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ESTRADA Y NICOLAS BOURCIER

 Un magistrado considerado «parcial», un equipo de investigadores con métodos a veces ilegales, la intervención de Estados Unidos, y finalmente un escándalo estrepitoso: «Lava Jato», la operación anticorrupción que ha sacudido a Brasil durante siete años, sirvió a muchos intereses, pero no a la democracia.

8 abr 2021.- Hay algo podrido en el Reino de Brasil. Todo el país sufre una serie de crisis simultáneas, una suerte de tormenta perfecta: recesión económica, desastres ambientales, polarización extrema de la vida política, Covid-19… A esto hay que añadir el hundimiento del sistema judicial. Un trueno adicional en un cielo ya denso que sin embargo había sido cargado de esperanza hace siete años, cuando un joven magistrado de nombre Sergio Moro lanzó, el 17 de marzo de 2014, una vasta operación anticorrupción denominada «Lava Jato» ( “Express wash”), que involucra al gigante petrolero Petrobras, empresas constructoras y un número impresionante de líderes políticos.

De un solo golpe, se dijo, el demandante y su equipo de investigadores, apoyados por el poder judicial y los medios de comunicación, iba a limpiar y salvar Brasil, ¡por fin! Juzguemos: se han dictado 1.450 órdenes de aprehensión, se han presentado 533 autos de acusación y 174 personas condenadas. No menos de doce jefes o ex jefes de Estado brasileños, peruanos, salvadoreños y panameños han sido implicados. Y la colosal suma de 4.300 millones de reales (610 millones de euros) se recuperó de las arcas públicas de Brasilia. Incluso el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, adorado por una mayoría de opinión, no resistió la ola, hasta encontrarse tras las rejas.

Y luego, de repente, casi nada. En menos de dos meses, la extensa investigación colapsó como una explosión. A principios de febrero, el fiscal federal dejó estallar el anuncio del fin de “Lava Jato”, desmantelando con una frialdad que no se le conocía su principal equipo de fiscales. Luego, un juez de la Corte Suprema ordena el levantamiento de los cargos contra Lula. Quince días después, el 23 de marzo, fue el turno de la máxima corte brasileña de dictaminar que el juez Moro fue «parcial» durante su investigación.

Irregularidades y confusiones

La investigación anticorrupción más grande del mundo, como la llamó un magistrado de alto rango, se ha convertido en el mayor escándalo legal en la historia del país. Después de más de siete años de proceso, el corazón mismo de la justicia brasileña acaba de retractarse tanto en el fondo como en la forma, abriendo un abismo de interrogantes sobre sus métodos, sus medios y sus opciones.

Es cierto que el sitio de noticias The Intercept , creado por Glenn Greenwald, periodista estadounidense afincado en Río de Janeiro, y el multimillonario de Silicon Valley Pierre Omidyar, no ha cesado, en los últimos dos años, de señalar las irregularidades y errores. la investigación. Ciento ocho artículos publicados hasta la fecha, a su vez, han levantado el velo sobre los mensajes comprometedores intercambiados entre los fiscales y el juez Moro, arrojando una dura luz sobre los vínculos mantenidos, a veces fuera de cualquier marco legal, por los investigadores brasileños con agentes del Ministerio Público. Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ), o incluso subrayó el sesgo político algunos miembros del «Lava Jato», obsesionados con la idea de bloquear el Partido de los Trabajadores (PT). La muy seria e independiente Agência Publica, la agencia de periodismo de investigación, fundada en Sao Paulo por mujeres reporteras, también mostró cómo el proceso se vio empañado por irregularidades y numerosas confusiones. Después de estas deslumbrantes revelaciones, sin embargo, queda un fuerte gusto por lo inconcluso, la sensación de un juicio fallido y un lío ontológico para una investigación que quiso ser un modelo en su género.

Un miembro de la Comisión de Constitución y Justicia, el 2 de julio de 2019, blandía un diagrama con los mensajes enviados al Fiscal General Deltan Dallagnol y a los fiscales del grupo de trabajo operativo «Lava Jato» por el ex juez federal Sergio Moro, citado para explicarse a los diputados. MATEUS BONOMI / AGIF VÍA AFP

Para comprender estos sucesivos giros y vueltas, tenemos que remontarnos a los orígenes de esta telenovela político-legal. Establecer el marco y distinguir cómo sus principales actores han encontrado ayudas y un marco legal con juristas y personalidades influyentes primero en Brasil, luego con agentes de una administración norteamericana que desea continuar su labor de acercamiento con su gran vecino del sur.

Cuando asumió la presidencia de la República en 2003, Lula sabía que lo esperaban en el turno, especialmente en la lucha contra la corrupción.

Fueron necesarios meses de investigación, entrevistas e investigaciones para que el Mundo dibujara la otra cara de este escenario. Si algunas áreas permanecen en la sombra, algunos episodios de «Lava Jato» resaltan complicidades vergonzosas. Otros, por el contrario, revelan cómo ciertos jueces e investigadores se han aprovechado en ocasiones de su independencia -muy real- al servicio de un proyecto político, embarcándose en una carrera loca, estableciendo los motivos, los medios y las negaciones. «Fue como una pelota lanzada en un juego de bolos», admite, bajo condición de anonimato, un ex cercano al gobierno de Obama, responsable de los asuntos legales relacionados con Sudamérica. Un «juego» que se ha convertido en una trampa.

Cuando asumió el cargo de presidente de la República en 2003, Lula sabía que se esperaba que cambiara. Particularmente en términos de la lucha contra la corrupción, un viejo demonio en la vida política brasileña y uno de sus principales argumentos de campaña. Encomendó así a su nuevo ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, la tarea de reformar el sistema judicial, a la vez que aceptaba el nombramiento como responsable de la Fiscalía de un fiscal designado por sus pares, mientras que sus antecesores acostumbraban a elegir personas más complacientes. Con poder.

Los manifestantes exigen una fuerte acción contra la corrupción frente a la sede de la petrolera Petrobras en Río de Janeiro, 16 de diciembre de 2014. VANDERLEI ALMEIDA / AFP

Los manifestantes exigen una fuerte acción contra la corrupción frente a la sede de la petrolera Petrobras en Río de Janeiro, 16 de diciembre de 2014. VANDERLEI ALMEIDA / AFP

Una de las primeras traducciones concretas de este compromiso es la creación de cursos dedicados a la lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado. Sergio Moro será uno de los primeros jueces designados para presidir estos tribunales. Al mismo tiempo, se ha puesto en marcha una estrategia nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción con el supuesto objetivo de «facilitar los intercambios informales».dentro de la administración, y hacer más eficiente el examen de los casos. El joven magistrado radicado en Curitiba, encargado en el momento del caso Banestado, una investigación por lavado de activos dentro de un banco público regional, se encuentra entre los más fervientes seguidores de esta estrategia, que permite obtener con mayor rapidez aportes fiscales y patrimoniales. Información y compartirla con diversas autoridades, incluidas las extranjeras.

Miedo al terrorismo

Es cierto que, en el mundo de la cooperación judicial internacional, la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y el terrorismo ocupa un lugar especial. Tras los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos busca por todos los medios neutralizar futuros ataques, en particular apuntando a las redes financieras de estas organizaciones. Sin embargo, en Brasil, la inteligencia estadounidense está preocupada por la presencia, en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, de posibles células de Hezbollah, la organización apoyada por Irán y colocada durante mucho tiempo en la lista negra estadounidense.

La administración Bush busca incrementar la acción antiterrorista de Brasilia que, en ese momento, cortésmente se niega a hacerlo. Para sortear la frialdad de los funcionarios brasileños, que consideran que el riesgo terrorista es deliberadamente exagerado por Estados Unidos, la embajada estadounidense en Brasilia está tratando de crear una red de expertos locales, capaces de defender las posiciones estadounidenses «sin parecer Peones de Washington, para usar la frase del embajador Clifford Sobel en un telegrama diplomático estadounidense que Le Monde pudo consultar.

Sergio Moro, quien está colaborando activamente con las autoridades estadounidenses en el asunto Banestado, es entonces abordado para participar en un programa de citas financiado por el Departamento de Estado. Acepta. En 2007 se organizó un viaje a Estados Unidos, durante el cual realizó una serie de contactos dentro del FBI, el DoJ y el Departamento de Estado, es decir, Relaciones Exteriores.

En dos años, la Embajada de los Estados Unidos en Brasilia ha establecido una red de magistrados y abogados convencidos de la relevancia del uso de técnicas americanas.

La Embajada de los Estados Unidos busca aprovechar su ventaja. En su afán de estructurar una red alineada con sus orientaciones dentro de los círculos legales brasileños, crea dentro de ella una posición de asesor legal o asesor legal residente. La elección recayó en Karine Moreno-Taxman, fiscal especializada en la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo.

Desde 2008, este experto viene desarrollando un programa denominado “Projeto Pontes” que, bajo el pretexto del apoyo a las necesidades de las autoridades judiciales brasileñas, organiza cursos de capacitación que les permiten apropiarse de los métodos de trabajo estadounidenses (grupos de trabajo anticorrupción). , su doctrina jurídica (confesiones premiadas, en particular), así como su deseo de compartir información de manera “informal”, es decir fuera de los tratados bilaterales de cooperación judicial.

La embajada está aumentando el número de seminarios y reuniones con jueces, fiscales y altos funcionarios especializados, centrándose en los aspectos operativos de la lucha contra la corrupción. Sergio Moro participa como ponente. En el espacio de dos años, el trabajo de Karine Moreno-Taxman da sus frutos: la embajada constituye una red de magistrados y abogados convencidos de la relevancia del uso de las técnicas americanas.

En noviembre de 2009, el asesor legal de la embajada fue invitado a hablar en la conferencia anual de agentes de la policía federal brasileña. El encuentro se lleva a cabo en Fortaleza, una ciudad costera y sin encanto en el norte de Brasil, donde cerca de quinientos profesionales del mantenimiento del orden, la seguridad y la ley están invitados a debatir sobre el tema de «la lucha contra la impunidad».

«En un caso de corrupción, hay que correr detrás del ‘rey’ de manera sistemática y constante para derribarlo», según el asesor legal de la Embajada de Estados Unidos en Brasilia.

Sergio Moro está ahí, presente desde la primera hora de la conferencia. Incluso es él quien abre los debates, justo antes de ceder la palabra al representante norteamericano. Visiblemente en buena forma, el juez de Curitiba se lanza citando al ex presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, luego ataca desordenadamente los delitos de cuello blanco, la ineficiencia y las fallas de una justicia brasileña enferma, según él, de un sistema de «recurso infinito» demasiado favorable a los abogados defensores. Pide una reforma del código penal, destacando el hecho de que las discusiones en esta dirección se están llevando a cabo al mismo tiempo en el Congreso de Brasilia. Aplausos en la sala.

Frente a la audiencia, la Sra. Moreno-Taxman toma asiento. Habla en un tono mucho menos seco y serio que su predecesor, pero igual de directo: “En un caso de corrupción , dice, hay que correr detrás del “ rey ” de manera sistemática y constante para derribarlo. « Más explícito: » Para que el poder judicial a alguien convicto por corrupción, es necesario que las personas odian esa persona. « Finalmente esto: » La empresa debe sentir que se ha abusado de su posición de verdad y exigir su convicción. « De nuevo aplausos de la audiencia.

El nombre del presidente Lula, enredado en el escándalo del “Mensalao” (“gran pago mensual”), el asunto de los sobornos y la compra de votos en el Congreso, revelado en 2005, no se menciona en ningún momento. Aunque esté presente en la mente de todos, nadie imagina entonces que este último se convertirá en «el rey» designado por la Sra. Moreno-Taxman. Sin embargo, eso es lo que sucederá.

Espionaje ilegal

Por ahora, el gobierno de Petist no ve nada por venir. Tres meses después de la reunión de Fortaleza, en lugar de realizar una reforma política para acabar con el financiamiento ilegal de las campañas electorales, prefiere dar promesas a la opinión pública presentando un proyecto de ley anticorrupción. De este modo, espera responder a las críticas recurrentes desde que el PT llegó al poder y ganar influencia en el escenario internacional cumpliendo en particular con los estándares de la OCDE, donde el grupo de trabajo contra la corrupción (Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Soborno en Transacciones Comerciales Internacionales), fuertemente influenciado por Estados Unidos, está presionando a Brasil para reformar su legislación en esta área.

Sergio Moro, por su parte, asume una posición pública con el fin de endurecer las penas previstas en el proyecto de ley y asegurar la adopción de las confesiones premiadas como instrumento legal válido. El que ahora se ha convertido en una de las figuras del debate brasileño sobre cuestiones de blanqueo de capitales utiliza métodos rayanos en la legalidad: usurpación de las prerrogativas de la fiscalía, instrucción de órdenes de prisión preventiva a pesar de la oposición de las autoridades superiores, escuchas telefónicas de abogados o personalidades con parlamentarios. inmunidad, lo que despierta la desconfianza de algunos de los magistrados.

«Los delitos vinculados al poder son por naturaleza, dada la posición de sus autores, difíciles de probar mediante prueba directa», de ahí «la mayor elasticidad en la aceptación de la prueba por parte de la acusación»

Sin embargo, el magistrado de Curitiba fue designado, a principios de 2012, juez asistente de Rosa Weber, magistrada recientemente elegida de la Corte Suprema. Esta última, especialista en derecho laboral, quería contar con un experto en derecho penal que pudiera apoyarla en el juicio final del «Mensalao». Sergio Moro escribirá así en parte la controvertida decisión del juez sobre este caso. «Los delitos vinculados al poder son por naturaleza, dada la posición de sus autores, difíciles de probar mediante prueba directa» , de ahí, especifica el texto, «la mayor elasticidad en la aceptación de la prueba por parte de la acusación». Un precedente que será llevado al pie de la letra por el juez y por los fiscales de «Lava Jato» en el momento de la acusación y la condena de Lula.

El proceso se puso en marcha en 2013. Los parlamentarios brasileños, que llevan tres años debatiendo el proyecto de ley anticorrupción, deciden votar a mediados de abril. Para verse bien frente al grupo de trabajo de la OCDE, incluyen la mayoría de los mecanismos previstos en una ley estadounidense, de la que se empieza a hablar en los círculos empresariales: la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Creada en 1977 a raíz de Watergate, el principal objetivo de esta ley era combatir los actos de corrupción de empresas estadounidenses en el exterior imponiéndoles sanciones económicas. Hasta el final de la Guerra Fría, esto rara vez se aplicó. Todo cambió en la década de 1990. La administración Clinton comenzó a reformar la FCPA, que iría de la mano con la adopción de una convención anticorrupción dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el fin de «multilateralizar el efectos «, según un telegrama de la Embajada de Estados Unidos a esta última.

Es el criterio de competencia de la ley el que detona: cualquier empresa que tenga alguna vinculación con Estados Unidos y que haya pagado a un funcionario extranjero por motivos de corrupción puede ser objeto de acusación. Se entiende por vínculo el tránsito de fondos a través de una cuenta bancaria estadounidense, o la transmisión de un correo electrónico cuyo servidor se encuentra en suelo estadounidense.

De hecho, casi todas las empresas del mundo están expuestas a la ley, incluidas las que compiten con empresas estadounidenses por contratos importantes, como la venta de armas y equipos, la construcción y los servicios financieros. Este desarrollo conducirá a un aumento de las sanciones vinculadas a la implementación de la FCPA: de unos pocos millones de dólares en la década de 1990, pasamos a varios miles de millones en la década de 2010. Y en este contexto, América Latina en general y Brasil en particular será de interés para los fiscales del Departamento de Justicia.

Infracciones del reglamento

Estos últimos, que dependen del poder ejecutivo, aunque se les considera «autónomos» del resto de la administración estadounidense, saben que la próxima implementación de la ley anticorrupción brasileña les permitirá sancionar a las empresas brasileñas de acuerdo con la ley. FCPA. En noviembre de 2013, con motivo de la Conferencia FCPA, la reunión anual de personalidades del mundo jurídico estadounidense, el fiscal general adjunto del DoJ, James Cole, anunció que el jefe de la unidad FCPA del ministerio de Estados Unidos hará el viaje a Brasil en el velatorio, con el fin de «capacitar a los fiscales brasileños» en el uso de la ley.

James Cole, Fiscal General Adjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en 2013. Promovió la capacitación de fiscales brasileños en la ley FCPA. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES A TRAVÉS DE AFP

Unos meses antes, Sergio Moro retomó un antiguo asunto de blanqueo de capitales, vinculado al “Mensalao”, que había dejado tirado desde 2009. Se trata de las relaciones de varios intermediarios corruptos (Carlos Chater y Alberto Youssef), con José Janene, miembro del Partido Progresista (partido de derecha y apoyo de la coalición de gobierno). El juez de Curitiba está interesado en las inversiones de los dos empresarios de la empresa Dunel Industria, realizadas a través de las cuentas bancarias de una estación de servicio denominada “Posto da Torre”, en Brasilia. A pedido del Sr. Moro, Chater recibe escuchas telefónicas de julio a diciembre de 2013: el objetivo es averiguar si estas inversiones se utilizan para enmascarar posibles actos de lavado de dinero a favor del Sr. Janene.

Es al hacer el vínculo entre Dunel Industria, con sede en el Estado de Paraná, y la gasolinera, por la que pasan grandes sumas, incluso para ciertos ejecutivos de Petrobras, que Sergio Moro afirma su competencia para tratar el caso. Manipulación curiosa: la mayor parte de los actos de blanqueo de capitales y corrupción de MM. Chater y Youssef tienen lugar en Sao Paulo. Según el procedimiento penal brasileño, esto debería haber llevado a que un juez de esa jurisdicción se ocupara de este caso, y no Sergio Moro. Pero el magistrado de Curitiba comprendió las complejidades del poder judicial brasileño. Sabe que al ocultar la ubicación de estas empresas fachada, podrá mantener el control de la investigación. Con la condición de que los tribunales superiores lo permitan. Y eso es lo que va a pasar

Seducir a la opinión pública

Desde agosto de 2013, algunos juristas vieron el peligro derivado de la implementación de la nueva ley anticorrupción. Una nota premonitoria, publicada por el muy serio bufete de abogados estadounidense Jones Day, predice que tendrá efectos deletéreos sobre la justicia brasileña. Advierte de su funcionamiento “impredecible y contradictorio” por su carácter de “influencia” en el plano político, así como la ausencia de procedimientos de “aprobación o control”. Según el documento, «cada miembro de la fiscalía es libre de iniciar un caso de acuerdo con sus propias convicciones, con una posibilidad reducida de ser impedido por una autoridad superior».

A pesar de las alertas, el gobierno y sus aliados están avanzando. La presidenta Dilma Rousseff, siempre en este afán de acariciar una opinión pública cada vez más crítica, decide incluso endurecer sus criterios de aplicabilidad. Los parlamentarios creen que esta ley no les afectará más que las anteriores.

La Presidenta de Brasil Dilma Rousseff y el Fiscal General de la República Rodrigo Janot, en Brasilia, 17 de septiembre de 2015. EVARISTO SA / AFP

Luego de seis meses de investigación, el juez de Curitiba tiene información suficiente para emitir las primeras órdenes de aprehensión. El 29 de enero de 2014 entró en vigor la ley anticorrupción. El 17 de marzo se conformó formalmente el grupo de trabajo “Lava Jato” por el Fiscal General de la República, Rodrigo Janot. En su cabecera, nombra al fiscal Pedro Soares, quien se opone a que se le otorgue a Sergio Moro el tratamiento del caso, habiéndose producido los presuntos crímenes de Alberto Youssef fuera de Curitiba. Su enfoque fallará. Será reemplazado por otro fiscal, Deltan Dallagnol, de 34 años, que no solo estará a favor de que Moro maneje el caso, sino que también se convertirá en el principal apoyo del magistrado.

Para Estados Unidos, se trata de reducir la influencia geopolítica de Brasil en América Latina, pero también en África.

Desde su nacimiento, «Lava Jato» atrae la atención de los medios. La orquestación de las detenciones y el ritmo de las acusaciones de los fiscales y Moro transforman el operativo en una auténtica telenovela política y judicial fuera de lo común. Mientras Brasil se prepara para embarcarse en una campaña presidencial y legislativa, la élite política y económica del país parece repentinamente aterrorizada ante la idea de ser arrastrada por esta interminable cascada de revelaciones, la lista continúa.

Al mismo tiempo, la administración de Barack Obama vio un aumento en las protestas de los países aliados, entre los que destaca Francia, preocupada por la multiplicación de las sanciones impuestas por el DoJ, en el marco de la lucha contra la corrupción, dirigidas a ciertos buques insignias nacionales. Grupo Alstom. Para señalar su apoyo político a las acciones anticorrupción emprendidas por su gobierno, la Casa Blanca publicó una “agenda global anticorrupción” en septiembre de 2014. Allí está escrito que la lucha contra la corrupción en el exterior (a través de la FCPA) se puede utilizar con fines de política exterior, con el fin de defender los intereses de seguridad nacional. Un mes después, Leslie Caldwell, entonces fiscal general adjunta del Departamento de Justicia, pronuncia un discurso en la Universidad de Duke, “La lucha contra la corrupción extranjera no es un servicio que brindamos a la comunidad internacional, sino más bien una acción de cumplimiento necesaria para proteger nuestros propios intereses de seguridad nacional y la capacidad de nuestras empresas estadounidenses para competir en el futuro en todo el mundo. «

En suelo sudamericano, los gigantes brasileños de la construcción Odebrecht, OAS o Camargo Correa, en plena expansión, han entrado directamente en la línea de fuego de las autoridades norteamericanas. No solo porque ganan más contratos, sino también porque participan en el fortalecimiento de la influencia geopolítica de Brasil en América Latina y África, financiando, ilegalmente en la mayoría de los casos, las campañas electorales de personalidades cercanas al PT, lideradas por el funcionario del partido. Consultor de comunicaciones, Joao Santana. Solo en 2012, el estratega electoral, cómodamente financiado por Odebrecht, organizó tres campañas presidenciales en Venezuela, República Dominicana y Angola, sin mencionar el municipio de Sao Paulo. Todo ganado por los candidatos de Santana.

Promesas de buena voluntad

Frente a varios periodistas miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Thomas Shannon, embajador estadounidense destacado en Brasilia de 2010 a 2013, dijo que el proyecto político brasileño para la integración económica de América del Sur suscitó serias preocupaciones en el Departamento de Estado. Este último «consideró el desarrollo de Odebrecht como parte del proyecto de poder del PT y de la izquierda latinoamericana», dice el diplomático.

“Si a todo esto le sumamos las bastante malas relaciones personales entre Barack Obama y Lula, y un aparato del PT que todavía desconfía del vecino norteamericano, podemos decir que teníamos trabajo por hacer para remediar la situación. Barre”, reconoce a un ex miembro del DoJ a cargo de casos latinoamericanos. La tarea será aún más difícil desde las revelaciones del denunciante Edward Snowden, en agosto de 2013, sobre el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense (NSA) contra Dilma Rousseff, quien sucedió a Lula en 2011, y Petrobras, que aún más frías relaciones entre Brasilia y Washington.

Se activan múltiples palancas de influencia. Existe la FCPA y las redes de fiscales y magistrados capacitados en técnicas de investigación implementadas en los últimos años. Para lograr sus fines, el Departamento de Justicia utiliza un cebo importante: el reparto de las multas que impondrán las autoridades estadounidenses a las empresas brasileñas en el marco de la FCPA.

Con el fin de dar promesas de buena voluntad a las autoridades estadounidenses, los investigadores brasileños están organizando la visita confidencial a Curitiba, el 6 de octubre de 2015, de diecisiete miembros del DoJ, el FBI y el Ministerio de Seguridad Interior para que este último reciba explicación detallada de los procedimientos actuales. Les dan acceso a los abogados de los empresarios potencialmente llamados a “colaborar” con la justicia estadounidense, sin que se informe al poder ejecutivo brasileño. Pero esto tiene un precio: cada una de las multas impuestas a las empresas brasileñas bajo la FCPA deberá incluir una parte destinada a Brasilia, pero también a la operación “Lava Jato”. Los estadounidenses aceptan. Con este acuerdo cerrado, los fiscales brasileños buscarán empresas que puedan caer bajo el control del Departamento de Justicia.

«Los oficiales deben estar al tanto de todas las ramificaciones políticas potenciales de estos casos, ya que los casos de corrupción internacional pueden tener efectos importantes que influyen en las elecciones y la economía», dijo un funcionario del FBI.

Mientras su mayoría parlamentaria se derrite como nieve al sol ante la proliferación de negocios, la presidenta Rousseff decide invitar a su mentor, Lula, a participar en el gobierno. Una maniobra vista como un intento final para salvar a su coalición. Al mismo tiempo, miembros de la Policía Federal, bajo las órdenes de los fiscales, intervinieron -fuera de cualquier marco legal- los teléfonos de los abogados de Lula (veinticinco defensores en total), e incluso de su propia laptop. Presidente. Sergio Moro conseguirá así una conversación entre este último y Dilma Rousseff. Un intercambio con crípticas palabras sobre el futuro de Lula, que el magistrado enviará puntualmente a Globo Televisión y que sellará la destitución del presidente unos meses después.

Durante este período problemático, los fiscales del Departamento de Justicia están monitoreando de cerca la situación política en Brasil. Según Leslie Backshies, entonces jefa de la unidad internacional del FBI, que desde 2014 tiene la tarea de ayudar a los investigadores de ‘Lava Jato’, «los oficiales deben estar al tanto de todas las ramificaciones políticas potenciales de estos casos, porque los casos de corrupción internacional pueden tener importantes consecuencias». Efectos que influyen en elecciones y economías ”. Y el especialista aclaró: “Además de las conversaciones comerciales regulares, los supervisores del FBI se reúnen trimestralmente con los abogados del Departamento de Justicia para revisar las posibles demandas y las posibles consecuencias. «

Por tanto, es con pleno conocimiento de los hechos que estos últimos ultiman su acusación contra Odebrecht en Estados Unidos. Sin embargo, los líderes del grupo se muestran reticentes a firmar el convenio de “colaboración” propuesto por las autoridades estadounidenses, que incluye el reconocimiento de actos de corrupción no solo en Brasil, sino en todos los países donde está establecido este gigante de la construcción. Para doblarlos, los magistrados ordenaron al banco Citibank, encargado de las cuentas de la filial estadounidense de la empresa, dar a Odebrecht treinta días para cerrarlos. En caso de rechazo, los montos colocados en estas cuentas pasarán a la quiebra, situación que excluiría al conglomerado del sistema financiero internacional y, por tanto, lo colocaría en quiebra. Odebrecht acepta «colaborar», lo que permite a los fiscales de Curitiba, mientras no tienen competencia normativa para juzgar actos de corrupción ocurridos fuera de Brasil, para obtener las confesiones recompensadas de los ejecutivos de la empresa. Confesiones que posteriormente enriquecerán la acusación del DoJ bajo la FCPA.

El comunicado de prensa se publicó en vísperas de las fiestas navideñas de 2016. La operación «Lava Jato» está en la portada de los medios internacionales. Sergio Moro está invitado a la lista de las cien personalidades más influyentes de Time. El semanario neoyorquino Americas Quarterly le dedica su portada. Por su parte, los fiscales del Departamento de Justicia dan la bienvenida públicamente a esta cooperación sin precedentes. En una conferencia celebrada en las instalaciones del think tank Atlantic Council en Washington, Kenneth Blanco, en ese momento vicefiscal general del DoJ, declaró que «Brasil y Estados Unidos han trabajado juntos para obtener pruebas y construir negocios». Y que el es«Es difícil imaginar una cooperación tan intensa en la historia reciente como la que tuvo lugar entre el DoJ y los fiscales brasileños».

Moro y su equipo comienzan 2017 con confianza. No es que obtuvieron pruebas contundentes contra Lula -sus conversaciones privadas a través de Telegram prueban lo contrario- sino porque su influencia política y mediática es tal que impulsarán su ventaja, desafiando, en ocasiones, los principios más elementales de la ley.

Amenazas del ejército

Cuando Lula fue condenado por “corrupción pasiva y lavado de dinero” el 12 de julio de 2017, pocos periodistas informaron que estos cargos fueron pronunciados “por hechos indeterminados”. Sin embargo, el argumento se establece explícitamente en el documento de 238 páginas que detalla la decisión del Sr. Moro. En los anexos a la condena, el magistrado especifica que «nunca afirmó que los montos obtenidos por la empresa OAS gracias a los contratos con Petrobras fueron utilizados para pagar ventajas indebidas para el expresidente».

Otra extrañeza que revela el peso adquirido por la operación «Lava Jato» en el poder judicial brasileño: el encarcelamiento del expresidente, Lula, en contravención de la Constitución brasileña. El artículo 5 dice de hecho que ningún litigante puede ser encarcelado antes de que finalice el proceso. Sin embargo, bajo la intensa presión de la opinión pública conquistada por la operación «Lava Jato», el Tribunal Supremo cambió su jurisprudencia en la materia, en 2016. La solicitud de hábeas corpus de los abogados de Lula es rechazada por seis votos contra cinco a raíz de un tuit de el comandante del ejército amenazó a la Corte Suprema con «asumir sus responsabilidades institucionales» en caso de que ésta fallara a favor del ex presidente.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro (desde atrás) con su ministro de Justicia, Sergio Moro, durante el Día de la Independencia del país en Brasilia, el 7 de septiembre de 2019. JOEDSON ALVES / EPA

Unas horas después de la decisión de los jueces, Sergio Moro emite su orden de aprehensión: Lula es preso el 7 de abril. No podrá participar en las elecciones presidenciales de 2018. Mientras el magistrado parece estar conquistado por la arrogancia, se lanza la máquina infernal. Jair Bolsonaro gana las elecciones presidenciales cómodamente y nombra al que eliminó a Lula como jefe del Ministerio de Justicia. Del lado estadounidense, nos felicitamos por haber socavado los sistemas de corrupción implementados por Petrobras y Odebrecht, así como sus capacidades de influencia y proyección político-económica en América Latina.

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Para los fiscales de Curitiba, el DoJ ha planeado devolverles el 80% de todas las multas impuestas al grupo petrolero en virtud de la FCPA, que pueden administrar como mejor les parezca. Es necesario crear una fundación de derecho privado para gestionar el 50% de esta ganancia inesperada. Los miembros de la junta directiva de esta fundación no son otros que los propios fiscales de «Lava Jato» y varios líderes de ONG, incluidos los de la sección brasileña de Transparencia Internacional, que a lo largo de los años se ha convertido en uno de los principales guardianes. .- discurso de la operación. Dos de los fiscales del equipo, el Sr. Dallagnol y Roberson Pozzobon, incluso planean crear una estructura legal en nombre de sus respectivos cónyuges, para facturar los servicios de consultoría en el campo de la “anticorrupción”.

Un denunciante arrestado

Elegido Bolsonaro, la prensa internacional no tarda en distanciarse del «justiciero de Curitiba». Viene a subrayar su inconsistencia ética al hacer así una alianza con un presidente de extrema derecha, miembro, durante décadas, de una pequeña formación especialmente conocida por haber estado involucrada en innumerables casos de corrupción. Por su parte, los jueces de la Corte Suprema no ocultan su asombro cuando se enteraron, en marzo de 2019, del contenido del acuerdo negociado en secreto entre los fiscales de «Lava Jato» y sus homólogos del DoJ. El juez Alexandre de Moraes decidirá suspender la creación de la fundación “Lava Jato” y colocará en quiebra los cientos de millones de dólares en multas pagadas por Petrobras.

Es en este contexto que estalla la primera revelación de The Intercept. En mayo de 2019, Greenwald recibió de un denunciante, Walter Delgatti, 43,8 gigabytes de datos de conversaciones privadas, a través de Telegram, del equipo de “Lava Jato”. Después del trabajo de verificación, se publican tres artículos un domingo de junio. Moro y los fiscales no reconocen la veracidad de los intercambios. Afirman no haber cometido ninguna ilegalidad y se niegan a entregar sus teléfonos para que los examinen.

Glenn Greenwald, de «The Intercept» el 25 de junio de 2019, aborda la serie de reportajes publicados por su agencia desde el 9 de junio, denunciando las entrevistas de Sergio Moro con un miembro de la fiscalía mientras se desempeñaba como juez federal en Curitiba. MATEUS BONOMI / AGIF VIA AP

Varias semanas después, cuando Greenwald decide ofrecer acceso a datos a varios medios, nos enteramos por un comunicado de prensa del gobierno que Sergio Moro viajó a Estados Unidos del 15 al 19 de julio. ¿Aprovechó esta estancia para consultar a sus homólogos? Las autoridades estadounidenses, solicitadas por Agência Publica, se negarán a confirmar o negar la información. Aun así, el Sr. Delgatti fue arrestado poco tiempo después por la policía federal.

El expresidente detuvo a Lula da Silva, bajo vigilancia policial, el 26 de abril de 2019, mientras daba una entrevista a la prensa de su país. ISABELLA LANAVE / AFP

Aunque estas revelaciones no afectaron significativamente la popularidad del magistrado, el aura del juez continúa erosionándose en la prensa internacional. Por su parte, la Corte Suprema termina reconociendo el carácter inconstitucional del encarcelamiento de Lula. Fue puesto en libertad el 8 de noviembre de 2019. El expresidente fue absuelto de siete de los once cargos en su contra (la fiscalía apela en cuatro casos). Lula aún no ha sido juzgado en cuatro casos que los especialistas consideran de menor importancia.

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Sergio Moro acabó dimitiendo en abril de 2020 . La élite política de Brasilia le da la espalda y las encuestas se invierten. Sigue una salida de puntillas, dirección Washington, donde reproduce el modelo de las puertas giratorias(puerta giratoria), estos portales que permiten a los ex magistrados del Departamento de Justicia que trabajaron en casos relacionados con la FCPA revender la información privilegiada obtenida durante sus investigaciones a grandes bufetes de abogados y ganar mucho dinero. El anuncio cae en noviembre de 2020, en medio de las elecciones municipales en Brasil. Nos enteramos de que el ex juez pequeño de Curitiba fue reclutado por el bufete de abogados Alvarez & Marsal. Una agencia especializada en asesoramiento empresarial y litigios con sede en la capital federal en 15 Shet NW, frente al Tesoro de los Estados Unidos y a 200 metros de la Casa Blanca.

Las fechas

2003 Lula (Partido de los Trabajadores) es investido presidente de Brasil. En junio, creación de tribunales especializados en la lucha contra los delitos financieros y blanqueo de capitales. Sergio Moro es designado para Curitiba.

2007 Luiz Inácio Lula da Silva inicia un segundo mandato.

2008 Creación por la Embajada de los Estados Unidos del “Projeto Pontes”, programa de capacitación para jueces, fiscales y altos funcionarios brasileños en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.

2011 Dilma Rousseff (PT) sucede a Lula como jefa de Estado.

2013 Parlamentarios brasileños votan sobre la ley anticorrupción. En julio, Sergio Moro se hace cargo de las investigaciones de los empresarios Alberto Youssef y Carlos Chater, que darán lugar a la operación “Lava Jato”.

2014 Lanzamiento de la operación “Lava Jato”.

2016 Michel Temer (Partido del Movimiento Democrático Brasileño) sucede a Dilma Rousseff, destituida el 31 de agosto. Escuchas telefónicas ilegales de los abogados de Lula.

2018 El 7 de abril, Lula es preso.

2019 Jair Bolsonaro (Partido Social-Liberal) es investido presidente. Primeras revelaciones de The Intercept sobre «Lava Jato». En noviembre, liberación de Lula.

2021 En marzo, anulación de las condenas de Lula.

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/09/au-bresil-une-operation-anticorruption-aux-methodes-contestables_6076204_3210.html

21.11.-Ecuador: Arauz y Lasso, en la recta final  BEETHOVEN HERRERA

Además de impedir que el Gobierno pueda tomar las reservas internacionales, el Banco  Central del Ecuador BCE tampoco podrá comprar valores emitidos por el Estado.

El candidato correísta de la Unión por la Esperanza (Unes), Andrés Arauz nació en Ecuador en 1985. Estudió en la Universidad de Michigan y fue ministro de Rafael Correa.

4 abr 2021.- Su contendor Guillermo Lasso, banquero miembro del Opus Dei, fue superministro de Jamil Majuad cuando se decretó el ‘feriado bancario’ que congeló los ahorros de los ciudadanos durante una semana, al final de la cual la moneda nacional –sucre– había desaparecido para imponer la dolarización. Por esa decisión el presidente Majuad fue procesado por peculado y condenado tras un largo juicio.

Arauz ha propuesto entregar US$1.000 por familia a un millón de hogares ecuatorianos pobres para enfrentar la pandemia, tomándolos de las reservas internacionales ubicadas en Suiza, rentando intereses ínfimos. Y en respuesta el gobierno de Lenin Moreno ha insistido, tras dos rechazos en la Asamblea, en un proyecto de reforma al Banco Central, atendiendo un pedido del Fondo Monetario internacional, como condición para un préstamo de US$400 millones.

El proyecto bautizado como Ley para Defensa de la Dolarización enuncia como objetivo garantizar la independencia del Banco Central frente al Poder Ejecutivo al tiempo que reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero.

Después de haber sido devuelto en dos ocasiones por no estar debidamente estructurado, se planea aprobarla antes del cambio de gobierno y antes de que entren en funciones los nuevos miembros de la Asamblea Nacional.

Por su parte los críticos sostienen que la propuesta desregulariza los controles a la banca, entrega la política monetaria a un grupo de notables e impone a las cooperativas exigencias similares a la banca y como no podrán cumplirlas deberán cerrar, dejando su espacio a la banca.

Esta última podría sacar dólares al exterior sin restricciones y podrían crearse condiciones similar a las de la crisis de 1999.

Sus defensores sostienen que el proyecto de ley busca proteger la dolarización al blindar las reservas internacionales pero el candidato Arauz, sostiene que la propuesta busca ‘privatizar’ el Banco Central que, aunque es parte de la Rama Ejecutiva, gozaría de autonomía institucional, administrativa, presupuestaria y técnica, según el proyecto de ley. En el código actual, el BCE solo tiene independencia administrativa y presupuestaria.

Además de impedir que el Gobierno pueda tomar las reservas internacionales, el Banco Central tampoco podrá comprar valores emitidos por el Estado.

Lasso critica las políticas de Rafael Correa que Arauz defiende, y este proclama que su gobierno será pluriétnico, paritario en género y será un gobierno de jóvenes.

También ha declarado que respetará la propiedad privada y la libertad de prensa pero no habrá tolerancia con la xenofobia ni la difamación; y ha reconocido que fue un error la promulgación del decreto del gobierno de Rafael Correa que exigía excesivos trámites para la creación de asociaciones.

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/ecuador-arauz-y-lasso-en-la-recta-final-550631

21.11.-Ecuador ante una elección a cara o cruzJAVIER TOLCACHIER

Este 11 de abril, los ecuatorianos y ecuatorianas tienen una prueba de fuego: o escogen a Andrés Arauz, la cara joven de recambio del progresismo, o se definen por Guillermo Lasso, representante de la derecha, la banca y las minorías.

En la segunda vuelta presidencial que tendrá lugar el próximo 11 de abril, los ecuatorianos enfrentan la disyuntiva entre apostar por un candidato progresista o tener que soportar durante cuatro años un gobierno empresarial, ligado a las finanzas y a los poderes económicos fácticos, nacionales e internacionales.

5 abr 2021.- Si bien la visión binaria es habitualmente reduccionista y puede suscitar la sensación de extorsión, es claro que a estas alturas se trata de una elección a cara o cruz. Y es literal, la opción cruz, la de la derecha, la banca y el socialcristianismo, la representada por Guillermo Lasso, miembro del Opus Dei, es la de quienes no muestran su cara real.

Son bien conocidos en esta región los artilugios del asesor de campaña de Lasso, Jaime Durán Barba, cuya foja de servicios habla a las claras de los intereses a los cuales suele servir. En los 90 asesoró en Colombia al Partido Alternativa Liberal comandado por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Fue luego secretario de la Administración Pública de Ecuador durante la presidencia del neoliberal Jamil Mahuad, bajo cuyo mandato se produjo el dramático “feriado bancario”, en el que se esfumaron los ahorros de miles de familias ecuatorianas. Guillermo Lasso era por entonces Gobernador de Guayas, cargo que obtuvo como gratificación por los fondos aportados a la campaña de Mahuad.[1] Durán Barba trabajó también en la campaña del empresario derechista Álvaro Noboa y manejó en Argentina las campañas a jefe de gobierno y a presidente del también empresario Mauricio Macri, derrotado en 2019 por una amplia coalición popular. Actualmente, ante el magro resultado (algo menos de 20%) obtenido por Lasso en la primera vuelta, le fue ofrecido el puesto de consultor de campaña para intentar revertir su fracaso definitivo.

La estrategia habitual, también usada en esta oportunidad, es pretender disfrazar lo antipopular de popular, ocultando las reales intenciones políticas de sus mandantes a través de slogans vacíos, augurio del vaciamiento de lo público que defienden. Lo cierto es que, aunque la banca se vista de sierra, banca queda. Lasso, como Macri, es el intento de regresar 30 años, de volver a los 90, de ampliar los negociados privados desde la administración pública enajenando recursos preciosos que pertenecen al común.

Más allá de la fachada y apagados los reflectores y la música, los gobiernos de la derecha producen un daño directo a las mayorías, destruyendo en poco tiempo con sus programas privatizadores lo que costó largo tiempo construir, reduciendo la oferta y calidad de los servicios públicos de salud, educación y cultura, entre muchos otros, para abrir las puertas a su mercantilización.

La falsificación de la real identidad política de Lasso va de la mano con una campaña sucia y degradatoria. Por ejemplo, utilizando a migrantes pidiendo limosna, para sugerir ese tipo de imagen de futuro para el Ecuador, en el caso de que Andrés Aráuz, candidato de la Unión por la Esperanza (UNES), acceda a la presidencia.

La cara del progresismo es una cara joven, que representa un símbolo de recambio y renovación del proceso anterior de la Revolución Ciudadana, liderada entonces por el ex presidente Rafael Correa, proscrito a través de la persecución y una viciada condena judicial, en el mismo estilo del montaje contra el ex presidente brasileño Lula da Silva. Estos procesos cuentan invariablemente con el asesoramiento del Departamento de Justicia estadounidense a través de diversos programas y cuyo objetivo es impedir la elección de líderes populares, renuentes a obedecer los mandatos neocoloniales del Norte.

La significación de las opciones en términos de política exterior y geopolítica

Más allá de que el pueblo del Ecuador esté, con justísima razón, interesado prioritariamente en las consecuencias directas de un plan de gobierno para su propio destino, en un mundo de interconexión total, no es en absoluto indiferente la orientación que se dé a la política exterior.

Lasso representa una sumisión directa al plan de dominación estadounidense, significa Grupo de Lima, agresión sistemática contra Venezuela, contra Cuba, asociación con el criminal gobierno colombiano, alejamiento de la soberanía y de la integración regional con sentido social. Su postura política implica una atadura de manos en la puja geopolítica de los Estados Unidos contra China y Rusia, encarna el regreso de Ecuador a la senda de represión contra el pueblo y la re-militarización ya emprendida por el actual desgobierno de Moreno, anticipa la muy posible instalación en territorio nacional de fuerzas militares y de seguridad de Estados Unidos o Israel. En el peor de los casos, el alineamiento automático significa participar de peligrosas confrontaciones armadas.

Como contracara, un gobierno de Aráuz seguramente se sumará al bloque progresista cuyo eje central son Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador y también Luis Arce, presidentes de Argentina, México y Bolivia respectivamente (éste último bisagra hacia los países del ALBA-TCP), constituyéndose en factor de paz en la región, actuando como un defensor de la autodeterminación de los pueblos, contrario a la injerencia geopolítica de potencias externas.

Asimismo, una victoria de Aráuz en segunda vuelta, además de posibilitar de manera casi inmediata la recomposición de la UNASUR y la recuperación progresiva de la integración regional con sentido soberano, podría fortalecer a otros actores y movimientos progresistas de la región como Verónika Mendoza, mujer andina y de izquierdas, si logra acceder a la segunda vuelta en Perú. Lo mismo sucedería con las candidaturas independientes y de los partidos de izquierda en Chile, en las ahora postergadas elecciones de constituyentes y las presidenciales previstas para el 21 de Noviembre, como así también con la enorme posibilidad del pueblo hondureño de sacudirse al fraudulento régimen de Juan Orlando Hernández en la contienda a realizarse una semana después.

Un resultado favorable al progresismo en la segunda vuelta de Ecuador, alentaría a las movilizaciones populares en curso en Paraguay, Haití y Guatemala, fortalecería las esperanzas del Pacto de Unidad en Colombia para vencer en Mayo del año próximo al cártel empresarial y mediático cuyo brazo ejecutor es la facción política liderada por Álvaro Uribe e incluso colaboraría con la imagen de la posible vuelta al poder de un bloque popular de unidad en Brasil.

En definitiva, el muy posible triunfo de Andrés Aráuz, implicaría un fuerte impulso a la reversión de la segunda ola neoliberal producida por el desgaste inducido y también propio de los proyectos populares iniciados en la primera década del siglo.

En términos de relaciones internacionales, la reconstitución de un bloque progresista a la izquierda constituirá un claro avance hacia el multilateralismo, abriendo espacio para las naciones subalternizadas y saliendo de la bipolaridad confrontativa. La paradoja es que hoy, las elecciones “binarias”, en las que los pueblos eligen entre alianzas populares heterogéneas o sectores proempresariales, pueden modificar la geopolítica, al permitir abandonar, en el caso de la derrota de estos últimos, la lógica de la Guerra Fría entre dos bandos.

Del rechazo a la construcción del otro mundo posible

La amplitud del voto protesta en la primera vuelta de la elección en Ecuador se expresó en una significativa abstención, un alto porcentaje de sufragio nulo o blanco y la dispersión de casi la mitad de los votos afirmativos. Sin duda que, más allá de toda estrategia electoral, el fenómeno amerita comprensión, reflexión, actualización y necesidad de profundización de la dimensión humanista de las izquierdas y el progresismo en nuestra región.

Esa tendencia, presente también en las distintas compulsas electorales en otros lugares, es un clamor contra el alejamiento entre la superestructura política y las preocupaciones reales de los pueblos, es la rebelión frente a la frecuente incapacidad de los gobiernos para escuchar y dialogar, frente a las dificultades de abrir la mente y corazón a los nuevos tiempos, a los nuevos derechos y la nueva forma de construir política que reclaman los jóvenes, las mujeres, los sectores indígenas y afrodescendientes, principales discriminados de esta región que no logra desprenderse de su matriz colonial.

La denominación “volver mejores” suele aludir a esa transformación del proyecto progresista, es decir, acometer nuevos horizontes y reivindicaciones para iniciar un período virtuoso de gobierno que recoja lo mejor del ciclo anterior y lo eleve en el marco de una espiral evolutiva.

Como ya ha sido demostrado, no alcanzará con la buena voluntad o las promesas. El acompañamiento movilizado, participativo y crítico de las poblaciones, es sin duda alguna una condición imprescindible para ese logro.

Andrés Aráuz, con 36 años recién cumplidos, forma parte de una generación de recambio, no solo por su edad, sino también por la situación en la que la persecución judicial y mediática, la proscripción antidemocrática y en otros casos la muerte biológica, colocó a los liderazgos latinoamericanos. Eso, junto a la crítica de sectores anteriormente aliados, puso al progresismo y a las izquierdas en situación de renovarse, no solo en términos de caras electorales, sino también de incorporar nuevos contenidos que hoy son parte de la agenda de la nueva sensibilidad a nivel mundial.

Temas como la paridad de género, los feminismos, y el derecho de las mujeres a no ser tratadas como máquinas de reproducción; la fuerte reconversión hacia políticas de mayor equilibrio medioambiental; la valoración de la diversidad cultural y la efectiva construcción de la plurinacionalidad; la afirmación de la diversidad sexoafectiva y las nuevas formas familiares; la democracia participativa y real; la descentralización del poder; la apuesta por nuevas tecnologías soberanas y la alfabetización digital crítica; la plena inclusión de las nuevas generaciones o la no-violencia como política de Estado, son asuntos pendientes que existen en distinta medida y que se van asentando y e irán amplificando cada vez más en la agenda de todos los gobiernos progresistas.

Sin duda que hoy, ante una enorme cisis sistémica, puesta crudamente de manifiesto por la emergencia sanitaria de la pandemia, las exigencias de transformación son mayores. En este nuevo ciclo, el mandato popular reclama a los gobiernos progresistas no solo la continuidad sino la profundización veloz de la tendencia hacia la igualdad de derechos y oportunidades en la educación, la salud y las posibilidades de un creciente bienestar colectivo. Bienestar para el cual, en el contexto actual, no bastará la muy moderada redistribución del producido social anterior, excesivamente respetuosa del injusto statu quo de hiperconcentración capitalista.

En la práctica, los futuros gobiernos populares, si quieren cumplir con el mandato encomendado por las urnas a cabalidad, deberán incluir reformas estructurales en el sistema económico e impositivo y en la matriz de exportación extractivista sin valor agregado, posibilitando además el establecimiento de una revolucionaria renta básica universal incondicional, que permita deshacerse del yugo de las dependencias, de la condena del trabajo por la mera subsistencia y favorable al desarrollo de capacidades y potencialidades no reconocidas por el mercantilismo vigente.

Lo mismo deberá suceder con la decidida democratización de los medios de comunicación, parcialmente iniciada por algunos gobiernos populares pero que no logró atravesar los impedimentos que interpuso el poder real de la monopolización mediática… a lo que ahora se suma el desafío de afrontar las amenazas de captura de toda la actividad social por parte de empresas digitales monopólicas.

Es preciso descolonizarnos no solo hacia afuera, sino también hacia adentro de los países, recuperar la vitalidad y la riqueza de todas nuestras culturas, integrando sus aspiraciones en un marco de convergencia creativa y dinámica.

Asimismo, la despatriarcalización total de las estructuras dirigenciales y políticas, y sobre todo, de las conductas cotidianas violentas contra nuestras compañeras mujeres, es un imperativo moral ineludible.

En consonancia con estas aspiraciones políticas, debe avanzar la transformación de la conciencia personal y social, haciendo crecer un sentido de coherencia que no tenga como propósito vital el consumismo, la apropiación de objetos, el individualismo o la competencia, sino la hermandad, la solidaridad, la colaboración y la ayuda.

Poco a poco se hará más visible la necesidad de apuntar a la construcción de un espíritu de comunidad incluyente de la diversidad, no fundado en la diferencia, sino alrededor de un parámetro compartido verdadero, indiscutible y firme, capaz de establecer la base de un futuro más armónico en este planeta, en el que ya todas las culturas están interconectadas. Este valor es el reconocimiento de nuestra común humanidad.

El resultado de la segunda vuelta en Ecuador puede abrir las puertas a la renovación y ampliación de los sueños, pero también tornarse fuente de retroceso y legitimación de un recurrente ciclo de pesadillas. Confiamos en que el buen conocimiento, que une el corazón a la cabeza, ayude a superar anteriores desencuentros y guie a las y los ecuatorianos al mejor de los senderos.

Nota

[1] Guillermo Lasso Mendoza. CIDOB. https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/ecuador/guillermo_lasso_mendoza#2

-Javier Tolcachier es investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas y comunicador en la agencia internacional de noticias Pressenza.

https://www.alainet.org/es/articulo/211667?utm_source=email&utm_campaign=alai-amlatina

21.11.-El iluso plan Biden para combatir la corrupción en Centroamérica PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO

Apenas comienza a asentarse la administración Biden, y los viejos problemas, como el enorme flujo migratorio “ilegal” de centroamericanos hacia Estados Unidos, vuelven a atormentar a la Casa Blanca.

3 abr 2021.- Solo en el mes de febrero, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) más de 100,000 personas incluidos menores de edad fueron detenidas en las fronteras con México, creando la primera gran crisis para la política migratoria “humanitaria” de Biden. El flujo migratorio no se detiene, más bien aumenta.

La administración Biden, que había prometido una amnistía migratoria para los 11 de millones de ilegales que trabajan y viven en Estados Unidos, está desarrollando, al mismo tiempo, una ofensiva para contener el flujo migratorio proveniente de Centroamérica, y que abarca también a decenas de miles de otras nacionalidades que utilizan el istmo como ruta de tránsito hacia México y Estados Unidos.

La ofensiva diplomática la inició Roberta Jacobson, ex embajadora norteamericana en México, coordinadora de la frontera sur en la Casa Blanca, al reconocer que una de las principales causas de la pobreza y la inmigración ilegal es la corrupción imperante en Centroamérica.

Jacobson advirtió que, de los 4,000 millones de dólares para invertir en los programas anti inmigración, “(…) Nada del dinero que queremos obtener del Congreso y de los contribuyentes de EE.UU. irá a los líderes de esos Gobiernos (…) No es que los presidentes no sean importantes en estos países, pero es importante entender que vamos a trabajar con la sociedad civil, con organizaciones internacionales y con varias ONG internacionales sobre el terreno (…). Trabajaremos con los funcionarios con los que podamos trabajar, pero creo que es muy importante que estos países hagan compromisos muy explícitos para avanzar en la lucha a la corrupción, sabemos que en algunos países eso será difícil”. (Diario de Hoy, 10/03/2021)

Es la primera vez que los Estados Unidos reconocen la crisis estructural de los diminutos Estados nacionales en Centroamérica, el fracaso de la raquítica democracia neoliberal impuesta a raíz de los Acuerdos de Paz de Esquipulas II en 1987, Acuerdos de Paz en El Salvador en 1992, y en Guatemala en 1996. Lejos de crear democracia y bienestar social en la región centroamericana, la enclenque democracia de los Acuerdos de Paz, sostenida por la ofensiva neoliberal, reprodujo los mismos esquemas de corrupción que existieron bajo las dictaduras militares, ahora con nuevos sujetos, muchos de ellos ligados al narcotráfico y al crimen organizado, siendo Honduras el caso más dramático, que involucra al expresidente Porfirio Lobo y al actual mandatario Juan Orlando Hernández.

El gobierno de Estados Unidos advierte que, para contener las causas de la inmigración ilegal, no podrá trabajar con los gobiernos que ayudó a crear. Y, lo más grave, es que anuncia que para combatir la corrupción se apoyará, léase financiará, a la “sociedad civil”, léase ongs.

Ya ha sido nombrado un equipo de alto nivel conformado por el colombiano Juan Gonzalez, asesor de seguridad nacional de la administración Biden, el hondureño Ricardo Zúñiga, nieto del dirigente Ricardo Zúñiga Augustinus y ex candidato del Partido Nacional de Honduras en 1981. Ricardo Zúñiga, el artífice del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba en 2014, fue nombrado delegado de la Casa Blanca para el Triángulo Norte de Centroamérica.

Biden ha retomado la política de Obama para Centroamérica, pero en esta ocasión no solo usaran la diplomacia, sino que piensan apoyarse en los ongs financiados por Estados Unidos. Algunos ongs juegan un rol progresista de apoyo a movimientos sociales, pero estos son una minoría. La mayoría de ongs se han convertido en una pequeña elite que disponen de abundante financiamiento, pero no tienen una posición independiente, sino que responden a las agendas políticas de sus donantes. Estos recursos son fuente de otro tipo de corrupción, mucho más sutil, que carcome por dentro a los movimientos sociales, pervirtiendo su naturaleza.

La lucha contra la pobreza y la corrupción es, en primer lugar, una batalla contra el sistema capitalista semicolonial basado en los contratos amarrados, las coimas, y el enriquecimiento de las cupulas partidarias que detentan el poder. Esta tarea democrática solo la pueden librar los trabajadores organizados de manera independiente. La lucha contra la pobreza y la corrupción es una lucha democrática que conlleva una dinámica anticapitalista. Son dos caminos y dos métodos diferentes.

Partido Socialista Centroamericano

Partido de la izquierda socialista que defiende la reunificación federal y republicana de Centroamérica.

Fuente:

https://elsoca.org/index.php/publicaciones/el-socialista-centroamericano/5709-ya-salio-el-socialista-centroamericano-no-325

https://www.sinpermiso.info/textos/el-iluso-plan-biden-para-combatir-la-corrupcion-en-centroamerica

21.11.-Chile: debate y tragedia ASCANIO CAVALLO

La forma de hermenéutica predominante es la tragedia; el curso narrativo sigue un arco con un final aciago, miserable, sombrío. La historia se describe como un gran racconto que parte en el estado actual para revisar el pasado bajo esa luz y terminar de regreso en el presente, por cierto, desgraciado. No importa si la explicación es coherente: lo que importa es que sea conmovedora.

Foto: Juan Farías

De esta pandemia saldremos más tontos, ha escrito el arquitecto y pintor catalán Óscar Tusquets Blanca. No es tan raro que diga una cosa así en un libro que se titula Vivir no es tan divertido, y envejecer, un coñazo (Alfaguara, 2021). Tusquets Blanca es un iconoclasta español de la vieja cepa y, ya cerca de convertirse en un octogenario, le concede a su inteligencia la libertad para decir lo que ve sin el filtro de ninguna corrección política. Más tontos y más pobres, agrega en una entrevista con El País. Y no acepta que se diga que el Covid-19 es un producto de la modernidad: “A ver, no me fastidies, comer murciélagos vivos es bastante medieval”.

Tusquets Blanca ve lo mismo que advierten numerosos intelectuales europeos: una tendencia a la supersimplificación de los problemas más complejos (especialmente los sociales) y una polarización artificial, como producto de un estado de encierro espiritual en el que ya no se habla con nadie más que entre los grupitos de las redes sociales. En esas casas de espejos se repiten ciertas ideas: una pérdida del aprecio por la libertad, unas formas de discriminación invertidas, un altísimo grado de intolerancia y una inclinación a describir el orden social en términos de tragedia.

El debate público chileno no sólo no escapa a estas descripciones, sino que está agravado por la presión neurótica que le imprime el más grande paquete de elecciones jamás planteado. Las propuestas políticas están en su nivel más bajo, han perdido densidad y están viviendo de la necesidad de la estridencia, la provocación y hasta la ofensa.

El hecho psicológico que parece estar detrás -y lo mismo ocurre en Europa- es que la pandemia ha multiplicado la incertidumbre respecto de los electores. Quienes son candidatos a algo están desconcertados y actúan con esa rara forma de ceguera que es la notoriedad forzada, fingida, performativa.

Si se mira el principal instrumento disponible, las encuestas, el escenario de precandidatos presidenciales es de puros perdedores. Nadie gana una elección importante, incluso con altas abstenciones, ni con un 20% de popularidad ni con 50 mil seguidores en una red digital. Pero eso es lo que dan las mediciones más generosas. Y todas coinciden en que, a sólo siete meses de la presidencial, 60% o más no tiene ninguna decisión.

El otro instrumento, algo más sofisticado, eran las elecciones previas, que permitían realizar algunas proyecciones encadenadas. La más resonante llegó a ser la municipal, que desde el 2004 ha venido anticipando el triunfo en la presidencial. Quien ganaba en alcaldes, ganaba La Moneda. Y quien ganaba en concejales, pasaba a ser la principal fuerza política.

Esto se ha vuelto dudoso ahora que se agrega una elección de gobernadores junto con la municipal. Peor aún, parece bastante probable que los resultados de gobernadores sean contradictorios con los de alcaldes.

La campaña municipal se está llevando sin referencia a los candidatos a otros cargos. Cada uno para sí mismo, y Dios contra todos. Las de gobernadores y de constituyentes son aún peores: incluyen facultades que no tienen, promesas incumplibles y una desproporcionada carga de consignas. La teoría dice que el sistema proporcional incentiva la formación de partidos grandes. Pero eso ocurriría a mediano plazo. Lo que ha sucedido hasta aquí es lo contrario: ha anarquizado el panorama con partidos menores y ha estimulado las subcoaliciones, como las que tienen diversos fragmentos del Frente Amplio o la que el PS ha intentado forzar con el PPD.

En breve, la política está convertida en un campo caótico.

Pero no hay que equivocarse. Este estado de cosas no es producto únicamente de la pandemia ni del 18-O, sino de una discusión más amplia, no siempre consciente, acerca de la evolución que ha seguido Chile en las últimas décadas. No es sólo sobre sus errores evidentes -el Transantiago, la educación, las brechas de desigualdad- ni tampoco sobre los temas de alta complejidad -el agua, la pobreza, los recursos naturales-, ni menos sobre un ethos público -rectitud, honradez-, sino esencialmente sobre un pathos: una sentimentalización de la forma de mirar el proceso histórico.

Como toda fuerza emocional, la dirige un impulso para identificar víctimas, culpas y culpables y, sobre todo, a imaginar enemigos. La forma de hermenéutica predominante es la tragedia; el curso narrativo sigue un arco con un final aciago, miserable, sombrío. La historia se describe como un gran racconto que parte en el estado actual para revisar el pasado bajo esa luz y terminar de regreso en el presente, por cierto, desgraciado. No importa si la explicación es coherente: lo que importa es que sea conmovedora.

Nuevamente, la teoría dice que un debate constitucional como el que se planteará en estos dos años, con toda la ingeniería electoral empleada para elegir a la convención, tendría que disminuir la emocionalidad y privilegiar el problema ético de la convivencia en un espacio común. Pero eso depende, como tal vez diría Tusquets Blanca, de que de esto no salgamos ni muy tontos ni muy pobres.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-debate-y-tragedia/EXCJTLPJSVHEDNCM6QIHPDS

 

  • 21.10.-Una verdadera crisis’: la dimisión de los líderes militares de Brasil plantea incertidumbre para Bolsonaro ERNESTO LONDOÑO Y LETÍCIA CASADO
  • El nuevo ministro de Defensa de Brasil se estrena exaltando el golpe de 1964  NAIARA GALARRAGA
  • Chile: el destello en la sombra del virus ASCANIO CAVALLO

La repentina salida de los líderes militares se produjo un día después de que el presidente Jair Bolsonaro despidiera a su ministro de Defensa y reorganizara su gabinete.

Jair Bolsonaro, quien en ese entonces era el presidente electo, con Antonio Carlos Moretti Bermudez, a la izquierda, Ilques Barbosa Junior, segundo desde la izquierda, Fernando Azevedo e Silva, segundo desde la derecha, y Edson Leal Pujol en 2018. El general Azevedo e Silva, que se desempeñaba como ministro de Defensa, fue despedido el lunes y los otros tres líderes militares renunciaron el martes.Credit…Sergio Lima/Agence France-Presse — Getty Images RÍO DE JANEIRO — Los tres comandantes de las fuerzas armadas de Brasil dimitieron el martes 30 de marzo, un día después de que el presidente Jair Bolsonaro despidiera a su ministro de Defensa como parte de una amplia reorganización del gabinete.

31 mar 2021.- La salida de los líderes militares sucedió luego de que el lunes se reemplazó de manera inesperada a otros cinco miembros del gabinete, lo cual impulsó los rumores en la capital sobre una ruptura en la relación entre el presidente y el ejército del país, que ha jugado un papel central en el gobierno de Bolsonaro.

“La destitución de los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea después del repentino cambio de liderazgo en el Ministerio de Defensa no tiene precedentes desde que se restableció la democracia”, dijo el legislador Rodrigo de Castro, en un comunicado. “Revela una verdadera crisis entre el ejército y el gobierno”.

La turbulencia política en Brasilia sucede mientras el gobierno enfrenta críticas fulminantes, que incluyen pedidos de destitución de Bolsonaro, por su arrogante y caótico manejo de la pandemia de COVID-19, que ha ocasionado el fallecimiento de más de 313.000 brasileños. El aumento de los contagios abruma a los hospitales de todo el país haciendo que muchos pacientes mueran, mientras esperan por una cama.

Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, les ha otorgado a los militares un papel de liderazgo en la política y la formulación de políticas en Brasil, confiando a sus líderes las mayores cuotas de poder que han tenido desde que terminó la dictadura militar del país a mediados de la década de 1980. Eligió a un general retirado del ejército como compañero de fórmula y designó a los principales líderes militares para que se encargaran de decenas de funciones gubernamentales de alto nivel que normalmente son desempeñadas por personas civiles.

Los generales retirados y los analistas militares en Brasil intentan entender los cambios de esta semana, que ni el presidente ni los comandantes salientes explicaron.

“No tiene sentido desde el punto de vista político o administrativo”, dijo Carlos Alberto dos Santos Cruz, un general retirado del Ejército que ocupó un cargo de alto nivel en el gobierno de Bolsonaro hasta junio de 2019. “Debe haber una explicación de por qué sucedió esto, de lo contrario, proyecta desprecio por las personas y los roles”.

Mariana Kalil, profesora de geopolítica en la Escuela Nacional de Guerra de Brasil, dijo que el mandatario parecía gozar de un apoyo más fuerte en los escalones inferiores del ejército que entre los altos mandos. Afirma que es posible que los jefes hayan cortado sus lazos con un presidente políticamente asediado para enviar un mensaje claro de que las fuerzas armadas no cumplirían sus órdenes políticas.

“Siempre ha existido la hipótesis de que un comandante militar respalda políticas gubernamentales más represivas, cosas que están fuera de los límites de la ley”, dijo Kalil. Pero la experta asegura que los líderes militares brasileños han sido una fuerza “moderadora” en un gobierno liderado por un presidente temerario y combativo que ha convertido a muchos de sus aliados en enemigos.

El senador Tasso Jereissati, una figura destacada de la oposición, dijo que aunque Bolsonaro se ha enzarzado con el Congreso y enfrenta el escrutinio de los tribunales, “siempre ha insinuado que las fuerzas armadas lo respaldan”.

Como el presidente ha entablado nuevas peleas con otros funcionarios electos por los cierres propuestos, es posible que los líderes militares hayan decidido abandonar el barco en vez de ser vistos como cómplices de un ruinoso manejo de la pandemia, dijo el senador Jereissati.

“Estamos pagando el precio de haber elegido a un individuo que no está preparado para ese cargo, alguien que es grosero y desquiciado”, dijo.

Desde que asumió la presidencia en enero de 2019, Bolsonaro ha otorgado a los líderes militares un poder tremendo en las agencias gubernamentales y, al hacerlo, ha vinculado sus reputaciones a la suya. Pero los líderes militares han fallado en las misiones centrales que les dio Bolsonaro, incluida la supervisión de la respuesta a la pandemia y el control de la deforestación en la Amazonía.

Según los analistas, la relación del presidente con su vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão, y con el general Fernando Azevedo e Silva, ministro de Defensa saliente, se ha vuelto tensa en las últimas semanas, a medida que empeora la crisis del coronavirus en el país.

La semana pasada, el presidente remplazó a su ministro de Salud, Eduardo Pazuello, un general que no logró liderar una respuesta integral a la pandemia ni negoció la compra de las cantidades necesarias de vacunas contra la COVID-19.

En su carta de renuncia, el general Azevedo e Silva dijo que había intentado “preservar a las Fuerzas Armadas como una institución del Estado”. Esa frase parece transmitir la idea de que Bolsonaro trató de politizar a las fuerzas armadas.

La renuncia de los tres comandantes militares: el general Edson Pujol del Ejército; el teniente brigadier Antonio Carlos Moretti Bermudez de la Fuerza Aérea; y el almirante Ilques Barbosa Junior de la Armada fue anunciada en un breve comunicado emitido por el Ministerio de Defensa. Las razones de esa decisión no fueron divulgadas.

Los cambios de gabinete del lunes incluyeron la salida del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, un conservador de línea dura que se peleó con el gobierno de China, el principal socio comercial de Brasil y el principal proveedor de las vacunas actualmente disponibles para Brasil.

Los legisladores criticaron a Araújo por la incapacidad del país para asegurar el acceso a una gran cantidad de vacunas contra la COVID-19.

Bolsonaro también remplazó a su ministro de Justicia, su jefe de gabinete y el abogado que representa al poder ejecutivo en los casos ante el Supremo Tribunal Federal.

El diputado Vitor Hugo de Araújo Almeida, un legislador cercano al presidente, le restó importancia a los cambios.

“Estamos atravesando una pandemia, por lo que todos los esfuerzos deben centrarse en salvar vidas y salvar puestos de trabajo”, dijo. “Creo que es natural que haga cambios”.

Estos cambios se producen mientras Bolsonaro comienza a sentar las bases para su candidatura a la reelección en los comicios del próximo año. Pero ha sembrado dudas sobre la legitimidad del sistema electoral, lo que ha hecho que sus críticos planteen la posibilidad de que intente mantenerse en el poder si pierde.

Amy Erica Smith, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Iowa y especialista en temas de Brasil, dijo que el presidente podría tratar de nombrar a personas leales en los puestos militares más importantes.

“Si Bolsonaro aprovecha esta oportunidad estratégicamente y juega bien sus cartas, podría remplazar a los jefes de las tres ramas con hombres que estarían dispuestos a seguir adelante con sus proyectos políticos”, dijo.

Pero dijo que puede ser difícil encontrar líderes militares dispuestos a unirse a un presidente que ha alienado a gran parte del establecimiento político.

“El ejército brasileño no está ansioso por apoyar a un presidente impopular que enfrenta a un gran número de otros líderes electos”, dijo Smith.

https://www.nytimes.com/es/2021/03/31/espanol/renuncia-militares-brasil.html

21.10.-El nuevo ministro de Defensa de Brasil se estrena exaltando el golpe de 1964  NAIARA GALARRAGA

Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura, lleva a la esfera pública los aniversarios de la asonada desde que llegó al poder

Seguidores del presidente Jair Bolsonaro en una concentración en apoyo a su Gobierno este miércoles en Río de Janeiro. ANTONIO LACERDA / EFE

El primer acto del nuevo ministro de Defensa de Brasil fue recibir a los tres jefes de las Fuerzas Armadas, que le presentaron sus renuncias. El siguiente, que coincide con el 57 aniversario del golpe de Estado de 1964 este miércoles, ha sido difundir una nota en la que exalta la quiebra constitucional. “Pacificar el país” era el objetivo, escribe el general Walter Braga Netto. “El movimiento de 1964 es parte de la trayectoria histórica de Brasil”, añade.

31 mar 2021.- A la convulsión política por la abrupta salida de los comandantes de las Fuerzas Armadas que siguió a una gran reforma ministerial, se suma la catástrofe del coronavirus. Este martes Brasil alcanzó un nuevo máximo de fallecidos. El enésimo. Murieron 3.780 personas en 24 horas. Mientras, el presidente Jair Bolsonaro sigue en sus trece. Este miércoles ha insistido en que la prioridad es salir a trabajar. Y, según él, para autoritarios, los alcaldes y gobernadores, que adoptan restricciones para frenar el virus que suponen “extrapolar un estado de sitio”, según ha declarado tras reunir al gabinete de crisis de la pandemia. Al golpe no se ha referido. Y no ha permitido preguntas.

La nota del ministro de Defensa, nombrado el lunes, afirma que “los eventos de hace 57 años” deben ser interpretados como una respuesta a “la expansión de ideologías totalitarias”, en referencia al comunismo, aunque no lo explicita, en el contexto de “la Guerra Fría que envolvió a América Latina”. Esa narrativa es la que defiende con vehemencia desde hace años el actual presidente, Jair Bolsonaro. Nada dice el comunicado de la represión de las dos décadas siguientes.

Al llegar al poder, el actual presidente llevó las conmemoraciones del golpe a la esfera pública. Hasta entonces era una fecha discretamente celebrada en los cuarteles y que militares retirados recordaban con comidas en clubes de uniformados.

El Gobierno de Bolsonaro ha pleiteado en los últimos meses para poder organizar actos para conmemorar el golpe. Un tribunal de Brasilia se lo autorizó por cuatro votos a uno hace dos semanas. Más allá de la difusión de la orden del día del Ministerio de Defensa, no ha habido ningún acto gubernamental. Otros eventos han sido suspendidos a causa de la pandemia. Por ejemplo, la tradicional comida que organiza el Club Militar de Río de Janeiro para recordar lo que denomina “la revolución democrática de 1964”.

El mandatario creó un gabinete de crisis para gestionar la pandemia cuando Brasil superaba los 300.000 muertos. Tras la reunión de este martes, ha anunciado que la semana próxima se reanuda la paga del coronavirus. Esta vez será para menos beneficiarios y por una cuantía menor. La avalancha de casos es tal que varios cementerios de la metrópoli de São Paulo han empezado a enterrar también durante las noches a la luz de potentes focos. Los hospitales siguen recibiendo miles de infectados que necesitan ser atendidos en UCI. Son más jóvenes y llegan más graves que en la primera ola.

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Además de paliar los daños de la crisis económica, espera que las ayudas frenen su desgaste político. Los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea presentaron sus renuncias el martes en protesta por las presiones de Bolsonaro para politizar los cuarteles. El presidente quiere a los militares de su lado en el duro pulso que mantiene con otras autoridades a cuenta de la pandemia.

El gobernador de São Paulo, João Doria, que en la crisis sanitaria se ha erigido en uno de los principales antagonistas del presidente, ha criticado la nota de Defensa: “Como hijo de un diputado destituido que vivió 10 años en el exilio, considero esta carta una afrenta que propone la celebración de un golpe militar que victimizó a miles de brasileños, no solo en la política, personas silenciadas, maltratadas y muy dañadas”.

Bolsonaro siempre festejó el golpe. A menudo en solitario, como el 31 de marzo de 2014, cuando era diputado y posó ante una pancarta gigantesca que decía: “Felicidades, militares, gracias a vosotros Brasil no es Cuba”. Su abierta defensa del régimen militar es lo que más le distinguía del resto de parlamentarios durante sus tres décadas como diputado.

La presidenta Dilma Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), tomó algunas medidas que muchos militares no le perdonan. Impulsó la Comisión de la Verdad, que determinó que 434 personas fueron asesinadas y señaló a 377 perpetradores. La presidenta, destituida años después, eliminó el aniversario del calendario de festivos de las Fuerzas Armadas.

El mandatario era un adolescente cuando entró en la academia militar unos años después del golpe. Se formó, como los altos mandos militares actuales, durante la dictadura que acabó en 1985. Entró en política tras salir del Ejército.

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https://elpais.com/internacional/2021-03-31/el-nuevo-ministro-de-defensa-de-brasil-se-estrena-exaltando-el-golpe-de-1964.html

21.10.-Chile: el destello en la sombra del virus ASCANIO CAVALLO

Cientos de personas hacen fila para cobrar su seguro de cesantía.

 Justo al cumplir un año de pandemia, Chile ha entrado en su momento más oscuro. Una vez más, confirma que es un país disciplinado con el mundo: el Reino Unido, Francia, Alemania y otras naciones europeas están ingresando también en una crisis sanitaria más aguda que el año pasado. Los epidemiólogos del mundo no saben muy bien por qué. Algunos creen que se han desarrollado cepas más agresivas del Covid-19. Otros, que hay un giro hacia el contagio de generaciones menos afectadas en la primera ronda. Y otros, quizás los más, sospechan que el estrés pandémico ha sido tan prolongado, que no ha podido sino desbordarse.

3 abr 2021.- Poco pueden hacer los gobiernos ante esta convergencia fatídica. Aceleración de los contagios, cambio de modalidades y lentitud de las vacunas, sin agregar todavía esa cierta incredulidad que nunca se ha disipado del todo acerca de las cifras y las medidas oficiales, como si todo gobierno tuviera por principio esconder las malas noticias. Lo cual, dicho sea de paso, también es cierto. La política cambiará en muchas latitudes por el solo efecto de esta experiencia inédita en la conducción de los estados. Y en numerosos casos, si no en todos, significará un retroceso no de uno, sino de varios años en pobreza. Como el palo en la rueda de una bicicleta.

Esta es la peor perspectiva: después de los muertos, habrá miríadas de nuevos pobres.

Chile es seguramente uno de esos casos. El gobierno le tocó a Sebastián Piñera, pero, despejado el cinismo que es parte de la política, cabe sospechar que a cualquiera le pudo pasar más o menos lo mismo. El cuatrienio será el peor en crecimiento de los últimos 30 años, la pobreza habrá crecido, el balance de muertos será -ya lo es- desolador y la sociedad entera quedará exhausta de todo, de las medidas aislacionistas, la falta de trabajo, las cuarentenas, las prohibiciones y toda esa ristra de cosas que retrotraen la vida a un hecho asocial.

Otra cosa es que esto se haya atravesado justo en el momento de mayor ebullición social, una combinación que progresivamente condujo al año electoral más cargado de la historia y a la revisión institucional más extensa de este siglo. Y ahora, más encima, suspendida en el aire.

Convencido de que la segunda ola del Covid-19 alcanzaría su pico esta semana y quizás la que sigue, el gobierno accedió a promover un proyecto de reforma para cambiar las cuatro elecciones simultáneas del 11 de abril para mediados de mayo. Y esto, sabiendo que la entente médica advierte que no es claro que para entonces la situación pandémica pueda estar mejor, dado el inicio de una temporada invernal rápida y fría. ¿Tercera suspensión a la vista?

Iniciar este baile tendría un costo político enorme para el gobierno. La manera de rebajarlo era, en efecto, compartiendo la responsabilidad con el Congreso. Y, como también era de suponer, la oposición que lo domina ha querido subírselo, agregando más componentes económicos e incluso imponiendo medidas sanitarias que sobrepasan a la autoridad ejecutiva. Es un juego de suma cero, porque ningún actor político está hoy en condiciones de oponerse a la postergación, justamente cuando están todos a las puertas de ser evaluados en nuevas elecciones. Con las decisiones tan a la vista, esos torneos pueden ver reducidos los elementos de irracionalidad que suelen favorecer a muchas figuras en las elecciones populares. Nunca el voto habrá sido una amenaza tan cercana.

La postergación del proceso también tiene costos asociados. El Congreso ha corregido algunas de las superposiciones y rarezas más notorias del proyecto oficial, pero nada podrá minimizar el hecho de que, mientras más apretado es el calendario electoral, más influyen unas elecciones sobre otras y más difícil se vuelve predecir el modo en que lo harán. Será un efecto parecido al de echar a chocar un conjunto de bolas sobre una mesa de billar.

¿No tiene esto un aspecto refundacional? Desde luego que lo tiene. Menos rápido que una revolución, pero menos lento que una reforma. A fines del 2022, todas las autoridades (excepto 23 senadores) tendrán nuevos mandatos y todas las instituciones serán regidas por una nueva Constitución. Nada será igual. Pero el grado de diferencia que tenga es algo que nadie está en condiciones de anticipar, y no sería raro que muchos resulten decepcionados, que vean estrellarse sus expectativas y sus ideas sobre el estado del país con lo que salga de las urnas. Es bastante posible que para entonces se divise la artificialidad del objetivo en que están embarcados hoy el oficialismo y la oposición, que se puede sintetizar en siete palabras: impedir que el otro vuelva a gobernar.

Para que este propósito se haya vuelto tan crispado y neurótico como lo está, tiene que haberse debilitado la fe democrática, no importa si ello ha ocurrido gracias a las redes digitales o a los discursos del desalojo. Lo que han contribuido dirigentes, autoridades y parlamentarios tampoco es muy relevante. Lo que importa es que nadie ha podido detener esa dinámica.

Pero las elecciones la enfrentan con una evidencia, que es una manera, por lo menos momentánea, de escapar al deterioro de la convivencia. Por eso es que las elecciones también son un pequeño brillo, acaso apenas un destello, al final de la sombra que se abate sobre este año.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-el-destello-en-la-sombra/FVN3JXTGRZEJDCCLDUOTHE4L64/

  • 21.9.-Vuelve el tiempo de la izquierda, con Lula EMIR SADER
  • Elecciones en el Perú: reflejo del desinterés ciudadano RAÚL ALLAIN
  • La Argentina conmemora una fecha de inflexión JULIO C. GAMBINA
  • Chile: la tos de la democracia ASCANIO CAVALLO

Para este momento, la primera actitud responsable de la izquierda tiene que ser la de la unidad de todas las fuerzas, que hoy sólo puede darse en torno a Lula, el gran candidato de la izquierda.

El pleno regreso de Lula a la vida política reemplaza los términos de los enfrentamientos políticos. Hasta entonces, el centro de los choques estaba en el marco de la derecha, entre Bolsonaro y los sectores de derecha que, apoyando su política económica, se apartaban de su estilo de gobierno. Entre Bolsonaro y el Poder Judicial, entre Bolsonaro y el Congreso, entre Bolsonaro y los medios.

26 mar 2021.- Ante estos enfrentamientos, la izquierda tenía que posicionarse, siempre contra Bolsonaro. Pero no fue protagonista. Fue un frente concreto, en el que la derecha puso los términos del enfrentamiento con Bolsonaro. El horizonte de la lucha estuvo acotado por la derecha contra la extrema derecha, que no tocó la política económica del gobierno. Chocó con las tendencias autoritarias de Bolsonaro.

La reaparición de Lula cambia los términos de los debates y enfrentamientos. El hecho de que políticos de derecha como FHC, Delfim, Rodrigo Paes, Gilberto Kassab, eligieran votar por Lula en la segunda vuelta, representa una importante deserción de la derecha y la voluntad de considerar a Lula como una opción menos mala, en comparación con Bolsonaro.

La división de la derecha es un síntoma más de la pérdida de capacidad narrativa y hegemónica de la derecha. Su discurso en la lucha contra la política y la corrupción ha perdido la capacidad de ganar y mantener adhesiones mayoritarias en la sociedad. La pérdida de apoyo de Bolsonaro no impide que siga teniendo, al menos en las encuestas, un nivel de apoyo que, al igual que en 2018, lo convierte en el principal oponente de la izquierda, el PT y Lula. Los demás, que generalmente son candidatos que buscan expresar una supuesta tercera vía, están divididos, no logran sumar un apoyo político y social significativo. En la última encuesta, en la que Lula lidera sobre Bolsonaro, solo quedan 12% para los otros candidatos. Ellos mantienen sus candidaturas, porque creen que, en algún momento, la derecha puede abandonar masivamente a Bolsonaro y buscar alternativas.

La izquierda necesita comprender la nueva posibilidad que se le presenta y estar a la altura de los desafíos. En primer lugar, como subraya Lula, centrarse ahora en las necesidades urgentes de la población: ayuda de emergencia, empleo, vacunas. Identificarse con las urgencias de la masa de la población, abandonada por el gobierno.

La lucha por el impeachment de Bolsonaro no debe ser abandonada por la izquierda. El control del Congreso por parte de Bolsonaro es más frágil ante el descontrol de la pandemia, expresado en declaraciones, especialmente del presidente de la Cámara, en quien Bolsonaro tenía confianza para frenar el impeachment. Revela cómo el Centrão se ve afectado por el desgaste de Bolsonaro y lo abandonará si ese desgaste compromete su apoyo electoral.

Un impechmant depende de otro fator, ausente por el momento: la cuarentena evita que el rechazo de Bolsonaro promueva grandes movilizaciones callejeras. Los cacerolazos son un ejemplo de cómo este rechazo se extiende y se vuelve más vigoroso. Pero el clima de que la mayoría ya no soporta a Bolsonaro, requiere una movilización callejera, que no debería regresar hasta dentro de unos meses.

Pero alguna circunstancia puede encender la chispa que propague rápidamente un clima que haga viable el impeachment. La mayoría de los empresarios están muy descontentos. La gran mayoría de los medios también. Será indispensable que se rompa la base de apoyo parlamentario de Bolsonaro.

Más allá de esta posibilidad, que podría salvar a Brasil de su sufrimiento actual, la izquierda tiene que pensar en la posibilidad de que la disputa política desemboque en las elecciones de 2022. Para este momento, la primera actitud responsable de la izquierda tiene que ser la de la unidad de todas las fuerzas, que hoy sólo puede darse en torno a Lula, el gran candidato de la izquierda.

Con una propuesta amplia para la reconstrucción del país, un país destruido desde todos los puntos de vista, que la izquierda recibirá como herencia de seis años de destrucción neoliberal en Brasil. No se trata solo de un frente político de fuerzas, sino también de una gran alianza social en torno a quienes están a favor de la restauración de la democracia, la reconstrucción económica y social del país, la reanudación del desarrollo económico, con políticas sociales de distribución de renta y la generación de ingresos y empleo.

La izquierda tiene que presentarse al país como la única fuerza que puede unir a la mayoría del país para afirmar la democracia, hacer crecer la economía, afrontar las desigualdades, recuperar la imagen de Brasil en el mundo. La izquierda brasileña necesita una gran victoria, ojalá ya en la primera vuelta, porque será una derrota no solo de la extrema derecha y la derecha, sino directamente de los militares, que se sumaron a la aventura del gobierno de Bolsonaro.

La izquierda necesita afirmar una amplia mayoría para restaurar la democracia, promover la desmilitarización del Estado brasileño, terminar con la financiarización de la economía y volver a imponer una dinámica productiva, combatir las desigualdades, generar empleos, promover los derechos de todos.

– Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).

https://www.alainet.org/es/articulo/211563?utm_source=email&utm_campaign=alai-amlatina

21.9.-Elecciones en el Perú: reflejo del desinterés ciudadano RAÚL ALLAIN

Con 18 candidatos, los indecisos y desinteresados lideran las encuestas con más del 30%. ¿Por qué la desidia invade la intención del electorado?

Foto: https://trome.pe

El 11 de abril, los peruanos elegimos al próximo presidente de la República y Parlamento, pero la aceptación de los candidatos es mínima según las últimas encuestas. Podemos decir que en primer lugar, se ubica el desinterés del electorado. ¿Por qué?

22 mar 2021.- A menos de un mes de las elecciones generales, la encuesta publicada por Ipsos Perú revela que el candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, obtiene un 16% de apoyo del electorado. La particularidad, ahora, es que los indecisos y desinteresados lideran las encuestas con más del 30%. ¿Por qué la desidia invade la intención del electorado? ¿Se debe esto al abanico de dieciocho (18) candidatos?

El primer simulacro de votación realizado por Ipsos para las elecciones generales, con cédula de votación y ánfora, refleja lo siguiente: Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular, se ubica en el primer lugar de las preferencias con 16.8%. Detrás del excongresista, aparecen George Forsyth, de Victoria Nacional (11.2%), seguido de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular (9.3%), quien ha crecido rápidamente.

Debemos señalar que en la última encuesta realizada por IDICE, publicada el viernes diecinueve de marzo, los candidatos Rafael López Aliaga y Yonhy Lescano aparecen prácticamente con un empate técnico, 11.4% y 11.3% correspondientemente. Luego se ubican Keiko Fujimori, César Acuña y George Forsyht con alrededor de 7%.

En otro sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que refleja tendencias similares, se indicó que tenemos un 31 % de indecisos. El país se ubica así en un terreno incierto, debido a que nunca antes se registró una intención de voto para elecciones presidenciales tan baja, a pocas semanas de los comicios. En marzo de 2016, los dos candidatos a la presidencia que lideraban las encuestas, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, acumulaban el 46 %, casi el doble de lo que obtienen los dos primeros lugares en los sondeos actuales. Paradójicamente, ambos políticos son procesados por delitos de corrupción.

«En primer lugar, esto se debe a la desconfianza que genera la representación política. Han ocurrido varios episodios recientes: en noviembre, Manuel Merino tomó la presidencia, lo que provocó movilizaciones nacionales; en febrero estalló el escándalo del ‘vacunagate’, por la vacunación irregular de políticos y gente de poder. El segundo factor es la ausencia de liderazgos políticos definidos, que surjan de organizaciones políticas con una base social”, explicó Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia de Perú y politóloga.

También debemos entender que el pueblo está ocupado en atender la crisis sanitaria y socioeconómica causada por la pandemia de coronavirus. Además otro factor es que Perú, en América Latina, es el país que menos confía en sus instituciones. Por ejemplo, siete de cada diez peruanos no confía en el Parlamento. Ante esta situación de desconfianza generalizada los ciudadanos no muestran interés por lo que ocurre dentro de la crisis política que nos encontramos viviendo.

En mi artículo “La corrupción bajo el manto del escándalo” publicado en septiembre del año pasado, señalé que en medio de la pandemia de coronavirus: “La ciudadanía percibe que los problemas más fuertes de la actualidad son la delincuencia y la corrupción (…). Según un informe de Proética, las instituciones consideradas más corruptas por la población son: el Congreso y los partidos políticos, precisamente quienes tienen las riendas del poder”.

Por su parte, el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, cree también que el desinterés es propio de una elección en medio de una pandemia con crisis económica: «En ninguna parte del mundo, en épocas de elecciones con pandemia, las elecciones han concitado interés. Pero esto no quiere decir que la gente no vaya a votar el 11 abril. Probablemente vaya a votar la mayoría de gente, porque el voto en Perú es obligatorio y porque el interés crece conforme se acerca la elección», prevé.

La Asociación Civil Transparencia realizó en noviembre pasado, con la colaboración del IEP y de Idea Internacional, una encuesta para consultar a los peruanos cuáles eran los temas que debían tratarse en las elecciones. Los temas que priorizaron los encuestados fueron educación, salud y empleo o reactivación económica. Sin embargo, «los candidatos no necesariamente están hablando de estos temas que preocupan a la gente. De ese modo, no los involucran en un diálogo de cara a los comicios», señala la representante de Transparencia.

Para el resto de candidatos, Tuesta Soldevilla no ve muchas posibilidades: «Esto tiene que ver con cómo se han ido posicionando los candidatos. No hay posibilidad de que surja un ‘outsider’. Ahora ya entramos en la recta final».

«La ventaja de Forsyth es que no tiene la resistencia o rechazo de los otros tres que le siguen, López Aliaga, Fujimori y Mendoza. Por lo tanto, sería el más competitivo frente a Lescano en segunda vuelta», resalta Tuesta. Según Ipsos, el 70 % de los peruanos definitivamente no votaría por Keiko Fujimori y un 53 % tampoco lo haría por Verónika Mendoza. El antivoto en el caso de Rafael López Aliaga es 42% y el de George Forsyth es de 36%.

«Creo que ahora hay que mantener la calma y llamar a la ciudadanía a votar y a evaluar el desempeño de los candidatos en campaña para formarse una opinión propia e informarse bien sobre sus planes de Gobierno», pide la presidenta de Transparencia, quien recuerda que alrededor del 25% de los peruanos decide su voto en la fila, el mismo día de la votación.

Tomemos conciencia de nuestro voto en las elecciones del 11 de abril y será el primer paso para hacer el verdadero cambio en el país.

https://www.alainet.org/es/articulo/211484

21.9.-La Argentina conmemora una fecha de inflexión JULIO C. GAMBINA

Fue en torno al golpe del 76, y aun antes, que el país comenzó a mutar en lo económico, en lo político y en lo social.

Foto: https://www.baraderoteinforma.com.ar 

Prontos a conmemorar un nuevo 24 de marzo, vale recuperar en el presente que esos problemas que hoy se acumulan y nos laceran, pobreza, indigencia, desempleo, subempleo, violencia social, entre muchos, tienen origen en la historia larga, pero muy especialmente en el tiempo fatídico de profundos cambios estructurales. En efecto, fue en torno al 76, aun antes y desde mediados de 1975, el país comenzó a mutar en lo económico, en lo político y en lo social.

22 mar 2021.- Solo hay que pensar en las representaciones políticas actuales, totalmente disociadas de aquellas organizaciones políticas que protagonizaron el momento constitucional previo al golpe. La jerga cotidiana, no solo de los medios, remite a los nombres de la/os políticas/os y los referentes de las diluidas identidades partidarias actuantes. El presidente es Alberto y la vice es Cristina, los opositores son Mauricio, la Pato o Larreta, solo para mencionar algunas/os. Hacia los 60/70 y antes, claro, si bien existían matices y disputa por la hegemonía en los principales partidos políticos, no había dificultad para caracterizar y asociar a ciertas franjas sociales a esos principales partidos. El radicalismo recogía la impronta de la revolución del parque o la gesta de la reforma universitaria, entre otras muchas gestas empujadas por los sectores medios de la nueva burguesía local. El peronismo irrumpe con la movilización de las “masas populares” y su demanda por derechos sociales y laborales, incluso arrasando la tradición anarquista, socialista y comunista en el movimiento obrero. Antes, el socialismo y el comunismo ligan su tradición, principalmente en la cultura política de la inmigración y un horizonte de revolución social. Existe hoy una individualización y profesionalización de la política.

Antes del 76 se reconocía al tiempo constitucional como el del desarrollo del mercado interno y, por ende, con conflicto, los intentos de “pactos sociales” que asegurarían ganancia y salario, sustento de políticas desarrollistas, con industrialización protegida y consumo de masas. Ese programa e imaginario terminó en el 75/76 y se inició una nueva etapa de “aperturismo”, un remedo del proyecto de la generación del 80 del Siglo XIX, pero ahora en el marco de una creciente mundialización y transnacionalización del capital más concentrado actuante en el país. No solo aconteció durante la genocida dictadura, sino que se proyectó en el tiempo futuro. La liberalización de los 90 concretó el proyecto del 75/76 y tuvo sus rondas de recreación estructural, más allá de atenuaciones temporales, con sucesivas medidas que consolidaron el modelo de inserción subordinada de la Argentina en el sistema mundial.

Todo intento a contramano de esa tendencia estructural desde 1983 solo pudo morigerar esa mutación estructural, no revertirla ni transformarla en un sentido favorable a la mayoría social. Es importante rescatar esos momentos, sin embargo, el límite estuvo en contenerse en la crítica al orden emergente, “neoliberal”, sin cuestionar las premisas estructurales del orden capitalista. Existe similitud esencial con el acontecer regional y por eso el límite de la experiencia de cambio político en Sudamérica en los primeros años del Siglo XXI.

No solo hubo cambios en las relaciones sociales locales, sino que Argentina mutó su relación con el mundo, siendo parte de la ofensiva capitalista contra los derechos laborales y previsionales, modificando el patrón productivo para ofrecerlo al sistema mundial, incluso produciendo sin objeto de consumir localmente, especialmente en el modelo de la producción primaria para la exportación, sea soja, hidrocarburos, oro, o de bienes industriales ensamblados con destino al mercado mundial. Un mecanismo privilegiado para esa transformación provino del endeudamiento externo y la adecuación de la legislación y el régimen financiero y de inversiones externas para favorecer la circulación y movilidad del capital especulativo.

Por eso aludimos a un cambio integral, de modificación de las relaciones sociales de producción para hacer más regresivo al capitalismo local, en sintonía con lo nuevo que se inauguraba en el mundo, especialmente ratificado con la ruptura de la bipolaridad mundial en la última década del Siglo XX. Se sepultaba el sueño de la autonomía para el desarrollo capitalista, siempre irreal e imposible, mucho menos en un tiempo de extensión universal de la dominación del capital en sus manifestaciones transnacionales.

Maia y los millones de empobrecidos

Esos cambios estructurales explican el desempleo elevado del 2001 y el actual; los datos de la pobreza y la indigencia de hace dos décadas y de ahora. La coyuntura nos devuelve la crudeza de la situación de miseria de una menor, Maia, condición de vida de casi 60% de pobres entre los menores en la Argentina. Por eso aludimos a una realidad lacerante, la de Maia, que es la de millones de menores y de personas, de familias, de una situación que no empezó ahora por la pandemia, ni en el último turno de gobierno, sino que se trata de un problema estructural que arrastra casi medio siglo. Las tasas de pobreza de un dígito quedaron allá lejos. El tiempo nuevo construido por casi medio siglo es de creciente desigualdad y de una voluntad hegemónica por exportar (fugar) el excedente económico generado en el país.

¿Qué hacer para que no haya Maia y muchas/os similares? La respuesta hegemónica es invertir, favoreciendo la dinámica de inversión y desde ahí, con crecimiento derramar al conjunto social. Una gran falacia. Solo restaría decir que quienes invierten priorizan el uso del excedente económico en la fuga de capitales. La fuga es el pago de la deuda externa (renta financiera de los inversores de capital), las remesas de utilidades al exterior (renta por capitales invertidos en la producción y los servicios locales) y la constitución de activos en el extranjero (compras de propiedades o de títulos y bonos en el exterior, incluso billetes en el país). Es lo que denunció el BCRA respecto de los recursos ingresados desde el exterior durante el gobierno Macri. Mientras ingresaban los fondos del FMI, por una puerta giratoria se remitían al exterior esos mismos recursos. Esa lógica por ingresar dólares o divisas y favorecer su salida es lo que hace inestable al capitalismo local, con el sello de la inflación que lo diferencia de la mayoría de los países de la región y del mundo. El problema, dicen, es la baja productividad del trabajo que impide la competitividad local en el capitalismo mundial. Claro, si el excedente se fuga resulta imposible un proceso de mejora e innovación tecnológica y de adecuada formación de la fuerza laboral para esa expansión y desarrollo científico tecnológico orientado al incremento de la productividad del trabajo.

La lógica de la dominación y su reproducción es la “fuga” de capitales y por ende la acumulación en el sistema mundial. Esa es la especificidad local respecto de otros territorios, donde la dinámica mundial no anula la reproducción de la acumulación local. De nuevo, el argumento es a favor de las ganancias, ya que se insiste que el problema es el costo laboral elevado, especialmente a la hora de despedir. La solución sería entonces, bajar salarios y el costo asociado a la contratación y despido de trabajadoras y trabajadores. Qué eso lleva a peores condiciones de vida e incluso incrementar la miseria, la pobreza, la indigencia, el desempleo, el subempleo o la precarización laboral, no ingresa en el razonamiento de la “modernidad” de un pensamiento hegemónico. Un pensar estimulado desde los principales medios de comunicación, con argumentos académicos que replican la razón empresaria para ganar en sentido común de la población.

Superar la conmemoración de aquel momento de inflexión en la organización económica de la sociedad argentina y contribuir a la gestación de un proyecto más allá de las fronteras para constituir un imaginario de recuperación de la independencia y la solidaridad entre pueblos hermanados, requiere de una profunda crítica de nuestro presente y la historia reciente en el país y en la región. Es una tarea nacional y de articulación regional por otro mundo y distinto modelo productivo y de desarrollo.

Frenar la tendencia a la fuga de capitales supone denunciar el carácter ocioso de la deuda con el FMI y con ello modificar la gestión del endeudamiento, suspendiendo pagos y auditando con participación popular la deuda externa desde los tiempos del genocidio dictatorial. Empezar por la deuda y reorganizar la economía, los que supone mutaciones esenciales en las relaciones sociales de producción, especialmente en las relaciones de propiedad. El acceso a la tierra está en la primera consideración de cualquier transformación económica y social. La matriz productiva debe asociarse a la satisfacción de las necesidades del conjunto social y no orientadas por la generación de excedente con destino al sistema mundial.

Si en marzo del 76 o en torno a esa fecha se estructuró el tiempo fundacional de estos lacerantes tiempos, es hora de gestar las condiciones de posibilidad para una refundación pensada en la solución de problemas creados por el orden social derivado de aquellos años de fuego, los que ganaron en sentido común y transformaron la economía, la política y la sociedad.

https://www.alainet.org/es/articulo/211481?utm_source=email&utm_campaign=alai-amlatina

21.9.-Chile: la tos de la democracia ASCANIO CAVALLO

16 de Marzo de 2021/SANTIAGO Letreros de campaña política en Avenida Isabel La Católica esquina Carlos V Comuna de Vitacura FOTO: MAURICIO MENDEZ/ AGENCIAUNO

 Chile podría batir otra de esas marcas a las que parece haberse aficionado: ser el primer país en el que un gremio determina la realización de unas elecciones. Este no es juicio, sino un dato: el Colegio Médico es el protagonista en la iniciativa de postergar las cuatro elecciones simultáneas del 10 y 11 de abril. 

27 mar 2021.- En el sistema político, no hay ningún actor significativo que apoye esa idea. Casi todos ellos guardan silencio o eluden el bulto, con la expectativa de que se pueda cargar ese bulto a alguien: tanto el de posponer las elecciones afectando la democracia, como el de mantener el proceso afectando la salud. Es una de esas opciones entre la sartén y las brasas. El gobierno también permanece agazapado. Ya se acostumbró a no tomar decisiones hasta que la última encuesta dictamina qué es mejor.

Las encuestas se inclinan mayoritariamente por postergar las elecciones, lo que no es tan raro cuando se ha impuesto la mayor cuarentena desde el inicio de la pandemia y cuando las cifras de contagios son más alarmantes. La situación sanitaria es, en efecto, mala. No parece haber empeorado con el relajo, como dicen algunos, sino más bien con la angustiosa necesidad de retomar los trabajos. Y al mismo tiempo, las perspectivas han mejorado por el cambio de los perfiles epidemiológicos y por la velocidad de aplicación de la vacuna. Contagios y vacunas corren una sardónica carrera en direcciones inversas.

Mover las elecciones es un desbarajuste mayor. Los especialistas del mundo concuerdan en que las razones sanitarias no pueden ser las únicas que decidan acerca de un proceso electoral. En el pandémico 2020 se realizaron 52 elecciones en el planeta. Hasta julio se habían postergado 67. Pero a partir de octubre, la tendencia fue decididamente en favor de mantener los procesos electorales inalterados.

El deterioro que la pandemia ha significado para la democracia en el mundo no es una broma. De hecho, ha sido la gran oportunidad para los autoritarismos y los populismos de todas las latitudes. Freedom House registra retrocesos en 80 países, incluyendo cinco de América del Sur (Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela). De acuerdo con el reporte de otra ONG dedicada a la democracia, Idea International, muchos gobiernos han penalizado las informaciones sobre la pandemia que se salen de su línea, arrestando a los periodistas, como Cuba. El régimen de Nicaragua ha ido algo más lejos: despide a los médicos que critican la estrategia oficial.

El Colegio Médico chileno no corre tal riesgo. Presenta sus opiniones desde la perspectiva de la prevención del mal, pero resulta difícil saber si en su definición del mal entra primero el virus o el gobierno. De modo que la propuesta de postergar las elecciones ha derivado hacia una exigencia con ciertos brumosos ribetes políticos. Sin embargo, al proponer que el asunto se discuta con el Congreso y “a puertas abiertas”, demuestra que también comprende que el gobierno no puede afectar un proceso democrático sin tener un consenso político.

Las proyecciones pueden ser temibles, pero los hechos no lo han sido. El plebiscito para aprobar la convención constituyente fue postergado una vez y realizado luego en plena pandemia, sin que hubiese noticia de un serio aumento en los contagios. Mejor aún, Idea International ha clasificado como “caso destacado en prevención y mitigación” las medidas que tomaron las autoridades electorales chilenas en ese plebiscito. El Servel ha sido neutral en el debate, precisamente porque puede hacerse cargo de cualquier opción. No es su eficiencia lo que está en juego.

Postergar las cuatro elecciones tiene toda clase de costos en un año que ya está recargado por los anteriores retrasos. Entre abril y diciembre hay nueve elecciones de autoridades y una que instala la convención constituyente, la que, a su turno, tiene unos plazos que también se verían extendidos. Ahora mismo, prácticamente todos los municipios están descabezados, con sus alcaldes y concejales renunciados -y muchos, en campaña- desde hace ya meses. (En Sri Lanka hubo cinco meses sin Parlamento por una medida similar, para gozo y solaz del gobierno).

Lo más notorio, sin embargo, es que una nueva postergación de las elecciones, aun con las más santas razones del mundo, podría afectar la credibilidad del proceso y deteriorar la voluntad de participar (también puede hacerlo el miedo a la pandemia). En verdad, los únicos políticos a quienes les conviene la postergación son aquellos que se sienten retrasados en la competencia por hacerse visibles. Y esa ya es una motivación non sancta.

Todo el mundo agradece a los médicos su preocupación por la salud, cómo no. Pero cuando la democracia sufre un espasmo, ¿no debería alguien preocuparse también de su salud?

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-la-tos-de-la-democracia/VLYKL4LTZRERLOBNNG25345FSI/

  • 21.8.-Brasil comienza a salir del lawfareEMIR SADER
  • El poder del litio bolivianoHEDELBERTO LÓPEZ
  • Chile: alguien cantó ASCANIO CAVALLO

Con Lula, Brasil se reencuentra consigo mismo, vuelve a darse cuenta de que solo en democracia la mayoría impone su voluntad, que solo en democracia se hacen realidad los intereses del pueblo

Foto: https://lageneracionsiguiente.blogspot.cO

La expresión en inglés lawfare designa la judicializoación de la política, la connivencia entre el Poder Judicial y los medios de comunicación para criminalizar a los líderes de izquierda. Y la nueva estrategia de la derecha -también llamada guerra híbrida- que llegó a Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador.

15/03/2021

Una estrategia que, rompiendo con la democracia, de forma más o menos abierta, permitió la interrupción de los gobiernos democráticos y progresistas en América Latina, y promovió el retorno de la al gobierno de estos países. Un retorno breve, efímero, porque lo que la derecha tiene que ofrecer a los pueblos del continente es ajuste fiscal, menos democracia y renuncia a la soberanía nacional. Por eso volvieron a ser derrotados en Argentina, en Bolivia, están en proceso de ser derrotados también en Ecuador.

Esta estrategia se inició en Brasil con el golpe de Estado contra Dilma, quien destituyó del gobierno a una presidenta recientemente reelegida por el voto democrático del pueblo, pero víctima de un proceso sin fundamento legal, que rompió con la democracia, reinstalado en Brasil solo unos 30 años, luego de una dictadura militar de 21 años.

Una estrategia de lawfare, de judicialización de la política, de guerra híbrida, que tuvo su segundo capítulo en prisión, condena y prohibición de que Lula fuera candidato en las elecciones presidenciales de 2018, cuando ganaría en la primera vuelta, según todas las encuestas.  Y que tuvo en la monstruosa operación mediática -con el consentimiento del Poder Judicial y los medios- para elegir a Bolsonaro como presidente de Brasil, en un proceso absolutamente antidemocrático.

Brasil vive todo el sufrimiento de la ruptura de la democracia, que nunca es buena ni para el pueblo ni para el país. Recesión económica, crisis social, muertes ilimitadas por la pandemia, vacunación lenta, pérdida de la soberanía nacional, el pueblo abandonado, la herida de muerte democrática.

La decisión judicial de restaurar públicamente la inocencia de Lula representa el principio del fin de todo. Los otros países, Argentina, Bolivia, Ecuador, han encontrado la manera de salir de la guerra. Argentina, tras la derrota electoral de 2015 y el aplastante fracaso del gobierno de Mauricio Macri, eligió a Alberto Fernández, quien retoma, a su manera, el camino de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, de antineoliberalismo, democracia, soberanía nacional, de Integración latinoamericana.

En Bolivia, luego del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Evo Morales, el gobierno de restauración neoliberal duró poco. En cuanto se recuperó el derecho democrático a elegir presidente de la república, el candidato vinculó a Evo Morales y al MAS, Luis Arce, como nuevo presidente del país. Ecuador va por el mismo camino, proyectando la elección del candidato vinculado a Rafael Correa, Andrés Arauz, como probable nuevo presidente del país.

Brasil comienza a caminar, a su manera, fuera del lawfare, la judicialización, la guerra híbrida, la ruptura de la democracia, con la restitución de los derechos políticos plenos a Lula. Es un camino largo, todavía lleno de obstáculos, pero que cobra un nuevo impulso con el regreso de Lula a la vida política brasileña.

Su discurso tuvo un eco generalizado en todo el país, inspirando lo que todos sintieron: esperanza. Un país masacrado y desesperado volvió a mirar su presente y su futuro con un nuevo horizonte, representado por Lula. El propio Poder Judicial debe reconocer que todos los cargos en su contra fueron manipulaciones antidemocráticas, llevadas a cabo por jueces al servicio no solo de impedir que Lula vuelva a ser presidente de Brasil, sino de destruir los cimientos de la democracia e incluso de la construcción económica de un país libre y soberano.

Con Lula, Brasil se reencuentra consigo mismo, vuelve a darse cuenta de que solo en democracia la mayoría impone su voluntad, que solo en democracia se hacen realidad los intereses del pueblo. Que sólo en democracia Brasil vuelve a recuperar su imagen de gran país, los brasileños pueden volver a sentirse orgullosos de su país y de ser brasileños.

Es un camino que apenas se comienza a recorrer, pero que ya se refleja en todo el campo político, que comienza a reaccionar a las propuestas de la presencia de Lula, no solo como perspectiva de futuro, sino como referente fundamental de derrotar a Bolsonaro, su gobierno incapaz de llevar al país en la peor crisis de su historia.

Será un largo período de varios meses para un país que llora más de 2.000 muertos cada día, que sufre de hambre y desamparo todos los días, que se siente impotente y desanimado. La esperanza nuevamente es vencer el miedo, la miseria, el autoritarismo, la arbitrariedad, la falta de justicia y la solidaridad. Lula representa todo eso. Así, Brasil comienza a salir de la guerra de la ley para volver a la democracia y a un gobierno legítimo elegido por el pueblo brasileño.

– Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).

Foto: https://lageneracionsiguiente.blogspot.co

21.8.-El poder del litio bolivianoHEDELBERTO LÓPEZ

Fuentes: Rebelión

Los enormes yacimientos de litio boliviano constituyen dos vertientes opuestas: una bendición para profundizar el desarrollo económico futuro del país, o una constante amenaza debido a la ambición de compañías transnacionales y gobiernos imperiales por tratar de controlar esos recursos.

15 mar 2021.- El expresidente Evo Morales Aima ha denunciado en repetidas ocasiones que su gobierno fue víctima de un “golpe de Estado del litio” cuando fuerzas de la oligarquía derechista, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Estados Unidos lo sacaron del poder en noviembre de 2019.

Un año antes de esos sucesos, en octubre de 2018, Morales había firmado un convenio con la empresa alemana ACI Systems para la explotación del salar de Uyuni, pero la oligarquía criolla, encabezada por el expresidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari, inició una virulenta campaña desinformativa al catalogar el convenio como “entreguista”.

La desinformación engañó a parte de la población que comenzó protestas bajo la dirección de elementos de la derecha respaldada por militares afines y por la OEA que alegó fraude en las elecciones de noviembre de 2019.

Aunque Evo anuló el acuerdo con ACI Systems, el golpe de Estado quedó consumado una semana después de los comicios.

En el denominado Golpe del Litio actuaron influyentes transnacionales y hasta el segundo hombre más rico del mundo, Elon Musk, propietario de las compañías SpaceX y Tesla (autos y equipos eléctricos). Este multimillonario estadounidense al ser consultado en twitter por un internauta sobre si tenía algo que ver con los sucesos de Bolivia declaró que no le molestaba derrocar a quien sea, con tal de alcanzar sus objetivos empresariales.

Tras las altisonantes declaraciones de Musk, Morales declaró que el principal móvil del Golpe fue haber dejado fuera a Estados Unidos del proyecto de industrialización del litio que se llevaba a cabo en el país en conjunto con Alemania y China.

Con la empresa Xinjiang Tbea Group-Baocheng se habían rubricado acuerdos por alrededor de 2 000 millones de dólares para edificar ocho usinas, cuatro en el salar de Uyuni y cuatro en los salares de Coipasa y Pastos Grandes, pero quedaron inconcluso por la imposición del régimen de facto de Jeanine Añez y los desastrosos efectos de la pandemia de Covid-19.

Recientemente se anunció que el presidente Luís Arce reflotará el plan para convertir el salar de Uyuni en la capital mundial del litio, cuyas reservas son las mayores del orbe. Hasta el 2030 se prevén instalar 41 plantas de procesamiento en los departamentos de Potosí y de Oruro.

En declaraciones a la prensa, el nuevo presidente ejecutivo de la Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Marcelo González señaló que el país tiene el inmenso desafío de reactivar esa industria tras un año de semi paralización que impidió la comercialización a gran escala del producto.

González aseguró que cuentan con recursos humanos calificados para entrar a la etapa de industrialización y entre las principales acciones está la construcción de otras plantas industriales como las de ión litio y cátodos en los departamentos de Oruro y Potosí.

Actualmente, Bolivia puede producir 12 000 toneladas de carbonato de litio al año y en la planta de Uyuni se procesan entre 700 y 1 000 toneladas mensuales de ese producto.

Asimismo, en la Planta Piloto de Baterías se construyen las 5V, similares a las utilizadas por los teléfonos móviles pero aún el país no logra satisfacer la alta demanda externa, por lo cual se busca la asociación con otra nación que colabore con transferencia tecnológica.

Para González resulta importante que se complete la cadena del litio dentro de Bolivia, es decir, se extraiga la materia prima y se procese para darle valor agregado. Argumentó que hasta ahora han cerrado la cadena del litio a nivel de laboratorios y pilotaje con la planta de materiales catódicos así como la de baterías que está produciendo para la venta en el mercado interno, y se realizan gestiones con la empresa de autos eléctricos Quantum, con sede en Cochabamba para proveerles acumuladores.

Bolivia posee 21 millones de toneladas de litio, mineral muy preciado por gobiernos desarrollados y compañías trasnacionales por su utilización en laptops, celulares, tabletas, otros equipos móviles y acumuladores para vehículos, por lo que han denominado a ese mineral como el “Oro blanco”.

Expertos indican que con la continuación del desarrollo de las baterías con base a sales de ión litio, ese producto movería unos 46 000 millones de dólares en 2022 y 220 000 millones de dólares en diez años.

Esas baterías pueden acumular en los aparatos móviles gran energía con mínimo peso y espacio para las personas y en los autos eléctricos son capaces de mantener un máximo de 3 000 ciclos de carga y descarga sin perder las propiedades de almacenaje y voltaje.

Un estudio del Servicio Geólico de Estados Unidos (USGS) estima que el 60 % del “oro blanco” mundial se haya en Argentina, Chile y Bolivia por lo que esas naciones están destinadas a impulsar su desarrollo económico en los próximos años.

Pero Argentina y Chile tienen la desventaja de que su explotación está en manos de empresas transnacionales que dejan pocas remuneraciones monetarias, mientras en Bolivia está controlada por el Estado, que según lo establecido, el 51 % de las ganancias permanecerá en el país.

Si el nuevo gobierno encamina al país por la senda política-económico-social que logró llevarlo el expresidente Evo Morales, los enormes yacimientos de litio que posee Bolivia pueden acabar de revertir la historia de pobreza de esta nación, aunque siempre debe estar alerta con las artimañas de la oligarquía criolla y de las compañías estadounidenses interesadas en hacerse del control del “oro blanco”.

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

https://rebelion.org/el-poder-del-litio-boliviano/

21.8.-Chile: alguien cantó ASCANIO CAVALLO

Antes de que pasaran 24 horas del anuncio de Boric, Jadue emplazó a los demás candidatos opositores a arrepentirse por haber participado en gobiernos neoliberales, es decir, a todos los de los últimos 30 años

El proceloso remolino de la izquierda chilena no cesa de acelerarse. A ratos pareciera que se puede detener, en aras de la prudencia o la conveniencia, pero rápidamente adquiere nueva velocidad. De paso, también se va desnudando. Veamos.

20 mar 2021.- Esta semana, después de las cavilaciones y negociaciones enrevesadas que son de estilo, entró a la liza presidencial Gabriel Boric, en nombre del Frente Amplio. Boric es, más allá de los juicios de ocasión, la figura de mayor densidad intelectual del Frente Amplio, con mayor inquietud y espíritu crítico y, acaso por lo mismo, con menor capacidad de adaptación a los vaivenes de su sector. Por eso ha tenido que romper con un partido y formar otro antes de que su coalición cumpla cuatro años. En fin: las interpretaciones posibles son muchas y no es bueno confundir la psicología con la política. Taxativamente se define de izquierda y participa sin sombra de duda de la oposición.

El hecho es que Boric entró a una cancha que ya está bastante poblada. Ayuda memoria: por la actual Unidad Constituyente (ex Concertación) compiten Ximena Rincón (PDC), Heraldo Muñoz (PPD), Paula Narváez (PS) y Carlos Maldonado (PR); por la alianza de izquierda están Daniel Jadue (PC), Marcelo Díaz (Unir) y Jaime Mulet (FRSV); todavía sin definición permanecen Marco Enríquez-Ominami (PRO) y Pamela Jiles (PH). Nueve antes de Boric. Ahora 10.

La entrada de Boric podría haberlo instalado como un gozne entre los diversos enfoques opositores, dado que su postura insistente ha sido la de propiciar la unidad de la oposición, lo que no es tan fácil de hacer si antes se ha sido oposición de los mismos que ahora también están en la oposición. Claro, es verdad que todos dicen lo mismo, aunque casi todos piensan, sin decirlo, que esa unidad sólo es viable si los demás se allanan a aceptar el liderazgo y el programa de uno, por no decir cosas más grandes, como el manejo del Estado o el modelo de sociedad.

Quien sí lo dice, y con bastante claridad, es el alcalde Jadue, que ha sido igualmente insistente en exigir definiciones de izquierda verdaderas, es decir, tal como él las entiende. Antes de que pasaran 24 horas del anuncio de Boric, Jadue emplazó a los demás candidatos opositores a arrepentirse por haber participado en gobiernos neoliberales, es decir, a todos los de los últimos 30 años. Detrás de esto está su interpretación del 18-O: que fue una disrupción en contra del curso que ha llevado el país desde 1990 (y quizás, si lo apuran, desde 1973). La izquierda verdadera debería concordar con el eslogan: “No son 30 pesos, son 30 años”.

Desde luego, Jadue no ignora que cinco de los otros precandidatos opositores fueron ministros de esos gobiernos y uno, jefe de campaña de una candidata. El arrepentimiento que solicita es, necesariamente, la aceptación de una hegemonía, que no puede ser otra que la que el mismo Jadue representa. Por supuesto, es un planteamiento para polarizar, una manera de separarse tajantemente de la llamada “centroizquierda” y, más sutilmente, de la propia conducción del PC y del sector del partido al que reiteradamente ha acusado de “conservador”.

Diríase, en breve: una provocación. Por si alguien canta.

Y, en efecto, sorpresivamente, alguien ha cantado: nada menos que Paula Narváez, que después de declarar su desacuerdo, como si le doliera, se lanzó en un denodado y algo retortijado esfuerzo por aclarar que el gobierno de la Nueva Mayoría -donde ella fue ministra- sí fue distinto al resto, un gobierno donde participó el tipo de PC que a Jadue le disgusta, un gobierno presidido por una persona que era la misma, pero no era la misma que presidió un gobierno anterior. De Michelle Bachelet 1, entonces, habría que arrepentirse, pero a Michelle Bachelet 2 es preciso exceptuarla. Es una manera bastante rara de contarse la historia.

Para contarla completa sería necesario decir que entre el 2006 y el 2010 en verdad no gobernó Michelle Bachelet, sino otra fuerza. En algunos círculos de la izquierda nueva mayorista esa fuerza tiene el nombre de una persona -Andrés Velasco-, un grupo -Expansiva- o un ideario político -el neoliberalismo, el concepto más vago y la palabra más arrojadiza en la política del siglo XXI.

Pero esto no pasa de ser una interpretación fantásticamente excesiva: es útil recordar que Michelle Bachelet terminó ese gobierno con una aprobación por las nubes, cosa que no ocurrió en el segundo. ¿Cómo saldrá Narváez de esa ciénaga?

Tal como están planteadas las cosas, parece posible que varios de los precandidatos caigan en este tipo de cazabobos incluso antes de llegar a elecciones primarias. Pero, intelectualmente hablando, su esfuerzo representa a esa parte del PS (y también del PPD) que ya no soporta participar en algo que se llame centroizquierda. Ignacio Walker ha recordado en uno de sus libros que Osvaldo Andrade prefería sustituir la descripción de la coalición por la de “el centro y la izquierda”, y hay otros socialistas que cuando el partido se ha movido un poco hacia el centro han denunciado su “pepedeización”. Peor será ahora, que es justamente el PPD el que se resiste a una operación anticentroizquierdista, como son las preprimarias, que a todas luces tienen por objeto único impedir que la nominación la obtenga Ximena Rincón.

¿Significa esto que está amenazada la integridad del PS? Por cierto. Y también la del PPD e incluso de la DC. Si estuvieran más robustos, ya se habrían dividido.

Pero todos ellos, socialistas blandos y duros, pepedés guatones o chascones, decés aylwinistas, zaldivaristas, chahinistas o rinconistas, todos ellos, sin excepción relevante, caerían dentro del estado de pecado político del que Jadue invita a arrepentirse.

De modo que el papel que podría haber desempeñado Boric, el de articulador de la unidad de la oposición, ha quedado perforado a la entrada. Desde luego que eso no mata su candidatura; quizás, al revés, la fortalece. Es su identidad propia, como se dice cuando las cosas no salen bien.

Claro que ese camino es diferente. Lo cual conduce a la conclusión siguiente, que es que Jadue tiene razón: no hay unidad sin una hegemonía. Aceptada, concordada, impuesta o rendida, cualquiera sea la fórmula, la hegemonía reconoce la fuerza directriz y el ritmo que seguirá una coalición política. Sin hegemonía no hay candidatura ni programa. Pero en democracia, la hegemonía no se gana con declaraciones, sino con votos.

Y con esto se vuelve al origen del desorden actual: la hegemonía, que algunos suponen que existe en el imaginario social, a partir de sus propias interpretaciones del 18-O, ninguna de las cuales ha sido confirmada, sólo empezará a ponerse a prueba en las elecciones de alcaldes y gobernadores. Recién en ese momento se puede tener una idea de quiénes se han de arrepentir. Y para qué.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-alguien-canto/PVOS7VM5WJGUDNJJ3TSOVGDHQI/

  • 21.7.-Ecuador: finalistas Arauz y Lasso promueven modelos económicos diametralmente opuestos – ISAÍAS CAMPAÑA
  • Solicitan en Perú prisión preventiva contra expdte. Vizcarra 
  • Honduras: Las falacias de un narco estado ante el soplido del imperio CARLOS M. LICONA
  • Los ocho objetivos ASCANIO CAVALLO 
  • Denuncian en Argentina a Mauricio Macri por préstamo del FMI

Arauz es partidario de una activa participación del Estado en la economía, mientras que Lasso promueve un Estado subsidiario, limitado a dotar servicios básicos de educación, salud y vivienda a los pobres que realmente necesitan.

Foto: https://www.telam.com.ar

Ambiente económico y social de las elecciones 

Durante los últimos seis años, la economía nacional registró un estancamiento crónico y la pandemia del COVI-19 en 2020 causó la reclusión de la población y la suspensión de las actividades productivas que lo llevó al filo de precipicio. En 2019, el Producto Interno Bruto ((PIB), en valores corrientes, se ubicó en 108.108 millones y en 2020 se desplomó a USD 96.677 millones, que en valores constantes representa una contracción de 8,9% (BCE, 2021). Hecho inédito en la historia económica del país.

11 mar 2021.- El Primer Mandatario, en los primeros meses de su gestión, dejando atrás el Programa de Gobierno que lo llevó a Carondelet, entregó la conducción de la política económica, financiera y comercial a connotados empresarios, quienes promovieron como objetivo nacional “el sector privado motor de la economía”.

En un acto ampliamente publicitado en los principales medios de comunicación, el 15 de junio de 2018, en la ciudad de Guayaquil, los empresarios de siete sectores productivos y el “Gobierno de todos” firmaron un convenio de inversión por USD 9.435 millones que debían desembolsar en un plazo de 48 meses (El Comercio, 2018). Sin embargo, hasta el día de hoy, no hay evidencias que lo hayan cumplido; por el contrario, en este periodo, hubo una permanente sequía de inversiones, nacionales y extranjeras.

El deterioro de la economía y la invasión de la pandemia provocaron al crecimiento exponencial del desempleo y subempleo. Entre mayo y junio de 2020, que son los datos más realistas, más de un millón de personas estaban desempleadas y 5,3 millones de ciudadanos se ubicaban en el nivel del subempleo, equivalentes al 13,3% y 70% de la Población Económicamente Activa (PEA), respectivamente (INEC, 2021).

El desplome del mercado laboral causó el aumentó dramático del número de personas en condiciones de pobreza y extrema pobreza. A diciembre de 2020, la pobreza aumentó en 7 puntos porcentuales en comparación al mismo mes de 2019, ubicándose en 32,4%, en el área urbana 25,1%, y en la rural 47,9%. Lo propio en la pobreza extrema que aumentó en 5 puntos porcentuales con un 14,9% en 2020, a nivel urbano 9,0% y rural 27,5% (INEC, 2021).

Las instituciones públicas tienen bajos niveles de calificación referente a la gestión de las autoridades. En el contexto de América Latina, el presidente Lenin Moreno registra una de las más bajas calificaciones respecto a su gestión por parte de la población, 90,8% califica como mala; con la misma calificación, la Asamblea Nacional, 90,6% y administración de justicia, 82,4% (Market, 2021).

En medio de este ambiente de pesimismo y resignación, más de 13 millones de ciudadanos estaban habilitados para elegir presidente y vicepresidente, 15 asambleístas nacionales, 116 provinciales y 6 del exterior, así como 5 parlamentarios andinos.

El organismo electoral aprobó la participación de 16 binomios que aspiraban llegar a Carondelet. La mayoría desconocidos para la población, otros ni siquiera habían pagado impuestos, a un candidato, el movimiento que auspiciaba le retiró el apoyo porque el programa de gobierno había sido copiado de Wikipedia, luego la postulante a la vicepresidencia renunció. Entre los candidatos que aspiraban ocupar una curul en la Asamblea Nacional, había un candidato acusado por la fiscalía de “asociación ilícita”, llevaba grillete electrónico en el tobillo.

El 7 de febrero se realizaron las elecciones generales 2021 que se efectuó sin mayores novedades. A pesar del ambiente de temor a contagiarse por la pandemia, la población salió masivamente a ejercer su derecho al voto, directo y secreto.

Algunos politólogos consideran que la realización de procesos electorales y el sistema electoral en su conjunto determinan la calidad de la democracia. Esta corriente tiene un concepto limitado de democracia. Si el sistema electoral tiene deficiencias para aprobar movimientos o partidos políticos, permite la inscripción de candidatos inmersos en procesos judiciales, no puede hablarse de un sistema democrático pleno.

Una sociedad que registra altos niveles de desempleo y subempleo, pobreza y extrema pobreza, con grupos económicos que pueden influir en los resultados electorales, en estas condiciones se considera una democracia limitada, restringida. La democracia es un concepto mucho más amplio, a más del sistema electoral, incluye derechos humanos, componentes económicos y sociales, transparencia y legitimidad.

Resultados de las elecciones presidenciales

Según datos reportados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), de un total de más de 10,6 millones de sufragantes, el candidato de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, ocupó el primer lugar con más de 3 millones de votos, equivalente al 32,72%, a continuación, con una diferencia de más de 12 puntos, Guillermo Lasso del movimiento Creando Oportunidades (CREO) en alianza con el Partido Social Cristino (PSC), obtuvo más de 1,8 millones de votos, 19,74%, y en tercer lugar, se situó Yaku Pérez, del movimiento Pachakutik que consiguió más de 1,7 millones, 19,39%, datos que corresponden al 100% de las actas procesadas (CNE, 2021).

No obstante, dirigentes del movimiento Pachakutik solicitaron al CNE el recuento de los votos de más de 20.000 actas porque se sentían perjudicados para llegar a la segunda vuelta, pero el pleno del organismo electoral resolvió únicamente revisar 31 actas. Luego de recuento, Yaku Pérez obtuvo 612 votos adicionales que evidenciarían ciertas irregularidades.

El triunfo de Arauz se puede atribuir al hecho de que la fuerza política del ex presidente Rafael Correa, mantiene un voto duro, en base al apoyo de un importante segmento de la población que incluye sectores populares, profesionales, intelectuales y grupos de empresarios.

En las administraciones del gobierno de la “revolución ciudadana» se registró una intensa participación del Estado en la economía, a través de importantes inversiones en obras de infraestructura, tales como centrales hidroeléctricas, aeropuertos, ampliación y construcción de nuevas carreteras, edificaciones de instituciones educativas y proyectos multipropósitos.

Se incorporó masivamente a decenas de miles de personas al sector público y se incrementó sustancialmente los sueldos de servidores del Estado y las pensiones de jubilados. La participación del Estado en la economía se vio facilitada por los altos precios del petróleo en los mercados internacionales.

El Plan de Gobierno del binomio Arauz-Rabascall para el periodo 2021-2025 presentado al CNE el 2 de octubre de 2020, manifiesta: “Las estrategias, los lineamientos, las metas y la profundización programática de nuestro plan de gobierno serán construidos de forma participativa, descentralizada y democrática hasta la fecha de nuestra posición” (Arauz, 2020).

El Plan de Gobierno del binomio Unión por la Esperanza propone 11 objetivos específicos, para alcanzarlos se plantea 390 propuestas y estrategias que incluyen realizar una auditoría integral de la deuda pública interna y externa; establecer un sistema masivo de créditos, a tasas bajas para desendeudar a las familias; luchar contra la corrupción fiscal y la evasión; apoyar a la economía, dando prioridad al sector social y solidario, créditos sin interés; reformar a profundidad el IESS, en favor de los afiliados, cumplir con el aporte estatal, así como convocar a una asamblea constituyente.

En la misma línea, se propone reivindicar la prohibición constitucional de privatizar bienes públicos y de los sectores estratégicos del Estado, activos y empresas públicas; disminución de manera generalizada de tasas de interés activas; establecer un impuesto más alto sobre las ganancias de las empresas que hayan acumulado rentas monopólicas u oligopólicas; retomar la integración regional, particularmente la UNASUR y CELAC; rechazar los Tratados de Libre Comercio y Tratados Bilaterales de Inversión convencionales; avanzar en el cambio de la matriz energética y productiva, entre otras (Ibídem). Las medidas apuntan a retornar el modelo económico orientado a darle un mayor peso al Estado en la economía.

Arauz tiene una ventaja de más de 12 puntos sobre su inmediato seguidor, Guillermo Lasso, para llegar al Palacio de Carondelet, a más de lo que alcanzó en la primera votación, necesitaría conseguir el apoyo de más del 18% de los votos de los candidatos que quedaron eliminados.

Lenin Moreno en la primera vuelta electoral, de la mano del ex presidente Rafael Correa, obtuvo más de 3,7 millones de votos, que representa el 39,36%, pero una vez que se posesionó como presidente de la República, se desmarcó de su mentor y se produjo la incisión del movimiento de Alianza País. No obstante, Arauz consiguió más del 32% de los votos válidos.

El Plan de Gobierno del binomio Guillermo Lasso-Alfredo Borrero de la alianza del movimiento CREO-Partido Social Cristiano (PSC) promueve un modelo de economía de “libre mercado”, orientado a reducir a un rol subsidiario del Estado en la economía y a erigir al sector privado como el “motor de la economía”. En esta línea, se pretende promover la liberalización económica, financiera y comercial y la flexibilización laboral. Se afirma que “Un estado mínimo y robusto es lo ideal, ocupado de garantizar el acceso a servicios básicos como educación, salud y vivienda a los realmente pobres.”

El Plan de Gobierno de la alianza CREO-PSC titulado “Por un Ecuador Justo, Prospero y Solidario”, en el ámbito económico, tiene como misión: “Promover una economía de libre mercado y abierta al mundo, fiscalmente responsable para lograr un crecimiento sostenible y generar empleo, como la mejor forma de crear oportunidades para todos”.

El Plan de Gobierno, en el ámbito de la seguridad social, pretende implementar nuevos sistemas de salud y pensiones, mediante reformas normativas para que tanto el sistema de reparto como el de ahorro privado sean factibles y estén a elección de todos los ecuatorianos. Por tanto, se tiene la firme decisión de desmonopolizar la seguridad social.

En el eje económico, se propone como objetivo generar al menos un millón de empleos productivos; una política de estado en el campo comercial que tenga como fin el libre comercio con la mayor cantidad de países; convertir al país en un imán para las inversiones, a través de fortalecer la seguridad jurídica, mejorar el entorno regulatorio; simplificar los procesos legales y tributarios que tienen que cumplir los empresarios de todo tamaño y procedencia, eliminar el impuesto a la salida de divisas (ISD) que desincentiva el ingreso de nuevas inversiones; impulsar el mercado de valores a través de la creación de una institución reguladora similar a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (Lasso, 2020).

En la misma dirección, se pretende convertir a Ecuador en un centro financiero mundial, mediante el arribo de la banca internacional, lo que traerá el ahorro externo del resto del mundo; un programa de crédito de USD 1.000 millones para financiar a los agricultores al 1% de interés y a un plazo de 30 años; remover a la burocracia improductiva, a través de un reordenamiento del sector público; lucha frontal contra la corrupción, teniendo como eje central la adopción de medidas radicales que integren todas las instituciones del Estado (Ibídem).

La política económica que pretende ejecutar el candidato Lasso representa la continuación de la política de austeridad fiscal que diseñaron las élites empresariales en el gobierno de Lenin Moreno que llevó al sistemático deterioro de la economía y al lacerante crecimiento del desempleo, informalidad y pobreza.

El binomio Lasso-Borrero para ganar el balotaje en abril necesitaría conseguir, a más de lo que obtuvo en la primera vuelta, el apoyo superior al 30% del electorado que votaron por otras organizaciones políticas, conquistar ese apoyo se vuelve cuesta arriba.

En 2017, en la primera vuelta, Lasso en alianza CREO-SUMA consiguió un poco más de 2,6 millones de votos, equivalente al 28,09%, pero en febrero de 2021, en alianza con el PSC, obtuvo un poco más de 1,8 millones de votos, que representa el 19,74%, esto es, registró un descenso de más de 8 puntos. El partido Social Cristiano no le aportó mayormente a Lasso en sus plazas fuertes como en la provincia del Guayas.

Elección de asambleístas nacionales

El 3 de febrero de 2020, se publicó en el Registro Oficial un conjunto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas que incluyen nuevas disposiciones para el gasto electoral, el establecimiento de listas cerradas y bloqueadas que faculta el voto en “plancha”, el método de asignación de escaños se sustituyó del de D´ Hont al de Webster que permite a las minorías tener representación en la Asamblea Nacional.

Antes de las reformas estaba vigente el método de D´ Hont que daba una mayor representación a las organizaciones políticas que conseguían la mayor votación para la Asamblea Nacional. Se consideraba que evitaba el fraccionamiento en la Función Legislativa, facilitaba la aprobación de leyes remitidas por el Ejecutivo y generaba una mayor gobernabilidad. Sin embargo, en la práctica, produjo una concentración de poderes que impidió que la Asamblea pueda desempeñar una de sus funciones fundamentales como es la fiscalización.

Los candidatos a la presidencia de la República que obtienen mayor votación generalmente generan el efecto arrastre, es decir, candidatos a la Asamblea -nacionales, provinciales y del exterior-, por lo general, alcanzan las mayores votaciones.

Los candidatos de la Unión por la Esperanza consiguen cerca de 2,6 millones de votos, que representa el 32,21%. Según María Sol Borja, conseguirían 5 asambleístas nacionales, encabezada por Pierina Correa, hermana del ex presidente, seguido de Ricardo Hulcuango, lo que constituye la primera fuerza política de la Asamblea Nacional, aunque no logra la mayoría absoluta (Borja, 2021).

Fuerza Compromiso Social considerada políticamente como “progresista” para alcanzar dignidades en la Función Legislativa, aprobar proyectos de ley, adoptar resoluciones, tendría que llegar a acuerdos con otras organizaciones políticas. Una de las organizaciones más afines podría ser Pachakutik, pero por los acontecimientos registrados en las administraciones del ex presidente Correa se dificultaría alcanzarla.

Los candidatos de Pachakutik a la Asamblea obtuvieron alrededor de 1,3 millones de votos, equivalente al 16,81%, alcanzarían 3 asambleístas nacionales, liderado por Salvador Chishpe. La votación lograda fue la mayor sorpresa en las elecciones generales de febrero, hecho inédito en la historia del movimiento indígena, con lo cual se erigen en la segunda fuerza política a nivel nacional.

Los candidatos de la Izquierda Democrática (ID) superaron los 961 mil votos, que representa el 11,98%, obtendrían 2 asambleístas, liderada por Wilma Andrade que consigue la reelección. La votación lograda por la ID fue otra de las sorpresas en las elecciones generales, evidencia el resurgimiento del partido socialdemócrata otrora la mayor fuerza política del país, se constituye en la tercera organización política con mayor representación (Ibídem).

La alianza de corte liberal CREO-PSC para las elecciones a la Asamblea Nacional, cada organización presentó sus respectivos candidatos. El PSC consiguió más de 780 mil votos, equivalente al 9,73%, lograría 2 asambleístas nacionales, liderado por Henry Kronfle, por lo cual se constituye en la cuarta fuerza política.

El movimiento CREO logró alrededor de 774 mil votos, equivalente al 9,65%, obtendría 2 asambleístas nacionales, encabezado César Monge. En 2017, el movimiento consiguió 3 asambleístas nacionales.

La alianza liberal PSC-CREO, que en conjunto alcanzaría 32 asambleístas, seguramente se mantendrá, para conseguir dignidades en la Asamblea Nacional, aprobar proyectos de ley y fiscalizar, tendría que realizar alianzas con otras organizaciones políticas afines.

Elección de asambleístas provinciales y del exterior

En la elección de asambleístas provinciales también influye el efecto arrastre de los candidatos a la presidencia de la república, aunque es matizado por organizaciones regionales y locales. En no pocos casos, las organizaciones políticas nacionales se ven obligadas a realizar alianzas con movimientos locales para conquistar un mayor electorado.

La alianza Fuerza Compromiso Social-Centro Democrático de Jimmy Jairala denominada “Unión por la Esperanza” conseguiría 40 asambleístas provinciales, de los cuales 9 en la provincia del Guayas, 6 en Manabí, 4 en Pichincha. Además, serían electos 4 asambleístas del exterior (Borja, 2021). El mayor número de asambleístas alcanzado podría atribuirse al desastre de la política económica del “gobierno de todos”, similar al ocurrido en Argentina en la administración del empresario Mauricio Macri.

El Movimiento Pachakutik obtendría 23 asambleístas provinciales, de ellos 3 en Pichincha y 2 en cada provincia que corresponde Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Morona Santiago, así como un asambleísta del exterior de la circunscripción de Estados Unidos y Canadá. Es el mayor número de asambleístas alcanzado por el movimiento indígena desde su conformación en organización política que representa a sectores que tradicionalmente han sido excluidos de las políticas públicas.

El PSC obtendría 17 asambleístas provinciales, que incluyen 6 en Guayas. CREO alcanzaría 9 asambleístas, entre los cuales 3 en Pichincha, 2 en Guayas y uno en la circunscripción de América Latina, El Caribe y África; muy por debajo de los 29 asambleístas provinciales y 2 del exterior que obtuvo en las elecciones de 2017. La alianza PSC-CREO tendría 32 asambleístas provinciales y uno del exterior (Ibídem).

La Izquierda Democrática (ID) conseguiría 16 asambleístas provinciales, de ellos 5 en Pichincha y 2 en Guayas, lo que significa el resurgimiento de la socialdemocracia.

La baja aceptación de la población hacia los partidos y movimientos políticos, la facilidad para constituir organizaciones y la flexibilidad que ha caracterizado a la Función Electoral, han determinado el florecimiento de agrupaciones provinciales, cantonales y parroquiales. Hasta el 20 de abril de 2020, el CNE aprobó 72 organizaciones políticas provinciales, 167 cantonales y 20 parroquiales que suman 259 movimientos (CNE, 2020).

Los movimientos políticos provinciales, cantonales y parroquiales no tienen una ideología bien definida, les mueve más las reivindicaciones e intereses económicos. Los candidatos que son electos a la Asamblea Nacional por lo general conforman bloques “independientes” que usualmente se alinean con el oficialismo a cambio de pequeñas cuotas de poder.

La motivación económica ha derivado en casos como el del Bloque de Acción Democrática Independiente “BADI”, liderados por el asambleísta de la provincia de Manabí, sentenciado a 4 años y 2 meses de prisión por “autor de delito de delincuencia organizada” y el asambleísta de la provincia de Sucumbíos que hasta la fecha se encuentra prófugo de la justicia.

Según los datos oficiales, podrían ser electos unos 6 asambleístas auspiciados por movimientos locales. En los partidos políticos también se dan casos que por intereses económicos derivan en los llamados “camisetazos” que terminan adhiriéndose con el oficialismo.

Conclusiones

En el proceso electoral de febrero se evidenció la fragilidad institucionalidad de los organismos de la Función Electoral que aprobaron candidaturas respaldadas por movimientos políticos cuestionados por el organismo de control del Estado.

Una vez que se conocieron los resultados preliminares de las elecciones generales, el candidato de Pachakutik, que se siente perjudicado, solicitó la intervención de la Contraloría General del Estado y la Fiscalía, cuyas autoridades, a su vez, solicitaron a los consejeros del CNE autorización para realizar una auditoría y peritaje del sistema informático, hechos podrían debilitar la confianza y la legitimidad del proceso electoral.

En este ambiente, el 11 de abril se prevé realizar el balotaje entre los candidatos que alcanzaron la mayor votación, Andrés Arauz y Guillermo Lasso, quienes en sus planes de gobierno proponen modelos económicos diametralmente opuestos. Arauz es partidario del retorno de la política económica orientada a una activa participación del Estado en la economía, mientras que Lasso promueve un Estado subsidiario, limitado a dotar servicios básicos de educación, salud y vivienda a los pobres que realmente necesitan.

El candidato Arauz tiene mayores posibilidades de alzarse con el triunfo ya que deberá conquistar un poco más del 18% de los votos adicionales de la primera vuelta, aunque podría pesar los polémicos procesos judiciales seguidos a altos funcionarios de las administraciones del gobierno que lideró el ex presidente Rafael Correa. Sin embargo, es posible que se reedite algo análogo a lo que sucedió en las últimas elecciones en la República de Argentina, donde se alzó con el triunfo el binomio Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Lasso, en su tercer intento de llegar a Carondelet, debería conseguir más del 30% adicional de los votos de la primera vuelta, lo que es mucho más complicado. Un hecho que le podría dificultar es que representa el continuismo de la política económica del “Gobierno de todos” que derivó en el mayor desastre económico del país. Sin embargo, en la política como en el futbol no hay lógica, cualquier cosa podría suceder.

https://www.alainet.org/es/articulo/211329

21.7.-Solicitan en Perú prisión preventiva contra expdte. Vizcarra 

Martín Vizcarra podría integrar la lista de expresidentes peruanos que están en prisión por corrupción. | Foto: Twitter: Martín Vizcarra 

La fiscalía anticorrupción solicitó la prisión por los cargos relacionados con contratos de cuando era gobernador.

Un fiscal anticorrupción de Perú, Germán Juárez, integrante del equipo especial que investiga la saga local del megacaso «Lava Jato», presentó este viernes una solicitud de prisión preventiva en contra del expresidente y candidato al Congreso, Martín Vizcarra.

13 mar 2021.- La información fue confirmada por el diario peruano El Comercio, el cual detalla que la petición contra el exmandatario sería por año y medio (18 meses).

El fiscal es el encargado del equipo del Ministerio Público que indaga la corrupción vinculada a compañías constructoras, en este caso, Obrainsa e ICCGSA, cuyos ejecutivos confesaron los sobornos.

La solicitud fue presentada a la jueza María Álvarez, quien convocará a una audiencia para escuchar los fundamentos del fiscal y de la defensa de Vizcarra, antes de decidir si envía o no a prisión al exmandatario (2018-2020), quien llegó a la presidencia tras la dimisión Pedro Pablo Kuczynski, también vinculado a la trama de corrupción del caso Lava Jato.

De acuerdo a la versión el fiscal Juárez, Vizcarra habría incurrido en presuntos delitos de cohecho y otros cuando era gobernador de Moquegua (2011-2014) al recibir, de acuerdo al testimonio de los empresarios, el equivalente de 270.000 dólares del consorcio Obrainsa-Astaldi, por el contrato de construcción de un proyecto de riego.

Además, se le imputa por el supuesto cobro de un soborno por el equivalente de unos 351.000 dólares por el contrato para la edificación de un hospital.

Las acusaciones condujeron a que Vizcarra fuese destituido en noviembre de 2020 por incapacidad moral permanente.

En esa oportunidad, lo reemplazó el conservador Manuel Merino, quien unos días después renunció ante el repudio general y una ola de protestas, y fue sustituido por el entonces presidente del congreso y actual mandatario, Francisco Sagasti.

Si la jueza Álvarez aprueba finalmente el pedido del fiscal Juárez, el exgobernante se sumará a la lista de expresidentes peruanos encarcelados por delitos vinculados a casos de corrupción.

En la lista aparecen los exmandatarios Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por asesinato, crimen contra la humanidad, cohecho, secuestro y desfalco; Alejandro Toledo (2001-2006), vinculado a corrupción, blanqueo de capitales y malversación, actualmente prófugo y en proceso de extradición desde Estados Unidos; Ollanta Humala (2006-2011), quien estuvo en prisión preventiva y está a la espera de ser juzgado.

También está el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció por un escándalo de corrupción y ahora es investigado y permanece en detención domiciliaria.

Además, se une al listado Keiko Fujimori, hija del expresidente condenado, quien ha sido en repetidas ocasiones candidata a la presidencia, y actualmente tiene en su contra un juicio por corrupción en el que la Fiscalía pide 30 años y 10 meses de cárcel para ella y un grupo de allegados políticos.

https://www.telesurtv.net/news/peru-vizcarra-corrupcion-20210313-0008.html?utm_source=planisys&utm_medium=New

21.7.-Honduras: Las falacias de un narco estado ante el soplido del imperio CARLOS M. LICONA  

El viejo cliché de que “si el imperio estornuda a Honduras le pega gripe”, hoy más que nunca se hace realidad a raíz de los acontecimientos de las últimas semanas. Nadie duda de que el imperio estadounidense es el principal responsable de que en este país se instauró un narco estado, los mismos fiscales gringos lo han evidenciado con los juicios que no paran en el Distrito Sur de New York. Joe Biden y su séquito no se pueden lavar las manos a lo Poncio Piloto, ellos gobernaban en el imperio cuando el golpe de estado del 2009 y entregaron el país a los narcotraficantes, ya en ese tiempo Tony Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández, traficaba drogas hacia el norte.

14 mar 2021.- Por primera vez en el mundo un grupo de narcotraficantes recibió en bandeja de plata todo un país. Los gringos y la comunidad europea habían realizado su grandioso experimento geopolítico de inicios del siglo XXI en este desgraciado pueblo, más pareciera que pagamos una maldición a la valentía de haber luchado contra el golpe de estado. Al parecer, la factura que nos han cobrado por tan heroica lucha ha sido descomunal; seguimos sufriendo con esta impagable deuda que solo un pueblo en las calles puede revertir.

¿Qué pretende el nuevo gobierno de Biden?

Desde hace algunos años se llevan varios juicios en el Distrito Sur de New York, en el mismo, son varias las personas enjuiciadas y que estuvieron ligadas al Clan Hernández, sin embargo, es en estas últimas semanas que el recién instaurado gobierno de Biden a través de algunos congresistas están presionando al narco gobierno hondureño para que este ya no siga volando alto. Muchas palabras han corrido sobre la frase de JOH de “los inundaré de droga en sus propias narices”.

Han pasado 11 años y 8 meses desde el golpe de estado, pero es hasta ahora que milagrosamente el imperio le pega sus nalgaditas al narco gobierno, pero “el hombre” sigue ahí, intacto y lo más seguro es que terminará su ilegítimo periodo en enero del 2022. Todos los hilos los van tejiendo controladamente para no desbordar al pueblo y que este siga de cabeza en el proceso electoral, todo ese circo contra el dictador es para poner un stop a los narcos políticos, que, además, han logrado el título mundial de campeones de la corrupción.

El juego geopolítico sigue en Honduras, resulta que ahora, el narco gobierno volvió la mirada a los rusos y ya se negociaron algunos millones de vacunas contra el virus SARS-COV-2, la curiosidad nos invade ahora, al esperar con ansias los comentarios de la prensa mediática, de los religiosos, de los militares y de los pseudopolíticos aludiendo a los “comunistas come niños” que ahora nos enviarán vacunas.

¿Será Rusia una opción para pedir asilo ante algún posible juicio en New York al salir de la presidencia?

¡El pueblo debe insurreccionarse!

En una acción desesperada del régimen, han sacado un informe del 2020 donde el gobierno de Trump alaba la gestión del clan Hernández en su lucha contra el narcotráfico y lo han querido presentar como un informe del gobierno de Biden, la prensa tarifada de Honduras lo ha sobre dimensionado pero muy rápido quedaron al descubierto, cayendo en la desfachatez y la burla de las redes sociales. Aunque ha decir verdad, Cada día son muchas las voces disonantes que se van desligando del régimen, la actitud de los periodistas que antes le servían de alfombra “al hombre” poco a poco van cambiando el discurso. Esta actitud es sintomática de un régimen que pierde columnas cada día, sosteniéndose únicamente por la fuerza militar.

Es el momento de que el pueblo se insurreccione y que elija su destino, cualquier otro gobierno que nos impongan solo vendrá a aumentar nuestra agonía. Si las medidas de los fiscales y congresistas estadounidenses se hubieran realizado en el 2009, en el 2015 o en el 2017, sin duda alguna que este pueblo ya se hubiera librado de la dictadura. No se puede fijar una esperanza en que el imperio se lleve enchachado al dictador, quizás hasta ya le tienen una salida hacia Rusia para que no pague sus pecados. Los que se hacen llamar líderes de la oposición siguen en su carrera electoral y las calles ya solo las conocen para pegar afiches. Corresponde al pueblo ir a las calles y sacar al dictador y sus secuaces.

El gran dilema del imperio es que no encuentran un lacayo que sustituta al dictador, entonces el pueblo debe buscar la libertad.

https://www.elsoca.org/index.php/america-central/hondu/5692-honduras-las-falacias-de-un-narco-estado-ante-el-soplido-del-imperio

https://www.sinpermiso.info/textos/honduras-las-falacias-de-un-narcoestado-ante-el-soplido-del-imperio

21.7.-Los ocho objetivos ASCANIO CAVALLO

Ahora que acaba de cumplir su tercer año, con un futuro que costaría llamar luminoso, el gobierno de Sebastián Piñera ha estado tratando de delimitar qué es lo que alcanza a hacer en los últimos 12 meses de su gestión. Algo para recordar, añoran sus partidarios. De ser posible, nada, piensan las múltiples oposiciones. Lástima que no cayó, murmuran los más duros. Indiferente a esas altas apreciaciones, el núcleo estratégico de La Moneda ha identificado ocho objetivos.

13 mar 2021.- Dos de ellos son, por así decirlo, exigidos por las circunstancias. El primero es asegurar una ejecución impecable de las 10 elecciones que se deben realizar entre abril y diciembre. El Congreso ya concedió la división de las primeras cuatro en dos días sucesivos, pero queda por ver si el Servel podrá tener todos los resultados el segundo día con la eficiencia acostumbrada y sin un coro de reclamos. Tampoco se habla aún de las otras cuatro elecciones de noviembre. Un proceso electoral limpio es quizás lo único en que pueden coincidir todos los sectores. El segundo objetivo es completar la tarea de vacunación contra el Covid-19 en junio (al menos hasta el nivel de la “inmunidad de rebaño”). En verdad, este puede ser un éxito de escala internacional, aunque tampoco terminará de reponer la normalidad.

Una tercera meta es recuperar el funcionamiento de la educación. Es improbable que se pueda reparar el daño sufrido por los estudiantes durante el 2020, pero el gobierno pretende que la situación no se repita el 2021. Más allá de las reacciones corporativas dentro del sistema -profesores, colegios, apoderados-, las idas y venidas de las cuarentenas auguran otro primer semestre catastrófico, por lo que es probable que el gobierno tenga que ajustar sus iniciativas para la segunda mitad del año.

El cuarto objetivo es apuntalar la recuperación económica y acercarse a la proyección de crecimiento que ha dado el Banco Mundial, de 6% para el 2021. En Palacio se cree que a partir de abril podrían empezar a mejorar los indicadores de actividad y empleo, para alcanzar niveles “vigorosos” en los últimos dos trimestres. Nuevamente, este es un propósito que depende del Covid-19, pero también del grado de control del orden público que ofrezca el Ejecutivo una vez terminados los confinamientos.

Otras tres metas parecen retazos del programa con que Piñera asumió y ejerció el gobierno durante 19 meses. Uno es el programa de “protección de la clase media”, que incluye bonos, aumento de subsidios y un fuerte programa de inversión pública para empujar el empleo. Parte de esas medidas son las que el Presidente anunció esta semana, en una aparición también destinada a quitarle votos al tercer retiro de 10% de las AFP. Pero el gobierno tiene asumido que esta lucha tendrá que librarla en el Tribunal Constitucional, y quizás ahora sopese cuán precipitada (y poco convincente) fue su promulgación exprés del primer retiro.

Hay, además, un paquete de medidas en salud, que incluyen la entrega de 25 nuevos hospitales y 120 centros de atención primaria, la reforma del Fonasa, cambios reglamentarios en las isapres y la ley de Fármacos II, cuyo objetivo es bajar los precios de los medicamentos. Y, en materia de derechos sociales, un proyecto para convertir en universal el derecho a jardín infantil.

El octavo objetivo es la reforma del sistema de pensiones. Ya se sabe cómo toca los nervios de los parlamentarios este problema. Por eso, el gobierno ha optado por encararla como una batalla larga y con altos costos políticos para todos los que intervengan. El símil son los proyectos laborales que la Concertación presentó tres veces entre primeras y segundas vueltas presidenciales; al primero de ellos atribuyen muchos la derrota de Joaquín Lavín en el 2000. Las jugadas se repitieron dos veces más, en todo caso sin el mismo éxito.

El oficialismo espera que a la oposición se le haga muy costoso rechazar el aumento de pensiones para dos millones de personas y el incremento de las pensiones mínimas al equivalente del sueldo mínimo. Y también que tenga que hacerse cargo de la alta impopularidad que ha mostrado un aumento de la cotización enteramente entregado a un fondo solidario. El plan de La Moneda ya cumplió su primer paso el miércoles 3, cuando el proyecto fue aprobado en general y entró, por lo tanto, a la prolongada chancadora legislativa. Si el diseño se cumple, en el espacio público se estará hablando de pensiones en los alrededores del 11 de abril, y luego, mediante el trámite de las comisiones mixtas, durante el resto del año, para llegar con el debate caliente, fracasado o finalizado a las parlamentarias de noviembre.

El caso es que todos estos objetivos se plantean en un marco institucional muy debilitado, con un desorden inédito en los partidos y ante la presencia de actores políticos que están apostando a la polarización extrema. El campo que se intenta plantear, como ha anotado el historiador Alfredo Jocelyn-Holt (en Ex-Ante), es el de las “guerras culturales”, que suelen ser radicalmente emocionales y hacer el paso, con elasticidad olímpica, desde la violencia verbal a la material.

Un sector mayoritario de los políticos chilenos ha confiado en que la más institucional de las rutas posibles -nueva Constitución y elección de todas las autoridades en un mismo año- constituya una salida al embrollo interpretativo planteado por el alzamiento del 18-O. Y el gobierno pretende nadar en ese mar de sargazos con un paquete de proyectos que le permitan recordar por qué llegó a donde está.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-los-ocho-objetivos/LNUAFZ7WBRAB5HMGSJDURROCKY/

21.7.-Denuncian en Argentina a Mauricio Macri por préstamo del FMI 

El presidente Alberto Fernández anunció que impulsa una demanda contra el gobierno de su antecesor por el préstamo de 55.000.000.000 de dólares otorgado por el FMI. | Foto: El Ciudadano

Entre otros acusados se encuentran el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el exministro de Finanzas Luis Caputo.

La Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina presentó una denuncia contra el expresidente Mauricio Macri por administración fraudulenta infiel agravada en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales.

13 mar 2021.- El presidente Alberto Fernández anunció el lunes 3 de marzo que impulsa una demanda contra el gobierno de su antecesor por el préstamo de 55.000.000.000 de dólares otorgado por el Fondo Monetario (FMI), y el gran endeudamiento externo con acreedores privados.

Instruyó a las autoridades pertinentes que determinen “quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la más grande malversación de caudales que nuestra memoria registra”.

Los informes del Banco Central de la República Argentina y la Auditoria de la Sindicatura General de la Nación alcanza al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el exministro de Finanzas Luis Caputo y los extitulares del Banco Central Adolfo Struzenegger y Guido Sandleris.

Los delitos por los que acusan a Macri son la “defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública” y la «malversación de caudales públicos».

De acuerdo con el texto de la denuncia: «El 20 de junio de 2018 el FMI aprobó un nuevo empréstito, que fue destinado a solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado Argentino y de todo el pueblo de la Nación, que con el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores por la decisión de los denunciados».

«Los imputados recurrieron a distintas conductas que se describen en la denuncia, desde evitar cumplir con los procedimientos legales para la toma de la decisión del endeudamiento evitando al Congreso de la Nación, hasta falsear los objetivos del empréstito».

«Lo cierto es que entre mayo de 2018 y hasta que fueron restablecidos tardíamente los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI se desembolsaron casi 44.500.000 de dólares»

«Estos fondos, junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado que alcanzó los 45.100.000, una salida de capitales especulativos por 11.500.000 y los servicios de la deuda (pública y privada) por 36.900.000 de dólares».

«El proceso fue espurio porque las autoridades no optaron por ninguna otra medida que evitara la sobredemanda de dólares y la salida de estos de la plaza local, garantizando con su deliberada pasividad la toma de ganancias de los especuladores a expensas del patrimonio público…».

«No se recurrió al canje compulsivo de títulos ni al control cambiario (al que tantas veces se echó mano en perjuicio de los pequeños ahorristas nacionales) sino hasta que, en las postrimerías del gobierno, las ganancias, su dolarización y la fuga estuvieron garantizadas para los especuladores».

«Mauricio Macri en su carácter de Presidente de la Nación; Nicolás Dujovne, en su rol de Ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central».

«… y finalmente Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como Presidentes del Banco Central de la República Argentina, tenían a su cargo la administración de bienes e intereses pecuniarios ajenos».

Todos ellos «violaron los deberes a su cargo, incumpliendo la solicitud al Poder Legislativo Nacional de la autorización previa para contraer el empréstito con el FMI (arts. 75 inc. 4 y 7 de la CN), y eludiendo la inclusión del empréstito por el monto correspondiente en la ley de presupuesto (art. 60 de la ley 24.156), omitiendo traducir documentos fundamentales en legal forma (art. 6 de la ley Nº 20.305)».

Para concluir que «se trató de un programa calculado y ejecutado con el objeto de generar una transferencia extraordinaria de activos desde el sector público hacia un grupo selecto del sector privado, en perjuicio del interés del pueblo argentino, el que debían gestionar y custodiar con finalidad”.

https://www.telesurtv.net/news/argentina-presentan-denuncia-contra-macri-prestamo-fmi-20210313-0006.html?utm_so

  • 21.6.-Chile: Cuatro panes en dos cestasASCANIO CAVALLO
  • Andinos suscribieron nuevo convenio automotor MARTHA LUCÍA RAMÍREZ, por Colombia
  • La nueva realidad política salvadoreña  ROBERTO PINEDA

El gobierno envió en estos días al Congreso un proyecto de ley para dividir en dos jornadas las cuatro elecciones simultáneas fijadas para el 11 de abril. Como ya se ha hecho casi ritual, el proyecto fue aprobado en una Cámara (el Senado) y, por lo tanto, rechazado en la otra (la de Diputados), lugar donde, además, se le han agregado colgajos para resolver problemas diferentes. Y, por lo tanto, ha pasado, como muchos proyectos de este gobierno, a una comisión mixta.

6 mar 2021.- La fundamentación técnica de la idea es poco discutible: cuatro papeletas simultáneas demorarán los procesos de voto, recuento y verificación. Será virtualmente imposible que los resultados se conozcan en el mismo día -como ha sido habitual en el musculoso sistema chileno- y la proverbial confianza de los electores en la limpieza del proceso podría verse dañada. Una gota más en el pozo de la desconfianza.

La dimensión política es más complicada. La división lógica de las elecciones es: un día para gobernadores y constituyentes y otro día para alcaldes y concejales. También parece lógico que en cada día vote un distinto número de personas; dicho de otra manera, que haya más abstención en uno que en otro.

Prima facie, para la ciudadanía resultaría más atractivo el día de los gobernadores y constituyentes: ambas elecciones son inéditas y ponen en acción nuevas piezas dentro de la trama institucional de Chile. Nunca las regiones han tenido gobiernos elegidos, nunca se ha convocado a todos los chilenos para ser parte de la redacción una Constitución. Ambas tienen un intenso aroma histórico, aunque esa delicadeza no alcanza a emitirse por las aburridas redes digitales que son hoy el principal soporte de la propaganda. Debido a esos engañosos recursos, la actual es una campaña de muy baja intensidad para decisiones de gran envergadura.

En cambio, las elecciones municipales han seguido una trayectoria declinante, que llegó a su piso en las anteriores, el 2016, cuando sólo un 35% del padrón, poco más de un tercio, concurrió a votar. Sin embargo, esos mismos alcaldes, aun elegidos con pocos votos, lograron un protagonismo estelar en los inicios de la pandemia y, al menos en un par de casos, aspiran a dar un salto desde allí al sillón presidencial. Aun con poca votación, las elecciones de alcaldes interesan sobremanera a los partidos y a sus dirigentes. En cuanto instalación de poder territorial, se han convertido en un elemento predictivo de las siguientes presidenciales. La flaca épica política de la comuna compite con su verdadera importancia táctica.

Queda pendiente el problema de noviembre, cuando de nuevo habrá cuatro elecciones paralelas: Presidente, senadores, diputados y consejeros regionales. Esos panes sí que son difíciles.

La abstención es una de las principales amenazas para la convención constituyente. Los interesados en impugnar su legitimidad -que, desde luego, ya los hay- se afirmarían de una baja votación nacional. Los parlamentarios se dieron cuenta de este problema cuando establecieron que la votación final de la Constitución, la que aprueba o rechaza el texto acordado, será con voto obligatorio, pequeño guiño de reconocimiento del error histórico cometido con el voto voluntario.

Este es el primer problema de la convención. Los dos siguientes tienen que ver con la inflación de expectativas que ha producido, con o sin voluntad, el discurso del asambleísmo constitucional. La primera ilusión es que en la convención abundarán los desconocidos y los aficionados, ciudadanos de a pie, distantes de los partidos y orgullosamente independientes. El sistema electoral no da espacio para esto. Los partidos llevan una ventaja inmensa -desde el acopio de recursos hasta la notoriedad de sus figuras- y la “proporcionalidad corregida” permite que la posibilidad de ser elegido se concentre en esas listas, incluso con muy pocos votos, tal como ocurre en la Cámara de Diputados. Las estimaciones de expertos cifran la posible elección de independientes entre 3% y 6%, lo que significa entre cinco y nueve convencionales. Pero esa puede ser una minusvaloración.

La segunda fantasmagoría es que la producción de un nuevo texto constitucional resolverá los problemas imperiosos del país. La única forma en que la Constitución se haga cargo de deficiencias urgentes es que en paralelo aumente la participación en la política y obligue a los partidos a remozar sus envejecidas fachadas. Sin eso, la Constitución será no mucho más que una declaración. Esta es otra razón para que el problema de la abstención adquiera una importancia estructural.

Hay una tercera fuente de posible frustración. Quienes han promovido en forma persistente el cambio de la Constitución creen que la convención será naturalmente dominada por una sensibilidad de centroizquierda e izquierda. En su interpretación, el 18-O confirmó esta voluntad. Pero esta no pasa de ser una impresión, que aún no ha sido corroborada por ningún evento democrático, ni siquiera por las encuestas. Los datos conocidos indican que el país ha estado dividido en partes similares y que el mundo de la centroderecha copa alrededor del 45% del electorado. Como es lógico, incluso quienes se sienten derrotados por el cambio de la Constitución y los que opinan que Sebastián Piñera “entregó” la arquitectura institucional, forman parte de este conglomerado que viene soportando ese porcentaje a lo menos desde 1999. La división de estrategias del mundo opositor nace precisamente de esta realidad intragable, y el resultado ha sido que al final conformara no dos, sino cuatro listas paralelas para la convención. Es muy difícil que en tales condiciones una de esas listas consiga superar a la lista única del oficialismo. Medida por listas, la hegemonía será de centroderecha.

Esta conclusión ha llevado a algunos a promover la alteración de la regla de dos tercios para los acuerdos constituyentes y otras triquiñuelas del mismo tipo, incluyendo la amenaza jacobina de “rodear la convención”. El atrevimiento de esto no está en su formulación -”cualquier cosa que, en su imaginación, pueda cambiar la historia”, escribió una vez Philip Roth-, sino en la oscurecida conciencia de que la alteración de las reglas del juego polarizaría al país hasta los límites de su resistencia. Pero esta es otra historia.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-cuatro-panes-en-dos-cestas/6LKG7BSBP5A5VGYPJW6HOYC4FI/ 

21.6.-Andinos suscribieron nuevo convenio automotor MARTHA LUCÍA RAMÍREZ, por Colombia

Hace 21 años se veía venir la industria automotriz andina. Con ensamblaje, para comenzar. Pero luego llegó  el presidente Uribe, el último mejor amigo colombiano del presidente Bush. El TLC con los Estados Unidos decapitó todo nuevo intento industrial. Pero ahora, con el fallecimiento de la globalización intercontinental, vuelve y juega!

Lima, 16 set./99 Colombia, Ecuador y Venezuela suscribieron hoy un nuevo convenio de complementación automotor con el fin de aprovechar mejor el mercado andino y sentar las bases para un mayor desarrollo del sector en la subregión.

El Convenio de Complementación en el Sector Automotor fue firmado en Lima por los ministros de Comercio Exterior y Desarrollo Económico de Colombia, Marta Lucía Ramírez y Jaime Alberto Cabal, respectivamente; por el ministro de Producción y Comercio de Venezuela Juan de Jesús Montilla y por el viceministro de Comercio Exterior de Ecuador, Julián García Miranda.

Como resultado de la aplicación de este convenio, los países esperan aumentar la producción subregional de vehículos de 212 mil unidades anuales a 500 mil unidades en un lapso menor a los diez años.

También aspiran incrementar sustantivamente las transacciones intracomunitarias de vehículos y autopartes que en 1998 superaron los 600 millones de dólares y representan el principal sector industrial en el comercio andino.

El convenio entrará en vigencia el 1 de enero del 2000 con una duración de diez años prorrogables y sustituirá al acuerdo firmado en 1993 por los tres países de la Comunidad Andina (CAN).

Un aspecto importante del nuevo convenio que marca la diferencia con el vigente, es que elimina eventuales incompatibilidades con la Organización Mundial del Comercio (OMC), al no incluir, por ejemplo, las fórmulas que exigían un contenido subregional en la producción local.

Cuando entre en vigor, bastará el cumplimiento del requisito específico de origen, fijado por la Secretaría General, para que los vehículos ensamblados por los productores andinos tengan libre acceso al mercado subregional.

El nuevo acuerdo mantiene el arancel externo común de 35 por ciento para los vehículos de la categoría 1, es decir las unidades livianas con una capacidad máxima de 16 personas y las de un máximo de 4,5 toneladas de capacidad de carga.

Para las unidades de la categoría 2, que son los vehículos pesados (los que superan la capacidad máxima señalada anteriormente), el AEC será del 15 por ciento en el caso de Colombia y Venezuela, y de 10 por ciento en el de Ecuador.

A su vez, los países se comprometen a autorizar sólo la importación de vehículos y autopartes nuevos, a fin de garantizar condiciones mínimas de seguridad, de protección del medio ambiente, defensa del consumidor y propiedad industrial.

El convenio fortalece la posición negociadora de la CAN ante los acuerdos regionales y adecúa a la industria automotriz andina a las exigencias internacionales. Asimismo, sustituye el requisito de desempeño por norma de origen y precisa las atribuciones del Comité Automotor, integrado por los representantes de cada uno de los países participantes.

El acuerdo prevé la incorporación de los otros países miembros de la Comunidad Andina, para lo cual se podrán negociar las condiciones de adhesión.

Además, establece un régimen suspensivo de derechos de importación en las ensambladoras, que les permitirá incorporar material subregional e importado para que el vehículo producido pueda circular en la subregión libre de aranceles, previo el cumplimiento del requisito de origen.

http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=89&accion=detalle&cat

Convenio de complementación en el Sector Automotor

Los Gobiernos de Colombia, Ecuador y Venezuela.

VISTOS: Los artículos 62 y 63 del Acuerdo de Cartagena, las Decisiones 298, 370 y 444 de la Comisión, las Resoluciones 355 de la Junta y 163 de la Secretaría General y los artículos 1 y 43 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena modificado por el Protocolo de Cochabamba;

CONSIDERANDO:

Que los avances registrados en la integración andina requieren instrumentos para promover acciones que faciliten una mayor articulación de los procesos productivos y especializaciones industriales con miras a contribuir con los objetivos económicos y sociales previstos en el Acuerdo de Cartagena;

Que se hace necesario fortalecer e impulsar el desarrollo de la industria automotriz en la subregión, aprovechar el mercado ampliado subregional, promover las exportaciones de los productos automotores, atender las exigencias de los acuerdos de integración regionales y aprovechar las oportunidades derivadas de los mismos;

Que los países participantes en el Convenio han decidido poner en marcha una estrategia integral orientada a proyectar una industria automotriz acorde con las exigencias internacionales;

APRUEBAN:

Artículo 1. – Celebrar el siguiente Convenio de Complementación Industrial en el Sector Automotor que tiene por objeto la adopción de una política comunitaria con el fin de facilitar una mayor articulación entre los productores subregionales, aprovechar los mercados ampliados de la región, así como propiciar condiciones equitativas de competencia en el mercado subregional y un aumento de la competitividad y la eficiencia.

Artículo 2.- Los beneficios previstos en el presente Convenio para las industrias del sector automotor tienen por objeto:

  1. Lograr la transferencia tecnológica que garantice el incremento de su productividad y competitividad.
  2. Generar inversiones productivas adicionales.
  3. Adelantar programas de desarrollo de proveedores de la subregión, y
  4. Ofrecer a los consumidores andinos productos con mejores calidad y precio.

A tal efecto, se realizará anualmente una evaluación del cumplimiento de estos objetivos con base en cuyos resultados los Gobiernos decidirán los ajustes y correcciones necesarios, incluso la suspensión de los beneficios aquí previstos si fuere del caso.

Artículo 3.- El ámbito de los vehículos del presente Convenio figura en el Anexo 1.

Artículo 4.- Para el ámbito de los vehículos del Anexo 1 se adopta las siguientes categorías:

Categoría 1: Comprende los vehículos para el transporte de pasajeros hasta de 16 personas incluido el conductor; y los vehículos de transporte de mercancías de un peso total con carga máxima inferior o igual a 4,537 toneladas (o 10 000 libras americanas), así como sus chasis cabinados.

Categoría 2a: Comprende los vehículos con carrocería para el transporte de pasajeros de más de 16 personas incluido el conductor.

Categoría 2b: Comprende los demás vehículos no incluidos en las categorías 1 y 2a.

Artículo 5.- Para los vehículos de la Categoría 1, los Países Participantes establecerán un Arancel Externo Común del 35% y para los bienes automotores de las Categorías 2a y 2b un Arancel Externo Común del 15% en el caso de Colombia y de Venezuela, y del 10% en el caso del Ecuador.

Artículo 6.- Con el propósito de garantizar condiciones mínimas de seguridad, de protección del medio ambiente, de defensa del consumidor y de propiedad industrial, los Países Participantes sólo autorizarán la importación de vehículos nuevos, del año-modelo en que se realiza la importación o siguiente. Igualmente sólo se autorizarán importaciones de componentes, partes y piezas nuevos y sin reconstruir o reacondicionar.

Artículo 7.- Para los efectos del presente Convenio de Complementación Industrial, los Países Participantes aplicarán a las compañías fabricantes de bienes automotores que así lo soliciten y previo el cumplimiento de las normas que correspondan, un régimen aduanero suspensivo de derechos mediante el cual los bienes automotores se producen y/o ensamblan en una zona aduanera y luego se ingresan al territorio aduanero de la subregión mediante el pago de la tarifa arancelaria que corresponda.

Las compañías que se acojan al régimen de que trata el presente artículo, serán registradas ante la Secretaría General de la Comunidad Andina por parte del organismo oficial competente de cada País Participante.

Artículo 8.- Se crea un Comité Automotor conformado por los Países Participantes en el presente Convenio cuya composición es la misma del Comité Subregional de la Industria Automotriz creado mediante Decisión 298 de la Comisión. El Comité, cuyo reglamento se incluye en el Anexo 2, tendrá como funciones principales las de contribuir al desarrollo de las industrias automotriz y conexas y recomendar a los gobiernos o a los organismos comunitarios las acciones que considere adecuadas para el cumplimiento del presente Convenio, de los objetivos de la integración y el desarrollo de la oferta productiva conjunta ampliada.

La Secretaría General de la Comunidad Andina actuará en calidad de secretaría técnica del Comité Automotor.

El Comité tendrá, adicionalmente, las siguientes atribuciones:

  1. Evaluar la incidencia del presente Convenio en el desarrollo del sector.
  2. Realizar actividades tendientes a fomentar el comercio intrasubregional.
  3. Evaluar la aplicación del Arancel Externo Común de bienes relacionados con el sector automotor, con miras a plantear su modificación cuando las circunstancias así lo ameriten.

Evaluar la aplicación de los Requisitos Específicos de Origen exigidos a los productos del sector y recomendar su modificación en caso que sea necesario.

  1. Promover la aplicación de mecanismos que fomenten las exportaciones de bienes automotores de la subregión.
  2. Conformar subcomités con el fin de analizar aspectos especializados relacionados con el sector.
  3. Formular recomendaciones y propuestas específicas referidas a la armonización de políticas vinculadas al sector automotor entre los Países Participantes en materias ambiental, técnica y de mejoramiento tecnológico, de normalización y certificación de calidad y de modernización industrial, entre otras.
  4. Evaluar el comportamiento de las importaciones de productos del sector desde terceros países y solicitar las medidas correctivas a los Países Participantes.
  5. Recomendar el establecimiento de una política de exportaciones del sector automotor.
  6. Proponer las modificaciones en la NANDINA que se consideren necesarias.
  7. Recomendar una política común para las negociaciones con terceros.
  8. Supervisar el cumplimiento de los compromisos del presente Convenio, mediante la inclusión en su agenda de reuniones de los casos de incumplimientos dictaminados por la Secretaría General, con el propósito de presentar recomendaciones a las autoridades nacionales o a los organismos comunitarios, orientadas a la solución del problema y a la interpretación de las disposiciones del Convenio cuando a ello hubiere lugar.
  9. Las demás que le asignen los organismos competentes.

El Comité impulsará, además, acuerdos de coproducción, subcontratación, operaciones conjuntas de comercio exterior, capacitación de mano de obra, y desarrollos conjuntos, así como otras modalidades de acuerdos que faciliten una mayor articulación de los procesos productivos.

Artículo 9.- Cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, no participante en el Convenio podrá plantear su incorporación al mismo, para lo cual los Países Participantes aprobarán las condiciones de dicha incorporación, las que serán puestas en conocimiento de la Comisión. Las condiciones de incorporación serán publicadas mediante Resolución de la Secretaría General en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Artículo 10.- El presente Convenio será puesto en conocimiento de la Comisión y tendrá una vigencia de diez años, prorrogables automáticamente por períodos iguales. Cualquiera de las partes podrá retirarse del Convenio, para lo cual comunicará su intención a los Países Participantes por conducto de la Secretaría General con una anticipación no inferior a un año a la fecha de su retiro.

Artículo 11.- Los acuerdos que suscriban los Países Participantes para la aplicación y desarrollo del presente Convenio, serán publicados mediante Resolución de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Artículo 12.- El presente Convenio se publicará en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena de conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena modificado por el Protocolo de Cochabamba y entrará en vigencia a partir del 1º de enero del 2.000.

Disposición Transitoria.- El Gobierno de Venezuela estudiará los mecanismos de instrumentación del Convenio en las materias aduanera y arancelaria para asegurar la compatibilidad del mismo con sus normas jurídicas, explorando en particular la adopción de un régimen aduanero suspensivo o especial. En tal sentido, se reserva el derecho de proponer a los otros países que suscriben el Convenio los ajustes instrumentales del Convenio que garanticen tal compatibilidad.

Lima, 16 de setiembre de 1999
POR EL GOBIERNO DE COLOMBIA
Marta Lucía Ramírez de Rincón
Ministra de Comercio Exterior

Jaime Alberto Cabal Sanclemente
Ministro de Desarrollo Económico
POR EL GOBIERNO DEL ECUADOR
Julián García Miranda
Subsecretario de Comercio Exterior e Integración

POR EL GOBIERNO DE VENEZUELA
Juan de Jesús Montilla Saldivia
Ministro de Producción y Comercio

http://www.sice.oas.org/can/agreauto_s.asp

21.6.-La nueva realidad política salvadoreña  ROBERTO PINEDA

Los logros del presidente Bukele y su partido NI han sido posibles a partir de dos elementos: un indiscutible respaldo popular y un profundo desgaste del sistema de partidos políticos surgidos de los Acuerdos de Paz de 1992.

Foto: https://www.nodal.am

 Los resultados de las elecciones legislativas y municipales de este 28 de febrero, constituyen un golpe a la yugular del actual cuerpo político y el quiebre de su columna vertebral, los partidos ARENA y el FMLN.

Los resultados para la Asamblea Legislativa son los siguientes: Nuevas Ideas: 56 diputados, ARENA: 14, GANA: 5, FMLN: 4, PCN: 2, PDC: 1, Nuestro Tiempo: 1 y Vamos: 1. Además NI gana 13 de las 14 cabeceras departamentales, incluyendo la capital, San Salvador.

La derrota electoral de ARENA y el FMLN ya era una decisión tomada por los sectores populares, pero postergada por el calendario electoral del orden oligárquico.

Tanto ARENA como el FMLN son barcos que fueron golpeados por la furia huracanada del rechazo popular electoral, y lo irónico del caso es que cumplieron el triste y difícil papel de -vía control del TSE- organizar unas elecciones “limpias y transparentes” sabiendo de antemano que organizaban su propia derrota.

En el caso de ARENA, como derecha política, debe decidir si dar la batalla por la sobrevivencia luchando o pensar que solo puede salvar su vida, logrando previsibles arreglos con el nuevo poder.

Lo segundo es más rentable económicamente que lo primero y probablemente prevalecerá como criterio, incluso si es necesario sacrificar uno que otro chivo expiatorio.

En el caso del FMLN, como izquierda política, enfrenta la disyuntiva de permitir –como en el pasado reciente- que la inercia le resuelva su golpeada identidad o de evaluar que únicamente puede sobrevivir a este naufragio, aferrándose -rápida y autocríticamente- al trozo de madera del debate y la organización y lucha popular.

Lo primero es más conocido que lo segundo y probablemente prevalecerá, afectando aún más la credibilidad de este sujeto político. Y ojala pueda romperse a futuro el vínculo político con ARENA que fue una de las principales razones del rechazo popular.

En síntesis, en el plano político, la contradicción principal es entre el orden burgués emergente de Bukele, representado por NI, y el orden oligárquico vencido pero no derrotado, simbolizado por ARENA, que con 14 diputados tratará de encabezar la oposición política al régimen autoritario y populista del presidente Bukele.

A continuación repasamos la actual correlación de fuerzas, los diversos mensajes derivados del evento electoral y concluimos con algunas reflexiones sobre los desafíos para enfrentar el naufragio de la izquierda salvadoreña.

La actual correlación de fuerzas sociales y políticas

A partir de la desafortunada expulsión de Nayib Bukele del FMLN en 2017, este comienza a ensamblar un proyecto político que de manera ascendente ha venido acumulando fuerza social y política, y que se expresa en 2019 en la conquista de la presidencia y hoy en esta arrolladora victoria electoral.

 La cual fue también lograda poniendo los recursos del Estado al servicio de NI y desafiando abiertamente la legalidad electoral vigente, y que ahora le permitirá el control de Asamblea Legislativa y la mitad de alcaldías del país. Bukele de manera subversiva se burló de la legalidad oligárquica y garantizó su triunfo.

Por otra parte, inicia a partir de 2019 un enfrentamiento social encarnizado entre Nuevas Ideas, NI y su bloque de poder emergente y la vieja oligarquía, que ve desafiada su dominación ancestral y reacciona airadamente mediante sus instrumentos políticos (ARENA) , mediáticos (TCS, LPG, DDH) académicos (FUSADES,ESEN) y gremiales (ANEP, CCIES). Probablemente en esta guerra social, la siguiente batalla será contra la ANEP y su emblemático presidente, Javier Simán.

Los logros del presidente Bukele y su partido NI han sido posibles a partir de dos elementos: un indiscutible respaldo popular y un profundo desgaste del sistema de partidos políticos surgidos de los Acuerdos de Paz de 1992. Hoy Nayib Bukele y su proyecto político Nuevas Ideas, controlan una parte sustancial del Estado: la presidencia y con esto la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, la Asamblea Legislativa, y la mitad de gobiernos municipales.

A partir de esta victoria legislativa y municipal, NI se coloca en una situación de ventaja estratégica que difícilmente podrá ser revertida, y que seguramente le permitirá continuar el proceso de desmontaje del viejo sistema político y construcción de su propio modelo, de naturaleza populista y autoritario.

Incluso si el gobierno estadounidense de Biden adoptara una posición de beligerancia frente al presidente Bukele, como sueñan las fuerzas de la oligarquía opositora -debilitadas pero no totalmente vencidas- esto vendría a fortalecerlo. Es más, hasta una actitud reservada de USA frente a Bukele, vendrá a consolidarlo más que afectarlo, ya que le dará internacionalmente un aire de independencia frente al imperio.

En Nuevas Ideas y en la cabeza de Bukele parece predominar la idea que la mejor defensa es el ataque –ese es su estilo personal- así que la próxima plaza a ser conquistada –mediante ya sea su neutralización o incluso apoyo- será la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía.

Al lograr este propósito todas las piezas del ajedrez del nuevo sistema político de naturaleza populista y autoritaria estarán en su lugar. Entonces su problema va ser la de la ausencia de un enemigo a quien enfrentar y seguramente el enemigo se volverá interno.

A partir del 1 de mayo de 2021 el proyecto de Nuevas Ideas deberá garantizar para mantener su viabilidad, principalmente el respaldo popular mediante iniciativas que colaboren en un mejoramiento de la calidad de vida de los sectores populares, que son su principal base de apoyo. Asimismo necesitara en el marco de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, incentivar la economía.

Y garantizar que la delincuencia pandilleril continúe férreamente controlada. Y si a esto le agregamos una dosis de teatralidad -de espectáculo en que es especialista- puede confiar en el avance seamless de su proyecto.

Pero además deberá resolver el crítico problema de su continuidad en el tiempo, ya que en la actual legislación no existe la figura de la reelección, y Bukele llega hasta el 2024. ¿Quién le sucederá en el trono?

Los mensajes derivados del evento electoral

Este 28 de febrero deja muchos mensajes tanto para las fuerzas sociales como políticas. Enseña que la población ha realizado un aprendizaje del uso independiente de su fuerza electoral, lo cual refleja un alto nivel de criterio político. Veamos los mensajes principales.

Para la derecha oligárquica, los resultados le señalan que su desplazamiento del poder político iniciado en 2009 con la victoria del periodista Mauricio Funes, se prolonga en el tiempo. Están fuera del aparato de estado y lo seguirán estando.

Para la izquierda aglutinada en el FMLN, que como sujeto político debe entender que no es propietario de la voluntad popular, y que los sectores populares, la gente, son un ente crítico. Son hasta tristes las expresiones de algunos que califican estos resultados electorales como expresión de la “estupidez de la gente.” Así como de otros que lo ven como un revés temporal, coyuntural, “una moda.”

Y más preocupante que otros confíen que sea el gobierno de Biden el que se encargue de enfrentar la “dictadura” de Bukele y “restablecer” la democracia en el país. Y peor aun los que hoy asumen y divulgan por redes las opiniones de los intelectuales de la derecha oligárquica.

Lo que existe la necesidad de reasumir la lucha social por la emancipación y redefinir el papel de lo electoral en la construcción de poder popular.

Para Nuevas Ideas y Nayib Bukele, ojala que no crean que este sea un cheque en blanco, porque muy pronto se van a decepcionar. Lo que la gente les dice es lo siguiente: les entregamos esta cuota, nuestra confianza y respaldo para que lo usen a nuestro favor. No nos vayan a defraudar, please.

El mensaje para el movimiento popular: la ausencia o presencia de un movimiento popular que construya poder popular, definirá el perfil de gobierno que realizará Nayib de aquí al 2024. Ante la ausencia de un movimiento popular privilegiara su alianza con sectores de la oligarquía y afectará a sectores populares para enfrentar crisis, ante la presencia de movimiento popular privilegiara su alianza con este, y descargara conjuntamente sus golpes contra la oligarquía.

Si no hay quien le pase la factura a Bukele por la cena, este se irá seguramente sin pagar. Si no enfrenta un movimiento popular que le haga demandas, se verá libre para golpear sabiendo de antemano que no habrá respuesta. Debe Bukele saber que habrá respuesta y que será contundente.

Asimismo debemos cuidarnos de una visión sectaria que descalifique a ese millón y medio de personas que hoy respaldan a Nuevas Ideas, cuidarnos del lenguaje injurioso que nos aisla, y saber que nuestra tarea como izquierda es la de garantizar que realicen en la escuela de la lucha su aprendizaje político.

El naufragio electoral, político, ideológico y ético de la izquierda salvadoreña. Quo vadis FMLN?

El FMLN como partido de izquierda, atraviesa una crisis múltiple y aguda, con cuatro componentes principales: electoral, político, ideológico y ético. Una comprensión unilateral de esta crisis le ocasionara más problemas que soluciones. Por otro lado, debemos de sacar lecciones de esta gran derrota. Repasamos cada uno de los componentes de esta crisis.

A nivel electoral el FMLN perdió su voto duro, el que le permitía enfrentar cualquier evento electoral con la confianza que representaba un segmento significativo del electorado. Pero desde 2012 existe una tendencia a la baja y hoy con estos resultados, la vía electoral como opción de futuro parece agotada.

Hoy electoralmente el FMLN ocupa un humillante cuarto lugar, después de NI, ARENA y GANA. Y ojala que la reducida fracción legislativa electa no se convierta en fuerza de apoyo de ARENA sino que sepa con posiciones firmes e independientes, ganarse el respaldo popular.

A nivel político perdió su cuota legislativa y municipal. Y esto hace que en el marco del sistema político vigente, o sea en la lucha parlamentaria, se vuelva una fuerza marginal e irrelevante. Por otra parte, a lo interno, hay voces que piden la renuncia de esta dirección, lo cual creo que sería un grave error. Lo mismo pretender desde una visión legalista que una reforma de estatutos solucionara un problema que es político.

Pero si hay que pautar un calendario para definir debate sobre rumbo estratégico, que podría concluir a nivel FMLN, en un nuevo congreso y a nivel amplio, en un gran encuentro de la izquierda.

A nivel ideológico, no hay un rumbo claro y durante este último periodo se ha sumado a la tesis de ARENA de -como criterio principal- la defensa de esta democracia liberal. Pero para la gente esta democracia liberal capitalista le resulta irrelevante, no le resuelve sus problemas.

Lo que la gente busca es la esperanza de un empleo decente para mantener a su familia. Si solo hace debate sin lucha popular, terminara aislándose mientras que si solo hace lucha popular sin definir rumbo, terminara en el reformismo.

A nivel ético, la actuación de su dirigencia al adaptarse al sistema vigente y negarse a impulsar los cambios prometidos, provocó la pérdida de la confianza popular y esta es de difícil recuperación.

Conclusiones

Al cruzar este río electoral de febrero de 2021 la izquierda salvadoreña ha entrado en territorios peligrosos y desconocidos. Y la única brújula que le permitirá reagrupar sus fuerzas y recuperar la confianza popular perdida, es el compromiso real-no de palabra-con la organización y la lucha popular.

Y para esto necesita recuperar el espíritu autocrítico. No solo basta el parcial relevo generacional ocurrido en 2019. De no hacerlo y de continuar con el mismo discurso de confrontación, los resultados de mayor aislamiento político son previsibles, como lo fueron desde el 2018.

Hay que escudriñar lo que la gente quiere, sus más profundos anhelos, y en estos momentos no es la confrontación con el gobierno, sino la búsqueda de soluciones a sus problemas.

Y saber que Bukele va intentar mantener a la izquierda aislada de la lucha popular, y puede lograrlo en la medida que lo electoral siga siendo el eje principal sobre el que gire la conducta del FMLN.

Han pasado tres años desde el 2018 y parece ser que el mensaje popular de la necesidad de renovación –de rostros, de discurso y de práctica política -sigue sin escucharse. El peligro es el de convertirse en una secta, simbólica pero políticamente irrelevante. El desafío es el de renovarse, crecer y avanzar.

https://www.alainet.org/es/articulo/211208

21.5.-Chile: la picazón del séptimo año ASCANIO CAVALLO

  • Ecuador dice haber controlado motines carcelarios 
  • En quiebra, Venezuela cede a privados empresas que expropió – BLOOMBERG

El segundo gobierno de Sebastián Piñera se acerca a cumplir su tercer año. Desde luego, es demasiado temprano para hacer balances, pero no para ejercicios anuales. Para el Presidente, este será su séptimo cumpleaños en La Moneda, lo que incita a preguntarse si, de retroceder en el tiempo, volvería a postularse.

27 feb 2021.- Váyase a saber si lo hizo por competir con Michelle Bachelet, el resto de la derecha, la historia o con un dios secreto, lo cierto es que al terminar su primer gobierno se ocupó, igual que Bachelet, de que no creciera ninguna sombra en sus alrededores. Entre los dos han ocupado el gobierno en el tiempo en el que un recién nacido se convierte en adolescente. Parece improbable que la historia recuerde con admiración estas cambiaditas.

Y aun antes de eso, la experiencia de estos 16 años puede decirle algo a la convención constituyente. Una reelección discontinua ha mostrado que el apetito por el gobierno permanece indefinidamente abierto, mientras que una continua, como la de Estados Unidos, parece saciarlo con mayor eficacia.

El presidencialismo también está herido en el ala, porque hasta una ínfima mayoría, o alguna chaqueta vuelta, como le pasó a la Presidenta, basta para ladrarle en su cara. Y queda, además, el problema del tino político; por ejemplo, en las aventuras de política exterior, Cúcuta o La Habana, por decir algo.

Piñera perdió el gobierno en la tarde del 18 de octubre del 2019, apenas un año y medio después de asumir. Su proyecto no había despegado, en parte por el mal desempeño de la economía, y en parte porque repitió en su gabinete equivocaciones similares a las de su primera administración. ¿Error central? Designar a personas con un fuerte desbalance entre la fortuna y el talento. Con todo, estaba seguro de que tendría un excelente segundo año cuando le cayó la insurrección encima.

Se discutirá por años si estuvo o no a punto de ser derrocado. Pero eso es lo que cree parte de la oposición y en especial la izquierda más vehemente. (Dicho de paso, de demostrarse errónea, esa creencia puede ser la fuente de las desdichas que viva la izquierda de aquí en más).

No desalojó La Moneda, pero se quedó sin proyecto y sin segundo gobierno. Nunca más ha tenido un ministro del Interior. Toda la conducción política ha quedado en sus manos, desprovista del tipo de fortificación que proveía Andrés Chadwick. Y tampoco ha tenido uno de Hacienda, salvo los bomberos que entraron al incendio, sin espacio para las ideas. Hay que tener cuidado con atribuirle estos fenómenos únicamente al gobierno de Piñera, porque la rotación de los ministros principales empezó con el segundo gobierno de Bachelet. Bien puede ser un signo de los tiempos.

La diferencia es que a Piñera le desfondó el proyecto la emergencia sorpresiva de un país desconocido, que en verdad era sorpresivo y desconocido para todos. Sólo que todos pueden pretender que sí lo sabían, excepto quien ocupa el Palacio. La sorpresa recién empezará a ser dilucidada a partir del 11 de abril. Antes de eso, hasta las tesis más inteligentes son provisorias y especulativas. Pero las vacilaciones con que el gobierno enfrentó el 18-O definirán su recuerdo, y nunca se sabrá cuánto habría durado sin la irrupción del Covid-19. Este ha sido el raro caso de una catástrofe con cara de tregua y de oportunidad: un séptimo año para reflexionar.

El país está más polarizado que cuando el Presidente asumió el poder. Los amortiguadores tradicionales de la lucha política -las clases medias, la tecnocracia, la Iglesia- han sido atacados por todos los flancos y todos los sectores. El más importante, el centrismo, se ejerce poco o pidiendo disculpas. La sociedad parece enfrentada entre modelos sin ninguna compatibilidad, ideas que se repelen, discursos que se anulan. Las elecciones dirán cuál es la verdad de este fenómeno. En el 2020 se ejerció en la forma de hiperparlamentarismo. Claro que no es razonable culpar a la oposición, sino más bien al inusitado desorden de Chile Vamos, ese sálvese quien pueda que desnudó la sustancia intelectual de muchos de sus líderes.

Por el otro lado, Piñera también ha sido el esmeril donde ha perdido su filo aparente el intenso moralismo revolucionario que se venía acunando desde los años de Bachelet. Sin que nadie lo diseñara, la fiereza de estos tres años puso a prueba la singladura y la reciedumbre de las escobas que, como las de Ibáñez hace siete décadas, venían a limpiar la política de las más sucias suciedades. Para los que no se han enterado, el del general Ibáñez fue de los gobiernos más malitos del siglo XX.

El año que le queda a Piñera será breve, casi fugaz. Se lo devorará la sucesión de elecciones y ya en noviembre quedará fuera de las noticias con la elección de otra persona en la jefatura del Estado. Quizás sea un consuelo saber que esa persona, a semanas de sentarse en La Moneda, tendrá que jurar una nueva Constitución.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-la-picazon-del-septimo-ano/5R25OOEICVEFVCU4CFA3I23POI/

21.5.-Ecuador dice haber controlado motines carcelarios

 – De momento, la violencia carcelaria de los últimos días se ha saldado con un total de 79 personas fallecidas 

Las fuerzas de seguridad de Ecuador dieron por «controlada» la situación en los dos últimos motines carcelarios ocurridos este miércoles, de acuerdo a informaciones del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) de esa nación sudamericana. 

 

 25 febrero 2021.- Las intervenciones policiales se llevaron a cabo en la cárcel número 4 de Guayaquil, donde concluyeron hace varias horas, y en la de Cotopaxi, en la ciudad de Latacunga, a unos 80 km al sur de Quito. Según el SNAI «se retomó el control gracias a la activación de protocolos de seguridad coordinados entre los Agentes de Seguridad Penitenciaria y la Policía».

El protocolo de emergencia fue activado por las fuerzas de seguridad ante un nuevo amotinamiento en Guayaquil, y en un comunicado divulgado cerca de la medianoche local 04H00 UTC de este jueves), dieron por terminada la operación, aunque no especificaron si se habían producido víctimas.

Hasta ahora, el servicio de prisiones no ha ofrecido mayores datos sobre los acontecimientos en la prisión Guayas N°4, que el martes último fue escenario de la muerte de 31 personas dentro de una ola de motines y enfrentamientos en Ecuador en la cual murieron al menos 79 personas y una veintena resultaron heridas.

Entretanto, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, señaló al narcotráfico y al crimen organizado internacional de ser los responsables de lo que está ocurriendo en las cárceles ecuatorianas. Dicha aseveración conecta con la línea investigativa que siguen los organismos del Estado a cargo del caso, y que apunta a la rivalidad entre bandas que se disputan el mapa delictivo en Ecuador y que podrían estar involucradas también en el narcotráfico.

Sin embargo, este jueves la Defensoría del Pueblo de Ecuador responsabilizó al Ejecutivo por los hechos de violencia ocurridos en los últimos días al interior de los Establecimientos Penitenciarios.

Según la Defensoría, el Gobierno ha sido «incapaz» de manejar la crisis carcelaria que se experimenta desde hace varios años, debido a la falta de fuerzas de seguridad y a una inadecuada política de rehabilitación social.

Los motines sangrientos han sido constantes en las cárceles ecuatorianas en los últimos años. Entre 2019 y 2020 murieron 33 presos en enfrentamientos similares, lo cual llevó a Moreno a declarar el «estado de emergencia» en las prisiones del país.

https://www.telesurtv.net/news/ecuador-motines-carcelarios-finalizados-20210225-0014.html?utm_source=planisys&ut

21.5.-En quiebra, Venezuela cede a privados empresas que expropió – BLOOMBERG 

Docenas de plantas químicas, procesadores de café, silos de granos y hoteles confiscados en las últimas décadas fueron transferidas, pero no vendidas.

Archivo Portafolio.co

El Gobierno venezolano, que carga con cientos de empresas estatales quebradas en una economía que esta en caída libre, está abandonando la doctrina socialista y traspasando empresas clave a inversionistas privados, ofreciendo ganancia a cambio de una participación en ingresos o productos.

(Lea: Venezuela vendió 19 toneladas de oro de sus reservas en 2020)

13 feb 2021.- Docenas de plantas químicas, procesadores de café, silos de granos y hoteles confiscados en las últimas dos décadas han sido transferidas, pero no vendidas, a operadores privados en las llamadas alianzas estratégicas, dijeron nueve personas con conocimiento del asunto.

(Lea: Al margen del socialismo, Venezuela se abre al dólar y a lo privado)

Los administradores cubren la nómina y las inversiones, y entregan productos y un porcentaje de sus ingresos al Gobierno.

«Creemos que esto es positivo porque es la sincronización del sector público con el sector privado», dijo Ramón Lobo, legislador del partido socialista gobernante y exministro de Finanzas.

«El Estado actúa como supervisor y recibe una retribución». El cambio es notorio en la agricultura, parte del esfuerzo del presidente, Nicolás Maduro, por alimentar a una población hambrienta después de siete años de colapso económico y social.

No está claro cuánto dinero aporta la nueva política, que sigue a la aprobación del año pasado de una ley «anti-bloqueo» que buscaba reducir el impacto de las sanciones de Estados Unidos e incentivar la inversión.

El Gobierno ahora permite que fluyan las remesas en dólares y la empresa privada florezca en pequeños bolsillos. Maduro tomó el poder hace ocho años después de la muerte de Hugo Chávez, quien inició la revolución socialista al confiscar más de 1.000 empresas y numerosas granjas y propiedades, incluidos activos de multinacionales como Kimberly-Clark, Cemex y Kellogg.

Las nuevas empresas estatales fracasaron debido a una mala gestión. Utilizando sus vastos ingresos petroleros, el Gobierno reemplazó los cultivos y la fabricación local por importaciones.

La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, fue puesta en manos de aliados y también se volvió ineficiente, convirtiéndose en efecto en un brazo del partido de Gobierno. Fue llevada a la ruina y forzada a recortar su producción.

Entre eso y las recientes sanciones de EE.UU., que aumentaron significativamente durante la presidencia de Trump, han destrozado una sociedad que alguna vez estuvo entre las más ricas del mundo.

Más de 5 millones de venezolanos han huido del país en un intento desesperado por evitar la ruina. «El Gobierno de Maduro dio un giro en U a fines de 2019 al promover un capitalismo salvaje», dijo Rodrigo Agudo, jefe de la Red de Alimentos de Venezuela.

«Dejó de recaudar impuestos sobre ciertas empresas, otorgó licencias de importación y convenció a funcionarios militares y otros a invertir dinero de orígenes desconocidos en empresas locales».

Las alianzas estratégicas comenzaron a formarse silenciosamente en 2017. La publicación del año pasado de la ley anti bloqueo otorgó a los acuerdos una base legal, eludiendo regulaciones como los procesos de licitación.

Pero la naturaleza precisa de los nuevos acuerdos, ya sean arrendamientos, licencias o comodatos, no está clara. La ley anti bloqueo prohíbe revelar dicha información, teóricamente para proteger a las empresas de las sanciones de EE.UU., que están dirigidas a entidades que hacen negocios con el Gobierno, pero excluye a empresas privadas.

Los ministerios de Agricultura e Información no respondieron a solicitudes de comentarios. Los nuevos acuerdos están afectando a las principales empresas y en su mayoría involucran a empresarios con vínculos con el Gobierno, pero no exclusivamente.

En algunos casos, las propiedades incautadas están volviendo a aquellos de quienes fueron confiscadas. En otros, los propietarios se niegan a participar. Términos de asociación similares se han establecido anteriormente en la industria petrolera.

PDVSA otorgó a las empresas locales más control sobre activos estatales como
petróleo y plantas de compresión de gas para operar y aumentar la producción. Y en algunos casos, PDVSA otorgó a los socios más capital en sus empresas conjuntas.

Lobo, el legislador socialista, dijo que los acuerdos tienen plazos, generalmente de cinco a 10 años, y funcionan como una concesión. La empresa privada se compromete a invertir, aumentar la producción dentro de un plazo y administrar el activo.

La mayoría de los nuevos acuerdos se realizan en zonas rurales del país. Agropatria, un negocio de suministros agrícolas de tamaño monopólico nacionalizado en 2010 que dirigía cinco empresas, ahora está recurriendo a la gestión privada.

Más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas, confiscadas «para liberar a los productores de la extorsión y los intermediarios», según el entonces presidente Chávez, ahora son administradas por Agrollano 2910, una empresa agrícola local que está invirtiendo casi US$150 millones para reabastecerse, según cuatro de las personas.

Lácteos Los Andes, un gran procesador de leche y fabricante de bebidas comprado por el Gobierno en 2008, ahora es administrado por una empresa privada venezolana, aunque no se han realizado cambios oficiales en el consejo.

Dos plantas de procesamiento de granos del Gobierno, en su mayoría inactivas desde su inauguración en 2007, han sido transferidas, pero no vendidas a empresas privadas locales.

Lo mismo ocurre con las plantas de leche y café construidas durante el auge del
petróleo de Venezuela y en virtud de acuerdos bilaterales con aliados regionales como Cuba, Bolivia, Brasil y Argentina.

Las condiciones para las empresas varían. La contribución principal es un porcentaje de las ganancias o de la producción para el Estado. En algunos casos, el Gobierno y los gerentes están discutiendo una escala salarial mensual estandarizada de entre US$60 y US$80 para trabajadores y técnicos, agregaron algunas de las personas.

No todas las empresas a las que el Gobierno apunta para asociarse están generando interés. Los empresarios locales desconfían por los años de mal mantenimiento bajo la supervisión del Estado y temen a nuevas nacionalizaciones.

Maduro, que ha reducido las asignaciones para algunos Gobiernos estatales y locales durante la crisis, les ha otorgado margen de maniobra para asociarse con empresas locales para generar ingresos.

En diciembre, el gobernador del estado agrícola de Portuguesa, Rafael Calles, dijo a los medios públicos que las alianzas con el sector privado en la administración de 24 empresas estatales recaudaron US$60.000 al mes para el Gobierno estatal.

El Gobierno nunca ha publicado el número de propiedades que ha incautado a lo largo de los años. Pero un estudio de la cámara industrial nacional Con industria dijo que un total de 1.322 granjas de ganado, tiendas de alimentos, compañías eléctricas, molinos, fabricantes de vidrio, bancos, supermercados e instalaciones de almacenamiento en frio fueron expropiadas entre 2002 y 2015.

Muchas dejaron de existir y solo quedan unas 700. La mayoría de sus antiguos propietarios aún esperan una compensación o están involucrados en un litigio con la esperanza de recibir un pago, según un estudio de Transparencia Internacional de 2019.

Algunos analistas señalan que lo que está sucediendo en Venezuela tiene precedentes en otros Estados autoritarios de izquierda. «Este proceso es similar al proceso de privatización en Rusia en que los activos se transfieren a empresas locales privadas y a inversionistas de países aliados al Gobierno», dijo Asdrubal Oliveros, jefe de la consultora económica Ecoanalítica, hablando de la década de 1990.

«Pero a diferencia de Rusia, no ha habido un programa de estabilización profunda con la ayuda de organizaciones multilaterales. Estar aislado y bajo sanciones lo convierte en una situación diferente».

https://www.portafolio.co/internacional/venezuela-cede-a-privados-y-en-quiebra-empresas-que-expropio-549117

  • 20.4.-Ecuador: ¿Será posible revertir la crisis del Covid-19? MICHAEL ROBERTS
  • Coalición de izquierda de Perú presenta propuestas económicas
  • Trump también fue favoritoEMIR SADER
  • El Salvador: Odio, asesinatos y… elecciones – JULIA GAVARRETE

El candidato de izquierda Andrés Arauz tomó la delantera en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. Arauz ganó el 31,5 por ciento de los votos, lo que lo sitúa a unos 11 puntos de ventaja sobre sus rivales más cercanos. No estaba claro a quién se enfrentaría Arauz en la segunda vuelta. El líder indígena Yaku Pérez y Guillermo Lasso, un acaudalado exbanquero, tenían un empate técnico por el segundo lugar, Pérez con un 20,04% frente al 19,97% de Lasso. La segunda vuelta de desempate será en abril, pero si Arauz compite con el pro-empresarial Lasso, es probable que gane; es menos seguro contra Pérez.

13 feb 2021.- Ecuador es un pequeño estado sudamericano con solo 17 millones de personas en el ecuador. Las principales industrias de Ecuador son el petróleo, procesamiento de alimentos, textiles, productos de madera y químicos. El sector petrolero representa aproximadamente el 50 por ciento de los ingresos por exportación del país y aproximadamente un tercio de todos sus ingresos fiscales. La principal empresa petrolera es Petroecuador, de mayoría estatal pero que aún es propiedad de Texaco en un 37%. De hecho, las empresas estatales representan más del 80% de la producción de petróleo de Ecuador; el resto es producido por las multinacionales: Repsol (España), Eni (Italia), Tecpetrol (empresa estatal argentina) y Andes Petroleum, que es un consorcio de China National Petroleum Corporation (CNPC, 55% de participación) y China Petrochemical Corporation (Sinopec, 45% de participación). Ecuador es también el mayor exportador mundial de platanos y un importante exportador de gambas.

El resultado de la primera vuelta es un golpe importante a las maquinaciones del imperialismo en la región. Es probable que acabe con el gobierno de Lenin Moreno, que en los últimos cuatro años ha aplicado políticas favorables a las empresas. Lenin Moreno fue el número dos del ex presidente de izquierda Rafael Correa. Moreno renegó de las políticas de Correa al asumir el cargo y en cambio persiguió a los partidarios de Correa e impuso la austeridad fiscal, privatizaciones y otras medidas favorables a las empresas.

Entre 2006 y 2014, bajo Correa, el crecimiento medio del PIB fue de un 4,3%, impulsado por los altos precios del petróleo y la inversión extranjera. Correa pudo aumentar significativamente los salarios mínimos y los beneficios de la seguridad social, en parte financiados por mayores impuestos a los ricos. Pero a partir de 2015, el crecimiento medio del PIB fue solo el 0,6%.

A medida que la economía de Ecuador se deterioró, Moreno pidió un préstamo al FMI acompañado de estrictas medidas de austeridad. El FMI hizo lo mismo que con el gobierno de derechas en Argentina, ofreciendo dinero condicionado a medidas de austeridad y pro-empresariales. Lo que provocó un movimiento de protesta masivo en 2019, que finalmente obligó a Moreno a denunciar algunos de los términos del paquete del FMI. La popularidad de Moreno se desplomó y decidió no presentarse a estas elecciones.

Posteriormente se produjo la pandemia de COVID que afectó especialmente a Ecuador. La cruel incompetencia de la administración de Moreno, la debilidad del sistema de salud, privatizado y con fondos insuficientes y la desesperada necesidad de muchos trabajadores ‘informales’ de mantener sus puestos de trabajo, llevaron al desastre. Ecuador está cerca de la cima de muertes por millón de personas a nivel mundial. De hecho, el Congreso está acusando al ministro de Salud, Juan Zavallos, por administrar mal el programa de vacunación contra el COVID-19. La pandemia ha paralizado el 70% de las empresas y ha dejado 600.000 desempleados.

Como en otros lugares, la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada a las familias de bajos ingresos, ha aumentado el número de personas que viven en la pobreza y ha exacerbado la desigualdad de ingresos. Según el Banco Mundial, las familias en el decil inferior de la distribución del ingreso perdieron alrededor del 18 por ciento de sus ingresos, mientras que las familias en el decil superior perdieron solo un tercio de eso.

La solución de Moreno a la recesión fue pedir otro préstamo al FMI ($ 6.500 millones), a cambio de la desregulación del banco central y un alza de los precios de la gasolina y el diésel para situarlos cerca de los del mercado mundial. También firmó un préstamo bilateral de $ 3.5 mil millones con la administración Trump a cambio de privatizar una importante refinería de petróleo y partes de la red eléctrica del país y excluir a China de su mercado de telecomunicaciones. Moreno también respondió con recortes de «emergencia» del gasto público de $ 4 mil millones que incluyeron la liquidación de la aerolínea nacional y el cierre de embajadas.

Si Arauz gana en abril, asumirá el gobierno con una deuda externa de 52.000 millones de dólares.

 

Incluso después de los 7 mil millones de dólares en préstamos multilaterales del año pasado, Ecuador necesitará otros $ 7,6 mil millones de nuevo financiamiento en 2021, según un informe del FMI de diciembre. Y esto supone que el país aceptará recortar el déficit presupuestario del gobierno hasta los $ 2.8 mil millones este año, desde $ 7.2 mil millones de 2020. Permítanme citar directamente del FMI sobre sus condiciones: “Recortes de gastos discrecionales que incluirían moderación salarial (0.6 ppts del PIB) y moderación del gasto de capital (0,7 ppts del PIB). Junto con los ahorros de la reforma en curso de los subsidios a los combustibles y la reducción del gasto relacionado con la pandemia cuando la crisis ceda»; y «es necesario un compromiso continuo con la reducción del déficit para garantizar unas finanzas públicas sostenibles a medio plazo y reducir la carga de la deuda de las generaciones futuras. Anclar la senda a medio plazo del techo de la deuda en el 57 por ciento del PIB en COPLAFIP implica una reducción del déficit de NOPBS en 5.5ppt del PIB entre 2019-2025, y del saldo general del SPNF en 5.3ppt. El logro de estos objetivos ambiciosos, pero realistas, requiere combinar una reforma fiscal progresiva, con un rendimiento de ingresos permanente del 2½ por ciento del PIB a partir de 2022, y una racionalización sostenida del gasto».

Para lograr estos objetivos, el FMI quiere un aumento del IVA y medidas para hacer que el mercado laboral sea ‘más flexible’, es decir, “mantener la flexibilidad proporcionada por esas medidas, como semanas laborales más cortas, turnos más flexibles y acuerdos de trabajo remoto, que podrían apoyar el mercado laboral y la recuperación».

Pero Arauz dice que no cumplirá los términos del paquete del FMI negociado por Moreno. En cambio, quiere impulsar el crecimiento con un gran aumento del gasto público, impuestos más altos y controles de capital para evitar que el dinero salga del país. Arauz reconoce que Ecuador puede «crecer» para salir de la crisis en lugar de adoptar la austeridad que considera » absolutamente contraproducente para las necesidades de crecimiento y desarrollo de Ecuador».  En lugar de reducir el déficit presupuestario del gobierno con un ajuste fiscal del 3% del PIB, Arauz apunta a elevar el gasto público hasta un 1,5% del PIB con un importante programa de obras públicas y poner fin a las privatizaciones.

¿Cómo se hará esto? Primero, Arauz propone un impuesto sobre el patrimonio. Y en segundo lugar, ha sugerido aumentar el impuesto sobre la salida de divisas del país hasta un 27%. Los ecuatorianos adinerados ya han sacado $ 30 mil millones fuera del país. Por el contrario, Lasso, favorable a las empresas, quiere eliminar gradualmente el gravamen, que actualmente es del 5%. Y tercero, Arauz propone la financiación del gasto público por parte del banco central, en otras palabras, «imprimir dinero», al estilo de la TMM.

¿Funcionarán estas políticas? El nuevo presidente tendrá que afrontar una economía que se ha contraído entre un 10-12%, una deuda que equivale a alrededor del 60% del PIB (alto para los estándares de las economías emergentes) y una tasa de pobreza de alrededor del 35%. La desigualdad de ingresos y riqueza sigue siendo muy alta: el 10% de la población más rica tiene el 42,5% de los ingresos, mientras que el 10% de los pobres tiene solo el 0,6% de los ingresos.

Y hay grandes obstáculos para la recuperación. El gobierno no puede devaluar la moneda para abaratar las exportaciones porque Ecuador no tiene moneda nacional. Es una economía dolarizada. Eso significa que si el banco central va a financiar el gasto del gobierno comprando bonos públicos o respaldando sus presupuestos, dado que el gobierno no controla la unidad de cuenta, las reservas en dólares se reducirán. Hay algo de margen para ello, porque las reservas de divisas están en un máximo histórico dado que el dólar se ha debilitado. Y Arauz planea obtener préstamos de China para reemplazar el financiamiento del FMI.

El mayor obstáculo serán las multinacionales y el sector empresarial en Ecuador. Básicamente han dejado de invertir desde 2014.

Se debe en parte a la caída de los precios de la energía, pero también a que invertir con fines de lucro en Ecuador no parece prometedor. Las industrias de energía y recursos son altamente intensivas en capital, por lo que, en términos marxistas, la composición orgánica del capital aumenta significativamente con el tiempo. Esto reduce la rentabilidad de la inversión futura, lo que ha sido especialmente el caso en Ecuador desde la llamada crisis de los mercados emergentes de 1998. Solo la desaceleración de la inversión desde 2014 ha impedido que la rentabilidad siga cayendo.

Por tanto, el sector empresarial no tiene ningún incentivo para invertir, sobre todo si los precios del petróleo se mantienen bajos. Y a más largo plazo, la industria mundial de los combustibles fósiles se enfrenta a un grave declive.

A menos que los precios de la energía se recuperen bruscamente y / o la economía mundial se recupere el próximo año, las medidas de Arauz no podrían restaurar el crecimiento y revertir el impacto en los ingresos de la clase trabajadora de las políticas de Moreno y la pandemia.

https://www.sinpermiso.info/textos/ecuador-sera-posible-revertir-la-crisis-del-covid-19

20.4.-Coalición de izquierda de Perú presenta propuestas económicas

La agricultura de Perú moviliza al 30 por ciento de su población económicamente activa, de ahí la intención de Juntos por el Perú de estimular su crecimiento. |

Foto: Agencia Andina

Se centran en cambiar el modelo económico vigente en esa nación y en combatir el desempleo y la pobreza.

La coalición progresista de izquierda Juntos por el Perú (JP), que postula a la presidencia de ese país a la candidata Verónika Mendoza, presentó el jueves sus propuestas de gobierno en materia económica y fiscal, las cuales se centran en el cambio del modelo económico y el combate al desempleo y la pobreza.

La jefa del Plan de Gobierno del bloque, Anahí Durand, y su equipo de expertos difundieron a través de plataformas digitales su política en este ámbito, en esfuerzo por influir en el electorado de cara a las elecciones generales del 11 de abril próximo.

Subrayaron que constituirá prioridad la reactivación de la economía a través de medidas de emergencia y, con posterioridad, la aplicación de acciones de fondo que ayuden a dejar atrás la crisis económica.

Señalaron que se jerarquizará la salud. Puntualizaron que “sacrificar vidas no salva la economía” e insistieron en vacunar a toda la población contra la Covid-19 lo antes posible.

Hicieron hincapié en la necesidad de promover un programa de empleo temporal como opción para expandir las posibilidades de plazas laborales, en un país que tiene un 70 por ciento de sus trabajadores en el sector informal, como recordó Durand.

Enfatizaron que esa economía que defienden no buscará “crecimiento a costa de la explotación de los trabajadores (…) y depredar la naturaleza”, sino el beneficio de todos.

Uno de los expertos, el expresidente de la estatal Petroperú, Humberto Campodónico, planteó que esa nación debe cambiar su modelo económico extractivista por políticas de desarrollo productivo.

Agregó que se ha de dar prioridad a la industria y la agricultura. Esta última se convierte en eje de singular importancia, pues moviliza al 30 por ciento de la población económicamente activa, como precisó el panel.

Entre las diversas propuestas que mencionaron, figuran la transformación de la matriz energética y favorecer las fuentes renovables a partir de migrar de los combustibles fósiles a la energía eólica o solar.

El economista Pedro Francke recordó que en Perú se perdieron tres millones de empleos y la pobreza aumentó en 15 por ciento debido a la crisis generada por la Covid-19.

Propuso que la inversión pública aumente de 30.000 a 45.000 millones de soles (8.216 a 12.325 millones de dólares, respectivamente), así como que los ahorros fiscales puedan ser utilizados para entregar más bonos universales.

Dentro del esfuerzo por reactivar la economía, también se mencionó el propósito de evitar el quiebre de empresas.

Con anterioridad, la candidata Verónika Mendoza había destacado que se precisa entregar créditos a las pequeñas y medianas empresas, las que más dinamizan las economías locales y regionales, en lugar de las grandes compañías y los bancos, puntualizó.

Los peruanos irán a las urnas el 11 de abril para elegir al Presidente, dos vicepresidentes, 130 congresistas y cinco integrantes del Parlamento Andino, todos para el mandato gubernamental 2021-2026.

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/39396?.intl=e1&.lang=es-US&.partner=none&.src=fp

20.4.-Trump también fue favoritoEMIR SADER

Bolsonaro no será favorito si la izquierda se guía por el criterio de las experiencias de las recientes victorias electorales: Argentina, Estados Unidos, Bolivia.

Hace un año Trump era uno de los favoritos para ser reelegido presidente de Estados Unidos. Reinaba soberanamente en lo más alto de las encuestas, mientras sus oponentes luchaban por saber quién lo enfrentaría, divididos, con tasas bajas para poder desafiar a Trump.

18 feb 2021.- Una situación similar a la que se vive ahora con Bolsonaro habiendo liquidado a sus oponentes en el campo de la derecha, con golpes duros y rápidos, se quedó solo como posible candidato de los grandes empresarios, de los medios de comunicación y de los partidos de derecha.

Mientras tanto, el Poder Judicial, brindando un servicio más a las oligarquías de Brasil, tarda en juzgar a Lula y devolverle todos sus derechos, para que pueda ser el candidato que unifique la oposición contra Bolsonaro. Las encuestas señalan que Bolsonaro lidera con holgada mayoría, mientras una serie de candidatos de la oposición se dividen sus preferencias entre ellos, todos con enormes dificultades para unificar y canalizar el gran potencial de rechazo a Bolsonaro.

Las encuestas, a menudo entrevistando a mil personas en Brasil, están poniendo a la cabeza a personas en situaciones supuestamente inevitables. Nadie piensa que si Lula fuera incluido en las encuestas, podría reproducir la situación de 2018, en la que todas las encuestas indicaban que él ganaría a todos los oponentes en la primera ronda.

Tampoco toma en cuenta que las encuestas, además de ser limitadas en el número de entrevistas, se realizan por teléfono, en una situación muy fría y artificial, además de dejar fuera de consulta a gran parte de la población más pobre. Pero, principalmente, no tiene en cuenta que la encuesta es una cosa, la campaña es otra. Lo que cuenta especialmente para Lula, debido a sus extraordinarias habilidades de comunicación, especialmente con las mayorías pobres del país, ya sea como candidato o apoyando a un candidato, lo que le ha faltado a Haddad en 2018.

Bolsonaro ni siquiera tuvo la luna de miel de Trump, con la economía norteamericana creciendo y generando empleos, lo que generalmente produce la reelección de un presidente en Estados Unidos. La pandemia puso patas arriba al país, empezando por la economía, que entró en recesión y generó desempleo. Al mismo tiempo, el discurso negativo en relación a la pandemia generó un clima muy desfavorable para la reelección.

Los demócratas, en tanto, se movilizaron en torno a un candidato moderado, que supo, desde el principio, contar con sectores del propio Partido Republicano, descontentos con las posiciones de Trump. Pero sobre todo, canalizó todas las formas de rechazo a Trump, prometiendo a un gobierno reactivar la economía y luchar con firmeza contra la pandemia, oponiéndose fuertemente al escenario que representaba a Trump.

Otro aspecto negativo de las encuestas sin Lula, es que alimentan a los demás candidatos de la oposición a creer que pueden ser el candidato de la izquierda contra Bolsonaro. Está claro, en primer lugar, que la disputa será muy dura, no es cualquier candidato que pueda afrontarla. En segundo lugar, que Bolsonaro tendrá un fuerte flujo de apoyo, que debe ser contrarrestado por un fuerte apoyo popular, como siempre han tenido los candidatos del PT, arraigado en el nordeste del país, pero ahora también en las periferias de las grandes ciudades del sureste y sur.  Una performance de que solo Lula, candidato o apoyador de una candidatura, puede tener.

También será indispensable, como se desprende de las experiencias boliviana y ecuatoriana, una victoria por amplio margen, para superar los procesos de judicialización que se han impuesto en esos países y también en Brasil, y bajo los cuales se realizan las elecciones en esos países. La salida de este proceso requiere unidad de las fuerzas democráticas, un fuerte apoyo popular y un gran liderazgo, que trasmita la seguridad de la capacidad de derrotar a Bolsonaro y gobernar con éxito, como logró hacer el PT.

Bolsonaro puede ser favorito, pero no será favorito, si la izquierda se guía por el criterio de las experiencias de las recientes victorias electorales: Argentina, Estados Unidos, Bolivia. Bolsonaro, como Trump, tendrá que dejar de ser un francotirador, de solo atacar a la vieja política, a la corrupción, como si no las practicara abiertamente. Será víctima de su gobierno fallido. Está claro que en 2022 todavía la economía estará en recesión y con un alto desempleo. Los efectos de la pandemia se seguirán sintiendo, con el precario suministro de vacunas y aún con las víctimas actuales de la pandemia.

Un referendo que coloque al país en la alternativa de Bolsonaro o el país de desarrollo económico con distribución de ingresos y empleo, con vacunas para todos, con democracia, será el escenario decisivo para la derrota de Bolsonaro y la victoria de las fuerzas democráticas.

– Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).

https://www.alainet.org/es/articulo/211023

20.4.-El Salvador: Odio, asesinatos y… elecciones – JULIA GAVARRETE

En medio de un escenario de tensión política e intolerancia social, el país centroamericano está a pocos días de las elecciones legislativas y municipales. Dos simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional han sido asesinados tras participar en un acto de la formación de izquierda. Mientras las investigaciones siguen su curso, se apunta a un crimen político, nutrido por mensajes de odio que promueven altos funcionarios del país, incluido el presidente Bukele que llegó a afirmar que se había tratado de un autoatentado. ¿Qué está pasando en El Salvador?

21 feb 2021.- El pasado 31 de enero, simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fueron atacados por tres hombres que dispararon directo al camión en el que se encontraban. Todo ocurrió en el centro de la capital salvadoreña en el marco de la campaña para las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero, en las que el oficialismo aparece liderando las encuestas y podría alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento. Dos personas fallecieron y otras tres fueron lesionadas en el tiroteo. Los veinte militantes del FMLN que se encontraban en el camión regresaban de un evento proselitista del candidato a la alcaldía de San Salvador, cuando el auto con los tres hombres a bordo los interceptó. Uno de ellos abrió fuego. Eran las 6:25 de la tarde de ese domingo.

El ataque contra simpatizantes de izquierda se ha convertido es parte de una escalada de radicalización política que se vive en el país. En las redes sociales se destila tensión, en especial en Twitter, atizada por los mensajes de odio e intolerancia que son generados, principalmente, desde el gobierno. Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, El Salvador se vio marcado por la polarización entre el FMLN, partido de izquierda que gobernó el país entre 2009 y 2019, y la derecha dura representada por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Y es sobre ese escenario dividido y sobre el desencanto generado por ambos partidos tradicionales que cobró relevancia la figura del actual presidente Nayib Bukele. El mandatario de 39 años, que se autodefine como un outsider de la política, consiguió 54 % de los votos en las últimas elecciones, lo que le permitió romper con 30 años de bipartidismo, aunque no con la polarización.

Lo que ocurrió el 31 de enero pasado en El Salvador es la expresión mayúscula de una situación de violencia política que ya había sido advertida por la sociedad civil. Los mensajes de odio calan fuertemente ante una población enajenada por la violencia y se encienden con una mínima chispa. Bukele, sin embargo, tuvo declaraciones altamente desafortunadas solo media hora después del asesinato de los miembros del FMLN. En lugar de condenarlos, insinuó que se había tratado de un autoatentado. «Parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción. Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron», decía el presidente desde su cuenta de Twitter. El FMLN no tardó en rechazar la afirmación de Bukele.

La muerte de Gloria Rogel de López y Juan de Dios Tejada, los dos militantes del FMLN, recibió la condena de actores políticos y sociales y de la comunidad internacional. Y el lenguaje de Bukele quedó en el centro de la escena. «Condeno profundamente el ataque de ayer dirigido al meeting de campaña del @FMLNoficial en El Salvador y hago un llamado a una investigación total del crimen. El Estado necesita garantizar a todos los partidos políticos democráticos a que puedan hacer una campaña y baje la intensidad no que añada gasolina al fuego @nayibbukele», escribió Tilly Metz, que forma parte de la bancada de Los Verdes en el Parlamento Europeo. El 10 de febrero, Metz envió una carta a Bukele pidiendo que reduzca la escalada de violencia política que se vive en el país centroamericano. «Sinceramente espero que las próximas elecciones sean justas, pacíficas y transparentes».

La campaña de odio del presidente se ha transformado se ha transformado ya en una política gubernamental. Armando Álvarez, catedrático del departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), le recordó a Bukele que «procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores» del país es parte de sus atribuciones constitucionales como presidente. Pero eso no ocurrió esa noche. La presidencia de El Salvador no condenó el hecho, sino que continuó fomentando la división entre los salvadoreños.

Radicalización presidencial

El presidente Bukele ha encontrado en Twitter un nicho que seguirá explotando hasta donde la red social se lo permita. Aunque las políticas de esa red social son claras en cuanto a no fomentar el odio, tal parece que eso no aplica para el presidente de El Salvador. Twitter es enfático en cuanto a qué considera como «conductas de incitación al odio». Por ejemplo, «no se permite fomentar la violencia contra otras personas ni atacarlas o amenazarlas directamente por motivo de su raza, origen étnico, origen nacional, pertenencia a una casta, orientación sexual, género, identidad de género, afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad grave. Tampoco permitimos la existencia de cuentas cuyo objetivo principal sea incitar la violencia contra otras personas en función de las categorías antes mencionadas», se afirma en las políticas de la red social. Sin embargo, el 1 de febrero de 2020, justo un año antes de este ataque, Bukele tuiteó: «Arena y FMLN no son basura, son peor que eso. Negociaron con la sangre de nuestro pueblo. Mil veces malditos». El mensaje lo compartió cuando se conoció que la Fiscalía General de la República (FGR) había presentado un requerimiento para procesar a algunos funcionarios por negociar con pandillas. Lo que omitió el presidente en ese momento es que algunos funcionarios de su administración cuando fue alcalde de San Salvador (2015-2018) también han sido investigados por reunirse con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Bukele ha tenido buenas relaciones con políticos de otras naciones que también han apelado a los discursos de odio. Entre ellos, por supuesto, se destaca el ex presidente estadounidense Donald Trump. En la historia reciente de El Salvador nadie ha sido tan «florido» para atacar a sus adversarios políticos como Bukele. Omar Serrano, vicerrector de la UCA, afirma que Bukele y Trump se asemejan porque «han hecho del odio su emblema». Y asegura que «tampoco hubo otro mandatario que haya pretendido explícitamente dividir al país como lo ha hecho él».

La disputa por la versión de los hechos

Cada vez que Bukele habla, sus funcionarios —y un ejército de trolls— se convierten en la caja de resonancia de su mensaje. Hasta cuando ocurre un temblor, el presidente se expide. A pesar de que existe un Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bukele considera que es él quien debe informar la escala del sismo. Así sucede con una diversidad de temas. Y sus acólitos no dejan de replicar sus mensajes. Cuando Bukele habló de «autoatentado» algunos funcionarios de su círculo cercano, como el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa), Federico Anliker, continuaron alimentando esa versión. La misma noche del atentado escribió en su cuenta de Twitter: «Los mismos de siempre, hoy resulta que después de acabarse al país y llevarnos a la violencia social que ellos mismos la propiciaron y otros incluso son parte de esas mafias, hoy se quieren pintar como blancas palomas. ¡NO JODAN!».

De lo ocurrido el 31 de enero, se sabe que en el camión viajaban mujeres, unos cuantos hombres y ex-combatientes de la guerrilla ya ancianos. Además, se sabe que el automovil les interceptó porque hubo hostigamientos previos, que llevaron a que unas mujeres, simpatizantes del partido de izquierda, respondieran tirando bolsas con agua a los atacantes. También se sabe la identidad de los tres hombres que bajaron del auto azul que interceptó al camión. Se trata de tres empleados del Ministerio de Salud, dos de los cuales se desempeñan en el área de seguridad. El otro trabaja como conductor. Es decir, los tres son empleados del gobierno de Bukele. Testigos manifestaron al periódico El Faro que uno de ellos fue quien disparó.

Cuando se conoció que los atacantes eran empleados públicos, Bukele cambió su discurso: pasó de sostener que se trataba de un autoatentado a afirmar que se había producido un enfrentamiento. Esta tesis fue sostenida también por la Fiscalía General de la República, al conocer que uno de los atacantes también estaba lesionado por una bala. Las víctimas del ataque que resultaron lesionadas afirman, sin embargo, que no portaban armas.

El ataque contra militantes del FMLN ha acentuado una disputa entre la Presidencia y la Policía Nacional Civil (PNC) con el Ministerio Público por quién presenta pruebas irrefutables de lo sucedido. Aun cuando la PNC es un brazo de investigación de la Fiscalía, su posición ha sido la de demostrar que los atacantes reaccionaron a un enfrentamiento con los militantes. Lo que ocurre entre las dos instituciones es grave. Marcela Galeas, abogada penalista, ha sostenido que «lo peligroso en este caso es que la forma en que desde el gobierno, específicamente el presidente y la PNC, se quiso deslegitimar las calidades de las víctimas y justificar las acciones de los hechores por tratarse de empleados del Ministerio de Salud». «Que la Policía cuestione de manera pública la dirección funcional de la Fiscalía, priorizando la protección de los acusados y no de las víctimas, es inaudito». No hay justificación alguna, ni jurídica ni lógica, que lleve a pensar, al evaluar los videos que se han presentado como prueba, que hubo enfrentamiento. Bukele, sin embargo, acusó al Ministerio Público de ocultar videos y él mostró los propios, los que la PNC había obtenido «por su cuenta».

El ambiente se ha convertido en un campo de batalla en el que todos acusan y todos se responden. Ante lo enunciado por Bukele, el fiscal general de la República, Raúl Melara, no tardó en responder. «Al querer desvirtuar las conclusiones de la investigación, lo que hace la Policía Nacional Civil es desacreditarse más y menospreciar el trabajo que sus investigadores han hecho con los fiscales. No entiendo a quién defienden. No tienen el más mínimo respeto por los fallecidos ni por sus familias», escribió Melara en su cuenta de Twitter.

Mientras las investigaciones continúan, el fiscal intentó juntar a todos los representantes de los partidos políticos inscritos en la contienda. Quería un pacto de no violencia, pero no lo logró: el partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, no se presentó. Tampoco lo hizo Cambio Democrático, un partido aliado del presidente. Pero cuando la Embajada de Estados Unidos llamó a una reunión citando a todos los partidos políticos para garantizar la no violencia política, los partidos oficialistas asistieron. El llamado del gobierno estadounidense parece ser, para Bukele, más importante que el llamado de un fiscal de su país.

Las señales de autoritarismo

El oficialismo de Bukele ha intentado sostener una única línea de lo sucedido y todos se han cerrado sobre ella. Para hacerlo ha intentado que los medios difundan su posición. Para un gobierno deseoso de concentrar el poder, la estrategia mediática ha sido clara. Los constantes bloqueos gubernamentales a la información pública, el debilitamiento de la prensa independiente a través de ataques y de campañas de desacreditación, a la vez que el fortalecimiento de los medios estatales que sostienen la posición del gobierno, operan como herramientas claves para Bukele. Defensores de los derechos humanos han sostenido que estas constituyen evidentes señales de autoritarismo por parte del gobierno.

El 9 de febrero de 2020 una imagen recorrió el mundo: la de Bukele rodeado de militares en la Asamblea Legislativa, practicando un intento de autogolpe con amenazas a la oposición. El peso del Ejército y las actitudes autoritarias del presidente son evidentes. Alcanza con revisar el presupuesto general de la nación e identificar dónde está destinada la mayor cantidad de dinero. La respuesta no es difícil: en los militares. Tal como sostiene la defensora de los derechos humanos Celia Medrano en una entrevista concedida al periódico El Faro, Bukele apuesta por la militarización de la política y muestra rasgos «autocráticos y claramente autoritarios».

La oposición es débil y muy poco inteligente. En medio de un clima tenso, Bukele encuentra las palabras para controlar el voto popular. Mientras sus ojos están puestos en las próximas elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero, pareciera que no habrá un cambio en el discurso que ha traído desde que inició su mandato en junio de 2019. El vicerrector de la UCA, Omar Serrano, sostiene que la violencia se ha vuelto una constante a partir de la siembra de odio gubernamental. Los resultados están a la vista: ya no se trata solo de polarización política, sino de asesinatos, como se verificó con lo sucedido en la caravana del FMLN. «Lo peor es que los más afectados siempre es la clase pobre, la gente del pueblo, que están en las comunidades, mientras en las cúpulas seguramente van a llegar a arreglos políticos», insiste Serrano. Con la presidencia de Bukele, lo único que quedó atrás fue la hegemonía de los dos partidos tradicionales. Ahora, sin embargo, ha emergido otra cosa: el odio en el discurso político, la responsabilización a terceros por los errores propios. Los hechos lamentables están lejos de haber terminado.

https://www.sinpermiso.info/textos/el-salvador-odio-asesinatos-y-elecciones

20.3.-Chile: en la prueba de Zhou ASCANIO CAVALLO

Foto: Agencia Uno

 Un estudio de Ipsos entregado esta semana revela que la principal amenaza que sienten los chilenos es la pérdida de empleo y de ingresos. No son la misma cosa, pero casi. Es parte de la percepción histórica de los chilenos que el ingreso siempre se puede recuperar, mientras que el empleo también es más difícil.

13 feb 2021.- La pérdida colectiva de empleo agrava el sentimiento de catástrofe. En esto, el Covid-19 ha cumplido con su identidad como desbarajuste.

No es tan raro que entre los 28 países estudiados por Ipsos, las dos mayores amenazas más intensamente sentidas en Chile sean el desempleo y un desastre natural. Milenarismo y fatalidad. El imaginario nacional se vuelve a llenar de imbunches. Más de alguno aspira a una curul.

El desempleo estuvo todo el 2020 por sobre los dos dígitos, una cifra que no se conocía desde los primeros dos años de Lagos. Una generación completa de chilenos no había presenciado una situación igual y la pregunta es cuánto tiempo se prolongará. Los números para el 2021 han empezado a mostrar pequeños avances, pero ya es claro que cualquier atisbo de recuperación quedará para el 2022 o más, atravesada por un torbellino de elecciones, debates constitucionales y nuevas autoridades elegidas. Es un misterio la forma que tomará la dialéctica entre ambas cosas, pero ya son numerosas las figuras políticas que creen saber positivamente que vendrán días mejores o que, por el contrario, se avecina un gran fuego sacro.

Tampoco es una condición aislada. El Banco Mundial ha aumentado en enero su estimación de incremento de la extrema pobreza como efecto de la pandemia. Ahora calcula que entre las personas que pasarán a esa categoría serían entre 119 millones y 124 millones. Este es el más grande retroceso desde los años 60, momento en el cual la población que vivía en condiciones de extrema pobreza era un 80% del mundo.

En 60 años se había venido reduciendo hasta el 10% y en el 2015, en uno de esos momentos de optimismo jolgorioso, ocupó el primer lugar de los Objetivos de Desarrollo Sustentable: llegar a cero en el 2030. Un estudio de Brookings Institution ha calculado ahora que una mitad de los nuevos pobres lo seguirán siendo después de ese año, lo que significa que la línea de base actual -unos 60 millones- se mantendrá duplicada.

Las ciencias sociales han debatido largamente el papel del desempleo en el estado de ánimo social. Algunos sostienen, con base en casos numerosos y en diversos “estallidos” revolucionarios, que el desempleo aumenta y excita la protesta. Es una conclusión que hasta parece obvia. Pero hay quienes han observado, con base en otros tantos ejemplos, que el desempleo más bien inhibe -o posterga- el ánimo de protesta. Nunca es razonable reducir el clima de una sociedad a un solo factor, por importante que parezca, pero es una disyuntiva que deberían pergeñar quienes pasean por la política y sus vecindades. El sentido común es un talento político; el otro es ofrecer resistencia a las ideas simplonas.

Los incidentes episódicos ocurridos en Chile en los últimos meses, con su ya conocida marca vandálica, podrían indicar que bajo el manto de la emergencia sanitaria espera, agazapado, el espíritu del 18-O, listo para explotar antes de que termine el gobierno de Piñera. Pero también podrían ser signos de que un estilo de crispación expresionista se ha vuelto endémico, con su pertinente inclinación hacia la violencia carnavalesca: el incendio ajeno (que tanto satisface a una joven diputada), la primera línea, el payaso asesino, en fin. Unos aseguran, triunfantes, que todo cambió y ya está; otros, victoriosos, repiten lo del Gatopardo: que nada cambia.

La oposición a Piñera, una parte de la cual considera altamente injusto que su gobierno no haya sido derrocado, se ha endurecido en torno a la primera visión, que también parece la más simple. Se ha reconfirmado en la idea de que este es un gobierno insensible e inepto, con el deseo de que esto último zahiera la autoestima del Presidente. No está dispuesta a reconocerle su anticipación con las vacunas ni el desempeño notable de un sistema de salud primaria que parece confirmar algunas de las apreciaciones más odiadas del exministro Mañalich. Si Chile resulta ser el primer país no desarrollado que logre la inmunidad por las vacunas, será mérito de cualquiera, menos del Presidente.

Esto es parte de la larga batalla político-electoral del 2019. El hecho de fondo, sin embargo, es que esta batalla se librará con la certeza de que la pandemia no ha sido solamente un fenómeno suspensivo de la protesta, sino que está hiriendo de manera muy profunda el empleo, los ingresos y el nivel de la pobreza. Hay que ser un campeón de la frivolidad para no ver que eso lo transforma todo.

Los economistas del Banco Mundial han estado advirtiendo que en los países de ingresos medios se observa “un empobrecimiento de grupos nuevos que no habrían ingresado a la pobreza en el curso normal de los eventos”. El curso normal de los eventos chilenos ya había dejado de ser normal antes de que el murciélago fuera atrapado en Wuhan. Lo que no entraba en esa anormalidad eran precisamente estas dos deformidades: el desempleo y la pobreza. ¿Qué misteriosa fuerza de la historia chilena hizo que el desastre general se encabalgara sobre una crisis social estrictamente local, modificando su naturaleza?

¿Falta un tiempo para saberlo? Todo el mundo tiene alguna idea consolidada sobre las causas y las consecuencias de la Revolución Francesa. Cuando le preguntaron por ella al líder chino Zhou En-lai, dijo que “es muy temprano para evaluarla”. Claro que aún no se sabe si era una respuesta profunda o si entendió mal la pregunta. Podría aplicarse como prueba sobre la competencia de los políticos.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-la-prueba-de-zhou/KQDK6KJNGBEJNGGI2YRMVYGOWI/

  • 21.2.-Chile:Urge un programa de gobierno de la izquierda que sea antineoliberal con medidas anticapitalistasLEOPOLDO LAVÍN
  • Certezas e incertidumbres políticas de un procesoCARLOS FLANAGAN
  • Chile: doce precandidatosASCANIO CAVALLO

Marzo será un mes político clave. Será el momento político abierto en el contexto de un ineludible escenario electoral. Será cuando habrá que plasmar; proyectar escritas y argumentadas las demandas populares y de los movimientos sociales por una ruptura democrática con las políticas de la oligarquía empresarial que hasta al momento han dominado la vida política.

4 feb 2021.- Se trata de tomar el escenario electoral presidencial por las astas e irle dando consistencia a un programa de corte claramente anti neoliberal que oriente e incluya medidas anticapitalistas que las ultraderechas y las “centro-izquierdas” denunciarán, con su consabida narrativa del caos y la impotencia, como utópicas. Ante la distopía o la continuación de la pesadilla neoliberal, las fuerzas de izquierda institucionalizadas y con recursos para campañas políticas bien organizadas tendrán que hacer prueba de osadía y claridad. Hay una situación propicia, además de aguijoneada por la urgencia (*). Y en tal situación, los intelectuales tendrán que tomar posición.

Los tiempos no están para consensuar lo que no se puede sin que aparezca espontáneamente a la consciencia popular, forjada desde hace dos años en la movilización misma, la figura de otra traición más de un proyecto de voluntad de mayorías. Es justo el tiempo, o será demasiado tarde. Habrá una coyuntura para radicalizar posiciones y debates con propuestas de cambios estructurales. Si se puede hablar de momento histórico, sin exagerar, es ahora. Estamos en una encrucijada. Sólo se ganarán el respeto popular y se conectarán con la historia de los de abajo las fuerzas de izquierda capaces de impulsar medidas que modifiquen la correlación de fuerzas políticas y sociales con medidas en el plano de la base económica, y que apunten a potenciar un proyecto social y político que permita enfrentar los cambios desde una perspectiva de los pueblos, de las igualdades, de la democracia participativa desde el territorio, del lugar de trabajo y de vida comunal y de las relaciones con la naturaleza. Medidas que ayuden a disminuir los efectos sobre las mayorías de la catástrofe económica, sanitaria y ecológica en curso y a la vista. Es lo que se espera. Navegar en el impulso de la consciencia acumulada durante la Rebelión Social y Popular de octubre 2019 para transformarla en caudal político con el cual realizar esos cambios deseados, y una y otra vez postergados. El desafío es encarar sin tregua a los propagandistas de los petits pas (del reformismo carita inocente, pero culpable de desidia política); conectar el proyecto transformador con las ansias y esperanzas de un cambio real. Y los cambios más difíciles serán los que se imponen en la estructura económica que concentra la propiedad privada de los recursos económicos entre manos de una oligarquía poderosa y mortífera. El aparataje jurídico legal está para eso: para defender la gran propiedad en manos de quienes han expoliado y acumulado riquezas bajo la forma de capitales industriales, financieros y patrimonios y fortunas en paraísos fiscales.

Pues bien, si la energía del movimiento social del 18/O del 2019 rompió los diques de una institucionalidad  diseñada para ningunear las demandas de Asamblea Constituyente libre y soberana, la casta política logró imponerle un remedo llamada “Convención”. En esas movidas vimos como la fuerza del poder constituyente fue capturada por la casta de partidos viejos y nuevos de la oposición (salvo honrosas excepciones) y del oficialismo. Maniobra conspirativa que demostró la esencia del sistema de casta política y partidos: ser orgánicas burocratizadas integradas a las estructuras políticas de dominación, bajo apariencia de “consenso”. Es lo propio del juego institucional: captar una demanda profundamente democrática levantada por el pueblo (pueblo de millones de carne y hueso en las calles exigiendo AC) y desnaturalizarla o vaciarla de su contenido transformador en nombre del juego “democrático” institucional entre “representantes”, no del pueblo, sino de castas. Y de paso, sucumbir a la presión de la ideología del orden y del capital y aprobarle leyes represivas al Gobierno de Piñera. Son las aporías de la “democracia representativa liberal”.

Que el movimiento social decida sobre su curso extra institucional de lucha por obtener las demandas, no es necesariamente una lógica separada de una lógica partidista institucional que busca gobernar una buena parte del aparato del Estado para impulsar medidas de transformación social. No son lógicas contradictorias. Pueden acompañarse en un juego dialéctico de empoderamiento mutuo en un proyecto de cambio, estratégico, que se enfrenta necesariamente a las estructuras de dominación y a su violencia … por ende estructural. Es mejor un gobierno auténtico de izquierda, con amplia base popular, que se comprometa (además de cumplir su programa sin transarlo) solemnemente durante la campaña a no reprimir al pueblo y a sus movimientos sociales, y junto con eso, a reformar los aparatos policiales represivos, que uno timorato de centro-izquierda/socialdemócrata o de confrontación social y de derecha autoritaria como el actual. Bien sabemos que estos dos últimos se reclaman de la consabida e hipócrita monserga del “orden y de la defensa de la propiedad”. Saber distinguir matices es lo propio de una estrategia correcta capaz de moverse en el terreno de lo táctico.

Nada nuevo bajo el sol en las candidaturas de derecha. Cuando se trata de pontificar en economía aparece siempre un ex ministro de Hacienda y economista ortodoxo que sale con las eternas recetas de “crecimiento con productividad” y de creación de empleos con bajos salarios (“apretarse el cinturón” dicen) sin considerar siquiera el carácter profundo de una crisis que es global, financiera, climática, sanitaria y, resultado del mismo paradigma neoliberal que sacrifica lo público-social a lo privado-empresarial y por ende a la desigualdad social. En esa línea, (y en la de los neoliberales de todos los pelajes estilo PS-PPD) se ignoran los análisis de quienes no profesan el dogma economicista; que lo cuestionan, como lo hace un investigador capaz de escribir un libro de 600 páginas, documentado, con reflexiones histórico-comparadas y filosóficas que argumenta acerca de la necesidad urgente de regular el capitalismo, de aumentar fuertemente los impuestos con fiscalidad progresiva a los más ricos, y de la importancia de impulsar la participación de los trabajadores en las empresas, así como de nacionalizar las estratégicas para planificar la economía por áreas.

Hablamos de Thomas Piketty, quién en su último libro, “La Ideología del Capital” explica además que la ideología de la “meritocracia” es un individualismo que permite a los ganadores del sistema estigmatizar a los llamados “perdedores”. Ideología enfocada en el “esfuerzo individual”, sin siquiera ésta, preocuparse de crear condiciones reales para la igualdad social. Thomas Piketty defiende un tipo de socialismo democrático en que los bienes públicos orienten la política de Estados liberales (de “derecho”) que, como en Chile, devienen cada vez más autoritarios y más militarizados al estar en manos de las oligarquías con vocación para reprimir a los poderosos movimientos sociales portadores de demandas ciudadanas. Lo impensable sucede cuando un economista neoliberal, el ex ministro de un gobierno que se ha caracterizado por reprimir sin vergüenza, se adora en el espejo y decide presentarse de candidato a la presidencia por un partido “liberal en lo valórico” e intrascendente en lo político, mero furgón de cola de la oligarquía empresarial.

El resto de los candidatos de la ultraderecha neoliberal, además de encarnar el mismo esquema donde los mercados y el lucro mandan, participan del gran espectáculo que Freud llamaba el “narcisismo de las pequeñas diferencias”. ¡Cuál más ridículo que el otro! Obligado cada uno a hacer prueba de ingenio vulgar (como mostrar sus tatuajes) para destacarse del o de la alter ego. Sin, por supuesto, ningún programa de gobierno que presentar.

Al igual que las dos candidatas del llamado centro-izquierda, sin programa alguno que ofrecer que no sea la letanía de buenas intenciones de coaliciones que no hicieron otra cosa que remozar y retocar el modelo dejado por la dictadura y cuyo marco jurídico legal es la constitución del 80. Una fue designada a dedo por la ex presidenta socialista M. Bachelet – que no hizo otra cosa que patear los problemas de Chile para adelante. Hasta que el pueblo cansado, con un gobierno de derecha inepto a cuestas, decidió rebelarse con sus propias demandas negadas por derechas ultras y socialdemocracias cristianizadas, y otros que hoy se deslindan, pero que en su momento fueron también dama de compañía y príncipe consorte de la experiencia fracasada de la Nueva Mayoría. En su momento hicieron mutis por el foro. Hoy pueden redimirse, sobre todo si en su Congreso partidario se han declarado por un proyecto antineoliberal, anticapitalista y antipatriarcal, y cuentan con un buen candidato para encarnar un proyecto de izquierda. Lo mismo para la otra posible candidatura que se sitúa en el campo de la izquierda. Que levante ya un programa claro, que sea también de corte antineoliberal y anticapitalista, pues no basta con retirar la plata de las AFP. Y si estos partidos con base de izquierda, no quieren hacer primarias de izquierda, que hagan un pacto en caso de balotaje o segunda vuelta. Es lo que la razón política ordena: la unidad de la izquierda en torno a un buen programa coherente, discutido ampliamente y elaborado con inteligencia que permita agitar y propagandear ideas fuerza y consolidar un proyecto de transformación social. Que inspire a las y los convencionales delegados, que las y los oriente en un proyecto, para que no pierdan la brújula y se queden en debates abstractos y encerrados en el “fetichismo constitucional”. En la adoración de fórmulas legales formales. Pues el poder constituyente del pueblo podría en todo momento retirarle la legitimidad a la Convención Constitucional, o imponerle medidas democráticas para ser creíble y eficiente.

Leopoldo Lavín Mujica

(*) entre los años 20-30 del siglo XX quienes lograron captar la atención de muchos pueblos en un contexto de cesantías, crisis del capitalismo e incertidumbre ante el futuro fueron partidos fascistas que siempre pescan a río revuelto y aprovechándose de la incapacidad de las izquierdas de levantar un programa claro de satisfacción de demandas sociales, de los y las trabajadoras y de regulación del poder de la clase empresarial. Esta se acomodó con el partido nazi en Alemania. Fue en ese contexto que Gramsci, preso en Italia, escribió: “Pasado y presente, el aspecto de la crisis moderna que se presenta como una ola de materialismo está vinculado a lo que se llama crisis de autoridad. Si la clase dominante perdió el consenso-consentimiento, es decir que ella ya no es dirigente sino únicamente dominante, que detenta para gobernar solo la fuerza coercitiva pura, esto significa precisamente que las grandes masas se desapegaron de las ideologías tradicionales, que ya no creen más en lo que creían antes, etc. La crisis consiste precisamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. Es en este interregno que ocurren los más variados fenómenos mórbidos”. Gramsci, Cahier III, au paragraphe 34.

https://rebelion.org/urge-un-programa-de-gobierno-de-la-izquierda-que-sea-antineoliber

21.2.-Certezas e incertidumbres políticas de un procesoCARLOS FLANAGAN

Luis Arce y David Choquehuanca Fuentes: Rebelión / CLAE

Luego del resonante triunfo electoral del 18 de octubre pasado, el gobierno del MAS encabezado por Luis Arce y David Choquehuanca enfrentan, desde su asunción el 8 de noviembre, variados desafíos.

Las certezas

4 feb 2021.- Tienen claro que el primero y más urgente consiste en reconstruir la economía boliviana; destrozada luego de once meses de desgobierno neoliberal de la dictadura encabezada por Jeanine Añez. Sólo a modo ilustrativo del estado de situación, brindamos tres datos económicos:

Bolivia pasó de haber liderado en América Latina por seis años en sus índices de crecimiento económico en el período 2006 – 2019, a tener ahora la caída más grande del PIB en los últimos 40 años: un 11,1%. Las reservas internacionales netas (RIN) del país bajaron un 13% desde noviembre 2019 al mes de octubre 2020: de 6.459 millones de dólares a 5.578 millones. En el mismo período la dictadura endeudó al país en más de 4.200 millones de dólares entre deuda interna y externa.

Estos factores mencionados, sumados a la pésima gestión de las empresas públicas y la paralización de las tareas en las plantas de litio y urea, dieron como resultante un aumento del desempleo y la pobreza. Para enfrentar y superar este complejo panorama económico y social, se propone el objetivo de restaurar el modelo económico social, comunitario y productivo, que dinamice la economía plural y el mercado interno con crecimiento y redistribución del ingreso.

Este modelo hace a la propia concepción de la democracia y sus contenidos esenciales que bien expusiera Arce en su discurso de asunción presidencial: “de nada sirve elegir a las autoridades mediante el voto si a la vez el pueblo al que se debe la democracia está privado de los derechos fundamentales, como los de acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a los ingresos y a la vivienda.”

Estas tareas no serán sencillas ni rápidas de implementar en medio de una coyuntura económica mundial recesiva, ahora agravada por la pandemia del COVID 19. Con este objetivo como meta, se adoptaron desde el vamos algunas medidas anticíclicas urgentes:

-se aplicó el bono contra el hambre, consistente en un único pago de Bs. 1.000
-se aumentaron los salarios y jubilaciones
-se aprobó un reintegro del IVA
-se aprobó la creación de un impuesto a las grandes fortunas
-se aumentó la inversión pública a USD 4.011 millones
-se crearon fideicomisos de apoyo al sector productivo y a la promoción de políticas de sustitución de importaciones por Bs. 911 millones

A los 30 días de ser aplicadas, de noviembre a diciembre 2020, ya comenzó a notarse una recuperación económica: Las ventas de supermercados subieron de Bs 365,4 millones registrados en noviembre a Bs 491,5 millones en diciembre, también las ventas de restaurantes aumentaron de Bs 266,7millones a Bs 310,4 millones, la facturación de hoteles subió de Bs 39,8 millones a Bs 55,1 millones y las ventas del transporte aéreo se incrementaron de Bs 129,5 millones a Bs 133,1 millones durante el periodo señalado.

Las incertidumbres

En varias ocasiones nos hemos referido y abundado en lo que a nuestro juicio han sido limitaciones, confusiones y fracasos políticos de los gobiernos progresistas, principalmente en nuestra región. Me referiré en particular a dos habituales confusiones que hemos padecido y que tal vez puedan estar presentes en la actual situación política boliviana.

Sin dudas un gobierno progresista es un componente muy importante del proceso de cambios sociales que se propone.

Pero muchas veces se tiende a confundir un elemento con el todo.

De ahí el aislamiento progresivo del gobierno (inmerso en la gestión cotidiana) con la fuerza política a la cual pertenece y al complejo entramado social que lo sustenta.

También a menudo el variopinto entramado social organizado que sustenta el proceso de los cambios (pueblos originarios, campesinos, trabajadores de las ciudades y el campo, pequeños y medianos empresarios, estudiantes, organizaciones sociales con temáticas específicas) confunde los tiempos del proceso con los de un período de gobierno, cayendo en demandas sectoriales propias de una visión cortoplacista.

Se va perdiendo así la visualización del proceso de cambios como un largo camino que no se agota en uno o unos pocos períodos de gobierno. Con ello se ve afectado ese entramado social en su capacidad de movilización como bloque y de apoyo unitario a la causa común, que fuera clave para lograr en Bolivia la obtención del primer gobierno, el arrinconamiento de la dictadura de Añez, la posterior reconquista del gobierno y sigue siendo fundamental para la defensa y buena salud del proceso.

Papel del individuo y personalismo

Es innegable el rol que han jugado, juegan y jugarán los individuos con sus características intransferibles en la conducción de los procesos de cambios en la historia. Este no es el tema en cuestión.

Las dificultades surgen cuando una figura dirigente comienza a sentirse infalible en sus juicios e irreemplazable; por encima del colectivo, desechando toda postura que no sea de apoyo y halago a la suya. Me temo que ese es un problema político no menor que deberá administrar el gobierno boliviano en funciones (específicamente Luis Arce y David Choquehuanca) en su relacionamiento con Evo Morales, hoy Presidente del MÁS, el partido de gobierno.

Para citar un caso concreto como ejemplo de lo antedicho: el próximo 7 de marzo tendrán lugar en Bolivia elecciones subnacionales (de Gobernadores de los 9 Departamentos y Alcaldes para los 337 Municipios del país).

En el proceso de nominación de candidatos del MAS, Evo Morales ha hecho jugar su peso político, nominando candidatos en ocasiones a contrapelo de la opinión de las bases y otros dirigentes del partido. El caso más notorio es el de Eva Copa, Senadora por el MAS desde el 2015.

En noviembre de 2019 al producirse el golpe de Estado y la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera, renuncian también la presidente de la Cámara de Senadores Adriana Salvatierra y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. Ante ese vacío de poder, Eva Copa no renunció y asumió la presidencia de la Cámara de Senadores desde el 14 de noviembre de 2019 hasta el 3 de noviembre de 2020.

Toda su actuación al frente de la bancada del MAS y del Senado, fue un ejemplo de enfrentamiento a la dictadura. Luego fue nominada en el seno del MAS como posible candidata a la Alcaldía de El Alto, de donde es oriunda. Sin embargo y en forma sorpresiva, se nomina como candidato a Zacarías Maquera (que fuera Alcalde interino de El Alto por cinco meses).

Eva Copa se aleja del MAS y es postulada como candidata a Alcaldesa de El Alto por la agrupación “Jallala”. Las encuestas le dan arriba del 66% de intención de voto seguida de Maquera con apenas un 10%. Esto es todo un llamado de atención.

En definitiva, Evo Morales – si asumiera en los hechos que su ciclo como jefe de Estado ha finalizado y apoyara a la actual dupla gobernante – podría jugar un importante papel como presidente del MAS. Con su experiencia política y poder de convocatoria, podría encabezar la tarea de fortalecer sus estructuras y vida política cotidiana, para que se constituya en el necesario instrumento que aporte al diálogo del gobierno con su pueblo nucleado en las propias bases partidarias y en las distintas organizaciones sociales del país.

Ojalá por el bien del proceso de cambios del pueblo boliviano, que así sea.

Carlos Flanagan. Miembro de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Ex-Embajador de Uruguay ante el Estado Plurinacional de Bolivia. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

https://rebelion.org/certezas-e-incertidumbres-politicas-de-un-proceso/

21.2.-Chile: doce precandidatosASCANIO CAVALLO

15.06.2019 FACHADA DE LA MONEDA DESDE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION FOTO: RUDY MUÑOZ / LA TERCERA 

¿Cómo será la persona que ocupe la Presidencia de la República a partir de marzo del 2022? ¿De dónde vendrá? ¿Quiénes lo respaldarán? ¿Será mujer, para que continúe la alternancia de género? ¿Será de centroizquierda o izquierda, para que continúe la alternancia ideológica? ¿O ambas cosas, como en los últimos 16 años?

Desde Ricardo Lagos, nadie ha traspasado el poder a alguien de su misma coalición. Pero “nadie” es mucho decir, porque se trata de las mismas dos personas. Esa rotativa ha llegado a su fin y los que finalmente sean candidatos enfrentarán la campaña más corta desde el retorno de la democracia: con suerte, tres meses.

Lo que es más evidente es que de los 12 precandidatos hoy en vitrina, ninguno ha ofrecido un panorama que signifique una interpretación de la sociedad, filtrada por el 18-O, la pandemia y la catástrofe económica. Puede ser otro exceso decir que se trata de una nueva sociedad, pero cuando menos es una zarandeada por fenómenos disruptivos de gran escala, que ya no tiene las expectativas del 2017. ¿Cómo sale el país de este atolladero? Nadie lo ha dicho en la forma en que lo necesita una campaña presidencial.

Esta puede ser una explicación para que nadie figure en las encuestas con una ventaja elocuente y que haya casi una muchedumbre entre el 1% y el 10%.

El único que se ha acercado a una definición de ese tipo es Joaquín Lavín, pero de una forma todavía muy genérica y un poco raspada por los 20 años de ocurrencias del alcalde de Las Condes. El activismo de Daniel Jadue parece partir de la base de que hay potencial presidencial en una alcaldía, una tesis que estuvo de moda a fines de los 90, cuando Lavín manejaba Las Condes como un experimento social. El “lavinismo rojo” de Jadue sólo se diferencia en que es agresivo en lugar de victimizador.

En todo el resto se divisa lo mismo: un temor cerval por los desbordes callejeros del último trimestre del 2019, un temor correspondiente con su incertidumbre: ¿Se trata de un fenómeno que se terminó con las cuarentenas o sólo se ha producido un paréntesis tras el cual regresará el estado de ingobernabilidad? ¿Alguien lo puede manejar o más bien se mueve con su propia dinámica? ¿Se expresa en votos o sólo tiene existencia en la barricada?

En la filosofía moral, el temor de no entender está asociado con el temor a no ser entendido. Los precandidatos ocultan sus ideas, evitan compromisos y viven atenazados por lo que de ellos dicen las redes digitales. Peor aún, por estos días se encuentran en la fase más desagradable, la de idear cuentos del tío para asegurar su posición.

El PPD y el PS, por ejemplo, firmaron un compromiso para realizar pre-primarias entre sí antes de confrontarse con sus otros socios de Unidad Constituyente, la DC, el PR, el PRO y Ciudadanos. Esta idea no surgió mágicamente, sino del resultado de las primarias para gobernadores y alcaldes de noviembre pasado, donde la DC obtuvo resultados notables; el PPD y el PS llegaron a la conclusión de que ello se debió a que postularon separados, una conclusión completamente innecesaria si se entiende que son partidos diferentes. Además de ser inaceptables para sus socios, es evidente que esas pre-primarias, que no es otra cosa que un mecanismo para no perder, perjudicarían la legitimidad de los dos contendores actuales, el elegido Heraldo Muñoz y la ungida Paula Narváez. Lo lógico es que sean ellos los interesados en que ese acuerdo sea misericordiosamente olvidado.

En la derecha ocurre algo similar entre Lavín y Evelyn Matthei, aunque en este caso se trata del mismo partido. Fiel a su cultura, la UDI preferiría un acuerdo entre ambos, pero incluso hasta una pre-primaria, antes de llegar con los dos compitiendo con los tres o cuatro restantes. La disyuntiva de la UDI es algo más virtuosa que la del PPD y el PS en cuanto no es un arreglo para vencer a otros, pero, a la postre, puede tener el mismo aire de jugarreta si no encuentra una salida presentable.

Los partidos comparten el estado de inseguridad. Ninguno sabe si debe aparecer mucho o más bien borrarse del mapa. Ninguno ha producido una reflexión contundente, compleja o siquiera interesante respecto del país posterior al 18-O. Nada, digamos, que sobrepase la receta ideológica. Nada que sugiera un gran proyecto para el futuro. Parece como si la flaqueza intelectual fuera a ser el signo de las elecciones: un festival de emociones y exaltaciones.

Así como la izquierda carga con el agón de haber perdido por paliza la última elección, la derecha carga con la cruz de haberla ganado. El resultado del gobierno de Piñera podría mejorar mirado a la distancia, pero desde el 2019 todo lo que ha ocurrido es como la pesadilla de la derecha, con ese momento central en que “negoció su permanencia a cambio de la Constitución”, según la amarga expresión de un dirigente de Chile Vamos.

La campaña y las elecciones de octubre, ya se sabe, quedarán cruzadas por los debates de la convención constituyente. Lo que esta vez hace más compleja la contienda presidencial es justamente ese hecho, pero una de las maldiciones de la política es que cuanto más difícil es el cargo, más son los que lo codician. Para ser candidato, a fin de cuentas, sólo se necesita un grupo de amigos que gasten parte de su día elogiando tus atributos, todos ellos tan evidentes, que sólo los miopes no los ven. Es más tarde que los miopes dan su veredicto.

El hecho de que se haya abierto la discusión presidencial cuando aún no se terminan de clarificar las candidaturas para la convención constituyente muestra la eminencia que tiene ese cargo en la cultura política chilena. La debilidad de los precandidatos muestra también que ninguno de ellos da todavía con la talla.

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21.1.-Chronos contra Kaidós ASCANIO CAVALLO

Marruecos. 

La pandemia del Covid-19 ya ha dado una vuelta al mundo y está en la mitad de la segunda. Las noticias sobre segundas y terceras cepas (variaciones del virus) y olas (nuevos períodos de contagios) tienden a oscurecer el horizonte. La confusión ha evitado, hasta cierto punto, que esos hechos provoquen efectos políticos inmediatos, excepto en casos tan raros como el de Holanda, donde las protestas contra la implantación del toque de queda coinciden con el vacío político creado por la anterior renuncia del primer ministro liberal Mark Rutte.

30 ene 2021.- La experiencia europea, que está por completar un año de pandemia efectiva, sugiere que hay dos tipos de impactos políticos sucesivos. El primero es la caída de los ingresos y los empleos, a la que los gobiernos han reaccionado en lo inmediato con paquetes de ayudas y subsidios. El segundo es la eficacia de la gestión del aparato público, donde los países tienden a compararse con otros; en Francia, por ejemplo, se plantea como un debate amargo la pregunta de por qué su cifra de muertes es casi tres veces mayor que la de Alemania, teniendo sistemas de salud similares.

Mientras el primer impacto sumirá a gran parte del mundo en una pobreza que se creía superada, el segundo replanteará la calidad de los servicios estatales: un cóctel altamente inflamable. Y como lo malo siempre puede ser peor, la presión por las vacunas ha terminado por quebrantar las expectativas generales: la inmunización será más lenta y más desigual de lo temido.

El historiador francés Francois Hartog ha recordado la vieja lucha entre Chronos (el tiempo lineal) y Kairós (el tiempo oportuno y, para algunos teólogos, “el tiempo de Dios”), que se presenta, por primera vez simultáneamente ante todos los gobiernos del mundo, en lo que puede ser el primer “hecho social total” de la historia. Chronos es la implacabilidad del tiempo, su avance indiferente a la prisa o la demora humana. Kairós es, por lo general, la paciencia, el tiempo controlado por una cierta noción del destino, y a veces puede ser la impaciencia, el tempo dominado por la pasión o el miedo.

Frente al peligro de una “catástrofe moral” advertida por la OMS (los países pobres esperando hasta el 2022 o 2023, mientras los ricos se vacunan este año: un Chronos determinado por la codicia), India y Sudáfrica encabezaron una moción en la misma OMS para suspender los derechos de propiedad intelectual en los tratamientos para el Covid-19. Unos 100 países ya la han suscrito. (Como para confirmar la violencia de los contrastes, justamente un sudafricano es el símbolo del Chronos catastrófico: Johann Rupert, dueño del grupo del lujo Richemont, consiguió vacunarse el 23 de enero en una clínica suiza, con una sucesión de maniobras que lo han obligado a explicar por qué se considera más indispensable que otros).

Son numerosos los gobiernos que temen ahora que la percepción de una mala administración de la vacuna -demora, prioridades indebidas, desigualdad, descuido- tenga una conflictividad social mucho mayor que la de la fase inicial de la pandemia. Si ha sido muy difícil convencer al mundo de que el Covid-19 es peligroso, más lo será manejar una solución manufacturada.

El gobierno chileno está iniciando el proceso de vacunación masiva al mismo tiempo que los últimos países de Europa. Esto no tiene que ver con su eficacia, sino con el ritmo en que han estado llegando las vacunas, que a su turno depende de las prioridades de sus fabricantes. El aparato de salud entra en otra carrera contra Chronos: esta vez, para llegar antes de la tercera ola que, según el exministro Jaime Mañalich, podría producirse con un nuevo invierno.

No es una pura razón climática. Ya parece evidente que, como ha estado ocurriendo en todo el mundo, un segundo proceso de confinamiento resulta intolerable, por razones económicas, psicológicas y de simple cabreo. De un lado, los programas de ayuda, que “pudieron llegar antes”, según la expresión del saliente ministro de Hacienda, se empiezan a agotar en conjunto con los recursos previsionales. De otro, a las rebeliones de baja intensidad -fiestas, asados, playas- se sumarán las necesidades de las campañas electorales. Todo eso tendrá su fase de aceleración entre marzo y abril.

Es un hecho que la situación de Chile es mejor que la enorme mayoría de los países de la región. Sus números en cuanto a caída del producto, aumento del desempleo y crecimiento de la pobreza estarán, al final, muy por debajo de toda Sudamérica. Incluso, con sus cifras raras, el paquete de ayuda oficial será uno de los más robustos del vecindario.

Pero como a esa parte del gobierno no le cree nadie, habrá que ver con las vacunas. En este campo cuenta al menos con una rareza, la sostenida credibilidad del ministro Enrique Paris, que ahora enfrenta su verdadero desafío. El hecho político que le toca, con todo su potencial explosivo, es este; sustituir a Mañalich fue sólo una especie de ensayo.

Será una circunstancia singular que el proceso de vacunación y salida del estado de encierro coincida con el debate constitucional. Tenía Chile que tener su particular Chronos contra Kairós, cómo no. Todavía es muy temprano para saber si sólo se trata de una ironía, o de esa vieja, inefable, incomprensible sabiduría de la historia.

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  • 20.44.-La soledad del presidenteASCANIO CAVALLO
  • ¿Se volvió a joder el Perú?ANDRÉS HOYOS

Sebastián Piñera se ha convertido en el Presidente más solo desde Salvador Allende. Acaso no conozca incluso la extensión de su soledad. Quizás sería más politológico escribir “aislado”, pero a esa palabra le sobra un pelo de inculpación y le falta otro de fatalidad. El jueves, unos cuantos votos lo salvaron de lo que pudo ser la soledad final, pero no parece que esos votos lo hayan ayudado por razones algo más nobles que el cálculo y la oportunidad.

28 nov 2020.- Para que el Presidente se quede solo se necesita una traición suprema, y esa sólo puede ser la de los suyos, su propio partido. En las horas dramáticas de septiembre de 1973, el Partido Socialista le rechazó al Presidente Allende todas las opciones que propuso para una salida política, y cuando ya fue demasiado tarde, en la mañana del 11, ni siquiera estuvo cerca para defenderlo. No fue la Unidad Popular -donde había de todo-, sino el PS, y esa traición le costó al partido años de desgarros y fantasmas internos, años que en algún caso ni siquiera han terminado.

Igual que entonces, a Piñera lo ha traicionado, sobre todo, su partido, Renovación Nacional. El momento de inicio de ese acto trágico es muy preciso: el 18 de octubre del 2019, el día que de pronto y sin aviso se hace visible que el Presidente no controla el orden público y hasta puede ser derrocado. En las jornadas que siguen, el partido brilla por su ausencia en La Moneda. ¿Dónde iba a defender al Presidente? Esta vez no hay golpe de Estado, no hay sangre, no hay dictadura. Pero todo lo que viene después es una profundización de ese abandono paulatino, ladino, cargado de rencores, de los pequeños y de los grandiosos. Es una traición civilizada, que no se consuma bajo una metralla abrumadora, sino en el Parlamento. Una traición aureolada por bellas razones de urgencia social y solidaridad electoral.

En RN se puede decir, como en el PS de los 70, que todo ha sido culpa de la tozudez, la inflexibilidad, hasta la arrogancia del Presidente. Que se lo advirtieron y no los escuchó. Que le pidieron y no les concedió. Que nada de esto habría ocurrido si. Que no es personal. Como en política nada es personal hasta que lo es, esta explicación es una llama eterna. También las otras: como la autosoledad no existe, hay que culpar al carácter. Los defectos de Piñera han sido más reseñados que sus virtudes, pero es una aporía que quienes lo eligieron, no una, sino dos veces, lo traten como a un desconocido.

La oposición no ha producido la soledad del Presidente. Ha sido tenaz, dura, a menudo intransigente, pero ha cumplido el papel que se espera de ella en una democracia. A veces se ha dejado llevar por entusiasmos que la psicología puede iluminar mejor que la política, destituciones, renuncias, elecciones anticipadas, mando de facto, derogaciones, en fin, un repertorio de feria, y por eso las inteligencias más alertas han llegado a advertir que ahora su responsabilidad es enorme, y que está obligada a “evitar que la institucionalidad se desplome” (Carlos Ominami).

Nadie habría imaginado esta frase en la noche del 17 de diciembre de 2017, cuando Piñera obtenía la más alta votación desde Frei y RN se disputaba a codazos las fotos junto al vencedor, el hombre al que nadie le había podido ganar, ni en la interna ni en la otra. Pero desde que esa noche quedó en el olvido, ya ninguno de aquellos ronda por allí y los muchachos de entonces prefieren otras fotos, las de los grandes afiches de las candidaturas que vienen.

Después del desesperado gambito de la ley para retirar el segundo 10% de los fondos previsionales con algunas restricciones, el Presidente ha quedado pendiente de dos decisiones: una, que la Cámara de Diputados vote su proyecto y se olvide del anterior, con lo que podría obtener una victoria pequeña y con gusto a agraz, y la otra, la de fondo, que el Tribunal Constitucional confirme que el gasto público es una atribución del Presidente. La Moneda ejecutó una maniobra rápida y contra sus principios, pero eso es todo. Hace rato que los principios se siguen sólo en el sentido de Groucho Marx (“si no le gustan, tengo otros”).

De esto podría depender que el sistema privado de pensiones no se desfonde en la cresta del efecto “chanchito roto” que se ha extendido en la anomia chilena. La forma en que se han gastado los fondos previsionales es expresiva -mientras al lado crecen los verdaderos problemas, el desempleo, las quiebras, la ineficiencia del Estado-, pero tampoco es culpa de la oposición que los parlamentarios de Chile Vamos no se den cuenta de nada. La miopía ajena todavía no es delito.

Lo más importante para Piñera, en todo caso, es que se confirme su atribución, pero ya no porque crea que la oposición no intentará sobrepasarla de nuevo, sino porque tratará de que sea un cortafuego para sus propios parlamentarios, cuyo desorden ha desafiado una y otra vez sus potestades. Es una situación rabelesiana: un tribunal impredecible, sumido en luchas intestinas, debe decidir algo que se parece mucho al último despojo de la autoridad presidencial.

La sombra del 2017 se volvió muy corta. Desprendido de las lealtades a las que sólo se sintió atado en unos primeros meses, el partido del Presidente está ahora sumido en un extraño juego de poder -directiva provisional, elecciones postergadas, ministros precandidatos- que remeda, quizás, la tempestuosa tarde de Casio. ¿O esto será como mucho?

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20.44.-E¿Se volvió a joder el Perú?ANDRÉS HOYOS

Collage de los últimos presidentes de Perú. Foto americaeconomia.com

Santiago Zavala, el personaje de Conversación en La Catedral, preguntó famosamente: “¿En qué momento se jodió el Perú?”. En efecto, un país sin un Poder Ejecutivo más o menos funcional está jodido, así a algunos les encante el deporte de descabezar presidentes mediante lo que allá se conoce como la moción de vacancia.

24 nov 2020.- Pues bien, el penúltimo ocupante del sillón, Manuel Merino, un personaje insignificante que duró un gran total de cinco días en el cargo, fue promovido a la Presidencia, a pesar de casi no tener votos, para proteger una serie de universidades de garaje, entre otras cosas. Estas son para sus dueños un jugoso negocio justamente porque no enseñan casi nada, pese a lo mucho que cobran a sus despistados estudiantes. O sea que a Merino solo le alcanzó la gasolina para tumbar a Martín Vizcarra, quien a su vez había sustituido al renunciado PPK, el último elegido por voto popular. Francisco Sagasti, hoy presidente, deja el cargo en junio de 2021. De llegar hasta allá, será un ocupante secundario, pues en abril se celebrarán unas elecciones en las que saldrá elegido alguien para cinco años, si por el camino no lo vuelve a descabezar un Congreso enloquecido. Aunque falta tan poco, no se perfila ningún candidato fuerte, mientras que más de la mitad de los congresistas actuales tienen juicios abiertos. Alberto Vergara lo explica así en The New York Times: “… las democracias suelen sucumbir ante tiranos formidables, mientras que la peruana está muriendo de insignificancia”.

Si bien puede haber exageraciones, caben pocas dudas de que muchos altos dignatarios del país han hecho negocios en el poder, negocios con posibles implicaciones penales. El sistema de partidos en Perú no existe, como tampoco existe en buena parte de América Latina. Hay, además, un exabrupto sideral que es un Congreso unicameral con la reelección prohibida para sus miembros.

Colombia, el país donde vivo, tiene mil problemas salvo este de la decapitación deportiva de sus presidentes, un contraste notable. Solo una vez se ha propuesto de veras la renuncia de un presidente. Fue cuando se reveló que Ernesto Samper había sido financiado por el Cartel de Cali, acusación tan grave que ameritaba una renuncia, la cual no se dio, debido sobre todo a la inefable mezquindad de Fernando Botero Zea, mano derecha en la campaña, quien afirmó contra toda evidencia que el candidato sabía de la plata de los Rodríguez Orejuela, pero él no. Asimismo, la innecesaria renuncia de Humberto de la Calle a la Vicepresidencia le facilitó las cosas a Samper. En fin, ese fue el único caso, pues para dar otro ejemplo nunca se sugirió en serio que un presidente tan mediocre como Andrés Pastrana renunciara. Mucho menos concuerda uno con quienes hoy piden la salida prematura de Iván Duque. Lo conducente es dejarlo terminar y después elegir a alguien con una orientación distinta, si se cuenta con los votos suficientes para ello.

En el sur, en cambio, han sido abundantes y por lo general infortunadas las salidas de los presidentes antes del fin del mandato. Ojo, no es que los buenos saquen a los malos del poder, sino que algunos igual de malos se imponen, con el corolario nefasto de que por donde sale un presidente, salen dos, salen tres, salen varios, hasta que de repente llega algún populista eficaz, tipo Rafael Correa o Evo Morales, con ganas de quedarse durante décadas. Claro, en Perú también se está planteando la opción de la constituyente.

andreshoyos@elmalpensante.com

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20.43.-Chile: Samson y la política ASCANIO CAVALLO

Salvo que el clima emocional se enrarezca aún más, la convención ocupará el lugar estelar de la política chilena a partir de abril y por buena parte del 2021. Parecerá muy incongruente que el gobierno o el Congreso tomen decisiones que afecten el funcionamiento del país en plazos superiores a ese mismo año, cuando una convención estará decidiendo acerca del futuro.

21 nov 2020.- Tres semanas después del plebiscito en el que una sustancial mayoría de los votantes dio su apoyo a la iniciativa de redactar una nueva Constitución mediante una convención constituyente de 155 miembros enteramente elegidos, ya se han multiplicado los esfuerzos por reinterpretar el significado de esa votación. En algún caso, a través de una modificación del quórum para tomar decisiones; en otro, mediante una modificación del número de convencionales, y aun en otro, por la vía de atribuir a la fórmula constituyente facultades que expresamente quedaron excluidas en el acuerdo que le dio origen.

Los portavoces de estos esfuerzos han sido, sin variación, parlamentarios. No siempre son sus ideólogos, pero sí sus rostros visibles. Es un hecho desafortunado, porque precisamente uno de los mandatos del plebiscito es que los congresistas en ejercicio queden excluidos de la convención constituyente, habiendo expresamente una alternativa que permitía que la integraran. Y en algunos casos han sido, además, parlamentarios cuyos partidos se excluyeron del acuerdo plebiscitario o lo denostaron abiertamente. Gabriel Boric ha de recordar con sentimientos ambiguos lo que soportó después de firmar el acuerdo sin la venia de su partido, y quizás también lo haga Camila Vallejo, que según los mentideros de aquellos días era proclive a que el PC se sumara, cosa que no ocurrió.

No era razonable esperar que toda la crispación política producida después del 18-O se disipara de un santiamén por el solo influjo de un plebiscito cuyo resultado ha ilusionado a muchos. Treinta años atrás, otro plebiscito -más dramático que el reciente- también produjo una ristra de interpretaciones que intentaban alterar su resultado, y se prolongaron por poco más de un año. Esta vez es probable que duren sólo las 10 semanas que restan antes de la inscripción de candidatos a la convención. Después de eso vendrá la campaña electoral -mezclada con las de concejales, alcaldes y gobernadores, en orden de magnitud- y, en abril, la instalación de la convención.

Salvo que el clima emocional se enrarezca aún más, la convención ocupará el lugar estelar de la política chilena a partir de abril y por buena parte del 2021. Parecerá muy incongruente que el gobierno o el Congreso tomen decisiones que afecten el funcionamiento del país en plazos superiores a ese mismo año, cuando una convención estará decidiendo acerca del futuro. Ambos tendrán que retroceder, inevitablemente, al rincón de las decisiones más inmediatas. De alguna manera, eso cumple con el mandato de que los actuales protagonistas, cuyos desacuerdos se han expresado en una crisis inédita, se retiren de la escena al menos parcialmente.

Por supuesto, hay muchos interesados en que no sea así. La convención está tan amenazada de alteraciones como lo estuvo la primera elección de la restauración democrática. En esa lista ocupan el primer lugar los que quieren retomar la ofensiva de protestas de fines de 2019, que se muestran intensamente activos en las redes digitales. En ese grupo, ni el plebiscito ni la convención son soluciones: la única, sin disimulo, es la asonada. La expectativa es volver a acorralar al gobierno, al que perciben debilitado, sin respaldo político, con un cuarto ministro del Interior en apenas un año, con otro jefe de la policía defenestrado y con un gabinete de ministros semiesfumado.

El Congreso está siendo víctima de un asedio parecido, aunque quizás no se dé cuenta. Las redes digitales cumplen allí la función que Canetti describió como “las masas de acoso”, esa horda que “se abre paso hasta las proximidades inmediatas de la víctima”, con el orgullo del viejo Samson, el verdugo de París, que se preciaba de demorar un minuto por ejecución. ¿Quiénes son? Esta semana, una persona amenazó a la senadora Carolina Goic con incendiar su casa a propósito del debate por el retiro del segundo 10% de los fondos previsionales. En la discusión del primer retiro, el senador Ricardo Lagos Weber fue objeto de una funa similar y se sintió obligado a retirar su proposición (que era la izquierdista idea de cobrar impuestos a las rentas altas, aunque podía tener el derechista efecto de restar menos dinero de los fondos previsionales). El “Samson” de la senadora Goic tiene 32 años y educación universitaria. Quizás sea un síntoma.

La convergencia de todos estos fenómenos ha creado en el espacio público un ambiente de ansiedad y suspensión. Muchos políticos han perdido su previsibilidad. Ya no se sabe por qué ni cómo van a actuar ante los nuevos hechos. Se ha impuesto como un implícito admisible, como un defectillo que aunque sea notorio al final es perdonado, porque muchos lo practican, el cinismo político. Se puede abrazar a un adversario, ya no para celebrar un acuerdo, sino por el hecho de dañar a otro. Se puede cambiar de posición si los mensajes del teléfono así lo sugieren. Se puede renegar de los principios porque ¿quién dijo que hay principios en la política?

Prevalece un aire de conveniencia y oportunidad. Y cuanto más se ahonda, menos valor parece tener la política. Ni el mañana ni la esperanza parecen estar allí. La política se ostenta como el arte del momento, la destreza para buscar la maña en la rendija, sea la formación de un distrito, la distribución de cargos públicos o el número de los convencionales. Para justificar la mañosería se necesita el cinismo, una fe en el aura de la astucia, una verdadera y contundente ideología de la desesperanza.

Algo tendrá que cambiar, de aquí a abril, en este panorama oscurecido. La política puede ser tortuosa, difícil y cansadora; puede ser incluso frustrante y áspera en esa idea jabonosa de aspirar al bien común. Pero una política que sólo se alimenta de maniobras, que no proporciona esperanza, que no imagina un mañana común, no proporciona ni imagina nada. No es nada.

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  • 20.42.-La crisis peruana y el constitucionalismo abusivo RODRIGO UPRIMNY
  • Chile: los sueños y los escombros ASCANIO CAVALLO

El “constitucionalismo abusivo”, según la expresión del profesor David Landau, hace referencia a procedimientos constitucionales que formalmente parecen perfectos, pero que sustancialmente son fraudulentos. Son casos en los que las mayorías usan ciertos procedimientos para instalarse o perpetuarse en el poder y para deshacerse de los mecanismos de control, como la separación de poderes o la independencia judicial, que son los dispositivos esenciales del constitucionalismo para evitar abusos de poder y garantizar la alternancia democrática.

14 nov 2020.- El “constitucionalismo abusivo”, según la expresión del profesor David Landau, hace referencia a procedimientos constitucionales que formalmente parecen perfectos, pero que sustancialmente son fraudulentos. Son casos en los que las mayorías usan ciertos procedimientos para instalarse o perpetuarse en el poder y para deshacerse de los mecanismos de control, como la separación de poderes o la independencia judicial, que son los dispositivos esenciales del constitucionalismo para evitar abusos de poder y garantizar la alternancia democrática.

Landau se refiere a reformas constitucionales que buscan atrincherar en el poder a un gobernante, como el referendo para una segunda reelección de Uribe, que en buena hora tumbó la Corte Constitucional, o la reelección indefinida en Venezuela. Pero su concepto de constitucionalismo abusivo es aplicable también a casos en los que las mayorías usan otros procedimientos formalmente constitucionales para atrincherarse en el poder, como está sucediendo en Perú.

El Congreso peruano, que es unicameral, declaró el pasado lunes la vacancia o cesación en el cargo del presidente Martín Vizcarra por 105 votos de 130 posibles, para lo cual invocó el artículo 113 de la Constitución, que permite esa declaración en casos de “permanente incapacidad moral” del presidente. El argumento del Congreso es que contra Vizcarra cursan unas investigaciones por supuestos casos de corrupción antes de ser presidente.

El procedimiento parece formalmente apropiado. Pero el asunto es más complicado.

Si la razón del Congreso para cesar a Vizcarra son las investigaciones judiciales en su contra, entonces, para no interferir en la justicia, debió permitir que estas siguieran su curso. Además, la decisión de vacancia fue tomada en pocos días y el debate duró pocas horas. No hubo el mínimo debido proceso. Finalmente, en Perú, el artículo 117 constitucional señala los únicos casos en los que el presidente en ejercicio puede ser procesado y no incluye los delitos por los que fue vacado Vizcarra.

Perú no es un régimen parlamentario en el cual el Congreso puede, dadas ciertas condiciones, hacer caer al gobierno con una simple moción de censura. Es un régimen presidencial en el que el presidente es electo por un período fijo y solo puede ser destituido o declarado vacante por causales específicas, que tienen que ser probadas. Y eso no ocurrió en este caso.

Además, el Congreso ya había intentado hace algunas semanas vacar a Vizcarra, lo cual muestra que se trata de un enfrentamiento político en el que los grupos dominantes del Congreso peruano aprovecharon la ambigüedad de la figura de vacancia por incapacidad moral para tumbar a Vizcarra y tomarse la Presidencia, en vez de esperar un pronunciamiento que iba a hacer el Tribunal Constitucional, al cual había acudido Vizcarra para que aclarara el sentido de ese mecanismo.

Hoy el nuevo presidente es Manuel Merino, quien como presidente del Congreso lideró el procedimiento contra Vizcarra. Esto no solo afecta gravemente la separación de poderes, sino que implica otra violación al debido proceso, pues en la actuación contra Vizcarra los congresistas fueron, en cierta forma, jueces y parte.

En el marco de las crecientes protestas ciudadanas, la salida institucional a esta grave crisis está en manos del Tribunal Constitucional, que debería declarar que el Congreso abusó de la figura de la vacancia por incapacidad moral. Y debe hacerlo con efecto retroactivo, anulando la vacancia de Vizcarra, como jurídicamente puede hacerlo, conforme al artículo 113 del Código de Procedimiento Constitucional. Es la única forma de evitar que el “constitucionalismo abusivo” del Congreso peruano rinda frutos.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

https://www.elespectador.com/opinion/la-crisis-peruana-y-el-constitucionalismo-abusivo/ 

20.42.-Chile: los sueños y los escombros ASCANIO CAVALLO

El Presidente ha perdido totalmente el control de sus parlamentarios. No hubo que esperar al período electoral para que se produjera ese fenómeno, aunque es evidente que la temporada de caza de los candidatos a las numerosas elecciones del 2021 ya se ha abierto.

14 nov 2020.- Una cosa es segura: el candidato Sebastián Piñera no creyó nunca, ni en sus peores sueños, que antes de cumplir su tercer año como Presidente se vería abandonado hasta por los personajes menos volátiles de su coalición. Esto ya viene pasando hace tiempo, pero son muchos en el propio gobierno los que piensan que la estocada final ha sido la votación en favor de un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales depositados en el sistema de AFP.

En un universo paralelo y ordenado, el retiro de estos fondos sería una política de derecha, porque saca del bolsillo de los ciudadanos parte del dinero para cubrir la crisis económica derivada de la pandemia. Este sería, para decirlo de otra manera, como un sueño thatcheriano. Pero en el mundo dislocado de la segunda administración Piñera, con una reforma de pensiones paralizada por años, muchos de esos ciudadanos pensaban que sus fondos estaban secuestrados por las AFP y, por lo tanto, retirarlos era casi un acto de justicia.

Desde el punto de vista doctrinario, el retiro sólo se convierte en una política de izquierda para quien tiene claro que el propósito ha de ser la destrucción del sistema de las AFP. Y un poco más a la izquierda aún, si la finalidad última es desestabilizar al sistema financiero, hasta el grado de que el Estado -pero no el actual, sino uno futuro- deba intervenirlo.

En estos últimos dos casos, es una medida de fuerte consistencia con un programa de izquierda e indiscutiblemente anticapitalista. Entonces, ¿por qué han votado por ello los procapitalistas parlamentarios del oficialismo? Descontar a los que no entienden mucho. Entre los que quedan, algunos lo han hecho porque han sentido que el gobierno no les deja otra respuesta ante sus electores, o incluso sólo ante sus pares del Congreso, ese micromundo del edificio porteño. Las aflicciones del desempleo y la inactividad no han sido, a su juicio, afrontadas con la energía y la rapidez que se requerían.

Lo que esta semana sembró el desconcierto y la desafección en Valparaíso fue la parálisis de La Moneda ante la segunda oleada sobre las AFP. Este percibido inmovilismo era, al parecer, el producto de una duda táctica: el gobierno temía que una intervención suya podría ser peor. La catástrofe se le produjo igual, y ahora se debate en un desgarro estratégico, el de apelar al Tribunal Constitucional con el fin de cautelar, más que el segundo 10%, las facultades exclusivas del Presidente en materias de gasto fiscal. Pero este es un asunto doblemente delicado, no sólo porque ese tribunal está en una situación nada edificante (en gran medida gracias al propio gobierno), sino porque tendría que ir en contra de una mayoría sólidamente integrada por sus propios parlamentarios.

En la prehistoria de la insurrección parlamentaria, cuando Adolfo Zaldívar votó por asignarle un peso al presupuesto del Transantiago, la Presidenta Michelle Bachelet pudo contar al menos con que la DC expulsaría al senador vuelto contra el gobierno, como ocurrió. Pero la DC quedó herida sin remedio y el Transantiago no se salvó de nada. Ahora ni siquiera se divisa en RN, la UDI o Evópoli alguna voluntad de sancionar a sus parlamentarios directamente alzados contra La Moneda.

El Presidente ha perdido totalmente el control de sus parlamentarios. No hubo que esperar al período electoral para que se produjera ese fenómeno, aunque es evidente que la temporada de caza de los candidatos a las numerosas elecciones del 2021 ya se ha abierto.

Y, en estas condiciones, ¿por qué debería defender este gobierno la facultad del gasto fiscal, si son los ciudadanos los que están sacando sus propios ahorros? La razón para hacerlo es que los 3,9 millones de personas que quedarán sin nada de ahorro significarán una nueva carga sobre el Estado; la razón para no hacerlo es que la mayor parte de ese problema se producirá en el futuro, más allá de este gobierno. La razón para hacerlo es el intento de poner freno a la ronda de proyectos parlamentarios. La razón para no hacerlo es evitar una provocación contra los parlamentarios. Por un lado sí, por el otro no.

Cualquiera sea su opción final, lo que no está en duda es que esa vieja idea de que los parlamentarios oficialistas son como los centuriones del Presidente y los cancerberos de su programa se ha derrumbado en forma estrepitosa. Casi todo lo que pretendía ese programa yace entre los escombros de la lealtad al Presidente.

Lo que le queda por delante, en forma cada vez más cruda, es impulsar la reactivación de la actividad económica, reducir al mínimo posible los contagios por Covid-19 y apresurarse en comprar los millones de dosis de la vacuna, que ya configuran la principal disputa del mercado internacional y que le aseguran -se puede apostar- una nueva ronda de acusaciones por parte de sus adversarios más encarnizados.

A veces el destino son los sueños vueltos pesadillas.

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20.41.-Chile: el cuarto cuadrante ASCANIO CAVALLO

El cuarto ministro del Interior antes de cumplir el tercer año: esa es la difícil posición que se le ha conferido al exalcalde Rodrigo Delgado. Es el cuarto experimento político con que el Presidente Sebastián Piñera intenta dar configuración a su gobierno.

7 nov 2020.- Si el cuadrante se traza entre duros y blandos en un eje, y cercanos y lejanos en el otro, habría que concluir que Delgado viene a ocupar el último casillero, el único no ensayado hasta ahora. Andrés Chadwick representaba el espacio duro-cercano, Gonzalo Blumel el de blando-cercano y Víctor Pérez el de duro-lejano. Sólo queda el de blando-lejano.

Suena un poco infantil, como un juego escolar de casilleros. Y por supuesto que estas no son las únicas consideraciones para elegir a un ministro del Interior. Pero han sido las que el propio Presidente, con su singular estilo, ha contribuido a instalar en el imaginario público. Qué le va a hacer.

El ministro del Interior no ha sido el líder del gabinete bajo el modelo personalista de la Presidencia chilena. Michelle Bachelet tuvo a tres o cuatro titulares a los que a veces se olvidaba de informar y hasta de escuchar. Piñera ha nombrado a los suyos advirtiéndoles siempre que el Presidente es él, un detalle que, por lo innecesario, debe ser el reflejo de alguna experiencia antigua. Y es posible -aunque parezca un poco ridículo- que esta advertencia sea ahora más necesaria que antes. ¿Por qué?

Veamos. La gestión de Víctor Pérez no fue, evidentemente, la que se esperaba. La imagen que lo precedía era equivocada o su acción se vio obstaculizada por el laberinto palaciego. Cualquiera sea la razón, se vio rápidamente desbordado por conflictos que venían desarrollándose desde antes de su asunción y culminó presentando al Congreso una táctica defensiva que, de hecho, lo despojaba de su poder y de su eminencia. Esto es más importante que el problema administrativo de quién es el jefe de qué bajo un estado de excepción. Si el ministro del Interior se despoja de poder, su desnudez no tardará en ser completa. Peor aún, esa señal pudo consolidar la acusación constitucional que terminaría por destituirlo. El ministro había dejado de ser tal aun antes de la votación en la Cámara de Diputados. Si la acusación continúa ahora, ya será un asunto personal, como lo fue con Chadwick. La política personalizada es uno de los síntomas del encarnizamiento al que puede conducir la soflama en el debate parlamentario.

En otras palabras: si Pérez no caía en el Congreso, no podría seguir mucho más en el gabinete. El hecho es que tampoco esperó una decisión presidencial: renunció ante el Presidente por teléfono, antes de que éste hubiese elegido a su sucesor. Y esto lleva a dos conclusiones (preliminares).

La primera es que, en efecto, el modelo del ministro lejano, con bajo nivel de compromiso personal, entraña el riesgo de que en algún momento crucial no responda a la lógica de las prioridades que maneja el Presidente. Problema serio para un gobierno que ha vivido la mitad de su mandato sometido a momentos cruciales. La segunda implicancia, mucho más gravosa, es que el Presidente ha ido perdiendo el control de sus ministros, tanto de aquellos que representan facciones de Chile Vamos como de los que creen tener un futuro más esplendoroso que proteger.

Todo el sistema lógico de la coalición gobernante parece haber quedado desmoronado después del 18-O. Aunque muchos argumentan que La Moneda fue la primera en introducir el caos al entrar en una dinámica de negociaciones con una oposición que evidentemente no controlaba la protesta callejera, lo esperable habría sido que, pasado el trago de ricino, Chile Vamos buscara cerrar filas detrás de las autoridades que contribuyó a elegir. No fue así, y la fuerza centrífuga siguió actuando, especialmente en el Parlamento, a lo largo de todo el 2020.

Puesto que no era el rostro más adecuado para dialogar con la oposición, también habría sido lógico que la misión principal del ministro Pérez fuese cerrar las fisuras internas para afianzar la unidad de la coalición antes de que se precipite la sucesión de elecciones del 2021. Ni siquiera se sabe si lo intentó: parece ser que de sus 98 días en el cargo quedará muy poco rastro. Al nuevo ministro Delgado le cae, por tanto, un grueso fardo de tareas, todas las que se pueda imaginar cuando se es el último cuadrante: controlar el orden público, dialogar con la oposición, alinear al gabinete, unir a la coalición, enfrentar la pandemia con recesión, administrar las elecciones, mejorar la policía, uf.

El desorden de Chile Vamos es un reflejo de la ingobernabilidad que se traspasó desde las calles hacia las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo. Eso no lo podrá arreglar, probablemente, aunque puede contar con que a partir de enero los partidos, estén donde estén, tendrán que dedicarse a reconstruir sus propios tejidos con la mejor oportunidad que se les ha brindado en los últimos años: seleccionar candidatos para todo. Además, quizás tenga un poco de luna de miel. Como están las cosas, seguro que será muy poco.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-el-cuarto-cuadrante/URSDX4FKMREKNAC6XGRBZS5EBA/

  • 20.40.-El triunfo del socialismo boliviano MAURICIO CABRERA
  • El modelo chileno en observación EDUARDO SARMIENTO
  • Chile: el ministro colgante ASCANIO CAVALLO

No hay duda de que el apoyo popular al partido socialista, se debe a los excelentes resultados del gobierno de Evo Morales.

El contundente triunfo electoral en Bolivia del candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) demuestra una vez más la vigencia y popularidad de los programas de la izquierda democrática en América Latina, máxime cuando este triunfo se dio contra todo la maquinaria de un gobierno de extrema derecha que se tomó el poder por un golpe de estado y usó todos los medios, hasta los legales, para tratar de mantenerlo.

25 oct 2020.- El triunfador fue Luis Arce, quien fuera el ministro de Hacienda durante casi todos los tres períodos de Evo Morales, y se considera como el arquitecto del milagro económico boliviano. Con el 52,5% de los votos derrotó en primera vuelta a los dos candidatos de la derecha, mayoría absoluta que confirmó que el triunfo de Evo en las elecciones del año pasado no había sido resultado de un fraude como quiso hacer creer el desprestigiado señor Almagro, secretario de la OEA.

No hay duda de que el apoyo popular al partido socialista, que se mantiene mayoritario después de 15 años de la primera victoria de Evo, se debe a los excelentes resultados de su gobierno. Bolivia fue el país latinoamericano que logró mayores avances económicos y sociales en lo corrido del siglo.

Según los datos de la CEPAL la población en situación de pobreza se redujo del 66,6% al 35,1%, mientras que la disminución de la pobreza absoluta fue aún mayor: del 45,5% al 14,7%. Como consecuencia, Bolivia dejó de ser el país más desigual de la región y el índice de Gini bajó de 61,2 a 43,8.

Contradiciendo la tesis neoliberal de que es necesario crecer la torta primero para luego repartirla, estos impresionantes logros en la mejora de la calidad de vida de los más pobres no afectaron el crecimiento económico, ni espantaron a los inversionistas. Por el contrario el PIB boliviano pasó de 9.000 a 40.000 millones de dólares y no solo no hubo fuga de capitales sino que la inversión extranjera volvió a ser positiva y la tasa de cambio se revaluó de 8 a 7 pesos bolivianos.

En 2005 tuve la oportunidad de participar en una misión de las Naciones Unidas en Bolivia para asesorar en el diseño de políticas económicas primero a los candidatos y, después de las elecciones, al gobierno recién elegido del MÁS. Las perspectivas eran pesimistas, pues como el país había aplicado sin éxito recetas neoliberales del Consenso de Washington, el crecimiento estaba estancado y la pobreza seguía creciendo.

Elemento clave del cambio de rumbo fue la decisión de Evo de nacionalizar los hidrocarburos, medida que adoptó el 1 de mayo de 2006 para sorpresa de todos, incluso de la misión de la ONU que en ese momento estábamos en La Paz. Con la recuperación del gas, que estaba siendo exportado por las multinacionales a precios irrisorios, el gobierno tuvo los recursos para adelantar sus ambiciosas reformas sociales.

Cuando a Evo le preguntaron si pensaba implantar el socialismo en Bolivia respondió así: “Si socialismo significa una vida mejor, con igualdad y justicia, y que no tendremos problemas sociales y económicos, entonces es bienvenido”. Eso no es el fantasma del castrochavismo con el que quieren asustarnos para el 2022, ni es copiar el modelo venezolano que quebró ese país. Es el liberalismo social demócrata que necesitamos en Colombia para que todos vivan mejor.

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/el-triunfo-del-socialismo-boliviano-columnista-546011

20.40.-El modelo chileno en observación EDUARDO SARMIENTO

Por iniciativa del presidente Sebastián Piñera, Chile aprobó la realización de una asamblea nacional para modificar la constitución. El país austral fue el primero en adoptar un modelo económico de pleno mercado para impulsar el crecimiento y la modernización.

31 oct 2020.- Se esperaba que la competencia indujera a las empresas a mejorar los procesos de producción y reducir los costos e invertir las ganancias. La experiencia de Chile tuvo un gran reconocimiento en los círculos influyentes y los organismos internacionales, y fue imitada por varias naciones de la región. Colombia no fue la excepción.

La iniciativa chilena tuvo un amplio apoyo en las concepciones neoclásicas que preconizaban que la competencia conduce a la máxima producción y eficiencia, y no afecta la equidad. Kuznets, cuarto premio nobel, sin duda el pensador económico más influyente del siglo XX, fue más allá al sostener, que una vez la economía supera los estados del dualismo, la modernidad y el crecimiento reduce la inequidad. En consecuencia, predecía que en los países que superaban el ingreso cápita de US$1.000 de esa época, el crecimiento y la modernidad mejorarían la distribución del ingreso.

La teoría neoclásica, y en particular la visión de Kuznets fue controvertida por los hechos. El crecimiento guiado por el mercado favorece al capital y a los grupos medios, pero no llega a los sectores de menores ingresos. La globalización se torna en fuente de desigualdades.

Las condiciones de Colombia son similares a las de Chile. Después de treinta años no se advierten avances nítidos en los índices de pobreza y distribución del ingreso. Colombia se mantiene entre los siete países del mundo con mayores coeficientes de Gini. Los hechos han mostrado en Chile, al igual que en Colombia, que las economías no podían dejarse al arbitrio del mercado, que tiende a favorecer a los que tienen más. Se requerían organizaciones que fueran más allá de los estímulos de ganancia.

El origen más visible del conflicto se encuentra en el ahorro. La baja de la tasa de ahorro reduce la inversión y la producción y no da margen para elevar las transferencias que aumenten el ingreso del 40% más pobre, ni para elevar el salario promedio. La actividad productiva y el ahorro están inversamente relacionados con la remuneración de los que tienen menos. Así, la inequidad pensional resulta del desespero de bajar el salario de los que menos tienen para elevar el ahorro.

Piñera fue defensor del gobierno de Pinochet y protagonista central del grupo de Chicago Boys que introdujeron el modelo neoliberal dentro de la constitución que venía de Allende. El cambio de modelo económico no requiere modificar toda la constitución. Los países de América Latina adoptaron el modelo neoliberal con las constituciones que venían de atrás y en cualquier caso con variaciones menores, y las cosas se deshacen como se hacen.

El cambio de modelo requerido para conciliar la equidad con el crecimiento y la modernidad se puede lograr dentro de un marco de disposiciones económicas y voluntad política que cambien la concepción de la junta del Banco de la República, eleven en forma apreciable la tasa de tributación al patrimonio y en menor grado la de los ingresos altos, racionalice las tasas de interés y el crédito, modifiquen la estructura comercial y sectorial hacía actividades de mayor complejidad y productividad del trabajo, reduzcan la brecha entre el salario mínimo y la productividad y amplíen el acceso del 40 % más pobre al gasto social de salud, educación y pensiones. En este orden de ideas, el país quedaría en condiciones de reducir en forma acelerada los índices de pobreza y Gini, a tiempo que la producción y el empleo crezcan por encima de la tendencia histórica.

https://www.elespectador.com/opinion/el-modelo-chileno-en-observacion/

20.40.-Chile: el ministro colgante ASCANIO CAVALLO

Si la Cámara aprueba la acusación, el ministro Víctor Pérez quedará suspendido de su cargo hasta el pronunciamiento final del Senado.

 La palabra paradoja tiene dos sentidos: el del uso actual, que indica una situación que parece contraria a la lógica, y el del uso histórico, que señalaba una expresión extravagante, “más allá de la opinión común”. Cualquiera de los dos sentidos se ajusta, con distintos énfasis, a la situación del ministro del Interior, Víctor Pérez, que enfrenta una acusación constitucional cuyo desenlace puede terminar con su cargo. 

31 oct 2020.- Lo contrario a la lógica es que ocurra justo después de un plebiscito realizado bajo la responsabilidad de ese ministerio, en las más extrañas circunstancias posibles, que ha sido ampliamente elogiado como un éxito. Lo que desborda a la “opinión común” es que si el desenlace es negativo, se deberá principalmente a una defensa que puso en marcha una argumentación extravagante.

En un giro que al parecer consideró sorprendente -en el sentido de una táctica militar que descoloca al adversario-, la defensa dijo, en breve, que el ministro del Interior no es responsable de la actuación de la policía cuando existe un estado de emergencia, porque en ese caso las fuerzas se radican en Defensa. El tecnicismo puede tener alguna relevancia jurídica, pero el ministro enfrenta una acusación política en un tribunal político: lo esperable es que enfrente a ese tribunal con argumentos que confirmen su competencia y su autoridad, no que la disipen. El intento de desvinculación entraña dos cosas similarmente graves: de un lado, traspasar el problema a un par del gabinete (y arriesgar que por allí llegue hasta el Presidente); del otro, quitar el respaldo a la policía. Esto ya se lo dijo el Presidente al ministro Pérez. Casi no es necesario abundar.

La maniobra táctica ha convertido una acusación que era opinable en un problema de valor político o, quizás, en algo más de fondo. El senador Pérez fue elegido para el Ministerio del Interior con el fin de dar una señal de severidad y control frente a lo que algunos percibían como un exceso de tolerancia por parte del saliente Gonzalo Blumel. Halcones y palomas, carnívoros y herbívoros, en fin, toda esa jerga que ya se conoce.

Pero eso no ha ocurrido. La actuación del ministro Pérez ha sido más ausente que severa y su pronunciamiento más zahareño ha sido apoyar al Rechazo, inclinación (evitable, como hizo correctamente el Presidente) que más encima lo ha dejado en la posición de la minoría. Ni siquiera podría, en estas condiciones, atribuirse la buena participación en el plebiscito.

(Este es otro punto discutible. La participación fue buena en el sentido de que superó las malas expectativas asociadas al Covid-19 o al pesimismo; fue menos buena en cuanto a la magnitud de la encrucijada. Medida votación por votación, fue incluso mayor que muchas anteriores. Pero medida por elección, no. ¿Qué quiere decir esto? Que si se la compara con la segunda vuelta de la presidencial del 2017, fue un 1,4% superior, pero si se compara con las dos vueltas de esa misma elección, fue más de un 5% inferior. Este número es la suma de todos los que votaron en la primera vuelta más los que sólo votaron en la primera más los que sólo votaron en la segunda, lo que da más de ocho millones de sufragios, o 56,2% del padrón. Alfredo Joignant, consejero del Servel, mostró estas cifras hace más de un año, pero nadie parece haberse interesado).

Para los efectos del gobierno, el plebiscito ya pasó, y lo que ahora necesita es una autoridad consolidada para administrar un año repleto de elecciones, incluyendo la de la convención constituyente, en torno a la cual ya hay una sobrepoblación de opiniones dictaminando cómo debería ser. La tentación hegemónica y la tentación antidemocrática se preparan para rasguñar con la misma fuerza los escaños de la convención, y al gobierno le tocará restringir el uso de la disrupción como forma de persuasión electoral.

Es una fortuna que los procesos electorales se hayan desligado ya bastante de la gestión de los gobiernos, pero la responsabilidad política sigue siendo del Ejecutivo. Al verse obligado a sacar a una persona de su confianza personal, como Blumel, el Presidente creyó moverse hacia una opción impersonal, pero enérgica, una modalidad de Andrés Chadwick sin apellidos compartidos. Chadwick no resistió el 18-O y Blumel no pudo con el desorden interno en julio pasado. El tercer ministro del Interior debía imponerse a esas marcas.

La confirmación de que ese no ha sido el caso se encuentra, de nuevo, en ese crucial tropiezo defensivo. Si no entienden que caminan sobre un campo minado de opinión pública, los más altos funcionarios son poco funcionales al propósito esencial de La Moneda en estos días, que es cuidar al Presidente. En otras palabras: aun si se salva de la acusación en el Congreso, es dudoso que Pérez salga del trámite con su autoridad consolidada.

La destitución de un ministro del Interior puede ser una fiesta para una oposición que busca afanosamente sucesos y motivos para actuar en conjunto. Sería, en este caso, una fiesta regalada.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-el-ministro-colgante/OFMLJHYPB5FUJOFP4774TK4EZY/

  • 20.39.-Chile: una vuelta en torno a la papeleta ASCANIO CAVALLO
  • Presidente de Perú es citado a declarar por fiscal del caso Lava Jato

¿Por qué votan los chilenos hoy? Una frondosa fraseología ha venido llenando el ambiente público para ilustrar lo que es una nueva Constitución: “Un nuevo pacto social”, “una refundación”, “una nueva convivencia”, “la casa de todos”.

24 oct 2020.- Todas estas son metáforas, por supuesto. Las metáforas son un tropo, esto es, una palabra o una expresión que se usa en lugar de otra. El griego tropo significaba “vuelta”, lo que es muy apropiado para describir el hecho: la metáfora “da una vuelta” para que una cosa signifique algo distinto de sí misma. No es una mentira, sino una figura. A veces enriquece un significado.

Y a veces no. El lenguaje público y político se viene poblando de metáforas desde hace ya tiempo, y más desde hace un año: “estallido”, “primera línea”, “narrativa de protesta”, “zona cero” y, con especial brillo, el metaforón de la “violencia estructural”. La sociología se alimenta a menudo de metáforas, pero para recoger la complejidad de las cosas, no para oscurecerlas. Ahora último, sin embargo, se ha visto invadida por una metáfora que una y otra vez se abstiene de definir: la “élite”, que parece coincidir con lo que el lenguaje algo más crudo del siglo pasado llamaba “clase dominante”, aunque también parece que es más amplia que aquella. La única metáfora todavía más amplia es su contraria, la de “pueblo”, y es curioso que estas dos figuras hayan hecho retroceder el viejo pudor de la investigación social por las simplificaciones. En otras latitudes, la dicotomía élite-pueblo ha sido el fundamento de los populismos, de izquierda y derecha, cuya operación básica consiste en reducir al mínimo la inteligencia de los fenómenos sociales.

Y entonces, ¿por qué se vota hoy? Cualquiera sea la metáfora que se prefiera, no hay que olvidar que una Constitución es, en lo esencial, un acuerdo jurídico, un marco para generar, cumplir y hacer cumplir la ley, entendiendo que la ley es lo que evita que las gentes se maten o se agredan unas con otras. Una Constitución no obliga a querer a los demás: sólo a que se respeten.

Dicho sin metáforas, el plebiscito de hoy es el resultado de un acuerdo político para salir de una situación de violencia que al mismo tiempo era una situación de quebrantamiento generalizado de la ley. La violencia es lo contrario de la ley. Incluso, los que creen que la violencia es el paso necesario para una ley nueva saben que una vez que cese, esa ley habrá de proscribirla.

La violencia irrumpió en forma desconcertante el 18 de octubre del año pasado y algunos desempolvaron su personal idea de que esto significaba que había que cambiar la Constitución. No existe una correlación demostrada entre ambas cosas. Pero es verdad que la magnitud de la concesión -sobre todo, de la derecha, para la cual la Constitución fue por muchos años la línea roja- representó un indicio respecto de la gravedad que los políticos estaban asignando a la situación. Un sacrificio vestal para conservar el fuego sagrado.

El asunto tiene importancia porque, si alguna parte de los que se sumaron a la protesta de esos días se siente satisfecha o aliviada con el abordaje constitucional, hay otra parte para la cual significará entre cero y nada. Este último segmento simplemente ha dejado de creer en la ley, en cualquier ley, porque nunca creyó o porque ha constatado que cualquier orden termina perjudicándolo.

En este grupo hay una vocación de delito quizás irreparable, y es cierto que suena un poco espurio hacer sicología social con los barristas, los narcos, los pirómanos, los saqueadores y los desquiciados que movilizan la hora de la turbamulta. Pero también es verdad que ninguna sociedad puede renunciar a analizar, lo más fríamente posible, qué ha hecho para generar esos sentimientos cancroides entre su juventud.

Sobre todo, en qué punto del funcionamiento social se ha llegado a producir esa sensación de no importarle a nadie, esa ruptura total de las expectativas que hace unos 13 años el sociólogo Manuel Canales identificaba entre los deciles de ingresos 3 y 6, aquellos que salieron de la pobreza pero no pueden pasar de ahí, que son no-pobres, pero no llegan a ser nada más. Y lo que quizás es peor: que perciben que ni siquiera la educación representa alguna diferencia y que al final lo único que enseña esa educación es a comparar con lo que no se tiene.

Nada de esto lo resuelve una Constitución. Lo que puede mejorar es la expectativa de acceder al poder político para aquellos que creen que pueden hacerse cargo de estas cosas. Y como tampoco esto se puede dar por cierto, el debate constitucional entraña un importante riesgo de decepción y de nuevas esperanzas incumplidas. Por lo menos, es sano advertirlo de antemano.

Y, de nuevo sin metáforas, una Constitución es sobre todo un debate de especialistas, de juristas (¿califican los abogados dentro de la “élite”?) que calculan y programan normas para que el Estado y los ciudadanos las cumplan. Si eso tampoco ocurre, y de nuevo la ley es arrasada en las calles, el debate constitucional pasará a ser una frustración para los que lo han visto como un escape hacia la paz. Es igual de sano saberlo.

De estas y otras cosas más vagas trata el plebiscito de hoy.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-una-vuelta-en-torno-a-la-papeleta/S4YWKQ5NBNFY3LC2BGF4ZMHWY4/

20.39.-Presidente de Perú es citado a declarar por fiscal del caso Lava Jato

Testigos dicen que Vizcarra recibió pagos a cambio de obras públicas siendo gobernador de Moquegua.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra. Foto: Ernesto Arias. Efe

 

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, fue citado para que declare ante el fiscal anticorrupción Germán Juárez el próximo 3 de noviembre, informaron este miércoles medios locales.


22 oct 2020.- El fiscal Juárez, quien integra el equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, indicó que el gobernante deberá señalar el lugar en el que brindará su declaración, aunque remarcó que la citación es «inaplazable» y deberá contar con la presencia «obligatoria» del abogado de Vizcarra.

El diario El Comercio detalló que la citación de Juárez, quien investiga el caso del «club de la construcción», la supuesta asociación de varias empresas peruanas y extranjeras para repartirse licitaciones públicas tras pagar sobornos, llegó durante la tarde de este miércoles al Palacio de Gobierno peruano.

 

¿De qué se le acusa?

La Fiscalía peruana inició una investigación preliminar después de que se conociera que varios aspirantes a «colaboradores eficaces» (delatores premiados) de la Justicia afirman que el mandatario recibió pagos millonarios a cambio de conceder obras públicas cuando era gobernador de la región de Moquegua (2011-2016).

 

(Lea aquí: Con juicio a Vizcarra, Perú suma dos décadas de crisis políticas)

Esos testigos acusan a Vizcarra por dos casos distintos, vinculados a la trama del «club de la construcción»
, por lo que la Fiscalía anunció este lunes la apertura de una investigación bajo la sospecha de la comisión de delitos de colusión y asociación ilícita.

 

De esa manera, el gobernante se unió a todos sus antecesores en el cargo acusados, detenidos o bajo investigación formal por delitos de corrupción: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Ollanta Humala (2011-2016), Alejandro Toledo (2000-2006), Alberto Fujimori (1990-2000) y Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó mientras era investigado.

 

Vizcarra niega categóricamente haber recibido sobornos y asegura que está dispuesto a atender todas las investigaciones en su contra, a pesar de que la Constitución peruana le da inmunidad hasta que termine su mandato, el 28 de julio de 2021.

 

(Lea también: Presidente Vizcarra se salva de ser destituido por el Congreso de Perú)

 

¿Habrá un nuevo proceso de destitución?

 

El Congreso peruano debatirá este jueves si admite a trámite la apertura de un nuevo proceso de destitución contra Vizcarra por «permanente incapacidad moral», la segunda vez en poco más de mes en la que el mandatario afronta un pedido similar.

La moción de destitución fue presentada este martes por representantes de cinco partidos opositores y ahora el pleno del legislativo votará si acepta debatirla, para lo cual debe ser apoyada, al menos, por 54 diputados.

De suceder eso, se tendrá que convocar a una nueva sesión plenaria en un plazo máximo de diez días para que el mandatario o su abogado expongan su defensa, tras lo cual se votará si el presidente es destituido, un extremo que debe alcanzar un mínimo de 87 votos de los 130 legisladores peruanos.

https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/martin-vizcarra-es-citado-a-declarar-por-un-fiscal-anticorrupcion-544656

20.39.-Presidente de Perú es citado a declarar por fiscal del caso Lava Jato

Testigos dicen que Vizcarra recibió pagos a cambio de obras públicas siendo gobernador de Moquegua.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra. Foto: Ernesto Arias. Efe

 

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, fue citado para que declare ante el fiscal anticorrupción Germán Juárez el próximo 3 de noviembre, informaron este miércoles medios locales.


22 oct 2020.- El fiscal Juárez, quien integra el equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, indicó que el gobernante deberá señalar el lugar en el que brindará su declaración, aunque remarcó que la citación es «inaplazable» y deberá contar con la presencia «obligatoria» del abogado de Vizcarra.

El diario El Comercio detalló que la citación de Juárez, quien investiga el caso del «club de la construcción», la supuesta asociación de varias empresas peruanas y extranjeras para repartirse licitaciones públicas tras pagar sobornos, llegó durante la tarde de este miércoles al Palacio de Gobierno peruano.

 

¿De qué se le acusa?

La Fiscalía peruana inició una investigación preliminar después de que se conociera que varios aspirantes a «colaboradores eficaces» (delatores premiados) de la Justicia afirman que el mandatario recibió pagos millonarios a cambio de conceder obras públicas cuando era gobernador de la región de Moquegua (2011-2016).

 

(Lea aquí: Con juicio a Vizcarra, Perú suma dos décadas de crisis políticas)

Esos testigos acusan a Vizcarra por dos casos distintos, vinculados a la trama del «club de la construcción»
, por lo que la Fiscalía anunció este lunes la apertura de una investigación bajo la sospecha de la comisión de delitos de colusión y asociación ilícita.

 

De esa manera, el gobernante se unió a todos sus antecesores en el cargo acusados, detenidos o bajo investigación formal por delitos de corrupción: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Ollanta Humala (2011-2016), Alejandro Toledo (2000-2006), Alberto Fujimori (1990-2000) y Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó mientras era investigado.

 

Vizcarra niega categóricamente haber recibido sobornos y asegura que está dispuesto a atender todas las investigaciones en su contra, a pesar de que la Constitución peruana le da inmunidad hasta que termine su mandato, el 28 de julio de 2021.

 

(Lea también: Presidente Vizcarra se salva de ser destituido por el Congreso de Perú)

 

¿Habrá un nuevo proceso de destitución?

 

El Congreso peruano debatirá este jueves si admite a trámite la apertura de un nuevo proceso de destitución contra Vizcarra por «permanente incapacidad moral», la segunda vez en poco más de mes en la que el mandatario afronta un pedido similar.

La moción de destitución fue presentada este martes por representantes de cinco partidos opositores y ahora el pleno del legislativo votará si acepta debatirla, para lo cual debe ser apoyada, al menos, por 54 diputados.

De suceder eso, se tendrá que convocar a una nueva sesión plenaria en un plazo máximo de diez días para que el mandatario o su abogado expongan su defensa, tras lo cual se votará si el presidente es destituido, un extremo que debe alcanzar un mínimo de 87 votos de los 130 legisladores peruanos.

https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/martin-vizcarra-es-citado-a-declarar-por-un-fiscal-anticorrupcion-544656

20.39.-Presidente de Perú es citado a declarar por fiscal del caso Lava Jato

Testigos dicen que Vizcarra recibió pagos a cambio de obras públicas siendo gobernador de Moquegua.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra. Foto: Ernesto Arias. Efe

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, fue citado para que declare ante el fiscal anticorrupción Germán Juárez el próximo 3 de noviembre, informaron este miércoles medios locales.

22 oct 2020.- El fiscal Juárez, quien integra el equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, indicó que el gobernante deberá señalar el lugar en el que brindará su declaración, aunque remarcó que la citación es «inaplazable» y deberá contar con la presencia «obligatoria» del abogado de Vizcarra.

El diario El Comercio detalló que la citación de Juárez, quien investiga el caso del «club de la construcción», la supuesta asociación de varias empresas peruanas y extranjeras para repartirse licitaciones públicas tras pagar sobornos, llegó durante la tarde de este miércoles al Palacio de Gobierno peruano. 

¿De qué se le acusa?

La Fiscalía peruana inició una investigación preliminar después de que se conociera que varios aspirantes a «colaboradores eficaces» (delatores premiados) de la Justicia afirman que el mandatario recibió pagos millonarios a cambio de conceder obras públicas cuando era gobernador de la región de Moquegua (2011-2016).

(Lea aquí: Con juicio a Vizcarra, Perú suma dos décadas de crisis políticas)

Esos testigos acusan a Vizcarra por dos casos distintos, vinculados a la trama del «club de la construcción»
, por lo que la Fiscalía anunció este lunes la apertura de una investigación bajo la sospecha de la comisión de delitos de colusión y asociación ilícita.

De esa manera, el gobernante se unió a todos sus antecesores en el cargo acusados, detenidos o bajo investigación formal por delitos de corrupción: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Ollanta Humala (2011-2016), Alejandro Toledo (2000-2006), Alberto Fujimori (1990-2000) y Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó mientras era investigado.

Vizcarra niega categóricamente haber recibido sobornos y asegura que está dispuesto a atender todas las investigaciones en su contra, a pesar de que la Constitución peruana le da inmunidad hasta que termine su mandato, el 28 de julio de 2021.

(Lea también: Presidente Vizcarra se salva de ser destituido por el Congreso de Perú)

¿Habrá un nuevo proceso de destitución?

El Congreso peruano debatirá este jueves si admite a trámite la apertura de un nuevo proceso de destitución contra Vizcarra por «permanente incapacidad moral», la segunda vez en poco más de mes en la que el mandatario afronta un pedido similar.

La moción de destitución fue presentada este martes por representantes de cinco partidos opositores y ahora el pleno del legislativo votará si acepta debatirla, para lo cual debe ser apoyada, al menos, por 54 diputados.

De suceder eso, se tendrá que convocar a una nueva sesión plenaria en un plazo máximo de diez días para que el mandatario o su abogado expongan su defensa, tras lo cual se votará si el presidente es destituido, un extremo que debe alcanzar un mínimo de 87 votos de los 130 legisladores peruanos.

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  • 20.38.-Bolivia: un incierto y difícil retorno al poder CONSUELO AHUMADA
  • Bolivia, elecciones sin Evo BEETHOVEN HERRERA
  • Chile: las invasiones bárbaras – ASCANIO CAVALLO

¿Por qué derrocaron al Estado Plurinacional de Bolivia y quieren impedir que regrese? Mencionemos algunas razones. En el marco de los gobiernos alternativos de América Latina, el gobierno de Evo fue el más exitoso, no solo en cuanto a resultados económicos, reconocidos incluso, a regañadientes, por las entidades internacionales, sino en términos de inversión pública y social.

15 oct 2020.- El primer presidente indígena del continente adelantó una transformación social sin precedentes, en un país sin trayectoria de políticas sociales. Lucho Arce, el hoy candidato del MAS, estuvo al frente de esa transformación como Ministro de Finanzas y Economía.

Las elecciones presidenciales del próximo domingo en Bolivia, postergadas en varias ocasiones por el gobierno, son cruciales para América Latina, por lo que deben llamar nuestra atención. En primer lugar, porque deben ponerle fin a un gobierno ilegítimo, encabezado por la señora Jeanine Añez, autoproclamada como presidenta después del golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en noviembre de 2019, meses antes de que se cumpliera su período.

En segundo lugar, porque las elecciones se presentan en medio un profundo malestar social en Bolivia y los países de la región, marcado por dos tendencias contrapuestas: la prevalencia de gobiernos autoritarios y antipopulares y la resistencia de amplios y diversos sectores que luchan por sobreponerse a los estragos de la pandemia y la crisis económica y social, por mejores condiciones de vida y de trabajo, la defensa de la vida, los derechos fundamentales y las reivindicaciones de indígenas, trabajadores/as y campesino/as.

Todas las encuestas pronostican el triunfo en primera vuelta de Luis Arce, el candidato del MAS, sobre Carlos Meza y Luis Fernando Camacho, auspiciadores y perpetradores del golpe de Estado. En el año transcurrido desde entonces el panorama ha sido catastrófico. A la violenta represión inicial de las protestas indígenas, se sumó el intento de revertir los avances de todo tipo del gobierno de Evo y la pésima gestión de la pandemia por parte de los golpistas.

Sin embargo, la situación es bastante difícil para las fuerzas democráticas en Bolivia. Hay indicios serios de que se cocina un fraude para impedir el retorno de las fuerzas populares al poder. Hace unos días la vocera del MAS, Marianela Paco, denunció ante el país y el mundo que está en curso un segundo golpe, con la complicidad de la OEA, el Tribunal Supremo Electoral, las Fuerzas Armadas y la Policía.

Fundamenta su denuncia en la ausencia de transparencia en el conteo rápido de votos, el retorno de los mismos veedores de la OEA que propiciaron el golpe pasado, la declaratoria de toque de queda por seis días y la custodia de las actas por parte de policías y militares que participaron en el golpe del año pasado.

Recordemos que el golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia fue planeado y organizado meticulosamente por los sectores más radicales de la oposición boliviana, liderados desde Santa Cruz y La Florida, con la complicidad de la extrema derecha del continente, encabezada por Donald Trump. La OEA, con el funesto Luis Almagro, le dio el toque final. Su informe anticipado con solo el 10% del escrutinio habló de algunas irregularidades y de probabilidades, que nunca concretó. Posteriormente comisiones investigadoras independientes de la CELAG y MIT conceptuaron que no había indicio alguno de fraude y que el candidato ganaba en primera vuelta.

El trabajo sucio de Almagro logró su cometido. Durante las tres semanas siguientes a las elecciones, el candidato derrotado Carlos Meza y Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, un personaje de oscuro pasado y presente, incentivaron el desorden y promovieron el incendio de tres de los siete colegios electorales en donde estaban consignados los votos y las actas. Así se configuró el pretexto que necesitaban para el golpe. Almagro recomendó la anulación de los comicios del 20 de octubre y la convocatoria de nuevas elecciones.

Lo que sucedió después era también parte de un libreto conocido, aunque renovado, adaptado a la época de la inmediatez de la comunicación. En medio de la intimidación, la Policía y el Ejército le pidieron al Presidente su renuncia. Recordemos su traumática salida del país con el apoyo del gobierno de México y en medio de la hostilidad de la mayor parte de los mandatarios de la región, quienes no permitieron que el avión mexicano en el que viajaba Evo, junto con el vicepresidente y otros funcionarios, sobrevolara el territorio de sus respectivos países.

A partir de entonces, se desató la represión y persecución contra la población, pero en especial contra los indígenas, con tintes claramente racistas, se atropelló la institucionalidad democrática, se expidió orden de captura contra los principales funcionarios del gobierno y dirigentes del MAS, a quienes se acusó de terrorismo. Algunos de ellos están asilados todavía en la embajada de México en Bolivia.

Sin embargo, hoy está claro que la decisión de impedir el triunfo de Evo y de García Linera el año pasado ya estaba tomada desde tiempo atrás. En ella intervinieron, además del embajador de Estados Unidos, tres senadores republicanos, Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz; miembros del gobierno de Bolsonaro y de la Iglesia Evangélica y del gobierno de Colombia. Precisamente los mismos que participan en el asedio permanente a Venezuela.

¿Por qué derrocaron al Estado Plurinacional de Bolivia y quieren impedir que regrese? Mencionemos algunas razones. En el marco de los gobiernos alternativos de América Latina, el gobierno de Evo fue el más exitoso, no solo en cuanto a resultados económicos, reconocidos incluso, a regañadientes, por las entidades internacionales, sino en términos de inversión pública y social. El primer presidente indígena del continente adelantó una transformación social sin precedentes, en un país sin trayectoria de políticas sociales. Lucho Arce, el hoy candidato del MAS, estuvo al frente de esa transformación como Ministro de Finanzas y Economía.

Con esta experiencia se mostró cómo es posible desarrollar políticas exitosas, en contravía del modelo predominante en el mundo. Otro logro fue la dignificación de los indígenas y en particular, de sus mujeres. La huypala, arrancada y quemada en el Palacio de gobierno por los golpistas Camacho y Añez para reemplazarla por la Biblia, es el símbolo de este logro.

Bolivia es un país muy rico en recursos naturales, históricamente explotados a sus anchas por las multinacionales. Una de las primeras decisiones de Evo Morales fue revertir las ganancias por la explotación de estos recursos, de manera que estos quedaron en manos del Estado y del pueblo. Tiene el salar más grande del mundo, el de Uyuni, de donde se extrae litio, componente fundamental de las baterías y de los automóviles eléctricos. El gobierno resolvió emprender su industrialización.

A pesar de las dificultades, los demócratas y progresistas de Bolivia, América Latina y el mundo entero no pueden bajar la guardia. Como señaló García Linera hace un año invocando a Tupac Katari: “Volveremos y seremos millones”.

Consuelo Ahumada Beltrán Profesora universitaria, directora del Centro de Estudios Nueva Gaceta, integrante del Comité Ejecutivo del PTC 

https://labagatelaptc.blogspot.com/2020/10/bolivia-un-incierto-y-dificil-retorno.html

20.38.-Bolivia, elecciones sin Evo BEETHOVEN HERRERA

En Bolivia el voto es obligatorio y quien no vote queda inhabilitado por 90 días para realizar transacciones bancarias.

Que Evo Morales haya logrado permanecer en el cargo casi 14 años continuos contrasta con la tradicional inestabilidad política de Bolivia, país que ha tenido 195 golpes de Estado desde su independencia en 1825.

14 oct 2020.- Es notable que sea el primer presidente indígena quien logra un nivel de crecimiento elogiado por el FMI y por el Banco Mundial, y un gran mejoramiento social, al reducir a la mitad la pobreza e incluir a indígenas y mujeres en el Gobierno. Pero la confrontación histórica entre los indígenas del altiplano y la élite blanca y el empresariado de Santa Cruz sigue viva.

La gestión de Morales dejó vías de comunicación, especialmente carreteras y el cable aéreo ‘Mi teleférico’ que comunica al municipio de El Alto con La Paz. Hubo mejora en aeropuertos y muchos campos de futbol; pero no hubo similar dinámica en la consolidación de un sistema de salud. La pandemia evidenció esas falencias y a las compras de equipos y medicamentos bajo la presidenta interina Jeanine Añez se les atribuyen sobrecostos del 400%. En todo caso la informalidad se mantiene en niveles muy altos y la precarización laboral ha aumentado.

El factor determinante del auge fueron los precios internacionales, pues existían contratos de venta pactados con Brasil y Argentina cuando el valor del petróleo estaba entre 20 a 25 dólares el barril y entre 2010 – 2011 llegó hasta los 120 a 130 dólares.

Evo recibió el país con una deuda externa de US$2.000 millones, pues el BID y otros acreedores habían condonado sus acreencias. Al dejar el Gobierno, la deuda ascendía a US$12.000 millones, (alrededor del 50% del PIB), pues contrajo obligaciones con China de alrededor de US$7.000 para carreteras y minería.

Entre 2005-2015 aumentaron las reservas internacionales de 2.000 a 15.000 millones de dólares (casi el 50% del PIB) pero han vuelto a caer a 6 mil millones y hay críticas al hecho de que se emitieron decretos para permitir al Banco Central otorgar créditos con reservas para hacer inversión pública.

Bolivia tiene una de las mayores reservas de litio del mundo en el salar de Uyuni y se estima que podría generar hasta 500 millones de dólares, pero hasta ahora solo hay plantas piloto. Este proyecto debía iniciar en 2010 exportando 40 mil toneladas de carbonato de litio, pero se han vendido 40 toneladas. El gobierno de Evo entregó esa explotación a una empresa alemana por 70 años de vigencia, sin licitación, como ocurrió en muchos otros casos bajo su administración.

La quinua, abundante en Bolivia, podría generar altos ingresos, pero no se ha avanzado mucho en su exportación y, además, en Bolivia también hay ‘tierras raras’, pero no se venden.

El caudillismo de Evo le impidió planear un relevo ordenado e insistió en postularse a otra reelección, aún después de haber perdido el referéndum consultivo.

La postulación se basó en un concepto del Tribunal Constitucional, en el sentido de que “elegir y ser elegido es un derecho fundamental”. Evo contó con el apoyo de organizaciones sociales, pero se encontró con una reacción generalizada desde plataformas digitales, en las cuales no tenía dominio.

Cuando los jóvenes comenzaron a cerrar la vías con cintas (llamadas “tirillas”) Evo despectivamente respondió “¿creen que me van a enseñar a mí a hacer bloqueos?”; pero esta sencilla práctica se generalizó. Hubo serios indicios de fraude electoral identificados por una auditoría de la OEA avalada por la Unión Europea y, por ello, los militares le recomendaron a Evo renunciar, para frenar la ola de protestas y desmanes, lo que calificó como golpe de Estado.

Ahora el MÁS lleva como candidato a la presidencia a Luis Alberto Arce Catacora y al indígena aimará David Choquehuanca para la vicepresidencia. Se enfrentarán al expresidente Carlos Mesa y al empresario de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, quien lideró las protestas contra Evo por los cuestionados resultados de la fallida elección de 2019 y se paseaba con una biblia gigantesca y un rosario, reclamando el retorno del país a Dios.

El artículo 166 de la Constitución Política establece que serán elegidos presidente y vicepresidente quienes logren 50% más uno de los votos o el 40% de votos válidos con una diferencia de 10% sobre el segundo.

Tras el retiro de la contienda electoral de la presidente interina, Jeanine Áñez, las encuestas le otorgan 42,2% de intención de voto a Luis Arce del MAS, 33,1% al expresidente Carlos Mesa y 16,7% a Luis Fernando Camacho, y como es probable que estos dos últimos unan sus fuerzas en una eventual segunda vuelta, Arce perdería frente a Mesa (35% a 40-1%). Para el Senado, la encuesta muestra que el MÁS lograría mayoría (20%) frente a 12% de Carlos Mesa y 4% del empresario Camacho, pero no logrará los dos tercios.

Con un nivel tan elevado de indecisos y como las encuestas no incluyen a los bolivianos en el exterior, es incierto el resultado final de la lección, pues la comunidad boliviana en Argentina es muy numerosa y mayormente favorable al MÁS.

En Bolivia el voto es obligatorio y quien no lo haga queda inhabilitado por 90 días para realizar transacciones bancarias incluidas el pago de servicios públicos, de modo que los indecisos votarán y ello puede traer sorpresas frente a las cifras de las encuestas reveladas.

Resulta claro que el MAS de Evo Morales superó fricciones internas y se mantiene unido, en tanto que la derecha ha estado dispersa; pero para la segunda vuelta los votantes se alinearán en los mismos campos históricos.

Beethoven Herrera Valencia Profesor de universidades Nacional y Externado 

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/bolivia-elecciones-sin-evo-coyuntura-545639 

20.38.-Chile: las invasiones bárbaras – ASCANIO CAVALLO

Un año después del colapso violento de Santiago por efecto de una revuelta multilocalizada, se han emprendido ya abundantes esfuerzos por identificar a los protagonistas de ese momento crítico, ya como segmentos sociales, ya como sujetos simbólicos.

Algunos de estos estudiosos prefieren evitar el énfasis en la violencia. Pero esto significaría una alteración fundamental de los hechos: es la violencia de aquella noche, que inauguró la de muchas subsiguientes, lo único que puede abarcar la totalidad del fenómeno y, sobre todo, lo único que lo distingue de otras formas de radicalidad política o social.

Hay más acuerdo en el uso de la palabra “revuelta”: vista su falta de dirección, reivindicación y proyecto, resulta un exceso aplicarles categorías políticas más estructuradas. El alboroto, la riña, el cambio de dirección, que son las principales acepciones de “revuelta”, describen bien la diversidad de los hechos y las consecuencias del 18-O. Del mismo modo, mantiene en el centro el rasgo de alteración violenta del orden público.

Para el registro histórico, la revuelta pone fin al proyecto de gobierno de Sebastián Piñera. Y le da una “vuelta” de tal magnitud, que lo convierte en la administración bajo la cual se realizará un cambio constitucional probablemente extenso y profundo. Algunos cientistas políticos lo han denominado como el quiebre del consenso de 1988; algunos entusiastas, como el fin del modelo, y otros, algo más genéricos, como el fin del neoliberalismo. El fin de algo.

Todo eso debería ocurrir con el proceso constitucional. Pero, aunque resulte majadero, hay que repetir que en el 18-O hubo de todo, menos el reclamo de cambio de la Constitución. Esta es una interpretación que hizo a posteriori la “burocracia política” (el concepto es de Agustín Squella), con el fin de dar una salida político-institucional a algo que no ha terminado de entender. Precisamente: la “revuelta”.

Después de todo lo que se ha dicho y escrito sobre aquellos días, las únicas descripciones coincidentes -con simpatía, condescendencia, neutralidad o repulsa- sólo caracterizan a una masa informe, airada, resentida, frustrada e iracunda, en la que cabrían tanto los extremadamente marginalizados como los segmentos de clase media empobrecida. Parece, además, una masa en blanco, sobre la cual cada analista inscribe sus propias interpretaciones. A veces, con un encono visceral, como se representa a un enemigo; a veces, con una comprensión beatífica, rousseauniana, y aun otras veces con cierta complacencia meliflua, como una amenaza velada.

Pero se puede sospechar que muy pocos de los protagonistas del 18-O querrían identificarse con estas categorías barbáricas. Tampoco es verdad que carezcan de filiaciones, que se trate de personas marginalizadas en el sentido técnico: los barristas del fútbol han sido tan institucionalizados, que hasta solían reunirse con un exministro y crecieron con el financiamiento de notorios dirigentes; los estudiantes secundarios forman parte de un sistema en cuya cabeza siempre hay profesores; los microtraficantes tienen sus códigos y sus jerarquías muy claras; los revolucionarios no son tales si no tienen un mínimo de gregariedad; los saqueadores de supermercados se presentan hasta en los terremotos, e incluso los anarquistas responden a pequeñas (o grandes) organizaciones. Y esto, sin contar los casos en que fue visible la reivindicación de identidades particulares que reclaman un lugar en el espacio público. Estos grupos tienen poco que ver entre sí, excepto en el ataque de ocasión a los bienes simbólicos y a quienes se les enfrentan, empezando por la policía. Tan diferentes, que es casi seguro que ninguna respuesta institucional los podrá satisfacer a todos. Hay un porcentaje de frustración garantizado en la eventual nueva Constitución y en toda la secuencia de elecciones del 2021.

A fin de cuentas, que se sepa, nadie ha realizado un trabajo de campo con los incendiarios del Metro, ni nadie ha entrado en la microtopografía del narco, ni nadie conoce muy bien las lógicas de los colegios notoriamente anómicos. Hay más tesis que pruebas.

Pero un año después, las condiciones no son las mismas del 2019. Si hubo un “momento de revuelta”, la anti-tesis debe decir solamente que se produjo la convergencia de factores objetivos con un espíritu subjetivo pluriforme. Y si esas condiciones se repiten, sólo cabría deducir que las fuerzas políticas y sociales se han quebrantado más allá de los límites que ellas mismas conocen, lo cual incluye -para que nadie se sienta tan a gusto- tanto al gobierno como a la desconcertada oposición.

En ese caso, el “momento constitucional” (la traducción política posterior) habrá empezado a fracasar aun antes de realizarse el plebiscito de partida.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-las-invasiones-barbaras/SC5H6NXR6FBV3KHC3ADAOR3EW4/

20.37.-Argentina: de la superpotencia a principios del siglo XX a una economía estancada y con problemas crónicos MARC FORTUÑO

  • Chile: la válvula del plebiscito ASCANIO CAVALLO

La historia económica de Argentina durante el siglo XX y parte del XXI nos muestra un relato negro, de cómo una tierra de oportunidades a principios del siglo consiguió echarse a perder. Justo antes de la Primera Guerra Mundial, su economía podía presumir de solvencia y una tasa de crecimiento económico medio del 6% durante los últimos 35 años.

7 oct 2020.- Argentina podía verse como una economía avanzada en esos años, por detrás de las economías inglesas (Estados Unidos, Reino Unido y Australia) pero por delante de economías europeas como la italiana, la francesa y la alemana. Argentina se posiciona entre los mejores. Su renta per cápita ajustada a la capacidad de compra era el 92% del promedio de las 16 economías más avanzadas del mundo.

Su economía era fuerte y atractiva. Se caracterizada por una apertura económica que daba la bienvenida a la entrada de capitales y dominó la expansión de las exportaciones de productos primarios (cereales, carne, lana y cuero) que impulsó un rápido crecimiento económico y era un polo de atracción de inmigrantes europeos.

Para hacernos una idea de su fortaleza económica, si en esos años Francia tenía una renta per cápita de 3.452 dólares, Argentina alcanzaba los 3.797 dólares, es decir, un 10% superior.

Traducido a nuestros días, en 2018 Francia presentó una renta per cápita en paridad de compra de 46.360 dólares, por lo que Argentina, siguiendo la relación pasada, podría alcanzar los 46.823 dólares pero no, se quedó únicamente en 19.870 dólares, un 58% por debajo, lo que nos da una idea del declive experimentado en un siglo. Si miramos la misma relación con las actuales 16 economías avanzadas se queda un 42% por debajo.

La pregunta que nos viene a la cabeza es cómo se ha conseguido semejante destrozo económico en poco más de un siglo.

Argentina por tratar de proteger la agricultura hundió el progreso

Anteriormente a 1914, la economía argentina era plenamente abierta, la relación entre sus exportaciones y sus importaciones superaba el 50% de su PIB durante el período anterior a la Primera Guerra Mundial, pero disminuyó durante los años de entreguerras (de aproximadamente un 45% a un 20%) y prácticamente no superó el 25% después de 1945.

Aquí surgieron dos problemas. El primero es que hubo una clara interrupción del comercio global fruto de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, un hecho del todo ajeno al país. Pero hay que añadir un factor interno importante: el nacimiento de unas políticas proteccionistas por parte de los sucesivos gobiernos argentinos, que más adelante se consolidaba con el peronismo.

Ese proteccionismo fue un error, tenía una economía fuerte pero necesitaba avanzar y la economía no se diversificó. Si anteriormente a la década de los años veinte el grado de aranceles (relación entre los ingresos por impuestos de importación y el valor de las importaciones) se encontraba por debajo del 10%, en los años duros de la Gran Depresión elevó los aranceles de importación de un promedio de 16,7% en 1930 a 28,7% en 1933.

Argentina veía cómo en los sucesivos años se forjó una relación decreciente entre su apertura comercial y el PIB que puede reflejar la falta de diversificación de la agricultura y el agotamiento de la frontera agrícola por las dificultades añadidas para la explotación de nuevas tierras.

Ese proteccionismo, que a mediados de la década de los años cuarenta fue instutionalizado a través del peronismo, suponía poner palos a las ruedas para el crecimiento de la productividad agrícola y el modelo de sustitución de importaciones fracasó en impulsar el crecimiento de la productividad en la industria. Por ello, Argentina no pudo crecer, se quedó rezagada.

Salvando momentos puntuales, desde Perón se marcó una tendencia proteccionista que se trató de corregir en algunos gobiernos sin mucho éxito. La idea era sencilla: no hay que importar, deben ser los argentinos quiénes produzcan esos productos que demandan al exterior.

Por lo tanto, se fraguó una estrategia de desarrollo interno y la industrialización por sustitución de importaciones. El problema es que a medida que incorporaban aranceles que encarecían los productos externos, nació una industria de baja productividad, el mismo bien adquirido al exterior era mucho más caro si lo producían los propios argentinos.

La prueba más palpable es el crecimiento de la productividad industrial. En Argentina, la productividad industrial (medida como producción bruta por trabajador industrial) se incrementó a un ritmo del 2,6%, en promedio, entre 1946 y 1963 y luego descendió a una tasa anual del 0,5% entre 1963 y 1974. En contraste, la vecina Brasil creció a una tasa anual de 5,2% entre 1945 y 1979.

Entre los años 1945 a 1975 -período que en Argentina comienza con el primer gobierno del presidente Perón y termina con el golpe militar que puso fin al tercer gobierno del Partido Peronista- Argentina pasó de una renta per cápita en paridad compra equivalente al 67% de la de Estados Unidos a una del 49%.

Argentina y la debilidad institucional 

Argentina no ha presentado especialmente una estabilidad institucional. Su historia después de la Primera Guerra Mundial está plagada de golpes militares e instituciones extractivas.

Si hablamos de golpes militares, el primero llegó en 1930, otros siguieron en 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Las elecciones de 1989 marcó la primera vez en más de 60 años que un presidente civil entregó el poder a un sucesor electo. Es difícil atraer y concentrar inversiones si estás cerrando la economía y, a su vez, se producen constantes interrupciones en las instituciones de una país.

Como ejemplo, de la debilidad institucional tenemos que la Corte Suprema ha sido reformada varias veces desde que Perón en 1946. Los presidentes tienen la costumbre de modificar la constitución para permitirles cumplir más mandatos y forjarse en el cargo a medida que se creaban instituciones extractivas y se vulneraban cada vez más los derechos de propiedad.

Esa vulnerabilidad se ha mantenido hasta nuestros días. Recordemos el caso de Repsol que ostentaba la participación en YPF, una petrolera argentina, y fue nacionalizada en 2012.

Tanto en periodos democráticos como en dictadura, Argentina se ha caracterizado por el uso y abuso de la deuda, por lo que no son unas instituciones fiables para prestar los ahorros. El proceso ha sido siempre parecido, déficits generados hasta tal punto de demandar financiación en dólares por la falta credibilidad institucional, imprimir moneda para pagar, la devaluación del peso argentino y la generación de crisis cambiarias con una respuesta inflacionanista la economía y una cadena de impagos a la deuda.

Argentina, carecía de unas reglas fiscales. Por ello, entre 1960 a 2018 observó un déficit fiscal crónico promedio de 4,4% de su PIB, mientras que la tasa de crecimiento promedio solo era del 2,4%, en igual periodo. La diferencia se cubrió sistemáticamente monetizando el déficit fiscal, generando la esencia misma de la inflación crónica de los últimos 70 años.

https://www.elblogsalmon.com/economia/argentina-superpotencia-a-principios-siglo-xx-a-economia-estancada-problemas-cronicos

20.37.-Chile: la válvula del plebiscito ASCANIO CAVALLO

Papeleta del plebiscito constitucional del domingo 25 de octubre 

A dos semanas de distancia, parece un hecho que el plebiscito constitucional del domingo 25 carecerá de dramatismo. Una condición para que un evento electoral sea dramático es que la sociedad perciba que está en juego un asunto prioritario para su vida como tal.

10 oct 2020.- Eso es lo que ocurrió en 1988, pero ya también está claro que ese fue un suceso irrepetible. Las prioridades mayoritarias de estos días son muy diferentes, como lo expresa el hecho, algo sardónico, de que se tratará de una elección bajo estado de excepción. Desde luego, primero está la emergencia sanitaria, aún en curso. Y a su lado, en paralelo, la emergencia económica: el empleo, el ingreso, la recesión y la precariedad.

Otra condición es que haya movilización, es decir, campaña electoral. Como esto no es posible en las condiciones sanitarias actuales, las únicas campañas con visos de eficacia se realizan a través del zumbido inaudible de las redes digitales. De la franja televisiva no hay casi nada que decir, excepto que la fragmentación partidaria la ha convertido en un espacio más parecido a un ensayo de Godard, pero sin Godard. (Quedará para el futuro debatir por qué todavía se le exige a una industria anémica, como la televisión de hoy, que cumpla con una obligación impuesta en otro contexto de audiencias, ingresos y capacidades).

Por fin, una última condición es que sea un torneo competitivo. Si las encuestas no se equivocan, el resultado ya es predecible; en realidad, la única sorpresa sería un triunfo del Rechazo. Pero esto sería raro justamente porque sería dramático. El plebiscito fue concebido como una salida institucional a una crisis sociopolítica que, en el momento en que sus protagonistas lo acordaron, carecía de una interpretación consolidada.

Y aún carece. Es útil recordar que los hechos iniciados en la tarde del 18 de octubre del 2019 parecieron inicialmente una reacción violenta al colapso del transporte en Santiago. Quienes minimizan esta dimensión harían bien en leer Siete kabezas, el ensayo de Iván Poduje que muestra -testimonialmente, sin especulación- hasta qué punto el transporte público llegó a convertirse en una metáfora encarnada de la segregación y la inmovilidad social, lo que explica por qué el Metro ha podido ser al mismo tiempo un orgullo urbano y una execración social.

En los días posteriores, junto con extenderse a otras ciudades, el movimiento masivo empezó a parecer una protesta contra el modelo político-económico y una abundancia mal distribuida (“tus privilegios serán míos”). En ciertas jornadas específicas, alrededor de noviembre, adquirió, además, el perfil de un esfuerzo directamente apuntado a derribar al gobierno de Sebastián Piñera.

Aún no hay una explicación, tampoco, para que los hechos de violencia intensa parecieran refrendados por la enorme marcha pacífica del 25 de octubre: es seguro que la mayoría de esos millares de personas no incendiarían estaciones ni saquearían comercios. Pero aún es imposible saber si estaban allí como un modo de cohonestar la violencia o más bien como una manera de refutarla a través de un acto pacífico.

Todas esas ambigüedades fueron interpretadas por los dirigentes políticos en un Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución que no logró exactamente restaurar la paz social, pero sí dio curso al proceso para debatir una nueva Carta Fundamental; es decir, logró cumplir una de sus dos partes. Sigue siendo importante el hecho de que no todos los grupos políticos suscribieron ese acuerdo. Y los que no lo hicieron -el PC y el Frente Amplio- fueron los que en ese momento buscaban otros fines, pero especialmente que no querían interpretar las protestas en el sentido restrictivo de un mero cambio constitucional.

En un aspecto tenían razón: era un exceso intelectual (o quizás retórico) pretender que todo ese movimiento sólo quería cambiar la Constitución. Pero la interpretación más extensa -un brote revolucionario o algo así- era otro exceso intelectual, un tic igualmente voluntarista aplicado a un fenómeno tan complejo y diverso que aún no se termina de procesar.

Los primeros propusieron un camino institucional; los segundos habrían preferido una salida menos formal, quizás una prolongación de la turbulencia hasta que viniera a hacerse cargo alguna vanguardia organizada. Si ganaron los primeros es porque al menos tenían una propuesta de convivencia.

Los intentos por revivir en días recientes el clima del 18 de octubre sólo pueden ser entendidos al margen del plebiscito y del debate por la Constitución. No son, ni de lejos, movilizaciones en favor del Apruebo. En la mayor parte de los casos, de hecho, son acciones en contra del plebiscito, un tema que no está en sus consignas, como si perteneciera a otra dimensión de la realidad. Para sus protagonistas, el plebiscito es muy poco y muy tarde.

En estas condiciones, el problema de la abstención no es irrelevante, como han pretendido los que -con buenas razones- ven el plebiscito como la gran válvula de alivio de la tensión social. Desde luego, una alta abstención bajo un régimen de voto voluntario no resta la legitimidad jurídica de un acto electoral. Lo que pone en cuestión es su potencial de solución política, especialmente si, como suele ocurrir, los que menos votan son los más pobres, los menos informados y los jóvenes.

Es decir, si para todos ellos es demasiado poco dramático.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-la-valvula-del-plebiscito/GYERLDLFVNEHNE5Z7ZW5CIBNXY/

  • 20.26.-Una izquierda brasileña que se resiste a unirse para derrotar al fascismo – ARAM AHARONIAN
  • Chile: El retorno de las tres partes ASCANIO CAVALLO
Foto: https://www.prensa-latina.cu

En un Brasil jaqueado por el coronavirus, la crisis económica, social y sanitaria, y gobernado por el ultraderechista Jair Bolsonaro y su cohorte de militares y grandes empresarios bendecidos por Washington, el abanico progresista aparece fraccionado de cara a las elecciones municipales del 15 de noviembre, antesala de las presidenciales de 2022.

29 sep 2020.- Las municipales iban a ser en octubre, pero el Congreso aprobó una enmienda constitucional por la pandemia para posponerlas al 15 de noviembre. Para los analistas, los comicios serán una forma de medir hasta dónde llega el declive de una izquierda, que debe enfrentar en sus bastiones tradicionales –como Rio de Janeiro- al discurso social de los poderosos partidos evangélicos, sostén de la ultraderecha.

El escenario político para estas elecciones permanece sombrío y amenazador para las fuerzas progresistas en casi todo Brasil. Una nueva derrota, aun si fuera menor a la de 2016 ocurrida después del golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, podría ser aún más devastadora para los próximos años.

Pero hay candidatos de sectores progresistas locales que tienen “asegurada” su elección, y no parecen interesados en buscar la unidad en estas instancias municipales.  “No hay unidad en la izquierda. Cada uno va a la suya”, según Carlos Siqueira, presidente del Partido Socialista Brasileño (PSB), sintetizando el intento frustrado de seis partidos de unificar los discursos en contra de Bolsonaro en las elecciones municipales. “Tenemos convergencias de pensamientos, pero con relación a la disputa electoral, no conseguimos unirnos”, apuntó Luciana Santos, presidenta del Partido Comunista de Brasil (PCdoB).

El grupo, integrado por los líderes legislativos del Partido de los Trabajadores (PT), del Partido Socialista Brasileño (PSB), del Partido Democrático Laborista (PDT), del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y del partido Red de Sostenibilidad (REDE)  estuvo trabajando unido en el Congreso e intensificó las negociaciones para repartirse los mítines en las 92 mayores ciudades de Brasil, ante la posibilidad de ir a una segunda vuelta.

Los motivos que impiden forjar esa alianza contra Bolsonaro son el desinterés del Partido de los Trabajadores de renunciar a su hegemonía en la oposición, las disputas políticas internas en cada municipio y la preocupación de las formaciones más pequeñas por tener una base de apoyo propia para las legislativas de 2022, cuando aumentará el mínimo de votos necesarios para seguir existiendo como partido.  Sólo recibirán financiación pública y publicidad gratuita aquellos que consigan un 2% de los votos válidos a nivel nacional en un tercio de los Estados, con un mínimo del 1% en cada uno, o consigan al menos 11 diputados distribuidos en nueve Estados.

“El gran problema del PT es su cultura hegemónica. Solo piensa en sus candidatos”, señaló Carlos Lupi, presidente del PDT, apuntando directamente a Luiz Inacio Lula da Silva, quien gobernó por dos períodos y que fue preso –sin prueba alguna- por el lawfare de una justicia más corrupta que la transnacional Oderbrecht con el solo fin de impedirle participar en las elecciones y dejar el camino libre al neofascista Jair Bolsonaro. Claro, antes se produjo el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff.

En su reciente mensaje a los brasileños. Lula los llamó a encolumnarse detrás: “Sé, ya sabes, que podemos, nuevamente, hacer de Brasil el país de nuestros sueños. Y decir, desde el fondo de mi corazón: estoy aquí. Reconstruyamos Brasil juntos. Aún nos queda un largo camino por recorrer juntos. Manténte firme, porque juntos somos fuertes. Viviremos y ganaremos».

El exgobernador de Paraná, Roberto Requiao fue más allá y, propuso retomar algunos temas esenciales como la nacionalidad y la soberanía, y manifestarse contra la privatización y entrega de las empresas estratégicas, la recolocación del Banco Central al servicio del desarrollo del país y no de la especulación financiera y, sobre todo, la propuesta de un plan de acción mínimo que una a todos los brasileños.

Requião exigió un plan que incluya un referendo revocatorio de todas las medidas antinacionales, antipopulares y antidemocráticas aprobadas desde el golpe de 2016, medidas de emergencia para la creación a corto plazo de millones de empleos, salarios y pensiones dignas, recuperación de los presupuestos para la salud, educación, vivienda popular, saneamiento básico e infraestructura, y una política en defensa de la Amazonia.

El 22 de septiembre, Lula atacó el discurso de Bolsonaro en Naciones Unidas, lanzando un proyecto de reconstrucción del Brasil, en especial en lo referente a la educación, la salud, las relaciones internacionales, comercio exterior, industria y empleo, y cultura.  Pero el PT ha decidido que necesita tener el mayor número posible de candidatos para poder defenderse. “El PT necesita tener voz. Hablar de su legado, de las experiencias que ya ha tenido en las administraciones municipales, para defenderse de los ataques”, afirmó la presidenta del partido Gleisi Hoffmann. “Desde 2013, las fuerzas de derecha han intentado anular al PT. En un frente, es más difícil hacer una defensa individual”, agregó.

“No pueden querer que el PT renuncie a esa grandeza que le dio el pueblo a cambio de nada. O tiene un candidato más grande que el PT o no tiene ninguna posibilidad”, dijo, por su parte, el expresidente Lula. En estas elecciones, el PT presentará candidatos en 1.531 de los 5.570 municipios de Brasil que, juntos, representan el 60% de la población. En 2016, las últimas municipales, el PT presentó 993 candidatos.

Los analistas de la izquierda se preguntan si queda tiempo para impedir un nuevo desastre en estos comicios. Forum 21 señala que la sociedad brasileña está siendo empujada a un ciclo de violencia política, que la truculencia en el poder anuncia e incentiva. El empeño liberal de la centroderecha en exagerar moderación en el caos y en la represión, apenas robustece ese riego con una tónica de complicidad, añade.  Aún hoy, el líder más fuerte del progresismo sigue siendo Lula y aunque tenga una imagen negativa alta, no habrá un gran acuerdo sin su aval ni su colaboración. Pareciera que separar a las izquierdas del lulismo es misión imposible. Por eso mismo, parece difícil la constitución de un frente electoral de izquierda en las municipales, aunque quizá se logren acuerdos para la segunda vuelta (hay ballotage en los comicios para los alcaldes).

Obviamente, la fragmentación de la izquierda fortalece el proyecto autocrático y neofascista que se viene implantando en Brasil. Revertir la ruta neoliberal y neofascista y repolitizar la agenda del desarrollo económico-social, secuestrada integralmente por la “razón del mercado”, requiere que las ideas progresistas demuestren pertenecer al mundo real a través de la acción, alertó Forum 21.

Cambia, todo cambia

Los vientos progresistas en Brasil se han convertido en brisas dispersas. Quedaron lejanas las victorias de cuatro elecciones presidenciales consecutivas, de triunfos en gobiernos de las ciudades más importantes como Rio de Janeiro, Sao Paulo o Belo Horizonte.   Lo cierto es que la mayoría de las izquierdas, incluidas las fuerzas más influyentes, viene subestimando a Bolsonaro desde 2017, pero no se han animado a hacer una autocrítica de la gestión de 13 años de gobierno, partiendo de la desmovilización de los movimientos sociales y la cooptación de sus dirigentes para cargos públicos, abandonando la calle a manos de la derecha.

Aquel poder político del abanico progresista, -desde el centro, pasando por el partido de los Trabajadores hasta las organizaciones más radicales- parece haber quedado en el pasado. Hoy la izquierda –o mejor dicho el progresismo, que no es lo mismo ni es igual- está en la oposición no sólo a nivel federal sino también en los gobiernos de los principales estados y ciudades.

La combinación de varios factores, como la cuestión ética que acompañó el derrumbe del Partido de los Trabajadores (PT) -que gobernó sucesivamente con Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff por cuatro períodos- un sistema electoral centrífugo y un gobierno federal que potencia a los gobernadores, dejan poco margen para un progresismo que está lejos de los principales cargos ejecutivos.

Una de las razones es la nueva ley electoral aprobada en 2017, que impide la formación de coaliciones electorales en elecciones para cargos legislativos municipales, estatales y federales. Esto ha dificultado la coordinación entre los grupos: cada uno quiere imponer su candidato. Es difícil entender la falta de coordinación en un momento en que la Presidencia está ejercida por un político de extrema derecha”, señala el doctor en Ciencia Política y profesor de la Fundación Getulio Vargas, Octavio Amorim Neto.

Otra razón para el fraccionamiento es la disputa por la hegemonía, en un momento en que el PT está en declive, lo que ha acelerado la competencia entre éste y las otras dos grandes fuerzas progresistas: el Partido Democrático Trabalhista (PDT) y el Partido Socialista Brasileiro (PSB).  Hay que añadir la mala relación entre Lula y el líder del PDT, Ciro Gomes (quizá el referente más nítido), desde que el primero rechazó apoyar la candidatura presidencial del segundo. Gomes, exministro, exdiputado y exgobernador de Ceará, dirige un partido personalista, donde todo el poder recae en él y en su hermano.

El otro referente en ascenso de la izquierda es el senador Randolfe Rodrigues (del despoblado estado Amapá) , de la ambientalista Red Sustentabilidade, con escasa proyección nacional y poca estructura fuera de su región.

Los analistas llaman la atención sobre el futuro de la izquierda en el Partido Socialismo e Liberdade (PSoL), que viene recogiendo a muchos desencantados del PT. Allí surge el liderazgo de Flavio Dino, gobernador de Maranhão y miembro histórico del Partido Comunista. Dino, exjuez que logró echar a la familia Sarney del poder de su estado, insiste en la construcción de una gran coalición de izquierdas.

La pérdida de la calle

Los medios hegemónicos se abstienen de difundir la información de los grupos progresistas: los invisibilizan. Y es que durante tantos años de gobiernos del PT poco se avanzó en la democratización de la comunicación. La izquierda teme hablar de democracia participativa y busca eslogans que puedan calar publicitariamente en la población.

Pero tampoco es que éstos hayan presentado programas y propuestas que tengan que ver con la vida cotidiana y el futuro de los ciudadanos, como trabajo, educación, salud, vivienda, saneamiento, acceso al agua, apoyo a las minorías, defensa del medio ambiente –la Amazonia y el pantanal, incluidos-, presupuesto participativo, formación de concejos de ciudadanía, entre otras temas.

La crisis social es inmensa. La parte de la población económicamente activa con contratos de trabajo se limita a menos de la mitad: poco más de treinta millones en el sector privado y doce millones en la administración pública. Otros cuarenta millones no podrían ni siquiera sobrevivir sin el apoyo del Estado.

Quizá, el análisis del liderazgo progresista fue que la combinación de una calamidad humanitaria y una crisis económica dejaría debilitado al gobierno bolsonarista. Con unos 145 mil muertos por el covid-19, decenas de millones de desempleados, una grave crisis social y, por lo tanto, una oportunidad, pensaron. Este pronóstico se confirmó durante los primeros cuatro meses. Pero en el último mes, la situación ha cambiado, y Bolsonaro se ha recuperado.

El desafío es averiguar porqué la mayoría de la clase trabajadora organizada, ancla social del PT desde los años 1980, no se movilizó para defender el gobierno de Dilma Rousseff. Como resultado, la izquierda moderada abrazó la táctica quietista de apostar para derrotar a Bolsonaro en las elecciones de 2022, calculando que se acumularía un desgaste inevitable, señala Valerio Arcary, miembro de la Coordinación Nacional de Resistencia, tendencia del PSOL.

La simple respuesta de la izquierda radical es que Bolsonaro fue, esencialmente, un accidente electoral: las fuerzas de la clase trabajadora estarían intactas, y el derrocamiento de Bolsonaro está aún por construirse, porque falta la disposición de las direcciones más influyentes. Lo preocupante son las dificultades para aceptar que se enfrentan a una fuerza política neofascista de base social.

Con la pandemia, las posiciones de Bolsonaro convirtieron la crisis sanitaria en una crisis política al despreciar la gravedad de la pandemia, mientras aprovechaba para incorporar al gobierno a miles de oficiales de las Fuerzas Armadas; forzar la renuncia del ministro de Justicia Sergio Moro (eventual competidor como candidato presidencial), y favorecer las movilizaciones que propugnaban un autogolpe.

La pandemia también significó la imposibilidad de la izquierda de contar con movilizaciones masivas en las calles mientras se producía la naturalización de la pandemia, especialmente entre los partidarios de Bolsonaro, al menos a un tercio de la población (más hombres que las mujeres, más mayores que jóvenes, más entre los menos educados que los más educados), y más en el sur que en el noreste.

 La banalización de la pandemia, manejada por los medios hegemónicos de comunicación, refleja la tendencia a quitarle a los gobiernos la responsabilidad de la calamidad sanitaria, a la par de una presión para reactivar la actividad económica, mucho más intensa entre los propietarios de pequeñas empresas y los trabajadores informales y una fatiga por la cuarentena después de seis meses y ansiedad por volver a una rutina de vida normal.

Éste no es un ensayo

 Hay quienes entiendan que el PT insistirá en la polarización contra los bolsonaristas como un ensayo para las elecciones generales de 2022. Para el politólogo Leandro Consentimos, “al PT la polarización le va muy bien. Bolsonaro y el PT son mejores amigos cuando se trata de mantener el statu quo”, mientras que Valdir Pucci, de la Universidad de Brasilia, señala que “tanto el PT como Bolsonaro ven en el otro el enemigo capaz de aglutinar a sus huestes”.

Hay otros, como Pedro Ivo Batista, portavoz de la Red de Sostenibilidad, que sostienen que lo ideal sería que los partidos progresistas se unieran ya en la primera vuelta. “Brasil nunca ha tenido un gobierno neofascista como éste. Lo ideal sería unirse más para evitar este peligro de fuerzas totalitarias”.

Quien no está de acuerdo con la tesis de que este año será un ensayo del 2022, es el presidente del PSOL, Juliano Medeiros, quien prefiere verlo como un termómetro. “El fortalecimiento de la oposición y el debilitamiento electoral del bolsonarismo, por ejemplo, no garantizan la derrota de la extrema derecha en 2022, pero indican un escenario más favorable para las fuerzas populares”, analiza.

 Los indígenas

El avance de las invasiones a tierras indígenas, la deforestación, el acoso a organismos públicos como la Fundación Nacional Indígena (Funai) por parte de ruralistas como el secretario de Tierras Nabhan García y la pandemia del covid-19 que los sigue diezmando, son algunos de los escenarios que preocupan a los pueblos originarios .

En un contexto de amenazas y muchas veces desligados y olvidados por el progresismo, los candidatos indígenas comenzaron a movilizarse en todo el país para las elecciones municipales. este año.

La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) reunió virtualmente a cientos de precandidatos indígenas y presentó una plataforma de apoyo a las postulaciones, coordinada por Mídia Ninja. El objetivo es reunir a candidatos indígenas de todos los sectores progresistas y apoyarlos con cursos de capacitación en política, herramientas de comunicación y otras estrategias para ayudar a construir campañas democráticas y diversas.

En las elecciones municipales de 2016, el número de candidatos indígenas correspondió al 0,35% del total, según el balance del Tribunal Superior Electoral . De los 496,900 candidatos para las elecciones de ese año, solo 1,700 eran indígenas. Con la preparación de las precandidaturas, Apib espera que este número de candidatos a concejales, alcaldes y vicealcaldes sea mucho mayor en las elecciones municipales de 2020.

 De cara al 2022

La expectativa de los representantes de la izquierda es que la frustrada unificación en la primera vuelta ocurra en la segunda etapa de las elecciones. Queda por ver quiénes quedarán cuando llegue ese momento.

De cara a 2022, podría haber una coalición electoral en caso de que el PT perciba que corre riesgo de no llegar a la segunda vuelta, como lo ha hecho siempre desde 1989, y que Bolsonaro tenga gran posibilidad de ser reelegido.

 Quizá el PT apoye a un candidato de otro partido, para – incluso perdiendo la elección – seguir siendo un actor relevante de la política. Pero para eso el PT deberá renovarse y sustituir a Lula (que ya tiene 74 años) por alguien más joven y moderno.

Aram Aharonian

Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) y susrysurtv.

http://estrategia.la/2020/09/27/una-izquierda-brasilena-que-se-resiste-a-unirse-para-derrotar-al-fascismo/

20.26.-Chile: El retorno de las tres partes ASCANIO CAVALLO

A las 5 de la tarde -la hora garcialorquiana, la de “la paloma y el leopardo”- del miércoles quedó configurado el panorama político que tendrá Chile a lo menos hasta el 2022: tres facciones, tres alianzas que se aspirarán a repartirse el electorado de las siete competencias que siguen al plebiscito constitucional del 25 de octubre.

3 oct 2020.- Todavía no se puede decir que se vayan a quedar igual en todos los torneos -la necesidad tiene cara de hereje- ni que se vaya a tratar de tres tercios, porque aún hay que ver quién se allega al 30%. Pero, gruesamente, parece que Chile se encamina a retomar la tradición del siglo XX, suspendida por unos 40 años, de dividirse en tres. O, tal vez, de seguir imitando el camino español, caso en el cual podría saltar del bipartidismo a un esquema de cuatro (¿no es José Antonio Kast ese cuarto excluido?).

Por ahora, los tres segmentos quedan constituidos por la derecha, la izquierda y algo que cabe llamar centroizquierda, aunque por ese solo nombre tendrá que vivir tensionada entre una posición objetivamente centrada entre los dos polos y el desgarro, más subjetivo, de muchos de sus miembros que jamás renunciarán a considerarse de izquierda.

El hecho es que, con su inscripción un tanto nerviosa en la tarde del miércoles, el Frente Amplio se apropió de la izquierda. No es una cuestión meramente semántica (si es que hubiera alguna en política que no lo fuese), sino la fuerza derivativa de un proyecto: ha buscado su propio lenguaje, sus instrumentos y su simbolismo. El expresidente Lagos venía anunciando la germinación de dos izquierdas, aunque esta idea resultaba intolerable tanto para los actuales caza-Lagos como para los que creen en la dudosa idea de que la unidad política es siempre superior. A fin de cuentas, todas las coaliciones se construyen escogiendo a algunos socios y excluyendo a otros.

Como todos los movimientos de su tipo, el Frente Amplio venía enfrentando una lucha entre los “ideológicos” y los “pragmáticos”, una línea que -también como siempre- divide a los que defienden la identidad y los principios de aquellos que privilegian la eficacia y la flexibilidad táctica. Era lógico que en una encrucijada como la actual se impusieran los primeros. Por lo menos, era más lógico que pedirle una “limpieza étnica” a la ex Concertación después de que ya le ha pedido (con algún éxito) abjurar de Bachelet, Lagos, Frei, Aylwin y el No. Y más lógico que quedar atados por todo el inicio de la nueva década, y quizás hasta cuándo.

El Frente Amplio ha hecho lo contrario de Podemos en España, que con tal de llegar al gobierno aceptó ser el vagón de cola de un PSOE en declive. Ha preferido intentar convertir a la ex Concertación en los mencheviques de lo que venga, aunque el precio sea fortalecer a la derecha. Siempre pensará que ese precio es temporal, y hasta se puede haber creído ese cierto simulacro de la derecha que siempre la presenta a punto de dividirse antes de volver a juntarse su unidad. Pensará, cabe suponer, que lo de la derecha no es comedia, sino desesperación.

El caso es que el gobierno, desesperado o no, parece haber previsto mejor que sus antagonistas lo que finalmente ha ocurrido. De otro modo es difícil entender el monto de orgullo que el Presidente ha infatuado en el altar de la unidad de la derecha: todo para no perturbar lo que suponía que sucedería entre sus adversarios.

La centroizquierda culpa al Frente Amplio, al que hasta ahora ha considerado un hijo enfurruñado, en parte porque algunos de sus dirigentes en verdad pueden parecerlo. Pero el Frente Amplio ha sido más que eso y ni las melodías de la Presidenta Bachelet ni los villancicos de la alcaldesa Errázuriz podían apaciguar su profunda convicción de emprender una cruzada de alcances más épicos, un desafío más parecido en tamaño a la refundación de una sociedad injusta y corrompida.

El Frente Amplio culpa a la centroizquierda, no sólo por hacer trampa durante las negociaciones (de eso la acusa), sino también porque esa es la manera de apropiarse del 18-O. Si “no son 30 pesos, son 30 años”, entonces los responsables principales de los 30 años no deben aparecer en la misma foto. No es puro integrismo, es una consecuencia lógica de la simpatía con la disrupción de hace un año.

El caso es que si Chile cambió el 18-O, ha cambiado tanto o más en la ya larga estela del Covid-19. Ahora es más pobre, más débil y más inseguro. Miles de personas buscan una explicación para la situación de zozobra en que se encuentran y la vacilante o engorrosa ayuda que han recibido. Y, probablemente, busquen también a quienes puedan ofrecer alguna catarsis, aunque sea alopática, para salir del estado de estupor.

La lucha por interpretar a esta sociedad doblemente sacudida será la materia de las elecciones siguientes al plebiscito del 25. Y esa es una convincente razón adicional para no anteponer el simple activismo electoral a la consolidación de una identidad propia. El Frente Amplio cree que la centroizquierda sólo trata de salvarse de la extinción. Pero su propósito es exactamente ese: que en lo posible se extinga. Otra cosa es que los aludidos persistan en no darse cuenta.

De manera que, como creen algunos de esos aludidos, quizás lo que ocurrió el miércoles pueda tratarse sólo de una primera verónica y que en algún momento podrán arreglar el problema. Pero la discusión ha sido sobre los gobernadores, que son el mayor poder territorial que surgirá de las elecciones: es demasiada implicancia para que después se pueda concordar algo sin algún aire de venganza.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/el-retorno-de-las-tres-partes/AY2L72NDI5CK7MJKW2J4ZGVHBQ/

20.35.-Ese viento de afuera ASCANIO CAVALLO

U.S. President Donald Trump speaks during a campaign rally at Cecil Airport in Jacksonville, Florida, U.S., September 24, 2020. REUTERS/Tom Brenner 

La negativa a firmar el Acuerdo de Escazú se convirtió en otra oportunidad para zamarrear al gobierno. Nadie que conociera el asunto pensaba que Piñera lo podría firmar, con toda la evolución que siguió después de los primeros borradores en su primer gobierno.

27 sep 2020.- Parece una refriega clásica -gobierno versus oposición-, pero los conocedores saben que las líneas por donde pasa el Acuerdo cortan varias lonjas en la sociedad chilena. Pese a la simplificación, el debate ha tenido, al menos, la virtud de recordarles a muchos políticos que aún existe el mundo.

El Chile que se ha metido hacia adentro desde octubre pasado, después con la pandemia y luego con la discusión constitucional, empieza a vivir, aun sin darse cuenta, en un ambiente internacional muy diferente del que había el año pasado. El aire está más turbio, incluso algo mefítico. Las decisiones que deberán tomar el actual y los siguientes gobiernos en política exterior serán notablemente más sensitivas.

El mundo está asistiendo al inicio de una segunda Guerra Fría, ahora encabezada por dos potencias que no se definen, como en la anterior, por su arsenal nuclear, sino por el tecnológico. El gobierno de Donald Trump lo ha bautizado como “desacoplamiento”: el desarrollo de dos economías paralelas, a las que se pretende seccionar de un tajo, cortando todas las formas en que una se encuentra con la otra mediante millones de contactos diarios. Estados Unidos ha decidido confrontar a China tras llegar a la convicción de que tiene aspiraciones hegemónicas, y China se ha propuesto responder en la misma medida en que ve amenazados su intereses nacionales. Las dos cosas son nuevas, aunque pudieran estar en fase de gestación desde hace años.

No existe una economía aislada de los sistemas políticos. Es inevitable que lo que hoy es una guerra tecnológica vaya derivando progresivamente hacia una confrontación entre el capitalismo estadounidense y el comunismo chino. En esto, la línea que divide a Trump de sus opositores demócratas es sólo de énfasis y tácticas, ya no es de fondo. Trump sólo es más agresivo y tajante, como en todo, pero su idea de que China ha excedido sus límites imaginarios se ha convertido en un consenso bipartidista, que no será afectada en lo sustancial si Trump es derrotado en las elecciones de noviembre. Más aún, es una idea que ya ha ganado apoyo también en otros países de Occidente.

Trump quiere ser el cruzado de esta nueva campaña. Y dado que es bastante probable que el mundo globalizado e hiperconectado se resista a una mutilación taxativa como la que pretende, la tensión se trasladará, más temprano que tarde, hacia una presión creciente sobre los demás países para tomar posición. El desacoplamiento económico podría ser convertido muy rápidamente en un desacoplamiento político e ideológico radical. ¿Qué harán los gobiernos frente a esa embestida?

Esas presiones ya llegaron a Chile. La avanzadilla fue la discusión acerca del cable submarino para conectar a Sudamérica con Asia. Desde el gobierno anterior se sucedieron los emisarios de Washington y Beijing para persuadir a La Moneda acerca de las bondades de sus opciones, y las amenazas de la contraria. La visita del secretario de Estado Mike Pompeo, con ese fin prioritario, fue lo que hizo emerger al “lobo guerrero” en el embajador Xu Bu, que desde entonces no abandonó más la esfera pública.

El gobierno actual decidió lo que tiene la apariencia más sensata: escapar de la trampa llevando el cable hasta Australia. En los hechos, Australia ya no es neutral, pero no es lo mismo que Estados Unidos. Pronto las decisiones ya no podrán ser tan versallescas.

Estados Unidos ha mostrado su decisión de alinear -como en la Guerra Fría- a su propio hemisferio, por las buenas o las malas. La reciente elección del nuevo presidente del BID ha sido una exhibición de esa voluntad. Las cuantiosas inversiones que China ha venido ofreciendo en gran parte de Sudamérica se hacen cada vez más problemáticas. Las entusiastas ideas de Piñera respecto de los buses eléctricos chinos pueden estar entrando ahora mismo en el congelador. Los chilenos que imaginaban una segunda ola de ricos sentados en los yuanes quizás deban dar lo soñado por terminado.

Hasta el observador más desprevenido dirá que lo adecuado es mantener una política exterior autónoma, no casarse con nadie, conservar abiertos los canales de comercio para ambos lados y, en fin, sumarse a la aparente legión de independientes. Eso es lo que trató de hacer Frei Montalva en los años 60, y hasta se afilió a los No Alineados, pero es bien sabido que a la postre debió ser un aliado férreo e inequívoco de Washington, y muy poco más tarde la Guerra Fría arrasó cruelmente con toda la política chilena.

No es lo único. No es necesario afiliarse a esa moda de la colapsología que ve un largo proceso de crisis sucesivas para percibir que el paso del Covid-19 ha desnudado un orden mundial en crisis. La principal lección de la pandemia es que la solidaridad humana limita muy de cerca con la mezquindad, y que basta apagar una ampolleta para que el multilateralismo se difumine como un espectro. El mundo, que nunca fue fácil, se está convirtiendo en un lugar más difícil. Y no lo suavizarán ni una nueva Constitución ni un año completo de elecciones.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-ese-viento-de-afuera/U5XVTLIKTJHF7I6FWAMB7JO2OE/ 

  • 20.34.-Chile: Entre la medianoche y la mañana ASCANIO CAVALLO
  • Martín Vizcarra se salvó, pero la crisis política no terminó: qué ocurre en Perú y cómo es el “agujero negro” al que se asoma – GONZALO ZEGARRA
Conferencia del 15 de noviembre donde se anunció el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Crédito: AgenciaUNO

 La foto de la noche del 15 de noviembre tiene un aire grave, un tanto trágico. Mucha gente se agolpa en el costado de una gran mesa. Algunos muestran ganas de aparecer: se puede imaginar que debieron empujar y dar algunos codazos. Otros no tienen igual interés, se quedan atrás, cerca del fondo.

19 sep 2020.- No hay sonrisas. Todos miran a distintos puntos, como si en realidad estuviesen mirando hacia dentro de sí mismos. Es de noche, alta noche: las lámparas de la sede del Congreso en Santiago sugieren una jornada que termina tarde. Acaban de firmar el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. El nombre rinde honor a la tumultuosa concurrencia.

Casi diez meses después, la foto es diferente. No es una muchedumbre, son sólo seis políticos, livianamente invitados, alegremente voluntarios. No hay una mesa, sino un estudio, un espacio diseñado para la ficción. No se representa La Moneda, sino una calle, quizás una plaza, algo como el esqueleto o la abstracción de un barrio. Es de mañana, una mañana falsa, de reflectores que simulan un amanecer impreciso. Todos miran hacia donde deben, porque hay un libreto que se los indica. Todo es falso: la mañana, el barrio, los oficios, los diálogos. Ingeniosos y falsos, que a veces es lo mismo. Es el retrato de una comedia.

Los dramas tratan de rupturas; las comedias, de reuniones. En los dramas la humanidad se fractura, o corre ese peligro. En las comedias la humanidad se repara, riéndose de sí misma, reconociendo que su naturaleza es la comunidad. El drama es pesaroso, sufrido. La comedia es alegre, aunque sea con cinismo.

¿Será así? ¿Será que en diez meses, con pandemia y confinamiento actuando como un azote aleccionador, Chile ha pasado desde el drama a la comedia? ¿Que se desplazó desde la comunidad rota hacia una sociedad en reunión? ¿Será posible estirar la realidad hasta la metáfora de un tránsito de la medianoche al amanecer?

Por alguna razón, que no es tan misteriosa porque está la audiencia de por medio, estos políticos aceptan cambiar el drama por una comedia en la que por lo demás mantienen sus posiciones, bien que alivianadas, simplificadas, hasta un poco frivolizadas. Desde la franja del “No” de 1988 se cree que la ligereza tiene inconmovibles virtudes electorales; se generó en ese ejemplo victorioso una especie de dogma, aunque se trata de un asunto que por definición debería ser siempre flexible, siempre concordante con las condiciones concretas. Y así la foto se empieza a repetir.

Nadie creerá que lo de “Bienvenidos” es algo distinto de un sketch. La falsedad no es lo mismo que el engaño. No es cuestión de sentido del humor, sino de sentido común: esta televisión reverberante, achispada, optimista, no pretende sustituir la política, sino sólo ser fiel a sí misma. Un matinal es lo que todos saben que es, incluyendo a los ex ministros y exparlamentarios que participan en el sketch, como lo hacen gentes de otros oficios, todos los días.

Una escena del sketch presentado este 18 de septiembre en Bienvenidos.

Así como ningún espectador se engaña, ningún invitado puede decir que fue estafado. No es el medio el que requiere a los políticos, son los políticos los que requieren al medio: algo les dice que ese espacio falso, de comedia, de interpretación, es funcional para sus fines; pero sería excesivo pensar que con eso pretenden engañar a alguien. Como la televisión tiende a ser postmoderna, y en prevención de algún espectador idiota, los propios políticos-actores se preocupan de comentar y explicar su presencia en estos espacios. Huelga decir que esos argumentos -de oportunidad, a veces de talante, de pronto incluso republicanos- son redundantes. Le proponen cierta densidad a lo que por definición no quiere ni debe tenerla.

Hay políticos que llevan años circulando por estas esferas, sin que todavía exista evidencia alguna de su posible eficacia política. Lo único que se cree es que esa gran exposición asegura algún lugar en las encuestas, pero nadie ha podido medir el costo contrafactual: cuántos puntos más obtendría una figura por limitarse a otro tipo de espacios, quizás más pertinentes o menos heterodoxos, con menos melaza.

Se atribuye a Lenin haber dicho: “La única cosa que puede arruinar todo lo revolucionario es la frase: esa zalamería de los revolucionarios”. Se refería, en 1917, al halago del pueblo por parte de los dirigentes políticos, a ese afán de adular y satisfacer a las masas en todas sus conductas. Casi un siglo después, Chantal Mouffe, citando a Maquiavelo, ha elogiado la política de “la ocasión” para alentar el avance de un populismo “de izquierda”. Pero Maquiavelo más bien le recomienda al político “una imagen de grandeza”, de sujeto “excepcional”, en vez de aquella “de amigo inútil y enemigo no temible”.

El hecho es que la foto de estos días –la del matinal poblado de políticos esforzados en resultar “no temibles”- transforma la de noviembre (donde, dicho sea de paso, no estuvo ninguno de ellos: podrían alegar que son inocente del drama anterior). No es sólo que las opciones del plebiscito de octubre se conviertan en un conjunto de frases armadas en un libreto, sino que el evento pierde toda su importancia, o quizás su dramatismo.

Ni siquiera hay ya que contar que se impedirá votar a un conjunto de ciudadanos y a otros tantos no se les ofrecerá garantías sanitarias. Aunque se han presenciado muchas campañas livianas, que suponen a un elector de picaresca, pocas veces se habrá visto una clase política tan empeñada en llevar adelante un plebiscito que parezca tan importante y, a la vez, tan ligero.

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20.34.-Martín Vizcarra se salvó, pero la crisis política no terminó: qué ocurre en Perú y cómo es el “agujero negro” al que se asoma – GONZALO ZEGARRA

El Congreso estuvo esta semana a punto de destituir nuevamente al presidente, dos años después de haber forzado la renuncia de su antecesor. La serie de escándalos ha dejado un escenario en el que reina la incertidumbre para las elecciones del próximo año

El Congreso no alcanzó la mayoría necesaria para destituir a Martín Vizcarra, pero nada impide que la oposición vuelva a intentar la vacancia en los próximos meses (AFP)

El Congreso no alcanzó la mayoría necesaria para destituir a Martín Vizcarra, pero nada impide que la oposición vuelva a intentar la vacancia en los próximos meses (AFP) Vizcarra, quien está completando el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, enfrentó esta semana un proceso de destitución con el riesgo de sufrir el mismo destino que su antecesor, pese a que se trata de un Congreso totalmente renovado por la disolución decretada hace un año en un choque entre poderes.

19 sep 2020.- En tanto, todos los ex presidentes vivos del país están condenados o imputados por diversos delitos. A siete meses de nuevas elecciones generales, Perú solo parece dar tumbos en un círculo en el que sale de una crisis política para entrar a otra.

El diagnóstico es unánime y no tan aislado de varios otros países de la región: la debilidad institucional y la falta de partidos políticos fuertes. Sin embargo, al cumplirse 20 años de la difusión de los “vladivideos”, que destaparon la corrupción fujimorista y a la postre forzaron la caída del dictador, el país no ha logrado la refundación política que se prometió en ese entonces.

En un rápido repaso: Alberto Fujimori (1990-200), condenado por crímenes de lesa humanidad; Alejandro Toledo (2001-2006), espera su extradición desde EEUU acusado de recibir hasta 35 millones de dólares de Odebrecht; Alan García (1985-1990; 2006-2011) se disparó cuando la policía iba a detenerlo por el escándalo de la constructora brasileña; Ollanta Humala (2011-2016) podría enfrentar 20 años de cárcel por lavado de activos; y Kuczynsky (2016-2018), bajo arresto domiciliario, también por el caso Lava Jato.

Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski

“La polarización entre fujimorismo y antifujimorismo marcó todo el período del nuevo siglo, es la lógica que ha movido el escenario desde 2001. La reconstrucción institucional y política no es fácil y los actores que estaban llamados a hacerla fracasaron. Alejandro Toledo (2001-2006) debía sentar las bases, pero abandonó esa agenda de reforma institucional. Los que siguieron, no tuvieron demasiado interés y recién ahora estamos discutiendo el tema”, explicó a Infobae Martín Tanaka, doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad Católica del Perú.

El análisis es similar al del sociólogo y analista político Agustín Haya de la Torre, quien subrayó la crisis de representatividad de los partidos. Si bien considera que la transición liderada por Valentín Paniagua (2000-2001) “fue impecable”, lamenta que no hubo el tiempo o el margen necesario para un cambio de la Constitución fujimorista de 1993. “La debilidad de los partidos dio lugar a una serie de movimientos que no han dejado de surgir y resurgir. Lo que hay ahora son partidos regionales, locales. Mayormente son agrupaciones circunstanciales, que han devenido en una nueva burguesía proveniente de las economías informales, lindando con lo delicitivo, que forman su propio partido porque tienen mucho dinero”, expresó en diálogo con este medio.

Haya se refiere a movimientos como Alianza para el Progreso y Podemos Perú, lideradas por César Acuña y José Luna, dos poderosos empresarios que se enriquecieron con la educación privada, administrando universidades de escaso prestigio y que ahora combaten desde el Congreso fieramente los intentos de reforma educativa; ; y a Unión Por el Perú, partido etnonacionalista comandado desde prisión por Antauro Humala (hermano del ex mandatario), preso por la muerte de cuatro policías en un levantamiento armado en 2005.

Si el bloque fujimorista de Fuerza Popular que forzó la salida Kuzcynski dominaba el Legislativo con una aplastante mayoría, ahora está reducido a una bancada menor y de escaso respaldo en las urnas por sus vínculos con la corrupción. Pero eso no se trasladó a una fortaleza de Vizcarra, cuya formación política no compitió en las elecciones extraordinarias de enero, y acabó sentado en el banquillo por una rocambolesca acusación de malversación y unos audios surgidos de su propio círculo cercano. Aunque la denuncia perdió fuerza en los últimos días y se alejó del umbral necesario para la destitución, de todas formas empañó la cruzada anticorrupción que impulsaba el Ejecutivo.

En principio, 65 congresistas habían aprobado la moción de censura, no tan lejos de los 87 necesarios para la destitución. Finalmente, solo 32 votaron por la vacancia (EFE)

La politóloga Milagros Campos, docente en la Universidad Católica y la Universidad San Martín, se refirió a la compleja situación que enfrenta el mandatario: “Vizcarra es un presidente que desde temprano se configura como sin partido y sin bancada. Tiene a 130 congresistas sin ningún vínculo político con el gobierno. Cuando censuran a sus ministros, nadie se opone. Lo normal es que la oposición presente mecanismos de control y alguien cercano al gobierno lo defienda. Este gobierno es de un presidente solitario y con un entorno muy acotado”. El mandatario tampoco intentó tender puentes con gabinetes de coalición.

Si bien la popularidad de Vizcarra alcanzó niveles no vistos en décadas (especialmente tras cerrar el Congreso y también en el inicio de la pandemia, superando el 80%), la gravedad de la crisis sanitaria y económica ha mermado su aprobación. Si algo lo salva es que los congresistas se llevan el mayor rechazo (imagen negativa de 72%, según IPSOS), aun después de la votación que reconfiguró las fuerzas y castigó a los partidos más ensuciados con la corrupción. Pero la disolución no necesariamente trajo mejoras sustanciales.

Pasamos de un extremo a otro”, expresó Tanaka. “Antes el fujimorismo tenía mayoría absoluta, ahora uno encuentra el mayor nivel de fragmentación”. Al tratarse de una legislatura corta (menos de dos años), y con la nueva prohibición de reelección parlamentaria, muchos “pesos pesados” políticos no postularon (reservándose para 2021) y los partidos presentaron en su mayoría candidatos de poca experiencia.

Manuel Merino, de Acción Popular, estaba en la línea sucesoria como presidente del Congreso. Podría ser acusado de sedición por haber contactado a las Fuerzas Armadas. Lo que comenzó con una masiva adhesión a la destitución de Vizcarra terminó desinflándose

Campos sostiene que la prohibición de reelección quitó incentivos para la cooperación entre agrupaciones o incluso entre congresistas de una misma bancada. “Hay partidos que están inscritos como tales pero que no constituyen propiamente un agregado de intereses y posiciones ideológicas. Terminan siendo la suma de intereses muy particularistas ajenos a una actividad política”.

Las sorpresas de esta peculiar conformación no se hicieron esperar, pero en el sentido opuesto.

“Antes de la epidemia, esperábamos un Congreso timorato, sin mayores iniciativas, sin ponerse de acuerdo, relativamente mediocre. La pandemia cambió totalmente la dinámica. Con los problemas que ha tenido el gobierno para manejarla, el Congreso empezó a tener un protagonismo inesperado”, apuntó Tanaka.

Si Perú se ha caracterizado por las crisis políticas mencionadas, es igualmente llamativo otro detalle: no han estado acompañadas por caídas económicas. El piloto automático del orden ortodoxo de las finanzas se mantuvo intocable… hasta ahora.

“Se dio algo que no habíamos visto hace 20 o 30 años: un parlamento desafiando abiertamente el manejo económico. La izquierda siempre cuestionó al modelo neoliberal, pero ahora uno encuentra parlamentarios de todos los grupos desafiando la ortodoxia de mercado, pidiendo un aumento del gasto público, más intervenciones. Cuando les dicen que las medidas son insostenibles, la respuesta es populista. Es un cambio muy notorio. El desorden político no es novedad, pero hay tendencias y conductas difícilmente previsibles”, sostuvo Tanaka.

En sintonía, Haya analizó: “Es un fenómeno peculiar. Cuando terminó la hegemonía del fujimorismo, se acentuó un aliento de hastío ante el modelo económico liberal, y los movimientos políticos recogen un aliento popular muy confuso. Están en contra del modelo, pero improvisados, poco articulados. Expresan un hartazgo con el modelo que ha generado 75% de informalidad y economías delictivas, contra una situación anómica, de poco respeto por la ley”.

Cuatro partidos populistas rivales comparten el control del nuevo Congreso en una compleja alianza. Una de las sorpresas fue la irrupción del disciplinado partido Frepap, de origen evangélico

A siete meses de las elecciones presidenciales, reina la incertidumbre, con un número alto de indecisos en las encuestas. “Hasta 2016, uno creía identificar cierto elenco estable de candidatos, uno sabía que los ex candidatos se iban a presentar y que el fujimorismo iba a tener un candidato de fuerza. Con el suicidio de Alan García, la crisis del fujimorismo, y los problemas judiciales de los líderes, se ha quitado del escenario a los actores que uno acostumbra ver y ha dejado un espacio vacío”, adelantó Tanaka.

Y aunque medio año puede ser mucho tiempo para cuestiones de campaña, este mismo mes ya se tendrán algunas definiciones: vence el plazo para la afiliación a partidos. Quien no lo haga, no podrá postular, y en esa situación están tres de los candidatos que asoman en las encuestas y que no están inscritos en ningún movimiento: el ex futbolista y actual alcalde del barrio limeño de La Victoria, George Forsyth; el congresista y general en retiro Daniel Urresti, con recientes declaraciones homofóbicas; y la centro-izquierdista Verónika Mendoza, ex candidata presidencial.

Además, habrá otro ingrediente que cambia el escenario tradicional, una clara consecuencia de los escándalos de Lava Jato que implicaron a la enorme mayoría de partidos por recibir fondos de campaña provenientes de la corrupción. “Por primera vez vamos a ver elecciones sin publicidades fuera de la franja electoral, con un control mucho más fuerte del financiamiento. Será una campaña atípica, con reglas nuevas. pueden llevar a un resultado insospechado, se puede generar el triunfo de alguien que hoy no podemos ver”, adelantó Campos.

Sobre la posibilidad de un “Bolsonaro peruano” o un líder considerado extremista, en medio de una acuciante crisis económica y un salto de la pobreza de 10 puntos porcentuales, Tanaka consideró: “Es el gran temor, el avance de algún candidato que bajo la bandera del orden, antisistema, de carácter conservador frente al fracaso de las élites. Deberíamos preocuparnos”.

Por su parte, Haya apunta un tono pesimista. Su reclamo por partidos fuertes puede estar además ligado a su pasado y origen, dos veces diputado en los años 80 y sobrino de Victor Raúl Haya de la Torre, histórico político y fundador del APRA, una de los últimos grandes movimientos del país, hoy sin representación en el Congreso y sin proyecciones alentadoras. “Los escándalos han profundizado el desasosiego. Hace 30 años esperamos que los partidos se recompongan, pero ahora ya tengo mis dudas. Es muy difícil pronosticar el 2021, la elección es un agujero negro, vaya uno a saber qué pasará”.

https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/09/19/martin-vizcarra-se-salvo-pero-la-crisis-politica-no-termino-que-ocurre-en-peru-y-como-es-el-agujero-negro-al-que-se-asoma/

  • 20.33.-Chile: la incubadora y el íncuboASCANIO CAVALLO
  • Argentina, solo un respiro BEETHOVEN HERRERA

Qué pasará en Chile una vez que ceda la pandemia? Cuando se hace esta pregunta, muy pocos están pensando en el balance sanitario después del arrollador tránsito del Covid-19 por el país. Menos todavía los que imaginan una nueva política de salud para enfrentar epidemias futuras. Lo que muchos piensan es si volverá o no la protesta callejera -el 18-0 remozado-, con qué fuerza, con qué extensión.

12 sep 2020.- Ese es otro más de los temas que hoy se conversan con un lenguaje metafórico, o sinecdótico, donde lo que se dice no es exactamente lo que se quiere decir, sino algo próximo o asociativo. ¿Cuáles son esos otros temas? Todos, pues: el plebiscito, la Constitución, el gobierno, la oposición, los candidatos, los pactos, los no-pactos…

El gobierno ya resolvió extender por otros 90 días el estado de excepción, aludiendo a razones sanitarias. Como todas las buenas excusas, esta tiene su carga de ambigüedad: en efecto, la pandemia no está controlada, en algunos lugares se porta como una montaña rusa y la opinión pública acusaría al propio gobierno de precipitarse si hiciera algo distinto. Pero, por debajo, algunos alientan que así sea justamente para frenar el ímpetu callejero y otros sospechan que eso es lo único que en realidad mueve al gobierno. Y aún otros, con aire más científico, anotan que la protesta violenta se ha vuelto endémica en los 30 y pico puntos de Santiago donde se ostenta desde hace ya unos 40 años con total libertad.

Y esta pregunta sólo es un preludio de muchas más, partiendo por: ¿en qué condiciones se podrá hacer el plebiscito del 25-O? Y después, ¿bastará el plebiscito para detener la violencia? ¿Tratarán los violentos de influir en la elección de convencionales? ¿Permitirán un proceso de debate racional y amplio? Etcétera.

Una vez más, no son preguntas únicamente nacionales. A menudo el parroquialismo y el singularísimo impiden a los chilenos verse como parte de una corriente más ancha, aunque la mayor parte de su historia ha estado finamente sincronizada con el torrente de la gran Historia. Esta vez no es diferente.

En estos meses, los profesores italianos Roberto Censolo y Massimo Morelli estudiaron las 57 mayores epidemias desde la Peste Negra de 1346 hasta la Gripe Española de 1919 y las correlacionaron con disturbios graves antes y después de cada una. En su estudio (publicado en la revista Peace Economics, Peace Science and Public Policy) hallaron sólo cuatro casos de revueltas durante las epidemias, lo que confirma una de sus dos tesis: que la plaga desplaza los conflictos anteriores.

La segunda tesis es que el período epidémico actúa como una “incubadora social”, donde se acumulan tensiones para estallar con más fuerza después de la emergencia. El detalle es que este “después” puede tomar años: por ejemplo, 17 en el caso de la revolución de 1848 en París, que el historiador Frank Snowden considera como rebote tardío de la gran epidemia de cólera de 1831.

Visto con esos plazos, podría ocurrir, por ejemplo, que los que alimentan la “incubadora” en un momento dado sean los que estén en el poder cuando salga el íncubo. La historia suele ser algo más caprichosa que los estudios.

¿Y cuándo, entonces, se podrá dar por terminada la pandemia? Clínicamente, sólo cuando exista una vacuna segura, un año más o algo así. Socialmente, cuando la gente crea que hay condiciones para retomar sus actividades normales. Una encuesta de Deloitte-Cadem conocida el viernes arroja resultados sorprendentes: más de la mitad de las personas piensa que no retomará la mayoría de sus actividades corrientes -desde encontrar un trabajo hasta enviar a los niños al colegio- antes de seis meses. De modo paradojal, también una mayoría piensa que ahora mismo, sin tomar en cuenta esa enorme postergación, la situación económica está mejor (excepto el empleo) y mejorará aún más (incluso el empleo). La misma pregunta hecha a un panel de dirigentes de empresas presenta resultados más cautelosos: la economía no se recuperará tan rápido.

En el ambiente de lenguaje doble y pensamiento alegórico por el que atraviesa el país, también esto puede significar un combate de opuestos. El polo del pesimismo, con su inagotable vocación trágica, puede deducir que la falta de confianza social incrementará en forma explosiva el malestar mientras más tarda la recuperación. El polo del optimismo, armado de su sonriente inclinación por la comedia, puede pensar que de todo esto sólo saldrá una sociedad renovada y constructiva, que después del plebiscito favorecerá la ruta de la paz institucional.

Ambas cosas son apuestas, desde luego. Por de pronto, la supuesta salida a la crisis político-social, el plebiscito de octubre, se hace más y más problemático. Además de las negligencias para garantizar el derecho a votar de todos los ciudadanos, aparece secuestrado por los escuálidos partidos, fuera de los cuales no hay espacio para las candidaturas de independientes: es como si los legisladores y las autoridades electorales no divisaran las necesidades de salubridad psicológica y política de ese momento inaugural. Como si no vieran la incubadora.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-la-incubadora-y-el-incubo/WQCUFLUZWJCYZHQYYDL6D6ZYDM/

20.33.-Argentina, solo un respiro BEETHOVEN HERRERA

Ha enfrentado la pandemia con emisión monetaria, pero si no logra recursos externos frescos, esa emisión inorgánica traería hiperinflación.

Las relaciones financieras externas de Argentina muestran altibajos que van desde la declaratoria de la más grande moratoria del capitalismo en 2001, la pérdida de acceso al financiamiento, la demanda de los tenedores de bonos que no aceptaron reducir el valor de sus títulos hasta la condena del juez Thomas Griesa de Nueva York, que obligaba al gobierno argentino a cumplir el pago a esos bonos por su valor pleno y la extensión del reconocimiento a quienes aceptaron la rebaja.

7 sep 2020.- Restablecer las relaciones con el Club de París y con el FMI implicó aceptar la reforma del Instituto de Estadística y Censos (Indec), pues las instituciones internacionales consideraban poco confiables las cifras elaboradas por dicha entidad.

El rechazo del gobierno de Cristina Fernández a las reclamaciones de los fondos especulativos que habían comprado bonos no reestructurados consiguió el apoyo de países que consideraban que los gobiernos deben mantener el derecho a renegociar sus deudas y consideraban “infame” el citado fallo. Pero el impacto negativo para el acceso argentino al crédito internacional llevó al gobierno de Macri a aceptar el fallo y a acordar el pago y así se restablecieron las relaciones financieras internacionales. Gracias a eso el presidente Fernández pudo iniciar la renegociación y llegar al acuerdo que finalizó la cesación de pagos.

El acuerdo permitió reestructurar una deuda superior a US$65.000 millones con un ahorro estimado en US$30.000 millones, pues el monto de la deuda se redujo finalmente al 54.8% y los intereses bajaron del 7% inicial hasta el 3%. La deuda externa había aumentado abrumadoramente con los US$44.000 millones que recibió del FMI el entonces presidente Macri para apuntalar, inútilmente, el peso; el cual ha perdido 80% de su valor desde 2015.

Al asumir el presidente Fernández rechazó el saldo del préstamo aprobado por el FMI y designó en el ministerio de economía a Martín Guzmán, investigador de Columbia cercano al Nobel Stiglitz. Se concentraron en resolver las acreencias anteriores, lo cual en medio de la pandemia fue extremadamente difícil, al punto que Argentina reconoce una caída de 12% del PIB y suspendió los pagos de deuda en Mayo, en la novena moratoria de su historia.

Cuando el presidente Fernández sugirió que suspendería las negociaciones su vicepresidenta Cristina Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Masa le dijeron que el país no podía seguir en cesación de pagos: de inmediato, luego del acuerdo los bonos argentinos subieron 12% en su cotización y el dólar paralelo (blue) bajó 6%.

Tras este acuerdo con tenedores privados de bonos ahora sigue la renegociación con el FMI (de quien Argentina es su mayor deudor), por US$44.000 y con el Club de Paris. Este acuerdo ha ayudado a descomprimir el mercado cambiario, pero no es suficiente pues los problemas monetarios subsisten y el déficit fiscal asciende al 10% del PIB.

Aunque el acuerdo ayudará mucho, restan tareas por hacer. Hasta ahora el gobierno ha enfrentado la pandemia con emisión monetaria, pero si no logran recursos externos frescos, esa emisión inorgánica puede traer de regreso la hiperinflación.

¡Historia conocida…!

Beethoven Herrera Valencia

Profesor, universidades Nacional y Externado.

beethovenhv@gmail.com

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/argentina-solo-un-respiro-beethoven-herrera-valencia-544343

  • 20.32.-Chile: Lavín y Longueira ASCANIO CAVALLO
  • Uruguay, éxito en la pandemia BEETHOVEN HERRERA

Todos los partidos políticos estaban pensando en nombres de alto rango, pero nadie lo decía. A los que tienen pocas figuras de repertorio, ese silencio les era muy cómodo. Longueira lo volteó. Repuso la idea, un poco diluida en los últimos tiempos, de una UDI volcada a los votos, la “UDI popular” que inventó en los 90 y a la que convirtió en la primera fuerza política del país.

Ah, Pablo Longueira, de nuevo. Este es uno de los pocos políticos chilenos -sobran los dedos para contarlos- que tienen la capacidad de sacudir el debate público con unas cuantas palabras. Sabe cómo hacerlo: dibuja un futuro, imagina a los personajes y echa a andar una trama en varios actos. Arma un relato, o acaso un psicodrama. También sabe que a cuanto diga le seguirá una tormenta de ataques políticos, personales, históricos y (esta vez) penales. No sólo los puede soportar, sino que los integra al psicodrama: los ataques confirman la trama.

Durante toda una semana, la política ha girado en torno a su tesis de que la derecha debe impedir que el triunfo del Apruebo en el plebiscito constitucional signifique el derrocamiento del gobierno de Piñera. Eso, dice, es lo que planea la izquierda. No pierde tiempo con el matiz. No dice ultraizquierda, antisistémicos, polos revolucionarios. Simplemente, la izquierda.

Su tesis no es nueva. Lleva unas cuantas semanas de desarrollo dentro de La Moneda. Pero ninguna parte del gobierno podría plantearla de esa manera. Lo mismo ocurre con la segunda parte del razonamiento de Longueira, según el cual la derecha debe apostar a la convención constituyente. Y, para ello, llevar una selección de candidatos fuertes, es decir, políticos conocidos. Con esas pocas palabras, se difumina la idea de una asamblea casi vecinal, y emerge la de una convención cuyas figuras serían similares o superiores a las que hoy habitan el Congreso. La convención pasa a ser una fortaleza frente a un Parlamento que ha desafiado una y otra vez al gobierno y al sistema institucional.

Todos los partidos políticos estaban pensando en nombres de alto rango, pero nadie lo decía. A los que tienen pocas figuras de repertorio, ese silencio les era muy cómodo. Longueira lo volteó. Repuso la idea, un poco diluida en los últimos tiempos, de una UDI volcada a los votos, la “UDI popular” que inventó en los 90 y a la que convirtió en la primera fuerza política del país.

La “UDI popular” contravenía la idea de Jaime Guzmán de un partido pequeño, cohesionado y doctrinario, un partido “de vanguardia” de acuerdo con los prototipos revolucionarios. Pero Longueira sabía que Guzmán era más contradictorio de lo que se creía y mucho más pragmático de lo que sus discursos sugerían. Por lo tanto, no vio incoherencia en desarrollar un partido “de masas”, más cerca de Stalin o Mussolini que de Lenin.

Para qué decir que el psicodrama de Longueira es totalmente funcional a la candidatura permanente de Joaquín Lavín. Hay una pequeña disonancia entre ambos. Lavín cree que la élite dirigente está polarizada, mientras que la mayoría del país sigue un ideal moderado. La tesis de Longueira supone una confrontación entre gente poco moderada, una continuación del ambiente del 18-O, donde -según parece creer- unos se callaron mientras otros se tomaban la escena. La idea de Lavín es la de un acuerdo concesivo y naturalizado. La de Longueira implica un acuerdo forzado, partiendo del principio de que ni la ley ni el orden son naturales. Los dos políticos juntan plenamente sólo en la percepción -por lo demás, amplia- de que el centrismo, el laicismo ilustrado, el socialcristianismo, la socialdemocracia, sufren un déficit sostenido de identidad política, autonomía moral y propiedad de liderazgo, y que hay allí un voluminoso electorado a un tris de la orfandad.

Lavín lleva 20 años tratando de ser Presidente de Chile. Longueira ni siquiera soportó la idea la única vez que pudo. Lavín quiere una foto en la historia, Longueira aspira a diseñarla. Lavín es una estrella con un guion infantilizado; Longueira, un dramaturgo con una trama por delante. Uno trata de seguir la corriente, el otro siempre prefiere nadar río arriba. Tal vez Lavín podría fiarse poco de Longueira desde la tortuosa campaña presidencial del 2000; quizás Longueira querría impedir que Lavín no termine de transformarse -por ejemplo, que se declare de izquierda- antes de rescatar el vigor de su propio bando.

Para Longueira la clave no es la Presidencia, sino la convención. Ya una vez diseñó, con su mentalidad de ingeniero, un método que le permitiera a la UDI maximizar el rendimiento de sus votos dentro del sistema binominal. Después hizo lo mismo con los alcaldes, dentro del sistema proporcional. Y ahora, probablemente, está identificando los numerosos forados que tiene el actual sistema electoral, para plantar una amenaza más real que cualquier discurso en contra de quienes lograron escaños en el Congreso con bases precarias. Y esa es otra dimensión -menos espectacular, más tecnocrática- en la que el exdirigente ha entrado a sacudir el ambiente.

Quizás todo esto no dure más allá del juicio que debe afrontar en octubre con la acusación de cohecho dentro del caso Soquimich. Pero la estaca clavada se hunde profundamente en el corazón de los eventos electorales que se inauguran ese mismo mes.

En la trama que ha creado cabe todo, aunque las prioridades son claras: convención, alcaldes, parlamentarios. Sólo después la Presidencia. Sabe que en esta época proliferan los prolegómenos, es decir, los precandidatos. Es la época de los mistificadores, los mentirosos, los idealistas, los insolentes, los soñadores y los audaces. A veces queda poco rastro de ellos en sólo unos meses.

Longueira no ha aceptado sacudirse en la tumba. Redivivo, estentóreo, ahora con un aire de fragilidad que agrega un toque de melodrama, pero lo mantiene igual a sí mismo, ha venido a recordar que la política nunca deja de ser la política, como quiera que sea infantil o espectral.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-lavin-y-longueira/IKCH7BJK7ZF25MOIMCK4RAJYQY/ 

20.32.-Uruguay, éxito en la pandemia BEETHOVEN HERRERA

Entre el 13 de marzo y 6 de agosto de 2020, en Uruguay se registraron 1.318 casos de coronavirus, se han recuperado 1.079 y han fallecido 37.

Numerosos medios internacionales han destacado el manejo de la pandemia en Uruguay y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha resaltado las estrategias adoptadas en ese país y The Economist considera que el éxito radica en la respuesta rápida de las autoridades. Entre el 13 de marzo y 6 de agosto de 2020 se registraron 1.318 casos de coronavirus, se han recuperado 1.079 y han fallecido 37. Resulta notable que un país de 176.215 kilómetros cuadrados con 3.323.906 de habitantes, se destaque en educación virtual y salud pública.

30 ago 2020.- Cuando se declaró la pandemia habían pasado solo 12 días de la asunción del nuevo presidente, Luis Alberto Lacalle Pou, elegido por una coalición tras quince años de gobierno del Frente Amplio de izquierda, y por supuesto que en tan poco tiempo no podría esperarse que fuera por obra de ese nuevo gobierno la estrategia exitosa ante la pandemia. La respuesta a este reto se fundamentó en un sistema de salud sólido, que empezó a gestarse en 2005, durante la primera presidencia de Tabaré Vásquez, médico de profesión y ese Sistema Nacional Integrado de Salud articula las capacidades de prestadores públicos y privados, y garantiza el acceso todos los residentes a una prestación integral de calidad.

El representante de la OPS, Wilson Benia, estima que dicho éxito se basa en el desarrollo del primer nivel de atención, el sistema de vigilancia epidemiológica, con liderazgo de la autoridad sanitaria y disponibilidad de las historias clínicas electrónicas en la red de internet.

La emergencia ha tenido efectos devastadores en todos los sectores, especialmente en la educación, pues pasar intempestivamente de clases presenciales a virtuales no era fácil, salvo que se contara previamente con bases sólidas y estrategias pertinentes para que los estudiantes tuvieran acceso a equipos y conectividad. Desde 2007 el presidente Tabaré Vásquez del Frente Amplio lanzó el Plan Ceibal como una apuesta por la inclusión e igualdad de oportunidades: cada niño, niña y adolescente que ingresa al sistema educativo público del país, accede a una computadora personal y conexión a internet gratuita.

Con este Plan, Uruguay se convirtió en el primer país que desarrolló el programa One Laptop Per Child (Un portátil por niño) ideado por el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Dicho plan se mantiene como política de Estado y adquiere personería jurídica en 2010, cuando se crea el Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia, el cual en una década de funcionamiento ha desarrollado numerosas plataformas educativas, entre las que se destaca CREA, con materiales para diversas asignaturas. Dicha plataforma registró un promedio de 270.000 visitas diarias durante los primeros meses de la pandemia y el 6 de julio, se inició el retorno a clases presenciales.

Los avances en la digitalización son también notables en temas de gobierno, por lo que Uruguay es parte del grupo Digital 9 (D), que reúne a los países líderes en Gobierno Digital a nivel mundial junto con Corea del Sur, Estonia, Israel, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, México y Portugal.

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/uruguay-exito-en-la-pandemia-544117

20.31.-Chile: 2021, wonder year – ASCANIO CAVALLO

El plebiscito del 25 de octubre no se realizará en condiciones óptimas: este ya es un hecho e importará poco si la culpa es del gobierno, del Congreso, del Servel o de todos juntos. Importa ahora que sea óptimo el proceso de votación y entrega de resultados. También es un hecho que la discusión constitucional ha comenzado. ¿Qué se puede prever entonces para el 2021?

29 ago 2020.- El primer dato es que el trimestre final de este año dejará, según cálculos convergentes, unos tres millones de cesantes, la cifra más alta que haya tenido Chile desde los 80. Los empleos para ocupar a esas personas demorarán en crearse y esa tarea tomará, posiblemente, todo el 2021. La herencia asociada es la recesión producida por lo que los economistas llaman la “triple parálisis” -oferta, demanda, inversión-, un callejón cuya salida es más estrecha y morosa que la entrada.

El segundo elemento es el Covid-19, que salvo un nuevo giro de la ciencia médica, permanecerá presente, con rasgos más y menos amenazantes, durante la mayor parte del próximo año. La pandemia, que ha venido a ser como la continuación de la globalización por otros medios, será un espectro sentado a un costado de la recesión y no habría que extrañarse si, como ha ocurrido, el vértigo de las imprecisiones, la corrección de cifras y las comparaciones tengan una ronda más rotunda. De momento se puede decir que los altos contagios obtenidos por Chile son una muestra de que su interconexión con el mundo es mayor de lo que los chilenos perciben.

Luego está el ambiente de crisis social, ahora presionada por una situación económica nueva, muy distinta de la que había a fines de 2019. Octubre de este año, el aniversario del 18-O, será, con toda probabilidad, un termómetro para saber si la movilización y la violencia están más calientes o, si por el contrario, se han subsumido dentro la apertura de un “nuevo ciclo”, como algunos creen. Hay una diferencia crucial entre el encapsulamiento y la expansión de la protesta de cara al año que viene.

El 2021 no entrará con discreción, sino con un carnaval de campañas electorales: alcaldes, concejales y, por primera vez, gobernadores regionales. Por restringidas que aún sean las facultades de estos últimos, habrá un reajuste al alza de las regiones y, por rebote, a la baja de las comunas. Desde el punto de vista del capital electoral, en algunos casos un gobernador será lo mismo que un senador y en otros, más. El de Santiago podría quedar cerca del Presidente.

En esa misma elección se agregarán los 155 constituyentes. La convención que los reúne, cualquiera sea la modalidad de integración, será un espejo numérico y distrital de los diputados. Quienes creen, con el pesimismo por delante, que la convención constituyente no será mucho más que una “cámara de segunda”, tienen que admitir al menos la posibilidad contraria: que la convención sea la nueva “cámara de primera”, esto es, que pase a tomar el protagonismo del debate público, con la inevitable confrontación entre -nada menos- los modelos de convivencia para el futuro. Para los diputados, sobrepasar el marco constitucional vigente, o las facultades del Presidente, o del propio Congreso, tendrá en el 2021 impactos y costos diferentes de los que ha tenido hasta ahora; su inteligencia será puesta a prueba para medir de otra forma sus actuaciones en el hemiciclo.

Es obvio que la convención no agotará el debate público, pero lo concentrará y, sobre todo, le dará el rango monumental de una discusión sobre el futuro y no sobre la coyuntura, que siempre es un poco rácana. Ser un convencional debería tener cierta auréola intelectual, mientras que la política se arrinconará un poco más en el espacio demasiado pequeño que las encuestas le están asignando.

Apenas seis meses después de ese momento vendrán otras cuatro elecciones: presidente, diputados, senadores y cores. Parece inevitable que todas ellas se interconecten con todo lo anterior: la presidencial se constitucionalizará, la constitucional se presidencializará, ambas se parlamentarizarán, y así por delante.

Los candidatos a alcaldes, ¿no serán tocados por su gestión comunal de la pandemia? Y los candidatos a diputados y senadores, aunque tocados con el óleo crismal del límite a las reelecciones, ¿podrán dejar a un lado la crisis sanitaria y económica, el poder regional y el momento constitucional para refugiarse en el tipo ya conocido de ofertas electorales? ¿Y qué candidato presidencial podría esquivar la polémica constitucional cuando ésta estará cursando la mitad de su misión?

Queda todavía un grano de otra especia: cuando se inicie el nuevo año, Estados Unidos habrá librado su “elección del siglo”. Trump ya ha demostrado que su presencia no es indiferente para nadie. Si su objetivo hubiese sido sólo notarse, lo ha logrado con largueza y ya no hay duda de que su ausencia significaría un nuevo ambiente mundial. A lo menos desde la pandemia, estas cosas suceden cada vez menos lejos.

En inglés, a wonder year designa a un año “maravilloso”, también en el sentido de “curioso”, “asombroso” o “extraño”. En los dos siglos de República, el 2021 será uno de esos.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-2021-wonder-year/HLXGVX227VCZPMIGO2CTLBV57U/ 

20.37.-Chile: la válvula del plebiscito – ASCANIO CAVALLO

Papeleta del plebiscito constitucional del domingo 25 de octubre 

A dos semanas de distancia, parece un hecho que el plebiscito constitucional del domingo 25 carecerá de dramatismo. Una condición para que un evento electoral sea dramático es que la sociedad perciba que está en juego un asunto prioritario para su vida como tal.

10 oct 2020.- Eso es lo que ocurrió en 1988, pero ya también está claro que ese fue un suceso irrepetible. Las prioridades mayoritarias de estos días son muy diferentes, como lo expresa el hecho, algo sardónico, de que se tratará de una elección bajo estado de excepción. Desde luego, primero está la emergencia sanitaria, aún en curso. Y a su lado, en paralelo, la emergencia económica: el empleo, el ingreso, la recesión y la precariedad.

Otra condición es que haya movilización, es decir, campaña electoral. Como esto no es posible en las condiciones sanitarias actuales, las únicas campañas con visos de eficacia se realizan a través del zumbido inaudible de las redes digitales. De la franja televisiva no hay casi nada que decir, excepto que la fragmentación partidaria la ha convertido en un espacio más parecido a un ensayo de Godard, pero sin Godard. (Quedará para el futuro debatir por qué todavía se le exige a una industria anémica, como la televisión de hoy, que cumpla con una obligación impuesta en otro contexto de audiencias, ingresos y capacidades).

Por fin, una última condición es que sea un torneo competitivo. Si las encuestas no se equivocan, el resultado ya es predecible; en realidad, la única sorpresa sería un triunfo del Rechazo. Pero esto sería raro justamente porque sería dramático. El plebiscito fue concebido como una salida institucional a una crisis sociopolítica que, en el momento en que sus protagonistas lo acordaron, carecía de una interpretación consolidada.

Y aún carece. Es útil recordar que los hechos iniciados en la tarde del 18 de octubre del 2019 parecieron inicialmente una reacción violenta al colapso del transporte en Santiago. Quienes minimizan esta dimensión harían bien en leer Siete kabezas, el ensayo de Iván Poduje que muestra -testimonialmente, sin especulación- hasta qué punto el transporte público llegó a convertirse en una metáfora encarnada de la segregación y la inmovilidad social, lo que explica por qué el Metro ha podido ser al mismo tiempo un orgullo urbano y una execración social.

En los días posteriores, junto con extenderse a otras ciudades, el movimiento masivo empezó a parecer una protesta contra el modelo político-económico y una abundancia mal distribuida (“tus privilegios serán míos”). En ciertas jornadas específicas, alrededor de noviembre, adquirió, además, el perfil de un esfuerzo directamente apuntado a derribar al gobierno de Sebastián Piñera.

Aún no hay una explicación, tampoco, para que los hechos de violencia intensa parecieran refrendados por la enorme marcha pacífica del 25 de octubre: es seguro que la mayoría de esos millares de personas no incendiarían estaciones ni saquearían comercios. Pero aún es imposible saber si estaban allí como un modo de cohonestar la violencia o más bien como una manera de refutarla a través de un acto pacífico.

Todas esas ambigüedades fueron interpretadas por los dirigentes políticos en un Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución que no logró exactamente restaurar la paz social, pero sí dio curso al proceso para debatir una nueva Carta Fundamental; es decir, logró cumplir una de sus dos partes. Sigue siendo importante el hecho de que no todos los grupos políticos suscribieron ese acuerdo. Y los que no lo hicieron -el PC y el Frente Amplio- fueron los que en ese momento buscaban otros fines, pero especialmente que no querían interpretar las protestas en el sentido restrictivo de un mero cambio constitucional.

En un aspecto tenían razón: era un exceso intelectual (o quizás retórico) pretender que todo ese movimiento sólo quería cambiar la Constitución. Pero la interpretación más extensa -un brote revolucionario o algo así- era otro exceso intelectual, un tic igualmente voluntarista aplicado a un fenómeno tan complejo y diverso que aún no se termina de procesar.

Los primeros propusieron un camino institucional; los segundos habrían preferido una salida menos formal, quizás una prolongación de la turbulencia hasta que viniera a hacerse cargo alguna vanguardia organizada. Si ganaron los primeros es porque al menos tenían una propuesta de convivencia.

Los intentos por revivir en días recientes el clima del 18 de octubre sólo pueden ser entendidos al margen del plebiscito y del debate por la Constitución. No son, ni de lejos, movilizaciones en favor del Apruebo. En la mayor parte de los casos, de hecho, son acciones en contra del plebiscito, un tema que no está en sus consignas, como si perteneciera a otra dimensión de la realidad. Para sus protagonistas, el plebiscito es muy poco y muy tarde.

En estas condiciones, el problema de la abstención no es irrelevante, como han pretendido los que -con buenas razones- ven el plebiscito como la gran válvula de alivio de la tensión social. Desde luego, una alta abstención bajo un régimen de voto voluntario no resta la legitimidad jurídica de un acto electoral. Lo que pone en cuestión es su potencial de solución política, especialmente si, como suele ocurrir, los que menos votan son los más pobres, los menos informados y los jóvenes.

Es decir, si para todos ellos es demasiado poco dramático.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-la-valvula-del-plebiscito/GYERLDLFVNEHNE5Z7ZW5CIBNXY/

  • 20.30.-Instan a Gobierno de facto boliviano a ejecutar leyes aprobadas
  • Chile:Tragedias y comedias ASCANIO CAVALLO
  • Jon Lee Anderson: «No sorprende que venezolanos quieran asesinar a Maduro»
En el país, existe descontento ante el manejo de la crisis y el aplazamiento repetido de las elecciones por parte del Gobierno de facto, por lo que se han suscitado diversas manifestaciones en varias ciudades.  Foto: EFE

Las regulaciones del Legislativo repercutirían positivamente en sectores vulnerables.

19 ago 2020.- Varios actores políticos bolivianos instaron al Gobierno de facto a ejecutar leyes aprobadas en el Legislativo y que resultan de importancia para el pueblo.

Al respecto, el expresidente Evo Morales denunció en su cuenta en Twitter la actitud de Áñez y su gabinete de facto quien se “niega a promulgar varias leyes para aliviar el sufrimiento del pueblo”.

Por su parte, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Efraín Chambi, citó como esenciales las normas que establece la reducción de 50 por ciento en alquileres, el pago diferido de créditos hasta diciembre, entre otras.

¿Asimismo, denunciaron el bloqueo de la ley del Bono Contra el Hambre de 1.000 pesos bolivianos (unos 145 dólares). También se refirieron a la de atención en clínicas privadas; la ley de donación de plasma hiperinmune y, en especial, la ley sobre el pago de deudas al sistema bancario.

Chambi solicitó a la administración de facto cumplir con su deber, ya que considera estas legislaciones de beneficio para la mayoría de la población boliviana.

Según el Senado, además de esas leyes, también están pendientes de promulgación la ley que regula los Estados de Excepción; la censura de ministros y la ley que regula de forma excepcional la elaboración, comercialización, suministro, administración y uso consentido de la solución de dióxido de cloro (SDC) de manera preventiva y como tratamiento para pacientes diagnosticados con coronavirus.

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-leyes-gobierno-facto-senado-20200819-0015.html

20.30.-Chile:Tragedias y comedias  ASCANIO CAVALLO

La política es la tragedia de nuestro tiempo, dicen que una vez dijo Napoleón. No es seguro que sea realmente el autor de la frase, pero queda adecuada para alguien que ascendió en contra de la revuelta política francesa e imaginó terminar con ella de una vez y para siempre.

22 ago 2020.- Pero la tragedia es vecina de la comedia y muchas veces la frontera entre ambas se torna difusa e imprecisa. El rasgo diferenciador de la comedia es que, a la larga, presenta la idea posible de una sociedad mejor, más o menos lo mismo que ofrece la política desde el Libro VII de Aristóteles en adelante.

No se sabe muy bien en qué situación está Chile. Por ahora, parece parte de la zona borrosa.

Si alguna vez se logra hacer un improbable estudio comparativo sobre los modos en que las comunidades nacionales han enfrentado la pandemia del Covid-19, Chile podría estar entre aquellas que sufrieron una rara adicción al confinamiento. Esta ha sido, por lo menos, la principal estrategia del gobierno para combatir el contagio y, a estas alturas, si sólo se cuenta desde abril, está entre las más prolongadas del mundo. Mejor aún, la resistencia del exministro Jaime Mañalich a imponer las cuarentenas, y sus advertencias sobre los efectos sociales que provocan, forma parte de la lista de razones que lo volvieron tempranamente impopular.

Las encuestas muestran que una mayoría de la población prefiere continuar en confinamiento, aunque la cifra ha ido disminuyendo. Los adalides de ese sentimiento han sido los alcaldes, seguidos de cerca por los gremios de la salud y por ONG dedicadas (o volcadas) a las epidemias. No es sólo eso: en numerosas localidades pequeñas los vecinos vigilan y hasta prohíben la llegada de afuerinos. Alguna vez se recordará (¿como tragedia o como comedia?) que incluso en el indomable Santiago se llegó a prohibir el tránsito entre comunas contagiosas y comunas liberadas.

Igual que en otros países de América Latina, la pandemia se produjo en medio de un intenso momento de agitación social. Y la pregunta en todos ellos es si el confinamiento canceló el espíritu de protesta o solamente lo suspendió. Los signos son ambiguos: ciertos estallidos localizados o episódicos hacen pensar que la revuelta está agazapada a la vuelta de la esquina, lista para saltar en cuanto se normalice la situación sanitaria (¿pero cuándo será eso?), y, a un mismo tiempo, los estudios de opinión indican que el apoyo a la movilización callejera ha ido disminuyendo. En Chile, esto ha hecho pensar a algunos que el fin de la pandemia señalará el comienzo de un “nuevo ciclo”, aunque nadie es capaz de precisar en qué consistiría este cambio de condiciones.

En todo caso, formaría parte del “nuevo ciclo” el plebiscito constitucional, cuya realización irrevocable quedó sancionada esta semana por el propio Presidente, probablemente para zanjar las sospechas de que el gobierno querría hallar una excusa sanitaria para eludirla. Antes de ese plebiscito tendrá que producirse -por culpa de una muy ambigua redacción de la Constitución vigente- una discusión parlamentaria acerca de la prolongación de los estados de catástrofe y toques de queda aplicados selectivamente en algunas regiones y provincias. Según la Constitución, el Presidente puede prolongar estos estados hasta por un año, pero a los 180 días (septiembre) debe informar sobre sus medidas al Congreso, el que tiene la facultad de revocarlo. Como es fácil ver, esto contiene un oxímoron: el Presidente tiene una facultad, pero el Congreso se la puede revocar… ¿Cuándo, antes de que se termine de cumplir o después de que ya lo ha hecho?

Este será un debate de especialistas, y es notorio que en esta materia la propiedad de la interpretación es territorio en disputa. No se sabe muy bien por qué, el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, declaró hace unos días que “ninguna autoridad sanitaria” puede suspender el plebiscito, lo que implica que a) no importará nada la opinión del ministro de Salud ni de quienes lo secunden, y b) finalmente podría realizarse bajo condiciones de excepcionalidad. Por ejemplo, con cuarentenas y toque de queda. Dadas las condiciones actuales y las experiencias europeas con los rebrotes, esto ya no resulta imposible. Pero, en ese caso, este sería el segundo plebiscito más extraño de la historia nacional.

Parece evidente que el gobierno está haciendo lo posible para evitar que el triunfo del “apruebo” el 25 de octubre se convierta en una victoria en su contra, un triunfo del variopinto arco de la oposición; y las puntas de ese arco tratan de transformarlo precisamente en un plebiscito en contra de Piñera. En esto, nadie guarda ni el más decoroso disimulo.

Dado que las encuestas -otra vez- muestran una persistente mayoría en favor del “apruebo”, el gobierno quiere reducir al mínimo las divisiones en el gabinete para no llegar a una noche dolorosa el 25 de octubre. Y acaso el Presidente, con su conocido pragmatismo (el griego pragma refiere a una acción o asunto, y se complementa con mythos, relato o narración), podría querer que el principal cambio institucional del siglo XXI sea, a la postre, el nuevo relato de su cuatrienio.

Si las encuestas reflejan una verdad momentánea, hay que admitir que hoy recogen dos pulsiones altamente contradictorias: el deseo de llevar el confinamiento hasta su extenuación y el deseo de realizar un torneo electoral en virtud de un arco de motivaciones también muy diversas. La voluntad de salir a votar, en cambio, muestra una alta volatilidad, lo que sugiere una abstención incierta. Es muy curioso que, estando estas contradicciones a la vista, los partidarios de cada opción estén prefiriendo realizar un proselitismo performativo antes que acciones destinadas a conseguir que la participación sea lo más grande posible. En 1988, la oposición a Pinochet tuvo la intuición (correcta) de que las posibilidades de triunfo del “no” se basaban en que la mayor cantidad de chilenos concurriera a las urnas y, por lo tanto, centró toda la primera parte de sus campañas en dar certezas de que el voto sería seguro, secreto y decisivo. Cuando el 97,53% de los mayores de 18 años salieron a votar, supo que había ganado.

Con eso se evitó lo que muchos creen que habría sido una tragedia. ¿Cómo se evitará que el plebiscito venidero no devenga en comedia?

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-tragedias-y-comedias/ENP4PQRMYVCGFHL6FZF6XRCFKQ/

20.30.-Jon Lee Anderson: «No sorprende que venezolanos quieran asesinar a Maduro»

«¿Es posible que un grupo de venezolanos conspiraron para asesinarlo, potencialmente con la ayuda o el apoyo de EEUU y Colombia? La respuesta es sí»

El periodista desestima las versiones que sugieren que al atentado contra Nicolás Maduro no fue legítimo. (JonLeeAnderson)

Jon Lee Anderson sabe, a veces, de qué habla. Pese a sus claras simpatías con procesos revolucionarios, el destacado periodista, escritor y reportero, ha sido un incisivo crítico del régimen chavista; sobre todo siendo timoneado por Nicolás Maduro —aunque apologista al principio, claro; casi embobado por el fenómeno de Hugo Chávez—.

6 ago 2018.- En su última columna en The New Yorker, Anderson se explaya sobre el atentado a Maduro que ocurrió el pasado sábado 4 de agosto. Según el periodista estadounidense, sí fue un intento legítimo de asesinar al dictador; y explica por qué.

«Es cierto que las relaciones de Venezuela con Estados Unidos y Colombia han sido extremadamente tensas por más de un año —más desde la decisión de maduro de asumir poderes cuasi-dictatoriales al reemplazar el Congreso de Venezuela, dominado por la oposición, con uno nuevo—. Le siguieron cuatro meses de disturbios civiles —durante los cuales ciento cincuenta personas, mayormente disidentes, fueron asesinadas— y, cuando todo acabó, Maduro clamó victoria. Pero la atmósfera de represión violenta, junto a las desgracias causadas por el colapso de la economía petrolera de Venezuela, ha derivado en un sentimiento nacional de desesperación y ha acelerado el éxodo masivo de los ciudadanos», escribe Jon Lee Anderson.

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Luego, se lee en The New Yorker sobre el atentado: «Por todo esto, Maduro es responsabilizado, y despreciado, por los venezolanos. Dado los profundos sentimientos en su contra, no debe sorprender, entonces, que algunos de sus conciudadanos —de la extrema derecha o no— deseen asesinarlo».

Según el periodista, en Venezuela los diecinueve años de Revolución han creado una cultura política de «el ganador se lleva todo».

También menciona el caso del piloto rebelde Óscar Pérez. Cómo fue asesinado, a pesar de su rendición. Y cómo, en contra del clamor popular, el piloto y su grupo fueron señalados como terroristas.

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«¿Es posible que, como Maduro dice, un grupo de venezolanos conspiraron para asesinarlo, potencialmente con la ayuda o el apoyo de EEUU y el Gobierno colombiano? La respuesta corta es que, sí, si es posible».

A continuación, Jon Lee Anderson empieza a mencionar las reseñas sobre el clima dentro del mundo castrense. Esto es fundamental, porque, dada la tesitura, es natural que se dé una expresión como la del sábado 4 de agosto. Escribe: «En meses recientes, una serie de arrestos de militares en Venezuela han coincidido con reportes filtrados sobre conspiraciones de golpe de Estado».

El escritor del reconocido libro Che Guevara: a revolutionary life (1997) y Guerrillas: journeys inside the insurgent world (1992), alude a la crisis migratoria que padece Colombia por el éxodo venezolano. Por ello, menciona las preocupaciones del presidente Juan Manuel Santos al respecto y sus pronósticos sobre la inminencia de un alzamiento armado contra Nicolás Maduro.

«Le pregunté a Santos sobre la posibilidad de una toma del poder por parte de los militares en Venezuela. Él reconoció que no se oponía a la idea de un golpe militar. Él habló de su conocimiento sobre la existencia de varios grupos militares venezolanos que estaban activamente planeando eso».

Al final, Jon Lee Anderson dice: «Pero el sábado no ocurrió un golpe de Estado. El ataque del drone, aunque ciertamente original, fue empañado por un aire de improvisación amateur, y falló de forma espectacular al intentar lograr su objetivo: asesinar a Maduro».

«E, incluso sucediendo eso, no habría garantía de que se hubiera logrado un cambio de poder en Venezuela. Maduro hubiera sido reemplazado por su vicepresidente, o, quizá, por un general más leal», concluye el periodista.

En síntesis, Jon Lee Anderson desestima las versiones de que el atentado hubiera sido planeado por ellos mismos, o que hubiera sido simplemente el estallido de una bombona de gas, que generó pánico. Al principio del texto, evalúa los audiovisuales que existen sobre el momento. Dice que «los informes» que dan por cierta las teorías de que no hubo un intento de magnicidio, «parecen ser engañosos».

Para leer la columna de Jon Lee Anderson en The New Yorker, haga click aquí

https://es.panampost.com/orlando-avendano/2018/08/06/jon-lee-anderson-no-sorp

  • 20.29.-Ángela Salazar y Uruguay: lecciones en tiempos de incertidumbre RODRIGO UPRIMNY
  • Chile: el grado cero de la salud – ASCANIO CAVALLO
  • Perú: un proceso de gestación política de nueve meses  AIDA GARCÍA

Colombia hoy lleva al pesimismo: el número de contagios y muertes por coronavirus, la aguda crisis social y económica, el Acuerdo de Paz en peligro, los asesinatos de líderes sociales, los ataques a la independencia judicial, etc. Y sin signos de que la situación vaya a mejorar. Pero incluso en este momento tan incierto y doloroso, el optimismo es posible. Es cuestión de saber a dónde mirar y de quién aprender.

16 ago 2020.- En ese espíritu, expreso una doble admiración y un doble aprendizaje. A un pequeño país que da lecciones frente a la pandemia: Uruguay. Y a una persona cuya vida es ejemplo de dignidad: Ángela Salazar, la integrante de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), dolorosamente fallecida la semana pasada.

Uruguay tiene menos de 1.500 contagios y menos de 40 muertes por coronavirus. Sus tasas de contagio y de muertes por millón de habitantes son bajísimas: 405 y 11, mientras que en Colombia son de 8.600 y 280. Y Uruguay lo ha logrado sin largas cuarentenas obligatorias, como las nuestras, por lo cual su situación económica es mejor.

Aunque es difícil saber qué explica el éxito uruguayo frente a algo tan complejo y reciente como esta pandemia, varios analistas han resaltado al menos siete factores: i) escuchar a la ciencia: el gobierno creó inmediatamente un consejo asesor interdisciplinario de primer nivel, que lo ha acompañado todo el tiempo. ii) Pruebas masivas y rápidas para detectar a tiempo los contagios. iii) Búsqueda de unidad: la pandemia ha sido enfrentada por un gobierno de centroderecha, que reemplazó a una coalición de centroizquierda, pero la lucha contra la pandemia ha sido un objetivo común. iv) Esto ha generado gran confianza en las autoridades: las medidas de distanciamiento físico han sido cumplidas incluso cuando no eran obligatorias. v) Uno de los mejores sistemas de protección social y servicios sanitarios de la región. vi) Apoyos económicos sustantivos a los más vulnerables. vii) Una menor desigualdad y pobreza que el resto de América Latina.

Conocí a Ángela Salazar mucho antes de que fuera comisionada de la CEV, en un curso sobre justicia transicional para líderes sociales, y quedé impresionado con su carisma y sabiduría. Sabía de las violencias y dificultades que Ángela había enfrentado, pues había tenido que desplazarse. Sabía de sus valerosas luchas a favor de los derechos de las mujeres en Urabá, como parte de la Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP). Sabía que por sus difíciles condiciones sociales, como mujer negra, no había podido tener una amplia educación formal y había enfrentado discriminaciones. Y sin embargo, a pesar de todos esos horrores que había conocido y enfrentado, Ángela siempre tenía en clase una actitud serena y sonreía bellamente cuando alguien hacía algún apunte. Cuando hablaba, todos callábamos para escuchar sus anotaciones sabias sobre cómo defender a las víctimas, con vigor pero sin odio, y sin perder nunca la esperanza de un país en paz y más democrático.

Por eso, como a tantos otros, me alegró su elección como comisionada de la CEV, pues sabía que su experiencia y sabiduría aportarían mucho a la labor de la CEV. Y por eso duele tanto su muerte temprana por esta pandemia que no hemos logrado controlar, pues las mujeres, las víctimas y las negritudes pierden un voz serena y firme.

Uruguay nos muestra la importancia de la ciencia, los derechos sociales, la igualdad y los acuerdos democráticos, a pesar de las diferencias, para enfrentar desafíos enormes como esta pandemia. Ángela nos deja su legado de que es posible luchar contra el terror y por la verdad con esperanza y alegría. No deberíamos desaprovechar estas lecciones de esperanza en estos momentos inciertos y de dolor.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional

https://www.elespectador.com/opinion/angela-salazar-y-uruguay-lecciones-en-tiempos-de-incertidumbre/

20.29.-Chile: el grado cero de la salud – ASCANIO CAVALLO

Juegos infantiles clausurados en el Parque Forestal de Santiago. Foto referencial. 

Ahora es el desconfinamiento. Las autoridades empiezan a liberar a algunas comunas urbanas de las cuarentenas, advirtiendo una y otra vez que pueden volver atrás, como si se estuviera hablando no de una enfermedad, sino de una invasión sobrenatural.

8 ago 2020.- Otras tantas comunas siguen, incluyendo algunas que se acercan a batir récords hemisféricos y hasta mundiales. El gobierno ha tratado de darles un alivio más psicológico que práctico diseñando un sistema de fases y un programa que con su compulsión publicitaria denominó “Paso a Paso”. Esta no es una exclusividad, desde luego: es lo que han hecho numerosos gobiernos, aunque el chileno puede ser uno de los pocos en que, casi por semana, ha ido modificando los parámetros “objetivos” para transitar de un paso a otro.

El confinamiento masivo no es una medida médica. Es una medida sanitaria. Por elemental que parezca, es útil mantener esa distinción a la vista. Aún más: es la medida sanitaria en su grado cero. En el confinamiento perfecto nadie se contagia de nada: ni de Covid-19 ni de sarampión, ni de influenza ni de sida, ni siquiera de humor. Si se aplicara a todas los eventos contagiosos que circulan por el planeta, sería permanente. Pero todos los especialistas saben que el confinamiento perfecto no existe: sólo se logra reducir la movilidad. Un estudio reciente de Google muestra que Chile figura entre los países que más han reducido su movilidad, no ahora, sino desde abril.

La pregunta es si se trata de una medida eficaz. Para esto no sirve gran cosa la tasa de contagios, sino la capacidad de daño y la letalidad. La evidencia mundial no es nada concluyente. Muchos científicos dudan hoy que el contagio del Covid-19, si bien muy alto, sea exponencial, como se dijo en forma escalofriante, y las tasas de muerte se estiman en torno a 0,3, nada muy distinto de las gripes. La letalidad es muy alta en el mismo rango donde todas las enfermedades lo son: sobre los 60 años, subiendo por escalafón. A los 90 años llega a 10%, según un estudio presentado por Alexander Galetovic en el Instituto de Ingenieros. Un país que nunca puso cuarentenas, Suecia, admite como único error el descuido de esa población de alto riesgo.

Tampoco el confinamiento sirve tanto para evitar el colapso del sistema de salud, como también se ha dicho con frecuencia. Lo que evita el colapso es aumentar el equipamiento y el personal -lo que se hizo en Chile, con todos los tropiezos y debates conocidos- y promover las medidas de distanciamiento social. Como también anota Galetovic, la experiencia muestra que el distanciamiento funciona antes que las cuarentenas, y éstas no agregan mucho a la reducción del contagio.

Pero si el efecto del distanciamiento como medida sanitaria suscita dudas, no hay ninguna respecto de su impacto societario. En Chile, una generación de estudiantes ha sufrido daños -en muchos casos irreversibles- en sus procesos de aprendizaje o en su paso a la actividad productiva. El teletrabajo es un hallazgo, pero sólo para un 25%, y aun esta cifra es inestable si se tiene en cuenta los efectos de estrés, sobrecarga y desarticulación de la vida privada a que está asociado. Las cifras de violencia intrafamiliar, enfermedades psicológicas y alteraciones en los niños sólo confirman la total anomalía. Desde abril hasta ahora la cesantía cabalga sobre el 12%, más de un millón y medio de personas está sin empleo (despedido o suspendido) y es cada vez más claro que esa fuerza laboral no se restaurará entera ni rápidamente. El volumen de negocios quebrados sólo se conocerá a fines de año, lo mismo que el desempeño de los sistemas de ahorro.

Cada vez es más claro que el confinamiento prolongado ha sido, sobre todo, una medida dictada por el pánico político. Los gobiernos del hemisferio sur, que recibieron la pandemia con tres meses de retraso y un mejor conocimiento del coronavirus, se apresuraron a tomar las mismas decisiones que China casi sin mirar su impacto. Eso está más cerca del miedo que de la epidemiología.

El pánico ha sido representado en estos países por las autoridades locales, los gremios de la salud y algunas organizaciones de la sociedad civil. Ningún gobierno pudo resistirlo y a algunos -como al de Chile- no les vino mal para reponer el orden interno.

Pero ninguna sociedad democrática puede dejar de preguntarse si una medida liberticida y de alta disrupción ha sido razonable, incluso si gran parte del mundo ha sido detenido en condiciones similares.

Claro que el gobierno de Sebastián Piñera tampoco está para eso. Desde octubre pasado vive en un tobogán de impugnaciones, que es la única explicación para la inhibición con que actúan las autoridades sectoriales. Es una timidez que supera a la angustia de una población sometida a una ceguera sin horizontes, ansiosa de asegurar dinero contante. El gobierno tendría que preguntarse: ¿Se atrasó en su apoyo a las familias o más bien les abrió un abismo de incertidumbre?

Ahora se anuncia un fin de las cuarentenas progresivo y moroso, lleno de restricciones, de nuevo sin focalización en los grupos de riesgo: otra zanja oscura, acaso inevitable después de lo que ha ocurrido. Y también porque la amenaza del retroceso -la reimplantación de cuarentenas allí donde se han liberado– parece poco viable, como ha constatado Europa. La discusión sobre la eficacia del confinamiento tomará muchos años, pero se puede apostar a que tomará todavía más que las cuarentenas colectivas vuelvan a repetirse a la escala de hoy.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-el-grado-cero-de-la-salud/X5XIPBCUABE7PH5OJYG3GO47M4/

20.29.-Perú: un proceso de gestación política de nueve meses  AIDA GARCÍA

El jueves 9 de Julio a través del Decreto Supremo N° 122 -2020-PCM, El Peruano publicó la convocatoria a Elecciones Generales el 11 de abril del 2021, para la elección de la Presidencia de la Republica, Vice Presidentes, Congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento Andino. Estamos ante un proceso de gestación política de nueve meses que no anuncia un buen alumbramiento; que sea garantista, inclusivo, renovador, en resumen, un proceso democrático y no una “democracia de baja intensidad”. “Conceptos como democracia delegativa, ciudadanía de baja intensidad y un Estado que combina elementos democráticos y autoritarios pueden introducirse en función del análisis de tales fenómenos”. [i](1)

Martin Vizcarra en un mensaje de salida y sin rumbo claro, centró un discurso, entre una larga lista alcanzada por cada ministro, en destrabar 48 proyectos mineros y 57 mil millones de dólares, listos para entrar a la economía. Sólo es cuestión de destrabar inversiones.

El día 03 de Agosto del 2020, “Cateriano el Breve”, sobreactuado y arrogante, luego de juramentar a su gabinete pro empresarial, puso énfasis en dar continuidad al más largo de los mensajes presidenciales (una hora 52 minutos) del Presidente Martin Vizcarra el día 28 de Julio del 2020 ante el Parlamento, alocución en que llamo a unirse al Pacto Perú, que señala textualmente, “vamos a convocar a representantes de cada uno de los partidos políticos”, a un espacio de dialogo que tendrá 5 ejes de base: (1) la constitución de un sistema unificado de salud, (2) garantizar la calidad y reducir las brechas educativas, (3) crecimiento económico sostenible e inversión, (4) lucha contra la pobreza para cerrar brechas históricas y (5) la reforma política y del sistema de justicia.

Los desafíos, que el mismo Cateriano señaló, salvo las diferencias, cuando ocupo la PCM con Ollanta Humala, tuvo una coincidencia: las elecciones; “un objetivo central del presidente Vizcarra es garantizar que las elecciones sean libres y democráticas” … “evidentemente no es fácil. Además de la pluralidad política e ideológica particularmente en una campaña electoral. En pocos meses entraremos en una contienda en que se disputa el poder y aunque eso no aumenta la crispación política necesariamente es natural que exista una confrontación”.

Cateriano, que cree que vivimos en un “país minero” y no en uno ancestral e históricamente megadiverso, desde antes de la colonia extractivista y expoliadora de nuestros recursos naturales, ignoró que ya estábamos abiertamente en el proceso electoral, “explicita y legalmente convocado”. No tuvo mejor idea que irse en busca de la bendición de Luis Bedoya Reyes, centenario ex líder retirado del viejo PPC que no cuenta con bancada en el Congreso. No tuvo sin embargo un gesto igual con otros sectores que no representen a la derecha tradicional y que hubiera si expresado pluralismo político. Está claro que el Congreso de la Republica, es mayoritariamente de corte neoliberal y de ahí la orientación de un gabinete cuyo viraje llegó hasta los extremos más conservadores. Bien se dice popularmente que “la cabra siempre tira para el monte”.

Los antecedentes del Proceso Electoral 2016

En diferentes entrevistas el ex Primer Ministro Cateriano dio cuenta de las irregularidades del proceso 2016, tendiendo un puente así con Alianza para el Progreso (APP) y el Partido Morado (PM), indudablemente con el objetivo de obtener su confianza; de ahí se explica su desazón con Cesar Acuña luego de no haber obtenido la confianza.

La OEA es concluyente en el informe (2016) al considerarlo “deficiente, pero legítimo” y tipifica el proceso con otra crítica “fue la de no reglamentar el mecanismo de exclusión por dadivas, igualmente al borde de los comicios”. Sin mencionarlo, el informe aludía a los casos de Julio Guzmán y Cesar Acuña, que no fueron resueltos oportunamente, tema que el ex Primer Ministro lo reiteró con nombres propios, haciendo un guiño apepista y morado, los votos necesarios para su investidura, “tal como lo han impulsado los órganos electorales y organismos de la sociedad civil”. Almagro, después de recibir a Julio Guzmán en Washington escribió en su cuenta de Twitter “la OEA es concluyente en el informe (2016) al considerarlo deficiente pero legítimo, y tipifica que el proceso 2016 vulneraba derechos políticos de electores y candidatos”. El diario La República (LR 12/04/2016 pp2) editorializaba lo siguiente: “las lecciones del 10 de abril (2016) nos han dejado duras lecciones con respecto a la falta de institucionalidad del sistema electoral”.

¿Cómo estamos en agosto luego de pasado más de un mes de convocadas las elecciones?

En medio del actual proceso la Junta Nacional de Justicia (JNJ), está llevando a cabo el concurso de méritos para nombrar en el cargo a los jefes de la ONPE y el RENIEC. Ello implicaría un proceso riguroso, imparcial y transparente para revertir la imagen del corrupción de la fenecido CNM. El ex congresista Edgar Raymundo (en su columna Zona de Fuego/Diario Correo) llama a poner ojo en el referido concurso “ya que parecía que los malos hábitos perduran o persisten”. Guillermo Thornberry Villaran (JNJ) habría incurrido en un conflicto de intereses. La norma provee la figura de inhibición y no lo hizo, más bien participó en el examen de conocimientos para supuestamente favorecer a postulantes que fueron funcionarios de confianza de la alta dirección, cuando él se desempeñaba como Sub Jefe Nacional del Reniec. Lo más grave es que uno de ellos fue el Jefe de la Onpe y el 2016 no fue ratificado en el cargo por incumplimiento de los objetivos institucionales, “el reglamento del concurso (6.2.1) exige que el postulante no debe de haber sido declarado como no ratificado en el cargo de Jefe de la Onpe o el Reniec. Pese a ello participa y continua en el concurso”. Si respetamos la Ley, hay que reconducir el proceso. Los dos organismos electorales, transitan en este periodo a la elección de sus nuevas jefaturas. Dos (02) finalistas en el caso de la ONPE, y diez (10) en el caso de el RENIEC. Se estima que el concurso recién culminaría recién el 31 de agosto.

El martes 28 de Julio, la JNJ evaluaba la destitución del Luis Arce, miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), vinculado al prófugo ex Juez Supremo Cesar Hinostroza (si, el de los audios de la vergüenza cuyo mensaje impune se tradujo en la frase “reducción de condena o absolución”, como favor a un presunto violador de una menor de once años), al abrirle un procedimiento disciplinario inmediato por “falta muy grave” aplicándole la Ley de la Carrera Fiscal (Perú 21/28-07-20/p8). Señalando como irregularidades, “la interferencia en el ejercicio de funciones de los otros organismos del Estado” y estableciendo relaciones de carácter extra procesal con las partes o terceros). La JNJ advierte que se había rechazado su conducta intachable, al haber aceptado ayudar al prófugo Cesar Hinostroza en un caso de Vacancia del alcalde de Carmen de la Legua. Se lo investiga por aceptar recomendaciones de Hinostroza, para interceder irregularmente a favor de la UPP (2018). Frente a ello su defensa señala: que faltarían elementos para señalar alguna responsabilidad. Nos queda claro que siempre quien hace la ley hace la trampa. El actual congresista Otto Guibovich (Lamparia) “algunas de las instituciones que mejor funcionan … son los organismos constitucionales autónomos. El JNE no lo es… ¿Los cambios tendrían sentido si un JNE autónomo, técnico, con procedimientos estables, que cuele donde colar? Hay que dudarlo”.

En relación al actual congreso, diversos constitucionalistas declaran que se habrían emitido normas que serían declaradas inconstitucionales, entre ellas: la de inmunidad; la misma que fuera cuestionada por el Ejecutivo y la opinión pública. Sería también preocupante que el Legislativo eilija los magistrados a la medida de sus intereses. El presidente del congreso anunció la comisión especial a cargo del concurso para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional (TC), hay por ello quienes señalan que debiera ser el próximo Congreso quien elija a los nuevos miembros del TC. La actual presidenta del TC, ha expresado su preocupación. Urge más bien poner por delante la Reforma Electoral en este periodo.

No existe voluntad inclusiva, más bien se buscaría eliminar a la competencia

El pre-dictamen Chehade, quien preside la Comisión de Constitución, buscaría impedir la postulación de diferentes candidatos presidenciales entre ellos: Verónika Mendoza, George Forsyth, Urresti, Cilloniz y Benavides; favoreciendo a los candidatos de sus propias agrupaciones (APP, FP y AP) en desmedro de otros al exigir estar acreditado con seis meses de militancia en sus partidos (antes ya había exigido el plazo de un año). Esta pretensión formalizada hasta con cuatro pre dictamines, afecta el principio de seguridad jurídica y de predictibilidad, además de afectar gravemente el derecho de la participación política al buscar excluir al contendiente o contrincante con la absurda lógica de cambio de reglas. No alcanzó un mayor consenso ya que 7 bancadas se mostraron en contra de este cambio. Estamos muy lejos de un enfoque inclusivo de diversos y plurales competidores, intención explicita de O. Chehade.

Viejas reglas y no renovación de la política

A la lógica de la exclusión se sumaría que se mantendrían las viejas prácticas políticas. Este temperamento se evidenció ya con la suspensión de las PASO (Elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias de la ciudadanía) remplazándolas por el hecho de elección de las cúpulas con discrecionalidad de los dirigentes. Se siguen sin aprobar en segunda vuelta las normas que impiden a los candidatos que tienen sentencias en primera instancia, con lo cual, no se prohíbe la postulación de corruptos y asesinos en los comicios del 2021. Se da así pase libre a condenados por delitos dolosos y algunos congresistas se convertirían en cómplices de tal sin sentido.

No esta aprobada la propuesta de la CANRP de Reforma en relación al Financiamiento de las Campañas, que aseguren una supervisión por efectos de incumpliendo de la rendición de cuentas y gastos de campaña. El martes 18 de agosto se tendría el primer dictamen. La eliminación del voto preferencial que afecta la eficacia de la aprobación positiva de la norma de Paridad y Alternancia sigue sin ser eliminado. Todo ello de cara a definir y aprobar una agenda mínima hacia el 2021.

No se evidencia voluntad con un proceso de renovación del Sistema de Partidos. En tanto se coloca a las nuevas organizaciones contra el tiempo. El 09 de agosto, el Congreso estableció un arbitrario plazo, el de poder inscribirse sólo hasta el día 30 de Setiembre. La nueva Ley de Partidos habiendo sido promulgada en agosto del 2019, fue recién reglamentada en diciembre pasado, para la inscripción de nuevas organizaciones se exige presentar 24,800 ciudadanos afiliados (antes eran 3,250 / 50 militantes x 65 comités) en 20 departamentos (antes eran solo 16) y 66 provincias de nuestro país. La pandemia, que se extiende ya por 150 días ha colocado al Perú en una grave crisis sanitaria, económica y de hambruna extendida, que bordea el medio millón de contagiados y 50 mil defunciones. En este grave escenario el conjunto de los requisitos de la actual ley establece solamente nuevas barreras de acceso al impedir la inscripción virtual pese a la emergencia. Sin embargo a las 24 organizaciones actualmente registradas, es decir inscritas con validez de participación en el 2,021, no cuentan en su mayoría con los requisitos que se les exige a las nuevas organizaciones para inscribirse. Catorce organizaciones actualmente inscritas (de un total de 24), no cumplen con los requisitos de 24,800 afiliados. Si bien es cierto frente a ello el JNE estableció un plazo para adecuarse a la ley (Abril 2020), el propio Jurado ha suspendido este requisito de adecuación, ello implica un trato arbitrario a favor de los ya inscritos, e impidió un proceso de renovación a nuevas organizaciones políticas.

Evidenciamos, por lo tanto, la no aplicación de las nuevas reglas, sino además el impedimento de nuevos actores y organizaciones políticas en la contienda del 2021. Exigimos por ello el requisito de un trato igualitario a las nuevas organizaciones, que han recabado los instrumentos necesarios para su participación. La actual Reforma Política Electoral tiene muy pocas posibilidades de renovar la Política. El Status Quo sería más bien favorable a la vieja política y al continuismo. El escenario está altamente fragmentado, ningún partido político con bancada en el Congreso superó el 9% de los votos emitidos (diferente a los votos válidos), expresando así la crisis de representación en la política peruana. El impedimento de nuevos actores políticos profundiza la crisis de representación

Gráfico Nro 1 : Resultados electorales 2020.

% de votos emitidos

  1. En el mapa electoral resultante del último proceso del 2020, la población sumada de: ausentes, nulos, blancos y organizaciones que no pasaron la valla, nos da un total de 10’001,006 personas y la cifra actualmente de ciudadanos en las bancadas en el congreso asciende en 10’162,730, solo existe por ello 161,724 de diferencia, masivamente la población peruana no esta representada en el actual Congreso , elemento que el Presidente Vizcarra, ni el ex Premier Cateriano y ahora Martos, tomaron en cuenta cuando plantearon el Pacto Perú restringiéndolo a las bancadas en el Congreso y a cinco temas priorizados. El nuevo Presidente del Consejo de Ministros Walter Martos no ha evidenciado en su mensaje al congreso mayor interés en esta situación. Martos en su presentación ante el Congreso el 11 de Agosto evito referirse al calendario electoral. Cateriano, en ese sentido, había anunciado un Proyecto de Ley para tener reglas claras con prontitud, evitando exclusiones de ultima hora como ya se vislumbra. Martos omitió este extremo.

Gráfico Nro 2: Pedro Cateriano como presidente de la PCM

Fuente Diario Gestión 4 de Agosto del 2020. https://gestion.pe/peru/politica/el-41-desaprueba-designacion-de-cateria…

La priorización reduccionista de Vizcarra , Cateriano y Martos, se limita a 5 temas en el Pacto Perú, los que están incluidos en el Acuerdo Nacional (AN) no vinculante, ignoraba que la crisis política y de régimen, en clave destituyente, que vive el Perú es anterior a la crisis generada por (1) el Covid-19 y (2) “la crisis de gabinete” de inspiración minera, que ya desde la calle había sido rechazado. La encuesta de Datum anterior a la presentación de Cateriano al Congreso señalaba que el 41% de la población desaprobaba su designación y el que el 26% respondía “no sabe/no responde” (ns/nr) y que sólo el 33% estaba de acuerdo con ese Premier. Luego de la negación de la confianza al “gabinete de 20 días”, el clima de crispación se ha incrementado como consecuencia de que el gobierno recién avanzó en sincerar que la cuarentena no logró frenar el avance del Covid 19, ubicando al Perú en una de las más graves situaciones a nivel mundial. Se pasó de cifras que establecían 18,816 personas fallecidas (25 de Julio) a una cifra de alrededor de 45 mil en una quincena. Un sinceramiento mayor lo reporta, sin embargo, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) que establece que el numero de 46,274 fallecidos en este periodo, cifras que aún se consideran en el sub registro . Los medios periodísticos dan cuenta que, en el Perú, hay mas muertos que en todo el 2019, proyectándose cifra de fallecidos en un numero de 100 mil al cerrar el año 2020. Mazzeti anuncio ante su presentación en el legislativo un segundo reporte de las cifras de la pandemia. El actual proceso electoral se da con doce regiones (de 25) en Estado de Emergencia, toque de queda, el mismo que podría ser ampliado, epidemia en grave ascenso. Debemos señalar que el Estado de Emergencia ha sido ampliado hasta el mes de Setiembre a través del DS Nro. 008-2020-SE y que el ejército patrulla las calles.

Si bien es cierto, hay quienes quisieran Vacancia antes de Vacuna existe un obstruccionismo de intereses subalternos en el Congreso y una crisis humanitarias entre las comunidades nativas en donde tres ciudadanos del pueblo Kukama, han fallecido luego que la policía reprimiera la protesta, nos preocupa gravemente que ya una renombrada revista de nuestro medio ha llamado la atención de un gabinete militarizado y se interroga, si será ¿PCM o AKM?. El Perú no requiere de un ministro del interior de “gatillo fácil”. Urge otro enfoque ya que se estiman 1,992 indígenas amazónicos contagiados en 19 comunidades, frente a lo cual se ha ofrecido un “Plan de Cierre de Brechas” en las comunidades indígenas afectadas.

El actual Congreso de la Republica 2020 /2021.

Fué instalado el 16 de Marzo del 2020 y culminará sus funciones el 16 de Julio del 2021, luego de tres legislaturas ordinarias. La primera de ellas culminó el 15 de Julio, sin embargo, como se ha dicho, no fué eliminada la inmunidad parlamentaria, manteniendo la vieja práctica de que “otorongo no come otorongo”, ignorando una reforma imprescindible planteada y debatida en el Congreso del 2019 disuelto entre otras razones por su impunidad y obstruccionismo . El actual Congreso modifico el artículo 4to de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) para poder producir reformas electorales en el plazo de seis meses, plazo que culmina el 26 de Setiembre del presente año, por supuesto con bancadas que votaron en contra.

En este escenario de incertidumbre de normas que podrán seguir promulgándose hasta fines de setiembre y que modificaran las reglas electorales, que estimamos podrían primar los intereses de las organizaciones políticas hoy en el Congreso y no se puede explicar ni justificar la aptitud de cerrarle el paso a nuevos competidores, impidiendo la renovación de la política.

No podemos dejar de tomar en cuenta que la opinión publica en encuestas publicadas previas al inicio de la cuarentena del Covid – 19 (Marzo 2020) que soló un 18% de la ciudadanía señalaba que el Congreso debería priorizar la Reforma Electoral, es indudable que otros temas cobraban mayor relevancia; mucho mas ahora con la congoja y estela de muertes que nos deja el Coronavirus.

Es así que en el actual proceso electoral, cuyas características hemos buscado señalar, no soló se requiere de la vigilancia y la movilización ciudadana, sino además de Misiones de Vigilancia Electoral Internacionales, el cambio de reglas con inestabilidad política y desconocimiento de las mismas , hasta la fecha, afectan la democracia plena que el proceso requiere, con dos gabinetes en ocho días, solicitando confianza ante el Congreso.

 La investidura de W. Martos aprobada con 115 votos (de 8 bancadas) luego de un mensaje centrado en lo urgente e inmediato que significó “música para los oídos” del Legislativo, se dio a la defensiva con una balanza inclinada (a favor del Congreso), en un clima de presión mediática y ciudadana con sentido de urgencia ante la crisis

Demándanos que el Presidente de la Republica y el nuevo gabinete no acepten la investidura de rodillas ante la vieja política, dando paso más bien al fortalecimiento y profundización de la Democracia. Estaremos atentos. La promesa de la Vida Peruana, que anunciaba Basadre, no es una realidad y 200 años después de proclamada la Independencia, el Bicentenario Patrio de luto, con un profundo dolor y hondo quebranto, lo que demanda un nuevo pacto político y social que implique bastante mas que solo votar cada cinco (05) años y no de vinos viejos en odres nuevos, sino una nueva Carta Magna para una nueva República de ciudadanas y ciudadanos.

– Aida García Naranjo Morales, Ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, ex Embajadora de Perú. Actualmente miembro de la CP del Partido Socialista -Perú y del Movimiento Nuevo Perú. 

agosto 13, 2020

http://nuevarepublica.pe/peru-abril-2021-el-parto-electoral/
https://www.alainet.org/es/articulo/208457

 

  • 20.28.-posición venezolana no competirá en las elecciones legislativas
  • Chile: tres senderos bifurcadosASCANIO CAVALLO

El líder opositor, Juan Guaidó, respaldó la decisión adoptada por la mayoría de los partidos.

Asamblea Nacional de Venezuela. Foto: AFP Por: EFE

Los 27 partidos que conforman el grueso de la oposición venezolana, que incluye a todos los que actualmente tienen representación parlamentaria al margen del chavismo, acordaron este domingo que no se presentarán a las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre por considerarlas un «fraude».

«Habiendo agotado todos nuestros esfuerzos nacional e internacionalmente para que tuviéramos un proceso electoral competitivo (…) las organizaciones políticas democráticas de Venezuela manifestamos (…) que, de manera unánime, decidimos no participar en el fraude electoral convocado por el régimen de (Nicolás) Maduro», sostiene un comunicado.

El documento ha sido firmado por 27 partidos, entre los que se encuentran los cuatro que componen el llamado G4: Primero Justicia, del que forma parte Henrique Capriles; Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López; así como los socialdemócratas Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo.

Denuncian que Maduro impide una elección libre

«El régimen de Nicolás Maduro, usando el control que ejerce sobre todos los poderes públicos en Venezuela, acabó con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva», aseguran.

Como parte de esa ofensiva que consideran que el presidente venezolano hace contra el proceso electoral, afirmaron que en las legislativas de 2015, los partidos que se coaligaron como «unidad democrática» se consolidaron con una tarjeta conjunta que, consideran, ha sido «secuestrada por el régimen, impidiendo su utilización a causa de medidas cautelares».

Además, «los directivos que representan a la Unidad como organización, aún se encuentran sometidos a procesos judiciales penales». También citan el nombramiento de una nueva presidenta para el Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo, que ya «desconoció la soberanía popular y ha mantenido al estado Amazonas sin representación parlamentaria».

Alfonzo fue sancionada en mayo de 2018 por el Gobierno de Canadá «en respuesta a las elecciones presidenciales ilegítimas y antidemocráticas» que se celebraron entonces y en las que Maduro fue reelegido como presidente.

El nombramiento debía hacerlo la AN pero lo asumió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al considerar que el Parlamento no iba a realizarlo tal y como le corresponde.

Piden restablecer el sufragio para todos los venezolanos

Frente a esta situación reiteraron sus planteamientos para poder presentarse a las elecciones que comienza por el «restablecimiento del derecho al sufragio para todos los venezolanos», lo que incluye a los cerca de cinco millones que, según la ONU, han emigrado.

También reclaman una garantía de «que el voto sea ejercido libremente, sin coacción o intimidación», así como la «prohibición de migración de electores de sus centros electorales naturales» y el «cese de las inhabilitaciones y enjuiciamiento de los dirigentes políticos» entre otros, como el nombramiento de un CNE independiente.

La falta de esas condiciones les lleva a creer que se «anula cualquier posibilidad de considerar el proceso convocado como un proceso electoral». Finalmente, los 27 partidos aseguran que no son «abstencionistas», pues «no hay abstención cuando lo convocado no es una elección» e invitan a la comunidad internacional a no reconocer el resultado.

«Somos demócratas y creemos en la unidad nacional: por ello decidimos no colaborar con la estrategia de la dictadura y convocar a todas las fuerzas sociales y políticas del país a la construcción de un nuevo pacto unitario y nueva ofensiva democrática en la que, junto al pueblo venezolano y la comunidad internacional, nos movilicemos para lograr la salvación de Venezuela», subrayan.

https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/partidos-de-oposicion-venezolana-rechazan

20.28.-Chile: tres senderos bifurcadosASCANIO CAVALLO

Con el cambio del gabinete y la penúltima cuenta presidencial, el gobierno ha completado su preparación para los 20 meses que le quedan. Es evidente que el Presidente desea que estas sean las últimas modificaciones que tenga que introducir en sus equipos, pero la vida ha demostrado que puede ser muy dura para este gobierno.

1 ago 2020.- La nueva etapa nace marcada por tres disyuntivas de resolución muy difícil.

La primera, y la más ciega, es la del control del Covid-19. Tras un comienzo optimista y hasta un tanto triunfal, el gobierno ha tenido que ver con desaliento que Chile se sitúa en el octavo lugar de los países con más contagios. La gestión del exministro Jaime Mañalich fue exitosa para impedir el “dilema de la última cama” -testeo, UCI y ventilación-, pero fue derrotada por la desconfianza en las cifras. La paradoja es que el debate sobre las cifras recién se plantea en otros países, con lo que la posición de Chile en el ranking podría variar a la baja.

Ahora el problema es otro: ¿Cómo mantener el descenso de los contagios en un ambiente social de exasperación e indisciplina? Si el gobierno mantiene las medidas de restricción, que han estado entre las más severas del mundo, parece seguro que los contagios disminuirán. Pero en el otro lado de la balanza aumentarán los daños del confinamiento, extendidos en un intolerable abanico que va desde la pobreza hasta la violencia intrafamiliar El carácter antinatural de las medidas restrictivas ha confirmado que no pueden ser muy prolongadas. Y Santiago ya sobrepasa los cuatro meses. Para más inri, una legión de críticos parece dispuesta a desplegarse si el gobierno levanta las restricciones y aumentan de nuevo los contagios.

La segunda encrucijada, atada con la anterior, es la de la situación económica. Mientras seis millones de chilenos se precipitaban sobre las AFP para retirar su 10%, los 12 proyectos acordados el 14 de junio por el ministro de Hacienda con la oposición han seguido un moroso avance en el Congreso: sólo tres aprobados, otros tres en trámite y seis aún no presentados. El posterior programa de subsidio directo a la clase media fue aprobado esta semana, después de la ley de retiro del 10%. Y todos han sido planes urgentes, de emergencia. El gobierno parece no haber contado con que las oposiciones, reunidas para esto en un solo bloque, pondrían celeridad a sus propias iniciativas antes que a las de La Moneda. Otra forma de propinarle más derrotas políticas.

Los 20 meses tendrían que tener su prioridad puesta en la recuperación de los ingresos, cuyos indicadores se han hundido más que lo previsto. El desempleo amenaza con escalar hasta cerca del 20%, la pobreza podría crecer en varios puntos y la caída del PIB, situarse sobre 12%. Este es un panorama desolador para un gobierno que se proponía recuperar el crecimiento; pero es también una oportunidad épica si para el segundo semestre del 2021 ha restaurado parte de los daños inferidos por la pandemia. Claro que no contará con el apoyo de la oposición. Cuando mucho, una parte de ella dirá que mantiene su palabra con el acuerdo del 14 de junio, pero en los hechos se someterá a desbordarlo si así lo aconseja el viento del momento.

La tercera encrucijada es la situación del orden público. Hay una parte de los ciudadanos que vio el ascenso de la lucha callejera bruscamente ahogado por la pandemia, pero estaría dispuesto a retomarlo a la primera oportunidad y, de ser posible, con más fuerza, para el aniversario del 18-O. Hay otra parte que se suma a ese clima sólo para dar desahogo a la exasperación, sin demasiada conciencia de sus implicancias de fondo. Entre ambas forman una ola que puede resultar altamente desestabilizadora.

En el cambio de gabinete, el presidente ha puesto a cargo de Interior a un hombre que no desearía ser vencido por el descontrol del orden público y que usará todos los recursos de que disponga para impedirlo. El caso es que, por lo menos el 18-O, esos recursos se mostraron escasos y poco eficientes.

El problema del orden público tendrá un impacto directo sobre el plebiscito del 25 de octubre, cuya realización y legitimidad dependen de un mínimo de garantías. El movimiento de las calles no ve, y en algún caso rechaza, el vínculo entre orden público y procesos electorales, a pesar de que la experiencia histórica es abrumadora y de que una nueva Constitución nacida en un ambiente de miedo no sería distinta de la 1980.

Un gabinete que logre durar 20 meses enfrentando todos estos dilemas sería heroico.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-tres-senderos-bifurcados/4KEDTNZDBRARPKHOGIP5M45RSY/

  • 20.27.-La pobreza en Venezuela JORGE IVÁN GONZÁLEZ
  • Panamá, ¿se abre el paraíso? BEETHOVEN HERRERA
  • Chile: el último gabineteASCANIO CAVALLO

Recientemente, la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto de Estudios de Investigaciones Económicas y Sociales, publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (Encovi).

31 jul 2020.- Los datos son alarmantes. Entre 2005 y 2019, la incidencia de la pobreza monetaria pasó de 34,4% a 96,2%. Y los porcentajes correspondientes a la pobreza extrema aumentaron de 10,7% a 79,3%. Casi 80% de los venezolanos no tienen los recursos necesarios para adquirir los alimentos básicos. Y el coeficiente de Gini continúa siendo relativamente alto. El año pasado fue de 0,51.

La revolución bolivariana no mejoró las condiciones de vida, y tampoco disminuyó la desigualdad. Y, sin duda, con la pandemia la situación va a empeorar. Estas cifras dan pie para varias reflexiones.

La primera tiene que ver con la necesidad de estar vigilantes. Todas las sociedades pueden echar para atrás los logros sociales. Incluso, en países ricos como Venezuela. En uno de los diálogos platónicos, se dice que para ser feliz se requieren dos condiciones: riqueza y virtuosidad. La economía Venezuela ha tenido la primera, pero no ha logrado ser virtuosa. Antes de Chávez tampoco pudo sembrar las bonanzas. Y la situación se agravó porque la mala administración de los gobiernos bolivarianos ha llevado al hundimiento de la riqueza. Durante los años de altos precios del petróleo y de los hidrocarburos, no se logró consolidar la producción interna, ni mejorar la competitividad internacional.

Otras sociedades también han tenido retrocesos significativos. En los años siguientes a la caída del muro de Berlín, la crisis institucional que se presentó en Rusia llevó a una disminución significativa de las tres dimensiones constitutivas del Índice de Desarrollo Humano: esperanza de vida, educación e ingresos.

Preocupa, además, que en Venezuela se conjuguen la pobreza y la desigualdad. Cuando las sociedades se empobrecen el coeficiente de Gini tienden a disminuir porque los ingresos se igualan por lo bajo. Pero un Gini de 0,51 estaría indicando que entre los pobres las diferencias de ingreso son significativas y, además, que es relevante la brecha entre la gran mayoría, que son pobres, y el reducido número de quienes no lo son. Uno de los grandes ideales del pensamiento bolivariano fue la reducción de las desigualdades, y este propósito no se consiguió.

Las limitaciones de información continúan siendo un problema significativo. La altísima inflación dificulta las comparaciones intertemporales, tanto a nivel nacional como internacional. Venezuela terminó aceptando una dolarización pasiva, que también permea la contabilidad social. Sin información la política pública pierde la brújula. Debe observarse, además, que la información sobre pobreza y distribución no es de los organismos oficiales.

Al observar el panorama político de América Latina, es bueno retomar la pregunta de Oxfam y de Stiglitz: ¿por qué 99% de los votantes elige a gobernantes que van a defender la riqueza de 1%? Una de las respuestas es la incapacidad que tuvieron los gobiernos de izquierda de ofrecer alternativas. Es inaceptable, por ejemplo, la corrupción del Partido de los Trabajadores de Brasil, o de la familia Ortega en Nicaragua. En 1985 cuando Ortega se posesionó como presidente después del triunfo de la revolución sandinista había esperanza. Hoy se le compara a Somoza.

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/la-pobreza-en-venezuela-3038617

20.17.-Panamá, ¿se abre el paraíso? BEETHOVEN HERRERA

Panamá entregará a Colombia información sobre residentes fiscales colombianos, incluyendo los reportes del 2019.

Los diversos gobiernos colombianos han sostenido que las manufacturas importadas desde Panamá no son producidas en ese país, ‘que se utilizan para lavar dineros ilícitos y por ello pueden derrumbar los precios, y en respuesta Colombia ha aplicado medidas.

26 jul 2020.- El ministro Luis Guillermo Plata promulgó un decreto que limitaba el ingreso de bienes desde Panamá a los puertos de Barranquilla y Bogotá, el cual fue demandado ante la OMC y fallado en contra de Colombia.

Entonces los ministros Sergio Díaz Granados y María Claudia Lacouture establecieron y adecuaron un arancel mixto a esas importaciones, con los resultados indicados.

Nuevamente Panamá demandó a Colombia y en junio de 2013 el órgano de apelación de la OMC ratificó que los aranceles exceden los niveles pactados por Colombia, pero reconoció que “algunas mercancías cuyo precio es igual o inferior a los umbrales que se podrían importar en Colombia, tienen precios artificialmente bajos con fines de lavado de activos”.

En cinco años con vigencia de las medidas colombianas las importaciones de calzado cayeron de 20’734.000 pares a 1’109.000 (94%), y las importaciones de confecciones bajaron desde 5’000.000 de kilos a 231.000 (96%).

En febrero del corriente año la Unión Europea volvió a incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales de la cual había sido retirado en 2018 y para cumplir con las exigencias de la Ocde Panamá aceptó comenzar a intercambiar información fiscal con Colombia a partir de este año.

Entre los documentos filtrados por Wikileaks, se cita el informe confidencial de la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Linda Watt, titulado Understanding Panama’s Colon Free Trade Zone, según el cual “gran parte del valor agregado proporcionado por los comerciantes de la Zona consiste en ayudar a sus clientes a evadir los derechos de aduana y las leyes cambiarias del país importador.

En un sistema como ese, se hace fácil hacerse el de la vista gorda respecto de actividades delictivas graves”. (Citado por Espinosa Fenwart, Portafolio, agosto 23 de 2016).

Y la información publicada en Panamá Papers mostró que la firma Mossack-Fonseca, había creado 200.000 entidades fantasmas, en una evidente estrategia de evasión fiscal y se sospecha que en algunos de esos casos podría haber servido para canalizar recursos ilícitos.

Ahora, Panamá entregará a Colombia información sobre residentes fiscales colombianos, incluyendo los reportes relativos al 2019. El 25 de septiembre vence el plazo para que los residentes fiscales colombianos declaren, liquiden y paguen el impuesto de normalización tributaria, complementario al de renta y patrimonio, mediante el cual los contribuyentes que tengan activos omitidos, o declarados pasivos inexistentes al 1 de enero de 2020 pueden normalizar su situación fiscal. Las penas para esas conductas pueden ser privación de libertad de 48 a 108 meses y una multa del 20% del valor de pasivo inexistente.

La acción de firmeza y diálogo sostenida bajo tres presidentes en dos décadas por los ministros Jorge Humberto Botero, Luis Guillermo Plata, Sergio Díaz-Granados, María Claudia Lacouture, Santiago Rojas y José Manuel Restrepo, en coordinación con la cancillería de Colombia han producido este buen resultado. ¡Ojalá no quede en letra muerta!

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/panama-se-abre-el-paraiso-543047

20.17.-Chile: el último gabineteASCANIO CAVALLO

El presidente decidió poner fin al gabinete surgido tras el 18-O, centrado en las personas moderadas y liberales que suele representar Evópoli, y trasladar al gobierno a las figuras más representativas de sus dos partidos mayores.

28 jul 2020.- No parece exacto decir que es un cambio de “palomas” por “halcones”, aunque el ingreso del senador Víctor Pérez al Ministerio del Interior podría tener ese significado si fuese el único. Es un hecho que es una alternativa que satisface al ya exasperado reclamo de los partidarios del gobierno por aceptar el maltrato sin contrapartida que la oposición le ha dado al ministro Gonzalo Blumel y por la rebelión anómica, caótica y también sin respuesta de sus propios diputados y senadores.

Lo más importante no es esto, sino que el presidente decidió trasladar a su gabinete la división clamorosa de sus partidos de base. Parecía lógico esperar a que ellos resolvieran sus crisis de liderazgo para después replantear su relación con el gobierno. Pero las fechas en que ello puede ocurrir mediante elecciones internas, noviembre para RN y diciembre para la UDI, están a la distancia de una eternidad política. De modo que Piñera decidió invertir el orden e incluir a los principales adversarios de RN –Andrés Allamand y Mario Desbordes- y de la UDI –Pérez como aliado de Jacqueline Van Rysselberghe y Jaime Bellolio-, en condiciones de relativa igualdad, en el equipo ministerial. Parece un esfuerzo final para que la ropa se lave en casa y se modere ese fuego cruzado donde La Moneda queda al medio.

Por supuesto, esto no es ninguna garantía de que las tensiones intestinas cesarán. No fue así en ninguno de los gobiernos de la Concertación, aunque ninguno tampoco llevó tan lejos la representación oficial de las fracciones en la foto oficial. Peor aún: si este gabinete dura lo que debería dudar, tendrá en noviembre a los candidatos de las internas de RN y en diciembre a los de la UDI, en ambos casos con las elecciones más duras de los últimos años.

Pero, por el otro lado, es un gabinete con una sucesión de desafíos como no ha tenido otro en mucho tiempo: primero, el proceso de desconfinamiento, que será todo lo problemático que pueda ser, según anuncian los grupos decididos a que el gobierno no consiga ni un solo aire de triunfo; en paralelo, la reducción de la violencia en la Araucanía, que parece fuera de control en algunas zonas; luego, el aniversario del 18-O, que otros sectores querrán constituir en un nuevo hito insurreccional; y, sobre la marcha, la preparación y ejecución del plebiscito constitucional, con todos los problemas de información y participación que ya se divisan. En este último caso hay que agregar las posiciones altamente divergentes de los nuevos ministros sobre la naturaleza misma del plebiscito.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/el-ultimo-gabinete/NUAPEEG7PNAOBLV2O6KDGCI4M4/

20.26.-Recapitulación chilena ASCANIO CAVALLO

El presidente Piñera decidió no chistar más ante el retiro del 10% de los fondos previsionales y convertirlo en ley en forma expedita, incluso récord. Al mismo tiempo, el gobierno ha querido sostener que no lo considera una derrota, en parte porque parece no querer dar el gusto a sus adversarios y en parte porque con ello sugiere que la derrota real está en otra parte, no en La Moneda, y por lo tanto no existe la necesidad de cambiar al equipo de conducción política.

25 jul 2020.- Desde un punto de vista estratégico, no le falta razón. El daño más grave está en el interior de los partidos de Chile Vamos, que no hizo más que profundizarse en las últimas votaciones del Senado y la Cámara. Cualesquiera que fuesen sus razones, los senadores y diputados que abultaron la votación en favor del proyecto expresan, si no una voluntad de ruptura con sus “principios” (como han solido argumentar), cuando menos la aporía de desconocer la línea programática histórica de RN y la UDI. Esta herida tendría que volver a sangrar cuando ambos deban configurar sus listas de candidatos para las numerosas elecciones del 2021.

Y puede empeorar todavía más si es que, como dicen expertos calificados, los efectos más duros del retiro previsional empiecen a sentirse en el 2025, cuando aumente la masa de jubilaciones bajo el régimen actual. A menos que se modifiquen los períodos vigentes, ese será también otro año de elecciones parlamentarias y presidenciales, después de un gobierno (el que siga a Piñera) que tendrá que dedicarse a restañar la estela de pobreza dejada por la paralización de la economía. Pobreza que cabría llamar estructural, como hace unos 30 años, porque proyecta una sombra ominosa no sólo sobre las familias, sino también sobre los empleos, las empresas y el propio estado.

En fin: en un ambiente donde el futuro es hoy, mejor alejar esos augurios.

Desde el punto de vista táctico, sin embargo, el gobierno ha sufrido una derrota total, no por la nueva ley (ni por el gabinete, que ha dejado de importar tanto), sino por lo que representa en la trayectoria de los últimos meses. ¿O alguien pudo imaginar, por ejemplo en marzo, que el control de la pandemia podría derivar en esto?

Veamos.

Después de la pérdida del control del orden público y la iniciativa política con los sucesos del 18-O, la pandemia le ofreció al gobierno una oportunidad objetiva: la reposición obligada del imperio del estado por razones sanitarias. A mediados de marzo se entendía que sin la unidad del país detrás de la disciplina exigida por las autoridades –el gobierno- podía sobrevenir una tragedia colectiva.

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  • 20.25.-Chile: el fin de una era ASCANIO CAVALLO
  • Fernández flexibiliza la cuarentena en Buenos Aires por el hartazgo social  MAR CENTENERA

Se terminó el sistema de partidos mayoritarios en Chile. Desde el miércoles 15, parece que ya no se volverá a ver grandes formaciones capaces de establecer alianzas sólidas y ofrecer con ellas una garantía de mínima gobernabilidad. Se acabó la derecha como bloque mayoritario, y si vuelve a tener un candidato con aire, pasado o afiliación de derecha, tendrá que postular bajo una urdiembre de partidos menores y grupúsculos chúcaros.

18 jul 2020.- En la votación para autorizar el retiro del 10% de las AFP no hay mucha racionalidad económica. Se invita a la gente a que eche mano de sus ahorros, pero nadie dice si se les devolverán, ni menos con un Estado que agotará sus reservas y comenzará a endeudarse con cargo a las nuevas generaciones. No ha primado esa racionalidad, sino sobre todo una cierta pulsión de venganza, primero contra las AFP y después contra Piñera.

La oposición encontró la oportunidad de infligirle al gobierno una derrota, ya no marginal como estaba acostumbrada, sino sustancial, con sus propios diputados. Una ocasión dorada, que podría confirmar que el antipiñerismo es más que el piñerismo, aunque por ahora no ofrezca una gobernabilidad alternativa. Y los 13 diputados desalineados del oficialismo vieron un momento redondo para expresar su enojo -por muchas, muchas razones- con el Presidente que les pedía su voto. Una pulsión que se satisface sin término.

El resultado ha sido una derrota estructural para el gobierno. Cuando recién asumió, el Presidente solía increpar a sus partidos aliados por haber sido incapaces de trasladar al Congreso la mayoría que él obtuvo en las urnas. Ahora, los parlamentarios han querido demostrarle que el grupo minoritario es el suyo, que está solo, como estuvo el 18-O y como seguramente lo seguirá estando en los 18 meses que le quedan. Han querido decirle que el “pato cojo”, el gobierno abandonado, ha comenzado en julio, mucho antes de lo que se acostumbra.

Más allá de las medidas disciplinarias, la historia de los votantes “díscolos” ya se conoce: en poco tiempo terminan formando un partido propio. Y los desgajados de los grandes partidos terminan siendo pequeños partidos, cuando no varios diferentes: los dos Mapu, la IC, el PSA, la Usopo, la DR, el Padena, el PALR, el PLa, el PIR: una sopa de letras que pasa al pie de página de la historia. La humillación que los 13 diputados de Chile Vamos le infirieron al Presidente Piñera tiene cierto parecido con la que Adolfo Zaldívar le propinó a la Presidenta Bachelet con el presupuesto de un peso para el Transantiago. Zaldívar fue expulsado de la DC y formó un partido que en poco tiempo se convirtió en dos, el PRI (piñerista blando) y el FRSV (opositor duro). Hacia allá se encaminan, quiéranlo o no, por la fuerza de su inercia centrífuga, los 13 o muchos de ellos.

La nueva verdad es que en el Congreso ahora todos son minoría. Sólo hay partidos-fragmentos, como ocurrió en la época de degradación del parlamentarismo, allá por 1925, y parece bastante probable que el país entre en una etapa de alianzas de ocasión (a menudo espurias, según muestra también la experiencia histórica) para disputarse sólo los pedazos del queso. El avanzado proceso de desertificación del liderazgo va de la mano con ese proceso.

La derecha mantenía su unidad en función de resistir a la amenaza de la izquierda. La pandemia le ha proporcionado una razón para ignorar esa amenaza. Pero la verdad es que esa tentación venía de antes, desde el 18-O -cuando el gobierno exhibió su incapacidad de imperio- y quizás aun antes, cuando empezó a elegir a sus candidatos y dirigentes con las encuestas o el número de likes de anteayer.

Un esquema como este hace que el usual balance entre convicciones y conveniencias con que las personas adhieren a un partido se incline con más fuerza hacia este último componente, en un ciclo que se alimenta de sí mismo. Los partidos, que suelen retribuir las convicciones, pasan a pagar aspiraciones menores y más precisas.

Y entonces, ¿se acabó el gobierno? Como ente administrativo, no, de ninguna manera: hay muchas elecciones por delante, además de que está demasiado a la vista una crisis económica de proporciones aún no calculables, una crujidera que demostrará que en vez de debatir sobre la opulencia será necesario regresar a la escasez, porque el país, como la interminable clase media, sólo necesitaba un par de tropiezos para caer de su frágil posición. Dicho sea de paso, uno de esos tropiezos es el confinamiento colectivo, la medida más desgraciada que se le pudo ocurrir al mundo. Pero ese es otro tema.

En cambio, en cuanto ente programático, el gobierno sí se acabó. Los proyectos con que venía han fenecido y el “modelo Cameron” yace arrugado en la papelera, igual que el de Cameron. Como unidad política, es una minoría más. Tal vez la historia diga que tal como con Bachelet 2 se pulverizó la izquierda, con Piñera 2 se pulverizó la derecha y, sin ser culpa de ninguno de los dos, entre ambos le pusieron fin a una era inusual de la política chilena. ¿O la culpa fue del 2?

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20.25.-Fernández flexibiliza la cuarentena en Buenos Aires por el hartazgo social MAR CENTENERA

El anuncio presidencial tiene lugar días después de registrarse un nuevo récord de casos diarios

El presidente Fernández, durante la conferencia de prensa del día de hoy. (FOTO: EFE | VIDEO: EPV) 

Argentina quiere volver de forma escalonada a la normalidad. El Gobierno de Alberto Fernández anunció este viernes una flexibilización de la cuarentena que rige desde hace 120 días, casi un tercio del año ya, pese a admitir que el número de contagios es elevado y que Argentina está “muy lejos” de superar la pandemia de coronavirus.

17 jul 2020.- Las restricciones a la circulación en Buenos Aires y su extrarradio, donde se concentran nueve de cada diez casos positivos por covid-19, no se levantarán, pero se relajarán. En las próximas dos semanas, reabrirán comercios, peluquerías, despachos de abogados y templos para el rezo individual. Volverá a permitirse el ejercicio al aire libre y se ampliarán los días en los que los menores pueden salir de casa, ahora limitados a los fines de semana. Si los contagios se disparan, se dará marcha atrás.

“Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a ir tratando de volver a la vida habitual en este nuevo mundo que nos exige cuidados diferentes”, dijo Fernández desde la residencia presidencial. Los habitantes de Buenos Aires se han habituado ya a salir a la calle con mascarilla, a dejarse tomar la temperatura al entrar a un supermercado, lavarse las manos con frecuencia, llevar siempre encima alcohol en gel y mantener dos metros de distancia con los demás. “Estamos en una situación buena a pesar de lo mucho que han crecido los contagios en el último tiempo”, destacó el presidente, acompañado del alcalde de la capital argentina, Horacio Rodríguez Larreta (opositor), y del gobernador de Buenos Aires. De forma virtual se conectaron también sus pares de las otras tres provincias más afectadas: Chaco, Río Negro y Jujuy.

Hasta el momento, Argentina ha registrado 114.783 personas contagiadas de la covid-19, entre las que 2.112 han muerto. La pandemia comenzó a acelerarse a partir de junio y el martes se registró un nuevo récord de casos diarios, 4.250. Aun así, el Gobierno sostiene que el retorno a la cuarentena estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)—donde vive casi un cuarto de la población argentina— ha ralentizado el ritmo de crecimiento y de ocupación de camas intensivas. Con esos datos en la mano, el Ejecutivo ha decidido flexibilizar el aislamiento y aliviar el malestar de gran parte de la ciudadanía, preocupada por su merma de ingresos por la paralización de las actividades económicas y también por las consecuencias físicas y mentales de un encierro tan prolongado.

“Sabemos lo difícil que está siendo este tiempo para todos. Difícil por la enfermedad, porque hay un problema sanitario, pero también hay un problema económico, social y afectivo”, reconoció Kicillof. Argentina está en su tercer año de recesión económica y la pandemia ha disparado la pobreza extrema: de ocho millones de personas que requerían asistencia alimentaria se ha pasado a once.

Tanto el presidente argentino como los gobernadores hicieron hincapié en la responsabilidad individual de cada ciudadano para mantener medidas de higiene y prevención que limiten la propagación del virus. “Estamos en una etapa que va a depender muchísimo del esfuerzo de cada uno, de que nadie se relaje”, advirtió Kicillof, al frente de la provincia más poblada y con mayor número de casos. El Gobierno quiere evitar un pico pronunciado de la pandemia que provoque un colapso sanitario, tal y como ha ocurrido en países como España e Italia.

Entre las restricciones que siguen vigentes en Buenos Aires y su área metropolitana están las reuniones sociales, las actividades culturales y la reapertura de cafés y bares. Las escuelas, sin clases hasta agosto por vacaciones, permanecerán cerradas tras el receso invernal.

El regreso a la nueva normalidad se define provincia a provincia. La precaución con la que se dan los primeros pasos en Buenos Aires contrasta con la avanzada reapertura en aquellas provincias donde no se registran casos.

https://elpais.com/sociedad/2020-07-17/fernandez-flexibiliza-la-cuarentena-en-buenos-aires-por-el-hartazgo-social.html

  • 20.24.-Bolivia: intentan apresar a Evo y proscribir al MAS ante inminente triunfo electoral – VERÓNICA ZAPATA
  • Dónde va Chile Vamos – ASCANIO CAVALLO
Foto: HispanTV

El lunes 6 de junio la fiscalía de Bolivia imputó y pidió la detención del ex presidente Evo Morales por “Terrorismo y sedición”, reactivando de esta manera la causa basada en un audio casero atribuido al exmandatario, que supuestamente desde México donde se encontraba refugiado, instruyó al dirigente cocalero Faustino Yutra a bloquear caminos e impedir el ingreso de alimentos a diferentes ciudades en el marco del golpe de Estado de noviembre del 2019.

7 jul 2020.- La investigación había comenzado el 20 de noviembre del 2019 luego de que el gobierno de facto presentó los cargos contra el exmandatario por “terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo”. El 20 de diciembre los fiscales pidieron la detención de Morales que se encontraba en Argentina con el “estatus de refugiado” por lo que las autoridades argentinas rechazaron extraditarlo.

Interpol tiene sede regional sudamericana en Buenos Aires, se espera que se mande un pedido de alerta roja para crear un conflicto diplomático con Argentina cuyo presidente Alberto Fernández no reconoce a Jeanine Áñez como presidenta constitucional y legítima del Estado Plurinacional de Bolivia, porque no accedió al poder por el voto democrático. Se autoproclamó presidenta de Bolivia en una asamblea legislativa semi vacía y la banda presidencial se la coloco un militar.

Por fuera la Asamblea Legislativa estaba sitiada de militares, rodeada de tanques y helicópteros. La autoproclamación se produjo posterior a la renuncia del ex presidente Morales a pedido del jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman.

Para llegar a ser presidenta de facto, Áñez primero se autoproclamó presidenta del Senado, y recién luego presidenta de Bolivia. Era la segunda vicepresidenta del Senado por lo que no cumplió con la línea de sucesión. Su partido había obtenido apenas el 4% de los votos.

 Los abogados de Morales, Raúl Zaffaroni y Gustavo Ferreyra emitieron un comunicado en el que señalan que “Bolivia es un estado de derecho donde rige la fuerza bruta. La imputación a Evo Morales constituye la enésima evidencia del estado policial en Bolivia. Las pruebas no existen, la acusación fiscal es un disparate, igual que el pedido de detención”

“No hay cargo penal alguno que deba incriminar al expresidente, nuestro defendido. Morales lucha por la recuperación del estado constitucional y la democracia. El peso de nuestras razones despeja los señalamientos despreciables, cómo son la imputación y el pedido de detención”, añaden.

Por otro lado, el 15 de junio se reactivó la investigación en que se acusa a Evo Morales de planificar un fraude en las elecciones del 2019 y se anunció la presentación espontánea de un “testigo clave” cuya declaración permitiría ampliar las denuncias y los pedidos de captura. Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral quién tiene estrecha amistad con Carlos Mesa candidato de Comunidad Ciudadana y aparece con él en diversas fotografías en redes sociales, se sumó a esta denuncia.

La estrategia golpista es “probar” por medio de jueces cooptados por el golpismo que hubo fraude sin pruebas y anular la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo. Sería una opción para los golpistas que les permitiría ganar una elección: sacar de competencia electoral al MAS.

 La persecución política y judicial contra el exmandatario no termina ahí. El 25 de junio Arturo Murillo, ministro de Gobierno de facto, acusó a Morales disparatadamente de ser el ideólogo de la escandalosa causa de corrupción por la compra de respiradores con sobreprecios en el que se detuvo al ex ministro de salud golpista Marcelo Navajas.

Murillo sostuvo que esta causa responde a “una conspiración del MAS” y amplió las denuncias al dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, y a dos exministros y otras 10 personas, por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y organización criminal. En esta causa también se habría presentado un “testigo clave” que brindaría datos que compromete a los dirigentes y a ex funcionarios del MAS.

Proscripción del candidato a presidente, Luis Arce

 El 30 de junio se conoció la denuncia penal interpuesta por Sergio Flores, gerente de la gestora pública de pensiones, contra Luis Arce Catacora, candidato a presidente por el Movimiento Al Socialismo, acusado de la compra de dos programas informáticos cuando fue presidente del directorio de la gestora publica, que habría causado un daño económico en detrimento del Estado.

La denuncia fue realizada a dos meses de las elecciones presidenciales fijadas para el 6 de septiembre en el país y en el contexto en que Áñez anuncia el decreto 4.272 de reactivación del empleo. El MAS denunció que dicho decreto implica el retorno al neoliberalismo, favoreciendo a las empresas privadas y excluyendo a las empresas públicas de recurrir a los fondos del tesoro nacional, condenándolas a la quiebra para su posterior privatización.

De tal manera, se pone en riesgo la existencia de los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, cuyo fondo para el pago proviene de las rentas de las empresas públicas. Además, este decreto determina la privatización de los servicios básicos: luz, agua, gas, etc., que fueron declarados como un derecho humano por Morales quién bajó el precio de estos servicios en el país.

El ministro de Justicia del gobierno de facto, Álvaro Coimbra, confirmó que aceptaran la denuncia contra Luis Arce y solicitó a la fiscalía que reactive las diligencias para citarlo en el caso del desfalco del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinos (FONDIOC), en la que estarían implicados el exministro de Economía y la mayoría de los exfuncionarios del gobierno del ex presidente Morales.

Luis Arce es acusado de incumplimiento de deberes y otros “delitos”. Coimbra también relató que se reactivaran los más de 60 procesos por presunta corrupción durante el gobierno de Morales.

La persecución judicial o lawfare es una estrategia conocida en la región al que han sido sometidos diversos exmandatarios como Lula Da Silva, Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner para intentar sacarlos de competencia electoral ante el abrumador apoyo de sus pueblos. El caso brasileño fue paradigmático.

El 30 de junio. la dirección nacional del MAS-IPSP. emitió un comunicado denunciado el intento de inhabilitar al candidato a la presidencia Luis Arce, que se presenta como ganador indiscutido en las encuetas, con el fin de impedir su participación en los comicios del próximo 6 de septiembre.

De tal manera, se proscribiría al MAS, principal fuerza política de Bolivia, mediante un golpe judicial. Se apuesta a competir en una elección, pero sin el principal competidor.

Luis Arce llegó a La Paz, desde el exilio en México para iniciar su campaña proselitista el 28 de enero pasado, de inmediato fue notificado por la fiscalía por un caso de corrupción apenas bajó del avión en un pasillo del aeropuerto de El Alto. Anteriormente, Luis Arce también estuvo en resguardo en la embajada de México en La Paz posterior al golpe de estado del 10 de noviembre del 2019 y se asiló en México luego de obtener un salvoconducto del gobierno de facto.

Las elecciones en Bolivia están fijadas para el 6 de septiembre, y todas las encuestas dan por ganador a Luis Arce, el candidato del Movimiento al Socialismo. El contexto es de crisis política, económica, social y sanitaria en el país con una fuerte ofensiva golpista hacia el pueblo boliviano para evitar las próximas elecciones a toda costa, pese al establecimiento de la fecha electoral.

El golpismo busca evitar los comicios con acciones violentas para convulsionar el país y en simultáneo administra siniestramente la pandemia con el fin de obtener un pico de 130 mil contagios para la fecha electoral. Por este motivo, Áñez no tomó las medidas de contención necesarias y recién luego del colapso sanitario, se empezaron a realizar pruebas para justificar el disparo en las cifras oficiales. Otra opción sería llevar a cabo las elecciones, pero eliminando de la competencia al principal candidato opositor y/o anulando la personería jurídica del MAS. También se advierte la asunción de un gobierno netamente militar que eliminaría la realización de los comicios en la fecha establecida. Esta situación se entrelaza y reconfigura en relación al contexto geopolítico regional e internacional en que EEUU dejó de ser la potencia económica del mundo y el jefe de Áñez, Donald Trump, también cae estrepitosamente en las encuestas para su reelección, lo que demuestra que la pandemia puede llevarse puestos varios gobiernos.

Verónica Zapata

Periodista y psicóloga boliviana, colaboradora del Centro latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

http://estrategia.la/2020/07/07/intentan-apresar-a-evo-y-proscribir-al-mas-ante-inminente-triunfo-electoral/

20.24.-Dónde va Chile Vamos ASCANIO CAVALLO

Chile Vamos sufrió una implosión esta semana. Se desmoronó hacia adentro, presionado por fuerzas externas que no resistió. Con ello se quebró el último pilar político-institucional que tenía el gobierno de Piñera. Quizás La Moneda no lo vea de la misma manera, pero la fractura del miércoles es un anuncio de que los 20 meses que le quedan serán todavía más pedregosos de lo que parecía.

11 jul 2020.- La gestión de la pandemia no ha sido un salvavidas. Ni siquiera sus partidarios han aceptado esperar para hacer el balance completo. El predominio del corto plazo lo ha devorado todo, tal vez porque se ha convertido en un rasgo de la política moderna, como lo identificó el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso en su conversación de esta semana con La Tercera.

¿Qué ocurrió realmente el miércoles con la coalición oficialista? Una de las dificultades para precisarlo es que la discusión acerca del retiro del 10% de los fondos acumulados en las AFP envuelve por lo menos cinco niveles de relevancia y se puede dar, por cierto, que muchos de los diputados no los tuvieron en cuenta o simplemente no los perciben.

Está en la naturaleza de los “díscolos” emplear su voto para enviar mensajes al gobierno y, muy secundariamente, a su propio electorado. También es parte de su identidad probar ese estatus hasta que las discrepancias se profundizan, abandonan sus partidos y pasan a la oposición más dura.

A juzgar por sus fundamentaciones, a los “díscolos” de Chile Vamos les eran irrelevantes las implicancias más amplias de la propuesta del 10% -unos tres niveles: el sistémico, el de la reforma de las pensiones y el del Acuerdo Económico-Social, cada uno con su propia complejidad.

 Lo importante era mostrarle al gobierno que no están dispuestos a negarse a una medida que, de acuerdo con las encuestas, tiene alta popularidad. En otras palabras: no pagar más costos en el altar de Piñera. Ya instalados sólo en el cuarto nivel del problema, esto fue suficiente para que nueve diputados de RN y cuatro de la UDI votasen en contra de lo que su sector, su coalición, sus partidos y su gobierno han defendido por 30 años.

Como en todo fenómeno similar, las raíces del conflicto se encuentran más atrás, aunque muchos eligen como momento estelar el 18-O, cuando RN reaccionó con una evidente división ante la amenaza pública. El gobierno califica al presidente del partido, Mario Desbordes, de “populista” y la oposición lo llama “liberal”.

 Ambos términos son demasiado interesados. Desbordes no encarna nada distinto de una corriente muy antigua en la derecha, nacional-popular, por llamarla de alguna manera, que nunca ha aceptado el ascendiente liberal que ha imperado en su coalición desde los años de Pinochet, y que pudo ver en el 18-O la oportunidad para liberarse de esa carga, mejor representada por la UDI. RN nunca ha sido un partido unitario y lo será menos si algunos dirigentes creen que su coalición y su propio gobierno no les conviene.

En la UDI, el detonante fue otro: la negativa del gobierno a ejercer el veto presidencial en la ley que limita las reelecciones de los alcaldes y que, en su caso, afectaría a algunas de las figuras más notorias del partido. Los alcaldes son, a la vez, aliados y eventuales competidores de los diputados, y estos, de los senadores, de modo que lo que se afecta no es un cargo, sino una verdadera cadena política.

La UDI pidió que Piñera ejerciera su facultad de veto y el gobierno se vio obligado a decidir si lo ejercía en ese proyecto o si se reservaba para los varios de constitucionalidad incierta que están saliendo del Congreso para superar de facto la Constitución. Aparte de la cantidad de esos proyectos, debía tener en cuenta un tercer factor: un Tribunal Constitucional quebrado, cuya división interna lo hace hoy más imprevisible que nunca antes.

La interpretación de la UDI era esperable: el gobierno pide apoyo a los partidos, pero no devuelve la mano cuando el partido lo pide. Hasta ha elegido un culpable: el ministro del Interior. Esta semana circuló una declaración de la comisión política exigiendo la destitución de Gonzalo Blumel. No llegó a hacerse oficial, pero la filtración (deliberada) parece un prolegómeno. Otros parlamentarios de la UDI tienen el ojo puesto en Ignacio Briones, a quien acusan de haber acordado con la oposición lo mismo que a ellos les exigió no ceder por ningún motivo.

Y así por delante. En plena pandemia, los partidos oficialistas eligen sus cabezas de turco, pero tanto RN como la UDI saben bien que apuntan a un mismo objetivo: Piñera. Es el Presidente quien debe llevar una ofrenda a ese nuevo altar que son los parlamentarios. En el clima actual, difícilmente podría ser otra que un nuevo cambio de gabinete.

De pasada, la gobernabilidad ofrecida por Chile Vamos, que era su fortaleza principal y la razón por la cual ganó las elecciones del 2018, ha quedado herida, si no de muerte, al menos de mutilación. El Chile Vamos que nació el miércoles ha dejado de ser la minoría más poderosa del Congreso. Y en el Senado, quizás también deje de ser una alternativa de futuro gobierno.

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20.23.-Chile: el grado cero ASCANIO CAVALLO 

Lo peor no ha llegado: este es, por desalentador que resulte, el nuevo consenso médico mundial. Puede resultar desconcertante ver a los europeos volviendo a las calles, los parques y los restaurantes; o a los estadounidenses que se niegan a usar mascarillas porque les parecen “demócratas”; o a los gobernantes que dicen que es mejor hacer menos exámenes para descubrir menos contagiados. Todo eso es ilusorio. El baile de máscaras en el palacio de la muerte roja.

4 jul 2020.- Ya está claro que el virus no se ha ido, ni siquiera en los lugares que redujeron su incidencia. Sólo no está en la Antártica. La OMS, que se perdió la oportunidad de ser la arquiatra del mundo, cavila y advierte, registra y cavila. No está segura de nada, como todo el resto. Cada país está a solas.

Usando modelaciones propias, el MIT ha estimado que alrededor de un tercio de las muertes producidas por el Covid-19 han sido erróneamente atribuidas a otras causas; en otras palabras, que al medio millón de muertos reportados hasta ahora hay que sumar un cuarto de millón más. Su proyección es que hacia marzo de 2021 la pandemia habrá causado una media de 2,3 millones de muertes (entre 1,4 y 3,7) y se habrá contagiado una media de 400 millones de personas. El sida, que ya se acerca a los 40 años (oficiales), lleva 32 millones de víctimas y aún carece de vacuna.

Los epidemiólogos divergen en la mayoría de los tópicos calientes de las mediciones sobre el Covid-19: casi hay “partidos” de especialistas por cada posibilidad. Las cifras son otra danza de incertezas. El único acuerdo es que de momento sólo funcionan como contención los tests, la trazabilidad de los contagios, los comportamientos ciudadanos y los confinamientos masivos. Y que estos últimos son el recurso menos deseable, pero más imperioso cuando fallan los tres primeros.

El menos deseable: la gente se hastía, pierde la confianza, desobedece y se rebela con esta situación esencialmente inhumana. No es parte de la configuración sensible de los humanos congelar los lazos sociales, encerrarse, protegerse como perseguidos y esperar, esperar sin horizonte. No está en su equipamiento dejar de saludarse ni perfeccionar lo que el Presidente Macron ha llamado “gestos-barrera”. Pero hay dirigentes -y no pocos, aquí y allá, en todo el mundo- que han clamado por más y más encierro desde que comenzó la propagación del virus, con ese viejo instinto de saberlas todas, siempre listo para administrar la libertad de los demás.

La historiadora francesa Marilyn Nicoud ha recordado en estos días la trayectoria del confinamiento como medida sanitaria. La primera vez que se aplicó fue en Ragusa (hoy Dubrovnik) en 1377, para detener el ingreso de la peste negra. Más tarde se extendió a otros feudos con el fin de impedir la entrada de apestados o limpiarlas de enfermos, como hizo el conde Bernabò Visconti en Milán, que los echó a los campos. Ferrara y Módena prohibieron el ingreso a todos sus vecinos de Padua y Venecia.

La peste negra no duró unos meses, sino cuatro siglos, con colas largas que llegaron hasta el siglo XIX en el Imperio Otomano e incluso hasta unas inusitadas reapariciones recientes en Madagascar y esta semana en Mongolia. Nicoud recuerda que los confinamientos masivos fueron abandonados en Europa tras la epidemia de cólera de 1831, con el argumento de que se trataba de una “medida de terror”, inoperante, violenta y “digna de siglos de barbarie”. Esta descripción no la usó un liberal desenfrenado, sino el político y médico socialista Ange Guépin.

Dos corrientes prevalecientes en la discusión chilena, el parroquialismo y el infantilismo, la inclinan una y otra vez a buscar en el ombligo político-médico una liberación de la angustia. Las cifras son discutidas por quienes han promovido los cambios en las contabilidades, las medidas son controvertidas por los que las impulsaron y el reclamo por el hundimiento del empleo viene de los mismos que hace poco denunciaban la crueldad de preocuparse por la economía. Expresiones de la angustia, para confiar en la buena fe.

¿Es buena fe que un médico acuse a otro médico, que por ahora es ministro, por emplear una clásica expresión médica (“leve mejoría”) como si fuera un llamado a la desobediencia sanitaria? Debe ser buena fe, puesto que quien lo hizo fue la presidenta del Colegio Médico. Y ha de serlo, sobre todo, porque es otra parte de ese debate circular entre los que dicen que la laxitud sanitaria se debe al comportamiento de los ciudadanos y quienes afirman que es culpa de las ambivalentes señales del gobierno.

Esta semana, The Economist afirma que el cambio de los comportamientos “requiere de una clara comunicación de las figuras confiables, nacionales o locales”, la condición básica para que funcione la tercera de las medidas concordadas por el mundo epidemiológico. No es sólo la buena comunicación: antes está la confianza. ¿Quién es confiable en el Chile de hoy? El Presidente no lo es, y no ha terminado de aceptarlo. La mayoría de los dirigentes tampoco lo son.

Quizás sea necesario ir un poco más atrás: ¿Quiénes son los responsables de que el estado de la confianza institucional e interpersonal en Chile sea una de las peores del planeta? Fuera de los que acostumbran a responder del modo mecánico (“el sistema”), es probable que cada quien podría hacer una larga lista en la que figurarían, sobre todo, políticos y altos funcionarios. O, para ir hacia adelante, ¿quiénes podrían comenzar a remendar este tejido desgarrado en que se ha convertido la sociedad chilena?

Desde que a fines de la Edad Media los Estados comenzaron a intervenir en la salud y a adoptar medidas radicales sobre las personas, la burocracia médica y la policía tomaron su control; y cuando el humanismo decidió que la policía era inferior a la fe pública, la confianza asumió ese papel. Desde entonces, todas las ciencias, duras y blandas, asumen que la salida de las grandes crisis depende del capital de confianza.

Nadie ha dicho cómo se hace cuando la confianza está en su grado cero.

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  • 20.22.-Las vergonzosas perlas del libro de BoltonPATRICIA LARA
  • Chile: el jardín de rosas – ASCANIO CAVALLO
John Bolton, exasesor de Trump. Foto: Telemundo 

El capítulo sobre Venezuela del libro de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, muestra el irrespeto de Trump a la soberanía latinoamericana, el fracaso de su política hacia nuestro país vecino, su falta de simpatía por el autoproclamado presidente Juan Guaidó, la apuesta equivocada de Colombia con respecto a Maduro y el arrodillamiento del gobierno de Iván Duque ante Trump, con una excepción, equivocada también: cuando en una reunión Trump planteó que le gustaría reunirse con Maduro, Duque le dijo que sería un error hacerlo.

26 jun 2020.- El hecho de que la soberanía de Venezuela y, por ende, de los demás países de América Latina le importa un carajo al actual presidente de EE. UU. se evidencia en esta frase de Bolton: “Trump insistió en que quería opciones militares para Venezuela y, luego, quedársela porque ‘es realmente parte de los Estados Unidos’”.

Semejante frase no puede pasar desapercibida. Los países de la región, incluidos los del Grupo de Lima y de la OEA, tendrían que protestar, pues una cosa es que rechacen el gobierno ilegítimo de Maduro y otra muy distinta que estén de acuerdo con la intención de Trump de anexarle a EE. UU. una nación latinoamericana.

Bolton reconoce el fracaso de la política estadounidense en Venezuela cuando dice, por ejemplo: “Llegué a la conclusión de que estos generales nunca tuvieron la intención de desertar”; o cuando, refiriéndose al fallido intento de levantamiento del 30 de abril del año pasado, comenta: “En Venezuela, ese día, todo se fue por la borda”.

También es evidente la falta de simpatía de Trump por el autoproclamado presidente Juan Guaidó: “Él no tiene lo que hace falta… Apártate un poco, no te involucres mucho”, que era como decir: “No te comprometas mucho”, cuenta Bolton que le dijo Trump. Y agrega que Trump “pensaba que Guaidó era débil, en comparación con Maduro, que era fuerte”.

De otra parte, la apuesta equivocada de Duque con respecto a Maduro se muestra a lo largo del capítulo, pues se ve cómo Colombia ha asumido un papel protagónico en la conspiración para tumbar al mandatario venezolano, lo cual ha vuelto mucho más difíciles nuestras relaciones, de por sí complicadas, con el país vecino, y ha dejado libres las manos de Maduro para que les dé albergue a los del Eln y a los disidentes de las Farc.

El arrodillamiento de Duque ante EE. UU. no tiene nombre. Dice Bolton que Trump “preguntó si deberíamos mandar 5.000 hombres a Colombia en caso de ser necesitados, lo cual anoté en mi libreta”.

Ante esa afirmación del libro y ante la filtración, en esa época, de la anotación de las “5.000 tropas para Colombia” en la libreta amarilla de Bolton, ni Duque ni nadie del Gobierno de Colombia protestó, sino que el canciller de entonces, como gran chiste, le llevó de regalo a Bolton una libreta amarilla como la que había aparecido en las cámaras. No se les ocurrió pensar que con esa frase el gobierno de Trump atentaba contra la soberanía de Colombia, ni que para que ingresen tropas extranjeras al país se requiere la autorización del Congreso. ¡Nada!

En coyunturas tan difíciles como las que ha habido con Venezuela, Duque ni siquiera ha convocado una vez la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Todas las burradas las hace solo. Por ejemplo, ahora, rompió la tradición y apoyó al candidato de EE. UU. para la presidencia del BID, cuando siempre los presidentes del BID habían sido latinoamericanos.

Definitivamente, la política exterior de Colombia en tiempos de Duque ha sido una vergüenza.

www.patricialarasalive.com, @patricialarasa

https://www.elespectador.com/opinion/las-vergonzosas-perlas-del-libro-de-bolton/

20.22.-Chile: el jardín de rosasASCANIO CAVALLO

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

“¿Con qué derecho juzgas, zar Iván?”, se pregunta el propio zar mientras piensa en sus enemigos, en el Iván el terrible, de Eisenstein, filmada hace casi 70 años. “¿De dónde sacas esa certeza?”, le pregunta hace unos días el filósofo André Comte-Sponville a un colega que le ha reprochado sus dudas sobre el confinamiento.

27 jun 2020.- Nadie puede responder a eso en estos días; nadie puede decir que hay una sola forma exitosa en una pandemia, y nadie puede decir siquiera que tal o cual caso ha sido un triunfo. Esto no ha terminado; con suerte, está en la mitad. Y, sin embargo, se multiplican los grupos que exigen más y menos, nuevas o viejas medidas para detener los contagios. En todo el mundo. Todos, sin ninguna certeza.

En la política corriente -la llana, la sencillita- la duda suele estar proscrita, parece una debilidad en un ambiente de seguridades. Por eso, en su parte baja, la política consiste en sembrar la duda sobre los adversarios. Si no puedes derrotarlos, oscurécelos. Nadie te promete un jardín de rosas, pero algún día serás recompensado.

Hoy, lo único que se sabe por adelantado es que, junto con las muertes, las economías quedarán por el suelo. Esa conciencia ha llevado a los políticos de muchos países -españoles, franceses, alemanes, neozelandeses- a concordar acuerdos sobre la base de que en cuanto al virus, todos comparten la ceguera, pero saben que viene lo otro. Azuzados por los economistas, los políticos chilenos se situaron en ese grupo al suscribir un acuerdo económico-social para afrontar los meses futuros con el dinero fiscal. Un nuevo clima, alentado además por la renuncia del ministro de Salud, se instaló en el país.

Duró una semana.

Ese mínimo plazo se tomaron para resurgir la desconfianza social, la anarquización institucional y, sobre todo, el encono político. Los detalles de la semana son demasiado peatonales para recordarlos aquí. Las cuestiones de fondo se han concentrado, por ahora, en dos grupos.

Primero, hay un sector del país, con representación en el Parlamento, que ha dado por muerta la Constitución. No ahora, sino desde hace tiempo. En su opinión, todo el engranaje constitucional, y en especial las restricciones que atañen al Congreso, se oxidó y está en ruinas, desde las reglas de mayoría hasta el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, es irrelevante saber si los proyectos que presentan los parlamentarios son inconstitucionales o no.

En el Congreso se trabaja sobre la base de que su mayoría es opositora, aunque a) la elección presidencial expresó otra mayoría, y b) aún no se divise cómo podría la mayoría parlamentaria convertirse en sustento de una nueva gobernabilidad. Pero dentro de esa mayoría, suele resultar más clamorosa la que apunta a sobrepasar la Constitución de facto y en nombre de causas múltiples. No es muy normal, pero desde hace tiempo es parte del clima anómico del país. El caso es que ahora esas iniciativas desbordan, de modo objetivo, el acuerdo económico-social, que justamente es una definición de marcos y proyectos. Las rarezas son a) que algunas de esas iniciativas vengan de los partidos que firmaron el acuerdo, y b) que haya también unas apoyadas por miembros de los partidos de gobierno.

Sin mirar el manual de la prudencia, el Presidente Piñera decidió replicar a eso con una comisión especial para estudiar las inconstitucionalidades que se presentan con creciente frecuencia, como si los parlamentarios fuesen inconscientes de sus acciones. El anuncio es una injerencia en otro poder del Estado, aunque no muy distinta de las que el Presidente Aylwin emprendió contra la Corte Suprema en los años 90. El desafío de Piñera lo suma a una antigua corriente del contra parlamentarismo que expresó mejor que nadie Arturo Alessandri Palma, y después su hijo Jorge. Pero esa es otra historia. El hecho es que las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo han sufrido otra erosión, acaso la peor en los últimos 30 años, y en el peor momento de la crisis.

El segundo grupo de problemas lo plantea otro sector -superpuesto con el anterior, pero no igual- que da por muerto al gobierno. Este espacio epistémico nació después del 18-O y llegó hasta marzo, cuando un senador propuso el cogobierno del Congreso con el Presidente (más o menos en ese orden): un trueque de mayorías. Mucha gente de este sector actúa como si Piñera hubiese sido defenestrado, antes por las movilizaciones y ahora por el Covid-19. Un excandidato propuso hasta una cohabitación à la française del Presidente con algún dirigente opositor. Nadie ha explicado cómo y quién se hace cargo de esas responsabilidades, y con qué tipo de legitimidad.

Por un momento pareció, cuando la alarma sanitaria se vino encima, que las fuerzas políticas enderezarían las instituciones -incluyendo al gobierno- para hacer frente a la emergencia. Pero ese eje ha sufrido una torsión durante junio y el Covid-19 se ha convertido también en una pieza de crispación política, como si los contagios, el hastío del confinamiento y el alza del desempleo se hubiesen transferido por ósmosis al ánimo de los dirigentes.

Parecía lógico que después del acuerdo económico-social viniera alguno, por ejemplo, respecto de cómo y cuándo avanzar hacia el desconfinamiento para aliviar el estrangulamiento de los empleos y la producción. Es lo que ha sucedido en otros países.

Pero en el Chile de esta semana, donde cada uno tiene su propio afán, no hay ni humo de eso.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-el-jardin-de-rosas/T6PCMSOOSVFZTOCTKIPYN6SI2U/

  • 20.21.-Argentina: El ajuste al desnudo. La clase obrera, la pandemia y la crisis – IANINA HARARI
  • ¿De qué te mueres, Chile? – ASCANIO CAVALLO

La llegada de la pandemia golpeó duramente a la clase obrera, sea porque tiene que exponer su salud trabajando sin condiciones adecuadas de prevención, porque pierde el trabajo, porque no puede trabajar y no tiene ingresos o porque le rebajan el salario. Sin embargo, el ajuste que estamos sufriendo no es culpa del Coronavirus. La crisis ya nos golpeaba mucho antes de la cuarentena y nada indicaba que fuera a detenerse.

13 jun 2020.- El gobierno de los Fernández dejó en claro que planeaba continuar el ajuste, aunque tratando de maquillarlo con lenguaje inclusivo o con apelaciones a la solidaridad. La intención de instaurar un pacto social, de que no se firmen clausulas gatillo, de que los aumentos fueran de sumas fijas y preferentemente solo a los salarios más bajos, fueron parte de un plan cuyo objetivo era continuar bajando los salarios. La pandemia no hizo más que profundizar la crisis ya existente y facilitar el ajuste. El número pasado vimos las primeras medidas de rescate al capital y de ajuste a la clase obrera, pero con el correr de la cuarentena esa política se profundizó y, como era de esperarse, empezó a despertar la lucha obrera.

El ajuste al desnudo

Si antes de la pandemia el gobierno buscaba disimular el ajuste, ahora aparece de manera más cruda. La prohibición de despidos que dictó el gobierno, fue una medida decorativa que no los impidió, y que incluso el propio ministerio de Trabajo avaló. El primer indicio de que el decreto era letra muerta fue la homologación los despidos de los despidos de Techint. A ellos se fueron sumando muchos más hasta llegar a más de 100 mil, según los cálculos más altos realizados en base a relevamiento de medios periodísticos. Sin embargo, es evidente que la cifra es mayor aun, dado que no todos los despidos salen en los medios. Además, a los despidos se suman los retiros voluntarios y las recisiones de contratos, que no son contabilizados como tales.

El ministerio de Trabajo, había afirmado que en marzo se dieron de baja 45 mil empleos registrados, pero allí se incluyen jubilaciones, por lo cual no resulta un dato fidedigno. El mismo organismo calcula que el empleo formal cayó en marzo un 0,5% intermensual, a partir de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) realizada solamente a empresas registradas de más de 10 trabajadores, dejando a gran parte el universo pyme afuera. Según esa encuesta se habrían perdido 30 mil puestos de trabajo. Lo interesante es que, a pesar de la prohibición de despidos, el propio ministerio admite en esa encuesta que durante marzo la tasa de despidos aumentó un 0,6 %.

Según la EIL, la mayor caída de empleos se fue en la construcción, que tuvo una reducción del 3,1% en relación al mes anterior y del 19.7% en relación a marzo de 2019. En segundo lugar, se ubica el comercio con un descenso de 0,8% mensual y de 3,1% interanual. Por último, la industria manufacturera que cayó un 0,5% mensual y 3,1% interanual. En cambio, el sector de servicios comunales, que incluye salud y educación, tuvo un aumento del empleo registrado respecto del mes anterior del 0,2%.

A los despedidos se suman quienes fueron suspendidos y quienes vieron reducido su salario. El decreto que prohibía despidos y suspensiones, en realidad no impedía las segundas. De hecho, se dejó afuera de la prohibición las suspensiones previstas en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir aquellas por las cuales se acuerda pagar una suma no remunerativa, incluso en aquellas circunstancias que “se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada”. Con esta excepción, el gobierno dejó la puerta abierta para que los gremios pactaran suspensiones. El acuerdo que firmó el gobierno con la CGT y la UIA logró que la tramitación de los convenios de suspensiones con rebajas salariales fuera más ágil. El acuerdo fija un piso del 25% de descuento, aunque las rebajas pueden ser mayores si pasan por la revisión del Ministerio de Trabajo. Si bien antes del acuerdo CGT-UIA se habían firmado convenios de suspensiones (como el de pasteleros con cadenas de comida rápida por el 50%), después se multiplicaron. Esos acuerdos abarcan a más de 1.2 millones de trabajadores.

Todo este ajuste recae sobre los trabajadores, porque las empresas reciben todo tipo de compensaciones. Mediante la ANSES, el gobierno usa la plata de los jubilados a los que les negó el aumento para transferir miles de millones de pesos para el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para pagar la mitad de los salarios a empresas, entre las que se encuentran Techint, Clarín, Ledesma y otras cuyas ganancias podrían afrontar el pago. La entrega del dinero de los jubilados, a los que se les dio un aumento paupérrimo, fue tal que el gobierno debió proponer que algunos lo devuelvan e imponer mayores restricciones para su cobro como que las empresas no podrán, por 12 meses las de menos de 800 empleados y 24 meses las de más, distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019, recomprar sus acciones directa o indirectamente, adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior (o sea, adquirir dólar MEP o CCL), realizar erogaciones a sujetos o empresas en paraísos fiscales. O sea, están reconociendo que le dieron subsidios a empresas que no lo están utilizando en el salario de sus trabajadores.

Otro regalo para las empresas fueron los créditos a tasa negativa, o sea, se les regala plata. También se les rebajaron las cargas patronales, se les otorgó prórroga para presentar las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y una mayor cantidad de cuotas y la ampliación de la cantidad de planes a los que pueden acceder para refinanciar sus deudas impositivas con la AFIP, incluyendo las de IVA. Al mismo tiempo, se eliminó el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER), que es una evaluación fiscal de cuya calificación dependía el poder acceder a planes de refinanciación de las deudas con AFIP, y se suspendió el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), del Ministerio de Trabajo, con el fin de evitar que quienes negreaban trabajadores pierdan beneficios dispuestos por el Estado Nacional. Todas estas medidas son una gran confesión del carácter parásito de la burguesía argentina. Verdaderos planeros que solo subsisten como capitalistas a condición de recibir flujos crecientes de subsidios estatales, mientras ajustan sin asco a los trabajadores. Este es el esquema del capitalismo nacional que defienden todos los políticos burgueses.

La burocracia viabiliza el ajuste

El primero que firmó suspensiones con rebajas tras el acuerdo de la UIA-CGT, fue la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), por una rebaja del 70% sobre el bruto. El acuerdo incluye una cláusula que permite despedir a los contratados. Ya unas semanas antes, Caló había intentado aplicar suspensiones en el sector por el 70% para varias ramas, pero el rechazo de varias seccionales bajó el acuerdo. En la rama siderúrgica ya había acordado suspensiones al 75% en casi todas las plantas de Techint. En Acindar se impuso una rebaja mayor, del 40%, la empresa calculó el descuento sobre el salario base de convenio de la siderurgia y no el que habitualmente liquida, que es mayor a esos montos. Además, en la planta de La Tablada, despidió a seis trabajadores rescindiéndoles el contrato. Los despidos fueron en represaría porque tras una asamblea que votó en contra de los planes de la empresa, los delegados de la comisión interna solicitaron que se mejorara los montos a pagar. A todo esto, el gremio comandado por Caló pospuso las negociaciones paritarias.

Otro peso pesado que firmó suspensiones con rebajas salariales fue Armando Cavalieri, de la Federación de Empleados de Comercio (FACEYS). El acuerdo fijó un descuento del 75% de los salarios netos. Las empresas más chicas en principio se negaban a firmar porque reclamaban el pago del 100% de los salarios por parte del Estado. A principios de marzo, el gremio había renegociado la paritaria 2019, y con eso pateó la de 2020 hasta junio, y probablemente lo vuelva a hacer.

El gordo que no podía faltar es Luis Barrionuevo, de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra). El acuerdo que firmó permite suspender al 75% del salario. Recordemos que los hoteles están facturando porque son contratados para alojar a los casos sospechosos o leves de coronavirus.

El gremio de panaderos fue protagonista de un escándalo por su arreglo con las cadenas de comidas rápidas. Las empresas pagaron el 50% de los sueldos de marzo con el argumento de que un artículo del convenio los avalaba dada la situación excepcional. El gremio llegó a un acuerdo para rebajar el 30% sobre el bruto para los sueldos de abril, mayo y junio, calculados sobre las horas trabajadas en los últimos seis meses. Además, el grupo propietario de Starbucks y Burger King cerró 13 locales que empleaban a casi 200 trabajadores. También firmó un acuerdo con las pizzerías por la rebaja del mismo porcentaje.

Fiel a su tradición de defensa de las patronales, el SMATA firmó con los concesionarios el pago de un 25% del salario neto a todo el personal, incluidos grupos de riesgo y embarazadas. Se dejó sujeto el cobro de un 50% adicional del salario al eventual pago del Estado a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Eso significa que las empresas que no lo recibieron abonarán solamente un cuarto de las remuneraciones. Pignanelli también acordó el pago del 70% del bruto con las automotrices y las autopartistas. El gremio ya había firmado con Renault un acuerdo por el 60%. SMATA se sumó a quienes patearon las negociaciones paritarias. Debían negociar los aumentos del segundo trimestre, lo que se pospuso indefinidamente.

La Asociación Obrera Textil (AOT), líder en apañar patronales negreras, acordó un 30% de rebajas sobre el neto, y al no incluir adicionales, llega hasta el 50%.El titular del gremio y de las 62 Organizaciones, Hugo Benítez, consiguió que gran parte de las patronales no pongan un solo peso para salarios, porque el 50% que recibe el trabajador es lo que abona el Estado. De hecho, la textil Eseka, fabricante de las medias Cocot y Dufour, les pidió a sus trabajadores que devuelvan parte de la primera quincena de abril porque había abonado un monto que sobrepasa el acuerdo del 50% que pactó el gremio.

Los petroleros también están sufriendo los acuerdos que firmaron sus gremios. En este caso, los convenios alcanzan recortes salariales de hasta el 40%. Las negociaciones entre gremios y patronales fueron previas al pacto UIA-CGT, pero fue homologado a posteriori. Recordemos que las petroleras están siendo beneficiadas con un precio sostén a nivel local, cuando en el resto del mundo el petróleo tiene un precio negativo. Vaca Muerta es uno de los lugares donde los trabajadores solo recibirán el 60% del salario gracias al servicio que le presta a las patronales el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, dirigido por Guillermo Pereyra. En Vaca Muerta, además, los trabajadores de las empresas que brindan servicios especiales están sufriendo despidos y retrasos en los sueldos. Pecom y Schlumberger están “ofreciendo” un plan de retiros voluntarios y San Antonio tiene retrasos en el pago de salarios que abona en cuotas.

Otros capitalistas que se ven beneficiados por la subvención al precio del petróleo y por el favor de la burocracia son los dueños de las estaciones de servicio de la zona de cuyo y de Córdoba. En esas provincias se aceptó una rebaja del 30%. Además, el secretario general de la Federación Obreros de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos (Foesgra) y triunviro de la CGT, Carlos Acuña, pactó con la cámara patronal suspender las paritarias de forma indefinida.

Los estatales son otro sector muy castigado a lo largo del país y los sindicatos nacionales, ATE y UPCN, no parecen enterados porque ante una situación generalizada, deberían encarar acciones nacionales. Ambos gremios dejaron pasar las dos revisiones paritarias que estaban estipuladas en el acuerdo que se firmó con el gobierno nacional el año pasado. Ahora parecen distraídos frente a los ataques que se dan a nivel provincial y municipal. Por un lado, se produjeron despidos en varios municipios de Buenos Aires. En Tigre hubo despidos las áreas de género, infancia, salud y deportes. En Avellaneda se despidieron 27 docentes de jardines infantiles y de la Escuela de Danza. En José C. Paz se despidieron a 38 músicos de la Orquesta Municipal. Por otro lado, se produjeron demoras en los pagos y pagos escalonados en varias localidades. En Jujuy se anunció que los sueldos de serán pagados en dos cuotas. En la ciudad de Córdoba, se recortó el salario a los municipales. En Luján, provincia de Buenos Aires, hay irregularidades en el pago de los salarios y falta de pagos de horas extras y de aumentos que se adeudan. En Avellaneda, no se está abonando los salarios del personal de los Institutos de Enseñanza Artística que tomó cargo en marzo. En Jesús María, Córdoba, los municipales tampoco están recibiendo sus salarios. En Urundel, Salta, tampoco están recibiendo el aumento que les corresponde. En el municipio de Guaymallén, Mendoza, se están recortando salarios a los trabajadores que cumplen la cuarentena por ser parte de la población de riesgo, al no abonarles el ítem “servicios extraordinarios”. También se intentó recortar el salario en los municipios de Tres de febrero y Tigre. En la Ciudad de Buenos Aires, se intentó pagar de forma escalonada el salario. En Tierra del Fuego la gobernación decidió no abonar por 60 días el aumento que ya se había acordado en paritarias, excepto al personal de salud y seguridad. Otras provincias decidieron suspender las negociaciones paritarias, como La Pampa. Santa Fe, Mendoza y Río Negro. A nivel nacional, en marzo no se negoció la cláusula gatillo que correspondía por la paritaria de 2019. Como se, a uno y otro lado del espectro político de la burguesía se ajusta sobre los trabajadores estatales.

Los mineros también sufren un descuento mayos al que pactó la CGT. La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) acordaron el pago del 70% del salario bruto.

En el gremio de alimentación, el Secretario general, Rodolfo Daer, aceptó que la fabricación de productos no esenciales (como golosinas o snacks) continuara en funcionamiento durante la cuarentena. Ahora, Mondelez, que produce golosinas, anunció a sus trabajadores que a mediados de mayo la planta Victoria dejará de funcionar y los trabajadores cobrarán el 77% de su salario. Esto fue decidido en un acuerdo con el sindicato. En Entre Ríos, la planta avícola de Granja Tres Arroyos, que sigue en pleno funcionamiento por ser actividad esencial y que además cobra el ATP, despidió a 50 trabajadores contratados hace un año y medio. En San Juan, 20 trabajadores de la empresa Lomas del Sol, fabricante de productos alimenticios, fueron despedidos a comienzos de mayo, cuando tras dirigirse como lo hacían habitualmente a su lugar de trabajo, les impidieron el ingreso sin ningún justificativo. Al día siguiente, los compañeros recibieron en sus casas un telegrama en el que se los despedía por inasistencia. La patronal, además, les adeuda el último sueldo.

En Sancor, los trabajadores siguen recibiendo ataques de la patronal. Tras los despidos encubiertos de retiros voluntarios, que la empresa no está abonando, y las suspensiones, se suma durante la cuarentena que la patronal no está siquiera abonando el 75% que corresponde. La empresa también adeuda salarios y aguinaldo. Atilra sigue dejando hacer a Sancor.

Los trabajadores de prensa y los gráficos de medios impresos, que también continúan con sus labores, también están sufriendo un ajuste. Clarín decidió pagar los salarios en cuotas, a pesar que está recibiendo ATP. También el canal América y C5N abonan los salarios en cuotas. La editorial Atlántida despidió a 45 trabajadores de las revistas Para Ti, Gente y Paparazzi. Diario Popular abonó el 50% del salario que es lo que recibe por ATP. Por su parte, IPEA, que publica la revista Pronto, cerró a fines de marzo y despidió a 100 trabajadores de prensa y gráficos.

A todo esto se suman las paritarias que no están siendo negociadas, a pesar de que están vencidas la de 2019: Comercio, Metalúrgicos, Smata, UTA, Construcción, Estaciones de servicio, Vestido, Gráficos.

Un sector que está sufriendo recortes de forma inesperada son los médicos de centros de salud privados. En clínicas como el Sanatorio Otamendi, el Hospital Italiano y la Fundación Favaloro, los médicos están sufriendo descuentos de hasta el 50%.

Quienes más salen perdiendo son los trabajadores de las pymes. Según un informe de la Federación de Comercio e Industria de CABA, solamente un 23,1% de las pymes del AMBA pagó los salarios del mes de abril en tiempo y forma, un 39,8% lo hizo de manera incompleta y un 37,1% directamente no pagó. También los trabajadores en negro están sufriendo todo tipo de ataques que no salen a la superficie, como despidos y rebajas salariales o directamente el no pago de los salarios. Un caso que salió a la luz es el de una sucursal de la heladería Cremolati que gestionó para sus trabajadores el Ingreso familiar de emergencia (IFE) y les descontaba el monto del salario. Los contratados y los monotributistas son otro sector cuya precaria situación contractual los hace más vulnerables frente a la crisis.

La clase obrera de pie

Frente a este ataque, distintos sectores de la clase obrera comenzaron a movilizarse y enfrentar el ajuste. Los dos casos más resonantes fueron el del frigorífica Penta y el de Bed Time. Los trabajadores de Penta protagonizan un plan de lucha para exigir el pago de los salarios adeudados por la patronal y la reapertura de la planta, cerrada desde el 17 de marzo, que dejó a 240 trabajadores en la calle. En su lucha, sufrieron una cruenta represión el 9 de abril. En repudio, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne (FESITCARA) convocó a un paro nacional. Los trabajadores de Bed Time lograron un gran triunfo con su lucha que revirtió los despidos y garantizó el pago de salarios adeudados. Los trabajadores ocuparon la planta el día 23 de abril y una semana después lograron el acuerdo.

El Sindicato del neumático (SUTNA), logró un gran triunfo al revertir el intento de rebaja salarial que pretendía imponer FATE del 25%, a pesar de estar funcionando gracias a haber sido incluido en las excepciones a la cuarentena.

A nivel nacional, excepto en Capital Federal y Conurbano, la UTA lanzó un paro el 12 de mayo en reclamo por la falta de pago de los salarios. Las empresas que siguen funcionando por prestar un servicio esencial, se niegan a pagar la totalidad de salarios y además mandan a sus choferes a trabajar sin tomar ninguna medida de prevención y sin brindarles los elementos de protección personal.

Los repartidos de aplicaciones como Rappi, Glovo y Pedidos ya, nucleados en la Asociación de Trabajadores de Reparto, organizaron dos jornadas de protestas en reclamo por mejores condiciones laborales, la provisión de elementos de protección y mejora en los salarios. La primera se dio a nivel internacional, el 22 de abril, y la segunda a nivel local, el 8 de mayo, en la que marcharon a ministerio de Trabajo. Se trata de un rubro que aumentó los niveles de empleo durante la cuarentena y que mantiene a sus trabajadores en condiciones contractuales precarias, sin reconocerlos como tales, con salarios a destajo muy bajos, y sin garantizarles ninguna medida de higiene y seguridad.

En Lomas del Mirador, el 14 de mayo los trabajadores de la fábrica de alfajores La Nirva sufrieron un desalojo por parte de la Policía Bonaerense del acampe que mantenían frente a la planta para exigir el pago de salarios adeudados tras el cierre definitivo de la empresa. Las deudas salariales son de por lo menos medio año y perjudican a los 65 trabajadores de la fábrica. Incluso fueron estafados con cheques a 90 y 60 días sin fondos. Los trabajadores montaron nuevamente el acampe y el 18 de mayo lograron un acuerdo por el cual la empresa se compromete a pagar el 50% de los salarios y el resto lo cobrarán por ATP, aunque mantendrán la medida hasta que se efectivice. El sindicato de pasteleros brilló por su ausencia durante la lucha. En el mismo rubro, los trabajadores de Postres Balcarce, en Mar del Plata, se manifestaron el 6 de mayo para reclamar el pago de salarios adeudados de marzo y abril.

En Chubut, los trabajadores de las plantas de Rawson y Trelew de la alimenticia pesquera Fyrsa, que suman unos 250, se movilizaron el 15 de mayo a la gobernación para reclamar el pago de cuatro quincenas adeudadas. Además de la deuda salarial, la patronal no abrió las puertas en la cuarentena, por lo cual los trabajadores no saben si se quedaran desocupados.

En Mar del Plata, el 11 de mayo los trabajadores del frigorífico de pescado Apolo Fish, tomaron la planta en reclamo de salarios adeudados desde marzo. La empresa está recibiendo ATP y hasta el momento solo abonó una parte de los salarios adeudados.

En Acindar de Villa Constitución, la Comisión Interna logró un mejor arreglo que sus pares de La Tablada: los suspendidos cobrarán el 80% en los primeros meses y después el 90%, y no el 60% que pretendía la patronal. Si bien no se logró revertir el acuerdo, se consiguieron mejores condiciones. En Tenaris Siderca, Techint echó a 30 trabajadores de la contratista Ferrúa SRL, por la vía de rescindir los contratos, quienes se manifestaron con un piquete en la puerta de la fábrica el 18 de mayo.

En el gremio textil, el acuerdo que firmó la AOT no fue bien recibido por los trabajadores. Los trabajadores de Textilana, en Mar del Plata, se manifestaron en el ministerio de Trabajo de la Nación en la localidad en repudio al acuerdo, y explicaron que la empresa se encuentra funcionando en toda su capacidad fabricando barbijos. En Tierra del Fuego los trabajadores de Textil Río Grande y Austratel se movilizan al ministerio de Trabajo contra la obligación de volver a producir, porque las empresas les adeudaban salarios, incluso habiendo sufrido descuentos. En Trelew los trabajadores textiles marcharon contra el acuerdo el 28 de abril. Además, los trabajadores de la empresa chubutense Sedamil marcharon para reclamar el pago de quincenas adeudadas de abril y mayo. Los obreros de la fábrica tomaron la planta el 11 de mayo para exigir la regularización de los sueldos. El 20 de mayo marcharon al concejo deliberante de Trelew para reclamar que se eviten los despidos que la empresa pretende efectuar mediante un plan de retiros voluntarios. En La Matanza, los trabajadores de la textil Iberoamericana se manifestaron en la puerta de la empresa el 7 de mayo en reclamo por los salarios adeudados de tres meses y ese mismo día les informaron que se les iba a pagar lo adeudado.

Los trabajadores del Proyecto Minero de Andacollo, en Neuquén, están llevando adelante un plan de lucha porque la empresa Trident Southern Explorations adeuda los salarios de marzo y abril. Se trata de 238 mineros a quienes se les adeuda dos meses de salario y que quedaron en la calle después de que la empresa se presentó a concurso de acreedores. Los mineros están cortando desde el 5 de mayo la ruta 22 porque Gendarmería no los dejó avanzar. También sufrieron un procesamiento por incumplimiento de la cuarentena después de que Gendarmería revisara sus casas en la madrugada en que los detuvo. Los trabajadores consiguieron el 21 de mayo un acuerdo con la gobernación que les pagará un bono de $20.000 por marzo, uno de $30.000 por abril y luego cuatro cuotas mensuales y consecutivas del mismo monto.

También en Neuquén, trabajadores de la construcción vienen con un plan de lucha y el 13 de mayo cortaron 5 rutas de la provincia. Los trabajadores se encuentran desocupados desde que comenzó la cuarentena y denuncian que no están cobrando el fondo de desempleo que les corresponde y que la obra social que les da cobertura no tiene ninguna clínica donde atenderse. Dado que se supone que están cobrando el fondo de desempleo, los trabajadores no pueden acceder al IFE a pesar de estar desocupados.

En Quilmes, provincia de Buenos Aires, los trabajadores de Valot, que produce alcohol en gel y repelentes, dos productos esenciales cuya demanda aumentó, enfrentaron 60 despidos. La empresa pretendía pagar los sueldos de mayo en cuatro cuotas, lo cual fue rechazado por los trabajadores que decidieron bloquear en el ingreso a la planta el 12 de mayo. Ahora además de intento de cuotificar el salario, también reclaman por los despidos.

En Clarín, los trabajadores decidieron protestar contra el pago en cuotas de su salario de abril mediante trabajo a reglamento, ceses de tareas por turnos, quita de firmas y campañas de difusión sobre su crisis salarial.

En la gráfica Morvillo, patronal que recibe ATP, los trabajadores realizaron un paro por 26 horas, el 14 de mayo, contra el intento de la empresa de recortar el salario un 30% y en reclamo por el pago del 50% del salario de abril que la empresa adeudaba. Tras la medida, lograron que la patronal se comprometiera a pagar.

También contra el intento de recorte salarial, pararon el 8 de mayo los trabajadores de la transportista Cruz del Sur. La empresa les había descontado más del 30% de salario a pesar de seguir trabajando y facturando normalmente, esperando que el Estado pague una parte del salario. Con la medida, los trabajadores lograron que la empresa pague la totalidad de los haberes.

Entre los estatales también surgió la lucha. En Jujuy, los sindicatos estatales del Frente Amplio Gremial protagonizaron una jornada de protesta el 14 de mayo en repudio al pago de los sueldos en cuotas. En Chubut, docentes y estatales que conforman la mesa de unidad sindical organizaron marchas y caravanas en varias ciudades de la provincia el 18 de mayo en reclamo por los retrasos salariales, que llegan hasta dos meses. En la Ciudad de Córdoba, el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) se movilizó el 8 de mayo frente al recorte salarial, que alcanza hasta un 50%, y 13 trabajadores resultaron imputados por violar la cuarentena. En CABA, el 7 de mayo también se realizó una concentración en la legislatura para rechazar el intento de aprobar el pago escalonado. En Tigre los trabajadores de las áreas afectadas por los despidos realizaron un corte frente al municipio el 4 de mayo para reclamar por la reincorporación y el pago de salarios adeudados. En Salta, los municipales de Urundel también protagonizaron protestas en reclamo por el aumento del 30% pactado y el 21 de abril realizaron ollas populares frente a la municipalidad. En Jesús María, Córdoba, el 4 de mayo fueron apresados 41 que estaban reunidos en asamblea en las afueras de un obrador del municipio para debatir el reclamo por el pago de haberes.

En Chubut, donde como vimos están en lucha textiles, pesqueros, estatales y docentes, la situación está cerca de la explosión. El 20 de mayo se organizó una marcha en conjunto de estos tres sectores hacia la Municipalidad de Trelew y luego al Concejo Deliberante. Los trabajadores esperan que el municipio presione al gobernador Arcioni para que les provea una solución.

Entre los desocupados se dieron importantes movilizaciones protagonizadas por organizaciones piqueteras de izquierda, en reclamo por bolsones de comida para los comedores. Bajo la consigna “con hambre no hay cuarentena”, se realizaron varias movilizaciones en mayo para exigir al ministerio de Desarrollo Social que se aumente la ayuda.

El 19 de mayo se convocó a una movilización del Plenario del Sindicalismo Combativo contra la flexibilización de la cuarentena, las rebajas salariales y los despidos, lo cual constituye una muestra de que hay un nucleamiento dispuesto a hacer lo que la burocracia quiere evitar. El avance en la constitución del espacio como una coordinadora permanente abierto a todos los luchadores en una gran asamblea nacional de trabajadores ocupados y desocupados, va a permitir que toda esta energía desplegada por la clase estos últimos meses coagule en una organización de masas que debata y lleve adelante un plan de mayor alcance.

Me matan si trabajo, y si no trabajo, me matan

La pandemia aceleró un ajuste que ya estaba en marcha y le permitió a la burguesía avanzar en los recortes salariales. También le permitió al gobierno poner en marcha la maquinita para subsidiar aún más al conjunto de empresas planeras que están siendo beneficiadas. Mientras tanto, a los trabajadores se nos sigue pidiendo mayores esfuerzos, que es el eufemismo que se usa para decir: bánquense el ajuste calladitos. La burocracia muestra, como siempre, que su prioridad es la defensa de la ganancia de las patronales. Los despidos, las suspensiones, las rebajas salariales y la exposición de los trabajadores que tienen que seguir trabajando sin elementos de protección, no les parecen motivos de preocupación. Afortunadamente, dentro de la clase hay sectores dispuestos a enfrentar este ajuste. Esa lucha es la que tiene que extender, a pesar de que suponga violar la cuarentena. Se trata de dos estrategias diferentes frente a la crisis: la que lleva a la clase obrera detrás de los intereses de la burguesía y la que pone el interés obrero en primer plano. Por la primera, la clase se encamina a un nuevo descenso de sus condiciones de vida. Por la segunda, va a lograr frenar la ofensiva burguesa. Como se desprende de los casos que relatamos, las luchas culminan por lo general en triunfos, por lo que este camino se muestra no solo como el más conveniente sino también como el más efectivo. Como en 2001, una fracción de la clase se ve empujada a la calle y a la utilización de los métodos históricos de acción directa del proletariado. No esperan que los dirigentes sindicales les den permiso y se enfrentan a gobiernos de todo color político.

La cuarentena es la única medida que garantiza el cuidado de la salud de los trabajadores, porque la burguesía no se expone en el transporte público o en los lugares de trabajo. Pero para sostenerla hay que luchar por conseguir que todos los trabajadores tengan un ingreso que alcance para sostenerse sin ir al trabajo. Si las empresas no pueden pagar los salarios, y el Estado se tiene que hacer cargo, entonces que se haga cargo de la empresa en lugar de mantener burgueses planeros. Y esas empresas podrán ser puestas a producir los cientos de productos que se necesitan socialmente. Solo la clase obrera puede luchar para imponer que esta crisis no suponga una nueva vuela en el espiral de degradación que viene sufriendo hace décadas.

El Aromo Nº 111, 24/05/2020

https://www.sinpermiso.info/textos/argentina-el-ajuste-al-desnudo-la-clase-obrera-la-pandemia-y-la-crisis

20.21.-¿De qué te mueres, Chile?ASCANIO CAVALLO

La pregunta que ronda por todo el mundo carece todavía de respuesta: ¿Qué tipo de gobiernos se verán fortalecidos después de la pandemia? No hay todavía ninguna evidencia concluyente. Muchas democracias han soportado el paso del Covid-19 con plena entereza, pero muchas autocracias también lo han hecho.

20 jun 2020.- Las desagradables medidas no médicas de lucha contra el virus -cierre de fronteras, estados de excepción, cuarentenas, controles personales- no pertenecen al repertorio democrático, pero han sido aceptadas en nombre de la emergencia sanitaria. De un modo análogo, las extraordinarias cifras de gasto fiscal anunciadas en todo el planeta no están en el diccionario liberal, pero tampoco están en ningún otro.

¿Dónde están los puntos en común de la lucha exitosa contra el virus? En un reciente artículo en Foreign Affairs, Francis Fukuyama identifica tres factores: 1) estados capaces, es decir, eficientes, competentes, de preferencia ágiles y con espaldas financieras; 2) confianza social: de los ciudadanos por las autoridades, de las autoridades por las instituciones y de los ciudadanos entre sí, y 3) liderazgo, esto es, dirigentes creíbles, con iniciativa y fortalecidos. Estos tres factores, serían más relevantes que la modalidad de gobierno y se desprende que incluso la estrategia sanitaria.

En otras palabras, las naciones que no dispusieran de estas tres condiciones, difícilmente tendrían buenos resultados en el manejo actual y también posterior de la crisis. Por supuesto, un análisis más fino tendría que introducir muchos matices.

Pero si Fukuyama está en lo cierto, entonces Chile ha sido uno de los países que estaban en peor situación antes de desatarse la propagación del virus.

De un lado, el Estado chileno se caracteriza porque es eficiente sólo en algunos bolsones excepcionales. En líneas generales, es un Estado atrasado en todos sus proyectos de modernización, duramente resistente al cambio, y que dispone de funcionarios con niveles irregulares de competencia y compromiso. de Carolina Velasco: Más vale tarde que nunca

En cambio, ha tenido una fortaleza sustancial: el ahorro obtenido gracias a la disciplina fiscal. Por encima de la vocinglería rencorosa en torno al pasado, esto tiene nombre y apellido: Ricardo Lagos. El entonces presidente y su ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, crearon la regla fiscal que ahora ha permitido un acuerdo entre el gobierno y la oposición para gastar lo que en otras condiciones habría significado endeudar a tres generaciones, a los costos más altos del mercado. Por supuesto, la pregunta ahora es si los futuros gobernantes tendrán en cuenta la lección, para iniciar un nuevo proceso de capitalización como el que tomó 15 años. La del Covid-19 no será la última crisis mundial; quizás sea sólo la primera.

En cuanto a confianza social, Chile es un territorio arrasado. Ya no importa discutir de quién es la culpa -seguramente será una multitud-, sino cómo se recupera y quiénes tendrán interés en seguirla socavando. Si el acuerdo económico-social de la semana pasada tiene alguna perspectiva de futuro, alguna visión más amplia sobre el país que quedará tras la pandemia, algún interés en los próximos gobiernos, esta tendría que ser su siguiente prioridad. Sin confianza social, pasará lo que ha ocurrido con todo: la cuarentena, las estadísticas, las protestas comunales, el toque de queda, las cajas de alimentos, el posnatal… Una danza de frases resonantes bañada por el recelo, donde sólo se cree lo que se quiere creer.

El tercer factor de Fukuyama, el liderazgo, es opinable, porque los hechos son demasiado diversos: Xi Jinping parece haber consolidado su fuerza, pero sería infumable compararlo con la neozelandesa Jacinda Ardem. En el caso de Chile, es claro que el Presidente Piñera se ha convertido en una de las figuras más polarizantes del país, el pararrayos que activa y recibe todas las descargas de energía de opositores y partidarios. Encabeza un gobierno al que le ha costado mucho entender la posición de desconfianza en que quedó tras el 18-O y el desorden que introdujo en sus propias filas. El expartido del presidente, RN, se ha vuelto a convertir en la “federación de montoneras” que se describía cuando recién nació, y hace mucho que dejó de ser un escudo. Tampoco lo es su coalición, aunque la fidelidad de los otros partidos sea un poco menos temperamental que la de RN. Pero al mismo tiempo, Piñera es el Presidente y, mientras no haya perdido la legitimidad en las urnas, tiene la eminencia que el ordenamiento chileno le confiere. En democracia, ese un hecho inconmovible.

De cara a la pandemia, el factor X, el que Fukuyama excluye, es el comportamiento del virus. Este sigue siendo un hoyo negro. En Suecia se debate la lentitud de los contagios; en Chile, la velocidad. En Francia, el R0, esto es, a cuántos contagia una sola persona. En Bélgica, la forma de contabilizar las víctimas. La ciencia ha fallado penosamente a escala global, arrastrando a la medicina a un túnel de incertezas. Los sistemas de salud han tenido que responder a ciegas, agobiados no sólo por el número de enfermos, sino también por la incapacidad de la sociedad de admitir que se está frente a un problema sin solución momentánea.

En este panorama, el acuerdo económico-social adquiere una dimensión histórica: nunca antes se había destinado tanto dinero fiscal al gasto social y -lo que es más importante- nunca se había logrado un consenso de alcances tan grandes en los 10 años de polarización galopante que ha llevado Chile. ¿Detendrá la pandemia? No: esa es otra cosa. Y también sí, porque en cuanto contribuya a la confianza podría hacer menos exasperante el confinamiento. Siempre es bueno volver a Montaigne: “No te mueres de lo que estás enfermo, te mueres de lo que estás vivo”.

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  • 20.20.-Chile: a wicked problema – ASCANIO CAVALLO
  • Bolsonaro se divierte y aparece en multitudinaria marcha sin tapabocas y abrazando niños. Así, el presidente minimiza tragedia por coronavirus, pero el país puntea en decesos.
El Presidente de la República Sebastián Piñera, el ministro de Salud, Jaime Mañalich; y el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, ponen en marcha el nuevo Hospital Félix Bulnes, el 11 de abril. 

Chile inicia el camino más aciago de su historia. El gobierno también. ¿Lo saben ambos? 

Las proyecciones internacionales, es cierto, han fallado una y otra vez, por arriba y por debajo. Desde el punto de vista de la prospectiva, el Covid-19 es lo que en inglés se denomina un wicked problem (los significados en español de wicked van desde “travieso” hasta “perverso”), es decir, un problema que ofrece resistencia a las soluciones, porque sus factores son cambiantes, elusivos o desconocidos.

13 jun 2020.- Esta es la advertencia previa. El ministro Mañalich avisó el jueves que en junio vendrán las semanas más duras. ¿Qué dicen las discutidas proyecciones? La Northeastern University de Estados Unidos ha estimado que para ese país, cuyos comportamientos en distancia social y confinamiento han sido disparejos, el pico de los contagios corresponde, más o menos, a los 119 días desde el paciente cero. A Chile le faltan dos semanas para eso.

La Universidad de Ginebra sitúa a Chile entre los países que se encuentran en “fase epidémica exponencial”, es decir, los que no han pasado la curva más aguda, de lo que se desprende que la declinación significativa de los contagios se extendería hasta más allá de julio y agosto. Un estudio sobre las restricciones al contacto social del Imperial College de Londres dice que los datos de Chile “sugieren que se necesita un grado más alto de control de la movilidad o estrategias alternativas de control”. En otras palabras, cuarentenas más severas o trazabilidad más intensa.

Las proyecciones del MIT apuntan a que a mediados de agosto el número de chilenos contagiados superaría el millón; los muertos serían unos 15 mil. De ser así, en ese momento Chile se convertiría en el quinto país con más muertes por millón de habitantes, detrás de EE.UU., Brasil, India y Rusia. Ni esta medición ni las anteriores consideran la posibilidad de una segunda ola contagiosa, como se ha venido sospechando en Suecia, Argentina y el estado de Florida.

La destrucción económica va un poco a la zaga, pero es un consenso que, de todas las calamidades, sólo se parecerá al colapso del PIB y del empleo de 1982.

Este es el camino al que está entrando el país.

¿Y el gobierno? Esta semana se ha iniciado lo que ocurrirá con mayor intensidad y profundidad en las que vienen: el más grande repertorio de presiones que jamás haya soportado gobierno alguno. Presiones urgentes, simultáneas y, lo que es peor, razonables: para ayudar a las familias, a los trabajadores, a los jubilados, a los emprendedores, a las empresas. Para aumentar o relajar los confinamientos. Para incluir y excluir a sectores productivos en las prioridades. Para mantener la estrategia contra la epidemia o cambiarla por alguna de muchas circulantes. Para gastar más, guardar un poco, gastarlo todo. Para sacar ministros, poner asesores, cambiar las mesas, mover los muebles.

No es sólo lo inmediato: luego están, más o menos en este orden, el estado de excepción, el plan de desconfinamiento, el plebiscito constitucional, las elecciones regionales y municipales y la protesta callejera, suspendida o superada. Y a la vuelta de esa estrecha esquina, las elecciones parlamentarias y presidenciales.

Qué lento pasa el Covid-19 y qué rápido se consume el cuatrienio. De haberlo sabido, quizás Sebastián Piñera habría pensado dos veces esa ocurrencia suya de un segundo mandato: ahora le espera el agón del gobierno más complicado de la historia.

Parece evidente que hasta abril, ya iniciadas las medidas de confinamiento, el Ejecutivo suponía un período epidémico corto -quizás unos dos meses en total- y un retorno progresivo a la normalidad, como ya se insinuaba en Europa. El reconocimiento oficial de ese error de cálculo fue la convocatoria al diálogo con la oposición en torno a un “plan de emergencia y reactivación” (el otro fue el nuevo cambio de metodología de contabilización de casos, que no ha hecho más que enredar y retardar la información, ahora mediada por un servicio que no es exacto y ni siquiera trabaja todos los días, como el Registro Civil).

El primer problema ha sido la proposición de dividir el plan en las dos partes que contiene. El segundo, el del monto. Estos dos debates pueden ser interminables, pero el gobierno y la oposición tienen buenas razones para intentar completarlos: el Presidente, porque de seguro ve que sin una reactivación enérgica, que repare los destrozos económicos causados por el Covid-19, el resto de su gobierno será sólo un largo invierno, y los opositores, porque ningún grupo que aspire seriamente a disputar el cuatrienio 2022-2024 puede querer cargar con el fardo de un país empobrecido, endeudado y semidesguasado, presupuesto engrillado y ni rastros de ahorro.

La historia puede ser traviesa. Tras el paso de este coronavirus y aunque quizás ni se enteren, los principales grupos políticos se verán enfrentados a disyuntivas parecidas a las de quienes hicieron la transición hace 30 años: volver a sacar a mucha gente de la pobreza, reanimar la economía, debatir el orden institucional, recuperar la confianza del mundo y restañar unas cuantas heridas (menos graves, desde luego) de todo lo que ha pasado.

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20.20.-Bolsonaro se divierte y aparece en multitudinaria marcha sin tapabocas y abrazando niños. Así, el presidente minimiza tragedia por coronavirus, pero el país puntea en decesos.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se reúne sin tapabocas con simpatizantes este domingo, en Brasilia (Brasil). Cientos de seguidores se aglomeraron este domingo para alabar a su ídolo. Foto: Joédson Alves. EFE

24 de mayo 2020.- Cientos de seguidores del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se aglomeraron este domingo cerca del palacio de Gobierno para expresar su respaldo al mandatario, quien sin protección se mezcló entre la multitud, ignorando de nuevo las recomendaciones ante la covid-19, que deja ya más de 22.000 muertos en el vecino país.

El líder ultraderechista se unió a sus seguidores tras efectuar un sobrevuelo por Brasilia, donde fue testigo de una multitudinaria caravana de vehículos que se aglomeraba por varias calles a la redonda del palacio de Planalto, sede de Gobierno.

Brasil es el segundo país del mundo, después de EE.UU., con mayor número de contagios por la covid-19, con más de 347.000 infectados y unas 22.000 muertes.

«Estoy aquí en Brasilia ahora, en una manifestación espontánea del pueblo por la democracia y la libertad y buscando que Brasil salga adelante», dijo Bolsonaro mientras se dirigía a los manifestantes, en declaraciones que fueron registradas en uno de los videos que sobre la jornada publicó el mandatario en Facebook este domingo.

El mandatario, que desde el inicio de la pandemia le ha restado importancia considerándola apenas como una «gripita», se mezcló entre la multitud sin tapabocas, desobedeciendo las órdenes de las autoridades que hacen obligatorio su uso para evitar el contagio del nuevo coronavirus.

Casi sin poder moverse entre la aglomeración, Bolsonaro saludó a varios de los seguidores y hasta abrazó y cargó niños en sus brazos.

Momentos antes del encuentro con los manifestantes, el presidente brasileño realizó un sobrevuelo en helicóptero para observar una multitudinaria caravana de vehículos que colmaba las calles que circundan la explanada de los ministerios y a la plaza de los tres poderes, donde se concentran las sedes del Gobierno y cuyo video también fue publicado por el mandatario en la red social.

El líder ultraderechista se mEostró feliz con el apoyo de sus seguidores en momentos en que su credibilidad está en la cuerda floja por una serie de declaraciones que han salido a la luz pública en medio de una investigación que se adelanta por presuntas intervenciones políticas del mandatario en la Policía Federal, un organismo autónomo del Estado brasileño.

https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/coronavirus-brasil-hoy-bolsonaro-se-reune-con-multitud-sin-tapabocas-499058

19.20.-Chile: el último gong – ASCANIO CAVALLO

26 de mayo del 2020/SANTIAGO Ignacio Briones, ministro de Hacienda, llega a la moneda usando su mascarilla, para reunirse con el Presidente de la Republica, para avanzar en acuerdo por la reactivación, el empleo y la protección de los ingresos. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO 

No hay recuerdo de un ministro de Hacienda que haya contado con la simpatía del Parlamento. En cierto modo, toda la institucionalidad está diseñada para que ese ministro sea quien contenga las ganas triunfales de los congresistas de dar noticias alegres a sus electores.

6 jun 2020.- Esta no es una exclusividad de Chile. También sucede en los regímenes parlamentarios, incluso en los casos en que el ministro es un parlamentario. Y hasta en las dictaduras, sin Parlamento de por medio: los ministros de Hacienda de Pinochet se hicieron fuertes enfrentándose a las presiones (harto más temibles) de los propios militares.

De modo que el reclamo y las advertencias en contra del ministro Ignacio Briones por parte de la oposición antes de sentarse a discutir el “plan de emergencia y reactivación” sólo llaman la atención porque parecen contener algún grado de decepción, como si hubiesen esperado que fuese más “de los nuestros”. El resto es el ruido usual.

El hecho más contundente es que el ministro, el gobierno y la oposición se juegan todo en la elaboración del plan. Comete un error cualquiera de las partes que piense que podrá culpar al resto si el diálogo fracasa. Es muy difícil que el país entienda eso. Lo que entenderá es quién está por contribuir a superar los extensos daños de la pandemia y quién no. En cierto modo, la pandemia impone el maniqueísmo: sí o no, está o no está. La opción de no estar es democráticamente legítima, aunque es inevitable que tenga costos. Es una encrucijada muy tajante, a la que puede ser difícil adaptarse después de las inmensas expectativas y los abstrusos debates suscitados tras el 18-O.

Pero la escena ha cambiado entera y radicalmente.

El país de la calle se convirtió en un país puertas adentro. Para salir a la calle hay que pedir permiso, y no hacerlo es una conducta antisocial y anticomunitaria. Esos gestos ya no desafían al gobierno, sino a los vecinos. La palabra de la autoridad, antes solitaria, es ahora un faro social; por eso es tan serio que se pueda equivocar. Es otro mundo.

En los hechos, el gobierno ha abandonado el programa con que fue elegido y entrará a negociar algo que está muy lejos de su vocación. La oposición parece estar haciendo algo equivalente -aceptar que el gobierno ya no dejó de ser gobierno y presidencial- y también se prepara para un camino poco deseado. No hay otra forma de hallar convergencia.

Hasta ahora, lo más notorio ha sido la asincronía entre el ritmo de la pandemia y la velocidad de la política. Esta semana, el Congreso despachó otra ley contra la libertad de los electores: el límite de reelección para autoridades de voto popular. Esto es música para los que detestan a “los políticos” (¿es que nadie se acuerda de Pinochet?), pero una necedad para las vocaciones públicas. Incluso, los promotores más racionales de esta ley (Pepe Auth, por ejemplo) admiten que es un recorte a la libertad, aunque -dicen- es un beneficio para el sistema. Es un drama tener que elegir entre el sistema y la libertad, y es más dramático escoger siempre el sistema en contra de la libertad.

Pero ahora que el sistema realmente reclama una respuesta, hay quienes se inclinan a anteponer sus identidades partidarias. La asincronía no es una rareza en la política. Hasta en la Guerra del Pacífico el Congreso se sumió en acalorados debates. Quizás sea un rasgo inherente de la irritante, odiosa y enrevesada manera de buscar el bien que es la política.

El del Chile actual puede ser un caso más extremo, porque ha significado unas torsiones exageradamente bruscas y en muy corto plazo de la “antigua normalidad”: el 18-O primero, para poner todo patas arriba y plantar cara a la distribución de la abundancia, y la pandemia después, para volver a invertir la realidad y devolver a todos a confrontarse con la escasez. Enfermedad y escasez, para ser más precisos.

El ministro Briones ha estimado que el efecto del Covid-19 sobre la economía chilena representaría un retroceso de unos siete años. Otros economistas son menos generosos y calculan que se volverá atrás en 10 o más años. Esto significa la demolición de los esfuerzos de una generación -incluyendo en primer lugar a los que lograron salir de la pobreza- y puede ir aún más lejos, a hipotecar el futuro inmediato de la siguiente. Esos tendrían que ser los horizontes del plan de emergencia y recuperación: limitar el retroceso, impedir la expansión de la pobreza y evitar que los jóvenes de hoy paguen mañana por la enfermedad del 2020.

Es un cubo de Rubik. No se puede convertir en algo distinto de un cubo, pero hay que ajustar todas las piezas para que resulte inteligible. Y no hay más tiempo. Es el último llamado.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-el-ultimo-gong/5PUPWN66O5A4JK2FO66XV5H6B4/

  • 18.20.-Lo que necesita saber sobre la crisis de deuda de Argentina BLOOMBERG
  • Desde el momento de odio… ASCANIO CAVALLO

Argentina logró aplazar por un par de semanas las críticas discusiones sobre su deuda. El país se aproxima a su noveno “default”. ¿Cómo llegó todo hasta acá?

La economía, ahora cerrada debido al coronavirus, se encamina por tercer año consecutivo hacia una contracción. / AFP 

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, enfrenta un momento decisivo en su presidencia a medida que la nación se prepara para el que podría ser su noveno default de deuda soberana.

24 may 2020.- Tras cinco meses en el cargo abordando la recesión, una inflación del 50 % y un colapso en la tasa no oficial del peso, Fernández está tratando de llegar a un acuerdo con los bonistas en las próximas semanas para evitar un caos aun peor.

Si tiene éxito, podría haber una luz al final del túnel para una economía que estaba en serios problemas incluso antes de la pandemia de coronavirus y una mayor probabilidad de que Fernández consolide su poder dentro de la coalición gubernamental. Si falla, y se cae en un default desordenado de US$65.000 millones de deuda en el extranjero, será otro golpe importante para la economía en rápida contracción.

“Un default duro significaría que Argentina pierde su oportunidad de una recuperación económica ordenada”, dijo Alejandro Catterberg, director de la consultora argentina Poliarquía.

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Es territorio conocido para un país que ha pasado una tercera parte de su historia moderna en recesión, atrapado en medio de ciclos de auge y caída. Además, para Fernández, político veterano que llegó al poder a fines del año pasado, las perspectivas son peligrosas si las conversaciones se desmoronan.

“Argentina siempre parece estar al borde de la avalancha y, en ese sentido, por dramática que sea esta situación, se siente familiar”, dijo Benjamin Gedan, exdirector para Sudamérica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. “Por un período de tiempo, Argentina puede escaparse de la avalancha, pero casi inevitablemente el país termina enterrado”.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre cómo llegó Argentina a este punto y lo que viene después.

¿Por qué Argentina no puede pagar sus deudas?

Los inversionistas invirtieron miles de millones de dólares en Argentina en 2016, cuando una nueva administración comprometida con la ortodoxia económica incentivó las apuestas en un repunte del crecimiento después de años de interferencia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Pero rápidamente salió mal. El gobierno del presidente Mauricio Macri luchó para controlar el gasto y apuntalar el presupuesto. La moneda se desplomó, la inflación se disparó y la economía, ahora cerrada debido al coronavirus, se encamina por tercer año consecutivo hacia una contracción.

En 2018, Macri firmó una línea de crédito récord de US$56.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, en un intento por evitar el colapso. Un año después, Macri perdió la reelección ante Alberto Fernández, un aliado de izquierda de Fernández de Kirchner. Ahora también se está renegociando la deuda del FMI.

¿Cómo intentan el gobierno y los acreedores evitar un “default”?

El 17 de abril, Argentina anunció una oferta de reestructuración de deuda que suspendería todos los pagos por tres años, impondría un recorte del 62 % en los pagos de intereses y un recorte del 5,4 % en el valor nominal de los valores en dólares de Argentina.

Los tres principales grupos acreedores del país se opusieron a la oferta, calificándola de “inaceptable”, lo que empujó a los bonos a cerca de mínimos históricos. Sin embargo, en mayo, los bonos comenzaron a recuperarse, con la esperanza de que las partes solucionen sus diferencias y lleguen a un nuevo acuerdo.

¿Quiénes son los actores clave?

Al otro lado de la mesa del ministro de Economía, Martín Guzmán, hay representantes de los mayores inversionistas institucionales de Argentina, incluidos BlackRock, Pacific Investment Management, Ashmore Group, Capital de Greylock, Fintech Advisory y Gramercy Funds Management.

En gran medida, las negociaciones se han realizado a través de videoconferencia. Guzmán tiene a algunos de los economistas más destacados del mundo de su lado, entre ellos a Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, quien escribió una carta abierta junto a más de cien economistas, donde piden a los acreedores que lleguen a un acuerdo negociado.

¿Qué ocurre si Argentina no paga?

Si el gobierno y los acreedores no llegan a un acuerdo, Argentina volverá a estar aislada de los mercados crediticios internacionales y enfrentará batallas legales con los acreedores. Y su reputación y las relaciones internacionales del país se verán aun más dañadas, según Gedan, quien concluyó: “El escenario de un default sería extraordinariamente costoso y me temo que algunos en el gobierno argentino lo pueden estar subestimando”.

https://www.elespectador.com/economia/lo-que-necesita-saber-sobre-la-crisis-de-deuda-de-argentina-articulo-921046

18.20.-Desde el momento de odio…  ASCANIO CAVALLO 

El Presidente ha convocado a un acuerdo nacional sobre sanidad y recuperación económica, excluyendo, con un cuidado que no ha sido su rasgo de estilo, el debate propiamente político y el constitucional. Un fragmento de la oposición, el Partido Comunista, rechaza de plano la idea.

 30 may 2020.- Otro fragmento lo condiciona a que se acepten sus prioridades, lo que más o menos equivale a rechazarlo, porque no hay baile cuando una de las partes exige imponer sólo su música. Queda otra parte, que está al aguaite. Y con razón, porque tampoco las cosas se ven claras en las filas del oficialismo. Al presidente del partido del Presidente se le ha ocurrido presionar por algo parecido al cuoteo: quiere a un ministro suyo en el equipo negociador.

La velocidad de la política chilena está muy por detrás de la velocidad de la pandemia. En el puzzle formado por las proyecciones inservibles, las cuarentenas que refrenan los contagios, el desempleo que aumenta con las cuarentenas y los alcaldes que exigen cuarentenas como si fuesen la panacea social, la política se ha visto confinada al rincón de la irrelevancia, recubierta por un manto de desconfianza más espeso que el que envuelve a la sociedad.

¿Por qué es así? Veamos.

El gobierno vivió un semestre (octubre a marzo) en el que hubo un esfuerzo masivo por derribarlo con métodos no electorales, bajo el pretexto, justo o envidioso, de eliminar los privilegios de una sociedad abundante. Con distintos grados de intensidad, toda la oposición terminó subida en esa ofensiva, que no se detuvo, como se ha dicho, con el acuerdo constitucional de noviembre, sino que se extendió por lo menos hasta marzo pasado, justo antes del estado de catástrofe. El Presidente debió ver los miles de rayados callejeros que le exigían la renuncia o que lo daban por terminado, para no hablar de los llamados a liquidarlo. Unos ciclistas se lo fueron a gritar a su casa, por si faltara.

Al otro lado, la oposición, repentinamente liberada de su derrota en las urnas, se sentía al alza hasta el mismo marzo, celebraba la caída de popularidad y se mostraba bastante disponible para un “golpe blanco”, como la renuncia del Presidente o, mejor, su destitución por el Congreso. A los malos números de las encuestas agregaban la pereza de la economía y algunos pensaban que el plebiscito constitucional previsto para abril podía ser convertido en un referendo final sobre el gobierno. Para decirlo en forma (apenas) figurada: el 27 de abril por la mañana debía renunciar el gabinete y, por la tarde, el Presidente. A la oposición le parecía que esto no era del todo ilegítimo, porque -con la prueba de “la calle”- Sebastián Piñera había perdido la mayoría que lo llevó a La Moneda.

La pandemia cayó sobre Chile en ese momento psicológico. La palabra puede ser dura, pero no injusta: un momento de odio. Y ocurre que 11 semanas después, con un país totalmente alterado en su vida sanitaria y productiva, aterrado por un eventual colapso del sistema de salud, sintiendo que sube por una pendiente agónica de contagios y muertes, parece no haber otro camino que buscar un acuerdo nacional. Con los mismos actores del psicodrama anterior. ¿Tiene alguno de esos actores la capacidad psicológica de salir y olvidarse del estado en que vivía hasta tan poco? Los que se sentían entonces ofendidos por la actitud del gobierno, ¿pueden pasar del agravio? Y el Presidente, ¿puede zafar de la memoria de los rayados, los gritos, la furia?

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17.20.-Chile: La última línea – ASCANIO CAVALLO

Ventilador mecánico. Foto referencial.

Las protestas iniciadas esta semana en algunas comunas de Santiago, el lunes 18 -a siete meses exactos del 18-O- han tenido el semblante de una coordinación algo más visible que los ciclos anteriores. La inteligencia policial parece estar en mejores condiciones relativas, porque al menos alguno de los focos de estos días no fueron tan sorpresivos como en octubre pasado. Después de todo, el confinamiento restringe la vía de coordinación únicamente al recurso de las redes digitales.

23 may 2020.- Las protestas confirman que el fuego del 18-O no se ha extinguido y que sus promotores están a la espera de que se reduzcan las medidas restrictivas. La reaparición del lunes 18 muestra la ansiedad de esos grupos y puede entenderse como un sondeo para ir avanzando en las condiciones de organización a medida que la crisis económica progrese con su elemento más chocante, el desempleo.

Sin embargo, todos los datos indican que las restricciones tendrán que continuar e incluso endurecerse, ahora que es evidente que en las zonas de mayor contagio -Santiago, Iquique y Antofagasta- los habitantes se están infectando entre sí. El abultado cúmulo de viajeros que trasladó la pandemia hasta Chile desde otras latitudes (sobre todo, Europa) ya quedó atrás. Las cifras muestran que el período de transmisión más intensiva se inició en mayo. Nadie puede asegurar cuándo se producirán el pico, la meseta y el subsecuente descenso paulatino de contagios, que es el patrón que ha seguido la enfermedad en todo el mundo. Los datos parecen haberse anticipado un poco a los cálculos del Ministerio de Salud, pero junio y julio se siguen divisando como los meses agudos.

Al final, cuando toda la neurosis de las estadísticas y la sobreinformación hayan remitido, el gobierno será medido por una cifra principal: los muertos. Se discutirán las estrategias, las oportunidades y la demografía, pero el dato férreo, inconmovible, será la tasa de mortalidad. La experiencia mundial ha demostrado que esa tasa depende decisivamente de las capacidades sanitarias, es decir, de que la demanda no sobrepase a la oferta. Si el gobierno consigue aumentar los insumos (camas UCI, ventiladores, equipamiento, personal) a un ritmo mayor que el incremento de enfermos, podrá evitar colapsos como los que sufrieron la Lombardía italiana o algunas ciudades de España, cuyos números de muertes todavía son el rastro principal del Covid-19. En esa dirección trágica parece ir, por ejemplo, Brasil.

En ese momento de balances, el número de contagios parecerá un dato banal. Los epidemiólogos sostienen que los contagios intensivos pueden ser positivos para generar la “inmunidad de rebaño” antes de que se desarrolle la vacuna. Pero para que un gobierno decida alentar esa inmunidad necesita estar seguro de que tendrá los recursos para recibir a los enfermos. Suecia, que es hoy el modelo de esa estrategia, admite ahora que aún con sus certezas descuidó el sesgo etario del Covid-19 (en Chile, casi dos tercios de las muertes son personas de más de 70 años).

En la casilla vecina estarán las pérdidas de la economía, medidas en desempleo, quiebras, retrocesos de producción, pobreza y caída del PIB. Aunque los resultados del primer trimestre hayan sido menos expresivos de lo que se preveía, todas las proyecciones apuntan al mayor hundimiento del producto desde 1982.

De modo que las condiciones objetivas para el desarrollo de las protestas son muy ambivalentes. De un lado, el empobrecimiento de segmentos urbanos numerosos parece un incentivo para aumentar la presión sobre el gobierno y apuntar de paso hacia la demolición del sistema económico. Pero del otro, las necesidades de reponer el empleo, restaurar los ingresos y volver a activar la producción parecen también razones imperiosas para dejar atrás la conflictividad callejera y alentar a las instituciones para que trabajen sobre acuerdos amplios. La cesantía nunca ha sido un estímulo para la movilización; la pobreza, sí.

La oposición no ha decidido aún en qué lado estará. Una parte de ella -que medida en votos no es en absoluto mayoritaria- querrá mantener el rumbo y acercarse lo más posible a derribar al gobierno, aunque percibe que esa oportunidad perdió el empuje que aspiraba a tomar en marzo, el “mes decisivo”. Esa porción puede haber visto con entusiasmo las protestas de esta semana.

La otra parte vive, más que en la indecisión, en un estado de espera: sólo puede reaccionar frente a hechos que no maneja, decisiones ajenas y agendas que ignora. Está obligada a aguardar los errores del gobierno para tratar de ocupar el espacio público. Tampoco es una situación dramática: como lo saben los dirigentes más agudos, es lo propio de la oposición. La única diferencia del caso chileno es que un gobierno que tambaleaba se vio abruptamente enderezado por una catástrofe sin precedentes, y es mejor no imaginar si la pandemia hubiese alcanzado al país con autoridades renunciadas. El hecho es que la oposición mayoritaria -de nuevo: en votos- ha vuelto a verse confinada a un incómodo espacio en el que es muy difícil decidir entre la hojarasca diaria y la configuración del futuro.

El Chile postpandémico será, según parece, un caldo de todas estas cosas.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-la-ultima-linea/6N2RVFKEPZA6VKQOXHPZ7RFYNI/

 

  • 16.20.-Hambre – ASCANIO CAVALLO
  • Ante el nuevo desorden mundial, la soberanía reconsideradaNICOLAS COLIN

Chile está en las antípodas: el clima de desconfianza es uno de los peores del mundo. Este pudo ser un dato positivo para la oposición, siempre que confíe en que su función sea debilitar por todos los medios al gobierno que la venció en las urnas. Quizás se haya pasado de rosca, porque la desconfianza es un aire tóxico que tiende a envolverlo todo, incluyendo a sus propios promotores. Pero si la desconfianza es el signo con que el país enfrenta un retroceso fuerte hacia la pobreza, la pendiente será mucho más inclinada y larga que la duración de este gobierno. Pobreza llama a pobreza.

16 may 2020.- En el famoso grabado de Durero Los cuatro jinetes del Apocalipsis, el caballo más oscuro ocupa el centro. Su jinete lleva una balanza, que según algunos representa el precio de los alimentos y, según otros, la medición entre precios e ingresos. Este jinete es el hambre. Lo flanquean el caballo famélico de la muerte y el corcel brioso de la guerra. La peste no está, pero hay un cuarto caballo que desde el texto del apóstol San Juan ha sido objeto de todas las interpretaciones posibles. La cultura occidental lleva muchos siglos asociando a estos jinetes fatídicos, y por eso ahora, que ha renacido la imaginación apocalíptica, no es raro que hasta las autoridades los vuelvan a juntar.

Lo menos dicho de la crisis del Covid-19 es que por su centro, en efecto, galopa el espectro del hambre. El infantilismo de oponer la salud con la economía se estrella con una amenaza que puede dejar de ser imaginaria. Para no ir demasiado lejos, el informe sobre crisis alimentaria de la ONU del año pasado cifraba el “hambre aguda” en América Latina en 4,2 millones de personas, de las cuales poco más de la mitad estaba en Haití, 1,6 millones en el “corredor seco” de Centroamérica, medio millón entre los emigrantes de Venezuela y el resto en bolsones de extrema pobreza de diversos países.

Las estimaciones para lo que seguirá del Covid-19 llegan hasta el triple de esa cifra.

No hay ningún gobernante de la región que ignore este peligro. En Chile, el Presidente Sebastián Piñera se enfrenta a la sombría perspectiva de tener que ir con ayuda alimentaria a unos dos millones de hogares. Ya no bonos, ni subsidios, ni gratuidades -esos parecen lujos de segunda generación-, sino directamente alimentos, canastas de raciones alimentarias. ¿Realmente puede ocurrir esto?

El producto interno de los países de América Latina se contraerá, según cuánto se extienda la paralización de las economías, entre cuatro y ocho puntos. Eso significa saltar a desempleos de dos dígitos (probablemente sobre 12%), es decir, varios millones de personas, la mayoría de las cuales podría quedar en situación de escasez alimentaria, que es una de las formas de la extrema pobreza. Para Chile, la caída más grande supondría un retroceso de unos 15 años, cuando la extrema pobreza se situaba en un 12,6%. Hace dos años, con un 2,3%, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, declaraba que Chile casi la estaba superando. Los 15 años que pasaron remontaron esa oscura hondonada, pero nadie ha parecido dispuesto a recordarlo. Lo que está ocurriendo tiene también el aire de un siniestro memorando acerca de muchas cosas.

Esta perspectiva vuelve algo irrisorios unos cuantos de los debates de estos días y pone en cuestión la insistencia de numerosos alcaldes (con las excepciones de mérito) en encerrar a sus comunas y dejar a sus ciudadanos sin más ingresos que los subsidios fiscales. El gobierno no ha sido capaz de comunicar con eficacia el sacrificio extremo que es una medida como la cuarentena colectiva. No percibió que su ansiedad por un pronto “retorno seguro” sería vista como un ataque a la sanidad pública ni que muchos llegarían al oxímoron de creer que paralizando el trabajo se favorece a los empresarios. Prefirió, en cierto modo, alentarse con el paradigma de los países de la Ocde.

No hay tal paradigma. China y Singapur -dos dictaduras- terminaron el confinamiento al llegar a cero muertes diarias. Holanda abre algunas actividades con algo más de 50 muertes por día, y Alemania, con 100, además de unos 800 contagios nuevos. España empieza a liberar cautelosamente sus trabajos, pero aún registra más de 150 muertes y más de 800 contagios por jornada. A la mayoría de ellos no los acicatea el caballo del hambre, pero sí el de la reciente recuperación de unas economías sumamente heridas por la recesión del 2008. Suecia, el único que no ha impuesto restricciones (sólo recomendaciones), es también el país con mayor confianza interpersonal e institucional.

Chile está en las antípodas: el clima de desconfianza es uno de los peores del mundo. Este pudo ser un dato positivo para la oposición, siempre que confíe en que su función sea debilitar por todos los medios al gobierno que la venció en las urnas. Quizás se haya pasado de rosca, porque la desconfianza es un aire tóxico que tiende a envolverlo todo, incluyendo a sus propios promotores. Pero si la desconfianza es el signo con que el país enfrenta un retroceso fuerte hacia la pobreza, la pendiente será mucho más inclinada y larga que la duración de este gobierno. Pobreza llama a pobreza.

Los políticos parecen haber percibido este cambio sustantivo respecto de lo que se creía hasta hace un par de semanas. La recesión mundial ya es un hecho y nadie duda de que la economía chilena se hundirá, por lo menos y con optimismo, hasta octubre de este año. Que a fines de ese mes estén previstas las elecciones municipales y el plebiscito constitucional parece una mueca sardónica. No es lo mismo hacer campaña en situación de normalidad -sanitaria, laboral, política- que con millones de personas dependiendo de los alimentos del gobierno.

La cuarentena, el confinamiento y la distancia social tienen efectos más insidiosos de lo que la arquiatría deja ver y de los que la política de facciones alcanza a vislumbrar. Mientras sean las únicas medidas para combatir el contagio, las sociedades dependen de su capacidad de aguante y solidaridad. La pregunta es la misma de siempre: ¿Cómo andamos por casa?

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16.20.- Ante el nuevo desorden mundial, la soberanía reconsideradaNICOLAS COLIN 

Los países anteriormente aliados en globalización ahora están dando la espalda. Las negociaciones comerciales multilaterales se han estancado. ¿No es hora, pregunta el analista, de repatriar actividades y trabajos al territorio nacional?

En 2005, en la fábrica de Bacou-Dalloz en Plaintel, cerca de Saint-Brieuc, en Bretaña. El mayor productor de máscaras de FFP2 de Europa, capaz de suministrar hasta 200 millones de máscaras al año al estado francés, finalmente fue abandonado bajo el mandato de cinco años de Holanda y definitivamente cerrado en 2018. (FRED DUFOUR / AFP)

La cuestión de la soberanía invade el discurso político . El colapso de las cadenas de producción durante varias semanas, debido a la falta de circulación de bienes y personas, nos hizo conscientes de nuestra dependencia externa, quizás excesiva, en la economía globalizada.

9 may 2020.- La lección a aprender parece obvia. Habría sido urgente trasladar parte de la producción a nuestro territorio. Esto es cierto, en particular, de los recursos esenciales para la lucha contra Covid-19 , como máscaras, pruebas y mañana, tal vez, las vacunas. A esto se suma la conciencia de las autoridades públicas europeas de nuestra dependencia digital. Si queremos implementar la futura aplicación StopCovid en Francia, debemos resolver trabajar con gigantes estadounidenses como Apple, Google o Microsoft, no sin ciertas preguntas sobre la recopilación y el procesamiento de los datos personales de decenas de millones de nuestros conciudadanos.

La aplicación StopCovid, ¿un fiasco francés?

Todas estas consideraciones, sin embargo, no son nuevas. Varios gobiernos europeos y la Comisión Europea han estado preocupados por la omnipotencia de los gigantes digitales estadounidenses por un tiempo. China, por su parte, lanzó hace varios años un plan denominado «China 2025» para recuperar el control de los activos tecnológicos esenciales, como los componentes integrados en computadoras, teléfonos y redes digitales en general. En este frente, las sanciones estadounidenses contra el buque insignia industrial chino Huawei solo han acelerado las cosas.

Tres escenarios para poner fin a la crisis de Covid, desde el más optimista hasta el más oscuro 

¿No es hora de repatriar actividades y trabajos al territorio nacional? Después de todo, la cuestión de la reubicación de empleos industriales ha estado en la agenda durante mucho tiempo, hasta el punto de haber inspirado a Arnaud Montebourg en ese momento la idea de un «ministerio de recuperación productiva».

Estamos entrando en una fase de desglobalización

Casualmente, la tendencia ha estado tomando forma durante varios años: la producción se está acercando cada vez más a los consumidores. Desafortunadamente, debido a los avances en la robótica industrial, las reaperturas de fábricas en los países más desarrollados apenas emplean trabajadores. El desafío para los fabricantes es sobre todo acortar las cadenas de producción para poder reaccionar más rápidamente a los cambios de humor de los consumidores. Se trata menos de reubicar empleos que de ganar competitividad en una economía cada vez más emprendedora. La razón por la cual los líderes empresariales y quienes los financian dudan cada vez menos antes de tomar medidas es la desintegración del orden mundial. Todo indica, en la evolución de las relaciones internacionales,

¿El retorno de las fronteras será un simple paréntesis?

Los países anteriormente aliados ahora están dando la espalda. Las negociaciones comerciales multilaterales se han estancado. Estados Unidos, a través de la administración Trump, ha señalado al resto del mundo que ya no le importa cumplir su misión como policías mundiales. La razón de esto es demasiado obvia: desde el colapso de la Unión Soviética hace treinta años, Estados Unidos ya no tiene ninguna razón real para desplegar tantos recursos para mantener el orden. La escala global. A pesar de sus protestas, Trump no es el iniciador de una tendencia más allá de él: es un síntoma de ello.

A algunos países les irá mejor que a otros.

En el contexto más específico de la lucha contra Covid-19, el nuevo desorden mundial es una amenaza. Estados Unidos ha abdicado de su liderazgo global. En ausencia de una superpotencia capaz de imponer orden, otros países tienen la mayor dificultad para coordinar su acción. China parece querer hacerse cargo , pero está principalmente preocupada por consolidar su área de influencia, desde Asia Central hasta África, con poca preocupación por el resto del mundo, del cual de lo contrario sabe poco.

Bertrand Badie: «La seguridad del Estado ya no es geopolítica, sino salud»

En este mundo nuevo y más fragmentado, donde las tarjetas se redistribuirán a toda velocidad y las economías nacionales se cerrarán sobre sí mismas, a algunos países les irá mejor que a otros. China, a pesar de sus debilidades estructurales, confía en consolidar su poder a escala regional. Estados Unidos, por su parte, se retirará del mundo, protegido por su geografía excepcional y su riqueza de recursos naturales. Los países exportadores, como Alemania, tendrán que pensar en un reposicionamiento radical. Los países cuyo poder ha sido restringido durante mucho tiempo, como Japón o Turquía, adoptarán un comportamiento más ofensivo.

«La crisis no será necesariamente devastadora»: el debate de Alain Minc – Hubert Védrine 

Francia, por su parte, está fortificada por su posición económica y geográfica única en el corazón de Europa. Los próximos meses nos dirán si logra jugar la carta de soberanía económica recuperada y retirarse del juego …

Nicolas Colin (Essayiste, socio fundador de The Family) https://www.nouvelobs.com/chroniques/20200509.OBS28599/face-au-nouveau-desordre-mondial-la-souverainete-reconsideree.html

  • 15.20.-El exministro Moro presenta pruebas sobre la injerencia de Bolsonaro en la Policía Federal – GIL ALESSI-DANIELA MERCIER
  • «Después de la crisis, el momento del dinero verde»- THOMAS PIKETTY
  • Una dosis de falibilismo ASCANIO CAVALLO

El juez fue interrogado durante ocho horas sobre las acusaciones que formuló contra el presidente tras dimitir

Un seguidor de Bolsonaro con un cartel que dice «Moro, traidor» llega este domingo a la protesta de Brasilia. ERALDO PERES / AP 

El exministro Sergio Moro fue interrogado este sábado durante ocho horas en la sede de la Policía Federal de Curitiba. El antiguo juez de la operación anticorrupción Lava Jato presentó mensajes y audios para probar las acusaciones, según confirmó este diario con fuentes jurídicas, que realizó contra Jair Bolsonaro de intentar interferir políticamente en la Policía Federal, órgano que lleva las investigaciones que podrían afectar a los tres hijos del presidente. Moro llegó al edificio —el mismo en el que cumplió condena el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva tras ser condenado en la Lava Jato, una operación que llevó a Moro al estrellato— poco después de las dos de la tarde, acompañado de gritos de protesta y de apoyo. No habló con la prensa. Terminó su declaración sobre las 11 de la noche.

3 may 2020.- Su testimonio forma parte de una investigación abierta, autorizada por el magistrado del Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, para investigar el supuesto intento de Bolsonaro de interferir políticamente en la Policía Federal y falsificar la firma de Moro en la publicación de la destitución del entonces director general de la Policía Federal, Maurício Valeixo. La destitución fue el punto central del desacuerdo entre Moro y Bolsonaro, ya que se hizo sin el consentimiento del exministro.

Mientras, Bolsonaro ha vuelto a participar este domingo en una protesta contra el Supremo Tribunal Federal y el Congreso. “No vamos a admitir más interferencias. Se nos acabó la paciencia”, ha dicho allí ante una multitud de seguidores que incumplían las normas más básicas para evitar los contagios de coronavirus. Varios periodistas han sido agredidos.

El Fiscal General, Augusto Aras, solicitó que se abriera la investigación, señalando que tanto Bolsonaro como Moro podrían haber cometido delitos. Bolsonaro está siendo investigado por los presuntos delitos de falsificación, coerción, prevaricación administrativa, obstrucción a la justicia y corrupción pasiva privilegiada. El exministro, si no presenta pruebas, puede ser acusado de calumnia, crimen contra el honor y prevaricación. Moro tendría 60 días para dar explicaciones, pero el magistrado Celso de Mello redujo este tiempo a cinco días.

La sede de la Policía Federal en Curitiba, que en el pasado fue escenario de protestas y enfrentamientos entre simpatizantes del expresidente Lula y defensores de la operación Lava Jato, presenció esta vez enfrentamientos entre los partidarios de Bolsonaro y de Moro. “¿Por qué no investigan quién intentó matar al presidente?”, gritaban las tropas leales al presidente, replicando el discurso que profirió Bolsonaro tras las acusaciones de Moro, en el que insinuó que la policía, bajo las órdenes del ministro, no dio importancia a la puñalada que recibió durante la campaña electoral. La mención del ataque, que ocurrió en 2018, no fue por casualidad. Horas antes, el propio mandatario publicó en las redes sociales: “¿El Judas que testificará hoy interfirió para que no se investigara?”. La Policía Federal afirma que la investigación concluyó que Adélio de Souza, autor de la puñalada al entonces candidato, no había recibido órdenes de nadie.

La investigación basada en las declaraciones de Moro aún se encuentra en su fase inicial. Si se determina que el presidente cometió los crímenes, la Fiscalía tendría que presentar una denuncia contra Bolsonaro, que necesitará la autorización de la Cámara de Diputados para que se proceda al impeachment. El Congreso ya ha recibido otras muchas solicitudes, que se encuentran en manos del presidente de la Cámara, Rodrigo Maia. Hasta ahora, el congresista ha defendido que, debido a la pandemia de coronavirus, no sería apropiado analizar las solicitudes de destitución de Bolsonaro.

El 24 de abril, Moro dimitió como ministro de Justicia y, durante una rueda de prensa, acusó al presidente de intentar interferir en la autonomía de la Policía Federal para poder acceder a las investigaciones en curso y a la información de inteligencia de la institución. El mismo día que Moro lo acusó, Bolsonaro replicó al antiguo subordinado y negó haber solicitado acceso a los casos investigados.

https://elpais.com/internacional/2020-05-03/moro-presenta-audios-y-mensajes-a-la-policia-como-prueba-de-que-bolsonaro-intento-interferir-en-el-cuerpo.html

15.20.-«Después de la crisis, el momento del dinero verde»- THOMAS PIKETTY 

El paro económico debe usarse para reflexionar sobre un resurgimiento a través de inversiones en sectores como la salud y el medio ambiente, con una reducción en las actividades más intensivas en carbono, estima el economista Thomas Piketty en su columna.

Una turbina eólica en un campo de colza, en Magny (Eure-et-Loir), el 4 de mayo. JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP 

 ¿Puede la crisis causada por Covid-19 precipitar la adopción de un nuevo modelo de desarrollo, más equitativo y más sostenible? Sí, pero con la condición de que asumamos un cambio claro de prioridades y desafiemos un cierto número de tabúes en la esfera monetaria y fiscal, que finalmente deben ponerse al servicio de la economía real y de los objetivos sociales y ecológicos.

Primero debemos aprovechar este paro económico forzado para reiniciar lo contrario. Después de tal recesión, las autoridades públicas tendrán que desempeñar un papel central en el impulso de la actividad y el empleo. Pero debe hacerse invirtiendo en nuevos sectores (salud, innovación, medio ambiente) y decidiendo una reducción gradual y duradera de las actividades más intensivas en carbono. Concretamente, es necesario crear millones de empleos y aumentar los salarios en hospitales, escuelas y universidades, renovación térmica de edificios, servicios locales.

Lea también Thomas Piketty: «La urgencia absoluta es hacer un balance de la crisis actual y hacer todo lo posible para evitar lo peor»

En el futuro inmediato, el financiamiento solo puede hacerse a través de deuda y con el apoyo activo de los bancos centrales. Desde 2008, estos últimos han llevado a cabo una creación monetaria masiva para salvar a los bancos de la crisis financiera que ellos mismos habían causado. El balance del Eurosistema (la red de bancos centrales gestionados por el BCE) aumentó de 1.150 millones de euros a principios de 2007 a 4.675 millones a finales de 2018, es decir, de solo el 10% a casi 40% del PIB de la zona euro (12,000 millones de euros).

Debemos suponer que la creación monetaria se utiliza para financiar la recuperación verde y social, y no para impulsar los precios del mercado de valores.

Sin duda, esta política hizo posible evitar las quiebras en cascada que habían arrastrado al mundo a la depresión en 1929. Pero esta creación monetaria, decidida a puerta cerrada y sin una integración democrática adecuada, también contribuyó a impulsar los precios. financiero e inmobiliario y para enriquecer a los más ricos, sin resolver los problemas estructurales de la economía real (falta de inversión, aumento de la desigualdad, crisis ambiental).

Agrupe la tasa de interés

Sin embargo, existe un riesgo real de que estemos contentos de continuar en la misma dirección. Para tratar con Covid-19, el BCE lanzó un nuevo programa de recompra de activos. El balance del Eurosistema ha saltado de 4.692 mil millones al 28 de febrero en 5395000000000 en el 1 st  de mayo de 2020 (según los datos publicados por el BCE el 5 de mayo). Sin embargo, esta inyección monetaria masiva (700 mil millones en dos meses) no será suficiente: el diferencial de tasas de interés contra Italia, que se había reducido a mediados de marzo tras los anuncios del BCE, es Muy rápidamente comenzó a levantarse de nuevo.

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Que hacer ? Primero, tenga en cuenta que la zona euro seguirá siendo frágil mientras decida someter sus diecinueve tasas de interés a la especulación del mercado. Necesitamos urgentemente darnos los medios para emitir una deuda común con una tasa de interés única. Al contrario de lo que a veces escuchamos, el objetivo es sobre todo agrupar la tasa de interés y no obligar a ciertos países a pagar la deuda de otros. Los países que dicen que son los más avanzados en esta cuestión (Francia, Italia, España) deben formular una propuesta precisa y operativa, con la aprobación de la creación de una Asamblea Parlamentaria que permita supervisar el conjunto (según el modelo del Asamblea franco-alemana creada el año pasado,pero con poderes reales, y abierto a todos los países que lo deseen). Alemania, presionada por sus jueces constitucionales para aclarar su relación con Europa, sin duda elegirá participar tan pronto como una propuesta sólida esté sobre la mesa y sus principales socios estén listos para avanzar. En cualquier caso, la emergencia nos prohíbe permanecer colgando mientras esperamos la unanimidad, que no vendrá.

La propuesta de fondos españoles debe ser apoyada

Entonces, y sobre todo, debemos asumir el hecho de que la creación monetaria se utiliza para financiar la recuperación verde y social, y no para impulsar los precios del mercado de valores. El gobierno español ha propuesto que se emitan entre 1.000 y 1.500 millones de euros de deuda común(alrededor del 10% del PIB en la zona del euro), y que esta deuda libre de intereses se asuma en el balance del BCE de forma perpetua (o a muy largo plazo). Recordemos sobre este tema que la deuda externa alemana se congeló en 1953 (y se abolió definitivamente en 1991), y que el resto de la enorme deuda pública del período de posguerra se extinguió por un gravamen excepcional sobre el patrimonio más alto financiera (que también tendrá que hacerse). La propuesta española debe ser apoyada y repetida si es necesario, siempre que la inflación siga siendo moderada. Tenga en cuenta que los tratados no dan una definición del objetivo de la estabilidad de precios (el BCE estableció el objetivo del 2%: esto también podría ser del 3% o del 4%). Estos mismos tratados indican que el BCE debe contribuir al logro de los objetivos generales de la Unión.

Aquellos en Bruselas que evocan cifras asombrosas en el Acuerdo Verde sin proponer financiación no hacen crecer la política.

Lo que es seguro es que es imposible recaudar tales sumas sin recurrir a préstamos. Aquellos en Bruselas, que evocan cifras asombrosas en el Acuerdo Verde sin ofrecer financiación, no hacen crecer la política. Por definición, esto significa que reciclan las sumas ya prometidas en otros lugares (por ejemplo, tomando recursos del escaso presupuesto de la UE, que es de apenas 150 mil millones de euros al año, o el 1% del PIB europeo ), que cuentan los mismos gastos varias veces, o que suman contribuciones públicas y privadas (con el apalancamiento para hacer que todos los especuladores del planeta se pongan verdes de envidia), la mayoría de las veces al mismo tiempo . Estas prácticas deben detenerse.

Thomas Piketty (Director de estudios en la Graduate School of Social Sciences, Paris School of Economics)

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/09/apres-la-crise-le-temps-de-la-monnaie-verte_6039129_3232.html

15.20.-Una dosis de falibilismo ASCANIO CAVALLO

¿Qué le pasa al gobierno de Sebastián Piñera? ¿Por qué en el curso de unos diez días erosionó tanto la confianza pública que estaba construyendo pulso a pulso? ¿Ha sido solamente el apresuramiento de hablar del “retorno seguro” ante una ciudadanía tan ávida de normalidad que de todas maneras lo malinterpretaría? ¿O también un cierto deseo de retomar la eminencia que perdió tras el 18-O?

9 may 2020.- Recapitulemos. Como ningún otro presidente desde la restauración democrática, Piñera fue blanco durante medio año, no ya de una oposición dura, sino de un sostenido esfuerzo por derrocarlo. Ese fue el imaginario que se instaló en la Plaza Italia, se mantuvo agazapado incluso tras el acuerdo constitucional de noviembre, se desató en el intento de destitución por el Congreso y llegó hasta la proposición de ceder el poder ejecutivo al mismo Parlamento. Se ha metido, como ha escrito Carlos Meléndez en este diario, “en las vísceras” de los que detestan al país de los últimos 30 años. Ese grupo se empeña en ignorar –o quisiera revertir- el hecho de que Piñera fue elegido y le propinó a su contrincante la mayor paliza electoral desde Frei Ruiz-Tagle; desearía que le hubiese ido tan mal como les fue en el Congreso a los partidos de Chile Vamos (que también suelen olvidarlo). De modo que si el presidente cree que tiene unos adversarios no del todo racionales, está en lo cierto.

Esos adversarios tuvieron que retroceder ante el mal peor del Covid-19. La mayoría abandonó el maximalismo; ya no hay quien apueste por su caída. Pero algunos todavía desearían conseguir como aliado también al Covid-19 y confirmar con él que sigue siendo el presidente exitista, pechugón, apostador, winner y arrogante de siempre.

Y entonces, ¿cómo sale el gobierno de esta encrucijada de desconfianzas encarnizadas? Mejor dicho: ¿cómo sale el país?

Todos los días algún actor público –no sólo políticos- trata de poner en duda la información que entrega el gobierno, justo cuando es más necesario que nunca confiar en la autoridad. Sólo porque es este gobierno. ¿Cómo sale de esto?

La oposición partidista, los parlamentarios, los alcaldes (muchos de Chile Vamos), los gremios y hasta unos cuantos empresarios piden aumentar y aumentar el gasto público, sin reparar que, como ha dicho con lucidez la directora del Observatorio del Gasto Fiscal, Jeannette von Wolfersdorff, se está generando el estado más grande e intrusivo desde los años de Pinochet. Ese estado gordo y endeudado se sentará sobre la siguiente generación, pero el gobierno no ha logrado que se hable de esto, que será el único tema de sus últimos meses, y el principal del que lo suceda.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-una-dosis-de-falibilismo/7EB7BEDT7JB7REQJZH4KC6RADM/

  • 14.20.-Argentina no paga un vencimiento de deuda externa por 500 millones de dólares: ¿qué puede pasar? – LEANDRO LUTZKY
  • Melancolía de la “imaginación responsable” – ASCANIO CAVALLO

Especialistas explican a RT el escenario que se presenta en la nación sudamericana, mientras el Gobierno señala que el país ya estaba en un «virtual default». 

Personas con máscaras faciales en una fila para usar un cajero automático en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), el 17 de abril de 2020.Juan Mabromata / AFP 

Argentina incumple con el pago de 500 millones de dólares que vencía este miércoles 22 de abril en concepto de deuda externa. Aquellas devoluciones no realizadas se correspondían a tres bonos, llamados Globales 2021, 2026 y 2046, y de esta forma el país cae nuevamente en una cesación de pagos.

22 abr 2020.- Este tarde, la cartera que dirige Guzmán emitió un comunicado a los medios en el que informó que se acepta el período de gracia de 30 días, plazo en el cual deberá realizar el giro para no caer completamente en ‘default’.

Sin embargo, el Gobierno ratificó su «voluntad de pago aún en el gravísimo contexto internacional que se ha generado producto de la pandemia del COVID-19″. Y reiteró que busca «un perfil de endeudamiento sostenible».

«Ya no se podía pagar nada, con el coronavirus menos aún», había sostenido recientemente el ministro en una entrevista con El Destape.

Como medida inicial, desde la administración de Mauricio Macri hasta la actualidad se vienen postergando los pagos de deuda emitida bajo ley nacional. Sin embargo, la principal preocupación radica sobre la deuda externa. Es que, además de cancelarse en dólares, cualquier conflicto con los prestamistas se dirimiría en tribunales internacionales, algo que le trae malos recuerdos al país sudamericano: tras un exitoso acuerdo para reestructurar las devoluciones entre el Ejecutivo kirchnerista y muchos bonistas —al menos el 92% del total—, en 2014 el juez Thomas Griesa ordenó desde Nueva York (EE.UU.) pagos millonarios a favor de los pocos acreedores que se habían negado a negociar.

Gustavo Marangoni, politólogo argentino.

«Es una forma de encarar esta etapa de diálogos. Los tiempos se acortan y hay que ver cuál es la voluntad de acuerdo de ambas partes. A lo mejor se da que algunos bonos pueden negociarse y otros no». 

Ahora, en medio de una dura crisis económica, que empeora por la emergencia sanitaria y el estado de cuarentena obligatoria, las autoridades locales deben atender el fuerte aumento de la pobreza y maniobrar su complicado presente financiero. Con ese marco, el incumplimiento «era previsible«, opina el politólogo Gustavo Marangoni.

En paralelo, el Gobierno de Alberto Fernández está intentando reestructurar la deuda externa y envió una propuesta formal a los bonistas, planteando «una reducción en la carga de intereses del 62 %, un alivio en el stock de capital del 5,4 % y un período de gracia por tres años hasta 2023», precisó el jefe de Estado. Sin embargo, la oferta argentina ya fue rechazada por algunos grandes fondos de inversión, y el tiempo apremia.

El presidente argentino, Alberto Fernández, sobrevuela la Ciudad de Buenos Aires, el 21 de marzo de 2020.Maria Eugenia Cerutti / AFP

Así, mientras la administración peronista le dio un plazo de unos 20 días a los prestamistas para responder, al mismo tiempo, Argentina tiene una prórroga extra de un mes para intentar cumplir sus obligaciones. Sobre la decisión de no pagar, Marangoni opina: «Es una forma de encarar esta etapa de negociación. Los tiempos se acortan y hay que ver cuál es la voluntad de acuerdo de ambas partes».

En cuanto a los escenarios posibles, el expresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires describe: «Evitar el ‘default’ sería el óptimo. A lo mejor se da que algunos bonos pueden negociarse y otros no. La tercer alternativa sería un ‘default’ completo». En otras palabras, «el Gobierno argentino manifestó que hay voluntad de arreglar, pero no capacidad de hacerlo, al menos en términos inmediatos», señala el experto.

Más en profundidad, subraya que las dudas se colocan sobre la flexibilidad del Ejecutivo para modificar la propuesta original: «Con una postura de tómalo o déjalo, las probabilidades de arreglo son más difíciles». Sin embargo, quien dirige las cuentas nacionales ya adelantó que «ofrecer más no se puede, porque no es sostenible», y los cortocircuitos continúan.

Para el ministro de Economía, hay un «virtual ‘default'»

Al momento de justificar la postura oficial, Guzmán consideró que el incumplimiento argentino no cambia demasiado el panorama, que ya era bastante adverso: «Argentina ya estaba en una situación de virtual ‘default’. No tenía capacidad de hacer frente a los pagos de la deuda programados, nosotros decidimos seguir un proceso sobre la base de la buena fe», dijo.

A su vez, expresó que esa nación del Cono Sur ya tenía negado el acceso al mercado de crédito internacional previo a este incumplimiento puntual: «Eso va a seguir ocurriendo pase lo que pase», aseveró.

Juan Luis Bour, economista

«No es cierto que el país no pueda pagar siquiera 1.000 o 1.500 millones de dólares anuales, ya que tiene reservas».

Pero, ¿qué significa que Argentina ya estaba en virtual ‘default’? El economista Juan Luis Bour interpreta los dichos del funcionario, en tres enfoques posibles:

  • «Uno es que ya se había anunciado que no se pretendía seguir pagando«.
  • Otro punto «es que se extendió el incumplimiento a otra jurisdicción, desde la ley local a la extranjera».
  • Y un tercer aspecto, «es que Argentina no tiene capacidad de pago«. No obstante, Bour piensa que este posicionamiento es «probablemente incorrecto», porque «siempre se puede negociar». Para concluir, «indica que el acuerdo puede ser difícil, pero no es cierto que el país no pueda pagar siquiera 1.000 o 1.500 millones de dólares anuales, ya que tiene reservas».
El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, muestra un gráfico durante una entrevista en la Ciudad de Buenos Aires, el 11 de marzo de 2020.Agustin Marcarian

Entre tanto, el discurso oficial no varía, y todos los funcionarios insisten públicamente en que la prioridad del Ejecutivo es asistir a la población mientras perdure la pandemia.

Así las cosas, a fines de marzo el Banco Mundial aprobó un crédito de 300 millones de dólares para la nación sudamericana ante la emergencia sanitaria. Además, Alberto Fernández inició una campaña junto a Costa Rica para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) de préstamos a «tasa cero».

De momento, tras el financiamiento de 45.000 millones de dólares acordado durante la gestión de Macri, Argentina sigue siendo el país más comprometido con esa entidad financiera: se trata del endeudamiento más importante en la historia del Fondo. Sobre ello, Guzmán señaló que los vencimientos pendientes entre 2021 y 2023 tampoco se podrán cumplir, y se espera que el Gobierno haga esfuerzos para estirar los pagos, al menos hasta 2024.

https://actualidad.rt.com/actualidad/350827-argentina-no-paga-500-millones-dolares 

14.20.-Melancolía de la “imaginación responsable” – ASCANIO CAVALLO

(Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) 

Como se había escrito en estas mismas páginas, el mundo no está soportando ni la situación de confinamiento ni la parálisis de sus actividades. No es, como se dice con cierta holgazanería intelectual, un debate entre la salud y la economía, ni entre la ciencia y la producción. Es algo muchísimo más complejo, que el filósofo italiano Giorgio Agamben ha descrito brutalmente como la encrucijada de “suspender la vida para proteger la vida”. Con menos dramatismo: el funcionamiento de los individuos como sujetos sociales.

En todas las latitudes el debate prevaleciente de las últimas dos semanas ha sido la intención de romper el confinamiento. No existe una línea común, excepto que todos dicen actuar en nombre de la salud. Hay gobiernos que propician con entusiasmo la reclusión de su gente (como Hungría, Marruecos, Argelia, Irán) y declaran su propósito de mantenerla de manera indefinida. En los países de Occidente, los que se muestran a favor de prolongar el confinamiento son los gobiernos locales y la opinión pública, además de algunos grupos laborales (por lo general, los empleados públicos no sanitarios).

Los gobiernos que han anunciado el desconfinamiento progresivo han sido impugnados con argumentos políticos (“triunfalismo”), estimativos (“apresuramiento”) o morales (“codicia”). Todos tendrán su parte de razón, pero el fondo de la ansiedad es el mismo: cuál es el momento para terminar con un estado anómalo de cosas, aun aceptando que las prácticas sociales no puedan ser igual que antes. El exdirector del FMI Dominique Strauss-Kahn lo ha denominado una reconversión “del poder, el tener y el ser”.

También es un hecho indesmentible que por cada día que pasa las economías -nacionales, sectoriales, personales- se deterioran en grados cada vez más agudos y los encargados de las finanzas públicas observan con alarma la galopante fantasía de que los estados pueden salvar a todos y que pueden endeudarse más allá de sus límites conocidos. Nunca se habían visto paquetes fiscales ni cercanos al tamaño de los que se están movilizando en esta ola de pánico que algunos han llamado hiperkeynesianismo. En Chile, por ejemplo, solo el “Bono Covid” más el Ingreso Familiar de Emergencia duplicarán todo el gasto de un año normal en subsidios monetarios por vulnerabilidad.

Esto también es insostenible. Y es un motivo para que los gobiernos estén impacientes por sacar de la parálisis al menos a parte de las actividades productivas. Para algunas de ellas, las normas de encierro han significado un castigo innominable. Lo que muy pocos reconocen es que mientras no haya vacuna, la única posibilidad de dar seguridades respecto de la expansión del Covid-19 es que entre un 65% y 75% de la población se contagie y desarrolle inmunidad. La paradoja sardónica es que para eso no sirve el confinamiento.

Ningún gobierno habla abiertamente de esto. En su lugar se usa el eufemismo “aplanar la curva”, aunque ya no se sabe bien cuál es la curva más importante: contagiados, enfermos, muertos. Parece, más bien, que se trata de una curva política: la amenaza de que los sistemas de salud no sean capaces de enfrentar una demanda simultánea. Pero esas capacidades han ido aumentando con el paso de las semanas. Y, por lo tanto, muchos gobiernos están más dispuestos a que los contagios aumenten, siempre que aumenten al mismo ritmo los recuperados.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-melancolia-de-la-imaginacion-responsable/626UGGGRXBDYTJ6E4RQDC6OOPM/

13.20.-Bolsonaro vs. Moro, el amargo divorcio político que conmociona Brasil  NAIARA GALARRAGA

La dimisión como ministro del antiguo juez Moro supone un golpe a la línea de flotación del Gobierno Bolsonaro. Ambos intercambian reproches, acusaciones y se presentan como el más íntegro 

El presidente Bolsonaro y su entonces ministro Moro en la final de la Supercopa brasileña en febrero en Brasilia.BUDA MENDES / GETTY IMAGES

Ahora que la pandemia del coronavirus ha obligado a suspender la filmación de las telenovelas brasileñas, la cadena Globo ha tenido que reponer algunas de las más vistas en temporadas anteriores. Pero desde el viernes el divorcio político que conmociona Brasil amenaza con competir con los mejores culebrones en cuanto a audiencia. El día de la inesperada noticia bomba terminó con la revelación en el telediario de máxima audiencia de varios mensajes privados entre los dos protagonistas. “Una cosa es admirar a una persona, otra cosa es convivir con ella”, afirmó el presidente Jair Bolsonaro, 64 años, sobre el antiguo juez Sergio Moro, 47 años, en su primera comparecencia después de que su ministro estrella le dejara plantado y saliera de su Gobierno con un portazo tras acusarle de injerencias políticas.

São Paulo – 25 ABR 2020.- Como muchos divorcios, este también incluye una batalla por el relato. Moro reprocha a Bolsonaro que incumpliera su promesa de darle carta blanca para combatir la corrupción y el crimen organizado; el presidente retrata al aliado súbitamente convertido en adversario como un ególatra oportunista con amagos de insubordinación al que tiene que implorar que le informe y como alguien dispuesto a ceder en sus principios a cambio de una plaza en el Tribunal Supremo, cosa que Moro niega. Ambos luchan por presentarse como campeones de la integridad.

A permanência do Diretor Geral da PF, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Aliás, se fosse esse o meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do Diretor Geral da PF.

Los Whatsapp que Moro entregó al informativo de Globo muestran a Bolsonaro diciendo que la noticia de que la policía investiga a 10 ó 12 diputados bolsonaristas por difundir noticias falsas “es un motivo más para el relevo en la [dirección de la] Policía Federal”. Para el magistrado que dirigió las investigaciones de la Operación Lava Jato contra la corrupción enraizada en política y negocios, el cese sin motivo objetivo de Mauricio Valeixo, el jefe policial al que nombró y que le acompaña desde aquellas pesquisas, era inadmisible.

La destitución se consumó de madrugada vía el Diario Oficial de la Unión. Moro convocó una rueda de prensa y, tras exponer sus motivos durante 40 minutos mientras la Bolsa se desplomaba un 9%, anunció que descansará un poco antes de buscarse un empleo. Solemne, añadió: “Estaré siempre a disposición del país”. Queda por ver cuántos seguidores de Bolsonaro se lleva en su marcha.

La renuncia de Moro pone patas arriba el tablero político justo cuando Brasil ya afronta la emergencia sanitaria y económica de la pandemia del coronavirus. Y agrava la debilidad de un presidente capaz de indignar en la misma semana a los gobernadores y gestores sanitarios con el cese del ministro de Salud e irritar a sus ministros militares dando alas al golpismo. En sus 16 meses en el poder, el crimen ha caído, pero la economía nunca ha llegado a alzar el vuelo con fuerza y la estocada del coronavirus es ya devastadora sobre la actividad, especialmente para los más pobres. Los contagios rondan los 53.000 y los muertos ascienden a 3.670. Las peticiones de impeachment se multiplican, pero es un escenario remoto por ahora. Una de las claves es ver cómo evoluciona el apoyo al capitán Bolsonaro de los generales, retirados casi todos, que integran el Gabinete de Ministros.

El mandatario sabe de divorcios. Michelle es su tercera esposa y al echar al titular de Salud lo definió como “un divorcio consensuado”. Entre sus flancos débiles destaca el clan familiar que encabeza. Las investigaciones policiales y de la Fiscalía apuntan a que su hijo Flavio, el senador, malversó dinero público y, según la prensa local, existen sospechas de que Carlos, diputado estatal de Río de Janeiro, participaba de una maquinaria para aventar noticias falsas. Ahí está supuestamente el origen de la insistencia del presidente por relevar al jefe de la Policía. El favorito para sucederle en el puesto es el jefe del servicio secreto.

Movimiento rápido

La salida de Moro, que se materializó en horas en un país donde las crisis políticas se cuecen durante semanas o meses, abre un boquete en la línea de flotación del Gobierno. Por eso Bolsonaro compareció rodeado de sus ministros, incluido el de Economía, Paulo Guedes, el otro fichaje estrella con el que logró el apoyo de votantes que consideraban al antiguo militar un impresentable. El ministro llamaba la atención entre los trajes oscuros y las corbatas porque llevaba mascarilla —recordatorio de una pandemia que se acelera— e iba en mangas de camisa. Y, como percibieron los internautas, aparentemente descalzo.

El antiguo juez y el fundador de un banco de inversión formado en la escuela de Chicago fueron fichados con la misión de cumplir las principales promesas de Bolsonaro: acabar con los corruptos, dar seguridad a los brasileños de bien y privatizar todo lo que hiciera falta para que la economía creciera como en los viejos tiempos.

Al aceptar la invitación del ultraderechista Bolsonaro para ser ministro de Justicia y Seguridad Pública, el juez rompía su promesa de no entrar en política. Abandonaba una carrera en la judicatura que le convirtió en el cruzado anticorrupción —héroe de una parte de los brasileños, por meter en la cárcel al exmandatario Lula da Silva; y villano para otra, por la misma razón— y renunciaba a la fabulosa jubilación que conlleva. El divorcio político promete nuevos capítulos en breve.

https://elpais.com/internacional/2020-04-25/bolsonaro-vs-moro-el-amargo-divorcio-politico-que-conmociona-brasil.html

  • 12.20.-los carteles en México se adaptan a la epidemia de coronavirus  FRÉDÉRIC SALIBA
  • Los recortes presupuestales no son los responsables del colapso sanitario – MARC FORTUÑO

Al distribuir productos esenciales y reemplazar a las autoridades, los narcotraficantes están tratando de fortalecer su prestigio y comprar lealtades.

Distribución de necesidades básicas, en una caja con la efigie de Joaquín «El Chapo» Guzmán, el 17 de abril en Guadalajara (México). ULISES RUIZ / AFP

En videos, mujeres jóvenes y bonitas llenan y distribuyen cajas de comida en los suburbios de Guadalajara, en el oeste de México. Llevan máscaras de tela con la imagen del famoso narcotraficante mexicano, Joaquín «El Chapo» Guzmán. La iniciativa fue publicada en las redes sociales por una de las hijas del ex jefe del poderoso cartel de Sinaloa, encarcelado en los Estados Unidos.

Está de moda entre los mafiosos mexicanos interpretar a los benefactores. Lo dan a conocer, en medio de una crisis económica causada por la pandemia debido al coronavirus. Si los cárteles se ven afectados, rebotan rápidamente ante un estado superado por la emergencia sanitaria.

Papel higiénico, arroz, frijoles, sopa en bolsitas, aceite … los cartones de artículos de primera necesidad, destinados a los ancianos pobres, llevan el sello «El Chapo 701». Es la marca de ropa y alcohol creada por Alejandrina Guzmán, hija del narcotraficante. El «701» se refiere al rango ocupado, en 2009, por El Chapo en el ranking Forbes de los hombres más ricos del mundo.

La marca nunca ha sido implicada en actividades ilegales. Sin embargo, la iniciativa beneficia a la organización mafiosa de su padre. Es el cuarto cartel que se jacta de sus operaciones de caridad en la Web desde la alerta de salud declarada el 30 de marzo.

Droga bloqueada en puertos

A principios de abril, el cartel del Golfo fue el primero en publicar un video más bélico: armados con ametralladoras, hombres enmascarados entregan paquetes a los residentes de las aldeas pobres del estado de Tamaulipas, en el noreste México, baluarte de la organización. Posteriormente, el cártel de la Nueva Generación de Jalisco y el de Los Viagras publicaron rápidamente a su vez imágenes de montones de cajas de cartón y bolsas de comida, etiquetadas con sus respectivos acrónimos de la mafia.

Estas distribuciones de alimentos no son nuevas. Su difusión en Internet es aún más. «Los carteles están fortaleciendo su base social «, dice Edgardo Buscaglia, especialista en crimen organizado en la Universidad de Columbia en Nueva York. Por ejemplo, las redes de la mafia deberían ofrecer préstamos a pequeños comerciantes al borde de la bancarrota para comprar su lealtad. » El Fondo Monetario Internacional anticipa una recesión de 6.6% este año, en un país donde casi la mitad de la población se considera pobre y donde uno de cada cinco mexicanos gana menos de 2 dólares (1.83 euros) por día .

Para Buscaglia, los carteles no se libran de la crisis: “El tráfico internacional de drogas se ve afectado por las restricciones fronterizas. Sin mencionar los precursores químicos de las drogas sintéticas de China e India, que están bloqueadas en los puertos mexicanos. « La frontera con Estados Unidos, el mercado mundial de las drogas sigue abierta para los negocios. Pero los intercambios se ralentizan y los controles aumentan. Los precios de los medicamentos están despegando.

Una máscara con la efigie de Joaquín «El Chapo» Guzmán, 17 de abril en Guadalajara, en el oeste de México. ULISES RUIZ / AFP

Pero los grandes carteles mexicanos tienen fuertes respaldos , asegura Eduardo Guerrero, director de la consultora de seguridad Lantia Consultores: «Tienen efectivo, son reactivos y flexibles. Diversifican sus actividades volviendo a centrarse en lo local. Se espera que la extorsión aumente en México. Pero las mafias otorgarán condiciones de pago a sus víctimas. « Los expertos también prevén un aumento de los ataques cibernéticos y el robo de mercancías, especialmente médica. Nada nuevo en un país donde las mafias están traficando medicamentos falsificados. Peor aún, los jóvenes necesitados también podrían unirse a las filas del crimen organizado en masa.

Estos reajustes estratégicos están alimentando la guerra de carteles. A pesar del encierro voluntario decretado el 23 de marzo por el gobierno, la violencia no ha disminuido. Marzo fue el mes más mortal (2,585 homicidios) en veinte años. Según las cifras de Lantia Consultores, 70 asesinatos se perpetraron en promedio por día entre el 23 y el 31 de marzo, diez asesinatos diarios más que durante el mes en su conjunto. El fin de semana del 3 al 5 de abril habría sido uno de los más violentos, con casi 300 muertos en tres días, según informes de prensa.

«Los carteles se precipitan en la brecha»

«Los narcos tienen rienda suelta, porque el gobierno está enfocado en manejar la crisis de salud», señala Guerrero. Hay mucho en juego: el país contó, el viernes 17 de abril, 6.875 casos confirmados y 546 muertes. Se espera el pico de la epidemia a mediados de mayo, lo que aumenta el temor a la saturación de un sistema de salud que carece de equipos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador («AMLO») pidió al ejército ya la Guardia Nacional que intenten limitar el impacto de la pandemia. La prioridad de estas instituciones ya no es la seguridad. A principios de abril, el gobierno federal incluso autorizó a los estados y municipios a utilizar dos fondos (11.400 millones de pesos, o 440 millones de euros) asignados a la lucha contra la delincuencia para la compra de equipos médicos.

Productos con la efigie de Joaquín «El Chapo» Guzmán, 17 de abril en Guadalajara, en el oeste de México. FERNANDO CARRANZA / REUTERS

«El gobierno va a estar de rodillas «, lamenta el Sr. Buscaglia. Los carteles se precipitan en la brecha. A menudo representan una mejor protección social para los residentes que la ofrecida por las autoridades. « El plan de recuperación económica AMLO proporciona redujo los préstamos de interés de 3 millones de pequeñas empresas, la creación de 2 millones de puestos de trabajo y ayuda a los pobres. «No será suficiente», dijo Buscaglia, quien cuestiona la estrategia del presidente de centro izquierda: «Podemos preguntarnos si AMLO no deja que los carteles jueguen este papel social para limitar el daño de la crisis». « Desde el comienzo de su mandato en 2018, AMLO había anunciado el fin de la guerra contra los carteles, asegurando que quería abordar las causas del crimen, teniendo en cuenta la pobreza.

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El 29 de marzo, AMLO visitó las tierras de El Chapo, en el estado de Sinaloa (noroeste). Después de una reunión restringida en el municipio de Badiraguato, saludó a Consuelo Loera, la madre del narcotraficante, a bordo de una lujosa camioneta. El presidente se acercó a ella y luego le estrechó la mano, rompiendo las medidas de distanciamiento social defendidas por su gobierno. Desde entonces, la controversia ha estado en auge. El interesado justifica «un gesto de cortesía».

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/19/au-mexique-les-cartels-s-adaptent-a-l-epidemie-due-au-coronavirus_6037086_3210.html

12.20.-Los recortes presupuestales no son los responsables del colapso sanitario – MARC FORTUÑO

Estados Unidos centra los titulares porque ha confirmado ya 18.777 muertes por COVID-19, siendo el país que lleva mayor número de fallecidos hasta la fecha. No obstante, se tratan de datos que computan cantidad de los fallecidos en términos absolutos y no términos relativos. Cuando ajustamos este dato a la variable poblacional la perspectiva puede ser otra.

13 abr 2020.- Si incluimos el tamaño de la población en el análisis, España sería el país con un mayor número de fallecidos relativos: una relación de 349,76 muertes por COVID-19 por millón de personas, una tasa más de cinco veces superior a Estados Unidos (62,25 muertes por millón).

Es en este punto en el que muchos se preguntan si el problema de estos resultados está vinculado a una gestión nefasta del gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, o bien es un problema de los recortes en la etapa vinculada al gobierno anterior del Partido Popular que forzó a las autonomías en el control de su déficit.

Algunos concluyen que, en ausencia de los recortes, el sistema sanitario hubiera sido capaz de absorber las altas demandas sanitarias presentes por la propagación. Es en ese punto que trataremos de analizar la evolución de camas (oferta) y la evolución de la demanda (casos confirmados de COVID-19) para extraer las conclusiones.

La situación de la sanidad española para afrontar el COVID-19

Aunque hay muchos factores para determinar la capacidad de absorción de la demanda sanitaria, uno de los más utilizados es la relación entre las camas hospitalarias y la población.

El número de camas de hospital en relación con la población revela que en 2017 había, en promedio, 504 por cada 100.000 habitantes en toda la Unión Europea. Entre los Estados miembros de la UE, Alemania no sólo registró el mayor número de camas de hospital (661.000), sino también el mayor número en relación con el tamaño de la población, con 800 camas de hospital por cada 100.000 habitantes.

¿Y España? Nuestro país se encontraría en la parte baja de la tabla, y uniéndose al grupo de Irlanda, Dinamarca, el Reino Unido y Suecia que registraron las cifras más bajas de camas de hospital en relación con el tamaño de su población en 2017, todas ellas inferiores a 300 por 100.000 habitantes.

Específicamente, en el caso de España contaría con 138.511 camas hospitalarias. Una capacidad que es insuficiente para el tamaño del problema al que España se enfrenta específicamente debido a que el número de casos confirmados supera ya los 160.000. Es decir, incluso en el supuesto completamente utópico en el que no existiera otras enfermedades tratables que requiriera atención hospitalaria, el sistema sanitario hubiera desbordado sí o sí.

A pesar de que España se encuentra a la par con los países mencionados dentro de la parte baja de la tabla, es el único que destaca negativamente por el colapso que ha sufrido su sistema sanitario.

En el siguiente gráfico se relaciona el total de casos con el tamaño de la población se puede observar claramente el desencadenante. Tal y como podemos apreciar, tanto el Reino Unido como Suecia y Dinamarca se encuentran con un volumen de total de casos por cada millón de habitantes alrededor de 1.000. Algo por encima se encontraría Irlanda con una relación de casos confirmados de 1.808. Pero España con 3.461 casos por millón de habitantes ha colapsado.

Comparando los datos del volumen relativo de casos a la población, es decir, la demanda, todo parece indicar que el problema verdadero está más vinculado a la gestión del Gobierno de Sánchez ante el desafío del coronavirus, que ha desembocado en una alta demanda, y de ahí, la elevada mortalidad que vemos sin precedentes en el reto de países.

El Gobierno ha evidenciado un problema de gestión evidente con una falta de medidas de prevención que han desembocado en la propagación del COVID-19, la peor relación muertes/población, el confinamiento total de la población como mecanismo de última instancia de contención y una potencial crisis económica que se inició en marzo con la pérdida de 830.000 afiliados a la Seguridad Social y ha mermado el tejido empresarial del país.

¿Sin recortes hubiera sido todo diferente?

Entre 2012 y 2017, el número de camas de hospital en la Unión Europea disminuyó en un 3,3%. Las mayores contracciones del número de camas de hospital se registraron en Suecia, Dinamarca, Estonia, donde el número de camas disminuyó entre un 12% y un 20%, y Finlandia, donde la reducción del número de camas fue del 37%.

En el caso de España, curiosamente y en este periodo ha marcado una pequeña evolución positiva en el total de camas (en relación con el tamaño de su población), desmarcándose de la tendencia bajista europea.

No obstante, en este periodo no se incluyen los recortes sanitarios iniciados en el periodo 2011/12. Por ello, tiene más sentido analizar el volumen de camas hospitalarias por tamaño de la población antes de los recortes y en el momento de la crisis, para así observar si, en ausencia de los recortes, la oferta sanitaria hubiera sido sustancialmente diferente.

Según los datos de Eurostat, en el año 2009, en la UE nos encontrábamos con una media de camas de 552 por 100.000 habitantes. España ya mostraba una relación inferior, con un total de 316 camas.

A partir de ese punto, la ratio empieza a descender por los recortes de las autonomías (la sanidad representa la mayor partida de gasto para las administraciones intermedias) hasta 2013, que refleja una relación de 296 camas por cada 100.000 habitantes. Por lo que podemos cuantificar una pérdida de 20 camas en ese período y, hasta 2017, se recuperan 2 camas.

Independientemente del dato que queramos partir, en cualquier supuesto, el volumen de camas hubiera sido claramente insuficiente ante las demandas sanitarias de la actual pandemia en conjunción al resto de problemáticas sanitarias que requieren atención hospitalaria.

https://www.elblogsalmon.com/indicadores-y-estadisticas/recortes-no-responsables-colapso-sanitario

  • 11.20.-Desaciertos y economía de confinamiento – EDUARDO SARMIENTO
  • Economía y crisis: propuestas para enfrentar la pandemia CÉSAR FERRARI Y JORGE IVAN GONZÁLEZ
(Foto: Pixabay)

El Gobierno determinó ampliar la confinación, que había establecido entre el 24 marzo y el 13 de abril, hasta el 27 de abril. La pregunta es si la cuarentena cumplió los propósitos previstos y si la extensión la consolidará.

11 abr 2020.- La cuarentena se justificó como una prevención a lo que estaba ocurriendo en Italia y España. En términos concretos, se planteaba evitar el colapso del sistema hospitalario, reducir el crecimiento del número de contagiados (aplanar la curva epidemiológica) y reducir el nivel de contagio y muertes. Las condiciones de España e Italia no se podían dar en Colombia, que tiene un coeficiente de contagio muy inferior. Ahora, en Colombia, entre marzo 24 y abril 13 el número de contaminados pasó de 500 a 2.200 y no le hizo mella al sistema hospitalario. Mientras el número de camas asciende a 40.000, el número de pacientes en cuidados intensivos con el contagio apenas llega a 89. El crecimiento del virus aumentó con respecto al período anterior. Las muertes no variaron en relación con la tendencia histórica y están por debajo del promedio mundial.

A estas alturas no es posible una evaluación precisa de la cuarentena por el retraso entre la adquisición de la enfermedad y la manifestación. A la luz de la información disponible se puede esperar que el efecto sea pequeño y desaparezca cuando se desmonte el aislamiento. En cierta forma se confirma que las acciones para reducir la tasa de contagio, que no es otra cosa que el aplanamiento de la curva epidemiológica, son de reducido alcance. Estamos ante el virus del último siglo que se estabiliza a mayores niveles en los países desarrollados y en algún momento su aumento deja de causar contaminación y decesos.

No obstante que en la semana anterior el presidente Duque anotara que no podía mantener el país encerrado, el Gobierno extendió el aislamiento hasta el 27 de abril.

La economía del confinamiento se aplicó durante las guerras con diferentes propósitos. La medida genera un estado de exceso de demanda sobre la oferta. Es contraria al estado regular de las economías que operan con demanda inferior a la producción. Las soluciones convencionales de aumentar la demanda tienen el efecto contrario. Las economías quedan expuestas a estados de desabastecimiento y presiones inflacionarias.

El ahorro se resquebraja. Las empresas pasan a operar con mayores egresos que ingresos y el crédito solo les posterga la quiebra. El peso recae en mayor grado en los sectores de menores ingresos que disponen de menos margen para soportar el estado de mayor gasto sobre los ingresos. Los gobiernos acuden a la emisión monetaria, subsidios y déficits externos para aminorar el desbalance.

La síntesis es lamentable. La confinación no afecta significativamente la tasa de contaminación, y en su lugar, provoca una recesión de exceso de demanda sobre la oferta que precipita una caída de la producción, el empleo y balanza de pagos, y recae en mayor proporción en los sectores de menores ingresos. Los efectos iniciales se reflejan en caídas del 20 % en el consumo de energía eléctrica y las encuestas de producción ya dan una idea de la dimensión del choque. El producto nacional se precipitará en tasas de crecimiento negativas, el empleo se desplomará, el déficit en cuenta corriente se tornará insostenible y la distribución del ingreso continuará deteriorándose.

Las circunstancias obligarán pronto al país a desmontar gradualmente el confinamiento y sustituirlo por la separación selectiva de los contagiados en hospitales, y adoptar un plan de reactivación dentro de un nuevo modelo que recupere el crecimiento y mejore en forma apreciable la distribución del ingreso.

https://www.elespectador.com/opinion/desaciertos-y-economia-de-confinamiento-columna-913996

11.20.-Economía y crisis: propuestas para enfrentar la pandemiaCÉSAR FERRARI Y JORGE IVAN GONZÁLEZ

¿Qué pasos extra se deben tomar para aliviar los efectos que la crisis del coronavirus está teniendo, y tendrá, sobre la economía nacional? Medidas como abaratar el crédito para los colombianos y pensar en una nueva reforma tributaria son algunas de las propuestas que están sobre la mesa.

1 abr 2020.- El coronavirus está provocando una gravísima crisis económica que tiene dos motores: el desabastecimiento y la devaluación. En efecto, el confinamiento reduce la producción nacional y la posibilidad de sustituirla por importaciones, lo cual reduce la oferta de bienes y servicios.

Además, la caída continua del precio del petróleo ha devaluado la moneda de manera imparable. La devaluación se trasladará a los precios, y la falta de ingresos petroleros hará caer la demanda general de bienes y servicios y su oferta, así como también los ingresos del Estado. Una mezcla dramática de inflación, recesión y déficit fiscal se nos está viniendo encima.

Medidas macroeconómicas: partir de la realidadAdemás de los apoyos sectoriales para garantizar los bienes y servicios básicos, se necesitan con urgencia medidas de carácter general. Debemos admitir que los fundamentos de la economía colombiana son frágiles. El saldo de la deuda pública ya bordea 55 % del PIB y, lamentablemente, los ingresos del Estado siguen disminuyendo.

Bajo estas circunstancias, la desaceleración inminente de la economía va a traducirse en el aumento acelerado del desempleo. Si las empresas no producen, no podrán sostener a sus trabajadores. Entonces hay que establecer un seguro de desempleo o subsidiar a las empresas en el monto de la nómina mientras dure la emergencia.

Aliviar el gasto y abaratar el crédito 

Los más afortunados podrán trabajar desde sus casas. Pero la mayoría de la gente no tiene alternativas de ingreso. Estas personas y familias necesitan un subsidio de ingreso o una canasta de alimentos. La alcaldesa de Bogotá ha propuesto otras medidas apropiadas, como postergar el pago de los impuestos y suspender el cobro de los servicios públicos. El ejemplo debe extenderse a todo el país.

También se necesita un alivio en los costos y en los plazos de las cuotas de los créditos que asfixian a las pequeñas y medianas empresas y a las clases medias que financian sus compras mediante tarjetas de crédito.

Si uno tiene varias tarjetas de crédito, es posible reducir las tasas de interés y alargar los plazos acudiendo a un segundo banco para pagar la deuda con el primer banco. Esta operación permite reducir la tasa del crédito de casi 3 % mensual a casi 0,8 %. Pero ¿por qué, en primer lugar, los bancos cobran en los créditos de consumo a través de las tarjetas de crédito casi a 3 % mensual? ¿Qué pasa si el ciudadano tiene una sola tarjeta de crédito?

Se necesita una nueva política que estimule la competencia entre los bancos para reducir las tasas de interés. Y en la emergencia, postergar pagos de los intereses y amortizaciones de la deuda. El mecanismo alternativo habitual para reducir las tasas de interés consiste en que el Estado las subsidie.

Mirar hacia el futuro: impuestos y catastros

Para recuperarse de la crisis, la economía colombiana tendrá que cambiar de rumbo. Y en este punto necesitamos partir de una premisa: hay que recuperar la confianza en el papel de la inversión pública y aumentarla, como lo había dicho la Comisión de Gasto convocada por el Gobierno Nacional. Este aumento se debe realizar de manera que incremente la competitividad de las empresas y de los trabajadores.

Y para financiar la mayor inversión del Estado se necesita aumentar los recaudos tributarios. Como la “Ley de Crecimiento” aumentará la brecha fiscal, el Gobierno debería presentar una nueva reforma tributaria que reduzca las exenciones y aumente las tarifas del impuesto al patrimonio y a la renta de las personas naturales, en particular a sus dividendos. Las tarifas deben ser progresivas, o sea que vayan aumentando con el nivel de ingreso.

Y de su parte el proceso de actualización catastral tendrá que acelerarse, porque de aquí depende sobre todo la solvencia de las ciudades grandes, intermedias y los pequeños municipios. También estas tarifas deben ser progresivas en función del valor del avalúo.

Modificar la contabilización de reservas y reorientar regalías 

La intensa devaluación del peso colombiano tiene una doble consecuencia: es positiva porque aumenta el valor en pesos de las reservas que tiene el país, sobre todo en bonos del tesoro norteamericano. Pero es negativa porque encarece el valor en pesos de la deuda pública externa.

En la contabilidad actual, estos efectos se tratan de manera asimétrica: la mayor deuda se incorpora en el presupuesto, pero el mayor valor de las reservas no se contabiliza en el lado del ingreso. En el pasado existía la Cuenta Especial de Cambios (CEC) alimentada por aquellos aumentos en el valor de las reservas, cuenta que el Gobierno utilizaba para financiar el gasto corriente. Para evitar los abusos se prohibió el mecanismo, pero en medio de la crisis, ese mayor valor de las reservas puede y debe utilizarse para financiar grandes proyectos de inversión —no los gastos corrientes o de funcionamiento—.

Además, es necesario reorientar las regalías. La Contraloría ya ha advertido las regalías no fueron bien invertidas: en vez de destinarlas a proyectos estratégicos, se dispersaron en más de 12 mil pequeños proyectos. Por eso, se deben promover unos pocos proyectos que generen empleo; por ejemplo, construir carreteras de tercer nivel.

Solidaridad nacional y cooperación internacional 

La solidaridad es vital frente a la pandemia que, tarde o temprano, va a ser controlada. Pero atender las consecuencias económicas de la pandemia requerirá un plazo más largo y la cooperación de otros países.

Colombia necesita frenar el déficit creciente en la balanza de pagos aumentando las exportaciones y disminuyendo las importaciones, lo cual implica hacer más competitivas a las empresas colombianas.

 https://razonpublica.com/financiar-manejo-la-crisis/ 

10.20.-Chile: todo está en la mesa – ASCANIO CAVALLO

La política atraviesa por un momento único en la historia humana: en un mismo momento y bajo una misma amenaza, todos los gobiernos rinden un examen ante la posteridad. Ya no se trata del “sistema”, porque todos los sistemas están en prueba; queda algo leso hablar de un “modelo” en la única ocasión en que no existe modelo alguno que haya podido declararse inmune ante el Covid-19.

28 mar 2020.- Todos los juicios están suspendidos. Lo que muestran las encuestas –también restringidas al teléfono y la red- es que en todas partes reina la desconfianza en los gobiernos y al mismo tiempo la resignación ante el hecho de que sólo los gobiernos pueden hacer frente a la amenaza. Las mismas preguntas recorren todo el orbe: la autoridad, ¿debió actuar antes? ¿Son suficientes las medidas que ha tomado? ¿No debió ser más drástica, desde el primer momento?

Pero entonces, ¿cuál fue ese primer momento? Muy pocos se preguntan, con la debida humildad, si en cada posible momento estaban las condiciones para una u otra cosa. Por ejemplo: dadas las fechas de expansión de la pandemia, todas las manifestaciones del 8-M debieron ser prohibidas en todo el mundo. ¿Era eso posible? En Chile, hasta la segunda semana de marzo la estrategia ultrista del “mes decisivo” seguía en pie y todavía alguna parte de la oposición moderada recelaba de un gato encerrado.

Los gobiernos serán juzgados por los resultados en vidas, primero, y más tarde por su responsabilidad en limitar la catástrofe económica que se avecina. Apenas se puede anticipar, con el difuso horizonte de hoy, que en aquellos países donde el golpe ha sido más trágico, como Italia y España, los actuales gobiernos quedarán sepultados. Ya no se puede dar por segura la reelección de Donald Trump, cuando ni siquiera es claro si la teocracia de Irán podrá seguir en pie. Y hasta China, según cree el buenazo de Slavoj Žižek.

Por eso los líderes chinos se han anticipado a declarar que han controlado el virus. Por ahora, es más que una declaración estratégica que científica, entre cuyos fines se ha de contar que el mundo olvide pronto cuándo, dónde y cómo se inició la explosión viral. Quién lo iba pensar, el filósofo coreano Byung-Chul Han ha salido en su ayuda con un lamentable texto en el que sostiene que Asia ha podido controlar mejor la situación por su disciplina cultural, la autojustificación favorita de todas las tiranías de esa región.

La propaganda china es la relegitimación del estado, que en esta encrucijada entusiasma por igual a populistas y a liberales. Las sociedades donde la confianza es alta, como Suecia u Holanda, todavía pueden dejar parte de la responsabilidad a sus ciudadanos. Pero donde está por los suelos, como en Argentina y Chile, la muchedumbre política pide a gritos más estado, más confinamiento, más shutdown.

Por única vez en la historia, la salud se ha impuesto sobre la economía, confirmando el cambio de los marcos éticos que ya muchos percibían. La prioridad no ha sido puesta en duda. Tampoco se duda que luego vendrá lo otro: restañar los trabajos perdidos, las familias empobrecidas, las empresas quebradas. Los estados han venido desembolsando sus ahorros para hacer frente al cataclismo social que implican las economías detenidas. Pero los ahorros tienen sus límites. ¿Cómo será esa ineluctable reorganización?

En un momento en que las instituciones estaban bajo asedio en todo el planeta –desde la policía hasta la prensa profesional-, la tortilla se ha dado vuelta de un sopetón como para recordar que las instituciones son la única forma que conocemos de organizar a los grupos humanos para que no exterminen entre sí. Por eso ha cesado también la orgía de las redes sociales, retrocedidas hacia la única de sus funciones nobles: comunicar a los que la distancia mantiene amargamente separados. Han dejado de ser populares la estridencia, las fake news, la algarada y la agresión “sin enojarse”.

¿Y Piñera? Hasta hace solo unos días iba a ser recordado por el “estallido” iniciado el 18-O. Ahora lo medirá la administración del Covid-19. Es tan arrogante decir que lo ha hecho bien como que lo ha hecho mal. Probablemente nadie quisiera estar en sus zapatos.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-todo-esta-en-la-mesa/F6FYEYDIYRFD3LQPGE5U2ONRI4/ 

9.20.-Los militares brasileños se acercan al vicepresidente de Bolsonaro ante el agravamiento de la pandemia  AlFONSO BENITES

Las Fuerzas Armadas celebran reuniones en Brasilia para discutir escenarios ante una eventual destitución del presidente, debilitado por la crisis del coronavirus

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, saluda a partidarios y periodistas en la previa de una rueda de prensa dedicada al coronavirus celebrada en el palacio de Planalto, el viernes 27 de marzo.ANDRE BORGES / AP

Las Fuerzas Armadas brasileñas han enviado señales de alerta ante las reacciones del presidente Jair Bolsonaro a la crisis de coronavirus. Esta semana, representantes de la Aeronáutica, el Ejército y la Armada le adelantaron al vicepresidente, el general Hamilton Mourão, que podría contar con su apoyo si Bolsonaro dejase su puesto, ya sea mediante un juicio político o una renuncia.

 28 mar 2020.- Aunque el debate se ha intensificado desde que la crisis de salud empeoró, las posibilidades de que Bolsonaro deje la presidencia son muy remotas. En más de una ocasión, el presidente dijo indirectamente que no renunciaría. “¡Nunca abandonaré al pueblo brasileño, a quien debo lealtad absoluta!”, dijo en su cuenta en Twitter. El titular de Diputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), responsable de poner en marcha un eventual proceso de empeachment, declaró esta semana que el asunto no está, al menos por ahora, en la agenda del Congreso.

Aun así, el Ejército ha mantenido reuniones en Brasilia, incluso con aliados de Bolsonaro y miembros civiles de su primera línea. Esta semana se celebraron al menos dos reuniones en las que se discutieron escenarios hipotéticos a mediano y largo plazo.

Dos participantes de esas reuniones informaron a EL PAÍS que el grupo está preocupado por un posible aumento repentino en los registros de infectados y muertes causadas por la enfermedad y que esto está relacionado con el discurso negacionista de Bolsonaro sobre la gravedad de Covid-19. Destacaron que cuando el presidente sugiere poner fin a las cuarentenas y el aislamiento social decretado por los gobernadores y alcaldes, suena insensible a la gravedad de la pandemia.

En este escenario, creen que la popularidad de Bolsonaro puede caer en picado si se muestra como un líder fallido que prefiere apalancar la economía antes que salvar vidas. “Él tiene un discurso de guerra. Pero quien está en la primera línea de una guerra es un soldado que sabe que puede morir. En una pandemia no podemos poner a todos en la misma situación que los soldados”, dijo uno de los miembros del grupo de manera reservada.

El martes, el comandante del ejército, general Edson Leal Pujol, trató de eximir a las Fuerzas Armadas de cualquier responsabilidad por la crisis. Al contrario de lo que defendió el presidente, declaró que los militares deben, sí, preocuparse por el coronavirus y dijo que combatir la propagación de la enfermedad “es quizás la misión más importante de nuestra generación”.

En Brasilia también ha circulado la tesis de que el presidente podría tomar una decisión extrema y decretar un estado de sitio (que depende de la aprobación del Congreso Nacional, donde Bolsonaro no tiene mayoría), que suponga restricciones a la libertad, comunicación y suspensión de garantías constitucionales. Si bien sería una decisión extrema, Bolsonaro podría argumentar que solo trata de “salvar a Brasil”. La vieja política, sin embargo, no lo acompaña.

Oficialmente, el presidente dice que no ha decretado el estado de sitio porque estaría “dando una señal de pánico a la población», según dijo en una rueda de prensa la semana pasada. Entre líneas, sin embargo, envía mensajes contradictorios. Este viernes, en una entrevista con el periodista José Luiz Datena, de TV Band, se le preguntó si tenía la intención de dar un golpe de Estado y cerrar el país. “Quien quiera atacar nunca dirá que quiere atacar”, respondió.

Mourão, un militar sin apoyos claros

Debido al tono de estas señales, los militares se acercaron al vicepresidente. Mourão es uno de los suyos, pero no cosecha un apoyo cerrado. En el Ejército, el vicepresidente llegó a ser visto como un radical cuando, en 2015, sugirió que las Fuerzas Armadas podrían intervenir ante una crisis política. En ese momento, la presidenta Dilma Rousseff (PT) estaba en un mal momento y el Lava Jato comenzaba a revelar escándalos de corrupción en serie. En el campo político, Mourão fue la quinta opción de Bolsonaro para componer su dupla electoral. Fue elegido en el último minuto, ante las negativas de otros políticos o por la desconfianza del propio presidente.

Mourão tampoco está bien considerado entre la familia Bolsonaro. Su principal enemigo entre el clan es el concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PSC), hijo del presidente. Al principio de su mandato, Mourão comenzó a recibir embajadores extranjeros para demostrar que Brasil no se cerraría del mundo. También fue el principal articulador del acercamiento a China, el principal socio comercial de Brasil. A partir de entonces, llegó a ser visto como una voz moderada en un Gobierno de ultras. Entre el núcleo duro ideológico del Planalto, el acercamiento con China se interpretó como una traición al presidente, que quería distanciarse de los comunistas. En la práctica, la ideología se dejó de lado y el comercio entre las dos naciones se mantuvo en su apogeo.

Mourão fue puesto a un lado. Actuó, sin embargo, en algunos momentos clave, como cuando se discutió si Brasil apoyaría o no una intervención militar en Venezuela para secundar a Juan Guaidó en su choque contra el presidente Nicolás Maduro. Más recientemente, comenzó a coordinar el Consejo Amazónico, un colegiado reactivado después de la crisis de los incendios forestales.

Esta semana, el vicepresidente tuvo que contradecir a su jefe. Dijo que Bolsonaro había sido mal interpretado al defender que el país debería priorizar la economía. «Puede ser que él (Bolsonaro) se expresase de una manera, digamos, que no era el mejor. Pero que trató de plantear fue la preocupación que todos tenemos con la segunda ola del coronavirus, como se llama en este momento”.

Bolsonaro reaccionó el viernes. En la entrevista con Band, dijo que Mourão se sentía libre de hablar por ser «imprescindible”, es decir que no puede ser separado de su cargo. “Con el debido respeto a Mourão, él es mucho más rudo que yo. Algunos dicen que incluso soy muy amigable cuando estoy cerca de Mourão. Él es el único que no es resignable en el Gobierno, por lo que puede estar tranquilo «.

En este contexto de tensión, Bolsonaro enfrentó a los gobernadores, se aisló políticamente y escuchó protestas contra su Gobierno en las principales ciudades del país. Esta semana, perdió el apoyo de un importante aliado, el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM). Pero el ajedrez político está lejos de estar definido.

Tras la presión del presidente para reactivar la economía, tres gobernadores autorizaron la apertura parcial del comercio en sus Estados: Rondônia, Santa Catarina y Mato Grosso. Los próximos movimientos dependerán de la gravedad de la pandemia.

 https://elpais.com/internacional/2020-03-28/los-militares-brasilenos-se-acercan-al-vicepresidente-de-bolsonaro-ante-el-agrava

8.20.-Argentina necesita que sus acreedores privados renuncien al menos a 55.000 millones de dólares, según el FMIENRIC GONZÁLEZ

20 El ministro de Economía, Martín Guzmán, inicia los contactos con los tenedores de bonos

La directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía argentino, Martín Guzman, a principios de febrero de 2020, durante congreso sobre economía solidaria organizado por el Vaticano.

Mientras el mundo se estremece por el coronavirus y los mercados financieros sufren convulsiones extraordinarias, Argentina sigue agobiada por su deuda. El ministro de Hacienda, Martín Guzmán, tuvo el viernes un primer contacto directo (telemático) con los acreedores privados, en el que admitió que el país había llegado “al límite” y no disponía ya de reservas para hacer frente a nuevos pagos. El Fondo Monetario Internacional le prestó respaldo y estimó que los acreedores deberían aceptar una reducción “sustancial” de la deuda externa argentina. Cifró esa reducción entre 55.000 y 85.000 millones de dólares, dependiendo del nivel de los tipos de interés. 

Buenos Aires – 20 MAR 2020 – 18:22COT.- El Gobierno de Buenos Aires pidió al FMI que realizara un análisis externo, algo parecido a una auditoría de urgencia, sobre la situación económica argentina y sus posibilidades reales en cuanto a la deuda. La directora gerente de la institución, Kristalina Georgieva, atendió la demanda y publicó un informe, precisando sin embargo que la ausencia de un plan gubernamental concreto obligaba a basar las previsiones en “los anuncios realizados” por el presidente Alberto Fernández, el propio Martín Guzmán y otros dirigentes. La conclusión fundamental fue la esperable: la deuda alcanza ya el 96% del PIB y resulta “insostenible”.

La deuda bruta alcanzó los 323.000 millones de dólares a final de 2019. Los inversores privados detenían 133.000 millones, de los que 73.000 correspondían a bonos emitidos en divisa extranjera. Entre hoy y finales de 2023, el simple pago de intereses supondría más de 30.000 millones. En su presentación ante los bonistas, el ministro de Hacienda estimó que, sin una quita de capital e intereses y sin aplazamientos, habría que destinar al pago de deuda entre el 17% y el 23% del PIB, es decir, del total de la producción anual argentina. Fue otra forma de decir que la deuda es impagable.

En opinión del FMI, Argentina solo está en condiciones de dedicar al pago de la deuda hasta un 5% de su PIB. Hay que tener en cuenta que se trata de una economía en recesión desde abril de 2018 y que este año sufrirá una nueva contracción, estimada por la institución de Washington en torno al 2,3%. Sin contar con los efectos aún no mensurables, pero probablemente gravísimos, de la crisis mundial provocada por el coronavirus.

Martín Guzmán fue más optimista que el FMI y dijo a los acreedores extranjeros que la recesión supondría en 2020 un decrecimiento de solo el 1,5%, en el peor de los casos, y que el año próximo la economía argentina estaría ya creciendo por encima del 2,5%. Para 2024, el Banco Central dispondría de unas reservas netas de 65.000 millones de dólares para hacer frente a imprevistos. Eran cifras poco creíbles, incluso sin tener en cuenta la pandemia.

El FMI, al que Argentina adeuda 44.000 millones de dólares, se abstuvo de recomendar algún tipo de fórmula de reducción sobre la deuda privada. No apostó ni por reducir el principal, ni por bajar o suprimir los intereses, ni por aplazar los pagos, y dejó todo eso a la libre negociación entre el Gobierno argentino y sus acreedores. Martín Guzmán aspira a una combinación de las tres opciones. El FMI sí estableció, sin embargo, que la quita sobre el monto total debería ascender al menos a 55.000 millones de dólares (en el caso de que los intereses quedaran alrededor del 6% anual) o hasta 85.000 millones, si los intereses estuvieran en el 9% o más.

https://elpais.com/economia/2020-03-20/argentina-necesita-que-sus-acreedores-privados-renuncien-al-menos-a-55000-millones-de-dolares-segun-el-fmi.html

7.20.-México: el paro nacional de mujeres  – CRISTINA DE LA TORRE         

Medicina Legal afirma que hay por lo menos 34.600 procesos que podrían constituir feminicidios en los que más del 90 por ciento se mantiene en la impunidad. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

De amor romántico y feminicidio 

No sería raro. El impetuoso, multitudinario pronunciamiento de las mujeres en México los días 8 y 9 de marzo podrá representar un punto de inflexión en la historia reciente de ese país. Para exigir trato igual, derechos y el cese de la violencia contra ellas que el año pasado culminó en 1.006 feminicidios, se tomaron las calles este domingo.

Y protagonizaron ayer lunes paro general: entonces reinó el silencio en las calles desoladas; faltaron a universidades, oficinas, bancos, comercios y despachos públicos. Media población congelaba la economía doméstica y un tercio de la economía formal. No hubo en muchas casas quien hiciera los oficios o humillara la cerviz a la reconvención de nadie. Faltaron las manos que lo hicieron todo, siempre, sin paga y sin amago de cerrarse en puño. Así se visibilizó su ausencia. También allá pierde prestigio el hado del amor romántico, trampa de la desigualdad entre hombre y mujer que ensarta abusos y violencias hasta el eslabón final del feminicidio. El engendro crece legitimado por la exaltación del arrebato amoroso.

10 mar 2020.- ¿Cómo podrá aquel príncipe azul, elevado por el patriarcado a los altares de la belleza y la razón, derivar en asesino de su lacrimosa princesa, todo dulzura y sumisión? Pero no hay maldad en él ni necedad en ella. Ambos son víctima de una fuerza formidable, la del mito milenario que cifra la virilidad en la violencia; y la feminidad, en el sacrificio de la libertad, de la identidad y de la propia integridad física. Aunque el efecto no es parejo: la violencia que se ejerce sobre el hombre carece de la carga ideológica que empuja la que pesa contra la mujer. Díganlo la historia, la organización de la sociedad y la cultura.

La familia, la escuela, la iglesia, la televisión enseñan desde los primeros pasos que el amor se construye en rosarios de violencias. A ella se le educa para dar; a él, para recibir; para expresarse a golpes, jamás desde las emociones y los sentimientos; se le educa para la conquista, la seducción y el dominio. A ella la coronan con la guirnalda de un amor que es pasividad, espera, renuncia, entrega, sacrificio. Y triunfa una relación de dependencia en la desigualdad que termina por resolverse en violencia física o sicológica.

De adulto, el hombre se permitirá ser niño colérico y cruel, si del honor se trata. Y se hiere el honor cuando la mujer rompe el molde, quiere separarse o escapar a su control. Entonces mata, y por lo general todos, autoridades y sociedad, hacen la vista gorda. Según el corrido –que es historia-, Juan Charrasquiado mata a tiros a Rosita Alvírez por negarse, delante de todos, a bailar con él. Por desairarlo. Con la sangre de Rosita le dieron otra pasada a la casa donde la mataron. Tatiana Acevedo recuerda el caso de un hombre que mató en Bucaramanga a las estudiantes universitarias Manuela Betancur y Paola Cruz, tras armarles un escándalo cuando ellas quisieron bailar con otros.

En Colombia se cometen proporcionalmente tantos feminicidios como en México: según el Observatorio de Feminicidios, aquí fueron 571 el año pasado. Dice Olga Sánchez, directora de la Casa de la Mujer, que cuando un hombre dice que va a matar a una mujer es porque la va a matar; que la mitad de los feminicidios son muertes anunciadas. Sí, en México, en Colombia y en Cafarnaún, donde quiera que rija el amor romántico como receptáculo de los estereotipos de género de la cultura patriarcal, proliferan la violencia y el feminicidio. Convertidas las diferencias en desigualdad, se construye el amor como posesión y relación de poder del hombre que prevalece por anulación -aún física- de la mujer. El ejemplo de las mexicanas arrastra. ¿Cómo no seguirlo?

https://www.elespectador.com/opinion/de-amor-romantico-y-feminicidio-columna-908377

 

  • 6.20.-“En Bolivia hubo una sublevación de la clase media contra la igualdad” CECILIA BALLESTEROS 
  • Chile: la vacuna femenina – ASCANIO CAVALLO

El exvicepresidente del país, Álvaro García linera, asegura que el gobierno interino de Jeanine Añez está “dispuesto a todo” para no perder las elecciones de mayo

Álvaro García Linera, exvicepresidente del Gobierno de Bolivia, durante la entrevista en Madrid.KIKE PARA

Álvaro García Linera, uno de los ideólogos de izquierdas más influyentes de América Latina y exvicepresidente de Bolivia con Evo Morales (2006-2019), acaba de visitar Madrid. Exiliado en Argentina, donde ahora imparte clases en dos universidades, tras salir junto a Morales del país el 10 de noviembre, este intelectual (Cochabamba, 57 años), que pasó varios años en la cárcel por ser cofundador del Ejército Guerrillero Tupaj Katari, cree que el Movimiento al Socialismo (MAS) sobrevivirá a la ausencia del líder. “Volveremos cuando todo se haya sedimentado”, asegura.

5 mar 2020.- Pregunta. ¿Cuál es su versión de lo que pasó el 20 de octubre de 2019 cuando se paró el conteo de las presidenciales? Hay quienes hablan de golpe de Estado y quienes lo califican de fraude electoral, como la Organización de Estados Americanos (OEA). Un polémico estudio de dos especialistas del MIT, publicado en un blog del Washington Post, sostiene ahora que no hubo fraude.

Respuesta. Lo que pasó en Bolivia fue una sublevación de las clases medias tradicionales contra la igualdad que ha tomado, con el tiempo, la forma de un golpe de Estado. Según la Cepal, el 30% de los bolivianos pasó de ser pobre a ser clase media. Las clases medias tradicionales ven, primero con preocupación y luego con pavor, cómo personas que vienen del mundo indígena adquieren el mismo estatus que ellos tenían. El malestar se traduce en movilizaciones contra el Gobierno y en un estado de ánimo muy conservador, muy racista, que dará pie a que las fuerzas del orden desconozcan el orden constitucional y pidan la renuncia del presidente [Evo Morales]. Es una mezcla de acción social con un golpe de Estado. La idea de fraude fue una construcción. Lograron instalar la opinión de que iba a producirse y no lo han demostrado. LA OEA tiene que decirlo. El estudio del MIT muestra la tendencia, que la votación que llega más tarde es la votación del campo y los sectores más populares donde el apoyo a Evo siempre está por encima de la media. El Movimiento al Socialismo (MAS) es el partido de la gente pobre.

  1. ¿Sigue manteniendo que Luis Almagro, el director de la OEA, es un golpista?
  2. Sí. Él firmó un acuerdo con la cancillería para entregar su informe completo un miércoles y entrega un informe preliminar el domingo en la madrugada a las tres de la mañana. ¿Cómo es eso? No constaba en el acuerdo, eligió el momento para acelerar el advenimiento del golpe. Y luego no entrega el miércoles 13 el informe completo, se tarda un mes y lo entrega en diciembre. Encima agarra 292 actas, que son el 0,5% de las 35.000 actas, aunque esas 292 actas fueran todas para Carlos Mesa, Evo ganaba por el 10%. En cualquier país donde haya irregularidades en las actas se repite la votación y aquí no se repitió.
  3. Entonces ¿por qué se opta por la renuncia? ¿Qué condiciones pusieron los militares?
  4. Se iba a desencadenar una matanza. A las siete de la mañana ya había un desacato de la Fuerza Aérea a obedecer el mando institucional, incluso antes de que pidan nuestra renuncia. Los comandantes llaman a Evo en la tarde: “No saquen las Fuerzas Armadas, yo voy a renunciar, pero no saquen a las Fuerzas Armadas”, pide. En 14 años, habíamos logrado que la gente recuperase la confianza en las Fuerzas Armadas, pero sacaron a los militares a las calles en las siguientes horas. Es decir, tenías un estado de insurgencia social, militares y policías que habían decidido desconocer al Gobierno y ante eso te enfrentas o te retiras. Enfrentarte hubieran sido centenares de muertos y Evo no quería un solo muerto.
  5. Quizá las sospechas de fraude tenían un precedente: cuando Evo Morales vuelve a optar a la presidencia a pesar de haber perdido el referéndum en 2016. Eso pudo avalar las tesis de que lo volvería a hacer. ¿Fue un error?
  6. Sí. Les da la bandera. Pero eso no justifica romper el orden constitucional…
  7. ¿No supone eso una traición a los principios de una izquierda democrática?
  8. ¿Qué izquierda? No estoy seguro. En Bolivia no hay otra. Esa crítica es del centro y la derecha…
  9. ¿No es contradictorio no respetar las formas democráticas, al contrario que la izquierda de Michelle Bachelet, Pepe Mujica o Lula da Silva?
  10. Desde ese punto de vista, sí. Pero no en Bolivia.
  11. El MAS había perdido apoyo entre la población indígena…
  12. Puede ser porque tienen otras aspiraciones. Aun así, nuestra fuerza sigue siendo el movimiento indígena. No teníamos el 95%, igual el 85%. Perdimos 10 puntos, normal después de 14 años de Gobierno. Por eso, cuando los golpistas entran al Gobierno llevan la Biblia porque los indios no tienen alma. ¿Y qué hacen? Queman la wiphala (la bandera indígena). Está claro su resentimiento.
  13. Dijo que Morales personificaba la unificación del pueblo boliviano, ¿qué significa su pérdida?
  14. Que ahora es una sociedad muy dividida, polarizada ideológica y étnicamente. Los viejos fantasmas de la fragmentación social renacen porque el Gobierno de Evo Morales fue el intento más audaz de saldar deudas, de cerrar la brecha, la falla geológica, en mi concepto, de la formación boliviana y lo que hace el Gobierno interino es volver a resucitarlas, disciplinar a los indios otra vez.
  15. ¿Habrá evismo sin Evo?
  16. Hay un MAS sin Evo, entendiéndolo como un proceso de igualdad social, étnica, económica, de movilidad ascendente y fluida. De hecho, cuando todos auguraban que, después del golpe, sin el caudillo y con semejante campaña de desprestigio, fracasaríamos, las encuestas sitúan al MAS [cuyo candidato es Luis Arce] en primer lugar para las elecciones y tenemos probabilidades serias de ganar en primera vuelta. El 30% de la sociedad boliviana ha dejado de ser pobre y el asalariado incrementó su salario un 500% en una década, según la ONU.
  17. ¿Qué opina de la posición de España sobre Bolivia y Venezuela?
  18. España ha mostrado una enorme preocupación por la violación de los derechos humanos y la quiebra de la institucionalidad.
  19. ¿Y sobre Juan Guaidó?
  20. Bueno, mantiene una actitud que tiene en cuenta la intervención en la soberanía de los venezolanos. Nadie tiene autoridad moral para entrometerse en asuntos de otro país. Eso sucede con Estados Unidos.
  21. Existen violaciones de los derechos humanos, hay muertos…
  22. Existen, pero eso no da derecho, y eso España lo ha asumido, a decir a los venezolanos cómo resolver sus asuntos. España es muy prudente.
  23. ¿Considera legítimas las elecciones promulgadas por la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, para el 3 de mayo?
  24. Hay indicios de irregularidades, esperemos que las corrijan. Tenemos que ir a votar y esperemos que la comunidad internacional ayude al pueblo boliviano.
  25. ¿Está diciendo que puede haber fraude?
  26. Creo cualquier cosa. Ellos se juegan mucho. Han emitido un decreto para asesinar. Saben que eso tiene consecuencias, van a jugarse el todo por el todo para no perder. Lo único que puede impedir que eso suceda es una sociedad despierta y vigilante, pero también una comunidad internacional implicada.
  27. Se enfrenta a nuevos cargos en Bolivia.
  28. Se está abriendo un cargo por fraude electoral, junto a Evo. El otro es un juicio sobre terrorismo y separatismo que se ha reabierto contra quienes gobernábamos en 2008. Que yo sepa son esos dos cargos, de los que me he enterado por la prensa.
  29. ¿Hay algún denominador común en las protestas de América Latina?
  30. No. En Bolivia es una protesta contra la igualdad y en Chile o Colombia son protestas por mayor igualdad y mayores derechos. Es un continente convulso que todavía no tiene un horizonte compartido, el mundo no lo tiene. Es un momento de caos social. Quienes nos consideramos de izquierdas creemos que la batalla por la igualdad es uno de los grandes retos del siglo XXI.
  31. ¿Sigue siendo leninista?
  32. Soy un marxista herético.

La oportunidad de Pablo Iglesias

Álvaro García Linera visitó España para presentar el martes el último libro de Íñigo Errejón y un día después participó en un polémico debate en la Universidad Complutense de Madrid con Pablo Iglesias. “Me dolió mucho la ruptura entre ambos, pero son amigos míos y he conseguido mantener esa amistad”, asegura.

Pregunta. ¿Cómo vivió el escrache contra Iglesias en la Facultad de Políticas?

Respuesta. No fue nada. Asistieron cientos de estudiantes y muchos se quedaron fuera por falta de sitio. Pablo tuvo una reacción muy buena, tan tolerante, tan de profesor…

  1. ¿Qué le parece que sea ahora vicepresidente del Gobierno de España? Usted dijo que Iglesias, Errejón y Juan Carlos Monedero eran de las mentes más brillantes de Europa. ¿Sigue pensándolo?
  2. Lo dije y lo sigo pensando. Incorporaría al filósofo César Rendueles. España nada tiene que envidiar a Francia en Ciencias Sociales.
  3. ¿Pero qué opina de Iglesias vicepresidente?
  4. Un cargo público siempre es una eventualidad en la vida de un político, nunca una culminación. Tiene la oportunidad de convertir en hechos mucho de lo que ha pensado, otras cosas no podrá, pero no es el mejor momento necesariamente. Es uno más.

https://elpais.com/internacional/2020-03-05/en-bolivia-hubo-una-sublevacion-de-la-clase-media-contra-la-igualdad.html

6.20.-Chile: la vacuna femenina – ASCANIO CAVALLO

Pasado el mediodía comenzaron los festejos, cuando el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados. 

Un galope muerto recorre Chile. “Aquello todo tan rápido, tan viviente / inmóvil sin embargo, como la polea loca en sí misma / esas ruedas de los motores, en fin”, según la perturbadora descripción de Neruda. El anunciado marzo sigue siendo anunciado, con ese ambiente de preparativo y temor que precede a las batallas, no al inicio de un año laboral. Unos dirán que es el preludio de una larga noche. Otros, que prologa un lento amanecer. Este es el punto: hay “unos” y “otros” arriba de la polea loca.

7 mar 2020.- El país se ha polarizado lenta y sostenidamente desde el 18-O, y es probable que se polarice más a medida que se acerque el plebiscito constitucional, con su inherente polaridad de sí o no, blanco o negro, uno u otro. Pero ya antes de que eso ocurra, y de que la campaña sustituya (si lo logra) al carnaval de amenazas, la polarización se ha venido instalando en las oficinas, las aulas, las familias. Muchos sienten el impulso de eludir el debate para evitar la malquerencia y la sospecha, ese momento en que se alza la voz. ¿Se están violando los derechos humanos, los carabineros son de aquí o de allá, es la “primera línea” la defensora del pueblo, cree Piñera que puede seguir?

El centro sigue siendo la violencia callejera, que no cesó durante el verano, pero que tampoco logró expandirse como lo proclamaba. Esto