• 17.20.-Colombia posvirus: opciones a debate CRISTINA DE LA TORRE
  • Vergüenza PATRICIA LARA
  • Regenerando el modelo en la pandemia  BEETHOVEN HERRERA
  • Imaginación jurídica para la democracia RODRIGO UPRIMNY
               César Ferrari                                      Jorge Iván González

Dicen que por el desayuno se sabe qué dan de almuerzo. Y sí. La asignación de recursos en esta crisis ha revelado el orden de prioridades que cimenta el modelo económico y social del presidente Duque: migajas para los pobres y los hospitales, billones para banqueros y EPS. Calcula Salomón Kalmanovitz en 0,67 % del PIB el gasto en subsidio del 40 % a la nómina, Familias y Jóvenes en Acción y devolución del IVA, cuando Perú moviliza el 12 % de su PIB. Y no es descache de ocasión.

19 may 2020.- Es signo elocuente de lo que siempre fue, en una economía de rentistas que especulan con tierras de engorde o en la bolsa de Nueva York. Vadeado el temporal, volverían a las andadas, aunque agudizando la inequidad con una reforma laboral que descarga casi todo el peso de la crisis en los trabajadores; y con olvido de nueve millones de nuevos pobres, inesperada retaguardia del ejército de hambreados, mientras los pocos que nada ceden seguirán moviendo la pluma de cada decreto que el mandatario firma.

No querrán ver el desastre que su modelo de mercado ha producido, ni reconocer la urgencia de redefinir el papel del Estado. Sin trampas ideológicas. Como aquella grosera asimilación de estatismo soviético y Estado de bienestar, indigna del rigor de un Hayek, que inscribió en la misma cepa totalitaria al comunismo y la socialdemocracia. Resultado jugosísimo: se meneó sin pausa el fantasma del comunismo para frenar toda alternativa democrática a los desmanes de la derecha.

Sacrificando la bonhomía que lo ha distinguido en esta hora, cae Mauricio Cárdenas en el tic de marras para advertir que, a instancias de la crisis, bien podría sobrevenir en Colombia el socialismo del siglo XXI. Mas, lejos de la “muy aplazada y urgente reforma laboral” de Vargas Lleras (con reducción de salarios, supresión temporal de primas y cesantías y eliminación de las convenciones colectivas); lejos de la fantasía desbocada de algún rebelde que emula la egolatría de Uribe, parlamentarios y académicos proponen medidas distintas para paliar el trance y una versión de Estado de bienestar para Colombia.

50 senadores de todos los partidos –salvo del Conservador y del CD– proponen girar un salario mínimo durante tres meses a trabajadores independientes y formales, a hogares pobres y vulnerables, en favor de la vida digna y la economía. Valdría $40 billones, el 4 % del PIB. Se unificarían en ello los subsidios que se prestan hoy. Y el monto se financiaría, entre otros, con más impuesto al patrimonio, recursos de proyectos aplazables y crédito directo del Banco Central. En el mediano plazo provendrán de una reforma tributaria estructural y progresiva que grave más el patrimonio, los dividendos y rentas de los más ricos.

Para el posvirus, César Ferrari y Jorge Iván González señalan que la economía deberá concentrarse en los bienes y servicios esenciales: alimentación, salud, educación, vivienda y seguridad. Lo que implica universalizar la seguridad social, con medicina preventiva y atención primaria en salud, supresión de las EPS y de los fondos privados de pensiones. Subir salarios. Dar propiedad a los campesinos en su cadena productiva. Desarrollar agricultura, agroindustria, manufactura, turismo e industrias creativas. Avanzar hacia la renta básica universal. Fortalecer el Estado y el gasto público y redistribuir riqueza vía tributos, con impuesto progresivo sobre patrimonio y rentas.

Resalta aquí la probada eficacia de fortalecer la capacidad de gasto de la gente, lo que activa la producción y el empleo; y este no es costo sino dinamizador de la economía. Caída la hoja de parra del capitalismo depredador, es hora de entronizar una ética para otra escala de valores: la ética solidaria del Estado de bienestar.

Cristinadelatorre.com.co

https://www.elespectador.com/opinion/colombia-posvirus-opciones-debate-columna-920096

17.20-Vergüenza PATRICIA LARA

Vergüenza y pesar produce hoy la política internacional de Colombia. Después de que el país se había ganado el mayor respeto mundial, en el último año y medio se ha perfilado como una nación que no tiene palabra, que incumple sus compromisos internacionales y que es incapaz de diseñar una política exterior que beneficie a sus ciudadanos, porque está arrodillada ante el ala radical del partido de gobierno, Centro Democrático, y ante los caprichos e intereses electorales de Donald Trump.

22 may 2020.- Es así como el presidente Duque, en cuanto se posesionó y para complacer a Trump, insistió en que se reanudara la fumigación de la coca con glifosato y se fue olvidando de los compromisos sobre sustitución de cultivos adquiridos con los campesinos, única forma inteligente de enfrentar el problema. Se empeñó en que su prioridad era tumbar a Nicolás Maduro y, en lugar de acordar un mecanismo de comunicación mínima con un vecino conflictivo con el que se comparten más de 2.000 kilómetros de una frontera llena de problemas, apoyó hasta el ridículo al autoproclamado presidente Juan Guaidó, un señor sin poder alguno y cada vez más cuestionado. Duque ordenó que, por primera vez en la historia, Colombia se abstuviera de condenar el bloqueo de EE. UU. contra Cuba en la Asamblea de la ONU y, lo que es peor, indujo a ese país, según lo dio a entender el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, a que incluyera a Cuba en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo, todo porque Cuba ha cumplido su compromiso como país garante del proceso de paz con el Eln y se ha negado a extraditar a los miembros de la delegación de diálogo que llegaron a la isla por solicitud del Estado colombiano, porque existe un protocolo que debe aplicarse en caso de ruptura de los diálogos y que estipula cómo deben regresar los guerrilleros a Colombia.

Esa actuación del gobierno de Duque dio al traste no solo con la posibilidad de que se negocie la paz con el Eln, sino también puso en peligro cualquier negociación de paz de otros países, porque ninguna nación va a querer servir de garante de un proceso si corre el riesgo de que, por hacerlo, la incluyan en la lista de países que apoyan el terrorismo.

(Y de que Cuba esté en esa encrucijada, también es responsable el Eln. Pero ese será tema de otra columna).

Por ahora, lo único que nos queda es ofrecerle disculpas a Cuba y decirle gracias de todo corazón.

Señor presidente, una amenaza en la que el “Bloque Capital (Reorganizado)” nos declara “objetivos militares” al exministro Carlos Bula, al senador Alexánder López, al sindicalista Hernando Hernández y a mí, por promover la reanudación del proceso de paz con el Eln, dice: “No somos una organización fantasma ni tenemos que utilizar seudónimos estúpidos. Fuimos fundados hace algunos años por importantes personalidades del país. Nos disolvimos cuando la ofensiva comunista del gobierno Santos impidió nuestro funcionamiento. Hoy con un gobierno distinto nos estamos reorganizando”.

¿Usted qué opina de que hagan esas afirmaciones, presidente? ¿Por qué ese bloque paramilitar siente que tiene licencia para reorganizarse durante su gobierno?

Respetuosamente le solicito que, de manera pública y contundente, descalifique al Bloque Capital, rechace sus afirmaciones y anuncie que los perseguirá de modo implacable. De lo contrario, creeremos que es cierto lo que dicen: que Santos les impidió funcionar, pero que, en su gobierno, tienen licencia para reorganizarse y para amenazar, por ahora…

https://www.elespectador.com/opinion/verguenza-columna-920640

17.20.-Regenerando el modelo en la pandemia – BEETHOVEN HERRERA

Una de las lecciones que ha dejado la pandemia es “la idea de avanzar rápidamente en la reindustrialización de Colombia.

Una de las lecciones que ha dejado la pandemia es “la idea de avanzar rápidamente en la reindustrialización de Colombia… Se trata de garantizar una verdadera sustitución de importaciones”. Este fue el mensaje del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, en el foro Finanzas y Reactivación, organizado por la Federación Nacional de Departamentos.

17 may 2020.- Esta reorientación propuesta por el Ministro coincide con la revisión critica hecha por el presidente de Fasecolda, Miguel Gómez Martínez, quien ha comentado que a analistas como Eduardo Sarmiento Palacio, que criticaron la apertura económica “lo han condenado al ostracismo”. Y reconoce que “las diferencias teóricas no pueden esconder lo evidente: El modelo de apertura tal como se ha implementado en Colombia, está haciendo agua”. (Portafolio mayo 13 /15).

El Ministro considera que es necesario identificar sectores estratégicos y que “debemos aprovechar este momento para desarrollar una auténtica seguridad alimentaria, fortalecer la cadena de alimentos procesados, medicamentos, o por qué no la seguridad en materia energética”.

A ese respecto, Mauricio Botero ha recomendado “enderezar políticas estúpidas como exportar flores y café para comprar productos suntuarios o que podemos producir localmente; cambiar las políticas de fomento agropecuario, para dejar de importar decenas de millones de toneladas de comida; cambiar de manera radical la política de biocombustibles” (El Espectador, marzo 22 /20).

En cuanto a la liquidez, el Ministro sugirió “los aplazamientos en el pago de impuestos, los aplazamientos en el pago de contribuciones, los aplazamientos en el pago de registros, los aplazamientos en el pago de la seguridad social, teniendo en cuenta las capacidades propias del contexto fiscal actual”.

Tras reconocer que la economía mundial atraviesa un momento en el cual no se pueden adoptar medidas ortodoxas, el ministro abrió paso a la creación de seguros al desempleo y a la entrega de subsidios directos a las pequeñas y medianas. Todo ello va a suponer la participación activa del Estado a través de sistemas de crédito directo.

Entre las voces criticas del modelo vigente Carlos Caballero Argáez ha cuestionado la orientación de las autopistas y ha sostenido que “la política de construcción de infraestructura de carreteras debe ser nacional, realizada en el conjunto de la nación. No puede departamentalizarse, como ocurre con las famosas Autopistas de la Montaña, ahora mal llamadas Autopistas de la Prosperidad. El interés del país no es conectar entre sí a los pueblos antioqueños con dobles calzadas sino buscar las rutas más eficientes (menos costosas y más rápidas) entre el occidente colombiano y las costas tanto del Caribe como del Pacífico, pasando por Antioquia”. (El Tiempo septiembre 7/12).

En su intervención el Ministro concluyó que tras la pandemia “habrá mayor interés en el desarrollo de la educación virtual, la telemedicina, el uso del fintech, el comercio electrónico. El país deberá diversificar su producción y mejorar su capacidad de acceso a nuevos mercados”.

No cabe duda de que estamos escuchando propuestas que modificarían profundamente las estrategias vigentes. Solo resta por ver si cuando se calmen las aguas habrá la decisión política, académica y empresarial para llevarlas adelante. 

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/regenerando-el-modelo-en-la-pandemia-540894

17.20.-Imaginación jurídica para la democracia RODRIGO UPRIMNY

Los controles institucionales son claves para evitar abusos de poder y mutaciones autoritarias del Estado de derecho. EFE/ Mauricio Dueñas Casta 

Aunque la amenaza de COVID-19 puede justificar los estados de emergencia declarados por Duque y ciertas limitaciones a nuestros derechos, un estado de excepción es siempre un riesgo a la democracia. Los controles institucionales son entonces claves para evitar abusos de poder y mutaciones autoritarias del Estado de derecho. Por eso es grave que mientras el presidente Duque concentra enormes poderes y expide decenas de decretos legislativos, los controles políticos y judiciales no actúan con el vigor y la rapidez requeridos.

10 may 2020.- Esta debilidad de la reacción del Congreso y de los jueces tiene muchas raíces: nuestro presidencialismo excesivo, la lentitud de los procesos judiciales, la debilidad y desprestigio del Congreso, entre otros. Pero hay un factor nuevo que agrava los anteriores: la incertidumbre normativa, pues el ordenamiento jurídico colombiano no estaba preparado para enfrentar una pandemia, que implicara largas y recurrentes cuarentenas o cierres de fronteras. Y por eso hay dudas normativas en temas claves: ¿puede el Congreso funcionar virtualmente? ¿Quién puede decretar una cuarentena? ¿Cuáles son los requisitos y controles para una medida así? Y otras.

Esta incertidumbre normativa no es una preocupación leguleya de abogados, pues ya ha tenido efectos problemáticos.

A nivel político, mientras Duque legislaba, el Congreso no se reunió durante semanas porque el presidente del Senado no lo convocó, con la inaceptable tesis de que no podían reunirse físicamente, por temor al contagio, pero tampoco virtualmente, por ausencia de una norma que autorizara explícitamente la virtualidad. Ahora la cosa está mejor, pues al menos hay sesiones virtuales y algunas presenciales; ha habido entonces algún control político, pero no hay claridad sobre cómo tomar decisiones legislativas.

En el campo judicial la cuestión también es complicada, ya que hay una discusión difícil sobre quién controla los decretos de cuarentena y cierre de fronteras. El presidente adoptó esas decisiones por decretos ordinarios, pero son medidas más propias de un estado de excepción, pues restringen severamente derechos fundamentales. No es claro entonces si esos decretos deben ser controlados por el Consejo de Estado, previa demanda ciudadana (por ser formalmente decretos ordinarios), o en forma automática (por tener que ver con la pandemia), o si le corresponden a la Corte Constitucional (por tener un contenido materialmente legislativo).

No hay solución fácil a este enredo, ni es claro el camino jurídico para que el Gobierno tome esas medidas. Todo esto puede generar choques entre las cortes o demoras que dificulten un control judicial efectivo de esas medidas, que son las más restrictivas de nuestros derechos. O que estas restricciones se caigan por razones formales, a pesar de que parecen instrumentos necesarios para prevenir contagios.

La comunidad jurídica, los jueces y los congresistas tenemos el desafío de superar esas incertidumbres normativas con un doble propósito: que los gobiernos nacional y locales tengan instrumentos para enfrentar la pandemia, pero igualmente controles adecuados para evitar abusos. Esto requiere una combinación particular de virtudes: adhesión fuerte a los principios del Estado de derecho, pero igualmente flexibilidad e imaginación jurídicas para encontrar salidas. Y humildad y apertura al diálogo para reconocer errores y estar dispuestos a corregirlos. Ojalá que haya cooperación entre las cortes en vez de choques de trenes.

Posdata. En ese espíritu de imaginación jurídica democrática cooperativa, en un blog en La Silla Vacía propondré algunas salidas al enredo del control de los decretos de cuarentena y cierre de fronteras.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

https://www.elespectador.com/opinion/imaginacion-juridica-para-la-democracia-columna-918638

  • 16.20.-China y EE. UU. se obligan a poner en marcha un acuerdo comercial compensatorio – DANIELA BLANDÓN
  • Sin política de paz – PATRICIA LARA
  • Ultraderecha: objetivo, el Ejército  CRISTINA DE LA TORRE

Aunque es un respiro de aire fresco al término de la gresca comercial entre las dos potencias, no deja de ser un grave hándicap para el capitalismo globalizante que se ve forzado por la severa intervención de dos estados-nacionales y obligarse a fuertes compensaciones. Trump tenía razón. No más TLC.

Las banderas chinas y estadounidenses se ondean en Shanghai, China, el 30 de julio de 2019, antes de que una reunión de las delegaciones comerciales de Estados Unidos y China. © Aly Song / Imagen de archivo de Reuters

La primera fase del acuerdo comercial firmado el 15 de enero de 2020 se había visto amenazada en medio de advertencias de Estados Unidos de que impondría nuevos aranceles a China en represalia por el manejo que le dio a la crisis del coronavirus.

8 may 2020.- Estados Unidos y China parecen haberle puesto un final feliz, o al menos amable, a una semana de crecientes tensiones políticas que amenazaban con trascender al plano económico.

En conversación telefónica del jueves 7 de mayo de 2020, los negociadores comerciales de ambos países determinaron que, a pesar de la actual emergencia sanitaria, esperan cumplir con las obligaciones contraídas en el acuerdo firmado el 15 de enero. 

En la conferencia participaron el viceprimer ministro chino, Liu He; el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin; y el embajador comercial en Beijing, Robert Lighthizer, para discutir los términos del acuerdo, que entró en vigencia el 14 de febrero.

“Ambas partes pactaron que hay un buen progreso en la creación de las infraestructuras gubernamentales necesarias para que el acuerdo sea un éxito”, dice el comunicado emitido por la Oficina del Representante de Comercio de la Casa Blanca.

Bajo los términos del acuerdo, China se compromete a comprar bienes estadounidenses a cambio de que Estados Unidos reduzca los aranceles y no imponga nuevas tarifas.

Del total de bienes estadounidenses que se comprometió a comprar China en dos años, hay 50.000 millones de dólares en productos agrícolas, 50.000 millones de dólares en energía y 75.000 millones de dólares en manufacturas.

Por su parte, Estados Unidos acordó, además de rebajar hasta el 7,5 % los aranceles impuestos a importaciones chinas por valor de 120.000 millones de dólares y a cancelar gravámenes adicionales.

El acuerdo también abre la puerta a una segunda tanda de negociaciones parar abordar cuestiones más espinosas como la transferencia forzada de tecnología, la propiedad intelectual, la expansión del comercio, el establecimiento de mecanismos para la resolución de disputas o la apertura de los mercados financieros chinos.

La crisis del coronavirus llegó justo cuando Washington y Beijing habían acordado el fin de una disputa comercial de casi dos años, con aumentos mutuos de aranceles y una retórica cada vez más agresiva. Y aunque las relaciones empezaron a gozar de una aparente cordialidad, la polémica sobre el verdadero origen del Covid-19 reavivó las diferencias entre Donald Trump y su homólogo Xi-Jingping.

A lo largo de toda esta semana, el cruce de acusaciones crecía con el pasar de los días. Estados Unidos ha venido alimentando la tesis de que el coronavirus fue fabricado en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan, mientras que Beijing lo refuta y le exige presentar pruebas de su afirmación.

El Gobierno chino cuenta con el respaldo de estudios que hablan del origen animal del coronavirus, elaborados por la Organización Mundial de la Salud, la misma a la que Estados Unidos decidió recientemente quitarle la financiación por considerarla parcializada a favor Beijing.

Desacuerdos políticos que amenazan con volverse económicos

En medio del ataque retórico constante entre funcionarios de la administración Trump con sus pares en China, surgió una amenaza del jefe de la Casa Blanca el pasado 30 de abril: que impondría aranceles a Beijing como represalia por el manejo “´poco transparente” que le ha dado a la crisis del coronavirus.

La respuesta no se hizo esperar y vino por cuenta de la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying, el 5 de mayo: «Los hechos han demostrado que los aranceles no deben usarse como un arma. En general, perjudica a todas las partes involucradas, y a nadie le interesa luchar en una guerra comercial. Por lo tanto, en la situación actual, creo que la idea de utilizar los aranceles como un arma para someter a otros países debería ser abandonada».

Las declaraciones de esta semana parecían conducir al empeoramiento de una ya malherida relación entre Estados Unidos y China, pero el compromiso al que llegaron las partes el jueves podría aliviar, quizá sea temporalmente, las tensiones entre los dos pesos pesados de la economía mundial, que pone en fuerte peligro la globalización.

Con EFE y Reuters  https://www.france24.com/es/20200508-china-eeuu-guerra-comercial-donald-trump-xi-jingping

16.20.-Sin política de paz – PATRICIA LARA

“Este Gobierno no tiene una política de paz”, dice monseñor Darío Monsalve, arzobispo de Cali, en una entrevista con El Espectador en la que hace tres afirmaciones claves: 

15 de mayo 2020.- 1. Que el Gobierno “habla de paz con legalidad; es decir, que le cuelga la paz a la ley”, cuando la cosa es al revés: que en esta sociedad “hay que conseguir la legalidad por medio de la paz”, porque la ley no vale para mucha gente. Y es cierto: si no hay paz en vastas zonas, se impone la ley del más fuerte, opuesta a la legalidad que promueve el presidente Duque, porque en esos territorios gobiernan los grupos armados, mientras que el Ejército, por carecer de metas y filosofía claras, se desgasta en corruptelas y peleas internas, y despilfarra sus recursos en espiar a la oposición, en vez de usarlos para capturar a los capos del narcotráfico y a los jefes de las bandas armadas.

  1. Que el Decreto 601, que autoriza al alto comisionado para la Paz a verificar la voluntad real de paz y de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados, “es regresivo” e implica un retroceso, pues vuelve al concepto de sujeción individual y está planteado “en términos inferiores a (…) la Ley 1908 de julio de 2018, que hablaba de sometimiento colectivo”.
  2. Que “lo único bueno” que tiene el Decreto 601 es que le reconoce carácter político al Eln, lo cual es, sin embargo, contradictorio, pues, como “no hay acuerdo colectivo, no hay proceso de paz” y “al Eln no le queda sino el sometimiento”.

Por supuesto que en esas condiciones, más allá de la desmovilización de 20 integrantes del frente José María Becerra del Eln, es difícil que ese decreto tenga efectos positivos, pues los grupos armados deben verlo como un retroceso, sobre todo si se tiene en cuenta, por una parte, que el cese bilateral con el Eln estuvo acordado, pero un antiguo líder de izquierda, convertido al uribismo, convenció a los elenos de que no lo firmaran con un gobierno que estaba por terminar y lo hicieran con el del nuevo presidente, Iván Duque, quien no movió un dedo para reanudar de inmediato los diálogos de La Habana y, cinco meses después, el Eln atentó contra la Escuela de Policía en Bogotá. Y, por otra, si se piensa, como lo cuenta monseñor, que durante el proceso de sometimiento de las Autodefensas Gaitanistas, al final del gobierno Santos, se tenía todo listo para el sometimiento colectivo, e incluso se había adaptado como lugar de reclusión un antiguo seminario en Yarumal (Antioquia), pero el proceso no siguió porque no se contemplaron “los porcentajes patrimoniales de supervivencia” que les permitieran vivir con sus familias.

La conclusión de monseñor no puede ser más desoladora: “Le hemos mandado no sé cuántas cartas al presidente pidiéndole audiencias, planteándole que si no quería esa política de paz (…) presentara una política alternativa (…). Pero el Gobierno (…) rechaza lo que venía y no ofrece una ruta al proceso” distinta del sometimiento. Entonces todo ha sido inútil.

¡Qué desesperación produce saber que mientras el tiempo pasa y el Gobierno no actúa, la gente se muere en los territorios!

Nota. Cerrada esta columna, me entero de que EE. UU. Incluyó a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo, por no aceptarle a Duque extraditar a la delegación de diálogo del Eln y violar así los protocolos que, como país garante, se comprometió a hacer cumplir. ¡Qué injusticia la de Trump y qué ingratitud la de Duque!

https://www.elespectador.com/opinion/sin-politica-de-paz-columna-919519

 

16.20.-Ultraderecha: objetivo, el Ejército CRISTINA DE LA TORRE

Esta misión de contrainteligencia del Ejército dejó al descubierto graves casos de corrupción que involucran a generales y oficiales 

No peligra la democracia por acción de alguna mano díscola en el Ejército, como en su evasiva locuacidad lo quisiera el ministro Trujillo. Peligra, y mucho, por efecto de la politización de esta Fuerza que durante años ha efectuado el uribismo para sumar a los militares, depositarios de las armas de la República, a la causa de un partido reaccionario, corrupto y violento, de vuelta en la Casa de Nariño. De allí deriva, entre otros desmanes, el espionaje consuetudinario sobre civiles inermes. Sabe el uribismo, como lo supo Ospina Pérez cuando se coronó dictador, que destruir la neutralidad del Ejército –por menguada que esté- compromete el Estado de derecho y da pábulo a la violencia.

12 may 2020.- A más de los falsos positivos que el general Martínez pareció reprogramar, ahora se repite como un mantra de la Seguridad Democrática el espionaje contra opositores, periodistas y demócratas que no se postran de hinojos ante Él, ni ante sus palafreneros en el alto Gobierno. Y este espionaje alarma porque puede pasar a mayores: a la eliminación del perfilado. Como ocurrió con el asesinato del profesor de Andréis, fruto natural del régimen que convertía el DAS en policía política e instrumento del paramilitarismo. Como podrá ocurrir con la Inteligencia militar, que recoge el ominoso expediente de los fascismos de izquierda y de derecha. No contento con colgarles lápida a los opositores calificándolos de terroristas, espió el uribato y persiguió a los magistrados de las Cortes que cuestionaron las pretensiones reeleccionistas del jefe; y a los que investigaban a parapolíticos que resultaron ser bancada del partido en el poder. Y después, en abierto sabotaje, chuzó aquella caverna a los negociadores de paz.

No se innova mucho. En los prolegómenos de la Violencia, cooptó Ospina al Ejército como fuerza del partido de gobierno y activo enemigo de la oposición. Destruyó la imparcialidad de la única fuerza que podía garantizar la tranquilidad pública, y activó un poderoso detonante del horror que vendría. Horror multiplicado por la asimilación del cuerpo entero de Policía al poder presidencial, la ferocidad de los chulavitas a la cabeza.

Conjuradas Violencia y dictadura, sentaría Alberto Lleras la doctrina que funge todavía como el referente deseable en democracia: sustraer a los militares de la contienda entre partidos. Así como los uniformados no deben intervenir en política, tampoco los políticos podrán incursionar en los cuarteles. La fuerza pública ha de subordinarse al poder civil del Estado, no al de los partidos. Los militares reciben tanto las armas de la nación, como la obligación de defender los intereses comunes. Se les confieren derechos especiales, a condición de no descargar su poder letal sobre los ciudadanos inocentes.

Ideal mancillado por una franja de la oficialidad que, envalentonada por la ultraderecha que la adula y encubre sus delitos, traiciona el deber; menoscaba la confianza que los colombianos depositaban en el Ejército y desdeña la entrega del soldado raso. De las investigaciones exhaustivas nada resultará porque recaerán en la propia Inspección del Ejército o en el fiscal Barbosa. Serán ejercicio de yo-con-yo, deliberadamente orientado a ocultar lo buscado: quién da las órdenes, a quién llega la información y para qué.

Para El Espectador, estos episodios de espionaje configuran traición de alto nivel contra los colombianos, orquestada desde las Fuerzas Armadas; traición a la democracia, al acuerdo entre sociedad y Fuerza Pública. Se diría que es la sociedad la llamada a exigir cuentas a los responsables últimos en la cadena de mando: al presidente Duque y al ministro Trujillo. Si sabían, que respondan por encubrimiento; si no sabían, por ineptos. No merecen el cargo.

Cristinadelatorre.com.co

https://www.elespectador.com/opinion/ultraderecha-objetivo-el-ejercito-columna-918984

  • 15.20.-Salvar el empleo formal y el informal  CRISTINA DE LA TORRE
  • Carta a mi padre, Gabriel García Márquez – RODRIGO GARCÍA BARCHA
  • Resultados, no investigaciones – PATRICIA LARA
Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, pide cumbre de Gobierno, empresarios y trabajadores. 

¿Se nos apareció la Virgen? En el país donde tantas diferencias se tramitan a bala, llaman muchos a salvar, todos a una, el empleo y el tejido empresarial. Ya por instinto de conservación, ya por sentido de solidaridad, no importa. Cuando la angustia se apodera de miles de pequeños empresarios y millones de trabajadores; cuando el desempleo puede llegar hoy a 17 % y mañana al 20 %; cuando el hambre acosa a toda una franja social que regresa de golpe a la pobreza, gremios, sindicatos, partidos, analistas de todos los colores nadan hacia una misma tabla de salvación: el subsidio al empleo formal.

5 may 2020.- Y, en el horizonte, la creación de una renta básica para el 40 % de la población vulnerable que nunca gozó de protección social ni recibió subsidio de Familias o Jóvenes en Acción. Para los desfocalizados, descastados del Banco Mundial; para los ignorados del sistema, los del trapo rojo. Mecha chispeante de la bomba social que podrá estallar si este ejército de informales pierde su fuente de ingreso y si cinco millones de trabajadores formales quedan cesantes.

Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, pide cumbre de Gobierno, empresarios y trabajadores para considerar, entre otras, la transferencia de ingreso vital equivalente a un salario mínimo para trabajadores informales de estratos 1, 2 y 3. Sin focalización ni condiciones: por la sola gracia de ser ciudadanos con derechos. Como sucede en más y más países.

Alrededor del subsidio al trabajo formal se configura un consenso. Debuta Acopi postulando un programa fiscal de retención de empleos en los sectores más vulnerables como mejor opción para salvar vidas, empleos y empresas. Costaría $6,8 billones al mes. El drama de las mipymes no se arregla con crédito bancario. En receso, sus gastos no apuntan a producción, sino que configuran gasto social indirecto.

Como alternativa al crédito bancario, que no fluyó o fluye mal pese a todas las gabelas otorgadas a los bancos, propone el Consejo Gremial dar liquidez en particular a aquellas empresas, fuente del 80 % del empleo: proteger el salario de quienes devengan el mínimo en los sectores más afectados por el confinamiento, durante tres meses, con transferencias directas del Gobierno. Los empresarios devolverían a futuro el aporte oficial vía impuesto de renta, si mantienen los puestos de trabajo, y sin perjuicio de que se les condone parte de la deuda.

Por su lado, el exministro Mauricio Cárdenas insta a agilizar la entrega masiva y urgente de créditos bancarios a las empresas, cuyo pago el Gobierno garantiza, y aún podrá condonar en parte. De porfiar los bancos en su modorra, invita Cárdenas al Gobierno a entregar esos créditos directamente por medio de la banca pública, en particular del Banco Agrario. Y sin intereses. Se trata, según él, de evitar a toda costa la quiebra de las empresas: de que logremos sortear esta crisis dependerá el futuro de la economía y del país.

Falta la voz del presidente, acogotado como andará por Carrasquilla, tan severo en cuidar la regla fiscal que reduce a mendrugos los auxilios al común. Y como si no existieran los US$ 53.000 millones en el exterior, ni pudiera el Banco de la República emitir dinero para solventar la crisis.

En el segundo país más desigual, donde la informalidad laboral es reina, parece insoslayable la renta básica para los sectores más desprotegidos. Y esta se financia con impuestos a los más pudientes; no a las empresas, que deben sobreaguar, sino a los dueños que reciben dividendos faraónicos y pagan en promedio 2,4 % de impuesto sobre la renta. Una cosa es salvar empresas productivas y trabajadores; otra, salvar a Sarmiento Angulo. Llegó la hora de rescatar a los que producen la riqueza, no a los bancos.

https://www.elespectador.com/opinion/salvar-el-empleo-formal-y-el-informal-columna-917874

15.20.-Carta a mi padre, Gabriel García Márquez – RODRIGO GARCÍA BARCHA

Imagen: El autor y sus padres, Gabo y Mercedes Barcha.

Gabo,

El 17 de abril fue el sexto aniversario de tu muerte, y en gran medida el mundo ha seguido como siempre, con el ser humano comportándose con crueldad creativa y asombrosa, con generosidad y sacrificio sublimes y con todo lo que hay en medio.

Una cosa es nueva: una pandemia.

6 may 2020.- Se originó, hasta donde sabemos, en un mercado, donde un virus brincó de un animal a una persona. Un pequeño paso para un virus, pero un gran salto para su especie. Es una criatura que evolucionó durante un tiempo incalculable a través de la selección natural hasta llegar a ser el pequeño monstruo voraz que es actualmente. Pero es muy injusto referirse a él en tales términos, y lamento si mis palabras lo han ofendido. En realidad, él no tiene nada particular en contra nuestra. Se aprovecha porque puede. Esa actitud sin duda nos es familiar. No se trata de nada personal.

No paso un solo día sin cruzarme con una referencia a tu novela El amor en los tiempos del cólera o a una variante de su título o a la peste del insomnio en Cien años de soledad. Es imposible no especular sobre qué te habría parecido todo esto. Siempre te fascinaron las plagas, reales o literarias, así como las cosas y las personas que retornan.

Todavía no habías nacido cuando la pandemia de la gripe española azotó el planeta, pero creciste en una casa donde reinaban las historias y donde una plaga, así como los fantasmas y los remordimientos, debieron servir de buen material literario. Decías que la gente hablaba de acontecimientos que sucedieron en los días del cometa, probablemente refiriéndose al paso del cometa Halley a principios del siglo XX. Recuerdo lo emocionado que estabas de ver al cometa con tus propios ojos cuando regresó hacia el final del milenio. Te cautivó, como si fuera un reloj misterioso marcando silencioso la hora una vez cada 76 años, en un ciclo que se aproxima al tiempo asignado al ser humano. ¿Será una coincidencia? Probablemente solo sea otra pista falsa. Eras ateo, pero también pensabas que era inconcebible que no hubiera un plan maestro del universo, ¿recuerdas? Que no hubiera quién contara el cuento. Es posible que, en ese sentido, tu punto de vista sea ahora más claro que el mío.

Ha vuelto una pandemia. A pesar de los grandes avances de la ciencia y el tan celebrado ingenio de nuestra especie, nuestra mejor defensa hasta ahora es simplemente quedarnos en casa, escondidos en nuestras cuevas para que el depredador no nos encuentre. Para los que al menos tengan un poco de humildad, es un momento de reflexión. Para los demás, es solo una cosa más que aniquilar.

Dos de los países que más querías, España e Italia, se encuentran entre los más afectados. Algunos de tus amigos más antiguos y queridos en Barcelona, ​​Madrid y Milán están sobrellevando la pandemia lo mejor que pueden en los mismos pisos que tú y Mercedes visitaron innumerables veces durante décadas. He escuchado a varias personas de esa generación decir que están decididas a sobrevivir, aunque sea solo por evitar caer victimas de una maldita gripe después de décadas de sobrevivir a cánceres, tiranos, trabajos, matrimonios y responsabilidades.

  • Thanks for reading The Times.

 

La muerte no es lo único que nos aterroriza, sino las circunstancias. Una salida final sin despedidas, atendidos por extraños disfrazados de extraterrestres, máquinas pitando despiadadamente, rodeados de otras personas en situaciones similares, pero lejos de nuestra gente. Es lo que tú más temías, la soledad.

A menudo decías que Diario del año de la peste de Daniel Defoe fue una de tus mayores influencias, pero hasta ayer yo había olvidado que incluso tu historia favorita, Edipo rey, giraba alrededor de los esfuerzos de un rey por acabar con una plaga. Yo recordaba sobre todo la trágica ironía del destino del rey, pero fue la peste lo que desató las fuerzas que precipitaron su caída. Tú dijiste una vez que lo que nos atormenta de las epidemias es que son un recordatorio del destino personal. A pesar de las precauciones, la atención médica, la edad o la riqueza, cualquiera puede sacar el número perdedor. Destino y muerte: temas muy queridos de muchos escritores.

Creo que si estuvieras aquí ahora, estarías fascinado por el hombre. El término “hombre” no suele usarse como antes, pero haré una excepción, no como un guiño al patriarcado que detestabas, sino porque resonará en los oídos del joven y escritor aspirante que fuiste, con más sensibilidad e ideas de las que sabías expresar, y con una fuerte convicción de que la suerte está echada, incluso para una criatura a imagen de Dios y condenada al libre albedrío. Te compadecerías de nuestra fragilidad; te maravillarías de nuestra interconexión, te entristecería el sufrimiento, te enfurecería la insensibilidad de algunos líderes y te conmovería el heroísmo de las personas en los frentes de batalla. Y estarías ansioso por saber cómo los amantes desafían cada obstáculo, incluido el riesgo de muerte, para estar juntos. Por encima de todo, estarías tan embelesado con los seres humanos como siempre.

Hace unas semanas, durante los primeros días que estuvimos recluidos en casa, mi cabeza se esforzaba por comprender lo que podía significar todo esto, o al menos lo que podría salir de ello. Fracasé. La niebla era demasiado espesa. Ahora que las cosas se han vuelto más cotidianas —como lo hacen con el paso del tiempo, incluso en las guerras más aterradoras— aún no logro explicármelo de manera satisfactoria.

Muchos están seguros de que la vida ya nunca será la misma. Es probable que algunos hagamos grandes cambios, y otros hagamos pequeños cambios, pero sospecho que la mayoría volverá al baile. ¿No sería un buen punto argumentar que la pandemia es una prueba más de que la vida se desvanece de la manera más inesperada y que debemos vivir en grande, y vivir en el aquí y el ahora? Uno de tus propios nietos ha expresado esa opinión.

Las restricciones al movimiento comienzan a relajarse en algunos lugares, y poco a poco el mundo intentará aventurarse hacia la normalidad. El solo hecho de soñar con la libertad inminente hace que muchos empiecen a olvidar las promesas a los dioses que hicieron tan recientemente. Se va debilitando el impulso por procesar el impacto de la pandemia en nuestro ser más profundo, y en toda la tribu. Incluso muchos que anhelamos entender lo que sucedió nos sentiremos tentados a interpretarlo a nuestro gusto. Ya las compras amenazan con regresar en grande como nuestro narcótico favorito.

Todavía sigo en la niebla. Parece que de momento tendré que esperar a que los grandes maestros, presentes y futuros, metabolicen esta experiencia compartida. Espero ese día con impaciencia. Una canción, un poema, una película o una novela me indicarán, finalmente, el rumbo por el que están enterrados mis ideas y sentimientos sobre toda esta situación. Cuando llegue ahí, seguramente tendré que cavar un poco más yo mismo.

Mientras tanto, el planeta sigue girando y la vida sigue siendo misteriosa, poderosa y sorprendente. O, como solías decir tú con menos adjetivos y más poesía, nadie le enseña nada a la vida.

Rodrigo.

Rodrigo García Barcha (@rodgarcia59) es director de cine. Pronto se estrenará su filme Four Good Days, con Glenn Close y Mila Kunis. 

https://www.nytimes.com/es/2020/05/06/espanol/opinion/garcia-marquez-pandemia-carta.html?campaign_id=42&emc=edit_bn_20200508&instance_id=18311&nl=el-times&re

15.20.-Resultados, no investigaciones PATRICIA LARA

Ricardo Calderón «invisible». Foto El País

Con las investigaciones ordenadas por los altos mandos a raíz de las chuzadas reveladas una y otra vez por ese riguroso y valiente periodista que es Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de la revista Semana, puede pasar lo mismo que con Edipo, quien ordenó que se averiguara quién había sido el asesino de Layo, hasta que descubrió que el asesino había sido él mismo y que Layo era su propio padre.

8 may 2020.- Porque, como lo afirmó uno de los chuzados, nada menos que Jorge Mario Eastman, ex secretario general de la Presidencia de Iván Duque, hoy embajador ante el Vaticano, “esa decisión no la toma cualquier persona de bajo rango”. Por eso Eastman no cree en la teoría de las manzanas podridas, como tampoco muchos creemos en ella. Es que no es posible que cada cierto tiempo la prensa haga nuevas denuncias, que siempre el ministro de Defensa y el presidente se rasguen las vestiduras y digan que se van a realizar investigaciones exhaustivas, que luego caiga uno que otro militar, pero, en el fondo, nada cambie, porque no cambian ni la filosofía ni los valores que inspiran y avalan ese proceder, que se puso tan de moda en el gobierno de Álvaro Uribe a raíz de las famosas chuzadas del DAS, denunciadas por el mismo Ricardo Calderón.

No es sino recordar que, por ejemplo, en agosto pasado, Semana publicó apartes del pliego de cargos de la Procuraduría contra el general Eduardo Quirós, antes a la cabeza del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (Cacim), y se estableció que, por orden del anterior comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, se dio una persecución dentro de la institución para determinar, mediante interrogatorios y prácticas de polígrafo, qué militares les suministraron a The New York Times y a Semana las informaciones sobre directrices establecidas en el Ejército que podían conducir de nuevo a la práctica de los falsos positivos. Pero el general Martínez negó que esa persecución hubiera existido y se hizo el loco ante la revelación de que él había dado la orden, hecha por el general Quirós, quien hoy es uno de los caídos con el nuevo escándalo.

Y ahora el general Nicacio Martínez le dice a la prensa que se siente víctima, que “la inteligencia se rige por una ley”, que “hay una junta de inteligencia en la que se reúnen todos los jefes de inteligencia de la institución y el ministro de la Defensa”, que “hay unas políticas claras”, que él no ordenó chuzadas contra periodistas, magistrados, políticos o contra el Gobierno, y que “todo lo que hacía se lo informaba al señor general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares”.

En fin, sigue el carrusel de Tongo le dio a Borondongo, y de Borondongo le dio a Bernabé…

Por eso, para evitarlo, es indispensable que cuanto antes, y para bien del mismo Ejército, el ministro de Defensa, en virtud del derecho de acceso a la información reservada que le otorga el Decreto 588, le entregue a la Comisión de la Verdad, como dice el pronunciamiento de su presidente, el padre Francisco de Roux, “los documentos relacionados con estos seguimientos y espionajes informáticos, a fin esclarecer la verdad histórica y de ética pública subyacente”.

A ver si, por fin, se erradican esos procedimientos para siempre…

Y una pregunta: ¿cómo piensan lidiar con la rabia que, con toda razón, deben sentir los gringos porque en lugar de usar sus fondos para perseguir el narcotráfico, el Gobierno los utilizó para espiar a los periodistas de su propio país?

https://www.elespectador.com/opinion/resultados-no-investigaciones-columna-918408

  • 14.20.-Trump pide a naciones que rechacen la globalización y apoyen el nacionalismo 
  • En medio de la pandemia celebremos el Primero de Mayo – COMITÉ NACIONAL DE PARO -CNP
Foto de archivo. El presidente estadounidense, Donald Trump, al llegar a la sesión 74° de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, EEUU. 24 de septiembre de 2019. REUTERS/Carlo Allegri.

NACIONES UNIDAS, 24 sep (Reuters) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el martes a las naciones del mundo a rechazar la globalización y a respaldar el nacionalismo, al argumentar que los países deberían colocar como prioridad a sus propios ciudadanos.

Remember: 24 sep 2019. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump también afirmó que Estados Unidos solo estaba buscando justicia en la situación comercial con China y dijo que esperaba que ambos países lleguen a un acuerdo que los beneficie.

https://lta.reuters.com/articulo/onu-trump-globalizacion-idLTAKBN1W91YS-OUSLT

14.20.-En medio de la pandemia celebremos  el Primero de Mayo  COMITÉ NACIONAL DE PARO -CNP

 Conmemoran los trabajadores del mundo un año más de la heroica lucha que hicieran los obreros de Chicago, para alcanzar sus primeras conquistas laborales. Esta celebración del primero de mayo adquiere ribetes especiales. Los pobladores de la tierra enfrentan una peligrosa pandemia que, esparcida por el planeta, contagia millones de personas, mata centenares de miles y destruye economías que, poderosas o enclenques, quedan desnudas ante la gravedad de la crisis que genera el Covid-19.

 En medio de esta situación, decenas de millones de trabajadores de la salud, el agro y la alimentación, la distribución de bienes básicos y el transporte, los servicios públicos y los estatales ponen sus conocimientos, habilidades y esfuerzos y, en largas y extenuantes jornadas, luchan para enfrentar al coronavirus, evitar miles de muertes, alimentar a la población y proteger -sin arriesgar sus vidas y hasta donde les sea posible- la economía.

En varios países lo hacen enfrentando las políticas del capital financiero, los grandes monopolios y los intermediarios que ponen, por encima de la salud, la vida y la protección de millones de seres humanos, sus negocios, capitales, corrupción e intereses. En nuestra nación no es diferente. Baste tan solo con analizar el comportamiento del gobierno de Duque y su transferencia, a través del FOME, de 25 billones 500 mil millones de pesos a los bancos y demás intermediarios financieros, EPS, ARL, Fondos Privados de Pensiones y a grandes empresas de la comercialización y la importación de bienes agrícolas e industriales.

 Mientras a los grandes capitales nacionales y extranjeros se les llenan los bolsillos a borbotones, a las capas medias de la ciudad y el campo y a campesinos, trabajadores y demás sectores populares se les niegan o cicatean los recursos indispensables para cuidar su salud y cubrir sus alimentos, para lo cual exigimos, por lo menos, un aporte del estado equivalente a una Renta Básica Universal, RBU, igual a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente SMLMV. Los recursos que hoy entrega el Gobierno Nacional, a través de los diversos programas Familias en Acción, Adulto Mayor, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario y Devolución del IVA son, escasamente, de un billón 850 mil millones de pesos. Lo que le toca a cada familia inscrita en los programas asistenciales son $265 mil pesos mensuales y a los programas que cubren solo personas les tocan $78 mil.

 Mientras tanto, a los bancos -por medio de jugarretas propias de la especulación financiera- les dieron a ganar, desde aquí hasta que se les paguen los créditos de las inversiones forzosas en Bonos Solidarios, 500 mil millones de pesos anuales y, está por saber, cuánto habrán de ganar por la refinanciación de las deudas a productores industriales y agrícolas y con cuanto se quedarán de lo refinanciado a comerciantes y cuanto quitarán a los tarjeta-habientes y que tanto le arrancaran a los micro y pequeños empresarios del país.

 En todo caso, al igual que paso con la tragedia de Armero o con el terremoto del Eje Cafetero y con la desaforada corrupción incluida, el gran beneficiado es el capital financiero y la banca internacional a la que el gobierno acude presuroso en una política de continuar endeudando el país mientras, los bancos extranjeros hacen fabulosas utilidades con las reservas internacionales que, por US $55 mil millones de dólares, tiene el país depositada en la banca mundial, principalmente, norteamericana.

Caso aparte, por la gravedad de éste, es la salud. La esencia de la cuarentena es alargar la llegada del pico infeccioso para poder alcanzar condiciones óptimas que permitan atender a los enfermos, salvar la mayor cantidad de vidas y no saturar clínica y hospitales a fin de que puedan evitar la mayor cantidad de muertes. Sin embargo, los recursos entregados por el gobierno a la red pública hospitalaria son pírricos y para desgracia del personal médico y de la salud se continúan girando los recursos, un poco más de dos billones de pesos a las EPS mientras que, las IPS, clínicas y hospitales, casi que nada se les ha girado. Escasean todos elementos necesarios para prestar un buen servicio. No hay garantía de nuevas UCIS ni respiradores, en muchos centros de atención no hay ni siquiera vestidos y prendas adecuadas para atender los infectados y para acabar de completar el gobierno nacional toma la decisión de ampliar los sectores que pueden empezar a trabajar poniendo en elevado riesgo la vida de millones de trabajadores y gentes del país -con la implementación de su cuarentena inteligente- contrariando la opinión de la comunidad científica, a lo que se agrega, para desgracia de la nación, el asesinato de dirigentes sociales, que no cesa.

Al igual que, el de reintegrados a la vida civil por los acuerdos de paz. Ante los reclamos de diversos sectores sociales el gobierno esgrime una política de darle largas a las soluciones con el ánimo de que, finalmente, “se salve quien pueda”. No atiende a los pequeños y medianos empresarios a quienes dejan sin los recursos para pagar los salarios de sus trabajadores, no obliga al capital financiero a prestar recursos frescos a productores del agro y la ciudad, se niega a fortalecer los apoyos alimenticios y se burla de las peticiones de médicos y demás trabajadores de la salud. A los estudiantes los atiende de cualquier manera y a los maestros los amenazan. A los artistas se les hacen promesas y lo único que les cumplen es entregar la cuota de pantalla nacional a las casas productoras de entretenimiento extranjeras. A campesinos, indígenas y empresarios nacionales del agro se ponen todo tipo de barreras para acceder al crédito que requieren para producir los alimentos que habrán de alimentarnos y a grandes comercializadores se les permite utilizar miles de millones de pesos para hacer importaciones de productos agrícolas para los cuales fijan aranceles cero. Pero todo no es oscuro en el mundo. Millones de seres erguidos, pasaran por encima de la realidad que padecen y, en medio de las dificultades sabrán derrotar las políticas neoliberales que hoy los agobian.

Pasada la pandemia sacarán sus fuerzas intactas y valerosas para continuar las luchas que habrán de crear un mundo sin privatización de los servicios básicos, flexibilización laboral, sometimiento de la economía nacional y del país. ¡

¡Celebremos, en medio de la pandemia y las dificultades, el 1º de mayo!

COMITÉ NACIONAL DE PARO – CNP  PRIMERO DE MAYO de 2020

 

  • 13.20.-De la pandemia a la industrialización – CRISTINA DE LA TORRE
  • Senador Robledo: “El Gobierno no está tomando todas las medidas que debería tomar” LUIS CARLOS VÉLEZ
  • Ley de pronto pago debe llegar rápido – CAMILO DÍAZ
El líder industrial Jimmy Mayer.

Entre el miedo a la pandemia, la amenaza del hambre y la quiebra de pequeñas empresas, pujan los viejos poderes por malograr la promisoria oportunidad del cambio. Cambio del modelo que en 40 años enriqueció a importadores y banqueros acaballados en la precariedad laboral de millones de trabajadores que hoy son pasto predilecto de la crisis. Mares de empresarios cerraron fábricas para dedicarse a la especulación financiera.

21 abr 2020.- Jimmy Mayer, promotor de industrias, aboga por revitalizar el sector, fuente segura de desarrollo y bienestar (Semana, 4/12/20). La producción en Colombia de respiradores para pacientes de coronavirus, que hoy despega, es muestra a la mano de innovación tecnológica y capacidad de reconversión industrial en coordinación con el poder público. Creados en universidades y producidos por la empresa privada a precio 20 veces menor que el internacional, abastecerán la demanda nacional y se exportarán. Aplauso a la alianza Estado-academia-empresa privada.

Mas la idea de reindustrializar no tendrá eco en este Gobierno. Así lo indica su manejo financiero de la crisis, más complaciente con gremios apoltronados en sus privilegios que generosa con los atribulados. Para ayudar a estos últimos en la coyuntura, destina el equivalente al 0,5 % del PIB, mientras Perú gasta en ello el 12 %. Recibe impasible la recomendación del FMI de no tomar préstamos del Banco de la República, interesado como estará aquel en preservar la regla fiscal que le asegura el pago de la deuda. Impensable ahora el gesto del entonces presidente Carlos Lleras cuando en 1966 expulsó a la misión del FMI por querer imponerle una devaluación repentina y brutal. Sin crédito del Banrepública no podrá Duque acoger la propuesta de Acopi –aplicada en casi todo el mundo– de subsidiar salarios a los ocho millones de trabajadores más vulnerables, en vez de ofrecer préstamos de la banca privada a microempresas que no podrán pagarlos después.

Acaso pescando en el río de la crisis para perpetuar una medida temporal, el presidente de Fenalco propone, angelical, reducir salarios al 40 %. Por su parte, los $6 billones girados al sector salud aterrizaron en alforjas de las EPS, no en los hospitales. Y sí, claro, el Gobierno hace lo que puede. Que no es mucho, porque el Gobierno es el Consejo Gremial. Y el presidente, entusiasta servidor del modelo gamonal-extorsionista que éste representa.

Hace años cuestiona Mayer la dependencia de nuestra economía de materias primas como el petróleo. Los países que dependen de ellas, dice, nunca ascienden al desarrollo: llevamos 50 años arrastrando un modelo equivocado, de no crecimiento, de desindustrialización. En 1957, el ingreso per cápita de Corea era el mismo de Colombia. Hoy lo triplica. Sólo la firma Samsung vende en un año el equivalente al 60 % del PIB colombiano. Convoca el empresario a todos los gremios, sindicatos comprendidos, a marchar en pos de un modelo que dispare el crecimiento de la economía, que cree empleos abundantes y bien remunerados. Y no lo vamos a lograr sembrando aguacates, dirá.

El modelo está inventado y toreado en mil plazas desde hace casi un siglo: es el capitalismo social presidido por el Estado mediante planificación concertada con el sector privado. Defiende lo mismo la libre iniciativa del capital que los derechos sociales y económicos de toda la población. Resulta de transacción entre dos sistemas que crearon más desventura que felicidad: el comunismo y el capitalismo salvaje. Para Alicia Bárcena, directora de la Cepal, es el Estado el que podrá rescatarnos de la crisis evidenciada por la pandemia del coronavirus. No podemos volver a transitar los caminos que nos arrojaron en ella, expresa: “Estamos ante un cambio de época, de paradigma. Tenemos que cambiar nuestro modelo de desarrollo”. 

https://www.elespectador.com/opinion/de-la-pandemia-la-industrializacion-columna-915578

13.20.-Senador Robledo: “El Gobierno no está tomando todas las medidas que debería tomar” LUIS CARLOS VÉLEZ

Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, considera que el Gobierno se equivoca al usar a los bancos como vehículo para ayudar en la crisis del coronavirus. Asegura que esta emergencia plantea una oportunidad para hacer cambios profundos en la economía del país.

 Senador Jorge Enrirque Robledo Foto: Semana 

LUIS CARLOS VÉLEZ : Usted celebró una entrevista que en esta misma revista hicieron a Jimmy Mayer, que dijo que hay que transformar el modelo económico de Colombia. ¿Cuál es su idea?

JORGE ENRIQUE ROBLEDO : Él, un industrial muy respetado, plantea que hay que cambiar el modelo dentro de la economía de mercado. En eso coincidimos. Yo nunca he planteado estatizar la economía. Entonces estamos hablando de cambiar el modelo reconociendo que en Colombia ningún Gobierno se ha propuesto desarrollar de verdad el capitalismo. En buena medida porque nos han metido en la tragedia de las materias primas, ahora petróleo pero antes café y otros productos. Mayer dice que en ese mundo de las materias primas los países quedan presos del subdesarrollo, y tiene razón. Él asegura que hay que desarrollar la industria y que debe haber un pacto nacional que incluya a las centrales de trabajadores. Un gran acuerdo nacional que sea un pacto de gana-gana. Y agregó que no podemos seguir siendo los idiotas útiles de los países desarrollados. Eso es, en buena medida, lo que nos ha sucedido porque hemos copiado al pie de la letra lo que nos dicen los organismos internacionales de crédito de las grandes potencias y terminamos en un mundo en el que a ellos les va bien, mientras nosotros quedamos en el peor lado de la balanza.

L.C.V.: ¿Eso cómo se aterriza políticamente?

J.E.R.: Ningún país del mundo que haya logrado desarrollarse –alta producción, ciencia, tecnología, empleo, etcétera– lo ha podido hacer sin un pacto nacional, que ilustro con el ejemplo de un barco. El país es como un barco en el que vamos todos, en diferentes camarotes y con desacuerdos entre los pasajeros, pero en el que debemos unirnos en la idea de que el barco no se hunda, porque nos hundimos todos, y en que navegue bien y con un rumbo adecuado.

No podemos seguir siendo los idiotas útiles de los países desarrollados.

L.C.V.: ¿Cómo ve a Claudia López en el manejo de la pandemia en Bogotá?

J.E.R.: Creo que lo ha hecho muy bien, y la respaldamos. Tiene una actitud proactiva, decidida, entusiasta, trabajadora y preocupada por la gente. Hay cosas que se escapan de su control por las debilidades estructurales que también sufre Bogotá. Dirigir a Bogotá es bien complejo, aunque está acertando y en puntos claves ha orientado a Duque, que se ha confundido en no pocos momentos.

L.C.V.: ¿Cómo ve a Gustavo Petro en la pandemia?

J.E.R.: Creo que está cometiendo errores garrafales. Uno entiende que tenga desacuerdos con Claudia, pero ¿atreverse a tratarla de fascista en medio de esta crisis? Yo no comparto la política promovida como una pelea de perros y gatos. Y es evidente que la gente le está cobrando duro esos errores.

L.C.V.: Usted fue uno de los grandes críticos de que el Congreso operara virtualmente. ¿El Congreso sí funciona así?

J.E.R.: Yo dejé varias constancias. Eso que está viendo el país no son sesiones de control político. Eso es una pantomima que no tiene que ver con el control político. Hasta hoy en el Congreso no ha habido un solo debate de fondo a los casi 40 decretos que sacó el presidente. Recuerden los grandes debates del Congreso con intervenciones a fondo y controversias serias. Ahora nos dan de a tres minutos a cada uno para que todos digamos lo que podamos en tan poco tiempo, y los amigos de Duque aplaudiendo como si fuera Dios.

L.C.V.: ¿El presidente está amarrando al Congreso para hacer lo que quiere?

J.E.R.: Con los números sobre la mesa, el Gobierno tiene mayoría en el Congreso. Y si incluimos por debajo de la mesa a los que están con Duque pero posan de independientes, resucitaron el Frente Nacional. Es obvio que a ninguno de ellos les interesa el control político. Los duquistas más abiertos dicen que si uno critica a Duque es porque no quiere unirse por el progreso del país. Eso es macartismo, y sí veo a la Casa de Nariño con la estrategia de que el Congreso no opere.

L.C.V.: Eso suena a dictadura gracias a la pandemia…

J.E.R.: Es un hecho que el control político no se está dando. Casi 40 decretos con unos alcances descomunales y no hemos podido hacer un solo debate al respecto. Yo tengo muchas cosas que decir, y así muchos otros. Estamos en un remedo del control político que debería hacer el Congreso.

“Por ahora no veo las condiciones para abrir”: Claudia López

L.C.V.: ¿Cómo ve el manejo de la pandemia en Colombia?

J.E.R: Colombia es de los países mal preparados para enfrentar una pandemia como esta. Porque tenemos un sistema de salud con muchas debilidades y una economía muy subdesarrollada, tanto que tiene un producto per cápita de apenas 6.500 dólares. Esto se expresa bien en que, antes de la pandemia, teníamos 60 por ciento de la población entre desempleados e informales. Ojalá esté equivocado, pero nos va a golpear muy duro.

L.C.V.: ¿Y cómo ve al Gobierno en su respuesta?

J.E.R.: El Gobierno se quedó corto en entender la gravedad del asunto, y no está tomando todas las medidas que debería tomar. Se necesitan muchos recursos públicos para atender el sistema de salud, la pobreza de la gente, y respaldar el aparato económico, que se está resistiendo mucho.

L.C.V.: ¿Qué debe ser prioridad en la economía?

J.E.R.: Yo le envié una carta al presidente proponiéndole aumentar bastante el gasto en salud, en necesidades sociales, para atender a los pobres, a los nuevos pobres: los desempleados, y para respaldar la actividad económica. Porque la actividad privada sola no puede salir adelante, ni siquiera la empresarial, en la que se genera el mejor empleo. Le hice cinco propuestas sobre dónde conseguir recursos extraordinarios. Pero él, en general, está haciendo cosas diferentes.

L.C.V.: ¿Eso significa que la mejor manera de financiar esta pandemia es con deuda?

J.E.R.: Veo al presidente y al ministro Carrasquilla pegados a la ortodoxia neoliberal, y no puede ser así. Hay que reorientar el gasto público. Otra propuesta es tomar con todo cuidado unos dólares importantes de las reservas internacionales que tiene Colombia en el exterior, que son unos 53.000 millones de dólares. Yo hablé de 5.000 millones de dólares. Le planteé crear condiciones para refinanciar parte de la deuda externa pública, la que sea posible.

Coincidí con otras voces que también plantean recurrir a los créditos de emisión del Banco de la República; y, por último, no de forma inmediata, se debe tocar el sistema tributario porque la última reforma nos montó en un mundo que no existía y que ahora existe menos. Pero no se puede con ortodoxia, porque ni Colombia ni ningún país pueden enfrentar este problema como si no hubiera pasado nada.

L.C.V.: ¿Usted cómo ve a los bancos, que han recibido tantas críticas en estos días?

J.E.R.: El aumento de la liquidez a favor de ellos ha sido inmenso. El Banco de la República está emitiendo, así digan que no. Lo que pasa es que esa liquidez no le está llegando al sector productivo como debería ser. Y hay decisiones tan equivocadas como regalarles 500.000 millones de pesos de utilidades a los bancos, cuando eso se habría podido hacer por medio del Banco de la República, ahorrándole ese costo al Estado, o haberle aportado ese dinero a los productores y al empleo.

L.C.V.: Explíquenos…

J.E.R.: La cifra de la Superintendencia Financiera sobre los créditos refinanciados a las empresas es de apenas el 12 por ciento de los 110 billones que se han reestructurado. Esa es una prueba aritmética de que la plata no está llegándoles a los que generan riqueza y empleo importante.

Acopi se queja de que no están llegando los recursos a las pymes, y lo mismo dicen las no pymes, que son mayores. Le pedí al ministro Carrasquilla que nos explicara si una parte grande de esa liquidez no se la habían gastado los bancos en recomprar sus propias acciones, para valorizarlas, porque lo cierto es que el incremento del precio de las acciones de los bancos fue muy alto en la semana siguiente en la que hubo la transferencia más grande que les hizo el Gobierno.

L.C.V.: En Estados Unidos, el presidente Trump entregó cheques a la gente para que, ante el desempleo, no se quede sin plata. ¿Esa debe ser la alternativa?

J.E.R.: Esa puede ser una. Y puede haber muchas otras, pero todo empieza con cuánta plata tiene el Gobierno para aportar. Si hacemos los cálculos per cápita de lo que está gastando Colombia frente a lo que está gastando Estados Unidos, la Unión Europea o, por ejemplo, Perú, lo que estamos gastando es bastante poco. De entrada, ellos están poniendo en la operación el 10 por ciento del PIB. Aquí estamos apenas en 5 por ciento. Carrasquilla y el presidente tienen que ponerse a tono con las urgencias en las que estamos.

«Casi 40 decretos con unos alcances descomunales y no hemos podido hacer un solo debate al respecto».

L.C.V.: Esta semana que pasó, el agua llegó a valer más que el petróleo. Quedamos más expuestos que nunca al petróleo…

J.E.R.: En la pandemia hay dos tipos de países. A los que les va a ir mal y a los que les va a ir muy mal. Colombia está en ese segundo grupo, aunque también habrá algunos a los que les vaya peor. Porque aquí, además de la pandemia, tenemos un problema gravísimo con la caída de los precios del petróleo, dado que se cometió el error garrafal de poner casi todos los huevos en la canasta del petróleo; error que muchos advertimos. Y ahora nos coincide la superproducción petrolera, que puso en guerra de precios a Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos, con la gran caída del consumo, debido a pandemia. Nosotros quedamos en el peor de los mundos. La vida nos ha venido dando la razón a quienes hemos sido calificados por décadas como locos.

https://www.semana.com/nacion/articulo/jorge-robledo-habla-con-luis-carlos-velez-sobre-emergencia-por-coronavirus/665967

13.20.-Ley de pronto pago debe llegar rápido – CAMILO DÍAZ

 En la recuperación económica que tendrá que ser apoyada por el estado, sancionar la ley de pronto pago para las pymes es imprescindible para apoyar su reactivación.

Las pymes son las unidades productivas que están enfrentando los mayores efectos adversos de la situación económica que se ha derivado de la propagación del coronavirus, que ha paralizado la actividad económica de todos los sectores. El choque del coronavirus frenó ambos lados de la economía, tanto la demanda llevando a un confinamiento casi global de los consumidores en sus casas, como también impactó la oferta, frenando la actividad manufacturera y de provisión de servicios, aunque estos últimos en menor medida. 

  • Que llegue el crédito

25 abr 2020.- En medio de las tensiones económicas son las pymes las que sufren de manera más rigurosa los desbalances económicos, cuando el canal del crédito se cierra son las primeras en perder el acceso a liquidez, así mismo son consideradas más riesgosas, y el capital que poseen impiden que puedan sobrevivir periodos de tiempo prolongados sin ventas o sin obtener recursos de financiamiento. Pese a las mayores debilidades en comparación con empresas de mayor tamaño, son las pymes las que proveen más del 80% del empleo formal del país. Sencillamente de cada 10 empleos formales, 8 son provistos por las pymes, algo que evidencia su importancia para que el empleo se mantenga o se generen nuevos puestos.

Con el canal de crédito cerrado, o al menos restringido, puesto que los bancos van a ser más exigentes a la hora de evaluar y otorgar nuevos créditos, la principal fuente de liquidez que tendrán las pymes para operar son las cuentas por cobrar que tienen represadas. En la actualidad los plazos de pago llegan a superar los 120 días, lo que en términos concretos significa que mientras una pyme recibe menos de tres pagos en el año desde sus clientes, hace muchos más a sus proveedores, y debe hacer los doce pagos reglamentarios de nómina y prestaciones sociales de sus empleados. Ese descalce entre el financiamiento que hacen a sus clientes, y las obligaciones que deben cubrir para poder operar, es un pesado lastre que impide que las pymes crezcan, las pone en riesgo permanente, y constriñe el potencial de demanda por nuevos empleos de calidad.

Por eso es necesario que entre los mecanismos de reactivación económica el Congreso y el Ejecutivo sancionen la ley de pronto pago para las pymes, con el fin de que los negocios que hagan entre ellas, frente al Estado, y frente a empresas de mayor tamaño tengan plazos de pago justos. Lo anterior cumple importantes objetivos: mejora la liquidez de estas empresas, disminuye su riesgo de crédito al mejorar el indicador de las cuentas por cobrar, y fortalece sus flujos de caja, con lo cual quedan mejor preparadas para enfrentar la debilidad en la demanda que existirá luego de que se logren controlar los riesgos en la salud humana del coronavirus.

El principal recurso que necesitarán las pymes para operar es liquidez, pero no solo en forma de créditos, porque al final del día sus deudas las tendrán que devolver con intereses y ese mayor costo financiero va a golpear su capacidad para invertir o apalancarse para ampliar sus operaciones, además, obtener liquidez exclusivamente a través de crédito eleva su vulnerabilidad, por eso el mejor instrumento que pueden tener es que sus cuentas por cobrar se conviertan en efectivo rápidamente, y se evite que el costo financiero que asumen al tomar crédito para financiar a sus clientes, sea un costo que es ahorrado por empresas más grandes que tienen acceso a mejores condiciones de financiamiento en el mercado bancario o el mercado de valores.

  • Durante el coronavirus el interés es el rey

Definitivamente uno de los mejores instrumentos de política pública para apoyar a las pymes es la mencionada ley de pronto pago, una porción sustancial de pequeñas y medianas empresas lograran reactivarse y reincorporar a sus empleados si el dinero que les adeudan llega pronto a sus balances, en ese aspecto mejor que crédito, las pymes preferirán que se les pague porque esos pagos mejoran todos sus indicadores y las fortalece para hacer frente a tiempos adversos.

https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/columna-camilo-diaz-25-de-abril-ley-de-pronto-pago-debe-llegar-rapido/284568

  • 12.20.-Fiscalía, hacinamiento carcelario y COVID-19 – RODRIGO UPRIMNY
  • Los condenados de la tierra- CRISTINA DE LA TORRE
  • Carta abierta al presidente Márquez y a la SAC OSCAR GUTIÉRREZ

El hacinamiento carcelario implica un riesgo enorme frente al COVID-19 pues impide el aislamiento social, que es necesario para reducir el contagio. Basta entonces que llegue el coronavirus a un centro penitenciario para que todos los internos de esa cárcel estén en peligro.

12 abr 2020.- En Colombia el hacinamiento es muy alto. En diciembre de 2019, según el INPEC, estaban privadas de la libertad 123.802 personas mientras que el sistema penitenciario tenía una capacidad de 80.260 cupos; el hacinamiento era de 54 %, que es muy elevado. En ciertos centros penitenciarios el hacinamiento es aún peor: en Santa Marta es superior a 300 %, en Itagüí sobrepasa el 200 % y en Cali es cercano al 200 %.

Puede haber cárceles que sin estar hacinadas no aseguren condiciones dignas de reclusión, pero lo que no existe es una cárcel hacinada que respete la dignidad de los internos. El hacinamiento debe entonces ser combatido en todo tiempo. Pero hoy, con COVID-19, que el Estado no corrija el hacinamiento es criminal pues quienes están en las cárceles no fueron condenados a muerte, sino que su libertad fue suspendida temporalmente. Es deber entonces del Estado, que tiene a estas personas bajo su control, tomar todas las medidas para proteger su vida.

El Estado debe acabar hoy el hacinamiento y puede hacerlo, sin poner en riesgo a la ciudadanía. Varias organizaciones de derechos humanos, agrupadas en la comisión de seguimiento a la sentencia T-388/13 de la Corte Constitucional, que declaró un estado de cosas inconstitucional en las cárceles, hicimos propuestas precisas que permitirían acabar temporalmente el hacinamiento. Algunos ejemplos: frente a detenidos, sustituir la detención por otras medidas cautelares, como la vigilancia electrónica, para quienes no representen riesgo social; frente a condenados, otorgar libertad condicionada o prisión domiciliaria durante la emergencia por COVID-19 para quienes hayan cometido delitos que no sean graves ni violentos. Y hay varias más.

El Gobierno propuso un borrador de decreto legislativo que es positivo pues recoge este tipo de propuestas y permitiría reducir el hacinamiento, sin riesgos a la sociedad. Es cierto que el texto tiene problemas: por ejemplo, el Gobierno habla de liberar 10.000 personas cuando la sobrepoblación es superior a 40.000 y el texto excluye de excarcelación algunos delitos leves, como el hurto calificado sin violencia. Pero el borrador va en buena dirección y sus problemas pueden ser corregidos.

Sin embargo, el nuevo fiscal general ha atacado esta posibilidad de excarcelaciones para acabar el hacinamiento, al menos mientras dura el COVID-19. Algunas de sus propuestas alternas, como habilitar ciertos bienes a cargo del Estado como cárceles, son interesantes a largo plazo, pero son inviables en el corto plazo. Y el riesgo del COVID-19 es inminente. En cambio, las críticas del fiscal a las excarcelaciones son difíciles de debatir pues sus declaraciones y el documento técnico de la Fiscalía son poco claros. Sin embargo, las tesis que uno logra entender carecen de sustento técnico o jurídico. Menciono solo algunas: que la criminalidad es más peligrosa que la pandemia, cuando nadie está proponiendo liberar a los criminales peligrosos; que la excarcelación no tiene conexidad con la emergencia declarada por COVID-19, cuando es obvio que busca reducir la propagación del coronavirus en las cárceles; que la excarcelación no garantiza que la persona liberada no se contagie, lo cual es obvio, pero es igualmente obvio que su riesgo se reduce, etc.

Ojalá me equivoque, pero si el Gobierno le cree al fiscal y no toma medidas rápidas para acabar el hacinamiento, seremos testigos de nuevas tragedias en las cárceles.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

https://www.elespectador.com/opinion/fiscalia-hacinamiento-carcelario-y-covid-19-columna-914005

12.20.-Los condenados de la tierra- CRISTINA DE LA TORRE

El desplazamiento forzado, ¿estrategia de reordenamiento territorial?/ verdadabierta.com

Tienen el 19 % de la tierra, pero producen el 78 % de los alimentos que llegan a la mesa de los colombianos. Trabajan de sol a sol y, en esta crisis que desafía los límites de la supervivencia, trabajan de sol a luna: son los labriegos de la economía campesina. Tras la exuberancia de las cosechas anida el sarcasmo de su propia hambre, causada por piratas que devoran tierras a sangre, fuego y fraude contra el pequeño fundo. Más productivo, sin embargo, que la gran explotación agrícola. Colombia es uno de los tres países con mayor concentración de la propiedad rural en el mundo y la reforma agraria ha sido el hazmerreír de sus élites. Único de Occidente que por ese motivo principal padeció una guerra de 60 años, expulsó del campo a la mitad de su gente y elevó hasta 70 % el porcentaje de pequeños campesinos sin tierra.

14 abr 2020.- Suplica la Acción Comunal de Usme reducir precios a los insumos agrícolas, fortalecer la distribución de alimentos de los campesinos y controlar sus precios en el mercado; pero esta es letanía centenaria que los dioses siguen ignorando: no conceden ellos siquiera modestas gracias de pancoger. Tal vez presientan, daga en mano, el estallido campesino que exija ejecutar el mandato constitucional de redistribuir tierra y modernizar el campo. Reforma rural afirmada en razones de justicia y de eficiencia económica. En palabras del investigador Alejandro Reyes, la distribución de activos productivos como la tierra acelera el crecimiento y desata el potencial productivo, hoy limitado por el monopolio rentístico de la tierra.

Explica Reyes que el acaparamiento de las mejores tierras por las élites de las regiones forzó la colonización campesina de tierras inhóspitas. A ello se sumó después el desplazamiento por la guerra: entre 2005 y 2014, 2’996.000 campesinos huyeron de sus fundos, la mayoría pequeños propietarios; se despojaron ocho millones de hectáreas, en proceso que alcanzó su clímax entre 2005 y 2008. Mientras las guerrillas buscaban la toma del poder, los paramilitares y sus aliados en la sombra –políticos, empresarios, ganaderos, se recordará- apuntaron a reconfigurar el poder regional a partir del despojo y el desplazamiento. Miles de inversionistas compraron a huevo fincas despojadas y grandes hacendados corrieron cercas hacia los minifundios. El intento más reciente por honrar la legislación agraria es la Ley de Restitución de Tierras, perseguida con saña por la caverna en pleno, en cabeza de la senadora María Fernanda Cabal.

El cambio no dará espera. Recobra ya vigencia la reforma rural suscrita en el Acuerdo de Paz y elevada a norma constitucional para formar un fondo de tierras con destino a campesinos que las necesitan, con predios recuperados de la usurpación y otros expropiados por interés social. Ejecutar programas de desarrollo con enfoque territorial, mediante intervención del Estado asociado a la comunidad. Entregar bienes y servicios públicos en infraestructura, desarrollo social e impulsar la agricultura familiar. Apoyar el ingreso rural y la producción de alimentos. Suministrar crédito, asistencia técnica y medios de comercialización. Aumentar la producción agrícola para garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos. Buscar, en suma, la transformación estructural del campo, con miras a la democracia y al desarrollo rural.

Pasado el virus que desnudó la crisis del sistema, se abrirá el muñequeo entre élites que querrán cosechar en los despojos del trauma para acabar de arrinconar al campesinado, y las organizaciones sociales repotenciadas por vivencias de penuria que no querrán repetir: exigirán el cambio en calles y veredas. No será fácil “resolver” esta vez la crisis por aplastamiento de los condenados de la tierra.

https://www.elespectador.com/opinion/los-condenados-de-la-tierra-columna-914411

12.20.-Carta abierta al presidente Márquez y a la SAC – OSCAR GUTIÉRREZ 

Y, en medio de esta realidad, el gobierno nacional aplica, a rajatabla, los tratados de libre comercio que tanto daño causan a la producción nacional, permite el ingreso -con aranceles cero- de maíz amarillo, soya, torta de soya y sorgo, favoreciendo la producción extranjera y beneficiando monopolios de la especulación financiera y la comercialización y, condenando a miles de productores, al hambre y la miseria.

Señor
Iván Duque Márquez
Presidente de la República

Señor
Jorge Enrique Bedoya V
Sociedad de Agricultores de Colombia

Cordial saludo

Revisadas una a una las poquísimas medidas tomadas por el gobierno nacional para atender las dificultades creadas por el coronavirus, en las zonas agrarias, el balance es lamentable. Las mismas, podrían resumirse en dos grandes bloques.

Uno, las platas ofrecidas -más no entregadas- para préstamos a pequeños productores, 600 mil millones de pesos -según anuncios de los funcionarios oficiales- y, suma igual, para medianos y grandes empresarios del agro para, un total asignado, de 1 billón 200 mil millones de pesos.

A esa suma agréguense 140 mil millones de pesos para extender el plazo -hasta por dos años- para el pago de obligaciones que hacen parte de alivios aprobados por el Fondo de Solidaridad Agropecuaria -FONSA- hace casi dos años y que cobijan a 138 mil deudores, pequeños y medianos productores del agro.

Y, señalamos que son créditos ofrecidos más no entregados ya que, los recursos anunciados, según declaraciones del presidente del Banco Agrario, Francisco José Mejía, hasta el 10 de abril han “beneficiado a 17.000 productores agropecuarios con créditos por $88.000 millones, a 1.600 productores medianos con créditos por $38.000 millones y se han colocado $107.000 millones en empresas de la cadena agropecuaria”.

Y, agregó,” se dieron alivios a 15.437 productores por un valor de 153 mil millones de pesos” *. Una investigación de la Contraloría General de la Republica concluye que de los recursos para el agro asignados para Finagro, se han entregado -al 8 de abril- por la línea de crédito Colombia Agro Produce 226 mil millones de los cuales 213 mil 566 millones han ido a grandes beneficiarios, para actividades que no son de producción, 8,300 millones para medianos y tan solo 4,200 millones para pequeños productores.

 Una concentración del crédito 196 mil millones para rubros de comercialización y o transformación costos operativos y anticipos de los 50 que han tenido crédito. Más claro, imposible. **

Unos alivios escasos -es la verdad- que dejan por fuera de cualquier solución a sus deudas a miles de productores con procesos judiciales -en los que pueden perder sus tierras- y recursos para créditos que, aunque con tasas de interés reducidas y con un año de gracia, solo obtendrán productores que tengan condiciones y facilidades para que, se los aprueben.

Miles de campesinos, indígenas y productores pequeños y medianos, así tengan respaldo del gobierno, a través del Fondo Agropecuario de Garantías, -FAG- hasta en un ochenta por ciento del valor del crédito, no podrán adquirirlos porque, no tienen como avalar el 20% restante. Y los bancos, sin garantía, no prestan. En resumen, préstamos y escasísimos alivios, que no rechazamos, pero que son insuficientes para las gentes que, con su trabajo, producen el 65% de los alimentos que consumimos los colombianos y créditos por miles de millones para grandes comercializadores e intermediarios.

Este es el primer bloque de medidas del gobierno nacional. Y, debe señalarse nada sobre la Ley de Alivio que el gobierno dijo presentaría al Congreso de la república, el 16 de marzo.

El segundo bloque podría resumirse así: Lávese las manos, desinfecte herramientas, casas y áreas de habitación de los trabajadores, solo salga uno a hacer las compras que requieran, no deje entrar extraños a la finca y fumigue las áreas comunes. Disposiciones generales repetidas en protocolos, circulares, resoluciones, cuñas radiales y, hasta hojas volantes del Ministerio de Agricultura, algunos Gobernadores y dos o tres gremios del sector que, aunque son medidas que deben adoptarse, no cuentan con plata del gobierno nacional para poderlas aplicar.

En las zonas agrarias, con la ley 100, acabaron los puestos de salud y las brigadas de médicos y otros profesionales que atendían la población rural. Frente al coronavirus no hay recursos para adquirir los exámenes que detecten la enfermedad, no hay inspección y vigilancia sanitaria que evite la expansión del covid-19, ni agua potable, suficientes útiles de aseo, mascarillas y demás materiales que permitan -al advertir la presencia del virus- disponer de procedimientos que aseguren el tratamiento para los infectados.

Particularmente grave es la situación de los municipios donde se recogerá la cosecha cafetera. De abril a junio deben recolectarse seis y medio millones de sacos de café. Los trabajadores necesitan recoger ese café para sostenerse ellos y sus familias y los cafeteros para pagar deudas, sostener el cafetal y su hogar. Sin embargo, no se dispone de sistemas seguros para el desplazamiento de los trabajadores. Parece ser que la consigna del gobierno y la institucionalidad cafetera fuera, frente a la cosecha, ¡Sálvese quien pueda!

Y, si en el café sucede lo reseñado, en los demás productos, la situación es similar. El agro no se puede confinar. Los trabajos para garantizar los alimentos tienen que continuar. Hay que ordeñar vacas, alimentar cerdos, atender cultivos y demás faenas del agro. Pero, ante la epidemia, millones de campesinos, indígenas, trabajadores y empresarios agrícolas nacionales están totalmente desprotegidos. Aparte de la promesa de entregar -a los mayores de 70 años- unos pocos pesos, no hay, en las medidas del gobierno nacional, ninguna que proteja realmente la salud y el trabajo de los habitantes de las zonas rurales.

Millones de productores agropecuarios, padecen graves dificultades desde arar la tierra y sembrar, adquirir fertilizantes y demás insumos –escasos y cada día más caros- disponer de mano de obra para los quehaceres del agro, transportar y, sobre todo, comercializar, hasta lograr vender, cuando lo logran, -con precios de compra remunerativos y estables- el fruto de su trabajo.

Y, en medio de esta realidad, el gobierno nacional aplica, a rajatabla, los tratados de libre comercio que tanto daño causan a la producción nacional, permite el ingreso -con aranceles cero- de maíz amarillo, soya, torta de soya y sorgo, favoreciendo la producción extranjera y beneficiando monopolios de la especulación financiera y la comercialización y, condenando a miles de productores, al hambre y la miseria.

Presidente Duque, en Dignidad Agropecuaria valoramos a la gente no por las palabras sino por los hechos. Se requiere una política agrícola nacional que garantice seguridad y soberanía alimentaria produciendo -en el campo colombiano- los alimentos que requieren los colombianos. Los productores somos capaces de hacerlo si el gobierno nos ayuda y nos dejan cumplir nuestro papel.

Dignidad Agropecuaria Colombiana
Comité Ejecutivo Nacional

Aprobación virtual
Abril 16 de 2020 

*Video con la intervención del Gerente del Banco Agrario
Sesión por la señal institucional del 10 de abril de 2020
**Documento de la Contraloría Delegada para el sector Agropecuario
Línea de Crédito Colombia Agro produce. 

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/31444?.intl=e1&.lang=es-US&.partner=none&.src=fp     

  • 11.20.-Élites: la mano al dril CRISTINA DE LA TORRE
  • Líderes sociales en tiempos de coronavirus RODRIGO UPRIMNY
  • La paradoja de las importaciones en la pandemia –  OSCAR GUTIERREZ

¿Pródiga, rentable o provocadora? La donación de $80.000 millones de Luis Carlos Sarmiento para mercados e instrumental médico en la pandemia podrá ser genuino acto de desprendimiento, eficiente inversión en publicidad o bien ofensa para los excluidos que ven caer migajas de la mesa del rico Epulón, cuya fortuna se estima en US$12.000 millones. En bumerán podrá terminar la feria de vanidades que, acaso en dolor de patria, ha montado la élite económica para escamotear su deber de aportar, codo a codo con el Gobierno, a la solución de la crisis. Principiando por allanarse al clamor de una reforma tributaria que elimine las exenciones recibidas y grabe patrimonio e ingresos —dividendos comprendidos— de los privilegiados. Una reforma que honre el principio constitucional de tributación equitativa, eficiente y progresiva.

7 abr 2020.- Rica fuente de recursos cuando se busca hasta el último duro para evitar el contagio, el hambre, el desempleo y la quiebra de las empresas pequeñas y medianas, que generan 17 millones de empleos. Para evitar el derrumbe del aparato productivo. Así lo propone inclusive Eduardo Lora, tras deplorar la ruidosa ausencia de aquella élite en el duro trance. En foro de Eafit, insta el exdirector de Fedesarrollo a prepararse desde ya para una crisis prolongada.

Que no todo es roya en el cafetal lo dicen, primero, la explosión de manos que se tienden hacia el necesitado y la consagración de los campesinos a producir alimentos. Segundo, el prematuro compromiso de firmas como Arturo Calle, Crepes & Waffles y Cine Colombia con la preservación de los salarios de sus empleados, pese al cierre temporal de actividades. Muchas empresas, cómo negarlo, se han mostrado solidarias. Pero otras tantas parecen más proclives a exhibir su cristiana caridad: $2.000 milloncitos aquí, $9.000 allá, $15.800 más allá; y una meta heroica de $35.000 mediante vaca de Andi, Cámara de Comercio, Camacol y Asobancaria en Bogotá. Lánguidos óbolos comparados con utilidades como la del sector financiero que en agosto pasado llegaban a $65,2 billones, y sus activos, a $1.888 billones. Tras los $273 billones que los fondos privados de pensiones acaparan, se encuentran Sarmiento Angulo, el Grupo Empresarial Antioqueño y el Grupo Bolívar.

En $50 billones se calcula el valor de subsidios al empleo, protección a empresas medianas y pequeñas y apoyo a la producción nacional durante tres meses. Salvo el gran empresariado que ha medrado al calor del neoliberalismo, proponen los estudiosos financiar ese monto con emisión monetaria, parte de los US$ 53.000 millones en reservas internacionales, los $15 billones de regalías y pensiones regionales, crédito con el FMI y un préstamo directo del Banco de la República al Gobierno, sin la inútil y onerosa intermediación de la banca privada, siempre lista a socializar pérdidas y capitalizar ganancias.

La acción del Estado, indelegable, habrá de concentrarse en reducir el avance del virus, en dar alimento a los necesitados, en proteger el empleo y asegurar la producción de bienes indispensables. En lugar de subsidiar a los muelles dueños de grandes empresas, deberá demandar su concurso para enfrentar la crisis más grave que agobia al país en un siglo. Al menos en reciprocidad por los incontables favores recibidos del Estado y de la ciudadanía. ¿A qué tanta reticencia de los ricos cuando se trata de salvar la vida y el ingreso de millones de colombianos? ¿No alcanzó su largueza sino hasta el impuesto de guerra que pagaron sin chistar ni preguntar cuántos cientos de miles de civiles inocentes morían en ella? Si se trata ahora también de un impuesto por la vida y por un futuro mejor, ¿cómo no meterse a tiempo la mano al dril?

https://www.elespectador.com/opinion/elites-la-mano-al-dril-columna-913283

11.20.-Líderes sociales en tiempos de coronavirus – RODRIGO UPRIMNY 

La crisis ocasionada por el COVID-19 es tan grave, que ha opacado temporalmente los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros reinsertados. Pero es necesario mantener nuestra atención sobre esta violencia para exigir del Gobierno y la Fiscalía medidas eficaces para prevenir estos crímenes y para que los responsables sean sancionados, sobre todo porque la matazón continúa.

5 abr 2020.- En estas semanas mataron al menos a seis líderes: Marcos Rivadeneira, quien lideraba procesos de sustitución de cultivos, fue asesinado en Putumayo. También fueron asesinados Ivo Bracamonte, exconcejal y líder de Puerto Santander (Norte de Santander); Ángel Quintero, líder de la Asociación de Mineros Artesanales y presidente del Concejo de San Francisco (Antioquia); Ómar Guasiruma y Ernesto Guasiruma, líderes del pueblo indígena embera en el Valle del Cauca, y Luis Soto, exconcejal de La Apartada (Córdoba).

Esta violencia también ha afectado a excombatientes reinsertados. En Bogotá fue asesinada Astrid Conde; en San Vicente del Caguán (Caquetá) fueron asesinados Irnel Flores y Belle Carrillo, y en Macarena (Meta) fue encontrado el cuerpo sin vida de Albeiro Gallego. Con estos casos, el número de homicidios contra excombatientes superó los 190.

Los asesinos no han dado tregua ni siquiera por la pandemia. Por el contrario, han aprovechado las medidas de aislamiento social para atentar más fácilmente contra líderes que estaban recluidos en sus hogares, como sucedió con los dos líderes emberas asesinados.

Las reacciones de las autoridades han sido en general decepcionantes. El Gobierno se resiste a reconocer la sistematicidad de esos crímenes, que su estrategia para prevenirlos no está funcionando y que es apremiante ajustarla, en consulta con organizaciones sociales y de derechos humanos. La Fiscalía no muestra resultados significativos, pues no ha logrado elucidar quiénes son los autores intelectuales de estos crímenes, que es lo esencial.

Algunos congresistas, especialmente de la oposición, han alzado su voz contra esos asesinatos, pero el Congreso como institución está en total silencio, pues lleva meses sin reunirse, a pesar de que el 16 de marzo empezaron las sesiones ordinarias. Los presidentes de Senado y Cámara no han citado a sesiones con el inaceptable argumento de que no pueden reunirse físicamente, por riesgos de contagio, pero tampoco pueden hacerlo virtualmente, por carecer de bases jurídicas. Esto no es cierto, pues una interpretación adecuada del artículo 140 de la Constitución, tomando en cuenta el principio de continuidad de funcionamiento de las instituciones, faculta al presidente del Senado a citar a esas reuniones virtuales. Lo que es realmente inconstitucional es que el Congreso no esté funcionando mientras siguen asesinando líderes sociales y el presidente ejerce poderes de emergencia.

Una luz de esperanza en este difícil contexto es la decisión de la jueza 45 civil del Circuito de Bogotá frente a una tutela que presentaron varios líderes sociales amenazados, apoyados por organizaciones sociales y de derechos humanos como Cajar, ONIC, Somos Defensores, el CSPP y Dejusticia. En una notable sentencia, la jueza amparó el “derecho a defender derechos” de los líderes sociales y dio órdenes al Gobierno y a la Fiscalía que van en buena dirección, pues permitirían pasar de la protección individual a los líderes amenazados, que es a veces necesaria pero insuficiente, a la búsqueda de unas garantías colectivas que remuevan los factores de riesgo, nacionales y regionales, que ponen en peligro a quienes defienden los derechos humanos. Ojalá el Gobierno, en vez de apelar esa decisión, vea en ella la oportunidad de garantizar eficazmente la labor de los líderes sociales.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional. https://www.elespectador.com/opinion/lideres-sociales-en-tiempos-de-coronavirus-columna-912895 

11.20.-La paradoja de las importaciones en la pandemia –  OSCAR GUTIERREZ 

En medio de la pandemia que está atravesando el país y que nos obliga a estar en casa facilita la comprensión sobre las importaciones masivas de maíz, soya, torta de soya y sorgo, autorizadas por el gobierno nacional, contra todo pronóstico desde la apertura.

10 abr 2020.-.Expidió el gobierno nacional, a través del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el decreto 523 del 7 de abril de 2020 por medio del cual se modifica parcialmente el arancel andino de aduanas para importar maíz amarillo duro, sorgo, soya y torta de soya. En el decreto citado, se toman decisiones para permitir la libre importación -durante tres meses y prorrogables otros tres- de las materias primas señaladas.

La libre importación se hará sin pagar aranceles y, por solicitud del Ministerio de Agricultura, -que es quien propone la modificación arancelaria- con unos topes, “durante la vigencia de la medida*” que no podrán “sobrepasar el volumen de importaciones de 2019”* y, por tanto, sugirió hacer seguimiento sobre los siguientes volúmenes: “para el maíz amarillo duro 2.400.000 toneladas, para el sorgo 24.000 toneladas, para la soya 600.000 toneladas, y para la torta de soya 1.519.787 toneladas”* en las respectivas partidas arancelarias.

Se explica en los considerandos del decreto, además, que “las importaciones de maíz amarillo duro, el sorgo, la soya y la torta de soya alcanzaron en 2019 un volumen de 7.6 millones de toneladas valoradas en USD$ 1.691 millones, al ser un insumo principal para la producción de alimentos balanceados; y que los costos de las cadenas productivas porcícola y avícola resultan dependientes en su estructura de costos (incluyendo la materia prima como el maíz, otra maquinaria e insumos veterinarios) de la cotización del dólar*”.

Acota a continuación que: “debido a la caída del precio mundial de referencia del petróleo y la incertidumbre de los mercados por la situación global, el precio del dólar ha incrementado en los mercados emergentes, cotizándose en promedio al 16 de marzo de 2020 en $4.099,93, lo que ha dificultado la importación de materias primas como el maíz amarillo duro, el sorgo, la soya y la torta de soya”* lo que a decir verdad no es cierto ya que “el precio del maíz, en el mercado mundial, ha bajado más del 20%”**. (Resaltado es nuestro)

Y remata con la siguiente confesión “Que las materias primas como el maíz amarillo duro, el sorgo, la soya y la torta de soya son deficitarias en su producción en el país e impactan hasta el 85% de los costos de producción de bienes de la canasta básica familiar como la carne de cerdo, el pollo, el huevo y el pescado, entre otros”*.

La situación no puede ser peor. Durante más de 25 años, quienes gobiernan la nación, impulsaron la destrucción de los cultivos de maíz, sorgo y soya obligándonos a pasar de ser prácticamente autosuficientes -como lo fuimos hasta 1992- a ser -preponderantemente- importadores netos. Lo hicieron con el argumento de “entregar alimentos baratos a los consumidores colombianos” el mismo que hoy esgrimen para modificar la franja andina de precios y permitir el ingreso de hasta 4 millones y medio de toneladas de estos alimentos. El fracaso de la política es evidente. Corren a rebajar los aranceles para aprovisionar el mercado ya que “el escalamiento de la pandemia del COVID-19 representa una amenaza global con afectaciones al sistema económico de magnitudes impredecibles e incalculables, incrementando la volatilidad de los mercados, de lo cual Colombia no está exenta”*. (Subrayado nuestro).

Es ahí adonde queríamos llegar. Cuando consumaron la apertura económica y, después, los tratados de libre comercio, TLC, académicos, economistas y organizaciones gremiales advirtieron a quienes gobernaban que dejar nuestra seguridad alimentaria en manos de la producción extranjera era un error garrafal que podría costarnos una hambruna si, aquellos a quienes compramos los alimentos dejarán, por cualquier razón, de vendérnoslos. Hoy estamos corriendo ese riesgo, y aunque no se dice en los considerandos del decreto cuantas toneladas hay en existencias, lo cierto es que, si no nos llegaran a vender Estados Unidos o el Mercosur, se morirían millones de cerdos, pollos y peces en el país. Pero, además, la delgadez de la soberanía nacional es colosal. Solo con que Estados Unidos amenace con no vendernos la comida que se requiere, podría obligar más decisiones, de quienes gobiernan, contra la nación.

Para concluir señalemos que respaldamos el reclamo de la Federación Nacional de Cerealeros, FENALCE, sobre el decreto expedido. Este se debe derogar o modificar a fin de garantizar que se compre, a precios remunerativos y estables las cosechas de sorgo, soya y maíz sembradas por los agricultores colombianos y se avalen -en igual condición- las que han de sembrarse en la altillanura, la región caribe y el alto magdalena, entre otras regiones. También deben establecer medidas de control para que lo que se importe no termine vendiéndose a los colombianos en las plazas de mercado como alimentos para seres humanos, cuando se importa para alimentar animales, dado que no cumple los estándares de calidad y sanidad para el consumo humano.

Pasada la pandemia el gobierno insistirá en el “libre comercio” y los TLC, Dignidad Agropecuaria insistirá en luchar por la soberanía y la seguridad alimentaria. Que este pulso sirva de acicate para las contiendas que habremos de enfrentar.

*Decreto 523 del MINCIT abril 7 de 2020
**Carta de FENALCE al Presidente Duque 8 de abril de 2020

 Comité Ejecutivo Nacional Dignidad Agropecuaria Colombiana Oscar Gutiérrez Reyes Director Ejecutivo Nacional Manizales, abril 9 de 2020  ogutier1@une.net.co Para:contactos_oscargutierrez@lists.riseup.net 

 https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/31250?.intl=e1&.lang=es-US&.partner=none&.src=fp 

    • 10.20.-Peligro: el contagio del miedo y el caos social – CECILIA OROZCO
    • Cómo financiar el manejo de la crisis – CÉSAR FERRARI Y JORGE IVAN GONZÁLEZ
    • De regreso al Estado social  CRISTINA DE LA TORRE

De todos los males existentes, el único que le falta a Colombia es la aparición de bandas mafiosas que nos administren el miedo al coronavirus y a sus efectos económicos, como parece estar sucediendo en países mucho más desarrollados que el nuestro. El fin de semana pasado, saquearon supermercados y farmacias en el sur de Italia, fuertemente azotada por la pandemia, debido a que, tras el confinamiento obligatorio y la parálisis de las actividades laborales, la gente tiene hambre. Un grupo organizado de habitantes de Palermo llegó a una de las tiendas tradicionales de la ciudad, llenó sus carritos de alimentos y, después, se negó a pagarlos gritando que, por permanecer en casa, no tiene dinero con qué comprar comida.

1 abr 2020.- En minutos, a esos manifestantes se les unió una turba de compradores que esperaban fuera del almacén y otra multitud que fue llegando al sitio atraída por la bulla. “Las llamadas a la revuelta se extienden como pólvora en las redes sociales”, dice uno de los reportes periodísticos sobre la crisis económica italiana, además, desde luego, de la humanitaria producida por el virus que ya cobraba más de 10.000 vidas, el lunes pasado. Ojalá me equivoque, pero aquí no estamos exentos de sufrir ataques callejeros, no solo porque la pobreza y la extrema pobreza acosan, sino porque los vándalos cibernéticos no están aislados como nosotros: ellos trabajan, febrilmente, desde sus computadores y móviles, lanzando cadenas de noticias falsas —más que falsas, peligrosas— que se propagan con mayor velocidad que el coronavirus. En Bogotá y Medellín, por mencionar dos capitales, sus alcaldías y la policía local tuvieron que intervenir, prontamente, para desactivar el estallido que se hubiera podido presentar.

Sin embargo, una nueva ola de mensajes tuvo éxito pocos días después: llegaron a la plaza de Bolívar y a los comedores comunitarios de Bogotá que se encuentran cerrados por el confinamiento centenares de colombianos y migrantes venezolanos atraídos por la promesa inexistente de que iban a recibir, en esa fecha precisa y de parte de la Alcaldía, bonos para comida y dinero en efectivo. La situación de orden público casi se sale de control y Claudia López se vio obligada a desmentir, en persona, la convocatoria, y a advertir que las ayudas alimenticias llegan a las casas, no a sitios públicos en donde, obviamente, está prohibido encontrarse. En Medellín, otra cadena de WhatsApp que circuló en forma masiva prometía que los tres primeros días de esta semana las organizaciones de supermercados más populares de la ciudad darían un bono de $60.000 a personas de estrato 1 y 2, y otro, de $80.000, a los extranjeros, en una operación que estaría siendo supervisada por la Cámara de Comercio. El alcalde Quintero reiteró en todos los medios de comunicación, e incluso en su cuenta de Twitter, que no se han hecho tales compromisos y le pidió a la Fiscalía investigar si hay bandas organizadas haciendo ese daño y con cuál interés criminal.

En Barranquilla, Bucaramanga, Cali y otras ciudades, muchos de sus habitantes también han caído en la trampa sobre presuntas ayudas en dinero o especie, falsas medidas de pico y cédula para poder salir a la calle a hacer las diligencias que tienen excepción, helicópteros que rociarían con químicos las calles y envenenarían a los seres humanos, predicciones sobre la fecha exacta del fin del mundo y hasta la supuesta eficiencia de métodos para evitar el contagio o para curarse del virus sin apoyo médico. Unos mensajes logran más efectos que otros, pero detrás de todos está la intención de activar el desasosiego y el caos. Lo más inquietante, además del engaño generalizado, es la regularidad de las publicaciones anónimas, el despliegue metódico de sus objetivos, la eficiencia de su difusión, la credibilidad que consiguen y los resultados que pueden provocar. La Policía Informática investiga, pero estos fantasmas, que mutan con rapidez tecnológica, no son fáciles de cazar. Entre tanto, y en medio del estrés social que genera la incertidumbre sobre el futuro de cada uno de nosotros, del país y de la civilización tal como la conocemos, las bandas legales o ilegales que buscan ganar terreno financiero y/o político en medio de la destrucción siguen actuando sin asomo de responsabilidad. El tiempo parece estar a su favor y en nuestra contra. ¿Llegarán, aquí, los saqueos, el levantamiento de unos ciudadanos, el vandalismo callejero y el desafío a la autoridad? No es ficción. Recuerdo como si fuera hoy la noche de los gritos, el temor colectivo, los ataques de vecinos armados con palos contra otros vecinos también armados en los conjuntos residenciales de Bogotá, producidos, precisamente, por una falsa red de mensajes sobre presuntos asaltos en toda la ciudad. Hay que encontrar, ya, a los bandidos que tienen amplias bases de datos antes de que sea muy tarde.

https://www.elespectador.com/opinion/peligro-el-contagio-del-miedo-y-el-caos-social-columna-912248 

10.20.-Cómo financiar el manejo de la crisis  – CÉSAR FERRARI Y JORGE IVAN GONZÁLEZ

Foto: FIndeter La disparada de la devaluación es

De dónde sacar dinero para pasar la tormenta. Colombia tiene más espacio de lo que suele creerse, y el gobierno tiene los instrumentos para hacerlo de inmediato*

30 mar 2020.- ATENDER LO PRIORITARIO

Los recursos no alcanzan para hacer todo lo que el país necesita en medio de esta crisis.

Por eso hay que definir con toda claridad cuáles son las prioridades:

  • Contener el virus,
  • Proveer alimentos a los necesitados,
  • Mantener la vinculación laboral, y
  • Garantizar la producción de bienes y servicios de primera necesidad.

Las demás cosas pueden esperar. Por ejemplo, la inversión en vías o en infraestructura, porque ahora no es preciso estimular el empleo (la gente no puede salir de casa) sino apenas no perder los empleos existentes.

Una vez detenida la epidemia, la economía necesitará estímulos para compensar la caída del gasto privado y afrontar la crisis estructural que puso al descubierto la caída de los precios del petróleo y el carbón.

Con un gobierno endeudado y tasas de interés muy bajas será muy difícil financiar la recuperación, pero aun así será más fácil levantar al país si en este momento hacemos todo lo necesario.

ECHAR MANO DE TODOS LOS RECURSOS

Por ahora necesitamos financiar los gastos privados fundamentales, a cargo de las familias y las empresas, así como los gastos públicos para afrontar la pandemia y los subsidios a cargo de los gobiernos nacional y territoriales.

Todos tenemos que aportar a la solución de la crisis con todo tipo de recursos, porque no bastan los del sector público (Banco de la República, gobierno nacional, gobiernos locales y empresas públicas).

Por eso es bueno que los empleados tengan acceso inmediato a sus cesantías para mitigar la crisis. El financiamiento de las empresas puede provenir de los bancos o de recursos propios en el caso de algunas con liquidez acumulada, y también del Banco Central. El momento amerita medidas extraordinarias.

El financiamiento de los gobiernos nacional y territoriales puede provenir de los fondos existentes, de bonos públicos, de créditos comerciales o preferenciales, internos o externos, y también del banco central mediante emisión monetaria si es el caso.

EL DECRETO 444

La primera medida significativa del gobierno al respecto fue el decreto 444 que crea el Fondo para la Mitigación de Emergencias (Fome). El fondo se alimentará con:

  • Las regalías asignadas a los departamentos y municipios, no utilizadas y acumuladas en el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), y
  • Las pensiones de los trabajadores de los gobiernos territoriales acumuladas en el Fondo Nacional de Pensiones de la Entidades Territoriales (Fonpet).

Al margen del origen de los recursos, es acertado aprovechar todos los fondos públicos, que en este caso serían unos 14 billones de pesos.

Otra discusión es quien debe administrarlos: el gobierno nacional, que tiene la potestad legal para tomarlos en préstamo (supuestamente de manera transitoria), o los gobiernos territoriales, que son sus propietarios y tienen igualmente la capacidad de administrarlos si se lo hubieran permitido.

Por eso la protesta de algunos gobernantes locales ante lo que consideran una acción arbitraria que no les fue consultada, y que afecta sobre todo a los departamentos que dependen de las regalías.

Protestaron, también, por la falta de claridad sobre el destino de los recursos: temen que el Fome acabe apalancando a los bancos y a las grandes empresas en vez de financiar los subsidios sociales o a las pequeñas empresas, o el diferimiento de las facturas de las empresas públicas, o la postergación del cobro de los impuestos locales.

De pronto es importante que el gobierno nacional consulte las decisiones sobre el uso del Fome con los departamentos y municipios.

Otra cuestión compleja es ponderar la necesidad de atender las urgencias y la conveniencia de financiar proyectos estratégicos, con una perspectiva de mediano plazo. La prioridad es el control de la pandemia y de sus consecuencias, pero la sensatez es la única regla a este respecto.

Lea en Razón Pública: Los dineros del Estado en emergencia: ¿cómo se están manejando?

AUMENTAR LA DEUDA EXTERNA

El Estado debe buscar un financiamiento urgente de los organismos internacionales, llámense Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo o Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Aunque el saldo de la deuda pública externa es alto (alrededor del 50% del PIB) es inferior a la de otros países. La de Estados Unidos, por ejemplo, es superior al 100% del PIB. En vista de la emergencia, Colombia puede y debe recurrir al préstamo externo. La puerta está abierta porque el país ha sido juicioso.

Foto: fotoPxFuel

EL PAÍS PODRÍA ENFRENTAR UNA SERIA CRISIS ECONÓMICA.

En cambio, no parece sensato tratar de financiarse en la banca comercial internacional o emitir bonos externos. Los primeros, seguramente, prestarían recursos a tasas elevadas frente a lo que se puede conseguir en los organismos internacionales. Lo segundo encontraría un mercado internacional en condiciones precarias dada la pandemia y el financiamiento que podría obtenerse, si fuera posible, resultaría carísimo.

RESERVAS INTERNACIONALES, CONTABILIDAD PÚBLICA Y GASTO DEL ESTADO

De otra parte, durante los años de las bonanzas del petróleo y del carbón se acumularon reservas internacionales que, en su gran mayoría, hoy están en bonos del Tesoro de Estados Unidos. El monto de las reservas es cercano a los 53 mil millones de dólares. Es posible utilizar una parte de estas reservas para pagar deuda externa más cara.

Y desde el punto de vista estrictamente contable, es posible incluir dentro de los ingresos del Gobierno el mayor valor en pesos que han adquirido las reservas gracias a la devaluación. No tiene sentido que aumente el valor en pesos de la deuda en dólares, presionando el gasto público, pero no aumenten también las utilidades de la banca central por esa misma devaluación para que sean transferidas al gobierno nacional.

En síntesis, el Gobierno y el Banco de la República tienen un amplio margen de acción que no han utilizado. Llegó la hora de buscar fórmulas distintas de las tradicionales.

Es importante confiar en la capacidad contracíclica del gasto y de la inversión pública. Durante los últimos cuarenta años se construyó un discurso muy favorable al mercado, y profundamente sospechoso de las bondades de la intervención del Estado. Es hora de desmontar ese discurso dañino.

CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

La emergencia obliga a garantizar liquidez a tasas de interés reducidas y plazos largos a las familias y a las empresas.

También urge asegurar la solvencia de las instituciones financieras, si estas acceden a otorgar sus créditos a tasas reducidas y a largo plazo. No tendría sentido financiarlas a tasas reducidas para que presten el dinero a tasas elevadas.

Por eso el Banco de la República debe reducir su tasa de interés y establecer líneas de crédito a tasas preferenciales para que las empresas, grandes, medianas y pequeñas, puedan pagar sus costos fijos y mantener su nómina, y las que deben operar lo hagan a un ritmo natural.

Estos préstamos se pueden canalizar a través de la banca comercial, pero si estos no reducen sus tasas, mejor sería canalizarlos exclusivamente a través de la banca gubernamental, que así probará su pertinencia.

En algunos casos las empresas no estarán en condiciones de asumir más créditos, por baratos que sean; en particular, las que no están operando, como los restaurantes o las sastrerías de barrio. En este caso tendrán que recibir subsidios, los cuales a su vez deberán provenir del gobierno nacional y los territoriales. Los municipios parecen ser los más calificados para otorgar esos subsidios, en la medida en que son los que más cerca están y mejor conocen a la gente; los entes de control deberán estar atentos para que no se desvíen los recursos.

EMISIÓN DE MONEDA

Pero hay otras maneras de financiar el gasto público e incluso el gasto privado si fuera necesario.

Los bancos centrales de los países desarrollados, como la Reserva Federal y el Central Europeo, están emitiendo enormes cantidades de dinero para compensar los estragos de la crisis. De igual manera, el Banco de la República debe utilizar los amplios márgenes de maniobra que todavía tiene. Ha llegado el momento de abandonar las ortodoxias monetarias, que han hecho mucho daño, y volverse racionales.

El mecanismo más directo es prestarle al Gobierno. Desde la Constitución del 91 se prohibió que el Banco de la República le preste al Gobierno, a no ser que esta decisión la aprueben todos los miembros de la Junta del Banco. Puesto que la situación actual es muy difícil, el endeudamiento del gobierno con el Banco de la República es razonable.

Entre las modalidades del endeudamiento se pueden mencionar: comprar directamente TES, que implica aumentar los activos financieros del banco, u otorgarle crédito directo y aumentar los activos crediticios del banco.

¿CUÁNTO EMITIR?

Hay que emitir todo lo que se necesite para financiar al gobierno nacional y a los gobiernos locales. Recordemos que sus ingresos disminuirán sustancialmente:

  • En el caso del gobierno nacional, porque la contención de la pandemia reduce notablemente las ventas, la producción y también las utilidades de las empresas, lo cual reducirá el recaudo de los impuestos al valor agregado (IVA) y a la renta – al mismo tiempo que recibe menos regalías petroleras-.
  • Los gobiernos territoriales tendrán menos ingresos por la misma razón y la postergación de los impuestos locales.

 una de las cosas más preocupantes

Y, al mismo tiempo, aumentarán su gasto corriente por los subsidios adicionales que tienen que ejecutar.

Postergar las inversiones públicas, anualmente casi un 1,5% del PIB, no será suficiente para financiar los subsidios: estamos hablando de subsidios, digamos durante dos meses, para pagar la nómina de, supongamos, las empresas que producen el 40% del PIB, y esto equivale al 2% del PIB, si los salarios son a su vez el 30% del valor agregado generado en esas empresas.

Ante la destrucción del gasto privado, ese monto representaría una cantidad adicional del gasto público necesario para sostener el gasto agregado total.

REFORMA TRIBUTARIA

La situación no sería tan difícil si las finanzas del Estado colombiano fueran más adecuadas: el recaudo de impuestos no alcanza para financiar un gasto público capaz de sostener el Estado de derecho, garantizar los bienes y servicios fundamentales para todos, e invertir lo suficiente para que aumente la productividad y se acelere el desarrollo.

Este es el resultado de la desconfianza en el gasto público que, repetimos, se fue asentando durante los últimos 40 años. El último episodio de esta desconfianza es la llamada “Ley de Crecimiento”, que le apuesta a las exenciones y rebajas del recaudo sin resolver la insuficiencia e inequidad del sistema tributario.

Aprovechando los poderes de la emergencia debería proponerse una reforma verdaderamente estructural con un sentido claramente progresivo. Es urgente aumentar las tarifas del impuesto al patrimonio y a la renta de las personas naturales, incluyendo sus dividendos.

Es tiempo de urgencias, de desafíos, y de racionalidad. Con seguridad saldremos de la pandemia. Pero tenemos que salir de la mejor manera sin destruir el aparato productivo.

Las máquinas seguirán allí. Debemos evitar a toda costa la destrucción de la fuerza laboral, no solo por razones humanitarias. También por razones económicas: si no se dispersa y se mantiene, la recuperación de la actividad económica será inmediata y el futuro será mejor.

* Agradecemos la colaboración de Rolando Escobar. Ph.D. en Economía, profesor asistente de la Universidad Javeriana en el Departamento de Economía.

**Ph.D. en Economía, profesor titular de la Universidad Javeriana en el Departamento de Economía.

** Cofundador de razón Pública, Ph.D. en Economía, profesor titular de la Universidad Externado de Colombia en la Facultad de Economía.

 https://razonpublica.com/financiar-manejo-la-crisis/ 

10.20.-De regreso al Estado social   CRISTINA DE LA TORRE

No se ha necesitado (por ahora) una sublevación popular. El coronavirus se encargó de destapar las taras de una economía montada sobre el hambre, la inequidad y el desempleo. De un capitalismo que agota en sus excesos, no digamos la posibilidad del bienestar, sino la supervivencia misma de millones de colombianos. Si muchos vacilan todavía entre morir de hambre o del virus, éste empaña también la rosada aurora del modelo que concentró la riqueza —–como jamás lo registrara la historia— en una élite económica mimada hasta la obscenidad por gobiernos y legisladores. Hasta en la divisa de socorrer a los más pobres con fondos de pensiones que pertenecen a las regiones, alargó el Gobierno la uña para entregárselos a bancos y grandes empresas. Pese a que el Banco de la República acababa de destinarle $23,5 billones a la banca y a que en el mes de agosto pasado amasó el sistema financiero $65,2 billones de utilidades.

31 mar 2020.- Pero, efecto insospechado de la pandemia, ésta le devolvió al Estado control de la salud pública e instrumentos de dirección de la economía. Tras mucho errar y vacilar, apareció el viernes en pantalla el presidente Duque en aparente dominio de su función frente a la crisis. ¿Iniciaba el renacer de lo público que, por efecto de demostración, acaso no tuviera ya reversa? Pasado el trance, tal vez acuse también Colombia el golpe a la globalización que fue panacea de unos cuantos e infierno de la mayoría. Y corrija el rumbo hacia la producción de riqueza con equidad, empleo formal y respeto por el ambiente. Ejemplos hay en la historia reciente: a la Gran Depresión de los años 30 respondió Roosevelt con el New Deal que conjuró la pobreza y el desempleo, y enrutó a Estados Unidos por el camino del Estado social, que hoy volvería a ofrecerse como solución a crisis parecida.

Proponen César Ferrari y Jorge Iván González cambiar en Colombia la mirada de la economía: volver a la inversión pública y aumentarla. Financiarla con mayor recaudo fiscal, mediante tributación progresiva que reduzca exenciones y eleve tarifas de impuestos al patrimonio y a la renta de personas naturales (en particular a los dividendos). Invertir regalías en grandes proyectos de infraestructura —formidables creadores de empleo—; en proyectos estratégicos como el de carreteras de tercer nivel. Frenar el déficit en balanza de pagos, aumentando exportaciones y reduciendo importaciones: reindustrializar. Actualizar el catastro y extraer de allí ingresos vitales para los municipios.

El catastro multipropósito, programa que en buena hora emprende este Gobierno, pintará el mapa de la propiedad rural, de su valor económico, su estado jurídico y su componente social y ambiental. No sólo servirá para tasar el impuesto predial, sino para planificar el desarrollo, en función de la ocupación de la tierra y de su vocación productiva. Queda, sin embargo, una interrogante crucial: ¿por qué aplaza la formalización de los siete millones de hectáreas que están en la raíz del conflicto armado y la identificación de los baldíos abusivamente ocupados?

Con todo ello vendría la reactivación del campo. No apenas para dinamizar la producción, sino para garantizar la seguridad alimentaria. Vencido el virus, Colombia no será la misma. Ya se ha dicho. Será el momento de rediseñar el contrato social. Con menos capitalismo y más humanismo, dirá el profesor Augusto Trujillo; con menos ética del éxito y más ética de solidaridad, con menos competitividad y más cooperación. Con miras al Estado social como alternativa al estallido social. Para que el coronavirus no se ofrezca como problema de orden público sino de política pública. ¿Se rendirá Duque a la evidencia, o disparará contra los indignados?

https://www.elespectador.com/opinion/cristina-de-la-torre

  • 9.20.-Claudia: habemus mando – CRISTINA DE LA TORRE
  • ¿Vender Ecopetrol? Malísima idea – CAMILO DÍAZ
  • los 13 puntos que impulsaron el paro nacional en colombia están en relantina.

Nadie lo adivinó, pero fue como un chorro de luz en medio de las tinieblas. A esta pobre Colombia, vapuleada por vergüenzas y ruines intereses que medran en la complacencia de un Gobierno quebradizo, veleta de terceros, le apareció gobernanta, la líder que faltaba: Claudia López. Se presentó ella para paliar el embate de un virus que se cebaría en medio millón de pacientes severos y podría sitiar por hambre a los millones que viven del rebusque.

24 mar 2020.- Haciendo gala de pundonor, inteligencia y audacia; pese al rival gratuito que celaba su estrellato, Claudia informó, explicó, dimensionó el peligro, reconoció perplejidades, no ocultó sus ojeras de cansancio, conquistó voluntades y dictó medidas de protección para Bogotá. Convocó a un ensayo de aislamiento preventivo de cuatro días, a un “ejercicio de empatía, de conciencia e inteligencia colectiva para aprender y cuidarnos entre todos”. Al primer día, los siete millones de bogotanos se habían recluido en sus casas; y 19 gobernadores habían seguido líneas parecidas, a contrapelo del sabotaje que el presidente ensayara contra sus decisiones en marcha. Entonces éste reculó. Y cuando constató acogida general al aislamiento, decretó cuarentena. Enhorabuena.

A la voz de coronavirus, saltaron prioridades encontradas. Mientras Duque se reunía con el Consejo Gremial (virtual Gobierno en la trastienda), Claudia integraba en sus medidas un sistema de apoyo a quienes viven del trabajo informal mediante transferencias monetarias, bonos canjeables por bienes y servicios, subsidios en especie y servicios públicos gratuitos. El énfasis emana aquí de principios que privilegian la inversión social con acento en los sectores olvidados. A este componente destina en su Plan de Desarrollo el 40 % del presupuesto de la capital.

El Gobierno central, por su parte, se contenta con reforzar subsidios a Familias en Acción, a jóvenes y ancianos. Pero el monto es franciscano comparado con la necesidad, y olvida al mayor contingente de los afectados: los informales, la mitad de la fuerza de trabajo. Tampoco ofrece garantías plenas a los trabajadores formales. Se muestra el ministro del ramo dispuesto a estudiar “algunos casos” de empresas que harían despidos colectivos, mientras el Gobierno asume pago temporal a los cesantes. Contemplaría la posibilidad de exonerar a las empresas del pago de los pocos parafiscales aún vigentes. Y, por supuesto, jamás suprimiría la exención de impuestos a las empresas que este año alcanzaría los $12 billones, aunque sus dueños no hayan creado un solo empleo, como era condición. Bien harían en renunciar a la billonada, que mejor invertida quedaría en la estructura hospitalaria.

Anuncia el empresariado antioqueño aporte de $15.800 millones para dotar nuevas unidades de cuidados intensivos en los hospitales San Vicente de Paul y Pablo Tobón Uribe. E insta a los empresarios a multiplicar estos fondos de auxilio a centros de alta complejidad. Loable iniciativa. Pero ella no puede encubrir el disfrute gratuito de las exorbitantes gabelas tributarias recibidas, bajo el mote políticamente correcto de responsabilidad social empresarial. Ni exonera al Estado de sus deberes en política social.

El trance ha desnudado a un tiempo la tacada de sus líderes y las purulencias de un modelo económico montado sobre la inequidad y el abuso. Son dos las epidemias: la del coronavirus, cuyo dramático aleteo registró oportunamente Claudia López, y la del modelo de mercados sin control que convierte a los más pobres en víctima privilegiada de la crisis. Abre la burgomaestre caminos para paliar la una y moderar la otra, lanzando el salvavidas primero a los más vulnerables. ¿Quién hablaba de una alcaldesa convertida en presidente?

https://www.elespectador.com/opinion/claudia-habemus-mando-columna-910761 

9.20.-¿Vender Ecopetrol? Malísima idea – CAMILO DÍAZ

Cada vez que los precios del petróleo caen, algunas voces apresuradas piden vender Ecopetrol desconociendo cómo opera la empresa.

Los aportes que Ecopetrol ha hecho al país en los últimos diez años superan los $231 billones de los cuales $61 billones han sido utilidades transferidas a la nación y el restante impuestos y regalías. Solamente el año pasado le consignó a la nación la bobadita de $11,4 billones en utilidades, más otros $9 en regalías e impuestos, es decir cerca del 8% del presupuesto de 2019 fue financiado con dinero que puso Ecopetrol. El país no habría logrado ese 2% del PIB en ingresos si la empresa no fuera: primero, mayoritariamente estatal; segundo, bien administrada, en especial los últimos años. Los aportes de la compañía a las arcas públicas incluyen periodos de precios como en 2016 cuando el Brent tuvo cotizaciones similares a las que estamos viendo por estos días.

Se descuadraron las cuentas 

Ecopetrol es una empresa resiliente a la volatilidad de los precios del petróleo porque es una compañía integrada, no solo produce petróleo y gas, también lo transporta a través de Cenit y lo refina en Reficar o en Barrancabermeja. Esto parece desconocerlo quienes piden su venta diciendo que si el barril cae dejará de ser rentable, algo lejos de la realidad.

Aunque en la producción el principal generador de valor de la empresa son por supuesto los precios y las reservas probadas –que Ecopetrol mejoró para llegar a 7,8 años– en el transporte, lo que genera valor es el control de costos, y la gestión del riesgo operacional; en ese segmento los ingresos son en dólares por barril a una tarifa fija determinada por el MinMinas, entonces si los precios del crudo caen los ingresos en pesos por transporte se elevan por dos razones. Primera, la subida del dólar genera más caja en pesos, y segunda los productores buscan enviar más crudo usando oleoductos porque es más eficiente. Entonces una parte de la pérdida en el precio del petróleo se recupera por la devaluación del peso y por los ingresos que aporta el segmento de transporte.

Además, el negocio de refinación que Ecopetrol opera a través de Barrancabermeja y Reficar, es un negocio de márgenes, si los precios del petróleo disminuyen el valor de los derivados no lo hace al mismo ritmo, mientras el Brent cerró ayer a US$27, un barril de gasolina en el golfo de México se negocia en US$56, de tal manera que las ganancias en el segmento de refinación aumentan puesto que el costo de procesamiento no tiene variaciones significativas.

Los ingresos y utilidades que obviamente se van a contraer por los efectos de las cotizaciones son recuperados en buena parte por los negocios de transporte y refinación. En particular Cenit, seguramente pasará de aportar el 30% del Ebitda a contribuir por lo menos con el 45% dada sus condiciones de tarifas y operación aislada de las variaciones de precios. Esto se confirmará en mayo cuando se conozcan los resultados del primer trimestre.

Finalmente, la guerra de precios desatada por Rusia y Arabia Saudita tiene el aliento de las necesidades fiscales que ambos cargan. Es verdad que los costos de extracción de la saudita Aramco son cercanos a US$3 por barril mientras que los de la Rusa Rosneft son de US$20. Pero también es cierto que tanto Rusia como Arabia Saudita necesitan precios mayores de petróleo para balancear sus presupuestos fiscales, Arabia Saudita tiene un punto de equilibrio fiscal con barril a US$83,6 mientras que Rusia a US$42,4. Mantener una guerra de precios prolongada solo llevará a que ambos drenen sus reservas internacionales y deban contratar más deuda para financiarse la cual se encarece en la medida que el valor de sus exportaciones se deteriore.

Exportaciones y producción 

En la práctica, el precio de equilibrio de los productores es el punto de equilibrio fiscal, no el costo de extracción, en la batalla varios productores de Shale de Estados Unidos van a ser eliminados mientras Rusia y Arabia Saudita amplían cuota de mercado, así mismo la mayor oferta de crudo por el incremento en la producción saudí, y la menor demanda provocada por el choque a la economía dado por el coronavirus van a mantener las cotizaciones bajas por un buen tiempo. No obstante, en ese escenario Ecopetrol como empresa integrada está preparada para resistir una situación que pronto será corregida por los mismos productores.

https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/vender-ecopetrol-malisima-idea/283188 

9.20.-los 13 puntos que impulsaron el paro nacional en colombia están en relantina.

Colombia vivió nuevas jornadas de paro nacional a pesar del denominado Gran Diálogo Nacional convocado po el presidente Iván Duque, quien ve inerte cómo la protesta social de gremios sindicales y movimientos sociales  crece, poniendo en riesgo su agenda y, potencialmente, la calidad de su mandato.

27 nov 2019.-En el sexto día de manifestaciones, el mandatario se reunió con los sindicatos que pese al acercamiento convocaron a un nuevo “paro nacional” para este miércoles lo que aumenta la presión a su Gobierno, pues no hubo progresos.

La reunión duró cerca de dos horas y en ella los líderes sindicales y sociales expresaron su rechazo a la intención del Gobierno de no hablar con ellos de los temas específicos de la protesta sino de incluirlos en una conversación general con otros sectores políticos y económicos.

Los representantes del Comité Nacional del Paro insisten en que quieren un diálogo directo con Duque, que ha respondido que las conversaciones “se van a extender a todo el territorio nacional hablándole a la gente de las cosas que nunca ha podido resolver”, dijo Elías Fonseca, miembro de el comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Entre tanto, el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela afirmó que de todos modos no se han levantado de la mesa de negociaciones y que están abiertos a seguir dialogando con Duque siempre sobre la base de sus peticiones. Posteriormente el Presidente Duque aceptó la reunión, pero sólo con cinco delegados. Propuesta que fue echazada. Los miembros dirigentes del Paro son 53.

Los 13 puntos son:

  1. Retirar el proyecto de ley de reforma tributaria, en tránsito en el Congreso./// ¿Dijo el pre. Duque que los 12 billones reservados eran para Agro ingreso seguro? No. El pre. dijo que una comisión técnica compuesta por los ministros de su gabinete determinarían la repartija final. Por favor.
  2. Derogar el decreto del domingo que creó el holding financiero, la empresa que aglutina 18 entidades financieras, lo que conllevaría a una masacre laboral. /// No hace falta que el decreto no diga que no van a echar a nadie, pero que los echan, los echan.
  3. Derogar la circular de Mintrabajo sobre cuándo las empresas pueden terminar los contratos laborales de personas en condiciones de debilidad.///El pre. dijo que esos asuntos deberían discutirse en la mesa tripartita en que se transan los salarios. Buena idea meterle un poco de oxígeno de corporativismo democrático; pero que se vea.
  4. Disolver al Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y depurar la Policía.///Nadie está de acuerdo con los desmanes de los encapuchados. Entonces que se ponga en práctica el nuevo protocolo para Bogotá. Esa es una reforma.
  5. Que el Gobierno no presente la reforma pensional. /// Otro tema para la mesa tripatita de corporativismo democrático. Ni hay suficientes pensionados para tantas agencias, ni la inequidad debe ser perpetua.

6.Que el Gobierno no presente la reforma laboral y que tumbe cuatro artículos del Plan Nacional de Desarrollo que crean la posibilidad de que tengan protección social quienes ganan menos de un salario mínimo porque no trabajan tiempo completo, la de recibir los Beps (una suerte de pensión para quien no alcance a ahorrar suficiente) en un solo pago, el máximo de recursos que puede recibir cada Empresa Proveedora de Salud por recobros al sistema, y el que hace que haya un régimen intermedio de aportes a la salud entre quienes pagan el 16 por ciento y quienes no pagan nada, según sus ingresos./// Otro tema para la mesa tripartita de corporativismo democrático.

  1. Que el Gobierno no privatice ni enajene bienes del Estado. /// Esta es la más odiosa e irracional costumbre de la pandemia neoliberal: feriar entre amigos los bienes del Estado, es decir, de toda la comunidad colombiana. Abuso de autoridad es y corrupción compuesta.
  2. Que el Gobierno cumpla los acuerdos firmados por el gobierno Santos y el actual con estudiantes, organizaciones indígenas, trabajadores estatales, Fecode y los “sectores campesinos y agrarios”. /// Los gobiernos nacen con un debe y un haber. Basta una revisión contable en sana tripartita.
  3. Que el Gobierno tramite con Dignidad Agropecuaria los “temas relacionados con las necesidades de los productores agropecuarios, entre estos la revisión de los tratados de libre comercio y todo lo relacionado con la producción de este sector”/// ¿Sólo el presidente Trump tiene derecho a enderezar los entuertos que la globalización ha arrastrado sin demora?
  4. 10. Que el Gobierno aborde con ‘Defendamos la Paz’ el “proceso de cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz”. ‘Defendamos la Paz’ reúne a activistas del ‘Sí’ al plebiscito por la paz del 2016 a y políticos como el exjefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, y a políticos aliados de Juan Manuel Santos como los exministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera./// Un encuentro para hacer el punto, es necesario.
  5. Tramitar de inmediato en el Congreso los proyectos de ley que aterrizan la consulta anticorrupción./// Quedan pendientes los sueldos estrambóticos de las élites gobernantes.
  6. Derogar el impuesto o “tarifazo nacional” para financiar la empresa Electricaribe.
  7. Definir las políticas ambientales y la protección de páramos con “los representantes de las organizaciones ambientales que se acuerden”. Pendiente.

Los sindicatos rechazan enfáticamente las reformas laboral, tributaria y del régimen de pensiones que aseguran prepara el Gobierno y que este niega, así como un plan de privatizaciones, la falta de compromiso con el acuerdo de paz con las Farc y de medidas contra el asesinato de líderes sociales, entre otras causas.

Políticos de distinto signo han manifestado su apoyo a la institucionalidad colombiana pero al mismo tiempo recomendado a Duque que no haga oídos sordos al clamor de las calles.

En este sondeo están las peticiones puntuales de los convocantes al paro para que dé su opinión sobre cada una de ellas.

 https://malsalvaje.com/2019/11/27/los-13-puntos-que-impulsan-el-paro-nacional-en-colombia/

8.20.-La movida del dólar es sobre todo por las estampidas del capital especulativoLEONARDO ROJAS*

La devaluación del peso no depende de la caída del precio del petróleo (que con el carbón y el níquel no reintegran divisas por ley cambiaria) sino por la revalorización del dólar ante la caída del precio masivo del petróleo y la consiguiente fuga de capitales hacia colocaciones más seguras y rentables. Con razón el Banco de la República reclacifica estos capitales y sus derivados en la Balanza Cambiaria. Verdad que evidencia Leonardo Rojas. La disparada del dólar: el problema era más hondo 

 La caída del precio del petróleo y la subida del dólar han expuesto las debilidades de la economía colombiana y los errores de la política económica. ¿Qué hacer?

Un país vulnerable

El viernes pasado, el precio del dólar superó los cuatro mil pesos. Al mismo tiempo, el precio del barril de petróleo se mantiene por el suelo, y escasean los flujos de capital hacia el país.

 marzo 16, 2020.- Como Colombia exporta bienes de baja tecnología y no tiene poder para fijar precios en el mercado internacional, depende básicamente de las exportaciones y de la entrada de capitales.

De ahí que una caída de la cantidad demandada y/o en el precio del petróleo; o una salida masiva de capitales, tengan fuertes efectos sobre la tasa de cambio, el ritmo de crecimiento económico y el nivel de desempleo.

La crisis

En los últimos días se han producido tanto la caída en el precio de nuestra principal exportación, como la salida masiva de capitales de Colombia.

Este segundo factor no es exclusivo de nosotros, sino que afecta a todas las llamadas economías emergentes. La gráfica siguiente muestra la salida masiva de capitales de estas economías durante los últimos días, una caída apenas comparable con las de los peores momentos de la crisis financiera del 2008:

Fuente: Construcción propia. Datos: Bloomberg.

Indicador construido por Bloomberg a partir del comportamiento de cuatro activos. Los incrementos del índice representan aumentos de los flujos entrantes, mientras que las caídas en el mismo reflejan salidas de flujos de capital.

Las causas

Según la versión que han difundido los medios de comunicación, este caos se debe a la pandemia del Coronavirus y a la imposibilidad de acuerdos entre los países productores de petróleo.

Pero a esta explicación le hace falta un elemento fundamental: la responsabilidad de las autoridades económicas del mundo y de Colombia.

Por eso, para entender lo que sucede y lo que queda por venir, es necesario mirar un poco más allá de los últimos acontecimientos.

Si bien la tendencia a la baja podía estar relacionada con la caída de las expectativas sobre la economía China, desde el año pasado el mercado financiero internacional venia reflejando el agotamiento de la política del crédito barato.

Y a medida que aumenta la incertidumbre sobre el crecimiento en los países desarrollados, también aumenta la salida de capitales de las economías emergentes hacia activos más seguros en esos países.

Lea en Razón pública: Coronavirus: una amenaza a la economía colombiana

Estados Unidos: un exceso de crédito barato

En efecto. Tras la crisis de 2008, la Reserva Federal de Estados Unidos adoptó una política monetaria expansiva, que en su fase final incluyó la llamada “flexibilización cuantitativa” (´Quantitative Easing`). Esta política consiste en que el banco central compre bonos de deuda del gobierno estadounidense, de manera que la alta demanda por deuda pública haga bajar sus rendimientos: el aumento de su precio hace que los bonos se hagan menos atractivos para los inversionistas.

El ´Quantitative Easing` permite desplazar capital hacia otros sectores de la economía y garantizar financiamiento para las empresas. Además, estimula la inversión en activos más riesgosos. Hasta el momento se han llevado a cabo cuatro oleadas o ediciones del QE.

Foto: Pixabay
El coronavirus demostró que el problema no son sólo los mercados de petróleo, sino las decisiones del gobierno nacional.

Además de lo anterior, la Reserva Federal ha aplicado la política de tasa de interés cero (ZIRP, por sus siglas en inglés). Esta política se mantuvo entre 2008 y 2016, y desde entonces los aumentos en la tasa de interés han sido muy bajos y graduales -al punto que algunos analistas la denominan como “tasa de interés neutral”-.

Pero aun estos aumentos moderados han producido la fuga de capitales de las economías emergentes, como venía sucediendo en Colombia desde 2018 hasta Julio de 2019, cuando la Reserva Federal Estadounidense retomó los recortes de la tasa de interés.

Empresas sobre-endeudadas

La combinación de esas políticas cumplió con el objetivo de reactivar la economía estadounidense. Pero los datos muestran que esa economía se viene recalentando. Desde mediados del año anterior, en los medios especializados se hablaba de una situación difícil para 2020.

En la gráfica siguiente se observa el comportamiento de la deuda por pagar de las empresas no financieras de Estados Unidos como porcentaje del PIB. En la actualidad, se están superando niveles críticos respecto de otros momentos donde la economía experimentó crisis financieras, como en 2008 y 2002.

Fuente: Construcción propia. Datos Federal Reserve Bank of St. Louis.

Serie desestacionalizada.

La burbuja de deuda corporativa se ha inflado, en gran medida, por la recompra de acciones, las fusiones y todo tipo de estrategias para aumentar el valor de las empresas. Todo esto, financiado por medio del crédito barato. Estos niveles de deuda son insostenibles.

Es claro que la economía estadounidense se encuentra ante una burbuja, sabemos que siempre explota, el desafío está en identificar cuándo.

La crisis puede agravarse

Bajo este panorama, el Covid-19 ha agudizado la fragilidad de la economía global, lo cual se ha reflejado en la caída de todas las bolsas de valores.

Es más: podría ser que todavía no hayamos visto lo peor. La caída del precio del petróleo y en las expectativas de crecimiento económico mundial hacen que se detengan o se aplacen los proyectos de inversión. Parafraseando a Hyman Mynsky, uno de los autores más leídos durante la crisis del 2008, la inversión de hoy refrenda las ganancias de la inversión de ayer.

De tal forma, la caída en los proyectos de inversión que está siguiendo a los acontecimientos recientes causará pérdidas insostenibles para las empresas que dependan de los mismos.

Ahora bien, tal como sucedió en 2008, dependiendo de los acontecimientos, y la repuesta tanto de la Reserva Federal de Estados Unidos, como de las políticas de gasto de los gobiernos, puede que esto se convierta en una bola de nieve o solo sea un hecho que se pueda aislar.

Lea también: Ante la crisis económica internacional: ¿austeridad o expansión?

El gran error de Colombia

La bonanza minero-energética y la abundancia de crédito barato no se canalizaron o no se tradujeron en una reconfiguración de la economía colombiana, o en inversión en el sector industrial y manufacturero.

Todo lo contrario, el abaratamiento de las importaciones golpeó con dureza a la industria y a la agricultura colombianas, y el boom de nuestra economía se tradujo sobre todo en el aumento significativo de las rentas del sector financiero.

Verdad que, para enfrentar los movimientos bruscos en los precios del petróleo, desde 1995 se había creado el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera. Pero entre 2008 y 2011 el gobierno de la época utilizó este Fondo para financiar gasto corriente a través del Plan Nacional de Desarrollo.

De esta manera en el momento de caída de los precios, en 2014, no teníamos reservas alternativas para adoptar una política anticíclica o aumentar el gasto público y evitar la desaceleración de nuestra economía. Y mucho menos las tenemos ahora.

Foto: Wikimedia Commons
La fragilidad de la economía global se hizo evidente en la caída de la bolsa.

Las medidas necesarias

  1. Un artículo de la plataforma especializada Bloomberg, calificó a la economía colombiana como una de las economías más vulnerables a las salidas masivas de los flujos de capital que se vienen registrando, junto con Argentina y Chile.

La economía colombiana cuenta con posibilidades para aplicar controles de capitales efectivos para una situación como la que podría avecinarse. Sin embargo, aún no ha hecho uso suficiente de los mismos.

Recientemente, el Banco de la República tomó medidas para aumentar la liquidez y mantener la calma en el mercado. Esta es una respuesta necesaria ante la reducción del financiamiento disponible, pero, sin controles de capitales más fuertes, este tipo de políticas pueden ser poco efectivas.

  1. En materia fiscal, los ingresos del gobierno nacional se verán seriamente afectados. La caída de los precios del petróleo, la desaceleración económica inevitable, las exenciones tributarias acumuladas y las recientemente aprobadas, se sumarán para agravar el déficit en las finanzas estatales.

Es importante mencionar que, en momentos como este, la política fiscal se convierte en la principal herramienta para reactivar la economía. Así que lo más probable, no solo en Colombia, sino en la región, es que los países utilicen las cláusulas de escape de las Reglas Fiscales. Las cláusulas permiten adoptar aumentos del gasto público sin precedentes pues ninguna regla ha funcionado bien en medio de las crisis.

  1. Colombia viene con aumentos preocupantes de desempleo; es hora de que las autoridades entiendan que ni ahora, ni en tiempos de crecimiento, aumenta el empleo porque aumenten las exenciones tributarias, nadie contrata más empleados a menos que piense que van a aumentar las ventas.
  2. Es momento de pensar en condonación de deudas estudiantiles, fortalecimiento de la infraestructura de salud pública, inversión para la transición energética, entre otras políticas que aumenten la demanda agregada.
  3. Sobre todo, son importantes las estrategias para proteger a los millones de trabajadores informales que dependen de los ingresos diarios y que se pueden ver muy golpeados por las medidas tomadas para enfrentar la emergencia de salud pública.

*Economista y estudiante de la Maestría de Desarrollo Económico de la UNSAM-Argentina, investigad

https://razonpublica.com/la-disparada-del-dolar-problema-mas-hondo/

  • 7.20.-Comité de Paro no asistirá a reunión con el Gobierno colombiano
  • Por horrible que sea, esto va empeorando – CECILIA OROZCO TASCÓN
  • Fracasos en serie – PATRICIA LARA
Movimientos y organizaciones se mantienen movilizadas en Colombia contra las políticas del Iván Duque. |Foto: @cutcolombia 

El vocero del Comité, Fabio Arias, indicó que la respuesta a la convocatoria será dada a conocer en una carta enviada al representante del Gobierno, Diego Molano.

12 mar 2020.- Representantes del Comité Nacional de Paro en Colombia informaron que no asistirán a la reunión convocada por el Gobierno colombiano para el 13 de marzo.

El fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT y vocero del Comité, Fabio Arias, afirmó al medio colombiano Caracol Radio, que luego de una reunión el Comité Nacional de Paro, decidió que no asistirá al encuentro, por dos razones.

“Además no clarifica para nada una Mesa de Negoción para los Acuerdos Sociales y no una Mesa de Conversación Nacional, como es lo que pretende el Gobierno», explicó el dirigente sindical.Primero por la limitación que el Gobierno le pone a la delegación, porque hasta ahora hemos sido siempre 42 personas y convocan a hora solamente a cinco delegados.

Arias indicó que la respuesta a la convocatoria será dada a conocer en una carta que el Comité le enviará en las próximas horas, al representante del Gobierno, Diego Molano.

Este miércoles el Gobierno colombiano convocó a un nuevo encuentro con el Comité para avanzar en la definición del proceso de metodología, para evacuar los 135 puntos del pliego de peticiones que le fue entregado en diciembre del 2019.

Sin embargo, el Gobierno planteó que para esta nueva reunión haya una delegación de una comisión de cinco personas del Comité. Planteamiento que fue rechazada por los representantes del paro nacional.

En la última reunión realizada el pasado 12 de febrero, el Comité mantuvo su decisión de continuar con su agenda de movilizaciones, hasta que no se le ponga el nombre de negociación a la mesa de diálogo.

https://www.telesurtv.net/news/colombia-comite-paro-rechaza-reunion-gobierno-20200312-0004.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterEspa%C3%B1ol&utm_campaign=NewsletterEspa%C3%B1ol&utm_co 

7.20.-Por horrible que sea, esto va empeorando – CECILIA OROZCO TASCÓN

Por mala que sea, toda situación es susceptible de empeorar. La cita de la Ley de Murphy se ajusta al gobierno Duque: su aceptación popular viene en picada a tiempo con su poca conexión con el Congreso; para enfrentar el rechazo, el mandatario cambia a su ministra del Interior y a sus estrategas de comunicaciones en la Casa de Nariño.

11 mar 2020.- Nombra a Alicia Arango en lugar de la insulsa Nancy Patricia Gutiérrez y sustituye a un periodista decente por el equipo de prensa Muñoz – Nassar – Bieri, conocidos (entre susurros) como Los Ninja por la comparación de sus métodos de ataque con los de los mercenarios japoneses “entrenados en formas no ortodoxas de hacer la guerra”. Después, a la administración le surge un escándalo político sexual con la fuga, posterior aparición en la Venezuela de Maduro y declaraciones públicas de la excongresista Aida Merlano quien no deja títere con cabeza, incluso ni la del presidente, pues involucra su campaña con la presunta receptación de $6.000 millones aportados por los Char y los Gerlein de Barranquilla, que apoyaron su elección de manera subrepticia en primera vuelta, y abiertamente en la segunda. Más adelante, la torpe reacción oficial a los informes de Naciones Unidas sobre el que se configura, ya, como un plan permanente de exterminio de líderes sociales en Colombia, lesiona su imagen, esta vez en el campo internacional. Y ahora, aparecen las grabaciones del “Ñeñe” Hernández, colaborador de su campaña en Guajira y Cesar, en las que quedaría en evidencia, de nuevo, la búsqueda de platas ilegales para financiar su causa durante la segunda vuelta presidencial. Para terminar, por ahora, el lío se agravó cuando se supo que el “Ñeñe” estaba siendo investigado como sospechoso de homicidio y de ser el testaferro del narcotraficante alias “Marquitos” Figueroa.

La negativa unánime del gobierno sobre los vínculos políticos y sociales del asesinado Hernández con altos personajes del uribismo, incluidos Duque y el senador expresidente, no pudo sepultar la realidad plasmada en decenas de videos y fotografías que circulan en las redes desde hace años y en los que consta la cercanía entre el uno y los otros. En una de las interceptaciones, habla con el investigado una mujer que fue identificada como María Claudia Daza, una asesora de Uribe que cayó en desgracia con este y renunció a su cargo hace unas horas. El “Ñeñe” menciona en esa conversación a “Priscila”. Una persona con ese nombre y el apellido Cabrales, trabajó de lleno en la campaña Duque y coordinó tareas electorales en la región guajira, probablemente por ser -como el “Ñeñe” y Daza- oriunda de la costa. El hombre interceptado también gozaba del afecto del presidente de los ganaderos, José Félix Lafaurie, que lamentó su muerte con palabras de hermano: “El país pierde a un gran señor. Para su familia, que es la mía, solidaridad y condolencias”; además, el popular “Ñeñe” disfrutaba de intensa vida social en las casonas de los nuevos ricos del uribismo y de sus aliados políticos en los departamentos caribeños.

Pero en este zaperoco que parece enredar al Centro Democrático en un bulto de anzuelos, y hundir al gobierno en su desprestigio, una actriz de primera línea ha salido indemne: Alicia Arango, la secretaria privada del presidente Álvaro Uribe en sus gobiernos y quien se atreve a regañar al senador, aún frente a los demás; la misma que ha sido consejera de Iván Duque y su jefe de debate por encima de Alejandro Ordóñez y Luis Alfredo Ramos que se postularon para esa posición estratégica; la dominante cartagenera que no permite que se incumpla ninguna de sus órdenes; la nueva ministra del Interior que cada vez que abre la boca supera a su antecesora en el desprecio que ambas sienten por la exigencia del alto estándar de derechos humanos que rige hoy en el mundo… La brusca funcionaria que se dio el lujo de desafiar, en público, una supuesta orden de Duque cuando se negó a nombrar a una candidata del mandatario en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, ¿no había oído mencionar al “Ñeñe” Hernández ni conocía el activismo electoral que este habría compartido con su “compañera del alma desde hace casi 40 años”, Priscila Cabrales (ver)? En un Gobierno que se precia de su transparencia y capacidad de diálogo, la funcionaria más importante del gabinete debería referirse a su papel en estos capítulos o a su sorpresa por lo que pasó en el espacio electoral que ella manejaba.

https://www.elespectador.com/opinion/por-horrible-que-sea-esto-va-empeorando-columna-908560 

7.20.-Fracasos en serie – PATRICIA LARA

© KienyKe El comentario de Trump a Duque revivió el debate. 

Además del fracaso de la política de empleo del gobierno de Duque, de la matazón de líderes sociales, del aumento de las masacres, del escándalo de la Ñeñepolítica —del cual puede resultar que su campaña presidencial compró votos con dineros non sanctos—, de los escasos resultados de la tal Conversación Nacional y de las gravísimas implicaciones que para la economía puede tener la reducción a la mitad de los precios del petróleo, este Gobierno ha sufrido un fracaso mayúsculo, que ha pasado casi inadvertido para los columnistas: la absoluta ineficacia de su política antidrogas.

13 mar 2020.- Después de que con bombos y platillos el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, anunciara en septiembre, luego de cumplirse el primer año de la administración Duque, que se habían erradicado 98.200 hectáreas de coca (83.142 mediante erradicación manual, 11.411 por sustitución voluntaria de cultivos y 3.693 mediante el sistema de formalización de títulos de tierras), y después de que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunciara a comienzos de diciembre que la meta de erradicación de 2019 no solo se había alcanzado sino que se había superado, porque se habían erradicado 81.305 hectáreas, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca anunció que las hectáreas sembradas con coca habían pasado, en 2019, de 208.000 a 212.000, es decir, que habían aumentado un 1,92 %, y que la cocaína “exportada” había alcanzado la cifra récord de 951 toneladas, o sea que se había incrementado en un 8 %.

Esa revelación tendría que haber suscitado reacciones: por ejemplo, si el Gobierno estaba seguro de que sus datos eran ciertos, ha debido protestar por la inexactitud de las cifras de los gringos. Así lo hizo por lo menos cuando el representante de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos emitió su informe sobre la situación de los derechos humanos en el país y sobre el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2019.

Ahora, si no desmentía las cifras, era porque estaba convencido de que los datos gringos eran ciertos. Entonces, se ha debido hacer un llamado al comisionado de Paz y al ministro de Defensa para que aclararan de dónde sacaban sus cifras y por qué eran tan diferentes a las del gobierno de Trump. Porque si se acepta, como dijo en septiembre el comisionado Ceballos, que a las hectáreas erradicadas hay que restarles la resiembra, la cual, según la ONU, oscila entre el 50 y el 67 %, deberíamos tener máximo 169.594 hectáreas de coca. Y si se aceptan los datos del ministro, deberíamos tener máximo 175.170.

Entonces, ¿qué pasa con las cifras sobre cultivos ilícitos? ¿Por qué hay discrepancias entre las que suministra el comisionado y las que da el ministro? ¿Son ellos los que mienten o a ellos les dan información falsa? ¿O será que en Colombia la resiembra no es, como dice la ONU, del 67 %, sino que es de más del 103 %?

Cualquiera de las respuestas anteriores es grave. Y de ellas no puede desprenderse sino una conclusión: que la política antidrogas del gobierno de Duque es un fracaso.

Y una pregunta final: ¿por qué tienen casi abandonada la sustitución voluntaria de cultivos, en la cual la resiembra, según la ONU, es menor del 1 %? ¿Será que les huele a política santista? Como dice Eduardo Díaz Uribe, experto en el tema, en este caso el Gobierno lo que hace es pedalear en bicicleta estática…

www.patricialarasalive.com, @patricialarasa https://www.elespectador.com/opinion/fracasos-en-serie-columna-908926

 

 

  • 6.20.-Ante la JEP, silencios que matan –                          CRISTINA DE LA TORRE
  • ¿Colombia, como Nicaragua y Venezuela? –                CECILIA OROZCO
  • Triste el récord de Duque – PATRICIA LARA
El general (r) Mario Montoya Uribe firmó acta de sometimiento ante la JEP el 17 de octubre de 2018. Mauricio Alvarado 

Si no mediaran tantos muertos, sería pintoresca paradoja. El general Montoya y dirigentes de las Farc, jefes que fueron de ejércitos rivales durante medio siglo, confluyen ahora sin pestañear en el mismo atajo: callan la verdad o la dicen a medias –forma menos honrosa todavía de callar- sobre secuestro y falsos positivos, ignominias de la guerra. Manes de la historia. Hace ya casi un siglo autoritarismos de signo político contrario entre Alemania y Rusia acudieron a idénticos métodos de fuerza bruta. Métodos comunes a Ortega y Bolsonaro.

3 mar 2020.- Se presenta Montoya ante la JEP, tribunal creado para ventilar la verdad, pero decide enmudecer y evadir señalamientos de 11 militares en esos estrados, antes que esclarecer responsabilidades si las tuviere. En pequeñez que ultraja a las víctimas, deposita la culpa de los falsos positivos en soldados que le resultan ignorantes, pobres, sin maneras en la mesa. ¿Serían por eso proclives a actos horripilantes que repugnan a la serenísima alta oficialidad? Pero ¿no ejecutaban órdenes? ¿De quién? ¿Nada sabe Montoya, su comandante en jefe entre 2006 y 2008, cuando se registró la mayoría de los 5.000 asesinatos de inocentes para presentarlos como bajas en combate?

Según informe de este diario, la JEP exhumó hace dos semanas 54 cadáveres en el cementerio de Dabeiba que serían víctimas de falsos positivos, pues a ellos se llegó por confesión de uniformados. Ese pueblo sería “un tapete de muertos”, dijo un defensor de víctimas, y varios militares le confesaron a la JEP haber convertido su cementerio en una fosa común. Miles de víctimas se encontrarían en cementerios regados por todo el país. Para la Fiscalía, en el de Valledupar habría más de 500 víctimas, muchas de ellas falsos positivos del Batallón La Popa.

Por su parte, miembros del antiguo secretariado de las Farc ofrecen un pronunciamiento exculpatorio del secuestro. Reconocen su “equivocación” al “retener” civiles por el grave daño que pudieron causarles; pero esta declaración naufraga como un desliz en la mar de justificaciones que convierte a esa comandancia en víctima del destino que le impuso medios heterodoxos para financiar su guerra, su guerra heroica, y la redujo a la impotencia para controlar abusos de la guerrillerada. Otra vez el soldado raso. De los 27.023 secuestros asociados al conflicto entre 1970 y 2010, las guerrillas perpetraron 24.482, el 90 %. Inhumanidad extrema de un crimen que los exfarc edulcoran trivializando la crueldad, naturalizando la humillación y la sempiterna amenaza de muerte contra sus plagiados. Para El Espectador, las Farc embolatan con “retazos de verdad”.

A esta versión responde Íngrid Betancourt con un primer reclamo: no deberían las Farc hablar de “errores”, “equivocaciones” y “retenciones” para referirse al crimen del secuestro. Dice que el suyo fue un acto de venganza contra un ser humano. Que buscan justificar castigos como su encadenamiento de años, no para protegerla sino para castigarla. “El mayor peligro que yo corría (eran) ellos, su violencia, su decisión de matarme (…) Su ensañamiento fue producto de un sadismo personal combinado con fanatismo ideológico en un espacio humano donde la arbitrariedad de los fusiles hacía oficio de ley (…) El secretariado (encubría) sistemáticamente los desmanes de su tropa, así como lo hace hoy…”

La justicia transicional exige verdad plena y a nadie exime. Los de Montoya y las Farc son silencios que matan porque revictimizan a las víctimas. Así el senador Uribe, excomandante supremo de las FF. MM. durante el periplo más negro de los falsos positivos, eleve a Montoya a héroe de la patria. También elevó a Rito Alejo del Río, y éste se desplomó a la cárcel.

https://www.elespectador.com/opinion/cristina-de-la-torre

6.20.-¿Colombia, como Nicaragua y Venezuela? – CECILIA OROZCO  

Con el paso de los meses y el ejercicio del poder, la cara amable del gobierno Duque, misma con que convencieron a miles de electores no uribistas de votar por el candidato de esa agrupación para impedir —según decía la propaganda del miedo— que el extremismo del otro candidato sometiera a la nación a su yugo autoritario si ganaba la contienda, se diluye. En su lugar, aparece un rostro que ya no puede ocultar su propio extremismo, amargo, desafiante y vengativo. Entre muchos otros síntomas y para centrarnos solo en uno, la bochornosa reacción del presidente, su ministra de Relaciones Exteriores, su consejero para la Estabilización y la del más bruto de los congresistas del partido oficial al informe año 2019 sobre nuestro país, de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), excede o iguala la de regímenes dictatoriales del continente a los que, irónicamente, rechaza el Estado colombiano: la paja en el ojo ajeno…

4 mar 2020.- Duque, haciendo gala de su escaso conocimiento de la condición supranacional de las agencias de la ONU, entregó una declaración contradictoria: “respetando el carácter multilateral que tiene la organización, me parece que es una intromisión en la soberanía del país…”. El mandatario dejó entrever, además, falta de lectura del informe cuando añadió que “me parece preocupante que poco se diga sobre las violaciones constantes a los derechos humanos… (del) Eln, el ‘Clan del Golfo’ o ‘los Pelusos’”. Le recomiendo, con todo comedimiento, que repase los puntos 8, 9, 10, 75, 81 y 84 del documento en que se enuncia el contenido de las afirmaciones hechas allí y remite a las pruebas documentales y verificaciones en campo, precisamente, sobre las graves violaciones a los derechos por parte de las disidencias de las Farc, el Eln y las bandas criminales.

Sigamos: la ministra Blum, a quien no se le ha oído una frase que no esté escrita en un papel, leyó un mensaje que es un galimatías: “La Cancillería observa con preocupación que la Oficina… presente supuestos casos delictivos que exceden estándares internacionales (?)… y que no han sido informados al Gobierno en los que lo mínimo esperable era una denuncia ante las autoridades (?)”. Hasta donde se entiende, “la denuncia ante las autoridades” es, justamente, el informe oficial de Acnudh que la administración Duque manda a la porra. No es tan difícil de comprender, piensa uno. Peor aún resultó la reacción del consejero presidencial Archila, conocido por su presunta moderación, y quien habló como si fuera cualquier Mejía. Insultó, llamando “chambonada”, el documento avalado por Michelle Bachelet, hágame el favor, y descalificó a su vocero Alberto Brunori, refiriéndose a él con desprecio, como “ese señor que parece que no lee (y que dice) mentiras”. El gobierno Duque remató su ataque a la señora Bachelet mediante ese ejemplar de diplomacia y finos modales Ernesto Macías quien ¡echó a Naciones Unidas del país!. Según él, hay que ¡“cerrar esa oficina de la Comisionada convertida en una guarida politiquera…”! Vergüenza de país.

En contraste, Venezuela, el “coco” con que nos infundieron temor, fue más moderada frente a informe similar que los delegados de Acnudh presentaron en Caracas la semana pasada. El vicecanciller de Maduro, sí señor, de Maduro, rechazó el documento criticando —como aquí— su metodología, pero en tono civilizado: “aún falta mucho camino por recorrer para alcanzar equilibrio…”. Y aunque añadió que “los derechos humanos no deben ser utilizados como armas para enmascarar estrategias de cambio de régimen…”, aseguró, así fuera únicamente por cortesía, que “el equipo de la Alta Comisionada… recibe el pleno apoyo de los órganos competentes del Estado (venezolano) para el cumplimiento de su misión en estricto apego a los principios del derecho internacional establecidos en la Carta de Naciones Unidas” (ver). La dictadura de Nicaragua es la única en el continente que se ha atrevido a expulsar al personal de Acnudh. Lo hizo en 2018 después de un informe sobre las violaciones a los derechos civiles en ese país y, hoy, continúa negándose a permitir su reingreso y, por supuesto, a su revisión de lo que sucede allá (ver). Quién lo creyera: el gobierno Duque en el rango del de Ortega y más agresivo que el de Maduro. Vivir para ver.

https://www.elespectador.com/opinion/colombia-como-nicaragua-y-venezuela-columna-907422 

6.20.-Triste el récord de Duque – PATRICIA LARA

“Duque no acepta críticas. Todo su círculo lo aplaude. Incluso Uribe tenía gente a su alrededor que le hablaba con franqueza. Pero Duque no”, dijo una fuente cercana a la Casa de Nariño.

6 mar 2020.- Ello explica su aislamiento y su salida desproporcionada ante las verdades que sobre el deterioro de los derechos humanos en el país esbozó Alberto Brunori, representante de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet.

Son verdades que Duque, al igual que lo hizo Maduro cuando Bachelet emitió su informe sobre el lamentable estado de los derechos humanos en Venezuela, se niega a ver y a oír. Pero, en cambio, sí las vio y oyó cuando se referían al deterioro de esos derechos en Venezuela y las utilizó para criticar las actitudes dictatoriales de Maduro.

Miremos los principales comentarios que sobre lo ocurrido en 2019 consignó el informe de la Acnudh: persistieron “altos niveles de violencia que generaron graves violaciones de derechos humanos”; en 2019 hubo “36 masacres que implicaron la muerte de 136 personas, la cifra más alta registrada” desde 2014; el Eln “continuó incurriendo en infracciones al derecho internacional humanitario”; grupos criminales como las “Autodefensas Gaitanistas (…) emplearon extrema violencia en las disputas por el control de economías ilícitas”; “los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado (…) incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la Policía, fueron insuficientes, en particular en zonas rurales”; en 2019 hubo protestas, y la Acnudh “notó con preocupación que, en algunos casos, la Policía respondió de manera desproporcionada a incidentes aislados de violencia”; en 2019 documentaron “108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos”; “los asesinatos contra defensoras de derechos humanos se incrementaron en cerca del 50 % en 2019”; “subsistieron retos para la judicialización de los autores intelectuales de las agresiones” contra defensores de derechos humanos”; “la falta de acceso a la justicia continúa siendo un desafío que perpetúa ciclos de impunidad y violencia”; se documentaron casos de “presuntas privaciones arbitrarias de la vida cometidas por miembros del Ejército y la Policía”; en virtud de estándares internacionales, “la jurisdicción penal militar no debería investigar, juzgar y sancionar a los responsables de presuntas violaciones a los derechos humanos”; “según datos de la Policía”, en varios municipios “se incrementó el número de homicidios, a pesar del aumento de la presencia militar”; se documentaron “15 casos de privaciones arbitrarias de la vida” y “en 13 casos se observó que las muertes habían sido causadas por el uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza”; se documentaron “casos de presunta tortura y malos tratos cometidos por la Policía”, etc.

Duque descalificó el informe con el argumento de que no se reconocieron los avances del país (lo cual es falso) y que se entrometieron en los asuntos internos de Colombia al recomendar que “se transfiera la supervisión de la Policía al Ministerio del Interior”, como ocurre en tantos países.

Pero el Gobierno no puede tapar el sol con las manos: es factible que haya discrepancias en alguna cifra, pero la mayoría de las afirmaciones son ciertas. Y lo que Duque tampoco puede desconocer es que Colombia es el país de América Latina donde asesinan más defensores, y especialmente defensoras, de derechos humanos.

Triste récord…

https://www.elespectador.com/opinion/triste-record-columna-907779

 5.20.-La novedad en el caso del asesinato de Álvaro Gómez JUAN MANUEL LÓPEZ

  • Reanudar relaciones con Venezuela  – CRISTINA DE LA TORRE
  • «La China de Xi Jinping representa una amenaza para los valores de la Unión Europea»- GEORGE SOROS

Sorprende la solicitud del presidente al nuevo fiscal general de priorizar el proceso del crimen en el que flotan dos tesis contrarias y extremas. ¿Qué motiva ese pedido?                                                                                                                                          La novedad en el caso del asesinato de Álvaro Gómez 

Algunos nuevos elementos de información fueron aportados por el expresidente Ernesto Samper ante la Comisión de la Verdad 

26 feb 2020.- La solicitud del presidente Duque al nuevo fiscal para que se interese en el proceso del homicidio de Álvaro Gómez, y algunos nuevos elementos de información aportados por el expresidente Ernesto Samper ante la Comisión de la Verdad han renovado el deseo de saber quién estuvo detrás de ese crimen.

Parte de los autores materiales han caído, pero no se sabe quién inspiró y probablemente preparó el golpe.

Dos tesis contrarias y extremas han flotado en el ambiente: para los familiares de la víctima habría sido un crimen de Estado perpetrado desde las altas esferas del gobierno; para el Dr. Samper fueron quienes conspiraban contra su gobierno los responsables. A esto se adiciona la publicación de un nuevo libro de Jorge Gómez Padilla donde propone que se deben buscar respuestas diferentes a esas.

Al terminar el Gobierno de Álvaro Uribe, en un enjundioso libro el Dr. Enrique Gómez desarrolló el punto de vista que defiende la familia. Su argumentación gira alrededor de que el magnicidio fue porque Álvaro Gómez era entonces el personaje de más importancia y más peso en la oposición. Supone entonces que en el gobierno suponían que se estaba fraguando un golpe de Estado, que suponían que en tal caso la cabeza del mismo sería él, y que quienes decidieron el delito lo hicieron porque suponían que de ser así prosperaría el proyecto y el presidente se caería. Con su muerte se preservaba el poder.

Tendría carácter de crimen porque tuvo repercusiones políticas importantes; porque se cometió en un momento en que el gobierno parecía en crisis; porque quienes estaban en la oposición, y aún más quienes estaban fraguando el golpe, deberían atemorizarse; y por la participación de elementos de las fuerzas militares. El estamento político se habría aliado con algún cartel de la droga (el del Valle o el del Norte Del Valle).

Esa teoría se basa en que él supone quiénes acabarían siendo los autores intelectuales, y desarrolla una explicación tautológica según la cual en base a lo que son supuestos se desarrollan unas acusaciones, las cuales utilizadas como si fueran pruebas validarían las suposiciones. Prácticamente todas las ‘pruebas’ son especulaciones -lo que en los juicios americanos llaman ‘argumentativo’, o sea deducciones en base a supuestos y no a pruebas, afirmaciones sin contenido probatorio.

La tesis del samperismo siguiendo la línea de la Fiscalía del Dr. Alfonso Gómez Méndez asume que en efecto existía una conspiración para derrocarlo

La tesis del samperismo siguiendo la línea de la Fiscalía del Dr. Alfonso Gómez Méndez asume que en efecto existía una conspiración para derrocarlo; y supone también que la lógica implicaría que lo golpistas pensaran en que la persona para encabezar el golpe debería ser el Dr. Gómez Hurtado. Supone que entonces le presentaron esta propuesta, y que ante su negativa decidieron matarlo para evitar que, dado su temperamento de ciudadano modelo, los delatara.

En cualquiera de los dos casos la premisa es que se rumoraba la posibilidad de un golpe y en el uno o en el otro estarían vinculados algunos miembros de las fuerzas armadas. Estos son los dos elementos hasta ahora ciertos del rompecabezas. De resto coinciden ambas posiciones en trabajar en base a suposiciones que, según cuáles sean ciertas, probarían una u otra tesis.

La familia Gómez reivindica haber hecho todos los esfuerzos para incentivar las investigaciones; y atribuye la falta de resultados a decidía de la Fiscalía (o incluso a que serían partícipes o cómplices de una operación de encubrimiento), metiendo a todos los fiscales generales en una misma categoría, convirtiendo el delito de encubrimiento igual o más grave que el homicidio mismo.

Samper coincide con la familia Gómez en tener interés en que se aclaren responsabilidades. Y eso parece lógico y se explica por sí mismo.

Pero lo que sorprende un poco es que el Presidente Duque exigiera como primera actividad al recién posesionado fiscal general el retomar ese proceso: ¿Qué lo motiva a ese algo inesperado pedido? ¿Por qué esa jerarquía en las preocupaciones del Gobierno? JMLC.

NOTA ALTERECO: Según ex embajador de EE.UU.Myles Frechette a Álvaro Gómez lo asesinó un grupo de militares

13 may 2017.- En la reciente entrevista que el exembajador norteamericano Myles Frechette le dio al periodista Jorge Gómez Pinilla en El Espectador hay una insinuación explosiva. Según el diplomático, a Álvaro Gómez lo mandó a asesinar un grupo de militares porque no quiso participar en un golpe de Estado contra Ernesto Samper durante el proceso 8.000. Esa teoría es vieja, pero que la diga Frechette hace una diferencia, pues conoce directamente el asunto ya que cuando era embajador los conspiradores lo contactaron para sondear la posición del gobierno norteamericano. Sin embargo, para ahí y no suministra ningún nombre.

https://www.semana.com/confidenciales/articulo/segun-myles-frechette-a-alvaro-gomez-lo-asesino-un-grupo-de-militares/525111

5.20.-Reanudar relaciones con Venezuela          – CRISTINA DE LA TORRE

Si tuvieran algún sentido del desarrollo, algún sentido de patria, se jugarían nuestros empresarios el restablecimiento de relaciones comerciales con Venezuela. Ya que son Gobierno, y el presidente Duque, su servidor y amigo. Oportunidad que el propio Maduro le abre a Colombia, mientras ofrece al capital extranjero el control de su industria petrolera y Trump vira hacia una propuesta de gobierno de transición en este país: rinden frutos su bloqueo económico a la dictadura, y la comprobación de que ésta de Maduro ostenta la misma vocación de eternidad de sus gemelas en Rusia, China, Cuba y Corea. Vira también el Grupo de Lima, en pos de una solución pacífica y democrática. 

24 feb 2020.- Reabrir el comercio con Venezuela no revertiría el modelo de apertura hacia adentro que rige en Colombia desde 1991 e hirió de muerte su industria en ciernes; pero sí empezaría por aliviar la crisis de balanza comercial, efecto de aumentar importaciones y reducir dramáticamente nuestras exportaciones. Venezuela fue por décadas su primer destino; y ahora, malogrado su aparato productivo, abre mercado a Colombia y podría explorar en el nuestro. Al vecino nos unen la historia, la cultura, la gente, 2.000 kilómetros de frontera, un natural intercambio de mercaderías y 1.500.000 migrantes, a medias colombianos, que han dinamizado nuestra economía.

Es el nuestro un modelo de sustitución de la industria y la agricultura propias por la foránea; un modelo que sustituye el empleo nacional por el extranjero. Paradigma de no-desarrollo, nos condena a la exportación de productos primarios –petróleo, café, bananos, flores-, y nos niega el salto a la producción de bienes de tecnología avanzada y buenos salarios. Todo comenzó con la súbita reducción de aranceles de Gaviria: antes de la apertura eran del 30 %, y hoy, del 5 %. Según Mauricio Cabrera, entre 1991 y 2018, las importaciones pasaron de representar el 8,6 % al 15,5 % del PIB: aquellas crecieron el año pasado 9,2 %, más del doble de la demanda interna y casi el triple que el PIB. Significa que los colombianos estamos comprando más productos extranjeros que nacionales. Desde 2001, las ventas de textiles y confecciones crecieron 146 %; pero la producción nacional de confecciones subió apenas el 24 %, y la de telas cayó 42 %.

El mercado de Venezuela se ofrecería como oportunidad para aumentar exportaciones y diversificarlas. Vale decir, para reemprender el camino del desarrollo industrial. Al cual se aboca también el país vecino, con más veras si prospera la idea de repotenciar el Grupo Andino como fórmula de integración regional para el desarrollo de los países socios, y reciprocidad entre ellos. Esta vez, por supuesto, incorporando a Venezuela.

Las circunstancias evolucionan aprisa y, por qué no, también podrá cambiar nuestra relación con Venezuela. Lo mismo baja Trump la guardia frente a Maduro que protagoniza éste un viraje doloroso en el país de monopolio estatal sobre su petróleo: ahora ofrece Venezuela privatizar la empresa PDVSA. Multinacionales serían socios mayoritarios del puntal de la riqueza nacional, y aquellas condicionan su inversión multimillonaria a que Trump elimine las sanciones contra ella.

Invita el presidente del BID a los empresarios colombianos a exportar, a salir de su zona de confort. En clásico mohín de hipocresía, podrán ellos negarse a tratos con el castrochavismo, buscar aterrizaje en China, y entregarle no sólo el metro de Bogotá. ¿Será por ventura Jinping menos dictador que Maduro? ¿No sugiere la privatización de PDVSA entronización del modelo chino, a saber, economía de mercado y gobierno autoritario? Las relaciones entre países convocan intereses de Estado, no pataleos de un Gobierno.

https://www.elespectador.com/opinion/reanudar-relaciones-con-venezuela-columna-906089

5.20.-«La China de Xi Jinping representa una amenaza para los valores de la Unión Europea»- GEORGE SOROS

El presidente chino, Xi Jinping, en un póster en una calle de Shanghai el 10 de febrero. ALY SONG / REUTERS

Si bien la mala gestión de la epidemia de coronavirus muestra los defectos del gobierno chino, el financiero estadounidense invita, en un foro al «Mundo», a Europa a reconocer a China como lo que es: un socio comercial antidemocrático

15 feb 2020.- Ni la opinión pública europea, ni los políticos y líderes empresariales europeos parecen entender completamente la amenaza que representa Xi Jinping en China. El presidente chino es un dictador que utiliza tecnología de punta para imponer un control total sobre la sociedad china. Sin embargo, los europeos consideran principalmente a China como un importante socio comercial. No entienden que desde la adhesión de Xi Jinping a las oficinas del presidente y secretario general del Partido Comunista Chino (PCCh), ha establecido un régimen cuyos principios rectores son diametralmente opuestos a los valores fundacionales de la Unión Europea. (UE).

Esta caída en los brazos de Xi es más pronunciada por parte del Reino Unido que de la propia UE, el país se encuentra en una fase de separación del bloque. El primer ministro Boris Johnson tiene la intención de mantener al Reino Unido lo más alejado posible de la UE, y construir una economía de mercado libre de regulaciones de la UE. Será difícil hacerlo, ya que la UE está lista para tomar medidas contra esta forma de desregulación que el gobierno de Johnson parece estar considerando. Solo aquí, al mismo tiempo, el Reino Unido considera a China como un socio potencial, con la esperanza de restablecer la asociación creada por el ex canciller de Hacienda George Osborne entre 2010 y 2016.

La administración Trump, separada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, maneja sus relaciones con China mucho mejor. Estados Unidos ha logrado desarrollar una política bipartidista que considera a China como un rival estratégico, y ha incluido al gigante tecnológico Huawei y otras compañías chinas en la famosa «Lista de entidades», que prohíbe a las empresas estadounidenses comerciar con Estas entidades sin autorización del gobierno.

El caso de la compañía Huawei

Solo una persona puede romper esta regla con impunidad: el propio Trump. Y desafortunadamente parece hacerlo, colocando a Huawei en la mesa de negociaciones con Xi. Desde mayo de 2019, cuando EE. UU. Colocó a la empresa china en la lista de entidades, el Departamento de Comercio otorgó a Huawei exenciones de tres meses para evitar dificultades excesivas para los proveedores de componentes electrónicos estadounidenses de la compañía china.

Huawei es una compañía muy inusual, única en algunos aspectos. El fundador Ren Zhengfei recibió capacitación técnica como miembro del cuerpo de ingeniería del Ejército Popular de Liberación (EPL), que se convirtió en uno de sus primeros clientes importantes. Cuando se creó Huawei en 1987, toda la tecnología china se importó del extranjero, y el objetivo de Ren Zhengfei era realizar ingeniería inversa de la tecnología con investigadores locales. Llegó allí más allá de sus sueños más salvajes. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/15/george-soros-la-chine-de-xi-jinping-represente-une-menace-pour-les-valeurs-de-l-union-europeenne_6029659_3232.html

  • 4.20.-Oficiales militares: ¿antihéroes?- CRISTINA DE LA TORRE
  • Fiscal Barbosa, primeras malas señas   CECILIA OROZCO TASCÓ
  • El exministro colombiano Rafael Pardo plantea una nueva visión de la lucha antidrogaS. TORRADO
 Alumnos de la ESDEG

¿Qué pasaría si se cambiara el nombre de Escuela Superior de Guerra por el de Escuela Superior de Paz?, preguntó un día a sus alumnos el profesor de Ética en un curso de ascenso para oficiales de las Fuerzas Militares. Entonces estalló en el aula la discusión, y duró semanas. Cuenta el capitán de navío Samuel Rivera-Páez que “para mí, ese día la posición acerca del fin de la profesión militar ligado a la construcción de paz y no a la guerra se hizo evidente”; pese a que siempre se entendió que la profesión de las armas era para ganar la guerra y a que muchos oficiales persistían en la idea. Esta, entre otras revelaciones sobre la identidad social e ideológica de la oficialidad colombiana; sobre su insospechada heterogeneidad (que en todo caso respeta el espíritu de cuerpo) marca un hito en el estudio de nuestra Fuerza Pública. Es el trabajo del propio Rivera, “Identidades individuales y colectivas de los oficiales de las Fuerzas Militares colombianas”, publicado por la Universidad Javeriana.

18 feb 2020.- Soberbia incursión en lo temido, por desconocido. Bajo el mito del titán que ha recibido el poder de quitar la vida y el destino de entregar la propia, descubre Rivera la tensión, menos poética, que ha campeado en estas décadas: entre la estrategia militar del fin del fin y la de la victoria es la paz. Y entre la autorepresentación del uniformado como héroe dispuesto a morir por la patria y la imagen que de él se ha formado la sociedad. Imagen que exalta al soldado en lucha contrainsurgente y en defensa de las fronteras. Pero se diría también que deplora la histórica subordinación de sectores militares a corruptos y verdugos del pueblo, aborrece la infamia de los falsos positivos y la “sentida condolencia” del comandante del Ejército por la muerte de Popeye, asesino sin par en los anales universales del crimen.

De la manera como los oficiales se ven a sí mismos infiere Rivera la identidad del grupo, sus valores, sus emociones y motivaciones para la acción política. Forjan ellos la singularidad colectiva en su misión de dar la vida por la patria, avivada por el imaginario de una historia heroica; pero, a la vez, en la sensación de que la sociedad los estigmatiza. Han desarrollado una suerte de ciudadanía paralela y exclusiva, conservadora, que mezcla sentimientos de superioridad moral por su disposición al sacrificio como combatientes en el conflicto, con una conciencia dramática de la limitación de sus derechos políticos. No se sienten ni cerca de las elites ni cerca del pueblo. Comunidad indiferente a su capacidad de entrega, desconfían de la sociedad y la miran desde afuera.

Tensiones entre progresismo y tradicionalismo en materia social y del poder condensan la sorprendente ebullición de ideas en una colectividad formada para la neutralidad política. Es que nadie que librara esta guerra de medio siglo podría permanecer impasible a sus horrores. Guerra infructuosa para oficiales como Rivera quien, tras 27 años de acción militar, constató que “la violencia crecía y la institucionalidad difícilmente podía contrarrestarla; ni resolvía la marginalidad y la pobreza”. Que debía prevalecer el diálogo con el adversario sobre la eliminación del enemigo. Opción que muchos compartían, en la convicción de que la paz no es sólo el silencio de los fusiles. Y, sin embargo, el investigador vaticina que prevalecerá la identidad del guerrero sobre la del constructor de paz.

Tan diversa es la oficialidad militar como variada su representación en la sociedad, que va del  estereotipo del villano al del héroe. Pero esta investigación, de consulta obligada por su originalidad y rigor, humaniza a los militares: casi deja ver su arista de antihéroes.

Cristinadelatorre.com.co

https://www.elespectador.com/opinion/oficiales-militares-antiheroes-columna-904985

4.20.-Fiscal Barbosa, primeras malas señas – CECILIA OROZCO TASCÓN 

A despecho de varios columnistas que perdieron su norte hace ya años, y que enlodaron, de manera lastimosa, la esencia de su oficio de críticos del poder para convertirse en lambones de quienes lo detentan, es sano ejercer vigilancia social desde el inicio de sus gestiones, a los funcionarios que asumen responsabilidades públicas no solo porque la democracia lo autoriza, sino por el impacto que sus decisiones tienen sobre nuestras vidas, las vidas de los ciudadanos. Por ejemplo, hay que seguirle la pista a las primeras actuaciones del nuevo fiscal general, Francisco Barbosa las cuales, si uno quisiera, podría resumir, en pocas palabras, con el sencillo refrán popular que indica que por el desayuno se adivina cómo será el almuerzo. Una hoja de ruta puede guiarnos en el análisis que se haga sobre este personaje de cuyo futuro como alto representante de Estado, pocos se hacían ilusiones antes de que uno de sus amigos de juventud universitaria, Iván Duque, lo escogiera, a dedo, para un cargo subalterno en la Casa de Nariño. Elegido el primero, despejado el camino ascendente del segundo.

 19 feb 2020.- Primer escalón: ¿Por qué el mandatario lo incluyó entre sus candidatos a ser fiscal repitiendo la fórmula de “terna de uno” que otros jefes de Estado utilizaron en el pasado? Desde el momento en que se divulgaron los nombres de los tres aspirantes a dirigir el ente acusador, todo el mundo sabía que el elegido era Barbosa. Duque, escasamente conocía a Camilo Gómez y aunque tiene nexos de amistad y motivos de agradecimiento con Clara María González, es, de lejos, mucho más cercano a Barbosa, incluso, a sus padres y esposa como lo ha mostrado la prensa rosa. El nuevo funcionario le garantiza al presidente que su Gobierno no tendrá los sobresaltos que le produciría una Fiscalía autónoma que investigue sin considerar los efectos políticos de los procesos. Y aunque ha pregonado independencia judicial con una cara de prepotencia que no se le conocía hasta hace unos días, el sucesor de Martínez Neira no parece tener vuelo propio. Amanecerá y…

Segundo escalón: ¿Cómo asegurar la elección de Barbosa en la Corte Suprema sin desvío de votos a favor de los otros dos candidatos, o una devolución de la terna? Con presión abierta y clandestina sobre los magistrados. Abierta, en la prensa que, consciente o inconscientemente, transmitía a través de sus reporteros y, a veces, de sus directores y columnistas, “la molestia” de una supuesta opinión pública porque los togados “que incumplían sus deberes” no decidían pronto. Clandestina, mediante la tarea silenciosa pero constante y creciente de otros altos funcionarios de Estado que ayudaron, con su propio poder y ofertas burocráticas, a quebrar la voluntad de los pocos miembros de la Corte que se atrevieron a decir en voz alta que la terna era “mediocre”.

 Según se ha informado en artículos no desmentidos por los interesados, “hicieron campaña” con los magistrados, a favor de Barbosa: 1. el contralor general Carlos Felipe Córdoba, cuya brillante esposa –Marcela Yepes– tiene uno de los cargos más altos de la Fiscalía mientras su despacho –el de Córdoba– cuenta con el apoyo de Walfa Téllez, cónyuge del hoy fiscal general; 2. El entonces fiscal encargado, Fabio Espitia, que habría aprovechado su amistad con unos togados para “sugerirles” que votaran por quien hoy ocupa su silla a cambio de unas presuntas “cuotas” en la Fiscalía; 3. El presidente Duque a través de su acuciosa ministra de Justicia Margarita Cabello, antes presidenta de la propia Corte Suprema, en donde ejerce notable influencia.

Tercer escalón: ¿Quiénes se benefician con su elección? El uribismo y su jefe, complacidos con la voltereta de Barbosa, del extremo pro-paz con Santos al extremo anti – JEP de Uribe y Duque. Los discursos del presidente y del fiscal recién elegido, revelan la íntima y tal vez ilegítima relación Ejecutivo- Fiscalía: Barbosa presentó casi como propio el propósito de bloquear la supuesta aspiración presidencial del liberal Fernando Carrillo quien podría hacerle competencia al candidato del senador Uribe; y Duque, sin tino ni tono, le pidió, como si siguiera dirigiéndose a su subalterno, acelerar el proceso por el magnicidio de Álvaro Gómez, de tan alto interés para sus aliados conservadores, sedientos de venganza política, no de justicia.

Cuarto escalón: ¿Quiénes harán parte del equipo de la Fiscalía? Una lista rápida muestra el panorama que veremos en este nuevo periodo desafortunado: además de la esposa del contralor general a la que premió con ascenso, Barbosa nombró a Zaida Barrero de Noguera, recalcitrante enemiga del Acuerdo de Paz y esposa de Rodrigo Noguera, rector de su universidad y la del presidente Duque, como directora de Justicia Transicional, un cargo del que dependen los procesos de los paramilitares que provengan de la JEP.

 ¡Vaya estrategia! Barbosa nombró también en el cargo clave de jefe de los fiscales delegados ante la Corte, a Gabriel Jaimes, segundo de Alejandro Ordóñez no solo en su procuraduría sino también en el extremismo religioso. Y en dos días, el nuevo fiscal general llegó pisoteando a la gente: varios directores de área fueron notificados de que debían dejar sus puestos en dos horas. Y trasladó sin formula de juicio a 20 fiscales especializados en terrorismo a fiscalías seccionales mientras se anunció que se hará lo mismo con 25 fiscales anticorrupción. Botó a la calle a la directora de Medicina Legal. Con razón se dice que quien no conoce el poder, cuando lo consigue, enloquece.

https://www.elespectador.com/opinion/fiscal-barbosa-primeras-malas-senas-columna-905150

4.20.-El exministro colombiano Rafael Pardo plantea una nueva visión de la lucha antidrogaS. TORRADO

El encargado de posconflicto en el Gobierno de Juan Manuel Santos lanza el libro ‘La guerra sin fin’

Luego de medio siglo, la guerra contra las drogas la siguen ganando las drogas. De esa premisa parte el exministro Rafael Pardo Rueda, cabeza del posconflicto durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, quien este miércoles lanzó La guerra sin fin (Aguilar), su más reciente libro sobre la lucha antinarcóticos que Colombia ha afrontado durante décadas.

Cualquier balance demuestra que el costo para el país ha sido enorme y el beneficio prácticamente nulo, coincidieron los tres expertos que presentaron y debatieron el libro: el rector de la Universidad de Los Andes y exministro de Salud Alejandro Gaviria, el exconsejero presidencial de comunicaciones Camilo Granada y el académico Daniel Mejía, exsecretario de seguridad de Bogotá. En la primera fila del concurrido evento en la biblioteca del Gimnasio Moderno de Bogotá se encontraba el propio Pardo, que superó una delicada enfermedad en la recta final del anterior Gobierno, y el expresidente Santos (2010-2018). Entre el público lo acompañaron varios de sus excompañeros de Gabinete.

“Desde principios de los setenta, cuando empezó a cultivarse y exportarse marihuana desde la costa Caribe, hasta ahora, ya entrado el siglo XXI, la vida colombiana ha estado marcada de muchas formas por el tráfico ilegal de narcóticos”, plantea Pardo desde las primeras páginas de La guerra sin fin. Los carteles aparecen, desaparecen y reaparecen, los capos son capturados y reemplazados, y al margen de los enormes esfuerzos de las autoridades la coca sigue fluyendo hacia Estados Unidos. “Ningún país ha tenido más éxitos y más fracasos que Colombia”, sostiene. “Las drogas, su consumo, su tráfico y su producción afectan a todas las áreas de nuestra sociedad”, lamenta en su detallado diagnóstico, que plantea, sobre la base de su experiencia, una nueva visión para enfrentar el problema de las drogas.

 El lanzamiento de ‘La guerra sin fin’ en el Gimnasio Moderno de Bogotá.

Colombia se mantiene por mucho como el primer productor mundial de cocaína –con 169.000 hectáreas de cultivos ilícitos al cierre de 2018–, y Estados Unidos como el primer consumidor. El libro llega en momentos en que el presidente Iván Duque, un crítico del acuerdo de paz que ha fijado en Washington el eje de su política exterior, se propone el regreso de las controversiales fumigaciones con glifosato, un herbicida potencialmente cancerígeno. El mandatario ha dado un giro en la estrategia antinarcóticos con respecto a su antecesor. Mientras Santos abogó por cambiar el enfoque en la lucha global contra el narcotráfico, para abordarla como un asunto de derechos humanos y salud pública, Duque ha optado por una línea más dura al favorecer la erradicación forzosa en detrimento de la sustitución voluntaria pactada con las comunidades de campesinos.

Economista de profesión, Pardo (Bogotá, 1953) ha sido en tiempos de guerra y en tiempos de paz un notable protagonista de la política colombiana durante su dilatada vida pública. Como consejero para la paz entabló negociaciones con diversos grupos guerrilleros, entre ellos el M-19, y durante el Gobierno de César Gaviria (1990-1994) fue el primer civil nombrado ministro de Defensa en el país. Desde esa cartera creó el “bloque de búsqueda” encargado de desmantelar el cártel de Medellín en tiempos de la guerra frontal contra los grandes grupos del narcotráfico.

También fue senador, director del Partido Liberal, candidato presidencial en las elecciones del 2010, ministro del Trabajo y alcalde encargado de Bogotá. Asumió como consejero presidencial para el posconflicto desde un año antes de que Santos sellara, a finales de 2016, el histórico acuerdo de paz con las extintas FARC, hoy desarmadas y convertidas en un partido político con representación en el Congreso. También ha sido autor de varios libros, entre los que destaca La historia de las guerras, y este año lanzará otro título sobre el proceso de paz con el M-19.

https://elpais.com/internacional/2020/02/20/colombia/1582167514_194502.html

  • 3.20.- Hostigamiento oficial a la prensa libreCECILIA OROZCO
  • El molesto e inútil día sin carro y sin motoCÉSAR FERRARI
  • La injusticia de las megapensiones  –  JHON TORRES

“Desde que el presidente Duque la llamó personalmente para anunciarle que sería la nueva cónsul de Colombia en Orlando, los días de Claudia Bustamante han sido agitados.

12 feb 2020.- Antes de tomar vuelo directo hacia Estados Unidos, tiene que dejar hasta el último detalle (terminado), incluida una cena familiar junto al expresidente Álvaro Uribe para agradecerle su supuesta mediación para ese nombramiento, después de 16 años de amistad”: Las2Orillas, 5 de septiembre de 2019, artículo titulado “La más furiosa de las tuiteras uribistas es ahora cónsul en Orlando”. Acompaña la histórica nota de referencia una foto de Bustamante comiendo helado junto al exmandatario, mientras descansa su mano, confianzudamente, en el hombro del senador quien no muestra incomodidad alguna por la cercanía física de su seguidora (ver). El informe periodístico abunda en datos sobre la forma en que la cónsul llegó a adorar al jefe del partido de Gobierno desde cuando, hace ya tiempo, “no podía quitarles los ojos a (sus) manos blancas”. Según el portal, Bustamante “se volvió amiga incondicional de Uribe con el que comparte momentos privados” y hasta asuntos de Estado: “Fue la escogida por el expresidente para que lo acompañara, como único testigo, a la reunión privada con Santos (entonces presidente)… para recibir el anuncio de que la paz con las Farc estaba firmada…”. Sigue la crónica sobre la señora cónsul: “Su cuenta de Twitter se convirtió en una de las trincheras uribistas más conocidas de la red. Y no descansará, según ella, hasta que el uribismo… extirpe lo que ella considera ‘una plaga comunista’”.

Un detalle de importancia en el relato: Bustamante integraría un enigmático “grupo G14”, compuesto por activistas de redes sociales para disparar mensajes contra sus blancos humanos que “han sentido la furia que destilan los ataques programados, repetidos, incesantes de estos tuiteros incondicionales de Álvaro Uribe”. G14 es un nombre tétrico porque recuerda otro, el denominado, en secreto, G3, utilizado por directores generales y agentes de Inteligencia del DAS en los cuatrienios presididos por el senador Uribe. Ellos, los del G3, purgan penas, hoy, en prisión, por sus delitos relacionados con espionaje ilícito, violación de comunicaciones, montajes, amenazas contra magistrados, opositores y periodistas, todos estos sindicados de ser, justamente, “una plaga comunista”.

La cónsul Claudia Bustamante no fue nombrada por el presidente Duque por sus créditos académicos o carrera diplomática, pues no tiene ni los unos ni la otra. Su designación debe ser producto único de sus “16 años de amistad con Uribe”, como bien deduce el portal Las2Orillas. En la misma fecha de publicación de la radiografía de la “enmermelada” señora (05/09/19), esta se reunió con amigos de su causa en un elegante hotel.

 Tuvimos noticia del evento por el mismísimo expresidente que publicó, hacia las 10 de la noche, en su cuenta de Twitter, la constancia gráfica de la cita (ver). Dos días más tarde, el 7 de septiembre de 2019, Bustamente, agradecida con sus benefactores Uribe y Duque, sintió la fiebre que quema a los fanáticos de causa y creó un grupo de WhatsApp que llamó “Tuiteros TOP” o “influenciadores”. Siete minutos después de abrir el espacio, la cónsul “nombró” segundo administrador del “chat”, al alto consejero presidencial para la Transformación Digital del Estado, Víctor Muñoz.

La semana pasada, La Liga contra el Silencio —colectivo de defensa de la libertad de prensa— reveló los resultados de una cuidadosa investigación que hizo: encontró, en el chat de los dos funcionarios, una línea de ataques digitales, según instrucciones suyas a los 88 miembros de la agrupación digital, entre los cuales se destacan otros dos servidores oficiales: Hernán Darío Cadavid, asesor del senador Uribe en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y Stephanie Carrillo, jefe de prensa del exmandatario en el Senado.

El domingo 8 de septiembre, Muñoz madrugó a dar instrucciones. La primera consistía en posicionar como tendencia número uno, el hashtag #NoVeoNoticiasUno. Dos horas más tarde reportaba triunfo total con la frase que, como es usual, fue adobada con una andanada de groserías, improperios, calificativos despreciativos, acusaciones de delitos supuestamente cometidos por los periodistas del noticiero. Otros hashtags fueron promovidos por Bustamante, Muñoz y Cía., contra las periodistas Camila Zuluaga y Catherine Juvinao, y, tal vez por error, contra La W. El origen oficial del ataque digital no tiene duda: los cuatro involucrados, Bustamante, Muñoz, Cadavid y Carrillo no solo son empleados del Estado; pertenecen al círculo más estrecho de Uribe y del presidente Duque.

 ¿Les caben a los jefes y a sus subalternos responsabilidades penales o disciplinarias por el hostigamiento coordinado y consensuado contra la prensa libre? Por ahora, la única reacción de los instigadores es mutismo, cierre de cuentas y nuevos insultos de tuiteros, la mayoría, anónimos. Habrá que acudir a instancias internacionales que escapen a su poder, para pedir consejo y, probablemente, protección.

https://www.elespectador.com/opinion/hostigamiento-oficial-la-prensa-libre-columna-904043

3.20.- El molesto e inútil día sin carro y sin motoCÉSAR FERRARI


El jueves 6 de febrero hubo un nuevo día sin carros y sin motos en Bogotá. Algunos celebraron la medida, otros la consideraron molesta e inútil.
 

12 feb 2020.- Algunos dijeron que fue un éxito porque no hubo carros ni motos particulares en las calles. ¿Pero cuál es el éxito del cumplimiento de una medida que es obligatoria y desobedecerla cuesta? Obvio: ninguno.

¿Qué se celebra? Unos dicen que la reducción de la contaminación ambiental. No obstante, el mismo día las autoridades municipales declararon alerta amarilla ambiental en partes de la ciudad. En realidad, la prohibición de circulación de carros y de motos particulares solo redujo 2% el material particulado PM 2.5, el más nocivo, según la Secretaría de Ambiente.

Otros dicen que mejoró la velocidad de circulación. Sin embargo, a las 6:30 de la mañana los trancones eran ostensibles en varias avenidas principales de la ciudad: Séptima, Novena-Ciudad de Quito, Circunvalar. Obvio: aumentaron los taxis pues les levantaron el “pico y placa” y redujeron un carril en varias avenidas principales, como en la Séptima, para darles espacio a las bicicletas.

Varios dijeron que lo importante de la medida es acostumbrar a los bogotanos a usar el sistema de transporte público… en una ciudad que carece de un sistema rápido y masivo, salvo buses articulados en rutas exclusivas que no son ni rápidos ni de transporte masivo ni creación genial (un sistema de las mismas características, de buses articulados sobre rutas exclusivas, ya existía en Lima en la década de los años 70 del siglo XX).

En realidad, la medida es causa de molestias en las clases populares y medias. Los primeros, porque tuvieron que bajarse de sus motos y embarcarse en buses, y en los que utilizan regularmente los buses por la mayor congestión. Los segundos, porque tuvieron que abandonar sus automóviles, por los que pagan impuesto de rodamiento 365 días al año, y tomar taxis, que aprovechando la mayor demanda elevaron su precio a, muchas veces, el doble o triple de lo que usualmente cobran.

No es para menos. Si hay 1,1 millones de vehículos particulares en Bogotá y dejó de circular la mitad porque la otra de todos modos se quedaba en casa por el “pico y placa”, más 480.000 motocicletas que en su totalidad no pudieron circular, hubo una mayor demanda de taxis de 225.000 personas y una mayor demanda de transporte en buses de 705.000 personas, suponiendo que la mitad de los conductores de vehículos particulares que podían circular se subieron a uno de los 48.000 taxis, que sí circularon todos, y la otra mitad más todos los motociclistas se subieron a Transmilenio o a los SITP. Es apenas obvio que dichas demandas adicionales tenían que causar encarecimiento de los taxis y más congestión en los buses.

Entones, ¿para qué sirve un día sin carro y sin moto? La respuesta es obvia: para contentar a los taxistas, un gremio muy poderoso políticamente… y para fastidiar a todos los demás. En todo caso, si tanto insisten en la medida, ¿por qué no la realizan un domingo? Y, además, ¿por qué no se paga menos de la mitad del impuesto anual de rodamiento si los vehículos particulares solo circulan menos de la mitad de su vida útil por cuenta del “pico y placa” y del día sin carro? ¿Por qué no somos sensatos?

* Ph.D. Profesor titular, Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Economía.

https://www.elespectador.com/opinion/el-molesto-e-inutil-dia-sin-carro-y-sin-moto-columna-904173

3.20.- la injusticia de las megapensiones –  JHON TORRES

 Siguen apareciendo decisiones que van en contravía del mandato de la Corte Constitucional respecto al monto máximo de las pensiones. 

Los dueños de las megapensiones se beneficiaron de un privilegiado régimen que les permitió hacerse con super millonarias mesadas. Foto:  Andrea Moreno. Archivo EL TIEMPO

Justo cuando en el país empieza la tortuosa discusión de una nueva reforma pensional, a revisión de la Corte Constitucional llegará uno de esos casos que refuerzan entre los colombianos la arraigada impresión de que la justicia no se aplica igual para todos los ciudadanos.

Se trata de una tutela que falló el Consejo de Estado a favor de un exmagistrado del Consejo Nacional Electoral quien pretende, como muchos exmiembros de las altas cortes y excongresistas, que su pensión esté por encima de los 25 salarios mínimos  

En una histórica sentencia del 2013, la Corte Constitucional ordenó que ninguna mesada a cargo del Estado podía superar ese tope, equivalente hoy a 22 millones de pesos, y que el mandato se aplicaría de manera retroactiva. Contra ese fallo, que además acabó con los llamados ‘carruseles de pensiones’ en el Congreso y las altas cortes, hay una legión de demandas, incluso en el Sistema Interamericano de Justicia.

En el país hay casi 6,6 millones de personas en edad de pensión, pero solo 2,3 millones de pensionados. De los casi 23 millones de colombianos que están trabajando, solo 9,3 millones cotizan para una jubilación. Y de los que ahorran para pensión solo uno de cada cuatro logrará, después de décadas de trabajo, una mesada que en la mayoría de los casos no llegará a los dos salarios mínimos.

Con jubilaciones que están entre 10 y 20 veces por encima de las que recibe el 95 % de los colombianos, los dueños de las megapensiones se beneficiaron de un privilegiado régimen que les permitió hacerse con millonarias mesadas, muchas veces sin que importaran sus reales aportes al sistema de seguridad social. Esos privilegios eran claramente inequitativos y por eso la sentencia del 2013 les puso límites.

Y, sin embargo, siguen apareciendo decisiones, casi todas del Consejo de Estado, que van en contravía del mandato de la Corte. Y aunque al final terminan cayéndose suelen dejar en manos de los demandantes centenares de millones de pesos que se tienen que pagar mientras hay fallo definitivo y que después difícilmente serán recuperados por el Estado.

JHON TORRES Editor de EL TIEMPO

https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/la-injusticia-de-las-megapensiones-opinion-460548

2.20.-Duque firmará con gremios pactos por el crecimiento y la generación de empleo REDACCIÓN POLÍTICA

  • El sucesor del DAS, ¿también “chuza”? CECILIA OROZCO
  • Duque: ¡despierte!JUAN MANUEL LÓPEZ

Más de un historiador subraya que los gobiernos asiáticos como los latinoamericanos otorgan créditos, dotan de infraestructuras y les dan subsidios a los empresarios, con la diferencia de que los asiáticos lo hacen con contratos serios, monitoreo y examen de resultados con premios y castigos. En cambio los latinamericanos suelen confirmar sus siempatías y finanzas electorales.

De las 327 acciones, 63 % están a cargo del sector público y el 37 % las asumen privados. Archivo EFE – Referencia

En la mañana de este lunes se tiene previsto que el presidente Iván Duque, acompañado por representantes de 65 gremios de la producción, suscriba 10 pactos orientados al crecimiento económico y la generación de empleo.

Según el Ejecutivo, que realizará la firma en el Teatro Colón de Bogotá, los objetivos del pacto son aumentar las exportaciones, el crecimiento de las ventas para incrementar la producción nacional y disminuir la tasa de desempleo.

27 ene 2020.- «El Gobierno acordó 327 acciones, de las cuales el 63 % están a cargo del sector público y el 37 % las asumen privados. Tales acciones están identificadas en los grupos farmacéutico, palma, frutas, leche, pesca y acuicultura, agroindustria de caña de azúcar, energía, minería, hidrocarburos e infraestructura”, detalló el Ejecutivo.

Sumado a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, se prevé que a la jornada asistan los ministros de Trabajo, Alicia Arango, y de Agricultura, Andrés Valencia, así como consejeros presidenciales y directores de entidades descentralizadas.

En agosto pasado, el Gobierno suscribió 12 pactos con los sectores de cacao, carne, industria agroforestal, turismo, BPO, Economía Naranja, software y TI, moda, construcción, industrias del movimiento, alimentos procesados, y químicos.

Así las cosas, son 110 los gremios que participarán en esta apuesta por la economía nacional, que durante 2019 creció 3,3 %, superando el promedio regional.

“Este es un país de vocación emprendedora y empresarial. Muchos que empezaron pequeños y se convirtieron en empresas que hoy recorren el mundo. Otras han sido empresas medianas, pero se han sostenido en el tiempo generando empleos, dando esperanzas y generando optimismo”, aseguró en su momento Duque.

(politicaelespectador@gmail.com)

 https://www.elespectador.com/noticias/politica/duque-firmara-con-gremios-pactos-por-el-crecimiento-y-la-generacion-de-empleo-articulo-901670

2.20.-El sucesor del DAS, ¿también “chuza”? CECILIA OROZCO 

La cabeza actual de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) es el almirante Rodolfo Amaya Kerquelen, jefe de la Casa Militar de 2002 a 2010, es decir, durante los dos gobiernos Uribe. Su nombramiento en la DNI no produjo sorpresa: a solo un mes de que Iván Duque fuera elegido y 20 días antes de que se posesionara, la prensa ya sabía que Amaya Kerquelen sería escogido para dirigir las tareas de inteligencia y contrainteligencia civil del Estado bajo el mando directo del presidente de la República desde la DNI.

10 jul 2019.-  En efecto, Amaya fue confirmado como el hombre de la seguridad nacional en cuanto se instaló el nuevo Gobierno. Ni que hablar de la importancia del cargo en cualquier administración, pero sobre todo en una que padece la agobiante supervisión de Álvaro Uribe, tan obsesionado con la represión.

Así que el novel presidente Duque no tuvo que buscar: el almirante que vigilaba en épocas uribistas todo lo que acontecía en la residencia presidencial, incluyendo, por supuesto, el suceso del 23 de abril de 2008 cuando dos enviados del narcoparamilitarismo de Antioquia ingresaron con autorización por sus sótanos y en horas nocturnas (episodio alias Job) para reunirse con el secretario jurídico del presidente, era el candidato perfecto para estar en la Dirección de Inteligencia ¡Diga usted si no!

Pese a que mantiene bajo perfil, Amaya adquiere renovada notoriedad estos días por la carta que tres congresistas de la oposición le escribieron a Iván Duque para denunciar que recibieron “información según la cual desde la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, se vienen preparando operaciones de descrédito en contra nuestra y de una decena de ciudadanos quienes hemos sido declarados “objetivos políticos” de acciones encubiertas (ilegales)”.

Se trata de los senadores Roy Barreras, de la U; Iván Cepeda, del Polo Democrático, y Antonio Sanguino, del Partido Verde. A Barreras, Cepeda y Sanguino los separan sus bancadas, sus líneas políticas y sus propias trayectorias públicas pero los une su defensa del Acuerdo de Paz. Ellos tres y sus actividades pueden producir todas las opiniones a favor o en contra suya pero no hay alguien —ni siquiera en la ultraderecha— que se atreva a afirmar bajo la gravedad del juramento que conforman un grupo armado ilegal peligroso para la existencia del Estado, único motivo válido para hacerles seguimientos o interceptaciones, previa autorización de un juez.

 Entonces, ¿por qué tres senadores serían “objetivos políticos” o sujetos de “operaciones de inteligencia” de la DNI, con “directrices emanadas del propio director… Amaya Kerquelen”?

En la mente enferma de los obsesos persecutores, no es posible vivir sin enemigos grandes. Desarmadas las Farc, había que crear otro monstruo que les diera una razón para odiar: el Acuerdo de Paz. De modo que los congresistas que apoyen la JEP, el Sistema de Atención a las Víctimas y la Comisión de Verdad en donde se conocerá, finalmente, quién fue quién y quién ordenó qué en los tiempo de confrontación, repito, esos parlamentarios son los nuevos “guerrilleros” que el Estado debe enfrentar porque estos luchan a favor de la inteligencia humana en contra de la mera Inteligencia estatal.

Conocida la carta al presidente Duque, la DNI expidió un comunicado. Imaginen su contenido: una obviedad según la cual nada de lo denunciado es cierto.

Así fue en 2006, 2007 y 2008: tres años y más en que se filtraban las acciones ilegales del DAS, tres y más años en que desde la propia Casa de Nariño se negaba la veracidad de las versiones que indicaban que los opositores políticos de entonces, los periodistas independientes y los magistrados que investigaban a los parapolíticos aliados del Gobierno eran seguidos, interceptados, espiados hasta en los aspectos más íntimos de sus vidas y amenazados, además de ser víctimas de montajes judiciales y mediáticos.

Hasta cuando la verdad, que se cuela como agua de tubería rota, se descubrió pese a que falta castigar a los máximos responsables. De acuerdo con esa verdad, hay más de 20 condenados y 30 investigados por lo que se llamó el escándalo de las “chuzadas” del DAS. Entre los procesados estaban varios secretarios y asesores de la Casa de Nariño, subalternos de Uribe; directores de departamentos; directores de Inteligencia y Contrainteligencia, agentes secretos y, claro, directores del DAS. Rodolfo Amaya Kerquelen es sucesor, en la agencia estatal de seguridad, de Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado. Ambos purgan sus respectivas condenas.

https://www.elespectador.com/opinion/el-sucesor-del-das-tambien-chuza-columna-870071

2.20.-Duque: ¡despierte! JUAN MANUEL LÓPEZ


¿Cómo es posible que la economía colombiana siga soportada en petróleo, peor aún, con fracking? ¿Qué política más tonta volver objetivo nacional tumbar a Maduro, peor aún, imponer a Guaidó?

Ser ‘el mejor aliado’ del matón del barrio no significa poder adelantar los intereses propios sino estar sometido a los suyos. 

Dos temas mueven hoy el mundo: la reelección de Trump y el cambio climático.

Coinciden o se interrelacionan en muchos puntos, entre ellos en ser determinantes para el futuro de Colombia más que para el de casi cualquier parte del mundo.

El primero por la actitud ante el mismo cambio climático, la política respecto a Venezuela, la incertidumbre que crea en el contexto económico con sus ‘guerras comerciales estratégicas’ (con China, con el antiguo Nafta, con las amenazas a Europa).

Y en cuanto al cambio climático, por la actitud que asume el actual gobierno ante temas como el glifosato, la minería (Santurbán, etc),  pero sobre todo porque nuestra economía y la consecuente posibilidad de políticas de desarrollo las basa el gobierno en el futuro del hidrocarburo, como si no fuera el mismo futuro de este el de perspectivas más inciertas.

Respecto a este último, desde hace diez años los gobiernos hablan de llegar al millón de barriles y cada vez parece eso más lejano. En cuanto a su precio no tiene ninguna posibilidad de subir (exceptuando posibles eventos de coyuntura muy transitorios). Seguir el ejemplo de Estados Unidos ensayando el fracking que se supone podría remplazar la falta de reservas agravará los inconvenientes económicos, políticos, sociales y ecológicos que por culpa de la dependencia del petróleo vivimos. Los Estados Unidos -antes el mayor importador del mundo- ya no depende de suministros extranjeros y hoy tiene excedentes; con la explotación del fracking en su territorio (es uno de los pocos países que lo fomenta) competirá con los productores tradicionales. Tres de los mayores proveedores -Irán, Irak, y Venezuela- están en suspenso pues explotan menos de la cuarta parta parte de su potencial, luego la eventual solución de sus problemas políticos implicaría un aumento del exceso de oferta ya existente. Un propósito mundialmente compartido es la disminución de su consumo (hasta el actual gobierno americano que no cree en el cambio climático favorece la sustitución por energías limpias).

Trump usa a Duque, pero hasta dónde le sirva

El interés de los Estados Unidos en Venezuela no es ‘defender la democracia’, sino controlar el manejo del petróleo como lo ha hecho con Irán, y con Irak. Pero Trump no va a inventar una guerra en su ‘patio trasero’ para ello (por lo menos esperemos que así sea). Usa a Duque pero hasta dónde le sirva. Hoy ya renunció a poner como condición el reconocimiento de Guaidó y acepta la búsqueda de un camino de transición; por supuesto mientras China y Rusia se opongan, el ‘cerco diplomático’ como vía para tumbar a Maduro fracasará.

Ya nos ganamos la enemistad de los chavistas que son la mitad de la población venezolana; el cambio de gobierno tarde o temprano se producirá, pero Maduro y sobre todo el chavismo no desaparecerán sino negociarán cediendo parte del poder pero no entregándose a la oposición; los Estados Unidos y el conjunto de partícipes del ‘cerco diplomático’ ya están en eso. La expectativa de que un cambio allá permitirá que nosotros nos apoderemos de su economía no es muy realista pues otros actores ofrecerán mejores ventajas, y aún si lo lográramos solo nos aportaría el odio del resto de la población. Es tal vez la peor apuesta de Duque.

¿Cómo es posible que la economía colombiana no solo siga soportada en el hidrocarburo, sino que para ello continúe por caminos aún más cuestionables como el fracking?

¿Qué política más tonta que volver un objetivo nacional tumbar a Maduro, o, peor aún, buscar hoy imponer a Guaidó?

Ser ‘el mejor aliado’ del matón del barrio no significa poder adelantar los intereses propios sino estar sometido a los suyos.  Cuando el resto del mundo desconfía de él, estar de su lado y seguir sus ejemplos no es la mejor carta de presentación.

 https://www.las2orillas.co/duque-despierte/

  • 1.20.-El general Nicasio Martínez y el senador Iván Cepeda concilian ante la Corte SupremaLAS2ORILLAS
  • Presión a la Corte: eligen o se los elegimosCECILIA OROZCO
  • Merlano y la diplomacia del absurdo PATRICIA LARA

29 ene 2020.- Ante la Corte Suprema de Justicia, el general Nicacio Martínez logró demostrar que no tenía investigación alguna por falsos positivos, como lo aseguró el senador Iván Cepeda y el abogado Alirio Uribe. Durante varias horas de conciliación, Martínez desmintió los señalamientos que hicieron contra él Cepeda y Uribe en un debate de control político en 2014. El magistrado Francisco Javier Farfán Molina le dio la razón al general, quien estuvo hasta diciembre a la cabeza del Ejército, y le ordenó al senador del Polo y al abogado retractarse por escrito. Tendrán 40 días para publicar el documento que acordaron con el general y presentarse ante el juez para solucionar la demanda que tienen en su contra. 

1.20.-Presión a la Corte: eligen o se los elegimos CECILIA OROZCO  

La Corte Suprema de Justicia apenas aguanta la presión de una presunta “opinión pública” que le exige elegir, de una buena vez, a siete magistrados que faltan en su sala plena; al presidente y vicepresidente, año 2020, de ese alto tribunal; y, por ese camino, también al fiscal general escogiendo, sin derecho a oponerse, a uno de los tres candidatos del presidente Duque: su secretaria jurídica, su consejero para los Derechos Humanos y su director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, es decir, los subalternos del jefe de Estado.

29 ene 2020

Pero esta “opinión pública” que fustiga a la Corte por “fallarle a su deber” no representa los intereses de la sociedad. En ocasiones, por desgracia frecuentes en Colombia, los que hablan a nombre de la comunidad son, en realidad, voceros del poder y no reflejan las esperanzas de la gente, sino las urgencias del Ejecutivo y el Legislativo que, para mantener su control total sobre los destinos del país, requieren someter a la Justicia, en esta oportunidad, vía Corte Suprema, hoy acosada por las funciones electorales que, en mala hora, le asignó la Constitución.

Por eso, lo último que le preocupa a la “opinión pública” cuando lanza sus discursos ofensivos contra la Suprema, es ahondar en la calidad moral, la autonomía, el conocimiento académico o el carácter recio que se esperaría de quienes vayan a ostentar la toga de juez de última instancia, o a lucir el traje de fiscal general del que depende, ni más ni menos, la fase inicial de la totalidad de los procesos penales que se adelanten o dejan de adelantarse aquí, pues es claro que un fiscal de bolsillo puede desviar o dejar de investigar ciertos hechos inconvenientes para el mandatario que lo postuló o para sus aliados.

 Así que está lejos de ser cierto que si “eligen ya” a los unos y al otro, los magistrados actuales de la Corte “le cumplen a la Nación”. Más exacto sería afirmar que el grupo de juristas rectos que también existe en el Palacio de Justicia, se habría allanado – por el peso de la presión – a las pretensiones de quienes han infiltrado, de tiempo atrás, los despachos de no pocos togados que terminaron siendo los vergonzosos agentes de una clase política corrupta necesitada de garantizar la impunidad de su conducta presente y futura.

La Corte está dividida, es cierto. Sin embargo, la simplificación de esa realidad conduce a reproducir una falsa verdad, de nuevo, conveniente a objetivos oscuros los cuales resultarían triunfantes si la máquina electoral no se detiene a examinar a los aspirantes, a sus padrinos y a quienes todos defienden. La Corte está bloqueada, es cierto. Pero no es porque algunos magistrados voten en blanco para, supuestamente, evitar que lleguen a sus salas “personas que una vez elegidas se dedican a practicar el turismo judicial y a hacer uso indebido de las facultades electorales”, como, paradójicamente, lo divulga uno de sus más cuestionados togados, Ariel Salazar, tratando de limpiar, de manera tardía, su triste fama. El asunto es mucho más profundo.

Desde luego, la Justicia, incluida la Suprema, no está exenta de veleidades, venalidades y vanidades internas. No obstante, lo que sería saludable para la democracia es que sus elegidos fueran incorruptibles y que no tuvieran deudas de fidelidad sino con la conciencia ciudadana. De inclinarse, miedosa, ante los detractores de la independencia judicial por su amenaza de que “eligen o se los elegimos”, la Corporación cavaría, aún más, su desprestigio. Y estaría ungiendo como sus togados, a los aspirantes que cuentan con el aparato de padrinazgo que le sopla al oído a la “opinión pública”, idiota útil en unos casos, lo que le conviene no importa que sus votos resulten siendo escandalosos.

Vale recordar una información revelada por Noticias Uno el fin de semana pasado: si todo sale como se prevé, pronto sería seleccionada, en la Suprema, la aspirante María Matilde Trejos Aguilar, actual miembro del Tribunal Superior de Buga. Nadie sabe cuál es el secreto, pero ella es candidata inamovible de la mayoría de la Sala Laboral de la Corte que no se sonroja con los parentescos de su protegida: la magistrada Trejos es hermana de dos señoras condenadas por testaferrato, fraude procesal, lavado de activos y concierto para delinquir. Una fue abogada y, la otra, contadora del narcotraficante Iván Urdinola y de su esposa Lorena Henao Montoya, “la viuda de la mafia”. O sea, del cartel del norte del Valle. Esto no interesa a los electores que quieren votar para no quedarle mal a “la opinión pública”. Todos ellos estarán satisfechos cuando acomoden los peones, los caballos, los alfiles y las torres para que siga mandando el rey.

/Opinion/Presion la corte eligen o se los elegimos columna 901858

1.20.-Merlano y la diplomacia del absurdo PATRICIA LARA

La captura de la exparlamentaria conservadora Aída Merlano en Venezuela puso en evidencia el manejo absurdo que el presidente Iván Duque le ha dado a las cruciales y difíciles relaciones con ese país vecino, con el que compartimos 2.219 kilómetros de una frontera llena de conflictos y desgobierno.

31 ene 2020

Y el manejo ha sido absurdo porque, por más terrible que nos parezca el presidente de Venezuela, no podemos romper la comunicación con un vecino, máxime si es tan conflictivo como Maduro. Incluso durante el gobierno de Álvaro Uribe —quien tuvo períodos de luna de miel con Chávez—, cuando las relaciones se rompieron y Chávez se le volvió a Uribe su “nuevo peor enemigo”, Colombia y Venezuela mantuvieron abierto un canal por la vía de Julio Londoño Paredes, embajador de Colombia en Cuba, quien a través del gobierno de Fidel Castro se comunicaba con el de Chávez.

Pero ahora el diálogo con Venezuela es nulo y las relaciones con Cuba están frías, por cuenta de la abstención de Colombia en la votación de la última Asamblea General de la ONU contra el bloqueo de EE. UU. a la isla y del desconocimiento por parte de Duque de los protocolos que deben hacer cumplir los países garantes, como Cuba y Noruega, en caso del rompimiento de la negociación con el Eln.

Entonces, por cuenta de esa actitud infantil de Duque, no solo nos quedamos sin comunicación con Venezuela, sino que herimos a las palomas mensajeras que podían llevarle razones a un vecino capaz de generarnos problemas tan complicados como el estímulo a la migración masiva y la protección abierta a los disidentes de las Farc y del Eln, organización con la que en este gobierno parece cancelada toda posibilidad de paz, lo que constituye otro error; sin embargo, ese tema corresponde a otra columna.

Pero la situación es grave no solo por la incomunicación, sino porque Duque se ha dedicado a torear a Maduro insistiendo por más de un año en que no reconoce a su gobierno, sino al del autodenominado presidente Juan Guaidó, que si bien cuenta con cierto apoyo internacional, no manda ni controla en Venezuela.

Duque debe comprender que el cerco diplomático que él ha encabezado contra esa nación puede liderarlo cualquier otro, salvo el presidente de Colombia, precisamente porque somos vecinos y tenemos delicados problemas en común, que solo podemos solucionar si dialogamos.

El caso de Merlano tiene que hacer que Duque y su canciller entiendan que el presidente de un país es el que duerme en el palacio presidencial y tiene el control del Ejército y la Policía. Y esas condiciones las cumple Maduro, pero no Guaidó.

Sin embargo, ahora, cuando se presenta la oportunidad de revisar esa política y de pedirle a Maduro la extradición de Merlano, el gobierno de Duque sale con el risible disparate de decir que la extradición se la pedirá a Guaidó, quien nada puede hacer.

Duque debe aterrizar en la realidad: el presidente de Venezuela es Maduro. Y él es el único que puede enviarnos a Merlano.

¿O será más bien que el Gobierno hizo el papelón de pedírsela en extradición a Guaidó porque sabe que él no la puede extraditar y no quiere que Aída Merlano llegue a Colombia y, bajo juramento, delate ante un juez la red de corrupción electoral en la Costa, la cual involucra no solo a los Gerlein, sino que salpica al clan Char, que aspira presidir el Senado y convertirse en uno de los principales aliados de Duque?

Siguiente pregunta…

Nota. Por viaje, esta columna reaparecerá en dos semanas.

www.patricialarasalive.com@patricialarasa

https://www.elespectador.com/opinion/merlano-y-la-diplomacia-del-absurdo-columna-902203

  • Extra / 19 – Dialogar con todos para no dialogar con nadiePATRICIA LARA
  • Breve anatomía de un paro que no se sabe para dónde va – JUAN MANUEL LÓPEZ

Comité Nacional del Paro tuvo que levantarse del conversatorio del presidente Duque.

El asesinato por parte del Esmad del joven Dilan Cruz, a quien le llegó la muerte cuando protestaba pacíficamente, unido a las innumerables imágenes de abusos del Esmad contra miles de manifestantes cuyo “delito” había sido golpear cacerolas o gritar consignas, todo ello precedido por la indignación que causó la muerte de ocho niños en un bombardeo del Ejército, caldeó aún más los ánimos de cientos de miles de personas que, hace una semana, realizaron la mayor manifestación que haya tenido lugar contra un gobierno en los últimos 40 años.

29 nov 2019.- Y el presidente Iván Duque, en lugar de dar de inmediato una respuesta adecuada y concreta, se inventó una “conversación nacional” con Raimundo y todo el mundo para ponerle un paño de agua tibia a la explosiva situación, atomizar el diálogo, desconocer el liderazgo de los organizadores del paro y tratar de dividirlos. Es así como el martes, después de que dio vueltas y vueltas para no reunirse con los dirigentes de la protesta, por fin se sentó con el Comité Nacional del Paro, pero en lugar de oírlos salió con el chorro de babas de que tenía que sentarse a dialogar con los empresarios, los gremios y los organismos de control. Ahí paró la conversación porque, según uno de los asistentes, el presidente tenía otras cosas que hacer. Entonces los miembros del Comité se fueron, le dejaron sus propuestas y esperan su respuesta por escrito.

Así el diálogo no funciona. Ese manejo no es serio. El presidente lo que tendría que haber hecho era coger el toro por los cachos y citar desde el principio al Comité del Paro para acordar los caminos del diálogo y, de común acuerdo con ellos, buscar la forma de escuchar a esa otra Colombia que espontáneamente se unió a la protesta. Lo que tenía que haber hecho era aceptar que hay un gran descontento con su gobierno y no centrarse en el orden público, como lo hizo en su primera alocución. Lo que tenía que haber hecho era reconocer a los líderes visibles de la movilización y no tratar de diluirlos, como ha intentado hacerlo.

Como se lo sugirió con gran lucidez la nueva alcaldesa de Bogotá, Claudia López, Duque tiene que revestirse de una gran humildad que hasta ahora no se le ha visto en lo absoluto, reconocer que hay cosas que van mal (por ejemplo, el Esmad) y que ha habido “errores inaceptables como el que niños y jóvenes estén nuevamente muriendo en una guerra absolutamente prevenible e indeseable”, entender que el diálogo no es “para explicar con más profundidad las políticas gubernamentales” sino para hacer cambios y concesiones, y unir a Colombia, no en torno a los poderes desgastados que carecen de legitimidad, sino a temas que verdaderamente convoquen a la ciudadanía, como puede ser la realización de un pacto por los jóvenes y por la inclusión de la Colombia rural y profunda que sigue viviendo en medio del conflicto, la exclusión y la pobreza extrema.

Sin embargo, todavía es tiempo de que el presidente rectifique su camino; que decida fortalecer la implementación de todo el Acuerdo de Paz y no de una sola parte, como lo ha hecho hasta ahora; que reanude las conversaciones con el Eln, como le ha insistido su amiga María Isabel Rueda, y que emprenda este diálogo con honestidad, sin ponerle zancadillas y sin mamarle gallo al paro, porque si continúa jugando a que pase el tiempo, llegue Navidad y el diálogo se atomice, va a generar una inmensa frustración que, después, puede desembocar en una protesta mucho mayor, esa sí, de consecuencias imprevisibles.

www.patricialarasalive.com@patricialarasa https://www.elespectador.com/opinion/patricia-lara-salive

 

Breve anatomía de un paro que no se sabe para dónde va – JUAN MANUEL LÓPEZ

El origen antineoliberal está claro, lo demás radica en la controvertida gestión de un presidente que parece contar más con su facilidad de palabra que con sus acciones de gobierno.

Duque queda sin capacidad de maniobra para defender sus propuestas de reforma laboral, tributaria y pensional

Puntos claros: Las condiciones de Colombia coinciden con las de los países donde se han producido disturbios y protestas; el origen y punto común es el agotamiento del modelo neoliberal; el efecto contagio era previsible.

Ha sido la mayor manifestación de protesta desde el 9 de abril: más grande en amplitud  universidades ‘de élite’, sector salud, indígenas, campesinos, etc); más grande en diversidad de reclamos; y con más continuidad o persistencia en el tiempo.

27 nov 2019.- Es la expresión de inconformidad que tiene la población por las condiciones de vida que se les ofrece en cuanto a empleo, salud, expectativas de educación, etc.; una protesta contra el gobierno y en especial contra la forma de gobierno del presidente; un rechazo a la institucionalidad en conjunto.

Coincidió en un interés generalizado por crear el pánico: quienes buscaban ‘desestabilizar el país’ por ser su propósito último; y desde el gobierno y el ‘establecimiento’  sobredimensionaron el ‘peligro’, ya fuera porque creían de verdad en lo que divulgaban o por estrategia para justificar un montaje para responder con medidas represivas. Los medios y las ‘redes sociales’ hicieron de caja de resonancia multiplicando rumores y fake news que crisparon los nervios de la población.

El choque entre ‘vandalismo’ y fuerza pública cumplió esa ‘profecía autocumplida’, copando el mundo noticioso y desplazando el protagonismo de lo que significaba y expresaba la población en la calle.

Se volvió un tema de orden público lo que es una crisis política y social. La violencia desplazó el mensaje y el debate que proponían los marchantes.

La muerte de Dilan Cruz no es el único caso de desbordamiento de la violencia; hubo otras muertes, uno por suicidio y otra por bala perdida; las agresiones contra las fuerzas del orden dejaron centenares de heridos; pero ese caso se convirtió en el símbolo del paro, y la justificación o pretexto para su continuación.

Confusa y difícil puede ser la explicación de qué ha pasado o porqué ha pasado, y lo que queda es una competencia por ver quién manipula más la información para que su interpretación se imponga.

Pero conclusiones paralelas sí parecen más fáciles y más claras:

Una reducción mayor de la capacidad de maniobra -es decir, de gobierno- desde la Presidencia; una mayor dificultad -si no imposibilidad- de tramitar la agenda que tenía: ya no podrán defenderse las propuestas de reforma pensional, reforma laboral, reforma tributaria, etc.; más incertidumbre y mayor riesgo en relación con la economía (como se alteran las proyecciones, y sobre todo cómo reaccionan las calificadoras de riesgo); disminución si no corrida de la inversión extranjera. Etc.

Pero lo peor, una mayor polarización alrededor de un presidente que suscita toda clase de controversias en cuanto a la bondad de su gestión pero pocas en cuanto a sus características: dependencia y vínculo con quien lo nombró (recuérdese ‘el que diga Uribe’); improvisación en la dirección por falta de experiencia y trayectoria en los asuntos públicos; falta de sintonía -supuestamente por deficiencias de comunicación- con la ciudadanía.

Duque parece contar más con su facilidad de palabra que con sus acciones de gobierno: no conecta fácilmente con el lenguaje del país al punto que para abrir el diálogo que la población pide lo propone cambiando la palabra por ‘una conversación’ (no se sabe si es algo deliberado porque entiende algo diferente); una tendencia sorprendente de escoger la palabra, acto u opción inapropiada para responder en los momentos que más se espera de él.

https://www.las2orillas.co/breve-anatomia-de-un-paro-que-no-se-sabe-para-donde-va/

 

  • 13 puntos para levantar el paro, una negociación complejaKIENYKE 
  • Un análisis de las trece peticiones de los dirigentes del paro FRANCISCO AZUERO
  • Que todo cambie para que nada cambie –BERNARDO GARCÍA
  • Duque fija seis ejes para nuevo pacto social TOMÁS BETÍN TOMBETRI
  • 45.19.-¿Cómo enfrentar el descontentoMAURICIO CÁRDENAS

Iván Duque abrió el diálogo pero los promotores del paro se levantaron de la mesa.

El 21 de noviembre se llevó a cabo por parte de centrales obreras, mesas estudiantiles y otras organizaciones sociales el inició un paro nacional. Van ocho días continuos de marchas y sobre la mesa el Comité Nacional de Paro ya puso 13 puntos de discusión.

Fueron varias semanas en las que estas organizaciones plantearon su disgusto con diferentes políticas del Gobierno, y llamaban a la movilización contra lo que denominaron “el paquetazo de Duque”.

El presidente Iván Duque también hizo lo suyo para informar sobre muchos de los argumentos que utilizaron quienes convocaron a la protesta. Pues aseguraba que en su gobierno no se promovía ninguna reforma pensional y laboral que perjudicara a los colombianos, uno de los puntos del que se hablaba.

Declaran que muerte de Dilan fue homicidio

Las marchas del 21 de noviembre fueron multitudinarias en todo el país, y con el paso de los días la situación del orden público se agravó. De hecho, al día siguiente, en Bogotá tuvieron que decretar el toque de queda y el miedo se apoderó de los ciudadanos.

La presión de esos días de caos y protestas hicieron que el mandatario reaccionara anunciando la creación de una ‘Gran Conversación Nacional‘, en la que convocó no solo a los líderes del paro sino también a otros sectores del país que podían aportar al diálogo.

Con miras en el diálogo, el comité del paro anunció los 13 puntos para llegar a acuerdos con el Gobierno y que piden ser discutidos con prontitud.

Los puntos sobre la mesa

  1. Retiro del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria en tránsito en el Congreso de la República.
  2. Derogatoria inmediata del Decreto 2111 del 2019, por el cual se crea el Holding Financiero.
  3. Derogatoria de la Circular N° 049 de 2019 sobre estabilidad laboral reforzada.
  4. Disolución del ESMAD y depuración de la Policía Nacional, responsables de la muerte de Dilan Cruz
  5. El Gobierno se abstendrá de tramitar la reforma al Sistema de Pensiones.
  6. El Gobierno se abstendrá de realizar reformas laborales, tramitando además la derogatoria de los artículos 193, 198, 240 y 242 del Plan Nacional de Desarrollo.
  7. El Gobierno no adelantará proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria.
  8. El Gobierno iniciará de inmediato con las organizaciones respectivas la implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados por el anterior y el actual Gobierno entre otros: Estudiantes universitarios, Organizaciones indígenas, Trabajadores estatales, FECODE, Sectores campesinos y agrarios
  9. Trámite con Dignidad Agropecuaria Colombiana los temas relacionados con las necesidades de los productores agropecuarios, entre estos la revisión de los Tratados de Libre Comercio y todo lo relacionado con la producción en este sector.
  10. El Gobierno abordará con Defendamos La Paz, el proceso de cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz firmados en La Habana.
  11. Trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción.
  12. Derogatoria del impuesto o Tarifazo Nacional relacionado con el tema de Electricaribe.
  13. Definición de las políticas ambientales, protección de los páramos y demás con los representantes de las organizaciones ambientales que se acuerden.

Para analizar lo que el Gobierno Duque puede hacer frente a cada punto y si tiene relevancia abrir una discusión nacional frente a ellos, KienyKe.com habló con Alfonso Gómez Méndez, exfiscal General de la Nación, excongresistas y exministro de Justicia, para analizar cada petición.

  1. Frenar la Reforma Tributaria

El primer punto de los convocantes al paro es que Iván Duque retire la Reforma Tributaria que hoy está pasando por varios debates en el Congreso de la República luego de la Corte Constitucional la declarara inexequible.

Para Gómez Méndez, “no debería ser un tema de negociación, en medida en que eso ya pasó por el Congreso, por la Corte Constitucional en su momento y ahora retirar el proyecto sería una derrota política para el gobierno pero probablemente con consecuencias catastróficas”.

Ante esa petición Duque anunció una ponencia de ley de Crecimiento Económico, que contempla la idea de tres días sin IVA al año y otras medidas económicas.

  1. Holding Financiero un tema conversable

Mientras los colombianos seguían en manifestaciones, el Gobierno decidió firmar el decreto que crea el Grupo Financiero Bicentenario, que busca generar eficiencia, colaboración y coordinación en el funcionamiento de las empresas del Estado.

“Este es un tema en el que creo que el Gobierno puede ceder y no perdería mucho, no debería ser un tema inamovible para el presidente Iván Duque, pero sí podría afectar un poco su gobernabilidad”, comentó el exfiscal.

El jefe de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla, resaltó que, con la creación del Grupo Bicentenario, no se afectarán los derechos laborales ni implicará desvincular trabajadores, tampoco se busca remitir dineros al sector privado y no lleva a la quiebra las entidades.

  1. Derogar la inestabilidad laboral

Con la Circular N° 049 de 2019 el Ministerio de Trabajo dio vía libre para autorizar la terminación de la relación laboral de trabajadores que se encuentren en condición de discapacidad o de debilidad manifiesta por razones de salud.

Gómez Méndez considera que se trata de un tema “que perfectamente podría negociarse con las condiciones técnicas necesarias, no es como un tema de fondo, pero sí es negociable”.

  1. El futuro del Esmad

“Yo no estoy de acuerdo, me parece que lo que hay que hacer es adelantar investigaciones puntuales en relación con quienes abusan de su fuerza o cometen delitos”, expresó el exfiscal.

También comentó que pedir que se acabe el Esmad es algo muy típico en Colombia. “Todas las sociedades tiene un fuerza de Policía antidisturbios, porque un Estado no se puede cruzar de brazos cuando pueden ocurrir desmanes, lo que ellos tienen que hacer es actuar con la ley en la mano”, explicó.

La muerte del joven Dilan Cruz que recibió un disparo con un arma convencional por parte de un uniformado, abrió el debate sobre el futuro de esta fuerza policial, a la que Iván Duque ya dio un rotundo no.

  1. No a la reforma pensional, ¿pero cuál?Una de las primicias de este paro nacional era no apoyar una supuesta reforma pensional del Gobierno Duque. Pero en sí, no hay ningún proyecto presentado con ese propósito en el Congreso de la República.

Para Alfonso Gómez Méndez es una petición absurda porque ya se dijo que no hay una reforma de este tipo en curso.

Sin embargo, los manifestantes se han referido es a las declaraciones del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que en entrevistas ha dado luces de lo que el Gobierno podría estar pensando para solucionar la crisis pensional en el país.

  1. Derogar artículos del PND, improcedente

Según explicó el exfiscal, el Plan Nacional de Desarrollo es una ley y por ese motivo un presidente no puede entrar y derogarla. Pero lo que si pueden hacer es reabrir la discusión pero ese escenario llevaría a retrasos y necesitaría meses para hacerlo.

https://www.kienyke.com/noticias/puntos-conversacion-paro-nacional-gobierno

45.19.-Un análisis de las trece peticiones de los dirigentes del paroFRANCISCO AZUERO

Un esfuerzo por analizar cada una de las propuestas de los dirigentes del paro. Estoy de acuerdo en cuatro, de acuerdo con salvedades en una, en desacuerdo con 7 y una no la entiendo

Propuestas con las que estoy de acuerdo:

1)    El Gobierno abordará con Defendamos la Paz (DFL) el proceso de cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz firmados en La Habana.

No podría estar más de acuerdo. Creo que vale la pena repasar cuál es el estado real de cumplimiento de los acuerdos de paz.  Considero que el gobierno no tendría ningún problema en aceptar esta solicitud. Tengo la hipótesis que este punto fue el que logró una masiva participación en la marcha del 21 de Noviembre.

2)    El Gobierno iniciará de inmediato con las organizaciones respectivas la implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados por el anterior y el actual Gobierno entre otros como estudiantes universitarios, organizaciones indígenas, trabajadores estatales, Fecode, Sectores campesinos y agrarios.

Tampoco veo ningún inconveniente en que el gobierno revise el estado de cumplimiento de todos estos acuerdos. Debe resultar de este ejercicio una confrontación completa entre los acuerdos realizados (aquellos que tengan la firma del gobierno y de sus interlocutores) y los avances obtenidos. Si el gobierno parte de la base de que sí hubo cumplimiento y los dirigentes del paro de que no (como parece ser el caso, por ejemplo, frente al presupuesto de las universidades públicas),  ambos deben demostrar sus puntos con hechos y con cifras.

3)    El trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción.

Los 7 puntos que fueron puestos a consideración de los colombianos el 26 de agosto del año pasado,  y que lograron más de 11 millones de votos, si bien no están ligados todas ellos a la lucha contra la corrupción (por ejemplo la que tiene que ver con la reducción del salario de los congresistas) constituyen un paso importante en la modernización de las costumbre políticas y en una mayor transparencia de la acción de los parlamentarios, y en general de los políticos. Ha faltado voluntad por parte de los parlamentarios para aprobar estos proyectos.

4)    La derogatoria del impuesto o Tarifazo Nacional relacionado con el tema Electricaribe.

No existe ninguna justificación económica ni política para esta sobretasa que se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo, y que pondrá a un número importante de ciudadanos a pagar por los problemas de esta empresa, originados fundamentalmente en la cartera morosa de un buen número de sus usuarios, incluidos entre ellos sectores de altos ingresos y muchas entidades públicas.

1)    De acuerdo con salvedades

Definición de las políticas ambientales, protección de páramos y demás con los representantes de las organizaciones ambientales que se acuerden.

Estoy de acuerdo, con una pequeña salvedad.  Gobernar exige tomar decisiones previa discusión con todas las partes que puedan ser afectadas por una decisión.  La definición de políticas ambientales debe hacerse analizando cuidadosamente los costos y los beneficios de ellas. Por eso el diálogo, ni mucho menos las decisiones, pueden adelantarse exclusivamente con un grupo de la población, por respetable que éste sea.

Propuestas con las que estoy en desacuerdo

1)    Retiro del proyecto de ley de reforma tributaria en tránsito en el congreso de la república.

Colombia necesita una reforma tributaria estructural, que aumente la equidad, elimine las exenciones injustificadas para ciertos contribuyentes, aumente el recaudo (indispensable para enfrentar las demandas sociales) y modernice la gestión de la DIAN. Las modificaciones que ha introducido el gobierno al proyecto, como los tres días sin IVA o la devolución de una parte del mismo a los más pobres, aumentarán el hueco fiscal.  No obstante lo anterior, el estar en “modo de reforma” puede ser la oportunidad de avanzar en esa modernización, dentro del estrecho calendario determinado por el calendario parlamentario.

2)    Derogatoria inmediata del decreto Nº 2111, de 2019, por el cual se crea el Holding Financiero.

La Ley 1870 de 2017 fortaleció la regulación y supervisión de los conglomerados financieros. Esta disposición era absolutamente necesaria, pues ello obliga a la consolidación de los estados financieros de las entidades que hacen parte del conglomerado. Faculta a la Superfinanciera a impartirles instrucciones sobre gestión de riesgos, control de información, conflictos de interés y gobierno corporativa que deben aplicarse a todas las entidades que hagan parte del conglomerado.

Es indudable que el conjunto de entidades financieras de propiedad del gobierno nacional conforma un conglomerado financiero, en los términos del artículo 3 de la Ley, puesto que existe control e influencia significativa sobre las entidades que la conforman. El gobierno debe dar ejemplo, y cumplir la Ley. Es conveniente para la sociedad conocer gracias a esta consolidación, los riesgos a los que está expuesta la nación como propietaria de estas entidades. Recordemos que nosotros los contribuyentes somos en últimas los garantes de todos los pasivos de ellas.

Por otra parte, no se entiende cuál es el temor desde el punto de vista laboral, puesto que el decreto comentado establece claramente que “la creación del Grupo Financiero Estatal no implicará la disminución del número de empleos de la planta de personal de las entidades que lo conforman, ni afectará las condiciones laborales de los trabajadores “.

3)    Derogatoria de la circular Nº 049, de 2019, sobre estabilidad reforzada.

La expedición de esta circular es consecuencia de la Sentencia C-200 de 2019 de la Corte Constitucional, al estudiar el numeral 15 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que precisó  que para terminar unilateralmente un contrato de trabajo por razones de incapacidad se necesita la autorización previa del inspector del trabajo. Por otra, parte, la Sentencia T-041 de 2019 de la misma Corte, estableció  quiénes pueden ser considerados como sujetos en circunstancia de debilidad manifiesta por razones de salud. La circular interna comentada da instrucciones a los inspectores de trabajo para pronunciarse sobre las solicitudes de terminación del vínculo laboral de trabajadores que estén en esas condiciones. Aun cuando no soy abogado, la lectura de la circular me lleva a pensar que el Ministerio del Trabajo simplemente actualizó su normatividad interna para tener en cuenta las disposiciones de la Corte Constitucional.

4)    El Gobierno se abstendrá de tramitar la reforma al sistema pensional.

Los dirigentes del paro consideran que el actual régimen pensional es inamovible.  Yo personalmente considero que el estado debe reforzar los mecanismos de protección a la vejez de todas aquellas personas que no logran hoy obtener una pensión, y que hoy constituyen el 64% de la población mayor de 65 años. Por otra parte, es necesario eliminar, o por los menos disminuir de manera importante, los subsidios pensionales (diferencia entre el valor presente de las cotizaciones y el valor presente actuarial de las pensiones recibidas) de las personas de más altos ingresos.  Hay que recordar que cualquier reforma debe respetar los derechos adquiridos.

5)    El Gobierno se abstendrá de realizar reformas laborales, tramitando además la derogatoria de los artículos 193, 198, 240, y 242 del Plan Nacional de Desarrollo.

Nuevamente, los dirigentes del paro abogan por una inamovilidad absoluta del régimen laboral colombiano. Yo considero que sí es necesaria una reforma que estimule la contratación del empleo formal.

El artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo establece un “Piso de Protección Social” para las personas con un ingreso inferior a un salario mínimo, que son trabajadores por cuenta propia o  por horas. Estos se beneficiarán de su afiliación al Sistema General de Salud, al Servicio Social complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEP)  y a la protección frente a los riesgos derivados de la actividad laboral. Francamente, no encuentro las razones por las cuales los dirigentes del paro pueden oponerse a esta norma de justicia social. ¿O será que consideran que debe prohibirse el contrato laboral por horas? ¿Qué pensaran frente a ello mis colegas que son profesores de cátedra universitaria?

El artículo 198 de la misma ley del Plan de Desarrollo permite beneficiar con el mecanismo de los BEP a todos aquellos afiliados el Sistema General de Pensiones que obtengan como prestación sustituta una devolución de sus altos cotizados o una indemnización sustitutiva de vejez. También permite a los colombianos que residen en el exterior vincularse voluntariamente a los BEP. Nuevamente, no veo la razón por la cual unos dirigentes sindicales que debían abogar por los derechos de los más pobres habrían de oponerse a esta norma.

El artículo 240 regula el financiamiento de los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a los recursos de la Unidad de Pago por Capitación. Sin entrar en mayores consideraciones técnicas y legales, se propone simplemente crear una especie de seguro adicional a los afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, financiado con recursos del presupuesto nacional. Por otra parte, permite al Ministerio de Salud regular los valores máximos por tecnología o servicio de salud. Esta disposición es indispensable para recuperar y garantizar la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de salud. Yo esperaría una reacción negativa de los proveedores de tecnologías y servicios de salud (y así lo han manifestado), pero nunca de un dirigente sindical o estudiantil

El articulo 242 permite enfrentar otro problema del sistema de salud: existen personas que no deben pertenecer al régimen subsidiado, porque, a pesar de no merecerlo por su nivel de ingresos. Quienes de acuerdo al SISBEN sean clasificados como no pobres o no vulnerables deben contribuir solidariamente al sistema, de acuerdo con su capacidad de pago. Nuevamente me pregunto: ¿Cuál es el problema de esta norma?

6)    El Gobierno no adelantará proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria.

Esta solicitud es absurda. De concretase, el gobierno nacional no podría nunca vender automóviles, computadores, muebles o inmuebles, a pesar de que no los necesite. Por otra parte, las ventas al sector privado de participaciones en empresas deben someterse en cada caso a un proceso de análisis cuidadoso de costo/beneficio. No se trata de privatizar todo ni de no privatizar nada.

7)    Disolución del ESMAD y depuración de la Policía Nacional responsables (sic)  de la muerte de Dilan Cruz.

Otra pretensión absurda. El estado necesita un cuerpo policial antidisturbios. Obviamente, debe ser un cuerpo bien entrenado, disciplinado y con protocolos precisos. Es claro, según los informes de Medicina Legal, que ello falló en el caso de Dilian. Claramente, debe investigarse la responsabilidad en su muerte,  y tomarse las medidas disciplinarias y penales que correspondan.

Propuestas que no entiendo  

1)    El trámite con Dignidad Agropecuaria Colombiana de los temas relacionados con las necesidades de los productores agropecuarios, entre estos la revisión de los Tratados de Libre Comercio y todo lo relacionado con la producción en este sector

Se entiende por trámite, según el Diccionario de la Real Academia, “hacer pasar un negocio por los trámites debidos”. Si se trata de estudiar las pretensiones de los productores agropecuarios, bienvenidos. Hay que señalar, sin embargo, la complejidad que conlleva la revisión de los TLC.  No se trata de negociar con nosotros mismos. Hay siempre una contraparte. Dejar de integrarnos comercialmente con el mundo tendría como consecuencia perjudicar a los sectores exportadores, algunos de los cuales son agrícolas (café, banano, flores, aguacate, etc).

https://franciscoazuero.blogspot.com/2019/11/un-analisis-de-las-peticiones-de-los.html

45.19.-Que todo cambie para que nada cambie   – BERNARDO GARCÍA

Rodrigo Uprimny en su nota sobre la movilización del 21N, puntualizó que un movimiento social sin gran tradición histórica resultó una formidable manifestación  popular, con múltiples motivos de sabor más político que gremial y con sus propios convocadores, pero sin liderato claro a esa desmesurada respuesta masiva. Magnitud, múltiples motivos y convocadores gremiales: coctel acertado de tres elementos para cambiarlo todo, sin que nada cambie. Arte es ese de los modernos príncipes del trópico, como con la paz se suman más muertos de indígenas, líderes sociales y excombatientes en paz.

Pero los fuertes olores a difunto no sólo vienen de Chile contra su régimen neoliberal de plomo pinocheto, sino también de Washington  en donde  Donald Trump ya tiene a la globalización en cuarto frío.    En adelante se regresará a los razonables Tratados Binacionales de Comercio. No más TLC patrocinadores de asimatrías insostenibles. Pero ante el deceso en curso, es necesario puntualizar los cambios. Primero producción y empleo. Luego distribución de salarios e impuestos. Aunque claro que es la Junta Central del Paro quien tiene la palabra. Aquí sólo hago un repaso a la inversa de la manera como se asentó sin rudeza la pandemia neoliberal.

1.- No más desindustrialización y desempleo. Es necesario rescatar al antiguo Instituto de fomento industrial IFI para que identifique, construya y busque financiamiento con el sector privado para nuevas industrias. Luis Alberto Moreno desguazador del IFI, se ganó con ello un ministerio el gobierno del primer prócer neoliberal César Gavieria 1992 y luego se pisó para la gerencia del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Ahora, candidato presidencial según dice el propio presidente Duque.  Además, los aranceles deben funcionar para neutralizar asimetrías y otras triquiñuelas agresivas.  Mientras tanto se debe intensificar el ensamble de autos importados, por ejemplo, con mano de obra colombiana, sin robots.  Cabe la asesoría de Corea del Sur.

2.- No más con el Proexport – Procolombia de señoritos y señoritas con afanes cocteleros, turismo y microempresas. Si Colombia quiere rescatar su lugar en las exportaciones debe dotar el instituto con comerciantes maduros y profesionales capaces de abrir mercados con eficiencia, y producir con el IFI proyectos serios capaces de competir en donde sólo habitan empresas rapaces. Cabe, por ejemplo, la asesoría de Japón. A medida que se renuncien los Tratados del Libre Comercio, hay que volver por los fueros de la Comunidad Andina de Naciones y su aduana externa común. Ojalá pudieran reintegrarse Chile y Venezuela.

3.- Hay que restablecer el Pacto Internacional del café, pero sólo entre países productores como Brasil, Vietnam, Colombia y otros menores. Es intolerable que nuestra insignia exportadora caiga bajo el peso de la superproducción. Petróleo, carbón y níquel no reintegran divisas al país. Están exentos. Sólo pagan una regalía y   los impuestos normales. Esas exportaciones son una mentira estadística. Además, están pendientes los proyectos productivos del agro con el  Acuerdo para la paz.

4.- Si hay países hipercompetitivos, como China, a base de bajos salarios y moneda subvaluada, eso no significa que haya que rebajarse para competir. Esas metas son imposibles de alcanzar. Se debe revisar el régimen laboral, el de subsidios a pensiones y el régimen de salud. Esos temas pueden  ir a la mesa tripartita y al congreso. Los salarios deben ser razonables con el costo de la vida.

5.- Además de la planeación existente sobre el presupuesto nacional de gastos en consenso, debe restablecerse la planeación estratégica e indicativa para el sector privado productivo. El tope de la escala tributaria para los ciudadanos debe ser del 35% y el de las empresas del 25%. Sólo habrá exenciones de impuestos para nuevos exportadores de verdad y para las nuevas industrias nacientes.

Estos puntos pueden parecer muy economicistas, pero no hay que olvidar que el difunto neoliberal es pura política económica y que bien puede resucitar. Pero si no se va al grano, puede suceder que cambie todo y de todo y nada cambie. Hay que ir por la substancia. El resto viene por añadidura, dijo la esfinge. BG

45.19.-Duque fija seis ejes para nuevo pacto socialTOMÁS BETÍN TOMBETRI

El presidente Duque se dirige a los asistentes a la reunión realizada en Palacio.

Cortesía Presidencia.

En un primer encuentro con alcaldes y gobernadores electos, el presidente anunció que se reunirá con “todos” los sectores, incluidos “los que marcharon y los que no marcharon”, para tratar sobre equidad, corrupción, educación, paz con legalidad, medio ambiente y fortalecimiento institucional. Pumarejo y Noguera del dpo.del Atlántico no asistieron a la cita en Palacio. El diálogo irá hasta el 15 de marzo.

Se inició este domingo en el Palacio de Nariño la denominada “gran conversación nacional” entre el presidente Iván Duque y los alcaldes electos de ciudades capitales del país, tras las masivas manifestaciones del paro nacional que plantearon un descontento amplio sobre algunos anuncios del Gobierno en materia económica.

Esta, indicó el jefe de Estado, “es una gran conversación plural, es una conversación de todos y con todos. Ustedes tienen un factor fundamental de legitimidad, y es su reciente elección, interpretando el sentimiento de los ciudadanos en las ciudades de Colombia”.

El mandatario explicó que el diálogo propuesto desde el Ejecutivo, tras la solicitud en este sentido de distintos sectores sociales y políticos, irá hasta el próximo 15 de marzo y “será el espacio propicio para generar más confianza entre los ciudadanos y sus instituciones, y construir una hoja de ruta que acelere el trabajo para cerrar las brechas sociales”.

Duque añadió que con esta conversación “se busca hacer visibles los anhelos de los colombianos, reconocer sus preocupaciones y atender de manera realista e incluyente sus propuestas, apelando a la conveniencia de un debate con propósito y, sobre todo, sincero y con la verdadera voluntad de acertar”.

Se lee en el comunicado de la Presidencia que en los diálogos se sostendrán con los diferentes sectores sociales, económicos y políticos y en las regiones.

Y agrega el documento que la “invitación” es para los estudiantes, la academia, las Juntas de Acción Comunal, los indígenas, los campesinos, los afrocolombianos, los sindicatos, las iglesias, los líderes sociales, los trabajadores, los empresarios, los emprendedores y los sectores sociales del país.

Así mismo, indica la información oficial que para la interacción planteada se contará con una plataforma tecnológica que permitirá organizar, compilar y sistematizar los aportes de todos los ciudadanos.

“Esta conversación deberá arrojar como resultado la construcción de políticas a largo plazo, acciones de mejoramiento para acelerar los resultados de los programas gubernamentales nacionales y regionales, que den los lineamientos de una visión compartida de país”, se lee.

El ejercicio, que será coordinado por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Diego Molano, sigue el próximo martes 26 con el tema del crecimiento con equidad; el miércoles 27, con la educación, y el jueves 28, con la transparencia y lucha contra la corrupción.

Además, todos los colombianos tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas en espacios de participación, que girarán alrededor de los “seis grandes temas que más preocupan a la sociedad colombiana”.

Estos temas, según el Gobierno, son “el crecimiento con equidad, fortaleciendo la producción nacional para que genere más inversión, empleos y desarrollo en todas las zonas rurales y urbanas más vulnerables”; la “transparencia y lucha contra la corrupción, que nos permita acelerar los mecanismos para tener un Estado, una dirigencia y una ciudadanía más comprometida con la ética y los valores para garantizar que los recursos públicos y los privados tengan un uso legítimo y siempre priorizando el bien común”.

Concluyó el presidente que la conversación que quieren abrir es absolutamente plural: para los que marcharon, para los que no marcharon, “para la mayoría silenciosa, para los que votaron por ustedes y para los que no votaron por ustedes, para los que votaron por mí, para los que no votaron por mí”.

Y, por último, dijo que el Gobierno tiene la responsabilidad de unir al país.

https://www.elheraldo.co/colombia/duque-fija-seis-ejes-para-nuevo-pacto-social-682822

45.19.-¿Cómo enfrentar el descontentoMAURICIO CÁRDENAS

Lo que no se mide no se puede arreglar. Con el descontento pasa algo parecido: si no se entienden bien sus causas, se podrían tomar medidas improvisadas que empeorarían las cosas. Cambiar lo que ha funcionado bien, como la Constitución de 1991, es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer. 

Es cierto que el menor crecimiento económico y la gran cantidad de personas que se encuentran en la clase media vulnerable –en franco riesgo de regresar a la pobreza– son factores comunes en los países que han experimentado protestas en las últimas semanas. Pero esta no parece ser una explicación suficiente. Hay algo más.

30 nov 2019.- La encuesta de Gallup sobre “felicidad” puede dar algunas pistas. Su último informe muestra que, en los últimos cinco años, la satisfacción personal ha caído más en América Latina que en cualquier otra región del mundo.

Los encuestados se deben imaginar una escalera con peldaños que van desde 0, que representa el peor nivel de vida, hasta 10, que representa la mejor vida posible. Miles de personas que responden esta encuesta en el mundo entero deben escoger el peldaño que mejor representa su propia situación.

Según Gallup, las percepciones de los ciudadanos sobre su situación personal están relacionadas con la efectividad del Gobierno, la calidad de la regulación y el control de la corrupción

En Colombia, el promedio nacional se ubicó en 6,60 en 2013. El año pasado cayó a 6, lo que representa una disminución de 10 por ciento en la satisfacción personal, que corresponde exactamente a lo que ha ocurrido en América Latina en promedio. En contraste, durante estos mismos años la satisfacción personal ha aumentado en Europa central y oriental, África y el sudeste asiático.

Encontrar las razones del deterioro de la percepción de bienestar en América Latina es una tarea mucho más compleja. Una posible explicación del descontento social es la desigualdad. Es bien sabido que Latinoamérica es la región más inequitativa del mundo. Aunque la desigualdad ha bajado en los últimos años, lo que más inquieta es que los gobiernos latinoamericanos poco o nada ayudan a reducirla.

El caso emblemático es Colombia, donde, con o sin la intervención del Estado, la desigualdad es la misma. La razón es que el pago de pensiones –el mayor rubro en el presupuesto– lo reciben dos millones de personas en mejores condiciones que la inmensa mayoría de los colombianos. Por más que trata el Estado de focalizar otros programas sociales, no logra contrarrestar esta realidad.

Según Gallup, las percepciones de los ciudadanos sobre su situación personal están relacionadas con la efectividad del Gobierno, la calidad de la regulación y el control de la corrupción. Quienes consideran que la corrupción es generalizada en el Gobierno y el sector privado representaron el 91 % de los encuestados en Perú, 85 % en Colombia y Argentina, 81 % en México, 79 % en Chile. Aquí reside buena parte del problema.

Todo esto debe dar pistas para enfrentar la protesta social. Cualquier medida que aumente la inequidad va a empeorar las cosas. Desafortunadamente, varios de los anuncios recientes, como los días sin IVA, van en ese sentido. Qué bueno sería reforzar programas a favor de los más pobres como De Cero a Siempre o Colombia Mayor. También puede aprovechar la reforma, en curso, de las regalías para apropiar más recursos para la educación superior.

Dicho esto, en momentos de tensión social hay que rechazar vehementemente la anarquía que busca debilitar las instituciones, incluyendo el Gobierno. Hemos resuelto retos complejos, como el conflicto armado, adaptando nuestras instituciones. Por ejemplo, cuánta tranquilidad ganó el país a cambio de asegurarles por dos períodos unas pocas curules a las Farc. Por cierto, qué bien le haría al Gobierno rodear el acuerdo de paz y defenderlo. Eso reduciría mucho las tensiones actuales y ayuda a fortalecer la democracia.

P. D. Este lunes comienza el trámite, en las Comisiones Económicas, de la reforma tributaria que reducirá los ingresos fiscales, indispensables para resolver muchos de los problemas que hoy inquietan a los jóvenes. Esta semana, la ecuación se tornó aún más negativa con los beneficios adicionales, que costarán 3 billones de pesos al año. Por eso insisto en la necesidad de moderarla. La búsqueda de un dividendo extraordinario de Ecopetrol y la operación que le permitirá a la nación recibir los recursos de la venta de Isagén, hoy en día en la FDN, muestran que el Gobierno está afanosamente necesitando ingreso. 

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-cardenas-santamaria/como-enfrentar-el-descontento-columna-de-mauricio-cardenas-438914

  • 44.19.-El 21N RODRIGO UPRIMNY
  • La Unión Europea denuncia a Colombia ante la OMC BRUSELAS – EFE
  • La Toxica Televisión ChatarraMOISÉS NAÍM

Debo enviar mis columnas el viernes al mediodía. Estas reflexiones sobre el paro del jueves tienen entonces algo de provisional. Propongo seis tesis empíricas y un interrogante.

Colombianos en el exterior se sumaron a la manifestación del veintiuno.

Primero, esta protesta del 21 de noviembre, que ya empieza a ser conocida como 21N, es histórica. Por distintas razones y a diferencia de otros países latinoamericanos, Colombia no tiene una tradición de movilizaciones masivas. Es entonces histórico que cientos de miles de colombianos nos hayamos volcado a las calles de las principales ciudades para protestar pacíficamente. Y que luego haya habido cacerolazos masivos pacíficos en distintas partes de las ciudades.

24 Nov 2019.- Segundo, las razones de la protesta son múltiples: algunos enfatizan las reformas pensional o laboral que algunos ministros han planteado; otros cuestionan la reforma tributaria en curso; otros invocan el incumplimiento del Acuerdo de Paz, los asesinatos de líderes sociales y reinsertados, la violencia contra indígenas, afros y campesinos, el bombardeo a niños, el fracking, etc.

A pesar de esa diversidad, la protesta tuvo un elemento común: fue una movilización masiva contra el gobierno Duque, que está desconectado del país.

Tercero, las protestas, sin ser espontáneas, pues fueron convocadas por actores sociales como las centrales sindicales, el movimiento de mujeres o los estudiantes, carecen de un liderazgo claro. Esto es positivo pues muestra su carácter genuinamente democrático, pero es también negativo pues no es claro quién debe asumir eventuales negociaciones con el Gobierno para satisfacer las demandas múltiples expresadas en el paro.

Cuarto, la protesta fue esencialmente pacífica y llena de creatividad. Hubo consignas duras y tradicionales contra el Gobierno y el uribismo, pero hubo igualmente música, colores y afiches creativos, que ojalá se volvieran lemas movilizadores para una Colombia reconciliada, dentro de sus naturales diferencias y discrepancias. Recuerdo uno que me sedujo: “Seguiremos protestando hasta que el respeto a la dignidad humana se vuelva costumbre”.

Quinto, hubo actos de vandalismo, algunos graves, que merecen el rechazo de todos quienes apoyamos este paro nacional. Pero fueron actos de minorías, que estaban desconectadas de la dinámica de la protesta, que fue esencialmente pacífica. Es más, en muchas ocasiones, los manifestantes disuadieron a esos violentos.

Sexto, hubo igualmente en varias ocasiones un uso desproporcionado de la fuerza por la Policía, como lo muestran algunos videos que circulan en redes sociales. Esos abusos policiales deben ser sancionados y debe haber una reflexión profunda en el Estado sobre cómo evitar esos excesos policiales en el control del orden público, que lesionan y matan ciudadanos, y que minan la legitimidad, ya débil, de nuestras instituciones.

Esta histórica protesta, con todos sus bemoles, es una forma de despertar democrático. El interrogante es si fortalecerá o debilitará nuestra institucionalidad. Mucho dependerá de lo que haga el presidente Duque.

Un gobierno electo popularmente, pero que tenga además talante democrático en el ejercicio del poder, debe tener la humildad e inteligencia de escuchar las voces callejeras, la democracia en las calles. Una reorientación de la política frente a protestas masivas, como la del 21N, no es mostrar debilidad sino capacidad de rectificación democrática.

Aunque su vacuo discurso del jueves no da grandes esperanzas, el presidente Duque tiene la oportunidad de asumir un liderazgo democrático y de fortalecer las instituciones, reconociendo la legitimidad de la protesta y de las demandas sociales, y abriendo espacios genuinos de concertación. Si no lo hace, su escasa gobernabilidad se seguiría erosionando y las protestas se incrementarían.

* Investigador de Dejusticia y profeso

44.19.-La Unión Europea denuncia a Colombia ante la OMC BRUSELAS – EFE

 El bloque europeo cree que los derechos antidumping que impuso el país restringe el acceso al mercado local. Son productos deliciosos, pero muy subsidiados en la UE.

Las medidas tomadas por Colombia buscan la protección frente a una competencia que se juzga desleal. Foto: Claudia Rubio 

La Comisión Europea (CE) denunció ayer a Colombia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los derechos antidumping que impuso a las importaciones europeas de papas congeladas para freír, que Bruselas considera “desleales”. 

15 nov 2019.- “A pesar de las numerosas intervenciones con Colombia para levantar las medidas injustificadas, no hemos recibido una respuesta satisfactoria. Por ello pasamos ahora a la fase siguiente, poniendo en marcha un caso en la OMC”, indicó la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, en un comunicado.

La comisaria aseguró que la UE “seguirá utilizando el sistema comercial multilateral para hacer cumplir las normas cuando otros las infrinjan, especialmente cuando la infracción ponga en peligro la industria y el empleo de la UE”.

En todo caso, confió en “resolver esta cuestión lo antes posible, preferiblemente ya en las próximas consultas de la OMC, que constituyen la primera fase del procedimiento de solución de diferencias”.

A juicio de la CE, los derechos antidumping impuestos por Colombia hace un año son “incompatibles con el Derecho de la OMC, tanto en lo que se refiere al fondo como al procedimiento utilizado para su aplicación”, ya que los derechos aplicables a las importaciones procedentes de Europa durante un período de dos años van del 3 al 8 por ciento.

“Estos derechos injustificados restringen el acceso al mercado colombiano”, recalcó la Comisión ¡Qué tal!.

https://www.eltiempo.com/mundo/mas-regiones/colombia-e-indonesia-buscan-mas-oportunidades-comerciales-427418

44.19.-La Toxica Televisión ChatarraMOISÉS NAÍM

Una reciente investigación ha descubierto que la televisión anodina, superficial y popular tiene consecuencias nefastas

Silvio Berlusconi, en Roma, en marzo de 2018. ALBERTO PIZZOLI AFP

Hay televisión que enaltece y televisión que embrutece. Hay televisión que enseña, que nos hace pensar, que nos lleva a lugares que nunca visitaremos o que nos confronta con los grandes dilemas de la vida. También hay televisión que, deliberadamente, degrada, engaña y confunde. Y por supuesto, hay una televisión que nos distrae y entretiene. Con frecuencia, la televisión que busca educarnos es insoportablemente aburrida, mientras que la que nos intenta manipular, nos polariza y desinforma. En cambio, la que simplemente nos entretiene es políticamente irrelevante. O al menos eso creíamos.

23 nov 2019.- Resulta que una reciente investigación ha descubierto que la televisión anodina, superficial y popular tiene consecuencias nefastas. Este tipo de televisión —la televisión chatarra— también tiene malos efectos sobre la política, por más que en sus programas nunca se hable de política. Esta conclusión nos llega de una fuente inesperada: The American Economic Review, quizás la publicación sobre temas económicos más respetada del mundo. En una reciente edición, incluyó un artículo de los profesores Rubén Durante, Paolo Pinotti y Andrea Tesei intitulado El legado político de la televisión de entretenimiento. Los autores aprovecharon los datos generados a comienzos de los años ochenta por la entrada en diferentes regiones de Italia de Mediaset, la cadena de televisión de Silvio Berlusconi, para evaluar el impacto político de la televisión comercial.

Combinaron así los datos de la penetración de la señal de las estaciones de Berlusconi en las distintas regiones, con información sobre la audiencia, y su exacta distribución geográfica. También obtuvieron encuestas de opinión, resultados de pruebas psicológicas, información sobre la naturaleza de los programas y múltiples otros datos. Los investigadores analizaron este enorme cúmulo de datos usando sofisticados modelos estadísticos que les permitieron identificar las características de quienes crecieron viendo los programas de Mediaset y quienes no tuvieron acceso a esos contenidos. Los resultados son insólitos.

Los datos revelaron que quienes crecieron viendo los contenidos de Mediaset terminaron siendo adultos menos cognitivamente sofisticados y con menor conciencia cívica que sus pares que no tuvieron acceso a estos programas. En otro ejemplo, las pruebas psicológicas administradas a un contingente de jóvenes militares revelaron que aquellos que provenían de regiones donde se podía sintonizar la estación de Berlusconi, tenían un desempeño entre un 8% y un 25% más bajo que el de sus colegas que no vieron esa televisión en sus años formativos. Lo mismo encontraron con respecto al desempeño en matemáticas y lectura. Una vez adultos, los niños y adolescentes que fueron televidentes de Mediaset, obtuvieron resultados significativamente inferiores a quienes no tuvieron acceso a esos canales.

Es bien sabido que la televisión influye sobre nuestras conductas y opiniones. En esa afirmación no hay nada nuevo, ni sorprendente. Igualmente, el uso de campañas de propaganda política para influir sobre las masas es tanto antiguo como universal. Que los poderosos —o quienes quieren serlo— utilicen la televisión para lograr sus objetivos tampoco es una revelación novedosa. Es, por lo tanto, tentador desdeñar este estudio. Basta notar que este impacto propagandístico era exactamente lo que buscaba Silvio Berlusconi al tener un canal de televisión al servicio de sus ambiciones políticas.

Pero no es así. Al menos no al comienzo de la entrada de las empresas de Berlusconi al mercado televisivo italiano. Desde su fundación en 1944, la televisión italiana había sido dominada por un monopolio del Estado: la RAI, canal que tuvo una clara misión educativa y cultural. A finales de los años setenta, este monopolio se fue agrietando con la entrada de emisoras privadas que servían a mercados regionales. Quien más agresivamente fue adquiriendo y consolidando en una sola cadena estas empresas regionales fue Berlusconi. En esa temprana etapa, ni este empresario pensaba entrar a la política —entonces férreamente controlada por unos pocos partidos y sus todopoderosos líderes— ni sus emisoras locales transmitían contenidos políticos o ideológicos. La suya era una estrategia obsesivamente comercial y eso se reflejaba en su programación: variedades, deportes, películas y juegos. Fue solo en los años noventa, cuando la crisis de corrupción conocida como Mani Pulite (Manos Limpias) demolió el sistema político italiano, cuando a Berlusconi se le abrieron las puertas de la política.

El sistema cambió, los partidos tradicionales colapsaron y nuevos protagonistas de la política pudieron entrar a competir por los votos de los italianos que querían caras nuevas. De nuevo, nadie aprovechó mejor esta oportunidad que Silvio Berlusconi, quien rápida y eficazmente puso sus empresas de televisión al servicio de sus ambiciones políticas. Para 1990, la mitad de los italianos ya tenía acceso a Mediaset. Y en 1994, Berlusconi fue elegido primer ministro de Italia.

El impacto político de todo esto también fue analizado por los autores del estudio sobre la televisión chatarra. Quienes vieron Mediaset cuando eran niños y adolescentes ahora, como adultos, muestran una mayor propensión que sus pares a apoyar a políticos e ideas populistas.@MoisesNaim

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  • 43.19.-Por qué marcharé el 21 PATRICIA LARA
  • Protección al sector textil MAURICIO CABRERA
  • En la costa atlántica, la «marea blanca» de la cocaína sigue sin explicaciónYANN BOUCHEZ  

Porque en un bombardeo murieron ocho niños o más y el Gobierno no solo ocultó el hecho, sino que, una vez conocido, el presidente ni siquiera se disculpó ante las madres de esas criaturas llevadas a la fuerza por las bandas armadas y después desmembradas por las bombas del Estado, ni tuvo para con ellas una palabra o un gesto de condolencia, voy a marchar el 21 en paz.

Porque a los indígenas los están matando por oponerse al narcotráfico que se pasea por el departamento del Cauca vigilado por cerca de siete batallones, la mayoría de cuyos miembros, cuando pasan los cargamentos de droga, probablemente miran para otro lado, voy a marchar el 21.

Porque van 247 líderes sociales y 90 excombatientes de las Farc asesinados durante el mandato del presidente Duque, y el Gobierno no ha tomado medidas efectivas y concertadas con las comunidades para detener la matanza, voy a marchar el 21.

Porque el Gobierno parece no oír el clamor de las comunidades en riesgo que desde los territorios le piden que cumpla el Acuerdo de Paz, voy a marchar el 21.

Porque el presidente no escucha a los partidos mayoritarios del Congreso que, desde hace tiempo, le están solicitando que haga un acuerdo político para desbloquear y sacar adelante al país, y sigue en las mismas y con los mismos, voy a marchar el 21.

Porque el Gobierno se abstuvo de votar en la ONU la resolución en la que 187 países pidieron que se levante el bloqueo de EE. UU. a Cuba, con el argumento de que se trata de una censura política porque la isla les sirve de refugio a los miembros del Eln que están allá por solicitud del Estado colombiano, cuando la verdad es que el gobierno Duque no ha querido acordar los detalles de su regreso al país como lo establecen los protocolos acordados para los casos de rompimiento de las negociaciones, ni tampoco ha buscado negociar otro protocolo, voy a marchar el 21.

Porque con esa actitud el presidente Duque está cerrando las puertas para que en el futuro, durante otros gobiernos, algún país quiera servirnos de garante en la negociación de otros inevitables procesos de paz, voy a marchar el 21.

Porque la paz está en peligro y creo que tengo el deber de defenderla, voy a marchar el 21.

Porque en este Gobierno el desempleo regresó a los dos dígitos, voy a marchar el 21.

Porque al llegar casi a la tercera parte de su gobierno es la hora en que el presidente Duque no ha logrado que entendamos cuál es el rumbo que quiere darle al mismo, voy a marchar el 21.

Porque el país no parece gobernarlo el presidente, sino el jefe del partido de gobierno, voy a marchar el 21.

Porque me uno al malestar que tienen los distintos sectores que convocan el paro —estudiantes, campesinos, trabajadores, mujeres, indígenas, docentes, pensionados, sindicatos, partidos políticos y comunidades afros y LGBT—, voy a marchar el 21.

Porque quiero un Gobierno que haga de Colombia un país incluyente, justo y en paz, voy a marchar el 21.

Porque estoy hasta la coronilla de las torpezas del Gobierno, voy a marchar el 21.

Porque todas esas razones, más las otras que ustedes tengan, son más que suficientes, los invito el 21 a rechazar la violencia y a marchar en paz.

Nota. Ojalá el alcalde Peñalosa recapacite y le aumente el presupuesto a la Casa de Poesía Silva a un nivel que le permita subsistir. Sería muy triste que, además de todo, su alcaldía terminara con el inri de haber matado esa casa que fundó la querida poeta María Mercedes Carranza y que tanto estimula la poesía.

www.patricialarasalive.com@patricialarasa https://www.elespectador.com/opinion/patricia-lara-salive

43.19.-Protección al sector textil MAURICIO CABRERA

Ante la muy probable caída del Decreto 1419, el Gobierno debe diseñar una estructura arancelaria que proteja todos los eslabones de la cadena textil.

Después de 90 días de ser expedido, entró en vigencia el Decreto 1419 de agosto de 2019, por el cual se aumentaron los impuestos a las importaciones de confecciones y prendas de vestir. Los nuevos aranceles son de 37,9% cuando el valor del kilo sea inferior a US$20, y de 10% más US$3 el kilo, cuando el valor sea superior a US$20 el kilo.

11 nov.2019.- Contra su voluntad, el Gobierno se vio obligado a expedir esta medida pues así lo determinaron los artículos 274 y 275 de la ley del Plan de Desarrollo (PND), incluidos por iniciativa del Congreso que atendió la solicitud de los confeccionistas nacionales que buscaban protección para sus empresas y el empleo que generan frente a las demostradas prácticas de importar prendas de vestir a precios por debajo del costo (dumping).

A los confeccionistas nacionales les ha ido muy mal con la apertura hacia adentro, la revaluación y la competencia desleal de las importaciones subfacturadas. En lo que va del siglo, la producción de prendas de vestir en Colombia solo creció 20,3%, mientras el conjunto de la economía creció 74%. Peor les ha ido a los trabajadores, pues en el mismo período el número de personas empleadas en este sector cayó (sí, ¡Disminuyó!) 56,2%.

La razón no es que los colombianos hayan dejado de comprar ropa (como si pasó con otros productos como por ejemplo máquinas de fotografía o de escribir), pues las ventas de textiles en el comercio minorista crecieron 132%, es decir 6,5 veces más que la producción nacional, y la diferencia la explican las importaciones que se multiplicaron por 12 veces (crecieron 1.200%) en estos años.

Si bien los motivos de las medidas proteccionistas incluidas en el PND son validos, la manera como se implementaron es equivocada, tanto en la forma como en el contenido. En la forma, porque la imposición del aranceles no puede ser de iniciativa del Congreso, sino del Ejecutivo. Por esa razón los artículos 274 y 275 del PND fueron demandados por los gremios de importadores (Fenalco y la Andi) y hay una alta probabilidad que sean tumbados por la Corte Constitucional.

En el contenido, porque protegen tan solo a un eslabón del sector textil, generando incluso un efecto negativo sobre los demás. Hay que recordar que el sector textil es una cadena de valor que incluye desde los productores de las materias primas (algodón y fibras naturales y sintéticas), las hilanderías que procesan los hilos, los fabricantes de telas y los confeccionistas que elaboran las prendas de vestir para el consumidor final.

En los subsectores de hilos y telas también hay dumping y competencia desleal de importaciones, pues abundan los casos en que se venden telas importadas a un precio por kilo inferior al costo internacional de las materias primas necesarias para producirlo. La situación es más grave que la de los confeccionistas, pues en este siglo la producción de telas en Colombia ha caído 41,8% y el número de trabajadores de estas industrias se ha reducido en 48,2%.

Ante la muy probable caída del Decreto 1419, el Gobierno debe aprovechar para diseñar una estructura arancelaria que proteja a todos los eslabones de la cadena textil, y no solo a los confeccionistas, tal como la tienen desde hace años países como México, Brasil o Argentina, sin violar las normas de la OMC.

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/proteccion-al-sector-textil-535451

43.19.-En la costa atlántica, la «marea blanca» de la cocaína sigue sin explicaciónYANN BOUCHEZ  

Durante un mes, balas de drogas, más de una tonelada en total, llegan a las playas. El fenómeno no es raro, pero esta vez de magnitud excepcional.

La playa de Camaret-sur-Mer (Finisterre), cerrada al público después del descubrimiento de panes de cocaína, el 13 de noviembre. FRED TANNEAU / AFP

Divertido ballet en la costa atlántica. A pesar de las heladas de noviembre, son varios días que cruzan en las playas de los Pirineos Atlánticos, Gironda o Vendée, turistas curiosos de todo tipo, locales divertidos y algunos periodistas. Todo bajo la atenta mirada de la policía y los gendarmes, algunos de los cuales monitorean la costa en helicóptero. La llegada por el océano de fardos que contienen cocaína, durante casi un mes, agudiza la curiosidad por esta larga «marea blanca».

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16 nov 2019.- La expresión evocadora es engañosa: los pequeños paquetes plastificados son oscuros. Cientos de ellos varados en la arena. La recolección ahora asciende a más de 1 tonelada de polvo, según las autoridades. Las llegadas de las mercancías se extienden en un arco costero de más de 750 kilómetros que van desde Anglet (Pirineos Atlánticos) en la frontera con España, con Camaret-sur-Mer, con el punto de Finisterre.

Descubierto por primera vez en las playas de Vendée de Saint-Jean-de-Monts, el 18 de octubre, luego Saint-Hilaire-de-Riez, el 26 de octubre, los paquetes de cocaína se multiplicaron a partir del 4 de noviembre. En los últimos días, las olas arrojan diariamente hasta cien libras. «Raramente hemos tenido, en una escala tan grande, llegadas en cada marea, kilos de cocaína en pequeñas bolsas , observa Philippe Astruc, fiscal de Rennes». El fenómeno es un poco excepcional debido a la propagación del producto. «

Seguimiento de descargas accidentales

Esta captura milagrosa sigue siendo muy misteriosa. El origen de la cocaína sigue siendo desconocido. «Dada la gran cantidad de puntos de descubrimiento» , la jurisdicción interregional especializada en la lucha contra el crimen organizado en Rennes fue confiscada para centralizar la investigación . Las investigaciones se encomendaron conjuntamente a la Oficina Central para la Supresión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes (Ocrtis), al Grupo de Gendarmería de Loire-Atlantique y a la Sección de Investigación de la Gendarmería Marítima.

El Sr. Astruc explica que los investigadores avanzarán en «diferentes hipótesis de trabajo»: «Liberación accidental, durante una tormenta o daño; la descarga voluntaria, porque existía la sospecha de un control inminente y que los traficantes habrían arrojado al mar los bienes o porque el barco habría sufrido daños y pedido ayuda, teniendo que ser relevado de cualquier sustancia ilícita; o una operación de caída que salió mal. « La primera pista, derramando accidentales, privilegiada parece por el momento.

Los envases que contienen cocaína basada en un «alto grado de pureza, 83%» representan un peligro para la salud, con riesgo de sobredosis. Las balas descubiertas deben ser reportadas a la policía, «sin ninguna manipulación» , especifican las autoridades. El transporte de este tipo de mercancías es penalmente riesgoso, con diez años de prisión.

Estas instrucciones de seguridad no siempre se han respetado. El lunes 11 de noviembre, un hombre de 17 años fue arrestado por gendarmes en posesión de un paquete que contenía cinco panes de cocaína que pesaban 1 kilo cada uno, recogidos en la playa de Lacanau (Gironda). El minero, originario de Toulouse y luego quedándose con un amigo surfista, explicó que tomó el paquete «para devolverlo a la gendarmería» . «Sus explicaciones parecían menos creíbles ya que los investigadores encontraron en su casa a amigos donde estaba temporalmente alojando pies de cannabis» , dijo Le Mondeel fiscal de Burdeos, Frédérique Porterie. Oído por un juez de menores, se le prohibió al joven comparecer en Lacanau, con la obligación de regresar a la casa de sus padres. Desde el domingo 10 de noviembre, la ciudad también se encuentra entre las diez ciudades cuyos alcaldes han decidido un decreto para prohibir el acceso a las playas. Otros funcionarios electos simplemente pidieron civilidad.

Francia expuesta al tráfico

En Francia, en un contexto de crecimiento en el mercado de la cocaína, las incautaciones de polvo blanco han aumentado en los últimos años, alcanzando un récord de 17.5 toneladas para 2017, el doble del tamaño de 2016. En 2018, este nivel es se mantuvo alta: se incautaron 16,4 toneladas, según datos de Ocrtis. Las vías marítimas siguen siendo el principal medio de transporte para llevar esta droga producida en los países andinos; Francia, por su posición geográfica, está expuesta. Por las aguas, las drogas llegan escondidas en veleros a menudo registrados en las Indias Occidentales o en grandes buques portacontenedores. Aproximadamente 3.5 toneladas de cocaína fueron incautadas en el puerto de Le Havre en 2017.

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Si el episodio actual es raro, se producen regularmente «mareas blancas» más pequeñas. En 2004, de enero a mayo, se encontraron unos 700 kilos de cocaína en las playas vascas y en la cuenca de Arcachon. En 2007, los lotes, más grandes que los observados en las últimas semanas, habían fallado, con un peso total de 260 kilos.

Después de tomar muestras de las balas, las autoridades destruyen las drogas, sin comunicarse en las instalaciones o los métodos utilizados. Un principio de precaución que no siempre es suficiente para evitar la codicia. En marzo de 2002, un puñado de narcotraficantes, armados y encapuchados, habían señalado los locales de la gendarmería Sables-d’Olonne, Vendée, pensando en encontrar los 330 kilos de cocaína, por un valor estimado de casi 70 millones. euros – incautados tres días antes. En vano, ya que los bienes no estaban allí.

Yann Bouchez

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/11/16/sur-le-littoral-atlantique-la-maree-blanche-de-cocaine-demeure-inexpliquee_6019407_3224.html

  • 42.19.-¿Podrá este hallazgo colombiano darle al mundo la cura del alzhéimer?HEIDI TAMAYO ORTIZ
  • El partido blanco MAURICIO CABRERA
  • No solo es Botero – PATRICIA LARA
  • Sin precaución ni compasión RODRIGO UPRIMNY

El cerebro de una mujer, residente en Medellín, alberga al mismo tiempo la enfermedad y la cura.

El doctor Francisco Javier Lopera es considerado una eminencia en la búsqueda de tratamientos para frenar la enfermedad y prevenir su aparición Foto:  Jaiver Nieto / Archivo EL TIEMPO          

 Un caso único en el mundo, que da una gran esperanza en la búsqueda de la prevención o la cura del alzhéimer, fue descubierto en Medellín. Se trata de una mujer que llegó a los 70 años sin desarrollar la enfermedad, pese a que es portadora de la llamada ‘mutación paisa’, que la condenaba a que empezara a perder la memoria a los 44 años, sufriera demencia a los 49 y muriera a los 60.

ALZHEIMER

Hoy, con 76 años, alberga en su cerebro un gran descubrimiento científico: tiene, al mismo tiempo, la enfermedad y la cura. Hace alrededor de seis años, la mujer, cuya identidad es reservada, empezó a ser estudiada con rigurosidad, luego de que se dieran cuenta de que estuvo protegida del alzhéimer por casi 30 años contra todo pronóstico, explica el doctor Francisco Lopera, coordinador del Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA), de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, quien lidera las investigaciones al respecto.

Lopera lidera un equipo que lleva al menos 35 años estudiando la ‘mutación paisa’, que está presente en familias de varios municipios de Antioquia, principalmente en el norte, y que es conocida como la mutación E280A, es decir, una herencia que hace que sea inevitable padecer la enfermedad. En este momento, hay identificados por el GNA 6.000 herederos de familias afectadas, de los cuales 1.200 son portadores de la enfermedad.

“Ellos tienen la enfermedad actualmente o la van a tener con total seguridad en los próximos años”, indica Lopera, quien relata que en 1984, cuando era residente de neurología, atendió un paciente de 47 años que había perdido la memoria. La primera pregunta que se hizo fue por qué alguien tan joven tenía alzhéimer, pero también le llamó la atención que su padre, su abuelo y sus tíos habían tenido lo mismo.

Ellos tienen la enfermedad actualmente o la van a tener con total seguridad en los próximos años

Entonces, hicieron la genealogía y detectaron la primera familia con una forma hereditaria de demencia tipo alzhéimer. Después encontraron otra familia parecida en Yarumal y otra en Angostura. En 1995, 11 años después del primer caso, descubrieron que sí se trataba de alzhéimer y que había una mutación en el gen, la cual llamaron la ‘mutación paisa’, porque no había sido reportada en el mundo. Desde ahí ya a todas las familias que fueron apareciendo les descubrieron esa mutación.

Por eso, encontrar a una paciente que solo empezó a desarrollar la enfermedad después de los 70 años, pese a tener la mutación, es un hallazgo de suma importancia. Cuando el equipo de Lopera le hizo un genoma completo, descubrió que su cerebro compartía la mutación del gen del alzhéimer con una mutación en otro gen, que era la que la estaba protegiendo.

“Es una condición muy excepcional; por eso, decidimos llevarla a Boston (Estados Unidos) y se le hicieron los dos exámenes principales para detectar qué tantas basuras responsables de destruir el cerebro tenía”, describe el doctor. Estas basuras son el amiloide, que se deposita a los 28 años, y el Tau, que se deposita a los 38 años. Entre las dos destruyen el cerebro, pero la que más daño hace es el Tau.

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En la paciente en cuestión encontraron que el cerebro estaba plagado de amiloide, mucho más que en otros casos, pero tenía muy poco Tau. Esto los llevó a concluir que la otra mutación que tenía estaba inhibiendo, de alguna manera, la proteína Tau, que es la que dispara los síntomas del alzhéimer. Por ello, este caso es extraordinario, pues abre la posibilidad de evitar la aparición de estas basuras.

Los resultados de este descubrimiento fueron publicados recientemente en la revista Nature Medicine y fueron recibidos como una gran esperanza en el mundo científico.
En el estudio participaron expertos del Hospital General de Massachusetts (EE. UU.), en colaboración con el Instituto Schepens de Investigación Ocular (EE. UU.) y la Universidad de Antioquia.

“Este hallazgo abre un camino hacia posibles soluciones en medio de un ambiente de mucho pesimismo porque últimamente han fracasado muchos medicamentos. Hay dos opciones: una es una terapia génica, que es como transmitirle a otra persona la misma información genética que la protege a ella, y la otra es imitar con un medicamento el mecanismo que hace la protección en el cerebro”, manifiesta Lopera. Esto podrá lograrse, en un tiempo aún no determinado, tras varios estudios y experimentos.

El doctor Francisco Javier Lopera es considerado una eminencia en la búsqueda de tratamientos para frenar la enfermedad y prevenir su apariciónFoto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Por el momento, a la paciente se le han “sacado” los principales secretos de su cuerpo, pero siguen las evaluaciones y estudios. Actualmente, ella está en la segunda etapa de la enfermedad: deterioro cognitivo leve, que significa que la persona no tiene demencia, pero tiene problemas de memoria, aun así puede trabajar, salir a la calle, no necesita cuidador ni supervisión, dura de 2 a 5 años.

Pero pronto hará transición a la última fase, que es la demencia, cuando la persona ha perdido la memoria, la autonomía, la independencia y todas las capacidades en un grado tal que requiere cuidador y supervisión y puede durar entre 10 y 12 años.

Por ello, otra de las preocupaciones de Lopera y su equipo es la calidad de vida para esta paciente, pues es una persona con bajos recursos económicos. Están buscando un “padrino” que pueda costearle un hogar geriátrico, en el que pueda pasar con dignidad y bajo los cuidados de personas especializadas.

“Es una persona que está aportando una cantidad de conocimiento impresionante para la humanidad, se merece que tenga transcurso de la enfermedad con mejor calidad de vida”, considera el médico.

Asimismo, es probable que la familia de la mujer done su cerebro para que pueda seguir siendo investigado. Este formaría parte del Banco de Cerebros que tiene el GNA, que está compuesto por 380. Esta es una manera como la sociedad puede contribuir a las investigaciones sobre estos temas. Por eso, Lopera invita a la gente a donar inmediatamente después de la muerte el cerebro del paciente con alzhéimer al banco.

Es una persona que está aportando una cantidad de conocimiento impresionante para la humanidad, se merece que tenga transcurso de la enfermedad con mejor calidad de vida

Lo otro es que todo el que tenga un familiar con demencia precoz antes de los 60 años puede contactar al GNA.

“Nosotros podemos enviar un tubito para que nos devuelvan una muestra de sangre, le hacemos el análisis genético y esa va a ser la manera de encontrar a la población en riesgo para los estudios de prevención. Colombia tiene una oportunidad única de regalarle al mundo una solución para la enfermedad de Alzheimer, tenemos que movilizarnos todos para lograr ese objetivo”, puntualiza Lopera.

HEIDI TAMAYO ORTIZ Redactora de EL TIEMPO Medellín

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/descubrimiento-en-medellin-que-podria-ayudar-con-la-cura-del-alzheimer-431182

42.19.-El partido blanco MAURICIO CABRERA 

Hay más hechos relevantes de estas elecciones, entre ellos la preocupante tendencia al debilitamiento de los partidos y del mismo sistema democrático.

Hay más hechos relevantes de estas elecciones, entre ellos la preocupante tendencia al debilitamiento de los partidos y del mismo sistema democrático. 

Los análisis de los resultados de las pasadas elecciones resaltan mucho lo que pasó en los principales departamentos y sus capitales, donde los grandes derrotados fueron la extrema derecha, que no ganó en ninguno, y los encuestadores que se pifiaron en la mayoría de sus predicciones. Sin embargo, hay más hechos relevantes de estas elecciones, entre ellos la preocupante tendencia al debilitamiento de los partidos políticos y del mismo sistema democrático.

4 nov 2019.- Para estas elecciones se inscribieron 116.428 candidatos, y a primera vista este gran número podría interpretarse como un avance de la participación democrática , pero en realidad lo que demuestra es la proliferación de coaliciones y grupúsculos sin ningún proyecto político diferente a la apropiación de los puestos y los enormes recursos de la contratación pública.

Es la única explicación a que se hayan dado coaliciones como las del Partido Liberal con el Centro Democrático, o que Cambio Radical haya hecho 411 coaliciones para alcaldías y 34 para gobernaciones. El Partido Conservador no se queda atrás, con 479 y 17 respectivamente.

En los departamentos el 45% de los candidatos se inscribieron por coaliciones o firmas, y obtuvieron 26 de los 32 gobernaciones. En los municipios las candidaturas suprapartidistas o independientes fueron casi el 30% del total y obtuvieron el 45% de las alcaldías, incluidas las de casi todas las ciudades capitales.

Los partidos políticos mantuvieron el control de las candidaturas a concejos y asambleas por la dificultad de hacer coaliciones o inscribirse por firmas para los cuerpos colegiados, pero eso no significa su fortalecimiento sino por el contrario es muestra de su debilidad. En efecto, en estos casos los partidos son solo dispensadores de avales para candidatos con su pequeño feudo de votos amarrados, que sin ningún programa ni ideología se trastean de un partido a otro. Este panorama se hace peor con la consolidación de caricaturas de partidos como el MAIS el ASI o el ADA, que no son más que una maquinaria repartidora de avales al mejor postor, que llegaron a avalar al 27% de los candidatos.

Que estas tendencias implican un debilitamiento de la democracia se confirma pues a pesar de la enorme proliferación de candidatos, cada vez crece más el número de ciudadanos que no se siente representado por ninguno de ellos y vota en blanco; hasta tal punto que en el caso de las Asambleas llegó al 16,4%, superando al Partido Liberal que le ganó a todos los demás partidos, pero solo logró el 14,3% de los votos.

Este Partido Blanco viene creciendo más que todos los demás. En el 2011 logró el 12,7% de los votos para las Asambleas, el 8% de las Gobernaciones, el 6% de los Concejos y el 3,9% de las Alcaldías. En 2019 subió a 16,4%, 11,2%, 8,2% y 5,1% respectivamente. Es urgente una reforma política de fondo para que sobreviva la democracia.

* * *

ADENDA: ¡Nos están matando! Es el grito desgarrado de los pueblos indígenas que solo en el último año han sufrido el asesinato de más de 130 personas de sus comunidades. Son ya tantos los asesinatos de indígenas, de líderes sociales y de defensores de derechos humanos, que no es posible seguir diciendo que se trata de hechos aislados, y se requiere una acción decidida del Estado para que cumpla su papel de proteger la vida de todos los ciudadanos.

Mauricio Cabrera Galvis
Consultor privado
macabrera99@hotmail.com

42.19.  No solo es botero – PATRICICIA LARA

El bombardeo en agosto de un campamento de disidentes de las Farc en Caquetá en el que murieron ocho niños, entre ellos una niña de 12 años, y el ocultamiento del hecho por parte del ahora exministro de Defensa y del comandante del Ejército, quienes presentaron el suceso como un exitoso operativo militar en el que fallecieron 14 criminales, según lo denunció el senador Roy Barreras en su debate para promover la moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero (a quien aprecio porque fuimos compañeros en la universidad), son suficientes motivos no solo para la renuncia del ministro, sino también del comandante del Ejército. Y si el presidente Iván Duque justifica el hecho, o guarda silencio ante el mismo, también tendría que caerse él. 

 Es que lo que está pasando con la política de defensa es muy grave. Y dicha política no solo la dicta el ministro, sino principalmente el presidente, que es el comandante de las Fuerzas Armadas.

Miremos ejemplos: no para la matanza de líderes sociales, van cerca de 170 desmovilizados de las Farc asesinados, uno de ellos dentro de una zona resguardada por la Fuerza Pública; el descubrimiento, por parte de The New York Times, de directrices dentro del Ejército que podrían generar el regreso a los falsos positivos, las cuales fueron retiradas de los instructivos militares después del escándalo; las revelaciones de la revista Semana sobre órdenes dadas por el comandante del Ejército para hacer polígrafos dentro de la institución con el fin de ubicar a los oficiales que le suministraron la información al diario estadounidense, y el mutismo del general Nicacio Martínez ante la denuncia de ese hecho que él había negado sistemáticamente; el homicidio del desmovilizado Dimar Torres por orden de un coronel del Ejército, muerte que al principio fue presentada por el entonces ministro de Defensa como si hubiera obedecido a un forcejeo entre la víctima y el cabo que ejecutó la acción, y, luego, su censura al general que le pidió perdón a la comunidad por el asesinato de Torres; el homicidio, al parecer por la espalda, del campesino Flower Trompeta; la pérdida de imagen ante la opinión pública de las Fuerzas Militares; los constantes asesinatos de indígenas en el Cauca, a tal punto que la semana pasada mataron a 16 en ese departamento, donde hay siete batallones, y está claro que lo hicieron porque son los indígenas, y no los militares, los que se oponen a los narcotraficantes en la zona… Además, como lo dijo el arzobispo de Cali, Darío Monsalve, quien visitó el Cauca, “se perciben los soldados en las vías de manera muy estática, mientras se mueven con toda tranquilidad esas personas que están dedicadas a asesinar a los indígenas, especialmente a la guardia indígena. Y la omisión es tan evidente que genera sospechas de vinculación. Creo que lo primero es que se concierte con los indígenas una acción rápida y de fondo (…), de modo que no resulte siendo una ofensa más para ellos”.

En fin, son demasiados los hechos que indican la necesidad de que Duque le dé un revolcón a su doctrina militar y que nombre a una cúpula y a un ministro de su confianza que no se guíen por directrices ajenas. Pero, eso sí, tiene que quedar claro que así el ministro sea un fusible que el presidente puede remover en cualquier momento, quien de verdad debe responder por la seguridad en el país y porque en Colombia se respeten la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos es el presidente de la República.

www.patricialarasalive.com@patricialarasa                               file:///D:/lara/www.elespectador.com/opinion/no-solo-es-botero-columna-889960.html

42.19.-Sin precaución ni compasión RODRIGO UPRIMNY 

Es triste que unos niños y adolescentes terminen en un campamento de un grupo armado ilegal, probablemente reclutados a la fuerza, y poco tiempo después mueran por un bombardeo de las Fuerzas Militares que violaron el derecho internacional humanitario (DIH), el cual regula los conflictos armados.

10 nov 2019.- Esta disidencia violó el DIH al reclutar a esos niños y adolescentes, por lo cual debe responder ante la justicia por ese crimen, como deben responder los desmovilizados de las extintas Farc ante la JEP por haber reclutado menores, pues ese delito no fue amnistiado. Sin embargo, ese crimen de la disidencia no autorizaba al Estado a bombardear indiscriminadamente su campamento sin haber tomado todas las precauciones para prevenir que los menores fueran afectados, pues el DIH se rige por el principio de no reciprocidad. Si una parte incumple el DIH, eso no autoriza a la otra parte a incumplirlo, por la sencilla razón de que las garantías del DIH son esencialmente a favor de terceros: la población civil. Así, si una guerrilla usa civiles como escudo humano, que es una obvia violación del DIH, eso no autoriza al Estado a atacar indiscriminadamente a esa guerrilla, sin hacer lo posible por evitar afectaciones a esos civiles, pues ellos no son objetivo militar.

Se podría objetar que este caso es distinto por cuanto, según lo han sostenido analistas como Nieto Loaiza, un adolescente guerrillero es un combatiente y por ello es un objetivo militar legítimo, pero esa tesis es inexacta.

Un adolescente en armas puede tornarse en ciertos casos en un objetivo militar, por ejemplo cuando hace parte de un ataque. Sin embargo, la doctrina actual del DIH, como la elaborada por el profesor René Provost, de la Universidad McGill, sostiene que un menor guerrillero no tiene el mismo estatus que un guerrillero adulto. Ese adolescente debe considerarse en principio población civil, salvo cuando participe directamente en las hostilidades. Esa tesis es sólida porque un adolescente reclutado, incluso con su aparente consentimiento, es en principio una víctima, pues carece de la autonomía necesaria para tomar la decisión de involucrarse en una guerra.

Los adolescentes guerrilleros deben entonces ser considerados víctimas y población civil y no objetivo militar, salvo cuando participen directamente en las hostilidades. Entonces el mando militar y el presidente debieron hacer todos los esfuerzos por verificar si en el campamento de esa disidencia había menores antes de proceder a bombardearlo de forma indiscriminada, conforme al principio de precaución que establece que es deber de todo mando militar verificar si el ataque puede afectar a civiles y, si tal es el caso, minimizar los daños a esa población. Ese principio, previsto en el artículo 57 del Protocolo I sobre guerras internacionales, se aplica también en conflictos internos, como lo señalan las normas 15 a 20 del Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario sistematizadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

El entonces ministro de Defensa Botero argumentó que el mando militar no sabía que hubiera menores en ese campamento, pero esa tesis es inaceptable, pues, como lo mostró La Silla Vacía, al menos tres autoridades (el alcalde de San Vicente del Caguán, la Defensoría del Pueblo y el personero de Puerto Rico) habían informado que esa disidencia había reclutado menores. Era entonces deber del mando militar verificar cuidadosamente si esos menores reclutados estaban en ese campamento, pero no lo hicieron: pesó más el deseo de mostrar un éxito rápido después del anuncio, hecho dos días antes, de Márquez y Santrich de que volvían a la guerra. Y bombardearon el campamento sin precaución ni compasión. La vida de ocho menores fue sacrificada.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional. https://www.elespectador.com/opinion/sin-precaucion-ni-compasion-columna-890319

 41.19.-Colombia realiza su primera exportación de Cannabis con éxito

  • Un gobierno con cara amable pero sello autoritario CECILIA OROZCO
  • El baile de los que sobranMAURICIO CABRERA

El miércoles 31 de julio de 2019, Colombia realizo su primera exportación de esenia, un medicamento alternativo producido con cáñamo, que es un derivado del cannabis. El cargamento salió de dicho país con rumbo hacia Inglaterra, donde fue recibido en el aeropuerto de Hearthrow en Londres el 1 de agosto.

La importante empresa colombiana con operaciones internacionales, Clever Leaves, fue la responsable de la producción y exportación con fines comerciales del producto derivado de cannabis no psicoactivo, esenia.  Tan solo este mes se enviarán entre 4.000 y 6.000 botellas de este producto hacia el Reino Unido.

Este es uno de los acontecimientos más importantes en la historia del comercio exterior del país, que dará paso a importantes beneficios en la economía; lo cual es producto de esta nueva industria, en conjunto de una robusta legislación.

Colombia es un país con un potencial evidente en esta industria, que puede convertir las actividades comerciales relacionadas con los derivados del cannabis, en un polo sostenible para la nación.

Además, el desarrollo de este mercado se encuentra favorecido por la posición geográfica privilegiada de Colombia, la vocación agrícola de su gente y la capacidad agroindustrial del territorio. Todas estas condiciones ofrecen un escenario conveniente para las inversiones de las empresas en este sector.

Colombia cuenta con un consolidado marco normativo del cannabis medicinal, el cual ha sido diseñado para regular la comercialización de los derivados de esta planta. Dicha reglamentación establece todas las licencias, permisos y certificaciones, que debe expedir el gobierno nacional a una empresa que desee participar en este negocio.

Lea también: Crece el sector cárnico en Colombia y en la región

Esta industria ha tenido que superar grandes desafíos, pero finalmente comenzara a dar importantes frutos. De hecho, los observadores del mercado estiman que Colombia se convertirá en el principal proveedor de cannabis medicinal en el mundo. Esta planta llama cada vez más la atención del sector médico y sanitario internacional, debido a sus componentes cannabinoides, cannabidiol y tetrahidrocannabinol, que poseen importantes propiedades curativas.

Inversores locales y extranjeros han sabido aprovechar las oportunidades comerciales en la industria, poniendo su confianza en el floreciente sector del cannabis en Colombia. Esto explica porque para finales del 2018, 214 empresas se encontraban registradas para obtener una o más licencias de Colombia, para la producción de cannabis.

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41.19.-Un gobierno con cara amable pero sello autoritario   – CECILIA OROZCO

El ministro Carlos Holmes Trujillo desmintió la existencia de ese borrador. Pero los hechos lo desmienten a él, tres meses después.

Durante meses y en reserva, el gobierno de Iván Duque ha obstaculizado la firma de la prórroga del acuerdo para que siga abierta, en Colombia, la oficina del delegado de la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Pese a los discursos del presidente en los que expresa respeto y protección a los derechos de la gente y al Acuerdo de Paz, su administración va en contravía de lo que afirma en público: vende la agenda política correcta pero desarrolla otra con objetivos claramente antidemocráticos.

Por tanto, le conviene no tener vigilancia internacional. Mañana, jueves 31 de octubre, vence el periodo del mandato que le da piso jurídico al establecimiento de esa delegación en el país y que fue firmado por el Estado hace 23 años. Desde entonces, los gobiernos de los presidentes Samper, Pastrana, Uribe en sus dos periodos y Santos en los dos suyos le han dado continuidad a ese acuerdo. No por mera gracia sino porque este es un territorio fértil en violación de derechos.

9 nov 2019.- Sin embargo y pese a sus amables frases y maneras, Duque ha puesto más trabas que todos los anteriores, incluyendo a su jefe. Pero, ante la noticia de la inminencia de la fecha del fin del mandato legal, la Casa de Nariño optó por negar lo que en los despachos oficiales ha sido una orden. En efecto, nunca en la historia el despacho del alto comisionado en la materia, hoy en cabeza de la señora Bachelet, había tenido tantas visitas recriminatorias y conminatorias de funcionarios colombianos antes de la renovación del mandato.

El Espectador reveló el 20 de julio pasado, casi a un año del gobierno, el borrador de un documento de la Cancillería con las condiciones que le impone a Bachelet antes de firmar (ver): empezaba por ordenar la eliminación de la mención del “conflicto armado interno”; añadía la obligación de consultarle el nombre del jefe de la delegación de la ONU en Bogotá antes de designarlo; seguía limitando las declaraciones de esa oficina sobre los sucesos en Colombia. En resumen, constreñía la vigilancia del organismo mundial.

El ministro Carlos Holmes Trujillo desmintió la existencia de ese borrador. Pero los hechos lo desmienten a él, tres meses después.

Es irónico que Francisco Barbosa, alto consejero presidencial para los Derechos Humanos de Duque y otro de los funcionarios que niegan en público lo que hacen en privado, sea uno de los operadores oficiales para sacar, a las patadas, a la ONU del país pues no se trata solo de la delegación de derechos humanos.

El Gobierno tampoco quiere que aquí estén la Misión de Verificación del cumplimiento de los acuerdos pactados con la antigua guerrilla de las Farc ni ONU Mujeres. Pero no es irónico sino tétrico que Barbosa sea el más seguro fiscal general de Duque, es decir, el hombre que orientará las investigaciones penales y que podrá solicitar capturas o inducir condenas. ¡De supuesto protector de los derechos humanos a ordenador de procesos de encarcelamiento!

Las trabas e intimidaciones a la oficina de la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas fueron precedidas por otras noticias, en su momento también desestimadas: el veto de la embajada de Colombia en Italia y Grecia a escritores de la talla de Santiago Gamboa y Héctor Abad. Entonces, por el portal Lalineadelmedio.com tuvimos conocimiento de que había “una línea de pertinencia” gubernamental que marcaba el derrotero de la cultura oficial. Como en regímenes fascistas. Y el veto por parte de la embajada en Suiza, de nuevo negado, al documental de Natalia Orozco El silencio de los fusiles, una de las piezas de la Muestra de Cine Colombiano 2018-2023, iniciativa para promover este arte nacional en escenarios internacionales. Sí, como en el fascismo.

Sumemos el resurgimiento de las ejecuciones a sangre fría: primero, el exmiliciano Dimar Torres, cuya escalofriante orden de asesinarlo por parte de un coronel jefe de batallón fue revelada por Semana en su reciente edición; y en las últimas horas, la tortura y homicidio del defensor de derechos humanos Flower Jair Trompeta reportados por los pobladores de Corinto (Cauca) como ejecutados por militares. No puede ser coincidencia que los falsos positivos regresen en este momento del poder. Tampoco, que quieran desaparecer a los observadores de Naciones Unidas. Sin testigos, es mejor.

https://www.elespectador.com/opinion/cecilia-orozco-tascon

41.19.-El baile de los que sobran MAURICIO CABRERA

Las políticas para la equidad no pueden limitarse a mejorar los ingresos y el acceso a los servicios de los pobres.

¿Qué pasó con el milagro chileno? ¿Por qué en el país más prospero de América Latina –el modelo a seguir– millones de personas salen a las calles a exigir cambios radicales en el modelo económico? ¿Por qué un pueblo que derrotó a la dictadura y ha vivido 30 años en democracia estalla en multitudinarias protestas contra el gobierno que ellos mismos eligieron?

27 oct 2019.- Son preguntas demasiado complejas para pretender responderlas en una breve columna, pero se pueden aportar algunos elementos para esclarecerlas. El primero es que lo más significativo del estallido social en Chile no son los incendios a las estaciones del Metro de Santiago, ni los actos vandálicos de una minoría.

Esos son los más vistos en la televisión y las redes y son totalmente repudiables, como también lo es la violencia de la represión militar que ya ha asesinado a 18 personas, pero no representan el sentir de la inmensa mayoría de los manifestantes.

El segundo aspecto notable es que esta vez no se trata de una revolución proletaria de quienes no tienen nada que perder, salvo sus cadenas, y suenan ridículas tanto las acusaciones de quienes ven las protestas como el resultado de una conspiración de infiltrados castrochavistas, como las pretensiones de Maduro de que el ejemplo de Venezuela está incendiando el continente.

No se trata tampoco de una invasión de alienígenas, calificativo lamentable que le dio la esposa del presidente chileno, sorprendida porque un aumento de $30 en el pasaje del metro hubiera generado una protesta de esas dimensiones. Es el estallido de una clase media empobrecida y vulnerable que no protesta por $30, sino por 30 años de promesas incumplidas y expectativas frustradas a pesar de los avances en crecimiento económico y disminución de la pobreza.

Vulnerabilidad y desigualdad son dos conceptos claves para entender que pasó con el milagro chileno. Es cierto que Chile es el país de crecimiento más estable y con menores tasas de pobreza en la región, pero las millones de personas de esa nueva clase media saben que están muy cerca del límite, y que cualquier accidente que reduzca sus ingresos o cualquier aumento de precios los puede egresar a no tener suficiente para cubrir sus necesidades.

Son vulnerables y las políticas neoliberales de privatización de casi todos los servicios básicos no han permitido crear una red de protección social suficiente en materia de pensiones, salud o educación.

También saben esas personas que con el aumento del tamaño de la torta ellos han podido mejorar un poco su situación, pero que la tajada más grande se la han llevado unos pocos. En Chile, la pobreza ha disminuido pero la riqueza se ha concentrado aún más y la desigualdad ha aumentado. Por eso, las políticas para la equidad no pueden limitarse a mejorar los ingresos y el acceso a los servicios de los pobres, sino que deben disminuir la concentración de los ingresos y la riqueza.

Hace más de 30 años la canción ‘El baile de los que sobran’ presagió esta situación: “Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar… y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuro, y dejaron a mis amigos pateando piedras”. Por eso, esta canción vuelve a sonar en las calles chilenas reviviendo las esperanzas de que el pueblo unido jamás será vencido.

Mauricio Cabrera Consultor privado
macabrera99@hotmail.com https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/el-baile-de-los-que-sobran-mauricio-cabrera-534980

 

  • 40.19.-Tatequieto al FMI y sus muchachos CRISTINA DE LA TORRE
  • 40.19.- OCDEEn Colombia, gran parte de los subsidios van a la población más ricaPORTAFOLIO
  • Miedo: totalitarismo en Colombia CECILIA OROZCO

Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional y Mauricio Macri el presidente de Argentina en íntima conseja económica. Luego vendrían  Lenin Moreno del Ecuador y Sebastián Piñera de Chile.

Volvía el Fondo Monetario Iiternacional (FMI) al ajuste draconiano de tres décadas atrás en América Latina; pero no calculó en su rudeza —tampoco los amigos del patio trasero en su indignidad— que se estrellarían contra una sublevación popular. Estalló en Ecuador, estalló en Chile y reverbera en Argentina. Y si, como es de esperar, el lánguido mentís de Duque a sus reformas laboral y pensional es sólo ardid de elecciones, será Colombia la cuarta ficha del dominó en caer.

22 oct 2019.- El FMI condicionó crédito al Ecuador a una drástica reducción del gasto público cuya medida última fue duplicar el precio de la gasolina. Gota que rebozó la copa de austeridad forzosa que se traduce en “flexibilización” laboral, aumento de impuestos al común, reducción de los mismos a los ricos, privatización de salud y pensiones, eliminación de subsidios; todo, dentro del modelo de mercado que pesa como un piano sobre los hombros de las mayorías hambreadas que esta vez gritaron: ¡estamos hartos y no tenemos miedo!

Once días duró la protesta que debutó con los indígenas y se volvió avalancha acrecida con trabajadores, estudiantes, campesinos y transportadores, cuya disciplina y organización no le restaron la vehemencia necesaria para triunfar: el Gobierno retiró la medida. La brutalidad de la fuerza pública había cobrado 10 muertos y 1.340 heridos. Notas inéditas en marchas callejeras: cientos de médicos, estudiantes de medicina y socorristas voluntarios forman cordón humanitario de protección a heridos. Algún soldado llora su arrepentimiento entre abrazos de la gente. Los manifestantes retienen a 40 policías para neutralizarlos; les dan alimento y trato digno.

Una descomunal jornada de protesta tuvo lugar el viernes en Santiago de Chile, por aumento en el pasaje del metro. 41 estaciones resultaron destruidas y dos edificios, símbolos del poder, incendiados. Tras 29 años, reapareció el ejército en las calles. Presencia ominosa que había rubricado la ferocidad de la dictadura y que hoy volvía a las andadas: se vio el video de un soldado que dispara su fusil a quemarropa a la cabeza de un ciudadano. También en Chile se apelmaza una historia de alzas en salud y servicios públicos, privatización de pensiones, impuestos a los pobres, salarios en caída y una desigualdad social intolerable. También en Chile debió el presidente derogar el decreto de marras.

En Colombia, el partido de gobierno ha depurado dos proyectos largamente acariciados y son de la entraña del FMI: golpear los salarios y apuntar a la eventual liquidación de Colpensiones en favor de los fondos privados. Para ello, según informe detallado de Portafolio, suprimirá el subsidio a las pensiones y elevará el aporte del aspirante a pensión. El viejo modelo de Pinochet, que el uribismo querría emular. Sabedor del daño que la noticia podría ocasionarle este domingo en las urnas, se apresuró el presidente a declarar que no, que de ninguna manera, que cómo se les ocurre. Lo mismo proclama por doquier su apoyo a la paz mientras la acosa. El hecho es que la daga contra salarios y pensiones lleva años tras la capa del mentor y no será su discípulo quien los redima. ¿Osarán el lance, en esta Colombia sofocada bajo el mismo modelo que provocó las revueltas de Chile y Ecuador?

Coda. Bogotá merece su mejor alcaldesa posible: Claudia López. Merece su mejor concejala posible: Clara López. Y Medellín merece concejalas entre mujeres extraordinarias agrupadas en el movimiento Estamos Listas para gobernar. Es iniciativa femenina que propende, no obstante, a la igualdad para hombres y mujeres. Lo que está en juego, dicen, es transformar esta ciudad inequitativa y violenta en urbe democrática, justa y plural. ¡Bienvenidas!

https://www.elespectador.com/opinion/cristina-de-la-torre

40.19.-En Colombia, gran parte de los subsidios van a la población más ricaPORTAFOLIO

La Ocde también aseguró que el sistema tributario «apenas reduce la desigualdad» y el acceso a la educación, salud y pensiones es desigual.

El Secretario General de la Ocde, José Ángel Gurría, presentó en la Casa de Nariño los resultados del más reciente estudio del organismo sobre la economía colombiana. FOTO: AFP

Colombia podría ser más eficaz en la reducción del desempleo y la desigualdad, cuyas tasas son de las más altas en América Latina, señaló este jueves la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

El organismo presentó en Bogotá un informe sobre la economía del país, que está por culminar su proceso de incorporación a la organización.

En Colombia «las políticas sociales podrían ser más eficaces en la reducción de la desigualdad», pues es «la más alta» entre los 36 países que ya son miembros plenos de la organización. En el índice Gini, que mide la desigualdad, el país registra un coeficiente de 0,476, donde 0 representa ausencia de desigualdad y 1 desigualdad máxima.

Lea(Colombia crecerá 3,4% en el 2019 y 3,5% en el 2020: Ocde)

Según el informe, «las transferencias monetarias a la población más desfavorecida son escasas», gran parte de los subsidios «van a parar a la población más rica», el sistema tributario «apenas reduce la desigualdad» y el acceso a la educación, salud y pensiones es desigual.

Los más afectados son las minorías étnicas, las mujeres y los desplazados por la violencia. «Se podría lograr una mayor equidad reasignando una mayor parte del gasto (…) hacia las poblaciones vulnerables», recomendó la Ocde y destacó la implementación del acuerdo de paz con la exguerrilla Farc como «una importante oportunidad para fomentar el crecimiento inclusivo y reducir las disparidades regionales».

La organización también llamó la atención sobre el desempleo en Colombia (10,01%) y la informalidad laboral, que afecta a cerca del 60% de los trabajadores. En ese sentido, recomendó reducir los costos laborales no salariales y el valor del registro de empresas, mejorar la capacitación de la fuerza laboral y revisar «el elevado salario mínimo», equivalente a unos 244 dólares, que según la organización ha empujado a muchos a la informalidad.

José Ángel Gurría, secretario general de la Ocde, le entregó las recomendaciones al presidente Iván Duque. «El estudio llega en un momento crítico para la economía mundial (…) pero proyectamos una sólida expansión del crecimiento de la economía colombiana del 2,6 el año pasado al 3,4 en 2019 y 3,5 en 2020», señaló Gurría durante la presentación del informe.

El ingreso pleno de Colombia a la Ocde le permitirá compartir experiencias y buenas prácticas sobre problemas económicos, políticos, sociales y ambientales. En Latinoamérica Chile y México ya son socios de la organización con sede en París.

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/criticas-de-la-ocde-a-colombia-534920

40.19.-Miedo: totalitarismo en Colombia CECILIA OROZCO

Admítanlo o no empresarios, banqueros, congresistas, empleados públicos, medios de comunicación y sus periodistas, los que viven de sus pequeños y medianos negocios, e incluso el cuerpo diplomático y los organismos internacionales aquí representados, el uribismo inspira miedo.

Miedo al inmenso poder que detenta esa corporación con su dominio del Estado, bien cuando otorga favores y bendiciones, bien cuando mina, persigue y destruye lo que no se ajusta a sus mandatos inapelables. El uribismo intimida, amenaza, advierte y gana terreno. La temporada de elecciones locales y regionales que culminará el próximo domingo, cuando los votantes escojan a sus alcaldes, gobernadores, concejos y asambleas, ha sido la demostración de hasta dónde la corporación que aglutina a la ultraderecha —Centro Democrático es nombre de ficción— es capaz de actuar por encima y por debajo de las reglas.

23 oct 2019.-  En Bogotá, traicionaron a su candidata, Ángela Garzón, y la desecharon en cuanto creyeron encontrar a su agente ganador, Miguel Uribe. Para dar ese salto, la corporación se alió con un partido de origen anticlerical (Liberal) y, simultáneamente, con dos colectividades político-religiosas (Mira y Colombia Justa Libres). Consta a los ciudadanos la rumba ofensiva del dinero en esa campaña en tiempos de supuesta crisis económica, por la profusión de publicidad multimillonaria a favor de Uribe Turbay.

En Medellín, el líder de la corporación en persona activó la propaganda sucia contra el aspirante Daniel Quintero cuando este subió en las encuestas y se convirtió en rival real de su ungido Alfredo Ramos, hijo del señor con investigaciones suspendidas por sus presuntos nexos con el paramilitarismo antioqueño. A Quintero le ha tocado debatir sus propuestas en medio de panfletos, amenazas a su vida, pasacalles con datos falsos en toda Medellín y hasta con marchas de sujetos con pañuelos negros cubriendo sus caras y pancartas infamantes en su contra. El senador expresidente publicó, semanas antes, trinos en que afirmaba que Quintero era “el agente de Petro en Medellín”. “Evitemos eso…”, dijo, y vaya si le están haciendo caso sus seguidores.

Y en Cali, las prácticas para ganar o ganar han pasado al escándalo. El candidato de la corporación cuenta con la voluntad rendida del establecimiento de rancio abolengo, contraria a su costumbre de impulsar solo a los de su clase. Ahora, los grandes apellidos están en contra de Eder aunque finjan lo contrario, y ayudan, con métodos impuros, a un antiguo vendedor callejero de chance. No le reconocen el mérito monetario de pasar del estrato más bajo al de millonario codiciado. No se trata de un repentino acto de democracia. Recibieron orden de la corporación. Y listo. Entonces, fuerzan a votar por Roberto Ortiz, apodado “el Chontico”. Un video que circula hace unas horas en Cali (ver) es resumen de las prácticas repugnantes de la corporación: la “dueña” de un colegio privado, pero con derecho a subvenciones de la Alcaldía, cerca de Aguablanca, constriñe a los padres de 900 estudiantes a votar por Ortiz a la Alcaldía, y por dos candidatos del senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, so pena de perder la gratuidad de la educación en ese sitio. La señora no es X. Es la directora de la asociación de instituciones de cobertura educativa de esa capital. Es decir, de todos los colegios que reciben ayuda económica oficial. Contra esta manipulación grosera que comparten los “cacaos” y los políticos de la corporación pese a que fungen, hoy, como servidores del gobierno Duque, levantó su voz el valeroso arzobispo Darío de Jesús Monsalve. Como era de esperarse, le cayó un aguacero de insultos por la “intervención en política” de un prelado católico.

La doble moral de la corporación quedó expuesta en toda su magnitud: no hay fortuna más preciada para ella que la adhesión política de las miles de iglesias cristianas que pululan en Colombia: Miguel Uribe fue “ungido” por un pastor (ver) después de recibir el apoyo de 1.000 iglesias bogotanas, según reporte mediático (ver); pastores de gran labia y poca moral hicieron campaña para infundir miedo (otra vez, miedo) con el fin de que sus fieles votaran por el No en el plebiscito de la paz (ver); las mismas iglesias anunciaron su voto por Iván Duque y le dieron su bendición a cambio de jurar que respetaría la letra de la Biblia antes que la de la Constitución.

Pero monseñor Monsalve, ciudadano colombiano, no puede opinar y debe retirarse del sacerdocio, según la corporación. El miedo y la doble moral constituyen nuestro presente. Y nuestro futuro, si no aparecen millones de ciudadanos libres para exigir nuestros derechos. Así estamos, así vamos.

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  • 39.19.-Desempleo y subempleo: soluciones aparentes y reales – CÉSAR FERRARI
  • Salarios: de la precariedad a la miseria – CRISTINA DE LA TORRE
  • Defensa del debate libre… y rumoresCECILIA OROZCO

Los últimos datos del DANE de agosto de 2019 mostraron una tasa de desempleo respecto a la población económica activa (PEA) de 10.8 %, Un año antes, la tasa fue 9.2%, es decir un aumento de 1.6 puntos porcentuales. Por su parte, la tasa de subempleo en el mismo periodo fue 27%, un año antes fue 26.7%. El subempleo se define por insuficiencia de horas, por competencias inadecuadas o por ingresos inadecuados. En agosto de 2019, 88.2% de los subempleados tenían ingresos inadecuados.

16 oct 2019.- Si se considera la información referida al trimestre móvil junio – agosto, en 2019 la tasa de desempleo fue 10.3%, mientras que en el 2018 fue 9.3%. Las tasas de subempleo para dichos periodos fueron 26.9% y 26.3%, respectivamente.

De tal modo, entre desempleados y subempleados, en agosto de 2019 totalizaron 37.8% de la PEA; en agosto 2018 totalizaron 35.9%. Si se considera los trimestres móviles junio – agosto 2019 y 2018, entre desempleados y subempleados totalizaron 37.2% y 35,6%, respectivamente. Es decir, sea que se considere el mes de agosto o el trimestre móvil junio – agosto, casi 40% de la población económicamente activada colombiana no recibió ningún ingreso o recibió uno precario.

La razón es obvia: la economía no produce suficiente ocupación. Pero como en una economía de mercado las personas no pueden vivir sin ingresos, acaban creando su propio puesto de trabajo y, como la gran mayoría no tiene capital y su nivel de conocimiento es reducido, la ocupación que crean es de baja productividad. Por lo tanto, sus ingresos son reducidos y como ser formal les resulta costoso y no están dispuesto a reducir sus ingresos más aún, acaban, irremediablemente, siendo subempleados e informales.

Aquí hay dos cuestiones que deberían explicarse. La primera es por qué la economía no produce suficientes ocupaciones para los ciudadanos colombianos. La segunda es por qué esa situación viene agravándose.

Para algunos el agravamiento laboral tiene que ver con el aumento del salario mínimo en enero pasado, del orden de 6%, por encima de la tasa de inflación más el aumento de la productividad.

Tal afirmación desconoce que Explotación de minas y canteras (-15.5%), Suministro de electricidad, gas y agua (-9.1%), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-5.3%) e Industria manufacturera (-5.2%) fueron los sectores que desemplearon más trabajadores. En los únicos sectores en los que se produjo un aumento de la ocupación fueron Construcción (12.5%), Intermediación financiera (1.6%) y Servicios comunales, sociales y personales (0.3%).

Es evidente que la explotación de minas y canteras está declinando por el comportamiento negativo de sus precios internacionales. A su vez, las manufacturas están perdiendo competitividad vis a vis su competidor principal en cualquier mercado. La razón es clara: según datos del International Financial Statistics (IFS), entre julio de 2017 y julio de 2019 la devaluación del peso colombiano respecto al dólar fue 5.6% mientras que la del yuan chino fue 1.6%, pero si se consideran las inflaciones domésticas y devaluaciones de los socios comerciales respectivos, la devaluación real efectiva del peso fue 0% mientras que la del yuan fue 1%.

Es evidente que si minas y canteras y las manufacturas se desaceleran y contratan menos gente, demandarán y contratarán también menos servicios inmobiliarios y menos electricidad, lo que explicaría las disminuciones de sus ocupaciones respectivas.

Los mismos analistas identifican la causa de que la economía no produzca suficiente ocupación y, por lo tanto, genere este elevado nivel de desempleo y subempleo en unos costos laborales muy elevados ocasionados por la existencia de inflexibilidades laborales, un salario mínimo muy alto o porque las contribuciones sociales a cargo de las empresas son también muy onerosas.

Por eso proponen flexibilizar el empleo, es decir reducir los costos de desemplear a las personas, reducir las contribuciones sociales, y reducir el salario mínimo estableciendo salarios diferenciados por regiones o, como han sugerido últimamente, fijando un salario mínimo para jóvenes recién egresados como profesionales, por dos años desde su incorporación como trabajadores, equivalente al 75% del salario mínimo de los mayores. Mejor dicho, si se trata de reducir el salario de los trabajadores, la imaginación resulta creativa, aunque lo que seguramente ocurriría con esta medida es un desplazamiento permanente de personas mayores más costosas por jóvenes recién egresados (y más baratos).

En últimas el argumento de las reducciones salariales va en el sentido de que los menores costos laborales en las empresas las volverían más competitivas. De tal modo, podrían vender más, en consecuencia, producir más y, así, contratar más trabajadores.

Pretender hacer competitivas a las empresas reduciendo el salario no solo es inequitativo en un país con una elevada inequidad de ingreso sino además no es suficiente. Lo que en realidad conspira contra esa competitividad son unos costos financieros muy elevados respecto a los internacionales, por ineficiencias en los mercados de crédito, y la falta de competitividad cambiaria aludida.

En últimas, si la economía sigue basándose en sectores intensivos en capital, como minas y canteras, continuará la insuficiencia de ocupación. Se resolverá cuando cambie la estructura de la economía y la matriz energética, lo que implica volver competitivos a los otros sectores intensivos en mano de obra.

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39.19.-Salarios: de la precariedad a la miseria  – CRISTINA DE LA TORRE

A dos manos, como corresponde a todo gobierno corporativista, gremios y Ministerio del Trabajo se proponen conjurar la tragedia del desempleo (que en varias ciudades alcanza el 14 %) con la inoperante fórmula de degradar, aun más, los salarios. Pagar trabajo por horas o 75 % del mínimo a debutantes hasta los 25 años de edad producirá dos efectos catastróficos: arrastrará hacia el piso los salarios en toda la cadena laboral y acabará por eliminar lo que queda de derechos sindicales.

Para no mencionar desgracias mayores, siempre al acecho, que podrían volver a ambientarse. Como el asesinato de 35 miembros del mayor sindicato de empleados públicos de Antioquia (Sintraofan) entre 1994 y 2007 a manos de paramilitares secundados por el Estado, mientras cursaban reformas laborales en desarrollo del modelo neoliberal.

15 oct 2019.-  Conforme oficia la ministra Arango de vocera del gran empresariado, éste prepara su banquete de nuevas viandas cocinadas con la magra remesa de la clase trabajadora. Pide “flexibilizar” la contratación y despido de trabajadores como condición para crear empleo; promover reformas que reduzcan los costos laborales del sector productivo, dirían Luis Carlos Sarmiento y los jefes de la Andi, Fenalco, Asobancaria y la SAC. Pese a las exorbitantes exenciones tributarias de que gozan y a la reducción de sus obligaciones parafiscales concedida en 2012. Y barnizan su apetito con un argumento falaz: que la única manera de ganar en competitividad es precarizando el ingreso laboral.

Como si el país no fuera testigo de las muchas concesiones dispensadas a la elite empresarial que, lejos de traducirse en empleo, colmaron su faltriquera. El primer saludo de bienvenida al futuro de César Gaviria, arrojado espadachín contra el clientelismo y la corrupción, apuntó en 1990 contra los focos del mal: los partidos y los sindicatos. “Dinosaurios en decadencia”, enrostraría a los sindicatos el pleonasmo de algún miembro de su círculo de Palacio. Y se expidió la Ley 50, para “flexibilizar” las obligaciones laborales; y después, en 2002, la Ley 789, que eliminó la remuneración del trabajo nocturno y tercerizó los contratos para burlar la ley. Y en 2012 se recortaron dramáticamente las contribuciones parafiscales de las empresas, con honda afectación de la inversión social del Estado. Pero de aquello, nada: cero empleo. Y a los trabajadores les expropiaron, en 14 años, $22 billones.

La competitividad de la economía no mejora bajando impuestos y salarios. Mejora elevando la productividad. Invirtiendo en nuevos nichos de producción industrial y agropecuaria, fecundos generadores de empleo. Remunerando a derechas el trabajo, de modo que tenga la gente manera de comprar más de lo que ella misma produce. Reanimando, así, el desfalleciente aparato productivo, en cuya languidez domestican muchos empresarios audacias de otros tiempos, para consagrarse a la especulación (en la banca y en el engorde de tierras). Propondría Perogrullo fortalecer el mercado interno, diversificar la producción nacional para remontar los azares que la sola exportación de petróleo-carbón conlleva, y abrir el compás del mercado internacional. Perspectiva opuesta a la de este capitalismo atrabiliario que hunde sin anestesia a los trabajadores desde la precariedad hasta la miseria.

Coda. Me sumo con entusiasmo a los miles de colombianos que se asocian a Noticias Uno para preservar a este modelo de excelencia informativa. La velada intención de censura mediante el retiro de la pauta que lo financiaba fracasó. Con esta experiencia única de solidaridad ciudadana, el periodismo independiente sobrevive. Volverá en otra plataforma después del 30 de noviembre. Enhorabuena. ¡Buen viento, Cecilia, y buena mar!

https://www.elespectador.com/opinion/cristina-de-la-torre

39.19.- Defensa del debate libre… y rumoresCECILIA OROZCO

Derecho a la controversia.

Columnistas con opiniones respetables, puesto que son precedidas de una conducta personal incorruptible, y otros de escasa credibilidad, precisamente por lo contrario, han coincidido en las últimas semanas en una tesis que, aunque aparenta propender por el equilibrio en las polémicas públicas, distorsiona la realidad, el piso duro de los hechos, lo que no tendría mayor importancia pues se trataría solo de eso, de opiniones.

16 oct 2019.-  Sin embargo, esa posición, que llama la atención por su recurrencia justo en el momento en que el principal actor político del país comparece ante la justicia, debilita una de las pocas bondades democráticas que subsisten en el régimen colombiano, cada vez más autoritario y estrecho en libertades: la discusión abierta, franca y, si se quiere, ruda sobre acontecimientos que nos competen a todos y sobre quienes los protagonizan.

La tesis consiste en deslegitimar “el tono” y la “radicalización del debate” y en llamar a la “ponderación” para “subir su nivel” en beneficio de una pretendida convivencia.

La nobleza que sustentaría su argumentación, no obstante, se viene abajo como estantería con sobrecarga con una sencilla revisión de la estratificación por clases o por intereses políticos y económicos que rige a esta sociedad y que impide que el principio de igualdad exista más allá de la letra constitucional. Entonces, es fácil concluir que no es lo mismo que un Álvaro Uribe, por poner el ejemplo clave, “debata” parándose ante decenas de micrófonos para hablar durante hora y media de sus estrategias defensivas y ofensivas en el proceso que enfrenta en la Corte Suprema, a que un ciudadano cualquiera, periodista o no, difunda sus ideas en el rincón de un periódico o divulgue las informaciones con que cuenta contra la voluntad del implicado, del gobierno que él eligió, de su robusta bancada del Congreso y de miles de sus seguidores, algunos dispuestos a ejercer violencia de diversos tipos contra quienes suban “el tono” y “radicalicen” el foro en el sentido opuesto al de su líder.

No es lo mismo que un expresidente, senador, jefe de la cabeza del Ejecutivo y jefe del partido mayoritario en el Legislativo acuse de haber cometido delitos a los magistrados que fallaron su denuncia contra otro senador, a que los tres togados (dos de ellos ya por fuera de la Corte y por tanto sin investidura que los proteja) traten de defenderse y de sostener su postura de jueces en la causa que el propio Uribe Vélez inició. O, ¿alguien le daría igual despliegue a las respuestas de los exmagistrados Barceló y Castro Caballero, o a la decisión jurídica del miembro de la Sala Penal de la Suprema, Luis Hernández?

No es lo mismo que el impulsador famoso de decenas de iniciativas contra las libertades ciudadanas revele la identidad de los periodistas y ejecutivos de los medios que supuestamente le contaron a él lo que ellos conversaban con sus fuentes —en lo que sería una grave violación de la obligación de reserva profesional—, a que los mencionados traten de desmentirlo. El desequilibrio es obvio.

Tampoco es lo mismo, y no puede serlo por elementales razones, que el más poderoso agente político de Colombia imparta, con sus declaraciones, “justicia” señalando cuáles son los condenados “buenos”, víctimas presuntas de la justicia, o cuáles miembros de la sociedad, que están libres, deberían ser condenados, según sean sus amigos, los primeros, y sus enemigos, los segundos, a que los sindicatos de la rama judicial convoquen a una manifestación para protestar por las intromisiones de la política en su independencia.

Corren rumores que, aunados a hechos visibles, les darían soporte sobre movimientos para recortar, aún más, la libertad de expresión, a tan solo un año largo del gobierno Duque. Se estarían ejecutando acciones para apropiarse de espacios informativos y medios para imponer agendas y, también, a unos periodistas complacientes mientras se elimina otros incómodos. No tengo pruebas. Solo señas. La tesis que se comenta al inicio de esta columna sobre “bajar el tono” y “ponderar” lo que se publica iría en esa dirección. ¿Vendrán tiempos de tempestad o de calma?

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  • 38.19.-Uribe: “Fue a mis espaldas”PATRICIA LARA
  • El que se meta con Uribe…CECILIA OROZCO
  • La vocación autoritaria del uribismo – CRISTINA DE LA TORRE

Siempre he pensado que el caso del senador Álvaro Uribe debe ser igual al de Eusebio, el marido de Custodia, mi antigua empleada: él, como tantos maridos, llega borracho en las madrugadas a pegarle a su mujer dizque porque anda con otros hombres, cuando justamente quien llega de acostarse con otras es Eusebio.

Eso, en psicoanálisis, se llama proyección. Y en lenguaje popular se define con el dicho de “el ladrón juzga por su condición”.

11 oct 2019.- Pues ocurrió que, en el 2012, el senador Iván Cepeda le hizo un debate a Uribe en el cual dijo que él y su hermano Santiago habían estado involucrados en paramilitarismo y en la fundación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Después, Cepeda denunció a Uribe. Y el expresidente denunció a su vez a Cepeda porque supuestamente había sobornado a falsos testigos para que lo incriminaran. Sin embargo, luego de una investigación de cerca de seis años, la Corte absolvió a Cepeda y, en cambio, compulsó copias para investigar a Uribe, ya que encontró que había indicios para pensar que era él quien supuestamente había sobornado testigos. Así, en febrero del 2018, le abrió investigación al expresidente por soborno y fraude procesal.

A paso lento, como se mueve la justicia, la investigación continuó y, el martes, se produjo la indagatoria de Uribe. De ella, como es su deber, porque hay que respetar la reserva del sumario, la Corte no dijo nada, salvo que el expresidente “contará siempre con plenas garantías” y que “ninguna presión, manifestación o protesta pública influirá en las decisiones que están obligados a tomar los magistrados en ejercicio de su función”.

En cambio, Uribe habló, durante casi hora y media, de lo divino y lo humano. Y reconoció que su cuestionado abogado Diego Cadena —quien no solo ha sido apoderado suyo sino también de narcotraficantes como alias Don DiegoDon Mario y Diego Rastrojo— le dio $2 millones o $7 millones (no está claro, porque Uribe habló primero de dos y luego de siete) al testigo Carlos Enrique Vélez, un paramilitar que primero acusó a Cepeda pero que, a comienzos de septiembre, afirmó que lo había contactado Cadena para buscar testigos y planear una campaña de falsas declaraciones contra Cepeda.

No obstante, a pesar de su confesión, el exmandatario aseguró que le había dicho a Cadena: “Hombre, si me hubiera consultado, le hubiera dicho no. Terminantemente no”.

Es decir, Uribe aceptó que su abogado le hizo un pago a un testigo, pero sostuvo que fue a sus espaldas.

Al día siguiente, Cadena dijo que no le había consultado ese pago a Uribe porque no había considerado que fuera necesario hacerlo. Es decir, en principio aceptó la tesis del senador. Sin embargo, se sabe que hay soportes de $9 millones más de pagos al testigo. (¿Esos tampoco los habrá consultado Cadena con su cliente?). Y el testigo, en entrevista con la revista Semana, dijo que él o allegados suyos habían recibido pagos por $40 millones.

De modo que aún queda mucha tela que cortar. Mientras el magistrado del caso, que ya vinculó formalmente a Uribe al proceso, decide si lo llama a juicio o no, yo sigo en mi teoría: el caso de Uribe debe ser igualito al de Eusebio, el marido de Custodia…

Nota. La semana pasada le dijimos adiós al inolvidable Guillermo Perry. Esta semana despedimos a Javier Darío Restrepo, periodista riguroso y recto, experto en la ética de esta profesión que cada día necesita más de voces como la suya. ¡Paz en su tumba, maestro!

www.patricialarasalive.com@patriacialarasa https://www.elespectador.com/opinion/patricia-lara-salive

38.19.-El que se meta con Uribe…CECILIA OROZCO

A la hora en que se escribe esta columna, no ha terminado la indagatoria que rinde el senador Uribe en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por la causa penal abierta en su contra por fraude procesal y soborno de testigos. A esta etapa del proceso se ha llegado milagrosamente, aunque con retraso y después de muchas presiones indebidas, algunas de las cuales, si también se investigaran, calificarían como criminales; de campañas de descrédito vertidas por las alcantarillas contra los magistrados investigadores que han conocido el caso, sin importar si ya se fueron de la Corte o si acaban de asumir el expediente; de mentiras repetidas 1.000 veces para que lleguen a un estadio de credibilidad popular, así no puedan sostenerse en el alto tribunal; de decenas de reuniones para cuadrar versiones falsas, en las peores cárceles del país; de vericuetos legales para detener el interrogatorio mientras el encartado afirma, en sus medios de comunicación, que está listo a responderle a la Justicia; de llanto y crujir de dientes de los seguidores inocentes del expresidente.

9 oct 2019.- En fin, de una parafernalia nunca vista en la historia nacional que incluyó su arribo al Palacio de Justicia organizado para aumentar su imagen de dios en la retina de los espectadores: círculo en pelotón de algunos de sus amigos haciendo mucha bulla. Cara de prócer que iba a recibir, en lugar de preguntas sobre su conducta, corona de rey. Y mientras tanto, las iglesias de puertas abiertas para que la gente ingresara a orar por el señor terrenal. Desconozco, aún, cómo se desarrollará la gran manifestación organizada por la bancada del investigado para demostrarle a la Rama Judicial que aquí no se hace lo que digan los jueces, que el que manda es Uribe y punto.

Estamos en Colombia, señores. Este país no es Perú en donde la democracia se toma la libertad de encarcelar al genocida Fujimori; a su hija Keiko, en el mejor momento de su candidatura presidencial; a los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y Alejandro Toledo. Este país, nada más faltaba, no es Panamá, Guatemala u Honduras que, aunque pequeñitas repúblicas bananeras, se pasaron de la raya permitida metiendo a la cárcel a sus jefes de Estado delincuentes. Este país tampoco es Brasil, en donde el gigante de la popularidad de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, con todo y su poder paga pena de 12 años en una prisión de verdad, y en donde Michel Temer, un presidente de la otra orilla ideológica, también purga sus delitos pese a ser de clase alta; Colombia no es, por supuesto, ni Argentina, ni Chile, que enfrentaron sus fantasmas.

Colombia es Álvaro Uribe Vélez. Y el que ose desconocer esta ecuación será castigado. Ayer se lo recordaron al Poder Judicial los que hoy detentan el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, dos contra uno, para que vaya quedando claro. El jefe de Estado, que ha demostrado serlo solo de la parte de la nación que piensa como él y su facción política, dio la declaración de advertencia precedido por su ministra del Interior: “Resumo a Álvaro Uribe en una sola palabra: honorabilidad”. Lo siguió el exvicepresidente del procesado, embajador en Washington, Francisco Santos: “@AlvaroUribeVel en indagatoria frente a una @CorteSupremaJ con cartel de toga a bordo… El mundo al revés”. Continuó la vicepresidenta Ramírez para notificar que el Partido Conservador está en pie de guerra si algo que no es de su entero gusto sucede: “Conozco al expresidente desde hace 16 años… su trabajo infinito al servicio de Colombia y su conducta veraz. Debe tener todas las garantías”.

Quienes respetamos el Estado de derecho, inocentes de nosotros, estamos enterados: el magistrado investigador, la Sala de Instrucción que conocerá su decisión y votará si el señor Uribe va a juicio o no, la Sala de Juzgamiento y la Sala Penal, de última instancia. El Congreso que debate desde otras ópticas; los columnistas que, desagradecidos, se toman el derecho a opinar con libertad; los medios y los periodistas que ejerzan la información sin compromisos políticos, todos, esperamos lo que nos merecemos: despidos, destierro, deshonra y ojalá no muerte.

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38.19.-La vocación autoritaria del uribismo – CRISTINA DE LA TORRE

Expresidentes Alberto Fugimori y Álvaro Uribe: populismo neoliberal andino

No es ventolera de circunstancia, es una vocación. Pasión por la arbitrariedad y la fuerza administradas en provecho de un caudillo decadente en república bananera. Involución potenciada por la demagogia que florece en el miedo y la desesperanza, el uribismo se reedita como nostalgia del autoritarismo que dio cobijo a la Violencia. Y nada de cuanto este movimiento diga o haga debería sorprender.

8 oct 2019.- En iniciativa que huele a golpe de Estado, el parlamentario del Centro Democrático Álvaro Pradra propone hundir por mayoría electoral los fallos de la Corte Constitucional sobre derechos fundamentales, participación política y funciones del Congreso. Ni más ni menos. Podrían así desaparecer las libertades de pensamiento, de cátedra y de prensa; los derechos al aborto y a la diversidad sexual. O volver al Estado de confesión religiosa. O consagrar la ubérrima transformación del Estado de derecho en república estamental de militares, latifundistas, curas, paramilitares, importadores de carros y el vulgo ignaro. La Edad Media en el siglo XXI. Sueño sujeto al desenlace del proceso penal que la Corte Suprema inicia hoy contra el expresidente Uribe.

Beneficiario sin par de la democracia directa que la Carta del 91 introdujo de buena fe, Álvaro Uribe puso referendo y consejos comunales al servicio de un despotismo deslustrado cuya alma bautizó José Obdulio como Estado de opinión. Golosina envenenada para embaucar a la masa, acorralar a las minorías y amancebarse con el gran capital. Con el mismo desdén de aquellos constituyentes hacia la “partidocracia” y la democracia representativa, se disfrazó Uribe de campesino pobre y aduló a la pobrecía mientras le reducía el ingreso y ensanchaba, entre otras, su hacienda de 1.479 hectáreas. Encarnó, con singular fidelidad, el neopopulismo que desde los años 90 se extendía en la región.

A distancia sideral del populismo de un Perón en Argentina, de un Vargas en Brasil (que pese a sus defectos industrializó, redistribuyó ingresos e integró las mayorías a la política), éste de Fujimori y Uribe fue paraíso de la derecha: en política, hijo bastardo del populismo latinoamericano; en economía fue su antípoda, pues suplantó el desarrollo por un capitalismo montaraz. El neopopulismo es eco de la desigualdad económica y política de las dictaduras del Cono Sur, primeras en adoptar el Consenso de Washington que sacrificó el Estado social en el altar del mercado. La diferencia será de grado, no de naturaleza, anotaba yo en 2005 (Álvaro Uribe o el Neopopulismo en Colombia).

Astro del nuevo arquetipo sería Fujimori, expresivo referente del mandatario colombiano, cuyos pasos éste siguió. Desde los consejos comunales hasta la cacería a los tribunales de justicia y la clausura del Congreso (que el peruano consumó y Uribe propuso en la primera versión de su referendo de 2003). Lleva el nuestro décadas persiguiendo a las Cortes que procesaron, primero, a su bancada de parapolíticos; ahora, a conmilitones suyos en la JEP y al mismísimo expresidente en la Suprema. Otros rasgos tomará Uribe prestados del archiconocido modelo de la personalidad autoritaria: intolerancia ante la opinión divergente, ansia patológica de poder personal y militarismo impenitente.

Con la economía de mercado vendría la democracia refrendaria, arma predilecta del uribismo. Democracia de mayorías confeccionadas para aplastar al disidente e imponerse como la voluntad general del buenazo de Rousseau. Voluntad única, indivisible y absoluta, como único, indivisible y absoluto será el poder que raya en dictadura, hoy ambientado en Estado de opinión. Se sabe: el uribismo no es pera en dulce; más parece tantico de cianuro filtrado entre jaculatorias y madrazos.

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  • 37.19.-Doctor Duque: ¿Y cuántas fábricas más tendrán que cerrar?AURELIO SUÁREZ
  • Paz: actores avanzan y Duque obstruye –  CRISTINA DE LA TORRE
  • No se equivoque más, presidentePATRICIA LARA

Industria confeccionista

Jáder Zuleta, uno de los más importantes industriales del Tolima en el área de confecciones, anunció hace algunas semanas que su empresa CP Company cerraba sus puertas dejando desempleadas a otras 600 personas, muchas de ellas mujeres jefas de hogar, que se sumarán a las ya más de cuarenta mil que en Ibagué están desocupadas.

 12 ago 2019.- En tanto esa tragedia socioeconómica se vive, el gobierno de Iván Duque, a través del Ministerio de Hacienda y en conjunto con algunos gremios del comercio y de los importadores, ha demandado ante la Corte Constitucional los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo que imponían un alza en los aranceles de Colombia -que ya rigen consolidados ante la OMC en 23, 18% para confecciones y 10,48% en textiles- hasta 37,9% con aquellos países con los que Colombia no tiene TLC y cuando el precio sea menor o igual a 20 dólares el kilo o una tarifa de 10% al valor declarado más 3 dólares cuando sea mayor.

Se refiere a naciones asiáticas, como China, Vietnam, Bangla Desh y otras que exportan prendas y textiles con niveles laborales y ambientales por debajo de los estándares internacionales mínimos permitidos con la anuencia de las autoridades comerciales colombianas. Hay que conocer que de 13 billones de pesos que los colombianos consumimos al año en ropa solo 7 son de producto nacional, 2 en mercancía con registro de importación y cerca de 4 son de contrabando.

A lo anterior debe agregarse que los costos de la energía y del crédito están muy por encima de lo que valen en los países contra los cuales competimos; esto es, que el denominado costo-país, que atañe al valor de los factores fundamentales de producción, coloca la capacidad nacional de competencia en condiciones de desventaja frente a muchas de las otras economías, a la mayoría. Insólito que el gobierno se dedique a sabotear las justísimas peticiones de los industriales de los textiles y las confecciones y no se esfuerce por corregir los males estructurales que les quitan competitividad.

Todas estas deficiencias se agravan en las actuales circunstancias de la economía mundial, de lo que han llamado “guerras” o “tensiones” comerciales, que no es otra cosa que la forma, con Estados Unidos a la cabeza y en forma arbitraria y a la fuerza, como se están moviendo los grandes poderes mundiales para sobreponerse en medio de una crisis de superproducción –que se manifiesta en casi todos los sectores- y que han llevado incluso a que reconocidas marcas globales hayan quemado decenas de millones de dólares de inventarios de prendas de vestir que no lograron colocar en el mercado. Mientras todo esto pasa, Duque persigue a sus propios empresarios. Insólito.

Por esto tiene toda la razón la Cámara Colombiana de la Confección cuando convoca a una movilización para el próximo 22 de agosto de empresarios, trabajadores y de la sociedad en general para refrendar públicamente la justeza de sus peticiones de adecuada protección y de duro cuestionamiento al gobierno que los dejó abandonados a su suerte y que los agrede sometiendo al aparato fabril a inicuas y asimétricas modalidades de competencia.

Razón tiene Jorge Enrique Robledo cuando dice que en últimas se trata de definir cuáles fábricas de las diversas mercancías -en el contexto global- van a cerrar y cuáles se mantendrán abiertas. Por lo visto, Iván Duque decidió que las colombianas serían cosa del pasado.

https://polodemocratico.net/index.php

37.19.-Paz: actores avanzan y Duque obstruye – CRISTINA DE LA TORRE

Se bifurca la implementación de la paz: por un lado van actores del conflicto y el tribunal que los juzga, por el otro va el Gobierno. En acto tan categórico como la entrega de armas, por vez primera reconoce la cúpula de las Farc ante la JEP la comisión masiva del secuestro por sus hombres en el conflicto. Crimen abominable que pesa sobre 18.000 víctimas a manos de las viejas Farc, 522 de las cuales murieron en cautiverio. ¡18.000! Un hito en justicia transicional, mientras no intente el nuevo partido justificar el crimen como “retención” del enemigo o como “error” de lamentar.

Pero, al tiempo, 500 organizaciones civiles denuncian ante el Parlamento Europeo doble juego del presidente Duque: mientras éste simula acometer la paz, desmonta el Acuerdo. Frena su implementación. En su primer año de Gobierno ha querido imponer una agenda distinta o contraria en materia rural, de sustitución de cultivos y atención a las víctimas.

1 oct 2019.- Tras abordar el caso de los falsos positivos, con el informe de las Farc abre la JEP el primer macroproceso para juzgar a las personas determinantes, viejo DAS y organizaciones como País Libre. Cada víctima acreditada para el efecto podrá tenerlo, pedir precisiones sobre casos concretos y controvertirlo. El carácter colectivo del de secuestro en la vieja guerrilla. El documento se cotejará con información de Fiscalía, Procuraduría informe no elimina la sindicación, juzgamiento y penalización a los responsables individuales del delito. El propio Timochenko reconoció responsabilidad del grupo armado en el secuestro y pidió perdón.

El secuestro, no puede olvidarse, es un ataque devastador contra la víctima: la esclaviza, pisotea su dignidad, la somete a sufrimientos inenarrables hasta arrebatarle su propia humanidad. En horrible evocación de los campos de concentración nazis, vimos los colombianos imágenes de secuestrados de las Farc encadenados, famélicos y cercados, por centenares, con alambre de púas. Andrés Felipe Pérez murió de cáncer a los 13 años, tras dedicar los últimos dos a suplicarles a las Farc que le permitieran a su padre secuestrado verlo unos minutos antes de morir. Se lo negaron. Dos años después moría Norberto Pérez, el padre, asesinado por sus captores en un intento de fuga. El secuestro marcó el punto de inflexión en la guerrilla: muchos rebeldes renunciaron de facto a su condición de insurgentes para convertirse en delincuentes comunes.

Mas ahora, mientras la Farc responde lealmente al compromiso de paz, el Gobierno lo sabotea. Según las organizaciones denunciantes, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial para los 170 municipios más azotados por la guerra se ven suplantados por una política de seguridad militarista que embolata el objetivo social y económico de la estrategia. El programa de sustitución de cultivos, crucial en reforma rural integral, deriva en apéndice de las políticas de seguridad y lucha antidrogas. Los programas concebidos como herramienta de transformación estructural del campo terminan avasallados por una estrategia de militarización del territorio.

Las garantías de protección a líderes sociales son un estruendoso fracaso. 226 líderes y defensores de derechos humanos fueron asesinados este año, y cada cuatro días desaparece por la fuerza una persona. Para no hablar de la obstrucción deliberada de los trámites que le darían vida al Acuerdo y del cercenamiento de sus recursos en el Plan de Desarrollo. Consecuencia: en muchas regiones se despereza, pavorosa, la guerra.

No, no todos quieren la paz. Se ahonda el abismo entre los actores del conflicto que comparecen ante el tribunal de justicia y reconciliación, y quienes obstaculizan el despegue de la paz.

https://www.elespectador.com/opinion/paz-actores-avanzan-y-duque-obstruye-columna-883665

37.19.-No se equivoque más, presidentePATRICIA LARA

Dirigentes cubanos.

La amenaza del presidente Duque a Cuba, en el sentido de que las relaciones se romperían si en seis meses la isla no extradita a los miembros de la delegación de paz del Eln que están allá por petición del Estado colombiano, es no solo una equivocación, sino una evidencia de la poca confianza que él tiene en la capacidad del ejército para capturar a los insurgentes luego de que ingresen al país, una vez cumplido el protocolo acordado para su regreso en caso de ruptura del proceso de paz.

Es una equivocación por estas razones:

  1. En la práctica, Colombia está diciéndole a Cuba que si no viola un compromiso internacional —el protocolo que firmó como país garante del proceso de paz—, rompe relaciones. 2. Ese protocolo, como dijo el jurista Rodrigo Uprimny, “es un acto internacional de Colombia frente a los Estados garantes, por lo cual gobiernos posteriores deben cumplirlo de buena fe o deben modificar expresamente ese compromiso”, cosa que no ha buscado hacer el Gobierno de Duque, ya que su posición es que se viole el protocolo y punto. 3. Colombia no puede aplicarle a Cuba la Resolución 1373 adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU, la cual establece los compromisos de los Estados contra el terrorismo, como dice Duque, porque Cuba no alberga a los miembros del Eln por voluntad propia sino en virtud de un compromiso internacional como garante. 4. “Si un Estado ofrece garantías a su enemigo para negociar y luego las desconoce para capturar o matar a los negociadores —como dijo Uprimny—, incurre en una grave violación al derecho internacional humanitario, que es la perfidia”. 5. El incumplimiento del protocolo sería un precedente inaceptable no solo para Colombia, sino para cualquier proceso de paz en el mundo, ya que deben existir reglas fiables si la negociación fracasa, como dijo el ministro de Estado alemán, Michael Roth. 6. Con su actitud, Duque nos cierra las puertas de la paz, porque ningún país va a aceptar ser garante de un proceso que emprenda un Estado que no cumple sus compromisos. 7. Si Colombia rompe con Cuba por esa razón, manchará su imagen internacional.

Y es una falta de confianza en la capacidad de nuestro ejército, porque el protocolo establece que, por 72 horas, rija un cese del fuego en un área acordada, que tradicionalmente ha sido de unos 50 km². Esa área podría rodearla el ejército. Ahí, en ese lapso, los tipos del Eln aterrizarían en un helicóptero de la Cruz Roja, en el que viajarían con delegados de los garantes y de Colombia. Vencidas las 72 horas, el ejército podría y debería perseguirlos, capturarlos y entregarlos a la justicia.

Como me decía un importante general: “Si de mí dependiera, yo haría cumplir el protocolo y le diría al comandante del Ejército: le doy un mes para que coja a esos tipos, y si no, se va”.

¿Por qué no lo ha hecho así el Gobierno? Aún puede hacerlo. Así nos ahorraríamos ese desgaste internacional y los elenos pronto acabarían presos o muertos. Como quiere Duque.

(¿Y por qué la ONU no nos ayuda a superar este impasse?)

Nota. ¡Qué dolor produce la muerte de Guillermo Perry, amigo por más de 40 años! Lo vi por última vez el día del lanzamiento de su libro Decidí contarlo, un compendio de su vida y obra, escrito como si hubiera tenido la premonición de que la vida llegaba a su fin… ¡Estaba radiante! ¡Quién iba a imaginar que mes y medio después estaría muerto! ¡Qué falta vas a hacernos, Perry! Les mando a Claudia, a Juana y a Antonio un abrazo fuerte y largo.

www.patricialarasalive.com@patricialarasa

https://www.elespectador.com/opinion/no-se-equivoque-mas-presidente-columna-884245

  • 36.19.-La explosiva verdad de CharPATRICIA LARA
  • Mala redistribución de las regalías –  JORGE IVÁN GONZÁLEZ

La declaración ante la JEP del exsenador David Char —que apenas comienza— ha pasado desapercibida. Pero es de gran trascendencia porque deja al descubierto no sólo las relaciones que un vasto sector de la clase política ha tenido con los paras, sino que revela, en la propia voz de un miembro de uno de los más influyentes clanes políticos, cómo ha funcionado la compra de votos y hasta dónde cohabitan la corrupción y la política local.

27 sep 2019.- Hasta la semana pasada Char, que fue acusado por la Corte Suprema de recibir para su campaña dinero del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), de prestar carros a esa organización criminal, de reunirse con jefes paras para efectos electorales, de aportarles plata por medio de la empresa Acodensa perteneciente a la familia Char, y de suministrarles una caja de munición explosiva, ha dicho varias cosas a la JEP, donde fue aceptado porque se comprometió a revelar una verdad mayor a la dada en la justicia ordinaria, a reparar a las víctimas y a contribuir a la no repetición.

Char ha dicho que, mientras en Soledad y Malambo los paras instalaron su poder a base de usar el miedo y la violencia, en Barranquilla lo hicieron a través de alianzas con políticos, entre otros el exalcalde Guillermo Hoenigsberg, que fue apoyado por el dirigente liberal José Name Terán. Agregó que las Auc tenían lobistas que se les aproximaban a los congresistas de Sucre, Córdoba, Guajira, Magdalena, Cesar y Atlántico. Añadió que “las tres casas más importantes del Atlántico” eran las de los Name, Gerlein y Char y que “si alguien quería participar en política a nivel de Gobernación y Alcaldía necesitaba tener el aval de alguna de estas tres familias”. Dijo que allá las Auc se consolidaron porque lograron elegir a Rosa Stella Ibáñez en la Alcaldía de Soledad y, “a través de ella, consiguieron que les adjudicaran el Hospital Materno Infantil, que fue su fortín”.

Contó que alcanzaron también la Alcaldía de Malambo y que, a través de esas alcaldías, trataron de cooptar la contratación y los puestos del departamento. Y ahondó en cómo funcionaba la compra de votos, que según Char tenía tres modalidades: se hacía a través del cambio de materiales de construcción por votos, de la compra en efectivo del voto y de lo que llamaban “carrusel de la votación”, en el que se contaba con la complicidad de la Registraduría para aumentar la votación en las mesas.

Char dijo que no participó en esa última modalidad de compra de votos, pero sí en las demás; reconoció que apoyó “a un grupo paramilitar que causó daños en la sociedad en todos sus niveles” y se comprometió a reparar a las víctimas haciendo un proyecto cooperativo y sostenible de siembra y comercialización de maíz y de ají, que incluye construir y dotar un colegio para más de 100 alumnos, y brindar asesoría psicosocial de especialistas en posconflicto.

La confesión de Char no sólo es un ejemplo de los beneficios que traerá la JEP, sino también una voz de alarma de lo que pasa en las regiones: porque lo que él dice que ocurría hace 13 años es lo mismo que sucede ahora: la disputa de las distintas mafias por el dominio político de los poderes locales. Por eso esta campaña ha sido tan violenta.

Y el Gobierno se ha hecho el loco ante la verdadera causa de esta violencia, que no es otra que la retoma del país por el paramilitarismo. ¿Hasta cuándo el presidente Duque seguirá cerrándole los ojos a esa peligrosa realidad?

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36.19.-Mala redistribución de las regalías –   JORGE IVÁN GONZÁLEZ

Actualmente se discute en el Congreso el proyecto de Acto Legislativo no. 40, que modifica nuevamente la distribución de las regalías. Los últimos cambios se hicieron en 2011 (Acto Legislativo 05). La nueva redistribución busca aumentar la participación de las entidades territoriales productoras y de los municipios portuarios.

La explicación de las razones por las cuales se modifica el Sistema General de Regalías (SGR) no es clara. Las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, habían llegado a la conclusión que la distribución de 2011 dio buenos resultados. Entre otras razones, porque las regalías se distribuyeron de manera más equitativa entre las regiones. La Contraloría de Edgardo Maya siempre criticó esta forma de distribución. En sus estudios se muestra que las regalías se dispersaron en más de 12.000 pequeños proyectos, sin ninguna visión estratégica.

El proyecto de acto legislativo hace caso omiso de las dos evaluaciones anteriores. Primero, porque abandona el criterio de equidad regional. Y, segundo, porque tampoco acepta las recomendaciones de la Contraloría.

En el diagnóstico se observa que entre 2012 y 2018 las regalías hacia las entidades productoras cayeron 78% en pesos constantes. Aunque esta variación es significativa, no se explica por qué motivo esta disminución ha sido problemática. Precisamente, gracias a que se le redujeron las transferencias a los productores, la distribución global de las regalías fue más equitativa.

En el proyecto de acto legislativo no se incorporan las observaciones que en su momento hizo la Contraloría. En lugar de dejar la puerta abierta para definir proyectos estratégicos, el acto legislativo vuelve a establecer porcentajes de reparto inamovibles.

La Comisión del Gasto propuso que las regalías se articulen al Sistema General de Participaciones (SGP), y que estos recursos se distribuyan siguiendo la lógica propia de los presupuestos por programa. Desde la perspectiva señalada por la Comisión, es posible diseñar grandes programas de inversión con un sentido estratégico.

Esta opción se cierra con la distribución porcentual que se incluye en el proyecto de acto legislativo. Es equivocado continuar financiando pequeños proyectos, con alcance local. Es bueno recordar que solamente en el componente de Ciencia y Tecnología se aprobaron más de 2.000 proyectos. Es una piñata en la que las entidades territoriales compiten por proyecticos sin horizonte de mediano plazo.

La propuesta de acto legislativo reconoce que los Ocad (Órgano Colegiado de Administración y Decisión) no han funcionado bien, porque no lograron articular los distintos proyectos con una perspectiva regional y, además, porque se convirtieron en entes burocráticos muy pesados. Este reconocimiento del fracaso de los Ocad no está acompañado de una propuesta alternativa.

Se reconoce la necesidad de un manejo eficiente y equitativo de las regalías, pero no se explica el significado de ambas categorías. La eficiencia se asocia de manera confusa con la austeridad, pero no con la selección de proyectos estratégicos. Y la equidad se asimila a la distribución regional, dejando de lado el ingreso de los hogares. El acto legislativo propuesto no retoma la noción de equidad de las comisiones de Gasto, y Tributaria, que centran la atención en la capacidad de pago de las familias.

Jorge Iván González – jorgeivangonzalez29@gmail.com https://desdeabajo.info/colombia/item/25369-la-coyuntura-petrolera-y-minera-y-sus-implicaciones-economicas-fiscales-y-politicas.html

 

 

  • 35.19.-ACROBACIAS DE CARRASQUILLA –        AMYLKAR D. ACOSTA*
  • Olimpo patronal, ¿sin patria?CRISTINA DE LA TORRE

EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL 2020 ESTÁ DESFINANCIADO

El ministro Carrasquilla anuncia.

El Ministro Alberto carrasquilla, al momento de radicar en el Congreso de la República el proyecto de presupuesto para la vigencia de 2020, pese a que el mismo, según el Ministro está desfinanciado en $8.5 billones[1] y es una incógnita saber de dónde van a salir, pero muy eufórico, planteó que se tiene un “panorama fiscal despejado”[2]. No obstante, a poco andar, admitió que “sí, existe una necesidad de encontrar, así como lo discutimos el año pasado, unos recursos para terminar de financiar el Presupuesto del próximo año”[3].

Y, apenas siete días después, el Ministro Carrasquilla afirmó categóricamente que “no necesitamos vender activos este año. La situación fiscal está completamente bajo control y en junio tenemos un superávit primario bastante importante y la mejor dinámica fiscal que hemos visto en muchos años»[4]. Con declaraciones tan contradictorias como incoherentes del Ministro, nadie sabe a qué atenerse.

16 sep 2019.- Se acaba de aprobar por parte del Congreso, dentro del plazo estipulado por la Ley, el monto del Presupuesto, el cual se aforó en $271.7 billones; ahora se inicia su trámite, teniendo el 30 de octubre como fecha límite para su aprobación, a riesgo de que si no se cumple  se impone la denominada dictadura fiscal, consistente en que el ejecutivo queda investido de la facultad para decretarlo[5].

Como se recordará, con el argumento, expuesto en la Constituyente de 1991 por parte del cófrade Alfonso Palacio Rudas, de que “las apropiaciones son una autorización y no una orden imperativa de girarlas”, se abandonó el principio decimonónico del equilibrio presupuestal consagrado en la Constitución política centenaria de 1886[6]. En su lugar, mediante el artículo 347 de la nueva Carta, se dispuso que “si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por separado, ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley de presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados”.

De allí, que, desde entonces, prácticamente todos los presupuestos aprobados por el Congreso han sido deficitarios, al igual que el que se debate en este momento. Como lo plantea el profesor Eduardo Sarmiento, lo que se estableció como procedimiento para darle una mayor flexibilidad al Gobierno para atender los gastos prioritarios, “se convirtió en un medio de determinar el déficit fiscal y obligar a su financiamiento con nuevas leyes”[7]. Así de claro!

LAS ACROBACIAS DEL MINISTRO

Pero, el Ministro Carrasquilla, en apuros para cumplir con el principio rector de la sostenibilidad fiscal consagrado en la Constitución[8] y la Regla fiscal[9] que lo desarrolla, se las ha apañado para tratar de lograr la cuadratura del círculo[10] y de esta manera soslayarlo. Veamos.

A través del artículo 79 de la Ley 1955 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 21018 – 2020 se le permite a la Nación “emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda pública para pagar las obligaciones financieras (…), con el fin de sanear los pasivos correspondientes a cesantías de las universidades estatales”. En virtud del mismo podrá “emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda”. En el artículo 257 del PND se es más explícito en el procedimiento a seguir, al establecer la Estrategia de Mediano Plazo de Gestión de la Deuda (EMGD), en virtud del cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se encargará de diseñarlo “con el objeto de definir las directrices sobre la estructura del portafolio global de la deuda pública, propender por la financiación adecuada de las apropiaciones presupuestales del Gobierno Nacional, disminuir el costo de la deuda en el mediano plazo bajo límites prudentes de riesgo y contribuir en el desarrollo del mercado de capitales”.

Con ello, el Congreso le firmó un cheque en blanco al Ministro de Hacienda y este ni corto ni perezoso lo está utilizando emitiendo títulos de tesorería (TES) a tutiplén. Según él, lo que está haciendo es “recontratar” la deuda pública, pues, “si bien se vence el año entrante vamos a recontratar y eso vale $28.4 billones, vamos a contratar nuevo endeudamiento por $19.2 billones”[11]. No tuvo empacho el Ministro Carrasquilla en decir: “le vamos a decir a los mercados que la deuda que debemos estar amortizando no la podemos pagar toda, sino que necesitamos que nos hagan un préstamo de los vencimientos de capital y esa es otra gran fuente de financiamiento de los $271 billones”[12]. Eso no es serio!

Cuando se alude a “contribuir en el desarrollo del mercado de capitales”, ello guarda una muy estrecha relación con la Misión del Mercado de Capitales que integró el Gobierno, la cual acaba de rendir su informe y recomendaciones tendientes a reformar el mercado de capitales. Estas, según el Ministro Carrasquilla, le servirán al Gobierno como  “una hoja de ruta para el inmediato, mediano y largo plazo, para que el mercado sea más líquido, tenga más inversionistas y sea más innovador”[13]. Y justamente es en ese mercado en donde se transarán los TES.

El editorialista del diario económico Portafolio se muestra patidifuso con el anuncio del Ministro y dice que “el anuncio es sorpresivo, porque unos días atrás las autoridades señalaron que se habían cubierto las necesidades previstas en el Plan financiero que elabora el Gobierno”[14]. La jugadita del Ministro Carrasquilla, dicho por el mismo, consiste en “sustituir esa deuda por deuda de mercado. Esa es un deuda que se ha venido adquiriendo a lo largo de los años y, por lo tanto, la emisión de esos TES corresponde a emisiones de deuda de 5, 10 y de 15 años atrás”[15].

Como lo afirma el ex ministro y ex codirector del Banco de la República Carlos Caballero, “para tapar los huecos y salir de líos el Ministerio de Hacienda anda instrumentando acciones ingeniosas que le permitan ampliar el gasto y más que cumplir la Regla fiscal. La deuda de las sentencias judiciales en contra de la Nación se cancelará entregando a los acreedores TES a largo plazo, con tasas de interés inferiores a las de mora”[16]. Advierte él, “financieramente es correcto, una deuda en la penumbra y costosa se visibiliza”, pero al precio de incrementar la deuda pública en $8 billones. Con esta “ingeniosa” operación se “cumple” con la Regla fiscal, pero se aumenta sensiblemente el endeudamiento de la Nación.

LA FERIA DE LOS TES

Al darle vía libre el Congreso a través del PND, la primera deuda pendiente que se saldó, pagándola con TES, fue la que se tenía contraída con el patrimonio autónomo de remanentes de la liquidada CAPRECOM, por valor de $514.000 millones. Lo propio se hizo con la abultada deuda contraída por el Estado con la red hospitalaria, en aras “sincerar las deudas”, como lo manifestó el Presidente Iván Duque, con base en el Acuerdo de Punto final contemplado en los artículos 237 y 238 del PND, se autorizó por parte del Consejo Nacional de Política Fiscal (CONFIS) emitir TES por valor de $6.7 billones para sanear la deuda con el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), concretamente con 1.361 IPS y hospitales públicos de todo el país, la mayoría atribuida a la formulación de medicamentos o procedimientos que están por fuera del Plan de Beneficios en Salud (PBS).

También se tiene previsto pagar con TES lo adeudado al magisterio de Colombia por concepto de mora[17], debido al no pago oportuno de las cesantías de los maestros causadas a diciembre de 2019, por valor de $1.1 billones. Se procederá por parte del Ministerio de Hacienda a emitir los TES por ese valor, los cuales se le entregarán a la FIDUPREVISORA, entidad fiduciaria que administra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Según el Decreto que para el efecto expidió el Ministerio de Hacienda este procedimiento no conlleva “operación presupuestal alguna y sólo debe presupuestarse para efectos del pago de intereses y la redención de los títulos” a su vencimiento. También se tiene previsto recurrir a este mismo expediente para pagar entre $2 billones y $2.5 billones para saldar la deuda de la Nación con las universidades públicas “con el fin de sanear los pasivos correspondientes a cesantías de las universidades estatales”[18]. Según ha trascendido, algo similar se tiene previsto para cubrir los bonos pensionales, cuyo pasivo asciende a los $4 billones.

Hasta gastos recurrentes, del día a día, se prevé cubrir con deuda pública, destacándose entre ellos el pago de “subsidios para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica que se hayan causado antes de la vigencia de la presente Ley o que se causen durante la misma”[19]. Hasta los “terceros de buena fe” de la desastrada Ruta del Sol II estuvieron a punto de participar en la feria de los TES, ya que el CONFIS alcanzó a autorizar y la Ministra del Transporte Ángela María Orozco anunció el pago con TES de una supuesta deuda de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por valor de $1.2 billones[20]. De no haber sido porque el Tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá declaró “la nulidad absoluta por objeto ilícito” del Contrato de dicha Concesión, se hubiera materializado este detrimento al patrimonio público.

Como lo sostuvo el ex ministro de Hacienda y miembro del Comité consultivo para la Regla fiscal, nada menos, Guillermo Perry, se están “utilizando formas de contabilización heterodoxas, que pueden poner en cuestión la tradicional seriedad  de Colombia en el manejo de sus cifras fiscales…El recurso a la contabilidad creativa generan incertidumbre y desconfianza y pueden conducir a rebajas en la calificación de riesgo del país”[21]. Johns Hopkins, PhD en economía, profesor e investigador de la Universidad de los Andes, también teme y advierte sobre “la posibilidad de que las calificadoras de riesgo terminen bajando nuestra nota, poniendo en riesgo el grado de inversión es, paradójicamente, mucho más alta ahora que hace un año”[22]. Es muy grave que empiece a verse con desconfianza y a dudarse del manejo de las cifras por parte del Gobierno. Es muy diciente que unas de las revistas de negocios más serias y consultadas, como lo es Bloomberg, titule uno de sus despachos de prensa en su portal diciendo que “Colombia es acusada de marrullerías (shenanigans) contables para lograr metas fiscales”[23]. Este es un mal indicio y un pésimo precedente.

LOS ARTILUGIOS DEL MINISTRO

Para Luis Eduardo Arango, ex director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, “esto se ve bastante mal y es poco ortodoxo, porque lo que hay es que hay que cuidar las cuentas fiscales (…). Se está rompiendo la ecuación de que el déficit es el que determina el comportamiento de la deuda y lo que hacen es que están emitiendo gastos que no están afectando el déficit”[24] sino mimetizándolo. Y añadió, “las cuentas pendientes se deben pagar en efectivo o con deuda, pero hay que llevar las cuentas fiscales como se debe”[25]. Por su parte Jorge Restrepo, catedrático de la Universidad Javeriana, dijo hace unos días que “preocupa es que se vaya a usar deuda para financiar gasto corriente; el Ministerio de Hacienda tiene que ser responsable, en el sentido de no emitir deuda para financiar gasto corriente de salud, a través de inyección directa en las EPS”[26].

Estas operaciones de emisión de TES se reconocen “por debajo de la línea”, esto es, “por debajo de cuerda”, como financiación y no como gasto y así se evita que incidan en el déficit fiscal. Afirma el Director de investigaciones económicas de BTC Pactual Munir Jalil, que “el Gobierno dice que los pagos responden a algo transitorio y para que no les afecte el déficit, que es más estructural, se colocan de este lado. Así, el déficit nunca se verá afectado”[27]. Como afirma Luis Fernando Mejía, Director de FEDESARROLLO, “hay que ver qué opinan organizaciones internacionales o el Comité Consultivo de la Regla fiscal con respecto al cambio”[28].

El Ministro de Hacienda asume que la emisión de TES es una operación de financiamiento y que, por lo tanto, no es un gasto al no implicar una operación presupuestal. Se jacta el Ministro Carrasquilla de que él cumple “reglas fiscales, los mandatos y los deseos”[29]. Cabe preguntarse cómo lo hace, porque, como lo manifestó el profesor e investigador de la Universidad de los Andes Marc Hofstetter, “pagar gasto con TES sin contabilizarlo como gasto y, por tanto, sin que afecte el déficit es nuevo. Si tuviéramos dinero para pagar esas cuentas eso no sería necesario, pero no hay forma de hacer esos pagos y, al mismo tiempo, honrar la regla fiscal. Hacerlo vuelve inocua la Regla fiscal: si el Gobierno puede decidir qué se cuenta  y qué no como gasto y déficit, que un Comité le diga de qué tamaño puede tener el déficit es una pérdida de tiempo”[30], así de sencillo. En opinión de Hopkins, “si midiéramos el déficit de este año con la misma métrica del pasado lo más probable es que haya crecido”[31]. De acuerdo con ANIF, el déficit fiscal de este año estará alrededor de – 4.2% (¡!), muy por encima del 2.4%, que se ha convertido en Mantra del Ministro carrasquilla.

La emisión de TES para pagar deudas es lo que se conoce en el argot financiero roll – over, que consiste en cambiar una deuda por otra, refinanciándola, la misma fórmula que utilizó en Argentina en su momento la Presidenta Cristina Kirchner y que la condujo al default que terminó en el “corralito”. Es lo más parecido al “jineteo” al que recurren los desesperados cuentahabientes en los bancos cuando se ven a gatas para cubrir los sobregiros. Esta es una forma de “patear la deuda”, como si fuera un balón, al futuro, pues al fin y al cabo no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague. Según Sergio Clavijo, Presidente de ANIF,  a este paso, “la deuda del Gobierno Nacional Central , como porcentaje del PIB, “estará pasando del 44% en 2014 hacia el 54% del PIB en 2022 (o a niveles superiores), el tener en cuenta la emisión de TES para pagar deudas flotantes de la salud y de demandas a la Nación”[32], incluso sin contar las novedades del proyecto del Presupuesto del próximo año. Y, de contera, las vigencias futuras son del orden de los $102 billones, el 10% del PIB (¡!).

También se está contemplando, como afirma la revista Dinero, “echarle mano a unos dineros que hay sobre la mesa, un poco más de $5 billones del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (FONDES), recursos provenientes de la venta de ISAGEN”[33]. El truco consiste en que como el FONDES no hace parte del Gobierno Nacional, sino del sector descentralizado, esos recursos ya no irían  a financiar las concesiones de 4G, como se le prometió al país, sino que el Ministerio de Hacienda, en un pase de prestidigitación, los invertiría en empresas de servicios públicos estatales o mixtas, como las electrificadoras. Y, continúa la revista Dinero, “con esto el Gobierno intercambiaría acciones de las electrificadoras por bonos de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). Estos, si bien no son efectivo, entran a su portafolio como un ingreso que le permite cuadrar las cuentas. De esta manera se dispondría de los recursos de la venta de ISAGEN para financiar gasto corriente de la Nación”[34]. A juicio del ex ministro Perry, “el Gobierno juega con candela al maquillar las cuentas fiscales para ocultar la dura realidad. Si sigue por ese camino, en lugar de afrontar los problemas, nos dejaría sin recursos para la infraestructura pública que necesitamos”[35] y reitera que ello “pondría en riesgo la calificación de riesgo del país”[36]. Y este sería el peor escenario para la economía colombiana, que sigue en el atolladero y en medio de la turbulencia por la que está pasando la economía global por cuenta de los desvaríos de Trump.

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35.19-.Olimpo patronal, ¿sin patria?CRISTINA DE LA TORRE

Mientras la crema del establecimiento económico se dispone en Estados Unidos a volver al capitalismo social, legiones de nuestros empresarios perseveran en la pasión primaria de la ganancia particular, a costa de los más. En el país de Trump, 181 potentados revisan la práctica del beneficio exclusivo para los dueños de la empresa y proponen extenderlo a sus trabajadores, a la clientela y a la comunidad. Por instinto de conservación, sin duda, para salvar el capitalismo (como lo salvaron hace 75 años en Europa y Norteamérica con el Estado de bienestar), apuntan otra vez a una más justa distribución del ingreso y la riqueza.

17 sep 2019.- En Colombia, gruesas franjas del empresariado se acomodaron, sin lucha, a la apertura que sacrificó la industrialización. Y medran piponchas en el rentismo, en la especulación y el asalto al erario. Según Transparencia, 69 % de los hechos de corrupción corresponden al sector privado. Pero, manes de la glotonería, se muestran siempre insatisfechos. Les regalan los gobiernos, de oficio, tributos y ventajas para que abran puestos de trabajo. No los crean; antes bien, suprimen plazas.

Y se aferran a lo suyo: terratenientes improductivos; industriales que lo fueron y hoy depositan su dinero en paraísos fiscales y construyen, no fábricas, sino cientos de centros comerciales para llenarlos de mercaderías extranjeras, o lavan dólares; banqueros y usurpadores del ahorro pensional, todos a una, haciendo su agosto, mientras exigen y protestan sin cesar en su muro de lamentaciones. Dicen clamar por la diversificación de exportaciones, pero ni ellos ni el Gobierno se preguntan cómo hacerlo sin un modelo de desarrollo industrial. En 1960, la industria registraba 39 % de participación en el PIB; hoy representa el 16,3 %.

Se queja la exministra Cecilia López de nuestra modorra para desarrollar la agroindustria, transformación industrial del campo tan prometedora para este país en el mercado mundial. Y es, apunta ella, porque latifundistas, ganaderos y señores feudales se le atraviesan a la reforma rural que lo permita. Prefieren ellos especular con la tierra. Así, ni se diversifican exportaciones ni florece el trabajo. Se diría que seguiremos, como en un sino fatal, condenados a exportar petróleo, carbón y productos agrícolas sin valor agregado, y a importar bienes de alta tecnología de los países ricos. Coartada de la primigenia doctrina liberal sobre división mundial del trabajo que nos condena sin remedio al subdesarrollo. Paraíso de banqueros e importadores, nuestro modelo será el del crecimiento sin empleo.

Versión doméstica —a caballo entre el atraso y audacias financieras de última generación— de la fórmula neoliberal que, víctima de sus excesos, hace agua. 50 personas controlan el 80 % de los activos financieros del mundo; y sólo 1.000 empresas, el 73 % del PIB global. Y es en sus entrañas donde se gesta el manifiesto de la Business Roundtable que clama por el viraje de marras, “para salvar el capitalismo, no para destruirlo”; antes de verse suplantado por su contrario: el 44 % de los llamados millennials dicen preferir el socialismo al capitalismo.

La suplantación podrá irradiar al patio trasero del imperio. Si nuestra élite empresarial no ejecuta aquel timonazo hacia el capitalismo social. Si no se allana a la libre competencia en condiciones de igualdad. Si no trueca el enriquecimiento ilícito, el abuso de poder y su democracia de mentirijillas por el respeto a la ley y la decencia. Si no potencia el desarrollo y asume como dirigencia con sentido de patria, al paso que el empresariado gringo se pellizca, el nuestro pasará a la historia signado con el mote que el analista Hernán Suárez le adjudica: lumpenburguesía.

https://www.elespectador.com/opinion/cristina-de-la-torr

 

  • 34.19.-Maromas Ponzi  del ministro Carrasquilla – JORGE IVÁN GONZÁLEZ
  • La elástica moral del ministro… y de otros–            CECILIA OROZCO
  • El concurso por la memoria – RODRIGO UPRIMNY

 Las maniobras financieras del italiano Charles Ponzi en los años 20 son el referente para caracterizar, entre otras operaciones, la de pagar viejas deudas con deudas nuevas. Los gobiernos fácilmente caen en la tentación Ponzi. Desde que comenzó la administración Duque, el ministro Carrasquilla ha mostrado habilidades especiales para hacer maromas Ponzi.

Optó por resolver los faltantes del presupuesto mediante la refinanciación de la deuda existente, y la emisión de nuevos créditos. Estas operaciones están llevando a aumentos de la deuda pública sin precedentes. El saldo de la deuda pública del sector público no financiero está alrededor de 57% del PIB. En 2012, el porcentaje era de 40,6%. Todo indica que el saldo de la deuda pública continuará creciendo.
La financiación a través de deuda ha sido el comodín para resolver los faltantes del presupuesto corriente y, además, para responder, en el corto plazo, a problemas financieros tan complejos como el déficit en salud, o el pago de sentencias que han fallado en contra del Estado.

La financiación a través de deuda es insostenible y refleja problemas estructurales que el gobierno no se atreve a resolver. La principal razón del aumento del peso de la deuda es sencilla: los impuestos se han ido rezagando frente a un gasto que continuará aumentando. La única manera de reducir la deuda es aumentando la tributación. No hay otro camino. Es ingenuo pretender que la brecha se va a cerrar con reducciones del gasto. Es inevitable que el gasto y la inversión pública continúen aumentando. En las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo se reconoce que los ingresos públicos, como porcentaje del PIB, van a disminuir en los próximos años. Y para que este escenario parezca menos dramático, el Marco Fiscal supone de manera ingenua que el gasto bajará. Como es muy probable que el gasto no disminuya, necesariamente habrá que recurrir a mayores montos de deuda. El efecto Ponzi se agudizará.

La deuda es un camino fácil que resuelve dificultades de corto plazo, pero que no responde a los problemas de financiación de naturaleza estructural. La deuda pública en la lógica de Ponzi debilita el orden financiero, y somete las prioridades presupuestales al vaivén errático de los movimientos de los capitales nacionales e internacionales. Esta afirmación es pertinente, tanto para la deuda interna como para la externa. Es clarísimo el impacto que tiene la devaluación del peso en el costo en pesos de la deuda pública. Estas dinámicas escapan al control de las autoridades nacionales, y generan choques inciertos que reducen el margen de maniobra del presupuesto. A medida que crece el peso de la deuda se tienen que reducir el gasto público en rubros tan importantes como la inversión. En 2018 el pago de intereses de la deuda fue de $28 billones, mientras que la inversión apenas fue de $14 billones. El espacio que ocupa la deuda en el presupuesto aumenta cuando se incluyen las amortizaciones.

Desde el punto de vista político se observan asimetrías claras en el proceso de aprobación del gasto y en la forma como se decide el manejo de la deuda. Mientras que las opciones de gasto pasan por el filtro del Congreso, las decisiones sobre el manejo de la deuda es un asunto discrecional del gobierno.
Las maromas Ponzi son peligrosas y en el mediano plazo terminan agravando los problemas financieros.

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/maromas-ponzi-2907773

34.19.-La elástica moral del ministro… y de otros –   CECILIA OROZCO

¿Quién se ha llevado mis datos?

La elasticidad moral que muchos tienen como norma de vida da para todo, inclusive para que quienes la estiran o encogen según lo requieran, se paren ante sus auditorios a pronunciar discursos de indignación por los escándalos de corrupción y, simultáneamente, sean corruptos en su vida cotidiana y corrompan a otros con actos que no merecen la menor autocensura porque, practicados por ellos, sus familiares, sus amigos o sus aliados, quedan cubiertos con un manto de santidad: una especie de varita mágica que convierte lo feo en bonito, lo malo en bueno y lo inadmisible, en indispensable para conseguir el fin que justifica cualquier medio.

Sí, se trata de la elasticidad moral que funciona de manera similar al fenómeno económico de acuerdo con el cual una variable modifica su ser, si otra variable también lo hace. Uno de los descubrimientos del presidente Duque, estrella de su gabinete por su inteligencia, hiperpreparación académica y juventud, es Jonathan Malagón, ministro de la cartera de Vivienda.

 Sin embargo, una investigación periodística de la reportera Juliana Ramírez, de Noticias Uno que pasó semidesapercibida por la información, en la misma emisión, sobre el retiro de este noticiero, del Canal 1, demuestra con puntos, comas y otras signos que el brillante Malagón llamado a ascender al cielo de los genios, incurrió en presunta falsedad intelectual en un escenario pulcro por naturaleza: la academia.

Falsedad intelectual, en el caso concreto de Malagón, por la apropiación de partes de textos y gráficos “de elaboración propia” en su tesis de doctorado de la Universidad de Tilburg, Holanda, que fueron tomados de textos de otros autores, pasó sin tropiezo por el filtro de su elasticidad moral: no hubo cuestionamiento alguno en la conciencia del doctorando ni, al parecer, en las de unos de sus jurados que se irritaron antes de la inminente publicación de Noticias Uno, e intentaron detenerla tal como lo hizo la propia estrella, el ministro Malagón, por interpuestos personajes.

El ministro de Vivienda tiene tan solo 35 años. En estado de pureza conductual, diría uno por su corta edad y dedicación al estudio. Pese a su escaso lapso de vida en este planeta, Malagón cuenta, de acuerdo con su currículum oficial, además del doctorado en Tilburg, con dos pregrados (en Economía y Administración de Empresas); y dos maestrías (en Política Económica y en Finanzas). Y, por si fuera poco, ha ejercido, simultáneamente con su carga universitaria, sus profesiones en organizaciones de éxito como Asobancaria y Fedesarrollo. Un esfuerzo descomunal. El doctorando presentó su tesis de grado en Holanda en diciembre de 2017, en una ceremonia formal ante cinco jurados de la mayor credibilidad. Pasó, sin problemas, y recibió su diploma de mayor peso. Pero la juiciosa reportera de Noticias Uno encontró, en el escrito que Malagón presentó en Tilburg, párrafos enteros y cerca de 30 gráficos exactos a tesis de grado de al menos tres de sus amigos y subalternos, publicados en fechas anteriores a la suya (ver): dos, del año 2016, una de junio de 2017. Los tres afectados le deben a Malagón no solo amistad: también agradecimiento porque les ha dado la mano en sus estudios y en sus puestos de trabajo.

La explicación del ministro es elástica: en privado, afirmó que los textos de sus exalumnos fueron publicados con posterioridad al suyo. Oficialmente, aseguró que él, los tres estudiantes, y uno más que él mencionó – y que Noticias Uno no tenía en el radar de su investigación-, escribieron “en conjunto” los documentos examinados por la periodista. No obstante, resulta completamente inusual, en el rigor que exige la academia mundial, que ni en los escritos de los estudiantes ni en el del ministro, haya citas de autoría original o, siquiera, de coautoría. A la vista están las tesis, las fechas, los párrafos y los textos copiados de uno a otro texto. Falta por revisar con mayor detenimiento esos documentos y, tal vez, nos llevemos más sorpresas. Como sea, la elasticidad moral del ministro y sus admiradores importantes o comunes le dio vía libre a su “copialina” con efectos profundamente diferentes entre Bogotá y la ciudad holandesa Tilburg: aquí, Noticias Uno fue censurada por funcionarios gubernamentales y economistas prestantes, por “amarillista” y por “querer destruir una vida de esfuerzos”.

 En Tilburg, la universidad acaba de anunciar en su página oficial que “ha tomado nota de los informes de plagio en la tesis doctoral del doctor Jonathan Malagón”. Y añade que “está tomando en serio estos informes y llevando a cabo una investigación objetiva para decidir los pasos a seguir”. Por su parte, la Universidad de Columbia, en donde el ministro obtuvo una maestría, dijo, en comunicación escrita, que examina “muy seriamente el caso, y (que) emprenderá las acciones debidas”. La moral elástica de este país no existe en otras latitudes. Así somos.

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https://www.elespectador.com/opinion/cecilia-orozco-tascon

34.19.-El concurso por la memoria  RODRIGO UPRIMNY

El director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Darío Acevedo, anunció que los informes del CNMH sobre las atrocidades de nuestro conflicto armado serán ahora elaborados por investigadores seleccionados por concurso por Colciencias.

No hay nada objetable en que la elaboración de algunos informes del CNMH siga ese procedimiento, pues puede permitir que nuevos investigadores se vinculen, en forma transparente, al esclarecimiento de la verdad sobre nuestra guerra. Pero el anuncio de Acevedo es problemático al menos por tres razones.

Primera, porque lo usó para deslegitimar la labor previa del CNMH, en especial su informe general “¡Basta ya!”, por ser supuestamente sesgado ideológicamente, pues habría sido elaborado por un “pequeño grupo de intelectuales que no representan el amplio espectro de investigadores nacionales”. Acevedo plantea que gracias a Colciencias no habría ahora la “intervención de intereses ideológicos, políticos o religiosos en la selección y desarrollo” de los nuevos informes del CNMH.

El mensaje subyacente es entonces que los informes previos del CNMH, y en especial “¡Basta ya!”, no merecen credibilidad, pues fueron elaborados con sesgos ideológicos e intereses políticos.

Estoy en contra del amiguismo en las instituciones, por lo cual soy favorable a los concursos de méritos, pero el ataque de Acevedo es injustificado. Es obvio que Acevedo y otros pueden cuestionar los informes anteriores del CNMH, y ese debate es bienvenido. Pero deben hacerlo a partir de sus méritos o defectos intrínsecos, como la solidez de sus fuentes, de su marco teórico o de la coherencia de sus análisis. No generando un manto de sospecha sobre sus motivaciones por no ser obra de investigadores seleccionados por Colciencias. Con ese criterio, cualquier investigación de Fedesarrollo o del CEDE de los Andes sería cuestionable, pues sus investigadores tampoco fueron seleccionados por Colciencias. Eso es absurdo: existen investigaciones excelentes elaboradas por personas que no fueron seleccionadas por concurso, mientras que existen pésimos informes de proyectos escogidos por Colciencas, que dicho sea de paso no es que tenga los procesos más idóneos y transparentes de selección.

Segunda, por consistencia: si la idea es que haya selección por concurso para evitar supuestos sesgos ideológicos, Acevedo debería promover que el nombramiento del propio director del CNMH se haga por un procedimiento semejante, y no a dedo por el presidente, puesto que también puede haber sesgos en la selección de los temas que serán investigados, que es competencia del director. En una columna pasada propuse un esquema semejante, pues creo que fue un error de diseño institucional del CNMH dejar el nombramiento de ese director al presidente, pues tiende a politizar el debate sobre la memoria, como precisamente lo hace Acevedo.

Finalmente, porque este mecanismo desnaturaliza al CNMH, que no es un centro investigativo ordinario y menos aún un simple tramitador de proyectos académicos. Es una entidad que realiza una labor de memoria en beneficio y en articulación con las víctimas de las atrocidades de esta guerra, que Acevedo no reconoce. Y por eso el CNMH tiene deberes y garantías especiales, como que sus investigadores tienen inmunidad judicial por sus afirmaciones en los informes. Todo eso se pierde con la decisión de Acevedo, con lo cual surge esta duda: ¿no estará el director del CNMH volviendo irrelevante a la institución que dirige, en vez de articularla con la Comisión de la Verdad, con el fin de cumplir su deber de memoria con las víctimas?

Posdata. Por transparencia, aclaro que participé sin remuneración en la discusión y elaboración de algunos informes del CNMH, en particular en “¡Basta ya!”.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

https://www.elespectador.com/opinion/rodrigo-uprimny

  • 3319.-El mercado del café funciona mal– OSCAR GUTIÉRREZ
  • Eutanasia de ‘Noticias Uno’– VLADDO

Carta abierta a los presidentes de los países productores de café.

El próximo 25 de septiembre, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas se llevará a cabo la reunión “Acciones conjuntas para enfrentar la crisis del precio internacional del café que permita su producción sostenible”.

Empecemos pidiendo que Dios los ilumine y bendiga esta reunión, puesto que el destino de veinticinco (25) millones de familias será afectado por sus decisiones.

1 sep 2019.- En 1983, la Organización Internacional del Café, OIC, integrada por los países consumidores y por los países productores tomó la decisión de fijar un precio internacional del grano de entre US$1,20 y US$1,40 la libra. Se recogían los costos de producción y una adecuada tasa de ganancia. Seis años después, ante la adopción de las políticas de libre mercado, los precios cayeron hasta US$0,50 la libra. De ahí en adelante, salvo muy cortos periodos, los ingresos de los caficultores han estado por debajo de sus costos de producción y bastante lejanos de ser remunerativos. A precios constantes, la libra debería estar entre US$3,17 y US$3,70. Hoy se negocia, en la bolsa de Nueva York, a precios por debajo de un (1) dólar/libra.

El modelo actual de negocio está basado en precios para los productores, determinados por la cotización internacional del café en bolsas en las que predomina la especulación, haciendo que los precios sean artificiales; lo anterior porque grandes especuladores venden millones de sacos de café sin producir un solo grano creando un suministro artificial lo que hace que el modelo sea, de antemano, imperfecto y viciado.

Esta realidad tiene graves implicaciones en las naciones productoras. Millones de familias padecen hambre y miseria; pulula el trabajo infantil; quiebran -por los bajos precios- millares de empresarios, y poblaciones enteras que derivan del café el sustento principal, sufren graves crisis económicas y sociales. Mendicidad, prostitución, ladronismo, conflictos familiares, narcotráfico y violencia de bandas criminales, crecen por doquier. Centenares de familias venden sus predios y se ven obligados a emigrar hacia Estados Unidos y la Unión Europea. Son conocidas las dolorosas historias de centenares de miles de centroamericanos obligados a expatriarse. Esta situación se ha tornado insoportable para millones de caficultores.

Hace un año, el presidente de Honduras, en la Asamblea General de Naciones Unidas señaló: «Los productores de café están recibiendo un precio por debajo de sus costos lo que los lleva a la pobreza extrema», recientemente el Doctor Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México (Sader) propuso: “a los países integrantes de la Cumbre de Tuxtla crear una instancia que participe e influya en las decisiones globales para fijar el precio internacional del café”. Afirmaciones hechas en el II Foro Mundial de Productores de Café, por el gerente de la Federación de Cafeteros de Colombia, señalando que los precios deberían ser, mínimo, de US$ 2 dólares/libra, permiten concluir que se hace urgente crear una organización de países productores que:
(1) Defina reglas de exportación del café con precios que recojan los costos de producción y garanticen sostenibilidad económica de los caficultores, y respeto a los consumidores.
(2) Fomente el consumo de café en todo el mundo para generar riqueza para todos.
(3) Tener inventarios estratégicos en los países productores, que aseguren abastecimiento continuo, de tal forma que mitiguen las oscilaciones del precio en caso de que ocurran eventos climáticos adversos y,
(4) Planear, la producción mundial, de acuerdo con crecimiento/aumento del consumo.
La organización deberá estar integrada por naciones productoras, y buscará que las multinacionales remuneren el trabajo de los caficultores con precios dignos y estables.
Señores presidentes, ayuden a las comunidades de caficultores a construir un mundo mejor, ese es el camino que nos da esperanza y dignidad.

Dignidad Cafetera y Dignidad Agropecuaria Colombiana
Associação dos Cafeicultores do Brasil
Asociación de Grupos Asociativos Cafeteros de Colombia

Septiembre 1 de 2019

Hola, buenas noches, cordial saludo

Te adjunto un link a la entrevista concedida al amigo Carlos Alape de la.ciudad de Manizales. Invito a verla y difundirla, de ser posible.

Cordialmente

Oscar Gutiérrez Reyes

Planteamientos de Óscar Gutiérrez , director ejecutivo de Dignidad Cafetera y Dignidad Agropecuaria , al gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros , Roberto Velez. Los hizo después de una conversación sostenida con el Dr. Vélez en Manizales este sábado 7 de septiembre.

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33.19.-Eutanasia de ‘Noticias Uno’ – VLADDO

3 sep 2019.- La inminente salida del aire de Noticias Uno es uno de esos hechos que uno nunca quisiera registrar, pues cada vez que un medio se cierra la democracia se debilita un poco. Más allá de sus posturas políticas o de su enfoque editorial, los medios tienen un papel muy importante en la supervisión, el seguimiento y el control del poder en todas sus instancias: el poder estatal, el eclesiástico, el económico, etcétera.

Ahora bien, en el caso de Noticias Uno se conjuga una serie de factores que dejan muy mal sabor. Para empezar, resulta muy complicado explicar cómo o por qué el Canal Uno resuelve prescindir de la joya de la corona, pues este noticiero ha sido reconocido en múltiples ocasiones como el mejor espacio informativo de la televisión nacional. Se aducen razones económicas, pero a mí la lógica me indica que si la idea es buscar publicidad, no tendría mucho sentido deshacerse del mejor producto, el más premiado de dicho canal.

En estrecha relación con lo anterior, se habla también del bajo rating, sin tener en cuenta que en muchas ocasiones la respuesta de la audiencia va por un lado y la calidad –que debería ser lo importante– va por el otro; así se deduce al revisar los numerosos galardones obtenidos por este noticiero. A lo mejor soy muy iluso, pero tratándose de un servicio fundamental como la información, creo que la poca sintonía no debería ser sinónimo de guillotina; máxime en este caso, cuando hablamos del trabajo de un equipo serio, riguroso y comprometido. Sería de esperar que en estos tiempos de falsas noticias, los propietarios de empresas periodísticas hicieran hasta lo imposible por garantizar el buen funcionamiento de los medios y la autonomía de sus reporteros.Es difícil explicar por qué el Canal Uno resuelve prescindir de la joya de la corona, pues Noticias Uno ha sido reconocido en múltiples ocasiones como el mejor noticiero de la televisión

Desde luego, no todos pensamos lo mismo y con frecuencia hemos visto cómo destacadas figuras del Gobierno y reconocidos copartidarios el presidente de la República han adelantado una perversa campaña de estigmatización en contra de Noticias Uno y de sus accionistas; en particular de Daniel Coronell, a quien no bajan de mafioso. Y la cosa no se ha quedado solamente en los dirigentes del Centro Democrático, ni entre los ‘furibistas’ más radicales ni en los corrillos del Congreso, sino que ha trascendido a una buena parte de sus militantes, que, inspirados en sus líderes, constante y sistemáticamente intentan minar su credibilidad. A este hecho se suma el acoso judicial del cual han sido objeto no solo las directivas del noticiero, sino varios de sus reporteros, situación que sin embargo no ha logrado doblegarlos.

Como si eso no fuera suficiente, la campaña de desprestigio logró permear a no pocos líderes gremiales y empresariales que en su afán de curarse en salud optaron por mantenerse a distancia de todo lo que oliera a Noticias Uno. Otros dirigentes menos tolerantes fueron más lejos y en encuentros informales o en los mentideros de los clubes sociales hablaban muy negativamente del informativo, al que denominaban “el noticiero guerrillero” o “terrorista”. Sobra decir que tales comentarios no contribuyen propiamente a aumentar la pauta ni a generar respaldo para ningún medio.

Otra extraña circunstancia en esta eutanasia informativa es la decisión del Canal Uno de sacar el noticiero del aire y cesar sus operaciones en forma precipitada. Pese a que el gerente, Jorge Acosta, dio a entender que Noticias Uno seguiría en pie hasta el próximo 31 de diciembre, es casi un hecho que la fecha límite será el 30 de septiembre, justo unos días antes de la indagatoria de Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia.

Más allá de que se trate de una simple coincidencia o de que yo hile muy delgadito, lo cierto es que ese día el país se quedará sin un referente histórico de buen periodismo y, ante todo, de independencia.

puntoyaparte@vladdo.com https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/vladdo/la-eutanasia-de-noticias-uno-columna-de-vladdo-408420

  • 19.-El comandante del Ejército tiene la palabra– PATRICIA LARA
  • Control fiscal: la roca de Sísifo– CRISTINA DE LA TORRE
  • Dos Marquetalias– TATIANA ACEVEDO 

Comandante del Ejército general Nicacio Martínez

En su artículo de portada, la revista Semana reveló apartes del pliego de cargos de la Procuraduría contra el general Eduardo Quirós, antes al mando del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (Cacim), y contra su segundo, el teniente coronel William Roberto Medina. Allí se establece que ellos lideraron una persecución dentro del Ejército para determinar, mediante interrogatorios y prácticas de polígrafo, qué militares les suministraron a The New York Times y Semana las informaciones sobre directrices establecidas en el Ejército que podían conducir de nuevo a la criminal práctica de los falsos positivos y que, enhorabuena, fueron retiradas de la institución, así como quiénes habían cometido actos de corrupción dentro de ella. Es decir que, para ellos, lo malo sería no que esos crímenes y delitos se produjeran, sino que se supieran. 

30 ago 2019.- Sin embargo, lo que es más grave es que en sus testimonios queda claro que la orden para realizar esas operaciones de consecución de información se las dio el comandante del Ejército, quien ha negado sistemáticamente que esa “cacería” se haya producido.

Dice Semana que “los oficiales tendrán que enfrentar un proceso señalados de cometer ‘faltas gravísimas’, que implican una sanción de más de diez años”.

¿Y qué proceso tendría que enfrentar el que dio la orden, que todo parece indicar habría sido el jefe del Ejército, si además se tiene en cuenta que él le habría mentido al país?

Como afirmó un editorial de El Espectador, “esta situación es gravísima y las respuestas del Ejército y el Ministerio de Defensa no pueden ser sus usuales evasivas”.

Pero así han sido, por lo menos hasta ahora, pues el Comando del Ejército se ha limitado a publicar un comunicado en el que no desmiente lo dicho por Semana y en el que agrega que, a partir de las publicaciones, “se efectuaron (…) las acciones administrativas pertinentes, con el propósito de esclarecer las circunstancias [… y] los responsables de las presuntas irregularidades”, y en el que se insta a los medios y a las autoridades a respetar la reserva legal de las investigaciones.

El Comando del Ejército se equivoca en materia grave en su forma de afrontar esta gravísima situación, no solo por hacerse el loco ante semejante denuncia que afecta directamente a la cabeza de la institución, sino por creer que los periodistas debemos silenciar informaciones obtenidas de los procesos. ¡No, señores! Al contrario. Nuestro deber es divulgarlas. Investigarlas hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga. Y, en este caso, quien tendría que caer sería el comandante del Ejército, a no ser que él pueda demostrar que lo dicho a la Procuraduría por el general Quirós y el teniente coronel Medina es falso.

Y, a todas estas, ¿qué opinan del caso los jefes inmediatos del comandante del Ejército: el ministro de Defensa y el presidente?

Porque después de tantos cuestionamientos, la moralidad de varios miembros de esa importante institución está en entredicho. Y ahora, al estarlo también la credibilidad del comandante del Ejército, si el ministro y el presidente no hacen que se aclaren las cosas o no actúan en consecuencia en caso de que no puedan aclararse, estaría también en entredicho la credibilidad de la institución como un todo. Y, de paso, la de la política de legalidad que, con tanta insistencia, enarbola como bandera de su gobierno el presidente Duque.

Ahora, el general y sus jefes tienen la palabra…

www.patricialarasalive.com@patricialarasa                              https://www.elespectador.com/opinion/patricia-lara-salive

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32.19.-Control fiscal: la roca de Sísifo – CRISTINA DE LA TORRE 

Va aprobando rauda, complacida, la reforma de control fiscal que el contralor Felipe Córdoba propone. A sólo dos debates pendientes, la aplanadora parlamentaria acogerá medidas para prevenir el riesgo de asalto al erario, pero asegurándose de que naufraguen en las contralorías regionales. Conocedoras imbatibles de las artes que conducen al robo de los recursos públicos, estas mayorías de la politiquería se avienen a mecanismos de advertencia anticipada en contratos con el Estado, mas no tocan las cuevas de Alibabá donde éste pierde $55 billones al año y recupera la migaja del 0,4 % del saqueo.

26 ago 2019.-  “El parágrafo (que mantiene las Contralorías) fue construido con el Congreso, no por la Contraloría”, le confiesa Córdoba a Yamid Amat, “y yo respeto la autonomía del Congreso”. Extenuante debió de ser el muñequeo con este megapoder de la venalidad, que por enésima vez canta victoria. Para no mencionar el reparto de puestos a los honorables entre los 1.670 nuevos cargos que el contralor estima necesarios para tecnificar la entidad y darle la eficacia que le falta.

Podrá el funcionario dotarla de especialistas, podrá vigilar en tiempo real y sumar al control posterior el de advertencia contra el pillaje, pero quedará montado el aparato que sostiene el modelo yo te elijo-tú me vigilas, fuente viva de corrupción. De las 32 contralorías departamentales, sólo dos presentan riesgo moderado de corrupción; la abrumadora mayoría ofrece riesgo alto o muy alto, dice Transparencia. Elocuente el caso del contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, apresado esta semana por encabezar una red de alcaldes y funcionarios que traficaba fallos contra dinero, puestos, contratos y bienes muebles e inmuebles.

Su riqueza alcanzó $13.000 millones en un suspiro. Botón de muestra que confirma la regla: el mandatario elegido paga sus votos con puestos y contratos; concejales o diputados nombran a sus respectivos contralores, que reciben canonjías por engavetar hallazgos fiscales en la contratación. Las contralorías son instrumento privilegiado de la repartija entre partidos: es el modelo político.

Si la ley no modula la reforma en ciernes, si no elimina las contralorías regionales, Córdoba verá impotente el efecto contrario al que dice buscar: su reforma agudizará la politización de la entidad y la recuperación de las billonadas perdidas será un sueño. Ojalá el control de advertencia no derive en coadministración, en cuya virtud podrían los funcionarios de la Contraloría (y los políticos que los avalan) usar su poder de veto para negociar coimas con los contratistas del Estado, so pena de paralizar proyectos.

Siempre uñón, impúdico, se apresura el Consejo Gremial a proponer la creación de un consejo asesor público-privado, dizque para acompañar a la Contraloría en estos menesteres. No creo que el contralor general deba tener una junta directiva para ejercer el cargo que la Constitución y la ley le confían, replicó al punto Felipe Córdoba. Esa no es función de los gremios que, además, “son sujeto de control porque algunos de ellos administran recursos públicos. La Contraloría es un órgano autónomo (…) los gremios existen para defender intereses privados; la Contraloría, para velar por el interés público”.

En la trágica disyuntiva de escoger entre dos males (la clase política y el gran empresariado), se inclinó el contralor por la primera. Mas no todo se ha perdido: si no fuera dable suprimir las contralorías regionales, que se escojan los contralores por concurso de méritos, público, monitoreado por académicos de las más altas calificaciones éticas y profesionales. No más empujar la roca cuesta arriba, condenados, como Sísifo, a verla rodar de nuevo para reemprender eternamente la faena.

https://www.elespectador.com/opinion/control-fiscal-la-roca-de-sisifo-columna-877906

32.19.-Dos Marquetalias – TATIANA ACEVEDO 

Manuel Marulanda (derecha) e Iván Márquez (segundo izquierda)

“Los abajo firmantes nos hemos tomado la libertad de dirigir al primer magistrado de la Nación la presente carta abierta, donde exponemos, en líneas generales, los problemas y peligros que se ciernen sobre el basto campesinado de estas regiones, para que el señor presidente, si es que puede, conjure, o trate de conjurar”. Así comenzó la carta abierta de “los colonos y campesinos de Marquetalia”, dirigida al presidente León Valencia el 20 de mayo de 1964 (solo siete días antes de la operación Soberanía, en la que el Ejército bombardeó los campamentos).

La carta de cuatro páginas no solo nos permite entender un poquito más sobre los primeros años de la lucha guerrillera y sobre el Frente Nacional. También es un documento que nos invita a desterrar una de las frases de cajón más nacionales: la que supone que la formación de guerrillas responde a una “ausencia del Estado”. En primer lugar, colonos y campesinos hablan de cómo contaban con escuelas que fueron cerradas por el Ejército. Es decir, cómo un cuerpo del Estado impidió que funcionara un servicio público: “para que el señor presidente tenga una idea general de nuestros problemas, en nuestra región no hay escuelas (…) fueron suprimidas por el Ejército para convertirlas en cuarteles”.

En segundo lugar, cuentan cómo están recibiendo préstamos oficiales para agricultura. “Agregamos que a pesar de lo accidentado de los terrenos, estas son regiones cafeteras y producimos fríjol, maíz, panela”, dicen en los primeros párrafos. “Estos productos tienen un valor anual que pasa de los $50 millones y en los últimos tiempos hemos sido favorecidos con los préstamos del Banco Cafetero y otras entidades… con ellas tenemos compromisos que debemos cumplir”. Por último, los propios habitantes de Marquetalia reconocen la contradicción entre un Estado con unas agencias que los eliminan y otras que deciden ignorarlos. “La mayoría de nosotros somos gentes palúdicas”, cuentan, “porque el Estado nos tiene abandonados y el Gobierno nos persigue para exterminarnos en estas tierras de trabajo que hemos elegido como nuestro último refugio”.

En aquel mayo del 1964, campesinos y colonos se definieron como “trabajadores campesinos amantes de la paz y del progreso del país”. El grupo que este agosto de 2019 se denominó como una segunda Marquetalia, liderado por combatientes que, pese a negociar la paz en La Habana, llevaban días por debajo del radar, está lejos de esta descripción. Sazonados en la diplomacia y los cálculos personales, los cabezas de la mentada disidencia no representan ni al grupo original, ni tampoco al recientemente desmovilizado. Estos últimos, cientos de hombres y mujeres que se la rebuscan día a día en la incertidumbre de la desmovilización, son el legado más genuino de la Marquetalia original.

Pero si la primera comunicación desde Marquetalia en 1964 nos reveló un Estado que sí hacía presencia —pero en sus empresas extractivas y militares—, la coyuntura del grupo de Iván Márquez nos revela a un Estado que también está presente. Está presente en la medida en que el uribismo, con todos sus matices, tiene cuotas y le da forma a toda burocracia local, regional y nacional. Está presente porque este uribismo, hoy esparcido en las agencias más importantes del Gobierno, nunca estuvo de acuerdo con el proceso de paz y diariamente toma la decisión de incumplir lo pactado. Está presente porque el Santos del Nobel negoció su presidencia con Uribe y esto hizo que su mandato no fuera del todo transformador de las prácticas cotidianas de fiscalías, entes económicos y cuerpos armados. Está presente en la medida en que puede evitar la mala hora de la gran mayoría de reinsertados (en el Caribe, Caquetá, el Guaviare, el Putumayo o el Cauca), que sí han cumplido y están en riesgo de muerte.

 

 

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