• 45.19.-13 puntos para levantar el paro, una negociación complejaKIENYKE 
  • Un análisis de las trece peticiones de los dirigentes del paro FRANCISCO AZUERO
  • Que todo cambie para que nada cambie –BERNARDO GARCÍA
  • Duque fija seis ejes para nuevo pacto social TOMÁS BETÍN TOMBETRI
  • 45.19.-¿Cómo enfrentar el descontentoMAURICIO CÁRDENAS

Iván Duque abrió el diálogo pero los promotores del paro se levantaron de la mesa.

El 21 de noviembre se llevó a cabo por parte de centrales obreras, mesas estudiantiles y otras organizaciones sociales el inició un paro nacional. Van ocho días continuos de marchas y sobre la mesa el Comité Nacional de Paro ya puso 13 puntos de discusión.

Fueron varias semanas en las que estas organizaciones plantearon su disgusto con diferentes políticas del Gobierno, y llamaban a la movilización contra lo que denominaron “el paquetazo de Duque”.

El presidente Iván Duque también hizo lo suyo para informar sobre muchos de los argumentos que utilizaron quienes convocaron a la protesta. Pues aseguraba que en su gobierno no se promovía ninguna reforma pensional y laboral que perjudicara a los colombianos, uno de los puntos del que se hablaba.

Declaran que muerte de Dilan fue homicidio

Las marchas del 21 de noviembre fueron multitudinarias en todo el país, y con el paso de los días la situación del orden público se agravó. De hecho, al día siguiente, en Bogotá tuvieron que decretar el toque de queda y el miedo se apoderó de los ciudadanos.

La presión de esos días de caos y protestas hicieron que el mandatario reaccionara anunciando la creación de una ‘Gran Conversación Nacional‘, en la que convocó no solo a los líderes del paro sino también a otros sectores del país que podían aportar al diálogo.

Con miras en el diálogo, el comité del paro anunció los 13 puntos para llegar a acuerdos con el Gobierno y que piden ser discutidos con prontitud.

Los puntos sobre la mesa

  1. Retiro del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria en tránsito en el Congreso de la República.
  2. Derogatoria inmediata del Decreto 2111 del 2019, por el cual se crea el Holding Financiero.
  3. Derogatoria de la Circular N° 049 de 2019 sobre estabilidad laboral reforzada.
  4. Disolución del ESMAD y depuración de la Policía Nacional, responsables de la muerte de Dilan Cruz
  5. El Gobierno se abstendrá de tramitar la reforma al Sistema de Pensiones.
  6. El Gobierno se abstendrá de realizar reformas laborales, tramitando además la derogatoria de los artículos 193, 198, 240 y 242 del Plan Nacional de Desarrollo.
  7. El Gobierno no adelantará proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria.
  8. El Gobierno iniciará de inmediato con las organizaciones respectivas la implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados por el anterior y el actual Gobierno entre otros: Estudiantes universitarios, Organizaciones indígenas, Trabajadores estatales, FECODE, Sectores campesinos y agrarios
  9. Trámite con Dignidad Agropecuaria Colombiana los temas relacionados con las necesidades de los productores agropecuarios, entre estos la revisión de los Tratados de Libre Comercio y todo lo relacionado con la producción en este sector.
  10. El Gobierno abordará con Defendamos La Paz, el proceso de cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz firmados en La Habana.
  11. Trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción.
  12. Derogatoria del impuesto o Tarifazo Nacional relacionado con el tema de Electricaribe.
  13. Definición de las políticas ambientales, protección de los páramos y demás con los representantes de las organizaciones ambientales que se acuerden.

Para analizar lo que el Gobierno Duque puede hacer frente a cada punto y si tiene relevancia abrir una discusión nacional frente a ellos, KienyKe.com habló con Alfonso Gómez Méndez, exfiscal General de la Nación, excongresistas y exministro de Justicia, para analizar cada petición.

  1. Frenar la Reforma Tributaria

El primer punto de los convocantes al paro es que Iván Duque retire la Reforma Tributaria que hoy está pasando por varios debates en el Congreso de la República luego de la Corte Constitucional la declarara inexequible.

Para Gómez Méndez, “no debería ser un tema de negociación, en medida en que eso ya pasó por el Congreso, por la Corte Constitucional en su momento y ahora retirar el proyecto sería una derrota política para el gobierno pero probablemente con consecuencias catastróficas”.

Ante esa petición Duque anunció una ponencia de ley de Crecimiento Económico, que contempla la idea de tres días sin IVA al año y otras medidas económicas.

  1. Holding Financiero un tema conversable

Mientras los colombianos seguían en manifestaciones, el Gobierno decidió firmar el decreto que crea el Grupo Financiero Bicentenario, que busca generar eficiencia, colaboración y coordinación en el funcionamiento de las empresas del Estado.

“Este es un tema en el que creo que el Gobierno puede ceder y no perdería mucho, no debería ser un tema inamovible para el presidente Iván Duque, pero sí podría afectar un poco su gobernabilidad”, comentó el exfiscal.

El jefe de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla, resaltó que, con la creación del Grupo Bicentenario, no se afectarán los derechos laborales ni implicará desvincular trabajadores, tampoco se busca remitir dineros al sector privado y no lleva a la quiebra las entidades.

  1. Derogar la inestabilidad laboral

Con la Circular N° 049 de 2019 el Ministerio de Trabajo dio vía libre para autorizar la terminación de la relación laboral de trabajadores que se encuentren en condición de discapacidad o de debilidad manifiesta por razones de salud.

Gómez Méndez considera que se trata de un tema “que perfectamente podría negociarse con las condiciones técnicas necesarias, no es como un tema de fondo, pero sí es negociable”.

  1. El futuro del Esmad

“Yo no estoy de acuerdo, me parece que lo que hay que hacer es adelantar investigaciones puntuales en relación con quienes abusan de su fuerza o cometen delitos”, expresó el exfiscal.

También comentó que pedir que se acabe el Esmad es algo muy típico en Colombia. “Todas las sociedades tiene un fuerza de Policía antidisturbios, porque un Estado no se puede cruzar de brazos cuando pueden ocurrir desmanes, lo que ellos tienen que hacer es actuar con la ley en la mano”, explicó.

La muerte del joven Dilan Cruz que recibió un disparo con un arma convencional por parte de un uniformado, abrió el debate sobre el futuro de esta fuerza policial, a la que Iván Duque ya dio un rotundo no.

  1. No a la reforma pensional, ¿pero cuál?Una de las primicias de este paro nacional era no apoyar una supuesta reforma pensional del Gobierno Duque. Pero en sí, no hay ningún proyecto presentado con ese propósito en el Congreso de la República.

Para Alfonso Gómez Méndez es una petición absurda porque ya se dijo que no hay una reforma de este tipo en curso.

Sin embargo, los manifestantes se han referido es a las declaraciones del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que en entrevistas ha dado luces de lo que el Gobierno podría estar pensando para solucionar la crisis pensional en el país.

  1. Derogar artículos del PND, improcedente

Según explicó el exfiscal, el Plan Nacional de Desarrollo es una ley y por ese motivo un presidente no puede entrar y derogarla. Pero lo que si pueden hacer es reabrir la discusión pero ese escenario llevaría a retrasos y necesitaría meses para hacerlo.

https://www.kienyke.com/noticias/puntos-conversacion-paro-nacional-gobierno

45.19.-Un análisis de las trece peticiones de los dirigentes del paroFRANCISCO AZUERO

Un esfuerzo por analizar cada una de las propuestas de los dirigentes del paro. Estoy de acuerdo en cuatro, de acuerdo con salvedades en una, en desacuerdo con 7 y una no la entiendo

Propuestas con las que estoy de acuerdo:

1)    El Gobierno abordará con Defendamos la Paz (DFL) el proceso de cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz firmados en La Habana.

No podría estar más de acuerdo. Creo que vale la pena repasar cuál es el estado real de cumplimiento de los acuerdos de paz.  Considero que el gobierno no tendría ningún problema en aceptar esta solicitud. Tengo la hipótesis que este punto fue el que logró una masiva participación en la marcha del 21 de Noviembre.

2)    El Gobierno iniciará de inmediato con las organizaciones respectivas la implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados por el anterior y el actual Gobierno entre otros como estudiantes universitarios, organizaciones indígenas, trabajadores estatales, Fecode, Sectores campesinos y agrarios.

Tampoco veo ningún inconveniente en que el gobierno revise el estado de cumplimiento de todos estos acuerdos. Debe resultar de este ejercicio una confrontación completa entre los acuerdos realizados (aquellos que tengan la firma del gobierno y de sus interlocutores) y los avances obtenidos. Si el gobierno parte de la base de que sí hubo cumplimiento y los dirigentes del paro de que no (como parece ser el caso, por ejemplo, frente al presupuesto de las universidades públicas),  ambos deben demostrar sus puntos con hechos y con cifras.

3)    El trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción.

Los 7 puntos que fueron puestos a consideración de los colombianos el 26 de agosto del año pasado,  y que lograron más de 11 millones de votos, si bien no están ligados todas ellos a la lucha contra la corrupción (por ejemplo la que tiene que ver con la reducción del salario de los congresistas) constituyen un paso importante en la modernización de las costumbre políticas y en una mayor transparencia de la acción de los parlamentarios, y en general de los políticos. Ha faltado voluntad por parte de los parlamentarios para aprobar estos proyectos.

4)    La derogatoria del impuesto o Tarifazo Nacional relacionado con el tema Electricaribe.

No existe ninguna justificación económica ni política para esta sobretasa que se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo, y que pondrá a un número importante de ciudadanos a pagar por los problemas de esta empresa, originados fundamentalmente en la cartera morosa de un buen número de sus usuarios, incluidos entre ellos sectores de altos ingresos y muchas entidades públicas.

1)    De acuerdo con salvedades

Definición de las políticas ambientales, protección de páramos y demás con los representantes de las organizaciones ambientales que se acuerden.

Estoy de acuerdo, con una pequeña salvedad.  Gobernar exige tomar decisiones previa discusión con todas las partes que puedan ser afectadas por una decisión.  La definición de políticas ambientales debe hacerse analizando cuidadosamente los costos y los beneficios de ellas. Por eso el diálogo, ni mucho menos las decisiones, pueden adelantarse exclusivamente con un grupo de la población, por respetable que éste sea.

Propuestas con las que estoy en desacuerdo

1)    Retiro del proyecto de ley de reforma tributaria en tránsito en el congreso de la república.

Colombia necesita una reforma tributaria estructural, que aumente la equidad, elimine las exenciones injustificadas para ciertos contribuyentes, aumente el recaudo (indispensable para enfrentar las demandas sociales) y modernice la gestión de la DIAN. Las modificaciones que ha introducido el gobierno al proyecto, como los tres días sin IVA o la devolución de una parte del mismo a los más pobres, aumentarán el hueco fiscal.  No obstante lo anterior, el estar en “modo de reforma” puede ser la oportunidad de avanzar en esa modernización, dentro del estrecho calendario determinado por el calendario parlamentario.

2)    Derogatoria inmediata del decreto Nº 2111, de 2019, por el cual se crea el Holding Financiero.

La Ley 1870 de 2017 fortaleció la regulación y supervisión de los conglomerados financieros. Esta disposición era absolutamente necesaria, pues ello obliga a la consolidación de los estados financieros de las entidades que hacen parte del conglomerado. Faculta a la Superfinanciera a impartirles instrucciones sobre gestión de riesgos, control de información, conflictos de interés y gobierno corporativa que deben aplicarse a todas las entidades que hagan parte del conglomerado.

Es indudable que el conjunto de entidades financieras de propiedad del gobierno nacional conforma un conglomerado financiero, en los términos del artículo 3 de la Ley, puesto que existe control e influencia significativa sobre las entidades que la conforman. El gobierno debe dar ejemplo, y cumplir la Ley. Es conveniente para la sociedad conocer gracias a esta consolidación, los riesgos a los que está expuesta la nación como propietaria de estas entidades. Recordemos que nosotros los contribuyentes somos en últimas los garantes de todos los pasivos de ellas.

Por otra parte, no se entiende cuál es el temor desde el punto de vista laboral, puesto que el decreto comentado establece claramente que “la creación del Grupo Financiero Estatal no implicará la disminución del número de empleos de la planta de personal de las entidades que lo conforman, ni afectará las condiciones laborales de los trabajadores “.

3)    Derogatoria de la circular Nº 049, de 2019, sobre estabilidad reforzada.

La expedición de esta circular es consecuencia de la Sentencia C-200 de 2019 de la Corte Constitucional, al estudiar el numeral 15 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que precisó  que para terminar unilateralmente un contrato de trabajo por razones de incapacidad se necesita la autorización previa del inspector del trabajo. Por otra, parte, la Sentencia T-041 de 2019 de la misma Corte, estableció  quiénes pueden ser considerados como sujetos en circunstancia de debilidad manifiesta por razones de salud. La circular interna comentada da instrucciones a los inspectores de trabajo para pronunciarse sobre las solicitudes de terminación del vínculo laboral de trabajadores que estén en esas condiciones. Aun cuando no soy abogado, la lectura de la circular me lleva a pensar que el Ministerio del Trabajo simplemente actualizó su normatividad interna para tener en cuenta las disposiciones de la Corte Constitucional.

4)    El Gobierno se abstendrá de tramitar la reforma al sistema pensional.

Los dirigentes del paro consideran que el actual régimen pensional es inamovible.  Yo personalmente considero que el estado debe reforzar los mecanismos de protección a la vejez de todas aquellas personas que no logran hoy obtener una pensión, y que hoy constituyen el 64% de la población mayor de 65 años. Por otra parte, es necesario eliminar, o por los menos disminuir de manera importante, los subsidios pensionales (diferencia entre el valor presente de las cotizaciones y el valor presente actuarial de las pensiones recibidas) de las personas de más altos ingresos.  Hay que recordar que cualquier reforma debe respetar los derechos adquiridos.

5)    El Gobierno se abstendrá de realizar reformas laborales, tramitando además la derogatoria de los artículos 193, 198, 240, y 242 del Plan Nacional de Desarrollo.

Nuevamente, los dirigentes del paro abogan por una inamovilidad absoluta del régimen laboral colombiano. Yo considero que sí es necesaria una reforma que estimule la contratación del empleo formal.

El artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo establece un “Piso de Protección Social” para las personas con un ingreso inferior a un salario mínimo, que son trabajadores por cuenta propia o  por horas. Estos se beneficiarán de su afiliación al Sistema General de Salud, al Servicio Social complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEP)  y a la protección frente a los riesgos derivados de la actividad laboral. Francamente, no encuentro las razones por las cuales los dirigentes del paro pueden oponerse a esta norma de justicia social. ¿O será que consideran que debe prohibirse el contrato laboral por horas? ¿Qué pensaran frente a ello mis colegas que son profesores de cátedra universitaria?

El artículo 198 de la misma ley del Plan de Desarrollo permite beneficiar con el mecanismo de los BEP a todos aquellos afiliados el Sistema General de Pensiones que obtengan como prestación sustituta una devolución de sus altos cotizados o una indemnización sustitutiva de vejez. También permite a los colombianos que residen en el exterior vincularse voluntariamente a los BEP. Nuevamente, no veo la razón por la cual unos dirigentes sindicales que debían abogar por los derechos de los más pobres habrían de oponerse a esta norma.

El artículo 240 regula el financiamiento de los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a los recursos de la Unidad de Pago por Capitación. Sin entrar en mayores consideraciones técnicas y legales, se propone simplemente crear una especie de seguro adicional a los afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, financiado con recursos del presupuesto nacional. Por otra parte, permite al Ministerio de Salud regular los valores máximos por tecnología o servicio de salud. Esta disposición es indispensable para recuperar y garantizar la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de salud. Yo esperaría una reacción negativa de los proveedores de tecnologías y servicios de salud (y así lo han manifestado), pero nunca de un dirigente sindical o estudiantil

El articulo 242 permite enfrentar otro problema del sistema de salud: existen personas que no deben pertenecer al régimen subsidiado, porque, a pesar de no merecerlo por su nivel de ingresos. Quienes de acuerdo al SISBEN sean clasificados como no pobres o no vulnerables deben contribuir solidariamente al sistema, de acuerdo con su capacidad de pago. Nuevamente me pregunto: ¿Cuál es el problema de esta norma?

6)    El Gobierno no adelantará proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria.

Esta solicitud es absurda. De concretase, el gobierno nacional no podría nunca vender automóviles, computadores, muebles o inmuebles, a pesar de que no los necesite. Por otra parte, las ventas al sector privado de participaciones en empresas deben someterse en cada caso a un proceso de análisis cuidadoso de costo/beneficio. No se trata de privatizar todo ni de no privatizar nada.

7)    Disolución del ESMAD y depuración de la Policía Nacional responsables (sic)  de la muerte de Dilan Cruz.

Otra pretensión absurda. El estado necesita un cuerpo policial antidisturbios. Obviamente, debe ser un cuerpo bien entrenado, disciplinado y con protocolos precisos. Es claro, según los informes de Medicina Legal, que ello falló en el caso de Dilian. Claramente, debe investigarse la responsabilidad en su muerte,  y tomarse las medidas disciplinarias y penales que correspondan.

Propuestas que no entiendo  

1)    El trámite con Dignidad Agropecuaria Colombiana de los temas relacionados con las necesidades de los productores agropecuarios, entre estos la revisión de los Tratados de Libre Comercio y todo lo relacionado con la producción en este sector

Se entiende por trámite, según el Diccionario de la Real Academia, “hacer pasar un negocio por los trámites debidos”. Si se trata de estudiar las pretensiones de los productores agropecuarios, bienvenidos. Hay que señalar, sin embargo, la complejidad que conlleva la revisión de los TLC.  No se trata de negociar con nosotros mismos. Hay siempre una contraparte. Dejar de integrarnos comercialmente con el mundo tendría como consecuencia perjudicar a los sectores exportadores, algunos de los cuales son agrícolas (café, banano, flores, aguacate, etc).

https://franciscoazuero.blogspot.com/2019/11/un-analisis-de-las-peticiones-de-los.html

45.19.-Que todo cambie para que nada cambie   – BERNARDO GARCÍA

Rodrigo Uprimny en su nota sobre la movilización del 21N, puntualizó que un movimiento social sin gran tradición histórica resultó una formidable manifestación  popular, con múltiples motivos de sabor más político que gremial y con sus propios convocadores, pero sin liderato claro a esa desmesurada respuesta masiva. Magnitud, múltiples motivos y convocadores gremiales: coctel acertado de tres elementos para cambiarlo todo, sin que nada cambie. Arte es ese de los modernos príncipes del trópico, como con la paz se suman más muertos de indígenas, líderes sociales y excombatientes en paz.

Pero los fuertes olores a difunto no sólo vienen de Chile contra su régimen neoliberal de plomo pinocheto, sino también de Washington  en donde  Donald Trump ya tiene a la globalización en cuarto frío.    En adelante se regresará a los razonables Tratados Binacionales de Comercio. No más TLC patrocinadores de asimatrías insostenibles. Pero ante el deceso en curso, es necesario puntualizar los cambios. Primero producción y empleo. Luego distribución de salarios e impuestos. Aunque claro que es la Junta Central del Paro quien tiene la palabra. Aquí sólo hago un repaso a la inversa de la manera como se asentó sin rudeza la pandemia neoliberal.

1.- No más desindustrialización y desempleo. Es necesario rescatar al antiguo Instituto de fomento industrial IFI para que identifique, construya y busque financiamiento con el sector privado para nuevas industrias. Luis Alberto Moreno desguazador del IFI, se ganó con ello un ministerio el gobierno del primer prócer neoliberal César Gavieria 1992 y luego se pisó para la gerencia del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Ahora, candidato presidencial según dice el propio presidente Duque.  Además, los aranceles deben funcionar para neutralizar asimetrías y otras triquiñuelas agresivas.  Mientras tanto se debe intensificar el ensamble de autos importados, por ejemplo, con mano de obra colombiana, sin robots.  Cabe la asesoría de Corea del Sur.

2.- No más con el Proexport – Procolombia de señoritos y señoritas con afanes cocteleros, turismo y microempresas. Si Colombia quiere rescatar su lugar en las exportaciones debe dotar el instituto con comerciantes maduros y profesionales capaces de abrir mercados con eficiencia, y producir con el IFI proyectos serios capaces de competir en donde sólo habitan empresas rapaces. Cabe, por ejemplo, la asesoría de Japón. A medida que se renuncien los Tratados del Libre Comercio, hay que volver por los fueros de la Comunidad Andina de Naciones y su aduana externa común. Ojalá pudieran reintegrarse Chile y Venezuela.

3.- Hay que restablecer el Pacto Internacional del café, pero sólo entre países productores como Brasil, Vietnam, Colombia y otros menores. Es intolerable que nuestra insignia exportadora caiga bajo el peso de la superproducción. Petróleo, carbón y níquel no reintegran divisas al país. Están exentos. Sólo pagan una regalía y   los impuestos normales. Esas exportaciones son una mentira estadística. Además, están pendientes los proyectos productivos del agro con el  Acuerdo para la paz.

4.- Si hay países hipercompetitivos, como China, a base de bajos salarios y moneda subvaluada, eso no significa que haya que rebajarse para competir. Esas metas son imposibles de alcanzar. Se debe revisar el régimen laboral, el de subsidios a pensiones y el régimen de salud. Esos temas pueden  ir a la mesa tripartita y al congreso. Los salarios deben ser razonables con el costo de la vida.

5.- Además de la planeación existente sobre el presupuesto nacional de gastos en consenso, debe restablecerse la planeación estratégica e indicativa para el sector privado productivo. El tope de la escala tributaria para los ciudadanos debe ser del 35% y el de las empresas del 25%. Sólo habrá exenciones de impuestos para nuevos exportadores de verdad y para las nuevas industrias nacientes.

Estos puntos pueden parecer muy economicistas, pero no hay que olvidar que el difunto neoliberal es pura política económica y que bien puede resucitar. Pero si no se va al grano, puede suceder que cambie todo y de todo y nada cambie. Hay que ir por la substancia. El resto viene por añadidura, dijo la esfinge. BG

45.19.-Duque fija seis ejes para nuevo pacto socialTOMÁS BETÍN TOMBETRI

El presidente Duque se dirige a los asistentes a la reunión realizada en Palacio.

Cortesía Presidencia.

En un primer encuentro con alcaldes y gobernadores electos, el presidente anunció que se reunirá con “todos” los sectores, incluidos “los que marcharon y los que no marcharon”, para tratar sobre equidad, corrupción, educación, paz con legalidad, medio ambiente y fortalecimiento institucional. Pumarejo y Noguera del dpo.del Atlántico no asistieron a la cita en Palacio. El diálogo irá hasta el 15 de marzo.

Se inició este domingo en el Palacio de Nariño la denominada “gran conversación nacional” entre el presidente Iván Duque y los alcaldes electos de ciudades capitales del país, tras las masivas manifestaciones del paro nacional que plantearon un descontento amplio sobre algunos anuncios del Gobierno en materia económica.

Esta, indicó el jefe de Estado, “es una gran conversación plural, es una conversación de todos y con todos. Ustedes tienen un factor fundamental de legitimidad, y es su reciente elección, interpretando el sentimiento de los ciudadanos en las ciudades de Colombia”.

El mandatario explicó que el diálogo propuesto desde el Ejecutivo, tras la solicitud en este sentido de distintos sectores sociales y políticos, irá hasta el próximo 15 de marzo y “será el espacio propicio para generar más confianza entre los ciudadanos y sus instituciones, y construir una hoja de ruta que acelere el trabajo para cerrar las brechas sociales”.

Duque añadió que con esta conversación “se busca hacer visibles los anhelos de los colombianos, reconocer sus preocupaciones y atender de manera realista e incluyente sus propuestas, apelando a la conveniencia de un debate con propósito y, sobre todo, sincero y con la verdadera voluntad de acertar”.

Se lee en el comunicado de la Presidencia que en los diálogos se sostendrán con los diferentes sectores sociales, económicos y políticos y en las regiones.

Y agrega el documento que la “invitación” es para los estudiantes, la academia, las Juntas de Acción Comunal, los indígenas, los campesinos, los afrocolombianos, los sindicatos, las iglesias, los líderes sociales, los trabajadores, los empresarios, los emprendedores y los sectores sociales del país.

Así mismo, indica la información oficial que para la interacción planteada se contará con una plataforma tecnológica que permitirá organizar, compilar y sistematizar los aportes de todos los ciudadanos.

“Esta conversación deberá arrojar como resultado la construcción de políticas a largo plazo, acciones de mejoramiento para acelerar los resultados de los programas gubernamentales nacionales y regionales, que den los lineamientos de una visión compartida de país”, se lee.

El ejercicio, que será coordinado por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Diego Molano, sigue el próximo martes 26 con el tema del crecimiento con equidad; el miércoles 27, con la educación, y el jueves 28, con la transparencia y lucha contra la corrupción.

Además, todos los colombianos tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas en espacios de participación, que girarán alrededor de los “seis grandes temas que más preocupan a la sociedad colombiana”.

Estos temas, según el Gobierno, son “el crecimiento con equidad, fortaleciendo la producción nacional para que genere más inversión, empleos y desarrollo en todas las zonas rurales y urbanas más vulnerables”; la “transparencia y lucha contra la corrupción, que nos permita acelerar los mecanismos para tener un Estado, una dirigencia y una ciudadanía más comprometida con la ética y los valores para garantizar que los recursos públicos y los privados tengan un uso legítimo y siempre priorizando el bien común”.

Concluyó el presidente que la conversación que quieren abrir es absolutamente plural: para los que marcharon, para los que no marcharon, “para la mayoría silenciosa, para los que votaron por ustedes y para los que no votaron por ustedes, para los que votaron por mí, para los que no votaron por mí”.

Y, por último, dijo que el Gobierno tiene la responsabilidad de unir al país.

https://www.elheraldo.co/colombia/duque-fija-seis-ejes-para-nuevo-pacto-social-682822

45.19.-¿Cómo enfrentar el descontentoMAURICIO CÁRDENAS

Lo que no se mide no se puede arreglar. Con el descontento pasa algo parecido: si no se entienden bien sus causas, se podrían tomar medidas improvisadas que empeorarían las cosas. Cambiar lo que ha funcionado bien, como la Constitución de 1991, es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer. 

Es cierto que el menor crecimiento económico y la gran cantidad de personas que se encuentran en la clase media vulnerable –en franco riesgo de regresar a la pobreza– son factores comunes en los países que han experimentado protestas en las últimas semanas. Pero esta no parece ser una explicación suficiente. Hay algo más.

30 nov 2019.- La encuesta de Gallup sobre “felicidad” puede dar algunas pistas. Su último informe muestra que, en los últimos cinco años, la satisfacción personal ha caído más en América Latina que en cualquier otra región del mundo.

Los encuestados se deben imaginar una escalera con peldaños que van desde 0, que representa el peor nivel de vida, hasta 10, que representa la mejor vida posible. Miles de personas que responden esta encuesta en el mundo entero deben escoger el peldaño que mejor representa su propia situación.

Según Gallup, las percepciones de los ciudadanos sobre su situación personal están relacionadas con la efectividad del Gobierno, la calidad de la regulación y el control de la corrupción

En Colombia, el promedio nacional se ubicó en 6,60 en 2013. El año pasado cayó a 6, lo que representa una disminución de 10 por ciento en la satisfacción personal, que corresponde exactamente a lo que ha ocurrido en América Latina en promedio. En contraste, durante estos mismos años la satisfacción personal ha aumentado en Europa central y oriental, África y el sudeste asiático.

Encontrar las razones del deterioro de la percepción de bienestar en América Latina es una tarea mucho más compleja. Una posible explicación del descontento social es la desigualdad. Es bien sabido que Latinoamérica es la región más inequitativa del mundo. Aunque la desigualdad ha bajado en los últimos años, lo que más inquieta es que los gobiernos latinoamericanos poco o nada ayudan a reducirla.

El caso emblemático es Colombia, donde, con o sin la intervención del Estado, la desigualdad es la misma. La razón es que el pago de pensiones –el mayor rubro en el presupuesto– lo reciben dos millones de personas en mejores condiciones que la inmensa mayoría de los colombianos. Por más que trata el Estado de focalizar otros programas sociales, no logra contrarrestar esta realidad.

Según Gallup, las percepciones de los ciudadanos sobre su situación personal están relacionadas con la efectividad del Gobierno, la calidad de la regulación y el control de la corrupción. Quienes consideran que la corrupción es generalizada en el Gobierno y el sector privado representaron el 91 % de los encuestados en Perú, 85 % en Colombia y Argentina, 81 % en México, 79 % en Chile. Aquí reside buena parte del problema.

Todo esto debe dar pistas para enfrentar la protesta social. Cualquier medida que aumente la inequidad va a empeorar las cosas. Desafortunadamente, varios de los anuncios recientes, como los días sin IVA, van en ese sentido. Qué bueno sería reforzar programas a favor de los más pobres como De Cero a Siempre o Colombia Mayor. También puede aprovechar la reforma, en curso, de las regalías para apropiar más recursos para la educación superior.

Dicho esto, en momentos de tensión social hay que rechazar vehementemente la anarquía que busca debilitar las instituciones, incluyendo el Gobierno. Hemos resuelto retos complejos, como el conflicto armado, adaptando nuestras instituciones. Por ejemplo, cuánta tranquilidad ganó el país a cambio de asegurarles por dos períodos unas pocas curules a las Farc. Por cierto, qué bien le haría al Gobierno rodear el acuerdo de paz y defenderlo. Eso reduciría mucho las tensiones actuales y ayuda a fortalecer la democracia.

P. D. Este lunes comienza el trámite, en las Comisiones Económicas, de la reforma tributaria que reducirá los ingresos fiscales, indispensables para resolver muchos de los problemas que hoy inquietan a los jóvenes. Esta semana, la ecuación se tornó aún más negativa con los beneficios adicionales, que costarán 3 billones de pesos al año. Por eso insisto en la necesidad de moderarla. La búsqueda de un dividendo extraordinario de Ecopetrol y la operación que le permitirá a la nación recibir los recursos de la venta de Isagén, hoy en día en la FDN, muestran que el Gobierno está afanosamente necesitando ingreso. 

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-cardenas-santamaria/como-enfrentar-el-descontento-columna-de-mauricio-cardenas-438914

  • 44.19.-El 21N RODRIGO UPRIMNY
  • La Unión Europea denuncia a Colombia ante la OMC BRUSELAS – EFE
  • La Toxica Televisión ChatarraMOISÉS NAÍM

Debo enviar mis columnas el viernes al mediodía. Estas reflexiones sobre el paro del jueves tienen entonces algo de provisional. Propongo seis tesis empíricas y un interrogante.

Colombianos en el exterior se sumaron a la manifestación del veintiuno.

Primero, esta protesta del 21 de noviembre, que ya empieza a ser conocida como 21N, es histórica. Por distintas razones y a diferencia de otros países latinoamericanos, Colombia no tiene una tradición de movilizaciones masivas. Es entonces histórico que cientos de miles de colombianos nos hayamos volcado a las calles de las principales ciudades para protestar pacíficamente. Y que luego haya habido cacerolazos masivos pacíficos en distintas partes de las ciudades.

24 Nov 2019.- Segundo, las razones de la protesta son múltiples: algunos enfatizan las reformas pensional o laboral que algunos ministros han planteado; otros cuestionan la reforma tributaria en curso; otros invocan el incumplimiento del Acuerdo de Paz, los asesinatos de líderes sociales y reinsertados, la violencia contra indígenas, afros y campesinos, el bombardeo a niños, el fracking, etc.

A pesar de esa diversidad, la protesta tuvo un elemento común: fue una movilización masiva contra el gobierno Duque, que está desconectado del país.

Tercero, las protestas, sin ser espontáneas, pues fueron convocadas por actores sociales como las centrales sindicales, el movimiento de mujeres o los estudiantes, carecen de un liderazgo claro. Esto es positivo pues muestra su carácter genuinamente democrático, pero es también negativo pues no es claro quién debe asumir eventuales negociaciones con el Gobierno para satisfacer las demandas múltiples expresadas en el paro.

Cuarto, la protesta fue esencialmente pacífica y llena de creatividad. Hubo consignas duras y tradicionales contra el Gobierno y el uribismo, pero hubo igualmente música, colores y afiches creativos, que ojalá se volvieran lemas movilizadores para una Colombia reconciliada, dentro de sus naturales diferencias y discrepancias. Recuerdo uno que me sedujo: “Seguiremos protestando hasta que el respeto a la dignidad humana se vuelva costumbre”.

Quinto, hubo actos de vandalismo, algunos graves, que merecen el rechazo de todos quienes apoyamos este paro nacional. Pero fueron actos de minorías, que estaban desconectadas de la dinámica de la protesta, que fue esencialmente pacífica. Es más, en muchas ocasiones, los manifestantes disuadieron a esos violentos.

Sexto, hubo igualmente en varias ocasiones un uso desproporcionado de la fuerza por la Policía, como lo muestran algunos videos que circulan en redes sociales. Esos abusos policiales deben ser sancionados y debe haber una reflexión profunda en el Estado sobre cómo evitar esos excesos policiales en el control del orden público, que lesionan y matan ciudadanos, y que minan la legitimidad, ya débil, de nuestras instituciones.

Esta histórica protesta, con todos sus bemoles, es una forma de despertar democrático. El interrogante es si fortalecerá o debilitará nuestra institucionalidad. Mucho dependerá de lo que haga el presidente Duque.

Un gobierno electo popularmente, pero que tenga además talante democrático en el ejercicio del poder, debe tener la humildad e inteligencia de escuchar las voces callejeras, la democracia en las calles. Una reorientación de la política frente a protestas masivas, como la del 21N, no es mostrar debilidad sino capacidad de rectificación democrática.

Aunque su vacuo discurso del jueves no da grandes esperanzas, el presidente Duque tiene la oportunidad de asumir un liderazgo democrático y de fortalecer las instituciones, reconociendo la legitimidad de la protesta y de las demandas sociales, y abriendo espacios genuinos de concertación. Si no lo hace, su escasa gobernabilidad se seguiría erosionando y las protestas se incrementarían.

* Investigador de Dejusticia y profeso

44.19.-La Unión Europea denuncia a Colombia ante la OMC BRUSELAS – EFE

 El bloque europeo cree que los derechos antidumping que impuso el país restringe el acceso al mercado local. Son productos deliciosos, pero muy subsidiados en la UE.

Las medidas tomadas por Colombia buscan la protección frente a una competencia que se juzga desleal. Foto: Claudia Rubio 

La Comisión Europea (CE) denunció ayer a Colombia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los derechos antidumping que impuso a las importaciones europeas de papas congeladas para freír, que Bruselas considera “desleales”. 

15 nov 2019.- “A pesar de las numerosas intervenciones con Colombia para levantar las medidas injustificadas, no hemos recibido una respuesta satisfactoria. Por ello pasamos ahora a la fase siguiente, poniendo en marcha un caso en la OMC”, indicó la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, en un comunicado.

La comisaria aseguró que la UE “seguirá utilizando el sistema comercial multilateral para hacer cumplir las normas cuando otros las infrinjan, especialmente cuando la infracción ponga en peligro la industria y el empleo de la UE”.

En todo caso, confió en “resolver esta cuestión lo antes posible, preferiblemente ya en las próximas consultas de la OMC, que constituyen la primera fase del procedimiento de solución de diferencias”.

A juicio de la CE, los derechos antidumping impuestos por Colombia hace un año son “incompatibles con el Derecho de la OMC, tanto en lo que se refiere al fondo como al procedimiento utilizado para su aplicación”, ya que los derechos aplicables a las importaciones procedentes de Europa durante un período de dos años van del 3 al 8 por ciento.

“Estos derechos injustificados restringen el acceso al mercado colombiano”, recalcó la Comisión ¡Qué tal!.

https://www.eltiempo.com/mundo/mas-regiones/colombia-e-indonesia-buscan-mas-oportunidades-comerciales-427418

44.19.-La Toxica Televisión ChatarraMOISÉS NAÍM

Una reciente investigación ha descubierto que la televisión anodina, superficial y popular tiene consecuencias nefastas

Silvio Berlusconi, en Roma, en marzo de 2018. ALBERTO PIZZOLI AFP

Hay televisión que enaltece y televisión que embrutece. Hay televisión que enseña, que nos hace pensar, que nos lleva a lugares que nunca visitaremos o que nos confronta con los grandes dilemas de la vida. También hay televisión que, deliberadamente, degrada, engaña y confunde. Y por supuesto, hay una televisión que nos distrae y entretiene. Con frecuencia, la televisión que busca educarnos es insoportablemente aburrida, mientras que la que nos intenta manipular, nos polariza y desinforma. En cambio, la que simplemente nos entretiene es políticamente irrelevante. O al menos eso creíamos.

23 nov 2019.- Resulta que una reciente investigación ha descubierto que la televisión anodina, superficial y popular tiene consecuencias nefastas. Este tipo de televisión —la televisión chatarra— también tiene malos efectos sobre la política, por más que en sus programas nunca se hable de política. Esta conclusión nos llega de una fuente inesperada: The American Economic Review, quizás la publicación sobre temas económicos más respetada del mundo. En una reciente edición, incluyó un artículo de los profesores Rubén Durante, Paolo Pinotti y Andrea Tesei intitulado El legado político de la televisión de entretenimiento. Los autores aprovecharon los datos generados a comienzos de los años ochenta por la entrada en diferentes regiones de Italia de Mediaset, la cadena de televisión de Silvio Berlusconi, para evaluar el impacto político de la televisión comercial.

Combinaron así los datos de la penetración de la señal de las estaciones de Berlusconi en las distintas regiones, con información sobre la audiencia, y su exacta distribución geográfica. También obtuvieron encuestas de opinión, resultados de pruebas psicológicas, información sobre la naturaleza de los programas y múltiples otros datos. Los investigadores analizaron este enorme cúmulo de datos usando sofisticados modelos estadísticos que les permitieron identificar las características de quienes crecieron viendo los programas de Mediaset y quienes no tuvieron acceso a esos contenidos. Los resultados son insólitos.

Los datos revelaron que quienes crecieron viendo los contenidos de Mediaset terminaron siendo adultos menos cognitivamente sofisticados y con menor conciencia cívica que sus pares que no tuvieron acceso a estos programas. En otro ejemplo, las pruebas psicológicas administradas a un contingente de jóvenes militares revelaron que aquellos que provenían de regiones donde se podía sintonizar la estación de Berlusconi, tenían un desempeño entre un 8% y un 25% más bajo que el de sus colegas que no vieron esa televisión en sus años formativos. Lo mismo encontraron con respecto al desempeño en matemáticas y lectura. Una vez adultos, los niños y adolescentes que fueron televidentes de Mediaset, obtuvieron resultados significativamente inferiores a quienes no tuvieron acceso a esos canales.

Es bien sabido que la televisión influye sobre nuestras conductas y opiniones. En esa afirmación no hay nada nuevo, ni sorprendente. Igualmente, el uso de campañas de propaganda política para influir sobre las masas es tanto antiguo como universal. Que los poderosos —o quienes quieren serlo— utilicen la televisión para lograr sus objetivos tampoco es una revelación novedosa. Es, por lo tanto, tentador desdeñar este estudio. Basta notar que este impacto propagandístico era exactamente lo que buscaba Silvio Berlusconi al tener un canal de televisión al servicio de sus ambiciones políticas.

Pero no es así. Al menos no al comienzo de la entrada de las empresas de Berlusconi al mercado televisivo italiano. Desde su fundación en 1944, la televisión italiana había sido dominada por un monopolio del Estado: la RAI, canal que tuvo una clara misión educativa y cultural. A finales de los años setenta, este monopolio se fue agrietando con la entrada de emisoras privadas que servían a mercados regionales. Quien más agresivamente fue adquiriendo y consolidando en una sola cadena estas empresas regionales fue Berlusconi. En esa temprana etapa, ni este empresario pensaba entrar a la política —entonces férreamente controlada por unos pocos partidos y sus todopoderosos líderes— ni sus emisoras locales transmitían contenidos políticos o ideológicos. La suya era una estrategia obsesivamente comercial y eso se reflejaba en su programación: variedades, deportes, películas y juegos. Fue solo en los años noventa, cuando la crisis de corrupción conocida como Mani Pulite (Manos Limpias) demolió el sistema político italiano, cuando a Berlusconi se le abrieron las puertas de la política.

El sistema cambió, los partidos tradicionales colapsaron y nuevos protagonistas de la política pudieron entrar a competir por los votos de los italianos que querían caras nuevas. De nuevo, nadie aprovechó mejor esta oportunidad que Silvio Berlusconi, quien rápida y eficazmente puso sus empresas de televisión al servicio de sus ambiciones políticas. Para 1990, la mitad de los italianos ya tenía acceso a Mediaset. Y en 1994, Berlusconi fue elegido primer ministro de Italia.

El impacto político de todo esto también fue analizado por los autores del estudio sobre la televisión chatarra. Quienes vieron Mediaset cuando eran niños y adolescentes ahora, como adultos, muestran una mayor propensión que sus pares a apoyar a políticos e ideas populistas.@MoisesNaim

.Se adhiere a los criterios de > https://elpais.com/elpais/2019/11/23/opinion/1574525917_856311.html

  • 43.19.-Por qué marcharé el 21 PATRICIA LARA
  • Protección al sector textil MAURICIO CABRERA
  • En la costa atlántica, la «marea blanca» de la cocaína sigue sin explicaciónYANN BOUCHEZ  

Porque en un bombardeo murieron ocho niños o más y el Gobierno no solo ocultó el hecho, sino que, una vez conocido, el presidente ni siquiera se disculpó ante las madres de esas criaturas llevadas a la fuerza por las bandas armadas y después desmembradas por las bombas del Estado, ni tuvo para con ellas una palabra o un gesto de condolencia, voy a marchar el 21 en paz.

Porque a los indígenas los están matando por oponerse al narcotráfico que se pasea por el departamento del Cauca vigilado por cerca de siete batallones, la mayoría de cuyos miembros, cuando pasan los cargamentos de droga, probablemente miran para otro lado, voy a marchar el 21.

Porque van 247 líderes sociales y 90 excombatientes de las Farc asesinados durante el mandato del presidente Duque, y el Gobierno no ha tomado medidas efectivas y concertadas con las comunidades para detener la matanza, voy a marchar el 21.

Porque el Gobierno parece no oír el clamor de las comunidades en riesgo que desde los territorios le piden que cumpla el Acuerdo de Paz, voy a marchar el 21.

Porque el presidente no escucha a los partidos mayoritarios del Congreso que, desde hace tiempo, le están solicitando que haga un acuerdo político para desbloquear y sacar adelante al país, y sigue en las mismas y con los mismos, voy a marchar el 21.

Porque el Gobierno se abstuvo de votar en la ONU la resolución en la que 187 países pidieron que se levante el bloqueo de EE. UU. a Cuba, con el argumento de que se trata de una censura política porque la isla les sirve de refugio a los miembros del Eln que están allá por solicitud del Estado colombiano, cuando la verdad es que el gobierno Duque no ha querido acordar los detalles de su regreso al país como lo establecen los protocolos acordados para los casos de rompimiento de las negociaciones, ni tampoco ha buscado negociar otro protocolo, voy a marchar el 21.

Porque con esa actitud el presidente Duque está cerrando las puertas para que en el futuro, durante otros gobiernos, algún país quiera servirnos de garante en la negociación de otros inevitables procesos de paz, voy a marchar el 21.

Porque la paz está en peligro y creo que tengo el deber de defenderla, voy a marchar el 21.

Porque en este Gobierno el desempleo regresó a los dos dígitos, voy a marchar el 21.

Porque al llegar casi a la tercera parte de su gobierno es la hora en que el presidente Duque no ha logrado que entendamos cuál es el rumbo que quiere darle al mismo, voy a marchar el 21.

Porque el país no parece gobernarlo el presidente, sino el jefe del partido de gobierno, voy a marchar el 21.

Porque me uno al malestar que tienen los distintos sectores que convocan el paro —estudiantes, campesinos, trabajadores, mujeres, indígenas, docentes, pensionados, sindicatos, partidos políticos y comunidades afros y LGBT—, voy a marchar el 21.

Porque quiero un Gobierno que haga de Colombia un país incluyente, justo y en paz, voy a marchar el 21.

Porque estoy hasta la coronilla de las torpezas del Gobierno, voy a marchar el 21.

Porque todas esas razones, más las otras que ustedes tengan, son más que suficientes, los invito el 21 a rechazar la violencia y a marchar en paz.

Nota. Ojalá el alcalde Peñalosa recapacite y le aumente el presupuesto a la Casa de Poesía Silva a un nivel que le permita subsistir. Sería muy triste que, además de todo, su alcaldía terminara con el inri de haber matado esa casa que fundó la querida poeta María Mercedes Carranza y que tanto estimula la poesía.

www.patricialarasalive.com@patricialarasa https://www.elespectador.com/opinion/patricia-lara-salive

43.19.-Protección al sector textil MAURICIO CABRERA

Ante la muy probable caída del Decreto 1419, el Gobierno debe diseñar una estructura arancelaria que proteja todos los eslabones de la cadena textil.

Después de 90 días de ser expedido, entró en vigencia el Decreto 1419 de agosto de 2019, por el cual se aumentaron los impuestos a las importaciones de confecciones y prendas de vestir. Los nuevos aranceles son de 37,9% cuando el valor del kilo sea inferior a US$20, y de 10% más US$3 el kilo, cuando el valor sea superior a US$20 el kilo.

11 nov.2019.- Contra su voluntad, el Gobierno se vio obligado a expedir esta medida pues así lo determinaron los artículos 274 y 275 de la ley del Plan de Desarrollo (PND), incluidos por iniciativa del Congreso que atendió la solicitud de los confeccionistas nacionales que buscaban protección para sus empresas y el empleo que generan frente a las demostradas prácticas de importar prendas de vestir a precios por debajo del costo (dumping).

A los confeccionistas nacionales les ha ido muy mal con la apertura hacia adentro, la revaluación y la competencia desleal de las importaciones subfacturadas. En lo que va del siglo, la producción de prendas de vestir en Colombia solo creció 20,3%, mientras el conjunto de la economía creció 74%. Peor les ha ido a los trabajadores, pues en el mismo período el número de personas empleadas en este sector cayó (sí, ¡Disminuyó!) 56,2%.

La razón no es que los colombianos hayan dejado de comprar ropa (como si pasó con otros productos como por ejemplo máquinas de fotografía o de escribir), pues las ventas de textiles en el comercio minorista crecieron 132%, es decir 6,5 veces más que la producción nacional, y la diferencia la explican las importaciones que se multiplicaron por 12 veces (crecieron 1.200%) en estos años.

Si bien los motivos de las medidas proteccionistas incluidas en el PND son validos, la manera como se implementaron es equivocada, tanto en la forma como en el contenido. En la forma, porque la imposición del aranceles no puede ser de iniciativa del Congreso, sino del Ejecutivo. Por esa razón los artículos 274 y 275 del PND fueron demandados por los gremios de importadores (Fenalco y la Andi) y hay una alta probabilidad que sean tumbados por la Corte Constitucional.

En el contenido, porque protegen tan solo a un eslabón del sector textil, generando incluso un efecto negativo sobre los demás. Hay que recordar que el sector textil es una cadena de valor que incluye desde los productores de las materias primas (algodón y fibras naturales y sintéticas), las hilanderías que procesan los hilos, los fabricantes de telas y los confeccionistas que elaboran las prendas de vestir para el consumidor final.

En los subsectores de hilos y telas también hay dumping y competencia desleal de importaciones, pues abundan los casos en que se venden telas importadas a un precio por kilo inferior al costo internacional de las materias primas necesarias para producirlo. La situación es más grave que la de los confeccionistas, pues en este siglo la producción de telas en Colombia ha caído 41,8% y el número de trabajadores de estas industrias se ha reducido en 48,2%.

Ante la muy probable caída del Decreto 1419, el Gobierno debe aprovechar para diseñar una estructura arancelaria que proteja a todos los eslabones de la cadena textil, y no solo a los confeccionistas, tal como la tienen desde hace años países como México, Brasil o Argentina, sin violar las normas de la OMC.

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/proteccion-al-sector-textil-535451

43.19.-En la costa atlántica, la «marea blanca» de la cocaína sigue sin explicaciónYANN BOUCHEZ  

Durante un mes, balas de drogas, más de una tonelada en total, llegan a las playas. El fenómeno no es raro, pero esta vez de magnitud excepcional.

La playa de Camaret-sur-Mer (Finisterre), cerrada al público después del descubrimiento de panes de cocaína, el 13 de noviembre. FRED TANNEAU / AFP

Divertido ballet en la costa atlántica. A pesar de las heladas de noviembre, son varios días que cruzan en las playas de los Pirineos Atlánticos, Gironda o Vendée, turistas curiosos de todo tipo, locales divertidos y algunos periodistas. Todo bajo la atenta mirada de la policía y los gendarmes, algunos de los cuales monitorean la costa en helicóptero. La llegada por el océano de fardos que contienen cocaína, durante casi un mes, agudiza la curiosidad por esta larga «marea blanca».

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16 nov 2019.- La expresión evocadora es engañosa: los pequeños paquetes plastificados son oscuros. Cientos de ellos varados en la arena. La recolección ahora asciende a más de 1 tonelada de polvo, según las autoridades. Las llegadas de las mercancías se extienden en un arco costero de más de 750 kilómetros que van desde Anglet (Pirineos Atlánticos) en la frontera con España, con Camaret-sur-Mer, con el punto de Finisterre.

Descubierto por primera vez en las playas de Vendée de Saint-Jean-de-Monts, el 18 de octubre, luego Saint-Hilaire-de-Riez, el 26 de octubre, los paquetes de cocaína se multiplicaron a partir del 4 de noviembre. En los últimos días, las olas arrojan diariamente hasta cien libras. «Raramente hemos tenido, en una escala tan grande, llegadas en cada marea, kilos de cocaína en pequeñas bolsas , observa Philippe Astruc, fiscal de Rennes». El fenómeno es un poco excepcional debido a la propagación del producto. «

Seguimiento de descargas accidentales

Esta captura milagrosa sigue siendo muy misteriosa. El origen de la cocaína sigue siendo desconocido. «Dada la gran cantidad de puntos de descubrimiento» , la jurisdicción interregional especializada en la lucha contra el crimen organizado en Rennes fue confiscada para centralizar la investigación . Las investigaciones se encomendaron conjuntamente a la Oficina Central para la Supresión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes (Ocrtis), al Grupo de Gendarmería de Loire-Atlantique y a la Sección de Investigación de la Gendarmería Marítima.

El Sr. Astruc explica que los investigadores avanzarán en «diferentes hipótesis de trabajo»: «Liberación accidental, durante una tormenta o daño; la descarga voluntaria, porque existía la sospecha de un control inminente y que los traficantes habrían arrojado al mar los bienes o porque el barco habría sufrido daños y pedido ayuda, teniendo que ser relevado de cualquier sustancia ilícita; o una operación de caída que salió mal. « La primera pista, derramando accidentales, privilegiada parece por el momento.

Los envases que contienen cocaína basada en un «alto grado de pureza, 83%» representan un peligro para la salud, con riesgo de sobredosis. Las balas descubiertas deben ser reportadas a la policía, «sin ninguna manipulación» , especifican las autoridades. El transporte de este tipo de mercancías es penalmente riesgoso, con diez años de prisión.

Estas instrucciones de seguridad no siempre se han respetado. El lunes 11 de noviembre, un hombre de 17 años fue arrestado por gendarmes en posesión de un paquete que contenía cinco panes de cocaína que pesaban 1 kilo cada uno, recogidos en la playa de Lacanau (Gironda). El minero, originario de Toulouse y luego quedándose con un amigo surfista, explicó que tomó el paquete «para devolverlo a la gendarmería» . «Sus explicaciones parecían menos creíbles ya que los investigadores encontraron en su casa a amigos donde estaba temporalmente alojando pies de cannabis» , dijo Le Mondeel fiscal de Burdeos, Frédérique Porterie. Oído por un juez de menores, se le prohibió al joven comparecer en Lacanau, con la obligación de regresar a la casa de sus padres. Desde el domingo 10 de noviembre, la ciudad también se encuentra entre las diez ciudades cuyos alcaldes han decidido un decreto para prohibir el acceso a las playas. Otros funcionarios electos simplemente pidieron civilidad.

Francia expuesta al tráfico

En Francia, en un contexto de crecimiento en el mercado de la cocaína, las incautaciones de polvo blanco han aumentado en los últimos años, alcanzando un récord de 17.5 toneladas para 2017, el doble del tamaño de 2016. En 2018, este nivel es se mantuvo alta: se incautaron 16,4 toneladas, según datos de Ocrtis. Las vías marítimas siguen siendo el principal medio de transporte para llevar esta droga producida en los países andinos; Francia, por su posición geográfica, está expuesta. Por las aguas, las drogas llegan escondidas en veleros a menudo registrados en las Indias Occidentales o en grandes buques portacontenedores. Aproximadamente 3.5 toneladas de cocaína fueron incautadas en el puerto de Le Havre en 2017.

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Si el episodio actual es raro, se producen regularmente «mareas blancas» más pequeñas. En 2004, de enero a mayo, se encontraron unos 700 kilos de cocaína en las playas vascas y en la cuenca de Arcachon. En 2007, los lotes, más grandes que los observados en las últimas semanas, habían fallado, con un peso total de 260 kilos.

Después de tomar muestras de las balas, las autoridades destruyen las drogas, sin comunicarse en las instalaciones o los métodos utilizados. Un principio de precaución que no siempre es suficiente para evitar la codicia. En marzo de 2002, un puñado de narcotraficantes, armados y encapuchados, habían señalado los locales de la gendarmería Sables-d’Olonne, Vendée, pensando en encontrar los 330 kilos de cocaína, por un valor estimado de casi 70 millones. euros – incautados tres días antes. En vano, ya que los bienes no estaban allí.

Yann Bouchez

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/11/16/sur-le-littoral-atlantique-la-maree-blanche-de-cocaine-demeure-inexpliquee_6019407_3224.html

  • 42.19.-¿Podrá este hallazgo colombiano darle al mundo la cura del alzhéimer?HEIDI TAMAYO ORTIZ
  • El partido blanco MAURICIO CABRERA
  • No solo es Botero – PATRICIA LARA
  • Sin precaución ni compasión RODRIGO UPRIMNY

El cerebro de una mujer, residente en Medellín, alberga al mismo tiempo la enfermedad y la cura.

El doctor Francisco Javier Lopera es considerado una eminencia en la búsqueda de tratamientos para frenar la enfermedad y prevenir su aparición Foto:  Jaiver Nieto / Archivo EL TIEMPO          

 Un caso único en el mundo, que da una gran esperanza en la búsqueda de la prevención o la cura del alzhéimer, fue descubierto en Medellín. Se trata de una mujer que llegó a los 70 años sin desarrollar la enfermedad, pese a que es portadora de la llamada ‘mutación paisa’, que la condenaba a que empezara a perder la memoria a los 44 años, sufriera demencia a los 49 y muriera a los 60.

ALZHEIMER

Hoy, con 76 años, alberga en su cerebro un gran descubrimiento científico: tiene, al mismo tiempo, la enfermedad y la cura. Hace alrededor de seis años, la mujer, cuya identidad es reservada, empezó a ser estudiada con rigurosidad, luego de que se dieran cuenta de que estuvo protegida del alzhéimer por casi 30 años contra todo pronóstico, explica el doctor Francisco Lopera, coordinador del Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA), de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, quien lidera las investigaciones al respecto.

Lopera lidera un equipo que lleva al menos 35 años estudiando la ‘mutación paisa’, que está presente en familias de varios municipios de Antioquia, principalmente en el norte, y que es conocida como la mutación E280A, es decir, una herencia que hace que sea inevitable padecer la enfermedad. En este momento, hay identificados por el GNA 6.000 herederos de familias afectadas, de los cuales 1.200 son portadores de la enfermedad.

“Ellos tienen la enfermedad actualmente o la van a tener con total seguridad en los próximos años”, indica Lopera, quien relata que en 1984, cuando era residente de neurología, atendió un paciente de 47 años que había perdido la memoria. La primera pregunta que se hizo fue por qué alguien tan joven tenía alzhéimer, pero también le llamó la atención que su padre, su abuelo y sus tíos habían tenido lo mismo.

Ellos tienen la enfermedad actualmente o la van a tener con total seguridad en los próximos años

Entonces, hicieron la genealogía y detectaron la primera familia con una forma hereditaria de demencia tipo alzhéimer. Después encontraron otra familia parecida en Yarumal y otra en Angostura. En 1995, 11 años después del primer caso, descubrieron que sí se trataba de alzhéimer y que había una mutación en el gen, la cual llamaron la ‘mutación paisa’, porque no había sido reportada en el mundo. Desde ahí ya a todas las familias que fueron apareciendo les descubrieron esa mutación.

Por eso, encontrar a una paciente que solo empezó a desarrollar la enfermedad después de los 70 años, pese a tener la mutación, es un hallazgo de suma importancia. Cuando el equipo de Lopera le hizo un genoma completo, descubrió que su cerebro compartía la mutación del gen del alzhéimer con una mutación en otro gen, que era la que la estaba protegiendo.

“Es una condición muy excepcional; por eso, decidimos llevarla a Boston (Estados Unidos) y se le hicieron los dos exámenes principales para detectar qué tantas basuras responsables de destruir el cerebro tenía”, describe el doctor. Estas basuras son el amiloide, que se deposita a los 28 años, y el Tau, que se deposita a los 38 años. Entre las dos destruyen el cerebro, pero la que más daño hace es el Tau.

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En la paciente en cuestión encontraron que el cerebro estaba plagado de amiloide, mucho más que en otros casos, pero tenía muy poco Tau. Esto los llevó a concluir que la otra mutación que tenía estaba inhibiendo, de alguna manera, la proteína Tau, que es la que dispara los síntomas del alzhéimer. Por ello, este caso es extraordinario, pues abre la posibilidad de evitar la aparición de estas basuras.

Los resultados de este descubrimiento fueron publicados recientemente en la revista Nature Medicine y fueron recibidos como una gran esperanza en el mundo científico.
En el estudio participaron expertos del Hospital General de Massachusetts (EE. UU.), en colaboración con el Instituto Schepens de Investigación Ocular (EE. UU.) y la Universidad de Antioquia.

“Este hallazgo abre un camino hacia posibles soluciones en medio de un ambiente de mucho pesimismo porque últimamente han fracasado muchos medicamentos. Hay dos opciones: una es una terapia génica, que es como transmitirle a otra persona la misma información genética que la protege a ella, y la otra es imitar con un medicamento el mecanismo que hace la protección en el cerebro”, manifiesta Lopera. Esto podrá lograrse, en un tiempo aún no determinado, tras varios estudios y experimentos.

El doctor Francisco Javier Lopera es considerado una eminencia en la búsqueda de tratamientos para frenar la enfermedad y prevenir su apariciónFoto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Por el momento, a la paciente se le han “sacado” los principales secretos de su cuerpo, pero siguen las evaluaciones y estudios. Actualmente, ella está en la segunda etapa de la enfermedad: deterioro cognitivo leve, que significa que la persona no tiene demencia, pero tiene problemas de memoria, aun así puede trabajar, salir a la calle, no necesita cuidador ni supervisión, dura de 2 a 5 años.

Pero pronto hará transición a la última fase, que es la demencia, cuando la persona ha perdido la memoria, la autonomía, la independencia y todas las capacidades en un grado tal que requiere cuidador y supervisión y puede durar entre 10 y 12 años.

Por ello, otra de las preocupaciones de Lopera y su equipo es la calidad de vida para esta paciente, pues es una persona con bajos recursos económicos. Están buscando un “padrino” que pueda costearle un hogar geriátrico, en el que pueda pasar con dignidad y bajo los cuidados de personas especializadas.

“Es una persona que está aportando una cantidad de conocimiento impresionante para la humanidad, se merece que tenga transcurso de la enfermedad con mejor calidad de vida”, considera el médico.

Asimismo, es probable que la familia de la mujer done su cerebro para que pueda seguir siendo investigado. Este formaría parte del Banco de Cerebros que tiene el GNA, que está compuesto por 380. Esta es una manera como la sociedad puede contribuir a las investigaciones sobre estos temas. Por eso, Lopera invita a la gente a donar inmediatamente después de la muerte el cerebro del paciente con alzhéimer al banco.

Es una persona que está aportando una cantidad de conocimiento impresionante para la humanidad, se merece que tenga transcurso de la enfermedad con mejor calidad de vida

Lo otro es que todo el que tenga un familiar con demencia precoz antes de los 60 años puede contactar al GNA.

“Nosotros podemos enviar un tubito para que nos devuelvan una muestra de sangre, le hacemos el análisis genético y esa va a ser la manera de encontrar a la población en riesgo para los estudios de prevención. Colombia tiene una oportunidad única de regalarle al mundo una solución para la enfermedad de Alzheimer, tenemos que movilizarnos todos para lograr ese objetivo”, puntualiza Lopera.

HEIDI TAMAYO ORTIZ Redactora de EL TIEMPO Medellín

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/descubrimiento-en-medellin-que-podria-ayudar-con-la-cura-del-alzheimer-431182

42.19.-El partido blanco MAURICIO CABRERA 

Hay más hechos relevantes de estas elecciones, entre ellos la preocupante tendencia al debilitamiento de los partidos y del mismo sistema democrático.

Hay más hechos relevantes de estas elecciones, entre ellos la preocupante tendencia al debilitamiento de los partidos y del mismo sistema democrático. 

Los análisis de los resultados de las pasadas elecciones resaltan mucho lo que pasó en los principales departamentos y sus capitales, donde los grandes derrotados fueron la extrema derecha, que no ganó en ninguno, y los encuestadores que se pifiaron en la mayoría de sus predicciones. Sin embargo, hay más hechos relevantes de estas elecciones, entre ellos la preocupante tendencia al debilitamiento de los partidos políticos y del mismo sistema democrático.

4 nov 2019.- Para estas elecciones se inscribieron 116.428 candidatos, y a primera vista este gran número podría interpretarse como un avance de la participación democrática , pero en realidad lo que demuestra es la proliferación de coaliciones y grupúsculos sin ningún proyecto político diferente a la apropiación de los puestos y los enormes recursos de la contratación pública.

Es la única explicación a que se hayan dado coaliciones como las del Partido Liberal con el Centro Democrático, o que Cambio Radical haya hecho 411 coaliciones para alcaldías y 34 para gobernaciones. El Partido Conservador no se queda atrás, con 479 y 17 respectivamente.

En los departamentos el 45% de los candidatos se inscribieron por coaliciones o firmas, y obtuvieron 26 de los 32 gobernaciones. En los municipios las candidaturas suprapartidistas o independientes fueron casi el 30% del total y obtuvieron el 45% de las alcaldías, incluidas las de casi todas las ciudades capitales.

Los partidos políticos mantuvieron el control de las candidaturas a concejos y asambleas por la dificultad de hacer coaliciones o inscribirse por firmas para los cuerpos colegiados, pero eso no significa su fortalecimiento sino por el contrario es muestra de su debilidad. En efecto, en estos casos los partidos son solo dispensadores de avales para candidatos con su pequeño feudo de votos amarrados, que sin ningún programa ni ideología se trastean de un partido a otro. Este panorama se hace peor con la consolidación de caricaturas de partidos como el MAIS el ASI o el ADA, que no son más que una maquinaria repartidora de avales al mejor postor, que llegaron a avalar al 27% de los candidatos.

Que estas tendencias implican un debilitamiento de la democracia se confirma pues a pesar de la enorme proliferación de candidatos, cada vez crece más el número de ciudadanos que no se siente representado por ninguno de ellos y vota en blanco; hasta tal punto que en el caso de las Asambleas llegó al 16,4%, superando al Partido Liberal que le ganó a todos los demás partidos, pero solo logró el 14,3% de los votos.

Este Partido Blanco viene creciendo más que todos los demás. En el 2011 logró el 12,7% de los votos para las Asambleas, el 8% de las Gobernaciones, el 6% de los Concejos y el 3,9% de las Alcaldías. En 2019 subió a 16,4%, 11,2%, 8,2% y 5,1% respectivamente. Es urgente una reforma política de fondo para que sobreviva la democracia.

* * *

ADENDA: ¡Nos están matando! Es el grito desgarrado de los pueblos indígenas que solo en el último año han sufrido el asesinato de más de 130 personas de sus comunidades. Son ya tantos los asesinatos de indígenas, de líderes sociales y de defensores de derechos humanos, que no es posible seguir diciendo que se trata de hechos aislados, y se requiere una acción decidida del Estado para que cumpla su papel de proteger la vida de todos los ciudadanos.

Mauricio Cabrera Galvis
Consultor privado
macabrera99@hotmail.com

42.19.  No solo es botero – PATRICICIA LARA

El bombardeo en agosto de un campamento de disidentes de las Farc en Caquetá en el que murieron ocho niños, entre ellos una niña de 12 años, y el ocultamiento del hecho por parte del ahora exministro de Defensa y del comandante del Ejército, quienes presentaron el suceso como un exitoso operativo militar en el que fallecieron 14 criminales, según lo denunció el senador Roy Barreras en su debate para promover la moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero (a quien aprecio porque fuimos compañeros en la universidad), son suficientes motivos no solo para la renuncia del ministro, sino también del comandante del Ejército. Y si el presidente Iván Duque justifica el hecho, o guarda silencio ante el mismo, también tendría que caerse él. 

 Es que lo que está pasando con la política de defensa es muy grave. Y dicha política no solo la dicta el ministro, sino principalmente el presidente, que es el comandante de las Fuerzas Armadas.

Miremos ejemplos: no para la matanza de líderes sociales, van cerca de 170 desmovilizados de las Farc asesinados, uno de ellos dentro de una zona resguardada por la Fuerza Pública; el descubrimiento, por parte de The New York Times, de directrices dentro del Ejército que podrían generar el regreso a los falsos positivos, las cuales fueron retiradas de los instructivos militares después del escándalo; las revelaciones de la revista Semana sobre órdenes dadas por el comandante del Ejército para hacer polígrafos dentro de la institución con el fin de ubicar a los oficiales que le suministraron la información al diario estadounidense, y el mutismo del general Nicacio Martínez ante la denuncia de ese hecho que él había negado sistemáticamente; el homicidio del desmovilizado Dimar Torres por orden de un coronel del Ejército, muerte que al principio fue presentada por el entonces ministro de Defensa como si hubiera obedecido a un forcejeo entre la víctima y el cabo que ejecutó la acción, y, luego, su censura al general que le pidió perdón a la comunidad por el asesinato de Torres; el homicidio, al parecer por la espalda, del campesino Flower Trompeta; la pérdida de imagen ante la opinión pública de las Fuerzas Militares; los constantes asesinatos de indígenas en el Cauca, a tal punto que la semana pasada mataron a 16 en ese departamento, donde hay siete batallones, y está claro que lo hicieron porque son los indígenas, y no los militares, los que se oponen a los narcotraficantes en la zona… Además, como lo dijo el arzobispo de Cali, Darío Monsalve, quien visitó el Cauca, “se perciben los soldados en las vías de manera muy estática, mientras se mueven con toda tranquilidad esas personas que están dedicadas a asesinar a los indígenas, especialmente a la guardia indígena. Y la omisión es tan evidente que genera sospechas de vinculación. Creo que lo primero es que se concierte con los indígenas una acción rápida y de fondo (…), de modo que no resulte siendo una ofensa más para ellos”.

En fin, son demasiados los hechos que indican la necesidad de que Duque le dé un revolcón a su doctrina militar y que nombre a una cúpula y a un ministro de su confianza que no se guíen por directrices ajenas. Pero, eso sí, tiene que quedar claro que así el ministro sea un fusible que el presidente puede remover en cualquier momento, quien de verdad debe responder por la seguridad en el país y porque en Colombia se respeten la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos es el presidente de la República.

www.patricialarasalive.com@patricialarasa                               file:///D:/lara/www.elespectador.com/opinion/no-solo-es-botero-columna-889960.html

42.19.-Sin precaución ni compasión RODRIGO UPRIMNY 

Es triste que unos niños y adolescentes terminen en un campamento de un grupo armado ilegal, probablemente reclutados a la fuerza, y poco tiempo después mueran por un bombardeo de las Fuerzas Militares que violaron el derecho internacional humanitario (DIH), el cual regula los conflictos armados.

10 nov 2019.- Esta disidencia violó el DIH al reclutar a esos niños y adolescentes, por lo cual debe responder ante la justicia por ese crimen, como deben responder los desmovilizados de las extintas Farc ante la JEP por haber reclutado menores, pues ese delito no fue amnistiado. Sin embargo, ese crimen de la disidencia no autorizaba al Estado a bombardear indiscriminadamente su campamento sin haber tomado todas las precauciones para prevenir que los menores fueran afectados, pues el DIH se rige por el principio de no reciprocidad. Si una parte incumple el DIH, eso no autoriza a la otra parte a incumplirlo, por la sencilla razón de que las garantías del DIH son esencialmente a favor de terceros: la población civil. Así, si una guerrilla usa civiles como escudo humano, que es una obvia violación del DIH, eso no autoriza al Estado a atacar indiscriminadamente a esa guerrilla, sin hacer lo posible por evitar afectaciones a esos civiles, pues ellos no son objetivo militar.

Se podría objetar que este caso es distinto por cuanto, según lo han sostenido analistas como Nieto Loaiza, un adolescente guerrillero es un combatiente y por ello es un objetivo militar legítimo, pero esa tesis es inexacta.

Un adolescente en armas puede tornarse en ciertos casos en un objetivo militar, por ejemplo cuando hace parte de un ataque. Sin embargo, la doctrina actual del DIH, como la elaborada por el profesor René Provost, de la Universidad McGill, sostiene que un menor guerrillero no tiene el mismo estatus que un guerrillero adulto. Ese adolescente debe considerarse en principio población civil, salvo cuando participe directamente en las hostilidades. Esa tesis es sólida porque un adolescente reclutado, incluso con su aparente consentimiento, es en principio una víctima, pues carece de la autonomía necesaria para tomar la decisión de involucrarse en una guerra.

Los adolescentes guerrilleros deben entonces ser considerados víctimas y población civil y no objetivo militar, salvo cuando participen directamente en las hostilidades. Entonces el mando militar y el presidente debieron hacer todos los esfuerzos por verificar si en el campamento de esa disidencia había menores antes de proceder a bombardearlo de forma indiscriminada, conforme al principio de precaución que establece que es deber de todo mando militar verificar si el ataque puede afectar a civiles y, si tal es el caso, minimizar los daños a esa población. Ese principio, previsto en el artículo 57 del Protocolo I sobre guerras internacionales, se aplica también en conflictos internos, como lo señalan las normas 15 a 20 del Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario sistematizadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

El entonces ministro de Defensa Botero argumentó que el mando militar no sabía que hubiera menores en ese campamento, pero esa tesis es inaceptable, pues, como lo mostró La Silla Vacía, al menos tres autoridades (el alcalde de San Vicente del Caguán, la Defensoría del Pueblo y el personero de Puerto Rico) habían informado que esa disidencia había reclutado menores. Era entonces deber del mando militar verificar cuidadosamente si esos menores reclutados estaban en ese campamento, pero no lo hicieron: pesó más el deseo de mostrar un éxito rápido después del anuncio, hecho dos días antes, de Márquez y Santrich de que volvían a la guerra. Y bombardearon el campamento sin precaución ni compasión. La vida de ocho menores fue sacrificada.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional. https://www.elespectador.com/opinion/sin-precaucion-ni-compasion-columna-890319

 41.19.-Colombia realiza su primera exportación de Cannabis con éxito

  • Un gobierno con cara amable pero sello autoritario CECILIA OROZCO
  • El baile de los que sobranMAURICIO CABRERA

El miércoles 31 de julio de 2019, Colombia realizo su primera exportación de esenia, un medicamento alternativo producido con cáñamo, que es un derivado del cannabis. El cargamento salió de dicho país con rumbo hacia Inglaterra, donde fue recibido en el aeropuerto de Hearthrow en Londres el 1 de agosto.

La importante empresa colombiana con operaciones internacionales, Clever Leaves, fue la responsable de la producción y exportación con fines comerciales del producto derivado de cannabis no psicoactivo, esenia.  Tan solo este mes se enviarán entre 4.000 y 6.000 botellas de este producto hacia el Reino Unido.

Este es uno de los acontecimientos más importantes en la historia del comercio exterior del país, que dará paso a importantes beneficios en la economía; lo cual es producto de esta nueva industria, en conjunto de una robusta legislación.

Colombia es un país con un potencial evidente en esta industria, que puede convertir las actividades comerciales relacionadas con los derivados del cannabis, en un polo sostenible para la nación.

Además, el desarrollo de este mercado se encuentra favorecido por la posición geográfica privilegiada de Colombia, la vocación agrícola de su gente y la capacidad agroindustrial del territorio. Todas estas condiciones ofrecen un escenario conveniente para las inversiones de las empresas en este sector.

Colombia cuenta con un consolidado marco normativo del cannabis medicinal, el cual ha sido diseñado para regular la comercialización de los derivados de esta planta. Dicha reglamentación establece todas las licencias, permisos y certificaciones, que debe expedir el gobierno nacional a una empresa que desee participar en este negocio.

Lea también: Crece el sector cárnico en Colombia y en la región

Esta industria ha tenido que superar grandes desafíos, pero finalmente comenzara a dar importantes frutos. De hecho, los observadores del mercado estiman que Colombia se convertirá en el principal proveedor de cannabis medicinal en el mundo. Esta planta llama cada vez más la atención del sector médico y sanitario internacional, debido a sus componentes cannabinoides, cannabidiol y tetrahidrocannabinol, que poseen importantes propiedades curativas.

Inversores locales y extranjeros han sabido aprovechar las oportunidades comerciales en la industria, poniendo su confianza en el floreciente sector del cannabis en Colombia. Esto explica porque para finales del 2018, 214 empresas se encontraban registradas para obtener una o más licencias de Colombia, para la producción de cannabis.

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41.19.-Un gobierno con cara amable pero sello autoritario   – CECILIA OROZCO

El ministro Carlos Holmes Trujillo desmintió la existencia de ese borrador. Pero los hechos lo desmienten a él, tres meses después.

Durante meses y en reserva, el gobierno de Iván Duque ha obstaculizado la firma de la prórroga del acuerdo para que siga abierta, en Colombia, la oficina del delegado de la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Pese a los discursos del presidente en los que expresa respeto y protección a los derechos de la gente y al Acuerdo de Paz, su administración va en contravía de lo que afirma en público: vende la agenda política correcta pero desarrolla otra con objetivos claramente antidemocráticos.

Por tanto, le conviene no tener vigilancia internacional. Mañana, jueves 31 de octubre, vence el periodo del mandato que le da piso jurídico al establecimiento de esa delegación en el país y que fue firmado por el Estado hace 23 años. Desde entonces, los gobiernos de los presidentes Samper, Pastrana, Uribe en sus dos periodos y Santos en los dos suyos le han dado continuidad a ese acuerdo. No por mera gracia sino porque este es un territorio fértil en violación de derechos.

9 nov 2019.- Sin embargo y pese a sus amables frases y maneras, Duque ha puesto más trabas que todos los anteriores, incluyendo a su jefe. Pero, ante la noticia de la inminencia de la fecha del fin del mandato legal, la Casa de Nariño optó por negar lo que en los despachos oficiales ha sido una orden. En efecto, nunca en la historia el despacho del alto comisionado en la materia, hoy en cabeza de la señora Bachelet, había tenido tantas visitas recriminatorias y conminatorias de funcionarios colombianos antes de la renovación del mandato.

El Espectador reveló el 20 de julio pasado, casi a un año del gobierno, el borrador de un documento de la Cancillería con las condiciones que le impone a Bachelet antes de firmar (ver): empezaba por ordenar la eliminación de la mención del “conflicto armado interno”; añadía la obligación de consultarle el nombre del jefe de la delegación de la ONU en Bogotá antes de designarlo; seguía limitando las declaraciones de esa oficina sobre los sucesos en Colombia. En resumen, constreñía la vigilancia del organismo mundial.

El ministro Carlos Holmes Trujillo desmintió la existencia de ese borrador. Pero los hechos lo desmienten a él, tres meses después.

Es irónico que Francisco Barbosa, alto consejero presidencial para los Derechos Humanos de Duque y otro de los funcionarios que niegan en público lo que hacen en privado, sea uno de los operadores oficiales para sacar, a las patadas, a la ONU del país pues no se trata solo de la delegación de derechos humanos.

El Gobierno tampoco quiere que aquí estén la Misión de Verificación del cumplimiento de los acuerdos pactados con la antigua guerrilla de las Farc ni ONU Mujeres. Pero no es irónico sino tétrico que Barbosa sea el más seguro fiscal general de Duque, es decir, el hombre que orientará las investigaciones penales y que podrá solicitar capturas o inducir condenas. ¡De supuesto protector de los derechos humanos a ordenador de procesos de encarcelamiento!

Las trabas e intimidaciones a la oficina de la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas fueron precedidas por otras noticias, en su momento también desestimadas: el veto de la embajada de Colombia en Italia y Grecia a escritores de la talla de Santiago Gamboa y Héctor Abad. Entonces, por el portal Lalineadelmedio.com tuvimos conocimiento de que había “una línea de pertinencia” gubernamental que marcaba el derrotero de la cultura oficial. Como en regímenes fascistas. Y el veto por parte de la embajada en Suiza, de nuevo negado, al documental de Natalia Orozco El silencio de los fusiles, una de las piezas de la Muestra de Cine Colombiano 2018-2023, iniciativa para promover este arte nacional en escenarios internacionales. Sí, como en el fascismo.

Sumemos el resurgimiento de las ejecuciones a sangre fría: primero, el exmiliciano Dimar Torres, cuya escalofriante orden de asesinarlo por parte de un coronel jefe de batallón fue revelada por Semana en su reciente edición; y en las últimas horas, la tortura y homicidio del defensor de derechos humanos Flower Jair Trompeta reportados por los pobladores de Corinto (Cauca) como ejecutados por militares. No puede ser coincidencia que los falsos positivos regresen en este momento del poder. Tampoco, que quieran desaparecer a los observadores de Naciones Unidas. Sin testigos, es mejor.

https://www.elespectador.com/opinion/cecilia-orozco-tascon

41.19.-El baile de los que sobran MAURICIO CABRERA

Las políticas para la equidad no pueden limitarse a mejorar los ingresos y el acceso a los servicios de los pobres.

¿Qué pasó con el milagro chileno? ¿Por qué en el país más prospero de América Latina –el modelo a seguir– millones de personas salen a las calles a exigir cambios radicales en el modelo económico? ¿Por qué un pueblo que derrotó a la dictadura y ha vivido 30 años en democracia estalla en multitudinarias protestas contra el gobierno que ellos mismos eligieron?

27 oct 2019.- Son preguntas demasiado complejas para pretender responderlas en una breve columna, pero se pueden aportar algunos elementos para esclarecerlas. El primero es que lo más significativo del estallido social en Chile no son los incendios a las estaciones del Metro de Santiago, ni los actos vandálicos de una minoría.

Esos son los más vistos en la televisión y las redes y son totalmente repudiables, como también lo es la violencia de la represión militar que ya ha asesinado a 18 personas, pero no representan el sentir de la inmensa mayoría de los manifestantes.

El segundo aspecto notable es que esta vez no se trata de una revolución proletaria de quienes no tienen nada que perder, salvo sus cadenas, y suenan ridículas tanto las acusaciones de quienes ven las protestas como el resultado de una conspiración de infiltrados castrochavistas, como las pretensiones de Maduro de que el ejemplo de Venezuela está incendiando el continente.

No se trata tampoco de una invasión de alienígenas, calificativo lamentable que le dio la esposa del presidente chileno, sorprendida porque un aumento de $30 en el pasaje del metro hubiera generado una protesta de esas dimensiones. Es el estallido de una clase media empobrecida y vulnerable que no protesta por $30, sino por 30 años de promesas incumplidas y expectativas frustradas a pesar de los avances en crecimiento económico y disminución de la pobreza.

Vulnerabilidad y desigualdad son dos conceptos claves para entender que pasó con el milagro chileno. Es cierto que Chile es el país de crecimiento más estable y con menores tasas de pobreza en la región, pero las millones de personas de esa nueva clase media saben que están muy cerca del límite, y que cualquier accidente que reduzca sus ingresos o cualquier aumento de precios los puede egresar a no tener suficiente para cubrir sus necesidades.

Son vulnerables y las políticas neoliberales de privatización de casi todos los servicios básicos no han permitido crear una red de protección social suficiente en materia de pensiones, salud o educación.

También saben esas personas que con el aumento del tamaño de la torta ellos han podido mejorar un poco su situación, pero que la tajada más grande se la han llevado unos pocos. En Chile, la pobreza ha disminuido pero la riqueza se ha concentrado aún más y la desigualdad ha aumentado. Por eso, las políticas para la equidad no pueden limitarse a mejorar los ingresos y el acceso a los servicios de los pobres, sino que deben disminuir la concentración de los ingresos y la riqueza.

Hace más de 30 años la canción ‘El baile de los que sobran’ presagió esta situación: “Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar… y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuro, y dejaron a mis amigos pateando piedras”. Por eso, esta canción vuelve a sonar en las calles chilenas reviviendo las esperanzas de que el pueblo unido jamás será vencido.

Mauricio Cabrera Consultor privado
macabrera99@hotmail.com https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/el-baile-de-los-que-sobran-mauricio-cabrera-534980

 

  • 40.19.-Tatequieto al FMI y sus muchachos CRISTINA DE LA TORRE
  • 40.19.- OCDEEn Colombia, gran parte de los subsidios van a la población más ricaPORTAFOLIO
  • Miedo: totalitarismo en Colombia CECILIA OROZCO

Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional y Mauricio Macri el presidente de Argentina en íntima conseja económica. Luego vendrían  Lenin Moreno del Ecuador y Sebastián Piñera de Chile.

Volvía el Fondo Monetario Iiternacional (FMI) al ajuste draconiano de tres décadas atrás en América Latina; pero no calculó en su rudeza —tampoco los amigos del patio trasero en su indignidad— que se estrellarían contra una sublevación popular. Estalló en Ecuador, estalló en Chile y reverbera en Argentina. Y si, como es de esperar, el lánguido mentís de Duque a sus reformas laboral y pensional es sólo ardid de elecciones, será Colombia la cuarta ficha del dominó en caer.

22 oct 2019.- El FMI condicionó crédito al Ecuador a una drástica reducción del gasto público cuya medida última fue duplicar el precio de la gasolina. Gota que rebozó la copa de austeridad forzosa que se traduce en “flexibilización” laboral, aumento de impuestos al común, reducción de los mismos a los ricos, privatización de salud y pensiones, eliminación de subsidios; todo, dentro del modelo de mercado que pesa como un piano sobre los hombros de las mayorías hambreadas que esta vez gritaron: ¡estamos hartos y no tenemos miedo!

Once días duró la protesta que debutó con los indígenas y se volvió avalancha acrecida con trabajadores, estudiantes, campesinos y transportadores, cuya disciplina y organización no le restaron la vehemencia necesaria para triunfar: el Gobierno retiró la medida. La brutalidad de la fuerza pública había cobrado 10 muertos y 1.340 heridos. Notas inéditas en marchas callejeras: cientos de médicos, estudiantes de medicina y socorristas voluntarios forman cordón humanitario de protección a heridos. Algún soldado llora su arrepentimiento entre abrazos de la gente. Los manifestantes retienen a 40 policías para neutralizarlos; les dan alimento y trato digno.

Una descomunal jornada de protesta tuvo lugar el viernes en Santiago de Chile, por aumento en el pasaje del metro. 41 estaciones resultaron destruidas y dos edificios, símbolos del poder, incendiados. Tras 29 años, reapareció el ejército en las calles. Presencia ominosa que había rubricado la ferocidad de la dictadura y que hoy volvía a las andadas: se vio el video de un soldado que dispara su fusil a quemarropa a la cabeza de un ciudadano. También en Chile se apelmaza una historia de alzas en salud y servicios públicos, privatización de pensiones, impuestos a los pobres, salarios en caída y una desigualdad social intolerable. También en Chile debió el presidente derogar el decreto de marras.

En Colombia, el partido de gobierno ha depurado dos proyectos largamente acariciados y son de la entraña del FMI: golpear los salarios y apuntar a la eventual liquidación de Colpensiones en favor de los fondos privados. Para ello, según informe detallado de Portafolio, suprimirá el subsidio a las pensiones y elevará el aporte del aspirante a pensión. El viejo modelo de Pinochet, que el uribismo querría emular. Sabedor del daño que la noticia podría ocasionarle este domingo en las urnas, se apresuró el presidente a declarar que no, que de ninguna manera, que cómo se les ocurre. Lo mismo proclama por doquier su apoyo a la paz mientras la acosa. El hecho es que la daga contra salarios y pensiones lleva años tras la capa del mentor y no será su discípulo quien los redima. ¿Osarán el lance, en esta Colombia sofocada bajo el mismo modelo que provocó las revueltas de Chile y Ecuador?

Coda. Bogotá merece su mejor alcaldesa posible: Claudia López. Merece su mejor concejala posible: Clara López. Y Medellín merece concejalas entre mujeres extraordinarias agrupadas en el movimiento Estamos Listas para gobernar. Es iniciativa femenina que propende, no obstante, a la igualdad para hombres y mujeres. Lo que está en juego, dicen, es transformar esta ciudad inequitativa y violenta en urbe democrática, justa y plural. ¡Bienvenidas!

https://www.elespectador.com/opinion/cristina-de-la-torre

40.19.-En Colombia, gran parte de los subsidios van a la población más ricaPORTAFOLIO

La Ocde también aseguró que el sistema tributario «apenas reduce la desigualdad» y el acceso a la educación, salud y pensiones es desigual.

El Secretario General de la Ocde, José Ángel Gurría, presentó en la Casa de Nariño los resultados del más reciente estudio del organismo sobre la economía colombiana. FOTO: AFP

Colombia podría ser más eficaz en la reducción del desempleo y la desigualdad, cuyas tasas son de las más altas en América Latina, señaló este jueves la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

El organismo presentó en Bogotá un informe sobre la economía del país, que está por culminar su proceso de incorporación a la organización.

En Colombia «las políticas sociales podrían ser más eficaces en la reducción de la desigualdad», pues es «la más alta» entre los 36 países que ya son miembros plenos de la organización. En el índice Gini, que mide la desigualdad, el país registra un coeficiente de 0,476, donde 0 representa ausencia de desigualdad y 1 desigualdad máxima.

Lea(Colombia crecerá 3,4% en el 2019 y 3,5% en el 2020: Ocde)

Según el informe, «las transferencias monetarias a la población más desfavorecida son escasas», gran parte de los subsidios «van a parar a la población más rica», el sistema tributario «apenas reduce la desigualdad» y el acceso a la educación, salud y pensiones es desigual.

Los más afectados son las minorías étnicas, las mujeres y los desplazados por la violencia. «Se podría lograr una mayor equidad reasignando una mayor parte del gasto (…) hacia las poblaciones vulnerables», recomendó la Ocde y destacó la implementación del acuerdo de paz con la exguerrilla Farc como «una importante oportunidad para fomentar el crecimiento inclusivo y reducir las disparidades regionales».

La organización también llamó la atención sobre el desempleo en Colombia (10,01%) y la informalidad laboral, que afecta a cerca del 60% de los trabajadores. En ese sentido, recomendó reducir los costos laborales no salariales y el valor del registro de empresas, mejorar la capacitación de la fuerza laboral y revisar «el elevado salario mínimo», equivalente a unos 244 dólares, que según la organización ha empujado a muchos a la informalidad.

José Ángel Gurría, secretario general de la Ocde, le entregó las recomendaciones al presidente Iván Duque. «El estudio llega en un momento crítico para la economía mundial (…) pero proyectamos una sólida expansión del crecimiento de la economía colombiana del 2,6 el año pasado al 3,4 en 2019 y 3,5 en 2020», señaló Gurría durante la presentación del informe.

El ingreso pleno de Colombia a la Ocde le permitirá compartir experiencias y buenas prácticas sobre problemas económicos, políticos, sociales y ambientales. En Latinoamérica Chile y México ya son socios de la organización con sede en París.

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/criticas-de-la-ocde-a-colombia-534920

40.19.-Miedo: totalitarismo en Colombia CECILIA OROZCO

Admítanlo o no empresarios, banqueros, congresistas, empleados públicos, medios de comunicación y sus periodistas, los que viven de sus pequeños y medianos negocios, e incluso el cuerpo diplomático y los organismos internacionales aquí representados, el uribismo inspira miedo.

Miedo al inmenso poder que detenta esa corporación con su dominio del Estado, bien cuando otorga favores y bendiciones, bien cuando mina, persigue y destruye lo que no se ajusta a sus mandatos inapelables. El uribismo intimida, amenaza, advierte y gana terreno. La temporada de elecciones locales y regionales que culminará el próximo domingo, cuando los votantes escojan a sus alcaldes, gobernadores, concejos y asambleas, ha sido la demostración de hasta dónde la corporación que aglutina a la ultraderecha —Centro Democrático es nombre de ficción— es capaz de actuar por encima y por debajo de las reglas.

23 oct 2019.-  En Bogotá, traicionaron a su candidata, Ángela Garzón, y la desecharon en cuanto creyeron encontrar a su agente ganador, Miguel Uribe. Para dar ese salto, la corporación se alió con un partido de origen anticlerical (Liberal) y, simultáneamente, con dos colectividades político-religiosas (Mira y Colombia Justa Libres). Consta a los ciudadanos la rumba ofensiva del dinero en esa campaña en tiempos de supuesta crisis económica, por la profusión de publicidad multimillonaria a favor de Uribe Turbay.

En Medellín, el líder de la corporación en persona activó la propaganda sucia contra el aspirante Daniel Quintero cuando este subió en las encuestas y se convirtió en rival real de su ungido Alfredo Ramos, hijo del señor con investigaciones suspendidas por sus presuntos nexos con el paramilitarismo antioqueño. A Quintero le ha tocado debatir sus propuestas en medio de panfletos, amenazas a su vida, pasacalles con datos falsos en toda Medellín y hasta con marchas de sujetos con pañuelos negros cubriendo sus caras y pancartas infamantes en su contra. El senador expresidente publicó, semanas antes, trinos en que afirmaba que Quintero era “el agente de Petro en Medellín”. “Evitemos eso…”, dijo, y vaya si le están haciendo caso sus seguidores.

Y en Cali, las prácticas para ganar o ganar han pasado al escándalo. El candidato de la corporación cuenta con la voluntad rendida del establecimiento de rancio abolengo, contraria a su costumbre de impulsar solo a los de su clase. Ahora, los grandes apellidos están en contra de Eder aunque finjan lo contrario, y ayudan, con métodos impuros, a un antiguo vendedor callejero de chance. No le reconocen el mérito monetario de pasar del estrato más bajo al de millonario codiciado. No se trata de un repentino acto de democracia. Recibieron orden de la corporación. Y listo. Entonces, fuerzan a votar por Roberto Ortiz, apodado “el Chontico”. Un video que circula hace unas horas en Cali (ver) es resumen de las prácticas repugnantes de la corporación: la “dueña” de un colegio privado, pero con derecho a subvenciones de la Alcaldía, cerca de Aguablanca, constriñe a los padres de 900 estudiantes a votar por Ortiz a la Alcaldía, y por dos candidatos del senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, so pena de perder la gratuidad de la educación en ese sitio. La señora no es X. Es la directora de la asociación de instituciones de cobertura educativa de esa capital. Es decir, de todos los colegios que reciben ayuda económica oficial. Contra esta manipulación grosera que comparten los “cacaos” y los políticos de la corporación pese a que fungen, hoy, como servidores del gobierno Duque, levantó su voz el valeroso arzobispo Darío de Jesús Monsalve. Como era de esperarse, le cayó un aguacero de insultos por la “intervención en política” de un prelado católico.

La doble moral de la corporación quedó expuesta en toda su magnitud: no hay fortuna más preciada para ella que la adhesión política de las miles de iglesias cristianas que pululan en Colombia: Miguel Uribe fue “ungido” por un pastor (ver) después de recibir el apoyo de 1.000 iglesias bogotanas, según reporte mediático (ver); pastores de gran labia y poca moral hicieron campaña para infundir miedo (otra vez, miedo) con el fin de que sus fieles votaran por el No en el plebiscito de la paz (ver); las mismas iglesias anunciaron su voto por Iván Duque y le dieron su bendición a cambio de jurar que respetaría la letra de la Biblia antes que la de la Constitución.

Pero monseñor Monsalve, ciudadano colombiano, no puede opinar y debe retirarse del sacerdocio, según la corporación. El miedo y la doble moral constituyen nuestro presente. Y nuestro futuro, si no aparecen millones de ciudadanos libres para exigir nuestros derechos. Así estamos, así vamos.

https://www.elespectador.com/opinion/cecilia-orozco-tascon

  • 39.19.-Desempleo y subempleo: soluciones aparentes y reales – CÉSAR FERRARI
  • Salarios: de la precariedad a la miseria – CRISTINA DE LA TORRE
  • Defensa del debate libre… y rumoresCECILIA OROZCO

Los últimos datos del DANE de agosto de 2019 mostraron una tasa de desempleo respecto a la población económica activa (PEA) de 10.8 %, Un año antes, la tasa fue 9.2%, es decir un aumento de 1.6 puntos porcentuales. Por su parte, la tasa de subempleo en el mismo periodo fue 27%, un año antes fue 26.7%. El subempleo se define por insuficiencia de horas, por competencias inadecuadas o por ingresos inadecuados. En agosto de 2019, 88.2% de los subempleados tenían ingresos inadecuados.

16 oct 2019.- Si se considera la información referida al trimestre móvil junio – agosto, en 2019 la tasa de desempleo fue 10.3%, mientras que en el 2018 fue 9.3%. Las tasas de subempleo para dichos periodos fueron 26.9% y 26.3%, respectivamente.

De tal modo, entre desempleados y subempleados, en agosto de 2019 totalizaron 37.8% de la PEA; en agosto 2018 totalizaron 35.9%. Si se considera los trimestres móviles junio – agosto 2019 y 2018, entre desempleados y subempleados totalizaron 37.2% y 35,6%, respectivamente. Es decir, sea que se considere el mes de agosto o el trimestre móvil junio – agosto, casi 40% de la población económicamente activada colombiana no recibió ningún ingreso o recibió uno precario.

La razón es obvia: la economía no produce suficiente ocupación. Pero como en una economía de mercado las personas no pueden vivir sin ingresos, acaban creando su propio puesto de trabajo y, como la gran mayoría no tiene capital y su nivel de conocimiento es reducido, la ocupación que crean es de baja productividad. Por lo tanto, sus ingresos son reducidos y como ser formal les resulta costoso y no están dispuesto a reducir sus ingresos más aún, acaban, irremediablemente, siendo subempleados e informales.

Aquí hay dos cuestiones que deberían explicarse. La primera es por qué la economía no produce suficientes ocupaciones para los ciudadanos colombianos. La segunda es por qué esa situación viene agravándose.

Para algunos el agravamiento laboral tiene que ver con el aumento del salario mínimo en enero pasado, del orden de 6%, por encima de la tasa de inflación más el aumento de la productividad.

Tal afirmación desconoce que Explotación de minas y canteras (-15.5%), Suministro de electricidad, gas y agua (-9.1%), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-5.3%) e Industria manufacturera (-5.2%) fueron los sectores que desemplearon más trabajadores. En los únicos sectores en los que se produjo un aumento de la ocupación fueron Construcción (12.5%), Intermediación financiera (1.6%) y Servicios comunales, sociales y personales (0.3%).

Es evidente que la explotación de minas y canteras está declinando por el comportamiento negativo de sus precios internacionales. A su vez, las manufacturas están perdiendo competitividad vis a vis su competidor principal en cualquier mercado. La razón es clara: según datos del International Financial Statistics (IFS), entre julio de 2017 y julio de 2019 la devaluación del peso colombiano respecto al dólar fue 5.6% mientras que la del yuan chino fue 1.6%, pero si se consideran las inflaciones domésticas y devaluaciones de los socios comerciales respectivos, la devaluación real efectiva del peso fue 0% mientras que la del yuan fue 1%.

Es evidente que si minas y canteras y las manufacturas se desaceleran y contratan menos gente, demandarán y contratarán también menos servicios inmobiliarios y menos electricidad, lo que explicaría las disminuciones de sus ocupaciones respectivas.

Los mismos analistas identifican la causa de que la economía no produzca suficiente ocupación y, por lo tanto, genere este elevado nivel de desempleo y subempleo en unos costos laborales muy elevados ocasionados por la existencia de inflexibilidades laborales, un salario mínimo muy alto o porque las contribuciones sociales a cargo de las empresas son también muy onerosas.

Por eso proponen flexibilizar el empleo, es decir reducir los costos de desemplear a las personas, reducir las contribuciones sociales, y reducir el salario mínimo estableciendo salarios diferenciados por regiones o, como han sugerido últimamente, fijando un salario mínimo para jóvenes recién egresados como profesionales, por dos años desde su incorporación como trabajadores, equivalente al 75% del salario mínimo de los mayores. Mejor dicho, si se trata de reducir el salario de los trabajadores, la imaginación resulta creativa, aunque lo que seguramente ocurriría con esta medida es un desplazamiento permanente de personas mayores más costosas por jóvenes recién egresados (y más baratos).

En últimas el argumento de las reducciones salariales va en el sentido de que los menores costos laborales en las empresas las volverían más competitivas. De tal modo, podrían vender más, en consecuencia, producir más y, así, contratar más trabajadores.

Pretender hacer competitivas a las empresas reduciendo el salario no solo es inequitativo en un país con una elevada inequidad de ingreso sino además no es suficiente. Lo que en realidad conspira contra esa competitividad son unos costos financieros muy elevados respecto a los internacionales, por ineficiencias en los mercados de crédito, y la falta de competitividad cambiaria aludida.

En últimas, si la economía sigue basándose en sectores intensivos en capital, como minas y canteras, continuará la insuficiencia de ocupación. Se resolverá cuando cambie la estructura de la economía y la matriz energética, lo que implica volver competitivos a los otros sectores intensivos en mano de obra.

https://www.elespectador.com/opinion/cesar-ferrari

39.19.-Salarios: de la precariedad a la miseria  – CRISTINA DE LA TORRE

A dos manos, como corresponde a todo gobierno corporativista, gremios y Ministerio del Trabajo se proponen conjurar la tragedia del desempleo (que en varias ciudades alcanza el 14 %) con la inoperante fórmula de degradar, aun más, los salarios. Pagar trabajo por horas o 75 % del mínimo a debutantes hasta los 25 años de edad producirá dos efectos catastróficos: arrastrará hacia el piso los salarios en toda la cadena laboral y acabará por eliminar lo que queda de derechos sindicales.

Para no mencionar desgracias mayores, siempre al acecho, que podrían volver a ambientarse. Como el asesinato de 35 miembros del mayor sindicato de empleados públicos de Antioquia (Sintraofan) entre 1994 y 2007 a manos de paramilitares secundados por el Estado, mientras cursaban reformas laborales en desarrollo del modelo neoliberal.

15 oct 2019.-  Conforme oficia la ministra Arango de vocera del gran empresariado, éste prepara su banquete de nuevas viandas cocinadas con la magra remesa de la clase trabajadora. Pide “flexibilizar” la contratación y despido de trabajadores como condición para crear empleo; promover reformas que reduzcan los costos laborales del sector productivo, dirían Luis Carlos Sarmiento y los jefes de la Andi, Fenalco, Asobancaria y la SAC. Pese a las exorbitantes exenciones tributarias de que gozan y a la reducción de sus obligaciones parafiscales concedida en 2012. Y barnizan su apetito con un argumento falaz: que la única manera de ganar en competitividad es precarizando el ingreso laboral.

Como si el país no fuera testigo de las muchas concesiones dispensadas a la elite empresarial que, lejos de traducirse en empleo, colmaron su faltriquera. El primer saludo de bienvenida al futuro de César Gaviria, arrojado espadachín contra el clientelismo y la corrupción, apuntó en 1990 contra los focos del mal: los partidos y los sindicatos. “Dinosaurios en decadencia”, enrostraría a los sindicatos el pleonasmo de algún miembro de su círculo de Palacio. Y se expidió la Ley 50, para “flexibilizar” las obligaciones laborales; y después, en 2002, la Ley 789, que eliminó la remuneración del trabajo nocturno y tercerizó los contratos para burlar la ley. Y en 2012 se recortaron dramáticamente las contribuciones parafiscales de las empresas, con honda afectación de la inversión social del Estado. Pero de aquello, nada: cero empleo. Y a los trabajadores les expropiaron, en 14 años, $22 billones.

La competitividad de la economía no mejora bajando impuestos y salarios. Mejora elevando la productividad. Invirtiendo en nuevos nichos de producción industrial y agropecuaria, fecundos generadores de empleo. Remunerando a derechas el trabajo, de modo que tenga la gente manera de comprar más de lo que ella misma produce. Reanimando, así, el desfalleciente aparato productivo, en cuya languidez domestican muchos empresarios audacias de otros tiempos, para consagrarse a la especulación (en la banca y en el engorde de tierras). Propondría Perogrullo fortalecer el mercado interno, diversificar la producción nacional para remontar los azares que la sola exportación de petróleo-carbón conlleva, y abrir el compás del mercado internacional. Perspectiva opuesta a la de este capitalismo atrabiliario que hunde sin anestesia a los trabajadores desde la precariedad hasta la miseria.

Coda. Me sumo con entusiasmo a los miles de colombianos que se asocian a Noticias Uno para preservar a este modelo de excelencia informativa. La velada intención de censura mediante el retiro de la pauta que lo financiaba fracasó. Con esta experiencia única de solidaridad ciudadana, el periodismo independiente sobrevive. Volverá en otra plataforma después del 30 de noviembre. Enhorabuena. ¡Buen viento, Cecilia, y buena mar!

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39.19.- Defensa del debate libre… y rumoresCECILIA OROZCO

Derecho a la controversia.

Columnistas con opiniones respetables, puesto que son precedidas de una conducta personal incorruptible, y otros de escasa credibilidad, precisamente por lo contrario, han coincidido en las últimas semanas en una tesis que, aunque aparenta propender por el equilibrio en las polémicas públicas, distorsiona la realidad, el piso duro de los hechos, lo que no tendría mayor importancia pues se trataría solo de eso, de opiniones.

16 oct 2019.-  Sin embargo, esa posición, que llama la atención por su recurrencia justo en el momento en que el principal actor político del país comparece ante la justicia, debilita una de las pocas bondades democráticas que subsisten en el régimen colombiano, cada vez más autoritario y estrecho en libertades: la discusión abierta, franca y, si se quiere, ruda sobre acontecimientos que nos competen a todos y sobre quienes los protagonizan.

La tesis consiste en deslegitimar “el tono” y la “radicalización del debate” y en llamar a la “ponderación” para “subir su nivel” en beneficio de una pretendida convivencia.

La nobleza que sustentaría su argumentación, no obstante, se viene abajo como estantería con sobrecarga con una sencilla revisión de la estratificación por clases o por intereses políticos y económicos que rige a esta sociedad y que impide que el principio de igualdad exista más allá de la letra constitucional. Entonces, es fácil concluir que no es lo mismo que un Álvaro Uribe, por poner el ejemplo clave, “debata” parándose ante decenas de micrófonos para hablar durante hora y media de sus estrategias defensivas y ofensivas en el proceso que enfrenta en la Corte Suprema, a que un ciudadano cualquiera, periodista o no, difunda sus ideas en el rincón de un periódico o divulgue las informaciones con que cuenta contra la voluntad del implicado, del gobierno que él eligió, de su robusta bancada del Congreso y de miles de sus seguidores, algunos dispuestos a ejercer violencia de diversos tipos contra quienes suban “el tono” y “radicalicen” el foro en el sentido opuesto al de su líder.

No es lo mismo que un expresidente, senador, jefe de la cabeza del Ejecutivo y jefe del partido mayoritario en el Legislativo acuse de haber cometido delitos a los magistrados que fallaron su denuncia contra otro senador, a que los tres togados (dos de ellos ya por fuera de la Corte y por tanto sin investidura que los proteja) traten de defenderse y de sostener su postura de jueces en la causa que el propio Uribe Vélez inició. O, ¿alguien le daría igual despliegue a las respuestas de los exmagistrados Barceló y Castro Caballero, o a la decisión jurídica del miembro de la Sala Penal de la Suprema, Luis Hernández?

No es lo mismo que el impulsador famoso de decenas de iniciativas contra las libertades ciudadanas revele la identidad de los periodistas y ejecutivos de los medios que supuestamente le contaron a él lo que ellos conversaban con sus fuentes —en lo que sería una grave violación de la obligación de reserva profesional—, a que los mencionados traten de desmentirlo. El desequilibrio es obvio.

Tampoco es lo mismo, y no puede serlo por elementales razones, que el más poderoso agente político de Colombia imparta, con sus declaraciones, “justicia” señalando cuáles son los condenados “buenos”, víctimas presuntas de la justicia, o cuáles miembros de la sociedad, que están libres, deberían ser condenados, según sean sus amigos, los primeros, y sus enemigos, los segundos, a que los sindicatos de la rama judicial convoquen a una manifestación para protestar por las intromisiones de la política en su independencia.

Corren rumores que, aunados a hechos visibles, les darían soporte sobre movimientos para recortar, aún más, la libertad de expresión, a tan solo un año largo del gobierno Duque. Se estarían ejecutando acciones para apropiarse de espacios informativos y medios para imponer agendas y, también, a unos periodistas complacientes mientras se elimina otros incómodos. No tengo pruebas. Solo señas. La tesis que se comenta al inicio de esta columna sobre “bajar el tono” y “ponderar” lo que se publica iría en esa dirección. ¿Vendrán tiempos de tempestad o de calma?

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTHxvW5atu29LBDox4EGu4f7Zrn5g%3A1571507667211&source=hp&ei=002rXaqfCoGsswXkyZc4&q=cecilia+orozco

  • 38.19.-Uribe: “Fue a mis espaldas”PATRICIA LARA
  • El que se meta con Uribe…CECILIA OROZCO
  • La vocación autoritaria del uribismo – CRISTINA DE LA TORRE

Siempre he pensado que el caso del senador Álvaro Uribe debe ser igual al de Eusebio, el marido de Custodia, mi antigua empleada: él, como tantos maridos, llega borracho en las madrugadas a pegarle a su mujer dizque porque anda con otros hombres, cuando justamente quien llega de acostarse con otras es Eusebio.

Eso, en psicoanálisis, se llama proyección. Y en lenguaje popular se define con el dicho de “el ladrón juzga por su condición”.

11 oct 2019.- Pues ocurrió que, en el 2012, el senador Iván Cepeda le hizo un debate a Uribe en el cual dijo que él y su hermano Santiago habían estado involucrados en paramilitarismo y en la fundación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Después, Cepeda denunció a Uribe. Y el expresidente denunció a su vez a Cepeda porque supuestamente había sobornado a falsos testigos para que lo incriminaran. Sin embargo, luego de una investigación de cerca de seis años, la Corte absolvió a Cepeda y, en cambio, compulsó copias para investigar a Uribe, ya que encontró que había indicios para pensar que era él quien supuestamente había sobornado testigos. Así, en febrero del 2018, le abrió investigación al expresidente por soborno y fraude procesal.

A paso lento, como se mueve la justicia, la investigación continuó y, el martes, se produjo la indagatoria de Uribe. De ella, como es su deber, porque hay que respetar la reserva del sumario, la Corte no dijo nada, salvo que el expresidente “contará siempre con plenas garantías” y que “ninguna presión, manifestación o protesta pública influirá en las decisiones que están obligados a tomar los magistrados en ejercicio de su función”.

En cambio, Uribe habló, durante casi hora y media, de lo divino y lo humano. Y reconoció que su cuestionado abogado Diego Cadena —quien no solo ha sido apoderado suyo sino también de narcotraficantes como alias Don DiegoDon Mario y Diego Rastrojo— le dio $2 millones o $7 millones (no está claro, porque Uribe habló primero de dos y luego de siete) al testigo Carlos Enrique Vélez, un paramilitar que primero acusó a Cepeda pero que, a comienzos de septiembre, afirmó que lo había contactado Cadena para buscar testigos y planear una campaña de falsas declaraciones contra Cepeda.

No obstante, a pesar de su confesión, el exmandatario aseguró que le había dicho a Cadena: “Hombre, si me hubiera consultado, le hubiera dicho no. Terminantemente no”.

Es decir, Uribe aceptó que su abogado le hizo un pago a un testigo, pero sostuvo que fue a sus espaldas.

Al día siguiente, Cadena dijo que no le había consultado ese pago a Uribe porque no había considerado que fuera necesario hacerlo. Es decir, en principio aceptó la tesis del senador. Sin embargo, se sabe que hay soportes de $9 millones más de pagos al testigo. (¿Esos tampoco los habrá consultado Cadena con su cliente?). Y el testigo, en entrevista con la revista Semana, dijo que él o allegados suyos habían recibido pagos por $40 millones.

De modo que aún queda mucha tela que cortar. Mientras el magistrado del caso, que ya vinculó formalmente a Uribe al proceso, decide si lo llama a juicio o no, yo sigo en mi teoría: el caso de Uribe debe ser igualito al de Eusebio, el marido de Custodia…

Nota. La semana pasada le dijimos adiós al inolvidable Guillermo Perry. Esta semana despedimos a Javier Darío Restrepo, periodista riguroso y recto, experto en la ética de esta profesión que cada día necesita más de voces como la suya. ¡Paz en su tumba, maestro!

www.patricialarasalive.com@patriacialarasa https://www.elespectador.com/opinion/patricia-lara-salive

38.19.-El que se meta con Uribe…CECILIA OROZCO

A la hora en que se escribe esta columna, no ha terminado la indagatoria que rinde el senador Uribe en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por la causa penal abierta en su contra por fraude procesal y soborno de testigos. A esta etapa del proceso se ha llegado milagrosamente, aunque con retraso y después de muchas presiones indebidas, algunas de las cuales, si también se investigaran, calificarían como criminales; de campañas de descrédito vertidas por las alcantarillas contra los magistrados investigadores que han conocido el caso, sin importar si ya se fueron de la Corte o si acaban de asumir el expediente; de mentiras repetidas 1.000 veces para que lleguen a un estadio de credibilidad popular, así no puedan sostenerse en el alto tribunal; de decenas de reuniones para cuadrar versiones falsas, en las peores cárceles del país; de vericuetos legales para detener el interrogatorio mientras el encartado afirma, en sus medios de comunicación, que está listo a responderle a la Justicia; de llanto y crujir de dientes de los seguidores inocentes del expresidente.

9 oct 2019.- En fin, de una parafernalia nunca vista en la historia nacional que incluyó su arribo al Palacio de Justicia organizado para aumentar su imagen de dios en la retina de los espectadores: círculo en pelotón de algunos de sus amigos haciendo mucha bulla. Cara de prócer que iba a recibir, en lugar de preguntas sobre su conducta, corona de rey. Y mientras tanto, las iglesias de puertas abiertas para que la gente ingresara a orar por el señor terrenal. Desconozco, aún, cómo se desarrollará la gran manifestación organizada por la bancada del investigado para demostrarle a la Rama Judicial que aquí no se hace lo que digan los jueces, que el que manda es Uribe y punto.

Estamos en Colombia, señores. Este país no es Perú en donde la democracia se toma la libertad de encarcelar al genocida Fujimori; a su hija Keiko, en el mejor momento de su candidatura presidencial; a los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y Alejandro Toledo. Este país, nada más faltaba, no es Panamá, Guatemala u Honduras que, aunque pequeñitas repúblicas bananeras, se pasaron de la raya permitida metiendo a la cárcel a sus jefes de Estado delincuentes. Este país tampoco es Brasil, en donde el gigante de la popularidad de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, con todo y su poder paga pena de 12 años en una prisión de verdad, y en donde Michel Temer, un presidente de la otra orilla ideológica, también purga sus delitos pese a ser de clase alta; Colombia no es, por supuesto, ni Argentina, ni Chile, que enfrentaron sus fantasmas.

Colombia es Álvaro Uribe Vélez. Y el que ose desconocer esta ecuación será castigado. Ayer se lo recordaron al Poder Judicial los que hoy detentan el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, dos contra uno, para que vaya quedando claro. El jefe de Estado, que ha demostrado serlo solo de la parte de la nación que piensa como él y su facción política, dio la declaración de advertencia precedido por su ministra del Interior: “Resumo a Álvaro Uribe en una sola palabra: honorabilidad”. Lo siguió el exvicepresidente del procesado, embajador en Washington, Francisco Santos: “@AlvaroUribeVel en indagatoria frente a una @CorteSupremaJ con cartel de toga a bordo… El mundo al revés”. Continuó la vicepresidenta Ramírez para notificar que el Partido Conservador está en pie de guerra si algo que no es de su entero gusto sucede: “Conozco al expresidente desde hace 16 años… su trabajo infinito al servicio de Colombia y su conducta veraz. Debe tener todas las garantías”.

Quienes respetamos el Estado de derecho, inocentes de nosotros, estamos enterados: el magistrado investigador, la Sala de Instrucción que conocerá su decisión y votará si el señor Uribe va a juicio o no, la Sala de Juzgamiento y la Sala Penal, de última instancia. El Congreso que debate desde otras ópticas; los columnistas que, desagradecidos, se toman el derecho a opinar con libertad; los medios y los periodistas que ejerzan la información sin compromisos políticos, todos, esperamos lo que nos merecemos: despidos, destierro, deshonra y ojalá no muerte.

https://www.google.com/search?q=cecilia+orozco&oq=cecilia+orozco&aqs=chrome..69i57j69i59j69i60.10306j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8

38.19.-La vocación autoritaria del uribismo – CRISTINA DE LA TORRE

Expresidentes Alberto Fugimori y Álvaro Uribe: populismo neoliberal andino

No es ventolera de circunstancia, es una vocación. Pasión por la arbitrariedad y la fuerza administradas en provecho de un caudillo decadente en república bananera. Involución potenciada por la demagogia que florece en el miedo y la desesperanza, el uribismo se reedita como nostalgia del autoritarismo que dio cobijo a la Violencia. Y nada de cuanto este movimiento diga o haga debería sorprender.

8 oct 2019.- En iniciativa que huele a golpe de Estado, el parlamentario del Centro Democrático Álvaro Pradra propone hundir por mayoría electoral los fallos de la Corte Constitucional sobre derechos fundamentales, participación política y funciones del Congreso. Ni más ni menos. Podrían así desaparecer las libertades de pensamiento, de cátedra y de prensa; los derechos al aborto y a la diversidad sexual. O volver al Estado de confesión religiosa. O consagrar la ubérrima transformación del Estado de derecho en república estamental de militares, latifundistas, curas, paramilitares, importadores de carros y el vulgo ignaro. La Edad Media en el siglo XXI. Sueño sujeto al desenlace del proceso penal que la Corte Suprema inicia hoy contra el expresidente Uribe.

Beneficiario sin par de la democracia directa que la Carta del 91 introdujo de buena fe, Álvaro Uribe puso referendo y consejos comunales al servicio de un despotismo deslustrado cuya alma bautizó José Obdulio como Estado de opinión. Golosina envenenada para embaucar a la masa, acorralar a las minorías y amancebarse con el gran capital. Con el mismo desdén de aquellos constituyentes hacia la “partidocracia” y la democracia representativa, se disfrazó Uribe de campesino pobre y aduló a la pobrecía mientras le reducía el ingreso y ensanchaba, entre otras, su hacienda de 1.479 hectáreas. Encarnó, con singular fidelidad, el neopopulismo que desde los años 90 se extendía en la región.

A distancia sideral del populismo de un Perón en Argentina, de un Vargas en Brasil (que pese a sus defectos industrializó, redistribuyó ingresos e integró las mayorías a la política), éste de Fujimori y Uribe fue paraíso de la derecha: en política, hijo bastardo del populismo latinoamericano; en economía fue su antípoda, pues suplantó el desarrollo por un capitalismo montaraz. El neopopulismo es eco de la desigualdad económica y política de las dictaduras del Cono Sur, primeras en adoptar el Consenso de Washington que sacrificó el Estado social en el altar del mercado. La diferencia será de grado, no de naturaleza, anotaba yo en 2005 (Álvaro Uribe o el Neopopulismo en Colombia).

Astro del nuevo arquetipo sería Fujimori, expresivo referente del mandatario colombiano, cuyos pasos éste siguió. Desde los consejos comunales hasta la cacería a los tribunales de justicia y la clausura del Congreso (que el peruano consumó y Uribe propuso en la primera versión de su referendo de 2003). Lleva el nuestro décadas persiguiendo a las Cortes que procesaron, primero, a su bancada de parapolíticos; ahora, a conmilitones suyos en la JEP y al mismísimo expresidente en la Suprema. Otros rasgos tomará Uribe prestados del archiconocido modelo de la personalidad autoritaria: intolerancia ante la opinión divergente, ansia patológica de poder personal y militarismo impenitente.

Con la economía de mercado vendría la democracia refrendaria, arma predilecta del uribismo. Democracia de mayorías confeccionadas para aplastar al disidente e imponerse como la voluntad general del buenazo de Rousseau. Voluntad única, indivisible y absoluta, como único, indivisible y absoluto será el poder que raya en dictadura, hoy ambientado en Estado de opinión. Se sabe: el uribismo no es pera en dulce; más parece tantico de cianuro filtrado entre jaculatorias y madrazos.

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  • 37.19.-Doctor Duque: ¿Y cuántas fábricas más tendrán que cerrar?AURELIO SUÁREZ
  • Paz: actores avanzan y Duque obstruye –  CRISTINA DE LA TORRE
  • No se equivoque más, presidentePATRICIA LARA

Industria confeccionista

Jáder Zuleta, uno de los más importantes industriales del Tolima en el área de confecciones, anunció hace algunas semanas que su empresa CP Company cerraba sus puertas dejando desempleadas a otras 600 personas, muchas de ellas mujeres jefas de hogar, que se sumarán a las ya más de cuarenta mil que en Ibagué están desocupadas.

 12 ago 2019.- En tanto esa tragedia socioeconómica se vive, el gobierno de Iván Duque, a través del Ministerio de Hacienda y en conjunto con algunos gremios del comercio y de los importadores, ha demandado ante la Corte Constitucional los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo que imponían un alza en los aranceles de Colombia -que ya rigen consolidados ante la OMC en 23, 18% para confecciones y 10,48% en textiles- hasta 37,9% con aquellos países con los que Colombia no tiene TLC y cuando el precio sea menor o igual a 20 dólares el kilo o una tarifa de 10% al valor declarado más 3 dólares cuando sea mayor.

Se refiere a naciones asiáticas, como China, Vietnam, Bangla Desh y otras que exportan prendas y textiles con niveles laborales y ambientales por debajo de los estándares internacionales mínimos permitidos con la anuencia de las autoridades comerciales colombianas. Hay que conocer que de 13 billones de pesos que los colombianos consumimos al año en ropa solo 7 son de producto nacional, 2 en mercancía con registro de importación y cerca de 4 son de contrabando.

A lo anterior debe agregarse que los costos de la energía y del crédito están muy por encima de lo que valen en los países contra los cuales competimos; esto es, que el denominado costo-país, que atañe al valor de los factores fundamentales de producción, coloca la capacidad nacional de competencia en condiciones de desventaja frente a muchas de las otras economías, a la mayoría. Insólito que el gobierno se dedique a sabotear las justísimas peticiones de los industriales de los textiles y las confecciones y no se esfuerce por corregir los males estructurales que les quitan competitividad.

Todas estas deficiencias se agravan en las actuales circunstancias de la economía mundial, de lo que han llamado “guerras” o “tensiones” comerciales, que no es otra cosa que la forma, con Estados Unidos a la cabeza y en forma arbitraria y a la fuerza, como se están moviendo los grandes poderes mundiales para sobreponerse en medio de una crisis de superproducción –que se manifiesta en casi todos los sectores- y que han llevado incluso a que reconocidas marcas globales hayan quemado decenas de millones de dólares de inventarios de prendas de vestir que no lograron colocar en el mercado. Mientras todo esto pasa, Duque persigue a sus propios empresarios. Insólito.

Por esto tiene toda la razón la Cámara Colombiana de la Confección cuando convoca a una movilización para el próximo 22 de agosto de empresarios, trabajadores y de la sociedad en general para refrendar públicamente la justeza de sus peticiones de adecuada protección y de duro cuestionamiento al gobierno que los dejó abandonados a su suerte y que los agrede sometiendo al aparato fabril a inicuas y asimétricas modalidades de competencia.

Razón tiene Jorge Enrique Robledo cuando dice que en últimas se trata de definir cuáles fábricas de las diversas mercancías -en el contexto global- van a cerrar y cuáles se mantendrán abiertas. Por lo visto, Iván Duque decidió que las colombianas serían cosa del pasado.

https://polodemocratico.net/index.php

37.19.-Paz: actores avanzan y Duque obstruye – CRISTINA DE LA TORRE

Se bifurca la implementación de la paz: por un lado van actores del conflicto y el tribunal que los juzga, por el otro va el Gobierno. En acto tan categórico como la entrega de armas, por vez primera reconoce la cúpula de las Farc ante la JEP la comisión masiva del secuestro por sus hombres en el conflicto. Crimen abominable que pesa sobre 18.000 víctimas a manos de las viejas Farc, 522 de las cuales murieron en cautiverio. ¡18.000! Un hito en justicia transicional, mientras no intente el nuevo partido justificar el crimen como “retención” del enemigo o como “error” de lamentar.

Pero, al tiempo, 500 organizaciones civiles denuncian ante el Parlamento Europeo doble juego del presidente Duque: mientras éste simula acometer la paz, desmonta el Acuerdo. Frena su implementación. En su primer año de Gobierno ha querido imponer una agenda distinta o contraria en materia rural, de sustitución de cultivos y atención a las víctimas.

1 oct 2019.- Tras abordar el caso de los falsos positivos, con el informe de las Farc abre la JEP el primer macroproceso para juzgar a las personas determinantes, viejo DAS y organizaciones como País Libre. Cada víctima acreditada para el efecto podrá tenerlo, pedir precisiones sobre casos concretos y controvertirlo. El carácter colectivo del de secuestro en la vieja guerrilla. El documento se cotejará con información de Fiscalía, Procuraduría informe no elimina la sindicación, juzgamiento y penalización a los responsables individuales del delito. El propio Timochenko reconoció responsabilidad del grupo armado en el secuestro y pidió perdón.

El secuestro, no puede olvidarse, es un ataque devastador contra la víctima: la esclaviza, pisotea su dignidad, la somete a sufrimientos inenarrables hasta arrebatarle su propia humanidad. En horrible evocación de los campos de concentración nazis, vimos los colombianos imágenes de secuestrados de las Farc encadenados, famélicos y cercados, por centenares, con alambre de púas. Andrés Felipe Pérez murió de cáncer a los 13 años, tras dedicar los últimos dos a suplicarles a las Farc que le permitieran a su padre secuestrado verlo unos minutos antes de morir. Se lo negaron. Dos años después moría Norberto Pérez, el padre, asesinado por sus captores en un intento de fuga. El secuestro marcó el punto de inflexión en la guerrilla: muchos rebeldes renunciaron de facto a su condición de insurgentes para convertirse en delincuentes comunes.

Mas ahora, mientras la Farc responde lealmente al compromiso de paz, el Gobierno lo sabotea. Según las organizaciones denunciantes, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial para los 170 municipios más azotados por la guerra se ven suplantados por una política de seguridad militarista que embolata el objetivo social y económico de la estrategia. El programa de sustitución de cultivos, crucial en reforma rural integral, deriva en apéndice de las políticas de seguridad y lucha antidrogas. Los programas concebidos como herramienta de transformación estructural del campo terminan avasallados por una estrategia de militarización del territorio.

Las garantías de protección a líderes sociales son un estruendoso fracaso. 226 líderes y defensores de derechos humanos fueron asesinados este año, y cada cuatro días desaparece por la fuerza una persona. Para no hablar de la obstrucción deliberada de los trámites que le darían vida al Acuerdo y del cercenamiento de sus recursos en el Plan de Desarrollo. Consecuencia: en muchas regiones se despereza, pavorosa, la guerra.

No, no todos quieren la paz. Se ahonda el abismo entre los actores del conflicto que comparecen ante el tribunal de justicia y reconciliación, y quienes obstaculizan el despegue de la paz.

https://www.elespectador.com/opinion/paz-actores-avanzan-y-duque-obstruye-columna-883665

37.19.-No se equivoque más, presidentePATRICIA LARA

Dirigentes cubanos.

La amenaza del presidente Duque a Cuba, en el sentido de que las relaciones se romperían si en seis meses la isla no extradita a los miembros de la delegación de paz del Eln que están allá por petición del Estado colombiano, es no solo una equivocación, sino una evidencia de la poca confianza que él tiene en la capacidad del ejército para capturar a los insurgentes luego de que ingresen al país, una vez cumplido el protocolo acordado para su regreso en caso de ruptura del proceso de paz.

Es una equivocación por estas razones:

  1. En la práctica, Colombia está diciéndole a Cuba que si no viola un compromiso internacional —el protocolo que firmó como país garante del proceso de paz—, rompe relaciones. 2. Ese protocolo, como dijo el jurista Rodrigo Uprimny, “es un acto internacional de Colombia frente a los Estados garantes, por lo cual gobiernos posteriores deben cumplirlo de buena fe o deben modificar expresamente ese compromiso”, cosa que no ha buscado hacer el Gobierno de Duque, ya que su posición es que se viole el protocolo y punto. 3. Colombia no puede aplicarle a Cuba la Resolución 1373 adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU, la cual establece los compromisos de los Estados contra el terrorismo, como dice Duque, porque Cuba no alberga a los miembros del Eln por voluntad propia sino en virtud de un compromiso internacional como garante. 4. “Si un Estado ofrece garantías a su enemigo para negociar y luego las desconoce para capturar o matar a los negociadores —como dijo Uprimny—, incurre en una grave violación al derecho internacional humanitario, que es la perfidia”. 5. El incumplimiento del protocolo sería un precedente inaceptable no solo para Colombia, sino para cualquier proceso de paz en el mundo, ya que deben existir reglas fiables si la negociación fracasa, como dijo el ministro de Estado alemán, Michael Roth. 6. Con su actitud, Duque nos cierra las puertas de la paz, porque ningún país va a aceptar ser garante de un proceso que emprenda un Estado que no cumple sus compromisos. 7. Si Colombia rompe con Cuba por esa razón, manchará su imagen internacional.

Y es una falta de confianza en la capacidad de nuestro ejército, porque el protocolo establece que, por 72 horas, rija un cese del fuego en un área acordada, que tradicionalmente ha sido de unos 50 km². Esa área podría rodearla el ejército. Ahí, en ese lapso, los tipos del Eln aterrizarían en un helicóptero de la Cruz Roja, en el que viajarían con delegados de los garantes y de Colombia. Vencidas las 72 horas, el ejército podría y debería perseguirlos, capturarlos y entregarlos a la justicia.

Como me decía un importante general: “Si de mí dependiera, yo haría cumplir el protocolo y le diría al comandante del Ejército: le doy un mes para que coja a esos tipos, y si no, se va”.

¿Por qué no lo ha hecho así el Gobierno? Aún puede hacerlo. Así nos ahorraríamos ese desgaste internacional y los elenos pronto acabarían presos o muertos. Como quiere Duque.

(¿Y por qué la ONU no nos ayuda a superar este impasse?)

Nota. ¡Qué dolor produce la muerte de Guillermo Perry, amigo por más de 40 años! Lo vi por última vez el día del lanzamiento de su libro Decidí contarlo, un compendio de su vida y obra, escrito como si hubiera tenido la premonición de que la vida llegaba a su fin… ¡Estaba radiante! ¡Quién iba a imaginar que mes y medio después estaría muerto! ¡Qué falta vas a hacernos, Perry! Les mando a Claudia, a Juana y a Antonio un abrazo fuerte y largo.

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https://www.elespectador.com/opinion/no-se-equivoque-mas-presidente-columna-884245

  • 36.19.-La explosiva verdad de CharPATRICIA LARA
  • Mala redistribución de las regalías –  JORGE IVÁN GONZÁLEZ

La declaración ante la JEP del exsenador David Char —que apenas comienza— ha pasado desapercibida. Pero es de gran trascendencia porque deja al descubierto no sólo las relaciones que un vasto sector de la clase política ha tenido con los paras, sino que revela, en la propia voz de un miembro de uno de los más influyentes clanes políticos, cómo ha funcionado la compra de votos y hasta dónde cohabitan la corrupción y la política local.

27 sep 2019.- Hasta la semana pasada Char, que fue acusado por la Corte Suprema de recibir para su campaña dinero del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), de prestar carros a esa organización criminal, de reunirse con jefes paras para efectos electorales, de aportarles plata por medio de la empresa Acodensa perteneciente a la familia Char, y de suministrarles una caja de munición explosiva, ha dicho varias cosas a la JEP, donde fue aceptado porque se comprometió a revelar una verdad mayor a la dada en la justicia ordinaria, a reparar a las víctimas y a contribuir a la no repetición.

Char ha dicho que, mientras en Soledad y Malambo los paras instalaron su poder a base de usar el miedo y la violencia, en Barranquilla lo hicieron a través de alianzas con políticos, entre otros el exalcalde Guillermo Hoenigsberg, que fue apoyado por el dirigente liberal José Name Terán. Agregó que las Auc tenían lobistas que se les aproximaban a los congresistas de Sucre, Córdoba, Guajira, Magdalena, Cesar y Atlántico. Añadió que “las tres casas más importantes del Atlántico” eran las de los Name, Gerlein y Char y que “si alguien quería participar en política a nivel de Gobernación y Alcaldía necesitaba tener el aval de alguna de estas tres familias”. Dijo que allá las Auc se consolidaron porque lograron elegir a Rosa Stella Ibáñez en la Alcaldía de Soledad y, “a través de ella, consiguieron que les adjudicaran el Hospital Materno Infantil, que fue su fortín”.

Contó que alcanzaron también la Alcaldía de Malambo y que, a través de esas alcaldías, trataron de cooptar la contratación y los puestos del departamento. Y ahondó en cómo funcionaba la compra de votos, que según Char tenía tres modalidades: se hacía a través del cambio de materiales de construcción por votos, de la compra en efectivo del voto y de lo que llamaban “carrusel de la votación”, en el que se contaba con la complicidad de la Registraduría para aumentar la votación en las mesas.

Char dijo que no participó en esa última modalidad de compra de votos, pero sí en las demás; reconoció que apoyó “a un grupo paramilitar que causó daños en la sociedad en todos sus niveles” y se comprometió a reparar a las víctimas haciendo un proyecto cooperativo y sostenible de siembra y comercialización de maíz y de ají, que incluye construir y dotar un colegio para más de 100 alumnos, y brindar asesoría psicosocial de especialistas en posconflicto.

La confesión de Char no sólo es un ejemplo de los beneficios que traerá la JEP, sino también una voz de alarma de lo que pasa en las regiones: porque lo que él dice que ocurría hace 13 años es lo mismo que sucede ahora: la disputa de las distintas mafias por el dominio político de los poderes locales. Por eso esta campaña ha sido tan violenta.

Y el Gobierno se ha hecho el loco ante la verdadera causa de esta violencia, que no es otra que la retoma del país por el paramilitarismo. ¿Hasta cuándo el presidente Duque seguirá cerrándole los ojos a esa peligrosa realidad?

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36.19.-Mala redistribución de las regalías –   JORGE IVÁN GONZÁLEZ

Actualmente se discute en el Congreso el proyecto de Acto Legislativo no. 40, que modifica nuevamente la distribución de las regalías. Los últimos cambios se hicieron en 2011 (Acto Legislativo 05). La nueva redistribución busca aumentar la participación de las entidades territoriales productoras y de los municipios portuarios.

La explicación de las razones por las cuales se modifica el Sistema General de Regalías (SGR) no es clara. Las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, habían llegado a la conclusión que la distribución de 2011 dio buenos resultados. Entre otras razones, porque las regalías se distribuyeron de manera más equitativa entre las regiones. La Contraloría de Edgardo Maya siempre criticó esta forma de distribución. En sus estudios se muestra que las regalías se dispersaron en más de 12.000 pequeños proyectos, sin ninguna visión estratégica.

El proyecto de acto legislativo hace caso omiso de las dos evaluaciones anteriores. Primero, porque abandona el criterio de equidad regional. Y, segundo, porque tampoco acepta las recomendaciones de la Contraloría.

En el diagnóstico se observa que entre 2012 y 2018 las regalías hacia las entidades productoras cayeron 78% en pesos constantes. Aunque esta variación es significativa, no se explica por qué motivo esta disminución ha sido problemática. Precisamente, gracias a que se le redujeron las transferencias a los productores, la distribución global de las regalías fue más equitativa.

En el proyecto de acto legislativo no se incorporan las observaciones que en su momento hizo la Contraloría. En lugar de dejar la puerta abierta para definir proyectos estratégicos, el acto legislativo vuelve a establecer porcentajes de reparto inamovibles.

La Comisión del Gasto propuso que las regalías se articulen al Sistema General de Participaciones (SGP), y que estos recursos se distribuyan siguiendo la lógica propia de los presupuestos por programa. Desde la perspectiva señalada por la Comisión, es posible diseñar grandes programas de inversión con un sentido estratégico.

Esta opción se cierra con la distribución porcentual que se incluye en el proyecto de acto legislativo. Es equivocado continuar financiando pequeños proyectos, con alcance local. Es bueno recordar que solamente en el componente de Ciencia y Tecnología se aprobaron más de 2.000 proyectos. Es una piñata en la que las entidades territoriales compiten por proyecticos sin horizonte de mediano plazo.

La propuesta de acto legislativo reconoce que los Ocad (Órgano Colegiado de Administración y Decisión) no han funcionado bien, porque no lograron articular los distintos proyectos con una perspectiva regional y, además, porque se convirtieron en entes burocráticos muy pesados. Este reconocimiento del fracaso de los Ocad no está acompañado de una propuesta alternativa.

Se reconoce la necesidad de un manejo eficiente y equitativo de las regalías, pero no se explica el significado de ambas categorías. La eficiencia se asocia de manera confusa con la austeridad, pero no con la selección de proyectos estratégicos. Y la equidad se asimila a la distribución regional, dejando de lado el ingreso de los hogares. El acto legislativo propuesto no retoma la noción de equidad de las comisiones de Gasto, y Tributaria, que centran la atención en la capacidad de pago de las familias.

Jorge Iván González – jorgeivangonzalez29@gmail.com https://desdeabajo.info/colombia/item/25369-la-coyuntura-petrolera-y-minera-y-sus-implicaciones-economicas-fiscales-y-politicas.html

 

 

  • 35.19.-ACROBACIAS DE CARRASQUILLA –        AMYLKAR D. ACOSTA*
  • Olimpo patronal, ¿sin patria?CRISTINA DE LA TORRE

EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL 2020 ESTÁ DESFINANCIADO

El ministro Carrasquilla anuncia.

El Ministro Alberto carrasquilla, al momento de radicar en el Congreso de la República el proyecto de presupuesto para la vigencia de 2020, pese a que el mismo, según el Ministro está desfinanciado en $8.5 billones[1] y es una incógnita saber de dónde van a salir, pero muy eufórico, planteó que se tiene un “panorama fiscal despejado”[2]. No obstante, a poco andar, admitió que “sí, existe una necesidad de encontrar, así como lo discutimos el año pasado, unos recursos para terminar de financiar el Presupuesto del próximo año”[3].

Y, apenas siete días después, el Ministro Carrasquilla afirmó categóricamente que “no necesitamos vender activos este año. La situación fiscal está completamente bajo control y en junio tenemos un superávit primario bastante importante y la mejor dinámica fiscal que hemos visto en muchos años»[4]. Con declaraciones tan contradictorias como incoherentes del Ministro, nadie sabe a qué atenerse.

16 sep 2019.- Se acaba de aprobar por parte del Congreso, dentro del plazo estipulado por la Ley, el monto del Presupuesto, el cual se aforó en $271.7 billones; ahora se inicia su trámite, teniendo el 30 de octubre como fecha límite para su aprobación, a riesgo de que si no se cumple  se impone la denominada dictadura fiscal, consistente en que el ejecutivo queda investido de la facultad para decretarlo[5].

Como se recordará, con el argumento, expuesto en la Constituyente de 1991 por parte del cófrade Alfonso Palacio Rudas, de que “las apropiaciones son una autorización y no una orden imperativa de girarlas”, se abandonó el principio decimonónico del equilibrio presupuestal consagrado en la Constitución política centenaria de 1886[6]. En su lugar, mediante el artículo 347 de la nueva Carta, se dispuso que “si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por separado, ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley de presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados”.

De allí, que, desde entonces, prácticamente todos los presupuestos aprobados por el Congreso han sido deficitarios, al igual que el que se debate en este momento. Como lo plantea el profesor Eduardo Sarmiento, lo que se estableció como procedimiento para darle una mayor flexibilidad al Gobierno para atender los gastos prioritarios, “se convirtió en un medio de determinar el déficit fiscal y obligar a su financiamiento con nuevas leyes”[7]. Así de claro!

LAS ACROBACIAS DEL MINISTRO

Pero, el Ministro Carrasquilla, en apuros para cumplir con el principio rector de la sostenibilidad fiscal consagrado en la Constitución[8] y la Regla fiscal[9] que lo desarrolla, se las ha apañado para tratar de lograr la cuadratura del círculo[10] y de esta manera soslayarlo. Veamos.

A través del artículo 79 de la Ley 1955 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 21018 – 2020 se le permite a la Nación “emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda pública para pagar las obligaciones financieras (…), con el fin de sanear los pasivos correspondientes a cesantías de las universidades estatales”. En virtud del mismo podrá “emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda”. En el artículo 257 del PND se es más explícito en el procedimiento a seguir, al establecer la Estrategia de Mediano Plazo de Gestión de la Deuda (EMGD), en virtud del cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se encargará de diseñarlo “con el objeto de definir las directrices sobre la estructura del portafolio global de la deuda pública, propender por la financiación adecuada de las apropiaciones presupuestales del Gobierno Nacional, disminuir el costo de la deuda en el mediano plazo bajo límites prudentes de riesgo y contribuir en el desarrollo del mercado de capitales”.

Con ello, el Congreso le firmó un cheque en blanco al Ministro de Hacienda y este ni corto ni perezoso lo está utilizando emitiendo títulos de tesorería (TES) a tutiplén. Según él, lo que está haciendo es “recontratar” la deuda pública, pues, “si bien se vence el año entrante vamos a recontratar y eso vale $28.4 billones, vamos a contratar nuevo endeudamiento por $19.2 billones”[11]. No tuvo empacho el Ministro Carrasquilla en decir: “le vamos a decir a los mercados que la deuda que debemos estar amortizando no la podemos pagar toda, sino que necesitamos que nos hagan un préstamo de los vencimientos de capital y esa es otra gran fuente de financiamiento de los $271 billones”[12]. Eso no es serio!

Cuando se alude a “contribuir en el desarrollo del mercado de capitales”, ello guarda una muy estrecha relación con la Misión del Mercado de Capitales que integró el Gobierno, la cual acaba de rendir su informe y recomendaciones tendientes a reformar el mercado de capitales. Estas, según el Ministro Carrasquilla, le servirán al Gobierno como  “una hoja de ruta para el inmediato, mediano y largo plazo, para que el mercado sea más líquido, tenga más inversionistas y sea más innovador”[13]. Y justamente es en ese mercado en donde se transarán los TES.

El editorialista del diario económico Portafolio se muestra patidifuso con el anuncio del Ministro y dice que “el anuncio es sorpresivo, porque unos días atrás las autoridades señalaron que se habían cubierto las necesidades previstas en el Plan financiero que elabora el Gobierno”[14]. La jugadita del Ministro Carrasquilla, dicho por el mismo, consiste en “sustituir esa deuda por deuda de mercado. Esa es un deuda que se ha venido adquiriendo a lo largo de los años y, por lo tanto, la emisión de esos TES corresponde a emisiones de deuda de 5, 10 y de 15 años atrás”[15].

Como lo afirma el ex ministro y ex codirector del Banco de la República Carlos Caballero, “para tapar los huecos y salir de líos el Ministerio de Hacienda anda instrumentando acciones ingeniosas que le permitan ampliar el gasto y más que cumplir la Regla fiscal. La deuda de las sentencias judiciales en contra de la Nación se cancelará entregando a los acreedores TES a largo plazo, con tasas de interés inferiores a las de mora”[16]. Advierte él, “financieramente es correcto, una deuda en la penumbra y costosa se visibiliza”, pero al precio de incrementar la deuda pública en $8 billones. Con esta “ingeniosa” operación se “cumple” con la Regla fiscal, pero se aumenta sensiblemente el endeudamiento de la Nación.

LA FERIA DE LOS TES

Al darle vía libre el Congreso a través del PND, la primera deuda pendiente que se saldó, pagándola con TES, fue la que se tenía contraída con el patrimonio autónomo de remanentes de la liquidada CAPRECOM, por valor de $514.000 millones. Lo propio se hizo con la abultada deuda contraída por el Estado con la red hospitalaria, en aras “sincerar las deudas”, como lo manifestó el Presidente Iván Duque, con base en el Acuerdo de Punto final contemplado en los artículos 237 y 238 del PND, se autorizó por parte del Consejo Nacional de Política Fiscal (CONFIS) emitir TES por valor de $6.7 billones para sanear la deuda con el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), concretamente con 1.361 IPS y hospitales públicos de todo el país, la mayoría atribuida a la formulación de medicamentos o procedimientos que están por fuera del Plan de Beneficios en Salud (PBS).

También se tiene previsto pagar con TES lo adeudado al magisterio de Colombia por concepto de mora[17], debido al no pago oportuno de las cesantías de los maestros causadas a diciembre de 2019, por valor de $1.1 billones. Se procederá por parte del Ministerio de Hacienda a emitir los TES por ese valor, los cuales se le entregarán a la FIDUPREVISORA, entidad fiduciaria que administra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Según el Decreto que para el efecto expidió el Ministerio de Hacienda este procedimiento no conlleva “operación presupuestal alguna y sólo debe presupuestarse para efectos del pago de intereses y la redención de los títulos” a su vencimiento. También se tiene previsto recurrir a este mismo expediente para pagar entre $2 billones y $2.5 billones para saldar la deuda de la Nación con las universidades públicas “con el fin de sanear los pasivos correspondientes a cesantías de las universidades estatales”[18]. Según ha trascendido, algo similar se tiene previsto para cubrir los bonos pensionales, cuyo pasivo asciende a los $4 billones.

Hasta gastos recurrentes, del día a día, se prevé cubrir con deuda pública, destacándose entre ellos el pago de “subsidios para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica que se hayan causado antes de la vigencia de la presente Ley o que se causen durante la misma”[19]. Hasta los “terceros de buena fe” de la desastrada Ruta del Sol II estuvieron a punto de participar en la feria de los TES, ya que el CONFIS alcanzó a autorizar y la Ministra del Transporte Ángela María Orozco anunció el pago con TES de una supuesta deuda de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por valor de $1.2 billones[20]. De no haber sido porque el Tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá declaró “la nulidad absoluta por objeto ilícito” del Contrato de dicha Concesión, se hubiera materializado este detrimento al patrimonio público.

Como lo sostuvo el ex ministro de Hacienda y miembro del Comité consultivo para la Regla fiscal, nada menos, Guillermo Perry, se están “utilizando formas de contabilización heterodoxas, que pueden poner en cuestión la tradicional seriedad  de Colombia en el manejo de sus cifras fiscales…El recurso a la contabilidad creativa generan incertidumbre y desconfianza y pueden conducir a rebajas en la calificación de riesgo del país”[21]. Johns Hopkins, PhD en economía, profesor e investigador de la Universidad de los Andes, también teme y advierte sobre “la posibilidad de que las calificadoras de riesgo terminen bajando nuestra nota, poniendo en riesgo el grado de inversión es, paradójicamente, mucho más alta ahora que hace un año”[22]. Es muy grave que empiece a verse con desconfianza y a dudarse del manejo de las cifras por parte del Gobierno. Es muy diciente que unas de las revistas de negocios más serias y consultadas, como lo es Bloomberg, titule uno de sus despachos de prensa en su portal diciendo que “Colombia es acusada de marrullerías (shenanigans) contables para lograr metas fiscales”[23]. Este es un mal indicio y un pésimo precedente.

LOS ARTILUGIOS DEL MINISTRO

Para Luis Eduardo Arango, ex director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, “esto se ve bastante mal y es poco ortodoxo, porque lo que hay es que hay que cuidar las cuentas fiscales (…). Se está rompiendo la ecuación de que el déficit es el que determina el comportamiento de la deuda y lo que hacen es que están emitiendo gastos que no están afectando el déficit”[24] sino mimetizándolo. Y añadió, “las cuentas pendientes se deben pagar en efectivo o con deuda, pero hay que llevar las cuentas fiscales como se debe”[25]. Por su parte Jorge Restrepo, catedrático de la Universidad Javeriana, dijo hace unos días que “preocupa es que se vaya a usar deuda para financiar gasto corriente; el Ministerio de Hacienda tiene que ser responsable, en el sentido de no emitir deuda para financiar gasto corriente de salud, a través de inyección directa en las EPS”[26].

Estas operaciones de emisión de TES se reconocen “por debajo de la línea”, esto es, “por debajo de cuerda”, como financiación y no como gasto y así se evita que incidan en el déficit fiscal. Afirma el Director de investigaciones económicas de BTC Pactual Munir Jalil, que “el Gobierno dice que los pagos responden a algo transitorio y para que no les afecte el déficit, que es más estructural, se colocan de este lado. Así, el déficit nunca se verá afectado”[27]. Como afirma Luis Fernando Mejía, Director de FEDESARROLLO, “hay que ver qué opinan organizaciones internacionales o el Comité Consultivo de la Regla fiscal con respecto al cambio”[28].

El Ministro de Hacienda asume que la emisión de TES es una operación de financiamiento y que, por lo tanto, no es un gasto al no implicar una operación presupuestal. Se jacta el Ministro Carrasquilla de que él cumple “reglas fiscales, los mandatos y los deseos”[29]. Cabe preguntarse cómo lo hace, porque, como lo manifestó el profesor e investigador de la Universidad de los Andes Marc Hofstetter, “pagar gasto con TES sin contabilizarlo como gasto y, por tanto, sin que afecte el déficit es nuevo. Si tuviéramos dinero para pagar esas cuentas eso no sería necesario, pero no hay forma de hacer esos pagos y, al mismo tiempo, honrar la regla fiscal. Hacerlo vuelve inocua la Regla fiscal: si el Gobierno puede decidir qué se cuenta  y qué no como gasto y déficit, que un Comité le diga de qué tamaño puede tener el déficit es una pérdida de tiempo”[30], así de sencillo. En opinión de Hopkins, “si midiéramos el déficit de este año con la misma métrica del pasado lo más probable es que haya crecido”[31]. De acuerdo con ANIF, el déficit fiscal de este año estará alrededor de – 4.2% (¡!), muy por encima del 2.4%, que se ha convertido en Mantra del Ministro carrasquilla.

La emisión de TES para pagar deudas es lo que se conoce en el argot financiero roll – over, que consiste en cambiar una deuda por otra, refinanciándola, la misma fórmula que utilizó en Argentina en su momento la Presidenta Cristina Kirchner y que la condujo al default que terminó en el “corralito”. Es lo más parecido al “jineteo” al que recurren los desesperados cuentahabientes en los bancos cuando se ven a gatas para cubrir los sobregiros. Esta es una forma de “patear la deuda”, como si fuera un balón, al futuro, pues al fin y al cabo no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague. Según Sergio Clavijo, Presidente de ANIF,  a este paso, “la deuda del Gobierno Nacional Central , como porcentaje del PIB, “estará pasando del 44% en 2014 hacia el 54% del PIB en 2022 (o a niveles superiores), el tener en cuenta la emisión de TES para pagar deudas flotantes de la salud y de demandas a la Nación”[32], incluso sin contar las novedades del proyecto del Presupuesto del próximo año. Y, de contera, las vigencias futuras son del orden de los $102 billones, el 10% del PIB (¡!).

También se está contemplando, como afirma la revista Dinero, “echarle mano a unos dineros que hay sobre la mesa, un poco más de $5 billones del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (FONDES), recursos provenientes de la venta de ISAGEN”[33]. El truco consiste en que como el FONDES no hace parte del Gobierno Nacional, sino del sector descentralizado, esos recursos ya no irían  a financiar las concesiones de 4G, como se le prometió al país, sino que el Ministerio de Hacienda, en un pase de prestidigitación, los invertiría en empresas de servicios públicos estatales o mixtas, como las electrificadoras. Y, continúa la revista Dinero, “con esto el Gobierno intercambiaría acciones de las electrificadoras por bonos de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). Estos, si bien no son efectivo, entran a su portafolio como un ingreso que le permite cuadrar las cuentas. De esta manera se dispondría de los recursos de la venta de ISAGEN para financiar gasto corriente de la Nación”[34]. A juicio del ex ministro Perry, “el Gobierno juega con candela al maquillar las cuentas fiscales para ocultar la dura realidad. Si sigue por ese camino, en lugar de afrontar los problemas, nos dejaría sin recursos para la infraestructura pública que necesitamos”[35] y reitera que ello “pondría en riesgo la calificación de riesgo del país”[36]. Y este sería el peor escenario para la economía colombiana, que sigue en el atolladero y en medio de la turbulencia por la que está pasando la economía global por cuenta de los desvaríos de Trump.

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35.19-.Olimpo patronal, ¿sin patria?CRISTINA DE LA TORRE

Mientras la crema del establecimiento económico se dispone en Estados Unidos a volver al capitalismo social, legiones de nuestros empresarios perseveran en la pasión primaria de la ganancia particular, a costa de los más. En el país de Trump, 181 potentados revisan la práctica del beneficio exclusivo para los dueños de la empresa y proponen extenderlo a sus trabajadores, a la clientela y a la comunidad. Por instinto de conservación, sin duda, para salvar el capitalismo (como lo salvaron hace 75 años en Europa y Norteamérica con el Estado de bienestar), apuntan otra vez a una más justa distribución del ingreso y la riqueza.

17 sep 2019.- En Colombia, gruesas franjas del empresariado se acomodaron, sin lucha, a la apertura que sacrificó la industrialización. Y medran piponchas en el rentismo, en la especulación y el asalto al erario. Según Transparencia, 69 % de los hechos de corrupción corresponden al sector privado. Pero, manes de la glotonería, se muestran siempre insatisfechos. Les regalan los gobiernos, de oficio, tributos y ventajas para que abran puestos de trabajo. No los crean; antes bien, suprimen plazas.

Y se aferran a lo suyo: terratenientes improductivos; industriales que lo fueron y hoy depositan su dinero en paraísos fiscales y construyen, no fábricas, sino cientos de centros comerciales para llenarlos de mercaderías extranjeras, o lavan dólares; banqueros y usurpadores del ahorro pensional, todos a una, haciendo su agosto, mientras exigen y protestan sin cesar en su muro de lamentaciones. Dicen clamar por la diversificación de exportaciones, pero ni ellos ni el Gobierno se preguntan cómo hacerlo sin un modelo de desarrollo industrial. En 1960, la industria registraba 39 % de participación en el PIB; hoy representa el 16,3 %.

Se queja la exministra Cecilia López de nuestra modorra para desarrollar la agroindustria, transformación industrial del campo tan prometedora para este país en el mercado mundial. Y es, apunta ella, porque latifundistas, ganaderos y señores feudales se le atraviesan a la reforma rural que lo permita. Prefieren ellos especular con la tierra. Así, ni se diversifican exportaciones ni florece el trabajo. Se diría que seguiremos, como en un sino fatal, condenados a exportar petróleo, carbón y productos agrícolas sin valor agregado, y a importar bienes de alta tecnología de los países ricos. Coartada de la primigenia doctrina liberal sobre división mundial del trabajo que nos condena sin remedio al subdesarrollo. Paraíso de banqueros e importadores, nuestro modelo será el del crecimiento sin empleo.

Versión doméstica —a caballo entre el atraso y audacias financieras de última generación— de la fórmula neoliberal que, víctima de sus excesos, hace agua. 50 personas controlan el 80 % de los activos financieros del mundo; y sólo 1.000 empresas, el 73 % del PIB global. Y es en sus entrañas donde se gesta el manifiesto de la Business Roundtable que clama por el viraje de marras, “para salvar el capitalismo, no para destruirlo”; antes de verse suplantado por su contrario: el 44 % de los llamados millennials dicen preferir el socialismo al capitalismo.

La suplantación podrá irradiar al patio trasero del imperio. Si nuestra élite empresarial no ejecuta aquel timonazo hacia el capitalismo social. Si no se allana a la libre competencia en condiciones de igualdad. Si no trueca el enriquecimiento ilícito, el abuso de poder y su democracia de mentirijillas por el respeto a la ley y la decencia. Si no potencia el desarrollo y asume como dirigencia con sentido de patria, al paso que el empresariado gringo se pellizca, el nuestro pasará a la historia signado con el mote que el analista Hernán Suárez le adjudica: lumpenburguesía.

https://www.elespectador.com/opinion/cristina-de-la-torr

 

  • 34.19.-Maromas Ponzi  del ministro Carrasquilla – JORGE IVÁN GONZÁLEZ
  • La elástica moral del ministro… y de otros–            CECILIA OROZCO
  • El concurso por la memoria – RODRIGO UPRIMNY

 Las maniobras financieras del italiano Charles Ponzi en los años 20 son el referente para caracterizar, entre otras operaciones, la de pagar viejas deudas con deudas nuevas. Los gobiernos fácilmente caen en la tentación Ponzi. Desde que comenzó la administración Duque, el ministro Carrasquilla ha mostrado habilidades especiales para hacer maromas Ponzi.

Optó por resolver los faltantes del presupuesto mediante la refinanciación de la deuda existente, y la emisión de nuevos créditos. Estas operaciones están llevando a aumentos de la deuda pública sin precedentes. El saldo de la deuda pública del sector público no financiero está alrededor de 57% del PIB. En 2012, el porcentaje era de 40,6%. Todo indica que el saldo de la deuda pública continuará creciendo.
La financiación a través de deuda ha sido el comodín para resolver los faltantes del presupuesto corriente y, además, para responder, en el corto plazo, a problemas financieros tan complejos como el déficit en salud, o el pago de sentencias que han fallado en contra del Estado.

La financiación a través de deuda es insostenible y refleja problemas estructurales que el gobierno no se atreve a resolver. La principal razón del aumento del peso de la deuda es sencilla: los impuestos se han ido rezagando frente a un gasto que continuará aumentando. La única manera de reducir la deuda es aumentando la tributación. No hay otro camino. Es ingenuo pretender que la brecha se va a cerrar con reducciones del gasto. Es inevitable que el gasto y la inversión pública continúen aumentando. En las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo se reconoce que los ingresos públicos, como porcentaje del PIB, van a disminuir en los próximos años. Y para que este escenario parezca menos dramático, el Marco Fiscal supone de manera ingenua que el gasto bajará. Como es muy probable que el gasto no disminuya, necesariamente habrá que recurrir a mayores montos de deuda. El efecto Ponzi se agudizará.

La deuda es un camino fácil que resuelve dificultades de corto plazo, pero que no responde a los problemas de financiación de naturaleza estructural. La deuda pública en la lógica de Ponzi debilita el orden financiero, y somete las prioridades presupuestales al vaivén errático de los movimientos de los capitales nacionales e internacionales. Esta afirmación es pertinente, tanto para la deuda interna como para la externa. Es clarísimo el impacto que tiene la devaluación del peso en el costo en pesos de la deuda pública. Estas dinámicas escapan al control de las autoridades nacionales, y generan choques inciertos que reducen el margen de maniobra del presupuesto. A medida que crece el peso de la deuda se tienen que reducir el gasto público en rubros tan importantes como la inversión. En 2018 el pago de intereses de la deuda fue de $28 billones, mientras que la inversión apenas fue de $14 billones. El espacio que ocupa la deuda en el presupuesto aumenta cuando se incluyen las amortizaciones.

Desde el punto de vista político se observan asimetrías claras en el proceso de aprobación del gasto y en la forma como se decide el manejo de la deuda. Mientras que las opciones de gasto pasan por el filtro del Congreso, las decisiones sobre el manejo de la deuda es un asunto discrecional del gobierno.
Las maromas Ponzi son peligrosas y en el mediano plazo terminan agravando los problemas financieros.

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/maromas-ponzi-2907773

34.19.-La elástica moral del ministro… y de otros –   CECILIA OROZCO

¿Quién se ha llevado mis datos?

La elasticidad moral que muchos tienen como norma de vida da para todo, inclusive para que quienes la estiran o encogen según lo requieran, se paren ante sus auditorios a pronunciar discursos de indignación por los escándalos de corrupción y, simultáneamente, sean corruptos en su vida cotidiana y corrompan a otros con actos que no merecen la menor autocensura porque, practicados por ellos, sus familiares, sus amigos o sus aliados, quedan cubiertos con un manto de santidad: una especie de varita mágica que convierte lo feo en bonito, lo malo en bueno y lo inadmisible, en indispensable para conseguir el fin que justifica cualquier medio.

Sí, se trata de la elasticidad moral que funciona de manera similar al fenómeno económico de acuerdo con el cual una variable modifica su ser, si otra variable también lo hace. Uno de los descubrimientos del presidente Duque, estrella de su gabinete por su inteligencia, hiperpreparación académica y juventud, es Jonathan Malagón, ministro de la cartera de Vivienda.

 Sin embargo, una investigación periodística de la reportera Juliana Ramírez, de Noticias Uno que pasó semidesapercibida por la información, en la misma emisión, sobre el retiro de este noticiero, del Canal 1, demuestra con puntos, comas y otras signos que el brillante Malagón llamado a ascender al cielo de los genios, incurrió en presunta falsedad intelectual en un escenario pulcro por naturaleza: la academia.

Falsedad intelectual, en el caso concreto de Malagón, por la apropiación de partes de textos y gráficos “de elaboración propia” en su tesis de doctorado de la Universidad de Tilburg, Holanda, que fueron tomados de textos de otros autores, pasó sin tropiezo por el filtro de su elasticidad moral: no hubo cuestionamiento alguno en la conciencia del doctorando ni, al parecer, en las de unos de sus jurados que se irritaron antes de la inminente publicación de Noticias Uno, e intentaron detenerla tal como lo hizo la propia estrella, el ministro Malagón, por interpuestos personajes.

El ministro de Vivienda tiene tan solo 35 años. En estado de pureza conductual, diría uno por su corta edad y dedicación al estudio. Pese a su escaso lapso de vida en este planeta, Malagón cuenta, de acuerdo con su currículum oficial, además del doctorado en Tilburg, con dos pregrados (en Economía y Administración de Empresas); y dos maestrías (en Política Económica y en Finanzas). Y, por si fuera poco, ha ejercido, simultáneamente con su carga universitaria, sus profesiones en organizaciones de éxito como Asobancaria y Fedesarrollo. Un esfuerzo descomunal. El doctorando presentó su tesis de grado en Holanda en diciembre de 2017, en una ceremonia formal ante cinco jurados de la mayor credibilidad. Pasó, sin problemas, y recibió su diploma de mayor peso. Pero la juiciosa reportera de Noticias Uno encontró, en el escrito que Malagón presentó en Tilburg, párrafos enteros y cerca de 30 gráficos exactos a tesis de grado de al menos tres de sus amigos y subalternos, publicados en fechas anteriores a la suya (ver): dos, del año 2016, una de junio de 2017. Los tres afectados le deben a Malagón no solo amistad: también agradecimiento porque les ha dado la mano en sus estudios y en sus puestos de trabajo.

La explicación del ministro es elástica: en privado, afirmó que los textos de sus exalumnos fueron publicados con posterioridad al suyo. Oficialmente, aseguró que él, los tres estudiantes, y uno más que él mencionó – y que Noticias Uno no tenía en el radar de su investigación-, escribieron “en conjunto” los documentos examinados por la periodista. No obstante, resulta completamente inusual, en el rigor que exige la academia mundial, que ni en los escritos de los estudiantes ni en el del ministro, haya citas de autoría original o, siquiera, de coautoría. A la vista están las tesis, las fechas, los párrafos y los textos copiados de uno a otro texto. Falta por revisar con mayor detenimiento esos documentos y, tal vez, nos llevemos más sorpresas. Como sea, la elasticidad moral del ministro y sus admiradores importantes o comunes le dio vía libre a su “copialina” con efectos profundamente diferentes entre Bogotá y la ciudad holandesa Tilburg: aquí, Noticias Uno fue censurada por funcionarios gubernamentales y economistas prestantes, por “amarillista” y por “querer destruir una vida de esfuerzos”.

 En Tilburg, la universidad acaba de anunciar en su página oficial que “ha tomado nota de los informes de plagio en la tesis doctoral del doctor Jonathan Malagón”. Y añade que “está tomando en serio estos informes y llevando a cabo una investigación objetiva para decidir los pasos a seguir”. Por su parte, la Universidad de Columbia, en donde el ministro obtuvo una maestría, dijo, en comunicación escrita, que examina “muy seriamente el caso, y (que) emprenderá las acciones debidas”. La moral elástica de este país no existe en otras latitudes. Así somos.

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34.19.-El concurso por la memoria  RODRIGO UPRIMNY

El director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Darío Acevedo, anunció que los informes del CNMH sobre las atrocidades de nuestro conflicto armado serán ahora elaborados por investigadores seleccionados por concurso por Colciencias.

No hay nada objetable en que la elaboración de algunos informes del CNMH siga ese procedimiento, pues puede permitir que nuevos investigadores se vinculen, en forma transparente, al esclarecimiento de la verdad sobre nuestra guerra. Pero el anuncio de Acevedo es problemático al menos por tres razones.

Primera, porque lo usó para deslegitimar la labor previa del CNMH, en especial su informe general “¡Basta ya!”, por ser supuestamente sesgado ideológicamente, pues habría sido elaborado por un “pequeño grupo de intelectuales que no representan el amplio espectro de investigadores nacionales”. Acevedo plantea que gracias a Colciencias no habría ahora la “intervención de intereses ideológicos, políticos o religiosos en la selección y desarrollo” de los nuevos informes del CNMH.

El mensaje subyacente es entonces que los informes previos del CNMH, y en especial “¡Basta ya!”, no merecen credibilidad, pues fueron elaborados con sesgos ideológicos e intereses políticos.

Estoy en contra del amiguismo en las instituciones, por lo cual soy favorable a los concursos de méritos, pero el ataque de Acevedo es injustificado. Es obvio que Acevedo y otros pueden cuestionar los informes anteriores del CNMH, y ese debate es bienvenido. Pero deben hacerlo a partir de sus méritos o defectos intrínsecos, como la solidez de sus fuentes, de su marco teórico o de la coherencia de sus análisis. No generando un manto de sospecha sobre sus motivaciones por no ser obra de investigadores seleccionados por Colciencias. Con ese criterio, cualquier investigación de Fedesarrollo o del CEDE de los Andes sería cuestionable, pues sus investigadores tampoco fueron seleccionados por Colciencias. Eso es absurdo: existen investigaciones excelentes elaboradas por personas que no fueron seleccionadas por concurso, mientras que existen pésimos informes de proyectos escogidos por Colciencas, que dicho sea de paso no es que tenga los procesos más idóneos y transparentes de selección.

Segunda, por consistencia: si la idea es que haya selección por concurso para evitar supuestos sesgos ideológicos, Acevedo debería promover que el nombramiento del propio director del CNMH se haga por un procedimiento semejante, y no a dedo por el presidente, puesto que también puede haber sesgos en la selección de los temas que serán investigados, que es competencia del director. En una columna pasada propuse un esquema semejante, pues creo que fue un error de diseño institucional del CNMH dejar el nombramiento de ese director al presidente, pues tiende a politizar el debate sobre la memoria, como precisamente lo hace Acevedo.

Finalmente, porque este mecanismo desnaturaliza al CNMH, que no es un centro investigativo ordinario y menos aún un simple tramitador de proyectos académicos. Es una entidad que realiza una labor de memoria en beneficio y en articulación con las víctimas de las atrocidades de esta guerra, que Acevedo no reconoce. Y por eso el CNMH tiene deberes y garantías especiales, como que sus investigadores tienen inmunidad judicial por sus afirmaciones en los informes. Todo eso se pierde con la decisión de Acevedo, con lo cual surge esta duda: ¿no estará el director del CNMH volviendo irrelevante a la institución que dirige, en vez de articularla con la Comisión de la Verdad, con el fin de cumplir su deber de memoria con las víctimas?

Posdata. Por transparencia, aclaro que participé sin remuneración en la discusión y elaboración de algunos informes del CNMH, en particular en “¡Basta ya!”.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

https://www.elespectador.com/opinion/rodrigo-uprimny

  • 3319.-El mercado del café funciona mal– OSCAR GUTIÉRREZ
  • Eutanasia de ‘Noticias Uno’– VLADDO

Carta abierta a los presidentes de los países productores de café.

El próximo 25 de septiembre, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas se llevará a cabo la reunión “Acciones conjuntas para enfrentar la crisis del precio internacional del café que permita su producción sostenible”.

Empecemos pidiendo que Dios los ilumine y bendiga esta reunión, puesto que el destino de veinticinco (25) millones de familias será afectado por sus decisiones.

1 sep 2019.- En 1983, la Organización Internacional del Café, OIC, integrada por los países consumidores y por los países productores tomó la decisión de fijar un precio internacional del grano de entre US$1,20 y US$1,40 la libra. Se recogían los costos de producción y una adecuada tasa de ganancia. Seis años después, ante la adopción de las políticas de libre mercado, los precios cayeron hasta US$0,50 la libra. De ahí en adelante, salvo muy cortos periodos, los ingresos de los caficultores han estado por debajo de sus costos de producción y bastante lejanos de ser remunerativos. A precios constantes, la libra debería estar entre US$3,17 y US$3,70. Hoy se negocia, en la bolsa de Nueva York, a precios por debajo de un (1) dólar/libra.

El modelo actual de negocio está basado en precios para los productores, determinados por la cotización internacional del café en bolsas en las que predomina la especulación, haciendo que los precios sean artificiales; lo anterior porque grandes especuladores venden millones de sacos de café sin producir un solo grano creando un suministro artificial lo que hace que el modelo sea, de antemano, imperfecto y viciado.

Esta realidad tiene graves implicaciones en las naciones productoras. Millones de familias padecen hambre y miseria; pulula el trabajo infantil; quiebran -por los bajos precios- millares de empresarios, y poblaciones enteras que derivan del café el sustento principal, sufren graves crisis económicas y sociales. Mendicidad, prostitución, ladronismo, conflictos familiares, narcotráfico y violencia de bandas criminales, crecen por doquier. Centenares de familias venden sus predios y se ven obligados a emigrar hacia Estados Unidos y la Unión Europea. Son conocidas las dolorosas historias de centenares de miles de centroamericanos obligados a expatriarse. Esta situación se ha tornado insoportable para millones de caficultores.

Hace un año, el presidente de Honduras, en la Asamblea General de Naciones Unidas señaló: «Los productores de café están recibiendo un precio por debajo de sus costos lo que los lleva a la pobreza extrema», recientemente el Doctor Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México (Sader) propuso: “a los países integrantes de la Cumbre de Tuxtla crear una instancia que participe e influya en las decisiones globales para fijar el precio internacional del café”. Afirmaciones hechas en el II Foro Mundial de Productores de Café, por el gerente de la Federación de Cafeteros de Colombia, señalando que los precios deberían ser, mínimo, de US$ 2 dólares/libra, permiten concluir que se hace urgente crear una organización de países productores que:
(1) Defina reglas de exportación del café con precios que recojan los costos de producción y garanticen sostenibilidad económica de los caficultores, y respeto a los consumidores.
(2) Fomente el consumo de café en todo el mundo para generar riqueza para todos.
(3) Tener inventarios estratégicos en los países productores, que aseguren abastecimiento continuo, de tal forma que mitiguen las oscilaciones del precio en caso de que ocurran eventos climáticos adversos y,
(4) Planear, la producción mundial, de acuerdo con crecimiento/aumento del consumo.
La organización deberá estar integrada por naciones productoras, y buscará que las multinacionales remuneren el trabajo de los caficultores con precios dignos y estables.
Señores presidentes, ayuden a las comunidades de caficultores a construir un mundo mejor, ese es el camino que nos da esperanza y dignidad.

Dignidad Cafetera y Dignidad Agropecuaria Colombiana
Associação dos Cafeicultores do Brasil
Asociación de Grupos Asociativos Cafeteros de Colombia

Septiembre 1 de 2019

Hola, buenas noches, cordial saludo

Te adjunto un link a la entrevista concedida al amigo Carlos Alape de la.ciudad de Manizales. Invito a verla y difundirla, de ser posible.

Cordialmente

Oscar Gutiérrez Reyes

Planteamientos de Óscar Gutiérrez , director ejecutivo de Dignidad Cafetera y Dignidad Agropecuaria , al gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros , Roberto Velez. Los hizo después de una conversación sostenida con el Dr. Vélez en Manizales este sábado 7 de septiembre.

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33.19.-Eutanasia de ‘Noticias Uno’ – VLADDO

3 sep 2019.- La inminente salida del aire de Noticias Uno es uno de esos hechos que uno nunca quisiera registrar, pues cada vez que un medio se cierra la democracia se debilita un poco. Más allá de sus posturas políticas o de su enfoque editorial, los medios tienen un papel muy importante en la supervisión, el seguimiento y el control del poder en todas sus instancias: el poder estatal, el eclesiástico, el económico, etcétera.

Ahora bien, en el caso de Noticias Uno se conjuga una serie de factores que dejan muy mal sabor. Para empezar, resulta muy complicado explicar cómo o por qué el Canal Uno resuelve prescindir de la joya de la corona, pues este noticiero ha sido reconocido en múltiples ocasiones como el mejor espacio informativo de la televisión nacional. Se aducen razones económicas, pero a mí la lógica me indica que si la idea es buscar publicidad, no tendría mucho sentido deshacerse del mejor producto, el más premiado de dicho canal.

En estrecha relación con lo anterior, se habla también del bajo rating, sin tener en cuenta que en muchas ocasiones la respuesta de la audiencia va por un lado y la calidad –que debería ser lo importante– va por el otro; así se deduce al revisar los numerosos galardones obtenidos por este noticiero. A lo mejor soy muy iluso, pero tratándose de un servicio fundamental como la información, creo que la poca sintonía no debería ser sinónimo de guillotina; máxime en este caso, cuando hablamos del trabajo de un equipo serio, riguroso y comprometido. Sería de esperar que en estos tiempos de falsas noticias, los propietarios de empresas periodísticas hicieran hasta lo imposible por garantizar el buen funcionamiento de los medios y la autonomía de sus reporteros.Es difícil explicar por qué el Canal Uno resuelve prescindir de la joya de la corona, pues Noticias Uno ha sido reconocido en múltiples ocasiones como el mejor noticiero de la televisión

Desde luego, no todos pensamos lo mismo y con frecuencia hemos visto cómo destacadas figuras del Gobierno y reconocidos copartidarios el presidente de la República han adelantado una perversa campaña de estigmatización en contra de Noticias Uno y de sus accionistas; en particular de Daniel Coronell, a quien no bajan de mafioso. Y la cosa no se ha quedado solamente en los dirigentes del Centro Democrático, ni entre los ‘furibistas’ más radicales ni en los corrillos del Congreso, sino que ha trascendido a una buena parte de sus militantes, que, inspirados en sus líderes, constante y sistemáticamente intentan minar su credibilidad. A este hecho se suma el acoso judicial del cual han sido objeto no solo las directivas del noticiero, sino varios de sus reporteros, situación que sin embargo no ha logrado doblegarlos.

Como si eso no fuera suficiente, la campaña de desprestigio logró permear a no pocos líderes gremiales y empresariales que en su afán de curarse en salud optaron por mantenerse a distancia de todo lo que oliera a Noticias Uno. Otros dirigentes menos tolerantes fueron más lejos y en encuentros informales o en los mentideros de los clubes sociales hablaban muy negativamente del informativo, al que denominaban “el noticiero guerrillero” o “terrorista”. Sobra decir que tales comentarios no contribuyen propiamente a aumentar la pauta ni a generar respaldo para ningún medio.

Otra extraña circunstancia en esta eutanasia informativa es la decisión del Canal Uno de sacar el noticiero del aire y cesar sus operaciones en forma precipitada. Pese a que el gerente, Jorge Acosta, dio a entender que Noticias Uno seguiría en pie hasta el próximo 31 de diciembre, es casi un hecho que la fecha límite será el 30 de septiembre, justo unos días antes de la indagatoria de Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia.

Más allá de que se trate de una simple coincidencia o de que yo hile muy delgadito, lo cierto es que ese día el país se quedará sin un referente histórico de buen periodismo y, ante todo, de independencia.

puntoyaparte@vladdo.com https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/vladdo/la-eutanasia-de-noticias-uno-columna-de-vladdo-408420

  • 19.-El comandante del Ejército tiene la palabra– PATRICIA LARA
  • Control fiscal: la roca de Sísifo– CRISTINA DE LA TORRE
  • Dos Marquetalias– TATIANA ACEVEDO 

Comandante del Ejército general Nicacio Martínez

En su artículo de portada, la revista Semana reveló apartes del pliego de cargos de la Procuraduría contra el general Eduardo Quirós, antes al mando del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (Cacim), y contra su segundo, el teniente coronel William Roberto Medina. Allí se establece que ellos lideraron una persecución dentro del Ejército para determinar, mediante interrogatorios y prácticas de polígrafo, qué militares les suministraron a The New York Times y Semana las informaciones sobre directrices establecidas en el Ejército que podían conducir de nuevo a la criminal práctica de los falsos positivos y que, enhorabuena, fueron retiradas de la institución, así como quiénes habían cometido actos de corrupción dentro de ella. Es decir que, para ellos, lo malo sería no que esos crímenes y delitos se produjeran, sino que se supieran. 

30 ago 2019.- Sin embargo, lo que es más grave es que en sus testimonios queda claro que la orden para realizar esas operaciones de consecución de información se las dio el comandante del Ejército, quien ha negado sistemáticamente que esa “cacería” se haya producido.

Dice Semana que “los oficiales tendrán que enfrentar un proceso señalados de cometer ‘faltas gravísimas’, que implican una sanción de más de diez años”.

¿Y qué proceso tendría que enfrentar el que dio la orden, que todo parece indicar habría sido el jefe del Ejército, si además se tiene en cuenta que él le habría mentido al país?

Como afirmó un editorial de El Espectador, “esta situación es gravísima y las respuestas del Ejército y el Ministerio de Defensa no pueden ser sus usuales evasivas”.

Pero así han sido, por lo menos hasta ahora, pues el Comando del Ejército se ha limitado a publicar un comunicado en el que no desmiente lo dicho por Semana y en el que agrega que, a partir de las publicaciones, “se efectuaron (…) las acciones administrativas pertinentes, con el propósito de esclarecer las circunstancias [… y] los responsables de las presuntas irregularidades”, y en el que se insta a los medios y a las autoridades a respetar la reserva legal de las investigaciones.

El Comando del Ejército se equivoca en materia grave en su forma de afrontar esta gravísima situación, no solo por hacerse el loco ante semejante denuncia que afecta directamente a la cabeza de la institución, sino por creer que los periodistas debemos silenciar informaciones obtenidas de los procesos. ¡No, señores! Al contrario. Nuestro deber es divulgarlas. Investigarlas hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga. Y, en este caso, quien tendría que caer sería el comandante del Ejército, a no ser que él pueda demostrar que lo dicho a la Procuraduría por el general Quirós y el teniente coronel Medina es falso.

Y, a todas estas, ¿qué opinan del caso los jefes inmediatos del comandante del Ejército: el ministro de Defensa y el presidente?

Porque después de tantos cuestionamientos, la moralidad de varios miembros de esa importante institución está en entredicho. Y ahora, al estarlo también la credibilidad del comandante del Ejército, si el ministro y el presidente no hacen que se aclaren las cosas o no actúan en consecuencia en caso de que no puedan aclararse, estaría también en entredicho la credibilidad de la institución como un todo. Y, de paso, la de la política de legalidad que, con tanta insistencia, enarbola como bandera de su gobierno el presidente Duque.

Ahora, el general y sus jefes tienen la palabra…

www.patricialarasalive.com@patricialarasa                              https://www.elespectador.com/opinion/patricia-lara-salive

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32.19.-Control fiscal: la roca de Sísifo – CRISTINA DE LA TORRE 

Va aprobando rauda, complacida, la reforma de control fiscal que el contralor Felipe Córdoba propone. A sólo dos debates pendientes, la aplanadora parlamentaria acogerá medidas para prevenir el riesgo de asalto al erario, pero asegurándose de que naufraguen en las contralorías regionales. Conocedoras imbatibles de las artes que conducen al robo de los recursos públicos, estas mayorías de la politiquería se avienen a mecanismos de advertencia anticipada en contratos con el Estado, mas no tocan las cuevas de Alibabá donde éste pierde $55 billones al año y recupera la migaja del 0,4 % del saqueo.

26 ago 2019.-  “El parágrafo (que mantiene las Contralorías) fue construido con el Congreso, no por la Contraloría”, le confiesa Córdoba a Yamid Amat, “y yo respeto la autonomía del Congreso”. Extenuante debió de ser el muñequeo con este megapoder de la venalidad, que por enésima vez canta victoria. Para no mencionar el reparto de puestos a los honorables entre los 1.670 nuevos cargos que el contralor estima necesarios para tecnificar la entidad y darle la eficacia que le falta.

Podrá el funcionario dotarla de especialistas, podrá vigilar en tiempo real y sumar al control posterior el de advertencia contra el pillaje, pero quedará montado el aparato que sostiene el modelo yo te elijo-tú me vigilas, fuente viva de corrupción. De las 32 contralorías departamentales, sólo dos presentan riesgo moderado de corrupción; la abrumadora mayoría ofrece riesgo alto o muy alto, dice Transparencia. Elocuente el caso del contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, apresado esta semana por encabezar una red de alcaldes y funcionarios que traficaba fallos contra dinero, puestos, contratos y bienes muebles e inmuebles.

Su riqueza alcanzó $13.000 millones en un suspiro. Botón de muestra que confirma la regla: el mandatario elegido paga sus votos con puestos y contratos; concejales o diputados nombran a sus respectivos contralores, que reciben canonjías por engavetar hallazgos fiscales en la contratación. Las contralorías son instrumento privilegiado de la repartija entre partidos: es el modelo político.

Si la ley no modula la reforma en ciernes, si no elimina las contralorías regionales, Córdoba verá impotente el efecto contrario al que dice buscar: su reforma agudizará la politización de la entidad y la recuperación de las billonadas perdidas será un sueño. Ojalá el control de advertencia no derive en coadministración, en cuya virtud podrían los funcionarios de la Contraloría (y los políticos que los avalan) usar su poder de veto para negociar coimas con los contratistas del Estado, so pena de paralizar proyectos.

Siempre uñón, impúdico, se apresura el Consejo Gremial a proponer la creación de un consejo asesor público-privado, dizque para acompañar a la Contraloría en estos menesteres. No creo que el contralor general deba tener una junta directiva para ejercer el cargo que la Constitución y la ley le confían, replicó al punto Felipe Córdoba. Esa no es función de los gremios que, además, “son sujeto de control porque algunos de ellos administran recursos públicos. La Contraloría es un órgano autónomo (…) los gremios existen para defender intereses privados; la Contraloría, para velar por el interés público”.

En la trágica disyuntiva de escoger entre dos males (la clase política y el gran empresariado), se inclinó el contralor por la primera. Mas no todo se ha perdido: si no fuera dable suprimir las contralorías regionales, que se escojan los contralores por concurso de méritos, público, monitoreado por académicos de las más altas calificaciones éticas y profesionales. No más empujar la roca cuesta arriba, condenados, como Sísifo, a verla rodar de nuevo para reemprender eternamente la faena.

https://www.elespectador.com/opinion/control-fiscal-la-roca-de-sisifo-columna-877906

32.19.-Dos Marquetalias – TATIANA ACEVEDO 

Manuel Marulanda (derecha) e Iván Márquez (segundo izquierda)

“Los abajo firmantes nos hemos tomado la libertad de dirigir al primer magistrado de la Nación la presente carta abierta, donde exponemos, en líneas generales, los problemas y peligros que se ciernen sobre el basto campesinado de estas regiones, para que el señor presidente, si es que puede, conjure, o trate de conjurar”. Así comenzó la carta abierta de “los colonos y campesinos de Marquetalia”, dirigida al presidente León Valencia el 20 de mayo de 1964 (solo siete días antes de la operación Soberanía, en la que el Ejército bombardeó los campamentos).

La carta de cuatro páginas no solo nos permite entender un poquito más sobre los primeros años de la lucha guerrillera y sobre el Frente Nacional. También es un documento que nos invita a desterrar una de las frases de cajón más nacionales: la que supone que la formación de guerrillas responde a una “ausencia del Estado”. En primer lugar, colonos y campesinos hablan de cómo contaban con escuelas que fueron cerradas por el Ejército. Es decir, cómo un cuerpo del Estado impidió que funcionara un servicio público: “para que el señor presidente tenga una idea general de nuestros problemas, en nuestra región no hay escuelas (…) fueron suprimidas por el Ejército para convertirlas en cuarteles”.

En segundo lugar, cuentan cómo están recibiendo préstamos oficiales para agricultura. “Agregamos que a pesar de lo accidentado de los terrenos, estas son regiones cafeteras y producimos fríjol, maíz, panela”, dicen en los primeros párrafos. “Estos productos tienen un valor anual que pasa de los $50 millones y en los últimos tiempos hemos sido favorecidos con los préstamos del Banco Cafetero y otras entidades… con ellas tenemos compromisos que debemos cumplir”. Por último, los propios habitantes de Marquetalia reconocen la contradicción entre un Estado con unas agencias que los eliminan y otras que deciden ignorarlos. “La mayoría de nosotros somos gentes palúdicas”, cuentan, “porque el Estado nos tiene abandonados y el Gobierno nos persigue para exterminarnos en estas tierras de trabajo que hemos elegido como nuestro último refugio”.

En aquel mayo del 1964, campesinos y colonos se definieron como “trabajadores campesinos amantes de la paz y del progreso del país”. El grupo que este agosto de 2019 se denominó como una segunda Marquetalia, liderado por combatientes que, pese a negociar la paz en La Habana, llevaban días por debajo del radar, está lejos de esta descripción. Sazonados en la diplomacia y los cálculos personales, los cabezas de la mentada disidencia no representan ni al grupo original, ni tampoco al recientemente desmovilizado. Estos últimos, cientos de hombres y mujeres que se la rebuscan día a día en la incertidumbre de la desmovilización, son el legado más genuino de la Marquetalia original.

Pero si la primera comunicación desde Marquetalia en 1964 nos reveló un Estado que sí hacía presencia —pero en sus empresas extractivas y militares—, la coyuntura del grupo de Iván Márquez nos revela a un Estado que también está presente. Está presente en la medida en que el uribismo, con todos sus matices, tiene cuotas y le da forma a toda burocracia local, regional y nacional. Está presente porque este uribismo, hoy esparcido en las agencias más importantes del Gobierno, nunca estuvo de acuerdo con el proceso de paz y diariamente toma la decisión de incumplir lo pactado. Está presente porque el Santos del Nobel negoció su presidencia con Uribe y esto hizo que su mandato no fuera del todo transformador de las prácticas cotidianas de fiscalías, entes económicos y cuerpos armados. Está presente en la medida en que puede evitar la mala hora de la gran mayoría de reinsertados (en el Caribe, Caquetá, el Guaviare, el Putumayo o el Cauca), que sí han cumplido y están en riesgo de muerte.

 

 

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