• 20.33.-Chile: la incubadora y el íncuboASCANIO CAVALLO
  • Argentina, solo un respiro BEETHOVEN HERRERA

Qué pasará en Chile una vez que ceda la pandemia? Cuando se hace esta pregunta, muy pocos están pensando en el balance sanitario después del arrollador tránsito del Covid-19 por el país. Menos todavía los que imaginan una nueva política de salud para enfrentar epidemias futuras. Lo que muchos piensan es si volverá o no la protesta callejera -el 18-0 remozado-, con qué fuerza, con qué extensión.

12 sep 2020.- Ese es otro más de los temas que hoy se conversan con un lenguaje metafórico, o sinecdótico, donde lo que se dice no es exactamente lo que se quiere decir, sino algo próximo o asociativo. ¿Cuáles son esos otros temas? Todos, pues: el plebiscito, la Constitución, el gobierno, la oposición, los candidatos, los pactos, los no-pactos…

El gobierno ya resolvió extender por otros 90 días el estado de excepción, aludiendo a razones sanitarias. Como todas las buenas excusas, esta tiene su carga de ambigüedad: en efecto, la pandemia no está controlada, en algunos lugares se porta como una montaña rusa y la opinión pública acusaría al propio gobierno de precipitarse si hiciera algo distinto. Pero, por debajo, algunos alientan que así sea justamente para frenar el ímpetu callejero y otros sospechan que eso es lo único que en realidad mueve al gobierno. Y aún otros, con aire más científico, anotan que la protesta violenta se ha vuelto endémica en los 30 y pico puntos de Santiago donde se ostenta desde hace ya unos 40 años con total libertad.

Y esta pregunta sólo es un preludio de muchas más, partiendo por: ¿en qué condiciones se podrá hacer el plebiscito del 25-O? Y después, ¿bastará el plebiscito para detener la violencia? ¿Tratarán los violentos de influir en la elección de convencionales? ¿Permitirán un proceso de debate racional y amplio? Etcétera.

Una vez más, no son preguntas únicamente nacionales. A menudo el parroquialismo y el singularísimo impiden a los chilenos verse como parte de una corriente más ancha, aunque la mayor parte de su historia ha estado finamente sincronizada con el torrente de la gran Historia. Esta vez no es diferente.

En estos meses, los profesores italianos Roberto Censolo y Massimo Morelli estudiaron las 57 mayores epidemias desde la Peste Negra de 1346 hasta la Gripe Española de 1919 y las correlacionaron con disturbios graves antes y después de cada una. En su estudio (publicado en la revista Peace Economics, Peace Science and Public Policy) hallaron sólo cuatro casos de revueltas durante las epidemias, lo que confirma una de sus dos tesis: que la plaga desplaza los conflictos anteriores.

La segunda tesis es que el período epidémico actúa como una “incubadora social”, donde se acumulan tensiones para estallar con más fuerza después de la emergencia. El detalle es que este “después” puede tomar años: por ejemplo, 17 en el caso de la revolución de 1848 en París, que el historiador Frank Snowden considera como rebote tardío de la gran epidemia de cólera de 1831.

Visto con esos plazos, podría ocurrir, por ejemplo, que los que alimentan la “incubadora” en un momento dado sean los que estén en el poder cuando salga el íncubo. La historia suele ser algo más caprichosa que los estudios.

¿Y cuándo, entonces, se podrá dar por terminada la pandemia? Clínicamente, sólo cuando exista una vacuna segura, un año más o algo así. Socialmente, cuando la gente crea que hay condiciones para retomar sus actividades normales. Una encuesta de Deloitte-Cadem conocida el viernes arroja resultados sorprendentes: más de la mitad de las personas piensa que no retomará la mayoría de sus actividades corrientes -desde encontrar un trabajo hasta enviar a los niños al colegio- antes de seis meses. De modo paradojal, también una mayoría piensa que ahora mismo, sin tomar en cuenta esa enorme postergación, la situación económica está mejor (excepto el empleo) y mejorará aún más (incluso el empleo). La misma pregunta hecha a un panel de dirigentes de empresas presenta resultados más cautelosos: la economía no se recuperará tan rápido.

En el ambiente de lenguaje doble y pensamiento alegórico por el que atraviesa el país, también esto puede significar un combate de opuestos. El polo del pesimismo, con su inagotable vocación trágica, puede deducir que la falta de confianza social incrementará en forma explosiva el malestar mientras más tarda la recuperación. El polo del optimismo, armado de su sonriente inclinación por la comedia, puede pensar que de todo esto sólo saldrá una sociedad renovada y constructiva, que después del plebiscito favorecerá la ruta de la paz institucional.

Ambas cosas son apuestas, desde luego. Por de pronto, la supuesta salida a la crisis político-social, el plebiscito de octubre, se hace más y más problemático. Además de las negligencias para garantizar el derecho a votar de todos los ciudadanos, aparece secuestrado por los escuálidos partidos, fuera de los cuales no hay espacio para las candidaturas de independientes: es como si los legisladores y las autoridades electorales no divisaran las necesidades de salubridad psicológica y política de ese momento inaugural. Como si no vieran la incubadora.

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20.33.-Argentina, solo un respiro BEETHOVEN HERRERA

Ha enfrentado la pandemia con emisión monetaria, pero si no logra recursos externos frescos, esa emisión inorgánica traería hiperinflación.

Las relaciones financieras externas de Argentina muestran altibajos que van desde la declaratoria de la más grande moratoria del capitalismo en 2001, la pérdida de acceso al financiamiento, la demanda de los tenedores de bonos que no aceptaron reducir el valor de sus títulos hasta la condena del juez Thomas Griesa de Nueva York, que obligaba al gobierno argentino a cumplir el pago a esos bonos por su valor pleno y la extensión del reconocimiento a quienes aceptaron la rebaja.

7 sep 2020.- Restablecer las relaciones con el Club de París y con el FMI implicó aceptar la reforma del Instituto de Estadística y Censos (Indec), pues las instituciones internacionales consideraban poco confiables las cifras elaboradas por dicha entidad.

El rechazo del gobierno de Cristina Fernández a las reclamaciones de los fondos especulativos que habían comprado bonos no reestructurados consiguió el apoyo de países que consideraban que los gobiernos deben mantener el derecho a renegociar sus deudas y consideraban “infame” el citado fallo. Pero el impacto negativo para el acceso argentino al crédito internacional llevó al gobierno de Macri a aceptar el fallo y a acordar el pago y así se restablecieron las relaciones financieras internacionales. Gracias a eso el presidente Fernández pudo iniciar la renegociación y llegar al acuerdo que finalizó la cesación de pagos.

El acuerdo permitió reestructurar una deuda superior a US$65.000 millones con un ahorro estimado en US$30.000 millones, pues el monto de la deuda se redujo finalmente al 54.8% y los intereses bajaron del 7% inicial hasta el 3%. La deuda externa había aumentado abrumadoramente con los US$44.000 millones que recibió del FMI el entonces presidente Macri para apuntalar, inútilmente, el peso; el cual ha perdido 80% de su valor desde 2015.

Al asumir el presidente Fernández rechazó el saldo del préstamo aprobado por el FMI y designó en el ministerio de economía a Martín Guzmán, investigador de Columbia cercano al Nobel Stiglitz. Se concentraron en resolver las acreencias anteriores, lo cual en medio de la pandemia fue extremadamente difícil, al punto que Argentina reconoce una caída de 12% del PIB y suspendió los pagos de deuda en Mayo, en la novena moratoria de su historia.

Cuando el presidente Fernández sugirió que suspendería las negociaciones su vicepresidenta Cristina Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Masa le dijeron que el país no podía seguir en cesación de pagos: de inmediato, luego del acuerdo los bonos argentinos subieron 12% en su cotización y el dólar paralelo (blue) bajó 6%.

Tras este acuerdo con tenedores privados de bonos ahora sigue la renegociación con el FMI (de quien Argentina es su mayor deudor), por US$44.000 y con el Club de Paris. Este acuerdo ha ayudado a descomprimir el mercado cambiario, pero no es suficiente pues los problemas monetarios subsisten y el déficit fiscal asciende al 10% del PIB.

Aunque el acuerdo ayudará mucho, restan tareas por hacer. Hasta ahora el gobierno ha enfrentado la pandemia con emisión monetaria, pero si no logran recursos externos frescos, esa emisión inorgánica puede traer de regreso la hiperinflación.

¡Historia conocida…!

Beethoven Herrera Valencia

Profesor, universidades Nacional y Externado.

beethovenhv@gmail.com

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/argentina-solo-un-respiro-beethoven-herrera-valencia-544343

  • 20.32.-Chile: Lavín y Longueira ASCANIO CAVALLO
  • Uruguay, éxito en la pandemia BEETHOVEN HERRERA

Todos los partidos políticos estaban pensando en nombres de alto rango, pero nadie lo decía. A los que tienen pocas figuras de repertorio, ese silencio les era muy cómodo. Longueira lo volteó. Repuso la idea, un poco diluida en los últimos tiempos, de una UDI volcada a los votos, la “UDI popular” que inventó en los 90 y a la que convirtió en la primera fuerza política del país.

Ah, Pablo Longueira, de nuevo. Este es uno de los pocos políticos chilenos -sobran los dedos para contarlos- que tienen la capacidad de sacudir el debate público con unas cuantas palabras. Sabe cómo hacerlo: dibuja un futuro, imagina a los personajes y echa a andar una trama en varios actos. Arma un relato, o acaso un psicodrama. También sabe que a cuanto diga le seguirá una tormenta de ataques políticos, personales, históricos y (esta vez) penales. No sólo los puede soportar, sino que los integra al psicodrama: los ataques confirman la trama.

Durante toda una semana, la política ha girado en torno a su tesis de que la derecha debe impedir que el triunfo del Apruebo en el plebiscito constitucional signifique el derrocamiento del gobierno de Piñera. Eso, dice, es lo que planea la izquierda. No pierde tiempo con el matiz. No dice ultraizquierda, antisistémicos, polos revolucionarios. Simplemente, la izquierda.

Su tesis no es nueva. Lleva unas cuantas semanas de desarrollo dentro de La Moneda. Pero ninguna parte del gobierno podría plantearla de esa manera. Lo mismo ocurre con la segunda parte del razonamiento de Longueira, según el cual la derecha debe apostar a la convención constituyente. Y, para ello, llevar una selección de candidatos fuertes, es decir, políticos conocidos. Con esas pocas palabras, se difumina la idea de una asamblea casi vecinal, y emerge la de una convención cuyas figuras serían similares o superiores a las que hoy habitan el Congreso. La convención pasa a ser una fortaleza frente a un Parlamento que ha desafiado una y otra vez al gobierno y al sistema institucional.

Todos los partidos políticos estaban pensando en nombres de alto rango, pero nadie lo decía. A los que tienen pocas figuras de repertorio, ese silencio les era muy cómodo. Longueira lo volteó. Repuso la idea, un poco diluida en los últimos tiempos, de una UDI volcada a los votos, la “UDI popular” que inventó en los 90 y a la que convirtió en la primera fuerza política del país.

La “UDI popular” contravenía la idea de Jaime Guzmán de un partido pequeño, cohesionado y doctrinario, un partido “de vanguardia” de acuerdo con los prototipos revolucionarios. Pero Longueira sabía que Guzmán era más contradictorio de lo que se creía y mucho más pragmático de lo que sus discursos sugerían. Por lo tanto, no vio incoherencia en desarrollar un partido “de masas”, más cerca de Stalin o Mussolini que de Lenin.

Para qué decir que el psicodrama de Longueira es totalmente funcional a la candidatura permanente de Joaquín Lavín. Hay una pequeña disonancia entre ambos. Lavín cree que la élite dirigente está polarizada, mientras que la mayoría del país sigue un ideal moderado. La tesis de Longueira supone una confrontación entre gente poco moderada, una continuación del ambiente del 18-O, donde -según parece creer- unos se callaron mientras otros se tomaban la escena. La idea de Lavín es la de un acuerdo concesivo y naturalizado. La de Longueira implica un acuerdo forzado, partiendo del principio de que ni la ley ni el orden son naturales. Los dos políticos juntan plenamente sólo en la percepción -por lo demás, amplia- de que el centrismo, el laicismo ilustrado, el socialcristianismo, la socialdemocracia, sufren un déficit sostenido de identidad política, autonomía moral y propiedad de liderazgo, y que hay allí un voluminoso electorado a un tris de la orfandad.

Lavín lleva 20 años tratando de ser Presidente de Chile. Longueira ni siquiera soportó la idea la única vez que pudo. Lavín quiere una foto en la historia, Longueira aspira a diseñarla. Lavín es una estrella con un guion infantilizado; Longueira, un dramaturgo con una trama por delante. Uno trata de seguir la corriente, el otro siempre prefiere nadar río arriba. Tal vez Lavín podría fiarse poco de Longueira desde la tortuosa campaña presidencial del 2000; quizás Longueira querría impedir que Lavín no termine de transformarse -por ejemplo, que se declare de izquierda- antes de rescatar el vigor de su propio bando.

Para Longueira la clave no es la Presidencia, sino la convención. Ya una vez diseñó, con su mentalidad de ingeniero, un método que le permitiera a la UDI maximizar el rendimiento de sus votos dentro del sistema binominal. Después hizo lo mismo con los alcaldes, dentro del sistema proporcional. Y ahora, probablemente, está identificando los numerosos forados que tiene el actual sistema electoral, para plantar una amenaza más real que cualquier discurso en contra de quienes lograron escaños en el Congreso con bases precarias. Y esa es otra dimensión -menos espectacular, más tecnocrática- en la que el exdirigente ha entrado a sacudir el ambiente.

Quizás todo esto no dure más allá del juicio que debe afrontar en octubre con la acusación de cohecho dentro del caso Soquimich. Pero la estaca clavada se hunde profundamente en el corazón de los eventos electorales que se inauguran ese mismo mes.

En la trama que ha creado cabe todo, aunque las prioridades son claras: convención, alcaldes, parlamentarios. Sólo después la Presidencia. Sabe que en esta época proliferan los prolegómenos, es decir, los precandidatos. Es la época de los mistificadores, los mentirosos, los idealistas, los insolentes, los soñadores y los audaces. A veces queda poco rastro de ellos en sólo unos meses.

Longueira no ha aceptado sacudirse en la tumba. Redivivo, estentóreo, ahora con un aire de fragilidad que agrega un toque de melodrama, pero lo mantiene igual a sí mismo, ha venido a recordar que la política nunca deja de ser la política, como quiera que sea infantil o espectral.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-lavin-y-longueira/IKCH7BJK7ZF25MOIMCK4RAJYQY/ 

20.32.-Uruguay, éxito en la pandemia BEETHOVEN HERRERA

Entre el 13 de marzo y 6 de agosto de 2020, en Uruguay se registraron 1.318 casos de coronavirus, se han recuperado 1.079 y han fallecido 37.

Numerosos medios internacionales han destacado el manejo de la pandemia en Uruguay y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha resaltado las estrategias adoptadas en ese país y The Economist considera que el éxito radica en la respuesta rápida de las autoridades. Entre el 13 de marzo y 6 de agosto de 2020 se registraron 1.318 casos de coronavirus, se han recuperado 1.079 y han fallecido 37. Resulta notable que un país de 176.215 kilómetros cuadrados con 3.323.906 de habitantes, se destaque en educación virtual y salud pública.

30 ago 2020.- Cuando se declaró la pandemia habían pasado solo 12 días de la asunción del nuevo presidente, Luis Alberto Lacalle Pou, elegido por una coalición tras quince años de gobierno del Frente Amplio de izquierda, y por supuesto que en tan poco tiempo no podría esperarse que fuera por obra de ese nuevo gobierno la estrategia exitosa ante la pandemia. La respuesta a este reto se fundamentó en un sistema de salud sólido, que empezó a gestarse en 2005, durante la primera presidencia de Tabaré Vásquez, médico de profesión y ese Sistema Nacional Integrado de Salud articula las capacidades de prestadores públicos y privados, y garantiza el acceso todos los residentes a una prestación integral de calidad.

El representante de la OPS, Wilson Benia, estima que dicho éxito se basa en el desarrollo del primer nivel de atención, el sistema de vigilancia epidemiológica, con liderazgo de la autoridad sanitaria y disponibilidad de las historias clínicas electrónicas en la red de internet.

La emergencia ha tenido efectos devastadores en todos los sectores, especialmente en la educación, pues pasar intempestivamente de clases presenciales a virtuales no era fácil, salvo que se contara previamente con bases sólidas y estrategias pertinentes para que los estudiantes tuvieran acceso a equipos y conectividad. Desde 2007 el presidente Tabaré Vásquez del Frente Amplio lanzó el Plan Ceibal como una apuesta por la inclusión e igualdad de oportunidades: cada niño, niña y adolescente que ingresa al sistema educativo público del país, accede a una computadora personal y conexión a internet gratuita.

Con este Plan, Uruguay se convirtió en el primer país que desarrolló el programa One Laptop Per Child (Un portátil por niño) ideado por el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Dicho plan se mantiene como política de Estado y adquiere personería jurídica en 2010, cuando se crea el Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia, el cual en una década de funcionamiento ha desarrollado numerosas plataformas educativas, entre las que se destaca CREA, con materiales para diversas asignaturas. Dicha plataforma registró un promedio de 270.000 visitas diarias durante los primeros meses de la pandemia y el 6 de julio, se inició el retorno a clases presenciales.

Los avances en la digitalización son también notables en temas de gobierno, por lo que Uruguay es parte del grupo Digital 9 (D), que reúne a los países líderes en Gobierno Digital a nivel mundial junto con Corea del Sur, Estonia, Israel, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, México y Portugal.

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20.31.-Chile: 2021, wonder year – ASCANIO CAVALLO

El plebiscito del 25 de octubre no se realizará en condiciones óptimas: este ya es un hecho e importará poco si la culpa es del gobierno, del Congreso, del Servel o de todos juntos. Importa ahora que sea óptimo el proceso de votación y entrega de resultados. También es un hecho que la discusión constitucional ha comenzado. ¿Qué se puede prever entonces para el 2021?

29 ago 2020.- El primer dato es que el trimestre final de este año dejará, según cálculos convergentes, unos tres millones de cesantes, la cifra más alta que haya tenido Chile desde los 80. Los empleos para ocupar a esas personas demorarán en crearse y esa tarea tomará, posiblemente, todo el 2021. La herencia asociada es la recesión producida por lo que los economistas llaman la “triple parálisis” -oferta, demanda, inversión-, un callejón cuya salida es más estrecha y morosa que la entrada.

El segundo elemento es el Covid-19, que salvo un nuevo giro de la ciencia médica, permanecerá presente, con rasgos más y menos amenazantes, durante la mayor parte del próximo año. La pandemia, que ha venido a ser como la continuación de la globalización por otros medios, será un espectro sentado a un costado de la recesión y no habría que extrañarse si, como ha ocurrido, el vértigo de las imprecisiones, la corrección de cifras y las comparaciones tengan una ronda más rotunda. De momento se puede decir que los altos contagios obtenidos por Chile son una muestra de que su interconexión con el mundo es mayor de lo que los chilenos perciben.

Luego está el ambiente de crisis social, ahora presionada por una situación económica nueva, muy distinta de la que había a fines de 2019. Octubre de este año, el aniversario del 18-O, será, con toda probabilidad, un termómetro para saber si la movilización y la violencia están más calientes o, si por el contrario, se han subsumido dentro la apertura de un “nuevo ciclo”, como algunos creen. Hay una diferencia crucial entre el encapsulamiento y la expansión de la protesta de cara al año que viene.

El 2021 no entrará con discreción, sino con un carnaval de campañas electorales: alcaldes, concejales y, por primera vez, gobernadores regionales. Por restringidas que aún sean las facultades de estos últimos, habrá un reajuste al alza de las regiones y, por rebote, a la baja de las comunas. Desde el punto de vista del capital electoral, en algunos casos un gobernador será lo mismo que un senador y en otros, más. El de Santiago podría quedar cerca del Presidente.

En esa misma elección se agregarán los 155 constituyentes. La convención que los reúne, cualquiera sea la modalidad de integración, será un espejo numérico y distrital de los diputados. Quienes creen, con el pesimismo por delante, que la convención constituyente no será mucho más que una “cámara de segunda”, tienen que admitir al menos la posibilidad contraria: que la convención sea la nueva “cámara de primera”, esto es, que pase a tomar el protagonismo del debate público, con la inevitable confrontación entre -nada menos- los modelos de convivencia para el futuro. Para los diputados, sobrepasar el marco constitucional vigente, o las facultades del Presidente, o del propio Congreso, tendrá en el 2021 impactos y costos diferentes de los que ha tenido hasta ahora; su inteligencia será puesta a prueba para medir de otra forma sus actuaciones en el hemiciclo.

Es obvio que la convención no agotará el debate público, pero lo concentrará y, sobre todo, le dará el rango monumental de una discusión sobre el futuro y no sobre la coyuntura, que siempre es un poco rácana. Ser un convencional debería tener cierta auréola intelectual, mientras que la política se arrinconará un poco más en el espacio demasiado pequeño que las encuestas le están asignando.

Apenas seis meses después de ese momento vendrán otras cuatro elecciones: presidente, diputados, senadores y cores. Parece inevitable que todas ellas se interconecten con todo lo anterior: la presidencial se constitucionalizará, la constitucional se presidencializará, ambas se parlamentarizarán, y así por delante.

Los candidatos a alcaldes, ¿no serán tocados por su gestión comunal de la pandemia? Y los candidatos a diputados y senadores, aunque tocados con el óleo crismal del límite a las reelecciones, ¿podrán dejar a un lado la crisis sanitaria y económica, el poder regional y el momento constitucional para refugiarse en el tipo ya conocido de ofertas electorales? ¿Y qué candidato presidencial podría esquivar la polémica constitucional cuando ésta estará cursando la mitad de su misión?

Queda todavía un grano de otra especia: cuando se inicie el nuevo año, Estados Unidos habrá librado su “elección del siglo”. Trump ya ha demostrado que su presencia no es indiferente para nadie. Si su objetivo hubiese sido sólo notarse, lo ha logrado con largueza y ya no hay duda de que su ausencia significaría un nuevo ambiente mundial. A lo menos desde la pandemia, estas cosas suceden cada vez menos lejos.

En inglés, a wonder year designa a un año “maravilloso”, también en el sentido de “curioso”, “asombroso” o “extraño”. En los dos siglos de República, el 2021 será uno de esos.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-2021-wonder-year/HLXGVX227VCZPMIGO2CTLBV57U/ 

  • 20.30.-Instan a Gobierno de facto boliviano a ejecutar leyes aprobadas
  • Chile:Tragedias y comedias ASCANIO CAVALLO
  • Jon Lee Anderson: «No sorprende que venezolanos quieran asesinar a Maduro»
En el país, existe descontento ante el manejo de la crisis y el aplazamiento repetido de las elecciones por parte del Gobierno de facto, por lo que se han suscitado diversas manifestaciones en varias ciudades.  Foto: EFE

Las regulaciones del Legislativo repercutirían positivamente en sectores vulnerables.

19 ago 2020.- Varios actores políticos bolivianos instaron al Gobierno de facto a ejecutar leyes aprobadas en el Legislativo y que resultan de importancia para el pueblo.

Al respecto, el expresidente Evo Morales denunció en su cuenta en Twitter la actitud de Áñez y su gabinete de facto quien se “niega a promulgar varias leyes para aliviar el sufrimiento del pueblo”.

Por su parte, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Efraín Chambi, citó como esenciales las normas que establece la reducción de 50 por ciento en alquileres, el pago diferido de créditos hasta diciembre, entre otras.

¿Asimismo, denunciaron el bloqueo de la ley del Bono Contra el Hambre de 1.000 pesos bolivianos (unos 145 dólares). También se refirieron a la de atención en clínicas privadas; la ley de donación de plasma hiperinmune y, en especial, la ley sobre el pago de deudas al sistema bancario.

Chambi solicitó a la administración de facto cumplir con su deber, ya que considera estas legislaciones de beneficio para la mayoría de la población boliviana.

Según el Senado, además de esas leyes, también están pendientes de promulgación la ley que regula los Estados de Excepción; la censura de ministros y la ley que regula de forma excepcional la elaboración, comercialización, suministro, administración y uso consentido de la solución de dióxido de cloro (SDC) de manera preventiva y como tratamiento para pacientes diagnosticados con coronavirus.

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-leyes-gobierno-facto-senado-20200819-0015.html

20.30.-Chile:Tragedias y comedias  ASCANIO CAVALLO

La política es la tragedia de nuestro tiempo, dicen que una vez dijo Napoleón. No es seguro que sea realmente el autor de la frase, pero queda adecuada para alguien que ascendió en contra de la revuelta política francesa e imaginó terminar con ella de una vez y para siempre.

22 ago 2020.- Pero la tragedia es vecina de la comedia y muchas veces la frontera entre ambas se torna difusa e imprecisa. El rasgo diferenciador de la comedia es que, a la larga, presenta la idea posible de una sociedad mejor, más o menos lo mismo que ofrece la política desde el Libro VII de Aristóteles en adelante.

No se sabe muy bien en qué situación está Chile. Por ahora, parece parte de la zona borrosa.

Si alguna vez se logra hacer un improbable estudio comparativo sobre los modos en que las comunidades nacionales han enfrentado la pandemia del Covid-19, Chile podría estar entre aquellas que sufrieron una rara adicción al confinamiento. Esta ha sido, por lo menos, la principal estrategia del gobierno para combatir el contagio y, a estas alturas, si sólo se cuenta desde abril, está entre las más prolongadas del mundo. Mejor aún, la resistencia del exministro Jaime Mañalich a imponer las cuarentenas, y sus advertencias sobre los efectos sociales que provocan, forma parte de la lista de razones que lo volvieron tempranamente impopular.

Las encuestas muestran que una mayoría de la población prefiere continuar en confinamiento, aunque la cifra ha ido disminuyendo. Los adalides de ese sentimiento han sido los alcaldes, seguidos de cerca por los gremios de la salud y por ONG dedicadas (o volcadas) a las epidemias. No es sólo eso: en numerosas localidades pequeñas los vecinos vigilan y hasta prohíben la llegada de afuerinos. Alguna vez se recordará (¿como tragedia o como comedia?) que incluso en el indomable Santiago se llegó a prohibir el tránsito entre comunas contagiosas y comunas liberadas.

Igual que en otros países de América Latina, la pandemia se produjo en medio de un intenso momento de agitación social. Y la pregunta en todos ellos es si el confinamiento canceló el espíritu de protesta o solamente lo suspendió. Los signos son ambiguos: ciertos estallidos localizados o episódicos hacen pensar que la revuelta está agazapada a la vuelta de la esquina, lista para saltar en cuanto se normalice la situación sanitaria (¿pero cuándo será eso?), y, a un mismo tiempo, los estudios de opinión indican que el apoyo a la movilización callejera ha ido disminuyendo. En Chile, esto ha hecho pensar a algunos que el fin de la pandemia señalará el comienzo de un “nuevo ciclo”, aunque nadie es capaz de precisar en qué consistiría este cambio de condiciones.

En todo caso, formaría parte del “nuevo ciclo” el plebiscito constitucional, cuya realización irrevocable quedó sancionada esta semana por el propio Presidente, probablemente para zanjar las sospechas de que el gobierno querría hallar una excusa sanitaria para eludirla. Antes de ese plebiscito tendrá que producirse -por culpa de una muy ambigua redacción de la Constitución vigente- una discusión parlamentaria acerca de la prolongación de los estados de catástrofe y toques de queda aplicados selectivamente en algunas regiones y provincias. Según la Constitución, el Presidente puede prolongar estos estados hasta por un año, pero a los 180 días (septiembre) debe informar sobre sus medidas al Congreso, el que tiene la facultad de revocarlo. Como es fácil ver, esto contiene un oxímoron: el Presidente tiene una facultad, pero el Congreso se la puede revocar… ¿Cuándo, antes de que se termine de cumplir o después de que ya lo ha hecho?

Este será un debate de especialistas, y es notorio que en esta materia la propiedad de la interpretación es territorio en disputa. No se sabe muy bien por qué, el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, declaró hace unos días que “ninguna autoridad sanitaria” puede suspender el plebiscito, lo que implica que a) no importará nada la opinión del ministro de Salud ni de quienes lo secunden, y b) finalmente podría realizarse bajo condiciones de excepcionalidad. Por ejemplo, con cuarentenas y toque de queda. Dadas las condiciones actuales y las experiencias europeas con los rebrotes, esto ya no resulta imposible. Pero, en ese caso, este sería el segundo plebiscito más extraño de la historia nacional.

Parece evidente que el gobierno está haciendo lo posible para evitar que el triunfo del “apruebo” el 25 de octubre se convierta en una victoria en su contra, un triunfo del variopinto arco de la oposición; y las puntas de ese arco tratan de transformarlo precisamente en un plebiscito en contra de Piñera. En esto, nadie guarda ni el más decoroso disimulo.

Dado que las encuestas -otra vez- muestran una persistente mayoría en favor del “apruebo”, el gobierno quiere reducir al mínimo las divisiones en el gabinete para no llegar a una noche dolorosa el 25 de octubre. Y acaso el Presidente, con su conocido pragmatismo (el griego pragma refiere a una acción o asunto, y se complementa con mythos, relato o narración), podría querer que el principal cambio institucional del siglo XXI sea, a la postre, el nuevo relato de su cuatrienio.

Si las encuestas reflejan una verdad momentánea, hay que admitir que hoy recogen dos pulsiones altamente contradictorias: el deseo de llevar el confinamiento hasta su extenuación y el deseo de realizar un torneo electoral en virtud de un arco de motivaciones también muy diversas. La voluntad de salir a votar, en cambio, muestra una alta volatilidad, lo que sugiere una abstención incierta. Es muy curioso que, estando estas contradicciones a la vista, los partidarios de cada opción estén prefiriendo realizar un proselitismo performativo antes que acciones destinadas a conseguir que la participación sea lo más grande posible. En 1988, la oposición a Pinochet tuvo la intuición (correcta) de que las posibilidades de triunfo del “no” se basaban en que la mayor cantidad de chilenos concurriera a las urnas y, por lo tanto, centró toda la primera parte de sus campañas en dar certezas de que el voto sería seguro, secreto y decisivo. Cuando el 97,53% de los mayores de 18 años salieron a votar, supo que había ganado.

Con eso se evitó lo que muchos creen que habría sido una tragedia. ¿Cómo se evitará que el plebiscito venidero no devenga en comedia?

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20.30.-Jon Lee Anderson: «No sorprende que venezolanos quieran asesinar a Maduro»

«¿Es posible que un grupo de venezolanos conspiraron para asesinarlo, potencialmente con la ayuda o el apoyo de EEUU y Colombia? La respuesta es sí»

El periodista desestima las versiones que sugieren que al atentado contra Nicolás Maduro no fue legítimo. (JonLeeAnderson)

Jon Lee Anderson sabe, a veces, de qué habla. Pese a sus claras simpatías con procesos revolucionarios, el destacado periodista, escritor y reportero, ha sido un incisivo crítico del régimen chavista; sobre todo siendo timoneado por Nicolás Maduro —aunque apologista al principio, claro; casi embobado por el fenómeno de Hugo Chávez—.

6 ago 2018.- En su última columna en The New Yorker, Anderson se explaya sobre el atentado a Maduro que ocurrió el pasado sábado 4 de agosto. Según el periodista estadounidense, sí fue un intento legítimo de asesinar al dictador; y explica por qué.

«Es cierto que las relaciones de Venezuela con Estados Unidos y Colombia han sido extremadamente tensas por más de un año —más desde la decisión de maduro de asumir poderes cuasi-dictatoriales al reemplazar el Congreso de Venezuela, dominado por la oposición, con uno nuevo—. Le siguieron cuatro meses de disturbios civiles —durante los cuales ciento cincuenta personas, mayormente disidentes, fueron asesinadas— y, cuando todo acabó, Maduro clamó victoria. Pero la atmósfera de represión violenta, junto a las desgracias causadas por el colapso de la economía petrolera de Venezuela, ha derivado en un sentimiento nacional de desesperación y ha acelerado el éxodo masivo de los ciudadanos», escribe Jon Lee Anderson.

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Luego, se lee en The New Yorker sobre el atentado: «Por todo esto, Maduro es responsabilizado, y despreciado, por los venezolanos. Dado los profundos sentimientos en su contra, no debe sorprender, entonces, que algunos de sus conciudadanos —de la extrema derecha o no— deseen asesinarlo».

Según el periodista, en Venezuela los diecinueve años de Revolución han creado una cultura política de «el ganador se lleva todo».

También menciona el caso del piloto rebelde Óscar Pérez. Cómo fue asesinado, a pesar de su rendición. Y cómo, en contra del clamor popular, el piloto y su grupo fueron señalados como terroristas.

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«¿Es posible que, como Maduro dice, un grupo de venezolanos conspiraron para asesinarlo, potencialmente con la ayuda o el apoyo de EEUU y el Gobierno colombiano? La respuesta corta es que, sí, si es posible».

A continuación, Jon Lee Anderson empieza a mencionar las reseñas sobre el clima dentro del mundo castrense. Esto es fundamental, porque, dada la tesitura, es natural que se dé una expresión como la del sábado 4 de agosto. Escribe: «En meses recientes, una serie de arrestos de militares en Venezuela han coincidido con reportes filtrados sobre conspiraciones de golpe de Estado».

El escritor del reconocido libro Che Guevara: a revolutionary life (1997) y Guerrillas: journeys inside the insurgent world (1992), alude a la crisis migratoria que padece Colombia por el éxodo venezolano. Por ello, menciona las preocupaciones del presidente Juan Manuel Santos al respecto y sus pronósticos sobre la inminencia de un alzamiento armado contra Nicolás Maduro.

«Le pregunté a Santos sobre la posibilidad de una toma del poder por parte de los militares en Venezuela. Él reconoció que no se oponía a la idea de un golpe militar. Él habló de su conocimiento sobre la existencia de varios grupos militares venezolanos que estaban activamente planeando eso».

Al final, Jon Lee Anderson dice: «Pero el sábado no ocurrió un golpe de Estado. El ataque del drone, aunque ciertamente original, fue empañado por un aire de improvisación amateur, y falló de forma espectacular al intentar lograr su objetivo: asesinar a Maduro».

«E, incluso sucediendo eso, no habría garantía de que se hubiera logrado un cambio de poder en Venezuela. Maduro hubiera sido reemplazado por su vicepresidente, o, quizá, por un general más leal», concluye el periodista.

En síntesis, Jon Lee Anderson desestima las versiones de que el atentado hubiera sido planeado por ellos mismos, o que hubiera sido simplemente el estallido de una bombona de gas, que generó pánico. Al principio del texto, evalúa los audiovisuales que existen sobre el momento. Dice que «los informes» que dan por cierta las teorías de que no hubo un intento de magnicidio, «parecen ser engañosos».

Para leer la columna de Jon Lee Anderson en The New Yorker, haga click aquí

https://es.panampost.com/orlando-avendano/2018/08/06/jon-lee-anderson-no-sorp

  • 20.29.-Ángela Salazar y Uruguay: lecciones en tiempos de incertidumbre RODRIGO UPRIMNY
  • Chile: el grado cero de la salud – ASCANIO CAVALLO
  • Perú: un proceso de gestación política de nueve meses  AIDA GARCÍA

Colombia hoy lleva al pesimismo: el número de contagios y muertes por coronavirus, la aguda crisis social y económica, el Acuerdo de Paz en peligro, los asesinatos de líderes sociales, los ataques a la independencia judicial, etc. Y sin signos de que la situación vaya a mejorar. Pero incluso en este momento tan incierto y doloroso, el optimismo es posible. Es cuestión de saber a dónde mirar y de quién aprender.

16 ago 2020.- En ese espíritu, expreso una doble admiración y un doble aprendizaje. A un pequeño país que da lecciones frente a la pandemia: Uruguay. Y a una persona cuya vida es ejemplo de dignidad: Ángela Salazar, la integrante de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), dolorosamente fallecida la semana pasada.

Uruguay tiene menos de 1.500 contagios y menos de 40 muertes por coronavirus. Sus tasas de contagio y de muertes por millón de habitantes son bajísimas: 405 y 11, mientras que en Colombia son de 8.600 y 280. Y Uruguay lo ha logrado sin largas cuarentenas obligatorias, como las nuestras, por lo cual su situación económica es mejor.

Aunque es difícil saber qué explica el éxito uruguayo frente a algo tan complejo y reciente como esta pandemia, varios analistas han resaltado al menos siete factores: i) escuchar a la ciencia: el gobierno creó inmediatamente un consejo asesor interdisciplinario de primer nivel, que lo ha acompañado todo el tiempo. ii) Pruebas masivas y rápidas para detectar a tiempo los contagios. iii) Búsqueda de unidad: la pandemia ha sido enfrentada por un gobierno de centroderecha, que reemplazó a una coalición de centroizquierda, pero la lucha contra la pandemia ha sido un objetivo común. iv) Esto ha generado gran confianza en las autoridades: las medidas de distanciamiento físico han sido cumplidas incluso cuando no eran obligatorias. v) Uno de los mejores sistemas de protección social y servicios sanitarios de la región. vi) Apoyos económicos sustantivos a los más vulnerables. vii) Una menor desigualdad y pobreza que el resto de América Latina.

Conocí a Ángela Salazar mucho antes de que fuera comisionada de la CEV, en un curso sobre justicia transicional para líderes sociales, y quedé impresionado con su carisma y sabiduría. Sabía de las violencias y dificultades que Ángela había enfrentado, pues había tenido que desplazarse. Sabía de sus valerosas luchas a favor de los derechos de las mujeres en Urabá, como parte de la Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP). Sabía que por sus difíciles condiciones sociales, como mujer negra, no había podido tener una amplia educación formal y había enfrentado discriminaciones. Y sin embargo, a pesar de todos esos horrores que había conocido y enfrentado, Ángela siempre tenía en clase una actitud serena y sonreía bellamente cuando alguien hacía algún apunte. Cuando hablaba, todos callábamos para escuchar sus anotaciones sabias sobre cómo defender a las víctimas, con vigor pero sin odio, y sin perder nunca la esperanza de un país en paz y más democrático.

Por eso, como a tantos otros, me alegró su elección como comisionada de la CEV, pues sabía que su experiencia y sabiduría aportarían mucho a la labor de la CEV. Y por eso duele tanto su muerte temprana por esta pandemia que no hemos logrado controlar, pues las mujeres, las víctimas y las negritudes pierden un voz serena y firme.

Uruguay nos muestra la importancia de la ciencia, los derechos sociales, la igualdad y los acuerdos democráticos, a pesar de las diferencias, para enfrentar desafíos enormes como esta pandemia. Ángela nos deja su legado de que es posible luchar contra el terror y por la verdad con esperanza y alegría. No deberíamos desaprovechar estas lecciones de esperanza en estos momentos inciertos y de dolor.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional

https://www.elespectador.com/opinion/angela-salazar-y-uruguay-lecciones-en-tiempos-de-incertidumbre/

20.29.-Chile: el grado cero de la salud – ASCANIO CAVALLO

Juegos infantiles clausurados en el Parque Forestal de Santiago. Foto referencial. 

Ahora es el desconfinamiento. Las autoridades empiezan a liberar a algunas comunas urbanas de las cuarentenas, advirtiendo una y otra vez que pueden volver atrás, como si se estuviera hablando no de una enfermedad, sino de una invasión sobrenatural.

8 ago 2020.- Otras tantas comunas siguen, incluyendo algunas que se acercan a batir récords hemisféricos y hasta mundiales. El gobierno ha tratado de darles un alivio más psicológico que práctico diseñando un sistema de fases y un programa que con su compulsión publicitaria denominó “Paso a Paso”. Esta no es una exclusividad, desde luego: es lo que han hecho numerosos gobiernos, aunque el chileno puede ser uno de los pocos en que, casi por semana, ha ido modificando los parámetros “objetivos” para transitar de un paso a otro.

El confinamiento masivo no es una medida médica. Es una medida sanitaria. Por elemental que parezca, es útil mantener esa distinción a la vista. Aún más: es la medida sanitaria en su grado cero. En el confinamiento perfecto nadie se contagia de nada: ni de Covid-19 ni de sarampión, ni de influenza ni de sida, ni siquiera de humor. Si se aplicara a todas los eventos contagiosos que circulan por el planeta, sería permanente. Pero todos los especialistas saben que el confinamiento perfecto no existe: sólo se logra reducir la movilidad. Un estudio reciente de Google muestra que Chile figura entre los países que más han reducido su movilidad, no ahora, sino desde abril.

La pregunta es si se trata de una medida eficaz. Para esto no sirve gran cosa la tasa de contagios, sino la capacidad de daño y la letalidad. La evidencia mundial no es nada concluyente. Muchos científicos dudan hoy que el contagio del Covid-19, si bien muy alto, sea exponencial, como se dijo en forma escalofriante, y las tasas de muerte se estiman en torno a 0,3, nada muy distinto de las gripes. La letalidad es muy alta en el mismo rango donde todas las enfermedades lo son: sobre los 60 años, subiendo por escalafón. A los 90 años llega a 10%, según un estudio presentado por Alexander Galetovic en el Instituto de Ingenieros. Un país que nunca puso cuarentenas, Suecia, admite como único error el descuido de esa población de alto riesgo.

Tampoco el confinamiento sirve tanto para evitar el colapso del sistema de salud, como también se ha dicho con frecuencia. Lo que evita el colapso es aumentar el equipamiento y el personal -lo que se hizo en Chile, con todos los tropiezos y debates conocidos- y promover las medidas de distanciamiento social. Como también anota Galetovic, la experiencia muestra que el distanciamiento funciona antes que las cuarentenas, y éstas no agregan mucho a la reducción del contagio.

Pero si el efecto del distanciamiento como medida sanitaria suscita dudas, no hay ninguna respecto de su impacto societario. En Chile, una generación de estudiantes ha sufrido daños -en muchos casos irreversibles- en sus procesos de aprendizaje o en su paso a la actividad productiva. El teletrabajo es un hallazgo, pero sólo para un 25%, y aun esta cifra es inestable si se tiene en cuenta los efectos de estrés, sobrecarga y desarticulación de la vida privada a que está asociado. Las cifras de violencia intrafamiliar, enfermedades psicológicas y alteraciones en los niños sólo confirman la total anomalía. Desde abril hasta ahora la cesantía cabalga sobre el 12%, más de un millón y medio de personas está sin empleo (despedido o suspendido) y es cada vez más claro que esa fuerza laboral no se restaurará entera ni rápidamente. El volumen de negocios quebrados sólo se conocerá a fines de año, lo mismo que el desempeño de los sistemas de ahorro.

Cada vez es más claro que el confinamiento prolongado ha sido, sobre todo, una medida dictada por el pánico político. Los gobiernos del hemisferio sur, que recibieron la pandemia con tres meses de retraso y un mejor conocimiento del coronavirus, se apresuraron a tomar las mismas decisiones que China casi sin mirar su impacto. Eso está más cerca del miedo que de la epidemiología.

El pánico ha sido representado en estos países por las autoridades locales, los gremios de la salud y algunas organizaciones de la sociedad civil. Ningún gobierno pudo resistirlo y a algunos -como al de Chile- no les vino mal para reponer el orden interno.

Pero ninguna sociedad democrática puede dejar de preguntarse si una medida liberticida y de alta disrupción ha sido razonable, incluso si gran parte del mundo ha sido detenido en condiciones similares.

Claro que el gobierno de Sebastián Piñera tampoco está para eso. Desde octubre pasado vive en un tobogán de impugnaciones, que es la única explicación para la inhibición con que actúan las autoridades sectoriales. Es una timidez que supera a la angustia de una población sometida a una ceguera sin horizontes, ansiosa de asegurar dinero contante. El gobierno tendría que preguntarse: ¿Se atrasó en su apoyo a las familias o más bien les abrió un abismo de incertidumbre?

Ahora se anuncia un fin de las cuarentenas progresivo y moroso, lleno de restricciones, de nuevo sin focalización en los grupos de riesgo: otra zanja oscura, acaso inevitable después de lo que ha ocurrido. Y también porque la amenaza del retroceso -la reimplantación de cuarentenas allí donde se han liberado– parece poco viable, como ha constatado Europa. La discusión sobre la eficacia del confinamiento tomará muchos años, pero se puede apostar a que tomará todavía más que las cuarentenas colectivas vuelvan a repetirse a la escala de hoy.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-el-grado-cero-de-la-salud/X5XIPBCUABE7PH5OJYG3GO47M4/

20.29.-Perú: un proceso de gestación política de nueve meses  AIDA GARCÍA

El jueves 9 de Julio a través del Decreto Supremo N° 122 -2020-PCM, El Peruano publicó la convocatoria a Elecciones Generales el 11 de abril del 2021, para la elección de la Presidencia de la Republica, Vice Presidentes, Congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento Andino. Estamos ante un proceso de gestación política de nueve meses que no anuncia un buen alumbramiento; que sea garantista, inclusivo, renovador, en resumen, un proceso democrático y no una “democracia de baja intensidad”. “Conceptos como democracia delegativa, ciudadanía de baja intensidad y un Estado que combina elementos democráticos y autoritarios pueden introducirse en función del análisis de tales fenómenos”. [i](1)

Martin Vizcarra en un mensaje de salida y sin rumbo claro, centró un discurso, entre una larga lista alcanzada por cada ministro, en destrabar 48 proyectos mineros y 57 mil millones de dólares, listos para entrar a la economía. Sólo es cuestión de destrabar inversiones.

El día 03 de Agosto del 2020, “Cateriano el Breve”, sobreactuado y arrogante, luego de juramentar a su gabinete pro empresarial, puso énfasis en dar continuidad al más largo de los mensajes presidenciales (una hora 52 minutos) del Presidente Martin Vizcarra el día 28 de Julio del 2020 ante el Parlamento, alocución en que llamo a unirse al Pacto Perú, que señala textualmente, “vamos a convocar a representantes de cada uno de los partidos políticos”, a un espacio de dialogo que tendrá 5 ejes de base: (1) la constitución de un sistema unificado de salud, (2) garantizar la calidad y reducir las brechas educativas, (3) crecimiento económico sostenible e inversión, (4) lucha contra la pobreza para cerrar brechas históricas y (5) la reforma política y del sistema de justicia.

Los desafíos, que el mismo Cateriano señaló, salvo las diferencias, cuando ocupo la PCM con Ollanta Humala, tuvo una coincidencia: las elecciones; “un objetivo central del presidente Vizcarra es garantizar que las elecciones sean libres y democráticas” … “evidentemente no es fácil. Además de la pluralidad política e ideológica particularmente en una campaña electoral. En pocos meses entraremos en una contienda en que se disputa el poder y aunque eso no aumenta la crispación política necesariamente es natural que exista una confrontación”.

Cateriano, que cree que vivimos en un “país minero” y no en uno ancestral e históricamente megadiverso, desde antes de la colonia extractivista y expoliadora de nuestros recursos naturales, ignoró que ya estábamos abiertamente en el proceso electoral, “explicita y legalmente convocado”. No tuvo mejor idea que irse en busca de la bendición de Luis Bedoya Reyes, centenario ex líder retirado del viejo PPC que no cuenta con bancada en el Congreso. No tuvo sin embargo un gesto igual con otros sectores que no representen a la derecha tradicional y que hubiera si expresado pluralismo político. Está claro que el Congreso de la Republica, es mayoritariamente de corte neoliberal y de ahí la orientación de un gabinete cuyo viraje llegó hasta los extremos más conservadores. Bien se dice popularmente que “la cabra siempre tira para el monte”.

Los antecedentes del Proceso Electoral 2016

En diferentes entrevistas el ex Primer Ministro Cateriano dio cuenta de las irregularidades del proceso 2016, tendiendo un puente así con Alianza para el Progreso (APP) y el Partido Morado (PM), indudablemente con el objetivo de obtener su confianza; de ahí se explica su desazón con Cesar Acuña luego de no haber obtenido la confianza.

La OEA es concluyente en el informe (2016) al considerarlo “deficiente, pero legítimo” y tipifica el proceso con otra crítica “fue la de no reglamentar el mecanismo de exclusión por dadivas, igualmente al borde de los comicios”. Sin mencionarlo, el informe aludía a los casos de Julio Guzmán y Cesar Acuña, que no fueron resueltos oportunamente, tema que el ex Primer Ministro lo reiteró con nombres propios, haciendo un guiño apepista y morado, los votos necesarios para su investidura, “tal como lo han impulsado los órganos electorales y organismos de la sociedad civil”. Almagro, después de recibir a Julio Guzmán en Washington escribió en su cuenta de Twitter “la OEA es concluyente en el informe (2016) al considerarlo deficiente pero legítimo, y tipifica que el proceso 2016 vulneraba derechos políticos de electores y candidatos”. El diario La República (LR 12/04/2016 pp2) editorializaba lo siguiente: “las lecciones del 10 de abril (2016) nos han dejado duras lecciones con respecto a la falta de institucionalidad del sistema electoral”.

¿Cómo estamos en agosto luego de pasado más de un mes de convocadas las elecciones?

En medio del actual proceso la Junta Nacional de Justicia (JNJ), está llevando a cabo el concurso de méritos para nombrar en el cargo a los jefes de la ONPE y el RENIEC. Ello implicaría un proceso riguroso, imparcial y transparente para revertir la imagen del corrupción de la fenecido CNM. El ex congresista Edgar Raymundo (en su columna Zona de Fuego/Diario Correo) llama a poner ojo en el referido concurso “ya que parecía que los malos hábitos perduran o persisten”. Guillermo Thornberry Villaran (JNJ) habría incurrido en un conflicto de intereses. La norma provee la figura de inhibición y no lo hizo, más bien participó en el examen de conocimientos para supuestamente favorecer a postulantes que fueron funcionarios de confianza de la alta dirección, cuando él se desempeñaba como Sub Jefe Nacional del Reniec. Lo más grave es que uno de ellos fue el Jefe de la Onpe y el 2016 no fue ratificado en el cargo por incumplimiento de los objetivos institucionales, “el reglamento del concurso (6.2.1) exige que el postulante no debe de haber sido declarado como no ratificado en el cargo de Jefe de la Onpe o el Reniec. Pese a ello participa y continua en el concurso”. Si respetamos la Ley, hay que reconducir el proceso. Los dos organismos electorales, transitan en este periodo a la elección de sus nuevas jefaturas. Dos (02) finalistas en el caso de la ONPE, y diez (10) en el caso de el RENIEC. Se estima que el concurso recién culminaría recién el 31 de agosto.

El martes 28 de Julio, la JNJ evaluaba la destitución del Luis Arce, miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), vinculado al prófugo ex Juez Supremo Cesar Hinostroza (si, el de los audios de la vergüenza cuyo mensaje impune se tradujo en la frase “reducción de condena o absolución”, como favor a un presunto violador de una menor de once años), al abrirle un procedimiento disciplinario inmediato por “falta muy grave” aplicándole la Ley de la Carrera Fiscal (Perú 21/28-07-20/p8). Señalando como irregularidades, “la interferencia en el ejercicio de funciones de los otros organismos del Estado” y estableciendo relaciones de carácter extra procesal con las partes o terceros). La JNJ advierte que se había rechazado su conducta intachable, al haber aceptado ayudar al prófugo Cesar Hinostroza en un caso de Vacancia del alcalde de Carmen de la Legua. Se lo investiga por aceptar recomendaciones de Hinostroza, para interceder irregularmente a favor de la UPP (2018). Frente a ello su defensa señala: que faltarían elementos para señalar alguna responsabilidad. Nos queda claro que siempre quien hace la ley hace la trampa. El actual congresista Otto Guibovich (Lamparia) “algunas de las instituciones que mejor funcionan … son los organismos constitucionales autónomos. El JNE no lo es… ¿Los cambios tendrían sentido si un JNE autónomo, técnico, con procedimientos estables, que cuele donde colar? Hay que dudarlo”.

En relación al actual congreso, diversos constitucionalistas declaran que se habrían emitido normas que serían declaradas inconstitucionales, entre ellas: la de inmunidad; la misma que fuera cuestionada por el Ejecutivo y la opinión pública. Sería también preocupante que el Legislativo eilija los magistrados a la medida de sus intereses. El presidente del congreso anunció la comisión especial a cargo del concurso para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional (TC), hay por ello quienes señalan que debiera ser el próximo Congreso quien elija a los nuevos miembros del TC. La actual presidenta del TC, ha expresado su preocupación. Urge más bien poner por delante la Reforma Electoral en este periodo.

No existe voluntad inclusiva, más bien se buscaría eliminar a la competencia

El pre-dictamen Chehade, quien preside la Comisión de Constitución, buscaría impedir la postulación de diferentes candidatos presidenciales entre ellos: Verónika Mendoza, George Forsyth, Urresti, Cilloniz y Benavides; favoreciendo a los candidatos de sus propias agrupaciones (APP, FP y AP) en desmedro de otros al exigir estar acreditado con seis meses de militancia en sus partidos (antes ya había exigido el plazo de un año). Esta pretensión formalizada hasta con cuatro pre dictamines, afecta el principio de seguridad jurídica y de predictibilidad, además de afectar gravemente el derecho de la participación política al buscar excluir al contendiente o contrincante con la absurda lógica de cambio de reglas. No alcanzó un mayor consenso ya que 7 bancadas se mostraron en contra de este cambio. Estamos muy lejos de un enfoque inclusivo de diversos y plurales competidores, intención explicita de O. Chehade.

Viejas reglas y no renovación de la política

A la lógica de la exclusión se sumaría que se mantendrían las viejas prácticas políticas. Este temperamento se evidenció ya con la suspensión de las PASO (Elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias de la ciudadanía) remplazándolas por el hecho de elección de las cúpulas con discrecionalidad de los dirigentes. Se siguen sin aprobar en segunda vuelta las normas que impiden a los candidatos que tienen sentencias en primera instancia, con lo cual, no se prohíbe la postulación de corruptos y asesinos en los comicios del 2021. Se da así pase libre a condenados por delitos dolosos y algunos congresistas se convertirían en cómplices de tal sin sentido.

No esta aprobada la propuesta de la CANRP de Reforma en relación al Financiamiento de las Campañas, que aseguren una supervisión por efectos de incumpliendo de la rendición de cuentas y gastos de campaña. El martes 18 de agosto se tendría el primer dictamen. La eliminación del voto preferencial que afecta la eficacia de la aprobación positiva de la norma de Paridad y Alternancia sigue sin ser eliminado. Todo ello de cara a definir y aprobar una agenda mínima hacia el 2021.

No se evidencia voluntad con un proceso de renovación del Sistema de Partidos. En tanto se coloca a las nuevas organizaciones contra el tiempo. El 09 de agosto, el Congreso estableció un arbitrario plazo, el de poder inscribirse sólo hasta el día 30 de Setiembre. La nueva Ley de Partidos habiendo sido promulgada en agosto del 2019, fue recién reglamentada en diciembre pasado, para la inscripción de nuevas organizaciones se exige presentar 24,800 ciudadanos afiliados (antes eran 3,250 / 50 militantes x 65 comités) en 20 departamentos (antes eran solo 16) y 66 provincias de nuestro país. La pandemia, que se extiende ya por 150 días ha colocado al Perú en una grave crisis sanitaria, económica y de hambruna extendida, que bordea el medio millón de contagiados y 50 mil defunciones. En este grave escenario el conjunto de los requisitos de la actual ley establece solamente nuevas barreras de acceso al impedir la inscripción virtual pese a la emergencia. Sin embargo a las 24 organizaciones actualmente registradas, es decir inscritas con validez de participación en el 2,021, no cuentan en su mayoría con los requisitos que se les exige a las nuevas organizaciones para inscribirse. Catorce organizaciones actualmente inscritas (de un total de 24), no cumplen con los requisitos de 24,800 afiliados. Si bien es cierto frente a ello el JNE estableció un plazo para adecuarse a la ley (Abril 2020), el propio Jurado ha suspendido este requisito de adecuación, ello implica un trato arbitrario a favor de los ya inscritos, e impidió un proceso de renovación a nuevas organizaciones políticas.

Evidenciamos, por lo tanto, la no aplicación de las nuevas reglas, sino además el impedimento de nuevos actores y organizaciones políticas en la contienda del 2021. Exigimos por ello el requisito de un trato igualitario a las nuevas organizaciones, que han recabado los instrumentos necesarios para su participación. La actual Reforma Política Electoral tiene muy pocas posibilidades de renovar la Política. El Status Quo sería más bien favorable a la vieja política y al continuismo. El escenario está altamente fragmentado, ningún partido político con bancada en el Congreso superó el 9% de los votos emitidos (diferente a los votos válidos), expresando así la crisis de representación en la política peruana. El impedimento de nuevos actores políticos profundiza la crisis de representación

Gráfico Nro 1 : Resultados electorales 2020.

% de votos emitidos

  1. En el mapa electoral resultante del último proceso del 2020, la población sumada de: ausentes, nulos, blancos y organizaciones que no pasaron la valla, nos da un total de 10’001,006 personas y la cifra actualmente de ciudadanos en las bancadas en el congreso asciende en 10’162,730, solo existe por ello 161,724 de diferencia, masivamente la población peruana no esta representada en el actual Congreso , elemento que el Presidente Vizcarra, ni el ex Premier Cateriano y ahora Martos, tomaron en cuenta cuando plantearon el Pacto Perú restringiéndolo a las bancadas en el Congreso y a cinco temas priorizados. El nuevo Presidente del Consejo de Ministros Walter Martos no ha evidenciado en su mensaje al congreso mayor interés en esta situación. Martos en su presentación ante el Congreso el 11 de Agosto evito referirse al calendario electoral. Cateriano, en ese sentido, había anunciado un Proyecto de Ley para tener reglas claras con prontitud, evitando exclusiones de ultima hora como ya se vislumbra. Martos omitió este extremo.

Gráfico Nro 2: Pedro Cateriano como presidente de la PCM

Fuente Diario Gestión 4 de Agosto del 2020. https://gestion.pe/peru/politica/el-41-desaprueba-designacion-de-cateria…

La priorización reduccionista de Vizcarra , Cateriano y Martos, se limita a 5 temas en el Pacto Perú, los que están incluidos en el Acuerdo Nacional (AN) no vinculante, ignoraba que la crisis política y de régimen, en clave destituyente, que vive el Perú es anterior a la crisis generada por (1) el Covid-19 y (2) “la crisis de gabinete” de inspiración minera, que ya desde la calle había sido rechazado. La encuesta de Datum anterior a la presentación de Cateriano al Congreso señalaba que el 41% de la población desaprobaba su designación y el que el 26% respondía “no sabe/no responde” (ns/nr) y que sólo el 33% estaba de acuerdo con ese Premier. Luego de la negación de la confianza al “gabinete de 20 días”, el clima de crispación se ha incrementado como consecuencia de que el gobierno recién avanzó en sincerar que la cuarentena no logró frenar el avance del Covid 19, ubicando al Perú en una de las más graves situaciones a nivel mundial. Se pasó de cifras que establecían 18,816 personas fallecidas (25 de Julio) a una cifra de alrededor de 45 mil en una quincena. Un sinceramiento mayor lo reporta, sin embargo, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) que establece que el numero de 46,274 fallecidos en este periodo, cifras que aún se consideran en el sub registro . Los medios periodísticos dan cuenta que, en el Perú, hay mas muertos que en todo el 2019, proyectándose cifra de fallecidos en un numero de 100 mil al cerrar el año 2020. Mazzeti anuncio ante su presentación en el legislativo un segundo reporte de las cifras de la pandemia. El actual proceso electoral se da con doce regiones (de 25) en Estado de Emergencia, toque de queda, el mismo que podría ser ampliado, epidemia en grave ascenso. Debemos señalar que el Estado de Emergencia ha sido ampliado hasta el mes de Setiembre a través del DS Nro. 008-2020-SE y que el ejército patrulla las calles.

Si bien es cierto, hay quienes quisieran Vacancia antes de Vacuna existe un obstruccionismo de intereses subalternos en el Congreso y una crisis humanitarias entre las comunidades nativas en donde tres ciudadanos del pueblo Kukama, han fallecido luego que la policía reprimiera la protesta, nos preocupa gravemente que ya una renombrada revista de nuestro medio ha llamado la atención de un gabinete militarizado y se interroga, si será ¿PCM o AKM?. El Perú no requiere de un ministro del interior de “gatillo fácil”. Urge otro enfoque ya que se estiman 1,992 indígenas amazónicos contagiados en 19 comunidades, frente a lo cual se ha ofrecido un “Plan de Cierre de Brechas” en las comunidades indígenas afectadas.

El actual Congreso de la Republica 2020 /2021.

Fué instalado el 16 de Marzo del 2020 y culminará sus funciones el 16 de Julio del 2021, luego de tres legislaturas ordinarias. La primera de ellas culminó el 15 de Julio, sin embargo, como se ha dicho, no fué eliminada la inmunidad parlamentaria, manteniendo la vieja práctica de que “otorongo no come otorongo”, ignorando una reforma imprescindible planteada y debatida en el Congreso del 2019 disuelto entre otras razones por su impunidad y obstruccionismo . El actual Congreso modifico el artículo 4to de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) para poder producir reformas electorales en el plazo de seis meses, plazo que culmina el 26 de Setiembre del presente año, por supuesto con bancadas que votaron en contra.

En este escenario de incertidumbre de normas que podrán seguir promulgándose hasta fines de setiembre y que modificaran las reglas electorales, que estimamos podrían primar los intereses de las organizaciones políticas hoy en el Congreso y no se puede explicar ni justificar la aptitud de cerrarle el paso a nuevos competidores, impidiendo la renovación de la política.

No podemos dejar de tomar en cuenta que la opinión publica en encuestas publicadas previas al inicio de la cuarentena del Covid – 19 (Marzo 2020) que soló un 18% de la ciudadanía señalaba que el Congreso debería priorizar la Reforma Electoral, es indudable que otros temas cobraban mayor relevancia; mucho mas ahora con la congoja y estela de muertes que nos deja el Coronavirus.

Es así que en el actual proceso electoral, cuyas características hemos buscado señalar, no soló se requiere de la vigilancia y la movilización ciudadana, sino además de Misiones de Vigilancia Electoral Internacionales, el cambio de reglas con inestabilidad política y desconocimiento de las mismas , hasta la fecha, afectan la democracia plena que el proceso requiere, con dos gabinetes en ocho días, solicitando confianza ante el Congreso.

 La investidura de W. Martos aprobada con 115 votos (de 8 bancadas) luego de un mensaje centrado en lo urgente e inmediato que significó “música para los oídos” del Legislativo, se dio a la defensiva con una balanza inclinada (a favor del Congreso), en un clima de presión mediática y ciudadana con sentido de urgencia ante la crisis

Demándanos que el Presidente de la Republica y el nuevo gabinete no acepten la investidura de rodillas ante la vieja política, dando paso más bien al fortalecimiento y profundización de la Democracia. Estaremos atentos. La promesa de la Vida Peruana, que anunciaba Basadre, no es una realidad y 200 años después de proclamada la Independencia, el Bicentenario Patrio de luto, con un profundo dolor y hondo quebranto, lo que demanda un nuevo pacto político y social que implique bastante mas que solo votar cada cinco (05) años y no de vinos viejos en odres nuevos, sino una nueva Carta Magna para una nueva República de ciudadanas y ciudadanos.

– Aida García Naranjo Morales, Ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, ex Embajadora de Perú. Actualmente miembro de la CP del Partido Socialista -Perú y del Movimiento Nuevo Perú. 

agosto 13, 2020

http://nuevarepublica.pe/peru-abril-2021-el-parto-electoral/
https://www.alainet.org/es/articulo/208457

 

  • 20.28.-posición venezolana no competirá en las elecciones legislativas
  • Chile: tres senderos bifurcadosASCANIO CAVALLO

El líder opositor, Juan Guaidó, respaldó la decisión adoptada por la mayoría de los partidos.

Asamblea Nacional de Venezuela. Foto: AFP Por: EFE

Los 27 partidos que conforman el grueso de la oposición venezolana, que incluye a todos los que actualmente tienen representación parlamentaria al margen del chavismo, acordaron este domingo que no se presentarán a las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre por considerarlas un «fraude».

«Habiendo agotado todos nuestros esfuerzos nacional e internacionalmente para que tuviéramos un proceso electoral competitivo (…) las organizaciones políticas democráticas de Venezuela manifestamos (…) que, de manera unánime, decidimos no participar en el fraude electoral convocado por el régimen de (Nicolás) Maduro», sostiene un comunicado.

El documento ha sido firmado por 27 partidos, entre los que se encuentran los cuatro que componen el llamado G4: Primero Justicia, del que forma parte Henrique Capriles; Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López; así como los socialdemócratas Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo.

Denuncian que Maduro impide una elección libre

«El régimen de Nicolás Maduro, usando el control que ejerce sobre todos los poderes públicos en Venezuela, acabó con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva», aseguran.

Como parte de esa ofensiva que consideran que el presidente venezolano hace contra el proceso electoral, afirmaron que en las legislativas de 2015, los partidos que se coaligaron como «unidad democrática» se consolidaron con una tarjeta conjunta que, consideran, ha sido «secuestrada por el régimen, impidiendo su utilización a causa de medidas cautelares».

Además, «los directivos que representan a la Unidad como organización, aún se encuentran sometidos a procesos judiciales penales». También citan el nombramiento de una nueva presidenta para el Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo, que ya «desconoció la soberanía popular y ha mantenido al estado Amazonas sin representación parlamentaria».

Alfonzo fue sancionada en mayo de 2018 por el Gobierno de Canadá «en respuesta a las elecciones presidenciales ilegítimas y antidemocráticas» que se celebraron entonces y en las que Maduro fue reelegido como presidente.

El nombramiento debía hacerlo la AN pero lo asumió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al considerar que el Parlamento no iba a realizarlo tal y como le corresponde.

Piden restablecer el sufragio para todos los venezolanos

Frente a esta situación reiteraron sus planteamientos para poder presentarse a las elecciones que comienza por el «restablecimiento del derecho al sufragio para todos los venezolanos», lo que incluye a los cerca de cinco millones que, según la ONU, han emigrado.

También reclaman una garantía de «que el voto sea ejercido libremente, sin coacción o intimidación», así como la «prohibición de migración de electores de sus centros electorales naturales» y el «cese de las inhabilitaciones y enjuiciamiento de los dirigentes políticos» entre otros, como el nombramiento de un CNE independiente.

La falta de esas condiciones les lleva a creer que se «anula cualquier posibilidad de considerar el proceso convocado como un proceso electoral». Finalmente, los 27 partidos aseguran que no son «abstencionistas», pues «no hay abstención cuando lo convocado no es una elección» e invitan a la comunidad internacional a no reconocer el resultado.

«Somos demócratas y creemos en la unidad nacional: por ello decidimos no colaborar con la estrategia de la dictadura y convocar a todas las fuerzas sociales y políticas del país a la construcción de un nuevo pacto unitario y nueva ofensiva democrática en la que, junto al pueblo venezolano y la comunidad internacional, nos movilicemos para lograr la salvación de Venezuela», subrayan.

https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/partidos-de-oposicion-venezolana-rechazan

20.28.-Chile: tres senderos bifurcadosASCANIO CAVALLO

Con el cambio del gabinete y la penúltima cuenta presidencial, el gobierno ha completado su preparación para los 20 meses que le quedan. Es evidente que el Presidente desea que estas sean las últimas modificaciones que tenga que introducir en sus equipos, pero la vida ha demostrado que puede ser muy dura para este gobierno.

1 ago 2020.- La nueva etapa nace marcada por tres disyuntivas de resolución muy difícil.

La primera, y la más ciega, es la del control del Covid-19. Tras un comienzo optimista y hasta un tanto triunfal, el gobierno ha tenido que ver con desaliento que Chile se sitúa en el octavo lugar de los países con más contagios. La gestión del exministro Jaime Mañalich fue exitosa para impedir el “dilema de la última cama” -testeo, UCI y ventilación-, pero fue derrotada por la desconfianza en las cifras. La paradoja es que el debate sobre las cifras recién se plantea en otros países, con lo que la posición de Chile en el ranking podría variar a la baja.

Ahora el problema es otro: ¿Cómo mantener el descenso de los contagios en un ambiente social de exasperación e indisciplina? Si el gobierno mantiene las medidas de restricción, que han estado entre las más severas del mundo, parece seguro que los contagios disminuirán. Pero en el otro lado de la balanza aumentarán los daños del confinamiento, extendidos en un intolerable abanico que va desde la pobreza hasta la violencia intrafamiliar El carácter antinatural de las medidas restrictivas ha confirmado que no pueden ser muy prolongadas. Y Santiago ya sobrepasa los cuatro meses. Para más inri, una legión de críticos parece dispuesta a desplegarse si el gobierno levanta las restricciones y aumentan de nuevo los contagios.

La segunda encrucijada, atada con la anterior, es la de la situación económica. Mientras seis millones de chilenos se precipitaban sobre las AFP para retirar su 10%, los 12 proyectos acordados el 14 de junio por el ministro de Hacienda con la oposición han seguido un moroso avance en el Congreso: sólo tres aprobados, otros tres en trámite y seis aún no presentados. El posterior programa de subsidio directo a la clase media fue aprobado esta semana, después de la ley de retiro del 10%. Y todos han sido planes urgentes, de emergencia. El gobierno parece no haber contado con que las oposiciones, reunidas para esto en un solo bloque, pondrían celeridad a sus propias iniciativas antes que a las de La Moneda. Otra forma de propinarle más derrotas políticas.

Los 20 meses tendrían que tener su prioridad puesta en la recuperación de los ingresos, cuyos indicadores se han hundido más que lo previsto. El desempleo amenaza con escalar hasta cerca del 20%, la pobreza podría crecer en varios puntos y la caída del PIB, situarse sobre 12%. Este es un panorama desolador para un gobierno que se proponía recuperar el crecimiento; pero es también una oportunidad épica si para el segundo semestre del 2021 ha restaurado parte de los daños inferidos por la pandemia. Claro que no contará con el apoyo de la oposición. Cuando mucho, una parte de ella dirá que mantiene su palabra con el acuerdo del 14 de junio, pero en los hechos se someterá a desbordarlo si así lo aconseja el viento del momento.

La tercera encrucijada es la situación del orden público. Hay una parte de los ciudadanos que vio el ascenso de la lucha callejera bruscamente ahogado por la pandemia, pero estaría dispuesto a retomarlo a la primera oportunidad y, de ser posible, con más fuerza, para el aniversario del 18-O. Hay otra parte que se suma a ese clima sólo para dar desahogo a la exasperación, sin demasiada conciencia de sus implicancias de fondo. Entre ambas forman una ola que puede resultar altamente desestabilizadora.

En el cambio de gabinete, el presidente ha puesto a cargo de Interior a un hombre que no desearía ser vencido por el descontrol del orden público y que usará todos los recursos de que disponga para impedirlo. El caso es que, por lo menos el 18-O, esos recursos se mostraron escasos y poco eficientes.

El problema del orden público tendrá un impacto directo sobre el plebiscito del 25 de octubre, cuya realización y legitimidad dependen de un mínimo de garantías. El movimiento de las calles no ve, y en algún caso rechaza, el vínculo entre orden público y procesos electorales, a pesar de que la experiencia histórica es abrumadora y de que una nueva Constitución nacida en un ambiente de miedo no sería distinta de la 1980.

Un gabinete que logre durar 20 meses enfrentando todos estos dilemas sería heroico.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-tres-senderos-bifurcados/4KEDTNZDBRARPKHOGIP5M45RSY/

  • 20.27.-La pobreza en Venezuela JORGE IVÁN GONZÁLEZ
  • Panamá, ¿se abre el paraíso? BEETHOVEN HERRERA
  • Chile: el último gabineteASCANIO CAVALLO

Recientemente, la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto de Estudios de Investigaciones Económicas y Sociales, publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (Encovi).

31 jul 2020.- Los datos son alarmantes. Entre 2005 y 2019, la incidencia de la pobreza monetaria pasó de 34,4% a 96,2%. Y los porcentajes correspondientes a la pobreza extrema aumentaron de 10,7% a 79,3%. Casi 80% de los venezolanos no tienen los recursos necesarios para adquirir los alimentos básicos. Y el coeficiente de Gini continúa siendo relativamente alto. El año pasado fue de 0,51.

La revolución bolivariana no mejoró las condiciones de vida, y tampoco disminuyó la desigualdad. Y, sin duda, con la pandemia la situación va a empeorar. Estas cifras dan pie para varias reflexiones.

La primera tiene que ver con la necesidad de estar vigilantes. Todas las sociedades pueden echar para atrás los logros sociales. Incluso, en países ricos como Venezuela. En uno de los diálogos platónicos, se dice que para ser feliz se requieren dos condiciones: riqueza y virtuosidad. La economía Venezuela ha tenido la primera, pero no ha logrado ser virtuosa. Antes de Chávez tampoco pudo sembrar las bonanzas. Y la situación se agravó porque la mala administración de los gobiernos bolivarianos ha llevado al hundimiento de la riqueza. Durante los años de altos precios del petróleo y de los hidrocarburos, no se logró consolidar la producción interna, ni mejorar la competitividad internacional.

Otras sociedades también han tenido retrocesos significativos. En los años siguientes a la caída del muro de Berlín, la crisis institucional que se presentó en Rusia llevó a una disminución significativa de las tres dimensiones constitutivas del Índice de Desarrollo Humano: esperanza de vida, educación e ingresos.

Preocupa, además, que en Venezuela se conjuguen la pobreza y la desigualdad. Cuando las sociedades se empobrecen el coeficiente de Gini tienden a disminuir porque los ingresos se igualan por lo bajo. Pero un Gini de 0,51 estaría indicando que entre los pobres las diferencias de ingreso son significativas y, además, que es relevante la brecha entre la gran mayoría, que son pobres, y el reducido número de quienes no lo son. Uno de los grandes ideales del pensamiento bolivariano fue la reducción de las desigualdades, y este propósito no se consiguió.

Las limitaciones de información continúan siendo un problema significativo. La altísima inflación dificulta las comparaciones intertemporales, tanto a nivel nacional como internacional. Venezuela terminó aceptando una dolarización pasiva, que también permea la contabilidad social. Sin información la política pública pierde la brújula. Debe observarse, además, que la información sobre pobreza y distribución no es de los organismos oficiales.

Al observar el panorama político de América Latina, es bueno retomar la pregunta de Oxfam y de Stiglitz: ¿por qué 99% de los votantes elige a gobernantes que van a defender la riqueza de 1%? Una de las respuestas es la incapacidad que tuvieron los gobiernos de izquierda de ofrecer alternativas. Es inaceptable, por ejemplo, la corrupción del Partido de los Trabajadores de Brasil, o de la familia Ortega en Nicaragua. En 1985 cuando Ortega se posesionó como presidente después del triunfo de la revolución sandinista había esperanza. Hoy se le compara a Somoza.

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/la-pobreza-en-venezuela-3038617

20.17.-Panamá, ¿se abre el paraíso? BEETHOVEN HERRERA

Panamá entregará a Colombia información sobre residentes fiscales colombianos, incluyendo los reportes del 2019.

Los diversos gobiernos colombianos han sostenido que las manufacturas importadas desde Panamá no son producidas en ese país, ‘que se utilizan para lavar dineros ilícitos y por ello pueden derrumbar los precios, y en respuesta Colombia ha aplicado medidas.

26 jul 2020.- El ministro Luis Guillermo Plata promulgó un decreto que limitaba el ingreso de bienes desde Panamá a los puertos de Barranquilla y Bogotá, el cual fue demandado ante la OMC y fallado en contra de Colombia.

Entonces los ministros Sergio Díaz Granados y María Claudia Lacouture establecieron y adecuaron un arancel mixto a esas importaciones, con los resultados indicados.

Nuevamente Panamá demandó a Colombia y en junio de 2013 el órgano de apelación de la OMC ratificó que los aranceles exceden los niveles pactados por Colombia, pero reconoció que “algunas mercancías cuyo precio es igual o inferior a los umbrales que se podrían importar en Colombia, tienen precios artificialmente bajos con fines de lavado de activos”.

En cinco años con vigencia de las medidas colombianas las importaciones de calzado cayeron de 20’734.000 pares a 1’109.000 (94%), y las importaciones de confecciones bajaron desde 5’000.000 de kilos a 231.000 (96%).

En febrero del corriente año la Unión Europea volvió a incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales de la cual había sido retirado en 2018 y para cumplir con las exigencias de la Ocde Panamá aceptó comenzar a intercambiar información fiscal con Colombia a partir de este año.

Entre los documentos filtrados por Wikileaks, se cita el informe confidencial de la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Linda Watt, titulado Understanding Panama’s Colon Free Trade Zone, según el cual “gran parte del valor agregado proporcionado por los comerciantes de la Zona consiste en ayudar a sus clientes a evadir los derechos de aduana y las leyes cambiarias del país importador.

En un sistema como ese, se hace fácil hacerse el de la vista gorda respecto de actividades delictivas graves”. (Citado por Espinosa Fenwart, Portafolio, agosto 23 de 2016).

Y la información publicada en Panamá Papers mostró que la firma Mossack-Fonseca, había creado 200.000 entidades fantasmas, en una evidente estrategia de evasión fiscal y se sospecha que en algunos de esos casos podría haber servido para canalizar recursos ilícitos.

Ahora, Panamá entregará a Colombia información sobre residentes fiscales colombianos, incluyendo los reportes relativos al 2019. El 25 de septiembre vence el plazo para que los residentes fiscales colombianos declaren, liquiden y paguen el impuesto de normalización tributaria, complementario al de renta y patrimonio, mediante el cual los contribuyentes que tengan activos omitidos, o declarados pasivos inexistentes al 1 de enero de 2020 pueden normalizar su situación fiscal. Las penas para esas conductas pueden ser privación de libertad de 48 a 108 meses y una multa del 20% del valor de pasivo inexistente.

La acción de firmeza y diálogo sostenida bajo tres presidentes en dos décadas por los ministros Jorge Humberto Botero, Luis Guillermo Plata, Sergio Díaz-Granados, María Claudia Lacouture, Santiago Rojas y José Manuel Restrepo, en coordinación con la cancillería de Colombia han producido este buen resultado. ¡Ojalá no quede en letra muerta!

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/panama-se-abre-el-paraiso-543047

20.17.-Chile: el último gabineteASCANIO CAVALLO

El presidente decidió poner fin al gabinete surgido tras el 18-O, centrado en las personas moderadas y liberales que suele representar Evópoli, y trasladar al gobierno a las figuras más representativas de sus dos partidos mayores.

28 jul 2020.- No parece exacto decir que es un cambio de “palomas” por “halcones”, aunque el ingreso del senador Víctor Pérez al Ministerio del Interior podría tener ese significado si fuese el único. Es un hecho que es una alternativa que satisface al ya exasperado reclamo de los partidarios del gobierno por aceptar el maltrato sin contrapartida que la oposición le ha dado al ministro Gonzalo Blumel y por la rebelión anómica, caótica y también sin respuesta de sus propios diputados y senadores.

Lo más importante no es esto, sino que el presidente decidió trasladar a su gabinete la división clamorosa de sus partidos de base. Parecía lógico esperar a que ellos resolvieran sus crisis de liderazgo para después replantear su relación con el gobierno. Pero las fechas en que ello puede ocurrir mediante elecciones internas, noviembre para RN y diciembre para la UDI, están a la distancia de una eternidad política. De modo que Piñera decidió invertir el orden e incluir a los principales adversarios de RN –Andrés Allamand y Mario Desbordes- y de la UDI –Pérez como aliado de Jacqueline Van Rysselberghe y Jaime Bellolio-, en condiciones de relativa igualdad, en el equipo ministerial. Parece un esfuerzo final para que la ropa se lave en casa y se modere ese fuego cruzado donde La Moneda queda al medio.

Por supuesto, esto no es ninguna garantía de que las tensiones intestinas cesarán. No fue así en ninguno de los gobiernos de la Concertación, aunque ninguno tampoco llevó tan lejos la representación oficial de las fracciones en la foto oficial. Peor aún: si este gabinete dura lo que debería dudar, tendrá en noviembre a los candidatos de las internas de RN y en diciembre a los de la UDI, en ambos casos con las elecciones más duras de los últimos años.

Pero, por el otro lado, es un gabinete con una sucesión de desafíos como no ha tenido otro en mucho tiempo: primero, el proceso de desconfinamiento, que será todo lo problemático que pueda ser, según anuncian los grupos decididos a que el gobierno no consiga ni un solo aire de triunfo; en paralelo, la reducción de la violencia en la Araucanía, que parece fuera de control en algunas zonas; luego, el aniversario del 18-O, que otros sectores querrán constituir en un nuevo hito insurreccional; y, sobre la marcha, la preparación y ejecución del plebiscito constitucional, con todos los problemas de información y participación que ya se divisan. En este último caso hay que agregar las posiciones altamente divergentes de los nuevos ministros sobre la naturaleza misma del plebiscito.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/el-ultimo-gabinete/NUAPEEG7PNAOBLV2O6KDGCI4M4/

20.26.-Recapitulación chilena ASCANIO CAVALLO

El presidente Piñera decidió no chistar más ante el retiro del 10% de los fondos previsionales y convertirlo en ley en forma expedita, incluso récord. Al mismo tiempo, el gobierno ha querido sostener que no lo considera una derrota, en parte porque parece no querer dar el gusto a sus adversarios y en parte porque con ello sugiere que la derrota real está en otra parte, no en La Moneda, y por lo tanto no existe la necesidad de cambiar al equipo de conducción política.

25 jul 2020.- Desde un punto de vista estratégico, no le falta razón. El daño más grave está en el interior de los partidos de Chile Vamos, que no hizo más que profundizarse en las últimas votaciones del Senado y la Cámara. Cualesquiera que fuesen sus razones, los senadores y diputados que abultaron la votación en favor del proyecto expresan, si no una voluntad de ruptura con sus “principios” (como han solido argumentar), cuando menos la aporía de desconocer la línea programática histórica de RN y la UDI. Esta herida tendría que volver a sangrar cuando ambos deban configurar sus listas de candidatos para las numerosas elecciones del 2021.

Y puede empeorar todavía más si es que, como dicen expertos calificados, los efectos más duros del retiro previsional empiecen a sentirse en el 2025, cuando aumente la masa de jubilaciones bajo el régimen actual. A menos que se modifiquen los períodos vigentes, ese será también otro año de elecciones parlamentarias y presidenciales, después de un gobierno (el que siga a Piñera) que tendrá que dedicarse a restañar la estela de pobreza dejada por la paralización de la economía. Pobreza que cabría llamar estructural, como hace unos 30 años, porque proyecta una sombra ominosa no sólo sobre las familias, sino también sobre los empleos, las empresas y el propio estado.

En fin: en un ambiente donde el futuro es hoy, mejor alejar esos augurios.

Desde el punto de vista táctico, sin embargo, el gobierno ha sufrido una derrota total, no por la nueva ley (ni por el gabinete, que ha dejado de importar tanto), sino por lo que representa en la trayectoria de los últimos meses. ¿O alguien pudo imaginar, por ejemplo en marzo, que el control de la pandemia podría derivar en esto?

Veamos.

Después de la pérdida del control del orden público y la iniciativa política con los sucesos del 18-O, la pandemia le ofreció al gobierno una oportunidad objetiva: la reposición obligada del imperio del estado por razones sanitarias. A mediados de marzo se entendía que sin la unidad del país detrás de la disciplina exigida por las autoridades –el gobierno- podía sobrevenir una tragedia colectiva.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-recapitulacion/AITHKCY72JFNJG4N6V2ELWLGMI/

  • 20.25.-Chile: el fin de una era ASCANIO CAVALLO
  • Fernández flexibiliza la cuarentena en Buenos Aires por el hartazgo social  MAR CENTENERA

Se terminó el sistema de partidos mayoritarios en Chile. Desde el miércoles 15, parece que ya no se volverá a ver grandes formaciones capaces de establecer alianzas sólidas y ofrecer con ellas una garantía de mínima gobernabilidad. Se acabó la derecha como bloque mayoritario, y si vuelve a tener un candidato con aire, pasado o afiliación de derecha, tendrá que postular bajo una urdiembre de partidos menores y grupúsculos chúcaros.

18 jul 2020.- En la votación para autorizar el retiro del 10% de las AFP no hay mucha racionalidad económica. Se invita a la gente a que eche mano de sus ahorros, pero nadie dice si se les devolverán, ni menos con un Estado que agotará sus reservas y comenzará a endeudarse con cargo a las nuevas generaciones. No ha primado esa racionalidad, sino sobre todo una cierta pulsión de venganza, primero contra las AFP y después contra Piñera.

La oposición encontró la oportunidad de infligirle al gobierno una derrota, ya no marginal como estaba acostumbrada, sino sustancial, con sus propios diputados. Una ocasión dorada, que podría confirmar que el antipiñerismo es más que el piñerismo, aunque por ahora no ofrezca una gobernabilidad alternativa. Y los 13 diputados desalineados del oficialismo vieron un momento redondo para expresar su enojo -por muchas, muchas razones- con el Presidente que les pedía su voto. Una pulsión que se satisface sin término.

El resultado ha sido una derrota estructural para el gobierno. Cuando recién asumió, el Presidente solía increpar a sus partidos aliados por haber sido incapaces de trasladar al Congreso la mayoría que él obtuvo en las urnas. Ahora, los parlamentarios han querido demostrarle que el grupo minoritario es el suyo, que está solo, como estuvo el 18-O y como seguramente lo seguirá estando en los 18 meses que le quedan. Han querido decirle que el “pato cojo”, el gobierno abandonado, ha comenzado en julio, mucho antes de lo que se acostumbra.

Más allá de las medidas disciplinarias, la historia de los votantes “díscolos” ya se conoce: en poco tiempo terminan formando un partido propio. Y los desgajados de los grandes partidos terminan siendo pequeños partidos, cuando no varios diferentes: los dos Mapu, la IC, el PSA, la Usopo, la DR, el Padena, el PALR, el PLa, el PIR: una sopa de letras que pasa al pie de página de la historia. La humillación que los 13 diputados de Chile Vamos le infirieron al Presidente Piñera tiene cierto parecido con la que Adolfo Zaldívar le propinó a la Presidenta Bachelet con el presupuesto de un peso para el Transantiago. Zaldívar fue expulsado de la DC y formó un partido que en poco tiempo se convirtió en dos, el PRI (piñerista blando) y el FRSV (opositor duro). Hacia allá se encaminan, quiéranlo o no, por la fuerza de su inercia centrífuga, los 13 o muchos de ellos.

La nueva verdad es que en el Congreso ahora todos son minoría. Sólo hay partidos-fragmentos, como ocurrió en la época de degradación del parlamentarismo, allá por 1925, y parece bastante probable que el país entre en una etapa de alianzas de ocasión (a menudo espurias, según muestra también la experiencia histórica) para disputarse sólo los pedazos del queso. El avanzado proceso de desertificación del liderazgo va de la mano con ese proceso.

La derecha mantenía su unidad en función de resistir a la amenaza de la izquierda. La pandemia le ha proporcionado una razón para ignorar esa amenaza. Pero la verdad es que esa tentación venía de antes, desde el 18-O -cuando el gobierno exhibió su incapacidad de imperio- y quizás aun antes, cuando empezó a elegir a sus candidatos y dirigentes con las encuestas o el número de likes de anteayer.

Un esquema como este hace que el usual balance entre convicciones y conveniencias con que las personas adhieren a un partido se incline con más fuerza hacia este último componente, en un ciclo que se alimenta de sí mismo. Los partidos, que suelen retribuir las convicciones, pasan a pagar aspiraciones menores y más precisas.

Y entonces, ¿se acabó el gobierno? Como ente administrativo, no, de ninguna manera: hay muchas elecciones por delante, además de que está demasiado a la vista una crisis económica de proporciones aún no calculables, una crujidera que demostrará que en vez de debatir sobre la opulencia será necesario regresar a la escasez, porque el país, como la interminable clase media, sólo necesitaba un par de tropiezos para caer de su frágil posición. Dicho sea de paso, uno de esos tropiezos es el confinamiento colectivo, la medida más desgraciada que se le pudo ocurrir al mundo. Pero ese es otro tema.

En cambio, en cuanto ente programático, el gobierno sí se acabó. Los proyectos con que venía han fenecido y el “modelo Cameron” yace arrugado en la papelera, igual que el de Cameron. Como unidad política, es una minoría más. Tal vez la historia diga que tal como con Bachelet 2 se pulverizó la izquierda, con Piñera 2 se pulverizó la derecha y, sin ser culpa de ninguno de los dos, entre ambos le pusieron fin a una era inusual de la política chilena. ¿O la culpa fue del 2?

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-el-fin-de-una-era/KUHU3WZ23NGBBPJ73VJFOVMVUY/

20.25.-Fernández flexibiliza la cuarentena en Buenos Aires por el hartazgo social MAR CENTENERA

El anuncio presidencial tiene lugar días después de registrarse un nuevo récord de casos diarios

El presidente Fernández, durante la conferencia de prensa del día de hoy. (FOTO: EFE | VIDEO: EPV) 

Argentina quiere volver de forma escalonada a la normalidad. El Gobierno de Alberto Fernández anunció este viernes una flexibilización de la cuarentena que rige desde hace 120 días, casi un tercio del año ya, pese a admitir que el número de contagios es elevado y que Argentina está “muy lejos” de superar la pandemia de coronavirus.

17 jul 2020.- Las restricciones a la circulación en Buenos Aires y su extrarradio, donde se concentran nueve de cada diez casos positivos por covid-19, no se levantarán, pero se relajarán. En las próximas dos semanas, reabrirán comercios, peluquerías, despachos de abogados y templos para el rezo individual. Volverá a permitirse el ejercicio al aire libre y se ampliarán los días en los que los menores pueden salir de casa, ahora limitados a los fines de semana. Si los contagios se disparan, se dará marcha atrás.

“Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a ir tratando de volver a la vida habitual en este nuevo mundo que nos exige cuidados diferentes”, dijo Fernández desde la residencia presidencial. Los habitantes de Buenos Aires se han habituado ya a salir a la calle con mascarilla, a dejarse tomar la temperatura al entrar a un supermercado, lavarse las manos con frecuencia, llevar siempre encima alcohol en gel y mantener dos metros de distancia con los demás. “Estamos en una situación buena a pesar de lo mucho que han crecido los contagios en el último tiempo”, destacó el presidente, acompañado del alcalde de la capital argentina, Horacio Rodríguez Larreta (opositor), y del gobernador de Buenos Aires. De forma virtual se conectaron también sus pares de las otras tres provincias más afectadas: Chaco, Río Negro y Jujuy.

Hasta el momento, Argentina ha registrado 114.783 personas contagiadas de la covid-19, entre las que 2.112 han muerto. La pandemia comenzó a acelerarse a partir de junio y el martes se registró un nuevo récord de casos diarios, 4.250. Aun así, el Gobierno sostiene que el retorno a la cuarentena estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)—donde vive casi un cuarto de la población argentina— ha ralentizado el ritmo de crecimiento y de ocupación de camas intensivas. Con esos datos en la mano, el Ejecutivo ha decidido flexibilizar el aislamiento y aliviar el malestar de gran parte de la ciudadanía, preocupada por su merma de ingresos por la paralización de las actividades económicas y también por las consecuencias físicas y mentales de un encierro tan prolongado.

“Sabemos lo difícil que está siendo este tiempo para todos. Difícil por la enfermedad, porque hay un problema sanitario, pero también hay un problema económico, social y afectivo”, reconoció Kicillof. Argentina está en su tercer año de recesión económica y la pandemia ha disparado la pobreza extrema: de ocho millones de personas que requerían asistencia alimentaria se ha pasado a once.

Tanto el presidente argentino como los gobernadores hicieron hincapié en la responsabilidad individual de cada ciudadano para mantener medidas de higiene y prevención que limiten la propagación del virus. “Estamos en una etapa que va a depender muchísimo del esfuerzo de cada uno, de que nadie se relaje”, advirtió Kicillof, al frente de la provincia más poblada y con mayor número de casos. El Gobierno quiere evitar un pico pronunciado de la pandemia que provoque un colapso sanitario, tal y como ha ocurrido en países como España e Italia.

Entre las restricciones que siguen vigentes en Buenos Aires y su área metropolitana están las reuniones sociales, las actividades culturales y la reapertura de cafés y bares. Las escuelas, sin clases hasta agosto por vacaciones, permanecerán cerradas tras el receso invernal.

El regreso a la nueva normalidad se define provincia a provincia. La precaución con la que se dan los primeros pasos en Buenos Aires contrasta con la avanzada reapertura en aquellas provincias donde no se registran casos.

https://elpais.com/sociedad/2020-07-17/fernandez-flexibiliza-la-cuarentena-en-buenos-aires-por-el-hartazgo-social.html

  • 20.24.-Bolivia: intentan apresar a Evo y proscribir al MAS ante inminente triunfo electoral – VERÓNICA ZAPATA
  • Dónde va Chile Vamos – ASCANIO CAVALLO
Foto: HispanTV

El lunes 6 de junio la fiscalía de Bolivia imputó y pidió la detención del ex presidente Evo Morales por “Terrorismo y sedición”, reactivando de esta manera la causa basada en un audio casero atribuido al exmandatario, que supuestamente desde México donde se encontraba refugiado, instruyó al dirigente cocalero Faustino Yutra a bloquear caminos e impedir el ingreso de alimentos a diferentes ciudades en el marco del golpe de Estado de noviembre del 2019.

7 jul 2020.- La investigación había comenzado el 20 de noviembre del 2019 luego de que el gobierno de facto presentó los cargos contra el exmandatario por “terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo”. El 20 de diciembre los fiscales pidieron la detención de Morales que se encontraba en Argentina con el “estatus de refugiado” por lo que las autoridades argentinas rechazaron extraditarlo.

Interpol tiene sede regional sudamericana en Buenos Aires, se espera que se mande un pedido de alerta roja para crear un conflicto diplomático con Argentina cuyo presidente Alberto Fernández no reconoce a Jeanine Áñez como presidenta constitucional y legítima del Estado Plurinacional de Bolivia, porque no accedió al poder por el voto democrático. Se autoproclamó presidenta de Bolivia en una asamblea legislativa semi vacía y la banda presidencial se la coloco un militar.

Por fuera la Asamblea Legislativa estaba sitiada de militares, rodeada de tanques y helicópteros. La autoproclamación se produjo posterior a la renuncia del ex presidente Morales a pedido del jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman.

Para llegar a ser presidenta de facto, Áñez primero se autoproclamó presidenta del Senado, y recién luego presidenta de Bolivia. Era la segunda vicepresidenta del Senado por lo que no cumplió con la línea de sucesión. Su partido había obtenido apenas el 4% de los votos.

 Los abogados de Morales, Raúl Zaffaroni y Gustavo Ferreyra emitieron un comunicado en el que señalan que “Bolivia es un estado de derecho donde rige la fuerza bruta. La imputación a Evo Morales constituye la enésima evidencia del estado policial en Bolivia. Las pruebas no existen, la acusación fiscal es un disparate, igual que el pedido de detención”

“No hay cargo penal alguno que deba incriminar al expresidente, nuestro defendido. Morales lucha por la recuperación del estado constitucional y la democracia. El peso de nuestras razones despeja los señalamientos despreciables, cómo son la imputación y el pedido de detención”, añaden.

Por otro lado, el 15 de junio se reactivó la investigación en que se acusa a Evo Morales de planificar un fraude en las elecciones del 2019 y se anunció la presentación espontánea de un “testigo clave” cuya declaración permitiría ampliar las denuncias y los pedidos de captura. Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral quién tiene estrecha amistad con Carlos Mesa candidato de Comunidad Ciudadana y aparece con él en diversas fotografías en redes sociales, se sumó a esta denuncia.

La estrategia golpista es “probar” por medio de jueces cooptados por el golpismo que hubo fraude sin pruebas y anular la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo. Sería una opción para los golpistas que les permitiría ganar una elección: sacar de competencia electoral al MAS.

 La persecución política y judicial contra el exmandatario no termina ahí. El 25 de junio Arturo Murillo, ministro de Gobierno de facto, acusó a Morales disparatadamente de ser el ideólogo de la escandalosa causa de corrupción por la compra de respiradores con sobreprecios en el que se detuvo al ex ministro de salud golpista Marcelo Navajas.

Murillo sostuvo que esta causa responde a “una conspiración del MAS” y amplió las denuncias al dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, y a dos exministros y otras 10 personas, por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y organización criminal. En esta causa también se habría presentado un “testigo clave” que brindaría datos que compromete a los dirigentes y a ex funcionarios del MAS.

Proscripción del candidato a presidente, Luis Arce

 El 30 de junio se conoció la denuncia penal interpuesta por Sergio Flores, gerente de la gestora pública de pensiones, contra Luis Arce Catacora, candidato a presidente por el Movimiento Al Socialismo, acusado de la compra de dos programas informáticos cuando fue presidente del directorio de la gestora publica, que habría causado un daño económico en detrimento del Estado.

La denuncia fue realizada a dos meses de las elecciones presidenciales fijadas para el 6 de septiembre en el país y en el contexto en que Áñez anuncia el decreto 4.272 de reactivación del empleo. El MAS denunció que dicho decreto implica el retorno al neoliberalismo, favoreciendo a las empresas privadas y excluyendo a las empresas públicas de recurrir a los fondos del tesoro nacional, condenándolas a la quiebra para su posterior privatización.

De tal manera, se pone en riesgo la existencia de los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, cuyo fondo para el pago proviene de las rentas de las empresas públicas. Además, este decreto determina la privatización de los servicios básicos: luz, agua, gas, etc., que fueron declarados como un derecho humano por Morales quién bajó el precio de estos servicios en el país.

El ministro de Justicia del gobierno de facto, Álvaro Coimbra, confirmó que aceptaran la denuncia contra Luis Arce y solicitó a la fiscalía que reactive las diligencias para citarlo en el caso del desfalco del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinos (FONDIOC), en la que estarían implicados el exministro de Economía y la mayoría de los exfuncionarios del gobierno del ex presidente Morales.

Luis Arce es acusado de incumplimiento de deberes y otros “delitos”. Coimbra también relató que se reactivaran los más de 60 procesos por presunta corrupción durante el gobierno de Morales.

La persecución judicial o lawfare es una estrategia conocida en la región al que han sido sometidos diversos exmandatarios como Lula Da Silva, Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner para intentar sacarlos de competencia electoral ante el abrumador apoyo de sus pueblos. El caso brasileño fue paradigmático.

El 30 de junio. la dirección nacional del MAS-IPSP. emitió un comunicado denunciado el intento de inhabilitar al candidato a la presidencia Luis Arce, que se presenta como ganador indiscutido en las encuetas, con el fin de impedir su participación en los comicios del próximo 6 de septiembre.

De tal manera, se proscribiría al MAS, principal fuerza política de Bolivia, mediante un golpe judicial. Se apuesta a competir en una elección, pero sin el principal competidor.

Luis Arce llegó a La Paz, desde el exilio en México para iniciar su campaña proselitista el 28 de enero pasado, de inmediato fue notificado por la fiscalía por un caso de corrupción apenas bajó del avión en un pasillo del aeropuerto de El Alto. Anteriormente, Luis Arce también estuvo en resguardo en la embajada de México en La Paz posterior al golpe de estado del 10 de noviembre del 2019 y se asiló en México luego de obtener un salvoconducto del gobierno de facto.

Las elecciones en Bolivia están fijadas para el 6 de septiembre, y todas las encuestas dan por ganador a Luis Arce, el candidato del Movimiento al Socialismo. El contexto es de crisis política, económica, social y sanitaria en el país con una fuerte ofensiva golpista hacia el pueblo boliviano para evitar las próximas elecciones a toda costa, pese al establecimiento de la fecha electoral.

El golpismo busca evitar los comicios con acciones violentas para convulsionar el país y en simultáneo administra siniestramente la pandemia con el fin de obtener un pico de 130 mil contagios para la fecha electoral. Por este motivo, Áñez no tomó las medidas de contención necesarias y recién luego del colapso sanitario, se empezaron a realizar pruebas para justificar el disparo en las cifras oficiales. Otra opción sería llevar a cabo las elecciones, pero eliminando de la competencia al principal candidato opositor y/o anulando la personería jurídica del MAS. También se advierte la asunción de un gobierno netamente militar que eliminaría la realización de los comicios en la fecha establecida. Esta situación se entrelaza y reconfigura en relación al contexto geopolítico regional e internacional en que EEUU dejó de ser la potencia económica del mundo y el jefe de Áñez, Donald Trump, también cae estrepitosamente en las encuestas para su reelección, lo que demuestra que la pandemia puede llevarse puestos varios gobiernos.

Verónica Zapata

Periodista y psicóloga boliviana, colaboradora del Centro latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

http://estrategia.la/2020/07/07/intentan-apresar-a-evo-y-proscribir-al-mas-ante-inminente-triunfo-electoral/

20.24.-Dónde va Chile Vamos ASCANIO CAVALLO

Chile Vamos sufrió una implosión esta semana. Se desmoronó hacia adentro, presionado por fuerzas externas que no resistió. Con ello se quebró el último pilar político-institucional que tenía el gobierno de Piñera. Quizás La Moneda no lo vea de la misma manera, pero la fractura del miércoles es un anuncio de que los 20 meses que le quedan serán todavía más pedregosos de lo que parecía.

11 jul 2020.- La gestión de la pandemia no ha sido un salvavidas. Ni siquiera sus partidarios han aceptado esperar para hacer el balance completo. El predominio del corto plazo lo ha devorado todo, tal vez porque se ha convertido en un rasgo de la política moderna, como lo identificó el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso en su conversación de esta semana con La Tercera.

¿Qué ocurrió realmente el miércoles con la coalición oficialista? Una de las dificultades para precisarlo es que la discusión acerca del retiro del 10% de los fondos acumulados en las AFP envuelve por lo menos cinco niveles de relevancia y se puede dar, por cierto, que muchos de los diputados no los tuvieron en cuenta o simplemente no los perciben.

Está en la naturaleza de los “díscolos” emplear su voto para enviar mensajes al gobierno y, muy secundariamente, a su propio electorado. También es parte de su identidad probar ese estatus hasta que las discrepancias se profundizan, abandonan sus partidos y pasan a la oposición más dura.

A juzgar por sus fundamentaciones, a los “díscolos” de Chile Vamos les eran irrelevantes las implicancias más amplias de la propuesta del 10% -unos tres niveles: el sistémico, el de la reforma de las pensiones y el del Acuerdo Económico-Social, cada uno con su propia complejidad.

 Lo importante era mostrarle al gobierno que no están dispuestos a negarse a una medida que, de acuerdo con las encuestas, tiene alta popularidad. En otras palabras: no pagar más costos en el altar de Piñera. Ya instalados sólo en el cuarto nivel del problema, esto fue suficiente para que nueve diputados de RN y cuatro de la UDI votasen en contra de lo que su sector, su coalición, sus partidos y su gobierno han defendido por 30 años.

Como en todo fenómeno similar, las raíces del conflicto se encuentran más atrás, aunque muchos eligen como momento estelar el 18-O, cuando RN reaccionó con una evidente división ante la amenaza pública. El gobierno califica al presidente del partido, Mario Desbordes, de “populista” y la oposición lo llama “liberal”.

 Ambos términos son demasiado interesados. Desbordes no encarna nada distinto de una corriente muy antigua en la derecha, nacional-popular, por llamarla de alguna manera, que nunca ha aceptado el ascendiente liberal que ha imperado en su coalición desde los años de Pinochet, y que pudo ver en el 18-O la oportunidad para liberarse de esa carga, mejor representada por la UDI. RN nunca ha sido un partido unitario y lo será menos si algunos dirigentes creen que su coalición y su propio gobierno no les conviene.

En la UDI, el detonante fue otro: la negativa del gobierno a ejercer el veto presidencial en la ley que limita las reelecciones de los alcaldes y que, en su caso, afectaría a algunas de las figuras más notorias del partido. Los alcaldes son, a la vez, aliados y eventuales competidores de los diputados, y estos, de los senadores, de modo que lo que se afecta no es un cargo, sino una verdadera cadena política.

La UDI pidió que Piñera ejerciera su facultad de veto y el gobierno se vio obligado a decidir si lo ejercía en ese proyecto o si se reservaba para los varios de constitucionalidad incierta que están saliendo del Congreso para superar de facto la Constitución. Aparte de la cantidad de esos proyectos, debía tener en cuenta un tercer factor: un Tribunal Constitucional quebrado, cuya división interna lo hace hoy más imprevisible que nunca antes.

La interpretación de la UDI era esperable: el gobierno pide apoyo a los partidos, pero no devuelve la mano cuando el partido lo pide. Hasta ha elegido un culpable: el ministro del Interior. Esta semana circuló una declaración de la comisión política exigiendo la destitución de Gonzalo Blumel. No llegó a hacerse oficial, pero la filtración (deliberada) parece un prolegómeno. Otros parlamentarios de la UDI tienen el ojo puesto en Ignacio Briones, a quien acusan de haber acordado con la oposición lo mismo que a ellos les exigió no ceder por ningún motivo.

Y así por delante. En plena pandemia, los partidos oficialistas eligen sus cabezas de turco, pero tanto RN como la UDI saben bien que apuntan a un mismo objetivo: Piñera. Es el Presidente quien debe llevar una ofrenda a ese nuevo altar que son los parlamentarios. En el clima actual, difícilmente podría ser otra que un nuevo cambio de gabinete.

De pasada, la gobernabilidad ofrecida por Chile Vamos, que era su fortaleza principal y la razón por la cual ganó las elecciones del 2018, ha quedado herida, si no de muerte, al menos de mutilación. El Chile Vamos que nació el miércoles ha dejado de ser la minoría más poderosa del Congreso. Y en el Senado, quizás también deje de ser una alternativa de futuro gobierno.

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20.23.-Chile: el grado cero ASCANIO CAVALLO 

Lo peor no ha llegado: este es, por desalentador que resulte, el nuevo consenso médico mundial. Puede resultar desconcertante ver a los europeos volviendo a las calles, los parques y los restaurantes; o a los estadounidenses que se niegan a usar mascarillas porque les parecen “demócratas”; o a los gobernantes que dicen que es mejor hacer menos exámenes para descubrir menos contagiados. Todo eso es ilusorio. El baile de máscaras en el palacio de la muerte roja.

4 jul 2020.- Ya está claro que el virus no se ha ido, ni siquiera en los lugares que redujeron su incidencia. Sólo no está en la Antártica. La OMS, que se perdió la oportunidad de ser la arquiatra del mundo, cavila y advierte, registra y cavila. No está segura de nada, como todo el resto. Cada país está a solas.

Usando modelaciones propias, el MIT ha estimado que alrededor de un tercio de las muertes producidas por el Covid-19 han sido erróneamente atribuidas a otras causas; en otras palabras, que al medio millón de muertos reportados hasta ahora hay que sumar un cuarto de millón más. Su proyección es que hacia marzo de 2021 la pandemia habrá causado una media de 2,3 millones de muertes (entre 1,4 y 3,7) y se habrá contagiado una media de 400 millones de personas. El sida, que ya se acerca a los 40 años (oficiales), lleva 32 millones de víctimas y aún carece de vacuna.

Los epidemiólogos divergen en la mayoría de los tópicos calientes de las mediciones sobre el Covid-19: casi hay “partidos” de especialistas por cada posibilidad. Las cifras son otra danza de incertezas. El único acuerdo es que de momento sólo funcionan como contención los tests, la trazabilidad de los contagios, los comportamientos ciudadanos y los confinamientos masivos. Y que estos últimos son el recurso menos deseable, pero más imperioso cuando fallan los tres primeros.

El menos deseable: la gente se hastía, pierde la confianza, desobedece y se rebela con esta situación esencialmente inhumana. No es parte de la configuración sensible de los humanos congelar los lazos sociales, encerrarse, protegerse como perseguidos y esperar, esperar sin horizonte. No está en su equipamiento dejar de saludarse ni perfeccionar lo que el Presidente Macron ha llamado “gestos-barrera”. Pero hay dirigentes -y no pocos, aquí y allá, en todo el mundo- que han clamado por más y más encierro desde que comenzó la propagación del virus, con ese viejo instinto de saberlas todas, siempre listo para administrar la libertad de los demás.

La historiadora francesa Marilyn Nicoud ha recordado en estos días la trayectoria del confinamiento como medida sanitaria. La primera vez que se aplicó fue en Ragusa (hoy Dubrovnik) en 1377, para detener el ingreso de la peste negra. Más tarde se extendió a otros feudos con el fin de impedir la entrada de apestados o limpiarlas de enfermos, como hizo el conde Bernabò Visconti en Milán, que los echó a los campos. Ferrara y Módena prohibieron el ingreso a todos sus vecinos de Padua y Venecia.

La peste negra no duró unos meses, sino cuatro siglos, con colas largas que llegaron hasta el siglo XIX en el Imperio Otomano e incluso hasta unas inusitadas reapariciones recientes en Madagascar y esta semana en Mongolia. Nicoud recuerda que los confinamientos masivos fueron abandonados en Europa tras la epidemia de cólera de 1831, con el argumento de que se trataba de una “medida de terror”, inoperante, violenta y “digna de siglos de barbarie”. Esta descripción no la usó un liberal desenfrenado, sino el político y médico socialista Ange Guépin.

Dos corrientes prevalecientes en la discusión chilena, el parroquialismo y el infantilismo, la inclinan una y otra vez a buscar en el ombligo político-médico una liberación de la angustia. Las cifras son discutidas por quienes han promovido los cambios en las contabilidades, las medidas son controvertidas por los que las impulsaron y el reclamo por el hundimiento del empleo viene de los mismos que hace poco denunciaban la crueldad de preocuparse por la economía. Expresiones de la angustia, para confiar en la buena fe.

¿Es buena fe que un médico acuse a otro médico, que por ahora es ministro, por emplear una clásica expresión médica (“leve mejoría”) como si fuera un llamado a la desobediencia sanitaria? Debe ser buena fe, puesto que quien lo hizo fue la presidenta del Colegio Médico. Y ha de serlo, sobre todo, porque es otra parte de ese debate circular entre los que dicen que la laxitud sanitaria se debe al comportamiento de los ciudadanos y quienes afirman que es culpa de las ambivalentes señales del gobierno.

Esta semana, The Economist afirma que el cambio de los comportamientos “requiere de una clara comunicación de las figuras confiables, nacionales o locales”, la condición básica para que funcione la tercera de las medidas concordadas por el mundo epidemiológico. No es sólo la buena comunicación: antes está la confianza. ¿Quién es confiable en el Chile de hoy? El Presidente no lo es, y no ha terminado de aceptarlo. La mayoría de los dirigentes tampoco lo son.

Quizás sea necesario ir un poco más atrás: ¿Quiénes son los responsables de que el estado de la confianza institucional e interpersonal en Chile sea una de las peores del planeta? Fuera de los que acostumbran a responder del modo mecánico (“el sistema”), es probable que cada quien podría hacer una larga lista en la que figurarían, sobre todo, políticos y altos funcionarios. O, para ir hacia adelante, ¿quiénes podrían comenzar a remendar este tejido desgarrado en que se ha convertido la sociedad chilena?

Desde que a fines de la Edad Media los Estados comenzaron a intervenir en la salud y a adoptar medidas radicales sobre las personas, la burocracia médica y la policía tomaron su control; y cuando el humanismo decidió que la policía era inferior a la fe pública, la confianza asumió ese papel. Desde entonces, todas las ciencias, duras y blandas, asumen que la salida de las grandes crisis depende del capital de confianza.

Nadie ha dicho cómo se hace cuando la confianza está en su grado cero.

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  • 20.22.-Las vergonzosas perlas del libro de BoltonPATRICIA LARA
  • Chile: el jardín de rosas – ASCANIO CAVALLO
John Bolton, exasesor de Trump. Foto: Telemundo 

El capítulo sobre Venezuela del libro de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, muestra el irrespeto de Trump a la soberanía latinoamericana, el fracaso de su política hacia nuestro país vecino, su falta de simpatía por el autoproclamado presidente Juan Guaidó, la apuesta equivocada de Colombia con respecto a Maduro y el arrodillamiento del gobierno de Iván Duque ante Trump, con una excepción, equivocada también: cuando en una reunión Trump planteó que le gustaría reunirse con Maduro, Duque le dijo que sería un error hacerlo.

26 jun 2020.- El hecho de que la soberanía de Venezuela y, por ende, de los demás países de América Latina le importa un carajo al actual presidente de EE. UU. se evidencia en esta frase de Bolton: “Trump insistió en que quería opciones militares para Venezuela y, luego, quedársela porque ‘es realmente parte de los Estados Unidos’”.

Semejante frase no puede pasar desapercibida. Los países de la región, incluidos los del Grupo de Lima y de la OEA, tendrían que protestar, pues una cosa es que rechacen el gobierno ilegítimo de Maduro y otra muy distinta que estén de acuerdo con la intención de Trump de anexarle a EE. UU. una nación latinoamericana.

Bolton reconoce el fracaso de la política estadounidense en Venezuela cuando dice, por ejemplo: “Llegué a la conclusión de que estos generales nunca tuvieron la intención de desertar”; o cuando, refiriéndose al fallido intento de levantamiento del 30 de abril del año pasado, comenta: “En Venezuela, ese día, todo se fue por la borda”.

También es evidente la falta de simpatía de Trump por el autoproclamado presidente Juan Guaidó: “Él no tiene lo que hace falta… Apártate un poco, no te involucres mucho”, que era como decir: “No te comprometas mucho”, cuenta Bolton que le dijo Trump. Y agrega que Trump “pensaba que Guaidó era débil, en comparación con Maduro, que era fuerte”.

De otra parte, la apuesta equivocada de Duque con respecto a Maduro se muestra a lo largo del capítulo, pues se ve cómo Colombia ha asumido un papel protagónico en la conspiración para tumbar al mandatario venezolano, lo cual ha vuelto mucho más difíciles nuestras relaciones, de por sí complicadas, con el país vecino, y ha dejado libres las manos de Maduro para que les dé albergue a los del Eln y a los disidentes de las Farc.

El arrodillamiento de Duque ante EE. UU. no tiene nombre. Dice Bolton que Trump “preguntó si deberíamos mandar 5.000 hombres a Colombia en caso de ser necesitados, lo cual anoté en mi libreta”.

Ante esa afirmación del libro y ante la filtración, en esa época, de la anotación de las “5.000 tropas para Colombia” en la libreta amarilla de Bolton, ni Duque ni nadie del Gobierno de Colombia protestó, sino que el canciller de entonces, como gran chiste, le llevó de regalo a Bolton una libreta amarilla como la que había aparecido en las cámaras. No se les ocurrió pensar que con esa frase el gobierno de Trump atentaba contra la soberanía de Colombia, ni que para que ingresen tropas extranjeras al país se requiere la autorización del Congreso. ¡Nada!

En coyunturas tan difíciles como las que ha habido con Venezuela, Duque ni siquiera ha convocado una vez la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Todas las burradas las hace solo. Por ejemplo, ahora, rompió la tradición y apoyó al candidato de EE. UU. para la presidencia del BID, cuando siempre los presidentes del BID habían sido latinoamericanos.

Definitivamente, la política exterior de Colombia en tiempos de Duque ha sido una vergüenza.

www.patricialarasalive.com, @patricialarasa

https://www.elespectador.com/opinion/las-vergonzosas-perlas-del-libro-de-bolton/

20.22.-Chile: el jardín de rosasASCANIO CAVALLO

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

“¿Con qué derecho juzgas, zar Iván?”, se pregunta el propio zar mientras piensa en sus enemigos, en el Iván el terrible, de Eisenstein, filmada hace casi 70 años. “¿De dónde sacas esa certeza?”, le pregunta hace unos días el filósofo André Comte-Sponville a un colega que le ha reprochado sus dudas sobre el confinamiento.

27 jun 2020.- Nadie puede responder a eso en estos días; nadie puede decir que hay una sola forma exitosa en una pandemia, y nadie puede decir siquiera que tal o cual caso ha sido un triunfo. Esto no ha terminado; con suerte, está en la mitad. Y, sin embargo, se multiplican los grupos que exigen más y menos, nuevas o viejas medidas para detener los contagios. En todo el mundo. Todos, sin ninguna certeza.

En la política corriente -la llana, la sencillita- la duda suele estar proscrita, parece una debilidad en un ambiente de seguridades. Por eso, en su parte baja, la política consiste en sembrar la duda sobre los adversarios. Si no puedes derrotarlos, oscurécelos. Nadie te promete un jardín de rosas, pero algún día serás recompensado.

Hoy, lo único que se sabe por adelantado es que, junto con las muertes, las economías quedarán por el suelo. Esa conciencia ha llevado a los políticos de muchos países -españoles, franceses, alemanes, neozelandeses- a concordar acuerdos sobre la base de que en cuanto al virus, todos comparten la ceguera, pero saben que viene lo otro. Azuzados por los economistas, los políticos chilenos se situaron en ese grupo al suscribir un acuerdo económico-social para afrontar los meses futuros con el dinero fiscal. Un nuevo clima, alentado además por la renuncia del ministro de Salud, se instaló en el país.

Duró una semana.

Ese mínimo plazo se tomaron para resurgir la desconfianza social, la anarquización institucional y, sobre todo, el encono político. Los detalles de la semana son demasiado peatonales para recordarlos aquí. Las cuestiones de fondo se han concentrado, por ahora, en dos grupos.

Primero, hay un sector del país, con representación en el Parlamento, que ha dado por muerta la Constitución. No ahora, sino desde hace tiempo. En su opinión, todo el engranaje constitucional, y en especial las restricciones que atañen al Congreso, se oxidó y está en ruinas, desde las reglas de mayoría hasta el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, es irrelevante saber si los proyectos que presentan los parlamentarios son inconstitucionales o no.

En el Congreso se trabaja sobre la base de que su mayoría es opositora, aunque a) la elección presidencial expresó otra mayoría, y b) aún no se divise cómo podría la mayoría parlamentaria convertirse en sustento de una nueva gobernabilidad. Pero dentro de esa mayoría, suele resultar más clamorosa la que apunta a sobrepasar la Constitución de facto y en nombre de causas múltiples. No es muy normal, pero desde hace tiempo es parte del clima anómico del país. El caso es que ahora esas iniciativas desbordan, de modo objetivo, el acuerdo económico-social, que justamente es una definición de marcos y proyectos. Las rarezas son a) que algunas de esas iniciativas vengan de los partidos que firmaron el acuerdo, y b) que haya también unas apoyadas por miembros de los partidos de gobierno.

Sin mirar el manual de la prudencia, el Presidente Piñera decidió replicar a eso con una comisión especial para estudiar las inconstitucionalidades que se presentan con creciente frecuencia, como si los parlamentarios fuesen inconscientes de sus acciones. El anuncio es una injerencia en otro poder del Estado, aunque no muy distinta de las que el Presidente Aylwin emprendió contra la Corte Suprema en los años 90. El desafío de Piñera lo suma a una antigua corriente del contra parlamentarismo que expresó mejor que nadie Arturo Alessandri Palma, y después su hijo Jorge. Pero esa es otra historia. El hecho es que las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo han sufrido otra erosión, acaso la peor en los últimos 30 años, y en el peor momento de la crisis.

El segundo grupo de problemas lo plantea otro sector -superpuesto con el anterior, pero no igual- que da por muerto al gobierno. Este espacio epistémico nació después del 18-O y llegó hasta marzo, cuando un senador propuso el cogobierno del Congreso con el Presidente (más o menos en ese orden): un trueque de mayorías. Mucha gente de este sector actúa como si Piñera hubiese sido defenestrado, antes por las movilizaciones y ahora por el Covid-19. Un excandidato propuso hasta una cohabitación à la française del Presidente con algún dirigente opositor. Nadie ha explicado cómo y quién se hace cargo de esas responsabilidades, y con qué tipo de legitimidad.

Por un momento pareció, cuando la alarma sanitaria se vino encima, que las fuerzas políticas enderezarían las instituciones -incluyendo al gobierno- para hacer frente a la emergencia. Pero ese eje ha sufrido una torsión durante junio y el Covid-19 se ha convertido también en una pieza de crispación política, como si los contagios, el hastío del confinamiento y el alza del desempleo se hubiesen transferido por ósmosis al ánimo de los dirigentes.

Parecía lógico que después del acuerdo económico-social viniera alguno, por ejemplo, respecto de cómo y cuándo avanzar hacia el desconfinamiento para aliviar el estrangulamiento de los empleos y la producción. Es lo que ha sucedido en otros países.

Pero en el Chile de esta semana, donde cada uno tiene su propio afán, no hay ni humo de eso.

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  • 20.21.-Argentina: El ajuste al desnudo. La clase obrera, la pandemia y la crisis – IANINA HARARI
  • ¿De qué te mueres, Chile? – ASCANIO CAVALLO

La llegada de la pandemia golpeó duramente a la clase obrera, sea porque tiene que exponer su salud trabajando sin condiciones adecuadas de prevención, porque pierde el trabajo, porque no puede trabajar y no tiene ingresos o porque le rebajan el salario. Sin embargo, el ajuste que estamos sufriendo no es culpa del Coronavirus. La crisis ya nos golpeaba mucho antes de la cuarentena y nada indicaba que fuera a detenerse.

13 jun 2020.- El gobierno de los Fernández dejó en claro que planeaba continuar el ajuste, aunque tratando de maquillarlo con lenguaje inclusivo o con apelaciones a la solidaridad. La intención de instaurar un pacto social, de que no se firmen clausulas gatillo, de que los aumentos fueran de sumas fijas y preferentemente solo a los salarios más bajos, fueron parte de un plan cuyo objetivo era continuar bajando los salarios. La pandemia no hizo más que profundizar la crisis ya existente y facilitar el ajuste. El número pasado vimos las primeras medidas de rescate al capital y de ajuste a la clase obrera, pero con el correr de la cuarentena esa política se profundizó y, como era de esperarse, empezó a despertar la lucha obrera.

El ajuste al desnudo

Si antes de la pandemia el gobierno buscaba disimular el ajuste, ahora aparece de manera más cruda. La prohibición de despidos que dictó el gobierno, fue una medida decorativa que no los impidió, y que incluso el propio ministerio de Trabajo avaló. El primer indicio de que el decreto era letra muerta fue la homologación los despidos de los despidos de Techint. A ellos se fueron sumando muchos más hasta llegar a más de 100 mil, según los cálculos más altos realizados en base a relevamiento de medios periodísticos. Sin embargo, es evidente que la cifra es mayor aun, dado que no todos los despidos salen en los medios. Además, a los despidos se suman los retiros voluntarios y las recisiones de contratos, que no son contabilizados como tales.

El ministerio de Trabajo, había afirmado que en marzo se dieron de baja 45 mil empleos registrados, pero allí se incluyen jubilaciones, por lo cual no resulta un dato fidedigno. El mismo organismo calcula que el empleo formal cayó en marzo un 0,5% intermensual, a partir de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) realizada solamente a empresas registradas de más de 10 trabajadores, dejando a gran parte el universo pyme afuera. Según esa encuesta se habrían perdido 30 mil puestos de trabajo. Lo interesante es que, a pesar de la prohibición de despidos, el propio ministerio admite en esa encuesta que durante marzo la tasa de despidos aumentó un 0,6 %.

Según la EIL, la mayor caída de empleos se fue en la construcción, que tuvo una reducción del 3,1% en relación al mes anterior y del 19.7% en relación a marzo de 2019. En segundo lugar, se ubica el comercio con un descenso de 0,8% mensual y de 3,1% interanual. Por último, la industria manufacturera que cayó un 0,5% mensual y 3,1% interanual. En cambio, el sector de servicios comunales, que incluye salud y educación, tuvo un aumento del empleo registrado respecto del mes anterior del 0,2%.

A los despedidos se suman quienes fueron suspendidos y quienes vieron reducido su salario. El decreto que prohibía despidos y suspensiones, en realidad no impedía las segundas. De hecho, se dejó afuera de la prohibición las suspensiones previstas en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir aquellas por las cuales se acuerda pagar una suma no remunerativa, incluso en aquellas circunstancias que “se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada”. Con esta excepción, el gobierno dejó la puerta abierta para que los gremios pactaran suspensiones. El acuerdo que firmó el gobierno con la CGT y la UIA logró que la tramitación de los convenios de suspensiones con rebajas salariales fuera más ágil. El acuerdo fija un piso del 25% de descuento, aunque las rebajas pueden ser mayores si pasan por la revisión del Ministerio de Trabajo. Si bien antes del acuerdo CGT-UIA se habían firmado convenios de suspensiones (como el de pasteleros con cadenas de comida rápida por el 50%), después se multiplicaron. Esos acuerdos abarcan a más de 1.2 millones de trabajadores.

Todo este ajuste recae sobre los trabajadores, porque las empresas reciben todo tipo de compensaciones. Mediante la ANSES, el gobierno usa la plata de los jubilados a los que les negó el aumento para transferir miles de millones de pesos para el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para pagar la mitad de los salarios a empresas, entre las que se encuentran Techint, Clarín, Ledesma y otras cuyas ganancias podrían afrontar el pago. La entrega del dinero de los jubilados, a los que se les dio un aumento paupérrimo, fue tal que el gobierno debió proponer que algunos lo devuelvan e imponer mayores restricciones para su cobro como que las empresas no podrán, por 12 meses las de menos de 800 empleados y 24 meses las de más, distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019, recomprar sus acciones directa o indirectamente, adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior (o sea, adquirir dólar MEP o CCL), realizar erogaciones a sujetos o empresas en paraísos fiscales. O sea, están reconociendo que le dieron subsidios a empresas que no lo están utilizando en el salario de sus trabajadores.

Otro regalo para las empresas fueron los créditos a tasa negativa, o sea, se les regala plata. También se les rebajaron las cargas patronales, se les otorgó prórroga para presentar las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y una mayor cantidad de cuotas y la ampliación de la cantidad de planes a los que pueden acceder para refinanciar sus deudas impositivas con la AFIP, incluyendo las de IVA. Al mismo tiempo, se eliminó el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER), que es una evaluación fiscal de cuya calificación dependía el poder acceder a planes de refinanciación de las deudas con AFIP, y se suspendió el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), del Ministerio de Trabajo, con el fin de evitar que quienes negreaban trabajadores pierdan beneficios dispuestos por el Estado Nacional. Todas estas medidas son una gran confesión del carácter parásito de la burguesía argentina. Verdaderos planeros que solo subsisten como capitalistas a condición de recibir flujos crecientes de subsidios estatales, mientras ajustan sin asco a los trabajadores. Este es el esquema del capitalismo nacional que defienden todos los políticos burgueses.

La burocracia viabiliza el ajuste

El primero que firmó suspensiones con rebajas tras el acuerdo de la UIA-CGT, fue la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), por una rebaja del 70% sobre el bruto. El acuerdo incluye una cláusula que permite despedir a los contratados. Ya unas semanas antes, Caló había intentado aplicar suspensiones en el sector por el 70% para varias ramas, pero el rechazo de varias seccionales bajó el acuerdo. En la rama siderúrgica ya había acordado suspensiones al 75% en casi todas las plantas de Techint. En Acindar se impuso una rebaja mayor, del 40%, la empresa calculó el descuento sobre el salario base de convenio de la siderurgia y no el que habitualmente liquida, que es mayor a esos montos. Además, en la planta de La Tablada, despidió a seis trabajadores rescindiéndoles el contrato. Los despidos fueron en represaría porque tras una asamblea que votó en contra de los planes de la empresa, los delegados de la comisión interna solicitaron que se mejorara los montos a pagar. A todo esto, el gremio comandado por Caló pospuso las negociaciones paritarias.

Otro peso pesado que firmó suspensiones con rebajas salariales fue Armando Cavalieri, de la Federación de Empleados de Comercio (FACEYS). El acuerdo fijó un descuento del 75% de los salarios netos. Las empresas más chicas en principio se negaban a firmar porque reclamaban el pago del 100% de los salarios por parte del Estado. A principios de marzo, el gremio había renegociado la paritaria 2019, y con eso pateó la de 2020 hasta junio, y probablemente lo vuelva a hacer.

El gordo que no podía faltar es Luis Barrionuevo, de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra). El acuerdo que firmó permite suspender al 75% del salario. Recordemos que los hoteles están facturando porque son contratados para alojar a los casos sospechosos o leves de coronavirus.

El gremio de panaderos fue protagonista de un escándalo por su arreglo con las cadenas de comidas rápidas. Las empresas pagaron el 50% de los sueldos de marzo con el argumento de que un artículo del convenio los avalaba dada la situación excepcional. El gremio llegó a un acuerdo para rebajar el 30% sobre el bruto para los sueldos de abril, mayo y junio, calculados sobre las horas trabajadas en los últimos seis meses. Además, el grupo propietario de Starbucks y Burger King cerró 13 locales que empleaban a casi 200 trabajadores. También firmó un acuerdo con las pizzerías por la rebaja del mismo porcentaje.

Fiel a su tradición de defensa de las patronales, el SMATA firmó con los concesionarios el pago de un 25% del salario neto a todo el personal, incluidos grupos de riesgo y embarazadas. Se dejó sujeto el cobro de un 50% adicional del salario al eventual pago del Estado a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Eso significa que las empresas que no lo recibieron abonarán solamente un cuarto de las remuneraciones. Pignanelli también acordó el pago del 70% del bruto con las automotrices y las autopartistas. El gremio ya había firmado con Renault un acuerdo por el 60%. SMATA se sumó a quienes patearon las negociaciones paritarias. Debían negociar los aumentos del segundo trimestre, lo que se pospuso indefinidamente.

La Asociación Obrera Textil (AOT), líder en apañar patronales negreras, acordó un 30% de rebajas sobre el neto, y al no incluir adicionales, llega hasta el 50%.El titular del gremio y de las 62 Organizaciones, Hugo Benítez, consiguió que gran parte de las patronales no pongan un solo peso para salarios, porque el 50% que recibe el trabajador es lo que abona el Estado. De hecho, la textil Eseka, fabricante de las medias Cocot y Dufour, les pidió a sus trabajadores que devuelvan parte de la primera quincena de abril porque había abonado un monto que sobrepasa el acuerdo del 50% que pactó el gremio.

Los petroleros también están sufriendo los acuerdos que firmaron sus gremios. En este caso, los convenios alcanzan recortes salariales de hasta el 40%. Las negociaciones entre gremios y patronales fueron previas al pacto UIA-CGT, pero fue homologado a posteriori. Recordemos que las petroleras están siendo beneficiadas con un precio sostén a nivel local, cuando en el resto del mundo el petróleo tiene un precio negativo. Vaca Muerta es uno de los lugares donde los trabajadores solo recibirán el 60% del salario gracias al servicio que le presta a las patronales el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, dirigido por Guillermo Pereyra. En Vaca Muerta, además, los trabajadores de las empresas que brindan servicios especiales están sufriendo despidos y retrasos en los sueldos. Pecom y Schlumberger están “ofreciendo” un plan de retiros voluntarios y San Antonio tiene retrasos en el pago de salarios que abona en cuotas.

Otros capitalistas que se ven beneficiados por la subvención al precio del petróleo y por el favor de la burocracia son los dueños de las estaciones de servicio de la zona de cuyo y de Córdoba. En esas provincias se aceptó una rebaja del 30%. Además, el secretario general de la Federación Obreros de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos (Foesgra) y triunviro de la CGT, Carlos Acuña, pactó con la cámara patronal suspender las paritarias de forma indefinida.

Los estatales son otro sector muy castigado a lo largo del país y los sindicatos nacionales, ATE y UPCN, no parecen enterados porque ante una situación generalizada, deberían encarar acciones nacionales. Ambos gremios dejaron pasar las dos revisiones paritarias que estaban estipuladas en el acuerdo que se firmó con el gobierno nacional el año pasado. Ahora parecen distraídos frente a los ataques que se dan a nivel provincial y municipal. Por un lado, se produjeron despidos en varios municipios de Buenos Aires. En Tigre hubo despidos las áreas de género, infancia, salud y deportes. En Avellaneda se despidieron 27 docentes de jardines infantiles y de la Escuela de Danza. En José C. Paz se despidieron a 38 músicos de la Orquesta Municipal. Por otro lado, se produjeron demoras en los pagos y pagos escalonados en varias localidades. En Jujuy se anunció que los sueldos de serán pagados en dos cuotas. En la ciudad de Córdoba, se recortó el salario a los municipales. En Luján, provincia de Buenos Aires, hay irregularidades en el pago de los salarios y falta de pagos de horas extras y de aumentos que se adeudan. En Avellaneda, no se está abonando los salarios del personal de los Institutos de Enseñanza Artística que tomó cargo en marzo. En Jesús María, Córdoba, los municipales tampoco están recibiendo sus salarios. En Urundel, Salta, tampoco están recibiendo el aumento que les corresponde. En el municipio de Guaymallén, Mendoza, se están recortando salarios a los trabajadores que cumplen la cuarentena por ser parte de la población de riesgo, al no abonarles el ítem “servicios extraordinarios”. También se intentó recortar el salario en los municipios de Tres de febrero y Tigre. En la Ciudad de Buenos Aires, se intentó pagar de forma escalonada el salario. En Tierra del Fuego la gobernación decidió no abonar por 60 días el aumento que ya se había acordado en paritarias, excepto al personal de salud y seguridad. Otras provincias decidieron suspender las negociaciones paritarias, como La Pampa. Santa Fe, Mendoza y Río Negro. A nivel nacional, en marzo no se negoció la cláusula gatillo que correspondía por la paritaria de 2019. Como se, a uno y otro lado del espectro político de la burguesía se ajusta sobre los trabajadores estatales.

Los mineros también sufren un descuento mayos al que pactó la CGT. La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) acordaron el pago del 70% del salario bruto.

En el gremio de alimentación, el Secretario general, Rodolfo Daer, aceptó que la fabricación de productos no esenciales (como golosinas o snacks) continuara en funcionamiento durante la cuarentena. Ahora, Mondelez, que produce golosinas, anunció a sus trabajadores que a mediados de mayo la planta Victoria dejará de funcionar y los trabajadores cobrarán el 77% de su salario. Esto fue decidido en un acuerdo con el sindicato. En Entre Ríos, la planta avícola de Granja Tres Arroyos, que sigue en pleno funcionamiento por ser actividad esencial y que además cobra el ATP, despidió a 50 trabajadores contratados hace un año y medio. En San Juan, 20 trabajadores de la empresa Lomas del Sol, fabricante de productos alimenticios, fueron despedidos a comienzos de mayo, cuando tras dirigirse como lo hacían habitualmente a su lugar de trabajo, les impidieron el ingreso sin ningún justificativo. Al día siguiente, los compañeros recibieron en sus casas un telegrama en el que se los despedía por inasistencia. La patronal, además, les adeuda el último sueldo.

En Sancor, los trabajadores siguen recibiendo ataques de la patronal. Tras los despidos encubiertos de retiros voluntarios, que la empresa no está abonando, y las suspensiones, se suma durante la cuarentena que la patronal no está siquiera abonando el 75% que corresponde. La empresa también adeuda salarios y aguinaldo. Atilra sigue dejando hacer a Sancor.

Los trabajadores de prensa y los gráficos de medios impresos, que también continúan con sus labores, también están sufriendo un ajuste. Clarín decidió pagar los salarios en cuotas, a pesar que está recibiendo ATP. También el canal América y C5N abonan los salarios en cuotas. La editorial Atlántida despidió a 45 trabajadores de las revistas Para Ti, Gente y Paparazzi. Diario Popular abonó el 50% del salario que es lo que recibe por ATP. Por su parte, IPEA, que publica la revista Pronto, cerró a fines de marzo y despidió a 100 trabajadores de prensa y gráficos.

A todo esto se suman las paritarias que no están siendo negociadas, a pesar de que están vencidas la de 2019: Comercio, Metalúrgicos, Smata, UTA, Construcción, Estaciones de servicio, Vestido, Gráficos.

Un sector que está sufriendo recortes de forma inesperada son los médicos de centros de salud privados. En clínicas como el Sanatorio Otamendi, el Hospital Italiano y la Fundación Favaloro, los médicos están sufriendo descuentos de hasta el 50%.

Quienes más salen perdiendo son los trabajadores de las pymes. Según un informe de la Federación de Comercio e Industria de CABA, solamente un 23,1% de las pymes del AMBA pagó los salarios del mes de abril en tiempo y forma, un 39,8% lo hizo de manera incompleta y un 37,1% directamente no pagó. También los trabajadores en negro están sufriendo todo tipo de ataques que no salen a la superficie, como despidos y rebajas salariales o directamente el no pago de los salarios. Un caso que salió a la luz es el de una sucursal de la heladería Cremolati que gestionó para sus trabajadores el Ingreso familiar de emergencia (IFE) y les descontaba el monto del salario. Los contratados y los monotributistas son otro sector cuya precaria situación contractual los hace más vulnerables frente a la crisis.

La clase obrera de pie

Frente a este ataque, distintos sectores de la clase obrera comenzaron a movilizarse y enfrentar el ajuste. Los dos casos más resonantes fueron el del frigorífica Penta y el de Bed Time. Los trabajadores de Penta protagonizan un plan de lucha para exigir el pago de los salarios adeudados por la patronal y la reapertura de la planta, cerrada desde el 17 de marzo, que dejó a 240 trabajadores en la calle. En su lucha, sufrieron una cruenta represión el 9 de abril. En repudio, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne (FESITCARA) convocó a un paro nacional. Los trabajadores de Bed Time lograron un gran triunfo con su lucha que revirtió los despidos y garantizó el pago de salarios adeudados. Los trabajadores ocuparon la planta el día 23 de abril y una semana después lograron el acuerdo.

El Sindicato del neumático (SUTNA), logró un gran triunfo al revertir el intento de rebaja salarial que pretendía imponer FATE del 25%, a pesar de estar funcionando gracias a haber sido incluido en las excepciones a la cuarentena.

A nivel nacional, excepto en Capital Federal y Conurbano, la UTA lanzó un paro el 12 de mayo en reclamo por la falta de pago de los salarios. Las empresas que siguen funcionando por prestar un servicio esencial, se niegan a pagar la totalidad de salarios y además mandan a sus choferes a trabajar sin tomar ninguna medida de prevención y sin brindarles los elementos de protección personal.

Los repartidos de aplicaciones como Rappi, Glovo y Pedidos ya, nucleados en la Asociación de Trabajadores de Reparto, organizaron dos jornadas de protestas en reclamo por mejores condiciones laborales, la provisión de elementos de protección y mejora en los salarios. La primera se dio a nivel internacional, el 22 de abril, y la segunda a nivel local, el 8 de mayo, en la que marcharon a ministerio de Trabajo. Se trata de un rubro que aumentó los niveles de empleo durante la cuarentena y que mantiene a sus trabajadores en condiciones contractuales precarias, sin reconocerlos como tales, con salarios a destajo muy bajos, y sin garantizarles ninguna medida de higiene y seguridad.

En Lomas del Mirador, el 14 de mayo los trabajadores de la fábrica de alfajores La Nirva sufrieron un desalojo por parte de la Policía Bonaerense del acampe que mantenían frente a la planta para exigir el pago de salarios adeudados tras el cierre definitivo de la empresa. Las deudas salariales son de por lo menos medio año y perjudican a los 65 trabajadores de la fábrica. Incluso fueron estafados con cheques a 90 y 60 días sin fondos. Los trabajadores montaron nuevamente el acampe y el 18 de mayo lograron un acuerdo por el cual la empresa se compromete a pagar el 50% de los salarios y el resto lo cobrarán por ATP, aunque mantendrán la medida hasta que se efectivice. El sindicato de pasteleros brilló por su ausencia durante la lucha. En el mismo rubro, los trabajadores de Postres Balcarce, en Mar del Plata, se manifestaron el 6 de mayo para reclamar el pago de salarios adeudados de marzo y abril.

En Chubut, los trabajadores de las plantas de Rawson y Trelew de la alimenticia pesquera Fyrsa, que suman unos 250, se movilizaron el 15 de mayo a la gobernación para reclamar el pago de cuatro quincenas adeudadas. Además de la deuda salarial, la patronal no abrió las puertas en la cuarentena, por lo cual los trabajadores no saben si se quedaran desocupados.

En Mar del Plata, el 11 de mayo los trabajadores del frigorífico de pescado Apolo Fish, tomaron la planta en reclamo de salarios adeudados desde marzo. La empresa está recibiendo ATP y hasta el momento solo abonó una parte de los salarios adeudados.

En Acindar de Villa Constitución, la Comisión Interna logró un mejor arreglo que sus pares de La Tablada: los suspendidos cobrarán el 80% en los primeros meses y después el 90%, y no el 60% que pretendía la patronal. Si bien no se logró revertir el acuerdo, se consiguieron mejores condiciones. En Tenaris Siderca, Techint echó a 30 trabajadores de la contratista Ferrúa SRL, por la vía de rescindir los contratos, quienes se manifestaron con un piquete en la puerta de la fábrica el 18 de mayo.

En el gremio textil, el acuerdo que firmó la AOT no fue bien recibido por los trabajadores. Los trabajadores de Textilana, en Mar del Plata, se manifestaron en el ministerio de Trabajo de la Nación en la localidad en repudio al acuerdo, y explicaron que la empresa se encuentra funcionando en toda su capacidad fabricando barbijos. En Tierra del Fuego los trabajadores de Textil Río Grande y Austratel se movilizan al ministerio de Trabajo contra la obligación de volver a producir, porque las empresas les adeudaban salarios, incluso habiendo sufrido descuentos. En Trelew los trabajadores textiles marcharon contra el acuerdo el 28 de abril. Además, los trabajadores de la empresa chubutense Sedamil marcharon para reclamar el pago de quincenas adeudadas de abril y mayo. Los obreros de la fábrica tomaron la planta el 11 de mayo para exigir la regularización de los sueldos. El 20 de mayo marcharon al concejo deliberante de Trelew para reclamar que se eviten los despidos que la empresa pretende efectuar mediante un plan de retiros voluntarios. En La Matanza, los trabajadores de la textil Iberoamericana se manifestaron en la puerta de la empresa el 7 de mayo en reclamo por los salarios adeudados de tres meses y ese mismo día les informaron que se les iba a pagar lo adeudado.

Los trabajadores del Proyecto Minero de Andacollo, en Neuquén, están llevando adelante un plan de lucha porque la empresa Trident Southern Explorations adeuda los salarios de marzo y abril. Se trata de 238 mineros a quienes se les adeuda dos meses de salario y que quedaron en la calle después de que la empresa se presentó a concurso de acreedores. Los mineros están cortando desde el 5 de mayo la ruta 22 porque Gendarmería no los dejó avanzar. También sufrieron un procesamiento por incumplimiento de la cuarentena después de que Gendarmería revisara sus casas en la madrugada en que los detuvo. Los trabajadores consiguieron el 21 de mayo un acuerdo con la gobernación que les pagará un bono de $20.000 por marzo, uno de $30.000 por abril y luego cuatro cuotas mensuales y consecutivas del mismo monto.

También en Neuquén, trabajadores de la construcción vienen con un plan de lucha y el 13 de mayo cortaron 5 rutas de la provincia. Los trabajadores se encuentran desocupados desde que comenzó la cuarentena y denuncian que no están cobrando el fondo de desempleo que les corresponde y que la obra social que les da cobertura no tiene ninguna clínica donde atenderse. Dado que se supone que están cobrando el fondo de desempleo, los trabajadores no pueden acceder al IFE a pesar de estar desocupados.

En Quilmes, provincia de Buenos Aires, los trabajadores de Valot, que produce alcohol en gel y repelentes, dos productos esenciales cuya demanda aumentó, enfrentaron 60 despidos. La empresa pretendía pagar los sueldos de mayo en cuatro cuotas, lo cual fue rechazado por los trabajadores que decidieron bloquear en el ingreso a la planta el 12 de mayo. Ahora además de intento de cuotificar el salario, también reclaman por los despidos.

En Clarín, los trabajadores decidieron protestar contra el pago en cuotas de su salario de abril mediante trabajo a reglamento, ceses de tareas por turnos, quita de firmas y campañas de difusión sobre su crisis salarial.

En la gráfica Morvillo, patronal que recibe ATP, los trabajadores realizaron un paro por 26 horas, el 14 de mayo, contra el intento de la empresa de recortar el salario un 30% y en reclamo por el pago del 50% del salario de abril que la empresa adeudaba. Tras la medida, lograron que la patronal se comprometiera a pagar.

También contra el intento de recorte salarial, pararon el 8 de mayo los trabajadores de la transportista Cruz del Sur. La empresa les había descontado más del 30% de salario a pesar de seguir trabajando y facturando normalmente, esperando que el Estado pague una parte del salario. Con la medida, los trabajadores lograron que la empresa pague la totalidad de los haberes.

Entre los estatales también surgió la lucha. En Jujuy, los sindicatos estatales del Frente Amplio Gremial protagonizaron una jornada de protesta el 14 de mayo en repudio al pago de los sueldos en cuotas. En Chubut, docentes y estatales que conforman la mesa de unidad sindical organizaron marchas y caravanas en varias ciudades de la provincia el 18 de mayo en reclamo por los retrasos salariales, que llegan hasta dos meses. En la Ciudad de Córdoba, el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) se movilizó el 8 de mayo frente al recorte salarial, que alcanza hasta un 50%, y 13 trabajadores resultaron imputados por violar la cuarentena. En CABA, el 7 de mayo también se realizó una concentración en la legislatura para rechazar el intento de aprobar el pago escalonado. En Tigre los trabajadores de las áreas afectadas por los despidos realizaron un corte frente al municipio el 4 de mayo para reclamar por la reincorporación y el pago de salarios adeudados. En Salta, los municipales de Urundel también protagonizaron protestas en reclamo por el aumento del 30% pactado y el 21 de abril realizaron ollas populares frente a la municipalidad. En Jesús María, Córdoba, el 4 de mayo fueron apresados 41 que estaban reunidos en asamblea en las afueras de un obrador del municipio para debatir el reclamo por el pago de haberes.

En Chubut, donde como vimos están en lucha textiles, pesqueros, estatales y docentes, la situación está cerca de la explosión. El 20 de mayo se organizó una marcha en conjunto de estos tres sectores hacia la Municipalidad de Trelew y luego al Concejo Deliberante. Los trabajadores esperan que el municipio presione al gobernador Arcioni para que les provea una solución.

Entre los desocupados se dieron importantes movilizaciones protagonizadas por organizaciones piqueteras de izquierda, en reclamo por bolsones de comida para los comedores. Bajo la consigna “con hambre no hay cuarentena”, se realizaron varias movilizaciones en mayo para exigir al ministerio de Desarrollo Social que se aumente la ayuda.

El 19 de mayo se convocó a una movilización del Plenario del Sindicalismo Combativo contra la flexibilización de la cuarentena, las rebajas salariales y los despidos, lo cual constituye una muestra de que hay un nucleamiento dispuesto a hacer lo que la burocracia quiere evitar. El avance en la constitución del espacio como una coordinadora permanente abierto a todos los luchadores en una gran asamblea nacional de trabajadores ocupados y desocupados, va a permitir que toda esta energía desplegada por la clase estos últimos meses coagule en una organización de masas que debata y lleve adelante un plan de mayor alcance.

Me matan si trabajo, y si no trabajo, me matan

La pandemia aceleró un ajuste que ya estaba en marcha y le permitió a la burguesía avanzar en los recortes salariales. También le permitió al gobierno poner en marcha la maquinita para subsidiar aún más al conjunto de empresas planeras que están siendo beneficiadas. Mientras tanto, a los trabajadores se nos sigue pidiendo mayores esfuerzos, que es el eufemismo que se usa para decir: bánquense el ajuste calladitos. La burocracia muestra, como siempre, que su prioridad es la defensa de la ganancia de las patronales. Los despidos, las suspensiones, las rebajas salariales y la exposición de los trabajadores que tienen que seguir trabajando sin elementos de protección, no les parecen motivos de preocupación. Afortunadamente, dentro de la clase hay sectores dispuestos a enfrentar este ajuste. Esa lucha es la que tiene que extender, a pesar de que suponga violar la cuarentena. Se trata de dos estrategias diferentes frente a la crisis: la que lleva a la clase obrera detrás de los intereses de la burguesía y la que pone el interés obrero en primer plano. Por la primera, la clase se encamina a un nuevo descenso de sus condiciones de vida. Por la segunda, va a lograr frenar la ofensiva burguesa. Como se desprende de los casos que relatamos, las luchas culminan por lo general en triunfos, por lo que este camino se muestra no solo como el más conveniente sino también como el más efectivo. Como en 2001, una fracción de la clase se ve empujada a la calle y a la utilización de los métodos históricos de acción directa del proletariado. No esperan que los dirigentes sindicales les den permiso y se enfrentan a gobiernos de todo color político.

La cuarentena es la única medida que garantiza el cuidado de la salud de los trabajadores, porque la burguesía no se expone en el transporte público o en los lugares de trabajo. Pero para sostenerla hay que luchar por conseguir que todos los trabajadores tengan un ingreso que alcance para sostenerse sin ir al trabajo. Si las empresas no pueden pagar los salarios, y el Estado se tiene que hacer cargo, entonces que se haga cargo de la empresa en lugar de mantener burgueses planeros. Y esas empresas podrán ser puestas a producir los cientos de productos que se necesitan socialmente. Solo la clase obrera puede luchar para imponer que esta crisis no suponga una nueva vuela en el espiral de degradación que viene sufriendo hace décadas.

El Aromo Nº 111, 24/05/2020

https://www.sinpermiso.info/textos/argentina-el-ajuste-al-desnudo-la-clase-obrera-la-pandemia-y-la-crisis

20.21.-¿De qué te mueres, Chile?ASCANIO CAVALLO

La pregunta que ronda por todo el mundo carece todavía de respuesta: ¿Qué tipo de gobiernos se verán fortalecidos después de la pandemia? No hay todavía ninguna evidencia concluyente. Muchas democracias han soportado el paso del Covid-19 con plena entereza, pero muchas autocracias también lo han hecho.

20 jun 2020.- Las desagradables medidas no médicas de lucha contra el virus -cierre de fronteras, estados de excepción, cuarentenas, controles personales- no pertenecen al repertorio democrático, pero han sido aceptadas en nombre de la emergencia sanitaria. De un modo análogo, las extraordinarias cifras de gasto fiscal anunciadas en todo el planeta no están en el diccionario liberal, pero tampoco están en ningún otro.

¿Dónde están los puntos en común de la lucha exitosa contra el virus? En un reciente artículo en Foreign Affairs, Francis Fukuyama identifica tres factores: 1) estados capaces, es decir, eficientes, competentes, de preferencia ágiles y con espaldas financieras; 2) confianza social: de los ciudadanos por las autoridades, de las autoridades por las instituciones y de los ciudadanos entre sí, y 3) liderazgo, esto es, dirigentes creíbles, con iniciativa y fortalecidos. Estos tres factores, serían más relevantes que la modalidad de gobierno y se desprende que incluso la estrategia sanitaria.

En otras palabras, las naciones que no dispusieran de estas tres condiciones, difícilmente tendrían buenos resultados en el manejo actual y también posterior de la crisis. Por supuesto, un análisis más fino tendría que introducir muchos matices.

Pero si Fukuyama está en lo cierto, entonces Chile ha sido uno de los países que estaban en peor situación antes de desatarse la propagación del virus.

De un lado, el Estado chileno se caracteriza porque es eficiente sólo en algunos bolsones excepcionales. En líneas generales, es un Estado atrasado en todos sus proyectos de modernización, duramente resistente al cambio, y que dispone de funcionarios con niveles irregulares de competencia y compromiso. de Carolina Velasco: Más vale tarde que nunca

En cambio, ha tenido una fortaleza sustancial: el ahorro obtenido gracias a la disciplina fiscal. Por encima de la vocinglería rencorosa en torno al pasado, esto tiene nombre y apellido: Ricardo Lagos. El entonces presidente y su ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, crearon la regla fiscal que ahora ha permitido un acuerdo entre el gobierno y la oposición para gastar lo que en otras condiciones habría significado endeudar a tres generaciones, a los costos más altos del mercado. Por supuesto, la pregunta ahora es si los futuros gobernantes tendrán en cuenta la lección, para iniciar un nuevo proceso de capitalización como el que tomó 15 años. La del Covid-19 no será la última crisis mundial; quizás sea sólo la primera.

En cuanto a confianza social, Chile es un territorio arrasado. Ya no importa discutir de quién es la culpa -seguramente será una multitud-, sino cómo se recupera y quiénes tendrán interés en seguirla socavando. Si el acuerdo económico-social de la semana pasada tiene alguna perspectiva de futuro, alguna visión más amplia sobre el país que quedará tras la pandemia, algún interés en los próximos gobiernos, esta tendría que ser su siguiente prioridad. Sin confianza social, pasará lo que ha ocurrido con todo: la cuarentena, las estadísticas, las protestas comunales, el toque de queda, las cajas de alimentos, el posnatal… Una danza de frases resonantes bañada por el recelo, donde sólo se cree lo que se quiere creer.

El tercer factor de Fukuyama, el liderazgo, es opinable, porque los hechos son demasiado diversos: Xi Jinping parece haber consolidado su fuerza, pero sería infumable compararlo con la neozelandesa Jacinda Ardem. En el caso de Chile, es claro que el Presidente Piñera se ha convertido en una de las figuras más polarizantes del país, el pararrayos que activa y recibe todas las descargas de energía de opositores y partidarios. Encabeza un gobierno al que le ha costado mucho entender la posición de desconfianza en que quedó tras el 18-O y el desorden que introdujo en sus propias filas. El expartido del presidente, RN, se ha vuelto a convertir en la “federación de montoneras” que se describía cuando recién nació, y hace mucho que dejó de ser un escudo. Tampoco lo es su coalición, aunque la fidelidad de los otros partidos sea un poco menos temperamental que la de RN. Pero al mismo tiempo, Piñera es el Presidente y, mientras no haya perdido la legitimidad en las urnas, tiene la eminencia que el ordenamiento chileno le confiere. En democracia, ese un hecho inconmovible.

De cara a la pandemia, el factor X, el que Fukuyama excluye, es el comportamiento del virus. Este sigue siendo un hoyo negro. En Suecia se debate la lentitud de los contagios; en Chile, la velocidad. En Francia, el R0, esto es, a cuántos contagia una sola persona. En Bélgica, la forma de contabilizar las víctimas. La ciencia ha fallado penosamente a escala global, arrastrando a la medicina a un túnel de incertezas. Los sistemas de salud han tenido que responder a ciegas, agobiados no sólo por el número de enfermos, sino también por la incapacidad de la sociedad de admitir que se está frente a un problema sin solución momentánea.

En este panorama, el acuerdo económico-social adquiere una dimensión histórica: nunca antes se había destinado tanto dinero fiscal al gasto social y -lo que es más importante- nunca se había logrado un consenso de alcances tan grandes en los 10 años de polarización galopante que ha llevado Chile. ¿Detendrá la pandemia? No: esa es otra cosa. Y también sí, porque en cuanto contribuya a la confianza podría hacer menos exasperante el confinamiento. Siempre es bueno volver a Montaigne: “No te mueres de lo que estás enfermo, te mueres de lo que estás vivo”.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-de-que-te-mueres-chile/PZCDHZCX2VBI5AU3CUCT5FWBRM/

  • 20.20.-Chile: a wicked problema – ASCANIO CAVALLO
  • Bolsonaro se divierte y aparece en multitudinaria marcha sin tapabocas y abrazando niños. Así, el presidente minimiza tragedia por coronavirus, pero el país puntea en decesos.
El Presidente de la República Sebastián Piñera, el ministro de Salud, Jaime Mañalich; y el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, ponen en marcha el nuevo Hospital Félix Bulnes, el 11 de abril. 

Chile inicia el camino más aciago de su historia. El gobierno también. ¿Lo saben ambos? 

Las proyecciones internacionales, es cierto, han fallado una y otra vez, por arriba y por debajo. Desde el punto de vista de la prospectiva, el Covid-19 es lo que en inglés se denomina un wicked problem (los significados en español de wicked van desde “travieso” hasta “perverso”), es decir, un problema que ofrece resistencia a las soluciones, porque sus factores son cambiantes, elusivos o desconocidos.

13 jun 2020.- Esta es la advertencia previa. El ministro Mañalich avisó el jueves que en junio vendrán las semanas más duras. ¿Qué dicen las discutidas proyecciones? La Northeastern University de Estados Unidos ha estimado que para ese país, cuyos comportamientos en distancia social y confinamiento han sido disparejos, el pico de los contagios corresponde, más o menos, a los 119 días desde el paciente cero. A Chile le faltan dos semanas para eso.

La Universidad de Ginebra sitúa a Chile entre los países que se encuentran en “fase epidémica exponencial”, es decir, los que no han pasado la curva más aguda, de lo que se desprende que la declinación significativa de los contagios se extendería hasta más allá de julio y agosto. Un estudio sobre las restricciones al contacto social del Imperial College de Londres dice que los datos de Chile “sugieren que se necesita un grado más alto de control de la movilidad o estrategias alternativas de control”. En otras palabras, cuarentenas más severas o trazabilidad más intensa.

Las proyecciones del MIT apuntan a que a mediados de agosto el número de chilenos contagiados superaría el millón; los muertos serían unos 15 mil. De ser así, en ese momento Chile se convertiría en el quinto país con más muertes por millón de habitantes, detrás de EE.UU., Brasil, India y Rusia. Ni esta medición ni las anteriores consideran la posibilidad de una segunda ola contagiosa, como se ha venido sospechando en Suecia, Argentina y el estado de Florida.

La destrucción económica va un poco a la zaga, pero es un consenso que, de todas las calamidades, sólo se parecerá al colapso del PIB y del empleo de 1982.

Este es el camino al que está entrando el país.

¿Y el gobierno? Esta semana se ha iniciado lo que ocurrirá con mayor intensidad y profundidad en las que vienen: el más grande repertorio de presiones que jamás haya soportado gobierno alguno. Presiones urgentes, simultáneas y, lo que es peor, razonables: para ayudar a las familias, a los trabajadores, a los jubilados, a los emprendedores, a las empresas. Para aumentar o relajar los confinamientos. Para incluir y excluir a sectores productivos en las prioridades. Para mantener la estrategia contra la epidemia o cambiarla por alguna de muchas circulantes. Para gastar más, guardar un poco, gastarlo todo. Para sacar ministros, poner asesores, cambiar las mesas, mover los muebles.

No es sólo lo inmediato: luego están, más o menos en este orden, el estado de excepción, el plan de desconfinamiento, el plebiscito constitucional, las elecciones regionales y municipales y la protesta callejera, suspendida o superada. Y a la vuelta de esa estrecha esquina, las elecciones parlamentarias y presidenciales.

Qué lento pasa el Covid-19 y qué rápido se consume el cuatrienio. De haberlo sabido, quizás Sebastián Piñera habría pensado dos veces esa ocurrencia suya de un segundo mandato: ahora le espera el agón del gobierno más complicado de la historia.

Parece evidente que hasta abril, ya iniciadas las medidas de confinamiento, el Ejecutivo suponía un período epidémico corto -quizás unos dos meses en total- y un retorno progresivo a la normalidad, como ya se insinuaba en Europa. El reconocimiento oficial de ese error de cálculo fue la convocatoria al diálogo con la oposición en torno a un “plan de emergencia y reactivación” (el otro fue el nuevo cambio de metodología de contabilización de casos, que no ha hecho más que enredar y retardar la información, ahora mediada por un servicio que no es exacto y ni siquiera trabaja todos los días, como el Registro Civil).

El primer problema ha sido la proposición de dividir el plan en las dos partes que contiene. El segundo, el del monto. Estos dos debates pueden ser interminables, pero el gobierno y la oposición tienen buenas razones para intentar completarlos: el Presidente, porque de seguro ve que sin una reactivación enérgica, que repare los destrozos económicos causados por el Covid-19, el resto de su gobierno será sólo un largo invierno, y los opositores, porque ningún grupo que aspire seriamente a disputar el cuatrienio 2022-2024 puede querer cargar con el fardo de un país empobrecido, endeudado y semidesguasado, presupuesto engrillado y ni rastros de ahorro.

La historia puede ser traviesa. Tras el paso de este coronavirus y aunque quizás ni se enteren, los principales grupos políticos se verán enfrentados a disyuntivas parecidas a las de quienes hicieron la transición hace 30 años: volver a sacar a mucha gente de la pobreza, reanimar la economía, debatir el orden institucional, recuperar la confianza del mundo y restañar unas cuantas heridas (menos graves, desde luego) de todo lo que ha pasado.

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20.20.-Bolsonaro se divierte y aparece en multitudinaria marcha sin tapabocas y abrazando niños. Así, el presidente minimiza tragedia por coronavirus, pero el país puntea en decesos.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se reúne sin tapabocas con simpatizantes este domingo, en Brasilia (Brasil). Cientos de seguidores se aglomeraron este domingo para alabar a su ídolo. Foto: Joédson Alves. EFE

24 de mayo 2020.- Cientos de seguidores del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se aglomeraron este domingo cerca del palacio de Gobierno para expresar su respaldo al mandatario, quien sin protección se mezcló entre la multitud, ignorando de nuevo las recomendaciones ante la covid-19, que deja ya más de 22.000 muertos en el vecino país.

El líder ultraderechista se unió a sus seguidores tras efectuar un sobrevuelo por Brasilia, donde fue testigo de una multitudinaria caravana de vehículos que se aglomeraba por varias calles a la redonda del palacio de Planalto, sede de Gobierno.

Brasil es el segundo país del mundo, después de EE.UU., con mayor número de contagios por la covid-19, con más de 347.000 infectados y unas 22.000 muertes.

«Estoy aquí en Brasilia ahora, en una manifestación espontánea del pueblo por la democracia y la libertad y buscando que Brasil salga adelante», dijo Bolsonaro mientras se dirigía a los manifestantes, en declaraciones que fueron registradas en uno de los videos que sobre la jornada publicó el mandatario en Facebook este domingo.

El mandatario, que desde el inicio de la pandemia le ha restado importancia considerándola apenas como una «gripita», se mezcló entre la multitud sin tapabocas, desobedeciendo las órdenes de las autoridades que hacen obligatorio su uso para evitar el contagio del nuevo coronavirus.

Casi sin poder moverse entre la aglomeración, Bolsonaro saludó a varios de los seguidores y hasta abrazó y cargó niños en sus brazos.

Momentos antes del encuentro con los manifestantes, el presidente brasileño realizó un sobrevuelo en helicóptero para observar una multitudinaria caravana de vehículos que colmaba las calles que circundan la explanada de los ministerios y a la plaza de los tres poderes, donde se concentran las sedes del Gobierno y cuyo video también fue publicado por el mandatario en la red social.

El líder ultraderechista se mEostró feliz con el apoyo de sus seguidores en momentos en que su credibilidad está en la cuerda floja por una serie de declaraciones que han salido a la luz pública en medio de una investigación que se adelanta por presuntas intervenciones políticas del mandatario en la Policía Federal, un organismo autónomo del Estado brasileño.

https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/coronavirus-brasil-hoy-bolsonaro-se-reune-con-multitud-sin-tapabocas-499058

19.20.-Chile: el último gong – ASCANIO CAVALLO

26 de mayo del 2020/SANTIAGO Ignacio Briones, ministro de Hacienda, llega a la moneda usando su mascarilla, para reunirse con el Presidente de la Republica, para avanzar en acuerdo por la reactivación, el empleo y la protección de los ingresos. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO 

No hay recuerdo de un ministro de Hacienda que haya contado con la simpatía del Parlamento. En cierto modo, toda la institucionalidad está diseñada para que ese ministro sea quien contenga las ganas triunfales de los congresistas de dar noticias alegres a sus electores.

6 jun 2020.- Esta no es una exclusividad de Chile. También sucede en los regímenes parlamentarios, incluso en los casos en que el ministro es un parlamentario. Y hasta en las dictaduras, sin Parlamento de por medio: los ministros de Hacienda de Pinochet se hicieron fuertes enfrentándose a las presiones (harto más temibles) de los propios militares.

De modo que el reclamo y las advertencias en contra del ministro Ignacio Briones por parte de la oposición antes de sentarse a discutir el “plan de emergencia y reactivación” sólo llaman la atención porque parecen contener algún grado de decepción, como si hubiesen esperado que fuese más “de los nuestros”. El resto es el ruido usual.

El hecho más contundente es que el ministro, el gobierno y la oposición se juegan todo en la elaboración del plan. Comete un error cualquiera de las partes que piense que podrá culpar al resto si el diálogo fracasa. Es muy difícil que el país entienda eso. Lo que entenderá es quién está por contribuir a superar los extensos daños de la pandemia y quién no. En cierto modo, la pandemia impone el maniqueísmo: sí o no, está o no está. La opción de no estar es democráticamente legítima, aunque es inevitable que tenga costos. Es una encrucijada muy tajante, a la que puede ser difícil adaptarse después de las inmensas expectativas y los abstrusos debates suscitados tras el 18-O.

Pero la escena ha cambiado entera y radicalmente.

El país de la calle se convirtió en un país puertas adentro. Para salir a la calle hay que pedir permiso, y no hacerlo es una conducta antisocial y anticomunitaria. Esos gestos ya no desafían al gobierno, sino a los vecinos. La palabra de la autoridad, antes solitaria, es ahora un faro social; por eso es tan serio que se pueda equivocar. Es otro mundo.

En los hechos, el gobierno ha abandonado el programa con que fue elegido y entrará a negociar algo que está muy lejos de su vocación. La oposición parece estar haciendo algo equivalente -aceptar que el gobierno ya no dejó de ser gobierno y presidencial- y también se prepara para un camino poco deseado. No hay otra forma de hallar convergencia.

Hasta ahora, lo más notorio ha sido la asincronía entre el ritmo de la pandemia y la velocidad de la política. Esta semana, el Congreso despachó otra ley contra la libertad de los electores: el límite de reelección para autoridades de voto popular. Esto es música para los que detestan a “los políticos” (¿es que nadie se acuerda de Pinochet?), pero una necedad para las vocaciones públicas. Incluso, los promotores más racionales de esta ley (Pepe Auth, por ejemplo) admiten que es un recorte a la libertad, aunque -dicen- es un beneficio para el sistema. Es un drama tener que elegir entre el sistema y la libertad, y es más dramático escoger siempre el sistema en contra de la libertad.

Pero ahora que el sistema realmente reclama una respuesta, hay quienes se inclinan a anteponer sus identidades partidarias. La asincronía no es una rareza en la política. Hasta en la Guerra del Pacífico el Congreso se sumió en acalorados debates. Quizás sea un rasgo inherente de la irritante, odiosa y enrevesada manera de buscar el bien que es la política.

El del Chile actual puede ser un caso más extremo, porque ha significado unas torsiones exageradamente bruscas y en muy corto plazo de la “antigua normalidad”: el 18-O primero, para poner todo patas arriba y plantar cara a la distribución de la abundancia, y la pandemia después, para volver a invertir la realidad y devolver a todos a confrontarse con la escasez. Enfermedad y escasez, para ser más precisos.

El ministro Briones ha estimado que el efecto del Covid-19 sobre la economía chilena representaría un retroceso de unos siete años. Otros economistas son menos generosos y calculan que se volverá atrás en 10 o más años. Esto significa la demolición de los esfuerzos de una generación -incluyendo en primer lugar a los que lograron salir de la pobreza- y puede ir aún más lejos, a hipotecar el futuro inmediato de la siguiente. Esos tendrían que ser los horizontes del plan de emergencia y recuperación: limitar el retroceso, impedir la expansión de la pobreza y evitar que los jóvenes de hoy paguen mañana por la enfermedad del 2020.

Es un cubo de Rubik. No se puede convertir en algo distinto de un cubo, pero hay que ajustar todas las piezas para que resulte inteligible. Y no hay más tiempo. Es el último llamado.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-el-ultimo-gong/5PUPWN66O5A4JK2FO66XV5H6B4/

  • 18.20.-Lo que necesita saber sobre la crisis de deuda de Argentina BLOOMBERG
  • Desde el momento de odio… ASCANIO CAVALLO

Argentina logró aplazar por un par de semanas las críticas discusiones sobre su deuda. El país se aproxima a su noveno “default”. ¿Cómo llegó todo hasta acá?

La economía, ahora cerrada debido al coronavirus, se encamina por tercer año consecutivo hacia una contracción. / AFP 

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, enfrenta un momento decisivo en su presidencia a medida que la nación se prepara para el que podría ser su noveno default de deuda soberana.

24 may 2020.- Tras cinco meses en el cargo abordando la recesión, una inflación del 50 % y un colapso en la tasa no oficial del peso, Fernández está tratando de llegar a un acuerdo con los bonistas en las próximas semanas para evitar un caos aun peor.

Si tiene éxito, podría haber una luz al final del túnel para una economía que estaba en serios problemas incluso antes de la pandemia de coronavirus y una mayor probabilidad de que Fernández consolide su poder dentro de la coalición gubernamental. Si falla, y se cae en un default desordenado de US$65.000 millones de deuda en el extranjero, será otro golpe importante para la economía en rápida contracción.

“Un default duro significaría que Argentina pierde su oportunidad de una recuperación económica ordenada”, dijo Alejandro Catterberg, director de la consultora argentina Poliarquía.

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Es territorio conocido para un país que ha pasado una tercera parte de su historia moderna en recesión, atrapado en medio de ciclos de auge y caída. Además, para Fernández, político veterano que llegó al poder a fines del año pasado, las perspectivas son peligrosas si las conversaciones se desmoronan.

“Argentina siempre parece estar al borde de la avalancha y, en ese sentido, por dramática que sea esta situación, se siente familiar”, dijo Benjamin Gedan, exdirector para Sudamérica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. “Por un período de tiempo, Argentina puede escaparse de la avalancha, pero casi inevitablemente el país termina enterrado”.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre cómo llegó Argentina a este punto y lo que viene después.

¿Por qué Argentina no puede pagar sus deudas?

Los inversionistas invirtieron miles de millones de dólares en Argentina en 2016, cuando una nueva administración comprometida con la ortodoxia económica incentivó las apuestas en un repunte del crecimiento después de años de interferencia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Pero rápidamente salió mal. El gobierno del presidente Mauricio Macri luchó para controlar el gasto y apuntalar el presupuesto. La moneda se desplomó, la inflación se disparó y la economía, ahora cerrada debido al coronavirus, se encamina por tercer año consecutivo hacia una contracción.

En 2018, Macri firmó una línea de crédito récord de US$56.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, en un intento por evitar el colapso. Un año después, Macri perdió la reelección ante Alberto Fernández, un aliado de izquierda de Fernández de Kirchner. Ahora también se está renegociando la deuda del FMI.

¿Cómo intentan el gobierno y los acreedores evitar un “default”?

El 17 de abril, Argentina anunció una oferta de reestructuración de deuda que suspendería todos los pagos por tres años, impondría un recorte del 62 % en los pagos de intereses y un recorte del 5,4 % en el valor nominal de los valores en dólares de Argentina.

Los tres principales grupos acreedores del país se opusieron a la oferta, calificándola de “inaceptable”, lo que empujó a los bonos a cerca de mínimos históricos. Sin embargo, en mayo, los bonos comenzaron a recuperarse, con la esperanza de que las partes solucionen sus diferencias y lleguen a un nuevo acuerdo.

¿Quiénes son los actores clave?

Al otro lado de la mesa del ministro de Economía, Martín Guzmán, hay representantes de los mayores inversionistas institucionales de Argentina, incluidos BlackRock, Pacific Investment Management, Ashmore Group, Capital de Greylock, Fintech Advisory y Gramercy Funds Management.

En gran medida, las negociaciones se han realizado a través de videoconferencia. Guzmán tiene a algunos de los economistas más destacados del mundo de su lado, entre ellos a Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, quien escribió una carta abierta junto a más de cien economistas, donde piden a los acreedores que lleguen a un acuerdo negociado.

¿Qué ocurre si Argentina no paga?

Si el gobierno y los acreedores no llegan a un acuerdo, Argentina volverá a estar aislada de los mercados crediticios internacionales y enfrentará batallas legales con los acreedores. Y su reputación y las relaciones internacionales del país se verán aun más dañadas, según Gedan, quien concluyó: “El escenario de un default sería extraordinariamente costoso y me temo que algunos en el gobierno argentino lo pueden estar subestimando”.

https://www.elespectador.com/economia/lo-que-necesita-saber-sobre-la-crisis-de-deuda-de-argentina-articulo-921046

18.20.-Desde el momento de odio…  ASCANIO CAVALLO 

El Presidente ha convocado a un acuerdo nacional sobre sanidad y recuperación económica, excluyendo, con un cuidado que no ha sido su rasgo de estilo, el debate propiamente político y el constitucional. Un fragmento de la oposición, el Partido Comunista, rechaza de plano la idea.

 30 may 2020.- Otro fragmento lo condiciona a que se acepten sus prioridades, lo que más o menos equivale a rechazarlo, porque no hay baile cuando una de las partes exige imponer sólo su música. Queda otra parte, que está al aguaite. Y con razón, porque tampoco las cosas se ven claras en las filas del oficialismo. Al presidente del partido del Presidente se le ha ocurrido presionar por algo parecido al cuoteo: quiere a un ministro suyo en el equipo negociador.

La velocidad de la política chilena está muy por detrás de la velocidad de la pandemia. En el puzzle formado por las proyecciones inservibles, las cuarentenas que refrenan los contagios, el desempleo que aumenta con las cuarentenas y los alcaldes que exigen cuarentenas como si fuesen la panacea social, la política se ha visto confinada al rincón de la irrelevancia, recubierta por un manto de desconfianza más espeso que el que envuelve a la sociedad.

¿Por qué es así? Veamos.

El gobierno vivió un semestre (octubre a marzo) en el que hubo un esfuerzo masivo por derribarlo con métodos no electorales, bajo el pretexto, justo o envidioso, de eliminar los privilegios de una sociedad abundante. Con distintos grados de intensidad, toda la oposición terminó subida en esa ofensiva, que no se detuvo, como se ha dicho, con el acuerdo constitucional de noviembre, sino que se extendió por lo menos hasta marzo pasado, justo antes del estado de catástrofe. El Presidente debió ver los miles de rayados callejeros que le exigían la renuncia o que lo daban por terminado, para no hablar de los llamados a liquidarlo. Unos ciclistas se lo fueron a gritar a su casa, por si faltara.

Al otro lado, la oposición, repentinamente liberada de su derrota en las urnas, se sentía al alza hasta el mismo marzo, celebraba la caída de popularidad y se mostraba bastante disponible para un “golpe blanco”, como la renuncia del Presidente o, mejor, su destitución por el Congreso. A los malos números de las encuestas agregaban la pereza de la economía y algunos pensaban que el plebiscito constitucional previsto para abril podía ser convertido en un referendo final sobre el gobierno. Para decirlo en forma (apenas) figurada: el 27 de abril por la mañana debía renunciar el gabinete y, por la tarde, el Presidente. A la oposición le parecía que esto no era del todo ilegítimo, porque -con la prueba de “la calle”- Sebastián Piñera había perdido la mayoría que lo llevó a La Moneda.

La pandemia cayó sobre Chile en ese momento psicológico. La palabra puede ser dura, pero no injusta: un momento de odio. Y ocurre que 11 semanas después, con un país totalmente alterado en su vida sanitaria y productiva, aterrado por un eventual colapso del sistema de salud, sintiendo que sube por una pendiente agónica de contagios y muertes, parece no haber otro camino que buscar un acuerdo nacional. Con los mismos actores del psicodrama anterior. ¿Tiene alguno de esos actores la capacidad psicológica de salir y olvidarse del estado en que vivía hasta tan poco? Los que se sentían entonces ofendidos por la actitud del gobierno, ¿pueden pasar del agravio? Y el Presidente, ¿puede zafar de la memoria de los rayados, los gritos, la furia?

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17.20.-Chile: La última línea – ASCANIO CAVALLO

Ventilador mecánico. Foto referencial.

Las protestas iniciadas esta semana en algunas comunas de Santiago, el lunes 18 -a siete meses exactos del 18-O- han tenido el semblante de una coordinación algo más visible que los ciclos anteriores. La inteligencia policial parece estar en mejores condiciones relativas, porque al menos alguno de los focos de estos días no fueron tan sorpresivos como en octubre pasado. Después de todo, el confinamiento restringe la vía de coordinación únicamente al recurso de las redes digitales.

23 may 2020.- Las protestas confirman que el fuego del 18-O no se ha extinguido y que sus promotores están a la espera de que se reduzcan las medidas restrictivas. La reaparición del lunes 18 muestra la ansiedad de esos grupos y puede entenderse como un sondeo para ir avanzando en las condiciones de organización a medida que la crisis económica progrese con su elemento más chocante, el desempleo.

Sin embargo, todos los datos indican que las restricciones tendrán que continuar e incluso endurecerse, ahora que es evidente que en las zonas de mayor contagio -Santiago, Iquique y Antofagasta- los habitantes se están infectando entre sí. El abultado cúmulo de viajeros que trasladó la pandemia hasta Chile desde otras latitudes (sobre todo, Europa) ya quedó atrás. Las cifras muestran que el período de transmisión más intensiva se inició en mayo. Nadie puede asegurar cuándo se producirán el pico, la meseta y el subsecuente descenso paulatino de contagios, que es el patrón que ha seguido la enfermedad en todo el mundo. Los datos parecen haberse anticipado un poco a los cálculos del Ministerio de Salud, pero junio y julio se siguen divisando como los meses agudos.

Al final, cuando toda la neurosis de las estadísticas y la sobreinformación hayan remitido, el gobierno será medido por una cifra principal: los muertos. Se discutirán las estrategias, las oportunidades y la demografía, pero el dato férreo, inconmovible, será la tasa de mortalidad. La experiencia mundial ha demostrado que esa tasa depende decisivamente de las capacidades sanitarias, es decir, de que la demanda no sobrepase a la oferta. Si el gobierno consigue aumentar los insumos (camas UCI, ventiladores, equipamiento, personal) a un ritmo mayor que el incremento de enfermos, podrá evitar colapsos como los que sufrieron la Lombardía italiana o algunas ciudades de España, cuyos números de muertes todavía son el rastro principal del Covid-19. En esa dirección trágica parece ir, por ejemplo, Brasil.

En ese momento de balances, el número de contagios parecerá un dato banal. Los epidemiólogos sostienen que los contagios intensivos pueden ser positivos para generar la “inmunidad de rebaño” antes de que se desarrolle la vacuna. Pero para que un gobierno decida alentar esa inmunidad necesita estar seguro de que tendrá los recursos para recibir a los enfermos. Suecia, que es hoy el modelo de esa estrategia, admite ahora que aún con sus certezas descuidó el sesgo etario del Covid-19 (en Chile, casi dos tercios de las muertes son personas de más de 70 años).

En la casilla vecina estarán las pérdidas de la economía, medidas en desempleo, quiebras, retrocesos de producción, pobreza y caída del PIB. Aunque los resultados del primer trimestre hayan sido menos expresivos de lo que se preveía, todas las proyecciones apuntan al mayor hundimiento del producto desde 1982.

De modo que las condiciones objetivas para el desarrollo de las protestas son muy ambivalentes. De un lado, el empobrecimiento de segmentos urbanos numerosos parece un incentivo para aumentar la presión sobre el gobierno y apuntar de paso hacia la demolición del sistema económico. Pero del otro, las necesidades de reponer el empleo, restaurar los ingresos y volver a activar la producción parecen también razones imperiosas para dejar atrás la conflictividad callejera y alentar a las instituciones para que trabajen sobre acuerdos amplios. La cesantía nunca ha sido un estímulo para la movilización; la pobreza, sí.

La oposición no ha decidido aún en qué lado estará. Una parte de ella -que medida en votos no es en absoluto mayoritaria- querrá mantener el rumbo y acercarse lo más posible a derribar al gobierno, aunque percibe que esa oportunidad perdió el empuje que aspiraba a tomar en marzo, el “mes decisivo”. Esa porción puede haber visto con entusiasmo las protestas de esta semana.

La otra parte vive, más que en la indecisión, en un estado de espera: sólo puede reaccionar frente a hechos que no maneja, decisiones ajenas y agendas que ignora. Está obligada a aguardar los errores del gobierno para tratar de ocupar el espacio público. Tampoco es una situación dramática: como lo saben los dirigentes más agudos, es lo propio de la oposición. La única diferencia del caso chileno es que un gobierno que tambaleaba se vio abruptamente enderezado por una catástrofe sin precedentes, y es mejor no imaginar si la pandemia hubiese alcanzado al país con autoridades renunciadas. El hecho es que la oposición mayoritaria -de nuevo: en votos- ha vuelto a verse confinada a un incómodo espacio en el que es muy difícil decidir entre la hojarasca diaria y la configuración del futuro.

El Chile postpandémico será, según parece, un caldo de todas estas cosas.

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  • 16.20.-Hambre – ASCANIO CAVALLO
  • Ante el nuevo desorden mundial, la soberanía reconsideradaNICOLAS COLIN

Chile está en las antípodas: el clima de desconfianza es uno de los peores del mundo. Este pudo ser un dato positivo para la oposición, siempre que confíe en que su función sea debilitar por todos los medios al gobierno que la venció en las urnas. Quizás se haya pasado de rosca, porque la desconfianza es un aire tóxico que tiende a envolverlo todo, incluyendo a sus propios promotores. Pero si la desconfianza es el signo con que el país enfrenta un retroceso fuerte hacia la pobreza, la pendiente será mucho más inclinada y larga que la duración de este gobierno. Pobreza llama a pobreza.

16 may 2020.- En el famoso grabado de Durero Los cuatro jinetes del Apocalipsis, el caballo más oscuro ocupa el centro. Su jinete lleva una balanza, que según algunos representa el precio de los alimentos y, según otros, la medición entre precios e ingresos. Este jinete es el hambre. Lo flanquean el caballo famélico de la muerte y el corcel brioso de la guerra. La peste no está, pero hay un cuarto caballo que desde el texto del apóstol San Juan ha sido objeto de todas las interpretaciones posibles. La cultura occidental lleva muchos siglos asociando a estos jinetes fatídicos, y por eso ahora, que ha renacido la imaginación apocalíptica, no es raro que hasta las autoridades los vuelvan a juntar.

Lo menos dicho de la crisis del Covid-19 es que por su centro, en efecto, galopa el espectro del hambre. El infantilismo de oponer la salud con la economía se estrella con una amenaza que puede dejar de ser imaginaria. Para no ir demasiado lejos, el informe sobre crisis alimentaria de la ONU del año pasado cifraba el “hambre aguda” en América Latina en 4,2 millones de personas, de las cuales poco más de la mitad estaba en Haití, 1,6 millones en el “corredor seco” de Centroamérica, medio millón entre los emigrantes de Venezuela y el resto en bolsones de extrema pobreza de diversos países.

Las estimaciones para lo que seguirá del Covid-19 llegan hasta el triple de esa cifra.

No hay ningún gobernante de la región que ignore este peligro. En Chile, el Presidente Sebastián Piñera se enfrenta a la sombría perspectiva de tener que ir con ayuda alimentaria a unos dos millones de hogares. Ya no bonos, ni subsidios, ni gratuidades -esos parecen lujos de segunda generación-, sino directamente alimentos, canastas de raciones alimentarias. ¿Realmente puede ocurrir esto?

El producto interno de los países de América Latina se contraerá, según cuánto se extienda la paralización de las economías, entre cuatro y ocho puntos. Eso significa saltar a desempleos de dos dígitos (probablemente sobre 12%), es decir, varios millones de personas, la mayoría de las cuales podría quedar en situación de escasez alimentaria, que es una de las formas de la extrema pobreza. Para Chile, la caída más grande supondría un retroceso de unos 15 años, cuando la extrema pobreza se situaba en un 12,6%. Hace dos años, con un 2,3%, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, declaraba que Chile casi la estaba superando. Los 15 años que pasaron remontaron esa oscura hondonada, pero nadie ha parecido dispuesto a recordarlo. Lo que está ocurriendo tiene también el aire de un siniestro memorando acerca de muchas cosas.

Esta perspectiva vuelve algo irrisorios unos cuantos de los debates de estos días y pone en cuestión la insistencia de numerosos alcaldes (con las excepciones de mérito) en encerrar a sus comunas y dejar a sus ciudadanos sin más ingresos que los subsidios fiscales. El gobierno no ha sido capaz de comunicar con eficacia el sacrificio extremo que es una medida como la cuarentena colectiva. No percibió que su ansiedad por un pronto “retorno seguro” sería vista como un ataque a la sanidad pública ni que muchos llegarían al oxímoron de creer que paralizando el trabajo se favorece a los empresarios. Prefirió, en cierto modo, alentarse con el paradigma de los países de la Ocde.

No hay tal paradigma. China y Singapur -dos dictaduras- terminaron el confinamiento al llegar a cero muertes diarias. Holanda abre algunas actividades con algo más de 50 muertes por día, y Alemania, con 100, además de unos 800 contagios nuevos. España empieza a liberar cautelosamente sus trabajos, pero aún registra más de 150 muertes y más de 800 contagios por jornada. A la mayoría de ellos no los acicatea el caballo del hambre, pero sí el de la reciente recuperación de unas economías sumamente heridas por la recesión del 2008. Suecia, el único que no ha impuesto restricciones (sólo recomendaciones), es también el país con mayor confianza interpersonal e institucional.

Chile está en las antípodas: el clima de desconfianza es uno de los peores del mundo. Este pudo ser un dato positivo para la oposición, siempre que confíe en que su función sea debilitar por todos los medios al gobierno que la venció en las urnas. Quizás se haya pasado de rosca, porque la desconfianza es un aire tóxico que tiende a envolverlo todo, incluyendo a sus propios promotores. Pero si la desconfianza es el signo con que el país enfrenta un retroceso fuerte hacia la pobreza, la pendiente será mucho más inclinada y larga que la duración de este gobierno. Pobreza llama a pobreza.

Los políticos parecen haber percibido este cambio sustantivo respecto de lo que se creía hasta hace un par de semanas. La recesión mundial ya es un hecho y nadie duda de que la economía chilena se hundirá, por lo menos y con optimismo, hasta octubre de este año. Que a fines de ese mes estén previstas las elecciones municipales y el plebiscito constitucional parece una mueca sardónica. No es lo mismo hacer campaña en situación de normalidad -sanitaria, laboral, política- que con millones de personas dependiendo de los alimentos del gobierno.

La cuarentena, el confinamiento y la distancia social tienen efectos más insidiosos de lo que la arquiatría deja ver y de los que la política de facciones alcanza a vislumbrar. Mientras sean las únicas medidas para combatir el contagio, las sociedades dependen de su capacidad de aguante y solidaridad. La pregunta es la misma de siempre: ¿Cómo andamos por casa?

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-hambre/KHEFSY6JDBACLEPQCYNKOHJ3PQ/

16.20.- Ante el nuevo desorden mundial, la soberanía reconsideradaNICOLAS COLIN 

Los países anteriormente aliados en globalización ahora están dando la espalda. Las negociaciones comerciales multilaterales se han estancado. ¿No es hora, pregunta el analista, de repatriar actividades y trabajos al territorio nacional?

En 2005, en la fábrica de Bacou-Dalloz en Plaintel, cerca de Saint-Brieuc, en Bretaña. El mayor productor de máscaras de FFP2 de Europa, capaz de suministrar hasta 200 millones de máscaras al año al estado francés, finalmente fue abandonado bajo el mandato de cinco años de Holanda y definitivamente cerrado en 2018. (FRED DUFOUR / AFP)

La cuestión de la soberanía invade el discurso político . El colapso de las cadenas de producción durante varias semanas, debido a la falta de circulación de bienes y personas, nos hizo conscientes de nuestra dependencia externa, quizás excesiva, en la economía globalizada.

9 may 2020.- La lección a aprender parece obvia. Habría sido urgente trasladar parte de la producción a nuestro territorio. Esto es cierto, en particular, de los recursos esenciales para la lucha contra Covid-19 , como máscaras, pruebas y mañana, tal vez, las vacunas. A esto se suma la conciencia de las autoridades públicas europeas de nuestra dependencia digital. Si queremos implementar la futura aplicación StopCovid en Francia, debemos resolver trabajar con gigantes estadounidenses como Apple, Google o Microsoft, no sin ciertas preguntas sobre la recopilación y el procesamiento de los datos personales de decenas de millones de nuestros conciudadanos.

La aplicación StopCovid, ¿un fiasco francés?

Todas estas consideraciones, sin embargo, no son nuevas. Varios gobiernos europeos y la Comisión Europea han estado preocupados por la omnipotencia de los gigantes digitales estadounidenses por un tiempo. China, por su parte, lanzó hace varios años un plan denominado «China 2025» para recuperar el control de los activos tecnológicos esenciales, como los componentes integrados en computadoras, teléfonos y redes digitales en general. En este frente, las sanciones estadounidenses contra el buque insignia industrial chino Huawei solo han acelerado las cosas.

Tres escenarios para poner fin a la crisis de Covid, desde el más optimista hasta el más oscuro 

¿No es hora de repatriar actividades y trabajos al territorio nacional? Después de todo, la cuestión de la reubicación de empleos industriales ha estado en la agenda durante mucho tiempo, hasta el punto de haber inspirado a Arnaud Montebourg en ese momento la idea de un «ministerio de recuperación productiva».

Estamos entrando en una fase de desglobalización

Casualmente, la tendencia ha estado tomando forma durante varios años: la producción se está acercando cada vez más a los consumidores. Desafortunadamente, debido a los avances en la robótica industrial, las reaperturas de fábricas en los países más desarrollados apenas emplean trabajadores. El desafío para los fabricantes es sobre todo acortar las cadenas de producción para poder reaccionar más rápidamente a los cambios de humor de los consumidores. Se trata menos de reubicar empleos que de ganar competitividad en una economía cada vez más emprendedora. La razón por la cual los líderes empresariales y quienes los financian dudan cada vez menos antes de tomar medidas es la desintegración del orden mundial. Todo indica, en la evolución de las relaciones internacionales,

¿El retorno de las fronteras será un simple paréntesis?

Los países anteriormente aliados ahora están dando la espalda. Las negociaciones comerciales multilaterales se han estancado. Estados Unidos, a través de la administración Trump, ha señalado al resto del mundo que ya no le importa cumplir su misión como policías mundiales. La razón de esto es demasiado obvia: desde el colapso de la Unión Soviética hace treinta años, Estados Unidos ya no tiene ninguna razón real para desplegar tantos recursos para mantener el orden. La escala global. A pesar de sus protestas, Trump no es el iniciador de una tendencia más allá de él: es un síntoma de ello.

A algunos países les irá mejor que a otros.

En el contexto más específico de la lucha contra Covid-19, el nuevo desorden mundial es una amenaza. Estados Unidos ha abdicado de su liderazgo global. En ausencia de una superpotencia capaz de imponer orden, otros países tienen la mayor dificultad para coordinar su acción. China parece querer hacerse cargo , pero está principalmente preocupada por consolidar su área de influencia, desde Asia Central hasta África, con poca preocupación por el resto del mundo, del cual de lo contrario sabe poco.

Bertrand Badie: «La seguridad del Estado ya no es geopolítica, sino salud»

En este mundo nuevo y más fragmentado, donde las tarjetas se redistribuirán a toda velocidad y las economías nacionales se cerrarán sobre sí mismas, a algunos países les irá mejor que a otros. China, a pesar de sus debilidades estructurales, confía en consolidar su poder a escala regional. Estados Unidos, por su parte, se retirará del mundo, protegido por su geografía excepcional y su riqueza de recursos naturales. Los países exportadores, como Alemania, tendrán que pensar en un reposicionamiento radical. Los países cuyo poder ha sido restringido durante mucho tiempo, como Japón o Turquía, adoptarán un comportamiento más ofensivo.

«La crisis no será necesariamente devastadora»: el debate de Alain Minc – Hubert Védrine 

Francia, por su parte, está fortificada por su posición económica y geográfica única en el corazón de Europa. Los próximos meses nos dirán si logra jugar la carta de soberanía económica recuperada y retirarse del juego …

Nicolas Colin (Essayiste, socio fundador de The Family) https://www.nouvelobs.com/chroniques/20200509.OBS28599/face-au-nouveau-desordre-mondial-la-souverainete-reconsideree.html

  • 15.20.-El exministro Moro presenta pruebas sobre la injerencia de Bolsonaro en la Policía Federal – GIL ALESSI-DANIELA MERCIER
  • «Después de la crisis, el momento del dinero verde»- THOMAS PIKETTY
  • Una dosis de falibilismo ASCANIO CAVALLO

El juez fue interrogado durante ocho horas sobre las acusaciones que formuló contra el presidente tras dimitir

Un seguidor de Bolsonaro con un cartel que dice «Moro, traidor» llega este domingo a la protesta de Brasilia. ERALDO PERES / AP 

El exministro Sergio Moro fue interrogado este sábado durante ocho horas en la sede de la Policía Federal de Curitiba. El antiguo juez de la operación anticorrupción Lava Jato presentó mensajes y audios para probar las acusaciones, según confirmó este diario con fuentes jurídicas, que realizó contra Jair Bolsonaro de intentar interferir políticamente en la Policía Federal, órgano que lleva las investigaciones que podrían afectar a los tres hijos del presidente. Moro llegó al edificio —el mismo en el que cumplió condena el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva tras ser condenado en la Lava Jato, una operación que llevó a Moro al estrellato— poco después de las dos de la tarde, acompañado de gritos de protesta y de apoyo. No habló con la prensa. Terminó su declaración sobre las 11 de la noche.

3 may 2020.- Su testimonio forma parte de una investigación abierta, autorizada por el magistrado del Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, para investigar el supuesto intento de Bolsonaro de interferir políticamente en la Policía Federal y falsificar la firma de Moro en la publicación de la destitución del entonces director general de la Policía Federal, Maurício Valeixo. La destitución fue el punto central del desacuerdo entre Moro y Bolsonaro, ya que se hizo sin el consentimiento del exministro.

Mientras, Bolsonaro ha vuelto a participar este domingo en una protesta contra el Supremo Tribunal Federal y el Congreso. “No vamos a admitir más interferencias. Se nos acabó la paciencia”, ha dicho allí ante una multitud de seguidores que incumplían las normas más básicas para evitar los contagios de coronavirus. Varios periodistas han sido agredidos.

El Fiscal General, Augusto Aras, solicitó que se abriera la investigación, señalando que tanto Bolsonaro como Moro podrían haber cometido delitos. Bolsonaro está siendo investigado por los presuntos delitos de falsificación, coerción, prevaricación administrativa, obstrucción a la justicia y corrupción pasiva privilegiada. El exministro, si no presenta pruebas, puede ser acusado de calumnia, crimen contra el honor y prevaricación. Moro tendría 60 días para dar explicaciones, pero el magistrado Celso de Mello redujo este tiempo a cinco días.

La sede de la Policía Federal en Curitiba, que en el pasado fue escenario de protestas y enfrentamientos entre simpatizantes del expresidente Lula y defensores de la operación Lava Jato, presenció esta vez enfrentamientos entre los partidarios de Bolsonaro y de Moro. “¿Por qué no investigan quién intentó matar al presidente?”, gritaban las tropas leales al presidente, replicando el discurso que profirió Bolsonaro tras las acusaciones de Moro, en el que insinuó que la policía, bajo las órdenes del ministro, no dio importancia a la puñalada que recibió durante la campaña electoral. La mención del ataque, que ocurrió en 2018, no fue por casualidad. Horas antes, el propio mandatario publicó en las redes sociales: “¿El Judas que testificará hoy interfirió para que no se investigara?”. La Policía Federal afirma que la investigación concluyó que Adélio de Souza, autor de la puñalada al entonces candidato, no había recibido órdenes de nadie.

La investigación basada en las declaraciones de Moro aún se encuentra en su fase inicial. Si se determina que el presidente cometió los crímenes, la Fiscalía tendría que presentar una denuncia contra Bolsonaro, que necesitará la autorización de la Cámara de Diputados para que se proceda al impeachment. El Congreso ya ha recibido otras muchas solicitudes, que se encuentran en manos del presidente de la Cámara, Rodrigo Maia. Hasta ahora, el congresista ha defendido que, debido a la pandemia de coronavirus, no sería apropiado analizar las solicitudes de destitución de Bolsonaro.

El 24 de abril, Moro dimitió como ministro de Justicia y, durante una rueda de prensa, acusó al presidente de intentar interferir en la autonomía de la Policía Federal para poder acceder a las investigaciones en curso y a la información de inteligencia de la institución. El mismo día que Moro lo acusó, Bolsonaro replicó al antiguo subordinado y negó haber solicitado acceso a los casos investigados.

https://elpais.com/internacional/2020-05-03/moro-presenta-audios-y-mensajes-a-la-policia-como-prueba-de-que-bolsonaro-intento-interferir-en-el-cuerpo.html

15.20.-«Después de la crisis, el momento del dinero verde»- THOMAS PIKETTY 

El paro económico debe usarse para reflexionar sobre un resurgimiento a través de inversiones en sectores como la salud y el medio ambiente, con una reducción en las actividades más intensivas en carbono, estima el economista Thomas Piketty en su columna.

Una turbina eólica en un campo de colza, en Magny (Eure-et-Loir), el 4 de mayo. JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP 

 ¿Puede la crisis causada por Covid-19 precipitar la adopción de un nuevo modelo de desarrollo, más equitativo y más sostenible? Sí, pero con la condición de que asumamos un cambio claro de prioridades y desafiemos un cierto número de tabúes en la esfera monetaria y fiscal, que finalmente deben ponerse al servicio de la economía real y de los objetivos sociales y ecológicos.

Primero debemos aprovechar este paro económico forzado para reiniciar lo contrario. Después de tal recesión, las autoridades públicas tendrán que desempeñar un papel central en el impulso de la actividad y el empleo. Pero debe hacerse invirtiendo en nuevos sectores (salud, innovación, medio ambiente) y decidiendo una reducción gradual y duradera de las actividades más intensivas en carbono. Concretamente, es necesario crear millones de empleos y aumentar los salarios en hospitales, escuelas y universidades, renovación térmica de edificios, servicios locales.

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En el futuro inmediato, el financiamiento solo puede hacerse a través de deuda y con el apoyo activo de los bancos centrales. Desde 2008, estos últimos han llevado a cabo una creación monetaria masiva para salvar a los bancos de la crisis financiera que ellos mismos habían causado. El balance del Eurosistema (la red de bancos centrales gestionados por el BCE) aumentó de 1.150 millones de euros a principios de 2007 a 4.675 millones a finales de 2018, es decir, de solo el 10% a casi 40% del PIB de la zona euro (12,000 millones de euros).

Debemos suponer que la creación monetaria se utiliza para financiar la recuperación verde y social, y no para impulsar los precios del mercado de valores.

Sin duda, esta política hizo posible evitar las quiebras en cascada que habían arrastrado al mundo a la depresión en 1929. Pero esta creación monetaria, decidida a puerta cerrada y sin una integración democrática adecuada, también contribuyó a impulsar los precios. financiero e inmobiliario y para enriquecer a los más ricos, sin resolver los problemas estructurales de la economía real (falta de inversión, aumento de la desigualdad, crisis ambiental).

Agrupe la tasa de interés

Sin embargo, existe un riesgo real de que estemos contentos de continuar en la misma dirección. Para tratar con Covid-19, el BCE lanzó un nuevo programa de recompra de activos. El balance del Eurosistema ha saltado de 4.692 mil millones al 28 de febrero en 5395000000000 en el 1 st  de mayo de 2020 (según los datos publicados por el BCE el 5 de mayo). Sin embargo, esta inyección monetaria masiva (700 mil millones en dos meses) no será suficiente: el diferencial de tasas de interés contra Italia, que se había reducido a mediados de marzo tras los anuncios del BCE, es Muy rápidamente comenzó a levantarse de nuevo.

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Que hacer ? Primero, tenga en cuenta que la zona euro seguirá siendo frágil mientras decida someter sus diecinueve tasas de interés a la especulación del mercado. Necesitamos urgentemente darnos los medios para emitir una deuda común con una tasa de interés única. Al contrario de lo que a veces escuchamos, el objetivo es sobre todo agrupar la tasa de interés y no obligar a ciertos países a pagar la deuda de otros. Los países que dicen que son los más avanzados en esta cuestión (Francia, Italia, España) deben formular una propuesta precisa y operativa, con la aprobación de la creación de una Asamblea Parlamentaria que permita supervisar el conjunto (según el modelo del Asamblea franco-alemana creada el año pasado,pero con poderes reales, y abierto a todos los países que lo deseen). Alemania, presionada por sus jueces constitucionales para aclarar su relación con Europa, sin duda elegirá participar tan pronto como una propuesta sólida esté sobre la mesa y sus principales socios estén listos para avanzar. En cualquier caso, la emergencia nos prohíbe permanecer colgando mientras esperamos la unanimidad, que no vendrá.

La propuesta de fondos españoles debe ser apoyada

Entonces, y sobre todo, debemos asumir el hecho de que la creación monetaria se utiliza para financiar la recuperación verde y social, y no para impulsar los precios del mercado de valores. El gobierno español ha propuesto que se emitan entre 1.000 y 1.500 millones de euros de deuda común(alrededor del 10% del PIB en la zona del euro), y que esta deuda libre de intereses se asuma en el balance del BCE de forma perpetua (o a muy largo plazo). Recordemos sobre este tema que la deuda externa alemana se congeló en 1953 (y se abolió definitivamente en 1991), y que el resto de la enorme deuda pública del período de posguerra se extinguió por un gravamen excepcional sobre el patrimonio más alto financiera (que también tendrá que hacerse). La propuesta española debe ser apoyada y repetida si es necesario, siempre que la inflación siga siendo moderada. Tenga en cuenta que los tratados no dan una definición del objetivo de la estabilidad de precios (el BCE estableció el objetivo del 2%: esto también podría ser del 3% o del 4%). Estos mismos tratados indican que el BCE debe contribuir al logro de los objetivos generales de la Unión.

Aquellos en Bruselas que evocan cifras asombrosas en el Acuerdo Verde sin proponer financiación no hacen crecer la política.

Lo que es seguro es que es imposible recaudar tales sumas sin recurrir a préstamos. Aquellos en Bruselas, que evocan cifras asombrosas en el Acuerdo Verde sin ofrecer financiación, no hacen crecer la política. Por definición, esto significa que reciclan las sumas ya prometidas en otros lugares (por ejemplo, tomando recursos del escaso presupuesto de la UE, que es de apenas 150 mil millones de euros al año, o el 1% del PIB europeo ), que cuentan los mismos gastos varias veces, o que suman contribuciones públicas y privadas (con el apalancamiento para hacer que todos los especuladores del planeta se pongan verdes de envidia), la mayoría de las veces al mismo tiempo . Estas prácticas deben detenerse.

Thomas Piketty (Director de estudios en la Graduate School of Social Sciences, Paris School of Economics)

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/09/apres-la-crise-le-temps-de-la-monnaie-verte_6039129_3232.html

15.20.-Una dosis de falibilismo ASCANIO CAVALLO

¿Qué le pasa al gobierno de Sebastián Piñera? ¿Por qué en el curso de unos diez días erosionó tanto la confianza pública que estaba construyendo pulso a pulso? ¿Ha sido solamente el apresuramiento de hablar del “retorno seguro” ante una ciudadanía tan ávida de normalidad que de todas maneras lo malinterpretaría? ¿O también un cierto deseo de retomar la eminencia que perdió tras el 18-O?

9 may 2020.- Recapitulemos. Como ningún otro presidente desde la restauración democrática, Piñera fue blanco durante medio año, no ya de una oposición dura, sino de un sostenido esfuerzo por derrocarlo. Ese fue el imaginario que se instaló en la Plaza Italia, se mantuvo agazapado incluso tras el acuerdo constitucional de noviembre, se desató en el intento de destitución por el Congreso y llegó hasta la proposición de ceder el poder ejecutivo al mismo Parlamento. Se ha metido, como ha escrito Carlos Meléndez en este diario, “en las vísceras” de los que detestan al país de los últimos 30 años. Ese grupo se empeña en ignorar –o quisiera revertir- el hecho de que Piñera fue elegido y le propinó a su contrincante la mayor paliza electoral desde Frei Ruiz-Tagle; desearía que le hubiese ido tan mal como les fue en el Congreso a los partidos de Chile Vamos (que también suelen olvidarlo). De modo que si el presidente cree que tiene unos adversarios no del todo racionales, está en lo cierto.

Esos adversarios tuvieron que retroceder ante el mal peor del Covid-19. La mayoría abandonó el maximalismo; ya no hay quien apueste por su caída. Pero algunos todavía desearían conseguir como aliado también al Covid-19 y confirmar con él que sigue siendo el presidente exitista, pechugón, apostador, winner y arrogante de siempre.

Y entonces, ¿cómo sale el gobierno de esta encrucijada de desconfianzas encarnizadas? Mejor dicho: ¿cómo sale el país?

Todos los días algún actor público –no sólo políticos- trata de poner en duda la información que entrega el gobierno, justo cuando es más necesario que nunca confiar en la autoridad. Sólo porque es este gobierno. ¿Cómo sale de esto?

La oposición partidista, los parlamentarios, los alcaldes (muchos de Chile Vamos), los gremios y hasta unos cuantos empresarios piden aumentar y aumentar el gasto público, sin reparar que, como ha dicho con lucidez la directora del Observatorio del Gasto Fiscal, Jeannette von Wolfersdorff, se está generando el estado más grande e intrusivo desde los años de Pinochet. Ese estado gordo y endeudado se sentará sobre la siguiente generación, pero el gobierno no ha logrado que se hable de esto, que será el único tema de sus últimos meses, y el principal del que lo suceda.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-una-dosis-de-falibilismo/7EB7BEDT7JB7REQJZH4KC6RADM/

  • 14.20.-Argentina no paga un vencimiento de deuda externa por 500 millones de dólares: ¿qué puede pasar? – LEANDRO LUTZKY
  • Melancolía de la “imaginación responsable” – ASCANIO CAVALLO

Especialistas explican a RT el escenario que se presenta en la nación sudamericana, mientras el Gobierno señala que el país ya estaba en un «virtual default». 

Personas con máscaras faciales en una fila para usar un cajero automático en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), el 17 de abril de 2020.Juan Mabromata / AFP 

Argentina incumple con el pago de 500 millones de dólares que vencía este miércoles 22 de abril en concepto de deuda externa. Aquellas devoluciones no realizadas se correspondían a tres bonos, llamados Globales 2021, 2026 y 2046, y de esta forma el país cae nuevamente en una cesación de pagos.

22 abr 2020.- Este tarde, la cartera que dirige Guzmán emitió un comunicado a los medios en el que informó que se acepta el período de gracia de 30 días, plazo en el cual deberá realizar el giro para no caer completamente en ‘default’.

Sin embargo, el Gobierno ratificó su «voluntad de pago aún en el gravísimo contexto internacional que se ha generado producto de la pandemia del COVID-19″. Y reiteró que busca «un perfil de endeudamiento sostenible».

«Ya no se podía pagar nada, con el coronavirus menos aún», había sostenido recientemente el ministro en una entrevista con El Destape.

Como medida inicial, desde la administración de Mauricio Macri hasta la actualidad se vienen postergando los pagos de deuda emitida bajo ley nacional. Sin embargo, la principal preocupación radica sobre la deuda externa. Es que, además de cancelarse en dólares, cualquier conflicto con los prestamistas se dirimiría en tribunales internacionales, algo que le trae malos recuerdos al país sudamericano: tras un exitoso acuerdo para reestructurar las devoluciones entre el Ejecutivo kirchnerista y muchos bonistas —al menos el 92% del total—, en 2014 el juez Thomas Griesa ordenó desde Nueva York (EE.UU.) pagos millonarios a favor de los pocos acreedores que se habían negado a negociar.

Gustavo Marangoni, politólogo argentino.

«Es una forma de encarar esta etapa de diálogos. Los tiempos se acortan y hay que ver cuál es la voluntad de acuerdo de ambas partes. A lo mejor se da que algunos bonos pueden negociarse y otros no». 

Ahora, en medio de una dura crisis económica, que empeora por la emergencia sanitaria y el estado de cuarentena obligatoria, las autoridades locales deben atender el fuerte aumento de la pobreza y maniobrar su complicado presente financiero. Con ese marco, el incumplimiento «era previsible«, opina el politólogo Gustavo Marangoni.

En paralelo, el Gobierno de Alberto Fernández está intentando reestructurar la deuda externa y envió una propuesta formal a los bonistas, planteando «una reducción en la carga de intereses del 62 %, un alivio en el stock de capital del 5,4 % y un período de gracia por tres años hasta 2023», precisó el jefe de Estado. Sin embargo, la oferta argentina ya fue rechazada por algunos grandes fondos de inversión, y el tiempo apremia.

El presidente argentino, Alberto Fernández, sobrevuela la Ciudad de Buenos Aires, el 21 de marzo de 2020.Maria Eugenia Cerutti / AFP

Así, mientras la administración peronista le dio un plazo de unos 20 días a los prestamistas para responder, al mismo tiempo, Argentina tiene una prórroga extra de un mes para intentar cumplir sus obligaciones. Sobre la decisión de no pagar, Marangoni opina: «Es una forma de encarar esta etapa de negociación. Los tiempos se acortan y hay que ver cuál es la voluntad de acuerdo de ambas partes».

En cuanto a los escenarios posibles, el expresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires describe: «Evitar el ‘default’ sería el óptimo. A lo mejor se da que algunos bonos pueden negociarse y otros no. La tercer alternativa sería un ‘default’ completo». En otras palabras, «el Gobierno argentino manifestó que hay voluntad de arreglar, pero no capacidad de hacerlo, al menos en términos inmediatos», señala el experto.

Más en profundidad, subraya que las dudas se colocan sobre la flexibilidad del Ejecutivo para modificar la propuesta original: «Con una postura de tómalo o déjalo, las probabilidades de arreglo son más difíciles». Sin embargo, quien dirige las cuentas nacionales ya adelantó que «ofrecer más no se puede, porque no es sostenible», y los cortocircuitos continúan.

Para el ministro de Economía, hay un «virtual ‘default'»

Al momento de justificar la postura oficial, Guzmán consideró que el incumplimiento argentino no cambia demasiado el panorama, que ya era bastante adverso: «Argentina ya estaba en una situación de virtual ‘default’. No tenía capacidad de hacer frente a los pagos de la deuda programados, nosotros decidimos seguir un proceso sobre la base de la buena fe», dijo.

A su vez, expresó que esa nación del Cono Sur ya tenía negado el acceso al mercado de crédito internacional previo a este incumplimiento puntual: «Eso va a seguir ocurriendo pase lo que pase», aseveró.

Juan Luis Bour, economista

«No es cierto que el país no pueda pagar siquiera 1.000 o 1.500 millones de dólares anuales, ya que tiene reservas».

Pero, ¿qué significa que Argentina ya estaba en virtual ‘default’? El economista Juan Luis Bour interpreta los dichos del funcionario, en tres enfoques posibles:

  • «Uno es que ya se había anunciado que no se pretendía seguir pagando«.
  • Otro punto «es que se extendió el incumplimiento a otra jurisdicción, desde la ley local a la extranjera».
  • Y un tercer aspecto, «es que Argentina no tiene capacidad de pago«. No obstante, Bour piensa que este posicionamiento es «probablemente incorrecto», porque «siempre se puede negociar». Para concluir, «indica que el acuerdo puede ser difícil, pero no es cierto que el país no pueda pagar siquiera 1.000 o 1.500 millones de dólares anuales, ya que tiene reservas».
El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, muestra un gráfico durante una entrevista en la Ciudad de Buenos Aires, el 11 de marzo de 2020.Agustin Marcarian

Entre tanto, el discurso oficial no varía, y todos los funcionarios insisten públicamente en que la prioridad del Ejecutivo es asistir a la población mientras perdure la pandemia.

Así las cosas, a fines de marzo el Banco Mundial aprobó un crédito de 300 millones de dólares para la nación sudamericana ante la emergencia sanitaria. Además, Alberto Fernández inició una campaña junto a Costa Rica para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) de préstamos a «tasa cero».

De momento, tras el financiamiento de 45.000 millones de dólares acordado durante la gestión de Macri, Argentina sigue siendo el país más comprometido con esa entidad financiera: se trata del endeudamiento más importante en la historia del Fondo. Sobre ello, Guzmán señaló que los vencimientos pendientes entre 2021 y 2023 tampoco se podrán cumplir, y se espera que el Gobierno haga esfuerzos para estirar los pagos, al menos hasta 2024.

https://actualidad.rt.com/actualidad/350827-argentina-no-paga-500-millones-dolares 

14.20.-Melancolía de la “imaginación responsable” – ASCANIO CAVALLO

(Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) 

Como se había escrito en estas mismas páginas, el mundo no está soportando ni la situación de confinamiento ni la parálisis de sus actividades. No es, como se dice con cierta holgazanería intelectual, un debate entre la salud y la economía, ni entre la ciencia y la producción. Es algo muchísimo más complejo, que el filósofo italiano Giorgio Agamben ha descrito brutalmente como la encrucijada de “suspender la vida para proteger la vida”. Con menos dramatismo: el funcionamiento de los individuos como sujetos sociales.

En todas las latitudes el debate prevaleciente de las últimas dos semanas ha sido la intención de romper el confinamiento. No existe una línea común, excepto que todos dicen actuar en nombre de la salud. Hay gobiernos que propician con entusiasmo la reclusión de su gente (como Hungría, Marruecos, Argelia, Irán) y declaran su propósito de mantenerla de manera indefinida. En los países de Occidente, los que se muestran a favor de prolongar el confinamiento son los gobiernos locales y la opinión pública, además de algunos grupos laborales (por lo general, los empleados públicos no sanitarios).

Los gobiernos que han anunciado el desconfinamiento progresivo han sido impugnados con argumentos políticos (“triunfalismo”), estimativos (“apresuramiento”) o morales (“codicia”). Todos tendrán su parte de razón, pero el fondo de la ansiedad es el mismo: cuál es el momento para terminar con un estado anómalo de cosas, aun aceptando que las prácticas sociales no puedan ser igual que antes. El exdirector del FMI Dominique Strauss-Kahn lo ha denominado una reconversión “del poder, el tener y el ser”.

También es un hecho indesmentible que por cada día que pasa las economías -nacionales, sectoriales, personales- se deterioran en grados cada vez más agudos y los encargados de las finanzas públicas observan con alarma la galopante fantasía de que los estados pueden salvar a todos y que pueden endeudarse más allá de sus límites conocidos. Nunca se habían visto paquetes fiscales ni cercanos al tamaño de los que se están movilizando en esta ola de pánico que algunos han llamado hiperkeynesianismo. En Chile, por ejemplo, solo el “Bono Covid” más el Ingreso Familiar de Emergencia duplicarán todo el gasto de un año normal en subsidios monetarios por vulnerabilidad.

Esto también es insostenible. Y es un motivo para que los gobiernos estén impacientes por sacar de la parálisis al menos a parte de las actividades productivas. Para algunas de ellas, las normas de encierro han significado un castigo innominable. Lo que muy pocos reconocen es que mientras no haya vacuna, la única posibilidad de dar seguridades respecto de la expansión del Covid-19 es que entre un 65% y 75% de la población se contagie y desarrolle inmunidad. La paradoja sardónica es que para eso no sirve el confinamiento.

Ningún gobierno habla abiertamente de esto. En su lugar se usa el eufemismo “aplanar la curva”, aunque ya no se sabe bien cuál es la curva más importante: contagiados, enfermos, muertos. Parece, más bien, que se trata de una curva política: la amenaza de que los sistemas de salud no sean capaces de enfrentar una demanda simultánea. Pero esas capacidades han ido aumentando con el paso de las semanas. Y, por lo tanto, muchos gobiernos están más dispuestos a que los contagios aumenten, siempre que aumenten al mismo ritmo los recuperados.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-melancolia-de-la-imaginacion-responsable/626UGGGRXBDYTJ6E4RQDC6OOPM/

13.20.-Bolsonaro vs. Moro, el amargo divorcio político que conmociona Brasil  NAIARA GALARRAGA

La dimisión como ministro del antiguo juez Moro supone un golpe a la línea de flotación del Gobierno Bolsonaro. Ambos intercambian reproches, acusaciones y se presentan como el más íntegro 

El presidente Bolsonaro y su entonces ministro Moro en la final de la Supercopa brasileña en febrero en Brasilia.BUDA MENDES / GETTY IMAGES

Ahora que la pandemia del coronavirus ha obligado a suspender la filmación de las telenovelas brasileñas, la cadena Globo ha tenido que reponer algunas de las más vistas en temporadas anteriores. Pero desde el viernes el divorcio político que conmociona Brasil amenaza con competir con los mejores culebrones en cuanto a audiencia. El día de la inesperada noticia bomba terminó con la revelación en el telediario de máxima audiencia de varios mensajes privados entre los dos protagonistas. “Una cosa es admirar a una persona, otra cosa es convivir con ella”, afirmó el presidente Jair Bolsonaro, 64 años, sobre el antiguo juez Sergio Moro, 47 años, en su primera comparecencia después de que su ministro estrella le dejara plantado y saliera de su Gobierno con un portazo tras acusarle de injerencias políticas.

São Paulo – 25 ABR 2020.- Como muchos divorcios, este también incluye una batalla por el relato. Moro reprocha a Bolsonaro que incumpliera su promesa de darle carta blanca para combatir la corrupción y el crimen organizado; el presidente retrata al aliado súbitamente convertido en adversario como un ególatra oportunista con amagos de insubordinación al que tiene que implorar que le informe y como alguien dispuesto a ceder en sus principios a cambio de una plaza en el Tribunal Supremo, cosa que Moro niega. Ambos luchan por presentarse como campeones de la integridad.

A permanência do Diretor Geral da PF, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Aliás, se fosse esse o meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do Diretor Geral da PF.

Los Whatsapp que Moro entregó al informativo de Globo muestran a Bolsonaro diciendo que la noticia de que la policía investiga a 10 ó 12 diputados bolsonaristas por difundir noticias falsas “es un motivo más para el relevo en la [dirección de la] Policía Federal”. Para el magistrado que dirigió las investigaciones de la Operación Lava Jato contra la corrupción enraizada en política y negocios, el cese sin motivo objetivo de Mauricio Valeixo, el jefe policial al que nombró y que le acompaña desde aquellas pesquisas, era inadmisible.

La destitución se consumó de madrugada vía el Diario Oficial de la Unión. Moro convocó una rueda de prensa y, tras exponer sus motivos durante 40 minutos mientras la Bolsa se desplomaba un 9%, anunció que descansará un poco antes de buscarse un empleo. Solemne, añadió: “Estaré siempre a disposición del país”. Queda por ver cuántos seguidores de Bolsonaro se lleva en su marcha.

La renuncia de Moro pone patas arriba el tablero político justo cuando Brasil ya afronta la emergencia sanitaria y económica de la pandemia del coronavirus. Y agrava la debilidad de un presidente capaz de indignar en la misma semana a los gobernadores y gestores sanitarios con el cese del ministro de Salud e irritar a sus ministros militares dando alas al golpismo. En sus 16 meses en el poder, el crimen ha caído, pero la economía nunca ha llegado a alzar el vuelo con fuerza y la estocada del coronavirus es ya devastadora sobre la actividad, especialmente para los más pobres. Los contagios rondan los 53.000 y los muertos ascienden a 3.670. Las peticiones de impeachment se multiplican, pero es un escenario remoto por ahora. Una de las claves es ver cómo evoluciona el apoyo al capitán Bolsonaro de los generales, retirados casi todos, que integran el Gabinete de Ministros.

El mandatario sabe de divorcios. Michelle es su tercera esposa y al echar al titular de Salud lo definió como “un divorcio consensuado”. Entre sus flancos débiles destaca el clan familiar que encabeza. Las investigaciones policiales y de la Fiscalía apuntan a que su hijo Flavio, el senador, malversó dinero público y, según la prensa local, existen sospechas de que Carlos, diputado estatal de Río de Janeiro, participaba de una maquinaria para aventar noticias falsas. Ahí está supuestamente el origen de la insistencia del presidente por relevar al jefe de la Policía. El favorito para sucederle en el puesto es el jefe del servicio secreto.

Movimiento rápido

La salida de Moro, que se materializó en horas en un país donde las crisis políticas se cuecen durante semanas o meses, abre un boquete en la línea de flotación del Gobierno. Por eso Bolsonaro compareció rodeado de sus ministros, incluido el de Economía, Paulo Guedes, el otro fichaje estrella con el que logró el apoyo de votantes que consideraban al antiguo militar un impresentable. El ministro llamaba la atención entre los trajes oscuros y las corbatas porque llevaba mascarilla —recordatorio de una pandemia que se acelera— e iba en mangas de camisa. Y, como percibieron los internautas, aparentemente descalzo.

El antiguo juez y el fundador de un banco de inversión formado en la escuela de Chicago fueron fichados con la misión de cumplir las principales promesas de Bolsonaro: acabar con los corruptos, dar seguridad a los brasileños de bien y privatizar todo lo que hiciera falta para que la economía creciera como en los viejos tiempos.

Al aceptar la invitación del ultraderechista Bolsonaro para ser ministro de Justicia y Seguridad Pública, el juez rompía su promesa de no entrar en política. Abandonaba una carrera en la judicatura que le convirtió en el cruzado anticorrupción —héroe de una parte de los brasileños, por meter en la cárcel al exmandatario Lula da Silva; y villano para otra, por la misma razón— y renunciaba a la fabulosa jubilación que conlleva. El divorcio político promete nuevos capítulos en breve.

https://elpais.com/internacional/2020-04-25/bolsonaro-vs-moro-el-amargo-divorcio-politico-que-conmociona-brasil.html

  • 12.20.-los carteles en México se adaptan a la epidemia de coronavirus  FRÉDÉRIC SALIBA
  • Los recortes presupuestales no son los responsables del colapso sanitario – MARC FORTUÑO

Al distribuir productos esenciales y reemplazar a las autoridades, los narcotraficantes están tratando de fortalecer su prestigio y comprar lealtades.

Distribución de necesidades básicas, en una caja con la efigie de Joaquín «El Chapo» Guzmán, el 17 de abril en Guadalajara (México). ULISES RUIZ / AFP

En videos, mujeres jóvenes y bonitas llenan y distribuyen cajas de comida en los suburbios de Guadalajara, en el oeste de México. Llevan máscaras de tela con la imagen del famoso narcotraficante mexicano, Joaquín «El Chapo» Guzmán. La iniciativa fue publicada en las redes sociales por una de las hijas del ex jefe del poderoso cartel de Sinaloa, encarcelado en los Estados Unidos.

Está de moda entre los mafiosos mexicanos interpretar a los benefactores. Lo dan a conocer, en medio de una crisis económica causada por la pandemia debido al coronavirus. Si los cárteles se ven afectados, rebotan rápidamente ante un estado superado por la emergencia sanitaria.

Papel higiénico, arroz, frijoles, sopa en bolsitas, aceite … los cartones de artículos de primera necesidad, destinados a los ancianos pobres, llevan el sello «El Chapo 701». Es la marca de ropa y alcohol creada por Alejandrina Guzmán, hija del narcotraficante. El «701» se refiere al rango ocupado, en 2009, por El Chapo en el ranking Forbes de los hombres más ricos del mundo.

La marca nunca ha sido implicada en actividades ilegales. Sin embargo, la iniciativa beneficia a la organización mafiosa de su padre. Es el cuarto cartel que se jacta de sus operaciones de caridad en la Web desde la alerta de salud declarada el 30 de marzo.

Droga bloqueada en puertos

A principios de abril, el cartel del Golfo fue el primero en publicar un video más bélico: armados con ametralladoras, hombres enmascarados entregan paquetes a los residentes de las aldeas pobres del estado de Tamaulipas, en el noreste México, baluarte de la organización. Posteriormente, el cártel de la Nueva Generación de Jalisco y el de Los Viagras publicaron rápidamente a su vez imágenes de montones de cajas de cartón y bolsas de comida, etiquetadas con sus respectivos acrónimos de la mafia.

Estas distribuciones de alimentos no son nuevas. Su difusión en Internet es aún más. «Los carteles están fortaleciendo su base social «, dice Edgardo Buscaglia, especialista en crimen organizado en la Universidad de Columbia en Nueva York. Por ejemplo, las redes de la mafia deberían ofrecer préstamos a pequeños comerciantes al borde de la bancarrota para comprar su lealtad. » El Fondo Monetario Internacional anticipa una recesión de 6.6% este año, en un país donde casi la mitad de la población se considera pobre y donde uno de cada cinco mexicanos gana menos de 2 dólares (1.83 euros) por día .

Para Buscaglia, los carteles no se libran de la crisis: “El tráfico internacional de drogas se ve afectado por las restricciones fronterizas. Sin mencionar los precursores químicos de las drogas sintéticas de China e India, que están bloqueadas en los puertos mexicanos. « La frontera con Estados Unidos, el mercado mundial de las drogas sigue abierta para los negocios. Pero los intercambios se ralentizan y los controles aumentan. Los precios de los medicamentos están despegando.

Una máscara con la efigie de Joaquín «El Chapo» Guzmán, 17 de abril en Guadalajara, en el oeste de México. ULISES RUIZ / AFP

Pero los grandes carteles mexicanos tienen fuertes respaldos , asegura Eduardo Guerrero, director de la consultora de seguridad Lantia Consultores: «Tienen efectivo, son reactivos y flexibles. Diversifican sus actividades volviendo a centrarse en lo local. Se espera que la extorsión aumente en México. Pero las mafias otorgarán condiciones de pago a sus víctimas. « Los expertos también prevén un aumento de los ataques cibernéticos y el robo de mercancías, especialmente médica. Nada nuevo en un país donde las mafias están traficando medicamentos falsificados. Peor aún, los jóvenes necesitados también podrían unirse a las filas del crimen organizado en masa.

Estos reajustes estratégicos están alimentando la guerra de carteles. A pesar del encierro voluntario decretado el 23 de marzo por el gobierno, la violencia no ha disminuido. Marzo fue el mes más mortal (2,585 homicidios) en veinte años. Según las cifras de Lantia Consultores, 70 asesinatos se perpetraron en promedio por día entre el 23 y el 31 de marzo, diez asesinatos diarios más que durante el mes en su conjunto. El fin de semana del 3 al 5 de abril habría sido uno de los más violentos, con casi 300 muertos en tres días, según informes de prensa.

«Los carteles se precipitan en la brecha»

«Los narcos tienen rienda suelta, porque el gobierno está enfocado en manejar la crisis de salud», señala Guerrero. Hay mucho en juego: el país contó, el viernes 17 de abril, 6.875 casos confirmados y 546 muertes. Se espera el pico de la epidemia a mediados de mayo, lo que aumenta el temor a la saturación de un sistema de salud que carece de equipos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador («AMLO») pidió al ejército ya la Guardia Nacional que intenten limitar el impacto de la pandemia. La prioridad de estas instituciones ya no es la seguridad. A principios de abril, el gobierno federal incluso autorizó a los estados y municipios a utilizar dos fondos (11.400 millones de pesos, o 440 millones de euros) asignados a la lucha contra la delincuencia para la compra de equipos médicos.

Productos con la efigie de Joaquín «El Chapo» Guzmán, 17 de abril en Guadalajara, en el oeste de México. FERNANDO CARRANZA / REUTERS

«El gobierno va a estar de rodillas «, lamenta el Sr. Buscaglia. Los carteles se precipitan en la brecha. A menudo representan una mejor protección social para los residentes que la ofrecida por las autoridades. « El plan de recuperación económica AMLO proporciona redujo los préstamos de interés de 3 millones de pequeñas empresas, la creación de 2 millones de puestos de trabajo y ayuda a los pobres. «No será suficiente», dijo Buscaglia, quien cuestiona la estrategia del presidente de centro izquierda: «Podemos preguntarnos si AMLO no deja que los carteles jueguen este papel social para limitar el daño de la crisis». « Desde el comienzo de su mandato en 2018, AMLO había anunciado el fin de la guerra contra los carteles, asegurando que quería abordar las causas del crimen, teniendo en cuenta la pobreza.

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El 29 de marzo, AMLO visitó las tierras de El Chapo, en el estado de Sinaloa (noroeste). Después de una reunión restringida en el municipio de Badiraguato, saludó a Consuelo Loera, la madre del narcotraficante, a bordo de una lujosa camioneta. El presidente se acercó a ella y luego le estrechó la mano, rompiendo las medidas de distanciamiento social defendidas por su gobierno. Desde entonces, la controversia ha estado en auge. El interesado justifica «un gesto de cortesía».

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/19/au-mexique-les-cartels-s-adaptent-a-l-epidemie-due-au-coronavirus_6037086_3210.html

12.20.-Los recortes presupuestales no son los responsables del colapso sanitario – MARC FORTUÑO

Estados Unidos centra los titulares porque ha confirmado ya 18.777 muertes por COVID-19, siendo el país que lleva mayor número de fallecidos hasta la fecha. No obstante, se tratan de datos que computan cantidad de los fallecidos en términos absolutos y no términos relativos. Cuando ajustamos este dato a la variable poblacional la perspectiva puede ser otra.

13 abr 2020.- Si incluimos el tamaño de la población en el análisis, España sería el país con un mayor número de fallecidos relativos: una relación de 349,76 muertes por COVID-19 por millón de personas, una tasa más de cinco veces superior a Estados Unidos (62,25 muertes por millón).

Es en este punto en el que muchos se preguntan si el problema de estos resultados está vinculado a una gestión nefasta del gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, o bien es un problema de los recortes en la etapa vinculada al gobierno anterior del Partido Popular que forzó a las autonomías en el control de su déficit.

Algunos concluyen que, en ausencia de los recortes, el sistema sanitario hubiera sido capaz de absorber las altas demandas sanitarias presentes por la propagación. Es en ese punto que trataremos de analizar la evolución de camas (oferta) y la evolución de la demanda (casos confirmados de COVID-19) para extraer las conclusiones.

La situación de la sanidad española para afrontar el COVID-19

Aunque hay muchos factores para determinar la capacidad de absorción de la demanda sanitaria, uno de los más utilizados es la relación entre las camas hospitalarias y la población.

El número de camas de hospital en relación con la población revela que en 2017 había, en promedio, 504 por cada 100.000 habitantes en toda la Unión Europea. Entre los Estados miembros de la UE, Alemania no sólo registró el mayor número de camas de hospital (661.000), sino también el mayor número en relación con el tamaño de la población, con 800 camas de hospital por cada 100.000 habitantes.

¿Y España? Nuestro país se encontraría en la parte baja de la tabla, y uniéndose al grupo de Irlanda, Dinamarca, el Reino Unido y Suecia que registraron las cifras más bajas de camas de hospital en relación con el tamaño de su población en 2017, todas ellas inferiores a 300 por 100.000 habitantes.

Específicamente, en el caso de España contaría con 138.511 camas hospitalarias. Una capacidad que es insuficiente para el tamaño del problema al que España se enfrenta específicamente debido a que el número de casos confirmados supera ya los 160.000. Es decir, incluso en el supuesto completamente utópico en el que no existiera otras enfermedades tratables que requiriera atención hospitalaria, el sistema sanitario hubiera desbordado sí o sí.

A pesar de que España se encuentra a la par con los países mencionados dentro de la parte baja de la tabla, es el único que destaca negativamente por el colapso que ha sufrido su sistema sanitario.

En el siguiente gráfico se relaciona el total de casos con el tamaño de la población se puede observar claramente el desencadenante. Tal y como podemos apreciar, tanto el Reino Unido como Suecia y Dinamarca se encuentran con un volumen de total de casos por cada millón de habitantes alrededor de 1.000. Algo por encima se encontraría Irlanda con una relación de casos confirmados de 1.808. Pero España con 3.461 casos por millón de habitantes ha colapsado.

Comparando los datos del volumen relativo de casos a la población, es decir, la demanda, todo parece indicar que el problema verdadero está más vinculado a la gestión del Gobierno de Sánchez ante el desafío del coronavirus, que ha desembocado en una alta demanda, y de ahí, la elevada mortalidad que vemos sin precedentes en el reto de países.

El Gobierno ha evidenciado un problema de gestión evidente con una falta de medidas de prevención que han desembocado en la propagación del COVID-19, la peor relación muertes/población, el confinamiento total de la población como mecanismo de última instancia de contención y una potencial crisis económica que se inició en marzo con la pérdida de 830.000 afiliados a la Seguridad Social y ha mermado el tejido empresarial del país.

¿Sin recortes hubiera sido todo diferente?

Entre 2012 y 2017, el número de camas de hospital en la Unión Europea disminuyó en un 3,3%. Las mayores contracciones del número de camas de hospital se registraron en Suecia, Dinamarca, Estonia, donde el número de camas disminuyó entre un 12% y un 20%, y Finlandia, donde la reducción del número de camas fue del 37%.

En el caso de España, curiosamente y en este periodo ha marcado una pequeña evolución positiva en el total de camas (en relación con el tamaño de su población), desmarcándose de la tendencia bajista europea.

No obstante, en este periodo no se incluyen los recortes sanitarios iniciados en el periodo 2011/12. Por ello, tiene más sentido analizar el volumen de camas hospitalarias por tamaño de la población antes de los recortes y en el momento de la crisis, para así observar si, en ausencia de los recortes, la oferta sanitaria hubiera sido sustancialmente diferente.

Según los datos de Eurostat, en el año 2009, en la UE nos encontrábamos con una media de camas de 552 por 100.000 habitantes. España ya mostraba una relación inferior, con un total de 316 camas.

A partir de ese punto, la ratio empieza a descender por los recortes de las autonomías (la sanidad representa la mayor partida de gasto para las administraciones intermedias) hasta 2013, que refleja una relación de 296 camas por cada 100.000 habitantes. Por lo que podemos cuantificar una pérdida de 20 camas en ese período y, hasta 2017, se recuperan 2 camas.

Independientemente del dato que queramos partir, en cualquier supuesto, el volumen de camas hubiera sido claramente insuficiente ante las demandas sanitarias de la actual pandemia en conjunción al resto de problemáticas sanitarias que requieren atención hospitalaria.

https://www.elblogsalmon.com/indicadores-y-estadisticas/recortes-no-responsables-colapso-sanitario

  • 11.20.-Desaciertos y economía de confinamiento – EDUARDO SARMIENTO
  • Economía y crisis: propuestas para enfrentar la pandemia CÉSAR FERRARI Y JORGE IVAN GONZÁLEZ
(Foto: Pixabay)

El Gobierno determinó ampliar la confinación, que había establecido entre el 24 marzo y el 13 de abril, hasta el 27 de abril. La pregunta es si la cuarentena cumplió los propósitos previstos y si la extensión la consolidará.

11 abr 2020.- La cuarentena se justificó como una prevención a lo que estaba ocurriendo en Italia y España. En términos concretos, se planteaba evitar el colapso del sistema hospitalario, reducir el crecimiento del número de contagiados (aplanar la curva epidemiológica) y reducir el nivel de contagio y muertes. Las condiciones de España e Italia no se podían dar en Colombia, que tiene un coeficiente de contagio muy inferior. Ahora, en Colombia, entre marzo 24 y abril 13 el número de contaminados pasó de 500 a 2.200 y no le hizo mella al sistema hospitalario. Mientras el número de camas asciende a 40.000, el número de pacientes en cuidados intensivos con el contagio apenas llega a 89. El crecimiento del virus aumentó con respecto al período anterior. Las muertes no variaron en relación con la tendencia histórica y están por debajo del promedio mundial.

A estas alturas no es posible una evaluación precisa de la cuarentena por el retraso entre la adquisición de la enfermedad y la manifestación. A la luz de la información disponible se puede esperar que el efecto sea pequeño y desaparezca cuando se desmonte el aislamiento. En cierta forma se confirma que las acciones para reducir la tasa de contagio, que no es otra cosa que el aplanamiento de la curva epidemiológica, son de reducido alcance. Estamos ante el virus del último siglo que se estabiliza a mayores niveles en los países desarrollados y en algún momento su aumento deja de causar contaminación y decesos.

No obstante que en la semana anterior el presidente Duque anotara que no podía mantener el país encerrado, el Gobierno extendió el aislamiento hasta el 27 de abril.

La economía del confinamiento se aplicó durante las guerras con diferentes propósitos. La medida genera un estado de exceso de demanda sobre la oferta. Es contraria al estado regular de las economías que operan con demanda inferior a la producción. Las soluciones convencionales de aumentar la demanda tienen el efecto contrario. Las economías quedan expuestas a estados de desabastecimiento y presiones inflacionarias.

El ahorro se resquebraja. Las empresas pasan a operar con mayores egresos que ingresos y el crédito solo les posterga la quiebra. El peso recae en mayor grado en los sectores de menores ingresos que disponen de menos margen para soportar el estado de mayor gasto sobre los ingresos. Los gobiernos acuden a la emisión monetaria, subsidios y déficits externos para aminorar el desbalance.

La síntesis es lamentable. La confinación no afecta significativamente la tasa de contaminación, y en su lugar, provoca una recesión de exceso de demanda sobre la oferta que precipita una caída de la producción, el empleo y balanza de pagos, y recae en mayor proporción en los sectores de menores ingresos. Los efectos iniciales se reflejan en caídas del 20 % en el consumo de energía eléctrica y las encuestas de producción ya dan una idea de la dimensión del choque. El producto nacional se precipitará en tasas de crecimiento negativas, el empleo se desplomará, el déficit en cuenta corriente se tornará insostenible y la distribución del ingreso continuará deteriorándose.

Las circunstancias obligarán pronto al país a desmontar gradualmente el confinamiento y sustituirlo por la separación selectiva de los contagiados en hospitales, y adoptar un plan de reactivación dentro de un nuevo modelo que recupere el crecimiento y mejore en forma apreciable la distribución del ingreso.

https://www.elespectador.com/opinion/desaciertos-y-economia-de-confinamiento-columna-913996

11.20.-Economía y crisis: propuestas para enfrentar la pandemiaCÉSAR FERRARI Y JORGE IVAN GONZÁLEZ

¿Qué pasos extra se deben tomar para aliviar los efectos que la crisis del coronavirus está teniendo, y tendrá, sobre la economía nacional? Medidas como abaratar el crédito para los colombianos y pensar en una nueva reforma tributaria son algunas de las propuestas que están sobre la mesa.

1 abr 2020.- El coronavirus está provocando una gravísima crisis económica que tiene dos motores: el desabastecimiento y la devaluación. En efecto, el confinamiento reduce la producción nacional y la posibilidad de sustituirla por importaciones, lo cual reduce la oferta de bienes y servicios.

Además, la caída continua del precio del petróleo ha devaluado la moneda de manera imparable. La devaluación se trasladará a los precios, y la falta de ingresos petroleros hará caer la demanda general de bienes y servicios y su oferta, así como también los ingresos del Estado. Una mezcla dramática de inflación, recesión y déficit fiscal se nos está viniendo encima.

Medidas macroeconómicas: partir de la realidadAdemás de los apoyos sectoriales para garantizar los bienes y servicios básicos, se necesitan con urgencia medidas de carácter general. Debemos admitir que los fundamentos de la economía colombiana son frágiles. El saldo de la deuda pública ya bordea 55 % del PIB y, lamentablemente, los ingresos del Estado siguen disminuyendo.

Bajo estas circunstancias, la desaceleración inminente de la economía va a traducirse en el aumento acelerado del desempleo. Si las empresas no producen, no podrán sostener a sus trabajadores. Entonces hay que establecer un seguro de desempleo o subsidiar a las empresas en el monto de la nómina mientras dure la emergencia.

Aliviar el gasto y abaratar el crédito 

Los más afortunados podrán trabajar desde sus casas. Pero la mayoría de la gente no tiene alternativas de ingreso. Estas personas y familias necesitan un subsidio de ingreso o una canasta de alimentos. La alcaldesa de Bogotá ha propuesto otras medidas apropiadas, como postergar el pago de los impuestos y suspender el cobro de los servicios públicos. El ejemplo debe extenderse a todo el país.

También se necesita un alivio en los costos y en los plazos de las cuotas de los créditos que asfixian a las pequeñas y medianas empresas y a las clases medias que financian sus compras mediante tarjetas de crédito.

Si uno tiene varias tarjetas de crédito, es posible reducir las tasas de interés y alargar los plazos acudiendo a un segundo banco para pagar la deuda con el primer banco. Esta operación permite reducir la tasa del crédito de casi 3 % mensual a casi 0,8 %. Pero ¿por qué, en primer lugar, los bancos cobran en los créditos de consumo a través de las tarjetas de crédito casi a 3 % mensual? ¿Qué pasa si el ciudadano tiene una sola tarjeta de crédito?

Se necesita una nueva política que estimule la competencia entre los bancos para reducir las tasas de interés. Y en la emergencia, postergar pagos de los intereses y amortizaciones de la deuda. El mecanismo alternativo habitual para reducir las tasas de interés consiste en que el Estado las subsidie.

Mirar hacia el futuro: impuestos y catastros

Para recuperarse de la crisis, la economía colombiana tendrá que cambiar de rumbo. Y en este punto necesitamos partir de una premisa: hay que recuperar la confianza en el papel de la inversión pública y aumentarla, como lo había dicho la Comisión de Gasto convocada por el Gobierno Nacional. Este aumento se debe realizar de manera que incremente la competitividad de las empresas y de los trabajadores.

Y para financiar la mayor inversión del Estado se necesita aumentar los recaudos tributarios. Como la “Ley de Crecimiento” aumentará la brecha fiscal, el Gobierno debería presentar una nueva reforma tributaria que reduzca las exenciones y aumente las tarifas del impuesto al patrimonio y a la renta de las personas naturales, en particular a sus dividendos. Las tarifas deben ser progresivas, o sea que vayan aumentando con el nivel de ingreso.

Y de su parte el proceso de actualización catastral tendrá que acelerarse, porque de aquí depende sobre todo la solvencia de las ciudades grandes, intermedias y los pequeños municipios. También estas tarifas deben ser progresivas en función del valor del avalúo.

Modificar la contabilización de reservas y reorientar regalías 

La intensa devaluación del peso colombiano tiene una doble consecuencia: es positiva porque aumenta el valor en pesos de las reservas que tiene el país, sobre todo en bonos del tesoro norteamericano. Pero es negativa porque encarece el valor en pesos de la deuda pública externa.

En la contabilidad actual, estos efectos se tratan de manera asimétrica: la mayor deuda se incorpora en el presupuesto, pero el mayor valor de las reservas no se contabiliza en el lado del ingreso. En el pasado existía la Cuenta Especial de Cambios (CEC) alimentada por aquellos aumentos en el valor de las reservas, cuenta que el Gobierno utilizaba para financiar el gasto corriente. Para evitar los abusos se prohibió el mecanismo, pero en medio de la crisis, ese mayor valor de las reservas puede y debe utilizarse para financiar grandes proyectos de inversión —no los gastos corrientes o de funcionamiento—.

Además, es necesario reorientar las regalías. La Contraloría ya ha advertido las regalías no fueron bien invertidas: en vez de destinarlas a proyectos estratégicos, se dispersaron en más de 12 mil pequeños proyectos. Por eso, se deben promover unos pocos proyectos que generen empleo; por ejemplo, construir carreteras de tercer nivel.

Solidaridad nacional y cooperación internacional 

La solidaridad es vital frente a la pandemia que, tarde o temprano, va a ser controlada. Pero atender las consecuencias económicas de la pandemia requerirá un plazo más largo y la cooperación de otros países.

Colombia necesita frenar el déficit creciente en la balanza de pagos aumentando las exportaciones y disminuyendo las importaciones, lo cual implica hacer más competitivas a las empresas colombianas.

 https://razonpublica.com/financiar-manejo-la-crisis/ 

10.20.-Chile: todo está en la mesa – ASCANIO CAVALLO

La política atraviesa por un momento único en la historia humana: en un mismo momento y bajo una misma amenaza, todos los gobiernos rinden un examen ante la posteridad. Ya no se trata del “sistema”, porque todos los sistemas están en prueba; queda algo leso hablar de un “modelo” en la única ocasión en que no existe modelo alguno que haya podido declararse inmune ante el Covid-19.

28 mar 2020.- Todos los juicios están suspendidos. Lo que muestran las encuestas –también restringidas al teléfono y la red- es que en todas partes reina la desconfianza en los gobiernos y al mismo tiempo la resignación ante el hecho de que sólo los gobiernos pueden hacer frente a la amenaza. Las mismas preguntas recorren todo el orbe: la autoridad, ¿debió actuar antes? ¿Son suficientes las medidas que ha tomado? ¿No debió ser más drástica, desde el primer momento?

Pero entonces, ¿cuál fue ese primer momento? Muy pocos se preguntan, con la debida humildad, si en cada posible momento estaban las condiciones para una u otra cosa. Por ejemplo: dadas las fechas de expansión de la pandemia, todas las manifestaciones del 8-M debieron ser prohibidas en todo el mundo. ¿Era eso posible? En Chile, hasta la segunda semana de marzo la estrategia ultrista del “mes decisivo” seguía en pie y todavía alguna parte de la oposición moderada recelaba de un gato encerrado.

Los gobiernos serán juzgados por los resultados en vidas, primero, y más tarde por su responsabilidad en limitar la catástrofe económica que se avecina. Apenas se puede anticipar, con el difuso horizonte de hoy, que en aquellos países donde el golpe ha sido más trágico, como Italia y España, los actuales gobiernos quedarán sepultados. Ya no se puede dar por segura la reelección de Donald Trump, cuando ni siquiera es claro si la teocracia de Irán podrá seguir en pie. Y hasta China, según cree el buenazo de Slavoj Žižek.

Por eso los líderes chinos se han anticipado a declarar que han controlado el virus. Por ahora, es más que una declaración estratégica que científica, entre cuyos fines se ha de contar que el mundo olvide pronto cuándo, dónde y cómo se inició la explosión viral. Quién lo iba pensar, el filósofo coreano Byung-Chul Han ha salido en su ayuda con un lamentable texto en el que sostiene que Asia ha podido controlar mejor la situación por su disciplina cultural, la autojustificación favorita de todas las tiranías de esa región.

La propaganda china es la relegitimación del estado, que en esta encrucijada entusiasma por igual a populistas y a liberales. Las sociedades donde la confianza es alta, como Suecia u Holanda, todavía pueden dejar parte de la responsabilidad a sus ciudadanos. Pero donde está por los suelos, como en Argentina y Chile, la muchedumbre política pide a gritos más estado, más confinamiento, más shutdown.

Por única vez en la historia, la salud se ha impuesto sobre la economía, confirmando el cambio de los marcos éticos que ya muchos percibían. La prioridad no ha sido puesta en duda. Tampoco se duda que luego vendrá lo otro: restañar los trabajos perdidos, las familias empobrecidas, las empresas quebradas. Los estados han venido desembolsando sus ahorros para hacer frente al cataclismo social que implican las economías detenidas. Pero los ahorros tienen sus límites. ¿Cómo será esa ineluctable reorganización?

En un momento en que las instituciones estaban bajo asedio en todo el planeta –desde la policía hasta la prensa profesional-, la tortilla se ha dado vuelta de un sopetón como para recordar que las instituciones son la única forma que conocemos de organizar a los grupos humanos para que no exterminen entre sí. Por eso ha cesado también la orgía de las redes sociales, retrocedidas hacia la única de sus funciones nobles: comunicar a los que la distancia mantiene amargamente separados. Han dejado de ser populares la estridencia, las fake news, la algarada y la agresión “sin enojarse”.

¿Y Piñera? Hasta hace solo unos días iba a ser recordado por el “estallido” iniciado el 18-O. Ahora lo medirá la administración del Covid-19. Es tan arrogante decir que lo ha hecho bien como que lo ha hecho mal. Probablemente nadie quisiera estar en sus zapatos.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-todo-esta-en-la-mesa/F6FYEYDIYRFD3LQPGE5U2ONRI4/ 

9.20.-Los militares brasileños se acercan al vicepresidente de Bolsonaro ante el agravamiento de la pandemia  AlFONSO BENITES

Las Fuerzas Armadas celebran reuniones en Brasilia para discutir escenarios ante una eventual destitución del presidente, debilitado por la crisis del coronavirus

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, saluda a partidarios y periodistas en la previa de una rueda de prensa dedicada al coronavirus celebrada en el palacio de Planalto, el viernes 27 de marzo.ANDRE BORGES / AP

Las Fuerzas Armadas brasileñas han enviado señales de alerta ante las reacciones del presidente Jair Bolsonaro a la crisis de coronavirus. Esta semana, representantes de la Aeronáutica, el Ejército y la Armada le adelantaron al vicepresidente, el general Hamilton Mourão, que podría contar con su apoyo si Bolsonaro dejase su puesto, ya sea mediante un juicio político o una renuncia.

 28 mar 2020.- Aunque el debate se ha intensificado desde que la crisis de salud empeoró, las posibilidades de que Bolsonaro deje la presidencia son muy remotas. En más de una ocasión, el presidente dijo indirectamente que no renunciaría. “¡Nunca abandonaré al pueblo brasileño, a quien debo lealtad absoluta!”, dijo en su cuenta en Twitter. El titular de Diputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), responsable de poner en marcha un eventual proceso de empeachment, declaró esta semana que el asunto no está, al menos por ahora, en la agenda del Congreso.

Aun así, el Ejército ha mantenido reuniones en Brasilia, incluso con aliados de Bolsonaro y miembros civiles de su primera línea. Esta semana se celebraron al menos dos reuniones en las que se discutieron escenarios hipotéticos a mediano y largo plazo.

Dos participantes de esas reuniones informaron a EL PAÍS que el grupo está preocupado por un posible aumento repentino en los registros de infectados y muertes causadas por la enfermedad y que esto está relacionado con el discurso negacionista de Bolsonaro sobre la gravedad de Covid-19. Destacaron que cuando el presidente sugiere poner fin a las cuarentenas y el aislamiento social decretado por los gobernadores y alcaldes, suena insensible a la gravedad de la pandemia.

En este escenario, creen que la popularidad de Bolsonaro puede caer en picado si se muestra como un líder fallido que prefiere apalancar la economía antes que salvar vidas. “Él tiene un discurso de guerra. Pero quien está en la primera línea de una guerra es un soldado que sabe que puede morir. En una pandemia no podemos poner a todos en la misma situación que los soldados”, dijo uno de los miembros del grupo de manera reservada.

El martes, el comandante del ejército, general Edson Leal Pujol, trató de eximir a las Fuerzas Armadas de cualquier responsabilidad por la crisis. Al contrario de lo que defendió el presidente, declaró que los militares deben, sí, preocuparse por el coronavirus y dijo que combatir la propagación de la enfermedad “es quizás la misión más importante de nuestra generación”.

En Brasilia también ha circulado la tesis de que el presidente podría tomar una decisión extrema y decretar un estado de sitio (que depende de la aprobación del Congreso Nacional, donde Bolsonaro no tiene mayoría), que suponga restricciones a la libertad, comunicación y suspensión de garantías constitucionales. Si bien sería una decisión extrema, Bolsonaro podría argumentar que solo trata de “salvar a Brasil”. La vieja política, sin embargo, no lo acompaña.

Oficialmente, el presidente dice que no ha decretado el estado de sitio porque estaría “dando una señal de pánico a la población», según dijo en una rueda de prensa la semana pasada. Entre líneas, sin embargo, envía mensajes contradictorios. Este viernes, en una entrevista con el periodista José Luiz Datena, de TV Band, se le preguntó si tenía la intención de dar un golpe de Estado y cerrar el país. “Quien quiera atacar nunca dirá que quiere atacar”, respondió.

Mourão, un militar sin apoyos claros

Debido al tono de estas señales, los militares se acercaron al vicepresidente. Mourão es uno de los suyos, pero no cosecha un apoyo cerrado. En el Ejército, el vicepresidente llegó a ser visto como un radical cuando, en 2015, sugirió que las Fuerzas Armadas podrían intervenir ante una crisis política. En ese momento, la presidenta Dilma Rousseff (PT) estaba en un mal momento y el Lava Jato comenzaba a revelar escándalos de corrupción en serie. En el campo político, Mourão fue la quinta opción de Bolsonaro para componer su dupla electoral. Fue elegido en el último minuto, ante las negativas de otros políticos o por la desconfianza del propio presidente.

Mourão tampoco está bien considerado entre la familia Bolsonaro. Su principal enemigo entre el clan es el concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PSC), hijo del presidente. Al principio de su mandato, Mourão comenzó a recibir embajadores extranjeros para demostrar que Brasil no se cerraría del mundo. También fue el principal articulador del acercamiento a China, el principal socio comercial de Brasil. A partir de entonces, llegó a ser visto como una voz moderada en un Gobierno de ultras. Entre el núcleo duro ideológico del Planalto, el acercamiento con China se interpretó como una traición al presidente, que quería distanciarse de los comunistas. En la práctica, la ideología se dejó de lado y el comercio entre las dos naciones se mantuvo en su apogeo.

Mourão fue puesto a un lado. Actuó, sin embargo, en algunos momentos clave, como cuando se discutió si Brasil apoyaría o no una intervención militar en Venezuela para secundar a Juan Guaidó en su choque contra el presidente Nicolás Maduro. Más recientemente, comenzó a coordinar el Consejo Amazónico, un colegiado reactivado después de la crisis de los incendios forestales.

Esta semana, el vicepresidente tuvo que contradecir a su jefe. Dijo que Bolsonaro había sido mal interpretado al defender que el país debería priorizar la economía. «Puede ser que él (Bolsonaro) se expresase de una manera, digamos, que no era el mejor. Pero que trató de plantear fue la preocupación que todos tenemos con la segunda ola del coronavirus, como se llama en este momento”.

Bolsonaro reaccionó el viernes. En la entrevista con Band, dijo que Mourão se sentía libre de hablar por ser «imprescindible”, es decir que no puede ser separado de su cargo. “Con el debido respeto a Mourão, él es mucho más rudo que yo. Algunos dicen que incluso soy muy amigable cuando estoy cerca de Mourão. Él es el único que no es resignable en el Gobierno, por lo que puede estar tranquilo «.

En este contexto de tensión, Bolsonaro enfrentó a los gobernadores, se aisló políticamente y escuchó protestas contra su Gobierno en las principales ciudades del país. Esta semana, perdió el apoyo de un importante aliado, el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM). Pero el ajedrez político está lejos de estar definido.

Tras la presión del presidente para reactivar la economía, tres gobernadores autorizaron la apertura parcial del comercio en sus Estados: Rondônia, Santa Catarina y Mato Grosso. Los próximos movimientos dependerán de la gravedad de la pandemia.

 https://elpais.com/internacional/2020-03-28/los-militares-brasilenos-se-acercan-al-vicepresidente-de-bolsonaro-ante-el-agrava

8.20.-Argentina necesita que sus acreedores privados renuncien al menos a 55.000 millones de dólares, según el FMIENRIC GONZÁLEZ

20 El ministro de Economía, Martín Guzmán, inicia los contactos con los tenedores de bonos

La directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía argentino, Martín Guzman, a principios de febrero de 2020, durante congreso sobre economía solidaria organizado por el Vaticano.

Mientras el mundo se estremece por el coronavirus y los mercados financieros sufren convulsiones extraordinarias, Argentina sigue agobiada por su deuda. El ministro de Hacienda, Martín Guzmán, tuvo el viernes un primer contacto directo (telemático) con los acreedores privados, en el que admitió que el país había llegado “al límite” y no disponía ya de reservas para hacer frente a nuevos pagos. El Fondo Monetario Internacional le prestó respaldo y estimó que los acreedores deberían aceptar una reducción “sustancial” de la deuda externa argentina. Cifró esa reducción entre 55.000 y 85.000 millones de dólares, dependiendo del nivel de los tipos de interés. 

Buenos Aires – 20 MAR 2020 – 18:22COT.- El Gobierno de Buenos Aires pidió al FMI que realizara un análisis externo, algo parecido a una auditoría de urgencia, sobre la situación económica argentina y sus posibilidades reales en cuanto a la deuda. La directora gerente de la institución, Kristalina Georgieva, atendió la demanda y publicó un informe, precisando sin embargo que la ausencia de un plan gubernamental concreto obligaba a basar las previsiones en “los anuncios realizados” por el presidente Alberto Fernández, el propio Martín Guzmán y otros dirigentes. La conclusión fundamental fue la esperable: la deuda alcanza ya el 96% del PIB y resulta “insostenible”.

La deuda bruta alcanzó los 323.000 millones de dólares a final de 2019. Los inversores privados detenían 133.000 millones, de los que 73.000 correspondían a bonos emitidos en divisa extranjera. Entre hoy y finales de 2023, el simple pago de intereses supondría más de 30.000 millones. En su presentación ante los bonistas, el ministro de Hacienda estimó que, sin una quita de capital e intereses y sin aplazamientos, habría que destinar al pago de deuda entre el 17% y el 23% del PIB, es decir, del total de la producción anual argentina. Fue otra forma de decir que la deuda es impagable.

En opinión del FMI, Argentina solo está en condiciones de dedicar al pago de la deuda hasta un 5% de su PIB. Hay que tener en cuenta que se trata de una economía en recesión desde abril de 2018 y que este año sufrirá una nueva contracción, estimada por la institución de Washington en torno al 2,3%. Sin contar con los efectos aún no mensurables, pero probablemente gravísimos, de la crisis mundial provocada por el coronavirus.

Martín Guzmán fue más optimista que el FMI y dijo a los acreedores extranjeros que la recesión supondría en 2020 un decrecimiento de solo el 1,5%, en el peor de los casos, y que el año próximo la economía argentina estaría ya creciendo por encima del 2,5%. Para 2024, el Banco Central dispondría de unas reservas netas de 65.000 millones de dólares para hacer frente a imprevistos. Eran cifras poco creíbles, incluso sin tener en cuenta la pandemia.

El FMI, al que Argentina adeuda 44.000 millones de dólares, se abstuvo de recomendar algún tipo de fórmula de reducción sobre la deuda privada. No apostó ni por reducir el principal, ni por bajar o suprimir los intereses, ni por aplazar los pagos, y dejó todo eso a la libre negociación entre el Gobierno argentino y sus acreedores. Martín Guzmán aspira a una combinación de las tres opciones. El FMI sí estableció, sin embargo, que la quita sobre el monto total debería ascender al menos a 55.000 millones de dólares (en el caso de que los intereses quedaran alrededor del 6% anual) o hasta 85.000 millones, si los intereses estuvieran en el 9% o más.

https://elpais.com/economia/2020-03-20/argentina-necesita-que-sus-acreedores-privados-renuncien-al-menos-a-55000-millones-de-dolares-segun-el-fmi.html

7.20.-México: el paro nacional de mujeres  – CRISTINA DE LA TORRE         

Medicina Legal afirma que hay por lo menos 34.600 procesos que podrían constituir feminicidios en los que más del 90 por ciento se mantiene en la impunidad. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

De amor romántico y feminicidio 

No sería raro. El impetuoso, multitudinario pronunciamiento de las mujeres en México los días 8 y 9 de marzo podrá representar un punto de inflexión en la historia reciente de ese país. Para exigir trato igual, derechos y el cese de la violencia contra ellas que el año pasado culminó en 1.006 feminicidios, se tomaron las calles este domingo.

Y protagonizaron ayer lunes paro general: entonces reinó el silencio en las calles desoladas; faltaron a universidades, oficinas, bancos, comercios y despachos públicos. Media población congelaba la economía doméstica y un tercio de la economía formal. No hubo en muchas casas quien hiciera los oficios o humillara la cerviz a la reconvención de nadie. Faltaron las manos que lo hicieron todo, siempre, sin paga y sin amago de cerrarse en puño. Así se visibilizó su ausencia. También allá pierde prestigio el hado del amor romántico, trampa de la desigualdad entre hombre y mujer que ensarta abusos y violencias hasta el eslabón final del feminicidio. El engendro crece legitimado por la exaltación del arrebato amoroso.

10 mar 2020.- ¿Cómo podrá aquel príncipe azul, elevado por el patriarcado a los altares de la belleza y la razón, derivar en asesino de su lacrimosa princesa, todo dulzura y sumisión? Pero no hay maldad en él ni necedad en ella. Ambos son víctima de una fuerza formidable, la del mito milenario que cifra la virilidad en la violencia; y la feminidad, en el sacrificio de la libertad, de la identidad y de la propia integridad física. Aunque el efecto no es parejo: la violencia que se ejerce sobre el hombre carece de la carga ideológica que empuja la que pesa contra la mujer. Díganlo la historia, la organización de la sociedad y la cultura.

La familia, la escuela, la iglesia, la televisión enseñan desde los primeros pasos que el amor se construye en rosarios de violencias. A ella se le educa para dar; a él, para recibir; para expresarse a golpes, jamás desde las emociones y los sentimientos; se le educa para la conquista, la seducción y el dominio. A ella la coronan con la guirnalda de un amor que es pasividad, espera, renuncia, entrega, sacrificio. Y triunfa una relación de dependencia en la desigualdad que termina por resolverse en violencia física o sicológica.

De adulto, el hombre se permitirá ser niño colérico y cruel, si del honor se trata. Y se hiere el honor cuando la mujer rompe el molde, quiere separarse o escapar a su control. Entonces mata, y por lo general todos, autoridades y sociedad, hacen la vista gorda. Según el corrido –que es historia-, Juan Charrasquiado mata a tiros a Rosita Alvírez por negarse, delante de todos, a bailar con él. Por desairarlo. Con la sangre de Rosita le dieron otra pasada a la casa donde la mataron. Tatiana Acevedo recuerda el caso de un hombre que mató en Bucaramanga a las estudiantes universitarias Manuela Betancur y Paola Cruz, tras armarles un escándalo cuando ellas quisieron bailar con otros.

En Colombia se cometen proporcionalmente tantos feminicidios como en México: según el Observatorio de Feminicidios, aquí fueron 571 el año pasado. Dice Olga Sánchez, directora de la Casa de la Mujer, que cuando un hombre dice que va a matar a una mujer es porque la va a matar; que la mitad de los feminicidios son muertes anunciadas. Sí, en México, en Colombia y en Cafarnaún, donde quiera que rija el amor romántico como receptáculo de los estereotipos de género de la cultura patriarcal, proliferan la violencia y el feminicidio. Convertidas las diferencias en desigualdad, se construye el amor como posesión y relación de poder del hombre que prevalece por anulación -aún física- de la mujer. El ejemplo de las mexicanas arrastra. ¿Cómo no seguirlo?

https://www.elespectador.com/opinion/de-amor-romantico-y-feminicidio-columna-908377

 

  • 6.20.-“En Bolivia hubo una sublevación de la clase media contra la igualdad” CECILIA BALLESTEROS 
  • Chile: la vacuna femenina – ASCANIO CAVALLO

El exvicepresidente del país, Álvaro García linera, asegura que el gobierno interino de Jeanine Añez está “dispuesto a todo” para no perder las elecciones de mayo

Álvaro García Linera, exvicepresidente del Gobierno de Bolivia, durante la entrevista en Madrid.KIKE PARA

Álvaro García Linera, uno de los ideólogos de izquierdas más influyentes de América Latina y exvicepresidente de Bolivia con Evo Morales (2006-2019), acaba de visitar Madrid. Exiliado en Argentina, donde ahora imparte clases en dos universidades, tras salir junto a Morales del país el 10 de noviembre, este intelectual (Cochabamba, 57 años), que pasó varios años en la cárcel por ser cofundador del Ejército Guerrillero Tupaj Katari, cree que el Movimiento al Socialismo (MAS) sobrevivirá a la ausencia del líder. “Volveremos cuando todo se haya sedimentado”, asegura.

5 mar 2020.- Pregunta. ¿Cuál es su versión de lo que pasó el 20 de octubre de 2019 cuando se paró el conteo de las presidenciales? Hay quienes hablan de golpe de Estado y quienes lo califican de fraude electoral, como la Organización de Estados Americanos (OEA). Un polémico estudio de dos especialistas del MIT, publicado en un blog del Washington Post, sostiene ahora que no hubo fraude.

Respuesta. Lo que pasó en Bolivia fue una sublevación de las clases medias tradicionales contra la igualdad que ha tomado, con el tiempo, la forma de un golpe de Estado. Según la Cepal, el 30% de los bolivianos pasó de ser pobre a ser clase media. Las clases medias tradicionales ven, primero con preocupación y luego con pavor, cómo personas que vienen del mundo indígena adquieren el mismo estatus que ellos tenían. El malestar se traduce en movilizaciones contra el Gobierno y en un estado de ánimo muy conservador, muy racista, que dará pie a que las fuerzas del orden desconozcan el orden constitucional y pidan la renuncia del presidente [Evo Morales]. Es una mezcla de acción social con un golpe de Estado. La idea de fraude fue una construcción. Lograron instalar la opinión de que iba a producirse y no lo han demostrado. LA OEA tiene que decirlo. El estudio del MIT muestra la tendencia, que la votación que llega más tarde es la votación del campo y los sectores más populares donde el apoyo a Evo siempre está por encima de la media. El Movimiento al Socialismo (MAS) es el partido de la gente pobre.

  1. ¿Sigue manteniendo que Luis Almagro, el director de la OEA, es un golpista?
  2. Sí. Él firmó un acuerdo con la cancillería para entregar su informe completo un miércoles y entrega un informe preliminar el domingo en la madrugada a las tres de la mañana. ¿Cómo es eso? No constaba en el acuerdo, eligió el momento para acelerar el advenimiento del golpe. Y luego no entrega el miércoles 13 el informe completo, se tarda un mes y lo entrega en diciembre. Encima agarra 292 actas, que son el 0,5% de las 35.000 actas, aunque esas 292 actas fueran todas para Carlos Mesa, Evo ganaba por el 10%. En cualquier país donde haya irregularidades en las actas se repite la votación y aquí no se repitió.
  3. Entonces ¿por qué se opta por la renuncia? ¿Qué condiciones pusieron los militares?
  4. Se iba a desencadenar una matanza. A las siete de la mañana ya había un desacato de la Fuerza Aérea a obedecer el mando institucional, incluso antes de que pidan nuestra renuncia. Los comandantes llaman a Evo en la tarde: “No saquen las Fuerzas Armadas, yo voy a renunciar, pero no saquen a las Fuerzas Armadas”, pide. En 14 años, habíamos logrado que la gente recuperase la confianza en las Fuerzas Armadas, pero sacaron a los militares a las calles en las siguientes horas. Es decir, tenías un estado de insurgencia social, militares y policías que habían decidido desconocer al Gobierno y ante eso te enfrentas o te retiras. Enfrentarte hubieran sido centenares de muertos y Evo no quería un solo muerto.
  5. Quizá las sospechas de fraude tenían un precedente: cuando Evo Morales vuelve a optar a la presidencia a pesar de haber perdido el referéndum en 2016. Eso pudo avalar las tesis de que lo volvería a hacer. ¿Fue un error?
  6. Sí. Les da la bandera. Pero eso no justifica romper el orden constitucional…
  7. ¿No supone eso una traición a los principios de una izquierda democrática?
  8. ¿Qué izquierda? No estoy seguro. En Bolivia no hay otra. Esa crítica es del centro y la derecha…
  9. ¿No es contradictorio no respetar las formas democráticas, al contrario que la izquierda de Michelle Bachelet, Pepe Mujica o Lula da Silva?
  10. Desde ese punto de vista, sí. Pero no en Bolivia.
  11. El MAS había perdido apoyo entre la población indígena…
  12. Puede ser porque tienen otras aspiraciones. Aun así, nuestra fuerza sigue siendo el movimiento indígena. No teníamos el 95%, igual el 85%. Perdimos 10 puntos, normal después de 14 años de Gobierno. Por eso, cuando los golpistas entran al Gobierno llevan la Biblia porque los indios no tienen alma. ¿Y qué hacen? Queman la wiphala (la bandera indígena). Está claro su resentimiento.
  13. Dijo que Morales personificaba la unificación del pueblo boliviano, ¿qué significa su pérdida?
  14. Que ahora es una sociedad muy dividida, polarizada ideológica y étnicamente. Los viejos fantasmas de la fragmentación social renacen porque el Gobierno de Evo Morales fue el intento más audaz de saldar deudas, de cerrar la brecha, la falla geológica, en mi concepto, de la formación boliviana y lo que hace el Gobierno interino es volver a resucitarlas, disciplinar a los indios otra vez.
  15. ¿Habrá evismo sin Evo?
  16. Hay un MAS sin Evo, entendiéndolo como un proceso de igualdad social, étnica, económica, de movilidad ascendente y fluida. De hecho, cuando todos auguraban que, después del golpe, sin el caudillo y con semejante campaña de desprestigio, fracasaríamos, las encuestas sitúan al MAS [cuyo candidato es Luis Arce] en primer lugar para las elecciones y tenemos probabilidades serias de ganar en primera vuelta. El 30% de la sociedad boliviana ha dejado de ser pobre y el asalariado incrementó su salario un 500% en una década, según la ONU.
  17. ¿Qué opina de la posición de España sobre Bolivia y Venezuela?
  18. España ha mostrado una enorme preocupación por la violación de los derechos humanos y la quiebra de la institucionalidad.
  19. ¿Y sobre Juan Guaidó?
  20. Bueno, mantiene una actitud que tiene en cuenta la intervención en la soberanía de los venezolanos. Nadie tiene autoridad moral para entrometerse en asuntos de otro país. Eso sucede con Estados Unidos.
  21. Existen violaciones de los derechos humanos, hay muertos…
  22. Existen, pero eso no da derecho, y eso España lo ha asumido, a decir a los venezolanos cómo resolver sus asuntos. España es muy prudente.
  23. ¿Considera legítimas las elecciones promulgadas por la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, para el 3 de mayo?
  24. Hay indicios de irregularidades, esperemos que las corrijan. Tenemos que ir a votar y esperemos que la comunidad internacional ayude al pueblo boliviano.
  25. ¿Está diciendo que puede haber fraude?
  26. Creo cualquier cosa. Ellos se juegan mucho. Han emitido un decreto para asesinar. Saben que eso tiene consecuencias, van a jugarse el todo por el todo para no perder. Lo único que puede impedir que eso suceda es una sociedad despierta y vigilante, pero también una comunidad internacional implicada.
  27. Se enfrenta a nuevos cargos en Bolivia.
  28. Se está abriendo un cargo por fraude electoral, junto a Evo. El otro es un juicio sobre terrorismo y separatismo que se ha reabierto contra quienes gobernábamos en 2008. Que yo sepa son esos dos cargos, de los que me he enterado por la prensa.
  29. ¿Hay algún denominador común en las protestas de América Latina?
  30. No. En Bolivia es una protesta contra la igualdad y en Chile o Colombia son protestas por mayor igualdad y mayores derechos. Es un continente convulso que todavía no tiene un horizonte compartido, el mundo no lo tiene. Es un momento de caos social. Quienes nos consideramos de izquierdas creemos que la batalla por la igualdad es uno de los grandes retos del siglo XXI.
  31. ¿Sigue siendo leninista?
  32. Soy un marxista herético.

La oportunidad de Pablo Iglesias

Álvaro García Linera visitó España para presentar el martes el último libro de Íñigo Errejón y un día después participó en un polémico debate en la Universidad Complutense de Madrid con Pablo Iglesias. “Me dolió mucho la ruptura entre ambos, pero son amigos míos y he conseguido mantener esa amistad”, asegura.

Pregunta. ¿Cómo vivió el escrache contra Iglesias en la Facultad de Políticas?

Respuesta. No fue nada. Asistieron cientos de estudiantes y muchos se quedaron fuera por falta de sitio. Pablo tuvo una reacción muy buena, tan tolerante, tan de profesor…

  1. ¿Qué le parece que sea ahora vicepresidente del Gobierno de España? Usted dijo que Iglesias, Errejón y Juan Carlos Monedero eran de las mentes más brillantes de Europa. ¿Sigue pensándolo?
  2. Lo dije y lo sigo pensando. Incorporaría al filósofo César Rendueles. España nada tiene que envidiar a Francia en Ciencias Sociales.
  3. ¿Pero qué opina de Iglesias vicepresidente?
  4. Un cargo público siempre es una eventualidad en la vida de un político, nunca una culminación. Tiene la oportunidad de convertir en hechos mucho de lo que ha pensado, otras cosas no podrá, pero no es el mejor momento necesariamente. Es uno más.

https://elpais.com/internacional/2020-03-05/en-bolivia-hubo-una-sublevacion-de-la-clase-media-contra-la-igualdad.html

6.20.-Chile: la vacuna femenina – ASCANIO CAVALLO

Pasado el mediodía comenzaron los festejos, cuando el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados. 

Un galope muerto recorre Chile. “Aquello todo tan rápido, tan viviente / inmóvil sin embargo, como la polea loca en sí misma / esas ruedas de los motores, en fin”, según la perturbadora descripción de Neruda. El anunciado marzo sigue siendo anunciado, con ese ambiente de preparativo y temor que precede a las batallas, no al inicio de un año laboral. Unos dirán que es el preludio de una larga noche. Otros, que prologa un lento amanecer. Este es el punto: hay “unos” y “otros” arriba de la polea loca.

7 mar 2020.- El país se ha polarizado lenta y sostenidamente desde el 18-O, y es probable que se polarice más a medida que se acerque el plebiscito constitucional, con su inherente polaridad de sí o no, blanco o negro, uno u otro. Pero ya antes de que eso ocurra, y de que la campaña sustituya (si lo logra) al carnaval de amenazas, la polarización se ha venido instalando en las oficinas, las aulas, las familias. Muchos sienten el impulso de eludir el debate para evitar la malquerencia y la sospecha, ese momento en que se alza la voz. ¿Se están violando los derechos humanos, los carabineros son de aquí o de allá, es la “primera línea” la defensora del pueblo, cree Piñera que puede seguir?

El centro sigue siendo la violencia callejera, que no cesó durante el verano, pero que tampoco logró expandirse como lo proclamaba. Esto último resulta contraintuitivo si uno está, por ejemplo, en Viña del Mar o Antofagasta. Pero no hay duda de que la violencia necesita hoy más explicaciones que en octubre. Sus protagonistas anónimos son más rabelesianos que hace tres meses: los que se han conocido vienen de limbos que la sociedad había querido ignorar o narcotizar. Y ocurre que estaban allí, alimentados de rencor, incluso sin la esperanza de tener un momento como el que ofreció octubre.

Pero ese momento llegó y es comprensible que no quieran renunciar a la conquista de alterar las ciudades. No conocen otro camino que la violencia: es lo que han aprendido en los estadios, en los barrios, donde sea. Pero todo eso es ahora un poco más visible: el pensamiento doxástico, la necesidad de más metáfora y alegoría, la dependencia tenebrosa de Facebook (que además de seguir capturando datos personales, ahora anuncia que aplicará censura por sí y ante sí) y, en fin, esa idea de que si hay de nuevo una rutina, será con la violencia en el costado.

Así ha estado el país en estos meses y así parece que seguiría. No se puede decir que la violencia está derrotada, pero tampoco que ha triunfado. Galope muerto: rápido e inmóvil.

Mientras el oficialismo se desgarra -como siempre- entre duros y blandos, la oposición se quebranta resucitando a los complacientes y flagelantes, que 20 años atrás parecían sostener un alto debate escolástico sobre la estrategia de desarrollo, pero que ahora se ha revelado en toda su cruda expresión como una pelea sobre cómo enfrentar a la derecha. El alto debate cayó, como tantas otras cosas, a la cancha.

En medio de esta refriega con aires de estancamiento -los pesimistas parecen igualar a los optimistas en la discusión pública-, al Congreso se le ocurrió abrir un campo enteramente nuevo al aprobar la paridad masculino-femenina en la composición de la convención constituyente, si es que gana el “apruebo” en el plebiscito de abril. El significado de esta decisión es histórico en muchos sentidos. El más obvio es que constituye un salto cualitativo en la participación de las mujeres en la política. Para la verdad completa hay que decir que esa participación no ha sido menor ni irrelevante, pero sí subterránea, apenas visible y casi siempre desconocida. Las mujeres han sido una fuerza crucial en todas las elecciones desde el momento mismo en que accedieron al voto pleno, en los años 1950, a pesar de que gobernaran muy poco.

La paridad en una convención constitucional es otra historia. Hay rebotes de más largo plazo que tocarán a toda clase de instituciones y torneos electorales, pero en lo inmediato sugiere un replanteamiento en el llamado a participar en el plebiscito (la condición básica de su éxito) y, enseguida, en la manera de proponer el debate constitucional.

No es razonable atribuir tantas diferencias a hombres y mujeres. El supremacismo feminista se parecerá siempre a todos los supremacismos, sexuales, raciales o religiosos, y si la historia humana ha seguido algún curso, es el de terminar derrotándolos simplemente porque son absurdos. Pero si resurgen, es también porque siempre ofrecen un camino corto, una manera de encarar la insoportable complejidad de la realidad. No hay grupo humano vacunado contra eso.

Pero hay algo radicalmente distinto en crear un órgano cuya deliberación esté condicionada por la igualdad numérica de mujeres y hombres. Esto cambia los ejes de los debates y quizás también de la situación actual. Ni el radicalismo feminista puede aceptar el punto de vista de la violencia callejera, tan macho alfa, ni el conjunto de las mujeres puede bailar la misma danza. Habrá, sin duda, una pugna por monopolizar este nuevo papel, el constitucional, pero también el simbólico, pero a la larga lo único posible será reenfocar la discusión hacia un mundo sin hegemonías de género.

De momento, nadie se puede atribuir el sorpresivo resultado en el Congreso (excepto, quizás, algunas parlamentarias). Ni la demonizada política de los acuerdos ni el autoelogio de la insurgencia. Ni el llamado a no votar “en contra del nuevo fraude”, ni el paquete social, ni el No+AFP, el No+TAG y el No+nada. Ni los halcones ni las palomas. Se rebaraja el naipe plumífero. Es la obra de un momento social extraño, viciado, del que solo se puede salir quebrando la lógica imperante.

¿Y qué es? Bueno, quizás una de esas convulsiones en que las sociedades se abren el pecho para respirar; o tal vez la manera de romper el debate ciego entre los 30 años luminosos y los 30 años oscuros, las décadas virtuosas y las décadas culposas, la equidad, el crecimiento y toda esa faramalla de siete campañas presidenciales.

En medio del galope muerto, una sorpresa de escala mundial. 

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-la-vacuna-femenina/UMIOMKPXVVEJVGSCB6NTO6VBXE/

  • 5.20.-Chile: el enemigo público N° 2″ –ASCANIO CAVALLO
  • La brecha chilena  EL PAIS

 La pregunta del día -entre los que se preocupan de esto, que no son muchos- es cuánta será la diferencia de votos entre las opciones de «apruebo» y «rechazo» en el plebiscito fijado para el 26 de abril. Siguiendo las encuestas, parece darse por descontada la ventaja triunfal del «apruebo». Algunos dicen que debe ser contundente, para que tenga mayor legitimidad. Otros, más imaginativos, piensan que una gran mayoría daría pie incluso para disolver el Congreso o para iniciar un proceso revolucionario en forma.

22 feb 2020.- La confianza misma es un problema, como lo supieron los colombianos en el plebiscito por los acuerdos de paz del 2016, cuando el «no» se impuso a última hora por 0,21 centésimas. Pero, además, hay una distorsión en las ideas sobre el volumen del triunfo. En la democracia se gana con la cifra que establezca el mecanismo electoral. Y cuando se trata de dos opciones, gana la que tenga la mitad más uno. La legitimidad no está en juego con la diferencia de votos. No aumenta ni decrece con el volumen. La mejor demostración son los parlamentarios: ninguno se pone más tímido por haber sacado pocos votos; ninguno recuerda cuánto pueblo estuvo detrás del proceso que lo convirtió en representante del pueblo.

El problema de la legitimidad, en el Chile de estos días, se presentará solo en cuanto al nivel de participación o, al revés, en el de abstención. Una partícula dentro de la inundación de falacias actuales afirma que el Presidente Sebastián Piñera fue elegido por una minoría. No poca gente lo cree con toda sinceridad, y hasta con entusiasmo después del 18-O, como si la quiebra del orden público fuese una demostración electoral.

Pero, electoralmente hablando, esto es falso. Piñera obtuvo 633 mil votos más que el senador Alejandro Guillier, en una segunda vuelta que tuvo más votos que la primera. Ambos recopilaron la votación dispersa entre otros candidatos, pero, además, agregaron 300 mil nuevos votantes, y parece muy probable que la mayoría de ellos se haya ido directo a Piñera. Le ayudaron a conseguir el resultado más alto en un cuarto de siglo.

En la elección anterior, en 2013, Michelle Bachelet fue reelegida con un millón 334 mil votos menos que Piñera. En aquella segunda vuelta, la abstención llegó al 58% sobre el total de mayores de 18 años. En la de Piñera, bajó al 50,9%. En los dos casos se puede decir que más de la mitad de las personas habilitadas para votar no participó.

Pero no se puede sostener que esa mitad ausente forme parte de nada; sus motivaciones van desde la rebeldía hasta la flojera, y su único aporte es debilitar la legitimidad del ejercicio democrático. No la legitimidad particular de Piñera ni de Bachelet, sino la de la democracia misma.

El plebiscito del 26 de abril fue una idea que la clase política le propuso al país en una semana en que parecía que la violencia callejera se salía de control. En cuanto válvula de liberación de energía, no resulta muy imaginativa, pero es la única que se encontró en esos días de fuego. Mejor dicho, fue la que tenían en mente muchos de los que perdieron la elección de 2017 y que aprovecharon la fatídica rebelión callejera para reubicar su propio programa. La política, después de todo, está hecha de esas astucias. Por eso, sacan poco los derechistas que dicen con enfado que Piñera «entregó» la Constitución. Había que estar en los zapatos de noviembre para discernir entre conceder y solucionar.

Tampoco es claro que el cambio de la Constitución haya llenado la frondosa imaginación de los entusiastas de la calle. Al mundo encapuchado (que incluye a los cientos de anónimos de las redes digitales) no parece interesarle gran cosa este alto debate. El incendio y el saqueo han competido con el sabotaje al fútbol como deportes de temporada.

Ni siquiera se puede confiar mucho en las encuestas, incluso en las que se preocupan de la participación. En el 2016, una encuesta del PNUD dejó entrever que el total de abstencionistas (nuevos y antiguos) en las municipales de ese año podría ser de más o menos un 30%. Esa investigación no tenía por objetivo pronosticar, pero el caso es que la abstención efectiva fue más del doble, 64%, la más alta de la historia. Con el criterio de la legitimidad por cantidad, no debería haber ningún alcalde en funciones.

Parte de la imaginación del cambio constitucional se ha construido sobre la base de que la que arranque del plebiscito de abril será más participativa que todas en la historia previa de Chile. En el único proceso participativo que se ha emprendido, los cabildos constitucionales de Bachelet 2, participó un total de 218.689 personas, lo que equivale al 1,5% del electorado vigente en ese momento. En el caso de ganar el «apruebo» en abril, los participantes serán 155 convencionales, elegidos con el mismo sistema proporcional (tan discutible como todos) con que se eligió al Congreso.

De modo que para sostener que será el trabajo constitucional más participativo, la única cifra importante es la del número de votantes en el plebiscito y, como secuela de él, en la elección de constituyentes.

En números simplificados, la situación electoral es así: en 1990, para el inicio de la transición, votaron 7,2 millones de personas, de 7,6 que estaban en el padrón. En la última elección presidencial, la de Piñera 2, votaron también siete millones, pero con un padrón que aumentó a 14,3 millones. Lo que se ha perdido entre ambos puntos -casi todos votos jóvenes- ha de atribuirse a nuestra paupérrima educación media, exitosamente combinada con la incuria de unos dirigentes políticos que no han mostrado nunca una verdadera decisión de involucrar a los nuevos electores.

Parece que parte de la tormenta desatada el 18-O es también una expresión de la falta de participación política, malinterpretada por la implantación del voto voluntario. Aunque suene contradictorio (¿qué cosa no lo está siendo?), si la participación electoral no aumenta, y bastante, el proceso entero podrá ser deslegitimado de nuevo por los mismos que no votan. En otras palabras, si no hay más votantes será imposible saber si la solución constitucional ha sido una solución.

El primer enemigo del proceso, ya se ha dicho, es la desinformación a través de unas redes desreguladas, donde hasta el más zafio se cree informador. El que le sigue es la abstención, con el agregado de que sus efectos serían más largos.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-ascanio-cavallo-enemigo-publico-n-2/1017834/

5.20.-La brecha chilena – ED. EL PAIS

Sebastián Piñera, presidente. SEBASTIÁN UTRERAS

El país se sumirá en un incierto futuro si no se consigue un gran pacto nacional que responda a las demandas de la población.

Chile se adentra en un mes decisivo, en víspera del referéndum constitucional previsto para finales de abril. Con el inicio formal del año después de las vacaciones estivales, marzo se convierte en un termómetro para calibrar la tensión del país tras las revueltas populares de finales del pasado año, que han persistido hasta la fecha aunque con menor intensidad. También lo será para el Gobierno de Sebastián Piñera, que debe mostrar que puede controlar el orden público y, al mismo tiempo, lograr que las fuerzas de seguridad respeten los derechos humanos, un desafío mayúsculo ante la cantidad de denuncias sobre el mal proceder de estos cuerpos desde diversos organismos internacionales. El 8 de marzo será el primer test; ese día está convocada, como en muchas otras ciudades del mundo, una gran protesta feminista.

La inestabilidad que permea Chile en los últimos meses se ha visto reflejada en el golpe que ha sufrido la economía del país sudamericano. El Gobierno ha rebajado las expectativas de crecimiento para este año a un 1,3%, prácticamente la mitad de lo previsto. Pero el problema de fondo, y que tiene pocos visos de solucionarse a corto plazo, es la creciente brecha política que ha crispado el ambiente en Chile y radicalizado posiciones que estaban dormidas bajo el paraguas de la prosperidad económica y lo que se conoció como el “milagro” chileno.

La salida a esta situación es tan necesaria como quimérica a corto plazo, en la medida en que no hay actores que puedan canalizar las demandas de la población. Algunos grupos políticos cuestionan la realización del plebiscito de abril si no se rebaja la tensión, algo que el país no podría asumir. Los partidos políticos han demostrado su incapacidad para lograr acuerdos que cosechen cierta legitimidad entre la población y la confianza en las instituciones está por los suelos, siendo las fuerzas armadas, con un 24%, los mejores considerados. La urgencia por lograr un gran pacto nacional que responda a las demandas de la población es cada vez más manifiesta. De lo contrario, Chile se sumirá en un incierto futuro.

https://elpais.com/elpais/2020/02/29/opinion/1582973805_412496.html

 4.20.-La brutal estrategia de López Obrador para aumentar impuestos –  VIRI RÍOS*

México ha postergado una reforma fiscal por mucho tiempo. El presidente parece estar allanando el camino para hacer necesarios cambios tributarios pero con métodos que entrañan riesgos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en enero de 2020Credit…José Luis González/Reuter

Todo parece indicar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está utilizando los primeros años de su gobierno para sembrar las condiciones que lleven al país a aceptar una reforma fiscal.

Desde hace mucho tiempo, México ha necesitado implementar cambios que le permitan al gobierno recaudar más dinero público. Pero aumentar los impuestos es una decisión potencialmente impopular que ningún presidente en las últimas décadas se ha tomado en serio. México recauda actualmente solo 0,8 puntos más del PIB de lo que recaudaba en 1983. Es muy poco.

En los últimos meses, sin embargo, algunas decisiones de López Obrador están creando las condiciones necesarias para que sea la propia opinión pública o funcionarios de otros niveles de gobierno los que pidan el aumento de impuestos.

La suya es una estrategia bien calculada pero también cruel y que entraña riesgos innecesarios, como pueden ser la incertidumbre de la seguridad médica de miles de enfermos pobres y la salud institucional de México.

EL TIMES

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El gobierno de López Obrador está eliminando la cobertura de tratamientos médicos onerosos —argumentando que volverán a proveerlos cuando haya más recursos—, ha recortado empleos públicos en varias instituciones e incluso ha reducido los presupuestos de algunas oficinas de gobierno hasta llevarlas a la inoperancia.

Estas medidas de austeridad implacables parecen allanar el camino para una muy deseada reforma fiscal: no solo están haciendo que el ciudadano promedio demande con vehemencia que su gobierno encuentre maneras de solventar las terribles omisiones del sector público, sino que podrían llevar a que los potenciales detractores a una reforma tributaria carezcan de argumentos políticamente viables para oponerse a ella.

Un presidente con el nivel de aprobación de López Obrador —que ronda el 70 por ciento— debiera ser capaz de plantear una reforma fiscal de frente sin tener que recurrir a tretas de puerta trasera que pongan en riesgo a las personas más pobres que dependen del Estado.

México tiene una larga deuda con el cobro de más impuestos a los más ricos y no solo a la clase media. Los ingresos del gobierno federal mexicano por concepto de impuestos son de apenas el 16,2 por ciento del PIB, menos que Bolivia, Nicaragua, Honduras y hasta que paraísos fiscales como Bahamas.

El origen de este problema no es nuevo. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México por más de setenta años, obtuvo la complacencia de las élites empresariales al limitar significativamente los impuestos que estas pagaban.

En esos mismos años, se desarrolló un sistema de simulaciones donde el gobierno mexicano decía proveer servicios públicos amplios, pero en realidad solo permitía que muy pocos los usaran. Existía acceso supuestamente gratuito a la salud por medio del Seguro Popular, pero el servicio solo cubría 66 enfermedades costosas. Se otorga educación superior aparentemente pública en universidades de alto prestigio, pero se rechaza a 9 de cada 10 aspirantes o postulantes por falta de cupo.

Veladamente, López Obrador está abriendo paso para que esta simulación se termine con tres políticas.

Primero, la centralización de recursos de los estados a la federación. Con López Obrador, los estados están recibiendo cada vez menos recursos. Esto está creando un incentivo brutalmente efectivo para que los gobernadores empiecen a cobrar más impuestos.

Apenas empezó el año, Baja California aumentó el impuesto a la nómina y permitió el aumento en el número de casinos que traerán mayor recaudación. Yucatán creó un gravamen ambiental y de seguridad pública. Oaxaca está discutiendo un aumento al impuesto del mezcal y Puebla, uno al hospedaje. Se reporta que al menos otras 8 entidades tienen cambios fiscales.

Segundo, la reasignación del gasto público hacia programas sociales e inversión energética. El presupuesto del gobierno de López Obrador ha dejado a múltiples instituciones encargadas de asuntos electorales y transparencia con muchos menos recursos para operar y, por tanto, con incentivos para apoyar una futura reforma fiscal.

Algunos han interpretado estas reducciones en presupuesto como atentados contra instituciones que son básicas para la democracia. Pero yo creo que se trata de una manera de alinear a la oposición en favor de una reforma fiscal que permita dar más recursos a organizaciones que garantizan el funcionamiento saludable de la democracia.

Por último, otra forma en la que López Obrador silenciosamente ha creado condiciones para que se dé una reforma fiscal es mediante el diseño de políticas que, sin más dinero, crearán crueldades evidentes y visibles a los ojos de todos.

El nuevo sistema de salud, llamado Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), es el mejor ejemplo de ello. La pretensión del gobierno de López Obrador es que el INSABI será un sistema se salud universal, pero basta ver el presupuesto asignado para saber que esta decisión desatenderá a los más pobres. Se estima que un sistema de salud verdaderamente universal en México costaría aproximadamente 162.000 millones de pesos anuales, cuatro veces más del presupuesto que le asignó. Por lo mismo, desde su puesta en vigencia este mes, el INSABI determinó que no podría atender a todos los enfermos.

Si el presidente está recurriendo a estas tretas políticas para evitar el costo político de una reforma fiscal estaría cometiendo una equivocación: el costo humano y de funcionamiento institucional es demasiado grande.

López Obrador debe buscar otra forma para lograr su objetivo y aprovechar sus índices de aprobación —los más altos de cualquier otro presidente desde la alternancia democrática en 2000— y la mayoría en el congreso para impulsar de manera clara y directa la tan necesitada reforma tributaria.

*La autora es analista política. https://www.nytimes.com/es/2020/01/20/espanol/opinion/impuestos-lopez-obrador.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article

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