• 39.19.-El fenómeno GalánPATRICIA LARA
  • “Los enemigos íntimos de la democracia”  – RODRIGO UPRIMNY

Carlos Fernando Galán se ha convertido en un fenómeno político: con su discurso no polarizante y la insistencia en mantener su independencia de los partidos, se ha sintonizado con el sentir de buena parte de la opinión que está mamada con la peleadera de Uribe y de Petro, y a la que el estilo de frecuente confrontación que caracteriza a Claudia López le suena a lo mismo, no obstante que está bien capacitada para ser alcaldesa.

18 oct 2019.- Esa actitud de independencia de Galán no es nueva. Por una parte, debió aprenderla de su padre, el carismático Luis Carlos Galán, quien creó el movimiento disidente Nuevo Liberalismo para oponerse a las prácticas clientelistas y corruptas del Partido Liberal. Por otra, la demostró primero en el 2015, cuando renunció a la presidencia de Cambio Radical porque ese partido apoyó para la Gobernación de la Guajira a Oneida Pinto, quien estaba investigada por corrupción en adjudicación de contratos, y a Luis Pérez, que quería la Gobernación de Antioquia y estaba cuestionado por sus aliados políticos.

18 oct 2019.- Después, en diciembre del 2017, Galán dijo que no aspiraría a su reelección en el Senado por Cambio Radical porque no estaba de acuerdo con el criterio usado para conformar la lista, que de nuevo incluyó a candidatos cuestionados. Y, finalmente, en el 2018, luego de que Cambio Radical apoyó a Iván Duque en la segunda vuelta, Galán renunció al Senado y al partido pues consideró que seguir ahí no era coherente con sus principios, y votó en blanco en la segunda vuelta.

Pero antes de retirarse del Senado, protagonizó un duro enfrentamiento con el expresidente Álvaro Uribe porque, en un debate de control político sobre supuestos actos de corrupción en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Galán puso en duda la legalidad de la participación de los hijos de Uribe en un proyecto que tienen en Mosquera (Cundinamarca). Uribe reaccionó a los gritos y Galán no se le quedó atrás, enfrentando al energúmeno senador.

Y ahora, como candidato a la Alcaldía de Bogotá, se ha posicionado como el vocero del centro, y ha presentado un equipo serio, integrado, entre otros, por tres exministros del gobierno de Santos: el de Justicia, Yesid Reyes; el de las TIC, David Luna, y el de Ambiente, Carlos Costa. También, por un exministro de Desarrollo de Pastrana, Eduardo Pizano; por Frank Pearl, miembro del equipo negociador con las Farc y el Eln; por la excandidata uribista a la Alcaldía, Ángela Garzón, destituida por Uribe; por Claudia Parias, reconocida gestora cultural, quien fuera directora de la Orquesta Filarmónica, y por su mano derecha, su hermano el exsenador Juan Manuel Galán. Con ese equipo capacitado, bajo su dirección reposada e inteligente, Galán puede hacer una alcaldía que logre en el Concejo los consensos necesarios para ejecutar sus planes de gobierno.

Pero a Carlos Fernando no sólo lo han favorecido su campaña tranquila, su política de independencia y su buena pinta, sino también las celebraciones que hubo con motivo de la conmemoración de los 30 años del asesinato de su padre, abaleado por el narcotráfico con el apoyo de políticos corruptos. Entonces, muchos bogotanos se sintieron en deuda con Luis Carlos Galán y decidieron votar por su hijo menor para la Alcaldía. Y Carlos Fernando se disparó en las encuestas.

Aún quedan 10 días y todo puede pasar. Pero si las cosas siguen como van y si Claudia y Petro no se unen, el alcalde será Galán.

www.patricialarasalive.com https://www.elespectador.com/opinion/el-fenomeno-galan-columna-886470

39.19.-“Los enemigos íntimos de la democracia”   – RODRIGO UPRIMNY 

Así se llama un bello y profundo libro de Tzvetan Todorov, uno de los más agudos pensadores contemporáneos, fallecido recientemente. La obra plantea una tesis sugestiva sobre los riesgos que enfrentan las democracias actuales, que vale la pena discutir en Colombia, sobre todo en estos períodos electorales.

20 oct 2019.- La tesis de Todorov se asemeja a la planteada en otro texto que también amerita ser leído: el bestseller de los profesores de Harvard Levitsky y Ziblatt, llamado Cómo mueren las democracias. La idea de ambos libros es que las democracias de hoy no terminan debido a que son asesinadas súbitamente por enemigos externos, como un golpe militar, como sucedió con la democracia chilena en 1973, o por la agresión de un Estado totalitario, como aconteció con la III República Francesa, destruida en 1940 por la invasión nazi. Hoy las democracias acaban distinto: su muerte es lenta, al punto de que a veces no es fácil decir cuándo ocurre, y su muerte es obra de enemigos internos y no de asaltantes externos.

Esos enemigos internos son, según Todorov, principalmente tres: primero, el populismo, que invoca el apoyo de las mayorías para destruir los controles horizontales, como la independencia judicial, que son elementos esenciales del Estado de derecho, que es a su vez una condición necesaria para que subsista una democracia digna de ese nombre.

Segundo, el mesianismo político, de quienes sienten tener una tarea tan importante para cumplir que deben actuar libres de cualquier atadura jurídica.

Tercero, el neoliberalismo, que rompe las solidaridades sociales, las cuales son esenciales a la cohesión de la comunidad política y que provoca, además, un incremento extremo de las desigualdades económicas, que mina la democracia.

Al fin y al cabo, como dijo hace ya más de dos siglos Rousseau, para que la democracia subsista es indispensable que “ningún ciudadano sea tan rico como para poder comprar a otro, ni ninguno tan pobre como para que se vea obligado a venderse”.

Esta amenaza a la democracia por sus enemigos internos no tiene un claro color político, pues a veces los ataques vienen desde la izquierda, a veces desde la derecha.

Un ejemplo de una democracia erosionada desde la izquierda es Venezuela: Hugo Chávez, un líder carismático con gran apoyo popular y triunfador en varias elecciones, consideró que tenía un mandato popular tan robusto y una tarea revolucionaria tan mesiánica que había que someter al Poder Judicial y a todos los órganos de control a la visión chavista. Eso no ocurrió de un día para otro, sino poco a poco, al punto de que no es fácil saber cuándo murió la democracia venezolana. Pero murió.

Un ejemplo de una democracia erosionada desde la derecha han sido los sucesivos gobiernos de Viktor Orbán en Hungría, quien ha ganado varias elecciones con base en una ideología nacionalista extrema, con tintes xenófobos. Orbán invoca sus triunfos populares y su tarea mesiánica de defender a Hungría de los migrantes para minar el Estado de derecho húngaro, sometiendo por ejemplo a la Corte Constitucional de ese país, que había sido un ejemplo de independencia y garantía de derechos en épocas anteriores. Si la democracia subsiste en Hungría, aunque gravemente amenazada, es tal vez por la presión ejercida por la Unión Europea, que ha limitado ciertas decisiones autoritarias de Orbán.

Una de las grandes dificultades para combatir a esos enemigos internos de la democracia es que usan el lenguaje y los instrumentos democráticos, como las elecciones, para minar la democracia. Algo a tener en cuenta al definir por quién votar el próximo domingo.

. h* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional ttps://www.elespectador.com/opinion/rodrigo-

  • 38.19.-¿Por qué Colombia no exporta más? – SALOMÓN KALMANOVITZ
  • Ni justicia ni democracia ambientales – RODRIGO UPRIMNY 

A pesar de una tasa de cambio devaluada desde 2015 y hoy cerca de los $3.500 por dólar, las exportaciones no tradicionales de Colombia no repuntan. Las excusas son que la guerra comercial de Trump o que se ha deteriorado el crecimiento de nuestros socios comerciales. La guerra del magnate contra China teóricamente debiera favorecernos con un aumento de la demanda por soya, maíz y sorgo que sustituya la oferta norteamericana, algo que están aprovechando Brasil y Argentina, pero no Colombia. La crisis global se está incubando mientras que la economía norteamericana sigue robusta, beneficiando a México, pero nada a Colombia.

7 oct 2019.- Las causas del estancamiento exportador del país son entonces propias y estructurales. Una que siempre ha existido es el alto costo país: los bajos impuestos y la abundante corrupción han impedido construir la infraestructura de transporte y otros bienes públicos (Ica, Invima, Incora, educación de calidad, puertos como Buenaventura), aunadas a la inseguridad jurídica y tributaria, que lubriquen el desarrollo en general y las exportaciones distintas al petróleo y al carbón.

Más importante quizás es la mala política macroeconómica que desde hace 30 años no ha contrarrestado la llamada “maldición de los recursos naturales” o enfermedad holandesa. Me explico: estar sometido a las rentas de las materias primas que exportamos da lugar a fases de revaluación de la moneda que socavan la producción de bienes transables que son aquellos que se exportan o compiten con las importaciones, mientras que las fases de precios bajos causan devaluaciones violentas que nos empobrecen y no alcanzan a recomponer los sectores destruidos o debilitados.

La evidencia más sólida de este fenómeno es la desindustrialización del país y el estancamiento de su agricultura. Si en 1975 la industria ocupaba casi una cuarta parte del producto nacional, hoy en día llega al 12 %. Las importaciones industriales pasaron de ocupar un 20 % de los consumos nacionales en 1990 a 40 % en 2015. Las importaciones de alimentos abarcan hoy casi el 30 % de los consumos, incluyendo el maíz, pero hace 30 años no alcanzaban al 10 %.

¿Por qué ha sido mala la política macroeconómica? La única forma de contrarrestar la enfermedad holandesa es que el gobierno aumente su ahorro, debilitando así la demanda por importaciones, y al mismo tiempo reduzca su deuda externa. Sin embargo, llevamos treinta años de déficits fiscales persistentes y un aumento de la deuda externa que ha agravado la revaluación del peso.

Hay dos países que lo hicieron mejor: Perú y Chile durante sus bonanzas mineras redujeron sus deudas externas y frenaron la revaluación de sus monedas. Tanto Uribe como Santos, por el contrario, aumentaron la deuda externa, de US$20,000 millones en 2003 a US$47,000 millones en 2017. En pleno auge, la voracidad de la clase política colombiana no tuvo frenos: no solo se gastaron las bonanzas, sino que dejaron endeudadas a esta generación y las futuras, lo que llevó a profundas revaluaciones y a posteriores devaluaciones.

Esa falta sistemática de ahorro se manifiesta en el déficit externo o en cuenta corriente que alcanza hoy el 4,5 % del PIB, el más alto del continente. El gobierno Duque-Uribe insistió en reducir impuestos para sustituirlos por endeudamiento externo que es irresponsable, exactamente lo contrario a lo que necesita la sanidad económica del país. Por todas estas razones exportamos poco y mal por siempre.

https://www.elespectador.com/opinion/por-que-colombia-no-exporta-mas-columna-884682

 

38.19.-Ni justicia ni democracia ambientalesRODRIGO UPRIMNY

Difícil de entender la decisión del gobierno Duque de no firmar el “Acuerdo de Escazú”, que busca fortalecer en América Latina la justicia y la democracia ambientales y reforzar la protección de los defensores del medioambiente. Es una decisión que contradice muchos de los discursos del presidente sobre su compromiso con el medioambiente, la transparencia y la protección de líderes sociales.

13 oct 2019.- El Acuerdo de Escazú (conocido así por el nombre de la ciudad de Costa Rica en que fue aprobado) es un tratado regional que busca aterrizar y darle dientes al Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, que es uno de los documentos fundacionales del derecho ambiental. Según este principio, la mejor forma de robustecer la protección ambiental es “con la participación de todos los ciudadanos interesados”, por lo cual debe garantizarse un acceso adecuado a la información ambiental y deben crearse recursos judiciales efectivos en materia ambiental.

Este propósito explica el nombre oficial completo del tratado, que es un ladrillo, pero que vale la pena mencionar, pues resume su contenido: “Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”.

El tratado hace entonces esencialmente cuatro cosas: i) Incrementa la transparencia en asuntos ambientales, fortaleciendo el derecho ciudadano a acceder a información ambiental y estableciendo deberes proactivos de las autoridades de suministrar esa información; ii) Refuerza la democracia ambiental, pues amplía y fortalece la participación ciudadana en este campo; iii) Mejora la justicia ambiental, pues prevé mecanismos judiciales ambientales, y, iv) Establece una protección especial a los defensores ambientales, a partir de la triste evidencia de que en América Latina estos líderes sociales están en máximo riesgo, en especial en países como el nuestro.

Más transparencia ambiental, más democracia ambiental, más justicia ambiental y más protección a líderes sociales ambientalistas. ¿Qué explica que el gobierno Duque se niegue a firmar un tratado con esos nobles propósitos? La razón dada por la Cancillería es que la suscripción del Acuerdo es innecesaria, pues Colombia ya cuenta con suficientes instrumentos nacionales e internacionales vinculantes en este campo. Esa justificación, sin embargo, no convence.

Supongamos que el acuerdo simplemente repite derechos ciudadanos y obligaciones estatales que ya existen en Colombia. Si así fuera, ¿qué problema tendría ratificar el tratado si solo habría ganancias para el Gobierno, pues sin asumir ninguna nueva obligación, el país reforzaría su credibilidad internacional y contribuiría a la protección ambiental en América Latina?

Mi conjetura es entonces que el gobierno Duque no firma el Acuerdo de Escazú no porque este sea redundante e innecesario, sino por otra razón: porque en realidad el tratado crea nuevas obligaciones y derechos, pero que no gustan al Gobierno. Por ejemplo, el artículo 7 del Acuerdo, que regula la participación pública en decisiones ambientales, daría un buen piso jurídico a las consultas populares para que los municipios puedan aprobar o rechazar la minería que tenga impactos ambientales negativos en sus territorios. Pero el gobierno Duque, continuando la línea extractivista de los gobiernos precedentes (en eso se parecen mucho Santos y el uribismo), no apoya esas consultas populares.

Todo indica que el gobierno Duque busca convencernos de que el Acuerdo de Escazú es inútil, para no asumir el costo político de su rechazo a los importantes mecanismos de democracia y justicia ambientales previstos en ese tratado.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional. https://www.elespectador.com/opinion/rodrigo-uprimny

  • 37.19.-Disciplina fiscal, ¿disciplina para perros? –    BERNARDO GARCÍA
  • 37.19.-Colombia tiene la segunda moneda más devaluada en el mundo

Al menos David Stockman, el jefe de presupuesto del gobierno de Reagan, pensaba así. Eran tiempos de la implantación del neoliberalismo y por lo tanto de la severa norma fiscal. Los gobiernos no debían crear déficits fiscales, sino gastar hasta donde alcanzaban los impuestos recolectados. Tampoco debían acrecentar la deuda pública. Pero la norma debía ser radical y draconiana. Sin concesiones, ni indultos. Así se había consagrado en el Consenso de Washington y así debía cumplirse en la nueva economía de la oferta. Era el secreto para remediar la inclemente y nociva inflación. Así lo cumplía la premier inglesa Margaret Thatcher.

Pero la economía de los Estados Unidos venía sufriendo la enfermedad de la estanflación (estancamiento más inflación) desde que sufrió el impacto de la fuerte alza de los precios del petróleo (1973), como retaliación árabe contra los países que apoyaron a Israel en la reciente guerra. La inflación de costos se había atacado con restricción monetaria y ni la inflación cedió, pero la economía se estancó. El presidente Reagan entonces soltó amarras. Creció el déficit fiscal, creció el endeudamiento público y bajó la tasa de interés.

El jefe del presupuesto David Stockeman puso el grito en el cielo. Reagan y el resto de políticos eran una partida de traidores. Renunció a su puesto y de inmediato publicó su libro: “La victoria de los políticos. Por qué la revolución de Reagan falló”. Formidable best seller, pero a su pesar la economía picó en punta sin rezagos inflacionarios. Entonces Stockeman replicó que el milagro no era keynesiano, sino monetario: la baja de la tasa de interés.

Claro que desde entonces la regla fiscal ha recorrido el mundo entero. Y con cierta rigidez. Porque se presume que los mercados regulan la economía, salvo el tema monetario que lo manejan los gobiernos con su Banco Central o sea emisor. Y los gobiernos son proclives a gastar más de la cuenta del monto de impuestos, imprimiendo billetes. Así la inflación desencadena sus tentáculos y los mercados entran en colapso de precios.

En parte es verdad. El ejemplo de la historia de los países del Cono Sur de Latinoamérica no cesa de venir a cuento, de tiempo atrás. El economista belga Denis Lambert publicó hace años una investigación famosa e irrefutable al respecto. El mal parece que yacía en algunos cerebros cepalinos de alta influencia. Pero claro que no todas las inflaciones son provocadas por una demanda monetaria excesiva, provocada por préstamos al gobierno. También existen inflaciones de costos, como el disparo de los precios del petróleo e inflaciones importadas por devaluaciones severas de la tasa de cambio, inflaciones de oferta por accidentes climáticos y también inflaciones oligopólicas… Pero las más frecuentes son en efecto las de demanda porque todos los gobiernos tienen algún grado de fiebre populista, dijo Milton Friedman.

¿Qué va a hacer Carrasquilla después de la regla fiscal?

El artículo 334 de la Constitución ya fue reformado. Sigue en pié que “la dirección general de la economía estará a cargo del Estado…” y todos los poderes concomitantes; pero se introdujo el concepto de “sostenibilidad fiscal” y la ley 1473 de 2011 que lo reglamenta crea el concepto de “Incidente de Impacto Fiscal” , con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal. Un Comité Fiscal consejero compuesto por académicos, investigadores  conceptúa al respecto sin obligación vinculante. Se prevee la creación de un fondo de ahorro para operaciones contracíclicas, cuando la economía crezca menos del dos por ciento.

Suficientes referentes para ponerle el estate quieto a los chicos populistas y también a los industrialistas. Esas dos tendencias presumen que los desajustes de corto plazo hay que capotearlos con lances de riesgo, sobre todo cuando domina la inversión de desarrollo y  largo plazo. De lo contrario es muy fácil entrar en una fase de momificación de la economía: bajo crecimiento del PIB y de las exportaciones, baja recaudación tributaria, estrecha atención a los sectores del Estado de Bienestar, y cero impulso a los sectores en desarrollo productivo… y por supuesto, perfecta observancia de la regla fiscal y un Estado más chiquito con estancamiento equilibrado. Como lo aprecian las empresas calificadoras de riesgo: Colombia mal, pero estable.

Albin Hansen ya desde 1941, con su obra Política Fiscal y Ciclo Económico, había formulado la lógica fiscal para romper ese círculo vicioso depresivo. De difícil entendimiento para los partidarios del Estado chiquito y equilibrado, y creyentes en el maná del capital extranjero.

37.19.-Colombia tiene la segunda moneda más devaluada en el mundo 

Nota Altereco.- El titular de esta nota sin autor, de Las2rodillas”, es muy ambigua. Si se trata de la moneda más subvaluada sería que la tasa cambiaria del mercado es mucho más baja que la “tasa real de cambio”. En realidad parece que venía más bien sobrevaluada y claro luego se devalúa fuertemente. Entonces se diría que Colombia ha sufrido en la fecha la tasa de devaluación de las más altas del mundo, pero puede continuar siendo sobrevaluada…

No paran los malos resultados para el gobierno del presidente Iván Duque luego de un año y un poco más de haber asumido el poder del país. En esta oportunidad se trata de una valoración basada en el cierre del precio del dólar durante este mes de septiembre, en donde se determinó cómo varios países emergentes han sido los más perjudicados con la guerra económica entre los gobiernos de Estados Unidos y China, en donde tristemente resalta Colombia como una de las naciones más perjudicadas.

Un informe publicado por el periódico La República, revela detalladamente cómo el alza del dólar habría devaluado significativamente el precio de la moneda colombiana en el mercado, con una caída del 12,5% en su precio, en relación al valor del mismo durante el año pasado.

Esta tendencia se vio reflejada en la pasada jornada del miércoles, donde el precio del dólar alcanzó su máximo valor de todo el mes de septiembre, ubicándose en 3.451,02 pesos colombianos. A pesar de que la tendencia al alza había mermado un poco, teniendo en cuenta el “subidón” vivido durante todo el mes de agosto que llegó a ser de 76,5 pesos por semana, el valor del dólar ha vuelto a subir desde que el Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos comenzó a bajar sus tasas de interés.

La nefasta lista en la que Colombia es una de las punteras solo es superada por la devaluación que atraviesa Argentina actualmente, logrando una caída en el precio de su moneda de aproximadamente un 33,02%, generando una enorme crisis interna en el país que se ha visto reflejada en los resultados de las elecciones primarias, mostrando un fuerte rechazo a las políticas económicas de su actual presidente, Mauricio Macri.

Artículo recomendado

“Los hijos de Uribe llegaron al gobierno como estudiantes y salieron millonarios”: Coronell

Los datos entregados por el diario muestran a los 10 países con monedas más devaluadas en el mundo durante el último año:

Argentina: 33,02%

Colombia: 12,5%

Hungría: 9,7%

Polonia: 8,9%

Rumanía: 8,7%

Chile: 8,2%

República Checa: 7,5%

Bulgaria: 6,9%

Corea del Sur: 6,9%

Sudáfrica: 4,2%

https://las2rodillas.co/colombia-tiene-la-segunda-moneda-mas-devaluada-en-el-mundo

  • 36.19.-Candidato en Medellín: “a desaprender la violencia”CRISTINA DE LA TORRE
  • Claudia LópezSALOMON KALMANOVITZ

Daniel Quintero, el candidato.

Es el fenómeno electoral. Desafiando el torrente de propaganda, dinero y violencia verbal propios de la política tradicional en campaña, un candidato independiente sacude a la opinión anhelante de cambio y amenaza con ganar la Alcaldía de Medellín: Daniel Quintero. Y es porque él mismo encarna el mensaje que quiere transmitir: cerrar brechas de inequidad, devolviéndole a la ciudad sus blasones de pionera en manufactura, ahora en modo de cuarta revolución industrial.

24 sep 2019.- Yo conozco las barreras que se le atraviesan a la gente de Medellín para salir adelante, declara este ingeniero criado en la Comuna 1, asediada durante décadas por milicianos, paramilitares y narcotraficantes. Se hizo a pulso. Bachiller y huérfano a los 14, fue vendedor ambulante, mensajero, maestro. Se graduó en la Universidad de Antioquia, fue a Harvard y a Boston; fue gerente de Innpulsa y viceministro de TIC. Le indigna comprobar “cómo nos roban el futuro”, la tiranía de balas perdidas que apagan la vida de jóvenes promesas y la entrega a los combos de niños sin esperanza.

 “Es hora de devolverle el honor a la palabra y rescatar el espíritu solidario que hicieron de Medellín la capital industrial de Colombia. Es hora de dar el salto al futuro: desde la educación, la recuperación de lo social y la reducción de las desigualdades. Queremos hacer de Medellín una ciudad que potencie el desarrollo y se levante por la vida”.

Para Quintero, las diferencias sociales, económicas y culturales no son herencia ni destino. Son fruto de inequidades ancestrales que han de transformarse mediante la construcción de la ciudad como sueño colectivo y diverso. Lo que sólo será posible con buena educación como derecho de todos y la resignificación de lo público. Cerrando brechas. Cruda consideración, se diría, para una sociedad de férreas jerarquías que se precia de igualitaria y presenta como justicia la ahorrativa caridad. Cruda, sí, para un amplio sector de la élite que se allanó a la desindustrialización, derivó en negocios con el narcotráfico y cogobernó con el paramilitarismo.

Propone el candidato un modelo de desarrollo afirmado en dos pilares: en un cambio educativo y en la generación de riqueza mediante la automatización de los procesos industriales, de cara a la revolución tecnológica que se avecina. Apunta su programa a una educación para el crecimiento económico en favor de todos y a la emancipación del hombre; a través del pensamiento libre, del pensamiento científico, de la creación artística y la participación política. Educación que enseñe a pensar con autonomía, a construir proyectos de vida, a rescatar el valor del servicio, a desaprender la violencia. Una educación integral que potencie el ser, el hacer y el servir.

En la automatización de la producción que combina máquina y proceso digital, será crucial la articulación universidad-empresa-Estado, en la cual pone Quintero el énfasis. Y no se parte de cero. Ya en Medellín opera el Comité que los integra, espacio de análisis y planeación de crecimiento social y económico sobre pilares de ciencia, tecnología e innovación cuyas bondades calibran de tiempo atrás los países desarrollados. Países celosos de depositar en el Estado el liderazgo de las grandes transformaciones, para proteger el trabajo del despotismo de la tecnología y del mercado.

Ave rara el candidato que en esta ciudad tan inequitativa y violenta se la juega con tal brío por un horizonte de desarrollo, por “derribar barreras sociales” y “desaprender la violencia”. Raro también —y esperanzador— este despertar electoral de inconformes y de marginados que se ven en el espejo de Quintero y en su programa de gobierno. Mucho dice que lograrán elegirlo alcalde.

https://www.elespectador.com/opinion/cristina-de-la-torre

36.19.-Claudia LópezSALOMON KALMANOVITZ

Voy a listar las cualidades de la candidata López a la Alcaldía de Bogotá por las que me parece la mejor opción para los ciudadanos de la capital.

Claudia no desciende de dinastías políticas. Surge de una familia humilde y asciende por sus esfuerzos y capacidades para coronar una carrera de servicio público destacada. Eso le permite desplegar una gran empatía con la mayoría de los habitantes de la capital y ponerse en sus zapatos para entender sus problemas y ayudar a resolverlos.

23 sep 2019.- Tiene una formación académica que ninguno de sus competidores está cerca de alcanzar. No es abogada, pero sí estudió biología y finanzas en sus pregrados, tiene un doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Northwestern en Chicago y una maestría en Administración Pública y Política Urbana de la Universidad de Columbia, Nueva York. Eso le permite desarrollar una visión de largo plazo, no solo para Bogotá D.C., sino para la ciudad región que el saliente alcalde ha despreciado olímpicamente.

Ha sido una adalid contra la corrupción y organizó el referendo que obtuvo más de 11 millones de votos y que los políticos en general y los candidatos continuistas en particular no parecen apoyar. Fue senadora por el partido Alianza Verde y durante cuatro años distinguida como la mejor y más diligente política en esa corporación. Hizo valerosas denuncias contra la parapolítica que han contribuido a que 50 de sus participantes hayan sido condenados por la ley. Defendió la prima y mejores condiciones laborales para las trabajadoras domésticas y logró hacer aprobar una legislación a favor del uso de la bicicleta.

Su primera preocupación es la seguridad de la ciudadanía para que viva sin miedo: “Libre de impunidad frente al delito, donde ciudadanos y autoridades cooperamos para que la vida y los recursos públicos sean sagrados y los bienes de los ciudadanos se respeten. Si el crimen no duerme, la seguridad y la justicia tampoco”.

Sus planes para la educación buscan aprovechar las instalaciones existentes para ponerlas a trabajar en todas las jornadas posibles, ampliando las coberturas al menor costo. Su consideración para encarar el problema de las basuras está basada en el respeto por los que tienen que sobrellevar el repleto relleno existente en la ciudad. Claudia buscará encontrar nuevos, reciclar al máximo y no simplemente otorgar contratos generosos a los compinches del alcalde de turno. No sufre del complejo de adanismo que uno de sus competidores cultiva con esmero ni del continuismo acrítico de los otros dos.

Su visión sobre el transporte es compleja y a la vez busca soluciones que utilicen la infraestructura existente: extender el metro de Peñalosa hasta Suba y Engativá, pues el de él solo llega hasta la 72 y ocasionaría un infarto en el corazón del norte de la ciudad. El de ella conectaría el sur con el norte y ambos con el oriente de la ciudad donde se concentra su vida económica y política. Se propone construir sobre lo construido y reparar lo destruido. Buscará utilizar los rieles que yacen subutilizados para construir un tren ligero que conecte desde Nemocón hasta la estación de la Sabana, pasando por Chía y Zipaquirá, también con capacidad de carga para aliviar la tremenda congestión de tráfico pesado que paraliza el desarrollo productivo de Bogotá. Se trata de un sistema de transporte público, masivo e intermodal.

Por sus virtudes y programas, Claudia López representa una oportunidad que tiene Bogotá para destrabarse, cambiar de rumbo y avanzar.

https://www.elespectador.com/opinion/salomonkalmanovitzhttps://www.elespectador.com/opinion/salomon-kalmanovitz

35.19.“Capital e ideología” de Thomas Piketty: la propiedad es el malJOSEPH CONFAVREUX, FABIEN ESCALONA Y ROMARIC GODIN

Desde las 1.200 páginas de su última obra, Piketty, destroza el debate público y político, explorando vías para, en concreto, “superar al capitalismo”. Pero, ¿cómo ejecutar esas propuestas radicales tratando de redefinir la noción misma de propiedad? ¿Bastarán para destruir las bases del hiper-capitalismo contemporáneo?

14 sep 2019.- “Es más fácil imaginar el fin del mundo que el del capitalismo”. Thomas Piketty se compromete en su última obra a nada menos que a desmentir la famosa sentencia del filósofo estadounidense Frederic Jameson, pretendiendo proporcionar herramientas para “superar el capitalismo”, saliendo de una glaciación ideológica catalizada por los fracasos del sovietismo real.

Después de “El capital en el siglo XXI”, excavadora editorial que vendió 2,5 millones de ejemplares en el mundo, donde documentaba la explosión de las desigualdades patrimoniales mundiales, el economista pasa a los trabajos prácticos y políticos. En Capital e ideología (Seuil), radicaliza su pensamiento e investiga los medios para criticar en concreto un régimen desigual actual cuyos efectos destructores sobre el planeta y los seres humanos no pueden proseguir.

Considerando que su libro de 2013 era demasiado occidentalo-céntrico y trataba “las evoluciones político-ideológicas respecto a las desigualdades y la redistribución como una suerte de caja negra”, busca ampliar su campo de investigación, que extiende desde la “complejidad multicultural de los jatis” en India, a los concursos imperiales chinos, pasando por la “propuesta 2x + y” debatida en 1977-78 en el Reino Unido…

Así Piketty quiere forjar una “idea más exacta de lo que podría llevar a una mejor organización política, económica y social para las diferentes sociedades del mundo en el siglo XXI” proponiendo para ello, “elaborar el perfil de un nuevo socialismo participativo para el siglo XXI

Esta grandísima (¿excesiva?) ambición implica “reconsiderar la propiedad justa, la educación justa y las fronteras justas” mientras nos encontramos en una fase de radicalización de las injusticias y desigualdades, a las que el investigador consagra numerosos tramos de su obra para rehacer la génesis.

Se remonta para ello hasta las “sociedades ternarias” en las que la población se dividía según su función guerrera, religiosa o laboriosa, porque “la estructura de las desigualdades en las antiguas sociedades ternarias radicalmente está menos alejada de la hoy existente de lo que a veces imaginamos”; y sobre todo, considerando el hecho de que “las condiciones de la desaparición de las sociedades trifuncionales, profundamente variables según los países, las regiones y los contextos religiosos, coloniales o postcoloniales, han dejado rasgos profundos en el mundo contemporáneo

Su estudio de las sociedades coloniales y esclavistas le permite por su parte, establecer la “continuidad entre las lógicas esclavistas, coloniales y de propietarios”. Y mostrar la cuasi-sacralización de la propiedad que enraíza en el siglo XIX, a partir de la crítica a las sociedades de  orden, como se deriva del hecho de que, cuando la esclavitud es abolida, no son los esclavos los indemnizados, sino sus propietarios, Y eso pese a que esta decisión, en el caso británico, ha gravado al presupuesto del país y sobre-explotado a los contribuyentes ordinarios. Y en el caso francés, llevó a exigirle a Haití, bajo amenaza militar, el pago de una deuda inicua que gravó severamente toda posibilidad de desarrollo de la isla.

Esta inmersión profunda en la historia y amplia en la geografía, que los especialistas de esas épocas y países podrán sin duda criticar en detalle, le permite subrayar la diversidad de origen de las desigualdades, ya radiquen en la pesada herencia histórica vinculada a las discriminaciones raciales y coloniales y a la esclavitud (sobre todo en Brasil, África del Sur y también en Estados Unidos), bien sea en factores más “modernos” vinculados, por ejemplo, a la hiper-concentración de las riquezas petroleras, como en Oriente Medio que constituye actualmente la región más desigual del mundo.

Ante todo, ello le permite establecer que las desigualdades no son en absoluto naturales, culturales o civilizatorias; y que las trayectorias y bifurcaciones desiguales o igualitarias, pueden ser enormemente rápidas. Uno de los casos más sorprendentes es el de Suecia, país que pasó de una sociedad de órdenes a una “democracia hipercensitaria”, con derechos de voto proporcionales a la fortuna en la que un voto valía por cien, antes de convertirse en una de las sociedades más igualitarias del mundo.

El investigador subraya en esta ocasión que son “únicamente las movilizaciones populares notablemente eficaces, las estrategias políticas concretas, y las instituciones sociales y fiscales muy precisas, las que han permitido a Suecia el cambio de trayectoria”. En sentido inverso, los Estados Unidos, que se sitúan hoy en cabeza de la profundización del vértigo de la desigualdad, fueron, a partir de los años 30 hasta los 70, adelantados en el despliegue de impuestos progresivos masivos y de políticas de redistribución ad hoc.

A pesar de estos ejemplos históricos de la rápida erosión de los sistemas igualitarios o desiguales, a partir de comprobar donde la concentración de patrimonios no ha cesado de ser enormemente fuerte, ya sea en el siglo XIX, el XX o al inicio del XXI, ¿pueden las cosas realmente cambiar? En Francia la parte detentada por el 50% de los más pobres ha sido siempre extremadamente débil: en torno al 2% del total de patrimonios en el siglo XIX, apenas algo más del 5% hoy…

El período de reducción importante de las desigualdades mundiales en cualquier caso respecto a las clases medias, entre 1914 y 1970, señala a la vez que es posible una evolución masiva; pero esta reducción solo podrá hacerse en favor de las clases populares a condición de cambiar simultáneamente la escala y la naturaleza de la lucha por la igualdad. Para ello Piketty apunta una propuesta radical: un cambio profunda de las relaciones de propiedad, que no sea una extensión infinita y autoritaria del dominio de la propiedad pública tal como se hizo bajo el socialismo real.

Propiedad temporal y herencia para todos

Más allá de propuestas interesantes y en ocasiones ya formuladas, de reforzar la progresividad del impuesto sobre rentas y sucesiones; de desplegar una renta básica integradas en un dispositivo global sin sustituir la política social; de reinserción de los mercados en la línea de Karl Polanyi; o incluso de ampliación y profundización de la propiedad social de las empresas relacionada con la cogestión nórdica o alemana, el núcleo de la tesis pikettiana radica en la implantación de un impuesto anual y altamente progresivo “sobre la propiedad, para permitir financiar la dotación de capital para cada joven adulto y desplegar una forma de propiedad temporal y de circulación permanente de los patrimonios” Esta imposición anual de los patrimonios importantes permitiría una “difusión patrimonial”, que constituye hoy simultáneamente, el ángulo muerto y el callejón sin salida de toda la política contemporánea.

Esta herramienta fiscal tendría la ventaja de aplicarse a todos los activos, incluyendo los financieros, contrariamente al impuesto inmobiliario, y adaptarse con mayor rapidez a la evolución de la riqueza. Permitiría así no “esperar a que Mark Zuckerberg o Jeff Bezos cumplan 90 años para transmitir su fortuna y comenzar a hacerles pagar impuestos”. Si queremos que el 50% de lo más pobres detenten finalmente una porción no despreciable de las riquezas nacionales, necesitaremos para eso “generalizar la noción de reforma agraria transformándola en un proceso permanente incluyendo al conjunto del capital privado”.

Thomas Piketty llega incluso a establecer un esquema exhaustivo de esta evolución fiscal y mental. El impuesto anual sobre la propiedad y el impuesto sobre sucesiones, aportarían en total en torno al 5% de la renta nacional; cantidad que se emplearía totalmente en financiar una dotación en capital dedicada a los jóvenes adultos, por ejemplo de 25 años, en forma de “herencia para todos”; mientras que, el 50% de los más pobres hoy no reciben casi nada. Esto permitiría también un rejuvenecimiento de los patrimonios “lo que permite pensar que sería algo excelente para el dinamismo social y económico

Este impuesto no sustituiría al impuesto progresivo sobre la renta, en el que el investigador incluye las cotizaciones sociales y una tasa progresiva sobre las emisiones de carbono, permitiendo alcanzar casi el 45% de la renta nacional pudiéndose con ello financiar la totalidad del gasto público, en concreto la renta básica y sobre todo el Estado social: salud, educación, jubilaciones,…

Este sistema designado con los términos de “socialismo participativo”, se basa en una propiedad social ampliada y en la invención de una propiedad temporal, según Piketty, no tiene “ya gran cosa que ver con el capitalismo privado tal y como lo conocemos actualmente”. Constituye en su opinión “una superación real del capitalismo” que permite trazar otra ruta, que no sea, ni el endurecimiento de la ideología del propietario, ni la retirada nativista.

Alguna de las conclusiones obtenidas pueden parecer radicales”, escribe el investigador, Y así sin duda las recibirán los socialdemócratas a quienes la obra parece en principio destinada, si hemos de creer el masivo plan de comunicación de la obra imponiendo un embargo al 12 de setiembre, excepción hecha de los principales medios de la socialdemocracia; a saber, Le Monde, Obs y France Inter.

Sin embargo, la obra de Piketty, también obligará a posicionarse a la izquierda radical, y sobre todo a responder a la afirmación del autor, según la cual ciertas formas de organizar las relaciones de propiedad en el siglo XIX, “pueden suponer una superación del capitalismo mucho más real que la vía consistente en prometer su destrucción sin preocuparse de su sustituto”.

No obstante, antes de que llegue a ser lo que pretende, a saber: un “antídoto a la vez contra el conservadurismo elitista y la esperanza revolucionaria de la gran noche” la obra del autor enfrenta el deber de superar dos tipos de límites: la definición estricta que propone a la vez del capital y de la ideología; y la política adecuada a desplegar para lograr que tal edificio revolucionario en términos fiscales e ideológicos, no se convierta en una fábrica de gas de papel.

En efecto, la ambición de Piketty es tan loable como rara, dado que incluso los partidos de la izquierda radical apenas han producido, al margen de algunas consignas, auténticos proyectos para salir del capitalismo real. En tanto se trata de la condición sine qua non para acabar con el desastre climático, social y político contemporáneo, subsiste una duda sobre los medios teóricos y prácticos que el autor ofrece realmente al final de 1.200 páginas que pretenden, precisamente, ofrecer soluciones concretas para el análisis de situaciones concretas, parafraseando a Lenin.

La lógica de acumulación permanece intacta

El primer interrogante se refiere a la definición de los términos que dan título al libro,”capital” e “ideología”, y la dialéctica posible entre ambas nociones. Si la aportación principal de la obra lleva a una redefinición de la noción misma de propiedad, reduce muy a menudo, la noción de capital a la de patrimonio. Arriesgándose a privarse de los medios de “superar al capitalismo”, como trata de proponer. El capitalismo se apoya en una lógica de acumulación y una explotación del trabajo para el beneficio y en la obra estas no se ponen claramente en entredicho.

Desde luego, la extensión de la propiedad social, reforzando la democracia en las empresas, reduce la autonomía del uso de la plusvalía realizada, en tanto que la invención de una propiedad temporal debilita la acumulación de capital. Pero esto no permite erosionar esos dos pilares del capitalismo, sin que paralelamente, la necesidad de acumulación del capital se reduzca por el despliegue de un modo alternativo de respuesta a las necesidades de la sociedad.

Ahora bien, Thomas Piketty, estima que la cuestión de las desigualdades es la clave universal para resolver la cuestión social, la ecológica y para superar al capitalismo. Así pues, si la necesidad de acumulación no desaparece; dicho de otra forma, si el funcionamiento de la economía sigue dependiendo de esta acumulación para producir valor, entonces el hermoso edificio del autor corre el peligro de tambalearse. En efecto, nada garantiza que el despliegue de un impuesto anual sobre el patrimonio que permita su circulación baste para acabar con la necesidad de acumulación de capital, ni con los efectos de alienación y dominación propios del capitalismo.

Si la sociedad continúa funcionando con el modo actual, incluso con menos desigualdades, la necesidad de acumulación para financiar el empleo, la inversión o la innovación, solo podrá, in fine, llevar a ejercer una presión sobre la fiscalidad del capital. Sobre todo, la presión ejercida por los capitalistas sobre el empleo, llevará necesariamente a reequilibrar la política a su favor.

No es cierto que el armazón de Piketty permita, incluso dando más peso a los asalariados en las empresas, modificar la dialéctica entre trabajo y capital susceptible de trastocar el hipercapitalismo actual. Un elemento de la obra apunta esta inquietud: la superación del capitalismo solo debe lograrse con mesura en las PME. En las pequeñas empresas, Thomas Piquetty defiende un poder sólido del capital, en nombre de los “sueños” del patrón que aporta su capital, mientras que el asalariado, podría irse “de un día para otro”. Extraño cuadro que constituye precisamente la justificación actual del poder del capital sobre el trabajo, pero que mantiene su lógica en la medida en que el capitalismo siga funcionando como antes, mediante extracción de plusvalía, circulación y acumulación.

La otra perplejidad concierne al segundo término del título elegido por Thomas Piketty. Juntar así “capital” e “ideología”, cuando su libro precedente solo incluía en su portada el primer término, es una forma para el economista de formación como es, en insistir, como lo hace en todo el contenido del libro, en la idea central de que la ciencia económica no puede existir fuera de las ciencias sociales. Nada de lo económico puede entenderse sin estudiar los subyacentes sociológico, político e histórico.

Aunque poco específico en sus referencias, Thomas Piketty se inscribe en la tradición heterodoxa que insiste en la importancia de las instituciones y se opone al carácter “natural” de la economía. Contrastar esta “naturalidad” con la prueba de la historia le permite acabar con tal mito y es la principal virtud de la larga, y en ocasiones laboriosa, serie de descripciones históricas de la obra. Siempre es útil recordar esta sana verdad de que el régimen económico presente no es fruto de un destino ineluctable, orgánico y metafísico, sino de opciones humanas, susceptibles de modificarse.

Esta inquietud ¿bastaría para entender lo que es una ideología, considerando que el autor apenas se somete a discusiones con los filósofos que han dilucidado esta cuestión? Thomas Piketty afirma que “las desigualdades son de origen ideológico y político”, insistiendo sobre “la autonomía” de esta esfera del relato en su acción sobre lo real. Invierte y “reformula” así el texto del Manifiesto del Partido Comunista pretendiendo que en adelante “la historia de toda sociedad hasta nuestros días solo ha sido una lucha de las ideologías y de la búsqueda de la justicia”. Así pues, una búsqueda intelectual.

También afirma en varias ocasiones que “toda la historia de los regímenes desiguales muestra que lo son ante cualquier movilización social y política y los experimentos concretos que permitan el cambio histórico”. Dicho de otro modo: son más bien las condiciones reales de existencia las que implican reacciones y hacen progresar la historia.

Esta tensión se vincula al bloqueo del paradigma fordista de los años 1930-70 que Thomas Piketty rechaza todo el tiempo. Sin embargo, si este período acabó, ante todo fue porque no respondía ya a su función primaria que había llevado a su creación en los años 30: precisamente la de salvar al capitalismo de sus excesos. El autor lo confiesa: desearía recuperar el hilo de la historia en los 70, en el momento del frenazo del progreso socialdemócrata. No obstante, este paro no es un accidente de la historia. Es el resultado del fracaso de la visión socialdemócrata “evolucionista” del capitalismo hacia una superación pacífica y gradual, fracaso tan evidente como el derrumbe de la economía soviética.

Si el libro de Piketty sufre con la dialéctica capital ideología en toda la amplitud de ambos términos, es porque está atrapado por un espectro, el de Marx, que rehusa tomar plenamente en serio incluso cuando el pensador de Tréveris plantea cuestiones ineludibles para su objetivo y esenciales para sus proposiciones, a partir del momento en que denomina a su obra Capital e ideología…

Así, ¿podemos considerar que la cuestión de las desigualdades puede resolverse independientemente de los conceptos de alienación y explotación? Mientras el trabajo efectivamente pierde el control sobre su producto en beneficio del capital, las propuestas de Thomas Piketty se debilitan. A menos que este último espere a que simplemente pueda “comprar” de algún modo la adhesión de los asalariados a esta alienación mediante menos desigualdades. Pero la historia, en particular la de los años 1960 y 70, muestra precisamente lo contrario.

Finalmente, es el gran pesar que deja su lectura: la falta de una teoría del valor y sin duda también una teoría monetaria, a la altura de la ambición del libro. Es lástima que no haya tenido un auténtico diálogo con Marx, como con los teóricos neoliberales o post keynesianos. Esta falta es lamentable porque las desigualdades como bien muestra Piketty, son un medio poderoso para destacar y articular la necesaria superación del capitalismo. A condición de ir más allá de la cuestión de la propiedad, como por otra parte lo hacen algunos teóricos, sobre todo más allá del Atlántico, y sin olvidarse de las formas concretas de salida del capitalismo experimentadas a escala local.

“Coalición igualitaria” e “izquierda brahmánica”

Aunque deseables respecto a lo existente, la eficacia y la radicalidad de las soluciones de Piketty corren el riesgo de mostrarse más limitadas de lo esperado, cuando se las compara con el conjunto de lectura más crítica de los fundamentos últimos del capitalismo. Y este límite teórico a la ambición de la obra se acentúa con una interrogación política sobre las formas de desplegar tales medidas.

El autor en la última parte de la obra, reflexiona sobre las condiciones necesarias para que una nueva “alianza igualitaria” recuperando de cero el programa malogrado de la socialdemocracia,  y realice la revolución fiscal que se propone. Lo que supone, en primer término, recuperar a las clases populares desarraigadas de los partidos de izquierda.

En efecto Piketty recuerda hasta que punto la izquierda electoral, en otra etapa sobrerrepresentada entre los ciudadanos menos provistos en patrimonio, ingresos y titulaciones, obtiene ahora sus mejores resultados entre los más instruidos. Asocia esta “vuelta” al surgimiento de un “sistema de élites multiples”, en el que los “ganadores del sistema educativo” votarán a la izquierda (lo que designa con los términos de “izquierda brahmánica”), mientras que la derecha electoral, bautizada como “derecha mercantil”, seguirá atrayendo “las más elevadas rentas  patrimoniales”.

En este esquema, las capas populares han quedado huérfanas de representación política. Si algunas fracciones, de hecho más a la derecha, han podido verse atraídas por las sirenas “nativistas” que abonan el rechazo a la inmigración postcolonial, otras han salido simplemente del juego electoral engrosando las filas de los abstencionistas. Las propuestas de Thomas Piketty ¿pueden constituir la base de una coalición igualitaria que recupere un voto popular liberado de la explotación identitaria fijada férreamente, sobre todo en el ámbito étnico-racial y religioso? Ahí todavía, la ambición del investigador corre el riesgo de topar con ciertos límites.

En efecto, el economista dialoga más bien poco con la producción contemporánea en ciencia política, aunque se fije el objetivo, en la última parte de su obra, de “rehacer las dimensiones del conflicto político”. En este asunto, como diplomáticamente subraya la electoralista Nonna Mayer, hay ya disponibles una plétora de trabajos, de los que Mediapart, se ha hecho eco en ocasiones. Comportándose como un catalizador más que como un continuador o un polemista crítico, Piketty se ahorra matices y discusiones que hubieran podido haber enriquecido su aportación.

Por ejemplo, algunos trabajos han mostrado que el alejamiento de los obreros respecto a la izquierda, ha precedido a la experiencia del poder, lo que Piketty considera que constituye un momento de transición provocando un sentimiento de abandono. En el caso francés, Florent Gougou sitúa el inicio de esta dinámica en las elecciones legislativas de 1978, cuando el PS y el PCF se situaban en plataformas radicales y aún no habían tenido tiempo para decepcionarles. El investigador pone en evidencia que el motor del cambio fue ante todo generacional: las nuevas cohortes de obreros se socializaron en contextos materiales e ideológicos diferentes de sus ancestros y de ahí los comportamientos electorales diferentes.

Tener in mente la cronología del alejamiento permite medir la amplitud del desafío planteado a la izquierda en su relación con las capas populares, en la medida en que la simple restauración de un discurso pro-redistribución, no bastará probablemente para convencer a las capas sociales que han sufrido tres decenios de crisis económica. Ha ocurrido una evolución estructural que supera con creces los efectos de los ciclos de gobierno. Piketty destaca claramente el carácter gradual de esta pérdida de audiencia de la izquierda, y de la tendencia contraria al acercamiento a la misma de los más titulados. Más bien es para sacar la conclusión de que “la izquierda electoral ha pasado del partido de los trabajadores al partido de los titulados sin realmente haberlo deseado y sin que nadie haya estado en posición de decidirlo

Para un lector francés que haya vivido los debates respecto a la nota de Terra Nova en 2011, la afirmación puede sorprenderle. Incluso puede remontarse hasta los años 60 para encontrar en Jean Poperen, futuro nº 2 del PS, una alerta contra la tentación “social-tecnócrata”. Señalando el ascenso de una “burguesía técnica” amenazando con reproducir la subordinación de los trabajadores ordinarios, temía “el encadenamiento” de estos últimos “al carro de los organizadores, managers oficiales <del>capitalismo”. Resulta difícil defender el efecto sorpresa…

La categoría de “izquierda brahmánica” tampoco parece convincente del todo. El economista ciertamente pretende señalar el riesgo de elitismo que acecha este campo, y llama a remediarlo mediante una agenda socio-económica capaz de reunir a las clases medias y populares contra las rentistas. Sin duda se juntarán más en este plano donde pueden construirse alianzas, que en el de las cuestiones culturales (leer la entrevista con Line Rennwald).

Pero el hecho de importar un vocabulario de castas indias para analizar la estructura sociopolítica occidental parece arriesgado, tanto, que más allá de la metáfora, las categorías titulados así mostradas no implican una élite a situar en el mismo plano que la de los propietarios, a excepción de en términos numéricos. Habiendo aumentado claramente en el conjunto de la sociedad el nivel de formación, era indispensable para la izquierda hacerse también la representante de capas socio-demográficas con mayor peso electoral al contrario de los más ricos detentadores de capitales. Además, los graduados son también trabajadores, lo que no hace menos indispensable una alianza con el asalariado ejecutor.

Por otro lado, una parte creciente de los “brahmanes” no convierten tampoco su nivel de diploma en comodidad, estabilidad y poder de decisión. Así pues, es justamente en reacción a un sistema capitalista cuya crisis afecta ahora a capas enteras de las clases medias, cuando estas últimas proporcionan batallones de una nueva izquierda ofensiva con la que Piketty se solaza en su libro y que encarnan las figuras de Podemos o de los Demócratas socialistas como  Ocasio-Cortez.

Arriesgadas propuestas fiscales, o incluso de igualación de los gastos de enseñanza per cápita, ¿estarán a la altura de tal época? Todo depende de la interpretación hecha del recorrido respectivo de la democracia y del capitalismo a lo largo de los ciento cincuenta últimos años. Ahí, todavía merecería hacerse una discusión más profunda.

En efecto, Piketty estima que sus propuestas se inscriben en la corriente de un “movimiento hacia el socialismo democrático que transcurre desde fines del XIX”, interrumpido por la revolución conservadora de los años 80 y la caída del comunismo. Algunos politólogos, como el malogrado Peter Mair, consideran por ello que el auténtico paréntesis fue el de los tres decenios de postguerra, denominados los “treinta gloriosos” en Francia. Un período durante el cual las democracias liberal-representativas, fueron particularmente estables e inclusivas, gracias a los compromisos facilitados por niveles de crecimiento históricamente excepcionales (lo que el propio Piketty mostraba en su obra precedente.

Bajo este prisma, el endurecimiento neoliberal demostrará más bien la vuelta a un juego político de suma cero entre intereses sociales antagónicos. Los intentos de justicia fiscal podrían por tanto toparse con resistencias acérrimas que necesitarían, para ser superadas, un grado de conflicto muy alejado de las aspiraciJump to navigation

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“Capital e ideología” de Thomas Piketty: la propiedad es el mal

Joseph Confavreux, Fabien Escalona y Romaric Godin 14/09/2019

Joseph Confavreux, Fabien Escalona y Romaric Godin  son periodistas de Mediapart, Francia. https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/110919/capital-et-ideologie-de-thomas-piketty-la-propriete-c-est-le-mal?onglet=full  Traducción:Ramón Sánchez Tabarés

  • 34.19.-Manos a la obra de la paz
  • CRISTINA DE LA TORRE 

Rechazo a la guerra.

Un dramático llamado a defender la paz, hoy sometida a su más grave crisis por el regreso a las armas de “Márquez y su banda”, emitió esta semana Sergio Jaramillo. El camino, una tregua política para la paz. Fortín (con Humberto de la Calle) del acuerdo con las Farc que clausuró una guerra de medio siglo, para Jaramillo la crisis podrá revertirse si se adoptan con serenidad, rapidez, inteligencia y determinación medidas concretas que nos convoquen a todos: a funcionarios del Gobierno, congresistas, estudiantes, gobernadores y alcaldes; a víctimas, empresarios, sindicatos e iglesias; a periodistas, organizaciones de la sociedad civil, agricultores, excombatientes, comunidades en los territorios y ciudadanos del común.

El ligamento, un rechazo sin atenuantes a las armas en la vida pública. Las cartas están sobre la mesa, escribe: si el Gobierno sabe jugarlas, todos lo apoyaremos; la paz y la seguridad saldrán fortalecidas.

10 sep 2019.- Pese a precedentes como el de la acción unificada contra la corrupción que el presidente recogió tras pronunciamiento de casi 12 millones de colombianos y dejó escapar entre sus dedos. Pese a la jubilosa reanimación del extremismo de derechas a la sola idea de volver a la guerra, propone Jaramillo poner en salmuera divergencias ideológicas y electorales para concentrarse en obras tangibles de posconflicto, algunas en marcha.

En su sentir, el foco de la paz debe orientarse hacia tres conglomerados. Primero, hacia los reincorporados de la guerrilla. Urge un plan de choque de acompañamiento y apoyo activo a los proyectos productivos. Que los rodeen los empresarios con asistencia técnica y canales de comercialización de productos. El suministro de tierra para reinsertados no da espera. El segundo foco son las víctimas. De todas las traiciones de Márquez y Santrich, afirma, esta es “la más repugnante”. Los deudos de la guerra deben movilizarse para exigir sus derechos. Y la justicia transicional, fortalecerse en los territorios. En tercer lugar, las comunidades. Gracias a que el Gobierno finalizó ya el proceso de planeación participativa en los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, se trata ahora de formular los programas concretos. El ministro de Hacienda habrá de tratar esta crisis como el equivalente de un enorme desastre natural: no podrá mezquinar los recursos.

Es en los territorios, concluye, donde se va a jugar el futuro de la paz y de la seguridad. Si a la población le cumplen, ésta se convierte en formidable muro de contención contra la violencia. Para el analista Alejandro Reyes, cuidar el Acuerdo de Paz es el mejor antídoto contra la guerra. Y la responsabilidad primera recae en el Estado.

Escollos abundan. ¿Cómo conquistar a la derecha ultramontana, no digamos todavía para la modernización democrática del campo todo y de la política, sino para que no sabotee este programa mínimo de paz? ¿Cómo conseguir que embozale, o atenúe su vocinglería de guerra, savia del neolaureanismo renaciente que la anima y da sentido a su proyecto estratégico? ¿Cómo lograr que los empresarios saquen un duro de su obesa faltriquera para el desarrollo territorial? ¿Cómo alinear a la Fuerza Pública en el respeto a los Derechos Humanos y al tratado de paz inscrito en la Constitución? ¿Cómo neutralizar la pertinaz ofensiva legislativa del Gobierno y su partido contra el Acuerdo? Con movilización en masa por la paz. Movilización de los partidos independientes y de oposición; de las organizaciones sociales y populares; de la ciudadanía, que adoptó la paz como derecho. Movilización de las comunidades que llevan lustros reconstruyéndose solas, enjugando una lágrima aquí, abrazando a un niño allá. Las primeras en poner manos a la obra de la paz.

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  • 33.19¡Qué torpes! PATRICIA LARA
  • Contra el atavismo de la guerra, la audacia de la pazRODRIGO UPRIMNY
  • ¿Pacto secreto entre el uribismo y “Márquez”?CRISTINA DE LA TORRE
  • Los disidentes de la paz – MAURICIO CABRERA
  • ¿El retorno de la guerra?SALOMÓN KALMANOVITZ

La decisión de Márquez y Santrich de reiniciar la lucha armada después de firmar la paz demuestra su torpeza política y su infinita incapacidad de entender el país y de percibir cuáles son los sentimientos de su gente; pero también denota su egoísmo y su narcisismo descomunal. Porque independientemente de que la implementación del Acuerdo de Paz haya sido lenta; de que la reforma rural integral

las 16 curules para las víctimas y la reforma política contempladas en el Acuerdo estén en cero; de que los programas de sustitución de cultivos ilícitos no sean prioridad de esta administración, y de que el partido de gobierno y el presidente Duque hayan insistido, afortunadamente sin éxito, en modificar la JEP y otros aspectos del pacto de paz, lo cual pudo infundirles inseguridad jurídica, la motivación fundamental de la decisión de Márquez Santrich parece corresponder más a la necesidad de solucionar un problema personal que a un asunto político: Santrich sintió muy probablemente que la Corte Suprema iba a dictarle orden de captura y se escapó antes de rendir indagatoria, a pesar de las promesas que le había hecho al país de que se sometería a la justicia y acataría sus decisiones. Y Márquez, que no ha podido explicar la relación con su sobrino Marlon Marín, involucrado en narcotráfico y convertido en informante de la DEA, sintió también pasos de animal grande y, en lugar de acogerse a la JEP y aclarar su situación, decidió crear una nueva guerrilla y, para satisfacer su ego, se volvió jefe de otra aventura armada, sin importarle las nuevas víctimas que deje en el camino, ni el perjuicio que con su decisión les cause a los cerca de 10.000 excombatientes que siguen apostándole a la paz, ni el impacto negativo que su decisión tenga en la consolidación de la democracia en el país. Pero es tal el rechazo que ha generado su notificación del regreso a la guerra, que por más de que ejecuten unas cuantas acciones urbanas, la posibilidad de que tengan audiencia o interlocución política es nula.

Dicho esto, hay que enfatizar en que si bien el Gobierno debe garantizar que los militares demuestren eficiencia no solo en la persecución a la nueva guerrilla sino también a los demás grupos y bandas armadas, la prioridad del presidente tiene que ser, ahora sí de verdad y con toda celeridad, cumplir el Acuerdo de Paz como un todo. No se trata, como tantas veces lo ha dicho él, de cumplirles a quienes han cumplido. No. Se trata de cumplir el Acuerdo y punto. Los que han incumplido están por fuera del Acuerdo, y sobre eso no hay discusión. Pero el Acuerdo es mucho más que lo que concibe este Gobierno, cuyo comisionado Archila está dedicado a demostrar su eficiencia en la implementación de los proyectos productivos, etc. Y eso está muy bien. Pero el Acuerdo es bastante más que eso, porque su propósito fundamental es garantizar la no repetición de nuestra tragedia; es decir, lograr que las condiciones de inequidad, atraso y exclusión que reinan en la mayor parte del campo colombiano se superen, y conseguir que el Estado haga presencia y garantice la seguridad en todo el territorio, especialmente en las zonas más afectadas por la violencia y el narcotráfico.

Ahora el presidente Duque tiene la gran oportunidad de unir al país, dejar sin argumentos a los violentos y lograr que regrese la paz. Ojalá la aproveche, porque lo más triste que podría sucederle sería que la paz muriera en sus manos.

Nota. Por viaje, esta columna reaparecerá el 27 de septiembre.

www.patricialarasalive.com@patricialarasa

https://www.elespectador.com/opinion/que-torpes-columna-879650

33.19.-Contra el atavismo de la guerra, la audacia de la pazRODRIGO UPRIMNY

Como tantos colombianos que le hemos apostado a la paz, rechazo la decisión de Iván Márquez y su disidencia minoritaria de retornar a la guerra, argumentando el incumplimiento del Acuerdo de Paz.

Es cierto que ha habido incumplimientos, pues la implementación del Acuerdo ha tenido tropiezos y limitaciones: la jurisdicción agraria no ha sido siquiera discutida, el fondo de tierras es raquítico, el catastro multipropósito está empantanado, la reforma política y las circunscripciones especiales para víctimas se hundieron, no es claro el futuro de los espacios de reincorporación, más de 130 desmovilizados han sido asesinados…

1 sep 2019.- Sin embargo, a pesar de esas limitaciones, la paz avanza: ciertas instituciones esenciales del Acuerdo, como la JEP, están funcionando, aunque sea con ajustes y dificultades; los PDET, que son una pieza esencial de la reforma rural, fueron aprobados; y, sobre todo, las Farc se desmovilizaron y se transformaron en un partido que actúa en la legalidad y más del 90 % de los reincorporados siguen comprometidos con la paz.

Además, siempre se supo que la implementación del Acuerdo sería muy difícil, incluso si existía un gobierno con voluntad de cumplir lo pactado. Esta implementación es aún más difícil con un gobierno como el de Duque, con una posición ambigua frente al Acuerdo. A veces, sobre todo en escenarios internacionales, Duque expresa un compromiso con la paz, pero en otras ocasiones toma decisiones en contra, como al formular las objeciones a la ley estatutaria de la JEP.

En ese contexto, los incumplimientos estatales del Acuerdo, que son graves, no justifican el retorno a una guerra que producirá dolor y sufrimiento, especialmente a los sectores populares que esa disidencia dice representar, y que además obstaculizará los avances en justicia social, pues el debate político se concentrará otra vez en temas de violencia y seguridad. La verdadera audacia en un contexto así consiste en apostarles a la paz y a una lucha democrática por la implementación del Acuerdo, como lo han hecho la inmensa mayoría de los desmovilizados y millones de colombianos.

Esta disidencia, como las otras que han surgido, debe ser combatida y sus integrantes sancionados, pero su existencia no justifica el abandono del Acuerdo de Paz. Todo lo contrario: debe fortalecerse su implementación plena para cumplirles a la inmensa mayoría de los desmovilizados que están cumpliéndole a la paz. Y para mostrarles a estas disidencias que su retorno a la guerra no tenía justificación.

Es lamentable que Márquez y su disidencia hayan preferido el atavismo de la guerra en vez de asumir los desafíos de esta paz, que es imperfecta como toda paz negociada, pero que es la que puede sacarnos de décadas de conflicto armado. Y por eso es igualmente lamentable que, desde la otra orilla, sectores del uribismo parezcan felices con este anuncio de Márquez, como si les atrajera el retorno de la guerra.

Hace años Estanislao Zuleta, uno de los pensadores más lúcidos que haya dado Colombia, dijo que solo un pueblo “escéptico sobre la fiesta de la guerra” tiene la madurez suficiente para la paz. Su tesis es que la guerra, si bien es atroz, es vivida por algunos como una fiesta, por detestable que esto nos parezca a quienes valoramos la paz, pues la guerra une frente al enemigo, que es visto como el mal absoluto, con lo cual elimina disensiones internas y fortalece identidades colectivas y liderazgos autoritarios. En estas horas difíciles nos corresponde a los colombianos, y en especial al gobierno Duque, mostrar que no cedemos a los atavismos de quienes en los extremos siguen seducidos por la fiesta de la guerra y que preferimos la audacia de la paz.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional. https://www.elespectador.com/opinion/rodrigo-uprimny

33.19.-¿Pacto secreto entre el uribismo y “Márquez”?CRISTINA DE LA TORRE 

No parece descabellada la conjetura. El salvavidas que Iván Márquez le tiende a Uribe con su regreso a las armas no es sólo el disparate que mereció el repudio de un país hecho ya al valor de la paz. Sugiere también acuerdo tácito entre enemigos que se necesitan en la arena de la propaganda: el disidente, para presumir de héroe de la revolución (que busca por decreto y sin uribistas faltones en el camino), aunque rodeado de maleantes que alternarán narcotráfico y golpes contra la oligarquía. En la otra orilla, el senador recupera al enemigo providencial: Lafar. Enana ahora, temible otrora, pero Lafar, al fin, vocablo de probada eficacia para aconductar rebaños en el miedo, a cuya sombra se forjó Uribe como adalid de una guerra atroz en gobiernos de mano dura y corazón de piedra. Dos vanidades, miles de muertos.

Le llega el salvavidas a un mes de su comparecencia ante los jueces que lo investigan por presunta manipulación de testigos en un caso de creación de grupo paramilitar. Podrá alegar el indagado que aquella disidencia prueba la inoperancia de la justicia y derivar de allí un intento para deslegitimar a la Corte Suprema. A dos meses de elecciones en las que el expresidente aspira a reducir su impopularidad conspirando contra la JEP, alcahueta de guerrilleros; y proponiendo “sacar” de la Constitución el tratado de paz, libelo maldito de la trinca Santos-Farc. E incitando a la guerra en arengas incendiarias, como la del pasado sábado en Medellín.

Con voz segunda del presidente que así desnaturalizaba su inicial respaldo a los 11.000 reinsertados, mientras cientos de miles de colombianos contienen en los territorios el aliento ante un eventual regreso del horror. Verbo de fuego que interpreta a una minoría agazapada en su caverna, en trance permanente de defender patrimonios de dudoso origen mandando al frente de batalla a los hijos del pueblo, no a los suyos.

Justificó Márquez su involución en la traición del Estado a los acuerdos de paz. No le falta razón. Humberto de la Calle, jefe de la comisión negociadora, apunta: “una y otra vez le dijimos al Gobierno que sus ataques permanentes al proceso y los riesgos de desestabilización jurídica que conllevaban podían llevar a varios comandantes a tomar decisiones equivocadas”. Recordó las objeciones que el mismísimo presidente hizo a la Ley Estatutaria de la JEP y la ofensiva del Centro Democrático para reformar los acuerdos, hasta llegar a la coyuntura perfecta en que pudiera el uribismo disparar contra ellos.

Asegurar la reintegración de los guerrilleros es apenas la cuota inicial de las reformas acordadas para la sociedad colombiana. Lentitud hay aquí, pero en reformas rural y política, en sustitución de cultivos y curules para las víctimas, el balance es nulo. Mas, sin los cambios de posconflicto queda la paz a tiro de fusil. Márquez debutó en respuesta desesperada que amenaza con transformar la discusión sobre el desarrollo de los acuerdos en debate sobre su conveniencia o inconveniencia. Volveríamos al punto cero, edén de Uribe.

A la torpeza que informa la decisión de volver a la guerra, hay que agregar la inducción de este desenlace por la ultraderecha y su gobierno. Aunque Colombia es otra. La paz se ha naturalizado como derecho en una ciudadanía hastiada de violencia, corrupción y líderes con prontuario. La disidencia de Márquez es remedo de las viejas Farc: carece de capacidad militar, unidad de mando y control de territorio. Tampoco Uribe es el que fue: su rechazo en la opinión alcanza el 61 % y su partido, que es caudillista, resiente el golpe. Convergentes en la debilidad, Uribe y Márquez no ofrecen el peligro que un día representaron. Pero ambos empollan el huevo de la serpiente.

https://www.elespectador.com/opinion/cristina-de-la-torre

33.19.-Los disidentes de la pazMAURICIO CABRERA

La voluntad expresada por las dos partes de honrar sus compromisos es la mejor manera de derrotar a los disidentes que quieren volver a la guerra. 

La desmovilización de 11.000 guerrilleros y la entrega verificada de sus armas es uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia reciente del país, pues disminuyó la intensidad de un sangriento conflicto interno que dejó cientos de miles de muertos y millones de víctimas, y permitió que regiones azotadas por la guerra pudieran empezar a recibir los frutos de la naciente paz.

1 sep 2019.- Por eso el anuncio de Iván Márquez y un reducido grupo de disidentes de volver a la guerra, con el supuesto motivo del derecho de levantarse en armas contra la opresión, es un duro golpe al proceso de paz que se inició tras los Acuerdos de la Habana. Es una crisis que puede dar al traste con el proceso, pero también es una enorme oportunidad para fortalecerlo y apurar su consolidación. Todo depende lo que se haga con los disidentes.

A Márquez y su grupo que traicionaron el proceso hay que combatirlos con toda la fuerza del Estado. Lo mismo que a los otros grupos disidentes que nunca aceptaron el Acuerdo, y a la guerrilla del ELN que ha sido renuente a negociar; todos ellos son grupos armados residuales que viven de negocio ilícitos, que siguen con el discurso de la extrema izquierda del siglo pasado y ya no tienen justificación política ni ideológica para la lucha armada.

Pero hay que recordar que esos grupos no son los únicos disidentes que no aceptan las reglas y condiciones pactadas en el Acuerdo de Paz y quieren acabarlo. En la extrema derecha también hay grupos que quieren volver a la guerra: unos que ya empezaron por las vías de hecho asesinando a líderes sociales y excombatientes, y otros que con medios legales y jurídicos quieren volverlo trizas. Como los extremos se juntan, estos disidentes de derecha son los más beneficiados con la disidencia de Márquez.

Para fortuna del país la mayoría de los dirigentes políticos, de los partidos y de los funcionarios del Estado han rechazado a todos los disidentes y han reiterado su decisión y compromiso de continuar con lo pactado en el Acuerdo de Paz.

Los primeros en rechazar y condenar las acciones de Márquez fueron los del partido de las Farc (que ya deberían pensar en cambiarse el nombre). Rodrigo Londoño, su director y ex comandante de la antigua guerrilla, calificó el anuncio como una equivocación delirante, frente a la cual dijo “Sentimos vergüenza y pedimos perdón a los colombianos”; además reiteró que a pesar de las demoras en la acción del Estado para la reincorporación de combatientes, más del 90% de los desmovilizados se mantienen firmes en el proceso.

En el otro lado, frente a los llamados de algunos políticos nostálgicos de la guerra de sacar el Acuerdo de la Habana de la Constitución e incumplir lo pactado, el rechazo del presidente Duque fue contundente: “Mantenemos nuestro compromiso con quienes están avanzando genuinamente en el proceso de reintegración (….) Nuestro mensaje es claro: quienes han optado por el camino de la legalidad bajo los principios de justicia, reparación y no repetición, seguirán contando con el compromiso del Estado”.

Esa voluntad manifiesta de las dos partes de honrar sus compromisos es la mejor manera de derrotar a los disidentes que quieren volver a la guerra, siempre y cuando vaya acompañada de mayor presencia del Estado en los territorios que han sufrido el conflicto.

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/los-disidentes-de-la-paz-533130

33.19.-¿El retorno de la guerra?SALOMÓN KALMANOVITZ

 La guerrilla de las Farc comprendió tardíamente que sus 50 años de lucha armada la habían alienado de las aspiraciones y el favor del pueblo que creía estar representando. Al igual que los grupos paramilitares, las Farc protegieron los cultivos, los laboratorios y las rutas del narcotráfico para extraer recursos cuantiosos que les financiaron el armamento y el sostenimiento de entre 13.000 y 18.000 hombres y mujeres.

2 sep 2019.- Impedidas de alcanzar el poder frente al poderío militar del Estado y a la violencia privada desplegada por grupos financiados por narcotraficantes y terratenientes, negociaron una paz que mal que bien les facilitaba el acceso a la política. El acuerdo incluía el tema de la justicia de transición que debería enfrentar parte de su dirigencia y que les reconocería la verdad sobre el conflicto que estuvieran dispuestas a aportar con sentencias relativamente laxas.

Todo proceso de paz es complejo, largo de negociar y difícil de implementar. El liderazgo de las Farc se dividió en varias ocasiones sobre el tema del desarme y por la desconfianza en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Entre las élites del país hubo una división todavía más profunda sobre la negociación y sus alcances, y la radical oposición de un sector que está detrás del gobierno de Iván Duque para socavar los acuerdos. Se trató, en palabras de Álvaro Uribe, de hacer trizas el Acuerdo de Paz, o de objetarlo, como intentaron hacerlo el Gobierno y el fiscal Martínez Neira, o de desconocerlo, como la DEA y el embajador de Estados Unidos. No es de sorprender que los dirigentes más radicales o comprometidos con el pasado recurso al narcotráfico se alejaran y renegaran del proceso.

El retorno a la guerra de unos comandantes envejecidos, anacrónicos, cansados de la lucha, sin muchos recursos, que amenazan con unirse al Eln, una guerrilla pequeña con la que las Farc nunca pudo asociarse por su dogmatismo católico, no puede cambiar el rumbo del proceso de paz. Ellos tendrán que volverse a relacionar con el narcotráfico y con las prácticas salvajes de la guerra que tanto los desprestigiaron, aunque prometan que no recurrirán nuevamente al secuestro.

El proceso de paz tiene el apoyo de la población afectada por el conflicto y por las fuerzas políticas liberales y de izquierda, por los movimientos sociales y por la propia dirigencia empresarial del país, que necesita la paz para prosperar (ojo: además del casi 50 % de ciudadanos que votaron por el Sí). La favorabilidad del expresidente Uribe ha caído al mostrar la faceta cada vez más violenta de su carácter. El proceso es apoyado, además, por los países de la Comunidad Europea, las Naciones Unidas y los países garantes, incluyendo a Noruega, Cuba y Venezuela, pero no obviamente por los Estados Unidos de Donald Trump.

La administración Duque está en una encrucijada: deberá probar con actos y presupuesto que está implementando los Acuerdos y que no obedecerá las presiones de Uribe para que destruya la JEP y socave el proceso; deberá proteger a los reinsertados, defender la vida y la integridad de los líderes sociales, financiar el fondo de tierras para otorgarlas a familias dispuestas a trabajarlas y recuperar los baldíos usurpados.

Duque debe impulsar el catastro multipropósito, que será una herramienta para profundizar el mercado de tierras del país y permitirá obtener recursos tributarios a los municipios y departamentos, que así podrán emprender las obras que requiere su desarrollo. La paz es necesaria para él y para todos.

https://www.elespectador.com/opinion/salomon-kalmanovitz

32.19.-Peñalosa: impopular e ineficiente   SALOMÓN KALMANOVITZ 

Termina por fin la Alcaldía de Peñalosa en medio de grandes esfuerzos por mostrar obras y cerrar contratos. Los buses que nos va a legar siguen siendo los Volvos brasileños tipo Euro V, de motores diésel que ya no se utilizan en los países que cuidan la salud de sus habitantes. La lluvia de canecas brillantes que cayó sobre la capital es otra demostración de desperdicio de los recursos escasos, que pudo tener un costo de $150.000 millones. Los topes y semáforos, impuestos sin ton ni son por el a buena hora destituido Juan Pablo Bocarejo, han martirizado a todos los usuarios del transporte en Bogotá durante estos cuatro años, frenando en seco el tráfico de la ciudad.

26 ago 2019.- Según Daniel Páez (Razón Pública), la situación del transporte público ha podido ser peor, porque al menos parte de los vehículos serán eléctricos y se canceló la licitación del Portal Américas, que la próxima Alcaldía podrá abrir con especificaciones menos mortíferas para nuestros pulmones. En efecto, el mundo del transporte se ha movido hacia tecnologías más limpias, como el motor eléctrico e incluso el motor a gas o los vehículos híbridos, que recargan sus baterías cuando funcionan con combustible fósil, pero el alcalde repitente se quedó anclado en los años 80. Es, al parecer, de aquellas personas sometidas a la pulsión de la repetición que nunca salen de los círculos viciosos que les arruinan la vida a ellos mismos y a los demás.

Si antes Peñalosa abusó con sus cientos de miles de bolardos redundantes, ahora repite la historia con sus canecas importadas de España para la basura. Leopoldo Fergusson, en La Silla Vacía, le pone un costo de $1,8 millones a cada par y argumenta que no constituyen una solución para el problema en la ciudad: se debe más bien de acostumbrar a la población a que disponga adecuadamente de los deshechos que produzca y no simplemente que los tire en canecas; a éstas hay que dotarlas de bolsas plásticas y recogerlas, sin que se impida que los habitantes de calle las esculquen y dispersen. Frente al Colegio Bartolomé hay 18 cestas y sobre la Quinta hay un par cada 15 metros; en la ciudad existe una caneca por cada 90 habitantes. Con ese dinero se han podido financiar 8.000 patrulleros por un año u otras actividades mucho más necesarias para los ciudadanos que las relucientes canecas de fino acero inoxidable.

La peatonalización de la Séptima iniciada por Petro y culminada hasta la calle Jiménez se ha tardado cuatro años para alcanzar la calle 24 bajo el ineficiente Peñalosa: hoy no se ve cerca su culminación. Decenas de negocios han tenido que cerrar y la avenida emblemática de la capital parece bombardeada bajo toneladas de escombros, invadida por miles de ambulantes que también le quitan aire al poco comercio formal que sobrevive. El Acueducto estuvo reparando su red en una cuadra (sí, una) de la carrera Quinta durante siete meses, lo cual hizo colapsar diariamente los accesos al centro histórico y a las universidades.

Hay que abonarle algunos logros al alcalde saliente: la renovación de parques antes abandonados al microtráfico de drogas, la repavimentación de algunas vías y el empoderamiento de los ciclistas (y motociclistas) para que desplacen a sus odiados taxis y carros. Le ha faltado visión a Peñalosa para hacer que la ciudad sea de todos, mediante vías más amplias, modos alternativos de transporte que logren descongestionarla, construir más zonas verdes y, sobre todo, proteger la salud pública.

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https://www.elespectador.com/opinion/impopular-e-ineficiente-columna-877754

  • 31.19.-Plante de $ 700.000 millones de Banagrario para ‘holding’ estatalCARLOS ARTURO GARCÍA
  • Cobran, pero no asistenJAVIER FORERO

De este harán parte, entre otras, las aseguradoras Previsora y Positiva, Fiducóldex y Fiduagraria.

Fachada de una sede del Banco Agrario.Foto:  Guillermo Benavidez / EL TIEMPO

La plata con la que se creará el anunciado holding financiero estatal saldrá del Banco Agrario. Se trata de unos 700.000 millones de pesos, y el Gobierno ya trabaja en el proceso que permitirá escindir esos recursos del capital del banco. Un holding financiero es una empresa tenedora de bonos y acciones, cuyo fin es maximizar los ingresos por dividendos y ganancias de capital dentro de una lógica especulativa.

Así lo confirmó a EL TIEMPO una fuente oficial, quien además precisó que el nuevo holding será el dueño de las entidades financieras que hagan parte de este grupo con el que el Gobierno pretende aportar su cuota de impulso al mercado de capitales del país.

“Una de las tareas que estamos próximos a abordar, con el liderazgo del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es la consolidación de un holding financiero del Estado, que nos permita tener en los mercados un mecanismo para mejorar la gobernanza y, por supuesto, para generar mucha confianza por parte de todos los actores”, aseguró el presidente Iván Duque, durante la entrega de las recomendaciones de la Misión de Mercado de Capitales.

En el Ministerio de Hacienda ya trabajan en el decreto que dará vida a dicha organización, de la cual se estima que harán parte el Banco Agrario, las aseguradoras Positiva y Previsora; Grupo Arco Bancóldex (antes Leasing Bancóldex) y muy probablemente Fiducóldex y Fiduagraria.

La fuente también indicó que aún está en análisis la posibilidad de que el banco de fomento empresarial Bancóldex también haga parte del holding, así como otras entidades financieras con las que la Nación apoya el desarrollo de otros sectores económicos.Entre estas se encuentran la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Finagro, Findeter y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

El Estado tiene inversiones en 16 compañías financieras y en 13 de estas tiene control, mientras que en las otras tres su participación es minoritaria, según Reporte Anual de Empresas de la Nación 2018.

Se estima que los recursos que tiene el Estado en estas y otras entidades financieras ronda los 15 billones de pesos.

La meta del Gobierno es que antes de que concluya el presente ejercicio ya estén listas las condiciones y las empresas que se integrarán a dicho holding, que se suma a los siete que ya operan en Colombia.

Según información de la Superintendencia Financiera, los holdings con sede en Colombia son: Grupo Aval Acciones y Valores, Grupo de Inversiones Suramericana, Grupo Bolívar, Inversor Fundación Grupo Social, Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia Coomeva, Skandia Holding de Colombia y Credicorp Capital Holding Colombia.

Sin embargo, existen otros que, si bien tienen presencia en el país, sus matrices están en otras jurisdicciones, como Holding Financiero Sociedad Gilex, Banco BTG Pactual, BNP Paribas, Itaú Unibanco, Scotiabank y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 le dio facultades al Gobierno para adelantar el proceso de constitución de este tipo de organizaciones, por lo que en el Ministerio de Hacienda ya se trabaja en ello, pues la idea es tenerlo listo en un par de meses.

Aunque todavía se trabaja en el análisis de las financieras del Estado que harán parte del holding, se sabe con certeza que el Banco Agrario será un pilar fundamental del conglomerado.

El propio presidente de la entidad, Francisco Mejía, en entrevista reciente con este diario, dijo que la creación del holding financiero del Estado traerá beneficios a la entidad porque “tener bajo una misma sombrilla a las empresas que proveen servicios financieros del país genera unas sinergias operativas y comerciales de las cuales también se nutrirán muchos clientes del banco en la ruralidad”.

Y advirtió que el holding debe quedar lista este año, y el Banco Agrario será uno de los pilares fundamentales.

Algo que ya había señalado el presidente Duque cuando sentenció: “Quiero ver al Banco Agrario haciendo ese ejercicio (saliendo al mercado de capitales) porque eso le da mucha credibilidad como institución”.

Los activos bancarios de la Nación

El Banco Agrario es, sin duda, uno de los principales activos financieros de la Nación, no solo por su importancia dentro de la estrategia de apoyo y reactivación del agro. Se estima que las utilidades este año bordearán los 300.000 millones de pesos, recursos que, por lo general, se le giran al Estado.

Otra de las entidades claves es Bancóldex, el banco de fomento del sector empresarial y eje fundamental en todo el impulso al comercio exterior, las pymes y la llamada economía naranja. Sus ganancias, al cierre de mayo, totalizaron más de 45.000 millones.

‘Mercado de capitales debe tener un doliente’

El Congreso de Asobolsa, Asofiduciarias y la Bolsa de Valores de Colombia se convirtió en el escenario de debate sobre las recomendaciones entregadas por la Misión del Mercado de Capitales que permitan dinamizar el sector.

En términos generales, hay consenso sobre la importancia de que exista un diagnóstico sobre cuáles son los temas que deben ajustarse para que el mercado se convierta en un motor del crecimiento y bienestar.

En cuanto a la estructura institucional, los expertos señalaron que hay muchos puntos que van por buen camino frente al rol de las autoridades.

Sin embargo, el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, advirtió que la política pública para el desarrollo del mercado debe tener dolientes y un responsable de informar los logros y avances.

Señaló además que más que promover, el Estado debe actuar como un actor en el mercado de capitales.

Una de las discusiones se dio sobre el rol del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV). Según Gerardo Hernández, codirector del Banco de la República, los agentes del mercado deben decidir sobre el rol que tiene el AMV, pues a su juicio los confunde.

No obstante, el presidente del AMV, Michel Janna, destacó que la entidad sí ha complementado la labor de supervisión, pues en 13 años ha impuesto unas 400 sanciones, de las cuales solo 14 se han duplicado con las de la Superfinanciera. De todas formas, señaló que no hay que temer a los cambios que se planteen.

Entre tanto, el superintendente Financiero, Jorge Castaño, destacó que uno de los puntos claves es que el inversionista esté empoderado, activo y responsable sobre sus recursos, para lo cual la educación es esencial.

Añadió que hay temas que ya están vigentes como la supervisión basada en riesgos (que exige ajustes constantes), temas de gobierno corporativo, y otros que están en la agenda, como el licenciamiento por actividades y no por entidades, entre otros.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS
En Twitter: @CarlosArturoGarcíaM.                                   https://www.eltiempo.com/economia/sectores/banco-agrario-pondra-700-000-millones-para-el-holding-estatal-403032

31.19.-Cobran, pero no asistenJAVIER FORERO

¿Por qué solo 2 congresistas tienen falla en Cámara y la plenaria vacía?

EL TIEMPO analizó las actas de las plenarias este semestre y sólo ncontró algunas respuestas.

Imagen de la plenaria casi desierta de la Cámara de Representantes. Foto:  César Melgarejo. EL TIEMPO

En el importante debate sobre violencia sexual contra los niños que se llevó a cabo en la plenaria de la Cámara de Representantes el pasado miércoles apenas 16 congresistas se quedaron hasta el final de la discusión, de los 169 que conforman actualmente la corporación. Esta imagen de las sillas vacías ha sido frecuente en algunas sesiones. Sin embargo, llama la atención que en las actas oficiales de la secretaría de esa corporación solo están registrados con fallas dos representantes. 

Futuro de cadena perpetua para violadores se resolverá la otra semana

 Se aplazó el debate sobre cadena perpetua para violadores de niños

LEONIDAS BUSTOS

Un Cartier, carros y dinero, entre las pruebas contra Leonidas Bustos

EL TIEMPO tuvo acceso a los registros de asistencia de las plenarias de la Cámara que se han llevado a cabo este semestre y encontró que muchos de los parlamentarios de la corporación encontraron dos estrategias para evitar ser reseñados como ausentistas: presentan excusa – médica o de tipo familiar o laboral – para no asistir a las sesiones o llegan hasta tres horas tarde a la sesión, ponen la huella y luego se ausentan.

Por ejemplo, según la secretaría de la Cámara a la sesión del pasado 13 de agosto, a excepción de Jesús Santrich – quien está prófugo de la justicia – , ningún congresista falló.

Sin embargo, en la votación que se realizó ese día, en la que se hizo la acusación al exmagistrado Leonidas Bustos, involucrado en el ‘cartel de la toga’, apenas aparece el voto de 127 representantes de los 169 de la corporación.

¿Dónde estaban los demás? Según las actas de secretaría otros ocho congresistas presentaron excusa, mientras que algunos llegaron dos y hasta tres horas tarde a la sesión. 

Por ejemplo, el representante conservador Felipe Muñoz llegó a las 8:13 p. m. El registro para iniciar la sesión había iniciado a las 3:36 de la tarde. Es decir, tuvo un retraso de casi cinco horas. En el caso de este congresista, la secretaría de la Cámara sustentó en el acta que él se había registrado previamente de manera no electrónica, pero no especificó a qué hora.

¿Dónde estaban los demás? Según las actas de secretaría otros ocho congresistas presentaron excusa, mientras que varios llegaron dos y tres horas tarde a la sesión.

Por su parte, el liberal Óscar Sánchez León, según el registro electrónico, llegó a las 6:13 p. m., es decir más de dos y horas y media después de empezar la sesión.

Caso similar fue el de la representante Margarita Restrepo, del Centro Democrático, quien se registró a las 6:03 p. m. 

Mayor fue la demora del liberal Alejandro Vega, quien llegó a las 6:15 p. m. Más de dos horas y media después de iniciarse la discusión.

Ese día, la sesión finalizó a las 8:42 p. m., es decir que estos legisladores estuvieron menos de la mitad del tiempo de lo que duró la plenaria.

El vicepresidente de la Cámara, Óscar Villamizar, aclaró que una cosa es la hora a la cual se abre el registro de asistencia y otra es la hora en la que se inicia la discusión, por lo que los congresistas «van llegando y se van registrando hasta que se conforma el quórum para iniciar el debate y posteriormente la aprobación del orden del día».

Vea acá el registro de asistencia y actas del 13 de agosto

Acta Cámara de Representantes

Asistencia 13 de agosto Cámara de Representantes

Algunos congresistas, en diálogo con EL TIEMPO, explicaron que también hay que tener en cuenta que los legisladores a veces tienen que presentar impedimentos para la discusión de algunos temas, lo que los obliga, por ley, a retirarse del recinto. 
Sin embargo, en los registros de secretaría de esa sesión del 13 de agosto apenas figura un impedimento aprobado, el del representante Mauricio Parodi, de Cambio Radical.

La historia se repite

Este patrón se repite en otras sesiones de la plenaria. Por ejemplo, en la del 5 de agosto pasado presentaron excusa 14 representantes, mientras que 9 se tuvieron declarar impedidos (algo que es obligatorio por ley si hay un conflicto de intereses frente al tema que se esté discutiendo).

Sin embargo, nuevamente aparecen representantes con más de dos horas de tardanza para llegar al debate.  Uno de estos casos es el del representante Henry Correal, quien llegó a la sesión a las 5:24 p. m., cuando el registro se había abierto a las 3:21 p. m.

El representante de oposición César Pachón se registró a las 7:17 p. m., cuatro horas después de abrirse el registro.

Vea aquí el acta de asistencia y el registro del cinco de agosto

Uno de los casos más recientes de posible inasistencia parlamentaria ocurrió el pasado miércoles, cuando se realizó un debate de control político sobre la violencia sexual contra menores. 

Al final de la sesión sólo había 16 representantes, de los 169 que hay en la corporación.
Algunos de los que se mantuvieron hasta que se levantó la sesión fueron Víctor Ortiz Joya (Liberal), Juan Carlos Lozada (Liberal), Carlos Ardila (Liberal), Jairo Reinaldo Cala (Farc), José Daniel López (Cambio Radical), Ángela Sánchez (Cambio Radical), Margarita Restrepo (Centro Democrático), Irma Herrera (MIRA), Buenaventura León (Conservador), Juanita Goebertus (Alianza Verde) e Inti Asprilla (Alianza Verde).

Las únicas dos fallas que se registran hasta el pasado 13 de agosto, según los oficios remisorios de secretaria de Cámara, corresponden a John Arley Murillo, el 23 de julio pasado, y Jezmi Barraza, el 6 de agosto.

‘Los representantes sí están asistiendo y debatiendo’: Villamizar

Frente a este tema, el vicepresidente de la corproación Óscar Villamizar, como parte de la mesa directiva de la Cámara, aseguró que los representantes «están muy interesados en asistir y participar en los debates».

«Para iniciarse la votación del orden del día se requiere el quórum decisorio – 86 representantes –  pero normalmente en las plenarias hay más de 120 o 130 representantes, se podría decir que la asistencia supera el 90 por ciento», expresó Villamizar.  

El congresista recordó sesiones como la de la discusión de la reforma política, en la que el debate se extendió hasta la media noche y a esa hora el recinto de la plenaria estaba prácticamente lleno.

Sobre lo ocurrido con el debate de violencia sexual contra los menores, el pasado miércoles, Villamizar aclaró que cuando se arrancó la discusión había más de 86 representantes, pero cuando ya se estaba terminando «algunos congresistas se fueron retirando». 

«Cuando muchos compañeros salieron del recinto el debate ya estaba finalizando, ya había hablado el Gobierno y habían intervenido varios congresistas», concluyó Villamizar.

JAVIER FORERO Redacción Política

https://www.eltiempo.com/politica/congreso/inasistencia-al-congreso-de-representantes-a-la-camara-2019-404056

  • 30.19.-Comisión de la Verdad: contra viento y mareaCRISTINA DE LA TORRE
  • ¡A responder, Gobierno!PATRICIA LARA
  • Primo Levi: un testigo del terror – RODRIGO UPRIMNY

Contra la JEP activan su batería letal, a la vista de todos; contra su hermana, la Comisión de la Verdad, cierran el cerco solapadamente. Ya por estrategia de largo aliento, ya por tramas de política menuda, ya para asegurar la impunidad de muchos en los círculos del poder, este Gobierno y su partido le han declarado la guerra a la verdad. Les resulta intolerable a fuerzas políticas que cifran su quehacer en la guerra y mandan a mansalva. A contrapelo de la realidad, porfía esta ultraderecha en negar la existencia de un conflicto armado en Colombia. Argumento al canto para obstaculizar el esclarecimiento de sus raíces, de sus impactos en la sociedad, de sus responsables más allá de las Farc.

13 ago 2019 .- Es que la Comisión indaga en los intrincados vericuetos del sufrimiento y del miedo, hasta dar con las causas de una guerra que se ensañó en la población inerme. Hasta lograr el reconocimiento de las víctimas; el reconocimiento de sus actos por responsables morales y políticos del dolor causado; el reconocimiento de acciones de resistencia y superación de las comunidades en pleno fragor de la contienda. Hasta proponer caminos de reconciliación que permitan convivir en la diferencia, y cambios capaces de erradicar para siempre el recurso a la violencia en la política y en el conflicto social.

Del esclarecimiento de lo vivido surgirá un relato histórico matizado por la convergencia de perspectivas diversas que rescate el pasado, reinterprete el presente recogiendo la experiencia acumulada y despeje el horizonte del porvenir. Y no se limitará a compendiar verdades: las verificará y contrastará con fuentes varias para asegurar la consistencia de los hechos y lograr un relato plural. Se trata de alcanzar explicaciones integrales sobre qué pasó, por qué pasó y quiénes fueron los responsables. Gracias a la exploración directa con víctimas y victimarios en todo el país, la Comisión identificará patrones de violencia y contextos explicativos del conflicto. Es decir, las circunstancias sociales, económicas y culturales que lo rodearon. Según los comisionados, estos contextos desbordan la descripción de los hechos y estudian sus por qué y sus para qué.

Embrollada tarea cuando puede saltar como la liebre una víctima que mutó en victimaria. O pulverizarse los estereotipos: ¿cómo trueca un comandante de brigada su deber de protección al ciudadano en ambición de recompensa por convertirlo en falso positivo? ¿Cómo un Mono Jojoy, dizque vocero del pueblo, tortura y encierra en campos de concentración durante años y años a cientos de secuestrados?

Nada tan amenazante como la verdad para quienes querrán repetir el pacto de silencio que amparó a los promotores de la violencia liberal-conservadora, ahora en cabeza de los instigadores de esta guerra contra el pueblo justificada en la confrontación entre insurgentes y contrainsurgentes. Se entenderá el asedio a la Comisión de la Verdad. La ruidosa ausencia del presidente en su ceremonia de inauguración. El recorte de 35 % a sus fondos. El hostigamiento contra la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el país, por su eficiente apoyo a nuestra justicia transicional, que es ejemplo para el mundo. La decapitación del Centro de Memoria Histórica, fuente excelsa de información sobre la guerra, en trance de deformarse al gusto de la historia oficial que Duque reinaugura.

Perdió la caverna ya su primer round con la firma de la paz. No es seguro que pueda ganar éste contra la verdad, pues la Comisión contribuirá a sanar las heridas de la guerra. Justamente porque entiende que el conflicto no es una fatalidad, sino resultado de factores que se pueden cambiar. Y porque arrestos no le faltan para luchar contra viento y marea.

https://www.elespectador.com/opinion/comision-de-la-verdad-contra-viento-y-marea-columna-875700

30.19.-¡A responder, Gobierno!PATRICIA LARA 

Veinte parlamentarios de las bancadas de paz, liderados por Juanita Goebertus, representante del Partido Verde, presentaron un informe de 120 páginas sobre la implementación del Acuerdo de Paz en el primer año de Duque. Sus puntos deberían ser contestados uno a uno por el Gobierno, sobre todo si se tiene en cuenta que el documento lo firman parlamentarios de los partidos que hacen mayoría en el Congreso: el Liberal, la U, Cambio Radical, Verde, Polo Democrático y Movimiento Decentes.

16 ago 2019  .- El informe anota que el 57 % de las normas indispensables para implementar el Acuerdo de Paz no se han presentado al Congreso; que la meta del Acuerdo de Paz es entregar y formalizar 10 millones de hectáreas a campesinos, pero que solo “se han dotado y formalizado 73.000 hectáreas”, lo que representa un 8,7 % de lo que se debería estar haciendo; que según el Plan Marco, la implementación del Acuerdo le costaría al país alrededor de $139 billones en los próximos 15 años y que el presidente Duque “propone como proyecto de presupuesto para el 2020 la inversión de $9,8 billones para temas de paz”, pero que al ver el presupuesto se observa que “alrededor del 40 % tiene que ver con programas de interés general, de impacto social, pero no focalizados” en el tema de la paz; que a las principales agencias e instituciones para transformar los territorios se les ha disminuido el presupuesto entre el 17 y 7 %; que se deberían haber invertido mínimo $4,6 billones para cumplir las metas de desarrollo en los PDET y solo se han invertido $56.000 millones; que no se han creado las 16 curules que debían darles representación a las víctimas en el Congreso; que no ha habido una reforma integral del sistema político, ni tampoco se han implantado las medidas para impulsar el voto rural; que el 83 % de los combatientes que hicieron dejación de armas hoy no tienen acceso a proyectos productivos; que el 94 % de las 99.097 familias vinculadas al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito cumplieron con la erradicación concertada, pero apenas el 0,7 % de dichas familias tuvieron la posibilidad de acceder a proyectos productivos; que se ha disminuido el desminado, fundamental para continuar con un proceso serio de erradicación manual; y que durante este año del Gobierno de Duque se repararon 56 % menos víctimas que el promedio anual reparado desde cuando se promulgó la Ley 1448.

Todas son observaciones fundamentales. Además, el documento hace una propuesta importante, la cual merece ser atendida por el Gobierno de inmediato: crear “una mesa multipartidista para sacar adelante los proyectos de ley y la reforma constitucional necesarios para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz”.

¿Por qué el presidente Duque no atiende esa propuesta de la bancada mayoritaria del Congreso, se sienta en la mesa de concertación y empieza a tejer de verdad esa unidad a la que tanto ha convocado? ¿No sería esta la oportunidad de hacerlo?

Notas. Doña Cecilia Caballero de López nos deja un lindo recuerdo: inteligente, amable, comprometida, discreta, liberal, dulce, siempre sonriente, fue no solo una gran primera dama, sino una madre excepcional. Les envío mi abrazo estrecho a sus hijos Felipe, Alfonso y Juan Manuel, a María y demás nietos. ¡Paz en su tumba!

Veinte años sin Jaime Garzón y 30 sin Luis Carlos Galán, dos colombianos de otra dimensión, dos grandes amigos… ¡Qué falta le hacen a este país! La justicia tiene el deber de no dejar sus crímenes en la impunidad.

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#AdiósALaGuerra

https://www.elespectador.com/opinion/responder-gobierno-columna-876275

30.19.-Primo Levi: un testigo del terror – RODRIGO UPRIMNY 

Hace 100 años nació Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz y quien escribió algunos de los textos más poderosos sobre la experiencia en los campos de concentración.

Levi fue un judío italiano, que luego de un breve tiempo en la resistencia fue capturado y enviado por los nazis en 1944 a uno de los campos de concentración de Auschwitz, en donde estuvo prisionero, hasta que fue liberado por los soviéticos, aproximadamente un año después.

11 ago 2019 Después de su liberación, Levi buscó documentar esa terrible experiencia y escribió muy rápido su primer y más célebre libro (Si esto es un hombre), pues lo terminó en 1947, aunque tuvo mucha dificultad para publicarlo y al principio pocos ejemplares fueron vendidos. Italia se resistía aún a la memoria de las atrocidades de las cuales fue cómplice.

El libro es un relato descarnado de la manera como los nazis buscaban destruir la humanidad en los internos, que empezaba con su conversión en un número y terminaba, casi siempre, en los hornos crematorios.

Las humillaciones y las privaciones eran terribles y el hambre era constante; éramos “hambres vivientes”, escribió Levi. Pero incluso en ese mundo totalitario, que pretendía uniformar (literalmente) a todas las víctimas, Levi muestra que las individualidades subsistían.

Algunos presos sucumbían a la depresión y morían rápidamente; otros lograban adaptarse a la vida (si es que puede llamársela así) del campo y desarrollaban estrategias relativamente exitosas de supervivencia. Había igualmente aquellos que, para escapar al sufrimiento o a la muerte, se aliaban con los opresores y se convertían en kapos, que eran los internos encargados de controlar a los otros presos. Estos kapos formaban una especie de “zona gris” entre las víctimas y los victimarios, pues eran víctimas que eran también victimarios. Pero incluso en ese mundo terrible surgían solidaridades y amistades profundas, como la que desarrolló Levi con Alberto, otro italiano que se convirtió en su “amigo fraterno” en el campo.

El relato y las reflexiones de Levi son muy impactantes por su minuciosidad y por su sobriedad. En un apéndice, escrito 20 años después, Levi aclara que había usado el “lenguaje mesurado y sobrio del testigo”, pues había pensado que su “palabra resultaría tanto más creíble cuanto más objetiva fuese”, ya que solo así “el testigo en un juicio cumple su función, que es la de preparar el terreno para el juez”. Y es que, aclara Levi, “los jueces sois vosotros”, esto es, nosotros, los lectores.

En otro poderoso libro (Los hundidos y los salvados), que terminó poco antes de su muerte, Levi caracterizó al nazismo como “una guerra contra la memoria”, porque era “una falsificación de la realidad, una negación de la realidad, hasta la huida definitiva de la realidad”. El esfuerzo de Levi fue entonces el de ser un testigo de los horrores de los campos de concentración, para que esos crímenes no quedaran ocultos ni fueran olvidados

Aunque obviamente el horror que hemos vivido en Colombia es distinto al de los universos concentracionarios descritos por Levi, las tareas de preservación de la memoria y documentación de las atrocidades de nuestra guerra tienen una urgencia ética semejante. En ambos casos se trata de luchar por la verdad y por la memoria, para honrar a las víctimas y prevenir la repetición de las atrocidades.

Adenda: en un blog en La Silla Vacía, escrito con la colega Valentina Rozo, controvertimos sistemáticamente las respuestas del consejero de Derechos Humanos, Barbosa, a mi última columna (“Cifras mortales”), que mostró que carecía de todo fundamento la tesis del Gobierno de que los homicidios de líderes sociales habrían disminuido gracias a las acciones gubernamentales.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

https://www.elespectador.com/opinion/primo-levi-un-testigo-del-terror-columna-875389

  • 29.19.-¿Nos salvará la creación monetaria? –THOMAS PIKETTY
  • Patrick Artus: «Las tasas de interés bajas sostenibles pueden ser contraproducentes» – PATRICK ARTUS*

Antes de la crisis de 2007-2008, el balance del Banco Central Europeo (es decir, todos los valores mantenidos y los préstamos otorgados por el BCE) era de alrededor de 1000 mil millones de euros, o solo el 10% del total. PIB de la zona del euro. En 2019, alcanzó los 4700 mil millones de euros, o el 40% del PIB del área. Entre 2008 y 2018, el BCE creó así una creación monetaria equivalente a más de un año y medio del PIB francés, un año del PIB alemán o el 30% del PIB en la zona euro (es decir, el 3% del PIB en creación valor monetario adicional cada año durante 10 años). Estos recursos considerables son, por ejemplo, tres veces más altos que el presupuesto total de la UE durante el mismo período (1% del PIB por año, todos los gastos combinados, desde agricultura hasta Erasmus a través de fondos regionales y investigación).

Sin duda, estas políticas impidieron que la «Gran Recesión» de 2008 se convirtiera en una «Gran Depresión», como fue el caso entre 1929 y 1935. En ese momento, los bancos centrales estaban erizados una ortodoxia liberal basada en la no intervención y había permitido que se multiplicaran las quiebras bancarias. Esto precipitó el colapso de la economía, la explosión del desempleo, el surgimiento del nazismo y la marcha hacia la guerra. El hecho de que al menos en este punto hemos aprendido de la historia y que (casi) nadie propuso en 2008 renovar esta experiencia «liquidacionista» es obviamente algo bueno. Ante las extremas fragilidades del capitalismo financiero globalizado, los bancos centrales fueron las únicas instituciones públicas que pudieron evitar urgentemente las quiebras en cascada.

La dificultad es que todos los problemas no pueden resolverse mediante la creación monetaria y las juntas directivas de los bancos centrales, y que estos episodios han interrumpido profunda y duraderamente las representaciones colectivas en el asunto. Antes de 2008, la opinión predominante era que estaba prohibido (o al menos no recomendado) crear una creación monetaria de tal magnitud. Esta concepción se impuso en la década de 1980 como resultado de la «estanflación» de la década de 1970 (una mezcla de crecimiento suave y alta inflación). Fue en este clima que se concibió el Tratado de Maastricht (1992) que daría origen al euro en 1999-2002. La enorme creación monetaria desde 2008 ha destrozado este consenso. Después de que el BCE haya creado con un clic del mouse el 30% del PIB para salvar a los bancos, Muchas voces están surgiendo en Europa hoy (por ejemplo, con el borrador del pacto de financiamiento climático) para hacer lo mismo para financiar la transición energética, reducir las desigualdades o invertir en investigación y capacitación. Demandas similares también se expresan en los Estados Unidos y otras partes del mundo. Son naturales y legítimos y no pueden ser barridos por mucho tiempo.

Sin embargo, se deben especificar varios puntos. Los bancos centrales pueden aumentar el tamaño de su balance (ya más del 100% del PIB en Japón y Suiza) para hacer frente a futuras crisis financieras, o simplemente para mantener el ritmo. balances financieros privados (más del 1000% del PIB actual, en comparación con el 300% en la década de 1970). Sin embargo, esta lógica de persecución sin fin no es tranquilizadora: sería mejor establecer las regulaciones necesarias para poner fin a la hiperfinanciación y para derretir los balances privados.

Además, en un contexto de crecimiento lento, tasas de interés cercanas a cero e inflación inexistente, es legítimo que las autoridades públicas vayan más allá para invertir en clima y capacitación, con el apoyo de los bancos centrales. . Es particularmente paradójico observar que el gasto público total en educación (primaria, secundaria y superior) se ha estancado en los países ricos en alrededor del 5% del PIB desde la década de 1980, a pesar de la proporción de un grupo de edad. El acceso al superior aumentó de menos del 20% a más del 50%. En el contexto europeo, sin embargo, esto requerirá una profunda refundación intelectual y política. Las cuestiones de inversión, deuda y divisas deben debatirse en un foro parlamentario, en lugar de reglas fiscales automáticas (constantemente eludidas) y sesiones habituales cerradas. Estas decisiones son vinculantes para la sociedad en su conjunto y no pueden dejarse en manos de los ministros de finanzas o los gobernadores de los bancos centrales.

Por último, pero no menos importante, la expansión monetaria del período 2008-2018 no debería conducir a una nueva forma de ilusión monetarista. Los desafíos considerables que enfrentamos (calentamiento global, aumento de las desigualdades) no solo exigen que podamos movilizar recursos adecuados. También exigen que se construyan nuevos estándares de justicia en la distribución de esfuerzos, a través de la adopción por las asambleas elegidas de impuestos progresivos sobre los ingresos, la riqueza y las emisiones de carbono, y la implementación de lugar de un nuevo régimen de transparencia financiera. La moneda puede ayudar, siempre que no sea fetichizada y puesta en su lugar: la de una herramienta dentro de un sistema colectivo donde el impuesto y el Parlamento deben mantener el papel central.

https://www.elblogsalmon.com/economia/thomas-piketty-y-la-teoria-general-del-capitalismo-salvaje (wikipedia)

29.19.-Patrick Artus: «Las tasas de interés bajas sostenibles pueden ser contraproducentes» – PATRICK ARTUS*

El economista Artus analiza los efectos de la continua disminución de las tasas de interés para el sector bancario europeo y el crecimiento económico.

27  jul 2019.-  Los bancos centrales siguen creyendo que las bajas tasas de interés son buenas para el crecimiento. La Reserva Federal reacciona a la baja inflación y al riesgo de desacelerar el crecimiento en los Estados Unidos al sugerir que bajará las tasas de interés; el Banco Central Europeo envía el mensaje de que podría reducir sus tasas, incluso si la tasa de préstamos a bancos es del 0%, la tasa de depósito de los bancos al BCE de – 0.4%, y que la tasa de El interés a diez años sobre la deuda pública de Alemania es -0.3%. Claramente, los bancos centrales creen que la caída de las tasas de interés, incluso desde un nivel ya extremadamente bajo o incluso negativo, continúa teniendo un efecto positivo en las economías.

La investigación económica examina este argumento muy importante. La caída de las tasas de interés tiene muchos efectos positivos: reduce los pagos de intereses sobre las deudas y mejora la solvencia de los gobiernos, las empresas y los hogares prestatarios; permite proyectos de inversión pública o privada con rentabilidad a largo plazo, ya que la tasa de descuento de ingresos futuros es baja. Pero la investigación también abordó el siguiente tema: ¿las bajas tasas de interés no conducen a un deterioro en la rentabilidad y la rentabilidad de los bancos, lo que puede conducir a una contracción en la oferta de crédito y actividad económica? Las bajas tasas de interés, a través de su efecto en los bancos, darían como resultado una política restrictiva, no expansiva.

Efectos negativos

Los efectos de las bajas tasas de interés en la situación de los bancos son complejos. Un trabajo de investigación del BCE puede explicar la posición del BCE. Carlo Altavilla, Miguel Boucinha y José-Luis Peydro (documento de trabajo del BCE n. ° 2105, octubre de 2017) sostienen que las bajas tasas de interés no afectan negativamente los bancos de la zona euro, porque, al apoyar la actividad, reducen el riesgo de incumplimiento de sus prestatarios de crédito, lo que es favorable para los bancos y supera otros efectos.

Pero otros estudios conducen a resultados diferentes. Claudio Borio y Leonardo Gambacorta (BIS Working Paper No. 612, febrero de 2017)muestran, utilizando una muestra de bancos, que las tasas decrecientes de El interés, más allá de cierto nivel, ya no estimula la distribución del crédito, y lo atribuye a la disminución de la rentabilidad de los bancos.

Lea también Jezebel Couppey-Soubeyran: «Las tasas demasiado bajas durante demasiado tiempo también conducen directamente a una crisis financiera»

Claudio Borio, Leonardo Gambacorta y Boris Hofmann («La influencia de la política monetaria en la rentabilidad bancaria», Finanzas internacionales , Volumen 20, Número 1, mayo de 2017)demuestre que existe una relación positiva significativa entre la tasa de interés a corto plazo, la pendiente de la curva de tasa de interés (la diferencia entre la tasa de interés a largo plazo y la tasa de interés a corto plazo). plazo) y la rentabilidad de los bancos por el otro. El efecto de los menores intereses recibidos sobre los préstamos domina los otros efectos (menor número de impagos, ganancias de capital en bonos mantenidos por bancos). Muchos otros estudios confirman este efecto negativo de las bajas tasas de interés sobre la rentabilidad de los bancos, que muestran que la rentabilidad de los bancos está cayendo a pesar de que están tratando de combatir los efectos de la caída de las tasas de interés aumentando las primas de riesgo que cobran a los prestatarios por los préstamos.

Dos posibles sistemas

Esto ilumina la naturaleza de la dinámica provocada por la caída de las tasas de interés. El primer efecto en los bancos es positivo: la caída de las tasas de interés genera ganancias de capital en los bonos que poseen los bancos, lo que aumenta su capital, y reduce el incumplimiento de los prestatarios, lo que reduce las provisiones de los bancos. . Pero luego, los bancos sufren una disminución de los márgenes de interés (prestan a bajas tasas de interés en relación con el costo de sus recursos, que son esencialmente depósitos) y, después de un tiempo, esto El efecto negativo acumulado supera el efecto positivo inicial y la disminución de la rentabilidad de los bancos, lo que los lleva a prestar menos y asumir menos riesgos.

«El rendimiento del capital es tan bajo que es difícil para los bancos recaudar capital»

Veamos la situación de la zona del euro. Los bancos de la zona del euro sufren tasas de interés muy bajas sobre los préstamos (en promedio, en 2018, 2% para préstamos a hogares y 1,7% para préstamos comerciales) y tener 1 900 000 millones de euros de reservas excedentes depositadas en el BCE y pagadas al – 0,4% (lo que reduce sus beneficios en un 20%). El resultado ha sido un rendimiento del capital de los bancos del 5% al ​​6% desde 2016, en comparación con el 15% en 2007. El rendimiento del capital es tan bajo que es difícil para los bancos obtener capital , para atraer inversores y, de hecho, los bancos de la zona del euro pierden peso, en comparación con el tamaño de la economía de la zona del euro, con préstamos pendientes que crecen solo un 2% por año.

El análisis económico y fáctico parece mostrar que tasas de interés bajas sostenibles pueden ser contraproducentes al degradar la situación de los bancos. ¿Cuál es la perspectiva para el sistema bancario de la zona euro? Un sistema bancario «al estilo japonés», donde los bancos cobran depósitos que luego vuelven a prestar al Estado mediante la compra de valores públicos y que se convierten en fondos de bonos; un sistema bancario «al estilo estadounidense», donde los bancos necesitan poco capital ya que las empresas se financian en los mercados financieros y los bancos venden préstamos para la vivienda a agencias públicas.

*Economista Jefe de Natixis Bank y miembro del Círculo de Economistas.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/07/27/patrick-artus-des-taux-d-interet-durablement-bas-peuvent-etre-contre-productifs_5494054_32

 28.19.-UN AÑO SIN GOBIERNO – Hernando Gómez

Este año ha demostrado que es imposible gobernar con Uribe y es imposible gobernar sin Uribe.

El pobre Duque no sería presidente sin Uribe, porque Uribe es el gran elector de Colombia y la única figura nacional que todavía significa algo. Pero Duque no puede gobernar con Uribe porque la agenda de Uribe se agotó, y ni siquiera él ha podido renovarla.

4 ago 2019.- Esa agenda por supuesto consistía en acabar con las Farc. Fueron ocho años de Seguridad Democrática, que de paso acabaron con los partidos políticos y con los pocos liderazgos que existían. Cierto que Santos sobrevivió, pero no como el líder que no era, sino como el reemplazo escogido por Uribe para acabar la tarea que él no pudo terminar.

Solo que Santos era Santos y decidió acabar las Farc por otra vía. En cambio, el pobre Duque no era nadie y, sobre todo, se quedó sin tarea: por eso lleva un año tratando de inventársela.

La tarea más obvia que no ha podido ejercer es la de jefe de partido o jefe de bancada oficialista que trámite su agenda en el Congreso. Con apenas tres leyes aprobadas (la tributaria, el plan de desarrollo, la de telecomunicaciones), es evidente que Duque ha hecho menos en el año que sus dos predecesores. También es evidente el desajuste entre las prioridades de su jefe Uribe (impunidad total para los militares y absolución de “Uribito”) y aquella vaga consigna de “legalidad, emprendimiento y equidad” que inspira al presidente.

Por eso Duque está embarcado en dos dilemas que le impiden gobernar. El primero: tener ministros técnicos e inútiles, o repartir mermelada para hacer que el Congreso le obedezca. El segundo: ser el uribista duro y vengativo que le pide su partido, o ser el joven sin odios que piensa en el futuro.

Todo mundo espera que Duque cambie el gabinete y con eso resuelva su primer dilema. Pero aun así le quedará el segundo, porque Duque no tiene proyecto de país, ni en todo caso sabe cómo podría lograrlo. Es un buen tipo y es también un inepto, sin ninguna propuesta de reforma medianamente seria u honda en ningún campo.

En el mejor de los casos, y si Dios nos ayuda, podemos esperar que al presidente Duque no le aguarden crisis muy severas, y que administre las cosas como están, sin demasiados escándalos o errores. Mientras tanto el buen tipo seguirá tratando de encontrar un oficio, como el de conferencista en el área de la economía naranja, embajador volante, encargado de tumbar a Maduro, trasportador de flores, comentarista deportivo o ciudadano que marcha contra su gobierno.

Mejor eso que aferrarse al pasado, que predicar el odio o saquear el fisco. Y es que en honor a la verdad hay que decir que Duque no es el único político sin proyecto de país. No lo tiene Uribe porque ya no hay Farc, no lo tienen los defensores del Acuerdo porque el acuerdo murió con el desarme de las Farc, no lo tiene la izquierda enredada en mezquindades, no lo tienen los “independientes” porque desaparecieron, no hay ninguna figura que esté diciendo nada, y hasta la prensa languidece porque no tiene de qué hablar como no sea del pasado (Santrich, la JEP, Uribito…).

Es el vacío perfecto para que cualquier aventurero o demagogo arrastre a la opinión tras la promesa dorada de algún futuro ilusorio.

* Director de la revista digital Razón Pública.

https://www.elespectador.com/opinion/un-ano-sin-gobierno-columna-874231

  • 27.19.-UN GRITO POR LA VIDA, UN PACTO CONTRA EL TERROR – Rodrigo Uprimny
  •  HOY ES EL DÍA – Patricia Lara
  • COLOMBIA GRITA: ¡NI UNO MÁS! –   Cristina de la Torre

Escribí esta columna poco antes de salir a la movilización en rechazo de la violencia contra los líderes sociales, a la que fui con la convicción de que sería no solo multitudinaria, sino también pacífica, pluralista y diversa, y congregararía a los principales actores políticos y sociales en defensa de la vida.

28 Jul 2019 Espero no haberme equivocado, pues creo que una movilización de ese tipo podría representar un parteaguas frente a la violencia política, pues muchos entendimos que era también contra los asesinatos de los reintegrados de las Farc, que ya superan los 130, y contra las muertes de soldados y policías por la acción de los grupos armados que persisten.

Esa marcha podría convertirse en un grito colectivo de indignación y al mismo tiempo de esperanza. Indignación por esos crímenes y rechazo inequívoco a sus autores, sean quienes sean: el Eln, las disidencias, los herederos del paramilitarismo, las bandas criminales o los agentes estatales. Y de esperanza de que demos un paso decisivo para lograr, dentro de nuestras obvias diferencias, un pacto político y social para sacar la violencia y las armas de la política. Nadie más puede morir en Colombia por sus convicciones políticas.

Hace dos años, algunos de nosotros propusimos un pacto semejante, que finalmente fue firmado en julio de 2018 por el presidente saliente Santos, el presidente entrante Duque, los presidentes de las cámaras y de las cortes, y los directores de los organismos de control y de los principales partidos políticos, aunque con algunas ruidosas excepciones.

Pero, por importante que haya sido, ese pacto político no ha tenido mucho impacto, pues los asesinatos han seguido.

El Acuerdo de Paz con las Farc prevé algo muy parecido. El punto 3.4.3 consagra la suscripción de un pacto político nacional en donde los colombianos nos comprometamos a que nunca más se utilicen las armas en la política. Pero ese pacto no se ha logrado.

La movilización y este grito colectivo del 26 de julio, a la que se sumó incluso el Gobierno, pueden revivir la idea de materializar un pacto político por el cual las principales fuerzas políticas y sociales se comprometan a rechazar la violencia en la política, venga de donde venga.

Un pacto de esa naturaleza puede parecer inocuo, pero no lo es, pues privaría a esas violencias de cualquier asomo de legitimidad. Esto no solo podría inhibir a ciertos actores locales de persistir en esa violencia, sino que fortalecería la capacidad del Gobierno de prevenir esos crímenes, y la de la Fiscalía de investigarlos para que sus responsables sean sancionados, al mostrar que la sociedad y las fuerzas políticas apoyan los esfuerzos estatales (aún muy insuficientes) contra esos crímenes.

Obviamente un pacto de esa naturaleza implica responsabilidades diferenciadas. No es igual nuestra responsabilidad como ciudadanos frente a esos crímenes que aquella del Estado y en especial del Gobierno, quienes tienen la obligación constitucional de otorgar garantías al libre ejercicio de la política, lo cual implica prevenir esos crímenes e investigar y sancionar a sus responsables. Esas responsabilidades diferenciadas deberían quedar claramente definidas en ese eventual pacto. Por eso es muy bueno que el Gobierno se haya montado a la marcha siempre y cuando no sea para eludir sus responsabilidades cruciales en este campo, sino para asumirlas plenamente, para lo cual podría comenzar por impulsar que todos los partidos, incluyendo aquel que lo candidatizó, suscriban ese pacto para expulsar la violencia de la política colombiana.

https://www.elespectador.com/opinion/un-grito-por-la-vida-un-pacto-contra-el-terror-columna-873081

27.19.-HOY ES EL DÍA – Patricia Lara

¡Hoy es el día de gritar “No más”! ¡No más atentados contra mujeres, madres la mayoría, que han tenido el valor de defender a sus comunidades del robo de tierras, de la corrupción política, de la minería ilegal; que han promovido la sustitución de los cultivos de coca! ¡No más asesinatos a líderes sociales! ¡No más huérfanos!

26 jul 2019.- Hoy es el día de salir a la calle, a las cinco de la tarde, para gritar a favor de la vida e invitar con contundencia al presidente Iván Duque a que priorice esta situación, como acción fundamental de su gobierno, pues debe ponerle fin a la matazón de líderes sociales y excombatientes que han optado por la paz. En su discurso del 20 de julio, él apenas mencionó el tema. Y lo hizo apoyado en generalidades.

Y no es tan difícil detener el genocidio, si se tiene la voluntad política de hacerlo, porque esa violencia atroz está concentrada en unas pocas regiones. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, el 80 % de los homicidios se ha presentado en municipios advertidos como potenciales escenarios de violencia según las alertas tempranas. Y los asesinatos se han producido solo en 99 de los 1.122 municipios que hay en Colombia. ¿Entonces por qué el presidente Duque no ordena concentrar la acción y la presencia del Estado en esos municipios?

Pero ocurre que a esos lugares casi nunca va un gobernador; en ellos la Policía es escasa y, lo que es peor, allá la población tiene la sensación de que las autoridades locales están cooptadas por las bandas criminales y los grupos armados.

Además hay otro problema grave: el presidente y su Gobierno parecen tener un diagnóstico errado de la situación, porque dan a entender que a los líderes sociales los están matando los grupos armados. Y eso no es sino parcialmente cierto: según el investigador Ariel Ávila, si bien el 30 % de esos asesinatos los cometen grupos armados y miembros de las disidencias, el 70 % los han perpetrado autores particulares; es decir, sicarios contratados para matar a los líderes.

Así que las respuestas que deben darnos cuanto antes el presidente y su Gobierno son: ¿quién está contratando a los sicarios? ¿Quién está mandando a matar a los líderes sociales? Hasta ahora, que se sepa, no han descubierto a un solo autor intelectual de alguno de esos asesinatos. ¡Y eso es una vergüenza!

De modo que salir a marchar hoy es fundamental: no podemos preferir quedarnos en casa por más lluvia o frío que haya. Tenemos que salir… No podemos dejar pasar esta oportunidad de demostrarles a los violentos que el país no tolera su violencia ni está dispuesto a dejarse arrebatar la paz; no podemos dejar pasar esta circunstancia para decirle al presidente que percibimos su pasividad ante la muerte de exguerrilleros y líderes sociales, y que le exigimos que actúe y defienda la vida de esas personas, como se lo ordena la Constitución.

No podemos desaprovechar este 26 de julio para convidar a Iván Duque a que se una con su Gobierno a esta causa, la de parar la guerra, y la de gritar “no más”, un “no más” que se escuche en todos los rincones del país, porque lo peor que le puede pasar a Colombia, y a él como presidente, es que en estos tres años que le quedan de mandato, en lugar de consolidarse la paz, regrese la guerra.

Nos vemos a las cinco de la tarde de hoy, para marchar desde el Centro de Memoria Histórica (calle 26 con carrera 19B) y gritar: ¡no más muerte! ¡No más!

www.patricialarasalive.com, @patricialarasa

#AdiósALaGuerra

https://www.elespectador.com/opinion/hoy-es-el-dia-columna-872779

27.19.-COLOMBIA GRITA: ¡NI UNO MÁS! – Cristina de la Torre 

No cabe duda: se despliega en Colombia una campaña de terror calculada para exterminar a los líderes naturales del pueblo, savia de la democracia, y volver al régimen de fuerza que a cada víctima pide pista. Son reclamantes de tierras usurpadas, promotores de la sustitución de cultivos, líderes de Acción Comunal, aspirantes a cargos de representación política y portavoces de comunidades étnicas. Contra ellos disparan guerrilleros del Eln, disidentes de las Farc, miembros de la Fuerza Pública y, por abrumadora mayoría, el narcoparamilitarismo y sus aliados en política y negocios. Fuerzas vivas del poder local en los territorios.

23 jul 2019.-  Los que apuestan a que nada cambie, porque es en el abuso de poder, en la tradición de inequidad y violencia como medran ellos y se enriquecen. El 72 % de estos asesinatos tiene lugar allí donde despuntan Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Y el Gobierno apenas si actúa. No le alcanza el faraónico poder militar y jurisdiccional para neutralizar a los paramilitares, a sus brazos político y económico. No se atreve contra los incitadores, inspirados arquitectos de la matanza, conocidos de autos cuyo señalamiento le costaría la vida al ciudadano inerme.

Y desdén a la valiente Defensoría del Pueblo, cuando no grosera desnaturalización de sus alertas tempranas. ¿A qué tanta cobardía del poder público frente a estos matones? ¿A qué el irresponsable diagnóstico del Gobierno que revictimiza a los sacrificados mezclándolos en el caldo del narcotráfico? ¿Ineptitud? ¿Secreta complacencia entre entusiastas del partido de Gobierno?

Partidos, organizaciones sociales, gremios, iglesias, sindicatos, académicos, la más diversa convergencia reunida en Defendamos la Paz (DLP) invita a protestar este viernes en calles y veredas contra esta carnicería. Contra el asesinato de “cientos de personas que defienden los derechos de las comunidades rurales a la vida digna, a la preservación de sus territorios, a la protección de los ecosistemas y del agua, al cumplimiento del Acuerdo de Paz y a la restitución de tierras.

Este baño de sangre debe terminar”. La CUT y Fecode suscriben el llamado y abogan, además, por la restitución de tierras, la sustitución de cultivos y la participación política de las víctimas. Emplazan al Gobierno a proteger a los líderes, a frenar el régimen de terror que se instaura nuevamente.

Y es que, al parecer, no ve el Gobierno lo que no quiere ver. O lo ve al revés. El consejero para el Posconflicto insiste en atribuir la masacre de líderes a enfrentamiento entre sujetos dedicados al delito. Y el comisionado de Paz los asocia a cultivos ilícitos. A un pronunciamiento de Ceballos en esa dirección el 11 de julio en Córdoba respondió José Daniel Ortega, vocero de la Asociación Campesina de ese departamento, adjudicando la matanza a la incapacidad de la Fuerza Pública para controlar a las organizaciones ilegales, no a la existencia de cultivos ilícitos. “El territorio se lo están peleando porque es un corredor estratégico (para el narcotráfico) que el Gobierno no ha podido controlar”, precisó. Andrés Chica, líder social en Tierralta, explica que tras los asesinatos se juntan paramilitarismo, conflictos por la tierra y poder político.

El ministro Botero, en quien lo desangelado no quita lo siniestro, niega el regreso del paramilitarismo, y matiza su versión, a la Pambelé: “(Yo) diría que hay gente mala matando gente buena”. En todo caso, parar la matanza pasa por soluciones integrales acordadas con organizaciones sociales como la Acción Comunal. Y por identificar a sus autores intelectuales. Mauricio Cabrera escribe: “La cuestión relevante no es quién está matando a los líderes sociales, sino quién los manda matar”. Pregunta consorte del grito que resonará este viernes 26 de julio: “¡ni uno más!”.

https://www.elespectador.com/opinion/colombia-grita-ni-uno-mas-columna-872206

  • 26.19.-TIERRA Y MÁS TIERRA O EL URIBISMO INSACIABLE –     Cristina de la Torre
  • EL PERPETUO DEBATE DE LA CADENA PERPETUA – Yesid Reyes

No le basta a la caverna con sabotear la devolución de las tierras robadas en la guerra; va también por los baldíos. Al proyecto de ley de María Fernanda Cabal contra la restitución de predios se suma ahora el del copartidario Rubén Darío Molano para desmontar el último instrumento de reforma agraria: la Ley 160 de 1994, soporte de la reforma rural suscrita en el Acuerdo de Paz. Tal contrarreforma volvería picadillo lo que queda de economía campesina, en el altar de la gran propiedad rural. Y, en su anhelo de reavivar la contienda, agudizaría esta derecha rapaz el conflicto agrario del que se nutre, sazonado en sangre, desde hace 200 años.

16 jul 2019.- Carambola doble, en el país de mayor concentración de la tierra en el mundo: en lugar de trabajar sus haciendas, especula el latifundio con ellas y alarga su mano peluda hacia los baldíos de la Nación con destino legal al campesinado pobre. Contra la probada superioridad en productividad de la agricultura familiar sobre la gran empresa agroindustrial, el vocero del CD anuncia exultante el retroceso, que acabaría de sumir en la pobreza a 13 millones de pobladores del campo. Más tierra recibirían los grandes terratenientes y, por añadidura, una jugosa tajada de los $78,5 billones que en gabelas tributarias les concede este Gobierno a las élites. Para honrar tradición de privilegios en la cual Agro Ingreso Seguro fue un episodio más de raponazo de subsidios destinados a pequeños agricultores que aterrizaron en bolsillos de pomposos apellidos.

Si la Ley 60 reserva los baldíos para familias pobres, el proyecto del CD los entrega a grandes inversionistas, así no sean sujeto de reforma agraria. Si el baldío para el campesino sería de una Unidad Agrícola Familiar, el propuesto le reconocerá hasta 3.000 hectáreas al ocupante “de buena fe” antes de 1989. Convierte la expropiación (por falta de explotación) en “mecanismo residual” y, en consecuencia, también la redistribución de tierra. Porque las Zidres apuntan a la misma tierra de la pequeña agricultura.

El candidato a Nobel de Economía y colombianista Albert Berry ha demostrado que la productividad de la tierra es mucho mayor en pequeños fundos. Si cuenta con apoyo social, técnico y financiero, y si se le suministra tierra, el campesino crea más valor y empleo. Porque la agricultura familiar es intensiva en mano de obra, explota productos de alto valor y amplía la seguridad alimentaria de la población. José Leibovich probó que la economía campesina aporta el 60 % a la producción agrícola total y 35 % de los alimentos que consumen los colombianos. La productividad del minifundio sería cuatro veces mayor que la de la gran propiedad. La talanquera está en el acceso a la tierra. Y en los apoyos financiero, tecnológico y comercial del Estado, acaso como quiso hacerlo el DRI.

Pero, se sabe, el acaparamiento violento de la tierra se amanceba con el poder político. La caverna del campo encubrió bajo el estruendo de la guerra su grosero engullir de tierras y más tierras; y hoy prepara la tarascada de gracia para eternizar el suelo patrio como su finca particular, a menudo en asocio del narcoparamilitarismo. De postre vino AIS, fondos públicos con los que remachaba Álvaro Uribe el apoyo de la crema latifundaria a su segunda reelección, y Uribito, el cupo para sucederlo: 51 aportantes a las campañas de elección y reelección de Uribe desembolsaron $687 millones y recibieron $44.000 millones entre subsidios y créditos blandos de AIS.

Sí, un vuelco se impone. Mas no para hundir más al campo en el infierno, sino para restituir predios, redistribuir tierra, desarrollar la economía campesina con el instrumental moderno e invertir la lógica del apoyo estatal, ahora para redimir al campesino y modernizar el campo. Vade retro este uribismo insaciable.

https://www.elespectador.com/opinion/tierra-y-mas-tierra-o-el-uribismo-insaciable-columna-871079

26.19.-EL PERPETUO DEBATE DE LA CADENA PERPETUA – Yesid Reyes

El presidente Duque dijo que alrededor de la cadena perpetua hay grandes polémicas de orden jurídico; es cierto, la pena en general, y la de prisión en particular, es un asunto más serio de lo que se piensa.

16 JUL 2019.- Si lo que se busca con ella es devolverle al delincuente el mismo dolor que éste le causó a su víctima, entonces el sistema ideal es la ley del Talión, cuyos más claros ejemplos datan de casi 2.000 años antes de Cristo: ojo por ojo, diente por diente. Es curioso que este tipo de sanciones haya sido abandonado hace mucho tiempo por considerarlo excesivamente cruel, pero se siga insistiendo en aplicar penas como la de muerte o de cadena perpetua, que tienen el mismo propósito fundamental de aquellas (devolver el mal causado), pero sin atenerse a su estricta proporcionalidad.

Encerrar de por vida a quien ha delinquido, matarlo o azotarlo equivale a tratarlo como una simple fuente de peligro, como un animal; la deshumanización que ello comporta es insostenible en Estados demoliberales. Así se desprende de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, documentos en los que se prohíben las penas crueles, inhumanas o degradantes. Este último instrumento internacional, ratificado por Colombia en 1968, dice que “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”; de esta manera se les reconoce a los delincuentes su categoría de personas, de seres racionales capaces de entender el significado de la pena y de reorientar su conducta futura de forma tal que se reincorporen a la sociedad, siempre que en ella encuentren las condiciones para hacerlo.

Es por ello que, en los países donde existe la cadena perpetua, se fija un plazo (que varía entre los 10 y los 20 años) para que los jueces revisen si es razonable o no mantenerla respecto del condenado; esto pone de presente que incluso en esas legislaciones penales se asume que, si el sentenciado da muestras de poder reintegrarse a la comunidad, la prisión deja de tener sentido respecto de él.

Hay quienes invocan estudios y estadísticas para afirmar que los violadores de niños son incorregibles y que por eso se justifica aplicarles la cadena perpetua. Quienes así razonan desconocen que el derecho penal solo debe sancionar a quien tiene la posibilidad de escoger entre actuar conforme o contra la ley; se lo castiga, precisamente, porque pudiendo haberse comportado de manera correcta, no lo hizo. Para las personas que están en imposibilidad de hacerlo, los códigos no contemplan la aplicación de penas, sino de medidas de seguridad encaminadas a conseguir que superen su situación como, por ejemplo, el sometimiento forzado a tratamientos psicológicos o psiquiátricos.

Como parte del debate que ha promovido sobre este tema, el Gobierno debería, por lo menos, decir si el país se va a apartar de los convenios internacionales que prohíben las sanciones crueles e inhumanas, y mostrar los estudios científicos que demuestran que es la severidad de ellas lo que acaba con la delincuencia.

http://beta.elespectador.com/opinion/el-perpetuo-debate-de-la-cadena-perpetua-columna-871080

  • 25.19.-RESPUESTA DE LA VICEPRESIDENTA – Patricia Lara
  • OCASO DEL LIBERALISMO – Salomón Kalmanovitz

La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, envió una carta —que por falta de espacio no transcribo completa—, en la que dice que responde las preguntas de mi columna titulada “La mala fe del Gobierno”, donde hablaba de las respuestas torcidas que le dieron a las declaraciones del excomisionado de Paz, Sergio Jaramillo, y en la que le pedía que contestaran algunas preguntas, entre otras las hechas por él sobre ¿por qué el Gobierno está haciendo tan poco para cumplir los puntos diseñados para garantizar la no repetición de la violencia?

En su carta, la vicepresidenta no respondió los puntos en concreto, sino que mencionó diez acciones que, según ella, ha impulsado el Gobierno en cumplimiento del Acuerdo de Paz, a saber:

  1. “El lanzamiento y vigencia de la política de estabilización ‘paz con legalidad’, para cerrar la brecha urbana-rural”.
  2. La culminación de “la etapa de formulación de 14 de los 16 planes de acción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”.
  3. “En un trabajo conjunto con las comunidades, se han entregado 400 obras PDET de infraestructura comunitaria, relacionadas con salud, vivienda, educación y deporte, que benefician a 76.000 familias de zonas rurales”.
  4. “Con una inversión de $247.000 millones, mediante Obras por impuestos” (…) en 2019 41 empresas han ejecutado “42 proyectos en 57 municipios, de los cuales 28 son PDET”.
  5. “Pese a que los acuerdos determinaban el mes de agosto de 2019 como fecha final de la figura jurídica transitoria de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización (ETCR), donde están más de 3.000 excombatientes de las Farc con sus familias, el Gobierno Nacional resolvió mantener la atención, la renta básica y las garantías de reincorporación, por el tiempo que sea necesario, a fin de garantizar su vinculación a la vida civil en un marco de legalidad”.
  6. “Se han aprobado 24 proyectos productivos colectivos que vinculan a 1.567 personas en proceso de reincorporación con un valor de $17.430 millones. Del total de aprobados, se han desembolsado recursos a 17 proyectos que vinculan a 1.216 excombatientes”, por $12.798 millones.
  7. “Se han aprobado y desembolsado 162 proyectos productivos e individuales que benefician a 190 personas”, por $1.479 millones.
  8. “Se cuenta con 1.137 personas contratadas en la Unidad Nacional de Protección (UNP) y en la ARN se tienen contratados 35 excombatientes”.
  9. “Se han vinculado 30.000 familias al Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)”.
  10. “Existen aproximadamente 100.000 personas vinculadas al Programa PNIS. Los campesinos han arrancado de raíz casi 35.000 hectáreas de hoja de coca (…) Este programa transforma en la práctica las condiciones de vida de los campesinos que le apostaron a la legalidad”.

A pesar de su pastoral, la vicepresidenta dejó de responder en concreto estas preguntas: ¿en qué va la implementación de la reforma rural integral? ¿Cuántas hectáreas se han distribuido a los campesinos de los tres millones que, según el Acuerdo, hay que repartir? ¿Cuántas se han formalizado de los siete millones que hay que formalizar? ¿Y cuáles son los resultados en cuanto a la protección efectiva de líderes sociales y excombatientes de las Farc, la cual debería traducirse en ausencia de muertos?

Seguimos esperando que el Gobierno, cuya vocería en este caso la tomó la vicepresidenta, responda en concreto esas preguntas.

Nota. ¡No se pierdan El sendero de la anaconda, de Alessandro Angulo! Es un documental espléndido con una cámara magistral.

www.patricialarasalive.com@patricialarasa

Le puede interesar: «Vía al Llano: crónica del abandono a una región»

https://www.elespectador.com/opinion/respuesta-de-la-vicepresidenta-columna-870418

 

25.19.-EL OCASO DEL LIBERALISMO – Salomón Kalmanovitz 

El triunfo de la extrema derecha en Estados Unidos y el que se viene en Inglaterra con Boris Johnson para suceder a Theresa May significan que el liderazgo del “mundo libre” está en manos de payasos peligrosos. La extensión del fenómeno a Italia, Polonia, Hungría y Turquía, el debilitamiento de la social democracia en Alemania y Francia señalan todos el fin de la era liberal e incluso del conservatismo moderado que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. En América Latina se han apropiado del poder personajes parecidos en Brasil y en Colombia por interpuesta persona, afortunadamente sin mayorías parlamentarias.

8 Jul 20198.- ¿Qué los caracteriza a todos? Charlatanes y narcisos con nociones perversas sobre la verdad, carentes de principios mínimos de moral, racistas sin empacho, practicantes de la política del espectáculo, manipuladores del miedo y de los odios ancestrales, traficantes del nacionalismo, abanderados de la guerra y de la violencia contra los débiles, todos exhiben profundos vacíos de culpa y decencia. El señor Johnson en Inglaterra está dispuesto a empobrecerla con una salida abrupta de la Comunidad Europea que le costará millones de empleos y arruinará su papel de centro financiero continental, todo por su intolerancia con la política migratoria liberal y para ahorrarse unos aportes que eran modestos frente a las ventajas que le reportaba su membresía en Europa.

El empuje populista de la extrema derecha ha arrastrado a los conservadores en Estados Unidos y también en Inglaterra; en países como Colombia los ha puesto a órdenes del líder que moviliza a los partidos cristianos y al pueblo que es arrastrado por su carisma. Se ha perdido así un balance que solía existir en la sociedad en torno a valores que representaban una continuidad con el pasado y que no se dejaron desbordar por el fascismo. La revista The Economist lo refiere como una desintegración del conservatismo en el mundo.

En economía los populistas de derecha son igualmente irresponsables: reducen los impuestos de los ricos y hacen disparar la deuda pública, que le tocará pagar a los gobiernos y a las generaciones del futuro; al mismo tiempo, recortan brutalmente los gastos sociales, la salud y las pensiones, y dirigen el gasto hacia el sostenimiento de sus clientelas. Trump amenaza a todos sus socios comerciales con reventarlos a punta de tarifas exorbitantes sin ton ni son porque, supuestamente, lo han estado explotando toda la vida. Favorece a dedo empresas ganadoras (incluyendo las propias) y a las perdedoras también. Amenaza con hacer explotar una intrincada división internacional del trabajo que ha favorecido especialmente a las grandes corporaciones norteamericanas y a las que ejercen el liderazgo tecnológico en el mundo

Trump también amenaza con despedir al presidente del Banco de la Reserva Federal si no reduce las tasas de interés para mantener una recuperación económica que le debe más a Obama que a su brutal recorte impositivo, que en caso de continuar le puede ayudar a su reelección. Erdogan, en Turquía, acaba de despedir a su director del banco central por haber subido las tasas de interés ante una situación inflacionaria persistente. Entre nosotros la cabeza del gerente del Banco de la República puede rodar si el senador Uribe se pone de mal humor o si vuelve a controvertir a un ministro de Hacienda que ha renegado de la ortodoxia fiscal de que hizo gala en otras épocas y que nos pone a todos en riesgo.

https://www.elespectador.com/opinion/el-ocaso-del-liberalismo-columna-869715

24.19.-¿SANTRICH, EL PERSONAJE MÁS IMPORTANTE DE COLOMBIA? – Juan Manuel López

  • EL BANQUERO CENTRAL – Jorge Iván González

Cualquier extranjero que llegara hoy a Colombia y tomara contacto con las noticias se tendría que preguntar ¿Quién es ese señor Santrich? ¿Porqué tan importante? ¿Porqué todo el mundo quiere saber dónde está? ¿Porqué el Presidente no espera las decisiones de la Justicia? 

Pero probablemente más sorprendido quedaría con la respuesta. 

Se le diría que porque Santrich es un presunto narcotraficante solicitado en extradición por los Estados Unidos.

3  jul 2019.- Pero como tal es solo uno de los cientos que se han extraditado o que están pendientes de serlo por ello.

Ah! Pero porque es que además formó parte de ‘la guerrilla más antigua del mundo’.

Sí pero de ella formaron parte más de cien mil miembros y aún en el momento de acordar el abandono de las armas se reconocieron como tales cerca de treinta mil ¿Porqué es éste tan importante?

Ah! Pero pues porque es que él cae en las dos categorías, ya que es guerrillero y la guerrilla se dedicó al narcotráfico.

 Sí pero que se sepa dentro de sus funciones no estaba el manejo de los negocios de droga.

Ah! Pero la guerrilla ejecutó actos de terrorismo y bajo órdenes superiores cometió las más atroces violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Si, pero él no era comandante militar ni dependían de él las decisiones militares.

Ah! Pero él era parte de la alta jerarquía de la guerrilla.

Sí, pero era tan poco protagónico que no se sabía -o no se sabe- si pertenecía al Secretariado, y si en consecuencia le recae responsabilidad directa por esas directrices.

¿Cómo llegó a ser entonces el punto alrededor del cual parece girar lo más importante de la historia del momento? ¿Cómo si es uno de cientos de extraditables se volvió más trascendental que todos los otros? ¿Cómo si en la guerrilla no manejaba ni la guerra ni la droga se convirtió hoy en el símbolo de la responsabilidad por ellos? ¿Porqué si ha pasado por todos los trámites e instancias de la Justicia colombiana (JEP, Consejo de Estado, Corte Constitucional, y actualmente la Corte Suprema) se dice que todos están errados o han complotado para impedir que nuestras leyes operen?

La respuesta es que fueron los opositores al Acuerdo de Paz quienes lo convirtieron en semejante personaje. En la búsqueda de algo o alguien que represente lo que cuestionan de ese proceso, se dedicaron a darle tal dimensión que hasta desde la orilla opuesta se menciona que su caso puede ‘poner en peligro’ la paz de Colombia.

Pero la verdad verdadera es que la paz no depende del acuerdo, ni el resultado del mismo depende de lo que haga o no haga Santrich.

Lo segundo porque de lo arriba señalado queda claro que el peso mismo del personaje no da para incidir en nada en el proceso; y lo primero porque el acuerdo se concretó solo en el desarme de la FARC, pero no resolvió ni cambió nada de los otros factores de conflicto y violencia que nos aquejan.

Lo que acaba dándole importancia a lo que pase con Santrich es que sirve de justificación para las posiciones que asumen tanto quienes atacan el principio mismo de lo negociado, como quienes, defendiéndolo, se encuentran ante la realidad de que varios de los cuestionamientos que se le hicieron y las dudas que en su momento se plantearon hoy aparecen validadas.

 Juan Manuel Lopez 3 Julio 2019 Yahoo/BuzóN SECRETARIA SOCEAGRO <asistentesoceagro@gmail.com>

24.19.- EL BANQUERO CENTRAL – Jorge Iván González 

Estos días, a raíz de las declaraciones del gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, sobre los indicadores económicos, se ha vuelto a abrir el debate sobre la injerencia que debe tener el banco central en el manejo económico. El art. 4 de la ley 31 de 1992, que reglamenta la operación de la banca central, dice que las funciones monetaria, cambiaria y crediticia se deben realizar en “coordinación con la política económica general”. Y como la inflación y la estabilidad monetaria están íntimamente ligadas al resto de variables macro, es pertinente y necesario que la Junta Directiva del Banco esté atenta a la dinámica del conjunto de la actividad económica.

artículo recomendado:_ BAJA EL DÉFICIT COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS, CAEN TANTO LAS EXPORTACIONES COMO LAS IMPORTACIONES

21  jun 2019.- A finales de los años 70, Paul Davidson publicó el libro Moneda y Mundo Real, con un fuerte acento keynesiano, en el que muestra las íntimas relaciones entre las variables monetarias y reales. El mundo real es incierto porque la demanda de moneda es impredecible, y depende del comportamiento de los “espíritus animales”. Cuando los individuos aumentan o disminuyen la demanda de dinero, están expresando sus expectativas frente al futuro. Y como estas son caprichosas, los ciclos económicos son erráticos. Para minimizar su intensidad, Keynes mostró la necesidad de las “convenciones”. Se requiere un orden institucional que ayude a suavizar los choques que se derivan de la volatilidad de la conducta humana. Y, entonces, la política monetaria es inseparable del conjunto de la política económica.

No es un asunto de buenos o malos modales. Tiene razón el gerente del Banco al afirmar que la economía está mal. El PIB crece menos, el desempleo aumenta, el déficit en cuenta corriente se agudiza, y la situación fiscal empeora. Estas tendencias son innegable y tienen una incidencia directa en la política monetaria.

El desbalance de la cuenta corriente, que es de -4,6% del PIB, muestra que la producción doméstica está golpeada y que las importaciones continúan aumentando. Las 14 millones de toneladas de alimentos que el país está importando cada año tienen un impacto directo en el índice de precios al consumidor. Con la devaluación del peso estos bienes se encarecen. Y es bueno recordar que los alimentos son el principal componente del IPC, así que el desbalance externo tiene una relación directa con la inflación.

El déficit fiscal continuará agudizándose porque la ley de financiamiento se quedó muy corta, y porque es imposible reducir el gasto público. Además, no es conveniente tratar de disminuirlo, como lo advirtió en su momento la Comisión de Gasto. El desequilibrio fiscal se expresa en un aumento del saldo de la deuda del gobierno, y ello incide de manera directa en la política monetaria.

Desde 1958, cuando Phillips publicó su artículo sobre la relación entre inflación y desempleo, se puso en evidencia el “cruel dilema”, como lo llamaba Tobin, de los gobiernos: menor desempleo y mayor inflación, o más desempleo y menor inflación.

Negar la conexión estrecha entre las variables monetarias y reales fue el sueño de Friedman. Sus discípulos más radicales, como Carrasquilla, afirman de manera equivocada, que la “tasa de sacrificio” de la política monetaria es nula. Dicen que las decisiones de las autoridades monetarias no tienen repercusiones en las variables reales. Afortunadamente el banquero central ha puesto en evidencia la estrecha relación entre los mundos monetario y real.

jorgeivangonzalez29@gmail.com https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/el-banquero-central-2876513

23.19.-UNA OPORTUNIDAD DE ORO QUE LA CORTE PERDIÓ – Cecilia Orozco

Tuve que rectificar al aire, a nombre del noticiero en que trabajaba, la información nacida de una investigación periodística que habíamos publicado sobre las andanzas de uno de los capos de la mafia más famosos del país, en aquella época. Nos lo ordenó un juez de tutela, a comienzos de los años 2000. Entonces, nos correspondió asegurar, en acatamiento a la orden judicial, que Iván Urdinola Grajales no era un capo del narcotráfico a pesar de que sus apellidos eran tan temidos por la sociedad colombiana como los de Escobar Gaviria, Rodríguez Orejuela y Rodríguez Gacha.

El sustento del juez era contundente desde su estrecha lógica legal: ¡Urdinola estaba preso purgando una pena de 17 años pero no por traficar cocaína sino por haber cometido una masacre! Y aunque también se le había abierto un proceso por comerciar con drogas ilícitas, todavía no había sido condenado por este tipo delictivo, dijo el juez.

26 jun 2019.- Así que les mentimos a nuestros televidentes y algunos de estos seguramente quedaron confundidos con semejante falsedad, sobre todo cuando poco después el Tribunal Superior de Antioquia le impuso a quien en ese momento era uno de los jefes del Cartel del Norte del Valle una condena de 14 años, precisamente por sus crímenes de traficante.

Traigo este caso extremadamente ilógico, sin querer irrespetar a la Corte Constitucional, para llamar su atención sobre una constante peligrosa que está brotando en varios campos del poder público y cuyo objetivo consiste en eliminar o, en el mejor de los casos, limitar uno de los fundamentos de la democracia: la libertad de información ya de por sí estropeada por efecto del miedo, de la superficialidad, de los negocios privados o del amiguismo cómplice. Recordemos otros ejemplos recientes:

  1. La periodista María Jimena Duzán titula su última columna con la significativa frase “Ni cuestionar ni denunciar”. Allí revela lo que denomina “un sorprendente derecho de petición” del ministro de Defensa que en realidad es un acto de prepotencia y exhibición bochornosa de su poder. Guillermo Botero conmina a María Jimena a enviarle las sentencias en que “se me condena por el delito de encubrimiento… y por los delitos de corrupción”, y añade con evidente sorna que “no es necesario que sean autenticadas”. El ministro de las armas expresa así su molestia por un comentario anterior de Duzán en que esta señala sus conflictos de intereses de funcionario respecto de sus actividades de particular. Lo que él pretende, por supuesto, es callar a la columnista.
  2. Varios medios han mostrado evidencias de la intimidación extrema que grupos de contrainteligencia están ejerciendo sobre los hombres del Ejército para tratar de descubrir cuáles de ellos fueron los que hablaron con los periodistas sobre los contenidos de unas directivas oficiales que conducirían a la ejecución de nuevos falsos positivos, en lugar de “seguir los conductos regulares”, es decir, de quejarse internamente con lo cual se habría garantizado el secreto de un asunto que involucra la vida de los civiles.
  1. Una sentencia de la Corte Suprema –corregida, en buena hora, tiempo después– ordenaba a la misma revista Semana, el año pasado, entregar los correos cruzados entre reporteros y personas con quienes conversaron sobre una investigación y revelar su identidad, presuntamente para proteger el derecho al buen nombre de una viceministra, no importa que se arrasara con el principio inviolable de protección de la identidad de las fuentes.

Y ahora, la Corte Constitucional da una señal igual de equívoca y mucho más grave puesto que se trata de la guardiana de la Carta Política: en el análisis de una tutela que el exprecandidato presidencial Luis Alfredo Ramos interpuso contra Noticias Uno, si bien tumba las decisiones anteriores contra el noticiero para “negar el amparo de los derechos de honra y buen nombre (de Ramos)”, por cuanto lo que informó sobre una ponencia en la Corte Suprema en que se pide la condena del exgobernador era cierto y “fiel al pie de la letra”, de otro lado, les pide a la Procuraduría y a la Fiscalía que investiguen quién o quiénes filtraron “el proyecto de sentencia” y apura al Congreso para que legisle sobre la reserva en los procesos penales.

La compulsa de copias a los entes de investigación y la invitación al Congreso no solo lucen desproporcionadas sino peligrosas en una democracia tan débil y en una etapa tan autoritaria como la del presente político. A sus magistrados habría que recordarles –con todo el respeto institucional– muchas sentencias de su propia corporación en que se ratifica la protección reforzada de la libertad de expresión, en particular cuando mediante ella se ejerce un sano control social sobre los hombres públicos que tienen o aspiran a tener cargos de representación popular.

También deberían revisar otras decisiones de sus antecesores en que establecen la reducción de algunos derechos como el de intimidad, buen nombre y honra que sufren los servidores del Estado, justamente por su posición de dirigentes de la comunidad. El comunicado de la Corte sobre el caso Ramos vs. Noticias Uno da a entender que nuestra máxima corporación constitucional perdió una linda oportunidad para ponderar derechos fundamentales y establecer parámetros altos de juridicidad social. En cambio, se redujo a un pequeño estudio sobre el debido proceso en un caso personal.

https://www.elespectador.com/opinion/una-oportunidad-de-oro-que-la-corte-perdio-columna-867737

 

  • 22.19LA MINISTRA DEL REFERENDO CONTRA LA JUSTICIA – Cecilia Orozco
  • LA MALA FE DEL GOBIERNO –Patricia Lara

Margarita Cabello Blanco, nueva Ministra de Justicia. 

.Curioso. Es el adjetivo más suave que uno puede expresar cuando piensa en la coincidencia temporal entre el momento escogido por el presidente Duque para cambiar a su titular en el Ministerio de Justicia, la persona a quien nombró y la propuesta del senador Uribe Vélez de darle golpe de Estado precisamente a la Justicia mediante un referendo para cerrar la JEP, eliminar todas las cortes creadas por la Constitución del 91, echar a los magistrados que las componen e imponer un único tribunal confeccionado a su antojo, también con nuevos togados que estarán sometidos a su “Estado de opinión”, es decir, a él.

19 jun 2019.-  Curioso que después de meses de hostigamientos y burlas del uribismo más áspero a la ministra Gloria María Borrero, cuya gestión le parecía a esa facción no buena ni mala sino muy “liberal”, Duque hubiera decidido aceptar su renuncia; que, a continuación, su elegida para reemplazar a Borrero hubiera sido una magistrada (¿una magistrada de las que deberían ser echadas por el referendo? ¡Sí! Pero esta, de las propias tropas); que, en seguida, la nominada hubiera anunciado, en una desatinada intervención palaciega, otra reforma a la Rama Judicial; y que, de inmediato, hubiera surgido la intención de violar la independencia, la autonomía y la dignidad de la Justicia con un remedo de acto popular.

Pero si alguien se toma el trabajo de examinar de dónde viene la ministra que dirigirá el tinglado contra el Poder Judicial preparado por el fascismo criollo en el Poder Ejecutivo, no puede extrañarse y, en lugar de parecerle curioso, encontrará que ella es pieza clave que encaja en los planes del senador-jefe: Margarita Cabello Blanco no es una típica jueza de carrera como pretenden presentarla sus aliados pese a sus estudios de Derecho y a sus largos años en los estrados. La ambición de Cabello, que va más allá de un despacho y miles de expedientes, la ha acompañado desde el inicio de sus puestos con un norte de ascensos que no se explican solo por su buena fortuna. Barranquillera entroncada con los grandes caciques de su ciudad —Name, Gerlein, Char—, subió de juzgados a tribunales sin descuidar la política: un pie aquí, un pie allá, ha sido la fórmula exitosa, ni qué decir. La encantadora señora logró unir a los clanes clientelistas de la región para anunciar, todos ellos, que era su candidata a la Gobernación del Atlántico para las elecciones de 2011 aunque la cosa no le cuajara. Su hermana María Elvira, destacada como cónsul en Caracas por Uribe presidente, fue compañera electoral de Mauricio Pimiento en 2006, el exsenador del Cesar condenado dos años después por la Corte Suprema que comprobó que él participó y se benefició del delito de constreñimiento al elector concertado con el paramilitar Jorge 40 para repartirse los votos del Cesar.

Cabello Blanco, la ministra, saltó a la escena nacional cuando, en esa misma época, Uribe la incluyó en la terna para fiscal general siendo procuradora delegada de Alejandro Ordóñez que la apalancó con el presidente, junto con el gran contratista del Estado David Name (hermano del congresista José Name) y el senador Roberto Gerlein, según se lee en los registros de prensa. Cabello Blanco, la ministra de Justicia que adelantará el homicidio de la rama que la ha mantenido, fue el centro del escándalo en ese proceso de selección: el entonces magistrado Luis Javier Osorio, de la Sala Laboral de la Corte Suprema electora del Fiscal General, denunció en Sala Plena que intentaron sobornarlo con importantes cuotas en la Fiscalía para que votara por Cabello Blanco, la hoy ministra de Duque, la candidata de Uribe y Ordóñez y Name y Gerlein.

De la denuncia verbal de Osorio, son testigos presenciales los asistentes a esa sala, dos de los cuales consulté esta semana. Sus recuerdos son nítidos. Raramente, ni Osorio ni la Corte ni la “beneficiaria”, que negó saber quiénes compraban votos a su nombre, quisieron formalizar una denuncia y, así, todo cayó en el olvido. Cabello Blanco, la ministra, es recordada en la Suprema como una fiel aliada no de la Justicia, exactamente, sino de sus amigotes en la política y en los tribunales, por ejemplo, Francisco Ricaurte y Ruth Marina Díaz, preso uno y cercana la otra al famoso cartel de la toga. Cabello es la ministra contra la Justicia.

https://www.elespectador.com/opinion/la-ministra-del-referendo-contra-la-justicia-columna-866600

22.19.-LA MALA FE DEL GOBIERNO –Patricia Lara 

Han estado plagadas de mala fe las respuestas del Gobierno a las entrevistas que en CNN y Blu Radio dio Sergio Jaramillo, uno de los más duros negociadores con las Farc.

¿Entrampamiento? Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez.

 Mientras que el alto consejero, Emilio Archila, señaló que “si la investigación contra Santrich por narcotráfico fue un ‘entrampamiento’, como lo afirmó Sergio Jaramillo, que presente las pruebas que tiene ante la Fiscalía General”, Jaramillo lo que dijo fue que el exfiscal Néstor Humberto Martínez, en entrevista con Yolanda Ruiz (que vale la pena escuchar), “reconoció que (la de Santrich fue) una operación de entrampamiento” y que “la Fiscalía no participó en la principal operación donde recogieron la evidencia”, lo cual “es completamente ilegal en Colombia”.

De modo que a quien debe pedirle Archila que presente esas pruebas es a NHM, y no a Jaramillo.

Y mientras la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, refiriéndose a Jaramillo, afirmó que “hay personas que nos están contando hoy su cercanía personal con el señor Santrich y siguen convencidos de que es una santa paloma”, Jaramillo lo que dijo fue: “Supongamos que Santriches culpable y que todo lo que está diciendo la DEA es cierto…”. Eso sí, preguntó: “¿Por qué los americanos no realizaron esa operación con los grupos que la DEA tiene para eso en Colombia, en cooperación con el CTI de la Fiscalía General y con la Policía Judicial? ¿Y quién fue el que decidió que había que realizar una operación de entrampamiento contra Santrich?”.

Apreciada vicepresidenta, por favor conteste esas preguntas concretas porque ¡sospecho que tienen que ver con eso que llaman soberanía nacional!

Y después Jaramillo agregó: “Uno hace una operación de entrampamiento contra una organización de crimen impenetrable, cuando quiere derrumbarla y no consigue la evidencia para hacerlo. Pero Santrich no había estado en el tema de la droga, jugó un papel muy menor en el conflicto y subió su perfil por el papel muy importante que jugó en la negociación”. Y añadió: “Si uno sabía cómo funcionaban las Farc, era obvio que el efecto que iba a tener esa operación iba a ser devastador sobre la estabilidad del proceso, porque la gente de las Farc que, a diferencia de Santrich, sí estaba en la guerra y sí estaba metida en los asuntos de la coca iba a pensar: ‘Oiga, si a Santrich le metieron semejante operación, entonces imagínense a nosotros’. Y claro, vino el pánico, y media docena de comandantes de primer nivel salieron corriendo”.

¿Entonces quiénes querían hacer volar en pedazos el proceso de paz, doctores Archila y Ramírez?

Esa es la pregunta que las autoridades están obligadas a responder.

Y lo otro que hay que contestarle a Jaramillo es ¿por qué el Gobierno está haciendo tan poco para cumplir los puntos diseñados para garantizar la no repetición de la violencia? ¿En qué va la implementación de la reforma rural integral? ¿Cuántas hectáreas se han distribuido a los campesinos de los tres millones que, según el Acuerdo, hay que repartir? ¿Y cuántas se han formalizado de los siete millones que hay que formalizar?

El presidente Duque le respondió a Jaramillo que “ante la calumnia la mejor respuesta son los resultados”. ¿Cuáles son los resultados sobre esos puntos, presidente? ¿Y cuáles son los que se refieren a la protección efectiva de líderes sociales y excombatientes de las Farc (han asesinado a siete en la última semana), la cual debería traducirse en ausencia de muertos?

Esperamos sus respuestas concretas, presidente.

www.patricialarasalive.com@patricialarasa #AdiósALaGuerra  https://www.elespectador.com/opinion/la-mala-fe-del-gobierno-columna-866985

 21.19.-COLOMBIA Y EE. UU.: EL LEGADO DE LOS AÑOS 30 – Cristina de la Torre 

Contra todo pronóstico, para capear la desigualdad que se adueña de Estados Unidos y se creía patrimonio exclusivo del tercer mundo, los demócratas gringos desentierran ahora la socialdemocracia del New Deal. Y los colombianos, la divisa liberal de López Pumarejo que, apuñaleada en la cuna, ha sobrevivido a trompicones hasta hoy, cuando el laureanismo blande de nuevo su guadaña. Al unísono con el oscurantismo cavernario que vocifera allá y acá, el neoliberalismo desmontó en el país del norte el Estado de bienestar y en el nuestro le bloqueó la entrada. Encima, patrocina aquí una virulenta campaña contra las instituciones primigenias de la democracia liberal.

11 Jun 2019.- Contra la libertad de pensamiento y de cátedra; contra la diversidad sexual y de modelos de familia; contra la real separación de iglesias y Estado; contra la reforma agraria que nunca fue, mientras hervía en sangre el conflicto por la tierra; contra la independencia de los jueces; contra el impuesto progresivo que el Gobierno de Duque ha reducido al ridículo. Si Roosevelt sorteó la crisis de los años 30 implantando el Estado de bienestar, intervencionista, López se limitó a pintar un horizonte de modernidad dentro de los cánones del Estado liberal y del capitalismo social. Una revolución, para la hegemonía de capataces que regía. Y que rige. Después de casi 90 años, como si no hubiera corrido el río de la historia, habría que rescatar el programa de López Pumarejo.

Bajo el efecto de demostración de la Revolución mexicana, con su reforma agraria y clerical que impactaba por doquier, el modelo de López apuntó a industrialización; a reforma agraria atada al principio de función social de la propiedad, para modernizar el campo y presionar la explotación de la tierra; a impuesto directo y progresivo para financiar la política social desde el Estado. Se batió por Estado y educación laicos, que el conservatismo filofranquista y la Iglesia tuvieron por asalto a la moral cristiana, por instrumento de la bestia liberal contra la familia en la heredad de Cristo-Rey y, en materia agraria y fiscal, por usurpación de la propiedad. Entonces fue la Violencia. María Fernanda Cabal no sólo niega hoy la opción de una reforma agraria sino la restitución de las tierras robadas.

Emulando a monseñor Builes, les niega Viviane Morales derechos a la mujer y a los homosexuales. Otra audacia de su partido religioso, el ojo puesto en el Estado confesional que fuera meca y respuesta del partido azul a la Carta del 36. Por el mismo sendero camina John Milton Rodríguez, con proyecto que mata la libertad de cátedra y de pensamiento. Y el representante Juan Carlos Wills, con el suyo de crear un ministerio para imponer la minoritaria familia patriarcal como modelo único. Se ha revitalizado en Colombia el discurso fascista presidido por los vocablos inapelables de dios, patria, familia, propiedad y orden enderezado a imponer una república autoritaria y cristiana.

Guardadas diferencias, mucho del elán del New Deal se respira en López Pumarejo. Para enfrentar la depresión de los años 30, intervino Roosevelt la banca. Reactivó la industria mediante planes gigantescos de obras públicas. Planificó la agricultura. Elevó salarios e ingresos para reactivar la demanda y, con ella, la producción. Configuró un Estado de bienestar, con fuerte impuesto progresivo para financiar políticas públicas en salud, pensiones y seguro de desempleo. En línea parecida van hoy Bernie Sanders y otros precandidatos demócratas.

En Estados Unidos y en Colombia, adquieren Roosevelt y López vigencia renovada como alternativa al modelo neoliberal de mercados sin control para engorde de los tiburones y extinción de las sardinas, tropelías del sistema financiero e impuestos en picada para los ricos. Bienvenido el legado de los años 30.

https://www.elespectador.com/opinion/colombia-y-ee-uu-el-legado-de-los-anos-30-columna-865206

20.19.-¿FISCAL GENERAL O GENERAL FISCAL? –  Rodrigo Uprimny

La elección del nuevo fiscal general (FG) es trascendental, pues la Fiscalía decide no solo qué casos se investigan, sino además cuáles se cierran o archivan, o, por el contrario, en qué eventos debe acusarse a una persona como sospechosa de un crimen. El FG, como gran jefe de esa enorme institución, que cuenta con más de 22.000 empleados y con un presupuesto de más de $3,4 billones, orienta en forma decisiva todas las investigaciones penales, por lo cual es, sin lugar a dudas, uno de los funcionarios más poderosos de Colombia.

2 jun 2019.- En el pasado, muchos FG (¿la mayoría?) han generado desconfianza por la sospecha de que muchas de sus decisiones no respondían a la defensa del interés público, sino a conflictos de intereses ocultos o a motivaciones políticas indebidas. Eso debe acabarse y el presidente Duque tiene la oportunidad de lograrlo. Para ello basta que para la elección del nuevo FG elabore una terna impecable, con nombres que nos den la confianza a todos los ciudadanos de que quien sea electo por la Corte Suprema ejercerá su enorme poder de manera imparcial para combatir en forma inteligente la criminalidad que nos agobia. Que será un genuino fiscal general. Por el contrario, sería terrible que en estos momentos de extrema polarización y crispación política Duque prefiera tener a un general fiscal, esto es, una especie de detective incondicional del Gobierno, dispuesto a perseguir a los opositores y a cubrir los eventuales delitos gubernamentales.

Para lograr una buena terna solo se requiere voluntad política presidencial, pues técnicamente la cosa no es tan compleja: varias organizaciones internacionales expertas en el tema han elaborado propuestas de qué perfil debería tener un FG y cómo debería ser su proceso de nominación para garantizar transparencia y legitimidad. Por ejemplo, la Fundación del Debido Proceso Legal en Washington (DPLF, por su sigla en inglés), basándose en buenas prácticas aplicadas en ciertos países, en los estándares sobre la independencia de los fiscales elaborados por Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana, y en las recomendaciones sobre el tema de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, propuso recientemente unos lineamientos para la selección de FG en nuestros países. Estos lineamientos incluyen nueve principios sobre el proceso de selección (como que haya transparencia, publicidad, evaluación de méritos, posibilidades ciudadanas de cuestionar nombres, etc.) y nueve cualidades que debería tener una persona para ser un buen FG (como su reconocida probidad, independencia e imparcialidad, su ausencia de vínculos a partidos y grupos de poder para evitar conflictos de interés, su conocimiento técnico del sistema penal, etc.).

Todos esos lineamientos, que son muy razonables y públicos, podrían ser aplicados por Duque sin necesidad de ninguna reforma legal. Bastaría que hiciera una convocatoria pública, semejante a la prevista por el artículo 126 de la Constitución, y señalara por decreto qué cualidades, fuera de los requisitos constitucionales, espera del nuevo FG; que invitara a que los candidatos se inscribieran con sus hojas de vida, para que pudiera haber evaluaciones críticas de los ciudadanos y de la prensa, y que luego previera un proceso lo más transparente posible de selección.

El presidente Duque ha dicho en repetidas ocasiones que su propósito es unir a los colombianos en torno a la paz y a la legalidad. El proceso de elaboración de la terna para FG le da una oportunidad de oro para mostrar que esos propósitos son realmente genuinos, pues, como dice el dicho: “Obras son amores y no buenas razones”.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

https://www.elespectador.com/opinion/fiscal-general-o-general-fiscal-columna-863790

  • 19.19.-CAPITALISMO EN CRISIS – Mauricio Cabrera*  
  • “PAS” PARA LOS CAMPESINOS – Rodrigo Uprimny

   El capitalismo neoliberal  está en  crisis

Las propuestas para salvar el sistema son variadas, pero todas incluyen temas como aumentar los impuestos a los más ricos.

El sistema capitalista no está funcionando bien y esto puede llevar a una lucha de clases. Esta no es la conclusión de un congreso de alguno de los partidos comunistas que aún subsisten ni de algún manifiesto revolucionario de los años sesenta; por el contrario, son el tipo de afirmaciones que están haciendo multimillonarios que son capitalistas exitosos.

Quienes así opinan son, por supuesto, defensores del sistema capitalista y el libre mercado. Al fin y al cabo, con ese sistema han logrado amasar o manejar multimillonarias fortunas. Pero son ciegos para no ver que el sistema no está funcionando para todos, que la desigualdad está llegando a niveles intolerables, pues mucha gente apenas sobrevive, mientras que los excesos de algunos son escandalosos.

26 may 2019.- Uno de los más radicales expositores de esta postura es Ray Dalio, fundador y director de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo (Bridgewater), que maneja cerca de 200.000 millones de dólares, y tiene una fortuna personal de 18.000 millones de dólares. No es propiamente un comunista infiltrado en Wall Street.

Dalio ha publicado un manifiesto sobre la urgente necesidad de reformar el sistema capitalista (https://bit.ly/2U2Druv), en el que después de mostrar las profundas y crecientes desigualdades en EE. UU., y la fractura social que se está produciendo, concluye que ante esta crisis hay dos posibles salidas: “a) personas de diferentes inclinaciones ideológicas trabajan juntos para reorganizar inteligentemente el sistema, de manera que la torta se divida bien entre todos y al mismo tiempo crezca bien, o b) tendremos un gran conflicto y alguna forma de revolución que perjudicará a todo el mundo y reducirá el tamaño de la torta”.

Dalio está poniendo su billetera al lado de su discurso, pues junto con Bill Gates y Warren Buffet ha promovido Giving Pledge, la iniciativa de donar en vida por lo menos la mitad de sus fortunas a programas sociales. No son los únicos capitalistas preocupados por las consecuencias negativas del sistema.

Otros norteamericanos con gran riqueza y se reconocen como traidores a su clase, han conformado el grupo de ‘millonarios patriotas’ comprometidos en crear una nación más prospera, estable e inclusiva. Se trata de crear riqueza que sirva al bien común.

Otro grupo de empresarios ha creado la ONG, Capitalismo inclusivo’, para reformar el sistema desde dentro, disminuyendo las grandes desigualdades que genera el libre mercado sin regulaciones ni controles, para hacerlo más sostenible e inclusivo.

La preocupación es real porque los tiempos están cambiando, el sueño americano se convirtió en pesadilla y el culto a la ambición de los años de Reagan y Tatcher ha perdido su popularidad. En Estado Unidos, según una encuesta Gallup, el 51 por ciento de los jóvenes entre 18 y 29 años tienen una visión positiva del socialismo, mientras que desde el 2010 el porcentaje de los jóvenes que tienen una visión positiva del capitalismo ha caído del 68 al 45 por ciento.

Las propuestas para salvar el sistema son variadas, pero todas incluyen temas como aumentar los impuestos a los más ricos, exigir mayor responsabilidad social a las empre.sas y solidaridad a los multimillonarios. Lo que todos ellos buscan no es implantar un sistema comunista, sino salvar el capitalismo, porque temen que si no se hacen las reformas que reduzcan la desigualdad, el estallido social puede tener consecuencias insospechadas

*Muaricio Cabrera Galvis Consultor privado macabrera99@hotmail.com https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/capitalismo-en-crisis-muaricio-cabrera-galvis-529950

19.19.-“PAS” PARA LOS CAMPESINOS – Rodrigo Uprimny

Por César Díaz *

Soy caleño, pero mis raíces y mi sangre pertenecen al campo. La violencia sacó a mis padres de la zona rural del Valle en los años 50, pero de niños mis hermanos y yo seguimos yendo a Argelia para la cosecha de café. Las artes del campo no se olvidan y el sentimiento tampoco. Por eso durante mi carrera de Ingeniería Industrial en Cali no busqué convertirme en supervisor de planta ni nada de eso, sino que hice mis prácticas en proyectos agroecológicos con comunidades rurales de Cali, Jamundí y Santander de Quilichao.

26 may 2019.- Me vinculé al movimiento campesino desde que trabajaba promoviendo las redes de tiendas comunitarias, y al Macizo cuando me invitaron a una reunión de líderes comunales en el municipio de Bolívar. Ellos planteaban la necesidad de fortalecer la organización campesina, pues estaban en plena crisis por la división de la Anuc tras el Pacto de Chicoral. Ahí se acordó la creación de una organización regional que tuviera interlocución constante con el Gobierno. Así nació, en 1985, el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), del que orgullosamente hago parte.

De esos años han sido varios los momentos y logros históricos de la organización que vale la pena recordar. Uno de los principales y más difíciles ocurrió en 1991: las comunidades se preparaban con entusiasmo para participar en la Asamblea Constituyente cuando ocurrió la masacre de Los Uvos, corregimiento de La Vega. Murieron 14 hombres y tres mujeres —varios de ellos docentes y líderes del CIMA— a manos del Ejército, como lo comprobó luego la justicia a pesar de que los militares intentaron culpar a la guerrilla. Como respuesta a esa agresión hicimos el Paro de Rosas en la Vía Panamericana, en el que participé como asesor de los líderes que negociaban. Así logramos la reparación de las víctimas y algunas inversiones en la zona.

La organización fue ampliando su alcance y en el 96 asumimos la convocatoria del paro cocalero de Putumayo, Caquetá y Guaviare para protestar contra las fumigaciones con glifosato. En ese entonces los precios de nuestros mejores cultivos (el café y el maíz) se habían desplomado por cuenta de la apertura económica y la coca terminó reemplazándolos. Como resultado del paro, consolidamos el Plan de Vida, Agua y Dignidad como alternativa a la coca.

Todas estas luchas y logros han venido acompañados por una amenaza constante y colectiva desde diferentes actores armados. Varios de nuestros líderes que lograron llegar a Alcaldías o Concejos resultaron asesinados, desplazados o víctimas de detenciones arbitrarias. Para nosotros se volvió común aparecer en los panfletos anuales de las Águilas Negras y otros grupos.

Hoy nuestra lucha se centra en el reconocimiento del campesinado por parte del Estado. Le insistimos al Gobierno que firme la declaración de la ONU por los derechos campesinos, que nos incluya en los censos, que saque adelante la reforma agraria integral, la constitución de los territorios campesinos y la jurisdicción agraria por un campo en paz. Y como lo resume don Claudio, campesino de Sucre, Cauca: “¡Que el Gobierno le declare la pas a los campesinos!”. Pas con “S”, de Sustentable, Solidaria, Seria y Social; con mala ortografía pero profunda, porque es la “PAS” de las comunidades y de los territorios.

* Líder campesino del macizo colombiano, Cauca.

Nota de Rodrigo Uprimny: En el marco de la campaña #UnLíderEnMiLugar, es un honor para mí ceder este espacio a César Díaz.

https://www.elespectador.com/opinion/pas-para-los-campesinos-columna-862623

  • 18.19.-¿CONTRA LA SENTENCIA O CONTRA LA EXISTENCIA DE LA JEP? – Juan Manuel López
  • 18.19.-LOS INJUSTOS ATAQUES A LA JEP – Rodrigo Uprimny 

Alrededor del debate generado por la expedición de la sentencia de la JEP pronunciándose sobre la extradición de alias Santrich hay mucho por comentar. Pero un tema es el de los cuestionamientos a la sentencia y otro las posiciones políticas respecto al tema Santrich.

Nadie puede (como se ha hecho) formarse en menos de 4 horas una opinión ponderada y fundamentada sobre una sentencia de 148 paginas que tomó más de un año de análisis y resultó en una decisión dividida; las expresiones que se han presentado por la inmensa mayoría de quienes se han pronunciado al respecto -a comenzar por la posición tomada por el Procurador (todas y cada una de las decisiones tomadas por la JEP en relación a este proceso han sido repuestas por el pero ratificadas por la instancia competente)- adolecen así de esa falta de estudio y de reflexión sobre la sentencia, lanzándose a discutir sobre el ‘caso Santrich’ y no sobre el acto judicial que es la sentencia.

Analizar el fallo es entender el contexto en el cual se genera y entrar en el contenido del mismo. En cuanto a lo primero, para bien o para mal se enmarca en un Estado de Derecho en el cual el operador de la Administración de Justicia no tiene funcion ni opción diferente que la de ceñirse a lo que contempla la Ley. No caben argumentos subjetivos de objeciones de conciencia, ni calificaciones sobre lo atroz de los delitos, ni encuestas que evaluen la opinión del público para justificar la no aplicación de lo que ordenan las normas.

Parte del contexto son los principios generales y universales del Derecho. Entre ellos:

Se presume la inocencia del sindicado; la acusación debe estar sustentada más allá de  la duda razonable; y la duda favorece al reo. La JEP está obligada a buscar la certeza de la comisión y de la fecha del delito. Pero sin prueba legalmente válida no se establece la existencia del delito y mal se puede hablar de fechas. El indictement no es una prueba en sí aunque puede incluir pruebas: por eso éstas fueron requeridas.

Para bien o para mal, la verdad judicial no necesariamente es la verdad de los hechos (ejemplo: en una presentación extemporánea de una apelación, el derecho a ésta sea pierde independientemente de la eventual validez que pudiera tener en su argumentación). Respecto al video no presentado cuando la JEP requirió las pruebas, lo cierto es que en el mundo jurídico no existe por ser fruto de un acto ilegal. Ilegal porque la actuación de los miembros de la DEA no cumplió la condición de llenar el protocolo de cooperación que lo permitiera, e ilegal porque no se realizó bajo la autorización de un juez de la República. Y no puede ser que lo que es delito para los nacionales incluyendo a las autoridades (‘chuzadas’ y violacion a la intimidad) lo puedan hacer clandestinamente agencias extranjeras como la DEA.  Por eso no fue aportado con las pruebas enviadas por la Fiscalía. Su divulgación a través de las redes sociales no hace que pueda ser tenida como prueba en el análisis de la Sala pero explica el porqué no la aportó el Fiscal. Pero su filtración a la opinión publica implica un intento de manipulación de la justicia

Cuando dos normas de similar jerarquía coinciden, la posterior prevalece sobre la anterior. También la norma especial prevalece sobre la general a menos que contradiga una ley superior. Por eso el debate sobre si las normas a seguir son las de la justicia ordinaria o las de la JEP no puede existir. En el caso del pronunciamiento respecto al caso de los amnistiados que eventualmente puedan haber reincidido -y por lo tanto la posibilidad o no de extradición-, la competencia la tiene la JEP; por lo demás se contempla que dadas ciertas condiciones debe ella trasladar la competencia a la justicia ordinaria, caso en el cual sí entraría ésta a actuar.

La otra consideración es que una sentencia se limita a lo que le toca fallar y no puede ir más allá. La sentencia de la JEP solo puede resolver si opera o no la no extradición, pero no sobre el eventual trámite de la misma.

Por lo tanto para evaluar la sentencia lo pertinente es estudiar su contenido, verificar si su desarrollo analítico, argumental y probatorio es consistente. Solo de encontrarse que esto no es así puede ser cuestionada la juridicidad de la misma. Pero si las objeciones posibles son ajenas a esa coherencia y consistencia lo que corresponde es acudir a las diferentes instancias que contempla la misma ley pero no cuestionar su validez jurídica; poco favorece el respeto a la institucionalidad el que el Presidente presuma y afirme que una sentencia de una Alta Corte (La JEP lo es por su rango constitucional) debe ser reversada.

La manifestación del Fiscal Martinez de que para actuar según su consciencia se niega a cumplir una orden judicial y prefiere renunciar es claramente un acto de desacato, pero eventualmente se puede calificar como algo más grave. Quien ha asumido la responsabilidad de aplicar la ley no está en la misma condición que un ciudadano cualquiera: el funcionario no tiene la facultad de decidir sobre cuándo cumple sus obligaciones puesto que al recibir el poder jura ejercerlo y no se incluye el de negarse a cumplir las sentencias sino al contrario implica la obligación de hacerlo; lo otro es una forma de abuso de poder o prevaricato, máxime cuando él mismo plantea que su motivación es el desacuerdo con la sentencia y existen caminos para debatir esto dentro del marco legal. Pudiera sí, plantear la oposición y después de cumplir la orden judicial presentar la renuncia por el eventual conflicto con su ‘consciencia’ en caso de no prosperar su intervención.

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/22694?.rand=13o1ucdba3j23

18.19.-LOS INJUSTOS ATAQUES A LA JEP –   Rodrigo Uprimny 

Los duros ataques contra la JEP de parte del presidente, del exfiscal general y de varios congresistas, por su decisión en el caso Santrich, representan un grave riesgo para la independencia judicial, que es un elemento esencial de cualquier democracia.

17 may 2019.- Cualquier decisión judicial puede ser criticada y debatida públicamente, incluso por los otros poderes estatales. Y este auto de la JEP es controversial, aunque esté bien fundamentado. Pero una cosa es debatir el auto y otra muy distinta es atacar la JEP diciendo que esa decisión muestra un sesgo a favor de las Farc y de la impunidad, pues eso no es cierto, al menos por las siguientes cuatro razones: i) ese mismo día, la JEP ordenó la captura de alias el Paisa, lo cual muestra que priva de beneficios a aquellos desmovilizados que no cumplan con el régimen de condicionalidades; ii) la decisión fue dividida pues la votación fue tres a dos, hubo entonces un debate jurídico intenso y pudo haber triunfado la tesis de que Santrich podía ser extraditado, lo cual es contrario a la idea de un sesgo de la JEP a favor de las Farc; iii) la JEP ha negado la gran mayoría de las solicitudes de garantía de no extradición, y iv) la JEP aclaró que si había pruebas en su contra, Santrich podía ser juzgado en Colombia por narcotráfico.

Este caso es además difícil pues la reforma constitucional que creó la JEP estableció que los desmovilizados de las Farc no serían extraditados por delitos anteriores al Acuerdo de Paz y que la JEP sería la garante de ese derecho. Este fue un elemento central de la paz y por ello el Acto Legislativo Nº 1 de 2017 dijo que, en caso de una solicitud de extradición de un desmovilizado, la JEP “evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización”.

Los trámites de extradición de guerrilleros desmovilizados son entonces distintos a los otros que se hagan en Colombia, que pasan directamente a la Corte Suprema, que no evalúa la conducta para fijar ninguna fecha pues no opera ninguna garantía de no extradición.

La JEP enfrenta entonces un tema nuevo y, como la regulación tiene vacíos y no existe jurisprudencia previa sobre la materia, surgen muchas preguntas: ¿cuál estándar probatorio se debe aplicar para determinar la fecha del delito atribuido? ¿Debe ser la “certeza”, por tener que ver con la garantía constitucional de no extradición? ¿O debe ser la “probabilidad de verdad”, por tratarse de algo equivalente a una acusación? ¿Y qué pasa si el Estado requirente no envía pruebas suficientes? ¿Debe negarse la extradición por falta de pruebas? ¿O debe la JEP usar su facultad probatoria para corregir las deficiencias del Estado requirente?

La discrepancia entre el auto y los salvamentos de voto deriva en el fondo de una respuesta distinta a esas preguntas difíciles. El auto negó la extradición pues aplicó un estándar de prueba estricto y se basó en las pruebas entregadas por Estados Unidos y la Fiscalía, que consideró insuficientes. En cambio, para las magistradas disidentes el estándar probatorio es menos exigente y la JEP debió suplir las deficiencias probatorias de Estados Unidos y de la Fiscalía.

El auto y los salvamentos están todos bien sustentados, lo cual muestra la dificultad del tema y que jueces honestos pueden razonablemente discrepar en un caso así. Pero quienes desde siempre se han opuesto a la JEP no reconocen esas complejidades, sino que prefirieron atacarla, minando la independencia judicial, como lo hizo el fiscal general, quien en vez de acatar la decisión, como era su deber, prefirió invitar a la ciudadanía a una especie de insurrección contra la JEP, simplemente porque perdió el caso.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional. https://www.elespectador.com/opinion/los-injustos-ataques-la-jep-columna-861335

17.19.-LOS PROBLEMAS DEL DANE – Salomón Kalmanovitz 

Los problemas de elaborar la estadística en el país son viejos. En 1973 la inflación arreciaba y un presentador de noticias de televisión acusó a funcionarios supuestamente comunistas del DANE de ajustar las cifras para perjudicar a la administración de Misael Pastrana. El director de ese entonces, Álvaro Velásquez Cock, salió a defender su institución y la forma técnica como llevaba a cabo las encuestas de costo de vida. Más recientemente, en 2004, César Caballero renunció a la dirección del instituto al desconocer la orden de Presidencia de ocultar unos datos sobre delincuencia urbana que mostraban un aumento preocupante del fenómeno, algo que no iba con la visión que se pretendía proyectar de las bondades de la política de seguridad democrática.

13 May 2019.-  Caballero hizo la siguiente declaración: “mi criterio como funcionario y ciudadano es que la información del DANE no le pertenece al Estado, sino a la sociedad colombiana, y que tan pronto el DANE sienta que los datos cumplen con el rigor técnico debe hacerlos públicos de la manera más rápida y transparente posible”.

El pasado director del DANE, Mauricio Perfetti, daba sus ruedas de prensa desde la Casa de Nariño cuando sus datos eran favorables al Gobierno —ya fuera de desempleo o crecimiento económico— y les bajaba el volumen cuando no eran tan buenos, lo cual hizo arrojar sospechas sobre su veracidad. Acá se daba de nuevo el caso de que la información le pertenecía al Estado y no a la sociedad.

El actual director del DANE ha mostrado otra faceta del papel que puede jugar el director de una entidad que debe ser esencialmente técnica, al desacreditar los resultados pasados de la gestión. En efecto, José Daniel Oviedo llegó al DANE y lanzó su primera bomba contra el censo de población de 2018, afirmando que las proyecciones que existían se habían descachado en 10 %: no éramos 50 millones de habitantes como se había calculado anteriormente, sino 45,5 millones, sin aportar las evidencias de lo que había sucedido. Me puse a buscar los datos por departamento y ciudad y no los ha producido, pero se anuncian para finales de junio. Oviedo también revisó a la baja el crecimiento económico de 2017 del 1,8 % al 1,4 %. Uno no sabe a qué atenerse: si creerle al interesado en atemperar el desplome del crecimiento desde 2015, en defensa del gobierno de Santos, o el del uribismo, que busca exagerar el mal desempeño de su antecesor.

En un debate sobre control político organizado por la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, mentora de Oviedo, este se despachó contra el Censo Agropecuario de 2014 que se ejecutó en época electoral, contra el criterio de su director de entonces, Jorge Bustamante, quien decidió renunciar. Oviedo también controvirtió las cifras sobre pobreza multidimensional por la baja representatividad de la población rural encuestada.

Uno esperaría que el director del DANE trabajara discretamente en la mejora de la calidad de las estadísticas y que solo cuando obtuviera resultados verificables los anunciara a la opinión pública por medio de comunicados escritos, dejándoles las ruedas de prensa a los políticos. Generar noticias escandalosas sobre la estadística vulnera la credibilidad de la institución que dirige y debe defender. Más necesario que nunca es darle independencia al DANE, que su director sea nombrado por una junta directiva de técnicos y no pueda ser removido por el gobierno de turno.

https://www.elespectador.com/opinion/los-problemas-del-dane-columna-860251

  • 16.19.-EL “GENDARME NECESARIO” TRASTABILLA – Cristina de la Torre
  • ¡YA ESTÁ BUENO DE TANTA SANGRE! – Patricia Lara

No es apenas cuestión de estilo, de talante; es que Santos y Uribe abrevan en modelos políticos distintos. La dramática confrontación que el país presenció atónito, entre hordas que blanden picas para hacer trizas la paz y quienes la defienden, alude a cientos de miles de muertos y a los responsables de esa atrocidad. Tamaño motivo ha depurado, como ninguno otro, posturas que se afirman en paradigmas encontrados. No digamos entre civilización y barbarie, pero sí entre convivencia regida por la ley y régimen de fuerza.

Aunque imperfecta, inacabada, a menudo irrespetada por sus propios mentores, la democracia liberal se ha visto desafiada por un despotismo de caudillo tropical que Laureano Vallenilla —ideólogo del dictador venezolano Juan Vicente Gómez— rubricó hace un siglo como cesarismo democrático.

7 may 2019.- Pocas veces como ahora se dibujó tan nítidamente el contraste. Reivindica Santos el logro extraordinario de su tratado de paz, que es ejemplo para el mundo, pero el mérito no le impide desplegar bonhomía y respeto por sus contradictores. En Corferias lo ovaciona el público. Por su parte, Uribe lidera en el Congreso espectáculo inédito de agresión contra la democracia en pos de una reforma que sacrifica aquel tratado y nos devuelve a la guerra, sólo para saborear la hiel de la derrota.

Viene de insultar en pleno Capitolio al jefe de la oposición. Como solía ultrajar Laureano Gómez a sus adversarios, arrebatado en la consigna de hacer invivible la república. Blasón que Uribe insiste en recoger, sin percatarse de que en ocho años el país político cambió.

El modelo autoritario se reconfigura periódicamente, pero no pierde el norte. Aunque no se encumbren ahora los caudillos a trueno de cañón sino desde las urnas, ayer y hoy apuntan todos a los mismos blancos: tomarse los tribunales de justicia, irrespetarlos o neutralizarlos; reducir el Congreso o suplantarlo; violentar libertades y derechos convirtiendo los organismos de seguridad del Estado en policía política y, a la ciudadanía, en telaraña envolvente de espionaje. A lo cual sirve fabricarse un enemigo y magnificarlo en proporción a la megalomanía del caudillo, pues éste definirá su identidad por contraposición a la de aquel.

 Y atornillarse en el poder. Basta con pasar revista a los gobiernos de Uribe, y al de Duque que los reedita, para redescubrir en ellos el ensamblaje del modelo: persecución a la Corte Suprema ayer, misiles contra la JEP y dispositivos contra la Constitucional hoy; avasallamiento del Congreso ayer, intento frustrado hoy; ayer y hoy persecución a la oposición, Estado policivo y redes de millones de informantes secretos.

Pululaba en América Latina el cesarismo democrático, región sembrada de desajustes que el déspota vestido de mesías pintaba como catástrofe para trocar en votos el miedo del común. Elegido o hereditario, este caudillo es para Vallenilla una necesidad social: el gendarme necesario en países inmaduros para la democracia. En la trastienda, la arista dictatorial de Bolívar, que llegó a concebir Constitución con presidente y Senado vitalicios. Laureano, el nuestro, propondría en 1953 Constitución parecida, ahora tocada del corporativismo fascista que hervía en tiempos de Vallenilla. Que el gendarme necesario no es estereotipo retórico sino amenaza viviente lo dicen la personalidad y las ejecutorias de Álvaro Uribe. Consuela que ahora trastabille.

Dijo Iván Karamazov que el inquisidor pelecha en “la tranquilidad que da a los hombres el verse reducidos a rebaño”. ¿Condición eterna del humano? No. Llega un momento, según Sergio Ramírez, en que “el dueño del poder… se acerca al abismo sin darse cuenta porque no queda nadie que se lo advierta. (Cae como) se derriban los ídolos de sus pedestales de cera y el bronce hueco resuena en ecos contra el suelo”.

https://www.elespectador.com/opinion/el-gendarme-necesario-trastabilla-columna-854084

16.19.-¡YA ESTÁ BUENO DE TANTA SANGRE! – Patricia Lara

Como dice en su columna de Semana Álvaro Jiménez, citando a Francia Márquez, “ya está bueno de tanta sangre”.

(Francia, ganadora en el 2018 del llamado Premio Nobel del Medio Ambiente dado por la Fundación Goldman, es la líder que el viernes se salvó, por fortuna, del atroz atentado perpetrado por desconocidos en Santander de Quilichao contra ella y demás dirigentes de la comunidad negra que, en ese momento, preparaba la reunión que tendrán con el Gobierno a raíz de los compromisos salidos de la minga.

10 may 2019.- Como Francia, 462 líderes sociales han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. Dirigentes locales y nacionales los han tildado a veces de estar cerca del Eln y de las Farc para así tal vez justificar su muerte. En su página web, la Fundación Goldman describe a Francia como “una formidable líder de la comunidad afrocolombiana”, que “organizó a las mujeres de La Toma y detuvo la extracción ilegal de oro en sus tierras ancestrales”).

Pero sí, ¡basta ya de tanta sangre! Hoy hablaré más bien de poesía: me referiré al poemario Perder el tiempo de Eduardo Camacho Guizado, el gran profesor de literatura de toda una generación de alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes, fallecido a los 82 años en España, el pasado enero.

Como homenaje a su memoria, varios de sus alumnos y familiares nos unimos para hacer posible la publicación de su poesía, inédita, hoy reunida en este precioso libro editado por Ícono. En la última página se halla la lista de alumnos contribuyentes: las escritoras Laura Restrepo y Piedad Bonnett, por ejemplo; los periodistas Enrique Santos Calderón y María Elvira Samper; los directores de teatro Ricardo Camacho y Jorge Plata; críticos literarios, editoras, profesores, en fin, toda una generación de intelectuales que marcó a Colombia, país herido en el que pensamos cada instante; país por el que lloramos y batallamos pues no nos resignamos a que lo destruyan quienes quieren saquearlo e incendiarlo y, para ello, asesinan a la mejor gente de sus territorios.

Esa Colombia es la que evoca desde lejos el inolvidable profesor Camacho en este poema suyo que les comparto hoy:

Aquí lejos

La tarde plomiza,

propensa, propicia,

deposita su manta gris sobre los incipientes

retoños de marzo, y la nostalgia,

aguda y suave, pérfida y mimosa,

ha venido,

vestida, como siempre, de melancolía:

ah, tardes de la sabana como esta,

de eucaliptus y alisos y vacas impasibles;

seres queridos que viven sin mí, allá,

lejos, en las laderas de suave kikuyo, hoy

un país sangrante, ayer la juventud,

aquello que he perdido.

Duele desde aquí, desde lejos,

duele cerca, muy cerca, muy dentro.

Musita su adiós el país del ayer,

cielos azules, calor de amigos y de patria, hoy

olores de ceniza, lejanía.

País mío: aunque quieras

hacerte extraño a mí, ajeno,

me parió tu trágica belleza.

Desde mis confusiones, hoy vuelvo a ti;

jamás podré alejarme de tu mano rugosa,

de tu aire sobre el que solo queda el cielo,

de la tibia brisa de tus mares,

de aquella luz que ardía

en la ventana de mi casa

entre el ladrido jubiloso de los perros

y el final estornudo del caballo.

País mío: no quiero morir

sin morir entre la riqueza de tu aroma,

sin temblar en el temblor de aquel abrazo.

Con el cabello ceniciento vuelvo

al azote de aquel viento, allá,

lejos, en la colina de la infancia,

hoy extraña y sin embargo tierra mía

con toda su ceniza.

#AdiósALaGuerra

www.patricialarasalive.com, @patricialarasa

https://www.elespectador.com/opinion/ya-esta-bueno-de-tanta-sangre-columna-859817

  • 15.19.-¿MIEDO EN LA DERECHA? – Cristina de la Torre
  • LA ASFIXIA DE LA OPOSICIÓN – Salomón Kalmanovitz

Despertó la Colombia contestataria del prolongado letargo impuesto por alguna oligarquía cruel, provinciana y abusiva que, tal vez asustada, vuelve a dar palos, y no precisamente de ciego. Es tradición: al primer amago de pluralismo y participación social, sale del closet la caverna.

Sí, la conjetura es plausible: porque tiene miedo la derecha, insulta, miente, manipula, persigue, atropella e incita a la violencia. No controvierte, patea. Y a cada coz destapa una nueva arista de la catadura que la emparenta con Bolsonaro, Maduro y el inefable Ortega de Nicaragua. Sorprendida por una oposición que se acercó a la presidencia el año pasado, que integra por vez primera una bancada que decide y saca inopinadamente casi 12 millones de votos contra la corrupción, patalea la derecha.

30 abr 2019.- Acostumbrada a prevalecer por perrero, percibe el ascenso de la oposición y del movimiento social como amenaza de muerte. Afrentoso le resulta lo que en cualquier democracia es regla; y, desafiante, la depuración ideológica que rescata a los partidos del pantano donde todo se revuelve para mejor pesca de la suertuda derecha. Entonces echa mano de su recurso proverbial: el poder en bruto. Si no para segar la vida de un Leonardo Posada o un Carlos Pizarro en cruzada de exterminio de partidos enteros desafectos al sistema, para ponerles ahora bozal, hurtarles el derecho de representación política y, al pueblo, el suyo de elegir.

Retornando a la senda de acoso y conculcación de derechos, cercena esta derecha la representación parlamentaria de sus adversarios. Tras despojar a Mockus de su curul mediante fallo contradictorio del Consejo de Estado y a resultas de demanda de personajes cercanos al partido PIN cuya cúpula resultó procesada por parapolítica, quiere alargar la uña hacia otras cinco del Partido Verde. La senadora Angélica Lozano revela que viene en camino la anulación de las curules indígenas del partido Mais, no bien le quitaron la suya a Ángela María Robledo, estrella de las fuerzas alternativas, con curul por derecho constitucional de oposición que ocho millones de votantes refrendaron. Se preguntan por qué juzga el tribunal con rasero distinto casos iguales como los de Robledo y Marta Lucía Ramírez. O por qué no sanciona la doble militancia que en su momento ostentaron Viviane Morales y Germán Vargas.

Tan artero ataque contra la oposición, defensora de la paz, denuncia el miedo que ésta suscita en el uribismo. Ya el partido de Gobierno lanza puñales contra la JEP, ya Álvaro Uribe quisiera que sus contradictores saltaran del debate público al fusil; de modo que pudiera él volver a regodearse en la guerra, a esconder tras el humo de los cañones la temida verdad y a velar porque nada cambie en el campo. Ejes de su programa, que se depura sin pausa. Con la desmovilización de las Farc vino el destape: perdió el uribismo el último centímetro de hoja de parra que mal disimulaba su predilección por la violencia y el gobierno arbitrario. A su vez, despertó la Colombia contestataria del prolongado letargo impuesto por alguna oligarquía cruel, provinciana y abusiva que, tal vez asustada, vuelve a dar palos, y no precisamente de ciego. Es tradición: al primer amago de pluralismo y participación social, sale del closet la caverna.

Dígalo, si no, el hundimiento de las 16 curules de paz para las víctimas, a manos del conservadurismo en pleno. O el exterminio de la UP: miles de cuadros asesinados allí donde ese partido vencía en las urnas. O la masacre de Segovia en 1988 que rubricó el horror con un aviso: “no vuelvan a votar por la UP; eso les causa la muerte”. O la brutal decapitación de la Asociación de Usuarios Campesinos (Anuc) en los 70. Con la terrible excepción de los líderes sociales en el campo, el asesinato físico de dirigentes se ve ahora desplazado por una estrategia que apunta a la abierta negación del pluralismo, del debate, del derecho de oposición y de la democracia. Ofensiva temeraria que no puede emanar sino del miedo.

https://www.elespectador.com/opinion/miedo-en-la-derecha-columna-852890

15.19.-LA ASFIXIA DE LA OPOSICIÓN – Salomón Kalmanovitz

 Cuando el partido Centro Democrático batallaba en la oposición era un acucioso adalid del estatuto que le garantizara adelantar su labor sin obstáculos. Una vez en el Gobierno, está utilizando todos los medios legales e ilegales para reducir la oposición a su mínima expresión: le tumba sus representantes, le recorta sus derechos de expresión, en especial de réplica frente al presidente, y bloquea las votaciones en el Congreso que encuentre inconvenientes para sus designios.

29 abr 2019.- Es inaudito que una sala auxiliar del Consejo de Estado, compuesta por cuatro magistrados, tome medidas tan trascendentales como destituir congresistas que han recibido el aval de 8,6 millones de ciudadanos, sin que pasen por su Sala Plena, donde puedan ponderarse todos los argumentos cuidadosamente para tomar una decisión que afecta el balance político en el Congreso. Es gravísimo que se burle la voluntad de número tan elevado de ciudadanos y se les arrebate su representación en el Senado y en la Cámara de Representantes. En un meme se graficaba la injusticia de la destitución de Antanas Mockus: Álvaro Uribe enfrenta 279 investigaciones, gravísimas la mayoría, se mantiene impune; una sola investigación contra Antanas, por una falta menor, lo condena y destituye sin derecho a apelación.

En el caso de Ángela María Robledo la mecánica es similar: se le destituye por doble militancia, pasarse del Partido Verde a un partido que no existe, porque el Consejo Nacional Electoral nunca le quiso reconocer su personería jurídica al movimiento Colombia Humana. Se evidencia el doble bloqueo de los grupos dominantes a la oposición, tanto su derecho a existir como el desconocimiento de su votación. En un sistema legal tan formalista se pasó a la sustancia para desconocer ocho millones de votos que obtuvo la dupla presidencial de ese movimiento inexistente. La implementación del Estatuto de la Oposición es así negada por tres magistrados de la sala disciplinaria del Consejo de Estado, aliados de la extrema derecha. El resultado es el estrechamiento de los canales legales de tramitación de los intereses de las clases medias y de los movimientos sociales con el Estado, para ser reemplazados por su represión violenta.

Hay además hechos que complican la situación del partido FARC al que el gobierno Duque le incumple en los compromisos del Estado en torno a la justicia transicional, las garantías de no extradición y proteger su vida e integridad física. No es de sorprender que varios integrantes de su viejo Estado Mayor anden ocultos y terminen en sus disidencias o integrándose al Eln, que según algunas fuentes ha duplicado sus números en el último año. La lección que se desprende de la experiencia tras cuatro años de negociación es que parte de las élites del país decidieron incumplir los compromisos solemnes firmados con aval internacional y de las Naciones Unidas para la desmovilización de este movimiento insurgente. La decisión de abandonar el proceso de paz con el Eln es otra señal de que Duque quiere la guerra.

El mensaje que surge de las marrullerías legales del fiscal, del Gobierno y del Centro Democrático frente a la oposición es contundente: los que opten por las vías legales de hacer política van a salir derrotados sin remedio. Es un mensaje que descorazona a los defensores de las formas pacíficas de hacer política y obviamente alienta al Eln y a las disidencias de las Farc.

 https://www.elespectador.com/opinion/acordeones-en-el-magdalena-grande-columna-851470

14.18.-AGRO: ENTRE ESPINAS, EL CATASTRO ES UN TÍMIDO CAPULLO – Cristina de la Torre

En la grosera obstinación de la caverna por acaparar más y más tierras y privilegios, sorprende como una flor exótica el proyecto de catastro. Si recortado, dirá en todo caso qué tierras hay, de quién son, cuánto valen y cómo se usan. Y suministrará fundamento técnico a la legalización de predios sin título de propiedad, y al diseño de modelos de desarrollo rural. Decisión sustantiva que el notablato del campo contemplará ahora con ojos menos inflamados, porque presenta dos vacíos de fondo: primero, elude una justa derivación del impuesto predial sobre el real valor de la tierra; segundo, margina de la elaboración del catastro a la comunidad, fuente inestimable de información sobre historia legal de predios.

23 abr 2019 La iniciativa convive, empero, con proyectos de entraña uribista que extreman la ancestral concentración de la propiedad agraria, legalizando el despojo que hizo su agosto en la guerra. Un proyecto de María Fernanda Cabal contra la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras bendice la “inocente” adquisición de millones de hectáreas arrancadas a sus dueños. Otro proyecto, incorporado al Plan, legaliza el asalto masivo de baldíos con destino original a pequeños campesinos.

Cerezas del pastel de inequidad en el tercer país con mayor concentración de la tierra, donde 68 % de la población campesina sufre pobreza aguda o miseria y sólo se explotan 7,6 de los 40 millones de hectáreas de tierra feraz. Arquetipo en el que, pese a la expansión de la agroindustria, el latifundista improductivo es rey, y paria, el campesino. Tierra sin hombres y hombres sin tierra, el modelo ha sido motor del conflicto. Pero los señores de la guerra se apertrechan de nuevo en lo “suyo”, contra la reforma rural que es eje del Acuerdo de Paz, y celebran la ausencia de partidas para restitución de tierras en el Plan de Desarrollo. Ya reorganizan ellos sus ejércitos antirrestitución.

La iniciativa de la senadora Cabal destruye el núcleo de la ley de restitución: la inversión de la carga de la prueba. No será ya el nuevo propietario quien deba demostrar que compró de buena fe, sino el dueño original quien deba demostrar que lo es y que fue despojado. Si de 6,5 millones de hectáreas usurpadas se han devuelto apenas 338.000, es de suponer que en este Gobierno caería la cifra dramáticamente. Y no sólo en virtud de aquel proyecto —si prospera—, sino de los ejércitos antirrestitución. Mercenarios enganchados por la élite más reaccionaria del campo para “exterminar” a todo el que reclame tierra o verdad, reaparecieron el 11 de abril contra una comisión del Ministerio de Agricultura para dejar cuatro policías agonizantes. Por su parte, la invasión de baldíos quedaría amparada por la figura de prescripción adquisitiva, que suplanta a la legal de adjudicación por el Estado. En 25 años se habrían entregado 376.000 hectáreas por prescripción. Insólito.

Aunque limitado, el catastro marcharía en dirección de la paz: empezaría por los 170 municipios más flagelados por la guerra, que podrían así planificar su desarrollo. Además, avanzaría información para el ordenamiento social de la propiedad y resolución de conflictos por la tierra. Si es que la caverna y sus ejércitos no frenan este cambio, sin el cual no habrá paz. Si no se serena Álvaro Uribe, cuyos arrebatos crecen conforme se desploma su prestigio. Si sus prosélitos no asumen la dignidad del cargo que representan. Como Myriam Martínez, alta funcionaria oficial que se postra de hinojos ante una deshonrosa solicitud de su “presidente” Uribe. Ya se ve: espinas como puñales tendrá que sortear el cogollito de catastro que está por nacer. Sean los demócratas la partera que le permita florecer.

Coda. En la atmósfera neofascista que se respira, quieren matar al brillante escritor y periodista Juan José Hoyos. ¿Qué dice el Gobierno?

https://www.elespectador.com/opinion/agro-entre-espinas-un-timido-capullo-columna-851605

13.19.-FEROZ LOBO ROSADITO – Cristina de la Torre

 Difícil fungir de humanista y demócrata defendiendo un evento que respira los aires del neofascismo internacional; que va de Trump a Erdogan, a Bolsonaro, a Colombia Justa Libres y al ala más recalcitrante del uribismo. Podrá Maria del Rosario Guerra barnizar de rosadito el rugiente fundamentalismo de la que este diario llama cumbre mundial del oscurantismo; pero lo dicho, dicho está. Y no es precisamente la defensa de los valores (¿cuáles?), de la familia (¿cuál?), de la vida (¿de quién?), de la libertad de conciencia y de culto, como lo proclama en carta a El Espectador la senadora por el Centro Democrático.

16 abr 2019.- Todo lo contrario. Se abundó en pleno Capitolio, con rabia, contra la llamada ideología de género (ficción cultivada en los surcos más oscuros de la caverna para desconceptuar la paz). Para convertir en política de Estado el principio religioso que denuesta el aborto, la familia homoparental, la eutanasia. Para volver al Estado confesional. En suma, para resolver la crisis de la civilización occidental destruyendo sus conquistas: la libertad, el pluralismo, los derechos ciudadanos. Peligrosa involución a un pasado de opresión y guerras de religión que las revoluciones liberales rebasaron hace siglos. Que no son la panacea, pero sí un paso de gigante hacia la convivencia cimentada en la ley civil. En la separación de religión y política, disuelta aquí por la estrategia de “un fiel un voto”.

En el escrito de Guerra las palabras engañan. Por sesgo. Y por contradecir el quehacer político de la autora, de su partido y su líder. Defiende ella la vida del cigoto mas no la de la madre que, negado su derecho al aborto terapéutico, fallece o queda prisionera de una criatura condenada de por vida a la tragedia. Exige respeto a la objeción de conciencia, acaso no tanto como derecho del objetor sino como barrera final a la larga cadena de obstáculos que sabotean el derecho al aborto. Propone extender la objeción de la persona natural a la persona jurídica, de modo que médicos y hospitales, todos a una, frustren el procedimiento. Tampoco parece importarle mucho la vida de muchachos que mueren por miles en la guerra que su partido promueve. Ni hablar de su silencio ante el insólito lapsus del senador Uribe cuando aconseja el recurso a la masacre del movimiento social. ¿Es todo esto proteger la vida?

La apelación de Guerra a los valores liberales es puramente retórica. Y equívoca la de aquella cumbre sobre libertad de cultos. Hace más de tres siglos abogó Locke por la libertad de conciencia y de religión que, no obstante, la ley debía proteger contra los embates de la política. Repudió la imposición coactiva de una fe a toda la sociedad, su conversión en medio de dominación política. Abogó por el poder del Estado como instancia neutral frente a las religiones. Y dijo que el poder del gobernante llega hasta la protección de los derechos civiles (vida, libertad y propiedad); que no puede extenderse a la salvación de las almas.

Tras larga interferencia de la Iglesia Católica en el poder del Estado, entronizó la Carta del 91 la libertad religiosa y de cultos. En triunfo resonante, consiguió Viviane Morales traducirla en ley. La norma es taxativa: el Estado garantiza libertad de cultos, pero ninguna confesión religiosa será estatal o tendrá carácter oficial. Mas, en su carrera hacia el Estado confesional, la propia Morales y sus prosélitos han desnaturalizado la norma: proponer una ley que concede el derecho de adopción sólo a la familia bíblica es negárselo a la mayoría y reducir el poder el Estado al poder político de una fe en particular. La libertad de credos es corolario natural del Estado laico. No del Estado confesional que aquella cumbre persigue, bien trajeada de eufemismos. Oscurantismo medieval ensamblado en neofascismo: el lobo feroz disfrazado de Caperucita.

https://www.elespectador.com/opinion/lobo-feroz-rosadito-columna-850639

  • 12.19.-EL ESPEJISMO DE LA REGLA FISCAL – Jorge Iván González
  • EL FMI Y SU OBSESIÓN POR LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL – Beethoven Herrera

El FMI defiende la flexibilización laboral como una forma de reducir los costos del Estado y generar 

Mi visita al hotel Mount Washington, en donde se crearon el FMI y el Banco Mundial, coincide con la publicación del estudio de Bernhard Reinsberg, Thomas Stubbs, Alexander Kentikelenis y Lawrence King (Routledge 2019), quienes examinan la relación entre las intervenciones del FMI y los derechos laborales. Usando dos bases de datos con una cobertura de países no lograda antes y desagregando información de los programas de condicionalidad del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 70 países entre 1980 y 2014, el estudio demuestra que la imposición de medidas laborales en los planes de ajuste que el FMI puso como condición para obtener nuevos créditos, ha disminuido significativamente los derechos laborales.

7  abr 2019.- Al comienzo del periodo se observa un mejoramiento de los derechos colectivos por la presión de las organizaciones sindicales, y los autores distinguen los derechos laborales individuales (formas de contratación, tiempo de trabajo, contratación y despido) de los derechos colectivos (sindicalización, representación y huelga), y encuentra un debilitamiento de los derechos laborales por la llegada de los programas del FMI con condicionalidad laboral, pero los sindicatos se anticiparon al deterioro de sus requerimientos.

Como la sindicalización solo se mantiene fuerte en el sector público, los empresarios privados enfrentan menos desafíos de negociación, pero está demostrado que los ajustes frenan el crecimiento general, la privatización de empresas públicas y la liberalización financiera coinciden con el debilitamiento de los derechos laborales.

El FMI defiende la flexibilización laboral como una forma de reducir los costos del Estado y generar el margen fiscal para el servicio de la deuda externa, pero nunca ha abordado la legalidad de las deudas contratadas por los dictadores, incluso cuando ya el senado de Estados Unidos aplicó una multa de 25 millones de dólares a cinco bancos que abrieron cuentas a Pinochet.

Además, la década de los ochenta –la de mayor endeudamiento– se conoce como la ‘década perdida para el desarrollo’, lo cual permite colegir que los préstamos, en gran medida, no se invirtieron y alimentaron la fuga de capitales, como se demostró en los Papeles de Panamá.

El argumento para la flexibilización en la empresa privada se basa en el carácter temporal de las cosechas y de los ciclos de ventas en el comercio, los cuales son ciertos, pero si el trabajador se enferma o se accidenta mientras pasa de una actividad a otra, debería estar cubierto por una red de protección, la misma que el FMI ha contribuido a desmantelar. Y la tesis de que la flexibilización mejora la productividad choca con el hecho de que el país sigue perdiendo puestos en el escalafón, pues a los rezagos logísticos se unen a las exageradas tasas de interés a los créditos, de lo cual tampoco habla el FMI.

Por supuesto, que la precarización laboral conduce a la caída de los ingresos, baja la demanda agregada y pretende generar un excedente exportable que permita cerrar el déficit externo, pero sobran evidencias de la ineficacia de esta estrategia por las múltiples barreras sanitarias, fitosanitarias, arancelarias –de nuevo en aumento– para el acceso a los mercados metropolitanos.

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/el-fmi-y-su-obsesion-por-la-flexibilizacion-laboral-528303

12.19.-EL ESPEJISMO DE LA REGLA FISCAL – Jorge Iván González

En el Comité Consultivo de la Regla Fiscal se aprobó ajustar el déficit, que en 2019 pasaría de 2,4% a 2,7% del PIB, y en 2020 de 2,2% a 2,3% del PIB. La regla para el Gobierno Central se creó en 2011 (ley 1473). Ya existía la regla fiscal territorial (ley 358 de 1997), o “ley de semáforos”, que establece un conjunto de medidas cuantitativas para restringir el endeudamiento de los gobiernos territoriales de acuerdo con su capacidad de pago.

12 abr 2019.- La regla fiscal no es intrínsecamente buena. La opción por las “reglas” va en contra de las miradas keynesianas, que le dan más importancia a la “discreción” ya que, en su opinión, la regla restringe de manera inadecuada el margen de maniobra de las políticas fiscal y monetaria. La discreción permite que la política económica se adecúe a las necesidades cambiantes de la sociedad. Desde finales de los años sesenta, autores como Friedman, consideran que la regla es necesaria porque los gobiernos suelen ser irresponsables, y no saben hacer un manejo discrecional prudente.

Las reglas fiscales no han dado los resultados esperados. En la gran mayoría de los países el gasto público como porcentaje del PIB continúa aumentando, y como los gobiernos han tomado la decisión de disminuir los impuestos, los saldos de la deuda pública continúan aumentando. En los países de la Ocde el saldo de la deuda pública, como porcentaje del PIB, supera 100%. Ni siquiera el gobierno alemán ha sido juicioso. En 2017, el saldo de su deuda pública equivalía a 70% del PIB. Así que, por 1.000 circunstancias, los gobiernos terminan incumpliendo las reglas fiscales. En Colombia el ministro Carrasquilla considera que la migración venezolana es una buena justificación para “flexibilizar” la regla. Y con este argumento trata de minimizar los pobres logros de la ley de financiamiento.

En Colombia la regla fiscal no se va a cumplir por dos razones sencillas. Primero, porque el gasto público no puede bajar. Y, segundo, porque los últimos gobiernos han optado por posiciones cómodas, como ampliar las exenciones tributarias, o no molestar con impuestos a los más ricos. A septiembre de 2018, el saldo de la deuda del sector público no financiero era de 55,5% del PIB. Y estos días el Gobierno anunció emisiones de títulos adicionales por valor de $3 billones. Mientras no se modifique de manera radical la tributación, la deuda continuará aumentando, y la regla fiscal no se podrá cumplir.

Además, la regla fiscal tiene un mal sustantivo: está basada en la probabilidad de “caso”, y no en la probabilidad de “clase”, que es propia de las predicciones de corte keynesiano. En virtud de la probabilidad de caso se hacen estimaciones que buscan predecir el valor específico de variables tan erráticas como el dólar o el petróleo. Para no caer en los inevitables errores de predicción, la política pública discrecional planea sobre la probabilidad de clase, que está fundada en postulados básicos pero contundentes como, por ejemplo, los jóvenes viven más que las personas viejas y, por tanto, es necesario obligarlos a cotizar a la seguridad social. O, en el país habrá terremotos y, entonces, es indispensable crear fondos de prevención. Esta manera de planificar, le da espacio a la discrecionalidad y puede ser más benéfica que el seguimiento al espejismo derivado de la probabilidad de caso

  jorgeivangonzalez29@gmail.com   

  https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/el-espejismo-de-la-regla-fiscal-2850796

  • -11.19.-LA MINGA INDÍGENA: DE DÓNDE VIENE Y PARA DÓNDE VA – Fernando Dorado
  • -DE INDIOS Y ENCOMENDEROS  – Cristina de la Torre

A la fuerza de los símbolos se sumaba la contundencia de las palabras y los hechos. En debate de televisión convocado por Laura Gil sobre la minga que se riega como aceite por Colombia, se encaraban los exponentes clásicos de nuestra desigualdad social: una élite criolla codiciosa, prepotente, y el indio. Jorge Bedoya y José Félix Lafaurie, voceros del Consejo Gremial y Fedegán, evocaban en su desdén al encomendero que lleva siglos arrebatando vida, tierra e identidad a los pueblos indígenas. En otra orilla, el senador Feliciano Valencia personifica la resistencia de su gente, en lucha asimétrica que hoy canaliza, empero, el flujo de la protesta social hacia un paro nacional el 25 de abril.

2 abr 2019 .- Clamor contra políticas como la tributaria, que han disparado la desigualdad en éste, el segundo país más desigual de América. Con su acicalada barba de galán, invoca Bedoya el principio de autoridad para judicializar a los organizadores del bloqueo a la Panamericana. Y Lafaurie condena, cómo no, los “actos criminales” y la “protesta armada” que anidarían en el movimiento. Pero ellos mismos encabezan asociaciones a veces infestadas, esas sí, de criminales de metra y papel sellado en veredas y caminos y notarías.

Se escandalizan porque los indígenas reclaman tierra feraz que fuera suya antes de que se las robaran y los arrojaran a zonas improductivas y al rastrojo. Porque reclaman ampliación de resguardos; avance en los sistemas propios de salud, educación y medio ambiente; y el presupuesto necesario para todo ello, debidamente incorporado en el Plan de Desarrollo. No como promesa y simple anexo.

Obrando desde el prestigio de sus luchas, la Onic promueve “una gran minga nacional por la defensa de la vida, el territorio y la paz”. 490 organizaciones sociales la suscriben; la primera, el Cric, la organización social más poderosa del país. Campesinos, pueblos indígenas, negritudes, estudiantes, sindicatos, cafeteros, maestros, transportadores van convergiendo en propósito común, casi que por simple afinidad existencial con la historia y la causa indígenas. Y por sufrir todos el golpe de la inequidad.

Tras la esclavización y el genocidio, usurparon los encomenderos las tierras de los indios, explotaron su trabajo, subordinaron su cultura y los redujeron al hambre en parcelas que pertenecían también a señores de dudoso pedigrí. La elite esclavista de Popayán fue dueña del 40% de los esclavos del país y no falta entre sus líderes quien proponga hoy segregar definitivamente a la población indígena en los estériles confines del Cauca.

Al lado de la minga indígena, otra bandera potencia el pronunciamiento del movimiento social: el mentís a la desigualdad que en este Gobierno se dispara y atenta contra la democracia. Explica Clara López que a mayor concentración de riqueza, mayor concentración de poder político que a su vez permite diseñar las reglas del juego en favor de los poderosos. El año pasado, escribe, la ganancia total del Banco de Bogotá fue de $2,93 billones, 53,9 % más que el año anterior. Una tasa 20 veces mayor que el crecimiento de la economía. Y la política tributaria no hace sino agudizar la inequidad. Por eximir de nuevos impuestos a los ricos en montos que suman decenas de billones, no podrá cumplir este Gobierno siquiera con la partida mínima prometida a las comunidades indígenas. Eso sí, nuestros modernos encomenderos seguirán pidiendo cárcel y represión para ellas.

¿A qué tanto escándalo porque López Obrador proponga que el Gobierno de España y el papa pidan perdón por la conquista exterminadora de nuestra América? Moderen sus impulsos Bedoya y Lafaurie si les indigna el guardia indígena que pregunta: si los indígenas llevamos 500 años de resistencia, ¿por qué no vamos a mantener la minga el tiempo que sea necesario?

https://www.elespectador.com/opinion/de-indios-y-encomenderos-columna-848076

11.19.-LA MINGA INDÍGENA: DE DÓNDE VIENE Y PARA DÓNDE VA – Fernando Dorado*

La movilización convocada por el Consejo Regional Indígena cuenta con cerca de veinte mil personas. ¿Qué la desató? ¿Quiénes la apoyan y qué reclaman? ¿En qué pararán las protestas?

 Después de constatar que los delegados gubernamentales dilataban las conversaciones y se negaban a entablar acuerdos en las mesas de concertación mientras que impulsaban leyes y un Plan de Desarrollo antagónico a los intereses de las comunidades indígenas, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una de las organizaciones indígenas con más experiencia en Latinoamérica, tomó la decisión de convocar a una minga, es decir, a una gran movilización social. 

Protagonizada por comunidades de etnias diversas y sectores campesinos del Cauca, Huila, Sur del Valle y Eje Cafetero, esta movilización logró bloquear la carretera panamericana entre Popayán y Cali e incomunicar parcialmente la vía que conecta a Neiva con Caquetá.

La minga estalló después de que en los últimos meses el presidente Duque mostró la cara que mantuvo oculta durante los primeros cinco meses de su mandato: suspendió las negociaciones con el ELN tras el atentado terrorista en la Escuela de Cadetes de la Policía; fortaleció su alianza  con el Fiscal para desprestigiar y acabar con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP); y se puso al servicio de Donald Trump en su campaña en contra de Maduro.

 Todo esto acrecentó la desconfianza de los líderes indígenas hacia el gobierno y los motivó a organizar y llevar a cabo la protesta en cuestión.

¿Quiénes son y qué reclaman?

El pueblo Nasa, también conocido como los “paeces”, es la principal fuerza de la minga. Debido a los desplazamientos ocurridos durante la Guerra de los Mil Días, a la posterior aprobación de la Ley 200 de 1936, y a la avalancha del río Páez de 1994, esta etnia reside en los municipios del nororiente del Cauca y suroriente del Valle, pero tiene “avanzadas” en la cordillera occidental, Huila, Caquetá y Putumayo. Actualmente cuenta con doscientos mil nativos, de los cuales se han movilizado alrededor de quince mil.

El dirigente indígena Giovanni Yule asegura que el gobierno ha radicado varios proyectos que son sumamente agresivos con las poblaciones indígenas. 

Los otros pueblos indígenas involucrados en la minga son los Misak, también conocidos como “guambianos”, los Kokonucos, los Totoróes, los Polindaras, los Yanaconas, algunas comunidades Embera Chamí de Risaralda y Caldas, los Wounaan del Valle del Cauca y pequeños pueblos del Cauca. Todos ellos cuentan con el respaldo de varias organizaciones sociales afro descendientes y campesinas del Cauca, dentro de las cuales se destaca el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA). En total, estos sectores suman unas cinco mil personas movilizadas.

Las principales exigencias de estos pueblos son:

  • Inclusión de las comunidades étnicas en el Plan Nacional de Desarrollo;
  • Reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos;
  • Protección a los líderes sociales que están siendo asesinados;
  • Respeto a la consulta previa para realizar proyectos en sus territorios (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo);
  • Cumplimiento de los acuerdos firmados con las FARC;
  • Fortalecimiento de las políticas de protección del medio ambiente;
  • Cumplimiento de los numerosos acuerdos firmados con otros gobiernos.

El dirigente indígena Giovanni Yule asegura que el gobierno ha radicado varios proyectos que son sumamente agresivos con las poblaciones indígenas. Ellos consistirían en reformar la Ley 160 de 1994 para quitarle la función ecológica y ambiental al uso de la tierra y convertirla en mercancía para las multinacionales; reformar la tutela e impulsar leyes que permitan aprobar el uso del glifosato y el fracking, limitar la protesta social y aumentar el control estatal sobre los medios de comunicación.

Más allá de los intereses de los pueblos indígenas involucrados y del gobierno colombiano, en la minga se enfrentan las tres fuerzas y concepciones políticas que se disputan la hegemonía global, es decir:

  1. Los neoliberales globalizadores que reconocen formalmente los derechos de los pueblos y las comunidades minoritarias, pero confían en que las fuerzas del mercado y el capital se impondrán sobre ellos. Juan Manuel Santos y Barack Obama hacen parte de este grupo.
  2. Los nacionalistas conservadores que intentan atenuar los efectos negativos —o más bien la crisis— de la globalización imponiendo gobiernos autoritarios, clericales y patriarcales. Álvaro Uribe y Donald Trump hacen parte de este grupo.
  3. Los pueblos que luchan por ampliar la democracia, debilitar los grandes monopolios financieros y construir un mundo más equitativo en el que los derechos de las minorías y la naturaleza sean respetados. En este caso, los indígenas representan este grupo.

Lea en Razón Pública: Estado, territorio y pueblos indígenas en Colombia.

La postura del gobierno

https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11856-la-minga-indigena-del-cauca-antecedentes-y-posibles-desenlaces.html?utm

En el primer acercamiento entre el gobierno y los líderes de la minga, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez se negó a tratar temas que, según ella, son exclusivos del Congreso.

Para ella, “el tema no son las inversiones, sino que todos ellos (los participantes de la minga) son sectores de oposición al gobierno”. Sus palabras resumen lo que creen casi todos los mandatarios colombianos, es decir, que las peticiones indígenas tienen un tinte político.

Por su parte, el ministro de Defensa Guillermo Botero acusó —sin presentar pruebas— a las comunidades de utilizar niños en la protesta, de usar explosivos contra la fuerza pública y de tener infiltrados de grupos armados ilegales. Además, el gobierno ha promovido el desalojo y la destrucción de los cambuches que varios protestantes instalaron sobre la panamericana. Todo esto demuestra que al gobierno colombiano no le interesa atender los reclamos de las comunidades indígenas.

En cambio, sí le interesa entrometerse en los problemas del país vecino. Esto quedó claro cuando en Cúcuta, Duque y varios miembros del Centro Democrático alentaron a cientos de “guarimberos” venezolanos a que atacaran con piedras y cocteles molotov a las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. Resulta sumamente problemático que el actual gobierno se preocupe más por los problemas de Venezuela que por las exigencias de las comunidades indígenas colombianas.

UN POCO DE HISTORIA

El gobierno colombiano parece haber olvidado que los pueblos indígenas caucanos, especialmente los Nasa, han resistido por más de 480 años. No en vano se les conoce, junto a los mapuches de Chile y los tzotziles-tzeltales de México, como los únicos pueblos no vencidos de América.

Resulta problemático que el actual gobierno se preocupe más por los problemas de Venezuela que por las exigencias de las comunidades indígenas. 

Como expongo en mi libro El Cauca en su momento de cambio –Sociedad abigarrada, pueblos rebeldes, futuros posibles, en el siglo XVI, liderados por “La Gaitana”, los Nasa lograron derrotar a los conquistadores españoles en Tierradentro. Así mismo, en 1700, liderados por el cacique Juan Tama, aprovecharon la confrontación para lograr el ‘Título de los cinco pueblos’ que les permitió sobrevivir y disfrutar de ciertos niveles de auto gobierno. Posteriormente, en la época de la independencia se aliaron con los patriotas sin ceder un ápice de su autonomía, y en el siglo XX, primero con Manuel Quintín Lame y luego con el CRIC, derrotaron a los grandes terratenientes caucanos y vallecaucanos recuperando así gran parte del territorio despojado.

De hecho, con la ayuda de otras comunidades, este mismo pueblo enfrentó con relativo éxito al expresidente Uribe en 2008. En esa ocasión el presidente se vio obligado a ir al Resguardo La María en Piendamó a negociar con las comunidades después de que ellas le dieran la espalda y lo dejaran hablando solo. Esto fue un golpe duro para quien en ese momento se creía imbatible.

Lo que viene

El presidente Duque, alentado por la supuesta “lucha contra la dictadura” que le ha subido un par de puntos entre la opinión pública, se ha embarcado en una ofensiva cuyo objetivo es derrotar a la oposición de cara a las elecciones locales y regionales. La minga indígena se le atravesó en esa lucha y podría convertirse en un escenario donde concurran temas sumamente sensibles: el de la paz, el del medio ambiente, el del modelo de desarrollo, el del pluralismo cultural y el de la memoria histórica.

También podría ser un detonante para la rebelión popular contra las pretensiones autoritarias de un gobierno que hasta ahora no ha construido mayorías en el Congreso ni en la opinión pública. “Dile a Duque que venga al Cauca”, el vídeo viral elaborado por creativos indígenas involucrados en la minga, expresa el sentir de muchos sectores de la ciudadanía.

Si Duque no calibra bien la respuesta y el tratamiento que le dará a esta lucha indígena, podría provocar una situación similar a la que desató Santos cuando dijo que “el tal paro nacional agrario no existía”.

Otra posibilidad sería que la minga no atraiga más aliados, pues muchas personas desconocen sus exigencias y muchas otras creen que esta protesta perjudica injustamente a quienes experimentan el bloqueo de la principal carretera de la región. Este escenario sería desastroso, pues crearía el ambiente perfecto para que el gobierno justifique abiertamente la represión.

*Activista social del Cauca, ex diputado por un movimiento agrario y presidente de la Asamblea Departamental del Cauca entre 1995 y 1997, sindicalista obrero y autodidacta.
E-mail: ferdorado@gmail.com Blog: https://goo.gl/UmU76A https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/19449?.rand=13o1ucdba3j23

10.19.-LO QUE NO BUSCA DUQUE CON LAS OBJECIONES – Juan Manuel López

Con unas objeciones sin perspectivas de prosperar, no se sabe en realidad lo que busca Duque, pero sí que no le importa el atropello a la institucionalidad para lograrlo

Podría ser que las objeciones pasen sea secundario porque no sean un objetivo sino un medio para alcanzar una figuración de líder que Duque no ha logrado proyectar. Foto:Presidencia

La verdadera pregunta debería ser “¿qué busca el presidente con las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP?”.

13 mar 2019.- No es verdad que busque cambiar o reformar la JEP porque lo que es claro es que lo que no busca es que se cambien los artículos que se objetan ya que sabe que eso no es posible; las objeciones presentadas no tienen prácticamente ninguna expectativa de prosperar.

Ya ha sido más que establecido que la única posibilidad de que el trámite fluya -y que no sea equivalente a volver a partir de cero- es que el Congreso rechace de plano todas las objeciones, caso en el cual el presidente queda obligado a firmar la Ley tal como está, que no puede ser lo que desea.

De otra manera solo seguiría el trámite si alguna de las objeciones es aceptada en ambas cámaras; o sea que tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes el gobierno logre las mayorías absolutas para eso.

Al respecto la posición y las manifestaciones oficiales de los partidos políticos de oposición y los ‘independientes’ se han pronunciado en contra. Y aún varios de los parlamentarios de aquellas agrupaciones que dicen apoyar esas enmiendas se oponen unos al contenido y otros a la situación en que quedaría la institucionalidad.

Porque la aceptación de cualquier objeción pone en interinidad la totalidad de la Ley y el trámite vuelve en la práctica al inicio. Tampoco puede ser eso lo que le interesa pues es ya entendido que en ese caso las facultades de la JEP son más amplias porque será de competencia de los magistrados que deben aplicar la norma Constitucional también el interpretarla.

Si la intención es ‘hacer ajustes’, no hay impedimento para que esto se haga, pero por los caminos que contempla la Carta (por ejemplo por vía de un Acto Legislativo que permite reformarla).

 Lo insostenible desde la perspectiva de la lógica y el Derecho
es que un pronunciamiento de Cosa Juzgada por parte de la Corte Constitucional
pueda ser cuestionado por el Ejecutivo por ‘razones de conveniencia’

 Pero lo que el presidente objetó no es la Ley sino la Sentencia, es decir los puntos que se resolvieron por la Corte. Lo anormal -e insostenible tanto desde la perspectiva de la lógica como de la del Derecho- es que un pronunciamiento con carácter de Cosa Juzgada por parte de la instancia a quien compete la guarda de la Constitución, pueda ser cuestionado por el Ejecutivo por ‘razones de conveniencia’, y menos aún que se pueda pensar en reversarlo por el legislador sin cumplir los requisitos de una reforma a la Constitución tal como en ella misma se contempla.

Así las cosas lo que busca Duque tiene que ser otro objetivo.

Seguramente varias motivaciones pueden converger.

Una obvia -aunque no necesariamente la más poderosa- el satisfacer a la corriente que lo eligió, y recoger, como ha venido haciendo, la cauda de seguidores de extrema derecha. Es evidente que entre esos puede esperarse que suba su aceptación, posiblemente por vía indirecta, más por identificarse con Uribe que por el contenido de esas objeciones.

Puede también resultar que, no por ampararse bajo el expresidente sino al ver los resultados que aquel obtuvo, llegó a la conclusión que el polarizar al máximo la escena política lo lleva a algo que le hace falta. En tal caso, que las objeciones pasen o no pasen sería secundario pues no se trata de un objetivo sino de un medio para alcanzar una figuración de líder que no ha logrado proyectar (la intención no sería un resultado alrededor de las objecionessino aprovechar, para asumir una vocería e imagen de líder, una oportunidad que solo él tiene).

Lo malo no es no saber en realidad qué busca, sino sí saber que no le importa el nivel de atropello a la institucionalidad que está dispuesto a adelantar para lograrlo.

https://www.las2orillas.co/lo-que-no-busca-duque-con-las-objeciones/

B- 10.19  OFENSIVA DESDE LA OSCURIDAD Cristina de la Torre 

Se diría que no les basta con el segregacionista proyecto de ley que crea un ministerio para la familia patriarcal. A esta iniciativa del representante a la Cámara por el Partido Conservador Juan Carlos Wills se suma ahora la de suscribir en el Plan de Desarrollo un pacto en defensa de la familia tradicional. A instancias del senador John Milton Rodríguez del partido cristiano Colombia Justa-Libres, la propuesta apunta a tomarse medio Estado vía centros de atención familiar integrados por sicólogos, sexólogos y miembros de comunidades religiosas, y un aparato paralelo de puntos móviles de “orientación” y propaganda por medios masivos de comunicación.

Con loables propósitos que quedarían sin embargo avasallados por éste de salvar la familia bíblica (papá-mamá-hijitos). Que tras bastidores asoma las orejas el eje Uribe-Ordóñez-Viviane lo sugieren rasgos del diagnóstico que Rodríguez aproxima en apoyo de su idea: crímenes le parecerían a él, sin distingos, el feminicidio, la infidelidad conyugal, la violencia intrafamiliar y el modelo de familia en unión libre. Le alarma que en 2016 no se registraran matrimonios en Puerto Carreño. Le alarma el aumento de divorcios.

Pero no lo inquieta la afinidad de su propuesta con el Ministerio de Familia que Bolsonaro creó a la medida de su titular, una pastora evangélica rescatada del rancio oscurantismo que cogobierna con un violento en el Brasil. Mucho pesó en su designación una vivencia mística que la llenó de luz: dijo ella haber visto la figura de Dios en un guayabo… (en un palo de guayaba). Acaso le ordenara el Señor promover la ley que eleva penas contra la mujer que aborta y premia con subsidios a la embarazada por violación si no lo hace. En homilía incendiaria llamó esta Damares Alves, desde el púlpito, a ejercer el poder todo; nos llegó la hora de copar la nación, exclamó entre vítores de su feligresía.

Acaso nuestros uribistas y evangélicos no alberguen tan descomunal ambición. Pero los proyectos de Wills y Rodríguez sí apuntan a copar grande porción del poder público en Colombia. Quieren encaramarse sobre el Instituto de Bienestar Familiar, el Departamento de Prosperidad Social, los ministerios del Interior y de Cultura, las comisarías de familia, la Policía Nacional, la Fiscalía, las alcaldías y gobernaciones para integrarlos con “el sector religioso”: con un partido cristiano que querrá subordinarlos a su fe y a su interés electoral. El propósito es atacar con expediente bíblico la crisis de la familia tradicional, con olvido de todos los demás modelos de familia, que son la mayoría en Colombia: la familia extensa, la monoparental, la compuesta y la homoparental son el 70 %. Las familias en cabeza de mujer representan hoy el 40 %, mientras aumentan las de matrimonio igualitario y unión libre. La familia nuclear apenas alcanza el 29 %.

Pero el conservadurismo nada contra la corriente. Es lo suyo. Cuando la sociedad busca libertad y mejores aires, aquel le atraviesa cadáveres ataviados de fina seda y rodeados de flores. Una escena grotesca me aguijonea la memoria. No hace mucho, ante una pareja de jóvenes que contraía matrimonio por el rito cristiano, recitó el pastor a grandes voces pasajes que dijo extraer de la Biblia: instó al hombre a asumir con energía la autoridad que Dios le daba al varón; y a ella, a honrar postrada al que la salvaba del fango putrefacto que desde el origen de los tiempos había signado su condición de mujer. Los hijos que vinieren habrían de seguir la ruta de sus padres. ¿Habrá todavía quien crea que en estos oscuros meandros podrá cultivarse una salida a la crisis de la familia tradicional? ¿No estaría el remedio más bien en humanizarla? ¿A qué la toma de medio poder público para perpetuarla, en ofensiva de ejército de ocupación?

https://www.elespectador.com/opinion/ofensiva-desde-la-oscuridad-columna-846781

9.19.- LA MANIPULACIÓN POLÍTICA DE LAS VÍCTIMAS – Cecilia Orozco

El boquete que abrió Iván Duque con su negativa a firmar una ley fundamental para el cumplimiento del Acuerdo de Paz, además del grave precedente de confrontación institucional que creó entre las tres ramas del poder, ha desplazado los debates, que se supone imperan en el Congreso, por los gritos de odio de las fuerzas políticas más oscuras del país.

20 mar 2019.- No se trata de simples enfrentamientos en la Comisión de Paz (¡!). Lo que allí se ha desatado, propiciado por la debilidad del presidente a quien los colombianos no dejan de ver como el subalterno de Uribe, es otro indicio de la reposición, en el manejo de la cosa pública, de un extremismo de derecha que amenaza con ser exterminador. Y con mayores bríos que en el tétrico periodo de los falsos positivos.

Hace una semana, la parlamentaria Paloma Valencia, cada vez menos racional y más primitiva, creía que hacía la gran faena si “pordebajiaba” a un senador exintegrante de las antiguas Farc, gritándole “narcoterrorista” aunque ella disfruta, hoy, de la tranquilidad que da el hecho de que ese personaje y 7.500 más hayan entregado las armas con las que antes atacaban al establecimiento.

Y el lunes pasado, un abogado que se presentó como “integrante de la Federación de Víctimas de las Farc” siguió el ejemplo de Valencia y pretendió agredir, verbalmente, a la representante Ángela María Robledo, de la colectividad del senador de oposición Gustavo Petro. El individuo no contó con el carácter de Robledo que, de inmediato, pidió respeto por ella, su experiencia, su carrera y su investidura.

En esta ocasión, los gritos subieron de tono y se generalizó el desorden en el salón del Capitolio en que estaban unos 100 asistentes. El deprimente capítulo no terminó en golpes entre unos y otros o, peor, en disparos, de milagro. No obstante, estamos a punto de que suceda. La reunión se disolvió en momentos en que llegaba a reforzar a los violentos otra de las rottweiler de Uribe.

La audiencia, supuestamente para escuchar a las víctimas del conflicto armado interno que ni su jefe, su presidente ni ella misma aceptan, había sido citada por Valencia que no tuvo empacho en darle puesto de privilegio, a su lado, a la excongresista Sofía Gaviria, cabeza visible de la denominada Federación de Víctimas, una organización de reconocido activismo político a favor del uribismo y participante de la campaña del entonces candidato Iván Duque.

Entre los presentes, se notaba la mayoría de señoras de otra organización conocida como CorpoRosaBlanca, quienes también hacen proselitismo uribista y en contra del perdón. Manejadas por el experiodista y extremista de derecha Herbin Hoyos, difunden su condición de mujeres sometidas sexualmente por los hombres de esa guerrilla. Hoyos, denunciado en la Fiscalía por otras exalzadas en armas, por usar sus fotos sin su autorización, actúa en equipo con Sofía Gaviria.

 Así que la audiencia de Valencia era una especie de conversatorio de yo con yo. En ese escenario hostil pero con la certeza de que tenían igual derecho a participar, llegaron las víctimas del Estado y de los paramilitares para expresar sus otros puntos de vista. Con ellas estaban la representante Robledo y el senador Iván Cepeda al que Paloma Valencia intentó arrebatarle el micrófono en un gesto al parecer espontáneo pero muy revelador 

No sé qué estará sintiendo el presidente Duque; si tendrá preocupaciones por la ola de violencia, por ahora verbal, que generó su anuncio de objetar la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz en el Congreso. No sé tampoco cómo pensará moderar a sus copartidarios. Lo que sí se me ocurre es que no puede zafarse con la escurridiza posición de que el Gobierno —como dijo uno de sus funcionarios— no intervendrá en los pleitos del Capitolio porque entre las responsabilidades del Ejecutivo está, desde luego, la de mantener la concordia nacional.

Entre paréntesis. Para tener en cuenta, el trino del también insultado por el uribismo padre Francisco de Roux quien ayer presenció, atónito, la violenta sesión de la senadora Valencia: “Les pedimos a las víctimas que no dejen manipular su dolor y dignidad por políticos de uno u otro lado. ¡La causa es más grande!”.

https://www.elespectador.com/opinion/la-manipulacion-politica-de-las-victimas-columna-845801

A- 8.19 ANTICORRUPCIÓN: SÍ PERO NO .- Cristina de la Torre

Es del talante de Duque dictar una medida mientras la neutraliza con otra mayor: avanza un paso y retrocede un kilómetro. Así, encarando la corrupción que reina en la contratación del Estado, sanciona por fin el decreto que adopta el pliego único en licitaciones de obras públicas; formato que golpearía el favorecimiento previo a un único oferente y a las mafias de contratistas. Enhorabuena. Pero el Plan de Desarrollo crea por su lado el llamado Fondo de Inversiones de Iniciativa Congresional FIIC, un quinto del presupuesto nacional de inversión a disposición de la clase parlamentaria.

12 Mar 2019.- Toneles de mermelada como ésta viera jamás. Y con premio adicional: no tendrían ya esos billones la cortapisa de Planeación Nacional, porque el artículo 35 del Plan le arrebata a la entidad el control sobre el presupuesto de inversión, para depositarlo en el ministro de Hacienda. Ecónomo del país que políticos y hombres de bien usufructúan como finca y faltriquera propias. Hoy será Carrasquilla, habilidoso contratista que ordeñó decenas de municipios con sus bonos de agua. Mañana podrá ser otro de parecida jaez.

El pliego tipo se contrae por ahora al sector transporte, porción menor de la contratación pública que en 2017 alcanzó $147 billones. Según el profesor Alejandro Barreto, no toca a la contratación directa, que ese año representó casi $45 billones; ni a regímenes especiales como los de las Fuerzas Armadas, Ecopetrol y empresas de servicios públicos, cuya contratación llegó a $36,9 billones; ni a las licitaciones de particulares ante el Distrito Capital. Sólo afecta al tipo de licitaciones que representaron entonces $10,5 billones. Si buena, poco podrá la medida contra la exultante expansión de contratos que en provincia se adjudican casi siempre a dedo: 85 % según el entonces contralor Maya.

Porfiará el político en el negocio por punta y punta, mientras prepara alforjas para almacenar los auxilios multiplicados de Papá Noel. Que ahora le sobrará más de la financiación privada de su campaña, y de la pública. Y podrá seguir adjudicando contratos a sus prosélitos y amigos, por mano del copartidario alcalde o gobernador. Sigue Verónica Tabares en La Silla Vacía un estudio de la MOE que relaciona financiación de campañas y contratación pública según el cual 112 donantes a campañas en Antioquia aportaron $663 millones y obtuvieron contratos públicos por $85.903 millones: recibieron $129 millones por cada millón invertido. 93 % de los contratos se entregaron a dedo. Y Milena Sarralde informa en El Tiempoque un puñado de vivos acapara la contratación pública, multiplicándose en mallas cerradas que repiten beneficiarios. Concentran un tercio de la contratación pública. Son contratistas —dice el contralor— que actúan con vocación de carteles, mafias rapaces que se organizan metódicamente para monopolizarla.

A la voz de que empeora el país en el rango mundial sobre percepción de corrupción, Transparencia por Colombia le pide al presidente idear una lucha estructural contra ella y anclarla en el Plan de Desarrollo. Ni modo. Lo estructural que vemos en el descosido mamotreto es la multimillonaria partida que se asignará a la clase política, convenientemente confiada ahora a la cartera de finanzas. Se disocia con ello la inversión pública de la estrategia de desarrollo, de sus metas y políticas, brújula que le marca el norte y le da sentido de conjunto. Queda la inversión sometida al albur de una nube de mercaderes y políticos que hacen del erario un carnaval. Si ya lo bailan en la ancha alcantarilla de la contratación pública, ¿qué no harán con el presupuesto todo en sus peludas manos? Si tuviera el presidente Duque algún sentido de patria, corregiría a tiempo la procaz iniciativa, y reviviría los proyectos contra la corrupción que el país exigió. No más la charada del sí-pero-no.

https://www.google.com/search?q=cristina+de+la+torre+columnas&oq=cristina+de+la+torre+columnas&aqs=chrome..69i57.13915j0j1&sourceid=

B- 8.18 REPENSAR LA IZQUIERDA. INMIGRACIÓN Y ASILO POLÍTICOPierre Pestieau

La brecha social es ciertamente un concepto, pero sobre todo una realidad que ha plagado a nuestras sociedades durante varias décadas. Es el origen del clima perjudicial que se cierne sobre nuestras democracias. Un clima dominado por la desconfianza, la desconfianza hacia los demás y especialmente con respecto a cualquier forma de autoridad.

Uno de los factores en la división social es, desafortunadamente, la inmigración, percibida por una fracción de la población como una amenaza para el empleo y la cohesión social. Todo el mundo no lo siente de la misma manera y no sufre las consecuencias. El tema de la inmigración confunde a la izquierda, como a la derecha en otros lugares. Izquierda y derecha, hay partidarios de la inmigración descontrolada. A la izquierda, en el nombre de los valores de la acogida que le son propios.

 Justo porque hace bajar los salarios y genera mano de obra barata. También hay partidarios de la inmigración controlada. En la izquierda, esto se puede explicar por el temor a perder el trabajo, pero también por un cierto realismo que Michel Rocard explicó por su famosa frase: «No podemos albergar toda la miseria del mundo». Francia debe seguir siendo lo que es, una tierra de asilo político, […] pero no más. […] » La derecha se opone a la inmigración e incluso al asilo político en nombre de los principios de identidad, que ocultan la xenofobia radical. En oposición, la izquierda ha tendido a ser relajada y rechazar cualquier forma de restricción. Una vez en el gobierno, ella fue mucho menos generosa.

El tema de la inmigración requiere varias aclaraciones. Primero, nos gustaría poder distinguir entre el asilo político y la inmigración económica. Las reglas de recepción son diferentes; El asilo se rige por el derecho internacional y debe ser una prioridad. De hecho, es muy difícil de distinguir. Hay casos donde está claro, pero también hay un área gris donde es difícil conocer los motivos del solicitante de asilo. Entonces, debemos reconocer que es imposible alcanzar una tasa de inmigración de 0, asumiendo que lo queremos. Incluso los gobiernos más restrictivos permiten que los inmigrantes ingresen a través de tres canales: la reunificación familiar, el asilo político y la inmigración ilegal. Con respecto a la inmigración ilegal, debe notarse que a menudo es favorecida por quienes la condenan. Les da mano de obra barata fuera de las leyes sociales. Otra observación es que a menudo se dice que el problema de la inmigración podría resolverse ayudando a los países que provienen de ella para que pierdan toda razón para emigrar. Este «hay» ya no es cuestionable por dos razones. En primer lugar, no resolvería el problema del asilo político. En segundo lugar, los montos requeridos para operar tal desarrollo no son concebibles política ni financieramente.

El problema de la inmigración es paradójico. Desde el punto de vista económico, es deseable, especialmente en nuestras antiguas empresas, pero desde el punto de vista político, parece difícil de aceptar. ¿Falta de pedagogía? Sin ninguna duda. La inmigración en países como Francia a menudo se experimenta en lugar de desearla. Comparado con el de los países anglosajones, está menos diversificado. Una gran proporción de inmigrantes en Francia provienen de antiguas colonias y rara vez están calificados (1). Muchos estudios de investigación basados ​​en experiencias anteriores indican que, a largo plazo, los países receptores se han beneficiado de los flujos migratorios (2). A corto plazo, no podemos evitar a los perdedores. Esto no debería ser una sorpresa.

Se han realizado varios estudios en Alemania, que es sin duda un país de inmigración. Parece que el efecto general de la migración en el crecimiento salarial es negativo porque los migrantes poco calificados son contratados con salarios más bajos. Además, los estudios sobre el desplazamiento de trabajadores en la UE muestran que esta contribución socava la sindicalización y la posibilidad de una negociación colectiva total.

¿Qué recordar de todo esto? Primero, está claro que Francia y Bélgica no pueden acomodar a todos los migrantes que desean establecerse allí. Dada la estructura demográfica y económica del mundo, sería inviable. Segundo, es importante acomodar adecuadamente a los refugiados políticos dentro de los límites de los acuerdos internacionales. La reunificación familiar debe continuar permitida por la ley. Finalmente, debemos tener una visión de la inmigración económica que sea generosa pero que tenga en cuenta las necesidades económicas del país, así como la adaptación necesaria de los recién llegados a una sociedad que tiene su propia historia y cultura.

 Frente a la inmigración, la izquierda no solo está dividida sino que también es ambigua. Es importante que tome una posición clara y firme contra lo que debería durar en las próximas décadas. También debe tranquilizar a esta sección de la población que se siente amenazada en sus trabajos y valores. Se necesita un mayor esfuerzo de pedagogía y empatía. Es importante dejar de practicar la política esquizofrénica de proclamar buenos sentimientos acerca de la apertura hacia los demás y los derechos humanos y, al mismo tiempo, tolerar prácticas indignas.

Para concluir, en el campo de la inmigración más que en otros, es importante mantener y tener cuidado con las famosas «noticias falsas». Tomemos el ejemplo del África subsahariana, que se espera que represente el 22% de la población mundial para 2050 en lugar del 14% actual. Leemos aquí y allá que en 30 años, Europa estará poblada por el 25% de los inmigrantes subsaharianos. Recientemente, el excelente demógrafo François Héran (4) muestra que un orden de magnitud realista sería cinco veces menor.

(1) Rapoport, H (2018) Repensando la inmigración en Francia Desde el punto de vista económico, Opuscules of CEPREMAP.

(2) Docquier, F., E. Lodigiani, H. Rapoport, M. Schiff (2016). Emigración y democracia, Journal of Development Economics, 120, 209-223

(3) Anke Hassel (2018) Por qué la izquierda debe hablar sobre la migración, Europa social 29/10/2018

https://www.socialeurope.eu/why-the-left-must-talk-about-migration

(4) https://www.ined.fr/en/publications/editions/population-and-companies/europe-spectre–migrations-subsahariennes/

http://www.thebingbangblog.be/

A- 7.19 ABRIERON LA PUERTA DEL INFIERNO – Pablo Leyva

¿El fracking es salvación energética o es muerte ecológica?

La muerte ecológica puede arrastrar desdichas a muchas poblaciones.

Periódicamente se anuncia el inminente desabastecimiento de combustibles fósiles y se incentiva su exploración y explotación. Ahora un dirigente gremial dice que “Colombia se merece la oportunidad” del fracking pues se está “jugando su propia seguridad energética” y su “estabilidad fiscal”. La Comisión de Expertos para el Estudio del Fracking “le recomendó al país avanzar en la implementación de pilotos de exploración con el uso de esta técnica”.  9 mar 2019.- Esto a pesar de lo que se conoce de su informe: las instituciones públicas incumplen la ley de transparencia de la información; los operadores petroleros deben suministrarla, se necesita saber cuáles van a ser las tecnologías a utilizar y sus riesgos (posible secreto industrial); se debe desarrollar capacidad institucional para poder manejar el seguimiento, la evaluación, el monitoreo y las correcciones; se requiere una superintendencia de asuntos ambientales y minero-energéticos para tramitar las quejas y reclamos de la ciudadanía y aplicar sanciones; se recomienda construir líneas base de ecosistemas, hidrogeología, sismicidad y socioeconomía.

¿El fracking es salvación energética o es muerte ecológica?

9 mar 2019.- Y se necesita “un riguroso trabajo previo” que toma tiempo, “es necesario discutir con las comunidades los riesgos y beneficios del fracking”. Riesgos que exigen mantener alejada a la población a más de 2 km de los pozos exploratorios, especialmente a las mujeres embarazadas.

Según un experto, como “compensación” a las comunidades locales, las empresas les pueden dar aportes directos o transferirles un porcentaje de las utilidades a un fondo. Para que “se convenzan de los beneficios que trae económicamente”, agrega un destacado empresario. Y un dirigente gremial asegura que “la perforación de unos 12 pozos, inicialmente, puede hacerse” mientras se fortalecen las instituciones y se afianza “la confianza con las comunidades”.

Las recomendaciones de los expertos sobre el fracking pueden tener varias interpretaciones; una empresarial-institucional: “business as usual”, adelante con el fracking, y una ambiental: no hay institucionalidad suficiente para permitir “ensayos de fracking”, el conocimiento sobre sus potenciales impactos, efectos y riesgos impone el principio de precaución.

Los expertos abrieron la puerta del infierno. Con sus “pilotos de fracking” validan lo que dijo un emprendedor petrolero: “Necesitamos aumentar la oferta de hidrocarburos, nos quedan 20 años para usarlos”. ¿Implementar “pilotos de fracking”? ¿Qué es eso? ¿Cuántos? ¿Replicables? ¿Cuántas veces? ¿Cómo? ¿Dónde? A los expertos se les olvidó en qué país y planeta viven. Muchas de las recomendaciones, difícilmente controlables, se desconocerán; además son puntuales, convencionales, no estructurales, ni sistémicas. El fracking es destructivo, fractura la roca madre, contamina suelo, agua, aire y ecosistemas y puede producir o aumentar la sismicidad. La combustión de los hidrocarburos que produce el fracking emite gases de efecto invernadero, con impactos sobre el clima planetario y efectos directos e indirectos en el territorio nacional y la población, hasta mucho tiempo después de suspendidas las emisiones.

Se necesita consumir menos energía, desarrollar urgentemente alternativas energéticas de bajo impacto, cero carbono, y atender las recomendaciones del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). El país requiere una verdadera política de transición energética que asegure la sostenibilidad. No hay tiempo.

https://www.elespectador.com/opinion/abrieron-la-puerta-del-infierno-columna-843909

B-  7.19 EL CASTROCHAVISMO DE TRUMP – Cristina de la Torre

No todo es obsequiosa sumisión al bárbaro que blande el mazo contra Venezuela; también del peón recibe sus lecciones el imperio. Si el mote de castrochavista que la ultraderecha le acomodó en Colombia a la oposición democrática sentó tres veces a Uribe en el solio de Bolívar y fracturó la paz, el eficaz ardid aplicado al socialismo democrático que estalla en Estados Unidos podría reelegir a Trump.

El coco de Venezuela despierta los fantasmas de la Guerra Fría, para repetir la decrépita cruzada contra el comunismo, en dos países donde éste es brizna en el huracán de la política. Cruzada mentirosa, porque no salva en ellos a la democracia de un estalinismo imaginario, y sí trae, en cambio, aires de fascismo. Allá en el norte, es reacción de la caverna contra el sorpresivo renacer del socialismo democrático que evoca el New Deal que Roosevelt entronizó en los años 30 y devino Estado de bienestar. 

4 mar 2019.-  La última encuesta de Public Policy Polling le da al socialista Sanders (léase liberal de izquierda) 51 % de intención de voto, contra 41 % a Trump; 63 % de los jóvenes se declaran allá socialistas y anticapitalistas. Pero el mono deforma la realidad ideológica y presenta a la socialdemocracia como comunismo. Truco de alto impacto en el electorado de la Florida, decisivo en elección de presidente, cuyo componente latino es anticastrista de nación y ahora, por extensión, enemigo del castrochavismo. Nada nuevo. Ya el teórico Friedrich Hayek asociaba socialdemocracia con comunismo totalitario, acaso en respuesta al clamoroso espectáculo del New Deal. Batiéndose por la economía de mercado, reafirmaría sus tesis en los 70, para dar soporte a la Escuela de Chicago que trazó la ruta del neoliberalismo.

Como se sabe, también el modelo de Roosevelt es economía de mercado, pero con impuesto progresivo y sólida política social. Pasó del énfasis en el capitalismo individualista al Estado redistributivo, con regulación de la economía y pleno empleo. La igualdad ante la ley se acompañó ahora de seguridad social y económica. Para Roosevelt la supervivencia del capitalismo dependía también de la planificación económica, pues la crisis del sistema resultaba del abuso de la libertad de empresa. Adaptó formas del socialismo al capitalismo, y éste evolucionó de un sistema de explotación sin escrúpulos a otro de responsabilidad social.

Mas no todos estaban conformes. Explica Hayek en 1976 que cuando escribió Camino de servidumbre, 32 años atrás, socialismo significaba nacionalización de los medios de producción y planificación económica centralizada. Que éste se resuelve ahora en una profunda redistribución de las rentas a través de los impuestos y del Estado de bienestar. Pero cree que “el resultado final tiende a ser exactamente el mismo”. Postulado acomodaticio, pasa por alto diferencias de naturaleza que separan a los dos modelos. Más aun cuando asevera que “la planificación conduce a la dictadura (porque contraviene) la naturaleza esencialmente individualista de la civilización occidental”. Como si fueran iguales la planeación coactiva de la Rusia soviética y la planeación indicativa del Occidente industrializado.

Aunque riñe con la realidad y legitima la modalidad más cerril de capitalismo, la razonada disertación de Hayek se vuelve caricatura en las torvas manos de un Trump o de algún presidente eterno en banana republic. Y la plutocracia ahí, empachada, la mira puesta en el petróleo de Venezuela. Abortada la ayuda “humanitaria”, se congratulará Trump, sólo queda la intervención militar contra la dictadura castrochavista. ¡Se me apareció la virgen, pensará; reelección asegurada! Hasta cuando empiece a llamar castrochavistas a los millones de norteamericanos que no le marchan. Porque tienen clara la diferencia entre dictadura estalinista y un New Deal para el siglo XXI.

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A-6.19 ERA MEIJI Y ERA DUQUE

emperador Meiji en 1873. //// Presidente colombiano Iván Duque

  Nadie sabe con precisión si en la era Meiji se operó una gigante transferencia tecnológica que dio lugar a una pujante industrialización del muy atrasado Japón o se fue más bien una aculturación occidental pero pero guardando las apariencias y costumbres…o qué fuè? Se presume que el presidente Duque, ante la aparatosa desindustrialización del paíse y su crecimiento amodorrado, pueda descubrir mediante las luces de una cuarentena de sabios, el mal que nos aqueja y las terapias conducentes.

La era Meiji (明治時代 meiji jidai?) o Período Meiji (23 de octubre de 1868 – 30 de julio de 1912) denota los 45 años del reinado del emperador japonés Meiji. Durante este período, el país comenzó su modernización y occidentalización erigiéndose luego como potencia mundial. El nombre significa «Era de culto a las reglas.»

En 1868 se produce la revolución Meiji, y el emperador recupera su poder. Se emprenden, entonces, unas reformas legales tendentes a equiparar la sociedad japonesa con la europea, tomando como modelo la Prusia liberal de Guillermo II.

Tras la muerte del emperador Meiji en 1912, el emperador Taishō subió al trono, dando comienzo a la era Taishō.

El Presidente Iván Duque lanzó este viernes la Misión Internacional de Sabios, cuyo objetivo es aportar a la construcción e implementación de la política pública en educación, ciencia, tecnología e innovación, así como a las estrategias que debe construir Colombia a largo plazo, de manera escalable, replicable y …8 feb. 2019

  • El proyecto se desarrollará inicialmente durante diez meses, al término de los cuales la Misión presentará recomendaciones factibles e inquietudes relevantes que no solo permitan responder a los desafíos productivos y sociales, sino también contribuir al desarrollo sostenible e inclusivo en el país.
  • La Misión reúne a un destacado grupo de 43 expertos nacionales e internacionales en diferentes áreas del conocimiento, quienes participarán, ad honorem, y ayudarán a trazar la ruta para el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación.
  • Por instrucción del Jefe de Estado, este importante proyecto estará bajo el liderazgo de la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y tendrá el acompañamiento del Ministerio de Educación y Colciencias.

Bogotá, 8 de febrero de 2019.

El Presidente Iván Duque lanzó este viernes la Misión Internacional de Sabios, cuyo objetivo es aportar a la construcción e implementación de la política pública en educación, ciencia, tecnología e innovación, así como a las estrategias que debe construir Colombia a largo plazo, de manera escalable, replicable y sostenible.

Por instrucción del Jefe de Estado, este importante proyecto estará bajo el liderazgo de la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y tendrá el acompañamiento del Ministerio de Educación y Colciencias.

La Misión reúne a un destacado grupo de 43 expertos en diferentes áreas del conocimiento, quienes participarán, ad honorem, y ayudarán a trazar la ruta para el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país.

El grupo está conformado por comisionados nacionales e internacionales, quienes, gracias a su prestigio científico e intelectual y el respeto que se han ganado en sus comunidades, fueron convocados para conformar esta Misión, de la que hacen parte 15 mujeres, lo que dará una mirada más amplia a los desafíos que van a enfrentar.

Estos trabajarán de manera articulada con la Secretaría Técnica, liderada por Cristina Garmendia, encargada de administrar este proceso y de dinamizar la labor del equipo; además, contarán con el apoyo y soporte de universidades públicas y privadas, que tendrán un papel fundamental como articuladoras de todo el proceso investigativo.

Esta tarea se cumplirá a través de los grupos de investigación de universidades como EAFIT, Javeriana, universidad Industrial de Santander, universidad de Antioquia, universidad de los Andes, Tadeo, universidad del Rosario y universidad Nacional.

Para el desarrollo de esta labor científica se han priorizado áreas específicas clasificadas en 8 ejes temáticos; se realizarán tres sesiones por cada área temática, donde se asignarán responsabilidades y se definirán alcances.

Posterior a los estudios e investigaciones, entregarán un documento con recomendaciones factibles y propuestas relevantes para responder a desafíos productivos y sociales que logren un desarrollo sostenible e inclusivo de nuestro país.

Los ejes temáticos y los expertos convocados son:

  • Tecnologías Convergentes e Industrias 4.0

Jean Paul Allain

Tim Osswald

Orlando Ayala

María del Pilar Noriega

  • Energía Sostenible

Eduardo Posada

José Fernando Isaza

Juan Benavides

Angela Wilkinson (Reino Unido)

  • Biotecnología, Medio Ambiente y Bioeconomía

Cristian Samper

Federica Di Palma (Reino Unido)

Esteban Manrique Reol (España)

Michel Eddi (Francia)

Silvia Restrepo

Ludger Wessjohan (Alemania)

Germán Poveda

Elizabeth Hodson

Mabel Torres

  • Ciencias Sociales, Desarrollo Humano y Equidad

Clemente Forero

William Maloney (Estados Unidos)

Ana María Arjona

Sara Victoria Alvarado Salgado

Stanislas Dehaene (Francia)

Johan Schot (Holanda)

Kyoo Sung (Corea del Sur)

  • Océanos y Recursos Hidrobiológicos

Andrés Franco

Jorge Reynolds

Juan Armando Sánchez

Sabrina Speich (Francia)

  • Ciencias de la Vida y la Salud

Rodolfo Llinás

Jorge Reynolds (también hace parte del eje Océanos y Recursos Hidrobiológicos)

Nubia Muñoz

Isabele Magnim (Francia)

Juan Manuel Anaya

Alejandro (Alex) R Jadad

  • Industrias Creativas y Culturales

Ramiro Osorio

Camila Loboguerrero

Carlos Jacanamijoy

Alfredo Zolezzi (Chile)

Edgar Puentes

  • Ciencias Básicas y del Espacio

Moisés Wassermann

Carmenza Duque

Ana María Rey

Adriana Ocampo

Serge Haroche (Francia, Premio Nobel)

(Fin)

Perfiles: Misión
Internacional de Sabios

Ciencias Básicas y del Espacio

Corresponden a áreas del conocimiento que no están condicionadas a una
aplicación en particular en el corto o mediano plazo y cuyo quehacer disciplinar
radica en el aporte y extensión de la frontera del conocimiento que debe ser
necesario para el avance de un campo o sector de aplicación como respuesta a
una necesidad establecida a un problema identificado a una oportunidad de
aplicación o a la validación de una teoría.

ADRIANA OCAMPO URIA

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5.19.-LIBERTAD DE CÁTEDRA Yohir Akerman

La relación entre los profesores y el expresidente Álvaro Uribe Vélez siempre ha sido conflictiva ya que, para el segundo, estos representan un riesgo en sus posturas ideológicas.

Hace unas semanas los senadores del Centro Democrático Fernando Araújo y Uribe Vélez, a través de sus redes sociales, acusaron a la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) de “adoctrinar” a los estudiantes de colegios públicos. Aunque el presidente de este gremio, Nelson Alarcón, exigió respeto para con la profesión docente y algunos políticos y académicos defendieron a los profesores, las acusaciones no cesaron.

24 feb 2019.- Lo que empezó como una opinión de dos senadores del Centro Democrático se convirtió en una postura de todo el partido político planteada en un video en el que nuevamente criticaron el rol de los docentes en el país, específicamente los que pertenecen a Fecode, comparando sus supuestos ejercicios de adoctrinamiento con aquellos que usaban dictadores como Hitler.

Aunque el video finalmente fue eliminado, el representante a la Cámara Edward Rodríguez continuó el debate anunciando un proyecto de ley que busca sancionar a los profesores que hablen de política en las clases que no sean de Ciencias Sociales.

El proyecto consiste en que profesores a los que se les compruebe que constriñen o tratan de involucrar a sus estudiantes en algún tipo de ideología política o desarrollan proselitismo en las aulas de clase puedan ser multados y sancionados.

Inentendible.

Pero para tratar de entender un poco hay que remitirse al gobierno del entonces presidente Uribe, cuando el organismo de inteligencia e investigación de esa administración espió a algunos profesores que declararon enemigos de sus ideales.

Según un artículo de El Espectador publicado el 1º de agosto de 2009, el grupo de inteligencia G3 del DAS, en su afán por identificar y procesar a organizaciones con supuestos vínculos con grupos guerrilleros, llegó a escenarios ridículos. (Ver La última ridiculez del DAS).

El más absurdo, sin duda, está documentado en un memorando fechado el 14 de diciembre de 2004, en donde se solicita investigar a Sonia Urrea, docente de sociales del colegio bogotano Marymount, porque “estaría formando ideológicamente a su alumnado con algunos documentos rectores de las guerrillas colombianas”.

La base fundamental del DAS para sustentar semejante acusación es que la profesora Urrea, en su clase de undécimo grado, les solicitó a las estudiantes varias lecturas, no de guerrilleros, sino de reconocidos investigadores del conflicto colombiano, como el historiador de la Universidad Nacional Fabio Zambrano Pantoja o el sociólogo Alfredo Molano Bravo.

En las lecturas de referencia también se estudió un artículo de Gloria Gaitán, la hija de Jorge Eliécer Gaitán, y otro documento de la desmovilizada comandante del M-19 y exparlamentaria Vera Grabe.

Es importante detallar que la profesora Urrea enseñaba que en Colombia sí había conflicto armado, lo que produjo que el DAS la pusiera en la mira.

Para el G3 del gobierno de Uribe, la clase de la profesora Urrea era un asunto de seguridad nacional y por ello se ordenó promover una campaña de desprestigio contra ella para desvincularla del plantel.

Para tener una dimensión de esto es importante recordar lo que he establecido en otras columnas sobre el G3.

El G3 fue creado por el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez Martínez, condenado a 30 años de prisión como determinador responsable del homicidio del humorista Jaime Garzón. Era un grupo clandestino que operó desde marzo de 2003 hasta octubre de 2005, cuando Jorge Noguera renunció al cargo del DAS y fue nombrado por el presidente Uribe como cónsul de Milán, en Italia. Este grupo le informaba directamente al presidente.

El 3 de abril de 2009 la Fiscalía realizó una incautación bajo el radicado No. 45467 de los documentos de la Oficina de Archivos de la Subdirección de Análisis del DAS en donde estaban escondidos algunos expedientes del G3.

Los integrantes de este grupo siempre trataron de ser muy cuidadosos de no dejar evidencia por lo que la mayoría de las órdenes se transmitían verbalmente.

Ahora bien, en total la Fiscalía encontró 103 carpetas que contenían información de algunos seguimientos, operaciones de espionaje y montajes del G3 a los críticos de Uribe Vélez, entre los que se encuentran defensores de derechos humanos, políticos de oposición, periodistas independientes, magistrados y profesores. (Ver Las tareas del G3).

En esas carpetas se encuentra el documento 0033, que es la hoja de identificación del docente Alfredo Rafael Francisco Correa de Andreis como sujeto de espionaje y seguimientos ilegales. Se van a cumplir 15 años de su horrible homicidio. En esas carpetas también está la información sobre otros docentes como la profesora Urrea.

La persecución, ataque y hostigamiento a los maestros y académicos no es nueva. La pelea con Fecode es solo otro síntoma de una enfermedad mucho más peligrosa, como también lo es el ridículo y lamentable proyecto de ley del representante Rodríguez.

Si bien el líder del Centro Democrático ha dicho que no apoya ese proyecto, lo cierto es que el senador Uribe siempre ha difamado y estigmatizado a los profesores y ha querido cambiar la versión de los hechos que lo rodean a él. Los ejemplos son abundantes. (Ver Ataques a los maestros).

@yohirakerman akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/catedra-columna-841554

4.19.-¿Quién le teme a la JEP? – Patricia Lara

A pesar de que los miembros del Centro Democrático (CD) quieran acabar con la Justicia Especial para la Paz (JEP) y manipulen para que sólo se conozca la mitad de la verdad sobre el conflicto, les va a salir el tiro por la culata.

Hasta ahora, el CD ha bombardeado la JEP y la posibilidad de que se sepa la verdad, presentando un proyecto para sacar a los militares de esa jurisdicción; intentando dejarla sin fondos; haciendo lo posible para que los terceros —es decir, políticos, paramilitares, empresarios y civiles en general— no puedan ser juzgados por la JEP; (finalmente, la Corte Constitucional decidió que los terceros no tienen la obligación de acudir a ella, pero sí pueden hacerlo si lo desean); poniendo en el Centro de Memoria Histórica a un exmaoísta convertido al uribismo quien niega que aquí hubo conflicto armado, a pesar de la evidencia de que en Colombia existen, por esa causa, más de ocho millones de víctimas; dilatando en el Congreso el envío, para que reciba la sanción presidencial, de la ley estatutaria de la JEP, que ya había sido estudiada y declarada constitucional por la Corte; advirtiendo, a través de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que el presidente puede objetar toda la ley estatutaria de la JEP o parte de ella.

Pero si Duque llega a objetarla por razones políticas —porque jurídicas no hay, dado el estudio minucioso que de esa ley hizo la Corte Constitucional—, se crearía una crisis interna, la popularidad del presidente volvería a caer y el desprestigio internacional de Colombia, que ya alcanza niveles preocupantes por su insistencia en que se desconozcan los protocolos acordados en caso de terminación del diálogo con el Eln, llegaría a un punto vergonzoso, pues la comunidad internacional defiende tanto los acuerdos de paz como la JEP, que es su columna vertebral.

Todo lo anterior lleva a hacerse la pregunta que les plantea en un trino el columnista Ariel Ávila tanto a Duque como al CD: ¿cuáles son las personas que “participaron en el conflicto” que “quieren que no se juzguen?”.

Sin embargo, por más triquiñuelas que hagan, la realidad los va a desbordar: así se desprende de la carta que desde La Picota les dirigieron a la JEP, a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos más de 300 presos —la mayoría, excombatientes de las Farc y de las autodefensas, pero también exintegrantes del Eln, del Epl, del Ejército y de bandas criminales como los Rastrojos—. En ella, los presos dicen que desean acogerse al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y “aportar verdades, algunas ya conocidas, otras que han venido estando guardadas por mucho tiempo (…) Es absolutamente indispensable —agregan— no guardar más en secreto cómplice los hechos de violencia y guerra interna (…), los nombres de actores participantes sin consideración de su sexo, raza, estirpe, oficio o condición económica, social o profesional (…) lo mismo que el origen de las fuentes de financiación”. Así, esos presos, y otros que se anuncian, quieren ayudar a “hacer realidad la reconciliación buscada, la reparación y la no repetición”.

De manera que todo indica que, por más de que el CD intente tapar el sol con un dedo, toda la verdad, por fortuna, va a brillar.

Nota. Presidente Duque, ¿sabe usted que a Colombia no pueden ingresar tropas extranjeras sin la autorización del Congreso? ¿Y sabe que uno de sus principales deberes como presidente es defender la soberanía nacional?

https://www.elespectador.com/opinion/que-uribe-sea-el-comisionado-de-paz-columna-838460

3.19.-SEGURIDAD: ¿CON SOPLONES Y CIVILES EN ARMAS? – Cristina de la Torre

No sorprende, pero verlo confirmado en hechos, dispara las alarmas; o al menos suscita preguntas nacidas del miedo a lo conocido: ¿volverán los horrores de la seguridad democrática? Con sus redes de cooperantes y el estamento ganadero en armas, místicos todos de la fe que niega el conflicto armado y lo reduce a amenaza terrorista, ¿se inicia otra escalada de la guerra?

12 feb 2019.-  También la nueva norma de seguridad crea su red de informantes para alertar sobre “situaciones que los ciudadanos consideren potencialmente peligrosas”. En el Gobierno de Uribe resultaba peligroso, por definición, quien no hincaba la rodilla ante el caudillo o reclamaba algún derecho o, si togado, juzgaba en derecho. Entonces convergieron los sectores más reaccionarios del campo para perseguir y aún apretar el gatillo contra ellos; o para mandarlo apretar desde las Convivir, refugio que fueron de paramilitares a cuyo amparo acaecieron el despojo y el desplazamiento en masa. ¿Hoy se recompone aquel modelo de seguridad?

Saca sus uñas la guerra, mientras el Gobierno y su partido van liquidando los instrumentos de paz. Como la JEP, en capilla mientras el presidente decide si objeta la ley que la reglamenta o la cercena hasta dejarla manca. Por su parte, Rafael Guarín asegura que el Gobierno no quiere armar a nadie sino, al contrario, desarmar. Será retórica, pues el copresidente Uribe viene de avivar la presión de los ganaderos del Cesar para rearmarse. Y su palabra es la ley. Bloque de acero interpuesto además al primer amago de controlar las dinámicas perversas de la Red —si lo hubiera—. O de justipreciar el peligro de entregar tareas de inteligencia y seguridad a particulares. O de medir el riego de repetir “errores” del pasado. Casos al canto, las detenciones masivas y sin pruebas de ciudadanos inermes; y la abominación de los falsos positivos. Todo lo cual apunta a sabotear las reformas que la paz conlleva.

Dos innovaciones trae la nueva política: primero, eleva la protección del agua, la biodiversidad y el medio ambiente a problema de seguridad nacional, por tratarse de preciados bienes estratégicos. Enhorabuena. Segundo, monta una inmensa plataforma tecnológica al servicio de la Red de informantes. Para bien o para mal, esta será infinitamente más eficaz que la de Uribe. Establecerán ellos contacto anónimo con el Ejército y en el primer año serán un millón, prestos a señalar ciudadanos “potencialmente peligrosos”.

Espectro tan amplio e indeterminado dará para cualquier cosa: para prevenir un asalto a la Caja Agraria o el linchamiento de un atracador; pero también para señalar a líderes sociales como potencialmente peligrosos, terroristas, e inducir su asesinato. O la ejecución de miles de jóvenes potencialmente peligrosos porque no andarán cogiendo café, y estirar con ellos la lista de los 10.000 falsos positivos. Es que el anonimato podrá amparar desde abusos y cobardías y venganzas, hasta el linchamiento político originado en sospechas de algún ardoroso vengador que quiere hacer justicia por mano propia. Especulo, sí, pero desde un referente poderoso: es ésta una experiencia ya vivida cuyo mentor recompone ahora con los trazos inconfundibles de su mano de hierro y corazón de hielo. Ojalá me equivoque.

Mas, así formulada, esta política de seguridad desafía al Estado de derecho y al país que busca la paz por medio de la democracia. Desarmando a la sociedad civil, no armándola. Ni cooptando a la ciudadanía en un ciclópeo aparato de espionaje, copia fiel de los comités de defensa de la revolución cubana. La gobernabilidad del presidente no depende sólo de la mermelada que derrame sobre la manzanilla. Ahora depende, sobre todo, del respeto que le profese al movimiento social, activo inconforme contra un modelo de seguridad que no podrá pelechar sino en la guerra.

https://www.elespectador.com/opinion/seguridad-con-soplones-y-civiles-en-armas-columna-839108

3.18.- RÉPLICA A GABRIEL SILVA José Félix Lafaurie

«Uno no reparte cerillas entre pirómanos”. Así concluye Gabriel Silva su reciente libelo contra el uribismo, los ganaderos y José Félix Lafaurie, mientras se pasea por los medios estigmatizando, como por una estación de gasolina con una antorcha encendida.

No sé de dónde sacó que yo he asumido, con Álvaro Uribe, la causa de regresarles a los ganaderos su derecho al uso de la fuerza. No he intervenido en el debate de las armas, precisamente por la estigmatización que pesa sobre los ganaderos por parte de las Farc, de la izquierda y de personajes como Silva Luján, que se dicen “de centro” y se rasgan las vestiduras por la polarización, pero no tienen empacho en unirse a la izquierda extrema para estigmatizar a los ganaderos como paramilitares y asesinos; continuando con su propia parábola, para incendiar el campo desde su cómodo sillón citadino y con un buen whisky.
7 feb 2019.- No entraré en ese debate porque, no importa qué diga o deje de decir, el estigma persistirá, mientras “polarizadores” de oficio sigan echando leña a la candela, como este escudero de Santos, que lo impuso en la Federación de Cafeteros y, como su sucesor, en el Ministerio de Defensa, para premiarlo luego con la embajada de Estados Unidos. No en vano, su columna es caja de resonancia de las maravillas del gobierno Santos y látigo para sus contradictores.

Hace un año, refiriéndose al uribismo, afirmaba: “La responsabilidad histórica de ese proceso de radicalización social y de lucha de clases la tiene el comportamiento extremista, persecutorio e intransigente que mantuvo la derecha durante ocho años frente al proceso de paz”, cuando fueron, por el contrario, afirmaciones como la suya las que polarizaron el país con la bendición del Gobierno, que marcó como “enemigos de la paz” a quienes, en democracia, no estábamos de acuerdo con las negociaciones de La Habana. Es el mundo en blanco y negro, en el que Silva siempre viste de blanco en la orilla de “los buenos”.

No obstante, hoy no tiene reparos en colocar una lápida en la espalda de los ganaderos, como hicieron las Farc cuando nos declararon objetivo militar. Silva “debe” conocer de cerca la situación de inseguridad rural; su defensa a ultranza de su padrino y protector no le puede cerrar los ojos a la realidad de violencia rural del posconflicto ‘fariano’, que no resultó ser la paz prometida sino una suma de violencias criminales alimentadas por el narcotráfico desbordado que nos dejó el gobierno Santos.

Silva empieza su columna afirmando que “el Estado ha demostrado que puede someter a los violentos, los terroristas y las organizaciones criminales más poderosas”, y a fe que lo hizo con eficacia durante el gobierno Uribe, pero el retroceso fue enorme bajo la presión de las Farc en la mesa para minar la eficacia de la Fuerza Pública. Esa capacidad contra el terrorismo y el delito es lo que hoy volvemos a esperar del Estado, a partir del compromiso de Iván Duque con la recuperación de la legalidad, que es hija de la seguridad y la justicia.

Nunca he leído en sus columnas sobre el genocidio ganadero a manos de todas las violencias. La Fundación Colombia Ganadera documentó más de 4.000 asesinatos y más de 8.000 víctimas de toda clase de delitos, pero eso no le interesa a Gabriel Silva. Por el contrario, de la estigmatización pasa con facilidad a las acusaciones temerarias, sarcásticas e irresponsables: que “estos amigos ganaderos” están pidiendo patente de corso para desencadenar “en esas zonas una nueva ola de violencia social y política”, o que muchos finqueros se quedaron con miles de armas de los “ ‘paras’ y sus patrocinadores”.

Son afirmaciones que lindan con el Código Penal. Uno no puede soltar a un irresponsable con una antorcha en una estación de gasolina.

@jflafaurie

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/jose-felix-lafaurie/a-gabriel-silva-columna-de-jose-felix-lafaurie-rivera-324284

3.19.-UN AÑO DE LA JEP – Marcel Lebleu

El 16 de enero de 2019 Colombia conmemoró el primer aniversario de la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la Jep. La Jep fue creada como resultado del Acuerdo de Paz de Colombia con las Farc que estableció la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, conformado por la Jep, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y medidas de reparación integral.

5 feb 2019.- Creo que el ritmo incesante de noticias y sucesos no siempre nos permite dimensionar los avances que atestiguamos en Colombia. A pesar de las controversias y las críticas siempre válidas, creo que es una institución única, creada bajo el principio de que las víctimas tienen derecho a la verdad,  justicia, reparación y no repetición. En el primer aniversario de sus labores, la Presidenta de la Jep, Patricia Linares, presentó a la comunidad internacional y a las principales autoridades colombianas los resultados de su primer año de operación y los desafíos identificados a futuro.

Quisiera compartir con ustedes algunos datos sobre la Jep, que considero importante conocer y destacar:

  • La Jep está conformada por 38 jueces, de los cuales el 53% son mujeres y el 47% hombres. Además, el 20% son afrocolombianos e indígenas.
  • La Jep tiene el mandato de investigar a los ex combatientes de las Farc y a los miembros de las Fuerzas Armadas que han cometido crímenes en el contexto del conflicto armado de Colombia. Hasta el momento, esta Jusrisdicción Especial ha comenzado a escuchar a un total de 11,650 personas (9,676 ex Farc y 1,927 militares y oficiales de policía que voluntariamente se sometieron al sistema).
  • Bajo un criterio realista, la Jep ha priorizado los casos más representativos bajo cinco casos judiciales “macro”: (1) retención ilegal de personas por parte de la Farc; (2) violaciones a los Derechos Humanos cometidas en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en el departamento de Nariño; (3) los casos de ejecuciones extrajudiciales conocidos como ‘falsos positivos’ cometidos en todo el país; (4) violencia en la región del Urabá, dentro del que se destacan casos como el exterminio de la Unión Patriótica y masacres como la del barrio La Chinita en Apartadó; y, (5) violencia cometida en el departamento del Cauca, en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono.

El evento fue realizado en  el espacio de Fragmentos, el contra-monumento concebido por la artista Doris Salcedo y construido por 20 mujeres víctimas de violencia sexual en el que se utilizaron casi 37 toneladas de armas entregadas por la antigua guerrilla, como parte del Acuerdo de Paz. Ejercicios similares se realizarán con el hierro de las armas fundidas en La Habana y Nueva York. Fragmentos es un lugar que todo colombiano debe visitar, para evidenciar cómo las armas se pueden transformar y dar paso a un espacio para la creación y la reflexión. Una enseñanza tangible de cómo nosotros también nos podemos transformar.

En el acto me conmovieron profundamente las palabras de Marino Córdoba, sobreviviente de la Operación Génesis en Riosucio, Chocó: “Antes de morir, quiero saber qué sucedió en Riosucio y quién fue el responsable de todo esto. Como víctimas, queremos saber la verdad y queremos que otros colombianos también la conozcan. La Jep tiene la gran responsabilidad de documentar lo que sucedió y haremos todo lo posible para apoyar a la institución”.

Una vez terminó el acto, partí de Fragmentos con la convicción de que la Jep no tiene nada que ver con la impunidad, que no tiene nada que ver con la venganza. La Jurisdicción Especial se trata de la paz.

* Marcel Lebleu, Embajador de Canadá en Colombia.

http://blogs.eltiempo.com/elvasomediolleno/2019/02/05/ano-la-jep/

2.19.-¿MANO DURA O MANO NEGRA? – Cristina de la Torre

Gracias al eje Duque-Eln, vuelve la guerra a mostrar sus fauces a la vuelta de la esquina. Siniestro coqueteo de la Peluda tras el desmonte de la mesa de negociación con esa guerrilla. Mas, como a la espera del primer pretexto, se envalentonan acezantes los viudos de la violencia en la izquierda y en la derecha para resucitar la guerra sucia; la que prevaleció siempre en Colombia y cuya apoteosis se registró en el Gobierno de la seguridad democrática, hoy de regreso al poder. Guerra de sevicia y brutalidades que repugna a la humanidad, viola todos los principios de la ética y del derecho y sacrifica diez veces más civiles inocentes que combatientes. Guerra que se salta la frontera entre la mano dura y la Mano Negra. Entre la aplicación de la fuerza toda del Estado contra el terrorismo, como ha de ser, y la transmutación de un conflicto armado en tierra arrasada y degradación patológica de la contienda.

29 ene 2019.- A la monstruosidad del ataque eleno contra la escuela de Policía se suman otras señales de alarma. Como el decreto que flexibiliza la entrega de armas a civiles y la repetida invocación oficial a las redes de cooperantes creadas por la Administración Uribe. De donde podrán reactivarse las Convivir, germen de paramilitarismo, y nuestra copia de los comités de defensa de la revolución (cubana y bolivariana) o los de defensa del Estado fascista en la Alemania de Hitler. Lo que allá y acá sirvió para matar, sembrar miedo y forzar adhesión al régimen. En Colombia, para ejecutar crímenes que rayan en exterminio, como los falsos positivos; y asesinatos selectivos como el del catedrático Correa de Andréis en Barranquilla, 2004. En ambos casos jugaron papel preponderante las redes de cooperantes, que señalaban arbitrariamente o por conveniencias de poder a sus víctimas, y luego actuaba la Fuerza Pública o los paramilitares. El Consejo de Estado acaba de condenar a la Nación por la detención arbitraria de Correa de Andréis, que desembocó en su asesinato mediante alianza del DAS con paramilitares.

El senador Uribe instaba no ha mucho a la ciudadanía a vincularse a las redes cívicas de cooperantes. Y el presidente Duque las mencionó en su segunda intervención televisada tras el ataque del Eln, como fórmula de trabajo mancomunado entre la ciudadanía y la Fuerza Pública para vencer el terrorismo. Lo que no se sabía es que ya en septiembre del año pasado se habían reestructurado estas redes en nueve departamentos. Sólo en Medellín reunían 40.000 miembros. Tampoco se han recordado revelaciones de Wikileaks y la embajada norteamericana en 2007 según las cuales los jefes paramilitares Macacoel Alemán y Jorge 40confirmaban que “había un acuerdo con el Gobierno para que sus redes de informantes se incorporaran a las redes de cooperantes del Ejército” (El Espectador, 04/03/11).

“Con terroristas no se negocia”, declaró lapidariamente el comisionado Ceballos. Así recogía el guante que providencialmente le brindaba el Eln, para taponar cualquier solución negociada. Se sentirá el Gobierno en su salsa con sus redes de informantes. Pero haría bien en percatarse de que la de hoy no es la Colombia de la seguridad democrática. No, después de desarmar a la mayor guerrilla del continente. No, tras el despertar de fuerzas alternativas que hace unos meses arañaron la Presidencia. No, con casi 12 millones de colombianos que votaron contra la corrupción. No, cuando cientos de comunidades se reconstruyen, piedra a piedra, sanando heridas que supuran todavía tras la guerra y dispuestas a defender la paz contra viento y marea. Allá el Eln y la ultraderecha si deciden compartir todavía su gusto por la muerte en contienda signada por los mismos métodos fascistas: los de la Mano Negra. La gente no se dejará ya arrebatar el nicho de paz que está construyendo.

https://www.elespectador.com/opinion/mano-dura-o-mano-negra-columna-836551

1.19 A- RODEAR LA PAZ – Cristina de la Torre

Sí, se avecina una segunda fase de la guerra que se creyó clausurada con el Acuerdo de La Habana. Faltaba el coletazo de la otra guerrilla. Cuando nadie lo esperaba, la villanía del ataque terrorista a la escuela de cadetes adjudicado al Eln descorrió las compuertas de la lucha contrainsurgente. Un acto de suprema estupidez que el senador Uribe saludó, se diría jubiloso, con el retorcido argumento de que obedecía a la paz de Santos; y acaso también porque excitara sus fantasías de inmortalizarse en una guerra perpetua. No contaba, empero, con la general reprobación de su baladronada; ni con la ciudadanía que se volcó este domingo a protestar en las calles sin miedo contra la violencia y para pedirle al presidente no cerrar la ventana que le dejaba abierta a la paz. Ningún Popeye desfiló esta vez al lado del Centro Democrático pidiendo sangre.

22 ene 2019.- Por su parte, otro factor coronaba la violencia: el asesinato sistemático de 426 líderes sociales en dos años ha obrado como obstáculo poderoso al cambio incorporado en los programas que apuntan a la paz en las regiones más martirizadas por el conflicto. Revivirá, pues, la guerra antisubversiva, allí donde más se ansía la construcción de paz; donde sigue el Estado ausente, y las élites se imponen a sangre y fuego. Donde, mal que bien, se incuba la paz. Grande es el riesgo de volver a involucrar a la ciudadanía inerme porque el Eln no son las Farc, cuyos campamentos podían identificarse y bombardearse. El Eln, en cambio, se mimetiza entre la población civil y toda ella resultará objetivo militar. Si no se privilegia el trabajo de inteligencia, renacerá la justificación profiláctica de la derecha que aprovecha el conflicto para desaparecer a sus contradictores políticos calificándolos de guerrilleros vestidos de civil. Invaluable favor de las guerrillas para acorralar al movimiento social, a las fuerzas alternativas de la política, y petrificar el país en estadios de abominación.

Camilo Bonilla, coordinador de un estudio que revela la sistematicidad en el asesinato de líderes sociales, afirma que “sectores del Estado han sido cómplices de la estrategia paramilitar (…) principal victimario de líderes”. Es que “la cabal implementación del acuerdo supone transformaciones sociales que ponen en riesgo la hegemonía de ciertos grupos de poder que transitan entre la legalidad y la ilegalidad (…) y acuden a estructuras armadas para neutralizar los intentos de cambio. Personas y familias emparentadas con el poder político y económico y que sienten amenazados sus privilegios acuden a los grupos armados” (Cecilia Orozco, El Espectador, 20/01/19).

De reanudarse el conflicto armado donde más pesa el Eln  —en Arauca, Chocó y Norte de Santander—, el impacto sobre la población civil podrá ser brutal. Se ha levantado en esas comunidades un clamor por reanudar conversaciones con esa guerrilla. Advierte una lideresa del Chocó que si el Gobierno levanta la mesa, su comunidad la retoma, pues no quiere padecer de nuevo los golpes de la guerra. De lo contrario, se dispararán los asesinatos de líderes sociales. La misma angustia crece en el Catatumbo, en Cauca, en Nariño.

A tal drama podrá el sentido común ofrecer soluciones al canto: uno, que el Eln se allane a la exigencia del presidente de liberar a los 16 secuestrados en su poder y declare cese unilateral del fuego y las hostilidades, para reabrir la negociación política. Dos, que el Gobierno se decida, por fin, a implementar con el vigor necesario el Acuerdo, avanzando en reforma rural, planes de desarrollo territorial y proyectos productivos. Tres: aplicar de inmediato medidas eficaces de seguridad y protección de todos los líderes sociales, empezando por los amenazados. Sólo con decisiones de este tenor podrán combatirse el terrorismo y la violencia, y salvar la paz.

https://www.elespectador.com/opinion/rodear-la-paz-columna-835273

1.19 B- URIBE NO ES SINO PARTE DE UN MODELO – Juan Manuel López

 

Su vehemencia y radicalismo no nace solo de su carácter sino que sigue un libreto repetido, además, en buena parte de Latinoamérica: polarizar para llegar el poder

No es la fuerte personalidad de Álvaro Uribe lo que lo lleva a actuar como lo hace, sino el modelo de cómo se gana espacio político hoy en día.

Tenemos la tendencia a buscar en las características de los individuos la razón única de sus actos. Algunas veces explicándolos por su carácter, otras por sus convicciones y muchas otras por lo que atribuimos a su naturaleza.Lo que muchas veces no tomamos en cuenta es que el comportamiento de las personas se explica también por el esquema o modelo que la época, el momento o la moda imponen.

23 en 2019.- Lo sugería  en mi anterior columna al señalar que el modelo de periodismo que competía alrededor del ‘síndrome de la chiva’ había sido remplazado por el modelo de la cizaña, cuyo objetivo ya no es la información o el análisis para que el consumidor pueda formarse una opinión de acuerdo a su propio criterio, sino que lo que lo caracteriza como ‘nuevo periodismo’ en su necesidad de luchar por el rating con la manipulación de las emociones a través de escándalos o de confrontaciones; lo que lleva a que lo que hace es crear lo que llaman ‘opinión pública’ mediante los titulares y la presentación truculenta de ‘noticias’ que despiertan pasiones y agresividad en quien las recibe. 

Modelo es también en el campo económico el caso del llamado ‘modelo neoliberal’ que ha llevado a toda una generación a adherir a unos dogmas que, como en cualquier escuela, los forma haciéndoles perder sus individualidades. Por eso no es correcto atribuirles méritos o culpabilidades (sea para atacar o para ensalzar) a quienes han impuesto las políticas que nos parecen encomiables o criticables: es el libreto que sigue el responsable de los resultados que se derivan, siendo quienes lo aplican apenas los ejecutores de un programa prediseñado.

En ese sentido existe también una forma de hacer política que ha hecho escuela. Álvaro Uribe es simplemente el seguidor -y uno de los mayores exponentes- de esa escuela. Su vehemencia y radicalismo no nace solo de su carácter sino sigue un libreto al cual adhieren o en el cual caen buena parte de quienes con él compiten. Es el aire de la época el que se repite además en buena parte de Latinoamérica: polarizar como camino para llegar el poder.

Pero no es este ‘modelo’ o este sistema una excepción que solo suceda en Colombia.

Sobra mencionar casos como Maduro o Bolsonaro, Ortega o López Obrador. El mismo camino o medio fue utilizado por Correa o por Evo, y hasta cierto punto por Macri o Peña Nieto. Que sea de Derecha o de Izquierda el camino es el mismo: polarizar y reducir al mínimo la función racional del individuo.

Que sea de Derecha o de Izquierda
el camino es el mismo:
polarizar y reducir al mínimo la función racional del individuo

Tampoco es la primera vez que un modelo se repite en toda la región; por el contrario, un interesante libro (El continente olvidado) de Michael Reid, un periodista de The Economist que vivió y cubrió para esa publicación los desarrollos de los varios países de América Latina durante 20 años, muestra que todos los países del continente pasan por las mismas etapas y en tal sentido los mismos modelos. Es decir que al mostrar que todos tuvimos una época de dictaduras, y una de ‘populismos’, y otra de movimientos revolucionarios, y otra de periodos pendulares de derecha a izquierda, etc., lo que, aunque no sea su propósito, acaba demostrando es que las mismas formas de acción política son las que, con pequeñas diferencias de tiempo, responden a similares sistemas y esquemas para llegar y para ejercer el poder.

El caso de la forma de hacer política de Álvaro Uribe no se distingue de los métodos que han llevado al poder -y desde el cual lo ejercen- los dirigentes más cuestionados de los tiempos recientes. No es su fuerte personalidad lo que lo lleva a actuar como lo hace, sino el modelo o el manual de cómo se gana espacio político hoy en día.

 https://www.las2orillas.co/uribe-no-es-sino-parte-de-un-modelo/

46.18.-LA IZQUIERDA NO SABE QUIÉN ES – Eliane Brum

¿Cómo dejar de solo reaccionar, sometiéndose al ritmo impuesto por la extrema derecha en el poder, y empezar a moverse con consistencia, estrategia y propósito?

*Eliane Brum es escritora, reportera y documentalista. Autora de los libros de no ficción Coluna Prestes – o Avesso da Lenda, A Vida Que Ninguém vê, O Olho da Rua, A Menina Quebrada, Meus Desacontecimentos, y de la novela Uma Duas. Sitio web: desacontecimentos.com. E-mail: elianebrum.coluna@gmail.com. Twitter: @brumelianebrum/ Facebook: @brumelianebrum

Madera de extracción ilegal incautada en Roraima. FELIPE WERNECK.

Si la ambigüedad es una marca de las revueltas recientes en Brasil y en el mundo, me parece que el desafío no radica en superar los conceptos de izquierda o derecha, sino de actualizarlos, exactamente para que las personas consigan diferenciarlos. No son los conceptos los que están obsoletos, sino que muchos de los pensadores de izquierda han decidido parar de pensar, por miedo a enfrentar las contradicciones, y se han anquilosado en significados de un mundo que ya no existe. El pensador solo está vivo mientras siga pensando y pensándose. Lo que estanca, paraliza, es el dogma.

20 dic 2018.- La violencia de los últimos años, que ha culminado en las elecciones de 2018, le ha tapado los oídos a lo que podría considerarse el otro lado. Los gritos acusaban que no se podía votar a Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), tras oír el discurso de odio que predicaba. Se gritó hasta casi acabarse la voz. El hecho es que la mayoría que escogió a uno de los candidatos escogió a Bolsonaro, él resultó elegido y empezó a gobernar desde el día siguiente a la segunda vuelta de las elecciones, aunque la investidura solo sea en enero. Desde entonces, o incluso mucho antes, los grupos que se oponen a Bolsonaro se limitan a reaccionar. A cada declaración, a cada ministro, a cada indicio de corrupción, se amontonan más gritos. Reaccionar es necesario. Pero solo reaccionar es exhaustivo. Como el espacio público está saturado de gritos, la reacción se agota en sí misma. En una época en que se vive de espasmo en espasmo, cada vez más rápidos, lo que parece movimiento a menudo es parálisis. La parálisis del tiempo de la velocidad crea la ilusión de movimiento exactamente porque está hecha de espasmos. ¿Cómo dejar de solo reaccionar y empezar a moverse con consistencia, estrategia y propósito?

Quiero proponer una conversación. O quizá dos. La izquierda ha sido demonizada por el grupo de Bolsonaro, del MBL (Movimiento Brasil Libre), de Olavo de Carvalho y otros. Para una parte de la población, se ha convertido en cualquier cosa que sea mala, sea lo que sea. En el discurso repetitivo y hecho para que se repita, izquierda y comunismo y marxismo se convierten en lo mismo. Y eso en lo que se convierten puede ser cualquier cosa que alguien dice que es mala. La reacción de los que se identifican con la izquierda es acusar a los que estimulan la falta de entendimiento —en el sentido de no entender realmente de qué tratan los conceptos— de manipuladores y deshonestos. Y a menudo es eso lo que son. Pero si solo fuera eso sería más fácil.

El problema es que se ha vuelto muy difícil saber qué es la izquierda. Y lo que la izquierda propone que sea claramente diferente de la derecha. El Partido de los Trabajadores (PT) se corrompió en el poder. Es un hecho. Se puede discutir bastante sobre si el PT es un partido de izquierda. Yo, personalmente, creo que fue de izquierda solo hasta que escribió la Carta al Pueblo Brasileño, durante la campaña de 2002, donde se comprometió con lo que llaman “mercado” a mantener la política económica de su antecesor. Otros encuentran hitos anteriores de ruptura con un ideario de izquierda.

Negar que el PT se corrompió en el poder es casi tan delirante como negar el calentamiento global provocado por la acción humana

Sin embargo, para el común de las personas, el PT es un partido de izquierda. No solo lo es, sino que también fue la principal experiencia de un partido de izquierda en el poder en la historia de la democracia brasileña. Por lo tanto, no corromperse en el poder, hacer algo diferente a la vieja política conservadora, ya no es algo que diferencie a la izquierda para la población. Negar que el PT se corrompió en el poder es casi tan delirante —o deshonesto— como negar el calentamiento global provocado por la acción humana.

Garantizar el empleo y los derechos laborales podría ser otra diferencia visible, pero el desempleo volvió a crecer y los derechos de los trabajadores se empezaron a recortar durante el gobierno de Dilma Rousseff, la última experiencia que tuvo la población de un gobierno de izquierdas. La reforma agraria podría ser otra diferencia, pero no avanzó de forma significativa durante el gobierno de izquierdas. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que hoy está siendo criminalizado por el gobierno de extrema derecha, se domesticó cuando el PT estaba en el poder. Lo mismo sucedió con gran parte de los movimientos sociales, que se convirtieron en Gobierno en lugar de seguir siendo movimientos sociales, lo que habría sido importante para garantizar la vocación de izquierda del partido en el poder. Esta, por cierto, es una historia que tiene que contarse mejor.

También en los gobiernos del PT se fortalecieron los lazos con la bancada ruralista, que fue adquiriendo cada vez más influencia en el día a día del poder, y se inició un claro proyecto de desmantelamiento de la Fundación Nacional del Indígena (Funai). No podemos olvidar ninguna de las palabras que Gleisi Hoffmann, hoy presidenta del PT, utilizó para atacar a la Funai cuando era ministra de la Casa Civil de Dilma Rousseff, como tampoco podemos olvidar ninguna de las palabras de la ruralista Kátia Abreu, ministra de Agricultura de Dilma, sobre las tierras indígenas.

Cabe recordar que, según la Constitución de 1988, las tierras indígenas son públicas, del dominio de la Federación, pero de usufructo exclusivo de los indígenas. Toda la articulación para debilitar a la Funai, hasta hoy, entre otras acciones, tiene como objetivo cambiar la Constitución y permitir que las tierras indígenas puedan explotarse y estar al alcance de beneficios privados.

Lula llegó a decir, en 2006, que los ambientalistas, los indígenas, los quilombolas (descendientes de esclavos rebeldes) y la Fiscalía eran trabas para el crecimiento del país. Dilma fue la presidenta que menos tierras indígenas demarcó. La ley antiterrorista, que puede empeorarse y utilizarse para criminalizar activistas y movimientos sociales en el gobierno de Bolsonaro, la sancionó ella. Ninguna de estas acciones y omisiones puede relacionarse con un ideario de izquierda, por lo menos de una izquierda que merezca ese nombre.

Los gobiernos de Lula y Dilma reeditaron en la Amazonia una versión de las grandes obras de la dictadura militar, con hidroeléctricas como las de Jirau y Santo Antônio, en el río Madeira, construidas cuando Marina Silva todavía era ministra de Medio Ambiente; la de Teles Pires, en el río Teles Pires; y la de Belo Monte, en el río Xingú. Y no hay (todavía) hidroeléctricas en el río Tapajós debido a la resistencia del pueblo indígena Munduruku y de los ribereños de Montanha-Mangabal. El complejo hidroeléctrico en el Tapajós se ha suspendido temporalmente también por la debilitación del gobierno durante el proceso de destitución de Dilma Rousseff, por la desestabilización de las constructoras por la Operación Lava Jato y por la desaceleración de las exportaciones de materias primas a China.

Durante los gobiernos del PT, se expulsaron comunidades urbanas pobres de sus casas para hacer obras infladas para el Mundial y las Olimpíadas; de la misma forma, se arrancaron pueblos de la selva de sus islas y márgenes para construir las hidroeléctricas. También durante los gobiernos del PT se utilizó la Fuerza Nacional para reprimir la huelga de trabajadores en la construcción de Belo Monte y también para reprimir las protestas de la población afectada contra la hidroeléctrica.

Con relación al enfrentamiento a las drogas, el gobierno de Lula empeoró todavía más los problemas. La llamada Ley de Drogas, sancionada en 2006, está considerada como una de las causas del aumento del encarcelamiento de jóvenes negros y mujeres por porte de pequenas cantidades de sustancias prohibidas. Además de acentuar el horror del sistema carcelario brasileño, también fortaleció la desastrosa política de “guerra a las drogas”, comprobadamente fallida. Brasil perdió la oportunidad histórica de alinearse a políticas públicas más eficientes que ya se han probado en otros países del mundo.

Al final del gobierno de Dilma Rousseff, incluso los mejores proyectos construidos en los gobiernos del PT, los que eran claramente de izquierda, como los del área de la salud mental, empezaron a desmantelarse para intentar salvar a la presidenta de la destitución. Espero que nadie haya olvidado que las salas de la Coordinación de Salud Mental, Alcohol y otras Drogas del Ministerio de Sanidad las ocuparon pacientes y trabajadores de la red pública para protestar contra el nombramiento del director de un manicomio para que ocupara el cargo. La lucha antimanicomial es claramente una bandera vinculada a la izquierda.

Si la izquierda quiere moverse, tiene que enfrentar las contradicciones del PT en el poder

La lista sigue. Pero creo que ya es suficiente para exponer lo que creo que es importante afirmar si queremos entender este momento tan delicado. De ninguna forma entiendo que el gobierno del PT fue igual que los anteriores, y mucho menos creo que se parezca al gobierno de extrema derecha que ya ha empezado.

El avance en las cuotas raciales, la ampliación del acceso a la enseñanza superior, la expansión del programa social Bolsa Familia, el aumento real del salario mínimo, la consecuente reducción de la miseria y de la pobreza cambiaron el país. Ya he escrito bastante sobre esto y me he posicionado con bastante claridad en estas elecciones. Pero no podemos esquivar las contradicciones. Hay que caminar con ellas y enfrentar las complejidades si la izquierda quiere moverse, y no solo reaccionar y reaccionar. Y reaccionar de nuevo.

Lo que afirmo es que la última —y en cierto modo la única— experiencia de izquierda que marca la memoria de la población la construyeron los gobiernos del PT. Y es que las diferencias no son suficientes para que la población pueda comprender un proyecto de izquierda. Como el cerebro humano en general recuerda lo último que sucede y lo vuelve totalizante, la diferencia entre un gobierno de izquierda y cualquier otro todavía se vuelve más nebulosa. Es posible que, en el futuro, cuando el pasado esté más distante, los años de Lula adquieran tonos de nostalgia.

Pero ahora no. Los años en que la vida mejoró por determinadas políticas públicas los van borrando las dificultades inmediatas en un país formado, en su mayoría, por supervivientes que tienen miedo de perder lo que todavía tienen. La victoria de Fernando Haddad (PT) sobre Bolsonaro en el Nordeste muestra justamente que, en los estados más pobres del país, la mayoría entendía muy claramente cuál era la diferencia. Pero esa diferencia, marcada por políticas públicas como el Bolsa Familia, no tuvo el mismo impacto en las demás regiones de un país gigante, desigual y culturalmente diverso.

Esa es una de las claves para entender por qué Lula ocupaba un primer lugar distanciado en los sondeos preelectorales para la presidencia, en 2018, antes de que el poder judicial vetara su candidatura, y también indica algo importante. El Brasil lleno de potencia de la primera década del siglo está íntimamente relacionado a la figura de Lula, que terminó la segunda legislatura con casi el 90% de aprobación, y no está relacionado —o lo está mucho menos— al PT y a la izquierda. Tampoco en esta cuestión es diferente de la extrema derecha populista.

Haber tratado a los electores como adultos infantilizados —y no como ciudadanos emancipados— les está costando caro ahora al PT y a toda la izquierda

La relación de Lula con los electores, especialmente a partir de la segunda legislatura, fue populista y paternalista. A los electores no se les trataba como a ciudadanos autónomos, que conferían al gobernante un mandato de poder temporal, que vigilarían rigurosamente, sino como a hijos que un padre afectuoso complacía. A Dilma también se la presentó en sus primeras elecciones como la “madre del Plan de Aceleración del Crecimiento” o la “madre de los pobres”, aunque no funcionara gracias a la incomodidad encomiable que sentía en el papel.

Haber tratado a los electores como adultos infantilizados —y no como ciudadanos emancipados— les está costando caro ahora al PT y a toda la izquierda. El PT tiene gran responsabilidad en haber convertido derechos en concesiones o favores en el imaginario popular, lo que marca lo peor de la política.

Por lo tanto, no me parece que la demonización de la izquierda se produzca solo por la manipulación que articula la extrema derecha y como resultado de la ignorancia de gran parte de la población sobre conceptos básicos. En parte, sí. Pero hay algo concreto, factual y legítimo, aunque no siempre claro, en la reacción de parte de la población contra la izquierda. Si no consigues ver la diferencia entre un proyecto y otro y tu vida está mal, el culpable es quien estaba en el gobierno. Y el PT estuvo en el gobierno durante más de 13 años. Si no consigues ver la diferencia, “izquierda” es el nombre de todo lo que odias.

Es obvio que este sentimiento está manipulado por grupos que disputan el poder, pero eso no significa que no haya fundamento, experiencia y racionalidad en esa interpretación. Todos tienen derecho a querer una vida mejor y todos saben la vida que tienen.

La elección de Bolsonaro mostró que la izquierda no convenció a la mayoría de los electores de que puede mejorar su vida. Por lo que mucha gente prefirió intentar algo extremo, porque el desamparo es grande. Y como la vida en Brasil está realmente mal, es catártico poder culpar a alguien de toda la mierda de tu día a día, y también de la inmensa sensación de fracaso e inseguridad. La izquierda —o el “comunismo” o el “marxismo”— se ha convertido en este nombre para todo lo malo, ya que no se sabe qué propone de hecho.

Cuando se le exige una autocrítica al PT es exactamente porque, sin ella, no es solo el PT que no avanza, sino todo el campo de la izquierda que se ha identificado con el PT, con o sin razón. Como el PT utiliza innúmeras justificaciones para no hacer autocrítica, lo que me parece no solo una falta de respeto con los electores sino también una tremenda equivocación política, nada avanza. Si no puedes hablar sobre tus errores, y todos han visto que te has equivocado, ¿cómo van a creer en tus aciertos?

Como el PT es la experiencia de izquierda que la población ha vivido, la autocrítica es fundamental para que la izquierda pueda construir otro proyecto para el país

La credibilidad también se construye con la dignidad de asumir los errores cometidos y de respetar lo suficiente el voto de quien te ha elegido para debatir tus errores públicamente. Cuando insisto en la autocrítica del PT, no estoy preocupada con el futuro del partido, sino con la necesidad de que la izquierda sea capaz de crear un proyecto que muestre su diferencia. Como el PT es la experiencia de izquierda que la población ha vivido, la autocrítica es fundamental para que la izquierda pueda construir otro proyecto. Autocrítica no como expiación cristiana, sino como deber democrático, compromiso público con el público.

A principios de diciembre, durante una charla en la Universidad de Londres, la activista Bianca Jagger afirmó que el movimiento que enfrenta la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua no es de izquierdas o de derechas. Los manifestantes, muchos estudiantes, “walk for life”. Esta es posiblemente la interpretación precisa de la activista sobre los movimientos que se caracterizan por no estar marcados por una cohesión ideológica. Pero también es una respuesta a la estrategia de los que apoyan el régimen de opresión.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, su mujer y vicepresidente, al igual que sus partidarios y parte de la izquierda mundial, intentan vender a la opinión pública internacional la idea de que Ortega está siendo atacado por un complot de derechas. El problema de la teoría conspiratoria es que Ortega ya no se parece ni remotamente a un proyecto de izquierda desde hace años. Pero esa parte de la izquierda, corroída y obsoleta, finge que no lo sabe e insiste en driblar los hechos porque manchan a sus héroes y sus revoluciones.

Las dictaduras de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en Nicaragua, y de Nicolás Maduro, en Venezuela, ayudan bastante a que se borren las diferencias entre izquierda y derecha. Hace muchos años que Ortega traicionó la revolución sandinista y cualquier ideario de izquierda y está fuertemente conectado a lo peor de la derecha. De la misma forma, a Maduro no se le puede considerar un demócrata de izquierda por varias razones, como matar y arrestar a los opositores de un régimen que hace mucho que dejó de ser una democracia.

Hay que superar esta izquierda podrida, que muere abrazada a dictadores y no consigue admitir que se corrompió

Parte de la izquierda mundial, de los partidos y de los intelectuales que se autodenominan de izquierda, sin embargo, simplemente ignora los hechos o tuerce las evidencias para defender lo indefendible. ¿Cómo se puede afirmar luego que es la población la que es ignorante y no sabe entender la diferencia entre izquierda y derecha? Si la izquierda no se hace respetar, no merece respeto. Hay que superar esta izquierda podrida, que muere abrazada a dictadores y no consigue admitir que se corrompió. Esta izquierda que ya no lo es molesta a la izquierda que quiere serlo.

Hay mucha gente, de diferentes matices ideológicos, que defiende que “esto de izquierda y derecha se ha acabado”. No es mi posición. Al contrario. Creo que es más urgente que nunca que se cree un proyecto de izquierda para Brasil, una visión de izquierda para uno de los países más culturalmente diversos del mundo. Un proyecto creado con los varios pueblos brasileños, porque una de las diferencias de la izquierda es crear conjuntamente, como lo hizo el PT un lejano día con el presupuesto participativo de ciudades como Porto Alegre.

En un artículo en el periódico The Intercept, la científica social y antropóloga Rosana Pinheiro-Machado escribió sobre lo que denomina “revueltas ambiguas”. Las que no se definirían por estar alineadas con la izquierda o la derecha, como sucedió en las manifestaciones de 2013 en Brasil, en la huelga de camioneros en 2018 y como sucede ahora con los “chalecos amarillos” en Francia. Intentar etiquetarlas como de derecha o izquierda es un error:

“Fruto de la crisis económica de 2007 y 2008, las revueltas ambiguas son un fenómeno que llegó para quedarse. Son una respuesta inmediata de la intensificación de la austeridad del neoliberalismo del siglo XXI, marcado por la creciente captura de los estados y de las democracias por parte de las grandes corporaciones. Si el neoliberalismo flexibiliza las relaciones de trabajo y, consecuentemente, las formas de hacer política sindical, actuando como una máquina de moler colectividades, desdemocratizar, desagregar e individualizar, las protestas del precariado tienden a ser desorganizadas, ya que la esfera de politización deja de ser el trabajo y se establece de forma descentralizada en las redes sociales. Las protestas suceden más como riots(motines) para llamar la atención. Nacen, muchas veces, de forma espontánea y contagiosa, sin una gran planificación centralizada y estratégica, y expresan un gran sentimiento de indignación contra algo concreto vivido en un día a día marcado por dificultades. Son un grito de ‘basta’”.

En 2016, al volver a entrevistar a los jóvenes que participaron en los rolezinhos (grandes concentraciones de jóvenes pobres y negros en centros comerciales, que fueron reprimidas por la policía sin que hubiera crimen), Pinheiro-Machado y la antropóloga Lúcia Scalco constataron que algunos se convirtieron en “bolsominions”, nombre despectivo dado a los seguidores de Bolsonaro. Otros se involucraron en luchas más identificadas con la izquierda, como la lucha contra el machismo, contra el racismo y contra la homofobia. Pero los rolezinhos no eran un movimiento de izquierda o derecha cuando surgieron, a finales de 2013, como quedó claro, aunque tuvieran una expresión política. “Derecha e izquierda son los polos hacia donde las revueltas ambiguas pueden tender. Son, por lo tanto, una disputa, un fin. (…) Eso significa que la ambigüedad no es un lugar donde conseguimos mantenernos por mucho tiempo”, escribió Pinheiro-Machado.

Una parte de los pensadores de izquierda ha decidido parar de pensar por miedo a enfrentar las contradicciones de la experiencia concreta de poder

Si la ambigüedad es una marca de las revueltas recientes en Brasil y en el mundo, me parece que el desafío no radica en superar los conceptos de izquierda o derecha, sino de actualizarlos, exactamente para que las personas consigan diferenciarlos. No son los conceptos los que están obsoletos, sino que muchos de los pensadores de izquierda han decidido parar de pensar, por miedo a enfrentar las contradicciones, y se han anquilosado en significados de un mundo que ya no existe. El pensador solo está vivo mientras siga pensando y pensándose. Lo que estanca, paraliza, es el dogma.

Hay un riesgo enorme cuando todo se confunde, como hoy. Si se difuminan los límites entre izquierda y derecha, ¿cómo podemos elegir de manera consistente? ¿Cómo crear un proyecto si no conseguimos decir claramente ni siquiera lo que no es?

En el caso de los “chalecos amarillos”, en Francia, hay un punto en el que vale la pena prestar atención, como indican algunos analistas. Como se sabe, el presidente francés, Emmanuel Macron, puso un “impuesto ecológico” a los combustibles, provocando la indignación de los que dependen de ellos para trabajar. Gravar los combustibles fósiles es una de las medidas importantes para enfrentar los cambios climáticos provocados por la acción humana, que pueden destruir el planeta, nuestra vida y la de otras especies si no se toman medidas urgentes.

El aumento de los combustibles sería uno de los varios pasos que Francia haría en dirección al compromiso de reducir las emisiones de carbono en un 40% hasta el 2030 y prohibir la venta de vehículos de gasolina y diésel hasta el 2040. Algunos economistas señalan que aumentar el precio del carbono es una herramienta esencial para mantener el calentamiento global por debajo del nivel peligroso de 1,5 grados centígrados.

El problema fue la elección que hizo Macron: el gravamen no se estaba compartiendo de forma justa. La mayoría de los manifestantes estaban en la calle porque gastan una parte desproporcional de lo que cobran en combustible y transporte. Por otro lado, el impuesto se utilizaría principalmente para reducir el déficit presupuestario de Francia, pagando a acreedores ricos. En la práctica, el “impuesto ecológico” de Macron agudizaría la desigualdad.

Aunque estuviera alineada con la necesidad de tomar medidas urgentes ante el calentamiento global, la decisión de Macron no estaba orientada por principios de izquierda, sino por principios de derecha. Visto como un político de centro cuando resultó elegido, el presidente francés forma parte del grupo de políticos que ha ganado las elecciones repitiendo que no es “ni de derecha ni de izquierda”. En Brasil, la principal representante de esta línea que no es ni carne ni pescado es Marina Silva.

La izquierda brasileña es incapaz de dar al cambio climático el lugar central que tiene en realidad

Cito el caso francés no solo porque está sucediendo actualmente, sino porque una gran parte de lo que se llama izquierda, principalmente en Brasil, es incapaz de tratar el cambio climático como una cuestión central que tiene que enfrentarse a partir de principios de izquierda. El cambio climático lo causa la acción humana, pero no de todos los humanos. Algunos humanos, los más ricos, al igual que los países más ricos, con Estados Unidos en cabeza, son los grandes responsables de la destrucción en curso del planeta. Pero las consecuencias afectarán primero y mucho más a los más pobres. Es lo que ya está sucediendo.

No hay ninguna gran cuestión actual que no esté atravesada y determinada por la crisis del clima. Otro ejemplo de este momento: la caravana de miles de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala que se dirigió a la frontera entre México y Estados Unidos puede significar la primera migración en masa de América Latina provocada por el cambio climático. Se habla de hambre y violencia, pero porque es lo que aparece como causa inmediata. Cuando los entrevistan periodistas que saben preguntar, sin embargo, muchos cuentan que el clima empezó a cambiar y las cosechas disminuyeron, provocando una serie de consecuencias que los llevó a esa marcha desesperada.

¿Cuál es la respuesta de la izqueirda brasileña al cambio climático? ¿Cuál es el proyecto para enfrentar o adaptarse a lo que vendrá, más allá de los discursos habituales? No hay. A parte de iniciativas puntuales, los partidos y políticos de izquierda ni siquiera entienden qué está en juego.

Cuando Ernesto Araújo, el ministro de Asuntos Exteriores de Bolsonaro, afirmó que el cambio climático es una “ideología de izquierda”, no estaba solo siendo irresponsable y diciendo una tontería tremenda. También estaba sobreestimando a la izquierda. Y especialmente al PT. Algunos, incluso, se despertaron entonces y corrieron a consultar en la Wikipedia qué es el calentamiento global.

Lula y Dilma Rousseff, los dos últimos presidentes del PT, nunca llegaron ni siquiera cerca de entender que el cambio climático les concernía. Al contrario. Dejaban claro que les encantaba ver las calles llenas de coches individuales, que funcionan con combustibles fósiles, construir hidroeléctricas en la Amazonia y ver la selva convertida en soja y bueyes. Los dos estaban arraigados al siglo XX, a veces al XIX. Como afirmó el antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, en una entrevista a esta columna, la izquerda que estaba en el poder era una “izquierda vieja”, que no alcanzó ni siquiera 1968, refiriéndose a los cambios profundos provocados por los movimientos de mayo de aquel año, en Francia.

Hay varios pensadores en el mundo que están elaborando respuestas de izquierda para el desafío del cambio climático provocado por la acción humana. O enfrentando la necesidad de reflexionar sobre lo que puede ser una respuesta de izquierda para un fenómeno que, a la vez, está causado por la desigualdad y causa desigualdades.

Una respuesta de izquierda, por ejemplo, sería gravar a los grandes productores de combustibles fósiles o a todos aquellos que causan daños a lo que es común a todos, a lo que es patrimonio colectivo, incluso de otras especies. Aunque se piensa bastante en el mundo, esta reflexión parece que no tiene lugar en Brasil, más allá de nichos especializados. Creo que no cometo ninguna injusticia al decir que la mayoría de los intelectuales brasileños no tienen ni idea de las implicaciones y los efectos del cambio climático, lo que compromente cualquier análisis del momento actual.

Si la izquierda no tiene una respuesta consistente ni siquiera para el mayor desafío de la trayectoria humana, ¿para qué sirve la izquierda?

En varias partes del mundo, los jóvenes les dicen a los actuales líderes y también a sus padres que son “unos mierdas” que están destruyendo el planeta en el que vivirán. Son adolescentes como la sueca Greta Thunberg, de 15 años, que en septiembre dejó de ir al colegio para plantarse frente al parlamento para protestar contra la falta de medidas para combatir el calentamiento global, o los estudiantes australianos que salieron a la calle a finales de noviembre inspirados en ella.

Estos adolescentes se convertirán en adultos en un mundo en que la izquierda no ha mostrado en qué se diferencia. Aunque se hayan beneficiado de políticas públicas de izquierda en el pasado, no lo sabrán. Si la izquierda no tiene una respuesta consistente ni siquiera para el mayor desafío de la trayectoria humana, ¿para qué sirve la izquierda?

Cualquier proyecto de izquierda para Brasil tiene que tener una respuesta de izquierda para enfrentar el cambio climático y la deforestación de la Amazonia y del Cerrado. Sin ella, no se puede ni siquiera empezar cualquier conversación que pueda interesar a quien vive en el siglo XXI y sabe que sus hijos vivirán en un planeta peor, algo que ya es seguro, o en un planeta terrible, algo que sucederá si no se toman las medidas necesarias en los próximos 12 años. Sin ella, no se puede ni siquiera empezar cualquier conversación que pueda interesar a quien vive en el país que tiene la mayor parte de la mayor selva tropical del planeta en su territorio y que es el más biodiverso del mundo.

Al contrario que muchas personas comprometidas a enfrentar el cambio climático y a tomar medidas para adaptarse a la nueva realidad del planeta, creo que esta lucha tiene que trabarse a partir de principios de izquierda. No estamos todos en el mismo barco. No lo estamos. Muchos solo tienen barquitos de papel.

Eliane Brum es escritora, reportera y documentalista. Autora de los libros de no ficción Coluna Prestes – o Avesso da Lenda, A Vida Que Ninguém vê, O Olho da Rua, A Menina Quebrada, Meus Desacontecimentos, y de la novela Uma Duas. Sitio web: desacontecimentos.com. E-mail: elianebrum.coluna@gmail.com. Twitter: @brumelianebrum/ Facebook: @brumelianebrum https://elpais.com/internacional/2018/12/20/actualidad/1545330585_276203.html

45.18 A.-LUEGO DE 53 DÍAS DE PARO, GOBIERNO Y ESTUDIANTES SIGUEN EN DISCORDIA – Camilo Peña

Según líderes universitarios, 2 puntos tienen estancada la negociación. El lunes siguen los diálogos

Los estudiantes planean nuevas movilizaciones para diciembre. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

 Todavía no hay humo blanco entre el Ministerio de Educación y estudiantes de universidades públicas. Las partes se han sentado a negociar en nueve ocasiones y aún no han encontrado una solución para poner fin a un paro nacional que ya completa 53 días. El cuello de botella que tiene estancada la negociación entre las partes radica en los recursos financieros para la educación superior pública. 

1 dic 2018.-  Jennifer Pedraza, estudiante de economía en la Universidad Nacional de Bogotá y vocera de los universitarios en las negociaciones, explicó que el Gobierno todavía no ha presentado una propuesta que logre solucionar el déficit financiero de las instituciones para el 2018, que según los universitarios se estima en 500.000 millones de pesos.

“Hay dos discusiones en las que todavía no tenemos un acuerdo claro. La primera son los recursos para este año, es decir, las universidades que no tienen hoy cómo pagar a las profesores o de qué manera pagar los servicios públicos. Y el segundo punto son los recusos de la base presupuestal, es decir, la plata con la que cuentan fijo las universidades cada año y que crecen mínimo con el índice de precios al consumidor (IPC)”, señaló Pedraza.

Según dice la joven, los estudiantes han presentado varias propuestas sobre esos requerimientos, pero “el Gobierno aún no cede”.

Alejandro Palacio, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) y también vocero estudiantil en los diálogos, explicó las propuestas que plantearon para lograr liberar recursos.

Nosotros hemos demostrado que el Gobierno sí tiene dineros que aún no se han ejecutado y que para el 31 de octubre sumaban alrededor de 51 billones de pesos

 “Nosotros hemos demostrado que el Gobierno sí tiene dineros que aún no se han ejecutado y que para el 31 de octubre sumaban alrededor de 51 billones de pesos. Solo con usar el 1 por ciento de ese dinero podríamos subsanar el déficit de la educación pública. También planteamos que se pueden liberar las utilidades desde el Icetex, que hoy suman alrededor de 600.000 millones de pesos”, señaló Palacio.

Pero, para los jóvenes, la propuesta más “interesante” es la de destinar dinero a partir de la actual reforma tributaria.

“Con la Ley 1819 de 2016 se plantean recursos adicionales para las instituciones públicas, específicamente para funcionamiento. Nuestras proyecciones indican que si eso se cumpliera, las universidades recibirían alrededor de 5,3 billones en los próximos cuatro años. Lo lamentable es que el Gobierno ya comprometió ese dinero con otras cosas”, dijo Palacio.

La propuesta financiera más contundente que ha presentado el Ministerio de Educación y de Hacienda en las negociaciones es la de adicionar un punto porcentual en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, se planteó el equivalente al índice de precios al consumidor (IPC) más 3,5 por ciento para el 2019, el IPC más 4 por ciento para los años 2020 y 2021, y en el año 2022, 4,5 por ciento por encima de la base del IPC.

Esto implica el aumento de un punto porcentual adicional a lo que se había fijado con los rectores. En plata blanca, esto significa cerca de 36.000 millones de pesos más (descontando la inflación para la base presupuestal).

“Todo recurso adicional es valioso, pero siguen siendo insuficientes. Ese 1 por ciento no solucionará el déficit histérico de 3,2 billones de pesos en funcionamiento”, afirmó Palacio.

Entre tanto, los universitarios informaron que planean nuevas movilizaciones el 6 y el 13 de diciembre.

No todo es plata

Superar el paro con recursos, y nada más, sería un muy mal negocio para el país, evidencia Carlos Mario Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana.

“Lo que realmente se espera, de forma positiva, de toda esta situación debe ser la aparición del anhelado escenario de concertación nacional sobre los protagonistas, roles, responsabilidades y fines de la educación superior”.

Para el experto, el mes y medio de marchas y suspensión de actividades en la mayoría de las universidades públicas “no tiene en jaque al gobierno Duque sino a la institucionalidad y a la estructura del Estado”.

Por eso se reafirma en la necesidad de preguntarse ‘¿hacia dónde se dirige nuestra universidad y cuál es el proyecto de país que debe ayudar a construir o, incluso, cuestionar?’.

CAMILO PEÑA CASTAÑEDA Redacción Educación @penacamilo

https://www.eltiempo.com/vida/educacion/tras-53-dias-de-paro-gobierno-y-estudiantes-siguen-en-discordia-300426

B_45.18.-EL AUMENTO DE LAS DESIGUALDADES Y LA POBREZA. ¿REALIDAD O PERCEPCIÓN? – Pierre Pestieau

Los periódicos están cada vez más dispuestos a publicar titulares llamativos sobre el aumento de la desigualdad y el aumento de la pobreza en Bélgica, por ejemplo.

Sería interesante ver lo que está sucediendo en el tiempo y en el espacio, teniendo en cuenta la dificultad de medir correctamente estos dos fenómenos. Primero, el ingreso financiero no es el único factor en juego. La salud, el vínculo social, la ubicación también son muy importantes. Entonces, las medidas elegidas pueden dar lugar a observaciones diferentes o incluso opuestas. ¿Estamos hablando de pobreza relativa o absoluta? ¿Qué línea de pobreza se debe elegir? ¿Se mide la desigualdad por el coeficiente de Gini o la brecha intercuartil? Todas estas son preguntas que deben aclararse antes de realizar cualquier diagnóstico.

26 de noviembre de 2018.- Medida en el 50% del ingreso medio en 2014, la tasa de pobreza en los países europeos oscila entre el 5,9% en los Países Bajos y el 15,9% en España. En los Estados Unidos, asciende al 17,5%. En Bélgica con un 8,6% y en Francia con un 6,7%. En cuanto a la evolución de la pobreza, la tasa de pobreza se mantuvo relativamente baja para los Países Bajos y relativamente alta para España durante el período. Algunos países, incluidos Bélgica y Alemania, experimentaron un aumento de la pobreza a principios de la década de 2000. Por otra parte, el Reino Unido vio caer durante el mismo período (1).

¿Cómo reconciliar estas evoluciones con la percepción de que algunos, por el contrario, la pobreza ha seguido creciendo? Varias explicaciones son posibles:

  • – los datos disponibles no cubren los últimos años que habrían visto el aumento de la inseguridad;
  • – el ingreso monetario cubre solo un aspecto de la calidad de vida: la salud, la integración social, la propiedad de la vivienda, la ubicación también juegan un papel importante;
  • Los precios de los productos consumidos por aquellos con bajos ingresos (calefacción, alimentos, vivienda) han aumentado más rápidamente que la inflación.

El estudio de desigualdad compara distribuciones de ingresos completas y sintetiza los resultados a través del desarrollo y publicación de índices. El índice más utilizado es el coeficiente de Gini. En cuanto a la pobreza, no se compara el ingreso bruto, sino el ingreso disponible, incluidas las transferencias sociales, y se ajusta debidamente para tener en cuenta el tamaño y las necesidades de los hogares. El coeficiente de Gini permite medir la dispersión de los ingresos, es decir, la diferencia que puede existir entre los valores de ingresos extremos. Es un número del 0 al 1, donde 0 significa igualdad perfecta (todos tenemos el mismo ingreso) y 1 significa desigualdad perfecta (todos los ingresos disponibles van a una sola persona).

En 2014 y en Europa, el coeficiente de Gini varía de 0,25 en Suecia a 0,35 en España. En comparación, Estados Unidos tiene un coeficiente de 0.40. Algunos países han visto cómo aumenta su desigualdad, como es el caso de Alemania y Francia. Otros países, como los Países Bajos y Bélgica, han visto disminuir la desigualdad de ingresos.

 El coeficiente de Gini es una medida estándar de la desigualdad. Sin embargo, tiende a subestimar la mayor tasa de concentración del ingreso. Varios estudios recientes se han centrado en los más ricos, especialmente en el percentil más alto (el 1% más alto), cuyos ingresos han aumentado mucho más que el resto de la población. Por lo tanto, parece que los dividendos del crecimiento de estas últimas décadas hubieran sido monopolizados por esta categoría. Esta observación se aplica especialmente a los países anglosajones, y mucho menos a Bélgica y los Países Bajos (2).

La riqueza que poseen los belgas más ricos representa el 12% de toda la riqueza en comparación con el 34% en los Estados Unidos. Estos indicadores se han ajustado para tener en cuenta los ricos «desaparecidos», es decir, los muy ricos que no aparecen en las encuestas de riqueza y que están incluidos en el ranking de Forbes (3). Luego pasan al 17 y al 37% respectivamente.

En cuanto a la concentración del ingreso, también es menor en Bélgica y en los Países Bajos, de lo que tomamos el 10 o el 1% de los ciudadanos con los ingresos más altos. Sin embargo, tiende a aumentar en los últimos años.

En un artículo reciente titulado «Dijiste desigualdades … pero ¿cuál exactamente?” Y publicado en Le Monde el 11 de noviembre, François Bourguignon llega a la misma conclusión. Él contrasta la realidad de las cifras con el resultado de una encuesta que indica que para la mayoría de los franceses las desigualdades estaban creciendo. Explica que «la opinión pública (aur) tiene una concepción de la desigualdad que difiere de los indicadores más comunes» y cita en particular las desigualdades en el campo de la educación y el empleo, así como la baja movilidad social. .

(1) Mathieu Lefebvre et Pierre Pestieau (2017), L’Etat Providence, Paris : Presses Universitaires de France.

(2) André Decoster, Koen Dedobbeleer, Sebastiaan Maes (2017), Using Fiscal Data To Estimate The Evolution of Top Income Shares in Belgium from 1990 to 2013, Department of Economics KULeuven

(3) Philip Vermeulen (2014), How fat is the top tail of the wealth distribution? ECB Working Paper Series, no. 1692

http://www.thebingbangblog.be/

44.18.- SANTOS REAPARECE POLITICAMENTE PARA IRSE CONTRA DUQUE -las2orillas

Desde que el presidente Duque se posesionó tanto él como su gobierno han insistido en que se encontraron con la olla raspada. Primero hablaban de un hueco fiscal de $ 25 billones, y luego de rehacer las cuentas el desfinanciamiento quedó en $ 14 billones. Aunque el expresidente Santos no había querido hacer referencia al tema desde que dejó el poder, reapareció políticamente para criticar la tesis del gobierno actual.

No se dejó ningún faltante de $ 14 billones Contexto

  1. Como lo ha reiterado el Fondo Monetario Internacional en sus evaluaciones periódicas, la economía colombiana enfrentó con éxito uno de los choques externos más fuertes en toda su El último reporte de esta entidad hace énfasis en que la Administración Santos lideró un proceso de ajuste con excelentes resultados que requirió medidas audaces e impopulares de reducción del gasto y aumento de los ingresos fiscales.
  2. El presupuesto de funcionamiento e inversión del gobierno se redujo de 20,4% del PIB en 2014 a 18,7% del PIB en Esto se logró gracias a medidas adoptadas en los presupuestos aprobados, así como a los recortes que fueron necesarios para asegurar el cumplimiento de las metas en materia de déficit. Para ese efecto fueron indispensables las medidas adoptadas por medio de Directivas Presidenciales, así como las normas que prohibieron cierto tipo de gastos, como la compra de sedes y vehículos, que fueron incluidas una vez más, sin modificación, en ley de presupuesto para 2019, recientemente aprobada.
  3. El manejo de las finanzas públicas se enmarcó en la Regla Fiscal, que se ha cumplido cabalmente como lo ordena la ley y como lo acaba de constatar su Comité Consultivo en informe enviado al Congreso de la República el 5 de noviembre de El cumplimiento de esta normatividad, adoptada durante la Administración Santos, ha sido fundamental para la generación de confianza por parte de los inversionistas y las calificadoras de riesgo.
  4. La regla fiscal impone un techo al nivel de déficit, definido anualmente por dicho Comité. Este comité está integrado por personas independientes del gobierno y autónomas en sus decisiones. Es decir, el déficit fiscal no lo escoge el Lo dicta una ley cuya interpretación corre por cuenta de un órgano en el que el gobierno no vota, ni tiene poder de veto. Ese es el arreglo institucional que introdujo la Administración Santos como muestra de su compromiso con la responsabilidad fiscal y que ha fortalecido el manejo macroeconómico del país.
  5. La Regla Fiscal, con buen criterio, reconoce que el máximo nivel de déficit autorizado debe tener en cuenta la situación de los precios del petróleo. Cuando estos precios caen frente a su promedio histórico, la Regla Fiscal permite que el déficit del gobierno nacional aumente moderadamente con el fin de estimular la economía y evitar una recesión. Esto es lo que se conoce como una política fiscal anticíclica. Los números exactos sobre cuanto más déficit permitir ante una caída en los precios del petróleo los define el Comité Consultivo.
  1. Con este criterio, el déficit fiscal aumentó de 2,4% del PIB en 2014 a 3% del PIB en 2015 y 4% del PIB en Este manejo permitió acomodar una parte de la significativa pérdida de ingresos petroleros del gobierno que cayeron de 2,6% del PIB en 2014 a 0,1% del PIB en 2016. Dado que el mayor espacio fiscal que permitió la Regla fue estrictamente temporal, el déficit del gobierno se ha reducido desde 2016. En 2017 fue 3,6% del PIB y en 2018 debe ubicarse en 3,1% del PIB.
  2. Otro de los efectos de la drástica caída en los precios del petróleo fue la devaluación del Gracias al aumento en la tasa de cambio, la economía colombiana logró acomodarse a una disminución de 44% en el valor de sus exportaciones entre 2013 y 2016 (de 60 mil millones de dólares a 34 mil millones de dólares). La devaluación estimuló las exportaciones no petroleras y encareció las importaciones, lo que fue vital para el ajuste macroeconómico. Por ello, el déficit externo, que superó el 6% del PIB en 2016, se redujo a cerca de 3% en 2018.
  3. Sin embargo, como efecto colateral, la devaluación producida para amortiguar el peor golpe externo que ha sufrido el país desde la época de la gran recesión de los años treintas (según Fedesarrollo), y que superó el 80% entre finales de 2014 y comienzos de 2016, aumentó el valor en pesos de las obligaciones en moneda extranjera del país. Para el gobierno nacional esto representó un incremento de la relación Deuda/PIB, que pasó de 35,4% en 2014 a 42,5% en Más del 70% de este incremento lo explica la devaluación del peso. Si la tasa de cambio se hubiera mantenido en los niveles observados en 2014 (aproximadamente 1.850 pesos por dólar) la relación deuda pública a PIB de hoy sería muy similar a la observada ese año. No es cierto entonces que se haya acudido al fácil camino de aumentar la deuda para financiar los gastos.
  4. La deuda del gobierno nacional se ha estabilizado desde 2016 en 43% del PIB, nivel inferior al de las economías de mayor tamaño en América Latina como Argentina, Brasil y México.

Colombia goza hoy de la calificación BBB por parte de dos de las principales firmas calificadoras. Esta calificación, que es la más alta de toda nuestra historia, fue obtenida durante la Administración Santos en 2013 por las medidas que se tomaron como la reforma constitucional sobre responsabilidad fiscal y la adopción de la regla fiscal y cuando los precios del petróleo estaban en sus máximos históricos. Esta calificación se mantuvo, pese a la caída en los precios del crudo, lo que significa que las firmas calificadoras y los mercados respaldaron el manejo macroeconómico del país en tan difícil situación. En los primeros ocho meses de este año Colombia fue el único país de América Latina que logró reducir su prima de riesgo en los mercados internacionales. Eso no le sucede a países derrochones.

Ahora bien, el por qué de la Ley de Financiamiento:

  1. En abril pasado, el Comité de la Regla Fiscal conceptuó que para 2019 el déficit fiscal debería reducirse a 2,4% del PIB. Esto equivale a una reducción del déficit de 0,7% del PIB frente al nivel de 2018 (3,1% del PIB). Para lograr ese ajuste, los mayores ingresos fiscales esperados en 2019 aportarían 0,2% del PIB, por lo que se requería una reducción del gasto de 0,5% del PIB.

Por ello, el gobierno nacional presentó a consideración del Congreso en julio pasado un presupuesto para la vigencia de 2019 con gastos de funcionamiento e inversión que pasaban de 18,7% del PIB en 2018 a 18,2% del PIB en 2019; es decir, una disminución de 0,5% del PIB, cercana a $5 billones. Dada la exigencia de la regla fiscal y en virtud de la mejora en los indicadores sociales de los últimos años, que mostraban que más de 5 millones de personas habían salido de la pobreza, la Administración Santos consideró responsable presentar esa reducción en el presupuesto radicado ante el Congreso, que implicaba, entre otras, recortar subsidios de energía eléctrica para el estrato 3 y reducir el número de familias beneficiarias de Familias en Acción.

  1. El nuevo gobierno, por su parte, consideró que esa reducción en el gasto era inconveniente por el costo político, y dio marcha atrás. Lo grave es que no consideró hacer recorte sen otras áreas, lo que automáticamente aumentó las necesidades de más
  2. En su modificación al presupuesto, el nuevo gobierno fue inclusive más allá y propuso un incremento en los gastos de funcionamiento e inversión no de $5 billones, sino de $25 billones inicialmente y, posteriormente de $14 El nuevo gobierno tomó deliberadamente la decisión de incrementar el presupuesto en $14 billones, que fue aprobado por el Congreso. Esa fue una decisión política deliberaba del nuevo gobierno y no producto de un “faltante” que le dejó el gobierno anterior.
  1. Con la inclusión de nuevas partidas por $14 billones, el presupuesto total de gastos de funcionamiento e inversión para 2019 será de $206,6 billones, equivalentes a 19,5% del Este porcentaje es el más alto desde 2015; el presupuesto correspondiente para 2018, por ejemplo, es equivalente a 18,7% del PIB. Cabe entonces la pregunta por qué se necesitan más recursos en 2019 para atender las necesidades que hoy se cubren con menos. La respuesta es clara: se están incluyendo nuevos gastos.
  2. ¿Cuáles son esas nuevas partidas que se incluyeron en el presupuesto?
  1. $2,1 billones en Minhacienda para financiar “nuevos programas del plan de desarrollo 2018–2022”. (¿Mermelada?) b. Una nueva partida para infraestructura educativa (construcción de aulas), deseable pero no previamente comprometida, por $500 mil millones. c. $1 billón para el Mintransporte para la construcción, entre otras, de vías terciarias y otras de carácter regional. (¿Mermelada?) Estos proyectos pueden financiarse con recursos de regalías, como se ha hecho desde 2015, sin presionar el Presupuesto General de la Nación.8 d. $565 mil millones para nuevos programas del Minvivienda. e. $550 mil millones para “mayor capacidad de las fuerzas militares”. (Se les acaba de dar un billón en vigencia futuras.)

Solo estas partidas suman $4,7 billones.

Adicionalmente el gobierno consideró conveniente apropiar más recursos para el Plan de Alimentación Escolar ($1 billón por encima de lo presupuestado en 2018) y para el aseguramiento en salud, al reconocer un incremento de 7% en el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) (el gobierno anterior lo había fijado en 5%), lo que implica un costo adicional de cerca de $1 billón de pesos. Además, se revisó al alza el ritmo de pago de los recobros de los procedimientos no incluidos en el POS. En total para la salud se incluyeron $3 billones adicionales.

En resumen, los $5 billones para nuevos gastos, $4 billones adicionales para programas existentes en salud y educación, y $5 billones para evitar el recorte que incluía el proyecto de ley original, explican por qué el gobierno requiere ahora $14 billones en nuevos recursos.

  1. Algunas ideas que planteó el gobierno anterior para evitar el recorte de $5 billones en el proyecto de ley original:
  1. En la preparación del presupuesto se proyectó un precio promedio del petróleo para 2018 de $67 dólares por Con esta cifra se construyeron los escenarios de utilidades de las empresas petroleras en 2018 y de ingresos fiscales petroleros que recibiría la Nación en 2019, tanto por impuesto de renta de las empresas petroleras como por dividendos de Ecopetrol. El precio promedio ha sido durante este año, a la fecha, $74 dólares por barril. Esto supone una renta petrolera adicional de cerca de $3 billones frente a la que se tenia prevista.
  1. Gracias a los mayores precios del petróleo que se han observado en 2017 y 2018 (frente a los escenarios previstos durante la aprobación del presupuesto del Sistema General de Regalías para el presente bienio), así como a las exigencias en la calidad de los proyectos que impuso el gobierno y que han reducido el número de proyectos que se presentan para aprobación, los excedentes disponibles de recursos de regalías no ejecutados ascienden a la fecha a $11 Por medio de una reforma constitucional que ha debido presentarse, así se recomendó, es posible direccionar una parte de estos excedentes hacia la financiación de las universidades, el plan de alimentación escolar y el régimen subsidiado de salud.

Síntesis

La actual administración considera políticamente inconveniente continuar con la reducción del gasto público que exige la regla fiscal. Pero no solo no quiere continuar con la reducción del gasto sino que desea aumentar la financiación de programas existentes y la creación de nuevos programas de gasto. Por eso, le propuso al Congreso aumentar el presupuesto para 2019 primero en $25 billones, para luego reducir esa aspiración a $14 billones, que propone financiar con nuevos impuestos.

El gobierno Duque está en todo su derecho de aumentar el gasto, pero debe justificarlo con argumentos claros sobre la necesidad de aumentar el tamaño del estado y dar por concluido el proceso de reducción del gasto público que se inició en 2015. También debe conseguir los recursos adicionales para financiar los nuevos gastos. Esa es una decisión política, es su responsabilidad, debe asumirla y defenderla, en lugar de seguir diciendo que el gobierno saliente le dejó un faltante de 14 billones porque no es cierto. El faltante que dejó el gobierno anterior no suma 5 billones y para su financiación se dejaron planteadas alternativas

durante el empalme relacionadas con los excedentes del Sistema General de Regalías y los mayores ingresos que recibirá el gobierno nacional provenientes del petróleo, entre otras.

Un problema puede surgir al proponer una reducción en los impuestos a las empresas que prácticamente anularía los mayores ingresos que se obtendría con el aumento en el IVA, si lo aprueba el Congreso. ¿Cómo piensan financiar entonces en el mediano plazo el aumento en el gasto que pretenden?

Conclusión

El gobierno anterior hizo grandes esfuerzos para obtener el grado de inversión y mantenerlo en circunstancias muy difíciles a través de una reducción del déficit fiscal compatible con la regla fiscal. Eso tuvo costos políticos, por supuesto, pero la economía salió fortalecida como bien lo reconocen todas las entidades multilaterales. Y le dejó al nuevo gobierno una hoja de ruta para continuar con el cumplimiento de la regla fiscal lo que por supuesto significaba seguir reduciendo el déficit fiscal.

El nuevo gobierno decidió dar marcha atrás y aumentar el gasto (en lugar de reducirlo) lo que lo obliga a conseguir nuevos recursos a través de una reforma tributaria o ley de financiamiento como la que se está discutiendo. No es entonces que necesita tapar los huecos que dejó el gobierno anterior sino que quiere financiar los nuevos gastos que pretende hacer, y está en todo su derecho. Pero si no consigue la financiación tendrá que apretarse el cinturón.

Lo importante es que el resultado final no vaya a generar desconfianza en los mercados internacionales porque el palo no está para cucharas. Por eso es tan importante cumplir con la regla fiscal.

Santos reaparece políticamente para irse contra Duque

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