad (54,1 por ciento) entre las 23 principales ciudades del país.

Las siguientes tablas muestran los prontuarios de los alcaldes de Ibagué y de los gobernadores de Tolima de los últimos dieciocho años. Sin lugar a dudas, dejan mucho que desear.

Alcaldía de Ibagué (2001-2019)

Gobernación del Tolima (2001-2019)

Los mandamases conquistaron los cargos gracias a respaldos cruzados y compadrazgos. Oscar Barreto cuenta con apoyo incondicional del Partido Conservador y del uribismo, pero en varias ocasiones ha sido respaldado por Cambio Radical y por la U y, en la última elección, por Opción Ciudadana y Mira. Jorge Tulio Rodríguez contó con el respaldo del partido Liberal, pero desde 2010 ha recibido el apoyo de la U. Y Rubén Darío Rodríguez fue apoyado en su primera alcaldía por Guillermo Jaramillo, Alberto Santofimio y Carlos García y en la segunda por el Partido Liberal.

Además, los alcaldes y gobernadores impulsan como candidatos a sus funcionarios y socios: Jesús María Botero fue secretario de salud de Jorge Tulio Rodríguez; Rubén Darío Rodríguez, de la entraña de Santofimio, ha tenido varias cuotas en las administraciones liberales. Y actualmente Guillermo Jaramillo impulsa a José Alberto Girón, exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué, que tiene procesos abiertos por posesionarse inhabilitado y por responsabilidad fiscal ante la Contraloría Departamental.

Al escribir “Corrupción Tolima” en Google, aparecen 507 mil resultados en 0,36 segundos; y al digitar “Corrupción Ibagué” salen 334 mil en 0,39 segundos. En el ranking de Transparencia, Ibagué ocupa el puesto dieciséis (entre 29 capitales) con puntaje de 56,03 y alto riesgo de corrupción. La Contraloría del Tolima cayó del puesto décimo con 62,8 puntos y riesgo medio, en 2013-2014, al puesto 21 con 55,02 puntos y riesgo alto de corruptela en 2015-2016.

Foto: Gobernación del Tolima.

Corrupción en el Tolima

La situación no da para más: el desfalco en la construcción y diseño de los escenarios deportivos para los Juegos Deportivos Nacionales de 2015, cuando se esfumó la tercera parte de los 140 mil millones presupuestados, no tiene precedentes y destapó la podredumbre incubada.

Eran tres grandes escenarios: el estadio Murillo Toro, el Parque Deportivo y la Unidad Deportiva Calle 42. Los dos últimos no se terminaron y quedaron reducidos a un campo de 33 hectáreas en ruinas. Esta última contaba con un presupuesto de 39 mil millones, de los que se usó solo un 41 por ciento. Para el Parque se invirtió un 37 por ciento de los 85 mil millones destinados, pues los estudios se adjudicaron en licitación a la firma española Typsa por 11 mil 500 millones, un contrato que, según la Fiscalía, se cuadró con coimas por 1.800 millones de pesos. Debido al desgreño quedaron 40 mil millones sin usar, parte de los 55 mil que el municipio debe devolver a Coldeportes. Precisamente Coldeportes, pese a haber firmado un convenio con Ibagué por 74.160 millones, fue connivente con el disparate.

En el ranking de Transparencia, Ibagué ocupa el puesto dieciséis (entre 29 capitales) con puntaje de 56,03 y alto riesgo de corrupción.

Contradiciendo las promesas del Fiscal Martínez, buena parte de la investigación sigue en el aire, especialmente la del Parque Deportivo. Si bien Orlando Arciniegas (quien fue apoderado personal del ex alcalde Jorge T. Rodríguez), el supuesto “cerebro” de la operación, fue condenado a 27 años de prisión y otros diez de los diecisiete sindicados cumplen con penas diversas, los demás no han sido investigados. Esto incluye a Andrés Botero, el entonces director de Coldeportes, y los miembros de los organismos de control que permitieron semejante despelote. El abogado de las víctimas afirmó acertadamente que “el caso permaneció muerto el año 2018”.

Además de los Juegos, existen otros casos emblemáticos como el del Panóptico de Ibagué, con obras inexistentes por 960 millones; el multimillonario detrimento de la Universidad del Tolima y el Triángulo del Tolima, proyecto de irrigación en tres municipios del sur de mayorías indígenas que, según una auditoría de 2014, acarreaba pérdidas de más de cien mil millones ese año a causa de obras abandonadas e irregulares, y sombras en el proceso de compra de tierras. Varios nativos afirman que “ha creado más problemas que beneficios” y el ex ministro Irragori aseguró que “la plata que llega allí se desaparece”. Todo esto está relacionado con proyectos nacionales manchados como los de la doble calzada Bogotá-Girardot y el Túnel de la Línea.

Lea en Razón Pública: ¿Por qué tanta corrupción en Colombia?

En una conversación con los hermanos Jaramillo, Paloma Valencia afirmó, refiriéndose a las elecciones venideras, que “había que garantizar la Alcaldía para los liberales y hacer una interpartidista para la Gobernación”.

Estas afirmaciones tuvieron lugar en medio de la indignación general por la leve suspensión (de apenas nueve meses) dictada contra 15 de los 19 concejales de Ibagué que participaron de la elección irregular del Contralor, también del gusto del alcalde Jaramillo.

La suerte del Tolima es incierta. Y aunque se duplicaron las denuncias por corrupción ante la Fiscalía—al igual que en 2018—, la fuerza cívica que las alienta puede ser abatida por la protagonista constante de este relato: la impunidad. Es momento de que cese de una vez por todas.

 *Analista, consultor en áreas públicas y privadas, columnista, catedrático universitario y panelista de la cadena Blu Radio.

https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11802-corrupcion-e-impunidad-en-el-tolima.html?utm_source=MadMimi&utm_m

A- 6.19 SE LE ESTÁ INCENDIANDO EL PAÍS, PRESIDENTE – Patricia Lara 

“Todos los días faltan dos o tres niños y no se vuelve a saber de ellos”, dice un profesor de Cáceres, municipio del Bajo Cauca antioqueño, cuyas calles de casas pintadas de colores ahora están casi desiertas porque su gente huye o se encierra por miedo a la violencia generada por la disputa territorial entre las Autodefensas Gaitanistas y los Caparrapos, que no son más que antiguos paramilitares mal desmovilizados, quienes hoy trabajan para los carteles mexicanos de la droga. En esa disputa territorial también interviene ahora, con menor intensidad y poder, el Eln.

1 mar 2019 .- “Hay orden de reclutar a nuestros niños desde los 11 años; estoy amenazada; nos han dejado solos; llevamos 19 homicidios este año”, dice, sollozando, una mujer de la Mesa de Víctimas.

Y un maestro afirma: “Me siento preso; mis hijos no salen a la calle; no tengo vecinos; la única representación del Gobierno somos los docentes; la jornada escolar ha sido recortada; se ha ido más del 33 % de estudiantes; ¿qué hago con mis hijos?; estoy pidiendo traslado; no soporto más el estrés…”. Entonces, este acuerpado profesor se derrumba y, en medio del llanto, exclama: “¡Yo no quiero ver más que maten a mis alumnos! ¡No quiero que manden 2.000 o 3.000 policías! ¡Quiero que manden tres que sean honestos!”.

Esa tragedia no ocurre sólo en Cáceres: durante un recorrido que hicimos con Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo (casi la única instancia institucional que escucha a esta gente y hace lo posible por transmitirle su desesperación al gobierno, a base de hacer llamadas a altos funcionarios, Presidente de la República incluido, y de emitir alertas tempranas a las que pocas bolas les paran), también la escuchamos de gente de otros municipios del Bajo Cauca, tanto en Córdoba como en Antioquia: San José de Uré, Montelíbano, Caucasia, La Apartada, Puerto Libertador, Ayapel, Tarazá, Puerto Claver, Puerto López y El Bagre.

Allí matan a los líderes sociales… ¿Y por qué los matan? Porque promueven la sustitución de cultivos ilícitos, o los acusan de ser sapos, o saludan a alguien que pueda ser cercano a alguno que pertenezca a un grupo y lo asesinan los amigos del otro, o traspasan la barrera invisible más tarde de la hora señalada, o cargan celular donde no deben, o se niegan a pagar extorsiones, o promueven la restitución de tierras, o los matan por nada… Y en medio de esa situación, la mayoría desconfía de la policía: “Sólo una señora en la plaza nos vende”, me dijo un agente. “Los policías tenemos que peluquearnos entre nosotros porque nadie nos peluquea”, agregó.

“La gente habla mucho de que hay connivencia entre los grupos y la policía”, afirmó un experto que nos acompañó en el recorrido.

“Desde la misma estructura del Estado se fomenta la impunidad; muchos alcaldes del Bajo Cauca están presos”, comentó un personero.

Semejante drama no se limita al Bajo Cauca. Se extiende como mancha de aceite en otras cuatro regiones del país: Buenaventura, Chocó (costa Pacífica y Alto y Bajo Baudó), Catatumbo y Tumaco. Y se repite en menor medida en los Llanos Orientales.

Y, mientras tanto, el presidente Duque anda dedicado a Guaidó, a llevarnos al borde de la guerra con Venezuela, a volver irreversible el proceso con el Eln y a cavilar sobre cómo acaba con lo que sí funciona: la paz con las Farc y la JEP.

(Y a todas estas, ¿los periodistas en qué país vivimos? ¿Dónde estamos?).

Continuará…

Nota. Por seguridad, omito los nombres de los entrevistados.

www.patricialarasalive.com@patricialarasa

 https://www.elespectador.com/opinion/patricia-lara-salive

B- 6.19 PROVOCANDO A LA BESTIA HERIDA – Cecilia Orozco

Una gran estupidez. Solo así puede calificarse la detención, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, del periodista Jorge Ramos y de sus seis compañeros de Univisión, la más influyente cadena de habla hispana en Estados Unidos.

Jorge Ramos detenido en palacio Miraflores y deportado de Venezuela por preguntas indiscretas…

La orden de retenerlos y confiscarles sus equipos y grabaciones fue dada directamente por Nicolás Maduro quien, minutos antes del atropello, se había levantado de su silla mientras Ramos lo entrevistaba. A Maduro no le gustaron las preguntas que el popular presentador latinoamericano de noticias le estaba formulando.

27 feb 2019.-  Y actuó con su acostumbrada megalomanía, interrumpiendo la conversación en mitad de la grabación para que quedara claro quién mandaba. Después los liberó, pero para ponerles en sus pasaportes el sello de “deportado”. Pero el dictadorcito venezolano, que exhibe en público sus dotes de bailarín de salsa mientras las fronteras de su país se incendian y sus compatriotas se matan entre sí, no es el único que termina, con violencia, las entrevistas que se salen del libreto impuesto por las conveniencias del poder.

Otros mandatarios, desde Trump hasta Álvaro Uribe, que, hoy, se muestran ante el mundo como los abanderados de la democracia, han hecho gestos similares, intimidando reporteros, mandándolos a callar, expulsándolos de las residencias presidenciales (como ocurrió con el propio Ramos y otros, a los que Trump calló en la Casa Blanca); o del teatro de provincia en que se pavoneaba, por ejemplo, el jefe del presidente Duque, que humilló a un corresponsal de provincia cuando le exigió que apagara su cámara y se retirara porque no le gusta el medio para el que reportaba (Noticias Uno).

No hay defensa posible sobre el régimen madurista: en lugar de moderar su rumbo, extrema su conducta autoritaria y, con esta, su aislamiento de la realidad y su locura mental. Dicho lo anterior, es obligatorio completar la oración analítica para concluir que la estupidez también abunda en el lado opuesto. No me refiero al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien más que un auténtico líder de Estado, parece un galán principiante de novela, con su juventud y su vestimenta desaliñada a cuestas, que simula un papel, pero a quien se le nota otro en que lo vapulean manos no tan invisibles. Me refiero, en cambio, a las “decisiones conjuntas” tomadas por una pretendida alianza internacional antimadurista compuesta por el patrón continental en su despacho oval, e instruida a los presidentes del sur de América.

Y si de estupideces hablamos, ningún ejemplo mejor que el del fin de semana en la frontera nortesantanderena. A nadie podía caberle en la cabeza que la hiperpublicitada “ayuda humanitaria” multinacional iba a traspasar, con 11 camiones cargados hasta el tope con “limosnas”, como las denominó Maduro, la línea divisoria entre las dos naciones sin que este hiciera algo por torpedearla.

Duque, anfitrión; Guaidó, “jefe de Estado” visitante; la OEA, a través de Almagro y otros mandatarios llegaron a pavonearse antes de que los vehículos iniciaran su marcha, antes de penetrar el otro lado. Pasó lo que tenía que pasar: agitadores encapuchados en suelo colombiano que encaletaban piedras y armaban bombas molotov frente a agentes de la Policía Nacional, para lanzarles a los seguidores de Maduro. Y agentes de la base de la Guardia Nacional, a su vez armados con gases lacrimógenos y una que otra herramienta de fuego. De milagro no estamos hoy lamentando una catástrofe, esa sí, humanitaria.

Ahora, no me digan que nadie sabía que la fiera herida de Caracas no iba a reaccionar como lo hizo; no me digan que los guerreristas colombianos no calcularon que la mecha se iba a prender en el tramo cucuteño del paso fronterizo; no me digan que los encapuchados brotaron, intempestivamente, de la tierra sin que nadie lo supiera; no me digan que la ausencia, en ese operativo, de la Cruz Roja Internacional fue solo casual; no me digan que Estados Unidos no buscaba provocar al animal. No me digan que el gobierno Duque, a pesar de que suba en las encuestas, no está jugando el peor rol internacional de nuestra historia: el de la marioneta de la guerra fronteriza que se mueve al son que le toque el titiritero mayor.

Entre paréntesis. 1. Para que no nos quepa duda de para dónde vamos: el exdirector adjunto del FBI, Andrew McCabe, conocido por hablar de Trump descarnadamente, contó que el presidente alguna vez dijo que “Venezuela es un país con el que (Estados Unidos) debería entrar en guerra (por una razón): tiene petróleo y está justo en nuestra puerta trasera”.

  1. Según varios reportes de prensa, Duque, en su reciente visita a Washington, soportó, en silencio, un ofensivo comentario de su anfitrión: “no me gusta lo que veo en nuestro patio trasero”;
  2. De acuerdo con un revelador informe del corresponsal de El Espectador en la capital estadounidense, el vicepresidente Mike Pence, detrás de la escena oficial de la Cumbre de Lima que sesionó esta semana en Bogotá, sostuvo una reunión privada con Duque y Juan Guaidó. En esa cita, Pence habría “explorado tres cartas ‘con escenarios bélicos’ para que Maduro entienda que la del sábado (en la frontera) fue la última vez que (Maduro) cruzó la línea roja”. La invasión armada toca sus trompetas.
  3. https://www.elespectador.com/opinion/provocando-la-bestia-herida-columna-842035

C- 6.19 LOS HILOS DE LA MORDAZA – Cristina de la Torre 

Pelando todo el cobre, sorprende este Gobierno cada día con alguna iniciativa para llevar el pensamiento libre al paredón. Ya apunta contra la libertad de prensa; ya contra la libertad de cátedra y la pluralidad de miras en historia, en memoria, en sociedad; ya instala torquemadas en tu biblioteca y en tu alcoba; ya entrampa la libre profesión de ideas políticas en una telaraña de informantes (¿cuántos armados?), a manera de policía política, cuyos 800.000 miembros son apenas el huevo de un aparato en expansión, probado ya.

26 feb 2019.- Pan comido en los gobiernos fascistas y comunistas, son bípedos erguidos a un tiempo sobre la violencia física y la violencia ideológica. Y éstas sostienen los regímenes de fuerza para que prevalezca el pensamiento del jefe, por simple eliminación de toda disensión. Aplanada por la propaganda hasta reducirse a groseras simplificaciones y mentiras, su ideología deriva en dogma afilado para la acción intrépida, profiláctica, que Stalin, Hitler, Mussolini, Fidel, Maduro, Bolsonaro y Trump esgrimieron a su paso por el poder. Lo terrible es que el modelo pega con naturalidad en esta Colombia acostumbrada a dirimir diferencias a puño limpio. O a bala.

En seis meses se ha tejido aquí un dechado de esperpentos. Mientras se amenaza a periodistas independientes, se quiere estrangular a Noticias Uno y se lanza proyecto de vigilancia oficial y censura de prensa, un plumífero le cuelga desde su poder una lápida a la columnista Ana Cristina Restrepo: la sindica de oficiar como activista política de las Farc. Para embolatar las memorias de la guerra, se nombra director de la entidad encargada a un amigo de responsables del horror que necesitan escurrírsele a la verdad y a la justicia.

Ahora se escribirá una historia oficial contra el terrorismo, látigo de la democracia ejemplar que aquellos representan. En esta cruzada envolvente contra el pluralismo y la libertad de pensamiento no podía faltar la incursión en la moral privada. Cursa proyecto para crear un Ministerio de la Familia (nuclear), no de la gran diversidad de familias existente, dizque para proteger su moral, armonía y funcionalidad. El ente activará programas de formación ética y rehabilitación espiritual y formulará denuncias penales para salvar a la familia y a los niños.

Se radicó proyecto que sanciona también, aun penalmente, a educadores que hagan en las aulas proselitismo político, “que inciten a discusiones políticas” o influyan en la ideología política de los estudiantes. ¿Cómo enseñar historia si el registro de los hechos, de sus protagonistas e ideas, remite al azaroso movimiento del poder? ¿Y las mil disputas que lo rodean no son, precisamente, la política? Y para justipreciarlas, ¿no se impone la libre evaluación de todas las versiones? Esta sicopatía de querer salvar a la juventud de la aventura de pensar por neurona propia sacrifica su derecho a la educación: a explorar, a razonar, a comparar, a imaginar, a criticar, a hablar de política.

Proyecto éste para un Estado confesional, constriñe la libertad y es idéntico al del filofascista Bolsonaro, cuyo ministro de Educación suspira por preservar con él la familia, la religión, la ciudadanía, el patriotismo. El Gobierno de Duque ha adoptado el mismo tono inquisitorial para idéntico principio de censura que ya monseñor Builes respiraba en 1945, aunque sólo en materia de religión: denostaba el prelado “la corrupción de las mentes por las doctrinas erróneas”, la masonería y el comunismo. Educar en todas las religiones, escribe, es “moldear a la juventud en troqueles de impiedad (…) como si las religiones falsas basadas en el error tuvieran derechos…”.

He aquí, apenas entresacados, hilos de la mordaza que el extremismo de derechas ha vuelto a tejer. Menos fácil le será imponerla que jugarse, como se juega, una invasión militar a Venezuela.

https://www.elespectador.com/opinion/cristina-de-la-torre

5.19.-EL VISITANTE ILUSTRE DEL URIBISMO – Cecilia Orozco

“Lo felicito y éxitos. Usted es un ejemplo”: Álvaro Uribe elogió así al venezolano Lorent Saleh, cuyo nombre completo es Lorent Enrique Gómez Saleh (GS). A este le deben parecer más presentables su primer nombre y segundo apellido, pues borró el segundo nombre y el apellido paterno de su corta, pero muy agitada vida. Gómez Saleh o Saleh, como él prefiere, también habló, emocionado, en el encuentro que tuvo con el senador hace unos días: “Gracias (por) encontrarme de nuevo con usted. Es todo un acto especial, mágico, estar de nuevo firme y de frente (a usted)”. Estas palabras, un tanto extrañas y sin aparente coherencia, adquieren, sin embargo, otra dimensión una vez se reexaminan los videos de hace cinco o seis años, cuando él permanecía en este país, primero con visa de estudiante y, después, de manera ilegal, puesto que excedió el tiempo estipulado en el documento de extranjería y no adelantó trámites para regularizar su situación.

20 feb 2019.- Resulta que este visitante ilustre de Uribe, presentado ante la prensa por el canciller Holmes Trujillo como lo haría con un embajador de la ONU o, mejor, como si fuera el líder histórico de la desobediencia civil no violenta, Ghandi, y quien fuera recibido por la vicepresidenta de la República y por no pocos alborozados miembros de la bancada uribista en el Congreso, tiene un pasado que en muchos países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, lo calificarían de terrorista, con todo lo que esta denominación implica en materia de derechos a la libertad y movilidad internacional, entre otros.

Claramente, hay que decir que GS fue víctima de vejámenes de la dictadura. No se puede eludir, tampoco, la mención a la situación de prisión sin juicio que soportó este hombre durante cuatro años bajo el régimen de Maduro, por lo cual, entre otras razones, se le concedieron premios —desinformados— de derechos humanos. Pero su tragedia no puede ocultar sus actos de manifiesta violencia con amenazas explícitas de ejecutar ataques armados y de “volar y quemar discotecas y licorerías” en ciudades venezolanas.

Una de las videoconversaciones de GS desde Colombia con un interlocutor ubicado en Venezuela (digna de toda credibilidad por cuanto quien ahí aparece, con voz y figura propios, es el exestudiante) es tan explícita, que serviría como auto cabeza de proceso en cualquier tribunal del mundo (ver video). Extracto algunas de sus afirmaciones:

“Hay un uniforme para la frontera. Uniformes urbanos son, el saco militar, como el de la Armada, con un escudo… En el de la frontera está… (hace gesto de comillas con los dedos de ambas manos)… lo humanitario: el chaleco humanitario internacional (repite gesto de comillas)… Estamos trabajando el tema de los símbolos, de las doctrinas… Si Carlos Castaño hubiese podido meterle doctrina a esa vaina, güevón, coño, hubiera sido una vaina arrecha”; “¿Tú viste el pe’o (pedo) que anunció Uribe? Un día salió Uribe, sacó las fotos de una gente con (pancartas) ‘Santos y Maduro, socialismo seguro’, en Cúcuta, en un mitin que dio Santos (en campaña presidencial de 2014); Uribe sacó, marico, las fotos, marico… esa vaina le hizo mella al tipo (Santos) y fue una mariquera… (en) que ganamos $500.000 pesos… Yo creo que ni siquiera se invertirían en esa jugada $100.000, marico, $100.000 putos pesos, marico, y logramos, güevón, noticia nacional (riéndose)”. (Con susurros): “Hermano, yo tengo francotiradores de primera línea, puros francotiradores… mira, este pana es de Fuerzas Especiales. Es quien coordina mi seguridad aquí en Colombia. Marico, nosotros aquí tenemos, güevón, francotiradores. Tenemos todo. Es que el pe’o en Venezuela, ¿cómo lo prendemos si no tenemos al gobierno de Colo…?”. “Nosotros tenemos aquí… eh, instructores (susurros) explosivistas, los mejores explosivistas a disposición… un francotirador con $10.000 dólares, ponemos un buen francotirador ahí, en Caracas”. “Esta es gente anticomunista, güevón, mercenarios, marico… ¿Qué pasa, güevón? Que aquí hay mucha gente que lo único que sabe es de guerra, güevón”. Habla el interlocutor de GS: “Mira, ¿y no has podido verte con Uribe?”. GS: “No, porque estoy metido en la zona… yo quería salir para Bucaramanga… (ahí) me reunía con militares y con gente allá… luego seguía a Bogotá para recoger fondos y reunirme con los senadores y bueno… para ejercer presión y reunirme con Uribe”. “Ese es un psicópata de ultraderecha”. Interlocutor: “Pero, ¿eso es público, que trabajas con Uribe o no?”. GS: “Ah, no, pues claro, güevón: ¡total!”.

Preguntas al azar: ¿Quién le pagó a GS $500.000 pesos por sabotear un mitin de Santos? ¿Por qué GS, dirigiéndose a Uribe, le dice: “De nuevo firme, de frente (a usted)”? ¿Qué habría hecho Estados Unidos si pilla un video de una persona de nombre árabe, en que ésta pronunciara una sola de las afirmaciones de GS en dicha grabación? No lo habría deportado, como hizo Colombia, en 2014; lo habría puesto preso y sometido a larga condena por terrorismo. ¿Qué ha hecho el gobierno Duque y su jefe, Álvaro Uribe, en 2019? Con la aprobación de Trump y por gusto propio, recibirlo como si fuera Mahatma Ghandi.

https://www.elespectador.com/opinion/el-visitante-ilustre-del-uribismo-columna-840597

5.19 B.-EL YATE, LOS AMIGOS Y EL CARTEL DETRÁS DE LA COMIDA DE LOS NIÑOS DE BOGOTÁ

Una decena de contratistas, la mayoría ya conocidos, tendrán que defenderse ante un nuevo escándalo por los refrigerios de más de 780.000 niños en Bogotá. Estas son las evidencias de la SIC para señalarlos de colusión y de intentar reversar las decisiones que los ponían en cintura.

 El yate, los amigos y el cartel detrás de la comida de los niños de Bogotá Foto: Semana

El tin marín de do pingüé fue la fórmula que al parecer encontró una decena de contratistas para repartirse, durante una década, las licitaciones de los refrigerios escolares de Bogotá. Los procesos se abrían a licitación por zonas (podían ir entre 10 y 30 zonas dependiendo de la época), eran condiciones casi idénticas en precio y población, y aún así las empresas en cuestión encontraban la manera de ser las competidoras únicas. Se calcula que obtuvieron de esta manera los contratos en 178 subastas y se cruzaron solamente en 9 procesos; en estos últimos casos también la puja se habría manipulado provocando la inhabilidad de una de las firmas. Con esta práctica habrían afectado procesos de contratación pública por $1.5 billones de pesos.

7 ago 2018.- La decena de empresarios aparece en el expediente de la Superintendencia de Industria por presunta colusión, violar las reglas de libre competencia, razón por la cual esta semana les abrieron pliego de cargos. Y aunque hubo controversia entre las administraciones entre 2007 y 2017, lo cierto es que la SIC hasta ahora solo ha encontrado presunta responsabilidad en los empresarios, algunos ya viejos conocidos de otros carteles de contratación.

En el expediente es protagonista Germán Trujillo Manrique, más conocido como el zar del PAE, quien es controlante de la Cooperativa Surcolombiana y se encuentra respondiendo en el proceso penal por las supuestas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar de Santander.

También Stella Téllez, quien controla la firma Alimentos Spress SAS, investigada por el presunto cartel de las frutas, y  Fabio Doblado Barreto, sancionado por la Superindustria por obstrucción de una investigación relacionada con la contratación de alimentos de las cárceles. Luego del recién destapado cartel de las raciones de las fuerzas militares, Iberoamericana de Alimentos y Servicios, controlada por Juan Carlos Almansa Latorre, e Industrias Alimentos Catering SAS, controlada por Hayder Mauricio Villalobos Rojas, repitieron en este nuevo escándalo. Esta última firma también aparecían en los expedientes del carrusel de Bogotá.

Puede leer: Alimentación escolar en Bogotá: víctima de presunto cartel empresarial durante 10 años

Los implicados insisten en que no existió un acuerdo, asociación o pacto para evitar competir en las licitaciones del distrito, sin embargo, las pruebas recaudadas por la SIC van en otra dirección. Una las pistas que llamó poderosamente la atención de los investigadores, es la relacionada a un correo entre Gustavo Enrique Donado Arrázola y Juan Carlos Almansa. Ambos sostienen ante los investigadores que todo es una coincidencia, sin embargo, en abril del 2014, en el mismo correo en que se recuerdan la «creación de una sociedad este mes», hablan sobre un yate llamado ‘Nave Pato‘ de propiedad en común. «Las hélices de Pato me recomendaron comprar las dos porque son hélices que después vienen con mayor peso una que la otra y eso es malo para el desempeño. Nos costaron 7 millones las dos puestas en Barranquilla».

Este correo tiene antecedentes desde el 2012, cuando los empresarios intentaron crear una sociedad de nombre Asoalimentos. Pero fue hasta el 2015 que hicieron realidad esta idea conjunta y se asociaron en Asoproval, de la que hicieron parte en principio Surcolombiana, Catalinsa, Liber, Ibeaser, Diseral y Aerodelicias.  Aunque interrogados por la SIC los contratistas aseguraron que fue una asociación irrelevante y pasajera, para discutir «el clima, el IVA y la nutrición», la autoridad encontró que en realidad este fue el escenario de reunión, comunicación y coordinación entre los proponentes investigados.

Aunque el cartel que destapa la SIC está relacionado con las licitaciones de los refrigerios escolares, los correos delatan cómo al parecer también existían vasos comunicantes para otras licitaciones, como las de alimentación de cárceles. Sobre este tema, la autoridad está investigando.

Para los investigadores, el pacto entre los contratistas para quedarse con los contratos de refrigerio para 780.000 niños era evidente; los representantes de las diez firmas contratistas -autodenominadas como ‘los amigos‘- constituían el 70 por ciento de los oferentes en estas licitaciones. Por ello, investigadores encontraron relevante la declaración que rindió Gustavo Enrique Donado Arrázola, agente del mercado controlante de Aerodelicias SAS y Servicial SAS, quien respondió a la pregunta insistente de la SIC de cómo hacían para no tener contendores en las subastas. «Al tin marín de do pingüé», dijo Donado, pero no dio más pistas sobre la existencia del acuerdo y del cartel.

En conversaciones como estas, registrada en septiembre del 2017, la SIC encontró evidencia para entender las funciones que se escondían detrás de Asoproval.

Hernando Prieto: Hola monica
Hernando Prieto: He hablado con los amigos y me dicen q tomemos tinto el día de hoy
Hernando Prieto: Y más con el tema de mañana
Hernando Prieto: Ya me comentó CAMILA q no estás en el país
(…)
Monica: Hernando estoy Fuera del Pais hoy
Hernando Prieto: X lo pronto te molestaríamos Xa q nos presten la sala a las 4

«El tema de mañana» al que hace referencia el mensaje está relacionado con un debate en el Concejo de Bogotá y los mensajes posteriores dan muestra de cómo los contratistas se acercaron a integrantes de esta corporación para intentar tumbar los procesos licitación y de contratación que abrió el distrito al lado de Colombia Compra Eficiente en donde imponían nuevas barreras a los cartelistas.

En el 2015, se comenzaron a implementar Instrumentos de Agregación de Demanda, lo cual permite al Estado eliminar costos de intermediación. Lo hacen a través de la contratación del servicio de alimentación escolar en las modalidades de preparado en sitio o en refrigerios. Esto le abrió la puerta a nuevos y grandes competidores cuya especialidad se concentra en proveer alimentos y no en el resto de la operación logística.

En contexto: Se tiran la pelota por el cartel empresarial de la alimentación escolar en Bogotá

Estas medidas fueron atacadas no solamente políticamente sino con tutelas, cuyos borradores habrían sido proyectados y enviados desde los correos de la Asociación. Luego fueron interpuestas por supuestos empleados de las firmas contratistas alegando ante los jueces que se les estaban vulnerando sus derechos fundamentales. Pedían la inmediata terminación de los procesos de licitación. Una de esas tutelas fue presentada por el representante de Confenalpadres, cuyos comunicados públicos también eran preparados por la Asociación como consta en este documento:

El zar, ¿asesor y controlante?

En el pliego de cargos de la Superindustria tiene como protagonista el ya cuestionado Germán Trujillo Manrique, más conocido como el zar del PAE. La SIC encontró que este empresario ni siquiera aparece en los papeles como miembro directivo de la firma Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda, la cual logró millonarios contratos en Bogotá, así como también en Huila, Caquetá, Tolima, Meta y Santander.

Por lo ocurrido en este último departamento, Trujillo está respondiendo penalmente por los delitos de firma de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público y privado, en calidad de determinador.

Trujillo, esposo de la exgobernadora del Huila Cielo González, es señalado por la presunta ejecución irregular de un contrato para entregar refrigerios en 82 municipios de Santander. Sin tener si quiera la capacidad de ejecución, firmó un contrato con la gobernación de Santander por 35.700 millones de pesos en el 2016.

En el caso de Bogotá, lo que encontró la Superindustria es que habría hecho parte de ese presunto cartel que se alió para ganarse los contratos. Sin embargo, los investigadores se llevaron una sorpresa al encontrar que Trujillo no hace parte de los directivos que conforman la Cooperativa. Surcolombiana pertenece a la familia del empresario.

Documentos encontrados por la SIC dan cuenta que de la representante legal de la cooperativa Luisa Fernanda Flórez Rincón firmó el 1 de junio del 2011, un contrato con vigencia de un año prorrogable automáticamente, por una remuneración para Trujillo como  contratista por 20 millones de pesos; el contrato contemplaba un reajuste de acuerdo al desempeño. Paradójicamente, el sueldo de la representante legal ascendía a tan solo 1.5 millones de pesos.

Al revisar los reportes de pagos de Surcolombiana, se encontraron con que a partir de enero de 2015 los valores que la cooperativa le pagó mensualmente a Trujillo por honorarios, ascendieron a más de 80 millones de pesos. Se suma a las cuentas los pagos por anticipos, gastos de representación y varios, 1.504 millones de pesos para el 2015 y 1.063 millones en el 2016.

«Se trata del carácter claramente inverosímil de una situación en la que un asesor –que supuestamente se limitaría a dar consejos a la representante legal de la compañía– reciba una remuneración que supera en más de 100 veces la que recibe la persona asesorada», asegura la SIC. La explicación más razonable -continúa la autoridad- es que ese supuesto asesor en realidad es el controlante de la cooperativa y el beneficiario de la actividad mercantil.

Este capítulo fue retratado en el pliego de cargos para concluir que como presunto controlante de la cooperativa, Trujillo logró contratos por más de 50.000 millones de pesos en Bogotá, en presunta alianza con el cartel de ‘los amigos‘.

Pliego de cargos:

Aerodelicias SAS; Servicial SAS; La Campiña SAS; Industrias Alimentos Catering SAS – Catalinsa SAS; Diseral SAS; Iberoamericana de Alimentos y Servicios SAS; Fabio Doblado Barreto; Proalimentos Liber SAS; Alimentos Spress SAS; Cooperativa Multiactiva Surcolombiana Inversiones Ltda. También fueron cobijados: Germán Trujillo Manrique; Gustavo Enrique Arrázola; Stella Téllez Hernández; Jairo Humberto Becerra Rojas; Juan Carlos Almansa Latorre; Hayder Mauricio Villalobos Rojas y Juan de Jesús Alemán Guerrero. También deberán responder Lukas Donado Rangel, Mónica Guasca Caicedo, Diana Lucero Gualteros Jiménez, William Fajardo Rojas, Vilma Alcira Páez Velasco, Hernando Prieto Molina, Beatriz Becerra Rojas, Lucero Téllez Hernández, Ismael Bello Pachón y Luisa Fernanda Flórez.

https://www.semana.com/nacion/articulo/el-yate-los-amigos-y-el-cartel-detras-de-la-comida-de-los-ninos-de-bogota/574344

4.19.-RIESGO DE PERSECUCIÓN OFICIAL – Cecilia Orozco

Publicar sobre alguien que “tiene pinta de puta” no solo es un acto atroz de discriminación de género. Además, encierra una carga de ira que puede explotar de cualquier manera, incluso, con violencia física. Si a esa expresión de odio se agrega que “la pinta” tiene relación con la filiación política de las víctimas del señalamiento (“fanáticas petristas”) y el victimario es funcionario directo de la Presidencia de la República, el caso deja de ser uno más, en la lista del anecdotario de los ataques bajos del uribismo, y escala a una situación de riesgo general de persecución oficial.

13 feb 2019.- No es exageración: en los escasos seis meses de la administración Duque, importantes miembros de la oposición y no pocos críticos desde la prensa han sido afectados con gestos peligrosos provenientes de empleados del Ejecutivo. No es mera casualidad que ocurra un incidente tras otro, del mismo tipo censor, y que no haya conexión entre unos y otros ni una manifestación explícita del jefe de Estado en contra de estos. Tampoco es coincidencia que los atacantes sean servidores públicos nombrados después de la posesión de Duque o que tengan vínculos con el partido del mandatario.

 El autor del reciente mensaje, Ignacio Greiffenstein, era el director de televisión de Presidencia hasta hace unas horas. Lo conocí en el oficio hace muchos años. Lo recuerdo tranquilo, reposado y serio. Por eso, me tomó por sorpresa su trino del fin de semana pasada que refleja lo contrario: una personalidad trastornada, similar a la de los delincuentes cibernéticos fletados por la extrema derecha.

Sinceramente, lamento que Greiffenstein haya tomado la opción de ser integrante del grupo censurador oficial junto con: Juan Pablo Bieri, exgerente del Sistema de Medios Públicos, RTVC, quien redujo la libertad de pensamiento de un periodista crítico a una cuestión de estómago (“la mano que le da de comer”); el propio Bieri quien, por interpuesta funcionaria, amordazó a dos comentaristas del programa informativo de Radio Nacional, el día en que iban a entrevistar, en directo, a Duque; la directora del partido de Gobierno, Nubia Stella Martínez, desde cuya cuenta de Twitter se descalificó a la conductora de un programa radial como “jefe de prensa de la rata de Petro (de nuevo contra el petrismo) a la que le debían pagar con fajos de billetes”; el comunicador Carlos Alberto García, manejador de las redes de la Superintendencia de Notariado, quien el pasado mes de diciembre intentó ocultar su autoría en dos trinos injuriosos contra el columnista Daniel Coronell y el reportero independiente Julián Martínez, a quienes llamó “h.p. periodistas de tres pesos” , “bandidos” y “judíos”, denominativo que produjo el reclamo molesto del embajador de Israel en Colombia, por su connotación antisemita; el congresista del uribismo que forzó a su asesora de prensa a retirarse de su unidad de trabajo porque también trinó… pero en contra de Álvaro Uribe.

Doble rasero: censura inmediata, si la crítica publicada afecta al Ejecutivo y su partido; protección o silencio cómplice, cuando los mensajes calumnian a los opositor

https://www.elespectador.com/opinion/cecilia-orozco-tascon

4.19.-LA INVASIÓN DE 11 MIL TESOROS DE LA MAFIA EN MANOS DEL ESTADO – Unidad Investigativa 

Valen $ 2 billones y los ocupan parientes de capos, empresas y hasta un pastor cristiano.

Los lavadores de activos prefieren los bienes raíces. Los narcos también.                                                                                            

La hacienda La Novillea fue una de las propiedades favoritas del sanguinario narcotraficante José ‘Chepe’ Santa Cruz, tercero en la línea de mando del cartel de Cali. En sus 515 hectáreas vivía una de sus mujeres, quien empezó a vociferar vulgaridades cuando el bloque de búsqueda de la Policía se tomó el predio, repleto de animales exóticos.

La escena ocurrió hace 24 años y el Estado aún no ha podido disponer de ese narcopredio, a 20 minutos de Cali, avaluado en 20.000 millones de pesos y al que se quiere convertir en centro carcelario. El narcobien fue invadido poco antes de que se le entregara a la vieja y corrupta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), y sus ocupantes han interpuesto todo tipo de acciones legales para evitar que pase a manos del Estado.

17 de febrero 2019.- También ha sido imposible recuperar los 11.600 metros cuadrados de un lote del asesinado capo Hélmer ‘Pacho’ Herrera, en el barrio Mayapán, de Cali. El pastor cristiano Jorge Villavicencio insiste en que lo compró de buena fe. El 30 de enero, propuso pagar 3,5 millones de pesos de arriendo mensual por un fragmento, pero la diligencia se frustró. Y aunque el pastor lo niega, autoridades dicen que les aseguró que había una orden del gobierno para que le entregaran el lote y que tenía en la línea a un influyente ministro.

Y no se trata de episodios aislados. EL TIEMPO estableció que de los 24.463 predios de la mafia y de corruptos que están en manos del Estado, 11.009 fueron entregados con ocupaciones ilegales como estas. Léase bien: 24.463 predios y 11.009 en el limbo.

La cifra no es despreciable, porque todo el inventario de esos activos, incluidas haciendas, aviones, reses, sociedades y hasta obras de arte, valen 7,7 billones de pesos, la misma cifra que el gobierno aspira a recaudar con la Ley de Financiamiento. Y los invadidos superan los 2 billones de pesos.

Además de representar el 45 por ciento del total de narcobienes, se trata de activos valiosos, como el predio donde funciona el parque Panaca, en Quindío, vinculado a la fortuna del capo Wílber Varela.

En la lista también está la finca La Manuela, del capo Pablo Escobar; el edificio Balcones de Zúñiga; el centro comercial Panamá, de ‘Pacho’ Herrera, y playa Salguero, en Santa Marta, del grupo Dávila. También aparece la hacienda Veracruz, de 1.240 hectáreas, de alias el Mexicano, que 60 familias de Guaduas, Cundinamarca, se niegan a desalojar.

El propio fiscal Néstor Humberto Martínez le ha advertido al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en varias cartas confidenciales, que este fenómeno está afectando golpes históricos dados a organizaciones mafiosas, al cuestionar incluso la labor de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que reemplazó a la DNE.

Amenazas y presiones

Según Martínez, grupos ilegales están usando 21 predios ya extinguidos en la explosiva zona de Caucasia, al igual que decenas de los incautados al poderoso ‘clan del Golfo’. Y otros, como los del exsenador Otto Bula, se hallan en estado improductivo. Así lo ha expresado en cartas a la Presidencia y a la propia SAE.

El esfuerzo por extinguir los patrimonios ilícitos tiene que verse compensado con una correcta gestión de los bienes incautados

 “El esfuerzo por extinguir los patrimonios ilícitos tiene que verse compensado con una correcta gestión de los bienes incautados. Con el Consejo Superior hemos insistido en la enajenación temprana de las fortunas intervenidas, y los resultados son frustrantes”, le dijo Martínez a este diario.

Desde hace 4 meses, EL TIEMPO empezó a indagar el tema y estableció que, en algunos casos, los ocupantes dicen ser terceros de buena fe –que compraron o arrendaron los predios–, como Panaca o el pastor Villavicencio, confeso simpatizante del uribismo. Este último expediente ya le costó una indagación por tráfico de influencias al senador Roy Barreras, que la Corte Suprema archivó en 2017.

Pero también hay casos de amenazas contra los 50 empleados que tiene la SAE para la recuperar activos, y presiones legales y políticas que podrían hacer que se repliqueel patrón corrupto que terminó con el saqueo a la DNE, un caso que pareciera ir rumbo a la impunidad.

Alias Popeye, el sicario de Pablo Escobar, amenazó de muerte a funcionarios de la SAE que fueron a desalojar a su familia de varios predios. Y, un día después del operativo para recuperar el palacete de la ‘Gata’, en Barranquilla (que duró 4 años ocupado ilegalmente), el vigilante fue amordazado y varios hombres picaron con una fresadora industrial el mármol italiano y sacaron los jacuzzis.

A las amenazas materiales se les une el estado en el que la SAE recibió los activos y la complejidad legal de los operativos para recuperarlos –apoyados solo por inspectores de policía, bomberos y algunos agentes–, a pesar de que hay una orden del gobierno de monetizarlos para usar sus réditos en la lucha contra la mafia.

De los 4.644 inmuebles que la Fiscalía ha dejado a disposición de la SAE en los últimos años, 2.872 llegaron con ocupaciones ilegales: el 62 por ciento. Y el estado de los bienes heredados de la DNE es más dramático. De los 19.819 que se ubicaron tras 4 años de rastreo, 8.137 estaban invadidos.

“Las ocupaciones ilegales no fueron generadas dentro de esta administración de la SAE y solo en julio de 2017 se tuvo la posibilidad de empezar a hacer los desalojos de manera directa, gracias a que la Ley 1849 que le asignó facultades de policía administrativa”, le dijo a este diario Andrés Ávila, vicepresidente de bienes de la SAE.

¿Tambalea la enajenación?

Esa misma ley le dio vía libre a la llamada enajenación temprana, que permitió comercializar bienes en proceso de extinción. Según la presidenta de la SAE, Virginia Torres, esa doble fórmula ya ha permitido la recuperación, en solo 2018, de cerca de 1.535 activos, generando ventas por 500 mil millones de pesos, y tener un portafolio de bienes listos para comercializar por 403 mil millones de pesos. La recuperación de activos, puesta en marcha en 2017, es considerada tan exitosa, que en un año se ha logrado lo que antes se hacía en tres.

Pero EL TIEMPO conoció una demanda, admitida por el magistrado Alberto Rojas, en la que el exsubdirector jurídico de la DNE, Carlos Robledo –uno de los investigados por su saqueo–, busca tumbar la enajenación temprana, argumentando su inconstitucionalidad.

Ese palo en la rueda se une a inconvenientes para vender algunos bienes, como el yate de Interbolsa y el complejo Meritage, de Medellín. También se suman nuevos episodios de corrupción que dejan en evidencia que los tesoros de la mafia y de los corruptos siguen siendo un problema de Estado que ningún gobierno ha podido manejar.

La Fiscalía adelanta una explosiva investigación en contra de una red que exigía plata para devolver bienes sometidos a extinción. Ya fueron detenidos Alfredo Mendoza Fortich, secretario general de la Contraloría de Córdoba, y Érika Rivera, funcionaria de la Fiscalía. Pero vienen más.

La controversia

Néstor H. Martínez
Fiscal General

“El esfuerzo por extinguir los patrimonios ilícitos tiene que verse compensado con una correcta gestión de los bienes incautados. Con el Consejo Superior hemos insistido en la enajenación temprana de las fortunas intervenidas, y los resultados son frustrantes”.

Virgina Torres
Presidenta de la SAE

“La recuperación de activos de la SAE, puesta en marcha en 2017, ha sido exitosa. En 2018 fueron 1.535, tasados en $ 500 mil millones. Este año, la meta es de 680 activos. Y en el caso de la DNE nos constituimos en víctimas en 345 procesos y denunciamos 81 casos”.

Juan C. Restrepo
Exdirector de la DNE

“La acción de la justicia es pobre y sombría en el caso de la DNE. Ni siquiera fueron llamados a responder grandes delincuentes de cuello blanco; y de los pocos que han ido a prisión, casi todos salieron al poco tiempo por vencimiento de términos y millonarios”.

Bienes invendibles ligados a corruptos

Aunque uno de los objetivos estratégicos trazados por la SAE es la recuperación de activos para proteger el patrimonio público, algunos presentan líos jurídicos o nexos con peligrosos grupos ilegales, que complican su venta. Estos son tres casos emblemáticos.

El yate de Interbolsa

El 22 de febrero de 2018, la Fiscalía 53 Especializada de Extinción de Dominio solicitó embargar, secuestrar y suspender el poder dispositivo sobre el yate de recreo y pesca deportiva Gaia, marca Sunseeker, vinculado al desfalco de Interbolsa. El yate fue sometido a subasta mediante intermediario comercial, a finales de 2018, con un valor base de 1.783 millones de pesos. Pero la puja fue declarada desierta porque nadie se presentó. Mientras se surte el proceso de nuevo, hay que pagarle muelle y mantenimiento.

La casa de Otto Bula en Cartagena

La mansión que el exsenador Otto Bula adquirió en Cartagena a través de terceros, usando los sobornos de la multinacional Odebrecht, tampoco se ha podido comercializar. La SAE informó que salió a subasta en julio del año pasado, pero no se vendió. Algunos estiman su valor en 2 millones de dólares, y si bien una familia la reclama como suya, sigue en el paquete de bienes priorizados para la venta dentro de la llamada figura de enajenación temprana, que ahora tambalea por una demanda ante la Corte Constitucional.

El complejo Meritage de Medellín

Para la Fiscalía es claro que fue adquirido con dineros de ‘la Oficina’. Tal como lo reveló EL TIEMPO, el lote, tasado en 52.000 millones de pesos, fue negociado hace décadas por Iván López Vanegas, absuelto en Estados Unidos por narcotráfico. Y en el negocio también ha sido mencionado el narcoparamilitar Héctor Restrepo, alias Perra Loca, y un vendedor de mango. Pero sus dueños dicen que son terceros de buena fe y acaban de demandar a la nación ante instancias internacionales, por 250 millones de dólares.

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3.19.-CON EL URIBISMO SE HA PERDIDO TODA MESURA –  Juan Manuel López

La polarización no permite tener una conversación con quien califica a Uribe de una forma diferente: o es héroe o demonio, o se está con él o se es ‘santista’

El uribismo no es culpa de Uribe, es parte de la tendencia nacional a radicalizar las posiciones. Foto: Leonel Cordero/Las2Orillas

En Colombia en general no nos conformamos con tomar posiciones ‘neutrales’ o discretas sino que nos volvemos fundamentalistas; vemos o blanco o negro pero no nos gustan los grises por sentirlos como indefinidos, como ‘tibios’, sin carácter; somos incapaces de apreciar que existen los colores aún en las ideas.

Tal vez por eso entendemos mal el fenómeno de la ‘corrupción’. Es verdad que estamos más que invadidos, pero probablemente la explicación no esté en la maldad de las personas sino en deficiencias de las instituciones que generan ese tipo de comportamiento en los ciudadanos. Solo que sucede como con el ajo: mientras uno no lo haya comido, la persona que si lo hizo nos huele horrible; pero basta con que nosotros lo comamos para que nos volvamos insensibles a ese olor, no porque no nos moleste sino porque no lo sentimos.

En el caso de enfrentamientos ideológicos el factor Uribe ha hecho perder toda mesura. En muchos otros países estos alcanzaron las dimensiones de levantamientos insurgentes o hasta de guerras civiles. Pero nosotros logramos el récord de tener las guerrillas de más duración del mundo. Y ahora una polarización que prácticamente no permite tener una conversación con quien califica a Uribe de una forma diferente a la propia: o es un héroe o es un demonio, o se está con él o se es ‘santista’, o se aplaude la ‘Seguridad Democrática’ o se está apoyando a la guerrilla.

Porque con el uribismo se exacerbó al extremo esta característica. En ninguna parte se había llegado a que en un Estado de Derecho argumentara el jefe de Gobierno que las decisiones tomadas por su antecesor no lo obligaban porque habían sido decididas por otro mandatario. Ni, aún en un sentido más propiamente jurídico, que, habiéndose pronunciado la Corte Constitucional sobre la vigencia de una ley – la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz-, se planteara la posibilidad de que el presidente reviviera la posibilidad de tumbarla por inconveniente.

 Como si se tratara de borrar todo lo que no decidió el gobierno de Uribe,
volvemos a los informantes, las Convivir, a amenaza de guerra con Venezuela,
las visitas ‘íntimas’ al presidente americano (hablando eso sí mejor inglés
)

 Pero es que no se entendió -o deliberadamente no se reconoce- que al decidir elevar el ‘tratado’ con las Farc a formar parte integral de la Constitución, todo lo que éste contiene es de rango superior a cualquier otra norma interna, por lo tanto solo susceptible de cambio por vía de una Reforma a la Constitución. O que dicho documento fue remitido a las Naciones Unidas dándole categoría de tratado internacional por lo cual, por similitud en el tratamiento, tendría primero que ser denunciado antes de poder desconocerlo. O, cuando se tocan temas como el de Santrich, que por definición esas normas rigen por encima incluso de los tratados internacionales, ya que se estableció que eran desarrollo del Artículo 3 de los protocolos de Ginebra y que se depositó el documento en el CICR (máximo guardián de las normas del Derecho Humanitario).

Como si se tratara de borrar todo lo que no decidió el gobierno de Uribe, volvemos a la idea de los informantes, de las Convivir, de la amenaza de guerra con Venezuela, de las visitas ‘íntimas’ al presidente americano (hablando eso sí mejor inglés), a la negación del conflicto armado, a la imposibilidad de treguas bilaterales; tal vez lo que falta es el body counting, el premio por las bajas que se causen al enemigo que generó lo que eufemísticamente llamamos ‘falsos positivos’.

El uribismo no es culpa de Uribe, es parte de la tendencia nacional a radicalizar las posiciones.

https://www.las2orillas.co/con-el-uribismo-se-ha-perdido-toda-mesura/?utm_source=getresponse&utm_medium=email&utm_campaign=las2orillas&utm_

3.19.LA CENSURA ASOMA SUS NARICES EN COLOMBIA – Cecilia Orozco

La bestia censora en Colombia se crece.

Un sufragio, unas flores manchadas con sangre y una declaración de “objetivo militar” contenida en un mensaje hecho con letras recortadas de periódico, son los elementos que encontró, en un paquete que le hicieron llegar a la puerta de su casa, el periodista y defensor de derechos humanos William Vianney Solano, el fin de semana pasado. El mensaje concluía con los vocablos “águilas negras”. Solano vive en Buga y se dedica a revelar actos de corrupción de las administraciones públicas locales, desde su sitio virtual Dcerca.

En su trabajo periodístico sobresalen sus denuncias contra el hoy congresista –dueño y señor de la ciudad señora– John Harold Suárez. Este personaje es un político de peso ligero elevado al rango de senador gracias al aval del uribismo que lo acogió en su partido por 36.000 votos, pese a que conocía sus conductas turbias y sus compañías de dudosa reputación. Por ejemplo, la de Juan Carlos Abadía, el destituido exgobernador del Valle del Cauca quien jugaba a apoyar a Suárez en la elección de 2018 para ejercer de parlamentario en cuerpo ajeno, según relató La Silla Vacía en su momento.

Vianney Solano no es una víctima única, en Colombia, de la práctica represora que viene aumentando en forma de presión individual a ciertos comunicadores, en unos casos; de ataques en redes sociales contra el prestigio de periodistas de renombre, en otros casos; de despidos laborales como castigo al pensamiento, en unos más; y, ahora, de amenazas de muerte. De todas maneras, los agresores de reporteros van tras un solo objetivo, en el fondo: censurar la libertad de palabra, de expresión, de información y prensa.

“Matamos la producción”. Así, con ese lenguaje inadmisible en un país que ha sufrido masacres y homicidios selectivos, dictó sentencia condenatoria el gerente del Sistema de Medios Públicos, RTVC, Juan Pablo Bieri, contra el presentador del programa Los puros criollos, Santiago Rivas, en diciembre pasado. “Lo ponemos a las tres de la mañana… (porque) se está burlando de la entidad que le da de comer y le paga un sueldo”.

Esa fue la conclusión de Bieri respecto de Rivas después de que este expresara sus preocupaciones sobre una ley que promueve el Gobierno en el Congreso. Bieri fue nombrado rector de las comunicaciones estatales el 27 de agosto de 2018, por el presidente de la República. El respaldo de varias figuras del Centro Democrático a Bieri fue notorio hasta cuando se hicieron evidentes sus mentiras, momento en el cual, la Casa de Nariño aceptó su renuncia sin decir una sola palabra en defensa de la libertad de opinión.

El palacio presidencial tampoco se pronunció sobre el veto impuesto a dos periodistas de la Radio Nacional, una mañana en que se tenía previsto entrevistar al jefe de Estado. A Carlos Chica y Andrea Olano les indicaron, perentoriamente, que no podían formularle preguntas a Iván Duque.

A finales de enero, el país leyó dos afirmaciones de carácter penal contra la directora del programa de mediodía de la W Radio, Vicky Dávila, publicadas en la cuenta de Twitter de Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático. En uno de los mensajes, decía que Dávila era “la jefe de prensa de la rata de Petro”; en el otro, se aseguraba que a la periodista “le debían pagar con fajos en bolsas”.

Micrófono en mano, la agredida exigió retractación o pruebas. La ejecutiva del uribismo se disculpó y descargó su responsabilidad en un jovencito de no más de 23 años quien, según Martínez, manejaba sus redes sociales. La cosa se quedó de ese tamaño aunque la confesión implícita de la jefe administrativa del partido de gobierno es escandalosa: las comunicaciones de la colectividad política más poderosa de Colombia, estaban, o están, en manos de un imberbe.

Daniel Coronell y el reportero Julián Martínez pasaron por una experiencia similar, a finales de diciembre (“no sea hp periodista de tres pesos”; “preséntese a la justicia, bandido…”), cuando los insultó, con palabras soeces, un asesor del superintendente de Notariado, desde la cuenta oficial de la entidad pública. Dos profesionales fueron despedidas, hace poco, de sus puestos, luego de que dieran sus opiniones en contra del senador Álvaro Uribe.

De nuevo, en las filas del oficialismo, silencio. Y como si fuera poco, el fiscal general de la Nación, con todo su poder judicial, defendió su disminuido nombre en el Senado acusando de conspiración a dos columnistas y un noticiero de televisión que no son obsecuentes con él, sin ninguna prueba en la mano. Estos no son buenos tiempos para la libertad de prensa. Lo que pasa en Venezuela con las cadenas acalladas escandaliza al poder. El crecimiento lento pero continuo de la bestia censora en Colombia no le interesa.

https://www.elespectador.com/opinion/la-censura-asoma-sus-narices-en-colombia-columna-838020

2.19.-“CON EL VISTO BUENO DEL GOBIERNO NACIONAL” Cecilia Orozco

“El presidente lo autorizó a establecer ese contacto (con el Eln) y mantener relación, y que las respuestas se den directamente con el presidente”. La frase, que tiene la mayor importancia política para el país en el contexto de la preguerra interna que vivimos, hoy, fue consignada por el “gestor de paz” del Eln, Juan Carlos Cuéllar, en una carta a dos personajes, seguramente en su calidad de testigos del hecho. Cuando Cuéllar escribió “presidente”, se refería a Iván Duque; cuando aludió a la persona que este “autorizó a establecer contacto con el Eln”, hablaba de Angelino Garzón, el omnipresente político, único en esa especie, que puede exhibir en su hoja de vida la pertenencia a cinco partidos políticos (desde la Unión Patriótica hasta el uribismo), y cargos públicos con cuatro mandatarios enemigos entre sí (Pastrana, Uribe, Santos y Duque); y todo eso, después de haber ejercido como líder de la central de sindicatos CUT ¡Coherencia de periplo!

30 ene 2019.- La carta es del 31 de julio del año pasado, es decir, cuando Santos aún no había concluido su mandato, pero Duque había sido elegido como su sucesor, en buena parte gracias a la bélica bandera de oposición, de su colectividad, al Acuerdo de Paz con las Farc y a sus diálogos con el Eln. En la misiva, una especie de acta revelada por Noticias Caracol el lunes pasado, Cuéllar enunciaba las condiciones que el nuevo mandatario le imponía a esa guerrilla para continuar con el diálogo y que Garzón resumió, según el gestor del Eln, en los siguientes términos: “que espera que no se den acuerdos con Santos que luego no se pueden cumplirQue Duque ve más positivo si el Eln no llega con hechos cumplidos, eso no quiere decir que no se avance sobre lo construido”. Cuando Caracol Televisión le preguntó al actual embajador en Costa Rica su opinión sobre la carta, Garzón contestó afirmando sin afirmar, muy al estilo gubernamental: “desde la campaña yo le manifesté al señor presidente Duque toda mi disponibilidad de colaborarle en los temas referentes al diálogo social y la reconciliación de Colombia… y Juan Carlos Cuéllar ha venido cumpliendo una positiva labor en favor de la paz de manera legal y abierta con el visto bueno del Gobierno Nacional”. La noticia se supo solo horas después de que la Casa de Nariño, mediante su nervioso comisionado Ceballos, hubiera intentado desmentir, o, al menos, minimizar la validez periodística de la información de Noticias Uno, del pasado fin de semana, sobre dos viajes que el exsenador Everth Bustamante hizo a Cuba, entre noviembre y diciembre, para dialogar con la cúpula del Eln a nombre del jefe de Estado en funciones, Iván Duque.

Bustamante, quien no respondió a llamadas del noticiero el domingo en la noche, publicó un rebuscado comunicado en que, extrañamente, recordaba su apoyo electoral a Duque y su respaldo a la forma como este conduce el país; declaraba que no era funcionario público (¿?) y terminaba negando sin negar, muy al estilo gubernamental, sus encuentros con el Eln: “tengo profundo respeto por la dignidad presidencial sin que el señor presidente, en algún momento, me haya solicitado realizar actividad alguna en nombre de su gobierno y mucho menos en relación con los asuntos de paz y particularmente con el Eln». La actividad palaciega continuó con una precipitada convocatoria a rueda de prensa, del comisionado Ceballos, para leer otra rareza de comunicado en que nos notificaba a los ciudadanos que podemos viajar a Cuba libremente; reclamaba para sí la exclusividad del diálogo con el Eln y caía en una contradicción con Bustamante: “Conocida por el Gobierno Nacional la intención del señor Everth Bustamente García de viajar a la isla de Cuba por decisión, cuenta y riesgo propios, el alto comisionado para la Paz se permite certificar que no (le) concedió ninguna autorización…, para actuar ni interlocutar con el Eln en nombre del Gobierno Nacional».

Muy al estilo gubernamental, Ceballos no explicó cómo la Casa de Nariño “conoció la intención” de Bustamante, pero no se enteró si viajó, ni con quién se encontró, ni mucho menos cuáles gestiones adelantó en la isla. Muy al estilo gubernamental, Ceballos usó una afirmación equívoca cuando expresó que “el alto comisionado para la Paz… no (le) concedió ninguna autorización” al exsenador uribista, lo cual, en sentido estricto, significa que él, Ceballos, no le dio permiso a Bustamante. De ninguna manera puede entenderse que lo dicho por Ceballos se extiende a las decisiones oficiales o extraoficiales del presidente de la República que puede reservarse – ni más faltaba – su fuero para asuntos de Estado que él considere de extrema reserva.

Pero saltó la liebre en Cali con el documento del gestor del Eln Cuéllar, que el embajador de Duque en Costa Rica, no su comisionado de Paz, avaló y sobre quien certificó que todavía cumple una positiva labor en favor de la paz de manera legal y abierta con el visto bueno del gobierno nacional. Lo malo de la administración Duque no es su voluntad de adelantar otro proceso de paz, hoy frustrado por la infinita falta de civilización del Eln, sino su reiterado estilo de decir públicamente una cosa y de hacer lo contrario, en secreto. O sea, su intención de engañar a los ciudadanos con medias mentiras envueltas en medias verdades. En la Colombia del 2019, no todos tragamos entero.

https://www.elespectador.com/opinion/ante-la-crisis-respuestas-de-novatos-columna-835543

1.19.-ANTE LA CRISIS, RESPUESTAS DE NOVATOS – Cecilia Orozco

El gobierno Duque se comporta como suelen hacerlo los novatos que han tenido la suerte —casi nunca por méritos— de ascender rápido en sus carreras: sus funcionarios se muestran engreídos; exhiben la terquedad de su prepotencia… o de su ignorancia; no aceptan otra opinión, los atropella el poder que detentan como si fuera eterno y creen que el mundo se iluminó con ellos. El atentado con que el Eln les segó la vida a 20 adolescentes basado en un “derecho de guerra” que esa agrupación malinterpreta como permiso para el bandidaje cobarde, le dio al círculo gobernante la oportunidad de demostrar su capacidad de liderar, en momentos de crisis, a un país decepcionado con su elección presidencial. Pero desperdicia la ocasión con sus confusiones y ausencia de foco. Así fuera por seguir los consejos de Maquiavelo, la administración podría mostrar la altura y equilibrio que se exigen de un Estado, que no es lo mismo que se puede esperar de las bandas ilegales.

3 ene 2019.- El canciller, Carlos Holmes Trujillo, hasta antes de entrar al cargo un hombre afable y comprensivo pese a militar en el uribismo, ahora no rebaja la cara de “usted no sabe quién soy yo”. Él, que conoce los manejos de la diplomacia, los omite sin medir las consecuencias de incumplir la palabra empeñada, no solo con el interlocutor en una negociación de paz que su gobierno nunca canceló formalmente; también con unas naciones que, de buena fe, se prestaron para que unos colombianos enfrentados pudieran sentarse en sitio neutral. Miguel Ceballos, amable en la academia, más parece el primer guerrero de la Casa de Nariño que el comisionado de Paz, cargo que no tiene ni tendrá papel en este cuatrienio. En su lánguido rol, da declaraciones, a veces como ministro de Relaciones Exteriores; a veces, como militar o, incluso, como investigador del CTI: anuncia las próximas órdenes de captura.

Confieso, no obstante, que el más sorprendente es el ministro de Defensa, tan poco enterado de su cartera, tan poco atinado, tan despistado y, al mismo tiempo, tan peligroso como podría llegar a pesar de su figura de apariencia bonachona. Botero tomó la vocería oficial para revelar, al lado del fiscal general —otro que le debe estar dando gracias al Eln por los favores recibidos— el modo en que se ejecutó el acto terrorista y la identidad de quien lo detonó. Pero, en su afán y el de Martínez Neira por mostrar una eficiencia que nos hubiera sido útil antes del atentado, hizo afirmaciones falsas a las que les quiere quitar la importancia que tienen. Traigo a colación dos: 1. “Esta persona (el conductor de la camioneta-bomba) aprovecha la apertura de una puerta… y la ‘sacada’ de unas motos y a toda velocidad ingresa a la Escuela de Cadetes sin respetar a los guardias de seguridad, quienes inmediatamente, frente al hecho, comienzan a avisar a los demás guardias que hay dentro de la institución”. 2.- “Ingresa bruscamente (el terrorista)… es detectado por estas personas (de la Escuela)… y aquí (muestra un fotograma) es abordado por un oficial de seguridad que ya estaba notificado por radio… aquí está el oficial inquiriéndolo”.

Los investigadores oficiales tienen reportes contrarios: el conductor entró tranquilamente por una puerta abierta cuyo dispositivo de cierre estaba averiado. Solo esquivó un cono de tránsito, único obstáculo que había, y pasó por el lado de un auxiliar solitario sin entrenamiento en vigilancia o Inteligencia. El vehículo dio la vuelta completa a la Escuela por sus vías internas y, solo al final del trayecto, un uniformado lo inquirió porque se dirigía a una salida clausurada. El hombre retrocedió y, pocos segundos después, explotó el artefacto. La película montada por el ministro para ocultar las fallas protuberantes en un centro policial se cayó en pocas horas por las revelaciones periodísticas de quienes no tragamos entero (ver) ni servimos de consuetas a nadie. Como le era imposible negar los hechos, el ministro, en quien reside la Inteligencia del Estado, contestó molesto: “lo primero es la seguridad del pueblo colombiano. Después ya habrá una investigación interna… Tenemos que buscar a los culpables en las personas que hicieron los actos terroristas. Ni más faltaba que ahora los receptores de la culpabilidad sean las personas que estaban en la General Santander”. A ver, señor ministro, si explota un carrobomba en instalaciones policiales que se presumen vigiladas, ¿qué se espera de la seguridad del “pueblo colombiano” que circula casi sin presencia de agentes, por las calles del país? Hay que buscar a los delincuentes, claro. Y también a los responsables que permiten, con su desidia, que gente inocente sea blanco de los criminales. Yo puedo atender dos y tres asuntos al tiempo. ¿Usted no?

https://www.elespectador.com/opinion/ante-la-crisis-respuestas-de-novatos-columna-835543

46.18 A.-UN PROYECTO DE CENSURA Y SUS AFANES – Cecilia Orozco

Con la disculpa de modernizar el sector de las comunicaciones en el país, como dice el texto-atentado contra la democracia informativa que el uribismo y sus aliados borregos están aprobando, a pupitrazo, en el Congreso, este Gobierno intenta sepultar al Canal Uno y, con este, ¡qué felicidad!, a Noticias Uno, principal objetivo para silenciar, sobre todo, en los precisos momentos en que destapamos escándalos como el de la implicación del fiscal general en el de Odebrecht. No solo eso.

12 dic 2018.- Cualquier manifestación periodística, cultural o artística de la televisión pública, queda “amenazada por convivencia” desde el momento en que esta ley sea sancionada por Iván Duque porque estaremos sometidos a la vigilancia del papá Ministerio de las TIC, o sea, del Ejecutivo. En efecto, este asumirá el control absoluto del campo mediante la creación de una poderosa Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de la que se predica, en la letra, que “no estará sujeta a control jerárquico o de tutela alguno”, pero cuyos miembros serán el ministro de turno, un delegado del presidente de la República, un representante de los operadores públicos regionales que, en la práctica, sería vocero de los gobernadores quienes dependen, en buena medida, del Gobierno Nacional; y dos personas elegidas en un supuesto proceso de selección mediante convocatoria pública surtido de manera mañosa, según nos consta por la experiencia de años y años. Aún bajo el supuesto de que estos fueren elegidos limpiamente, la CRC tendrá tres miembros de origen político contra dos ciudadanos sin poder alguno.

El proyecto que ha levantado sospechas en las bancadas minoritarias sin que, por supuesto, nadie las escuche, tiene mensaje de urgencia de la Casa de Nariño que ha enviado la “pesada” de su círculo (ministros, el consejero político Jaime Amín, Felipe Buitrago “director de Gobierno y áreas estratégicas de Presidencia”, la consejera lobista de palacio Karen Abudinen,etc.) para lograr un trámite veloz. Lo que no hizo el presidente Duque con las propuestas de la consulta anticorrupción, pese a que dio su palabra a favor de los 12 millones de ciudadanos que votaron por ella, lo está haciendo con esta ley que favorece a los grupos privados y que excluye —y no por simple descuido— al Canal Uno con otra excusa: el carácter jurídico diferente entre las concesiones pactadas con los unos y el otro pasando por alto esa bobería contenida en el principio constitucional del derecho a la igualdad. La cosa es de la siguiente forma: a cambio de renunciar al derecho a la licencia que ya tienen, y de acogerse al “régimen de habilitación general” previsto en esta ley, a los canales privados se les permitirá sustituir el pago fijo de $128.000 millones por la licencia que deberían consignar en enero próximo, por “un único porcentaje sobre sus ingresos brutos… (incluyendo) los ingresos por concepto de pauta publicitaria y terminales” . Significa que terminarán pagando una suma radicalmente inferior a la prevista en las obligaciones contraídas.

Todos los fomentos estatales a medios de comunicación abiertos o cerrados son bienvenidos. Pero la contraprestación no puede ser la lesión a las arcas públicas, el sometimiento a la vigilancia oficial y el agradecimiento empresarial que se traducirá, irremediablemente, en favores informativos. Mucho menos puede ser, a cambio de tener a unos contentos y consentidos, pero de eliminar a los otros, justo a quienes estorban por su independencia periodística. Con sobrada razón, el senador Mockus publicó una carta en que concluye: “La urgencia del proyecto no es clara… Entendería esa urgencia si estuviéramos hablando, por ejemplo, de la mortalidad infantil en la Guajira por desnutrición o del asesinato de líderes sociales”.

Entre paréntesis. Aclaraciones pertinentes: 1. Esta columnista es contratista —no socia— del Canal Uno. 2. La columna se publica en este medio, que pertenece a uno de los grupos concernidos en el proyecto que critico, por el respeto a la libertad de opinión que aquí se profesa.

https://www.elespectador.com/opinion/un-proyecto-de-censura-y-sus-afanes-columna-828563

B -46.18.- FISCALÍA ABRIÓ NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN CASO REFICAR – Colprensa 

Reficar Archivo El País Exjefe jurídico de Reficar deberá presentar disculpas a la Junta Directiva de Ecopetrol. ¿Disculpas? …

Pero el Presidente Duque aseguró que no venderá Ecopetrol

El fiscal delegado para las finanzas criminales, Andrés Jiménez, anunció que se abrieron nuevas líneas investigación en el caso Reficar en el que la Fiscalía General ha logrado evidenciar un desfalco por 610.000 millones de pesos en la modernización de la Refinería de Cartagena.

Jiménez anunció que las líneas de investigación se abrieron luego de que Nicolás Isaakson, una de las personas imputadas en agosto de 2017 por el presunto desfalco, prendió el ventilador y anunció la serie de irregularidades que se registraron en tal negocio que se llevó a cabo entre la empresa extranjera CB&I y Ecopetrol.

Luego de anunciar su colaboración, Isaakson empieza a negociar un principio de oportunidad con la Fiscalía a cambio de que cese la persecucion en su contra. Reveló, por ejemplo, que por parte de la Junta directiva de Reficar y Javier Gutiérrez, entonces presidente de Ecopetrol, se concertó la omisión de información financiera fundamental lo que facilitó el desfalco.

Lea también: Exjefe jurídico de Reficar deberá presentar disculpas a la Junta Directiva de Ecopetrol

Del mismo modo, Isaakson reveló que existen contratos de «doble pago» de gasolina y grúas que serían usados dentro del proyecto de la Refinería.

Sobre el particular la Fiscalía halló la evidencia que confirmaría esta irregularidad. En el caso de la gasolina se celebraron contratos denominados de tarifa unitaria, es decir que la empresa que rentaba los automotores se encargaba de los gastos de rodamiento y mantenimiento. Sin embargo, hallaron facturas con las que se soportaba el pago por concepto de gasolina a pesar de que eso le correspondía a la firma contratada.

En igual sentido sucedió con las grúas para el megaproyecto. La empresa con la que suscribieron su alquiler debía encargarse del mantenimiento de las máquinas y por eso se le giró el dinero respectivo. Pero se hallaron las facturas cuyo concepto era el arreglo y la manutención de esa maquinaria.

Entre las pruebas documentales con las que cuenta la Fiscalía hay correos electrónicos, copias de las actas de la Junta Directiva y los soportes de los pagos. Cada uno de ese material es revisado por los investigadores designados al caso.

De otra parte, Jiménez aseguró que «este viernes el señor Nicolás Isaakson asistirá a la Junta directiva de Ecopetrol como parte de sus compromisos de arrepentimiento. Él estaba viviendo fuera de Colombia, pero vino para ponerle la cara al país y a la Junta de Ecopetrol».

La investigación de la Fiscalía empezó luego de que se evidenciara una serie de irregularidades en el proyecto que se llevó a cabo en Cartagena. Por estos hechos, fueron procesados Reyes Reynoso, Pedro Rosales, Nicolás Isaakson y cinco personas más, entre directivos de CB&I y Reficar.

https://www.elpais.com.co/judicial/fiscalia-abrio-nuevas-lineas-de-investigacion-en-caso-reficar.html

En Colombia se revelan más fraudes en Reficar

La contraloría de Colombia ha revelado una serie de irregularidades administrativas que se cometieron en la construcción de la refinería más grande de este país.

La construcción de la refinería de Cartagena, Reficar, está llena de corrupción y escándalo, el Contralor de Colombia ha revelado que el daño fiscal hasta el momento ha sido estimado en unos 2.879 millones de dólares, situación que desde el comienzo denunció el sindicato de trabajadores

La corrupción llegó hasta el punto que se mandaba a destruir en la noche lo que se había construido en el día, para eso fueron contratados empleados foráneos que ganaban mejores sueldos que los locales.

Parece que esta historia continuará pues el Contralor de la nación ha anunciado que viene una nueva investigación en la cual se revisaran  contratos por más mil millones de dólares en esta empresa.

Álvaro Altamiranda, Bogotá.

https://www.hispantv.com/noticias/colombia/327224/fraude-reficar-santos-refineria-corrupcion

45.18 A.-LA OTRA CARA DEL PAISA: UN GERENTE GENIAL EN LA MITAD DE LA SELVA DEL CAQUETÁ – Iván

Se ideó un sistema para generar energía en el río Pato y con 300 exguerrilleros montó hortalizas, cultivo de peces y cría de cerdos que maneja desde la clandestinidad

Se llama Hernán Darío Velásquez pero se quedó para siempre El Paisa Óscar. Dejó su zona de 25 años de guerra en el Caquetá para tomar por primera vez un avión y aterrizar en La Habana en el 2017 en el último tramo de la negociación. Permaneció poco tiempo y siempre estuvo al lado de Iván Márquez, el jefe del equipo negociador de las Farc, con quien ha tenido cercanía. Nadie lo pudo ver y ningún periodista ha logrado una entrevista con el comandante de la temible Teófilo Forero. Regresó pronto al único lugar del planeta donde se siente seguro: las selvas del Caquetá donde nunca lo pudo ubicar el Ejército a pesar de ser el objetivo militar número uno. La leyenda construída alrededor del aguerrido comandante de las Farc permanece intacto,  solo que ahora con un nuevo ingrediente: lidera en la zona de Miravalle un mega proyecto productivo en el corazón de la selva, con una hidroturbina que genera energía limpia desde el río Pato y paneles solares que completan el sistema sin afectar el medio ambiente.

2 Dic 2018.- La proeza la logró gracias al ingenio y la pericia del joven ingeniero huilense Raphael Plazas. Creció en Neiva con los rumores de la guerra con las Farc a la vuelta de la esquina y la Teófilo Forero como la gran amenaza, con lo cual ni el Paisa le resultaba ajeno. Recién había llegado de una pasantía en Munich en la fábrica Smarth Hydro Power, en donde aprendió los secretos de la energía alternativa, tomó rumbo al Espacio territorial de Miravalle a orillas de los ríos Coreguaje y el Pato. El encuentro fue en una casa improvisada en enero de 2017. La paz era una realidad, los bombardeos eran asunto del pasado y El Paisa y su guerrillerada de 300 hombres estaban listos a reemprender una nueva vida bajo su liderazgo, como lo habían hecho en la guerra.

El Paisa la tenía clara: ningún proyecto productivo que les asegurara primero la comida y luego la posibilidad de comercializar algún producto prosperaría sin energía. Y tenían cerca el río Pato y un  caudal que podría regularse sin daños ambientales y aprovecharlo en la generación de kilowatios de energía. Un hidrotornillo era la solución, y el ingeniero Rapahel Plazas, el hombre para echar a andar el proyecto.

Al  ingeniero Plazas le impresionó la propuesta de El Paisa. Aunque en Latinoamerica el único hidrotornillo que funcionaba está en Chile, se podía soñar en tener en Miravalle una turbina capaz de alimentar energéticamente una amplia zona del Caquetá. La dificultad que veía este joven  campeón internacional de Robótica en Inglaterra eran los recursos, y así se lo expresó al Paisa, quien le ripostó con optimismo: “Si nos quedamos esperando a Santos nos demoramos toda la vida. El gobierno no es serio. Yo me muevo por otro lado”, le aseguró al ingeniero.

Raphael Plazas decidió dejar las comodidades de la ciudad para internarse en las selvas del Caquetá y cumplir el sueño de cientos de guerrilleros.

Entusiasmado, Raphael se trasladó a vivir en un conteiner en Miravalle. Renunció a su puesto en el  Sena y se trasladó con escasas mudas, un computador y una impresora 3D. Antes de la detención de Santrich el 9 de abril de este año, que prendió las alarmas entre los guerrilleros desmovilizados,  El Paisa gobernaba traquilamente en las tierras del Caquetá donde su mando y relación con los campesinos estaban a toda prueba. Recibía visitantes, antendía delegaciones internacionales y buscaba financiación de su macroproyecto agrícola de Miravalle. Entre tanto el ingeniero trabajaba con sus drones buscando acomodar las terrazas con paneles solares que formaban la silueta del rostro del Comandante Máximo de las Farc, Manuel Marulanda Vélez.

 homenaje al máximo comandante de las Farc.

El propio Raphael lideró una idea que se convirtió en un buen argumento para conseguir fondos para el proyecto. Se internó con un grupo de exguerrilleros a la reserva del Coreguaje, una zona preservada por la guerra donde las Farc han tenido presencia histórica y filmó la rica fauna y flora donde sorprendían los osos hormigueros, osos perezosos y la cantidad de fuentes de agua. El video se volvió en una pieza valiosísima que le enviaron a los contactos de quienes requerían apoyo económico.

El embajador de Noruega Johan Vibe, reaccionó positivamente y lo contactó con la fundación Caritas. La colombiana Marta Rubiano Skretteberg, quien es la secretaria general de Caritas en Oslo, se entusiasmó y junto con su esposo decidieron visitar de incógnitos Miravalle. El Paisa tuvo tema de conversación fluida con el noruego por su común afición a la pesca, que el excomandante guerrillero practica en el río Vichada. Con su habilidad y elocuencia de culebrero antioqueño,  El Paisa no se fue por las ramas y de frente colocó sobre la mesa su sorprendente propuesta: “Mis hombres entregaron armas por un valor de USD $3 millones. Nosotros, en contra prestación, queremos $1.000 millones para poner a andar nuestros proyectos”. A las dos semanas recibiría $1.200 millones para comenzar su proyecto de hidribación energética.

Complementaria a esta financiación consiguieron recursos para Acuaponía, un sistema muy efectivo para cultivar peces y plantas que requieren 24 horas de iluminación, asi como proyectos de piscicultura coordinadas por la experta Mónica Avilés —El hidrotornillo siguió avanzando bajo la dirección del ingeniero Velásquez quien obtuvo el apoyo del empresario huilense Iván Joya que puso todo su taller mecánico a su disposición para ensamblar el proyecto estrella—. Con una inversión de $110 millones la zona tuvo energía sin necesidad de posteado ni cables.

La frustración llegó en abril de este año. El Paisa empezó a dudar del compromiso del gobierno con la seguridad de los excombatientes y sus dudas las profundizó la presencia de militares en áreas cercanas a Miravalle, sobrevuelos de drones y finalmente la detención de Jesús Santrich. No bastaron los estímulos con visitas a la zona para transmitir tranquilidad como la del delegado de la ONU, Jean Arnaut. La firmeza del Paisa se impuso y la decisión estaba tomada.

Una noche se despidió de sus hombres y también de Raphael Plazas: “donde estemos y como estemos vamos a apoyar esta zona y a los muchachos… no hay que flaquear”. Los casi trescientos guerrilleros que lo habían acompañado en la guerra y en la paz se quedaron perplejos. La tentación a abandonar la zona hizo carrera pero aguantaron.

Desde la clandestinidad sigue presente con comunicación con Rodolfo, el segundo al mando. Desde Noruega Caritas llega con su voz de aliento y apoyo económico que administra la Pastoral social en cabeza de Monseñor Héctor Fabio Henao, quien el pasado 14 de noviembre visitó Miravalle para inaugurar el primer sistema de hidrogeneración eléctrica de Colombia. Lo acompañó el senador por el partido Farc Pablo Catatumbo y representantes de la cooperación internacional. El ingeniero Raphael Plazas sirvió de guía junto con excombatientes y  campesinos de la zona que le han puesto el pecho a este esfuerzo de desarrollo tecnólogico y producción agrícola en la mitad de la selva. Pero su gestor, el artífice del invento, nunca llegó.

https://www.las2orillas.co/la-otra-cara-del-paisa-un-gerente-genial-en-la-mitad-de-la-selva-del-caqueta/?utm_medium=push&utm_source=las2orillas

B_45.18.-EL CINISMO PRESENTE – Cecilia Orozco

Escalofriante. Solo en las dictaduras ocurre lo que está sucediendo en Colombia. En medio del escándalo público pero sin consecuencias inmediatas que habrían implicado cortar de raíz el mal, el fiscal general, que está involucrado en el mayor caso de corrupción continental que ha enfrentado Latinoamérica, no solo sigue en su cargo oficial aparentando que nada pasa; la entidad que preside, contaminada irremediablemente por las tachas éticas y, tal vez, legales que se le endilgan a él como persona, continúa en poder de todos los expedientes Odebrecht y —la tapa— adelanta las diligencias para establecer si Alejandro, hijo de Jorge Enrique Pizano, el testigo que dejó evidencias abrumadoras de su comportamiento deleznable, fue víctima o no de un asesinato.

28 nov 2018.- A la hora en que se escribe esta columna, no se ha iniciado el debate previsto en el Senado para ejercer crítica política sobre la conducta de Néstor Humberto Martínez. No conozco, por tanto, el desarrollo de la plenaria pero soy pesimista en cuanto a sus resultados pese a la fuerte decisión de los parlamentarios convocantes y a que, en privado, la mayoría de los congresistas expresan su asombro con la actitud laxa del fiscal frente a los delitos que Pizano le revelaba en las conversaciones que le grabó, y en que incurrió Odebrecht mientras era socio de Corficolombiana, la firma que Martínez asesoraba. Soy pesimista porque aunque piensen que Martínez Neira debe renunciar, los partidos tradicionales se unirán en torno a él, no tanto para defenderlo sino para defenderse a sí mismos de las salpicaduras que el fiscal podría irradiar contra el establecimiento que ellos sostienen.

En cualquier caso, lo que se escucha (oír grabación) en la audiencia de “control posterior”, que solicitó ante un juez la fiscal asignada al presunto homicidio de Alejandro Pizano, también escandaliza. Ella narra que un grupo considerable de agentes del CTI, investigadores y peritos, se presentaron a la casa de campo de la familia víctima, el sábado 17 de noviembre; recalca que inspeccionaron cada rincón con autorización de la viuda y sus hijas; relata que la diligencia se extendió hasta las 10 de la noche, momento en el cual pidió suspenderla mientras llegaban otros analistas; especifica que estos arribaron a la medianoche y trabajaron hasta las 2:30 de la madrugada del domingo 18 pero, en otra parte de su descripción, afirma que la familia, exhausta, pidió permiso para retirarse a las 5 de la mañana; hace la lista exhaustiva de los que calificó como “elementos materiales de prueba”. Entre estos, menciona medicamentos, frascos, pastilleros, caja con 16 discos compactos o DVD, tres teléfonos celulares, cinco computadores portátiles, un disco duro, un iPad, 11 folios aparte de la historia clínica de Jorge Enrique Pizano y un tarro de cianuro de un kilo, entre otros.

También cuenta que le recibió declaración juramentada a siete parientes o personas cercanas a la familia Pizano, presentes en esas horas. Insiste en que “no se violó el derecho a la intimidad” de la viuda e hijas a pesar de que también admite que tomaron fotografías y que entrevistaron a los vecinos del lugar, los días previos. A este aterrador panorama, difícil de soportar psicológicamente, aun por quien no hubiera pasado por la angustiosa experiencia de perder, en cuestión de horas, al esposo e hijo o al padre y hermano, la fiscal del caso añadió, con una tranquilidad pasmosa, que no pidió antes el control de legalidad de ese acto intimidante en el término previsto en la ley (36 horas) sino que lo hizo solo cinco días después de concluida su fatigante presencia en la casa Pizano — viernes 23 de noviembre— con la disculpa de que ¡los agentes no le entregaron a ella los informes respectivos sino 24 horas antes!

Esa semana misteriosa en que la Fiscalía tuvo en su poder, y sin legalizar este acto, todos los archivos digitales y físicos del ingeniero Pizano, sí ,señor, el principal testigo de la venalidad de Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal general de la Nación, hunde todavía más la credibilidad y la autoridad de ese organismo. ¿Cómo sabemos si el material en su poder fue manipulado o si se ocultaron evidencias? El juez invalidó las pruebas. Y la fiscal del caso así como sus superiores, aducen que no se trataba de un allanamiento sino de “una inspección”. Disculpa que ofende la inteligencia ajena y el objeto de la diligencia que solicitaron. Entre tanto, el doctor Martínez Neira y hasta su hijo Humberto, en artículo que le publicó Semana, piden “respeto a la intimidad” de las Pizano. Cínico.

https://www.elespectador.com/opinion/el-cinismo-presente-columna-825982

C_45.18.- GRUPO DE ACCIÓN CONTRA LAVADO DE ACTIVOS GAFI DICE: “DESDE  2013 SOLO HAY 5 FALLOS POR FINANCIAR AL TERRORISMO’- Justicia

 GAFI DICE QUE RESULTADOS EN INVESTIGACIONES POR LAVAR ACTIVOS Y FINANCIAR EL TERRORISMO SON BAJOS.

Gran parte de los capitales del lavado de activos se quedan en los países donde se comercializa la droga, como los europeos y Estados Unidos. Además, el lavado tiene que pasar por los bancos internacionales y sus paraísos fiscales. Foto:  Hernando Herrera / Archivo EL TIEMPO

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) cuestionó que en el país la mayoría de procesos por lavado de activos se estén quedando en las formas más simples en las que se comete ese delito, y con montos bajos de efectivo, “lo que no concuerda con el perfil de riesgo de Colombia”. También criticó las pocas condenas que se dictan en el país por financiar al terrorismo.

Según Gafi, la mayoría de investigaciones “están relacionadas con casos que no impactan efectivamente a las organizaciones criminales que actúan en el país”.

13 nov 2018.- Estas son algunas de las conclusiones en su Informe de Evaluación Mutua de Colombia, en el que hace recomendaciones frente a las medidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Según su informe, la efectividad y el cumplimiento técnico de Colombia en la investigación y procesamiento de esos dos delitos siguen siendo bajas, pese a que en el país el volumen de activos lavados en la economía podría ser del 7,5 % del PIB, y pese a la amenaza que implican los grupos ilegales en el territorio.

El Gafi asegura que la mayoría de condenas por lavado de activos en el 2016 y 2017 se dieron por enriquecimiento ilícito: “Estos casos no requieren una condena sobre la actividad ilícita que aumenta el patrimonio del acusado. Además, casi todas las condenas se han obtenido a través de un acuerdo de negociación de culpabilidad”.

El estudio reportó que entre el 2012 y el 2016 hubo 230 procesos por lavado de activos: “Los resultados de las acusaciones y enjuiciamientos de lavado de activos muestran que hubo un aumento en el número de imputaciones, pero un declive en la tasa de condenas. Las autoridades explicaron que la razón de esta situación es la creciente complejidad de estos casos. Sin embargo, sigue siendo una seria preocupación”, dijo.

Frente a la financiación del terrorismo, el Gafi dice que preocupa que desde el 2013 solo haya cinco condenas, pese al alto riesgo que representa el crimen organizado vinculado al narcotráfico y la minería ilegal. De hecho, la minería ilegal es un problema creciente ya que “el 50 por ciento de minas del país son ilegales”.

Otra advertencia es que la inteligencia financiera de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) no está conduciendo al número de condenas esperadas. “Si bien la Fiscalía utiliza la mayoría de las diseminaciones de la Uiaf en la etapa de indagaciones preliminares, esa inteligencia ha conducido a menos casos de lavado de activos (…) y a ninguno de financiación del terrorismo”, asegura.

Si bien la Fiscalía utiliza la mayoría de las diseminaciones de la Uiaf, esa inteligencia ha conducido a menos casos de lavado de activos (…) y a ninguno de financiación del terrorismo

El informe muestra que entre julio y agosto del 2017, la Uiaf entregó 422 reportes a la Fiscalía, por los cuales el ente acusador inició 242 procesos penales: 151 están en etapa preliminar, 27 son investigaciones en curso y solo en 16 se lograron condenas.

El Gafi también recomienda enfocarse no solo en el narcotráfico, sino también ver los riesgos de las sociedades anónimas simplificadas (S. A. S.), la evasión fiscal o el sector informal. Por ejemplo, las S. A. S. representan el 54 por ciento de sociedades comerciales, y se constituyen solo con un documento privado simple, “lo que trae riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo que no están siendo analizados por las autoridades”.

El otro lío es la corrupción, en donde “las grandes redes de influencia están particularmente establecidas en el sector de contrataciones”. Al año, dice Gafi, los productos de corrupción rondan los 7.500 millones de dólares, por lo que cuestiona que en Colombia no hay sanciones penales para firmas corruptas.

Extinción del dominio

El Gafi afirma que en el país hay importantes avances frente a los bienes extinguidos. La Fiscalía aseguró que entre el 2011 y el 2016 hubo 292 decisiones legales que extinguieron 1.405 activos. Y entre el 2014 y mayo del 2017 hubo 13.941 activos con medidas cautelares por un monto de más de 17 billones de pesos.

Pese a esto, el Grupo asegura que la Fiscalía solo tenía una repatriación de activos desde el exterior. “Colombia podría beneficiarse si se realizan más esfuerzos para repatriar el producto del delito trasladado al exterior y obtener el intercambio internacional de activos”, dice.

https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/quien-era-hector-beltran-leyva-el-capo-mexicano-enemigo-del-chapo-guzman-295054

44.18 A .-LA TRAMA MACABRA DE UN MATONEO A LA PRENSA LIBRE – Cecilia Orozco

“No acepto diálogos privados sobre casos oficiales”, decía, con dramatismo teatral, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, mientras acercaba su teléfono a la cámara de Caracol Televisión poniendo, de frente, la pantalla de su móvil. Sucedió durante la gran entrevista que el director de los informativos de ese medio, Juan Roberto Vargas, le hizo al funcionario por la grave crisis que se desató cuando Noticias Uno reveló, primero, y El Espectador, días después, el contenido de unas grabaciones que dejó, como testimonio de su inocencia, el fallecido ingeniero Jorge Enrique Pizano.

21 nov 2018.-  Este, víctima visible más reciente de un sistema político corrompido que acapara el poder del Estado y que impone, cambia y vuelve a imponer, de acuerdo a sus intereses, a ciertos personajes en los cargos de mayor responsabilidad del Estado sin importar su condición moral, también quiso exponer la conciencia laxa de quien escuchaba, fresco, sus graves denuncias sobre los delitos que se estaban cometiendo en el consorcio dominado por Odebrecht, la multinacional que llevó la corrupción a su máxima expresión continental.

Sin embargo, Martínez, en una racha de mala suerte o, mejor, de cuentas de cobro que la vida le debe estar pasando, exhibió en su pantalla no su inocencia, sino un indicio de su presunta participación en el matoneo desatado en redes sociales que se inició a partir de ese momento, a Noticias Uno; a su directora, quien escribe estas líneas, y a cuantos representen un peligro para su entramado. Cuando la cámara toma la imagen del celular, entra una llamada identificada como “Yamhure”. Coincide ese apellido con el de un individuo que ha hecho fama —mala fama—, antes en medios tradicionales y ahora en redes sociales, por armar campañas de desprestigio con falsedades que tienen como objeto confundir a la opinión pública para favorecer a los que tienen mucho por ocultar. ¿Todo un fiscal general en contacto con individuos de esa categoría? Fiel a su carácter, Martínez explicó que él “habla con los periodistas”. ¡Vaya! Darle ese mérito profesional a la persona que fue despedida de este diario por razones que un funcionario judicial debería recordar es, por lo menos, preocupante. El matoneo creció en la medida en que el respaldo a Martínez ha ido disminuyendo. El grupo sórdido que ha estado en esa tarea baja pretende desprestigiar al mensajero, como si con ello también desprestigiara el mensaje que descubre el mundo también sórdido de los macronegocios del país. La línea de tiempo del bullying es clara:

El lunes 12 de noviembre, Noticias Uno publica la parte más relevante de una de las conversaciones del ingeniero Pizano con el abogado Martínez. El 14, Juan Roberto Vargas se apunta un éxito con su entrevista al fiscal. Ese es el día en que la persona Yamhure llama al fiscal. El jueves 15 se me acerca un reportero en una ceremonia y me advierte que me van a hacer un montaje por haber expuesto las grabaciones. El viernes 16, El Espectador publica la segunda conversación con Martínez Neira sobre las denuncias por los movimientos de dinero presuntamente delictivos que encontró Pizano en el consorcio Ruta del Sol II. En la tarde de ese viernes, El EspectadorSemana y Noticias Uno publican la totalidad de las grabaciones en sus páginas web. El sábado 17, el mismo sujeto que tiene línea directa con el fiscal y otro individuo de las alcantarillas virtuales publican, muy de mañana, sendos trinos en que hablan de “ataques coordinados… y conspiraciones contra el fiscal general”. El domingo 18 amanece otro trino, esta vez contra @CeciliaOrozcoT y @NoticiasUno. Se afirma, allí, con un llamativo “atención” que “hay evidencia de que se alteraron las grabaciones” y añade la amenaza de que se nos podrían imputar delitos. ¿Quién lo haría?: la Fiscalía de Martínez Neira, por supuesto.

No me preocupé por cuanto las grabaciones estaban a la vista, escucha y lectura de las audiencias de los tres medios, con dos días de anticipación: la “denuncia” de los criminales virtuales se caía por el peso de la evidencia contraria. Pero el lunes 19, hace dos días, se comunicó conmigo un conocido periodista, fuerte defensor de la gestión de Martínez Neira y con quien yo no charlaba hacía meses. Me contó que la familia Pizano lo buscó para pedirle asesoría de medios. Consultó mi opinión y se la di: aislarse y contratar psiquiatras y psicólogos para apoyar su salud mental. Ese día, se entregó un comunicado sin firma responsable, proveniente, según se dijo, de las señoras Pizano: “modificación de las grabaciones… no sigue los deseos de Jorge Enrique”, dice el escrito y añade afirmaciones sorprendentes a favor del fiscal que amargó el último año de sus vidas: “(cuando él grabó a Martínez Neira) jamás tuvo el objetivo de encontrar… el detrimento de un servidor público… manifestamos nuestra confianza en la investigación que adelanta la Fiscalía”.

 La respetable familia, cuyo dolor seguramente sí fue manipulado, recibió la asesoría errada, no sé de quién. En contraste, transcribo apartes no publicados del último mensaje del ingeniero tristemente fallecido a mi celular: “… ya le llegará la hora a NHMN quien con LACSA y un sector político manejan todo a su antojo”; “se lo advertí (facturas sin soporte) no solo al Grupo Aval sino a su abogado NHMN… pero Aval no hizo nada”; “nadie había hablado de mis declaraciones… permíteme, dejaron con el c… al aire a Odebrecht, a Sarmiento y a NHM…”. Este es el mensaje real, por encima de las consejas, que envió la víctima central de los que “manejan todo a su antojo”. Respeto por las Pizano. Respeto por quienes tenemos una trayectoria profesional limpia, muy larga ya, que habla por nosotros. No necesitamos defensa aunque con estos montajes… Pero no nos asustamos. Seguiremos informando.

* Esta columnista denunció penalmente, por injuria y calumnia, al individuo Ernesto Yamhure hace dos años, nueve meses. El proceso avanzaba en la Fiscalía pero duerme, quietecito, en los anaqueles de una fiscalía local a partir de, o en coincidencia con, el momento en que se posesionó el doctor Martínez. Si se puede, estoy lista a retirarla, motivo falta de garantías.

https://www.elespectador.com/opinion/la-trama-macabra-de-un-matoneo-la-prensa-libre-columna-824655

B – 44.18 .-LA PLATICA QUE SE PERDIÓ – Yohir Akerman

Esta es una historia técnica, complicada, un poco aburridora, pero no por eso deja de ser importante. Involucra a los constructores, a Camacol, al exalcalde Gustavo Petro y, obviamente, al alcalde Enrique Peñalosa.

25 nov 2018.-  El actual burgomaestre, en su afán de conseguir recursos para sus proyectos, ha pretendido vender empresas públicas o endeudarnos por años, pero, al mismo tiempo, ha descuidado el cobro de tributos que ya existen y que son equitativos como el de la participación en plusvalías.

TODO PARA PROTEGER A SUS AMIGOS CONSTRUCTORES.

Vamos por partes.

La plusvalía es una contribución que se cobra exclusivamente a los privados propietarios de suelo cuando se les autorizan usos más rentables o mayor edificabilidad en un terreno, dependiendo de la zona en donde está ubicado ese predio.

Es un tributo de destinación específica. Eso implica que solo puede ser invertido en obras en la zona del predio beneficiado. Por lo tanto, debe dirigirse a vías, alcantarillado pluvial, parques, canchas, entre otras, en donde se hace determinada construcción.

Ese dinero no es para las arcas del municipio, sino para la ejecución de proyectos que beneficien la zona de influencia.

Peñalosa, en su intento por borrar todo lo que hicieron administraciones anteriores, ha cocinado un importante detrimento patrimonial del que nadie parece preocuparse. Ni siquiera los entes de control.

SIGAMOS.

Petro expidió el Decreto 562 de 2014, llamado el decreto de los rascacielos, porque permitía construir grandes torres, pero exigía pagos en suelo o en dinero para parques, vías, espacios peatonales, equipamientos, etc.

Ese decreto fue muy criticado porque afectaba tejidos barriales al irrumpir con torres de 20 o 22 pisos en zonas con casas o edificios de pocos pisos. Válido. También fue inmensamente criticado por Camacol, puesto que Petro expidió la ley sin consultarles.

Lo que nunca se dijo cuando llovieron las críticas fue que hay otras zonas de la ciudad donde se permite altas torres y que no pagan nada. De hecho, en ocasiones ni siquiera pagan participación en plusvalía. Por ejemplo, la torre Bacatá se licenció con base en el POT expedido por Peñalosa en el año 2000 y pagó cero pesos por cargas y cero pesos por plusvalías. Por eso era obvio que, a los constructores y a sus gremios, no les gustara el Decreto 562.

Para hacerse una idea de los recursos que se podían recuperar con la combinación de los dos instrumentos, se puede mirar el predio de la torre localizada en la Carrera 11B No. 99-55 y/o Calle 99 No. 11B-14, con un área de 2.304,64, que pagó cargas urbanísticas por ocho mil millones de pesos y adicionalmente le fue liquidada, y luego exonerada de manera oscura, una participación en plusvalía por valor de más de once mil millones de pesos. (Ver Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos?)

Peñalosa, en su campaña financiada por diferentes constructores, la emprendió contra el Decreto 562 de 2014 y al llegar a la Alcaldía cumplió su compromiso y lo derogó por medio del Decreto 079 de 2016. Así las cosas, se volvió a la situación anterior que permitía hacer grandes torres sin pagar nada a la ciudad.

Por esta razón, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, UAECD, tomó la decisión de solo realizar el recálculo respecto a los predios que hubieran obtenido licencias durante la vigencia del Decreto 562 de 2016. (Ver Recalculo)

Al optar por hacer el ajuste solo para unos predios identificados de manera particular, ya no aplicaba la técnica de avalúos masivos. Dicho de otra manera, correspondía a la UAECD determinar si los predios ya licenciados habían pagado o no las cargas de servicios públicos o la obligación de la destinación de suelo de vivienda de interés prioritario, ya que el ajuste se originaba en la reglamentación de las mismas.

UN AMPLIO MARGEN PARA LA CORRUPCIÓN.

Pues bien, para no ponernos demasiado técnicos, la concejal María Fernanda Rojas, gracias a un derecho de petición, pudo obtener una respuesta del IDU que muestra que en 14 meses de vigencia del decreto que derogó Peñalosa, el No. 562 de 2014 vigente entre diciembre de 2014 y febrero de 2016, se recaudaron 169.000 millones de pesos.

UNA PLATICA.

El mismo monto recibió el Instituto Distrital de Recreación y Deportes para parques ya que cada entidad recibía el 50 %. Esos 340.000 milloncitos fueron pagados por los constructores como contraprestación al aumento de la edificabilidad. (Ver Respuesta oficio 2018EE13686)

Al Peñalosa derogar el Decreto 562 por compromiso de campaña con Camacol, como se dice coloquialmente: botó el sofá, pero no a la esposa infiel que encontró con otro en el sofá, ya que dejó vigentes las altas edificabilidades en otros sectores de la ciudad, pero sin cobrar cargas a los constructores.

Como si fuera poco, Catastro Distrital, a cargo de la hoy Secretaría de Educación, después de derogado el Decreto 562 hizo una nueva liquidación de la participación en plusvalías. Con el pretexto del cálculo de una obligación adicional para financiar actualización de las redes de servicios públicos y el porcentaje del suelo destinados a vivienda de interés prioritario, exoneró 39 predios sin verificar que la gran mayoría no habían pagado esas cargas y estaban obligados a pagar la participación en plusvalía.

Algunos cálculos puntuales, como el de la torre mencionada ubicada en la Carrera 11B No. 99-55 y/o Calle 99 No. 11B-14, de un promotor cercano a la administración de Peñalosa, y otros, muestran que la participación en plusvalías dejada de cobrar por cada predio era alrededor de 10.000 millones de pesos. (Ver Exclusión)

Catastro Distrital los excluyó sin hacer revisión de las licencias y sin que hubiera habido reclamación de los propietarios porque la liquidación inicial estuviera mal hecha.

TERMINEMOS.

Peñalosa les regaló una importante suma de dinero a los constructores, pese a que en algunos casos eso ya estaba calculado en la estructura de los proyectos, se había informado a los inversionistas y estos estaban dispuestos a pagar.

Y aunque las irregularidades han sido denunciadas ante la Personería y la Contraloría, por la abogada María Mercedes Maldonado, quien fue secretaria de Hábitat en Bogotá y en 2014 fue designada alcaldesa interina de la ciudad, los organismos de control o se han hecho los de la vista gorda, o no han visto la gravedad del problema, o no han tomado acciones preventivas ni realizado auditorías dirigidas a frenar el detrimento.

El punto crucial es que si la participación en plusvalía no se cobra cuando el constructor todavía es el dueño del terreno, después se tendría que cobrar cuando los compradores de vivienda y de oficinas vendan.

Está como le gusta a Peñalosa: que sea el ciudadano común quien termine pagando y no quienes se beneficiaron económicamente con los incrementos en los precios del suelo por los cambios de normas, los cuales les deberían permitir pagar esas cargas y las plusvalías.

Un silencioso y fuerte detrimento patrimonial oculto detrás de una maraña de consideraciones técnicas.

@yohirakerman https://www.elespectador.com/opinion/la-platica-que-se-perdio-columna-825503

C -44.18.-DOS EXDIRECTIVOS DE CEMEX TESTIFICARÁN CONTRA LA PODEROSA CEMENTERA- U Investigativa

Édgar Ramírez hablará con el FBI y Camilo González, con la Fiscalía sobre compra de mina.

Édgar Ramírez (izq.), imputado por la Fiscalía, se fue del país hace varios meses. Camilo González (der.) tiene detención domiciliaria por este caso.

Foto: Archivo particular

Para el 29 de noviembre está programada en Washington una reunión entre agentes del FBI, un alto funcionario de la Fiscalía de Colombia y Édgar Ramírez, el exvicepresidente de Planeación de la poderosa cementera mexicana Cemex.Fuentes federales le aseguraron a EL TIEMPO que Ramírez busca concretar ese día una doble colaboración judicial con ambos gobiernos para demostrar supuestos actos de corrupción por parte de algunos miembros de la cúpula de la multinacional.

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25 nov 2018.- Y si bien el plato fuerte serán las irregularidades en la adquisición, en Antioquia, de una mina de caliza –vinculada a Aldemar Moncada, chatarrero asesinado en 2016–, hay otros temas en la agenda.

EL TIEMPO estableció que se trata de la suscripción de otros contratos, el pago de impuestos y la cartelización en los precios del cemento, que ya le costó a Cemex una sanción en Colombia. De hecho, en agosto, el FBI recogió información para la Comisión de Valores de Estados Unidos, debido a que Cemex cotiza en la bolsa de ese país.

“Además de vicepresidente de Planeación, Ramírez tenía información sobre negocios en América Latina”, le dijo hace siete días a este diario uno de sus allegados. Y, un día después, la W Radio reveló que los datos en su poder desencadenarían un caso de corrupción similar al de Odebrecht, ya que implican pagos a políticos con el fin de ganar millonarios contratos.

Al respecto, voceros de la cementera le aseguran a EL TIEMPO que esas investigaciones no son nuevas. De hecho, dicen que, por el caso de la mina, desde diciembre de 2016 revelaron el requerimiento de la Comisión de Valores para determinar si habían incumplido la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero. Y el 30 de abril pasado informaron que son investigados por supuestas prácticas anticompetitivas en Estados Unidos.Pero admitieron desconocer la colaboración de Ramírez a quien se le imputó en Colombia falsedad, administración desleal y enriquecimiento ilícito.

La millonaria planta de cemento que aún no opera en Antioquia

Ni oraciones ni correos secretos salvaron a exdirectivos de Cemex

A La Modelo dos exdirectivos de Cemex

El caso Cemex toca ahora el ‘jet set’ mexicano

Las claves del caso Cemex, que ahora enreda a top model mexicana

Sin embargo, EL TIEMPO estableció que él no es el único que testificaría contra Cemex. La Fiscalía afina un principio de oportunidad con Camilo González, exvicepresidente jurídico de la cementera, detenido por los mismos hechos.

Si bien Ramírez y González fueron denunciados por la multinacional, señalándolos de realizar irregularidades en la negociación de la mina, ahora ambos dicen tener evidencia de que la casa matriz les ordenó ejecutar el negocio y de que sus jefes estaban al tanto de las diligencias y del nexo con el chatarrero muerto.

EL TIEMPO conoció decenas de correos que son la base de la evidencia.

El asesor de Carrasquilla

Pero Cemex insiste en ser víctima dentro del caso. De hecho, bajo esa figura sus directivos hacen ‘lobby’ para que Colombia le deje explotar la mina, a pesar de que está en un proceso de extinción de dominio contra los bienes del chatarrero.

En efecto, desde el gobierno Santos, la cementera inició una negociación confidencial para que puedan explotar al menos una tonelada de caliza al año, reconociéndole al país el 1,7 por ciento sobre las ventas.

EL TIEMPO estableció que cuando arrancaron los diálogos con el gobierno Duque, esa oferta cayó al 1 por ciento. En plata blanca, significa que el país dejaría de recibir 63 mil millones de pesos al año. La negociación, a punto de cerrarse, la coordina Juan Alberto Londoño, asesor del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y quien trabajó para Cemex.

Londoño lidera las reuniones entre la cementera y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que administra la mina, la zona franca y el título minero.

El propio Londoño le admitió a EL TIEMPO que, a finales de 2016, y hasta junio de 2017, fue contratado por Cemex para hacerle un análisis de impuesto de industria y comercio en San Luis, Tolima. Pero, según dijo, en su criterio no hay impedimento para que participe en la negociación, por tratarse de temas diferentes.

En igual sentido se pronunció la cementera, que de paso advirtió que sus obligaciones fiscales están al día en los 50 países donde opera.

Y Londoño agregó que si bien en el gobierno Santos Cemex llevó el caso de la mina hasta la alta consejería para la Competitividad, “esa oficina no ha tenido injerencia en el caso durante la administración Duque”.

La aclaración se debe a que ese despacho está hoy en cabeza de Clara Parra, esposa del ministro Carrasquilla, conocida de Londoño y exejecutiva de Cemex, quien confirmó la versión.

“La negociación no se ha cerrado. La mina y la zona franca son activos con potencial de generar valor, pero también con riesgo de que se pierda”, agregó Londoño cuando se le preguntó por los detalles del caso.

Advirtió además que la zona franca no ha iniciado operaciones y requiere de una inversión que Cemex está asumiendo con la intención de ser el operador hasta que se defina si los predios son o no sometidos a extinción de dominio.

Y, aunque la negociación avanza no obstante las investigaciones en Estados Unidos, para que quede en firme debe ir a una conciliación que, previo el visto bueno de la Procuraduría, tiene que confirmar un tribunal administrativo.

Cementera dice que denunció irregularidades

Si bien la multinacional sostiene que ignora el proceso de colaboración de Édgar Ramírez, dice que su exvicepresidente de planeación fue desvinculado de la compañía cuando se encontraron “irregularidades en relación con la compra de terrenos para la construcción de una planta de cemento en Maceo, Antioquia”. Por esa misma época retiraron a Camilo González. Y recalca que Cemex no solo los denunció sino que colabora con autoridades. Sobre la negociación de la mina, admite que está en curso y que espera que culmine con el beneplácito financiero, legal, operacional y técnico de la SAE.

UNIDAD INVESTIGATIVA u.investigativa@eltiempo.co https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/dos-exdirectivos-de-cemex-acceden-a-testificar-contra-la-poderosa-cementera-297522?cid=EM

43.18 A. – EXPRESIDENTE DE PERÚ INVESTIGADO POR CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS PIDE ASILO EN URUGUAY

Domingo, Noviembre 18, 2018 – 15:06 El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó que el expresidente, Alan García (2006-2011), investigado por corrupción y lavado de activos, ha pedido asilo en Uruguay.

«El ex presidente ha solicitado asilo a ese país, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay», se lee en un comunicado difundido por la Cancillería del país andino.La embajada de Uruguay en Perú informó que García ingresó en la noche del sábado a la casa del embajador uruguayo en Lima con el propósito de asilarse en el país oriental.

La Cancillería ha indicado que el pedido de asilo del exmandatario será evaluado por Uruguay luego que las autoridades peruanas correspondientes hagan llegar información pertinente en relación a la situación de García.

El exjefe de Estado es investigado por la Fiscalía de Perú por haber recibido presuntos sobornos de la empresa Odebrecht para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, obra ejecutada durante su mandato.

Asimismo, se le imputa presunto lavado de activos por pagos ilícitos por conceptos de conferencias dictadas para Odebrecht y socios empresariales brasileños en 2012.

Estas conferencias, sostiene la Fiscalía, habrían sido actividades de fachada para el lavado de fondos ilícitos.

El Poder Judicial de Perú dictó impedimento de salido por 18 meses.

http://hsbnoticias.com/noticias/internacional/expresidente-de-peru-investigado-por-corrupcion-y-lavado-de-481170

B.- 43.18 – LA CONDENA A 30 AÑOS POR EL ASESINATO DE LUIS CARLOS GALÁN, NO SE MODIFICARÁ.

Corte Suprema envía a JEP caso de Maza Márquez pero le dice que no revisará sentencia

Martes, Noviembre 20, 2018 – 14:16

La Corte Suprema de Justicia tomó una polémica decisión frente al caso del exdirector del DAS Miguel Maza,  pues lo envía a la JEP pero sin mayores explicaciones, advierte que no se puede revisar su sentencia.

Miguel Alfredo Maza Márquez fue condenado en 2016 a 30 años de prisión, como coautor del homicidio con fines terroristas, calificado como magnicidio, del candidato liberal a la Presidencia Luis Carlos Galán, cometido en 1989.

Maza solicitó acogerse a la JEP en calidad de agente del Estado no miembro de la Fuerza Pública, con la intención de acceder a los beneficios del acuerdo de paz firmado con las FARC hace casi dos años. Dicha solicitud fue atendida por la Corte, con ponencia del magistrado Ramiro Alonso Marín, quien decidió remitir el expediente a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, para que en ese ámbito definan si el condenado podría acceder a alguno de los beneficios del Acuerdo Final de Paz.

Sin embargo, la Corte Suprema advierte que, dado que el proceso de Maza ya terminó, los beneficios eventuales no pueden incluir una revisión de la sentencia, potestad que es exclusiva de la misma corporación que lo condenó.

Así las cosas, el caso de Maza Márquez abre dos asuntos importantes que tendrá que despejar la JEP: si es posible considerar relacionado con el conflicto armado un crimen como el cometido contra Galán Sarmiento y si, pese a no revisar la sentencia, al condenado se le pueden dar otros beneficios, por ejemplo la sustitución de condena.

Maza cumple su condena en el Centro de Capacitación de la Policía Nacional (Cespo), en Bogotá.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/corte-suprema-envia-jep-caso-de-maza-marquez-pero-le-dice-481806

 

42.18.-USO DE PARAÍSOS FISCALES SE MULTIPLICA POR CINCO EN LATINOAMÉRICA – Efe

Holanda, Panamá, Suiza y Luxemburgo son los países más utilizados por los latinoamericanos.

El escandalo de los ´Papeles de Panamá´o la filtración periodística de documentos del gabinete de abogados Mossack Fonseca, fue revelado en abril de 2016. Foto: AFP 

La utilización de paraísos fiscales se multiplicó por cinco en Latinoamérica en un periodo de quince años, en un contexto de internacionalización de las economías en el que fondos billonarios han escapado especialmente a Europa, no solo al Caribe.

Un lista negra de los destinos de la evasión fiscal con sanciones de verdad efectivas haría más difícil la huida de este dinero necesario para escuelas y hospitales públicos, advierte un informe de Oxfam, presentado en La Paz por Susana Ruiz, responsable de justicia en la organización no gubernamental.

26 nov 2017.- Este incremento de la salida de capital está «vinculado al crecimiento y a la internacionalización de estas economías», detalla Ruiz en la explicación del informe. Dentro de Latinoamérica, destaca el caso de Bolivia, cuyo crecimiento «se multiplicó por siete en un periodo de cinco años», aunque «con volúmenes inferiores a los de sus países vecinos».

«La gran fortuna también existe en Bolivia», agrega. La responsable de Oxfam apunta que «Holanda, Panamá, Suiza y Luxemburgo» son los países más utilizados por los latinoamericanos para evitar impuestos a través de cuentas bancarias.

Saber cuánto dinero está oculto «es difícil, precisamente por la naturaleza misma de estos flujos», pero hay investigadores que calculan que suma «aproximadamente entre 20 y 32 billones de dólares» a nivel global. «Un volumen equivalente al PIB de las dos potencias mundiales, Estados Unidos y China, juntas», señala.

Los paraísos fiscales en islas caribeñas también se han utilizado en Suramérica como salida a los activos, aunque los datos de los conocidos como «papeles del paraíso» todavía no han trascendido. Al igual que los papeles de Panamá, se trata de una filtración a gran escala de documentos sobre grandes fortunas ocultas lejos de las autoridades fiscales de sus países de origen, que se ha encargado de airear el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIJ).

A nivel mundial, «las Islas Caimán atraen siete veces más inversión que Brasil y tres veces más que China», según Oxfam. Dada la complejidad, la organización propone cinco medidas para acabar con la evasión fiscal. Entre las propuestas, Susana Ruiz subraya la necesidad de «elaborar una lista negra mundial de paraísos fiscales, incluyendo sanciones que desincentiven su uso».

Además, agrega que se debería «incrementar la transparencia en la información financiera» para evitar los desfalcos, e impulsar una «ley de lucha contra paraísos fiscales». En su análisis del informe, Ruiz pone en valor la «ejemplaridad de Ecuador», que aprobó en referéndum el año pasado que «los cargos electos públicos no puedan tener cuentas ni activos en paraísos».

Una de las claves estriba en la «ejemplaridad en el comportamiento de los funcionarios», ya que como se ha visto, «las soluciones no han sido suficientes para frenar esta inercia», advierte. «Más de la mitad del comercio mundial pasa por paraísos fiscales», que a su vez generan «el 45 % de los beneficios empresariales», recalca citando datos del reconocido economista francés Gabriel Zucman, autor del libro «La riqueza oculta de las naciones: Investigación sobre los paraísos fiscales».

Oxfam mantiene que de los 170.000 millones de dólares que los países en desarrollo dejan de recaudar cada año, 100.000 millones se deben a la evasión fiscal de las grandes empresas. Esa cantidad sería suficiente para proporcionar educación a 124 millones de niños sin escolarizar y para costear la atención sanitaria que podría salvar la vida de seis millones de niños, según el análisis de esta organización sobre unos paraísos que solo unos pocos pueden «disfrutar».

https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/uso-de-paraisos-fiscales-se-multiplica-por-cinco-en-latinoamerica-155444

42.18.-INVITACIÓN ACEPTADA, SEÑOR PRESIDENTE – Marc Hofstetter

Esta semana empieza el trámite legislativo de la ley de financiamiento. La atención de los medios y las redes ha estado enfocada en el IVA. No me voy a centrar en esa parte, que parece abocada al fracaso: ni se extenderá a tantos bienes ni el salto será al 19 % propuesto.

10 nov 2018.- Menos atención han recibido las propuestas sobre impuestos a la renta empresarial y a los dividendos que reciben sus accionistas. En la exposición de motivos, el Gobierno explica que quiere bajar los impuestos sobre la renta empresarial al 30 % argumentando que la tasa colombiana es muy alta, más ahora que muchos países se han movido en la dirección de reducir ese tributo. Que la tasa colombiana es alta es indiscutible. Es tan alta la tarifa colombiana, que si uno toma los 37 países de la OCDE la tarifa a la que quisiera bajarse el Gobierno seguiría siendo la tercera más alta, lejos del promedio, que está por debajo del 24 %.

Infortunadamente, la letra menuda del proyecto aclara que no todos pagarán el 30 %. Hay una lista larga de privilegiados que pagarán menos: las zonas francas seguirán con tarifas especiales, las empresas del sector de economía naranja (donde habrá que montar una absurda burocracia que verifique la autenticidad cromática del contribuyente) y los hoteles (necesitaremos también inspectores que determinen cuáles son moteles, que no clasificaron a la rifa), entre otros, tendrán privilegios especiales. Los privilegios contradicen el espíritu simplificador con el que se justifica la ley. Resulta insólito que el Gobierno esté dispuesto a pagar el costo político de subir el IVA, pero no el de quitar privilegios empresariales. Sin estos, a todas las empresas podría ofrecerles una tarifa de renta empresarial significativamente menor.

Lo que no dice el proyecto es que si bien el impuesto de renta a las empresas es muy alto, el impuesto que pagan sus accionistas por los dividendos recibidos es extremadamente bajo. Para ser precisos, de los 37 países de marras somos el quinto con menor tarifa (y eso que la tarifa del 10 % usada en mis cálculos solo se paga por dividendos por encima de $33 millones).

Al bajar los impuestos corporativos y dejar quietos los ya bajos impuestos a los dividendos, la propuesta les reduce la carga tributaria a los que más ingresos reciben en el país y la tributación conjunta sobre empresas y dividendos de Colombia quedaría aún más abajo de lo que está del promedio de la OCDE.

Asistí a un evento en el que el presidente Duque, al cerrarlo, les pidió a los asistentes contribuir con sus opiniones al debate de la ley y en el que afirmó estar dispuesto a sacrificar capital político para sacar adelante la mejor reforma posible. Invitación aceptada, señor presidente. Le resumo en una frase el mensaje de la columna: bienvenida una reducción de renta a todas las empresas, pero quitando TODOS los tratamientos especiales, nuevos y heredados, sin preferencias cromáticas y empinando a cambio los impuestos a los dividendos. Si le vamos a pedir un sacrificio a la clase media debe haber también uno, más que proporcional, de la alta.

https://www.elespectador.com/opinion/invitacion-aceptada-senor-presidente-columna-822964

41.18.-LA TORPE DEFENSA DEL EXMINISTRO ARIAS – Cecilia Orozco

Una tercera o cuarta ola publicitaria favorable al fugitivo exministro Andrés Felipe Arias acaba de emprenderse con la aquiescencia de unos medios o con la sana intención de informar, de los menos, pero sirviendo a sus fines torvos, al final de cuentas. Ocurre cada vez que los jueces estadounidenses se aprestan a tomar una decisión sobre alguno de los sucesivos recursos que interponen sus abogados para impedir su extradición a Bogotá, solicitada por la Corte Suprema para que purgue la condena de 17 años en prisión que le impuso en julio de 2014.

31 oct 2018.- En agosto pasado se supo la noticia de que la Corte del Distrito Sur de la Florida se abstuvo de concederle la libertad. (Arias se encuentra en una prisión desde cuando un juez de ese estado avaló su envío a Colombia, en septiembre de 2017). Los argumentos de sus apoderados no convencieron al tribunal y, con ello, sumaron un rosario de reveses judiciales a pesar de que han logrado detener la extradición, estos 13 meses. En abril de este año, una jueza le había negado, por primera vez, la libertad bajo fianza porque “se encontraba en serio riesgo de fuga”. Arias insistió: además de las decisiones de abril y agosto, el 17 de septiembre y el 8 de octubre pasados la Corte le rechazó otras apelaciones.

Una semana después, llegó a Colombia una conmovedora “carta abierta a los colombianos” del exministro. Pese a que allí pedía “deponer” lo que calificó como “prejuicios” contra él, afirmó que seguiría “luchando contra este secuestro” en un claro insulto a la Corte Suprema de Colombia y, de paso, a la Corte de la Florida. Torpe, muy torpe. Su carta, en lugar de conseguir solidaridad con él, banalizó el crimen del secuestro que han padecido decenas de sus connacionales y minimizó la crueldad con que fueron tratados.

Después, repitió sus ya gastados argumentos sobre una supuesta persecución política de la justicia contra los miembros del uribismo, y sobre la presunta violación de sus derechos por no haber contado con doble instancia de juzgamiento. Ni un solo argumento serio contra las pruebas que lo condenaron. Arias se reserva decir que en la época de su juicio no existía una sala de apelaciones para los aforados, unos privilegiados del sistema por tener como jueces a los magistrados de la cúpula en cambio de los jueces que nos atienden a los ciudadanos comunes. Los bandidos de cuello blanco han venido torciendo, a su acomodo, el hecho protuberante de que semejante protección sería, en realidad, una “persecución” para ocultar sus culpas y blanquearse por fuera.

Luego, y de remate, llegó una entrevista hecha a la esposa del condenado. La señora, que merece consideración humana, ahondó en desatinos: trastocó el tiempo pasado y lo puso en presente cuando aseguró, con tranquilidad pasmosa, que su marido fue condenado por unos jueces “a quienes se les ha comprobado que basan sus decisiones en intereses políticos y dinero”. Metió, así, en el mismo saco a los magistrados de todas las épocas con evidente distorsión de la realidad, como evidente fue el revoltillo que hizo con el Acuerdo de Paz. No sobra recordar que la magistrada ponente del caso Arias, si es a ella a la que alude, es una de las de mayor honorabilidad y credibilidad que ha pasado por la Corte. Si los “estrategas” del exministro pretenden ambientar un muy probable cambio de tesis norteamericana para concederle el asilo político por presiones del actual Ejecutivo de Colombia, hoy manejado por Álvaro Uribe Vélez, no lo están haciendo bien porque su torpeza lo que indica es precisamente lo contrario: no tienen sólidas razones jurídicas para permitir que permanezca en Estados Unidos quien es un delincuente certificado aquí, gústeles o no.

Entre paréntesis. Si Arias hubiera enfrentado su pena como corresponde a un hombre con valor, ya habría salido de la cárcel por pena cumplida: fue detenido en 2011 por orden de la entonces fiscal general Viviane Morales, hoy embajadora del gobierno uribista, en París (¡qué paradoja!), y fue dejado en libertad condicional dos años después. Esos dos años recluido –aunque en la lujosa “prisión” del Cantón Norte–, más los cuatro que han pasado desde cuando se dictó su sentencia condenatoria, sumarían seis a los cuales se les añadirían años de beneficios por trabajo, estudio u otras gabelas que tienen los presos. Es decir, estaría cerca de haber redimido la mitad de su pena y a punto de quedar libre y sin complicaciones ¿Quién le filtró el sentido de su fallo días antes de que huyera y quién lo ha aconsejado estos años de rígidas condiciones carcelarias en Estados Unidos? Yo lo sé y ustedes también aunque no lo digamos en voz alta.

https://www.elespectador.com/opinion/la-torpe-defensa-del-exministro-arias-columna-821025

41.18.-GLIFOSATO Y OTROS NEONICOTINOIDES EN LA UNIÓN EUROPEA – Victor Ginsburgh

Bruselas rociada con glifosato

Todos habrán leído que el glifosato y otros neonicotinoides han sido prohibidos en la capital, Bruselas, desde 2016 por las autoridades de la región. Sin decirlo en voz alta, sin duda eso estuvo bien. Pero todavía está en los oídos de los funcionarios de la Comisión Europea, quienes acaban de explicar hace unos días a estos pobres tontos bruselinos, que «no podemos invocar consideraciones de seguridad generales y abstractas relacionadas con una sustancia activa con referencia al principio de precaución». No señor!

Y dado que no hay consenso sobre el tema, es mejor seguir usando una sustancia que no sabemos realmente si nos dará hijos sin brazos, o con los ojos torcidos, o que no tengan ombligo. que en cualquier caso es inútil después del nacimiento y no es hermoso ver, ni zizi, a veces es útil, pero tampoco siempre es bello verlo. Asumimos el riesgo, mucho mejor para la firma Bayer, que acaba de comprar Monsanto. Ellas dos forman una gran máquina que ya ha envenenado a mucha gente, incluso si ellos no están en Bhopal en India, es su hermano Union Carbide (1), ni en Seveso, en el norte de Italia, donde está el hermano Hoffmann-Laroche (2). Los hermanos químicos se encuentran en todas partes y en todas las latitudes. Algunos producen herbicidas, otros, pesticidas y algunas veces ambos (3).

Además, la Comisión también cita un artículo reciente publicado en el Diario del Instituto Nacional del Cáncer que «no encontró un vínculo entre el cáncer y la exposición al glifosato en el largo plazo de un gran número de trabajadores agrícolas » (4). Si su estudio es tan bueno y confiable como el de The Lancet, descrito en mi blog del 26 de septiembre de 2018, «Una lección en econometría alcohólisada» (5), nos fuimos a carcerizarnos y sin poder volver a beber un vaso de vino. No soy comprador de ninguno de los dos.

Sin embargo, otra revista tan médica y famosa como las dos que acabo de mencionar, el Diario de la Asociación Médica Americana, Medicina Interna, señala que el riesgo de cáncer se reduce en un 25 por ciento entre los que consumen medicamentos normales. agricultura ecológica (6). Es extraño, pero si no me equivoco, dice que es mejor comer alimentos orgánicos que glifosato.

                                                       Dewayne Johnson

Sin embargo, una demanda contra Roundup (rellena de glifosato) acaba de otorgar $ 39 millones a un jardinero afroamericano Dewayne Johnson que se está muriendo de cáncer. Monsanto proporcionará un total de $ 78 millones, de los cuales $ 39 millones se pagarán a California por daños punitivos. «Este ensayo histórico fue el primero en colocar en el banquillo de los acusados a los productos de glifosato de Monsanto», concluye el artículo (7).

Pero continúen con el glifosato, amigos de la Comisión Europea que lo saben todo, usted gana lo suficiente como para consumir solo lo orgánico. Nosotros no!

(1) Actualice su memoria con https://en.wikipedia.org/wiki/Bhopal_disaster

(2) Actualice con https://en.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_de_Seveso

(3) Tenga en cuenta que los consumidores / usuarios son a menudo los aliados de las multinacionales. Aunque reconocen la nocividad del producto, creen que no es el uso mínimo que hacen que tendrá consecuencias. Demasiado perezosos para eliminar, contribuyen al desastre de los bienes comunes (gracias a Pierre P. por este comentario).

(4) Citado por Frederic Rohart, Europa elimina la prohibición del glifosato por Bruselas, L’Echo, 23 de octubre de 2017.

(5) Léelo o vuelve a leerlo, ¡vale la pena!

(6) Pascale Santi, alimentos orgánicos reduce significativamente el riesgo de cáncer, Le Monde, 22 de octubre de 2018.

(7) Resumen de prueba en los Estados Unidos: Daños e intereses reducidos a 78 millones de dólares, RTBF, octubre de 2018.

41.18.-ENTRAMOS DIRECTAMENTE EN LA PARED. ¿PERO CUÁL? – Pierre Pestieau

     ¡Vas derecho contra el muro, cuidado marica!

Durante algún tiempo, de acuerdo con las reuniones, me encuentro frente a personas que están convencidas de que vamos directamente contra la pared. El problema es que las razones de este pesimismo, de esta convicción de que la humanidad se va a arruinar, varían de persona a persona. Distinguiré cuatro tipos de Casandras. Probablemente hay más. Cada uno tiene las suyas.

23 oct 2018.- Hay quienes ven la inteligencia artificial y la revolución como una amenaza letal para el hombre. Luego están los que piensan que vamos a extinguirnos en la forma en que tratamos el planeta tierra. También hay quienes piensan que las diversas y crecientes fracturas que separan a los países y a los hombres nos llevan al desastre. Finalmente, hay quienes están obsesionados con la insostenibilidad de la deuda que estamos contrayendo en detrimento de las generaciones futuras.

Los pesimistas del medio ambiente no todos están de acuerdo. Cada uno tiene sus especialidades: la dieta más saludable (los bios, los vegetarianos y los veganos), el modo de transporte con la menor huella de carbono, la calefacción más eficiente (sin aire acondicionado en verano e invierno). Vivimos a 17 grados mientras usamos vestidos polares Damart). Esto lleva a contradicciones aberrantes. Practica la clasificación selectiva pero no habla con su vecino, quien los culpa a ambos cuatro veces cuatro. Él monta su bicicleta solamente, pero solo come comida congelada.

Derecho contra el muro.

Los Cassandras de la inteligencia artificial están obsesionados con la perspectiva de perder el control de su existencia y estar esclavizados a la máquina, el robot que Hal Hal en Odyssey 2001 toma el control de la nave espacial.

Finalmente, hay quienes creen que las crecientes disparidades en riqueza e ingresos y sus consecuencias en términos de fractura social, violencia urbana y guerras regionales solo pueden llevar a un cataclismo.

A menudo estas creencias son mutuamente excluyentes. No hay duda de objetar a alguien que piensa que las OGN u otros glifosatos eventualmente llevarán a nuestra extinción. Pero probablemente también haya otros problemas, que pueden ser más urgentes.

Mientras que, como ‘sabios’, sabemos que la virtud está en la mitad.

Adresse: http://www.thebingbangblog.be

39.18.-LAS 5 GIGANTES PETROLERAS QUE ARRODILLARON AL GOBIERNO PARA PERMITIR EL FRACKING – Juan José Jaramillo

Los ministros de Hacienda, Minas y la directora del Autoridad Nacional de Licencias Ambientales Anla, trabajan para reglamentar una técnica tan eficaz como devastadora para la naturaleza

Sin disimular su poder entraron por la puerta del Club El Nogal en Bogotá los 400 directivos e inversionistas que pesan en el sector petrolero en Colombia. Asistían al tercer encuentro gremial de la Asociación Colombiana de Petróleo que celebran todos los años. El tema casi que resultaba obvio: el  futuro del petróleo en Colombia.

10 oct 2017.- El foro tuvo la presencia de invitados especiales como el expresidente de México, Felipe Calderón, empresarios norteamericanos y canadienses y los precandidatos Iván Duque y Juan Carlos Pinzón, la expectativa estaba centrada en las discusiones de los actores involucrados. En la mañana del primer día participó Kenyon Waver, representante del Departamento de Comercio de Estados Unidos junto a Gary Guidry, gerente de la canadiense Gran Tierra Energy. Su presencia tenia un significado particular: el interés de la empresa en tramitar permisos para la extracción con el método del fracking.

En el mismo panel estuvo Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH – la autoridad, encargada de la subasta de los bloques. Sector público y sector privado trabajan como una sola fuerza en este sector; ahora con un propósito común: la regulación del fracking en Colombia. Cuentan con un aliado clave: nada menos que el Ministro de minas, Germán Arce.

Pero quizás el mayor defensor de esta práctica es Francisco Lloreda, quien salió del gobierno como Alto Consejero para la Convivencia y Seguridad Ciudadana para asumir la presidencia  de la Asociación Colombiana de Petroleo -ACP-, el poderoso gremio que agrupa a las petroleras que aportan el 10% del PIB anual del país. El actual ministro de hacienda Mauricio Cárdenas cuando se desempeñaba en la cartera de minas, apoyado por Juan Gabriel Uribe en el ministerio del medio ambiente,  le abrieron la puerta a este polémico método de explotación en el que además están interesadas cinco grandes multinacionales: Ecopetrol, ConocoPhillips, Exxon, Drummond, Parex Resources

Exxon Mobile lidera la avanzada. El cuerpo diplomático de ese país hace escuchar su voz por los rincones de los ministerios de Minas y Ambiente, así como en la ANH. En el 2013 el gobierno de Estados Unidos invitó a  funcionarios del Ministerio de Minas del ANLA para mostrarles exitosos ejemplos de fracking..

La ANLA depende del Ministerio de ambiente, pero actua como a su aire más cerca del ministerio de minas, de manera que el gran sacrificado y cuya voz poco cuenta es el ministro de ambiente. Importa tan poco esta cartera en el gobierno Santos que han pasado por la cartera XXX funcionarios, ninguno con experiencia en el sector.

Las cinco grandes empresas con títulos para explotar con fracking solo esperan la reglamentación final por parte del Ministerio de Ambiente.

¿En que están los cinco gigantes que presionan este método que su eficacia va de la mano de la destrucción del medio ambiente?

Ecopetrol de Colombia

Su anterior Presidente Juan Carlos Echeverry, era un verdadero fan y dio la cara públicamente en su defensa. Su argumento: la urgencia en mejorar las reservas petroleras del pais que según sus cálculos no alcanzan para más de cinco años, mientras que con fracking lograríamos ser autosuficientes durante veinte años. El ojo lo tenía puesto en el Magdalena Medio, donde Ecopetrol estima que podría llegar a los 1.000 millones de barriles.

Llegó incluso a presionar diciendo que “Si no nos dejan pronto acá, nos vamos para Brasil o Venezuela o para donde nos dejen.”. Tiene ya cuatro proyecto listos: VMM 16 en Anapoima, CAT 3VMM5, VMM 29 y Cor 62 estas dos en asocio con Exxon Mobile.

Drummond del Canadá

Es la empresa que más ha adelantado tiene el proceso, pues ha conseguido permisos para “buscar gas metano dentro de rocas”, aunque en la práctica se traduce en fracking. En Chiriguaná y La Jagua, ambos en Cesar, tramitaron permisos ambientales que fueron concedidos por el ANLA en para sacar gas de entre las rocas.

Como tal, la canadiense Drummond tiene cuatro proyectos para hacer fracking, y solo está esperando la luz verde del Ministerio de Ambiente:     CR2, CR3 y CR4, así como La Loma. Los tres primeros están ubicados en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y la exploración la hicieron junto a la brasilera OGX que hoy está quebrada. Estos proyectos tienen un conflicto especial: hay una superposición con los terrenos de los indígenas wiwa, wayuú y yupka.

ConocoPhillips de Estados Unidos

Ya tiene adjudicadas  33,714 hectáreas en San Martín y Aguachica, Cesar, y Río Negro Santander para hacer fracking. . El primer proyecto se llama VMM-2 y tiene varios pozos, pero uno de ellos es en el que han ido trabajando: PicoPlata1 en San Martín, que ha tenido que parar sus trabajos porque integrantes de Cortadec – Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas – con su protesta han logrado frenar el proceso.

Fernando Ávila es el Director Legal de ConocoPhillips para Latinoamérica, los ha enfrentado duramente. La ventaja con que cuenta esta petrolera es que el contrato es una  adición a  una contrato de explotación ordinaria que ya tenían perfeccionado, con lo cual han conseguido que el pozo PicoPlata se considere como proyecto piloto del fracking en Colombia.

Además de esta ventaja legal cuenta con otra circunstancia favorable. Uno de sus contratistas es Héctor García, esposo de la directora del ANLA, Clara Victoria González, y según la organización  Alianza Colombia Libre de Fracking, esta es la razón por la cual el ANLA no ha suspendido un proyecto que no tiene los permisos necesarios.

Hector García, esposo de la directora de la Anla, Clara Victoria González, es contratista de Conoco Phillips lo cual explicaría el comportamiento complaciente frente a esta petrolera

La Contraloría encontró incidentes de negligencia por parte del ANLA en noviembre del 2016, y remitió sus conclusiones a la Procuraduría, que no ha fallado al respecto. http://ccalcp.org/wp-content/uploads/2012/10/TRASLADO-HALLAZGO-PROCURADURIA.pdf

https://colombiaplural.com/wp-content/uploads/2017/03/COL_Fracking_0217-724×1024.jpg

Parex Resources del Canadá

Esta empresa canadiense tiene sede en Calgary, Alberta´, pero en realidad está constituida en Barbados.  El presidente de la sucursal colombiana es Lee Di Estefano. Es una empresa muy joven, que nació de las cenizas de la argentina  Petro Andina.

En el 2015 Ecopetrol anunció que firmaba una alianza con esta empresa, en la que la colombiana participaba con el 40 por ciento y la canadiense tenía el 60% restante. En junio de 2016 los trabajadores de Parex llegaron a Simacota, Santander, y advirtieron que las perforaciones estarían listas en agosto de ese año. El proyecto es conocido como el campo VMM 9.

Para poder agilizar los trabajos Parex aprovechó la alianza con Ecopetrol para operar bajo la Resolución 1200 de la ANLA, con lo cual logró permisos para realizar las exploraciones en Santander. Tuvieron como antecedente, el tratamiento ventajoso que recibió la Oxy con el campo La Cira, en Barrancabermeja por su alianza previa con  Ecopetrol.

Parex tiene pozos convencionales en otros lugares, el más conocido es Capachos, en Tame, Arauca, que se  reactivó en el 2016.

Exxon Mobile de Estados Unidos

Esta es la empresa petrolera más grande del mundo. Al año factura más dinero que países como Irlanda o Puerto Rico, y en Colombia está asociada con Ecopetrol en la exploración de los pozos Cor 62 en el Huila y VMM 37, en el Magdalena Medio. Para este proyecto ya presentaron un plan de manejo ambiental, pero no les han autorizado pues todavía la explotación sigue sin tener delimitado el camino.

Andrés Acosta es el presidente en Colombia, y antes era el Vicepresidente Comercial de Gas, uno de los puestos más importantes de la compañía. Vivía en Doha, y desembarcó en febrero del 2016 en Colombia. La empresa en Colombia está dentro de las 10 más grandes: factura más de $6 billones al año, tiene 700 estaciones de servicio, 12 plantas de combustibles y hasta una planta de lubriantes en Cartagena.

https://www.las2orillas.co/las-5-gigantes-petroleras-que-arrodillaron-al-gobierno-para-permitir-el-fracking/

39.18.-ITALIA: LA IGLESIA, EL ESTADO Y LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE LAS MUJERES – Rossana Rossanda

También yo participo en la protesta de las amigas que se han indignado por la moción aporobada por el Ayuntamiento de Verona y por la representante del PD en él: tocar la Ley 194 significa abolir todo lo que se ha tratado de hacer para defender a las mujeres de los abortos clandestinos; y se ha hecho poco, porque la 194 permite, en cualquier caso, la libertad de conciencia del médico, a través de la cual pasa el modo de eludirla. Debe mantenerse por completo.

21 oct 2018.- Al mismo tiempo, creo que hay que precisar un argumento en el que no coincido con mis amigas. No creo, la verdad, que sea correcto declarar que el aborto es un acto médico como sacarse una muela. Nunca me he quedado embarazada, de modo que nunca se me ha planteado el problema, pero he visto a amigas mías más jóvenes que han tenido que afrontarlo: para ninguna ha sido en absoluto sencillo.

En el caso del aborto hay dos posibles cuestiones enfrentadas: por un lado una mujer, generalmente joven, pero perfectamente capaz de entender y elegir, que conoce las dificultades que hay que afrontar en el caso de un hijo no deseado, con las dificultades económicas que supone criarlo hasta que esté en condiciones de mantenerse por sí mismo. En la mayor parte de los casos, el compañero que ha participado en la fecundación no se interesa por ello.

Por el otro lado, hay un feto, es decir un sujeto bastante imperfecto, que representa una potencialidad de vida de una persona, pero no es todavía persona, careciendo de todo el sistema neurológico que permite serlo.

Hay por lo tanto «sujetos» diversos, y la elección de las mujeres ha de ser libre y responsable. Es absolutamente falso que con ello se mate a un ser humano, este ser humano no existe todavía. Sé bien que la Iglesia lo considera existente desde el momento de la concepción, pero hasta que una persona no es tal, hablar de ser humano es imposible.

Nos vemos ante una elección absolutamente pertinente en términos de humanidad, y que ha de afrontarse como tal. Todas las jóvenes con las que me he encontradoy que han tenido que hacer esa elección pueden haber sufrido, como en el caso de una posibilidad que no se ha realizado.

No estoy por tanto de acuerdo con expresarse superficialmente, por no decir con dudoso sentido del humor, como he leído en la broma de: «Fuera el Vaticano de mis bragas».

En esos casos, es bueno recordar que la Iglesia Católica tiene un código propio que nada tiene que ver con el del Estado. No creo que sea cuestión de volver atrás en esta distinción, que Italia ha hecho en su momento, por más que se tardase en ello.

Rossana Rossanda  Es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso.  Il manifesto, 18 de octubre de 2018 Traducción: Lucas Antón http://www.sinpermiso.info/textos/italia-la-iglesia-el-estado-y-la-libertad-de-eleccion-de-las-mujeres

38.18.-LAS ERRÁTICAS UNIVERSIDADES – Bernardo García

»Lejos esté de nosotros, Majestad, el funesto vicio de pensar»

(según se cuenta, sentencia del rector de la Universidad de Cervera al
absolutista Fernando VII)

Manifestación en la calle 73 Foto: archivo Publimetro

No es lo mismo pedagogía que aprendizaje. Ni tampoco es lo mismo aprendizaje que investigación. Así sucede que excelentes profesores de cátedras magistrales produzcan alumnos con notoria mediocridad. Lo que entra por una oreja sale por la otra y sólo quedan unas notas garrapateadas a gran velocidad que serán el texto de estudio para responder en el examen. También sucede que excelentes alumnos egresados con honores no dan pié con bola cuando ingresan al trecho donde se forcejea por encontrar nuevas luces. Porque los brillantes egresados estaban acostumbrados a embodegar, no a buscar.

Pero las reformas de calidad en el aprendizaje e investigación  languidecen cuando surgen voces de malestar universitario. La precariedad financiera es un problema de bulto y de esforzada presión, como se ventila ahora. Inclusive el problema del poder universitario como se planteó en las grandes movilizaciones de 1971, el problema se despacha con cupos en el Consejo Superior. ¿Pero quién se atreve a descabezar la plétora de  cátedras presenciales obligatorias para darle paso al estudio privado de excelentes textos que deben ser leídos, analizados y resumidos? Si todo el sistema universitario está montado sobre el pago a los profesores por hora-cátedra o su múltiplo, se produciría una expulsión masiva de profesores. No es así. Unos pasarían a ser monitores y tutores y; otros pasarían a ser profesores  ex – cátedra e investigadores.

Ese cambio y otros parecidos no los toleran los profesores. Tampoco les interesa a los estudiantes que asisten confortablemente a escuchar profesores que tratan de resumirle y explicarle a los estudiantes lo que se encuentra en tratados y libros de texto de fácil acceso. Poco esfuerzo para el auditorio estudiantil y bajo aprendizaje. Además habría que resolver el problema de la preparación de profesorado. Un tutor-profesor le enseña al alumno a planificar su tiempo, a planificar sus tiempos de estudio según el tipo de materia, la técnica de esquemas y resúmenes de lectura, los métodos de memorización y los métodos analíticos de comprensión, la mecánica central de las materias que estudia. Le enseña a aprender, a estudiar, a investigar. Y eso como monitoreo individual y seguimiento por lo menos en el primer año de estudios.

Pero también está el profesor-investigador que administra su tiempo entre una cátedra a la semana y tiempo de investigación. Son profesores ya consagrados. El control se ejerce a través de la publicación semestral en la revista de la facultad de los “avances de investigación” a juicio de sus lectores. Y claro que los artículos publicados se convierten no sólo en el acervo científico y técnico al servicio de la comunidad, sino que esos aportes son los que diferencian a las prestigiosas universidades de las menores.

En Europa, después de la Carta Magna de las Universidades Europeas (Bolonia, 1988) firmada por cerca de tres mil rectores de universidades europeas; después de la Declaración de la Sorbona (mayo, 1988) firmada por los ministros de educación de Francia, Alemania, Italia y  Reino Unido; y después de la Declaración de Bolonia (junio 1999) firmado por treinta ministros europeos de educación, se ha producido un clima de controversia y reformas.

Primero fueron recibidas con aire de suficiencia y ridiculizadas. Luego se produjeron fuertes reacciones sobre todo por la pretensión de introducir en la academia el concepto de productividad y competitividad dentro de la política neoliberal de la globalización. Finalmente, tercian en la contienda diversas tendencias que se presentan como alternativas modernizantes de un cascarón que se volvió inepto para operar con universidades de grandes masas estudiantiles y demanda industrial de conocimientos. Bg

37.18.-LA CORRUPCIÓN Y LAS “ÍAS” – Salomón Kalmanovitz

La corrupción surge con el exceso de poder que detenta un agente público o privado sobre las decisiones que pueda tomar, que cuenta con discrecionalidad para tomar dichas decisiones (puede hacer lo que quiere) y cuya posibilidad de poder ser descubierto y castigado es mínima. Es una situación en la que el beneficio económico privado del involucrado en el acto corrupto va en detrimento del interés general. Esta es la conducta corrupta que tipifican las investigadoras Arango, Dávila y Newman* para hacer recomendaciones a los entes de control penal (Fiscalía), administrativo (Procuraduría) y fiscal (Contraloría).

8 oct 2018.- La forma como son elegidos estos funcionarios impide que se concentren en investigar la corrupción y colaboren entre sí para erradicarla. Surgen de ternas que generan una selección adversa, dictadas por la política, no de procesos de selección meritoria; por lo demás, los requisitos para ocupar esos cargos son poco exigentes y los funcionarios no deben aclarar los conflictos de interés de su pasado que puedan lesionar su objetividad y que los obliguen a declararse impedidos para conocer casos en que hayan estado involucrados. Estos conflictos son evidentes en la conducta del fiscal Martínez Neira como abogado de poderosos intereses privados (Mattos y Sarmiento Angulo), consultor de gobiernos y de agencias de contratación estatal (ANI), y superministro. Su abuso de poder es evidente con su atropello de la JEP.

El incentivo del fiscal en particular es avanzar su carrera antes que combatir el crimen y la corrupción, convirtiendo sus investigaciones en espectáculos mediáticos, corrompiendo las pruebas que publicita y con las cuales lincha públicamente a los sospechosos. Las tres “ías” no actúan de manera coordinada, lo cual potenciaría su radio de acción y su éxito en el combate contra el crimen, ni fortalecen sus capacidades científicas de investigación; más bien, cada una busca su interés y compite con las demás por la palestra.

Una de las grandes fallas de los tres entes es que no pueden acceder a los datos reservados que recoge la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), restricción seguramente introducida por los corruptos. Esta información permite probar la conducta punible y reparar a las víctimas, mediante la extinción de dominio de los bienes y dineros apropiados indebidamente, especialmente cuando la víctima es el propio Estado.

La puerta giratoria es otra conducta tipificada como corrupción en la que un funcionario adquiere información privilegiada para después explotarla en beneficio propio, en detrimento del Estado, algo que debiera perseguir la Contraloría en especial. Como lo mostró Óscar Alarcón en este diario, el artículo 3º de la Ley 1474 de 2011 introdujo la prohibición a funcionarios públicos de utilizar de manera indefinida los conocimientos adquiridos a favor de negocios propios, para prevenir nuevos carrasquillas.

Noticias Uno demostró cómo representantes de la empresa del exministro convencían a los alcaldes de que se endeudaran facilito con los carísimos bonos del agua y no con Findeter, que tenía requisitos estrictos para salvaguardar los recursos que prestaba de manera responsable. Esos municipios quedaron sin agua y endeudados, más empobrecidos que nunca. Con todo, ninguna de las “ías” va por Carrasquilla.

* Leonardo Villar, Daphne Álvarez (editores), “Lucha integral contra la corrupción en Colombia: relfexiones y propuestas” (Fedesarollo, 2018). https://www.elespectador.com/opinion/la-corrupcion-y-las-ias-columna-816645 

37.18.-A LA CACERÍA DE CORONELL – Yohir Akerman 

El 16 de mayo de 2005 a las 7:50 p.m. llegaron a la sede de Noticias Uno dos coronas mortuorias. La primera a nombre de Daniel Coronell y la segunda lamentando el fallecimiento de su esposa, María Cristina Uribe, y de su hija Raquel, en ese momento de seis años de edad.

7 oct 2018.- Con unos lapsos de 15 minutos se entregaron, en diferentes partes de Bogotá, otras coronas fúnebres con amenazas de muerte en contra de otros dos periodistas. (Ver Comunicado FLIP).

Las intimidaciones se tornaron tan violentas y creíbles que el 8 de agosto de ese año Coronell se mudó con su familia a Buenos Aires, Argentina, luego de descubrir que varias amenazas en su contra provenían del computador del señor Carlos Nader Simmonds, amigo cercano del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. (Ver Descubriendo al verdugo)

Nader estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico y conspiración y, si eso no fuera suficiente, celebró con Pablo Escobar el asesinato de Luis Carlos Galán diciendo que era “más buen muerto que un hijueputa”.

Dos años después, el viernes 29 de junio de 2007, un avión proveniente de Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, en el que regresaba a Colombia la familia Coronell Uribe.

Pero sus problemas no habían terminado. Por el contrario, hasta ahora empezaba lo peor.

Coronell retornó para volver a la dirección de Noticias Uno y continuar con su valiente trabajo investigativo. Ese día la producción del noticiero le entregó un celular, cuya existencia y abonado telefónico solamente lo conocían sus familiares y los reporteros del informativo.

Dos días después, es decir, el 1º de julio de ese año, el periodista recibió una llamada de un número que no aparecía registrado en su libreta de contactos y del cual él no sospechaba de quién era.

Al contestar la llamada la voz en el otro lado de la línea era, nada más y nada menos, del señor Santiago Uribe Vélez, hermano del entonces presidente. En la comunicación el hacendado le expresó su molestia por una columna que Coronell publicó en la revista Semana el 29 de abril de 2007, titulada “Guacharacas y autogoles”, en la cual revelaba los negocios que la familia Uribe Vélez sostuvo con los hermanos Gallón Henao, conocidos por el asesinato del futbolista Andrés Escobar.

No era difícil adivinar de dónde había sacado el privado número el hermano del presidente.

Lo que no sabía el reportero era que el mismo Uribe Vélez le había ordenado al entonces director del DAS determinar quiénes eran las fuentes que le suministraban la información sobre los hechos que la familia presidencial quería mantener en el anonimato, según manifestó la subdirectora de Operaciones, Martha Inés Leal Llanos.

El número celular de Coronell en ese tiempo, que le habían entregado en Noticias Uno cuando regresó del exilio, era el 314 237 3876 y ese teléfono apareció en un archivo llamado “60949.html” que fue incautado en el computador de Leal Llanos cuando la Fiscalía allanó el DAS. (Ver 60949.html).

Según el informe de la Fiscalía, Leal Llano envió un correo electrónico el 25 de febrero de 2008 a las seis de la mañana solicitando como información “urgente” interceptar los abonados telefónicos 314 237 3876 y 310 850 1357 a nombre, supuestamente, de Miguel Ángel Mesa Cuadros. (Ver Procuraduría).

Esa era una estrategia para no poner el nombre de Coronell en la solicitud de una chuzada de un teléfono ya que no había bases legales para hacerlo, sino pedirlo para una persona que sí reunía los méritos jurídicos para una interceptación legal.

Una fachada.

Pues bien, el 12 de septiembre de 2007 hubo una reunión en el Metropolitan Club citada por Bernardo Moreno Villegas, secretario general de la Presidencia de la República en ese momento, con María del Pilar Hurtado, directora del DAS, y el capitán Fernando Alonso Tabares Molina, quien fungía en ese entonces como director de Inteligencia del mismo organismo.

La cita de trabajo tenía el propósito de escuchar, a través del secretario Moreno Villegas, las instrucciones que el jefe de Estado le impartiría a la nueva administración del DAS.

Durante el desayuno, Moreno Villegas tomó la palabra la mayoría del tiempo y les manifestó a Hurtado y a Tabares, quienes atentamente tomaban apuntes de las órdenes del secretario del presidente Uribe, que el “interés del señor presidente de la República” era que el organismo de inteligencia lo mantuviera informado sobre cuatro temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia, los congresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro, y el periodista Daniel Coronell.

La constancia de dicha reunión quedó registrada en los cuadernos de contabilidad del Metropolitan Club en el acta de reserva No. 9839 y la factura No. 001-0032737, que fue pagada por el Fondo Rotatorio del DAS.

Como establece el fallo que condenó por esos hechos a la exdirectora del DAS, “se acreditó que para los meses de abril y mayo de 2008 María del Pilar Hurtado presionó a sus subalternos para que obtuvieran información de Coronell, debido a la molestia que le generaban al presidente de la época los artículos publicados por dicho periodista, razón para que se fijara como objetivo identificar sus fuentes en pro de lo cual se realizaron actividades de seguimiento y vigilancia sobre este comunicador”.

El togado concluyó que, a pesar de que no había una razón legítima para activar el aparato de inteligencia del Estado, se comprobó que “el interés de la Presidencia en obtener esos datos se fincó en la postura crítica al Gobierno desplegada por el periodista. Así las cosas, es claro que los acusados impartieron instrucciones para que se adelantaran actividades de inteligencia contra este comunicador, las cuales son ilegales”.

Se pone peor.

El coordinador de Operaciones del DAS, Fabio Duarte Traslaviña, confesó que, por órdenes de Leal Llanos, se designaron a los detectives David Alejandro Marín Avendaño y Andrés Felipe Sánchez Andrade, para que realizaran el espionaje contra Coronell, su familia y el equipo periodístico de Noticias Uno, entre ellos a su subdirector, Ignacio Gómez. (Ver Orden del DAS).

“Dichos detectives implementaron una fachada relacionada con venta de flores para poderse acercar al sitio de residencial del referido periodista”, le narró Duarte a la Fiscalía. El agente de inteligencia agregó que tanto Marín como Sánchez se desplazaban todos los días al centro comercial Dorado Plaza en Bogotá, en donde están las instalaciones de Noticias Uno, para realizar labores de verificación de las actividades de Coronell. (Ver Declaración Duarte).

Duarte también reveló que él mismo autorizaba la asignación de un vehículo del DAS para hacer la persecución al director de Noticias Uno y su esposa, María Cristina Uribe, especialmente los fines de semana cuando se emitía el noticiero. “Trataban de seguir la caravana o el esquema de protección tanto del señor Coronell como el de ella”, exclamó el agente del DAS.

Por su parte, Martha Leal también reveló que se verificaron los registros migratorios de Coronell y su esposa y, no siendo suficiente, le solicitaron a la UIAF “información de los movimientos bancarios de ellos” para determinar si estaban haciendo transacciones en Colombia, “en qué ciudad, por qué sector, a fin de dar con su ubicación de domicilio”.

Fuera de eso, con el fin de lastimar su reputación, fabricaron un documento falso de inteligencia, en el que un testigo asegura que recibió $500 millones de Daniel Coronell, Gustavo Petro y Piedad Córdoba para testificar en contra de Uribe Vélez. Cuando se investigó este tema, se descubrió que fue un informe fabricado por el DAS por órdenes de Presidencia. (Ver Falso Informe).

Bastante similar al modus operandi por el que investigan ahora al senador Uribe por manipular testigos en la Corte Suprema.

No siendo suficiente, como lo denunció el 2 de mayo de 2008 Felipe Zuleta en una columna de este diario, el entonces presidente Uribe, por medio de un cercano, contactó a un grupo de comunicadores para que escribieran un libro en contra de Coronell. (Ver Columna).

El encargado de lograr esa tarea fue el señor Juan Gonzalo Ángel, histórico amigo del expresidente y hermano de Luis Guillermo Ángel, mejor conocido como “Guillo” Ángel, uno de los 12 narcotraficantes que fueron indultados en 1993 a cambio de su colaboración con la justicia en el desmantelamiento del Cartel de Medellín. (Ver Las licencias de Uribe).

Guillo Ángel está relacionado con la empresa Helicargo, dueña del helicóptero Bell 2006 B donde murió el empresario Pedro Juan Moreno Villa. Esa empresa fue la misma que escogió, años más tarde, el entonces presidente Uribe Vélez para transportar en sus helicópteros a los paramilitares que se desmovilizaron en la zona de Ralito. (Ver La compañía).

Juan Gonzalo Ángel es tan cercano a Uribe que ha sido constante invitado a los eventos sociales de la familia, incluso al matrimonio de los hijos del ahora senador.

Pese a todos estos ataques, Coronell nunca ha renunciado a su labor de investigar e informar, como lo hizo al no constituirse como víctima en el proceso por las “chuzadas” del DAS, para poder seguir cumpliendo con su labor periodística. Aunque la justicia comprobó que su actividad como reportero y columnista de opinión lo convirtió en “blanco” de la policía secreta de la Presidencia de Uribe Vélez, los ataques en su contra con mentiras nunca se han detenido.

Hace unas semanas hubo un nuevo artículo difamatorio en contra de Coronell, esta vez en el portal Kienyké, escrito por un excomisionado de televisión llamado Fernando Álvarez. Este señor, como lo establece El Tiempo el 11 de febrero de 2008, es amigo y una ficha del señor Juan Gonzalo Ángel. Tan cercanos son que Álvarez terminó en la junta directiva de la compañía de televisión por cable de Ángel justo después de ser comisionado. (Ver Comisionado de TV).

Una coincidencia.

Las mentiras y falsedades son repetidas una y otra vez para tratar de volverlas verdad, y con eso acabar con la reputación de los que informan e investigan. Eso hace parte de una campaña sistemática de amenazas, descrédito y desprestigio que fue reactivada recientemente en contra de Coronell, y en contra de otros periodistas y columnistas de opinión entre los que me cuento. Sobre eso únicamente puedo decir que no tengo nada que ocultar, no me da miedo, no le temo a las agresiones que vienen y seguiré informando e investigando.

https://www.elespectador.com/opinion/persecucion-columna-816573

36.18.-UN FISCAL QUE GENERA MIEDO – Cecilia Orozco

Cuanto más tiempo pasa, más argumentos hay para fundar el miedo que genera el fiscal general, incluidos los ciudadanos más poderosos del país: expresidentes, políticos, abogados de renombre, altos servidores del Estado, empresarios y un largo etcétera de personajes públicos que no soportarían, en otros funcionarios, ciertas actitudes desafiantes suyas que no casan con la democracia, prefieren cerrar los ojos, sellar los labios y acercarse cuanto puedan al actual jefe de la entidad investigadora.

La fama de vengativo y “complicado” que tiene Néstor Humberto Martínez, no obstante, se ha ido difundiendo entre susurros para evitar que alguien le cuente al involucrado lo que se dice de él y, sobre todo, quién lo dice. Paradójicamente, el propio Martínez se está encargando de darles la razón a sus solapados críticos con sus frases cargadas de prepotencia, con sus intervenciones, con sus declaraciones cuando anuncia un caso y con sus decisiones o con las de la Fiscalía General que, para el caso, constituyen un solo ser.

26 sep 2018.-  A vuelo de pájaro, recuerdo los choques internos que Martínez generó en la Casa de Nariño con su soberbia, cuando Juan Manuel Santos —también débil ante él— cedió a la presión de nombrarlo “superministro de la Presidencia” con un rango superior no solo al de secretario general —único cargo equivalente que existía, jurídicamente hablando— sino al de todos los altos consejeros y ministros del gabinete.

Recuerdo también la grosería que cometió con sus colegas de gobierno, los ministros del Interior y de Justicia, cuando los desautorizó, delante del Congreso en pleno, en momentos en que se discutía la reforma al equilibrio de poderes. Recuerdo, como si fuera hoy, a la representante Angélica Lozano quien proféticamente le reclamó que en vez de preocuparse por el país lo hacía por su campaña para fiscal general.

Y recuerdo los gestos y palabras de desprecio con que él la miró y le contestó desde la altura de su importancia. Recuerdo, cómo no, que uno o dos meses después, el doctor Martínez Neira se retiró dizque para dedicarse a su bufete pero qué va: pronto llegó a la terna de uno que Santos — débil ante él— le concedió y con la que pudo asumir el puesto que tiene temblando a Colombia ante lo que haga, decida, ordene el señor fiscal general.

Que lo digan los pocos que han tomado la opción de enfrentarlo: empiezan a quedar rastros de persecución o al menos de falta de garantías plenas desde la Fiscalía, en casos tan sonados como los del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, cuyo proceso ha merecido la atención de medios serios como Financial Times y Bloomberg que critican la parcialidad del fiscal Martínez, con nombre propio.

Que lo diga el periodista de Estados Unidos que tenía cita con Andrade y quien tuvo que cancelarla porque, misteriosamente, la noche anterior llegó a la casa de Andrade un funcionario del Impec para notificarle la prohibición de adelantarla. Prohibición que le fue reprochada por el juez a la fiscal del caso, por considerarla inconstitucional.

Que lo diga, aun con todos los enredos que puedan complicarle la vida, el senador Armando Benedetti a quien justa o injustamente la Fiscalía lo involucró en el escándalo de las chuzadas ilegales de un grupo de expolicías y particulares, violando el fuero parlamentario que le garantiza el examen de su proceso por parte de la Corte Suprema.

Que lo diga la valerosa María Jimena Duzán que se ha atrevido a cuestionar el desempeño de Néstor Humberto Martínez (impedido, en la forma) en el escándalo de Odebrecht: uno de sus subalternos cercano a su despacho interpuso una tutela contra la columnista a pesar de no haber sido nombrado, jamás, por ella.

No hay que equivocarse: con la personalidad de Martínez, sobra decir que él está detrás de la acción judicial o si no, su funcionario se va. Apuesto a que se queda porque el foco de las críticas de María Jimena ha sido Martínez Neira en su triple papel: apoderado de uno de los socios del consorcio Odebrecht; “superministro” del gobierno en que se aprobaron varias obras adjudicadas a ese grupo y, ahora, cabeza de la entidad que investiga el entuerto. ¿A quién le interesa callar a la periodista: a alguien que el público no identifica o a uno de los personajes más publicitados de los medios y periodistas?

Entre paréntesis. Que lo diga yo, a quien como directora de Noticias Uno, el mismísimo Néstor Humberto Martínez me entabló, hace un año, una acción de tutela por una información cuya esencia era cierta pero que dejaba mal parada su imagen de abogado. La ganó, a medias, la ganó Noticias Uno también a medias, porque el juez no concedió las exorbitantes pretensiones que solicitaba el accionante. Ahora, cerrado el caso, puedo confesar que me sentí en inferioridad de condiciones: yo, simple ciudadana y periodista frente a una de las altas cabezas de la rama judicial.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

https://www.elespectador.com/opinion/un-fiscal-que-genera-miedo-columna-814324

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36.18.-JUSTICIA POLITIQUERA – Andrés Hoyos* 

Lo vivimos hace poco y fue una calamidad: un personaje que ejerció de procurador general de la Nación hasta que el Consejo de Estado lo tumbó por haber sido elegido en medio de graves conflictos de intereses no estaba allí para impartir justicia disciplinaria, sino porque quería ser presidente de Colombia. Hoy ejerce de vergüenza de Colombia ante la OEA. Por el camino, sus tropelías nos regalaron un mártir que sacó ocho millones de votos en junio de este año. Pésimo antecedente.

26 Sep 2018.-  La paradoja resulta obvia y reiterada para quien converse con gente que ha trabajado en el Estado: mientras que personas probas salen de allí empapeladas hasta las narices, y muchas veces incluso van a parar a la cárcel, los Musas, los Ñonos, los Lyons y los señores del Cartel de la Toga siguen haciendo de las suyas, aunque debemos aceptar que ahora los procesan con algo más de asiduidad.

Una de las razones para el descaro de los poderosos de la justicia es que no existe quien vigile, discipline y castigue a sus altos cargos cuando cometen faltas o delitos. Esto es así porque, en la más vergonzosa decisión que ha tomado nunca la Corte Constitucional, la mayoría de sus magistrados invocaron una supuesta sustitución de la Constitución para evitar que se implantara un tribunal de aforados que, entre otras cosas, podría haberlos castigado a ellos.

Las tres ías son particularmente problemáticas. Tomemos la Contraloría, de la que acaba de salir con ínfulas de Catón don Edgardo Maya. No se extrañen los lectores si pronto lo ven de candidato en algún certamen electoral. Revisé un documento delirante que el hombre dejó de regalo de despedida:  http://bit.ly/2O3REIV. Ahí se usa la palabra “billones” como si fueran granitos de maní.

Es, en últimas, un programa populista. Se nota que el señor excontralor no tiene ni la menor idea de que para gastar billones primero hay que recaudarlos o recuperarlos.

Yo solía tener buena opinión de Fernando Carrillo, pero una vez el hombre se vio sentado en la silla de procurador, le entró la necesidad de mojar prensa a diario. Ahora quiere impartir castigos penales. ¿Lo veremos pronto inscrito en alguna elección? Algo me dice que sí.

Dejé para el final el caso más grave. A mí sí me venía extrañando que Cambio Radical radicara proyectos de ley como si ese partido no hubiera sido vapuleado en las elecciones presidenciales de junio, hasta que entendí que el candidato para 2022 no se llama Germán Vargas, sino Néstor Humberto Martínez. Un fiscal general debe ser drástico, pero al mismo tiempo tiene que ser justo, y alguien que anda desde siempre en campaña electoral no puede ser justo. Necesita vivir de titular en titular, necesita ejercer el papel de vengador, necesita escándalos justicieros. La noción de dolo ha desaparecido de muchas de las acusaciones de la Fiscalía. Basta con cometer un error incluso de interpretación, obviamente sin intención dolosa, para ir a parar a la cárcel por diez o más años. Eso le pasa al acusado por atravesarse en la carrera de un caballo desbocado.

Urge pasar ya una reforma constitucional —sí, lo siento, una más— que implique que las personas que ocupen los más altos cargos en la justicia tengan un impedimento legal para ser candidatos presidenciales en los cinco años siguientes a su salida. Así se dedicarían a impartir justicia, no a hacer campaña desde sus puestos. Nos debe quedar claro que es un imposible moral votar por cualquiera de los arriba mencionados.

*Director de la revista literaria El Malpensante, Bogotá https://www.elespectador.com/opinion/justicia-politiquera-columna-814325

35.18.-AUTOR DE FALSOS POSITIVOS, INVITADO DE LAFAURIE-CABAL – Cecilia Orozco

El coronel Plubio Hernán Mejía, famoso en otra época del Ejército por su récord en bajas producidas en combate, y a quien, tiempo después, la justicia investigó y condenó por operar en coordinación con los paramilitares de alias Jorge 40; por recibir, en recompensa, $30 millones mensuales de esa agrupación, y, lo más grave, por presentar unos cadáveres vestidos con camuflados como si fueran cuerpos de guerrilleros, fue uno de los invitados de José Félix Lafaurie, presidente de la junta directiva del cuadragésimo festival Cuna de Acordeones, a su lanzamiento.

19 Sep 2018.- El festín se realizó el jueves pasado en un lugar del norte de Bogotá. Portando uniforme militar, en gesto de desafío que ofende a las Fuerzas Armadas de Colombia, el coronel Mejía departió, whisky en mano, con personajes del alto mundo social capitalino, algunos de los cuales seguramente ignoraban quién era ese uniformado. Se trataba de presidentes de empresas, notarios, abogados de billetes de buena y mala reputación, publicistas, relacionistas (“influenciadores”, les dicen ahora), la señora madre del presidente Duque y, por supuesto, personajes de la música vallenata

También lo recibió, con enorme gusto, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, esposa del anfitrión. Hace unos días, la congresista, que ha hecho triste fama por sus declaraciones de odio, hizo ruborizar al habitante actual de la Casa de Nariño, su colega de partido Iván Duque, cuando lo conminó a retirar a la que llamó “una cúpula inservible”. Se refería al general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares; al brigadier general Ricardo Gómez Nieto, comandante del Ejército; al vicealmirante Ernesto Durán González, comandante de la Armada; al general Carlos Eduardo Bueno, comandante de la Fuerza Aérea y al general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía Nacional. Entre los cinco oficiales despreciados por pertenecer a la categoría de “inservibles”, término inaceptable para marcar a seres humanos salvo desde la óptica nazi, suman más de 170 años de servicio público que, en la teoría Cabal, habría que tirar a la basura. ¿Su error? Haber sido leales a la Constitución en cuanto a la obediencia debida a quien ocupe la jefatura de Estado, sea quien sea. Es decir, actuar como demócratas.

En contraste, Plubio Hernán Mejía traspasó los límites de la Carta y del Código Penal, según dictamen judicial de pleno derecho. Él llegó a Valledupar en pleno auge paramilitar y sus mayores triunfos coincidieron con la época en que se daban recompensas oficiales a los militares que entregaran el número más alto de cadáveres de “bandidos”. En desarrollo de una de esas tareas calificadas por la Corte Penal Internacional como delitos de lesa humanidad que no pueden ser amnistiados, el coronel Mejía llegó a su batallón, un día de octubre de 2002, con 19 cadáveres de presuntos miembros del Eln. Lo extraño era que él había logrado esa “hazaña” con 14 de sus hombres que conformaban su grupo de combate, en realidad, de cacería. Ese grupo, al que los demás miembros del comando caribeño llamaban, tétricamente, “el zarpazo”, llegó ileso: ninguno de los uniformados, pese a su inferioridad numérica, había sufrido un rasguño mientras los comandos de contraguerrilla, completos, no tenían tanta suerte.

En 2007, Mejía fue retirado de las filas y en 2013 recibió una condena de 19 años de prisión cuando la justicia descubrió —mediante testigos, confesiones de paramilitares y comprobaciones en campo— que los muertos eran, en realidad, miembros de una célula del segundo hombre de Jorge 40, alias 39, que le pidió “ese favor” al coronel porque lo habían traicionado. Se trataba de una retaliación entre criminales.

Sin importar la condena y otros tres procesos por hechos similares, la senadora Cabal y su esposo son amigos cercanos del condenado a tal punto que la congresista lo visitaba con frecuencia, en la cárcel, según su propia versión. En efecto, hay registros en video de su devoción y del de la de la senadora Paola Holguín, llorosa con lo que parece ser un uniforme de Mejía apretado contra su pecho, durante el lanzamiento del libro de autoría del condenado, Me niego a arrodillarme, evento que contó, de paso, con un sentido mensaje de admiración de Álvaro Uribe.

Pese al título de su libro, Mejía se acogió a la JEP, la jurisdicción especial para juzgar crímenes de guerra que el uribismo y el fiscal general rechazan por favorecer a las Farc. En virtud de su decisión, el coronel fue dejado en libertad y, por eso, hoy puede ir a las fiestas e intercambiar saludos, risas y charlas con bogotanos encopetados que no censuran su conducta. Si se tratara de decir la verdad, de reparar, de pedir perdón por sus actos y de prometer no repetición, Plubio Hernán Mejía haría un aporte a la paz de Colombia. Pero, por lo que afirma, voz en cuello, doña María Fernanda, no parece que ese sea su interés. Ella y su bando de ultraderecha utilizan la JEP para disfrute de sus aliados. Intenta destruirla, en obvio desnivel social, si se concede libertad a los miembros de las antiguas Farc. ¡Vaya, vaya! Vamos entendiendo la lógica uribista

https://www.elespectador.com/opinion/autor-de-falsos-positivos-invitado-de-lafaurie-cabal-columna-812944

35.18.-VACACIONES DE VERANO EN ISRAEL – Victor Ginsburgh

En respuesta a un Judio que lo acusó de ser un «Judio que se aborrece» Gabriel Piterberg, ex isrealíta y ex maestro de la Universidad de California en Los Angeles, habría contestado «No,yo no me odio, por el contrario, yo te odio «.

Y también :

– Díganos, señor Ministro, en una palabra, ¿cómo describes la situación en Israel?

– «En una palabra, buena», respondió el Ministro.

– Y en dos palabras, ¿qué dirías,» reanudó su interlocutor?

– En dos palabras, no buena.

Y es la respuesta en dos palabras que es necesario describir, pero que reservo algunas buenas noticias para el final y guardo la primera de las dos historias que acabo de contar para mi uso personal.

18 sep 2018.- Donald Trumpador (el nombre de un nuevo ungüento destinado a sujetar el pelo, incluso cuando usted tiene mucho, véase la ilustración) ha anunciado el cierre de la misión diplomática palestina en Washington, porque » los palestinos se niegan a discutir los esfuerzos de paz con Israel «(1). Ha cortado los fondos EE.UU. fondos para la Agencia de Trabajo de las Naciones Unidas para Palestina (OOPS), porque no debe mantener campamentos palestinos ya, que de lo contrario los indigentes que viven nunca saldrían (2). Y también congeló fondos de los EE. UU. para hospitales palestinos en Jerusalén Este que ya no existe, ya que la ciudad ahora está unificada y bajo el dominio israelí (3). Además, dijo Jared Kushner, el yerno de Trumpador -«medidas punitivas contra los palestinos promueven la paz y la administración [estadounidense] cambia las ‘falsas realidades’  [recordatorio de lo que las llamadas por suegro-papá  ‘noticias falsas’ que le impiden avanzar «(4).

Además, Netanyahu  le dice a Trump, «no veo ninguna urgencia en revelar tu plan para la paz» (5). Tiene razón este caballero, ya lleva 69 años, ¿por qué apurarse?

En su reciente discurso en Dimona (centro de investigación nuclear militar de Israel), el mismo pequeño hombre declaró que «los débiles se desmoronan en migas (crumble),  son sacrificados como animales (slaughtered) y se borran de la historia del mundo , mientras que los fuertes, con  razón o sin ella, sobreviven «. Este caballero sin duda debe leer Mein Kampf. De hecho, en 1923, en Munich, Hitler había dicho: «La naturaleza es una batalla entre la fuerza y ​​la debilidad, una victoria eterna de los fuertes sobre los débiles» (6).

Un joven palestino de Gaza acaba de ser muerto por balas de soldados israelíes mientras que él agitaba las manos por encima de su cabeza (véase la ilustración). Pero, tenga la seguridad, de que el ejército investigará el incidente (7).

El soldado enfermero israelí Elor Azaria, que fríamente había matado a un palestino herido y tumbado sin movimiento en el Masa 24 de marzo de, 2016, fue condenado a 18 meses de prisión (mientras que en Israel, el castigo por asesinato es de 20 años por lo menos) pero Dios existe y su castigo ha sido reducido en un tercio por buena conducta. «No tengo ningún remordimiento», dice, «y estoy completamente en paz conmigo mismo. Hice lo que debía, de la mejor manera posible, y lo que sucedió después de [su juicio y detención] no debería haber sucedido. Si se hiciera nuevamente, yo haría lo mismo «(8). ¡Todavía hay allá jóvenes que tienen una fuerte mentalidad!

El Shin Bet (agencia de seguridad israelí) detiene a un ciudadano alemán de 34 años de origen palestino en la frontera con Israel porque, el criado del Shin Bet le dijo, «su sangre no es alemana, es palestina». (9).

La tribu beduina Jahalin había sido expulsada del Negev, y fue convertida en isrealita en la década de 1950. Se trasladó a Palestina y fue re-expulsada para dejar paso al asentamiento judío de Kfar Adumim. Luego se reubicó en Khan el-Amar, a unos 2 km de la colonia a la que está a la sombra. El Tribunal Supremo israelí acaba de autorizar la demolición de la aldea beduina y su escuela, donde 180 niños de los alrededores estudian y expulsaron a 173 habitantes, incluidos 92 menores. La razón es sin duda para permitir la conexión de la colonia Kfar Adumim a Jerusalén, y para cortar en dos los territorios ocupados. B’tselem, el centro israelí de información sobre los derechos humanos en los territorios ocupados, lo considera un crimen de guerra (10). Y Amira Hass explicó que la siguiente alternativa se propuso a la tribu como una nueva ubicación: ya sea un vertedero de basura o una planta de tratamiento de aguas residuales donde las viviendas están prohibidas. Y, agrega Amira Hass, «este no es el final de la historia». Lea más en (11).

 Después de recibir Viktor Orban antisemita perfecto que Netanyahu llama un «perfecto amigo de Israe”l (12), una alfombra roja se puso en marcha para recibir el admirador de Hitler, el augusto  presidente de Filipinas, y asesino de su propio pueblo, Rodrigo Duterte. El tapiz más colorido de los desplagados a sus pies es aquel multicolor,  es el Yad Vashem, el museo del Holocausto, que el querido y pequeño hijo-Hitler tuvo el gran honor y el placer, sin duda, a visitar (13). También asistió y participó en la inauguración de un Memorial dedicado a los filipinos que salvó a los judíos durante la guerra de 1940-45 (14). ¿Por qué piensas? Mira la foto donde Duterte sostiene muy profesionalmente una ametralladora fabricada en Israel, el país que espera venderle algo más a los filipinos. Está de todos modos, no se olvide de la bizness hay que olvidar que unos seis millones de personas assassinés.

Le Museo de Ciencias Humanas y Medio Ambiente Petah Tikva, reconocidos por el Ministerio de Educación y mayormente visitado por niños no deja lugar para la teoría de la evolución (15). El Museo de Historia Natural en Jerusalén, por su parte, cubre los paneles que explican la evolución y los dinosaurios, cuando la visita de grupos judíos ultra-religiosas (16) .

La radio pública israelí lamenta transmitir música de Wagner y suplica a sus oyentes que la excusen. Fue un error, admite (17). Bueno (y es lo que estoy escribiendo) Götterdämmerung, transmitido ese día, no es lo mejor que hizo Wagner .

Binyamin Sarele y su esposa son sospechosos de seria corrupción de diversos  órdenes, algunas de las cuales provocan risa. La investigación ya dura dos años, pero no sucede nada. Binyamin continúa inclinado, Sarele está más radiante que nunca, e incluso Yair, uno de sus hijos está allí. Si la familia Trump puede hacerlo, por qué no nosotros, dijo esta otra querida familia de Netanyahu. No hay necesidad de nota al pie, se sabe desde hace mucho tiempo. La prensa y la policía dicen que terminará mal. Todavía estamos esperando un poco con placer, pero no demasiado, por favor. Además, «Israel se encuentra entre los líderes de este mundo en la lucha contra la corrupción en el extranjero» (18). «En el extranjero» significa algo así como «el extranjero» .

Y para colmo, en agosto, la Knesset (Parlamento israelí) votó a favor de adoptar una ley que recuerda, como si todavía tenía, que Israel es un estado judío La ley agrega que los drusos, cristianos y musulmanes que viven en Israel serán ciudadanos de segunda clase, y que el árabe ya no se considera el idioma oficial del Estado judío y demócrata. Además, a los votantes palestinos que viven en Jerusalén solo se les permitirán 6 colegios electorales, mientras que los judíos tienen 187 (19). Obviamente, se puede obtener en línea, otros están trabajando, pero en Jerusalén, que son en su mayoría trabajadores sombrero …

Todo esto se puede resumir en el título de un excelente artículo de Bradley Burston titulado «El Israel que conoces acaba de terminarse. Agradece a Netanyahu. Mira a tu alrededor. El país no ha cambiado. Pero él no es lo que era. Haz  tu luto «(20).

Cuatro buenas noticias de todos modos.

¿Se despertarán los judíos estadounidenses? Aquí está el título de un artículo de Ronald Lauder, publicado en el New York Times el 13 de agosto de 2018: «Israel, esto no es lo que somos» (21). Ronald Lauder ha sido el presidente del Congreso Judío Mundial desde 2007 y el «nosotros» somos los judíos estadounidenses. Ya es hora, muchachos. La Embajada de los Estados Unidos se ha mudado de Tel Aviv a Jerusalén al sonido de las trompetas de Jericó cuyas paredes se han derrumbado. De hecho, a pesar de los Flons-flones otros dos embajadas sólo se siguieron: la de Guatemala (un país hermoso para visitar, pero eso no es una gran importancia política, excepto cuando la CIA se involucra, como en la década de 1950) y el de Paraguay, el país de ocultar un buen paquete de nazis, incluyendo el famoso «doctor» Mengele, nacido en el sur de Alemania, en un pueblo llamado por desgracia Gunzburg. Es bueno vivir allí: hace unos días, la temperatura promedio era de 22 grados centígrados. Qué éxito: las embajadas de tres de los 195 países (y los polvos radioactivos) se establecieron en Jerusalén. Pero tres (Estados Unidos, Guatemala y Paraguay) es demasiado, ya que este hotel de 5 de septiembre de, 2018, el nuevo presidente de Paraguay ha decidido trasladar su embajada en Tel Aviv (22) .

La mayor general Yitzhak Brick acaba de escribir un informe secreto que contradice violentamente el de Gabi Eisenkot, jefe del ejército israelí. Este último afirma que las Fuerzas de Defensa de Israel están listas para ir a la guerra (a un alto nivel de preparación para la guerra). Brick exige la formación de una comisión externa de la investigación, que será presidida por un ex juez del Tribunal Supremo a la consideración del asunto (23) .

Y por último, la mejor noticia es que podemos caminar de nuevo sobre las aguas del lago Tiberíades, porque la sequía ha reducido el nivel del agua y se ha formado una isla allí (24). Definitivamente, no hay más milagros en nuestro mundo.

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 (1) Amir Tibon, US annonce cierre de tarea diplomática Paestinian sobre la negativa a comprometerse con los esfuerzos de paz «, Haaretz, 10 de septiembre de 2018. (2) y el personal AFP TOI, Apelaciones del OOPS para los fondos en medio de la peor crisis financiera de la historia, The Times of Israel, 10 de septiembre de 2018. (3) Michael Wilner y Tovah Lazaroff, The Jerusalem Post, 9 de septiembre de 2018. (4). AFP Kushner: medidas punitivas contra los palestinos promuevan la paz, The Times de Israel, 15 de Septiembre de 2018. (5) Noa Landau, Netanyahu es ‘Plan de Paz’ Trump no veo ninguna urgencia en esta materia’, Haaretz 24 de agosto de 2018. (6) Philip Weiss, el credo de Netanyahu Sacrificados son débiles, fuertes sobreviven ‘se hace eco de Hitler Mondoweiss, 1 de septiembre de 2018. (7) Jack Khoury, Yaniv Ben Zikri Kubovitch Almón, de 16 años de edad Gazan muerto a tiros por soldados israelíes mientras agitaba sus manos. Ejército de investigar incidente, Haaretz, 8 de septiembre de 2018. (8) editorial, lo haría exactamente la Asamblea Sami, Haaretz, 29 de agosto de 2018. (9) Amira Hass, Shin Bet sostiene ciudadano alemán en la frontera con Israel: Su sangre El Tribunal Supremo israelí al servicio de la ocupación, B’tselem, 5 de septiembre de 2018. Véase también https://www.btselem.org/ press_releases / 20180905_supreme_court_in_the_service_of_occupation? utm_source = B% 27Tselem% 20Email% 20List y utm_campaign = 6492c52db6-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_08_12_28 y utm_medium = correo electrónico y utm_term = 0_19d0d9bede-6492c52db6- & utm_source = B% 27Tselem + correo + Lista y utm_campaign = c8f8628166EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_08_12_43 y utm_medium = correo electrónico y utm_term = 0_19d0d9bede-c8f8628166-121638969 (11) Amira Hass, Israel dice beduinos en Cisjordania: en primer firmar un desalojo voluntario, a continuación, vamos a ver si la nueva ubicación apesta, Haaretz, 1 de septiembre de 2018. (12) Bel Trew, Netanyahu Israel criticado por cortejar primer ministerio de extrema derecha de Hungría st Orban, The Independent, 19 de julio de 2018. (13) editorial, un Hitler admiraba en Yad Vashem, Haaretz, 2 de septiembre de 2018. (14) Noa Landau, Duterte de la filipina, que comparó a Hitler mismo, inaugurará Memorial del Holocausto en Israel, Haaretz, 29 de agosto de 2018. (15) Moshe Gilad, cómo la evolución est devenu una mala palabra en Israel, Haaretz, 11 de agosto de 2018. (16) Maya Asheri, Jerusalén Museo cubre exposición es evolución y cuando los dinosaurios ultraortodoxo estudiantes visitan, Haartez, 4 de mayo de 2018. (17) AFP, la radio pública israelí se disculpa por emitir música de Wagner, el Times de Israel, 3 de septiembre de 2018. (18) Eytan Halon, Israel Entre mundo Líderes en la lucha contra el soborno en el exterior, The Jerusalem Post, 12 de septiembre de 2018. (19) Nir Hasson, los votantes palestinos en las elecciones de Jerusalén tienen seis colegios electorales. Los judíos tienen 187, Haaretz, 23 de agosto de 2018. (20) Bradley Burston, Israel que usted acaba de terminar. Puede gracias Netanyahu, Haaretz, 22 de julio de 2018. (21) Ronald Lauder, Israel esto no es lo que somos, The New York Times, 13 de agosto de 2018. (22) Ravit Hecht, la Embajada flop de Jerusalén, Haaretz, Septiembre 7, 2018 (23) Amos Harel, secreto israelí Advierte carpeta: el ejército israelí está preparado para la guerra, Haaretz, 13 de septiembre de 2018. (24) Noa Shpigel, es que no siga difícil caminar sobre el agua en el mar de Galilea , Haaretz, 12 de septiembre de 2018.

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34.18.-EL FISCAL Y SU PELIGROSA OBSESIÓN CONTRA LA JEP – Cecilia Orozco

“¡Último minuto!”. Así rompió RCN Televisión su programación, hacia las 11 de la mañana del viernes pasado. El sobresalto informativo, con campanillas de alarma al fondo, provenía de un aviso de los que fascinan a Néstor Humberto Martínez: espectacular. “¡Atención! El fiscal general acaba de revelar que se abrió una investigación contra funcionarios de la JEP. El ente investigador trata de establecer si se presentaron irregularidades para favorecer a exintegrantes de las Farc”.

En pantalla, Martínez Neira, con gesto grave, soltó su gran noticia: “La Fiscalía tiene evidencias de que… unos inescrupulosos estarían cocinando en este momento falsedades y fraudes procesales para que la JEP no actúe… (silencio actoral)…. a partir de acciones inenarrables pero de las cuales tenemos evidencias…. (silencio actoral)”. Y su conclusión dramática: “Ese es el estado de cosas. De estos temas hay que hablar con claridad, con precisión y sin especulaciones”.

12 sep 2018.- El fin de semana noticioso se llenó, precisamente, de especulaciones como debió preverlo el fiscal, personaje que sabe, mejor que nadie, cómo se mueven las aguas espesas del poder político, judicial y mediático. En cuestión de horas y con una eficiencia que ya quisiéramos los periodistas para todos los casos, un pajarito les cantó a ciertos sectores de la prensa que suelen tener “chivas” originadas en la Fiscalía, los nombres de los condenados de Martínez y su citación inmediata a interrogatorio, lo que le hizo subir el clímax al segundo capítulo de la telenovela.

Se trataba de Martha Lucía Zamora, alta funcionaria de carrera judicial, y de dos contratistas externos de la Jurisdicción Especial. Para efectos publicitarios, Zamora, hoy jefa administrativa de ese sistema, era indispensable porque si se aspiraba a últimas horas, últimos minutos y extras, dos desconocidos contratistas no clasificaban. Los magistrados que componen la JEP y su propia presidenta fueron los últimos en enterarse del baldado de agua sucia que les caía encima, de seguro, si uno se atiene a su reacción y a la aclaración, esa sí no dicha por boca de Martínez, de que ninguno de ellos estaba entre los involucrados en las “acciones inenarrables” que merecieron el uso de atril y la declaración pública de la cabeza investigadora del país.

Quienes no nos rendimos de admiración ante los conceptos del fiscal omnímodo porque adivinamos otros intereses tras sus afirmaciones, esperamos que esta investigación sea seria y tenga bases sólidas. Y, sobre todo, que esté descontaminada del prejuicio ideológico de Martínez contra la JEP. Porque lo cierto es que la oposición del fiscal general frente a la creación misma de la Jurisdicción Especial de Paz es reiterativa, casi enfermizamente obsesiva.

El registro noticioso está ahí, como testigo de su necia actitud política, en el Congreso, al Acuerdo de Paz y, en particular, al sistema de justicia transicional que no tiene nada del otro mundo y que es similar, en su esencia, al de todos los países que se encontraban en situación de guerra insoluble y que, por eso, procuraron soluciones pacíficas. Por supuesto, me refiero a soluciones pactadas con generosidad entre personas dispuestas a cumplir su palabra de honor, no como sucede en Colombia, torpedeando lo firmado para después caerles a quienes se esconden temerosos, entre otros, de Martínez Neira y sus manipulaciones.

Su pomposo anuncio sobre los “inescrupulosos” funcionarios de la JEP que vienen siendo, por su nivel y número, un accidente en la reputación del organismo, es solo el más reciente ataque del fiscal a esa jurisdicción. Le antecede su grosera comunicación a la Corte Constitucional pidiéndole explicaciones — como si fuera su superior jerárquico— por la sentencia de exequibilidad del sistema transicional.

Por fortuna, el presidente de la Corporación lo mandó a hacer lo que es apenas lógico: leerla primero. Lo cierto es que Martínez pretende ser el único servidor que pueda tomar decisiones judiciales en Colombia: extradiciones, retención de autoridad sobre delitos del conflicto, calificación de la permanencia de ejecución de otros delitos, imputaciones abiertas contra guerrilleros desarmados, en fin, competencia total y eterna en sus manos. El uribismo no necesita hacer trizas el Acuerdo de Paz. Para eso tiene al fiscal general. (Y después se asombran de que Márquez y otros estén escondidos).

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https://www.elespectador.com/opinion/el-fiscal-y-su-peligrosa-obsesion-contra-la-jep-columna-811569

33.18.-NO ES LO MISMO PERSEGUIR A LOS CORRUPTOS QUE ATACAR LA CORRUPCIÓN – Juan Manuel López

¿Cómo debemos o podemos combatir el fenómeno que llamamos ‘corrupción’?

Por mucha movilización que se haya logrado en la consulta anticorrupción, la inmensa mayoría de los ciudadanos (70 %) no creyeron que ese voto fuera a cambiar algo. Foto: Leonel Cordero/Las2Orillas

La ‘Consulta Anticorrupción’ no dio el mensaje nuevo que buscan interpretar, puesto que el rechazo a la ‘corrupción’ ha sido la marca de estos años y nadie esperaba votos a favor de ella. Que no haya alcanzado el umbral tampoco permite deducir nada, puesto que la apatía electoral lo que refleja es la falta de credibilidad en las instituciones, y, tal como se vio, por mucha movilización que se haya logrado, la inmensa mayoría de los ciudadanos (70 %) no creyeron que ese voto fuera a cambiar algo.

Lo que sí dejó es la pregunta de ¿Cómo debemos o podemos combatir el fenómeno que llamamos ‘corrupción’?

5 sep 2018.-  lo que puede ser la respuesta es que estemos mal enfocados al asumir que el problema es la existencia de los corruptos como si en Colombia esto fuera un fenómeno de generación espontánea. Como el cuento del bobo del pueblo que sabía quién había cometido el robo y acabó revelando que ‘los ladrones’, nosotros decimos que la corrupción es culpa de los corruptos.

Entonces las medidas que se toman son: hay que atacar a los corruptos. A eso se dirigieron las preguntas de la consulta, entendiendo por corrupción el saqueo de los recursos públicos a través del abuso del poder político.

De hecho, otras modalidades de actuaciones o no se consideran ‘corrruptas’ o se ven como de una gravedad menor. Un pronunciamiento cuestionable pero debido a otras motivaciones como las del procurador Ordoñez y sus convicciones personales; o por lealtad política como el comunicado del presidente de la Corte Constitucional para dar vida ilegal al Congreso Liberal; o nombramientos en notarías o embajadas para conseguir ‘gobernabilidad’; o el aprovechar el poder para conseguir el préstamo de un elefante para realizar una original boda; esos no pesan porque para el rating de los medios son temas demasiado sofisticados que no dan para escandalizar directamente al grueso público; estudiar las causas de la corrupción es mucho menos vendedor que señalar a quienes ganan dinero ilegalmente.

Causas son: la pobreza, puesto que la falta de opciones de vida lleva a comportamientos extremos que van desde la delincuencia común hasta los movimientos subversivos; nuestro sistema político que hace que las elecciones dependan de la capacidad de conseguir votos según una estructura clientelista, la que a su turno depende de las prebendas que se ofrecen a quienes la mueven: el acceso al poder es un negocio como cualquier otro, en el que según lo que se recibe se debe retribuir; por supuesto se incluye el modelo que supone que el egoísmo individual trae el bienestar colectivo -premisa del capitalismo-; o el sistema de mercado que depura a los ineficientes sin decir qué pasa con ellos -premisa del neoliberalismo-,  y da prevalencia a la idea que la competencia cumple una función más importante que la solidaridad; o ‘la puerta giratoria’ que asume que quien es exitoso bajo las reglas y valores del sector privado puede transformarse en administrador de su contraparte como lo es el sector público.

Todos estos aspectos son sujeto de controversias, y, buenos o malos, hoy rigen en el mundo que nos rodea. Para controlar su desborde, al no quererse cambiar en las raíces, se crean leyes y entidades que deben cumplir la función de compensarlo o impedirlo para “reducir la corrupción a sus justas proporciones”-

El nivel de corrupción depende de la eficacia
de la Administración de Justicia,
la cual en la práctica no existe en Colombia

Lo que lleva a que el nivel de corrupción depende de la eficacia de la Administración de Justicia, la cual en la práctica no existe en Colombia. El primer paso para cualquier posibilidad de acabar la corrupción es hacer una gran reforma a la Justicia para que se vuelva operante. No se trata de las relaciones entre las altas cortes o de cuántas de ellas debe haber; ni si deben despojarse del carácter politizado que hoy las caracteriza; lo que se requiere es lograr que se convierta en verdad en una respuesta para el ciudadano que, a falta de ese mecanismo, se rige por la ley de la selva (donde la noción de ‘corrupción’ no existe).

Nos dicen que por eso existe la tutela. Pero la tutela lo que hizo fue consolidar esa inexistencia. Remplazó todos los procesos de las justicias ordinarias (administrativa, civil, penal) relegados en el tiempo por la preferencia y el plazo que tiene; y aunque antes de iniciarse deben pasar todos los trámites ordinarios siempre acaban resolviéndose en la misma jurisdicción de tutela; además ha sustituido lo que pudieran ser simples acciones administrativas, como en el caso de la salud (donde las mismas EPS indican donde y con quien adelantar las diligencias respectivas).

Erradicar las causas de la corrupción no se podrá mientras no se cuente con el instrumento que debe cumplir esa función -la Administración de Justicia-; las medidas disuasivas y/o represivas -como fortalecer la extinción de dominio o el rigor en las modalidades de restricciones a la libertad- son complementarias. Pero mientras las causas que generan y son causales de la multiplicación de la corrupción no se ataquen nuevas modalidades de corruptos y de ‘corrupción’ aparecerán.

33.18.-VERDE ESPERANZA – Gustavo Duncan

Nada de lo que sucede en la guerra entre esmeralderos ha sido de debate público. 

El libro ‘La nueva guerra verde’ (2017), de Petrit Baquero, es un apasionante relato de los últimos enfrentamientos de los esmeralderos. Es una guerra que ya lleva tiempo, alrededor de una década, y poco se ha sentido en los medios de comunicación y los datos de homicidios.

Salvo algunos hechos espectaculares, como los atentados a Víctor Carranza y la extradición de Pedro Rincón, nada de lo que sucede ha sido de debate público. Sin embargo, las corrientes que van por debajo de la superficie se mueven intensamente y suponen transformaciones significativas que tienen mucho que decir en el posconflicto.

 6 sep 2018.- Un solo hecho, que prácticamente la guerra haya transcurrido sin procesos sistemáticos de violencia contra civiles (o al menos nada comparables con situaciones anteriores), es un síntoma que finalmente el Estado ha logrado llegar a territorios donde su presencia era mínima. La nueva guerra es ante todo una vendetta entre los patrones y sus sicarios en que el control sobre los civiles se ha visto reducido. Ahora no es necesario que un ejército privado gobierne las comunidades para controlar las minas.

Víctor Carranza comprendió que la paz y las alianzas con sectores del establecimiento marcaban la diferencia. La historia le dio la razón: murió de viejo y en libertad.

El libro de Baquero ofrece una descripción muy interesante del proceso de guerras totales a vendettas particulares. Lo que cambió todo fue una estrategia deliberada de una de las facciones en disputa. Víctor Carranza comprendió que la paz y las alianzas con sectores del establecimiento a fin de cuentas marcaban la diferencia. Iban a traer mayor prosperidad y reducir los riesgos de acabar en una prisión. La historia le dio la razón: murió de viejo y en libertad.

La alianza con el establecimiento no fue solo cuestión de sobornar políticos y funcionarios públicos. Fue también producto de moderar comportamientos, de imponer límites en el uso de la violencia y en las pretensiones de control social. En otras palabras, de convertirse un socio cómodo. Por eso se aliaron con multinacionales, que son empresas que facilitan la regulación estatal del sector, además de ser más eficientes en sus técnicas de explotación.

El libro muestra que hay una esperanza para que, desde las propias regiones, con la propia gente que ha vivido y practicado la violencia, se generen procesos de cambio que conduzcan a la imposición de las instituciones del Estado.

Cuando se está muy adentro en un laberinto, toca seguir hasta encontrar la salida. Devolverse puede ser más complejo.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/gustavo-duncan/verde-esperanza-esmeralderos-colombianos-264692

32.18.-ELECTRICARIBE EN ASCUAS – Las2orillas

En la reunión del presidente Ivan Duque y Pedro Sanchéz el jefe de Estado español, el tema de Electricaribe fue el plato fuerte. Le empresa española fue intervenida en noviembre  de 2016 por la Superintendencia de Servicios Públicos  y ordenó su liquidación como consecuencia de las fallas en la prestación del servicio.

31 ago 2018.-  Gas Natural Fenosa, ahora Naturgy, dueña del 95 % de las acciones de Electricaribe presentó una demanda el 15 de junio pasado por USD $ 1.600 millones de dólares ante los tribunales de arbitraje internacionales argumentando expropiación. Estado colombiano tiene plazo hasta noviembre de este año para presentar sus argumentos jurídicos. Según el senador liberal barranquillero Mauricio Amín, el expresidente Santos habría dejado un decreto listo para devolverle Electricaribe a Naturgy, lo cierto es que el día de ayer, se reunió el Ministro Carrasquilla y altos funcionarios de su Ministerio con la Financiera de Desarrollo Nacional – FDN y otros sectores involucrados como bancos para analizar alternativas, la cual tendría que pasar por garantizar USD $ 7 billones de  inversión durante 10 años que se requieren para asegurar la adecuada prestación del servicio.

La FDN ha propuesto garantizar los recursos necesarios para lograr el servicio y abrir posteriormente una convocatoria pública para escoger al nuevo operador. A finales del mes de junio, en la presentación del plan estratégico de Naturgy, su presidente Francisco Reyes, indicó que una vez tomará posesión el presidente Iván Duque insistirían en una solución negociada con el Gobierno colombiano, la cual parece en marcha. Datos de Valoranalitik

https://www.las2orillas.co/embuchado-de-santos-con-electricaribe-antes-de-dejar-el-cargo/

31.18.-LA EXDIRECTORA DEL SENA FRENTEA A SANTOS: “NO TAPEN LOS HORRORES DEL SENA” – Las2orillas

María Andrea Nieto en su columna en el Nuevo Siglo le recordó la reunión en Palacio con su hijo Esteban de testigo cuando se comprometió a respaldarla: a los 15 días la estaba echando. 

 

Las denuncias que instauré en la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría son reales. El 12 de octubre del 2017, a las 3 pm, en la oficina del secretario privado de la presidencia, me reuní con el Presidente Juan Manuel Santos en presencia de Enrique Riveira y Esteban Santos y durante hora y media le expliqué el estado de las obras de infraestructura del Sena que estaban estancadas, enterradas en la tierra, sin recursos para su dotación tecnológica y que había identificado un riesgo con la sostenibilidad económica en el largo plazo de esas obras. También le dije que el contrato de aulas móviles del consorcio Utape (que incluye a la firma RGQ Logistics cuestionada pero no investigada por ser posible canal de dineros para la campaña vía Odebrecht) había tenido una absurda conciliación por siete mil millones de pesos, dos mil más que el presupuesto que tenía la entidad para conciliaciones y que está había sido adelantada con la aprobación de Juan Pablo Arenas, el director jurídico de Alfonso Prada y a quien declaré insubsistente.

También le hablé del contrato por más de quinientos mil millones de pesos de las plataformas de tecnología de la entidad y que tiene una demanda de 180 mil millones de pesos y a la que pretendían adicionar otros 26 mil millones de pesos, aberración que paré sin que me temblara la mano. Le mostré la parentela que tenían contratada los asesores de Alfonso Prada en el Sena y en la Presidencia (y que aún hoy existen). Le dije que iba a presentar un informe a la Fiscalía y a la Procuraduría. (Anexo denuncia). El mismo Presidente me dijo que no se podía permitir que la joya de la corona estuviera en riesgo. Me dijo que me respaldaba, que siguiera adelante. Yo le creí. El 20 de octubre, a las 9 a.m., me reuní con el viceprocurador y le conté todo. El 30 de octubre, a las cinco de la tarde, quedó radicado el informe con más de cinco mil folios de todo lo que encontré.

Los horrores que había en el Sena se desbordaron y llegaron a los medios de comunicación porque los olores nauseabundos son imposibles de esconder. El 1 de noviembre a las 7 pm, la Ministra de Trabajo en el Palacio de Nariño me notificó de mi insubsistencia y cuando iba a firmarla en presencia del Secretario de la Transparencia, me insinuó que por qué no renunciaba, que eso era lo mejor para el Presidente. Indignada me rehusé. Desde ese momento me han acosado en redes, me han tratado de loca, me han desprestigiado y ahora el mismísimo Presidente se refiere a mí como una resentida e incapaz, “a esta niña le quedó grande el Sena”, afirmó el sábado pasado en Cartagena mientras inauguraba otra sede de la entidad a medias y a las carreras tratando, creo yo, de limpiar el nombre de Alfonso Prada.

Pues bien, tiene razón Presidente, me quedó grande tapar semejante aberración de la administración del señor Prada. Es que un servidor público no debe trabajar para tapar nada, sino para servir a los ciudadanos con honestidad, transparencia y ante todo eficiencia. Pero se equivoca en lo del resentimiento, el sentimiento es de tristeza y profunda decepción. Desde hace más de 20 años he estudiado el perjuicio del machismo. ¿Se hubiera usted referido a un exdirector del Sena o ministro como “este niño”? Pero no importa que me quiera invisibilizar sin un nombre y un apellido. Le cuento que “esta niña” logró el fenecimiento de la cuenta del Sena que no se había logrado en sus dos gobiernos, gracias a mí las cuentas quedaron claras para el 2017, tiempo de mi gestión, pero no para la de Alfonso Prada.

No se vanaglorie de los logros y trabajo ajeno. Tengo muchos más logros, pero no espacio para contarlos. Por último, “esta niña” enfrentó su gobierno con una única arma: la honestidad. Al señalarme de la manera como lo hizo en Cartagena, usted personaliza un tema que debe ser resuelto en la Fiscalía y Procuraduría, pone en tela de juicio mi hoja de vida y no sé si en riesgo mi integridad y la de mi familia. Le pregunto desde acá Presidente, ¿debo acaso preocuparme?*

Este último grito de alarma en esta columna se suma a la alerta que prendió cuando asumió la dirección del Sena y después de salir de la entidad por la puerta de atrás.

La Procuraduría General, encabezada por Fernando Carrillo, le abrió una investigación a Alfonso Prada por las irregularidades que presentó María Andrea Nieto en el informe de cinco mil folios, que también tiene la Fiscalía. La Procuraduría también tiene un informe de la auditoría hecha por la Contraloría con el que encontraron un déficit fiscal por $ 804.997 millones. Varios contratos firmados durante la administración de Prada están bajo la lupa, pues durante su administración, el Sena puso en marcha 35 obras por más de $ 280.000 millones, pero 13 estaban retrasadas y en estado crítico; no había plata para reforzar tecnológicamente los proyectos que estaba adelantando, una demanda por $ 180.000 millones de un contrato –por $ 500.000 millones— para dotar al Sena de plataformas tecnológicas.

Nieto también denunció la repartidera de contratos a familiares de Alfonso Prada o de sus asesores más cercanos dentro del Sena. Por lo menos diez nombres están bajo la lupa:

Zulma Beatriz Carrillo Lemus: Exesposa de Juan Pablo Arenas, exdirector jurídico del Sena, quien salió de la entidad por orden de Nieto; María Francisca Maya Souza: Novia de Paul Solarte, exasesor de Juan Pablo Arenas quien hoy está trabajando en Palacio con Danna Suárez; Thiago Grijo Dal Toe: cuñado de Daniel Quiroga, director de Gobierno en Presidencia de la República; Martha Isabel Conrado López: Sobrina de Nelly López, asesora de Juan Pablo Arenas; César Augusto López: Hermano de Nelly López. Asesora de Juan Pablo Arenas; Rocío del Pilar Rivera Córdoba: Hermana de Julián Rivera, exasesor del despacho del entones director del Sena Alfonso Prada, y quien hoy trabaja con él en Presidencia; William Felipe Amarillo: hermano de Sandra Amarillo, exasesora del despacho de Prada, y quien actualmente trabaja con él en Presidencia; Rosana Vergara Díaz: esposa de Juan Pablo Castro, exdirector de Promoción y Relaciones Corporativas del Sena y hoy secretario del gabinete y miembro de la junta directiva de FONADE; Sonia Alejandra Salgado: cuañada de Juan Pablo Arenas; Néstor Orduz: esposo de Sandra Amarillo.

Ahora, la Procuraduría también les abrió investigación a 10 congresistas y excongresistas, quienes le habrían metido mano a la contratación en el Sena. Los actuales congresistas son: Julián Bedoya (Partido Liberal), Maritza Martínez y Miguel Amín (Partido Social de Unidad Nacional, La U), así como los representantes Alfredo Ape Cuello (Partido Conservador), Sara Elena Piedrahita (La U) y Eloy Quintero (Cambio Radical). Y los excongresistas son: Manuel Guillermo Mora (La U) y los exrepresentantes Elda Lucy Contento, Hernán Penagos (La U) y Argenis Velásquez (Partido Liberal).

https://www.las2orillas.co/la-frenteada-de-la-exdirectora-del-sena-santos-no-tapen-los-horrores-del-sena/

30.18.-«AUNQUE QUIERAN, NI DUQUE NI PETRO PODRÁN ACABAR LA MERMELADA» – Entrevista de Natalia Arbeláez al Prof. Felipe Botero

Uno de los temas que más preocupa a los electores es la gobernabilidad que puede tener el futuro presidente en el Congreso, así como, los posibles controles que las otras ramas del poder puedan ejercer sobre su gobierno

Junio de 2018.- Hablamos sobre eso con Felipe Botero, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de La Universidad de Los Andes, quien estudio la fractura de las élites de derecha en las últimas elecciones presidenciales de 2014 y, recientemente, escribió con Luis Bernardo Mejía, también profesor de ese Departamento y con Maria Angélica Solano, estudiante de maestría de la Facultad de Economía, un artículo sobre la pérdida de control sobre la política pública que sufren los presidentes cuando tienen que asignar ministerios a personas de otros partidos para ganar mayorías en el Congreso, lo que a su vez contrarrestan con el fortalecimiento de las agencias adscritas al Departamento de la Presidencia.

Con la mayoría que tendría Duque en el Congreso con los partidos que se han ido con él, ¿tendría la gobernabilidad garantizada?Felipe Botero:Duque va a tener mayor margen de maniobra porque su partido tiene una bancada importante en el Congreso, pero en todo caso con una participación del 21 por ciento del Congreso era obligatorio hacer una coalición. Me sorprendió que la coalición se armara de forma tan rápida y apabullante y que hasta el Partido Liberal se sumara, pero, como lo muestro en el artículo que escribí con Luis Bernardo Mejía y Angélica Solano, esos apoyos no son gratuitos ni automáticos y los congresistas no van a ser completamente leales al la política del presidente que resulte electo. La capacidad de lograr reformas de Duque dependerá de los intercambios que pueda hacer.

Dado que en este caso, al no haber la posibilidad de reelección, sólo cuentan con cuatro años, lo que creo que va a tratar de hacer Duque, si gana, es moverse muy rápido, por ejemplo, radicando inicialmente la reforma a la justicia que ha venido anunciando desde hace tiempo.

Respecto al tema de la paz más que hacer, lo que necesita es no hacer. Asfixiar los proyectos, no asignarles presupuesto, hacer lenta la implementación del Acuerdo.

 

LSA: Su artículo muestra cómo parte del apoyo legislativo se logra a través de la asignación de ministerios a los partidos con los que se hacen coaliciones. Duque ha dicho que no dará mermelada. ¿Con las coaliciones partidistas que hizo es posible que gobierne sin eso?

F.B.: Le van a poner otro nombre a la mermelada quizá. Lo que hay que analizar es qué Congreso fue el que se eligió en marzo. Es igual al que tenía Santos y muy parecido al que tenía Uribe. Está lleno de barones electorales que tienen intereses clientelistas. En el mejor de los casos para llevar recursos a su región, en el peor de los casos para sostener los carruseles de contratación locales.

Duque puede decir lo que quiera pero así es como ha funcionado la política durante muchos años y en Colombia el Presidente no puede hacer casi nada solo. Uribe lo hizo menos en su primera administración y más en la segunda, como se evidenció con el caso de Yidis y Teodolindo.

Petro empezaría mucho más atrás que Duque en términos de un Congreso con el cual trabajar.

FELIPE BOTERO

LSA: ¿Petro no tiene el mismo riesgo al tener minoría en el Congreso y requerir su apoyo?

F.B.: Petro empezaría mucho más atrás que Duque en términos de un Congreso con el cual trabajar.

Sería un presidente muy débil. Minoritario.

En el mejor de los casos si logra el apoyo de algunos verdes y de algunos liberales alcanzará a tener cerca de 30 de 268 congresistas. Gobernar con casi el 90 por ciento en contra es muy complicado.

Ahora esos Teodolindos y Yidis que están ahí funcionan un poco como mercenarios de la política. En últimas, estarían dispuestos a apoyar proyectos de Petro a cambio de mermelada, o como la vaya a llamar Petro. Esa es la forma como se transa la política en Colombia.

LSA: Al final ambos tienen que terminar negociando con el Congreso ¿Cuál es la diferencia?

F.B.: Duque ya tiene un terreno ganado. El Partido Conservador ha estado ahí todo el tiempo. Cambio Radical y el Partido Liberal ya se sumaron. Aunque haya mercenarios en esos partidos es difícil pasarse al otro lado del espectro ideológico, el camino es más largo.

Como lo explico en el artículo sobre las elecciones de 2014, la política ha estado históricamente concentrada en las élites de centro derecha.

Otra cosa es hacerlo con un Presidente como Petro. Dependerá mucho de qué tanto pese la cuestión ideológica para quienes estén vendiendo sus votos y de qué proyectos se trate.

Petro tendría que ser muy estratégico y empezar con proyectos más de centro para que le empiecen a jugar un poco. Si arranca con un proyecto radical de derechos para las comunidades Lgtbi, por ejemplo, corre el riesgo de alienar al Congreso.

LSA: Algunos temen una llegada de Petro porque asumen que haría muchas cosas por decreto. Contrario a eso, usted dice que en Colombia un Presidente depende mucho del Congreso…

 

F.B.: Los presidentes tienen una capacidad de ejecución y un manejo de recursos importante, así algunos tengan una asignación preestablecida. Pueden hacer proyectos de infraestructura y desarrollo económico grandes sin cambiar la legislación.

Pero las agendas centrales de los programas de Gobierno sí necesitan pasar por el Congreso.

Especialmente, cuando son del corte de algunas que propone Petro. Los temas ambientales, por ejemplo, relacionados con protección de cuencas hídricas, exploración de páramos, fracking, etc.

En el caso de Duque, la reforma a la justicia requiere tramitarse en el legislativo y, posteriormente, someterse a control constitucional.

Si quieren tramitar las reformas a través de referendos o plebiscitos, tiene que haber una ley que los apruebe.

Ese es, precisamente, el contra argumento frente a la idea que nos vamos a volver otra Venezuela. En Colombia hay unas instituciones político-jurídicas fuertes. Somos un país santanderista.

A mi me preocupa más la “venezolanización” de Colombia vía la reforma a la justicia que propone Duque y el menoscabo de la independencia de los otros poderes públicos que vía la elección de un presidente de izquierda.

LSA: ¿Cuáles son los temas en que difícilmente Duque o Petro lograran que el Congreso les camine?

F.B.:La reforma política ha demostrado que no tiene ningún eco pese a que hace parte del Acuerdo con las Farc, como tampoco lo tiene el tema de las curules especiales para las víctimas.

En términos generales, el Congreso es hermético frente a lo que tiene que ver con cambios que los afectan directamente como la financiación de las campañas y el sistema electoral. No quieren alterar reglas que hoy les permiten ganar con comodidad.

Los topes de financiación de campañas son un saludo a la bandera. Cuestan por lo menos 4 ó 5 veces más.

El Consejo Nacional Electoral es un apéndice extraño de la Registraduría y la Sala del Consejo de Estado que resuelve los pleitos que por las curules como en el caso del Mira, falla faltando cuatro meses para que se termine el período legislativo, lo cual es una vergüenza.

Un gobierno populista no significa necesariamente una ruptura con las élites sino una nueva alianza.

LUCIANA CADAHIA

LSA: ¿La consulta anticorrupción que apoyaron todos los partidos no muestra lo contrario? 

F.B.:Pareciera que la amenaza no se percibe tan grave, porque no les parecen tan dramáticos los cambios o porque confían en que no pase.

Dado que la votación no se puede hacer con ninguna otra elección, el riesgo de que la participación sea baja y no pase el umbral es alto, como le pasó a Uribe con su referendo en 2003.

LSA: Su artículo muestra que las relaciones entre el ejecutivo y el Congreso no sólo son problemáticas por la asignación de recursos con criterio clientelista, sino por la repartición de ministerios pues pone en riesgo la la efectividad de las políticas públicas. ¿Quedó mal diseñado el sistema de equilibrio de poderes en la Constitución de 1991?

 

L.C.:La Constitución de 1991 estableció una restricción grande a los poderes legislativos que tenía antes el Presidente vía los estados de excepción, que derivaron muchas veces en abusos por parte del ejecutivo que decretaba el estado de excepción sobre A y legislaba sobre B.

El problema no es la medida, sino que se da en un contexto de debilidad y fragmentación de los partidos políticos en Colombia.

No ofrecen una infraestructura de apoyo a los congresistas. Éstos sólo les deben un aval, que dado el número de los que otorgan no es ningún privilegio.

La elección se la ganan a pulso con créditos personales como mostró el caso de Humberto de La Calle. Por eso sus votos aunque son legalmente del partido, en la realidad les pertenecen. Actúan más como una confederación de individuos que no le responden a nadie, sólo velan por sus intereses y su reelección.

El presidente tiene que negociar con personas que tienen 80 mil votos en un país donde deben votar 20 millones de personas lo que evidencia que tenemos problemas de representación.

A lo que se suma un problema de identidad de los partidos tradicionales. La gente no tiene clara la plataforma ideológica del Partido Liberal, por ejemplo. Está en la centro derecha pero promueve proyectos progresistas como el matrimonio gay.

El Centro Democrático es un ejemplo de lo contrario, la gente sabe qué representa y qué tipo de políticas esperar.

Si los partidos políticos fueran más funcionales, el Presidente no necesitaría tener grandes poderes legislativos ni hacer negociaciones individuales sobre la base de puestos y recursos.

Las coaliciones serían más fáciles de armar y estarían orientadas a proyectos, sobre la discusión de cuál es el mejor modelo de país, o la política pública más conveniente.

El Congreso que tenemos es disfuncional porque los partidos son disfuncionales.

LSA: ¿No cree que con las fuerzas alternativas que hay en este Congreso como el Partido Verde, el Polo, el Mira, Los Decentes e, incluso, las curules de la Farc, las relaciones con el Presidente puedan cambiar?

 

F.B.:En todos los congresos hay distintas capas. Hay unos de opinión cuya representación de la ciudadanía es más clara pero a lo sumo son un 25 por ciento.

Hay un grupo muy grande que es clientelista. Sus intereses no son discutir el bien común, el mejor modelo de sociedad que queremos tener. Estos pueden ser un 70 por ciento del Congreso, que es el que toma las decisiones.

LSA: ¿Qué papel puede jugar la oposición si el voto en blanco posiblemente es masivo en esta segunda vuelta y el perdedor va a ser el jefe de la oposición en el Senado con unas fuerzas alternativas que en todo caso representan una bancada más grande que la que había? 

F.B.: Si Petro es quien pierde me parece que su papel como jefe de la oposición puede funcionar bien pues podría movilizar una presión ciudadana fuerte sobre la labor del Congreso.

No veo a Duque haciendo ese papel con tanta vehemencia, recogiendo los votos de la derecha, pese a que el Centro Democrático tiene ya ocho años de experiencia en el rol de oposición.

LSA: Usted dice en su artículo sobre las elecciones de 2014 que se evidenció una fractura en las élites de derecha. Con el traslado de la Unidad Nacional de Santos a las toldas de Duque ¿cree que se reparó esa fractura?

 

F.B.: La división que hubo en 2014 se dio fundamentalmente en torno al manejo del conflicto armado. Aunque hoy esa fractura se manifiesta como la posibilidad de implementar los Acuerdos conforme a lo pactado o, por el contrario, la posibilidad de revisarlos y ajustarlos, la intensidad es menor pues ya se hizo la negociación.

En estas elecciones no hay una discusión intra élite como la que hubo entre 2014 y 2017 cuando la precampaña seguía girando en torno al conflicto.

En otros temas las élites han demostrado que pueden ponerse de acuerdo. Ahora la polarización está planteada en términos más de izquierda o derecha y el contraste es mucho más fácil con una figura como Petro que con cualquiera de los otros que estaba más hacia el centro.

LSA: Su artículo demuestra que entre más gente de otros partidos meta un presidente en su gabinete más se llena de asesores y consejeros en Casa de Nariño. ¿Cómo sucedió esto durante los últimos gobiernos?

F.B.: El estudio que hicimos recolectó información desde 1958 hasta 2015 y muestra que los gabinetes más heterogéneos se correlacionan con cambios mayores en la estructura del Dapre u oficina del Presidente.

Por cada incremento de un 25 por ciento de la participación de otros partidos políticos diferentes al del Presidente en el gabinete ministerial (que equivale aproximadamente a cuatro ministerios) en promedio se crea una agencia más en el Dapre y se expiden más de dos decretos para aumentar su control sobre los ministerios.

Hasta antes de 1994 era común que los presidentes tuvieran en el Congreso más de un cincuenta por ciento de apoyo porque nuestro sistema político era esencialmente bipartidista.

Con la Constitución del 91 el multipartidismo surgió y, después de la reforma política de 2003, se institucionalizó. Ahora ningún presidente tiene más del 25 por ciento del Congreso, lo que hace necesario armar gabinetes con gente de otros partidos.

La gráfica muestra un incremento en la estructura del dapre desde 1994.

En el caso particular de Uribe y Santos el comportamiento fue sobre todo al alza por la reelección.

El primer gabinete de Uribe fue excepcional porque muchos provenían del sector privado y cuando hicimos el estudio fue muy difícil rastrear su filiación partidista. Fueron seleccionados por el expresidente pensando en el tipo de políticas públicas que quería hacer.

Santos no se pudo dar un lujo parecido pero la Unidad Nacional le funcionó mucho mejor durante el primer período de su mandato dado el reconocimiento a su gestión en el Ministerio de Defensa y, posteriormente, al inicio de la negociación con las Farc.

Durante el segundo período ambos empezaron a tener dificultades.

La capacidad de persuasión de Uribe se agotó y se tradujo, sobre todo, en la asignación de cargos diplomáticos y en la compra de la reelección a cambio de notarías.

La duración tan extendida de la negociación con las Farc también puso en aprietos a Santos. La oposición contra las Farc se tradujo en oposición a Santos.

Petro tendría un riesgo de pérdida de gobernabilidad mayor en su gabinete.

LSA: ¿Cómo cree que sería el tema de repartición de Ministerios y estructura de la oficina de la Presidencia en un Gobierno de Petro o en un gobierno de Duque?

F.B.: Petro tendría que entrar a reestructurar todo el Departamento de la Presidencia posiblemente pues requiere negociar un mayor número de apoyos en el Congreso y necesita hacer concesiones. De lo contrario no va a lograr nada.

En ese sentido, Petro tendría un riesgo de pérdida de gobernabilidad mayor en su gabinete. Por la distancia ideológica que habría entre el Presidente y los ministros que designe como resultado de esas negociaciones el riesgo de falta de lealtad y compromiso con sus políticas públicas es mayor, más allá de que legalmente los ministerios sean cargos de libre nombramiento y remoción.

Seguramente él conservaría unos ministerios claves como el de Hacienda.

En el caso de Duque si sus ministros son, sobre todo, del Centro Democrático y del Partido Conservador, no esperaría cambios importantes en la estructura de la oficina presidencial.

También tendrá que darle ministerios a otros partidos, pero el riesgo de perder agencia sobre los mismos es menor pues suponiendo que nombrara en el Ministerio de Hacienda a Simón Gaviria, no creo que sus posturas ideológicas estén muy alejadas de las de Duque.

https://lasillavacia.com/silla-academica/universidad-del-rosario/aunque-quieran-ni-duque-ni-petro-podran-acabar-la-mermelada

30.18.-UYY!!! QUE SUSTO!!… URIBE, GAVIRIA Y PASTRANA JUNTOS – Juan Manuel López

Que susto porque es la alianza de elementos hábiles, pero hábiles especialmente para moverse, cada uno a su manera, en el mundo de lo más malo de la actividad política. 

Grave es lo que esa unión representa. 

Por un lado , la sinverguenzeria de que tres expresidentes, que se han mostrado como antagónicos y han encausado huestes de ciudadanos los unos contra los otros, hoy aparezcan como aliados, es decir que descaradamente revelen que sus confrontaciones no tenían fundamento diferente que su sed de poder, y que eso mismo es lo que los lleva a coincidir ahora.

21 ago 2018.-  Segundo que su punto de convergencia es alrededor del modelo económico y social que nos rige o sea el Neoliberallismo; el que hace, por ejemplo, que mientras los empresarios aplauden por las propuestas de la reforma tributaria, para las clases media y baja sea motivo de preocupación -o de angustia- porque las rebajas de impuestos a los primeros tienen necesariamente que ser a costa de los segundos (recuerda la película de Chaplin en la que ante la escena de un pordiosero comiéndose unos zapatos viejos los espectadores de la platea se mueren de la risa mientras los de gallinero aparecen babeando del hambre).

Tercero el contenido y la orientación del modelo mismo: se considera de ultraderecha no porque no busque ningún cambio sino porque defiende el statu, a pesar de que, por sus evidentes falencias, ya está revaluado hasta por sus principales promotores; es decir no porque no busquen los cambios  sino porque pretenden impedirlos.

También por completar un viraje drástico, o peor, demasiado drástico hacia un lado del pendulo: con el ejecutivo en manos de un miembro del Partido de más extrema derecha; con la economía hoy en manos de un economista reconocido como el mas cercano a la derecha ortodoxa; con la cabeza y hasta cierto punto las mayorías del Congreso en manos de representantes de la misma orientación; y siendo ésta ‘coincidencia’ con el propósito de que el órgano de control sea ‘afín al gobierno’, nos encontramos con que, exceptuando parcialmente a las Altas Cortes,  se completarían todos los instrumentos del poder en las mismas manos.

Pero, que tengan una orientación ideológica que no es compartida por todos es normal y sano en el campo de la política; lo grave y lo que da susto son sus condiciones personales y la manera indeseable y mañosa en que la ejercen.

Pocas personas que como Uribe tengan claro que el poder es para poder, como él dice ‘en forma frentera’, es decir pasándose de manera desafiante por encima de las convenciones, las que en el caso de un Estado de Derecho son las Leyes. Si la muestra de su contribución a ese equipo fue la forma en que gobernó, no podemos olvidarnos de los falsos positivos, de las intercepatacines ilegales, de la Yidispolítica, de la cercanía con el paramilitarismo, ni de que de su entorno han parado en la cárcel -o huyendo- Ministros, Secretarios, Jefes de los órganos de inteligencia, Jefes de seguridad del mandatario, asesores personales o parientes que han compartido la actividad política con él, y hoy hasta él mismo es llamado a indagatoria.

Pocas personas tiene la capacacidad de abusar también del poder como el expresidente Gaviria, en su caso en forma sinuosa bajo apariencias ambiguas ocultando bajo falsas apariencias o de terceras personas lo que él maneja y es en realidad. No se puede olvidar que mediante falsas explicaciones (supuestamente el ‘el fenómeno del niño’) justificó el pésimo manejo del sistema energético, llevándonos a casi dos años de racionamiento; que después de haber acordado todas las gabelas exigidas por Pablo Escobar para montar su propia cárcel decidió una operación tan mal montada que propició su escape y disparó la guerra que causó miles de muertos; que como dijera Rudolph Hommes lograron distraer la atención del Congreso con la Constituyente para poder imponer el modelo neoliberal sin que se debatiera alrededor de lo que esto significaba; que acabó con la representación y la función que debe cumplir en un Estado Democrático la alternativa de una izquierda ddmocratica al apoderarse ilegalmente del Partido Liberal y distanciarlo de sus principios ideológicos y de sus electores para negociarlo por la mermelada burocrática que ha acabado con la ética de la política.

Y en el caso de Pastrana lo de destacar no sus capacidades sino la forma de disimular su  incapacidad, dependiendo de que quien lo promueva logre que se omita una evaluación de sus méritos o capacidades. Unido a los otros es preocupante pensar que su contribución a la historia de Colombia fue marcar la pauta según la cual no se requiere ninguna calificación en ningún campo -ni ético, ni legal, ni de conocimientos, ni de liderazgo, ni de nada- para acceder a la Primera Magistratura de la Nación.

29.18.-LA IDENTIDAD DEL PRESIDENTE, A PRUEBA – Cecilia Orozco

El Trastorno de Identidad Disociativo (TID), también conocido en psicología como síndrome de doble o múltiple personalidad en que, como su nombre lo indica, varias identidades con características diferentes y desconectadas entre sí residen en el mismo ser humano, podría atacar al Gobierno que se posesionó ayer.

Paradójicamente, esa enfermedad mental, que conduce a quienes la padecen a ser generosos y comprensivos en un momento, violentos, en otro, y hasta homicidas en ciertas ocasiones, sería la tabla de salvación de la administración Duque si el nuevo presidente tiene el coraje y, desde luego, la capacidad política de eliminar a sus bestias interiores y de reemplazarlas por un único yo: el conciliador que ha pregonado desde la campaña y que ha reiterado, como mandatario electo, al menos de dientes hacia afuera.

Sin embargo, los primeros síntomas indican que las contradicciones reales o aparentes son tan extremas que, o hacen parte de una pantomima inicial para, más tarde, atenazar el país y amarrarlo a esa dictadura disfrazada de “Estado de opinión” que sueña el peligroso extremista J. O. Gaviria; o bien, revelan unos brotes de división entre el Ejecutivo y el partido que lo eligió, debido a los líos del líder absoluto de todos ellos, que hoy se exhibe sin pudor como fiera herida y dispuesta a destruir lo que sea antes de caer vencida.

8 ago 2018.-  El domingo pasado, 5 de agosto, apenas a dos días de la posesión de Iván Duque, los diarios nacionales y regionales daban cuenta de posiciones oficiales opuestas a pesar de que los involucrados eran uno solo hasta el 17 de junio, fecha en que ganaron las elecciones: por un lado, el del presidente y su vicepresidenta, aunque con las marcas indelebles de su procedencia, y el de Álvaro Uribe y su arrasadora bancada, del otro.

El Tiempo: “Creo firmemente en que tenemos que… construir sobre las cosas que nos unen y no quedarnos en el torbellino de lo que nos divide… es el momento de actuar juntos…” (Iván Duque). El Espectador: “Una cosa es el Centro Democrático y otra, el Gobierno… Es distinto el presidente Duque. Las iniciativas de varios miembros de su partido siempre las tomaremos en cuenta con el mayor interés, pero las decisiones del Gobierno son del Gobierno… Por encima de todo, somos respetuosos de la institucionalidad… debemos respetar la justicia…” (Marta Lucía Ramírez).

 Diarios nacionales y regionales de ese mismo día dominical: “Comunicado en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez”. “Ante los hechos respecto al llamado a indagatoria (a Uribe)… por TRES MAGISTRADOS (mayúsculas originales) de la Corte Suprema de Justicia… hacemos la siguiente declaración a la opinión pública: se está engañando la independencia de algunos magistrados de la Corte… algunos (de ellos) no respetan la imparcialidad… reconocemos en él (senador Uribe) a la persona que liberó a Colombia… en estos momentos tan cruciales y difíciles, estamos con él, lo apoyamos en su defensa ante la investigación que le abrieron TRES MAGISTRADOS (mayúsculas originales)… sin pruebas claras y violando el debido proceso”.

El comunicado de página entera, con una deficiente redacción y firmado por más de mil personas -como para meter susto -, entre quienes estaba la bancada entera del uribismo y algunos con pasados sospechosos, añade la estocada amenazante con intención de intimidar a la Corte Suprema. No, perdón, a los TRES MAGISTRADOS que cometieron el crimen de investigar al ciudadano Álvaro Uribe Vélez como si fuera un colombiano del montón:

“Es hora que (sic) la Corte se reivindique. Que supere el pasado de corrupción y que recupere la dignidad que merece la justicia. Eso solo lo podrá lograr otorgándole las garantías procesales al Dr. Uribe”. El poder Legislativo, con la firma de su presidente actual (Ernesto Macías) quien pertenece a la misma bancada uribista, se ha levantado en contra del poder Judicial para impedir que el jefe del recién posesionado Presidente de la República sea llevado a juicio. Cuál de las personalidades del TID del uribismo adoptará Iván Duque, hoy representante del poder Ejecutivo: ¿la de las bestias que atacan en manada a la democracia o la de su yo respetuoso de la Constitución?

https://www.elespectador.com/opinion/la-identidad-del-presidente-prueba-columna-804794

29.18.-URIBE Y EL CENTRO DEMOCRÁTICO: LA TRAMPA DEL PARTIDO FUERTE – Jorge Galindo

El expresidente toma posición para los próximos cuatro años de gobierno de su pupilo, Iván Duque

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, en la toma de posesión de Iván Duque. FERNANDO VERGARA AP

Una democracia abierta y competitiva es mal contexto para cualquier persona con aspiraciones de liderazgo vitalicio. En este contexto, la manera más rápida y eficaz de ganar unas elecciones es un partido político: algo que mezcla bastante mal con los caudillos. Me refiero aquí a un partido en el sentido más estricto y restrictivo del término. Porque cualquier asociación de individuos destinados a ganar elecciones (“plataforma”, “movimiento”, “candidatura”) puede ser considerada como un partido en términos amplios. Un líder que quiera conservar o ampliar su poder por el resto de su vida, como ha sido el caso de Álvaro Uribe a poco que uno preste atención a su biografía, se sentirá más cómodo en este tipo de agrupaciones porque podrá manejarlas más fácilmente. Tal era su idea cuando en su día formó el Partido Social de la Unidad Nacional (PSUN). Pero construir un partido de verdad, algo como el Centro Democrático (CD) en el que hoy habita, va mucho más allá.

Un partido fuerte como el CD requiere de la existencia de unas reglas internas de funcionamiento. Para empezar, un partido con vocación de supervivencia a un solo ciclo electoral o a sus propios fundadores necesita una manera de seleccionar a las personas que ocupan sus puestos de relevancia, un mecanismo de diseño de jerarquías que permita la renovación periódica de cargos. Además, la plataforma ideológica de un partido no puede estar grabada en piedra: necesita poder adaptarse a cada contexto, así sea dentro de unas directrices definidas en su fundación. Para terminar, no hay partido sin capacidad de movilización de militantes, simpatizantes y votantes por las causas y las personas antes definidas.

Estas tres dimensiones (líderes, ideología y movilización) tienen una cara visible y funcional, por supuesto. Son las palancas que permiten a un partido cumplir con su cometido, que es el de ganar elecciones para llevar adelante un programa político representado y ejecutado por un grupo específico de personas. Pero también tienen una cara menos evidente, aunque igualmente necesaria: es a través de estos procesos que la formación reparte el poder de que dispone, o que podría conseguir.

Para un líder vitalicio, el control de los mecanismos que distribuyen el poder es fundamental para su supervivencia. Es por eso que los partidos débiles como el PSUN le vienen, en teoría, mejor a su proyecto: en ellos, la ausencia de reglas específicas en ideología, cargos y movilización le dejará toda la discrecionalidad posible. “Lo que diga el líder”. Pero al mismo tiempo un golpe a su dominio en una formación de este estilo es mucho más definitivo: como no hay normas, se cumple la máxima de que a rey muerto, rey puesto. Tal cual sucedió cuando Juan Manuel Santos pasó a controlar el PSUN. A Uribe ese instrumento dejó de servirle. En ese momento se enfrentó a una disyuntiva interesante: podía formar otro movimiento de esencia personalista, débil en la dimensión ideológica, y que fiase los cargos y la movilización a una estructura clientelista territorial. O podía cambiar de estrategia y diseñar un partido fuerte, con la ideología como punta de referencia tanto para la selección de acólitos como para su estrategia electoral.

¿Por qué optó Uribe por esta segunda opción? Quizás intuyó que así las traiciones de 180 grados se volverían más difíciles de ejecutar. O tal vez no fue elegido, sino impuesto por las circunstancias de una ciudadanía y unos líderes emergentes que demandaban una plataforma de este estilo. Lo más probable es que fuese una combinación de ambos factores. El hecho es que el CD se convirtió en el primer partido fuerte que la derecha colombiana veía nacer en muchos años. En él, Uribe parecía sentirse seguro: controlaba las palancas del poder. Pero al mismo tiempo la criatura iba creciendo, precisamente porque fue diseñada para ello. Se crearon corrientes internas, asociadas tanto con tendencias ideológicas como con individuos específicos. Los aspectos clientelistas no desaparecieron (como no lo han hecho de prácticamente ningún partido colombiano), y el proceso de selección de líderes seguía fuertemente atado a la voluntad del vitalicio, pero por debajo algo iba creciendo y desarrollándose.

La criatura ha cumplido la mayoría de edad en las 100 horas que van desde la toma de posesión de Iván Duque, representante del ala moderada de la formación, portador de aspiraciones de unión para el centro, el centro-derecha y la derecha que quedan bien reflejadas en la configuración de su gobierno y de sus discursos. “Una cosa es el gobierno y otra el partido”, dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramirez. “Como dijo la vicepresidenta, una cosa es el gobierno y otra el partido”, le respondió con sorna la senadora Paloma Valencia.

Se comprobaría poco después, cuando el Gobierno echaba atrás el nombramiento de Claudia Ortiz (uribismo, núcleo duro) para la Unidad de Protección pero confirmaba a Víctor Saavedra (tecnócrata, moderado, relacionado con la administración Santos) como viceministro. Resulta que hay una corriente moderada del CD al frente de la rama ejecutiva, mientras que en el legislativo el control queda en manos de la facción reaccionaria. El contraste de discursos entre los representantes de ambos poderes (Macías y Duque) se volvió hechos.

No eran pocos los que veían en este contraste la mano invisible de Uribe, como promotor de una estrategia de poli bueno poli malo que permite retratar a Duque como un moderado sin perder capacidad de llegar al extremo derecho del espectro ideológico. Traducir esto en una especie de teatro para la galería después del cual todos los implicados se toman una cerveza fuera de las cámaras y se ríen de lo inocentes que son sus votantes me parece atribuirle demasiada capacidad de raciocinio a todo esto, rayando en la conspiranoia.

Sin embargo, sí podría decirse que Álvaro Uribe no tiene necesariamente una preferencia clara por ninguna de las corrientes ideológicas contenidas en el CD. Recordemos que cuando era presidente ganaba elecciones con el 60% del voto, y que su aspiración de gran coalición siempre incluyó elementos moderados tanto como radicales. No: si Uribe mantiene una preferencia fuerte, es la del mantenimiento de su situación actual. El partido fuerte se lo puede dar mientras las tensiones internas, inherentes a cualquier organización encargada de tomar y repartir poder, no superen un umbral de tolerancia por parte de una de las facciones. Y, sobre todo, mientras él no sea identificado con la perdedora. Como ya le sucedió una vez con un partido débil. Si eso termina por suceder, se habrá puesto una trampa a sí mismo. Una vez más

https://elpais.com/internacional/2018/08/11/colombia/1534007866_848719.html

28.18.-FEMINICIDIO: ¿COARTADA DE LA DEBILIDAD? – Cristina de la Torre

En Colombia, el mito mariano que adjudicó a la mujer el papel de reina del hogar convivió naturalmente con el de objeto de todas las violencias en familia, feminicidio comprendido. Para millones de colombianas, el lugar más amenazante es su propia casa. Éste se extenderá en el conflicto hacia escenarios donde ejércitos de todos los colores querrán probar su hombría ante el enemigo, convirtiendo a las mujeres en trofeo de guerra. El medio, una imaginación desbocada en recursos de sevicia sexual que tampoco se ahorra el feminicidio.

6 ago 2018.- El propósito, deshumanizar, humillar, desmoralizar; con la eficacia de quien suma al desprecio por la mujer aprendido desde la cuna el odio por el contendiente armado. Compañero, marido o novio violenta y mata en casa por odio enmascarado de amor. Amor que mata. Se diría que en la guerra obra el odio desnudo, librado al desenfreno de la barbarie. La guerra, sostienen investigadoras encabezadas por Argelia Londoño (Amores que matan, Medicina Legal, 2016) afecta de preferencia a las mujeres porque en ellas se construye y legitima todos los días la masculinidad guerrera.

Entre 2002 y 2009 registraron las autoridades 627.000 casos de violencia contra la mujer. De ellos, 11.976 fueron feminicidios. Entre 2010 y 2013, la mitad de los homicidios contra mujeres en Medellín fueron feminicidios. Informa Oxfam que Colombia carga con el 40 % del total de estos crímenes habidos en América Latina en 2016.

Recuerda Londoño el peso abrumador de los estereotipos de género en la reproducción de la violencia contra las mujeres, en su legitimación, en su transmisión de generación en generación. La vida de pareja condensa, como ninguna otra experiencia, todas las discriminaciones y jerarquías asignadas a los roles de hombre y mujer.

Pero no es ella su única víctima. La definición de masculinidad por atributos asociados a la guerra y al uso de la fuerza le impone al varón desafíos permanentes por un reconocimiento de hipervirilidad, mientras le niega la expresión de sus sentimientos y su sensibilidad. Condena al hombre a una reciedumbre imperativa, prestada, capaz de precipitarlo en el vértigo de la violencia. Del homicidio, que pesa desproporcionadamente en los varones, mil veces asociado a la masculinidad competitiva y virulenta que la cultura impone. Del feminicidio, que más parece coartada de íntima debilidad que arrojo viril.

Nuestro conflicto armado se asocia en forma escandalosa al feminicidio. La guerra profundiza el control y la dominación sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, expresa el Grupo de Memoria Histórica. Refuerza la cultura patriarcal mediante la militarización de la vida diaria. Es la imagen de lo masculino y depredador resuelto en violencia y rubricado por la ostentación de las armas.

Los paramilitares ejercieron la violencia sexual con sadismo inusitado. Buscaban atacar a las mujeres por su condición de liderazgo; destruir el círculo afectivo del enemigo; cohesionar el grupo armado y afianzar su identidad violenta; naturalizar el atávico estereotipo masculinidad-feminidad a bala, tortura, cercenamiento de órganos sexuales, violación, asesinato.

El reto: para empezar, educar desde la cuna con criterios de igualdad y de respeto entre sexos. No basta con poner fin a la guerra, escenario que proyecta también el odio ancestral a la mujer. Será preciso conjurar, además, la guerra que desde su nacimiento se libra contra ella, reina del hogar condenada de todas las biblias por encarnar la perdición del varón, y sobre cuya carne ha de caer el fierro del hombre-dios.

Coda. La sordidez de los ataques del senador Uribe contra sus jueces, por salvar el pellejo, cubren a Colombia de vergüenza. Pero el país sabe que la Corte Suprema hará justicia. Y no será la primera vez.

https://www.elespectador.com/opinion/toreando-la-guerra-columna-803225

 

27.18.-LAS “JOYAS” QUE QUIEREN SACAR A MOCKUS DEL CONGRESO – Cecilia Orozco

¿Por qué hay tanto interés en sacar a Mockus del Congreso? No parece que su presencia en el Capitolio signifique un peligro para el statu quo político allí representado, o para el poder de los eljach, de los cruz y demás secretarios que manejan presupuesto, puestos, preferencias y oficinas; no es el lobo que brincaría sobre su presa con las fauces abiertas para liquidarla, abriendo su yugular, como lo harían los miembros de la bancada del Centro Democrático con sus opuestos ideológicos; no es uno de los abogados patanes —distinguido por el jefe máximo de ese partido con su amistad íntima—, a quien el profesor pudiera correrle la silla en los almuerzos, comidas y parrandas que suelen ofrecer; Mockus no competiría ni pondría a los verdes a competir con la rapiña de puestos ante el Gobierno Nacional o ante las administraciones departamentales y municipales; no pediría a su nombre, o de otros, contratos para quedarse con los dineros de los pacientes, la comida de los niños o la vivienda de los desplazados… No cambiaría de uribista a santista ni de santista propaz a a uribista-duquista antipaz.

24 Jul 2018.- Entonces, ¿cuál es el temor que Mockus despierta y que ha movido

  1. A rumorar, desde cuando se postuló, que estaba impedido por ser un incapaz físico —¡qué ruindad!—.
  2. A pelearle sus votos, durante el escrutinio, para favorecer a quienes no alcanzaron curul ni con sus trampas.
  3. A demandar su credencial de senador ante el Consejo Electoral y a incidir, contra él, con los miembros de ese organismo.
  4. A presentar, esta semana, dos demandas más en el Consejo de Estado para que pierda su investidura? Como si faltara algo en esta batalla campal contra el académico, al que miraban con desdén hasta cuando fue elegido por más de medio millón de seguidores, Ernesto Macías, ungido presidente del Congreso que Álvaro Uribe escogió pese a ser hombre gris y sin mérito alguno, anunció solemnemente que la “Comisión de Ética” del Congreso (sorpréndase, existe una) iniciará una investigación disciplinaria para examinar si el profesor violó la majestad de la patria por haber mostrado las nalgas durante la instalación de la legislatura como acto de protesta porque nadie escuchaba al presidente saliente de esa corporación, Efraín Cepeda. ¡Crimen de lesa humanidad que debe ser castigado con la máxima pena!

Obviemos la historia sobre los patrocinadores de los intentos anteriores de “neutralizar” a Antanas Mockus. Y concentrémonos en los demandantes recientes ante el Consejo de Estado: José Manuel Abuchaibe, uno de ellos y mismo demandante ante el Consejo Electoral, es un abogado que ha oscilado entre el litigio, en defensa de personajes tenebrosos, y el ejercicio político. Según artículo bien fundamentado de la ONG Pares en su página web, Abuchaibe, además de haber sido varias veces concejal, secretario de Gobernación y gobernador encargado en Guajira, tiene reconocidos y públicos lazos de amistad y solidaridad con Francisco “Kiko” Gómez, exmandatario de ese departamento, quien purga 55 años de prisión por mandar a matar a su rival política Yandra Brito, a su esposo y a su escolta personal. El amigo del demandante de Mockus, “Kiko” Gómez, paga, poca cosa, pena de 40 años como autor del asesinato del concejal de Barrancas, Luis López Peralta, un valiente que se opuso, en solitario, a este criminal en su propia tierra.

Abuchaibe escribió sobre el múltiple homicida, expresando su solidaridad con este: “Kiko resulta ser de las personas que gozan del aprecio de un pueblo por sus condiciones excepcionales y humanas… entrar a juzgar(lo) por los cargos que hoy afronta ante la justicia es más bien perder el tiempo”. Abuchaibe ha sido, también, abogado de otra exgobernadora de la Guajira, Oneida Pinto, que enfrenta juicios por corrupción en contratos de salud para niños.

El segundo demandante del profesor es el abogado cordobés Eduardo Padilla a quien la Procuraduría investiga por sus actos como defensor de la IPS Funtierra, envuelta en presunta defraudación de más de $6.000 millones para terapias inexistentes o inconclusas a pacientes discapacitados, según denuncia de la Contraloría.

Pregunto de nuevo: ¿por qué les interesa a estos señores, en representación seguramente de otros, “neutralizar” a Mockus? ¿Será solo porque no soportan la energía diaria del símbolo de la moralidad pública colombiana en el centro de la corrupción del poder?

https://www.elespectador.com/opinion/las-joyas-que-quieren-sacar-mockus-del-congreso-columna-802055

26.18.-LOS MALES CON LOS QUE OFRECERÁN ELECTRICARIBE A LOS INVERSIONISTAS – Ómar G. Ahumada

Contraloría urgió salida definitiva y dice que servicio se compara con países del norte de África

En el 2017 Electricaribe registró un récord de 108 cortes de luz, y un tiempo total de 98 horas sin prestar el servicio. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO. 

12 de julio 2018.-  Mientras hace un mes el país entraba en ‘modo Rusia 2018’ y luego de que el presidente Santos recibiera el informe final de recomendaciones de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) sobre Electricaribe, el 14 de junio la Contraloría General de la República liberaba, sin mayor despliegue, la auditoría de la intervenida distribuidora, con base en el desempeño del 2017 y en las cifras al corte de abril del 2018.

El documento, de 42 páginas, concluye que es urgente conseguir una solución definitiva a la situación de la empresa, ya que de continuar operando como hasta el momento, el flujo energético puede ser negativo y no se podrá garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

“Este escenario se daría por incrementos de los precios de energía, los cuales han aumentado en comparación con el 2017”, agrega.

Y es que aún con el respiro de tener congelado el pago de deudas por más de 2 billones de pesos, contraídas antes de la intervención (1,8 billones con el sector financiero), el reporte del organismo de control corrobora los afanes de la empresa para operar, mientras el apoyo de 320.000 millones de pesos dado por el Conpes a finales del 2017 surtía todo tipo de trámites en el Ministerio de Hacienda y no había sido puesto en marcha.

Incluso, el decreto que da vía libre al aval, que se esperaba fuera firmado el 11 de julio, según la superintendente de Servicios Públicos, Rutty Paola Ortiz, aún sigue sin expedirse.

Pero una de las principales revelaciones es que Electricaribe, al igual que ocurría antes de la intervención, ha demorado sus pagos con los generadores y ha tenido que correr para conseguir dinero y pagar antes del último plazo y evitar el inicio formal de procesos de limitación de suministro de energía. 

Además, sus indicadores de calidad cerraron en el peor nivel de su historia el año pasado (este año tienden a mejorar al corte de abril), tuvo que pagar más multas por no responder las peticiones de los usuarios y su flujo de caja es cada vez más crítico.

Hasta en sectores exclusivos de Cartagena se roban la energía

Cauca sube indicadores de calidad de electricidad

Revuelo por riesgos de eliminar límites a comercialización de energía

Los hallazgos

Un aparte de la auditoría se centró en los indicadores financieros del 2017 y en los del 2018, con corte a abril. Allí, la Contraloría evidenció que no solo el flujo de caja es crítico y ha venido bajando de manera progresiva, sino que para cerrar el año 2017 en positivo “fue necesario recurrir a un préstamo de $ 43.000 millones, ya que el flujo energético, a pesar de ser positivo, fue insuficiente para cubrir los gastos operativos de la empresa”. 

Y agrega que en el 2018 las garantías del Conpes (todavía sin llegar) darán alivio, pero este no alcanzará porque se proyecta cerrar con un saldo inferior al flujo de caja del 2017.

La Contraloría encontró que, pese a la intervención, Electricaribe sigue con problemas para pagar a tiempo la energía que compra para sus clientes, pues en el 2017 incurrió en 13 procesos de limitación de suministro “por retrasos en el otorgamiento de mecanismos de cobertura o en el pago de vencimientos de factura, de los cuales once fueron iniciados de oficio por XM (operador del mercado eléctrico) y dos por mandatos de agentes del mercado”.

Y este año van dos procesos, uno por proyección de garantías a finales de febrero y otro por vencimientos con el Sistema de Transmisión Nacional (STN), en abril.

Según los informes del agente interventor, el recaudo de facturas tuvo una leve mejoría (pasó de 83 por ciento entre noviembre del 2015 e igual periodo del 2016 a 84,6 por ciento este año), pero en la práctica la realidad es que en el 2016 las facturas para cobranza sumaron $ 655.000 millones, el año pasado $ 592.000 millones y este año, en cuatro meses, superan los 196.000 millones.

En materia de calidad del servicio, la Contraloría recalca que la de Electricaribe solo es comparable con el de países del Medio Oriente y el norte de África, ya que en el 2017 se llegó a un récord de 109 cortes no programados y los usuarios no tuvieron servicio en 98 horas en el año, frente a un promedio nacional de 38 horas.

Y a raíz de la mejoras en la gestión de la Superservicios, Electricaribe fue sancionada con 69.408 millones de pesos por no responder los requerimientos de sus clientes, cifra que subió un 72 por ciento frente al 2016.

Según la FDN, el pasivo pensional de Electricaribe es de 1,3 billones de pesos, de los cuales 300.000 millones son para contingencias.

El presidente de la FDN, Clemente del Valle, dijo que el modelo recomendado al Gobierno considera que las mesadas pensionales sean absorbidas por la nueva estructura y que los análisis realizados se hicieron sobre la base de que se van a mejorar todos los indicadores de recuperación de cartera y que habrá una inversión importante en medidores inteligentes y en recuperación de pérdidas. 

“El trabajo no es solamente inversión sino cómo se logra subir a la gente que no está pagando”, aseguró.

El trabajo no es solamente inversión sino cómo se logra subir a la gente que no está pagando

El contrato de la FDN subió de valor

De un valor de 1.070 millones de pesos para la consultoría contratada con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), la distribuidora terminó pagando $ 2.643 millones.

Esto porque, según la Contraloría, se tuvo que profundizar en el diseño de la salida a la crisis, pues cuando a finales del año pasado la FDN entregó su reporte, con 9 alternativas de solución, ninguna era factible, ya que no resolvía problemas como el pasivo pensional pero, sobre todo, porque no había contemplado los efectos del nuevo marco tarifario de la Creg.

“Eso los llevó a contratar a la firma argentina Mercados Energéticos y a traer a la pesada de la banca de inversión Lazard”, dijo una fuente.

http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/contraloria-encuentra-perdida-de-recursos-en-corporaciones-autonomas-regionales-244816

25.18.-La batalla de los tiempos – Salomón Kalmanovitz

En Estados Unidos el gobierno minoritario de Trump está terminando de establecer una dictadura al empacar la Corte Suprema de Justicia de magistrados de derecha. El Partido Republicano lleva varios lustros rediseñando los distritos de votación y haciendo caso omiso de las mayorías demócratas que han ganado el voto popular en las presidenciales para perderlo en el Colegio Electoral, donde predominan los estados rurales, más atrasados y reaccionarios. Igual sucede con el poder legislativo.

15 jul 2018.-  Los republicanos han jugado con la extrema derecha por muchos años hasta que los asaltó el señor Trump con sus huestes de racistas y nazis, haciéndose a la posición más poderosa del mundo que abusa de forma incompetente. Desde allí viene destruyendo las bases del orden internacional erigido al final de la Segunda Guerra Mundial que permitió un mundo próspero y en relativa paz por 70 años. Esas bases son la Comunidad Europea y su alianza militar OTAN que las defendieron del embate del socialismo real y ahora del imperialismo de Putin; en lo económico fue la Organización Mundial del Comercio que promueve el desarrollo de los países con reglas aceptadas por todos. Una característica en común de los dictadores es el irrespeto por el Estado de derecho, algo en lo que destaca Trump al debilitarlo sistemáticamente, convirtiendo la Presidencia en una filial de sus negocios.

Se está cocinando una nueva alianza de Trump, Putin y otros dictadores afines (Erdogan, Duterte, la extrema derecha inglesa, italiana, polaca y húngara) para socavar la comunidad de naciones, obstruir los flujos comerciales que han permitido el surgimiento de China, el sureste asiático, México y Canadá, de la misma Europa y amenaza incluso a las corporaciones norteamericanas que viven de la división internacional del trabajo. La nueva reacción introduce también barreras a los flujos migratorios, respondiendo a la paranoia racista, en detrimento los más oprimidos del mundo.

Es también el triunfo de la barbarie que se forja en las entrañas de la sociedad norteamericana a partir de su supuesto excepcionalismo (always great) y el resentimiento producido entre sus trabajadores por las políticas dominantes a favor de los ricos, sin reconocer a los responsables. En el trasfondo están también los cambios tecnológicos y los causados por la globalización que han empobrecido a una parte de la población, pero han enriquecido a buena parte del mundo. Recuérdese que el auge de los precios de las materias primas que ha beneficiado a la América Latina surgió del crecimiento sistemático de la China que Trump pretende abortar.

Trump fue el candidato favorecido por la Rusia de Putin y se siente más identificado con su régimen autoritario que con la Europa democrática que mantiene su Estado de bienestar. Él y los republicanos están socavando las pocas políticas sociales que subsisten en la sociedad norteamericana, como el seguro de salud y la protección de los derechos de la mujer.

Se viene desgranando la batalla de los tiempos en la que el viejo orden internacional está siendo subvertido. Va a ser remplazado por un mundo caótico en el cual primarán los intereses estrechos de cada país, listos a destrozar a dentelladas al vecino, poniendo en riesgo a los regímenes progresistas que quedan. Es el momento de los nacionalistas rabiosos que desconocen el sistema de ley internacional y se alistan para la guerra, sin nada que ganar.

https://www.elespectador.com/opinion/la-batalla-de-los-tiempos-columna-800351

25.18.-TRUMP HACE REALIDAD LO QUE PARECÍA UNA BROMA – Julio Valdeón.

Las amenazas económicas del presidente de Estados Unidos eran tan alocadas que no parecían ciertas, pero ahora ya lo son. Muchas de ellas coincidían con las del socialdemócrata Bernie Sanders.

Sólo el aspirante de la izquierda demócrata, Bernie Sanders, se le acerca a Trump en pasión y convicción contra los abusos del libre comercio; aunque en otros temas son antípodas.                                                                       

Donald Trump genera tal cantidad de titulares por minuto que a menudo cuesta no ya tomarle en serio sino ni tan siquiera seguirle hasta el final de sus tuis. Pero no bromeaba cuando convocó a la prensa hace una semana y prometió multiplicar los aranceles al acero y el aluminio. Apenas necesitó 24 horas para firmar el decreto, mientras sus colaboradores trabajaban para que la medida cumpliera con todos los preceptos legales.

Los principales barones del partido republicano contemplaban impotentes un gesto que amenaza con provocar tempestades. «Las decisiones que hoy estamos tomando no son optativas», dijo el presidente. Añadió que «la industria estadounidense del aluminio y el acero ha sido devastada por prácticas agresivas de comercio exterior. Se trata de un asalto contra nuestro país. Los trabajadores estadounidenses han sido traicionados durante mucho tiempo, pero la traición ha terminado».

Sí, desde luego, prometía magnanimidad y sutileza, «flexibilidad y voluntad de cooperación», pero sus palabras fueron veneno en vaso largo para los principales exportadores de acero a EE UU, como Canadá, la UE, Corea del Sur o Brasil. El 11 de marzo redoblaba la apuesta al anunciar posibles tarifas contra los automóviles extranjeros.

19 mar 2018.- Su decisión provocó la dimisión fulminante de Gary D. Cohn, el banquero de inversiones que lo asesoraba en materia económica. También circuló una carta, rubricada por un centenar de personalidades de su partido, en la que le pedían que reconsiderase. Desde las agencias de riesgo, avisaban de posibles catástrofes en forma de repuntes del desempleo y fulminantes respuestas de los países castigados.

Pero no había lugar para la sorpresa. Recuerden, por ejemplo, aquella noticia del 22 de diciembre de 2016. Había rebotado por los principales medios de comunicación sin demasiados aspavientos. Básicamente decía que Donald Trump estaba estudiando la posibilidad de imponer una tarifa del 10% a las importaciones.

Por supuesto, nadie hizo caso. Nadie creyó que aquello fuera más que puro humo. Gloriosa pirotecnia. Viento. Sí, Trump siempre había defendido el proteccionismo. Lo hizo en sus mítines, en las entrevistas y en los debates. De alguna forma incluso parecía encantado de augurar una cascada de guerras comerciales.

Fomentaban su aura de macho. Gary Cooper. Pistolero en el corral de los hipócritas. Patton revivido frente a la ambigüedad y el coqueteo con Wall Street de Hillary Clinton. Se trata de un mensaje violento y desacomplejado. Repetido una y otra y otra vez más.

Contraviniendo treinta años de absoluta complacencia con el libre comercio por parte de republicanos y demócratas, coincidía en la aragumentación de Bernie Sanders a la hora de repartir dianas.

Así, la globalización, a la que responsabilizaba de los males de la clase trabajadora. O las élites económicas, de las que por supuesto se descontaba (gusta de autodefinirse como «millonario de clase trabajadora») y a la que denunció por deslocalizar el trabajo y las fábricas al tiempo que sortea impuestos y escapa con su dinero rumbo a confortables paraísos fiscales.

Y por supuesto a los políticos en Washington, empezando por los dos Bush y siguiendo por Clinton y Obama, que habrían actuado conforme al evangelio del mercado global y, ay, al capricho de una clase pirata y antipatriota.

Cierto que la buena nueva de Trump choca contra la doctrina oficial. Pero no está tan lejos de lo que abanderaron los republicanos durante décadas. Lo explicaba el pasado 8 de marzo Ed Kilgore en la revista New York. Para hacerlo se valía de una cita de Pat Buchanan, antecedente obvio de ciertos mantras trumptianos: «de Lincoln a William McKinley a Theodore Roosevelt, y de Warren Harding a Calvin Coolidge, el Partido Republicano creó la máquina de fabricación más impresionante que el mundo haya visto jamás. Y, como el partido de aranceles altos durante siete décadas, su recompensa fue convertirse en el Partido de los Estados Unidos».

De poco vale esgrimir que los aranceles podrían perjudicar a muchas de las industrias nacionales, necesitadas de unos bienes que podrían encarecerse en caso de guerra comercial. Su mensaje es reactivo a las argumentaciones convencionales. Ofrece el tipo de consuelo, entre romántico y mullido, utópico y feroz, que anhelan en los arrabales de las grandes ciudades, en las viejas poblaciones machacadas por la desindustrialización, en las inmediaciones de los altos hornos, los astilleros y las minas abandonadas mientras azota la crisis de los opioides y aumenta la mortandad entre los varones de clase trabajadora y raza blanca. Una América que, desde los días de Ronald Reagan, no había vuelto a encontrar un mago que sublimara sus nostalgias hasta hacerle creer que el paraíso, aquel pasado ubérrimo del technicolor y los Cadillacs rosas, aquel edén de los discursos de Eisenhower y los discos de Sinatra en Capitol, vuelve a estar a punto de materializarse.

Un sector a la expectativa

El sector automovilístico español está temblando. Donald Trump ha amenazado con imponer un arancel del 25% a los vehículos fabricados en Europa y exportados a Estados Unidos. El país norteamericano recibió en 2017 36.764 coches españoles. Aunque sólo representan el 1,5% del total de ventas de vehículos al extranjero, el valor de las mismo es de alrededor a los 600 millones de euros, cifra que se vería gravada por el mencionado arancel del 25%. De momento, afirman, «el arancel a los turismos españoles exportados hacia EEUU es de un 2,5%», afirman desde la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). La industria del automóvil representa el 10% del Producto Interior Bruto de España, es la octava más productora en todo el mundo y, además, el 19% del conjunto de las exportaciones del país. Por ello, informan de que «el incremento de las políticas proteccionistas por parte del gobierno de EEUU, o de cualquier otro país, no sería una buena noticia para nuestro sector», concluyen desde Anfac.

https://www.larazon.es/economia/trump-hace-realidad-lo-que-parecia-una-broma-HM17933136

25.18.-ESTADOS UNIDOS RATIFICA LOS ARANCELES DE TRUMP. AHORA A LA ACEITUNA NEGRA – Sandro Pozzi/Antonio J. Mora

La Comisión de Comercio Internacional considera que el bajo precio daña a los productores locales en California Nueva York / Sevilla 10 JUL 201

Productores de aceituna en una concentración en Sevilla, España. RAUL CARO CADENAS EFE

La Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos (USITC, en sus siglas en inglés) ratifica los aranceles antisubsidios y antidumping adoptados por el Departamento de Comercio contra la aceituna negra de mesa que se importa desde España, al considerar que «causan un daño material» a sus productores locales en California. El sector esperaba que imperara el sentido común, pero ahora ve como se le cierra uno de sus principales mercados.

La agencia federal que investiga los efectos de las ayudas públicas y el dumping comercial en las industrias domésticas emitió un primer boletín en el que informa de que la decisión es «afirmativa» respecto a la medida adoptada por el Departamento de Comercio. En una nota de prensa posterior señala que las aceitunes españolas se comercializan por debajo del valor justo de mercado. La decisión no fue unánime, ya que hubo tres votos favorables y uno contra. El dictamen final se hará público el próximo 14 de agosto.

Nada más conocerse la resolución, la Asociación de Exportadores de Aceitunas de Mesa (Asemesa) ha anunciado que la recurrirá ante los tribunales competentes de la jurisdicción americana y ha instado a la Comisión Europa a que haga lo mismo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). “Desgraciadamente, se han cumplido los pronósticos y EE UU ha confirmado su amenaza contra la aceituna negra española y contra la Política Agraria Común. Nos preguntamos cuál será el próximo sector atacado”, ha señalado el secretario general de la patronal, Antonio de Mora.

Como viene reclamando el sector en estos meses, el responsable ha exigido a Bruselas que tome cartas en el asunto. “La UE no debería permitir que las autoridades americanas de defensa comercial cuestionen su modelo de desarrollo rural y de apoyo a la agricultura, por lo que pedimos a la Comisión Europea que actúe inmediatamente tomando las medidas que sean precisas, incluyendo el inicio de procedimientos ante la OMC”, ha apuntado De Mora. El pasado junio, cuando la Administración de Trump endureció los aranceles, el portavoz comunitario de Comercio, Daniel Rosario, señaló que Bruselas no tomaría ninguna medida hasta la resolución de la CTI. «Esperaremos a la decisión final y después actuaremos de forma acorde», dijo.

Un año de pelea comercial

La USITC ya determinó en agosto del pasado año que había motivos razonables de que la industria dedicada al negocio de la aceituna de mesa en EE UU estaba sufriendo un daño por las importaciones que llegaban de España, porque a su entender se venden por debajo del precio del mercado gracias a los subsidios que reciben. Por este motivo consideró que el Departamento de Comercio podía seguir adelante con la investigación que había iniciado un mes antes.

El primer arancel preventivo se estableció en noviembre y el pasado mes de junio el equipo que dirige el secretario Wilbur Ross concluyó su investigación y procedió a elevar el muro en la frontera. Para compensar el beneficio que la aceituna española obtenía gracias a las ayudas, se estableció un arancel antidumping del 19,98% y uno antisubvenciones del 14,75%. El nuevo gravamen conjunto asciende al 34,75.

EE UU recibía hasta ahora más de una tercera parte de las aceitunas vendidas en el exterior por los productores españoles. Las importaciones de aceituna española rondaron el año pasado los 67,6 millones de dólares, según datos del Departamento de Comercio. En volumen fueron 29.740 toneladas. Antes de entrar en vigor de los aranceles provisionales se aceraron a las 31.880 toneladas.

Las empresas, preocupadas

El sector teme que el daño por estas restricciones comerciales sean aún mayor cuando se activen a final de mes. Las empresas más afectas son Aceitunas Guadalquivir, Agro Sevilla Aceitunas y Ángel Camacho Alimentación. El caso tiene origen en una denuncia de la Coalición para el Comercio Justo de Aceitunas Maduras, que representa a Musco Family Olive, Walnut Creek y Bell-Carter Foods de California.

EE UU adoptó desde el inicio de la Administración que preside Donald Trump cerca de 120 investigaciones antisubsidios y antidumpling, un 30% de acciones proteccionistas más que durante el mismo periodo con Barack Obama. En paralelo está aplicando aranceles a industrias como la del acero y el aluminio, al tiempo que amenaza con adoptar medidas similares contra las importaciones de automóviles.

https://elpais.com/economia/2018/07/10/actualidad/1531222099_037745.html

24.18.-PRESIDENTE DUQUE: CON USTED, ¿VOLVERÁ LA GUERRA? – Cecilia Orozco

“Aquí va a haber un escenario de confrontación (armada)”. Quien habría pronunciado —palabras más, palabras menos— esa frase aterradora no estaba recitando el libreto de una escena teatral. No hacía un chiste de mal gusto ni alardeaba, borracho, con iniciar una balacera. Quien la habría pronunciado tampoco es un chisgarabís que se las quiere dar de valentón.

Es un general de la República que alcanzó el rango más alto posible en defensa y seguridad nacional: comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, país en que (sin poderse establecer, aún, el número real de vidas segadas entre tiros, bombas y granadas), la guerra ha dejado un saldo de 220.000 asesinatos documentados; 5’700.000 desplazados; 1.980 pueblos masacrados; 25 mil seres humanos desaparecidos y 27 mil secuestrados, según los datos más serios pero muy cautelosos de que disponemos, sobre la tragedia que hemos padecido durante 60 años de muerte*. Hasta cuando se firmó el Acuerdo de Paz y esas cifras bajaron de manera notable.

3 Jul 2018.- El general (r) Leonardo Barrero Gordillo, quien se desempeñó en las zonas conflictivas, sabe de lo que está hablando. Por eso da escalofrío oírlo describir el que sería el anticipo de uno de los propósitos del gobierno electo del uribismo del que conocemos, a ciencia cierta, que representa la oposición feroz al Acuerdo, aunque se vista de caperucita antes del baile de su posesión, el 7 de agosto. Después se pondrá el camuflado de acuerdo con Barrero Gordillo, uno de los integrantes del comité de enlace en Defensa del presidente Iván Duque. Ocurrió el viernes pasado durante una reunión de empalme en que también estaban presentes otros miembros del partido ganador y prestantes funcionarios del ministerio del ramo.

La conversación giraba en torno al Centro de Rehabilitación Inclusiva (CRI), un hospital modelo en Latinoamérica construido con aportes de Corea y con capacidad para atender a 1.200 heridos en combate, al año, en la recuperación de sus funciones físicas, emocionales y psicológicas. Ante la nueva realidad de descenso en número de pacientes, se miraba la posibilidad de ampliar los servicios del CRI a los civiles que requirieran este tipo de atención. Fue entonces cuando el general Barrero se opuso con el argumento macabro de que muy pronto, cuando la administración Duque pudiera poner la casa en el orden que Santos desbarajustó con la firma de la paz, se necesitarían todos los recursos disponibles para atender a las víctimas de mutilaciones que seguramente llenarían, de nuevo, las clínicas militares.

Se refería a la estrategia de “confrontación” directa (lo que implica aumento de heridos y muertos) que se activará en cuanto asuma las riendas el gobierno Duque, estrategia que se opondrá a la “pasividad” del Ejecutivo actual. Añadió Barrero que se estaba presentando la paz como si fuera una maravilla pero que era, en realidad, un desastre que habría que entrar a corregir.

El general del enlace no dijo nada que no piense el núcleo de Álvaro Uribe. Lo que sorprende es que el que se supone que es su nuevo líder, es decir, quien ganó las elecciones, refleje otro ánimo: el del presidente de todos, el del fin de la polarización, el del respeto por el Acuerdo al que no volvería trizas, sino le haría “modificaciones”. O bien Duque maquilla, mintiendo, lo que le viene al país pierna arriba, o bien ya empezaron a dejarlo solo los uribistas que no necesariamente son duquistas, antes siquiera de que jure cumplir la Constitución.

Memoria en píldoras: el general Leonardo Barrero fue retirado, por Santos, de la comandancia de las Fuerzas Militares cuando se descubrieron las grabaciones de varias de sus conversaciones con el tristemente célebre coronel González del Río, condenado por 46 (¡46!) falsos positivos, es decir, asesinatos fríamente ejecutados. Barrero le sugería a González crear, junto con otros incriminados en delitos de guerra, “una mafia” para denunciar a los fiscales que los investigaban. Después de estar más de cinco años preso, González se acogió a la JEP y empezó a revelar nombres de generales envueltos en esos ilícitos.

Y aquí llegamos a un punto central: Barrero fue candidato al Senado del Centro Democrático que se quemó este año, en la lista por influencia de Paloma Valencia, la fogosa congresista que, casualmente, introdujo, en la legislación la semana pasada, una sala de juzgamiento especial para militares, paralela a la JEP. Queda claro que lo que pretende no es apoyar a los inocentes, sino callar la verdad que van a contar los subordinados sobre los altos estratos de la oficialidad colombiana. Con esa perspectiva, ¿cómo no va a volver “la confrontación” (armada)? Preparémonos.

(*) Informe Basta ya. Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013

https://www.elespectador.com/opinion/presidente-duque-con-usted-volvera-la-guerra-columna-797919

24.18.-SALUDCOOP: TRAS OCHO AÑOS  DE ESCÁNDALO, CARLOS PALACINO TERMINÓ PRESO – Justicia

El ‘exzar’ de Saludcoop responderá por el supuesto desvío de 40 0.000 millones de pesos.

Luego de su detención, Carlos Gustavo Palacino fue trasladado al búnker de la Fiscalía. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

En una lujosa mansión de un exclusivo club residencial ubicado en el municipio de La Calera (vecino de Bogotá) rodeado de piscinas, canchas de golf, tenis y fútbol, restaurantes, pesebreras y hasta un lago de esquí, fue detenido en la mañana de este viernes el cuestionado expresidente del Grupo Saludcoop Carlos Gustavo Palacino.

Después de que el proceso permaneciera virtualmente paralizado en la Fiscalía de Eduardo Montealegre –quien como abogado había tenido millonarios contratos con Saludcoop–, la administración de Néstor Humberto Martínez encontró méritos suficientes para ordenar la captura del hombre que fue el ‘zar’ de las EPS durante casi dos décadas. 

9  mar 2018.-  Según la Fiscalía, hay serios indicios de la apropiación indebida de recursos del Estado por parte de la EPS entre el 2000 y el 2004. Palacino tiene otros procesos pendientes por el posible desvío de plata de la salud por lo menos hasta el 2011, cuando estalló el escándalo que llevó al derrumbe del emporio.

Saludcoop se habría apropiado de 400 mil millones de pesos: Fiscalía

A médicos y clínicas no les pagan, pero sí les cobran…

De acuerdo con el ente acusador habrían sido 400.000 millones de pesos (770.000 millones al 31 de diciembre del 2017, con intereses), correspondientes al mal uso del dinero de las Unidades de Pago por Capitación (UPC) y rentas parafiscales. Esos recursos habrían sido desviados para fines distintos a los establecidos en la ley.

“La cifra corresponde al valor que excede el disponible por las ganancias de la empresa y demás recursos propios, frente a los recursos utilizados para sufragar inversiones y gastos realizados durante esos 5 años. El monto evidencia que la EPS utilizó dineros públicos que estaban destinados a la salud de sus afiliados para llevar a cabo otro tipo de gastos e inversiones”, señaló la Fiscalía.

Según los registros, el dinero fue utilizado en inversiones tanto en el país como en el extranjero –México y Ecuador–, en la expansión de plantas y equipos, préstamos a socios y trabajadores y pago de deudas; es decir, se invirtió en programas que incrementaban el patrimonio de la empresa, pero no en la prestación de los servicios de salud de sus 7 millones de afiliados.

A él lo capturan por construir clínicas, por invertir la plata en la ampliación y crecimiento de la EPS

En el expediente contra Palacino se describen también otras presuntas irregularidades en las bases de datos de la EPS, encontradas en su momento por la Superintendencia Nacional de Salud, que habrían permitido la apropiación de los recursos.

Así, más de 8.000 millones de pesos provenientes de las UPC habrían sido entregados por cuenta de más de 300.000 beneficiarios que realmente no se probó que tuvieran vínculo familiar con los afiliados. También se encontraron 240 personas vinculadas a la EPS siendo mayores de edad, pero registrados como menores: con tarjeta de identidad o registro civil y cuyas compensaciones habrían sobrepasado los 70 millones de pesos.

De la misma forma, al menos 837 hombres estarían registrados en las bases de datos como mujeres, por quienes el Estado paga mayores compensaciones a las EPS. También se encontró que más de 3.700 cédulas de supuestos usuarios no estaban vigentes para la época de los hechos. El ente investigador dice que posiblemente correspondían a personas fallecidas y por quienes se habrían girado cerca de 1.000 millones de pesos.

Pruebas de estas irregularidades están consignadas en una providencia de 250 páginas con la que la Fiscalía sustentó la detención de Palacino, quien pasó la noche del viernes en el búnker.

Su abogado, Hernán Gonzalo Jiménez, indicó que la decisión los sorprendió porque su cliente ha comparecido ante las autoridades siempre que ha sido requerido.

“Hemos dado todas las explicaciones del caso. A él lo capturan por construir clínicas, por invertir la plata en la ampliación y crecimiento de la EPS. Solo se necesita ver el estado de la EPS hoy para saber que en el pasado sí estuvo bien manejada y con su venta fue llevada a una crisis financiera”, aseguró Jiménez.

EL TIEMPO conoció que la defensa de Palacino estaría pidiendo un sitio de reclusión especial amparado en su supuesta disponibilidad para atender al llamado de la justicia y a que este viernes tuvo un incidente de salud relacionado con una subida de tensión.

Fiscalía volvió a mover el caso

Denuncias contra la EPS Saludcoop ante la Superintendencia de Salud y la Contraloría General llevaron a que en el 2010 la Fiscalía abriera una investigación por el posible desvío de recursos parafiscales para incrementar el patrimonio de la EPS y sus socios.

Un año después la Súper intervino la EPS y Carlos Gustavo Palacino fue retirado de su cargo de presidente para que el ente de control tomara posesión de la entidad. En el 2012, la Procuraduría impuso una sanción de inhabilidad para contratar con el Estado por 18 años contra Palacino y la Contraloría sumó en el 2013 una sanción de responsabilidad fiscal contra el grupo Saludcoop por 1,4 billones de pesos.

Pese a los avances en materia fiscal y disciplinaria, el proceso contra el presidente estuvo dormido durante años en el ente investigador, y ya en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez se reactivó con un llamado a indagatoria.

http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/que-sigue-en-el-proceso-contra-carlos-palacino-por-caso-saludcoop-192394

24.18.-EL BUSTO DEL REY – Yohir Akerman

Sigamos indagando sobre las turbias actividades y complicadas relaciones del señor gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, como lo hemos hecho las semanas anteriores.

Desde hace más o menos un año se ha generado una serie de denuncias sobre el volteo ilegal de tierras en Cundinamarca, a cargo de una red encabezada por el hoy gobernador Rey y su pupilo, Jorge Enrique Machuca, actual gerente de la Empresa de Licores del departamento.

7 Jul 2018.- Vamos para atrás.

Antes de estos prestigiosos cargos, Rey y Machuca fueron alcaldes de Funza uno tras del otro. El cartel del volteo de tierras, como lo han denunciado Daniel Coronell, La Silla Vacía y el congresista Carlos Fernando Galán, comenzó a tejerse cuando el hoy gobernador fue alcalde de Funza. (Ver El rey de Cundinamarca).

La operación consistió en cambiar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) o expedir planes parciales que modifiquen el uso de la tierra de rural a urbano, para vender en metros lo que se compró en hectáreas, todo con la complicidad de concejales, alcaldes y funcionarios de la CAR de Cundinamarca.

Durante la alcaldía de Rey Ángel estallaron varios escándalos de corrupción por estos hechos que fueron rápidamente ahogados. El dúo Rey-Machuca se hizo famoso, entre otros actos irregulares, por el no cobro de plusvalía para favorecer a un particular y por las supuestas coimas que recibieron de varios propietarios de tierras para otorgar usos de suelo y licencias de construcción de parques industriales.

Tanto así que, durante la alcaldía de Rey, Machuca, su mano derecha, se ganó, según varias fuentes consultadas, el apodo del “hombre del maletín”, por ser, supuestamente, quien se encargaba de recibir las sumas millonarias de los dueños de los predios.

La justicia tendrá que investigar todas esas graves acusaciones para limpiar el nombre de estos funcionarios de esos horribles alegatos.

Pero ahí viene el problema.

Aunque el gobernador de Cundinamarca ha sido mencionado en varias denuncias por estos hechos, nada ha sucedido ya que la mayoría de las investigaciones por volteo de tierras quedaron en el escritorio del exdirector anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno Rivera.

Moreno, encarcelado en Miami desde su extradición en mayo pasado, enfrenta un juicio en los Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico después de ser grabado por la DEA recibiendo sobornos del exgobernador de Córdoba para ahogar la investigación en su contra.

Moreno Rivera develó la existencia de otro cartel en el que se encargaban de dilatar expedientes utilizando información privilegiada de la Corte Suprema y la Fiscalía, desapareciendo evidencias, montando estrategias para restarles credibilidad a testigos y obteniendo decisiones con apariencia de legalidad.

Todo a cambio de dinero.

Entre los cómplices de Moreno figuran, entre otros, personas como el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, el exmagistrado Gustavo Malo y el exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez.

Tan cercana era la relación del corrupto Moreno y el exmagistrado Bustos, que el exfiscal anticorrupción confesó que le regaló un costoso reloj Cartier de 43 millones de pesos como parte de pago de uno de los servicios ilegales prestados por Bustos Martínez a la organización criminal en diciembre de 2012.

Acá viene la sorpresa.

El 20 de febrero de 2017, pocas semanas después de iniciada la investigación por el volteo de tierras por parte de la Fiscalía Anticorrupción manejada por Moreno en contra del señor Rey Ángel, este último contrató con dineros públicos como asesor de la oficina jurídica de la Gobernación de Cundinamarca al exmagistrado Leonidas Bustos por un contratico de 87 millones de pesos. (Ver Contrato de prestación 008).

El propio Bustos Martínez era quien enviaba informes de gestión dirigidos al secretario jurídico del departamento de Cundinamarca, Germán Enrique Gómez González, actualizándolo sobre sus acuciosas investigaciones.

El 31 de marzo de 2017 le informó que estaba trabajando, entre otras, en los estudios, investigación y proyección jurídica de las consultas enviadas el 15 de marzo de 2017, correspondientes a la procedencia de designación de alcaldes interinos con ocasión de medida de aseguramiento; posible enajenación de la posición fiduciaria del Gobierno Departamental en el patrimonio autónomo del Virrey Espeleta; la disolución y liquidación de asociaciones en las cuales el Gobierno o agentes de este ostentan participación accionaria; la aplicación de la ordenanza 013 de 1947”. (Ver Bustos Martínez Consultores).

De 1947, óigase bien.

Interesante que el abogado Bustos Martínez al parecer estaba haciendo mucho y nada. Por eso mismo su reporte del 25 de julio de 2017 es casi idéntico excepto que ya no estaba trabajando en la ordenanza de 1947. (Ver Factura No. 6).

El 27 de junio de 2017 el exfiscal Gustavo Moreno fue capturado en su propia oficina, ante los ojos atónitos de sus subalternos y otros funcionarios de la Fiscalía.

El 19 de septiembre de ese año Moreno empezó a prender su ventilador y vinculó en la red criminal al expresidente de la Corte Leonidas Bustos. Tres días después, el 22 de septiembre se terminó, de mutuo acuerdo, el acuerdo entre el abogado Bustos Martínez y la Gobernación de Cundinamarca.

Evidentemente, para ese momento, ya el gobernador Rey Ángel no necesitaba análisis de las ordenanzas de 1947, y las otras cositas en las que le servía el corrupto exmagistrado.

@yohirakerman  yohirakerman@gmail.com https://www.elespectador.com/opinion/el-busto-del-rey-columna-798836                                 

24.18.-LO QUE HIZO EL DISTRITO CONTRA CARTELES DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

La Secretaría de Educación aseguró que la base de las investigaciones las entregó el Distrito actual.

Secretaria de educación. Foto:  Carlos Ortega

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y la secretaria de Educación, María Victoria Angulo, calificaron como un éxito para el Distrito la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de pedirle a la Fiscalía que investigue a 28 empresarios y a una asociación por los llamados carteles de alimentación escolar. 

“Estamos muy contentos de que la Superintendencia de Industria y Comercio haya hecho esas investigaciones, iniciadas por las batallas que nosotros dimos”, afirmó el alcalde al señalar que “esos contratistas de porquería que venían de administraciones pasadas” fueron acabados debido a la revolución en la contratación que puso a funcionar Bogotá de la mano de Colombia Compra Eficiente. Al año Bogotá invierte 500.000 millones de pesos y reparte alrededor de un millón de raciones de alimentos entre comida caliente y refrigerios para los estudiantes de los colegios públicos.

6 jul 2018.- No obstante, el secretario de educación de la Administración de Gustavo Petro, Óscar Sánchez, dijo que quienes iniciaron con todos esos cambios y con la guerra contra los carteles fueron ellos. En entrevista con EL TIEMPO, la secretaria de Educación despeja estas dudas y explica en qué consistió el aporte de Bogotá para las investigaciones.

¿Qué papel jugó Bogotá en esas investigaciones?
En el 2016 entregamos toda la información de los procesos que años atrás se hacían para contratar la alimentación (desde el 2007 hasta la fecha), y con información complementaria que los investigadores de la Superintendencia consiguen, se logra determinar que realmente esta gente se ponía de acuerdo para manipular los precios. Y eso pasó recurrentemente. Nosotros encontramos 12 proveedores para todo el mercado de alimentación de Bogotá.

¿Qué tipo de información entregaron?
Toda la que había en la Secretaría de los procesos contractuales que se habían hecho: licitaciones, subastas inversas, y allí se podía verificar que se destinaba un recurso, se ponía un precio y terminaba comprándose con precios muchísimo más altos. Gracias al cambio que hicimos, nuestros precios no pueden ser manipulados.

¿Y qué cambios fueron?
Hay bandas de precios de alimentos (basados en estudios) y pasamos de 12 proveedores a 55. Tenemos separados los que son de logística y los que proveen directamente el alimento: la leche, el queso, el yogur, la granola. Con esa señal que da la Superintendencia, la idea es que los actores del sector de alimentación se tomen muy en serio que la alimentación de los niños es sagrada, que ya están las acciones y las multas, que si se llegan a dar son altísimas, y que el mercado se tiene que comportar con total idoneidad, cobrando lo que debe por producto.

¿Qué componentes tiene el modelo de Bogotá?
Son cuatro. Tenemos un acuerdo marco, único en el país, con Colombia Compra Eficiente, para la compra de los alimentos que componen el refrigerio, 79 alimentos distintos, que permiten hacer variaciones de 16 menús. Además, un acuerdo marco para la logística, que es el empaque, entrega y seguimiento de que realmente les llegue a los chicos en las distintas jornadas. Cambiamos totalmente el proceso de interventoría: arranca desde la planta donde producen la leche, el queso, hasta el momento en que le llega al niño. Esto también ha podido develar muchas irregularidades de plantas que han sido sancionadas porque nos acompañan el Invima, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud, que es la recomendación que ha hecho hasta el Procurador General para que otras entidades del país lo hagan.

¿Hay otros cambios?
Sí. Fortalecimos el control de los lugares donde se recepciona la comida y se crearon 31 nuevos comedores para sumar más de 140. Lo último fue toda la reforma a las recetas que son la base de la comida caliente, para lograr que el niño la disfrute y que esta tenga los ingredientes acordes a los distintos grupos de edad: primera infancia, si son de básica o si son de media.

¿Cómo se contrata hoy?
A través del primer proceso de licitación en línea con bandas de precios a través de Colombia Compra Eficiente para alimentación escolar en el país.

En el nuevo modelo, ¿se ha colado gente investigada?
Sí, pero a precios justos. No se puede inhabilitar una empresa diciendo que no le parece la adecuada, tiene que probarlo y sancionarla. Ahora, gracias a esta investigación de la SIC, si la Fiscalía falla en positivo, los van a poder sancionar. Entretanto, gracias al cambio del modelo todas, las empresas tienen que dar el precio justo. Esa es una gran diferencia de Bogotá. Porque, claro, estas mismas empresas se presentan en distintas ciudades, donde se hacen las subastas inversas o licitaciones tradicionales y ellas son las que ponen el precio, pero aquí no lo pueden poner.

En su momento se dijo que las subastas inversas eran la solución a los problemas de corrupción…
No lo fueron y por eso lo cambiamos. Porque cuando usted hace subasta inversa, usted elige por precio, no por calidad. Primer punto en contra porque la calidad es clave. Y segundo, como lo hace por precio, usted pone la tentación en mercados como estos que hacen colusión y monopolio a que se presenten con precios artificialmente bajos para ganar, entonces terminan dando un producto de pésima calidad y también promoviendo acciones de colusión.

¿Valió la pena enfrentar los debates para lograr cambiar el modelo?
Totalmente. Fueron dos años muy difíciles tratando de implementar todo esto. Por fortuna, hasta una organización de contratación reconocida nos premió como la tercera en el mundo por transparencia. Por parte del ministerio también fuimos reconocidos. Fuimos la primera entidad calificada con 98 puntos sobre 100. Nos alienta que ya la ‘Súper’ vaya en ese camino, así como la Fiscalía.

¿Todo este proceso colaborativo comenzó en la administración de Óscar Sánchez? 
No. Fue esta administración, antes de las investigaciones adelantadas por la SIC, la pionera en fortalecer los procesos de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Eso fue en el 2016.

Bogotá aportó información que puso en la mira contratos de alimentos. Los chats de la repartija de $ 1,5 billones en refrigerios Pliego de cargos a 28 empresarios por manipular contratación del PAE

http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/evidencias-de-cartel-para-contratos-del-pae-en-bogota-239962

23.18.-ANTICORRUPCIÓN U OTRA FORMA DE CORRUPCIÓN – Juan Manuel López

Por su actualidad la ‘anticorrupción’ es un tema que toca tratar aún en una publicación sobre economía. 

Es tema económico porque si algo tiene más incidencia que cualquier modelo o teoría economica en este momento en el desarrollo del país es lo que llamamos ‘corrupción’. 

Económico también porque excluyendo los escándalos más sonados de Oberbrecht, Reficar, etc., ningún desfalco ha costado como costará la ‘Consulta Popular Anticorrupcion’.

Y económico porque nosotros le hemos dado el sentido a la palabra ‘corrupción’ la equivalencia a delito de repercusiones económicas.

Lo curioso es que la palabra ‘corrupción’, y en consecuencia lo que sería un delito que se asocie a este concepto, solo aparece para casos entre privados en el único artículo que lo tipifica  (art. 250). De resto en todo el Codigo Penal solo existe la mención a ‘quien induzca a corrupción al sufragante’ (art. 590), y en ‘encubrir un acto de corrupción’ (art. 325B) es decir referido a la                       acción de un tercero sin definir en qué consiste esta.

El diccionario de la lengua define  ‘corrupción’ como “acción y efecto de corromper o corromperse”, y ‘corromper’ así: “1) alterar o trastocar la forma de alguna cosa; 2) echar a perder, dañar, podrir 3) sobornar o cohechar al juez o a cualquier persona, con dádivas o de otra manera; (…) “.

Es decir que coincide con un delito en un caso (soborno o cohecho), pero de resto es un concepto que se aplica a cualquier otro dominio. Hablar de corrupción solo para delitos económicos como se entiende entre nosotros y como se enfoca la ‘Consulta Popular Anticorrupción’ es sobretodo demagogia.

Lo es porque otras formas de corrupción pueden ser mucho más dañinas. Es el caso del abuso de poder para obtener beneficios indebidos en el campo político. Ejemplo pueden ser los caminos ilegales para apoderarse de un partido como lo hizo el Gavirismo, lo que llevó a la desaparición del Partido Liberal pero sobre todo a la de la fuerza de centro izquierda (hoy social demócrata) que requiere cualquier equilibrio democrático, y cuya ausencia  afecta no solo a los alineados con ese pensamiento sino a todo el sistema político.

Y corrupción también puede ser el trastocar lo que se entiende por anticorrupción, o usar ese vocablo para inducir al sufragante a votar por algo totalmente inocuo e innecesario en relación a lo que se propone. Corrupcion fue el que se malgastaran 40.000 millones de pesos para una consulta inutil y manipulada para mostrar un resultado definido a priori, y corrupción puede ser malgastar  cerca de 300.000 millones de pesos en simple demagogia que no lleva a ningún resultado real.

Porque de los puntos que se someterán a votación los 2, 3,  4 y 5 ya existen en la legislación. El 1, que es el único que implica una decisión y una reforma, no se ve en que manera disminuirá la corrupcion, pero sí limitará la posibilidad de tener los mejores funcionarios y magistrados (y si acaso a forzar a quienes ocupen los cargos a necesitar otras formas de ingreso). Y el 6 y el 7 son solo descalificaciones o persecución  a la clase política como si por naturaleza fuera ‘corrupta’ y como si tuviera el monopolios de dicha característica.

Ningún resultado concreto se conseguiría con la aprobación de alguno o de todos los puntos. La posibilidad de movilizar a 12 millones de votantes sin recursos (no hay reposición por votos) se basa únicamente en el slogan de ‘¿está usted de acuerdo con combatir la corrupción?’ a lo cual por supuesto se supone que todo el mundo contestaría afirmativamente. Pero además de ser  un engaño el pretender que con esto de verdad se combate algo, se incurre en un costo económico desproporcionado para cualquier resultado eventual, y se corre el riesgo de repetir el caso del referendo por la Paz, cuando, por asumir que el estar de acuerdo con el slogan llevaba a votar sin importar el contenido, lo que se logró fue lo contrario. No es improbable que aparezcamos también como el pais que no quiere combatir la corrupción.

23.18.-¿CORRUPCIÓN DE POLÍTICOS Y JUECES? SIGUE LA FIESTA – Cecilia Orozco

En medio de los debates electorales y las informaciones sobre el presidente electo, otro gravísimo tema ha pasado de largo como si no tuviera interés periodístico pese a que se enmarca en un foco de gran actualidad: la corrupción de políticos y jueces.  La noticia de que la Sala Civil de la Corte Suprema aceptó —en contravía de una norma interna de respeto entre pares—  revisar las actuaciones de su colega, la Sala Penal, erigiéndose en una especie de controlador superior de esta, debería alarmar por lo que implica: un ataque a la moralidad pública, desafiante con la realidad que acaba de quedar plasmada en las votaciones, y que denota el desprecio y la molestia de la mitad de los colombianos con los poderes establecidos.

27 Jun 2018.-  No se trata de un intrincado proceso en los altos tribunales que nadie entiende. Es simple y solo hay que ponerlo en blanco y negro: el corrupto senador liberal Álvaro Ashton (corrupto según dos imputaciones en su contra, una por entrar en contubernio con paramilitares, otra por sobornar a magistrados de la propia Suprema), interpuso una tutela ante la Sala Civil contra la Penal porque esta adelanta sus dos juicios con el fin de determinar su responsabilidad.

La razón que aduce Ashton es habilidosa, como suelen ser las de quienes pretenden evadir la Justicia después de que la violan. Él aspira a que la Sala Penal se quede quieta, en modo estatua y sin hacer nada en su caso, con el argumento de que hay otras salas en creación. Es decir, quiere ganar tiempo que cuenta para que prescriba al menos uno de sus dos procesos, precisamente  por lo que pagó $1.200 millones de pesos a los corruptos de la misma corte, de acuerdo con los testigos.  Tras él y su previsible triunfo en la Civil, los aforados delincuentes harán fiesta… Inmunidad total para todos ellos.

Uno comprende que Ashton y sus abogados acudan a todos los mecanismos de defensa posibles. Lo que no cabe en la cabeza de nadie sensato es que siete togados de la más alta investidura se presten a su juego o al de los parapolíticos que van tras él. Pero, ¿quiénes componen la Sala Civil que parece acolitarlos?, es la pregunta pertinente. Ariel Salazar es uno de sus miembros, conocido en el resto de la rama judicial por pertenecer al bloque de afectos a la exmagistrada de mala recordación, Ruth Marina Díaz, aquella que, como presidenta de esa Corporación se inventó un crucero para sus amigotes en medio de la crisis de credibilidad que los afectaba.

Salazar es el autor de la exótica tesis de que la yidispolítica —el acto de corrupción de compra votos a unos representantes a la Cámara para que aprobaran la reelección de Álvaro Uribe—, se produjo porque estábamos en  guerra contra las Farc. Salazar forzó —a mi juicio de ciudadana, con dolo—, esa teoría para que le dieran libertad al exministro Diego Palacio, vía JEP, un beneficio exclusivo para los protagonistas del conflicto armado.  Por supuesto, a Palacio únicamente le interesaba salir de la dorada prisión en que estaba. No la verdad, no la reparación a víctimas (¿cuáles, si en la Colombia uribista no hay ninguna del Estado?), ni menos el acto de contrición de no repetición. Por cuenta de Salazar y de sus compañeros de la Sala Civil, Palacio y más personajes del uribismo disfrutan, hoy, de libertad mientras sus aliados de partido impiden el avance de las tareas de la JEP.

Ruth Marina Díaz, de una suerte envidiable porque también es intocable, en un acto de clientelismo digno de Ashton, logró introducir en la Sala Civil que mangonea a su antojo, a varios de sus protegidos. A ella no se le investiga, vaya usted a saber por cuál extraño artilugio, por haber conformado oficina de litigantes con el capturado Francisco Ricaurte y con el extraditado Gustavo Moreno quien representaba al inolvidable Leonidas Bustos en ese bufete.

Pues bien, esta maquillada señora, es, según los corrillos enterados, la mano oculta tras la Sala Civil en donde además de Salazar, contaría con el voto incondicional de Fernando García, navegante con ella, en el crucero por el mar Caribe; y, también con el voto de los magistrados Luis Alonso Rico y Octavio Augusto Tejeiro. Hay otro grupo igual de poderoso en esa sección que respondería a su amistad con el cartagenero Ricaurte, sí, el fundador del cartel de la toga.

Serían los costeños Margarita Cabello, también subalterna de Alejandro Ordóñez, y Aroldo Quiroz. Queda uno: Luis Armando Tolosa quien, examinando el caso Ashton, conceptuó que la Sala Penal tiene plena competencia para continuar juzgándolo. Pero él es la excepción. Sus compañeros van por el enésimo intento de cerrar el horrendo capítulo de la parapolítica a machetazos judiciales, y sin que la sociedad reciba siquiera una disculpa de quienes pusieron los bienes públicos al servicio de Mancuso, Jorge 40 y otros genocidas de Colombia. ¡Ay, los corruptos!

https://www.elespectador.com/opinion/corrupcion-de-politicos-y-jueces-sigue-la-fiesta-columna-796822

23.18.-LO QUE HA PASADO UN AÑO DESPUÉS DE QUE ESTALLARA EL CARTEL DE LA TOGA – Redacción Judicial 

La historia comenzó con la captura del exfiscal Gustavo Moreno. Lo que él y otras personas han revelado desde entonces son los detalles de un supuesto entramado de corrupción en el que abogados y magistrados habrían recibido dinero a cambio de desviar y manipular procesos.

En la fila de arriba, de izquierda a derecha: el exmagistrado Francisco Ricaurte, el exfiscal Gustavo Moreno y el exmagistrado José Leonidas Bustos. En la fila inferior, de izquierda a derecha: el suspendido senador Musa Besaile, el magistrado Gustavo Malo y el suspendido senador Álvaro Ashton.Gustavo Torrijos y El Heraldo

29 jun 2018 .-Hace un año el país despertó con la noticia de lo que comenzaba a ser uno de los peores escándalos en la justicia del país. El 27 de junio de 2017 la Fiscalía capturó a Luis Gustavo Moreno, entonces jefe de la Unidad Anticorrupción del ente investigador, luego de que la justicia de Estados Unidos lo pidiera en extradición por haber recibido dinero en ese país a cambio de “torcer” el expediente en contra del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons. De lo que no se tenía pista en ese momento era de que esa detención era apenas la punta de un iceberg cuyos detalles se han venido conociendo a cuentagotas y cuyas secuelas hoy se conocen con el nombre del cartel de la toga.

Una vez Moreno fue sacado de su oficina en la misma Fiscalía, los agentes del CTI que lo capturaron incautaron computadores, documentos, discos duros y toda clase de documentos para comprobar los alcances que tenía el exfiscal dentro de la Unidad Anticorrupción. A sus pesquisas se sumaron los audios que la DEA le mandó al ente investigador como prueba de que Gustavo Moreno había pedido y recibido un soborno a Lyons en suelo estadounidense. Lo que se vino a saber después fue que el exgobernador colaboraba con la justicia de Estados Unidos y que, gracias a su ayuda, la DEA consiguió las grabaciones claves en el caso de Moreno, que hoy son pieza fundamental en una investigación sin precedentes en el país.

Fue así como se empezaron a conocer detalles claves de una supuesta red de corrupción que habría permeado entidades como la Corte Suprema de Justicia. El tema era tan delicado, que el coordinador de fiscales delegados ante el alto tribunal, Fabio Espitia, fue directamente a los despachos de varios magistrados de ese alto tribunal para contarles que en las grabaciones se mencionaban a sus antiguos colegas José Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino. La discreción se terminó el 15 de agosto de 2017, cuando el fiscal Néstor Humberto Martínez le explicó al país que tenía pruebas de que el entramado de corrupción había llegado hasta la cúpula de la justicia colombiana.

Por primera vez en la historia, dos expresidentes de una alta Corte pasaron a estar en la lista de los investigados —con Tarquino, hasta ahora, no ha pasado nada—.Como si no fuera suficiente con esos nombres, Martínez añadió otro listado de personajes que tendrían vínculos con la supuesta red de corrupción. En él estaban el congresista Hernán Andrade, los hoy suspendidos senadores Musa Besaile y Álvaro Ashton, la exgobernadora Zulema Jattin y el magistrado Gustavo Malo, a quien la propia Corte apartó temporalmente de sus funciones. Lo que vino después fue una cadena de hechos que forman parte de la historia del cartel de la toga, como la detención de Ricaurte, o la de Musa Besaile, quien aceptó haber pagado $2.000 millones para frenar una supuesta orden de captura en su contra por parapolítica.

Cada capítulo de esta historia ha generado polémica, como la que causó Besaile cuando dijo que había sido víctima de una extorsión por parte de Moreno y que por eso había entregado el dinero; o la que suscitó el magistrado Ricaurte cuando se convirtió en el primer exmagistrado de un alto tribunal en ser enviado a prisión. Sin embargo, hay quienes aseguran que, un año después de que estallara el caso, todo se ha tratado más bien de un escándalo mediático. El abogado Álvaro Pérez, el defensor del magistrado Gustavo Malo, señaló, en diálogo con El Espectador, que en su opinión este se ha tratado de un caso dirigido a una o dos personas, pero que el sonado cartel de la toga nunca existió.

Aunque el jurista aseguró que quizá sí hubo un acuerdo entre funcionarios para recibir dinero, está convencido de que los magistrados nunca estuvieron vinculados en el asunto. “La credibilidad de la justicia, especialmente instituciones sagradas como la Corte Suprema de Justicia, se han visto en entredicho por el juego mediático y por personas irresponsables que hablan sin tener conocimiento de cómo es un proceso penal”, agregó el abogado. En contraparte, para el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Luis Antonio Hernández, el asunto sí fue de extrema gravedad para la Corte que asumió el caso como una “vergüenza pública”, pero con la convicción de que había que actuar de inmediato.

“Creo que la institución tuvo capacidad de reacción categórica frente al daño que causaron esas informaciones. Había una cierta desconfianza de cómo íbamos a reaccionar”, afirmó el magistrado Hernández, quien agregó que lo que hizo el alto tribunal fue que mostrar la capacidad de respuesta, por ejemplo, apartando al magistrado Gustavo Malo de sus funciones. “La voluntad y la decisión de reformar el reglamento para mantener a esa persona al margen de sus funciones mientras su caso es resuelto demostró una institucionalidad que no se ha perdido. Uno puede decir que la Corte se purgó, reaccionó, se abrió y fue sincera con el país con los actos que emprendió para sanar”, añadió el presidente de la Sala.

Lo que ha pasado desde entonces

El magistrado Hernández recordó que cada institución que tuvo que ponerse las pilas para mitigar el escándalo hizo su parte. Desde que se conocieron los alcances de la investigación, la Fiscalía le pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que actuara inmediatamente, para investigar a los magistrados de las altas cortes posiblemente involucrados. Por su parte, el ente investigador hizo lo propio y el 20 de septiembre del año pasado se conoció otro hecho inédito en los anales judiciales de Colombia: por primera vez en la historia del país, un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, una de los tribunales más antiguos del país, fue capturado. Era Francisco Ricaurte.

La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada, por sus vínculos con el cartel de la toga. Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal del caso explicó que Ricaurte dirigió, junto al exmagistrado Leonidas Bustos, “una organización criminal a la que integraron, entre otros, a Gustavo Moreno, a Leonardo Pinilla y a Gustavo Malo; organización dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad, la administración pública y la recta impartición de justicia (…) nunca antes a tan alto nivel se había prostituido la profesión de abogado en el ejercicio de la magistratura”.

Ricaurte fue enviado a la cárcel y allí permanece desde hace nueve meses, aunque siempre ha alegado que es inocente. En cuanto a José Leonidas Bustos, la Comisión de Acusación abrió un expediente en su contra y ahora se espera saber si decide acusar o no al exmagistrado y llevar el caso a la plenaria de la Cámara de Representantes y, luego, a la del Senado. La historia de Gustavo Malo es más complicada pues, cuando estalló el escándalo, todavía era magistrado y, pese a las acusaciones en su contra, se rehusó a dejar su despacho. A finales de abril de este año, sus compañeros decidieron apartarlo de sus funciones, mientras se define si el Senado lo acusa o no.

Ambos han explicado que nada tienen que ver con el cartel de la toga y que Moreno no es otra cosa que un gran manipulador y que solo ha dicho mentiras. Camilo Tarquino, el otro exmagistrado mencionado por la Fiscalía, fue citado a interrogatorio por la Fiscalía a comienzos de abril de este año para hablar de la principal acusación de Alejandro Lyons en su contra: que le había pedido $20.000 millones para “ayudarlo” en su proceso en la Fiscalía. Hasta ahora, su caso no ha avanzado más allá de esta citación. A la par de que estos casos han llevado su propio ritmo en la Comisión de Acusación y en la Fiscalía, en la Corte Suprema también se han movido varios procesos.

Uno de los más sonados, quizás, es el del hoy suspendido senador Musa Besaile. Desde que la Fiscalía dijo que él estaba dentro de la lista de personajes que habrían pagado dinero al cartel de la toga a cambio de que detuvieran una supuesta orden de captura en su contra, su caso ha sido motivo de decisiones en el alto tribunal. La primer versión que trascendió fue la que él mismo entregó a la Corte y a medios de comunicación, asegurando, con lágrimas incluidas, que no era sino una víctima del cartel. Que Moreno era un extorsionador profesional y que lo había presionado para pagar $2 mil millones a cambio de que no lo arrestaran.

Moreno refutó la versión y dijo que Besaile hizo el pago en efectivo completamente consciente de que quería evitar su arresto. El exsenador se encuentra preso en La Picota de Bogotá. El pasado 1° de febrero fue llamado a juicio por los delitos de peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer. Besaile ha insistido que es inocente de todos los cargos. Además de él, Álvaro Ashton es otro de los congresistas mencionados en este escándalo. Al igual que Besaile, las autoridades creen que le pagó a Moreno y a sus socios para que incidieran en el proceso por parapolítica que llevaba en su contra el alto tribunal.

Según la versión del exfiscal Moreno, Ashton le entregó al menos $600 millones al cartel de la toga para que el exmagistrado Ricaurte moviera sus fichas dentro del alto tribunal y su expediente no avanzara. El exsenador fue capturado en diciembre del año pasado y, desde ese entonces, se encuentra recluido en La Picota en Bogotá, desde donde ha puesto toda clase de recursos jurídicos para demostrar su inocencia y para que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) lo acepte para que allí se siga adelantando su investigación por parapolítica, lo cual la JEP ha rechazado.

A esta larga lista de capítulos del escándalo, en los que se encuentran las historias de cada persona involucrada en el caso y la reacción de la justicia, le hace falta el último: el exfiscal Gustavo Moreno fue extraditado en la mañana del 17 de mayo de este año. Junto a él, también fue enviado a Estados Unidos su exsocio, el abogado Leonardo Pinilla, quien también confesó haber recibido dinero del soborno que pagó Lyons en Miami. Si bien ha sido una historia de episodios insólitos e inéditos para el país, lo que está claro es que, aunque ha pasado un año, todavía hace falta relatar cómo terminan los casos de Bustos, Ricaurte, Tarquino, Malo, Besaile, Ashton y los demás excongresistas.

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/lo-que-ha-pasado-un-ano-despues-de-que-estallara-el-cartel-de-la-toga-articulo-797449

22.18.-DUQUE: DE LAS PALABRAS A LAS OBRAS – Cecilia Orozco Tascón

Hace unas semanas, los cinco candidatos a la Presidencia se comprometieron a respetar los derechos humanos de todos los colombianos. Lo hicieron estampando su firma en un acta preparada por la oficina del representante del alto comisionado de Naciones Unidas para nuestro país, Alberto Brunori. Este dijo que los aspirantes Duque, Petro, Fajardo, Vargas Lleras y De la Calle se comprometieron, en ese documento, a “evitar el asesinato (o persecución) de líderes rurales y defensores de derechos (y a promover) su verdadera inclusión política, económica y social…” En resumen, el elegido empeñó su palabra, ante la ONU, en brindarles garantías y seguridad a los voceros comunitarios, combatir la impunidad con que se premia a los sicarios y a quienes los instigan, y en no desperdiciar las oportunidades que surgieron del Acuerdo de paz (ver enlace). Ayer, una de las organizaciones civiles más reconocidas del mundo, Amnistía Internacional le pidió al presidente electo Iván Duque “asumir una agenda de pleno respeto a los derechos humanos y garantizar la protección de ocho millones de víctimas que dejó el conflicto armado”. Las solicitudes de las dos entidades internacionales no son fortuitas: si bien Iván Duque no despierta, por sí mismo, miedo a la revancha vengativa que se activaría durante su gobierno contra los opositores, lo cierto es que el nombre de su mentor, Álvaro Uribe —y los de algunos de su círculo—, sí lo inspira.

Los uribistas pueden rechazar por presuntamente falsos los innumerables hechos judiciales sobre la cercanía del expresidente con sectores ilegales del extremismo derechista; pueden echar al olvido los escándalos de los montajes, interceptaciones delictivas y espionaje ejecutados por unos de sus funcionarios del DAS y de la Casa de Nariño contra la prensa, los togados de los tribunales de Justicia y Paz y la Corte Suprema desde cuando se iniciaron las investigaciones sobre su primo Mario y su hermano Santiago por nexos con el paramilitarismo; pueden creer que las madres de Soacha y sus hijos asesinados por uniformados de sus gobiernos, son maniquís de estantería, no existen. Pero eso no ocurre en el marco internacional oficial (ONU) ni civil (ONG) en donde, con prudencia diplomática, dan por sentado lo que aquí se ignora.

El tono de la última fase de la campaña y el discurso conciliador del presidente electo dan un respiro y la esperanza de que Duque quiere darle vuelta a la página violenta que protagonizaron quienes conforman su partido, y de que su cara fresca no es solo una pantalla que oculta el rostro impresentable de las fuerzas que apoyan al exmandatario. Pero, como dice el sabio pueblo, obras son amores y no buenas razones. Y su primera prueba será la que enfrente cuando seleccione su gabinete ministerial. Las mujeres y hombres que lo acompañarán en el consejo palaciego darán pauta sobre sus intenciones como gobernante y pistas sobre el grado de autonomía con que adelantará su gestión: o escoge profesionales independientes y sin tacha ética, o permite que otro u otros le conformen su equipo.

Por el momento, la identidad de dos supuestos candidatos a ocupar el Ministerio de Defensa preocupan hondamente por ser lo que han sido: Alejandro Ordóñez y José Félix Lafaurie. El primero, abusador del poder que se le dio como procurador y del cual hizo un instrumento de persecución contra sus opositores ideológicos de la forma más infame: aplicándoles sanciones judiciales con el objeto de eliminarlos de la escena política. De su decisión ilegal de destituir a Petro nace gran parte del fenómeno electoral de este. Deberían cobrárselo en lugar de premiarlo con el cargo del que depende la seguridad nacional. Lafaurie, presidente de los ganaderos, ultraderechista sin medida, arbitrario en sus decisiones gremiales y hasta en el manejo de los recursos colectivos, y tan identificado con los miembros más cuestionados de su actividad económica en Urabá, Córdoba y el Magdalena Medio por mencionar solo unos, ¿en la jefatura de las Fuerzas Armadas de Colombia? Muchas cosas se podrían añadir sobre los antecedentes de Lafaurie, pero solo recordaré uno que lo inhabilita moral y legalmente: su oposición abierta al programa de restitución de tierras a sus propietarios originales y su protección a los grandes terratenientes que adquirieron predios rurales a precios irrisorios por la crisis de la guerra. De Lafaurie ministro en esa cartera, dependería la intervención a favor o en contra de los cuerpos militares y de policía que hoy cuidan el regreso de los campesinos a los predios (ver enlace 1 y ver enlace 2). No imagino lo que vivirían los campos colombianos con Ordóñez o Lafaurie al mando de los uniformados. ¡Dios tenga de su mano a Colombia!

https://www.elespectador.com/opinion/duque-de-las-palabras-las-obras-columna-795323https://www.elespectador.com/opinion/duque-de-las-palabras-las-obras-columna-795323

21.18.-EL URIBISMO SE ENFRENTARÁ A UNA COLOMBIA NUEVA – Cecilia Orozco

Con la cara nueva de Iván Duque y el gesto de bondad que ella refleja, el uribismo volverá, muy seguramente, a controlar el Ejecutivo a partir del próximo domingo, soportado por millones de votantes ciegos, sordos y mudos que no quieren ver, oír ni criticar la estela de ilegalidad que dejaron los dos gobiernos del jefe del que van a elegir, a pesar de la contundencia de los hechos que han ido descubriendo periodistas y jueces. Volverá, probablemente, el uribismo tenebroso soportado, también, por otros votantes a quienes les place que desde la Casa de Nariño se hubiera auspiciado la comisión de graves delitos porque militan en el extremismo derechista que justifica el uso de cualquier medio con tal de conseguir el fin: asesinatos de jóvenes vulnerables con el disfraz macabro de cadáveres, para simular el triunfo en la guerra; persecución a líderes de las comunidades, para impedir la exigencia de derechos; montajes mediante ‘informes de Inteligencia’, para desprestigiar los focos de autonomía campesina o citadina; seguimientos e interceptación de comunicaciones, para descubrir las debilidades de los opositores; tácticas jurídico-políticas, para minar la independencia de la prensa…

12 Jun 2018.-  Como dije, seguramente con Iván Duque y, tal vez, por encima de él y de su discurso conciliador, volverá el grupo vengativo que lo ha impulsado, a cobrar lo suyo. Allí veremos acaparando los puestos de control del poder al propio Álvaro Uribe, nombrando ministros, directores, generales y coroneles que le tendrán que rendir pleitesía; a Fernando Londoño, con su odio reconcentrado, buscando la forma de volver “trizas” a sus enemigos personales; a Alejandro Ordóñez, sin el as de la Procuraduría en su mano pero con la carga de la retaliación activada, escogiendo a quién castiga y a quién premia; a José Obdulio Gaviria y tras este a sus peones rugeles, yamhures, restrepos y demás, buscando a sus presas para destrozarlas; a los ganaderos de las Convivir dirigidos por el señor Lafaurie, preparando la revancha, y a las temibles señoras medio machonas —y “boquisucias”, en definición del senador Uribe— Cabal, Holguín y Valencia, tomándose el Congreso para aprobar o vetar leyes y normas.

Pero este ya no es el país del 2002 ni el del 2006. Colombia cambió durante la era Santos, gústenos o no el actual mandatario y sus administraciones. El Acuerdo de Paz que Juan Manuel Santos firmó con el enemigo histórico del Estado no solo desactivó a 7.000 hombres con sus armas, sino que permitió que la sociedad que se ha considerado, a sí misma, buena, decente y perfecta, revisara su lado más oscuro y feo: el de la corrupción, las trampas, la defraudación, las mentiras y las traiciones de unos y otros. Caído el telón del conflicto que nos enfrentaba a seres que creíamos que eran de otro planeta, otros millones de colombianos distantes del uribismo —más del 50 % si nos atenemos a los resultados favorables a Petro, Fajardo y De la Calle—, se liberaron y empezaron a votar como les dio la gana. Es decir, en contra de los partidos de siempre con sus connotados jefes, incluido Uribe puesto que también este ha sido y es parte del sistema político clientelista cuya fecha de caducidad se aproxima.

A esos nueve millones de electores libres no los va a dominar esta segunda era uribista: su educación política ha crecido. Empieza a manifestarse no solo con la elección inteligente de su voto sino con el impacto que han generado destacados personajes dentro de las colectividades tradicionales, además, desde luego, de los movimientos verdes, polistas y petristas. No en vano figuras de ese mundillo comienzan a alejarse de sus estructuras: Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo y los más jóvenes Luis Ernesto Gómez y Daniel Quintero, del Partido Liberal; Luis Felipe Henao y Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical. Y, por supuesto, los excandidatos Sergio Fajardo, apoyado por Claudia López y Jorge Enrique Robledo, y, de otro lado, Humberto de la Calle se insertan en una Colombia más moderna. El gobierno 2018-2022, quiera que no, estará obligado a tenerla en cuenta o fracasará.

https://www.elespectador.com/opinion/el-uribismo-se-enfrentara-una-colombia-nueva-columna-793917

20.18.- JEP: DISCUTIR CON SERIEDAD – Cecilia Orozco

Juan Lozano, comentarista de El Tiempo que aprecio por el respeto que le imprime a sus intervenciones con independencia de si su interlocutor comparte sus puntos de vista o no, escribió su más reciente columna sobre una noticia que ha dado vueltas en medios tradicionales y virtuales durante varios días: viajes al exterior autorizados por la Justicia Especial de Paz, JEP, a exguerrilleros que se acogieron al Acuerdo y, por ende, al sistema judicial creado para examinar y sancionar los delitos de guerra. “JEP Tours; cachetada a las víctimas”, tituló Juan la columna en que se une a las críticas que generó el permiso que se le dio, para ir durante una semana a Isla Margarita, a Fernando Arellán, antiguo militante de las Farc condenado a 40 años de prisión por el terrible atentado al club El Nogal. 

HRW pide que Corte aborde ‘deficiencias’ en justicia para la paz

6 jun 2018.-  Por supuesto, la indignación expresada por muchos, en especial por algunas víctimas o por ciudadanos del común bien intencionados, es explicable: quien delinque y quien lo hace con la crueldad que implica matar a cientos de seres humanos con un bombazo, debe perder sus derechos, empezando por el de la libertad de desplazamiento.

Sin embargo, los dardos lanzados por este episodio incidental contra las bondades fundamentales del Acuerdo de Paz por otras personas – cuyo oficio es político o cuya tendencia ideológica coincide con el extremismo derechista – envenenan la discusión con un fin nada altruista: acabar de destrozar lo que queda de un proceso que, dígase lo que se diga, permitió que miles de otras vidas humanas continuaran cortándose.

Para la muestra, los ejemplos que pone el mismo Juan quien nos recuerda que el autor de la “revelación” de la noticia sobre Arellán fue el representante uribista Samuel Hoyos, conocido, entre otras cosas, por la doblez de su conducta cuando la embarra. Con seguridad, se puede afirmar que Hoyos no se deprimió con su “chiva” ni pensó en ninguna víctima, sino que brincó de la dicha porque podía “tirarse” otro pedazo de paz. Hoyos hizo, esta desproporcionada afirmación, según Juan: “La JEP (es) promotora de turismo para crímenes de lesa humanidad”.

El rosario de epítetos relatados siguió con los de la periodista Salud Hernández que, haciendo gala de su gran sentido del humor, aseguró: “que el asesino Arellán se va (sic) de paseo a Isla Margarita, estupendo. Lo merece. Matar cansa y masacrar decenas, cansa más”. Y el propio columnista se dejó llevar por la emoción electoral cuando añadió de su cuenta: “nunca imaginamos que los acuerdos de paz traerían su componente de bronceadores y piña colada para crímenes de lesa humanidad”. Ningún aporte, mucha malignidad.

La presidenta de la JEP, reputada profesional del derecho, no ha sido la mejor defensora del sistema que está a su cargo. lamentablemente, se ha dejado llevar por la pequeñez de las rencillas internas y se limitó, en el caso de los permisos de viaje a Arellán y a otros exguerrilleros, a zafarse de culpa. A la doctora Patricia le hizo falta un poquito de responsabilidad institucional para explicar que no solo la JEP sino la justicia ordinaria e, incluso, la militar, tienen reglas establecidas, como en todas las democracias, para procesados que hayan obtenido el beneficio de libertad condicional.

Y que cuando, en ejercicio de ese beneficio, uno de los investigados o condenados desee viajar, puede hacerlo siempre y cuando llene unos requisitos. Los exguerrilleros, los militares en retiro y los civiles que han solicitado su ingreso a la JEP firmaron un acta de compromiso que los obliga a: “1. Someterse libremente a la Jurisdicción Especial para la Paz y quedar a disposición de esta, en situación de libertad condicional… 3. Informar todo cambio de residencia a la autoridad competente. 4. No salir del país sin previa autorización de la autoridad competente”. Así, pues, una discusión ética y legal sobre el permiso de viaje a Arellán no reposa en los insultos, el incremento del odio ni las floridas exageraciones verbales sino en saber si adquirió ese derecho cuando dejó las armas, se comprometió a reparar a sus víctimas y a decir la verdad de las barbaridades que ejecutó. Y ante todo, en establecer si cumplió o no con los requisitos que firmó. Igual podría decirse en cuanto a los derechos de otros condenados por crímenes atroces a los que casi nadie se opone. Digamos, los del general Rito Alejo del Río o de los coroneles procesados por los falsos positivos. Seriedad, señores.

https://www.elespectador.com/opinion/jep-discutir-con-seriedad-columna-792619

19.18.-OTRA VEZ LOS PRESOS…. Y URIBE – Cecilia Orozco

 Me fui de espaldas y todavía no me repongo. Aun con todo lo que libros y columnas han afirmado durante 16 años sobre las conexiones de Álvaro Uribe y su entorno con el bajo mundo, jamás imaginé el grado de vileza al que habrían llegado, según se desprende de las más recientes publicaciones sobre la conducta del expresidente que, de resultar exactas, avergonzarán, por la importancia política del personaje involucrado, a Colombia entera ante la comunidad internacional. 

También, a la porción mayoritaria del país que lo eligió y reeligió, y que está dispuesta a volver a elegirlo dentro de 20 días mediante un candidato con rostro fresco pero comprometido hasta la médula con quien es su jefe absoluto y, por tanto, con su pasado.

29 may 2018.- Las gravísimas revelaciones hechas por tres periodistas de quilates aunque cada uno en diferente nivel: Gonzalo Guillén, Yohir Akerman y Daniel Coronell, sobre unas grabaciones que relacionan, por enésima vez, al senador Uribe con cárceles, presos, exparamilitares, abogados de dudosa reputación y manipulación de testigos para desviar la justicia, pero sobre todo para defenderse y defender a su hermano Santiago de procesos judiciales en curso, no deben ser ignoradas por nadie pese a la lagartería de los partidos tradicionales que están tocando a la puerta de la campaña de Iván Duque con las rodilleras puestas.

Después del episodio del condenado alias Tasmania cuya carta favoreciendo al entonces Jefe de Estado atravesó el sistema penal con una velocidad inusitada y apareció en el escritorio del primer mandatario; de la visita a hurtadillas de miembros de la banda criminal de Envigado a la Casa de Nariño en la misma época en que se complotaba desde allí, contra los investigadores de la Corte Suprema; de los homicidios de dos reos recién salidos de la cárcel que habían testificado contra el presidente de la República y su hermano: Francisco Villalba (asesinado en 2009) y Carlos Enrique Areiza (asesinado en abril de este año); de los trinos del propio Uribe pidiendo que las autoridades escuchen al narcotraficante alias Tuso Sierra, protegido por la DEA en Estados Unidos, ahora viene un nuevo capítulo de la historia escrita pero no compilada de los increíbles lazos que subterráneamente existen entre el hombre más poderoso del Estado colombiano y una red de criminales presuntos testigos de sus andanzas, de acuerdo a los numerosos indicios judiciales que brotan aquí y allá.

Particularmente, en la asombrosa columna de Coronell que invito a leer en la página web de la edición circulante de la revista Semana, se escuchan apartes de grabaciones de unas conversaciones entre alias Caliche (exparamilitar) con un preso también exparamilitar que ha sostenido a lo largo de los años, de dos atentados y de las presiones, sus declaraciones contra el expresidente: Juan Monsalve. Caliche, en su jerga de barrizal, llama a Monsalve y refiriéndose a Álvaro Uribe con los motes de “el viejo” y “el caparrudo ese”, le dice en una de las ocasiones que “lo escuché directamente. Me lo pusieron en altavoz, al viejo ahí. Dijo: ‘venga, mijo, ¿será que usted puede entrar y hablar con él (Monsalve) y que nos mande un video diciendo que ese hijueputa (senador Iván Cepeda) está prometiendo cosas que no le pudo cumplir, que no sé qué, que sí sé cuándo y que lo que está hablando él (Cepeda) es mierda?’”.

Coronell también publica otro aparte de grabación en que se evidencia que quien puso en contacto y en altavoz, presuntamente, al exmandatario con Caliche fue el congresista del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada que, consultado por el columnista, no negó haber visitado al exparamilitar aunque le dio otra versión. Según este último, “ese señor Prada está cagado de miedo y ese hijueputa me dijo que me ayudaba, pero que ya, ya… que me cumplían pero que todo por, por… Hagamen (sic) un escrito”.

El periodista también llamó a otros personajes mencionados en el escabroso caso: Jaime Lombana y un sujeto llamado Diego Cadena, conocido por defender a narcotraficantes y quien ahora tiene poder para representar a Álvaro Uribe en las cárceles (¡!!!). Lo relatado por Coronell, Guillén y Akerman es de tal hondura política que la Sala Penal de la Suprema tiene la obligación ética de manifestarse, de inmediato, ante la opinión pública, desde luego, con respeto al debido proceso que se le impone. No podemos ir a segunda vuelta sin saber lo que ella tiene por decir.

https://www.elespectador.com/opinion/otra-vez-los-presos-y-uribe-columna-791412

Daniel Coronell: https://www.semana.com/opinion/articulo/grabaciones-donde-alvaro-uribe-estaria-presionando-a-un-testigo-por-daniel-coronell/569041

 

18.17.-HIDROITUANGO: CODICIA, INEPTITUD Y TRAGEDIA – Cristina de la Torre

Entre la función social del Estado y la ética del beneficio privado a toda costa, EPM ha sido dos empresas: la de ayer, orgullo de Antioquia y de Colombia, marcada por una divisa indeclinable de servicio público bajo la batuta de científicos como Darío Valencia; y la de hoy, un grupo económico de encadenamiento empresarial, alucinado en el rédito financiero hasta terminar amenazando la vida de 113.000 personas. Por ganarse una plata. Hoy ocupa la silla de gerente un encuestador a quien vemos en pantalla de televisión siempre perplejo, como agobiado con el premio que recibiera del alcalde por sus buenos oficios en la campaña que lo llevó al Gobierno de Medellín. Si se rompe la presa, expresó el ingeniero José Hilario López, sobrevendrá la peor tragedia en la historia de la ingeniería después de Chernóbil. Y en ese entierro tendrían velas tanto Federico Gutiérrez, burgomaestre que nombra al hombre de nula preparación para el cargo, como el irresponsable que lo acepta. 

El lunes 7 mayo se produjo un nuevo derrumbe, provocando el taponamiento total del túnel de desviación del río Cauca. Foto: EFE 

 

El lunes 7 mayo se produjo un nuevo derrumbe, provocando el taponamiento total del túnel de desviación del río Cauca. Foto: EFE

28 may 2018.-  El desastre deriva de la modificación del diseño para evitarse una multa por incumplimiento en la entrega de la obra y para ganarse el bono de disponibilidad. El cambio, más que estúpido, fue criminal: sellaron los túneles de evacuación del agua, ya inestables, antes de ituterminar la presa. Prevalecieron los tiburones financieros sobre los ingenieros. Construyeron un tercer túnel sobre dos fallas geológicas y, claro, a poco lo taponó un derrumbe. No eran fallas imprevisibles, como lo dijo el gerente. Ya desde los años 70 se había detectado el deslizamiento Guásimo en la margen izquierda del río, cerca de la represa, pero no se tuvo en cuenta ahora la gravedad de su amenaza.

Para Daniel Quintero, exviceministro de TIC, tan graves eran las fallas geológicas que hubieran debido construir la presa en otro lugar. Todo ello lo sabía desde hacía un año por misiva de López el gobernador Luis Pérez, tan agudo para ver en la crisis telenovela, o diluvio universal, o (para consuelo del orbe) diluvio sólo en Colombia.

El hidroeléctrico fue nicho apetitoso entre las empresas públicas que cayeron abrazadas por la fiebre neoliberal de César Gaviria. Beneficiaria mayor de la licitación que otorgaba el proyecto de Ituango fue Camargo-Correa, firma brasileña involucrada en el escándalo de Lava Jato y hoy investigada por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato con EPM. Arrastrada por el vértigo del lucro, torpe frente a los imperativos de la vida humana y del ambiente, reverenciando la valorización del capital como único resultado posible de la inversión, EPM ha dejado de ser empresa prestadora de servicios para caer víctima de su propio invento: la codicia acorrala como el fuego al escorpión, hasta que éste termina por clavarse su propio aguijón.

La estructura corporativa de dirigentes insobornables desapareció, para dar lugar al juego de los políticos y a tratativas non sanctas. A cada nuevo alcalde, nuevo gerente en EPM, esté o no dotado para el cargo. Juan Gómez nombra a un Valencia Cossio y, Luis Pérez, a la encargada de una discreta sucursal del Banco de Occidente. Algún gerente salió de EPM para el grupo Argos, una de cuyas compañías es Celsia, competencia de aquella en el mercado de energía. El actual alcalde nombra a Jorge Londoño, un ducho en mercadeo, mientras el poder real descansa en un financiero venido de la banca de inversión.

Pero reina la ley del silencio: dijo Quintero que a los empleados de EPM se les prohibe sacar sus chiros al sol. (¿Acaso la compra de Orbitel?) Y sugiere que, desvalorizada la empresa, habrá quienes quieran comprarla a precio de huevo. Así se privatizaría EPM, manjar de avivatos, mientras los pobladores de 14 municipios no saben si podrán sobrevivir a la tragedia.

https://www.elespectador.com/opinion/hidroituango-codicia-ineptitud-y-tragedia-columna-791178

18.18.-LA LEY DEL EMBUDO: EL LADO ANCHO PARA MÍ – Cecilia Orozco

Ocho camionetas blindadas, siete blancas y una negra que presidía el convoy, fueron rebasando calmada y majestuosamente un portón que daba acceso a unas instalaciones magníficas (ver). El sitio se conoce en Colombia como el Cantón Norte (ver), un complejo militar que ocupa los mejores terrenos verdes de Bogotá, anexos a los Cerros Orientales. Cual protagonista de La fiesta del Chivo, el personaje de la camioneta negra —que era (es) venerado por la mitad del país mientras era (es) despreciado y temido por la otra mitad— ingresó al lugar con la propiedad del general de mayor rango. Corría julio del año 2011 y su designado candidato presidencial de la época había sido enviado a prisión por orden de la Corte Suprema, acusado de malversación de dineros públicos y de celebración de contratos ilegales. 

15 may 2018.- Bueno, prisión es un decir. Andrés Felipe Arias, conocido en su momento de mayor gloria con el mote de uribito por su parecido físico, emocional, mental y hasta verbal con su padrino, iba a ser recluido en la Picota en donde, de acuerdo con su nombre, deberían terminar todos los ajusticiados. Pero el suyo era (es) un caso especial. Su maestro intervino y la gente, subyugada por este, aplaudió al Impec cuando invalidó la orden de llevar al interno a una cárcel común pese a que los delitos de corrupción estatal que le imputaron tienen mayor castigo y, en cambio, se diera la de trasladarlo al exclusivo club militar de presos en que se convirtió el Cantón, por largas temporadas. Según la descripción periodística registrada, la habitación —que no celda— que alojaría al exministro de Agricultura en la Escuela de Caballería era “de tres metros por tres, paredes blancas, impecable piso de madera… vista hacia las montañas… (y tenía) una cama de 1,40 de ancho con tendidos blancos y verdes, dos mesas de noche, un escritorio de madera, baño privado, televisor… y podría inclusive tener computador, según dijo el director del Impec” (ver). Esto era poco para la dignidad del excandidato presidencial del uribismo y de otros presos de esa ala privilegiada de la sociedad colombiana que los hace merecedores de trato especialísimo. La narración continuó: “Antes de entrar a la habitación del exministro hay una sala con una mesa de madera y varias sillas de color negro que pueden ser usadas para recibir visitas y reuniones”.

Recuerdo hoy la historia de Arias porque el condenado general Jaime Humberto Uzcátegui, quien pagó su pena en el mismo Cantón Norte y quien, tal vez por haber sido militar, contó con iguales o mayores privilegios que el exministro, publicó un llamativo trino en estos días que demuestra la distorsión del sectarismo. Dice Uzcátegui: “Por un supuesto delito de omisión permanecí 5.047 días en un centro de reclusión… ¿Por qué el asesino y narcotraficante Santrich se encuentra en una sede del episcopado?”. Similares manifestaciones han volado en las redes sociales por parte de voceros del extremismo derechista y, asombrosamente, de un par de sacerdotes católicos cuya caridad cristiana deberían explicar ante quienes guardan las órdenes papales. La comparación entre los lujos de la Escuela de Cabellería y la sencillez de la casa religiosa en que está recluido hace unos días el exguerrillero no resiste el menor análisis (ver). Si bien es un hogar decoroso, la fundación Caminos de Libertad no alcanza, ni de lejos, el nivel socioeconómico de la sede militar, al norte de la capital. A mí que me expliquen los hipócritas que andan rasgando sus vestiduras por el sitio en que se recluyó al exdirigente de las Farc, el cual, por cierto, no ha sido ni juzgado ni condenado bajo las leyes colombianas, como sí lo fueron Arias y Uzcátegui por qué la comunidad debe aceptar que los reos del uribismo (Diego Palacios, Sabas Pretelt, Santiago Uribe, por mencionar solo unos cuantos) pueden estar en sedes militares y policiales de estrato 18 y los demás solo tengan derecho a una mazmorra.

Entre paréntesis. ¿Cómo es el cuento: que extraditemos a Santrich, pero que no extraditen a Andrés Felipe Arias? ¿Existe o no la extradición con Estados Unidos? La ley del embudo como norma.

https://www.elespectador.com/opinion/la-ley-del-embudo-el-lado-ancho-para-mi-columna-755882

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