• 20.21.-Chile: Elogio del candor – ASCANIO CAVALLO
  • Chile II: terremoto político y social BEETHOVEN HERRERA
  • Perú: el libreto de Castillo  GERMÁN VARGAS

El resultado de las elecciones en Perú tiene profundas implicaciones para Latinoamérica, y en particular para Colombia, por razones políticas, estratégicas y económico-comerciales. JUN 05

Pedro Castillo

12 jun 2021.- No parece haber duda sobre la elección del líder campesino, profesor y declarado seguidor de la doctrina marxista leninista Pedro Castillo. Su plataforma política busca abandonar la economía de mercado, mediante la nacionalización de sectores estratégicos de la economía como el minero, el energético, el de los servicios básicos y muchos otros que seguramente están en sus planes. Por este camino Perú se incorporará, junto con Venezuela, Bolivia y Nicaragua, al llamado socialismo del siglo XXI, cuyos ‘logros’ son ampliamente conocidos en el continente.

Veamos algunos de los planteamientos de Castillo: ha dicho que se renegociarán los contratos con las empresas mineras y que si no están de acuerdo, se tendrán que ir del país y el pueblo las asumirá o, mejor dicho, se nacionalizarán. “Nosotros queremos nacionalizar los recursos energéticos y ponerlos al servicio de la población”, dijo la electa vicepresidenta, Dina Boluarte. También afirmó que se renegociarán todos los tratados de libre comercio. Seguramente abandonarán la Alianza del Pacífico y Prosur.

El nuevo nombre del juego es la ‘economía popular’, comenzando por el “rescate de los recursos estratégicos del Perú”. El turismo se hará sin fines de lucro. Curiosa propuesta, cuando ese país es uno de los líderes en turismo receptivo del continente. Castillo ha dicho: “Bienvenida la empresa privada nacional”. ¿Por este camino será que las inversiones extranjeras ya no son bienvenidas? ¿Y qué futuro les espera a las existentes?

El Gobierno Nacional tiene que estar muy atento para proteger las inversiones que por décadas ha hecho nuestro país precisamente en el sector minero-energético peruano, y que hoy podrían estar amenazadas. Se estima que dichas inversiones en el país vecino ascienden a algo más de 18.000 millones de dólares. Empresas como ISA, Grupo Energía de Bogotá, Promigás, Eléctricas de Medellín y Grupo Unión, para citar algunas del sector eléctrico y del gas. Tenemos las del grupo GHL y de Estelar, en el sector hotelero. Y muchísimas otras en sectores como el de infraestructura vial, financiero, agroindustrial y de servicios.

Para implantar el nuevo modelo, ha dicho Castillo que se hará una asamblea constituyente, para lo cual se convocará de inmediato un referendo. Este camino ya lo conocemos. Es idéntico al que se ha seguido en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, ahora en Chile y también en el Ecuador de Correa. Aquí no vale el argumento de que Castillo no disponga de mayorías en el Parlamento, pues no las necesita. De hecho, lo primero que hará es consultar al pueblo la revocatoria del Congreso recién elegido.

¿Qué puede pasar? Pues que será revocado, ya que no hay nada más impopular en el mundo que los congresos. Tras el cambio de Constitución vendrá la toma del Poder Legislativo, el Judicial y el regional y, claro, de las Fuerzas Armadas. Simultáneamente se silenciará y perseguirá a las fuerzas de oposición y a los medios de comunicación. El libreto está escrito. Se legitima en el populismo, que todo lo convierte en subsidios financiados con emisión pura y dura, inflación desbordada y pobreza extrema. Es la misma receta que en el país se promueve cuando se advierte que en menos de 12 años es imposible pensar en una transformación como la que requiere Colombia.

A todas estas, un juez ha pedido la detención preventiva de la candidata Fujimori. En Nicaragua, el dictador Ortega ha retenido y hecho encarcelar a todos los candidatos opositores; en Venezuela, persecución y cárcel para la oposición. Esta es la estrategia en lo político para quedarse 14 años en el poder, como Ortega; 13, como Evo Morales, o como los hasta ahora 22 de la dupla Chávez-Maduro.

En Colombia tenemos la responsabilidad de abrir los ojos ante lo que está ocurriendo en la región, identificar los patrones de actuación, conectar los distintos hechos políticos, como la protesta y los paros y bloqueos, con la campaña electoral que se avecina, y entender la dimensión internacional de la estrategia. ¿O será que a alguien le cabe en la cabeza que todo lo que estamos viviendo sean meras coincidencias?

GERMÁN VARGAS LLERAS  ttps://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/el-libreto-de-castillo-columna-de-german-vargas-lleras-59562

20.21.-Chile: Elogio del candor – ASCANIO CAVALLO

29 de Noviembre de 2020/CONCEPCION Elecciones Primarias de Gobernadores en la comuna de Concepción, Colegio España, durante el estado de catástrofe decretado por la pandemia de Covid-19 que afecta al país. En la imagen votos no escrutados, en la mesa de los vocales de mesa FOTO: SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO 

Planea sobre el país un cierto prestigio de la ignorancia. El “saber hacer”, tan francés, tan europeo, parece desplazado por una popularidad de un “no saber” muy latinoamericano, una idea orgullosa de que carecer de una competencia, de no saber, puede ser una garantía de pureza ideológica, candor moral e independencia respecto de los partidos y las élites. En la dicotomía entre el pueblo y las élites, “los que saben” están casi por definición en el lado equivocado, y son continuamente desafiados por todas las formas de conocimiento incierto o alternativo que se distribuyen por las redes digitales.

En las elecciones del 15 y 16 de mayo pasados, y de las que vienen por delante, hubo y hay candidatos que han hecho profesión de fe de no tener idea alguna sobre la administración del Estado, de no conocer sus complicaciones y de estar dispuestos a, de acuerdo al sesgo, a) aprender (algunos); b) ensayar cosas nuevas, entendiendo que el “saber” forma parte de “lo viejo” (unos cuantos); o c) imponer sus puntos de vista sobre “los que saben” (varios).

En la elección de la Convención Constitucional hubo, como ya se ha dicho hasta el hartazgo, un castigo y una advertencia contra los partidos. Contra todos los partidos, incluso aquellos que después han querido hacerse parte de la crítica. Los partidos, claro, son vistos como una de las representaciones vivas de las élites. La otra representación que recibió un castigo similar, aunque menos notorio, fue la de los técnicos, tecnócratas o technopols, esas categorías en que caben todos los profesionales especializados que dominan problemas complejos y, sobre todo, políticas públicas. En palabras anticuadas, “los que saben”.

Los tecnócratas vivieron su era de esplendor durante los 20 años de la Concertación, aunque fueron perdiendo fuerza progresivamente a medida que los partidos y los parlamentarios empezaron a resistirlos con el argumento de que la política debía conducir las decisiones técnicas, y no al revés. La Nueva Mayoría fue prácticamente una expresión de la retoma de la hegemonía por parte de la política. Esta tensión es parte de la historia de las naciones, y hasta se puede decir que ha sido intrínseca a las democracias: políticos y tecnócratas en disputa por la conducción del Estado.

Lo que ahora ocurre es distinto: los tecnócratas no son castigados porque su conocimiento se adscriba a algún proyecto ideológico o político -los technopols-, sino más bien por el hecho mismo de estar en posesión de un conocimiento especializado; por saber. Varios constitucionalistas (que no aceptarían llamarse tecnócratas) de reconocida competencia, en todas las variantes del espectro partidario, quedaron fuera de la convención, incluso postulando como independientes. Lo mismo ocurrió con exministros y también con dirigentes sindicales -comunistas, humanistas, anarquistas- de larga trayectoria. La demonización del conocimiento y la experiencia van tan de la mano, que en algunos casos resultan indistinguibles.

El hecho paradójico es que efectiva, innegablemente, todo esto dota de un aire fresco y candoroso a la política chilena, mientras al mismo tiempo parece destruirla. En el mundo de las ciencias políticas, la pregunta de moda es si Chile constituirá un laboratorio en el que se están creando las modalidades sociales y políticas del siglo XXI -la versión glamorosa- o si sólo se están reprocesando tendencias fragmentariamente existentes en otras latitudes -la versión desangelada.

De todos modos, el ingrediente del rechazo a la competencia técnica y la idea de un “nuevo saber” en reacción al antiguo ya no tiene el mismo frescor: se parece simplemente al “plebeyismo” que Ortega y Gasset describió casi un siglo atrás. Hay prácticas similares en la Argentina peronista, el bolivarianismo venezolano y, por lo que se alcanza a divisar, el movimiento que ha llevado al profesor Pedro Castillo al gobierno en Perú. Los seguidores de Donald Trump llevaron a expandir la idea de “hechos alternativos” para defender el mismo punto. Esto difiere, en general, de la experiencia comunista, que siempre tuvo una admiración de base por el conocimiento tecnocientífico.

Los análisis electorales que se han estado realizando con los datos liberados por el Servel acerca del plebiscito de octubre del año pasado no permiten sacar conclusiones acerca de por qué no fue elegido ese tipo de candidatos, los de larga experiencia y conocimiento experto. El único hecho de envergadura real es el hecho de que unos 2,4 millones de electores antiguos, presumiblemente simpatizantes de las fuerzas tradicionales, se restaron de ir a votar en mayo. En octubre se había agregado un millón 300 electores nuevos, el mayor crecimiento en décadas, y parece probable que entre ellos, que no habían votado nunca antes, viniera también esta forma más aguda de rechazo al establishment. Habrá que ver cuánto puede sobrevivir en el seno de un organismo inevitablemente experto como una Convención Constitucional.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-elogio-del-candor/7CIVK3CHFFCKPGT2OUURZSQRPU/

20.21.-Chile II: terremoto político y social BEETHOVEN HERRERA

El país escribirá una nueva Constitución con equidad de género, reparación histórica a los nativos e inclusión de la diversidad.

Chile ha vivido terribles movimientos telúricos, pues está situado sobre la falla geológica del Pacifico, y en lo político ha vivido cambios tan profundos como la elección del socialista Salvador Allende en 1970, su derrocamiento por el golpe militar de Augusto Pinochet en 1973 y la votación en 1990 que determinó la salida del dictador.

6 jun 2021.- Los resultados de la reciente votación en la cual se eligieron 155 miembros para la Convención Constitucional han generado un cambio político más profundo, pues ha dado inicio al proceso de sustitución completa de la constitución heredada de la dictadura.

En la Convención tendrán 17 escaños los pueblos indígenas, que constituyen el nueve por ciento de los 19 millones de chilenos y seguramente el país será definido como república plurinacional y multilingüe. Esto constituye un triunfo histórico para los habitantes originarios pues han enfrentado disputas por los derechos ancestrales sobre la tierra con particular violencia en el sur del país.

¡Ahora una autoridad ancestral mapuche, la Machi Francisca Linconao escribirá la nueva Constitución de Chile!

Otro aspecto destacable en la composición del cuerpo constituyente es el cambio generacional, pues predominan los constituyentes menores de 40 y 30 años de edad y habrá al menos 6 constituyentes de la comunidad Lgbt.

Se ha producido también una revolución social, pues de los 155 constituyentes 49 se educaron en colegios públicos, 40 en colegios subvencionados y 43 provienen de colegios particulares. De modo que seguramente habrá un cambio drástico frente al régimen vigente que considera a la educación (como a la salud) una actividad de lucro, prestada por particulares.

Un hecho notable es que los partidos de la Concertación, que lideraron el movimiento para la salida de la dictadura y han ejercido el gobierno la mayor parte del tiempo desde entonces, han sufrido un severo castigo de los electores: a esos partidos se los acusa de haberse derechizado y de recibir financiamiento irregular de grandes grupos económicos para sus campañas. Un hecho ampliamente denunciado es que el yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, -a través de Soquimich- financió el conjunto de la precampaña de Bachelet para su segundo período presidencial.

A los partidos de la Concertación, algunos provenientes de la izquieda se les recrimina haber continuado la privatización de recursos naturales fundamentales como el litio y gran parte del cobre. Además les reclaman haber entregado los derechos de pesca marítima a siete familias y haber privatizado el agua, empresas sanitarias y puertos además de concesionar caminos y obras públicas.

Y la exportación de madera ha generado un severo daño ambiental que ahora los electores han cobrado…

Por último, la Democracia Cristiana, uno de los partidos históricos, logró solamente 2 escaños en la Convención (un militante y un aliado independiente). Finalmente por corrección de género, se quedaron sólo con uno… es casi su extinción.

Con una gran abstención, participación mayoritaria de mujeres y por primera vez de indígenas, Chile escribirá una nueva Constitución con equidad de género, reparación histórica a los nativos e inclusión de la diversidad.

https://www.portafolio.co/opinion-sobre-la-constitucion-politica-nueva-que-creara-chile-552709

  • 21.19.-Chile: Doce haikus electorales  ASCANIO CAVALLO
  • Chile (I): crepúsculo de la dictadura BEETHOVEN HERRERA

Los analistas culpan al gobierno por su poca pericia en el manejo de las protestas, la pandemia y las elecciones.

En dos siglos de vida independiente Chile sólo ha tenido tres constituciones (1833,1925 y 1980), y eso que podría significar gran estabilidad institucional obliga a precisar que ninguna de esas cartas fundamentales fue redactada en una Asamblea Constitucional, y la que está vigente fue redactada por Jaime Guzmán, abogado amigo de Pinochet, y validada en un referéndum sin padrón electoral ni garantías para la oposición.

30 may 2021.- Por acuerdo entre gobierno y opositores, la reciente elección fue convocada para elegir paritariamente hombres y mujeres de listas encabezadas por mujeres, además de garantizar 17 cupos a los pueblos originarios, los cuales ni siquiera se mencionaban en la carta vigente.

La constitución de la dictadura estableció que los altos mandos del Ejército tendrían escaños en el Senado y serían responsables de designar al comandante de las Fuerzas Armadas a quien el presidente no podía remover, incluso después del fin del gobierno militar. Además adjudicó a las fuerzas armadas el 10 % de los ingresos por el cobre; dejó diseñadas amnistías para Pinochet y otros generales, creó un esquema electoral que benefició a los partidos de derecha, y un sistema que hizo imposible el cambio de la mencionada carta fundamental, pero que fue desbordado por las masivas protestas de octubre de 2019.

Esa constitución consagra un Estado subsidiario, que no provee salud, educación ni seguridad social, dejándolo en manos del sector privado y el Estado se limita a vigilar cómo los particulares suministran los servicios de luz y agua potable. Ahora la mayoría de los constituyentes elegidos proponen cambiar el modelo neoliberal extractivista, propuesta que promueven los 17 convencionales electos por los pueblos originarios.

Chile Vamos, coalición apoyada por el gobierno sólo obtuvo 37 de los 155 escaños, de modo que no logra el tercio requerido para bloquear las decisiones que tome la mayoría de constituyentes opositores al gobierno. Notable también resulta el hecho, señalado por Ariel Dorfman, de que “los chilenos, en especial los jóvenes, también rechazaron a los partidos tradicionales de centroizquierda por considerar insuficiente su respuesta al anhelo de la gente de una sociedad más igualitaria, además de estar demasiado comprometidos con el statu quo”.

El presidente Piñera admitió que “la ciudadanía ha enviado un claro y fuerte mensaje al Gobierno y a todas las fuerza políticas tradicionales: no estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y los anhelos de los ciudadanos… Es nuestro deber como Gobierno escuchar con humildad y con atención el mensaje de la gente”. La inconformidad creció porque el gobierno llegó tarde con las ayudas económicas para enfrentar la pandemia y lo acusan de equivocarse al impugnar ante el Tribunal Constitucional el tercer retiro de recursos de los fondos pensionales, con un resultado negativo.

Los analistas culpan al gobierno por su poca pericia en el manejo de las protestas, la pandemia y las elecciones, lo cual hizo que a pesar del generoso apoyo de las empresas a los candidatos de la coalición gobernante, ésta no logró ni siquiera el poder de veto para bloquear las reformas estructurales que se avecinan.

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/chile-i-crepusculo-de-la-dictadura-columnista-552477

21.19.-Chile: Doce haikus electorales  ASCANIO CAVALLO

Los dioses ciegan a quienes quieren perder. La luz resplandeciente que emite la Convención Constitucional ha hecho pensar a muchos que allí se ha dirimido todo el conflicto sociopolítico chileno. Igual que las encuestas sobre figuras presidenciales, esa impresión no es exactamente una falsedad, sino un error de incompletitud. Pero un error grueso. Cabe observar:

5 jun 2021·-  Después de 15 elecciones y nueve años de experimentación clamorosamente disfuncional, en el Parlamento se abre camino el regreso al voto obligatorio. Ida y vuelta, ¿es un mismo camino?

  • Dentro de la abultada abstención de los comicios de mayo (la segunda peor tras las municipales del 2016), la votación menor fue precisamente de los constituyentes, que recogieron 370.966 votos menos que los alcaldes. La Constitución se mide con el barrio.
  • La legitimidad de una elección jurídicamente válida nunca debería ser discutida. Pero no ha sido así en el Chile de los últimos tres años. Quienes inauguraron ese discurso corren el riesgo ahora de ser mordidos por él.
  • Los independientes, dentro y fuera de pactos, obtuvieron un 43% de los votos constituyentes y la mayoría de los alcaldes, pero en concejales alcanzaron un muy humilde 1,5% (y para esos puestos votaron casi 115 mil personas más que por los constituyentes). La sorpresa no es el ruido, sino el silencio.
  • En autoridades territoriales, las dos fuerzas orgánicas dominantes siguen siendo la centroizquierda y la derecha, aun cuando sus porcentajes históricos han disminuido. Unidad Constituyente suma 25,89% en gobernadores, 23,88% en alcaldes y 33,45% en concejales. Chile Vamos obtuvo 19,4%, 26% y 30%, respectivamente. Sin contar con que muchos de los alcaldes elegidos como independientes (28,57%) reconocen fuentes ideológicas y hasta laborales en esos mismos conglomerados.
  • La tercera fuerza es la coalición entre el PC, el Frente Amplio y la Federación Regionalista Verde Social. El peso de cada uno dentro del grupo es sólo relativamente incierto. En la única elección donde compitió por separado, la FRVS (gobernadores) obtuvo 3%. El PC, que también corrió a solas en esa elección, logró 3,82% y no hay ningún candidato a gobernador comunista que haya pasado a segunda vuelta.
  • El peso del Frente Amplio aparece algo empañado por la coalición: en gobernadores logró 16,51%, pero en alcaldes sólo llegó a 7,8%. Sin embargo, ambas cifras muestran que en esas dos elecciones el sector dominante ha sido el Frente Amplio. En la de concejales empató con el PC en 9,2%, que a la vez es el mejor desempeño comunista.
  • Parece claro que las expectativas del PC están algo infladas por la figura del alcalde Daniel Jadue, pero ninguno de sus resultados podría fundamentar el carnaval de vetos que puso en juego (más visiblemente el mismo Jadue que la dirección de su partido) en la noche de la inscripción de las primarias. Tampoco los habría podido fundamentar la Unidad Constituyente, ni entera ni por partes.
  • Nadie está para sentarse como un partido hegemónico dentro de Unidad Constituyente. El PS hizo rendir sus votos para constituyentes: eligió 15 con apenas 4,8%; en cambio, la DC eligió dos con el 3,6%, un récord de ineficacia. En alcaldes, el bloque PSD-PPD-PR alcanzó 13,2%, mientras que el de DC-PRO-Ciudadanos llegó a 10,7%. Es una comarca donde se extinguieron los titanes.
  • En el único ámbito en que se presentó como bloque íntegro, Unidad Constituyente alcanzó la primera mayoría, con un 25,9% -bastante lejos de sus cifras históricas-, pero obtuvo dos gobernaciones en primera vuelta y disputa otras 11 regiones en segunda. Aquí la derecha saltó al pozo, casi desaparece.
  • En cuanto a alcaldes, Chile Vamos consiguió una primera mayoría en votos (26%), pero un pésimo desempeño en alcaldes elegidos, que representan sólo un 23% de la población gobernada. Sin embargo, ya no es posible asegurar que las elecciones de alcaldes sean predictivas de las elecciones presidenciales, como lo fueron desde el 2004. Pepe Auth ha cifrado en 60 las comunas que cambiaron de alcalde y atribuye tal fenómeno al enorme aumento de participación de los votantes de 19 a 39 años. El ancho de la juventud es más ancho que los demás.
  • El misterio pendiente es el 8% de votos que se quedó en casa entre el plebiscito de octubre y estas elecciones. Obviamente, son mayores.

De las 10 elecciones que se disputan este año, la quinta -la mitad del proceso- ocurrirá en unos días más. Los partidos tradicionales no han terminado de morir, pero están con respirador. Los que compitieron como independientes no lo hicieron por falta de compromiso, sino por rechazo a ellos. La interrogante final es cómo se van a organizar.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-doce-haikus-electorales/A3N3SKYREVG7VFW7YZFDXTSF3I/

 

  • 21.18.-Chile: Quo vadis? ASCANIO CAVALLO
  • Cumbres borrascosas en el Mercosur FRANCIS NEWTON 

Se reedita una discusión que no es nueva: estrategias de inserción internacional basadas en orientaciones neoliberales o estrategias que privilegian las negociaciones como bloques de integración regional.

Una vez más, en el sur sudamericano se reedita el enfrentamiento de las estrategias de inserción internacional basadas en orientaciones neoliberales, que privilegian las vías bilaterales en todas sus formas, y las estrategias que se basan en las negociaciones como bloques de integración regional para avanzar conjuntamente en esa inserción y mejor defensa de los pueblos. Ese es el drama actual del Mercado Común del Sur, el Mercosur.

28 may 2021.- Hagamos un repaso a lo sucedido en el último semestre. Aceptando una invitación de Luis Lacalle, el 19 de noviembre pasado, Alberto Fernández, presidente de la Argentina, se reunió con su colega uruguayo en la Estancia de Anchorena.

Los mandatarios dialogaron sobre la situación regional, la bilateral e intercambiaron opiniones e información vinculada a los efectos de la pandemia provocada por el Covid 19, la Hidrovía Paraná Uruguay y la del Uruguay. Asimismo analizaron la situación del Mercosur, las oportunidades de profundizar los vínculos comerciales con la Unión Europea, China y eventualmente EEUU, y otros temas relativos al relacionamiento bilateral.

Esta aparente cordial relación, entre ambos mandatarios, pronto se deterioraría, como consecuencia de una serie de acontecimientos que tuvieron y tienen su origen en las diferentes modalidades en que la Integración Regional y la Inserción Comercial deben ser llevadas a cabo en el seno del Mercosur.

El 26 de marzo del año en curso, se celebraron los 30 años del nacimiento del Mercosur. Teniendo en consideración el desarrollo de la pandemia de Covid 19, Alberto Fernández, en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore del Acuerdo, decidió conmemorar tal circunstancia, llevando a cabo una videoconferencia, contando para ello, con la presencia de todos los Presidentes de los países miembros del Mercosur.

 Antes de concurrir al mencionado encuentro, a principios del mes de febrero, el Luis Lacalle, decidió llevar a cabo su primera salida oficial al exterior, con el fin de visitar a su colega brasileño, Jair Bolsonaro. Previamente, el gobierno uruguayo ya había definido algunas iniciativas en materia de política exterior, siendo la primera de ellas, un desacertado alineamiento con el gobierno del expresidente de los EEUU Donald Trump.

A posteriori asume otras, como lo fueron el retiro de la Unasur, aceptar la propuesta de EEUU de designar al ciudadano estadounidense Claver Calone como Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el apoyo a la reelección de Luis Almagro en la Secretaria General de la OEA. O sea que, básicamente, rompió con los lineamientos sostenidos, hasta ese entonces, por los gobiernos frenteamplistas.

Los temas abordados en esta visita relámpago a Brasil fueron los relativos a las Hidrovía del Mercosur y la del Río Uruguay, sobre obras de infraestructura y sobre la flexibilización del Mercosur, ninguno de ellos resultaron novedosos.

Pero, por cierto y  de  mucha importancia lo fue el tema de la flexibilización, ya que la misma implica el dejar de lado la Resolución del Consejo Mercado Mercosur número 32/00 , la cual dispone que solo se podrán celebrar Tratados Comerciales  cuando las negociaciones de los mismos se hayan celebrado en forma conjunta por todos los miembros del Acuerdo.

El objetivo de Lacalle parece haberse cumplido con creces, ya que hubo un total acuerdo con Jair Bolsonaro, para que se concrete la aspiración de ambos mandatarios, de llevar adelante, negociaciones comerciales, por fuera del Mercosur.

Llegado el 26 de marzo, fecha de celebración de los 30 años, la cancillería argentina expresó, que tal encuentro, «tendrá un claro valor simbólico y político al mostrar una vocación de  integración regional y convertir al bloque en una plataforma común para la proyección internacional competitiva de nuestros países»; señalando en el comunicado  las características que pretendía que tuviera el mencionado evento.

Lejos estuvo de tener un valor simbólico. Por el contrario, hubo mucha tensión, especialmente, cuando Lacalle manifestó la disconformidad de su Gobierno con la marcha del Mercosur, señalando que el mismo representa «un lastre «para el desarrollo del Uruguay.

Dura, pero comprensible, fue la respuesta del presidente Fernández cuando, manifestó que «Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento, lo más fácil es bajarse del barco». Escueta fue la intervención del presidente Bolsonaro, acordando con su colega uruguayo, mientras la postura de Paraguay fue contraria a la flexibilización acompañando a la Argentina, y reivindicando la vigencia de la integración de los pueblos del Mercosur.

Como resultado de estos intercambios, se acordó que la Delegación de Uruguay, presentaría, a la brevedad, una propuesta de flexibilización ante el Consejo Mercado Común (CMC).

El 26 de abril se llevó a cabo la reunión del CMC, en la cual, Uruguay, en forma conjunta con Brasil, presentó su propuesta, no sólo de flexibilización del Mercosur, sino adicionando una modificación del Arancel Externo Común complaciendo así una iniciativa brasileña. Argentina, al igual que Paraguay rechazaron la idea de permitir cualquier tipo de negociación por fuera del bloque.

Frente a las rispideces que surgieron en esta reunión, ante las notorias diferencias ideológicas en lo atinente a las concepciones que estos gobiernos sostienen con respecto al concepto de integración regional, no hubo, en primera instancia, acuerdo entre las partes, por lo que se acordó, que a mediados de junio, se llevara a cabo otra reunión, esta vez de forma presencial, intentando evitar un eventual rompimiento del Mercosur.

 Resulta evidente que luego de este encuentro se perfilan claramente dos bloques: por un lado la Argentina y el Paraguay, quienes no están de acuerdo en otorgar una libertad irrestricta a los socios en materia de negociaciones comerciales con terceros países.

Por el otro, está Uruguay, respaldado por Brasil, con una concepción en extremo flexible y neoliberal que pretende autorizar las negociaciones comerciales con terceros países bajo un formato individual o de más miembros, propuesta ésta que modificaría sustancialmente la naturaleza y los objetivos primordiales del Mercado Común del Sur

Lo que podría venir

La propuesta efectuada en forma conjunta por Brasil y Uruguay, ya está dando lugar al análisis de los eventuales escenarios que se podrían dar y los impactos que a corto y mediano plazo podrían  generar, ya que de no darse una salida de consenso se podrían plantear algunas hipótesis.

En primera instancia, el Mercosur reviste especial importancia desde dos grandes dimensiones: lo referido al intercambio comercial, y a otros aspectos de diversos contenidos que se podrían abarcar dentro del Mercosur Social, que, en esta instancia no vamos a analizar.

Mercosur es hoy, el principal destino de las exportaciones de la Argentina, el segundo destino de las exportaciones del Brasil, y la misma situación se repite en lo que respecta a Uruguay y Paraguay. Tal circunstancia se da principalmente por razones de cercanía geográfica, por la existencia de un Arancel Externo Común, que más allá de la excepciones existentes, grava el ingreso de mercaderías provenientes de otros mercados y porque existe un arancel del 0% entre los miembros del Mercosur.

 En la propuesta presentada por Brasil y Uruguay, a instancias del primero se plantea la rebaja unilateral del Arancel Externo Común en un 20%. O sea que el Mercosur, otorga a los demás países del mundo, un beneficio de rebaja arancelaria a cambio de… nada.

Por el contrario Argentina, si bien acepta una rebaja del arancel plantea una solución más acorde, de manera de proteger en cada país, a aquellos sectores que se verían perjudicados con esta medida, generando con ello la pérdida de numerosos empleos y sectores productivos.

Seguramente, si las partes ceden posiciones, sobre este tema, es factible que se llegue a encontrar un consenso.

El resto de la propuesta está centrado en un Plan de Negociaciones que admite diferentes instancias, pero, basado en el presupuesto de que los socios pueden llevar negociaciones con terceros países, sin necesidad de dar cumplimiento al mandato de hacerlo en conjunto.

¿Hasta dónde están dispuestos los proponentes de esta flexibilización, y quienes se oponen a la misma, a llegar a una situación de ruptura del Acuerdo?

Una hipótesis es que, arribando a un consenso sobre el Arancel Externo común, podría ser dejada de lado la propuesta de flexibilización, para ser abordada en otra instancia. Seguramente Paraguay estaría de acuerdo con esta propuesta, Uruguay obviamente tiene dos caminos, aceptar lo acordado o cambiar de status en el Mercosur, o sea dejar de ser miembro pleno para pasar a ser un Estado asociado.

Esta opción sería muy dura para el Uruguay, con consecuencias impredecibles, y es por ello que ya se han manifestado varios analistas, en medios de prensa de los sectores conservadores, señalando que el Uruexit podría ser considerado como un grave error por parte del gobierno uruguayo.

Otra opción es que Brasil insista con la propuesta de flexibilización. Al respecto sería oportuno recordar que la situación política por la cual está atravesando Bolsonaro, no es la más propicia para embarcase en aventuras que podrían perjudicar, aún más, su chance de ser reelecto, máxime en un momento en el cual Lula será candidato a la Presidencia.

Cabe señalar, también, que se han producido cambios en Itamaratí. Ernesto Araujo, un fundamentalista del neoliberalismo, ya no está al frente de la Cancillería, y su sucesor, Carlos Alberto Franca, responde a la línea de la diplomacia tradicional brasilera, la cual prioriza el consenso y los acuerdos alcanzados oportunamente en Foz de Iguazú y que sellaron una alianza estratégica con la Argentina.

Si todos estos factores señalados precedentemente, no tuviesen el efecto de disuadir a Bolsonaro, una falta de consenso en lo que respecta a la flexibilización podría derivar en que, la imperfecta Unión Aduanera, que es hoy el Mercosur, sufriese una transformación reconvirtiéndose en una Zona de Libre Comercio.

Argentina, por su parte, enfrenta también, una delicada situación política y social interna, por lo cual podría aceptar como solución de consenso, lo señalado precedentemente en lo que respecta al Arancel Externo Común.

Pero, la propuesta de flexibilización del Acuerdo, con la dependencia que la Argentina  tiene del mercado brasileño, no es aceptable para el gobierno de Alberto Fernández, y solo podría serlo con modificaciones sustanciales, de tal envergadura, que seguramente no lograsen la aceptación por parte de los proponentes.

Muy probablemente, la solución a la cual se arribe finalmente, implique el inicio de prolongadas negociaciones, o no, y las soluciones a las que se arriben, quizá, no estén comprendidas en las hipótesis analizadas precedentemente. Pero su análisis nos permite avizorar la complejidad y la gravedad de la crisis por la cual está atravesando el Mercosur.

Lo cierto es que, una vez más, en la región, se reedita una discusión que no es nueva: estrategias de inserción internacional basadas en orientaciones neoliberales, que privilegian las vías bilaterales en todas sus formas, o estrategias que privilegian las negociaciones como bloques de integración regional para avanzar conjuntamente en esa inserción y mejor defensa de los pueblos.

*Analista internacional uruguayo, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) 

https://estrategia.la/2021/05/28/cumbres-borrascosas-en-el-mercosur/

21.18.-Chile: Quo vadis? ASCANIO CAVALLO

Los festejos de la Lista del Pueblo en Plaza Italia. Foto: AGENCIAUNO.

 No hay que apurarse. En el total de esa elección, los independientes reunieron el 43% de los votos. Sin embargo, sus postulantes eran el 68% del total de candidatos. Ambos números expresan una rebelión contra el estado de los partidos, sus dirigencias, sus figuras, sus protagonistas, pero en términos de rendimiento electoral, está lejos de ser óptimo. Si un partido hubiera tenido esas cifras, su directiva estaría destituida.

29 may 2021.- Las elecciones del 15 y 16 de mayo siguen dando cuerda, y lo harán por un rato largo. En cualquier ambiente razonable, la complejidad de los resultados amerita un análisis desapasionado, riguroso y, hasta donde se pueda, objetivo. Justo lo que no está ocurriendo en los partidos, donde se han echado a andar dos dispositivos psíquicos: el calculismo atolondrado y el pánico suicida. Esto no se debe a la falta de inteligencia -que tampoco sobra-, sino sobre todo a un calendario diabólicamente corto: una elección en 14 días más, otras cuatro dentro de seis meses, otra en siete meses y una última en algún momento del 2022. Un decatlón.

El primer dato impactante ha llegado del Servel: en el plebiscito de octubre pasado, un millón 270 mil personas votaron por primera vez. Este es un incremento extraordinario -cerca de un 9% del padrón-, el más grande que se haya producido desde la restauración democrática. Es razonable presumir que esa oleada de votos nuevos fue a parar al Apruebo. Y de allí se sigue, también razonablemente, que luego se fue hacia los candidatos no tradicionales; es probable que allí se encuentre gran parte del 17% que consiguió la Lista del Pueblo en la elección de constituyentes.

La tercera cosa razonable es que, junto con estos votos nuevos, una oleada de votos antiguos no concurrió a las urnas en mayo. De otro modo no se explica el 8% de diferencia entre el plebiscito de octubre y la elección reciente, que fue la segunda más mala en participación después del de las municipales 2016. Aquí puede residir gran parte del varapalo que sufrieron los partidos: la ausencia sancionatoria de sus antiguos votantes, en proporción parecida a los nuevos.

Alfredo Joignant piensa que Chile puede estar siendo -otra vez- un laboratorio mundial, donde se está expresando otra manera de definir el orden político. Lo ha escrito en un artículo para la revista digital AOC, titulado (en francés) La fin des militants. Se trata de una tesis provocativa; y si es así, si estamos en el inicio de un experimento, entonces no hay que buscar referencias en ninguna de las excentricidades del mundo, sino mirar qué hacen y para dónde van los que fueron elegidos -ungidos, sería mejor- por esta sustitución en la masa de votantes: nuevos por antiguos, jóvenes por viejos.

No hay que apurarse. En el total de esa elección, los independientes reunieron el 43% de los votos. Sin embargo, sus postulantes eran el 68% del total de candidatos. Ambos números expresan una rebelión contra el estado de los partidos, sus dirigencias, sus figuras, sus protagonistas, pero en términos de rendimiento electoral, está lejos de ser óptimo. Si un partido hubiera tenido esas cifras, su directiva estaría destituida.

Todo esto ocurrió en la elección constituyente. Como el mismo Joignant hace notar, en las otras tres, y sobre todo en la de concejales comunales, los partidos mostraron que al menos uno de sus costados no está paralizado y hasta goza de cierta salud. Unidad Constituyente, la vieja Concertación, obtuvo allí un 33,45%, mucho más que el magro 14,45% que tuvo en constituyentes, y siguió exhibiendo la primera fuerza nacional. Le siguió, a poca distancia (33,1%), Chile Vamos, que confirmó que su desaparición era imposible a sólo tres años de haber ganado el gobierno. En tercer lugar quedó la alianza comunista-Frente Amplio, con un 21,66%, que se reparte muy desigualmente.

¿Qué significa todo esto? Aunque conviene resistir la tentación de aplicar las teorías del consumidor, racional según la doctrina clásica, caprichoso según tesis más nuevas, es un hecho que los electores actuaron de diferente manera en la constituyente que en las municipales. En la primera, aureoleada por los intereses nacionales, castigaron a los partidos y a las figuras históricas, incluyendo la devastación de la Mesa de Unidad Social que tanto protagonismo tuvo tras el 18-O. Bárbara Figueroa, Luis Mesina, Mario Aguilar fueron excluidos igual que Carlos Ominami, René Cortázar o Mariana Aylwin.

En las municipales, en cambio, donde se materializan los intereses locales y comunitarios, los partidos fueron favorecidos. Esta vez el sufragio cruzado no fue entre la derecha y la izquierda, sino entre la naturaleza de cada institución.

Es algo extraordinario: los partidos fueron golpeados con una mano y advertidos por la otra. Se les dijo con claridad que están senescentes, repetidos y enfermos; que ofrecen poco futuro, aunque cumplen mucho en el barrio; que no sólo renguean, sino que tropiezan con las mismas piedras; en tres palabras: que deben renovarse.

El antipartidismo es la moda del momento. Los independientes humillaron a los partidos en la constituyente, incluyendo a aquellos que, por asegurarse, se inscribieron en listas dentro de los partidos y más temprano que tarde declararán que no les deben ni el saludo. Algunos partidos creen más en la partenogénesis que en la política. Otros dormitan en su gloriosa historia. Los que se alegran por este estado de cosas, imaginando que combaten una lacra, son los que ignoran (o saben demasiado bien) lo que la historia ha confirmado demasiadas veces: que la destrucción de los partidos conduce, sin excepción alguna, a una sola cosa.

Al partido único.

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  • 21.17.-Chile: breve crónica de la destitución ASCANIO CAVALLO
  • Chile: debacle de los «partidos del orden» – FRANCK GAUDICHAUD
Fuentes: Jacobín América Latina / Foto: Cartel poselectoral de la Coordinadora Feminista 8M

Un terremoto político acaba de sacudir los Andes. Los resultados electorales de ayer cambian profundamente la situación de Chile: fracaso de la derecha y de los partidos de la exConcertación, avance de la izquierda e irrupción de los independientes.

18 may 2021.- Sorpresa electoral, la debacle de los partidos tradicionales, la “noche de los cuchillos largos” dentro de la derecha, el principio del fin de los herederos de Pinochet, una enorme derrota del presidente Sebastián Piñera -reconocida por él mismo-, la victoria del movimiento popular… Desde ayer por la tarde, la prensa chilena multiplica los superlativos para describir el terremoto político que acaba de sacudir los Andes, desde el desierto de Atacama hasta las frías tierras de la región de Magallanes. Los chilenos fueron llamados a las urnas el sábado 15 y el domingo 16 de mayo para cuatro elecciones simultáneas: se debían renovar alcaldes, concejales y gobernadores regionales y elegir una Convención Constitucional para redactar una nueva Constitución para la República.

Nadie, y menos los encuestadores, había previsto semejante agitación, aunque el aislamiento del Ejecutivo era evidente y el rechazo de la “casta” política masivo desde hace años. A pesar de la potencia de la revuelta popular de octubre de 2019 y su impacto en todo el panorama institucional, se podía ser bastante prudente sobre las transformaciones provocadas por esta secuencia electoral.

La atención se centró especialmente en las elecciones a la Convención Constitucional, unas elecciones muy disputadas que pretendían poner fin a la Carta Magna neoliberal promulgada hace 41 años durante la dictadura. La naturaleza del sistema electoral propiciado para estas elecciones, la unidad de la derecha y de la extrema derecha bajo una sola bandera (la de «Chile Vamos»), el pacto firmado en el seno del Parlamento para garantizar que la futura Constitución sea validada por una mayoría cualificada de dos tercios, el predominio financiero y mediático de los principales partidos que han gobernado el país durante los últimos treinta años, las dificultades encontradas por los militantes del movimiento social para legalizar sus candidaturas, la gran fragmentación del campo independiente y las vacilaciones de la izquierda, por no hablar de la pandemia y la crisis económica… Los obstáculos eran innumerables.

Los resultados electorales de ayer cambian profundamente la situación de Chile

Sin embargo, los resultados electorales de ayer cambian profundamente la situación. En primer lugar, con respecto a la Convención Constitucional, la coalición de derecha tuvo que tragarse su arrogancia. Sus dirigentes parecían seguros de que conseguirían al menos un pequeño tercio de los escaños (52 de 155), asegurándose así una minoría de bloqueo y un derecho de veto sobre todos los artículos de la futura Constitución: fue un fracaso. Con algo más del 23% de los votos, «Chile Vamos» tendrá que conformarse con 37 escaños. También es un castigo y una humillación para el presidente de turno, el señor Piñera, responsable de la crisis que vive su país desde hace meses.

Otra sorpresa es que el equilibrio de poder dentro de la oposición de izquierda se ha invertido en gran medida. La lista que aglutinaba al Partido Comunista y al Frente Amplio (la izquierda surgida de los movimientos de la década de 2010) triunfó en su candidatura con 28 electores (18% de los votos emitidos). Por otro lado, los partidos social-liberales de la antigua Concertación, que gobernaron de 1990 a 2010 sin cuestionar la herencia económica de la dictadura, obtuvieron sólo 25 escaños (de los cuales 15 son del Partido Socialista y sólo 2 de la Democracia Cristiana).

Sin embargo, la izquierda y la centroizquierda sólo representarán un tercio de la asamblea. La verdadera sorpresa fue la magnitud del voto a favor de los «independientes», que obtuvieron un total de 48 escaños, marcando definitivamente el rechazo masivo a los partidos políticos. Se trata de un grupo de candidatos muy heterogéneo, que incluye también a notorios conservadores. Pero una mayoría es critica del legado autoritario y neoliberal de las últimas décadas. Es el caso, en general, de los candidatos de la «Lista del pueblo», que reunía a representantes de los movimientos sociales y de la sociedad civil organizada y que, con 24 escaños, llevó a la Asamblea Constituyente a figuras de la revuelta de octubre, como la «tía Pikachu» y varias líderes del movimiento feminista. También la referente de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, Alondra Carillo, entró por una lista compuesta por independientes y movimientos sociales. Además, en estas elecciones, las mujeres obtuvieron resultados mucho mejores que los hombres, y algunas de ellas incluso tuvieron que renunciar a sus escaños en nombre del respeto a la paridad dentro de la Convención Constitucional…

https://2021.decidechile.cl

Así, si la derecha pierde el derecho de veto que esperaba, las alianzas entre representantes de la izquierda social y política podrían permitir ganar dos tercios de la asamblea y comenzar -por fin- a deconstruir el neoliberalismo chileno.

El enfado también se expresó en las urnas con las elecciones municipales y las de los gobernadores regionales, cuyos resultados habrá que analizar con más detalle. Jorge Sharp (izquierda antineoliberal) fue cómodamente reelegido en Valparaíso, al igual que Daniel Jadue, alcalde comunista del municipio de Recoleta, en la región metropolitana (con más del 64% de los votos emitidos). Muy popular, Jadue es un candidato declarado para las elecciones presidenciales que tendrán lugar dentro de seis meses. Esto es suficiente para que la derecha y los social-liberales tiemblen un poco más. En Santiago, la Sra. Irací Hassler, activista feminista y comunista de treinta años, ganó contra el Sr. Felipe Alessandri (derecha), que se había hecho famoso por sus declaraciones misóginas y anticomunistas durante la campaña. A nivel de gobernadores, la victoria del Sr. Rodrigo Mundaca en Valparaíso, activista medioambiental y defensor del agua como bien común, fue celebrada con euforia y alegría por muchos activistas de organizaciones sociales y medioambientales.

¿Qué tipo de Chile debería construirse para pasar la página de la dictadura?

La crisis de representación y legitimidad de los partidos y del sistema institucional no sólo se refleja en el voto: en este fin de semana de elecciones, la abstención también fue histórica, ¡con un 61,4% del electorado! Lo es aún más en los municipios populares, donde puede superar el 65%, a veces el 70%. Así, una mayoría de ciudadanos no se sintió interpelada por este momento político (mientras que una parte de los movilizados de octubre de 2019 les llamó a boicotear el «circo electoral» para seguir luchando en la calle). En su mayoría, los chilenos siguen mostrando su indiferencia o desconfianza hacia los «de arriba», sean de derecha o de izquierda, de los partidos o incluso independientes.

Mientras la Convención Constitucional debe sesionar entre 9 y 12 meses, las elecciones presidenciales de noviembre volverán a plantear la pregunta: ¿qué tipo de Chile debe construirse para pasar la página de la dictadura?

https://jacobinlat.com/2021/05/17/debacle-de-los-partidos-del-orden-en-chile/

https://rebelion.org/debacle-de-los-partidos-del-orden-en-chile/

21.17.-Chile: breve crónica de la destitución ASCANIO CAVALLO

11 de enero del 2021/SANTIAGO Alvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista y Heraldo Munoz, presidente del Partido por la Democracia, llegan al servel como parte de la “Unidad Constituyente”, integrada por la DC, el PS, PPD, PR, Pro y Ciudadanos junto a la dirigencia de “Nuevo Trato” para inscribir el pacto electoral para elecciones de abril próximo. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO 

El domingo pasado terminó de caer el sistema político vigente en Chile desde el fin de la dictadura. Ha sido una caída más larga de lo que muchos de sus propiciadores deseaban, pero esa longitud ha favorecido también su radicalidad, el empuje más y más hacia la izquierda de un país que hace sólo tres años eligió a un gobierno de derecha, con un Presidente que también venía a radicalizar su proyecto (¿quién quiere volver a La Moneda si no es para eso?).

 

22 may 2021.- Ahora es visible la continuidad entre la disrupción del 18-O y el proceso seguido desde entonces. Sólo para recordarlo, en aquellos días el Presidente creía que su gran momento estaba por llegar, que el boom de la economía iba a estallar y que la ciudadanía sólo debía tener un poco de paciencia. Más paciencia. No sabía él, como no sabía nadie en el mundillo político, que la paciencia estaba colmada y que bastarían cinco centavos de dólar, o quizás cualquier otra cosa, para reventarla.

El Presidente se quedó sin reacción y al día siguiente fue notificado de que no contara con las Fuerzas Armadas para reparar la estantería: eso es lo que comunicó, de modo bastante obvio, el general que dijo que no estaba en guerra. Lo que no se supo es que la única “línea roja” que los militares se trazaron fue La Moneda: no permitirían que fuera asaltada. Más que roja, era una línea corta.

Unas semanas después, cayó la Constitución. De una manera menos estruendosa, más ordenada, más institucional, mediante el acuerdo del gobierno con las fuerzas parlamentarias. Es de notar que se hiciera mediante un camino institucional. Pero también es de notar que ocurriera en un ambiente de furia contra las instituciones, a menudo tan vilipendiadas como el propio gobierno.

Luego vino la pandemia, que el gobierno vio como la tregua adecuada para exhibir su capacidad de gestión, ignorando que eso había dejado de importar y que, en cambio, la parálisis de la economía venía a profundizar los reclamos del 18-O. Durante la crisis sanitaria cayeron el presidencialismo y el Tribunal Constitucional. En el plebiscito sobre el cambio de Constitución cayó la derecha, que se hizo pedazos entre cierta idea de los principios y cierto neopopulismo aún emboscado.

El domingo pasado, después de un año y medio, por fin adquirió rostro el 18-O: la Lista del Pueblo, ese grupo heterogéneo que obtuvo 27 escaños constituyentes, que no estuvo en ningún acuerdo, que lo rechazó expresamente y al final lo aprovechó con una estrategia electoral sagaz, pero que no es obra de la pura ingeniería política. La Lista del Pueblo es antipartidos, antiinstituciones y antisistémica, y al mismo tiempo heterodoxa, multifacética: allí sí se reconoce el núcleo del 18-O, que era tan difícil de ver porque durante largos meses estuvo recubierto por otras cosas, el show, la suplantación, la violencia.

Junto con esa erupción, el domingo cayó el conjunto de los partidos, la mayoría de los cuales venía desbarrando desde el mismo 18-O, a veces para tratar de ponerse del lado de la protesta, a veces buscando alguna autoafirmación y al final desdibujándose completamente, lo que han sido, de dónde vienen y hacia dónde iban. La crítica disolvente contra los partidos es parte de la agenda de los tiempos, pero está bastante visto que nadie les cree si se suman a ella, en lugar de poner el músculo en su renovación.

Cuando se producen cataclismos electorales como el del domingo, lo normal es que las dirigencias asuman sus responsabilidades (o lo simulen). El gobierno prepara un cambio de gabinete del que nadie espera mucho, porque el Presidente ha sido dejado a su suerte. En cambio, en los partidos sólo ha renunciado el jefe de la DC, Fuad Chahin, que encima se quedó con algo parecido a una pistola humeante con ser el único militante elegido como constituyente. En cuanto a los demás, a derecha o a izquierda, no se oye, padre.

La derecha enfrentó las del domingo como si hace un siglo que no ganara elecciones. Como un gato arrinconado, aspirando a la meta de un perdedor, un modesto tercio, y como es lógico, también lo perdió. Lo único que se puede decir en su favor es que al menos logró inscribir una primaria unitaria -hasta por ahí-, que podría darle una sardónica ventaja en un esquema globalmente izquierdizado.

¿Y la Unidad Constituyente? “La noche más trágica y triste” llamó Hernán Cortés a su peor derrota. Sería apropiado si no fuera por lo mucho de farsa que tuvo el miércoles, en todo caso la más negra de toda la historia política de la otrora poderosa Concertación. Así pasó: el PS y el PPD despreciaron a la candidata recién proclamada de la DC; el PS despreció también su renuncia y cumplió igual con sus ganas de deshacerse de la DC para pactar con el PC y el Frente Amplio; el PC y el Frente Amplio despreciaron al PS por su aliado, el PPD, y el PS quedó despreciado, sin los brazos del PC y mirando a los brazos sangrantes de la DC. Y todos reducidos a siglas, sin carne y sin candidatos, o con unos candidatos ensuciados por esas umbrías operaciones. Los militantes dicen que les da vergüenza.

El zafarrancho de la centroizquierda no se compara con nada reciente, por lo menos en un siglo. Como el incendio de un polvorín de bengalas, marca y proclama la destitución de los partidos que fueron ejes y referencias, el último jirón del sistema político.

Hay sólo una salvedad: el conflicto de Chile está en la mitad de su resolución electoral. Faltan seis elecciones para saber si definitivamente el país ha entrado en otro rumbo.

Para la generación que lo ha vivido, esto ha sido como una jornada interminable arriba de un tiovivo. A los historiadores les será difícil entender la cantidad de retortijones en un suspiro de tres años.

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21.16.-Chile: ¿Y la centroizquierda? La encrucijadaASCANIO CAVALLO

La centroizquierda en su laberinto. 

La centroizquierda llega a estas elecciones en lo que quizás sea el fin de una profunda crisis de identidad, la más dura de su no muy larga historia. Puestos a jugar a los simbolismos, ni siquiera llega con un nombre o, mejor dicho, conserva un nombre puramente funcional, operativo, que fue inventado para otra situación. Ese momento era el plebiscito de octubre pasado y el nombre de Unidad Constituyente expresaba la aspiración de reunir a todos los que se reconocieran en la oposición a Piñera.

15 may 2021.- No tiene el denso contenido de la Concertación (“traer a identidad de fines cosas diversas”) ni el ambicioso alcance de la Nueva Mayoría. Se centra en el eje constituyente, a pesar de que concurrirá a otro tipo de elecciones -gobernadores, alcaldes y concejales- bajo paraguas similares (“Unidad por el Apruebo”, “Unidos por la Dignidad”).

La paradoja es que del esfuerzo fallido por la unidad ha resultado algo distinto: una especie de autoemplazamiento para probar si la centroizquierda existe más allá de su sentimiento de crítica, o de derrota, según como se mire. La centroizquierda llevó su primer proyecto por 20 años, un segundo experimento por otros cuatro y luego ha estado al borde de la disolución como resultado de la catastrófica elección presidencial de 2017. Ahora enfrenta al desafío a su existencia con nuevos aliados y esos nombres que suenan provisorios.

A diferencia de otras latitudes, la centroizquierda chilena se ha configurado con la convergencia entre el socialcristianismo (el “centro”) y la socialdemocracia (la “izquierda”), una idea que hunde sus raíces en la década del 50, pero que resultó inviable hasta que se necesitó derrotar a una dictadura. La alternancia en las hegemonías de estos grupos ha dado el sistema de marchas a la coalición.

Una clave de estas elecciones es cuánto del centro necesita esta parte de la izquierda, que ahora se atormenta con el apellido de socialdemócrata. Durante algunos de los meses posteriores a la disrupción del 18-O, esa izquierda, y en especial el PS, mostró cierta impaciencia por desembarazarse de la DC, pero la DC maniobró exitosamente para mantenerse pegada. Y entonces vino el campanazo de las primarias para gobernadores, donde la DC mostró una musculatura bastante superior al PS y al PPD. De allí salió la tesis de que estos dos partidos no deben competir separados en la primaria presidencial. La otra mitad de la tesis es que tampoco pueden echar a la DC sin que se arruinen las perspectivas de ofrecer gobernabilidad. En esas arenas movedizas se ha pasado la coalición en los últimos 20 meses.

¿Qué le pasó a la centroizquierda? Las interpretaciones sobreabundan. Pero parece que, en lo esencial, perdió la capacidad (o la fuerza, o la imaginación) para representar a la mayoría social que ella misma creó durante sus gobiernos, esa enorme clase media que va desde quienes dejaron la pobreza hasta los que mejoraron sus estándares de vida sin llegar a ser ricos. Clase media suele ser una mala palabra, pero con ella se autodescribe la mayoría del Chile actual. La centroizquierda siente que esta clase media no le resultó perfecta. No la ve como un Adonis proporcionado y vigoroso, sino como si fuera un pequeño Frankenstein, con furúnculos y tornillos, ofendido y malhumorado, y sobre todo vengativo.

Y de eso se ha distanciado, con más culpa que afecto, con más miedo que pena.

Desde el punto de vista de las ideas, la centroizquierda fue culturalmente derrotada por la acusación de que sólo condujo el continuismo del modelo económico de la dictadura, a pesar de la temprana advertencia de Ernesto Ottone de que “no se ha hecho justicia teórica” a las transformaciones de sus cuatro gobiernos iniciales.

Y fue derrotada psicológicamente al aceptar que se le endosaran las frustraciones que el propio proceso de cambios producía y le imputaran el gradualismo como acusación, cuando es parte de su naturaleza. Le ha costado una inmensidad refutar a la izquierda “dura”, que la culpa del estado de las cosas presentes, omitiendo (necesariamente) el pasado. El clímax de ese fracaso fue no dar cabida al fenómeno de posible revitalización que después se llamó Frente Amplio, formado en una proporción enorme por sus propios hijos, reales o figurados.

La centroizquierda ha vivido siempre con una tensión acerca de la velocidad de los cambios, entre la parsimonia y la urgencia, en ambos casos en nombre de la responsabilidad. Pudo administrar esa tensión en forma creativa, sin amenazarse mutuamente. Pero fue perdiendo los estribos en el ejercicio del poder: eso es lo que llaman “desgaste”, que casi siempre se refiere a un cierto grado de corrupción y a la acción incesante de los operadores para capturar el aparato del Estado. Ese costo, llamémoslo colateral, gangrenó la vida de los partidos.

Lo que se soslaya, sin embargo, es que la centroizquierda articula el sistema de partidos en Chile. Tanto lo que está a su izquierda como a su derecha funcionan en reacción a este sector, con la meta constante de devorarle los flancos hasta que desaparezca. Dado que los partidos son dispositivos esenciales para la democracia -aunque atraviesen una fase de mala prensa-, la crisis de la centroizquierda también implica la tembladera en el sistema.

Por último, la centroizquierda tampoco ha tenido la fuerza intelectual para refutar la imagen de que el 18-O fue una insurrección contra Piñera y también contra su gestión histórica (los “30 años”). Esa imputación es compleja, como todo lo que resuena con algo de veracidad.

El Chile del 2021 es una creación de la centroizquierda, lo que sea que eso signifique. De esa gestión nacen sus luces y sus sombras, su bienestar y su malestar, su transformación objetiva y su frustración subjetiva. Sus líderes principales, Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet, nunca se mostraron satisfechos, pero no por pesadumbre, sino por la sencilla constatación de que ningún proyecto político está nunca completo, siempre es infinito.

Dicho esto, también es cierto que la centroizquierda tiene una inclinación pesarosa, hamletiana, antiprogresista, que Lévi-Strauss llamaba “el humanismo exasperado”. A ese gen suyo le disgustan el crecimiento, la productividad, el emprendimiento. Es su costilla pastoralista, mejor equipada para sentir las agresiones que las tensiones musculares del cambio social. Necesita este costado: de otro modo, se vuelve pura complacencia. Pero el populismo siempre le ganará la mano en ese campo, porque el “Estado de bienestar” parece una cosa muy modesta al lado del Estado gordo y repartidor, apoltronado pero dadivoso.

El radicalismo político, de cualquier signo, suele pensar de esa manera: el cielo está a la vuelta de la esquina, es cosa de torcerles el pescuezo a los que se cruzan en el camino. Nada de dudar.

Con esos mensajes ha funcionado una gran proporción de las campañas para estas elecciones. La centroizquierda se siente cercada por ellos y atormentada porque sus perspectivas presidenciales siguen resonando poco. Sin embargo, es este fin de semana cuando parte la carrera de verdad, y nadie debería extrañarse de que los resultados no sean tan concluyentes como se cree.

El problema del Chile del 2022 tiene un solo nombre: gobernabilidad. Si la centroizquierda no conserva en estas elecciones su eminencia como la principal alternativa a la derecha, estará en un problema realmente serio. Pero si lo logra, lo que le queda -como a todo el resto de los políticos- es construir una idea de cómo se puede gobernar al Chile descontento, inseguro, inestable, empobrecido, que se divisa en el futuro cercano.

Es bien probable que esta década del 20 sea el período más importante del siglo XXI.

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  • 21.15.-Basta de ajuste al servicio del pago de la deuda al FMI MARIO HERNANDEZ
  • Chile: los cinco últimos días ASCANIO CAVALLO
  • La falta de conciencia democrática fue fatal para Brasil
Fuentes: Rebelión [Imagen: Una violenta operación policial deja 25 muertos en Río de Janeiro. Créditos: Fabiano Rocha, tomada del Partido dos Trabalhadores]]

En este artículo el autor sostiene que la izquierda tiene que asumir la tarea de democratización de nuestras sociedades y radicalización del estado democrático, que son las únicas vías para avanzar en la construcción de sociedades más justas.

El momento decisivo para el golpe que rompió con la democracia en Brasil sacó al Partido de los Trabajadores (PT) del gobierno e introdujo gobiernos antidemocráticos, antinacionales y antipopulares, como los de Temer y Bolsonaro, fue cuando la derecha orquestó el impeachment de Dilma Rousseff en 2015/2016 y las fuerzas democráticas no tuvieron fuerzas para salir a las calles a defender a la democracia y sucumbieron al golpe de derecha.

El enorme apoyo masivo que tuvieron los gobiernos del PT durante tres mandatos se basó, sobre todo, en el éxito de sus políticas sociales. Cambiando la prioridad del ajuste fiscal de los gobiernos neoliberales de Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso, los gobiernos de Lula da Silva y Dilma ganaron y consolidaron un gran apoyo popular, que permitió su elección y reelección en cuatro elecciones sucesivas, de 2002 a 2014.

Significativamente, el gran bastión del apoyo gubernamental fue el noreste, la región más pobre de Brasil, y que tuvo la transformación más espectacular en los gobiernos del PT. Y, al mismo tiempo, el sector con menos apoyo a los gobiernos del PT fue el de la clase media del sureste y sur de Brasil, aunque también se ha beneficiado de las políticas sociales del PT -si bien relativamente, en menor medida que los más necesitados, los más pobres-, y para quienes la cuestión democrática suele tener un gran peso.

El caso de São Paulo es paradigmático. Es el estado más poblado, con la mayor población de origen del noreste del país, con las mayores desigualdades y contradicciones sociales en Brasil, debido a la extraordinaria riqueza de las élites y la inmensa masa de población pobre, lo que hizo que inicialmente fuese un bastión del PT, pero ha dejado de serlo. La sucesiva reelección de gobernadores del PSDB (partido socialdemócrata) es una expresión de ello, como también lo son las dificultades para reelegir los gobiernos municipales del PT en la ciudad de São Paulo -Luis Erundina, Marta Suplicy y Fernando Haddad-, confirman esta dificultad de consolidación del PT en São Paulo.

El PT, pese al prestigio ganado con sus políticas sociales, no obtuvo un apoyo amplio y permanente en las grandes periferias de São Paulo ni en las grandes metrópolis del sureste y sur de Brasil, como se podría esperar, debido a su éxito en la promoción de los derechos de los sectores más pobres de la población.

Las fuerzas democráticas, la izquierda y el PT no han desarrollado un discurso y un trabajo de sensibilización popular que demuestre cómo la democracia es un valor fundamental para Brasil, que solo en la democracia la mayoría de la población puede imponer su voluntad, que solamente en una democracia la elección y reelección de los gobiernos del PT fue posible. La visión de la izquierda tradicional de la “democracia burguesa” devalúa la democracia y promueve una actitud instrumental de democracia: que la democracia se usa en la medida de lo posible, mientras se pueda. Pero no como una democracia que, con todas sus limitaciones, fue conquistada por la lucha popular contra la dictadura, que es la izquierda la que valora la democracia, que la derecha gobernó, la mayor parte del tiempo, como dictadura, que tan pronto como pudo rompió la democracia para sacar al PT del gobierno.

Se trata de una democracia liberal como sistema político. Por eso es fundamental reflexionar sobre qué tipo de Estado y democracia quiere la izquierda. Cuál es el sistema más democrático posible para Brasil. ¿Qué tipo de transformaciones se necesitan para expandir aún más la democracia y eludir sus aspectos antidemocráticos?

La falta de esta conciencia democrática entre el pueblo permitió a la derecha articular el derrocamiento de Dilma Rousseff, con argumentos falaces y antidemocráticos, que de ninguna manera deberían permitir el impeachment a un presidente. No había conciencia democrática para movilizar al pueblo en defensa de la democracia, estuviera de acuerdo o no con el gobierno de Dilma. Fue un gobierno reelegido democráticamente por el pueblo. La derecha intentó hacer una especie de referéndum sobre el gobierno e impuso el impechment, como si un gobierno eventualmente no aprobado en los primeros meses del nuevo mandato, pudiera ser derrocado.

Es cierto que las mismas condiciones para la reelección de Dilma fueron un fuerte llamado de atención por la pérdida del apoyo popular de los gobiernos del PT. Aecio Neves ganó en el sureste y en el sur con más de dos tercios de los votos. Dilma logró ser reelegida, en gran medida, porque tenía más del 70% de los votos del noreste. Y triunfó por un pequeño margen de votos, a pesar de haber hecho un muy buen gobierno desde el punto de vista de las políticas sociales y haber terminado su mandato con Brasil teniendo, por primera vez en su historia, el pleno empleo.

El PT asumió que, después de ganar las elecciones, podría gobernar al menos otros cuatro años, demostrando que no estaba al tanto del proceso golpista que se estaba gestando en el país durante el primer mandato de Dilma y como el sistema político estaba en profunda crisis, impulsado por las campañas contra la política y por la descalificación del PT vinculándolo a la corrupción. No entendió lo qué estaba pasando y por qué se estaban produciendo movilizaciones golpistas en 2015 y 2016 y por qué repercutieron en importantes sectores de la población. El PT no tenía capacidad de actuar, de organizar fuerzas políticas para la defensa de la democracia, acompañadas de movilizaciones populares, que pudieran neutralizar y derrotar el golpe que se estaba articulando.

Es cierto que en 1964, aun con grandes movilizaciones populares en defensa del gobierno de Jango Goulart y la democracia (encuestas reveladas mucho más tarde mostraban el apoyo mayoritario que tenía el gobierno de Jango) no fueron suficientes para evitar el golpe. Pero eso fue un golpe de Estado articulado durante década y media y que contó con el apoyo activo de la FFAA, que finalmente se hizo cargo del gobierno y gobernó por más de dos décadas.

Ahora era una articulación mucho más débil, que podría haber sido derrotada. La responsabilidad no es solo de los gobiernos del PT y del PT como partido, sino de todo el campo popular, incluidos los movimientos sociales, que también han concentrado la concientizacion popular en las conquistas sociales, sin combinarlo con la indispensable consciencia democrática. Se acusó a la izquierda de no valorar la democracia, de utilizarla para lograr sus objetivos. Cuando perdió la democracia, con el golpe de 1964 y la dictadura militar, empezó a valorarla. Pero sin entender el tipo de Estado que surgió del proceso de redemocratización, sus potencialidades y sus límites.

Nunca en la plataforma fundamental del campo popular estuvo el tema de “democratizar la democracia”. En Bolivia, Ecuador y Venezuela se convocaron Asambleas Constituyentes, que democratizaron a los estados, cambiaron su carácter, como condición para los gobiernos antiliberales y democráticos que empezaron a tener esos países.

Es necesario incorporar la idea de que el Estado está condicionado por una determinada correlación de fuerzas, que es un espacio de disputa entre fuerzas democráticas y antidemocráticas, entre la esfera mercantil y la esfera pública, de que el Estado actual tiene una fuerte estructura antidemocrática, que incluye a las FFAA, la policía, el poder judicial, la forma de representación política.

En este sentido es tarea prioritaria de la izquierda y de todas las fuerzas democráticas, del PT en primer lugar, reflexionar sobre la naturaleza del estado existente, hacer un balance de lo que ha sucedido con ese estado desde la redemocratización –con los gobiernos neoliberales, con los gobiernos del PT, con los gobiernos de restauración antidemocrática– para definir los temas democráticos fundamentales que se deben enfrentar. Tanto para desarrollar un trabajo de conciencia popular sobre la importancia de la democracia, como para definir los límites del Estado actual y cómo restaurar el potencial democrático que permitía a los gobiernos del PT y, probablemente, señalar la necesidad de una Asamblea Constituyente, que redefine la naturaleza del Estado, democratizando la democracia, definiendo mecanismos que bloqueen los procesos de militarización del Estado, que promuevan la democratización de los medios de comunicación y del poder judicial, que establezcan, de manera institucional, mecanismos de participación popular en el Estado, que redefina las formas de elección de los parlamentarios, estableciendo mecanismos de revocación y referendos mediante los cuales el pueblo pueda revocar a un gobierno que no responde de las propuestas por las que fue elegido- entre tantas otras cuestiones.

En definitiva, es fundamental rescatar la política y el Estado como temas centrales en el Brasil de hoy. Solo con este rescate será posible restaurar y consolidar la democracia en el país. La conciencia democrática enraizada en la conciencia popular es condición indispensable para la construcción de un país menos desigual, menos injusto, más solidario, de un Brasil emancipado y soberano.

https://rebelion.org/la-falta-de-conciencia-democratica-fue-fatal-para-brasil/

21.15.-Basta de ajuste al servicio del pago de la deuda al FMI MARIO HERNANDEZ

El pasado 4 de mayo se desarrolló una conferencia de prensa en el Obelisco porteño donde se denunció que el Gobierno Nacional decidió recortar 50.000 programas de empleo comprometiendo a miles familias desocupadas a las que les niega un ingreso elemental. Las organizaciones sociales amenazan con a retomar los planes de lucha para garantizar el alimento de miles de personas dejadas a la deriva. “Sin trabajo, sin alimentos y sin vacunas, ¡no dejamos la calle y el derecho a reclamar!”

5 may 2021.- El presidente Alberto Fernández se dirigió al país el viernes pasado anunciando nuevas medidas de restricción a la circulación, al tiempo que describió la gravedad de la situación sanitaria que golpea el país, especialmente a lxs trabajadores y lxs sectores populares afectados por la crisis social y económica.

En paralelo a estas declaraciones y a pedir que la gente evite la circulación, el mismo gobierno decidió en las últimas horas recortar los programas de empleo a miles de familias desocupados de los barrios más empobrecidos del país.

La razón de esta medida es ajustar los recursos como en otras áreas para pagar la deuda externa y los pagos inminentes de acreedores internacionales, tal como lo pide el FMI.

El mismo recorte fue el que hizo que las organizaciones sociales salieran a la calle semanas atrás y el que nos volverá a movilizar ya que no se puede pretender que 50.000 familias que no tienen nada afronten las restricciones sin la posibilidad de llevar un plato de comida a su casa.

Peor aún, la baja dispuesta de los programas Potenciar Trabajo afectará centralmente a trabajadores y trabajadoras esenciales que vienen realizando tareas en comedores y merenderos, así como poniendo en funcionamiento cuadrillas de salud que acompañan a miles de familias en barrios y villas del país. A su vez, muchos de estos casos son compañeras mujeres y disidencias que deben cargar sobre sus hombros responsabilidades de cuidado de toda una familia sufriendo la violencia en un doble carácter, ya sea por la falta de trabajo o súper explotación o por las prácticas machistas y patriarcales que con la pandemia se han agravado.

Estas decisiones gubernamentales van a contramano de la realidad que afronta el país y de la necesidad que vienen sufriendo los sectores más empobrecidos. Con un 42 % de la población por debajo de la línea de pobreza (más de 20 millones de pobres y 4,7 millones de indigentes) y con una desocupación real cercana al 20%, recortar programas de empleo representa un ajuste que difícilmente las familias acepten sin luchar.

Sumado a esto, se le da el visto bueno a las empresas de servicios para que aumenten un 9% las tarifas eléctricas y la inflación mensual continúa comiéndose los pocos ingresos de lxs trabajadorxs y se paga una enorme suma en intereses de una deuda ilegal e ilegítima que no contrajimos los trabajadores, plata hay, lo que prima es un interés de clase en los ajustes que el gobierno viene haciendo contra los trabajadores, como lo muestran las luchas de la salud y otras por el salario.

A su vez, el gobierno nacional es el responsable directo de que esta última semana se fijara el salario mínimo en un monto por debajo de la canasta de indigencia, lo cual representa una verdadera vergüenza nacional. De hecho, la canasta básica para que una familia no sea pobre está en $ 61.000.
En su discurso de los últimos días, el presidente Fernández no anunció ningún tipo de medida social que acompañe el pedido de “quedate en casa” o ayude a las familias que ya no disponen ni de changas. ¿El IFE? Bien, gracias. ¡¡¡No solo no hay más recursos ante la emergencia, sino que se recortan los pocos que existen!!!

A esto hay que sumarle las amenazas de represión a las movilizaciones que se realizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tanto de parte del Gobierno Nacional como del Gobierno de la Ciudad. El ajuste genera conflictividad social y los gobiernos amenazan con represión, repudiamos estas amenazas y llamamos a rechazarlas.

  • No al recorte de los programas de empleo
  • Vacunas para todxs lxs trabajadorxs esenciales de los barrios
  • Aumento de los alimentos para los comedores barriales
  • Basta de Ajuste
  • Fuera el FMI
  • Salario mínimo igual a la canasta básica.

POLO OBRERO – MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba.☆M.T.R./MIDO – MAR – M29 – BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA-RUP- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU – BUEL – A TRABAJAR – ORGANIZACIÓN 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L – LA WILLIAM COOKE- MUJERES EN LUCHA) – MTL REBELDE – M.B.T – FRENTE DE LA RESISTENCIA.

BARRIOS DE PIE/LIBRES DEL SUR – MST TERESA VIVE – FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) – MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; IZQUIERDA LATINOAMERICANA SOCIALISTA; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL; IGUALDAD SOCIAL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR

Consejo del salario 

El martes 27 hubo marcha piquetera al ministerio de Trabajo donde se reunió el Consejo del Salario y cortes y ollas populares en todo el país, convocada por las mismas organizaciones.

COMUNICADO:

Basta de ajuste, ningún salario por debajo de la canasta básica de 61.000 pesos.

Los movimientos piqueterxs y desocupados/as, marchamos al Consejo del Salario, allí haremos un acto en común con organizaciones de ocupadxs y sindicatos combativos.

Vamos al ministerio de Trabajo de Nación, donde tendrá lugar la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (CSMVyM) para que no haya trabajadores/as por debajo de la línea de pobreza.

El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, es un “Consejo” entre burócratas sindicales, las patronales y el Estado, que conspira contra el salario de los/as trabajadores/as, para sellarlos a la baja.

El salario mínimo esta hoy en $21.600, muy por debajo de la llamada línea de indigencia. En la Argentina de hace décadas se puede trabajar más de 40 horas semanales y tener un salario de ¡¡¡indigencia!!! Esta cifra retrata a todo un régimen social que gobierna la Argentina hace décadas.

Las burocracias sindicales en su rol de sostén de las políticas de los gobiernos de turno acuerdan con las pautas del ajuste y  en ese marco darán la espalda a los reclamos de los trabajadores en la reunión del Consejo del salario, ya que no se conoce el reclamo de las burocracias sindicales, ni mucho menos han hechos asambleas de base de los/as trabajadores sobre cuál debería ser el reclamo de sus representados/as para llevar a esa reunión y cuál sería la respuesta de las centrales si, como se espera, se vuelve a aprobar un salario mínimo de miseria.

https://rebelion.org/basta-de-ajuste-al-servicio-del-pago-de-la-deuda-al-fmi/

21.15.-Chile: los cinco últimos días ASCANIO CAVALLO

Foto: Agencia Uno

 

La historia decidirá qué lugar ocupa, entre los numerosos tropiezos o errores de este gobierno, la decisión de haber postergado las elecciones de abril para el próximo fin de semana. Cabe sospechar que tendrá una posición muy alta. Después de más de un año de cuarentenas, reclusiones nocturnas, parálisis de actividades y crisis institucional, no se encontró ninguna mejor solución que postergar cuatro elecciones. La política reprimida en nombre de una moral. Comité de Salut Public se llamaba también el de Robespierre.

8 may 2021.- Lo que ocurrió en este mes de paréntesis podría ocupar páginas y páginas y todavía está por verse si la voluntad ciudadana aumentó con esta manera de tratar un proceso electoral. La manipulación de los calendarios conlleva, aunque sea de manera subliminal, una depreciación de la soberanía del voto, por mucho que las encuestas digan que una mayoría ha estado de acuerdo. El mensaje final es: no importan tus planes ni tus campañas, porque te podemos cambiar la fecha. Algo parecido al desdén que contiene, en una cultura como la chilena, el voto voluntario: vota si quieres, porque tu voto no importa nada.

La ingeniería política -y para qué decir la arquiatría- suele pasar por alto estos mensajes anciliares, porque los mira desde un púlpito de apariencia técnica. Verdaderamente no lo es: ninguna técnica estimaría razonable realizar 10 elecciones en seis meses, sin hablar de participación y para qué decir de fatiga electoral. Problema de sanidad democrática.

¿No tiene sentido discutir todo esto si ya está hecho? Puede ser. Pero en un mes han cambiado las encuestas, las propuestas, la dinámica, todo lo que puede incidir sobre un mareado votante. ¿Hay más desvergüenza, demagogia, populismo, etcétera? Desde luego: siempre es así en temporada de patos. ¿Se ha perdido la moderación? En campaña, esa palabra carece de significado. Y le regalaron un mes más. ¿Hay confusión? Faltaba más.

Algunos expertos estiman, con base en las encuestas, que las opciones de la derecha se verán mortificadas por los errores del gobierno. Otros piensan, con base en la observación empírica, que los retrasos han favorecido a los alcaldes en funciones, donde la derecha es mayoría.

En estas cuatro semanas se ha producido un estallido de ocurrencias en todos los campos de la acción política -las campañas, los partidos y el Parlamento- para tratar de ganar posiciones. Algunas podrán tener efectos permanentes y no proporcionar ninguna ventaja a sus promotores; otras serán inocuas, pero de alta visibilidad. Los candidatos de estos seis meses juegan a ciegas, por lo menos hasta el domingo, cuando se empiece a saber quién es quién.

Un estudio de la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública ha clasificado a los potenciales votantes alrededor de ocho clivajes políticos, económicos y culturales y ha propuesto la configuración de nueve grupos que cubren el espectro político de izquierda a derecha. Lo que este esfuerzo sugiere es que la fragmentación de la política dificulta las agrupaciones de grandes segmentos. Así, por ejemplo, la “izquierda tradicional” reúne a un 11,7%, mientras que la “derecha tradicional” llega al 8,8%. Los siguen los “progresistas”, con un 11,4%, y la “derecha social”, con 8,6%. Pero en esta visión de segmentaciones, los primeros lugares aparecen reservados para dos grupos: los “centristas clásicos”, con un 23,7%, y los “desvinculados”, con 17,6%. Entre estos últimos predominarían los abstencionistas, pero también los que se inclinan por los famosos, sin interpretar demasiado sus contenidos.

Si -contrariando el planteamiento del estudio- se reúne a todos los grupos situados a la izquierda (clásica, progresista, pragmática), el total es 28,6%, y a todos los ubicados a la derecha (clásica, conservadora, popular y social), el total es 30,1%. En este esquema, el “centrismo clásico” permanece como un gozne para armar mayoría. Y perdura ese voluminoso segmento de “desvinculados”, un hoyo negro que a veces ha favorecido a fenómenos excéntricos.

Es un esquema tan discutible como cualquier otro, pero se parece innegablemente al actual espectro de ofertas presidenciales.

¿Calzan ellas con el interés de los votantes? Aunque parezca obvio, las preocupaciones que pueden determinar el voto este fin de semana no son las mismas de hace un año. Otro estudio reciente, esta vez de Espacio Público e Ipsos, ha establecido que el principal problema “personal” de los chilenos hoy es “delincuencia / inseguridad ciudadana”.

Después de más de un año de estados de excepción y toques de queda, parece sorprendente que esta sea la prioridad de un 53%, muy por encima de los dos que le siguen: “desempleo” y “servicio de salud deficiente”, ambos con un distante 40%. Preocupaciones con relevancia mucho menor que las anteriores son las “bajas pensiones” (22%), la “mala calidad de la educación” (19%) o “el endeudamiento” (13%), de manera que algunas de las cargas de infantería ruidosamente lanzadas en esos terrenos pueden andar algo descaminadas.

Los cinco días de asombro que quedan hasta las primeras cuatro elecciones son él último tramo de campaña, y se nota. Se ve la costura en cada maniobra con publicidad. Todos los tejedores saben que en estas elecciones no se dirá la última palabra, pero se empezará a decir. Y desde luego que estará llena de sorpresas.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-los-cinco-ultimos-dias/SG5HD3SJLVFAFOWJBW4DXSOIFU/

  • 21.14.-Y no nos dimos cuenta del “golpe blando” – PEDRO PIERRE
  • Perú: una estrategia de guerra para impedir lo nuevo del momento MARIANA ÁLVAREZ
  • Brasil: CPF cancelado TARSO GENRO
  • Chile: la derrota ASCANIO CAVALLO

Nos convencieron de votar por Lasso para terminar de una vez con el correismo, sin que nos demos cuenta de que el capitalismo va a ser peor que lo que estamos sufriendo desde hace cuatro años.  Quizá, sin embargo la historia juegue al retorno descabellado como sucediera con las ilusiones de Macri sembradas hace poco en Argentina.

En los muchos comentarios sobre las elecciones, poco se ha hablado de un golpe de Estado que se califica de ‘blando’, es decir suave, porque nos han domesticado. Tan suave que no aparecen los autores, tan blando que todavía no nos duele… un ‘golpe’ que dura desde antes del gobierno de Lenin Moreno. Hemos aceptado su traición y que nos gobernaran los que rechazamos en las elecciones de 2017. Ahora no solamente no los hemos rechazado, sino que los hemos llamado a grito. Nos convencieron de votar por Lasso para terminar de una vez con el correismo, sin que nos demos cuenta de que el capitalismo va a ser peor que lo que estamos sufriendo desde 4 años.

Los medios de comunicación comerciales nos convencieron de que había que odiar el uno y festejar al otro. Miremos Honduras, Paraguay, Brasil, Guatemala… y estamos peor que ellos. No nos hablan de Argentina ni de Bolivia que salieron de la pesadilla. Bolivia aguantó un año el golpe de Estado, obligando a que regrese al poder el partido de Evo Morales. Brasil logró que se anularan los juicios contra Lula da Silva y nosotros después de 4 años pedimos más de lo mismo… y lo vamos a tener. Ya el nuevo gobierno está preparando su equipo de ministros y secretarios de Estado entre los más derechista y fascista del país.

“¡Manos de hierro con guantes de seda!” vamos a tener durante 4 años… a la manera de León Febres Cordero, del Partido Social Cristiano (PSC), el presidente más sanguinario que hayamos tenido en estos 50 últimos años. Todo estuvo muy bien planeado, manteniéndonos en la ignorancia, la pasividad, el individualismo, el quemimportismo. Y durante 4 años más van a amarrar las estructuras estatales para que no regrese ningún presidente progresista. Los izquierdistas de escritorio, los indígenas y las organizaciones gremiales que votaron ‘nulo’ se dejaron embaucar por ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) que los cegaron por un puño de dólares. Ni hablar de la Universidad que no capacita a los estudiantes para pensar e innovar sino ser buenos empleados de las empresas nacionales e internacionales. Tampoco las Iglesias fueron atentas al clamor de los pobres y de la naturaleza. Con el nuevo gobierno el grupo católico más tradicionalistas, el Opus Dei, ya tiene sus entradas en el palacio de Carondelet… Se repite lo que decía León Febres Cordero cuando ganó la alcaldía de Guayaquil: “¡Estamos aquí para quedarnos más de 30 años!”

¡Qué feliz está la embajada norteamericana! Con el presidente Moreno entraba en el palacio del gobierno como en su segunda casa. “Muy dóciles y obedientes” hemos quedado los ecuatorianos para aplaudir al verdugo de los pobres que no quieren regalarse sus riquezas, sus materias primas, sus mejores profesionales. Sus funcionarios pagan muy bien a sus empleados ecuatorianos afín de que nosotros mismos aplaudamos a nuestros amos y les pidamos sentarse en los primeros puestas. No critiquemos Colombia que ha pasado a ser una colonia norteamericana con 9 bases militares en su territorio. Nosotros estamos peor: “¡No hay peor ciego que aquel que no quiere ver!”… Pues tenemos futbol, cerveza, novelas, teléfonos de última generación. Algún chat decía: “Nos empobrecen pero aguantamos porque somos machos… ¡pero que nos suspendan el campeonato nacional o suramericano ni los burdeles!”

El camino para revertir esta catastrófica situación va a ser muy largo… porque ya son expertos en “golpes blandos” y los “guantes de seda” son tan suaves. Hemos perdido la dignidad, nos tienen bien controlada a la juventud, y los profesionales no quieren perder sus empleos precarios. Lograron ponernos a todos contra todos. Si no crecemos en conciencia no podremos luchar por nuestros derechos. Si seguimos de egoístas e individualistas, dejaremos crecer unas situaciones que nos irán ahogando cada vez más. ¿Seremos capaces de crecer también en una mística de liberación centrada en la construcción del Reino de Dios tal como nos lo presenta el papa Francisco que supone “una amistad social y un amor político”? Que nuestra devoción mariana encarne la fe de María de Nazaret en nuestra vida y nuestros compromisos: “El todopoderoso… dio un golpe con todo su poder: deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías.”

https://www.alainet.org/es/articulo/212029

21.14.-Perú: una estrategia de guerra para impedir lo nuevo del momento MARIANA ÁLVAREZ

 Pedro Castillo y Keiko Fujimori finalistas a segunda vuelta en Perú.

Pedro Castillo y Perú Libre llevan las de ganar en la segunda vuelta electoral en el Perú, no solo por la amplia ventaja que le dan las encuestas, sino porque su rival, Keiko Fujimori, sus asesores políticos y de imagen, así como sus ocasionales aliados de la derecha política, están llevando a cabo una estrategia de confrontación, una campaña antivoto, como si se tratara de una guerra, que deben ganar de todas maneras.

29 abr 2021.- Seguramente las distancias se acortarán al 6 de enero, pero los analistas coinciden en que las estrategias perfiladas en la última semana hacen poco probable que la brecha se cierre del todo. Lo que intenta Keiko es liquidar al rival, someter a los neutrales, indecisos, vacilantes. No busca persuadir a los electores y ganarlos con propuestas positivas. Lo que está haciendo es infundirles miedo, pánico; piensa que así va a captar votos, señala Víctor Caballero.

Para impedir el desenlace golpista la victoria de Castillo debe ser holgada. Eso depende, supongo, de buena parte del 33% de indecisos que perciban que el golpe no es opción. Parece ser la posición de Hernando de Soto quien declara que sus conversaciones con Castillo fueron «satisfactorias» y que lo ve «acercarse al centro».

En las venas de Keiko corre sangre de confrontación, de guerra, y su entorno fascista la alienta. Su negocio es polarizar. Su meta, retomar el poder para seguir expoliando las arcas del Estado. No le interesa dirigirse a los electores de centroizquierda ni a los colectivos sociales, ambientales, feministas; y tampoco, pareciera, a los ciudadanos del sur y centro del país, a quienes considera chavistas, comunistas, terroristas.

“El problema es que al considerar que estamos en una guerra, ya los ex militares termocéfalos vienen tocando la puerta de los cuarteles para hacer un golpe militar antes de la segunda vuelta; otros amenazan afirmando que un eventual triunfo de Pedro Castillo llevará al país a un golpe militar para impedir que sea gobierno, recuerda Caballero.

Lo dice nada menos que Mario Vargas Llosa: “no se puede descartar que haya un golpe militar”, y agrega: “probablemente sea un golpe de derecha, eso nos hundiría otra vez en una dictadura militar que vaya usted a saber cuántos años duraría”. Clara amenaza al conato de democracia, al respeto a la voluntad del pueblo y al derecho de elegir al candidato que le guste, no el que se lo imponga la derecha genocida y sus repetidoras de lso medios hegemónicos de comunicación.

Castillo, por su parte, ha buscado construir una imagen razonable, dialogante, sin ceder a la tentación de concesiones innecesarias o prematuras que diluyan su identidad política. “Se puede normalizar en el ojo público porque es, en efecto, un personaje normal, perfectamente legible desde el llano, perfectamente comprensible para la mayoría ciudadana”, señala Jorge Frisancho.

Y por eso su popularidad subió tan sostenidamente durante la campaña de primera vuelta. Su figura es reconocible fácilmente; maestro de escuela pública, político de rango local o regional, agricultor de pequeña parcela, sindicalista.  Es una figura tangible, verosímil, y esa primera impresión cuenta mucho más que las afiliaciones ideológicas.

Por ejemplo, sin subir la voz, señala tranquilamente que los que le quitan sus casas a la gente son los bancos. Así, pese a que la derecha cuenta con los medios masivos de comunicación, con las peroratas de los que aparecen como extremistas son los derechistas, como Beto Ortiz, Mario Vargas Llosa y todos aquellos que aparecen en las portadas de Perú 21.

Es evidente que la irrupción de Castillo ha sido posible precisamente porque plantea con claridad una confrontación en el terreno de la ideología y enuncia un antagonismo fundamental en vez de intentar disfrazarlo y revela el agotamiento de los aparentes consensos de la vida política peruana de las últimas décadas, y le da forma y representación a un bloque articulado sobre consensos distintos, señala Frisancho.

Estos consensos nuevos apuntan hacia la izquierda: nadie que haya votado por Pedro Castillo o piense hacerlo ignora lo que está en juego. El antagonismo fundamental es el que enfrenta a los beneficiarios del “modelo” neoliberal con los que sufren sus consecuencias.

Y viene con contenido: su oferta electoral incluye banderas largamente enarboladas desde la izquierda peruana, como, entre otras varias cosas plenas de valencia política, el cambio de constitución o el control nacional de los recursos primarios. El proyecto que Pedro Castillo representa no tiene todavía forma definida, más allá de esos lineamientos generales, el movimiento social que lo acompaña.

Castillo no aparece como la figura extremista y polarizante, imagen que la derecha pretende imponer en el imaginario colectivo. Y mientras él se dedicaba a comunicar con efectividad, tranquilizando a quienes le temen con promesas verosímiles de respetar la institucionalidad y enfocarse en las necesidades inmediatas generadas por la pandemia y la crisis, sus oponentes vociferan que es un riesgo para la democracia y amenazan con un golpe de estado.

Maneja usos discursivos capaces de darle expresión política al descontento popular y a las contradicciones que definen la vida social y económica, pero no un programa concreto de políticas de Estado. Una ventaja en campaña electoral esta flexibilidad para modular la apuesta según las circunstancias y los momentos, ya que ayuda a ganar elecciones: Castillo puede hablarles a la vez a distintas audiencias, a los convencidos y los todavía indecisos, sin desdibujar los contornos de su mensaje de cambio.

Por primera vez en mucho tiempo en la política peruana, la derecha está perdiendo y parece desesperada por ello. La única arma en su arsenal —extremar la diatriba y el terruqueo, movilizar miedos de clase con creciente insistencia y mostrar los dientes en gesto amenazador mientras llaman a su rival extremista, peligroso y violento— ha perdido efectividad. Ya no mella como antes. Todo parece indicar que este ya no es su momento, sino el de algo nuevo que apenas está naciendo, señala Frisancho.

Mariana Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

https://rebelion.org/una-estrategia-de-guerra-para-impedir-la-hora-de-lo-nuevo/ 

21.14.-Brasil: CPF cancelado TARSO GENRO

Cuando un circuito de crisis empieza a apilar muertos, a extinguir la compasión y a plantar semillas de odio de forma natural, es porque hemos llegado al límite.

2 may 2021.- Durante su viaje a Manaus, Jair Bolsonaro se burló de los muertos por Covid-19 en Brasil. Junto al presentador Sikêra Jr., posó para una foto en la que sostenía un cartel con la imagen de un CPF (1) y la palabra, en una franja roja, “cancelado”. La expresión “CPF cancelada” es conocida en los escuadrones de la muerte para mencionar “asesinatos”. La historia es del Sitio 247, ayer, 24 de abril de 2021, 75 años después de Auschwitz. ¿Están las instituciones en Brasil simplemente muertas o han fallecido y somos solo espectros de la humanidad que vagan por otros lugares, donde los cuerpos no hacen sombras y las conciencias desaparecieron en las ollas del mercado?

Primo Levi, que fijó en la historia las pilas de cadáveres que Hitler – con el apoyo de una parte de la población alemana – con la indiferencia de muchos y el silencio complaciente de quienes no se opusieron a la “demostración descarada de cuán fácilmente prevalece el mal”,  dijo que, en plena Europa del siglo XX  “se soñó un sueño demente de construir un imperio milenario sobre millones de cadáveres y de esclavos” (…) añadiendo – sobre la reacción de Europa – que los “poquísimos (que) se negaron fueron eliminados; todos los demás consintieron, una parte con disgusto, otra parte con indiferencia y parte con entusiasmo”.

Primo Levi sobrevivió a Auschwitz y escribió “¿Esto es un hombre?”, pregunta cuya radicalidad filosófica pone en cuestión no solo los resultados políticos de la ilustración democrática, sino también las limitadas posibilidades de conceptualizar correctamente, en términos de filosofía moral, el propio significado del término “civilización”. Cuando nosotros, en Brasil, miramos al presidente de la República y preguntamos “¿Esto es un hombre?” o “¿Cómo fue esto posible?”, estamos indagando al mismo tiempo sobre nuestro pasado y nuestro destino común.

En el pasado tenemos nuestras miserias basadas en la esclavitud colonial, así como en los Tenientes sublevados contra la oligarquía; nos encontramos en las resistencias legales e “ilegales” a la dictadura militar, así como en la aceptación mayoritaria del golpe contra Dilma y -en nuestro pasado reciente- vemos el espíritu descarriado de nuestra política exterior (apoyada en las falsificaciones de Trump ) pero también la dignidad de Itamarati, en varios momentos de nuestra historia, más recientemente con el canciller Celso Amorim, en la orgullosa y activa política exterior en la escena pública global.

Ciertamente distinguidos historiadores en el futuro, sabrán mirar en profundidad el desierto político y moral que nos impuso con la creación del bolsonarismo. Su certificado de vigencia está cimentado por el compromiso del liberal-rentismo como un fascismo resucitado, destinado a la destrucción del Estado Social, aunque cueste 500 mil muertos -o más- al final de este capítulo perverso de nuestra Historia.

Entonces todavía tendremos los muertos de hambre, las familias disueltas por el luto, la locura engendrada en la lucha irracional por la supervivencia. ¿Es un Hombre quien propaga un camino necrofílico? ¿Seremos considerados Hombres en el futuro, si nos omitimos o nos silenciamos? Es difícil de responder, pero cuando un circuito de crisis empieza a apilar muertos, extinguir la compasión y plantar semillas de odio con naturalidad, es porque llegamos al límite.

Rolando Freisler (1893-1945), jurista alemán de la época de la República de Weimar y nombrado como el Juez más importante de la época de Hitler, condenó a muerte a cientos de judíos y no judíos resistentes y simbolizó lo que fue la parte más depravada de la Magistratura alemana, en el llamado “Tribunal Popular” (Wolksgerichtshof), la jurisdicción más relevante del Estado para los “crímenes políticos” en la época de Hitler. Su costumbre, además de condenar a muerte a los seres humanos que no se rendían ante la inhumanidad necrofílica, era teatralizar los procesos para humillar de forma brutal a los imputados, la defensa y la familia de los futuros condenados.

¿Alguna similitud con las condenas anteriores a los procesos, por los cuales el juez Moro lograba su complicidad con la Rede Globo? Sí, unas evidentes similitudes que pasan, no solo por las estrechas relaciones del juez Moro con el ya notoriamente fascista candidato, sino también por las humillaciones y condenas previas, realizadas por la mayoría de la prensa tradicional, atacada contra los “condenados necesarios”, aquellos que debían ser eliminados para que el fascista ganara y el juez se convirtiera en su ministro.

En los últimos 30 días, un grupo de y juristas abogados (entre los que me incluyo) redactaron y propusieron, en nombre del PCdoB y del PSOL, una “acción directa de inconstitucionalidad por omisión” contra la Presidencia de la República. En esta acción, sustentada en hechos públicos y notorios – por lo tanto, libres de cualquier duda – mostramos que el presidente no está cumpliendo con la Constitución, por las políticas omisivas (y homicidas) que viene desarrollando y por estar practicando acciones explícitas de sabotaje a la salud pública y otros derechos fundamentales.

Sostenemos en la acción, por tanto, que el presidente está en confrontación con la ciencia y la razón. Pronto, le corresponderá al Supremo Tribunal Federal decir – por la metáfora universal que sólo el Derecho puede producir –   si somos un pueblo compuesto por individuos dotados de sentimientos humanos en toda su plenitud o si lo somos (y por reflejo ellos, los Jueces, lo son también) una manada pasiva conducida por el juez Freisler a la picota de la vergüenza. Este es un lugar amplio que jamás deja de acoger a quienes renuncian a su condición humana, para pensar como un rebaño esclavizado por el mito: inmunes al amor y la solidaridad.

https://aterraeredonda.com.br/cpf-cancelado/

21.14.-Chile: la derrota ASCANIO CAVALLO

Foto: Agencia Uno

Era repetido que la percepción de La Moneda ha estado alterada, errática, poblaba de supuestos fantasmales. Se decía en voz baja en los corrillos de lo que una vez fue Chile Vamos, en voz alta entre las filas de la oposición, a modo de hipótesis en los centros de estudio. Faltaba la contundencia de una certeza política que quedara en ridículo.

1 may 2021.- Esa fue, al fin, la apelación al Tribunal Constitucional, que, mientras el gobierno la daba por segura, rebotó como si hubiese caído sobre una cama elástica. No es inútil recordar que el gobierno contaba con que el Tribunal repetiría lo que dijo en un fallo anterior, que fue obtenido con tirabuzón. Y que esto lo haría, además, una institución que está anarquizada por sus reyertas internas.

Ese clima también lo creó el gobierno. ¿A quién se le ocurre enviar a la principal asesora del Presidente con la misión estentórea, proclamada a los cuatro vientos, de “limpiar” el Tribunal? ¿Quién podría creer que cualquier hostilidad, como las ha habido en catarata, no estaría en conexión con La Moneda? Un organismo aporreado es un ente imprevisible. Y más todavía si el gobierno quiere traspasarle la responsabilidad de detener una disposición apoyada por sus propios partidarios.

El Tribunal tuvo la decisión -altamente antiestética, acaso para subrayar la situación en que está- de anunciar su rechazo a la petición del gobierno junto con la votación que salvó en el margen a la presidenta María Luisa Brahm de ser destituida. La enviada con license to kill ha estado al borde de ser expulsada por sus pares. ¿Nadie ve esto desde palacio? Cualquiera lo consideraría otro aviso, pero el gobierno parece inclinarse mecánicamente a creer que las advertencias no son advertencias, sino meras posiciones en un juego de manos.

El caso es que al perder su último recurso, el gobierno terminó de quedar solo: sin partidos, sin parlamentarios, sin organismos adicionales a los que recurrir.

Ningún gabinete soporta una hecatombe como esta. Quiéralo o no, el Presidente tendrá que mover algunas de sus piezas en una sola dirección: pedir ayuda. No hay más.

La derrota en el Tribunal Constitucional no ha venido sola ni fuera del tiempo. Se ha producido en el fatídico mes en que el mismo gobierno cometió su otro histórico error: aplazar las elecciones múltiples previstas para abril. Cuando se escriba la historia completa, quizás se consigne que la segunda ola de cuarentenas consiguió detener algo de los contagios; pero habrá que decir sobre todo que, en medio de la peor situación política de los últimos años, fue suspendido un proceso democrático que justamente debía empezar a resolver ese conflicto, por la vía de ir fijando el peso de cada cual.

Si esas elecciones se hubiesen realizado, otra sería la discusión actual.

Siempre es así. Cuando se juega con la democracia, la democracia se toma su desquite. Si los nobles fines de una autocracia médica se echan a competir con la necesidad de resolver un conflicto político de gran magnitud, pasa lo que ha pasado (no sólo en Chile): la arquitectura institucional termina de quebrarse.

Ya no hay orgullo personal que resista, en toda la línea institucional. El Presidente se empieza a acercar al nivel de prestigio de los partidos y el Congreso. Es la situación ideal para los aspirantes a cualquier tipo de cargos. Basta con elegir al tipo de enemigo institucional que parece más apropiado para sus electores: el gobierno, el intendente, el alcalde en funciones, cualquier cargo, cualquier persona.

En los días pasados, el gobierno y algunos de sus partidos han tomado algunas iniciativas para entablar diálogo con la oposición. Ya se verá la importancia táctica y estratégica que esto tenga para cada cual. Pero una cosa es nítida: el gobierno no puede sentarse en estas mesas con la actitud que ha tenido en los tres años pasados.

Ya no es el gobierno victorioso del 2018 ni el gobierno azotado del 2019. Ahora está derrotado.

No hay una experiencia como esta en la historia chilena reciente. No se puede echar mano a un ejemplo. Nadie antes había incurrido en una concatenación de errores o malas jugadas tan sistemáticas. Si el programa del gobierno quedó muerto o agónico después del 18-O, si su promesa del florecimiento económico se hundió junto con la parálisis de la pandemia, ahora ha caído también su expectativa de recuperación de último minuto.

Lo que le queda es el mínimo: administrar los procesos electorales de diez meses antes de apagar la luz en La Moneda.

Los presidentes chilenos tienden a ser arrogantes cuando están en su puesto; es una consecuencia psicológica del régimen de gobierno. La presidenta del Senado, Yasna Provoste, recordó hace unos días la brillante frase del Presidente Eduardo Frei Montalva: “No se humilla quien pide por la patria”. Humildad muy relativa, porque ese tenía que ser el tamaño de la petición, ni más ni menos: la patria. Esta vez ya no puede ser así: sólo diez meses.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-la-derrota/GNKVEN56ZZBUTJHHMZZXOJGVQI/

    • 21.13.-Zona Andina: cinco países atrapados en el caudillismo populista ALVARO FORERO
    • Chile: botar a Piñera ASCANIO CAVALLO
    • Cuba, sumida en una profunda crisis, pasa página sobre los Castro  NICOLAS BOURCIER
    • Honduras: ser sindicalista sigue siendo muypeligroso GIORGIO TRUCCH

Treinta años después de caer en manos del populismo, los países de la zona andina continúan bajo la égida de caudillos, ahora en plan de reconquista del poder.

18 abr 2021.- El chavismo sigue en el poder, el uribismo regresó a él, como el evomoralismo, el correismo acaba de fracasar en el intento y el fujimorismo tiene altas probabilidades de reconquistarlo.

Los cinco países del Área Andina cayeron como fichas de dominó. Primero Perú, en 1990, con Alberto Fujimori, quien gobernó diez años, el precursor del populismo de derecha moderno. Luego Venezuela, con Hugo Chávez en 1999, quien gobernó 14 años. Siguió Colombia, con Álvaro Uribe, quien gobernó ocho años porque la Corte Constitucional le impidió presentarse a unas elecciones para completar 12 años. Siguió Bolivia en 2006 con Evo Morales, quien gobernó 13 años. Y concluyó Ecuador con Rafael Correa en 2007, quien estuvo en el poder diez años.

Todos llegaron al poder cabalgando sobre proyectos políticos populistas contra la corrupción de los partidos tradicionales y su debilidad para ejercer la autoridad, gobernaron de manera autoritariamente personalista y consiguieron cambiar sus Constituciones para permitir reelecciones sucesivas y convertirse en caudillos.

Vinieron después de otra ola, la de la democratización latinoamericana de los años 80, en la que cayeron las dictaduras del Cono Sur, como una especie de nuevo estadio del autoritarismo, esta vez civil y de baja intensidad, que fundiendo las tradiciones de caudillismo y populismo llega al poder por vía de elecciones y busca debilitar las instituciones para tratar de perpetuarse, teniendo mayor éxito en países de democracias más débiles.

Aunque salieron del poder, han continuado dominando la política, opinando, cultivando el fervor ciego de su base política, fundando partidos, presentando candidatos a elecciones y ejerciendo oposiciones fuertes. Con la excepción de Chávez, han tenido graves problemas judiciales. Fujimori lleva años en la cárcel, Evo y Correa han tenido acusaciones penales que los llevaron al exilio y Uribe ha estado detenido y aún puede ser condenado. Todos se han declarado perseguidos políticos de los órganos de justicia y de los gobiernos que los sucedieron.

Todos, excepto Chávez, han buscado retornar al poder, en buena parte para intentar reducir sus problemas judiciales por vía de la influencia que tienen las ramas ejecutivas sobre las judiciales y legislativas. Desde el Congreso el hijo de Fujimori presionó el expresidente Kuczynski para que concediera el indulto, pero luego la Corte Suprema lo anuló. Si la hija, Keiko, gana la presidencia en segunda vuelta en los próximos meses, intentaría un segundo indulto.

Ante los límites que les han impuesto las instituciones, especialmente por vía judicial, los caudillos han desarrollado un nuevo estadio de burla a la democracia: regresar al poder por interpuesta persona. Fujimori está a punto de lograrlo, Uribe lo consiguió en 2018 y Evo en 2020. Correa logró imponer como sucesor a su vicepresidente, pero luego se enfrentó con él y entonces postuló a un político joven, pero sin éxito.

El resultado es una región atrapada políticamente por los conflictos de los caudillos y en riesgo de metástasis populista hacia el extremo contrario.

https://www.elespectador.com/opinion/zona-andina-cinco-paises-atrapados-en-el-caudillismo-populista/

21.13.-Chile: botar a Piñera ASCANIO CAVALLO

Ante inminentes costos electorales, algunos diputados de RN han planteado la necesidad de desmarcarse absolutamente de La Moneda. 

Un horizonte extremadamente sombrío empieza a configurarse para Chile, tal vez el más oscuro en 50 años. El Parlamento intenta doblegar al Presidente hasta forzarlo a hacer cosas que van contra sus convicciones. El gobierno quiere someter al Parlamento a un disciplinamiento que no logra ni con sus partidarios. Es como si se plantearan así las cosas: o el Presidente se lleva puesto al Congreso, o el Congreso se lleva puesto al Presidente.

Esta frase fue escrita para retratar la Argentina del 2001; la consigna que la siguió fue “Que se vayan todos”. Y en poco tiempo la pobreza asoló a la mitad del país. Ese es el significado último de la ingobernabilidad, no importa quién la motive.

24 abr 2021,- Antes de que se empiece a preguntar dónde estaba quién y por qué, puede ser útil buscar un punto de partida.

Después de la elección del Presidente Sebastián Piñera, nadie pensó en su derrocamiento por la fuerza, ni la material de la revuelta ni la simbólica de las leyes. Por enojosa que a algunos resultara su victoria, había tenido la amplitud suficiente para ser indiscutible. La cuestión de la integridad del gobierno comenzó mucho después, y no exactamente el 18-O del 2019, sino, para ser precisos, posiblemente en la noche del día siguiente.

El de ese día quizás no fuese el primer estado de sitio ridiculizado de la historia de Chile, pero permitió alentar la expectativa de que el gobierno podía caer, con La Moneda y la institucionalidad incluidas. El esfuerzo por derrocarlo tuvo su mayor despliegue en noviembre de ese año -el día 12 hubo una alerta para evacuar el Palacio-, pero luego el acuerdo constitucional, el fin de año, la laxitud del verano y, finalmente, la pandemia lo detuvieron a cierta escala. De manera enigmática, eso no sucedió en el Congreso, donde pervivieron las expectativas de que, por vía de la poco glamorosa confrontación legislativa, se llegase a lo mismo.

Primero, disputándole sus atribuciones (el “cogobierno”), luego quitándoselas de hecho (el “parlamentarismo de facto”) y enseguida ensayando un mecanismo jurídico para sacarlo de La Moneda (la acusación constitucional). No todo esto fracasó, porque de hecho el Congreso se apropió desde entonces de atribuciones que la Constitución le restringía.

La historia tendrá que consignar que encontró esos forados en el estado de catástrofe, indispensable para limitar la movilidad, declarar toques de queda y requerir la ayuda de unas reticentes Fuerzas Armadas para combatir el Covid-19. El estado de catástrofe no ha sido materia de gran discusión, pero algunos creen que sirvió para frenar la movilización callejera y otros piensan que abrió el espacio para el despliegue del jacobinismo en el Parlamento. Ese despliegue ha instalado el principio de abjurar del gobierno. Ayudarlo un poco es traición, ayudarlo mucho es crimen.

El presidente del Banco Central, el socialista Mario Marcel, demostró en el mismo Congreso la dudosa racionalidad del proyecto elegido para revivir las expectativas de destitución. Los retiros de dinero de las AFP no sólo no favorecen a los más vulnerables, sino que el 54% del dinero sacado en los dos proyectos anteriores está en las cuentas corrientes o en instrumentos de ahorro. Otra voluminosa parte ha sido gastada en casas comerciales, solventando deudas o alimentando más consumo. Nada en las ollas comunes o en los campamentos. ¿Llevar esto al Tribunal Constitucional es lo que motiva el derrocamiento de un gobierno?

No: es el objeto de una prueba de fuerza. Ahora se trata de que no acuda al TC. Allí podría perder, caso en el cual merecería ser destituido. O podría ganar, caso en el cual merecería ser derrocado. Se ha convertido en un motivo tan bueno como cualquier otro para profundizar el estado de ingobernabilidad, la inopia de un gobierno derrotado en forma aplastante en la Cámara de Diputados con los votos de quienes lo apoyaron para llegar al poder. Los opositores más radicales saben que Piñera es el Presidente más abandonado por su propia coalición, probablemente después de Allende. De la experiencia de la Unidad Popular se ha aprendido que la memoria de esas deslealtades perdura por decenios.

Nadie está preocupado de eso ahora. Chile Vamos desechó sus lazos con el gobierno en los días siguientes al 18-O y eso no ha hecho más que agudizarse día tras día, para llegar al clímax en que está hoy con la proximidad de las elecciones. La Moneda está repleta de historias de aliados que en privado se declaran leales, pero en público lo denuestan porque podrían perder sus puestos electorales.

El Presidente tiene una curiosa fascinación por la soledad. No le importa. Lo seduce cierta infatuación de la voluntad; sabe que le cobran cuentas nuevas y viejas, a veces muy viejas. Así ha ido su vida en la política. Pero esta vez es diferente. La ira de la oposición se siente en las puertas del Palacio. El país camina por una cornisa. Ante esa evidencia, el gobierno impulsa ahora un acuerdo tributario que pueda quitar la espoleta de la situación.

No se sabe si está a tiempo o es demasiado tarde. No se sabe si frenará el deseo de sacar al Presidente, cuya fuerza flamígera no tiene en cuenta que, si eso llegara a ocurrir, no habrá Presidente seguro por muchos años más.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-botar-a-pinera/YH2ITRTQLZHA7I2HG43W6DOY2Q/

21.13.-Cuba, sumida en una profunda crisis, pasa página sobre los Castro  NICOLAS BOURCIER

Raúl Castro deja el liderazgo del partido al presidente Miguel Díaz-Canel, mientras la isla lidia con la pandemia del coronavirus y la escasez de alimentos, y se expresan voces críticas en las redes sociales.

 Una familia observa a Raúl Castro durante la sesión inaugural del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, el 16 de abril. ALEXANDRE MENEGHINI / REUTERS

La revista American Time escribió una vez: “Fidel Castro es el corazón y Raúl Castro el puño de la revolución. » El corazón dejó de latir 25 de de noviembre de 2016, y el puño se dejó oficialmente ir lunes por 19 de abril después de que el 8 º Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), se reunió a puerta cerrada durante cuatro días en La Habana.

19 abr 2021.- En su discurso inaugural del viernes frente a la reunión de los 300 delegados, quien fue el eterno número dos y ministro de las Fuerzas Armadas durante casi medio siglo a la sombra de su hermano mayor confirmó, a los 89 años, que estaba diciendo sus despedidas políticas para dar ejemplo. “Seguiré sirviendo como un simple luchador revolucionario, aseguró. dispuesta a hacer mi modesta contribución hasta el final de mi vida. «

Después de Fidel, Raúl pasa así la mano y cede su asiento de primer secretario, el puesto más importante en la jerarquía del poder, a Miguel Díaz-Canel, 60 años, actual presidente de la isla. De hecho, y por primera vez desde 1959, Cuba ya no estará gobernada por un Castro. Una página de la historia que, en otras circunstancias, podría haber sido llamativa pero que, por el contexto en el que gira, hoy encuentra un eco singular, ya que el país parece mirar hacia otro lado, absorbido por una vertiginosa escasez de alimentos, una situación completamente inédita. pandemia, crisis económica y social.

Miguel Díaz-Canel, presidente cubano, en la sesión inaugural del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, el 18 de abril, en La Habana. ARIEL LEY / AFP

Nombrado presidente interino en 2006, a raíz de la grave enfermedad de Fidel, al que los cubanos entonces llamaban “el Terrible” o “el Soldadocito”, ya había heredado desde muy temprano un país en mal estado. El maná financiero de los petrodólares venezolanos se había convertido en ese momento en el alfa y omega de toda una isla, fuertemente golpeada por las drásticas medidas implementadas por el régimen durante el período llamado «especial», el de los años noventa, luego de la caída del  Bloque soviético.

Lea también (2016): El Partido Comunista de Cuba vuelve a sus viejas costumbres

«No somos magos»

En su discurso pronunciado con motivo de la fiesta nacional del 26 de julio de 2007, Raúl prometió introducir «cambios estructurales y conceptuales» al precisar que «no todo se puede resolver de inmediato y que no será necesario contar con soluciones espectaculares» . Una advertencia que se repitió cinco meses después ante la Asamblea Nacional, donde el hermano menor de los Castro declaró: “No somos magos. «

Sabia precaución. A pesar de la implementación de algunas reformas cautelosas, el levantamiento de ciertas prohibiciones que pesan sobre la economía y una tímida apertura al sector privado, la situación de la isla se ha derrumbado. La ayuda de Venezuela se ha agotado. El endurecimiento del embargo y las restricciones adicionales impuestas por la administración Trump han tenido un efecto devastador. La increíble pesadez e inercia de lo que las propias autoridades denominan el «bloqueo interno», es decir, el buen funcionamiento del modelo cubano, su lentitud, sus desvíos y sus callejones sin salida, su mercado negro también y sus privilegios, hicieron el resto. .

La crisis económica subyacente provocó un colapso del PIB del 11% en 2020, la peor caída en tres décadas. Desde el 1 er enero, el país tiene también una unificación de los dos sistemas monetarios, lo que llevó a devaluar el peso por 2.400% y podrían causar una inflación de 500% este año. El aumento de los salarios de la función pública y la quintuplicación de las pensiones y el salario mínimo sólo han atenuado ligeramente el impacto de la reforma.

Un cartel de propaganda política con los tres líderes cubanos, Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, en La Habana el 13 de abril. YAMIL LAGE / AFP 

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Las dificultades de la vida rural, las demoras en los pagos del Estado, que tiene un virtual monopolio en la compra de cultivos, la falta de efectivo, equipos y fertilizantes hacen que el campo no haya dejado de crecer. Vistas desde la calle, las ciudades reflejan la imagen de una cola sin fin. En todas partes, desde La Habana Vieja hasta Santiago de Cuba, se escapa una larga queja y el rumor de una inquieta agitación frente a los desnudos mini-mercados. Los puestos están vacíos y las colas han inventado los coleros, esos que cambian sus lugares por un poco de dinero.

A esto se sumó la epidemia por el coronavirus, que en las últimas semanas ha batido récords de contagios (más de 1.000 por día). Bajo control durante los primeros meses, terminó instalándose en la isla, poniendo aún más presión sobre el sector turístico y exportador. Y luego está este descontento silenciado que ha acompañado durante meses en las redes sociales este anunciado fin de la era castrista. Desde la luz verde que dieron los dirigentes, en diciembre de 2018, al acceso a Internet móvil, la protesta social y política nunca ha sido tan evidente.

Acciones de desobediencia civil

Se han multiplicado las movilizaciones de artistas o defensores de minorías. Han surgido acciones de desobediencia civil en WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram. Un clip subido a YouTube el 17 de febrero de un colectivo de raperos cubanos producido entre La Habana y Miami superó el millón de visitas en menos de setenta y dos horas. La canción, titulada Patria y Vida («Patria y vida»), una desviación del eslogan revolucionario Patria o Muerte («Patria o muerte») que marcó cada intervención de Fidel, es un panfleto musical contra el gobierno en el lugar y el legado. de la revolución. Una afrenta que se volvió viral, algo inimaginable hace unos meses.

Quizás por eso Raúl, durante su último discurso, y los delegados del congreso colocaron casi al mismo nivel la cuestión de la alimentación del pueblo cubano, convertida en una «emergencia nacional», y los excesos de las redes sociales. Denunciando su «subversión» y las falsas noticias que allí se comparten, el todavía número uno del régimen afirmó el viernes que, «por este medio, se forma y se difunde a los cuatro vientos una imagen virtual de Cuba como una sociedad moribunda y sin futuro, a punto de derrumbarse y dar paso a la explosión social ” . Con la siguiente advertencia, directamente de un momento en que la isla dijo que estaba en guerra inminente contra la principal potencia mundial:“Las calles, parques y plazas serán de revolucionarios. ¡Nunca negaremos el derecho de los revolucionarios a defender su revolución! «

Como en un último suspiro, un requerimiento a modo de máxima bravuconería, recordando la distensión histórica, pero efímera, ocurrida entre 2014 y 2016 con Barack Obama, Raúl extendió la mano hacia Washington: «Confirmo, en este congreso de partido, la voluntad de entablar un diálogo respetuoso, una nueva forma de relación con Estados Unidos sin pretender que, para lograrlo, Cuba renuncia a los principios de la revolución. « Al mismo tiempo, la administración del nuevo presidente, Joe Biden, dijo que las relaciones con Cuba no estaban en primer plano, un alto funcionario de la administración dijo que la Casa Blanca no tenía nada sustancial que contar sobre el retiro de Castro.

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/19/au-c-ur-d-une-crise-sans-precedent-cuba-tourne-la-page-castro_6077241_3210.html 

21.13.-Honduras: ser sindicalista sigue siendo muy peligroso GIORGIO TRUCCH

La Red contra la Violencia Antisindical presentó su quinto informe 2020 “Nuestros derechos no están en cuarentena”. A pesar del contexto de encierro y restricción de ciertos derechos constitucionales por la pandemia de Covid-19, las trabajadoras y trabajadores hondureños siguen sufriendo una creciente violencia antisindical. Agroindustria y maquila, los sectores donde se registran más agresiones 

21 abr 2021.- Durante 2020, la Red contra la Violencia Antisindical registró 16 casos de ataques contra personas organizadas sindicalmente, tipificados principalmente como actos de hostigamiento, campañas de odio y estigmatización y agresiones contra la libertad de expresión.

También registró el asesinato de Oscar Turcios Funes, miembro del Sitraunah[1], un caso de extorsión, y el despido antisindical de Carlos Castillo, del Sitrasoacon[2].

El 55 por ciento de las víctimas fueron hombres y el 45 por ciento mujeres. Cada año va subiendo la cantidad de mujeres que son víctimas de violencia antisindical (en 2015 representaban menos del 30 por ciento del total de casos).

Ante esta situación, la Red contra la Violencia Antisindical propone la ratificación por parte de Honduras del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo.

Más asesinatos

En la última década en Honduras fueron asesinados 37 sindicalistas, la mayoría durante la resistencia contra el golpe de Estado de 2009.

Los sectores más afectados siguen siendo los de la agroindustria y la maquila, mientras que los principales perpetradores son funcionarios públicos (policía militar), de empresas privadas (agroindustria y maquila) y desconocidos.

Festagro[3], Stas[4] y Sitrajasper[5] fueron los principales blancos de los ataques. La compañía transnacional Fyffes/Sumitomo, propietaria de plantaciones de melones en el sur de Honduras, fue la principal responsable de actos de violencia antisindical.

Si bien se trata de una cantidad menor respecto a los años anteriores (38 en 2018 y 54 en 2019), para la Red esto no significa que en Honduras haya habido una caída real de la violencia contra quienes deciden organizarse sindicalmente.

“La reducción de casos se debe principalmente a la menor capacidad de manifestación, movilización y protesta de los trabajadores durante la pandemia, así como a la necesidad de privilegiar la defensa de la estabilidad laboral sobre la organización de nuevos sindicatos y la negociación de nuevos convenios colectivos”, dijo Jorge Hernández, de la Red contra la Violencia Antisindical.

Es importante también recordar que estos datos se refieren sólo a actos de violencia detectados y denunciados por la Red contra la Violencia Antisindical. Es muy probable entonces que exista un subregistro importante de casos.

En 2019, la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en su 108° conferencia, incluyó por segunda ocasión consecutiva a Honduras en la lista de países que no respetan convenios y libertades laborales.

Autoridades cómplices

El informe evidencia también el nivel de colusión de las autoridades de Trabajo con los perpetradores.

“La Secretaría del Trabajo se ha caracterizado por entregar personerías jurídicas a sindicatos blancos (propatronales) y negarlas a sindicatos de clase. También ha sido muy eficiente cuando se trata de autorizar suspensiones y despidos masivos y exasperadamente lenta cuando se trata de defender los derechos de las y los trabajadores”, explicó Hernández.

“Honduras sigue sufriendo los embates de la violencia contra sindicalistas y de la impunidad. De los más de 180 casos de violencia que hemos documentado en los últimos seis años la inmensa mayoría han quedado en la impunidad”, concluyó.

Notas:

1 Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Sitraunah)

2 Sindicato de los Trabajadores de la Empresa “Southern Apparel Contractors” (Sitrasoacon)

http://www.rel-uita.org/honduras/donde-esta-el-dinero/

http://www.rel-uita.org/honduras/cese-la-campana-odio-stas/

5 Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (Festagro), Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (Stas), Sindicato de Trabajadores de maquila Jasper (Sitrajasper)

Fuente: Rel UITA y LINyM

https://rebelion.org/ser-sindicalista-sigue-siendo-muy-peligroso/

  • 21.12.-Jon Lee Anderson: “Estamos en una era de protesta y exasperación, pero no de empuñar armas contra el poder”FRANCESCO MANETTO
  • Perú: dos visiones y ninguna solución a la pobrezaASIER HERNANDO MALAX-ECHEVARRIA PATRICIA PÁEZ
  • Chile: el penúltimo suspiro ASCANIO CAVALLO
  • El apoyo financiero a los países en desarrollo JOSÉ ANTONIO OCAMPO

El periodista estadounidense, que acaba de publicar el libro de crónicas ‘Los años de la espiral’, reflexiona sobre las convulsiones de América Latina y el papel de las nuevas generaciones

El periodista Jon Lee Anderson durante una conferencia en el Hay Festival, el pasado mes de noviembre. PAUL MUSSO / HAY FESTIVAL

La imagen que se asocia al paso del tiempo suele ser la de una línea, pero los hechos rara vez tienen estructura lineal. Están llenos de recovecos, desvíos, idas y venidas. También sucede con la historia reciente de América Latina. La segunda década del siglo, escribe Jon Lee Anderson (California, 1957), “estuvo matizada por la volatilidad, además de por la decadencia o desaparición de tendencias anteriores”.

El periodista estadounidense vio en ella una forma irregular que acabó inspirando el título de su último libro. Los años de la espiral (Sexto Piso) es un repaso a las convulsiones del continente, que el reportero conoce en profundidad, y sus protagonistas. De Colombia a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Perú, Brasil o Argentina, Anderson relata un mundo que está cambiando a través de una selección de crónicas, perfiles, reportajes y artículos originalmente publicados por la revista The New Yorker. El periodista contesta al teléfono a primera hora de la mañana desde Chile, donde viajó tras pasar por México a principios de mes. De norte a sur, Latinoamérica es siempre materia prima de su trabajo.

 – 29 dic 2020.- Pregunta. Sus textos narran unos años que, en su conjunto, siguen un esquema no del todo claro, el de una espiral. ¿Siente que ha terminado esa época?

Respuesta. No del todo. Aunque el libro coincide con un nuevo escalafón, que es aparentemente el eclipse del trumpismo en Estados Unidos, el advenimiento de un político más sensato y mainstream, que es Joe Biden y promete restablecer una especie de ordenamiento en las relaciones con la región, que a su vez probablemente tendrán un efecto benéfico en algunos aspectos.

  1. ¿Cuáles?
  2. En una bajada de tono hacia determinados regímenes, de abrir diálogo con países como Venezuela y Cuba en lugar de recurrir únicamente a la hostilidad. Y hará un esfuerzo por establecer pautas de cooperación en temas como migración y narcotráfico, que serán menos caracterizados por el matonismo como durante la época de Trump. En todo caso, en América Latina, las secuelas de los años de espiral continúan hasta cierto punto. Si bien hemos visto un repunte de la llamada izquierda, en algunos países como Bolivia o como podría ocurrir en el Ecuador, no estamos hablando de la izquierda de la época chavista. Nunca he pregonado la muerte de la izquierda como tal, sino un poco del declive de esa izquierda con pretensión o verbo revolucionario. Los nudos que se han presentado están todavía por resolverse. El más grande quizás sea el de Venezuela, que es como un hoyo negro que chupa todo lo que está a sus alrededores. Hay dos hoyos más. Uno sería el bolsonarismo en Brasil por lo que significa en cuanto al riesgo del populismo extremo y por lo que significa para el planeta Tierra. Y el tercero sería el narcotráfico, que ha hecho un gran hoyo negro del sur del río Bravo hasta Bogotá.
  3. En el último año y medio hemos visto que las nuevas generaciones, los menores de 30 o de 25 años, empiezan a actuar de otra forma. Lo vimos en Chile, aunque ese país tiene una mayor tradición de protesta, lo hemos visto en Perú, en Colombia… El libro transmite también un clima de degradación de la política. ¿Hay motivos para confiar en los jóvenes para un cambio?
  4. Añadiría a los chicos del Movimiento San Isidro en Cuba. Estamos ante un fenómeno que va más allá de las fronteras de un país y otro. Lo vemos a escala mundial también, en Hong Kong y en algunos otros países. Uno percibe ciertos rasgos en común, que son la desilusión con la política, por supuesto, y una disposición de ir a la calle y protestar, a veces con aspectos nihilistas, a veces con reclamos identitarios, a veces por un aumento de tarifa del metro. Vemos que hay un hartazgo con las políticas convencionales, lo que diría que hasta cierto punto es post ideológico. A 30 años del fin de la Guerra Fría epítetos como fachoy comunista, aunque los han reflotado por los populistas de derechas en lugares como Brasil, en realidad no tienen mucho sentido para los chicos de 30 años y menos hoy en día. Nacieron después de la Guerra Fría y no sienten el peso de esa historia de la misma forma, lo que quieren es vivir sus vidas y mirar hacia adelante. La corrupción, sobre todo, y la falta de un Estado de derecho ha creado un cinismo y un disgusto muy grandes. Y con razón. La época de la Guerra Fría, de revolución y contrainsurgencia, no fue caracterizada, al menos abiertamente, por el reconocimiento de una corrupción hasta las más altas esferas en cada país latinoamericano. En los últimos 25 años es lo que ha reemplazado la percepción pública del poder y esto ya está cobrando víctimas. En Perú, en Chile, en Brasil, donde votaron por Bolsonaro ante la percepción de una corrupción. Argentina es una ópera bufa en el sentido de la corrupción. Podemos ir por el continente y verlo. Odebrecht dejó secuelas en todas partes. Y los únicos países donde no, hay una especie de pacto entre los implicados. O al menos un chivo expiatorio. En México han tirado a [Emilio, exdirector de Pemex] Lozoya a la fogata y en Colombia han cerrado filas para no entregar a nadie. Está por ver si esta generación puede lograr una purga necesaria. En algunos lugares podría irse de las manos. Lo que es interesante es que estamos en una era de protesta y exasperación, pero no de empuñar armas para desalojar a los que están en el poder.
  5. ¿Lo que está pasando en Cuba con el Movimiento San Isidrohace pensar que algo está cambiando?
  6. Quizás sí. Ningún país es monolítico, ni lo es el Partido Comunista en Cuba. El poder está en manos de un sesentón, hijo del partido, un hombre algo gris y respaldado por las fuerzas armadas y el partido, pero no está imbuido del liderazgo y el carisma de la época anterior. Eso los hace más burócratas y se nota que en este caso han optado por una serie de respuestas. Por un lado, la propaganda negativa, que en realidad tiene tan poca credibilidad,como Trump cuando dice que ganó las elecciones. ¿A quién afecta? A su base. ¿Cuán grande es ahora la base de creyentes fervientes del Partido Comunista? No sabría decir, pero creo que la mayoría son de sesenta años para arriba y algunos de esos quizá no tan convencidos. En todo caso, yo creo que estamos ante un cambio generacional en Cuba. Hubo una visita de Obama hace cuatro años. Y los cubanos están más globalizados en sus conocimientos. Estamos en un impasse donde aún no hemos visto el final del camino. El hecho de que hayan optado por la propaganda y por la distensión es interesante. Quizá sea un reconocimiento de que su sociedad está cada vez más compuesta de jóvenes que por sus propias historias requieren una respuesta distinta. Y esto a su vez podría ser un reconocimiento de que el partido no es monolítico y que tiene que haber una especie de ampliación de voces e inquietudes en el futuro próximo. Sería más saludable para Cuba.
  7. ¿Qué rastro deja Trump en América Latina?
  8. Lo primero que me viene a la mente es una imagen de EE UU muy disminuida. Los que tenían una imagen de EE UU como de una democracia inexpugnable ya no la tienen. Es un país con muchos problemas internos, una justicia a veces corrupta, la posibilidad de que los corruptos lleguen a púlpitos de poder, nepotismo. Trump se portó como el arquetipo de americano feo, matón, racista, homófobo y transaccional, en el sentido de que solo le importaba la relación de coste-beneficio. Solo se sentía cómodo con los más autoritarios de la región y los potenció. Con Joe Biden los latinoamericanos sabrán dónde situarse respecto de las políticas norteamericanas, sean positivas o criticables, pero al menos dentro de una convención o una ortodoxia reconocida. Todos nos sentimos sacudidos, hostigados, dañados y algo traumatizados por el paso de Trump. Creo que los latinoamericanos han de sentir algo parecido.
  9. La estrategia de Trump no logró resultados en Venezuela. ¿Qué salida ve a la crisis de ese país?
  10. Hace rato lo que tiene que pasar es un diálogo que lleve a una apertura y una ampliación de las opciones políticas para la ciudadanía. Es obvio que el Gobierno de Maduro no tiene la aceptación de buena parte de la población y cualquier líder en una democracia lo tendría que reconocer. Es hora de que dejen de utilizar un lenguaje de reivindicación revolucionaria, porque nadie cree que lo que hay ahí ahora es una revolución, como si eso fuera un acto de por sí o una definición de por sí virtuosa. Hay poco de virtud en ver a los venezolanos sucumbir ante la penuria colectiva, una violencia desatada y con el paso del tiempo a un orden represivo y militar, además de ver a su medio ambiente entregado a actores opacos para la explotación de oro y minerales. Por otro lado, la opción pregonada por Trump de operar a través de actores como paramilitares, conspiraciones, levantamientos militares, hasta aparentemente haciendo el guiño a mercenarios para derrocar al régimen en Venezuela, ha sido pueril, insensata e irresponsable. No ha ayudado a Venezuela ni mucho menos a los venezolanos.Creo que Biden se tiene que pensar muy bien cómo va a conducir su política hacia Venezuela, hay que preguntarse si las sanciones que han paralizado los ingresos de su industria petrolera son la forma más sensata de ayudar a los venezolanos, más allá de si ayuda al régimen o no. Lo que yo esperaría es que logren entablar un diálogo, una transición política y social. Y yo creo que el reconocimiento de un Gobierno paralelo, la opción de Juan Guaidó, queda bastante obsoleto ya, porque seguir con algo que no ha funcionado borda lo surreal. Estamos ante el fin del chavismo hace rato y hay que formalizarlo. Si ellos son sensatos deberían aceptar a competir en las urnas como lo hacen en Holanda, Suecia, Noruega.
  11. En 2016 muchos colombianos vivieron un momento de ilusión. Ya no hay una guerra, pero el Gobierno quiere frenar los acuerdos de paz. ¿Queda espacio para la esperanza en Colombia?
  12. Me han dolido estos años. No puedo no mencionar la ilusión que me hizo el esfuerzo hecho por los colombianos en poner fin a su guerra y dar la mano a sus adversarios. Ocurrió en un momento en que ISIS, el nefasto grupo terrorista, se extendía por Medio Oriente. La paz en Colombia se dio cuando otros conflictos parecían no terminar. O sea, Colombia, un país caracterizado por ser el más violento del mundo durante décadas, logró la paz. Habiendo cubierto las guerras en el Medio Oriente durante años tenía la necesidad casi fisiológica de ver paz, un progreso en el mundo. Me llené de felicidad. Es un país que está en mi ADN, viví cuatro años allí con mi familia, y duele mucho ver cómo algunos políticos por compromisos propios, un poco opacos, y a veces sin mucha honestidad, han revertido las posibilidades de esa paz. Mi temor es que los colombianos tienen el conflicto enquistado y algunos políticos sienten que es a través de la violencia que se resuelven las cosas. Incluso su noción de paz es de paz de los vencedores. Vi las protestas de los jóvenes con expectativas y optimismo. No eran de la guerrilla ni eran fachadas de la guerrilla como solían vilipendiarlos en épocas anteriores. Pero en esta ocasión la policía salió a disparar y mataron a muchos. Es horripilante y inexcusable. Colombia se acerca a un futuro oscuro si no se mira en el espejo y no toma medidas para intentar cambiar el chip. Es muy necesario un nuevo pacto colombiano para que el país pueda recuperar ese aire prometedor que hubo hace unos años.

https://elpais.com/cultura/2020-12-29/jon-lee-anderson-estamos-en-una-era-de-protesta-y-exasperacion-pero-no-de-empunar-armas-

21.12.-Perú: dos visiones y ninguna solución a la pobrezaASIER HERNANDO MALAX-ECHEVARRIA PATRICIA PÁEZ

La presidencia peruana será disputada en segunda vuelta por dos candidatos con posiciones opuestas sobre el país que deberán enfrentarse a la crisis política y sanitaria

Las últimas encuestas no habían dado como favorito ningún candidato a la presidencia peruana, pero sí habían anunciado la subida de Pedro Castillo a los primeros lugares ALDAIR MEJÍA EFE

Con los primeros resultados a pie de urna que dan el pase a segunda vuelta a Pedro Castillo y a Keiko Fujimori, la presidencia del Perú se disputa entre dos visiones opuestas del país. El primero, dirigente magisterial procedente de Cajamarca, es el candidato de los históricamente olvidados, representa la izquierda ortodoxa con posturas retrógradas en lo referente a los derechos de las mujeres.

12 abr 2021.- Mientras que Keiko Fujimori ha sido principalmente votada por las clases acaudaladas, quienes propusieron el modelo de desarrollo actual e impulsaron políticas y prácticas antidemocráticas. El país se pone frente a su espejo y muestra una división que requerirá lo mejor de la política para conciliar un proyecto estable del Perú para el futuro.

Desde hace unos años, la política no genera más que disgustos a los peruanos: la corrupción institucional de la que intenta desligarse ha provocado que en un solo periodo (cinco años) cuatro mandatarios hayan portado la banda presidencial. Con esta inestabilidad y siendo el país que peor ha gestionado la pandemia, según el periódico Gestión, más de 25 millones de peruanos han sido llamados a las urnas este domingo 11 de abril.

En pocos procesos electorales se ha dado tanta importancia a los candidatos a la vicepresidencia. Se da por hecho que salga quien salga finalmente electo durará poco, igual que los presidentes anteriores. Los grupos seguirán en su pelea de gatos mientras posponen las soluciones a la pobreza que una tercera parte del país sufre y que se han incrementado seis puntos porcentuales con respecto al 2019. La desafección de la gente es cada vez mayor.

¿Cómo se ha podido llegar a esto?

La situación ha ido avanzando en un progresivo deterioro. Solo en noviembre de 2020, los peruanos vivieron una segunda vacancia contra Martín Vizcarra, el gobierno de facto de Manuel Merino y las revueltas en las calles de la Generación del Bicentenario. En febrero de este año, fue el famoso «vacunagate» provocando la dimisión de la ministra de Salud y de la canciller que hizo ver el sálvese quien pueda de una parte importante de la clase dirigente.

A pesar de aplicar una estricta cuarentena que hizo a las personas elegir entre comer o contagiarse, pues casi el 70% de la población vive al día con empleos informales, Perú sufrió los graves efectos de la covid-19. En marzo del año pasado, se descubrió que había menos de 100 camas UCI en todo el país. La inversión en salud pública había sido desatendida por décadas y fue un golpe de realidad inmediato que ha dejado hasta el momento más de 54.000 muertes.

Se da por hecho que salga quien salga finalmente electo durará poco, igual que los presidentes anteriores. Los grupos seguirán en su pelea de gatos mientras posponen las soluciones a la pobreza que una tercera parte del país sufre y que se han incrementado seis puntos porcentuales con respecto al 2019.

Pero no fue más fácil previo a la pandemia: Se desató una batalla encarnizada permanente y obstruccionista del Congreso al Ejecutivo, iniciada en 2016 cuando Keiko Fujimori, quiso gobernar desde el Congreso. Tampoco ayudaba el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), un tecnócrata que nuevamente sucumbió en diferentes casos de corrupción y tráfico de influencias y al que la gente votó con la nariz tapada para evitar que el fujimorismo llegará nuevamente al poder.

¿Cuál ha sido el pecado original para llevar a esta situación?

Algunos señalan como origen la derrota no aceptada de Keiko Fujimori hace cinco años, con mayoría en el Congreso, ante PKK. El nuevo gobierno tuvo que empezar con el obstruccionismo de los fujimoristas y una minoría parlamentaria. Tras la dimisión de Kuczynski, su vicepresidente, Martín Vizcarra tuvo que enfrentar a la oposición hasta que decidió disolver la cámara y convocar a elecciones congresales; lo que terminó por multiplicar los partidos y los bloqueos.

Para otros se remontan más atrás, con Alberto Fujimori y la aprobación de la Constitución de 1993 que debilita el estado, desregula la inversión de corporaciones favoreciendo la corrupción y desmantela el ya débil sistema de salud y educación. Perú ha sido el alumno aventajado en la región del modelo neoliberal y ha tenido únicamente con Odebrecht algunos de los casos de corrupción sonados internacionalmente y que involucró a una parte importante de su clase política y empresarial que quedó muy deslegitimada

Unos terceros hablan de la crisis de los partidos políticos de los últimos años, cada vez más debilitados han dejado de convocar a grandes masas y dejado el espacio para proliferación de otros muchos. Este fenómeno ha dejado en la sociedad una imagen de carencia de liderazgo político dentro de los propios partidos, que se refleja también en los candidatos tránsfugas.

Y unos cuartos, no sospechosos de populistas, lo achacan al papel de unas élites anacrónicas que viven ajenas a los problemas de su país. El Washington Post recientemente ha puesto el foco en ello, señalando la influencia que han tenido promoviendo canales de televisión que contaminan el debate, sin inmutarse ante los escándalos de corrupción recientes, desconectados de las necesidades de una parte importante de la población y tachando de chavista a cualquier idea que se salga tibiamente de los postulados neoliberales, aunque el FMI o Davos digan lo contrario.

Keiko Fujimori, quien ha manejado desde el Congreso la obstrucción del gobierno de turno, podría pasar a segunda vuelta aunque con gran antivoto  JHON REYES EFE

Todo ello ha provocado que el país haya funcionado por inercia, descuidando la institucionalidad y resolviendo las diferentes crisis permanentes una detrás de otras sin poder (o querer) atender los profundos problemas para distribuir riqueza y oportunidades que el país enfrenta y que con la pandemia saltó por los aires.

¿Qué solución hay?

Sin abordar aspectos de las cuatro causas anteriores, será difícil que Perú entre en una senda de mayor estabilidad política, económica y social. Un país que ha generado una gran riqueza la última década, pero en el cual únicamente el 20% de las familias pobres tiene refrigeradora. Será un proceso largo como el que requiere Chile o Ecuador y la sociedad civil tendrá que jugar su papel, como ya lo hizo la Generación del Bicentenario en su momento y seguro lo volverá a hacer.

Requerirán también jugar un papel más activo en la búsqueda de soluciones duraderas a académicos, medios de comunicación, empresarios de mirada amplia, iglesias o el sector cultural. Hacerlo de una manera más organizada y más vocal, de lo contrario la inercia de la inestabilidad, desconfianza y desafección será demasiado grande.

Los países de la región están encontrando sus diferentes vías para solucionar su inestabilidad, porque muchos de los problemas que el Perú sufre son comunes y asociados a un cambio de ciclo económico que ha provocado una desigualdad inmanejable. Chile, Ecuador, Bolivia o Argentina están también enfrentando situaciones complejas, ni qué decir Colombia o Brasil, con un Bolsonaro que se lo puede llevar la irresponsable gestión de la pandemia igual que a Trump.

No cabe duda que Perú saldrá de la pandemia fortalecida, el traje del bicentenario le sentará bien, tardará, como todos los procesos importantes, pero así será.

https://elpais.com/elpais/2021/04/12/3500_millones/1618184591_412156.html

21.12.-Chile: el penúltimo suspiro ASCANIO CAVALLO

Es posible que la coalición de “el centro y la izquierda” vuelva a salvarse, pero La Moneda difícilmente le quedará más cerca. El poder desgasta más a quien no lo tiene, decía con su dosis de cinismo Giulio Andreotti, pero quizás también quería decir que el poder sirve poco sin maduración, sin profundidad, sin reflexión.

17 abr 2021.- Hay que rastrear muy lejos en la historia política chilena para encontrar, si es que lo ha habido, un castigo tan monumental como el que la Cámara de Diputados le propinó al gobierno el jueves pasado, en la votación del retiro del tercer 10% de las AFP. Con los 118 votos contrarios a su posición, y apenas 18 defensores, en tiempos normales habría caído el gabinete, la coalición se hubiese reunido de emergencia y el Presidente habría anunciado una reestructuración de todo.

Y se habría dado por seguro el inminente triunfo electoral de la oposición. Pero no ocurre nada de eso y sólo unas cuantas “figuras de Estado” contemplan el jueves como una tragedia de gobernabilidad. La oposición consiguió la capitulación de un gran número de parlamentarios de derecha, debido a que la mayoría de ellos tiene algún interés electoral en curso, empezando por las reelecciones. A ellos no les preocupa darle explicaciones a la historia, sino a los electores de pasado mañana.

Pero esto no consolida a la oposición. Más bien al contrario. Una oposición que tiene ocho candidatos presidenciales en carrera y dos más in pectore puede describirse como cualquier cosa, menos como unitaria. Y de esas candidaturas se puede decir, al día de hoy, que hay sólo una que tiene sus objetivos estratégicos claros: la de Daniel Jadue, con el respaldo del Partido Comunista. Un buen desempeño -que hoy significa simplemente superar el 10%- de Jadue mejoraría el repertorio parlamentario del PC, podría llevarlo al Senado y lo sacaría del 5% en que lleva pegado tanto tiempo.

El resto del panorama es humo y confusión. El PS, el PPD y el PR se enfrentan a la situación más difícil: por separado, ninguno se siente en condiciones de ganarle a la DC, que, incluso tocada por la crisis general de los partidos, ya ha mostrado que podría situar a Ximena Rincón como la candidata de la Unidad Constituyente, donde se agrupan los restos de la antigua Concertación. Carlos Maldonado carece de opción real, Paula Narváez parece inerte al fuego (según la expresión de un socialista con buen humor) y Heraldo Muñoz tiene una estructura militante más frágil que sus convicciones. Una primaria entre los tres para derrotar a Rincón sería una fórmula segura para que ese grupo, ya tembleque, termine de disolverse.

El final del final de la coalición más exitosa.

***

Se atribuye al exministro socialista Osvaldo Andrade la expresión “el centro y la izquierda” para describir a la Concertación de los 2000. Era una descripción técnicamente perfecta, en cuanto se trataba de una alianza y no de una imbricación, como podía sugerir el término “centroizquierda”. Pero también era una delgada manera de alejar la idea de un PS despojado de su identidad de izquierda, arrastrado hacia su versión “socialdemócrata”, que en voz baja detesta tanto como Lenin. Cuando los socialistas querían denunciar las inclinaciones de este tipo, hablaban de la “pepedeización” del partido.

También el PPD empezó a tratar de ser plenamente de izquierda en años más recientes, cuando lo abandonaron (o expelió) a la mayoría de los componentes liberales que lo habían formado. El PR vivió la misma disyuntiva entre los años 60 y 70 y se desgarró varias veces antes de conseguir la estabilidad con menor escala.

Sólo en este año la DC se convirtió en una amenaza para los partidos del “socialismo democrático” y para sus nuevos socios, el PRO y Nuevo Trato, aunque no para Ciudadanos. Para algunos, los menos, se trata de un problema ideológico. Otros recubren de ideología el problema práctico y real: si la DC obtiene la hegemonía con Ximena Rincón, podría arrastrar detrás suyo un contingente nuevo de parlamentarios. A menos que, claro, se acuerde una lista parlamentaria común, se proclame la unidad -ahora sí- sobre bases visibles y se deje en un discreto segundo plano la candidatura presidencial. Algo digno, pero de ningún modo una epopeya.

Este temor sólo existía débilmente hasta el 29 de noviembre pasado, cuando la DC ganó seis (o siete, según como se mida) de las primarias para gobernadores regionales. Por alguna razón, el PS y el PPD y el PR parecían haber llegado a creer que eso no era posible. Y una vez que lo fue, han tratado de minimizar sus riesgos en una primaria presidencial. Ese es el origen de la preprimaria impulsada por el PS (seguro de derrotar al PPD), y luego, de la primaria exclusiva del “socialismo democrático” impulsada por el PPD. Todas estas propuestas también han sido salidas para conflictos internos, aunque nunca se han vestido en público con ese traje tan innoble.

La cuestión ideológica, el ser de “izquierda”, entró en crisis después del 18-O. El PC, parte del Frente Amplio y el Partido Humanista vieron en esa disrupción -que no produjeron, ni dirigieron, ni controlaron- una forma de afirmar su identidad de izquierda impulsando la destitución del gobierno de derecha, lo que habría sido un momento épico de ascenso de la lucha de masas. Más literaria que imaginaria, esa noción les ha servido a esos partidos para inculpar a los firmantes del acuerdo constitucional de haber “salvado a Piñera”. Es una retórica tremebunda, de cómic, pero funciona como intimidación si calcula cierta pusilanimidad en el agredido. El PS, carente de la fuerza intelectual que tuvo en los 90, se ha visto de nuevo enredado en el problema de ser de izquierda o, como dice un político amante de Freud, de tener al PC por Superyó.

Con el tiempo, el objetivo se ha ido transformando y ahora parece tener un rasgo más preciso. Las dirigencias del PC y el PS creen que el Frente Amplio está en demolición y lo que toca es competir por esos fragmentos, a sabiendas de que la fuerza gravitacional del PC ya tiene a algunos en sus umbrales. En esa disputa nada le viene más mal al PS que afiliarse en algo llamado “centroizquierda”.

El empeño en alejar a la DC habría llevado a este partido a un riesgo similar al de 1970, cuando Radomiro Tomic le propuso al conjunto de la izquierda constituir la “Unidad del Pueblo”, y en respuesta la izquierda constituyó la “Unidad Popular”, precisamente sin la DC. Una parte de la DC de hoy, como la de entonces, también quiere ser de izquierda. Sólo que la izquierda no la acepta en su club, un rechazo que ha sido otra de las señas de su identidad -o de su perturbación- histórica.

El hecho macizo es que ni la izquierda socialista ni la DC tuvieron nunca gobiernos más exitosos que los que nacieron de su alianza antidictatorial. Menudo problema conceptual cuando hay que empezar a colgar carteles.

***

La Concertación ha muerto dos veces y se ha salvado muchas más. La primera muerte le fue infligida cuando fue convertida en Nueva Mayoría; la segunda, cuando le entregó por segunda vez el poder a Sebastián Piñera, en un gobierno que el PC prefiere olvidar. De todos sus esfuerzos de sobrevivencia, el más fallido ha sido el de la Nueva Mayoría, no por la incorporación del PC, el MAS e Izquierda Ciudadana, sino porque concibió su renovación únicamente como una extensión horizontal y no dedicó ni el más mínimo esfuerzo a mejorar verticalmente, es decir, hacia adentro.

Es un dato histórico que la Concertación se hizo cargo del país después de pasar todos los años de Pinochet entrenando personal técnico y político e imaginando formas de desarrollar a Chile. Los procesos formativos continuaron durante los gobiernos de Aylwin, Frei y, con menos ímpetu, Lagos. Pero después se detuvieron para siempre. Las “caras nuevas” de Bachelet -otra de sus intuiciones correctas- envejecieron antes de dos años y después simplemente dejó de crecer la hierba.

El prolongado ejercicio del gobierno, la degradación del personal detrás de cargos y carguitos, el copamiento del Estado como agencia de empleos, la red clientelar tejida desde los municipios hasta los ministerios, todo ese sobajeo de poder, puestos y dinero ha postergado por más de una década lo que debió ser el primer deber después de perder por primera vez las elecciones.

En cambio, la ocupación preferente ha sido la de tratar de mantener posiciones y, seguro que sin quererlo, de ofrecer una reiterada perspectiva de ingobernabilidad. ¿Sería inevitable, así es siempre la política, no hay vuelta que darle?

Es posible que la coalición de “el centro y la izquierda” vuelva a salvarse, pero La Moneda difícilmente le quedará más cerca. El poder desgasta más a quien no lo tiene, decía con su dosis de cinismo Giulio Andreotti, pero quizás también quería decir que el poder sirve poco sin maduración, sin profundidad, sin reflexión.

Por olvidado que esté, un gobierno es también una cuestión de ideas.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-el-penultimo-suspiro/OTIGRWRGZJEV3GIED62YZITMOE/ 

21.12.-El apoyo financiero a los países en desarrollo JOSÉ ANTONIO OCAMPO

Más allá de la crisis, el debate internacional tiene que incluir reformas de largo plazo. 

Las últimas semanas han traído noticias positivas en materia de cooperación financiera internacional, gracias, en gran medida, a cambios en las posiciones de Estados Unidos bajo la administración Biden. Varias representan apoyos a los países en desarrollo. 

17 abr 2021.- La primera es el acuerdo para emitir 650.000 millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG), el activo de reserva del FMI. Cerca de dos quintas partes beneficiarían a los países en desarrollo. Queda por acordar cómo canalizar los DEG no utilizados, en particular de los países desarrollados, a fondos especiales de financiamiento para los países de ingresos bajos, pero no hay acuerdo para usarlos también para apoyar a los países de renta media.

La segunda noticia favorable es el respaldo de Estados Unidos a una tasa de impuesto mínimo para las empresas a nivel mundial, en el contexto de las negociaciones en el Marco Inclusivo de la Ocde. Todavía es necesario acordar cuál sería esa la tasa y la base impositiva.

La tercera es la extensión de las iniciativas del Grupo de los 20 para suspender el pago del servicio de la deuda de los países de bajos ingresos y renegociarlas en casos críticos.

La debilidad de estas iniciativas es el apoyo limitado a los países de ingresos medios, donde viven cerca de dos tercios de los pobres del mundo. Muchos de ellos se han visto, además, fuertemente afectados por la crisis, entre ellos los latinoamericanos.

En primer lugar, y en contraste con la decisión del G20 en 2009 de capitalizar todos los bancos multilaterales de desarrollo, no ha habido un llamado para hacerlo ni en 2020 ni en 2021. La única decisión ha sido aumentar los recursos de la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial, en beneficio de los países de bajos ingresos. Y, como ya lo señalé, no hay acuerdo sobre cómo los DEG no utilizados podrían canalizarse hacia países de renta media.

Tampoco hubo una decisión para reformar la política de recargos crediticios del FMI, que aumenta el costo de financiamiento cuando los préstamos exceden ciertos montos o tienen plazos largos. Estos recargos deberían suspenderse para apoyar la recuperación de los países durante la crisis actual, y ojalá eliminarse permanentemente.

Cabe agregar que las líneas de crédito del FMI más utilizadas en 2020 fueron las de emergencia. Aunque son pequeñas, tienen dos ventajas: aprobación rápida y sin condicionalidad. Por estas razones, el FMI debería duplicarlas en 2021.

El apoyo a los países de renta media es esencial por el riesgo de una reducción del financiamiento del sector privado internacional debido al alza de las tasas de interés en Estados Unidos y, en cualquier caso, muchos de ellos no tienen acceso a ese financiamiento. Esto incluye el grupo de países que ya enfrentan o corren el riesgo de experimentar una crisis de deuda.

Debe agregarse que, más allá de la crisis, el debate internacional tiene que incluir reformas de largo plazo. Una de ellas es adoptar un sistema por el cual los DEG no utilizados puedan considerarse depósitos de los países en el FMI y que la institución puede utilizarlos para financiar sus programas. Además, la participación de los países en desarrollo en la asignación de DEG debe aumentar, porque tienen una mayor demanda de reservas de divisas y, por lo tanto, son los usuarios más importantes de DEG.

Finalmente, las reestructuraciones de deudas pueden gestionarse en el corto plazo con un mecanismo ‘ad hoc’, tal vez similar a la Iniciativa Brady de 1989, que otorgó una garantía a los bonos emitidos en los procesos de reestructuración. Sin embargo, más allá de las soluciones de corto plazo, el diseño de un mecanismo institucional para facilitar la renegociación de las deudas soberanas debe estar en la agenda, más allá de los mecanismos acordados durante las crisis previas.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/jose-antonio-ocampo/el-apoyo-financiero-a-los-paises-en-desarrollo-jose-antonio-ocampo-581765

  • 21.11.-En Brasil, una operación anticorrupción con métodos cuestionables GASPARD     
  • Ecuador: Arauz y Lasso, en la recta final  – BEETHOVEN HERRERA
  • Ecuador ante una elección a cara o cruz – JAVIER TOLCACHIER
  • El iluso plan Biden para combatir la corrupción en Centroamérica PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO
  • Chile: debate y tragedia – ASCANIO CAVALLO             

ESTRADA Y NICOLAS BOURCIER

 Un magistrado considerado «parcial», un equipo de investigadores con métodos a veces ilegales, la intervención de Estados Unidos, y finalmente un escándalo estrepitoso: «Lava Jato», la operación anticorrupción que ha sacudido a Brasil durante siete años, sirvió a muchos intereses, pero no a la democracia.

8 abr 2021.- Hay algo podrido en el Reino de Brasil. Todo el país sufre una serie de crisis simultáneas, una suerte de tormenta perfecta: recesión económica, desastres ambientales, polarización extrema de la vida política, Covid-19… A esto hay que añadir el hundimiento del sistema judicial. Un trueno adicional en un cielo ya denso que sin embargo había sido cargado de esperanza hace siete años, cuando un joven magistrado de nombre Sergio Moro lanzó, el 17 de marzo de 2014, una vasta operación anticorrupción denominada «Lava Jato» ( “Express wash”), que involucra al gigante petrolero Petrobras, empresas constructoras y un número impresionante de líderes políticos.

De un solo golpe, se dijo, el demandante y su equipo de investigadores, apoyados por el poder judicial y los medios de comunicación, iba a limpiar y salvar Brasil, ¡por fin! Juzguemos: se han dictado 1.450 órdenes de aprehensión, se han presentado 533 autos de acusación y 174 personas condenadas. No menos de doce jefes o ex jefes de Estado brasileños, peruanos, salvadoreños y panameños han sido implicados. Y la colosal suma de 4.300 millones de reales (610 millones de euros) se recuperó de las arcas públicas de Brasilia. Incluso el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, adorado por una mayoría de opinión, no resistió la ola, hasta encontrarse tras las rejas.

Y luego, de repente, casi nada. En menos de dos meses, la extensa investigación colapsó como una explosión. A principios de febrero, el fiscal federal dejó estallar el anuncio del fin de “Lava Jato”, desmantelando con una frialdad que no se le conocía su principal equipo de fiscales. Luego, un juez de la Corte Suprema ordena el levantamiento de los cargos contra Lula. Quince días después, el 23 de marzo, fue el turno de la máxima corte brasileña de dictaminar que el juez Moro fue «parcial» durante su investigación.

Irregularidades y confusiones

La investigación anticorrupción más grande del mundo, como la llamó un magistrado de alto rango, se ha convertido en el mayor escándalo legal en la historia del país. Después de más de siete años de proceso, el corazón mismo de la justicia brasileña acaba de retractarse tanto en el fondo como en la forma, abriendo un abismo de interrogantes sobre sus métodos, sus medios y sus opciones.

Es cierto que el sitio de noticias The Intercept , creado por Glenn Greenwald, periodista estadounidense afincado en Río de Janeiro, y el multimillonario de Silicon Valley Pierre Omidyar, no ha cesado, en los últimos dos años, de señalar las irregularidades y errores. la investigación. Ciento ocho artículos publicados hasta la fecha, a su vez, han levantado el velo sobre los mensajes comprometedores intercambiados entre los fiscales y el juez Moro, arrojando una dura luz sobre los vínculos mantenidos, a veces fuera de cualquier marco legal, por los investigadores brasileños con agentes del Ministerio Público. Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ), o incluso subrayó el sesgo político algunos miembros del «Lava Jato», obsesionados con la idea de bloquear el Partido de los Trabajadores (PT). La muy seria e independiente Agência Publica, la agencia de periodismo de investigación, fundada en Sao Paulo por mujeres reporteras, también mostró cómo el proceso se vio empañado por irregularidades y numerosas confusiones. Después de estas deslumbrantes revelaciones, sin embargo, queda un fuerte gusto por lo inconcluso, la sensación de un juicio fallido y un lío ontológico para una investigación que quiso ser un modelo en su género.

Un miembro de la Comisión de Constitución y Justicia, el 2 de julio de 2019, blandía un diagrama con los mensajes enviados al Fiscal General Deltan Dallagnol y a los fiscales del grupo de trabajo operativo «Lava Jato» por el ex juez federal Sergio Moro, citado para explicarse a los diputados. MATEUS BONOMI / AGIF VÍA AFP

Para comprender estos sucesivos giros y vueltas, tenemos que remontarnos a los orígenes de esta telenovela político-legal. Establecer el marco y distinguir cómo sus principales actores han encontrado ayudas y un marco legal con juristas y personalidades influyentes primero en Brasil, luego con agentes de una administración norteamericana que desea continuar su labor de acercamiento con su gran vecino del sur.

Cuando asumió la presidencia de la República en 2003, Lula sabía que lo esperaban en el turno, especialmente en la lucha contra la corrupción.

Fueron necesarios meses de investigación, entrevistas e investigaciones para que el Mundo dibujara la otra cara de este escenario. Si algunas áreas permanecen en la sombra, algunos episodios de «Lava Jato» resaltan complicidades vergonzosas. Otros, por el contrario, revelan cómo ciertos jueces e investigadores se han aprovechado en ocasiones de su independencia -muy real- al servicio de un proyecto político, embarcándose en una carrera loca, estableciendo los motivos, los medios y las negaciones. «Fue como una pelota lanzada en un juego de bolos», admite, bajo condición de anonimato, un ex cercano al gobierno de Obama, responsable de los asuntos legales relacionados con Sudamérica. Un «juego» que se ha convertido en una trampa.

Cuando asumió el cargo de presidente de la República en 2003, Lula sabía que se esperaba que cambiara. Particularmente en términos de la lucha contra la corrupción, un viejo demonio en la vida política brasileña y uno de sus principales argumentos de campaña. Encomendó así a su nuevo ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, la tarea de reformar el sistema judicial, a la vez que aceptaba el nombramiento como responsable de la Fiscalía de un fiscal designado por sus pares, mientras que sus antecesores acostumbraban a elegir personas más complacientes. Con poder.

Los manifestantes exigen una fuerte acción contra la corrupción frente a la sede de la petrolera Petrobras en Río de Janeiro, 16 de diciembre de 2014. VANDERLEI ALMEIDA / AFP

Los manifestantes exigen una fuerte acción contra la corrupción frente a la sede de la petrolera Petrobras en Río de Janeiro, 16 de diciembre de 2014. VANDERLEI ALMEIDA / AFP

Una de las primeras traducciones concretas de este compromiso es la creación de cursos dedicados a la lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado. Sergio Moro será uno de los primeros jueces designados para presidir estos tribunales. Al mismo tiempo, se ha puesto en marcha una estrategia nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción con el supuesto objetivo de «facilitar los intercambios informales».dentro de la administración, y hacer más eficiente el examen de los casos. El joven magistrado radicado en Curitiba, encargado en el momento del caso Banestado, una investigación por lavado de activos dentro de un banco público regional, se encuentra entre los más fervientes seguidores de esta estrategia, que permite obtener con mayor rapidez aportes fiscales y patrimoniales. Información y compartirla con diversas autoridades, incluidas las extranjeras.

Miedo al terrorismo

Es cierto que, en el mundo de la cooperación judicial internacional, la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y el terrorismo ocupa un lugar especial. Tras los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos busca por todos los medios neutralizar futuros ataques, en particular apuntando a las redes financieras de estas organizaciones. Sin embargo, en Brasil, la inteligencia estadounidense está preocupada por la presencia, en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, de posibles células de Hezbollah, la organización apoyada por Irán y colocada durante mucho tiempo en la lista negra estadounidense.

La administración Bush busca incrementar la acción antiterrorista de Brasilia que, en ese momento, cortésmente se niega a hacerlo. Para sortear la frialdad de los funcionarios brasileños, que consideran que el riesgo terrorista es deliberadamente exagerado por Estados Unidos, la embajada estadounidense en Brasilia está tratando de crear una red de expertos locales, capaces de defender las posiciones estadounidenses «sin parecer Peones de Washington, para usar la frase del embajador Clifford Sobel en un telegrama diplomático estadounidense que Le Monde pudo consultar.

Sergio Moro, quien está colaborando activamente con las autoridades estadounidenses en el asunto Banestado, es entonces abordado para participar en un programa de citas financiado por el Departamento de Estado. Acepta. En 2007 se organizó un viaje a Estados Unidos, durante el cual realizó una serie de contactos dentro del FBI, el DoJ y el Departamento de Estado, es decir, Relaciones Exteriores.

En dos años, la Embajada de los Estados Unidos en Brasilia ha establecido una red de magistrados y abogados convencidos de la relevancia del uso de técnicas americanas.

La Embajada de los Estados Unidos busca aprovechar su ventaja. En su afán de estructurar una red alineada con sus orientaciones dentro de los círculos legales brasileños, crea dentro de ella una posición de asesor legal o asesor legal residente. La elección recayó en Karine Moreno-Taxman, fiscal especializada en la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo.

Desde 2008, este experto viene desarrollando un programa denominado “Projeto Pontes” que, bajo el pretexto del apoyo a las necesidades de las autoridades judiciales brasileñas, organiza cursos de capacitación que les permiten apropiarse de los métodos de trabajo estadounidenses (grupos de trabajo anticorrupción). , su doctrina jurídica (confesiones premiadas, en particular), así como su deseo de compartir información de manera “informal”, es decir fuera de los tratados bilaterales de cooperación judicial.

La embajada está aumentando el número de seminarios y reuniones con jueces, fiscales y altos funcionarios especializados, centrándose en los aspectos operativos de la lucha contra la corrupción. Sergio Moro participa como ponente. En el espacio de dos años, el trabajo de Karine Moreno-Taxman da sus frutos: la embajada constituye una red de magistrados y abogados convencidos de la relevancia del uso de las técnicas americanas.

En noviembre de 2009, el asesor legal de la embajada fue invitado a hablar en la conferencia anual de agentes de la policía federal brasileña. El encuentro se lleva a cabo en Fortaleza, una ciudad costera y sin encanto en el norte de Brasil, donde cerca de quinientos profesionales del mantenimiento del orden, la seguridad y la ley están invitados a debatir sobre el tema de «la lucha contra la impunidad».

«En un caso de corrupción, hay que correr detrás del ‘rey’ de manera sistemática y constante para derribarlo», según el asesor legal de la Embajada de Estados Unidos en Brasilia.

Sergio Moro está ahí, presente desde la primera hora de la conferencia. Incluso es él quien abre los debates, justo antes de ceder la palabra al representante norteamericano. Visiblemente en buena forma, el juez de Curitiba se lanza citando al ex presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, luego ataca desordenadamente los delitos de cuello blanco, la ineficiencia y las fallas de una justicia brasileña enferma, según él, de un sistema de «recurso infinito» demasiado favorable a los abogados defensores. Pide una reforma del código penal, destacando el hecho de que las discusiones en esta dirección se están llevando a cabo al mismo tiempo en el Congreso de Brasilia. Aplausos en la sala.

Frente a la audiencia, la Sra. Moreno-Taxman toma asiento. Habla en un tono mucho menos seco y serio que su predecesor, pero igual de directo: “En un caso de corrupción , dice, hay que correr detrás del “ rey ” de manera sistemática y constante para derribarlo. « Más explícito: » Para que el poder judicial a alguien convicto por corrupción, es necesario que las personas odian esa persona. « Finalmente esto: » La empresa debe sentir que se ha abusado de su posición de verdad y exigir su convicción. « De nuevo aplausos de la audiencia.

El nombre del presidente Lula, enredado en el escándalo del “Mensalao” (“gran pago mensual”), el asunto de los sobornos y la compra de votos en el Congreso, revelado en 2005, no se menciona en ningún momento. Aunque esté presente en la mente de todos, nadie imagina entonces que este último se convertirá en «el rey» designado por la Sra. Moreno-Taxman. Sin embargo, eso es lo que sucederá.

Espionaje ilegal

Por ahora, el gobierno de Petist no ve nada por venir. Tres meses después de la reunión de Fortaleza, en lugar de realizar una reforma política para acabar con el financiamiento ilegal de las campañas electorales, prefiere dar promesas a la opinión pública presentando un proyecto de ley anticorrupción. De este modo, espera responder a las críticas recurrentes desde que el PT llegó al poder y ganar influencia en el escenario internacional cumpliendo en particular con los estándares de la OCDE, donde el grupo de trabajo contra la corrupción (Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Soborno en Transacciones Comerciales Internacionales), fuertemente influenciado por Estados Unidos, está presionando a Brasil para reformar su legislación en esta área.

Sergio Moro, por su parte, asume una posición pública con el fin de endurecer las penas previstas en el proyecto de ley y asegurar la adopción de las confesiones premiadas como instrumento legal válido. El que ahora se ha convertido en una de las figuras del debate brasileño sobre cuestiones de blanqueo de capitales utiliza métodos rayanos en la legalidad: usurpación de las prerrogativas de la fiscalía, instrucción de órdenes de prisión preventiva a pesar de la oposición de las autoridades superiores, escuchas telefónicas de abogados o personalidades con parlamentarios. inmunidad, lo que despierta la desconfianza de algunos de los magistrados.

«Los delitos vinculados al poder son por naturaleza, dada la posición de sus autores, difíciles de probar mediante prueba directa», de ahí «la mayor elasticidad en la aceptación de la prueba por parte de la acusación»

Sin embargo, el magistrado de Curitiba fue designado, a principios de 2012, juez asistente de Rosa Weber, magistrada recientemente elegida de la Corte Suprema. Esta última, especialista en derecho laboral, quería contar con un experto en derecho penal que pudiera apoyarla en el juicio final del «Mensalao». Sergio Moro escribirá así en parte la controvertida decisión del juez sobre este caso. «Los delitos vinculados al poder son por naturaleza, dada la posición de sus autores, difíciles de probar mediante prueba directa» , de ahí, especifica el texto, «la mayor elasticidad en la aceptación de la prueba por parte de la acusación». Un precedente que será llevado al pie de la letra por el juez y por los fiscales de «Lava Jato» en el momento de la acusación y la condena de Lula.

El proceso se puso en marcha en 2013. Los parlamentarios brasileños, que llevan tres años debatiendo el proyecto de ley anticorrupción, deciden votar a mediados de abril. Para verse bien frente al grupo de trabajo de la OCDE, incluyen la mayoría de los mecanismos previstos en una ley estadounidense, de la que se empieza a hablar en los círculos empresariales: la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Creada en 1977 a raíz de Watergate, el principal objetivo de esta ley era combatir los actos de corrupción de empresas estadounidenses en el exterior imponiéndoles sanciones económicas. Hasta el final de la Guerra Fría, esto rara vez se aplicó. Todo cambió en la década de 1990. La administración Clinton comenzó a reformar la FCPA, que iría de la mano con la adopción de una convención anticorrupción dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el fin de «multilateralizar el efectos «, según un telegrama de la Embajada de Estados Unidos a esta última.

Es el criterio de competencia de la ley el que detona: cualquier empresa que tenga alguna vinculación con Estados Unidos y que haya pagado a un funcionario extranjero por motivos de corrupción puede ser objeto de acusación. Se entiende por vínculo el tránsito de fondos a través de una cuenta bancaria estadounidense, o la transmisión de un correo electrónico cuyo servidor se encuentra en suelo estadounidense.

De hecho, casi todas las empresas del mundo están expuestas a la ley, incluidas las que compiten con empresas estadounidenses por contratos importantes, como la venta de armas y equipos, la construcción y los servicios financieros. Este desarrollo conducirá a un aumento de las sanciones vinculadas a la implementación de la FCPA: de unos pocos millones de dólares en la década de 1990, pasamos a varios miles de millones en la década de 2010. Y en este contexto, América Latina en general y Brasil en particular será de interés para los fiscales del Departamento de Justicia.

Infracciones del reglamento

Estos últimos, que dependen del poder ejecutivo, aunque se les considera «autónomos» del resto de la administración estadounidense, saben que la próxima implementación de la ley anticorrupción brasileña les permitirá sancionar a las empresas brasileñas de acuerdo con la ley. FCPA. En noviembre de 2013, con motivo de la Conferencia FCPA, la reunión anual de personalidades del mundo jurídico estadounidense, el fiscal general adjunto del DoJ, James Cole, anunció que el jefe de la unidad FCPA del ministerio de Estados Unidos hará el viaje a Brasil en el velatorio, con el fin de «capacitar a los fiscales brasileños» en el uso de la ley.

James Cole, Fiscal General Adjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en 2013. Promovió la capacitación de fiscales brasileños en la ley FCPA. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES A TRAVÉS DE AFP

Unos meses antes, Sergio Moro retomó un antiguo asunto de blanqueo de capitales, vinculado al “Mensalao”, que había dejado tirado desde 2009. Se trata de las relaciones de varios intermediarios corruptos (Carlos Chater y Alberto Youssef), con José Janene, miembro del Partido Progresista (partido de derecha y apoyo de la coalición de gobierno). El juez de Curitiba está interesado en las inversiones de los dos empresarios de la empresa Dunel Industria, realizadas a través de las cuentas bancarias de una estación de servicio denominada “Posto da Torre”, en Brasilia. A pedido del Sr. Moro, Chater recibe escuchas telefónicas de julio a diciembre de 2013: el objetivo es averiguar si estas inversiones se utilizan para enmascarar posibles actos de lavado de dinero a favor del Sr. Janene.

Es al hacer el vínculo entre Dunel Industria, con sede en el Estado de Paraná, y la gasolinera, por la que pasan grandes sumas, incluso para ciertos ejecutivos de Petrobras, que Sergio Moro afirma su competencia para tratar el caso. Manipulación curiosa: la mayor parte de los actos de blanqueo de capitales y corrupción de MM. Chater y Youssef tienen lugar en Sao Paulo. Según el procedimiento penal brasileño, esto debería haber llevado a que un juez de esa jurisdicción se ocupara de este caso, y no Sergio Moro. Pero el magistrado de Curitiba comprendió las complejidades del poder judicial brasileño. Sabe que al ocultar la ubicación de estas empresas fachada, podrá mantener el control de la investigación. Con la condición de que los tribunales superiores lo permitan. Y eso es lo que va a pasar

Seducir a la opinión pública

Desde agosto de 2013, algunos juristas vieron el peligro derivado de la implementación de la nueva ley anticorrupción. Una nota premonitoria, publicada por el muy serio bufete de abogados estadounidense Jones Day, predice que tendrá efectos deletéreos sobre la justicia brasileña. Advierte de su funcionamiento “impredecible y contradictorio” por su carácter de “influencia” en el plano político, así como la ausencia de procedimientos de “aprobación o control”. Según el documento, «cada miembro de la fiscalía es libre de iniciar un caso de acuerdo con sus propias convicciones, con una posibilidad reducida de ser impedido por una autoridad superior».

A pesar de las alertas, el gobierno y sus aliados están avanzando. La presidenta Dilma Rousseff, siempre en este afán de acariciar una opinión pública cada vez más crítica, decide incluso endurecer sus criterios de aplicabilidad. Los parlamentarios creen que esta ley no les afectará más que las anteriores.

La Presidenta de Brasil Dilma Rousseff y el Fiscal General de la República Rodrigo Janot, en Brasilia, 17 de septiembre de 2015. EVARISTO SA / AFP

Luego de seis meses de investigación, el juez de Curitiba tiene información suficiente para emitir las primeras órdenes de aprehensión. El 29 de enero de 2014 entró en vigor la ley anticorrupción. El 17 de marzo se conformó formalmente el grupo de trabajo “Lava Jato” por el Fiscal General de la República, Rodrigo Janot. En su cabecera, nombra al fiscal Pedro Soares, quien se opone a que se le otorgue a Sergio Moro el tratamiento del caso, habiéndose producido los presuntos crímenes de Alberto Youssef fuera de Curitiba. Su enfoque fallará. Será reemplazado por otro fiscal, Deltan Dallagnol, de 34 años, que no solo estará a favor de que Moro maneje el caso, sino que también se convertirá en el principal apoyo del magistrado.

Para Estados Unidos, se trata de reducir la influencia geopolítica de Brasil en América Latina, pero también en África.

Desde su nacimiento, «Lava Jato» atrae la atención de los medios. La orquestación de las detenciones y el ritmo de las acusaciones de los fiscales y Moro transforman el operativo en una auténtica telenovela política y judicial fuera de lo común. Mientras Brasil se prepara para embarcarse en una campaña presidencial y legislativa, la élite política y económica del país parece repentinamente aterrorizada ante la idea de ser arrastrada por esta interminable cascada de revelaciones, la lista continúa.

Al mismo tiempo, la administración de Barack Obama vio un aumento en las protestas de los países aliados, entre los que destaca Francia, preocupada por la multiplicación de las sanciones impuestas por el DoJ, en el marco de la lucha contra la corrupción, dirigidas a ciertos buques insignias nacionales. Grupo Alstom. Para señalar su apoyo político a las acciones anticorrupción emprendidas por su gobierno, la Casa Blanca publicó una “agenda global anticorrupción” en septiembre de 2014. Allí está escrito que la lucha contra la corrupción en el exterior (a través de la FCPA) se puede utilizar con fines de política exterior, con el fin de defender los intereses de seguridad nacional. Un mes después, Leslie Caldwell, entonces fiscal general adjunta del Departamento de Justicia, pronuncia un discurso en la Universidad de Duke, “La lucha contra la corrupción extranjera no es un servicio que brindamos a la comunidad internacional, sino más bien una acción de cumplimiento necesaria para proteger nuestros propios intereses de seguridad nacional y la capacidad de nuestras empresas estadounidenses para competir en el futuro en todo el mundo. «

En suelo sudamericano, los gigantes brasileños de la construcción Odebrecht, OAS o Camargo Correa, en plena expansión, han entrado directamente en la línea de fuego de las autoridades norteamericanas. No solo porque ganan más contratos, sino también porque participan en el fortalecimiento de la influencia geopolítica de Brasil en América Latina y África, financiando, ilegalmente en la mayoría de los casos, las campañas electorales de personalidades cercanas al PT, lideradas por el funcionario del partido. Consultor de comunicaciones, Joao Santana. Solo en 2012, el estratega electoral, cómodamente financiado por Odebrecht, organizó tres campañas presidenciales en Venezuela, República Dominicana y Angola, sin mencionar el municipio de Sao Paulo. Todo ganado por los candidatos de Santana.

Promesas de buena voluntad

Frente a varios periodistas miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Thomas Shannon, embajador estadounidense destacado en Brasilia de 2010 a 2013, dijo que el proyecto político brasileño para la integración económica de América del Sur suscitó serias preocupaciones en el Departamento de Estado. Este último «consideró el desarrollo de Odebrecht como parte del proyecto de poder del PT y de la izquierda latinoamericana», dice el diplomático.

“Si a todo esto le sumamos las bastante malas relaciones personales entre Barack Obama y Lula, y un aparato del PT que todavía desconfía del vecino norteamericano, podemos decir que teníamos trabajo por hacer para remediar la situación. Barre”, reconoce a un ex miembro del DoJ a cargo de casos latinoamericanos. La tarea será aún más difícil desde las revelaciones del denunciante Edward Snowden, en agosto de 2013, sobre el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense (NSA) contra Dilma Rousseff, quien sucedió a Lula en 2011, y Petrobras, que aún más frías relaciones entre Brasilia y Washington.

Se activan múltiples palancas de influencia. Existe la FCPA y las redes de fiscales y magistrados capacitados en técnicas de investigación implementadas en los últimos años. Para lograr sus fines, el Departamento de Justicia utiliza un cebo importante: el reparto de las multas que impondrán las autoridades estadounidenses a las empresas brasileñas en el marco de la FCPA.

Con el fin de dar promesas de buena voluntad a las autoridades estadounidenses, los investigadores brasileños están organizando la visita confidencial a Curitiba, el 6 de octubre de 2015, de diecisiete miembros del DoJ, el FBI y el Ministerio de Seguridad Interior para que este último reciba explicación detallada de los procedimientos actuales. Les dan acceso a los abogados de los empresarios potencialmente llamados a “colaborar” con la justicia estadounidense, sin que se informe al poder ejecutivo brasileño. Pero esto tiene un precio: cada una de las multas impuestas a las empresas brasileñas bajo la FCPA deberá incluir una parte destinada a Brasilia, pero también a la operación “Lava Jato”. Los estadounidenses aceptan. Con este acuerdo cerrado, los fiscales brasileños buscarán empresas que puedan caer bajo el control del Departamento de Justicia.

«Los oficiales deben estar al tanto de todas las ramificaciones políticas potenciales de estos casos, ya que los casos de corrupción internacional pueden tener efectos importantes que influyen en las elecciones y la economía», dijo un funcionario del FBI.

Mientras su mayoría parlamentaria se derrite como nieve al sol ante la proliferación de negocios, la presidenta Rousseff decide invitar a su mentor, Lula, a participar en el gobierno. Una maniobra vista como un intento final para salvar a su coalición. Al mismo tiempo, miembros de la Policía Federal, bajo las órdenes de los fiscales, intervinieron -fuera de cualquier marco legal- los teléfonos de los abogados de Lula (veinticinco defensores en total), e incluso de su propia laptop. Presidente. Sergio Moro conseguirá así una conversación entre este último y Dilma Rousseff. Un intercambio con crípticas palabras sobre el futuro de Lula, que el magistrado enviará puntualmente a Globo Televisión y que sellará la destitución del presidente unos meses después.

Durante este período problemático, los fiscales del Departamento de Justicia están monitoreando de cerca la situación política en Brasil. Según Leslie Backshies, entonces jefa de la unidad internacional del FBI, que desde 2014 tiene la tarea de ayudar a los investigadores de ‘Lava Jato’, «los oficiales deben estar al tanto de todas las ramificaciones políticas potenciales de estos casos, porque los casos de corrupción internacional pueden tener importantes consecuencias». Efectos que influyen en elecciones y economías ”. Y el especialista aclaró: “Además de las conversaciones comerciales regulares, los supervisores del FBI se reúnen trimestralmente con los abogados del Departamento de Justicia para revisar las posibles demandas y las posibles consecuencias. «

Por tanto, es con pleno conocimiento de los hechos que estos últimos ultiman su acusación contra Odebrecht en Estados Unidos. Sin embargo, los líderes del grupo se muestran reticentes a firmar el convenio de “colaboración” propuesto por las autoridades estadounidenses, que incluye el reconocimiento de actos de corrupción no solo en Brasil, sino en todos los países donde está establecido este gigante de la construcción. Para doblarlos, los magistrados ordenaron al banco Citibank, encargado de las cuentas de la filial estadounidense de la empresa, dar a Odebrecht treinta días para cerrarlos. En caso de rechazo, los montos colocados en estas cuentas pasarán a la quiebra, situación que excluiría al conglomerado del sistema financiero internacional y, por tanto, lo colocaría en quiebra. Odebrecht acepta «colaborar», lo que permite a los fiscales de Curitiba, mientras no tienen competencia normativa para juzgar actos de corrupción ocurridos fuera de Brasil, para obtener las confesiones recompensadas de los ejecutivos de la empresa. Confesiones que posteriormente enriquecerán la acusación del DoJ bajo la FCPA.

El comunicado de prensa se publicó en vísperas de las fiestas navideñas de 2016. La operación «Lava Jato» está en la portada de los medios internacionales. Sergio Moro está invitado a la lista de las cien personalidades más influyentes de Time. El semanario neoyorquino Americas Quarterly le dedica su portada. Por su parte, los fiscales del Departamento de Justicia dan la bienvenida públicamente a esta cooperación sin precedentes. En una conferencia celebrada en las instalaciones del think tank Atlantic Council en Washington, Kenneth Blanco, en ese momento vicefiscal general del DoJ, declaró que «Brasil y Estados Unidos han trabajado juntos para obtener pruebas y construir negocios». Y que el es«Es difícil imaginar una cooperación tan intensa en la historia reciente como la que tuvo lugar entre el DoJ y los fiscales brasileños».

Moro y su equipo comienzan 2017 con confianza. No es que obtuvieron pruebas contundentes contra Lula -sus conversaciones privadas a través de Telegram prueban lo contrario- sino porque su influencia política y mediática es tal que impulsarán su ventaja, desafiando, en ocasiones, los principios más elementales de la ley.

Amenazas del ejército

Cuando Lula fue condenado por “corrupción pasiva y lavado de dinero” el 12 de julio de 2017, pocos periodistas informaron que estos cargos fueron pronunciados “por hechos indeterminados”. Sin embargo, el argumento se establece explícitamente en el documento de 238 páginas que detalla la decisión del Sr. Moro. En los anexos a la condena, el magistrado especifica que «nunca afirmó que los montos obtenidos por la empresa OAS gracias a los contratos con Petrobras fueron utilizados para pagar ventajas indebidas para el expresidente».

Otra extrañeza que revela el peso adquirido por la operación «Lava Jato» en el poder judicial brasileño: el encarcelamiento del expresidente, Lula, en contravención de la Constitución brasileña. El artículo 5 dice de hecho que ningún litigante puede ser encarcelado antes de que finalice el proceso. Sin embargo, bajo la intensa presión de la opinión pública conquistada por la operación «Lava Jato», el Tribunal Supremo cambió su jurisprudencia en la materia, en 2016. La solicitud de hábeas corpus de los abogados de Lula es rechazada por seis votos contra cinco a raíz de un tuit de el comandante del ejército amenazó a la Corte Suprema con «asumir sus responsabilidades institucionales» en caso de que ésta fallara a favor del ex presidente.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro (desde atrás) con su ministro de Justicia, Sergio Moro, durante el Día de la Independencia del país en Brasilia, el 7 de septiembre de 2019. JOEDSON ALVES / EPA

Unas horas después de la decisión de los jueces, Sergio Moro emite su orden de aprehensión: Lula es preso el 7 de abril. No podrá participar en las elecciones presidenciales de 2018. Mientras el magistrado parece estar conquistado por la arrogancia, se lanza la máquina infernal. Jair Bolsonaro gana las elecciones presidenciales cómodamente y nombra al que eliminó a Lula como jefe del Ministerio de Justicia. Del lado estadounidense, nos felicitamos por haber socavado los sistemas de corrupción implementados por Petrobras y Odebrecht, así como sus capacidades de influencia y proyección político-económica en América Latina.

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Para los fiscales de Curitiba, el DoJ ha planeado devolverles el 80% de todas las multas impuestas al grupo petrolero en virtud de la FCPA, que pueden administrar como mejor les parezca. Es necesario crear una fundación de derecho privado para gestionar el 50% de esta ganancia inesperada. Los miembros de la junta directiva de esta fundación no son otros que los propios fiscales de «Lava Jato» y varios líderes de ONG, incluidos los de la sección brasileña de Transparencia Internacional, que a lo largo de los años se ha convertido en uno de los principales guardianes. .- discurso de la operación. Dos de los fiscales del equipo, el Sr. Dallagnol y Roberson Pozzobon, incluso planean crear una estructura legal en nombre de sus respectivos cónyuges, para facturar los servicios de consultoría en el campo de la “anticorrupción”.

Un denunciante arrestado

Elegido Bolsonaro, la prensa internacional no tarda en distanciarse del «justiciero de Curitiba». Viene a subrayar su inconsistencia ética al hacer así una alianza con un presidente de extrema derecha, miembro, durante décadas, de una pequeña formación especialmente conocida por haber estado involucrada en innumerables casos de corrupción. Por su parte, los jueces de la Corte Suprema no ocultan su asombro cuando se enteraron, en marzo de 2019, del contenido del acuerdo negociado en secreto entre los fiscales de «Lava Jato» y sus homólogos del DoJ. El juez Alexandre de Moraes decidirá suspender la creación de la fundación “Lava Jato” y colocará en quiebra los cientos de millones de dólares en multas pagadas por Petrobras.

Es en este contexto que estalla la primera revelación de The Intercept. En mayo de 2019, Greenwald recibió de un denunciante, Walter Delgatti, 43,8 gigabytes de datos de conversaciones privadas, a través de Telegram, del equipo de “Lava Jato”. Después del trabajo de verificación, se publican tres artículos un domingo de junio. Moro y los fiscales no reconocen la veracidad de los intercambios. Afirman no haber cometido ninguna ilegalidad y se niegan a entregar sus teléfonos para que los examinen.

Glenn Greenwald, de «The Intercept» el 25 de junio de 2019, aborda la serie de reportajes publicados por su agencia desde el 9 de junio, denunciando las entrevistas de Sergio Moro con un miembro de la fiscalía mientras se desempeñaba como juez federal en Curitiba. MATEUS BONOMI / AGIF VIA AP

Varias semanas después, cuando Greenwald decide ofrecer acceso a datos a varios medios, nos enteramos por un comunicado de prensa del gobierno que Sergio Moro viajó a Estados Unidos del 15 al 19 de julio. ¿Aprovechó esta estancia para consultar a sus homólogos? Las autoridades estadounidenses, solicitadas por Agência Publica, se negarán a confirmar o negar la información. Aun así, el Sr. Delgatti fue arrestado poco tiempo después por la policía federal.

El expresidente detuvo a Lula da Silva, bajo vigilancia policial, el 26 de abril de 2019, mientras daba una entrevista a la prensa de su país. ISABELLA LANAVE / AFP

Aunque estas revelaciones no afectaron significativamente la popularidad del magistrado, el aura del juez continúa erosionándose en la prensa internacional. Por su parte, la Corte Suprema termina reconociendo el carácter inconstitucional del encarcelamiento de Lula. Fue puesto en libertad el 8 de noviembre de 2019. El expresidente fue absuelto de siete de los once cargos en su contra (la fiscalía apela en cuatro casos). Lula aún no ha sido juzgado en cuatro casos que los especialistas consideran de menor importancia.

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Sergio Moro acabó dimitiendo en abril de 2020 . La élite política de Brasilia le da la espalda y las encuestas se invierten. Sigue una salida de puntillas, dirección Washington, donde reproduce el modelo de las puertas giratorias(puerta giratoria), estos portales que permiten a los ex magistrados del Departamento de Justicia que trabajaron en casos relacionados con la FCPA revender la información privilegiada obtenida durante sus investigaciones a grandes bufetes de abogados y ganar mucho dinero. El anuncio cae en noviembre de 2020, en medio de las elecciones municipales en Brasil. Nos enteramos de que el ex juez pequeño de Curitiba fue reclutado por el bufete de abogados Alvarez & Marsal. Una agencia especializada en asesoramiento empresarial y litigios con sede en la capital federal en 15 Shet NW, frente al Tesoro de los Estados Unidos y a 200 metros de la Casa Blanca.

Las fechas

2003 Lula (Partido de los Trabajadores) es investido presidente de Brasil. En junio, creación de tribunales especializados en la lucha contra los delitos financieros y blanqueo de capitales. Sergio Moro es designado para Curitiba.

2007 Luiz Inácio Lula da Silva inicia un segundo mandato.

2008 Creación por la Embajada de los Estados Unidos del “Projeto Pontes”, programa de capacitación para jueces, fiscales y altos funcionarios brasileños en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.

2011 Dilma Rousseff (PT) sucede a Lula como jefa de Estado.

2013 Parlamentarios brasileños votan sobre la ley anticorrupción. En julio, Sergio Moro se hace cargo de las investigaciones de los empresarios Alberto Youssef y Carlos Chater, que darán lugar a la operación “Lava Jato”.

2014 Lanzamiento de la operación “Lava Jato”.

2016 Michel Temer (Partido del Movimiento Democrático Brasileño) sucede a Dilma Rousseff, destituida el 31 de agosto. Escuchas telefónicas ilegales de los abogados de Lula.

2018 El 7 de abril, Lula es preso.

2019 Jair Bolsonaro (Partido Social-Liberal) es investido presidente. Primeras revelaciones de The Intercept sobre «Lava Jato». En noviembre, liberación de Lula.

2021 En marzo, anulación de las condenas de Lula.

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/09/au-bresil-une-operation-anticorruption-aux-methodes-contestables_6076204_3210.html

21.11.-Ecuador: Arauz y Lasso, en la recta final  BEETHOVEN HERRERA

Además de impedir que el Gobierno pueda tomar las reservas internacionales, el Banco  Central del Ecuador BCE tampoco podrá comprar valores emitidos por el Estado.

El candidato correísta de la Unión por la Esperanza (Unes), Andrés Arauz nació en Ecuador en 1985. Estudió en la Universidad de Michigan y fue ministro de Rafael Correa.

4 abr 2021.- Su contendor Guillermo Lasso, banquero miembro del Opus Dei, fue superministro de Jamil Majuad cuando se decretó el ‘feriado bancario’ que congeló los ahorros de los ciudadanos durante una semana, al final de la cual la moneda nacional –sucre– había desaparecido para imponer la dolarización. Por esa decisión el presidente Majuad fue procesado por peculado y condenado tras un largo juicio.

Arauz ha propuesto entregar US$1.000 por familia a un millón de hogares ecuatorianos pobres para enfrentar la pandemia, tomándolos de las reservas internacionales ubicadas en Suiza, rentando intereses ínfimos. Y en respuesta el gobierno de Lenin Moreno ha insistido, tras dos rechazos en la Asamblea, en un proyecto de reforma al Banco Central, atendiendo un pedido del Fondo Monetario internacional, como condición para un préstamo de US$400 millones.

El proyecto bautizado como Ley para Defensa de la Dolarización enuncia como objetivo garantizar la independencia del Banco Central frente al Poder Ejecutivo al tiempo que reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero.

Después de haber sido devuelto en dos ocasiones por no estar debidamente estructurado, se planea aprobarla antes del cambio de gobierno y antes de que entren en funciones los nuevos miembros de la Asamblea Nacional.

Por su parte los críticos sostienen que la propuesta desregulariza los controles a la banca, entrega la política monetaria a un grupo de notables e impone a las cooperativas exigencias similares a la banca y como no podrán cumplirlas deberán cerrar, dejando su espacio a la banca.

Esta última podría sacar dólares al exterior sin restricciones y podrían crearse condiciones similar a las de la crisis de 1999.

Sus defensores sostienen que el proyecto de ley busca proteger la dolarización al blindar las reservas internacionales pero el candidato Arauz, sostiene que la propuesta busca ‘privatizar’ el Banco Central que, aunque es parte de la Rama Ejecutiva, gozaría de autonomía institucional, administrativa, presupuestaria y técnica, según el proyecto de ley. En el código actual, el BCE solo tiene independencia administrativa y presupuestaria.

Además de impedir que el Gobierno pueda tomar las reservas internacionales, el Banco Central tampoco podrá comprar valores emitidos por el Estado.

Lasso critica las políticas de Rafael Correa que Arauz defiende, y este proclama que su gobierno será pluriétnico, paritario en género y será un gobierno de jóvenes.

También ha declarado que respetará la propiedad privada y la libertad de prensa pero no habrá tolerancia con la xenofobia ni la difamación; y ha reconocido que fue un error la promulgación del decreto del gobierno de Rafael Correa que exigía excesivos trámites para la creación de asociaciones.

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/ecuador-arauz-y-lasso-en-la-recta-final-550631

21.11.-Ecuador ante una elección a cara o cruzJAVIER TOLCACHIER

Este 11 de abril, los ecuatorianos y ecuatorianas tienen una prueba de fuego: o escogen a Andrés Arauz, la cara joven de recambio del progresismo, o se definen por Guillermo Lasso, representante de la derecha, la banca y las minorías.

En la segunda vuelta presidencial que tendrá lugar el próximo 11 de abril, los ecuatorianos enfrentan la disyuntiva entre apostar por un candidato progresista o tener que soportar durante cuatro años un gobierno empresarial, ligado a las finanzas y a los poderes económicos fácticos, nacionales e internacionales.

5 abr 2021.- Si bien la visión binaria es habitualmente reduccionista y puede suscitar la sensación de extorsión, es claro que a estas alturas se trata de una elección a cara o cruz. Y es literal, la opción cruz, la de la derecha, la banca y el socialcristianismo, la representada por Guillermo Lasso, miembro del Opus Dei, es la de quienes no muestran su cara real.

Son bien conocidos en esta región los artilugios del asesor de campaña de Lasso, Jaime Durán Barba, cuya foja de servicios habla a las claras de los intereses a los cuales suele servir. En los 90 asesoró en Colombia al Partido Alternativa Liberal comandado por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Fue luego secretario de la Administración Pública de Ecuador durante la presidencia del neoliberal Jamil Mahuad, bajo cuyo mandato se produjo el dramático “feriado bancario”, en el que se esfumaron los ahorros de miles de familias ecuatorianas. Guillermo Lasso era por entonces Gobernador de Guayas, cargo que obtuvo como gratificación por los fondos aportados a la campaña de Mahuad.[1] Durán Barba trabajó también en la campaña del empresario derechista Álvaro Noboa y manejó en Argentina las campañas a jefe de gobierno y a presidente del también empresario Mauricio Macri, derrotado en 2019 por una amplia coalición popular. Actualmente, ante el magro resultado (algo menos de 20%) obtenido por Lasso en la primera vuelta, le fue ofrecido el puesto de consultor de campaña para intentar revertir su fracaso definitivo.

La estrategia habitual, también usada en esta oportunidad, es pretender disfrazar lo antipopular de popular, ocultando las reales intenciones políticas de sus mandantes a través de slogans vacíos, augurio del vaciamiento de lo público que defienden. Lo cierto es que, aunque la banca se vista de sierra, banca queda. Lasso, como Macri, es el intento de regresar 30 años, de volver a los 90, de ampliar los negociados privados desde la administración pública enajenando recursos preciosos que pertenecen al común.

Más allá de la fachada y apagados los reflectores y la música, los gobiernos de la derecha producen un daño directo a las mayorías, destruyendo en poco tiempo con sus programas privatizadores lo que costó largo tiempo construir, reduciendo la oferta y calidad de los servicios públicos de salud, educación y cultura, entre muchos otros, para abrir las puertas a su mercantilización.

La falsificación de la real identidad política de Lasso va de la mano con una campaña sucia y degradatoria. Por ejemplo, utilizando a migrantes pidiendo limosna, para sugerir ese tipo de imagen de futuro para el Ecuador, en el caso de que Andrés Aráuz, candidato de la Unión por la Esperanza (UNES), acceda a la presidencia.

La cara del progresismo es una cara joven, que representa un símbolo de recambio y renovación del proceso anterior de la Revolución Ciudadana, liderada entonces por el ex presidente Rafael Correa, proscrito a través de la persecución y una viciada condena judicial, en el mismo estilo del montaje contra el ex presidente brasileño Lula da Silva. Estos procesos cuentan invariablemente con el asesoramiento del Departamento de Justicia estadounidense a través de diversos programas y cuyo objetivo es impedir la elección de líderes populares, renuentes a obedecer los mandatos neocoloniales del Norte.

La significación de las opciones en términos de política exterior y geopolítica

Más allá de que el pueblo del Ecuador esté, con justísima razón, interesado prioritariamente en las consecuencias directas de un plan de gobierno para su propio destino, en un mundo de interconexión total, no es en absoluto indiferente la orientación que se dé a la política exterior.

Lasso representa una sumisión directa al plan de dominación estadounidense, significa Grupo de Lima, agresión sistemática contra Venezuela, contra Cuba, asociación con el criminal gobierno colombiano, alejamiento de la soberanía y de la integración regional con sentido social. Su postura política implica una atadura de manos en la puja geopolítica de los Estados Unidos contra China y Rusia, encarna el regreso de Ecuador a la senda de represión contra el pueblo y la re-militarización ya emprendida por el actual desgobierno de Moreno, anticipa la muy posible instalación en territorio nacional de fuerzas militares y de seguridad de Estados Unidos o Israel. En el peor de los casos, el alineamiento automático significa participar de peligrosas confrontaciones armadas.

Como contracara, un gobierno de Aráuz seguramente se sumará al bloque progresista cuyo eje central son Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador y también Luis Arce, presidentes de Argentina, México y Bolivia respectivamente (éste último bisagra hacia los países del ALBA-TCP), constituyéndose en factor de paz en la región, actuando como un defensor de la autodeterminación de los pueblos, contrario a la injerencia geopolítica de potencias externas.

Asimismo, una victoria de Aráuz en segunda vuelta, además de posibilitar de manera casi inmediata la recomposición de la UNASUR y la recuperación progresiva de la integración regional con sentido soberano, podría fortalecer a otros actores y movimientos progresistas de la región como Verónika Mendoza, mujer andina y de izquierdas, si logra acceder a la segunda vuelta en Perú. Lo mismo sucedería con las candidaturas independientes y de los partidos de izquierda en Chile, en las ahora postergadas elecciones de constituyentes y las presidenciales previstas para el 21 de Noviembre, como así también con la enorme posibilidad del pueblo hondureño de sacudirse al fraudulento régimen de Juan Orlando Hernández en la contienda a realizarse una semana después.

Un resultado favorable al progresismo en la segunda vuelta de Ecuador, alentaría a las movilizaciones populares en curso en Paraguay, Haití y Guatemala, fortalecería las esperanzas del Pacto de Unidad en Colombia para vencer en Mayo del año próximo al cártel empresarial y mediático cuyo brazo ejecutor es la facción política liderada por Álvaro Uribe e incluso colaboraría con la imagen de la posible vuelta al poder de un bloque popular de unidad en Brasil.

En definitiva, el muy posible triunfo de Andrés Aráuz, implicaría un fuerte impulso a la reversión de la segunda ola neoliberal producida por el desgaste inducido y también propio de los proyectos populares iniciados en la primera década del siglo.

En términos de relaciones internacionales, la reconstitución de un bloque progresista a la izquierda constituirá un claro avance hacia el multilateralismo, abriendo espacio para las naciones subalternizadas y saliendo de la bipolaridad confrontativa. La paradoja es que hoy, las elecciones “binarias”, en las que los pueblos eligen entre alianzas populares heterogéneas o sectores proempresariales, pueden modificar la geopolítica, al permitir abandonar, en el caso de la derrota de estos últimos, la lógica de la Guerra Fría entre dos bandos.

Del rechazo a la construcción del otro mundo posible

La amplitud del voto protesta en la primera vuelta de la elección en Ecuador se expresó en una significativa abstención, un alto porcentaje de sufragio nulo o blanco y la dispersión de casi la mitad de los votos afirmativos. Sin duda que, más allá de toda estrategia electoral, el fenómeno amerita comprensión, reflexión, actualización y necesidad de profundización de la dimensión humanista de las izquierdas y el progresismo en nuestra región.

Esa tendencia, presente también en las distintas compulsas electorales en otros lugares, es un clamor contra el alejamiento entre la superestructura política y las preocupaciones reales de los pueblos, es la rebelión frente a la frecuente incapacidad de los gobiernos para escuchar y dialogar, frente a las dificultades de abrir la mente y corazón a los nuevos tiempos, a los nuevos derechos y la nueva forma de construir política que reclaman los jóvenes, las mujeres, los sectores indígenas y afrodescendientes, principales discriminados de esta región que no logra desprenderse de su matriz colonial.

La denominación “volver mejores” suele aludir a esa transformación del proyecto progresista, es decir, acometer nuevos horizontes y reivindicaciones para iniciar un período virtuoso de gobierno que recoja lo mejor del ciclo anterior y lo eleve en el marco de una espiral evolutiva.

Como ya ha sido demostrado, no alcanzará con la buena voluntad o las promesas. El acompañamiento movilizado, participativo y crítico de las poblaciones, es sin duda alguna una condición imprescindible para ese logro.

Andrés Aráuz, con 36 años recién cumplidos, forma parte de una generación de recambio, no solo por su edad, sino también por la situación en la que la persecución judicial y mediática, la proscripción antidemocrática y en otros casos la muerte biológica, colocó a los liderazgos latinoamericanos. Eso, junto a la crítica de sectores anteriormente aliados, puso al progresismo y a las izquierdas en situación de renovarse, no solo en términos de caras electorales, sino también de incorporar nuevos contenidos que hoy son parte de la agenda de la nueva sensibilidad a nivel mundial.

Temas como la paridad de género, los feminismos, y el derecho de las mujeres a no ser tratadas como máquinas de reproducción; la fuerte reconversión hacia políticas de mayor equilibrio medioambiental; la valoración de la diversidad cultural y la efectiva construcción de la plurinacionalidad; la afirmación de la diversidad sexoafectiva y las nuevas formas familiares; la democracia participativa y real; la descentralización del poder; la apuesta por nuevas tecnologías soberanas y la alfabetización digital crítica; la plena inclusión de las nuevas generaciones o la no-violencia como política de Estado, son asuntos pendientes que existen en distinta medida y que se van asentando y e irán amplificando cada vez más en la agenda de todos los gobiernos progresistas.

Sin duda que hoy, ante una enorme cisis sistémica, puesta crudamente de manifiesto por la emergencia sanitaria de la pandemia, las exigencias de transformación son mayores. En este nuevo ciclo, el mandato popular reclama a los gobiernos progresistas no solo la continuidad sino la profundización veloz de la tendencia hacia la igualdad de derechos y oportunidades en la educación, la salud y las posibilidades de un creciente bienestar colectivo. Bienestar para el cual, en el contexto actual, no bastará la muy moderada redistribución del producido social anterior, excesivamente respetuosa del injusto statu quo de hiperconcentración capitalista.

En la práctica, los futuros gobiernos populares, si quieren cumplir con el mandato encomendado por las urnas a cabalidad, deberán incluir reformas estructurales en el sistema económico e impositivo y en la matriz de exportación extractivista sin valor agregado, posibilitando además el establecimiento de una revolucionaria renta básica universal incondicional, que permita deshacerse del yugo de las dependencias, de la condena del trabajo por la mera subsistencia y favorable al desarrollo de capacidades y potencialidades no reconocidas por el mercantilismo vigente.

Lo mismo deberá suceder con la decidida democratización de los medios de comunicación, parcialmente iniciada por algunos gobiernos populares pero que no logró atravesar los impedimentos que interpuso el poder real de la monopolización mediática… a lo que ahora se suma el desafío de afrontar las amenazas de captura de toda la actividad social por parte de empresas digitales monopólicas.

Es preciso descolonizarnos no solo hacia afuera, sino también hacia adentro de los países, recuperar la vitalidad y la riqueza de todas nuestras culturas, integrando sus aspiraciones en un marco de convergencia creativa y dinámica.

Asimismo, la despatriarcalización total de las estructuras dirigenciales y políticas, y sobre todo, de las conductas cotidianas violentas contra nuestras compañeras mujeres, es un imperativo moral ineludible.

En consonancia con estas aspiraciones políticas, debe avanzar la transformación de la conciencia personal y social, haciendo crecer un sentido de coherencia que no tenga como propósito vital el consumismo, la apropiación de objetos, el individualismo o la competencia, sino la hermandad, la solidaridad, la colaboración y la ayuda.

Poco a poco se hará más visible la necesidad de apuntar a la construcción de un espíritu de comunidad incluyente de la diversidad, no fundado en la diferencia, sino alrededor de un parámetro compartido verdadero, indiscutible y firme, capaz de establecer la base de un futuro más armónico en este planeta, en el que ya todas las culturas están interconectadas. Este valor es el reconocimiento de nuestra común humanidad.

El resultado de la segunda vuelta en Ecuador puede abrir las puertas a la renovación y ampliación de los sueños, pero también tornarse fuente de retroceso y legitimación de un recurrente ciclo de pesadillas. Confiamos en que el buen conocimiento, que une el corazón a la cabeza, ayude a superar anteriores desencuentros y guie a las y los ecuatorianos al mejor de los senderos.

Nota

[1] Guillermo Lasso Mendoza. CIDOB. https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/ecuador/guillermo_lasso_mendoza#2

-Javier Tolcachier es investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas y comunicador en la agencia internacional de noticias Pressenza.

https://www.alainet.org/es/articulo/211667?utm_source=email&utm_campaign=alai-amlatina

21.11.-El iluso plan Biden para combatir la corrupción en Centroamérica PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO

Apenas comienza a asentarse la administración Biden, y los viejos problemas, como el enorme flujo migratorio “ilegal” de centroamericanos hacia Estados Unidos, vuelven a atormentar a la Casa Blanca.

3 abr 2021.- Solo en el mes de febrero, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) más de 100,000 personas incluidos menores de edad fueron detenidas en las fronteras con México, creando la primera gran crisis para la política migratoria “humanitaria” de Biden. El flujo migratorio no se detiene, más bien aumenta.

La administración Biden, que había prometido una amnistía migratoria para los 11 de millones de ilegales que trabajan y viven en Estados Unidos, está desarrollando, al mismo tiempo, una ofensiva para contener el flujo migratorio proveniente de Centroamérica, y que abarca también a decenas de miles de otras nacionalidades que utilizan el istmo como ruta de tránsito hacia México y Estados Unidos.

La ofensiva diplomática la inició Roberta Jacobson, ex embajadora norteamericana en México, coordinadora de la frontera sur en la Casa Blanca, al reconocer que una de las principales causas de la pobreza y la inmigración ilegal es la corrupción imperante en Centroamérica.

Jacobson advirtió que, de los 4,000 millones de dólares para invertir en los programas anti inmigración, “(…) Nada del dinero que queremos obtener del Congreso y de los contribuyentes de EE.UU. irá a los líderes de esos Gobiernos (…) No es que los presidentes no sean importantes en estos países, pero es importante entender que vamos a trabajar con la sociedad civil, con organizaciones internacionales y con varias ONG internacionales sobre el terreno (…). Trabajaremos con los funcionarios con los que podamos trabajar, pero creo que es muy importante que estos países hagan compromisos muy explícitos para avanzar en la lucha a la corrupción, sabemos que en algunos países eso será difícil”. (Diario de Hoy, 10/03/2021)

Es la primera vez que los Estados Unidos reconocen la crisis estructural de los diminutos Estados nacionales en Centroamérica, el fracaso de la raquítica democracia neoliberal impuesta a raíz de los Acuerdos de Paz de Esquipulas II en 1987, Acuerdos de Paz en El Salvador en 1992, y en Guatemala en 1996. Lejos de crear democracia y bienestar social en la región centroamericana, la enclenque democracia de los Acuerdos de Paz, sostenida por la ofensiva neoliberal, reprodujo los mismos esquemas de corrupción que existieron bajo las dictaduras militares, ahora con nuevos sujetos, muchos de ellos ligados al narcotráfico y al crimen organizado, siendo Honduras el caso más dramático, que involucra al expresidente Porfirio Lobo y al actual mandatario Juan Orlando Hernández.

El gobierno de Estados Unidos advierte que, para contener las causas de la inmigración ilegal, no podrá trabajar con los gobiernos que ayudó a crear. Y, lo más grave, es que anuncia que para combatir la corrupción se apoyará, léase financiará, a la “sociedad civil”, léase ongs.

Ya ha sido nombrado un equipo de alto nivel conformado por el colombiano Juan Gonzalez, asesor de seguridad nacional de la administración Biden, el hondureño Ricardo Zúñiga, nieto del dirigente Ricardo Zúñiga Augustinus y ex candidato del Partido Nacional de Honduras en 1981. Ricardo Zúñiga, el artífice del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba en 2014, fue nombrado delegado de la Casa Blanca para el Triángulo Norte de Centroamérica.

Biden ha retomado la política de Obama para Centroamérica, pero en esta ocasión no solo usaran la diplomacia, sino que piensan apoyarse en los ongs financiados por Estados Unidos. Algunos ongs juegan un rol progresista de apoyo a movimientos sociales, pero estos son una minoría. La mayoría de ongs se han convertido en una pequeña elite que disponen de abundante financiamiento, pero no tienen una posición independiente, sino que responden a las agendas políticas de sus donantes. Estos recursos son fuente de otro tipo de corrupción, mucho más sutil, que carcome por dentro a los movimientos sociales, pervirtiendo su naturaleza.

La lucha contra la pobreza y la corrupción es, en primer lugar, una batalla contra el sistema capitalista semicolonial basado en los contratos amarrados, las coimas, y el enriquecimiento de las cupulas partidarias que detentan el poder. Esta tarea democrática solo la pueden librar los trabajadores organizados de manera independiente. La lucha contra la pobreza y la corrupción es una lucha democrática que conlleva una dinámica anticapitalista. Son dos caminos y dos métodos diferentes.

Partido Socialista Centroamericano

Partido de la izquierda socialista que defiende la reunificación federal y republicana de Centroamérica.

Fuente:

https://elsoca.org/index.php/publicaciones/el-socialista-centroamericano/5709-ya-salio-el-socialista-centroamericano-no-325

https://www.sinpermiso.info/textos/el-iluso-plan-biden-para-combatir-la-corrupcion-en-centroamerica

21.11.-Chile: debate y tragedia ASCANIO CAVALLO

La forma de hermenéutica predominante es la tragedia; el curso narrativo sigue un arco con un final aciago, miserable, sombrío. La historia se describe como un gran racconto que parte en el estado actual para revisar el pasado bajo esa luz y terminar de regreso en el presente, por cierto, desgraciado. No importa si la explicación es coherente: lo que importa es que sea conmovedora.

Foto: Juan Farías

De esta pandemia saldremos más tontos, ha escrito el arquitecto y pintor catalán Óscar Tusquets Blanca. No es tan raro que diga una cosa así en un libro que se titula Vivir no es tan divertido, y envejecer, un coñazo (Alfaguara, 2021). Tusquets Blanca es un iconoclasta español de la vieja cepa y, ya cerca de convertirse en un octogenario, le concede a su inteligencia la libertad para decir lo que ve sin el filtro de ninguna corrección política. Más tontos y más pobres, agrega en una entrevista con El País. Y no acepta que se diga que el Covid-19 es un producto de la modernidad: “A ver, no me fastidies, comer murciélagos vivos es bastante medieval”.

Tusquets Blanca ve lo mismo que advierten numerosos intelectuales europeos: una tendencia a la supersimplificación de los problemas más complejos (especialmente los sociales) y una polarización artificial, como producto de un estado de encierro espiritual en el que ya no se habla con nadie más que entre los grupitos de las redes sociales. En esas casas de espejos se repiten ciertas ideas: una pérdida del aprecio por la libertad, unas formas de discriminación invertidas, un altísimo grado de intolerancia y una inclinación a describir el orden social en términos de tragedia.

El debate público chileno no sólo no escapa a estas descripciones, sino que está agravado por la presión neurótica que le imprime el más grande paquete de elecciones jamás planteado. Las propuestas políticas están en su nivel más bajo, han perdido densidad y están viviendo de la necesidad de la estridencia, la provocación y hasta la ofensa.

El hecho psicológico que parece estar detrás -y lo mismo ocurre en Europa- es que la pandemia ha multiplicado la incertidumbre respecto de los electores. Quienes son candidatos a algo están desconcertados y actúan con esa rara forma de ceguera que es la notoriedad forzada, fingida, performativa.

Si se mira el principal instrumento disponible, las encuestas, el escenario de precandidatos presidenciales es de puros perdedores. Nadie gana una elección importante, incluso con altas abstenciones, ni con un 20% de popularidad ni con 50 mil seguidores en una red digital. Pero eso es lo que dan las mediciones más generosas. Y todas coinciden en que, a sólo siete meses de la presidencial, 60% o más no tiene ninguna decisión.

El otro instrumento, algo más sofisticado, eran las elecciones previas, que permitían realizar algunas proyecciones encadenadas. La más resonante llegó a ser la municipal, que desde el 2004 ha venido anticipando el triunfo en la presidencial. Quien ganaba en alcaldes, ganaba La Moneda. Y quien ganaba en concejales, pasaba a ser la principal fuerza política.

Esto se ha vuelto dudoso ahora que se agrega una elección de gobernadores junto con la municipal. Peor aún, parece bastante probable que los resultados de gobernadores sean contradictorios con los de alcaldes.

La campaña municipal se está llevando sin referencia a los candidatos a otros cargos. Cada uno para sí mismo, y Dios contra todos. Las de gobernadores y de constituyentes son aún peores: incluyen facultades que no tienen, promesas incumplibles y una desproporcionada carga de consignas. La teoría dice que el sistema proporcional incentiva la formación de partidos grandes. Pero eso ocurriría a mediano plazo. Lo que ha sucedido hasta aquí es lo contrario: ha anarquizado el panorama con partidos menores y ha estimulado las subcoaliciones, como las que tienen diversos fragmentos del Frente Amplio o la que el PS ha intentado forzar con el PPD.

En breve, la política está convertida en un campo caótico.

Pero no hay que equivocarse. Este estado de cosas no es producto únicamente de la pandemia ni del 18-O, sino de una discusión más amplia, no siempre consciente, acerca de la evolución que ha seguido Chile en las últimas décadas. No es sólo sobre sus errores evidentes -el Transantiago, la educación, las brechas de desigualdad- ni tampoco sobre los temas de alta complejidad -el agua, la pobreza, los recursos naturales-, ni menos sobre un ethos público -rectitud, honradez-, sino esencialmente sobre un pathos: una sentimentalización de la forma de mirar el proceso histórico.

Como toda fuerza emocional, la dirige un impulso para identificar víctimas, culpas y culpables y, sobre todo, a imaginar enemigos. La forma de hermenéutica predominante es la tragedia; el curso narrativo sigue un arco con un final aciago, miserable, sombrío. La historia se describe como un gran racconto que parte en el estado actual para revisar el pasado bajo esa luz y terminar de regreso en el presente, por cierto, desgraciado. No importa si la explicación es coherente: lo que importa es que sea conmovedora.

Nuevamente, la teoría dice que un debate constitucional como el que se planteará en estos dos años, con toda la ingeniería electoral empleada para elegir a la convención, tendría que disminuir la emocionalidad y privilegiar el problema ético de la convivencia en un espacio común. Pero eso depende, como tal vez diría Tusquets Blanca, de que de esto no salgamos ni muy tontos ni muy pobres.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-debate-y-tragedia/EXCJTLPJSVHEDNCM6QIHPDS

 

  • 21.10.-Una verdadera crisis’: la dimisión de los líderes militares de Brasil plantea incertidumbre para Bolsonaro ERNESTO LONDOÑO Y LETÍCIA CASADO
  • El nuevo ministro de Defensa de Brasil se estrena exaltando el golpe de 1964  NAIARA GALARRAGA
  • Chile: el destello en la sombra del virus ASCANIO CAVALLO

La repentina salida de los líderes militares se produjo un día después de que el presidente Jair Bolsonaro despidiera a su ministro de Defensa y reorganizara su gabinete.

Jair Bolsonaro, quien en ese entonces era el presidente electo, con Antonio Carlos Moretti Bermudez, a la izquierda, Ilques Barbosa Junior, segundo desde la izquierda, Fernando Azevedo e Silva, segundo desde la derecha, y Edson Leal Pujol en 2018. El general Azevedo e Silva, que se desempeñaba como ministro de Defensa, fue despedido el lunes y los otros tres líderes militares renunciaron el martes.Credit…Sergio Lima/Agence France-Presse — Getty Images RÍO DE JANEIRO — Los tres comandantes de las fuerzas armadas de Brasil dimitieron el martes 30 de marzo, un día después de que el presidente Jair Bolsonaro despidiera a su ministro de Defensa como parte de una amplia reorganización del gabinete.

31 mar 2021.- La salida de los líderes militares sucedió luego de que el lunes se reemplazó de manera inesperada a otros cinco miembros del gabinete, lo cual impulsó los rumores en la capital sobre una ruptura en la relación entre el presidente y el ejército del país, que ha jugado un papel central en el gobierno de Bolsonaro.

“La destitución de los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea después del repentino cambio de liderazgo en el Ministerio de Defensa no tiene precedentes desde que se restableció la democracia”, dijo el legislador Rodrigo de Castro, en un comunicado. “Revela una verdadera crisis entre el ejército y el gobierno”.

La turbulencia política en Brasilia sucede mientras el gobierno enfrenta críticas fulminantes, que incluyen pedidos de destitución de Bolsonaro, por su arrogante y caótico manejo de la pandemia de COVID-19, que ha ocasionado el fallecimiento de más de 313.000 brasileños. El aumento de los contagios abruma a los hospitales de todo el país haciendo que muchos pacientes mueran, mientras esperan por una cama.

Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, les ha otorgado a los militares un papel de liderazgo en la política y la formulación de políticas en Brasil, confiando a sus líderes las mayores cuotas de poder que han tenido desde que terminó la dictadura militar del país a mediados de la década de 1980. Eligió a un general retirado del ejército como compañero de fórmula y designó a los principales líderes militares para que se encargaran de decenas de funciones gubernamentales de alto nivel que normalmente son desempeñadas por personas civiles.

Los generales retirados y los analistas militares en Brasil intentan entender los cambios de esta semana, que ni el presidente ni los comandantes salientes explicaron.

“No tiene sentido desde el punto de vista político o administrativo”, dijo Carlos Alberto dos Santos Cruz, un general retirado del Ejército que ocupó un cargo de alto nivel en el gobierno de Bolsonaro hasta junio de 2019. “Debe haber una explicación de por qué sucedió esto, de lo contrario, proyecta desprecio por las personas y los roles”.

Mariana Kalil, profesora de geopolítica en la Escuela Nacional de Guerra de Brasil, dijo que el mandatario parecía gozar de un apoyo más fuerte en los escalones inferiores del ejército que entre los altos mandos. Afirma que es posible que los jefes hayan cortado sus lazos con un presidente políticamente asediado para enviar un mensaje claro de que las fuerzas armadas no cumplirían sus órdenes políticas.

“Siempre ha existido la hipótesis de que un comandante militar respalda políticas gubernamentales más represivas, cosas que están fuera de los límites de la ley”, dijo Kalil. Pero la experta asegura que los líderes militares brasileños han sido una fuerza “moderadora” en un gobierno liderado por un presidente temerario y combativo que ha convertido a muchos de sus aliados en enemigos.

El senador Tasso Jereissati, una figura destacada de la oposición, dijo que aunque Bolsonaro se ha enzarzado con el Congreso y enfrenta el escrutinio de los tribunales, “siempre ha insinuado que las fuerzas armadas lo respaldan”.

Como el presidente ha entablado nuevas peleas con otros funcionarios electos por los cierres propuestos, es posible que los líderes militares hayan decidido abandonar el barco en vez de ser vistos como cómplices de un ruinoso manejo de la pandemia, dijo el senador Jereissati.

“Estamos pagando el precio de haber elegido a un individuo que no está preparado para ese cargo, alguien que es grosero y desquiciado”, dijo.

Desde que asumió la presidencia en enero de 2019, Bolsonaro ha otorgado a los líderes militares un poder tremendo en las agencias gubernamentales y, al hacerlo, ha vinculado sus reputaciones a la suya. Pero los líderes militares han fallado en las misiones centrales que les dio Bolsonaro, incluida la supervisión de la respuesta a la pandemia y el control de la deforestación en la Amazonía.

Según los analistas, la relación del presidente con su vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão, y con el general Fernando Azevedo e Silva, ministro de Defensa saliente, se ha vuelto tensa en las últimas semanas, a medida que empeora la crisis del coronavirus en el país.

La semana pasada, el presidente remplazó a su ministro de Salud, Eduardo Pazuello, un general que no logró liderar una respuesta integral a la pandemia ni negoció la compra de las cantidades necesarias de vacunas contra la COVID-19.

En su carta de renuncia, el general Azevedo e Silva dijo que había intentado “preservar a las Fuerzas Armadas como una institución del Estado”. Esa frase parece transmitir la idea de que Bolsonaro trató de politizar a las fuerzas armadas.

La renuncia de los tres comandantes militares: el general Edson Pujol del Ejército; el teniente brigadier Antonio Carlos Moretti Bermudez de la Fuerza Aérea; y el almirante Ilques Barbosa Junior de la Armada fue anunciada en un breve comunicado emitido por el Ministerio de Defensa. Las razones de esa decisión no fueron divulgadas.

Los cambios de gabinete del lunes incluyeron la salida del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, un conservador de línea dura que se peleó con el gobierno de China, el principal socio comercial de Brasil y el principal proveedor de las vacunas actualmente disponibles para Brasil.

Los legisladores criticaron a Araújo por la incapacidad del país para asegurar el acceso a una gran cantidad de vacunas contra la COVID-19.

Bolsonaro también remplazó a su ministro de Justicia, su jefe de gabinete y el abogado que representa al poder ejecutivo en los casos ante el Supremo Tribunal Federal.

El diputado Vitor Hugo de Araújo Almeida, un legislador cercano al presidente, le restó importancia a los cambios.

“Estamos atravesando una pandemia, por lo que todos los esfuerzos deben centrarse en salvar vidas y salvar puestos de trabajo”, dijo. “Creo que es natural que haga cambios”.

Estos cambios se producen mientras Bolsonaro comienza a sentar las bases para su candidatura a la reelección en los comicios del próximo año. Pero ha sembrado dudas sobre la legitimidad del sistema electoral, lo que ha hecho que sus críticos planteen la posibilidad de que intente mantenerse en el poder si pierde.

Amy Erica Smith, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Iowa y especialista en temas de Brasil, dijo que el presidente podría tratar de nombrar a personas leales en los puestos militares más importantes.

“Si Bolsonaro aprovecha esta oportunidad estratégicamente y juega bien sus cartas, podría remplazar a los jefes de las tres ramas con hombres que estarían dispuestos a seguir adelante con sus proyectos políticos”, dijo.

Pero dijo que puede ser difícil encontrar líderes militares dispuestos a unirse a un presidente que ha alienado a gran parte del establecimiento político.

“El ejército brasileño no está ansioso por apoyar a un presidente impopular que enfrenta a un gran número de otros líderes electos”, dijo Smith.

https://www.nytimes.com/es/2021/03/31/espanol/renuncia-militares-brasil.html

21.10.-El nuevo ministro de Defensa de Brasil se estrena exaltando el golpe de 1964  NAIARA GALARRAGA

Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura, lleva a la esfera pública los aniversarios de la asonada desde que llegó al poder

Seguidores del presidente Jair Bolsonaro en una concentración en apoyo a su Gobierno este miércoles en Río de Janeiro. ANTONIO LACERDA / EFE

El primer acto del nuevo ministro de Defensa de Brasil fue recibir a los tres jefes de las Fuerzas Armadas, que le presentaron sus renuncias. El siguiente, que coincide con el 57 aniversario del golpe de Estado de 1964 este miércoles, ha sido difundir una nota en la que exalta la quiebra constitucional. “Pacificar el país” era el objetivo, escribe el general Walter Braga Netto. “El movimiento de 1964 es parte de la trayectoria histórica de Brasil”, añade.

31 mar 2021.- A la convulsión política por la abrupta salida de los comandantes de las Fuerzas Armadas que siguió a una gran reforma ministerial, se suma la catástrofe del coronavirus. Este martes Brasil alcanzó un nuevo máximo de fallecidos. El enésimo. Murieron 3.780 personas en 24 horas. Mientras, el presidente Jair Bolsonaro sigue en sus trece. Este miércoles ha insistido en que la prioridad es salir a trabajar. Y, según él, para autoritarios, los alcaldes y gobernadores, que adoptan restricciones para frenar el virus que suponen “extrapolar un estado de sitio”, según ha declarado tras reunir al gabinete de crisis de la pandemia. Al golpe no se ha referido. Y no ha permitido preguntas.

La nota del ministro de Defensa, nombrado el lunes, afirma que “los eventos de hace 57 años” deben ser interpretados como una respuesta a “la expansión de ideologías totalitarias”, en referencia al comunismo, aunque no lo explicita, en el contexto de “la Guerra Fría que envolvió a América Latina”. Esa narrativa es la que defiende con vehemencia desde hace años el actual presidente, Jair Bolsonaro. Nada dice el comunicado de la represión de las dos décadas siguientes.

Al llegar al poder, el actual presidente llevó las conmemoraciones del golpe a la esfera pública. Hasta entonces era una fecha discretamente celebrada en los cuarteles y que militares retirados recordaban con comidas en clubes de uniformados.

El Gobierno de Bolsonaro ha pleiteado en los últimos meses para poder organizar actos para conmemorar el golpe. Un tribunal de Brasilia se lo autorizó por cuatro votos a uno hace dos semanas. Más allá de la difusión de la orden del día del Ministerio de Defensa, no ha habido ningún acto gubernamental. Otros eventos han sido suspendidos a causa de la pandemia. Por ejemplo, la tradicional comida que organiza el Club Militar de Río de Janeiro para recordar lo que denomina “la revolución democrática de 1964”.

El mandatario creó un gabinete de crisis para gestionar la pandemia cuando Brasil superaba los 300.000 muertos. Tras la reunión de este martes, ha anunciado que la semana próxima se reanuda la paga del coronavirus. Esta vez será para menos beneficiarios y por una cuantía menor. La avalancha de casos es tal que varios cementerios de la metrópoli de São Paulo han empezado a enterrar también durante las noches a la luz de potentes focos. Los hospitales siguen recibiendo miles de infectados que necesitan ser atendidos en UCI. Son más jóvenes y llegan más graves que en la primera ola.

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Además de paliar los daños de la crisis económica, espera que las ayudas frenen su desgaste político. Los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea presentaron sus renuncias el martes en protesta por las presiones de Bolsonaro para politizar los cuarteles. El presidente quiere a los militares de su lado en el duro pulso que mantiene con otras autoridades a cuenta de la pandemia.

El gobernador de São Paulo, João Doria, que en la crisis sanitaria se ha erigido en uno de los principales antagonistas del presidente, ha criticado la nota de Defensa: “Como hijo de un diputado destituido que vivió 10 años en el exilio, considero esta carta una afrenta que propone la celebración de un golpe militar que victimizó a miles de brasileños, no solo en la política, personas silenciadas, maltratadas y muy dañadas”.

Bolsonaro siempre festejó el golpe. A menudo en solitario, como el 31 de marzo de 2014, cuando era diputado y posó ante una pancarta gigantesca que decía: “Felicidades, militares, gracias a vosotros Brasil no es Cuba”. Su abierta defensa del régimen militar es lo que más le distinguía del resto de parlamentarios durante sus tres décadas como diputado.

La presidenta Dilma Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), tomó algunas medidas que muchos militares no le perdonan. Impulsó la Comisión de la Verdad, que determinó que 434 personas fueron asesinadas y señaló a 377 perpetradores. La presidenta, destituida años después, eliminó el aniversario del calendario de festivos de las Fuerzas Armadas.

El mandatario era un adolescente cuando entró en la academia militar unos años después del golpe. Se formó, como los altos mandos militares actuales, durante la dictadura que acabó en 1985. Entró en política tras salir del Ejército.

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https://elpais.com/internacional/2021-03-31/el-nuevo-ministro-de-defensa-de-brasil-se-estrena-exaltando-el-golpe-de-1964.html

21.10.-Chile: el destello en la sombra del virus ASCANIO CAVALLO

Cientos de personas hacen fila para cobrar su seguro de cesantía.

 Justo al cumplir un año de pandemia, Chile ha entrado en su momento más oscuro. Una vez más, confirma que es un país disciplinado con el mundo: el Reino Unido, Francia, Alemania y otras naciones europeas están ingresando también en una crisis sanitaria más aguda que el año pasado. Los epidemiólogos del mundo no saben muy bien por qué. Algunos creen que se han desarrollado cepas más agresivas del Covid-19. Otros, que hay un giro hacia el contagio de generaciones menos afectadas en la primera ronda. Y otros, quizás los más, sospechan que el estrés pandémico ha sido tan prolongado, que no ha podido sino desbordarse.

3 abr 2021.- Poco pueden hacer los gobiernos ante esta convergencia fatídica. Aceleración de los contagios, cambio de modalidades y lentitud de las vacunas, sin agregar todavía esa cierta incredulidad que nunca se ha disipado del todo acerca de las cifras y las medidas oficiales, como si todo gobierno tuviera por principio esconder las malas noticias. Lo cual, dicho sea de paso, también es cierto. La política cambiará en muchas latitudes por el solo efecto de esta experiencia inédita en la conducción de los estados. Y en numerosos casos, si no en todos, significará un retroceso no de uno, sino de varios años en pobreza. Como el palo en la rueda de una bicicleta.

Esta es la peor perspectiva: después de los muertos, habrá miríadas de nuevos pobres.

Chile es seguramente uno de esos casos. El gobierno le tocó a Sebastián Piñera, pero, despejado el cinismo que es parte de la política, cabe sospechar que a cualquiera le pudo pasar más o menos lo mismo. El cuatrienio será el peor en crecimiento de los últimos 30 años, la pobreza habrá crecido, el balance de muertos será -ya lo es- desolador y la sociedad entera quedará exhausta de todo, de las medidas aislacionistas, la falta de trabajo, las cuarentenas, las prohibiciones y toda esa ristra de cosas que retrotraen la vida a un hecho asocial.

Otra cosa es que esto se haya atravesado justo en el momento de mayor ebullición social, una combinación que progresivamente condujo al año electoral más cargado de la historia y a la revisión institucional más extensa de este siglo. Y ahora, más encima, suspendida en el aire.

Convencido de que la segunda ola del Covid-19 alcanzaría su pico esta semana y quizás la que sigue, el gobierno accedió a promover un proyecto de reforma para cambiar las cuatro elecciones simultáneas del 11 de abril para mediados de mayo. Y esto, sabiendo que la entente médica advierte que no es claro que para entonces la situación pandémica pueda estar mejor, dado el inicio de una temporada invernal rápida y fría. ¿Tercera suspensión a la vista?

Iniciar este baile tendría un costo político enorme para el gobierno. La manera de rebajarlo era, en efecto, compartiendo la responsabilidad con el Congreso. Y, como también era de suponer, la oposición que lo domina ha querido subírselo, agregando más componentes económicos e incluso imponiendo medidas sanitarias que sobrepasan a la autoridad ejecutiva. Es un juego de suma cero, porque ningún actor político está hoy en condiciones de oponerse a la postergación, justamente cuando están todos a las puertas de ser evaluados en nuevas elecciones. Con las decisiones tan a la vista, esos torneos pueden ver reducidos los elementos de irracionalidad que suelen favorecer a muchas figuras en las elecciones populares. Nunca el voto habrá sido una amenaza tan cercana.

La postergación del proceso también tiene costos asociados. El Congreso ha corregido algunas de las superposiciones y rarezas más notorias del proyecto oficial, pero nada podrá minimizar el hecho de que, mientras más apretado es el calendario electoral, más influyen unas elecciones sobre otras y más difícil se vuelve predecir el modo en que lo harán. Será un efecto parecido al de echar a chocar un conjunto de bolas sobre una mesa de billar.

¿No tiene esto un aspecto refundacional? Desde luego que lo tiene. Menos rápido que una revolución, pero menos lento que una reforma. A fines del 2022, todas las autoridades (excepto 23 senadores) tendrán nuevos mandatos y todas las instituciones serán regidas por una nueva Constitución. Nada será igual. Pero el grado de diferencia que tenga es algo que nadie está en condiciones de anticipar, y no sería raro que muchos resulten decepcionados, que vean estrellarse sus expectativas y sus ideas sobre el estado del país con lo que salga de las urnas. Es bastante posible que para entonces se divise la artificialidad del objetivo en que están embarcados hoy el oficialismo y la oposición, que se puede sintetizar en siete palabras: impedir que el otro vuelva a gobernar.

Para que este propósito se haya vuelto tan crispado y neurótico como lo está, tiene que haberse debilitado la fe democrática, no importa si ello ha ocurrido gracias a las redes digitales o a los discursos del desalojo. Lo que han contribuido dirigentes, autoridades y parlamentarios tampoco es muy relevante. Lo que importa es que nadie ha podido detener esa dinámica.

Pero las elecciones la enfrentan con una evidencia, que es una manera, por lo menos momentánea, de escapar al deterioro de la convivencia. Por eso es que las elecciones también son un pequeño brillo, acaso apenas un destello, al final de la sombra que se abate sobre este año.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-el-destello-en-la-sombra/FVN3JXTGRZEJDCCLDUOTHE4L64/

  • 21.9.-Vuelve el tiempo de la izquierda, con Lula EMIR SADER
  • Elecciones en el Perú: reflejo del desinterés ciudadano RAÚL ALLAIN
  • La Argentina conmemora una fecha de inflexión JULIO C. GAMBINA
  • Chile: la tos de la democracia ASCANIO CAVALLO

Para este momento, la primera actitud responsable de la izquierda tiene que ser la de la unidad de todas las fuerzas, que hoy sólo puede darse en torno a Lula, el gran candidato de la izquierda.

El pleno regreso de Lula a la vida política reemplaza los términos de los enfrentamientos políticos. Hasta entonces, el centro de los choques estaba en el marco de la derecha, entre Bolsonaro y los sectores de derecha que, apoyando su política económica, se apartaban de su estilo de gobierno. Entre Bolsonaro y el Poder Judicial, entre Bolsonaro y el Congreso, entre Bolsonaro y los medios.

26 mar 2021.- Ante estos enfrentamientos, la izquierda tenía que posicionarse, siempre contra Bolsonaro. Pero no fue protagonista. Fue un frente concreto, en el que la derecha puso los términos del enfrentamiento con Bolsonaro. El horizonte de la lucha estuvo acotado por la derecha contra la extrema derecha, que no tocó la política económica del gobierno. Chocó con las tendencias autoritarias de Bolsonaro.

La reaparición de Lula cambia los términos de los debates y enfrentamientos. El hecho de que políticos de derecha como FHC, Delfim, Rodrigo Paes, Gilberto Kassab, eligieran votar por Lula en la segunda vuelta, representa una importante deserción de la derecha y la voluntad de considerar a Lula como una opción menos mala, en comparación con Bolsonaro.

La división de la derecha es un síntoma más de la pérdida de capacidad narrativa y hegemónica de la derecha. Su discurso en la lucha contra la política y la corrupción ha perdido la capacidad de ganar y mantener adhesiones mayoritarias en la sociedad. La pérdida de apoyo de Bolsonaro no impide que siga teniendo, al menos en las encuestas, un nivel de apoyo que, al igual que en 2018, lo convierte en el principal oponente de la izquierda, el PT y Lula. Los demás, que generalmente son candidatos que buscan expresar una supuesta tercera vía, están divididos, no logran sumar un apoyo político y social significativo. En la última encuesta, en la que Lula lidera sobre Bolsonaro, solo quedan 12% para los otros candidatos. Ellos mantienen sus candidaturas, porque creen que, en algún momento, la derecha puede abandonar masivamente a Bolsonaro y buscar alternativas.

La izquierda necesita comprender la nueva posibilidad que se le presenta y estar a la altura de los desafíos. En primer lugar, como subraya Lula, centrarse ahora en las necesidades urgentes de la población: ayuda de emergencia, empleo, vacunas. Identificarse con las urgencias de la masa de la población, abandonada por el gobierno.

La lucha por el impeachment de Bolsonaro no debe ser abandonada por la izquierda. El control del Congreso por parte de Bolsonaro es más frágil ante el descontrol de la pandemia, expresado en declaraciones, especialmente del presidente de la Cámara, en quien Bolsonaro tenía confianza para frenar el impeachment. Revela cómo el Centrão se ve afectado por el desgaste de Bolsonaro y lo abandonará si ese desgaste compromete su apoyo electoral.

Un impechmant depende de otro fator, ausente por el momento: la cuarentena evita que el rechazo de Bolsonaro promueva grandes movilizaciones callejeras. Los cacerolazos son un ejemplo de cómo este rechazo se extiende y se vuelve más vigoroso. Pero el clima de que la mayoría ya no soporta a Bolsonaro, requiere una movilización callejera, que no debería regresar hasta dentro de unos meses.

Pero alguna circunstancia puede encender la chispa que propague rápidamente un clima que haga viable el impeachment. La mayoría de los empresarios están muy descontentos. La gran mayoría de los medios también. Será indispensable que se rompa la base de apoyo parlamentario de Bolsonaro.

Más allá de esta posibilidad, que podría salvar a Brasil de su sufrimiento actual, la izquierda tiene que pensar en la posibilidad de que la disputa política desemboque en las elecciones de 2022. Para este momento, la primera actitud responsable de la izquierda tiene que ser la de la unidad de todas las fuerzas, que hoy sólo puede darse en torno a Lula, el gran candidato de la izquierda.

Con una propuesta amplia para la reconstrucción del país, un país destruido desde todos los puntos de vista, que la izquierda recibirá como herencia de seis años de destrucción neoliberal en Brasil. No se trata solo de un frente político de fuerzas, sino también de una gran alianza social en torno a quienes están a favor de la restauración de la democracia, la reconstrucción económica y social del país, la reanudación del desarrollo económico, con políticas sociales de distribución de renta y la generación de ingresos y empleo.

La izquierda tiene que presentarse al país como la única fuerza que puede unir a la mayoría del país para afirmar la democracia, hacer crecer la economía, afrontar las desigualdades, recuperar la imagen de Brasil en el mundo. La izquierda brasileña necesita una gran victoria, ojalá ya en la primera vuelta, porque será una derrota no solo de la extrema derecha y la derecha, sino directamente de los militares, que se sumaron a la aventura del gobierno de Bolsonaro.

La izquierda necesita afirmar una amplia mayoría para restaurar la democracia, promover la desmilitarización del Estado brasileño, terminar con la financiarización de la economía y volver a imponer una dinámica productiva, combatir las desigualdades, generar empleos, promover los derechos de todos.

– Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).

https://www.alainet.org/es/articulo/211563?utm_source=email&utm_campaign=alai-amlatina

21.9.-Elecciones en el Perú: reflejo del desinterés ciudadano RAÚL ALLAIN

Con 18 candidatos, los indecisos y desinteresados lideran las encuestas con más del 30%. ¿Por qué la desidia invade la intención del electorado?

Foto: https://trome.pe

El 11 de abril, los peruanos elegimos al próximo presidente de la República y Parlamento, pero la aceptación de los candidatos es mínima según las últimas encuestas. Podemos decir que en primer lugar, se ubica el desinterés del electorado. ¿Por qué?

22 mar 2021.- A menos de un mes de las elecciones generales, la encuesta publicada por Ipsos Perú revela que el candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, obtiene un 16% de apoyo del electorado. La particularidad, ahora, es que los indecisos y desinteresados lideran las encuestas con más del 30%. ¿Por qué la desidia invade la intención del electorado? ¿Se debe esto al abanico de dieciocho (18) candidatos?

El primer simulacro de votación realizado por Ipsos para las elecciones generales, con cédula de votación y ánfora, refleja lo siguiente: Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular, se ubica en el primer lugar de las preferencias con 16.8%. Detrás del excongresista, aparecen George Forsyth, de Victoria Nacional (11.2%), seguido de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular (9.3%), quien ha crecido rápidamente.

Debemos señalar que en la última encuesta realizada por IDICE, publicada el viernes diecinueve de marzo, los candidatos Rafael López Aliaga y Yonhy Lescano aparecen prácticamente con un empate técnico, 11.4% y 11.3% correspondientemente. Luego se ubican Keiko Fujimori, César Acuña y George Forsyht con alrededor de 7%.

En otro sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que refleja tendencias similares, se indicó que tenemos un 31 % de indecisos. El país se ubica así en un terreno incierto, debido a que nunca antes se registró una intención de voto para elecciones presidenciales tan baja, a pocas semanas de los comicios. En marzo de 2016, los dos candidatos a la presidencia que lideraban las encuestas, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, acumulaban el 46 %, casi el doble de lo que obtienen los dos primeros lugares en los sondeos actuales. Paradójicamente, ambos políticos son procesados por delitos de corrupción.

«En primer lugar, esto se debe a la desconfianza que genera la representación política. Han ocurrido varios episodios recientes: en noviembre, Manuel Merino tomó la presidencia, lo que provocó movilizaciones nacionales; en febrero estalló el escándalo del ‘vacunagate’, por la vacunación irregular de políticos y gente de poder. El segundo factor es la ausencia de liderazgos políticos definidos, que surjan de organizaciones políticas con una base social”, explicó Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia de Perú y politóloga.

También debemos entender que el pueblo está ocupado en atender la crisis sanitaria y socioeconómica causada por la pandemia de coronavirus. Además otro factor es que Perú, en América Latina, es el país que menos confía en sus instituciones. Por ejemplo, siete de cada diez peruanos no confía en el Parlamento. Ante esta situación de desconfianza generalizada los ciudadanos no muestran interés por lo que ocurre dentro de la crisis política que nos encontramos viviendo.

En mi artículo “La corrupción bajo el manto del escándalo” publicado en septiembre del año pasado, señalé que en medio de la pandemia de coronavirus: “La ciudadanía percibe que los problemas más fuertes de la actualidad son la delincuencia y la corrupción (…). Según un informe de Proética, las instituciones consideradas más corruptas por la población son: el Congreso y los partidos políticos, precisamente quienes tienen las riendas del poder”.

Por su parte, el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, cree también que el desinterés es propio de una elección en medio de una pandemia con crisis económica: «En ninguna parte del mundo, en épocas de elecciones con pandemia, las elecciones han concitado interés. Pero esto no quiere decir que la gente no vaya a votar el 11 abril. Probablemente vaya a votar la mayoría de gente, porque el voto en Perú es obligatorio y porque el interés crece conforme se acerca la elección», prevé.

La Asociación Civil Transparencia realizó en noviembre pasado, con la colaboración del IEP y de Idea Internacional, una encuesta para consultar a los peruanos cuáles eran los temas que debían tratarse en las elecciones. Los temas que priorizaron los encuestados fueron educación, salud y empleo o reactivación económica. Sin embargo, «los candidatos no necesariamente están hablando de estos temas que preocupan a la gente. De ese modo, no los involucran en un diálogo de cara a los comicios», señala la representante de Transparencia.

Para el resto de candidatos, Tuesta Soldevilla no ve muchas posibilidades: «Esto tiene que ver con cómo se han ido posicionando los candidatos. No hay posibilidad de que surja un ‘outsider’. Ahora ya entramos en la recta final».

«La ventaja de Forsyth es que no tiene la resistencia o rechazo de los otros tres que le siguen, López Aliaga, Fujimori y Mendoza. Por lo tanto, sería el más competitivo frente a Lescano en segunda vuelta», resalta Tuesta. Según Ipsos, el 70 % de los peruanos definitivamente no votaría por Keiko Fujimori y un 53 % tampoco lo haría por Verónika Mendoza. El antivoto en el caso de Rafael López Aliaga es 42% y el de George Forsyth es de 36%.

«Creo que ahora hay que mantener la calma y llamar a la ciudadanía a votar y a evaluar el desempeño de los candidatos en campaña para formarse una opinión propia e informarse bien sobre sus planes de Gobierno», pide la presidenta de Transparencia, quien recuerda que alrededor del 25% de los peruanos decide su voto en la fila, el mismo día de la votación.

Tomemos conciencia de nuestro voto en las elecciones del 11 de abril y será el primer paso para hacer el verdadero cambio en el país.

https://www.alainet.org/es/articulo/211484

21.9.-La Argentina conmemora una fecha de inflexión JULIO C. GAMBINA

Fue en torno al golpe del 76, y aun antes, que el país comenzó a mutar en lo económico, en lo político y en lo social.

Foto: https://www.baraderoteinforma.com.ar 

Prontos a conmemorar un nuevo 24 de marzo, vale recuperar en el presente que esos problemas que hoy se acumulan y nos laceran, pobreza, indigencia, desempleo, subempleo, violencia social, entre muchos, tienen origen en la historia larga, pero muy especialmente en el tiempo fatídico de profundos cambios estructurales. En efecto, fue en torno al 76, aun antes y desde mediados de 1975, el país comenzó a mutar en lo económico, en lo político y en lo social.

22 mar 2021.- Solo hay que pensar en las representaciones políticas actuales, totalmente disociadas de aquellas organizaciones políticas que protagonizaron el momento constitucional previo al golpe. La jerga cotidiana, no solo de los medios, remite a los nombres de la/os políticas/os y los referentes de las diluidas identidades partidarias actuantes. El presidente es Alberto y la vice es Cristina, los opositores son Mauricio, la Pato o Larreta, solo para mencionar algunas/os. Hacia los 60/70 y antes, claro, si bien existían matices y disputa por la hegemonía en los principales partidos políticos, no había dificultad para caracterizar y asociar a ciertas franjas sociales a esos principales partidos. El radicalismo recogía la impronta de la revolución del parque o la gesta de la reforma universitaria, entre otras muchas gestas empujadas por los sectores medios de la nueva burguesía local. El peronismo irrumpe con la movilización de las “masas populares” y su demanda por derechos sociales y laborales, incluso arrasando la tradición anarquista, socialista y comunista en el movimiento obrero. Antes, el socialismo y el comunismo ligan su tradición, principalmente en la cultura política de la inmigración y un horizonte de revolución social. Existe hoy una individualización y profesionalización de la política.

Antes del 76 se reconocía al tiempo constitucional como el del desarrollo del mercado interno y, por ende, con conflicto, los intentos de “pactos sociales” que asegurarían ganancia y salario, sustento de políticas desarrollistas, con industrialización protegida y consumo de masas. Ese programa e imaginario terminó en el 75/76 y se inició una nueva etapa de “aperturismo”, un remedo del proyecto de la generación del 80 del Siglo XIX, pero ahora en el marco de una creciente mundialización y transnacionalización del capital más concentrado actuante en el país. No solo aconteció durante la genocida dictadura, sino que se proyectó en el tiempo futuro. La liberalización de los 90 concretó el proyecto del 75/76 y tuvo sus rondas de recreación estructural, más allá de atenuaciones temporales, con sucesivas medidas que consolidaron el modelo de inserción subordinada de la Argentina en el sistema mundial.

Todo intento a contramano de esa tendencia estructural desde 1983 solo pudo morigerar esa mutación estructural, no revertirla ni transformarla en un sentido favorable a la mayoría social. Es importante rescatar esos momentos, sin embargo, el límite estuvo en contenerse en la crítica al orden emergente, “neoliberal”, sin cuestionar las premisas estructurales del orden capitalista. Existe similitud esencial con el acontecer regional y por eso el límite de la experiencia de cambio político en Sudamérica en los primeros años del Siglo XXI.

No solo hubo cambios en las relaciones sociales locales, sino que Argentina mutó su relación con el mundo, siendo parte de la ofensiva capitalista contra los derechos laborales y previsionales, modificando el patrón productivo para ofrecerlo al sistema mundial, incluso produciendo sin objeto de consumir localmente, especialmente en el modelo de la producción primaria para la exportación, sea soja, hidrocarburos, oro, o de bienes industriales ensamblados con destino al mercado mundial. Un mecanismo privilegiado para esa transformación provino del endeudamiento externo y la adecuación de la legislación y el régimen financiero y de inversiones externas para favorecer la circulación y movilidad del capital especulativo.

Por eso aludimos a un cambio integral, de modificación de las relaciones sociales de producción para hacer más regresivo al capitalismo local, en sintonía con lo nuevo que se inauguraba en el mundo, especialmente ratificado con la ruptura de la bipolaridad mundial en la última década del Siglo XX. Se sepultaba el sueño de la autonomía para el desarrollo capitalista, siempre irreal e imposible, mucho menos en un tiempo de extensión universal de la dominación del capital en sus manifestaciones transnacionales.

Maia y los millones de empobrecidos

Esos cambios estructurales explican el desempleo elevado del 2001 y el actual; los datos de la pobreza y la indigencia de hace dos décadas y de ahora. La coyuntura nos devuelve la crudeza de la situación de miseria de una menor, Maia, condición de vida de casi 60% de pobres entre los menores en la Argentina. Por eso aludimos a una realidad lacerante, la de Maia, que es la de millones de menores y de personas, de familias, de una situación que no empezó ahora por la pandemia, ni en el último turno de gobierno, sino que se trata de un problema estructural que arrastra casi medio siglo. Las tasas de pobreza de un dígito quedaron allá lejos. El tiempo nuevo construido por casi medio siglo es de creciente desigualdad y de una voluntad hegemónica por exportar (fugar) el excedente económico generado en el país.

¿Qué hacer para que no haya Maia y muchas/os similares? La respuesta hegemónica es invertir, favoreciendo la dinámica de inversión y desde ahí, con crecimiento derramar al conjunto social. Una gran falacia. Solo restaría decir que quienes invierten priorizan el uso del excedente económico en la fuga de capitales. La fuga es el pago de la deuda externa (renta financiera de los inversores de capital), las remesas de utilidades al exterior (renta por capitales invertidos en la producción y los servicios locales) y la constitución de activos en el extranjero (compras de propiedades o de títulos y bonos en el exterior, incluso billetes en el país). Es lo que denunció el BCRA respecto de los recursos ingresados desde el exterior durante el gobierno Macri. Mientras ingresaban los fondos del FMI, por una puerta giratoria se remitían al exterior esos mismos recursos. Esa lógica por ingresar dólares o divisas y favorecer su salida es lo que hace inestable al capitalismo local, con el sello de la inflación que lo diferencia de la mayoría de los países de la región y del mundo. El problema, dicen, es la baja productividad del trabajo que impide la competitividad local en el capitalismo mundial. Claro, si el excedente se fuga resulta imposible un proceso de mejora e innovación tecnológica y de adecuada formación de la fuerza laboral para esa expansión y desarrollo científico tecnológico orientado al incremento de la productividad del trabajo.

La lógica de la dominación y su reproducción es la “fuga” de capitales y por ende la acumulación en el sistema mundial. Esa es la especificidad local respecto de otros territorios, donde la dinámica mundial no anula la reproducción de la acumulación local. De nuevo, el argumento es a favor de las ganancias, ya que se insiste que el problema es el costo laboral elevado, especialmente a la hora de despedir. La solución sería entonces, bajar salarios y el costo asociado a la contratación y despido de trabajadoras y trabajadores. Qué eso lleva a peores condiciones de vida e incluso incrementar la miseria, la pobreza, la indigencia, el desempleo, el subempleo o la precarización laboral, no ingresa en el razonamiento de la “modernidad” de un pensamiento hegemónico. Un pensar estimulado desde los principales medios de comunicación, con argumentos académicos que replican la razón empresaria para ganar en sentido común de la población.

Superar la conmemoración de aquel momento de inflexión en la organización económica de la sociedad argentina y contribuir a la gestación de un proyecto más allá de las fronteras para constituir un imaginario de recuperación de la independencia y la solidaridad entre pueblos hermanados, requiere de una profunda crítica de nuestro presente y la historia reciente en el país y en la región. Es una tarea nacional y de articulación regional por otro mundo y distinto modelo productivo y de desarrollo.

Frenar la tendencia a la fuga de capitales supone denunciar el carácter ocioso de la deuda con el FMI y con ello modificar la gestión del endeudamiento, suspendiendo pagos y auditando con participación popular la deuda externa desde los tiempos del genocidio dictatorial. Empezar por la deuda y reorganizar la economía, los que supone mutaciones esenciales en las relaciones sociales de producción, especialmente en las relaciones de propiedad. El acceso a la tierra está en la primera consideración de cualquier transformación económica y social. La matriz productiva debe asociarse a la satisfacción de las necesidades del conjunto social y no orientadas por la generación de excedente con destino al sistema mundial.

Si en marzo del 76 o en torno a esa fecha se estructuró el tiempo fundacional de estos lacerantes tiempos, es hora de gestar las condiciones de posibilidad para una refundación pensada en la solución de problemas creados por el orden social derivado de aquellos años de fuego, los que ganaron en sentido común y transformaron la economía, la política y la sociedad.

https://www.alainet.org/es/articulo/211481?utm_source=email&utm_campaign=alai-amlatina

21.9.-Chile: la tos de la democracia ASCANIO CAVALLO

16 de Marzo de 2021/SANTIAGO Letreros de campaña política en Avenida Isabel La Católica esquina Carlos V Comuna de Vitacura FOTO: MAURICIO MENDEZ/ AGENCIAUNO

 Chile podría batir otra de esas marcas a las que parece haberse aficionado: ser el primer país en el que un gremio determina la realización de unas elecciones. Este no es juicio, sino un dato: el Colegio Médico es el protagonista en la iniciativa de postergar las cuatro elecciones simultáneas del 10 y 11 de abril. 

27 mar 2021.- En el sistema político, no hay ningún actor significativo que apoye esa idea. Casi todos ellos guardan silencio o eluden el bulto, con la expectativa de que se pueda cargar ese bulto a alguien: tanto el de posponer las elecciones afectando la democracia, como el de mantener el proceso afectando la salud. Es una de esas opciones entre la sartén y las brasas. El gobierno también permanece agazapado. Ya se acostumbró a no tomar decisiones hasta que la última encuesta dictamina qué es mejor.

Las encuestas se inclinan mayoritariamente por postergar las elecciones, lo que no es tan raro cuando se ha impuesto la mayor cuarentena desde el inicio de la pandemia y cuando las cifras de contagios son más alarmantes. La situación sanitaria es, en efecto, mala. No parece haber empeorado con el relajo, como dicen algunos, sino más bien con la angustiosa necesidad de retomar los trabajos. Y al mismo tiempo, las perspectivas han mejorado por el cambio de los perfiles epidemiológicos y por la velocidad de aplicación de la vacuna. Contagios y vacunas corren una sardónica carrera en direcciones inversas.

Mover las elecciones es un desbarajuste mayor. Los especialistas del mundo concuerdan en que las razones sanitarias no pueden ser las únicas que decidan acerca de un proceso electoral. En el pandémico 2020 se realizaron 52 elecciones en el planeta. Hasta julio se habían postergado 67. Pero a partir de octubre, la tendencia fue decididamente en favor de mantener los procesos electorales inalterados.

El deterioro que la pandemia ha significado para la democracia en el mundo no es una broma. De hecho, ha sido la gran oportunidad para los autoritarismos y los populismos de todas las latitudes. Freedom House registra retrocesos en 80 países, incluyendo cinco de América del Sur (Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela). De acuerdo con el reporte de otra ONG dedicada a la democracia, Idea International, muchos gobiernos han penalizado las informaciones sobre la pandemia que se salen de su línea, arrestando a los periodistas, como Cuba. El régimen de Nicaragua ha ido algo más lejos: despide a los médicos que critican la estrategia oficial.

El Colegio Médico chileno no corre tal riesgo. Presenta sus opiniones desde la perspectiva de la prevención del mal, pero resulta difícil saber si en su definición del mal entra primero el virus o el gobierno. De modo que la propuesta de postergar las elecciones ha derivado hacia una exigencia con ciertos brumosos ribetes políticos. Sin embargo, al proponer que el asunto se discuta con el Congreso y “a puertas abiertas”, demuestra que también comprende que el gobierno no puede afectar un proceso democrático sin tener un consenso político.

Las proyecciones pueden ser temibles, pero los hechos no lo han sido. El plebiscito para aprobar la convención constituyente fue postergado una vez y realizado luego en plena pandemia, sin que hubiese noticia de un serio aumento en los contagios. Mejor aún, Idea International ha clasificado como “caso destacado en prevención y mitigación” las medidas que tomaron las autoridades electorales chilenas en ese plebiscito. El Servel ha sido neutral en el debate, precisamente porque puede hacerse cargo de cualquier opción. No es su eficiencia lo que está en juego.

Postergar las cuatro elecciones tiene toda clase de costos en un año que ya está recargado por los anteriores retrasos. Entre abril y diciembre hay nueve elecciones de autoridades y una que instala la convención constituyente, la que, a su turno, tiene unos plazos que también se verían extendidos. Ahora mismo, prácticamente todos los municipios están descabezados, con sus alcaldes y concejales renunciados -y muchos, en campaña- desde hace ya meses. (En Sri Lanka hubo cinco meses sin Parlamento por una medida similar, para gozo y solaz del gobierno).

Lo más notorio, sin embargo, es que una nueva postergación de las elecciones, aun con las más santas razones del mundo, podría afectar la credibilidad del proceso y deteriorar la voluntad de participar (también puede hacerlo el miedo a la pandemia). En verdad, los únicos políticos a quienes les conviene la postergación son aquellos que se sienten retrasados en la competencia por hacerse visibles. Y esa ya es una motivación non sancta.

Todo el mundo agradece a los médicos su preocupación por la salud, cómo no. Pero cuando la democracia sufre un espasmo, ¿no debería alguien preocuparse también de su salud?

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-la-tos-de-la-democracia/VLYKL4LTZRERLOBNNG25345FSI/

  • 21.8.-Brasil comienza a salir del lawfareEMIR SADER
  • El poder del litio bolivianoHEDELBERTO LÓPEZ
  • Chile: alguien cantó ASCANIO CAVALLO

Con Lula, Brasil se reencuentra consigo mismo, vuelve a darse cuenta de que solo en democracia la mayoría impone su voluntad, que solo en democracia se hacen realidad los intereses del pueblo

Foto: https://lageneracionsiguiente.blogspot.cO

La expresión en inglés lawfare designa la judicializoación de la política, la connivencia entre el Poder Judicial y los medios de comunicación para criminalizar a los líderes de izquierda. Y la nueva estrategia de la derecha -también llamada guerra híbrida- que llegó a Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador.

15/03/2021

Una estrategia que, rompiendo con la democracia, de forma más o menos abierta, permitió la interrupción de los gobiernos democráticos y progresistas en América Latina, y promovió el retorno de la al gobierno de estos países. Un retorno breve, efímero, porque lo que la derecha tiene que ofrecer a los pueblos del continente es ajuste fiscal, menos democracia y renuncia a la soberanía nacional. Por eso volvieron a ser derrotados en Argentina, en Bolivia, están en proceso de ser derrotados también en Ecuador.

Esta estrategia se inició en Brasil con el golpe de Estado contra Dilma, quien destituyó del gobierno a una presidenta recientemente reelegida por el voto democrático del pueblo, pero víctima de un proceso sin fundamento legal, que rompió con la democracia, reinstalado en Brasil solo unos 30 años, luego de una dictadura militar de 21 años.

Una estrategia de lawfare, de judicialización de la política, de guerra híbrida, que tuvo su segundo capítulo en prisión, condena y prohibición de que Lula fuera candidato en las elecciones presidenciales de 2018, cuando ganaría en la primera vuelta, según todas las encuestas.  Y que tuvo en la monstruosa operación mediática -con el consentimiento del Poder Judicial y los medios- para elegir a Bolsonaro como presidente de Brasil, en un proceso absolutamente antidemocrático.

Brasil vive todo el sufrimiento de la ruptura de la democracia, que nunca es buena ni para el pueblo ni para el país. Recesión económica, crisis social, muertes ilimitadas por la pandemia, vacunación lenta, pérdida de la soberanía nacional, el pueblo abandonado, la herida de muerte democrática.

La decisión judicial de restaurar públicamente la inocencia de Lula representa el principio del fin de todo. Los otros países, Argentina, Bolivia, Ecuador, han encontrado la manera de salir de la guerra. Argentina, tras la derrota electoral de 2015 y el aplastante fracaso del gobierno de Mauricio Macri, eligió a Alberto Fernández, quien retoma, a su manera, el camino de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, de antineoliberalismo, democracia, soberanía nacional, de Integración latinoamericana.

En Bolivia, luego del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Evo Morales, el gobierno de restauración neoliberal duró poco. En cuanto se recuperó el derecho democrático a elegir presidente de la república, el candidato vinculó a Evo Morales y al MAS, Luis Arce, como nuevo presidente del país. Ecuador va por el mismo camino, proyectando la elección del candidato vinculado a Rafael Correa, Andrés Arauz, como probable nuevo presidente del país.

Brasil comienza a caminar, a su manera, fuera del lawfare, la judicialización, la guerra híbrida, la ruptura de la democracia, con la restitución de los derechos políticos plenos a Lula. Es un camino largo, todavía lleno de obstáculos, pero que cobra un nuevo impulso con el regreso de Lula a la vida política brasileña.

Su discurso tuvo un eco generalizado en todo el país, inspirando lo que todos sintieron: esperanza. Un país masacrado y desesperado volvió a mirar su presente y su futuro con un nuevo horizonte, representado por Lula. El propio Poder Judicial debe reconocer que todos los cargos en su contra fueron manipulaciones antidemocráticas, llevadas a cabo por jueces al servicio no solo de impedir que Lula vuelva a ser presidente de Brasil, sino de destruir los cimientos de la democracia e incluso de la construcción económica de un país libre y soberano.

Con Lula, Brasil se reencuentra consigo mismo, vuelve a darse cuenta de que solo en democracia la mayoría impone su voluntad, que solo en democracia se hacen realidad los intereses del pueblo. Que sólo en democracia Brasil vuelve a recuperar su imagen de gran país, los brasileños pueden volver a sentirse orgullosos de su país y de ser brasileños.

Es un camino que apenas se comienza a recorrer, pero que ya se refleja en todo el campo político, que comienza a reaccionar a las propuestas de la presencia de Lula, no solo como perspectiva de futuro, sino como referente fundamental de derrotar a Bolsonaro, su gobierno incapaz de llevar al país en la peor crisis de su historia.

Será un largo período de varios meses para un país que llora más de 2.000 muertos cada día, que sufre de hambre y desamparo todos los días, que se siente impotente y desanimado. La esperanza nuevamente es vencer el miedo, la miseria, el autoritarismo, la arbitrariedad, la falta de justicia y la solidaridad. Lula representa todo eso. Así, Brasil comienza a salir de la guerra de la ley para volver a la democracia y a un gobierno legítimo elegido por el pueblo brasileño.

– Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).

Foto: https://lageneracionsiguiente.blogspot.co

21.8.-El poder del litio bolivianoHEDELBERTO LÓPEZ

Fuentes: Rebelión

Los enormes yacimientos de litio boliviano constituyen dos vertientes opuestas: una bendición para profundizar el desarrollo económico futuro del país, o una constante amenaza debido a la ambición de compañías transnacionales y gobiernos imperiales por tratar de controlar esos recursos.

15 mar 2021.- El expresidente Evo Morales Aima ha denunciado en repetidas ocasiones que su gobierno fue víctima de un “golpe de Estado del litio” cuando fuerzas de la oligarquía derechista, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Estados Unidos lo sacaron del poder en noviembre de 2019.

Un año antes de esos sucesos, en octubre de 2018, Morales había firmado un convenio con la empresa alemana ACI Systems para la explotación del salar de Uyuni, pero la oligarquía criolla, encabezada por el expresidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari, inició una virulenta campaña desinformativa al catalogar el convenio como “entreguista”.

La desinformación engañó a parte de la población que comenzó protestas bajo la dirección de elementos de la derecha respaldada por militares afines y por la OEA que alegó fraude en las elecciones de noviembre de 2019.

Aunque Evo anuló el acuerdo con ACI Systems, el golpe de Estado quedó consumado una semana después de los comicios.

En el denominado Golpe del Litio actuaron influyentes transnacionales y hasta el segundo hombre más rico del mundo, Elon Musk, propietario de las compañías SpaceX y Tesla (autos y equipos eléctricos). Este multimillonario estadounidense al ser consultado en twitter por un internauta sobre si tenía algo que ver con los sucesos de Bolivia declaró que no le molestaba derrocar a quien sea, con tal de alcanzar sus objetivos empresariales.

Tras las altisonantes declaraciones de Musk, Morales declaró que el principal móvil del Golpe fue haber dejado fuera a Estados Unidos del proyecto de industrialización del litio que se llevaba a cabo en el país en conjunto con Alemania y China.

Con la empresa Xinjiang Tbea Group-Baocheng se habían rubricado acuerdos por alrededor de 2 000 millones de dólares para edificar ocho usinas, cuatro en el salar de Uyuni y cuatro en los salares de Coipasa y Pastos Grandes, pero quedaron inconcluso por la imposición del régimen de facto de Jeanine Añez y los desastrosos efectos de la pandemia de Covid-19.

Recientemente se anunció que el presidente Luís Arce reflotará el plan para convertir el salar de Uyuni en la capital mundial del litio, cuyas reservas son las mayores del orbe. Hasta el 2030 se prevén instalar 41 plantas de procesamiento en los departamentos de Potosí y de Oruro.

En declaraciones a la prensa, el nuevo presidente ejecutivo de la Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Marcelo González señaló que el país tiene el inmenso desafío de reactivar esa industria tras un año de semi paralización que impidió la comercialización a gran escala del producto.

González aseguró que cuentan con recursos humanos calificados para entrar a la etapa de industrialización y entre las principales acciones está la construcción de otras plantas industriales como las de ión litio y cátodos en los departamentos de Oruro y Potosí.

Actualmente, Bolivia puede producir 12 000 toneladas de carbonato de litio al año y en la planta de Uyuni se procesan entre 700 y 1 000 toneladas mensuales de ese producto.

Asimismo, en la Planta Piloto de Baterías se construyen las 5V, similares a las utilizadas por los teléfonos móviles pero aún el país no logra satisfacer la alta demanda externa, por lo cual se busca la asociación con otra nación que colabore con transferencia tecnológica.

Para González resulta importante que se complete la cadena del litio dentro de Bolivia, es decir, se extraiga la materia prima y se procese para darle valor agregado. Argumentó que hasta ahora han cerrado la cadena del litio a nivel de laboratorios y pilotaje con la planta de materiales catódicos así como la de baterías que está produciendo para la venta en el mercado interno, y se realizan gestiones con la empresa de autos eléctricos Quantum, con sede en Cochabamba para proveerles acumuladores.

Bolivia posee 21 millones de toneladas de litio, mineral muy preciado por gobiernos desarrollados y compañías trasnacionales por su utilización en laptops, celulares, tabletas, otros equipos móviles y acumuladores para vehículos, por lo que han denominado a ese mineral como el “Oro blanco”.

Expertos indican que con la continuación del desarrollo de las baterías con base a sales de ión litio, ese producto movería unos 46 000 millones de dólares en 2022 y 220 000 millones de dólares en diez años.

Esas baterías pueden acumular en los aparatos móviles gran energía con mínimo peso y espacio para las personas y en los autos eléctricos son capaces de mantener un máximo de 3 000 ciclos de carga y descarga sin perder las propiedades de almacenaje y voltaje.

Un estudio del Servicio Geólico de Estados Unidos (USGS) estima que el 60 % del “oro blanco” mundial se haya en Argentina, Chile y Bolivia por lo que esas naciones están destinadas a impulsar su desarrollo económico en los próximos años.

Pero Argentina y Chile tienen la desventaja de que su explotación está en manos de empresas transnacionales que dejan pocas remuneraciones monetarias, mientras en Bolivia está controlada por el Estado, que según lo establecido, el 51 % de las ganancias permanecerá en el país.

Si el nuevo gobierno encamina al país por la senda política-económico-social que logró llevarlo el expresidente Evo Morales, los enormes yacimientos de litio que posee Bolivia pueden acabar de revertir la historia de pobreza de esta nación, aunque siempre debe estar alerta con las artimañas de la oligarquía criolla y de las compañías estadounidenses interesadas en hacerse del control del “oro blanco”.

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

https://rebelion.org/el-poder-del-litio-boliviano/

21.8.-Chile: alguien cantó ASCANIO CAVALLO

Antes de que pasaran 24 horas del anuncio de Boric, Jadue emplazó a los demás candidatos opositores a arrepentirse por haber participado en gobiernos neoliberales, es decir, a todos los de los últimos 30 años

El proceloso remolino de la izquierda chilena no cesa de acelerarse. A ratos pareciera que se puede detener, en aras de la prudencia o la conveniencia, pero rápidamente adquiere nueva velocidad. De paso, también se va desnudando. Veamos.

20 mar 2021.- Esta semana, después de las cavilaciones y negociaciones enrevesadas que son de estilo, entró a la liza presidencial Gabriel Boric, en nombre del Frente Amplio. Boric es, más allá de los juicios de ocasión, la figura de mayor densidad intelectual del Frente Amplio, con mayor inquietud y espíritu crítico y, acaso por lo mismo, con menor capacidad de adaptación a los vaivenes de su sector. Por eso ha tenido que romper con un partido y formar otro antes de que su coalición cumpla cuatro años. En fin: las interpretaciones posibles son muchas y no es bueno confundir la psicología con la política. Taxativamente se define de izquierda y participa sin sombra de duda de la oposición.

El hecho es que Boric entró a una cancha que ya está bastante poblada. Ayuda memoria: por la actual Unidad Constituyente (ex Concertación) compiten Ximena Rincón (PDC), Heraldo Muñoz (PPD), Paula Narváez (PS) y Carlos Maldonado (PR); por la alianza de izquierda están Daniel Jadue (PC), Marcelo Díaz (Unir) y Jaime Mulet (FRSV); todavía sin definición permanecen Marco Enríquez-Ominami (PRO) y Pamela Jiles (PH). Nueve antes de Boric. Ahora 10.

La entrada de Boric podría haberlo instalado como un gozne entre los diversos enfoques opositores, dado que su postura insistente ha sido la de propiciar la unidad de la oposición, lo que no es tan fácil de hacer si antes se ha sido oposición de los mismos que ahora también están en la oposición. Claro, es verdad que todos dicen lo mismo, aunque casi todos piensan, sin decirlo, que esa unidad sólo es viable si los demás se allanan a aceptar el liderazgo y el programa de uno, por no decir cosas más grandes, como el manejo del Estado o el modelo de sociedad.

Quien sí lo dice, y con bastante claridad, es el alcalde Jadue, que ha sido igualmente insistente en exigir definiciones de izquierda verdaderas, es decir, tal como él las entiende. Antes de que pasaran 24 horas del anuncio de Boric, Jadue emplazó a los demás candidatos opositores a arrepentirse por haber participado en gobiernos neoliberales, es decir, a todos los de los últimos 30 años. Detrás de esto está su interpretación del 18-O: que fue una disrupción en contra del curso que ha llevado el país desde 1990 (y quizás, si lo apuran, desde 1973). La izquierda verdadera debería concordar con el eslogan: “No son 30 pesos, son 30 años”.

Desde luego, Jadue no ignora que cinco de los otros precandidatos opositores fueron ministros de esos gobiernos y uno, jefe de campaña de una candidata. El arrepentimiento que solicita es, necesariamente, la aceptación de una hegemonía, que no puede ser otra que la que el mismo Jadue representa. Por supuesto, es un planteamiento para polarizar, una manera de separarse tajantemente de la llamada “centroizquierda” y, más sutilmente, de la propia conducción del PC y del sector del partido al que reiteradamente ha acusado de “conservador”.

Diríase, en breve: una provocación. Por si alguien canta.

Y, en efecto, sorpresivamente, alguien ha cantado: nada menos que Paula Narváez, que después de declarar su desacuerdo, como si le doliera, se lanzó en un denodado y algo retortijado esfuerzo por aclarar que el gobierno de la Nueva Mayoría -donde ella fue ministra- sí fue distinto al resto, un gobierno donde participó el tipo de PC que a Jadue le disgusta, un gobierno presidido por una persona que era la misma, pero no era la misma que presidió un gobierno anterior. De Michelle Bachelet 1, entonces, habría que arrepentirse, pero a Michelle Bachelet 2 es preciso exceptuarla. Es una manera bastante rara de contarse la historia.

Para contarla completa sería necesario decir que entre el 2006 y el 2010 en verdad no gobernó Michelle Bachelet, sino otra fuerza. En algunos círculos de la izquierda nueva mayorista esa fuerza tiene el nombre de una persona -Andrés Velasco-, un grupo -Expansiva- o un ideario político -el neoliberalismo, el concepto más vago y la palabra más arrojadiza en la política del siglo XXI.

Pero esto no pasa de ser una interpretación fantásticamente excesiva: es útil recordar que Michelle Bachelet terminó ese gobierno con una aprobación por las nubes, cosa que no ocurrió en el segundo. ¿Cómo saldrá Narváez de esa ciénaga?

Tal como están planteadas las cosas, parece posible que varios de los precandidatos caigan en este tipo de cazabobos incluso antes de llegar a elecciones primarias. Pero, intelectualmente hablando, su esfuerzo representa a esa parte del PS (y también del PPD) que ya no soporta participar en algo que se llame centroizquierda. Ignacio Walker ha recordado en uno de sus libros que Osvaldo Andrade prefería sustituir la descripción de la coalición por la de “el centro y la izquierda”, y hay otros socialistas que cuando el partido se ha movido un poco hacia el centro han denunciado su “pepedeización”. Peor será ahora, que es justamente el PPD el que se resiste a una operación anticentroizquierdista, como son las preprimarias, que a todas luces tienen por objeto único impedir que la nominación la obtenga Ximena Rincón.

¿Significa esto que está amenazada la integridad del PS? Por cierto. Y también la del PPD e incluso de la DC. Si estuvieran más robustos, ya se habrían dividido.

Pero todos ellos, socialistas blandos y duros, pepedés guatones o chascones, decés aylwinistas, zaldivaristas, chahinistas o rinconistas, todos ellos, sin excepción relevante, caerían dentro del estado de pecado político del que Jadue invita a arrepentirse.

De modo que el papel que podría haber desempeñado Boric, el de articulador de la unidad de la oposición, ha quedado perforado a la entrada. Desde luego que eso no mata su candidatura; quizás, al revés, la fortalece. Es su identidad propia, como se dice cuando las cosas no salen bien.

Claro que ese camino es diferente. Lo cual conduce a la conclusión siguiente, que es que Jadue tiene razón: no hay unidad sin una hegemonía. Aceptada, concordada, impuesta o rendida, cualquiera sea la fórmula, la hegemonía reconoce la fuerza directriz y el ritmo que seguirá una coalición política. Sin hegemonía no hay candidatura ni programa. Pero en democracia, la hegemonía no se gana con declaraciones, sino con votos.

Y con esto se vuelve al origen del desorden actual: la hegemonía, que algunos suponen que existe en el imaginario social, a partir de sus propias interpretaciones del 18-O, ninguna de las cuales ha sido confirmada, sólo empezará a ponerse a prueba en las elecciones de alcaldes y gobernadores. Recién en ese momento se puede tener una idea de quiénes se han de arrepentir. Y para qué.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-alguien-canto/PVOS7VM5WJGUDNJJ3TSOVGDHQI/

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Arauz es partidario de una activa participación del Estado en la economía, mientras que Lasso promueve un Estado subsidiario, limitado a dotar servicios básicos de educación, salud y vivienda a los pobres que realmente necesitan.

Foto: https://www.telam.com.ar

Ambiente económico y social de las elecciones 

Durante los últimos seis años, la economía nacional registró un estancamiento crónico y la pandemia del COVI-19 en 2020 causó la reclusión de la población y la suspensión de las actividades productivas que lo llevó al filo de precipicio. En 2019, el Producto Interno Bruto ((PIB), en valores corrientes, se ubicó en 108.108 millones y en 2020 se desplomó a USD 96.677 millones, que en valores constantes representa una contracción de 8,9% (BCE, 2021). Hecho inédito en la historia económica del país.

11 mar 2021.- El Primer Mandatario, en los primeros meses de su gestión, dejando atrás el Programa de Gobierno que lo llevó a Carondelet, entregó la conducción de la política económica, financiera y comercial a connotados empresarios, quienes promovieron como objetivo nacional “el sector privado motor de la economía”.

En un acto ampliamente publicitado en los principales medios de comunicación, el 15 de junio de 2018, en la ciudad de Guayaquil, los empresarios de siete sectores productivos y el “Gobierno de todos” firmaron un convenio de inversión por USD 9.435 millones que debían desembolsar en un plazo de 48 meses (El Comercio, 2018). Sin embargo, hasta el día de hoy, no hay evidencias que lo hayan cumplido; por el contrario, en este periodo, hubo una permanente sequía de inversiones, nacionales y extranjeras.

El deterioro de la economía y la invasión de la pandemia provocaron al crecimiento exponencial del desempleo y subempleo. Entre mayo y junio de 2020, que son los datos más realistas, más de un millón de personas estaban desempleadas y 5,3 millones de ciudadanos se ubicaban en el nivel del subempleo, equivalentes al 13,3% y 70% de la Población Económicamente Activa (PEA), respectivamente (INEC, 2021).

El desplome del mercado laboral causó el aumentó dramático del número de personas en condiciones de pobreza y extrema pobreza. A diciembre de 2020, la pobreza aumentó en 7 puntos porcentuales en comparación al mismo mes de 2019, ubicándose en 32,4%, en el área urbana 25,1%, y en la rural 47,9%. Lo propio en la pobreza extrema que aumentó en 5 puntos porcentuales con un 14,9% en 2020, a nivel urbano 9,0% y rural 27,5% (INEC, 2021).

Las instituciones públicas tienen bajos niveles de calificación referente a la gestión de las autoridades. En el contexto de América Latina, el presidente Lenin Moreno registra una de las más bajas calificaciones respecto a su gestión por parte de la población, 90,8% califica como mala; con la misma calificación, la Asamblea Nacional, 90,6% y administración de justicia, 82,4% (Market, 2021).

En medio de este ambiente de pesimismo y resignación, más de 13 millones de ciudadanos estaban habilitados para elegir presidente y vicepresidente, 15 asambleístas nacionales, 116 provinciales y 6 del exterior, así como 5 parlamentarios andinos.

El organismo electoral aprobó la participación de 16 binomios que aspiraban llegar a Carondelet. La mayoría desconocidos para la población, otros ni siquiera habían pagado impuestos, a un candidato, el movimiento que auspiciaba le retiró el apoyo porque el programa de gobierno había sido copiado de Wikipedia, luego la postulante a la vicepresidencia renunció. Entre los candidatos que aspiraban ocupar una curul en la Asamblea Nacional, había un candidato acusado por la fiscalía de “asociación ilícita”, llevaba grillete electrónico en el tobillo.

El 7 de febrero se realizaron las elecciones generales 2021 que se efectuó sin mayores novedades. A pesar del ambiente de temor a contagiarse por la pandemia, la población salió masivamente a ejercer su derecho al voto, directo y secreto.

Algunos politólogos consideran que la realización de procesos electorales y el sistema electoral en su conjunto determinan la calidad de la democracia. Esta corriente tiene un concepto limitado de democracia. Si el sistema electoral tiene deficiencias para aprobar movimientos o partidos políticos, permite la inscripción de candidatos inmersos en procesos judiciales, no puede hablarse de un sistema democrático pleno.

Una sociedad que registra altos niveles de desempleo y subempleo, pobreza y extrema pobreza, con grupos económicos que pueden influir en los resultados electorales, en estas condiciones se considera una democracia limitada, restringida. La democracia es un concepto mucho más amplio, a más del sistema electoral, incluye derechos humanos, componentes económicos y sociales, transparencia y legitimidad.

Resultados de las elecciones presidenciales

Según datos reportados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), de un total de más de 10,6 millones de sufragantes, el candidato de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, ocupó el primer lugar con más de 3 millones de votos, equivalente al 32,72%, a continuación, con una diferencia de más de 12 puntos, Guillermo Lasso del movimiento Creando Oportunidades (CREO) en alianza con el Partido Social Cristino (PSC), obtuvo más de 1,8 millones de votos, 19,74%, y en tercer lugar, se situó Yaku Pérez, del movimiento Pachakutik que consiguió más de 1,7 millones, 19,39%, datos que corresponden al 100% de las actas procesadas (CNE, 2021).

No obstante, dirigentes del movimiento Pachakutik solicitaron al CNE el recuento de los votos de más de 20.000 actas porque se sentían perjudicados para llegar a la segunda vuelta, pero el pleno del organismo electoral resolvió únicamente revisar 31 actas. Luego de recuento, Yaku Pérez obtuvo 612 votos adicionales que evidenciarían ciertas irregularidades.

El triunfo de Arauz se puede atribuir al hecho de que la fuerza política del ex presidente Rafael Correa, mantiene un voto duro, en base al apoyo de un importante segmento de la población que incluye sectores populares, profesionales, intelectuales y grupos de empresarios.

En las administraciones del gobierno de la “revolución ciudadana» se registró una intensa participación del Estado en la economía, a través de importantes inversiones en obras de infraestructura, tales como centrales hidroeléctricas, aeropuertos, ampliación y construcción de nuevas carreteras, edificaciones de instituciones educativas y proyectos multipropósitos.

Se incorporó masivamente a decenas de miles de personas al sector público y se incrementó sustancialmente los sueldos de servidores del Estado y las pensiones de jubilados. La participación del Estado en la economía se vio facilitada por los altos precios del petróleo en los mercados internacionales.

El Plan de Gobierno del binomio Arauz-Rabascall para el periodo 2021-2025 presentado al CNE el 2 de octubre de 2020, manifiesta: “Las estrategias, los lineamientos, las metas y la profundización programática de nuestro plan de gobierno serán construidos de forma participativa, descentralizada y democrática hasta la fecha de nuestra posición” (Arauz, 2020).

El Plan de Gobierno del binomio Unión por la Esperanza propone 11 objetivos específicos, para alcanzarlos se plantea 390 propuestas y estrategias que incluyen realizar una auditoría integral de la deuda pública interna y externa; establecer un sistema masivo de créditos, a tasas bajas para desendeudar a las familias; luchar contra la corrupción fiscal y la evasión; apoyar a la economía, dando prioridad al sector social y solidario, créditos sin interés; reformar a profundidad el IESS, en favor de los afiliados, cumplir con el aporte estatal, así como convocar a una asamblea constituyente.

En la misma línea, se propone reivindicar la prohibición constitucional de privatizar bienes públicos y de los sectores estratégicos del Estado, activos y empresas públicas; disminución de manera generalizada de tasas de interés activas; establecer un impuesto más alto sobre las ganancias de las empresas que hayan acumulado rentas monopólicas u oligopólicas; retomar la integración regional, particularmente la UNASUR y CELAC; rechazar los Tratados de Libre Comercio y Tratados Bilaterales de Inversión convencionales; avanzar en el cambio de la matriz energética y productiva, entre otras (Ibídem). Las medidas apuntan a retornar el modelo económico orientado a darle un mayor peso al Estado en la economía.

Arauz tiene una ventaja de más de 12 puntos sobre su inmediato seguidor, Guillermo Lasso, para llegar al Palacio de Carondelet, a más de lo que alcanzó en la primera votación, necesitaría conseguir el apoyo de más del 18% de los votos de los candidatos que quedaron eliminados.

Lenin Moreno en la primera vuelta electoral, de la mano del ex presidente Rafael Correa, obtuvo más de 3,7 millones de votos, que representa el 39,36%, pero una vez que se posesionó como presidente de la República, se desmarcó de su mentor y se produjo la incisión del movimiento de Alianza País. No obstante, Arauz consiguió más del 32% de los votos válidos.

El Plan de Gobierno del binomio Guillermo Lasso-Alfredo Borrero de la alianza del movimiento CREO-Partido Social Cristiano (PSC) promueve un modelo de economía de “libre mercado”, orientado a reducir a un rol subsidiario del Estado en la economía y a erigir al sector privado como el “motor de la economía”. En esta línea, se pretende promover la liberalización económica, financiera y comercial y la flexibilización laboral. Se afirma que “Un estado mínimo y robusto es lo ideal, ocupado de garantizar el acceso a servicios básicos como educación, salud y vivienda a los realmente pobres.”

El Plan de Gobierno de la alianza CREO-PSC titulado “Por un Ecuador Justo, Prospero y Solidario”, en el ámbito económico, tiene como misión: “Promover una economía de libre mercado y abierta al mundo, fiscalmente responsable para lograr un crecimiento sostenible y generar empleo, como la mejor forma de crear oportunidades para todos”.

El Plan de Gobierno, en el ámbito de la seguridad social, pretende implementar nuevos sistemas de salud y pensiones, mediante reformas normativas para que tanto el sistema de reparto como el de ahorro privado sean factibles y estén a elección de todos los ecuatorianos. Por tanto, se tiene la firme decisión de desmonopolizar la seguridad social.

En el eje económico, se propone como objetivo generar al menos un millón de empleos productivos; una política de estado en el campo comercial que tenga como fin el libre comercio con la mayor cantidad de países; convertir al país en un imán para las inversiones, a través de fortalecer la seguridad jurídica, mejorar el entorno regulatorio; simplificar los procesos legales y tributarios que tienen que cumplir los empresarios de todo tamaño y procedencia, eliminar el impuesto a la salida de divisas (ISD) que desincentiva el ingreso de nuevas inversiones; impulsar el mercado de valores a través de la creación de una institución reguladora similar a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (Lasso, 2020).

En la misma dirección, se pretende convertir a Ecuador en un centro financiero mundial, mediante el arribo de la banca internacional, lo que traerá el ahorro externo del resto del mundo; un programa de crédito de USD 1.000 millones para financiar a los agricultores al 1% de interés y a un plazo de 30 años; remover a la burocracia improductiva, a través de un reordenamiento del sector público; lucha frontal contra la corrupción, teniendo como eje central la adopción de medidas radicales que integren todas las instituciones del Estado (Ibídem).

La política económica que pretende ejecutar el candidato Lasso representa la continuación de la política de austeridad fiscal que diseñaron las élites empresariales en el gobierno de Lenin Moreno que llevó al sistemático deterioro de la economía y al lacerante crecimiento del desempleo, informalidad y pobreza.

El binomio Lasso-Borrero para ganar el balotaje en abril necesitaría conseguir, a más de lo que obtuvo en la primera vuelta, el apoyo superior al 30% del electorado que votaron por otras organizaciones políticas, conquistar ese apoyo se vuelve cuesta arriba.

En 2017, en la primera vuelta, Lasso en alianza CREO-SUMA consiguió un poco más de 2,6 millones de votos, equivalente al 28,09%, pero en febrero de 2021, en alianza con el PSC, obtuvo un poco más de 1,8 millones de votos, que representa el 19,74%, esto es, registró un descenso de más de 8 puntos. El partido Social Cristiano no le aportó mayormente a Lasso en sus plazas fuertes como en la provincia del Guayas.

Elección de asambleístas nacionales

El 3 de febrero de 2020, se publicó en el Registro Oficial un conjunto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas que incluyen nuevas disposiciones para el gasto electoral, el establecimiento de listas cerradas y bloqueadas que faculta el voto en “plancha”, el método de asignación de escaños se sustituyó del de D´ Hont al de Webster que permite a las minorías tener representación en la Asamblea Nacional.

Antes de las reformas estaba vigente el método de D´ Hont que daba una mayor representación a las organizaciones políticas que conseguían la mayor votación para la Asamblea Nacional. Se consideraba que evitaba el fraccionamiento en la Función Legislativa, facilitaba la aprobación de leyes remitidas por el Ejecutivo y generaba una mayor gobernabilidad. Sin embargo, en la práctica, produjo una concentración de poderes que impidió que la Asamblea pueda desempeñar una de sus funciones fundamentales como es la fiscalización.

Los candidatos a la presidencia de la República que obtienen mayor votación generalmente generan el efecto arrastre, es decir, candidatos a la Asamblea -nacionales, provinciales y del exterior-, por lo general, alcanzan las mayores votaciones.

Los candidatos de la Unión por la Esperanza consiguen cerca de 2,6 millones de votos, que representa el 32,21%. Según María Sol Borja, conseguirían 5 asambleístas nacionales, encabezada por Pierina Correa, hermana del ex presidente, seguido de Ricardo Hulcuango, lo que constituye la primera fuerza política de la Asamblea Nacional, aunque no logra la mayoría absoluta (Borja, 2021).

Fuerza Compromiso Social considerada políticamente como “progresista” para alcanzar dignidades en la Función Legislativa, aprobar proyectos de ley, adoptar resoluciones, tendría que llegar a acuerdos con otras organizaciones políticas. Una de las organizaciones más afines podría ser Pachakutik, pero por los acontecimientos registrados en las administraciones del ex presidente Correa se dificultaría alcanzarla.

Los candidatos de Pachakutik a la Asamblea obtuvieron alrededor de 1,3 millones de votos, equivalente al 16,81%, alcanzarían 3 asambleístas nacionales, liderado por Salvador Chishpe. La votación lograda fue la mayor sorpresa en las elecciones generales de febrero, hecho inédito en la historia del movimiento indígena, con lo cual se erigen en la segunda fuerza política a nivel nacional.

Los candidatos de la Izquierda Democrática (ID) superaron los 961 mil votos, que representa el 11,98%, obtendrían 2 asambleístas, liderada por Wilma Andrade que consigue la reelección. La votación lograda por la ID fue otra de las sorpresas en las elecciones generales, evidencia el resurgimiento del partido socialdemócrata otrora la mayor fuerza política del país, se constituye en la tercera organización política con mayor representación (Ibídem).

La alianza de corte liberal CREO-PSC para las elecciones a la Asamblea Nacional, cada organización presentó sus respectivos candidatos. El PSC consiguió más de 780 mil votos, equivalente al 9,73%, lograría 2 asambleístas nacionales, liderado por Henry Kronfle, por lo cual se constituye en la cuarta fuerza política.

El movimiento CREO logró alrededor de 774 mil votos, equivalente al 9,65%, obtendría 2 asambleístas nacionales, encabezado César Monge. En 2017, el movimiento consiguió 3 asambleístas nacionales.

La alianza liberal PSC-CREO, que en conjunto alcanzaría 32 asambleístas, seguramente se mantendrá, para conseguir dignidades en la Asamblea Nacional, aprobar proyectos de ley y fiscalizar, tendría que realizar alianzas con otras organizaciones políticas afines.

Elección de asambleístas provinciales y del exterior

En la elección de asambleístas provinciales también influye el efecto arrastre de los candidatos a la presidencia de la república, aunque es matizado por organizaciones regionales y locales. En no pocos casos, las organizaciones políticas nacionales se ven obligadas a realizar alianzas con movimientos locales para conquistar un mayor electorado.

La alianza Fuerza Compromiso Social-Centro Democrático de Jimmy Jairala denominada “Unión por la Esperanza” conseguiría 40 asambleístas provinciales, de los cuales 9 en la provincia del Guayas, 6 en Manabí, 4 en Pichincha. Además, serían electos 4 asambleístas del exterior (Borja, 2021). El mayor número de asambleístas alcanzado podría atribuirse al desastre de la política económica del “gobierno de todos”, similar al ocurrido en Argentina en la administración del empresario Mauricio Macri.

El Movimiento Pachakutik obtendría 23 asambleístas provinciales, de ellos 3 en Pichincha y 2 en cada provincia que corresponde Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Morona Santiago, así como un asambleísta del exterior de la circunscripción de Estados Unidos y Canadá. Es el mayor número de asambleístas alcanzado por el movimiento indígena desde su conformación en organización política que representa a sectores que tradicionalmente han sido excluidos de las políticas públicas.

El PSC obtendría 17 asambleístas provinciales, que incluyen 6 en Guayas. CREO alcanzaría 9 asambleístas, entre los cuales 3 en Pichincha, 2 en Guayas y uno en la circunscripción de América Latina, El Caribe y África; muy por debajo de los 29 asambleístas provinciales y 2 del exterior que obtuvo en las elecciones de 2017. La alianza PSC-CREO tendría 32 asambleístas provinciales y uno del exterior (Ibídem).

La Izquierda Democrática (ID) conseguiría 16 asambleístas provinciales, de ellos 5 en Pichincha y 2 en Guayas, lo que significa el resurgimiento de la socialdemocracia.

La baja aceptación de la población hacia los partidos y movimientos políticos, la facilidad para constituir organizaciones y la flexibilidad que ha caracterizado a la Función Electoral, han determinado el florecimiento de agrupaciones provinciales, cantonales y parroquiales. Hasta el 20 de abril de 2020, el CNE aprobó 72 organizaciones políticas provinciales, 167 cantonales y 20 parroquiales que suman 259 movimientos (CNE, 2020).

Los movimientos políticos provinciales, cantonales y parroquiales no tienen una ideología bien definida, les mueve más las reivindicaciones e intereses económicos. Los candidatos que son electos a la Asamblea Nacional por lo general conforman bloques “independientes” que usualmente se alinean con el oficialismo a cambio de pequeñas cuotas de poder.

La motivación económica ha derivado en casos como el del Bloque de Acción Democrática Independiente “BADI”, liderados por el asambleísta de la provincia de Manabí, sentenciado a 4 años y 2 meses de prisión por “autor de delito de delincuencia organizada” y el asambleísta de la provincia de Sucumbíos que hasta la fecha se encuentra prófugo de la justicia.

Según los datos oficiales, podrían ser electos unos 6 asambleístas auspiciados por movimientos locales. En los partidos políticos también se dan casos que por intereses económicos derivan en los llamados “camisetazos” que terminan adhiriéndose con el oficialismo.

Conclusiones

En el proceso electoral de febrero se evidenció la fragilidad institucionalidad de los organismos de la Función Electoral que aprobaron candidaturas respaldadas por movimientos políticos cuestionados por el organismo de control del Estado.

Una vez que se conocieron los resultados preliminares de las elecciones generales, el candidato de Pachakutik, que se siente perjudicado, solicitó la intervención de la Contraloría General del Estado y la Fiscalía, cuyas autoridades, a su vez, solicitaron a los consejeros del CNE autorización para realizar una auditoría y peritaje del sistema informático, hechos podrían debilitar la confianza y la legitimidad del proceso electoral.

En este ambiente, el 11 de abril se prevé realizar el balotaje entre los candidatos que alcanzaron la mayor votación, Andrés Arauz y Guillermo Lasso, quienes en sus planes de gobierno proponen modelos económicos diametralmente opuestos. Arauz es partidario del retorno de la política económica orientada a una activa participación del Estado en la economía, mientras que Lasso promueve un Estado subsidiario, limitado a dotar servicios básicos de educación, salud y vivienda a los pobres que realmente necesitan.

El candidato Arauz tiene mayores posibilidades de alzarse con el triunfo ya que deberá conquistar un poco más del 18% de los votos adicionales de la primera vuelta, aunque podría pesar los polémicos procesos judiciales seguidos a altos funcionarios de las administraciones del gobierno que lideró el ex presidente Rafael Correa. Sin embargo, es posible que se reedite algo análogo a lo que sucedió en las últimas elecciones en la República de Argentina, donde se alzó con el triunfo el binomio Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Lasso, en su tercer intento de llegar a Carondelet, debería conseguir más del 30% adicional de los votos de la primera vuelta, lo que es mucho más complicado. Un hecho que le podría dificultar es que representa el continuismo de la política económica del “Gobierno de todos” que derivó en el mayor desastre económico del país. Sin embargo, en la política como en el futbol no hay lógica, cualquier cosa podría suceder.

https://www.alainet.org/es/articulo/211329

21.7.-Solicitan en Perú prisión preventiva contra expdte. Vizcarra 

Martín Vizcarra podría integrar la lista de expresidentes peruanos que están en prisión por corrupción. | Foto: Twitter: Martín Vizcarra 

La fiscalía anticorrupción solicitó la prisión por los cargos relacionados con contratos de cuando era gobernador.

Un fiscal anticorrupción de Perú, Germán Juárez, integrante del equipo especial que investiga la saga local del megacaso «Lava Jato», presentó este viernes una solicitud de prisión preventiva en contra del expresidente y candidato al Congreso, Martín Vizcarra.

13 mar 2021.- La información fue confirmada por el diario peruano El Comercio, el cual detalla que la petición contra el exmandatario sería por año y medio (18 meses).

El fiscal es el encargado del equipo del Ministerio Público que indaga la corrupción vinculada a compañías constructoras, en este caso, Obrainsa e ICCGSA, cuyos ejecutivos confesaron los sobornos.

La solicitud fue presentada a la jueza María Álvarez, quien convocará a una audiencia para escuchar los fundamentos del fiscal y de la defensa de Vizcarra, antes de decidir si envía o no a prisión al exmandatario (2018-2020), quien llegó a la presidencia tras la dimisión Pedro Pablo Kuczynski, también vinculado a la trama de corrupción del caso Lava Jato.

De acuerdo a la versión el fiscal Juárez, Vizcarra habría incurrido en presuntos delitos de cohecho y otros cuando era gobernador de Moquegua (2011-2014) al recibir, de acuerdo al testimonio de los empresarios, el equivalente de 270.000 dólares del consorcio Obrainsa-Astaldi, por el contrato de construcción de un proyecto de riego.

Además, se le imputa por el supuesto cobro de un soborno por el equivalente de unos 351.000 dólares por el contrato para la edificación de un hospital.

Las acusaciones condujeron a que Vizcarra fuese destituido en noviembre de 2020 por incapacidad moral permanente.

En esa oportunidad, lo reemplazó el conservador Manuel Merino, quien unos días después renunció ante el repudio general y una ola de protestas, y fue sustituido por el entonces presidente del congreso y actual mandatario, Francisco Sagasti.

Si la jueza Álvarez aprueba finalmente el pedido del fiscal Juárez, el exgobernante se sumará a la lista de expresidentes peruanos encarcelados por delitos vinculados a casos de corrupción.

En la lista aparecen los exmandatarios Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por asesinato, crimen contra la humanidad, cohecho, secuestro y desfalco; Alejandro Toledo (2001-2006), vinculado a corrupción, blanqueo de capitales y malversación, actualmente prófugo y en proceso de extradición desde Estados Unidos; Ollanta Humala (2006-2011), quien estuvo en prisión preventiva y está a la espera de ser juzgado.

También está el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció por un escándalo de corrupción y ahora es investigado y permanece en detención domiciliaria.

Además, se une al listado Keiko Fujimori, hija del expresidente condenado, quien ha sido en repetidas ocasiones candidata a la presidencia, y actualmente tiene en su contra un juicio por corrupción en el que la Fiscalía pide 30 años y 10 meses de cárcel para ella y un grupo de allegados políticos.

https://www.telesurtv.net/news/peru-vizcarra-corrupcion-20210313-0008.html?utm_source=planisys&utm_medium=New

21.7.-Honduras: Las falacias de un narco estado ante el soplido del imperio CARLOS M. LICONA  

El viejo cliché de que “si el imperio estornuda a Honduras le pega gripe”, hoy más que nunca se hace realidad a raíz de los acontecimientos de las últimas semanas. Nadie duda de que el imperio estadounidense es el principal responsable de que en este país se instauró un narco estado, los mismos fiscales gringos lo han evidenciado con los juicios que no paran en el Distrito Sur de New York. Joe Biden y su séquito no se pueden lavar las manos a lo Poncio Piloto, ellos gobernaban en el imperio cuando el golpe de estado del 2009 y entregaron el país a los narcotraficantes, ya en ese tiempo Tony Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández, traficaba drogas hacia el norte.

14 mar 2021.- Por primera vez en el mundo un grupo de narcotraficantes recibió en bandeja de plata todo un país. Los gringos y la comunidad europea habían realizado su grandioso experimento geopolítico de inicios del siglo XXI en este desgraciado pueblo, más pareciera que pagamos una maldición a la valentía de haber luchado contra el golpe de estado. Al parecer, la factura que nos han cobrado por tan heroica lucha ha sido descomunal; seguimos sufriendo con esta impagable deuda que solo un pueblo en las calles puede revertir.

¿Qué pretende el nuevo gobierno de Biden?

Desde hace algunos años se llevan varios juicios en el Distrito Sur de New York, en el mismo, son varias las personas enjuiciadas y que estuvieron ligadas al Clan Hernández, sin embargo, es en estas últimas semanas que el recién instaurado gobierno de Biden a través de algunos congresistas están presionando al narco gobierno hondureño para que este ya no siga volando alto. Muchas palabras han corrido sobre la frase de JOH de “los inundaré de droga en sus propias narices”.

Han pasado 11 años y 8 meses desde el golpe de estado, pero es hasta ahora que milagrosamente el imperio le pega sus nalgaditas al narco gobierno, pero “el hombre” sigue ahí, intacto y lo más seguro es que terminará su ilegítimo periodo en enero del 2022. Todos los hilos los van tejiendo controladamente para no desbordar al pueblo y que este siga de cabeza en el proceso electoral, todo ese circo contra el dictador es para poner un stop a los narcos políticos, que, además, han logrado el título mundial de campeones de la corrupción.

El juego geopolítico sigue en Honduras, resulta que ahora, el narco gobierno volvió la mirada a los rusos y ya se negociaron algunos millones de vacunas contra el virus SARS-COV-2, la curiosidad nos invade ahora, al esperar con ansias los comentarios de la prensa mediática, de los religiosos, de los militares y de los pseudopolíticos aludiendo a los “comunistas come niños” que ahora nos enviarán vacunas.

¿Será Rusia una opción para pedir asilo ante algún posible juicio en New York al salir de la presidencia?

¡El pueblo debe insurreccionarse!

En una acción desesperada del régimen, han sacado un informe del 2020 donde el gobierno de Trump alaba la gestión del clan Hernández en su lucha contra el narcotráfico y lo han querido presentar como un informe del gobierno de Biden, la prensa tarifada de Honduras lo ha sobre dimensionado pero muy rápido quedaron al descubierto, cayendo en la desfachatez y la burla de las redes sociales. Aunque ha decir verdad, Cada día son muchas las voces disonantes que se van desligando del régimen, la actitud de los periodistas que antes le servían de alfombra “al hombre” poco a poco van cambiando el discurso. Esta actitud es sintomática de un régimen que pierde columnas cada día, sosteniéndose únicamente por la fuerza militar.

Es el momento de que el pueblo se insurreccione y que elija su destino, cualquier otro gobierno que nos impongan solo vendrá a aumentar nuestra agonía. Si las medidas de los fiscales y congresistas estadounidenses se hubieran realizado en el 2009, en el 2015 o en el 2017, sin duda alguna que este pueblo ya se hubiera librado de la dictadura. No se puede fijar una esperanza en que el imperio se lleve enchachado al dictador, quizás hasta ya le tienen una salida hacia Rusia para que no pague sus pecados. Los que se hacen llamar líderes de la oposición siguen en su carrera electoral y las calles ya solo las conocen para pegar afiches. Corresponde al pueblo ir a las calles y sacar al dictador y sus secuaces.

El gran dilema del imperio es que no encuentran un lacayo que sustituta al dictador, entonces el pueblo debe buscar la libertad.

https://www.elsoca.org/index.php/america-central/hondu/5692-honduras-las-falacias-de-un-narco-estado-ante-el-soplido-del-imperio

https://www.sinpermiso.info/textos/honduras-las-falacias-de-un-narcoestado-ante-el-soplido-del-imperio

21.7.-Los ocho objetivos ASCANIO CAVALLO

Ahora que acaba de cumplir su tercer año, con un futuro que costaría llamar luminoso, el gobierno de Sebastián Piñera ha estado tratando de delimitar qué es lo que alcanza a hacer en los últimos 12 meses de su gestión. Algo para recordar, añoran sus partidarios. De ser posible, nada, piensan las múltiples oposiciones. Lástima que no cayó, murmuran los más duros. Indiferente a esas altas apreciaciones, el núcleo estratégico de La Moneda ha identificado ocho objetivos.

13 mar 2021.- Dos de ellos son, por así decirlo, exigidos por las circunstancias. El primero es asegurar una ejecución impecable de las 10 elecciones que se deben realizar entre abril y diciembre. El Congreso ya concedió la división de las primeras cuatro en dos días sucesivos, pero queda por ver si el Servel podrá tener todos los resultados el segundo día con la eficiencia acostumbrada y sin un coro de reclamos. Tampoco se habla aún de las otras cuatro elecciones de noviembre. Un proceso electoral limpio es quizás lo único en que pueden coincidir todos los sectores. El segundo objetivo es completar la tarea de vacunación contra el Covid-19 en junio (al menos hasta el nivel de la “inmunidad de rebaño”). En verdad, este puede ser un éxito de escala internacional, aunque tampoco terminará de reponer la normalidad.

Una tercera meta es recuperar el funcionamiento de la educación. Es improbable que se pueda reparar el daño sufrido por los estudiantes durante el 2020, pero el gobierno pretende que la situación no se repita el 2021. Más allá de las reacciones corporativas dentro del sistema -profesores, colegios, apoderados-, las idas y venidas de las cuarentenas auguran otro primer semestre catastrófico, por lo que es probable que el gobierno tenga que ajustar sus iniciativas para la segunda mitad del año.

El cuarto objetivo es apuntalar la recuperación económica y acercarse a la proyección de crecimiento que ha dado el Banco Mundial, de 6% para el 2021. En Palacio se cree que a partir de abril podrían empezar a mejorar los indicadores de actividad y empleo, para alcanzar niveles “vigorosos” en los últimos dos trimestres. Nuevamente, este es un propósito que depende del Covid-19, pero también del grado de control del orden público que ofrezca el Ejecutivo una vez terminados los confinamientos.

Otras tres metas parecen retazos del programa con que Piñera asumió y ejerció el gobierno durante 19 meses. Uno es el programa de “protección de la clase media”, que incluye bonos, aumento de subsidios y un fuerte programa de inversión pública para empujar el empleo. Parte de esas medidas son las que el Presidente anunció esta semana, en una aparición también destinada a quitarle votos al tercer retiro de 10% de las AFP. Pero el gobierno tiene asumido que esta lucha tendrá que librarla en el Tribunal Constitucional, y quizás ahora sopese cuán precipitada (y poco convincente) fue su promulgación exprés del primer retiro.

Hay, además, un paquete de medidas en salud, que incluyen la entrega de 25 nuevos hospitales y 120 centros de atención primaria, la reforma del Fonasa, cambios reglamentarios en las isapres y la ley de Fármacos II, cuyo objetivo es bajar los precios de los medicamentos. Y, en materia de derechos sociales, un proyecto para convertir en universal el derecho a jardín infantil.

El octavo objetivo es la reforma del sistema de pensiones. Ya se sabe cómo toca los nervios de los parlamentarios este problema. Por eso, el gobierno ha optado por encararla como una batalla larga y con altos costos políticos para todos los que intervengan. El símil son los proyectos laborales que la Concertación presentó tres veces entre primeras y segundas vueltas presidenciales; al primero de ellos atribuyen muchos la derrota de Joaquín Lavín en el 2000. Las jugadas se repitieron dos veces más, en todo caso sin el mismo éxito.

El oficialismo espera que a la oposición se le haga muy costoso rechazar el aumento de pensiones para dos millones de personas y el incremento de las pensiones mínimas al equivalente del sueldo mínimo. Y también que tenga que hacerse cargo de la alta impopularidad que ha mostrado un aumento de la cotización enteramente entregado a un fondo solidario. El plan de La Moneda ya cumplió su primer paso el miércoles 3, cuando el proyecto fue aprobado en general y entró, por lo tanto, a la prolongada chancadora legislativa. Si el diseño se cumple, en el espacio público se estará hablando de pensiones en los alrededores del 11 de abril, y luego, mediante el trámite de las comisiones mixtas, durante el resto del año, para llegar con el debate caliente, fracasado o finalizado a las parlamentarias de noviembre.

El caso es que todos estos objetivos se plantean en un marco institucional muy debilitado, con un desorden inédito en los partidos y ante la presencia de actores políticos que están apostando a la polarización extrema. El campo que se intenta plantear, como ha anotado el historiador Alfredo Jocelyn-Holt (en Ex-Ante), es el de las “guerras culturales”, que suelen ser radicalmente emocionales y hacer el paso, con elasticidad olímpica, desde la violencia verbal a la material.

Un sector mayoritario de los políticos chilenos ha confiado en que la más institucional de las rutas posibles -nueva Constitución y elección de todas las autoridades en un mismo año- constituya una salida al embrollo interpretativo planteado por el alzamiento del 18-O. Y el gobierno pretende nadar en ese mar de sargazos con un paquete de proyectos que le permitan recordar por qué llegó a donde está.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-los-ocho-objetivos/LNUAFZ7WBRAB5HMGSJDURROCKY/

21.7.-Denuncian en Argentina a Mauricio Macri por préstamo del FMI 

El presidente Alberto Fernández anunció que impulsa una demanda contra el gobierno de su antecesor por el préstamo de 55.000.000.000 de dólares otorgado por el FMI. | Foto: El Ciudadano

Entre otros acusados se encuentran el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el exministro de Finanzas Luis Caputo.

La Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina presentó una denuncia contra el expresidente Mauricio Macri por administración fraudulenta infiel agravada en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales.

13 mar 2021.- El presidente Alberto Fernández anunció el lunes 3 de marzo que impulsa una demanda contra el gobierno de su antecesor por el préstamo de 55.000.000.000 de dólares otorgado por el Fondo Monetario (FMI), y el gran endeudamiento externo con acreedores privados.

Instruyó a las autoridades pertinentes que determinen “quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la más grande malversación de caudales que nuestra memoria registra”.

Los informes del Banco Central de la República Argentina y la Auditoria de la Sindicatura General de la Nación alcanza al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el exministro de Finanzas Luis Caputo y los extitulares del Banco Central Adolfo Struzenegger y Guido Sandleris.

Los delitos por los que acusan a Macri son la “defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública” y la «malversación de caudales públicos».

De acuerdo con el texto de la denuncia: «El 20 de junio de 2018 el FMI aprobó un nuevo empréstito, que fue destinado a solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado Argentino y de todo el pueblo de la Nación, que con el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores por la decisión de los denunciados».

«Los imputados recurrieron a distintas conductas que se describen en la denuncia, desde evitar cumplir con los procedimientos legales para la toma de la decisión del endeudamiento evitando al Congreso de la Nación, hasta falsear los objetivos del empréstito».

«Lo cierto es que entre mayo de 2018 y hasta que fueron restablecidos tardíamente los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI se desembolsaron casi 44.500.000 de dólares»

«Estos fondos, junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado que alcanzó los 45.100.000, una salida de capitales especulativos por 11.500.000 y los servicios de la deuda (pública y privada) por 36.900.000 de dólares».

«El proceso fue espurio porque las autoridades no optaron por ninguna otra medida que evitara la sobredemanda de dólares y la salida de estos de la plaza local, garantizando con su deliberada pasividad la toma de ganancias de los especuladores a expensas del patrimonio público…».

«No se recurrió al canje compulsivo de títulos ni al control cambiario (al que tantas veces se echó mano en perjuicio de los pequeños ahorristas nacionales) sino hasta que, en las postrimerías del gobierno, las ganancias, su dolarización y la fuga estuvieron garantizadas para los especuladores».

«Mauricio Macri en su carácter de Presidente de la Nación; Nicolás Dujovne, en su rol de Ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central».

«… y finalmente Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como Presidentes del Banco Central de la República Argentina, tenían a su cargo la administración de bienes e intereses pecuniarios ajenos».

Todos ellos «violaron los deberes a su cargo, incumpliendo la solicitud al Poder Legislativo Nacional de la autorización previa para contraer el empréstito con el FMI (arts. 75 inc. 4 y 7 de la CN), y eludiendo la inclusión del empréstito por el monto correspondiente en la ley de presupuesto (art. 60 de la ley 24.156), omitiendo traducir documentos fundamentales en legal forma (art. 6 de la ley Nº 20.305)».

Para concluir que «se trató de un programa calculado y ejecutado con el objeto de generar una transferencia extraordinaria de activos desde el sector público hacia un grupo selecto del sector privado, en perjuicio del interés del pueblo argentino, el que debían gestionar y custodiar con finalidad”.

https://www.telesurtv.net/news/argentina-presentan-denuncia-contra-macri-prestamo-fmi-20210313-0006.html?utm_so

  • 21.6.-Chile: Cuatro panes en dos cestasASCANIO CAVALLO
  • Andinos suscribieron nuevo convenio automotor MARTHA LUCÍA RAMÍREZ, por Colombia
  • La nueva realidad política salvadoreña  ROBERTO PINEDA

El gobierno envió en estos días al Congreso un proyecto de ley para dividir en dos jornadas las cuatro elecciones simultáneas fijadas para el 11 de abril. Como ya se ha hecho casi ritual, el proyecto fue aprobado en una Cámara (el Senado) y, por lo tanto, rechazado en la otra (la de Diputados), lugar donde, además, se le han agregado colgajos para resolver problemas diferentes. Y, por lo tanto, ha pasado, como muchos proyectos de este gobierno, a una comisión mixta.

6 mar 2021.- La fundamentación técnica de la idea es poco discutible: cuatro papeletas simultáneas demorarán los procesos de voto, recuento y verificación. Será virtualmente imposible que los resultados se conozcan en el mismo día -como ha sido habitual en el musculoso sistema chileno- y la proverbial confianza de los electores en la limpieza del proceso podría verse dañada. Una gota más en el pozo de la desconfianza.

La dimensión política es más complicada. La división lógica de las elecciones es: un día para gobernadores y constituyentes y otro día para alcaldes y concejales. También parece lógico que en cada día vote un distinto número de personas; dicho de otra manera, que haya más abstención en uno que en otro.

Prima facie, para la ciudadanía resultaría más atractivo el día de los gobernadores y constituyentes: ambas elecciones son inéditas y ponen en acción nuevas piezas dentro de la trama institucional de Chile. Nunca las regiones han tenido gobiernos elegidos, nunca se ha convocado a todos los chilenos para ser parte de la redacción una Constitución. Ambas tienen un intenso aroma histórico, aunque esa delicadeza no alcanza a emitirse por las aburridas redes digitales que son hoy el principal soporte de la propaganda. Debido a esos engañosos recursos, la actual es una campaña de muy baja intensidad para decisiones de gran envergadura.

En cambio, las elecciones municipales han seguido una trayectoria declinante, que llegó a su piso en las anteriores, el 2016, cuando sólo un 35% del padrón, poco más de un tercio, concurrió a votar. Sin embargo, esos mismos alcaldes, aun elegidos con pocos votos, lograron un protagonismo estelar en los inicios de la pandemia y, al menos en un par de casos, aspiran a dar un salto desde allí al sillón presidencial. Aun con poca votación, las elecciones de alcaldes interesan sobremanera a los partidos y a sus dirigentes. En cuanto instalación de poder territorial, se han convertido en un elemento predictivo de las siguientes presidenciales. La flaca épica política de la comuna compite con su verdadera importancia táctica.

Queda pendiente el problema de noviembre, cuando de nuevo habrá cuatro elecciones paralelas: Presidente, senadores, diputados y consejeros regionales. Esos panes sí que son difíciles.

La abstención es una de las principales amenazas para la convención constituyente. Los interesados en impugnar su legitimidad -que, desde luego, ya los hay- se afirmarían de una baja votación nacional. Los parlamentarios se dieron cuenta de este problema cuando establecieron que la votación final de la Constitución, la que aprueba o rechaza el texto acordado, será con voto obligatorio, pequeño guiño de reconocimiento del error histórico cometido con el voto voluntario.

Este es el primer problema de la convención. Los dos siguientes tienen que ver con la inflación de expectativas que ha producido, con o sin voluntad, el discurso del asambleísmo constitucional. La primera ilusión es que en la convención abundarán los desconocidos y los aficionados, ciudadanos de a pie, distantes de los partidos y orgullosamente independientes. El sistema electoral no da espacio para esto. Los partidos llevan una ventaja inmensa -desde el acopio de recursos hasta la notoriedad de sus figuras- y la “proporcionalidad corregida” permite que la posibilidad de ser elegido se concentre en esas listas, incluso con muy pocos votos, tal como ocurre en la Cámara de Diputados. Las estimaciones de expertos cifran la posible elección de independientes entre 3% y 6%, lo que significa entre cinco y nueve convencionales. Pero esa puede ser una minusvaloración.

La segunda fantasmagoría es que la producción de un nuevo texto constitucional resolverá los problemas imperiosos del país. La única forma en que la Constitución se haga cargo de deficiencias urgentes es que en paralelo aumente la participación en la política y obligue a los partidos a remozar sus envejecidas fachadas. Sin eso, la Constitución será no mucho más que una declaración. Esta es otra razón para que el problema de la abstención adquiera una importancia estructural.

Hay una tercera fuente de posible frustración. Quienes han promovido en forma persistente el cambio de la Constitución creen que la convención será naturalmente dominada por una sensibilidad de centroizquierda e izquierda. En su interpretación, el 18-O confirmó esta voluntad. Pero esta no pasa de ser una impresión, que aún no ha sido corroborada por ningún evento democrático, ni siquiera por las encuestas. Los datos conocidos indican que el país ha estado dividido en partes similares y que el mundo de la centroderecha copa alrededor del 45% del electorado. Como es lógico, incluso quienes se sienten derrotados por el cambio de la Constitución y los que opinan que Sebastián Piñera “entregó” la arquitectura institucional, forman parte de este conglomerado que viene soportando ese porcentaje a lo menos desde 1999. La división de estrategias del mundo opositor nace precisamente de esta realidad intragable, y el resultado ha sido que al final conformara no dos, sino cuatro listas paralelas para la convención. Es muy difícil que en tales condiciones una de esas listas consiga superar a la lista única del oficialismo. Medida por listas, la hegemonía será de centroderecha.

Esta conclusión ha llevado a algunos a promover la alteración de la regla de dos tercios para los acuerdos constituyentes y otras triquiñuelas del mismo tipo, incluyendo la amenaza jacobina de “rodear la convención”. El atrevimiento de esto no está en su formulación -”cualquier cosa que, en su imaginación, pueda cambiar la historia”, escribió una vez Philip Roth-, sino en la oscurecida conciencia de que la alteración de las reglas del juego polarizaría al país hasta los límites de su resistencia. Pero esta es otra historia.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-cuatro-panes-en-dos-cestas/6LKG7BSBP5A5VGYPJW6HOYC4FI/ 

21.6.-Andinos suscribieron nuevo convenio automotor MARTHA LUCÍA RAMÍREZ, por Colombia

Hace 21 años se veía venir la industria automotriz andina. Con ensamblaje, para comenzar. Pero luego llegó  el presidente Uribe, el último mejor amigo colombiano del presidente Bush. El TLC con los Estados Unidos decapitó todo nuevo intento industrial. Pero ahora, con el fallecimiento de la globalización intercontinental, vuelve y juega!

Lima, 16 set./99 Colombia, Ecuador y Venezuela suscribieron hoy un nuevo convenio de complementación automotor con el fin de aprovechar mejor el mercado andino y sentar las bases para un mayor desarrollo del sector en la subregión.

El Convenio de Complementación en el Sector Automotor fue firmado en Lima por los ministros de Comercio Exterior y Desarrollo Económico de Colombia, Marta Lucía Ramírez y Jaime Alberto Cabal, respectivamente; por el ministro de Producción y Comercio de Venezuela Juan de Jesús Montilla y por el viceministro de Comercio Exterior de Ecuador, Julián García Miranda.

Como resultado de la aplicación de este convenio, los países esperan aumentar la producción subregional de vehículos de 212 mil unidades anuales a 500 mil unidades en un lapso menor a los diez años.

También aspiran incrementar sustantivamente las transacciones intracomunitarias de vehículos y autopartes que en 1998 superaron los 600 millones de dólares y representan el principal sector industrial en el comercio andino.

El convenio entrará en vigencia el 1 de enero del 2000 con una duración de diez años prorrogables y sustituirá al acuerdo firmado en 1993 por los tres países de la Comunidad Andina (CAN).

Un aspecto importante del nuevo convenio que marca la diferencia con el vigente, es que elimina eventuales incompatibilidades con la Organización Mundial del Comercio (OMC), al no incluir, por ejemplo, las fórmulas que exigían un contenido subregional en la producción local.

Cuando entre en vigor, bastará el cumplimiento del requisito específico de origen, fijado por la Secretaría General, para que los vehículos ensamblados por los productores andinos tengan libre acceso al mercado subregional.

El nuevo acuerdo mantiene el arancel externo común de 35 por ciento para los vehículos de la categoría 1, es decir las unidades livianas con una capacidad máxima de 16 personas y las de un máximo de 4,5 toneladas de capacidad de carga.

Para las unidades de la categoría 2, que son los vehículos pesados (los que superan la capacidad máxima señalada anteriormente), el AEC será del 15 por ciento en el caso de Colombia y Venezuela, y de 10 por ciento en el de Ecuador.

A su vez, los países se comprometen a autorizar sólo la importación de vehículos y autopartes nuevos, a fin de garantizar condiciones mínimas de seguridad, de protección del medio ambiente, defensa del consumidor y propiedad industrial.

El convenio fortalece la posición negociadora de la CAN ante los acuerdos regionales y adecúa a la industria automotriz andina a las exigencias internacionales. Asimismo, sustituye el requisito de desempeño por norma de origen y precisa las atribuciones del Comité Automotor, integrado por los representantes de cada uno de los países participantes.

El acuerdo prevé la incorporación de los otros países miembros de la Comunidad Andina, para lo cual se podrán negociar las condiciones de adhesión.

Además, establece un régimen suspensivo de derechos de importación en las ensambladoras, que les permitirá incorporar material subregional e importado para que el vehículo producido pueda circular en la subregión libre de aranceles, previo el cumplimiento del requisito de origen.

http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=89&accion=detalle&cat

Convenio de complementación en el Sector Automotor

Los Gobiernos de Colombia, Ecuador y Venezuela.

VISTOS: Los artículos 62 y 63 del Acuerdo de Cartagena, las Decisiones 298, 370 y 444 de la Comisión, las Resoluciones 355 de la Junta y 163 de la Secretaría General y los artículos 1 y 43 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena modificado por el Protocolo de Cochabamba;

CONSIDERANDO:

Que los avances registrados en la integración andina requieren instrumentos para promover acciones que faciliten una mayor articulación de los procesos productivos y especializaciones industriales con miras a contribuir con los objetivos económicos y sociales previstos en el Acuerdo de Cartagena;

Que se hace necesario fortalecer e impulsar el desarrollo de la industria automotriz en la subregión, aprovechar el mercado ampliado subregional, promover las exportaciones de los productos automotores, atender las exigencias de los acuerdos de integración regionales y aprovechar las oportunidades derivadas de los mismos;

Que los países participantes en el Convenio han decidido poner en marcha una estrategia integral orientada a proyectar una industria automotriz acorde con las exigencias internacionales;

APRUEBAN:

Artículo 1. – Celebrar el siguiente Convenio de Complementación Industrial en el Sector Automotor que tiene por objeto la adopción de una política comunitaria con el fin de facilitar una mayor articulación entre los productores subregionales, aprovechar los mercados ampliados de la región, así como propiciar condiciones equitativas de competencia en el mercado subregional y un aumento de la competitividad y la eficiencia.

Artículo 2.- Los beneficios previstos en el presente Convenio para las industrias del sector automotor tienen por objeto:

  1. Lograr la transferencia tecnológica que garantice el incremento de su productividad y competitividad.
  2. Generar inversiones productivas adicionales.
  3. Adelantar programas de desarrollo de proveedores de la subregión, y
  4. Ofrecer a los consumidores andinos productos con mejores calidad y precio.

A tal efecto, se realizará anualmente una evaluación del cumplimiento de estos objetivos con base en cuyos resultados los Gobiernos decidirán los ajustes y correcciones necesarios, incluso la suspensión de los beneficios aquí previstos si fuere del caso.

Artículo 3.- El ámbito de los vehículos del presente Convenio figura en el Anexo 1.

Artículo 4.- Para el ámbito de los vehículos del Anexo 1 se adopta las siguientes categorías:

Categoría 1: Comprende los vehículos para el transporte de pasajeros hasta de 16 personas incluido el conductor; y los vehículos de transporte de mercancías de un peso total con carga máxima inferior o igual a 4,537 toneladas (o 10 000 libras americanas), así como sus chasis cabinados.

Categoría 2a: Comprende los vehículos con carrocería para el transporte de pasajeros de más de 16 personas incluido el conductor.

Categoría 2b: Comprende los demás vehículos no incluidos en las categorías 1 y 2a.

Artículo 5.- Para los vehículos de la Categoría 1, los Países Participantes establecerán un Arancel Externo Común del 35% y para los bienes automotores de las Categorías 2a y 2b un Arancel Externo Común del 15% en el caso de Colombia y de Venezuela, y del 10% en el caso del Ecuador.

Artículo 6.- Con el propósito de garantizar condiciones mínimas de seguridad, de protección del medio ambiente, de defensa del consumidor y de propiedad industrial, los Países Participantes sólo autorizarán la importación de vehículos nuevos, del año-modelo en que se realiza la importación o siguiente. Igualmente sólo se autorizarán importaciones de componentes, partes y piezas nuevos y sin reconstruir o reacondicionar.

Artículo 7.- Para los efectos del presente Convenio de Complementación Industrial, los Países Participantes aplicarán a las compañías fabricantes de bienes automotores que así lo soliciten y previo el cumplimiento de las normas que correspondan, un régimen aduanero suspensivo de derechos mediante el cual los bienes automotores se producen y/o ensamblan en una zona aduanera y luego se ingresan al territorio aduanero de la subregión mediante el pago de la tarifa arancelaria que corresponda.

Las compañías que se acojan al régimen de que trata el presente artículo, serán registradas ante la Secretaría General de la Comunidad Andina por parte del organismo oficial competente de cada País Participante.

Artículo 8.- Se crea un Comité Automotor conformado por los Países Participantes en el presente Convenio cuya composición es la misma del Comité Subregional de la Industria Automotriz creado mediante Decisión 298 de la Comisión. El Comité, cuyo reglamento se incluye en el Anexo 2, tendrá como funciones principales las de contribuir al desarrollo de las industrias automotriz y conexas y recomendar a los gobiernos o a los organismos comunitarios las acciones que considere adecuadas para el cumplimiento del presente Convenio, de los objetivos de la integración y el desarrollo de la oferta productiva conjunta ampliada.

La Secretaría General de la Comunidad Andina actuará en calidad de secretaría técnica del Comité Automotor.

El Comité tendrá, adicionalmente, las siguientes atribuciones:

  1. Evaluar la incidencia del presente Convenio en el desarrollo del sector.
  2. Realizar actividades tendientes a fomentar el comercio intrasubregional.
  3. Evaluar la aplicación del Arancel Externo Común de bienes relacionados con el sector automotor, con miras a plantear su modificación cuando las circunstancias así lo ameriten.

Evaluar la aplicación de los Requisitos Específicos de Origen exigidos a los productos del sector y recomendar su modificación en caso que sea necesario.

  1. Promover la aplicación de mecanismos que fomenten las exportaciones de bienes automotores de la subregión.
  2. Conformar subcomités con el fin de analizar aspectos especializados relacionados con el sector.
  3. Formular recomendaciones y propuestas específicas referidas a la armonización de políticas vinculadas al sector automotor entre los Países Participantes en materias ambiental, técnica y de mejoramiento tecnológico, de normalización y certificación de calidad y de modernización industrial, entre otras.
  4. Evaluar el comportamiento de las importaciones de productos del sector desde terceros países y solicitar las medidas correctivas a los Países Participantes.
  5. Recomendar el establecimiento de una política de exportaciones del sector automotor.
  6. Proponer las modificaciones en la NANDINA que se consideren necesarias.
  7. Recomendar una política común para las negociaciones con terceros.
  8. Supervisar el cumplimiento de los compromisos del presente Convenio, mediante la inclusión en su agenda de reuniones de los casos de incumplimientos dictaminados por la Secretaría General, con el propósito de presentar recomendaciones a las autoridades nacionales o a los organismos comunitarios, orientadas a la solución del problema y a la interpretación de las disposiciones del Convenio cuando a ello hubiere lugar.
  9. Las demás que le asignen los organismos competentes.

El Comité impulsará, además, acuerdos de coproducción, subcontratación, operaciones conjuntas de comercio exterior, capacitación de mano de obra, y desarrollos conjuntos, así como otras modalidades de acuerdos que faciliten una mayor articulación de los procesos productivos.

Artículo 9.- Cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, no participante en el Convenio podrá plantear su incorporación al mismo, para lo cual los Países Participantes aprobarán las condiciones de dicha incorporación, las que serán puestas en conocimiento de la Comisión. Las condiciones de incorporación serán publicadas mediante Resolución de la Secretaría General en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Artículo 10.- El presente Convenio será puesto en conocimiento de la Comisión y tendrá una vigencia de diez años, prorrogables automáticamente por períodos iguales. Cualquiera de las partes podrá retirarse del Convenio, para lo cual comunicará su intención a los Países Participantes por conducto de la Secretaría General con una anticipación no inferior a un año a la fecha de su retiro.

Artículo 11.- Los acuerdos que suscriban los Países Participantes para la aplicación y desarrollo del presente Convenio, serán publicados mediante Resolución de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Artículo 12.- El presente Convenio se publicará en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena de conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena modificado por el Protocolo de Cochabamba y entrará en vigencia a partir del 1º de enero del 2.000.

Disposición Transitoria.- El Gobierno de Venezuela estudiará los mecanismos de instrumentación del Convenio en las materias aduanera y arancelaria para asegurar la compatibilidad del mismo con sus normas jurídicas, explorando en particular la adopción de un régimen aduanero suspensivo o especial. En tal sentido, se reserva el derecho de proponer a los otros países que suscriben el Convenio los ajustes instrumentales del Convenio que garanticen tal compatibilidad.

Lima, 16 de setiembre de 1999
POR EL GOBIERNO DE COLOMBIA
Marta Lucía Ramírez de Rincón
Ministra de Comercio Exterior

Jaime Alberto Cabal Sanclemente
Ministro de Desarrollo Económico
POR EL GOBIERNO DEL ECUADOR
Julián García Miranda
Subsecretario de Comercio Exterior e Integración

POR EL GOBIERNO DE VENEZUELA
Juan de Jesús Montilla Saldivia
Ministro de Producción y Comercio

http://www.sice.oas.org/can/agreauto_s.asp

21.6.-La nueva realidad política salvadoreña  ROBERTO PINEDA

Los logros del presidente Bukele y su partido NI han sido posibles a partir de dos elementos: un indiscutible respaldo popular y un profundo desgaste del sistema de partidos políticos surgidos de los Acuerdos de Paz de 1992.

Foto: https://www.nodal.am

 Los resultados de las elecciones legislativas y municipales de este 28 de febrero, constituyen un golpe a la yugular del actual cuerpo político y el quiebre de su columna vertebral, los partidos ARENA y el FMLN.

Los resultados para la Asamblea Legislativa son los siguientes: Nuevas Ideas: 56 diputados, ARENA: 14, GANA: 5, FMLN: 4, PCN: 2, PDC: 1, Nuestro Tiempo: 1 y Vamos: 1. Además NI gana 13 de las 14 cabeceras departamentales, incluyendo la capital, San Salvador.

La derrota electoral de ARENA y el FMLN ya era una decisión tomada por los sectores populares, pero postergada por el calendario electoral del orden oligárquico.

Tanto ARENA como el FMLN son barcos que fueron golpeados por la furia huracanada del rechazo popular electoral, y lo irónico del caso es que cumplieron el triste y difícil papel de -vía control del TSE- organizar unas elecciones “limpias y transparentes” sabiendo de antemano que organizaban su propia derrota.

En el caso de ARENA, como derecha política, debe decidir si dar la batalla por la sobrevivencia luchando o pensar que solo puede salvar su vida, logrando previsibles arreglos con el nuevo poder.

Lo segundo es más rentable económicamente que lo primero y probablemente prevalecerá como criterio, incluso si es necesario sacrificar uno que otro chivo expiatorio.

En el caso del FMLN, como izquierda política, enfrenta la disyuntiva de permitir –como en el pasado reciente- que la inercia le resuelva su golpeada identidad o de evaluar que únicamente puede sobrevivir a este naufragio, aferrándose -rápida y autocríticamente- al trozo de madera del debate y la organización y lucha popular.

Lo primero es más conocido que lo segundo y probablemente prevalecerá, afectando aún más la credibilidad de este sujeto político. Y ojala pueda romperse a futuro el vínculo político con ARENA que fue una de las principales razones del rechazo popular.

En síntesis, en el plano político, la contradicción principal es entre el orden burgués emergente de Bukele, representado por NI, y el orden oligárquico vencido pero no derrotado, simbolizado por ARENA, que con 14 diputados tratará de encabezar la oposición política al régimen autoritario y populista del presidente Bukele.

A continuación repasamos la actual correlación de fuerzas, los diversos mensajes derivados del evento electoral y concluimos con algunas reflexiones sobre los desafíos para enfrentar el naufragio de la izquierda salvadoreña.

La actual correlación de fuerzas sociales y políticas

A partir de la desafortunada expulsión de Nayib Bukele del FMLN en 2017, este comienza a ensamblar un proyecto político que de manera ascendente ha venido acumulando fuerza social y política, y que se expresa en 2019 en la conquista de la presidencia y hoy en esta arrolladora victoria electoral.

 La cual fue también lograda poniendo los recursos del Estado al servicio de NI y desafiando abiertamente la legalidad electoral vigente, y que ahora le permitirá el control de Asamblea Legislativa y la mitad de alcaldías del país. Bukele de manera subversiva se burló de la legalidad oligárquica y garantizó su triunfo.

Por otra parte, inicia a partir de 2019 un enfrentamiento social encarnizado entre Nuevas Ideas, NI y su bloque de poder emergente y la vieja oligarquía, que ve desafiada su dominación ancestral y reacciona airadamente mediante sus instrumentos políticos (ARENA) , mediáticos (TCS, LPG, DDH) académicos (FUSADES,ESEN) y gremiales (ANEP, CCIES). Probablemente en esta guerra social, la siguiente batalla será contra la ANEP y su emblemático presidente, Javier Simán.

Los logros del presidente Bukele y su partido NI han sido posibles a partir de dos elementos: un indiscutible respaldo popular y un profundo desgaste del sistema de partidos políticos surgidos de los Acuerdos de Paz de 1992. Hoy Nayib Bukele y su proyecto político Nuevas Ideas, controlan una parte sustancial del Estado: la presidencia y con esto la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, la Asamblea Legislativa, y la mitad de gobiernos municipales.

A partir de esta victoria legislativa y municipal, NI se coloca en una situación de ventaja estratégica que difícilmente podrá ser revertida, y que seguramente le permitirá continuar el proceso de desmontaje del viejo sistema político y construcción de su propio modelo, de naturaleza populista y autoritario.

Incluso si el gobierno estadounidense de Biden adoptara una posición de beligerancia frente al presidente Bukele, como sueñan las fuerzas de la oligarquía opositora -debilitadas pero no totalmente vencidas- esto vendría a fortalecerlo. Es más, hasta una actitud reservada de USA frente a Bukele, vendrá a consolidarlo más que afectarlo, ya que le dará internacionalmente un aire de independencia frente al imperio.

En Nuevas Ideas y en la cabeza de Bukele parece predominar la idea que la mejor defensa es el ataque –ese es su estilo personal- así que la próxima plaza a ser conquistada –mediante ya sea su neutralización o incluso apoyo- será la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía.

Al lograr este propósito todas las piezas del ajedrez del nuevo sistema político de naturaleza populista y autoritaria estarán en su lugar. Entonces su problema va ser la de la ausencia de un enemigo a quien enfrentar y seguramente el enemigo se volverá interno.

A partir del 1 de mayo de 2021 el proyecto de Nuevas Ideas deberá garantizar para mantener su viabilidad, principalmente el respaldo popular mediante iniciativas que colaboren en un mejoramiento de la calidad de vida de los sectores populares, que son su principal base de apoyo. Asimismo necesitara en el marco de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, incentivar la economía.

Y garantizar que la delincuencia pandilleril continúe férreamente controlada. Y si a esto le agregamos una dosis de teatralidad -de espectáculo en que es especialista- puede confiar en el avance seamless de su proyecto.

Pero además deberá resolver el crítico problema de su continuidad en el tiempo, ya que en la actual legislación no existe la figura de la reelección, y Bukele llega hasta el 2024. ¿Quién le sucederá en el trono?

Los mensajes derivados del evento electoral

Este 28 de febrero deja muchos mensajes tanto para las fuerzas sociales como políticas. Enseña que la población ha realizado un aprendizaje del uso independiente de su fuerza electoral, lo cual refleja un alto nivel de criterio político. Veamos los mensajes principales.

Para la derecha oligárquica, los resultados le señalan que su desplazamiento del poder político iniciado en 2009 con la victoria del periodista Mauricio Funes, se prolonga en el tiempo. Están fuera del aparato de estado y lo seguirán estando.

Para la izquierda aglutinada en el FMLN, que como sujeto político debe entender que no es propietario de la voluntad popular, y que los sectores populares, la gente, son un ente crítico. Son hasta tristes las expresiones de algunos que califican estos resultados electorales como expresión de la “estupidez de la gente.” Así como de otros que lo ven como un revés temporal, coyuntural, “una moda.”

Y más preocupante que otros confíen que sea el gobierno de Biden el que se encargue de enfrentar la “dictadura” de Bukele y “restablecer” la democracia en el país. Y peor aun los que hoy asumen y divulgan por redes las opiniones de los intelectuales de la derecha oligárquica.

Lo que existe la necesidad de reasumir la lucha social por la emancipación y redefinir el papel de lo electoral en la construcción de poder popular.

Para Nuevas Ideas y Nayib Bukele, ojala que no crean que este sea un cheque en blanco, porque muy pronto se van a decepcionar. Lo que la gente les dice es lo siguiente: les entregamos esta cuota, nuestra confianza y respaldo para que lo usen a nuestro favor. No nos vayan a defraudar, please.

El mensaje para el movimiento popular: la ausencia o presencia de un movimiento popular que construya poder popular, definirá el perfil de gobierno que realizará Nayib de aquí al 2024. Ante la ausencia de un movimiento popular privilegiara su alianza con sectores de la oligarquía y afectará a sectores populares para enfrentar crisis, ante la presencia de movimiento popular privilegiara su alianza con este, y descargara conjuntamente sus golpes contra la oligarquía.

Si no hay quien le pase la factura a Bukele por la cena, este se irá seguramente sin pagar. Si no enfrenta un movimiento popular que le haga demandas, se verá libre para golpear sabiendo de antemano que no habrá respuesta. Debe Bukele saber que habrá respuesta y que será contundente.

Asimismo debemos cuidarnos de una visión sectaria que descalifique a ese millón y medio de personas que hoy respaldan a Nuevas Ideas, cuidarnos del lenguaje injurioso que nos aisla, y saber que nuestra tarea como izquierda es la de garantizar que realicen en la escuela de la lucha su aprendizaje político.

El naufragio electoral, político, ideológico y ético de la izquierda salvadoreña. Quo vadis FMLN?

El FMLN como partido de izquierda, atraviesa una crisis múltiple y aguda, con cuatro componentes principales: electoral, político, ideológico y ético. Una comprensión unilateral de esta crisis le ocasionara más problemas que soluciones. Por otro lado, debemos de sacar lecciones de esta gran derrota. Repasamos cada uno de los componentes de esta crisis.

A nivel electoral el FMLN perdió su voto duro, el que le permitía enfrentar cualquier evento electoral con la confianza que representaba un segmento significativo del electorado. Pero desde 2012 existe una tendencia a la baja y hoy con estos resultados, la vía electoral como opción de futuro parece agotada.

Hoy electoralmente el FMLN ocupa un humillante cuarto lugar, después de NI, ARENA y GANA. Y ojala que la reducida fracción legislativa electa no se convierta en fuerza de apoyo de ARENA sino que sepa con posiciones firmes e independientes, ganarse el respaldo popular.

A nivel político perdió su cuota legislativa y municipal. Y esto hace que en el marco del sistema político vigente, o sea en la lucha parlamentaria, se vuelva una fuerza marginal e irrelevante. Por otra parte, a lo interno, hay voces que piden la renuncia de esta dirección, lo cual creo que sería un grave error. Lo mismo pretender desde una visión legalista que una reforma de estatutos solucionara un problema que es político.

Pero si hay que pautar un calendario para definir debate sobre rumbo estratégico, que podría concluir a nivel FMLN, en un nuevo congreso y a nivel amplio, en un gran encuentro de la izquierda.

A nivel ideológico, no hay un rumbo claro y durante este último periodo se ha sumado a la tesis de ARENA de -como criterio principal- la defensa de esta democracia liberal. Pero para la gente esta democracia liberal capitalista le resulta irrelevante, no le resuelve sus problemas.

Lo que la gente busca es la esperanza de un empleo decente para mantener a su familia. Si solo hace debate sin lucha popular, terminara aislándose mientras que si solo hace lucha popular sin definir rumbo, terminara en el reformismo.

A nivel ético, la actuación de su dirigencia al adaptarse al sistema vigente y negarse a impulsar los cambios prometidos, provocó la pérdida de la confianza popular y esta es de difícil recuperación.

Conclusiones

Al cruzar este río electoral de febrero de 2021 la izquierda salvadoreña ha entrado en territorios peligrosos y desconocidos. Y la única brújula que le permitirá reagrupar sus fuerzas y recuperar la confianza popular perdida, es el compromiso real-no de palabra-con la organización y la lucha popular.

Y para esto necesita recuperar el espíritu autocrítico. No solo basta el parcial relevo generacional ocurrido en 2019. De no hacerlo y de continuar con el mismo discurso de confrontación, los resultados de mayor aislamiento político son previsibles, como lo fueron desde el 2018.

Hay que escudriñar lo que la gente quiere, sus más profundos anhelos, y en estos momentos no es la confrontación con el gobierno, sino la búsqueda de soluciones a sus problemas.

Y saber que Bukele va intentar mantener a la izquierda aislada de la lucha popular, y puede lograrlo en la medida que lo electoral siga siendo el eje principal sobre el que gire la conducta del FMLN.

Han pasado tres años desde el 2018 y parece ser que el mensaje popular de la necesidad de renovación –de rostros, de discurso y de práctica política -sigue sin escucharse. El peligro es el de convertirse en una secta, simbólica pero políticamente irrelevante. El desafío es el de renovarse, crecer y avanzar.

https://www.alainet.org/es/articulo/211208

21.5.-Chile: la picazón del séptimo año ASCANIO CAVALLO

  • Ecuador dice haber controlado motines carcelarios 
  • En quiebra, Venezuela cede a privados empresas que expropió – BLOOMBERG

El segundo gobierno de Sebastián Piñera se acerca a cumplir su tercer año. Desde luego, es demasiado temprano para hacer balances, pero no para ejercicios anuales. Para el Presidente, este será su séptimo cumpleaños en La Moneda, lo que incita a preguntarse si, de retroceder en el tiempo, volvería a postularse.

27 feb 2021.- Váyase a saber si lo hizo por competir con Michelle Bachelet, el resto de la derecha, la historia o con un dios secreto, lo cierto es que al terminar su primer gobierno se ocupó, igual que Bachelet, de que no creciera ninguna sombra en sus alrededores. Entre los dos han ocupado el gobierno en el tiempo en el que un recién nacido se convierte en adolescente. Parece improbable que la historia recuerde con admiración estas cambiaditas.

Y aun antes de eso, la experiencia de estos 16 años puede decirle algo a la convención constituyente. Una reelección discontinua ha mostrado que el apetito por el gobierno permanece indefinidamente abierto, mientras que una continua, como la de Estados Unidos, parece saciarlo con mayor eficacia.

El presidencialismo también está herido en el ala, porque hasta una ínfima mayoría, o alguna chaqueta vuelta, como le pasó a la Presidenta, basta para ladrarle en su cara. Y queda, además, el problema del tino político; por ejemplo, en las aventuras de política exterior, Cúcuta o La Habana, por decir algo.

Piñera perdió el gobierno en la tarde del 18 de octubre del 2019, apenas un año y medio después de asumir. Su proyecto no había despegado, en parte por el mal desempeño de la economía, y en parte porque repitió en su gabinete equivocaciones similares a las de su primera administración. ¿Error central? Designar a personas con un fuerte desbalance entre la fortuna y el talento. Con todo, estaba seguro de que tendría un excelente segundo año cuando le cayó la insurrección encima.

Se discutirá por años si estuvo o no a punto de ser derrocado. Pero eso es lo que cree parte de la oposición y en especial la izquierda más vehemente. (Dicho de paso, de demostrarse errónea, esa creencia puede ser la fuente de las desdichas que viva la izquierda de aquí en más).

No desalojó La Moneda, pero se quedó sin proyecto y sin segundo gobierno. Nunca más ha tenido un ministro del Interior. Toda la conducción política ha quedado en sus manos, desprovista del tipo de fortificación que proveía Andrés Chadwick. Y tampoco ha tenido uno de Hacienda, salvo los bomberos que entraron al incendio, sin espacio para las ideas. Hay que tener cuidado con atribuirle estos fenómenos únicamente al gobierno de Piñera, porque la rotación de los ministros principales empezó con el segundo gobierno de Bachelet. Bien puede ser un signo de los tiempos.

La diferencia es que a Piñera le desfondó el proyecto la emergencia sorpresiva de un país desconocido, que en verdad era sorpresivo y desconocido para todos. Sólo que todos pueden pretender que sí lo sabían, excepto quien ocupa el Palacio. La sorpresa recién empezará a ser dilucidada a partir del 11 de abril. Antes de eso, hasta las tesis más inteligentes son provisorias y especulativas. Pero las vacilaciones con que el gobierno enfrentó el 18-O definirán su recuerdo, y nunca se sabrá cuánto habría durado sin la irrupción del Covid-19. Este ha sido el raro caso de una catástrofe con cara de tregua y de oportunidad: un séptimo año para reflexionar.

El país está más polarizado que cuando el Presidente asumió el poder. Los amortiguadores tradicionales de la lucha política -las clases medias, la tecnocracia, la Iglesia- han sido atacados por todos los flancos y todos los sectores. El más importante, el centrismo, se ejerce poco o pidiendo disculpas. La sociedad parece enfrentada entre modelos sin ninguna compatibilidad, ideas que se repelen, discursos que se anulan. Las elecciones dirán cuál es la verdad de este fenómeno. En el 2020 se ejerció en la forma de hiperparlamentarismo. Claro que no es razonable culpar a la oposición, sino más bien al inusitado desorden de Chile Vamos, ese sálvese quien pueda que desnudó la sustancia intelectual de muchos de sus líderes.

Por el otro lado, Piñera también ha sido el esmeril donde ha perdido su filo aparente el intenso moralismo revolucionario que se venía acunando desde los años de Bachelet. Sin que nadie lo diseñara, la fiereza de estos tres años puso a prueba la singladura y la reciedumbre de las escobas que, como las de Ibáñez hace siete décadas, venían a limpiar la política de las más sucias suciedades. Para los que no se han enterado, el del general Ibáñez fue de los gobiernos más malitos del siglo XX.

El año que le queda a Piñera será breve, casi fugaz. Se lo devorará la sucesión de elecciones y ya en noviembre quedará fuera de las noticias con la elección de otra persona en la jefatura del Estado. Quizás sea un consuelo saber que esa persona, a semanas de sentarse en La Moneda, tendrá que jurar una nueva Constitución.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-la-picazon-del-septimo-ano/5R25OOEICVEFVCU4CFA3I23POI/

21.5.-Ecuador dice haber controlado motines carcelarios

 – De momento, la violencia carcelaria de los últimos días se ha saldado con un total de 79 personas fallecidas 

Las fuerzas de seguridad de Ecuador dieron por «controlada» la situación en los dos últimos motines carcelarios ocurridos este miércoles, de acuerdo a informaciones del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) de esa nación sudamericana. 

 

 25 febrero 2021.- Las intervenciones policiales se llevaron a cabo en la cárcel número 4 de Guayaquil, donde concluyeron hace varias horas, y en la de Cotopaxi, en la ciudad de Latacunga, a unos 80 km al sur de Quito. Según el SNAI «se retomó el control gracias a la activación de protocolos de seguridad coordinados entre los Agentes de Seguridad Penitenciaria y la Policía».

El protocolo de emergencia fue activado por las fuerzas de seguridad ante un nuevo amotinamiento en Guayaquil, y en un comunicado divulgado cerca de la medianoche local 04H00 UTC de este jueves), dieron por terminada la operación, aunque no especificaron si se habían producido víctimas.

Hasta ahora, el servicio de prisiones no ha ofrecido mayores datos sobre los acontecimientos en la prisión Guayas N°4, que el martes último fue escenario de la muerte de 31 personas dentro de una ola de motines y enfrentamientos en Ecuador en la cual murieron al menos 79 personas y una veintena resultaron heridas.

Entretanto, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, señaló al narcotráfico y al crimen organizado internacional de ser los responsables de lo que está ocurriendo en las cárceles ecuatorianas. Dicha aseveración conecta con la línea investigativa que siguen los organismos del Estado a cargo del caso, y que apunta a la rivalidad entre bandas que se disputan el mapa delictivo en Ecuador y que podrían estar involucradas también en el narcotráfico.

Sin embargo, este jueves la Defensoría del Pueblo de Ecuador responsabilizó al Ejecutivo por los hechos de violencia ocurridos en los últimos días al interior de los Establecimientos Penitenciarios.

Según la Defensoría, el Gobierno ha sido «incapaz» de manejar la crisis carcelaria que se experimenta desde hace varios años, debido a la falta de fuerzas de seguridad y a una inadecuada política de rehabilitación social.

Los motines sangrientos han sido constantes en las cárceles ecuatorianas en los últimos años. Entre 2019 y 2020 murieron 33 presos en enfrentamientos similares, lo cual llevó a Moreno a declarar el «estado de emergencia» en las prisiones del país.

https://www.telesurtv.net/news/ecuador-motines-carcelarios-finalizados-20210225-0014.html?utm_source=planisys&ut

21.5.-En quiebra, Venezuela cede a privados empresas que expropió – BLOOMBERG 

Docenas de plantas químicas, procesadores de café, silos de granos y hoteles confiscados en las últimas décadas fueron transferidas, pero no vendidas.

Archivo Portafolio.co

El Gobierno venezolano, que carga con cientos de empresas estatales quebradas en una economía que esta en caída libre, está abandonando la doctrina socialista y traspasando empresas clave a inversionistas privados, ofreciendo ganancia a cambio de una participación en ingresos o productos.

(Lea: Venezuela vendió 19 toneladas de oro de sus reservas en 2020)

13 feb 2021.- Docenas de plantas químicas, procesadores de café, silos de granos y hoteles confiscados en las últimas dos décadas han sido transferidas, pero no vendidas, a operadores privados en las llamadas alianzas estratégicas, dijeron nueve personas con conocimiento del asunto.

(Lea: Al margen del socialismo, Venezuela se abre al dólar y a lo privado)

Los administradores cubren la nómina y las inversiones, y entregan productos y un porcentaje de sus ingresos al Gobierno.

«Creemos que esto es positivo porque es la sincronización del sector público con el sector privado», dijo Ramón Lobo, legislador del partido socialista gobernante y exministro de Finanzas.

«El Estado actúa como supervisor y recibe una retribución». El cambio es notorio en la agricultura, parte del esfuerzo del presidente, Nicolás Maduro, por alimentar a una población hambrienta después de siete años de colapso económico y social.

No está claro cuánto dinero aporta la nueva política, que sigue a la aprobación del año pasado de una ley «anti-bloqueo» que buscaba reducir el impacto de las sanciones de Estados Unidos e incentivar la inversión.

El Gobierno ahora permite que fluyan las remesas en dólares y la empresa privada florezca en pequeños bolsillos. Maduro tomó el poder hace ocho años después de la muerte de Hugo Chávez, quien inició la revolución socialista al confiscar más de 1.000 empresas y numerosas granjas y propiedades, incluidos activos de multinacionales como Kimberly-Clark, Cemex y Kellogg.

Las nuevas empresas estatales fracasaron debido a una mala gestión. Utilizando sus vastos ingresos petroleros, el Gobierno reemplazó los cultivos y la fabricación local por importaciones.

La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, fue puesta en manos de aliados y también se volvió ineficiente, convirtiéndose en efecto en un brazo del partido de Gobierno. Fue llevada a la ruina y forzada a recortar su producción.

Entre eso y las recientes sanciones de EE.UU., que aumentaron significativamente durante la presidencia de Trump, han destrozado una sociedad que alguna vez estuvo entre las más ricas del mundo.

Más de 5 millones de venezolanos han huido del país en un intento desesperado por evitar la ruina. «El Gobierno de Maduro dio un giro en U a fines de 2019 al promover un capitalismo salvaje», dijo Rodrigo Agudo, jefe de la Red de Alimentos de Venezuela.

«Dejó de recaudar impuestos sobre ciertas empresas, otorgó licencias de importación y convenció a funcionarios militares y otros a invertir dinero de orígenes desconocidos en empresas locales».

Las alianzas estratégicas comenzaron a formarse silenciosamente en 2017. La publicación del año pasado de la ley anti bloqueo otorgó a los acuerdos una base legal, eludiendo regulaciones como los procesos de licitación.

Pero la naturaleza precisa de los nuevos acuerdos, ya sean arrendamientos, licencias o comodatos, no está clara. La ley anti bloqueo prohíbe revelar dicha información, teóricamente para proteger a las empresas de las sanciones de EE.UU., que están dirigidas a entidades que hacen negocios con el Gobierno, pero excluye a empresas privadas.

Los ministerios de Agricultura e Información no respondieron a solicitudes de comentarios. Los nuevos acuerdos están afectando a las principales empresas y en su mayoría involucran a empresarios con vínculos con el Gobierno, pero no exclusivamente.

En algunos casos, las propiedades incautadas están volviendo a aquellos de quienes fueron confiscadas. En otros, los propietarios se niegan a participar. Términos de asociación similares se han establecido anteriormente en la industria petrolera.

PDVSA otorgó a las empresas locales más control sobre activos estatales como
petróleo y plantas de compresión de gas para operar y aumentar la producción. Y en algunos casos, PDVSA otorgó a los socios más capital en sus empresas conjuntas.

Lobo, el legislador socialista, dijo que los acuerdos tienen plazos, generalmente de cinco a 10 años, y funcionan como una concesión. La empresa privada se compromete a invertir, aumentar la producción dentro de un plazo y administrar el activo.

La mayoría de los nuevos acuerdos se realizan en zonas rurales del país. Agropatria, un negocio de suministros agrícolas de tamaño monopólico nacionalizado en 2010 que dirigía cinco empresas, ahora está recurriendo a la gestión privada.

Más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas, confiscadas «para liberar a los productores de la extorsión y los intermediarios», según el entonces presidente Chávez, ahora son administradas por Agrollano 2910, una empresa agrícola local que está invirtiendo casi US$150 millones para reabastecerse, según cuatro de las personas.

Lácteos Los Andes, un gran procesador de leche y fabricante de bebidas comprado por el Gobierno en 2008, ahora es administrado por una empresa privada venezolana, aunque no se han realizado cambios oficiales en el consejo.

Dos plantas de procesamiento de granos del Gobierno, en su mayoría inactivas desde su inauguración en 2007, han sido transferidas, pero no vendidas a empresas privadas locales.

Lo mismo ocurre con las plantas de leche y café construidas durante el auge del
petróleo de Venezuela y en virtud de acuerdos bilaterales con aliados regionales como Cuba, Bolivia, Brasil y Argentina.

Las condiciones para las empresas varían. La contribución principal es un porcentaje de las ganancias o de la producción para el Estado. En algunos casos, el Gobierno y los gerentes están discutiendo una escala salarial mensual estandarizada de entre US$60 y US$80 para trabajadores y técnicos, agregaron algunas de las personas.

No todas las empresas a las que el Gobierno apunta para asociarse están generando interés. Los empresarios locales desconfían por los años de mal mantenimiento bajo la supervisión del Estado y temen a nuevas nacionalizaciones.

Maduro, que ha reducido las asignaciones para algunos Gobiernos estatales y locales durante la crisis, les ha otorgado margen de maniobra para asociarse con empresas locales para generar ingresos.

En diciembre, el gobernador del estado agrícola de Portuguesa, Rafael Calles, dijo a los medios públicos que las alianzas con el sector privado en la administración de 24 empresas estatales recaudaron US$60.000 al mes para el Gobierno estatal.

El Gobierno nunca ha publicado el número de propiedades que ha incautado a lo largo de los años. Pero un estudio de la cámara industrial nacional Con industria dijo que un total de 1.322 granjas de ganado, tiendas de alimentos, compañías eléctricas, molinos, fabricantes de vidrio, bancos, supermercados e instalaciones de almacenamiento en frio fueron expropiadas entre 2002 y 2015.

Muchas dejaron de existir y solo quedan unas 700. La mayoría de sus antiguos propietarios aún esperan una compensación o están involucrados en un litigio con la esperanza de recibir un pago, según un estudio de Transparencia Internacional de 2019.

Algunos analistas señalan que lo que está sucediendo en Venezuela tiene precedentes en otros Estados autoritarios de izquierda. «Este proceso es similar al proceso de privatización en Rusia en que los activos se transfieren a empresas locales privadas y a inversionistas de países aliados al Gobierno», dijo Asdrubal Oliveros, jefe de la consultora económica Ecoanalítica, hablando de la década de 1990.

«Pero a diferencia de Rusia, no ha habido un programa de estabilización profunda con la ayuda de organizaciones multilaterales. Estar aislado y bajo sanciones lo convierte en una situación diferente».

https://www.portafolio.co/internacional/venezuela-cede-a-privados-y-en-quiebra-empresas-que-expropio-549117

  • 20.4.-Ecuador: ¿Será posible revertir la crisis del Covid-19? MICHAEL ROBERTS
  • Coalición de izquierda de Perú presenta propuestas económicas
  • Trump también fue favoritoEMIR SADER
  • El Salvador: Odio, asesinatos y… elecciones – JULIA GAVARRETE

El candidato de izquierda Andrés Arauz tomó la delantera en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. Arauz ganó el 31,5 por ciento de los votos, lo que lo sitúa a unos 11 puntos de ventaja sobre sus rivales más cercanos. No estaba claro a quién se enfrentaría Arauz en la segunda vuelta. El líder indígena Yaku Pérez y Guillermo Lasso, un acaudalado exbanquero, tenían un empate técnico por el segundo lugar, Pérez con un 20,04% frente al 19,97% de Lasso. La segunda vuelta de desempate será en abril, pero si Arauz compite con el pro-empresarial Lasso, es probable que gane; es menos seguro contra Pérez.

13 feb 2021.- Ecuador es un pequeño estado sudamericano con solo 17 millones de personas en el ecuador. Las principales industrias de Ecuador son el petróleo, procesamiento de alimentos, textiles, productos de madera y químicos. El sector petrolero representa aproximadamente el 50 por ciento de los ingresos por exportación del país y aproximadamente un tercio de todos sus ingresos fiscales. La principal empresa petrolera es Petroecuador, de mayoría estatal pero que aún es propiedad de Texaco en un 37%. De hecho, las empresas estatales representan más del 80% de la producción de petróleo de Ecuador; el resto es producido por las multinacionales: Repsol (España), Eni (Italia), Tecpetrol (empresa estatal argentina) y Andes Petroleum, que es un consorcio de China National Petroleum Corporation (CNPC, 55% de participación) y China Petrochemical Corporation (Sinopec, 45% de participación). Ecuador es también el mayor exportador mundial de platanos y un importante exportador de gambas.

El resultado de la primera vuelta es un golpe importante a las maquinaciones del imperialismo en la región. Es probable que acabe con el gobierno de Lenin Moreno, que en los últimos cuatro años ha aplicado políticas favorables a las empresas. Lenin Moreno fue el número dos del ex presidente de izquierda Rafael Correa. Moreno renegó de las políticas de Correa al asumir el cargo y en cambio persiguió a los partidarios de Correa e impuso la austeridad fiscal, privatizaciones y otras medidas favorables a las empresas.

Entre 2006 y 2014, bajo Correa, el crecimiento medio del PIB fue de un 4,3%, impulsado por los altos precios del petróleo y la inversión extranjera. Correa pudo aumentar significativamente los salarios mínimos y los beneficios de la seguridad social, en parte financiados por mayores impuestos a los ricos. Pero a partir de 2015, el crecimiento medio del PIB fue solo el 0,6%.

A medida que la economía de Ecuador se deterioró, Moreno pidió un préstamo al FMI acompañado de estrictas medidas de austeridad. El FMI hizo lo mismo que con el gobierno de derechas en Argentina, ofreciendo dinero condicionado a medidas de austeridad y pro-empresariales. Lo que provocó un movimiento de protesta masivo en 2019, que finalmente obligó a Moreno a denunciar algunos de los términos del paquete del FMI. La popularidad de Moreno se desplomó y decidió no presentarse a estas elecciones.

Posteriormente se produjo la pandemia de COVID que afectó especialmente a Ecuador. La cruel incompetencia de la administración de Moreno, la debilidad del sistema de salud, privatizado y con fondos insuficientes y la desesperada necesidad de muchos trabajadores ‘informales’ de mantener sus puestos de trabajo, llevaron al desastre. Ecuador está cerca de la cima de muertes por millón de personas a nivel mundial. De hecho, el Congreso está acusando al ministro de Salud, Juan Zavallos, por administrar mal el programa de vacunación contra el COVID-19. La pandemia ha paralizado el 70% de las empresas y ha dejado 600.000 desempleados.

Como en otros lugares, la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada a las familias de bajos ingresos, ha aumentado el número de personas que viven en la pobreza y ha exacerbado la desigualdad de ingresos. Según el Banco Mundial, las familias en el decil inferior de la distribución del ingreso perdieron alrededor del 18 por ciento de sus ingresos, mientras que las familias en el decil superior perdieron solo un tercio de eso.

La solución de Moreno a la recesión fue pedir otro préstamo al FMI ($ 6.500 millones), a cambio de la desregulación del banco central y un alza de los precios de la gasolina y el diésel para situarlos cerca de los del mercado mundial. También firmó un préstamo bilateral de $ 3.5 mil millones con la administración Trump a cambio de privatizar una importante refinería de petróleo y partes de la red eléctrica del país y excluir a China de su mercado de telecomunicaciones. Moreno también respondió con recortes de «emergencia» del gasto público de $ 4 mil millones que incluyeron la liquidación de la aerolínea nacional y el cierre de embajadas.

Si Arauz gana en abril, asumirá el gobierno con una deuda externa de 52.000 millones de dólares.

 

Incluso después de los 7 mil millones de dólares en préstamos multilaterales del año pasado, Ecuador necesitará otros $ 7,6 mil millones de nuevo financiamiento en 2021, según un informe del FMI de diciembre. Y esto supone que el país aceptará recortar el déficit presupuestario del gobierno hasta los $ 2.8 mil millones este año, desde $ 7.2 mil millones de 2020. Permítanme citar directamente del FMI sobre sus condiciones: “Recortes de gastos discrecionales que incluirían moderación salarial (0.6 ppts del PIB) y moderación del gasto de capital (0,7 ppts del PIB). Junto con los ahorros de la reforma en curso de los subsidios a los combustibles y la reducción del gasto relacionado con la pandemia cuando la crisis ceda»; y «es necesario un compromiso continuo con la reducción del déficit para garantizar unas finanzas públicas sostenibles a medio plazo y reducir la carga de la deuda de las generaciones futuras. Anclar la senda a medio plazo del techo de la deuda en el 57 por ciento del PIB en COPLAFIP implica una reducción del déficit de NOPBS en 5.5ppt del PIB entre 2019-2025, y del saldo general del SPNF en 5.3ppt. El logro de estos objetivos ambiciosos, pero realistas, requiere combinar una reforma fiscal progresiva, con un rendimiento de ingresos permanente del 2½ por ciento del PIB a partir de 2022, y una racionalización sostenida del gasto».

Para lograr estos objetivos, el FMI quiere un aumento del IVA y medidas para hacer que el mercado laboral sea ‘más flexible’, es decir, “mantener la flexibilidad proporcionada por esas medidas, como semanas laborales más cortas, turnos más flexibles y acuerdos de trabajo remoto, que podrían apoyar el mercado laboral y la recuperación».

Pero Arauz dice que no cumplirá los términos del paquete del FMI negociado por Moreno. En cambio, quiere impulsar el crecimiento con un gran aumento del gasto público, impuestos más altos y controles de capital para evitar que el dinero salga del país. Arauz reconoce que Ecuador puede «crecer» para salir de la crisis en lugar de adoptar la austeridad que considera » absolutamente contraproducente para las necesidades de crecimiento y desarrollo de Ecuador».  En lugar de reducir el déficit presupuestario del gobierno con un ajuste fiscal del 3% del PIB, Arauz apunta a elevar el gasto público hasta un 1,5% del PIB con un importante programa de obras públicas y poner fin a las privatizaciones.

¿Cómo se hará esto? Primero, Arauz propone un impuesto sobre el patrimonio. Y en segundo lugar, ha sugerido aumentar el impuesto sobre la salida de divisas del país hasta un 27%. Los ecuatorianos adinerados ya han sacado $ 30 mil millones fuera del país. Por el contrario, Lasso, favorable a las empresas, quiere eliminar gradualmente el gravamen, que actualmente es del 5%. Y tercero, Arauz propone la financiación del gasto público por parte del banco central, en otras palabras, «imprimir dinero», al estilo de la TMM.

¿Funcionarán estas políticas? El nuevo presidente tendrá que afrontar una economía que se ha contraído entre un 10-12%, una deuda que equivale a alrededor del 60% del PIB (alto para los estándares de las economías emergentes) y una tasa de pobreza de alrededor del 35%. La desigualdad de ingresos y riqueza sigue siendo muy alta: el 10% de la población más rica tiene el 42,5% de los ingresos, mientras que el 10% de los pobres tiene solo el 0,6% de los ingresos.

Y hay grandes obstáculos para la recuperación. El gobierno no puede devaluar la moneda para abaratar las exportaciones porque Ecuador no tiene moneda nacional. Es una economía dolarizada. Eso significa que si el banco central va a financiar el gasto del gobierno comprando bonos públicos o respaldando sus presupuestos, dado que el gobierno no controla la unidad de cuenta, las reservas en dólares se reducirán. Hay algo de margen para ello, porque las reservas de divisas están en un máximo histórico dado que el dólar se ha debilitado. Y Arauz planea obtener préstamos de China para reemplazar el financiamiento del FMI.

El mayor obstáculo serán las multinacionales y el sector empresarial en Ecuador. Básicamente han dejado de invertir desde 2014.

Se debe en parte a la caída de los precios de la energía, pero también a que invertir con fines de lucro en Ecuador no parece prometedor. Las industrias de energía y recursos son altamente intensivas en capital, por lo que, en términos marxistas, la composición orgánica del capital aumenta significativamente con el tiempo. Esto reduce la rentabilidad de la inversión futura, lo que ha sido especialmente el caso en Ecuador desde la llamada crisis de los mercados emergentes de 1998. Solo la desaceleración de la inversión desde 2014 ha impedido que la rentabilidad siga cayendo.

Por tanto, el sector empresarial no tiene ningún incentivo para invertir, sobre todo si los precios del petróleo se mantienen bajos. Y a más largo plazo, la industria mundial de los combustibles fósiles se enfrenta a un grave declive.

A menos que los precios de la energía se recuperen bruscamente y / o la economía mundial se recupere el próximo año, las medidas de Arauz no podrían restaurar el crecimiento y revertir el impacto en los ingresos de la clase trabajadora de las políticas de Moreno y la pandemia.

https://www.sinpermiso.info/textos/ecuador-sera-posible-revertir-la-crisis-del-covid-19

20.4.-Coalición de izquierda de Perú presenta propuestas económicas

La agricultura de Perú moviliza al 30 por ciento de su población económicamente activa, de ahí la intención de Juntos por el Perú de estimular su crecimiento. |

Foto: Agencia Andina

Se centran en cambiar el modelo económico vigente en esa nación y en combatir el desempleo y la pobreza.

La coalición progresista de izquierda Juntos por el Perú (JP), que postula a la presidencia de ese país a la candidata Verónika Mendoza, presentó el jueves sus propuestas de gobierno en materia económica y fiscal, las cuales se centran en el cambio del modelo económico y el combate al desempleo y la pobreza.

La jefa del Plan de Gobierno del bloque, Anahí Durand, y su equipo de expertos difundieron a través de plataformas digitales su política en este ámbito, en esfuerzo por influir en el electorado de cara a las elecciones generales del 11 de abril próximo.

Subrayaron que constituirá prioridad la reactivación de la economía a través de medidas de emergencia y, con posterioridad, la aplicación de acciones de fondo que ayuden a dejar atrás la crisis económica.

Señalaron que se jerarquizará la salud. Puntualizaron que “sacrificar vidas no salva la economía” e insistieron en vacunar a toda la población contra la Covid-19 lo antes posible.

Hicieron hincapié en la necesidad de promover un programa de empleo temporal como opción para expandir las posibilidades de plazas laborales, en un país que tiene un 70 por ciento de sus trabajadores en el sector informal, como recordó Durand.

Enfatizaron que esa economía que defienden no buscará “crecimiento a costa de la explotación de los trabajadores (…) y depredar la naturaleza”, sino el beneficio de todos.

Uno de los expertos, el expresidente de la estatal Petroperú, Humberto Campodónico, planteó que esa nación debe cambiar su modelo económico extractivista por políticas de desarrollo productivo.

Agregó que se ha de dar prioridad a la industria y la agricultura. Esta última se convierte en eje de singular importancia, pues moviliza al 30 por ciento de la población económicamente activa, como precisó el panel.

Entre las diversas propuestas que mencionaron, figuran la transformación de la matriz energética y favorecer las fuentes renovables a partir de migrar de los combustibles fósiles a la energía eólica o solar.

El economista Pedro Francke recordó que en Perú se perdieron tres millones de empleos y la pobreza aumentó en 15 por ciento debido a la crisis generada por la Covid-19.

Propuso que la inversión pública aumente de 30.000 a 45.000 millones de soles (8.216 a 12.325 millones de dólares, respectivamente), así como que los ahorros fiscales puedan ser utilizados para entregar más bonos universales.

Dentro del esfuerzo por reactivar la economía, también se mencionó el propósito de evitar el quiebre de empresas.

Con anterioridad, la candidata Verónika Mendoza había destacado que se precisa entregar créditos a las pequeñas y medianas empresas, las que más dinamizan las economías locales y regionales, en lugar de las grandes compañías y los bancos, puntualizó.

Los peruanos irán a las urnas el 11 de abril para elegir al Presidente, dos vicepresidentes, 130 congresistas y cinco integrantes del Parlamento Andino, todos para el mandato gubernamental 2021-2026.

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/39396?.intl=e1&.lang=es-US&.partner=none&.src=fp

20.4.-Trump también fue favoritoEMIR SADER

Bolsonaro no será favorito si la izquierda se guía por el criterio de las experiencias de las recientes victorias electorales: Argentina, Estados Unidos, Bolivia.

Hace un año Trump era uno de los favoritos para ser reelegido presidente de Estados Unidos. Reinaba soberanamente en lo más alto de las encuestas, mientras sus oponentes luchaban por saber quién lo enfrentaría, divididos, con tasas bajas para poder desafiar a Trump.

18 feb 2021.- Una situación similar a la que se vive ahora con Bolsonaro habiendo liquidado a sus oponentes en el campo de la derecha, con golpes duros y rápidos, se quedó solo como posible candidato de los grandes empresarios, de los medios de comunicación y de los partidos de derecha.

Mientras tanto, el Poder Judicial, brindando un servicio más a las oligarquías de Brasil, tarda en juzgar a Lula y devolverle todos sus derechos, para que pueda ser el candidato que unifique la oposición contra Bolsonaro. Las encuestas señalan que Bolsonaro lidera con holgada mayoría, mientras una serie de candidatos de la oposición se dividen sus preferencias entre ellos, todos con enormes dificultades para unificar y canalizar el gran potencial de rechazo a Bolsonaro.

Las encuestas, a menudo entrevistando a mil personas en Brasil, están poniendo a la cabeza a personas en situaciones supuestamente inevitables. Nadie piensa que si Lula fuera incluido en las encuestas, podría reproducir la situación de 2018, en la que todas las encuestas indicaban que él ganaría a todos los oponentes en la primera ronda.

Tampoco toma en cuenta que las encuestas, además de ser limitadas en el número de entrevistas, se realizan por teléfono, en una situación muy fría y artificial, además de dejar fuera de consulta a gran parte de la población más pobre. Pero, principalmente, no tiene en cuenta que la encuesta es una cosa, la campaña es otra. Lo que cuenta especialmente para Lula, debido a sus extraordinarias habilidades de comunicación, especialmente con las mayorías pobres del país, ya sea como candidato o apoyando a un candidato, lo que le ha faltado a Haddad en 2018.

Bolsonaro ni siquiera tuvo la luna de miel de Trump, con la economía norteamericana creciendo y generando empleos, lo que generalmente produce la reelección de un presidente en Estados Unidos. La pandemia puso patas arriba al país, empezando por la economía, que entró en recesión y generó desempleo. Al mismo tiempo, el discurso negativo en relación a la pandemia generó un clima muy desfavorable para la reelección.

Los demócratas, en tanto, se movilizaron en torno a un candidato moderado, que supo, desde el principio, contar con sectores del propio Partido Republicano, descontentos con las posiciones de Trump. Pero sobre todo, canalizó todas las formas de rechazo a Trump, prometiendo a un gobierno reactivar la economía y luchar con firmeza contra la pandemia, oponiéndose fuertemente al escenario que representaba a Trump.

Otro aspecto negativo de las encuestas sin Lula, es que alimentan a los demás candidatos de la oposición a creer que pueden ser el candidato de la izquierda contra Bolsonaro. Está claro, en primer lugar, que la disputa será muy dura, no es cualquier candidato que pueda afrontarla. En segundo lugar, que Bolsonaro tendrá un fuerte flujo de apoyo, que debe ser contrarrestado por un fuerte apoyo popular, como siempre han tenido los candidatos del PT, arraigado en el nordeste del país, pero ahora también en las periferias de las grandes ciudades del sureste y sur.  Una performance de que solo Lula, candidato o apoyador de una candidatura, puede tener.

También será indispensable, como se desprende de las experiencias boliviana y ecuatoriana, una victoria por amplio margen, para superar los procesos de judicialización que se han impuesto en esos países y también en Brasil, y bajo los cuales se realizan las elecciones en esos países. La salida de este proceso requiere unidad de las fuerzas democráticas, un fuerte apoyo popular y un gran liderazgo, que trasmita la seguridad de la capacidad de derrotar a Bolsonaro y gobernar con éxito, como logró hacer el PT.

Bolsonaro puede ser favorito, pero no será favorito, si la izquierda se guía por el criterio de las experiencias de las recientes victorias electorales: Argentina, Estados Unidos, Bolivia. Bolsonaro, como Trump, tendrá que dejar de ser un francotirador, de solo atacar a la vieja política, a la corrupción, como si no las practicara abiertamente. Será víctima de su gobierno fallido. Está claro que en 2022 todavía la economía estará en recesión y con un alto desempleo. Los efectos de la pandemia se seguirán sintiendo, con el precario suministro de vacunas y aún con las víctimas actuales de la pandemia.

Un referendo que coloque al país en la alternativa de Bolsonaro o el país de desarrollo económico con distribución de ingresos y empleo, con vacunas para todos, con democracia, será el escenario decisivo para la derrota de Bolsonaro y la victoria de las fuerzas democráticas.

– Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).

https://www.alainet.org/es/articulo/211023

20.4.-El Salvador: Odio, asesinatos y… elecciones – JULIA GAVARRETE

En medio de un escenario de tensión política e intolerancia social, el país centroamericano está a pocos días de las elecciones legislativas y municipales. Dos simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional han sido asesinados tras participar en un acto de la formación de izquierda. Mientras las investigaciones siguen su curso, se apunta a un crimen político, nutrido por mensajes de odio que promueven altos funcionarios del país, incluido el presidente Bukele que llegó a afirmar que se había tratado de un autoatentado. ¿Qué está pasando en El Salvador?

21 feb 2021.- El pasado 31 de enero, simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fueron atacados por tres hombres que dispararon directo al camión en el que se encontraban. Todo ocurrió en el centro de la capital salvadoreña en el marco de la campaña para las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero, en las que el oficialismo aparece liderando las encuestas y podría alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento. Dos personas fallecieron y otras tres fueron lesionadas en el tiroteo. Los veinte militantes del FMLN que se encontraban en el camión regresaban de un evento proselitista del candidato a la alcaldía de San Salvador, cuando el auto con los tres hombres a bordo los interceptó. Uno de ellos abrió fuego. Eran las 6:25 de la tarde de ese domingo.

El ataque contra simpatizantes de izquierda se ha convertido es parte de una escalada de radicalización política que se vive en el país. En las redes sociales se destila tensión, en especial en Twitter, atizada por los mensajes de odio e intolerancia que son generados, principalmente, desde el gobierno. Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, El Salvador se vio marcado por la polarización entre el FMLN, partido de izquierda que gobernó el país entre 2009 y 2019, y la derecha dura representada por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Y es sobre ese escenario dividido y sobre el desencanto generado por ambos partidos tradicionales que cobró relevancia la figura del actual presidente Nayib Bukele. El mandatario de 39 años, que se autodefine como un outsider de la política, consiguió 54 % de los votos en las últimas elecciones, lo que le permitió romper con 30 años de bipartidismo, aunque no con la polarización.

Lo que ocurrió el 31 de enero pasado en El Salvador es la expresión mayúscula de una situación de violencia política que ya había sido advertida por la sociedad civil. Los mensajes de odio calan fuertemente ante una población enajenada por la violencia y se encienden con una mínima chispa. Bukele, sin embargo, tuvo declaraciones altamente desafortunadas solo media hora después del asesinato de los miembros del FMLN. En lugar de condenarlos, insinuó que se había tratado de un autoatentado. «Parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción. Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron», decía el presidente desde su cuenta de Twitter. El FMLN no tardó en rechazar la afirmación de Bukele.

La muerte de Gloria Rogel de López y Juan de Dios Tejada, los dos militantes del FMLN, recibió la condena de actores políticos y sociales y de la comunidad internacional. Y el lenguaje de Bukele quedó en el centro de la escena. «Condeno profundamente el ataque de ayer dirigido al meeting de campaña del @FMLNoficial en El Salvador y hago un llamado a una investigación total del crimen. El Estado necesita garantizar a todos los partidos políticos democráticos a que puedan hacer una campaña y baje la intensidad no que añada gasolina al fuego @nayibbukele», escribió Tilly Metz, que forma parte de la bancada de Los Verdes en el Parlamento Europeo. El 10 de febrero, Metz envió una carta a Bukele pidiendo que reduzca la escalada de violencia política que se vive en el país centroamericano. «Sinceramente espero que las próximas elecciones sean justas, pacíficas y transparentes».

La campaña de odio del presidente se ha transformado se ha transformado ya en una política gubernamental. Armando Álvarez, catedrático del departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), le recordó a Bukele que «procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores» del país es parte de sus atribuciones constitucionales como presidente. Pero eso no ocurrió esa noche. La presidencia de El Salvador no condenó el hecho, sino que continuó fomentando la división entre los salvadoreños.

Radicalización presidencial

El presidente Bukele ha encontrado en Twitter un nicho que seguirá explotando hasta donde la red social se lo permita. Aunque las políticas de esa red social son claras en cuanto a no fomentar el odio, tal parece que eso no aplica para el presidente de El Salvador. Twitter es enfático en cuanto a qué considera como «conductas de incitación al odio». Por ejemplo, «no se permite fomentar la violencia contra otras personas ni atacarlas o amenazarlas directamente por motivo de su raza, origen étnico, origen nacional, pertenencia a una casta, orientación sexual, género, identidad de género, afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad grave. Tampoco permitimos la existencia de cuentas cuyo objetivo principal sea incitar la violencia contra otras personas en función de las categorías antes mencionadas», se afirma en las políticas de la red social. Sin embargo, el 1 de febrero de 2020, justo un año antes de este ataque, Bukele tuiteó: «Arena y FMLN no son basura, son peor que eso. Negociaron con la sangre de nuestro pueblo. Mil veces malditos». El mensaje lo compartió cuando se conoció que la Fiscalía General de la República (FGR) había presentado un requerimiento para procesar a algunos funcionarios por negociar con pandillas. Lo que omitió el presidente en ese momento es que algunos funcionarios de su administración cuando fue alcalde de San Salvador (2015-2018) también han sido investigados por reunirse con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Bukele ha tenido buenas relaciones con políticos de otras naciones que también han apelado a los discursos de odio. Entre ellos, por supuesto, se destaca el ex presidente estadounidense Donald Trump. En la historia reciente de El Salvador nadie ha sido tan «florido» para atacar a sus adversarios políticos como Bukele. Omar Serrano, vicerrector de la UCA, afirma que Bukele y Trump se asemejan porque «han hecho del odio su emblema». Y asegura que «tampoco hubo otro mandatario que haya pretendido explícitamente dividir al país como lo ha hecho él».

La disputa por la versión de los hechos

Cada vez que Bukele habla, sus funcionarios —y un ejército de trolls— se convierten en la caja de resonancia de su mensaje. Hasta cuando ocurre un temblor, el presidente se expide. A pesar de que existe un Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bukele considera que es él quien debe informar la escala del sismo. Así sucede con una diversidad de temas. Y sus acólitos no dejan de replicar sus mensajes. Cuando Bukele habló de «autoatentado» algunos funcionarios de su círculo cercano, como el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa), Federico Anliker, continuaron alimentando esa versión. La misma noche del atentado escribió en su cuenta de Twitter: «Los mismos de siempre, hoy resulta que después de acabarse al país y llevarnos a la violencia social que ellos mismos la propiciaron y otros incluso son parte de esas mafias, hoy se quieren pintar como blancas palomas. ¡NO JODAN!».

De lo ocurrido el 31 de enero, se sabe que en el camión viajaban mujeres, unos cuantos hombres y ex-combatientes de la guerrilla ya ancianos. Además, se sabe que el automovil les interceptó porque hubo hostigamientos previos, que llevaron a que unas mujeres, simpatizantes del partido de izquierda, respondieran tirando bolsas con agua a los atacantes. También se sabe la identidad de los tres hombres que bajaron del auto azul que interceptó al camión. Se trata de tres empleados del Ministerio de Salud, dos de los cuales se desempeñan en el área de seguridad. El otro trabaja como conductor. Es decir, los tres son empleados del gobierno de Bukele. Testigos manifestaron al periódico El Faro que uno de ellos fue quien disparó.

Cuando se conoció que los atacantes eran empleados públicos, Bukele cambió su discurso: pasó de sostener que se trataba de un autoatentado a afirmar que se había producido un enfrentamiento. Esta tesis fue sostenida también por la Fiscalía General de la República, al conocer que uno de los atacantes también estaba lesionado por una bala. Las víctimas del ataque que resultaron lesionadas afirman, sin embargo, que no portaban armas.

El ataque contra militantes del FMLN ha acentuado una disputa entre la Presidencia y la Policía Nacional Civil (PNC) con el Ministerio Público por quién presenta pruebas irrefutables de lo sucedido. Aun cuando la PNC es un brazo de investigación de la Fiscalía, su posición ha sido la de demostrar que los atacantes reaccionaron a un enfrentamiento con los militantes. Lo que ocurre entre las dos instituciones es grave. Marcela Galeas, abogada penalista, ha sostenido que «lo peligroso en este caso es que la forma en que desde el gobierno, específicamente el presidente y la PNC, se quiso deslegitimar las calidades de las víctimas y justificar las acciones de los hechores por tratarse de empleados del Ministerio de Salud». «Que la Policía cuestione de manera pública la dirección funcional de la Fiscalía, priorizando la protección de los acusados y no de las víctimas, es inaudito». No hay justificación alguna, ni jurídica ni lógica, que lleve a pensar, al evaluar los videos que se han presentado como prueba, que hubo enfrentamiento. Bukele, sin embargo, acusó al Ministerio Público de ocultar videos y él mostró los propios, los que la PNC había obtenido «por su cuenta».

El ambiente se ha convertido en un campo de batalla en el que todos acusan y todos se responden. Ante lo enunciado por Bukele, el fiscal general de la República, Raúl Melara, no tardó en responder. «Al querer desvirtuar las conclusiones de la investigación, lo que hace la Policía Nacional Civil es desacreditarse más y menospreciar el trabajo que sus investigadores han hecho con los fiscales. No entiendo a quién defienden. No tienen el más mínimo respeto por los fallecidos ni por sus familias», escribió Melara en su cuenta de Twitter.

Mientras las investigaciones continúan, el fiscal intentó juntar a todos los representantes de los partidos políticos inscritos en la contienda. Quería un pacto de no violencia, pero no lo logró: el partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, no se presentó. Tampoco lo hizo Cambio Democrático, un partido aliado del presidente. Pero cuando la Embajada de Estados Unidos llamó a una reunión citando a todos los partidos políticos para garantizar la no violencia política, los partidos oficialistas asistieron. El llamado del gobierno estadounidense parece ser, para Bukele, más importante que el llamado de un fiscal de su país.

Las señales de autoritarismo

El oficialismo de Bukele ha intentado sostener una única línea de lo sucedido y todos se han cerrado sobre ella. Para hacerlo ha intentado que los medios difundan su posición. Para un gobierno deseoso de concentrar el poder, la estrategia mediática ha sido clara. Los constantes bloqueos gubernamentales a la información pública, el debilitamiento de la prensa independiente a través de ataques y de campañas de desacreditación, a la vez que el fortalecimiento de los medios estatales que sostienen la posición del gobierno, operan como herramientas claves para Bukele. Defensores de los derechos humanos han sostenido que estas constituyen evidentes señales de autoritarismo por parte del gobierno.

El 9 de febrero de 2020 una imagen recorrió el mundo: la de Bukele rodeado de militares en la Asamblea Legislativa, practicando un intento de autogolpe con amenazas a la oposición. El peso del Ejército y las actitudes autoritarias del presidente son evidentes. Alcanza con revisar el presupuesto general de la nación e identificar dónde está destinada la mayor cantidad de dinero. La respuesta no es difícil: en los militares. Tal como sostiene la defensora de los derechos humanos Celia Medrano en una entrevista concedida al periódico El Faro, Bukele apuesta por la militarización de la política y muestra rasgos «autocráticos y claramente autoritarios».

La oposición es débil y muy poco inteligente. En medio de un clima tenso, Bukele encuentra las palabras para controlar el voto popular. Mientras sus ojos están puestos en las próximas elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero, pareciera que no habrá un cambio en el discurso que ha traído desde que inició su mandato en junio de 2019. El vicerrector de la UCA, Omar Serrano, sostiene que la violencia se ha vuelto una constante a partir de la siembra de odio gubernamental. Los resultados están a la vista: ya no se trata solo de polarización política, sino de asesinatos, como se verificó con lo sucedido en la caravana del FMLN. «Lo peor es que los más afectados siempre es la clase pobre, la gente del pueblo, que están en las comunidades, mientras en las cúpulas seguramente van a llegar a arreglos políticos», insiste Serrano. Con la presidencia de Bukele, lo único que quedó atrás fue la hegemonía de los dos partidos tradicionales. Ahora, sin embargo, ha emergido otra cosa: el odio en el discurso político, la responsabilización a terceros por los errores propios. Los hechos lamentables están lejos de haber terminado.

https://www.sinpermiso.info/textos/el-salvador-odio-asesinatos-y-elecciones

20.3.-Chile: en la prueba de Zhou ASCANIO CAVALLO

Foto: Agencia Uno

 Un estudio de Ipsos entregado esta semana revela que la principal amenaza que sienten los chilenos es la pérdida de empleo y de ingresos. No son la misma cosa, pero casi. Es parte de la percepción histórica de los chilenos que el ingreso siempre se puede recuperar, mientras que el empleo también es más difícil.

13 feb 2021.- La pérdida colectiva de empleo agrava el sentimiento de catástrofe. En esto, el Covid-19 ha cumplido con su identidad como desbarajuste.

No es tan raro que entre los 28 países estudiados por Ipsos, las dos mayores amenazas más intensamente sentidas en Chile sean el desempleo y un desastre natural. Milenarismo y fatalidad. El imaginario nacional se vuelve a llenar de imbunches. Más de alguno aspira a una curul.

El desempleo estuvo todo el 2020 por sobre los dos dígitos, una cifra que no se conocía desde los primeros dos años de Lagos. Una generación completa de chilenos no había presenciado una situación igual y la pregunta es cuánto tiempo se prolongará. Los números para el 2021 han empezado a mostrar pequeños avances, pero ya es claro que cualquier atisbo de recuperación quedará para el 2022 o más, atravesada por un torbellino de elecciones, debates constitucionales y nuevas autoridades elegidas. Es un misterio la forma que tomará la dialéctica entre ambas cosas, pero ya son numerosas las figuras políticas que creen saber positivamente que vendrán días mejores o que, por el contrario, se avecina un gran fuego sacro.

Tampoco es una condición aislada. El Banco Mundial ha aumentado en enero su estimación de incremento de la extrema pobreza como efecto de la pandemia. Ahora calcula que entre las personas que pasarán a esa categoría serían entre 119 millones y 124 millones. Este es el más grande retroceso desde los años 60, momento en el cual la población que vivía en condiciones de extrema pobreza era un 80% del mundo.

En 60 años se había venido reduciendo hasta el 10% y en el 2015, en uno de esos momentos de optimismo jolgorioso, ocupó el primer lugar de los Objetivos de Desarrollo Sustentable: llegar a cero en el 2030. Un estudio de Brookings Institution ha calculado ahora que una mitad de los nuevos pobres lo seguirán siendo después de ese año, lo que significa que la línea de base actual -unos 60 millones- se mantendrá duplicada.

Las ciencias sociales han debatido largamente el papel del desempleo en el estado de ánimo social. Algunos sostienen, con base en casos numerosos y en diversos “estallidos” revolucionarios, que el desempleo aumenta y excita la protesta. Es una conclusión que hasta parece obvia. Pero hay quienes han observado, con base en otros tantos ejemplos, que el desempleo más bien inhibe -o posterga- el ánimo de protesta. Nunca es razonable reducir el clima de una sociedad a un solo factor, por importante que parezca, pero es una disyuntiva que deberían pergeñar quienes pasean por la política y sus vecindades. El sentido común es un talento político; el otro es ofrecer resistencia a las ideas simplonas.

Los incidentes episódicos ocurridos en Chile en los últimos meses, con su ya conocida marca vandálica, podrían indicar que bajo el manto de la emergencia sanitaria espera, agazapado, el espíritu del 18-O, listo para explotar antes de que termine el gobierno de Piñera. Pero también podrían ser signos de que un estilo de crispación expresionista se ha vuelto endémico, con su pertinente inclinación hacia la violencia carnavalesca: el incendio ajeno (que tanto satisface a una joven diputada), la primera línea, el payaso asesino, en fin. Unos aseguran, triunfantes, que todo cambió y ya está; otros, victoriosos, repiten lo del Gatopardo: que nada cambia.

La oposición a Piñera, una parte de la cual considera altamente injusto que su gobierno no haya sido derrocado, se ha endurecido en torno a la primera visión, que también parece la más simple. Se ha reconfirmado en la idea de que este es un gobierno insensible e inepto, con el deseo de que esto último zahiera la autoestima del Presidente. No está dispuesta a reconocerle su anticipación con las vacunas ni el desempeño notable de un sistema de salud primaria que parece confirmar algunas de las apreciaciones más odiadas del exministro Mañalich. Si Chile resulta ser el primer país no desarrollado que logre la inmunidad por las vacunas, será mérito de cualquiera, menos del Presidente.

Esto es parte de la larga batalla político-electoral del 2019. El hecho de fondo, sin embargo, es que esta batalla se librará con la certeza de que la pandemia no ha sido solamente un fenómeno suspensivo de la protesta, sino que está hiriendo de manera muy profunda el empleo, los ingresos y el nivel de la pobreza. Hay que ser un campeón de la frivolidad para no ver que eso lo transforma todo.

Los economistas del Banco Mundial han estado advirtiendo que en los países de ingresos medios se observa “un empobrecimiento de grupos nuevos que no habrían ingresado a la pobreza en el curso normal de los eventos”. El curso normal de los eventos chilenos ya había dejado de ser normal antes de que el murciélago fuera atrapado en Wuhan. Lo que no entraba en esa anormalidad eran precisamente estas dos deformidades: el desempleo y la pobreza. ¿Qué misteriosa fuerza de la historia chilena hizo que el desastre general se encabalgara sobre una crisis social estrictamente local, modificando su naturaleza?

¿Falta un tiempo para saberlo? Todo el mundo tiene alguna idea consolidada sobre las causas y las consecuencias de la Revolución Francesa. Cuando le preguntaron por ella al líder chino Zhou En-lai, dijo que “es muy temprano para evaluarla”. Claro que aún no se sabe si era una respuesta profunda o si entendió mal la pregunta. Podría aplicarse como prueba sobre la competencia de los políticos.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-la-prueba-de-zhou/KQDK6KJNGBEJNGGI2YRMVYGOWI/

  • 21.2.-Chile:Urge un programa de gobierno de la izquierda que sea antineoliberal con medidas anticapitalistasLEOPOLDO LAVÍN
  • Certezas e incertidumbres políticas de un procesoCARLOS FLANAGAN
  • Chile: doce precandidatosASCANIO CAVALLO

Marzo será un mes político clave. Será el momento político abierto en el contexto de un ineludible escenario electoral. Será cuando habrá que plasmar; proyectar escritas y argumentadas las demandas populares y de los movimientos sociales por una ruptura democrática con las políticas de la oligarquía empresarial que hasta al momento han dominado la vida política.

4 feb 2021.- Se trata de tomar el escenario electoral presidencial por las astas e irle dando consistencia a un programa de corte claramente anti neoliberal que oriente e incluya medidas anticapitalistas que las ultraderechas y las “centro-izquierdas” denunciarán, con su consabida narrativa del caos y la impotencia, como utópicas. Ante la distopía o la continuación de la pesadilla neoliberal, las fuerzas de izquierda institucionalizadas y con recursos para campañas políticas bien organizadas tendrán que hacer prueba de osadía y claridad. Hay una situación propicia, además de aguijoneada por la urgencia (*). Y en tal situación, los intelectuales tendrán que tomar posición.

Los tiempos no están para consensuar lo que no se puede sin que aparezca espontáneamente a la consciencia popular, forjada desde hace dos años en la movilización misma, la figura de otra traición más de un proyecto de voluntad de mayorías. Es justo el tiempo, o será demasiado tarde. Habrá una coyuntura para radicalizar posiciones y debates con propuestas de cambios estructurales. Si se puede hablar de momento histórico, sin exagerar, es ahora. Estamos en una encrucijada. Sólo se ganarán el respeto popular y se conectarán con la historia de los de abajo las fuerzas de izquierda capaces de impulsar medidas que modifiquen la correlación de fuerzas políticas y sociales con medidas en el plano de la base económica, y que apunten a potenciar un proyecto social y político que permita enfrentar los cambios desde una perspectiva de los pueblos, de las igualdades, de la democracia participativa desde el territorio, del lugar de trabajo y de vida comunal y de las relaciones con la naturaleza. Medidas que ayuden a disminuir los efectos sobre las mayorías de la catástrofe económica, sanitaria y ecológica en curso y a la vista. Es lo que se espera. Navegar en el impulso de la consciencia acumulada durante la Rebelión Social y Popular de octubre 2019 para transformarla en caudal político con el cual realizar esos cambios deseados, y una y otra vez postergados. El desafío es encarar sin tregua a los propagandistas de los petits pas (del reformismo carita inocente, pero culpable de desidia política); conectar el proyecto transformador con las ansias y esperanzas de un cambio real. Y los cambios más difíciles serán los que se imponen en la estructura económica que concentra la propiedad privada de los recursos económicos entre manos de una oligarquía poderosa y mortífera. El aparataje jurídico legal está para eso: para defender la gran propiedad en manos de quienes han expoliado y acumulado riquezas bajo la forma de capitales industriales, financieros y patrimonios y fortunas en paraísos fiscales.

Pues bien, si la energía del movimiento social del 18/O del 2019 rompió los diques de una institucionalidad  diseñada para ningunear las demandas de Asamblea Constituyente libre y soberana, la casta política logró imponerle un remedo llamada “Convención”. En esas movidas vimos como la fuerza del poder constituyente fue capturada por la casta de partidos viejos y nuevos de la oposición (salvo honrosas excepciones) y del oficialismo. Maniobra conspirativa que demostró la esencia del sistema de casta política y partidos: ser orgánicas burocratizadas integradas a las estructuras políticas de dominación, bajo apariencia de “consenso”. Es lo propio del juego institucional: captar una demanda profundamente democrática levantada por el pueblo (pueblo de millones de carne y hueso en las calles exigiendo AC) y desnaturalizarla o vaciarla de su contenido transformador en nombre del juego “democrático” institucional entre “representantes”, no del pueblo, sino de castas. Y de paso, sucumbir a la presión de la ideología del orden y del capital y aprobarle leyes represivas al Gobierno de Piñera. Son las aporías de la “democracia representativa liberal”.

Que el movimiento social decida sobre su curso extra institucional de lucha por obtener las demandas, no es necesariamente una lógica separada de una lógica partidista institucional que busca gobernar una buena parte del aparato del Estado para impulsar medidas de transformación social. No son lógicas contradictorias. Pueden acompañarse en un juego dialéctico de empoderamiento mutuo en un proyecto de cambio, estratégico, que se enfrenta necesariamente a las estructuras de dominación y a su violencia … por ende estructural. Es mejor un gobierno auténtico de izquierda, con amplia base popular, que se comprometa (además de cumplir su programa sin transarlo) solemnemente durante la campaña a no reprimir al pueblo y a sus movimientos sociales, y junto con eso, a reformar los aparatos policiales represivos, que uno timorato de centro-izquierda/socialdemócrata o de confrontación social y de derecha autoritaria como el actual. Bien sabemos que estos dos últimos se reclaman de la consabida e hipócrita monserga del “orden y de la defensa de la propiedad”. Saber distinguir matices es lo propio de una estrategia correcta capaz de moverse en el terreno de lo táctico.

Nada nuevo bajo el sol en las candidaturas de derecha. Cuando se trata de pontificar en economía aparece siempre un ex ministro de Hacienda y economista ortodoxo que sale con las eternas recetas de “crecimiento con productividad” y de creación de empleos con bajos salarios (“apretarse el cinturón” dicen) sin considerar siquiera el carácter profundo de una crisis que es global, financiera, climática, sanitaria y, resultado del mismo paradigma neoliberal que sacrifica lo público-social a lo privado-empresarial y por ende a la desigualdad social. En esa línea, (y en la de los neoliberales de todos los pelajes estilo PS-PPD) se ignoran los análisis de quienes no profesan el dogma economicista; que lo cuestionan, como lo hace un investigador capaz de escribir un libro de 600 páginas, documentado, con reflexiones histórico-comparadas y filosóficas que argumenta acerca de la necesidad urgente de regular el capitalismo, de aumentar fuertemente los impuestos con fiscalidad progresiva a los más ricos, y de la importancia de impulsar la participación de los trabajadores en las empresas, así como de nacionalizar las estratégicas para planificar la economía por áreas.

Hablamos de Thomas Piketty, quién en su último libro, “La Ideología del Capital” explica además que la ideología de la “meritocracia” es un individualismo que permite a los ganadores del sistema estigmatizar a los llamados “perdedores”. Ideología enfocada en el “esfuerzo individual”, sin siquiera ésta, preocuparse de crear condiciones reales para la igualdad social. Thomas Piketty defiende un tipo de socialismo democrático en que los bienes públicos orienten la política de Estados liberales (de “derecho”) que, como en Chile, devienen cada vez más autoritarios y más militarizados al estar en manos de las oligarquías con vocación para reprimir a los poderosos movimientos sociales portadores de demandas ciudadanas. Lo impensable sucede cuando un economista neoliberal, el ex ministro de un gobierno que se ha caracterizado por reprimir sin vergüenza, se adora en el espejo y decide presentarse de candidato a la presidencia por un partido “liberal en lo valórico” e intrascendente en lo político, mero furgón de cola de la oligarquía empresarial.

El resto de los candidatos de la ultraderecha neoliberal, además de encarnar el mismo esquema donde los mercados y el lucro mandan, participan del gran espectáculo que Freud llamaba el “narcisismo de las pequeñas diferencias”. ¡Cuál más ridículo que el otro! Obligado cada uno a hacer prueba de ingenio vulgar (como mostrar sus tatuajes) para destacarse del o de la alter ego. Sin, por supuesto, ningún programa de gobierno que presentar.

Al igual que las dos candidatas del llamado centro-izquierda, sin programa alguno que ofrecer que no sea la letanía de buenas intenciones de coaliciones que no hicieron otra cosa que remozar y retocar el modelo dejado por la dictadura y cuyo marco jurídico legal es la constitución del 80. Una fue designada a dedo por la ex presidenta socialista M. Bachelet – que no hizo otra cosa que patear los problemas de Chile para adelante. Hasta que el pueblo cansado, con un gobierno de derecha inepto a cuestas, decidió rebelarse con sus propias demandas negadas por derechas ultras y socialdemocracias cristianizadas, y otros que hoy se deslindan, pero que en su momento fueron también dama de compañía y príncipe consorte de la experiencia fracasada de la Nueva Mayoría. En su momento hicieron mutis por el foro. Hoy pueden redimirse, sobre todo si en su Congreso partidario se han declarado por un proyecto antineoliberal, anticapitalista y antipatriarcal, y cuentan con un buen candidato para encarnar un proyecto de izquierda. Lo mismo para la otra posible candidatura que se sitúa en el campo de la izquierda. Que levante ya un programa claro, que sea también de corte antineoliberal y anticapitalista, pues no basta con retirar la plata de las AFP. Y si estos partidos con base de izquierda, no quieren hacer primarias de izquierda, que hagan un pacto en caso de balotaje o segunda vuelta. Es lo que la razón política ordena: la unidad de la izquierda en torno a un buen programa coherente, discutido ampliamente y elaborado con inteligencia que permita agitar y propagandear ideas fuerza y consolidar un proyecto de transformación social. Que inspire a las y los convencionales delegados, que las y los oriente en un proyecto, para que no pierdan la brújula y se queden en debates abstractos y encerrados en el “fetichismo constitucional”. En la adoración de fórmulas legales formales. Pues el poder constituyente del pueblo podría en todo momento retirarle la legitimidad a la Convención Constitucional, o imponerle medidas democráticas para ser creíble y eficiente.

Leopoldo Lavín Mujica

(*) entre los años 20-30 del siglo XX quienes lograron captar la atención de muchos pueblos en un contexto de cesantías, crisis del capitalismo e incertidumbre ante el futuro fueron partidos fascistas que siempre pescan a río revuelto y aprovechándose de la incapacidad de las izquierdas de levantar un programa claro de satisfacción de demandas sociales, de los y las trabajadoras y de regulación del poder de la clase empresarial. Esta se acomodó con el partido nazi en Alemania. Fue en ese contexto que Gramsci, preso en Italia, escribió: “Pasado y presente, el aspecto de la crisis moderna que se presenta como una ola de materialismo está vinculado a lo que se llama crisis de autoridad. Si la clase dominante perdió el consenso-consentimiento, es decir que ella ya no es dirigente sino únicamente dominante, que detenta para gobernar solo la fuerza coercitiva pura, esto significa precisamente que las grandes masas se desapegaron de las ideologías tradicionales, que ya no creen más en lo que creían antes, etc. La crisis consiste precisamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. Es en este interregno que ocurren los más variados fenómenos mórbidos”. Gramsci, Cahier III, au paragraphe 34.

https://rebelion.org/urge-un-programa-de-gobierno-de-la-izquierda-que-sea-antineoliber

21.2.-Certezas e incertidumbres políticas de un procesoCARLOS FLANAGAN

Luis Arce y David Choquehuanca Fuentes: Rebelión / CLAE

Luego del resonante triunfo electoral del 18 de octubre pasado, el gobierno del MAS encabezado por Luis Arce y David Choquehuanca enfrentan, desde su asunción el 8 de noviembre, variados desafíos.

Las certezas

4 feb 2021.- Tienen claro que el primero y más urgente consiste en reconstruir la economía boliviana; destrozada luego de once meses de desgobierno neoliberal de la dictadura encabezada por Jeanine Añez. Sólo a modo ilustrativo del estado de situación, brindamos tres datos económicos:

Bolivia pasó de haber liderado en América Latina por seis años en sus índices de crecimiento económico en el período 2006 – 2019, a tener ahora la caída más grande del PIB en los últimos 40 años: un 11,1%. Las reservas internacionales netas (RIN) del país bajaron un 13% desde noviembre 2019 al mes de octubre 2020: de 6.459 millones de dólares a 5.578 millones. En el mismo período la dictadura endeudó al país en más de 4.200 millones de dólares entre deuda interna y externa.

Estos factores mencionados, sumados a la pésima gestión de las empresas públicas y la paralización de las tareas en las plantas de litio y urea, dieron como resultante un aumento del desempleo y la pobreza. Para enfrentar y superar este complejo panorama económico y social, se propone el objetivo de restaurar el modelo económico social, comunitario y productivo, que dinamice la economía plural y el mercado interno con crecimiento y redistribución del ingreso.

Este modelo hace a la propia concepción de la democracia y sus contenidos esenciales que bien expusiera Arce en su discurso de asunción presidencial: “de nada sirve elegir a las autoridades mediante el voto si a la vez el pueblo al que se debe la democracia está privado de los derechos fundamentales, como los de acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a los ingresos y a la vivienda.”

Estas tareas no serán sencillas ni rápidas de implementar en medio de una coyuntura económica mundial recesiva, ahora agravada por la pandemia del COVID 19. Con este objetivo como meta, se adoptaron desde el vamos algunas medidas anticíclicas urgentes:

-se aplicó el bono contra el hambre, consistente en un único pago de Bs. 1.000
-se aumentaron los salarios y jubilaciones
-se aprobó un reintegro del IVA
-se aprobó la creación de un impuesto a las grandes fortunas
-se aumentó la inversión pública a USD 4.011 millones
-se crearon fideicomisos de apoyo al sector productivo y a la promoción de políticas de sustitución de importaciones por Bs. 911 millones

A los 30 días de ser aplicadas, de noviembre a diciembre 2020, ya comenzó a notarse una recuperación económica: Las ventas de supermercados subieron de Bs 365,4 millones registrados en noviembre a Bs 491,5 millones en diciembre, también las ventas de restaurantes aumentaron de Bs 266,7millones a Bs 310,4 millones, la facturación de hoteles subió de Bs 39,8 millones a Bs 55,1 millones y las ventas del transporte aéreo se incrementaron de Bs 129,5 millones a Bs 133,1 millones durante el periodo señalado.

Las incertidumbres

En varias ocasiones nos hemos referido y abundado en lo que a nuestro juicio han sido limitaciones, confusiones y fracasos políticos de los gobiernos progresistas, principalmente en nuestra región. Me referiré en particular a dos habituales confusiones que hemos padecido y que tal vez puedan estar presentes en la actual situación política boliviana.

Sin dudas un gobierno progresista es un componente muy importante del proceso de cambios sociales que se propone.

Pero muchas veces se tiende a confundir un elemento con el todo.

De ahí el aislamiento progresivo del gobierno (inmerso en la gestión cotidiana) con la fuerza política a la cual pertenece y al complejo entramado social que lo sustenta.

También a menudo el variopinto entramado social organizado que sustenta el proceso de los cambios (pueblos originarios, campesinos, trabajadores de las ciudades y el campo, pequeños y medianos empresarios, estudiantes, organizaciones sociales con temáticas específicas) confunde los tiempos del proceso con los de un período de gobierno, cayendo en demandas sectoriales propias de una visión cortoplacista.

Se va perdiendo así la visualización del proceso de cambios como un largo camino que no se agota en uno o unos pocos períodos de gobierno. Con ello se ve afectado ese entramado social en su capacidad de movilización como bloque y de apoyo unitario a la causa común, que fuera clave para lograr en Bolivia la obtención del primer gobierno, el arrinconamiento de la dictadura de Añez, la posterior reconquista del gobierno y sigue siendo fundamental para la defensa y buena salud del proceso.

Papel del individuo y personalismo

Es innegable el rol que han jugado, juegan y jugarán los individuos con sus características intransferibles en la conducción de los procesos de cambios en la historia. Este no es el tema en cuestión.

Las dificultades surgen cuando una figura dirigente comienza a sentirse infalible en sus juicios e irreemplazable; por encima del colectivo, desechando toda postura que no sea de apoyo y halago a la suya. Me temo que ese es un problema político no menor que deberá administrar el gobierno boliviano en funciones (específicamente Luis Arce y David Choquehuanca) en su relacionamiento con Evo Morales, hoy Presidente del MÁS, el partido de gobierno.

Para citar un caso concreto como ejemplo de lo antedicho: el próximo 7 de marzo tendrán lugar en Bolivia elecciones subnacionales (de Gobernadores de los 9 Departamentos y Alcaldes para los 337 Municipios del país).

En el proceso de nominación de candidatos del MAS, Evo Morales ha hecho jugar su peso político, nominando candidatos en ocasiones a contrapelo de la opinión de las bases y otros dirigentes del partido. El caso más notorio es el de Eva Copa, Senadora por el MAS desde el 2015.

En noviembre de 2019 al producirse el golpe de Estado y la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera, renuncian también la presidente de la Cámara de Senadores Adriana Salvatierra y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. Ante ese vacío de poder, Eva Copa no renunció y asumió la presidencia de la Cámara de Senadores desde el 14 de noviembre de 2019 hasta el 3 de noviembre de 2020.

Toda su actuación al frente de la bancada del MAS y del Senado, fue un ejemplo de enfrentamiento a la dictadura. Luego fue nominada en el seno del MAS como posible candidata a la Alcaldía de El Alto, de donde es oriunda. Sin embargo y en forma sorpresiva, se nomina como candidato a Zacarías Maquera (que fuera Alcalde interino de El Alto por cinco meses).

Eva Copa se aleja del MAS y es postulada como candidata a Alcaldesa de El Alto por la agrupación “Jallala”. Las encuestas le dan arriba del 66% de intención de voto seguida de Maquera con apenas un 10%. Esto es todo un llamado de atención.

En definitiva, Evo Morales – si asumiera en los hechos que su ciclo como jefe de Estado ha finalizado y apoyara a la actual dupla gobernante – podría jugar un importante papel como presidente del MAS. Con su experiencia política y poder de convocatoria, podría encabezar la tarea de fortalecer sus estructuras y vida política cotidiana, para que se constituya en el necesario instrumento que aporte al diálogo del gobierno con su pueblo nucleado en las propias bases partidarias y en las distintas organizaciones sociales del país.

Ojalá por el bien del proceso de cambios del pueblo boliviano, que así sea.

Carlos Flanagan. Miembro de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Ex-Embajador de Uruguay ante el Estado Plurinacional de Bolivia. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

https://rebelion.org/certezas-e-incertidumbres-politicas-de-un-proceso/

21.2.-Chile: doce precandidatosASCANIO CAVALLO

15.06.2019 FACHADA DE LA MONEDA DESDE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION FOTO: RUDY MUÑOZ / LA TERCERA 

¿Cómo será la persona que ocupe la Presidencia de la República a partir de marzo del 2022? ¿De dónde vendrá? ¿Quiénes lo respaldarán? ¿Será mujer, para que continúe la alternancia de género? ¿Será de centroizquierda o izquierda, para que continúe la alternancia ideológica? ¿O ambas cosas, como en los últimos 16 años?

Desde Ricardo Lagos, nadie ha traspasado el poder a alguien de su misma coalición. Pero “nadie” es mucho decir, porque se trata de las mismas dos personas. Esa rotativa ha llegado a su fin y los que finalmente sean candidatos enfrentarán la campaña más corta desde el retorno de la democracia: con suerte, tres meses.

Lo que es más evidente es que de los 12 precandidatos hoy en vitrina, ninguno ha ofrecido un panorama que signifique una interpretación de la sociedad, filtrada por el 18-O, la pandemia y la catástrofe económica. Puede ser otro exceso decir que se trata de una nueva sociedad, pero cuando menos es una zarandeada por fenómenos disruptivos de gran escala, que ya no tiene las expectativas del 2017. ¿Cómo sale el país de este atolladero? Nadie lo ha dicho en la forma en que lo necesita una campaña presidencial.

Esta puede ser una explicación para que nadie figure en las encuestas con una ventaja elocuente y que haya casi una muchedumbre entre el 1% y el 10%.

El único que se ha acercado a una definición de ese tipo es Joaquín Lavín, pero de una forma todavía muy genérica y un poco raspada por los 20 años de ocurrencias del alcalde de Las Condes. El activismo de Daniel Jadue parece partir de la base de que hay potencial presidencial en una alcaldía, una tesis que estuvo de moda a fines de los 90, cuando Lavín manejaba Las Condes como un experimento social. El “lavinismo rojo” de Jadue sólo se diferencia en que es agresivo en lugar de victimizador.

En todo el resto se divisa lo mismo: un temor cerval por los desbordes callejeros del último trimestre del 2019, un temor correspondiente con su incertidumbre: ¿Se trata de un fenómeno que se terminó con las cuarentenas o sólo se ha producido un paréntesis tras el cual regresará el estado de ingobernabilidad? ¿Alguien lo puede manejar o más bien se mueve con su propia dinámica? ¿Se expresa en votos o sólo tiene existencia en la barricada?

En la filosofía moral, el temor de no entender está asociado con el temor a no ser entendido. Los precandidatos ocultan sus ideas, evitan compromisos y viven atenazados por lo que de ellos dicen las redes digitales. Peor aún, por estos días se encuentran en la fase más desagradable, la de idear cuentos del tío para asegurar su posición.

El PPD y el PS, por ejemplo, firmaron un compromiso para realizar pre-primarias entre sí antes de confrontarse con sus otros socios de Unidad Constituyente, la DC, el PR, el PRO y Ciudadanos. Esta idea no surgió mágicamente, sino del resultado de las primarias para gobernadores y alcaldes de noviembre pasado, donde la DC obtuvo resultados notables; el PPD y el PS llegaron a la conclusión de que ello se debió a que postularon separados, una conclusión completamente innecesaria si se entiende que son partidos diferentes. Además de ser inaceptables para sus socios, es evidente que esas pre-primarias, que no es otra cosa que un mecanismo para no perder, perjudicarían la legitimidad de los dos contendores actuales, el elegido Heraldo Muñoz y la ungida Paula Narváez. Lo lógico es que sean ellos los interesados en que ese acuerdo sea misericordiosamente olvidado.

En la derecha ocurre algo similar entre Lavín y Evelyn Matthei, aunque en este caso se trata del mismo partido. Fiel a su cultura, la UDI preferiría un acuerdo entre ambos, pero incluso hasta una pre-primaria, antes de llegar con los dos compitiendo con los tres o cuatro restantes. La disyuntiva de la UDI es algo más virtuosa que la del PPD y el PS en cuanto no es un arreglo para vencer a otros, pero, a la postre, puede tener el mismo aire de jugarreta si no encuentra una salida presentable.

Los partidos comparten el estado de inseguridad. Ninguno sabe si debe aparecer mucho o más bien borrarse del mapa. Ninguno ha producido una reflexión contundente, compleja o siquiera interesante respecto del país posterior al 18-O. Nada, digamos, que sobrepase la receta ideológica. Nada que sugiera un gran proyecto para el futuro. Parece como si la flaqueza intelectual fuera a ser el signo de las elecciones: un festival de emociones y exaltaciones.

Así como la izquierda carga con el agón de haber perdido por paliza la última elección, la derecha carga con la cruz de haberla ganado. El resultado del gobierno de Piñera podría mejorar mirado a la distancia, pero desde el 2019 todo lo que ha ocurrido es como la pesadilla de la derecha, con ese momento central en que “negoció su permanencia a cambio de la Constitución”, según la amarga expresión de un dirigente de Chile Vamos.

La campaña y las elecciones de octubre, ya se sabe, quedarán cruzadas por los debates de la convención constituyente. Lo que esta vez hace más compleja la contienda presidencial es justamente ese hecho, pero una de las maldiciones de la política es que cuanto más difícil es el cargo, más son los que lo codician. Para ser candidato, a fin de cuentas, sólo se necesita un grupo de amigos que gasten parte de su día elogiando tus atributos, todos ellos tan evidentes, que sólo los miopes no los ven. Es más tarde que los miopes dan su veredicto.

El hecho de que se haya abierto la discusión presidencial cuando aún no se terminan de clarificar las candidaturas para la convención constituyente muestra la eminencia que tiene ese cargo en la cultura política chilena. La debilidad de los precandidatos muestra también que ninguno de ellos da todavía con la talla.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-doce-precandidatos/VVIYITSHAZFC7DN5ENX4QF23EU/ 

21.1.-Chronos contra Kaidós ASCANIO CAVALLO

Marruecos. 

La pandemia del Covid-19 ya ha dado una vuelta al mundo y está en la mitad de la segunda. Las noticias sobre segundas y terceras cepas (variaciones del virus) y olas (nuevos períodos de contagios) tienden a oscurecer el horizonte. La confusión ha evitado, hasta cierto punto, que esos hechos provoquen efectos políticos inmediatos, excepto en casos tan raros como el de Holanda, donde las protestas contra la implantación del toque de queda coinciden con el vacío político creado por la anterior renuncia del primer ministro liberal Mark Rutte.

30 ene 2021.- La experiencia europea, que está por completar un año de pandemia efectiva, sugiere que hay dos tipos de impactos políticos sucesivos. El primero es la caída de los ingresos y los empleos, a la que los gobiernos han reaccionado en lo inmediato con paquetes de ayudas y subsidios. El segundo es la eficacia de la gestión del aparato público, donde los países tienden a compararse con otros; en Francia, por ejemplo, se plantea como un debate amargo la pregunta de por qué su cifra de muertes es casi tres veces mayor que la de Alemania, teniendo sistemas de salud similares.

Mientras el primer impacto sumirá a gran parte del mundo en una pobreza que se creía superada, el segundo replanteará la calidad de los servicios estatales: un cóctel altamente inflamable. Y como lo malo siempre puede ser peor, la presión por las vacunas ha terminado por quebrantar las expectativas generales: la inmunización será más lenta y más desigual de lo temido.

El historiador francés Francois Hartog ha recordado la vieja lucha entre Chronos (el tiempo lineal) y Kairós (el tiempo oportuno y, para algunos teólogos, “el tiempo de Dios”), que se presenta, por primera vez simultáneamente ante todos los gobiernos del mundo, en lo que puede ser el primer “hecho social total” de la historia. Chronos es la implacabilidad del tiempo, su avance indiferente a la prisa o la demora humana. Kairós es, por lo general, la paciencia, el tiempo controlado por una cierta noción del destino, y a veces puede ser la impaciencia, el tempo dominado por la pasión o el miedo.

Frente al peligro de una “catástrofe moral” advertida por la OMS (los países pobres esperando hasta el 2022 o 2023, mientras los ricos se vacunan este año: un Chronos determinado por la codicia), India y Sudáfrica encabezaron una moción en la misma OMS para suspender los derechos de propiedad intelectual en los tratamientos para el Covid-19. Unos 100 países ya la han suscrito. (Como para confirmar la violencia de los contrastes, justamente un sudafricano es el símbolo del Chronos catastrófico: Johann Rupert, dueño del grupo del lujo Richemont, consiguió vacunarse el 23 de enero en una clínica suiza, con una sucesión de maniobras que lo han obligado a explicar por qué se considera más indispensable que otros).

Son numerosos los gobiernos que temen ahora que la percepción de una mala administración de la vacuna -demora, prioridades indebidas, desigualdad, descuido- tenga una conflictividad social mucho mayor que la de la fase inicial de la pandemia. Si ha sido muy difícil convencer al mundo de que el Covid-19 es peligroso, más lo será manejar una solución manufacturada.

El gobierno chileno está iniciando el proceso de vacunación masiva al mismo tiempo que los últimos países de Europa. Esto no tiene que ver con su eficacia, sino con el ritmo en que han estado llegando las vacunas, que a su turno depende de las prioridades de sus fabricantes. El aparato de salud entra en otra carrera contra Chronos: esta vez, para llegar antes de la tercera ola que, según el exministro Jaime Mañalich, podría producirse con un nuevo invierno.

No es una pura razón climática. Ya parece evidente que, como ha estado ocurriendo en todo el mundo, un segundo proceso de confinamiento resulta intolerable, por razones económicas, psicológicas y de simple cabreo. De un lado, los programas de ayuda, que “pudieron llegar antes”, según la expresión del saliente ministro de Hacienda, se empiezan a agotar en conjunto con los recursos previsionales. De otro, a las rebeliones de baja intensidad -fiestas, asados, playas- se sumarán las necesidades de las campañas electorales. Todo eso tendrá su fase de aceleración entre marzo y abril.

Es un hecho que la situación de Chile es mejor que la enorme mayoría de los países de la región. Sus números en cuanto a caída del producto, aumento del desempleo y crecimiento de la pobreza estarán, al final, muy por debajo de toda Sudamérica. Incluso, con sus cifras raras, el paquete de ayuda oficial será uno de los más robustos del vecindario.

Pero como a esa parte del gobierno no le cree nadie, habrá que ver con las vacunas. En este campo cuenta al menos con una rareza, la sostenida credibilidad del ministro Enrique Paris, que ahora enfrenta su verdadero desafío. El hecho político que le toca, con todo su potencial explosivo, es este; sustituir a Mañalich fue sólo una especie de ensayo.

Será una circunstancia singular que el proceso de vacunación y salida del estado de encierro coincida con el debate constitucional. Tenía Chile que tener su particular Chronos contra Kairós, cómo no. Todavía es muy temprano para saber si sólo se trata de una ironía, o de esa vieja, inefable, incomprensible sabiduría de la historia.

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  • 20.44.-La soledad del presidenteASCANIO CAVALLO
  • ¿Se volvió a joder el Perú?ANDRÉS HOYOS

Sebastián Piñera se ha convertido en el Presidente más solo desde Salvador Allende. Acaso no conozca incluso la extensión de su soledad. Quizás sería más politológico escribir “aislado”, pero a esa palabra le sobra un pelo de inculpación y le falta otro de fatalidad. El jueves, unos cuantos votos lo salvaron de lo que pudo ser la soledad final, pero no parece que esos votos lo hayan ayudado por razones algo más nobles que el cálculo y la oportunidad.

28 nov 2020.- Para que el Presidente se quede solo se necesita una traición suprema, y esa sólo puede ser la de los suyos, su propio partido. En las horas dramáticas de septiembre de 1973, el Partido Socialista le rechazó al Presidente Allende todas las opciones que propuso para una salida política, y cuando ya fue demasiado tarde, en la mañana del 11, ni siquiera estuvo cerca para defenderlo. No fue la Unidad Popular -donde había de todo-, sino el PS, y esa traición le costó al partido años de desgarros y fantasmas internos, años que en algún caso ni siquiera han terminado.

Igual que entonces, a Piñera lo ha traicionado, sobre todo, su partido, Renovación Nacional. El momento de inicio de ese acto trágico es muy preciso: el 18 de octubre del 2019, el día que de pronto y sin aviso se hace visible que el Presidente no controla el orden público y hasta puede ser derrocado. En las jornadas que siguen, el partido brilla por su ausencia en La Moneda. ¿Dónde iba a defender al Presidente? Esta vez no hay golpe de Estado, no hay sangre, no hay dictadura. Pero todo lo que viene después es una profundización de ese abandono paulatino, ladino, cargado de rencores, de los pequeños y de los grandiosos. Es una traición civilizada, que no se consuma bajo una metralla abrumadora, sino en el Parlamento. Una traición aureolada por bellas razones de urgencia social y solidaridad electoral.

En RN se puede decir, como en el PS de los 70, que todo ha sido culpa de la tozudez, la inflexibilidad, hasta la arrogancia del Presidente. Que se lo advirtieron y no los escuchó. Que le pidieron y no les concedió. Que nada de esto habría ocurrido si. Que no es personal. Como en política nada es personal hasta que lo es, esta explicación es una llama eterna. También las otras: como la autosoledad no existe, hay que culpar al carácter. Los defectos de Piñera han sido más reseñados que sus virtudes, pero es una aporía que quienes lo eligieron, no una, sino dos veces, lo traten como a un desconocido.

La oposición no ha producido la soledad del Presidente. Ha sido tenaz, dura, a menudo intransigente, pero ha cumplido el papel que se espera de ella en una democracia. A veces se ha dejado llevar por entusiasmos que la psicología puede iluminar mejor que la política, destituciones, renuncias, elecciones anticipadas, mando de facto, derogaciones, en fin, un repertorio de feria, y por eso las inteligencias más alertas han llegado a advertir que ahora su responsabilidad es enorme, y que está obligada a “evitar que la institucionalidad se desplome” (Carlos Ominami).

Nadie habría imaginado esta frase en la noche del 17 de diciembre de 2017, cuando Piñera obtenía la más alta votación desde Frei y RN se disputaba a codazos las fotos junto al vencedor, el hombre al que nadie le había podido ganar, ni en la interna ni en la otra. Pero desde que esa noche quedó en el olvido, ya ninguno de aquellos ronda por allí y los muchachos de entonces prefieren otras fotos, las de los grandes afiches de las candidaturas que vienen.

Después del desesperado gambito de la ley para retirar el segundo 10% de los fondos previsionales con algunas restricciones, el Presidente ha quedado pendiente de dos decisiones: una, que la Cámara de Diputados vote su proyecto y se olvide del anterior, con lo que podría obtener una victoria pequeña y con gusto a agraz, y la otra, la de fondo, que el Tribunal Constitucional confirme que el gasto público es una atribución del Presidente. La Moneda ejecutó una maniobra rápida y contra sus principios, pero eso es todo. Hace rato que los principios se siguen sólo en el sentido de Groucho Marx (“si no le gustan, tengo otros”).

De esto podría depender que el sistema privado de pensiones no se desfonde en la cresta del efecto “chanchito roto” que se ha extendido en la anomia chilena. La forma en que se han gastado los fondos previsionales es expresiva -mientras al lado crecen los verdaderos problemas, el desempleo, las quiebras, la ineficiencia del Estado-, pero tampoco es culpa de la oposición que los parlamentarios de Chile Vamos no se den cuenta de nada. La miopía ajena todavía no es delito.

Lo más importante para Piñera, en todo caso, es que se confirme su atribución, pero ya no porque crea que la oposición no intentará sobrepasarla de nuevo, sino porque tratará de que sea un cortafuego para sus propios parlamentarios, cuyo desorden ha desafiado una y otra vez sus potestades. Es una situación rabelesiana: un tribunal impredecible, sumido en luchas intestinas, debe decidir algo que se parece mucho al último despojo de la autoridad presidencial.

La sombra del 2017 se volvió muy corta. Desprendido de las lealtades a las que sólo se sintió atado en unos primeros meses, el partido del Presidente está ahora sumido en un extraño juego de poder -directiva provisional, elecciones postergadas, ministros precandidatos- que remeda, quizás, la tempestuosa tarde de Casio. ¿O esto será como mucho?

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20.44.-E¿Se volvió a joder el Perú?ANDRÉS HOYOS

Collage de los últimos presidentes de Perú. Foto americaeconomia.com

Santiago Zavala, el personaje de Conversación en La Catedral, preguntó famosamente: “¿En qué momento se jodió el Perú?”. En efecto, un país sin un Poder Ejecutivo más o menos funcional está jodido, así a algunos les encante el deporte de descabezar presidentes mediante lo que allá se conoce como la moción de vacancia.

24 nov 2020.- Pues bien, el penúltimo ocupante del sillón, Manuel Merino, un personaje insignificante que duró un gran total de cinco días en el cargo, fue promovido a la Presidencia, a pesar de casi no tener votos, para proteger una serie de universidades de garaje, entre otras cosas. Estas son para sus dueños un jugoso negocio justamente porque no enseñan casi nada, pese a lo mucho que cobran a sus despistados estudiantes. O sea que a Merino solo le alcanzó la gasolina para tumbar a Martín Vizcarra, quien a su vez había sustituido al renunciado PPK, el último elegido por voto popular. Francisco Sagasti, hoy presidente, deja el cargo en junio de 2021. De llegar hasta allá, será un ocupante secundario, pues en abril se celebrarán unas elecciones en las que saldrá elegido alguien para cinco años, si por el camino no lo vuelve a descabezar un Congreso enloquecido. Aunque falta tan poco, no se perfila ningún candidato fuerte, mientras que más de la mitad de los congresistas actuales tienen juicios abiertos. Alberto Vergara lo explica así en The New York Times: “… las democracias suelen sucumbir ante tiranos formidables, mientras que la peruana está muriendo de insignificancia”.

Si bien puede haber exageraciones, caben pocas dudas de que muchos altos dignatarios del país han hecho negocios en el poder, negocios con posibles implicaciones penales. El sistema de partidos en Perú no existe, como tampoco existe en buena parte de América Latina. Hay, además, un exabrupto sideral que es un Congreso unicameral con la reelección prohibida para sus miembros.

Colombia, el país donde vivo, tiene mil problemas salvo este de la decapitación deportiva de sus presidentes, un contraste notable. Solo una vez se ha propuesto de veras la renuncia de un presidente. Fue cuando se reveló que Ernesto Samper había sido financiado por el Cartel de Cali, acusación tan grave que ameritaba una renuncia, la cual no se dio, debido sobre todo a la inefable mezquindad de Fernando Botero Zea, mano derecha en la campaña, quien afirmó contra toda evidencia que el candidato sabía de la plata de los Rodríguez Orejuela, pero él no. Asimismo, la innecesaria renuncia de Humberto de la Calle a la Vicepresidencia le facilitó las cosas a Samper. En fin, ese fue el único caso, pues para dar otro ejemplo nunca se sugirió en serio que un presidente tan mediocre como Andrés Pastrana renunciara. Mucho menos concuerda uno con quienes hoy piden la salida prematura de Iván Duque. Lo conducente es dejarlo terminar y después elegir a alguien con una orientación distinta, si se cuenta con los votos suficientes para ello.

En el sur, en cambio, han sido abundantes y por lo general infortunadas las salidas de los presidentes antes del fin del mandato. Ojo, no es que los buenos saquen a los malos del poder, sino que algunos igual de malos se imponen, con el corolario nefasto de que por donde sale un presidente, salen dos, salen tres, salen varios, hasta que de repente llega algún populista eficaz, tipo Rafael Correa o Evo Morales, con ganas de quedarse durante décadas. Claro, en Perú también se está planteando la opción de la constituyente.

andreshoyos@elmalpensante.com

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20.43.-Chile: Samson y la política ASCANIO CAVALLO

Salvo que el clima emocional se enrarezca aún más, la convención ocupará el lugar estelar de la política chilena a partir de abril y por buena parte del 2021. Parecerá muy incongruente que el gobierno o el Congreso tomen decisiones que afecten el funcionamiento del país en plazos superiores a ese mismo año, cuando una convención estará decidiendo acerca del futuro.

21 nov 2020.- Tres semanas después del plebiscito en el que una sustancial mayoría de los votantes dio su apoyo a la iniciativa de redactar una nueva Constitución mediante una convención constituyente de 155 miembros enteramente elegidos, ya se han multiplicado los esfuerzos por reinterpretar el significado de esa votación. En algún caso, a través de una modificación del quórum para tomar decisiones; en otro, mediante una modificación del número de convencionales, y aun en otro, por la vía de atribuir a la fórmula constituyente facultades que expresamente quedaron excluidas en el acuerdo que le dio origen.

Los portavoces de estos esfuerzos han sido, sin variación, parlamentarios. No siempre son sus ideólogos, pero sí sus rostros visibles. Es un hecho desafortunado, porque precisamente uno de los mandatos del plebiscito es que los congresistas en ejercicio queden excluidos de la convención constituyente, habiendo expresamente una alternativa que permitía que la integraran. Y en algunos casos han sido, además, parlamentarios cuyos partidos se excluyeron del acuerdo plebiscitario o lo denostaron abiertamente. Gabriel Boric ha de recordar con sentimientos ambiguos lo que soportó después de firmar el acuerdo sin la venia de su partido, y quizás también lo haga Camila Vallejo, que según los mentideros de aquellos días era proclive a que el PC se sumara, cosa que no ocurrió.

No era razonable esperar que toda la crispación política producida después del 18-O se disipara de un santiamén por el solo influjo de un plebiscito cuyo resultado ha ilusionado a muchos. Treinta años atrás, otro plebiscito -más dramático que el reciente- también produjo una ristra de interpretaciones que intentaban alterar su resultado, y se prolongaron por poco más de un año. Esta vez es probable que duren sólo las 10 semanas que restan antes de la inscripción de candidatos a la convención. Después de eso vendrá la campaña electoral -mezclada con las de concejales, alcaldes y gobernadores, en orden de magnitud- y, en abril, la instalación de la convención.

Salvo que el clima emocional se enrarezca aún más, la convención ocupará el lugar estelar de la política chilena a partir de abril y por buena parte del 2021. Parecerá muy incongruente que el gobierno o el Congreso tomen decisiones que afecten el funcionamiento del país en plazos superiores a ese mismo año, cuando una convención estará decidiendo acerca del futuro. Ambos tendrán que retroceder, inevitablemente, al rincón de las decisiones más inmediatas. De alguna manera, eso cumple con el mandato de que los actuales protagonistas, cuyos desacuerdos se han expresado en una crisis inédita, se retiren de la escena al menos parcialmente.

Por supuesto, hay muchos interesados en que no sea así. La convención está tan amenazada de alteraciones como lo estuvo la primera elección de la restauración democrática. En esa lista ocupan el primer lugar los que quieren retomar la ofensiva de protestas de fines de 2019, que se muestran intensamente activos en las redes digitales. En ese grupo, ni el plebiscito ni la convención son soluciones: la única, sin disimulo, es la asonada. La expectativa es volver a acorralar al gobierno, al que perciben debilitado, sin respaldo político, con un cuarto ministro del Interior en apenas un año, con otro jefe de la policía defenestrado y con un gabinete de ministros semiesfumado.

El Congreso está siendo víctima de un asedio parecido, aunque quizás no se dé cuenta. Las redes digitales cumplen allí la función que Canetti describió como “las masas de acoso”, esa horda que “se abre paso hasta las proximidades inmediatas de la víctima”, con el orgullo del viejo Samson, el verdugo de París, que se preciaba de demorar un minuto por ejecución. ¿Quiénes son? Esta semana, una persona amenazó a la senadora Carolina Goic con incendiar su casa a propósito del debate por el retiro del segundo 10% de los fondos previsionales. En la discusión del primer retiro, el senador Ricardo Lagos Weber fue objeto de una funa similar y se sintió obligado a retirar su proposición (que era la izquierdista idea de cobrar impuestos a las rentas altas, aunque podía tener el derechista efecto de restar menos dinero de los fondos previsionales). El “Samson” de la senadora Goic tiene 32 años y educación universitaria. Quizás sea un síntoma.

La convergencia de todos estos fenómenos ha creado en el espacio público un ambiente de ansiedad y suspensión. Muchos políticos han perdido su previsibilidad. Ya no se sabe por qué ni cómo van a actuar ante los nuevos hechos. Se ha impuesto como un implícito admisible, como un defectillo que aunque sea notorio al final es perdonado, porque muchos lo practican, el cinismo político. Se puede abrazar a un adversario, ya no para celebrar un acuerdo, sino por el hecho de dañar a otro. Se puede cambiar de posición si los mensajes del teléfono así lo sugieren. Se puede renegar de los principios porque ¿quién dijo que hay principios en la política?

Prevalece un aire de conveniencia y oportunidad. Y cuanto más se ahonda, menos valor parece tener la política. Ni el mañana ni la esperanza parecen estar allí. La política se ostenta como el arte del momento, la destreza para buscar la maña en la rendija, sea la formación de un distrito, la distribución de cargos públicos o el número de los convencionales. Para justificar la mañosería se necesita el cinismo, una fe en el aura de la astucia, una verdadera y contundente ideología de la desesperanza.

Algo tendrá que cambiar, de aquí a abril, en este panorama oscurecido. La política puede ser tortuosa, difícil y cansadora; puede ser incluso frustrante y áspera en esa idea jabonosa de aspirar al bien común. Pero una política que sólo se alimenta de maniobras, que no proporciona esperanza, que no imagina un mañana común, no proporciona ni imagina nada. No es nada.

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  • 20.42.-La crisis peruana y el constitucionalismo abusivo RODRIGO UPRIMNY
  • Chile: los sueños y los escombros ASCANIO CAVALLO

El “constitucionalismo abusivo”, según la expresión del profesor David Landau, hace referencia a procedimientos constitucionales que formalmente parecen perfectos, pero que sustancialmente son fraudulentos. Son casos en los que las mayorías usan ciertos procedimientos para instalarse o perpetuarse en el poder y para deshacerse de los mecanismos de control, como la separación de poderes o la independencia judicial, que son los dispositivos esenciales del constitucionalismo para evitar abusos de poder y garantizar la alternancia democrática.

14 nov 2020.- El “constitucionalismo abusivo”, según la expresión del profesor David Landau, hace referencia a procedimientos constitucionales que formalmente parecen perfectos, pero que sustancialmente son fraudulentos. Son casos en los que las mayorías usan ciertos procedimientos para instalarse o perpetuarse en el poder y para deshacerse de los mecanismos de control, como la separación de poderes o la independencia judicial, que son los dispositivos esenciales del constitucionalismo para evitar abusos de poder y garantizar la alternancia democrática.

Landau se refiere a reformas constitucionales que buscan atrincherar en el poder a un gobernante, como el referendo para una segunda reelección de Uribe, que en buena hora tumbó la Corte Constitucional, o la reelección indefinida en Venezuela. Pero su concepto de constitucionalismo abusivo es aplicable también a casos en los que las mayorías usan otros procedimientos formalmente constitucionales para atrincherarse en el poder, como está sucediendo en Perú.

El Congreso peruano, que es unicameral, declaró el pasado lunes la vacancia o cesación en el cargo del presidente Martín Vizcarra por 105 votos de 130 posibles, para lo cual invocó el artículo 113 de la Constitución, que permite esa declaración en casos de “permanente incapacidad moral” del presidente. El argumento del Congreso es que contra Vizcarra cursan unas investigaciones por supuestos casos de corrupción antes de ser presidente.

El procedimiento parece formalmente apropiado. Pero el asunto es más complicado.

Si la razón del Congreso para cesar a Vizcarra son las investigaciones judiciales en su contra, entonces, para no interferir en la justicia, debió permitir que estas siguieran su curso. Además, la decisión de vacancia fue tomada en pocos días y el debate duró pocas horas. No hubo el mínimo debido proceso. Finalmente, en Perú, el artículo 117 constitucional señala los únicos casos en los que el presidente en ejercicio puede ser procesado y no incluye los delitos por los que fue vacado Vizcarra.

Perú no es un régimen parlamentario en el cual el Congreso puede, dadas ciertas condiciones, hacer caer al gobierno con una simple moción de censura. Es un régimen presidencial en el que el presidente es electo por un período fijo y solo puede ser destituido o declarado vacante por causales específicas, que tienen que ser probadas. Y eso no ocurrió en este caso.

Además, el Congreso ya había intentado hace algunas semanas vacar a Vizcarra, lo cual muestra que se trata de un enfrentamiento político en el que los grupos dominantes del Congreso peruano aprovecharon la ambigüedad de la figura de vacancia por incapacidad moral para tumbar a Vizcarra y tomarse la Presidencia, en vez de esperar un pronunciamiento que iba a hacer el Tribunal Constitucional, al cual había acudido Vizcarra para que aclarara el sentido de ese mecanismo.

Hoy el nuevo presidente es Manuel Merino, quien como presidente del Congreso lideró el procedimiento contra Vizcarra. Esto no solo afecta gravemente la separación de poderes, sino que implica otra violación al debido proceso, pues en la actuación contra Vizcarra los congresistas fueron, en cierta forma, jueces y parte.

En el marco de las crecientes protestas ciudadanas, la salida institucional a esta grave crisis está en manos del Tribunal Constitucional, que debería declarar que el Congreso abusó de la figura de la vacancia por incapacidad moral. Y debe hacerlo con efecto retroactivo, anulando la vacancia de Vizcarra, como jurídicamente puede hacerlo, conforme al artículo 113 del Código de Procedimiento Constitucional. Es la única forma de evitar que el “constitucionalismo abusivo” del Congreso peruano rinda frutos.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

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20.42.-Chile: los sueños y los escombros ASCANIO CAVALLO

El Presidente ha perdido totalmente el control de sus parlamentarios. No hubo que esperar al período electoral para que se produjera ese fenómeno, aunque es evidente que la temporada de caza de los candidatos a las numerosas elecciones del 2021 ya se ha abierto.

14 nov 2020.- Una cosa es segura: el candidato Sebastián Piñera no creyó nunca, ni en sus peores sueños, que antes de cumplir su tercer año como Presidente se vería abandonado hasta por los personajes menos volátiles de su coalición. Esto ya viene pasando hace tiempo, pero son muchos en el propio gobierno los que piensan que la estocada final ha sido la votación en favor de un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales depositados en el sistema de AFP.

En un universo paralelo y ordenado, el retiro de estos fondos sería una política de derecha, porque saca del bolsillo de los ciudadanos parte del dinero para cubrir la crisis económica derivada de la pandemia. Este sería, para decirlo de otra manera, como un sueño thatcheriano. Pero en el mundo dislocado de la segunda administración Piñera, con una reforma de pensiones paralizada por años, muchos de esos ciudadanos pensaban que sus fondos estaban secuestrados por las AFP y, por lo tanto, retirarlos era casi un acto de justicia.

Desde el punto de vista doctrinario, el retiro sólo se convierte en una política de izquierda para quien tiene claro que el propósito ha de ser la destrucción del sistema de las AFP. Y un poco más a la izquierda aún, si la finalidad última es desestabilizar al sistema financiero, hasta el grado de que el Estado -pero no el actual, sino uno futuro- deba intervenirlo.

En estos últimos dos casos, es una medida de fuerte consistencia con un programa de izquierda e indiscutiblemente anticapitalista. Entonces, ¿por qué han votado por ello los procapitalistas parlamentarios del oficialismo? Descontar a los que no entienden mucho. Entre los que quedan, algunos lo han hecho porque han sentido que el gobierno no les deja otra respuesta ante sus electores, o incluso sólo ante sus pares del Congreso, ese micromundo del edificio porteño. Las aflicciones del desempleo y la inactividad no han sido, a su juicio, afrontadas con la energía y la rapidez que se requerían.

Lo que esta semana sembró el desconcierto y la desafección en Valparaíso fue la parálisis de La Moneda ante la segunda oleada sobre las AFP. Este percibido inmovilismo era, al parecer, el producto de una duda táctica: el gobierno temía que una intervención suya podría ser peor. La catástrofe se le produjo igual, y ahora se debate en un desgarro estratégico, el de apelar al Tribunal Constitucional con el fin de cautelar, más que el segundo 10%, las facultades exclusivas del Presidente en materias de gasto fiscal. Pero este es un asunto doblemente delicado, no sólo porque ese tribunal está en una situación nada edificante (en gran medida gracias al propio gobierno), sino porque tendría que ir en contra de una mayoría sólidamente integrada por sus propios parlamentarios.

En la prehistoria de la insurrección parlamentaria, cuando Adolfo Zaldívar votó por asignarle un peso al presupuesto del Transantiago, la Presidenta Michelle Bachelet pudo contar al menos con que la DC expulsaría al senador vuelto contra el gobierno, como ocurrió. Pero la DC quedó herida sin remedio y el Transantiago no se salvó de nada. Ahora ni siquiera se divisa en RN, la UDI o Evópoli alguna voluntad de sancionar a sus parlamentarios directamente alzados contra La Moneda.

El Presidente ha perdido totalmente el control de sus parlamentarios. No hubo que esperar al período electoral para que se produjera ese fenómeno, aunque es evidente que la temporada de caza de los candidatos a las numerosas elecciones del 2021 ya se ha abierto.

Y, en estas condiciones, ¿por qué debería defender este gobierno la facultad del gasto fiscal, si son los ciudadanos los que están sacando sus propios ahorros? La razón para hacerlo es que los 3,9 millones de personas que quedarán sin nada de ahorro significarán una nueva carga sobre el Estado; la razón para no hacerlo es que la mayor parte de ese problema se producirá en el futuro, más allá de este gobierno. La razón para hacerlo es el intento de poner freno a la ronda de proyectos parlamentarios. La razón para no hacerlo es evitar una provocación contra los parlamentarios. Por un lado sí, por el otro no.

Cualquiera sea su opción final, lo que no está en duda es que esa vieja idea de que los parlamentarios oficialistas son como los centuriones del Presidente y los cancerberos de su programa se ha derrumbado en forma estrepitosa. Casi todo lo que pretendía ese programa yace entre los escombros de la lealtad al Presidente.

Lo que le queda por delante, en forma cada vez más cruda, es impulsar la reactivación de la actividad económica, reducir al mínimo posible los contagios por Covid-19 y apresurarse en comprar los millones de dosis de la vacuna, que ya configuran la principal disputa del mercado internacional y que le aseguran -se puede apostar- una nueva ronda de acusaciones por parte de sus adversarios más encarnizados.

A veces el destino son los sueños vueltos pesadillas.

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20.41.-Chile: el cuarto cuadrante ASCANIO CAVALLO

El cuarto ministro del Interior antes de cumplir el tercer año: esa es la difícil posición que se le ha conferido al exalcalde Rodrigo Delgado. Es el cuarto experimento político con que el Presidente Sebastián Piñera intenta dar configuración a su gobierno.

7 nov 2020.- Si el cuadrante se traza entre duros y blandos en un eje, y cercanos y lejanos en el otro, habría que concluir que Delgado viene a ocupar el último casillero, el único no ensayado hasta ahora. Andrés Chadwick representaba el espacio duro-cercano, Gonzalo Blumel el de blando-cercano y Víctor Pérez el de duro-lejano. Sólo queda el de blando-lejano.

Suena un poco infantil, como un juego escolar de casilleros. Y por supuesto que estas no son las únicas consideraciones para elegir a un ministro del Interior. Pero han sido las que el propio Presidente, con su singular estilo, ha contribuido a instalar en el imaginario público. Qué le va a hacer.

El ministro del Interior no ha sido el líder del gabinete bajo el modelo personalista de la Presidencia chilena. Michelle Bachelet tuvo a tres o cuatro titulares a los que a veces se olvidaba de informar y hasta de escuchar. Piñera ha nombrado a los suyos advirtiéndoles siempre que el Presidente es él, un detalle que, por lo innecesario, debe ser el reflejo de alguna experiencia antigua. Y es posible -aunque parezca un poco ridículo- que esta advertencia sea ahora más necesaria que antes. ¿Por qué?

Veamos. La gestión de Víctor Pérez no fue, evidentemente, la que se esperaba. La imagen que lo precedía era equivocada o su acción se vio obstaculizada por el laberinto palaciego. Cualquiera sea la razón, se vio rápidamente desbordado por conflictos que venían desarrollándose desde antes de su asunción y culminó presentando al Congreso una táctica defensiva que, de hecho, lo despojaba de su poder y de su eminencia. Esto es más importante que el problema administrativo de quién es el jefe de qué bajo un estado de excepción. Si el ministro del Interior se despoja de poder, su desnudez no tardará en ser completa. Peor aún, esa señal pudo consolidar la acusación constitucional que terminaría por destituirlo. El ministro había dejado de ser tal aun antes de la votación en la Cámara de Diputados. Si la acusación continúa ahora, ya será un asunto personal, como lo fue con Chadwick. La política personalizada es uno de los síntomas del encarnizamiento al que puede conducir la soflama en el debate parlamentario.

En otras palabras: si Pérez no caía en el Congreso, no podría seguir mucho más en el gabinete. El hecho es que tampoco esperó una decisión presidencial: renunció ante el Presidente por teléfono, antes de que éste hubiese elegido a su sucesor. Y esto lleva a dos conclusiones (preliminares).

La primera es que, en efecto, el modelo del ministro lejano, con bajo nivel de compromiso personal, entraña el riesgo de que en algún momento crucial no responda a la lógica de las prioridades que maneja el Presidente. Problema serio para un gobierno que ha vivido la mitad de su mandato sometido a momentos cruciales. La segunda implicancia, mucho más gravosa, es que el Presidente ha ido perdiendo el control de sus ministros, tanto de aquellos que representan facciones de Chile Vamos como de los que creen tener un futuro más esplendoroso que proteger.

Todo el sistema lógico de la coalición gobernante parece haber quedado desmoronado después del 18-O. Aunque muchos argumentan que La Moneda fue la primera en introducir el caos al entrar en una dinámica de negociaciones con una oposición que evidentemente no controlaba la protesta callejera, lo esperable habría sido que, pasado el trago de ricino, Chile Vamos buscara cerrar filas detrás de las autoridades que contribuyó a elegir. No fue así, y la fuerza centrífuga siguió actuando, especialmente en el Parlamento, a lo largo de todo el 2020.

Puesto que no era el rostro más adecuado para dialogar con la oposición, también habría sido lógico que la misión principal del ministro Pérez fuese cerrar las fisuras internas para afianzar la unidad de la coalición antes de que se precipite la sucesión de elecciones del 2021. Ni siquiera se sabe si lo intentó: parece ser que de sus 98 días en el cargo quedará muy poco rastro. Al nuevo ministro Delgado le cae, por tanto, un grueso fardo de tareas, todas las que se pueda imaginar cuando se es el último cuadrante: controlar el orden público, dialogar con la oposición, alinear al gabinete, unir a la coalición, enfrentar la pandemia con recesión, administrar las elecciones, mejorar la policía, uf.

El desorden de Chile Vamos es un reflejo de la ingobernabilidad que se traspasó desde las calles hacia las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo. Eso no lo podrá arreglar, probablemente, aunque puede contar con que a partir de enero los partidos, estén donde estén, tendrán que dedicarse a reconstruir sus propios tejidos con la mejor oportunidad que se les ha brindado en los últimos años: seleccionar candidatos para todo. Además, quizás tenga un poco de luna de miel. Como están las cosas, seguro que será muy poco.

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  • 20.40.-El triunfo del socialismo boliviano MAURICIO CABRERA
  • El modelo chileno en observación EDUARDO SARMIENTO
  • Chile: el ministro colgante ASCANIO CAVALLO

No hay duda de que el apoyo popular al partido socialista, se debe a los excelentes resultados del gobierno de Evo Morales.

El contundente triunfo electoral en Bolivia del candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) demuestra una vez más la vigencia y popularidad de los programas de la izquierda democrática en América Latina, máxime cuando este triunfo se dio contra todo la maquinaria de un gobierno de extrema derecha que se tomó el poder por un golpe de estado y usó todos los medios, hasta los legales, para tratar de mantenerlo.

25 oct 2020.- El triunfador fue Luis Arce, quien fuera el ministro de Hacienda durante casi todos los tres períodos de Evo Morales, y se considera como el arquitecto del milagro económico boliviano. Con el 52,5% de los votos derrotó en primera vuelta a los dos candidatos de la derecha, mayoría absoluta que confirmó que el triunfo de Evo en las elecciones del año pasado no había sido resultado de un fraude como quiso hacer creer el desprestigiado señor Almagro, secretario de la OEA.

No hay duda de que el apoyo popular al partido socialista, que se mantiene mayoritario después de 15 años de la primera victoria de Evo, se debe a los excelentes resultados de su gobierno. Bolivia fue el país latinoamericano que logró mayores avances económicos y sociales en lo corrido del siglo.

Según los datos de la CEPAL la población en situación de pobreza se redujo del 66,6% al 35,1%, mientras que la disminución de la pobreza absoluta fue aún mayor: del 45,5% al 14,7%. Como consecuencia, Bolivia dejó de ser el país más desigual de la región y el índice de Gini bajó de 61,2 a 43,8.

Contradiciendo la tesis neoliberal de que es necesario crecer la torta primero para luego repartirla, estos impresionantes logros en la mejora de la calidad de vida de los más pobres no afectaron el crecimiento económico, ni espantaron a los inversionistas. Por el contrario el PIB boliviano pasó de 9.000 a 40.000 millones de dólares y no solo no hubo fuga de capitales sino que la inversión extranjera volvió a ser positiva y la tasa de cambio se revaluó de 8 a 7 pesos bolivianos.

En 2005 tuve la oportunidad de participar en una misión de las Naciones Unidas en Bolivia para asesorar en el diseño de políticas económicas primero a los candidatos y, después de las elecciones, al gobierno recién elegido del MÁS. Las perspectivas eran pesimistas, pues como el país había aplicado sin éxito recetas neoliberales del Consenso de Washington, el crecimiento estaba estancado y la pobreza seguía creciendo.

Elemento clave del cambio de rumbo fue la decisión de Evo de nacionalizar los hidrocarburos, medida que adoptó el 1 de mayo de 2006 para sorpresa de todos, incluso de la misión de la ONU que en ese momento estábamos en La Paz. Con la recuperación del gas, que estaba siendo exportado por las multinacionales a precios irrisorios, el gobierno tuvo los recursos para adelantar sus ambiciosas reformas sociales.

Cuando a Evo le preguntaron si pensaba implantar el socialismo en Bolivia respondió así: “Si socialismo significa una vida mejor, con igualdad y justicia, y que no tendremos problemas sociales y económicos, entonces es bienvenido”. Eso no es el fantasma del castrochavismo con el que quieren asustarnos para el 2022, ni es copiar el modelo venezolano que quebró ese país. Es el liberalismo social demócrata que necesitamos en Colombia para que todos vivan mejor.

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/el-triunfo-del-socialismo-boliviano-columnista-546011

20.40.-El modelo chileno en observación EDUARDO SARMIENTO

Por iniciativa del presidente Sebastián Piñera, Chile aprobó la realización de una asamblea nacional para modificar la constitución. El país austral fue el primero en adoptar un modelo económico de pleno mercado para impulsar el crecimiento y la modernización.

31 oct 2020.- Se esperaba que la competencia indujera a las empresas a mejorar los procesos de producción y reducir los costos e invertir las ganancias. La experiencia de Chile tuvo un gran reconocimiento en los círculos influyentes y los organismos internacionales, y fue imitada por varias naciones de la región. Colombia no fue la excepción.

La iniciativa chilena tuvo un amplio apoyo en las concepciones neoclásicas que preconizaban que la competencia conduce a la máxima producción y eficiencia, y no afecta la equidad. Kuznets, cuarto premio nobel, sin duda el pensador económico más influyente del siglo XX, fue más allá al sostener, que una vez la economía supera los estados del dualismo, la modernidad y el crecimiento reduce la inequidad. En consecuencia, predecía que en los países que superaban el ingreso cápita de US$1.000 de esa época, el crecimiento y la modernidad mejorarían la distribución del ingreso.

La teoría neoclásica, y en particular la visión de Kuznets fue controvertida por los hechos. El crecimiento guiado por el mercado favorece al capital y a los grupos medios, pero no llega a los sectores de menores ingresos. La globalización se torna en fuente de desigualdades.

Las condiciones de Colombia son similares a las de Chile. Después de treinta años no se advierten avances nítidos en los índices de pobreza y distribución del ingreso. Colombia se mantiene entre los siete países del mundo con mayores coeficientes de Gini. Los hechos han mostrado en Chile, al igual que en Colombia, que las economías no podían dejarse al arbitrio del mercado, que tiende a favorecer a los que tienen más. Se requerían organizaciones que fueran más allá de los estímulos de ganancia.

El origen más visible del conflicto se encuentra en el ahorro. La baja de la tasa de ahorro reduce la inversión y la producción y no da margen para elevar las transferencias que aumenten el ingreso del 40% más pobre, ni para elevar el salario promedio. La actividad productiva y el ahorro están inversamente relacionados con la remuneración de los que tienen menos. Así, la inequidad pensional resulta del desespero de bajar el salario de los que menos tienen para elevar el ahorro.

Piñera fue defensor del gobierno de Pinochet y protagonista central del grupo de Chicago Boys que introdujeron el modelo neoliberal dentro de la constitución que venía de Allende. El cambio de modelo económico no requiere modificar toda la constitución. Los países de América Latina adoptaron el modelo neoliberal con las constituciones que venían de atrás y en cualquier caso con variaciones menores, y las cosas se deshacen como se hacen.

El cambio de modelo requerido para conciliar la equidad con el crecimiento y la modernidad se puede lograr dentro de un marco de disposiciones económicas y voluntad política que cambien la concepción de la junta del Banco de la República, eleven en forma apreciable la tasa de tributación al patrimonio y en menor grado la de los ingresos altos, racionalice las tasas de interés y el crédito, modifiquen la estructura comercial y sectorial hacía actividades de mayor complejidad y productividad del trabajo, reduzcan la brecha entre el salario mínimo y la productividad y amplíen el acceso del 40 % más pobre al gasto social de salud, educación y pensiones. En este orden de ideas, el país quedaría en condiciones de reducir en forma acelerada los índices de pobreza y Gini, a tiempo que la producción y el empleo crezcan por encima de la tendencia histórica.

https://www.elespectador.com/opinion/el-modelo-chileno-en-observacion/

20.40.-Chile: el ministro colgante ASCANIO CAVALLO

Si la Cámara aprueba la acusación, el ministro Víctor Pérez quedará suspendido de su cargo hasta el pronunciamiento final del Senado.

 La palabra paradoja tiene dos sentidos: el del uso actual, que indica una situación que parece contraria a la lógica, y el del uso histórico, que señalaba una expresión extravagante, “más allá de la opinión común”. Cualquiera de los dos sentidos se ajusta, con distintos énfasis, a la situación del ministro del Interior, Víctor Pérez, que enfrenta una acusación constitucional cuyo desenlace puede terminar con su cargo. 

31 oct 2020.- Lo contrario a la lógica es que ocurra justo después de un plebiscito realizado bajo la responsabilidad de ese ministerio, en las más extrañas circunstancias posibles, que ha sido ampliamente elogiado como un éxito. Lo que desborda a la “opinión común” es que si el desenlace es negativo, se deberá principalmente a una defensa que puso en marcha una argumentación extravagante.

En un giro que al parecer consideró sorprendente -en el sentido de una táctica militar que descoloca al adversario-, la defensa dijo, en breve, que el ministro del Interior no es responsable de la actuación de la policía cuando existe un estado de emergencia, porque en ese caso las fuerzas se radican en Defensa. El tecnicismo puede tener alguna relevancia jurídica, pero el ministro enfrenta una acusación política en un tribunal político: lo esperable es que enfrente a ese tribunal con argumentos que confirmen su competencia y su autoridad, no que la disipen. El intento de desvinculación entraña dos cosas similarmente graves: de un lado, traspasar el problema a un par del gabinete (y arriesgar que por allí llegue hasta el Presidente); del otro, quitar el respaldo a la policía. Esto ya se lo dijo el Presidente al ministro Pérez. Casi no es necesario abundar.

La maniobra táctica ha convertido una acusación que era opinable en un problema de valor político o, quizás, en algo más de fondo. El senador Pérez fue elegido para el Ministerio del Interior con el fin de dar una señal de severidad y control frente a lo que algunos percibían como un exceso de tolerancia por parte del saliente Gonzalo Blumel. Halcones y palomas, carnívoros y herbívoros, en fin, toda esa jerga que ya se conoce.

Pero eso no ha ocurrido. La actuación del ministro Pérez ha sido más ausente que severa y su pronunciamiento más zahareño ha sido apoyar al Rechazo, inclinación (evitable, como hizo correctamente el Presidente) que más encima lo ha dejado en la posición de la minoría. Ni siquiera podría, en estas condiciones, atribuirse la buena participación en el plebiscito.

(Este es otro punto discutible. La participación fue buena en el sentido de que superó las malas expectativas asociadas al Covid-19 o al pesimismo; fue menos buena en cuanto a la magnitud de la encrucijada. Medida votación por votación, fue incluso mayor que muchas anteriores. Pero medida por elección, no. ¿Qué quiere decir esto? Que si se la compara con la segunda vuelta de la presidencial del 2017, fue un 1,4% superior, pero si se compara con las dos vueltas de esa misma elección, fue más de un 5% inferior. Este número es la suma de todos los que votaron en la primera vuelta más los que sólo votaron en la primera más los que sólo votaron en la segunda, lo que da más de ocho millones de sufragios, o 56,2% del padrón. Alfredo Joignant, consejero del Servel, mostró estas cifras hace más de un año, pero nadie parece haberse interesado).

Para los efectos del gobierno, el plebiscito ya pasó, y lo que ahora necesita es una autoridad consolidada para administrar un año repleto de elecciones, incluyendo la de la convención constituyente, en torno a la cual ya hay una sobrepoblación de opiniones dictaminando cómo debería ser. La tentación hegemónica y la tentación antidemocrática se preparan para rasguñar con la misma fuerza los escaños de la convención, y al gobierno le tocará restringir el uso de la disrupción como forma de persuasión electoral.

Es una fortuna que los procesos electorales se hayan desligado ya bastante de la gestión de los gobiernos, pero la responsabilidad política sigue siendo del Ejecutivo. Al verse obligado a sacar a una persona de su confianza personal, como Blumel, el Presidente creyó moverse hacia una opción impersonal, pero enérgica, una modalidad de Andrés Chadwick sin apellidos compartidos. Chadwick no resistió el 18-O y Blumel no pudo con el desorden interno en julio pasado. El tercer ministro del Interior debía imponerse a esas marcas.

La confirmación de que ese no ha sido el caso se encuentra, de nuevo, en ese crucial tropiezo defensivo. Si no entienden que caminan sobre un campo minado de opinión pública, los más altos funcionarios son poco funcionales al propósito esencial de La Moneda en estos días, que es cuidar al Presidente. En otras palabras: aun si se salva de la acusación en el Congreso, es dudoso que Pérez salga del trámite con su autoridad consolidada.

La destitución de un ministro del Interior puede ser una fiesta para una oposición que busca afanosamente sucesos y motivos para actuar en conjunto. Sería, en este caso, una fiesta regalada.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-el-ministro-colgante/OFMLJHYPB5FUJOFP4774TK4EZY/

  • 20.39.-Chile: una vuelta en torno a la papeleta ASCANIO CAVALLO
  • Presidente de Perú es citado a declarar por fiscal del caso Lava Jato

¿Por qué votan los chilenos hoy? Una frondosa fraseología ha venido llenando el ambiente público para ilustrar lo que es una nueva Constitución: “Un nuevo pacto social”, “una refundación”, “una nueva convivencia”, “la casa de todos”.

24 oct 2020.- Todas estas son metáforas, por supuesto. Las metáforas son un tropo, esto es, una palabra o una expresión que se usa en lugar de otra. El griego tropo significaba “vuelta”, lo que es muy apropiado para describir el hecho: la metáfora “da una vuelta” para que una cosa signifique algo distinto de sí misma. No es una mentira, sino una figura. A veces enriquece un significado.

Y a veces no. El lenguaje público y político se viene poblando de metáforas desde hace ya tiempo, y más desde hace un año: “estallido”, “primera línea”, “narrativa de protesta”, “zona cero” y, con especial brillo, el metaforón de la “violencia estructural”. La sociología se alimenta a menudo de metáforas, pero para recoger la complejidad de las cosas, no para oscurecerlas. Ahora último, sin embargo, se ha visto invadida por una metáfora que una y otra vez se abstiene de definir: la “élite”, que parece coincidir con lo que el lenguaje algo más crudo del siglo pasado llamaba “clase dominante”, aunque también parece que es más amplia que aquella. La única metáfora todavía más amplia es su contraria, la de “pueblo”, y es curioso que estas dos figuras hayan hecho retroceder el viejo pudor de la investigación social por las simplificaciones. En otras latitudes, la dicotomía élite-pueblo ha sido el fundamento de los populismos, de izquierda y derecha, cuya operación básica consiste en reducir al mínimo la inteligencia de los fenómenos sociales.

Y entonces, ¿por qué se vota hoy? Cualquiera sea la metáfora que se prefiera, no hay que olvidar que una Constitución es, en lo esencial, un acuerdo jurídico, un marco para generar, cumplir y hacer cumplir la ley, entendiendo que la ley es lo que evita que las gentes se maten o se agredan unas con otras. Una Constitución no obliga a querer a los demás: sólo a que se respeten.

Dicho sin metáforas, el plebiscito de hoy es el resultado de un acuerdo político para salir de una situación de violencia que al mismo tiempo era una situación de quebrantamiento generalizado de la ley. La violencia es lo contrario de la ley. Incluso, los que creen que la violencia es el paso necesario para una ley nueva saben que una vez que cese, esa ley habrá de proscribirla.

La violencia irrumpió en forma desconcertante el 18 de octubre del año pasado y algunos desempolvaron su personal idea de que esto significaba que había que cambiar la Constitución. No existe una correlación demostrada entre ambas cosas. Pero es verdad que la magnitud de la concesión -sobre todo, de la derecha, para la cual la Constitución fue por muchos años la línea roja- representó un indicio respecto de la gravedad que los políticos estaban asignando a la situación. Un sacrificio vestal para conservar el fuego sagrado.

El asunto tiene importancia porque, si alguna parte de los que se sumaron a la protesta de esos días se siente satisfecha o aliviada con el abordaje constitucional, hay otra parte para la cual significará entre cero y nada. Este último segmento simplemente ha dejado de creer en la ley, en cualquier ley, porque nunca creyó o porque ha constatado que cualquier orden termina perjudicándolo.

En este grupo hay una vocación de delito quizás irreparable, y es cierto que suena un poco espurio hacer sicología social con los barristas, los narcos, los pirómanos, los saqueadores y los desquiciados que movilizan la hora de la turbamulta. Pero también es verdad que ninguna sociedad puede renunciar a analizar, lo más fríamente posible, qué ha hecho para generar esos sentimientos cancroides entre su juventud.

Sobre todo, en qué punto del funcionamiento social se ha llegado a producir esa sensación de no importarle a nadie, esa ruptura total de las expectativas que hace unos 13 años el sociólogo Manuel Canales identificaba entre los deciles de ingresos 3 y 6, aquellos que salieron de la pobreza pero no pueden pasar de ahí, que son no-pobres, pero no llegan a ser nada más. Y lo que quizás es peor: que perciben que ni siquiera la educación representa alguna diferencia y que al final lo único que enseña esa educación es a comparar con lo que no se tiene.

Nada de esto lo resuelve una Constitución. Lo que puede mejorar es la expectativa de acceder al poder político para aquellos que creen que pueden hacerse cargo de estas cosas. Y como tampoco esto se puede dar por cierto, el debate constitucional entraña un importante riesgo de decepción y de nuevas esperanzas incumplidas. Por lo menos, es sano advertirlo de antemano.

Y, de nuevo sin metáforas, una Constitución es sobre todo un debate de especialistas, de juristas (¿califican los abogados dentro de la “élite”?) que calculan y programan normas para que el Estado y los ciudadanos las cumplan. Si eso tampoco ocurre, y de nuevo la ley es arrasada en las calles, el debate constitucional pasará a ser una frustración para los que lo han visto como un escape hacia la paz. Es igual de sano saberlo.

De estas y otras cosas más vagas trata el plebiscito de hoy.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-una-vuelta-en-torno-a-la-papeleta/S4YWKQ5NBNFY3LC2BGF4ZMHWY4/

20.39.-Presidente de Perú es citado a declarar por fiscal del caso Lava Jato

Testigos dicen que Vizcarra recibió pagos a cambio de obras públicas siendo gobernador de Moquegua.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra. Foto: Ernesto Arias. Efe

 

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, fue citado para que declare ante el fiscal anticorrupción Germán Juárez el próximo 3 de noviembre, informaron este miércoles medios locales.


22 oct 2020.- El fiscal Juárez, quien integra el equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, indicó que el gobernante deberá señalar el lugar en el que brindará su declaración, aunque remarcó que la citación es «inaplazable» y deberá contar con la presencia «obligatoria» del abogado de Vizcarra.

El diario El Comercio detalló que la citación de Juárez, quien investiga el caso del «club de la construcción», la supuesta asociación de varias empresas peruanas y extranjeras para repartirse licitaciones públicas tras pagar sobornos, llegó durante la tarde de este miércoles al Palacio de Gobierno peruano.

 

¿De qué se le acusa?

La Fiscalía peruana inició una investigación preliminar después de que se conociera que varios aspirantes a «colaboradores eficaces» (delatores premiados) de la Justicia afirman que el mandatario recibió pagos millonarios a cambio de conceder obras públicas cuando era gobernador de la región de Moquegua (2011-2016).

 

(Lea aquí: Con juicio a Vizcarra, Perú suma dos décadas de crisis políticas)

Esos testigos acusan a Vizcarra por dos casos distintos, vinculados a la trama del «club de la construcción»
, por lo que la Fiscalía anunció este lunes la apertura de una investigación bajo la sospecha de la comisión de delitos de colusión y asociación ilícita.

 

De esa manera, el gobernante se unió a todos sus antecesores en el cargo acusados, detenidos o bajo investigación formal por delitos de corrupción: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Ollanta Humala (2011-2016), Alejandro Toledo (2000-2006), Alberto Fujimori (1990-2000) y Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó mientras era investigado.

 

Vizcarra niega categóricamente haber recibido sobornos y asegura que está dispuesto a atender todas las investigaciones en su contra, a pesar de que la Constitución peruana le da inmunidad hasta que termine su mandato, el 28 de julio de 2021.

 

(Lea también: Presidente Vizcarra se salva de ser destituido por el Congreso de Perú)

 

¿Habrá un nuevo proceso de destitución?

 

El Congreso peruano debatirá este jueves si admite a trámite la apertura de un nuevo proceso de destitución contra Vizcarra por «permanente incapacidad moral», la segunda vez en poco más de mes en la que el mandatario afronta un pedido similar.

La moción de destitución fue presentada este martes por representantes de cinco partidos opositores y ahora el pleno del legislativo votará si acepta debatirla, para lo cual debe ser apoyada, al menos, por 54 diputados.

De suceder eso, se tendrá que convocar a una nueva sesión plenaria en un plazo máximo de diez días para que el mandatario o su abogado expongan su defensa, tras lo cual se votará si el presidente es destituido, un extremo que debe alcanzar un mínimo de 87 votos de los 130 legisladores peruanos.

https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/martin-vizcarra-es-citado-a-declarar-por-un-fiscal-anticorrupcion-544656

20.39.-Presidente de Perú es citado a declarar por fiscal del caso Lava Jato

Testigos dicen que Vizcarra recibió pagos a cambio de obras públicas siendo gobernador de Moquegua.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra. Foto: Ernesto Arias. Efe

 

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, fue citado para que declare ante el fiscal anticorrupción Germán Juárez el próximo 3 de noviembre, informaron este miércoles medios locales.


22 oct 2020.- El fiscal Juárez, quien integra el equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, indicó que el gobernante deberá señalar el lugar en el que brindará su declaración, aunque remarcó que la citación es «inaplazable» y deberá contar con la presencia «obligatoria» del abogado de Vizcarra.

El diario El Comercio detalló que la citación de Juárez, quien investiga el caso del «club de la construcción», la supuesta asociación de varias empresas peruanas y extranjeras para repartirse licitaciones públicas tras pagar sobornos, llegó durante la tarde de este miércoles al Palacio de Gobierno peruano.

 

¿De qué se le acusa?

La Fiscalía peruana inició una investigación preliminar después de que se conociera que varios aspirantes a «colaboradores eficaces» (delatores premiados) de la Justicia afirman que el mandatario recibió pagos millonarios a cambio de conceder obras públicas cuando era gobernador de la región de Moquegua (2011-2016).

 

(Lea aquí: Con juicio a Vizcarra, Perú suma dos décadas de crisis políticas)

Esos testigos acusan a Vizcarra por dos casos distintos, vinculados a la trama del «club de la construcción»
, por lo que la Fiscalía anunció este lunes la apertura de una investigación bajo la sospecha de la comisión de delitos de colusión y asociación ilícita.

 

De esa manera, el gobernante se unió a todos sus antecesores en el cargo acusados, detenidos o bajo investigación formal por delitos de corrupción: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Ollanta Humala (2011-2016), Alejandro Toledo (2000-2006), Alberto Fujimori (1990-2000) y Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó mientras era investigado.

 

Vizcarra niega categóricamente haber recibido sobornos y asegura que está dispuesto a atender todas las investigaciones en su contra, a pesar de que la Constitución peruana le da inmunidad hasta que termine su mandato, el 28 de julio de 2021.

 

(Lea también: Presidente Vizcarra se salva de ser destituido por el Congreso de Perú)

 

¿Habrá un nuevo proceso de destitución?

 

El Congreso peruano debatirá este jueves si admite a trámite la apertura de un nuevo proceso de destitución contra Vizcarra por «permanente incapacidad moral», la segunda vez en poco más de mes en la que el mandatario afronta un pedido similar.

La moción de destitución fue presentada este martes por representantes de cinco partidos opositores y ahora el pleno del legislativo votará si acepta debatirla, para lo cual debe ser apoyada, al menos, por 54 diputados.

De suceder eso, se tendrá que convocar a una nueva sesión plenaria en un plazo máximo de diez días para que el mandatario o su abogado expongan su defensa, tras lo cual se votará si el presidente es destituido, un extremo que debe alcanzar un mínimo de 87 votos de los 130 legisladores peruanos.

https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/martin-vizcarra-es-citado-a-declarar-por-un-fiscal-anticorrupcion-544656

20.39.-Presidente de Perú es citado a declarar por fiscal del caso Lava Jato

Testigos dicen que Vizcarra recibió pagos a cambio de obras públicas siendo gobernador de Moquegua.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra. Foto: Ernesto Arias. Efe

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, fue citado para que declare ante el fiscal anticorrupción Germán Juárez el próximo 3 de noviembre, informaron este miércoles medios locales.

22 oct 2020.- El fiscal Juárez, quien integra el equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, indicó que el gobernante deberá señalar el lugar en el que brindará su declaración, aunque remarcó que la citación es «inaplazable» y deberá contar con la presencia «obligatoria» del abogado de Vizcarra.

El diario El Comercio detalló que la citación de Juárez, quien investiga el caso del «club de la construcción», la supuesta asociación de varias empresas peruanas y extranjeras para repartirse licitaciones públicas tras pagar sobornos, llegó durante la tarde de este miércoles al Palacio de Gobierno peruano. 

¿De qué se le acusa?

La Fiscalía peruana inició una investigación preliminar después de que se conociera que varios aspirantes a «colaboradores eficaces» (delatores premiados) de la Justicia afirman que el mandatario recibió pagos millonarios a cambio de conceder obras públicas cuando era gobernador de la región de Moquegua (2011-2016).

(Lea aquí: Con juicio a Vizcarra, Perú suma dos décadas de crisis políticas)

Esos testigos acusan a Vizcarra por dos casos distintos, vinculados a la trama del «club de la construcción»
, por lo que la Fiscalía anunció este lunes la apertura de una investigación bajo la sospecha de la comisión de delitos de colusión y asociación ilícita.

De esa manera, el gobernante se unió a todos sus antecesores en el cargo acusados, detenidos o bajo investigación formal por delitos de corrupción: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Ollanta Humala (2011-2016), Alejandro Toledo (2000-2006), Alberto Fujimori (1990-2000) y Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó mientras era investigado.

Vizcarra niega categóricamente haber recibido sobornos y asegura que está dispuesto a atender todas las investigaciones en su contra, a pesar de que la Constitución peruana le da inmunidad hasta que termine su mandato, el 28 de julio de 2021.

(Lea también: Presidente Vizcarra se salva de ser destituido por el Congreso de Perú)

¿Habrá un nuevo proceso de destitución?

El Congreso peruano debatirá este jueves si admite a trámite la apertura de un nuevo proceso de destitución contra Vizcarra por «permanente incapacidad moral», la segunda vez en poco más de mes en la que el mandatario afronta un pedido similar.

La moción de destitución fue presentada este martes por representantes de cinco partidos opositores y ahora el pleno del legislativo votará si acepta debatirla, para lo cual debe ser apoyada, al menos, por 54 diputados.

De suceder eso, se tendrá que convocar a una nueva sesión plenaria en un plazo máximo de diez días para que el mandatario o su abogado expongan su defensa, tras lo cual se votará si el presidente es destituido, un extremo que debe alcanzar un mínimo de 87 votos de los 130 legisladores peruanos.

https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/martin-vizcarra-es-citado-a-declarar-por-un-fiscal-anticorrupcion-544656

  • 20.38.-Bolivia: un incierto y difícil retorno al poder CONSUELO AHUMADA
  • Bolivia, elecciones sin Evo BEETHOVEN HERRERA
  • Chile: las invasiones bárbaras – ASCANIO CAVALLO

¿Por qué derrocaron al Estado Plurinacional de Bolivia y quieren impedir que regrese? Mencionemos algunas razones. En el marco de los gobiernos alternativos de América Latina, el gobierno de Evo fue el más exitoso, no solo en cuanto a resultados económicos, reconocidos incluso, a regañadientes, por las entidades internacionales, sino en términos de inversión pública y social.

15 oct 2020.- El primer presidente indígena del continente adelantó una transformación social sin precedentes, en un país sin trayectoria de políticas sociales. Lucho Arce, el hoy candidato del MAS, estuvo al frente de esa transformación como Ministro de Finanzas y Economía.

Las elecciones presidenciales del próximo domingo en Bolivia, postergadas en varias ocasiones por el gobierno, son cruciales para América Latina, por lo que deben llamar nuestra atención. En primer lugar, porque deben ponerle fin a un gobierno ilegítimo, encabezado por la señora Jeanine Añez, autoproclamada como presidenta después del golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en noviembre de 2019, meses antes de que se cumpliera su período.

En segundo lugar, porque las elecciones se presentan en medio un profundo malestar social en Bolivia y los países de la región, marcado por dos tendencias contrapuestas: la prevalencia de gobiernos autoritarios y antipopulares y la resistencia de amplios y diversos sectores que luchan por sobreponerse a los estragos de la pandemia y la crisis económica y social, por mejores condiciones de vida y de trabajo, la defensa de la vida, los derechos fundamentales y las reivindicaciones de indígenas, trabajadores/as y campesino/as.

Todas las encuestas pronostican el triunfo en primera vuelta de Luis Arce, el candidato del MAS, sobre Carlos Meza y Luis Fernando Camacho, auspiciadores y perpetradores del golpe de Estado. En el año transcurrido desde entonces el panorama ha sido catastrófico. A la violenta represión inicial de las protestas indígenas, se sumó el intento de revertir los avances de todo tipo del gobierno de Evo y la pésima gestión de la pandemia por parte de los golpistas.

Sin embargo, la situación es bastante difícil para las fuerzas democráticas en Bolivia. Hay indicios serios de que se cocina un fraude para impedir el retorno de las fuerzas populares al poder. Hace unos días la vocera del MAS, Marianela Paco, denunció ante el país y el mundo que está en curso un segundo golpe, con la complicidad de la OEA, el Tribunal Supremo Electoral, las Fuerzas Armadas y la Policía.

Fundamenta su denuncia en la ausencia de transparencia en el conteo rápido de votos, el retorno de los mismos veedores de la OEA que propiciaron el golpe pasado, la declaratoria de toque de queda por seis días y la custodia de las actas por parte de policías y militares que participaron en el golpe del año pasado.

Recordemos que el golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia fue planeado y organizado meticulosamente por los sectores más radicales de la oposición boliviana, liderados desde Santa Cruz y La Florida, con la complicidad de la extrema derecha del continente, encabezada por Donald Trump. La OEA, con el funesto Luis Almagro, le dio el toque final. Su informe anticipado con solo el 10% del escrutinio habló de algunas irregularidades y de probabilidades, que nunca concretó. Posteriormente comisiones investigadoras independientes de la CELAG y MIT conceptuaron que no había indicio alguno de fraude y que el candidato ganaba en primera vuelta.

El trabajo sucio de Almagro logró su cometido. Durante las tres semanas siguientes a las elecciones, el candidato derrotado Carlos Meza y Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, un personaje de oscuro pasado y presente, incentivaron el desorden y promovieron el incendio de tres de los siete colegios electorales en donde estaban consignados los votos y las actas. Así se configuró el pretexto que necesitaban para el golpe. Almagro recomendó la anulación de los comicios del 20 de octubre y la convocatoria de nuevas elecciones.

Lo que sucedió después era también parte de un libreto conocido, aunque renovado, adaptado a la época de la inmediatez de la comunicación. En medio de la intimidación, la Policía y el Ejército le pidieron al Presidente su renuncia. Recordemos su traumática salida del país con el apoyo del gobierno de México y en medio de la hostilidad de la mayor parte de los mandatarios de la región, quienes no permitieron que el avión mexicano en el que viajaba Evo, junto con el vicepresidente y otros funcionarios, sobrevolara el territorio de sus respectivos países.

A partir de entonces, se desató la represión y persecución contra la población, pero en especial contra los indígenas, con tintes claramente racistas, se atropelló la institucionalidad democrática, se expidió orden de captura contra los principales funcionarios del gobierno y dirigentes del MAS, a quienes se acusó de terrorismo. Algunos de ellos están asilados todavía en la embajada de México en Bolivia.

Sin embargo, hoy está claro que la decisión de impedir el triunfo de Evo y de García Linera el año pasado ya estaba tomada desde tiempo atrás. En ella intervinieron, además del embajador de Estados Unidos, tres senadores republicanos, Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz; miembros del gobierno de Bolsonaro y de la Iglesia Evangélica y del gobierno de Colombia. Precisamente los mismos que participan en el asedio permanente a Venezuela.

¿Por qué derrocaron al Estado Plurinacional de Bolivia y quieren impedir que regrese? Mencionemos algunas razones. En el marco de los gobiernos alternativos de América Latina, el gobierno de Evo fue el más exitoso, no solo en cuanto a resultados económicos, reconocidos incluso, a regañadientes, por las entidades internacionales, sino en términos de inversión pública y social. El primer presidente indígena del continente adelantó una transformación social sin precedentes, en un país sin trayectoria de políticas sociales. Lucho Arce, el hoy candidato del MAS, estuvo al frente de esa transformación como Ministro de Finanzas y Economía.

Con esta experiencia se mostró cómo es posible desarrollar políticas exitosas, en contravía del modelo predominante en el mundo. Otro logro fue la dignificación de los indígenas y en particular, de sus mujeres. La huypala, arrancada y quemada en el Palacio de gobierno por los golpistas Camacho y Añez para reemplazarla por la Biblia, es el símbolo de este logro.

Bolivia es un país muy rico en recursos naturales, históricamente explotados a sus anchas por las multinacionales. Una de las primeras decisiones de Evo Morales fue revertir las ganancias por la explotación de estos recursos, de manera que estos quedaron en manos del Estado y del pueblo. Tiene el salar más grande del mundo, el de Uyuni, de donde se extrae litio, componente fundamental de las baterías y de los automóviles eléctricos. El gobierno resolvió emprender su industrialización.

A pesar de las dificultades, los demócratas y progresistas de Bolivia, América Latina y el mundo entero no pueden bajar la guardia. Como señaló García Linera hace un año invocando a Tupac Katari: “Volveremos y seremos millones”.

Consuelo Ahumada Beltrán Profesora universitaria, directora del Centro de Estudios Nueva Gaceta, integrante del Comité Ejecutivo del PTC 

https://labagatelaptc.blogspot.com/2020/10/bolivia-un-incierto-y-dificil-retorno.html

20.38.-Bolivia, elecciones sin Evo BEETHOVEN HERRERA

En Bolivia el voto es obligatorio y quien no vote queda inhabilitado por 90 días para realizar transacciones bancarias.

Que Evo Morales haya logrado permanecer en el cargo casi 14 años continuos contrasta con la tradicional inestabilidad política de Bolivia, país que ha tenido 195 golpes de Estado desde su independencia en 1825.

14 oct 2020.- Es notable que sea el primer presidente indígena quien logra un nivel de crecimiento elogiado por el FMI y por el Banco Mundial, y un gran mejoramiento social, al reducir a la mitad la pobreza e incluir a indígenas y mujeres en el Gobierno. Pero la confrontación histórica entre los indígenas del altiplano y la élite blanca y el empresariado de Santa Cruz sigue viva.

La gestión de Morales dejó vías de comunicación, especialmente carreteras y el cable aéreo ‘Mi teleférico’ que comunica al municipio de El Alto con La Paz. Hubo mejora en aeropuertos y muchos campos de futbol; pero no hubo similar dinámica en la consolidación de un sistema de salud. La pandemia evidenció esas falencias y a las compras de equipos y medicamentos bajo la presidenta interina Jeanine Añez se les atribuyen sobrecostos del 400%. En todo caso la informalidad se mantiene en niveles muy altos y la precarización laboral ha aumentado.

El factor determinante del auge fueron los precios internacionales, pues existían contratos de venta pactados con Brasil y Argentina cuando el valor del petróleo estaba entre 20 a 25 dólares el barril y entre 2010 – 2011 llegó hasta los 120 a 130 dólares.

Evo recibió el país con una deuda externa de US$2.000 millones, pues el BID y otros acreedores habían condonado sus acreencias. Al dejar el Gobierno, la deuda ascendía a US$12.000 millones, (alrededor del 50% del PIB), pues contrajo obligaciones con China de alrededor de US$7.000 para carreteras y minería.

Entre 2005-2015 aumentaron las reservas internacionales de 2.000 a 15.000 millones de dólares (casi el 50% del PIB) pero han vuelto a caer a 6 mil millones y hay críticas al hecho de que se emitieron decretos para permitir al Banco Central otorgar créditos con reservas para hacer inversión pública.

Bolivia tiene una de las mayores reservas de litio del mundo en el salar de Uyuni y se estima que podría generar hasta 500 millones de dólares, pero hasta ahora solo hay plantas piloto. Este proyecto debía iniciar en 2010 exportando 40 mil toneladas de carbonato de litio, pero se han vendido 40 toneladas. El gobierno de Evo entregó esa explotación a una empresa alemana por 70 años de vigencia, sin licitación, como ocurrió en muchos otros casos bajo su administración.

La quinua, abundante en Bolivia, podría generar altos ingresos, pero no se ha avanzado mucho en su exportación y, además, en Bolivia también hay ‘tierras raras’, pero no se venden.

El caudillismo de Evo le impidió planear un relevo ordenado e insistió en postularse a otra reelección, aún después de haber perdido el referéndum consultivo.

La postulación se basó en un concepto del Tribunal Constitucional, en el sentido de que “elegir y ser elegido es un derecho fundamental”. Evo contó con el apoyo de organizaciones sociales, pero se encontró con una reacción generalizada desde plataformas digitales, en las cuales no tenía dominio.

Cuando los jóvenes comenzaron a cerrar la vías con cintas (llamadas “tirillas”) Evo despectivamente respondió “¿creen que me van a enseñar a mí a hacer bloqueos?”; pero esta sencilla práctica se generalizó. Hubo serios indicios de fraude electoral identificados por una auditoría de la OEA avalada por la Unión Europea y, por ello, los militares le recomendaron a Evo renunciar, para frenar la ola de protestas y desmanes, lo que calificó como golpe de Estado.

Ahora el MÁS lleva como candidato a la presidencia a Luis Alberto Arce Catacora y al indígena aimará David Choquehuanca para la vicepresidencia. Se enfrentarán al expresidente Carlos Mesa y al empresario de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, quien lideró las protestas contra Evo por los cuestionados resultados de la fallida elección de 2019 y se paseaba con una biblia gigantesca y un rosario, reclamando el retorno del país a Dios.

El artículo 166 de la Constitución Política establece que serán elegidos presidente y vicepresidente quienes logren 50% más uno de los votos o el 40% de votos válidos con una diferencia de 10% sobre el segundo.

Tras el retiro de la contienda electoral de la presidente interina, Jeanine Áñez, las encuestas le otorgan 42,2% de intención de voto a Luis Arce del MAS, 33,1% al expresidente Carlos Mesa y 16,7% a Luis Fernando Camacho, y como es probable que estos dos últimos unan sus fuerzas en una eventual segunda vuelta, Arce perdería frente a Mesa (35% a 40-1%). Para el Senado, la encuesta muestra que el MÁS lograría mayoría (20%) frente a 12% de Carlos Mesa y 4% del empresario Camacho, pero no logrará los dos tercios.

Con un nivel tan elevado de indecisos y como las encuestas no incluyen a los bolivianos en el exterior, es incierto el resultado final de la lección, pues la comunidad boliviana en Argentina es muy numerosa y mayormente favorable al MÁS.

En Bolivia el voto es obligatorio y quien no lo haga queda inhabilitado por 90 días para realizar transacciones bancarias incluidas el pago de servicios públicos, de modo que los indecisos votarán y ello puede traer sorpresas frente a las cifras de las encuestas reveladas.

Resulta claro que el MAS de Evo Morales superó fricciones internas y se mantiene unido, en tanto que la derecha ha estado dispersa; pero para la segunda vuelta los votantes se alinearán en los mismos campos históricos.

Beethoven Herrera Valencia Profesor de universidades Nacional y Externado 

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/bolivia-elecciones-sin-evo-coyuntura-545639 

20.38.-Chile: las invasiones bárbaras – ASCANIO CAVALLO

Un año después del colapso violento de Santiago por efecto de una revuelta multilocalizada, se han emprendido ya abundantes esfuerzos por identificar a los protagonistas de ese momento crítico, ya como segmentos sociales, ya como sujetos simbólicos.

Algunos de estos estudiosos prefieren evitar el énfasis en la violencia. Pero esto significaría una alteración fundamental de los hechos: es la violencia de aquella noche, que inauguró la de muchas subsiguientes, lo único que puede abarcar la totalidad del fenómeno y, sobre todo, lo único que lo distingue de otras formas de radicalidad política o social.

Hay más acuerdo en el uso de la palabra “revuelta”: vista su falta de dirección, reivindicación y proyecto, resulta un exceso aplicarles categorías políticas más estructuradas. El alboroto, la riña, el cambio de dirección, que son las principales acepciones de “revuelta”, describen bien la diversidad de los hechos y las consecuencias del 18-O. Del mismo modo, mantiene en el centro el rasgo de alteración violenta del orden público.

Para el registro histórico, la revuelta pone fin al proyecto de gobierno de Sebastián Piñera. Y le da una “vuelta” de tal magnitud, que lo convierte en la administración bajo la cual se realizará un cambio constitucional probablemente extenso y profundo. Algunos cientistas políticos lo han denominado como el quiebre del consenso de 1988; algunos entusiastas, como el fin del modelo, y otros, algo más genéricos, como el fin del neoliberalismo. El fin de algo.

Todo eso debería ocurrir con el proceso constitucional. Pero, aunque resulte majadero, hay que repetir que en el 18-O hubo de todo, menos el reclamo de cambio de la Constitución. Esta es una interpretación que hizo a posteriori la “burocracia política” (el concepto es de Agustín Squella), con el fin de dar una salida político-institucional a algo que no ha terminado de entender. Precisamente: la “revuelta”.

Después de todo lo que se ha dicho y escrito sobre aquellos días, las únicas descripciones coincidentes -con simpatía, condescendencia, neutralidad o repulsa- sólo caracterizan a una masa informe, airada, resentida, frustrada e iracunda, en la que cabrían tanto los extremadamente marginalizados como los segmentos de clase media empobrecida. Parece, además, una masa en blanco, sobre la cual cada analista inscribe sus propias interpretaciones. A veces, con un encono visceral, como se representa a un enemigo; a veces, con una comprensión beatífica, rousseauniana, y aun otras veces con cierta complacencia meliflua, como una amenaza velada.

Pero se puede sospechar que muy pocos de los protagonistas del 18-O querrían identificarse con estas categorías barbáricas. Tampoco es verdad que carezcan de filiaciones, que se trate de personas marginalizadas en el sentido técnico: los barristas del fútbol han sido tan institucionalizados, que hasta solían reunirse con un exministro y crecieron con el financiamiento de notorios dirigentes; los estudiantes secundarios forman parte de un sistema en cuya cabeza siempre hay profesores; los microtraficantes tienen sus códigos y sus jerarquías muy claras; los revolucionarios no son tales si no tienen un mínimo de gregariedad; los saqueadores de supermercados se presentan hasta en los terremotos, e incluso los anarquistas responden a pequeñas (o grandes) organizaciones. Y esto, sin contar los casos en que fue visible la reivindicación de identidades particulares que reclaman un lugar en el espacio público. Estos grupos tienen poco que ver entre sí, excepto en el ataque de ocasión a los bienes simbólicos y a quienes se les enfrentan, empezando por la policía. Tan diferentes, que es casi seguro que ninguna respuesta institucional los podrá satisfacer a todos. Hay un porcentaje de frustración garantizado en la eventual nueva Constitución y en toda la secuencia de elecciones del 2021.

A fin de cuentas, que se sepa, nadie ha realizado un trabajo de campo con los incendiarios del Metro, ni nadie ha entrado en la microtopografía del narco, ni nadie conoce muy bien las lógicas de los colegios notoriamente anómicos. Hay más tesis que pruebas.

Pero un año después, las condiciones no son las mismas del 2019. Si hubo un “momento de revuelta”, la anti-tesis debe decir solamente que se produjo la convergencia de factores objetivos con un espíritu subjetivo pluriforme. Y si esas condiciones se repiten, sólo cabría deducir que las fuerzas políticas y sociales se han quebrantado más allá de los límites que ellas mismas conocen, lo cual incluye -para que nadie se sienta tan a gusto- tanto al gobierno como a la desconcertada oposición.

En ese caso, el “momento constitucional” (la traducción política posterior) habrá empezado a fracasar aun antes de realizarse el plebiscito de partida.

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20.37.-Argentina: de la superpotencia a principios del siglo XX a una economía estancada y con problemas crónicos MARC FORTUÑO

  • Chile: la válvula del plebiscito ASCANIO CAVALLO

La historia económica de Argentina durante el siglo XX y parte del XXI nos muestra un relato negro, de cómo una tierra de oportunidades a principios del siglo consiguió echarse a perder. Justo antes de la Primera Guerra Mundial, su economía podía presumir de solvencia y una tasa de crecimiento económico medio del 6% durante los últimos 35 años.

7 oct 2020.- Argentina podía verse como una economía avanzada en esos años, por detrás de las economías inglesas (Estados Unidos, Reino Unido y Australia) pero por delante de economías europeas como la italiana, la francesa y la alemana. Argentina se posiciona entre los mejores. Su renta per cápita ajustada a la capacidad de compra era el 92% del promedio de las 16 economías más avanzadas del mundo.

Su economía era fuerte y atractiva. Se caracterizada por una apertura económica que daba la bienvenida a la entrada de capitales y dominó la expansión de las exportaciones de productos primarios (cereales, carne, lana y cuero) que impulsó un rápido crecimiento económico y era un polo de atracción de inmigrantes europeos.

Para hacernos una idea de su fortaleza económica, si en esos años Francia tenía una renta per cápita de 3.452 dólares, Argentina alcanzaba los 3.797 dólares, es decir, un 10% superior.

Traducido a nuestros días, en 2018 Francia presentó una renta per cápita en paridad de compra de 46.360 dólares, por lo que Argentina, siguiendo la relación pasada, podría alcanzar los 46.823 dólares pero no, se quedó únicamente en 19.870 dólares, un 58% por debajo, lo que nos da una idea del declive experimentado en un siglo. Si miramos la misma relación con las actuales 16 economías avanzadas se queda un 42% por debajo.

La pregunta que nos viene a la cabeza es cómo se ha conseguido semejante destrozo económico en poco más de un siglo.

Argentina por tratar de proteger la agricultura hundió el progreso

Anteriormente a 1914, la economía argentina era plenamente abierta, la relación entre sus exportaciones y sus importaciones superaba el 50% de su PIB durante el período anterior a la Primera Guerra Mundial, pero disminuyó durante los años de entreguerras (de aproximadamente un 45% a un 20%) y prácticamente no superó el 25% después de 1945.

Aquí surgieron dos problemas. El primero es que hubo una clara interrupción del comercio global fruto de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, un hecho del todo ajeno al país. Pero hay que añadir un factor interno importante: el nacimiento de unas políticas proteccionistas por parte de los sucesivos gobiernos argentinos, que más adelante se consolidaba con el peronismo.

Ese proteccionismo fue un error, tenía una economía fuerte pero necesitaba avanzar y la economía no se diversificó. Si anteriormente a la década de los años veinte el grado de aranceles (relación entre los ingresos por impuestos de importación y el valor de las importaciones) se encontraba por debajo del 10%, en los años duros de la Gran Depresión elevó los aranceles de importación de un promedio de 16,7% en 1930 a 28,7% en 1933.

Argentina veía cómo en los sucesivos años se forjó una relación decreciente entre su apertura comercial y el PIB que puede reflejar la falta de diversificación de la agricultura y el agotamiento de la frontera agrícola por las dificultades añadidas para la explotación de nuevas tierras.

Ese proteccionismo, que a mediados de la década de los años cuarenta fue instutionalizado a través del peronismo, suponía poner palos a las ruedas para el crecimiento de la productividad agrícola y el modelo de sustitución de importaciones fracasó en impulsar el crecimiento de la productividad en la industria. Por ello, Argentina no pudo crecer, se quedó rezagada.

Salvando momentos puntuales, desde Perón se marcó una tendencia proteccionista que se trató de corregir en algunos gobiernos sin mucho éxito. La idea era sencilla: no hay que importar, deben ser los argentinos quiénes produzcan esos productos que demandan al exterior.

Por lo tanto, se fraguó una estrategia de desarrollo interno y la industrialización por sustitución de importaciones. El problema es que a medida que incorporaban aranceles que encarecían los productos externos, nació una industria de baja productividad, el mismo bien adquirido al exterior era mucho más caro si lo producían los propios argentinos.

La prueba más palpable es el crecimiento de la productividad industrial. En Argentina, la productividad industrial (medida como producción bruta por trabajador industrial) se incrementó a un ritmo del 2,6%, en promedio, entre 1946 y 1963 y luego descendió a una tasa anual del 0,5% entre 1963 y 1974. En contraste, la vecina Brasil creció a una tasa anual de 5,2% entre 1945 y 1979.

Entre los años 1945 a 1975 -período que en Argentina comienza con el primer gobierno del presidente Perón y termina con el golpe militar que puso fin al tercer gobierno del Partido Peronista- Argentina pasó de una renta per cápita en paridad compra equivalente al 67% de la de Estados Unidos a una del 49%.

Argentina y la debilidad institucional 

Argentina no ha presentado especialmente una estabilidad institucional. Su historia después de la Primera Guerra Mundial está plagada de golpes militares e instituciones extractivas.

Si hablamos de golpes militares, el primero llegó en 1930, otros siguieron en 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Las elecciones de 1989 marcó la primera vez en más de 60 años que un presidente civil entregó el poder a un sucesor electo. Es difícil atraer y concentrar inversiones si estás cerrando la economía y, a su vez, se producen constantes interrupciones en las instituciones de una país.

Como ejemplo, de la debilidad institucional tenemos que la Corte Suprema ha sido reformada varias veces desde que Perón en 1946. Los presidentes tienen la costumbre de modificar la constitución para permitirles cumplir más mandatos y forjarse en el cargo a medida que se creaban instituciones extractivas y se vulneraban cada vez más los derechos de propiedad.

Esa vulnerabilidad se ha mantenido hasta nuestros días. Recordemos el caso de Repsol que ostentaba la participación en YPF, una petrolera argentina, y fue nacionalizada en 2012.

Tanto en periodos democráticos como en dictadura, Argentina se ha caracterizado por el uso y abuso de la deuda, por lo que no son unas instituciones fiables para prestar los ahorros. El proceso ha sido siempre parecido, déficits generados hasta tal punto de demandar financiación en dólares por la falta credibilidad institucional, imprimir moneda para pagar, la devaluación del peso argentino y la generación de crisis cambiarias con una respuesta inflacionanista la economía y una cadena de impagos a la deuda.

Argentina, carecía de unas reglas fiscales. Por ello, entre 1960 a 2018 observó un déficit fiscal crónico promedio de 4,4% de su PIB, mientras que la tasa de crecimiento promedio solo era del 2,4%, en igual periodo. La diferencia se cubrió sistemáticamente monetizando el déficit fiscal, generando la esencia misma de la inflación crónica de los últimos 70 años.

https://www.elblogsalmon.com/economia/argentina-superpotencia-a-principios-siglo-xx-a-economia-estancada-problemas-cronicos

20.37.-Chile: la válvula del plebiscito ASCANIO CAVALLO

Papeleta del plebiscito constitucional del domingo 25 de octubre 

A dos semanas de distancia, parece un hecho que el plebiscito constitucional del domingo 25 carecerá de dramatismo. Una condición para que un evento electoral sea dramático es que la sociedad perciba que está en juego un asunto prioritario para su vida como tal.

10 oct 2020.- Eso es lo que ocurrió en 1988, pero ya también está claro que ese fue un suceso irrepetible. Las prioridades mayoritarias de estos días son muy diferentes, como lo expresa el hecho, algo sardónico, de que se tratará de una elección bajo estado de excepción. Desde luego, primero está la emergencia sanitaria, aún en curso. Y a su lado, en paralelo, la emergencia económica: el empleo, el ingreso, la recesión y la precariedad.

Otra condición es que haya movilización, es decir, campaña electoral. Como esto no es posible en las condiciones sanitarias actuales, las únicas campañas con visos de eficacia se realizan a través del zumbido inaudible de las redes digitales. De la franja televisiva no hay casi nada que decir, excepto que la fragmentación partidaria la ha convertido en un espacio más parecido a un ensayo de Godard, pero sin Godard. (Quedará para el futuro debatir por qué todavía se le exige a una industria anémica, como la televisión de hoy, que cumpla con una obligación impuesta en otro contexto de audiencias, ingresos y capacidades).

Por fin, una última condición es que sea un torneo competitivo. Si las encuestas no se equivocan, el resultado ya es predecible; en realidad, la única sorpresa sería un triunfo del Rechazo. Pero esto sería raro justamente porque sería dramático. El plebiscito fue concebido como una salida institucional a una crisis sociopolítica que, en el momento en que sus protagonistas lo acordaron, carecía de una interpretación consolidada.

Y aún carece. Es útil recordar que los hechos iniciados en la tarde del 18 de octubre del 2019 parecieron inicialmente una reacción violenta al colapso del transporte en Santiago. Quienes minimizan esta dimensión harían bien en leer Siete kabezas, el ensayo de Iván Poduje que muestra -testimonialmente, sin especulación- hasta qué punto el transporte público llegó a convertirse en una metáfora encarnada de la segregación y la inmovilidad social, lo que explica por qué el Metro ha podido ser al mismo tiempo un orgullo urbano y una execración social.

En los días posteriores, junto con extenderse a otras ciudades, el movimiento masivo empezó a parecer una protesta contra el modelo político-económico y una abundancia mal distribuida (“tus privilegios serán míos”). En ciertas jornadas específicas, alrededor de noviembre, adquirió, además, el perfil de un esfuerzo directamente apuntado a derribar al gobierno de Sebastián Piñera.

Aún no hay una explicación, tampoco, para que los hechos de violencia intensa parecieran refrendados por la enorme marcha pacífica del 25 de octubre: es seguro que la mayoría de esos millares de personas no incendiarían estaciones ni saquearían comercios. Pero aún es imposible saber si estaban allí como un modo de cohonestar la violencia o más bien como una manera de refutarla a través de un acto pacífico.

Todas esas ambigüedades fueron interpretadas por los dirigentes políticos en un Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución que no logró exactamente restaurar la paz social, pero sí dio curso al proceso para debatir una nueva Carta Fundamental; es decir, logró cumplir una de sus dos partes. Sigue siendo importante el hecho de que no todos los grupos políticos suscribieron ese acuerdo. Y los que no lo hicieron -el PC y el Frente Amplio- fueron los que en ese momento buscaban otros fines, pero especialmente que no querían interpretar las protestas en el sentido restrictivo de un mero cambio constitucional.

En un aspecto tenían razón: era un exceso intelectual (o quizás retórico) pretender que todo ese movimiento sólo quería cambiar la Constitución. Pero la interpretación más extensa -un brote revolucionario o algo así- era otro exceso intelectual, un tic igualmente voluntarista aplicado a un fenómeno tan complejo y diverso que aún no se termina de procesar.

Los primeros propusieron un camino institucional; los segundos habrían preferido una salida menos formal, quizás una prolongación de la turbulencia hasta que viniera a hacerse cargo alguna vanguardia organizada. Si ganaron los primeros es porque al menos tenían una propuesta de convivencia.

Los intentos por revivir en días recientes el clima del 18 de octubre sólo pueden ser entendidos al margen del plebiscito y del debate por la Constitución. No son, ni de lejos, movilizaciones en favor del Apruebo. En la mayor parte de los casos, de hecho, son acciones en contra del plebiscito, un tema que no está en sus consignas, como si perteneciera a otra dimensión de la realidad. Para sus protagonistas, el plebiscito es muy poco y muy tarde.

En estas condiciones, el problema de la abstención no es irrelevante, como han pretendido los que -con buenas razones- ven el plebiscito como la gran válvula de alivio de la tensión social. Desde luego, una alta abstención bajo un régimen de voto voluntario no resta la legitimidad jurídica de un acto electoral. Lo que pone en cuestión es su potencial de solución política, especialmente si, como suele ocurrir, los que menos votan son los más pobres, los menos informados y los jóvenes.

Es decir, si para todos ellos es demasiado poco dramático.

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  • 20.26.-Una izquierda brasileña que se resiste a unirse para derrotar al fascismo – ARAM AHARONIAN
  • Chile: El retorno de las tres partes ASCANIO CAVALLO
Foto: https://www.prensa-latina.cu

En un Brasil jaqueado por el coronavirus, la crisis económica, social y sanitaria, y gobernado por el ultraderechista Jair Bolsonaro y su cohorte de militares y grandes empresarios bendecidos por Washington, el abanico progresista aparece fraccionado de cara a las elecciones municipales del 15 de noviembre, antesala de las presidenciales de 2022.

29 sep 2020.- Las municipales iban a ser en octubre, pero el Congreso aprobó una enmienda constitucional por la pandemia para posponerlas al 15 de noviembre. Para los analistas, los comicios serán una forma de medir hasta dónde llega el declive de una izquierda, que debe enfrentar en sus bastiones tradicionales –como Rio de Janeiro- al discurso social de los poderosos partidos evangélicos, sostén de la ultraderecha.

El escenario político para estas elecciones permanece sombrío y amenazador para las fuerzas progresistas en casi todo Brasil. Una nueva derrota, aun si fuera menor a la de 2016 ocurrida después del golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, podría ser aún más devastadora para los próximos años.

Pero hay candidatos de sectores progresistas locales que tienen “asegurada” su elección, y no parecen interesados en buscar la unidad en estas instancias municipales.  “No hay unidad en la izquierda. Cada uno va a la suya”, según Carlos Siqueira, presidente del Partido Socialista Brasileño (PSB), sintetizando el intento frustrado de seis partidos de unificar los discursos en contra de Bolsonaro en las elecciones municipales. “Tenemos convergencias de pensamientos, pero con relación a la disputa electoral, no conseguimos unirnos”, apuntó Luciana Santos, presidenta del Partido Comunista de Brasil (PCdoB).

El grupo, integrado por los líderes legislativos del Partido de los Trabajadores (PT), del Partido Socialista Brasileño (PSB), del Partido Democrático Laborista (PDT), del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y del partido Red de Sostenibilidad (REDE)  estuvo trabajando unido en el Congreso e intensificó las negociaciones para repartirse los mítines en las 92 mayores ciudades de Brasil, ante la posibilidad de ir a una segunda vuelta.

Los motivos que impiden forjar esa alianza contra Bolsonaro son el desinterés del Partido de los Trabajadores de renunciar a su hegemonía en la oposición, las disputas políticas internas en cada municipio y la preocupación de las formaciones más pequeñas por tener una base de apoyo propia para las legislativas de 2022, cuando aumentará el mínimo de votos necesarios para seguir existiendo como partido.  Sólo recibirán financiación pública y publicidad gratuita aquellos que consigan un 2% de los votos válidos a nivel nacional en un tercio de los Estados, con un mínimo del 1% en cada uno, o consigan al menos 11 diputados distribuidos en nueve Estados.

“El gran problema del PT es su cultura hegemónica. Solo piensa en sus candidatos”, señaló Carlos Lupi, presidente del PDT, apuntando directamente a Luiz Inacio Lula da Silva, quien gobernó por dos períodos y que fue preso –sin prueba alguna- por el lawfare de una justicia más corrupta que la transnacional Oderbrecht con el solo fin de impedirle participar en las elecciones y dejar el camino libre al neofascista Jair Bolsonaro. Claro, antes se produjo el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff.

En su reciente mensaje a los brasileños. Lula los llamó a encolumnarse detrás: “Sé, ya sabes, que podemos, nuevamente, hacer de Brasil el país de nuestros sueños. Y decir, desde el fondo de mi corazón: estoy aquí. Reconstruyamos Brasil juntos. Aún nos queda un largo camino por recorrer juntos. Manténte firme, porque juntos somos fuertes. Viviremos y ganaremos».

El exgobernador de Paraná, Roberto Requiao fue más allá y, propuso retomar algunos temas esenciales como la nacionalidad y la soberanía, y manifestarse contra la privatización y entrega de las empresas estratégicas, la recolocación del Banco Central al servicio del desarrollo del país y no de la especulación financiera y, sobre todo, la propuesta de un plan de acción mínimo que una a todos los brasileños.

Requião exigió un plan que incluya un referendo revocatorio de todas las medidas antinacionales, antipopulares y antidemocráticas aprobadas desde el golpe de 2016, medidas de emergencia para la creación a corto plazo de millones de empleos, salarios y pensiones dignas, recuperación de los presupuestos para la salud, educación, vivienda popular, saneamiento básico e infraestructura, y una política en defensa de la Amazonia.

El 22 de septiembre, Lula atacó el discurso de Bolsonaro en Naciones Unidas, lanzando un proyecto de reconstrucción del Brasil, en especial en lo referente a la educación, la salud, las relaciones internacionales, comercio exterior, industria y empleo, y cultura.  Pero el PT ha decidido que necesita tener el mayor número posible de candidatos para poder defenderse. “El PT necesita tener voz. Hablar de su legado, de las experiencias que ya ha tenido en las administraciones municipales, para defenderse de los ataques”, afirmó la presidenta del partido Gleisi Hoffmann. “Desde 2013, las fuerzas de derecha han intentado anular al PT. En un frente, es más difícil hacer una defensa individual”, agregó.

“No pueden querer que el PT renuncie a esa grandeza que le dio el pueblo a cambio de nada. O tiene un candidato más grande que el PT o no tiene ninguna posibilidad”, dijo, por su parte, el expresidente Lula. En estas elecciones, el PT presentará candidatos en 1.531 de los 5.570 municipios de Brasil que, juntos, representan el 60% de la población. En 2016, las últimas municipales, el PT presentó 993 candidatos.

Los analistas de la izquierda se preguntan si queda tiempo para impedir un nuevo desastre en estos comicios. Forum 21 señala que la sociedad brasileña está siendo empujada a un ciclo de violencia política, que la truculencia en el poder anuncia e incentiva. El empeño liberal de la centroderecha en exagerar moderación en el caos y en la represión, apenas robustece ese riego con una tónica de complicidad, añade.  Aún hoy, el líder más fuerte del progresismo sigue siendo Lula y aunque tenga una imagen negativa alta, no habrá un gran acuerdo sin su aval ni su colaboración. Pareciera que separar a las izquierdas del lulismo es misión imposible. Por eso mismo, parece difícil la constitución de un frente electoral de izquierda en las municipales, aunque quizá se logren acuerdos para la segunda vuelta (hay ballotage en los comicios para los alcaldes).

Obviamente, la fragmentación de la izquierda fortalece el proyecto autocrático y neofascista que se viene implantando en Brasil. Revertir la ruta neoliberal y neofascista y repolitizar la agenda del desarrollo económico-social, secuestrada integralmente por la “razón del mercado”, requiere que las ideas progresistas demuestren pertenecer al mundo real a través de la acción, alertó Forum 21.

Cambia, todo cambia

Los vientos progresistas en Brasil se han convertido en brisas dispersas. Quedaron lejanas las victorias de cuatro elecciones presidenciales consecutivas, de triunfos en gobiernos de las ciudades más importantes como Rio de Janeiro, Sao Paulo o Belo Horizonte.   Lo cierto es que la mayoría de las izquierdas, incluidas las fuerzas más influyentes, viene subestimando a Bolsonaro desde 2017, pero no se han animado a hacer una autocrítica de la gestión de 13 años de gobierno, partiendo de la desmovilización de los movimientos sociales y la cooptación de sus dirigentes para cargos públicos, abandonando la calle a manos de la derecha.

Aquel poder político del abanico progresista, -desde el centro, pasando por el partido de los Trabajadores hasta las organizaciones más radicales- parece haber quedado en el pasado. Hoy la izquierda –o mejor dicho el progresismo, que no es lo mismo ni es igual- está en la oposición no sólo a nivel federal sino también en los gobiernos de los principales estados y ciudades.

La combinación de varios factores, como la cuestión ética que acompañó el derrumbe del Partido de los Trabajadores (PT) -que gobernó sucesivamente con Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff por cuatro períodos- un sistema electoral centrífugo y un gobierno federal que potencia a los gobernadores, dejan poco margen para un progresismo que está lejos de los principales cargos ejecutivos.

Una de las razones es la nueva ley electoral aprobada en 2017, que impide la formación de coaliciones electorales en elecciones para cargos legislativos municipales, estatales y federales. Esto ha dificultado la coordinación entre los grupos: cada uno quiere imponer su candidato. Es difícil entender la falta de coordinación en un momento en que la Presidencia está ejercida por un político de extrema derecha”, señala el doctor en Ciencia Política y profesor de la Fundación Getulio Vargas, Octavio Amorim Neto.

Otra razón para el fraccionamiento es la disputa por la hegemonía, en un momento en que el PT está en declive, lo que ha acelerado la competencia entre éste y las otras dos grandes fuerzas progresistas: el Partido Democrático Trabalhista (PDT) y el Partido Socialista Brasileiro (PSB).  Hay que añadir la mala relación entre Lula y el líder del PDT, Ciro Gomes (quizá el referente más nítido), desde que el primero rechazó apoyar la candidatura presidencial del segundo. Gomes, exministro, exdiputado y exgobernador de Ceará, dirige un partido personalista, donde todo el poder recae en él y en su hermano.

El otro referente en ascenso de la izquierda es el senador Randolfe Rodrigues (del despoblado estado Amapá) , de la ambientalista Red Sustentabilidade, con escasa proyección nacional y poca estructura fuera de su región.

Los analistas llaman la atención sobre el futuro de la izquierda en el Partido Socialismo e Liberdade (PSoL), que viene recogiendo a muchos desencantados del PT. Allí surge el liderazgo de Flavio Dino, gobernador de Maranhão y miembro histórico del Partido Comunista. Dino, exjuez que logró echar a la familia Sarney del poder de su estado, insiste en la construcción de una gran coalición de izquierdas.

La pérdida de la calle

Los medios hegemónicos se abstienen de difundir la información de los grupos progresistas: los invisibilizan. Y es que durante tantos años de gobiernos del PT poco se avanzó en la democratización de la comunicación. La izquierda teme hablar de democracia participativa y busca eslogans que puedan calar publicitariamente en la población.

Pero tampoco es que éstos hayan presentado programas y propuestas que tengan que ver con la vida cotidiana y el futuro de los ciudadanos, como trabajo, educación, salud, vivienda, saneamiento, acceso al agua, apoyo a las minorías, defensa del medio ambiente –la Amazonia y el pantanal, incluidos-, presupuesto participativo, formación de concejos de ciudadanía, entre otras temas.

La crisis social es inmensa. La parte de la población económicamente activa con contratos de trabajo se limita a menos de la mitad: poco más de treinta millones en el sector privado y doce millones en la administración pública. Otros cuarenta millones no podrían ni siquiera sobrevivir sin el apoyo del Estado.

Quizá, el análisis del liderazgo progresista fue que la combinación de una calamidad humanitaria y una crisis económica dejaría debilitado al gobierno bolsonarista. Con unos 145 mil muertos por el covid-19, decenas de millones de desempleados, una grave crisis social y, por lo tanto, una oportunidad, pensaron. Este pronóstico se confirmó durante los primeros cuatro meses. Pero en el último mes, la situación ha cambiado, y Bolsonaro se ha recuperado.

El desafío es averiguar porqué la mayoría de la clase trabajadora organizada, ancla social del PT desde los años 1980, no se movilizó para defender el gobierno de Dilma Rousseff. Como resultado, la izquierda moderada abrazó la táctica quietista de apostar para derrotar a Bolsonaro en las elecciones de 2022, calculando que se acumularía un desgaste inevitable, señala Valerio Arcary, miembro de la Coordinación Nacional de Resistencia, tendencia del PSOL.

La simple respuesta de la izquierda radical es que Bolsonaro fue, esencialmente, un accidente electoral: las fuerzas de la clase trabajadora estarían intactas, y el derrocamiento de Bolsonaro está aún por construirse, porque falta la disposición de las direcciones más influyentes. Lo preocupante son las dificultades para aceptar que se enfrentan a una fuerza política neofascista de base social.

Con la pandemia, las posiciones de Bolsonaro convirtieron la crisis sanitaria en una crisis política al despreciar la gravedad de la pandemia, mientras aprovechaba para incorporar al gobierno a miles de oficiales de las Fuerzas Armadas; forzar la renuncia del ministro de Justicia Sergio Moro (eventual competidor como candidato presidencial), y favorecer las movilizaciones que propugnaban un autogolpe.

La pandemia también significó la imposibilidad de la izquierda de contar con movilizaciones masivas en las calles mientras se producía la naturalización de la pandemia, especialmente entre los partidarios de Bolsonaro, al menos a un tercio de la población (más hombres que las mujeres, más mayores que jóvenes, más entre los menos educados que los más educados), y más en el sur que en el noreste.

 La banalización de la pandemia, manejada por los medios hegemónicos de comunicación, refleja la tendencia a quitarle a los gobiernos la responsabilidad de la calamidad sanitaria, a la par de una presión para reactivar la actividad económica, mucho más intensa entre los propietarios de pequeñas empresas y los trabajadores informales y una fatiga por la cuarentena después de seis meses y ansiedad por volver a una rutina de vida normal.

Éste no es un ensayo

 Hay quienes entiendan que el PT insistirá en la polarización contra los bolsonaristas como un ensayo para las elecciones generales de 2022. Para el politólogo Leandro Consentimos, “al PT la polarización le va muy bien. Bolsonaro y el PT son mejores amigos cuando se trata de mantener el statu quo”, mientras que Valdir Pucci, de la Universidad de Brasilia, señala que “tanto el PT como Bolsonaro ven en el otro el enemigo capaz de aglutinar a sus huestes”.

Hay otros, como Pedro Ivo Batista, portavoz de la Red de Sostenibilidad, que sostienen que lo ideal sería que los partidos progresistas se unieran ya en la primera vuelta. “Brasil nunca ha tenido un gobierno neofascista como éste. Lo ideal sería unirse más para evitar este peligro de fuerzas totalitarias”.

Quien no está de acuerdo con la tesis de que este año será un ensayo del 2022, es el presidente del PSOL, Juliano Medeiros, quien prefiere verlo como un termómetro. “El fortalecimiento de la oposición y el debilitamiento electoral del bolsonarismo, por ejemplo, no garantizan la derrota de la extrema derecha en 2022, pero indican un escenario más favorable para las fuerzas populares”, analiza.

 Los indígenas

El avance de las invasiones a tierras indígenas, la deforestación, el acoso a organismos públicos como la Fundación Nacional Indígena (Funai) por parte de ruralistas como el secretario de Tierras Nabhan García y la pandemia del covid-19 que los sigue diezmando, son algunos de los escenarios que preocupan a los pueblos originarios .

En un contexto de amenazas y muchas veces desligados y olvidados por el progresismo, los candidatos indígenas comenzaron a movilizarse en todo el país para las elecciones municipales. este año.

La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) reunió virtualmente a cientos de precandidatos indígenas y presentó una plataforma de apoyo a las postulaciones, coordinada por Mídia Ninja. El objetivo es reunir a candidatos indígenas de todos los sectores progresistas y apoyarlos con cursos de capacitación en política, herramientas de comunicación y otras estrategias para ayudar a construir campañas democráticas y diversas.

En las elecciones municipales de 2016, el número de candidatos indígenas correspondió al 0,35% del total, según el balance del Tribunal Superior Electoral . De los 496,900 candidatos para las elecciones de ese año, solo 1,700 eran indígenas. Con la preparación de las precandidaturas, Apib espera que este número de candidatos a concejales, alcaldes y vicealcaldes sea mucho mayor en las elecciones municipales de 2020.

 De cara al 2022

La expectativa de los representantes de la izquierda es que la frustrada unificación en la primera vuelta ocurra en la segunda etapa de las elecciones. Queda por ver quiénes quedarán cuando llegue ese momento.

De cara a 2022, podría haber una coalición electoral en caso de que el PT perciba que corre riesgo de no llegar a la segunda vuelta, como lo ha hecho siempre desde 1989, y que Bolsonaro tenga gran posibilidad de ser reelegido.

 Quizá el PT apoye a un candidato de otro partido, para – incluso perdiendo la elección – seguir siendo un actor relevante de la política. Pero para eso el PT deberá renovarse y sustituir a Lula (que ya tiene 74 años) por alguien más joven y moderno.

Aram Aharonian

Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) y susrysurtv.

http://estrategia.la/2020/09/27/una-izquierda-brasilena-que-se-resiste-a-unirse-para-derrotar-al-fascismo/

20.26.-Chile: El retorno de las tres partes ASCANIO CAVALLO

A las 5 de la tarde -la hora garcialorquiana, la de “la paloma y el leopardo”- del miércoles quedó configurado el panorama político que tendrá Chile a lo menos hasta el 2022: tres facciones, tres alianzas que se aspirarán a repartirse el electorado de las siete competencias que siguen al plebiscito constitucional del 25 de octubre.

3 oct 2020.- Todavía no se puede decir que se vayan a quedar igual en todos los torneos -la necesidad tiene cara de hereje- ni que se vaya a tratar de tres tercios, porque aún hay que ver quién se allega al 30%. Pero, gruesamente, parece que Chile se encamina a retomar la tradición del siglo XX, suspendida por unos 40 años, de dividirse en tres. O, tal vez, de seguir imitando el camino español, caso en el cual podría saltar del bipartidismo a un esquema de cuatro (¿no es José Antonio Kast ese cuarto excluido?).

Por ahora, los tres segmentos quedan constituidos por la derecha, la izquierda y algo que cabe llamar centroizquierda, aunque por ese solo nombre tendrá que vivir tensionada entre una posición objetivamente centrada entre los dos polos y el desgarro, más subjetivo, de muchos de sus miembros que jamás renunciarán a considerarse de izquierda.

El hecho es que, con su inscripción un tanto nerviosa en la tarde del miércoles, el Frente Amplio se apropió de la izquierda. No es una cuestión meramente semántica (si es que hubiera alguna en política que no lo fuese), sino la fuerza derivativa de un proyecto: ha buscado su propio lenguaje, sus instrumentos y su simbolismo. El expresidente Lagos venía anunciando la germinación de dos izquierdas, aunque esta idea resultaba intolerable tanto para los actuales caza-Lagos como para los que creen en la dudosa idea de que la unidad política es siempre superior. A fin de cuentas, todas las coaliciones se construyen escogiendo a algunos socios y excluyendo a otros.

Como todos los movimientos de su tipo, el Frente Amplio venía enfrentando una lucha entre los “ideológicos” y los “pragmáticos”, una línea que -también como siempre- divide a los que defienden la identidad y los principios de aquellos que privilegian la eficacia y la flexibilidad táctica. Era lógico que en una encrucijada como la actual se impusieran los primeros. Por lo menos, era más lógico que pedirle una “limpieza étnica” a la ex Concertación después de que ya le ha pedido (con algún éxito) abjurar de Bachelet, Lagos, Frei, Aylwin y el No. Y más lógico que quedar atados por todo el inicio de la nueva década, y quizás hasta cuándo.

El Frente Amplio ha hecho lo contrario de Podemos en España, que con tal de llegar al gobierno aceptó ser el vagón de cola de un PSOE en declive. Ha preferido intentar convertir a la ex Concertación en los mencheviques de lo que venga, aunque el precio sea fortalecer a la derecha. Siempre pensará que ese precio es temporal, y hasta se puede haber creído ese cierto simulacro de la derecha que siempre la presenta a punto de dividirse antes de volver a juntarse su unidad. Pensará, cabe suponer, que lo de la derecha no es comedia, sino desesperación.

El caso es que el gobierno, desesperado o no, parece haber previsto mejor que sus antagonistas lo que finalmente ha ocurrido. De otro modo es difícil entender el monto de orgullo que el Presidente ha infatuado en el altar de la unidad de la derecha: todo para no perturbar lo que suponía que sucedería entre sus adversarios.

La centroizquierda culpa al Frente Amplio, al que hasta ahora ha considerado un hijo enfurruñado, en parte porque algunos de sus dirigentes en verdad pueden parecerlo. Pero el Frente Amplio ha sido más que eso y ni las melodías de la Presidenta Bachelet ni los villancicos de la alcaldesa Errázuriz podían apaciguar su profunda convicción de emprender una cruzada de alcances más épicos, un desafío más parecido en tamaño a la refundación de una sociedad injusta y corrompida.

El Frente Amplio culpa a la centroizquierda, no sólo por hacer trampa durante las negociaciones (de eso la acusa), sino también porque esa es la manera de apropiarse del 18-O. Si “no son 30 pesos, son 30 años”, entonces los responsables principales de los 30 años no deben aparecer en la misma foto. No es puro integrismo, es una consecuencia lógica de la simpatía con la disrupción de hace un año.

El caso es que si Chile cambió el 18-O, ha cambiado tanto o más en la ya larga estela del Covid-19. Ahora es más pobre, más débil y más inseguro. Miles de personas buscan una explicación para la situación de zozobra en que se encuentran y la vacilante o engorrosa ayuda que han recibido. Y, probablemente, busquen también a quienes puedan ofrecer alguna catarsis, aunque sea alopática, para salir del estado de estupor.

La lucha por interpretar a esta sociedad doblemente sacudida será la materia de las elecciones siguientes al plebiscito del 25. Y esa es una convincente razón adicional para no anteponer el simple activismo electoral a la consolidación de una identidad propia. El Frente Amplio cree que la centroizquierda sólo trata de salvarse de la extinción. Pero su propósito es exactamente ese: que en lo posible se extinga. Otra cosa es que los aludidos persistan en no darse cuenta.

De manera que, como creen algunos de esos aludidos, quizás lo que ocurrió el miércoles pueda tratarse sólo de una primera verónica y que en algún momento podrán arreglar el problema. Pero la discusión ha sido sobre los gobernadores, que son el mayor poder territorial que surgirá de las elecciones: es demasiada implicancia para que después se pueda concordar algo sin algún aire de venganza.

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20.35.-Ese viento de afuera ASCANIO CAVALLO

U.S. President Donald Trump speaks during a campaign rally at Cecil Airport in Jacksonville, Florida, U.S., September 24, 2020. REUTERS/Tom Brenner 

La negativa a firmar el Acuerdo de Escazú se convirtió en otra oportunidad para zamarrear al gobierno. Nadie que conociera el asunto pensaba que Piñera lo podría firmar, con toda la evolución que siguió después de los primeros borradores en su primer gobierno.

27 sep 2020.- Parece una refriega clásica -gobierno versus oposición-, pero los conocedores saben que las líneas por donde pasa el Acuerdo cortan varias lonjas en la sociedad chilena. Pese a la simplificación, el debate ha tenido, al menos, la virtud de recordarles a muchos políticos que aún existe el mundo.

El Chile que se ha metido hacia adentro desde octubre pasado, después con la pandemia y luego con la discusión constitucional, empieza a vivir, aun sin darse cuenta, en un ambiente internacional muy diferente del que había el año pasado. El aire está más turbio, incluso algo mefítico. Las decisiones que deberán tomar el actual y los siguientes gobiernos en política exterior serán notablemente más sensitivas.

El mundo está asistiendo al inicio de una segunda Guerra Fría, ahora encabezada por dos potencias que no se definen, como en la anterior, por su arsenal nuclear, sino por el tecnológico. El gobierno de Donald Trump lo ha bautizado como “desacoplamiento”: el desarrollo de dos economías paralelas, a las que se pretende seccionar de un tajo, cortando todas las formas en que una se encuentra con la otra mediante millones de contactos diarios. Estados Unidos ha decidido confrontar a China tras llegar a la convicción de que tiene aspiraciones hegemónicas, y China se ha propuesto responder en la misma medida en que ve amenazados su intereses nacionales. Las dos cosas son nuevas, aunque pudieran estar en fase de gestación desde hace años.

No existe una economía aislada de los sistemas políticos. Es inevitable que lo que hoy es una guerra tecnológica vaya derivando progresivamente hacia una confrontación entre el capitalismo estadounidense y el comunismo chino. En esto, la línea que divide a Trump de sus opositores demócratas es sólo de énfasis y tácticas, ya no es de fondo. Trump sólo es más agresivo y tajante, como en todo, pero su idea de que China ha excedido sus límites imaginarios se ha convertido en un consenso bipartidista, que no será afectada en lo sustancial si Trump es derrotado en las elecciones de noviembre. Más aún, es una idea que ya ha ganado apoyo también en otros países de Occidente.

Trump quiere ser el cruzado de esta nueva campaña. Y dado que es bastante probable que el mundo globalizado e hiperconectado se resista a una mutilación taxativa como la que pretende, la tensión se trasladará, más temprano que tarde, hacia una presión creciente sobre los demás países para tomar posición. El desacoplamiento económico podría ser convertido muy rápidamente en un desacoplamiento político e ideológico radical. ¿Qué harán los gobiernos frente a esa embestida?

Esas presiones ya llegaron a Chile. La avanzadilla fue la discusión acerca del cable submarino para conectar a Sudamérica con Asia. Desde el gobierno anterior se sucedieron los emisarios de Washington y Beijing para persuadir a La Moneda acerca de las bondades de sus opciones, y las amenazas de la contraria. La visita del secretario de Estado Mike Pompeo, con ese fin prioritario, fue lo que hizo emerger al “lobo guerrero” en el embajador Xu Bu, que desde entonces no abandonó más la esfera pública.

El gobierno actual decidió lo que tiene la apariencia más sensata: escapar de la trampa llevando el cable hasta Australia. En los hechos, Australia ya no es neutral, pero no es lo mismo que Estados Unidos. Pronto las decisiones ya no podrán ser tan versallescas.

Estados Unidos ha mostrado su decisión de alinear -como en la Guerra Fría- a su propio hemisferio, por las buenas o las malas. La reciente elección del nuevo presidente del BID ha sido una exhibición de esa voluntad. Las cuantiosas inversiones que China ha venido ofreciendo en gran parte de Sudamérica se hacen cada vez más problemáticas. Las entusiastas ideas de Piñera respecto de los buses eléctricos chinos pueden estar entrando ahora mismo en el congelador. Los chilenos que imaginaban una segunda ola de ricos sentados en los yuanes quizás deban dar lo soñado por terminado.

Hasta el observador más desprevenido dirá que lo adecuado es mantener una política exterior autónoma, no casarse con nadie, conservar abiertos los canales de comercio para ambos lados y, en fin, sumarse a la aparente legión de independientes. Eso es lo que trató de hacer Frei Montalva en los años 60, y hasta se afilió a los No Alineados, pero es bien sabido que a la postre debió ser un aliado férreo e inequívoco de Washington, y muy poco más tarde la Guerra Fría arrasó cruelmente con toda la política chilena.

No es lo único. No es necesario afiliarse a esa moda de la colapsología que ve un largo proceso de crisis sucesivas para percibir que el paso del Covid-19 ha desnudado un orden mundial en crisis. La principal lección de la pandemia es que la solidaridad humana limita muy de cerca con la mezquindad, y que basta apagar una ampolleta para que el multilateralismo se difumine como un espectro. El mundo, que nunca fue fácil, se está convirtiendo en un lugar más difícil. Y no lo suavizarán ni una nueva Constitución ni un año completo de elecciones.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-ese-viento-de-afuera/U5XVTLIKTJHF7I6FWAMB7JO2OE/ 

  • 20.34.-Chile: Entre la medianoche y la mañana ASCANIO CAVALLO
  • Martín Vizcarra se salvó, pero la crisis política no terminó: qué ocurre en Perú y cómo es el “agujero negro” al que se asoma – GONZALO ZEGARRA
Conferencia del 15 de noviembre donde se anunció el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Crédito: AgenciaUNO

 La foto de la noche del 15 de noviembre tiene un aire grave, un tanto trágico. Mucha gente se agolpa en el costado de una gran mesa. Algunos muestran ganas de aparecer: se puede imaginar que debieron empujar y dar algunos codazos. Otros no tienen igual interés, se quedan atrás, cerca del fondo.

19 sep 2020.- No hay sonrisas. Todos miran a distintos puntos, como si en realidad estuviesen mirando hacia dentro de sí mismos. Es de noche, alta noche: las lámparas de la sede del Congreso en Santiago sugieren una jornada que termina tarde. Acaban de firmar el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. El nombre rinde honor a la tumultuosa concurrencia.

Casi diez meses después, la foto es diferente. No es una muchedumbre, son sólo seis políticos, livianamente invitados, alegremente voluntarios. No hay una mesa, sino un estudio, un espacio diseñado para la ficción. No se representa La Moneda, sino una calle, quizás una plaza, algo como el esqueleto o la abstracción de un barrio. Es de mañana, una mañana falsa, de reflectores que simulan un amanecer impreciso. Todos miran hacia donde deben, porque hay un libreto que se los indica. Todo es falso: la mañana, el barrio, los oficios, los diálogos. Ingeniosos y falsos, que a veces es lo mismo. Es el retrato de una comedia.

Los dramas tratan de rupturas; las comedias, de reuniones. En los dramas la humanidad se fractura, o corre ese peligro. En las comedias la humanidad se repara, riéndose de sí misma, reconociendo que su naturaleza es la comunidad. El drama es pesaroso, sufrido. La comedia es alegre, aunque sea con cinismo.

¿Será así? ¿Será que en diez meses, con pandemia y confinamiento actuando como un azote aleccionador, Chile ha pasado desde el drama a la comedia? ¿Que se desplazó desde la comunidad rota hacia una sociedad en reunión? ¿Será posible estirar la realidad hasta la metáfora de un tránsito de la medianoche al amanecer?

Por alguna razón, que no es tan misteriosa porque está la audiencia de por medio, estos políticos aceptan cambiar el drama por una comedia en la que por lo demás mantienen sus posiciones, bien que alivianadas, simplificadas, hasta un poco frivolizadas. Desde la franja del “No” de 1988 se cree que la ligereza tiene inconmovibles virtudes electorales; se generó en ese ejemplo victorioso una especie de dogma, aunque se trata de un asunto que por definición debería ser siempre flexible, siempre concordante con las condiciones concretas. Y así la foto se empieza a repetir.

Nadie creerá que lo de “Bienvenidos” es algo distinto de un sketch. La falsedad no es lo mismo que el engaño. No es cuestión de sentido del humor, sino de sentido común: esta televisión reverberante, achispada, optimista, no pretende sustituir la política, sino sólo ser fiel a sí misma. Un matinal es lo que todos saben que es, incluyendo a los ex ministros y exparlamentarios que participan en el sketch, como lo hacen gentes de otros oficios, todos los días.

Una escena del sketch presentado este 18 de septiembre en Bienvenidos.

Así como ningún espectador se engaña, ningún invitado puede decir que fue estafado. No es el medio el que requiere a los políticos, son los políticos los que requieren al medio: algo les dice que ese espacio falso, de comedia, de interpretación, es funcional para sus fines; pero sería excesivo pensar que con eso pretenden engañar a alguien. Como la televisión tiende a ser postmoderna, y en prevención de algún espectador idiota, los propios políticos-actores se preocupan de comentar y explicar su presencia en estos espacios. Huelga decir que esos argumentos -de oportunidad, a veces de talante, de pronto incluso republicanos- son redundantes. Le proponen cierta densidad a lo que por definición no quiere ni debe tenerla.

Hay políticos que llevan años circulando por estas esferas, sin que todavía exista evidencia alguna de su posible eficacia política. Lo único que se cree es que esa gran exposición asegura algún lugar en las encuestas, pero nadie ha podido medir el costo contrafactual: cuántos puntos más obtendría una figura por limitarse a otro tipo de espacios, quizás más pertinentes o menos heterodoxos, con menos melaza.

Se atribuye a Lenin haber dicho: “La única cosa que puede arruinar todo lo revolucionario es la frase: esa zalamería de los revolucionarios”. Se refería, en 1917, al halago del pueblo por parte de los dirigentes políticos, a ese afán de adular y satisfacer a las masas en todas sus conductas. Casi un siglo después, Chantal Mouffe, citando a Maquiavelo, ha elogiado la política de “la ocasión” para alentar el avance de un populismo “de izquierda”. Pero Maquiavelo más bien le recomienda al político “una imagen de grandeza”, de sujeto “excepcional”, en vez de aquella “de amigo inútil y enemigo no temible”.

El hecho es que la foto de estos días –la del matinal poblado de políticos esforzados en resultar “no temibles”- transforma la de noviembre (donde, dicho sea de paso, no estuvo ninguno de ellos: podrían alegar que son inocente del drama anterior). No es sólo que las opciones del plebiscito de octubre se conviertan en un conjunto de frases armadas en un libreto, sino que el evento pierde toda su importancia, o quizás su dramatismo.

Ni siquiera hay ya que contar que se impedirá votar a un conjunto de ciudadanos y a otros tantos no se les ofrecerá garantías sanitarias. Aunque se han presenciado muchas campañas livianas, que suponen a un elector de picaresca, pocas veces se habrá visto una clase política tan empeñada en llevar adelante un plebiscito que parezca tan importante y, a la vez, tan ligero.

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20.34.-Martín Vizcarra se salvó, pero la crisis política no terminó: qué ocurre en Perú y cómo es el “agujero negro” al que se asoma – GONZALO ZEGARRA

El Congreso estuvo esta semana a punto de destituir nuevamente al presidente, dos años después de haber forzado la renuncia de su antecesor. La serie de escándalos ha dejado un escenario en el que reina la incertidumbre para las elecciones del próximo año

El Congreso no alcanzó la mayoría necesaria para destituir a Martín Vizcarra, pero nada impide que la oposición vuelva a intentar la vacancia en los próximos meses (AFP)

El Congreso no alcanzó la mayoría necesaria para destituir a Martín Vizcarra, pero nada impide que la oposición vuelva a intentar la vacancia en los próximos meses (AFP) Vizcarra, quien está completando el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, enfrentó esta semana un proceso de destitución con el riesgo de sufrir el mismo destino que su antecesor, pese a que se trata de un Congreso totalmente renovado por la disolución decretada hace un año en un choque entre poderes.

19 sep 2020.- En tanto, todos los ex presidentes vivos del país están condenados o imputados por diversos delitos. A siete meses de nuevas elecciones generales, Perú solo parece dar tumbos en un círculo en el que sale de una crisis política para entrar a otra.

El diagnóstico es unánime y no tan aislado de varios otros países de la región: la debilidad institucional y la falta de partidos políticos fuertes. Sin embargo, al cumplirse 20 años de la difusión de los “vladivideos”, que destaparon la corrupción fujimorista y a la postre forzaron la caída del dictador, el país no ha logrado la refundación política que se prometió en ese entonces.

En un rápido repaso: Alberto Fujimori (1990-200), condenado por crímenes de lesa humanidad; Alejandro Toledo (2001-2006), espera su extradición desde EEUU acusado de recibir hasta 35 millones de dólares de Odebrecht; Alan García (1985-1990; 2006-2011) se disparó cuando la policía iba a detenerlo por el escándalo de la constructora brasileña; Ollanta Humala (2011-2016) podría enfrentar 20 años de cárcel por lavado de activos; y Kuczynsky (2016-2018), bajo arresto domiciliario, también por el caso Lava Jato.

Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski

“La polarización entre fujimorismo y antifujimorismo marcó todo el período del nuevo siglo, es la lógica que ha movido el escenario desde 2001. La reconstrucción institucional y política no es fácil y los actores que estaban llamados a hacerla fracasaron. Alejandro Toledo (2001-2006) debía sentar las bases, pero abandonó esa agenda de reforma institucional. Los que siguieron, no tuvieron demasiado interés y recién ahora estamos discutiendo el tema”, explicó a Infobae Martín Tanaka, doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad Católica del Perú.

El análisis es similar al del sociólogo y analista político Agustín Haya de la Torre, quien subrayó la crisis de representatividad de los partidos. Si bien considera que la transición liderada por Valentín Paniagua (2000-2001) “fue impecable”, lamenta que no hubo el tiempo o el margen necesario para un cambio de la Constitución fujimorista de 1993. “La debilidad de los partidos dio lugar a una serie de movimientos que no han dejado de surgir y resurgir. Lo que hay ahora son partidos regionales, locales. Mayormente son agrupaciones circunstanciales, que han devenido en una nueva burguesía proveniente de las economías informales, lindando con lo delicitivo, que forman su propio partido porque tienen mucho dinero”, expresó en diálogo con este medio.

Haya se refiere a movimientos como Alianza para el Progreso y Podemos Perú, lideradas por César Acuña y José Luna, dos poderosos empresarios que se enriquecieron con la educación privada, administrando universidades de escaso prestigio y que ahora combaten desde el Congreso fieramente los intentos de reforma educativa; ; y a Unión Por el Perú, partido etnonacionalista comandado desde prisión por Antauro Humala (hermano del ex mandatario), preso por la muerte de cuatro policías en un levantamiento armado en 2005.

Si el bloque fujimorista de Fuerza Popular que forzó la salida Kuzcynski dominaba el Legislativo con una aplastante mayoría, ahora está reducido a una bancada menor y de escaso respaldo en las urnas por sus vínculos con la corrupción. Pero eso no se trasladó a una fortaleza de Vizcarra, cuya formación política no compitió en las elecciones extraordinarias de enero, y acabó sentado en el banquillo por una rocambolesca acusación de malversación y unos audios surgidos de su propio círculo cercano. Aunque la denuncia perdió fuerza en los últimos días y se alejó del umbral necesario para la destitución, de todas formas empañó la cruzada anticorrupción que impulsaba el Ejecutivo.

En principio, 65 congresistas habían aprobado la moción de censura, no tan lejos de los 87 necesarios para la destitución. Finalmente, solo 32 votaron por la vacancia (EFE)

La politóloga Milagros Campos, docente en la Universidad Católica y la Universidad San Martín, se refirió a la compleja situación que enfrenta el mandatario: “Vizcarra es un presidente que desde temprano se configura como sin partido y sin bancada. Tiene a 130 congresistas sin ningún vínculo político con el gobierno. Cuando censuran a sus ministros, nadie se opone. Lo normal es que la oposición presente mecanismos de control y alguien cercano al gobierno lo defienda. Este gobierno es de un presidente solitario y con un entorno muy acotado”. El mandatario tampoco intentó tender puentes con gabinetes de coalición.

Si bien la popularidad de Vizcarra alcanzó niveles no vistos en décadas (especialmente tras cerrar el Congreso y también en el inicio de la pandemia, superando el 80%), la gravedad de la crisis sanitaria y económica ha mermado su aprobación. Si algo lo salva es que los congresistas se llevan el mayor rechazo (imagen negativa de 72%, según IPSOS), aun después de la votación que reconfiguró las fuerzas y castigó a los partidos más ensuciados con la corrupción. Pero la disolución no necesariamente trajo mejoras sustanciales.

Pasamos de un extremo a otro”, expresó Tanaka. “Antes el fujimorismo tenía mayoría absoluta, ahora uno encuentra el mayor nivel de fragmentación”. Al tratarse de una legislatura corta (menos de dos años), y con la nueva prohibición de reelección parlamentaria, muchos “pesos pesados” políticos no postularon (reservándose para 2021) y los partidos presentaron en su mayoría candidatos de poca experiencia.

Manuel Merino, de Acción Popular, estaba en la línea sucesoria como presidente del Congreso. Podría ser acusado de sedición por haber contactado a las Fuerzas Armadas. Lo que comenzó con una masiva adhesión a la destitución de Vizcarra terminó desinflándose

Campos sostiene que la prohibición de reelección quitó incentivos para la cooperación entre agrupaciones o incluso entre congresistas de una misma bancada. “Hay partidos que están inscritos como tales pero que no constituyen propiamente un agregado de intereses y posiciones ideológicas. Terminan siendo la suma de intereses muy particularistas ajenos a una actividad política”.

Las sorpresas de esta peculiar conformación no se hicieron esperar, pero en el sentido opuesto.

“Antes de la epidemia, esperábamos un Congreso timorato, sin mayores iniciativas, sin ponerse de acuerdo, relativamente mediocre. La pandemia cambió totalmente la dinámica. Con los problemas que ha tenido el gobierno para manejarla, el Congreso empezó a tener un protagonismo inesperado”, apuntó Tanaka.

Si Perú se ha caracterizado por las crisis políticas mencionadas, es igualmente llamativo otro detalle: no han estado acompañadas por caídas económicas. El piloto automático del orden ortodoxo de las finanzas se mantuvo intocable… hasta ahora.

“Se dio algo que no habíamos visto hace 20 o 30 años: un parlamento desafiando abiertamente el manejo económico. La izquierda siempre cuestionó al modelo neoliberal, pero ahora uno encuentra parlamentarios de todos los grupos desafiando la ortodoxia de mercado, pidiendo un aumento del gasto público, más intervenciones. Cuando les dicen que las medidas son insostenibles, la respuesta es populista. Es un cambio muy notorio. El desorden político no es novedad, pero hay tendencias y conductas difícilmente previsibles”, sostuvo Tanaka.

En sintonía, Haya analizó: “Es un fenómeno peculiar. Cuando terminó la hegemonía del fujimorismo, se acentuó un aliento de hastío ante el modelo económico liberal, y los movimientos políticos recogen un aliento popular muy confuso. Están en contra del modelo, pero improvisados, poco articulados. Expresan un hartazgo con el modelo que ha generado 75% de informalidad y economías delictivas, contra una situación anómica, de poco respeto por la ley”.

Cuatro partidos populistas rivales comparten el control del nuevo Congreso en una compleja alianza. Una de las sorpresas fue la irrupción del disciplinado partido Frepap, de origen evangélico

A siete meses de las elecciones presidenciales, reina la incertidumbre, con un número alto de indecisos en las encuestas. “Hasta 2016, uno creía identificar cierto elenco estable de candidatos, uno sabía que los ex candidatos se iban a presentar y que el fujimorismo iba a tener un candidato de fuerza. Con el suicidio de Alan García, la crisis del fujimorismo, y los problemas judiciales de los líderes, se ha quitado del escenario a los actores que uno acostumbra ver y ha dejado un espacio vacío”, adelantó Tanaka.

Y aunque medio año puede ser mucho tiempo para cuestiones de campaña, este mismo mes ya se tendrán algunas definiciones: vence el plazo para la afiliación a partidos. Quien no lo haga, no podrá postular, y en esa situación están tres de los candidatos que asoman en las encuestas y que no están inscritos en ningún movimiento: el ex futbolista y actual alcalde del barrio limeño de La Victoria, George Forsyth; el congresista y general en retiro Daniel Urresti, con recientes declaraciones homofóbicas; y la centro-izquierdista Verónika Mendoza, ex candidata presidencial.

Además, habrá otro ingrediente que cambia el escenario tradicional, una clara consecuencia de los escándalos de Lava Jato que implicaron a la enorme mayoría de partidos por recibir fondos de campaña provenientes de la corrupción. “Por primera vez vamos a ver elecciones sin publicidades fuera de la franja electoral, con un control mucho más fuerte del financiamiento. Será una campaña atípica, con reglas nuevas. pueden llevar a un resultado insospechado, se puede generar el triunfo de alguien que hoy no podemos ver”, adelantó Campos.

Sobre la posibilidad de un “Bolsonaro peruano” o un líder considerado extremista, en medio de una acuciante crisis económica y un salto de la pobreza de 10 puntos porcentuales, Tanaka consideró: “Es el gran temor, el avance de algún candidato que bajo la bandera del orden, antisistema, de carácter conservador frente al fracaso de las élites. Deberíamos preocuparnos”.

Por su parte, Haya apunta un tono pesimista. Su reclamo por partidos fuertes puede estar además ligado a su pasado y origen, dos veces diputado en los años 80 y sobrino de Victor Raúl Haya de la Torre, histórico político y fundador del APRA, una de los últimos grandes movimientos del país, hoy sin representación en el Congreso y sin proyecciones alentadoras. “Los escándalos han profundizado el desasosiego. Hace 30 años esperamos que los partidos se recompongan, pero ahora ya tengo mis dudas. Es muy difícil pronosticar el 2021, la elección es un agujero negro, vaya uno a saber qué pasará”.

https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/09/19/martin-vizcarra-se-salvo-pero-la-crisis-politica-no-termino-que-ocurre-en-peru-y-como-es-el-agujero-negro-al-que-se-asoma/

  • 20.33.-Chile: la incubadora y el íncuboASCANIO CAVALLO
  • Argentina, solo un respiro BEETHOVEN HERRERA

Qué pasará en Chile una vez que ceda la pandemia? Cuando se hace esta pregunta, muy pocos están pensando en el balance sanitario después del arrollador tránsito del Covid-19 por el país. Menos todavía los que imaginan una nueva política de salud para enfrentar epidemias futuras. Lo que muchos piensan es si volverá o no la protesta callejera -el 18-0 remozado-, con qué fuerza, con qué extensión.

12 sep 2020.- Ese es otro más de los temas que hoy se conversan con un lenguaje metafórico, o sinecdótico, donde lo que se dice no es exactamente lo que se quiere decir, sino algo próximo o asociativo. ¿Cuáles son esos otros temas? Todos, pues: el plebiscito, la Constitución, el gobierno, la oposición, los candidatos, los pactos, los no-pactos…

El gobierno ya resolvió extender por otros 90 días el estado de excepción, aludiendo a razones sanitarias. Como todas las buenas excusas, esta tiene su carga de ambigüedad: en efecto, la pandemia no está controlada, en algunos lugares se porta como una montaña rusa y la opinión pública acusaría al propio gobierno de precipitarse si hiciera algo distinto. Pero, por debajo, algunos alientan que así sea justamente para frenar el ímpetu callejero y otros sospechan que eso es lo único que en realidad mueve al gobierno. Y aún otros, con aire más científico, anotan que la protesta violenta se ha vuelto endémica en los 30 y pico puntos de Santiago donde se ostenta desde hace ya unos 40 años con total libertad.

Y esta pregunta sólo es un preludio de muchas más, partiendo por: ¿en qué condiciones se podrá hacer el plebiscito del 25-O? Y después, ¿bastará el plebiscito para detener la violencia? ¿Tratarán los violentos de influir en la elección de convencionales? ¿Permitirán un proceso de debate racional y amplio? Etcétera.

Una vez más, no son preguntas únicamente nacionales. A menudo el parroquialismo y el singularísimo impiden a los chilenos verse como parte de una corriente más ancha, aunque la mayor parte de su historia ha estado finamente sincronizada con el torrente de la gran Historia. Esta vez no es diferente.

En estos meses, los profesores italianos Roberto Censolo y Massimo Morelli estudiaron las 57 mayores epidemias desde la Peste Negra de 1346 hasta la Gripe Española de 1919 y las correlacionaron con disturbios graves antes y después de cada una. En su estudio (publicado en la revista Peace Economics, Peace Science and Public Policy) hallaron sólo cuatro casos de revueltas durante las epidemias, lo que confirma una de sus dos tesis: que la plaga desplaza los conflictos anteriores.

La segunda tesis es que el período epidémico actúa como una “incubadora social”, donde se acumulan tensiones para estallar con más fuerza después de la emergencia. El detalle es que este “después” puede tomar años: por ejemplo, 17 en el caso de la revolución de 1848 en París, que el historiador Frank Snowden considera como rebote tardío de la gran epidemia de cólera de 1831.

Visto con esos plazos, podría ocurrir, por ejemplo, que los que alimentan la “incubadora” en un momento dado sean los que estén en el poder cuando salga el íncubo. La historia suele ser algo más caprichosa que los estudios.

¿Y cuándo, entonces, se podrá dar por terminada la pandemia? Clínicamente, sólo cuando exista una vacuna segura, un año más o algo así. Socialmente, cuando la gente crea que hay condiciones para retomar sus actividades normales. Una encuesta de Deloitte-Cadem conocida el viernes arroja resultados sorprendentes: más de la mitad de las personas piensa que no retomará la mayoría de sus actividades corrientes -desde encontrar un trabajo hasta enviar a los niños al colegio- antes de seis meses. De modo paradojal, también una mayoría piensa que ahora mismo, sin tomar en cuenta esa enorme postergación, la situación económica está mejor (excepto el empleo) y mejorará aún más (incluso el empleo). La misma pregunta hecha a un panel de dirigentes de empresas presenta resultados más cautelosos: la economía no se recuperará tan rápido.

En el ambiente de lenguaje doble y pensamiento alegórico por el que atraviesa el país, también esto puede significar un combate de opuestos. El polo del pesimismo, con su inagotable vocación trágica, puede deducir que la falta de confianza social incrementará en forma explosiva el malestar mientras más tarda la recuperación. El polo del optimismo, armado de su sonriente inclinación por la comedia, puede pensar que de todo esto sólo saldrá una sociedad renovada y constructiva, que después del plebiscito favorecerá la ruta de la paz institucional.

Ambas cosas son apuestas, desde luego. Por de pronto, la supuesta salida a la crisis político-social, el plebiscito de octubre, se hace más y más problemático. Además de las negligencias para garantizar el derecho a votar de todos los ciudadanos, aparece secuestrado por los escuálidos partidos, fuera de los cuales no hay espacio para las candidaturas de independientes: es como si los legisladores y las autoridades electorales no divisaran las necesidades de salubridad psicológica y política de ese momento inaugural. Como si no vieran la incubadora.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-la-incubadora-y-el-incubo/WQCUFLUZWJCYZHQYYDL6D6ZYDM/

20.33.-Argentina, solo un respiro BEETHOVEN HERRERA

Ha enfrentado la pandemia con emisión monetaria, pero si no logra recursos externos frescos, esa emisión inorgánica traería hiperinflación.

Las relaciones financieras externas de Argentina muestran altibajos que van desde la declaratoria de la más grande moratoria del capitalismo en 2001, la pérdida de acceso al financiamiento, la demanda de los tenedores de bonos que no aceptaron reducir el valor de sus títulos hasta la condena del juez Thomas Griesa de Nueva York, que obligaba al gobierno argentino a cumplir el pago a esos bonos por su valor pleno y la extensión del reconocimiento a quienes aceptaron la rebaja.

7 sep 2020.- Restablecer las relaciones con el Club de París y con el FMI implicó aceptar la reforma del Instituto de Estadística y Censos (Indec), pues las instituciones internacionales consideraban poco confiables las cifras elaboradas por dicha entidad.

El rechazo del gobierno de Cristina Fernández a las reclamaciones de los fondos especulativos que habían comprado bonos no reestructurados consiguió el apoyo de países que consideraban que los gobiernos deben mantener el derecho a renegociar sus deudas y consideraban “infame” el citado fallo. Pero el impacto negativo para el acceso argentino al crédito internacional llevó al gobierno de Macri a aceptar el fallo y a acordar el pago y así se restablecieron las relaciones financieras internacionales. Gracias a eso el presidente Fernández pudo iniciar la renegociación y llegar al acuerdo que finalizó la cesación de pagos.

El acuerdo permitió reestructurar una deuda superior a US$65.000 millones con un ahorro estimado en US$30.000 millones, pues el monto de la deuda se redujo finalmente al 54.8% y los intereses bajaron del 7% inicial hasta el 3%. La deuda externa había aumentado abrumadoramente con los US$44.000 millones que recibió del FMI el entonces presidente Macri para apuntalar, inútilmente, el peso; el cual ha perdido 80% de su valor desde 2015.

Al asumir el presidente Fernández rechazó el saldo del préstamo aprobado por el FMI y designó en el ministerio de economía a Martín Guzmán, investigador de Columbia cercano al Nobel Stiglitz. Se concentraron en resolver las acreencias anteriores, lo cual en medio de la pandemia fue extremadamente difícil, al punto que Argentina reconoce una caída de 12% del PIB y suspendió los pagos de deuda en Mayo, en la novena moratoria de su historia.

Cuando el presidente Fernández sugirió que suspendería las negociaciones su vicepresidenta Cristina Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Masa le dijeron que el país no podía seguir en cesación de pagos: de inmediato, luego del acuerdo los bonos argentinos subieron 12% en su cotización y el dólar paralelo (blue) bajó 6%.

Tras este acuerdo con tenedores privados de bonos ahora sigue la renegociación con el FMI (de quien Argentina es su mayor deudor), por US$44.000 y con el Club de Paris. Este acuerdo ha ayudado a descomprimir el mercado cambiario, pero no es suficiente pues los problemas monetarios subsisten y el déficit fiscal asciende al 10% del PIB.

Aunque el acuerdo ayudará mucho, restan tareas por hacer. Hasta ahora el gobierno ha enfrentado la pandemia con emisión monetaria, pero si no logran recursos externos frescos, esa emisión inorgánica puede traer de regreso la hiperinflación.

¡Historia conocida…!

Beethoven Herrera Valencia

Profesor, universidades Nacional y Externado.

beethovenhv@gmail.com

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/argentina-solo-un-respiro-beethoven-herrera-valencia-544343

  • 20.32.-Chile: Lavín y Longueira ASCANIO CAVALLO
  • Uruguay, éxito en la pandemia BEETHOVEN HERRERA

Todos los partidos políticos estaban pensando en nombres de alto rango, pero nadie lo decía. A los que tienen pocas figuras de repertorio, ese silencio les era muy cómodo. Longueira lo volteó. Repuso la idea, un poco diluida en los últimos tiempos, de una UDI volcada a los votos, la “UDI popular” que inventó en los 90 y a la que convirtió en la primera fuerza política del país.

Ah, Pablo Longueira, de nuevo. Este es uno de los pocos políticos chilenos -sobran los dedos para contarlos- que tienen la capacidad de sacudir el debate público con unas cuantas palabras. Sabe cómo hacerlo: dibuja un futuro, imagina a los personajes y echa a andar una trama en varios actos. Arma un relato, o acaso un psicodrama. También sabe que a cuanto diga le seguirá una tormenta de ataques políticos, personales, históricos y (esta vez) penales. No sólo los puede soportar, sino que los integra al psicodrama: los ataques confirman la trama.

Durante toda una semana, la política ha girado en torno a su tesis de que la derecha debe impedir que el triunfo del Apruebo en el plebiscito constitucional signifique el derrocamiento del gobierno de Piñera. Eso, dice, es lo que planea la izquierda. No pierde tiempo con el matiz. No dice ultraizquierda, antisistémicos, polos revolucionarios. Simplemente, la izquierda.

Su tesis no es nueva. Lleva unas cuantas semanas de desarrollo dentro de La Moneda. Pero ninguna parte del gobierno podría plantearla de esa manera. Lo mismo ocurre con la segunda parte del razonamiento de Longueira, según el cual la derecha debe apostar a la convención constituyente. Y, para ello, llevar una selección de candidatos fuertes, es decir, políticos conocidos. Con esas pocas palabras, se difumina la idea de una asamblea casi vecinal, y emerge la de una convención cuyas figuras serían similares o superiores a las que hoy habitan el Congreso. La convención pasa a ser una fortaleza frente a un Parlamento que ha desafiado una y otra vez al gobierno y al sistema institucional.

Todos los partidos políticos estaban pensando en nombres de alto rango, pero nadie lo decía. A los que tienen pocas figuras de repertorio, ese silencio les era muy cómodo. Longueira lo volteó. Repuso la idea, un poco diluida en los últimos tiempos, de una UDI volcada a los votos, la “UDI popular” que inventó en los 90 y a la que convirtió en la primera fuerza política del país.

La “UDI popular” contravenía la idea de Jaime Guzmán de un partido pequeño, cohesionado y doctrinario, un partido “de vanguardia” de acuerdo con los prototipos revolucionarios. Pero Longueira sabía que Guzmán era más contradictorio de lo que se creía y mucho más pragmático de lo que sus discursos sugerían. Por lo tanto, no vio incoherencia en desarrollar un partido “de masas”, más cerca de Stalin o Mussolini que de Lenin.

Para qué decir que el psicodrama de Longueira es totalmente funcional a la candidatura permanente de Joaquín Lavín. Hay una pequeña disonancia entre ambos. Lavín cree que la élite dirigente está polarizada, mientras que la mayoría del país sigue un ideal moderado. La tesis de Longueira supone una confrontación entre gente poco moderada, una continuación del ambiente del 18-O, donde -según parece creer- unos se callaron mientras otros se tomaban la escena. La idea de Lavín es la de un acuerdo concesivo y naturalizado. La de Longueira implica un acuerdo forzado, partiendo del principio de que ni la ley ni el orden son naturales. Los dos políticos juntan plenamente sólo en la percepción -por lo demás, amplia- de que el centrismo, el laicismo ilustrado, el socialcristianismo, la socialdemocracia, sufren un déficit sostenido de identidad política, autonomía moral y propiedad de liderazgo, y que hay allí un voluminoso electorado a un tris de la orfandad.

Lavín lleva 20 años tratando de ser Presidente de Chile. Longueira ni siquiera soportó la idea la única vez que pudo. Lavín quiere una foto en la historia, Longueira aspira a diseñarla. Lavín es una estrella con un guion infantilizado; Longueira, un dramaturgo con una trama por delante. Uno trata de seguir la corriente, el otro siempre prefiere nadar río arriba. Tal vez Lavín podría fiarse poco de Longueira desde la tortuosa campaña presidencial del 2000; quizás Longueira querría impedir que Lavín no termine de transformarse -por ejemplo, que se declare de izquierda- antes de rescatar el vigor de su propio bando.

Para Longueira la clave no es la Presidencia, sino la convención. Ya una vez diseñó, con su mentalidad de ingeniero, un método que le permitiera a la UDI maximizar el rendimiento de sus votos dentro del sistema binominal. Después hizo lo mismo con los alcaldes, dentro del sistema proporcional. Y ahora, probablemente, está identificando los numerosos forados que tiene el actual sistema electoral, para plantar una amenaza más real que cualquier discurso en contra de quienes lograron escaños en el Congreso con bases precarias. Y esa es otra dimensión -menos espectacular, más tecnocrática- en la que el exdirigente ha entrado a sacudir el ambiente.

Quizás todo esto no dure más allá del juicio que debe afrontar en octubre con la acusación de cohecho dentro del caso Soquimich. Pero la estaca clavada se hunde profundamente en el corazón de los eventos electorales que se inauguran ese mismo mes.

En la trama que ha creado cabe todo, aunque las prioridades son claras: convención, alcaldes, parlamentarios. Sólo después la Presidencia. Sabe que en esta época proliferan los prolegómenos, es decir, los precandidatos. Es la época de los mistificadores, los mentirosos, los idealistas, los insolentes, los soñadores y los audaces. A veces queda poco rastro de ellos en sólo unos meses.

Longueira no ha aceptado sacudirse en la tumba. Redivivo, estentóreo, ahora con un aire de fragilidad que agrega un toque de melodrama, pero lo mantiene igual a sí mismo, ha venido a recordar que la política nunca deja de ser la política, como quiera que sea infantil o espectral.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-lavin-y-longueira/IKCH7BJK7ZF25MOIMCK4RAJYQY/ 

20.32.-Uruguay, éxito en la pandemia BEETHOVEN HERRERA

Entre el 13 de marzo y 6 de agosto de 2020, en Uruguay se registraron 1.318 casos de coronavirus, se han recuperado 1.079 y han fallecido 37.

Numerosos medios internacionales han destacado el manejo de la pandemia en Uruguay y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha resaltado las estrategias adoptadas en ese país y The Economist considera que el éxito radica en la respuesta rápida de las autoridades. Entre el 13 de marzo y 6 de agosto de 2020 se registraron 1.318 casos de coronavirus, se han recuperado 1.079 y han fallecido 37. Resulta notable que un país de 176.215 kilómetros cuadrados con 3.323.906 de habitantes, se destaque en educación virtual y salud pública.

30 ago 2020.- Cuando se declaró la pandemia habían pasado solo 12 días de la asunción del nuevo presidente, Luis Alberto Lacalle Pou, elegido por una coalición tras quince años de gobierno del Frente Amplio de izquierda, y por supuesto que en tan poco tiempo no podría esperarse que fuera por obra de ese nuevo gobierno la estrategia exitosa ante la pandemia. La respuesta a este reto se fundamentó en un sistema de salud sólido, que empezó a gestarse en 2005, durante la primera presidencia de Tabaré Vásquez, médico de profesión y ese Sistema Nacional Integrado de Salud articula las capacidades de prestadores públicos y privados, y garantiza el acceso todos los residentes a una prestación integral de calidad.

El representante de la OPS, Wilson Benia, estima que dicho éxito se basa en el desarrollo del primer nivel de atención, el sistema de vigilancia epidemiológica, con liderazgo de la autoridad sanitaria y disponibilidad de las historias clínicas electrónicas en la red de internet.

La emergencia ha tenido efectos devastadores en todos los sectores, especialmente en la educación, pues pasar intempestivamente de clases presenciales a virtuales no era fácil, salvo que se contara previamente con bases sólidas y estrategias pertinentes para que los estudiantes tuvieran acceso a equipos y conectividad. Desde 2007 el presidente Tabaré Vásquez del Frente Amplio lanzó el Plan Ceibal como una apuesta por la inclusión e igualdad de oportunidades: cada niño, niña y adolescente que ingresa al sistema educativo público del país, accede a una computadora personal y conexión a internet gratuita.

Con este Plan, Uruguay se convirtió en el primer país que desarrolló el programa One Laptop Per Child (Un portátil por niño) ideado por el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Dicho plan se mantiene como política de Estado y adquiere personería jurídica en 2010, cuando se crea el Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia, el cual en una década de funcionamiento ha desarrollado numerosas plataformas educativas, entre las que se destaca CREA, con materiales para diversas asignaturas. Dicha plataforma registró un promedio de 270.000 visitas diarias durante los primeros meses de la pandemia y el 6 de julio, se inició el retorno a clases presenciales.

Los avances en la digitalización son también notables en temas de gobierno, por lo que Uruguay es parte del grupo Digital 9 (D), que reúne a los países líderes en Gobierno Digital a nivel mundial junto con Corea del Sur, Estonia, Israel, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, México y Portugal.

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/uruguay-exito-en-la-pandemia-544117

20.31.-Chile: 2021, wonder year – ASCANIO CAVALLO

El plebiscito del 25 de octubre no se realizará en condiciones óptimas: este ya es un hecho e importará poco si la culpa es del gobierno, del Congreso, del Servel o de todos juntos. Importa ahora que sea óptimo el proceso de votación y entrega de resultados. También es un hecho que la discusión constitucional ha comenzado. ¿Qué se puede prever entonces para el 2021?

29 ago 2020.- El primer dato es que el trimestre final de este año dejará, según cálculos convergentes, unos tres millones de cesantes, la cifra más alta que haya tenido Chile desde los 80. Los empleos para ocupar a esas personas demorarán en crearse y esa tarea tomará, posiblemente, todo el 2021. La herencia asociada es la recesión producida por lo que los economistas llaman la “triple parálisis” -oferta, demanda, inversión-, un callejón cuya salida es más estrecha y morosa que la entrada.

El segundo elemento es el Covid-19, que salvo un nuevo giro de la ciencia médica, permanecerá presente, con rasgos más y menos amenazantes, durante la mayor parte del próximo año. La pandemia, que ha venido a ser como la continuación de la globalización por otros medios, será un espectro sentado a un costado de la recesión y no habría que extrañarse si, como ha ocurrido, el vértigo de las imprecisiones, la corrección de cifras y las comparaciones tengan una ronda más rotunda. De momento se puede decir que los altos contagios obtenidos por Chile son una muestra de que su interconexión con el mundo es mayor de lo que los chilenos perciben.

Luego está el ambiente de crisis social, ahora presionada por una situación económica nueva, muy distinta de la que había a fines de 2019. Octubre de este año, el aniversario del 18-O, será, con toda probabilidad, un termómetro para saber si la movilización y la violencia están más calientes o, si por el contrario, se han subsumido dentro la apertura de un “nuevo ciclo”, como algunos creen. Hay una diferencia crucial entre el encapsulamiento y la expansión de la protesta de cara al año que viene.

El 2021 no entrará con discreción, sino con un carnaval de campañas electorales: alcaldes, concejales y, por primera vez, gobernadores regionales. Por restringidas que aún sean las facultades de estos últimos, habrá un reajuste al alza de las regiones y, por rebote, a la baja de las comunas. Desde el punto de vista del capital electoral, en algunos casos un gobernador será lo mismo que un senador y en otros, más. El de Santiago podría quedar cerca del Presidente.

En esa misma elección se agregarán los 155 constituyentes. La convención que los reúne, cualquiera sea la modalidad de integración, será un espejo numérico y distrital de los diputados. Quienes creen, con el pesimismo por delante, que la convención constituyente no será mucho más que una “cámara de segunda”, tienen que admitir al menos la posibilidad contraria: que la convención sea la nueva “cámara de primera”, esto es, que pase a tomar el protagonismo del debate público, con la inevitable confrontación entre -nada menos- los modelos de convivencia para el futuro. Para los diputados, sobrepasar el marco constitucional vigente, o las facultades del Presidente, o del propio Congreso, tendrá en el 2021 impactos y costos diferentes de los que ha tenido hasta ahora; su inteligencia será puesta a prueba para medir de otra forma sus actuaciones en el hemiciclo.

Es obvio que la convención no agotará el debate público, pero lo concentrará y, sobre todo, le dará el rango monumental de una discusión sobre el futuro y no sobre la coyuntura, que siempre es un poco rácana. Ser un convencional debería tener cierta auréola intelectual, mientras que la política se arrinconará un poco más en el espacio demasiado pequeño que las encuestas le están asignando.

Apenas seis meses después de ese momento vendrán otras cuatro elecciones: presidente, diputados, senadores y cores. Parece inevitable que todas ellas se interconecten con todo lo anterior: la presidencial se constitucionalizará, la constitucional se presidencializará, ambas se parlamentarizarán, y así por delante.

Los candidatos a alcaldes, ¿no serán tocados por su gestión comunal de la pandemia? Y los candidatos a diputados y senadores, aunque tocados con el óleo crismal del límite a las reelecciones, ¿podrán dejar a un lado la crisis sanitaria y económica, el poder regional y el momento constitucional para refugiarse en el tipo ya conocido de ofertas electorales? ¿Y qué candidato presidencial podría esquivar la polémica constitucional cuando ésta estará cursando la mitad de su misión?

Queda todavía un grano de otra especia: cuando se inicie el nuevo año, Estados Unidos habrá librado su “elección del siglo”. Trump ya ha demostrado que su presencia no es indiferente para nadie. Si su objetivo hubiese sido sólo notarse, lo ha logrado con largueza y ya no hay duda de que su ausencia significaría un nuevo ambiente mundial. A lo menos desde la pandemia, estas cosas suceden cada vez menos lejos.

En inglés, a wonder year designa a un año “maravilloso”, también en el sentido de “curioso”, “asombroso” o “extraño”. En los dos siglos de República, el 2021 será uno de esos.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-2021-wonder-year/HLXGVX227VCZPMIGO2CTLBV57U/ 

20.37.-Chile: la válvula del plebiscito – ASCANIO CAVALLO

Papeleta del plebiscito constitucional del domingo 25 de octubre 

A dos semanas de distancia, parece un hecho que el plebiscito constitucional del domingo 25 carecerá de dramatismo. Una condición para que un evento electoral sea dramático es que la sociedad perciba que está en juego un asunto prioritario para su vida como tal.

10 oct 2020.- Eso es lo que ocurrió en 1988, pero ya también está claro que ese fue un suceso irrepetible. Las prioridades mayoritarias de estos días son muy diferentes, como lo expresa el hecho, algo sardónico, de que se tratará de una elección bajo estado de excepción. Desde luego, primero está la emergencia sanitaria, aún en curso. Y a su lado, en paralelo, la emergencia económica: el empleo, el ingreso, la recesión y la precariedad.

Otra condición es que haya movilización, es decir, campaña electoral. Como esto no es posible en las condiciones sanitarias actuales, las únicas campañas con visos de eficacia se realizan a través del zumbido inaudible de las redes digitales. De la franja televisiva no hay casi nada que decir, excepto que la fragmentación partidaria la ha convertido en un espacio más parecido a un ensayo de Godard, pero sin Godard. (Quedará para el futuro debatir por qué todavía se le exige a una industria anémica, como la televisión de hoy, que cumpla con una obligación impuesta en otro contexto de audiencias, ingresos y capacidades).

Por fin, una última condición es que sea un torneo competitivo. Si las encuestas no se equivocan, el resultado ya es predecible; en realidad, la única sorpresa sería un triunfo del Rechazo. Pero esto sería raro justamente porque sería dramático. El plebiscito fue concebido como una salida institucional a una crisis sociopolítica que, en el momento en que sus protagonistas lo acordaron, carecía de una interpretación consolidada.

Y aún carece. Es útil recordar que los hechos iniciados en la tarde del 18 de octubre del 2019 parecieron inicialmente una reacción violenta al colapso del transporte en Santiago. Quienes minimizan esta dimensión harían bien en leer Siete kabezas, el ensayo de Iván Poduje que muestra -testimonialmente, sin especulación- hasta qué punto el transporte público llegó a convertirse en una metáfora encarnada de la segregación y la inmovilidad social, lo que explica por qué el Metro ha podido ser al mismo tiempo un orgullo urbano y una execración social.

En los días posteriores, junto con extenderse a otras ciudades, el movimiento masivo empezó a parecer una protesta contra el modelo político-económico y una abundancia mal distribuida (“tus privilegios serán míos”). En ciertas jornadas específicas, alrededor de noviembre, adquirió, además, el perfil de un esfuerzo directamente apuntado a derribar al gobierno de Sebastián Piñera.

Aún no hay una explicación, tampoco, para que los hechos de violencia intensa parecieran refrendados por la enorme marcha pacífica del 25 de octubre: es seguro que la mayoría de esos millares de personas no incendiarían estaciones ni saquearían comercios. Pero aún es imposible saber si estaban allí como un modo de cohonestar la violencia o más bien como una manera de refutarla a través de un acto pacífico.

Todas esas ambigüedades fueron interpretadas por los dirigentes políticos en un Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución que no logró exactamente restaurar la paz social, pero sí dio curso al proceso para debatir una nueva Carta Fundamental; es decir, logró cumplir una de sus dos partes. Sigue siendo importante el hecho de que no todos los grupos políticos suscribieron ese acuerdo. Y los que no lo hicieron -el PC y el Frente Amplio- fueron los que en ese momento buscaban otros fines, pero especialmente que no querían interpretar las protestas en el sentido restrictivo de un mero cambio constitucional.

En un aspecto tenían razón: era un exceso intelectual (o quizás retórico) pretender que todo ese movimiento sólo quería cambiar la Constitución. Pero la interpretación más extensa -un brote revolucionario o algo así- era otro exceso intelectual, un tic igualmente voluntarista aplicado a un fenómeno tan complejo y diverso que aún no se termina de procesar.

Los primeros propusieron un camino institucional; los segundos habrían preferido una salida menos formal, quizás una prolongación de la turbulencia hasta que viniera a hacerse cargo alguna vanguardia organizada. Si ganaron los primeros es porque al menos tenían una propuesta de convivencia.

Los intentos por revivir en días recientes el clima del 18 de octubre sólo pueden ser entendidos al margen del plebiscito y del debate por la Constitución. No son, ni de lejos, movilizaciones en favor del Apruebo. En la mayor parte de los casos, de hecho, son acciones en contra del plebiscito, un tema que no está en sus consignas, como si perteneciera a otra dimensión de la realidad. Para sus protagonistas, el plebiscito es muy poco y muy tarde.

En estas condiciones, el problema de la abstención no es irrelevante, como han pretendido los que -con buenas razones- ven el plebiscito como la gran válvula de alivio de la tensión social. Desde luego, una alta abstención bajo un régimen de voto voluntario no resta la legitimidad jurídica de un acto electoral. Lo que pone en cuestión es su potencial de solución política, especialmente si, como suele ocurrir, los que menos votan son los más pobres, los menos informados y los jóvenes.

Es decir, si para todos ellos es demasiado poco dramático.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-la-valvula-del-plebiscito/GYERLDLFVNEHNE5Z7ZW5CIBNXY/

  • 20.30.-Instan a Gobierno de facto boliviano a ejecutar leyes aprobadas
  • Chile:Tragedias y comedias ASCANIO CAVALLO
  • Jon Lee Anderson: «No sorprende que venezolanos quieran asesinar a Maduro»
En el país, existe descontento ante el manejo de la crisis y el aplazamiento repetido de las elecciones por parte del Gobierno de facto, por lo que se han suscitado diversas manifestaciones en varias ciudades.  Foto: EFE

Las regulaciones del Legislativo repercutirían positivamente en sectores vulnerables.

19 ago 2020.- Varios actores políticos bolivianos instaron al Gobierno de facto a ejecutar leyes aprobadas en el Legislativo y que resultan de importancia para el pueblo.

Al respecto, el expresidente Evo Morales denunció en su cuenta en Twitter la actitud de Áñez y su gabinete de facto quien se “niega a promulgar varias leyes para aliviar el sufrimiento del pueblo”.

Por su parte, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Efraín Chambi, citó como esenciales las normas que establece la reducción de 50 por ciento en alquileres, el pago diferido de créditos hasta diciembre, entre otras.

¿Asimismo, denunciaron el bloqueo de la ley del Bono Contra el Hambre de 1.000 pesos bolivianos (unos 145 dólares). También se refirieron a la de atención en clínicas privadas; la ley de donación de plasma hiperinmune y, en especial, la ley sobre el pago de deudas al sistema bancario.

Chambi solicitó a la administración de facto cumplir con su deber, ya que considera estas legislaciones de beneficio para la mayoría de la población boliviana.

Según el Senado, además de esas leyes, también están pendientes de promulgación la ley que regula los Estados de Excepción; la censura de ministros y la ley que regula de forma excepcional la elaboración, comercialización, suministro, administración y uso consentido de la solución de dióxido de cloro (SDC) de manera preventiva y como tratamiento para pacientes diagnosticados con coronavirus.

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-leyes-gobierno-facto-senado-20200819-0015.html

20.30.-Chile:Tragedias y comedias  ASCANIO CAVALLO

La política es la tragedia de nuestro tiempo, dicen que una vez dijo Napoleón. No es seguro que sea realmente el autor de la frase, pero queda adecuada para alguien que ascendió en contra de la revuelta política francesa e imaginó terminar con ella de una vez y para siempre.

22 ago 2020.- Pero la tragedia es vecina de la comedia y muchas veces la frontera entre ambas se torna difusa e imprecisa. El rasgo diferenciador de la comedia es que, a la larga, presenta la idea posible de una sociedad mejor, más o menos lo mismo que ofrece la política desde el Libro VII de Aristóteles en adelante.

No se sabe muy bien en qué situación está Chile. Por ahora, parece parte de la zona borrosa.

Si alguna vez se logra hacer un improbable estudio comparativo sobre los modos en que las comunidades nacionales han enfrentado la pandemia del Covid-19, Chile podría estar entre aquellas que sufrieron una rara adicción al confinamiento. Esta ha sido, por lo menos, la principal estrategia del gobierno para combatir el contagio y, a estas alturas, si sólo se cuenta desde abril, está entre las más prolongadas del mundo. Mejor aún, la resistencia del exministro Jaime Mañalich a imponer las cuarentenas, y sus advertencias sobre los efectos sociales que provocan, forma parte de la lista de razones que lo volvieron tempranamente impopular.

Las encuestas muestran que una mayoría de la población prefiere continuar en confinamiento, aunque la cifra ha ido disminuyendo. Los adalides de ese sentimiento han sido los alcaldes, seguidos de cerca por los gremios de la salud y por ONG dedicadas (o volcadas) a las epidemias. No es sólo eso: en numerosas localidades pequeñas los vecinos vigilan y hasta prohíben la llegada de afuerinos. Alguna vez se recordará (¿como tragedia o como comedia?) que incluso en el indomable Santiago se llegó a prohibir el tránsito entre comunas contagiosas y comunas liberadas.

Igual que en otros países de América Latina, la pandemia se produjo en medio de un intenso momento de agitación social. Y la pregunta en todos ellos es si el confinamiento canceló el espíritu de protesta o solamente lo suspendió. Los signos son ambiguos: ciertos estallidos localizados o episódicos hacen pensar que la revuelta está agazapada a la vuelta de la esquina, lista para saltar en cuanto se normalice la situación sanitaria (¿pero cuándo será eso?), y, a un mismo tiempo, los estudios de opinión indican que el apoyo a la movilización callejera ha ido disminuyendo. En Chile, esto ha hecho pensar a algunos que el fin de la pandemia señalará el comienzo de un “nuevo ciclo”, aunque nadie es capaz de precisar en qué consistiría este cambio de condiciones.

En todo caso, formaría parte del “nuevo ciclo” el plebiscito constitucional, cuya realización irrevocable quedó sancionada esta semana por el propio Presidente, probablemente para zanjar las sospechas de que el gobierno querría hallar una excusa sanitaria para eludirla. Antes de ese plebiscito tendrá que producirse -por culpa de una muy ambigua redacción de la Constitución vigente- una discusión parlamentaria acerca de la prolongación de los estados de catástrofe y toques de queda aplicados selectivamente en algunas regiones y provincias. Según la Constitución, el Presidente puede prolongar estos estados hasta por un año, pero a los 180 días (septiembre) debe informar sobre sus medidas al Congreso, el que tiene la facultad de revocarlo. Como es fácil ver, esto contiene un oxímoron: el Presidente tiene una facultad, pero el Congreso se la puede revocar… ¿Cuándo, antes de que se termine de cumplir o después de que ya lo ha hecho?

Este será un debate de especialistas, y es notorio que en esta materia la propiedad de la interpretación es territorio en disputa. No se sabe muy bien por qué, el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, declaró hace unos días que “ninguna autoridad sanitaria” puede suspender el plebiscito, lo que implica que a) no importará nada la opinión del ministro de Salud ni de quienes lo secunden, y b) finalmente podría realizarse bajo condiciones de excepcionalidad. Por ejemplo, con cuarentenas y toque de queda. Dadas las condiciones actuales y las experiencias europeas con los rebrotes, esto ya no resulta imposible. Pero, en ese caso, este sería el segundo plebiscito más extraño de la historia nacional.

Parece evidente que el gobierno está haciendo lo posible para evitar que el triunfo del “apruebo” el 25 de octubre se convierta en una victoria en su contra, un triunfo del variopinto arco de la oposición; y las puntas de ese arco tratan de transformarlo precisamente en un plebiscito en contra de Piñera. En esto, nadie guarda ni el más decoroso disimulo.

Dado que las encuestas -otra vez- muestran una persistente mayoría en favor del “apruebo”, el gobierno quiere reducir al mínimo las divisiones en el gabinete para no llegar a una noche dolorosa el 25 de octubre. Y acaso el Presidente, con su conocido pragmatismo (el griego pragma refiere a una acción o asunto, y se complementa con mythos, relato o narración), podría querer que el principal cambio institucional del siglo XXI sea, a la postre, el nuevo relato de su cuatrienio.

Si las encuestas reflejan una verdad momentánea, hay que admitir que hoy recogen dos pulsiones altamente contradictorias: el deseo de llevar el confinamiento hasta su extenuación y el deseo de realizar un torneo electoral en virtud de un arco de motivaciones también muy diversas. La voluntad de salir a votar, en cambio, muestra una alta volatilidad, lo que sugiere una abstención incierta. Es muy curioso que, estando estas contradicciones a la vista, los partidarios de cada opción estén prefiriendo realizar un proselitismo performativo antes que acciones destinadas a conseguir que la participación sea lo más grande posible. En 1988, la oposición a Pinochet tuvo la intuición (correcta) de que las posibilidades de triunfo del “no” se basaban en que la mayor cantidad de chilenos concurriera a las urnas y, por lo tanto, centró toda la primera parte de sus campañas en dar certezas de que el voto sería seguro, secreto y decisivo. Cuando el 97,53% de los mayores de 18 años salieron a votar, supo que había ganado.

Con eso se evitó lo que muchos creen que habría sido una tragedia. ¿Cómo se evitará que el plebiscito venidero no devenga en comedia?

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-tragedias-y-comedias/ENP4PQRMYVCGFHL6FZF6XRCFKQ/

20.30.-Jon Lee Anderson: «No sorprende que venezolanos quieran asesinar a Maduro»

«¿Es posible que un grupo de venezolanos conspiraron para asesinarlo, potencialmente con la ayuda o el apoyo de EEUU y Colombia? La respuesta es sí»

El periodista desestima las versiones que sugieren que al atentado contra Nicolás Maduro no fue legítimo. (JonLeeAnderson)

Jon Lee Anderson sabe, a veces, de qué habla. Pese a sus claras simpatías con procesos revolucionarios, el destacado periodista, escritor y reportero, ha sido un incisivo crítico del régimen chavista; sobre todo siendo timoneado por Nicolás Maduro —aunque apologista al principio, claro; casi embobado por el fenómeno de Hugo Chávez—.

6 ago 2018.- En su última columna en The New Yorker, Anderson se explaya sobre el atentado a Maduro que ocurrió el pasado sábado 4 de agosto. Según el periodista estadounidense, sí fue un intento legítimo de asesinar al dictador; y explica por qué.

«Es cierto que las relaciones de Venezuela con Estados Unidos y Colombia han sido extremadamente tensas por más de un año —más desde la decisión de maduro de asumir poderes cuasi-dictatoriales al reemplazar el Congreso de Venezuela, dominado por la oposición, con uno nuevo—. Le siguieron cuatro meses de disturbios civiles —durante los cuales ciento cincuenta personas, mayormente disidentes, fueron asesinadas— y, cuando todo acabó, Maduro clamó victoria. Pero la atmósfera de represión violenta, junto a las desgracias causadas por el colapso de la economía petrolera de Venezuela, ha derivado en un sentimiento nacional de desesperación y ha acelerado el éxodo masivo de los ciudadanos», escribe Jon Lee Anderson.

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Luego, se lee en The New Yorker sobre el atentado: «Por todo esto, Maduro es responsabilizado, y despreciado, por los venezolanos. Dado los profundos sentimientos en su contra, no debe sorprender, entonces, que algunos de sus conciudadanos —de la extrema derecha o no— deseen asesinarlo».

Según el periodista, en Venezuela los diecinueve años de Revolución han creado una cultura política de «el ganador se lleva todo».

También menciona el caso del piloto rebelde Óscar Pérez. Cómo fue asesinado, a pesar de su rendición. Y cómo, en contra del clamor popular, el piloto y su grupo fueron señalados como terroristas.

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«¿Es posible que, como Maduro dice, un grupo de venezolanos conspiraron para asesinarlo, potencialmente con la ayuda o el apoyo de EEUU y el Gobierno colombiano? La respuesta corta es que, sí, si es posible».

A continuación, Jon Lee Anderson empieza a mencionar las reseñas sobre el clima dentro del mundo castrense. Esto es fundamental, porque, dada la tesitura, es natural que se dé una expresión como la del sábado 4 de agosto. Escribe: «En meses recientes, una serie de arrestos de militares en Venezuela han coincidido con reportes filtrados sobre conspiraciones de golpe de Estado».

El escritor del reconocido libro Che Guevara: a revolutionary life (1997) y Guerrillas: journeys inside the insurgent world (1992), alude a la crisis migratoria que padece Colombia por el éxodo venezolano. Por ello, menciona las preocupaciones del presidente Juan Manuel Santos al respecto y sus pronósticos sobre la inminencia de un alzamiento armado contra Nicolás Maduro.

«Le pregunté a Santos sobre la posibilidad de una toma del poder por parte de los militares en Venezuela. Él reconoció que no se oponía a la idea de un golpe militar. Él habló de su conocimiento sobre la existencia de varios grupos militares venezolanos que estaban activamente planeando eso».

Al final, Jon Lee Anderson dice: «Pero el sábado no ocurrió un golpe de Estado. El ataque del drone, aunque ciertamente original, fue empañado por un aire de improvisación amateur, y falló de forma espectacular al intentar lograr su objetivo: asesinar a Maduro».

«E, incluso sucediendo eso, no habría garantía de que se hubiera logrado un cambio de poder en Venezuela. Maduro hubiera sido reemplazado por su vicepresidente, o, quizá, por un general más leal», concluye el periodista.

En síntesis, Jon Lee Anderson desestima las versiones de que el atentado hubiera sido planeado por ellos mismos, o que hubiera sido simplemente el estallido de una bombona de gas, que generó pánico. Al principio del texto, evalúa los audiovisuales que existen sobre el momento. Dice que «los informes» que dan por cierta las teorías de que no hubo un intento de magnicidio, «parecen ser engañosos».

Para leer la columna de Jon Lee Anderson en The New Yorker, haga click aquí

https://es.panampost.com/orlando-avendano/2018/08/06/jon-lee-anderson-no-sorp

  • 20.29.-Ángela Salazar y Uruguay: lecciones en tiempos de incertidumbre RODRIGO UPRIMNY
  • Chile: el grado cero de la salud – ASCANIO CAVALLO
  • Perú: un proceso de gestación política de nueve meses  AIDA GARCÍA

Colombia hoy lleva al pesimismo: el número de contagios y muertes por coronavirus, la aguda crisis social y económica, el Acuerdo de Paz en peligro, los asesinatos de líderes sociales, los ataques a la independencia judicial, etc. Y sin signos de que la situación vaya a mejorar. Pero incluso en este momento tan incierto y doloroso, el optimismo es posible. Es cuestión de saber a dónde mirar y de quién aprender.

16 ago 2020.- En ese espíritu, expreso una doble admiración y un doble aprendizaje. A un pequeño país que da lecciones frente a la pandemia: Uruguay. Y a una persona cuya vida es ejemplo de dignidad: Ángela Salazar, la integrante de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), dolorosamente fallecida la semana pasada.

Uruguay tiene menos de 1.500 contagios y menos de 40 muertes por coronavirus. Sus tasas de contagio y de muertes por millón de habitantes son bajísimas: 405 y 11, mientras que en Colombia son de 8.600 y 280. Y Uruguay lo ha logrado sin largas cuarentenas obligatorias, como las nuestras, por lo cual su situación económica es mejor.

Aunque es difícil saber qué explica el éxito uruguayo frente a algo tan complejo y reciente como esta pandemia, varios analistas han resaltado al menos siete factores: i) escuchar a la ciencia: el gobierno creó inmediatamente un consejo asesor interdisciplinario de primer nivel, que lo ha acompañado todo el tiempo. ii) Pruebas masivas y rápidas para detectar a tiempo los contagios. iii) Búsqueda de unidad: la pandemia ha sido enfrentada por un gobierno de centroderecha, que reemplazó a una coalición de centroizquierda, pero la lucha contra la pandemia ha sido un objetivo común. iv) Esto ha generado gran confianza en las autoridades: las medidas de distanciamiento físico han sido cumplidas incluso cuando no eran obligatorias. v) Uno de los mejores sistemas de protección social y servicios sanitarios de la región. vi) Apoyos económicos sustantivos a los más vulnerables. vii) Una menor desigualdad y pobreza que el resto de América Latina.

Conocí a Ángela Salazar mucho antes de que fuera comisionada de la CEV, en un curso sobre justicia transicional para líderes sociales, y quedé impresionado con su carisma y sabiduría. Sabía de las violencias y dificultades que Ángela había enfrentado, pues había tenido que desplazarse. Sabía de sus valerosas luchas a favor de los derechos de las mujeres en Urabá, como parte de la Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP). Sabía que por sus difíciles condiciones sociales, como mujer negra, no había podido tener una amplia educación formal y había enfrentado discriminaciones. Y sin embargo, a pesar de todos esos horrores que había conocido y enfrentado, Ángela siempre tenía en clase una actitud serena y sonreía bellamente cuando alguien hacía algún apunte. Cuando hablaba, todos callábamos para escuchar sus anotaciones sabias sobre cómo defender a las víctimas, con vigor pero sin odio, y sin perder nunca la esperanza de un país en paz y más democrático.

Por eso, como a tantos otros, me alegró su elección como comisionada de la CEV, pues sabía que su experiencia y sabiduría aportarían mucho a la labor de la CEV. Y por eso duele tanto su muerte temprana por esta pandemia que no hemos logrado controlar, pues las mujeres, las víctimas y las negritudes pierden un voz serena y firme.

Uruguay nos muestra la importancia de la ciencia, los derechos sociales, la igualdad y los acuerdos democráticos, a pesar de las diferencias, para enfrentar desafíos enormes como esta pandemia. Ángela nos deja su legado de que es posible luchar contra el terror y por la verdad con esperanza y alegría. No deberíamos desaprovechar estas lecciones de esperanza en estos momentos inciertos y de dolor.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional

https://www.elespectador.com/opinion/angela-salazar-y-uruguay-lecciones-en-tiempos-de-incertidumbre/

20.29.-Chile: el grado cero de la salud – ASCANIO CAVALLO

Juegos infantiles clausurados en el Parque Forestal de Santiago. Foto referencial. 

Ahora es el desconfinamiento. Las autoridades empiezan a liberar a algunas comunas urbanas de las cuarentenas, advirtiendo una y otra vez que pueden volver atrás, como si se estuviera hablando no de una enfermedad, sino de una invasión sobrenatural.

8 ago 2020.- Otras tantas comunas siguen, incluyendo algunas que se acercan a batir récords hemisféricos y hasta mundiales. El gobierno ha tratado de darles un alivio más psicológico que práctico diseñando un sistema de fases y un programa que con su compulsión publicitaria denominó “Paso a Paso”. Esta no es una exclusividad, desde luego: es lo que han hecho numerosos gobiernos, aunque el chileno puede ser uno de los pocos en que, casi por semana, ha ido modificando los parámetros “objetivos” para transitar de un paso a otro.

El confinamiento masivo no es una medida médica. Es una medida sanitaria. Por elemental que parezca, es útil mantener esa distinción a la vista. Aún más: es la medida sanitaria en su grado cero. En el confinamiento perfecto nadie se contagia de nada: ni de Covid-19 ni de sarampión, ni de influenza ni de sida, ni siquiera de humor. Si se aplicara a todas los eventos contagiosos que circulan por el planeta, sería permanente. Pero todos los especialistas saben que el confinamiento perfecto no existe: sólo se logra reducir la movilidad. Un estudio reciente de Google muestra que Chile figura entre los países que más han reducido su movilidad, no ahora, sino desde abril.

La pregunta es si se trata de una medida eficaz. Para esto no sirve gran cosa la tasa de contagios, sino la capacidad de daño y la letalidad. La evidencia mundial no es nada concluyente. Muchos científicos dudan hoy que el contagio del Covid-19, si bien muy alto, sea exponencial, como se dijo en forma escalofriante, y las tasas de muerte se estiman en torno a 0,3, nada muy distinto de las gripes. La letalidad es muy alta en el mismo rango donde todas las enfermedades lo son: sobre los 60 años, subiendo por escalafón. A los 90 años llega a 10%, según un estudio presentado por Alexander Galetovic en el Instituto de Ingenieros. Un país que nunca puso cuarentenas, Suecia, admite como único error el descuido de esa población de alto riesgo.

Tampoco el confinamiento sirve tanto para evitar el colapso del sistema de salud, como también se ha dicho con frecuencia. Lo que evita el colapso es aumentar el equipamiento y el personal -lo que se hizo en Chile, con todos los tropiezos y debates conocidos- y promover las medidas de distanciamiento social. Como también anota Galetovic, la experiencia muestra que el distanciamiento funciona antes que las cuarentenas, y éstas no agregan mucho a la reducción del contagio.

Pero si el efecto del distanciamiento como medida sanitaria suscita dudas, no hay ninguna respecto de su impacto societario. En Chile, una generación de estudiantes ha sufrido daños -en muchos casos irreversibles- en sus procesos de aprendizaje o en su paso a la actividad productiva. El teletrabajo es un hallazgo, pero sólo para un 25%, y aun esta cifra es inestable si se tiene en cuenta los efectos de estrés, sobrecarga y desarticulación de la vida privada a que está asociado. Las cifras de violencia intrafamiliar, enfermedades psicológicas y alteraciones en los niños sólo confirman la total anomalía. Desde abril hasta ahora la cesantía cabalga sobre el 12%, más de un millón y medio de personas está sin empleo (despedido o suspendido) y es cada vez más claro que esa fuerza laboral no se restaurará entera ni rápidamente. El volumen de negocios quebrados sólo se conocerá a fines de año, lo mismo que el desempeño de los sistemas de ahorro.

Cada vez es más claro que el confinamiento prolongado ha sido, sobre todo, una medida dictada por el pánico político. Los gobiernos del hemisferio sur, que recibieron la pandemia con tres meses de retraso y un mejor conocimiento del coronavirus, se apresuraron a tomar las mismas decisiones que China casi sin mirar su impacto. Eso está más cerca del miedo que de la epidemiología.

El pánico ha sido representado en estos países por las autoridades locales, los gremios de la salud y algunas organizaciones de la sociedad civil. Ningún gobierno pudo resistirlo y a algunos -como al de Chile- no les vino mal para reponer el orden interno.

Pero ninguna sociedad democrática puede dejar de preguntarse si una medida liberticida y de alta disrupción ha sido razonable, incluso si gran parte del mundo ha sido detenido en condiciones similares.

Claro que el gobierno de Sebastián Piñera tampoco está para eso. Desde octubre pasado vive en un tobogán de impugnaciones, que es la única explicación para la inhibición con que actúan las autoridades sectoriales. Es una timidez que supera a la angustia de una población sometida a una ceguera sin horizontes, ansiosa de asegurar dinero contante. El gobierno tendría que preguntarse: ¿Se atrasó en su apoyo a las familias o más bien les abrió un abismo de incertidumbre?

Ahora se anuncia un fin de las cuarentenas progresivo y moroso, lleno de restricciones, de nuevo sin focalización en los grupos de riesgo: otra zanja oscura, acaso inevitable después de lo que ha ocurrido. Y también porque la amenaza del retroceso -la reimplantación de cuarentenas allí donde se han liberado– parece poco viable, como ha constatado Europa. La discusión sobre la eficacia del confinamiento tomará muchos años, pero se puede apostar a que tomará todavía más que las cuarentenas colectivas vuelvan a repetirse a la escala de hoy.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-el-grado-cero-de-la-salud/X5XIPBCUABE7PH5OJYG3GO47M4/

20.29.-Perú: un proceso de gestación política de nueve meses  AIDA GARCÍA

El jueves 9 de Julio a través del Decreto Supremo N° 122 -2020-PCM, El Peruano publicó la convocatoria a Elecciones Generales el 11 de abril del 2021, para la elección de la Presidencia de la Republica, Vice Presidentes, Congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento Andino. Estamos ante un proceso de gestación política de nueve meses que no anuncia un buen alumbramiento; que sea garantista, inclusivo, renovador, en resumen, un proceso democrático y no una “democracia de baja intensidad”. “Conceptos como democracia delegativa, ciudadanía de baja intensidad y un Estado que combina elementos democráticos y autoritarios pueden introducirse en función del análisis de tales fenómenos”. [i](1)

Martin Vizcarra en un mensaje de salida y sin rumbo claro, centró un discurso, entre una larga lista alcanzada por cada ministro, en destrabar 48 proyectos mineros y 57 mil millones de dólares, listos para entrar a la economía. Sólo es cuestión de destrabar inversiones.

El día 03 de Agosto del 2020, “Cateriano el Breve”, sobreactuado y arrogante, luego de juramentar a su gabinete pro empresarial, puso énfasis en dar continuidad al más largo de los mensajes presidenciales (una hora 52 minutos) del Presidente Martin Vizcarra el día 28 de Julio del 2020 ante el Parlamento, alocución en que llamo a unirse al Pacto Perú, que señala textualmente, “vamos a convocar a representantes de cada uno de los partidos políticos”, a un espacio de dialogo que tendrá 5 ejes de base: (1) la constitución de un sistema unificado de salud, (2) garantizar la calidad y reducir las brechas educativas, (3) crecimiento económico sostenible e inversión, (4) lucha contra la pobreza para cerrar brechas históricas y (5) la reforma política y del sistema de justicia.

Los desafíos, que el mismo Cateriano señaló, salvo las diferencias, cuando ocupo la PCM con Ollanta Humala, tuvo una coincidencia: las elecciones; “un objetivo central del presidente Vizcarra es garantizar que las elecciones sean libres y democráticas” … “evidentemente no es fácil. Además de la pluralidad política e ideológica particularmente en una campaña electoral. En pocos meses entraremos en una contienda en que se disputa el poder y aunque eso no aumenta la crispación política necesariamente es natural que exista una confrontación”.

Cateriano, que cree que vivimos en un “país minero” y no en uno ancestral e históricamente megadiverso, desde antes de la colonia extractivista y expoliadora de nuestros recursos naturales, ignoró que ya estábamos abiertamente en el proceso electoral, “explicita y legalmente convocado”. No tuvo mejor idea que irse en busca de la bendición de Luis Bedoya Reyes, centenario ex líder retirado del viejo PPC que no cuenta con bancada en el Congreso. No tuvo sin embargo un gesto igual con otros sectores que no representen a la derecha tradicional y que hubiera si expresado pluralismo político. Está claro que el Congreso de la Republica, es mayoritariamente de corte neoliberal y de ahí la orientación de un gabinete cuyo viraje llegó hasta los extremos más conservadores. Bien se dice popularmente que “la cabra siempre tira para el monte”.

Los antecedentes del Proceso Electoral 2016

En diferentes entrevistas el ex Primer Ministro Cateriano dio cuenta de las irregularidades del proceso 2016, tendiendo un puente así con Alianza para el Progreso (APP) y el Partido Morado (PM), indudablemente con el objetivo de obtener su confianza; de ahí se explica su desazón con Cesar Acuña luego de no haber obtenido la confianza.

La OEA es concluyente en el informe (2016) al considerarlo “deficiente, pero legítimo” y tipifica el proceso con otra crítica “fue la de no reglamentar el mecanismo de exclusión por dadivas, igualmente al borde de los comicios”. Sin mencionarlo, el informe aludía a los casos de Julio Guzmán y Cesar Acuña, que no fueron resueltos oportunamente, tema que el ex Primer Ministro lo reiteró con nombres propios, haciendo un guiño apepista y morado, los votos necesarios para su investidura, “tal como lo han impulsado los órganos electorales y organismos de la sociedad civil”. Almagro, después de recibir a Julio Guzmán en Washington escribió en su cuenta de Twitter “la OEA es concluyente en el informe (2016) al considerarlo deficiente pero legítimo, y tipifica que el proceso 2016 vulneraba derechos políticos de electores y candidatos”. El diario La República (LR 12/04/2016 pp2) editorializaba lo siguiente: “las lecciones del 10 de abril (2016) nos han dejado duras lecciones con respecto a la falta de institucionalidad del sistema electoral”.

¿Cómo estamos en agosto luego de pasado más de un mes de convocadas las elecciones?

En medio del actual proceso la Junta Nacional de Justicia (JNJ), está llevando a cabo el concurso de méritos para nombrar en el cargo a los jefes de la ONPE y el RENIEC. Ello implicaría un proceso riguroso, imparcial y transparente para revertir la imagen del corrupción de la fenecido CNM. El ex congresista Edgar Raymundo (en su columna Zona de Fuego/Diario Correo) llama a poner ojo en el referido concurso “ya que parecía que los malos hábitos perduran o persisten”. Guillermo Thornberry Villaran (JNJ) habría incurrido en un conflicto de intereses. La norma provee la figura de inhibición y no lo hizo, más bien participó en el examen de conocimientos para supuestamente favorecer a postulantes que fueron funcionarios de confianza de la alta dirección, cuando él se desempeñaba como Sub Jefe Nacional del Reniec. Lo más grave es que uno de ellos fue el Jefe de la Onpe y el 2016 no fue ratificado en el cargo por incumplimiento de los objetivos institucionales, “el reglamento del concurso (6.2.1) exige que el postulante no debe de haber sido declarado como no ratificado en el cargo de Jefe de la Onpe o el Reniec. Pese a ello participa y continua en el concurso”. Si respetamos la Ley, hay que reconducir el proceso. Los dos organismos electorales, transitan en este periodo a la elección de sus nuevas jefaturas. Dos (02) finalistas en el caso de la ONPE, y diez (10) en el caso de el RENIEC. Se estima que el concurso recién culminaría recién el 31 de agosto.

El martes 28 de Julio, la JNJ evaluaba la destitución del Luis Arce, miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), vinculado al prófugo ex Juez Supremo Cesar Hinostroza (si, el de los audios de la vergüenza cuyo mensaje impune se tradujo en la frase “reducción de condena o absolución”, como favor a un presunto violador de una menor de once años), al abrirle un procedimiento disciplinario inmediato por “falta muy grave” aplicándole la Ley de la Carrera Fiscal (Perú 21/28-07-20/p8). Señalando como irregularidades, “la interferencia en el ejercicio de funciones de los otros organismos del Estado” y estableciendo relaciones de carácter extra procesal con las partes o terceros). La JNJ advierte que se había rechazado su conducta intachable, al haber aceptado ayudar al prófugo Cesar Hinostroza en un caso de Vacancia del alcalde de Carmen de la Legua. Se lo investiga por aceptar recomendaciones de Hinostroza, para interceder irregularmente a favor de la UPP (2018). Frente a ello su defensa señala: que faltarían elementos para señalar alguna responsabilidad. Nos queda claro que siempre quien hace la ley hace la trampa. El actual congresista Otto Guibovich (Lamparia) “algunas de las instituciones que mejor funcionan … son los organismos constitucionales autónomos. El JNE no lo es… ¿Los cambios tendrían sentido si un JNE autónomo, técnico, con procedimientos estables, que cuele donde colar? Hay que dudarlo”.

En relación al actual congreso, diversos constitucionalistas declaran que se habrían emitido normas que serían declaradas inconstitucionales, entre ellas: la de inmunidad; la misma que fuera cuestionada por el Ejecutivo y la opinión pública. Sería también preocupante que el Legislativo eilija los magistrados a la medida de sus intereses. El presidente del congreso anunció la comisión especial a cargo del concurso para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional (TC), hay por ello quienes señalan que debiera ser el próximo Congreso quien elija a los nuevos miembros del TC. La actual presidenta del TC, ha expresado su preocupación. Urge más bien poner por delante la Reforma Electoral en este periodo.

No existe voluntad inclusiva, más bien se buscaría eliminar a la competencia

El pre-dictamen Chehade, quien preside la Comisión de Constitución, buscaría impedir la postulación de diferentes candidatos presidenciales entre ellos: Verónika Mendoza, George Forsyth, Urresti, Cilloniz y Benavides; favoreciendo a los candidatos de sus propias agrupaciones (APP, FP y AP) en desmedro de otros al exigir estar acreditado con seis meses de militancia en sus partidos (antes ya había exigido el plazo de un año). Esta pretensión formalizada hasta con cuatro pre dictamines, afecta el principio de seguridad jurídica y de predictibilidad, además de afectar gravemente el derecho de la participación política al buscar excluir al contendiente o contrincante con la absurda lógica de cambio de reglas. No alcanzó un mayor consenso ya que 7 bancadas se mostraron en contra de este cambio. Estamos muy lejos de un enfoque inclusivo de diversos y plurales competidores, intención explicita de O. Chehade.

Viejas reglas y no renovación de la política

A la lógica de la exclusión se sumaría que se mantendrían las viejas prácticas políticas. Este temperamento se evidenció ya con la suspensión de las PASO (Elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias de la ciudadanía) remplazándolas por el hecho de elección de las cúpulas con discrecionalidad de los dirigentes. Se siguen sin aprobar en segunda vuelta las normas que impiden a los candidatos que tienen sentencias en primera instancia, con lo cual, no se prohíbe la postulación de corruptos y asesinos en los comicios del 2021. Se da así pase libre a condenados por delitos dolosos y algunos congresistas se convertirían en cómplices de tal sin sentido.

No esta aprobada la propuesta de la CANRP de Reforma en relación al Financiamiento de las Campañas, que aseguren una supervisión por efectos de incumpliendo de la rendición de cuentas y gastos de campaña. El martes 18 de agosto se tendría el primer dictamen. La eliminación del voto preferencial que afecta la eficacia de la aprobación positiva de la norma de Paridad y Alternancia sigue sin ser eliminado. Todo ello de cara a definir y aprobar una agenda mínima hacia el 2021.

No se evidencia voluntad con un proceso de renovación del Sistema de Partidos. En tanto se coloca a las nuevas organizaciones contra el tiempo. El 09 de agosto, el Congreso estableció un arbitrario plazo, el de poder inscribirse sólo hasta el día 30 de Setiembre. La nueva Ley de Partidos habiendo sido promulgada en agosto del 2019, fue recién reglamentada en diciembre pasado, para la inscripción de nuevas organizaciones se exige presentar 24,800 ciudadanos afiliados (antes eran 3,250 / 50 militantes x 65 comités) en 20 departamentos (antes eran solo 16) y 66 provincias de nuestro país. La pandemia, que se extiende ya por 150 días ha colocado al Perú en una grave crisis sanitaria, económica y de hambruna extendida, que bordea el medio millón de contagiados y 50 mil defunciones. En este grave escenario el conjunto de los requisitos de la actual ley establece solamente nuevas barreras de acceso al impedir la inscripción virtual pese a la emergencia. Sin embargo a las 24 organizaciones actualmente registradas, es decir inscritas con validez de participación en el 2,021, no cuentan en su mayoría con los requisitos que se les exige a las nuevas organizaciones para inscribirse. Catorce organizaciones actualmente inscritas (de un total de 24), no cumplen con los requisitos de 24,800 afiliados. Si bien es cierto frente a ello el JNE estableció un plazo para adecuarse a la ley (Abril 2020), el propio Jurado ha suspendido este requisito de adecuación, ello implica un trato arbitrario a favor de los ya inscritos, e impidió un proceso de renovación a nuevas organizaciones políticas.

Evidenciamos, por lo tanto, la no aplicación de las nuevas reglas, sino además el impedimento de nuevos actores y organizaciones políticas en la contienda del 2021. Exigimos por ello el requisito de un trato igualitario a las nuevas organizaciones, que han recabado los instrumentos necesarios para su participación. La actual Reforma Política Electoral tiene muy pocas posibilidades de renovar la Política. El Status Quo sería más bien favorable a la vieja política y al continuismo. El escenario está altamente fragmentado, ningún partido político con bancada en el Congreso superó el 9% de los votos emitidos (diferente a los votos válidos), expresando así la crisis de representación en la política peruana. El impedimento de nuevos actores políticos profundiza la crisis de representación

Gráfico Nro 1 : Resultados electorales 2020.

% de votos emitidos

  1. En el mapa electoral resultante del último proceso del 2020, la población sumada de: ausentes, nulos, blancos y organizaciones que no pasaron la valla, nos da un total de 10’001,006 personas y la cifra actualmente de ciudadanos en las bancadas en el congreso asciende en 10’162,730, solo existe por ello 161,724 de diferencia, masivamente la población peruana no esta representada en el actual Congreso , elemento que el Presidente Vizcarra, ni el ex Premier Cateriano y ahora Martos, tomaron en cuenta cuando plantearon el Pacto Perú restringiéndolo a las bancadas en el Congreso y a cinco temas priorizados. El nuevo Presidente del Consejo de Ministros Walter Martos no ha evidenciado en su mensaje al congreso mayor interés en esta situación. Martos en su presentación ante el Congreso el 11 de Agosto evito referirse al calendario electoral. Cateriano, en ese sentido, había anunciado un Proyecto de Ley para tener reglas claras con prontitud, evitando exclusiones de ultima hora como ya se vislumbra. Martos omitió este extremo.

Gráfico Nro 2: Pedro Cateriano como presidente de la PCM

Fuente Diario Gestión 4 de Agosto del 2020. https://gestion.pe/peru/politica/el-41-desaprueba-designacion-de-cateria…

La priorización reduccionista de Vizcarra , Cateriano y Martos, se limita a 5 temas en el Pacto Perú, los que están incluidos en el Acuerdo Nacional (AN) no vinculante, ignoraba que la crisis política y de régimen, en clave destituyente, que vive el Perú es anterior a la crisis generada por (1) el Covid-19 y (2) “la crisis de gabinete” de inspiración minera, que ya desde la calle había sido rechazado. La encuesta de Datum anterior a la presentación de Cateriano al Congreso señalaba que el 41% de la población desaprobaba su designación y el que el 26% respondía “no sabe/no responde” (ns/nr) y que sólo el 33% estaba de acuerdo con ese Premier. Luego de la negación de la confianza al “gabinete de 20 días”, el clima de crispación se ha incrementado como consecuencia de que el gobierno recién avanzó en sincerar que la cuarentena no logró frenar el avance del Covid 19, ubicando al Perú en una de las más graves situaciones a nivel mundial. Se pasó de cifras que establecían 18,816 personas fallecidas (25 de Julio) a una cifra de alrededor de 45 mil en una quincena. Un sinceramiento mayor lo reporta, sin embargo, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) que establece que el numero de 46,274 fallecidos en este periodo, cifras que aún se consideran en el sub registro . Los medios periodísticos dan cuenta que, en el Perú, hay mas muertos que en todo el 2019, proyectándose cifra de fallecidos en un numero de 100 mil al cerrar el año 2020. Mazzeti anuncio ante su presentación en el legislativo un segundo reporte de las cifras de la pandemia. El actual proceso electoral se da con doce regiones (de 25) en Estado de Emergencia, toque de queda, el mismo que podría ser ampliado, epidemia en grave ascenso. Debemos señalar que el Estado de Emergencia ha sido ampliado hasta el mes de Setiembre a través del DS Nro. 008-2020-SE y que el ejército patrulla las calles.

Si bien es cierto, hay quienes quisieran Vacancia antes de Vacuna existe un obstruccionismo de intereses subalternos en el Congreso y una crisis humanitarias entre las comunidades nativas en donde tres ciudadanos del pueblo Kukama, han fallecido luego que la policía reprimiera la protesta, nos preocupa gravemente que ya una renombrada revista de nuestro medio ha llamado la atención de un gabinete militarizado y se interroga, si será ¿PCM o AKM?. El Perú no requiere de un ministro del interior de “gatillo fácil”. Urge otro enfoque ya que se estiman 1,992 indígenas amazónicos contagiados en 19 comunidades, frente a lo cual se ha ofrecido un “Plan de Cierre de Brechas” en las comunidades indígenas afectadas.

El actual Congreso de la Republica 2020 /2021.

Fué instalado el 16 de Marzo del 2020 y culminará sus funciones el 16 de Julio del 2021, luego de tres legislaturas ordinarias. La primera de ellas culminó el 15 de Julio, sin embargo, como se ha dicho, no fué eliminada la inmunidad parlamentaria, manteniendo la vieja práctica de que “otorongo no come otorongo”, ignorando una reforma imprescindible planteada y debatida en el Congreso del 2019 disuelto entre otras razones por su impunidad y obstruccionismo . El actual Congreso modifico el artículo 4to de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) para poder producir reformas electorales en el plazo de seis meses, plazo que culmina el 26 de Setiembre del presente año, por supuesto con bancadas que votaron en contra.

En este escenario de incertidumbre de normas que podrán seguir promulgándose hasta fines de setiembre y que modificaran las reglas electorales, que estimamos podrían primar los intereses de las organizaciones políticas hoy en el Congreso y no se puede explicar ni justificar la aptitud de cerrarle el paso a nuevos competidores, impidiendo la renovación de la política.

No podemos dejar de tomar en cuenta que la opinión publica en encuestas publicadas previas al inicio de la cuarentena del Covid – 19 (Marzo 2020) que soló un 18% de la ciudadanía señalaba que el Congreso debería priorizar la Reforma Electoral, es indudable que otros temas cobraban mayor relevancia; mucho mas ahora con la congoja y estela de muertes que nos deja el Coronavirus.

Es así que en el actual proceso electoral, cuyas características hemos buscado señalar, no soló se requiere de la vigilancia y la movilización ciudadana, sino además de Misiones de Vigilancia Electoral Internacionales, el cambio de reglas con inestabilidad política y desconocimiento de las mismas , hasta la fecha, afectan la democracia plena que el proceso requiere, con dos gabinetes en ocho días, solicitando confianza ante el Congreso.

 La investidura de W. Martos aprobada con 115 votos (de 8 bancadas) luego de un mensaje centrado en lo urgente e inmediato que significó “música para los oídos” del Legislativo, se dio a la defensiva con una balanza inclinada (a favor del Congreso), en un clima de presión mediática y ciudadana con sentido de urgencia ante la crisis

Demándanos que el Presidente de la Republica y el nuevo gabinete no acepten la investidura de rodillas ante la vieja política, dando paso más bien al fortalecimiento y profundización de la Democracia. Estaremos atentos. La promesa de la Vida Peruana, que anunciaba Basadre, no es una realidad y 200 años después de proclamada la Independencia, el Bicentenario Patrio de luto, con un profundo dolor y hondo quebranto, lo que demanda un nuevo pacto político y social que implique bastante mas que solo votar cada cinco (05) años y no de vinos viejos en odres nuevos, sino una nueva Carta Magna para una nueva República de ciudadanas y ciudadanos.

– Aida García Naranjo Morales, Ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, ex Embajadora de Perú. Actualmente miembro de la CP del Partido Socialista -Perú y del Movimiento Nuevo Perú. 

agosto 13, 2020

http://nuevarepublica.pe/peru-abril-2021-el-parto-electoral/
https://www.alainet.org/es/articulo/208457

 

  • 20.28.-posición venezolana no competirá en las elecciones legislativas
  • Chile: tres senderos bifurcadosASCANIO CAVALLO

El líder opositor, Juan Guaidó, respaldó la decisión adoptada por la mayoría de los partidos.

Asamblea Nacional de Venezuela. Foto: AFP Por: EFE

Los 27 partidos que conforman el grueso de la oposición venezolana, que incluye a todos los que actualmente tienen representación parlamentaria al margen del chavismo, acordaron este domingo que no se presentarán a las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre por considerarlas un «fraude».

«Habiendo agotado todos nuestros esfuerzos nacional e internacionalmente para que tuviéramos un proceso electoral competitivo (…) las organizaciones políticas democráticas de Venezuela manifestamos (…) que, de manera unánime, decidimos no participar en el fraude electoral convocado por el régimen de (Nicolás) Maduro», sostiene un comunicado.

El documento ha sido firmado por 27 partidos, entre los que se encuentran los cuatro que componen el llamado G4: Primero Justicia, del que forma parte Henrique Capriles; Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López; así como los socialdemócratas Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo.

Denuncian que Maduro impide una elección libre

«El régimen de Nicolás Maduro, usando el control que ejerce sobre todos los poderes públicos en Venezuela, acabó con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva», aseguran.

Como parte de esa ofensiva que consideran que el presidente venezolano hace contra el proceso electoral, afirmaron que en las legislativas de 2015, los partidos que se coaligaron como «unidad democrática» se consolidaron con una tarjeta conjunta que, consideran, ha sido «secuestrada por el régimen, impidiendo su utilización a causa de medidas cautelares».

Además, «los directivos que representan a la Unidad como organización, aún se encuentran sometidos a procesos judiciales penales». También citan el nombramiento de una nueva presidenta para el Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo, que ya «desconoció la soberanía popular y ha mantenido al estado Amazonas sin representación parlamentaria».

Alfonzo fue sancionada en mayo de 2018 por el Gobierno de Canadá «en respuesta a las elecciones presidenciales ilegítimas y antidemocráticas» que se celebraron entonces y en las que Maduro fue reelegido como presidente.

El nombramiento debía hacerlo la AN pero lo asumió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al considerar que el Parlamento no iba a realizarlo tal y como le corresponde.

Piden restablecer el sufragio para todos los venezolanos

Frente a esta situación reiteraron sus planteamientos para poder presentarse a las elecciones que comienza por el «restablecimiento del derecho al sufragio para todos los venezolanos», lo que incluye a los cerca de cinco millones que, según la ONU, han emigrado.

También reclaman una garantía de «que el voto sea ejercido libremente, sin coacción o intimidación», así como la «prohibición de migración de electores de sus centros electorales naturales» y el «cese de las inhabilitaciones y enjuiciamiento de los dirigentes políticos» entre otros, como el nombramiento de un CNE independiente.

La falta de esas condiciones les lleva a creer que se «anula cualquier posibilidad de considerar el proceso convocado como un proceso electoral». Finalmente, los 27 partidos aseguran que no son «abstencionistas», pues «no hay abstención cuando lo convocado no es una elección» e invitan a la comunidad internacional a no reconocer el resultado.

«Somos demócratas y creemos en la unidad nacional: por ello decidimos no colaborar con la estrategia de la dictadura y convocar a todas las fuerzas sociales y políticas del país a la construcción de un nuevo pacto unitario y nueva ofensiva democrática en la que, junto al pueblo venezolano y la comunidad internacional, nos movilicemos para lograr la salvación de Venezuela», subrayan.

https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/partidos-de-oposicion-venezolana-rechazan

20.28.-Chile: tres senderos bifurcadosASCANIO CAVALLO

Con el cambio del gabinete y la penúltima cuenta presidencial, el gobierno ha completado su preparación para los 20 meses que le quedan. Es evidente que el Presidente desea que estas sean las últimas modificaciones que tenga que introducir en sus equipos, pero la vida ha demostrado que puede ser muy dura para este gobierno.

1 ago 2020.- La nueva etapa nace marcada por tres disyuntivas de resolución muy difícil.

La primera, y la más ciega, es la del control del Covid-19. Tras un comienzo optimista y hasta un tanto triunfal, el gobierno ha tenido que ver con desaliento que Chile se sitúa en el octavo lugar de los países con más contagios. La gestión del exministro Jaime Mañalich fue exitosa para impedir el “dilema de la última cama” -testeo, UCI y ventilación-, pero fue derrotada por la desconfianza en las cifras. La paradoja es que el debate sobre las cifras recién se plantea en otros países, con lo que la posición de Chile en el ranking podría variar a la baja.

Ahora el problema es otro: ¿Cómo mantener el descenso de los contagios en un ambiente social de exasperación e indisciplina? Si el gobierno mantiene las medidas de restricción, que han estado entre las más severas del mundo, parece seguro que los contagios disminuirán. Pero en el otro lado de la balanza aumentarán los daños del confinamiento, extendidos en un intolerable abanico que va desde la pobreza hasta la violencia intrafamiliar El carácter antinatural de las medidas restrictivas ha confirmado que no pueden ser muy prolongadas. Y Santiago ya sobrepasa los cuatro meses. Para más inri, una legión de críticos parece dispuesta a desplegarse si el gobierno levanta las restricciones y aumentan de nuevo los contagios.

La segunda encrucijada, atada con la anterior, es la de la situación económica. Mientras seis millones de chilenos se precipitaban sobre las AFP para retirar su 10%, los 12 proyectos acordados el 14 de junio por el ministro de Hacienda con la oposición han seguido un moroso avance en el Congreso: sólo tres aprobados, otros tres en trámite y seis aún no presentados. El posterior programa de subsidio directo a la clase media fue aprobado esta semana, después de la ley de retiro del 10%. Y todos han sido planes urgentes, de emergencia. El gobierno parece no haber contado con que las oposiciones, reunidas para esto en un solo bloque, pondrían celeridad a sus propias iniciativas antes que a las de La Moneda. Otra forma de propinarle más derrotas políticas.

Los 20 meses tendrían que tener su prioridad puesta en la recuperación de los ingresos, cuyos indicadores se han hundido más que lo previsto. El desempleo amenaza con escalar hasta cerca del 20%, la pobreza podría crecer en varios puntos y la caída del PIB, situarse sobre 12%. Este es un panorama desolador para un gobierno que se proponía recuperar el crecimiento; pero es también una oportunidad épica si para el segundo semestre del 2021 ha restaurado parte de los daños inferidos por la pandemia. Claro que no contará con el apoyo de la oposición. Cuando mucho, una parte de ella dirá que mantiene su palabra con el acuerdo del 14 de junio, pero en los hechos se someterá a desbordarlo si así lo aconseja el viento del momento.

La tercera encrucijada es la situación del orden público. Hay una parte de los ciudadanos que vio el ascenso de la lucha callejera bruscamente ahogado por la pandemia, pero estaría dispuesto a retomarlo a la primera oportunidad y, de ser posible, con más fuerza, para el aniversario del 18-O. Hay otra parte que se suma a ese clima sólo para dar desahogo a la exasperación, sin demasiada conciencia de sus implicancias de fondo. Entre ambas forman una ola que puede resultar altamente desestabilizadora.

En el cambio de gabinete, el presidente ha puesto a cargo de Interior a un hombre que no desearía ser vencido por el descontrol del orden público y que usará todos los recursos de que disponga para impedirlo. El caso es que, por lo menos el 18-O, esos recursos se mostraron escasos y poco eficientes.

El problema del orden público tendrá un impacto directo sobre el plebiscito del 25 de octubre, cuya realización y legitimidad dependen de un mínimo de garantías. El movimiento de las calles no ve, y en algún caso rechaza, el vínculo entre orden público y procesos electorales, a pesar de que la experiencia histórica es abrumadora y de que una nueva Constitución nacida en un ambiente de miedo no sería distinta de la 1980.

Un gabinete que logre durar 20 meses enfrentando todos estos dilemas sería heroico.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-tres-senderos-bifurcados/4KEDTNZDBRARPKHOGIP5M45RSY/

  • 20.27.-La pobreza en Venezuela JORGE IVÁN GONZÁLEZ
  • Panamá, ¿se abre el paraíso? BEETHOVEN HERRERA
  • Chile: el último gabineteASCANIO CAVALLO

Recientemente, la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto de Estudios de Investigaciones Económicas y Sociales, publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (Encovi).

31 jul 2020.- Los datos son alarmantes. Entre 2005 y 2019, la incidencia de la pobreza monetaria pasó de 34,4% a 96,2%. Y los porcentajes correspondientes a la pobreza extrema aumentaron de 10,7% a 79,3%. Casi 80% de los venezolanos no tienen los recursos necesarios para adquirir los alimentos básicos. Y el coeficiente de Gini continúa siendo relativamente alto. El año pasado fue de 0,51.

La revolución bolivariana no mejoró las condiciones de vida, y tampoco disminuyó la desigualdad. Y, sin duda, con la pandemia la situación va a empeorar. Estas cifras dan pie para varias reflexiones.

La primera tiene que ver con la necesidad de estar vigilantes. Todas las sociedades pueden echar para atrás los logros sociales. Incluso, en países ricos como Venezuela. En uno de los diálogos platónicos, se dice que para ser feliz se requieren dos condiciones: riqueza y virtuosidad. La economía Venezuela ha tenido la primera, pero no ha logrado ser virtuosa. Antes de Chávez tampoco pudo sembrar las bonanzas. Y la situación se agravó porque la mala administración de los gobiernos bolivarianos ha llevado al hundimiento de la riqueza. Durante los años de altos precios del petróleo y de los hidrocarburos, no se logró consolidar la producción interna, ni mejorar la competitividad internacional.

Otras sociedades también han tenido retrocesos significativos. En los años siguientes a la caída del muro de Berlín, la crisis institucional que se presentó en Rusia llevó a una disminución significativa de las tres dimensiones constitutivas del Índice de Desarrollo Humano: esperanza de vida, educación e ingresos.

Preocupa, además, que en Venezuela se conjuguen la pobreza y la desigualdad. Cuando las sociedades se empobrecen el coeficiente de Gini tienden a disminuir porque los ingresos se igualan por lo bajo. Pero un Gini de 0,51 estaría indicando que entre los pobres las diferencias de ingreso son significativas y, además, que es relevante la brecha entre la gran mayoría, que son pobres, y el reducido número de quienes no lo son. Uno de los grandes ideales del pensamiento bolivariano fue la reducción de las desigualdades, y este propósito no se consiguió.

Las limitaciones de información continúan siendo un problema significativo. La altísima inflación dificulta las comparaciones intertemporales, tanto a nivel nacional como internacional. Venezuela terminó aceptando una dolarización pasiva, que también permea la contabilidad social. Sin información la política pública pierde la brújula. Debe observarse, además, que la información sobre pobreza y distribución no es de los organismos oficiales.

Al observar el panorama político de América Latina, es bueno retomar la pregunta de Oxfam y de Stiglitz: ¿por qué 99% de los votantes elige a gobernantes que van a defender la riqueza de 1%? Una de las respuestas es la incapacidad que tuvieron los gobiernos de izquierda de ofrecer alternativas. Es inaceptable, por ejemplo, la corrupción del Partido de los Trabajadores de Brasil, o de la familia Ortega en Nicaragua. En 1985 cuando Ortega se posesionó como presidente después del triunfo de la revolución sandinista había esperanza. Hoy se le compara a Somoza.

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/la-pobreza-en-venezuela-3038617

20.17.-Panamá, ¿se abre el paraíso? BEETHOVEN HERRERA

Panamá entregará a Colombia información sobre residentes fiscales colombianos, incluyendo los reportes del 2019.

Los diversos gobiernos colombianos han sostenido que las manufacturas importadas desde Panamá no son producidas en ese país, ‘que se utilizan para lavar dineros ilícitos y por ello pueden derrumbar los precios, y en respuesta Colombia ha aplicado medidas.

26 jul 2020.- El ministro Luis Guillermo Plata promulgó un decreto que limitaba el ingreso de bienes desde Panamá a los puertos de Barranquilla y Bogotá, el cual fue demandado ante la OMC y fallado en contra de Colombia.

Entonces los ministros Sergio Díaz Granados y María Claudia Lacouture establecieron y adecuaron un arancel mixto a esas importaciones, con los resultados indicados.

Nuevamente Panamá demandó a Colombia y en junio de 2013 el órgano de apelación de la OMC ratificó que los aranceles exceden los niveles pactados por Colombia, pero reconoció que “algunas mercancías cuyo precio es igual o inferior a los umbrales que se podrían importar en Colombia, tienen precios artificialmente bajos con fines de lavado de activos”.

En cinco años con vigencia de las medidas colombianas las importaciones de calzado cayeron de 20’734.000 pares a 1’109.000 (94%), y las importaciones de confecciones bajaron desde 5’000.000 de kilos a 231.000 (96%).

En febrero del corriente año la Unión Europea volvió a incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales de la cual había sido retirado en 2018 y para cumplir con las exigencias de la Ocde Panamá aceptó comenzar a intercambiar información fiscal con Colombia a partir de este año.

Entre los documentos filtrados por Wikileaks, se cita el informe confidencial de la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Linda Watt, titulado Understanding Panama’s Colon Free Trade Zone, según el cual “gran parte del valor agregado proporcionado por los comerciantes de la Zona consiste en ayudar a sus clientes a evadir los derechos de aduana y las leyes cambiarias del país importador.

En un sistema como ese, se hace fácil hacerse el de la vista gorda respecto de actividades delictivas graves”. (Citado por Espinosa Fenwart, Portafolio, agosto 23 de 2016).

Y la información publicada en Panamá Papers mostró que la firma Mossack-Fonseca, había creado 200.000 entidades fantasmas, en una evidente estrategia de evasión fiscal y se sospecha que en algunos de esos casos podría haber servido para canalizar recursos ilícitos.

Ahora, Panamá entregará a Colombia información sobre residentes fiscales colombianos, incluyendo los reportes relativos al 2019. El 25 de septiembre vence el plazo para que los residentes fiscales colombianos declaren, liquiden y paguen el impuesto de normalización tributaria, complementario al de renta y patrimonio, mediante el cual los contribuyentes que tengan activos omitidos, o declarados pasivos inexistentes al 1 de enero de 2020 pueden normalizar su situación fiscal. Las penas para esas conductas pueden ser privación de libertad de 48 a 108 meses y una multa del 20% del valor de pasivo inexistente.

La acción de firmeza y diálogo sostenida bajo tres presidentes en dos décadas por los ministros Jorge Humberto Botero, Luis Guillermo Plata, Sergio Díaz-Granados, María Claudia Lacouture, Santiago Rojas y José Manuel Restrepo, en coordinación con la cancillería de Colombia han producido este buen resultado. ¡Ojalá no quede en letra muerta!

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/panama-se-abre-el-paraiso-543047

20.17.-Chile: el último gabineteASCANIO CAVALLO

El presidente decidió poner fin al gabinete surgido tras el 18-O, centrado en las personas moderadas y liberales que suele representar Evópoli, y trasladar al gobierno a las figuras más representativas de sus dos partidos mayores.

28 jul 2020.- No parece exacto decir que es un cambio de “palomas” por “halcones”, aunque el ingreso del senador Víctor Pérez al Ministerio del Interior podría tener ese significado si fuese el único. Es un hecho que es una alternativa que satisface al ya exasperado reclamo de los partidarios del gobierno por aceptar el maltrato sin contrapartida que la oposición le ha dado al ministro Gonzalo Blumel y por la rebelión anómica, caótica y también sin respuesta de sus propios diputados y senadores.

Lo más importante no es esto, sino que el presidente decidió trasladar a su gabinete la división clamorosa de sus partidos de base. Parecía lógico esperar a que ellos resolvieran sus crisis de liderazgo para después replantear su relación con el gobierno. Pero las fechas en que ello puede ocurrir mediante elecciones internas, noviembre para RN y diciembre para la UDI, están a la distancia de una eternidad política. De modo que Piñera decidió invertir el orden e incluir a los principales adversarios de RN –Andrés Allamand y Mario Desbordes- y de la UDI –Pérez como aliado de Jacqueline Van Rysselberghe y Jaime Bellolio-, en condiciones de relativa igualdad, en el equipo ministerial. Parece un esfuerzo final para que la ropa se lave en casa y se modere ese fuego cruzado donde La Moneda queda al medio.

Por supuesto, esto no es ninguna garantía de que las tensiones intestinas cesarán. No fue así en ninguno de los gobiernos de la Concertación, aunque ninguno tampoco llevó tan lejos la representación oficial de las fracciones en la foto oficial. Peor aún: si este gabinete dura lo que debería dudar, tendrá en noviembre a los candidatos de las internas de RN y en diciembre a los de la UDI, en ambos casos con las elecciones más duras de los últimos años.

Pero, por el otro lado, es un gabinete con una sucesión de desafíos como no ha tenido otro en mucho tiempo: primero, el proceso de desconfinamiento, que será todo lo problemático que pueda ser, según anuncian los grupos decididos a que el gobierno no consiga ni un solo aire de triunfo; en paralelo, la reducción de la violencia en la Araucanía, que parece fuera de control en algunas zonas; luego, el aniversario del 18-O, que otros sectores querrán constituir en un nuevo hito insurreccional; y, sobre la marcha, la preparación y ejecución del plebiscito constitucional, con todos los problemas de información y participación que ya se divisan. En este último caso hay que agregar las posiciones altamente divergentes de los nuevos ministros sobre la naturaleza misma del plebiscito.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/el-ultimo-gabinete/NUAPEEG7PNAOBLV2O6KDGCI4M4/

20.26.-Recapitulación chilena ASCANIO CAVALLO

El presidente Piñera decidió no chistar más ante el retiro del 10% de los fondos previsionales y convertirlo en ley en forma expedita, incluso récord. Al mismo tiempo, el gobierno ha querido sostener que no lo considera una derrota, en parte porque parece no querer dar el gusto a sus adversarios y en parte porque con ello sugiere que la derrota real está en otra parte, no en La Moneda, y por lo tanto no existe la necesidad de cambiar al equipo de conducción política.

25 jul 2020.- Desde un punto de vista estratégico, no le falta razón. El daño más grave está en el interior de los partidos de Chile Vamos, que no hizo más que profundizarse en las últimas votaciones del Senado y la Cámara. Cualesquiera que fuesen sus razones, los senadores y diputados que abultaron la votación en favor del proyecto expresan, si no una voluntad de ruptura con sus “principios” (como han solido argumentar), cuando menos la aporía de desconocer la línea programática histórica de RN y la UDI. Esta herida tendría que volver a sangrar cuando ambos deban configurar sus listas de candidatos para las numerosas elecciones del 2021.

Y puede empeorar todavía más si es que, como dicen expertos calificados, los efectos más duros del retiro previsional empiecen a sentirse en el 2025, cuando aumente la masa de jubilaciones bajo el régimen actual. A menos que se modifiquen los períodos vigentes, ese será también otro año de elecciones parlamentarias y presidenciales, después de un gobierno (el que siga a Piñera) que tendrá que dedicarse a restañar la estela de pobreza dejada por la paralización de la economía. Pobreza que cabría llamar estructural, como hace unos 30 años, porque proyecta una sombra ominosa no sólo sobre las familias, sino también sobre los empleos, las empresas y el propio estado.

En fin: en un ambiente donde el futuro es hoy, mejor alejar esos augurios.

Desde el punto de vista táctico, sin embargo, el gobierno ha sufrido una derrota total, no por la nueva ley (ni por el gabinete, que ha dejado de importar tanto), sino por lo que representa en la trayectoria de los últimos meses. ¿O alguien pudo imaginar, por ejemplo en marzo, que el control de la pandemia podría derivar en esto?

Veamos.

Después de la pérdida del control del orden público y la iniciativa política con los sucesos del 18-O, la pandemia le ofreció al gobierno una oportunidad objetiva: la reposición obligada del imperio del estado por razones sanitarias. A mediados de marzo se entendía que sin la unidad del país detrás de la disciplina exigida por las autoridades –el gobierno- podía sobrevenir una tragedia colectiva.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-recapitulacion/AITHKCY72JFNJG4N6V2ELWLGMI/

  • 20.25.-Chile: el fin de una era ASCANIO CAVALLO
  • Fernández flexibiliza la cuarentena en Buenos Aires por el hartazgo social  MAR CENTENERA

Se terminó el sistema de partidos mayoritarios en Chile. Desde el miércoles 15, parece que ya no se volverá a ver grandes formaciones capaces de establecer alianzas sólidas y ofrecer con ellas una garantía de mínima gobernabilidad. Se acabó la derecha como bloque mayoritario, y si vuelve a tener un candidato con aire, pasado o afiliación de derecha, tendrá que postular bajo una urdiembre de partidos menores y grupúsculos chúcaros.

18 jul 2020.- En la votación para autorizar el retiro del 10% de las AFP no hay mucha racionalidad económica. Se invita a la gente a que eche mano de sus ahorros, pero nadie dice si se les devolverán, ni menos con un Estado que agotará sus reservas y comenzará a endeudarse con cargo a las nuevas generaciones. No ha primado esa racionalidad, sino sobre todo una cierta pulsión de venganza, primero contra las AFP y después contra Piñera.

La oposición encontró la oportunidad de infligirle al gobierno una derrota, ya no marginal como estaba acostumbrada, sino sustancial, con sus propios diputados. Una ocasión dorada, que podría confirmar que el antipiñerismo es más que el piñerismo, aunque por ahora no ofrezca una gobernabilidad alternativa. Y los 13 diputados desalineados del oficialismo vieron un momento redondo para expresar su enojo -por muchas, muchas razones- con el Presidente que les pedía su voto. Una pulsión que se satisface sin término.

El resultado ha sido una derrota estructural para el gobierno. Cuando recién asumió, el Presidente solía increpar a sus partidos aliados por haber sido incapaces de trasladar al Congreso la mayoría que él obtuvo en las urnas. Ahora, los parlamentarios han querido demostrarle que el grupo minoritario es el suyo, que está solo, como estuvo el 18-O y como seguramente lo seguirá estando en los 18 meses que le quedan. Han querido decirle que el “pato cojo”, el gobierno abandonado, ha comenzado en julio, mucho antes de lo que se acostumbra.

Más allá de las medidas disciplinarias, la historia de los votantes “díscolos” ya se conoce: en poco tiempo terminan formando un partido propio. Y los desgajados de los grandes partidos terminan siendo pequeños partidos, cuando no varios diferentes: los dos Mapu, la IC, el PSA, la Usopo, la DR, el Padena, el PALR, el PLa, el PIR: una sopa de letras que pasa al pie de página de la historia. La humillación que los 13 diputados de Chile Vamos le infirieron al Presidente Piñera tiene cierto parecido con la que Adolfo Zaldívar le propinó a la Presidenta Bachelet con el presupuesto de un peso para el Transantiago. Zaldívar fue expulsado de la DC y formó un partido que en poco tiempo se convirtió en dos, el PRI (piñerista blando) y el FRSV (opositor duro). Hacia allá se encaminan, quiéranlo o no, por la fuerza de su inercia centrífuga, los 13 o muchos de ellos.

La nueva verdad es que en el Congreso ahora todos son minoría. Sólo hay partidos-fragmentos, como ocurrió en la época de degradación del parlamentarismo, allá por 1925, y parece bastante probable que el país entre en una etapa de alianzas de ocasión (a menudo espurias, según muestra también la experiencia histórica) para disputarse sólo los pedazos del queso. El avanzado proceso de desertificación del liderazgo va de la mano con ese proceso.

La derecha mantenía su unidad en función de resistir a la amenaza de la izquierda. La pandemia le ha proporcionado una razón para ignorar esa amenaza. Pero la verdad es que esa tentación venía de antes, desde el 18-O -cuando el gobierno exhibió su incapacidad de imperio- y quizás aun antes, cuando empezó a elegir a sus candidatos y dirigentes con las encuestas o el número de likes de anteayer.

Un esquema como este hace que el usual balance entre convicciones y conveniencias con que las personas adhieren a un partido se incline con más fuerza hacia este último componente, en un ciclo que se alimenta de sí mismo. Los partidos, que suelen retribuir las convicciones, pasan a pagar aspiraciones menores y más precisas.

Y entonces, ¿se acabó el gobierno? Como ente administrativo, no, de ninguna manera: hay muchas elecciones por delante, además de que está demasiado a la vista una crisis económica de proporciones aún no calculables, una crujidera que demostrará que en vez de debatir sobre la opulencia será necesario regresar a la escasez, porque el país, como la interminable clase media, sólo necesitaba un par de tropiezos para caer de su frágil posición. Dicho sea de paso, uno de esos tropiezos es el confinamiento colectivo, la medida más desgraciada que se le pudo ocurrir al mundo. Pero ese es otro tema.

En cambio, en cuanto ente programático, el gobierno sí se acabó. Los proyectos con que venía han fenecido y el “modelo Cameron” yace arrugado en la papelera, igual que el de Cameron. Como unidad política, es una minoría más. Tal vez la historia diga que tal como con Bachelet 2 se pulverizó la izquierda, con Piñera 2 se pulverizó la derecha y, sin ser culpa de ninguno de los dos, entre ambos le pusieron fin a una era inusual de la política chilena. ¿O la culpa fue del 2?

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-el-fin-de-una-era/KUHU3WZ23NGBBPJ73VJFOVMVUY/

20.25.-Fernández flexibiliza la cuarentena en Buenos Aires por el hartazgo social MAR CENTENERA

El anuncio presidencial tiene lugar días después de registrarse un nuevo récord de casos diarios

El presidente Fernández, durante la conferencia de prensa del día de hoy. (FOTO: EFE | VIDEO: EPV) 

Argentina quiere volver de forma escalonada a la normalidad. El Gobierno de Alberto Fernández anunció este viernes una flexibilización de la cuarentena que rige desde hace 120 días, casi un tercio del año ya, pese a admitir que el número de contagios es elevado y que Argentina está “muy lejos” de superar la pandemia de coronavirus.

17 jul 2020.- Las restricciones a la circulación en Buenos Aires y su extrarradio, donde se concentran nueve de cada diez casos positivos por covid-19, no se levantarán, pero se relajarán. En las próximas dos semanas, reabrirán comercios, peluquerías, despachos de abogados y templos para el rezo individual. Volverá a permitirse el ejercicio al aire libre y se ampliarán los días en los que los menores pueden salir de casa, ahora limitados a los fines de semana. Si los contagios se disparan, se dará marcha atrás.

“Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a ir tratando de volver a la vida habitual en este nuevo mundo que nos exige cuidados diferentes”, dijo Fernández desde la residencia presidencial. Los habitantes de Buenos Aires se han habituado ya a salir a la calle con mascarilla, a dejarse tomar la temperatura al entrar a un supermercado, lavarse las manos con frecuencia, llevar siempre encima alcohol en gel y mantener dos metros de distancia con los demás. “Estamos en una situación buena a pesar de lo mucho que han crecido los contagios en el último tiempo”, destacó el presidente, acompañado del alcalde de la capital argentina, Horacio Rodríguez Larreta (opositor), y del gobernador de Buenos Aires. De forma virtual se conectaron también sus pares de las otras tres provincias más afectadas: Chaco, Río Negro y Jujuy.

Hasta el momento, Argentina ha registrado 114.783 personas contagiadas de la covid-19, entre las que 2.112 han muerto. La pandemia comenzó a acelerarse a partir de junio y el martes se registró un nuevo récord de casos diarios, 4.250. Aun así, el Gobierno sostiene que el retorno a la cuarentena estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)—donde vive casi un cuarto de la población argentina— ha ralentizado el ritmo de crecimiento y de ocupación de camas intensivas. Con esos datos en la mano, el Ejecutivo ha decidido flexibilizar el aislamiento y aliviar el malestar de gran parte de la ciudadanía, preocupada por su merma de ingresos por la paralización de las actividades económicas y también por las consecuencias físicas y mentales de un encierro tan prolongado.

“Sabemos lo difícil que está siendo este tiempo para todos. Difícil por la enfermedad, porque hay un problema sanitario, pero también hay un problema económico, social y afectivo”, reconoció Kicillof. Argentina está en su tercer año de recesión económica y la pandemia ha disparado la pobreza extrema: de ocho millones de personas que requerían asistencia alimentaria se ha pasado a once.

Tanto el presidente argentino como los gobernadores hicieron hincapié en la responsabilidad individual de cada ciudadano para mantener medidas de higiene y prevención que limiten la propagación del virus. “Estamos en una etapa que va a depender muchísimo del esfuerzo de cada uno, de que nadie se relaje”, advirtió Kicillof, al frente de la provincia más poblada y con mayor número de casos. El Gobierno quiere evitar un pico pronunciado de la pandemia que provoque un colapso sanitario, tal y como ha ocurrido en países como España e Italia.

Entre las restricciones que siguen vigentes en Buenos Aires y su área metropolitana están las reuniones sociales, las actividades culturales y la reapertura de cafés y bares. Las escuelas, sin clases hasta agosto por vacaciones, permanecerán cerradas tras el receso invernal.

El regreso a la nueva normalidad se define provincia a provincia. La precaución con la que se dan los primeros pasos en Buenos Aires contrasta con la avanzada reapertura en aquellas provincias donde no se registran casos.

https://elpais.com/sociedad/2020-07-17/fernandez-flexibiliza-la-cuarentena-en-buenos-aires-por-el-hartazgo-social.html

  • 20.24.-Bolivia: intentan apresar a Evo y proscribir al MAS ante inminente triunfo electoral – VERÓNICA ZAPATA
  • Dónde va Chile Vamos – ASCANIO CAVALLO
Foto: HispanTV

El lunes 6 de junio la fiscalía de Bolivia imputó y pidió la detención del ex presidente Evo Morales por “Terrorismo y sedición”, reactivando de esta manera la causa basada en un audio casero atribuido al exmandatario, que supuestamente desde México donde se encontraba refugiado, instruyó al dirigente cocalero Faustino Yutra a bloquear caminos e impedir el ingreso de alimentos a diferentes ciudades en el marco del golpe de Estado de noviembre del 2019.

7 jul 2020.- La investigación había comenzado el 20 de noviembre del 2019 luego de que el gobierno de facto presentó los cargos contra el exmandatario por “terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo”. El 20 de diciembre los fiscales pidieron la detención de Morales que se encontraba en Argentina con el “estatus de refugiado” por lo que las autoridades argentinas rechazaron extraditarlo.

Interpol tiene sede regional sudamericana en Buenos Aires, se espera que se mande un pedido de alerta roja para crear un conflicto diplomático con Argentina cuyo presidente Alberto Fernández no reconoce a Jeanine Áñez como presidenta constitucional y legítima del Estado Plurinacional de Bolivia, porque no accedió al poder por el voto democrático. Se autoproclamó presidenta de Bolivia en una asamblea legislativa semi vacía y la banda presidencial se la coloco un militar.

Por fuera la Asamblea Legislativa estaba sitiada de militares, rodeada de tanques y helicópteros. La autoproclamación se produjo posterior a la renuncia del ex presidente Morales a pedido del jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman.

Para llegar a ser presidenta de facto, Áñez primero se autoproclamó presidenta del Senado, y recién luego presidenta de Bolivia. Era la segunda vicepresidenta del Senado por lo que no cumplió con la línea de sucesión. Su partido había obtenido apenas el 4% de los votos.

 Los abogados de Morales, Raúl Zaffaroni y Gustavo Ferreyra emitieron un comunicado en el que señalan que “Bolivia es un estado de derecho donde rige la fuerza bruta. La imputación a Evo Morales constituye la enésima evidencia del estado policial en Bolivia. Las pruebas no existen, la acusación fiscal es un disparate, igual que el pedido de detención”

“No hay cargo penal alguno que deba incriminar al expresidente, nuestro defendido. Morales lucha por la recuperación del estado constitucional y la democracia. El peso de nuestras razones despeja los señalamientos despreciables, cómo son la imputación y el pedido de detención”, añaden.

Por otro lado, el 15 de junio se reactivó la investigación en que se acusa a Evo Morales de planificar un fraude en las elecciones del 2019 y se anunció la presentación espontánea de un “testigo clave” cuya declaración permitiría ampliar las denuncias y los pedidos de captura. Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral quién tiene estrecha amistad con Carlos Mesa candidato de Comunidad Ciudadana y aparece con él en diversas fotografías en redes sociales, se sumó a esta denuncia.

La estrategia golpista es “probar” por medio de jueces cooptados por el golpismo que hubo fraude sin pruebas y anular la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo. Sería una opción para los golpistas que les permitiría ganar una elección: sacar de competencia electoral al MAS.

 La persecución política y judicial contra el exmandatario no termina ahí. El 25 de junio Arturo Murillo, ministro de Gobierno de facto, acusó a Morales disparatadamente de ser el ideólogo de la escandalosa causa de corrupción por la compra de respiradores con sobreprecios en el que se detuvo al ex ministro de salud golpista Marcelo Navajas.

Murillo sostuvo que esta causa responde a “una conspiración del MAS” y amplió las denuncias al dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, y a dos exministros y otras 10 personas, por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y organización criminal. En esta causa también se habría presentado un “testigo clave” que brindaría datos que compromete a los dirigentes y a ex funcionarios del MAS.

Proscripción del candidato a presidente, Luis Arce

 El 30 de junio se conoció la denuncia penal interpuesta por Sergio Flores, gerente de la gestora pública de pensiones, contra Luis Arce Catacora, candidato a presidente por el Movimiento Al Socialismo, acusado de la compra de dos programas informáticos cuando fue presidente del directorio de la gestora publica, que habría causado un daño económico en detrimento del Estado.

La denuncia fue realizada a dos meses de las elecciones presidenciales fijadas para el 6 de septiembre en el país y en el contexto en que Áñez anuncia el decreto 4.272 de reactivación del empleo. El MAS denunció que dicho decreto implica el retorno al neoliberalismo, favoreciendo a las empresas privadas y excluyendo a las empresas públicas de recurrir a los fondos del tesoro nacional, condenándolas a la quiebra para su posterior privatización.

De tal manera, se pone en riesgo la existencia de los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, cuyo fondo para el pago proviene de las rentas de las empresas públicas. Además, este decreto determina la privatización de los servicios básicos: luz, agua, gas, etc., que fueron declarados como un derecho humano por Morales quién bajó el precio de estos servicios en el país.

El ministro de Justicia del gobierno de facto, Álvaro Coimbra, confirmó que aceptaran la denuncia contra Luis Arce y solicitó a la fiscalía que reactive las diligencias para citarlo en el caso del desfalco del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinos (FONDIOC), en la que estarían implicados el exministro de Economía y la mayoría de los exfuncionarios del gobierno del ex presidente Morales.

Luis Arce es acusado de incumplimiento de deberes y otros “delitos”. Coimbra también relató que se reactivaran los más de 60 procesos por presunta corrupción durante el gobierno de Morales.

La persecución judicial o lawfare es una estrategia conocida en la región al que han sido sometidos diversos exmandatarios como Lula Da Silva, Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner para intentar sacarlos de competencia electoral ante el abrumador apoyo de sus pueblos. El caso brasileño fue paradigmático.

El 30 de junio. la dirección nacional del MAS-IPSP. emitió un comunicado denunciado el intento de inhabilitar al candidato a la presidencia Luis Arce, que se presenta como ganador indiscutido en las encuetas, con el fin de impedir su participación en los comicios del próximo 6 de septiembre.

De tal manera, se proscribiría al MAS, principal fuerza política de Bolivia, mediante un golpe judicial. Se apuesta a competir en una elección, pero sin el principal competidor.

Luis Arce llegó a La Paz, desde el exilio en México para iniciar su campaña proselitista el 28 de enero pasado, de inmediato fue notificado por la fiscalía por un caso de corrupción apenas bajó del avión en un pasillo del aeropuerto de El Alto. Anteriormente, Luis Arce también estuvo en resguardo en la embajada de México en La Paz posterior al golpe de estado del 10 de noviembre del 2019 y se asiló en México luego de obtener un salvoconducto del gobierno de facto.

Las elecciones en Bolivia están fijadas para el 6 de septiembre, y todas las encuestas dan por ganador a Luis Arce, el candidato del Movimiento al Socialismo. El contexto es de crisis política, económica, social y sanitaria en el país con una fuerte ofensiva golpista hacia el pueblo boliviano para evitar las próximas elecciones a toda costa, pese al establecimiento de la fecha electoral.

El golpismo busca evitar los comicios con acciones violentas para convulsionar el país y en simultáneo administra siniestramente la pandemia con el fin de obtener un pico de 130 mil contagios para la fecha electoral. Por este motivo, Áñez no tomó las medidas de contención necesarias y recién luego del colapso sanitario, se empezaron a realizar pruebas para justificar el disparo en las cifras oficiales. Otra opción sería llevar a cabo las elecciones, pero eliminando de la competencia al principal candidato opositor y/o anulando la personería jurídica del MAS. También se advierte la asunción de un gobierno netamente militar que eliminaría la realización de los comicios en la fecha establecida. Esta situación se entrelaza y reconfigura en relación al contexto geopolítico regional e internacional en que EEUU dejó de ser la potencia económica del mundo y el jefe de Áñez, Donald Trump, también cae estrepitosamente en las encuestas para su reelección, lo que demuestra que la pandemia puede llevarse puestos varios gobiernos.

Verónica Zapata

Periodista y psicóloga boliviana, colaboradora del Centro latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

http://estrategia.la/2020/07/07/intentan-apresar-a-evo-y-proscribir-al-mas-ante-inminente-triunfo-electoral/

20.24.-Dónde va Chile Vamos ASCANIO CAVALLO

Chile Vamos sufrió una implosión esta semana. Se desmoronó hacia adentro, presionado por fuerzas externas que no resistió. Con ello se quebró el último pilar político-institucional que tenía el gobierno de Piñera. Quizás La Moneda no lo vea de la misma manera, pero la fractura del miércoles es un anuncio de que los 20 meses que le quedan serán todavía más pedregosos de lo que parecía.

11 jul 2020.- La gestión de la pandemia no ha sido un salvavidas. Ni siquiera sus partidarios han aceptado esperar para hacer el balance completo. El predominio del corto plazo lo ha devorado todo, tal vez porque se ha convertido en un rasgo de la política moderna, como lo identificó el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso en su conversación de esta semana con La Tercera.

¿Qué ocurrió realmente el miércoles con la coalición oficialista? Una de las dificultades para precisarlo es que la discusión acerca del retiro del 10% de los fondos acumulados en las AFP envuelve por lo menos cinco niveles de relevancia y se puede dar, por cierto, que muchos de los diputados no los tuvieron en cuenta o simplemente no los perciben.

Está en la naturaleza de los “díscolos” emplear su voto para enviar mensajes al gobierno y, muy secundariamente, a su propio electorado. También es parte de su identidad probar ese estatus hasta que las discrepancias se profundizan, abandonan sus partidos y pasan a la oposición más dura.

A juzgar por sus fundamentaciones, a los “díscolos” de Chile Vamos les eran irrelevantes las implicancias más amplias de la propuesta del 10% -unos tres niveles: el sistémico, el de la reforma de las pensiones y el del Acuerdo Económico-Social, cada uno con su propia complejidad.

 Lo importante era mostrarle al gobierno que no están dispuestos a negarse a una medida que, de acuerdo con las encuestas, tiene alta popularidad. En otras palabras: no pagar más costos en el altar de Piñera. Ya instalados sólo en el cuarto nivel del problema, esto fue suficiente para que nueve diputados de RN y cuatro de la UDI votasen en contra de lo que su sector, su coalición, sus partidos y su gobierno han defendido por 30 años.

Como en todo fenómeno similar, las raíces del conflicto se encuentran más atrás, aunque muchos eligen como momento estelar el 18-O, cuando RN reaccionó con una evidente división ante la amenaza pública. El gobierno califica al presidente del partido, Mario Desbordes, de “populista” y la oposición lo llama “liberal”.

 Ambos términos son demasiado interesados. Desbordes no encarna nada distinto de una corriente muy antigua en la derecha, nacional-popular, por llamarla de alguna manera, que nunca ha aceptado el ascendiente liberal que ha imperado en su coalición desde los años de Pinochet, y que pudo ver en el 18-O la oportunidad para liberarse de esa carga, mejor representada por la UDI. RN nunca ha sido un partido unitario y lo será menos si algunos dirigentes creen que su coalición y su propio gobierno no les conviene.

En la UDI, el detonante fue otro: la negativa del gobierno a ejercer el veto presidencial en la ley que limita las reelecciones de los alcaldes y que, en su caso, afectaría a algunas de las figuras más notorias del partido. Los alcaldes son, a la vez, aliados y eventuales competidores de los diputados, y estos, de los senadores, de modo que lo que se afecta no es un cargo, sino una verdadera cadena política.

La UDI pidió que Piñera ejerciera su facultad de veto y el gobierno se vio obligado a decidir si lo ejercía en ese proyecto o si se reservaba para los varios de constitucionalidad incierta que están saliendo del Congreso para superar de facto la Constitución. Aparte de la cantidad de esos proyectos, debía tener en cuenta un tercer factor: un Tribunal Constitucional quebrado, cuya división interna lo hace hoy más imprevisible que nunca antes.

La interpretación de la UDI era esperable: el gobierno pide apoyo a los partidos, pero no devuelve la mano cuando el partido lo pide. Hasta ha elegido un culpable: el ministro del Interior. Esta semana circuló una declaración de la comisión política exigiendo la destitución de Gonzalo Blumel. No llegó a hacerse oficial, pero la filtración (deliberada) parece un prolegómeno. Otros parlamentarios de la UDI tienen el ojo puesto en Ignacio Briones, a quien acusan de haber acordado con la oposición lo mismo que a ellos les exigió no ceder por ningún motivo.

Y así por delante. En plena pandemia, los partidos oficialistas eligen sus cabezas de turco, pero tanto RN como la UDI saben bien que apuntan a un mismo objetivo: Piñera. Es el Presidente quien debe llevar una ofrenda a ese nuevo altar que son los parlamentarios. En el clima actual, difícilmente podría ser otra que un nuevo cambio de gabinete.

De pasada, la gobernabilidad ofrecida por Chile Vamos, que era su fortaleza principal y la razón por la cual ganó las elecciones del 2018, ha quedado herida, si no de muerte, al menos de mutilación. El Chile Vamos que nació el miércoles ha dejado de ser la minoría más poderosa del Congreso. Y en el Senado, quizás también deje de ser una alternativa de futuro gobierno.

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20.23.-Chile: el grado cero ASCANIO CAVALLO 

Lo peor no ha llegado: este es, por desalentador que resulte, el nuevo consenso médico mundial. Puede resultar desconcertante ver a los europeos volviendo a las calles, los parques y los restaurantes; o a los estadounidenses que se niegan a usar mascarillas porque les parecen “demócratas”; o a los gobernantes que dicen que es mejor hacer menos exámenes para descubrir menos contagiados. Todo eso es ilusorio. El baile de máscaras en el palacio de la muerte roja.

4 jul 2020.- Ya está claro que el virus no se ha ido, ni siquiera en los lugares que redujeron su incidencia. Sólo no está en la Antártica. La OMS, que se perdió la oportunidad de ser la arquiatra del mundo, cavila y advierte, registra y cavila. No está segura de nada, como todo el resto. Cada país está a solas.

Usando modelaciones propias, el MIT ha estimado que alrededor de un tercio de las muertes producidas por el Covid-19 han sido erróneamente atribuidas a otras causas; en otras palabras, que al medio millón de muertos reportados hasta ahora hay que sumar un cuarto de millón más. Su proyección es que hacia marzo de 2021 la pandemia habrá causado una media de 2,3 millones de muertes (entre 1,4 y 3,7) y se habrá contagiado una media de 400 millones de personas. El sida, que ya se acerca a los 40 años (oficiales), lleva 32 millones de víctimas y aún carece de vacuna.

Los epidemiólogos divergen en la mayoría de los tópicos calientes de las mediciones sobre el Covid-19: casi hay “partidos” de especialistas por cada posibilidad. Las cifras son otra danza de incertezas. El único acuerdo es que de momento sólo funcionan como contención los tests, la trazabilidad de los contagios, los comportamientos ciudadanos y los confinamientos masivos. Y que estos últimos son el recurso menos deseable, pero más imperioso cuando fallan los tres primeros.

El menos deseable: la gente se hastía, pierde la confianza, desobedece y se rebela con esta situación esencialmente inhumana. No es parte de la configuración sensible de los humanos congelar los lazos sociales, encerrarse, protegerse como perseguidos y esperar, esperar sin horizonte. No está en su equipamiento dejar de saludarse ni perfeccionar lo que el Presidente Macron ha llamado “gestos-barrera”. Pero hay dirigentes -y no pocos, aquí y allá, en todo el mundo- que han clamado por más y más encierro desde que comenzó la propagación del virus, con ese viejo instinto de saberlas todas, siempre listo para administrar la libertad de los demás.

La historiadora francesa Marilyn Nicoud ha recordado en estos días la trayectoria del confinamiento como medida sanitaria. La primera vez que se aplicó fue en Ragusa (hoy Dubrovnik) en 1377, para detener el ingreso de la peste negra. Más tarde se extendió a otros feudos con el fin de impedir la entrada de apestados o limpiarlas de enfermos, como hizo el conde Bernabò Visconti en Milán, que los echó a los campos. Ferrara y Módena prohibieron el ingreso a todos sus vecinos de Padua y Venecia.

La peste negra no duró unos meses, sino cuatro siglos, con colas largas que llegaron hasta el siglo XIX en el Imperio Otomano e incluso hasta unas inusitadas reapariciones recientes en Madagascar y esta semana en Mongolia. Nicoud recuerda que los confinamientos masivos fueron abandonados en Europa tras la epidemia de cólera de 1831, con el argumento de que se trataba de una “medida de terror”, inoperante, violenta y “digna de siglos de barbarie”. Esta descripción no la usó un liberal desenfrenado, sino el político y médico socialista Ange Guépin.

Dos corrientes prevalecientes en la discusión chilena, el parroquialismo y el infantilismo, la inclinan una y otra vez a buscar en el ombligo político-médico una liberación de la angustia. Las cifras son discutidas por quienes han promovido los cambios en las contabilidades, las medidas son controvertidas por los que las impulsaron y el reclamo por el hundimiento del empleo viene de los mismos que hace poco denunciaban la crueldad de preocuparse por la economía. Expresiones de la angustia, para confiar en la buena fe.

¿Es buena fe que un médico acuse a otro médico, que por ahora es ministro, por emplear una clásica expresión médica (“leve mejoría”) como si fuera un llamado a la desobediencia sanitaria? Debe ser buena fe, puesto que quien lo hizo fue la presidenta del Colegio Médico. Y ha de serlo, sobre todo, porque es otra parte de ese debate circular entre los que dicen que la laxitud sanitaria se debe al comportamiento de los ciudadanos y quienes afirman que es culpa de las ambivalentes señales del gobierno.

Esta semana, The Economist afirma que el cambio de los comportamientos “requiere de una clara comunicación de las figuras confiables, nacionales o locales”, la condición básica para que funcione la tercera de las medidas concordadas por el mundo epidemiológico. No es sólo la buena comunicación: antes está la confianza. ¿Quién es confiable en el Chile de hoy? El Presidente no lo es, y no ha terminado de aceptarlo. La mayoría de los dirigentes tampoco lo son.

Quizás sea necesario ir un poco más atrás: ¿Quiénes son los responsables de que el estado de la confianza institucional e interpersonal en Chile sea una de las peores del planeta? Fuera de los que acostumbran a responder del modo mecánico (“el sistema”), es probable que cada quien podría hacer una larga lista en la que figurarían, sobre todo, políticos y altos funcionarios. O, para ir hacia adelante, ¿quiénes podrían comenzar a remendar este tejido desgarrado en que se ha convertido la sociedad chilena?

Desde que a fines de la Edad Media los Estados comenzaron a intervenir en la salud y a adoptar medidas radicales sobre las personas, la burocracia médica y la policía tomaron su control; y cuando el humanismo decidió que la policía era inferior a la fe pública, la confianza asumió ese papel. Desde entonces, todas las ciencias, duras y blandas, asumen que la salida de las grandes crisis depende del capital de confianza.

Nadie ha dicho cómo se hace cuando la confianza está en su grado cero.

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  • 20.22.-Las vergonzosas perlas del libro de BoltonPATRICIA LARA
  • Chile: el jardín de rosas – ASCANIO CAVALLO
John Bolton, exasesor de Trump. Foto: Telemundo 

El capítulo sobre Venezuela del libro de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, muestra el irrespeto de Trump a la soberanía latinoamericana, el fracaso de su política hacia nuestro país vecino, su falta de simpatía por el autoproclamado presidente Juan Guaidó, la apuesta equivocada de Colombia con respecto a Maduro y el arrodillamiento del gobierno de Iván Duque ante Trump, con una excepción, equivocada también: cuando en una reunión Trump planteó que le gustaría reunirse con Maduro, Duque le dijo que sería un error hacerlo.

26 jun 2020.- El hecho de que la soberanía de Venezuela y, por ende, de los demás países de América Latina le importa un carajo al actual presidente de EE. UU. se evidencia en esta frase de Bolton: “Trump insistió en que quería opciones militares para Venezuela y, luego, quedársela porque ‘es realmente parte de los Estados Unidos’”.

Semejante frase no puede pasar desapercibida. Los países de la región, incluidos los del Grupo de Lima y de la OEA, tendrían que protestar, pues una cosa es que rechacen el gobierno ilegítimo de Maduro y otra muy distinta que estén de acuerdo con la intención de Trump de anexarle a EE. UU. una nación latinoamericana.

Bolton reconoce el fracaso de la política estadounidense en Venezuela cuando dice, por ejemplo: “Llegué a la conclusión de que estos generales nunca tuvieron la intención de desertar”; o cuando, refiriéndose al fallido intento de levantamiento del 30 de abril del año pasado, comenta: “En Venezuela, ese día, todo se fue por la borda”.

También es evidente la falta de simpatía de Trump por el autoproclamado presidente Juan Guaidó: “Él no tiene lo que hace falta… Apártate un poco, no te involucres mucho”, que era como decir: “No te comprometas mucho”, cuenta Bolton que le dijo Trump. Y agrega que Trump “pensaba que Guaidó era débil, en comparación con Maduro, que era fuerte”.

De otra parte, la apuesta equivocada de Duque con respecto a Maduro se muestra a lo largo del capítulo, pues se ve cómo Colombia ha asumido un papel protagónico en la conspiración para tumbar al mandatario venezolano, lo cual ha vuelto mucho más difíciles nuestras relaciones, de por sí complicadas, con el país vecino, y ha dejado libres las manos de Maduro para que les dé albergue a los del Eln y a los disidentes de las Farc.

El arrodillamiento de Duque ante EE. UU. no tiene nombre. Dice Bolton que Trump “preguntó si deberíamos mandar 5.000 hombres a Colombia en caso de ser necesitados, lo cual anoté en mi libreta”.

Ante esa afirmación del libro y ante la filtración, en esa época, de la anotación de las “5.000 tropas para Colombia” en la libreta amarilla de Bolton, ni Duque ni nadie del Gobierno de Colombia protestó, sino que el canciller de entonces, como gran chiste, le llevó de regalo a Bolton una libreta amarilla como la que había aparecido en las cámaras. No se les ocurrió pensar que con esa frase el gobierno de Trump atentaba contra la soberanía de Colombia, ni que para que ingresen tropas extranjeras al país se requiere la autorización del Congreso. ¡Nada!

En coyunturas tan difíciles como las que ha habido con Venezuela, Duque ni siquiera ha convocado una vez la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Todas las burradas las hace solo. Por ejemplo, ahora, rompió la tradición y apoyó al candidato de EE. UU. para la presidencia del BID, cuando siempre los presidentes del BID habían sido latinoamericanos.

Definitivamente, la política exterior de Colombia en tiempos de Duque ha sido una vergüenza.

www.patricialarasalive.com, @patricialarasa

https://www.elespectador.com/opinion/las-vergonzosas-perlas-del-libro-de-bolton/

20.22.-Chile: el jardín de rosasASCANIO CAVALLO

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

“¿Con qué derecho juzgas, zar Iván?”, se pregunta el propio zar mientras piensa en sus enemigos, en el Iván el terrible, de Eisenstein, filmada hace casi 70 años. “¿De dónde sacas esa certeza?”, le pregunta hace unos días el filósofo André Comte-Sponville a un colega que le ha reprochado sus dudas sobre el confinamiento.

27 jun 2020.- Nadie puede responder a eso en estos días; nadie puede decir que hay una sola forma exitosa en una pandemia, y nadie puede decir siquiera que tal o cual caso ha sido un triunfo. Esto no ha terminado; con suerte, está en la mitad. Y, sin embargo, se multiplican los grupos que exigen más y menos, nuevas o viejas medidas para detener los contagios. En todo el mundo. Todos, sin ninguna certeza.

En la política corriente -la llana, la sencillita- la duda suele estar proscrita, parece una debilidad en un ambiente de seguridades. Por eso, en su parte baja, la política consiste en sembrar la duda sobre los adversarios. Si no puedes derrotarlos, oscurécelos. Nadie te promete un jardín de rosas, pero algún día serás recompensado.

Hoy, lo único que se sabe por adelantado es que, junto con las muertes, las economías quedarán por el suelo. Esa conciencia ha llevado a los políticos de muchos países -españoles, franceses, alemanes, neozelandeses- a concordar acuerdos sobre la base de que en cuanto al virus, todos comparten la ceguera, pero saben que viene lo otro. Azuzados por los economistas, los políticos chilenos se situaron en ese grupo al suscribir un acuerdo económico-social para afrontar los meses futuros con el dinero fiscal. Un nuevo clima, alentado además por la renuncia del ministro de Salud, se instaló en el país.

Duró una semana.

Ese mínimo plazo se tomaron para resurgir la desconfianza social, la anarquización institucional y, sobre todo, el encono político. Los detalles de la semana son demasiado peatonales para recordarlos aquí. Las cuestiones de fondo se han concentrado, por ahora, en dos grupos.

Primero, hay un sector del país, con representación en el Parlamento, que ha dado por muerta la Constitución. No ahora, sino desde hace tiempo. En su opinión, todo el engranaje constitucional, y en especial las restricciones que atañen al Congreso, se oxidó y está en ruinas, desde las reglas de mayoría hasta el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, es irrelevante saber si los proyectos que presentan los parlamentarios son inconstitucionales o no.

En el Congreso se trabaja sobre la base de que su mayoría es opositora, aunque a) la elección presidencial expresó otra mayoría, y b) aún no se divise cómo podría la mayoría parlamentaria convertirse en sustento de una nueva gobernabilidad. Pero dentro de esa mayoría, suele resultar más clamorosa la que apunta a sobrepasar la Constitución de facto y en nombre de causas múltiples. No es muy normal, pero desde hace tiempo es parte del clima anómico del país. El caso es que ahora esas iniciativas desbordan, de modo objetivo, el acuerdo económico-social, que justamente es una definición de marcos y proyectos. Las rarezas son a) que algunas de esas iniciativas vengan de los partidos que firmaron el acuerdo, y b) que haya también unas apoyadas por miembros de los partidos de gobierno.

Sin mirar el manual de la prudencia, el Presidente Piñera decidió replicar a eso con una comisión especial para estudiar las inconstitucionalidades que se presentan con creciente frecuencia, como si los parlamentarios fuesen inconscientes de sus acciones. El anuncio es una injerencia en otro poder del Estado, aunque no muy distinta de las que el Presidente Aylwin emprendió contra la Corte Suprema en los años 90. El desafío de Piñera lo suma a una antigua corriente del contra parlamentarismo que expresó mejor que nadie Arturo Alessandri Palma, y después su hijo Jorge. Pero esa es otra historia. El hecho es que las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo han sufrido otra erosión, acaso la peor en los últimos 30 años, y en el peor momento de la crisis.

El segundo grupo de problemas lo plantea otro sector -superpuesto con el anterior, pero no igual- que da por muerto al gobierno. Este espacio epistémico nació después del 18-O y llegó hasta marzo, cuando un senador propuso el cogobierno del Congreso con el Presidente (más o menos en ese orden): un trueque de mayorías. Mucha gente de este sector actúa como si Piñera hubiese sido defenestrado, antes por las movilizaciones y ahora por el Covid-19. Un excandidato propuso hasta una cohabitación à la française del Presidente con algún dirigente opositor. Nadie ha explicado cómo y quién se hace cargo de esas responsabilidades, y con qué tipo de legitimidad.

Por un momento pareció, cuando la alarma sanitaria se vino encima, que las fuerzas políticas enderezarían las instituciones -incluyendo al gobierno- para hacer frente a la emergencia. Pero ese eje ha sufrido una torsión durante junio y el Covid-19 se ha convertido también en una pieza de crispación política, como si los contagios, el hastío del confinamiento y el alza del desempleo se hubiesen transferido por ósmosis al ánimo de los dirigentes.

Parecía lógico que después del acuerdo económico-social viniera alguno, por ejemplo, respecto de cómo y cuándo avanzar hacia el desconfinamiento para aliviar el estrangulamiento de los empleos y la producción. Es lo que ha sucedido en otros países.

Pero en el Chile de esta semana, donde cada uno tiene su propio afán, no hay ni humo de eso.

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  • 20.21.-Argentina: El ajuste al desnudo. La clase obrera, la pandemia y la crisis – IANINA HARARI
  • ¿De qué te mueres, Chile? – ASCANIO CAVALLO