29.18.-LA IDENTIDAD DEL PRESIDENTE, A PRUEBA – Cecilia Orozco

El Trastorno de Identidad Disociativo (TID), también conocido en psicología como síndrome de doble o múltiple personalidad en que, como su nombre lo indica, varias identidades con características diferentes y desconectadas entre sí residen en el mismo ser humano, podría atacar al Gobierno que se posesionó ayer.

Paradójicamente, esa enfermedad mental, que conduce a quienes la padecen a ser generosos y comprensivos en un momento, violentos, en otro, y hasta homicidas en ciertas ocasiones, sería la tabla de salvación de la administración Duque si el nuevo presidente tiene el coraje y, desde luego, la capacidad política de eliminar a sus bestias interiores y de reemplazarlas por un único yo: el conciliador que ha pregonado desde la campaña y que ha reiterado, como mandatario electo, al menos de dientes hacia afuera.

Sin embargo, los primeros síntomas indican que las contradicciones reales o aparentes son tan extremas que, o hacen parte de una pantomima inicial para, más tarde, atenazar el país y amarrarlo a esa dictadura disfrazada de “Estado de opinión” que sueña el peligroso extremista J. O. Gaviria; o bien, revelan unos brotes de división entre el Ejecutivo y el partido que lo eligió, debido a los líos del líder absoluto de todos ellos, que hoy se exhibe sin pudor como fiera herida y dispuesta a destruir lo que sea antes de caer vencida.

8 ago 2018.-  El domingo pasado, 5 de agosto, apenas a dos días de la posesión de Iván Duque, los diarios nacionales y regionales daban cuenta de posiciones oficiales opuestas a pesar de que los involucrados eran uno solo hasta el 17 de junio, fecha en que ganaron las elecciones: por un lado, el del presidente y su vicepresidenta, aunque con las marcas indelebles de su procedencia, y el de Álvaro Uribe y su arrasadora bancada, del otro.

El Tiempo: “Creo firmemente en que tenemos que… construir sobre las cosas que nos unen y no quedarnos en el torbellino de lo que nos divide… es el momento de actuar juntos…” (Iván Duque). El Espectador: “Una cosa es el Centro Democrático y otra, el Gobierno… Es distinto el presidente Duque. Las iniciativas de varios miembros de su partido siempre las tomaremos en cuenta con el mayor interés, pero las decisiones del Gobierno son del Gobierno… Por encima de todo, somos respetuosos de la institucionalidad… debemos respetar la justicia…” (Marta Lucía Ramírez).

 Diarios nacionales y regionales de ese mismo día dominical: “Comunicado en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez”. “Ante los hechos respecto al llamado a indagatoria (a Uribe)… por TRES MAGISTRADOS (mayúsculas originales) de la Corte Suprema de Justicia… hacemos la siguiente declaración a la opinión pública: se está engañando la independencia de algunos magistrados de la Corte… algunos (de ellos) no respetan la imparcialidad… reconocemos en él (senador Uribe) a la persona que liberó a Colombia… en estos momentos tan cruciales y difíciles, estamos con él, lo apoyamos en su defensa ante la investigación que le abrieron TRES MAGISTRADOS (mayúsculas originales)… sin pruebas claras y violando el debido proceso”.

El comunicado de página entera, con una deficiente redacción y firmado por más de mil personas -como para meter susto -, entre quienes estaba la bancada entera del uribismo y algunos con pasados sospechosos, añade la estocada amenazante con intención de intimidar a la Corte Suprema. No, perdón, a los TRES MAGISTRADOS que cometieron el crimen de investigar al ciudadano Álvaro Uribe Vélez como si fuera un colombiano del montón:

“Es hora que (sic) la Corte se reivindique. Que supere el pasado de corrupción y que recupere la dignidad que merece la justicia. Eso solo lo podrá lograr otorgándole las garantías procesales al Dr. Uribe”. El poder Legislativo, con la firma de su presidente actual (Ernesto Macías) quien pertenece a la misma bancada uribista, se ha levantado en contra del poder Judicial para impedir que el jefe del recién posesionado Presidente de la República sea llevado a juicio. Cuál de las personalidades del TID del uribismo adoptará Iván Duque, hoy representante del poder Ejecutivo: ¿la de las bestias que atacan en manada a la democracia o la de su yo respetuoso de la Constitución?

https://www.elespectador.com/opinion/la-identidad-del-presidente-prueba-columna-804794

29.18.-URIBE Y EL CENTRO DEMOCRÁTICO: LA TRAMPA DEL PARTIDO FUERTE – Jorge Galindo

El expresidente toma posición para los próximos cuatro años de gobierno de su pupilo, Iván Duque

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, en la toma de posesión de Iván Duque. FERNANDO VERGARA AP

Una democracia abierta y competitiva es mal contexto para cualquier persona con aspiraciones de liderazgo vitalicio. En este contexto, la manera más rápida y eficaz de ganar unas elecciones es un partido político: algo que mezcla bastante mal con los caudillos. Me refiero aquí a un partido en el sentido más estricto y restrictivo del término. Porque cualquier asociación de individuos destinados a ganar elecciones (“plataforma”, “movimiento”, “candidatura”) puede ser considerada como un partido en términos amplios. Un líder que quiera conservar o ampliar su poder por el resto de su vida, como ha sido el caso de Álvaro Uribe a poco que uno preste atención a su biografía, se sentirá más cómodo en este tipo de agrupaciones porque podrá manejarlas más fácilmente. Tal era su idea cuando en su día formó el Partido Social de la Unidad Nacional (PSUN). Pero construir un partido de verdad, algo como el Centro Democrático (CD) en el que hoy habita, va mucho más allá.

Un partido fuerte como el CD requiere de la existencia de unas reglas internas de funcionamiento. Para empezar, un partido con vocación de supervivencia a un solo ciclo electoral o a sus propios fundadores necesita una manera de seleccionar a las personas que ocupan sus puestos de relevancia, un mecanismo de diseño de jerarquías que permita la renovación periódica de cargos. Además, la plataforma ideológica de un partido no puede estar grabada en piedra: necesita poder adaptarse a cada contexto, así sea dentro de unas directrices definidas en su fundación. Para terminar, no hay partido sin capacidad de movilización de militantes, simpatizantes y votantes por las causas y las personas antes definidas.

Estas tres dimensiones (líderes, ideología y movilización) tienen una cara visible y funcional, por supuesto. Son las palancas que permiten a un partido cumplir con su cometido, que es el de ganar elecciones para llevar adelante un programa político representado y ejecutado por un grupo específico de personas. Pero también tienen una cara menos evidente, aunque igualmente necesaria: es a través de estos procesos que la formación reparte el poder de que dispone, o que podría conseguir.

Para un líder vitalicio, el control de los mecanismos que distribuyen el poder es fundamental para su supervivencia. Es por eso que los partidos débiles como el PSUN le vienen, en teoría, mejor a su proyecto: en ellos, la ausencia de reglas específicas en ideología, cargos y movilización le dejará toda la discrecionalidad posible. “Lo que diga el líder”. Pero al mismo tiempo un golpe a su dominio en una formación de este estilo es mucho más definitivo: como no hay normas, se cumple la máxima de que a rey muerto, rey puesto. Tal cual sucedió cuando Juan Manuel Santos pasó a controlar el PSUN. A Uribe ese instrumento dejó de servirle. En ese momento se enfrentó a una disyuntiva interesante: podía formar otro movimiento de esencia personalista, débil en la dimensión ideológica, y que fiase los cargos y la movilización a una estructura clientelista territorial. O podía cambiar de estrategia y diseñar un partido fuerte, con la ideología como punta de referencia tanto para la selección de acólitos como para su estrategia electoral.

¿Por qué optó Uribe por esta segunda opción? Quizás intuyó que así las traiciones de 180 grados se volverían más difíciles de ejecutar. O tal vez no fue elegido, sino impuesto por las circunstancias de una ciudadanía y unos líderes emergentes que demandaban una plataforma de este estilo. Lo más probable es que fuese una combinación de ambos factores. El hecho es que el CD se convirtió en el primer partido fuerte que la derecha colombiana veía nacer en muchos años. En él, Uribe parecía sentirse seguro: controlaba las palancas del poder. Pero al mismo tiempo la criatura iba creciendo, precisamente porque fue diseñada para ello. Se crearon corrientes internas, asociadas tanto con tendencias ideológicas como con individuos específicos. Los aspectos clientelistas no desaparecieron (como no lo han hecho de prácticamente ningún partido colombiano), y el proceso de selección de líderes seguía fuertemente atado a la voluntad del vitalicio, pero por debajo algo iba creciendo y desarrollándose.

La criatura ha cumplido la mayoría de edad en las 100 horas que van desde la toma de posesión de Iván Duque, representante del ala moderada de la formación, portador de aspiraciones de unión para el centro, el centro-derecha y la derecha que quedan bien reflejadas en la configuración de su gobierno y de sus discursos. “Una cosa es el gobierno y otra el partido”, dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramirez. “Como dijo la vicepresidenta, una cosa es el gobierno y otra el partido”, le respondió con sorna la senadora Paloma Valencia.

Se comprobaría poco después, cuando el Gobierno echaba atrás el nombramiento de Claudia Ortiz (uribismo, núcleo duro) para la Unidad de Protección pero confirmaba a Víctor Saavedra (tecnócrata, moderado, relacionado con la administración Santos) como viceministro. Resulta que hay una corriente moderada del CD al frente de la rama ejecutiva, mientras que en el legislativo el control queda en manos de la facción reaccionaria. El contraste de discursos entre los representantes de ambos poderes (Macías y Duque) se volvió hechos.

No eran pocos los que veían en este contraste la mano invisible de Uribe, como promotor de una estrategia de poli bueno poli malo que permite retratar a Duque como un moderado sin perder capacidad de llegar al extremo derecho del espectro ideológico. Traducir esto en una especie de teatro para la galería después del cual todos los implicados se toman una cerveza fuera de las cámaras y se ríen de lo inocentes que son sus votantes me parece atribuirle demasiada capacidad de raciocinio a todo esto, rayando en la conspiranoia.

Sin embargo, sí podría decirse que Álvaro Uribe no tiene necesariamente una preferencia clara por ninguna de las corrientes ideológicas contenidas en el CD. Recordemos que cuando era presidente ganaba elecciones con el 60% del voto, y que su aspiración de gran coalición siempre incluyó elementos moderados tanto como radicales. No: si Uribe mantiene una preferencia fuerte, es la del mantenimiento de su situación actual. El partido fuerte se lo puede dar mientras las tensiones internas, inherentes a cualquier organización encargada de tomar y repartir poder, no superen un umbral de tolerancia por parte de una de las facciones. Y, sobre todo, mientras él no sea identificado con la perdedora. Como ya le sucedió una vez con un partido débil. Si eso termina por suceder, se habrá puesto una trampa a sí mismo. Una vez más

https://elpais.com/internacional/2018/08/11/colombia/1534007866_848719.html

28.18.-FEMINICIDIO: ¿COARTADA DE LA DEBILIDAD? – Cristina de la Torre

En Colombia, el mito mariano que adjudicó a la mujer el papel de reina del hogar convivió naturalmente con el de objeto de todas las violencias en familia, feminicidio comprendido. Para millones de colombianas, el lugar más amenazante es su propia casa. Éste se extenderá en el conflicto hacia escenarios donde ejércitos de todos los colores querrán probar su hombría ante el enemigo, convirtiendo a las mujeres en trofeo de guerra. El medio, una imaginación desbocada en recursos de sevicia sexual que tampoco se ahorra el feminicidio.

6 ago 2018.- El propósito, deshumanizar, humillar, desmoralizar; con la eficacia de quien suma al desprecio por la mujer aprendido desde la cuna el odio por el contendiente armado. Compañero, marido o novio violenta y mata en casa por odio enmascarado de amor. Amor que mata. Se diría que en la guerra obra el odio desnudo, librado al desenfreno de la barbarie. La guerra, sostienen investigadoras encabezadas por Argelia Londoño (Amores que matan, Medicina Legal, 2016) afecta de preferencia a las mujeres porque en ellas se construye y legitima todos los días la masculinidad guerrera.

Entre 2002 y 2009 registraron las autoridades 627.000 casos de violencia contra la mujer. De ellos, 11.976 fueron feminicidios. Entre 2010 y 2013, la mitad de los homicidios contra mujeres en Medellín fueron feminicidios. Informa Oxfam que Colombia carga con el 40 % del total de estos crímenes habidos en América Latina en 2016.

Recuerda Londoño el peso abrumador de los estereotipos de género en la reproducción de la violencia contra las mujeres, en su legitimación, en su transmisión de generación en generación. La vida de pareja condensa, como ninguna otra experiencia, todas las discriminaciones y jerarquías asignadas a los roles de hombre y mujer.

Pero no es ella su única víctima. La definición de masculinidad por atributos asociados a la guerra y al uso de la fuerza le impone al varón desafíos permanentes por un reconocimiento de hipervirilidad, mientras le niega la expresión de sus sentimientos y su sensibilidad. Condena al hombre a una reciedumbre imperativa, prestada, capaz de precipitarlo en el vértigo de la violencia. Del homicidio, que pesa desproporcionadamente en los varones, mil veces asociado a la masculinidad competitiva y virulenta que la cultura impone. Del feminicidio, que más parece coartada de íntima debilidad que arrojo viril.

Nuestro conflicto armado se asocia en forma escandalosa al feminicidio. La guerra profundiza el control y la dominación sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, expresa el Grupo de Memoria Histórica. Refuerza la cultura patriarcal mediante la militarización de la vida diaria. Es la imagen de lo masculino y depredador resuelto en violencia y rubricado por la ostentación de las armas.

Los paramilitares ejercieron la violencia sexual con sadismo inusitado. Buscaban atacar a las mujeres por su condición de liderazgo; destruir el círculo afectivo del enemigo; cohesionar el grupo armado y afianzar su identidad violenta; naturalizar el atávico estereotipo masculinidad-feminidad a bala, tortura, cercenamiento de órganos sexuales, violación, asesinato.

El reto: para empezar, educar desde la cuna con criterios de igualdad y de respeto entre sexos. No basta con poner fin a la guerra, escenario que proyecta también el odio ancestral a la mujer. Será preciso conjurar, además, la guerra que desde su nacimiento se libra contra ella, reina del hogar condenada de todas las biblias por encarnar la perdición del varón, y sobre cuya carne ha de caer el fierro del hombre-dios.

Coda. La sordidez de los ataques del senador Uribe contra sus jueces, por salvar el pellejo, cubren a Colombia de vergüenza. Pero el país sabe que la Corte Suprema hará justicia. Y no será la primera vez.

https://www.elespectador.com/opinion/toreando-la-guerra-columna-803225

 

27.18.-LAS “JOYAS” QUE QUIEREN SACAR A MOCKUS DEL CONGRESO – Cecilia Orozco

¿Por qué hay tanto interés en sacar a Mockus del Congreso? No parece que su presencia en el Capitolio signifique un peligro para el statu quo político allí representado, o para el poder de los eljach, de los cruz y demás secretarios que manejan presupuesto, puestos, preferencias y oficinas; no es el lobo que brincaría sobre su presa con las fauces abiertas para liquidarla, abriendo su yugular, como lo harían los miembros de la bancada del Centro Democrático con sus opuestos ideológicos; no es uno de los abogados patanes —distinguido por el jefe máximo de ese partido con su amistad íntima—, a quien el profesor pudiera correrle la silla en los almuerzos, comidas y parrandas que suelen ofrecer; Mockus no competiría ni pondría a los verdes a competir con la rapiña de puestos ante el Gobierno Nacional o ante las administraciones departamentales y municipales; no pediría a su nombre, o de otros, contratos para quedarse con los dineros de los pacientes, la comida de los niños o la vivienda de los desplazados… No cambiaría de uribista a santista ni de santista propaz a a uribista-duquista antipaz.

24 Jul 2018.- Entonces, ¿cuál es el temor que Mockus despierta y que ha movido

  1. A rumorar, desde cuando se postuló, que estaba impedido por ser un incapaz físico —¡qué ruindad!—.
  2. A pelearle sus votos, durante el escrutinio, para favorecer a quienes no alcanzaron curul ni con sus trampas.
  3. A demandar su credencial de senador ante el Consejo Electoral y a incidir, contra él, con los miembros de ese organismo.
  4. A presentar, esta semana, dos demandas más en el Consejo de Estado para que pierda su investidura? Como si faltara algo en esta batalla campal contra el académico, al que miraban con desdén hasta cuando fue elegido por más de medio millón de seguidores, Ernesto Macías, ungido presidente del Congreso que Álvaro Uribe escogió pese a ser hombre gris y sin mérito alguno, anunció solemnemente que la “Comisión de Ética” del Congreso (sorpréndase, existe una) iniciará una investigación disciplinaria para examinar si el profesor violó la majestad de la patria por haber mostrado las nalgas durante la instalación de la legislatura como acto de protesta porque nadie escuchaba al presidente saliente de esa corporación, Efraín Cepeda. ¡Crimen de lesa humanidad que debe ser castigado con la máxima pena!

Obviemos la historia sobre los patrocinadores de los intentos anteriores de “neutralizar” a Antanas Mockus. Y concentrémonos en los demandantes recientes ante el Consejo de Estado: José Manuel Abuchaibe, uno de ellos y mismo demandante ante el Consejo Electoral, es un abogado que ha oscilado entre el litigio, en defensa de personajes tenebrosos, y el ejercicio político. Según artículo bien fundamentado de la ONG Pares en su página web, Abuchaibe, además de haber sido varias veces concejal, secretario de Gobernación y gobernador encargado en Guajira, tiene reconocidos y públicos lazos de amistad y solidaridad con Francisco “Kiko” Gómez, exmandatario de ese departamento, quien purga 55 años de prisión por mandar a matar a su rival política Yandra Brito, a su esposo y a su escolta personal. El amigo del demandante de Mockus, “Kiko” Gómez, paga, poca cosa, pena de 40 años como autor del asesinato del concejal de Barrancas, Luis López Peralta, un valiente que se opuso, en solitario, a este criminal en su propia tierra.

Abuchaibe escribió sobre el múltiple homicida, expresando su solidaridad con este: “Kiko resulta ser de las personas que gozan del aprecio de un pueblo por sus condiciones excepcionales y humanas… entrar a juzgar(lo) por los cargos que hoy afronta ante la justicia es más bien perder el tiempo”. Abuchaibe ha sido, también, abogado de otra exgobernadora de la Guajira, Oneida Pinto, que enfrenta juicios por corrupción en contratos de salud para niños.

El segundo demandante del profesor es el abogado cordobés Eduardo Padilla a quien la Procuraduría investiga por sus actos como defensor de la IPS Funtierra, envuelta en presunta defraudación de más de $6.000 millones para terapias inexistentes o inconclusas a pacientes discapacitados, según denuncia de la Contraloría.

Pregunto de nuevo: ¿por qué les interesa a estos señores, en representación seguramente de otros, “neutralizar” a Mockus? ¿Será solo porque no soportan la energía diaria del símbolo de la moralidad pública colombiana en el centro de la corrupción del poder?

https://www.elespectador.com/opinion/las-joyas-que-quieren-sacar-mockus-del-congreso-columna-802055

26.18.-LOS MALES CON LOS QUE OFRECERÁN ELECTRICARIBE A LOS INVERSIONISTAS – Ómar G. Ahumada

Contraloría urgió salida definitiva y dice que servicio se compara con países del norte de África

En el 2017 Electricaribe registró un récord de 108 cortes de luz, y un tiempo total de 98 horas sin prestar el servicio. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO. 

12 de julio 2018.-  Mientras hace un mes el país entraba en ‘modo Rusia 2018’ y luego de que el presidente Santos recibiera el informe final de recomendaciones de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) sobre Electricaribe, el 14 de junio la Contraloría General de la República liberaba, sin mayor despliegue, la auditoría de la intervenida distribuidora, con base en el desempeño del 2017 y en las cifras al corte de abril del 2018.

El documento, de 42 páginas, concluye que es urgente conseguir una solución definitiva a la situación de la empresa, ya que de continuar operando como hasta el momento, el flujo energético puede ser negativo y no se podrá garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

“Este escenario se daría por incrementos de los precios de energía, los cuales han aumentado en comparación con el 2017”, agrega.

Y es que aún con el respiro de tener congelado el pago de deudas por más de 2 billones de pesos, contraídas antes de la intervención (1,8 billones con el sector financiero), el reporte del organismo de control corrobora los afanes de la empresa para operar, mientras el apoyo de 320.000 millones de pesos dado por el Conpes a finales del 2017 surtía todo tipo de trámites en el Ministerio de Hacienda y no había sido puesto en marcha.

Incluso, el decreto que da vía libre al aval, que se esperaba fuera firmado el 11 de julio, según la superintendente de Servicios Públicos, Rutty Paola Ortiz, aún sigue sin expedirse.

Pero una de las principales revelaciones es que Electricaribe, al igual que ocurría antes de la intervención, ha demorado sus pagos con los generadores y ha tenido que correr para conseguir dinero y pagar antes del último plazo y evitar el inicio formal de procesos de limitación de suministro de energía. 

Además, sus indicadores de calidad cerraron en el peor nivel de su historia el año pasado (este año tienden a mejorar al corte de abril), tuvo que pagar más multas por no responder las peticiones de los usuarios y su flujo de caja es cada vez más crítico.

Hasta en sectores exclusivos de Cartagena se roban la energía

Cauca sube indicadores de calidad de electricidad

Revuelo por riesgos de eliminar límites a comercialización de energía

Los hallazgos

Un aparte de la auditoría se centró en los indicadores financieros del 2017 y en los del 2018, con corte a abril. Allí, la Contraloría evidenció que no solo el flujo de caja es crítico y ha venido bajando de manera progresiva, sino que para cerrar el año 2017 en positivo “fue necesario recurrir a un préstamo de $ 43.000 millones, ya que el flujo energético, a pesar de ser positivo, fue insuficiente para cubrir los gastos operativos de la empresa”. 

Y agrega que en el 2018 las garantías del Conpes (todavía sin llegar) darán alivio, pero este no alcanzará porque se proyecta cerrar con un saldo inferior al flujo de caja del 2017.

La Contraloría encontró que, pese a la intervención, Electricaribe sigue con problemas para pagar a tiempo la energía que compra para sus clientes, pues en el 2017 incurrió en 13 procesos de limitación de suministro “por retrasos en el otorgamiento de mecanismos de cobertura o en el pago de vencimientos de factura, de los cuales once fueron iniciados de oficio por XM (operador del mercado eléctrico) y dos por mandatos de agentes del mercado”.

Y este año van dos procesos, uno por proyección de garantías a finales de febrero y otro por vencimientos con el Sistema de Transmisión Nacional (STN), en abril.

Según los informes del agente interventor, el recaudo de facturas tuvo una leve mejoría (pasó de 83 por ciento entre noviembre del 2015 e igual periodo del 2016 a 84,6 por ciento este año), pero en la práctica la realidad es que en el 2016 las facturas para cobranza sumaron $ 655.000 millones, el año pasado $ 592.000 millones y este año, en cuatro meses, superan los 196.000 millones.

En materia de calidad del servicio, la Contraloría recalca que la de Electricaribe solo es comparable con el de países del Medio Oriente y el norte de África, ya que en el 2017 se llegó a un récord de 109 cortes no programados y los usuarios no tuvieron servicio en 98 horas en el año, frente a un promedio nacional de 38 horas.

Y a raíz de la mejoras en la gestión de la Superservicios, Electricaribe fue sancionada con 69.408 millones de pesos por no responder los requerimientos de sus clientes, cifra que subió un 72 por ciento frente al 2016.

Según la FDN, el pasivo pensional de Electricaribe es de 1,3 billones de pesos, de los cuales 300.000 millones son para contingencias.

El presidente de la FDN, Clemente del Valle, dijo que el modelo recomendado al Gobierno considera que las mesadas pensionales sean absorbidas por la nueva estructura y que los análisis realizados se hicieron sobre la base de que se van a mejorar todos los indicadores de recuperación de cartera y que habrá una inversión importante en medidores inteligentes y en recuperación de pérdidas. 

“El trabajo no es solamente inversión sino cómo se logra subir a la gente que no está pagando”, aseguró.

El trabajo no es solamente inversión sino cómo se logra subir a la gente que no está pagando

El contrato de la FDN subió de valor

De un valor de 1.070 millones de pesos para la consultoría contratada con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), la distribuidora terminó pagando $ 2.643 millones.

Esto porque, según la Contraloría, se tuvo que profundizar en el diseño de la salida a la crisis, pues cuando a finales del año pasado la FDN entregó su reporte, con 9 alternativas de solución, ninguna era factible, ya que no resolvía problemas como el pasivo pensional pero, sobre todo, porque no había contemplado los efectos del nuevo marco tarifario de la Creg.

“Eso los llevó a contratar a la firma argentina Mercados Energéticos y a traer a la pesada de la banca de inversión Lazard”, dijo una fuente.

http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/contraloria-encuentra-perdida-de-recursos-en-corporaciones-autonomas-regionales-244816

25.18.-La batalla de los tiempos – Salomón Kalmanovitz

En Estados Unidos el gobierno minoritario de Trump está terminando de establecer una dictadura al empacar la Corte Suprema de Justicia de magistrados de derecha. El Partido Republicano lleva varios lustros rediseñando los distritos de votación y haciendo caso omiso de las mayorías demócratas que han ganado el voto popular en las presidenciales para perderlo en el Colegio Electoral, donde predominan los estados rurales, más atrasados y reaccionarios. Igual sucede con el poder legislativo.

15 jul 2018.-  Los republicanos han jugado con la extrema derecha por muchos años hasta que los asaltó el señor Trump con sus huestes de racistas y nazis, haciéndose a la posición más poderosa del mundo que abusa de forma incompetente. Desde allí viene destruyendo las bases del orden internacional erigido al final de la Segunda Guerra Mundial que permitió un mundo próspero y en relativa paz por 70 años. Esas bases son la Comunidad Europea y su alianza militar OTAN que las defendieron del embate del socialismo real y ahora del imperialismo de Putin; en lo económico fue la Organización Mundial del Comercio que promueve el desarrollo de los países con reglas aceptadas por todos. Una característica en común de los dictadores es el irrespeto por el Estado de derecho, algo en lo que destaca Trump al debilitarlo sistemáticamente, convirtiendo la Presidencia en una filial de sus negocios.

Se está cocinando una nueva alianza de Trump, Putin y otros dictadores afines (Erdogan, Duterte, la extrema derecha inglesa, italiana, polaca y húngara) para socavar la comunidad de naciones, obstruir los flujos comerciales que han permitido el surgimiento de China, el sureste asiático, México y Canadá, de la misma Europa y amenaza incluso a las corporaciones norteamericanas que viven de la división internacional del trabajo. La nueva reacción introduce también barreras a los flujos migratorios, respondiendo a la paranoia racista, en detrimento los más oprimidos del mundo.

Es también el triunfo de la barbarie que se forja en las entrañas de la sociedad norteamericana a partir de su supuesto excepcionalismo (always great) y el resentimiento producido entre sus trabajadores por las políticas dominantes a favor de los ricos, sin reconocer a los responsables. En el trasfondo están también los cambios tecnológicos y los causados por la globalización que han empobrecido a una parte de la población, pero han enriquecido a buena parte del mundo. Recuérdese que el auge de los precios de las materias primas que ha beneficiado a la América Latina surgió del crecimiento sistemático de la China que Trump pretende abortar.

Trump fue el candidato favorecido por la Rusia de Putin y se siente más identificado con su régimen autoritario que con la Europa democrática que mantiene su Estado de bienestar. Él y los republicanos están socavando las pocas políticas sociales que subsisten en la sociedad norteamericana, como el seguro de salud y la protección de los derechos de la mujer.

Se viene desgranando la batalla de los tiempos en la que el viejo orden internacional está siendo subvertido. Va a ser remplazado por un mundo caótico en el cual primarán los intereses estrechos de cada país, listos a destrozar a dentelladas al vecino, poniendo en riesgo a los regímenes progresistas que quedan. Es el momento de los nacionalistas rabiosos que desconocen el sistema de ley internacional y se alistan para la guerra, sin nada que ganar.

https://www.elespectador.com/opinion/la-batalla-de-los-tiempos-columna-800351

25.18.-TRUMP HACE REALIDAD LO QUE PARECÍA UNA BROMA – Julio Valdeón.

Las amenazas económicas del presidente de Estados Unidos eran tan alocadas que no parecían ciertas, pero ahora ya lo son. Muchas de ellas coincidían con las del socialdemócrata Bernie Sanders.

Sólo el aspirante de la izquierda demócrata, Bernie Sanders, se le acerca a Trump en pasión y convicción contra los abusos del libre comercio; aunque en otros temas son antípodas.                                                                       

Donald Trump genera tal cantidad de titulares por minuto que a menudo cuesta no ya tomarle en serio sino ni tan siquiera seguirle hasta el final de sus tuis. Pero no bromeaba cuando convocó a la prensa hace una semana y prometió multiplicar los aranceles al acero y el aluminio. Apenas necesitó 24 horas para firmar el decreto, mientras sus colaboradores trabajaban para que la medida cumpliera con todos los preceptos legales.

Los principales barones del partido republicano contemplaban impotentes un gesto que amenaza con provocar tempestades. «Las decisiones que hoy estamos tomando no son optativas», dijo el presidente. Añadió que «la industria estadounidense del aluminio y el acero ha sido devastada por prácticas agresivas de comercio exterior. Se trata de un asalto contra nuestro país. Los trabajadores estadounidenses han sido traicionados durante mucho tiempo, pero la traición ha terminado».

Sí, desde luego, prometía magnanimidad y sutileza, «flexibilidad y voluntad de cooperación», pero sus palabras fueron veneno en vaso largo para los principales exportadores de acero a EE UU, como Canadá, la UE, Corea del Sur o Brasil. El 11 de marzo redoblaba la apuesta al anunciar posibles tarifas contra los automóviles extranjeros.

19 mar 2018.- Su decisión provocó la dimisión fulminante de Gary D. Cohn, el banquero de inversiones que lo asesoraba en materia económica. También circuló una carta, rubricada por un centenar de personalidades de su partido, en la que le pedían que reconsiderase. Desde las agencias de riesgo, avisaban de posibles catástrofes en forma de repuntes del desempleo y fulminantes respuestas de los países castigados.

Pero no había lugar para la sorpresa. Recuerden, por ejemplo, aquella noticia del 22 de diciembre de 2016. Había rebotado por los principales medios de comunicación sin demasiados aspavientos. Básicamente decía que Donald Trump estaba estudiando la posibilidad de imponer una tarifa del 10% a las importaciones.

Por supuesto, nadie hizo caso. Nadie creyó que aquello fuera más que puro humo. Gloriosa pirotecnia. Viento. Sí, Trump siempre había defendido el proteccionismo. Lo hizo en sus mítines, en las entrevistas y en los debates. De alguna forma incluso parecía encantado de augurar una cascada de guerras comerciales.

Fomentaban su aura de macho. Gary Cooper. Pistolero en el corral de los hipócritas. Patton revivido frente a la ambigüedad y el coqueteo con Wall Street de Hillary Clinton. Se trata de un mensaje violento y desacomplejado. Repetido una y otra y otra vez más.

Contraviniendo treinta años de absoluta complacencia con el libre comercio por parte de republicanos y demócratas, coincidía en la aragumentación de Bernie Sanders a la hora de repartir dianas.

Así, la globalización, a la que responsabilizaba de los males de la clase trabajadora. O las élites económicas, de las que por supuesto se descontaba (gusta de autodefinirse como «millonario de clase trabajadora») y a la que denunció por deslocalizar el trabajo y las fábricas al tiempo que sortea impuestos y escapa con su dinero rumbo a confortables paraísos fiscales.

Y por supuesto a los políticos en Washington, empezando por los dos Bush y siguiendo por Clinton y Obama, que habrían actuado conforme al evangelio del mercado global y, ay, al capricho de una clase pirata y antipatriota.

Cierto que la buena nueva de Trump choca contra la doctrina oficial. Pero no está tan lejos de lo que abanderaron los republicanos durante décadas. Lo explicaba el pasado 8 de marzo Ed Kilgore en la revista New York. Para hacerlo se valía de una cita de Pat Buchanan, antecedente obvio de ciertos mantras trumptianos: «de Lincoln a William McKinley a Theodore Roosevelt, y de Warren Harding a Calvin Coolidge, el Partido Republicano creó la máquina de fabricación más impresionante que el mundo haya visto jamás. Y, como el partido de aranceles altos durante siete décadas, su recompensa fue convertirse en el Partido de los Estados Unidos».

De poco vale esgrimir que los aranceles podrían perjudicar a muchas de las industrias nacionales, necesitadas de unos bienes que podrían encarecerse en caso de guerra comercial. Su mensaje es reactivo a las argumentaciones convencionales. Ofrece el tipo de consuelo, entre romántico y mullido, utópico y feroz, que anhelan en los arrabales de las grandes ciudades, en las viejas poblaciones machacadas por la desindustrialización, en las inmediaciones de los altos hornos, los astilleros y las minas abandonadas mientras azota la crisis de los opioides y aumenta la mortandad entre los varones de clase trabajadora y raza blanca. Una América que, desde los días de Ronald Reagan, no había vuelto a encontrar un mago que sublimara sus nostalgias hasta hacerle creer que el paraíso, aquel pasado ubérrimo del technicolor y los Cadillacs rosas, aquel edén de los discursos de Eisenhower y los discos de Sinatra en Capitol, vuelve a estar a punto de materializarse.

Un sector a la expectativa

El sector automovilístico español está temblando. Donald Trump ha amenazado con imponer un arancel del 25% a los vehículos fabricados en Europa y exportados a Estados Unidos. El país norteamericano recibió en 2017 36.764 coches españoles. Aunque sólo representan el 1,5% del total de ventas de vehículos al extranjero, el valor de las mismo es de alrededor a los 600 millones de euros, cifra que se vería gravada por el mencionado arancel del 25%. De momento, afirman, «el arancel a los turismos españoles exportados hacia EEUU es de un 2,5%», afirman desde la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). La industria del automóvil representa el 10% del Producto Interior Bruto de España, es la octava más productora en todo el mundo y, además, el 19% del conjunto de las exportaciones del país. Por ello, informan de que «el incremento de las políticas proteccionistas por parte del gobierno de EEUU, o de cualquier otro país, no sería una buena noticia para nuestro sector», concluyen desde Anfac.

https://www.larazon.es/economia/trump-hace-realidad-lo-que-parecia-una-broma-HM17933136

25.18.-ESTADOS UNIDOS RATIFICA LOS ARANCELES DE TRUMP. AHORA A LA ACEITUNA NEGRA – Sandro Pozzi/Antonio J. Mora

La Comisión de Comercio Internacional considera que el bajo precio daña a los productores locales en California Nueva York / Sevilla 10 JUL 201

Productores de aceituna en una concentración en Sevilla, España. RAUL CARO CADENAS EFE

La Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos (USITC, en sus siglas en inglés) ratifica los aranceles antisubsidios y antidumping adoptados por el Departamento de Comercio contra la aceituna negra de mesa que se importa desde España, al considerar que “causan un daño material” a sus productores locales en California. El sector esperaba que imperara el sentido común, pero ahora ve como se le cierra uno de sus principales mercados.

La agencia federal que investiga los efectos de las ayudas públicas y el dumping comercial en las industrias domésticas emitió un primer boletín en el que informa de que la decisión es “afirmativa” respecto a la medida adoptada por el Departamento de Comercio. En una nota de prensa posterior señala que las aceitunes españolas se comercializan por debajo del valor justo de mercado. La decisión no fue unánime, ya que hubo tres votos favorables y uno contra. El dictamen final se hará público el próximo 14 de agosto.

Nada más conocerse la resolución, la Asociación de Exportadores de Aceitunas de Mesa (Asemesa) ha anunciado que la recurrirá ante los tribunales competentes de la jurisdicción americana y ha instado a la Comisión Europa a que haga lo mismo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). “Desgraciadamente, se han cumplido los pronósticos y EE UU ha confirmado su amenaza contra la aceituna negra española y contra la Política Agraria Común. Nos preguntamos cuál será el próximo sector atacado”, ha señalado el secretario general de la patronal, Antonio de Mora.

Como viene reclamando el sector en estos meses, el responsable ha exigido a Bruselas que tome cartas en el asunto. “La UE no debería permitir que las autoridades americanas de defensa comercial cuestionen su modelo de desarrollo rural y de apoyo a la agricultura, por lo que pedimos a la Comisión Europea que actúe inmediatamente tomando las medidas que sean precisas, incluyendo el inicio de procedimientos ante la OMC”, ha apuntado De Mora. El pasado junio, cuando la Administración de Trump endureció los aranceles, el portavoz comunitario de Comercio, Daniel Rosario, señaló que Bruselas no tomaría ninguna medida hasta la resolución de la CTI. “Esperaremos a la decisión final y después actuaremos de forma acorde”, dijo.

Un año de pelea comercial

La USITC ya determinó en agosto del pasado año que había motivos razonables de que la industria dedicada al negocio de la aceituna de mesa en EE UU estaba sufriendo un daño por las importaciones que llegaban de España, porque a su entender se venden por debajo del precio del mercado gracias a los subsidios que reciben. Por este motivo consideró que el Departamento de Comercio podía seguir adelante con la investigación que había iniciado un mes antes.

El primer arancel preventivo se estableció en noviembre y el pasado mes de junio el equipo que dirige el secretario Wilbur Ross concluyó su investigación y procedió a elevar el muro en la frontera. Para compensar el beneficio que la aceituna española obtenía gracias a las ayudas, se estableció un arancel antidumping del 19,98% y uno antisubvenciones del 14,75%. El nuevo gravamen conjunto asciende al 34,75.

EE UU recibía hasta ahora más de una tercera parte de las aceitunas vendidas en el exterior por los productores españoles. Las importaciones de aceituna española rondaron el año pasado los 67,6 millones de dólares, según datos del Departamento de Comercio. En volumen fueron 29.740 toneladas. Antes de entrar en vigor de los aranceles provisionales se aceraron a las 31.880 toneladas.

Las empresas, preocupadas

El sector teme que el daño por estas restricciones comerciales sean aún mayor cuando se activen a final de mes. Las empresas más afectas son Aceitunas Guadalquivir, Agro Sevilla Aceitunas y Ángel Camacho Alimentación. El caso tiene origen en una denuncia de la Coalición para el Comercio Justo de Aceitunas Maduras, que representa a Musco Family Olive, Walnut Creek y Bell-Carter Foods de California.

EE UU adoptó desde el inicio de la Administración que preside Donald Trump cerca de 120 investigaciones antisubsidios y antidumpling, un 30% de acciones proteccionistas más que durante el mismo periodo con Barack Obama. En paralelo está aplicando aranceles a industrias como la del acero y el aluminio, al tiempo que amenaza con adoptar medidas similares contra las importaciones de automóviles.

https://elpais.com/economia/2018/07/10/actualidad/1531222099_037745.html

24.18.-PRESIDENTE DUQUE: CON USTED, ¿VOLVERÁ LA GUERRA? – Cecilia Orozco

“Aquí va a haber un escenario de confrontación (armada)”. Quien habría pronunciado —palabras más, palabras menos— esa frase aterradora no estaba recitando el libreto de una escena teatral. No hacía un chiste de mal gusto ni alardeaba, borracho, con iniciar una balacera. Quien la habría pronunciado tampoco es un chisgarabís que se las quiere dar de valentón.

Es un general de la República que alcanzó el rango más alto posible en defensa y seguridad nacional: comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, país en que (sin poderse establecer, aún, el número real de vidas segadas entre tiros, bombas y granadas), la guerra ha dejado un saldo de 220.000 asesinatos documentados; 5’700.000 desplazados; 1.980 pueblos masacrados; 25 mil seres humanos desaparecidos y 27 mil secuestrados, según los datos más serios pero muy cautelosos de que disponemos, sobre la tragedia que hemos padecido durante 60 años de muerte*. Hasta cuando se firmó el Acuerdo de Paz y esas cifras bajaron de manera notable.

3 Jul 2018.- El general (r) Leonardo Barrero Gordillo, quien se desempeñó en las zonas conflictivas, sabe de lo que está hablando. Por eso da escalofrío oírlo describir el que sería el anticipo de uno de los propósitos del gobierno electo del uribismo del que conocemos, a ciencia cierta, que representa la oposición feroz al Acuerdo, aunque se vista de caperucita antes del baile de su posesión, el 7 de agosto. Después se pondrá el camuflado de acuerdo con Barrero Gordillo, uno de los integrantes del comité de enlace en Defensa del presidente Iván Duque. Ocurrió el viernes pasado durante una reunión de empalme en que también estaban presentes otros miembros del partido ganador y prestantes funcionarios del ministerio del ramo.

La conversación giraba en torno al Centro de Rehabilitación Inclusiva (CRI), un hospital modelo en Latinoamérica construido con aportes de Corea y con capacidad para atender a 1.200 heridos en combate, al año, en la recuperación de sus funciones físicas, emocionales y psicológicas. Ante la nueva realidad de descenso en número de pacientes, se miraba la posibilidad de ampliar los servicios del CRI a los civiles que requirieran este tipo de atención. Fue entonces cuando el general Barrero se opuso con el argumento macabro de que muy pronto, cuando la administración Duque pudiera poner la casa en el orden que Santos desbarajustó con la firma de la paz, se necesitarían todos los recursos disponibles para atender a las víctimas de mutilaciones que seguramente llenarían, de nuevo, las clínicas militares.

Se refería a la estrategia de “confrontación” directa (lo que implica aumento de heridos y muertos) que se activará en cuanto asuma las riendas el gobierno Duque, estrategia que se opondrá a la “pasividad” del Ejecutivo actual. Añadió Barrero que se estaba presentando la paz como si fuera una maravilla pero que era, en realidad, un desastre que habría que entrar a corregir.

El general del enlace no dijo nada que no piense el núcleo de Álvaro Uribe. Lo que sorprende es que el que se supone que es su nuevo líder, es decir, quien ganó las elecciones, refleje otro ánimo: el del presidente de todos, el del fin de la polarización, el del respeto por el Acuerdo al que no volvería trizas, sino le haría “modificaciones”. O bien Duque maquilla, mintiendo, lo que le viene al país pierna arriba, o bien ya empezaron a dejarlo solo los uribistas que no necesariamente son duquistas, antes siquiera de que jure cumplir la Constitución.

Memoria en píldoras: el general Leonardo Barrero fue retirado, por Santos, de la comandancia de las Fuerzas Militares cuando se descubrieron las grabaciones de varias de sus conversaciones con el tristemente célebre coronel González del Río, condenado por 46 (¡46!) falsos positivos, es decir, asesinatos fríamente ejecutados. Barrero le sugería a González crear, junto con otros incriminados en delitos de guerra, “una mafia” para denunciar a los fiscales que los investigaban. Después de estar más de cinco años preso, González se acogió a la JEP y empezó a revelar nombres de generales envueltos en esos ilícitos.

Y aquí llegamos a un punto central: Barrero fue candidato al Senado del Centro Democrático que se quemó este año, en la lista por influencia de Paloma Valencia, la fogosa congresista que, casualmente, introdujo, en la legislación la semana pasada, una sala de juzgamiento especial para militares, paralela a la JEP. Queda claro que lo que pretende no es apoyar a los inocentes, sino callar la verdad que van a contar los subordinados sobre los altos estratos de la oficialidad colombiana. Con esa perspectiva, ¿cómo no va a volver “la confrontación” (armada)? Preparémonos.

(*) Informe Basta ya. Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013

https://www.elespectador.com/opinion/presidente-duque-con-usted-volvera-la-guerra-columna-797919

24.18.-SALUDCOOP: TRAS OCHO AÑOS  DE ESCÁNDALO, CARLOS PALACINO TERMINÓ PRESO – Justicia

El ‘exzar’ de Saludcoop responderá por el supuesto desvío de 40 0.000 millones de pesos.

Luego de su detención, Carlos Gustavo Palacino fue trasladado al búnker de la Fiscalía. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

En una lujosa mansión de un exclusivo club residencial ubicado en el municipio de La Calera (vecino de Bogotá) rodeado de piscinas, canchas de golf, tenis y fútbol, restaurantes, pesebreras y hasta un lago de esquí, fue detenido en la mañana de este viernes el cuestionado expresidente del Grupo Saludcoop Carlos Gustavo Palacino.

Después de que el proceso permaneciera virtualmente paralizado en la Fiscalía de Eduardo Montealegre –quien como abogado había tenido millonarios contratos con Saludcoop–, la administración de Néstor Humberto Martínez encontró méritos suficientes para ordenar la captura del hombre que fue el ‘zar’ de las EPS durante casi dos décadas. 

9  mar 2018.-  Según la Fiscalía, hay serios indicios de la apropiación indebida de recursos del Estado por parte de la EPS entre el 2000 y el 2004. Palacino tiene otros procesos pendientes por el posible desvío de plata de la salud por lo menos hasta el 2011, cuando estalló el escándalo que llevó al derrumbe del emporio.

Saludcoop se habría apropiado de 400 mil millones de pesos: Fiscalía

A médicos y clínicas no les pagan, pero sí les cobran…

De acuerdo con el ente acusador habrían sido 400.000 millones de pesos (770.000 millones al 31 de diciembre del 2017, con intereses), correspondientes al mal uso del dinero de las Unidades de Pago por Capitación (UPC) y rentas parafiscales. Esos recursos habrían sido desviados para fines distintos a los establecidos en la ley.

“La cifra corresponde al valor que excede el disponible por las ganancias de la empresa y demás recursos propios, frente a los recursos utilizados para sufragar inversiones y gastos realizados durante esos 5 años. El monto evidencia que la EPS utilizó dineros públicos que estaban destinados a la salud de sus afiliados para llevar a cabo otro tipo de gastos e inversiones”, señaló la Fiscalía.

Según los registros, el dinero fue utilizado en inversiones tanto en el país como en el extranjero –México y Ecuador–, en la expansión de plantas y equipos, préstamos a socios y trabajadores y pago de deudas; es decir, se invirtió en programas que incrementaban el patrimonio de la empresa, pero no en la prestación de los servicios de salud de sus 7 millones de afiliados.

A él lo capturan por construir clínicas, por invertir la plata en la ampliación y crecimiento de la EPS

En el expediente contra Palacino se describen también otras presuntas irregularidades en las bases de datos de la EPS, encontradas en su momento por la Superintendencia Nacional de Salud, que habrían permitido la apropiación de los recursos.

Así, más de 8.000 millones de pesos provenientes de las UPC habrían sido entregados por cuenta de más de 300.000 beneficiarios que realmente no se probó que tuvieran vínculo familiar con los afiliados. También se encontraron 240 personas vinculadas a la EPS siendo mayores de edad, pero registrados como menores: con tarjeta de identidad o registro civil y cuyas compensaciones habrían sobrepasado los 70 millones de pesos.

De la misma forma, al menos 837 hombres estarían registrados en las bases de datos como mujeres, por quienes el Estado paga mayores compensaciones a las EPS. También se encontró que más de 3.700 cédulas de supuestos usuarios no estaban vigentes para la época de los hechos. El ente investigador dice que posiblemente correspondían a personas fallecidas y por quienes se habrían girado cerca de 1.000 millones de pesos.

Pruebas de estas irregularidades están consignadas en una providencia de 250 páginas con la que la Fiscalía sustentó la detención de Palacino, quien pasó la noche del viernes en el búnker.

Su abogado, Hernán Gonzalo Jiménez, indicó que la decisión los sorprendió porque su cliente ha comparecido ante las autoridades siempre que ha sido requerido.

“Hemos dado todas las explicaciones del caso. A él lo capturan por construir clínicas, por invertir la plata en la ampliación y crecimiento de la EPS. Solo se necesita ver el estado de la EPS hoy para saber que en el pasado sí estuvo bien manejada y con su venta fue llevada a una crisis financiera”, aseguró Jiménez.

EL TIEMPO conoció que la defensa de Palacino estaría pidiendo un sitio de reclusión especial amparado en su supuesta disponibilidad para atender al llamado de la justicia y a que este viernes tuvo un incidente de salud relacionado con una subida de tensión.

Fiscalía volvió a mover el caso

Denuncias contra la EPS Saludcoop ante la Superintendencia de Salud y la Contraloría General llevaron a que en el 2010 la Fiscalía abriera una investigación por el posible desvío de recursos parafiscales para incrementar el patrimonio de la EPS y sus socios.

Un año después la Súper intervino la EPS y Carlos Gustavo Palacino fue retirado de su cargo de presidente para que el ente de control tomara posesión de la entidad. En el 2012, la Procuraduría impuso una sanción de inhabilidad para contratar con el Estado por 18 años contra Palacino y la Contraloría sumó en el 2013 una sanción de responsabilidad fiscal contra el grupo Saludcoop por 1,4 billones de pesos.

Pese a los avances en materia fiscal y disciplinaria, el proceso contra el presidente estuvo dormido durante años en el ente investigador, y ya en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez se reactivó con un llamado a indagatoria.

http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/que-sigue-en-el-proceso-contra-carlos-palacino-por-caso-saludcoop-192394

24.18.-EL BUSTO DEL REY – Yohir Akerman

Sigamos indagando sobre las turbias actividades y complicadas relaciones del señor gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, como lo hemos hecho las semanas anteriores.

Desde hace más o menos un año se ha generado una serie de denuncias sobre el volteo ilegal de tierras en Cundinamarca, a cargo de una red encabezada por el hoy gobernador Rey y su pupilo, Jorge Enrique Machuca, actual gerente de la Empresa de Licores del departamento.

7 Jul 2018.- Vamos para atrás.

Antes de estos prestigiosos cargos, Rey y Machuca fueron alcaldes de Funza uno tras del otro. El cartel del volteo de tierras, como lo han denunciado Daniel Coronell, La Silla Vacía y el congresista Carlos Fernando Galán, comenzó a tejerse cuando el hoy gobernador fue alcalde de Funza. (Ver El rey de Cundinamarca).

La operación consistió en cambiar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) o expedir planes parciales que modifiquen el uso de la tierra de rural a urbano, para vender en metros lo que se compró en hectáreas, todo con la complicidad de concejales, alcaldes y funcionarios de la CAR de Cundinamarca.

Durante la alcaldía de Rey Ángel estallaron varios escándalos de corrupción por estos hechos que fueron rápidamente ahogados. El dúo Rey-Machuca se hizo famoso, entre otros actos irregulares, por el no cobro de plusvalía para favorecer a un particular y por las supuestas coimas que recibieron de varios propietarios de tierras para otorgar usos de suelo y licencias de construcción de parques industriales.

Tanto así que, durante la alcaldía de Rey, Machuca, su mano derecha, se ganó, según varias fuentes consultadas, el apodo del “hombre del maletín”, por ser, supuestamente, quien se encargaba de recibir las sumas millonarias de los dueños de los predios.

La justicia tendrá que investigar todas esas graves acusaciones para limpiar el nombre de estos funcionarios de esos horribles alegatos.

Pero ahí viene el problema.

Aunque el gobernador de Cundinamarca ha sido mencionado en varias denuncias por estos hechos, nada ha sucedido ya que la mayoría de las investigaciones por volteo de tierras quedaron en el escritorio del exdirector anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno Rivera.

Moreno, encarcelado en Miami desde su extradición en mayo pasado, enfrenta un juicio en los Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico después de ser grabado por la DEA recibiendo sobornos del exgobernador de Córdoba para ahogar la investigación en su contra.

Moreno Rivera develó la existencia de otro cartel en el que se encargaban de dilatar expedientes utilizando información privilegiada de la Corte Suprema y la Fiscalía, desapareciendo evidencias, montando estrategias para restarles credibilidad a testigos y obteniendo decisiones con apariencia de legalidad.

Todo a cambio de dinero.

Entre los cómplices de Moreno figuran, entre otros, personas como el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, el exmagistrado Gustavo Malo y el exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez.

Tan cercana era la relación del corrupto Moreno y el exmagistrado Bustos, que el exfiscal anticorrupción confesó que le regaló un costoso reloj Cartier de 43 millones de pesos como parte de pago de uno de los servicios ilegales prestados por Bustos Martínez a la organización criminal en diciembre de 2012.

Acá viene la sorpresa.

El 20 de febrero de 2017, pocas semanas después de iniciada la investigación por el volteo de tierras por parte de la Fiscalía Anticorrupción manejada por Moreno en contra del señor Rey Ángel, este último contrató con dineros públicos como asesor de la oficina jurídica de la Gobernación de Cundinamarca al exmagistrado Leonidas Bustos por un contratico de 87 millones de pesos. (Ver Contrato de prestación 008).

El propio Bustos Martínez era quien enviaba informes de gestión dirigidos al secretario jurídico del departamento de Cundinamarca, Germán Enrique Gómez González, actualizándolo sobre sus acuciosas investigaciones.

El 31 de marzo de 2017 le informó que estaba trabajando, entre otras, en los estudios, investigación y proyección jurídica de las consultas enviadas el 15 de marzo de 2017, correspondientes a la procedencia de designación de alcaldes interinos con ocasión de medida de aseguramiento; posible enajenación de la posición fiduciaria del Gobierno Departamental en el patrimonio autónomo del Virrey Espeleta; la disolución y liquidación de asociaciones en las cuales el Gobierno o agentes de este ostentan participación accionaria; la aplicación de la ordenanza 013 de 1947”. (Ver Bustos Martínez Consultores).

De 1947, óigase bien.

Interesante que el abogado Bustos Martínez al parecer estaba haciendo mucho y nada. Por eso mismo su reporte del 25 de julio de 2017 es casi idéntico excepto que ya no estaba trabajando en la ordenanza de 1947. (Ver Factura No. 6).

El 27 de junio de 2017 el exfiscal Gustavo Moreno fue capturado en su propia oficina, ante los ojos atónitos de sus subalternos y otros funcionarios de la Fiscalía.

El 19 de septiembre de ese año Moreno empezó a prender su ventilador y vinculó en la red criminal al expresidente de la Corte Leonidas Bustos. Tres días después, el 22 de septiembre se terminó, de mutuo acuerdo, el acuerdo entre el abogado Bustos Martínez y la Gobernación de Cundinamarca.

Evidentemente, para ese momento, ya el gobernador Rey Ángel no necesitaba análisis de las ordenanzas de 1947, y las otras cositas en las que le servía el corrupto exmagistrado.

@yohirakerman  yohirakerman@gmail.com https://www.elespectador.com/opinion/el-busto-del-rey-columna-798836                                 

24.18.-LO QUE HIZO EL DISTRITO CONTRA CARTELES DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

La Secretaría de Educación aseguró que la base de las investigaciones las entregó el Distrito actual.

Secretaria de educación. Foto:  Carlos Ortega

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y la secretaria de Educación, María Victoria Angulo, calificaron como un éxito para el Distrito la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de pedirle a la Fiscalía que investigue a 28 empresarios y a una asociación por los llamados carteles de alimentación escolar. 

“Estamos muy contentos de que la Superintendencia de Industria y Comercio haya hecho esas investigaciones, iniciadas por las batallas que nosotros dimos”, afirmó el alcalde al señalar que “esos contratistas de porquería que venían de administraciones pasadas” fueron acabados debido a la revolución en la contratación que puso a funcionar Bogotá de la mano de Colombia Compra Eficiente. Al año Bogotá invierte 500.000 millones de pesos y reparte alrededor de un millón de raciones de alimentos entre comida caliente y refrigerios para los estudiantes de los colegios públicos.

6 jul 2018.- No obstante, el secretario de educación de la Administración de Gustavo Petro, Óscar Sánchez, dijo que quienes iniciaron con todos esos cambios y con la guerra contra los carteles fueron ellos. En entrevista con EL TIEMPO, la secretaria de Educación despeja estas dudas y explica en qué consistió el aporte de Bogotá para las investigaciones.

¿Qué papel jugó Bogotá en esas investigaciones?
En el 2016 entregamos toda la información de los procesos que años atrás se hacían para contratar la alimentación (desde el 2007 hasta la fecha), y con información complementaria que los investigadores de la Superintendencia consiguen, se logra determinar que realmente esta gente se ponía de acuerdo para manipular los precios. Y eso pasó recurrentemente. Nosotros encontramos 12 proveedores para todo el mercado de alimentación de Bogotá.

¿Qué tipo de información entregaron?
Toda la que había en la Secretaría de los procesos contractuales que se habían hecho: licitaciones, subastas inversas, y allí se podía verificar que se destinaba un recurso, se ponía un precio y terminaba comprándose con precios muchísimo más altos. Gracias al cambio que hicimos, nuestros precios no pueden ser manipulados.

¿Y qué cambios fueron?
Hay bandas de precios de alimentos (basados en estudios) y pasamos de 12 proveedores a 55. Tenemos separados los que son de logística y los que proveen directamente el alimento: la leche, el queso, el yogur, la granola. Con esa señal que da la Superintendencia, la idea es que los actores del sector de alimentación se tomen muy en serio que la alimentación de los niños es sagrada, que ya están las acciones y las multas, que si se llegan a dar son altísimas, y que el mercado se tiene que comportar con total idoneidad, cobrando lo que debe por producto.

¿Qué componentes tiene el modelo de Bogotá?
Son cuatro. Tenemos un acuerdo marco, único en el país, con Colombia Compra Eficiente, para la compra de los alimentos que componen el refrigerio, 79 alimentos distintos, que permiten hacer variaciones de 16 menús. Además, un acuerdo marco para la logística, que es el empaque, entrega y seguimiento de que realmente les llegue a los chicos en las distintas jornadas. Cambiamos totalmente el proceso de interventoría: arranca desde la planta donde producen la leche, el queso, hasta el momento en que le llega al niño. Esto también ha podido develar muchas irregularidades de plantas que han sido sancionadas porque nos acompañan el Invima, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud, que es la recomendación que ha hecho hasta el Procurador General para que otras entidades del país lo hagan.

¿Hay otros cambios?
Sí. Fortalecimos el control de los lugares donde se recepciona la comida y se crearon 31 nuevos comedores para sumar más de 140. Lo último fue toda la reforma a las recetas que son la base de la comida caliente, para lograr que el niño la disfrute y que esta tenga los ingredientes acordes a los distintos grupos de edad: primera infancia, si son de básica o si son de media.

¿Cómo se contrata hoy?
A través del primer proceso de licitación en línea con bandas de precios a través de Colombia Compra Eficiente para alimentación escolar en el país.

En el nuevo modelo, ¿se ha colado gente investigada?
Sí, pero a precios justos. No se puede inhabilitar una empresa diciendo que no le parece la adecuada, tiene que probarlo y sancionarla. Ahora, gracias a esta investigación de la SIC, si la Fiscalía falla en positivo, los van a poder sancionar. Entretanto, gracias al cambio del modelo todas, las empresas tienen que dar el precio justo. Esa es una gran diferencia de Bogotá. Porque, claro, estas mismas empresas se presentan en distintas ciudades, donde se hacen las subastas inversas o licitaciones tradicionales y ellas son las que ponen el precio, pero aquí no lo pueden poner.

En su momento se dijo que las subastas inversas eran la solución a los problemas de corrupción…
No lo fueron y por eso lo cambiamos. Porque cuando usted hace subasta inversa, usted elige por precio, no por calidad. Primer punto en contra porque la calidad es clave. Y segundo, como lo hace por precio, usted pone la tentación en mercados como estos que hacen colusión y monopolio a que se presenten con precios artificialmente bajos para ganar, entonces terminan dando un producto de pésima calidad y también promoviendo acciones de colusión.

¿Valió la pena enfrentar los debates para lograr cambiar el modelo?
Totalmente. Fueron dos años muy difíciles tratando de implementar todo esto. Por fortuna, hasta una organización de contratación reconocida nos premió como la tercera en el mundo por transparencia. Por parte del ministerio también fuimos reconocidos. Fuimos la primera entidad calificada con 98 puntos sobre 100. Nos alienta que ya la ‘Súper’ vaya en ese camino, así como la Fiscalía.

¿Todo este proceso colaborativo comenzó en la administración de Óscar Sánchez? 
No. Fue esta administración, antes de las investigaciones adelantadas por la SIC, la pionera en fortalecer los procesos de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Eso fue en el 2016.

Bogotá aportó información que puso en la mira contratos de alimentos. Los chats de la repartija de $ 1,5 billones en refrigerios Pliego de cargos a 28 empresarios por manipular contratación del PAE

http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/evidencias-de-cartel-para-contratos-del-pae-en-bogota-239962

23.18.-ANTICORRUPCIÓN U OTRA FORMA DE CORRUPCIÓN – Juan Manuel López

Por su actualidad la ‘anticorrupción’ es un tema que toca tratar aún en una publicación sobre economía. 

Es tema económico porque si algo tiene más incidencia que cualquier modelo o teoría economica en este momento en el desarrollo del país es lo que llamamos ‘corrupción’. 

Económico también porque excluyendo los escándalos más sonados de Oberbrecht, Reficar, etc., ningún desfalco ha costado como costará la ‘Consulta Popular Anticorrupcion’.

Y económico porque nosotros le hemos dado el sentido a la palabra ‘corrupción’ la equivalencia a delito de repercusiones económicas.

Lo curioso es que la palabra ‘corrupción’, y en consecuencia lo que sería un delito que se asocie a este concepto, solo aparece para casos entre privados en el único artículo que lo tipifica  (art. 250). De resto en todo el Codigo Penal solo existe la mención a ‘quien induzca a corrupción al sufragante’ (art. 590), y en ‘encubrir un acto de corrupción’ (art. 325B) es decir referido a la                       acción de un tercero sin definir en qué consiste esta.

El diccionario de la lengua define  ‘corrupción’ como “acción y efecto de corromper o corromperse”, y ‘corromper’ así: “1) alterar o trastocar la forma de alguna cosa; 2) echar a perder, dañar, podrir 3) sobornar o cohechar al juez o a cualquier persona, con dádivas o de otra manera; (…) “.

Es decir que coincide con un delito en un caso (soborno o cohecho), pero de resto es un concepto que se aplica a cualquier otro dominio. Hablar de corrupción solo para delitos económicos como se entiende entre nosotros y como se enfoca la ‘Consulta Popular Anticorrupción’ es sobretodo demagogia.

Lo es porque otras formas de corrupción pueden ser mucho más dañinas. Es el caso del abuso de poder para obtener beneficios indebidos en el campo político. Ejemplo pueden ser los caminos ilegales para apoderarse de un partido como lo hizo el Gavirismo, lo que llevó a la desaparición del Partido Liberal pero sobre todo a la de la fuerza de centro izquierda (hoy social demócrata) que requiere cualquier equilibrio democrático, y cuya ausencia  afecta no solo a los alineados con ese pensamiento sino a todo el sistema político.

Y corrupción también puede ser el trastocar lo que se entiende por anticorrupción, o usar ese vocablo para inducir al sufragante a votar por algo totalmente inocuo e innecesario en relación a lo que se propone. Corrupcion fue el que se malgastaran 40.000 millones de pesos para una consulta inutil y manipulada para mostrar un resultado definido a priori, y corrupción puede ser malgastar  cerca de 300.000 millones de pesos en simple demagogia que no lleva a ningún resultado real.

Porque de los puntos que se someterán a votación los 2, 3,  4 y 5 ya existen en la legislación. El 1, que es el único que implica una decisión y una reforma, no se ve en que manera disminuirá la corrupcion, pero sí limitará la posibilidad de tener los mejores funcionarios y magistrados (y si acaso a forzar a quienes ocupen los cargos a necesitar otras formas de ingreso). Y el 6 y el 7 son solo descalificaciones o persecución  a la clase política como si por naturaleza fuera ‘corrupta’ y como si tuviera el monopolios de dicha característica.

Ningún resultado concreto se conseguiría con la aprobación de alguno o de todos los puntos. La posibilidad de movilizar a 12 millones de votantes sin recursos (no hay reposición por votos) se basa únicamente en el slogan de ‘¿está usted de acuerdo con combatir la corrupción?’ a lo cual por supuesto se supone que todo el mundo contestaría afirmativamente. Pero además de ser  un engaño el pretender que con esto de verdad se combate algo, se incurre en un costo económico desproporcionado para cualquier resultado eventual, y se corre el riesgo de repetir el caso del referendo por la Paz, cuando, por asumir que el estar de acuerdo con el slogan llevaba a votar sin importar el contenido, lo que se logró fue lo contrario. No es improbable que aparezcamos también como el pais que no quiere combatir la corrupción.

23.18.-¿CORRUPCIÓN DE POLÍTICOS Y JUECES? SIGUE LA FIESTA – Cecilia Orozco

En medio de los debates electorales y las informaciones sobre el presidente electo, otro gravísimo tema ha pasado de largo como si no tuviera interés periodístico pese a que se enmarca en un foco de gran actualidad: la corrupción de políticos y jueces.  La noticia de que la Sala Civil de la Corte Suprema aceptó —en contravía de una norma interna de respeto entre pares—  revisar las actuaciones de su colega, la Sala Penal, erigiéndose en una especie de controlador superior de esta, debería alarmar por lo que implica: un ataque a la moralidad pública, desafiante con la realidad que acaba de quedar plasmada en las votaciones, y que denota el desprecio y la molestia de la mitad de los colombianos con los poderes establecidos.

27 Jun 2018.-  No se trata de un intrincado proceso en los altos tribunales que nadie entiende. Es simple y solo hay que ponerlo en blanco y negro: el corrupto senador liberal Álvaro Ashton (corrupto según dos imputaciones en su contra, una por entrar en contubernio con paramilitares, otra por sobornar a magistrados de la propia Suprema), interpuso una tutela ante la Sala Civil contra la Penal porque esta adelanta sus dos juicios con el fin de determinar su responsabilidad.

La razón que aduce Ashton es habilidosa, como suelen ser las de quienes pretenden evadir la Justicia después de que la violan. Él aspira a que la Sala Penal se quede quieta, en modo estatua y sin hacer nada en su caso, con el argumento de que hay otras salas en creación. Es decir, quiere ganar tiempo que cuenta para que prescriba al menos uno de sus dos procesos, precisamente  por lo que pagó $1.200 millones de pesos a los corruptos de la misma corte, de acuerdo con los testigos.  Tras él y su previsible triunfo en la Civil, los aforados delincuentes harán fiesta… Inmunidad total para todos ellos.

Uno comprende que Ashton y sus abogados acudan a todos los mecanismos de defensa posibles. Lo que no cabe en la cabeza de nadie sensato es que siete togados de la más alta investidura se presten a su juego o al de los parapolíticos que van tras él. Pero, ¿quiénes componen la Sala Civil que parece acolitarlos?, es la pregunta pertinente. Ariel Salazar es uno de sus miembros, conocido en el resto de la rama judicial por pertenecer al bloque de afectos a la exmagistrada de mala recordación, Ruth Marina Díaz, aquella que, como presidenta de esa Corporación se inventó un crucero para sus amigotes en medio de la crisis de credibilidad que los afectaba.

Salazar es el autor de la exótica tesis de que la yidispolítica —el acto de corrupción de compra votos a unos representantes a la Cámara para que aprobaran la reelección de Álvaro Uribe—, se produjo porque estábamos en  guerra contra las Farc. Salazar forzó —a mi juicio de ciudadana, con dolo—, esa teoría para que le dieran libertad al exministro Diego Palacio, vía JEP, un beneficio exclusivo para los protagonistas del conflicto armado.  Por supuesto, a Palacio únicamente le interesaba salir de la dorada prisión en que estaba. No la verdad, no la reparación a víctimas (¿cuáles, si en la Colombia uribista no hay ninguna del Estado?), ni menos el acto de contrición de no repetición. Por cuenta de Salazar y de sus compañeros de la Sala Civil, Palacio y más personajes del uribismo disfrutan, hoy, de libertad mientras sus aliados de partido impiden el avance de las tareas de la JEP.

Ruth Marina Díaz, de una suerte envidiable porque también es intocable, en un acto de clientelismo digno de Ashton, logró introducir en la Sala Civil que mangonea a su antojo, a varios de sus protegidos. A ella no se le investiga, vaya usted a saber por cuál extraño artilugio, por haber conformado oficina de litigantes con el capturado Francisco Ricaurte y con el extraditado Gustavo Moreno quien representaba al inolvidable Leonidas Bustos en ese bufete.

Pues bien, esta maquillada señora, es, según los corrillos enterados, la mano oculta tras la Sala Civil en donde además de Salazar, contaría con el voto incondicional de Fernando García, navegante con ella, en el crucero por el mar Caribe; y, también con el voto de los magistrados Luis Alonso Rico y Octavio Augusto Tejeiro. Hay otro grupo igual de poderoso en esa sección que respondería a su amistad con el cartagenero Ricaurte, sí, el fundador del cartel de la toga.

Serían los costeños Margarita Cabello, también subalterna de Alejandro Ordóñez, y Aroldo Quiroz. Queda uno: Luis Armando Tolosa quien, examinando el caso Ashton, conceptuó que la Sala Penal tiene plena competencia para continuar juzgándolo. Pero él es la excepción. Sus compañeros van por el enésimo intento de cerrar el horrendo capítulo de la parapolítica a machetazos judiciales, y sin que la sociedad reciba siquiera una disculpa de quienes pusieron los bienes públicos al servicio de Mancuso, Jorge 40 y otros genocidas de Colombia. ¡Ay, los corruptos!

https://www.elespectador.com/opinion/corrupcion-de-politicos-y-jueces-sigue-la-fiesta-columna-796822

23.18.-LO QUE HA PASADO UN AÑO DESPUÉS DE QUE ESTALLARA EL CARTEL DE LA TOGA – Redacción Judicial 

La historia comenzó con la captura del exfiscal Gustavo Moreno. Lo que él y otras personas han revelado desde entonces son los detalles de un supuesto entramado de corrupción en el que abogados y magistrados habrían recibido dinero a cambio de desviar y manipular procesos.

En la fila de arriba, de izquierda a derecha: el exmagistrado Francisco Ricaurte, el exfiscal Gustavo Moreno y el exmagistrado José Leonidas Bustos. En la fila inferior, de izquierda a derecha: el suspendido senador Musa Besaile, el magistrado Gustavo Malo y el suspendido senador Álvaro Ashton.Gustavo Torrijos y El Heraldo

29 jun 2018 .-Hace un año el país despertó con la noticia de lo que comenzaba a ser uno de los peores escándalos en la justicia del país. El 27 de junio de 2017 la Fiscalía capturó a Luis Gustavo Moreno, entonces jefe de la Unidad Anticorrupción del ente investigador, luego de que la justicia de Estados Unidos lo pidiera en extradición por haber recibido dinero en ese país a cambio de “torcer” el expediente en contra del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons. De lo que no se tenía pista en ese momento era de que esa detención era apenas la punta de un iceberg cuyos detalles se han venido conociendo a cuentagotas y cuyas secuelas hoy se conocen con el nombre del cartel de la toga.

Una vez Moreno fue sacado de su oficina en la misma Fiscalía, los agentes del CTI que lo capturaron incautaron computadores, documentos, discos duros y toda clase de documentos para comprobar los alcances que tenía el exfiscal dentro de la Unidad Anticorrupción. A sus pesquisas se sumaron los audios que la DEA le mandó al ente investigador como prueba de que Gustavo Moreno había pedido y recibido un soborno a Lyons en suelo estadounidense. Lo que se vino a saber después fue que el exgobernador colaboraba con la justicia de Estados Unidos y que, gracias a su ayuda, la DEA consiguió las grabaciones claves en el caso de Moreno, que hoy son pieza fundamental en una investigación sin precedentes en el país.

Fue así como se empezaron a conocer detalles claves de una supuesta red de corrupción que habría permeado entidades como la Corte Suprema de Justicia. El tema era tan delicado, que el coordinador de fiscales delegados ante el alto tribunal, Fabio Espitia, fue directamente a los despachos de varios magistrados de ese alto tribunal para contarles que en las grabaciones se mencionaban a sus antiguos colegas José Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino. La discreción se terminó el 15 de agosto de 2017, cuando el fiscal Néstor Humberto Martínez le explicó al país que tenía pruebas de que el entramado de corrupción había llegado hasta la cúpula de la justicia colombiana.

Por primera vez en la historia, dos expresidentes de una alta Corte pasaron a estar en la lista de los investigados —con Tarquino, hasta ahora, no ha pasado nada—.Como si no fuera suficiente con esos nombres, Martínez añadió otro listado de personajes que tendrían vínculos con la supuesta red de corrupción. En él estaban el congresista Hernán Andrade, los hoy suspendidos senadores Musa Besaile y Álvaro Ashton, la exgobernadora Zulema Jattin y el magistrado Gustavo Malo, a quien la propia Corte apartó temporalmente de sus funciones. Lo que vino después fue una cadena de hechos que forman parte de la historia del cartel de la toga, como la detención de Ricaurte, o la de Musa Besaile, quien aceptó haber pagado $2.000 millones para frenar una supuesta orden de captura en su contra por parapolítica.

Cada capítulo de esta historia ha generado polémica, como la que causó Besaile cuando dijo que había sido víctima de una extorsión por parte de Moreno y que por eso había entregado el dinero; o la que suscitó el magistrado Ricaurte cuando se convirtió en el primer exmagistrado de un alto tribunal en ser enviado a prisión. Sin embargo, hay quienes aseguran que, un año después de que estallara el caso, todo se ha tratado más bien de un escándalo mediático. El abogado Álvaro Pérez, el defensor del magistrado Gustavo Malo, señaló, en diálogo con El Espectador, que en su opinión este se ha tratado de un caso dirigido a una o dos personas, pero que el sonado cartel de la toga nunca existió.

Aunque el jurista aseguró que quizá sí hubo un acuerdo entre funcionarios para recibir dinero, está convencido de que los magistrados nunca estuvieron vinculados en el asunto. “La credibilidad de la justicia, especialmente instituciones sagradas como la Corte Suprema de Justicia, se han visto en entredicho por el juego mediático y por personas irresponsables que hablan sin tener conocimiento de cómo es un proceso penal”, agregó el abogado. En contraparte, para el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Luis Antonio Hernández, el asunto sí fue de extrema gravedad para la Corte que asumió el caso como una “vergüenza pública”, pero con la convicción de que había que actuar de inmediato.

“Creo que la institución tuvo capacidad de reacción categórica frente al daño que causaron esas informaciones. Había una cierta desconfianza de cómo íbamos a reaccionar”, afirmó el magistrado Hernández, quien agregó que lo que hizo el alto tribunal fue que mostrar la capacidad de respuesta, por ejemplo, apartando al magistrado Gustavo Malo de sus funciones. “La voluntad y la decisión de reformar el reglamento para mantener a esa persona al margen de sus funciones mientras su caso es resuelto demostró una institucionalidad que no se ha perdido. Uno puede decir que la Corte se purgó, reaccionó, se abrió y fue sincera con el país con los actos que emprendió para sanar”, añadió el presidente de la Sala.

Lo que ha pasado desde entonces

El magistrado Hernández recordó que cada institución que tuvo que ponerse las pilas para mitigar el escándalo hizo su parte. Desde que se conocieron los alcances de la investigación, la Fiscalía le pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que actuara inmediatamente, para investigar a los magistrados de las altas cortes posiblemente involucrados. Por su parte, el ente investigador hizo lo propio y el 20 de septiembre del año pasado se conoció otro hecho inédito en los anales judiciales de Colombia: por primera vez en la historia del país, un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, una de los tribunales más antiguos del país, fue capturado. Era Francisco Ricaurte.

La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada, por sus vínculos con el cartel de la toga. Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal del caso explicó que Ricaurte dirigió, junto al exmagistrado Leonidas Bustos, “una organización criminal a la que integraron, entre otros, a Gustavo Moreno, a Leonardo Pinilla y a Gustavo Malo; organización dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad, la administración pública y la recta impartición de justicia (…) nunca antes a tan alto nivel se había prostituido la profesión de abogado en el ejercicio de la magistratura”.

Ricaurte fue enviado a la cárcel y allí permanece desde hace nueve meses, aunque siempre ha alegado que es inocente. En cuanto a José Leonidas Bustos, la Comisión de Acusación abrió un expediente en su contra y ahora se espera saber si decide acusar o no al exmagistrado y llevar el caso a la plenaria de la Cámara de Representantes y, luego, a la del Senado. La historia de Gustavo Malo es más complicada pues, cuando estalló el escándalo, todavía era magistrado y, pese a las acusaciones en su contra, se rehusó a dejar su despacho. A finales de abril de este año, sus compañeros decidieron apartarlo de sus funciones, mientras se define si el Senado lo acusa o no.

Ambos han explicado que nada tienen que ver con el cartel de la toga y que Moreno no es otra cosa que un gran manipulador y que solo ha dicho mentiras. Camilo Tarquino, el otro exmagistrado mencionado por la Fiscalía, fue citado a interrogatorio por la Fiscalía a comienzos de abril de este año para hablar de la principal acusación de Alejandro Lyons en su contra: que le había pedido $20.000 millones para “ayudarlo” en su proceso en la Fiscalía. Hasta ahora, su caso no ha avanzado más allá de esta citación. A la par de que estos casos han llevado su propio ritmo en la Comisión de Acusación y en la Fiscalía, en la Corte Suprema también se han movido varios procesos.

Uno de los más sonados, quizás, es el del hoy suspendido senador Musa Besaile. Desde que la Fiscalía dijo que él estaba dentro de la lista de personajes que habrían pagado dinero al cartel de la toga a cambio de que detuvieran una supuesta orden de captura en su contra, su caso ha sido motivo de decisiones en el alto tribunal. La primer versión que trascendió fue la que él mismo entregó a la Corte y a medios de comunicación, asegurando, con lágrimas incluidas, que no era sino una víctima del cartel. Que Moreno era un extorsionador profesional y que lo había presionado para pagar $2 mil millones a cambio de que no lo arrestaran.

Moreno refutó la versión y dijo que Besaile hizo el pago en efectivo completamente consciente de que quería evitar su arresto. El exsenador se encuentra preso en La Picota de Bogotá. El pasado 1° de febrero fue llamado a juicio por los delitos de peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer. Besaile ha insistido que es inocente de todos los cargos. Además de él, Álvaro Ashton es otro de los congresistas mencionados en este escándalo. Al igual que Besaile, las autoridades creen que le pagó a Moreno y a sus socios para que incidieran en el proceso por parapolítica que llevaba en su contra el alto tribunal.

Según la versión del exfiscal Moreno, Ashton le entregó al menos $600 millones al cartel de la toga para que el exmagistrado Ricaurte moviera sus fichas dentro del alto tribunal y su expediente no avanzara. El exsenador fue capturado en diciembre del año pasado y, desde ese entonces, se encuentra recluido en La Picota en Bogotá, desde donde ha puesto toda clase de recursos jurídicos para demostrar su inocencia y para que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) lo acepte para que allí se siga adelantando su investigación por parapolítica, lo cual la JEP ha rechazado.

A esta larga lista de capítulos del escándalo, en los que se encuentran las historias de cada persona involucrada en el caso y la reacción de la justicia, le hace falta el último: el exfiscal Gustavo Moreno fue extraditado en la mañana del 17 de mayo de este año. Junto a él, también fue enviado a Estados Unidos su exsocio, el abogado Leonardo Pinilla, quien también confesó haber recibido dinero del soborno que pagó Lyons en Miami. Si bien ha sido una historia de episodios insólitos e inéditos para el país, lo que está claro es que, aunque ha pasado un año, todavía hace falta relatar cómo terminan los casos de Bustos, Ricaurte, Tarquino, Malo, Besaile, Ashton y los demás excongresistas.

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/lo-que-ha-pasado-un-ano-despues-de-que-estallara-el-cartel-de-la-toga-articulo-797449

22.18.-DUQUE: DE LAS PALABRAS A LAS OBRAS – Cecilia Orozco Tascón

Hace unas semanas, los cinco candidatos a la Presidencia se comprometieron a respetar los derechos humanos de todos los colombianos. Lo hicieron estampando su firma en un acta preparada por la oficina del representante del alto comisionado de Naciones Unidas para nuestro país, Alberto Brunori. Este dijo que los aspirantes Duque, Petro, Fajardo, Vargas Lleras y De la Calle se comprometieron, en ese documento, a “evitar el asesinato (o persecución) de líderes rurales y defensores de derechos (y a promover) su verdadera inclusión política, económica y social…” En resumen, el elegido empeñó su palabra, ante la ONU, en brindarles garantías y seguridad a los voceros comunitarios, combatir la impunidad con que se premia a los sicarios y a quienes los instigan, y en no desperdiciar las oportunidades que surgieron del Acuerdo de paz (ver enlace). Ayer, una de las organizaciones civiles más reconocidas del mundo, Amnistía Internacional le pidió al presidente electo Iván Duque “asumir una agenda de pleno respeto a los derechos humanos y garantizar la protección de ocho millones de víctimas que dejó el conflicto armado”. Las solicitudes de las dos entidades internacionales no son fortuitas: si bien Iván Duque no despierta, por sí mismo, miedo a la revancha vengativa que se activaría durante su gobierno contra los opositores, lo cierto es que el nombre de su mentor, Álvaro Uribe —y los de algunos de su círculo—, sí lo inspira.

Los uribistas pueden rechazar por presuntamente falsos los innumerables hechos judiciales sobre la cercanía del expresidente con sectores ilegales del extremismo derechista; pueden echar al olvido los escándalos de los montajes, interceptaciones delictivas y espionaje ejecutados por unos de sus funcionarios del DAS y de la Casa de Nariño contra la prensa, los togados de los tribunales de Justicia y Paz y la Corte Suprema desde cuando se iniciaron las investigaciones sobre su primo Mario y su hermano Santiago por nexos con el paramilitarismo; pueden creer que las madres de Soacha y sus hijos asesinados por uniformados de sus gobiernos, son maniquís de estantería, no existen. Pero eso no ocurre en el marco internacional oficial (ONU) ni civil (ONG) en donde, con prudencia diplomática, dan por sentado lo que aquí se ignora.

El tono de la última fase de la campaña y el discurso conciliador del presidente electo dan un respiro y la esperanza de que Duque quiere darle vuelta a la página violenta que protagonizaron quienes conforman su partido, y de que su cara fresca no es solo una pantalla que oculta el rostro impresentable de las fuerzas que apoyan al exmandatario. Pero, como dice el sabio pueblo, obras son amores y no buenas razones. Y su primera prueba será la que enfrente cuando seleccione su gabinete ministerial. Las mujeres y hombres que lo acompañarán en el consejo palaciego darán pauta sobre sus intenciones como gobernante y pistas sobre el grado de autonomía con que adelantará su gestión: o escoge profesionales independientes y sin tacha ética, o permite que otro u otros le conformen su equipo.

Por el momento, la identidad de dos supuestos candidatos a ocupar el Ministerio de Defensa preocupan hondamente por ser lo que han sido: Alejandro Ordóñez y José Félix Lafaurie. El primero, abusador del poder que se le dio como procurador y del cual hizo un instrumento de persecución contra sus opositores ideológicos de la forma más infame: aplicándoles sanciones judiciales con el objeto de eliminarlos de la escena política. De su decisión ilegal de destituir a Petro nace gran parte del fenómeno electoral de este. Deberían cobrárselo en lugar de premiarlo con el cargo del que depende la seguridad nacional. Lafaurie, presidente de los ganaderos, ultraderechista sin medida, arbitrario en sus decisiones gremiales y hasta en el manejo de los recursos colectivos, y tan identificado con los miembros más cuestionados de su actividad económica en Urabá, Córdoba y el Magdalena Medio por mencionar solo unos, ¿en la jefatura de las Fuerzas Armadas de Colombia? Muchas cosas se podrían añadir sobre los antecedentes de Lafaurie, pero solo recordaré uno que lo inhabilita moral y legalmente: su oposición abierta al programa de restitución de tierras a sus propietarios originales y su protección a los grandes terratenientes que adquirieron predios rurales a precios irrisorios por la crisis de la guerra. De Lafaurie ministro en esa cartera, dependería la intervención a favor o en contra de los cuerpos militares y de policía que hoy cuidan el regreso de los campesinos a los predios (ver enlace 1 y ver enlace 2). No imagino lo que vivirían los campos colombianos con Ordóñez o Lafaurie al mando de los uniformados. ¡Dios tenga de su mano a Colombia!

https://www.elespectador.com/opinion/duque-de-las-palabras-las-obras-columna-795323https://www.elespectador.com/opinion/duque-de-las-palabras-las-obras-columna-795323

21.18.-EL URIBISMO SE ENFRENTARÁ A UNA COLOMBIA NUEVA – Cecilia Orozco

Con la cara nueva de Iván Duque y el gesto de bondad que ella refleja, el uribismo volverá, muy seguramente, a controlar el Ejecutivo a partir del próximo domingo, soportado por millones de votantes ciegos, sordos y mudos que no quieren ver, oír ni criticar la estela de ilegalidad que dejaron los dos gobiernos del jefe del que van a elegir, a pesar de la contundencia de los hechos que han ido descubriendo periodistas y jueces. Volverá, probablemente, el uribismo tenebroso soportado, también, por otros votantes a quienes les place que desde la Casa de Nariño se hubiera auspiciado la comisión de graves delitos porque militan en el extremismo derechista que justifica el uso de cualquier medio con tal de conseguir el fin: asesinatos de jóvenes vulnerables con el disfraz macabro de cadáveres, para simular el triunfo en la guerra; persecución a líderes de las comunidades, para impedir la exigencia de derechos; montajes mediante ‘informes de Inteligencia’, para desprestigiar los focos de autonomía campesina o citadina; seguimientos e interceptación de comunicaciones, para descubrir las debilidades de los opositores; tácticas jurídico-políticas, para minar la independencia de la prensa…

12 Jun 2018.-  Como dije, seguramente con Iván Duque y, tal vez, por encima de él y de su discurso conciliador, volverá el grupo vengativo que lo ha impulsado, a cobrar lo suyo. Allí veremos acaparando los puestos de control del poder al propio Álvaro Uribe, nombrando ministros, directores, generales y coroneles que le tendrán que rendir pleitesía; a Fernando Londoño, con su odio reconcentrado, buscando la forma de volver “trizas” a sus enemigos personales; a Alejandro Ordóñez, sin el as de la Procuraduría en su mano pero con la carga de la retaliación activada, escogiendo a quién castiga y a quién premia; a José Obdulio Gaviria y tras este a sus peones rugeles, yamhures, restrepos y demás, buscando a sus presas para destrozarlas; a los ganaderos de las Convivir dirigidos por el señor Lafaurie, preparando la revancha, y a las temibles señoras medio machonas —y “boquisucias”, en definición del senador Uribe— Cabal, Holguín y Valencia, tomándose el Congreso para aprobar o vetar leyes y normas.

Pero este ya no es el país del 2002 ni el del 2006. Colombia cambió durante la era Santos, gústenos o no el actual mandatario y sus administraciones. El Acuerdo de Paz que Juan Manuel Santos firmó con el enemigo histórico del Estado no solo desactivó a 7.000 hombres con sus armas, sino que permitió que la sociedad que se ha considerado, a sí misma, buena, decente y perfecta, revisara su lado más oscuro y feo: el de la corrupción, las trampas, la defraudación, las mentiras y las traiciones de unos y otros. Caído el telón del conflicto que nos enfrentaba a seres que creíamos que eran de otro planeta, otros millones de colombianos distantes del uribismo —más del 50 % si nos atenemos a los resultados favorables a Petro, Fajardo y De la Calle—, se liberaron y empezaron a votar como les dio la gana. Es decir, en contra de los partidos de siempre con sus connotados jefes, incluido Uribe puesto que también este ha sido y es parte del sistema político clientelista cuya fecha de caducidad se aproxima.

A esos nueve millones de electores libres no los va a dominar esta segunda era uribista: su educación política ha crecido. Empieza a manifestarse no solo con la elección inteligente de su voto sino con el impacto que han generado destacados personajes dentro de las colectividades tradicionales, además, desde luego, de los movimientos verdes, polistas y petristas. No en vano figuras de ese mundillo comienzan a alejarse de sus estructuras: Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo y los más jóvenes Luis Ernesto Gómez y Daniel Quintero, del Partido Liberal; Luis Felipe Henao y Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical. Y, por supuesto, los excandidatos Sergio Fajardo, apoyado por Claudia López y Jorge Enrique Robledo, y, de otro lado, Humberto de la Calle se insertan en una Colombia más moderna. El gobierno 2018-2022, quiera que no, estará obligado a tenerla en cuenta o fracasará.

https://www.elespectador.com/opinion/el-uribismo-se-enfrentara-una-colombia-nueva-columna-793917

20.18.- JEP: DISCUTIR CON SERIEDAD – Cecilia Orozco

Juan Lozano, comentarista de El Tiempo que aprecio por el respeto que le imprime a sus intervenciones con independencia de si su interlocutor comparte sus puntos de vista o no, escribió su más reciente columna sobre una noticia que ha dado vueltas en medios tradicionales y virtuales durante varios días: viajes al exterior autorizados por la Justicia Especial de Paz, JEP, a exguerrilleros que se acogieron al Acuerdo y, por ende, al sistema judicial creado para examinar y sancionar los delitos de guerra. “JEP Tours; cachetada a las víctimas”, tituló Juan la columna en que se une a las críticas que generó el permiso que se le dio, para ir durante una semana a Isla Margarita, a Fernando Arellán, antiguo militante de las Farc condenado a 40 años de prisión por el terrible atentado al club El Nogal. 

HRW pide que Corte aborde ‘deficiencias’ en justicia para la paz

6 jun 2018.-  Por supuesto, la indignación expresada por muchos, en especial por algunas víctimas o por ciudadanos del común bien intencionados, es explicable: quien delinque y quien lo hace con la crueldad que implica matar a cientos de seres humanos con un bombazo, debe perder sus derechos, empezando por el de la libertad de desplazamiento.

Sin embargo, los dardos lanzados por este episodio incidental contra las bondades fundamentales del Acuerdo de Paz por otras personas – cuyo oficio es político o cuya tendencia ideológica coincide con el extremismo derechista – envenenan la discusión con un fin nada altruista: acabar de destrozar lo que queda de un proceso que, dígase lo que se diga, permitió que miles de otras vidas humanas continuaran cortándose.

Para la muestra, los ejemplos que pone el mismo Juan quien nos recuerda que el autor de la “revelación” de la noticia sobre Arellán fue el representante uribista Samuel Hoyos, conocido, entre otras cosas, por la doblez de su conducta cuando la embarra. Con seguridad, se puede afirmar que Hoyos no se deprimió con su “chiva” ni pensó en ninguna víctima, sino que brincó de la dicha porque podía “tirarse” otro pedazo de paz. Hoyos hizo, esta desproporcionada afirmación, según Juan: “La JEP (es) promotora de turismo para crímenes de lesa humanidad”.

El rosario de epítetos relatados siguió con los de la periodista Salud Hernández que, haciendo gala de su gran sentido del humor, aseguró: “que el asesino Arellán se va (sic) de paseo a Isla Margarita, estupendo. Lo merece. Matar cansa y masacrar decenas, cansa más”. Y el propio columnista se dejó llevar por la emoción electoral cuando añadió de su cuenta: “nunca imaginamos que los acuerdos de paz traerían su componente de bronceadores y piña colada para crímenes de lesa humanidad”. Ningún aporte, mucha malignidad.

La presidenta de la JEP, reputada profesional del derecho, no ha sido la mejor defensora del sistema que está a su cargo. lamentablemente, se ha dejado llevar por la pequeñez de las rencillas internas y se limitó, en el caso de los permisos de viaje a Arellán y a otros exguerrilleros, a zafarse de culpa. A la doctora Patricia le hizo falta un poquito de responsabilidad institucional para explicar que no solo la JEP sino la justicia ordinaria e, incluso, la militar, tienen reglas establecidas, como en todas las democracias, para procesados que hayan obtenido el beneficio de libertad condicional.

Y que cuando, en ejercicio de ese beneficio, uno de los investigados o condenados desee viajar, puede hacerlo siempre y cuando llene unos requisitos. Los exguerrilleros, los militares en retiro y los civiles que han solicitado su ingreso a la JEP firmaron un acta de compromiso que los obliga a: “1. Someterse libremente a la Jurisdicción Especial para la Paz y quedar a disposición de esta, en situación de libertad condicional… 3. Informar todo cambio de residencia a la autoridad competente. 4. No salir del país sin previa autorización de la autoridad competente”. Así, pues, una discusión ética y legal sobre el permiso de viaje a Arellán no reposa en los insultos, el incremento del odio ni las floridas exageraciones verbales sino en saber si adquirió ese derecho cuando dejó las armas, se comprometió a reparar a sus víctimas y a decir la verdad de las barbaridades que ejecutó. Y ante todo, en establecer si cumplió o no con los requisitos que firmó. Igual podría decirse en cuanto a los derechos de otros condenados por crímenes atroces a los que casi nadie se opone. Digamos, los del general Rito Alejo del Río o de los coroneles procesados por los falsos positivos. Seriedad, señores.

https://www.elespectador.com/opinion/jep-discutir-con-seriedad-columna-792619

19.18.-OTRA VEZ LOS PRESOS…. Y URIBE – Cecilia Orozco

 Me fui de espaldas y todavía no me repongo. Aun con todo lo que libros y columnas han afirmado durante 16 años sobre las conexiones de Álvaro Uribe y su entorno con el bajo mundo, jamás imaginé el grado de vileza al que habrían llegado, según se desprende de las más recientes publicaciones sobre la conducta del expresidente que, de resultar exactas, avergonzarán, por la importancia política del personaje involucrado, a Colombia entera ante la comunidad internacional. 

También, a la porción mayoritaria del país que lo eligió y reeligió, y que está dispuesta a volver a elegirlo dentro de 20 días mediante un candidato con rostro fresco pero comprometido hasta la médula con quien es su jefe absoluto y, por tanto, con su pasado.

29 may 2018.- Las gravísimas revelaciones hechas por tres periodistas de quilates aunque cada uno en diferente nivel: Gonzalo Guillén, Yohir Akerman y Daniel Coronell, sobre unas grabaciones que relacionan, por enésima vez, al senador Uribe con cárceles, presos, exparamilitares, abogados de dudosa reputación y manipulación de testigos para desviar la justicia, pero sobre todo para defenderse y defender a su hermano Santiago de procesos judiciales en curso, no deben ser ignoradas por nadie pese a la lagartería de los partidos tradicionales que están tocando a la puerta de la campaña de Iván Duque con las rodilleras puestas.

Después del episodio del condenado alias Tasmania cuya carta favoreciendo al entonces Jefe de Estado atravesó el sistema penal con una velocidad inusitada y apareció en el escritorio del primer mandatario; de la visita a hurtadillas de miembros de la banda criminal de Envigado a la Casa de Nariño en la misma época en que se complotaba desde allí, contra los investigadores de la Corte Suprema; de los homicidios de dos reos recién salidos de la cárcel que habían testificado contra el presidente de la República y su hermano: Francisco Villalba (asesinado en 2009) y Carlos Enrique Areiza (asesinado en abril de este año); de los trinos del propio Uribe pidiendo que las autoridades escuchen al narcotraficante alias Tuso Sierra, protegido por la DEA en Estados Unidos, ahora viene un nuevo capítulo de la historia escrita pero no compilada de los increíbles lazos que subterráneamente existen entre el hombre más poderoso del Estado colombiano y una red de criminales presuntos testigos de sus andanzas, de acuerdo a los numerosos indicios judiciales que brotan aquí y allá.

Particularmente, en la asombrosa columna de Coronell que invito a leer en la página web de la edición circulante de la revista Semana, se escuchan apartes de grabaciones de unas conversaciones entre alias Caliche (exparamilitar) con un preso también exparamilitar que ha sostenido a lo largo de los años, de dos atentados y de las presiones, sus declaraciones contra el expresidente: Juan Monsalve. Caliche, en su jerga de barrizal, llama a Monsalve y refiriéndose a Álvaro Uribe con los motes de “el viejo” y “el caparrudo ese”, le dice en una de las ocasiones que “lo escuché directamente. Me lo pusieron en altavoz, al viejo ahí. Dijo: ‘venga, mijo, ¿será que usted puede entrar y hablar con él (Monsalve) y que nos mande un video diciendo que ese hijueputa (senador Iván Cepeda) está prometiendo cosas que no le pudo cumplir, que no sé qué, que sí sé cuándo y que lo que está hablando él (Cepeda) es mierda?’”.

Coronell también publica otro aparte de grabación en que se evidencia que quien puso en contacto y en altavoz, presuntamente, al exmandatario con Caliche fue el congresista del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada que, consultado por el columnista, no negó haber visitado al exparamilitar aunque le dio otra versión. Según este último, “ese señor Prada está cagado de miedo y ese hijueputa me dijo que me ayudaba, pero que ya, ya… que me cumplían pero que todo por, por… Hagamen (sic) un escrito”.

El periodista también llamó a otros personajes mencionados en el escabroso caso: Jaime Lombana y un sujeto llamado Diego Cadena, conocido por defender a narcotraficantes y quien ahora tiene poder para representar a Álvaro Uribe en las cárceles (¡!!!). Lo relatado por Coronell, Guillén y Akerman es de tal hondura política que la Sala Penal de la Suprema tiene la obligación ética de manifestarse, de inmediato, ante la opinión pública, desde luego, con respeto al debido proceso que se le impone. No podemos ir a segunda vuelta sin saber lo que ella tiene por decir.

https://www.elespectador.com/opinion/otra-vez-los-presos-y-uribe-columna-791412

Daniel Coronell: https://www.semana.com/opinion/articulo/grabaciones-donde-alvaro-uribe-estaria-presionando-a-un-testigo-por-daniel-coronell/569041

 

18.17.-HIDROITUANGO: CODICIA, INEPTITUD Y TRAGEDIA – Cristina de la Torre

Entre la función social del Estado y la ética del beneficio privado a toda costa, EPM ha sido dos empresas: la de ayer, orgullo de Antioquia y de Colombia, marcada por una divisa indeclinable de servicio público bajo la batuta de científicos como Darío Valencia; y la de hoy, un grupo económico de encadenamiento empresarial, alucinado en el rédito financiero hasta terminar amenazando la vida de 113.000 personas. Por ganarse una plata. Hoy ocupa la silla de gerente un encuestador a quien vemos en pantalla de televisión siempre perplejo, como agobiado con el premio que recibiera del alcalde por sus buenos oficios en la campaña que lo llevó al Gobierno de Medellín. Si se rompe la presa, expresó el ingeniero José Hilario López, sobrevendrá la peor tragedia en la historia de la ingeniería después de Chernóbil. Y en ese entierro tendrían velas tanto Federico Gutiérrez, burgomaestre que nombra al hombre de nula preparación para el cargo, como el irresponsable que lo acepta. 

El lunes 7 mayo se produjo un nuevo derrumbe, provocando el taponamiento total del túnel de desviación del río Cauca. Foto: EFE 

 

El lunes 7 mayo se produjo un nuevo derrumbe, provocando el taponamiento total del túnel de desviación del río Cauca. Foto: EFE

28 may 2018.-  El desastre deriva de la modificación del diseño para evitarse una multa por incumplimiento en la entrega de la obra y para ganarse el bono de disponibilidad. El cambio, más que estúpido, fue criminal: sellaron los túneles de evacuación del agua, ya inestables, antes de ituterminar la presa. Prevalecieron los tiburones financieros sobre los ingenieros. Construyeron un tercer túnel sobre dos fallas geológicas y, claro, a poco lo taponó un derrumbe. No eran fallas imprevisibles, como lo dijo el gerente. Ya desde los años 70 se había detectado el deslizamiento Guásimo en la margen izquierda del río, cerca de la represa, pero no se tuvo en cuenta ahora la gravedad de su amenaza.

Para Daniel Quintero, exviceministro de TIC, tan graves eran las fallas geológicas que hubieran debido construir la presa en otro lugar. Todo ello lo sabía desde hacía un año por misiva de López el gobernador Luis Pérez, tan agudo para ver en la crisis telenovela, o diluvio universal, o (para consuelo del orbe) diluvio sólo en Colombia.

El hidroeléctrico fue nicho apetitoso entre las empresas públicas que cayeron abrazadas por la fiebre neoliberal de César Gaviria. Beneficiaria mayor de la licitación que otorgaba el proyecto de Ituango fue Camargo-Correa, firma brasileña involucrada en el escándalo de Lava Jato y hoy investigada por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato con EPM. Arrastrada por el vértigo del lucro, torpe frente a los imperativos de la vida humana y del ambiente, reverenciando la valorización del capital como único resultado posible de la inversión, EPM ha dejado de ser empresa prestadora de servicios para caer víctima de su propio invento: la codicia acorrala como el fuego al escorpión, hasta que éste termina por clavarse su propio aguijón.

La estructura corporativa de dirigentes insobornables desapareció, para dar lugar al juego de los políticos y a tratativas non sanctas. A cada nuevo alcalde, nuevo gerente en EPM, esté o no dotado para el cargo. Juan Gómez nombra a un Valencia Cossio y, Luis Pérez, a la encargada de una discreta sucursal del Banco de Occidente. Algún gerente salió de EPM para el grupo Argos, una de cuyas compañías es Celsia, competencia de aquella en el mercado de energía. El actual alcalde nombra a Jorge Londoño, un ducho en mercadeo, mientras el poder real descansa en un financiero venido de la banca de inversión.

Pero reina la ley del silencio: dijo Quintero que a los empleados de EPM se les prohibe sacar sus chiros al sol. (¿Acaso la compra de Orbitel?) Y sugiere que, desvalorizada la empresa, habrá quienes quieran comprarla a precio de huevo. Así se privatizaría EPM, manjar de avivatos, mientras los pobladores de 14 municipios no saben si podrán sobrevivir a la tragedia.

https://www.elespectador.com/opinion/hidroituango-codicia-ineptitud-y-tragedia-columna-791178

18.18.-LA LEY DEL EMBUDO: EL LADO ANCHO PARA MÍ – Cecilia Orozco

Ocho camionetas blindadas, siete blancas y una negra que presidía el convoy, fueron rebasando calmada y majestuosamente un portón que daba acceso a unas instalaciones magníficas (ver). El sitio se conoce en Colombia como el Cantón Norte (ver), un complejo militar que ocupa los mejores terrenos verdes de Bogotá, anexos a los Cerros Orientales. Cual protagonista de La fiesta del Chivo, el personaje de la camioneta negra —que era (es) venerado por la mitad del país mientras era (es) despreciado y temido por la otra mitad— ingresó al lugar con la propiedad del general de mayor rango. Corría julio del año 2011 y su designado candidato presidencial de la época había sido enviado a prisión por orden de la Corte Suprema, acusado de malversación de dineros públicos y de celebración de contratos ilegales. 

15 may 2018.- Bueno, prisión es un decir. Andrés Felipe Arias, conocido en su momento de mayor gloria con el mote de uribito por su parecido físico, emocional, mental y hasta verbal con su padrino, iba a ser recluido en la Picota en donde, de acuerdo con su nombre, deberían terminar todos los ajusticiados. Pero el suyo era (es) un caso especial. Su maestro intervino y la gente, subyugada por este, aplaudió al Impec cuando invalidó la orden de llevar al interno a una cárcel común pese a que los delitos de corrupción estatal que le imputaron tienen mayor castigo y, en cambio, se diera la de trasladarlo al exclusivo club militar de presos en que se convirtió el Cantón, por largas temporadas. Según la descripción periodística registrada, la habitación —que no celda— que alojaría al exministro de Agricultura en la Escuela de Caballería era “de tres metros por tres, paredes blancas, impecable piso de madera… vista hacia las montañas… (y tenía) una cama de 1,40 de ancho con tendidos blancos y verdes, dos mesas de noche, un escritorio de madera, baño privado, televisor… y podría inclusive tener computador, según dijo el director del Impec” (ver). Esto era poco para la dignidad del excandidato presidencial del uribismo y de otros presos de esa ala privilegiada de la sociedad colombiana que los hace merecedores de trato especialísimo. La narración continuó: “Antes de entrar a la habitación del exministro hay una sala con una mesa de madera y varias sillas de color negro que pueden ser usadas para recibir visitas y reuniones”.

Recuerdo hoy la historia de Arias porque el condenado general Jaime Humberto Uzcátegui, quien pagó su pena en el mismo Cantón Norte y quien, tal vez por haber sido militar, contó con iguales o mayores privilegios que el exministro, publicó un llamativo trino en estos días que demuestra la distorsión del sectarismo. Dice Uzcátegui: “Por un supuesto delito de omisión permanecí 5.047 días en un centro de reclusión… ¿Por qué el asesino y narcotraficante Santrich se encuentra en una sede del episcopado?”. Similares manifestaciones han volado en las redes sociales por parte de voceros del extremismo derechista y, asombrosamente, de un par de sacerdotes católicos cuya caridad cristiana deberían explicar ante quienes guardan las órdenes papales. La comparación entre los lujos de la Escuela de Cabellería y la sencillez de la casa religiosa en que está recluido hace unos días el exguerrillero no resiste el menor análisis (ver). Si bien es un hogar decoroso, la fundación Caminos de Libertad no alcanza, ni de lejos, el nivel socioeconómico de la sede militar, al norte de la capital. A mí que me expliquen los hipócritas que andan rasgando sus vestiduras por el sitio en que se recluyó al exdirigente de las Farc, el cual, por cierto, no ha sido ni juzgado ni condenado bajo las leyes colombianas, como sí lo fueron Arias y Uzcátegui por qué la comunidad debe aceptar que los reos del uribismo (Diego Palacios, Sabas Pretelt, Santiago Uribe, por mencionar solo unos cuantos) pueden estar en sedes militares y policiales de estrato 18 y los demás solo tengan derecho a una mazmorra.

Entre paréntesis. ¿Cómo es el cuento: que extraditemos a Santrich, pero que no extraditen a Andrés Felipe Arias? ¿Existe o no la extradición con Estados Unidos? La ley del embudo como norma.

https://www.elespectador.com/opinion/la-ley-del-embudo-el-lado-ancho-para-mi-columna-755882

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