30.17.- EL DETERIORO DE LA JUSTICIA – Salomón Kalmanovitz

El sistema judicial colombiano es incestuoso, la presidencia de ocho años dañó a la Corte Constitucional e influyó demasiado en el resto de cortes, los partidos cuentan con fuerte injerencia en la designación de los magistrados, la rotación es alta y no hay un contrapoder que lo vigile y pueda castigar a los corruptos y a los que abusan de su autoridad. Los congresistas pueden ser juzgados por magistrados del Consejo de Estado que usan ese poder para perpetuarse en sus posiciones, ahora hasta los 70 años de edad.

20 Ago 2017.-  Los problemas apenas comienzan en la lista corta con que encabezo la columna. La educación de los abogados es insuficiente, les faltan años de especialización, sobre todo en los casos de los jueces, y no hay una instancia que los discipline y castigue malas conductas o incompetencia. Hay que leerles la mala redacción y falta de lógica elemental de sus memoriales. Por eso oímos de tantos fallos absurdos y contraevidentes en los juzgados del país o abogados que delinquen abiertamente, aunque se supone que la Judicatura está encargada de vigilarlos. Por eso también hay una carencia monumental de las habilidades científicas de investigación, evidentes en los crímenes financieros, que si se descubren es gracias a los cuerpos judiciales y policiales de Estados Unidos. Todo se conjuga para que la impunidad reine y el crimen pague.

El compadrazgo entre cortes y entes de control es otra fuente de intercambios corruptos que hizo metástasis con Alejandro Ordóñez, a quien el Consejo de Estado destituyó demorándose para que el funcionario casi alcance a culminar su segundo e ilegal período. Ordóñez contrató a la esposa de Leónidas Bustos para prácticamente duplicar su pensión. Antes de eso fue gestor de la explosión pensional de la Rama Judicial que amenaza hoy las finanzas de la Nación. También en la Fiscalía nombran protegidos de magistrados y políticos que algo tienen que ver con el nombramiento de su titular. A la hora de sus actuaciones, los entes de control prefieren condenar frente a los medios de comunicación que la búsqueda firme de pruebas para condenar a los sospechosos frente a los jueces.

Es obvio que los entes de control deben ser dirigidos por las cabezas de un servicio civil, escogido por mérito y excelencia y no por magistrados y políticos. Las nominaciones a las altas cortes deben hacerse de manera directa y transparente, reduciendo las oportunidades para que los nominadores saquen ventajas de su poder. En la Corte Constitucional generalmente son más competentes los magistrados auxiliares que los titulares, pero nunca se les ha ascendido.

Una presidencia de cuatro años nos devuelve a la situación anterior en que el balance de poderes no estaba tan deteriorado, pero que de todas maneras era insuficiente para prevenir la corrupción rampante en la Rama Judicial. La Comisión de Acusaciones de la Cámara, que es la instancia que juzga a los togados, es parte y juez de los procesos, por lo cual nunca ha condenado a nadie. La propuesta de un tribunal de aforados fue derrotada por los mismos que usufructúan la impunidad de sus conductas torcidas.

Los intentos de reforma han sido hundidos por los magistrados y congresistas. Por eso la única salida es una Asamblea Constituyente con el tema único de reformar la justicia y al mismo tiempo hacer lo que propone Ramiro Bejarano: destituir a todos los magistrados y hacer nombramientos por estricto mérito.

http://www.elespectador.com/opinion/el-deterioro-de-la-justicia-columna-709082

 

30.17.- JUSTICIA SUB JUDICE – JOSÉ Félix Lafaurie

Al margen de si una reforma a la justicia deba hacerse a través de una constituyente, lo cierto es que el país clama a gritos por ella, hastiado por la corrupción en sus más altos niveles. Resulta entonces sorprendente la posición negacionista del presidente de la Corte Suprema, afirmando que “El problema de la corrupción del país no es un problema de estructuración de la Rama Judicial, es de la sociedad colombiana y de las personas”.

20 Ago 2017.- Claro que es de las personas y de la sociedad, pero también de las reglas de juego y las instituciones, que les permiten a esas personas carentes de moral encontrar los atajos de la corrupción. “Hay que buscar por esos lados…”, concluye el alto magistrado, como queriendo decir: Por estos lados no busquen.

Semejante declaración hace pensar que la justicia no está vendada solo para representar su neutralidad, sino porque no quiere ver. Su desbarajuste no es un problema abstracto, sino que su carencia, su aberrante lentitud, la complejidad kafkiana de sus procedimientos y, lo más grave, su matrimonio con la política, han sido el camino a la corrupción y, además, afectan al ciudadano, desde los vecinos acechados por pillos que entran y salen de las cárceles, o la madre escondida porque la justicia dejó libre al asesino de sus hijas, hasta los miles de personas privadas de la libertad esperando un pronunciamiento judicial. Musa Besaile, uno de los presuntos implicados en el último escándalo, tiene una causa insoluta con la justicia desde hace ¡once años! El país entero iveen un pendiente jurídico que es una bomba de tiempo para la democracia.

El caso de Luis Alfredo Ramos es sintomático de esa justicia en entredicho. Él mismo, con fina ironía, califica de “coincidencia” el que, hace ocho años, cuando aspiraba a la Gobernación de Antioquia, le haya aparecido un falso testigo. Cuatro años después, otros testigos también falsos, lo llevaron a la cárcel por ¡más de tres años!, y cuatro años más tarde, cuando aspira a la precandidatura presidencial por el Centro Democrático, vuelve y juega.

Hoy, cuando la medida de aseguramiento le fue revocada por la Corte y espera sentencia absolutoria, dizque aparecen unos audios –el comunicado de la Fiscalía es ambiguo– que lo involucran en pagos a los magistrados Bustos y Pinilla; otra “coincidencia” que, como bien afirma su abogado, es un sinsentido, pues fue durante el ejercicio de estos dos magistrados que Luis Alfredo entró a la cárcel y allí se quedó.

Nuestra justicia está sub judice, pero el primer paso es que ella misma lo reconozca y abra caminos a su transformación y a la recuperación de su altura moral. Para escribir estas notas le pregunté a Google por frases célebres sobre la justicia, y encontré una sentencia del Talmud, que viene como anillo al dedo: “Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”.http://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/justicia-sub-judice-13033

29.17.- Por coyuntura económica, Fabricato frena producción industrial 15 días

Debilitamiento de aranceles, contrabando, y masiva importación de telas y prendas, entre las causas.

Directivas de Fabricato anuncian suspensión de actividades de producción desde el 26 de agosto hasta el 10 de septiembre.                                                 La difícil situación por la que atraviesa la economía comienza a pasar la factura a las empresas del país y su primer destinatario es Fabricato, cuyas directivas tomaron la decisión de suspender por 15 días su producción industrial

12 de agosto 2017.-  En una comunicación interna, fechada el pasado jueves 10 de agosto, las directivas de Fabricato le comunicaron a sus empleados la orden de suspensión de su producción industrial a partir de la 10 de la noche del sábado 26 de agosto hasta igual hora del 10 de septiembre del 2017.

Dicha suspensión de actividades sólo cobija la producción industrial de la compañía, por lo que las demás áreas de la misma continuarán operando con normalidad.

“La suspensión de las actividades de producción es el resultado de las condiciones negativas de la economía del país, del debilitamiento de los aranceles de importación, de la masiva importación de prendas y telas, así mismo del contrabando de productos textiles, circunstancias que han afectado de manera sistemática nuestras ventas”, dice la comunicación que la compañía les dirigió a sus colaboradores.

Agrega que esa situación ha conllevado, además, un incremento en los inventarios de producto terminado, haciendo que la producción industrial resulte negativa durante los primeros seis meses del año afectando los resultados de la empresa y el flujo de caja.

La noticia se produce justo cuando, el presidente Juan Manuel Santos, durante la clausura de la Asamblea Anual de la Andi ayer en Cartagena, anunció nuevos estímulos para reactivar la economía del país:, entre estos, suprimir el arancel a los bienes de capital y las materias primas para la industria y que el cálculo de la tasa de usura sea mensual y no trimestral como opera hoy para acelerar la transmisión del recorte de la tasa de interés del Banco de la República en el costo del crédito para las personas y empresas.

EL TIEMPO quiso conocer más detalles sobe la decisión que tomaron las directivas de Fabricato y los efectos que tendrá en los resultados de la compañía, pero fuentes de la misma indicaron que su presidente, Carlos Alberto de Jesús, hará pronunciamientos a la prensa a partir del próximo lunes.

Pese al impacto de esta decisión, sus directivas dejaron claro en su mensaje a los empleados que esto no afectará en nada la situación económica de sus colaboradores, quienes recibirán sus pagos normales correspondientes a esos 15 días en los que su producción esté paralizada “bajo el concepto de licencia remunerada”.

“El cese de actividades no es un premio, ni un periodo de descanso normal, sino las consecuencias de las circunstancias negativas de la economía que obligan a tomar medidas drásticas para mantener a la compañía en marcha”, advierten las directivas en su comunicación.

Advierte, además, que esa licencia remunerada no cobija a los grupos de personas que desempeñen oficios que deban atender necesidades e instrucciones puntuales , algo que se definirá en los próximos días.

Al cierre del primer trmestre del año Fabricato acumuló una pérdida de 10.266 millones de pesos.

http://www.eltiempo.com/economia/empresas/situacion-economica-de-fabricato-119088

 

29.17.- INVERSIONISTAS SE ALARMAN POR DECISIONES DE BOGOTÁ – Ramón Muñoz 

 Sede de Movistar Colombia, en Bogotá.

Telefónica ha activado una triple ofensiva jurídica para intentar salvar a ColTel (Movistar Colombia), su filial colombiana, cuya viabilidad se ve amenazada por un laudo arbitral que le condena a pagar 1.652 millones de pesos colombianos (462,5 millones de euros) por los activos utilizados para la implantación de la telefonía móvil en el país sudamericano, en los términos de una concesión otorgada hace 23 años.

Madrid 7 ago 2017.-  En primer lugar, la operadora española ha solicitado aclaraciones al tribunal de arbitraje que emitió el laudo para saber si tiene que acometer realmente esa indemnización; el Tribunal tiene hasta el próximo 16 de agosto para responder. Y si la contestación no le satisface, recurrirá el laudo ante el Consejo de Estado, el máximo tribunal contencioso-administrativo de Colombia, antes de acudir al arbitraje internacional del Ciadi, el organismo del Banco Mundial, informaron a este diario fuentes cercanas a la operadora.

La indemnización que, en la práctica es una sanción, impuesta por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio, supondrá un hándicap muy serio para la rentabilidad de la filial de Telefónica en el país dado su “desorbitado” importe. Y es que el laudo impone el pago total de 1.320 millones de euros porque a la multa a Telefónica, hay que sumar el castigo aún mayor (868 millones de euros) que debe afrontar por el mismo contencioso ComCel, la filial de Claro del mexicano Carlos Slim.

La decisión de este organismo ha provocado una consecuencia colateral al despertar las alarmas de los inversores internacionales. Estos acudieron al país en los últimos años al calor de la seguridad jurídica que ofrecía Colombia frente a otras economías de la zona, pero a los que le preocupan las últimas decisiones del Ejecutivo como la intervención de Electricaribe, filial de Gas Natural. También Sacyr ha paralizado la ampliación de la autopista Corredor 5 de 202 kilómetros, y mantiene un contencioso con la Agencia Nacional de Infraestructuras de Colombia (ANI). España es el segundo país inversor con más de 16.000 millones de euros y la presencia de más de 400 empresas. Distintas patronales, como Asomóvil han criticado duramente esta decisión.

Telefónica pedirá primero aclaraciones al tribunal de arbitraje

Vía de diálogo

Telefónica confía también en la vía de diálogo que ha abierto “a todos los niveles” con la Administración colombiana para evitar llevar el pleito a los tribunales, a diferencia de Claro, que ha recurrido directamente el laudo ante el Ciadi, con sede en Washington. Telefónica argumenta que el laudo no justifica con detalle los activos sobre los que basa su decisión. Considera que se deben revertir todos los bienes de las compañías demandadas que se usan para la prestación de servicios de voz (excluye los dedicados a servicios de datos), pero para evitar la disrupción de las operaciones, sostiene que no es conveniente la reversión efectiva de los activos y, en su lugar, dispone el pago en efectivo, en un periodo de semanas.

En caso de que la resolución no satisfaga los intereses de la compañía española, esta acudirá al Consejo de Estado para que declare nulo a todos los efectos el laudo arbitral. A diferencia de España, esta institución no es solo un organismo consultivo sino una especie de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. El Consejo de Estado deberá resolver en el plazo de tres meses, informaron en fuentes cercanas a la compañía.

En segunda instancia, solicitará la nulidad del laudo al Consejo de Estado

Y, por último, si ese recurso no prospera, Telefónica acudiría al Ciadi. Uno de los argumentos que emplearían en ese recurso es que el laudo incumple el tratado de protección recíproca de inversiones firmado por ambos estados.

El importe que se demanda a ambas compañías supone alrededor de un tercio de los ingresos conjuntos de las dos operadoras en 2016, y más de toda la inversión realizada en el último año por todas las operadoras de telecomunicaciones que están presentes en el país cafetero. Hasta ahora, las inversiones del sector se han situado en torno al 20% de los ingresos brutos durante los últimos años. Sólo en 2016, y como ejemplo, la inversión de Telefónica en Colombia se ha situado en 330 millones de euros y supuso el 23% de lo ingresado en el país.

Tanto Telefónica como Claro consideran que el laudo es totalmente arbitrario, no ajustado a derecho y con una indemnización desproporcionada con sus volúmenes de negocio, y pone en duda el futuro de las inversiones de las dos operadoras más importantes del país y, por tanto, la viabilidad de su sector de telecomunicaciones.

Claro Colombia ha decidido acudir directamente al Ciadi.

Y es que, como han denunciado diversos medios de comunicación colombianos, paradójicamente los ingresos millonarios por este conflicto pueden resultar fatales para el Gobierno de Juan Manuel Santos, porque ponen en peligro las necesarias inversiones que aseguren el progreso digital del país. Las filiales de Claro y Movistar se pueden replantear acudir a la subasta de frecuencias móviles para la telefonía 4G, en la banda de 700 megahercios (Mhz), previstas para 2019.

Telefónica también puede dar marcha atrás en la recapitalización de su filial colombiana por importe de unos 300 millones de euros, que se encuentra ahora en situación de causa de disolución por la deuda contraída por el pago de las pensiones con 16.000 extrabajadores de ColTel, lo que pondría en problemas al Estado colombiano, que tiene el 32,5% del capital de la operadora, a través del Ministerio de Hacienda. Y es que se da la curiosa situación de que en el litigio el Gobierno de Colombia actúa como demandante (a través del Ministerio de Telecomunicaciones) y como demandado (a través del de Hacienda).

 https://economia.elpais.com/economia/2017/08/04/actualidad/1501866321_160945.html

28.17.- DOS MAGISTRADOS A LA CABEZA DE PLAN PARA DESFALCAR A ECOPETROL – Hernando Herrera

Uno está preso y otro prófugo. Los señalan de fallar contra la ley reclamos por $ 134.000 millones

Fernando Castañeda Cantillo acaba de entrar a los registros como el primer magistrado prófugo en la historia de Colombia.

Castañeda, suspendido desde el año pasado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, tiene una orden de captura en su contra por formar parte, según la Fiscalía, de una red de corrupción judicial que a través de fallos amañados intentó tumbar a Ecopetrol en más de 134.000 millones de pesos.

El nuevo escándalo en la Rama Judicial, el cual se suma a los que han sacudido al Tribunal Superior de Villavicencio y al Administrativo de Cundinamarca en menos de un mes, tiene a otro magistrado de Cúcuta detenido por el mismo caso: Félix María Galvis.

Castañeda es el mismo magistrado que se hizo famoso porque en el conjunto residencial donde vivía en la capital de Norte de Santander amenazó con un cuchillo a varios vecinos, hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad y en su momento le valió apenas una sanción de dos meses del Consejo Superior de la Judicatura.

Castañeda es sobrino de la polémica exviceprocuradora Martha Castañeda, la mano derecha de Alejandro Ordóñez en sus dos administraciones y quien hasta hace una semana estaba jugada por lograr un cupo en la terna para la Corte Constitucional.

En el 2015, la Corte Suprema compulsó copias contra los dos magistrados de Cúcuta, al tumbar 18 fallos amañados que permitieron que varios exempleados de firmas contratistas de Ecopetrol lograran beneficios a los que no tenían derechos.

Galvis, quien está hospitalizado, será enviado a prisión por los delitos de prevaricato, peculado por apropiación a favor de terceros agravado y concierto para delinquir. Castañeda está perdido desde mayo del año pasado, cuando los dos fueron suspendidos de sus cargos por el mismo caso.

La Fiscalía documentó que en solo dos años, entre febrero del 2010 y julio del 2012, se presentaron 580 contratistas que reclamaban vía tutela el reconocimiento de liquidaciones de prestaciones extralegales de las que gozaban los trabajadores vinculados a Ecopetrol, como el denominado ‘estímulo ahorro’ y las ventajosas prestaciones que históricamente ha dado a sus empleados esa petrolera del Estado.

La Fiscalía sostiene que los exmagistrados eran la cabeza de una cadena de corrupción de la que también formaban parte los abogados Jorge Luis Orta, José Trinidad Minorta Quintero (quien laboró en la Dirección Jurídica de Ecopetrol) e Iván Landínez Vargas. Ellos representaban a los demandantes. También están procesados los jueces tercero y cuarto laboral del circuito de Cúcuta, Samuel Darío Rodríguez Duarte y Amparo Disney Vega.

En audiencia cumplida esta semana en Bogotá, la fiscal 12 delegada ante la Corte señaló que los abogados se aseguraban de que las tutelas fueran decididas en segunda instancia por los magistrados Galvis y Castañeda. La sala estaba integrada además por José Acevedo Gómez, quien siempre salvó voto en todas las decisiones.

La ola de sentencias contra Ecopetrol que llegaban al Tribunal de Cúcuta ya había sido advertida por este diario desde octubre del 2011. Los accionantes eran personas que venían de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena y Barranca.

“Castañeda y Galvis ordenaron mediante tutela el pago no debido a los accionantes. Galvis desconoció de forma consciente, reiterada y voluntaria las normas que rigen la competencia, la visibilidad de la acción de tutela y precedentes jurisprudenciales”, señaló la fiscal en audiencia ante el Tribunal de Bogotá.

La Fiscalía resaltó que en muchos casos habían trascurrido entre cinco y siete años entre la supuesta causal de reclamo y la interposición de la demanda.

Incluso revivieron tutelas que habían sido negadas, lo que apunta a que la red pescaba clientes en varias zonas del país.

Las irregularidades llegaron a tal punto que los dos magistrados reconocieron pensiones a personas que nunca trabajaron de manera directa con Ecopetrol, y ni siquiera tuvieron en cuenta que la empresa presentó actas y oficios suscritos por los accionantes en los cuales aceptaban que no eran beneficiarios de los pagos.

La fiscal del caso indicó en audiencia que los magistrados y sus fichas se concertaron para alterar el sistema de reparto y lograr así que los casos que les interesaban quedaran en sus manos. 
Además, cuestionó que los magistrados “ocupaban un cargo alto en la justicia y los aprovecharon para participar en las conductas punibles”.

En una sola tutela, del 2011, se concedía a 72 accionantes el pago de 29.724 millones de pesos.

Galvis no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía. Entre tanto, Castañeda completa una semana con una orden de captura en su contra, y hasta ahora los fiscales no han logrado ubicar su paradero.

Corrupción en el Meta

El próximo viernes se define si son enviados a prisión 3 magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio: Alcibiades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos y Fausto Rubén Díaz Rodríguez, a los que se señala de al parecer formar parte de una red de corrupción en el Meta que otorgaba beneficios judiciales a peligrosos delincuentes.

Todos ellos responden por concierto para delinquir y prevaricato por acción y cohecho. Entre los criminales beneficiados, según la Fiscalía, están Marbelly Jiménez, condenada por el caso Autorrollings, y Martín Farfán Díaz, alias Pijarvey.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

27.17.-EL ABUSO DE DROGAS TRASTOCA EL MERCADO LABORAL EN EE UU – Sandro Pozzi

La Reserva Federal alerta de que la adicción a los opiáceos y las muertes por sobredosis explican por qué los jóvenes trabajan menos

Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal MICHAEL REYNOLDS EFE

La principal causa de muertes en Estados Unidos entre los ciudadanos con menos de 50 años de edad no es el cáncer, el suicidio, los accidentes de coches ni la violencia por armas. Son las drogas. Las consecuencias de la adicción llegan hasta el punto de trastocar la lectura del dato de paro a la baja. Es la gran paradoja de este drama. Como explica la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, la mayor autoridad económica del país, el abuso de estupefacientes explica por qué la población activa se reduce.

MÁS INFORMACIÓN

Nueva York 14 JUL 2017.- Yellen hizo este razonamiento a raíz de la pregunta de un senador en la que le pedía le ayudara a entender la discrepancia que hay entre los puestos de trabajo vacantes y el ritmo actual de contratación. Es un asunto que genera gran debate. Dijo, por ejemplo, que la industria manufacturera tiene dificultad para dar con aspirantes con la preparación adecuada para desempeñar sus funciones. Otro argumento es que los que están formados no se moviliza porque los salarios son bajos.

También se relaciona con el envejecimiento de la población y la llegada de la oleada de jubilaciones entre la generación del baby-boom. La tasa de participación laboral en EE UU rondaba en junio el 62,8%. Está a nivel de los años 1970. Si sale más gente de la que entra, el paro baja. Está en el 4,4%. Este nivel, añadió Yellen, “refleja una amplia variedad de tendencias adversas como el avance tecnológico o la deslocalización de empleos de clase media”.

La presidenta de la Fed, conocida por tener una sensibilidad especial hacia las cuestiones sociales que afectan a la economía, introdujo en ese momento otro argumento. En su comparecencia esta semana ante el Senado explicó que otro de los motivos que explican por qué la tasa de participación esté al nivel de hace tres décadas es por la crisis por la adicción de los jóvenes en edad de trabajar a los opiáceos.

Por tres razones. Por un lado, el consumo de drogas provoca que los jóvenes abandonen sus estudios y no se formen. Por otro, los adictos se apartan del mercado laboral. Y por último, debido al alto índice de suicidios por las depresiones y las muertes por sobredosis. La epidemia, añadió, golpea especialmente a comunidades que ya sufren serios problemas económicos y que se sienten desplazadas.

Espiral insólita

Las estadísticas que maneja la Fed, indicó, reflejan que muchos jóvenes en edad de trabajar no participan activamente en el mercado laboral por el consumo de medicamentos con receta y opiáceos. Es más, señaló que el incremento de muertes que se está observado es “extremadamente insólito”. “EE UU es la única nación avanzada en la que hemos visto algo así”, señaló, “es un problema desgarrador”.

Los opiáceos se calcula mataron el año pasado a cerca de 60.000 personas en EE UU. Las estadísticas más recientes indican que 1,3 millones de personas necesitaron asistencia médica en 2014, de acuerdo con los datos más recientes. Es el doble que en 2005 y sigue creciendo. “La crisis de las drogas está interactuando de manera devastadora para las comunidades afectadas”, concluyó.

La cuestión, como añadió el senador Joe Donnelly, demócrata por Indiana, “es muy seria porque tiene consecuencias reales en la economía y en las oportunidades de empleo”. Janet Yellen asintió pero admitió que no está en condiciones de decir si esta crisis “es causa o síntoma de una anomalía económica”. Si dijo que es partidaria de crear programas de formación para los que se sienten desplazados.

La senadora Catherine Marie Cortez Masto, de Nevada, agradeció que la presidenta de la Reserva Federal pusiera tanto énfasis en esta cuestión. El suyo es otro de los estados más afectados por la epidemia, que castiga especialmente a las personas en un grupo de edad entre los 25 y los 44 años. “El efecto en nuestra economía es enorme”, valoró la demócrata ante la que se considera la peor crisis desde los años 1980.

https://elpais.com/internacional/2017/07/13/actualidad/1499965656_915170.html?rel=mas

27.17.- LA HEROÍNA Y OTROS OPIÁCEOS BARREN EL PAÍS MULTIPLICANDO LAS REFERENCIAS EN LA PRENSA Pablo De LLano

Una jeringuilla en un parque de Lawrence, Massachusetts. REUTERS

Las sobredosis de heroína y opiáceos de laboratorio legales e ilegales, mezclados en cócteles de una potencia aniquiladora, son una epidemia en Estados Unidos. Con un saldo de muertes masivo que no deja de aumentar (33.091 en 2015 frente a 28.647 en 2014) están en la agenda de los principales retos nacionales. El presidente Trump lo instrumentaliza culpando a los inmigrantes mexicanos del problema por ser paisanos de los narcos que la producen en México y la llevan a Estados Unidos. Y en los medios, el cauce de noticias sobre el tema es incesante y se renueva cada día con historias más insospechadas y truculentas. 

Miami 4 JUN 2017.-  Esta semana se supo del caso de unas empleadas de una biblioteca pública de Filadelfia que han tomado un curso de atención de sobredosis, han sido equipadas con naxolona (un antídoto que se insufla por la nariz) y han añadido a su labor de libreras la de enfermeras. Chera Kowalski explicó a The Washington Post que en los dos últimos meses había atendido seis sobredosis dentro de la biblioteca o en su entorno, conocido como el Parque de las Jeringuillas, en una zona de Filadelfia llamada Badlands(Malas tierras o Baldíos) a donde llegan consumidores de otros Estados por la fama de su heroína.

Desde que se desató la crisis de los opiáceos, es común que la bibliotecas públicas -espacios de puertas abiertas en una sociedad de cotos privados- lidien con el problema de los drogadictos que se refugian en ellas buscando rincones sin vigilar para drogarse y quedar a cubierto mientras no salen del colocón. Otras bibliotecas valoran la opción de capacitar a su empleados contra las sobredosis, como se ha hecho en Filadelfia. La policía ha sido la primera en adaptarse así a la situación. Desde el año pasado es habitual que los agentes municipales carguen porra, pistola y naxolona. A medida que la epidemia ha ido creciendo la policía ha asumido que sus patrulleros deben estar listos para la ayuda de auxilio. Lo mismo ha sucedido con los bomberos, que ahora también apagan sobredosis.

       

Kevin Phillips, el policía que sufrió una sobredosis accidental recogiendo pruebas. AP

Los agentes están expuestos a los peligros de los cócteles estupefacientes en su trabajo. Hace una semana, la agencia Associated Press daba cuenta del caso de un agente de Maryland que sufrió una sobredosis recogiendo pruebas en casa de un adicto que a su vez estaba siendo atendido por una sobredosis. Pese a que el policía Kevin Phillips llevaba guantes, entró en contacto con la droga y en segundos pasó de un mareo a ser atendido por los paramédicos. Le dieron naloxona y lo salvaron. Días antes el sheriff de su condado había enviado un correo a los agentes pidiendo que fueran cuidadosos manejando sustancias por la existencia de opiáceos químicos tan fuertes que intoxican con solo tocarlos o respirarlos. Este mes, otro policía, en Ohio, fue rescatado de una sobredosis tras tocar el polvo de una bolsa.

Un medio de Lynchburg (Virginia) alertaba esta semana de que se estaban detectando en la zona sobredosis de heroína con carfentanil, un tranquilizante para elefantes que es 10.000 veces más potente que la morfina y 50 veces más que la heroína pura. Se cree que esta misma sustancia es la que estuvo a punto de matar al agente Phillips. Con todo, el ingrediente adicional más común en las sobredosis de heroína es el fentanilo. Ambos, carfentanil y fentanilo se combinan con heroína y con otro sintético llamado pink [rosa] para producir un cóctel descubierto recientemente por la policía y acuñado como Muerte gris.

La cadena CBS dio este viernes la noticia de un niño de un año que fue rescatado en Akron (Ohio) de una sobredosis de heroína. Su hermano, de nueve años, llamó a emergencias al ver que no respiraba y los paramédicos llegaron a tiempo para darle la primera dosis de naxolona y llevarlo al hospital, donde le administraron una segunda dosis y pudieron salvarlo. La madre huyó al llegar la policía.

El New York Post reportó el jueves el caso de Sergey Gnatovsky, un padre de 45 años que se inyectó la heroína de su hijo Maykl, de 23, para forzarlo a entrar en rehabilitación. “Si no, haré lo mismo que tú”, le advirtió. No calculó la sobredosis que estuvo a punto de mandarlo a la morgue. Su hijo Maykl tuvo que sacar aprisa la naxolona que guardaba para sus propias intoxicaciones y salvar a su padre, que había rescatado a Maykl con el antídoto en cuatro ocasiones.

En Nueva Jersey, el portal local NJ.com contaba este domingo la historia de una mujer que ha sido indemnizada con 1,3 millones de dólares por las lesiones que le produjo un accidente en 2015 en el que su novio, que murió en el choque contra otro vehículo, conducía bajo los efectos de la heroína. El coche era de la empresa de su novio. Los abogados de la mujer demostraron que su jefe le dejaba trabajar con la camioneta sabiendo que era drogadicto. El tribunal determinó que la empresa pague la indemnización a la novia de su difunto empleado.

https://elpais.com/internacional/2017/06/03/estados_unidos/1496513423_810119.html?rel=mas


27.17.- LOS AMERICANOS BLANCOS SE ESTÁN MURIENDO Moisés Naím
 

Un estudio documenta por qué la mortalidad en EEUU es mayor entre blancos de escasa formación. ¿Cuál es la reacción política de los blancos estadounidenses con altas tasas de mortalidad? Votar por Donald Trump. Más del 60 por ciento de ellos así lo hizo.

Tabitha Palmer, de 45 años, y Anthony Palmer, de 59, ejemplo de votantes blancos de Trump en Johnstown, Pennsylvania. GETTY

En Estados Unidos, los hombres blancos de mediana edad y con menos educación se están muriendo a un ritmo inusitado. De hecho, su tasa de mortalidad es mayor que la de los hispanos o los negros de su misma edad y de su mismo nivel educativo. La mortalidad de los blancos menos educados es también mucho más alta ahora de lo que había sido hasta comienzos de este siglo. Este es un fenómeno exclusivamente estadounidense. En otros países desarrollados no sucede.

25 mar 2017.- Esta es una de las conclusiones de un importante estudio que acaban de presentar en Washington el Premio Nobel de Economía Angus Deaton y Anne Case, una destacada economista de la universidad de Princeton (y esposa de Deaton).

Ya en 2015, estos dos economistas habían causado revuelo con un estudio que por primera vez documentaba el trágico aumento de las muertes entre los estadounidenses blancos sin estudios universitarios. Mientras que en 1999 su tasa de mortalidad era un 30% más baja que la de los negros de sus mismas características, para el año 2015 la mortalidad de los blancos era un 30% más alta que la de los afroamericanos.Estos cambios en EEUU revierten décadas de progreso. Durante el siglo pasado, y aun hoy, la mortalidad a nivel mundial ha venido cayendo al 2% cada año, en todos los países y en todas las categorías demográficas. Pero los norteamericanos blancos sin mucha preparación académica son la excepción. ¿Qué pasó? Pues que, en este grupo, los suicidios y las muertes por sobredosis de drogasy por alcoholismo aumentaron drásticamente. El cáncer y las enfermedades cardiacas también se agudizaron, así como la obesidad. Desde el 2000, las muertes por estas causas entre los blancos no-hispanos, entre 50 y 54 años de edad, se han duplicado. Y para el 2015 morían a una tasa dos veces mayor que la de las mujeres blancas con las mismas características (y cuatro veces más que la de los hombres blancos que alcanzaron a ir a la universidad).

Una explicación común para esta tragedia es el desempleo que afectó duramente a este grupo de trabajadores, tanto a causa de la crisis como por la globalización y la automatización de la producción, que están haciendo desaparecer los puestos de trabajo de baja cualificación.

El Nobel de Economía Angus Deaton y la economista Anne Case documentan el trágico aumento de muertes entre estadounidenses blancos sin estudios

Deaton y Case no dudan de que el desempleo y la consecuente caída en los ingresos son factores importantes. Pero según ellos no son suficiente explicación y mantienen que la mayor mortalidad de los blancos en EEUU tiene “causas más profundas”. ¿Cómo se explica, si no, que los hispanos y negros que también perdieron sus empleos e ingresos aumentaran su longevidad? ¿Y por qué entre los trabajadores europeos que fueron víctimas de los embates de la gran recesión del 2008 y las políticas de austeridad no se dan las letales tendencias que afectan a los trabajadores blancos estadounidenses? Es más, en Europa la longevidad de quienes tienen menos años de estudio (y menos ingresos) ha seguido subiendo –y a más velocidad– que la de los europeos con mayor nivel educativo.

Según los dos economistas, las causas más profundas de este fenómeno tienen que ver con lo que ellos llaman “desventajas acumulativas”. Estas son condiciones debilitantes y hábitos disfuncionales que este grupo humano ha ido acumulando durante toda su vida como reacción a profundas transformaciones económicas y sociales. Con frecuencia comenzó con el abandono de los estudios secundarios y la entrada temprana en el mercado de trabajo en épocas de empleos abundantes y salarios atractivos. Pero esta “bonanza laboral” se fue extinguiendo y otros cambios en la sociedad –el papel de las mujeres, el aumento de los divorcios y la fragmentación familiar, la movilidad geográfica– dificultaron la vida a los hombres blancos, y los hicieron más vulnerables a lo que Deaton y Case describen como “muertes por desesperanza”. Son hombres que no ven un futuro mejor ni para ellos ni para su familia.

Las causas más profundas son las “desventajas acumulativas”: la extinción de la bonanza laboral y otros factores sembraron la “muerte por desesperanza”

Esta desesperanza causa gran sufrimiento. En EEUU la mitad de los hombres desempleados toma medicinas contra el dolor y dos tercios consume opioides. El abuso de estas drogas se ha convertido en una gravísima epidemia. En 2015, más estadounidenses fallecieron por sobredosis de drogas que por armas de fuego y accidentes de tránsito. ¿La abrumadora mayoría de las víctimas? Hombres blancos.

Dos preguntas finales: Primera: ¿Por que los hombres blancos de origen hispano, poca educación formal y mala situación económica mueren menos? Porque tienen más esperanzas de lo que les depara el futuro. Ellos no están añorando una mejor situación económica que tuvieron en el pasado. Nunca los tuvieron. Para ellos el futuro solo puede ser mejor. Y para sus hijos aun mas.

Segunda: ¿Cuál es la reacción política de los blancos estadounidenses con altas tasas de mortalidad? Votar por Donald Trump. Más del 60 por ciento de ellos así lo hizo.

https://elpais.com/elpais/2017/03/25/opinion/1490464530_033332.html

26.17.- ¿SUPERIORIDAD MORAL? – Cristina de la Torre

Conforme se entra en campaña electoral, se va desnudando esta sociedad de sectas, donde el poder se instaura a látigo y desde una supuesta superioridad moral de los elegidos de Dios que blanden credos de fuego contra todo el que se salte el redil. En lucha sin tregua contra la modernidad que separó el poder terrenal del divino, a cada paso se pone aquí la religión al servicio de la política y a ésta se le convierte en trinchera de una fe. De cualquier fe, mientras ella invite a prevalecer sobre el rebaño. Por persuasión o por la fuerza.

24 jul 2017.-  Para no ir lejos, recuérdese el poder sin atenuantes que la jerarquía católica —firme aliada de la corriente ultramontana del Partido Conservador— ha ejercido sobre las almas y sobre la sociedad toda; desde el púlpito, desde la escuela, desde el palacio arzobispal y el palacio presidencial. O el Ministerio Público que el entonces procurador Ordóñez transformó en bastión de una secta oscura, tenebrosa, para disputarse ahora la Presidencia vistiendo la azufrada sotana de Savonarola. O la aventura sin fin de Uribe Vélez quien, a caballo entre el padre Marianito, la pastora María Luisa Piraquive y una plétora de alfiles del Centro Democrático con prontuario, lidera una propuesta de conservadurismo atrabiliario, que amenaza la paz todos los días.

Hace dos meses, con ocasión del referendo que promovía contra la adopción de niños por solteros y parejas homosexuales, canceló toda ambivalencia la senadora Viviane Morales. Ahora denunciaba la ideología de género, ficción inventada por Uribe y Ordóñez para movilizar a miles de incautos contra el logro extraordinario de un acuerdo de paz. Y reclamaba legitimidad exclusiva para la familia patriarcal, que representa apenas la tercera parte de los hogares en Colombia. Todo lo demás debía despreciarse, pues no calificaba en sus parámetros de moral. Y bien, hoy se lanza ella a la Presidencia invocando a “las inmensas mayorías creyentes… al cristianismo todo, a católicos y evangélicos (para) salvar a Colombia”. En el fondo de su discurso yace el ideal de elevar su fe religiosa al mando del Estado. De un Estado que subordine a la ley civil y que invada las alcobas de creyentes y no creyentes para bendecir o maldecir, con dedo inquisitorial, la moral privada. En ello la acompañan Uribe, Ordóñez, las iglesias evangélicas y el episcopado católico casi en pleno.

Mas la superioridad moral de raíz religiosa que estas fuerzas se autoadjudican, para ocultar pecadillos e ignominias en su marcha hacia el poder, parecería extenderse a otras, insospechadas. Acaso al Eln. Esa guerrilla presentó el asesinato de monseñor Jesús Emilio Jaramillo en 1989 como “ajusticiamiento por delitos contra la revolución, (por rabiar) contra la organización…”. Pero estas no son acciones de enemigo, son pecados de hereje, de traidor. Castigo para aquel de quien se esperaba lealtad al legado de los curas Camilo Torres y Pérez que militaron en esa guerrilla. Le preguntaron a uno de los verdugos del obispo si creía en Dios. “Dios es mi fusil”, replicó. Criminal autocomplacencia de quien podrá sentirse emisario de la justicia divina, que así se resuelve en violencia.

Cuando se cree tener la verdad revelada entre el bolsillo o en la canana, el desenlace inevitable será la eliminación del disidente. Pero esta semana se dieron la mano los peores enemigos, jefes paramilitares y jefes de las Farc, y prometieron dar un paso de gigante hacia la reconciliación y la paz: revelar toda la verdad humana de esta guerra atroz. Gesto de grandeza promovido por el sacerdote Francisco de Roux, que reduce a humo la palabrería de tanto profeta con pies de barro; de tanto impostor que manipula el sentimiento de Dios para medrar en la política reducida a fango.

http://www.elespectador.com/opinion/superioridad-moral-columna-704648

 

26.17.- SÁTIRA, CALUMNIA Y DEMOCRACIA – Rodrigo Uprimny

Abordo el debate sobre la calumnia de Álvaro Uribe contra Daniel Samper desde la dimensión constitucional, que es esencial y no ha sido tan discutida por otras columnas.

El punto fundamental es distinguir entre la sátira política, que es un discurso especialmente protegido en las democracias, y la calumnia o la injuria, que son expresiones no protegidas y que pueden ser sancionadas.

22 jul 2017.- La sátira política hace parte del discurso político, que juega un papel central en el control de los abusos del poder y en la formación de la opinión pública. Es además una expresión de opiniones y no de hechos, por lo cual la sátira, que tiende a la exageración y a la caricatura, no tiene el deber de ser veraz o imparcial, como ocurre con la libertad de información. Una buena democracia debe entonces proteger vigorosamente la satira política, incluso si llega a niveles que parezcan desagradables o hirientes a ciertos sectores de la población o al político o personaje público afectado. Así lo han reconocido la Corte Europea de Derechos Humanos, dese el caso Lingens contra Austria de 1986 hasta el caso Eon contra Francia de 2013, la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Hustler de 1988, o nuestra Corte Constitucional en varias sentencias, como la T-391 de 2007 o la C-452 d 2016.

Obviamente, como todo derecho, la sátira política tiene límites. No podría, por ejemplo, alguien escudarse en que hace sátira para calumniar a otra persona atribuyéndole un delito que no cometió. O tampoco creo (pero reconozco que otros constitucionalistas discrepan) que la sátira incluya una especie de derecho gratuito al insulto o que autorice el llamado “discurso de odio”.

La calumnia o la injuria consisten en atribuirle falsamente a otro un hecho, que es haber cometido un delito o una conducta deshonrosa. No son una opinión, sino un ejercicio de la libertad de información pues se imputan hechos. Y no son discursos constitucionalmente protegidos pues desconocen el deber de veracidad que limita la libertad de información, lesionan la honra de terceros y no aportan nada positivo a la formación de la opinión pública pues la distorsionan con mentiras. Por ello, son comportamientos sancionables, incluso penalmente.

En este caso, un político con poder, el senador y expresidente Uribe, le atribuyó a Daniel Samper, un periodista y humorista político, un delito pues dijo que era un violador de niños. Y lo hizo, entre otras cosas, porque el humor político de Samper lo irrita y lo indigna. Uribe recurrió entonces a un discurso prohibido (la calumnia) para atacar un discurso especialmente protegido en la democracia (la sátira). Y se ha negado a rectificar.

El senador Uribe tiene derecho a despreciar el humor satírico de Samper. Puede también creer que Samper se excedió en su sátira o que cometió otros delitos. Pero nada de eso justifica su calumnia pues frente a los supuestos excesos o delitos de Samper hubiera debido interponer las acciones legales correspondientes o haber argumentado públicamente contra ellos. Pero nunca calumniar al humorista.

 * Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional. http://www.elespectador.com/opinion/satira-calumnia-y-democracia-columna-704386

 

 

26.17.-DE MATONEO Y ESTIGMATIZACIONES, HABLEMOS DE LOS MEDIOS – Jairo Gómez 

El historiador inglés Owen Jones hace una reflexión, refiriéndose a los medios británicos, que cae como anillo al dedo a la realidad colombiana: “(…) no existe la libertad de prensa. Existe una prensa libre de la intervención directa del gobierno, que es algo completamente distinto”.

18 jul  2017.- De matoneo y estigmatizaciones, en el lenguaje actual le dicen bulling. Esa ha sido una práctica recurrente entre periodistas. En el pasado, y creo que ahora también, hablar de insurgencia en las salas de redacción de cualquier medio, ir más allá del simple registro noticioso o promover la denuncia social, era cuestión de iconoclastas.

Sé que muchos colegas no me dejarán mentir. El conflicto colombiano, el no armado, también se vivió en los consejos de redacción de los noticieros, del medio escrito, en la televisión o en la radio.

La estigmatización o matoneo era el común denominador cuando se hablaba del conflicto y del carácter político de los alzados en armas. Dado que no se analizaban con criterio político las acciones subversivas, no era posible identificar las verdaderas razones de los problemas del país y la responsabilidad concluía en los “desalmados” guerrilleros: “Ellos son los culpables”, se afirmaba, sin argumento alguno. Definir cómo contar las historias era un suplicio porque la guerra no la cubrimos los periodistas; el relato de la confrontación era impuesto desde el Ministerio de Defensa y sus partes oficiales.

En el sagrado consejo de redacción las inquietudes no contaban y menos el debate a fondo de los temas, tan serios como la profesión misma. Cundían el uso de ejemplos extremos como acicate para apelar más a los prejuicios e inseguridades de la gente que a contar una realidad inherente a nuestra sociedad, atiborrada de injusticias y de endémicos problemas. Esta realidad hoy persiste, y es fácilmente comprobable a través del contenido de los espacios periodísticos y el sensacionalismo noticioso sin que amerite un contexto.

Dicho lo anterior, acudir a ejemplos factuales permite ilustrar cómo los medios deliberadamente promueven la ignorancia y distorsionan nuestra verdad y la de los hechos. Por ejemplo, le ponen el velo a un asunto aterrador, por decir lo menos: el asesinato de 186 líderes sociales en los últimos 19 meses, lo que equivale, según datos de la Defensoría del Pueblo, a 9,7 muertos por día; muertos que no pasan de ser tan solo una estadística. Nada se hace en términos periodísticos para contar esta historia o para hacer el esfuerzo de hallar el denominador común de este exterminio. Un país serio o unos medios serios estarían poniendo el grito en el cielo. Pero como tan poco han cambiado en las salas de redacción, proponer un cubrimiento distinto, creo yo, es correr el riesgo del estigma.

Ese debate, el de la estigmatización en los consejos de redacción, no se da porque a los periodistas no se les permite hacer un alto en el camino. No se abre un espacio a la reflexión sobre si en verdad se están haciendo las cosas bien o mal, o si la información que se posee y luego se transmite se está divulgando fielmente, sin prevenciones o con autocensura. No hay lugar a la autocrítica en la vorágine de la sangre y el atraco.

Los colegas asumen, en muchos casos, los cargos de dirección con soberbia e imponen un pensamiento único e inamovible. Claro, los ponen ahí para jugar un papel; y son cruciales en el momento de inducir el contenido del mensaje. Su aporte es nublar el discurso para evitar la fiscalización del establecimiento. Es el “ayúdame que yo te ayudaré”, porque para nadie es un secreto que detrás de cada medio está la muralla de silencio con la que sus dueños, poderosos, defienden imperecederamente el statu quo.

El historiador inglés Owen Jones hace una reflexión, refiriéndose a los medios británicos, que cae como anillo al dedo a la realidad colombiana: “(…) no existe la libertad de prensa. Existe una prensa libre de la intervención directa del gobierno, que es algo completamente distinto”.

El pasado 3 de mayo, día mundial de la libertad de prensa, se celebró con un sugestivo título que se denominó: “Mentes críticas para tiempos críticos: el papel de los medios para el avance de sociedades más pacíficas, justas e inclusivas”. Pero los medios ni siquiera se dieron cuenta, porque no les interesa.

Recuperemos la memoria y volvamos a los viejos maestros del periodismo, que nos decían: “hacer periodismo implica relacionarse con el entorno, untarse de su realidad, informar de abajo hacia arriba”, y creo que eso lo hemos perdido. Nunca es tarde.

@jairotevi – http://www.semana.com/opinion/articulo/matoneo-y-periodismo-en-medios-de-comunicacion-opinion-de-jairo-gomez/532978

 

 

26.17.- A LA VENTA APARTAMENTO DE ANDRÉS FELIPE ARIAS Yohir Akerman 

El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias está vendiendo su lindo apartamento en Bogotá. 270 metros cuadrados con una vista hermosa por una parte a la ciudad y por la otra a las montañas de Usaquén.

22 Jul 2017.- El exclusivo conjunto donde queda se llama Cerros de los Alpes, más conocido como Las torres de Llorente, y cuenta con una cancha de tenis en polvo de ladrillo, squash, piscina, gimnasio, sauna, turco y hasta un campo de golfito. Un lujo.

Como reveló el periodista Daniel Coronell, el hoy prófugo de la justicia colombiana compró esa propiedad en abril de 2010 en condiciones muy amigables. Demasiado dirían algunos.

El fantástico apartamento le salió con un descuentico de 500 millones de pesos, ya que el inmueble costaba comercialmente 1.200 millones en la época, pero los vendedores se lo dejaron en 700 millones de pesos. (Ver Escritura de venta)

Una ganga.

Lo grave es que los vendedores, a través de diferentes empresas familiares, recibieron al menos 1.100 millones de pesos en diferentes subsidios de Agro Ingreso Seguro cuando Arias era ministro de Agricultura. (Ver El florero de Llorente)

Hoy por ti, mañana por mí.

Y ahora es el momento de capitalizar. El pasado 5 de julio la esposa del exministro Arias, Catalina Serrano, envió una carta al Conjunto Residencial Cerros de los Alpes para solicitar ceder sus derechos fiduciarios representados en el metraje del apartamento, es decir vender su propiedad, a José Luis León Dugand y María Camila Plata. (Ver Ceder Derechos Fiduciarios)

La pareja León Plata ocupa el apartamento hace ya un tiempo, son amigos de los Arias Serrano y defensores acérrimos de su caso en las redes sociales. Fuera de eso sus hijas donaron 700 dólares en la recolección de fondos que se llevó a cabo en Estados Unidos para la defensa jurídica del prófugo. (Ver Gofundme)

Lo curioso es que, después de revisar redes sociales, es evidente que las niñas Leon Plata no tienen más de 5 años de edad y pese a eso figuran donando más de 2.000.000 de pesos a la causa del exministro.

Esto hace preguntarse cómo van a ser los términos de la venta. No se sabe, pero según registros públicos el valor comercial del apartamento de los Arias Serrano debe estar oscilando entre los 2.200 y 3.000 millones de pesos, es decir una buena ganancia gracias al precio preferencial en que fue comprado el lindo apartamento.  

Ahora bien, después de revisar la escritura de la propiedad surge una pregunta y es cómo no habían obligado antes a vender sus derechos a la familia Arias Serrano.

Según el punto octavo de la escritura se debe “exigir anticipadamente la obligación de venta en caso de que [entre otros] los propietarios lleguen a estar vinculados a investigaciones por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, u otros hechos punibles”. (Ver Escritura páginas 14 y 15)

Arias Leiva fue condenado a 17 años de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, por lo que Cerros de los Alpes estaba incumpliendo su reglamento al tener a un convicto todavía con derechos fiduciarios.

Pero si en Bogotá llueve en los temas de propiedad raíz para la familia Arias Serrano, en Miami no escampa.

El exministro Arias y su familia desde hace tres años exactamente rentan una encantadora casa en Weston mientras resuelven su pedido de extradición a Colombia.  

Según documentos públicos, la propiedad que arrienda la familia del fugitivo en la Florida es de propiedad del señor José Antonio Arias Camacho. Los mismos registros de la Florida, dicen que Arias Leiva y Arias Camacho son familiares pero no es claro cuál es el grado de consanguineidad.

Lo que sí comparten es un pasado judicial, ya que según esos mismos registros públicos, el señor José Antonio Arias Camacho ha estado en prisión por diferentes delitos entre los que se encuentra la falsa reclamación de una póliza de seguro y el fraude. (Ver Mugshot José Antonio Arias Camacho

Así terminó un fugitivo alquilándole la casa a un exconvicto.

@yohirakerman akermancolumnista@gmail.com http://www.elespectador.com/opinion/la-venta-columna-704485

25.17.- A LA SOMBRA DE ODEBRECHT – Héctor E. Schamis

Tal vez hayan comenzado a caerse las fichas del dominó

En diciembre pasado la firma Odebrecht se declaró culpable y acordó con autoridades judiciales en Estados Unidos y Suiza multas por 3.500 millones de dólares. Ello por sobornos cercanos a los 800 millones de dólares. Es la cifra más alta en la historia de los arrepentimientos judiciales. Y son 77 los ejecutivos de la compañía que accedieron a cooperar.

15 jul 2017.- En arreglos de este tipo, los arrepentidos deben colaborar con el juzgado y la oficina del fiscal en todo lo que se les requiera, incluyendo divulgar la identidad de los funcionarios sobornados. Usé entonces la metáfora Dominó Odebrecht, sobre la hipótesis que un nombre empujaría al siguiente y así, uno tras otro, podría caer una buena parte de la elite política latinoamericana.

Súmese a esto que el juzgado de Nueva York, que lleva el expediente, ha compartido información con el sistema judicial de varios países. Ello ha dado ímpetus a jueces y fiscales, los cuales parecen haber acelerado las actuaciones de manera coordinada, o al menos coincidente, con la corte neoyorquina. Tal vez haya comenzado el dominó.

La condena de Lula parece ser la primera ficha. Desde abril pasado se conoce que las delaciones lo habían implicado. Sobornos y dádivas, como contraprestación de favores, beneficiaron al expresidente, su esposa y su hermano. En la sentencia, el juez Moro hace mención a su tríplex de Guarujá (construido por OAS), una casa de campo y varios empréstitos de obra pública. Lo curioso es que ahora hay incentivos para un amplio acuerdo político entre el presidente Temer, también en la mira judicial, y el líder más importante de la oposición, Lula.

En la misma semana en Perú, nótese la sincronía, el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, su esposa y mujer fuerte de su gobierno, fueron sentenciados a prisión preventiva. Ello bajo el cargo de lavado de activos por los aportes recibidos para las campañas electorales de 2006 y 2011. Al menos 3 millones de dólares, la orden de dicha contribución fue dada por el mismo Marcelo Odebrecht, según su propia confesión.

En Argentina, se ha informado que las autoridades judiciales estadounidenses enviaron a Buenos Aires documentación sobre el caso, como fue requerido por un juez y a solicitud de una diputada. Allí se documentan cuentas bancarias y coimas que van en dirección de Ricardo Jaime, exsecretario de transporte, hoy en prisión, y que implican a ejecutivos de la firma brasileña en Argentina.

Las operaciones de Jaime, sin embargo, difícilmente tuvieran lugar sin la participación de Julio De Vido, hoy diputado que goza de inmunidad parlamentaria. En la ultima semana, también casualmente, ha aumentado la presión de sus pares con el objetivo de desaforarlo. Del círculo íntimo de los Kirchner desde sus comienzos políticos en Santa Cruz, el arquitecto De Vido es conocido como “el cajero”.

También esta semana, la Procuraduría General de Colombia pidió al Consejo Nacional Electoral acelerar la investigación sobre donaciones a las campañas presidenciales de 2014, tanto la de Santos como la de Zuluaga. Ello ante la posibilidad de que la investigación caduque. La Fiscalía insiste que documentación en su poder le permite concluir que Odebrecht asumió costos relacionados con las mismas y que los dineros originaron en la División de Operaciones Estructuradas, la renombrada “Gerencia de Coimas”.

Son unos pocos ejemplos, si bien todos coinciden en esta semana. América Latina sigue bajo la larga sombra de Odebrecht, emblema de la colusión entre la política y la “propina”, dicho en portugués. Es que ha sido más que corrupción, entendida como el mecanismo ilegal de enriquecimiento para un funcionario publico. Eso era antes, la corrupción clásica, casi benigna, de aquel funcionario que agregaba un diez por ciento en los contratos. Esto ha sido un régimen político, una estructura de dominación.

Y como tal sistémica, necesitada de perpetuación. Recuérdese la inauguración del puerto de Mariel en La Habana. Fue en enero de 2014, en ocasión de la cumbre de CELAC, y está en Youtube. Dilma Rousseff habla frente a los otros jefes de Estado. A su derecha, Marcelo Odebrecht, a quien reconoció por nombre cual si fuera un dignatario más.

Es que lo era. Odebrecht era una cancillería paralela, la metáfora de algo más profundo. Con operaciones en todo el continente americano y en África, sus contratos de obra pública hacían la política exterior de Brasil. Hoy Odebrecht cumple condena y algunos políticos siguen sus pasos. Es difícil de predecir cuántos serán al final. Son tiempos turbulentos, algunos vaticinan inestabilidad.

Tal vez, pero también son tiempos de oportunidad. la virtud. Y sin un cierto ideal romántico, tampoco puede haber democracia. Hay algo de redención en esta turbulencia de juicios y su efecto dominó. Es la posibilidad de reconstruir la política aristotélicamente, es decir, la política como el lugar natural de la virtud. Y sin un cierto ideal romántico, tampoco puede haber democracia.

@hectorschamis

https://internacional.elpais.com/internacional/2017/07/15/actualidad/1500155263_239784.html

24.17.-BRUJAS, PERRAS Y NARCOPARAMILITARES – Raúl Zibechi*

“Muerte a las perras”, se titula el panfleto distribuido por las Águilas Negras en el correo electrónico de una organización social de Bogotá. En este caso, la banda paramilitar amenaza a defensoras de derechos humanos (todas mujeres) y muestra un lenguaje y estilo que desnuda el carácter violento y machista del grupo armado.

Malditas perras sapas del gobierno gonorreas las bamos a matar por sapas y por andar de metidas donde no deben sapas hp luchando por los derechos de la mujer que mierda son si lo unico que son es sirvientas de nosotros aver si se van a hacer oficio de la casa malparidas, reza textualmente el volante reproducido parcialmente por la página pacifista.co (goo.gl/hoL4Hy).

El Director de la Unidad para las Víctimas, Alan Jara, y el equipo directivo de la entidad realizaron este lunes 28 de noviembre el acto de Rendición de Cuentas del año 2016.

8 jul 2017.-  La amenaza va dirigida a las integrantes de la Mesa Nacional de Víctimas: Van a caer con sus familias y a estos hp malparidos por estar apoyandolas los bamos a matar por metiches y no ser fieles a la causa.

Una de las amenazadas dijo a los medios: El gobierno no ha hecho nada para protegerme. Todos los días matan a líderes sociales en el país y a ellos parece no importarles porque no hacen nada. Hago responsable al Estado por lo que me pase a mí, a mi familia y a mis compañeras. Este es el punto central.

Águilas Negras proviene de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), supuestamente desmovilizadas, y su accionar se ha destacado en departamentos conflictivos como el Cauca, donde ha amenazado y asesinado a dirigentes indígenas. También en las regiones de población negra y en Ciudad Bolívar, la periferia sur de Bogotá.

En 2016 fueron asesinados 94 defensores de derechos humanos y líderes sociales, la cifra más alta desde que comenzó el proceso de paz. Las víctimas son en su inmensa mayoría militantes ligados a Marcha Patriótica, al Congreso de los Pueblos y a diversos movimientos populares.

Este tipo de violencia es bien diferente de la que afectó en la década de 1980 a la Unión Patriótica. En aquellos años fueron asesinados más de 2 mil militantes, incluyendo alcaldes, concejales, diputados, senadores y candidatos a la presidencia, por una alianza de paramilitares y narcotraficantes que arrasaron con la izquierda electoral vinculada al Partido Comunista y las FARC.

Parece necesario detenerse en las principales características de esta violencia sistemática contra los sectores populares organizados, ya que no se registra sólo en Colombia sino que se ha convertido en un modo de regular las relaciones sociales en todo el continente, con especial desarrollo en México y Guatemala. En este punto, debemos recordar el papel del general Óscar Naranjo, actual vicepresidente de Colombia, en la exportación de la narcodemocracia a México, como ha consignado Carlos Fazio (goo.gl/vT7Xt).

La primera cuestión es que se trata de una violencia difusa, sin centro dirigente aparente, lo que hace difícil identificar a sus autores al punto que las autoridades niegan la existencia de las Águilas Negras. La dirección de Inteligencia de la Policía de Colombia asegura que la organización ya no existe, lo que puede ser cierto si pensamos en un aparato estructurado con mando centrales.

Un informe de la BBC sobre las Águilas Negras, sostiene que es una razón social que utilizan varios grupos y pone un ejemplo: En el Cauca, a raíz de un conflicto interno en una universidad, un grupo de gente decidió sacar un panfleto firmado Águilas Negras contra unos profesores (goo.gl/0gGOQw).  Este es el punto: una maquinaria narcoparamilitar desterritorializada, convertida en cultura política de control de las relaciones sociales a cielo abierto.

La segunda es que estamos ante una forma brutal de regular las relaciones entre personas y, de modo muy particular, de enfrentar a los movimientos sociales. El excelente informe Mujeres y guerra: víctimas y resistentes en el Caribe colombiano, del Centro Nacional de Memoria Histórica (2014), destaca que las masacres son el límite más brutal de la violencia paramilitar. A partir de ellas, consiguieron imponer un nuevo orden social.

“A través del uso del lenguaje, la regulación del cuerpo, el espacio y las prácticas sociales, estos actores lograron imponer sus ideas de orden, ‘buen’ comportamiento y disciplina” (p. 37). De ese modo, establecieron un orden patriarcal, racista, capaz de regular los mínimos intersticios de la vida cotidiana. Las mujeres relegadas a sus casas, los negros y homosexuales sistemáticamente humillados, y los hombres debían comportarse de forma viril y ceñirse a un modelo de hombre guerrero y militar (p. 38).

La tercera se relaciona con la continuidad de este modelo de control una vez finalizada la guerra. En las regiones dominadas por los paramilitares, la guerra continúa pero con otros actores, como las pandillas que actúan sobre el legado de miedo dejado por la violencia, usando métodos muy similares.

Por eso debemos hablar de una maquinaria, un nuevo modo de control de la población como lo fue el panóptico, que con el tiempo se ha convertido en el sentido común para organizar los espacios de encierro y funciona naturalmente, sin que un mando central deba promoverlo o planificarlo.

Por último, debe entenderse que estamos ante una violencia sistémica, no coyuntural. Los feminicidios y el narco son los modos de control de los de abajo en la zona del no-ser; el modo de tener controlados a indios, negros y mestizos. No depende, por tanto, de la actitud progresista de las autoridades o de la benevolencia de los varones. Es como la plusvalía: funciona aunque el patrón pague salarios justos, porque la explotación del trabajo asalariado es inherente al capitalismo.

Por brutal que sea, la violencia nunca es el objetivo final, sino el medio para construir un orden social jerárquico, patriarcal, capitalista. Es el genocidio que el sistema necesita para imponer la cuarta guerra mundial contra los pueblos y la vida. Esto es lo que no podemos perder de vista en la imprescindible denuncia sobre las violaciones de los derechos humanos.

*La Jornada, México,  http://www.jornada.unam.mx/2017/07/07/opinion/015a2pol 

23.17.- CUÁNTO GANA SANTOS Y LOS FUNCIONARIOS MEJOR PAGADOS DEL GOBIERNO – Las2orillas

Dos funcionarios del gobierno ganan más que el Presidente y los congresistas y los directores de Agencias superan los Ministros

26 jun 2017.- Finalmente, luego de un arduo proceso de negociación, el 9 de junio el ministro Cárdenas firmó los decretos de reconocimiento salarial de los empleados públicos que significó un aumento del 7.7% retroactivo a enero, los cuales se pueden consultar en la página web de la Función Pública

Los valores aquí presentados están tomados de estos decretos y de aquellos que regulan las primas (técnicas, de dirección o gestión) de algunos de los cargos. Las bonificaciones incluidas están reguladas por el decreto 2699 firmado por el presidente Juan Manuel Santos en diciembre 21 de 2012. No se incluyen los valores de primas de navidad o prima de vacaciones, ni datos de parafiscales o aportes a seguridad social.  Algunos cargos presentan acuerdos de bonificación por servicios particulares temporales que tampoco se incluyen.

Es de anotar que varios de los salarios se desagregan en salario básico y gastos de representación, donde los gastos de representación no forman parte de la base para el cálculo y pago de seguridad social, prestaciones sociales y aportes parafiscales. La prima técnica es un reconocimiento adicional en relación a las labores de dirección o responsabilidad, los funcionarios deben cumplir unos requisitos académicos o de experiencia para acceder a ella.

La asignación del Fiscal General, Vice fiscal, Contralor y Auditor General, se igualan por decreto al de los Congresistas. La asignación del presidente es igual al de los miembros del Congreso y el doble de los gastos de representación que estos perciben. Dos funcionarios  Mauricio Oliveira el Presidente de Colpensiones y Gloria Inés Cortés la directora de la Unidad de Gestión Parafiscal, ganan más que el Presidente de la República.

22.17.- MYLES FRECHETTE: LOS MILITARES TIENEN A SANTOS BAJO CHANTAJE – Jorge Gómez

exembajador de EE. UU. en Colombia en la época de Samper, dice que Acore es quien presiona para que a los militares no se les dé el mismo tratamiento que a la guerrilla en la JEP. Para el exembajador Frechette, los autores intelectuales del crimen de Álvaro Gómez siguen libres en Colombia. / Jorge Gómez Pinilla

El embajador de Estados Unidos en Colombia durante el proceso 8.000, Myles Frechette —a quien Jaime Garzón llamaba “procónsul” y Horacio Serpa definió como “gringo maluco”— publicó en 2015 un libro-entrevista con el periodista Gerardo Reyes (Frechette se confiesa, Editorial Planeta), donde al ser preguntado sobre los posibles autores del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, habló de un grupo de militares retirados.

Teniendo en cuenta que él era quizás la persona mejor informada sobre lo que ocurría en el país en ese entonces, y que en el libro confesó que “hay secretos de Estado que no los voy a contar”, viajé hasta Washington a entrevistarlo, en busca de que aportara nuevas luces que contribuyan a esclarecer ese crimen.

 

28 abr 2017.-  El resultado fue una conversación de cuatro horas sin pausa en la terraza interior del hotel Bethesda Hyatt, durante las cuales, a sus 81 años a punto de cumplir, no mostró la menor señal de cansancio y solo bebió un café americano acompañado de un vaso de agua. Allí hizo importantes revelaciones para una publicación que saldrá en próximos días, pero aquí he extractado sus puntos de vista sobre algunos temas de actualidad que tocó, como el “chantaje” que le estarían haciendo al presidente Juan Manuel Santos los militares agrupados en ACORE. A su vez, se refirió al expresidente Álvaro Uribe en duros términos; según Frechette, el desarme de los grupos paramilitares ocurrido durante su gobierno fue algo “completamente chimbo”.

En su libro, al referirse al golpe de Estado contra Ernesto Samper que se estaba fraguando y al que se le ve relacionado con el asesinato de Álvaro Gómez, usted dijo: “yo creo que ellos, los militares jubilados, le pidieron a él que encabezara ese gobierno”. Todo indica que se refiere a la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (ACORE), y queda entonces la impresión de que usted sabe más sobre el papel que pudo haber desempeñado esa asociación en torno a ese crimen…

Bueno, mire: ACORE es una organización poderosísima en Colombia. Ya ve usted el chantaje que le están haciendo al presidente Santos para que no les den el mismo tratamiento a los militares que a la guerrilla por crímenes de lesa humanidad. Llega un momento en que ellos dicen “¡Ni puel carajo!”. Santos los oye y toma asiento con ellos, pero no están totalmente contentos y siguen presionando. Y van a seguir así, porque si yo fuera uno de ellos pensaría igual en cuanto a que es posible que yo haya hecho cosas brutales, pero lo hice por el bien de la patria.

¿Quién cree que saldrá ganador en ese pulso entre los militares y Santos?

Santos es una persona que tomó un rumbo diferente a su antecesor. Él tiene una visión internacional de Colombia. Comenzó con un acuerdo mutuo de no agresión con Chávez, porque eso estaba medio candela, ¿no? Y decidió hacer el acuerdo de paz con las Farc, hizo muchos acuerdos de libre comercio, y comenzó a abrir espacios y horizontes participando más y más en organizaciones internacionales. Muchas de las cosas que ha hecho Santos son cosas que le han hecho mucho bien a Colombia. Ahora, en lo de ACORE, es obvio que, si Santos no hace algo para eximirlos, ellos seguirán presionando.

Llama la atención cuando usted dice que ha habido militares que hicieron cosas brutales, pero lo hicieron por el bien de la patria. En el caso del crimen de Álvaro Gómez, ¿ve alguna posibilidad de que lo hubieran hecho también por el bien de la patria?

No. Lo hicieron simplemente porque querían borrar su rastro, borrar la conexión entre ellos y Álvaro Gómez. Cuando él les dijo que no, ellos pensaron “caracho, de pronto el tipo suelta la letra o se le sale algo”.

¿O sea, lo inmolaron?

Lo inmolaron, sí. El autor material pudo ser cualquier persona. Pero los autores intelectuales están ahí todavía, ahora. No sé a dónde, pero están en Colombia. No han sido apresados, no han sido detenidos, nada.

Esto encaja con la teoría de Claus Roxin sobre los aparatos organizados de poder: en los crímenes de autoría mediata, la voluntad conductora de la acción corresponde al autor mediato y no al ejecutor material. En el caso del asesinato de Álvaro Gómez todo indica que fue obra de un aparato organizado de poder desde el estamento militar, pero del que solo fue encontrado culpable un autor material, Héctor Paul Flórez, quien por cierto acaba de salir libre por pena cumplida. ¿Es ese aparato organizado de poder el que sigue impune?

No le puedo contestar, pero me llama la atención que el grupo de ACORE sigue presionando públicamente al presidente Santos para que les dé una escapadita. Yo no soy el único que piensa eso, también Human Rights Watch (HRW) y toda la gente que se ocupa de Derechos Humanos, todos ellos creen que es así. La presión de ACORE ha hecho retroceder varias veces al presidente Santos, y eso indica que tienen mucha influencia. No sé si él contempla que ellos pudieran tomarse el poder, lo dudo. Pero podrían arruinarle todo el esquema. Santos sigue bajo presión, y creo que los de ACORE están tratando de salvar su pellejo.

¿Ese “salvar su pellejo” incluye medidas desestabilizadoras?

No, yo creo que no. Ellos siempre han dicho, y usted lo ha leído: “Nosotros somos sirvientes del Estado. Si hicimos alguna cosa en forma errada, fue al servicio de la patria”. Tiene una cierta lógica, pero la cosa es que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece que hay todo tipo de militares que cometen crímenes de lesa humanidad. Yo recuerdo haber leído un artículo que hablaba de unos militares que llegaron a un lugar y encontraron a ciertos hombres con uniforme de guerrilla, y no se les veía ningún balazo. Pero al quitarles la chaqueta, habían sido acribillados.

¿Deberían estar los autores de esos delitos, conocidos como falsos positivos, cobijados por el tribunal de la Justicia Especial de Paz (JEP)?

 ¡Claro que no! Y HRW y otras organizaciones están de acuerdo en que no debe ser así, y leí un informe de hace menos de una semana donde la HRW se opone, pero no solo en Colombia sino al nivel de la Corte Penal Internacional (CPI). Todos los esfuerzos de ACORE hoy están empeñados en torcerle el brazo al presidente Santos. Cuando yo llegué a Colombia recuerdo haber leído un informe sobre la mendacidad de las Fuerzas Armadas. En un lugar, creo que era Antioquia, había una base militar y a medio kilómetro de ahí había una base de los paramilitares. Y los militares, con una cara de yo no fui, decían ante la evidencia: “No es verdad”. Eso indica que en Colombia el poder de los militares es enorme.

¿Pueden las organizaciones de Derechos Humanos presionar por su lado para que esos crímenes de lesa humanidad no queden impunes?

Yo conozco gente de HRW y son personas decentes, muy creíbles, y están empujando. Si no fuera por la presión de ellos, al presidente Santos le habría quedado más fácil resolver el tema con ACORE. Pero en este momento está en una situación bien difícil. ¿Por qué? Porque Trump no sopla hacia Colombia con buena gana, y nadie sabe lo que pueda pasar. Los colombianos se metieron al proceso de paz creyéndole a Sergio Jaramillo, en cuanto a que la implementación de los acuerdos tomaría diez años y que habría mucha plata. Y Cárdenas puso la reforma tributaria, y mucha gente quedó descontenta con eso. Ciertos elementos del acuerdo de paz están cuestionados por personas serias. Seguir adelante como si no pasara nada, no es suficiente. Hay dudas en Colombia, hay un tufo de corrupción poderosísimo, y eso le está haciendo mucho daño a Santos. En su discurso de posesión de 2014, sacó una declaración donde dijo: “Una de las cosas que no me gusta hacer es ir a Washington a limosnear”. Y cuando un laboratorio de Colombia le dijo que el glifosato sí hacía daño, inmediatamente paró la aspersión aérea. Y ahora se está dando cuenta de que esa decisión fue errada, demasiado apresurada. Y esto lo deja a él en una situación dificilísima.

¿Se refiere al aumento de los cultivos de coca en el país?

Santos es una persona a la que nunca le gustó la aspersión aérea sobre los cultivos de coca, no obstante que en Colombia se usa el glifosato en productos agrícolas que se consumen en la mesa. Después de más de cien pruebas hechas por científicos, nunca se llegó a concluir que estaba causando daño a la salud a personas que vivían cerca. Y súmele a esto que las Farc son muy inteligentes. Vieron que el Gobierno estaba diciendo que “en regiones donde hay coca vamos a poner plata para hacer cambio de cultivos”, y salieron ellos a amenazar con rifle a los tipos que estaban en las regiones de coca, a que plantaran más coca para traer más plata del Gobierno. Es decir: las Farc pueden ser brutales, pero no son pendejos.

Cambio de tercio: usted habla en su libro de personas que le decían “no le tenga mucha confianza a Uribe, es un tipo ligado con los narcos, que apoya a los paramilitares”. Hoy, después de tantos años, ¿cree usted que Uribe apoyaba a los paramilitares… y viceversa?

Cuando yo fui a Antioquia a visitarlo siendo gobernador, él tenía una gran reputación como buen gobernador y gran político. Yo tenía varias preguntas que hacerle, y una de ellas era por qué le había dado el control de expedir licencias para avionetas a César Villegas, un tipo que estaba dándoles esos permisos a naves ligadas al narcotráfico. Era algo que él sabía perfectamente. Y bueno, me dijo que se puso a buscar en Colombia a ver si había alguien que sabía de aviación civil, y no había… Y me dijo que Villegas se había graduado para hacer eso en una universidad de Toronto, y que por eso le ofreció el puesto. Y le dije sí, entiendo lo primero. Pero lo que no entiendo es por qué no lo sacó. Y no pudo darme una respuesta creíble. Habló mucho, ‘cantinfló’.

¿Sabía usted además lo de las Convivir de Uribe, que nacieron precisamente en Antioquia?

Claro. Yo le dije: “mire, eso de las Convivir no nos convence”. Él me dijo “es que no van a cargar armas. Serán personas de la región que estarán vigilando los bosques e informarán por radio que hay personas desconocidas en esos lugares”. No niego que me comí el cuento. Y con el pasar del tiempo me di cuenta de que era un señor extremamente hábil, pero muy creyente en lo de los paramilitares.

¿Usted cree que Uribe tuvo algo que ver con el auge del paramilitarismo en Colombia?

Por supuesto. Las Convivir fueron la raíz de lo que después se convirtió en un enorme problema. Cuando Uribe como presidente se dio cuenta de que ya los gringos estaban oliéndose todo, entonces decidió hacer el desarme de los paramilitares. Un desarme completamente chimbo, como usted sabe. Había unidades completas que nunca habían sido Convivir ni nada de esas cosas. Y Washington se quedó dormido.

¿Cómo así, usted cree que Washington fue alcahueta de Uribe en el tema de los paramilitares?

Sí.

¿Y eso por qué…?

Porque al acabarse esas acciones de Uribe y los paramilitares, se reduciría la violencia. Washington quería reducir la violencia en Colombia, y le comió el cuento. Es más, no le voy a decir ante quién, pero yo hablé con personas de muy alto nivel del Departamento de Estado a decirles “este señor Uribe les está vendiendo una historia falsa”. Yo nunca me olvido del pilón de armas que dejaron los paramilitares: muchas de ellas eran nuevas cuando Napoleón fue Emperador de Francia. Es decir, a otro perro con ese hueso. Pero Uribe tenía apoyo en el Congreso y EE UU quería reducir la violencia. Esas son razones de Estado con las cuales yo no concuerdo.

¿O sea que usted cree que quedaron estructuras paramilitares intactas después de esa supuesta negociación?

Es que se fueron a otros lugares. En lugar de seguir operando en los lugares donde habían estado, se fueron al sur y al este del país, a continuar sus fechorías. Ellos son los que ahora se dedican a la minería ilegal, a minería de piedras preciosas. Y mientras tanto el ELN muy feliz haciendo volar el oleoducto…

Teniendo en cuenta la inconformidad que usted siempre tuvo por igual hacia Ernesto Samper y Álvaro Uribe, ¿si le pusieran en una balanza a escoger entre ambos, con quién se quedaría?

Eso es un falso dilema. Samper solo tuvo un período de gobierno, mientras que Uribe consiguió que se cambiara la Constitución para que le permitieran un segundo período, y no contento ¡pidió un tercer período…! Pero el Congreso no le aguantó el sablazo.

http://colombia2020.elespectador.com/politica/los-militares-tienen-santos-bajo-chantaje-myles-frechette

22.17.- Los intelectuales como defensores de un nuevo orden – Andrés Rojo

El fervor marcó las actuaciones de los académicos que compartieron el proyecto nazi

Oficiales nazis, junto a Hitler, en julio de 1933. Getty Images

Nunca ha resultado demasiado clara la relación de los intelectuales con el poder. Existe, desde hace tiempo, esa entrañable leyenda que habla de almas nobles que ponen su inteligencia al servicio de una causa justa. El intelectual está marcado, en ese caso, por un aura romántica y despierta inmediatas simpatías por tener el inmenso coraje de arriesgarse a ofrecer su palabra para ayudar a los más débiles.

24 jun 2017.-Hay otra imagen, más prosaica, en la que los intelectuales no salen muy bien parados. Es cuando se los ve medrando en los palacios, haciendo las posturitas más rocambolescas para obtener el favor de los poderosos y, vaya, explicando al mismo tiempo que están ahí para cumplir una misión histórica, para remediar terribles atropellos, para acabar con todo desmán.

¿En qué quedamos? ¿Trabajan realmente al servicio de los sectores de la población más castigados o andan procurándose un lugar idóneo desde el que meter la mano ahí donde se corta el bacalao, donde se reparte el pastel, donde se otorga todo favor? El intelectual, ¿es el látigo que estalla contra los abusos o trabaja más bien como un simple engranaje que garantiza el funcionamiento de algunas brutales maquinarias de opresión?

En una entrevista a Christian Ingrao, publicada hace unos días en las páginas de Cultura de este diario, Jacinto Antón se refería al estupor que produce enterarse de que algunos de los mayores criminales nazis eran impecables académicos entregados a la causa. El historiador francés lo ha contado en Creer y destruir, donde analiza el papel de los intelectuales en la máquina de guerra de las SS. Ingrao decía ahí, refiriéndose a un jurista que no tuvo problema en liquidar a una madre y a su bebé para dar ejemplo a sus tropas en la tarea de aniquilación de judíos que les esperaba en un pueblo de Ucrania: “Era un teórico de la germanización que trabajaba para crear una nueva sociedad, así que el asesinato era una de sus responsabilidades para crear la utopía”.

“Decir nazismo equivalía a decir fervor, esperanza en el desenlace de la intriga histórica”, escribe Ingrao en su libro. “El nazismo daba a quienes se adherían a él la sensación de que el curso de las cosas era el de la salvación colectiva gracias al advenimiento del imperio”.

Muchos de aquellos intelectuales habían pasado días difíciles cuando Alemania quedó humillada tras la Gran Guerra, y eran entonces solo unos niños. Fueron creciendo con el resentimiento y después quedaron atrapados en las redes de solidaridad que el nazismo tejía por doquier para soldar su sistema de creencias. El siguiente paso fue el fervor.

Lo de los nazis fue un horror. Pero esa secuencia diabólica —resentimiento, redes de solidaridad, fervor— la cultivaron también muchos comunistas que no vieron nunca los excesos del estalinismo. Y es esa secuencia la que termina por envenenar las buenas intenciones —las utopías— de tantos y tantos intelectuales.

http://elpais.com/elpais/2017/06/24/opinion/1498330921_441959.htl

21.17.- FARC SIN ARMAS, URIBE SIN COARTADA – Cristina de la Torre

Destilando bilis, envenenado de rencor asiste el uribismo al desarme de las Farc, mientras millones de dolientes celebran el milagro de una guerrilla poderosa que silencia sus fusiles para siempre. Es el fin de una guerra de medio siglo que cobró miles y miles de vidas inocentes. Como traicionado por la amante que halaga su hombría en el juego de la guerra, queda el Centro Democrático disparando al aire, reducido a la prosaica realidad: con la desaparición del enemigo armado se descorre el velo heroico de su gesta anticomunista, para desnudar ahora la crudeza de una propuesta ultraconservadora, por la que siempre se batió entre bastidores. 

 

19 Jun 2017 .- Ni democracia, ni reforma rural, ni redención de la Colombia olvidada, ni castigo para responsables de atrocidades en el bando de terratenientes, uniformados y parapolíticos. Bien la definió, con contundencia digna de Laureano, Fernando Londoño: somos de derecha y volveremos trizas el Acuerdo de Paz. Verdad que ha brillado solitaria en la manigua de mentiras, hipérboles y eufemismos que signan la índole del uribismo. Y su objetivo estratégico.

Destruir el Acuerdo de Paz no es cosa baladí. Ni se contrae a suprimir las ventajas que la justicia transicional le ofrece a la guerrilla (y a todos los contendientes del conflicto). Concesiones enanas si se las compara con las que quiso Uribe darles a las Auc en la negociación secreta de Ralito: amnistía y cero cárcel aun para responsables de delitos atroces; y estatus político al narcopramilitarismo. A tiempo frenaron las cortes semejante extravagancia. En diez años, de 32.000 desmovilizados, la ley de Justicia y Paz arrojó míseras 22 condenas. Una vergüenza. Hoy quiere el uribismo eludir la responsabilidad judicial y política que le cabe en el conflicto que termina. Pero volver añicos el Acuerdo es, sobre todo, sepultar la posibilidad de reconstruir la sociedad sobre cimientos de equidad y democracia.

Rapaz de nación, hoy se disputa el CD en el Senado las curules que en circunscripciones de paz corresponderían sólo a víctimas y campesinos que jamás se vieron representados en el Congreso. Así buscará el uribismo recomponer su hueste parlamentaria, tras la paliza de 80 congresistas suyos judicializados por parapolítica, cuando en los altos poderes menudeaban convites non-sanctos. Como aquella visita de jefes paramilitares todavía en armas al Salón Elíptico, para júbilo del pleno parlamentario que registró, ojos y boca muy abiertos, la erguida protesta de Gina Parody y Rafael Pardo. O los repetidos encuentros del paramilitar Job para conspirar con la plana mayor del Gobierno de Seguridad Democrática, en plena “casa de Nari”.

De reforma rural, ni hablar. Hostil a la devolución de predios arrebatados al campesino en la guerra y a la recuperación de baldíos malhabidos para dar tierra a quien la necesita, no se conforma esta derecha con promover el hundimiento de la ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Apunta también a donde nadie se atrevió en 80 años: contra las leyes de expropiación con indemnización por razones de utilidad pública y necesidad social, y las de extinción de dominio en tierras ubérrimas sin explotar. Y es aquí donde más debe de dolerle el fin de la conflagración. Que fue al calor de la guerra, en la batahola de ejércitos de malhechores, como se consumó la más sangrienta reconcentración de la propiedad rural y el control del territorio en Colombia.

Llegada la hora de la verdad, las Farc responden con grandeza. Esta semana entregarán hasta el último fusil de su fuerza en armas. Uribe y su bancada de soldaditos de plomo tendrán que habérselas ahora sin la coartada de las Farc. Sin la hoja de parra que disimula sus vergüenzas.

Cristinadelatorre.com.co http://www.elespectador.com/opinion

20.17.-CAFESALUD: AVES RAPACES DE ALTO VUELO – Cristina de la Torre

Si no fuera por demanda del senador Robledo, habría ya triunfado el estropicio. Pero las aves de presa de la salud no darán su ala a torcer. Llena de irregularidades y abusos, escoltada por el mismísimo Gobierno, la operación de venta de Cafesalud a Prestasalud viola las normas de contratación pública, afecta el patrimonio de la Nación, pone en riesgo a los acreedores, extrema el modelo de concentración en una EPS y compromete más, si cabe, la calidad del servicio de salud.

Prestasalud comprará por $1,45 billones los activos de Cafesalud, empresa quebrada que no podrá pagar sus deudas de $2,9 billones. Como no pudo asignar sus cuatro millones de citas con especialistas ni practicar las 260.000 cirugías represadas. Tampoco la compradora asumirá deudas y pasivos. Ni correrá riesgo económico, porque financia en buena medida su inversión con créditos del Gobierno (Fosyga, Findeter después). Mano tendida a particulares que atesoran dinero público en proporción a la violencia pasiva que ejercen contra los pacientes.

La operación es maná del cielo: Prestasalud compra a huevo, descarta deudas y pasivos, recibe crédito público desviado del bien común al enriquecimiento privado, y recibirá del Gobierno $5 billones cada año (y más ahora, por decreto, para la compradora) para prestar un misérrimo servicio de salud y embolsillarse el grueso. Que así lo estableció la Ley 100: mientras menos gaste en sus pacientes la EPS, más gana; ergo, ésta mezquina la atención, o no la presta.

Tal billonada recibirá Prestasalud por transferencia directa de fondos públicos a las 180 clínicas particulares de Cafesalud, que fueran de Saludcoop. Dígase al entorno de Carlos Palacino, por interpuesta persona. Inmune a juicio y prisión, no obstante haber abastecido sus negocios y una vida ostentosa de modesto empleado venido a magnate con $1,4 billones succionados a fondos de la salud, le juega Palacino verónicas a la justicia. La tratativa de marras será la cereza del pastel horneado durante un cuarto de siglo, desde cuando Álvaro Uribe, imitando el modelo que Pinochet introducía en Chile, trocó la salud en mina de rufianes.

Esta venta legaliza la integración vertical total, prohibida por la Corte. Consiste en que la EPS prestará servicios sólo en hospitales de su propiedad. Y confunde en una y misma cosa a aseguradora y prestadora de salud. Negocio redondo: la EPS transfiere a sus clínicas una jugosa tajada del dinero que el Estado le confía en administración. Abusó Palacino de este esquema, al punto que el Estado debió intervenir a Saludcoop. Mas no para obligar al desvalijador a pagar lo que debía, sino para asumir sus pasivos y entregar los activos a Cafesalud… ¡que era de Saludcoop! Todo quedaba en familia.

Denuncia Jorge Enrique Robledo que no hubo en la venta de Cafesalud pluralidad de oferentes. Que fue una falsa subasta. Como lo fuera la pantomima de Isagén, vendida a proponente único, sin competencia que en la puja elevara el precio de venta de la empresa. Y demandó la operación, exigiendo corregir los entuertos. José Roberto Acosta, por su parte, revela que el ministro de Salud prestó en forma irregular recursos del Fosyga a una empresa quebrada, Cafesalud. De la misma manera como lo hizo el Banco Agrario con Navelena-Odebrecht. El Estado al servicio de corruptos e insolventes.

La privatización de la salud no resolvió los defectos del sistema; antes bien, los agravó. Hoy se traduce en salud buena para quien pueda pagarla y para la mayoría, atención primaria mínima, barata, o nula. Efecto perverso de la alcahuetería de los gobiernos con los mercaderes de la salud, y de su desdén hacia el símbolo trágico del sistema: el paseo de la muerte.

http://www.elespectador.com/opinion/cafesalud-aves-de-alto-vuelo-columna-698033

 

20.17.- YALILE LAMK – Alberto Donadio

No es ilegal la actuación de la abogada Yalile Lamk Nieto, pero sí es afrentosa. Lamk representa a César Fernando Mondragón en la liquidación por captación masiva e ilegal que se adelanta en la Superintendencia de Sociedades por la quiebra fraudulenta de Estraval, donde Mondragón y sus secuaces estafaron a 4.600 inversionistas vendiendo la misma libranza hasta seis veces. Lamk visita con frecuencia La Picota, donde Mondragón estuvo recluido desde enero hasta hace unos días, acusado de una catorcera de delitos: captación masiva y habitual de dineros del público, no reintegro de la captación, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y estafa agravada.

28 May 2017.-  No es ilegal que uno de los capos del cartel de las libranzas tenga defensora. Pero sí es escabroso que Lamk presente ante las autoridades un documento que contiene una flagrante falsedad. El 3 de mayo, la abogada radicó ante Supersociedades el plan con el que Mondragón alega que les va a pagar a las víctimas. El capo enumera títulos y predios y en la página 12 afirma que “no cuenta con más recursos o propiedades que pueda poner a disposición de los inversionistas afectados”. Falso, pues omite los US$3 millones que recibió en septiembre por la venta de un penthouse de 511 metros cuadrados en Aventura, Florida. El inmueble tiene seis dormitorios y cinco baños y medio. No es la única falsedad que prohíja Lamk, que hace diez años, como superintendente financiera delegada, tomó decisiones en cuanto a Estraval. Mondragón también afirmó que por más de diez años las autoridades de control hicieron visitas a Estraval sin un llamado de atención y sin que se le hubiera advertido “de estar incursos en una captación masiva y habitual”. Pero en febrero de 2014 la superintendente financiera delegada Luz Ángela Barahona Polo consignó en un oficio que el valor de las libranzas negociadas entre Estraval y sus clientes “no alcanza a cubrir el valor total que les prometió pagar dicha sociedad a tales clientes compradores”.

Hay algo más grave aún: Yalile Lamk ostenta el cargo de juez. Hace parte del tribunal disciplinario del AMV, el Autorregulador del Mercado de Valores, que, pese a ser un organismo privado de autovigilancia de la bolsa, está facultado legalmente para imponer multas y sanciones. En noviembre, como presidente del tribunal, Lamk sancionó con expulsión del mercado de valores al corredor de bolsa Juan Camilo Viveros Rubiano, quien, según reveló Juan David Laverde en El Espectador, realizó operaciones fraudulentas que le causaron a Bancolombia pérdidas por casi $5.000 millones. Cien veces más ($560.000 millones) suman las pérdidas ocasionadas por Mondragón en contra de los clientes de Estraval. Yalile Lamk, que presenta memoriales falsos ante los organismos oficiales, no tiene autoridad moral para juzgar a nadie. ¿Cómo puede el AMV enaltecer a esta “magistrada”?

Y una pregunta para el fiscal Néstor Humberto Martínez: ¿por qué fueron acusados los capos de Estraval y no los de Elite, que en alianza con las cooperativas del excongresista Roberto José Herrera atracaron a más de 6.000 víctimas de las libranzas?

http://www.elespectador.com/opinion/gabo-y-vargas-ll-columna-691467

19.17.- FISCAL ASEGURA QUE LAS FARC TIENEN VARIOS BILLONES EN BIENES

Néstor Humberto Martínez señala que “la leyenda de pobreza franciscana” del grupo guerrillero está por terminar. Advierte que uno de los decretos del presidente les permitiría destinar ese dinero a sus campañas políticas.

 Néstor Humberto Martínez, fiscal general Foto: Guillermo Torres / SEMANA

5 jun 2017.- Néstor Humberto Martínez hizo el domingo en la noche, en una entrevista con Noticias Caracol, una de las revelaciones más esperadas del proceso penal con las Farc. Se trata del balance sobre los bienes que tendría este grupo guerrillero y que, según el acuerdo de paz, tendría que declarar cuando llegue la fecha de la dejación de armas. El fiscal general aseguró que, después de analizar más de 5.500.000 archivos, ya existen las pruebas de que los bienes ascienden a varios billones de pesos. “Me comprometí con los colombianos a asegurar que el patrimonio ilícito de las Farc pase al Estado colombiano. Esa leyenda de la pobreza franciscana está por terminar”.

Martínez relató que organizó a un grupo de 300 personas para analizar la información relacionada con esos bienes. “Hemos organizado un búnker, donde con la más moderna tecnología nos hemos dedicado a abrir los archivos de todos los operativos militares y de policía de los últimos años, donde estaba toda la información sobre la riqueza de las Farc. No se había abierto”.

La información habría salido de aplicativos y archivos electrónicos. “De computador, de Ipads, de celulares… información especialmente virtual. Hemos logrado analizar ya 5.500.000 archivos electrónicos en donde están los activos de las FARC”.

Según explicó Martínez, se trata de teras de información que le permitirían a la Fiscalía tener el inventario de los bienes de las FARC. De ahí, también podría desplegarse la información relacionada con los testaferros de ese grupo. Es decir, terceros que habrían asumido legalmente la propiedad de tierras y otros inmuebles para ocultar su origen ilicito del Estado.

Puede leer: Fiscalía ocupa millonarios bienes de las FARC en Caquetá

El fiscal asegura que se trata de “miles de inmuebles urbanos, miles de inmuebles rurales, de automotores, de dinero, de ganado, de empresas, establecimientos de comercio que tenemos ya identificados y que es lo que nos va a permitir iniciar un proceso de extensión de dominio masivo. Estamos hablando de billones de pesos”.

Y, aunque se guardó los nombres, dio un ejemplo, la empresa de frigoríficos de carne que persigue la Fiscalía del Valle del Cauca, y que tendría nexos con las Farc. Martínez anticipa que hay más casos como este y que en algunos están involucradas empresas grandes.

Hasta ahora, las Farc no han entregado la información de ese grupo. Por eso, la Fiscalía espera para cruzar esos datos con lo que ya ha recopilado. La fecha de esa obligación se cumplía el miércoles de la semana pasada, cuando el proceso de paz llegaba al día D+180. En el acuerdo de paz había quedado claro que esta se realizaría al mismo tiempo que la entrega de armas. Como el cronograma se corrió, ahora la nueva fecha es el próximo 1 de agosto.  “Ya tenemos el inventario. Lo importante es que ellos hagan su inventario y el Estado ya tiene el suyo y vamos a confrontarlo”, explicó Martínez.

El inventario que presenten las Farc será fundamental para un punto decisivo de la aplicación de la justicia especial para la paz. El fiscal ha sido claro en que todos los bienes que los jefes no declaren podrían dar pie para abrir procesos penales en la justicia ordinaria. 

De hecho, en la entrevista con Noticias Caracol, el fiscal hace una salvedad importante. Para él, todos los testaferros de las Farc deben ser investigados por la Fiscalía y por los jueces penales. “El acuerdo de paz no limpió el patrimonio de las Farc. Es algo que yo reivindico y digo para legitimar el acuerdo. El patrimonio que era ilícito, sigue siendo ilícito y por eso debe ser objeto de extinción de dominio. Y quienes sean testaferros y servidores, y se hayan enriquecido ilícitamente, tendrán que ser objeto no de la JEP sino de la jurisdicción ordinaria”, agregó.

A propósito del tratamiento jurídico que tendrían estos bienes, Martínez explicó que en el paquete de decretos que el presidente expidió la semana hay uno que regula el tema. Y al respecto, hizo una denuncia. En este “se establece que con ese inventario de bienes se va a constituir un fondo fiduciario que será administrado por el Gobierno pero conjuntamente con la comisión de la CICIP. Eso implicaría que las Farc tendrían, por la lectura que uno hace del decreto, capacidad de administrar sus propios bienes”.

En ese escenario, el dinero de las Farc no iría en su totalidad para reparar a las víctimas, sino que también aportaría a un fondo que busca sostener los programas sociales de ese grupo. “Es más, allí se establece que el desarrollo de un centro de pensamiento político del nuevo partido de las FARC. Esto implicaría, si se lee así crudamente como dice el Decreto, que con parte de estos activos se va a financiar la actividad política de las FARC cuando precisamente lo que ha sostenido la Fiscalía es que no es posible que con los activos de las FARC se vaya a ejercer la democracia”.

Para Martínez “eso generaría una inequidad en el debate político, entre la política tradicional lo que representa el estado convencional que ellos confrontaron y lo que ellos representan. La esencia de este acuerdo de paz es que ellos están bienvenidos a la democracia y a hacer la política, pero en igualdad de condiciones. No podría ser que ellos lo hagan con el financiamiento del patrimonio ilegal del secuestro y el narcotráfico. Eso no se puede admitir por parte de la sociedad colombiana y no puede ser la lectura que se le pueda dar”.

http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-tienen–varios-billones-en-bienes-fiscal-general-nestor-humberto-martinez/527507

 

19.17.- LA SOMBRA DE PABLO ESCOBAR Cristina de la Torre 

 

UN NEGOCIO SINIESTRO FLORECE EN Medellín: el narcotour. Y opera al parecer con la misma naturalidad con que el sicario de los 300 muertos desfila en manifestación uribista contra la paz, codo a codo con celebridades de la política que fingen no verlo. Pero uno y otro hecho ultrajan el sufrimiento de una ciudadanía que se arranca como puede el lastre de horror que Pablo Escobar legó. Rubios mochileros alternan aquí turismo sexual y consumo barato de cocaína con este recorrido morboso por lugares y objetos distintivos del Robin Hood antioqueño, cuyos carros-bomba y pistoleros cobraron la vida de miles de inocentes. En 1990, los extraditables asesinaron a quemarropa a 300 policías. El País escribía que la guerra de Escobar arrojaba 4.000 muertos cada año. Popeye pregona orgulloso haber participado en el homicidio de 3.000 personas.

5 Jun 2017.-  Clientes mimados del tour son ejemplares del Primer Mundo cuyo vicio pagamos nosotros con sangre, mientras ellos, exaltados por la serie Narcos, acuden en masa al recorrido. Thriller de quinta, aun para Hollywood, es aquel grosera deformación del fenómeno del narcotráfico. Repite la lucrativa amalgama de droga, sexo y crimen, sobre el más lucrativo negocio en cabeza de quien fuera tildado primer homicida del mundo. Condición que beneficiarios de Medellín sin Tugurios disculpan “por la persecución que se le tendió a un hombre bueno”. Feudo del Patrón, en aquellos barrios la fe en Escobar diluye su pasado violento. Wberney Zabala pregunta cómo puede uno sentirse al salir de un basurero para recibir una casa digna de manos del único que quería darla: Pablo. Sentimiento parecido albergan los excluidos que ganaron poder y dinero al calor del narcotráfico, emulando el modelo milagroso de enriquecimiento fácil. Así se llena el vacío de Estado.

De otros, incluidos desde la cuna, ni hablar. En codicia desbocada, depusieron todo escrúpulo, se sumaron al negocio —de frente o de ladito— y le dieron carta de ciudadanía a la ética del traqueto. Otros vendieron sus mansiones a narcotraficantes por sumas de fábula, en el barrio más exclusivo de Medellín. Bajo presión, o de buena gana, un enjambre de residentes acudió a la feria de ventas: “Le tendieron la mano al enemigo”, apunta la escritora María Cristina Restrepo. Y allí se levantó el edificio Mónaco, residencia de Pablo Escobar y su familia, dinamitado en 1983 por el cartel de Cali. Mole desapacible en su abandono, recuerdo ominoso del pavor que se apoderó de la ciudad, la construcción es punto de partida del narcotour y paisaje de fondo en la fotografía del turista.

Se la hizo tomar, cómo no, el reguetonero J. Álvarez vistiendo camiseta de Escobar. Entonces el alcalde Gutiérrez le exigió respeto por la ciudad: lo suyo es una ofensa para Medellín y para el país, le espetó exasperado. Y al rapero norteamericano Wiz Khalifa, que repitió la dosis, lo llamó sinvergüenza; en vez de llevarle flores a Pablo Escobar debió llevárselas a sus víctimas, y disculparse con la ciudad, remató. Tras ires y venires de gobiernos anteriores, Gutiérrez tomó la añorada decisión: demoler el edificio Mónaco y construir, en su lugar, un parque en memoria de las víctimas. Aplauso cerrado.

A la mar de libros, películas y seriados que hacen la apología del narcotráfico y sus delitos se suman los 110 videos de Popeye en YouTube con sus diez millones de visitas. La versión de los victimarios. Pero es hora de incorporar a la historia también la verdad de las víctimas. Sin ella, en lugar de aportar a la comprensión del pasado, la sombra de Escobar seguirá obrando como fetiche que desfigura la realidad. Del cruce de versiones podrá resultar un relato que se aproxime a la historia.

Cristinadelatorre.com.co http://www.elespectador.com/opinion/feminicida-desde-la-cuna-columna-696060 

 

18.17.- EL INVÍAS PIERDE PLEITO CON CARLOS COLLINS POR TÚNEL DE LA LÍNEA

Tribunal de la Cámara de Comercio de Bogotá declaró el incumplimiento de contrato.

Al proyecto le queda faltando el 12 por ciento, que corresponde a una parte del revestimiento del túnel principal y su pavimentación.

23 may 2017.- Un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá condenó al Instituto Nacional de Vías (Invías) a pagarle al empresario Carlos Collins 47.000 millones de pesos, por las obras de revestimiento del 70 por ciento del túnel de La Línea, dinero que la entidad se negó a girar al consorcio encargado de la obra.

Según Juan David Gómez, abogado de Collins, el tribunal también declaró el incumplimiento del contrato, ya que se comprobó que de forma arbitraria y unilateral el Invías pidió hacer el trabajo con una técnica diferente a la ofrecida al momento de la licitación.

Aunque las pretensiones de la demanda eran de 115.000 millones de pesos, Gómez dijo que la condena es “satisfactoria”. Y además, el monto que deberá pagar la Nación podría ser mayor, puesto que Collins tiene otro proceso contra el Invías por el riesgo geológico y la liquidación del contrato, cuyas pretensiones llegan a 800.000 millones de pesos.

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/invias-pierde-pleito-por-tunel-de-la-linea-91596

18.17.- NUEVO CONTRATO DEL TÚNEL DE LA LÍNEA TRAERÍA 11 MODIFICACIONES – Sebastián Londoño

Anticipo del 10% y opción de prórroga, principales ajustes. Doce firmas estarían interesadas.

Algunas firmas interesadas en culminar el 12% del túnel de la Línea aseguran que necesitan el 20% de anticipos, debido a demoras de los bancos en desembolsar los recursos. ARCHIVO PORTAFOLIO.CO

29 may 2017 .- Once cambios le tuvo que hacer el Gobierno Nacional al contrato del túnel de la Línea para hacerlo más atractivo, luego de que se declarara desierta la licitación hace unos días.

(Lea: Nadie se le ‘midió’ a terminar el túnel de la Línea)

Estos ajustes son el resultado de tres días de reuniones entre el Instituto Nacional de Vías (Invías) y 12 constructoras –tanto nacionales como internacionales–, que ya mostraron interés en terminar el 12% restante que le falta a esta obra.

(Lea: Ocho firmas interesadas en terminar Túnel de La Línea)

En principio, el Invías mantendrá a su cargo la licencia ambiental del proyecto y no se le cederá al contratista, el cual se espera se conozca el 4 de julio próximo. Además de lo anterior, se incluirá un anticipo del 10% (unos 22.000 millones), con el fin de que la firma ganadora no tenga inconvenientes de recursos al iniciar sus tareas.

Carlos García Montes, director del Invías, aseguró que “como se trata de un contrato de mucha cuantía (más de $220.000 millones) no teníamos presupuestado inicialmente dar anticipos, teniendo en cuenta que presupuestábamos que la firma ganadora tuviera buen músculo financiero. No obstante, aunque la ley nos da vía libre para habilitar hasta el 50% de anticipos, solo daremos el 10%”.

SEGUROS Y TIEMPOS

Sumado a los anteriores cambios, el Gobierno tuvo que salirles al paso a las compañías que mostraron interés en el proyecto, debido a que estas manifestaron que no era claro si debía responder por posibles fallas en lo que Carlos Collins (el anterior contratista) ya tenía listo, para lo cual el Invías determinó que el aseguramiento del proyecto corresponderá solo para el 12% que le resta a la iniciativa.

Las adecuaciones no terminan allí y también incluirán que la entidad asuma la responsabilidad de aumentar el plazo por mayores tiempos requeridos tanto en diseños como en obras extraordinarias, tales como posibles cambios en el tratamiento de los otros túneles o reparaciones menores.

“También tendremos a nuestro cargo los posibles riesgos que traería el hecho de que se tarden las aprobaciones de permisos ambientales por parte de la autoridad ambiental. De esta forma, mostramos disposición como Gobierno para que las obras culminen lo antes posible y la adjudicación del contrato no se modifique nuevamente, es decir, que se mantenga para el 4 de julio”, agregó García.

Con este fin, añadió el funcionario, también habrá flexibilidad de parte del Invías para la simultaneidad e independencia de todos los frentes de trabajo, con lo cual se le permite al contratista tener más libertad en su programación.

El Invías asumirá, igualmente, los riesgos por posibles afectaciones a la ejecución de las obras por efectos de obligaciones pendientes con subcontratistas y personal del contrato anterior, tales como posibles obstrucciones al desarrollo de la obra. Y, finalmente, se establecerán tiempos y mecanismos adicionales para resolver aspectos de ítems no previstos en la preconstrucción y construcción del contrato, con el fin de agilizar la ejecución del mismo.

¿QUÉ DICEN LAS EMPRESAS?

De igual forma, el Invías recibió 10 cartas con observaciones a los pliego definitivos del 12% restante del túnel de la Línea y que incluye las opiniones de nueve empresas y de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

La mayoría de estas tienen que ver con la determinación puntual de los plazos de diseños y ejecuciones de cada una de las obras faltantes, pero también incluye, por ejemplo, una solicitud con respecto al presupuesto, hecha por la empresa Confianza.

“Dentro de las observaciones manifestadas a la licitación desierta estaba el de la insuficiencia del presupuesto (…) en este sentido, observamos que este se disminuye en un 0,88% respecto al de la licitación, aspecto que contradice lo recomendado”, señala la misiva.

Otra carta, remitida por la firma KMC, indica que el 10% de anticipo no es suficiente, por lo cual “insistimos en la necesidad de que este sea del 20%, teniendo en cuenta las necesidades” y los tiempos que tardan los bancos en verificar el negocio y desembolsar los recursos”.

Frente a esto, el Invías asegura que el 10% se aprobó por se un caso excepcional y no modificará su propuesta, lo cual podría llevar a que esta y otras empresas vuelvan a desertar de presentarse a la nueva licitación.

Sebastián Londoño V. seblon@eltiempo.com    http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/nuevo-contrato-del-tunel-de-la-linea-traeria-11-modificaciones-506317

17.17 .- GENERAL (R) USCÁTEGUI FUE PUESTO EN LIBERTAD POR LAJUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ Y LÍO EN BANAGRARIO

Bogotá, 5 Mayo  2017

Luego de acogerse a la Jusrisdicción Especial de Paz, un juez de la República decidió concederle libertad al general (r) Jaime Humberto Uscátegui.

((Lea: Después de 11 años la Cidh acepta revisar el proceso del general Uscátegui))

El general había sido condenado a una pena de 37 años de prisión por su vinculación a la masacre de Mapiripán, ocurrida en julio de 1997 por las Autodefensas Unidas de Colombia.

Aunque en 2007 el general fue declarado inocente por un juez especializado, la medida fue revocada en 2011 por el Tribunal Superior de Bogotá, que le dictó la sentencia por 40 años, que posteriormente fue rebajada a 37.

Este es el primer general absuelto por la justicia especial, diseñada en los diálogos de paz de La Habana.

http://www.larepublica.co/general-r-usc%C3%A1tegui-fue-puesto-en-libertad-por-la-justicia-especial-para-la-paz_504946

17.17.- Enredados cerca de $80.000 millones del BanAgrario en crédito a Navelena

Colprensa

El país nuevamente se ve sacudido por los escándalos de la firma brasileña Odebrecht y, en esta ocasión, el Banco Agrario vuelve a verse salpicado. Este lunes, en el Juzgado 58 penal de garantías de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputó a exdirectivos del Banco Agrario cargos por el delito de administración desleal.

Los funcionarios que se vieron afectados fueron:  Hernando Gómez Vargas, exvicepresidente jurídico del Banco Agrario; Mónica Santamaría, exvicepresidente comercial; Juan Carlos Orjuela, exgerente de asesoría jurídica de negocios; y el exgerente de banca empresarial, Alejandro Jiménez.

Se debe recordar que esta organización fue denunciada por el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, con lo que se destapó el presunto préstamo irregular del Banco Agrario a Navelena, en el cual Odebrecht también tenía participación.

El senador Robledo, quien ha estado investigando con mayor profundidad el caso, presentó en febrero un recurso de inasistencia ante el Banco Agrario, cuando este se negó a otorgar información para continuar con las investigaciones. En esta semana, por medio de su cuenta de Twitter, manifestó que “el Banco Agrario provisionó, por pedidos, $77.460 millones de los $120.000 millones que prestó a Navelena”.

Respecto a esta afirmación, el senador habló con AL y manifestó que la “cifra fue otorgada directamente por el Banco Agrario, por medio de una respuesta entregada el 10 de mayo, a un derecho de petición que fue solicitada por mí y mi oficina,  y que tiene como cifra $77.460 millones con corte a abril”.

Previamente, exactamente en abril de este año, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, manifestó que el organismo haría nueve imputaciones nuevas contra Marcela Ferrán, Mónica Santamaría y Hernando Gómez Vargas, por el delito de administración desleal, por supuestamente otorgar irregularmente un crédito por valor de $120.000 millones.

El derecho de petición emitido por el senador, pregunta a la entidad ¿A cuánto ascienden las provisiones originadas en las dos obligaciones pendientes de pago de Navelena S.A.S de acuerdo con el aplicativo Cobis?, a lo que el Banco Agrario respondió que en la primera obligación el saldo al 30 de abril fue de $45.166 millones y en la segunda el monto llegó a $32.294 millones, que al hacer la sumatoria equivale a $77.460 millones, cifra entregada por el senador Robledo.

La Fiscalía manifestó que la junta directiva del Banco Agrario hizo un cambio en las políticas y las condiciones del desembolso del 12 de noviembre, por valores de $70.000 millones y $50.000 millones, para poder facilitarlo. Además, se conoció que en próximos días se hará una imputación de cargos contra Marcela Ferrán, exvicepresidenta de crédito y cartera, y a Eliana Martínez por lo mismos cargos de los ex directivos.

Antecedentes

Odebrecht no solo ha tenido un efecto en el país, sino que además en Perú la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria interpuso medidas cautelares en contra de los bienes y cuentas que tiene la constructora brasileña para salvaguardar los intereses de la Nación. “Es una medida de carácter excepcional y cabe indicar que se da cuando aún una deuda (tributaria) no es exigible pero se realiza cuando existen las razones”, dijo el superintendente Víctor Shiguiyama.

Para contactar al autor de esta nota: Laura Fernanda Bolaños R. @laurabora510 Editor de esta nota:David Romero dromero@larepublica.com.co http://www.larepublica.co/enredados-cerca-de-80000-millones-del-banagrario-en-cr%C3%A9dito-navelena_512516

 

 

16.17 “Peculado en Reficar fue 18 veces más grande que el de Odebrecht”

Fiscal anuncia las primeras imputaciones por el “mayor peculado” de Colombia. Ocho altos ejecutivos responderán ante la justicia por descalabro en Refinería de Cartagena que superó los 610.000 millones de pesos. Ministro de Hacienda rendirá declaración jurada.

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La necesidad de modernizar la Refinería se planteó desde el comienzo como de “importancia estratégica” para el país. Sin embargo, dos décadas después este sueño para los cartageneros y para la Nación se terminó convirtiendo en el peor “peculado” del país. Así lo aseguró el fiscal Néstor Humberto Martínez al explicar cómo, pasándose por la faja las normas y la ley, se logró un fraude de 610.000 millones de pesos, por lo que se anunciaron las primeras imputaciones.

Aunque a través de dos documentos Conpes y la Ley se establecieron las políticas públicas para la consecución de un socio
estratégico que financiara el proyecto, estas se terminaron quedando en el papel. Las normas apuntaban a que hubiera la mayor participación privada posible de recursos, con el objetivo de poner un seguro para que los riesgos recayeran en el inversionista. Sin embargo, con los años el Estado colombiano terminó por asumir el 100% de los costos y de los sobrecostos.

Esta es la base de la investigación de la Fiscalía, que en una primera fase anunció la imputación de cargos a ocho altos ejecutivos, y la vinculación mediante llamado a interrogatorio de otros ocho. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, expresó que pese a las retricciones legales que había para firmar el contrato bajo la modalidad de llave en mano, se terminó firmando como “gastos reembolsables”, lo que permitió que el Estado terminara pagando una cifra que corresponde a 18 veces el soborno de Odebrecht en Colombia.

Las cosas parecían haber comenzado bien cuando en el 2006, se eligió a la compañía Glencore International AG como el
inversionista mayoritario del proyecto. En la Refinería de Cartagena S.A., Glencore International AG quedó con una participación del 51%; y Ecopetrol, con el 49%.

Sin embargo, en el 2007, bajo la administración de Glencore, Reficar eligió a Chicago Bridge & Iron Company (CB&I) para hacer la ingeniería, las compras y la construcción de la refinería a través de un contrato de EPC (Enginering, Procurement and Construction).

Dos años más tarde, sin haber si quiera financiado el proyecto y alegando un evento “imprevisto, imprevisible e irresistible”, Glencore se retiró de la sociedad Reficar, y Ecopetrol adquirió el ciento por ciento (100%) de la participación accionaria de la refinería. Es decir, asumió la totalidad del capital de Reficar, ejecutora del proyecto.

Una vez se retira Glencore, Reficar contrata a Foster Wheeler & Process Consultant Inc, como firma encargada de llevar a cabo el gerenciamiento, supervisión y control del proyecto. A esto se sumó que en el año 2010, para continuar con la ejecución del proyecto, Reficar suscribió dos nuevos contratos con CB&I en la modalidad contractual “costos reembolsables”, lo que implicó que los riesgos de sobrecostos fueron asumidos totalmente por el Estado.

La Fiscalía concentró su actuación en la firma de cuatro acuerdos denominados “Memorandum of Agreement” (MOA) y “Project Invoicing Procedure” (PIP), a través de los cuales se dieron aprobación sin soporte a miles de millones de pesos de recursos públicos en favor del contratista CB&I.

Entre las irregularidades detectadas por la Fiscalía está el pago de facturas que habían sido previamente rechazadas por el supervisor del contrato (Foster Wheeler) o que ni siquiera fueron validadas. Estos pagos fueron a todas luces “irrazonables, desproporcionados y sin ninguna relación con el proyecto”, dice la Fiscalía.

El ente acusador destaca, por ejemplo, pagos de 22.000 dólares por bebidas y servicios de SPA para los contratistas. También se pagaron sueldos a trabajadores que nunca ingresaron a Reficar, o personas que no trabajaron en las épocas en que se desembolsaron sus salarios.

La lista de irregularidades es larga. Por ello, Néstor Humberto Martínez anunció para el 7 de junio las primeras imputaciones de cargos en el caso. Estas son a Orlando Cabrales Martínez, expresidente de Reficar 2009-2012; Yañez Reyes Reinoso, expresidente de Reficar 2012- 2016; Felipe Laverde Concha, vicepresidente de Reficar 2009-2017; Pedro Alfonso Rosales Navarro y ex vicepresidente ejecutivo de Downstream Ecopetrol 2008.

También serán presentados ante las autoridades, Nicolás Isaksson Palacios, líder del grupo Legal Reficar 2013-2017; Philip Kent Asherman, representante legal de CB&I 2010; Massoud Deidehban, director de proyectos y representante legal de CB&I 2009 y Carlos Alberto Lloreda Silva, revisor fiscal de Reficar 2013 – 2015.

Todos deberán responder por los delitos de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento.

En lo relacionado con la investigación por las irregularidades para la selección de un socio estratégico, la salida de Glencore y la selección del contratista, fueron llamados a interrogatorio a Isaac Yanovich Farbaiarz, Presidente de Ecopetrol 2002- 2006; Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, presidente de Ecopetrol 2007 – 2015; Jaime Leonardo Flórez Muñoz, gerente de vicepresidencia de Refinación Ecopetrol 2007-2008; Jorge Enrique Carvajales Orozco, presidente de Reficar 2006-2008; Andrés Virgilio Riera Burelli, Vicepresidente de Preparación y Puesta en Marcha Reficar 2015-2016; Richard Cohen, representante Legal de Glencore 2008- 2009; Sergio De la Vega Jiménez, Ejecutivo Glencore y Suplente del
Presidente de Reficar 2007.

A declaración jurada deberán asistir los miembros de las juntas directivas de Ecopetrol y Reficar. Desde hoy comenzarán a ir a la Fiscalía por citación Fabio Echeverry Correa, María Elena Velásquez, Joaquín Moreno Uribe, Carolina Rentería, Hernán Martínez (ministro de Minas de la época) y Mauricio Cárdenas Santamaría. También deberán asistir Óscar Iván Zuluaga (ex ministro de Hacienda de la época), María Paula Jaramillo Restrepo, Bernardo Rodríguez, Juan Nicolás Rubio y Ana Constanza Calixto.

http://www.semana.com/nacion/articulo/los-primeros-implicados-en-el-desacalabro-de-reficar/523352

16.17 Reficar: las claves del desfalco

La Fiscalía comienza a aterrizar los sobrecostos de la Refinería de Cartagena en materia penal y decanta las primeras responsabilidades. Ocho altos ejecutivos serán imputados por un escándalo que equivale a 18 veces el monto involucrado en Odebrecht.

 Reficar: las claves del desfalco Foto: Foto: Ecopetrol

Hace ocho meses, un grupo elite creado por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, emprendió dos días de inspecciones en múltiples oficinas de Bogotá y Cartagena. La misión era recaudar, sorpresiva y rápidamente, toda información documental posible para descubrir cómo fue que la modernización de la Refinería de Cartagena, Reficar, pasó de un costo inicial proyectado en 3.777 millones de dólares a 8.016 millones, es decir, más del doble del plan original. Los investigadores encontraron tal número de papeles y archivos que necesitaron de toda una semana para terminar el barrido.

El grupo, integrado por cuatro fiscales anticorrupción, 12 agentes de la Policía Judicial Económico-Financiera y tres investigadores del CTI, recaudó un total de ocho teras de información digitalizada (algo así como lo que pueden almacenar 16 computadores personales). En el acervo aparecieron actas, recibos, cuadernos contables, e-mails y contratos, entre otros documentos, que permitieron observar el tejemaneje financiero de Reficar a lo largo de 12 años, a partir de 2005, cuando se inició el mayor proyecto de inversión pública del país en toda su historia.

El plan para modernizar la planta de refinación está recogido en dos documentos maestros del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes 3312 de 2014 y 3336 de 2005). En estos se consideró vital actualizar la Refinería de Cartagena, para garantizar el autoabastecimiento de combustibles, proveer excedentes para exportar, a la vez que romper la dependencia nacional de la refinería de Barrancabermeja, pues cualquier contratiempo en ella podría cortar ese suministro esencial para el país.

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Pero la planta de Cartagena era obsoleta en tecnología y en infraestructura, y modernizarla implicaba una inversión colosal. Precisamente por ello, los Conpes señalaron que la ingeniería y la construcción del megaproyecto se debían adelantar, por un lado, con la mayor participación de recursos del sector privado, para mitigar el riesgo del Estado en la operación. Y, por la otra, dentro del esquema contractual “llave en mano”, que eliminaba los riesgos de sobrecostos.

Con esas condiciones, en 2006 la multinacional Glencore hizo una propuesta más atractiva que la de Petrobras, y consiguió asociarse con Ecopetrol. La firma suiza, experta en asuntos de minería, asumió como inversionista mayoritaria el 51 por ciento mientras la estatal petrolera colombiana quedó con el 49 por ciento. Nació así la sociedad Refinería de Cartagena S.A.-Reficar. Y esta, controlada por Glencore, eligió a la compañía estadounidense Chicago Bridge and Iron (CB&I) para ejecutar la ingeniería, las compras y la construcción de la refinería. El proyecto para desarrollar en Cartagena la más moderna refinería de América Latina parecía marchar viento en popa, pero en 2009 Glencore anunció que no iba más.

Los suizos alegaron que el contexto internacional había cambiado drásticamente, y que se enfrentaban a un evento imprevisible e irresistible que les obligaba a dejar el proyecto. Ecopetrol, embarcado ya en el negocio, no tuvo mejor opción que recomprar para quedarse con el ciento por ciento de la participación accionaria. La salida del socio extranjero y las variaciones contractuales posteriores abrieron un hoyo negro que absorbió miles de millones de pesos por más de un lustro.

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En 2010, cuando el contratista principal, CB&I, ya había incurrido en incumplimientos al ejecutar la obra, Reficar suscribió un par de nuevos contratos con la firma estadounidense. Y más adelante, en 2014 cuando a los incumplimientos se sumaban graves atrasos estructurales, se pactaron otros cuatro acuerdos contractuales. Lo grave de esos negocios convenidos entre Reficar y CB&I es que se concretaron bajo la modalidad laxa de “costos reembolsables”, mientras aquella de “llave en mano”, ordenada inicialmente por el Conpes, era arrojada al mar.

Con esa fórmula, por la que a medida que el contratista ejecuta va pasando facturas para cobrar el reembolso, la refinería terminó por costar el doble de lo estipulado en el plan original. Para algunas voces la gran mayoría de los sobrecostos ocurrieron porque la planificación inicial se hizo mal, lo cual habría quedado en evidencia pues al ejecutar apareció que los materiales, la mano de obra especializada y demás gastos, incluidas las mejoras incorporadas al proyecto sobre la marcha, resultaron mucho más caros que lo proyectado inicialmente.

El debate sobre Reficar se dividió en dos. De un lado están quienes señalan una mala planeación y ejecución de la megaobra –esa ciudadela integra 34 industrias petroleras–, en parte por la inexperiencia en proyectos de tal envergadura, pero con el resultado concreto de que el país hoy tiene una refinería de clase mundial. Reficar, por sí sola, contribuyó con medio punto al producto interno bruto del país el año pasado.

Del otro lado están quienes observan en Reficar un desfalco colosal que por su cuantía billonaria no tendría antecedente ni siquiera en un país tan acostumbrado a los escándalos de corrupción como Colombia. La realidad, como suele ocurrir, está en la mitad.

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El control en acción

Hace un mes el contralor Edgardo Maya abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra 38 directivos de Ecopetrol y Reficar y señaló que podría haber un detrimento patrimonial de 17 billones de pesos. Antes, en febrero de 2015, la Procuraduría había hecho lo propio contra 12 exfuncionarios que podrían tener alguna responsabilidad disciplinaria. Ahora, luego de ocho meses de investigación, el fiscal Martínez llegó a la conclusión de que en Reficar hubo desfalco y empezó a señalar como responsables a la cúpula de la operación, en la que no solo hay colombianos, sino también ejecutivos estadounidenses.

No son pocos, ni sencillos, los delitos que la Fiscalía observa en el lío de Reficar. El equipo de Néstor Humberto Martínez encontró una cascada de pagos que habían sido objetados por Foster Wheeler –firma supervisora de la operación entre Reficar y CB&I–, y que luego, eludiendo la vigilancia, fueron validados y desembolsados. En mayo de 2014 CB&I acumulaba más de 70 millones de dólares en cobros rechazados, pero seis meses después, en virtud de uno de los nuevos contratos, se hicieron los pagos. “Son cobros irrazonables, desproporcionados y sin ninguna relación con el proyecto. Se pasaron por la faja el Conpes y la ley”, dijo el fiscal. Según él, hubo pagos por bienes y servicios que nunca asomaron por la refinería, subcontrataciones no autorizadas, gastos extravagantes y gastos duplicados, es decir, cobrados dos veces.

Ese despilfarro de los recursos públicos configura al menos cuatro delitos en este caso: peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documentos. Y la Fiscalía acusa de esos cargos a ocho altos ejecutivos de primera línea: los presidentes de Reficar, Orlando José Cabrales Martínez (2009-2012) y Reyes Reinoso Yáñez (2012-2016); el vicepresidente jurídico de la compañía desde 2009, Felipe Laverde Concha; el líder del grupo legal Reficar desde 2013, Nicolás Isaksson Palacios; el revisor fiscal entre 2013 y 2015, Carlos Alberto Lloreda Silva; el vicepresidente ejecutivo del Downstream Ecopetrol en 2008, Pedro Alfonso Rosales. También los extranjeros Philip Kent Asherman y Massaud Deidehban, representantes legales de CB&I entre 2009 y 2010 serán acusados.

Por si quiere saber más: Capturan funcionarios de Ecopetrol por irregularidades en contratación

Por petición de la Fiscalía, la audiencia de imputación contra estos ocho ejecutivos será pública y se realizará el próximo 7 de junio en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá. Martínez explicó que la programó para esa fecha distante para contar con tiempo suficiente para asegurar la comparecencia de los extranjeros. Desde septiembre pasado la entidad a su cargo solicitó priorizar el caso Reficar dentro del acuerdo de colaboración judicial del ente investigador con Estados Unidos. Y aún más, el fiscal asegura que, si los extranjeros no se presentan y más adelante la Justicia los condena, los pedirá en extradición. Que Estados Unidos extradite a un ciudadano para entregarlo a Colombia no es nada fácil, y no tendría antecedentes en la historia.

La Fiscalía provisionalmente cuantifica el desfalco de Reficar en 610.000 millones de pesos, que equivalen a 18 veces el monto involucrado en el caso Odebrecht en Colombia. Aun así, es una cifra ínfima frente a los 17 billones de pesos de los que habla la Contraloría como posible detrimento patrimonial. La diferencia radica en que mientras que el contralor Maya aspira a recuperar la máxima suma posible (y para ello incluye no solo los mayores costos, sino los ingresos que la refinería generaría de haberse puesto en marcha a tiempo) al fiscal Martínez le interesa que se haga justicia, y un peculado por 610.000 millones implica la misma condena que uno por 720.000 millones. Da igual. El fiscal considera que las investigaciones “eternas” que pretenden incluir hasta el último peso redundan en impunidad.

Ir hasta el ‘pecado original’

De esta manera, entre los primeros ocho altos ejecutivos acusados no estarían todos los responsables. Se está avanzando en otras líneas de investigación. De hecho, en la rueda de prensa Martínez anunció que otros ocho directivos tendrían que acudir en las próximas semanas al búnker para rendir interrogatorio en calidad de indiciados. En ese segundo grupo hay tres ejecutivos de Ecopetrol, dos de Reficar, dos de Glencore y uno del interventor Foster Wheeler.

Se trata de Issac Yanovich Farbaiarz, presidente de Ecopetrol entre 2002 y 2006; Javier Genaro Gutiérrez, también presidente de la estatal petrolera entre 2007 y 2016; Jaime Leonardo Flórez Muñoz, gerente de la Vicepresidencia de Refinación de Ecopetrol entre 2007 y 2008; Jorge Enrique Carvajales, presidente de Reficar 2006-2008; Andrés Virgilio Riera Burelli, vicepresidente de Preparación y Puesta en Marcha de Reficar entre 2015 y 2016; los representantes legales de Glencore, Richard Cohen y Sergio de la Vega Jiménez; y el director de Supervisión de Foster Wheeler, Christian Augusto Mantilla.

Además, el fiscal general anunció que también llamará a declaración juramentada, esto es, en calidad de testigos, a una veintena de miembros de juntas directivas de Ecopetrol y Reficar durante los 12 años de ejecución del proyecto. Entre los más conocidos están el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, el exministro y excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, el exministro de Minas Hernán Martínez y el exmiembro de la Junta Directiva de Ecopetrol Fabio Echeverry Correa.

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La Fiscalía quiere ahondar hasta lo que el presidente Santos ha llamado el pecado original, la etapa inicial del proceso, cuando entró a jugar Glencore para luego abandonar la sociedad. ¿Por qué en 2006 Ecopetrol optó por esta firma minera sin experiencia en construir refinerías? ¿Qué ofreció de más Glencore sobre Petrobras, la estatal petrolera de Brasil, que resultó derrotada? ¿Por qué Glencore se marginó tan pronto del negocio y dejó a Colombia en la encrucijada de enfocarse en una compleja pelea internacional o sacar adelante la refinería? La Fiscalía pretende desenredar esos y otros interrogantes.

En un debate en el Congreso, hace un año, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que él, personalmente, le exigió al director de Glencore cumplir o irse del país, y que cuando esto último ocurrió la multinacional “pagó una sanción de 246 millones de dólares”. En 2006 Glencore desembolsó 630 millones de dólares por el 51 por ciento de las acciones de la sociedad, y cuando le revendió a Ecopetrol recibió 549 millones. El precio quedó acordado en una conciliación, para no llevar el caso a arbitramento. “Yo le hice la exigencia, pero no participé de la negociación”, dijo Uribe. SEMANA le preguntó al fiscal general si Glencore recibió algún tipo de multa o penalidad por abandonar el negocio y su respuesta fue: “No. No quiero anticipar, pero no”. Esta controversia será clave en el caso.

El fiscal espera poder cruzar la información recolectada en Colombia con las cuentas de CB&I en Estados Unidos. Esta firma, con sede en Houston, está en la mira del FBI pues Martínez ya logró que las autoridades norteamericanas asignen investigadores al caso, en el marco del convenio de cooperación. La tesis del ente acusador es que en un mundo globalizado no hay escondite ni para los botines desfalcados ni para los responsables. De momento, la decisión de la Fiscalía ha provocado gran revuelo en las más altas esferas del poder económico.

http://www.semana.com/nacion/articulo/avanza-investigacion-de-caso-reficar/523615

 

15.17.- OPCIONES POLÍTICAS Y CORRUPCIÓN – Salomón Kalmanovitz

Hay mucha confusión y desesperanza en el país, a pesar del logro de haber negociado el desarme de la principal organización insurgente del país. Para los habitantes urbanos es una buena noticia, pero la mayor parte no se siente afectada por el conflicto y lo contempla como lejano; los más conscientes expresan desconfianza frente a las Farc por sus acciones crueles durante el conflicto, de las que no se pueden desprender. No hay mucha simpatía por el Gobierno que negoció lejos del país unos acuerdos que no son claros y que la extrema derecha ha tergiversado de manera radical y efectiva.

7 may 2017.- El plebiscito sobre los acuerdos de paz fue una ocasión para que se juntaran algunas vertientes del Partido Conservador, lideradas por Álvaro Uribe, más los grupos religiosos que se declaran en rebeldía frente a las decisiones de las cortes en materia de igualdad de los ciudadanos, de legitimar el aborto en casos puntuales y la adopción de niños por solteros y parejas gais. Fue muy efectiva la mentira tantas veces repetida de que en La Habana se había negociado la ideología de género para que estos grupos religiosos se volcaran a las urnas a negar los acuerdos y salvarnos del castrochavismo, mientras que las clases medias de inclinación más liberal optaron por la abstención.

Los escándalos que estallaron alrededor de Reficar y de Odebrecht han despertado una fuerte reacción de los ciudadanos contra la corrupción. Es que pagar impuestos para que se los roben, dilapidar la renta petrolera que no les llega sino a unos pocos o repartir los bienes incautados al crimen organizado entre los políticos del Partido Conservador despiertan una fuerte resistencia entre las clases medias.

El sistema clientelista permite y alienta que los políticos y las élites apropien para sí partes sustanciales de la contratación pública: mientras mayor sea ésta, se abren nuevas y mejores oportunidades para desviar recursos públicos. La reelección ha contribuido a que los políticos y los grupos privados que los compran puedan hacer sus negocios con menor injerencia de la competencia política y de la opinión. Los medios de comunicación ya no hacen periodismo investigativo que, en otras épocas, sirvió para descubrir los delitos contra el Estado. Los entes de control y la propia justicia se han clientelizado y los largos períodos les permiten consolidar sus intercambios de posiciones, toleran la corrupción y otros crímenes que cometen los funcionarios, de los cuales son frecuentes cómplices. No existen muchos detectives financieros que sigan el rastro del dinero mal habido.

Por eso la corrupción se ha tornado en el tema central de las campañas políticas de los verdes, el Polo (también tocado por los Moreno Rojas) y las organizaciones en las que trabajan las Farc. Los conservadores, el uribismo, el Gobierno y los partidos que lo apoyan están manchados por la corrupción develada, por lo que tratarán de lavarse las manos acusando a los demás. Las Farc sólo tienen una base social entre los colonos de los territorios que controlaron, y ni tanto; el resto del campesinado afectado por el conflicto les teme y, como se dijo, mucho menos los apoya la población urbana.

El Polo está irremediablemente fracturado, mientras que las Farc y Petro se identifican con la desprestigiada dictadura venezolana, lo que los debilita más. Todo esto abre una ventana de oportunidad para los verdes.

http://www.elespectador.com/opinion/opciones-politicas-y-corrupcion-columna-692714

 

15.17.- CRIMEN ORGANIZADO: NEGOCIOS GLOBALES DE 2.2 BILLONES DE DÓLARES – Zósimo Camacho*

 La economía sumergida cuenta con miles de organizaciones y millones de trabajadores en todo el mundo. Pero apenas un puñado de multinacionales del crimen controla realmente el flujo mundial de bienes y servicios ilícitos

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Las actividades de las organizaciones del crimen trasnacional generan entre 1.6 y 2.2 billones de dólares estadunidenses al año en todo el mundo. El monto no sólo llena los bolsillos de los perpetradores. Los recursos sirven también para financiar la violencia y la corrupción en países de los cinco continentes.

“El delito trasnacional es un negocio… y un negocio muy bueno”, se asienta en el estudio de la Global Financial Integrity, Transnational Crime and the Developing World. De hecho, el dinero es el principal motor para la comisión de 11 actividades que significan saqueo, explotación y muerte: narcotráfico; tráfico de armas ligeras; tráfico de personas; tráfico de órganos; tráfico de bienes culturales; falsificación de productos; comercio ilegal de vida silvestre; pesca ilegal y/o no reportada; tala ilegal; minería ilegal, y robo de petróleo crudo.

“Estos crímenes socavan las economías locales y nacionales, destruyen el medio ambiente y ponen en peligro la salud y el bienestar de la población”. Lo peor, señala el informe, es que la delincuencia trasnacional seguirá creciendo. Mientras son altos los beneficios de estas actividades, son bajos los riesgos que, de manera general, viven quienes participan en ellos.

18 DE ABRIL DE 2017.-  El valor minorista del crimen internacional, por actividad delincuencial, es de entre 426 mil millones y 652 mil millones de dólares por narcotráfico; de 1 mil 700 millones a 3 mil 500 millones por venta de armas ligeras y pequeñas; de 150 mil 200 millones por tráfico de personas; de entre 840 millones y 1 mil 700 millones por tráfico de órganos; de entre 1 mil 200 millones y 1 mil 600 millones por tráfico de bienes culturales; de 923 mil millones a 1 billón 130 mil millones por falsificación y piratería; de 5 mil millones a 23 mil millones por comercio ilegal de vida silvestre; de 15 mil 500 millones a 36 mil 400 millones por pesca ilegal o no reportada; de entre 52 mil millones y 157 mil millones por tala y tráfico de madera; de 12 mil millones a 48 mil millones por minería ilegal, y de entre 5 mil 200 millones a 11 mil 900 millones de dólares por robo de petróleo crudo.

“Esas cifras expresan la dificultad de tratar de cuantificar ese tipo de procesos”, señala el maestro en finanzas Jorge Retana Yarto, quien se ha especializado en economía internacional e inteligencia para la seguridad nacional.

Y es que para Retana, autor de El imperio de las mafias transnacionales, las cifras podrían ser mucho mayores, como señalan otros estudios. Es complicado ofrecer estimaciones porque se trata de transacciones de la economía sumergida o economía criminal. Cuantitativamente es muy complicado encontrar datos confiables. “Por ello yo he optado por los análisis cualitativos”.

Todo finalmente es un asunto de finanzas, señala el documento de la Global Financial Integrity. Por ello exhorta “a los gobiernos, expertos, al sector privado y a la sociedad civil” a reducir los espacios del sistema financiero en la sombra, es decir, el que permite lavar dinero de la delincuencia. Es momento, señala el documento publicado el pasado 28 de marzo, de promover “una mayor transparencia financiera”.

El estudio advierte que se trata de estimaciones basadas sólo en lo que se ha podido confiscar, detectar o incautar: “interdicciones en que la transparencia atraviesa la naturaleza clandestina de los mercados”. Por lo que lo estimado sólo puede representar un porcentaje del comercio real total.

“La naturaleza ilícita de estos mercados significa que los participantes tienen interés en operaciones de mercados opacas, limitando la cantidad y la calidad de los datos.”

Ante todo, el crimen organizado es un negocio. Quienes participan en él están motivados en gran medida por ganancias financieras. Por ello, la gestión financiera de estos grupos es fundamental para su éxito.

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“Los delincuentes no sólo obtienen beneficios económicos de los ingresos ilícitos, sino que utilizan los ingresos para sostener operaciones y financiar actividades criminales adicionales.”

Además, las organizaciones criminales adoptan inmediatamente las nuevas tecnologías, están a la vanguardia en telecomunicaciones y equipos de cómputo, por ejemplo, y se adaptan con rapidez al cambio de escenarios y son capaces de ver las oportunidades que se generan para ellos con cada situación de crisis: desastres naturales, trastornos sociales y guerras civiles.

Jorge Retana Yarto señala que son miles de las organizaciones dedicadas en todo el mundo a este tipo de actividades. “Pero hay una serie de organizaciones sobre las cuales giran los distintos negocios del crimen trasnacional”.

El combate al crimen organizado se hace, para el doctor en estudios latinoamericanos y especialista en economía internacional Daniel Inclán Solís, particularmente complicado en el presente. “Ya no hay un frontera entre el crimen organizado y la institución contemporánea”, señala. “Lo que tenemos es una simbiosis que es extraordinariamente efectiva”.

El narcotráfico

El mercado mundial del narcotráfico alcanza un valor de entre 426 mil millones y 652 mil millones de dólares. Por sí solo significa un tercio de todo el valor de los negocios del crimen trasnacional. La droga ilegal que más se trasiega y mayor dinero significa es la marihuana, seguida de la cocaína, los opiáceos (extraídos de la amapola, como la morfina y la heroína) y los estimulantes de tipo anfetamínico (ATS, sigla del inglés Amphetamine-Type Stimulants).

La marihuana y los ATS se producen en todo el mundo, mientras que la cocaína sólo en América del Sur y los opiáceos principalmente en Afganistán. El informe documenta que en la producción y trasiego de drogas participan desde los cárteles de la delincuencia organizada hasta organizaciones terroristas y grupos guerrilleros.

Las organizaciones criminales del África Occidental han aumentado, señala el estudio, el control del mercado de drogas en la región. También han logrado aumentar el volumen de heroína que se trafica desde Afganistán. Lo anterior ha derivado en un aumento del consumo.

Tráfico de armas

El valor del mercado mundial de trasiego ilegal de armas pequeñas y ligeras es mucho menor que los otros crímenes de alto impacto, pero es de los que más impactan en la seguridad de las personas. Su valor asciende a entre 1 mil 500 millones de dólares y 3 mil 500 millones de dólares. Representa entre el 10 y el 20 por ciento del comercio legal de armas.

Este delito y los montos que alcanza están asociados directamente con las tensiones políticas y el nivel de conflicto en determinadas regiones. Los precios también dependen de la distancia que tengan que recorrer las armas hasta el destino donde sean utilizadas. Muchas de las armas que se vendieron legalmente fueron después utilizadas para cometer actos terroristas en Europa Occidental.

La compraventa de armas por internet ha comenzado a representar “un reto cada vez mayor para combatir”.

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Tráfico de personas

Uno de los mercados criminales de mayor crecimiento es el de la trata de personas. Se trafica con personas para obtener sexo o para obligarlas a trabajar. Más de 21 millones de hombres, mujeres y niños de todo el mundo son víctimas de la trata de seres humanos.

Las ganancias que este crimen genera a nivel mundial ascienden a 150 mil 200 millones de dólares cada año, señala el documento con cifras de la Organización Internacional del Trabajo. Sólo en la región Asia-Pacífico el mercado genera anualmente 51 mil 800 millones de dólares con alrededor de 11 millones 700 mil víctimas.

Las responsables de otro tercio del valor del mercado son los países desarrollados y la Unión Europea: 46 mil 900 millones de dólares. La diferencia es que la cifra de víctimas es menor: 1 millón 500 mil personas.

El documento de la Global Financial Integrity señala que “la trata de seres humanos está desempeñando un papel cada vez más importante en las actividades y grupos terroristas e insurgentes, y la difusión de internet ha proporcionado a los traficantes medios adicionales de gran alcance para llegar tanto a las víctimas como a los victimarios”.

Comercio ilegal de órganos

El tráfico ilegal de órganos genera entre 840 millones y 1 mil 700 millones de dólares cada año. Se realizan alrededor de 12 mil trasplantes de manera ilegal anualmente. Los cinco órganos humanos que más se venden en este comercio ilegal son: riñón, hígado, corazón, pulmones y páncreas.

Los menos costos y de mayor tráfico son los riñones, pues pueden provenir de “donantes” vivos. Los que se dedican al comercio de órganos humanos “operan dentro de redes sofisticadas y especializadas para reclutar a los vendedores, los receptores y los profesionales médicos necesarios”.

En el documento se señala que en muchas ocasiones los donantes participan voluntariamente. “Mientras que hay otros escenarios en los que son presionados o forzados a la transacción”. Hay casos probados en los que traficantes de órganos obligan a los migrantes y refugiados a vender riñones para pagar el paso a Europa, por ejemplo.

Propiedad cultural

Los ingresos anuales mundiales generados por el comercio ilícito de bienes culturales se estiman entre 1 mil 200 millones y 1 mil 600 millones de dólares. Las actividades de este tipo de crimen van desde el robo de piezas de museos hasta las transferencias ilícitas de propiedad de estos bienes.

Y en medio de este espectro de posibilidades se encuentran las excavaciones ilícitas en sitios arqueológicos, el saqueo y el uso de documentación falsificada para permitir la exportación o importación de piezas.

Además la variedad de bienes sometidos a este trasiego es incontable, según las estimaciones de la Global Financial Integrity.

“China es uno de los mercados de arte de más rápido crecimiento, legal e ilegal, impulsado en parte por la fuga de capitales”.

Productos falsificados y piratería

El comercio de mercancías falsificadas y piratas es el crimen de mayor valor a nivel global. De acuerdo con el informe, significa entre 923 mil millones y 1 billón 130 mil millones de dólares. Casi tres cuartas partes de las mercancías falsificadas y pirateadas provienen de China.

“La mafia china, organizada en triadas, también trasiegan drogas desde Asia”, explica Retana Yarto. Pero uno de sus negocios más importantes es la falsificación de marcas de ropa: “Te pueden vender un traje como si fuera un traje Armani, falsificado a un precio de una tercera o cuarta parte. Y ellos obtienen de ahí millones y millones de euros al año”.

Explica que “para los grupos del crimen organizado, la falsificación es una vía ideal para blanquear las ganancias provenientes de la comisión de otros delitos e, incluso para financiar otros delitos.”

En los países en vías de desarrollo –como México– hasta un 30 por ciento de los medicamentos disponibles son productos farmacéuticos falsificados. Se señala en el estudio de la Global Financial Integrity. Son los medicamentos el mayor tipo de productos que se falsifican. Por sí solos valen entre 70 mil millones y 200 mil millones de dólares anuales, es decir, hasta el 25 por ciento del mercado total de la falsificación.

Otros bienes falsificados también ponen en alto riesgo la salud de las personas: los alimentos, que generalmente son tóxicos o inútiles.

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Fauna ilegal

El valor de comercio ilegal de vida silvestre se estima entre 5 mil millones y 23 mil millones de dólares. Uno de los componentes más importantes de este valor de mercado son el marfil y el cuerno de rinoceronte. Pero en cuanto a número de ejemplares por especie traficada, el pangolín lleva, por mucho, el primer lugar.

En cuanto a dinero recabado por el crimen organizado, las ventas de marfil y de cuernos de rinoceronte pueden ser similares a las de la cocaína y la heroína. Sin embargo, se destaca en el estudio, las penas legales por la caza de elefantes y rinocerontes y el trasiego de colmillos y cuernos son “considerablemente más indulgentes”.

El tráfico de vida silvestre implica a las organizaciones delincuenciales mejor organizadas. “El comercio ilegal de vida silvestre se basa en una sofisticada cadena de suministro global, dirigida por grupos de delincuencia organizada bien financiados”.

Este crimen genera estragos en las comunidades locales y las economías nacionales; pero sus efectos nocivos son globales, pues se daña al medio ambiente.

Minería ilegal

La extracción y el comercio ilegales de minerales generan ingresos por entre 12 mil millones y 48 mil millones de dólares cada año, según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Interpol, recogidas en el estudio Transnational Crime and the Developing World.

Sólo la extracción ilegal de oro en nueve países latinoamericanos representa aproximadamente 7 mil millones de dólares anualmente. Por su parte, los diamantes extraídos ilegalmente tienen un valor por 2 mil 740 millones de dólares; representan el 20 por ciento del total del comercio de estas piedras preciosas.

“La explotación de los recursos naturales es una lucrativa fuente de financiamiento para grupos de delincuencia organizada, organizaciones terroristas y grupos insurgentes.”

Robo de petróleo

El robo de crudo tiene un valor de entre 5 mil 200 millones y 11 mil 900 millones de dólares cada año. Los datos disponibles sólo se refieren a seis países: Colombia, Indonesia, México, Siria, Rusia y Nigeria. Los volúmenes serán más altos cuando se logre incluir estimaciones de otros países con problemas también de robo de combustibles.

La mayor cantidad de robo de crudo ocurre en Siria, donde el Estado Islámico controló todo 2016 los principales yacimientos del país.

Con respecto de México y Colombia, el estudio señala que la cantidad robada en estos países es “muy pequeña”; pero lo preocupante es que los violentos cárteles de la droga son los que se han metido de lleno en este crimen; además, el robo del combustible se utiliza para financiar la producción de cocaína.

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Criminales, más allá de los estereotipos

La mayoría de estos crímenes de alto impacto son cometidos por grupos bien organizados, con estructuras sofisticadas y operaciones trasnacionales. “Para algunos, la mención de las organizaciones del crimen organizado recuerda a la mafia retratada en películas como El Padrino: organizaciones criminales glamorosas, estructuradas jerárquicamente y alienadas a lo largo de relaciones familiares y étnicas, con códigos de honor”.

Estos estereotipos sí existen –señala el documento– pero son sólo una pequeña parte de todas las organizaciones criminales.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional define a estas organizaciones como “un grupo estructurado de tres o más personas, que existe por un periodo de tiempo y actúa de manera concertada con el fin de cometer uno o más delitos graves […] buscando directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio material”.

Otros crímenes y recomendaciones

En el estudio se advierte que en próximas ediciones se incluirán más actividades del crimen organizado trasnacional que ya generan grandes cantidades de recursos y que significan un daño social muy importante: los delitos cibernéticos, los desechos ilegales y el contrabando ilegal de mercancías legales.

“El número de actividades criminales varía”, dice al respecto Jorge Retana Yarto. “Hay autores que hablan de más de 20 rubros distintos. Por eso cuando se habla del crimen organizado se está utilizando un concepto casi genérico, porque unos se dedican principalmente al sicariato, ésos obtienen sus recursos de ahí. Otros se dedican principalmente al trasiego de droga. Otros se dedican al trasiego de droga junto con el contrabando de órganos. Se tiene que hacer análisis muy específico de cuáles son los rubros principales a través de los cuales una organización criminal genera la mayoría de sus ingresos”.

Todos los crímenes trasnacionales, los que llevan ya larga data y los que se están incorporando en los últimos lustros, necesitan de los sistemas financieros locales y del sistema financiero internacional. “Las redes involucradas en estos mercados ilícitos son similares a las grandes corporaciones globales, y necesitan acceso a las finanzas y a la banca para ser rentables y seguir operando.

Siguiendo a Roberto Saviano, Retana Yarto explica que las organizaciones de la mafia tienen tres niveles. El primero es el de dirección: los altos capos. El segundo es la parte operativa, la del negocio, la que las hace funcionar como multinacionales de bienes y de servicios criminales. Y el tercer nivel es la organización armada o paramilitar.

“En el segundo nivel, el de la parte operativa del negocio, actúan como cualquier empresa multinacional; generan incentivos. Y han logrado crear una gran red de empresas. Algunas empresas fantasma pero muchas también reales, totalmente legales, que es muy complicado para la autoridad pública descubrir si están vinculadas o no a una organización que genera recursos criminales. Así que generan recursos de manera importante y ya tienen negocios totalmente regularizados.”

Por ello, entre las conclusiones del estudio se encuentra promover una mayor transparencia financiera en todos los países. Si en verdad se busca combatir a la delincuencia organizada trasnacional, “los países deben exigir que las empresas que registren y hagan negocios dentro de sus fronteras declaren los nombres de los verdaderos propietarios de la entidad. Las autoridades aduaneras y de los bancos centrales deben señalar las transacciones financieras y comerciales que involucran a individuos y corporaciones en ‘jurisdicciones secretas’, a quienes deberían requerir documentación adicional para asegurarse que no estén involucradas en actividades ilegales”.

Además, los funcionarios aduanales deben examinar las facturas de importación y exportación para evitar el contrabando, verificar los valores declarados e investigar las transacciones sospechosas.

Y los gobiernos también deben “compartir más información sobre mercados y actores ilícitos que existen dentro de sus fronteras. Compartir estos datos ayudará a evitar las lagunas legales, reforzar las investigaciones sobre posibles abusos y apoyar una aplicación más estricta de las leyes del país”.

*Zósimo Camacho Periodista y jefe de información de la revista mexicana Contralínea. Periodismo de investigación. Es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se interesa en movimientos sociales, movimientos armados, seguridad nacional, pueblos indios y pobreza. http://www.voltairenet.org/article196064.html

14.17.- FISCALÍA VINCULA A OCHO DIRECTIVOS DE REFICAR, ECOPETROL Y CB& POR REFINERÍA DE CARTAGENA – Tomás Betín

El jefe del ente de investigación penal anunció interrogatorios a otros ocho empleados, además, de Glencore y Foster Wheeler, así como anunció declaraciones de ministro Mauricio Cárdenas, excandidato Óscar Iván Zuluaga, expresidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry y exministro cartagenero Hernán Martínez, como miembros de las juntas directivas de entonces.

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Néstor Humberto Martínez, fiscal General de la Nación.

 

27 abr de 2017.-  El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció este jueves en rueda de prensa imputaciones a ocho funcionarios y exfuncionarios de Reficar y Ecopetrol, así como a empleados de CB&I, por el que denominó “el mayor descalabro financiero y de ejecución contractual en la historia de la República de Colombia en un proyecto de interés nacional”.

Así mismo, informó Martínez citaciones a interrogatorios a ocho ejecutivos más de Glencore y Foster Wheeler y citaciones a declarar para miembros de las juntas directivas de los momentos en que ocurrieron los hechos, entre quienes se encuentran el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; el excandidato presidencial uribista, Óscar Iván Zuluaga; el expresidente de Ecopetrol, Juan  Carlos Echeverry y el exministro de Minas cartagenero, Hernán Martínez.

También deberán rendir declaración juramentada el expresidente de la Andi, Fabio Echeverri Correa; la expresidenta de Imusa, María Elena Velásquez; el expresidente de Shell, Joaquín Moreno Uribe; la exdirectora de Planeación Nacional, Carolina Rentería; la asesora de la Superservicios, María Paula Jaramillo Restrepo; el ejecutivo de Bioenergy, Bernardo Rodríguez; Juan Nicolás Rubio; la suplente de la junta directiva, Diana Constanza Calixto; el gerente de la Refinería, Orlando Díaz y el vocepresidente administrativo de la Refinería, José Alfonso Marrugo Roa.

Todas estas decisiones se tomaron en el marco de las pesquisas por las irregularidades presentadas en la ampliación de la Refinería de Cartagena, en la que “según ha podido evidenciar la Fiscalía General de la Nación, hubo cobros irrazonables, desproporcionados y sin ninguna relación con el proyecto”, indicó el titular del ente de investigación.

Equivalente a 18 Odebrechts

Los pagos anómalos se presentaron en facturaciones por bienes o servicios no prestados al proyecto, subcontrataciones no autorizadas por Reficar, gastos suntuosos y extravagantes además de no relacionados con el proyecto, pagos duplicados de costos y pagos por equipos que no prestaron servicio al proyecto.

“Los delitos cometidos son interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos. El peculado fue tasado en más de 610 mil millones de pesos, que equivale a 18 escándalos de Odebrecht o 12 mil viviendas gratis”, reportó el fiscal.

Los imputados

Por estos hechos serán imputados el próximo 7 de junio en los Juzgados de Paloquemao Orlando José Cabrales Martínez, presidente Reficar 2009-2012; Reyes Reinoso Yañez, presidente Reficar 2012-2016; Felipe Laverde Concha, vicepresidente jurídico Reficar 2009-2017 y Pedro Alfonso Rosales Navarro, vicepresidente ejecutivo del Downstream Ecopetrol 2008.

Así mismo, irán a audiencia de imputación Nicolás Isaksson Palacios, líder grupo legal Reficar 2013-2017; Philip Kent Asherman, representante legal CB&I 2010; Massoud Deidehban, director proyectos y representante legal CB&I 2009 y Carlos Alberto Lloreda Silva, revisor fiscal Reficar 2013-2015.

A interrogatorio

Agregó el fiscal que sobre las averiguaciones que tienen que ver con “la selección del socio estratégico, la salida de Glencore y la selección del contratista, se dispuso llamar a interrogatorio a dos presidentes y un alto ejecutivo de Ecopetrol; un presidente y un alto ejecutivo de Reficar, dos altos ejecutivos de Glencore y un alto directivo de la firma supervisora Foster Wheeler & Process Consultant Inc”.

Serán interrogados en este sentido Isaac Yanovich Farbaiarz, presidente Ecopetrol 2002-2006; Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, presidente Ecopetrol 2007-2015; Jaime Leonardo Flórez  Muñoz, gerente de vicepresidencia de refinación Ecopetrol 2007-2008 y Jorge Enrique Carvajales Orozco, presidente de Reficar 2006-2008.

También deberán responder Andrés Virgilio Riera Burelli, vicepresidente de preparación y puesta en marcha Reficar 2015-2016; Richard Cohen, representante legal de Glencore 2008-2009; Sergio de la Vega Jiménez, ejecutivo Glencore y suplente del presidente de Reficar 2007 y Christian Augusto Mantilla Daza, director del proyecto Foster Wheeler & Process Consultant Inc. 2015.

No fueron simples errores de planeación                                                                                                        Refirió el jefe del organismo acusador que en esta primera fase de la investigación, tras un trabajo de nueve meses y un estudio de más de 8 teras de información de un grupo de fiscales, investigadores y expertos financieros de la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción, se establecieron “serias irregularidades ocurridas en los 12 años de desarrollo del plan de modernización de la Refinería de Cartagena que tienen connotación penal y que van más allá de simples problemas de planeación operativa o financiera”.

Recordó Martínez que desde 1996 se planteó la necesidad de modernizar la Refinería de Cartagena, para lo cual el Plan Nacional de Desarrollo de 2003 definió este proyecto como de “importancia estratégica” y se planteó en dos documentos Conpes, el 3312 de 2004 y el 3336 de 2005, donde se establecieron políticas públicas dirigidas a conseguir un socio que financiara el proyecto, y además se dispuso que el Plan se adelantara con la mayor participación privada posible de recursos, con el objetivo de asegurar que los riesgos asociados al proyecto recayeran fundamentalmente en el inversionista privado y se estableció que la ingeniería y la construcción del proyecto se adelantaran bajo la modalidad contractual ‘llave en mano’, para eliminar el riesgo de sobrecostos.

Glencore se va sin financiar 

En 2006 se eligió a la compañía Glencore International AG como el inversionista mayoritario del proyecto, con 51%, y junto con Ecopetrol, con el 49%, constituyeron la sociedad Refinería de Cartagena S.A. Reficar.

Luego, en 2007 se eligió a Chicago Bridge & Iron Company, CB&I, para hacer la ingeniería, las compras y la construcción de la Refinería.

No obstante, en 2009, advirtió el fiscal, “sin haber financiado el proyecto y alegando un evento imprevisto, imprevisible e irresistible, Glencore se retiró de la sociedad Reficar, y Ecopetrol adquirió el ciento por ciento de la participación accionaria de la Refinería. Y se contrató a Foster Wheeler & Process Consultant Inc. para llevar a cabo el gerenciamiento, supervisión y control del proyecto”.

Pagos que había rechazado auditoría

Señaló además el titular del ente de control penal que en 2010 “Reficar suscribió dos nuevos contratos con CB&I en la modalidad contractual ‘costos reembolsables’, desconociendo la modalidad contractual inicialmente requerida por el Conpes, lo que implicó que los riesgos de sobrecostos fueran asumidos totalmente por el Estado”.

Finalmente, luego de los atrasos e incumplimientos por parte del contratista, en 2014, Reficar y CB&I suscribieron cuatro acuerdos denominados ‘Memorandum of Agreement’, MOA, y ‘Project Invoicing Procedure’, PIP, que dieron lugar a la apropiación de recursos públicos en favor de CB&I.

“Con estos acuerdos se dispuso que se pagaran facturas que Foster Wheeler expresamente había objetado por improcedentes, pero mediante el acuerdo Reficar tomó la decisión libérrima de pagar esas cuentas, y se autorizaron pagos sin siquiera la revisión de los documentos por parte del auditor”, puso de presente Martínez.

¿$17 billones o $610 mil millones?

El pasado 13 de marzo, el contralor general, el valduparense Edgardo Maya Villazón, anunció que la Contraloría General de la Nación abría un proceso de responsabilidad fiscal por 6.080 millones de dólares, es decir 17 billones de pesos, contra 38 miembros de juntas directivas y funcionarios de Ecopetrol y Reficar y seis de las empresas contratistas.

Al respecto, el fiscal Martínez explicó que la cifra de la Contraloría de 17 billones a la de la Fiscalía de 610 mil millones dista tanto porque “el detrimento establecido en lo fiscal no tiene necesariamente origen en una conducta penal”, además de que el ente acusador tiene la instrucción “de que no se agote desde el punto de vista de daño patrimonial hasta la última de las facturas, porque en estas investigaciones exhaustivas termina ganando la prescripción, y establecer una cifra inicial para efectos penales da lo mismo que el total, sin perjuicio de que la Contraloría haga la recuperación de todo el daño patrimonial causado”.

La Contraloría señaló en su momento que las aprobaciones de mayores inversiones en el presupuesto del proyecto llevaron a la pérdida de valor de las mismas por las deficiencias en la ejecución, lo que terminó en un daño patrimonial que se calcula en 4.144 millones de dólares, a lo que se suma el lucro cesante por 1.936 millones de dólares generado por la entrada tardía en operación de la refinería, lo que da un total de 6.080 millones de dólares.

Cooperación del FBI

Informó por último el fiscal general que en la pesquisa hay colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que ha asignado a este proyecto agentes del FBI, “porque estos dineros no se pueden haber girado impunemente a los Estados Unidos, a CB&I, con sede en Houston, y Colombia necesita saber los pagos que se hicieron y la forma como se distribuyeron las utilidades de esa firma en ese pais”.

Además, indicó Martínez que se investiga en esta línea si se financiaron otras obras ejecutadas por esta firma en el mundo, con cargo al bolsillo de los colombianos.

Frente a un eventual proceso de extradición de los extranjeros involucrados, explicó el funcionario judicial que “si como resultado de esta investigación se producen las condenas correspondientes a extranjeros que no estén en el país, es deber de Colombia asegurar que a través de la extradición, que es generosa de Colombia hacia los Estados Unidos, pudiera haber una reciprocidad equivalente”.       

Por:  @tombetri https://www.elheraldo.co/bolivar/fiscalia-vincula-ocho-directivos-de-reficar-ecopetrol-y-cb-por-refineria-de-cartagena-353597

13.17.- Así se roban las regalías – Uriel Ortiz Soto

Mientras las regalías no estén blindadas jurídica y administrativamente, continuarán expósitas, para continuar siendo el botín de políticos, contratistas y funcionarios corruptos.

En cientos de casos las regalías que llegan a los departamentos y municipios son desviadas para campañas políticas y las obras anunciadas para presuntamente desarrollarlas son de tan mala calidad y de tan altos costos que no se compadecen con las inversiones realizadas.

18 abr 2017.- A los entes de control les ha faltado más diligencia para llegar a descubrir un verdadero paraíso de corrupción, donde podrían pescar tantos peces gordos que se apropian de las regalías que una investigación bien llevada arrojaría tremendas sorpresas, para dejarnos más que boquiabiertos.

El Sistema General de Regalías, adoptado por la Ley 1530/2012, tiene tantas falencias que pareciera que intencionalmente el legislador dejó las puertas abiertas para que funcionarios, contratistas y politiqueros corruptos se apropien de ellas, sin el más mínimo peligro de que vayan a ser denunciados penal y disciplinariamente.

Las regalías que por ley corresponden a los departamentos y municipios, desde sus inicios, han sido el dolor de cabeza del gobierno, puesto que la mayoría de las veces son giradas sin ninguna formulación de proyectos que sean viables, o con justificación que certifique para qué van a ser utilizadas.

Existen proyectos tan mal sustentados y hasta folclóricos que muchas veces los alcaldes, con tal de lograr el objetivo de robárselas, se inventan una obra que al hacerle el estudio de viabilidad, factibilidad e impacto social y medioambiental se raja en todos los aspectos, puesto que, como en la canción A quién engañas abuelo, “construyen puentes donde no hay ríos”.

Es increíble pero cierto: todo el proceso de usurpación de las regalías empieza desde las campañas políticas en los municipios y departamentos, por lo regular parte de un informante que puede ser funcionario del Ministerio de Hacienda, quien pasa el dato a los políticos de turno sobre el monto que se les va a girar.

Una vez obtenida esta información, los candidatos aspirantes a gobernaciones, alcaldías, concejos, asambleas y Congreso estructuran un presupuesto de campaña y como el dinero aún no está en tesorería, acuden a un agiotista que la presta con un descuento hasta del 30 %; para el evento de que el candidato no gane, deberá asegurar el monto de la obligación con un codeudor eficiente.

Cuando el gobernador o alcalde se posesiona, empieza el trámite de las regalías, con el argumento de que con ellas se van a realizar las obras prometidas en la campaña política, para esto acuden al senador o representante, que les ayude en el desembolso lo más pronto posible.

Las obras de campañas políticas pignoradas con regalías son tan mentirosas, que la mayoría de las veces terminan convertidas en obras inconclusas, de mala calidad o en elefantes blancos, puesto que los presupuestos saqueados no fueron suficientes para la realización de estos proyectos.

En últimas, las víctimas de todos estos despelotes son los ciudadanos que, ilusionados con obras sociales e infraestructura para sus municipios o veredas, depositan su voto, ignorando que tras de todo se esconde una orgía de mentiras, chanchullos y peculados.

Es cierto que la ley de regalías en su contexto es bondadosa, puesto que se extiende a todos los departamentos y municipios del país, que bien manejadas podrían ser la solución a los más álgidos problemas sociales y de infraestructura en departamentos y municipios.

Si se hace un recorrido por los departamentos y municipios sobre la utilización de las regalías, son muy pocos los que se salvan y las obras inconclusas o elefantes blancos son toda una vergüenza.

Por eso, continúo insistiendo que las veedurías ciudadanas serían la solución para que los dineros de las regalías no se desvíen de su objetivo social y sean bien utilizados.urielos@telmex.net.co

http://www.elespectador.com/opinion/asi-se-roban-las-regalias-columna-689890

13.17.- NOBEL EN A-PRIETO-S – Alberto Donadio 

El presidente Santos admitió  el 14 de marzo que “es un hecho bochornoso el pago de los afiches de su primera campaña por parte de Odebrecht. También es muy bochornoso que el Gobierno engañe a la opinión pública de manera flagrante. El 8 de febrero el gabinete en pleno emitió este comunicado: “Resulta absurdo e inaceptable que personajes de dudosa reputación, con una simple declaración sin prueba alguna, pretendan ahora enlodar la campaña presidencial de 2014, como se pretendió hacerlo también sin éxito con la de 2010.

26 mar 2017.- Como consta en los libros contables de la campaña registrados ante el Consejo Nacional Electoral, la campaña no recibió financiación por parte de particulares, ya que la totalidad de la misma se financió con recursos provenientes de los anticipos y reembolsos establecidos en la Ley”. Es bochornoso que un mes después comprobemos cómo la palabra del Gobierno no vale nada mientras adquiere credibilidad la de un personaje de dudosa reputación como Otto Bula.

Es bochornoso que Santos afirme que se acaba de enterar del pago de los afiches del 2010, que costaron US$400.000, y que diga que “no autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones”. Con los traumatismos nacionales e internacionales que produjo el ingreso de dineros del Cartel de Cali en la campaña de 1994, es irresponsable e inconcebible que Santos no haya vigilado personalmente sus campañas para evitar aportes prohibidos.

Es bochornoso comprobar que desde hace dos meses el presidente Santos está en contacto con Roberto Prieto, como lo supimos por la entrevista de Néstor Morales con el gerente de la campaña. ¿Lo que se busca es calibrar y calcular qué va a decir y confesar el presidente?

Es sospechoso que Santos no haya revelado hace mucho tiempo que él no conocía al detalle la financiación de sus campañas. Si hubiera hecho esa advertencia se le creería ahora cuando dice: “Me acabo de enterar”. Es sospechoso que el 23 de diciembre, 48 horas después de divulgado el escándalo, la Casa de Nariño haya expedido este comunicado: “El Gobierno Nacional ha conocido que la persona que recibió US$6,5 millones, en desarrollo de toda una conducta criminal que merece todo el repudio de la sociedad colombiana, es un alto funcionario de la administración de Álvaro Uribe”. Antes de que empezara a actuar la Fiscalía, la Presidencia ya tenía munición para dispararle a Uribe. ¿El Gobierno sabía que Odebrecht salpicaría al presidente y se adelantaba a desvíar la atención hacia su antecesor?

Es a los que creían que Santos era distinto a Uribe a los que les fue como a los perros en misa con la confesión de los hechos bochornosos.

Final nobelesco: Santos es el único Premio Nobel de la Paz colombiano. Pero no es el único Nobel de la Paz que en su vida política recibió pagos ilícitos. Esa distinción le corresponde al primer ministro japonés Eisaku Sato, Nobel de 1974, que 20 años antes fue acusado de recibir sobornos de fabricantes de barcos y luego declaró que su único pecado fue buscar financiación para su partido sin informar de esos aportes al gobierno, como exigía la ley. Posteriormente fue absuelto en una amnistía.

http://www.elespectador.com/opinion/nobel-en-prieto-s-columna-686441

12.17.- MÉXICO: PENSÁNDOLO BIEN…ROBAR NO ES UN PECADO – Jorge Zepeda

El debilitamiento gradual del presidencialismo en los últimos 20 años, aplaudido por todos, tuvo un efecto secundario deplorable: hizo de cada Ejecutivo estatal un reyezuelo.

El debilitamiento gradual del presidencialismo en México tuvo un efecto secundario deplorable: hizo de cada Ejecutivo estatal un reyezuelo. Con la detención de Tomás Yarrington en Italia la lista es ya aterradora: seis exgobernadores mexicanos en la cárcel, dos que ya han estado entre las rejas, tres prófugos y 10 con escándalos de corrupción (la recopilación es de Georgina Morett). En total 21 gobernadores y sus riquezas inexplicables han sido exhibidos en los últimos años.

12 ABR 2017.- Un récord si consideramos que sólo hay 32 entidades federativas en México. Prácticamente desde siempre convertirse en gobernador garantizaba hacerse millonario, gracias a las prerrogativas discrecionales que gozan estos monarcas locales.

En los últimos años también equivale a convertirse en delincuente. El debilitamiento gradual del presidencialismo en los últimos 20 años, aplaudido por todos, tuvo un efecto secundario deplorable: hizo de cada Ejecutivo estatal un reyezuelo. Consultoras especializadas (entre ellas las del exministro Pedro Aspe) desarrollaron estrategias financieras que permitieron a las tesorerías locales superar sus topes históricos de endeudamiento.

En muy poco tiempo los mandatarios locales nadaban entre fortunas ingentes y escasos contrapesos. Desde entonces los excesos y abusos en una escala sin precedente han sido la norma.Todos estos escándalos y aprehensiones no obedecen, por desgracia, a una mejora del desempeño de tribunales y autoridades en materia de combate a la corrupción.

No es que el sistema se esté corrigiendo a sí mismo; el sistema sigue estando tan corrupto como siempre, o más. La élite política mantiene la complicidad de antes en lo tocante a proteger a uno de los suyos sin importar las infamias que haya cometido.La persecución contra los excesos de los gobernadores procede de tres fuentes: la primera y más importante, la alternancia política.

Un nuevo partido político toma el poder y presenta cargos contra el gobernador saliente: es el caso de Andrés Granier de Tabasco, Guillermo Padrés de Sonora, César Duarte de Chihuahua o Javier Duarte de Veracruz, entre otros.

La nueva Administración prefiere exhibir al responsable del boquete en las finanzas públicas que encuentra, para no ser ella la que pague los platos rotos. En otras ocasiones la denuncia está alimentada por el encono personal. Es tal el empeño de los gobernadores en conservar el poder, heredándolo a un hombre de su confianza, que las elecciones estatales se han convertido en sinónimo de guerra sucia. Consecuentemente, todo candidato de la oposición que logra el triunfo termina siendo un gobernador vengativo y justiciero.

Otra fuente de denuncia procede de la acción combinada de las redes sociales y la prensa. Son tan obvios los excesos de algunos políticos que sus pecados terminan siendo documentados y denunciados ante la opinión pública. La mayor parte de la veces, por desgracia, eso no significa que sean llevados ante la ley, a menos que eso convenga a un grupo político en el poder. El caso de Roberto Borge, en Quintana Roo, exhibido una y otra vez, forma parte de los 10 gobernadores que, pese a la evidencia en contra, no han sido procesados por tribunal alguno.

Finalmente, hay un protagonista que adquiere relevancia de vez en vez en materia de fiscalización de gobernadores: Estados Unidos. Cuando el poderoso vecino tiene evidencia de que un mandatario es pieza importante del engranaje del narcotráfico suele intervenir sin ningún miramiento respecto de las facciones políticas en México.

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, fue aprehendido gracias a la documentación recabada por la DEA y otras agencias estadounidenses, y fueron ellos los que presionaron a las autoridades italianas para su detención. Con pocas variantes es el mismo caso de Mario Villanueva de Quintana Roo y de Édgar Veytia, fiscal de Nayarit.

La aprehensión de Yarrington ha puesto a temblar a una parte de la élite política. La PGR poseía un expediente formal en contra del tamaulipeco, pero estaba claro que el Gobierno mexicano no tenía interés en ponerlo tras las rejas. Por lo mismo, hoy carece de argumentos jurídicos para pedir su extradición al Gobierno de Italia, en comparación con el documentado alegato que presentan los estadounidenses.

Así que, todo indica, Yarrington terminará siendo procesado en un tribunal del país vecino. Algo que quita el sueño a muchos. ¿Qué estará dispuesto a confesar el exgobernador a cambio de un atenuante en su condena?Y por lo demás, el asunto tiene que ver con narcotráfico, no con corrupción. Me temo que la única moraleja que los gobernadores obtendrán de esto es que robar no es un pecado, meterse con la DEA sí.

@jorgezepedap http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/13/mexico/1492035477_180532.html

 

11.17.- CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER SUMA OTRO PROCESO POR CORRUPCIÓN – Federico Rivas

Un juez la acusa de formar una asociación ilícita para lavar dinero público a través de la empresa familiar Los Sauces

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El juez Claudio Bonadio ha procesado a la expresidenta en una nueva causa por corrupción, la segunda desde diciembre, en momentos en que el kirchnerismo discute si ella será o no candidata enlas elecciones legislativas de octubre. Esta vez, el juez la acusa de liderar una asociación ilícita que lavó dinero proveniente de la obra pública mediante operaciones de la inmobiliaria familiar Los Sauces. Por eso le prohibió salir del país y embargó sus bienes por 8,4 millones de dólares. El fallo alcanzó también a los hijos de la expresidenta, el diputado Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, socios en Los Sauces. Desde su cuenta en Twitter, Fernández relacionó este nuevo procesamiento a un presunto intento del oficialismo por ocultar lo que consideró “el desastre económico y social de este gobierno”

4 abr 2017.- Esta ha sido el segundo procesamiento contra Cristina Kirchner, es decir que dos jueces consideraron que hay pruebas suficientes para investigarla por corrupción. El juez federal Julián Ercolini lo hizo en diciembre en una causa que intenta probar que, entre 2003 y 2015, la exmandataria, varios miembros del Gobierno y uno de sus empresarios más cercanos, Lázaro Báez, hoy en la cárcel, integraron una organización “criminal” para “beneficiarse ilegítimamente” de la adjudicación de obra pública a la constructora Austral Construcciones. Ercolini embargó a Fernández de Kirchner por 666 millones de dólares, una suma enorme que no responde a la dimensión de sus bienes sino a la cantidad de fondos investigados.

Hay además otras causas que afectan a la familia, como el caso Hotesur, los hoteles de la expresidenta que presuntamente se utilizaron para lavado de dinero a través de alquileres simulados a, justamente, Lázaro Báez. El juez Bonadio consideró ahora que Austral Construcciones, Hotesur y Los Sauces formaron parte de una misma matriz delictiva y pidió que su expediente se sume al de Ercolini.

La decisión de Bonadio no ha hecho más que complicar el futuro político de la expresidenta. El 23 de marzo, el mismo juez elevó a juicio oral la llamada causa del dólar futuro,originada en una decisión de los últimos meses de mandato de la expresidenta, su ministro de Economía, Axel Kicillof, y su presidente en el directorio del Banco Central, Alejandro Vanoli. En ese momento, para contener la disparada del dólar en el mercado negro, el Gobierno decidió vender la moneda a 10,6 pesos a pagar seis meses después. Pero el gobierno de Mauricio Macri devaluó la moneda y pagó esos dólares a 15 pesos, con una ganancia para los inversores del 40%. Bonadio sostuvo que Kirchner sabía que la devaluación era inminente, ganase quien ganase las elecciones presidenciales de octubre de 2015, y perjudicó al Estado con una maniobra que supuso un costo de 3.500 millones de dólares. La causa dólar futuro es la más endeble en términos jurídicos porque falla contra una decisión de Gobierno, pero en el marco de los nuevos procesamientos por corrupción complican aún más el escenario de Fernández y sus dos hijos en los tribunales.

Bonadio consideró ahora que la expresidenta formó junto a sus dos hijos una asociación ilícita destinada a lavar dinero de la corrupción a través de la sociedad Los Sauces, creada en el año 2008. Los principales clientes de Los Sauces fueron Báez y el empresario Cristóbal López, quienes hicieron aportes millonarios en concepto de alquileres. Lo aportado por esos dos empresarios representó el 80% de los ingresos de la empresa familiar de los Kirchner y el juez sospecha que en realidad los alquileres fueron la fachada tras la cual se ocultó el pago de presuntos sobornos.

La corrupción ha ensombrecido la herencia del kirchnerismo desde que entregó el poder hace 15 meses. La imagen del máximo responsable de la obra pública, Julio López, intentando ocultar bolsos con 9 millones de dólares dentro de un convento, fue la foto más evidente, mientras en los tribunales avanzaban las causas contra la expresidenta y su entorno, sobre todos empresarios beneficiados con los negocios del Estado.

Cristina Fernández dijo siempre que las investigaciones ocultan el intento oficial por apartarla de la política en un año electoral, una tesis que defienden muchos argentinos que defienden su gestión. La expresidenta ha mantenido hasta ahora en suspenso si se presentará o no como candidata al Congreso, una demora que ha abierto grietas en el peronismo entre quienes la apoyan y quienes querrían verla fuera de la carrera. En todo caso, Fernández de Kirchner tiene tiempo para decidir hasta agosto, cuando los partidos deberán elegir a sus candidatos en elecciones primarias. Eso, claro está, si los tiempos judiciales no se adelantan.

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/04/argentina/1491322535_840466.html?rel=mas

 

10.17.-ALIADO RUSO DE TRUMP CON PRUEBAS QUE IMPLICAN RELACIÓN  CON CRIMEN ORGANIZADO – José María Irujo*

Decenas de llamadas del expolítico vinculado al presidente de EE UU revelan su nexo con un clan mafioso en España

Madrid 3 ABR 2017 – 13:48 COT

La Unidad Central Especial 2 del Grupo de Riesgos Emergentes de la Guardia Civil grabó durante al menos dos años decenas de conversaciones telefónicas entre Alexander Porfirievich Torshin, exsenador ruso cercano a Vladimir Putin y a Donald Trump, y su hombre de confianza en España Alexander Romanov. Un informe de la Jefatura de Información del citado servicio, fechado el 14 de junio de 2016, recoge 33 llamadas diferentes, realizadas entre el 7 de agosto de 2012 y el 13 de mayo de 2013, en las que Torshin aparece “implicado” en los turbios negocios hoteleros de Romanov por los que este último acaba de ser condenado por blanqueo de capitales a cuatro años de prisión y a la devolución al Estado del hotel Mar i Pins en Mallorca en el que invirtió más de 15 millones de euros con dinero procedente de la organización criminal rusa Taganskaya, un grupo que desde los noventa protagoniza chantajes, extorsiones y asesinatos por encargo.

12La investigación de la Guardia Civil destaca que la relación entre Torshin y Romanov se remonta a los años 1995 y 1998 en el Banco Central de Rusia, denominado Tsentrobank, cuando Romanov ocupaba el puesto de director de Representación de esta entidad estatal y Torshin era su jefe inmediato. Su amistad se afianzó tanto que el expolítico ruso es el padrino del hijo de Romanov, de 53 años, y de su esposa Natalia Vinogradova, de la misma edad. Esta última, también había conocido a Torshin durante su etapa en el Senado ruso.

“El padrino no puede comprar aquí porque es funcionario público y lo tiene prohibido”, decía Romanov sobre Torshin

Las conversaciones entre Torshin y Romanov y la subordinación de este último hacia el político ruso no dejaron lugar a dudas al capitán de la Guardia Civil que investigó el caso y elaboró un informe confidencial al que ha tenido acceso EL PAÍS. Este documento, titulado Alexander Porfirievich Torshin en la Operación Dirieba, no está en la causa judicial y se entregó a la Fiscalía Anticorrupción. En el mismo, se señala a Torshin como el dueño del dinero que se blanqueó en España y que procedía de la Taganskaya. Torshin tomaba muchas medidas de seguridad y a veces llamaba desde el teléfono de su esposa. En el flujo de llamadas aparecen, también, algunas desde su teléfono fijo 74956925921 correspondiente a su despacho oficial como primer vicepresidente del Consejo de Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia. Cuando fue detenido Romanov y se registró su casa se encontró en su agenda de correo electrónico la cuenta senator@umail.ruque empleaba Torshin. También, documentos oficiales de la Fiscalía rusa.

En el documento sobre la relación de llamadas entre Torshin y Romanov elaborado por el Grupo de Riesgos Emergentes se reproducen frases que reflejan la convicción de los investigadores de la Guardia Civil de que el dinero blanqueado en España era realmente de Torshin. “El Padrino [como llama Romanov a Torshin] no puede comprar aquí [España] porque es funcionario público y lo tiene prohibido”, “ si el jefe lo compra [el hotel Mar y Pins] me gustaría dirigirlo”…, “ El jefe le dio instrucciones para comprar un hotel porque tiene dos hijas y quiere que una de ellas lo herede, además de los paquetes de acciones”.. “¿Crees que el jefe quiere comprar uno o varios? De momento me dio instrucciones para la compra de uno, porque es una persona precavida y si somos copropietarios…”, afirma Romanov en alguna de sus conversaciones intervenidas con orden judicial. En otras, reitera que Torshin es el dueño del 80% del hotel Mar y Pins.

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Documento de la Fiscalía Anticorrupción en el que se vincula a A.Torshin con el mafioso Romanov.

“Analizando el total de las conversaciones observadas desde el comienzo de la investigación, se evidencia que Alexander Porfirievich Torshin es la persona que dirige desde Rusia las actividades de blanqueo de capitales que Alexander Romanov desarrolla en España pudiendo actuar así como testaferro del político ruso en sus inversiones tanto en Rusia como en nuestro país”, dice un informe redactado en julio de 2013 por el oficial encargado de la investigación, semanas antes de que Torshin anunciara por teléfono su intención de acudir a Palma de Mallorca para asistir el 21 de agosto al cumpleaños de Romanov. Un viaje que canceló a última hora evitando su detención.

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ampliar fotoVista de los documentos de la Guardia Civil sobre la investigación a Torshin en España.

El viaje de Torshin a España provocó expectación entre los investigadores y fiscales porque el entonces senador había adelantado que acudiría acompañado de varias de las personas investigadas. “ Se montó un operativo para la detención y hasta un fiscal se quedó de guardia porque los demás estaban de vacaciones”, recuerda una fuente judicial. Cuando los vuelos procedentes de Rusia llegaron sin Torshin la frustración fue total. “ Desde entonces el tono y los mensajes telefónicos de Torshin cambiaron radicalmente. Sabía que íbamos a por él”, afirma una fuente de la investigación. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aseguran que la Fiscalía General del Estado había dado su consentimiento para el arresto, pero sospechan que se produjo una filtración y el entonces político ruso decidió que era muy arriesgado viajar a España.

La imposibilidad de detener al político ruso y la nula opción de que las autoridades de su país lo entregaran si se le procesaba enfrió el interés de continuar tras él, según argumentan varias fuentes judiciales. “El objetivo principal era recuperar el hotel. Ir a por Torshin habría retrasado la causa mucho tiempo y las posibilidades de éxito eran nulas porque Rusia no colabora. Al no estar Torshin aquí no había garantías de que fuera a ser oído”, afirma una fuente de la investigación.

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Presentación de las conclusiones de la investigación del Kremlin sobre la matanza de Beslan.

La aparición de Alexander Torshin en este caso generó tensión y malestar entre el responsable de la investigación de la Guardia Civil y alguno de sus mandos en Madrid que pusieron pegas para detener a Torshin si pisaba territorio español.

La defensa de Romanov comunicó verbalmente a la fiscalía que Torshin acudiría como testigo al juicio celebrado en Palma de Mallorca, según afirman fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, pero finalmente no fue propuesto. “Pensamos que si venía a lo mejor se quedaba definitivamente aquí. Sí propusieron como testigos a Rabinovich y a otros dos mafiosos rusos que aparecen en la causa, pero que obviamente no acudieron a testificar”, afirma una fuente judicial.

TODA LA RELACIÓN ENTRE RUSIA Y TRUMP

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Consulta las informaciones más destacadas entre el Gobierno ruso y el presidente de EE UU, desde que venció en las elecciones del 8 de noviembre

Romanov fue condenado el pasado mes de mayo a dos años de prisión y a una multa de 4,2 millones por blanqueo de capitales, a un año y nueve meses por delito de falsedad documental continuada y a una multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de revelación de secretos. Su esposa, Natalia Vinogradova, y otros siete colaboradores fueron condenados a penas menores. Gracias a un acuerdo de conformidad por el que Romanov devolvió el hotel al Estado español, los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan Carrau retiraron contra él la acusación de integración en banda criminal. El hotel Mar y Pins se subastó hace varias semanas por 12,6 millones que irán al Estado.

Investigacion@elpais.es

LA ‘TAGANSKAYA’, TERROR Y ASESINATOS POR ENCARGO

Alexander Romanov, el presunto testaferro de Alexander Torshin en España, protagonizó en Rusia alguna de las operaciones más sonadas de la organización criminal Taganskaya, un grupo mafioso especializado en hacerse por la fuerza con empresas (Raids) mediante chantajes, extorsiones y hasta asesinatos por encargo. Romanov entró como director de la empresa de destilados de alcohol Kristall tras un enfrentamiento armado con los anteriores miembros del Consejo de Administración. En ese enfrentamiento, Romanov contó con la ayuda de la empresa de seguridad Monolit, fundada por dos miembros de la Taganskaya. Utilizando sus poderes de director general desvió fondos de la compañía por lo que finalmente fue condenado a tres años y seis meses de prisión, según la información que las propias autoridades rusas proporcionaron a la Justicia española.

La Taganskaya opera en la región de Moscú desde los años noventa, sus hombres eligen empresas de las que se quieren apropiar y lo consiguen mediante “una combinación de diversas tácticas, por lo que se requiere de la colaboración de abogados, funcionarios y policías corruptos, economistas y otros profesionales”, según la describe el escrito de acusación de los fiscales españoles. Se estima que la integran unos 50 miembros y han protagonizado el asesinato por encargo de, al menos, seis personas, entre ellas de Aslan Usoyan, alias Abuelo Khasan, un capo de la mafia georgiana que recibió el tiro de gracia de un francotirador en la puerta de un restaurante. Algunos de los directivos de las empresas de las que se han apoderado fueron asesinados o recibieron amenazas de muerte y tuvieron que abandonar Rusia.

*José María Irujo, periodista de investigación de el país.

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/31/actualidad/1490976304_566785.html?rel=mas

 

10.17.- TRUMP Y EL JUEGO DE ESPÍAS DE PUTIN – Jan Martínez Ahrens

Si algo acaba con Trump, no será la reforma sanitaria o el muro con México, será la conexión rusa”. La trama rusa acorrala al presidente de EEUU

después de haber atacado a Clinton. Estos son sus personajes y sus operaciones secretas.

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 28 mar 2017.- La historia jamás se había parado en Doral. La pequeña ciudad del condado de Miami-Dade (Florida) no tiene mucho que ofrecer. Un campo de golf de 90 hoyos, proximidad con el aeropuerto y buen clima. Nada destacable hasta que la mañana del 27 de julio de 2016, Donald Trump decidió lanzar ahí unas palabras que desde entonces no han dejado de perseguirle. En su afán por asestar una puñalada a su rival Hillary Clinton, acorralada por el caso de sus correos privados, el candidato republicano proclamó: “Rusia, si estás oyendo, espero que seas capaz de encontrar los 30.000 mails que faltan. Serás recompensado por nuestra prensa”. Aunque en la superficie no fuese más que otro golpe bajo del irreprimible Trump, en el mundo paralelo de los servicios secretos se dispararon las alarmas. En la olvidable Doral, para muchos, se había consumado una traición.

La opinión pública aún no conocía con detalle la batalla que se libraba fuera de los focos. Pero en las agencias de inteligencia era un clamor. Estados Unidos estaba siendo atacada como nunca antes por orden de Vladímir Putin. El Kremlin había desplegado un inmenso operativo destinado a hundir a Clinton. Y el candidato republicano, en la recta final de las elecciones, acababa de alentar públicamente las hostilidades. La puerta de la sospecha se había abierto.

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Desde entonces, la fractura entre Trump y la comunidad de inteligencia no ha dejado de crecer. Los escándalos de los meses siguientes, las mentiras de sus colaboradores, los nexos nunca explicados con el Kremlin han agigantado un incendio que ahora mismo se ha vuelto la mayor amenaza para el presidente. Dos comités parlamentarios indagan el alcance de la conexión rusa. Y el FBI tiene abierta una investigación para determinar si el equipo de campaña de Trump se coordinó con los rusos para derrotar a Clinton. Aunque nada hay probado hasta la fecha, si se confirmase el posible vínculo entre el republicano y Putin la vía a un proceso penal quedaría expedita. “Si algo acaba con Trump, no será la reforma sanitaria o el muro con México, será la conexión rusa”, dice un miembro de la Casa Blanca en la anterior presidencia.

El informe ICA 2017-01D de la Dirección de Inteligencia Nacional es la base del caso. El expediente, elaborado por la CIA, el FBI y la NSA, disecciona toda la información disponible hasta el 29 de diciembre pasado. Sus conclusiones son aterradoras: “Vladímir Putin ordenó una campaña en 2016 contra las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El objetivo de Rusia era socavar la fe pública en el proceso democrático, denigrar a la secretaria Clinton y dañar su elegibilidad y potencial presidencia. Putin y el Gobierno ruso desarrollaron una clara preferencia por Trump. sostiene el documento.

Para llevar adelante esta estrategia, el Kremlin orquestó “una operación encubierta con apoyo de agencias gubernamentales rusas, medios públicos, intermediarios de terceros partidos y hasta trolls digitales”. La “maquinaria de propaganda” la dirigió el servicio secreto, el GRU, e incluyó la infiltración desde julio de 2015 hasta junio de 2016 en los ordenadores del Comité Demócrata Nacional, así como el saqueo de las cuentas de altos cargos próximos a Clinton, entre ellos su jefe de campaña, John Podesta. Para difundir la información se empleó a un oscuro hacker rumano conocido como Guccifer 2.0, la web DCLeaks y la organización Wikileaks. Se trató, según el informe de inteligencia, de la “mayor operación conocida hasta la fecha para interferir” en la vida política de Estados Unidos .

Para cuando la ofensiva rusa fue detectada, ya era muy tarde. El Kremlin había penetrado incluso en los ordenadores del sistema electoral y las filtraciones eran constantes. En este torbellino, los agentes descubrieron una variable aún más inquietante.

Alrededor de Trump se agitaba un enjambre de asesores sospechosamente conectados con Rusia. Ahí estaba el jefe de campaña del multimillonario, Paul Manafort, quien ocultaba que en sus tiempos de lobista había trabajado para favorecer los intereses del Gobierno ruso. También figuraba el consejero de política exterior Carter Page, cuyas visitas a Moscú aún permanecen inexplicadas. Y Roger Stone, asesor y amigo de Trump, quien no sólo estuvo en contacto con Guccifer 2.0 sino que anunció en Twitter las filtraciones de Wikileaks antes de que ocurriesen.

En este entramado brilló con luz propia el antiguo teniente general Michael Flynn, uno de los íntimos de Trump. Tras dirigir la Agencia de Inteligencia de la Defensa, Flynn había entrado en tratos con Rusia. Como consultor, cobró de compañías vinculadas dicho país y en su deslizamiento incluso cenó y se fotografió con Putin.

El exteniente general Michael Flynn en una cena copn Vladímir Putin.
El exteniente general Michael Flynn en una cena copn Vladímir Putin.

El Kremlin estaba presente en el universo Trump. No se trataba sólo de las alabanzas que le dirigía el multimillonario al presidente ruso, ni siquiera su conminación a que saquease los 30.000 mails de Clinton. Era que sus más allegados orbitaban en torno mayor escándalo de espionaje del siglo en EEUU. El enemigo jugaba en casa. “Hace tiempo que Putin abandonó la noción de que las relaciones con Occidente debían ser armoniosas. Somos antagonistas”, alerta el excoronel y profesor de la Universidad de Boston, Andrew Bacevich.

La llegada el poder de Trump no apagó el fuego. Al contrario. El general Flynn, nombrado consejero de Seguridad Nacional, tuvo que dimitir al descubrirse que había ocultado el contenido de sus reuniones con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak. Poco después le llegó el turno al fiscal general, Jeff Sessions. En su caso había silenciado ante el Senado sus citas con el legado diplomático. Esta mentira le obligó a autorecusarse en todas las investigaciones abiertas por el escándalo.

El cese de Flynn, la inhabilitación parcial de Sessions, las sospechas generalizadas de que algo turbio se movió en campaña han abierto la mayor crisis de su corto mandato. El presidente, fiel a su máxima de golpear antes que preguntar, se han embarcado en un furibundo ataque a todos los que considera traidores. Ha acusado a Obama de espiarle, ha llamado “enemigos del pueblo” a los medios, ha ordenado una operación de limpieza de los servicios de inteligencia y ha tachado al FBI de incompetente.

Trump se defiende y no son pocos los que aún le creen. Incluso personalidades como Michael Morell, antiguo director suplente de la CIA en la era Obama, consideran “que hay mucho humo pero no fuego” . Otros lo ven distinto.

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“¿Es posible que todos estos acontecimientos e informes no tengan relación y no sean más que una infeliz coincidencia? Sí, es posible. Pero también es posible, y puede que más que posible, que no sean coincidencia ni estén desconectados. Y si esto es cierto, estaríamos entonces ante una de las mayores traiciones a la democracia en la historia de EEUU”, ha dicho el congresista Adam Schiff, el demócrata de mayor rango en el comité de inteligencia que investiga la trama rusa.

De momento, la duda ha ganado la partida. El Kremlin, con habilidad soviética, ha sembrado la discordia en campo enemigo. El propio presidente está bajo sospecha. Enfrentado a sus servicios de inteligencia, investigado por la prensa y acorralada por el escándalo. No es poco. Quizá no haga falta más para que Putin sonría.

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/25/estados_unidos/1490473402_926869.html

9.17.- CORRUPTOS HABLANDO DE CORRUPCIÓN – Cecilia Orozco Tascón

Sin engaños: los ultraderechistas indignados con el perdón entre los enemigos que se enfrentaron en armas y con la igualdad de penas para los dos bandos que tuvieron criminales de guerra en sus filas (a los que pretenden diferenciar ante la ley, no por la gravedad de los delitos en que incurrieron sino por el tipo de uniforme que llevaban cuando los cometieron), están aprovechando hasta la última gota del mar embravecido por el asunto Odebrecht para destruir el acuerdo de paz y sabotear la palabra empeñada por el Estado representado —gústeles o no— por Juan Manuel Santos cuyos mandatos, decisiones y firmas de convenios gozan, hasta el momento, de presunción de legalidad.

21 mar 2017.- Con un desprecio asombroso hacia nuestra capacidad de relacionar la historia reciente con la actual, salen a hacer declaraciones escandalizadas sobre el pago de US$400.000 de la multinacional brasilera, en 2010, a una firma privada que trabajaba para la campaña de Santos o sobre el supuesto soborno de un millón, en 2014, al gerente de la misma, aún sin demostrar. Desde luego, criticar actos de corrupción es deber y derecho de todos aunque, en la mayoría de las ocasiones, en el mundo de los poderes particulares y públicos de Colombia, sea puro bla bla bla pues lo que en verdad se rechaza es la corrupción ajena. La propia, ni se percibe como tal.

Lo que no es admisible es que unos notables del gran empresariado rural y urbano y de la política se arroguen la vocería de la sociedad sin tener autoridad ética y vaya usted a ver si judicial, para pedir renuncias o exigir castigos ejemplares para los otros cuando en sus filas predilectas no recibieron bicocas de medio millón o de uno, sino de seis veces esa cifra (US$6,5 millones, exactamente) en 2009. Con el agravante de que su ingreso ya fue admitido por Gabriel García Morales, viceministro que adjudicó la Ruta del Sol Fase II y quien llegó a ese cargo escogido por el ministro Andrés Uriel Gallego (q.e.p.d.), tan cercano al presidente Álvaro Uribe, que fue su secretario de Obras en la Gobernación de Antioquia, en los 90, y su jefe de la misma cartera durante los ocho años de sus periodos presidenciales.

En este caso, además, está probado que otro consentido de la época uribista, Daniel García Arizabaleta, fue contratado por Odebrecht en cuanto salió de la Casa de Nariño en donde se la pasaba, para servir de enlace entre la sobornadora y el candidato del expresidente en 2014. ¡Si hasta llevó a Óscar Iván Zuluaga, al hijo de este y a un precandidato del Centro Democrático a Brasil para que Odebrecht le pagara US$2,5 millones más, al publicista que fue de su campaña!

Uno los oye, olímpicos, y no lo cree: ¿Con qué cara salen a gritar en los micrófonos, hacen fiestas, almuerzos y comidas; van a reuniones en las fincas antioqueñas o cordobesas para solazarse con los dramáticos alcances de la inmoralidad del país y se sientan a manteles en los mejores restaurantes bogotanos para practicar el juego de moda: apostar sobre el tiempo en que demorará en publicarse el próximo capítulo del escándalo que una fuente altísima de la Fiscalía les ha filtrado a conveniencia?

No se necesita ser muy perspicaz para adivinar la respuesta: les importa cinco la corrupción. ¡Si la practican hace años, solo que en sus manos se convierte en “alto interés de Estado”! Recuerden, no más, el máximo beneficio corrupto que obtuvieron cuando lograron cambiar la Constitución y consiguieron tener presidente de la República propio cuatro años adicionales mediante la compra de los votos de los congresistas Yidis y Teodolindo. Limpiar la podredumbre pública no es su objetivo. A otros con ese cuento.

El suyo es recuperar el control del Ejecutivo y de las cortes para quedar ellos con la exclusividad de la corrupción económica y con la capacidad política de expulsar a Santos por su máximo pecado, no precisamente el de su presunta violación del Código Electoral o Penal, sino el de haber adelantado un acuerdo de paz con las Farc.

http://www.elespectador.com/opinion/corruptos-hablando-de-corrupcion-columna-685665

 

9.17.-CAFESALUD ES EL REFICAR DE LA SALUD – Alberto Donadio

Carta del abogado Aníbal Rodríguez Guerrero:

Sr Donadio,                                                                                                                              En medio del ácido debate sobre Reficar y Odebretch, ha pasado desapercibido un grave hecho de daño infringido por propio Estado a las clínicas, hospitales y usuarios del sistema de salud.                      

Es que, en esta semana, la liquidación de SaludCoop  hizo público el monto de las acreencias de la EPS con las clínicas, hospitales, y demás prestadores de servicios de salud, y el dato es escalofriante: ¡¡¡$4,4 billones de pesos!!!.

20 mar 2017.- Lo primero es preguntarse, ¿cómo se llegó a ese monto? En el año 2011, cuando se inició la intervención de la EPS, en la resolución en que se tomó posesión de SaludCoop, la supersalud registró deudas con las IPS por $390.000 millones de pesos, por lo que carece de toda lógica, que cinco años después, y administrada por el Gobierno Nacional, la deuda haya llegado a un monto de esas proporciones, el cual solo se explica por los actos de corrupción que esta investigando la Fiscalía General de la Nación.

Pero lo más grave de todo esto, es que la liquidación de SaludCoop, para tapar el hueco, quiera ahora pasarle la factura a las IPS, y para negar las deudas, se inventó glosas absurdas como se muestra en seguida:

  1. Del total reclamado, $4,4 billones, se glosaron $3,7 billones, es decir, el 82,5%.
  2. De 2371 IPS acreedoras, a 862 se les glosó el 100% de lo reclamado. Esta situación es tan absurda, que IPS de incuestionable reputacion como la Fundación Cardio Infantil en Bogotá, se le glosaron $24.624 millones; o la Fundación Cardio Vascular a la que se le glosaron $15.537 millones, o al Hospital Regional de Chiquinquirá la objeción fue de $6.310 millones.
  3. Por el lado de los proveedores de insumos y medicamentos, la cosa es aún más grave, pues a la empresa Epsifarma que hace la intermediación en la entrega de medicamentos, le objetaron $110.000 millones, o a Fresenius que presta servicios de diálisis renal en todo el país, se le niega el pago de $15.681 millones
  4. A las 135 Empresas Sociales del Estado (hospitales públicos) que reclamaban en conjunto $104.000 millones, les fue un poco mejor, para ellas la una glosa promedio fue del 75%. Cabe preguntarse que va a pasar en el Casanare o Boyaca, dado que al Hospital de Yopal que le glosaron $13.900 millones, o al Hospital san Rafael de Tunja, al que le negaron el pago de $15.500 millones, o incluso al Hospital de la Samaritana que atiende pacientes de cundinamarca, al cual le negaron el pago de $8.100 millones de pesos.

Pero ademas de esta absurda negación del pago de las deudas, incluso sobre los favorecidos con el reconocimiento de las deudas, se cierne una sombra de incertidumbre sobre el pago, pues el avaluó de las clínicas de SaludCoop es de apenas $466.000 millones, cifra que claramente resulta insuficiente para cubrir el total de obligaciones,

A esta delicada situación se suma que los supuestos recursos que van a llegar por la venta de Cafesalud, son mera especulacion, por cuanto esta EPS tiene sus propias deudas del orden de $1 billón, lo que hace inviable que existan recursos “frescos” que puedan destinarse a cubrir las deudas de SaludCoop.

De este vergonzoso asunto quedan muchas preguntas que deben responder el Sr Superintendente y el sr Ministro:

  • ¿Cómo se llegó a esta situación estando SaludCoop en manos del gobierno? Lo mismo ocurrio en Cafesalud y al parecer en Cruz Blanca.
  • ¿Qué va a pasar con las deudas que no se reconocen o no se paguen? ¿Quien del Gobierno responde?
  • Muchas de las IPS defraudadas son las mismas que atienden a los usuarios de Cafesalud, ¿van a continuar atendiendo a crédito millones de pacientes, a sabiendas que tampoco esta EPS les va a pagar?
  • Si cientos de IPS se quiebran, ¿dónde se van a atender a millones de usuarios?

En resumen, claramente todo un Reficar en el sector salud, pero y a propósito, ¿será que el Ministro Gaviria también se acaba de enterar?

Atte. Anibal Rodríguez Guerrero                                                          http://blogs.elespectador.com/actualidad/unidad-investigativa/cafesalud-reficar-la-salud

8.17.-LA TRAMPA EN POLÍTICA – Rodolfo Arango

Conocido el ingreso irregular de US$ 400.000 a la campaña de Santos en el 2010 procedentes de Odebrecht, la Alianza Verde afirmó que a Antanas Mockus le habían robado las elecciones. Días después un conocido periodista llamó al excandidato presidencial para preguntarle qué opinaba al respecto. Fiel a su espíritu pedagógico y desprendido, Mockus respondió que ya había perdonado; que en política a veces hay que mentir; que la paz amerita pasar la página; y que él había cometido errores que de todas formas lo habrían hecho perder en segunda vuelta. Como era de esperarse, los entrevistadores elogiaron su sabiduría, pundonor y nobleza. Analizado de cerca, el suceso deja varias enseñanzas.

19 mar 2017.- Lo que parece un simple acto venial, dar dinero bajo la mesa a políticos en campaña, tiene efectos devastadores para la democracia. El problema no está sólo en los tenues controles para evitar la trampa. Más grave es la trivialización de las reglas democráticas al auspiciar ese comportamiento. Sin topes ni control efectivo, el dinero sesga los resultados a favor del más adinerado o inescrupuloso. La igualdad política queda tendida en el camino y la legitimidad del sistema democrático destruída. Desde antiguo autores clásicos han advertido que la arbitrariedad, la riqueza y los excesos corrompen las formas puras de gobierno: la monarquía muta en tiranía; la aristocracia, en oligarquía; la democracia, en anarquía.

La picaresca en nuestra cultura no ayuda a dimensionar la gravedad que tiene el uso de la trampa electoral. También el perdón está aquí fuera de lugar. Esto porque la ofensa no sólo daña al candidato perdedor. El juego sucio afecta a todos los votantes que confiaban en tener voz y orientar los destinos de la comunidad. Los dineros ilegales rompen además la equidad que debe gobernar la escogencia de los representantes. Más que un desaire a noble y digno candidato, apreciación propia de sociedades estamentales, la ofensa ataca el corazón mismo de la democracia: la igualdad de oportunidades en la formación y el ejercicio del poder público.

Perdonar la trampa electoral puede ciertamente honrar al político altruista. Pero también disculpa su uso. La efectividad de la trampa explica la extendida aceptación de la práctica. Desde Maquiavelo sabemos que el acceso y mantenimiento del poder exigen flexibilidad moral. No obstante, el realismo político en pleno destape del ingreso ilegal de dineros a las campañas de 2010 y 2014 tiene efectos legitimadores del atajo. No es lo mismo que el elegido en apego a las reglas mienta luego como mandatario para proteger a su pueblo, a que use la mentira para acceder al poder y luego pretenda ejercerlo pulcramente.

El reproche a la trampa no tiene como finalidad reparar al lesionado. Su objeto es prevenir que la práctica desviada termine por arraigarse y pervierta todo el sistema. Argumentos utilitarios tampoco vienen al caso. Esto porque la sanción moral y política a la actuación tramposa más que debilitar el proceso de paz lo fortalece. La verdadera paz se construye a partir del respeto efectivo de las reglas del juego del sistema democrático.

El uso inveterado de trampas en la contienda electoral desnuda la ausencia de una real democracia en el país. Este no es asunto menor, así las leyes hagan de la trampa mera infracción administrativa. La respuesta adecuada al grave problema no es el perdón al avivato ni encubrir el peso del dinero en la política. El creciente escándalo de corrupción política justifica un control estricto a las campañas y la sanción efectiva a la trampa, no la normalización del comportamiento venial y antidemocrático por temor al cambio.

http://www.elespectador.com/opinion/la-trampa-en-politica-columna-685367

 

8.17.-LAS IDEAS POR LA PAZ Y LA CORRUPCIÓN – Salomón Kalmanovitz

Hoy en día todos hablan de paz, pero hace 30 o 40 años eran pocas las voces que se alzaban contra las ideas comunistas, cristianas o nacionalistas que hacían la apología de la violencia*. Estanislao Zuleta, Francisco de Roux, Jorge Orlando Melo y Antanas Mockus fueron intelectuales que insistieron en que los proyectos de revolución o de liberación nacional, apoyados en la violencia, conducían al fracaso de esas luchas, empeoraban incluso las condiciones de vida de la población afectada. Este es uno de los temas del libro de Jorge Giraldo Las ideas en la guerra.

19 Mar 2017.- Antanas planteó que la ley, la moral y las cultura están en colisión en Colombia: no existe el imperio de la ley, la moral religiosa cesó de operar sin alcanzar a ser reemplazada por una moral laica y la cultura del oportunista hace parte del imaginario nacional. Se propuso por medio de la política limpia y de la educación transformar pacíficamente la sociedad.

Esas ideas por la paz fueron cuajando con el debilitamiento militar de las Farc y con el gran revés político que sufrió, expresado por las enormes manifestaciones contra el secuestro de febrero de 2008, a la vez que la izquierda pacífica obtenía victorias electorales por toda América Latina y en Colombia. Juan Manuel Santos tuvo la visión de que las condiciones estaban maduras para emprender una negociación exitosa que llevara a la desmovilización de las Farc, pero se ha encontrado con escollos a lo largo del camino; el más reciente ha sido el surgimiento de evidencias de corrupción en sus campañas presidenciales.

Los conservadores están de plácemes: exagera Osuna cuando iguala a Samper con Santos, como si recibir US$ 6 millones de la mafia en 1993 fuera lo mismo que aceptar US$ 400.000 de una empresa entonces respetable en 2010; ambos exhiben, es cierto y reprochable, evasión de responsabilidad.

Antanas minimizó la extraña acusación del Partido Verde —“Nos robaron las elecciones”— como si la ola verde hubiera sido de su autoría o sin tener en cuenta el derrumbe autoinfligido por el candidato en el remate de la campaña de 2010. Algún personaje de la internet le pide a Antanas que se vaya del país, aduciendo que no es colombiano, expresando una versión local del nacionalismo trumpista; un columnista afirma que Antanas recibió contratos de Santos y seguramente por eso lo defiende. Lo cierto es que Mockus prioriza la paz como un bien superior, suficiente razón para defender al presidente.

La corrupción hace parte de la política cuando esta reposa en el clientelismo. Mientras mayor el recurso al clientelismo como base de los gobiernos, es mayor la corrupción, que es claramente el caso colombiano. Lincoln hizo intercambios políticos para hacer aprobar la enmienda constitucional que prohibió la esclavitud; lo que aquí llamamos peyorativamente mermelada puede ser un intercambio legítimo en el que el poder central entrega recursos a las regiones a cambio del apoyo de sus representantes en ciertas decisiones.

La acusación de que todos son corruptos, enarbolada incluso por los más corruptos y violentos, impide que se busquen los cambios institucionales que penalicen el desvío de recursos; se encubren además malas prácticas graves y sistémicas, como las que envuelven a las altas cortes y a la Procuraduría o las que conducen a la apropiación de recursos públicos, evidentes en las pensiones ($36 billones, 4,5 % del PIB) aprobadas por los que las disfrutan.

http://www.elespectador.com/opinion/las-ideas-por-la-paz-y-la-corrupcion-columna-685366

* Nota Altereco: merece recordar la severa advertencia de intelectuales colombianos, encabezada por García Márquez, hicieran a las FARC, en 1991, (apenas hace 16 años) a pesar de su precaria difusión en los medios de comunicación. Por supuesto suscrita también por el Dr. Kalmanovitz. NUEVA SOCIEDAD NRO. 125, Caracas, MAYO-JUNIO 1993

 Carta de los intelectuales colombianos

a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar

 Su lucha no propicia la justicia social

Santa Fe de Bogotá,

20 de noviembre de 1992

Señores

Coordinadora Guerrillera

Simón Bolívar:

Nuestra condición de demócratas convencidos, contrarios a la violencia y a las opciones

autoritarias, nos da el derecho moral de poner en tela de juicio la legitimidad y la eficacia dela acción que ustedes sostienen desde hace años. 

Estamos en contra de esa forma de lucha en el momento actual. Creemos que ella, en lugar de propiciar la justicia social, como parecía posible en sus orígenes, ha generado toda clase de extremismos, como el recrudecimiento de la reacción, el vandalismo paramilitar, la inclemencia de la delincuencia común, y los excesos de sectores de la fuerza pública, que condenamos con igual energía. 

No creemos que ustedes expresen una voluntad popular libre. Por el contrario, su acción ha fomentado un clima de confusión política e ideológica, que ha terminado por convertir a

Colombia en un campo de batalla donde la libertad de expresión más usual es la de las

armas. Una situación semejante no puede conducir al sueño común de una sociedad

democrática y feliz. 

Su guerra, comprensible en sus orígenes, va ahora en sentido contrario de la historia. El

secuestro, la coacción, las contribuciones forzosas, que son hoy su instrumento más

fructífero, son a la vez violaciones abominables de los derechos humanos. El terrorismo, que estuvo siempre condenado por ustedes mismos como una forma ilegítima de la lucha

revolucionaria, es hoy un recurso cotidiano.

La corrupción, que ustedes rechazan, ha contaminado sus propias filas a través de sus negocios con el narcotráfico, haciendo caso omiso de su carácter reaccionario y de su contribución al deterioro social. Las incontables muertes inútiles de ambos lados, los atentados sistemáticos a la riqueza nacional, los desastres ecológicos, son tributos muy costosos e inmerecidos para un país que ya ha pagado demasiado. 

Es la hora de una reflexión patriótica profunda, de una rectificación radical de años de

equivocaciones y de la búsqueda seria de nuevas y novedosas formas de creación política,acordes con las realidades del mundo actual. Su guerra, señores, perdió hace tiempo su vigencia histórica, y reconocerlo de buen corazón será también una victoria política. 

Antonio Caballero, periodista; Gabriel García Márquez, escritor; Nicolás

Buenaventura, historiador; Fernando Botero, pintor, Eduardo Pizarro, sociólogo;

Apolinar Díaz Callejas, abogado; Alvaro Camacho, sociólogo; Enrique Santos

Calderón, periodista; Roberto Sáenz, profesor; María Jimena Duzán, periodista;

Hernando Corral, periodista; Socorro Ramírez, internacionalista; Carlos Vicente de

Roux, abogado; Daniel Samper, periodista; Luis Alberto Restrepo, filósofo; Pilar

Gaitán, politóloga; Salomón Kalmanovitz, economista; Alejandro Reyes, sociólogo;

Fernando Cano, periodista; Rubén Sánchez, politólogo; Juan Antonio Roda, pintor;

Nora Segura, socióloga; Hernando Valencia Villa, abogado; Alvaro Guzmán,

sociólogo; Gonzalo Sánchez, historiador; María Emma Wills, politóloga; Iván

Orozco, abogado; José Antonio Ocampo, economista; Jaime Garzón, humorista;

María Teresa Garcés, ex-constituyente; Hermes Tovar, historiador; Myriam

Bautista, periodista; Eduardo Lora, economista; Marisol Cano, periodista; Doris

Salcedo, escultora; Elisabeth Ungar, politóloga; Elssy Bonilla, socióloga; Miriam

Jimeno, antropóloga; Jaime Zuluaga, abogado; Poly Martínez, periodista; Ricardo

Camacho, director de teatro; Fernán González, historiador – sacerdote; Jorge

Restrepo, periodista; Claudia Steiner, investigadora; Santiago Pombo, editor;

Mariana Serrano, politóloga; Javier Guerrero, historiador; (siguen las firmas)

* Este dos texto apareció en relictos de El Tiempo («Lecturas Dominicales»), Bogotá, en su edición del 29 de Noviembre de 1992 Y en la revista NUEVA SOCIEDAD NRO. 125, Caracas, MAYO-JUNIO 1993

 

7.17 .- ¿QUIÉN MANOSEA AL BANCO AGRARIO? – José Roberto Acosta

Una regla de oro para seguir las complicadas maniobras financieras es “seguir el dinero”, y en el caso del crédito del Banco Agrario a Navelena, el dinero llegó a la corrupta Odebrecht, a Julio Gerlein y a Luis Carlos Sarmiento.

10 mar 2017.-  Los rumores resultaron ciertos. La auditoría interna del Banco Agrario confirmó que los dineros prestados “tenían como destino el mejoramiento del perfil de una deuda previamente adquirida por Navelena S.A.S.
con el Banco de Occidente” y “fueron trasladados a una cuenta de esa empresa en el Banco de Occidente”, propiedad de Luis Carlos Sarmiento. Todo estructurado por la Banca de Inversión de Corficolombiana, también de Luis Carlos Sarmiento. Entonces, el dinero salió de un banco público a los bolsillos de uno privado.

Crédito que, además de beneficiar a Odebrecht, benefició a su socio Valorcon S.A., propiedad de Julio Gerlein Echeverría, hermano del senador Roberto Gerlein, de gran influencia en el Banco Agrario, como lo ha descrito el portal La Silla Vacía. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ya citó al senador con respecto a este caso.

A este respecto, aunque el actual presidente del Banco Agrario no fue quien aprobó el crédito, no ha cumplido con su obligación de pedir levantar el velo corporativo del Consorcio Navelena S.A.S., para perseguir a Valorcon S.A., de la familia Gerlein, y así recuperar el dinero de los colombianos. Contablemente, este banco público ya provisionó $62.194 millones de lo prestado, es decir, ya castigó su patrimonio en detrimento de los colombianos. Por lo anterior, se hace necesario que renuncie y se nombre a alguien experto en banca y que no obedezca a los intereses de ningún senador, con el fin de enderezar esta entidad financiera pública de tanto valor estratégico, pero tan manoseada por la politiquería.

Difícil creer que Julio Gerlein no influyó mediante su hermano senador para que, mediante el control que éste tiene en el Banco Agrario, ejerciera presiones indebidas para otorgar este irregular crédito, ignorando el riesgo reputacional de Odebrecht y que ya estaba en causal de liquidación.

Aunque el senador Gerlein es famoso por sus siestas en pleno recinto del Congreso, lo cierto es que el que está bien dormido, ante tanta corrupción, es el ciudadano de a pie que, en últimas, saldrá tumbado en esta llamativa maniobra financiera.

http://www.elespectador.com/opinion/quien-manosea-al-banco-agrario-columna-683948

 

7.17.- GOBIERNO, CÓMPLICE DE CORRUPCIÓN UNIVERSITARIA – Daniel Mera Villamizar

La designación presidencial del exsenador Aurelio Iragorri Hormaza en la Universidad del Cauca, una muestra. 

10 Mar 2017.- Un creciente número de universidades públicas se ha convertido en fortines políticos y botines clientelistas, lo que constituye una corrupción de la naturaleza de la institución universitaria. Nos lo recordó el reciente nombramiento de Aurelio Iragorri Hormaza, a sus venerables 80 años, como representante del presidente de la República en el Consejo Superior CSU, de la Universidad del Cauca, a pocas semanas de la escogencia de rector. La comunidad entiende a qué va.

El Gobierno nacional también. Son tres billones de pesos largos los que transfiere la nación a las 32 universidades estatales, y hay una clase política que algo quiere direccionar de ahí para su beneficio. El problema para el Gobierno es que está incumpliendo de facto el mandato constitucional y legal de “ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación” cuando sus representantes en los CSU van a otra cosa —el delegado del Ministerio de Educación MEN, suele ser alguien más interesado en el subsector que en la política.

El Gobierno no puede decir que la autonomía universitaria es culpable de la deriva política y clientelista de no pocas universidades públicas, porque la autonomía es relativa. Un Gobierno decidido a ejecutar una política de educación superior arrancaría con cuatro de nueve votos en el CSU, sumando a los dos propios el del gobernador —o alcalde—  y el del sector productivo. En cualquier caso, no es a espaldas del Ministerio MEN que ocurren las cosas.

La complicidad del Gobierno se explica más por omisión, por vista gorda, por negligencia. Sin contar el capítulo penoso de los proyectos de regalías. Así que ayudaría bastante a corregir la tendencia la profesionalización de la representación del presidente y del MEN en los CSU. Tener un staff de exrectores y exdecanos respetados que lleguen a las sesiones de los consejos superiores con carpetas de datos y análisis preparados por técnicos de dedicación completa, todos bien remunerados por el Ministerio MEN.

Tan desconsiderado e inconveniente es pretender que el exsenador Iragorri se aplique a reportes prolijos sobre la marcha y el rol de la Universidad del Cauca, como que una joven abogada pase de una buena trayectoria en el Consejo Superior de la Judicatura a ser delegada del MEN en un montón de CSU. La poca información pública del MEN en línea al respecto indica que no tienen bien organizado ese proceso, si es que se ve así.

Ciertamente, la inspección y vigilancia (Ley 1740 de 2014) es un proceso formalmente distinto de participar en la dirección colegiada de las universidades públicas, pero si no se hace bien la tarea en los CSU, será más difícil actuar a tiempo. Ahora mismo hay universidades que ameritan medidas de vigilancia especial para detener la corrupción, pero la vista gorda es un problema muy serio

http://www.elespectador.com/opinion/gobierno-complice-de-corrupcion-universitaria-columna-683959

 

6.17 .- El “aparato Clinton” para desacreditar a Donald Trump por Thierry Meyssan

Este artículo es una alerta. Desde noviembre de 2016, se ha montado un enorme aparato de agitación y propaganda para acabar con la reputación y autoridad del hoy presidente Donald Trump en cuanto entrara en la Casa Blanca. Es la primera vez que se ve este tipo de campaña, científicamente organizada, contra un presidente de los Estados Unidos y con el uso de los medios que están desplegándose. Estamos entrando en la era de la post-verdad, pero los papeles de los protagonistas no son los que parecen ser.

28 DE FEBRERO DE

David Brock está considerado como un maestro de la “agitprop” (agitación y propaganda) del siglo 21. Totalmente carente de escrúpulos, este personaje es tan capaz de defender una causa como de reducirla a polvo, según las necesidades de quién solicite sus servicios… y se halla a la cabeza de un verdadero imperio de la comunicación de masas.

Sigue su curso la campaña que actualmente dirigen los padrinos de Barack Obama, de Hillary Clinton y de la destrucción del Medio Oriente ampliado, contra el nuevo presidente de Estados Unidos. Después de la “Marcha de las Mujeres” realizada el 22 de enero, ahora están montando una “Marcha por la Ciencia” que tendría lugar el 22 de abril, pero no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo occidental. Su objetivo sería demostrar que Donald Trump, además de misógino, es también un oscurantista.

Que haya sido organizador del concurso de Miss Universo y que esté casado, después de dos divorcios, con una ex modelo “demuestra” que desprecia a las mujeres. Que cuestione el papel de Barack Obama en la creación de la Bolsa de Clima de Chicago [1] (lo cual hizo mucho antes de ser presidente) y que rechace la tesis según la cual las perturbaciones climáticas son resultado de las emisiones de carbono “demuestra” que no entiende nada sobre la ciencia.

Para convencer a la opinión pública estadounidense de que el presidente que dice querer hacer la paz con los enemigos de Estados Unidos y colaborar con ellos en pro de la prosperidad económica internacional tiene que estar loco, David Brock, uno de los más grandes especialistas de la “agitprop” (agitación y propaganda), ha montado un dispositivo imponente, incluso antes de la investidura de ese presidente.

Cuando trabajaba para los republicanos, David Brock inició contra el presidente Bill Clinton las maniobras que acabaron convirtiéndose en el Troopergate, el caso Whitewater y el caso Lewinsky. Posteriormente cambió de bando y hoy está al servicio de Hillary Clinton, para quien ya organizó anteriormente tanto la destrucción de la candidatura de Mitt Romney como la defensa de la señora secretaria de Estado ante el escándalo provocado por el asesinato en Bengazi del embajador de Estados Unidos en Libia. Durante las elecciones primarias del Partido Demócrata, era David Brock quien dirigía los ataques contra Bernie Sanders. La publicación estadounidense The National Review incluso ha calificado a Brock de «asesino de derecha convertido en asesino de izquierda».

Es importante recordar que los 2 procedimientos de destitución de un presidente estadounidense en pleno ejercicio de sus funciones, posteriores ambos a la Segunda Guerra Mundial, no se iniciaron para favorecer la democracia sino en beneficio del Estado profundo. El Watergate fue piloteado de cabo a rabo por el misterioso personaje que se identificaba como «Garganta Profunda», que al cabo de 33 años resultó ser Mark Felt, el segundo del director del FBI Edgar Hoover. En cuanto al caso Lewinsky, sólo fue el medio utilizado para obligar a Bill Clinton a aceptar la guerra contra Yugoslavia.

La actual campaña está siendo orquestada subrepticiamente por 4 asociaciones:

 Media Matters (“Los medios [de difusión] son importantes”) se encarga de rastrear los errores de Donald Trump. Su boletín contiene lo que usted va a leer diariamente en los diarios: no se puede confiar en el presidente porque se equivocó en esto o aquello.

 American Bridge 21st Century (“El Puente Americano del Siglo 21”) ya ha pasado en revista más de 2 000 horas de videos en los que aparece Donald Trump desde hace años y más de otras 18 000 horas de videos de miembros de su gabinete. Dispone de sofisticados medios tecnológicos concebidos por el Departamento de Defensa –que por demás son en principio imposibles de encontrar en el mercado– que le permiten buscar contradicciones entre las posiciones anteriores de todas esas personas y sus posiciones de hoy. Está previsto extender todo ese trabajo a los 1 200 colaboradores del nuevo presidente.

 Citizens for Responsibility and Ethics in Washington – CREW (“Ciudadanos por la Ética y la Responsabilidad en Washington”) es un gabinete de juristas de alto nivel encargado de rastrear todo lo que pueda convertirse en escándalo en contra de la administración Trump. La mayoría de los abogados de esta asociación trabajan gratuitamente “para la causa”. Son ellos quienes prepararon la denuncia del fiscal general del Estado de Washington, Bob Ferguson, contra el decreto sobre la inmigración.

 Shareblue es un arma electrónica que ya alcanza a 162 millones de internautas en Estados Unidos. Se encarga de la divulgación de temas preestablecidos, como:
•Trump es autoritario y ladrón.
•Trump se halla bajo la influencia de Vladimir Putin.
•Trump tiene una personalidad débil y es propenso a la cólera, es un maníaco-depresivo.
•Trump no fue electo por la mayoría de los electores y es por consiguiente un presidente ilegítimo.
•Su vicepresidente, Mike Pence, es un fascista.
• Trump es un multimillonario que va a tener constantes conflictos de intereses entre sus negocios personales y las cuestiones de Estado.
• Trump es un títere de los hermanos Koch, los célebres financieros de extrema derecha.
•Trump es un supremacista blanco que amenaza a las minorías.
•La oposición anti-Trump está en constante aumento fuera de Washington.
• Para salvar la democracia hay que apoyar a los congresistas demócratas que atacan a Trump y acabar con los que cooperen con él.
•Hay que hacer lo mismo con los periodistas.
•Derrocar a Trump llevará tiempo pero hay que mantener la lucha.

Esta asociación va a producir boletines que serán enviados por correo electrónico y videos de 30 segundos con el apoyo de otros 2 grupos: una firma realizadora de videos documentales, The American Independent (“El Americano Independiente”), y una unidad estadística Benchmark Politics (“Política Comparativa”).

Todo ese dispositivo –creado durante el periodo de transición, o sea entre el momento de la elección de Donald Trump y su llegada a la Casa Blanca– ya emplea en este momento más de 300 especialistas, respaldados por un gran número de colaboradores voluntarios (que trabajan gratuitamente). Su presupuesto anual, que inicialmente ascendía a 35 millones de dólares, ha sido incrementado y hoy se eleva a unos 100 millones de dólares.

Este enorme esfuerzo por destruir la imagen –y por consiguiente la autoridad– del presidente de Estados Unidos antes de que haya tenido tiempo de hacer algo puede traer gravísimas consecuencias. Al eliminar a Saddam Hussein y a Muammar el-Kadhafi, la CIA hundió sus países respectivos en un largo caos, y lo mismo podría suceder en el «país de la Libertad». Nunca antes se había recurrido a este tipo de técnica de manipulación de las masas contra un dirigente de un país occidental.

Por el momento, el plan está funcionando: ningún líder político del mundo se ha atrevido a felicitar a Donald Trump por su eleccion… con excepción de Vladimir Putin y de Mahmud Ahmadineyad.

Documentos adjuntos

(JPEG – 28.7 KB)

[1] También denominada, probablemente de manera mucho más acertada, como “Mercado Climático de Chicago”. Nota de la Red Voltaire.

* Thierry Meyssan Intelectual francés, presidente-fundador de la Red Voltaire y de la conferencia Axis for Peace. Sus análisis sobre política exterior se publican en la prensa árabe, latinoamericana y rusa. Última obra publicada en español: La gran impostura II. Manipulación y desinformación en los medios de comunicación (Monte Ávila Editores, 2008).  http://www.voltairenet.org/article195454.html

 

5.17.- CARGOS A EXVICEPRESIDENTE COMERCIAL DEL BANCO AGRARIO POR ODEBRECHT

Alejandro Jiménez Rodríguez ocupó el cargo cuando se otorgó millonario crédito a Navelena.

 2 de marzo de 2017

Fachada de una sede del Banco Agrario. Foto: Guillermo Benavidez / EL TIEMPO
Fachada de una sede del Banco Agrario. Foto: Guillermo Benavidez / EL TIEMPO

La Fiscalía emitió un comunicado en la mañana de este jueves en el que detalla que en medio de la investigación que se adelanta por el crédito que el Banco Agrario dio a la compañía Navelena por 120.000 millones de pesos, se imputarán cargos al vicepresidente comercial de esa entidad oficial en la epoca en que se otorgó, Alejandro Jiménez Rodríguez.

En la época del crédito, Jiménez estaba encargado de la vicepresidencia de banca comercial y actualmente ocupa el cargo de gerente de banca empresarial.

La audiencia de imputación de cargos se cumplirá el día 15 de marzo, detalló el ente investigador, por el delito de falsedad en documento. La diligencia se efectuará ante un juez de control de garantías.

El pasado 14 de febrero, EL TIEMPO publicó un informe con detalles de la auditoría interna que realizó el Banco Agrario por orden de su actual presidente, Luis Enrique Dussan, para establecer si hubo o no anomalías en el desembolso por 120.000 millones de pesos que la entidad estatal le desembolsó a Navelena, compañía controlada en un 80 % por la multinacional brasilera Odebrecht.

Según investigadores del caso, el primer lunar identificado por la auditoría es que Navelena tan solo solicitó 100.000 millones de pesos, pero terminaron desembolsándole 120.000 millones, también hubo un súbito cambio en la línea de crédito que pesó a la hora de establecer tasas y otras gabelas bancarias.

EL TIEMPO estableció que Navelena pidió un crédito para inversión y se le aprobó uno para capital de trabajo.

“Esta variación permitió que Navelena utilizara un porcentaje del dinero que se le desembolsó para cubrir una empréstito con otras entidades bancarias. Si la línea de crédito hubiera sido para inversión, no le hubiera dado ese uso al empréstito”, explicó uno de los investigadores.

JUSTICIA

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/fiscalia-imputara-cargos-a-alejandro-jimenez-rodriguez-vicepresidente-del-banco-agrario/16832378

4.17.- ¿OTRO NOBEL? – Alberto Donadio

Un imputado por la Fiscalía, el exsenador Otto Bula, declara que un millón de dólares de los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht ingresaron a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014, es decir, una suma casi igual al valor monetario de los premios Nobel.

20 feb 2017 .- ¿Por qué el presidente Santos no afirma categóricamente que no es cierto? ¿Porque la acusación es cierta?

El mes pasado, durante la posesión del procurador, Santos señaló: “Ningún familiar mío ha hecho un solo negocio con el Gobierno o ha sugerido o estado envuelto en algún tipo de tráfico de influencias… Ninguno de mis hijos o hermanos, ni mi señora ni mis cuñados, ninguno ha tenido el más mínimo cuestionamiento… Ninguno de mis altos funcionarios ha sido condenado o seriamente acusado de algún acto de corrupción… No tengo —y espero no tener jamás— a ninguno de mis más cercanos colaboradores en la cárcel por corruptos”.

¿Por qué enmudece el presidente, que sabe expresarse de manera rotunda y categórica frente a acusaciones que no se le han formulado?

¿Por qué tienen que dar explicaciones terceros como Roberto Prieto, el gerente de la campaña, para manifestar que “entrega de dinero no pudo haber” cuando es el presidente el llamado a afirmar sin rodeos que a su campaña no entraron sobornos de Odebrecht?

¿Por qué el presidente, maestro en acusar a su antecesor mediante comparaciones, ahora le cede la palabra a su gabinete para que sean sus ministros, el vicepresidente y hasta la directora de Coldeportes quienes hablen por él?

¿Por qué los ministros afirman que la honestidad del presidente “nunca se ha puesto en duda” y que han “sido testigos de su actitud vertical” y que “no cesaremos en el empeño de combatir con contundencia cualquier forma de corrupción”? ¿Por qué esa defensa genérica cuando la claridad que se busca es específica?

¿Por qué el gabinete se remite a la declaración del fiscal general de que “no hay ninguna prueba documental que muestre el posible ingreso de dineros de la firma Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos” cuando el propio presidente podría indicar en un discurso suyo que la acusación de Otto Bula es falsa de toda falsedad?

¿Por qué los ministros confían en que el Consejo Nacional Electoral “avance rápidamente en las investigaciones para concluir con la verdad de este episodio” cuando el presidente jamás ha tenido que esperar el resultado de investigaciones para manifestar de forma convincente que no hay cuestionamientos sobre sus hijos, hermanos, cuñados y cónyuge?

¿Por qué Juan Fernando Cristo, María Ángela Holguín, Mauricio Cárdenas y los demás ministros tienen que aseverar que “resulta absurdo e inaceptable que personajes de dudosa reputación… pretendan enlodar la campaña presidencial de 2014” cuando sería suficiente que el presidente afirme por su cuenta que sus familiares no han hecho negocios con el Gobierno y que a su campaña no entró dinero de Odebrecht?

¿Por qué desviar la atención hacia la dudosa reputación de Otto Bula cuando lo que el país espera es un desmentido terminante del Premio Nobel de la Paz 2016?

www.elespectador.com/opinion/otro-nobel-columna-680907

3.17 – POLÍGRAFO Y CORRUPCIÓN – Jorge Iván González

Ha dicho el Gobierno que la generalización del uso del polígrafo contribuirá a la lucha contra la corrupción. Este tipo de afirmación es la expresión, al mismo tiempo, de una profunda ingenuidad, de una notoria incultura, y de un evidente desespero ante la incapacidad de encontrar medidas que permitan combatir la corrupción.  

03 02 2017.-  Al pretender que el polígrafo es un remedio adecuado para luchar contra la corrupción, el Gobierno pone en evidencia el desconocimiento que tiene de un fenómeno complejo, que no se puede resolver por fuera de la dinámica de la acción humana.

La corrupción está ahí y, de una u otra forma, seguirá ahí. La lucha contra la corrupción es un proceso continuo de ensayo y error, en el que la sociedad va diseñando mecanismos y creando incentivos que buscan que el comportamiento de los individuos se mueva dentro de unos parámetros que, en un momento y en un espacio determinados, se consideran buenos. Sueñan quienes predican la “corrupción cero”. Las zonas grises que siempre existirán entre los comportamientos legales e ilegales son imborrables, y los movimientos, más o menos censurables, en una y otra dirección, son la condición necesaria para la construcción de instituciones y para la reformulación permanente de la normas.

En su lectura del premio Nobel de economía, ¿Pero Quién Vigila a los Guardianes?, Hurwicz nos recuerda dos comportamientos alternativos de los seres humanos. Uno inspirado en los diálogos de Platón, expresa el ideal de cualquier ética trascendental. Glaucón está conversando con Sócrates, y se preguntan por las razones del comportamiento de los guardianes que se emborrachan. Puesto que es absurdo que un guardián requiera de otro guardián para impedir que se emborrache, la persona por ella misma tiene que decidir si prefiere ser borracho o guardián. No hay duda que esta solución de primera instancia es la ideal pero, desgraciadamente, no es real. No es posible.

El segundo tipo de comportamiento, habitual en los seres humanos, lo refleja bien Juvenal, el satirista romano, cuando expresa su desconfianza por los guardianes que terminan siendo amantes de las esposas a quienes vigilan. Y, peor aún, tampoco se puede confiar en los guardianes de estos guardianes.

El diseño institucional, concluye Hurwicz, tiene que hacerse bajo el supuesto que cualquier individuo puede marcar las cartas si tiene la oportunidad de hacerlo. En la realidad los seres humanos necesitamos guardianes de guardianes. Y más aún, la sociedad necesita guardianes de los guardianes de los guardianes. Para evitar una regresión infinita, en algún momento tiene que haber cierre. Pero esta última instancia (tercera, cuarta, quinta…) tampoco es perfecta. Y lo más grave es que un presidente de la instancia de cierre – la Corte Constitucional en el caso colombiano – también puede ser un corrupto.

Las advertencias de Hurwicz evitan caer en la tentación de soluciones tan facilistas como el polígrafo. En lugar de andar pensando en polígrafos, el gobierno debería comenzar por retomar las preguntas esenciales que siempre se ha hecho la humanidad y que, como la corrupción, nunca tendrán una respuesta definitiva. Las alternativas ideales son engañosas. En su afán por diseñar una sociedad buena, Platón imaginaba que podíamos ser gobernados por una especie de filósofos que tuvieran la virtud de anteponer el bien común al bien particular. El problema radica en que estos seres tan extraordinarios no son reales.

http://www.larepublica.co/pol%C3%ADgrafo-y-corrupci%C3%B3n_467171

2.17 – IRREGULARIDADES EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL – Eduardo Sarmiento

Hace 30 años escribí un libro titulado “Crisis de la infraestructura vial”. En este trabajo interdisciplinario, en el cual participaron distinguidos ingenieros y economistas, se encontraron cifras nunca imaginadas. De 45 proyectos contratados por el Invías de esa época, en 42 los costos finales resultaban tres veces más de los valores que sirvieron de base para contratarlos, y los tiempos de entrega, dos y media veces más de lo estipulado. Los resultados precipitaron una fuerte reacción de los organismos de ejecución y de las firmas contratistas.

4 feb 2017.- La experiencia de los años siguientes despejó dudas sobre los hallazgos. La regla general en los programas viales es que las obras terminan valiendo más de lo programado y se demoren más de lo estipulado. Sin ir muy lejos, los cuantiosos billones destinados por el Gobierno a los proyectos 4G no tienen una clara verificación, el índice de obras viales se estancó en los últimos tres trimestres y los despachos de cemento caen 10%.

La falla está en el desconocimiento de las características económicas de la actividad. En general se encuentra que la rentabilidad de los proyectos viales es menor que el promedio de la economía. Los promotores tienden a justificar los proyectos con altas rentabilidades subvaluando el monto del proyecto; la deficiencia se cubre con garantías de tráfico, créditos a plazos muertos y presupuestos adicionales. Por lo demás, debido a los altos costos fijos los proyectos no pueden ser financiados con tarifas que apenas cubren los costos variables. En la práctica, las obras de infraestructura generan bajas rentabilidades que solo se pueden superar incurriendo en altos riesgos. Tan cierto es esto que la mayor parte de las ganancias proviene de los cambios de los diseños y presupuestos.

Lo anterior aparece claramente demostrado en los sobrecostos. De acuerdo con la ley de probabilidades, lo normal sería que unas veces el valor final de los proyectos resulte por debajo del estimativo y en otros por encima. Los hechos dicen algo muy diferente. En la mayoría de los casos los valores finales están por encima, dejando al descubierto que los sobrecostos no son aleatorios sino deliberados.

No menos graves son las condiciones de contratación. Los organismos oficiales no disponen de estudios serios de ingeniería sobre las características de las obras ni valorizaciones económicas confiables. No están en capacidad de escoger el mejor oferente y garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos. Se configura la situación de información asimétrica, en la cual los concesionarios están en condiciones de obtener la licitación por factores distintos a los consignados en los pliegos, como la influencia política y los sobornos. Así, en muchas regiones se observa cómo los grandes proyectos son asignados a un solo proponente y muchas veces al mismo.

En fin, el sector vial está expuesto a incumplimientos y sobornos que atentan contra el patrimonio nacional y el suministro de bienes públicos a la sociedad. Las instituciones y la normatividad de la infraestructura que han estado vigentes desde hace varias décadas no operan adecuadamente. No se ha aprendido de la experiencia. Las reformas a la ley 80 de contratación de obras públicas han sido cosméticas; no han corregido los aspectos de fondo y no han pasado de crear dependencias y juntas y ampliar la burocracia. Las objeciones centrales que denuncié hace 30 años se mantienen incólumes, como los estudios deficientes, los carruseles de funcionarios, el vínculo entre el sector financiero y los contratistas, la aprobación de presupuestos adicionales desproporcionados e irregularidades flagrantes que no se sancionan. La norma sigue siendo que los recursos destinados al sector superan con creces las realizaciones.

http://www.elespectador.com/opinion/percances-de-globalizacion

1.17 – EL CAPITALISMO COMPINCHERO – Salomón Kalmanovitz

En la literatura económica anglosajona se solía medir negativamente las instituciones de los países en desarrollo, asociadas a corrupción, amiguismo y dictaduras, por comparación con las democracias virtuosas del norte. El patrón de medida se comenzó a resquebrajar con la larga permanencia en el poder del Partido Republicano de Estados Unidos, que la aprovechó para burlar la separación de poderes y poner el sistema político al servicio directo de grandes corporaciones y bancos.

8 ENE 2017.-  Ronald Reagan (1981-1989) la emprendió contra las políticas progresistas que habían mantenido a Estados Unidos próspero y con una baja desigualdad, gracias al poder que desplegaban los sindicatos de trabajadores y la clase media. El nuevo consenso fue el de reducir impuestos a los ricos e incluyó a las dos administraciones Clinton, que mantuvo en pie las políticas conservadoras, recurriendo a banqueros para posiciones claves de política económica, y Alan Greenspan manejó mal el Banco de la Reserva Federal.

El nepotismo se volvió admisible con los Bush, que nombraron compinches incompetentes en posiciones claves que propiciaron la invasión de Irak y disminuyeron subsidios para los pobres. El Partido Demócrata obviamente no escapó del nepotismo, al permitir que su candidatura contra Trump la ocupara Hillary Clinton. Los republicanos se apoyaron en un radicalismo nativista que amarró las manos de varias administraciones demócratas, especialmente las de Obama. El sectarismo infectó el debate público con el rechazo a la ciencia, la defensa del creacionismo y la superstición.

Estas tendencias se consolidan con Trump. Éste aprovechó la rabia del electorado contra los políticos tradicionales para radicalizar su discurso y sus acciones. Los inmigrantes y la competencia comercial de China y México sirvieron para denunciar la enmiseración de sus desempleados y de los trabajadores, quienes están convencidos de que él va a salvarlos, algo improbable pues la desindustrialización norteamericana comenzó hace 70 años por muchas razones: salarios, productividad, macroeconomía, calidad, entre otros.

           Fuente: The Economist
Fuente: The Economist

La admiración de Trump por el dictador ruso Vladimir Putin, quien le ayudó a ganar la elección, o por el presidente de Filipinas, que se precia de asesinar sospechosos de narcotráfico, se acompaña del matoneo a sus oponentes y escoger unas cuantas empresas para avergonzarlas y simular que protege el trabajo de la clase obrera blanca que votó por él. Las acciones de estas empresas suben o bajan, según le simpaticen o no. No ha nombrado a ningún funcionario competente en sus ministerios sino a amigotes billonarios que van a utilizar sus posiciones para enriquecerse más. Su plan económico es descabellado: bajar impuestos e invertir mucho en la decrépita infraestructura que los republicanos dejaron caer.

La expectativas sobre sus políticas proteccionistas le están causando daño a México, cuya moneda se ha devaluado un 50 %. Aunque liquidar el Nafta con México y Canadá puede deteriorar seriamente a la economía norteamericana, no es de descartar que la intemperancia, irresponsabilidad e ignorancia de Trump conduzcan a esta decisión, a lo cual se agrega el hecho de que puede hacerlo por orden ejecutiva, sin requerir del Congreso para su aprobación. Los chinos, entretanto, aprestan retaliaciones contra las empresas norteamericanas que atienden el gran mercado asiático, si atenta contra ellos. Se vienen tiempos difíciles.

http://www.elespectador.com/opinion/el-capitalismo-compinchero

052.-“VICTORIA DE TRUMP CONTAMINADA POR INFUNDIOS Y NOTICIAS FALSAS” –  Andrea Aguilar

Entrevista al decano Steve Coll* de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, quien reflexiona sobre el papel que han jugado los medios en la victoria de Trump y la responsabilidad ética de las redes sociales

Steve Coll.- foto: Piotr A. Redlisnki Universidad De Columbia 
Steve Coll.- foto: Piotr A. Redlisnki Universidad De Columbia

Terminó el recuento de papeletas electorales en Estados Unidos el pasado 8 de noviembre, y surgió una incómoda pregunta: ¿qué papel han jugado los medios en el ascenso y victoria de Donald Trump? Desde el anuncio de su candidatura en 2015 quedó claro que los titulares con las salidas de tono del millonario aumentaban los cliqs en la web, y que sus mítines subían la audiencia en las televisiones. No por nada Trump era una estrella de la telerrealidad. Pero la tensa y ambivalente relación que los medios han mantenido con él durante la campaña no ha estado exenta de vitriolo: algunos periodistas fueron vetados y humillados, otros que cubrían los mítines eran señalados para recibir el escarnio de la multitud. Y ahora el examen de conciencia ha llevado a muchos, retrospectivamente, a subrayar la prevalencia de noticias falsas fabricadas por medios de la llamada “alt-right” (derecha alternativa), que se han difundido sin freno en las redes sociales.

27 nov 2016.- En los últimos tres meses de la campaña las noticias falsas que tuvieron mayor eco en las redes superaron con creces a las de los medios tradicionales.

P.-Trump ha roto el mantra de que quién más gasta en anuncios gana las elecciones. ¿La cobertura de su campaña le ha hecho el trabajo gratis?

R.- Al principio de la campaña el valor de entretenimiento que algunos ejecutivos de las cadenas televisivas vieron en Trump y los altos niveles de audiencia que él claramente generaba, crearon un ciclo en el que Trump comprendió que podía copar mucho tiempo de emisión gratis simplemente accediendo a dar entrevistas. Las cadenas estaban tan dispuestas, incluso sin una agenda crítica o seria, a rellenar espacio con Trump, que llegaron a saltarse sus propias normas y aceptaron retransmitir entrevistas telefónicas, y no frente a la cámara. Los directivos tardaron un tiempo en comprender que la candidatura de Trump iba en serio y que su uso de los medios era parte de la campaña. Se produjeron algunos cambios, pero en la televisión por cable ha habido cierta complicidad al permitir que Trump y su organización moldeasen su comunicación en cadenas como la CNN.

P.- Esa búsqueda despiadada de audiencia, ¿es un síntoma de la fragilidad financiera de los medios o algo que ha ocurrido siempre?

R.- La debilidad económica de las medios es parte del dibujo. Hay muchos más canales que hace 30 años, pero todos ganan dinero, son altamente rentables. Esto no significa que no quieran más audiencia, más preponderancia, mejor posicionamiento. Antes de la llegada de la televisión por cable había rivalidad y también se tomaron decisiones erróneas por motivos comerciales, pero hoy el nivel de ansiedad y competición es mucho más alto.

“Se ha logrado explotar el sistema de automatización para difundir un alto número de noticias falsas”

P.- Según el Pew Research Center un 60% de estadounidenses dice haber obtenido información sobre las elecciones vía Facebook.

Es de lejos la red social que más se usa. En EE UU tiene 200 millones de usuarios únicos al mes, y el total de población es de 300 millones, así que prácticamente todos los adultos interactúan con su plataforma. Esta ha sido una campaña muy controvertida para Facebook. En verano algunos republicanos se quejaron de que un equipo de personas de la compañía seleccionaba las noticias. Si algo así hubiera se esgrimiera contra The New York TimesThe Wall Street Journal o incluso Breitbart, uno diría “claro eso es lo que hacen los editores”, pero Facebook defiende que es neutral, que no funciona como una organización editorial. Presionados por estas quejas de la derecha, en Facebook despidieron a ese equipo y retomaron el proceso de automatización. Ahora es evidente que ciertos grupos ideológicos y comerciales lograron explotar el sistema para difundir un alto número de noticias falsas. Un ejemplo notable, documentado por un profesor de la Universidad de Carolina del Norte, es el de una historia que aseguraba que el Papa Francisco apoyaba a Trump, y que fue compartida más de un millón de veces.

P.- Los programas de radio de la derecha radical y los medios de la llamada alt-right han diseminado este tipo de información desde hace tiempo. ¿El problema es que con Facebook acceden a un canal mainstream? ¿Un cambio en el algoritmo realmente hará que desaparezcan esas informaciones?

R.- Una de las medidas que Facebook y Google han anunciado es que van a intentar identificar las noticias falsas e impedir que sean distribuidas. Esto al menos terminará con la motivación económica que parece guiar a algunos de los actores implicados en el tema. Hay gente fabricando historias falsas por el dinero de los anuncios y otros que lo hacen por motivos políticos. Eliminar la información falsa de Google y Facebook no soluciona el problema, pero es un paso en la buena dirección.

P.- Los medios estadounidenses presionan al renuente Mark Zuckerberg para que tome medidas.

R.- Facebook es una empresa privada no un ágora, pero el problema es que es tan dominante que funciona como una plaza pública. En los años 60 el ágora pública informativa era principalmente la televisón, y las cadenas que elegían las historias, las reportaban y editaban, estaban sujetas a una licencia gubernamental que les exigía que trabajaran en aras del interés público. Ese sistema también planteaba problemas, pero hoy Facebook va por su cuenta a la hora de decidir qué reglas deben aplicarse en éste ágora de facto. Cuando te das de alta en su red firmas su pliego de condiciones.

Hay muchas normas, por ejemplo, no se pueden usar términos pornográficos. Pero su código no afecta a la distribución de artículos informativos que son falsos. Facebook debe asumir esta responsabilidad como un asunto ético, como un tema comercial, porque no ha lugar a una reclamación legal.

Voluntariamente nos juntamos como sociedad en Facebook pero, dada su escala, ésta y otras compañías deben conectar sus modelos de negocio con un sentido de responsabilidad pública. Facebook está en negación respecto del papel público que juega. Algunas de sus reacciones desde las elecciones apuntan a que reconocen que hay un problema, pero lo acotan como un tema muy cerrado que concierne solo a las noticias falsas, y yo creo que el problema es más amplio.

P.- La comunicación directa de los políticos con el electorado, obviando el papel de mediación que tradicionalmente tenía la prensa, no es algo nuevo. Howard Dean u Obama se valieron de las redes sociales. ¿Con Trump esto ha explotado?

R.- La estrategia de elevar la voz por encima de los periodistas para dirigirse directamente al público no ha crecido exponencialmente en esta campaña. Pero realmente fue Ronald Reagan quien fraguó el modelo para los presidentes modernos y sobre cómo hablar directamente al público. Era actor antes de dedicarse a la política y se rodeó de expertos productores televisivos, ocupó las ondas igual que Trump ha usado la televisión por cable, y fue capaz de dar forma al relato de su presidencia y de limitar la actuación crítica de la prensa. Todos los presidentes han intentado seguir su ejemplo, pero no todos han sido tan hábiles. Obama controlaba sus cuentas en las redes sociales. Trump ha hecho lo mismo, no veo un cambio, sino una continuación de la misma estrategia.

P.- ¿La pérdida del rol de mediador ha restado peso a la prensa?

Sería un error concluir de esta estrategia de los políticos y de la prevalencia de las noticias falsas, que el público ha perdido interés en el trabajo periodístico independiente realizado por organizaciones mediáticas fiables. Las cifras no dicen esto, los principales medios tienen una audiencia nacional muy grande: la cadena de periódicos del grupo Gannet tiene aproximadamente 100 millones de visitas únicas, (la mitad que Facebook, pero es un número enorme) y la CNN tiene una cifra parecida solo en su web, el Washington Post tiene 70 millones. Podríamos sumar otros medios con 50 o 60 millones. Estas organizaciones gastan mucho dinero para que reporteros independientes salgan ahí fuera y recaben información, y hay un considerable número de estadounidenses que recurren a estos medios en busca de algún filtro, algún orden, una explicación fiable.

P.- ¿Cual es su análisis?

Una mezcla. Hay un periodismo aún bastante robusto, pero el ambiente está contaminado por noticias falsas, y los medios atraviesan una crisis financiera que pone en peligro los recursos necesarios para realmente poder seguir el paso a la actualidad con reporterismo serio, y combatir las mentiras de la máquina de propaganda del alt-right.

Incluso en este periodo de transición los nombramientos que el presidente electo está haciendo son un reto. Por ejemplo, en el caso del fiscal general debe salir a la luz su historial en temas raciales. Medios como The New York TimesThe Washington Post, la CNN, o la radio NPR se crecen y echan el resto. Pero hay otro nombramiento que se sale de la norma, y otro, y otro más. Sencillamente, según mi experiencia como periodista político que se remonta a la administración de Reagan, la escala del reto que plantea esta administración para los reporteros, no tiene precedente.

P.- Más allá de la financiera, ¿hay una crisis de fe en el periodismo?

R.- “La crisis financiera pone en peligro los recursos necesarios para poder combatir las mentiras de la máquina de propaganda”

Se escuchan muchas preguntas de este tipo cada cierto tiempo. Pero lo que yo he visto desde las elecciones ha sido a los periodistas corriendo a la llamada de los tambores de la batalla. Esta es la hora del periodismo, y creo que es algo obvio para cualquier reportero de Washington. Incluso si dejamos a un lado el carácter particular de Trump, siempre que la presidencia y las dos cámaras están en manos de un mismo partido, el periodismo se convierte, bajo nuestro sistema, en el principal canal de disentimiento. Esto exige que los reporteros trabajen aún más duro, y es algo que reconoce el público: ha habido 45.000 nuevas subscripciones a The New York Times en la última semana, y 10.000 más a la revista The New Yorker. Clinton ganó el voto popular, el país está muy dividido.

P.- Casi unánimemente los editoriales de la prensa apoyaron a Hillary, y condenaron a Trump, sin embargo él ha ganado. ¿Pone esto en cuestión el poder de influencia o la relevancia de la prensa?

R.- La confianza en la prensa ha caído de forma sostenida en los últimos 30 o 40 años. No sé cuando fue muy alta, pero ahora es claramente muy baja. Esto no significa que la gente no busque o priorice la información que obtiene de medios fiables. Pero Trump construyó el relato de su campaña como una rebelión contra el establishment. Que más de un centenar de periódicos apoyaran a Clinton era una prueba más de la conspiración del establishment. Y evidentemente, en un sentido estructural, Trump no estaba equivocado: los ejecutivos de más de 500 corporaciones, los editoriales, el establishment de política exterior de los dos partidos, y muchos otros miembros de las élites pensaban que Trump era peligroso. Él usó esto como carburante para su campaña. Les dijo a sus seguidores, “veis, van por nosotros, pero yo hago campaña por vosotros”.

P.- ¿Populismo triunfante?

R.-  Este es un cuento viejo en la política estadounidense, pero hasta ahora nunca había resultado en la elección de un presidente. El populismo es parte del paisaje de EE UU, ha habido muchos candidatos populistas desde el siglo XIX.

P.- ¿Por ejemplo Andrew Jackson?

Jackson llegó al poder en la era pre industrial y hacer estas comparaciones es complicado cuanto más atrás te remontas. Están William Jennings Bryan, ciertos sectores del movimiento progresista, o los populistas de los años 30. Todos usaron estrategias similares: el nativismo, la oposición a los inmigrantes, algunos un racismo explícito, y también ese revolver a la gente contra el establishment de la costa Este (ahora tenemos un establishment que abarca las dos costas). Ese tipo de arenga del corazón del país contra los bancos, los medios, los grandes políticos, para limpiar la ciénaga de corrupción de Washington, ha tenido un potente atractivo durante décadas, pero nunca había desembocado en una presidencia. Es un nuevo día, pero una vieja historia.

*Steve Coll, periodista de la revista The New Yorker, ganador de dos premios Pulitzer y autor de Los Bin Laden, una familia árabe en un mundo sin fronteras, Steve Coll (Washington, 1958) es decano de la Escuela de Periodismo de la Univeridad de Columbia. La semana pasada reflexionaba en su despacho de la séptima planta sobre el pasado reciente y el acuciante futuro que aguarda a la prensa.

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/25/actualidad/1480091889_943811.html

051.-Los seis escándalos financieros más polémicos de Colombia

INTERBOLSA

publicado el 06 de octubre de 2015

En los últimos años los escándalos económicos y de corrupción han copado la agenda de los medios de comunicación debido a las multimillonarias sumas de dinero que se han desviado de sus fines para enriquecer las arcas de empresarios, políticos y distintos funcionarios públicos del país. Desde desfalcos a la salud hasta inescrupulosos aumentos en las pensiones abarca el siguiente recuento.

6666

1

CARRUSEL DE LA CONTRATACIÓN

El escándalo del ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá estalló en junio de 2010 salpicando entre otros, al entonces alcalde de la capital, Samuel Moreno, su hermano Iván Moreno y el Grupo Nule, un conglomerado de empresas encabezado por Guido Nule y sus primos Manuel y Miguel Nule Velilla.

Políticos, empresarios y funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) resultaron involucrados en la adjudicación de los contratos de obras públicas, algunas de ellas todavía inconclusas, que causaron a Bogotá un detrimento patrimonial aproximado de 2 billones de pesos.

777

2

FONCOLPUERTOS

En más de 2 billones de pesos desfalcaron al Estado varios jueces y funcionarios que reconocieron millonarias pensiones e indemnizaciones a las que no estaban autorizadas a varios exempleados de la empresa Puertos de Colombia (Foncolpuertos), un escándalo desatado hace más de dos décadas.

Las 55 sentencias emitidas entre 1991 y 1996 permitieron a trabajadores como el vigilante y el bodeguero de Foncolpuertos acceder a pensiones de 27 y 30 millones de pesos mensuales.

888

3

SALUDCOOP

En 2011 la Contraloría General de la Nación intervino Saludcoop y obligó a sus directivos, en cabeza de Carlos Palacino, a devolver los 1,4 billones de pesos correspondientes a la salud, que habían sido desviados de manera ilícita.

Según la Contraloría, desde el año 1998 comenzó el fraude cuando Saludcoop, entre otros delitos, extendió su red de oficinas y centros médicos apropiándose de un porcentaje de los dineros de la salud que ingresaban y que eran registrados como utilidad.

999

4

DMG

En el año 2008 el emporio que David Murcia Guzmán (DMG) comenzó a construir tres años antes se desplomó tras ser capturado en Panamá, después de que en Colombia sele imputara delitos como captación ilegal de dinero y lavado de activos.

Murcia Guzmán, quien fue relacionado con reconocidos narcotraficantes y paramilitares como Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, y Juan Carlos Abadía, alias “Chupeta”, habría defraudó a centenares de ahorradores en cerca 1,1 billones de pesos, según información de la Superintendencia de Sociedades.

  1515

5

INTERBOLSA

En noviembre de 2012 se produjo la caída de la firma comisionista de bolsa más grande del país, como consecuencia del no pago de un crédito de 20 mil millones de pesos al Banco BBVA que obligó a la intervención y posterior liquidación de Interbolsa por parte de la Superintendencia Financiera.

El descalabro de la firma, con un portafolio de 174 millones de dólares, es quizás el más sonado de los últimos años, una historia de corrupción que defraudó a 1.260 inversionistas colombianos y en pérdidas que alcanzan el billón de pesos.

http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/los-cinco-escandalos-financieros-mas-polemicos-de-colombia-BA2839542

6 ESTRAVAL

Ordenan liquidar a esta empresa dedicada a comprar y vender libranzas. Más de 4.000 inversionistas podrían resultar afectados y 200.000 millones de pesos estarían en juego. El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, afirma que desde 2015 la entidad ha expedido una serie de decisiones administrativas sobre este caso.

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Acaba de estallar un nuevo escándalo que tiene en vilo a más de 4.000 personas –naturales y jurídicas– que temen por el dinero que invirtieron bajo la promesa de recibir una alta rentabilidad. La directa responsable de este lío es la sociedad Estrategia de Valores –Estraval– constituida en Bogotá hace 16 años para dedicarse a la compraventa de libranzas.

Curiosamente, no se trata de una entidad financiera, sino de una sociedad comercial. En total, su operación de pagarés-libranza ascendía a 500.000 millones de pesos, de los cuales 200.000 millones podrían estar en riesgo, pero esto aún no se sabe.

La semana pasada, la Superintendencia de Sociedades, que vigila a las empresas no financieras, ordenó liquidar a Estraval, tras considerar que “no se advierten elementos concretos y convincentes que permitan concluir que la sociedad cuenta, en la actualidad, con la posibilidad real de satisfacer las obligaciones adquiridas con sus principales acreedores (inversionistas en los pagarés-libranza), ni de honrar sus demás pasivos”. La medida también cobija a tres firmas vinculadas al mismo grupo: Técnicas Financieras, Estrategias de Liquidez y Estradinámicas.

Como es natural, los afectados están desolados. Desde marzo, la superintendencia venía recibiendo múltiples quejas por incumplimiento en los pagos. Radicó una de ellas la Compañía de Financiamiento, Giros y Finanzas, que había adquirido pagarés-libranza de Estraval en una suma que superaría los 4.000 millones de pesos.

Cómo se reventó la cadena

Antes de mirar las causas que llevaron a esta quiebra, vale la pena recordar que la libranza es una figura muy utilizada por los bancos para otorgar crédito a los empleados. El recaudo de las cuotas es muy seguro porque el deudor autoriza que se le descuente de su nómina una suma determinada cada mes o quincena, y, a su turno, el empleador se compromete a entregarle directamente al establecimiento de crédito dicho dinero.

Se estima que las libranzas en manos de entidades financieras ascienden a unos 35 billones de pesos. Pero los bancos no son los únicos jugadores. Cooperativas multiactivas y otras sociedades también pueden ofrecer créditos de libranza. Con su propio capital prestan, principalmente a trabajadores del sector público o pensionados y venden los pagarés que respaldan la deuda -como si fuera un título valor- a inversionistas que obtienen a cambio rendimientos muy jugosos.

Estraval, el protagonista de esta historia, reconocía tasas entre el 16 y el 19 por ciento, lo que hacía muy atractivo este producto, pues en el mercado las tasas son muy bajas. Un CDT está en alrededor del 7 por ciento o un fondo de inversión reconoce un escaso 5 o 6 por ciento.

Aunque todavía no se sabe a ciencia cierta qué falló en este caso, hay toda clase de versiones. Carlos Darío Barrera, abogado de Estraval, le dijo a SEMANA que el punto de quiebre comenzó a presentarse cuando muchos de los créditos de libranza entraron en mora. La razón, según el apoderado, es que “en una proporción gigantesca, los deudores se autoembargaron” y dejaron de pagar sus obligaciones. También afirma que desde que la ley permitió prepagar las deudas de libranza, el negocio se descuadró. En estos casos, a la empresa le tocaba cubrir el descalce con su capital, hasta que este se acabó.

Pero en el mercado circulan otras versiones. Hay quienes señalan muchas fallas en la forma como opera este negocio, tanto por parte de las cooperativas como de las otras sociedades incluida, por supuesto, Estraval.

A pesar de que estos créditos de libranza cobran las tasas más altas del mercado (la mayoría al límite de usura), lo que significa que trabajan con un gran margen, sus costos también son muy elevados. Por ejemplo, por lo general pagan comisiones del 4 por ciento a quienes colocan cartera y reconocen un 19 por ciento a la fuerza comercial que vende pagarés o atrae inversionistas. Es vox populi en el mercado que muchos corredores de bolsa se retiran de las firmas tradicionales para irse a trabajar con libranzas por las jugosas comisiones. En fin, como los costos totales son muy altos el problema llega cuando el deudor no paga y hay que cumplirle al inversionista. “Se va creando una bola de nieve que los lleva a vender más pagarés para sostener la operación”, dijo un conocedor del sector.

Y entonces aparecen los problemas más graves, pues se pasa la línea de lo legal, como ocurrió con una cooperativa en Barranquilla que vendía pagarés-libranza a firmas comisionistas de bolsa. Los clientes prepagaron muchos de los créditos negociados, representados en pagarés, y la cooperativa no los retiró del mercado y, por el contrario, siguió negociándolos, lo que claramente constituye una estafa. La firma comisionista incurrió en una pérdida millonaria.

En el caso de Estraval, el liquidador Luis Fernando Alvarado no ha encontrado hechos de esta naturaleza, pero sostiene que su deber es informar a las autoridades si llega a detectar actuaciones fuera de la ley.

Vacíos en la ley

La Superfinanciera dice que como no se trata de instituciones financieras, se escapan de su competencia. La entidad envió una circular a sus vigilados para advertir y reforzar las reglas que deben observar cuando adquieren cartera de créditos a originadores no vigilados por ésta.

Lo cierto es que el tema es muy polémico, pues hay quienes consideran que este negocio de compraventa de libranzas está en el límite de la intermediación financiera. Otros creen que al manejar instrumentos masivos de inversión, como se hace con los pagarés-libranza, la actividad se convierte en un negocio financiero y debería estar en la órbita de la Superfinanciera.

En el fondo, esto hace parte del debate mundial sobre las entidades que parecen financieras, pero no lo son. “Si parece un pato, nada como pato y grazna como pato, entonces es un pato”, dice un artículo del FMI en el que se aborda el tema de la banca en la sombra. Colombia, después de los últimos escándalos, está en mora de resolver estos vacíos legales para evitar que ocurra una debacle de mayores consecuencias.

http://www.semana.com/economia/articulo/estraval-en-liquidacion-por-orden-de-supersociedades/478180

050.-COLOMBIA: EL SISTEMA POLÍTICO DE LA CORRUPCIÓN – Cristina de la Torre

El clientelismo, savia del poder en Colombia, cede su espacio a la corrupción. La corrupción hace más daño que la guerra, sentencia el nuevo Procurador Carrillo.

14 NOV 2016.-  Mutación extraordinaria del sistema político, cuyo mecanismo desentraña Juan Fernando Londoño. No ya como incidente fortuito sino como eje del modelo. En el naufragio de los partidos, se desplaza el mando desde la dinámica menuda de favores y contraprestaciones hacia un torrente de candidatos financiados por criminales o por contratistas que terminan apoderándose de los recursos públicos.

Es éste el mango del abanico que se abre en astas de millonarios evasores, chupasangres de la salud y un enjambre de contratistas que hacen su agosto. Casi todos ellos esconden lo malhabido en paraísos fiscales. Revela la Sociedad Colombiana de Economistas que en las dos últimas décadas ha perdido el Estado $189 billones a manos de corruptos. Fernando Carrillo, que es en su pundonor antípoda del destituido Ordóñez, advierte: la corrupción hace más daño que la guerra; ¡tiemblen los corruptos! Dura cuesta habrá de remontar.

Para Londoño, como resultara insuficiente la financiación oficial de los partidos, los más avezados de la clase política buscaron en el crimen otra fuente de recursos: en el narcotráfico, en el paramilitarismo. Acudieron al mercado de empresas o de individuos interesados en contratos del Estado. Suministran los contratistas avances a los políticos para sus campañas y éstos les retornan con contratos la inversión. Y participan de las ganancias. Podrán evocarse como emblema de tales mañas los 61 parapolíticos que por asociarse con delincuentes pagan cárcel; miembros que fueron de la bancada uribista en tiempos de la Seguridad Democrática.

Colombia es lunar del continente. Prolifera aquí la parentela que releva al politicastro subjúdice, en curul del parlamento, en Alcaldía o Gobernación. O el familiar que hereda al funcionario enriquecido en la administración pública. Ni soñar con juicios por corrupción a tres expresidentes, como los que se siguen en El Salvador. Menos aún conque ponga su mano la justicia sobre ningún contratista. Nuestras eminencias del poder parecen inmunes a la acción de la justicia. Ahí está Alejandro Ordóñez, flamante cabeza del Ministerio Público destituido por abusar del cargo en provecho propio, libre y espetando frases lapidarias, como de ultratumba, contra la paz que el país anhela. Un sinvergüenza.

Privilegiadas de la contratación pública son las muy lucrativas entidades sin ánimo de lucro. Pululan entre ellas iglesias evangélicas que extorsionan a sus fieles y hasta lavan activos del narcotráfico. Pagan las entidades sin ánimo de lucro impuestos irrisorios, o ninguno; y se brincan los controles de la ley 80 de contratación pública. En los últimos cuatro años, departamentos y municipios cerraron contratos con ellas por $14.5 billones; 85% de ellos en forma directa, a dedo, sin licitación pública.

La corrupción es de doble vía: del funcionario y del empresario privado. Como en otros países, deberá la autoridad electoral contar con instrumentos de vigilancia y sanción. Abordar el financiamiento privado de las campañas. Publicarlo. Y marginar de la contratación al aportante cuando su favorecido corone en el poder.

Consuela comprobar que nada nos llega demasiado tarde. Si, mal que bien, se allanaron las Farc a los cambios que los del No pedían; si con ello podrá terminar la guerra, el relevo en la Procuraduría pone punto final a ocho años de desafueros en el órgano de control. Carrillo ofrece todas las credenciales para invitar a “superar la bancarrota ética” que agobia a Colombia. Para combatir sin miramientos este nuestro sistema político de la corrupción. Y no para tornar al clientelismo, sino para construir un país en paz y democracia.

http://www.elespectador.com/opinion/colombia-el-sistema-politico-de-corrupcion

050.-Y LA CORTE SUPREMA AMERICANA INVENTA EL CASINO ELECTORAL – Anne Deysine

La campaña electoral que se está llevando a cabo en los Estados Unidos será sin duda la más cara en la historia del país. Desde la década de 1970, cada nueva elección rompe un récord, y el ritmo se ha acelerado en los últimos años. En 2008, el proyecto de ley para las distintas elecciones (presidenciales, cámara de representantes, senadores, referendos locales …) ascendió a US$ 5.3 mil millones, cifra superior en 27% al de 2004 (1).

Por sí solo, el candidato demócrata Barack Obama gastó $ 730 millones de dólares, el doble que George W. Bush hace cuatro años y 260 veces más que Abraham Lincoln en 1860 (2). En 2012, la factura total superó 6,3 mil millones de dólares, incluyendo 2.6 mil millones para los dos candidatos presidenciales. Este año, diversas estimaciones ya evocan la cifra de $ 5 mil millones sólo en la carrera a Casa Blanca. (3) Esta lluvia de dinero es el resultado de una fórmula de financiación que permite a las personas y empresas que financien generosamente el candidato de su escogencia. El Congreso puede legislar para tratar de controlar este sistema criticado por más de un siglo, pero los textos que votaron, fueron debilitados o convertidos en inoperantes por la Corte Suprema gracias haber pasado por un proceso de “desregulación por el litigio” debilitado o inhibido.

23 de de agosto de 1902, en un discurso llamado “El control de las empresas”, el presidente republicano Theodore Roosevelt ya estaba alarmado por la excesiva influencia de grandes cantidades de dinero en la política estadounidense. Dos años más tarde, sin embargo, no duda en buscar la generosidad de los ferrocarriles y las compañías de seguros, así como los principales bancos para garantizar su reelección. El caso provocó un escándalo y, en un discurso pronunciado 5 de diciembre de 1905, dijo: “Las empresas no deben ser autorizadas  a contribuir financieramente en las campañas electorales; las elecciones federales deben ser financiadas con fondos públicos. “

Poco después fue aprobada la Ley Tillman de 1907, que prohíbe las contribuciones directas de las empresas. A continuación, los reglamentos de las Prácticas Corruptas Federales, Ley de 1910 y 1925 se han fijado los montos máximos de las contribuciones y gastos. Pero sin autoridad independiente que las haga cumplir, estos límites máximos se han mantenido en gran medida teóricos. Y, para darle la vuelta a Ley Tillman, las empresas han establecido comités de acción política (PAC) y alentaron a sus empleados para que contribuyan a través de estas estructuras, a algunas campaña.

La libertad de expresión para las empresas

Solamente los candidatos a la presidencia se pueden beneficiar de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA) de 1971 (modificada en 1974), la financiación pública. Pero en 1976, la Corte  Suprema le asestó un primer golpe a este sistema. La sentencia Buckley v. Valeo valida el principio de la financiación pública de las elecciones presidenciales, pero desestimó los límites de gasto previstos en la ley: según los magistrados, impedir a los candidatos que gasten tanto como quieran  sería una violación de la libertad de expresión, en violación de primera enmienda de la Constitución.

Desde esa decisión, sólo los pretendientes que aceptan subsidios estatales están obligados a respetar los límites máximos; otros pueden gastar como les parezca. Así, los candidatos a la Casa Blanca han sido impulsados progresivamente de rechazar los fondos públicos. En 2004, por ejemplo, George W. Bush rechazó las subvenciones reconocidas para la etapa de las primarias con el fin de poder superar el límite de gasto fijado en $ 37 millones. Sin embargo, aceptó, como su oponente John Kerry, los subsidios para las elecciones generales (74 millones de dólares) y por lo tanto el gasto máximo autorizado. Luego, en 2008, a pesar de sus promesas de campaña, Obama fue el primero en rechazar los fondos públicos para la elección general. Él fue capaz de gastar sin límites y firmó la desaparición del sistema – que nadie ha utilizado desde entonces.

La ley aprobada en 2002 sobre la reforma de las campañas bipartitas (Ley de Reforma de Campaña de dos partidos), conocida como la ley McCain-Feingold, también se ha llevado la peor parte de la Corte Suprema. Fue pensada para enmarcar el dinero blando, es decir, el dinero no regulado por la ley electoral, que pasa por grupos externos a la campaña de un candidato y por lo tanto escapa a los límites de gastos. El alcance de este dispositivo fue inicialmente restringida al fallo McConnell en 2003, y especialmente por el fallo Ciudadanos Unidos en 2010.

El caso enfrentó la Comisión Federal de Elecciones (FEC) con la conservadora Asociación Ciudadanos Unidos, que exigió el derecho de transmitir por cable una película contra Hillary Clinton. El 21 de enero de 2010, por cinco votos contra cuatro, la Corte Suprema dictaminó en nombre que la libertad de expresión de las empresas deben tener los mismos derechos a expresar sus opiniones que los individuos (4). En otras palabras, las asociaciones, los sindicatos y las empresas privadas pueden ahora hacer fondos ilimitados para producir y transmitir publicidad  política. Todas las barreras a la financiación directa por las empresas y los límites de las contribuciones individuales explotaron. Sólo salvaguardias: las donaciones deben pasar por estructuras independientes de la campaña de los candidatos (los llamados “super PAC”), y se prevén medidas para garantizar la publicidad de las financiaciones.

Si la letra de la ley general se respeta, el espíritu ciertamente no. Los funcionarios súper PAC son a menudo los amigos cercanos o ex empleados del candidato y su independencia es pura ficción. Right to Rise USA, grupo que recolectó dinero para el Sr. Jeb Bush durante las primarias republicanas en 2016, tiene como jefe a Mike Murphy, ex asesor de dos ex candidatos a la Casa Blanca. Del lado demócrata, el super PAC Prioridades Acción EE.UU., apoyan la señora Clinton, tiene el director ejecutivo Guy Cecil, quien dirigió la campaña de esta última en 2008 (5). En cuanto a las medidas de divulgación, han sufrido menoscabo desde marzo de 2010 por una decisión del Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia, que permite numerosas excepciones a la exigencia de la transparencia (6).

“Es realmente un sistema podrido”

Desde el lanzamiento de la actual campaña de las primarias, la decisión de Ciudadanos Unidos ha sufrido muchas críticas. Ansiosos por movilizar a los votantes hostiles al “establecimiento”, el Sr. Donald Trump describió los elegidos al Capitolio como “marionetas”, “a sueldo de los lobbies y de grupos de interés” (7). Él se dijo ser inmune a tales influencias gracias a su fortuna personal y, a menudo se jacta de haber comprado los elegidos a través de las contribuciones a sus campañas, “Doy a todo el mundo. Simplemente me llaman y yo doy. Y, sabes, cuando necesito algo dos o tres años más tarde, los llamo y no me he olvidado. Realmente es un sistema podrido (8) “, dijo, en particular, denunciando ahora las prácticas, que alimentó desde hace años.

El Sr. Bernie Sanders, matador del poder del dinero en la política estadounidense desde el comienzo de su carrera, también ha hecho de Ciudadanos Unidos uno de sus blancos favoritos. Él utilizó esta decisión de establecer un vínculo entre el aumento de la desigualdad y el método de elección de la financiación de los Estados Unidos: es debido a que son financiados por los grupos de interés que adoptan los miembros del Congreso y Wall Street leyes que favorecen a los ricos y corporaciones. “Fue hace seis años, con la Ciudadanos Unidos, el Tribunal Supremo dijo a los ricos de este país:” Usted ya tiene la mayor parte de la economía de Estados Unidos. Ahora le dará la oportunidad de comprar el gobierno federal, la Casa Blanca, el Senado, el gobernador de asientos, las legislaturas estatales y el poder judicial en los estados donde se eligen los jueces ‘ “, dijo el Sr. Sanders en la residencia de su campaña (9). Si es elegido, el candidato “socialista” se comprometió a nombrar a los jueces de la Corte Suprema “, que tendrán prioridad para revertir la decisión y Ciudadanos que entiendan que la corrupción política no se limita a los intercambios entre dinero y un favor”. También propuso aprobar una nueva enmienda a la Constitución, para asegurar el poder del Congreso y de los Estados de regulación de la financiación de las elecciones. Esta reforma parece casi imposible, por el momento, dadas las mayorías necesarias para modificar la Constitución (dos tercios de los votos en ambas cámaras, y tres cuartas partes de los Estados) y la polarización del Congreso.

Paradójicamente, los efectos de Ciudadanos Unidos actualmente poco se sintieron en la campaña presidencial. De acuerdo con cifras de la FEC, 21 de Abril, 2016 (10) Sr. Trump ha recogido “sólo” $ 48’300.000 – de los cuales 36 millones provienen directamente de su fortuna personal – y no hay apoyo super-PAC. Eso no impidió batirse con el Sr. Jeb Bush, quien sin embargo, tuvo un golpe de suerte de más de $ 150 millones.

Sanders ha recogido su parte $ 200 millones, pero en pequeñas donaciones, pagado por más de dos millones de personas. Su oponente Hillary Clinton hizo mejor ($ 280 millones), utilizando todos los medios disponibles, fuera de las dos iniciativas de apoyos súper PAC hasta las iniciativas más  “indecentes” la mayor parte, según las palabras del actor George Clooney, que organizó para la candidata demócrata una cena de recaudación de fondos que alcanzó los $ 350 000 en dos tandas. Trump finalmente podría aceptar la creación de un Super-PAC para la elección general, especialmente para contrarrestar la avalancha de publicidad negativa financiada por los parciales  de la señora Clinton.

Si la campaña presidencial es todavía relativamente resguardada, ya son visibles las consecuencias de Ciudadanos Unidos en las elecciones locales y federales para el Senado y la Cámara de Representantes. Algunos elegidos – el representante republicano de Florida David Jolly, el representante demócrata Steve Israel de Nueva York, etc. – Han criticado recientemente dificultad excesiva para la recaudación de fondos, los estudios han demostrado que los legisladores estadounidenses dedican más tiempo a buscar dinero que a legislar. “Nuestro trabajo, como nuevo miembro del Congreso es recaudar 18.000 dólares al día”, resumió el Sr. Jolly (11). Como lo ha demostrado Jane Mayer, el “dinero sombra” (dinero negro) – el que se las arregla para escapar de las medidas de transparencia – es omnipresente en las elecciones locales: se utiliza para torpedear a un oponente y se puede hacer la diferencia entre dos candidatos (12). Los hermanos Koch, dos multimillonarios influyentes de la derecha conservadora que planean gastar $ 900 millones para las elecciones de 2016, saben algo al respecto.

*Anne Deysine: Profesora de Derecho en la Universidad de París Oeste-Nanterre-La Défense. Autor de La Corte Suprema de los Estados Unidos. Derecho, la política y la democracia, Dalloz, coll. “El sentido de derecho”, París, 2015. http://www.monde-diplomatique.fr/2016/06/DEYSINE/55766 #st

050.-Las EPS que inflaron exageradamente los costos de medicamentos

La Contraloría imputó cargos de responsabilidad fiscal por 42.591 millones de pesos a 39 Entidades Promotoras de Salud por sobrecostos que superan, incluso, el 200%.NACIÓN |

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 Las EPS que inflaron exageradamente los costos de medicamentos Foto: Pixabay

En el país no dejan de aparecer casos de entidades que sacan provecho de los recursos destinados para la salud de los colombianos. Este jueves la Contraloría reveló un indignante hallazgo que involucra a 39 EPS del país que durante tres años (de 2007 a 2010) aumentaron los precios de medicamentos de alto costo que no estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) para cobrarlos al Fosyga.

11/08/2016.- Se trata de Saludcoop, Cafesalud, Coomeva, Cruz Blanca, Famisanar, Nueva EPS, Sanitas, Aliansalud, Suaramericana, entre otras. A estas entidades la Contraloría les imputó cargos de responsabilidad fiscal por 42.591 millones de pesos.

Durante esos años, muchas de estas EPS aumentaron los costos, incluso, en más de un 900 %, como fue el caso del medicamento Palivizumab, utilizado para tratar enfermedades de las vías respiratorias.

También subieron los precios del Rituximab y el Adalimumab, medicinas para el tratamiento de la artritis reumatoide y algunos tipos de linfoma. Estos aumentaron en sus precios más del 200 %.

La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría analizó 50.279 recobros al Fosyga por estos medicamentos, y determinó “que para un mismo periodo se presentan entre las EPS vinculadas elevadas diferencias de precios, lo que evidenció un valor muy superior al margen que se promedió como razonable”.

De esa manera, según informó el ente de control, se lograron evidenciar los sobrecostos, casi todos superaron la barrera del 200 %.

Por su parte, EPS SURA manifestó su desconcierto ante las acusaciones de la Contraloría, por lo que consideran un error en el reporte de la información previamente aclarado y soportado con documentos.

“EPS SURA expuso a la Contraloría el error en el reporte de información, cometido y reconocido en su momento por el Fosyga, y con el que se soportaron los cargos que hoy imputa la Contraloría a nuestra compañía. El error más serio consistió en la expresión equivocada de los valores que corresponden a EPS SURA, al asumir las cifras decimales o de centavos como cifras completas integradas al valor total”, argumentó la compañía en un comunicado.

Estas son las EPS imputadas, según la Contraloría:

  1. Aliansalud E.P.S
  2. Asociación Mutual la Esperanza de El Tambo – Asmet E.S.S.
  3. Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó EPS_S-Ambuq
  4. Asociación Mutual Ser E.S.S
  5. Cafesalud E.P.S.
  6. Caja de Compensación Familiar del Norte De Santander – Comfanorte
  7. Caja de Compensación Familiar de Antioquia – Comfama
  8. Caja de Compensación Familiar – Camacol
  9. Caja de Compensación Familiar – Colsubsidio
  10. Caja de Compensación Familiar Cafam
  11. Caja de Compensación Familiar Comfaboy
  12. Caja de Compensación Familiar de Córdoba – Comfacor
  13. Caja de Compensación Familiar de Nariño
  14. Caja de Compensación Familiar del Huila – Comfamiliar Huila
  15. Cajacopi Eps-S
  16. Colombiana De Salud S.A.
  17. Colpatria Salud E.P.S.
  18. Comfenalco Antioquia E.P.S.
  19. Comfenalco Valle E.P.S.
  20. Compensar E.P.S.
  21. Coomeva E.P.S.
  22. Cooperativa de Salud y Desarrollo Integral Zona Sur Oriental de Cartagena Ltda. -Coosalud E.S.S.
  23. Cosmitet Ltda Corporación de Servicios Medicos Internacionales Them Y Cia
  24. Cruz Blanca E.P.S.
  25. P.S. Salud Condor S.A. Ars
  26. Saludcoop EPS O.C.
  27. S.S. Asociación Mutual Empresa Solidaria De Salud – Emssanar
  28. Ecoopsos
  29. Empresa Mutual Para El Desarrollo Integral de la Salud E.S.S.- Emdisalud E.S.S.
  30. EPS Y Medicina Prepagada Suramericana S.A. Sura
  31. Cooperativa De Salud Comunitaria Empresa Solidaria De Salud Ltda. -Comparta Salud
  32. Famisanar E.P.S.
  33. Multimedicas Salud Con Calidad E.P.S.
  34. Nueva Empresa Promotora de Salud EPS S.A. – Nueva EPS
  35. Red Salud Atención Humana E.P.S.
  36. Salud Total S.A. E.P.S.
  37. Saludvida E.P.S.
  38. Sanitas E.P.S.
  39. Servicio Occidental de Salud S.O.S.

http://www.semana.com/nacion/articulo/contraloria-imputo-cargos-a-39-eps-por-sobrecostos-en-medicamentos/486545#cxrecs_s

050.-Rédito, el nuevo escándalo financiero

La firma de ‘factoring’ creada por un exdirectivo de Proyectar Valores y una excorredora de InterBolsa, protagoniza otra falsa ilusión. Esta vez no engañaron con libranzas, sino con facturas.

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 12/11/2016.- Juan Carlos Tavera es el principal accionista de la firma Rédito. Los afectados esperan que les responda por los dineros que invirtieron en su negocio de ‘factoring’. Las superintendencias Financiera y de Sociedades se ocuparon de este caso.

Mientras algunas empresas hacían fiestas con las libranzas y dejaban un reguero de afectados, una firma de Medellín llamada Rédito hacía lo propio, pero con facturas. Con la promesa de pagar atractivos rendimientos, dejó con los bolsillos vacíos a cerca de 100 inversionistas que le confiaron más de 10.000 millones de pesos.

La sociedad, nacida en Medellín hace 14 años, se dedicaba al factoring –compra y venta de facturas con descuento–, pero según descubrió la Superintendencia de Sociedades, tras quejas que le llegaron, estaba era captando ilegalmente dinero del público.

Rédito ofrecía a sus clientes facturas que debían pagar reconocidas empresas como Alpina, Contegral, Almacenes Éxito y Coninsa Ramón H., lo que generaba gran confianza. Las personas que invertían en esos papeles obtenían un atractivo rendimiento de alrededor del 13 por ciento anual en un plazo que podía ser de 90 días.

Durante varios años, Rédito cumplió sus compromisos. Pagaba cumplidamente los intereses prometidos y cuando se vencían las facturas devolvía el capital. Algunos clientes le dijeron a SEMANA que, incluso, en ocasiones reinvirtieron el dinero en nuevas facturas. Sin embargo, este año las cosas cambiaron. Comenzaron los retrasos, y cuando los interesados fueron a pedir su plata se llevaron una gran sorpresa. No había ni dinero, ni factura que respaldara la operación.

Según las quejas que constan en la Supersociedades, ante el incumplimiento reiterado de las obligaciones los clientes averiguaron en Rédito y les dijeron que no todo se había empleado para comprar facturas. Al investigar el caso con los originadores y pagadores de estas, la superintendencia encontró que efectivamente las mismas no existían.

Los clientes también lo confirman. Como relata uno de ellos, una vez entregaban el dinero recibían un documento llamado ‘confirmación de operación’. “Lo que nos daban era una especie de recibo de caja, ese era el soporte, pero como siempre cumplían yo no desconfié”, relató a esta revista una víctima que hoy reclama 30 millones de pesos.

El destino de los recursos recibidos se desconoce. La superintendencia no pudo establecerlo, ya que le impidieron el acceso a la contabilidad y no pudo verificar la real situación de la empresa. Ante la gravedad de los hechos, la entidad remitió el caso a la Fiscalía dado que la captación es un delito. Un grupo de inversionistas, representados por el abogado José Luis Giraldo, interpuso la denuncia ante las superintendencias Financiera y de Sociedades. En este delito están comprometidos los accionistas de Rédito, los miembros de la junta directiva y el representante legal, así como los revisores fiscales.

Ahora bien, este caso tiene dos particularidades que llaman la atención. Una, que algunos de los afectados también lo son de Estraval, la firma de libranzas hoy intervenida por captación. Varios clientes llegaron a Rédito de la mano de un agente comercial de Estraval, quien ofrecía dentro de su portafolio de inversiones, ambas alternativas.

La otra particularidad es que involucra a personajes relacionados con los últimos grandes escándalos del mercado de valores en Colombia.

En efecto, Rédito fue creada en 2002 por Juan Carlos Tavera Álvarez, un exdirectivo de Proyectar Valores, firma que fue sancionada por la Superintendencia Financiera y terminó intervenida y liquidada por malos manejos en 2011. Cabe recordar que Proyectar nació por iniciativa de los inversionistas Carlos Adolfo Mejía (conocido como Talo Mejía) y Juan Carlos Ortiz, una de las cabezas de InterBolsa, hoy en la cárcel por la debacle del Fondo Premium. Entre los accionistas de Rédito también figura María Clemencia Restrepo, exesposa de Tavera y quien, durante varios años, fue corredora de posición propia de InterBolsa en Medellín. Ambos hacían parte de un grupo de trabajo cercano a Ortiz y a Mejía.

Fuentes del mercado señalaron que Tavera combinaba su negocio de factoring con su trabajo en firmas de bolsa. Hasta 2015 fue operador de renta fija en Global Securities. Conocido por su afición al póquer y por ser un habilidoso jugador del mercado, principalmente en operaciones de posición propia, muchos creen que Tavera hace parte de una generación de corredores bursátiles que sobrepuso sus propios intereses a los de los inversionistas, un comportamiento reprochable que todavía el país está en mora de castigar.

http://www.semana.com/economia/articulo/redito-el-nuevo-escandalo-financiero/505051

049.-La Argentina Offshore – Carlos A. Villalba

Cuando el país se hundía bajo un maremoto de ajuste, devaluación, despidos, inflación y nuevo endeudamiento macrista, el 3 de abril de 2016 emergieron las pruebas de la existencia de un país paralelo: la Argentina Offshore, sólo habitada por los grupos económicos oligárquicos y por bandas delincuenciales, destinado a “esconder” bienes, como lo expresó el propio presidente Mauricio Macri, alcanzados a través de variadas malas artes, que los Panamá Papers desnudaron a partir de esa fecha.

 03/11/2016.- Hasta ese momento, para la mayoría de los ciudadanos, el concepto “offshore” solo remitía a un deporte náutico practicado “aguas afuera”. Desde aquel día de otoño, el concepto quedó adherido a empresas y compañías  creadas en centros financieros con una carga impositiva muy baja o nula -las guaridas fiscales-, utilizados para ocultar a los propietarios de esos bienes y capitales que son transferidos, en el mejor de los casos, para evadir impuestos en la peor y más común de las situaciones para disimular recursos obtenidos a través de otros ilícitos, como el contrabando, el tráfico de armas, la prostitución, la comercialización de drogas, el tráfico de diamantes y hasta el saqueo a los detenidos-desaparecidos de la Escuela Mecánica de la Armada.

Aunque los medios que imponen la agenda informativa nacional miran para otro lado, los “Panapapers” ubican a Macri y su Grupo usando la misma trama financiera de represores de la Marina, como Jorge E. Acosta, el “Tigre” que comandó el “Grupo de Tareas” de la ESMA; su segundo, Jorge Vildoza, que registra empresas a través de su hijo, Jorge Ernesto Vildoza; del represor Ricardo Miguel Cavallo o del administrador del botín, Jorge Radice, encubierto bajo la figura de su hermana, Norma Radice. Otro de los compañeros del “paraíso” que habita el jefe del Ejecutivo, es Carlos Octavio Capdevila, el médico con grado de capitán y apodo “Tommy” que asistió los partos clandestinos de la ESMA y está involucrado en casos de apropiación de menores paridos en tales circunstancias.

El “Colorado” Miguel Angel Egea, es uno de los ejes de esa trama de negocios ilegales de la Armada; murió en Miami en marzo y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, firmó una de las solitarias cinco condolencias de la sección de avisos fúnebres del diario La Nación y, un mes después, asistió a la misa que recordó al cómplice de los delitos de lesa humanidad.

Golpe al hígado

La situación complica al mandatario, además de mostrar que comparte escenarios delincuenciales con uno de los grupos más siniestros de la historia nacional, porque muestra que sus declaraciones juradas no reflejan el capital del que es poseedor y por el que debería pagar impuestos en el país y dejan en claro que, siendo Jefe de Gobierno de la Ciudad y Presidente de la Nación, se mantuvo en el staff de empresas y en la titularidad de cuentas bancarias internacionales no declaradas.

El 7 de abril, a solo cuatro días de la denuncia internacional del ocultamiento de bienes, Mauricio Macri fue formalmente imputado por el fiscal Federico Delgado, quien reclamó investigar su posible responsabilidad penal por la aparición de Fleg Trading y extendió la investigación a Kagemusha, otra offshore radicada en Panamá, en la que el hijo de Franco figura como vicepresidente. Arrancó así una línea de tiempo que no para, y es implacable en cuanto al registro de las marcas que van dejando las andadas de los evasores en Uruguay, Bahamas, Panamá, Reino Unido, Irlanda Brasil…

Fuego que mata y lava

Filtraciones como las de Panamá, los Swissleaks o los Bahama Leaks, instalaron en la agenda del mundo entero el tema de la evasión impositiva, el lavado de dinero y la fuga de capitales, una de las causas estructurales de las recurrentes crisis económicas, verdadero atentado contra las posibilidades de desarrollo de los países de la región, incluida la Argentina, cuyo actual gobierno completa el círculo con un “blanqueo” permisivo de fondos de origen “ignoto”.

Confirmaron además la trama que une a las corporaciones, sus bancos -extranjeros y nacionales-, los funcionarios del gobierno de Macri y los beneficiarios de políticas que ellos mismos deciden cuando pasan de un lado al otro del mostrador. Por ejemplo, si se comparan los Papeles de Panamá con el listado de bancos y financieras contratados por el Estado para colocar los bonos de deuda externa por u$s 16.500 millones que emitió el gobierno de Mauricio Macri en abril de 2016, y las posteriores colocaciones que ya rozan un total de casi u$s 50.000 millones, se está prácticamente ante la misma nómina.

En el caso del endeudamiento destinado a satisfacer las exigencias de los fondos buitre, los encargados fueron, como “coordinadores globales” de la operación, el alemán Deutsche Bank, el británico Hong-kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), la estadounidense J.P. Morgan y el Santander Investment  Securites, de origen español, y como colocadores conjuntos el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), el neoyorkino Citigroup Global Markets y la  Unión de Bancos Suizos (UBS).

El hilo es fácil de seguir. HSBC, Santander, BBVA y UBS, aparecen en la lista de bancos implicados en los Panapapers que también salpican al mandatario argentino, su familia extendida y muchos de sus colaboradores más cercanos. A su vez, JP Morgan y HSBC son dos de las tres empresas que tienen las causas más importantes por fuga de divisas de Argentina -la restante es BNP Paribás- y ambas “perdieron” archivos en el incendio intencional del depósito de Iron Mountian en Barracas, en la que murieron diez bomberos, voluntarios y rescatistas en 2014.

La propia Sideco Americana S.A., empresa insignia del Grupo Macri, admitió ante la Procuración General que en ese incendio se quemaron varias cajas repletas de papeles de su propiedad, entre ellas la KN100156447, etiquetada “VARIOS PARATY-PANAMÁ.-OMEXIL-UR”, obvia demostración del vínculo entre los Macri y Omexil S.A., sociedad que les permitió beneficiarse ilícitamente de los seguros de cambio y la posterior estatización de deudas creadas ficticiamente, como lo demostró la investigación llevada a cabo por los auditores del Banco Central en 1985.
Figuritas repetidas

Las siglas se repiten. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay representa en el gabinete los intereses del JP Morgan, al igual que Vladimir Werning, su secretario de Política Económica, el presidente Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra y su Secretario Finanzas, Luis Caputo, quien revistó también en las filas del Deutsche Bank, otro de los colocadores de deuda.

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, además de haber trabajado para los grupos Clarín y La Nación, viene del HSBC, uno de los bancos encargados de “conectarnos con el mundo”, como afirma Prat Gay, que creó más de 2.300 de esas “cáscaras” financieras y está involucrado en los “Swiss Leaks”, que permitieron comprobar la existencia de más de 4000 cuentas de argentinos que fugaron u$s 3.505 millones a Suiza, tras consumar una trama de evasión fiscal.

Como último eslabón de esta cadena cabe agregar que la Unidad de Información  Financiera, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, era la encargada de investigar la fuga de divisas organizada el HSBC, creado en 1865 con el fin de administrar las enormes ganancias generadas por el tráfico de opio por parte de Gran Bretaña en China. Sin embargo, todo se paralizó cuando Macri impuso a Mariano Federici y María Eugenia Talerico al frente del organismo, a pesar de haber sido impugnados por haber defendido a acusados por el delito de lavado de activos, incluido la propia Hong Kong and Shanghai Banking Corporation.

Ese es el “clima de negocios” hacia el que el gabinete de la oligarquía lleva el barco de una economía argentina a la que le sustraen el capital generado por sus trabajadores y productores nacionales, de modo “legal” a través de las “fallas” diseñadas en los mecanismos de contralor y decisión o, directamente, por métodos ilegales, impidiendo en buena medida un desarrollo autónomo, basado en los enormes recursos generados en el país.

Cuando se juntan cuentas y empresas “off shore” es más fácil establecer y comprender la relación entre el delito y la apertura de sociedades y empresas ultramarinas, aunque alguno de sus propietarios insista en la legalidad de sus maniobras y la “pureza” de sus inversiones.

*Sicólogo, periodista e investigador argentino. Investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico

http://www.alainet.org/es/articulo/181421

049.- LA PROPUESTRA DE ENMIENDA CONSTITUCIONAL PEC 241 CREA UN REMANSO DE LA USURA – Jeferson Miola

03/11/2016.- Con la propuesta de enmienda constitucional [PEC] 241, Brasil será el primer país en el mundo va a escribir en el presupuesto de un techo máximo de gasto social y, a su vez, garantizar un nivel mínimo [y un billón de dólares] ingresos públicos para la especulación financiera .

Brasil se está convirtiendo en la principal paraíso de la usura en la Tierra.

El argumento a favor de la creación del “Nuevo Régimen Tributario” – el nombre dado por el gobierno de facto de esta ingeniería anti-popular programada para durar 20 años – es que el gasto público en salud, educación, ciencia y tecnología, cultura, agricultura familiar, la seguridad social, la vivienda, la familia bolsa etc, competir con el objetivo de concepto de contabilidad “superávit primario” que corresponde a la cantidad ahorrada por el gobierno para pagar el sistema de la deuda.

Mientras que los informes oficiales del gobierno en 2015 se canalizaron R $ 962.21 millones de dólares para los pagos de amortización e intereses de la deuda pública, que consume el 43% del presupuesto de la UE.

En el mismo año, la empresa invirtió R $ 93.86 mil millones en salud, el 88,6 R $ mil millones en educación y en I $ 69.19 mil millones en asistencia social – las tres áreas combinadas, cuyas políticas beneficiar a 200 millones de brasileños, recibió sólo el 25 % de los ingresos se abocanhada por unos pocos miles de especuladores financieros nacionales y extranjeros.

La entidad ciudadana Auditoría de la deuda, sobre la base de las declaraciones del Banco Central, se quejó de que si bien el país ha pagado R $ 962.21 millones de euros [depreciación e intereses], el saldo de la deuda aumenta considerablemente: de R $ 3.204 trillón en enero 2015 a R $ 3.937 billones de dólares en diciembre del mismo año.

El análisis de estos dos aspectos – [i] los pesos relativos (a) del gasto social y (b) de la deuda en el presupuesto de la UE, y [2] la tendencia al alza del saldo de la deuda a pesar de los gastos anuales alto a pagar por ello – desmentir el argumento utilizado por el gobierno para atacar el capítulo de los derechos sociales de la Constitución Ciudadana del año 1988.

Es deshonesto afirmar que el gasto en salud, el bienestar y la educación,que representan sólo el 11% del gasto federal, son la causa del desequilibrio fiscal. Los estudios de la asociación de secretarios municipales de educación, salud y estimación de la asistencia social que en los primeros 10 años del “Nuevo Régimen Tributario”, la pérdida de estas zonas puede llegar a R $ 1,3 billones de reales, que será canalizada a la especulación financiera.

El problema estructural de la financiación estatal brasileña y el desequilibrio fiscal se debe a la continua adopción de políticas de alto interés, swaps de divisas, los compromisos con una deuda inmoral [observado incluso en períodos de Lula y Dilma] y, sobre todo, la recesión económica agravada por el gobierno de facto .

En lugar de comprimir las inversiones sociales escasos, lo que limita el sistema de pago de la deuda pública sería la alternativa correcta para restablecer el equilibrio fiscal y de este modo permitir la reanudación de desarrollo del país.

El PEC 241 [que está siendo procesada en el Senado como PEC 55/2016] es un componente de la estrategia de restauración neoliberal en su versión ultra-reaccionaria en Brasil. Es un dispositivo diseñado para asegurar, con el sacrificio de los derechos y la dignidad del pueblo brasileño, el nivel de rentabilidad del capital financiero y la oligarquía parasitaria en esta coyuntura de crisis global del capitalismo.

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http://www.alainet.org/es/node/181417

048.- Los bancos suizos ya no quieren clientes americanos

Las entidades financieras los consideran “conflictivos” por la presión fiscal de EE UU

Rodrigo Carrizo Couto

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Banco Credit Suisse FABRICE COFFRINI GETTY

25 OCT 2016.- La noticia del diario Handelszeitung no ha llamado mucho la atención, salvo entre la comunidad de expatsde origen americano. La embajadora de Estados Unidos en Suiza, Suzi LeVine, hizo llegar una carta a los principales bancos suizos pidiendo que no se discrimine a sus compatriotas. Afirma que “muchos ciudadanos americanos se quejan de que se les niegan servicios bancarios en Suiza” y termina pidiendo una reunión con los directivos para solucionar el problema.

En Suiza viven y trabajan unos 40.000 ciudadanos de Estados Unidos, o con doble nacionalidad. Pero estos clientes se han convertido en “indeseables” para las instituciones financieras helvéticas, que los consideran un problema dada la enorme presión fiscal a la que les somete Washington. Y son ya cientos los que renuncian a su nacionalidad para liberarse de dicha carga.

La principal razón detrás del conflicto se llama FATCA (siglas en inglés de Foreign Account Tax Compliance Act). Esta ley obliga a los bancos extranjeros a informar de los haberes de ciudadanos americanos, quienes deben declarar sus ingresos (incluso cuando son residentes en el extranjero) y pagar impuestos. Algo que las voces críticas ven como “doble imposición”.

El Departamento de Justicia pretende así evitar la evasión fiscal y prevé colosales multas para los bancos que ayuden a sus nacionales en dicha evasión. Razón de más para que los prudentes suizos no miren a sus clientes americanos con mucho aprecio estos días.

La carta de la embajadora no ha hecho ninguna gracia, ni en el sector bancario ni entre la opinión pública, que ha inflamado las redes sociales denunciando la hipocresía de un Gobierno que primero puso contra las cuerdas a la banca suiza, y ahora se escandaliza cuando esta toma medidas para protegerse.

Al margen de Estados Unidos, solo hay otro país en el mundo que aplica este tipo de presión fiscal sobre sus ciudadanos: Eritrea.

http://elpais.com/elpais/2016/10/25/opinion/1477405271_635515.html

048.- MEDIDAS LOCALES ANTIPARAÍSO FISCAL – Ana Sagaseta

 Consejos Municipales contra paraísos fiscales

 Se calcula que un total de 7,6 billones de dólares, según la estimación del economista Gabriel Zucman, es la cifra que se oculta en los paraísos fiscales procedente de grandes fortunas y 100.000 millones de dólares la cantidad de dinero que los países en desarrollo dejan de ingresar en sus arcas públicas como consecuencia de la evasión de impuestos de grandes empresas. Lo que se traduce en que todo ese dinero que debería ir destinado a las políticas sociales (de los países), para reducir la desigualdad y ofrecer mejores oportunidades para todos/as no llegue jamás a quienes deben recibirlo.

A pesar del impacto mediático de los sonados escándalos fiscales, como los de los Papeles de Panamá y el de los Papeles de la Castellana, con los que a estas alturas todo el mundo está familiarizado, y a pesar de lo manido del término de paraíso fiscal, la paradójica realidad es que a día de hoy no existe una definición unificada de este término.

La lacra de los paraísos fiscales

La incapacidad para lograr una definición consensuada, y el hecho de que algunos organismos internacionales sean tan laxos en los criterios que utilizan para establecer sus listados de Paraísos Fiscales, tiene como resultado que, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llegue a considerar que únicamente existen sólo DOS paraísos fiscales en el mundo (Nauru y Niue, dos islas del Pacífico).

Pero hasta que consigamos una definición más integral, compartida y ambiciosa de lo que es un paraíso fiscal, lo que está claro es que éstos son territorios que intencionalmente han adoptado un marco legal con una serie de características que sirven para favorecer la evasión y elusión de impuestos por parte de las grandes empresas y fortunas.

Se calcula que un total de 7,6 billones de dólares, según la estimación del economista Gabriel Zucman, es la cifra que se oculta en los paraísos fiscales procedente de grandes fortunas y 100.000 millones de dólares la cantidad de dinero que los países en desarrollo dejan de ingresar en sus arcas públicas como consecuencia de la evasión de impuestos de grandes empresas. Lo que se traduce en que todo ese dinero que debería ir destinado a las políticas sociales (de los países), para reducir la desigualdad y ofrecer mejores oportunidades para todos/as no llegue jamás a quienes deben recibirlo.

Estos hechos, cifras y datos además de escandalizarnos, enfadarnos y frustrarnos lo que deberían conseguir es movilizarnos para hacer algo al respecto. Como ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de exigir a nuestras instituciones públicas que actúen y no contribuyan a seguir fomentando esta injusticia sin sentido.

La acción desde lo local

Los gobiernos locales tienen un ámbito de actuación desde el que se puede incidir para que el dinero de los contribuyentes no se invierta en empresas (bancos o instituciones financieras) que tienen vínculos en los paraísos fiscales, sino que por el contrario favorezca a estas otras que desarrollan un ejercicio de responsabilidad fiscal, pagando los impuestos que les corresponden.

Los municipios son la administración pública más cercana a la ciudadanía, y debemos aprovechar esta proximidad, para trasladarles nuestra exigencia de que utilicen su capacidad en beneficio de la justicia social, ya que entendemos la fiscalidad justa como una herramienta fundamental para luchar contra la desigualdad.

Oxfam Intermon ha lanzado la campaña iniciativa de Zonas Libres de Paraísos Fiscales. Ésta se circunscribe dentro del planteamiento general de gestión pública responsable, como la política de contratación de organismos públicos que introduce criterios éticos en sus convocatorias de licitación. Lo que se persigue, es que mediante la introducción de criterios éticos en los pliegos de contratación pública se discrimine negativamente a las empresas que tienen sedes en paraísos fiscales y se premie a aquellas que son fiscalmente responsables.

De esta forma además de obligar a las empresas a que hagan un ejercicio de transparencia, se está fomentando la puesta en marcha de unas prácticas económicas que reviertan en el bien común, y en “penalizar” aquellas que lo perjudiquen.

No estamos hablando de nada utópico o imposible, este trabajo ya lleva un tiempo en marcha a nivel europeo, por parte de varias organizaciones sociales que luchan por la justicia fiscal y que en 2009 lanzaron la campaña Tax Haven Free , donde hacían un llamamiento a ciudades y gobiernos locales para que se posicionasen en contra del uso de los Paraísos fiscales.

Desde entonces hasta ahora se han ido consiguiendo logros en varias regiones francesas donde han comenzado a exigir más transparencia en las cuentas de los bancos con los que están trabajando. Lo mismo ha ocurrido con Suecia, Noruega y Finlandia, donde algunos municipios están imponiendo fuertes medidas hacia una mayor transparencia y responsabilidad fiscal en la gestión de sus licitaciones públicas.

Aquí en España es un trabajo que también se lleva impulsando desde diferentes organizaciones y plataformas (La Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària, Attac, La Plataforma por la Justicia Fiscal y Oxfam Intermon). Y la realidad es que con unos positivos y exponenciales resultados, ya que en lo que se lleva de año son veinticinco los ayuntamientos que han aprobado la moción declarándose Zonas Libres de Paraísos Fiscales, al igual que Comunidades Autónomas como Cataluña, Aragón y Navarra. También han dado el salto sumándose a la iniciativa ayuntamientos tan importantes como el de Barcelona, pero esto es sólo es principio y lo que se busca es que a esta iniciativa se sumen, si no todos, la gran mayoría de Ayuntamientos y municipios del territorio español.

En la actualidad, los paraísos fiscales son una de los grandes lacras que nos afectan a todos y todas a nivel mundial, pero que podemos comenzar a atacarlos a nivel local desde ya, cada municipio y ayuntamiento que se declara Zona Libre de Paraísos Fiscales es un logro que suma en la batalla contra las guaridas fiscales, un paso más hacia la justicia fiscal.

Para participar en la campaña: www.zonaslibresdeparaisosfiscales.org

Ana Sagaseta, Oxfam Intermón.

Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Medidas-locales-anti-paraíso

047.-Panamá papers: lista completa de los 1245 colombianos

Los periodistas del capítulo Colombia trabajan en una casa en Chapinero dirigidos por Carlos Huertas y después de un año lograron esta megafiltración

En una vieja casa del barrio Chapinero de Bogotá opera el capítulo Colombia de la ICIJ, que por sus siglas en inglés traduce Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la red mundial de reporteros detrás de los llamados ‘Panamá Papers’.

El lugar parece más un laboratorio tecnológico que la sala de redacción de un medio. La particularidad del espacio se marca aún más con los múltiples acentos que se escuchan: colombiano, mexicano, salvadoreño, ecuatoriano y hasta gringo. Son seis periodistas y una asistente. Este equipo está en permanente contacto con Washington, donde opera la oficina central de la ICIJ, y con Múnich, Alemania, sede el diario Süddeutshe Zeitung, adonde llegó originalmente el mega-archivo que contiene millones de documentos secretos sobre empresas de papel creadas en Panamá. El mismo mega-archivo que acaba de ser abierto para todo el mundo y en el que –con una búsqueda rápida– aparecen los nombres de 1.245 colombianos.

El origen de los Panamá Papers data de hace poco más de un año. Bastian Obermayer y Frederik Obermaier, dos reporteros del mencionado periódico alemán entraron en contacto por un chat encriptado con una fuente anónima que les habló de un voluminoso archivo de Mossack Fonseca: un prestigioso y poderoso bufets panameño con 40 sucursales en las principales capitales del mundo, especializado en las llamadas firmas offshore, diseñadas para mantener ocultas fortunas y propietarios, aprovechadas para evasiones tributarias.  Luego de una serie de comunicaciones los dos reporteros recibieron por canales digitales una monumental base de datos que abarcaba 2,6 terabytes (1 terabyte es suficiente para grabar 350 episodios de Los Simpson con datos, fotos, audio y video). Tras auscultar superficialmente el mega-archivo y encontrar varias historias interesantes, los dos reporteros alemanes comprendieron que sus vidas no les alcanzaría para abarcar todo el trabajo que supondría revisar el material por entero.

Fue entonces cuando decidieron buscar cooperación en la ICIJ. En abril de 2015 le dieron al consorcio el cúmulo del material digital. Y en Washington se empezó a trabajar con ingenieros para diseñar la mejor forma de diseccionar el archivo, organizarlo y hacerlo digerible para efectos periodísticos. Al advertir que tenían entre manos más de 11.5 millones de documentos, fechados entre 1977 y 2015, comprendieron que requerían ciertamente de cientos, de miles de reporteros por todo el mundo para cumplir el cometido. Se trata de un compendio 2.300 veces más grande que los cables diplomáticos de Estados Unidos, los llamados Wikileaks revelados por Julian Assange en 2012.

Para lograr auscultar los Panamá Papers el ICIJ convocó más cien plataformas periodísticas asociadas por todo el mundo, involucró 77 países y 25 idiomas. Así han logrado desentrañar que el mega-archivo da cuenta de cerca de 320 mil entidades de todo tipo creadas en los últimos 40 años por Mossack Fonseca, desde compañías, fideicomisos y hasta fundaciones, todo ello ligado a más de 200 mil nombres de clientes y asociados.

Connectas es el nombre del grupo de periodistas asociados al ICIJ desde Colombia. El grupo está liderado Carlos Huertas, quien es fundador y director. Su misión, desde la vieja casa en Chapinero y a través de una red computacional que los enlaza al mega-archivo, ha sido la de cazar colombianos entre la compleja maraña de firmas y nombres. Por meses la gente de Connetas buceó entre el archivo, y en las últimas semanas publicaron informes con varios de los hallazgos más llamativos. 25 nombres de personalidades colombianss que figuran entre los Panamá Papers se publicaron ya. Cabe insistir en que de acuerdo a la ley colombiana aparecer en tales archivos creando una firma en Panamá no es delito, pero sí el hacerlo sin declararla ante la Dian.

Dado que el alud de información sigue siendo inabarcable el consorcio de reporteros decidió poner la totalidad de los Panamá Papers a disposición de todo el mundo. Desde ayer a las cuatro de la tarde quien quiera indagar lo puede hacer desde este link. La búsqueda se puede hacer por países, nombres particulares o nombre de la firma. Al filtrarlo por país “Colombia”, aparece una relación de 1845 firmas con conexión a este país, así mismo 1.245 nombres de colombianos.

 VER LISTA AQUI : —  1245-colombianos

Listado tomado de ICIJ.ORG. La base completa del “ICIJ contiene información de casi 320.000 entidades offshore que son parte de los Panamá Papers y de la investigación de los Offshore Leaks. La información cubre cerca casi 40 años hasta finales de 2015 y vincula a personas y compañías en más de 200 países y territorios.”

046.-Banco de la República no pagará daños cometidos por sus decisiones sobre los usuarios UPAC

La Corte Constitucional traslada el riesgo en la función regulatoria monetaria, crediticia y cambiaria de la Nación a los privados, en este caso las aseguradoras. De esta manera, terminarían respondiendo por la soberanía monetaria, cambiaria y crediticia en cabeza del Banco de la República.

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Junta Directiva: Sergio Clavijo, Leonardo Villar, Salomón Kalmanovitz, Miguel Urrutia, Antonio Hernández, Luis Bernardo Flórez.

En una decisión excepcional, la Corte Constitucional tumbó por la vía de la tutela el laudo arbitral en el que se enfrentaron el Banco de la República con sus aseguradoras Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz Seguros S.A.

Con una votación de 6 a favor y 2 en contra, la decisión beneficia al Banco de la República, que emprendió un largo proceso en el que el Tribunal de Arbitramento y el Consejo de Estado fallaron en su contra. Ahora, por cuenta de la decisión de la Corte Constitucional, tanto sus actividades comerciales como su función reguladora quedaron cobijadas por las aseguradoras.

Este proceso se enmarca la crisis generada por la UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante) hace 16 años. Miles de colombianos con créditos hipotecarios salieron damnificados por el crecimiento desmesurado de las tasas de interés, al punto que muchos ciudadanos no pudieron pagar y perdieron su vivienda.

En el año 1999, con ponencia del magistrado José Gregorio Hernández, la Corte constitucional declaró inexequible el sistema UPAC al considerar que atentaba contra la vivienda digna y que Banco de la República se había equivocado con la fórmula: no debía hacerse sobre la base del DTF (tasas de interés) sino con base al IPC (Índice de Precios al Consumidor). Indicaba además que este tipo de regulación solo era posible a través de una Ley Orgánica.

Sin embargo, la misma Corte Constitucional en el año 2013, con ponencia de la magistrada María Victoria Calle, negó cualquier responsabilidad patrimonial del Banco por fijar la fórmula de la UPAC. De esta manera, resolvió un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que condenó al órgano Emisor a indemnizar a un ciudadano por la presunta falla en el servicio, como consecuencia de la resolución con la que se determinó la fórmula para calcular la UPAC. Y sentó con ello un precedente frente a otros procesos contra el Banco.

En el marco de estos casos judiciales en donde el banco fue llamado a responder se dio inicio al pleito. Mientras que las aseguradoras decían que su cobertura solo aplicaba para las actividades comerciales del Banco, el Emisor exigía que la Póliza Global cobijara toda su actividad, incluyendo su actividad cambiaria, crediticia y los riesgos de sus acciones regulatorias.

“El tutelante sostuvo que en el laudo y el fallo cuestionados se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad al admitir que la Póliza Global Bancaria no cubría el riesgo derivado de sus funciones regulatorias, y en particular no lo amparaba frente a las condenas judiciales dictadas en su contra a consecuencia de la anulación de la Resolución Externa en 1995, expedida por su Junta Directiva”, dice el comunicado de la Corte.

Se convocó entonces al Tribunal de Arbitramento, que en un laudo proferido en el año 2012, les dio la razón a las aseguradoras. El árbitro, Jorge Pinzón Sánchez, le ordenó al Banco asumir los gastos del proceso, una cifra cercana a los 3.000 millones de pesos.

El laudo fue impugnado y la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió confirmar la decisión del Tribunal de Arbitramento. Ahora, vía tutela, la Corte Constitucional dejó sin efectos el laudo y amparó el derecho al debido proceso del Banco de la República.

Dadas las reclamaciones en estrados, dice la Corte, esta decisión no supone el agotamiento de la jurisdicción, por lo que se podrá iniciar un nuevo Tribunal de Arbitramento.

Por cuenta de una decisión del 2013, en donde la Corte Constitucional blindó la responsabilidad del Banco de la República de eventuales responsabilidades patrimoniales, se descartaría en principio que el efecto de esta decisión traiga consigo el cubrimiento de millonarias indemnizaciones. Sin embargo, queda claro un problema jurídico en donde el Banco queda cubierto en su totalidad por la aseguradora ante futuros procesos judiciales.

Para algunos analistas la Corte terminó trasladando el riesgo regulatorio de la Nación a los privados, en este caso las aseguradoras. De esta manera, terminarían respondiendo por la soberanía monetaria, cambiaria y crediticia en cabeza del Banco de la República.

Este es uno de los casos excepcionales en el que la Corte Constitucional tumba vía tutela un laudo arbitral, que además había sido confirmado por el Consejo de Estado. Según varios juristas, esto va en contravía de los intereses económicos de las partes que han establecido unas reglas de juego procesales. Para otros, es una garantía frente a errores sustantivos de forma o una indebida valoración de la prueba.

http://www.semana.com/economia/articulo/millonario-pago-del-que-se-salvo-el-banco-de-la-republica/498995

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 El millonario pago del que se salvó el Banco de la República Foto: Juan Carlos Sierra / SEMANA

045.- Muy grandes para ir a la cárcel –  Rudolf Hommes

¿Qué impide que aquí la justicia sea flexible con los guerrilleros para terminar el conflicto?

8 de marzo de 2015.- “Desde comienzos de los 90, y con creciente frecuencia, los fiscales federales de Estados Unidos han estado haciendo acuerdos de ‘proceso diferido’ (deferred prosecution, en inglés) con las grandes corporaciones privadas e instituciones financieras de gran tamaño”, y con sus ejecutivos. Hasta entonces, esta forma de justicia diferida se aplicaba solo a adolescentes no reincidentes, a quienes se les difería la apertura de cargos hasta que terminaran satisfactoriamente sus programas de rehabilitación, cuando les retiraban los cargos (J. S Rakoff, ‘Justice Deferred is Justice Denied’, The New York Review of Books, 19 de febrero de 2015, p. 8).

En ese artículo se dice que en los años 80 surgió entre los intelectuales del derecho la idea de prevenir el crimen corporativo estimulando la adopción de una cultura de respeto a la ley, responsabilidad legal y social de las empresas y la aplicación de procedimientos de auditoría y control interno que aseguran que las firmas operan sin burlar o violar normas legales (compliance, en inglés). La figura del proceso diferido, que se concede con autorización de un juez, se comenzó a utilizar para las infracciones y crímenes cometidos por altos ejecutivos de las empresas privadas grandes y abarcaba toda la gama de posibles violaciones de las leyes antimonopolio y de valores, de lavado de dinero, normas sanitarias, corrupción, soborno y pagos ilegales en el extranjero.

La idea detrás de estas prácticas, según Rakoff, ha sido incentivar a las empresas para que fomenten el respeto a las normas por dos canales: en primer lugar, porque las condiciones para suspender el proceso obligan a las empresas y a los ejecutivos a aplicar procedimientos y políticas específicas para prevenir futuras violaciones y porque los ejecutivos a los que se les suspenden los procesos deben exhibir un comportamiento ejemplar. En segundo lugar, porque las empresas que han montado y operan sistemas efectivos de compliance reciben un tratamiento más laxo de los fiscales y de los jueces. Los abogados defensores los han convencido de que si estos sistemas son efectivos y se toman en serio en las empresas, el comportamiento criminal o violatorio de las normas por los ejecutivos es una “aberración” (sujeta a rehabilitación).

Este raciocinio circular tardó en hacer carrera en el sector justicia, pero ahora los procesos diferidos son muy comunes, y hasta se han concebido soluciones más sencillas. La oficina del Fiscal General, sin autorización de un juez, libremente hace acuerdos de “no procesar” con empresas que se declaran culpables de entrada. El libro que se reseña en el artículo de Rakoff (B. L. Garrett, ‘Too Big to Jail: How Prosecutors Compromise with Corporations’, Belknap Press/Harvard University Press) es pesimista sobre la efectividad de estos procedimientos y concluye que, a pesar de que las autoridades judiciales están convencidas de que ellos contribuyen a que las empresas cumplan con la ley, “no se debe permitir que a los individuos responsables o a las corporaciones los exoneren así no más”. Esta conclusión probablemente no es válida si se les aplicaran procesos diferidos a los jefes de las Farc en el marco de justicia transicional que ha sido propuesta, si ellos se desarman, cesan definitivamente su actividad subversiva, confiesan y admiten el daño a las víctimas, no reinciden y hacen algo significativo y comprobable para reivindicarse y para resarcir a sus víctimas.

Si otros países toleran que la justicia sea laxa con los ‘cacaos’, porque son grandes, ¿qué impide que la justicia en Colombia también sea flexible con los guerrilleros para poder ponerles fin a sesenta años de conflicto armado?

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/muy-grandes-para-carcel-rudolf-hommes-columnistas-el-tiempo/15357777

044.-CHINA: LA GEOPOLÍTICA DE LA SEDA  – Adrián Vidales García*

En 2006 se publicaban las conclusiones de un estudio por el Comité Central del Partido Comunista Chino sobre los motivos por los cuales otras naciones habían alcanzado el status de potencia en el pasado. Entre dichas conclusiones destacaba la siguiente: “el poder nacional integral deriva principalmente del desarrollo económico, el cual es generado básicamente por el comercio exterior, actividad que debe ser protegida por una armada poderosa”8. Con esta clara influencia del pensamiento de Mahan sobre los estrategas chinos, resulta comprensible la intervención del entonces presidente Hu Jintao en la reunión de delegados militares del PCCh poco después de la presentación del informe, en la que establecía la necesidad de “construir una Armada poderosa que se adapte a las necesidades de la histórica misión de nuestro ejército en este nuevo siglo y esta nueva etapa9”.

En definitiva, la principal preocupación de la política exterior china durante las últimas dos décadas ha sido la construcción de un vecindario no hostil y la seguridad de sus líneas de importación y exportación, claves para su crecimiento económico, mientras se consolidaba como potencia regional. Logrado este objetivo, Pekín ambiciona ahora convertirse en potencia global. Y ya está dando los primeros pasos hacia ese objetivo.

¿La China que será?: la nueva Ruta de la Seda 

La política de vecindad de China es el aspecto de la política exterior que más claramente refleja la creciente voluntad de Pekín por posicionarse como un actor global. Con la

 “El Surgimiento de las Potencias Mundiales”, ápud Malena, 2011, pp. 1-2.

9 THE WASHINGTON POST, “Hu Calls for Strong Navy”, 2006, 29 de diciembre, disponible en http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/12/27/AR2006122701888.html. Fecha de consulta 21.01.2016.

llegada de Xi Jinping al poder en 2013, las relaciones de vecindad – que habían caído a un segundo plano durante la etapa de Hu Jintao – han experimentado un nuevo auge como pieza central de la geopolítica china a través de lo que ha dado en llamarse como “la nueva Ruta de la Seda”.

La estrategia de la nueva Ruta de la Seda, esbozada por primera vez en septiembre de 2013 y presentada oficialmente en marzo de 2015, está basada en una red integrada de grandes proyectos de infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias, aéreas y de telecomunicaciones, englobadas en dos iniciativas fundamentales. Por un lado, una ruta terrestre, bautizada como “Cinturón Económico de la Ruta de la Seda”, que uniría China con Europa a través de Asia Central. Por otro, la “Ruta de la Seda marítima del siglo XXI”, que conectaría las costas de China con el sureste de Asia, Oriente Próximo, Europa, y África. A esta ruta marítima podría unirse en un futuro Sudamérica, si finalmente China logra convencer a los mandatarios sudamericanos a unirse a la “visión transoceánica” del proyecto: una línea de ferrocarril de 5000 km desde el puerto brasileño de Açu al peruano de Ilo, donde se establecería una conexión naval regular con China. La siguiente imagen10 ilustra la ambición que encierra este macro proyecto geopolítico.

10 ORTEGA, A. The New Silk Road: grand geopolitical engineering, Blog Real Instituto Elcano, 2015, http://www.blog.rielcano.org/en/the-new-silk-road-grand-geopolitical-engineering/. Fecha de la consulta 23.01.2016.

Y para financiar este ambicioso plan, China ha diseñado todo un conjunto de redes financieras. Así, para la puesta en marcha de la nueva Ruta de la Seda, Pekín ya ha comprometido una inversión directa de 40.000 millones de dólares11, que se sumarían a los 50.000 millones comprometidos por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII) – en el que China cuenta con una fuerte posición de predominio, hasta el punto de poder vetar decisiones de calado12 – un porcentaje de los 40.000 millones en manos de la Corporación de Inversión de China, y parte de los 100.000 millones de capital estimado de los que dispone el recién creado Nuevo Banco de Desarrollo puesto en marcha por los BRICS – y con sede en Shangai – en julio de 201513. Si a eso le sumamos el anuncio, por parte del gobierno chino, de recapitalización de sus diversos bancos de desarrollo – con un total de 62.000 millones de dólares14 – y los fondos comprometidos por Pekín en diversos acuerdos bilaterales, resulta evidente la envergadura del proyecto de la nueva Ruta de la Seda, así como la decidida voluntad del gigante asiático por poner en pie esta titánica iniciativa geopolítica.

Y es que, analizada desde un prisma geopolítico, la estrategia responde a las principales amenazas y variables de la política exterior china.

En primer lugar, esta estrategia permite diversificar las rutas de suministro de materias primas y energía, tan necesarias para el desarrollo de la economía china, y tan dependientes en este momento del buen funcionamiento de la conexión marítima. Y es que los movimientos estratégicos chinos para desarrollar el “collar de perlas” han sido rápidamente replicados por Estados Unidos para – aprovechando sus bases permanentes en suelo asiático y firmando nuevos acuerdos bilaterales con países aliados como Filipinas, Australia o Singapur – desarrollar su propio “collar de perlas” de

11 KRATZ, A. Retórica y estrategias de la nueva Ruta de la Seda, Política Exterior, nº 117, septiembre – octubre 2015, disponible en http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/retorica-y- estrategias-de-las-nuevas-rutas-de-la-seda/. Fecha de la consulta 23.01.2016.

12 FONTDEGLÓRIA, X. China tendrá poder de veto en el Banco Asiático de Inversión, El País, 2015, 29 de                                                             junio,                                                       disponible                                                       en http://economia.elpais.com/economia/2015/06/29/actualidad/1435605593_796475.html. Fecha de la consulta 23.01.2016.

13 El ECONOMISTA, BRICS inauguran su nuevo banco de desarrollo, 2015, 21 de julio, disponible en http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/07/21/brics-inauguran-su-nuevo-banco-desarrollo. Fecha de la consulta 23.01.2016.

14 LA TERCERA, Banco central chino inyectará US$62.000 millones de reservas internacionales en entidades               estatales,                2015,                 20                 de                abril,                disponible               en http://www.latercera.com/noticia/negocios/2015/04/655-626209-9-banco-central-chino-inyectara- us62000-millones-de-reservas-internacionales-en.shtml. Fecha de la consulta 23.01.2016.

contención de los movimientos chinos. De esta forma, y siguiendo las tesis de Mahan, en el supuesto de que ambos países terminaran enfrentándose por la primacía asiática o global, Estados Unidos, a través de sus bases de Luzón (Filipinas), Diego García (Territorio Británico del Índico) o Singapur y del despliegue de su V y VII flotas, estaría bien posicionado para estrangular la economía china haciendo cumplir la máxima mahaniana de que “la paralización del comercio obliga a pedir la paz”15. Y Pekín es perfectamente consciente de esta amenaza.

En este contexto se enmarcaría la apuesta por el desarrollo del otro gran polo de la estrategia, el “Cinturón Económico de la Ruta de la Seda”. El proyecto terrestre de la Ruta de la Seda gira en torno a una extensa red de infraestructuras – muchas aún por construir, otras ya operativas aunque pendientes de reforma y modernización – energéticas, de transporte y de telecomunicaciones para mejorar la conectividad entre China, el resto de Asia y Europa. Así, el proyecto apuesta por el desarrollo de varias rutas para intensificar los intercambios comerciales entre China, Asia Central y la UE, bien a través de Irán y Turquía, bien a través de Rusia; y entre China y la Península de Indochina, a través de Myanmar y Bangladesh hasta llegar a la India. De esta forma, China podría escapar a un hipotético estrangulamiento marítimo de sus rutas comerciales y de suministro energético.

Además, la puesta en marcha de estos proyectos tendría un efecto inmediato en la política interna china: la contención del desequilibrio territorial entre la económicamente pujante costa del país y el deprimido interior. La construcción de vías ferroviarias, oleoductos y cableado de alta tecnología que entrasen a través de la antiquísima Puerta de Zungaria – un paso montañoso entre Kazajistán y China que ya era fundamental para las caravanas de camellos de la antigua ruta de la seda – supondría convertir a la provincia de Xinjiang en un polo de desarrollo, impulsando su industrialización y la mejora del nivel de vida de ésta y otras provincias adyacentes. La lluvia de yuanes que eso supondría sin duda contribuiría a reducir la conflictividad social de la zona, motivada en buena medida por las reivindicaciones de la importante minoría uigur.

No obstante, y al igual que la versión marítima del proyecto, también la nueva Ruta de la Seda  terrestre  se  enfrenta  a  dificultades  para  su  implementación.  Para  lograr    la

15 Alfred Mahan, ápud Paret, 1992, pág. 472.

implementación de la red de infraestructuras proyectada, China tendrá que vencer dos obstáculos: la tradicional desconfianza de los dirigentes de Asia Central hacia Pekín, y la amenaza que supone el terrorismo islamista en la zona. Y para contrarrestar ambos obstáculos, China cuenta con un instrumento fundamental: la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS). Creada formalmente en 2001 – como continuación al Grupo de Shanghai constituido en 1996 – la OCS ha identificado en numerosas ocasiones la lucha antiterrorista como su objetivo prioritario, a través de la cooperación policial y de inteligencia entre sus países miembros (China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Pakistán e India). Y este objetivo básico ha servido a su vez de catalizador de una creciente cooperación entre estos países en planos como el energético o el cultural, haciendo que, a día de hoy, la OCS sea la principal herramienta de China para “afianzar su papel de hegemón benigno (…) reforzar sus relaciones bilaterales con los Estados de Asia Central, mejorar su acceso a los mercados de la zona y a sus recursos energéticos, e incrementar su presencia e influencia en la región”16 generando un clima de creciente confianza que contribuye a calmar los recelos regionales a la creciente pujanza china.

De esta forma, resulta claro que “la ubicación de la nueva Ruta de la Seda en el primer plano de la agenda [exterior china] obedece al alto valor que le confiere Xi Jinping para alcanzar varios objetivos clave en materia de política interior y exterior”17. Ahora que la economía del gigante asiático, tras décadas de orientación al exterior, comienza pivotar hacia el desarrollo de su mercado interno, la industrialización de regiones deprimidas y la redistribución territorial de la riqueza generada por la economía nacional supone un poderoso incentivo para la puesta en marcha de este ambicioso proyecto. Y el probable efecto colateral de la pacificación de la siempre problemática provincia de Xinjiang no hace sino reforzar el atractivo de esta opción en los despachos de Pekín. Por lo que respecta al aspecto exterior, al impulsar este ambicioso plan China trata de alcanzar dos objetivos fundamentales: por un lado, diversificar las vitales rutas de suministro y comercio, evitando al mismo tiempo un posible enfrentamiento directo con Estados

16 ABAD, G. La Organización de Cooperación de Shanghai o la penetración China en Asia Central. ARI 30/2008 – 18/03/2008, Real Instituto Elcano, pág. 7.

17 ESTEBAN, E. y OTERO, M. ¿Qué podemos esperar de la nueva Ruta de la Seda y del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras liderados por China?, ARI 19/2005 – 9/4/2015, Real Instituto Elcano, p. 6.

Unidos en el mar; por otro, potenciar sus relaciones de vecindad para asentarse como la gran potencia regional de Asia por delante de Japón y Rusia. Y quizá para algo más.

Y es que la iniciativa china resucita – si es que alguna vez se habían ido – las teorías geopolíticas de Mackinder y Spykman y pone sobre la mesa la pregunta de cuáles son las intenciones reales de los dirigentes chinos. Con la implementación de las visiones terrestre y marítima de la nueva Ruta de la Seda, China pondría en marcha un proyecto que afectaría a 65 países18 en una región que engloba el 55% del PIB mundial, el 70% de la población global y el 75% de las reservas energéticas del planeta19. Al hacer esto, Pekín colocaría en su órbita, en mayor o menor medida, amplias zonas de Eurasia, y se aseguraría una posición de preponderancia absoluta en la zona que para estos dos influyentes teóricos constituía el núcleo del poder global.

Ciertamente, el protagonismo que – de implementarse finalmente el proyecto terrestre – cobraría la región de Asia Central, sitúa la teoría del heartland de Mackinder en el centro del debate sobre las intenciones de Pekín. Las reservas energéticas de esta región – estimadas entre 50 y 110 billones de barriles de petróleo, y de 170 a 463 trillones de metros cúbicos de gas natural20 – suponen un poderoso atractivo para China, por cuanto el gigante asiático precisa de ingentes cantidades de recursos energéticos para mantener un crecimiento económico constante que no puede depender sólo de los petroleros procedentes de Sudán o el Golfo Pérsico. Y el deseo, por parte de Estados como Kazajistán o Uzbekistán, de diversificar sus líneas de exportación de hidrocarburos y así evitar que estas dependan de Rusia, no hace sino aumentar los incentivos para el desarrollo de las relaciones entre estos países y China. De esta forma, la implementación del Cinturón Económico de la Ruta de la Seda constituiría un avance fundamental hacia la securitización de un aspecto clave para el hipotético establecimiento de un poder chino global.

Por otra parte, y a través del desarrollo tanto de la visión terrestre como de la marítima de su estrategia, China tendría la capacidad de influir notablemente en el desarrollo

18 HIGUERAS, G. La Ruta de la Seda del siglo XXI, Política Exterior, nº 167, septiembre – octubre de 2015, pp. 40-52.

19 KRATZ, A. Retórica y estrategias de la nueva Ruta de la Seda, Política Exterior, septiembre – octubre 2015, disponible en http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/retorica-y-estrategias-de-las- nuevas-rutas-de-la-seda/. Fecha de la consulta 23.01.2016.

20 SCOTT, M. y ALCENAT, W. Revisiting the Pivot: The Influence of Heartland Theory in Great Power Politics, Missouri Valley Journal, Vol. XII, 2008, pp. 1-28.

económico de muchos países sitos en la zona bautizada por Spykman como Rimland, que, en esencia, abarcaría Europa, Oriente Medio, India y el sureste asiático. Proyectos como la mejora de las infraestructuras del importante puerto de Gwadar en Pakistán, o del de Sittwa en Myanmar, fundamentales para el desarrollo económico de ambos países, constituyen al mismo tiempo una importante carta de presentación para facilitar los intereses chinos y una poderosa arma en manos de Pekín. La amenaza de paralizar estos proyectos, o de canalizar las importaciones y exportaciones chinas a través de otros puertos, sería una importante baza de presión para influir en la decisión de los dirigentes de estos países sobre la posible firma de acuerdos de colaboración con otras potencias. Si de acuerdo con Spykman – y otros teóricos realistas como Mearsheimer – concluimos que “la lucha por el poder se identifica con la lucha por la supervivencia, y por eso, el mejoramiento de las posiciones relativas de poder se convierte en designio primordial de la política interior y exterior de los Estados”21, la tentación de China de jugar esta carta constituye un escenario, cuando menos, posible. Finalmente, la implementación de la Ruta de la Seda marítima daría un nuevo impulso al desarrollo del “collar de perlas” chino, que a su vez, potenciaría sobremanera la posición de China en los océanos Índico y Pacífico y haría más palpable la preponderancia china en el Rimland.

Conclusión 

El mundo está cambiando. A la globalización económica que ha llevado al planeta a cotas de interconectividad y dependencia mutua insospechadas, se ha ido sumando – especialmente en la última década – la creciente multipolaridad de la sociedad internacional. En los cinco continentes han surgido “jugadores geoestratégicos activos (…) con capacidad y voluntad nacional de ejercer poder o influencia más allá de sus fronteras para alterar (…) el estado actual de las cuestiones geopolíticas”22 que están haciendo uso de esa capacidad para modelar las relaciones internacionales contemporáneas. Y en este contexto está teniendo lugar un fenómeno de indudable impacto global: el ascenso de China, que a lo largo de los primeros años del nuevo

21 America’s Strategy in World Politics, de Nicholas Spykman, ápud Peritore, 2010, pág. 3.

22 BRZEZINSKI, op.cit., 1998, pág. 49.

milenio se ha consolidado como uno de los principales actores de la sociedad internacional.

Consecuente con la “Estrategia de los 28 caracteres”, China ha estado esperando el momento oportuno para dar un paso al frente, desplegando una diplomacia focalizada en la cooperación económica y el soft power mientras consolidaba su desarrollo económico y su posición como potencia asiática. Ahora, una vez cumplidos en gran medida ambos objetivos, China aspira a posicionarse como potencia global. Y la estrategia de la nueva Ruta de la Seda constituye el mayor exponente de la ambición china. El titánico proyecto que suponen el “Cinturón Económico de la Ruta de la Seda” y la “Ruta de la Seda marítima del siglo XXI” responde a objetivos fundamentales tanto de política interior como de política exterior que China aspira a alcanzar para consolidar su desarrollo económico, lograr la estabilidad de sus fronteras y aumentar su proyección exterior como potencia. Por tanto, podemos afirmar que no nos encontramos “ni ante una acción altruista, ni ante una actuación de ayuda al desarrollo”23. La estrategia tiene unos propósitos de seguridad nacional perfectamente definidos, y la política exterior china durante los próximos años girará en torno a su consecución.

En definitiva, “la vecindad se ha convertido en la principal protagonista de la política exterior china, pero con una clara y firme voluntad de trascenderla”24, y en este sentido, la nueva Ruta de la Seda constituye una auténtica y geopolítica clara declaración de intenciones, que sin duda determinará el devenir de la diplomacia china en la próxima década. China ha dado un paso al frente, pero la longitud de esa zancada dependerá tanto de la propia voluntad de los dirigentes chinos como de su capacidad para implementar exitosamente la joya de la corona de sus aspiraciones geopolíticas.

*Consultor Asuntos Públicos Analista de Con Copia a Europa                             

  http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO78-   2016_RutaSeda_geopoliticaChina_AdrianVidales.pdf

044.-LA NUEVA RUTA DE LA SEDA Y EL RESURGIMIENTO GEOPOLÍTICO DE CHINA*

Resumen:

Con la desintegración de la Unión Soviética en 1991 el mundo se adentró en una etapa de unipolaridad en las relaciones internacionales con Estados Unidos como hegemón indiscutible, capaz de influir en los acontecimientos a lo largo y ancho del globo. No obstante, esta realidad comienza a desvanecerse, y hoy la sociedad internacional se adentra cada vez más en un sistema uni-multipolar, en el que Estados Unidos mantiene un protagonismo crecientemente compartido con otros actores. Y la acción exterior de China está teniendo un efecto fundamental en la conformación de este nuevo orden mundial. Con sus actuaciones, Pekín modela la geopolítica mundial y altera el statu quo de ese mundo uni-multipolar a través de proyectos como el de la nueva Ruta de la Seda, que constituye un factor de cambio geopolítico fundamental en la sociedad internacional del siglo XXI.

Abstract: 

With the disintegration of the Soviet Union in 1991, the world entered in a period of unipolarity in international relations, with the United States as an indisputable hegemon, capable of influencing events across the globe. However, this reality begins to fade, and today the international community is deeper and deeper into a uni-multipolar system in which the United States has a role increasingly shared with other actors. And China’s external action is having a fundamental effect in shaping that new world order. With its actions, Peking models world geopolitics and alters the status quo of that uni-multipolar world through projects such as the new Silk Road, a key factor of geopolitical change in the international society of the XXI century.

 Palabras clave: China, reemergencia, geopolítica, Ruta de la Seda, influencia.

Keywords: China, reemergence, geopolitics, Silk Road, influence. 

*Este documento constituye una adaptación del texto académico del mismo nombre presentado en el marco del Máster en Paz, Seguridad y Defensa del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. 

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores, sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.

Introducción

Estados Unidos ha dejado de ser el sheriff del mundo; y cada vez más, ve cómo su “momento unipolar”1 pasa a los anales de la historia en favor de una sociedad internacional que comienza a contemplar el surgimiento (o resurgimiento) de nuevos grandes poderes. Brasil, India, Sudáfrica, Rusia o Irán adquieren paulatinamente mayor protagonismo en la escena mundial, influyendo decisivamente en los acontecimientos políticos, económicos, sociales, culturales o militares en sus respectivas regiones, haciendo pivotar la sociedad internacional hacia una multipolaridad semejante a la vivida en Europa en las décadas previas a la Primera Guerra Mundial. Pero por encima de todos ellos, la sociedad internacional está siendo testigo del ascenso de una gran potencia regional que podría llegar a aspirar a la hegemonía mundial: China.

En los últimos veinte años hemos asistido a la reemergencia de la que durante siglos fue la gran potencia asiática; un gigante dormido que durante siglo y medio se vio sometido a la humillación de verse doblegado por unas potencias extranjeras que pugnaban por decidir su destino. Hoy, China es dueña de su propio destino; y con sus actuaciones modela la geopolítica mundial y altera el statu quo de ese mundo uni-multipolar en el que la sociedad internacional se ha adentrado en la última década. Y en este sentido, el lanzamiento del titánico proyecto de la nueva Ruta de la Seda constituye un factor de cambio geopolítico fundamental en la sociedad internacional del siglo XXI.

La China que fue

Hace 40 años, China se abrió al mundo. La muerte de Mao Tse Tung y el ascenso al poder de Deng Xiaping abriría una nueva etapa en la historia china, en la que los nuevos dirigentes chinos constatarían que la principal amenaza para el país no provenía del exterior, sino del propio atraso económico chino, que agrandaba cada vez más la brecha con el resto de potencias mundiales y regionales. Era preciso, por tanto, un golpe de timón. Para ello, se abandonaría por completo el principio maoísta de la “exportación de la revolución” – que había llevado al país a una agresiva política exterior durante los años de la Revolución cultural (1966-1976) – para abrazar un nuevo lema de “paz y desarrollo”

1 KRAUTHAMMER, C. The Unipolar Moment. Foreign Affairs, Vol. 70, No. 1, 1990, pp. 23-33.

que se convertiría en la máxima a seguir durante las siguientes décadas. Deng desarrollaría toda una nueva arquitectura de política exterior pragmática, basada en los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica2 y que trataba de fomentar la integración de China en la comunidad internacional, con el objetivo de “crear y favorecer un ambiente propicio en el exterior para alimentar el desarrollo económico en el interior”3; en lo que ha dado en llamarse “La estrategia de los 28 caracteres de Deng Xiaoping”:

“Observar con calma, asegurar nuestra posición, hacer frente a los asuntos con tranquilidad, ocultar nuestras capacidades y esperar el momento oportuno, ser bueno en mantener un perfil bajo, nunca liderar la reivindicación, llevar a cabo operaciones de carácter modesto“4.

Esta línea de acción exterior marcada por Deng sería continuada posteriormente durante las presidencias de Jiang Zemin y Hu Jintao. La adhesión de China al TNP en 1992, su incorporación a la Organización Mundial de Comercio en 2001, o la defensa pública de la “democratización de las relaciones internacionales”5 mostrarían una China dispuesta a fortalecer su imagen exterior como potencia responsable y comprometida con la cooperación internacional y el orden y la seguridad mundiales.

Asimismo, y bajo la máxima de que “para que surgiera un ambiente pacífico propicio para el desarrollo interno, China tenía que ser menos pasiva y más proactiva en la configuración de su entorno regional”6, el país acometió un intensa política de normalización de relaciones con su entorno más inmediato. Así, además del paulatino estrechamiento de los lazos con la ASEAN – especialmente tras la crisis económica de 1997 – en los años noventa China establecería (o normalizaría) relaciones diplomáticas con numerosos países de su entorno, como Singapur (1990), Indonesia (1990), Vietnam (1991) y Corea del Sur (1992), y firmaría numerosos tratados bilaterales para resolver los conflictos territoriales que mantenía con la gran mayoría de sus vecinos. Así   pues,

2 Los cinco principios son: respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial, no agresión mutua, no interferencia en los asuntos internos de otros países, igualdad y beneficio mutuo, y coexistencia pacífica.

3 MONCADA, M. Visión del mundo exterior de las cuatro generaciones de líderes políticos de la República Popular China: Evolución histórica y conceptual. Documentos CIDOB Asia nº 27 (2011), Barcelona Centre for International Affairs, pág. 5.

4 La estrategia de los 28 caracteres de Deng Xiaoping, ápud Moncada, 2011, pág.7.

5 Discurso pronunciado por Jiang Zemin en la Cumbre del Milenio de la ONU el 6 de septiembre de 2000. Disponible en www.china-un.org/eng/zt/qiannianfenghui/t39519.htm. Fecha de consulta 19.01.2016.

6 SHAMBAUGH, D. China Engages Asia Reshaping the Regional Order. International Security, Volume 29, Number 3, 2005. pp. 64-99, pág. 71.

desde 1976 China acometería un proceso de apertura económica e internacional que, sobre la base de la equidistancia entre Estados Unidos y la URSS, le llevaría a apostar por estrechar lazos comerciales con Occidente y los países en vías de desarrollo como vía para crear riqueza y modernizar el país. Pero, para crear una riqueza fruto de un proceso de industrialización y modernización de la economía, se precisan materias primas y recursos energéticos para las industrias clave de forma sostenida. Conscientes de ello, y a medida que el constante desarrollo de la economía china demandaba nuevos recursos para sostener el ritmo de crecimiento deseado, los sucesores de Deng comenzarían a dar pasos hacia la securitización de esta debilidad estratégica. Y para ello, tras siglos de priorización del espacio terrestre en su geopolítica, China volvería de nuevo sus ojos al mar.

La China que es

El ascenso de China como actor regional desde finales de los años 90 está inextricablemente ligado a su política de expansión marítima. Con el objetivo de garantizar la afluencia al país de los recursos necesarios para el mantenimiento de su crecimiento económico, China ha comenzado a tomar medidas destinadas a extender su alcance marítimo más allá de las inmediatas aguas territoriales chinas, en una estrategia de largo plazo que Christopher J. Pehrson magníficamente ha calificado como “estrategia del collar de perlas”7. Diseñando una estrategia enormemente semejante a la practicada por Gran Bretaña durante su época imperial, China ha puesto en pie toda una red de infraestructuras logísticas, de extracción y transporte de recursos, que se extiende desde las costas chinas a través de los litorales del Mar del Sur de China, el importante estrecho de Malaca y el Océano Índico, hasta llegar a las regiones clave del Golfo Pérsico y las costas orientales de África.

A través de la construcción de infraestructuras portuarias y aéreas, el establecimiento de bases navales y la firma de acuerdos de inversión y de cooperación económica, China trata de garantizarse una presencia permanente a lo largo de las líneas marítimas de comunicación  que  unen  el  país  con  las  regiones  de  las  que  importa  los recursos

7 PEHRSON, C. String of Pearls: Meeting the challenge of China’s rising power across the Asian littoral, Carlisle Papers in Security Strategy, 2006, pp. 1-36.

imprescindibles para su desarrollo; a la par que estrecha lazos comerciales con todos estos países, con el consiguiente beneficio para sus exportaciones. La creación de estas perlas, por otra parte, ha seguido una lógica de no injerencia ni confrontación; lo que ha ayudado al gigante asiático a posicionarse como el principal interlocutor en el diálogo Sur-Sur y como referente para países como Irán, Myanmar o Sudán, sometidos durante años al ostracismo internacional.

Por otro lado, el “collar de perlas” permite a China potenciar el desarrollo de una política de promoción naval que considera clave para la seguridad nacional del país. En 2006 se publicaban las conclusiones de un estudio encargado tres años antes por el Comité Central del Partido Comunista Chino sobre los motivos por los cuales otras naciones habían alcanzado el status de potencia en el pasado. Entre dichas conclusiones destacaba la siguiente: “el poder nacional integral deriva principalmente del desarrollo económico, el cual es generado básicamente por el comercio exterior, actividad que debe ser protegida por una armada poderosa”8. Con esta clara influencia del pensamiento de Mahan sobre los estrategas chinos, resulta comprensible la intervención del entonces presidente Hu Jintao en la reunión de delegados militares del PCCh poco después de la presentación del informe, en la que establecía la necesidad de “construir una Armada poderosa que se adapte a las necesidades de la histórica misión de nuestro ejército en este nuevo siglo y esta nueva etapa9”.

En definitiva, la principal preocupación de la política exterior china durante las últimas dos décadas ha sido la construcción de un vecindario no hostil y la securitización de sus líneas de importación y exportación, claves para su crecimiento económico, mientras se consolidaba como potencia regional. Logrado este objetivo, Pekín ambiciona ahora convertirse en potencia global. Y ya está dando los primeros pasos hacia ese objetivo.

¿La China que será?: la nueva Ruta de la Seda

La política de vecindad de China es el aspecto de la política exterior que más claramente refleja la creciente voluntad de Pekín por posicionarse como un actor global. Con la

8 “El Surgimiento de las Potencias Mundiales”, ápud Malena, 2011, pp. 1-2.

9 THE WASHINGTON POST, “Hu Calls for Strong Navy”, 2006, 29 de diciembre, disponible en http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/12/27/AR2006122701888.html. Fecha de consulta 21.01.2016.

llegada de Xi Jinping al poder en 2013, las relaciones de vecindad – que habían caído a un segundo plano durante la etapa de Hu Jintao – han experimentado un nuevo auge como pieza central de la geopolítica china a través de lo que ha dado en llamarse como “la nueva Ruta de la Seda”.

La estrategia de la nueva Ruta de la Seda, esbozada por primera vez en septiembre de 2013 y presentada oficialmente en marzo de 2015, está basada en una red integrada de grandes proyectos de infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias, aéreas y de telecomunicaciones, englobadas en dos iniciativas fundamentales. Por un lado, una ruta terrestre, bautizada como “Cinturón Económico de la Ruta de la Seda”, que uniría China con Europa a través de Asia Central. Por otro, la “Ruta de la Seda marítima del siglo XXI”, que conectaría las costas de China con el sureste de Asia, Oriente Próximo, Europa, y África. A esta ruta marítima podría unirse en un futuro Sudamérica, si finalmente China logra convencer a los mandatarios sudamericanos a unirse a la “visión transoceánica” del proyecto: una línea de ferrocarril de 5000 km desde el puerto brasileño de Açu al peruano de Ilo, donde se establecería una conexión naval regular con China. La siguiente imagen10 ilustra la ambición que encierra este macro proyecto geopolítico.

10 ORTEGA, A. The New Silk Road: grand geopolitical engineering, Blog Real Instituto Elcano, 2015, http://www.blog.rielcano.org/en/the-new-silk-road-grand-geopolitical-engineering/. Fecha de la consulta 23.01.2016.

Y para financiar este ambicioso plan, China ha diseñado todo un conjunto de redes financieras. Así, para la puesta en marcha de la nueva Ruta de la Seda, Pekín ya ha comprometido una inversión directa de 40.000 millones de dólares11, que se sumarían a los 50.000 millones comprometidos por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII) – en el que China cuenta con una fuerte posición de predominio, hasta el punto de poder vetar decisiones de calado12 – un porcentaje de los 40.000 millones en manos de la Corporación de Inversión de China, y parte de los 100.000 millones de capital estimado de los que dispone el recién creado Nuevo Banco de Desarrollo puesto en marcha por los BRICS – y con sede en Shangai – en julio de 201513. Si a eso le sumamos el anuncio, por parte del gobierno chino, de recapitalización de sus diversos bancos de desarrollo – con un total de 62.000 millones de dólares14 – y los fondos comprometidos por Pekín en diversos acuerdos bilaterales, resulta evidente la envergadura del proyecto de la nueva Ruta de la Seda, así como la decidida voluntad del gigante asiático por poner en pie esta titánica iniciativa geopolítica.

Y es que, analizada desde un prisma geopolítico, la estrategia responde a las principales amenazas y variables de la política exterior china.

En primer lugar, esta estrategia permite diversificar las rutas de suministro de materias primas y energía, tan necesarias para el desarrollo de la economía china, y tan dependientes en este momento del buen funcionamiento de la conexión marítima. Y es que los movimientos estratégicos chinos para desarrollar el “collar de perlas” han sido rápidamente replicados por Estados Unidos para – aprovechando sus bases permanentes en suelo asiático y firmando nuevos acuerdos bilaterales con países aliados como Filipinas, Australia o Singapur – desarrollar su propio “collar de perlas” de

11 KRATZ, A. Retórica y estrategias de la nueva Ruta de la Seda, Política Exterior, nº 117, septiembre – octubre 2015, disponible en http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/retorica-y- estrategias-de-las-nuevas-rutas-de-la-seda/. Fecha de la consulta 23.01.2016.

12 FONTDEGLÓRIA, X. China tendrá poder de veto en el Banco Asiático de Inversión, El País, 2015, 29 de  junio,            disponible        en http://economia.elpais.com/economia/2015/06/29/actualidad/1435605593_796475.html. Fecha de la consulta 23.01.2016.

13 El ECONOMISTA, BRICS inauguran su nuevo banco de desarrollo, 2015, 21 de julio, disponible en http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/07/21/brics-inauguran-su-nuevo-banco-desarrollo. Fecha de la consulta 23.01.2016.

14 LA TERCERA, Banco central chino inyectará US$62.000 millones de reservas internacionales en entidades            estatales,        2015,   20        de        abril,    disponible        en http://www.latercera.com/noticia/negocios/2015/04/655-626209-9-banco-central-chino-inyectara- us62000-millones-de-reservas-internacionales-en.shtml. Fecha de la consulta 23.01.2016.

contención de los movimientos chinos. De esta forma, y siguiendo las tesis de Mahan, en el supuesto de que ambos países terminaran enfrentándose por la primacía asiática o global, Estados Unidos, a través de sus bases de Luzón (Filipinas), Diego García (Territorio Británico del Índico) o Singapur y del despliegue de su V y VII flotas, estaría bien posicionado para estrangular la economía china haciendo cumplir la máxima mahaniana de que “la paralización del comercio obliga a pedir la paz”15. Y Pekín es perfectamente consciente de esta amenaza.

En este contexto se enmarcaría la apuesta por el desarrollo del otro gran polo de la estrategia, el “Cinturón Económico de la Ruta de la Seda”. El proyecto terrestre de la Ruta de la Seda gira en torno a una extensa red de infraestructuras – muchas aún por construir, otras ya operativas aunque pendientes de reforma y modernización – energéticas, de transporte y de telecomunicaciones para mejorar la conectividad entre China, el resto de Asia y Europa. Así, el proyecto apuesta por el desarrollo de varias rutas para intensificar los intercambios comerciales entre China, Asia Central y la UE, bien a través de Irán y Turquía, bien a través de Rusia; y entre China y la Península de Indochina, a través de Myanmar y Bangladesh hasta llegar a la India. De esta forma, China podría escapar a un hipotético estrangulamiento marítimo de sus rutas comerciales y de suministro energético.

Además, la puesta en marcha de estos proyectos tendría un efecto inmediato en la política interna china: la contención del desequilibrio territorial entre la económicamente pujante costa del país y el deprimido interior. La construcción de vías ferroviarias, oleoductos y cableado de alta tecnología que entrasen a través de la antiquísima Puerta de Zungaria – un paso montañoso entre Kazajistán y China que ya era fundamental para las caravanas de camellos de la antigua ruta de la seda – supondría convertir a la provincia de Xinjiang en un polo de desarrollo, impulsando su industrialización y la mejora del nivel de vida de ésta y otras provincias adyacentes. La lluvia de yuanes que eso supondría sin duda contribuiría a reducir la conflictividad social de la zona, motivada en buena medida por las reivindicaciones de la importante minoría uigur.

No obstante, y al igual que la versión marítima del proyecto, también la nueva Ruta de la Seda  terrestre  se  enfrenta  a  dificultades  para  su  implementación.  Para  lograr    la

15 Alfred Mahan, ápud Paret, 1992, pág. 472.

implementación de la red de infraestructuras proyectada, China tendrá que vencer dos obstáculos: la tradicional desconfianza de los dirigentes de Asia Central hacia Pekín, y la amenaza que supone el terrorismo islamista en la zona. Y para contrarrestar ambos obstáculos, China cuenta con un instrumento fundamental: la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS). Creada formalmente en 2001 – como continuación al Grupo de Shanghai constituido en 1996 – la OCS ha identificado en numerosas ocasiones la lucha antiterrorista como su objetivo prioritario, a través de la cooperación policial y de inteligencia entre sus países miembros (China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Pakistán e India). Y este objetivo básico ha servido a su vez de catalizador de una creciente cooperación entre estos países en planos como el energético o el cultural, haciendo que, a día de hoy, la OCS sea la principal herramienta de China para “afianzar su papel de hegemón benigno (…) reforzar sus relaciones bilaterales con los Estados de Asia Central, mejorar su acceso a los mercados de la zona y a sus recursos energéticos, e incrementar su presencia e influencia en la región”16 generando un clima de creciente confianza que contribuye a calmar los recelos regionales a la creciente pujanza china.

De esta forma, resulta claro que “la ubicación de la nueva Ruta de la Seda en el primer plano de la agenda [exterior china] obedece al alto valor que le confiere Xi Jinping para alcanzar varios objetivos clave en materia de política interior y exterior”17. Ahora que la economía del gigante asiático, tras décadas de orientación al exterior, comienza pivotar hacia el desarrollo de su mercado interno, la industrialización de regiones deprimidas y la redistribución territorial de la riqueza generada por la economía nacional supone un poderoso incentivo para la puesta en marcha de este ambicioso proyecto. Y el probable efecto colateral de la pacificación de la siempre problemática provincia de Xinjiang no hace sino reforzar el atractivo de esta opción en los despachos de Pekín. Por lo que respecta al aspecto exterior, al impulsar este ambicioso plan China trata de alcanzar dos objetivos fundamentales: por un lado, diversificar las vitales rutas de suministro y comercio, evitando al mismo tiempo un posible enfrentamiento directo con Estados

16 ABAD, G. La Organización de Cooperación de Shanghai o la penetración China en Asia Central. ARI 30/2008 – 18/03/2008, Real Instituto Elcano, pág. 7.

17 ESTEBAN, E. y OTERO, M. ¿Qué podemos esperar de la nueva Ruta de la Seda y del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras liderados por China?, ARI 19/2005 – 9/4/2015, Real Instituto Elcano, p. 6.

Unidos en el mar; por otro, potenciar sus relaciones de vecindad para asentarse como la gran potencia regional de Asia por delante de Japón y Rusia. Y quizá para algo más.

Y es que la iniciativa china resucita – si es que alguna vez se habían ido – las teorías geopolíticas de Mackinder y Spykman y pone sobre la mesa la pregunta de cuáles son las intenciones reales de los dirigentes chinos. Con la implementación de las visiones terrestre y marítima de la nueva Ruta de la Seda, China pondría en marcha un proyecto que afectaría a 65 países18 en una región que engloba el 55% del PIB mundial, el 70% de la población global y el 75% de las reservas energéticas del planeta19. Al hacer esto, Pekín colocaría en su órbita, en mayor o menor medida, amplias zonas de Eurasia, y se aseguraría una posición de preponderancia absoluta en la zona que para estos dos influyentes teóricos constituía el núcleo del poder global.

Ciertamente, el protagonismo que – de implementarse finalmente el proyecto sobre las intenciones de Pekín. Las reservas energéticas de esta región – estimadas entre 50 y 110 billones de barriles de petróleo, y de 170 a 463 trillones de metros cúbicos de gas natural20 – suponen un poderoso atractivo para China, por cuanto el gigante asiático precisa de ingentes cantidades de recursos energéticos para mantener un crecimiento económico constante que no puede depender sólo de los petroleros procedentes de Sudán o el Golfo Pérsico. Y el deseo, por parte de Estados como Kazajistán o Uzbekistán, de diversificar sus líneas de exportación de hidrocarburos y así evitar que estas dependan de Rusia, no hace sino aumentar los incentivos para el desarrollo de las relaciones entre estos países y China. De esta forma, la implementación del Cinturón Económico de la Ruta de la Seda constituiría un avance fundamental hacia la securitización de un aspecto clave para el hipotético establecimiento terrestre – cobraría la región de Asia Central, sitúa la teoría del heartland de Mackinder en el centro del debate de un poder chino global.

Por otra parte, y a través del desarrollo tanto de la visión terrestre como de la marítima de su estrategia, China tendría la capacidad de influir notablemente en el desarrollo

8 HIGUERAS, G. La Ruta de la Seda del siglo XXI, Política Exterior, nº 167, septiembre – octubre de 2015, pp. 40-52.

19 KRATZ, A. Retórica y estrategias de la nueva Ruta de la Seda, Política Exterior, septiembre – octubre 2015, disponible en http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/retorica-y-estrategias-de-las- nuevas-rutas-de-la-seda/. Fecha de la consulta 23.01.2016.

20 SCOTT, M. y ALCENAT, W. Revisiting the Pivot: The Influence of Heartland Theory in Great Power Politics, Missouri Valley Journal, Vol. XII, 2008, pp. 1-28.

económico de muchos países sitos en la zona bautizada por Spykman como Rimland, que, en esencia, abarcaría Europa, Oriente Medio, India y el sureste asiático. Proyectos como la mejora de las infraestructuras del importante puerto de Gwadar en Pakistán, o del de Sittwa en Myanmar, fundamentales para el desarrollo económico de ambos países, constituyen al mismo tiempo una importante carta de presentación para facilitar los intereses chinos y una poderosa arma en manos de Pekín. La amenaza de paralizar estos proyectos, o de canalizar las importaciones y exportaciones chinas a través de otros puertos, sería una importante baza de presión para influir en la decisión de los dirigentes de estos países sobre la posible firma de acuerdos de colaboración con otras potencias. Si de acuerdo con Spykman – y otros teóricos realistas como Mearsheimer – concluimos que “la lucha por el poder se identifica con la lucha por la supervivencia, y por eso, el mejoramiento de las posiciones relativas de poder se convierte en designio primordial de la política interior y exterior de los Estados”21, la tentación de China de jugar esta carta constituye un escenario, cuando menos, posible. Finalmente, la implementación de la Ruta de la Seda marítima daría un nuevo impulso al desarrollo del “collar de perlas” chino, que a su vez, potenciaría sobremanera la posición de China en los océanos Índico y Pacífico y haría más palpable la preponderancia china en el Rimland.

Conclusión

El mundo está cambiando. A la globalización económica que ha llevado al planeta a cotas de interconectividad y dependencia mutua insospechadas, se ha ido sumando – especialmente en la última década – la creciente multipolaridad de la sociedad internacional. En los cinco continentes han surgido “jugadores geoestratégicos activos (…) con capacidad y voluntad nacional de ejercer poder o influencia más allá de sus fronteras para alterar (…) el estado actual de las cuestiones geopolíticas”22 que están haciendo uso de esa capacidad para modelar las relaciones internacionales contemporáneas. Y en este contexto está teniendo lugar un fenómeno de indudable impacto global: el ascenso de China, que a lo largo de los primeros años del nuevo

21 America’s Strategy in World Politics, de Nicholas Spykman, ápud Peritore, 2010, pág. 3.

22 BRZEZINSKI, op.cit., 1998, pág. 49.

milenio se ha consolidado como uno de los principales actores de la sociedad internacional.

Consecuente con la “Estrategia de los 28 caracteres”, China ha estado esperando el momento oportuno para dar un paso al frente, desplegando una diplomacia focalizada en la cooperación económica y el soft power mientras consolidaba su desarrollo económico y su posición como potencia asiática. Ahora, una vez cumplidos en gran medida ambos objetivos, China aspira a posicionarse como potencia global. Y la estrategia de la nueva Ruta de la Seda constituye el mayor exponente de la ambición china. El titánico proyecto que suponen el “Cinturón Económico de la Ruta de la Seda” y la “Ruta de la Seda marítima del siglo XXI” responde a objetivos fundamentales tanto de política interior como de política exterior que China aspira a alcanzar para consolidar su desarrollo económico, lograr la estabilidad de sus fronteras y aumentar su proyección exterior como potencia. Por tanto, podemos afirmar que no nos encontramos “ni ante una acción altruista, ni ante una actuación de ayuda al desarrollo”23. La estrategia tiene unos propósitos de seguridad nacional perfectamente definidos, y la política exterior china durante los próximos años girará en torno a su consecución.

En definitiva, “la vecindad se ha convertido en la principal protagonista de la política exterior china, pero con una clara y firme voluntad de trascenderla”24, y en este sentido, la nueva Ruta de la Seda constituye una auténtica y geopolíticamente clara declaración de intenciones, que sin duda determinará el devenir de la diplomacia china en la próxima década. China ha dado un paso al frente, pero la longitud de esa zancada dependerá tanto de la propia voluntad de los dirigentes chinos como de su capacidad para implementar exitosamente la joya de la corona de sus aspiraciones geopolíticas.

Adrián Vidales García* Consultor Asuntos Públicos Analista de Con Copia a Europa

  *NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores, sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.

3 ESTEBAN Y OTERO, op. cit., 2015, pág. 1.

24 RÍOS, X. El proyecto de Xi Jinping, El País, 2015, 7 de febrero, disponible en http://elpais.com/elpais/2015/02/04/opinion/1423044517_371817.html. Fecha de la consulta 05.02.2016.

043.-¡Otro fraude! – Guillermo Perry

Urge dotar de poderes efectivos a las superintendencias para evitar que se vuelvan recurrentes los grandes fraudes. Cada cuatro años nos encontramos con que unos pícaros han despojado de sus ahorros, otra vez, a miles de ciudadanos y empresas: Grupo David Murcia Guzmán(DMG) en el 2008, Interbolsa en el 2012 y Estrategia en valores (Estraval) y Grupo Élite en el 2016.

25 de sept. de 2016.- Cada uno de estos casos es diferente. Pero han tenido una historia común: unos avivatos se aprovechan de la ingenuidad o la codicia de ahorradores y tesoreros, utilizando procedimientos que escapan al radar de las superintendencias hasta cuando la estafa ha adquirido proporciones masivas. Estos fraudes ocurren en todas las latitudes, pero no lo hacen con la frecuencia con que suceden acá en el trópico. Resulta indispensable dotar a nuestros supervisores de herramientas que les permitan advertirlos e intervenirlos en forma oportuna y que haya castigos ejemplares que tengan algún poder disuasivo.

Cuando en el 2008 estallaron los escándalos de DMG y otras ‘pirámides’, el presidente Uribe montó en cólera y destituyó al Superintendente Financiero. Pero DMG y compañía no eran empresas financieras y, por tanto, no estaban vigiladas por la Superintendencia Financiera, sino por la de Sociedades. Y esta solo tiene poderes para hacer una supervisión societaria de carácter muy general. Por ello, solo intervino cuando el Gobierno la autorizó mediante un decreto de emergencia (1) y pudo probar que DMG estaba haciendo “captaciones masivas e ilegales de dinero”.

Para entonces, DMG ya era un monstruo, con un complejo entramado de sociedades dedicadas a las ‘pirámides’ y al lavado de dinero, y con sucursales en Panamá, Venezuela y Ecuador. Y tenía gobernadores y congresistas en su nómina (2). Murcia y sus socios fueron finalmente condenados, pero los defraudados perdieron la mayor parte de los dineros que les confiaron.

Interbolsa era la empresa de bolsa más grande del país, vigilada por la Superintendencia Financiera. Pero esta solo pudo intervenirla en el 2012, cuando comenzó a tener problemas de liquidez e incumplió pagos. Resultó entonces que sus socios y asesores usaban un entramado de sociedades no vigiladas para cometer diversos tipos de fraude. Quedó claro desde entonces que la Superintendencia debe tener el poder de vigilar a todas las empresas de un conglomerado que posea empresas financieras. Hay un proyecto de ley al respecto que aún no ha sido aprobado. Urge hacerlo.

El fiscal Montealegre arrastró sus pies en el proceso investigativo y otorgó beneficios improcedentes a algunos implicados. Por fortuna, el fiscal Martínez acaba de revocarlos y ha anunciado que ahora, cuatro años después, la Fiscalía sí le pondrá acelerador al caso. Esperamos que así suceda.

Los casos de Estraval y Élite tienen su origen en una ley del 2014 que buscó, con buenas intenciones, un mayor acceso al crédito por parte de empleados, pignorando parte de sus salarios futuros a entidades no financieras y, por tanto, no vigiladas por la Superintendencia Financiera. Estas ‘libranzas’ han sido manejadas por los bancos por décadas sin mayores problemas. Pero al legislador del 2014 se le olvidó otorgarle poderes mínimos de vigilancia a la Superintendencia de Sociedades para evitar o intervenir oportunamente en casos de fraude. Y estos parecen haberse producido con rapidez a lo largo de toda la cadena (3). Solo cuando el problema explotó, el Gobierno sacó un decreto que da algunos poderes, aún insuficientes, a la Superintendencia.

Estos casos demuestran que es indispensable fortalecer las superintendencias y dotarlas de poderes más efectivos para advertir el inicio de nuevos fraudes e intervenir oportunamente. Expertos internacionales están proponiendo soluciones innovadoras a estos problemas, que serían eficaces sin exigir una carga regulatoria excesiva. El Gobierno y el Congreso deben estudiarlas y actuar con prontitud y decisión.

  1. Decreto 4334, 17 de noviembre de 2008
    2. ‘Semana’, noviembre de 2008
    3. ‘Semana’, septiembre de 2016

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otro-fraude/16710411

042.- La Unión Europea y el caso Barroso – ¿Las puertas giratorias se empiezan a cerrar? – Verónica Lechuga

 Las puertas giratorias, esa metáfora tan socorrida, ya que por ellas pasan casi todos los políticos y altos cargos cuando “giran” del ámbito público al privado. Los casos son numerosos: Rodrigo Rato, José María Aznar, Felipe González, Pedro Solbes, Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, Trinidad Jiménez, Esperanza Aguirre -aunque luego volvió a la política-…sin recordar famosos casos latinoamericanos.

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 ¡José Manuel Durâo Barroso, doce años al frente de la UE, pasaría ahora a dirigir la gigante financiera Goldman Sachs!

22 sep. 2016.- La lista es larga, pues casi todos los que han pasado por la vida política ‘sienten la llamada’ de la gran empresa cuando ponen fin a su etapa de servicio público. Además, se da la circunstancia que siempre suelen cruzar a alguna firma del Ibex 35 o multinacional de prestigio, nunca a una pyme que está empezando.

Todos los casos generan polémica en la opinión pública, si bien algunos siempre lo hacen más que otros. No obstante, si creíamos que esto era otra práctica‘typical spanish’ nos equivocábamos. Las puertas giratorias las usan en casi todos los países, ya que la tentación de un cargo diseñado a medida en una gran entidad es muy difícil de vencer.

Precisamente, hace unos días el antiguo presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, se ha visto en el centro de la polémica después de que Bruselas haya decidido abrir una investigación a su fichaje por Goldman Sachs por si plantea un “conflicto ético”, algo de lo que el portugués se ha defendido alegando que esto supone una discriminación respecto a otros miembros de la Comisión que han pasado después a la empresa privada. Para el caso: superético.

Si bien hay que tener en cuenta que las diferencias son sustanciales, ya que Barroso ha sido máximo dirigente de la institución europea durante nada menos que 12 años, así como anteriormente primer ministro de Portugal. Por lo tanto, no hablamos de un funcionario europeo cualquiera.

Un caso que sienta precedente

A pesar de que la entrada de Barroso en el gigante financiero americano se produjo 20 meses después de dejar su cargo en la UE -lo que implica que no tiene que avisar previamente a la institución de su nuevo trabajo, ya que han pasado más de 18 meses desde que dejase de ser alto cargo- su fichaje ha levantado ampollas en la corte europea.

La Defensora del Pueblo de la UE, Emily O’Reilly, quien fue la que levantó la liebre, ya que ha pedido a Bruselas que le confirme cómo ha evaluado “de conformidad” la contratación del portugués. Además, argumenta que el periodo de 18 meses no excluye que se lleve a cabo una cuidadosa evaluación de este tipo de contrataciones, ya que hay muchos intereses en juego, sobre todo la reputación de un organismo al que el Brexit ha puesto en entredicho.

Y es que es precisamente la salida de las islas británicas de la Unión sobre lo que se encargará de asesorar al banco americano Barroso, de ahí que la Defensora del Pueblo haya pedido información a Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, acerca de las directrices que ha dado al encargado de negociar la salida de UK, Michel Bernier, para relacionarse con Barroso.

De ahí que la Comisión haya decidido ‘cortar por lo sano’ y en una decisión sin precedentes haya cerrado el acceso del portugués a la institución, algo que le correspondía por ser un ex alto cargo. Además, Bruselas le ha puesto la etiqueta de ‘lobbista’, de la que huyen como de la peste los grandes ejecutivos del mundo de las finanzas y la empresa (aunque realmente lo sean).

¿Las puertas están dejando de girar?

Todo este revuelo que se ha causado en Bruselas ha coincidido en un momento especial en España en torno al tema de las puertas giratorias. En nuestro caso, la polémica ha estado protagonizada por José Manuel Soria, el ex ministro de Industria salpicado por los célebres Papeles de Panamá, al que su implicación en este desvío de fondos para no tributar en España le va a perseguir bastante tiempo.

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Una vez alejado de los focos políticos desde su dimisión el pasado mes de abril, a principios de septiembre volvía a salir a la palestra por su nombramiento por parte del Gobierno para representar a España en el Banco Mundial. Las críticas no tardaron en alzarse, ya que la ciudadanía consideró inmoral que un implicado en el escándalo de Panamá, por el que tuvo que dejar su cartera ministerial, fuese el enviado de España en la institución. Sobre todo porque se supo que iba a cobrar la friolera de 226.000 euros al año…libres de impuestos.

Ante el descontento popular y social, Soria se vio obligado a rechazar el puesto por órdenes de su partido, que todavía no ha conseguido formar Ejecutivo y que se vio entre la espada y la pared. Además, después se supo que la designación de Soria para el puesto no fue ni casual ni meritoria, sino que se hizo a dedo, contrariamente a lo que indicó el Gobierno.

De este modo, por primera vez en España la presión popular logró que la puerta giratoria se cerrase y no se volviese a producir un caso que bordea la moralidad y la ética política y ciudadana. El caso de Soria pone de relieve el hartazgo de la sociedad ante esta vía directa que tienen los altos cargos para colocarse en la gran empresa cuando su tiempo político termina y cómo ese clamor popular puede dar al traste con ese salto de un lado al otro.

¿Será Durao Barroso el próximo ‘obligado’ a dimitir en Goldman Sachs? Que no le extrañe a nadie, las puertas giratorias están empezando a pararse.

    http://www.elblogsalmon.com//entorno/las-puertas-giratorias-no-son-exclusivas-de-espana-la-ue-y-el-caso-barroso?utm_source=NEWSLETTER&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_conten

041.-“Corrupto”, el insulto más denigrante – Rosario G. Gómez

Una juez sostiene que la vinculación de cualquier persona con casos de corrupción tiene “una repercusión mediática muy importante y un efecto demoledor”

En Internet, todo lo que se publica tiene una repercusión global. VICENS GIMÉNEZ

10 sep 2016.-  Injurias, amenazas y vejaciones son delitos que han encontrado en Internet un fabuloso caldo de cultivo. A estas alturas todavía hay gente que sigue creyendo que en la Red impera la ley de la selva y que en foros, chats o redes sociales se pueden verter todo tipo de barbaridades impunemente. Apelar a la libertad de expresión para justificar riadas de improperios y dardos hirientes contra el honor de una persona sigue siendo un recurso habitual. Pero la libertad de expresión tiene límites muy claros.

Al igual que en el mundo físico, también en el ciberespacio la intromisión ilegítima en el derecho al honor acarrea consecuencias penales y económicas (en forma de multas e indemnizaciones a las víctimas). Las ofensas en la Red son especialmente nocivas y dañinas. Todo lo que allí se vierte tiene una repercusión infinita, como acaba de dictaminar la juez que ha visto el caso de los insultos aireados en varias webs contra la periodista de Televisión Española Almudena Ariza. Sostiene la juez (primera instancia) que lo que se publica en Internet permanece “casi de manera indestructible e imperecedera”, como se puede comprobar con una simple búsqueda a través de Google o de otros motores similares. Además, las piezas que recalan en la Red suman incalculables visitas y adquieren un eco de alcance global.

A la hora de insultar hay adjetivos especialmente perniciosos y denigrantes. Uno de los peores es llamar “corrupto” a alguien. La juez lo explica. Dice que teniendo en cuenta el momento político y social que nos toca vivir en la actualidad, con abundantes procedimientos penales por prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, delitos fiscales…, la vinculación de cualquier ciudadano con casos de corrupción tiene “una repercusión mediática muy importante y un efecto sobre su persona demoledor”.

La corrupción, que salpica a políticos, altos cargos de la Administración, familiares del Rey, poderosos exbanqueros, reputados artistas o famosos deportistas, es “un tema de extrema sensibilidad en el presente momento”, según la juez. Se diría que hoy en día no hay nada más humillante, ultrajante o que provoque más descrédito que llamar a alguien “corrupto” (“que se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar”, dice la RAE).

A Ariza, el documentalista Artur Balder la llamó en varias web “enchufada”, “manipuladora” y “corrupta” después de que la periodista declinara utilizar un vídeo de dicho autor para ilustrar un reportaje. Y siendo que, a tenor del fallo, ninguno de esos términos se sustenta en datos, investigaciones o sospechas de ilegalidad por parte de la periodista, la juez condena al documentalista a indemnizarla con 30.000 euros. La cantidad es bastante inferior a los 100.000 que reclamaba Ariza, pero se ajusta a las indemnizaciones que ha venido aplicando el Tribunal Supremo para casos de intromisiones ilegítimas en el honor o la propia imagen de personajes públicos. Al margen de la cuantía, lo importante es que estos, al fin, comprueban que los insultos tienen precio.

http://elpais.com/elpais/2016/09/10/opinion/1473522765_449524.html

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