• 21.34.-El pleito con Nicaragua (I)GERMÁN VARGAS
  • Chile: el otro 11 de septiembre MAURICIO CABRERA
  • Entrevista con Joseph Stiglitz, nobel de Economía: «La sorpresa fue que el malestar en América Latina tardara tanto en manifestarse» GERARDO LISSARDY
  • Argentina: el agarrón de Cristina K con Alberto Fernández que sacudió su gobierno ELISA PASTRANA

La catástrofe electoral de las primarias profundizó un viejo enfrentamiento que llevó a la renuncia de 5 ministros llegados con el respaldo de la vicepresidenta

Desde el 10 de diciembre del 2019, cuando “el que dijo Cristina” se terció la banda presidencial, las peleas que han sido el pan de cada día. El reclamo de Cristina K por la derrota electoral al presidente Alberto Fernández volvió aún más ácida la relación con un resultado inesperado: el portazo de cinco ministros que habían llegado con el respaldo de la vicepresidente. Una renuncia colectiva que crea un vacío de poder tras el enorme saldo rojo de las primarias que prendió las alarmas sobre las elecciones legislativas de noviembre.


16 sep 2021.-  Solo dos meses de calma chicha tuvo Fernández al comienzo de su mandato. Desde que asumió como vicepresidenta, Cristina viajó semanas de ida y vuelta a La Habana para acompañar a su hija Florencia, internada allí por enfermedad, y procesada por lavado de dinero igual que Máximo, su hermano, portavoz peronista en la Cámara de Diputados, y la dos veces presidenta.

La señora K, entonces, cedió sus palabras y su verbo encendido a los seguidores que lo hicieron claro y fuerte sobre los “presos políticos”, como llama el kirchnerismo a los ex altos cargos que están en la cárcel condenados en segunda instancia por corrupción. Mientras el ala dura criticaba la tibieza del presidente en la defensa de los peronistas condenados, Fernández ripostaba diciendo que él habla de «prisiones arbitrarias», porque considera que la Justicia abusó de las prisiones preventivas durante los cuatro años en que gobernó Mauricio Macri.

Recién posesionado viajó a Europa y en Berlín logró el respaldo de Angela Merkel a sus gestiones con el FMI

Días atrás, había tenido que salir a la palestra porque tras un periplo agotador por Europa en el que logró que Angela Merkel, Emmanuel Macron, Giuseppe Conte y Pedro Sánchez apoyaran sus gestiones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), encontró que la vicepresidenta desde La Habana, con el presidente cubano Miguel Díaz Canel, le torpedeaba la estrategia pidiendo una reducción del total a pagar, lo cual está expresamente prohibido por los estatutos del FMI. En ese momento Fernández había logrado unir a los europeos el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le había escrito “Puede contar con este presidente”. Pero en los acreedores extranjeros había quedado en mente una pregunta recurrente sobre qué tan grande es el poder de Fernández.

Para marzo de este año las diferencias pasaron a mayores con lo que se calificó como una feroz pelea previa al nombramiento del ministro de Justicia, Martín Soria. Cuentan los conocedores de la política tras bambalinas que el encontronazo fue en la Quinta de Olivos donde Alberto y Cristina se reunieron para tratar el reemplazo de Marcela Losardo en el cargo que la vicepresidenta tenía especial interés. Durante la cena ella cuestionó la demora en la designación del ministro a lo que él respondió: “Si no estás contenta, me voy”. La contrarrespuesta de Cristina Kirchner fue: “De acá no se va nadie”. El diálogo no fue confirmado oficialmente por los protagonistas, pero de lo que no hubo dudas es que el nivel de tensión llegó al punto máximo. Soria fue nombrado y la vicepresidenta ganó el pulso para que su ministro encamine algunas acciones que alivien su difícil situación procesal.

Esta foto de la fiesta de cumpleaños de la primera dama durante el confinamiento produjo el ´Olivosgate´

Más tarde llegaría el Olivosgate, como llaman en Argentina a la fiesta de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yánez en plena pandemia, en la casa presidencial de Olivos y en medio de lo más duro del confinamiento.  Hubo golpes y contragolpes de presidente y vicepresidenta por la difusión de las fotos. El malgenio de Cristina K llegó al punto de acusar al “albertismo” de intentar responsabilizarla de su divulgación. Cuando las cosas habían pasado de castaño a oscuro Alberto salió al quite: “Es de una mala leche asombrosa vincular a Cristina con las fotos”. A este tipo de escándalos es muy sensible la sociedad argentina, y los analistas señalan que esta vez la factura la pasa el pueblo porque “se comportaron como la élite tradicional”, y “se alejaron de la gente”.

Poco antes de las elecciones llamadas Paso 21, que son obligatorias, que son un termómetro de la aceptación presidencial, que no eligen diputados a Cámara y Senado, Cristina K trató de enmendar la plana y asistió al cierre de campaña de Frente de Todos. Hacía un mes no se veía con el presidente. Fue un poco tarde. El domingo 12 de septiembre los resultados dieron una dimensión a la catástrofe. Perdieron 18 de los 24 distritos del país, perdieron la provincia de Buenos Aires, su bastión histórico que representa el 40 % de los votos nacionales. La oposición reunida en Juntos por el Cambio, de Macri no solo ganó en sus distritos tradicionales incluida la ciudad de Buenos Aires donde arrasó María Eugenia Vidal, sino también en provincias que no suelen votar a la derecha, y hasta en Santa Cruz, la cuna del kirchnerismo; además colocó a Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de la capital, en una muy buena posición en la carrera presidencial. Algo más, se puso en evidencia el surgimiento de una fuerza de extrema derecha hasta ahora desconocida en Argentina, la del economista Javier Milei.defensor de Jair Bolsonaro y Donald Trump, que obtuvo 13,6 % de los votos.

La dupla Fernández. Kirchner explotó sus fisuras en la factura política de una épica debacle electoral

La derrota se explica no solo por los encontronazos en la cúpula del poder político. En el voto de castigo mucho tiene que ver la economía y la pandemia. El argentino en la calle se queja del plan de vacunación, de segundas dosis fallidas, del escándalo de las vacunas VIP para los funcionarios y los cercanos al gobierno, y sobre todo, se queja de la falta de dinero en sus bolsillos. La inflación está en 50 % interanual, los precios suben 3 % a 4 % cada mes, las jubilaciones, los sueldos y las ayudas estatales no suben a la par, y casi la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza, según cifras de organismos oficiales. El enojo popular crece cuando se tiene en cuenta que la reestructuración exitosa de la deuda con la que Argentina ahorró 37.000 millones de dólares no fue a renovar el programa de asistencia social de la pandemia 2021, sino la asistencia de las empresas.

Sin poder tapar el sol con el dedo del sufragio, el presidente Fernández admitió el triunfo opositor junto a los principales candidatos y esta vez sí, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Algo no hemos hecho bien”, dijo. El mea culpa del presidente se quedó corto ante la vicepresidenta que decidió jugarse un remezón ministerial, abriendo las puertas a una crisis institucional con un incierto desenlace que amenaza la gobernabilidad del país. Cristina K está apostando duro y arriesgadamente;  pero al final, ganó.

https://www.las2orillas.co/el-agarron-de-cristina-k-con-alberto-fernandez-que-sacudio-su-gobierno/

El pleito con Nicaragua (I)GERMÁN VARGAS

Inician en La Haya las audiencias de la tercera demanda interpuesta por Nicaragua contra Colombia.

Este lunes se inician en La Haya las audiencias relativas a la tercera demanda interpuesta por Nicaragua en contra de Colombia en el marco del diferendo limítrofe entre las dos naciones. Esta se refiere al supuesto no acatamiento por nuestro país del nefasto fallo proferido por la Corte Internacional en 2012. Con ocasión de estas audiencias fue que el Gobierno Nacional intentó reunir a los expresidentes en la Comisión de Relaciones Exteriores. Las diferencias personales lamentablemente frustraron el encuentro.

18 sep 2021.- Este problema limítrofe no es nuevo. Ya desde 1969 Nicaragua había sostenido que el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 no era válido porque se había celebrado cuando Nicaragua estaba invadida por Estados Unidos y que en esas circunstancias no podría un tratado producir efectos jurídicos. Tesis difícil de aceptar, pero que representaba un primer campanazo de alerta.

Colombia sostuvo entonces, y sigue haciéndolo cincuenta años después, que el tratado es válido y que este fijó como límite entre las dos naciones el famoso meridiano 82. Lo anterior por cuanto Colombia siempre ha interpretado que el mencionado tratado no solo fijaba una asignación de territorio (San Andrés, Providencia y Santa Catalina), sino que fijaba límites marinos. Lo cierto es que para la época, el derecho del mar era muy incipiente y solo establecía un mar territorial de 3 millas, y no existía el concepto de delimitación marítima.

Pero el derecho internacional siguió avanzando hasta llegar a la Convención del Derecho del Mar de 1958 y las complementarias de Ginebra y de Jamaica de 1982, en las que aparecieron figuras nuevas como la del mar territorial de 12 millas y también aquella de las zonas económicas exclusivas, que involucran la plataforma marina que establece derechos sobre las aguas y el subsuelo dentro de las 200 millas. Colombia firmó la Convención pero nunca la ratificó, pensando no en Nicaragua, sino seguramente en una eventual demanda contra Venezuela, que nunca llegó a interponerse.

En 1948, en medio de las revueltas capitalinas, suscribimos el llamado Pacto de Bogotá sobre solución de controversias pacíficas. Uno de los mecanismos acordados fue el de recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Quedamos entonces con dos instrumentos que nos obligaban a aceptar este tribunal: el voluntario de Naciones Unidas y el del Pacto de Bogotá, cuyo nombre según algunos analistas fue el responsable de que, muy a la colombiana por ‘pena’, no lo hubiéramos denunciado a tiempo.

Con la evolución del derecho del mar nos vinimos a dar cuenta de que el Tratado Esguerra-Bárcenas realmente era un tratado sobre territorio, pero no decía nada sobre delimitación de aguas marinas y surgió el problema de qué hacer cuando hay costas opuestas a distancias inferiores a 400 millas, como en el caso de Nicaragua y otros países vecinos. Pero seguimos insistiendo en la tesis del ‘pacta sunt servanda’ o de ‘lo pactado obliga a las partes’, aun cuando creo que ya habíamos advertido la fragilidad de esta.

Lamentablemente, en los años 80 nadie le paró bolas al internacionalista Enrique Gaviria Liévano con su tesis del archipiélago de Estado, que Colombia habría podido aplicar a San Andrés como lo hicieron exitosamente Ecuador con las islas Galápagos y España y Portugal con las islas Baleares y las islas Azores, respectivamente.

En 1994, el embajador Carlos Gustavo Arrieta fue informado por el colombiano Eduardo Valencia, secretario general del Tribunal de La Haya, con total certeza, que Nicaragua estaba contratando abogados para promover la demanda. Curioso que, informado, el gobierno de Samper no tomara la decisión de renunciar a la jurisdicción. Y como se esperaba, en 2001 se presentó la demanda y entonces sí el gobierno de Pastrana resolvió renunciar a la jurisdicción, pero lo hizo tardíamente y, lo que es más grave, no denunció el Pacto de Bogotá, como no lo hizo Uribe en sus dos periodos, que, como vimos, también nos obligaba a acudir a la Corte de La Haya. De haberse hecho, nos hubiéramos evitado la segunda y la tercera demanda, con consecuencias aún impredecibles para Colombia.

Me propongo en la próxima nota poner sobre el tapete varias preguntas y poner la lupa sobre realidades que no por incómodas deberían seguir ocultándose a la opinión pública.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/nicaragua-i-columna-de-german-vargas-lleras-619169

21.34.-Chile: el otro 11 de septiembre MAURICIO CABRERA

Este otro es un aniversario trágico, pero lleno de esperanza porque se vislumbra que abiertas grandes alamedas se podrá construir una sociedad mejor.

Los medios están colmados de noticias y artículos sobre los 20 años del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York. Con razón, porque ese atentado marcó la historia del siglo XXI, que en su eterno retorno vuelve ahora con la retirada del ejército estadounidense de Afganistán, después de 20 años de una guerra inútil que solo sirvió para reemplazar al gobierno represivo de los talibán con un gobierno represivo de…. los talibán

12 sep 2021.- Tanta difusión mediática sobre este aniversario opaca el recuerdo y la conmemoración de otro 11 de septiembre luctuoso, el de 1973. Ese día aciago se produjo uno de los más sangrientos golpes de estado de la historia latinoamericana, cuando el traidor general Pinochet derrocó al gobierno legítimo de Salvador Allende, el primer presidente socialista elegido por el voto popular.

Estados Unidos FUE actor principal de ambos hechos: en el de 2001 como víctima del terrorismo, y en el de 1973 como victimario terrorista, pues ya se conoce el papel protagónico de la CIA y Nixon, el “sanguinolento presidente, el genocida de la Casa Blanca”, como lo llamó Pablo Neruda, que financiaron y organizaron los cacerolazos y entrenaron a los militares golpistas.

Están vivas en la memoria las imágenes del día del golpe, con el ejército tomándose las calles disparando contra civiles desarmados, y el bombardeo del Palacio presidencial por la aviación chilena. Después, la noticias dolorosas de la represión contra los opositores a la dictadura, la violencia, los asesinatos y la tortura cometidos en nombre de la civilización cristiana para conjurar el peligro comunista. Luego, las reformas económicas neoliberales de los Chicago Boys que hicieron de Chile una de los países con mayor desigualdad en la región.

Pero también resuenan la proféticas palabras del presidente sacrificado, en su última alocución al pueblo chileno bajo el estruendo de las bombas de los traidores: “Trabajadores de mi Patria, Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”.

Pasaron 17 largos años para que el pueblo chileno tumbara en las urnas la corrupta dictadura y se abrieran las grandes alamedas. Volvieron la libertad y la democracia, aunque restringida porque siguió vigente la Constitución de Pinochet. El modelo neoliberal se suavizó un poco con reformas sociales que disminuyeron la pobreza, pero continuó la enorme concentración de la riqueza.

Las tensiones sociales producidas por la inequidad explotaron a finales de 2019, cuando el baile de los que sobran condujo a una inédita Asamblea Constituyente, en la que la mayoría no la tienen los partidos tradicionales, ni de izquierda ni de derecha sino nuevos movimientos, ambientalistas, de izquierda o independientes. Este otro 11 de septiembre es un aniversario trágico, pero lleno de esperanza porque se vislumbra que abiertas las grandes alamedas se podrá construir una sociedad mejor.

https://www.portafolio.co/el-otro-11-de-septiembre-opinion-de-mauricio-cabrera-galvis-556164

21.34.-Entrevista con Joseph Stiglitz, nobel de Economía: «La sorpresa fue que el malestar en América Latina tardara tanto en manifestarse» GERARDO LISSARDY

FUENTE DE LA IMAGEN, GETTY IMAGES Pie de foto, Joseph Stiglitz es uno de los principales economistas críticos del manejo de la globalización y del libre mercado.

 Joseph Stiglitz es un economista tan especial que defiende la idea de quitarle importancia al índice estrella de su profesión: el Producto Interno Bruto (PIB).

A su juicio, hay otros datos que pueden ayudar a entender de una forma más completa cuán bien o mal marcha un país.

28 Stiglitz también toma con naturalidad la protesta social que estalló en meses recientes en varios países de América Latina, como Ecuador, Colombia y sobre todo Chile, país este último al que muchos veían como modelo económico regional.

«La sorpresa fue que el malestar tardara tanto en manifestarse», dice el nobel de Economía de 2001 durante una entrevista en su oficina de la Universidad de Columbia, Nueva York.

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Latinoamérica es la región más desigual del mundo y el consejo de Stiglitz para los gobernantes es abordar rápido este problema social, al que ha dedicado varios de sus últimos libros.

Mentor del ministro argentino de Economía, Martín Guzmán, Stiglitz sugiere también ir a una reestructura de la deuda de este país sudamericano que incluya el recorte de la tasa de interés para los acreedores.

«Es de interés para todos evitar un default» o cese de pagos, advierte el estadounidense que en el pasado fue economista jefe del Banco Mundial y asesor del entonces presidente Bill Clinton en la década de 1990.

Hoy con 76 años, es uno de los principales economistas críticos del manejo de la globalización y del libre mercado. «Capitalismo progresista: la respuesta a la era del malestar», es el título de un libro suyo publicado en 2019 y que acaba de ser traducido al castellano.

Lo que sigue son extractos del diálogo que Stiglitz mantuvo con BBC Mundo antes de viajar como invitado al Hay Festival de Cartagena.

FUENTE DE LA IMAGEN, GETTY IMAGES Pie de foto, Joseph Stiglitz sugiere una reestructura de la deuda de Argentina con recorte de intereses.

¿Cómo ve las recientes expresiones de descontento social en diferentes países de América Latina?

De algún modo, la sorpresa fue que el malestar tardara tanto en manifestarse, particularmente en Chile. Porque Chile ha sido uno de los países que siempre se destacó en las estadísticas de la OCDE con uno de los mayores niveles de desigualdad. En años previos hubo murmullos del descontento, preocupación por la falta de oportunidades educativas, huelgas bajo gobiernos anteriores…

América Latina ha sido históricamente una parte del mundo con un alto nivel de desigualdad. En algunos países, hubo movimientos, avances en la reducción de la desigualdad durante un largo período. Brasil tanto con Cardoso como con Lula y Argentina con los Kirchner tuvieron reducciones significativas en la desigualdad, incluso Bolivia tuvo. Pero aun yendo en la dirección correcta, el nivel de desigualdades sigue siendo muy alto.

Vivimos en un mundo globalizado. Hace 50 años podría no ver que tu país está experimentando un nivel de desigualdad más allá de lo normal. Pero en el mundo de hoy hay rankings que muestran que algunos países caen notablemente en sus clasificaciones de desigualdades. La gente sabe lo que está sucediendo en otros lugares.

Lo que Chile muestra claramente es que hubo una especie de yesca: lo que provocó la explosión podría ser muy pequeño, pero el profundo malestar sembrado está presente y nunca se puede predecir cuándo va a explotar. Pero es comprensible por qué debería explotar.

Cuando escribí mi libro anterior, «El precio de la Desigualdad» (2012), describo el alto nivel de desigualdad en EE.UU., el más alto entre los países avanzados. Dije que esto no era política y socialmente sostenible, que habría consecuencias. Y la consecuencia fue la elección del presidente Trump en parte.

Entonces, en diferentes países, el descontento puede tomar diferentes formas. Pero es totalmente comprensible que haya descontento.

FUENTE DE LA IMAGEN, GETTY IMAGES Pie de foto, Stiglitz considera «totalmente comprensible» que haya descontento social en América Latina debido al alto nivel de desigualdad en la región.

 ¿Dice que la agitación social en América Latina debería haber ocurrido hace tiempo?

En muchos sentidos, creo que es correcto. Pero existen esas misteriosas fuerzas globales donde el descontento parece globalizarse. Lo ves en la votación del Brexit, en la votación de Trump.

Para los países avanzados tengo una pequeña teoría de por qué se manifestó en este momento, que es la conjunción de los altos niveles persistentes de desigualdad, particularmente las experiencias de los desindustrializados dislocados a quienes se les prometió que la globalización iba a traer prosperidad y se llevaron lo contrario, con la crisis financiera mundial de 2008 en la que los banqueros fueron rescatados y el sistema parecía tan injusto.

En América Latina, el malestar salta por diferentes motivos. En Chile fue el aumento del pasaje del metro, en Ecuador la eliminación de los subsidios a los combustibles, en Bolivia que mucha gente creyó que hubo fraude electoral… Y luego está la elección de Jair Bolosnaro en Brasil, otra demostración de descontento. ¿Cuál sería su consejo para los gobernantes de América Latina?

En Brasil la mayoría de las encuestas mostraron que Lula habría ganado si no hubiera sido encarcelado ilegítimamente. El hecho de que la población pudiera elegir a Lula o ir a Bolsonaro da una idea de la naturaleza del descontento.

La respuesta es primero abordar las desigualdades en ingresos y oportunidades. Y tienen que hacerlo más rápido. Digo esto porque en varios países hubo progreso, pero no lo suficientemente rápido.

Lo segundo es el déficit democrático en muchos de estos países. En Chile, se escucha la opinión de que la Constitución impuesta por Pinochet no es una constitución totalmente democrática y ahora intentan cambiarla. En Ecuador, existía la preocupación de que en los últimos años de Correa se habían debilitado algunas instituciones democráticas, incluida la prensa libre. Y en Bolivia, la pregunta era si (Evo Morales) intentaba ser elegido para un cuarto mandato. Cada uno era una señal de la fragilidad de la democracia.

FUENTE DE LA IMAGEN, GETTY IMAGES Pie de foto, El aumento de los precios de los boletos del metro de Santiago de Chile desataron protestas cada vez mayores contra la desigualdad social y el alto costo de la vida.

Argentina está implementando un nuevo plan económico bajo el gobierno de Alberto Fernández y una pregunta clave es cómo manejará la deuda. ¿Qué espera?

Espero que manejen todo el proceso mejor que de lo que lo hizo casi cualquier otro país.

Creo que tienen una comprensión probablemente insuperable de la macroeconomía y la deuda. El ministro de Economía es un excelente economista que ha hecho su carrera estudiando deuda, macroeconomía y reestructuraciones de deuda.

Usted lo conoce muy bien, pero ¿espera por ejemplo una quita de la deuda?

El término quita… Hay muchas palabras diferentes: reperfilar, reestructurar… Creo que la mayoría de las personas que han visto los números dicen que hay que hacer algo. No creo que nadie diga: podemos continuar así. Los números son muy claros en que no tienen los dólares para pagar lo que se debe. Es aritmética.

Ahora, la pregunta es qué habrá que hacer. Y eso puede tomar muchas formas diferentes y será parte de las negociaciones.

Una de las cosas que quedó clara en las crisis anteriores en general, no solo en Argentina, es que a menudo los acreedores imponen tasas de interés excesivamente altas. El Club de París a menudo impone una tasa de interés del 9% mientras se renegocian las cosas. Con tasas de interés del 9%, tu deuda se duplica cada ocho años. Y hay toda una teoría que explica que si cobras altas tasas de interés, terminarás con una alta probabilidad de incumplimiento. Pero si cobras tasas de interés bajas, tienes una baja probabilidad de incumplimiento.

FUENTE DE LA IMAGEN, GETTY IMAGES Pie de foto, Joseph Stiglitz cree los dirigentes latinoamericanos deben abordar primeramente las desigualdades en ingresos y oportunidades.

¿Entonces espera que la negociación sea más sobre la tasa de interés que sobre las fechas de vencimiento o el capital de la deuda?

Saben que la historia de las reestructuraciones de deuda ha sido «demasiado poco, muy tarde». La historia de las reestructuraciones de deudas tiene una fracción muy grande, alrededor del 50 por ciento, que termina con una crisis en cinco años. No quieren meterse en eso. Entonces quieren resolverlo. No es una solución temporal, sino una solución real. Y eso requerirá alguna forma de reescribir el contrato para hacerlo sostenible.

Hay muchas formas de hacerlo. Pero esperaría que trabajen muy duro para asegurarse de que sea sostenible.

¿Atacando los tres frentes a la vez: los vencimientos, los intereses y el capital de la deuda?

Así es. Y si haces lo suficiente sobre la tasa de interés, que es lo que creo que deberían hacer, entonces no tienes que hacer el capital. Si tienes suficiente flexibilidad en dos de ellos, no tendrás que hacer el tercero.

¿Y qué pasa si no hay acuerdo con los tenedores de bonos?

Sabemos lo que pasa. Es una definición, se llama default. Pero técnicamente, no estás en default hasta que los acreedores declaran que lo estás. Entonces, estás en ese limbo donde no estás pagando —no pueden hacerlo— pero no estás en incumplimiento hasta que te declaren en incumplimiento.

Es de interés para todos evitar un default. Y por eso Argentina está trabajando, como han dicho, muy duro para evitar un incumplimiento. Y también debería ser de interés para los acreedores. Quiero decir, si un default le cuesta a Argentina, y eso frena el crecimiento, significará que los acreedores tendrán menos de retorno. ¿Por qué los acreedores harían algo tan contraproducente?

Argentina cayó en default hace algunos años y ahora está diciendo nuevamente que no tiene dinero para pagar la deuda. ¿Esto no tendría también consecuencias para el país en términos de credibilidad, de acceso a los mercados en el futuro?

Macri apostó la casa y los mercados de capitales quedaron ciegos. Cada préstamo tiene un prestatario y un prestamista. Y los prestamistas fueron tontos al prestar esa cantidad de dinero. Apostaron de la misma manera que Macri apostaba a que iba a haber una avalancha de inversión extranjera en Argentina que de repente conduciría al crecimiento económico, que le permitiría a Argentina pagar la deuda. No había evidencia, todos seguían ciegamente los discursos de Macri.

Los mercados de capitales no hicieron su trabajo. La función del mercado de deuda es fijar el precio del riesgo y emitir juicios. No deberían haber prestado tanto dinero. Entonces, mi crítica es a los mercados de capitales, no hicieron préstamos prudentes. Y en retrospectiva, ¿fue culpa de Argentina? Yo culpo a los mercados de capitales; no culpo a Argentina.

¿Ha hablado de estos temas con Guzmán desde que asumió como ministro?

Sí.

FUENTE DE LA IMAGEN, GETTY IMAGES Pie de foto, El nobel de Economía desaconseja utilizar el PIB para medir el progreso social y económico: «puede subir, pero todo el dinero puede ir a Jeff Bezos».

 

En otro de sus libros recientes usted argumenta en contra del uso del PIB para evaluar el progreso económico y social. ¿Por qué?

Porque deja de lado muchas cosas importantes. Creo que citamos en el libro la famosa frase de Robert Kennedy: El PIB «lo mide todo… excepto lo que hace que la vida valga la pena».

No habla de desigualdad. El PIB puede subir, pero todo el dinero puede ir a Jeff Bezos, y la mayoría de los estadounidenses pueden estar muriendo porque no tienen acceso adecuado a la atención médica o la comida.

El PIB es bueno, pero no refleja lo que experimentan los estadounidenses comunes o en cualquier país, no refleja la inseguridad, que es una parte tan importante del bienestar. Más aún, hoy nos preocupa la sostenibilidad: el PIB no mide si el crecimiento es sostenible.

En el período previo a la crisis de 2008, el PIB no era bueno ni malo, pero no reflejó el hecho de que el crecimiento se construyó sobre una montaña de deuda y no fue sostenible.

¿Entonces debemos olvidarnos del PIB? ¿Hay una alternativa?

Lo que quieres es un tablero de instrumentos. Si conduces un automóvil, quieres saber cuán rápido vas, pero también cuánto gas tienes en el tanque. Nadie diría que necesitas apenas un número. Necesitas al menos dos números.

Entonces, si estás manejando una economía, quieres saber el PIB como un número, pero también cómo se comparte, si estás agotando el motor o si tienes sostenibilidad… Quieres diferentes medidas para reflejar diferentes aspectos.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51277086

  • 21.33.-La democracia brasileña en su laberintoEMIR SADER
  • Abimael Guzmán el intelectual del terror SANTIAGO RONCAGLIOLO 

Abimael Guzmán, fallecido este sábado en prisión, lideró a los fanáticos de Sendero Luminoso con la rabia de los pobres sumada a la formación académica de los ricos

Abimael Guzmán, en prisión tras su captura en septiembre de 1992.STRINGER . / REUTERS

Hace exactamente 29 años, yo iba en un taxi hacia un bar del centro de Lima cuando la radio transmitió la noticia: la policía peruana había capturado a Abimael Guzmán. Nunca olvidaré ese momento.

11 sep 2021.- El taxista y yo estábamos tan felices que nos abrazamos. Reímos como viejos amigos. Incluso me hizo una rebaja. Nos hermanaba como un vínculo familiar la esperanza de un país sin coches bomba, sin apagones por explosión de torres eléctricas, sin masacres a cuchillo, sin cadáveres dinamitados, sin perros colgados de los postes.

Bajo la dirección de Guzmán, las señas de identidad del grupo terrorista Sendero Luminoso eran escalofriantes. Sus atentados no sólo perseguían la destrucción de sus objetivos, sino el pánico de todos los que quedábamos vivos. Más de 30.000 personas fueron asesinadas con esos métodos. Siempre que podían, los asesinos dejaban en los cuerpos carteles que especificaban las razones de su muerte. Para que a nadie se le ocurriese repetirlas.

Por increíble que parezca, Guzmán no era capaz de realizar físicamente ninguna de esas acciones. No participaba en enfrentamientos militares. En la casa donde lo capturaron, ni siquiera había armas. Su trabajo era completamente intelectual.

Empezaba el día leyendo los periódicos y viendo los noticieros. Según esa información, calculaba dónde podía encontrar brotes de descontento popular. Pedía a sus huestes informes sobre el terreno, que procesaba con su equipo, como una oficina del terror. A continuación, planeaba campañas para captar a esos descontentos y tomar el control de sus comunidades, sindicatos o federaciones de estudiantes. Generalmente, para conseguirlo, hacía falta eliminar a los líderes, alcaldes o cualquier tipo de autoridad.

Abimael Guzmán, durante su primer juicio civil, en noviembre de 2004.EFE

Con ese sistema, adaptado de la estrategia de Mao en China, Guzmán llegó a controlar un tercio del territorio nacional. No daba discursos ni salía en televisión. De hecho, durante años, se le creyó muerto. Pero era el único poder, el verdadero gobierno en buena parte de la Sierra peruana.

Si no era un pistolero, tampoco era pobre. O no exactamente. Guzmán fue el hijo de un abuso de clase. De un derecho de pernada. Su padre era un próspero hacendado arequipeño. Su madre, una mujer sin recursos, quizá una campesina, o una vendedora ambulante, que no podía ocuparse del niño y lo abandonó.

Para su suerte -no para la nuestra-, Guzmán fue recibido en casa de su padre, junto a muchos otros de sus hijos ilegítimos. Como miembro de una familia con dinero, asistió a un colegio religioso y estudió dos carreras. Pero no tenía derecho a heredar nada, y por lo tanto, no podía arraigar en la clase social que lo rodeaba. El cóctel resultante era letal: la rabia de los pobres sumada a la formación académica de los ricos.

De manera natural, su estrategia fue extender esa condición a su alrededor. Durante los años sesenta, llegó a jefe de personal del departamento de Educación en la universidad San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. Desde ahí, irradió profesores maoístas hacia los colegios de toda la Sierra Sur. Para cuando inició la lucha armada, en 1980, había formado a una generación entera de jóvenes.

Los alumnos de Guzmán estaban dispuestos a matar. Pero su jefe se negaba comprar armas, para no depender de otras guerrillas o Estados. Así que a veces, mataban cuerpo a cuerpo, con piedras o cuchillos, lo que los empujaba más allá del umbral del salvajismo. Además, esos chicos creían a toda costa que triunfarían. Y por lo tanto, no tenían miedo de morir. Abimael les había hablado de la “cuota de sangre” que debían ofrecer para cambiar la historia. En su opinión, la muerte solo los convertía en héroes.

El sistema de organización de Sendero potenciaba este aspecto. Si un atentado salía mal, no podía ser culpa de la policía, de la logística o de la mala suerte. Los miembros del comando organizaban una asamblea y culpaban al camarada encargado, por haber permitido que su miedo, su incapacidad o su individualismo estropeasen el plan.

Desde un punto de vista estratégico -asumiendo que el objetivo es volar al Estado en pedazos-, Guzmán fue hábil. Superó los fallos de la guerrilla cubana, que había fracasado una y otra vez en la región andina, se independizó de cualquier injerencia externa y puso en jaque al Perú como no lo logró ninguna otra guerrilla en el continente fuera de Cuba o Nicaragua. Pero esa misma frialdad lo hizo insensible a los intolerables niveles de sufrimiento quien producía, ya no en la élite poderosa de la capital, sino en los propios campesinos a los que decía defender. La derrota de Sendero Luminoso no solo se debió a la caída de su líder, sino también al abandono de sus bases rurales, campesinos e indígenas hartos de su violencia extrema y su fanatismo.

Abimael Guzmán, trasladado en una jaula a una prisión de máxima seguridad en Perú, en abril de 1993.VERA LENTZ / AP

Ahora bien, el mayor muro de contención contra Guzmán no fue la policía o el ejército, sino los servicios públicos. En realidad, Sendero solo logró crecer donde el Estado no existía. Lo que pasa es que ese espacio era muy amplio. Ya he dicho que puso profesores donde no los había, aunque fuesen profesores fanáticos, porque no había con qué compararlos. También hizo juicios donde no había jueces, para procesar a violadores y abigeos. Y ofreció una milicia a la población. Donde las Fuerzas Armadas confundieron a los campesinos con comunistas y los reprimieron indiscriminadamente, legitimaron sin querer a esa milicia.

Para los habitantes de la costa, o de la Sierra Norte, para los peruanos de 40 años después, para mí mismo, el orden senderista sería una pesadilla infernal, una mezcla de autoritarismo, mojigatería y crueldad pura. Para muchos peruanos de zonas rurales de los años ochenta, era el único. La alternativa era la ley del más fuerte.

Hace un par de años, fui invitado a conversar con alumnos de un colegio público de Ayacucho, a pocas calles de donde Abimael había comenzado a formar su tropa. Los niños ahí me saludaron en español, quechua y un poco de inglés. Me enseñaron canciones y dibujos sobre la historia de nuestro país. Los que tenían más de once años, me hicieron preguntas sobre mis libros, y sobre otros de autores peruanos que hablaban sobre su historia. Algunos me descubrieron textos que yo mismo no conocía.

Ese día fue para mí tan emocionante como ese otro, en el taxi en 1992. Porque si un colegio como ese hubiese existido mucho antes, Sendero nunca habría podido crecer. Habría muerto de asfixia.

Guzmán supo aprovechar todos los espacios que el estado dejaba vacíos, y en particular, el de la mente de los jóvenes. Si queremos derrotar a la gente como él, es ahí donde debemos librar la batalla.

https://elpais.com/opinion/2021-09-11/el-intelectual-del-terror.html?event_log=oklogin

21.33.-La democracia brasileña en su laberintoEMIR SADER

Fuentes: Rebelión [Imagen: Manifestación de simpatizantes del presidente Bolsonaro en Brasilia el 7 de septiembre de 2021. Créditos: Marcos Correa/PR. Fotos Públicas]

En este artículo el autor analiza los tiempos democráticas que conoció Brasil y los hechos que provocaron una ruptura democrática.

11 sep 2021.- Brasil vive una profunda crisis de representación política, en la que la mayoría de la población no se siente representada ni por los partidos, ni por el sistema político ni el propio Estado. Es una crisis de hegemonía política e ideológica.

Una situación introducida por la nueva ruptura de la democracia en 2016, semejante a la que Brasil ya vivió cuando después de casi 20 años de democracia política, desde 1945, se produjo el golpe de 1964.

La dictadura se mantuvo durante 21 años, de 1964 a 1985. Después hubo una transición de 1985 a 1990 y un nuevo período democrático de 1990 a 2016, 26 años.

En total, en 76 años, el país ha vivido 46 años de democracia política y 21 de dictadura, a los que ahora se suman otros 5 de autoritarismo, en un total de 26 años de ausencia de democracia.

Lo que caracteriza el período actual es la crisis de representación, tanto del Estado como del sistema político en su conjunto y de los partidos políticos. El sistema de partidos, resurgido en la transición democrática, entra en una profunda crisis.

El MDB, el DEM y el PSDB, los partidos tradicionales de derecha y de centro, están agotados. Perdieron representación, fuerza política y proyectos para el país.

El PT es el único partido representativo a nivel nacional. Pasó por un período difícil cuando fue víctima del golpe de 2016 y la detención de Lula. Pero se recuperó plenamente con la recuperación de los derechos de Lula y volvió a un proceso de fortalecimiento, ocupando el centro de las fuerzas opositoras en el país.

El sistema político se desmoralizó con el golpe que impidió que Dilma gobernara su segundo mandato, para el que había sido reelegida. El gobierno de Temer fue un gobierno ilegítimo, resultado de un golpe y no de un voto popular. Se revirtieron las políticas aprobadas en cuatro elecciones democráticas. El sistema político y el gobierno perdieron legitimidad y representación.

Las elecciones de 2016 supusieron la institucionalización de la pérdida de legitimidad del sistema político, con la exclusión ilegal de Lula, favorito para ganar en la primera vuelta. Y con la campaña impulsada por fake news y otras formas ilegales de manipulación, que llevó a Bolsonaro a una nueva presidencia ilegítima. El sistema político perdió toda fuerza de legitimidad, al no representar democráticamente a los brasileños.

Bolsonaro vino a destruir la vieja política, a acabar con la corrupción, a liquidar el PT, a reducir el Estado a su mínima proporción, a depurar la economía, a unir la derecha, a proyectar un nuevo liderazgo en Brasil.

Hoy todo eso se ha evaporado. Practica la política de trueque más torpe con los partidos fisiológicos en el Congreso. Aun así, no es suficiente. Cuanto más cede, más débil se vuelve, más tiene que ceder, más depende de estos partidos, que cobran precios cada vez más altos.

Al intentar usar el centrão a su favor, Bolsonaro se convierte en prisionero del centrão. Un grupo de partidos que juegan al intercambio de favores para  evitar el impeachment en el Congreso. Pero que, a medida que pasa el tiempo, necesita pensar en la supervivencia de cada congresista, que empieza a mirar las elecciones de 2022 y calcula la carga de hacer campaña con el peso de Bolsonaro en la espalda. Comienza a discutir incluso el impeachment, incluso si es para aumentar el precio a Bolsonaro.

El centrão tiende a retirarse y dejar al gobierno completamente vulnerable al impechment y, sobre todo, condenado a la derrota electoral en 2022. La ilusión de la reelección de Bolsonaro terminará de una vez por todas.

Si fue el candidato elegido para derrotar al PT, el fracaso del gobierno de Bolsonaro es al mismo tiempo el fortalecimiento del PT y el nuevo favoritismo de Lula para ser elegido presidente de Brasil.

Se ha agotado la posibilidad de que la economía entrara en un período de recuperación. El aumento de la inflación y las incertidumbres políticas proyectan, por el contrario, estagflación para 2022.

Con el proyecto de gobierno agotado, Bolsonaro eleva el tono de sus amenazas, como lo hizo el 7 de septiembre, con terribles repercusiones para él. La reelección parece cada vez menos posible y le queda el camino de la ruptura institucional.

El futuro de Brasil depende de las elecciones de 2022. O esta ruptura y la afirmación de un autoritarismo blindado militarmente o el rescate de la democracia, con la derrota y derrocamiento del régimen surgido en el golpe de 2016.

https://rebelion.org/la-democracia-brasilena-en-su-laberinto/

 

  • 21.32.-Bye bye, San Andrés y Nicaragua RAMIRO BEJARANO
  • Perú: Pedro Castillo, sin paz en el palacioMARÍA SOSA MENDOZA
  • Barbacena, la ciudad-manicomio que sobrevivió a la muerte atroz de 60.000 brasileños
  • Golpe contra Dilma: un giro decisivo en la historia brasileña EMIR SADER
Fuentes: Rebelión [Imagen: Dilma Rousseff durante la visita a la Casa de Cultura Frida Khalo, en la Escola Nacional Florestán Fernandes del MST. Créditos: Leonardo Fernandes/Brasil de Fato] 

En este artículo el autor analiza el giro dramático que supuso en la historia de Brasil el golpe contra Dilma Rousseff en 2016.

4 sep 2021.- En la guerra híbrida, la nueva forma de golpes de la derecha, el golpe contra Dilma fue decisivo. Fue una forma de ruptura institucional de la democracia, erosionando la democracia desde dentro.

De la misma manera que el golpe de 1964 se venía gestando desde mucho tiempo antes, con la fundación de la Escuela Superior de Guerra, a fines de la década de 1940; el golpe contra Dilma tiene su antecedente más inmediato unos años antes, con las movilizaciones de 2013 y los medios de comunicación jugando un papel fundamental para revertir las demandas iniciales, imponiendo la lucha contra la política y la corrupción.

Esta descalificación de la política se retomó en las movilizaciones de 2015, ya durante la preparación del golpe de 2016, contra las políticas sociales del PT, contra los gobiernos del PT.

En ese momento, cuando se produce la quiebra democrática mediante un impeachment contra Dilma que no tenía ni fundamento legal ni constitucional, comenzaron las tragedias que atraviesa Brasil en la actualidad. Esa quiebra democrática, no se debió a la voluntad de la mayoría, sino a la manipulación minoritaria de las élites, cuya manipulación prevaleció en el tiempo.

El gobierno de Temer, a diferencia de los gobiernos de Lula y Dilma, no fue producto del voto mayoritario de los brasileños, sino de un golpe de Estado, que eliminó a una presidenta reelegida por la mayoría de los votos de la población, para poner en su lugar un vicepresidente, reelegido con un programa que una vez en el poder puso en práctica el programa derrotado de la oposición. Si faltaba algo para caracterizar que fue un golpe a la democracia, ahí está ese giro hacia las políticas del neoliberalismo, que había sido derrotado cuatro veces en elecciones democráticas.

Fue así como se interrumpió el período de gobierno más virtuoso de Brasil. Un gobierno que retomó el crecimiento económico, que generó más de 22 millones de puestos de trabajo con contrato formal y que elevó el salario mínimo un 70% por encima de la inflación. Un gobierno que promovió grandes inversiones estatales, sin producir inflación ni déficit público, acabando con el dogma neoliberal. Un gobierno que fortaleció el Estado, con inversiones públicas, con la expansión de la educación pública y la fundación de 18 universidades públicas -la mayoría de ellas en el noreste-, y la salud pública, especialmente el Sistema Universal de Salud (SUS).

Brasil nunca ha tenido una imagen internacional tan prestigiosa, como la que tuvo cuando Lula era el protagonista de grandes eventos en el escena internacional. Nunca tuvo tan buenas relaciones con países latinoamericanos y nunca tuvo tantas relaciones con países africanos.

Fue un momento especial en la historia brasileña, que solo pudo romperse con el colapso de la democracia en 2016. A partir de entonces, todo lo que se había construido en su mejor momento fue destruido: el Estado brasileño atravesó un proceso de deterioro de los activos públicos debido a las privatizaciones; las políticas sociales fueron destruidas como consecuencia de los drásticos recortes de recursos; los derechos conquistados por los trabajadores fueron liquidados, arrojando a la mayoría de los brasileños a la supervivencia en la precariedad.

Por eso el golpe contra Dilma fue la línea divisoria entre un momento ascendente de Brasil como país y como democracia y este momento de decadencia, como país y como democracia. Un giro que ahora completa 5 años trágicos para Brasil y para los brasileños.

Los años de Temer y Bolsonaro, presidentes sin legitimidad y sin prestigio que degradaron la imagen misma de la presidencia en Brasil, proyectaron la peor imagen que Brasil ha tenido en el mundo.

Tiempos de infelicidad, desesperación, abandono, autoritarismo. Ir de Lula a Bolsonaro es ir del cielo al infierno, del prestigio al descrédito, de la legitimidad a la ilegitimidad.

Solo superar y revertir el golpe de 2016 permitirá a Brasil rescatar la democracia y, con ella, la autoestima, el crecimiento económico, la generación de empleo y la lucha prioritaria contra la desigualdad, dando prioridad a las políticas sociales, la educación y la salud.

Cinco años de tragedia humanitaria que será revertida por la voluntad mayoritaria de los brasileños a través de elecciones democráticas, que pasarán esta página catastrófica de la historia brasileña.

https://rebelion.org/golpe-contra-dilma-un-giro-decisivo-en-la-historia-brasilena/

21.32.-Bye bye, San Andrés y Nicaragua RAMIRO BEJARANO

5 sep 2021.- Hace falta Enrique Gaviria, el ilustrado internacionalista, quien criticó con argumentos sólidos la estrategia de defensa criolla en ese sofisticado estrado judicial. Los últimos gobiernos no le pararon bolas, más por envidia, porque les daba seco y sopa a todos esos cancilleres más expertos en cocteles que en derecho internacional que han deambulado por la Cancillería en estos tiempos.

En una columna publicada el 2 de septiembre de 2018 en El Tiempo, Gaviria destacaba la importancia de que pudiera consultarse al pueblo sobre “el mal manejo de las relaciones internacionales cuando se afecta la integridad territorial del Estado”, porque a su juicio permitir el cercenamiento del territorio por negligencia o ignorancia de los agentes del Estado es peor que la corrupción.

La situación colombiana es de apremio en este pleito con Nicaragua porque con el fallo de La Haya de 2012 se perdieron 75.000 kilómetros de costa y desintegraron el archipiélago de San Andrés. A eso se suma que Colombia renunció precipitadamente al Pacto de Bogotá de 1948, y por cuenta de ese dislate Nicaragua tiene arrinconado al país con dos demandas: una por incumplir el fallo de 2012 y la otra con el reclamo demencial de una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas.

Colombia dio palos de ciego denunciando el Pacto de Bogotá, tratado básico del sistema interamericano, paradójicamente impulsado por nuestro país. Y se equivocó al creer que la denuncia de ese Pacto, que supuestamente nos pondría a salvo de la Corte de La Haya, tendría efecto inmediato, cuando se sabe que esa denuncia no rige sino después de un año de haberse hecho, como lo ratificó la Corte de La Haya, justamente en el interregno en el cual Nicaragua aprovechó para formular las dos demandas que hoy tienen a Duque citando a las carreras a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores cuando al parecer ya todo está consumado.

Voces autorizadas han expresado su preocupación por la errática defensa asumida por Colombia, pues ha fracasado en todos los fallos y en la decisión de las excepciones preliminares.

¿Quién ha vigilado la estrategia de Colombia frente a Nicaragua? ¿Se han contratado los mejores abogados expertos en estos temas o, como suele ocurrir, estamos en manos de unos “grandes juristas” que saben de todo menos de derecho internacional, como lo prueba el hecho de que se haya sugerido que se declare a San Andrés como archipiélago de Estado, postura que en opinión de los entendidos es inconveniente?

Nicaragua ha manejado este litigio con astucia insuperable, porque, para empezar, su hombre en La Haya ha sido el mismo durante décadas y hoy es miembro de esa cofradía de diplomáticos y jueces. Eso le ha dado ventaja grande a Nicaragua, porque la estabilidad del embajador de su país en La Haya contrasta con el ir y venir de nuestros diplomáticos, algunos de los cuales comprenden el problema cuando ya están de regreso.

Esto puede empeorar. Al dictador Ortega le resultará buen negocio exacerbar el nacionalismo para quitarnos territorio ahora que atraviesa la peor hora de su tiranía por encarcelar a los candidatos opositores. Con esto el déspota, que manda de la mano vengativa de su temible esposa, encontrará la cortina de humo para ocultar sus crímenes, pero también para unir a su pueblo en torno a él. En cambio, aquí Duque anda enredado sin poder reunir siquiera a la inútil Comisión Asesora, donde literalmente nadie se habla con nadie, porque todos se odian.

Ojalá no padezcamos otra vergüenza, como la pérdida de Panamá. En el gobierno de Duque todo malo puede pasar, porque sus relaciones internacionales apenas consisten en nombrar amigotes y delfines en los jugosos empleos de la diplomacia.

Adenda. Duque nombra a los personajes más odiados y cuestionados, como Carrasquilla, para acabar de apoderarse del Banco de la República. Presionó a la Corte Constitucional para que no tumbara el adefesio de la cadena perpetua, y cuando se produjo la decisión adversa, la censura. Satrapía.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/bye-bye-san-andres/

21.32.-Perú: Pedro Castillo, sin paz en el palacioMARÍA SOSA MENDOZA

Después de su victoria en las elecciones presidenciales peruanas, en las que se enfrentó a una de las contracampañas más imponentes de los últimos tiempos –que reunió a los grandes medios de comunicación, al grueso de la clase política y a los sectores empresariales–, Pedro Castillo ha tenido que lidiar, básicamente, con grandes derrotas: su bancada no logró tener un puesto en la mesa directiva del Congreso ni la presidencia de las comisiones estratégicas para facilitarle su labor en el Poder Ejecutivo. Tan solo 19 días después de haberse juramentado en el cargo, su ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, se vio forzado a renunciar en medio de un escándalo político desencadenado por sus declaraciones sobre el terrorismo en el país.

 

4 sep 2021.- El Congreso de la República acaba de otorgarle el voto de confianza a su primer gabinete ministerial, por lo que este podrá continuar en funciones. No es poco, pero lo que en el pasado habría significado el apoyo de los parlamentarios a los ministros designados y, por ende, una relativa calma para el gobierno, hoy no necesariamente es así. Se han añadido otras variables al cálculo político de los congresistas.

Después de concedida la confianza, una de las bancadas opositoras anunció que el siguiente paso sería la censura de varios ministros. «Vamos a acabar uno por uno», manifestaron miembros de Renovación Popular. No se sabe a ciencia cierta si eso podría ocurrir, mas la salida de uno de ellos, el ministro de Trabajo, se encuentra casi asegurada.

El comienzo de Castillo

En su primer mensaje a la nación, después de asumir la Presidencia para el periodo 2021-2026, Castillo extendió la invitación que había hecho a los sectores opositores diez días atrás, a poco de ser declarado oficialmente ganador de la segunda vuelta electoral. «Invoco a nuestros contendores políticos, a la lideresa de Fuerza Popular [Keiko Fujimori], a que no pongamos más obstáculos para sacar adelante a este país. Bienvenidos a este espacio para hacer un gobierno de todos los peruanos (…) Compartiremos juntos esta lucha para un Perú más justo y digno», dijo el mandatario.

Su discurso fue considerado consensual. No dejó sus ideas de cambio, pero garantizó que todo lo hará dentro del marco constitucional vigente. El presidente se comprometió incluso a que la iniciativa de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna –una de sus propuestas de campaña más polémicas– pasaría por el Congreso. La situación pareció cambiar un día después, cuando hizo juramentar al presidente del Consejo de Ministros. La elección de Guido Bellido, congresista oficialista y ex-secretario general regional de Cuzco del partido Perú Libre, fue toda una sorpresa, incluso para los ministros que conformaron su gabinete ministerial horas más tarde.

Los medios no tardaron en dar a conocer los antecedentes más cuestionables del nuevo primer ministro. Bellido se encuentra en medio de una investigación preliminar por el delito de apología al terrorismo. Además, varias de las frases que escribió en sus redes sociales años atrás –viralizadas rápidamente– pusieron de manifiesto su homofobia.

En los medios, el «gabinete Bellido» comenzó a ser llamado «gabinete de choque». Se sostenía que antes de su conformación ya había causado un choque y pretendía producir otro. El primero era interno: la negativa inicial de Aníbal Torres y Pedro Francke, los voceados ministros de Justicia y de Economía, respectivamente, a asumir sus cargos tras enterarse de quién presidiría el Consejo de Ministros. El segundo era el choque externo y el supuesto motivo central de su nombramiento: forzar al Congreso a negar la cuestión de confianza. En ese caso, el artículo 134 de la Constitución peruana faculta al presidente de la República a disolver el Congreso si este niega en dos ocasiones las cuestiones de confianza solicitadas por el Poder Ejecutivo. Según la tesis, con sus peculiares designaciones, Castillo buscaba poner contra las cuerdas a los parlamentarios.

Lo cierto es que esa sofisticada estrategia nunca existió, aunque en la práctica negar la confianza significaba acercarse a una posible disolución. El «gabinete de choque» fue más bien el intento de conformar un gabinete de consenso entre las diferentes izquierdas. El primer altercado sacaba a relucir los matices y discrepancias entre ellas. Torres y  Francke se juramentaron finalmente como ministros un día más tarde que el resto, después de una intensa negociación. Francke –quien fue, durante la segunda vuelta presidencial, la carta de garantía de Castillo ante los sectores que lo veían como un peligro para la estabilidad macroeconómica– lo hizo con un pin en su solapa en el que se leía «Igualdad»; asimismo, en un tuit publicado un día después de asumir el cargo, se comprometió a apoyar «una lucha firme contra el senderismo asesino».

La configuración del «gabinete Bellido» fue la siguiente: Perú Libre, el partido de gobierno, obtuvo la presidencia del Consejo de Ministros y dos ministerios más; Nuevo Perú, el movimiento liderado por Verónika Mendoza, obtuvo dos carteras; Juntos por el Perú obtuvo una, al igual que el Frente Amplio y Renacimiento Unido Nacional. Fueron incluidos, además, representantes de diferentes sindicatos y organizaciones sociales. Por ejemplo, el dirigente magisterial Iber Maraví, perteneciente a la facción opositora al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), fue designado en la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, y Víctor Maita, secretario de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC), obtuvo la cartera de Desarrollo Agrario y Riego. Se sumaron, también, personajes reconocidos en la izquierda peruana, como el sociólogo Héctor Béjar y varios independientes cercanos al presidente.

Los cuestionamientos de la prensa y de los sectores opositores al gobierno pueden separarse en dos. Por un lado, se critica a algunos ministros por su poca experiencia en su área o porque, a pesar de tenerla, no son considerados aptos para asumir esa responsabilidad. Se le han formulado este tipo de críticas al ministro de Defensa Walter Ayala, abogado y ex-presidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima, quien a la hora de asumir funciones tenía un desconocimiento total del sector. Otro ministro que ha sido blanco de críticas es Juan Silva, a cargo de Transportes y Comunicaciones, a quien se lo vinculó con una empresa de transportes multada por prestar servicios de manera informal. Desde esta cartera, además, se han realizado cuestionables nombramientos, algunos de los cuales, ante el escándalo mediático, fueron dejados sin efecto.

Por otro lado, se encuentran las críticas motivadas por el rechazo a las ideologías políticas de los ministros. Como ya se mencionó, Castillo ha logrado aglutinar en su gabinete a todo el espectro político de izquierda, en medio de un panorama de polarización, en el que las fuerzas de derecha –que durante la segunda vuelta promovieron un discurso anticomunista en contra de su candidatura– se encuentran reunidas en el Congreso. Esta pluralidad de izquierdas trae al escenario nacional posturas políticas que nunca antes habían tenido voz, que han sido marginadas por el radicalismo de su discurso e, inclusive, señaladas como terroristas.

Las acusaciones sobre Sendero Luminoso

«Ministro de Trabajo tiene nexos con Sendero Luminoso» fue la «primicia» de un diario de circulación nacional solo dos días después de la juramentación de los ministros. Se trataba de Iber Maraví, dirigente magisterial de Ayacucho, quien años antes había acompañado a Castillo en las huelgas nacionales de su gremio. A Maraví se lo acusa de ser uno de los fundadores del Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del SUTEP (Conare), una facción contraria al sindicato oficial de maestros que, según apunta la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú, es el «segundo brazo político» del grupo subversivo Sendero Luminoso.

Pero el escándalo mayor es la investigación preliminar por el supuesto delito de apología al terrorismo que afronta el presidente del Consejo de Ministros. Las diligencias fiscales se iniciaron en abril –durante la campaña por la segunda vuelta–, a partir de unas declaraciones que brindó en una entrevista televisiva, cuando fue consultado por una publicación que realizó en su cuenta de Facebook en 2017 en la que le rendía homenaje a Edith Lagos, una joven integrante de Sendero Luminoso muerta a inicios del conflicto armado interno y que tuvo un funeral multitudinario en Ayacucho. «Sendero Luminoso fue un conjunto de peruanos que tomó un camino con el que discrepamos, un camino por el que quisieron tomar el poder por la fuerza (…). Han tenido acciones terroristas, y las acciones terroristas las han tenido tanto Sendero Luminoso como las Fuerzas Armadas», esgrimió Bellido en esa oportunidad.

Los escándalos generados a partir de estos hechos han debilitado al gobierno de Castillo. Por un lado, ha perdido a aliados que había conseguido en el Congreso y, por el otro, ha recibido ataques por parte de la oposición parlamentaria, que impulsó –sin lograr llevarlas adelante– mociones para declarar como «acto inmoral» del presidente Castillo el haberlos designado como ministros, lo que trae al debate público, una vez más, el polémico artículo 133 de la Constitución sobre la vacancia presidencial por la causal de «permanente incapacidad moral».

La oposición ha aprovechado la situación para golpear constantemente al Poder Ejecutivo. Y ha tenido éxito. Según un estudio de opinión de IPSOS del mes de agosto, 57% de los encuestados (entre quienes sostenían que había «alguna presencia» y una «amplia presencia») consideraba que había presencia de simpatizantes de Sendero Luminoso o del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) en el gobierno. 83% consideraba que todo aquel que simpatizara con el grupo subversivo debía ser retirado del gobierno.

Según las acusaciones, la cercanía del gobierno con el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso se encontraría tanto en el magisterio, vinculado directamente al pasado sindical del presidente, como en la ideología de izquierda radical que representaría Perú Libre. Revisemos, brevemente, estos dos frentes.

El sindicato de maestros

Desde que Castillo acaparó la atención de la política nacional en 2017 como dirigente de la huelga magisterial de 75 días que fue acatada por más de 70% de los maestros del servicio público a escala nacional, fue acusado de tener vínculos con Sendero Luminoso. «Tenemos un problema serio. Hay una pequeña minoría de dirigentes del magisterio que tienen una vinculación evidente, que está documentada, con Sendero Luminoso», alertó en ese entonces el ministro del Interior, señalando –entre otros dirigentes– a quien hoy ocupa el sillón presidencial.

La prueba que incriminaba a Castillo y a otros líderes docentes era su supuesta pertenencia al Conare, una facción del magisterio disidente del SUTEP y seguidora del marxismo ortodoxo que, como ya adelantamos, es una más de las varias contrarias a la dirección del sindicato oficial de maestros. La línea ideológica clasista fue la que hizo que los profesores de la izquierda más radical se agruparan en el Conare, entre ellos algunos ex-militantes de Sendero Luminoso que, tras cumplir sus condenas por delitos de terrorismo, buscaban reintegrarse a la sociedad.

Después de grandes huelgas lideradas por un miembro del Conare a espaldas del sindicato oficial –entre 2003 y 2007–, el gobierno y los medios de comunicación empezaron a señalar una infiltración senderista en el magisterio a la que hacían responsable de azuzar a los maestros. La prueba del gobierno para acusar al Conare como el organismo infiltrado que responde a Sendero Luminoso llegó en 2011, en ocasión del intento de inscribir como partido político oficial al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).

El Movadef es una organización fundada en 2009 por los abogados de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, que pretende, entre sus objetivos centrales, impulsar la consigna de la facción de Sendero Luminoso que en 1992 dejó las armas y apostó por un acuerdo de paz: «Solución política, amnistía general y reconciliación nacional». «Quienes han terminado con su sentencia tienen derecho de participar en la vida política del país», señaló uno de los defensores legales de Guzmán  al momento de anunciar la creación del movimiento político. Pero esto no se concretó. El Jurado Nacional de Elecciones rechazó la solicitud argumentando que el «marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento Gonzalo» que seguía la agrupación implicaba «actos violentos contrarios a la Constitución Política del Estado».

De las 350.000 firmas presentadas para que el Movadef se constituyera como un partido político, 4.819 fueron de profesores. Un trabajo de inteligencia de la Policía pudo determinar cuáles eran los miembros orgánicos del que empezaron a llamar «brazo legal de Sendero Luminoso». Varios de los ex-sentenciados por delitos de terrorismo eran integrantes del Movadef y, al mismo tiempo, del Conare, lo que llevó a la tesis oficial de que este último era un intento de Sendero Luminoso de infiltrarse en el magisterio. Pero, como señala el periodista e investigador Gerardo Saravia, «si se tiene en cuenta que los activistas orgánicos del Movadef presentes en el magisterio no llegan a 15, aquella tesis resulta poco creíble».

En 2017, los grupos contrarios al sindicato oficial de maestros deseaban iniciar una huelga magisterial; se acababa de aprobar una ley que establecía nuevos requisitos para continuar en la carrera pública docente, rechazada unánimemente por el gremio. Pedro Castillo fue elegido como el representante de todos los maestros de base para la huelga nacional. Esta vez el dirigente no pertenecía al Conare, pues los maestros sabían que de lo contrario se intentaría deslegitimar sus demandas. Sin embargo, el Conare y algunos de sus miembros, también pertenecientes al Movadef, apoyaron al profesor Castillo.

¿Un discurso apologético?

Las respuestas que dio Bellido en una entrevista a un programa regional propiciaron que se le iniciara una investigación preliminar, ya que –según se lee en el documento sustentatorio de la Fiscalía– no calificó a los senderistas «como terroristas, sino como peruanos que se equivocaron, es decir, como cualquier tipo de error que comete una persona común, por lo cual tienen derechos como todos».

Desde los inicios del conflicto armado interno en la década de 1980 y conforme fue creciendo la violencia política, distintos sectores acusaron a la izquierda legal de ser «fachada del terrorismo». Con el retorno de la democracia en el año 2000, ese manto de sospecha no se desvaneció. A pesar de que hace más de dos décadas no se registra ningún atentado contra el Estado peruano y que no existe ningún grupo subversivo en actividad, en la actualidad se hace uso de estos miedos para golpear a los candidatos antisistema, especialmente durante las campañas electorales. A Ollanta Humala, ni su condición de ex-militar ni su rechazo a ser considerado un candidato de izquierda lo eximieron de esta clase de señalamientos durante sus dos candidaturas en 2006 y 2011. Verónika Mendoza recibió los mismos ataques en sus campañas de 2016 y 2021. Las réplicas a estas acusaciones son constantes condenas y rechazos categóricos a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Memoria y cercanía

En su libro Sobre héroes y víctimas, el crítico literario Juan Carlos Ubilluz identifica tres discursos sobre el conflicto armado interno en la sociedad peruana: el «discurso de la seguridad nacional», que sostiene que durante las décadas de 1980 y 1990 el país sufrió una arremetida terrorista y que fueron las fuerzas del orden las que nos libraron de ella; el «discurso subversivo» –hoy minoritario–, que sostiene que durante dos décadas se libró una guerra revolucionaria que, finalmente, fracasó; y lo que denomina el discurso del «giro ético», una postura crítica frente a las dos antes mencionadas, que denuncia y rechaza las malas conductas humanitarias tanto de los grupos insurgentes como de las fuerzas estatales. Para Ubilluz, el giro ético es el asumido por la izquierda peruana. Sin embargo, esa izquierda a la que se refiere es la que en el programa de Perú Libre se denomina despectivamente «izquierda capitalina»: la izquierda reformista que, hasta la sorpresiva llegada de Castillo al poder, era la única con presencia en la política nacional.

Perú Libre se califica como «una corriente izquierdista provinciana, [que comenzó] como movimiento regional para luego constituirse en un partido de alcance nacional». Y, efectivamente, su desarrollo político se encuentra más localizado en las regiones y en los sindicatos, espacios con dinámicas y códigos diferentes, en los que, después de dos décadas del fin del conflicto, se convive con quienes en el pasado se levantaron en armas. No es la primera vez que aparece en la política peruana una postura no deshumanizadora con los ex-condenados por terrorismo. Sin embargo, hoy es difícil erradicarla del debate público como otras veces en el pasado.

Si bien esto ha motivado que un reducido sector discuta sobre la reinserción social de los condenados por terrorismo y hasta sobre la necesidad de descriminalizar al Movadef, los ataques al gobierno por parte de los políticos opositores y de los grandes medios de comunicación que durante la campaña de segunda vuelta realizaron una cobertura en contra del candidato de Perú Libre no hacen del presente el escenario más propicio para este debate.

¿La fuerza suficiente?

Castillo cumple su primer mes de gobierno con 38% de aprobación. Son 15 puntos menos que el mes pasado, por lo que no parece tener la fuerza suficiente para sostener los nombramientos que generan más cuestionamientos entre la opinión pública. Sin embargo, tampoco hay una estrategia para hacerlo. Era fácil suponer que las designaciones de Bellido, Maraví y  Béjar causarían una gran oposición, pero el Poder Ejecutivo optó por mantenerse silente ante los ataques a sus ministros.

La renuncia de  Béjar al Ministerio de Relaciones Exteriores es consecuencia de ese comportamiento. Si bien su pasado como guerrillero en el Ejército de Liberación Nacional (ELN) hizo que varias voces lo criticaran desde que asumió la Cancillería, el escándalo que motivó su salida fueron unas declaracionessacadas de contexto por un medio de comunicación. Béjar fue acusado de haber responsabilizado a la Marina de Guerra del Perú del inicio del conflicto armado interno, debido a que en un evento de noviembre de 2020 manifestó que «el terrorismo en el Perú lo inició la Marina y eso se puede demostrar históricamente; han sido entrenados para eso por la CIA». El escándalo fue mayúsculo, a punto tal que la Marina de Guerra, sin consultar al ministro de Defensa, publicó un comunicadodeplorando estas afirmaciones y le envió una carta notarial en la que le solicitó que rectificara lo dicho. En realidad, la afirmación de Béjar aludía a los atentados contra diplomáticos y algunos almirantes que apoyaban a Juan Velasco Alvarado, ocurridos durante el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, en la década de los 70. Varios historiadores ampliaron el tema después de que Béjar renunciara.

El Ejecutivo pudo haber sorteado este inconveniente sin problema, pero nunca emitió un pronunciamiento oficial ni coordinó alguna defensa para el canciller con los miembros del gabinete ministerial, quienes ignoraron el escándalo o se limitaron a «deslindar del terrorismo de Sendero Luminoso», pasando por alto las explicaciones de quien hasta ese momento ocupaba la cartera de Relaciones Exteriores.

Después de su salida, Béjar Rivera manifestó a diferentes medios de comunicación que el premier Bellido le solicitó su renuncia. Él estaba dispuesto a aceptar la invitación que el Parlamento le había hecho con el fin de que aclarara sus expresiones, pero el Ejecutivo no le dio la oportunidad. En su reemplazo fue nombrado Óscar Maúrtua, un diplomático de carrera que estuvo a cargo del mismo sector durante el gobierno de Alejandro Toledo. La designación ha causado riñas internasen el gobierno y el rechazo total de la izquierda peruana, pues Maúrtua es visto como representante del continuismo en la política exterior.

«El nuevo canciller, Óscar Maúrtua De Romaña, no representa el sentir de Perú Libre. Nuestro Partido es un ente integrador y soberano, apuesta por una Latinoamérica unida independiente, rechazando cualquier política injerencista o servil», escribió en su cuenta de Twitter el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, tras conocerse la noticia.

La decisión del gobierno de retirar a Béjar de la Cancillería ha sido, probablemente, su más grande error durante estas primeras semanas de gobierno. Expuso así  su debilidad y sus conflictos internos y permitió que la Marina ejerciera presión para el retiro de un cargo de confianza, a pesar de ser una entidad no deliberante y a pesar de que los hechos que le imputaron al ex-ministro no eran ciertos. Además, perdió a uno de los ministros con una de las agendas más completas del gabinete: Béjar puso entre las prioridades de la cartera los temas ambientales y a favor de la comunidad LGBTI+. Con su retiro, un sector de la izquierda peruana se sintió agraviado.

 El conflicto en Chumbivilcas

Unos días antes del cambio de mando presidencial –aún durante la administración de Francisco Sagasti–, las comunidades campesinas de Chumbivilcas, en Cuzco, iniciaron un paro indefinido contra el gobierno y la empresa minera MMG Las Bambas por un conflicto socioambiental iniciado en 2018.

En la provincia del sur, 96,458% votó por el lápiz. Ante los medios presentes, los comuneros manifestaron la esperanza de que sus demandas se resolvieran con la llegada a la Presidencia de Castillo Terrones.

Tan solo cinco días después, el premier Bellido viajó a Chumbivilcas acompañado de los ministros de Agricultura y de Energía y Minas para dialogar con la población de la zona. Con un discurso cercano, pasando del castellano al quechua, Bellido logró que las cinco comunidades levantaran la medida de protesta, después de comprometerse a solucionar el conflicto en un lapso de 60 días. Aquello fue visto como un gran logro del gobierno. En entrevistas, Bellido indicaba que el gobierno abordaría los conflictos sociales de manera diferente, junto con la población.

Dos semanas después, el reinicio del paro sorprendió a todos. El Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas emitió un pronunciamiento en el que informó, entre otras cosas, que la presidencia del Consejo de Ministros no había cumplido con instalar la mesa de diálogo para escuchar sus pedidos y tampoco respondía sus llamadas ni sus documentos oficiales.

Si bien el gobierno actuó rápidamente y logró que los comuneros depusieran la medida de fuerza después de acordar con ellos la instalación de una mesa de diálogo, lo sucedido en Chumbivilcas es clave para entender la complejidad de las bases duras del gobierno. Y es que uno de los más grandes retos de Castillo en estos primeros meses será manejar las expectativas de su electorado, que no tiene una fidelidad incondicional y que presenta el factor decepción a flor de piel.

La victoria de Castillo en las urnas no es un ejemplo de construcción de una organización partidaria. El masivo apoyo hacia él se debió a la identificación del electorado («es humilde como yo») y a su promesa de cambio (opción antisistema), en un país en el que 55% de la población se percibe como «perdedora» del crecimiento económico de los últimos 30 años. En ese escenario, reafirmar la confianza de sus bases es esencial, ya que son los únicos que lo defenderían ante algún intento de sacarlo del poder.

La oposición

El politólogo Carlos Meléndez ha señalado que los comicios para el periodo 2016-2021 mostraron dos fenómenos políticos. En primer lugar, el predominio de la derecha en Perú, y en segundo, la bifurcación de esta en dos vertientes: la tecnocrática-liberal y la populista-conservadora, representadas respectivamente por Pedro Pablo Kuczynski con su partido Peruanos por el Kambio (PPK) y por Keiko Fujimori con Fuerza Popular. Efectivamente, desde que Kuczynski obtuvo la Presidencia de la República y Fuerza Popular la mayoría parlamentaria se inició un periodo de polarización y confrontación entre los dos poderes del Estado.

La llegada de Perú Libre al escenario político ha logrado unificar a esas dos derechas, que ahora tienen como objetivo común lo que llaman la «lucha contra el comunismo». Si bien es cierto que en poco tiempo han existido varios conflictos internos en el Parlamento que han terminado con la renuncia de algunos congresistas de las bancadas para las que fueron elegidos, tales conflictos no cambian mucho el  escenario hostil hacia Perú Libre, pues las brechas más grandes se encuentran hoy en el eje izquierda-derecha y el voto en contra de las iniciativas del oficialismo se mantiene.

La prensa y los líderes de opinión de tendencia más progresista que tienden a apostar por la gobernabilidad tomaron como una afrenta del gobierno la configuración del gabinete, por lo que actualmente se pronuncian a favor de la vacancia presidencial. Ese es uno de los golpes más grandes para el gobierno, ya que el discurso mediático cada vez adquiere más homogeneidad en su contra y ello podría legitimar a la oposición.

Otro señalamiento constante de parte de este sector es la supuesta intromisión del secretario general de Perú Libre en las decisiones del gobierno. Esta acusación la inició Fuerza Popular durante la segunda vuelta presidencial y es un peso que el presidente no ha podido sacarse de encima. Y es que Vladimir Cerrón, médico formado en Cuba que no tiene temor en llamarse socialista, es un blanco fácil para la campaña anticomunista. La realidad ha salido a relucir en los últimos días: la relación entre el presidente y el líder de Perú Libre son tensas. Ha trascendidoque, antes del voto de confianza, Castillo había decidido cambiar a Bellido y a la mitad de su gabinete, a pesar del rechazo de Cerrón. La lideresa de Nuevo Perú Verónika Mendoza tuvo que intervenir para evitarlo.

Es importante señalar que el Congreso, de mayoría opositora, no es popular entre la población: su aprobación es de tan solo 31%. Sin embargo, la narrativa que impone este sector, en la que hace responsable al nuevo gobierno de factores que escapan a su control –como la inflación, que también sufren otras economías de Latinoamérica, y el retraso de la llegada de vacunas provenientes de China, que también ha causado problemas en Ecuador–, crea un espacio para la aparición de un liderazgo opositor que aún no tiene rostro.

Ante este panorama, es válido preguntarse si el programa de gobierno de Castillo tiene alguna posibilidad de éxito. La respuesta es incierta. Castillo debe encontrar un equilibrio que le permita mantener a sus bases satisfechas y que, al mismo tiempo, genere un clima de gobernabilidad política que le permita reunir las condiciones mínimas para avanzar en una agenda de cambio. La confianza otorgada al gabinete es un respiro. Una primera tarea es recuperar el apoyo de los sectores progresistas que tomaron posición a su favor durante el periodo en el que el fujimorismo y sus aliados intentaron desconocer los resultados electorales. Pensando a mediano plazo, esto puede lograrse colocando a cuadros de izquierda con un perfil técnico en sectores estratégicos; el amplio apoyo a la designación de Pedro Francke como ministro de Economía es un claro ejemplo de que ello funcionaría.

En sus próximos pasos, Castillo y su gobierno deben pensar estratégicamente. La gobernabilidad no tiene por qué significar acercarse al centro o ponerse en «piloto automático» porque, como ya se preguntó el politólogo Alberto Vergara, ¿a Ollanta Humala le valió de algo moderarse?

https://sinpermiso.info/textos/peru-pedro-castillo-sin-paz-en-el-palacio

21.32.-Barbacena, la ciudad-manicomio que sobrevivió a la muerte atroz de 60.000 brasileños

Eran alcohólicos, prostitutas, homosexuales, epilépticos, madres solteras, inconformistas… supuestos desechos sociales a los que sus familias o la policía enviaban hasta esta ciudad de Minas Gerais. Decenas de miles murieron de hambre, frío o diarrea. La localidad ahora afronta su pasado con un Museo de la Locura y una atención mental que es referencia.

Varios internos del manicomio Colonia en una fotografía tomada en 1959.LUIS ALFREDO / AYUNTAMIENTO DE BARBACENA

NAIARA GALARRAGA GORTÁZAR
Barbacena – 04 SEPT 2021 – 14:24 COT

Cuando João Bosco Siqueira cumplió 45 años, sus compañeros del cuerpo militar de bomberos le regalaron algo impagable: localizar a su madre. Aquella desconocida era la llave a los orígenes para este brasileño que nació en un manicomio y creció en un orfanato. Misión cumplida. El abrazo que tanto ansiaban doña Geralda y el hijo arrebatado ocurrió el 11 de noviembre de 2011 en un cuartel ante la mirada emocionada de decenas de uniformados. Un punto y aparte en las vidas de ambos. Quince años tenía Geralda cuando dio a luz en el Hospital Colonia de Barbacena, a 500 kilómetros de São Paulo. Su patrón, un abogado, la llevó hasta allí para evitar el escándalo después de violarla y dejarla embarazada, cuenta Siqueira en una entrevista por videollamada. El dolor de rememorar el drama es tal que varias veces se detiene para contener el llanto y tomar aire antes de proseguir su relato. Antes y después de ella, decenas de miles de brasileños fueron abandonados en instituciones mentales de Barbacena, que pasó a ser conocida como la ciudad de los locos.

João Bosco y su madre, Geralda, que era una adolescente internada en el manicomio cuando dio a luz. Ambos se reencontraron cuatro décadas después. CORTESÍA JOÃO BOSCO

La mayoría de los internos, como Geralda, estaban cuerdos. Eran alcohólicos, sifilíticos, prostitutas, homosexuales, epilépticos, madres solteras, esposas a las que sustituir por una amante, inconformistas… supuestos desechos sociales a los que sus familias o la policía enviaban en trenes hasta esta ciudad del Estado de Minas Gerais. Unos 60.000 internos murieron de hambre, frío o diarrea durante nueve décadas hasta que cerró en los noventa. Malvivían desnudos forzados a trabajar como supuesta terapia en patios a la intemperie o celdas.

La ansiedad que el confinamiento de la pandemia ha causado a millones de personas en todo el mundo ha reavivado el debate sobre la salud mental y el estigma que aún la rodea. Un secretismo que ídolos como la gimnasta Simone Bailes o la tenista Naomi Osaka ayudan a agrietar al hablar de sus problemas mentales.

Un museo en Brasil para revivir la locura perpetrada en nombre de la psiquiatría

Barbacena llama la atención porque, en vez de enterrar la infamia perpetrada en nombre de la psiquiatría, las autoridades acordaron mirarla de frente. Convirtieron uno de los pabellones del Colonia en el Museo de la Locura, que ahora cumple 25 años, un aniversario que junto a una serie ha devuelto el asunto a la actualidad. Y, en sintonía con el movimiento internacional para humanizar la atención a los enfermos mentales, a partir del año 2000 emprendieron un cambio trascendental.

Habitacion en el Hospital Colonia en 1959.LUIS ALFREDO / AYUNTAMIENTO DE BARBACENA

Esta ciudad que vivía de los psiquiátricos y el cultivo de rosas sustituyó esos depósitos de indeseables por residencias terapéuticas. “Hasta entonces no había límite. Entraba todo el que aparecía en la puerta. Empezamos a evaluarlos uno por uno y la mayoría no necesitaba ser internado. Los ingresos cayeron de 130 al mes a 30”, explica Flávia Vasques, coordinadora de la red pública de salud mental de esta ciudad de 140.000 habitantes, durante una entrevista en un ambulatorio.

El museo es un recorrido por las atrocidades sufridas por los miles de pacientes, algunas en consonancia con prácticas internacionales. “Eligieron llamarlo Museo de la Locura para despertar el interés del público y porque no remite sólo a una historia local, sino que es una referencia para analizar el pasado, para preservarlo y que no se repita”, explica la directora del museo, Lucimar Pereira, mientras hace de guía.

Aprovechando el clima de montaña, nació como sanatorio para ricos, con teléfono y cubertería de plata pero en 1903 se convirtió en el primer manicomio de Minas Gerais, que centralizó en Barbacena la atención psiquiátrica de este estado tan grande como España.

Esposas que se utilizaban para contener a los internos, la mayoría de los cuales no era enfermo mental.FLÁVIO TAVARES

El Colonia era un manicomio con cementerio, evidencia de que sanar no era la misión. Durante décadas, no hubo médicos ni enfermeras, sino meros guardas. El tratamiento era simple: pastillas azules o pastillas rosas en función de los síntomas, además de electrochoques y lobotomía, como mandaba entonces la medicina.

Cuando faltó espacio para dormir, los burócratas adoptaron una solución bautizada como lecho único que recomendaron extender a otros centros: fuera las camas, eliminadas. Sin ellas, cabían más pacientes. Los internos dormían arremolinados en el suelo para darse calor en las frías noches. Algunos morían asfixiados. A menudo los cuerdos enloquecían. Y ni después de muertos tuvieron piedad con ellos. Los cadáveres de más de 1.800 pacientes fueron vendidos a universidades hasta los años setenta. El resto era llevado en un carrito hasta el cementerio para ser arrojado a fosas comunes. Ahí sigue el camposanto, cerrado, pero una placa promete convertirlo un día en un memorial que combinará rosas y locura. Los alimentaban con purés putrefactos porque desterraron los cubiertos —en nombre de la seguridad—, de manera que tras décadas sin masticar muchos perdieron la dentadura.

“Hoy he estado en un campo de concentración nazi. En ningún lugar vi algo así”, declaró tras visitar el Colonia en 1979 el psiquiatra Franco Basaglia, impulsor de la reforma de los manicomios en Italia. Periodistas locales hicieron las primeras denuncias públicas en los sesenta y los setenta. Sus fotos y relatos causaron espanto, pero pronto cayeron en el olvido. La periodista Daniela Arbex era una adulta cuando tuvo la primera noticia del atroz episodio de la historia local. “Fui a buscar a los supervivientes. Y gracias a ellos conseguí rescatar lo que ocurría tras los muros”, explica al teléfono la autora del libro Holocausto brasileiro, de 2019. Un superventas que contribuyó a divulgar un horror del que muchos brasileños jamás han oído hablar. Ella insiste en que todos fueron cómplices: los médicos, las familias, los vecinos, la sociedad en general…

El tratamiento consistía en pastillas rosas o azules dependiendo de los síntomas, lobotomías o electrochoques sin anestesia. Hoy algunos de estos utensilios se exhiben en el museo de la locura. FLÁVIO TAVARES

Siqueira cuenta desde la ciudad donde pasa el confinamiento con su familia que su madre, doña Geralda, vive todavía en Barbacena. Se veían cada mes hasta que el coronavirus lo trastocó todo. Al bombero le enerva que algunos vecinos crean que divulgar las atrocidades dañe la reputación local. Para él es el mejor antídoto para evitar que nadie más sea tratado de manera tan inhumana. “Aunque nací en la barbarie, soy fruto de una red de solidaridad”, insiste en referencia a las monjas y otros adultos de los orfanatos, que le guiaron cuando era un adolescente que envidiaba a quienes recibían alguna visita.

Bento Marcio da Silva siempre tuvo familia. Pero ha pasado la mitad de sus 57 años entrando y saliendo de psiquiátricos, incluido el Colonia. Habla con naturalidad de su enfermedad —”soy bipolar”— y de la batalla para que los psiquiatras le cambiaran la medicación que durante 15 años le causó terribles efectos secundarios. Cuenta entre risas que en sus momentos de euforia cantaba, cantaba, cantaba y cantaba sin descanso. ¿La respuesta? “Me ataban en una camilla, me ponían inyecciones aquí, aquí, aquí y aquí, y me tenían allí todo el día. Acababa totalmente empapado en orines y fluidos. ‘Si me dan Aldol voy a perder el juicio’, les decía, pero insistían”, relata. Nadie le escuchaba entonces. Durante años vagó por las carreteras de Brasil para evitar que lo encerraran de nuevo. “Llegué a tener la barba tan larga que me llamaban Bin Laden”, dice. Una imagen que contrasta con su coqueta elegancia actual.

Bento Marcio da Silva, izquierda, y Zezé durante la fiesta del 60 cumpleaños del segundo en la residencia terapéutica de Barbácena en la que ambos viven. Antes estuvieron ingresados en psiquiátricos durante muchos años.FLÁVIO TAVARES

Da Silva vive en una residencia terapéutica que el martes pasado estaba de fiesta porque Zezé, uno de los siete pacientes, cumplía 60 años. Resulta emocionante ver a estos hombres desatendidos y degradados durante tantos años concentrados en sujetar los cubiertos para llevarse a la boca un trozo de tarta o un vaso de coca cola sin cafeína. En el éxtasis del disfrute, Zezé se ríe tan fuerte que se le descoloca la dentadura postiza. Con sus muchas secuelas, parecen inmensamente felices mientras cantan Cumpleaños feliz. Ya no tienen miedo a los desconocidos ni a salir a la calle. Y los vecinos tampoco los temen, explica Leandra Melo Vidal, coordinadora de las 27 residencias repartidas por Barbacena, que conoce en detalle las historias de cada uno. La adoran.

Algunos de los supervivientes son muy dependientes, pero el cambio experimentado por otros es impresionante. “Con rehabilitación, fueron recuperando capacidades humanas como escoger”, decidir cuándo ducharse o qué ropa ponerse. Les costó abandonar las rutinas de los años intramuros o asumir que podían atesorar pertenencias, comer a placer. Al principio, los terapeutas creyeron que algunos eran mudos porque llevaban 50 años sin pronunciar una palabra —”quizá para protegerse”, aventura Vidal— hasta que un día recuperaron el habla.

Vista aérea del antiguo manicomio Colonia de Barbácena, convertido tras el cierre en el Museo de la Locura y un hospital.FLÁVIO TAVARES

Mediante programas financiados por la sanidad pública, dejaron atrás una vida en psiquiátricos inhumanos para disfrutar juntos y con dignidad de la vejez. Existen legalmente, reciben una pensión. El proceso para vaciar los hospitales prosigue. Los 85 pacientes crónicos que siguen ingresados serán repartidos por municipios vecinos ante la saturación de Barbacena.

Cuando Geralda era una quinceañera que protestaba desconsolada porque le habían robado su bebé, fue tratada con electrochoque. “Llorar y protestar no te servirá de nada, no lo vas a volver a ver”, le advirtieron entonces. El bombero Siqueira, que le ha dado dos nietos, se alegra de que ella no sufra heridas más profundas: “Dios fue generoso con mi madre, que es una mujer simple, porque si fuera consciente de la violencia que sufrió se habría vuelto loca”.

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  • 21.31.-Presidente Duque viajará con parte de su gabinete a Corea del Sur MAURICIO ALVARADO
  • Bolsonaro y la ingobernabilidad de Brasil  EMIR SADER
Fuentes: Rebelión [Imagen: Jair bolsonaro junto al ministro de Economía Paulo Guedes. Créditos: Alan Santos/PR. Fotos Públicas]

En este artículo el autor analiza la convocatoria de una manifestación para el 7 de septiembre en el contexto de la deriva golpista de Jair Bolsonaro.

28 ago 2021.-El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se subió a la ola antipolítica, generada en las manifestaciones de 2013 y reforzada en 2016, para aprovechar su situación de outsider de la política tradicional y convertirse en el supuesto líder de la antipolítica. Esta característica lo acompaña siempre, convirtiéndose, sin embargo, en un obstáculo para que gobierne.

Por su personalidad, Bolsonaro ya no se adapta a las necesidades de la política de agregación de personas, de unión de personas y fuerzas políticas. Tiende a exacerbar las diferencias y los conflictos, lo que justifica como algo espontáneo, que gusta a la gente, lo que sería una forma intolerante hacia los demás. Pero el resultado de ello es la absoluta incapacidad para construir un bloque de fuerzas políticas y un conjunto de personas para gobernar ­colectivamente.

Por esta característica, Bolsonaro revela una incapacidad para gobernar. No logra establecer buenas relaciones con el Congreso, el Poder Judicial, los medios de comunicación y menos aún con la oposición. No muestra capacidad para escuchar posiciones que no coincidan estrictamente con la suya, y menos para tenerlas en cuenta.

A esto se suma una política económica de desmantelamiento del Estado, que incluye el recorte radical de recursos para políticas sociales, que benefició a la gran mayoría de la población. Promueve el desmantelamiento del Estado, con la privatización de empresas públicas que, como Petrobras, tenían políticas que beneficiaban al país y a los consumidores.

Más recientemente, Bolsonaro desarrolló un discurso según el cual no puede gobernar porque se vería obstaculizado por una guerra real que el Poder Judicial libraría contra él. Esta ofensiva en realidad consiste en una definición clara de la separación de poderes, estableciendo lo que el Ejecutivo puede y no puede hacer.

Además, recientes decisiones del Poder Judicial abren procesos e incluso ordenan detenciones de personas que predican abiertamente un golpe de Estado, que incluyen el cierre violento de la Corte Suprema, la invasión de la embajada china y un golpe de Estado para el 7 de septiembre.

Además, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) comenzó a exigir a Bolsonaro declaraciones que no descalifiquen los resultados electorales de los pasados comicios y los resultados del próximo proceso, en que pretende postularse. Está claro que se trata de la búsqueda, al estilo del estadunidense Donald Trump, de cuestionar el resultado y tratar de evitar la toma de posesión del oponente, en este caso Lula, un favorito cada vez más amplio para triunfar incluso en la primera vuelta, en la presidencial de 2022.

Bolsonaro reaccionó con declaraciones agresivas contra los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) y el TSE. Presentó al Senado solicitudes de acusación de dos jueces del STF, así como una solicitud al mismo para que este tribunal ya no tenga la prerrogativa de abrir casos. En este caso, es objeto de cuatro juicios en su contra. Con esta actitud, Bolsonaro aumenta aún más sus dificultades para retomar relaciones amistosas con el Poder Judicial. Al mismo tiempo, también dificulta la aprobación por el Congreso de sus propuestas, como la aprobación de un nuevo miembro para el STF –evangélico que, según él, introduciría la oración en el tribunal– así como la elección de un segundo mandato de la Procuraduría General de la República, que demuestra absoluta lealtad personal al presidente y ningún grado de independencia y ­autonomía.

En un momento en que, en las urnas, Lula aumenta su ventaja sobre Bolsonaro, el expresidente recorre el país para restablecer el bloque de alianzas con las que puede gobernar, demostrando, de forma radicalmente contraria a Bolsonario, capacidad política para unir, para dialogar, para establecer puentes con todos los sectores que, en un grado u otro, son o pueden llegar a oponerse a Bolsonaro.

Bolsonaro parece entrar en un proceso de autocombustión muy peligroso. Incluso su política económica, que producía deleite de la gran comunidad empresarial, encuentra dificultades, con amenazas de no respetar el techo de gasto –tan caro a los neoliberales– para erogar recursos en políticas que puedan recuperar su decreciente apoyo en las encuestas.

La promesa de la manifestación para el 7 de septiembre, la más grande jamás realizada en Brasil, con un ataque a la embajada china y al STF, es un desafío definitivo de hasta dónde pueden llegar los bolsonaristas. Tanto en la capacidad de movilizar a tanta gente en Sao Paulo y Brasilia, como en llevar a los militares a esta aventura y lograr el golpe anunciado.

El país ya no puede soportar vivir bajo amenazas y bravuconadas de uun presidente que no tiene la capacidad para materializarlas. Al mismo tiempo, mientras amenaza y luego retrocede, Bolsonaro mantiene la guerra contra el Poder Judicial, el Congreso y los medios de comunicación. Permanece en el gobierno, por las concesiones que hace a fuerzas que lo apoyan en el Congreso, pero sin capacidad para gobernar, condenando al país a un letargo y un hundimiento en la crisis económica y social que, según Lula, Brasil necesitará dos o tres años para superarla.

https://rebelion.org/bolsonaro-y-la-ingobernabilidad-de-brasil/

21.31.-Presidente Duque viajará con parte de su gabinete a Corea del Sur MAURICIO ALVARADO 

La visita del primer mandatario estará acompañada del embajador ante el gobierno coreano, la jefa de gabinete, seis ministros, un viceministro y otros funcionarios. 

El presidente Iván Duque hará una visita de Estado de menos de una semana a Corea del Sur. Su comitiva estará conformada por varios ministros de su gabinete. 

Poco a poco, se están reanudando las visitas de Estado, que se habían suspendido tras el anuncio del comienzo de la pandemia del COVID-19. Como parte de la agenda internacional del presidente Iván Duque, la próxima semana estará llevando a cabo una visita de Estado a Corea del Sur. Este viaje oficial contará con la compañía de buena parte del gabinete, lo que deja entrever la importancia de la visita diplomática.

22 AGO 2021.- Según el primer mandatario, la visita, que comienza este martes y va hasta el viernes, se centrará en temas de reactivación económica y vacunación contra el COVID-19. Es preciso recordar que Corea del Sur es uno de los grandes aliados de Colombia en Asia. Esto debido en gran manera a la asistencia militar que brindó Colombia en la guerra de Corea, ocurrida hace más de 70 años.

En su visita de Estado, el presidente tendrá encuentros con el presidente Moon Jae-in, el alcalde de Seúl, Oh Se-hoon y varios empresarios y representantes de varios sectores. En estos encuentros se celebrarán varios acuerdos y memorandos de entendimiento en diferentes temas, es por eso que el presidente colombiano contará con una amplia comitiva, una de las más grandes de su gobierno, incluso antes del comienzo de la pandemia.

Puede ver: Iván Duque hace un balance de su gobierno: “Quiero que mi legado sea la equidad”

Los acuerdos de cooperación serán en temas de salud, sobre todo el desarrollo de la vacunas; entendimiento y coordinación en temas de emprendimiento; impulso en áreas de tecnología e industrias creativas como películas, juegos, música y e-learning; temas de transición energética a fuentes renovables, que permitan la carbono neutralidad; temas de cooperación ambiental y agrícola.

Otro elemento en la agenda será la celebración de acuerdos de cooperación para la repatriación de cuerpos de militares que murieron en la guerra de Corea. En este conflicto, enmarcado en la Guerra Fría, el país aportó 5.000 militares, de los cuales, según cifras oficiales, 163 murieron, 47 fueron reportados como desaparecidos, 28 fueron prisiones y otros 448 quedaron heridos.

Además de la presencia del presidente Iván Duque, la comitiva presidencial contará con la presencia del embajador de Colombia en Corea; Juan Carlos Caiza; la jefa de gabinete, María Paula Correa; y los ministros de Salud, Fernando Ruiz; Comercio, María Ximena Lombana; Ambiente, Carlos Eduardo Correa; Minas y Energía, Diego Mesa; Agricultura, Rodolfo Zea; Cultura, Angélica Mayolo; el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Echeverry, entre otros funcionarios.

https://www.elespectador.com/politica/presidente-duque-viajara-con-parte-de-su-gabinete-a-corea-del-sur/?cx_testId=28&cx_testV 

  • 21.30.-La debacle venezolana SALOMÓN KALMANOVITZ
  • Chile: salvación en el borde ASCANIO CAVALLO
Yasna Provoste triunfó en las primarias convencionales de la centroizquierda. 

Unidad Constituyente entra tarde a la competencia, entra con una primaria menos espectacular y entra a un espacio programático muy estrecho. Pero ha entrado. En ese limitado sentido, se salvó.

21 ago 2021.- Unidad Constituyente se salvó. Momentáneamente, como todo lo que habita hoy en la política global. Estuvo al borde del precipicio, o del suicidio, con una primaria cuya definición técnica -no convencional- era poca cosa frente a la improvisación, las decisiones de última hora y las dificultades materiales, incluido el invierno.

Algo de eso está implicado en su propio nombre, improvisado para formar una lista en la elección de la Convención Constitucional, pero extendido luego por una combinación de inercia y fuga desde sus nombres anteriores. Unidad Constituyente es la segunda mutación de la Concertación, o, si se prefiere, la tercera identidad de la alianza entre el mundo socialcristiano y el socialdemócrata, aunque ambas parezcan hoy malas palabras.

Se salvó, primero, porque volvió a entrar en el escenario político. Siempre ha estado, pero su potencial división en varias candidaturas presidenciales amenazaba con reducirla a una irrelevancia definitiva. Todavía está pendiente la decisión de Marco Enríquez-Ominami, pero lo cierto es que se ha hecho más difícil después de ayer.

Se salvó también Unidad Constituyente porque, aunque estuvo más cerca del piso que de los sueños, el número de votantes indica que sus militantes siguen allí, fieles a sus capillas, y los circunda una cierta cantidad de simpatizantes, notables por su resiliencia. Las cifras no son comparables con las espectaculares contiendas de la derecha y del Frente Amplio y el PC, pero siempre podrá decir que esas primarias fueron infladas por la polarización. Quizás haber participado en esas primarias y haber obtenido una votación muy baja hubiese sido mucho peor de lo que pasó ayer.

Se salvó por el triunfo de Yasna Provoste, suficientemente holgado para no admitir discusión y a la vez bastante discreto en los números globales como para dar espacio sin humillación al Partido Socialista, al PPD, al PR y al segmento del Frente Amplio que se unió a ellos. Provoste queda impecablemente revestida de legitimidad, algo que no podía darse por cierto hasta la elección de ayer. Y restituye, con la fragilidad que se quiera, la presencia de la DC, aunque será la candidatura con más baja representación en la Convención Constitucional, donde tiene un solo militante.

Y se salvó, al fin, porque adquiere un papel en las presidenciales de noviembre. La irrupción de Provoste vuelve a modificar el cuadro político. Parece probable que Gabriel Boric se sienta empujado a reforzar la identidad de izquierda de su candidatura, dando un nuevo giro a lo que ha sido su estrategia hasta ahora. Algo similar puede ocurrirle a Sichel hacia la derecha. Serían tentaciones comprensibles en una campaña extremadamente corta, donde hay demasiado poco tiempo para ensayo y error.

La primaria de Unidad Constituyente repone la disputa por los grupos moderados, que parecían haber sido desplazados por la elección constitucional (aunque no por las otras). La primera tarea de Provoste será contener la fuga de votos del “centro y la izquierda”, como dijo Paula Narváez, por los dos flancos. La cuestión del “centro y la izquierda” versus la “centroizquierda” tiene alcances ideológicos e históricos muy amplios, y una cierta coincidencia (¿o relación?) con el instante intelectual en que la ex Concertación empezó a dispersar la fuerza gravitacional que por más de dos décadas la sostuvo en la mayoría. Pero esa es otra historia.

La segunda tarea de Provoste tendría que ser la de recuperar a los electores que ya pueden haber migrado hacia Boric o Sichel a partir del cuadro bastante más radicalizado de julio pasado. Aunque todavía no es posible un análisis detallado de los votos de esas primarias, es razonable suponer que hubo allí una participación agregada que se derivaba precisamente de las polaridades que se presentaban en ellas. Un cierto volumen de esos votos podría regresar hacia lo que hoy se parece más a un centro político en el nuevo esquema del país.

Visto en retrospectiva, el proceso político parece estar atravesando por un período de ajuste respecto de lo que se configuró en mayo. El primer momento fue el de las primarias legales, donde el triunfo de Boric y Sichel ya activó un efecto de despolarización, dejando fuera a los candidatos de posiciones o trayectorias más radicales. El segundo es el que ocurrió ayer.

Por cierto, esto no ha conjurado del todo el peligro más relevante para la coalición, que es el de no pasar a la segunda vuelta en las presidenciales. La modalidad electoral chilena permite que esto no afecte a los parlamentarios, cuyas elecciones no dependen de resolver esa incógnita, pero sí dependen de tener una candidatura presidencial. La lucha por la distribución de las candidaturas al Congreso comenzó oficialmente anoche y tendrá que resolverse en el tiempo récord de 48 horas.

Unidad Constituyente entra tarde a la competencia, entra con una primaria menos espectacular y entra a un espacio programático muy estrecho. Pero ha entrado.

En ese limitado sentido, se salvó.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-salvacion-en-el-borde/3FC4Z7GJS5FCXJACIENCKDRRU4/

21.30.-La debacle venezolana SALOMÓN KALMANOVITZ

Es difícil medir el daño que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han infligido a la población y a la economía de Venezuela. Hace una década el país vecino extraía 3,5 millones de barriles de petróleo diarios, mientras hoy solo extrae 340.000 barriles, según la OPEP, aunque posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.

15 ago 2021.- El mismo Maduro lo admitió en sus no sabias palabras: “Pasamos de tener más de 50.000 millones de dólares (56.609 millones) en 2013 a disponer de apenas 743 millones en el año 2020”, ante la Asamblea Nacional de contundente mayoría oficialista, según un despacho de la Deutsche Welle.

El colapso de la producción petrolera, multiplicado por la enorme incompetencia del régimen, hundió al país en la mayor contracción que ha experimentado en toda su historia y quizás en una de las mayores de todos los países. La política de Donald Trump agravó la situación al penalizar a numerosas empresas extranjeras del sector petrolero, tenedores de bonos, inversionistas e industrias, lo que empeoró la aguda crisis venezolana.

La pandemia de COVID-19 se propagó como fuego ante la impotencia de un gobierno debilitado y corrupto. Hoy la economía venezolana no llega al 10 % de lo que era hace ocho años, como resultado de una crisis causada ante todo por las acciones erráticas del chavismo y en particular de Nicolás Maduro. En consecuencia, la pobreza pasó del 33 % de los hogares en 2015 al 96 % en 2021, de los cuales el 64 % vive en pobreza extrema, según un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello.

¿Cómo pudo una pequeña camarilla incrustada en el Ejército conducir a ese rico país a la devastación de su producción, a la fuga de sus capitales y la liquidación de su industria, a la emigración de sus ingenieros y técnicos, y robar los empleos e ingresos de los 5,4 millones de personas que votaron con los pies?

La debacle comenzó con la elección de Hugo Chávez a la Presidencia en 1999. Eliminó progresivamente la oposición de los grandes sindicatos y de todo el empresariado nacional y extranjero. El Ejército era la base del partido de gobierno, que monopolizó el poder político y al que muy pocos osaban oponerse, no obstante que la oposición venezolana no es ejemplo de disciplina política.

Un gobierno sin bridas procedió a actuar de manera irracional y despótica en todos los frentes de la vida social y llevó al país al despeñadero. El Partido Socialista de Venezuela (PSV) reclutó miles de personas sin formación y sin ningún mérito, aparte de una irrestricta lealtad a sus jefes, para que ocuparan los cargos vacantes de quienes fueron destituidos por no ser afines al socialismo analfabeto. Los nuevos líderes dieron ejemplo de la corrupción que se apoderó de todas las esferas de la sociedad venezolana, desde el sector petrolero hasta los servicios públicos. La industria y el comercio fueron asfixiados por la pésima administración o el robo abrumador de sus recursos perpetrado por funcionarios del régimen.

La política fiscal fue demasiado expansiva y provocó una de las hiperinflaciones más altas del mundo: en 2017 registró una variación del 1.370 % que en 2020 llegó al 2.960 % y alcanzó el 9.600 % en el primer semestre de 2021, obligando a dolarizar la empobrecida economía. El otrora país más rico de América Latina hoy tiene un PIB por habitante de US$1.542, apenas US$300 mayor que el de Haití.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/la-debacle-venezolana/

  • 21.29.-El peligro de Pedro Castillo para la izquierda colombianaSANTIAGO VILLA
  • El empresariado peruano ante el triunfo de Pedro Castillo JORGE AYALA, PABLO TORO
  • Chile: Efecto enjambre ASCANIO CAVALLO

Las macizas primarias que definieron a los candidatos de la derecha y la izquierda tuvieron un efecto de nocáut sobre el resto del espectro. En la derecha ha sido menos notorio sólo porque la candidatura exógena de José Antonio Kast, cada vez más alejado de Chile, Vamos, se daba por descontada.

Este es el momento de mayor desorden en la política chilena en el último medio siglo. 

Sin entender la palabra “desorden” en su dimensión valorativa, sino sólo como un término casi técnico, que describe las enormes dificultades de los que están en la política para establecer una disciplina colectiva y para defender ideas de grupo, no solamente como respuesta a las pulsiones de algunos individuos sobresalientes.

14 ago 2021.- Por supuesto, en el mismo contexto, los sobresalientes son los más que se exhiben, lo que no siempre coincide con los que más trabajan o influyen.

Una razón, acaso accidental, es la simultaneidad de los torneos electorales y la diversidad de planos en que se mueven. Pero si no se cree en los accidentes, sino en los procesos -una forma de determinismo que suele integrar ex post los fenómenos anteriores-, entonces lo que estos torneos están haciendo es redefinir en todos los niveles la armazón política del país. En este caso el desorden es el anuncio de un orden nuevo, la política como geología en constante destrucción y creación o, en palabras más caras a Marx, la historia como una partera incesante.

La competencia más visible, la presidencial, está afectando directamente el comportamiento del Congreso, cuyos miembros también corren para mantener sus asientos. Y ambas afectan y se dejan afectar por las contracciones de la Convención Constitucional.

Las macizas primarias que definieron a los candidatos de la derecha y la izquierda tuvieron un efecto de nocáut sobre el resto del espectro. En la derecha ha sido menos notorio sólo porque la candidatura exógena de José Antonio Kast, cada vez más alejado de Chile Vamos, se daba por descontada.

En la izquierda, en cambio, se abrió una intensa competencia por debilitar a Gabriel Boric, tanto desde el sector derrotado del PC como de la izquierda radicalizada, cuya representación se ha tomado la Lista del Pueblo, por ahora existente sólo en la Convención. Esta Lista -o una fracción de ella- levantó como candidato al exdirigente sindical Cristián Cuevas, que en cosa de horas fue defenestrado por otro sector que escogerá a su candidato a través de un sistema de patrocinios no sujeto a las leyes de transparencia que obligan a los partidos políticos. Esto es parte de su identidad: un ambiente ideológico donde la palabra “partido” suele usarse como un anatema.

Hasta ahora parece que los grupos a la izquierda de Boric terminarán llevando más de una candidatura, con la alta probabilidad de dispersar más que concentrar votos. Aunque fue Lenin quien escribió que “el izquierdismo es la enfermedad infantil del comunismo”, hay una parte del PC que siente que su fidelidad revolucionaria le exige no alejarse de la Lista del Pueblo y no acercarse tanto a Boric. Esta contradicción llegará, probablemente, hasta el día de las urnas, a pesar de que este fin de semana el PC ha estado definiendo si mantendrá lo sustantivo de su alianza con el Frente Amplio o si optará por un juego más flexible.

Unidad Constituyente presenta un espectáculo parecido. En torno a Paula Narváez se han hecho públicas las disputas por la hegemonía del comando -el PS versus el PPD, en lo grueso- y en la DC se ha desplegado un paroxismo de amenazas disciplinarias para quienes puedan aparecer contrariando el esfuerzo de Yasna Provoste por moverse hacia la izquierda. En la DC hay más llagas abiertas, por el alejamiento de casi toda la dirigencia histórica y por el hecho de que la candidata escogida por elección interna fue despojada mediante un acto directivo. El candidato radical, Carlos Maldonado, parece apostar a la anulación mutua de esas candidaturas y a los cupos que el PR negociará para el Congreso.

A menos de 10 días de la fecha final para inscribir las candidaturas, las primarias no convencionales de la Lista del Pueblo y de Unidad Constituyente tienen mínimas posibilidades de empatar el impacto de las primarias en que triunfaron Sichel y Boric. Parten con dos hándicaps: la contundencia y el alineamiento.

Han empezado a aparecer también esas figuras para las cuales la ocasión reside en el río revuelto. En forma sorpresiva, el propietario del Partido de la Gente, el excandidato Franco Parisi, ha sido desafiado por un discípulo más atrevido, Gino Lorenzini, que funda su popularidad en Felices y Forrados, la empresa emblema del cazafortunismo¿Hay espacio para los dos? Por supuesto. La gracia de la primera vuelta presidencial es que tiene espacio para todos. En eso consiste la república: cualquiera puede aspirar al primer sillón.

Si la situación se congelara aquí, habría ya un repertorio abundante de candidaturas: Kast y Sichel, en la derecha; Boric, Cuevas y una más en la izquierda; otra de Unidad Constituyente, y una (o dos) del Partido de la Gente. Siete u ocho. Y quizás faltan algunos.

La figura que resulte elegida en diciembre -dando por cierta una segunda vuelta- tendrá que vérselas con la Convención, que para entonces estará en su sexto mes, la mitad exacta del período máximo que le confiere su mandato.

Es imposible prever en qué estará para entonces la Convención, tal como ha sido imposible prever su situación actual. Los estudiosos observan que hay movimientos dentro de las tendencias representadas, que se expresan en sus votos; la conclusión principal es que los alineamientos son imperfectos y volátiles. Pero por ahora lo más notorio ha sido el esfuerzo incesante por desbordar las reglas que fijó el acuerdo de noviembre del 2019: los convencionales se duplicaron las asignaciones, mantienen un debate sobre la regla de dos tercios, algunos buscan objetar el plebiscito de salida y una comisión ha aprobado la eliminación del concepto de república. Así las cosas, no parece imposible que la Convención quiera modificar también su plazo de funcionamiento.

En otras palabras: si el estado de desorden supone la generación de un nuevo orden (una reciente película mexicana lleva ese título, Nuevo orden, traduciendo la globalidad del fenómeno), parece que se producirá mediante nuevas sacudidas estructurales del sistema político. El inicio de un enjambre sísmico.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-enjambres/ANYXOOTFDNBGJBRS7YBWIYCTNY/ 

21.29.-El peligro de Pedro Castillo para la izquierda colombianaSANTIAGO VILLA

Para la izquierda colombiana quizás habría sido más favorable una victoria de Keiko Fujimori en Perú, que de Pedro Castillo. Perú es el país más parecido a Colombia en América Latina. Tienen casi la misma población, PIB e ingreso per cápita, aunque los índices de pobreza y violencia de Colombia son considerablemente más altos, en especial a un año y medio de iniciada la pandemia. El desarrollo de la pandemia de COVID-19 en ambos países, por demás, fue más o menos parecido, así como sus devastadores efectos sobre la salud de la población y las economías nacionales.

5 ago 2021.- Perú ha sido una suerte de universo paralelo de Colombia desde los años 90. Tuvieron una oleada terrorista que motivó la llegada al poder de un caudillo que mezclaba el neoliberalismo económico con la ultraderecha antidemocrática, y una arrolladora popularidad electoral. Alberto Fujimori y Álvaro Uribe se rodearon de asesores y funcionarios corruptos, y durante sus respectivas presidencias las fuerzas de seguridad del Estado cometieron los peores actos de barbarie en la historia de ambos países. A pesar del largo prontuario de violaciones de derechos humanos que dejaron sus presidencias, una porción nada despreciable del público les percibe como los dirigentes que le devolvieron la seguridad a estos países, por lo que sus proyectos políticos de extrema derecha gozan de una contundente vigencia.

Otras similitudes: las exportaciones de ambos países son en una tercera parte, aproximadamente, minería o petróleo (son economías extractivistas); y de una u otra manera, la izquierda de ambos países considera que este modelo tal y como opera no es adecuado. Piensan cambiar aspectos estructurales del mismo, pero no tienen claro qué ni cómo.

En Perú, Castillo ha ganado la Presidencia, y los peruanos no solo desconocen cuál será el futuro de su economía extractivista, sino cómo será el gobierno del nuevo presidente, o incluso cuál es su programa.

En la primera semana de gobierno de Castillo, los mercados han reaccionado negativamente a la incertidumbre y a los nombramientos de un gabinete que se aleja de un gobierno de unidad entre partidos de oposición al fujimorismo, y es más cercano a la línea extrema de Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre, que se halla preso por un escándalo de corrupción cuando era gobernador de Junín, y que para muchos observadores es el poder detrás del trono en Perú.

Castillo, que dejó de dar entrevistas durante su campaña porque ponían en evidencia su incapacidad para asumir la Presidencia y su ignorancia en los temas de administración del Estado, ganó esencialmente porque su contendora era Keiko Fujimori, la hija del ex dictador, que también entra y sale de la cárcel desde hace algunos años.

Es decir, la victoria se la dieron a Castillo quienes votaron contra Keiko, la opción de la ultraderecha. Esta fue la motivación de muchos colombianos que votaron por Gustavo Petro en 2016. No simpatizaban con Petro, pero les era una opción menos negativa que Iván Duque, el candidato de Uribe. Será también la motivación de muchos, si Petro pasa a la segunda vuelta contra el candidato de Uribe en 2022, que seguramente ganará en primera vuelta, porque así ha sido la fuerza electoral del uribismo desde hace 20 años.

El desempeño de la izquierda en Perú durante los próximos ocho meses influirá en la votación de los indecisos en Colombia, o quienes se identifican más con el centro. La presidencia de Castillo, por su nula preparación, por estar siguiendo la asesoría de Cerrón más que construyendo una coalición de gobierno de varios partidos, y por su falta de dirección y planes de gobierno, es un fracaso anunciado que afectará, por efecto de asociación, la credibilidad de la izquierda colombiana.

La asociación, que se hará, sin embargo, será también injusta. Gustavo Petro no es Pedro Castillo. Petro tiene décadas de trabajo parlamentario, experiencia como alcalde de Bogotá y no sigue instrucciones de nadie. Es un líder que se hizo a sí mismo.

Pero Castillo afectará Petro, y si el nuevo presidente de Perú lo hace estrepitosamente mal, será un factor decisivo, que podría costarle la candidatura a la izquierda colombiana en el 2022.

www.elespectador.com/opinion/columnistas/santiago-villa/el-peligro-de-pedro-castillo-para-la-izquierda-colombiana/

21.29.-El empresariado peruano ante el triunfo de Pedro Castillo JORGE AYALA, PABLO TORO

Los grandes grupos de poder económico en Perú han optado por apoyar abiertamente la candidatura de Keiko Fujimori. Y por si fuera poco, desarrollaron su propia campaña independiente, «contra el comunismo», con grandes inversiones publicitarias.

27 jul 2021.- En el Perú aún no se ha decidido la contienda electoral. Se mantiene el país en vilo ante la situación institucional, en donde se debe resolver si Pedro Castillo puede o no asumir el gobierno. Para el sociólogo Francisco Durand es indudable que los grupos hegemónicos de la economía peruana están involucrados en la situación actual y que han sido parte de la campaña para frenar a Castillo. Es por eso que conversamos con él para conversar sobre cómo están actuando los grupos empresariales ante el tenso escenario que vive Perú.

Francisco Durand es sociólogo y académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha trabajado en sus investigaciones la idea de la captura del Estado por parte de grupos económicos tanto en Perú, como en América Latina.

JA y PT

¿Qué es lo que está ocurriendo en la disputa electoral entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo?

FD

Pienso que ya está definida la victoria por un pequeño margen, del profesor Pedro Castillo. Pese a los intentemos de Fujimori de denunciar un supuesto fraude y de otros intentos del resto de la derecha, que incluye a la derecha social, militar, religiosa y económica. También ha habido intentos sino de organizar un golpe de Estado, sí algún tipo de intervención para crear una especie de paréntesis que impida la victoria de Castillo, parecido a lo de Bolivia cuando se cuestionaron los resultados.

Esa situación curiosa de prolongación del conflicto electoral, de plantear la duda sobre cómo se registraron los votos ha sido superada. Hoy en día podemos decir que queda revisar algunas actas por parte del Jurado Nacional de Elecciones, que es el organismo encargado de supervisar la elección, y muy pronto se dará a conocer el resultado, eligiendo a Pedro Castillo como presidente.

JA y PT

Ya han pasado casi treinta años de la Constitución de Fujimori de 1992 ¿Cómo analiza la posibilidad de cambio o continuidad? ¿Y cómo ve el escenario económico del país?

FD

En cierto modo Chile y Perú se parecen en este período, porque Alberto Fujimori ha sido nuestro Pinochet. Cambió la Constitución y luego tuvo que irse en un proceso de democratización pactado que no alteró el modelo económico.

Hemos llegado a un punto en el cual se cuestiona la Constitución, este cuestionamiento ocurre en un momento en que la economía pasa por una serie de problemas, y junto con eso se altera la correlación de fuerzas, surgen nuevos partidos y nuevas figuras y hay fuertes cambios en la opinión pública.

Estamos una ralentización económica desde 2014, a ello se ha sumado el efecto del Lavo Jato, que paralizó grandes obras de construcción, acentuando la tendencia declinante.  Después nos llegó la pandemia de una manera bastante brutal, que ha resentido el aparato económico.

Somos un país mayormente extractivista, aunque tenemos una canasta diversificada de productos de exportación: varios tipos de mineral, exportamos gas, tenemos exportación agrícola y maderera, que hacen del Perú un caso menos dependiente de un solo producto, pero seguimos siendo dependientes de lo que sucede con las materias primas.

Ahora estamos en una situación en la que recién se puede ver la luz del túnel, con la vacunación masiva que está en curso. Por lo tanto, va a haber un rebote, desde el punto bajo en el que estamos, y al mismo tiempo hay muchas expectativas por un nuevo súper ciclo de commodities. El desarrollo de nuevas tecnologías va a producir alta demanda de cobre -principal producto de exportación de Perú- y de otros minerales como hierro y, tal vez, litio. Hay, por tanto, una buena perspectiva de precios internacionales, de algún modo aparecen luces un poco más intensas que indicarían que  el ciclo económico es más positivo de lo que fue hace dos o tres años.

JA y PT

Desde un punto de vista social, ¿cuáles son las consecuencias territoriales y económicas de que Perú se base en un modelo de tipo exportador?

FD

Pienso que lo que se ha llamado segundo extractivismo, que es lo que vive el Perú, es mucho más fuerte que el anterior. Éste implica centros extractivos en una serie de productos, unos nuevos y otros viejos. Ejemplo de un producto viejo es el petróleo -que teníamos poco- pero lo producíamos, y nuevo sería la explotación de gas. Esto sucede también en productos agricolas, como el azúcar, que tiene una trayectoria sostenida en el tiempo. Un nuevo producto sería la uva, que hace que empresas chilenas estén entrando al Perú, ya que aquí hay ventajas climáticas.

Pero también hay exportación de otro tipo de productos. Perú es el segundo productor mundial de cocaína y pasta base. Antes solo se producía coca y pasta base, pero hoy la exportación de cocaína alcanza alto nivel. La minería ilegal es un gran problema, ejemplo claro de eso es la zona de Madre de Dios que limita con Brasil y Bolivia.

En fin, es una situación bastante compleja, que nos hace pensar en un efecto muy diferenciado en los distintos centros extractivos, los cuales tienen un efecto enorme en la reorganización de la economía en torno a esas bases primarias exportadoras.

JA y PT

¿Cuál es la actuación del gran empresariado peruano ante la coyuntura actual?

FD

Han optado por apoyar a los partidos de derecha y oponerse a abiertamente a los partidos de izquierda. En cierta forma contribuyeron a la polarización desde la primera vuelta, dieron apoyo financiero y tuvieron interés en los partidos de centro. El centro se ha ido achicando desde el inicio de la contienda electoral, y de esa manera hemos llegado a una segunda vuelta muy polarizada.

A partir de la segunda vuelta, me parece que la mayoría de los grandes grupos de poder económico nacionales han optado por apoyar abiertamente la candidatura de Keiko Fujimori, pero también han desarrollado su propia campaña, independientemente de ella, una campaña contra el comunismo, con grandes inversiones publicitarias en todos los medios posibles, televisión, escritos, la internet, letreros luminosos muy caros que se han puesto en Lima para tratar de asustar a la gente, sobre todo de clase media, y buscando alterar la correlación de fuerzas a favor de Fujimori. Lo que casi lograron, pero no lo suficiente para conseguir la una victoria.

Me parece que otros grupos de poder, sobre todo los que son más transnacionalizados, por ejemplo las AFP, que son básicamente un capital internacional, y también las grandes multinacionales, que son muy fuerte en el sector minero, tomaron una actividad más prudente, de un “esperar y ver”. Las empresas chinas por ejemplo, no se han manifestado ni han participado, que se sepa, activamente en la campaña. Hay que tener presente que las empresas chinas son ahora el principal inversionista de la economía peruana. El principal productor de cobre, con tres grandes yacimientos, y en hierro también son importantes. Hay mucho comercio con el país asiático, a lo que se suma la construcción del megapuerto en Chancay, que está a cargo de ellos. Dada la naturaleza de las empresas chinas, que son estatales, han tomado una actitud más prudente.

En los sectores de capital mediano y los sectores emergentes se nota una actitud más neutral, más expectante respecto a Castillo, no se han volcado masivamente hacia Fujimori. Y los sectores pequeños y mediana empresa, por su origen provinciano, popular, que es lo que Castillo ha logrado articular tan efectivamente, tienden a apoyar en buena medida la candidatura del profesor. Los comportamientos han sido diferenciados en los distintos grupos económicos que habitan en el Perú.

Quienes han estado realmente preocupados han sido los grandes grupos del poder económico, junto  con la derecha militar, la derecha religiosa, la derecha cultural, para poner en esa categoría a Mario Vargas Llosa y compañía, que intentaron formar un bloque. Pero  ese bloque ha fracasado en derrotar a Castillo, y ahora ya se va achicando.

JA y PT

Respecto a Pedro Castillo y su posible gobierno, ¿hacia dónde se orienta su programa económico? ¿Cómo interpreta que Castillo haya anunciado su intención que el presidente del Banco Central del Perú, Julio Velarde, siga en su cargo?

FD

Ante la campaña anticomunista de miedo y de los intentos de apoyar a Keiko, incluso después de la elección, por parte de la derecha y de un sector del gran empresariado peruano, el profesor Castillo parece intentar tratar de contener esa ofensiva moviéndose hacia la centroizquierda, que se expresa en la alianza con  Verónika Mendoza y el grupo que ella representa (Juntos por el Perú), que además tienen la ventaja de ser una izquierda más profesional, más vinculada al mundo académico, de las oenegés, a diferencia de Castillo que es más popular y provinciano.

Verónika Mendoza tenía no solo votos que aportar, sino que tenía buenos técnicos capaces de manejar ministerios y rediseñar el programa económico de Castillo. Aliarse con Mendoza ha moderado su programa, y Castillo empieza a tomar perfiles más claros, comienza a tomar decisiones importantes de quiénes estarían a cargo de la política económica. No le ha costado distanciarse, sin romper, con el jefe de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

En ese contexto era muy importante reducir el impacto del sabotaje económico en curso, resultado de la campaña del miedo, que llevó a la fuga de capitales y puso presión sobre el mercado cambiario, elevándose el precio de la moneda nacional. El anuncio hecho por Pedro Francke, que es su principal asesor económico, significó decir: “en el campo monetario no tenemos problemas con la política que ha tomado el señor Julio Velarde. Ha sido una política prudente, ha permitido moderar el alza del dólar, y le ofrecemos continuar”. Eso ha tranquilizado los mercados, dando una ventaja política inmediata de corto plazo, lo que ha generado ciertamente un debate al interior de la izquierda, sobre si no se estaría pasando, no ya hacia el centro, sino a la derecha. Yo pienso que eso no se puede afirmar de esa manera, en la medida que va a depender de la decisión final que tomé, pero por lo menos el equipo que ahora tiene es firme en una serie de campos como en Salud, Justicia, Economía y Finanzas y Minería y Energía.

Entonces, si Velarde quiere continuar por algunos meses -que es el resultado más probable-, no tiene importancia; el rector de la economía en Perú es el Ministerio de Economía y Finanzas. De esa manera ha frenado los problemas económicos generados, ha dado un poco más de espacio y generado tranquilidad, y vamos a ver cómo este clima genera las decisiones finales de cambio de gobierno.

JA y PT

En un probable gobierno de Pedro Castillo, ¿cuáles deberían ser las medidas más urgentes que debe tomar dentro de sus primeros cien días?

FD

Esto es justamente lo que está en discusión en estos días, y ya se empieza a definir. El gobierno tiene que tomar medidas que fortalezcan sus vínculos con las bases sociales que lo han apoyado durante la campaña. Va a priorizar medidas políticas-económicas que permitan apoyar y reactivar las pequeñas y medianas empresas en la ciudad. Perú tiene un sector informal gigante, pero están necesitados de apoyo técnico y crediticio. Proteger también a ciertos sectores del campo que están desprotegidos por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EE. UU., y en determinados casos va a utilizar mecanismos de crédito financieros, para inicialmente apoyar y generar una reactivación de estos sectores.

Al mismo tiempo, yo pienso que en el caso de la minería se va a iniciar un proceso de cambios de políticas tributarias vinculadas a la sobreganancias que está generando la minería, y de esa manera captar más recursos para apoyar políticas redistributivas.

En el campo de la pandemia tiene una buena cabeza, una buena conducción. Yo creo que ahí va a haber una inversión pública fuerte, lo que se va a manifestar en programas específicos para crear una mejor Salud pública, lo mismo en Educación, además de asignar mayores recursos de presupuesto para esas dos áreas.

Probablemente va a anunciar un Ministerio de Ciencias y Tecnologías, que es una propuesta muy popular y que cuenta con el apoyo de importantes miembros de la comunidad científica, que es pequeña pero muy activa, y que ven en este gobierno una oportunidad para conectar la ciencia y la tecnología con la educación y el mundo productivo.

Me parece que por ahí van los primeros cien días de Pedro Castillo, que tal vez no vayan a ser cien, sino sesenta.  La oposición de los medios y el Congreso va a ser muy fuerte, pero al menos va a tener la oportunidad de decir: “esto es lo que yo quiero hacer y lo que define la orientación de mi gobierno”. Eso sí, no creo que pueda plantear al comienzo, a menos que solo sea declarativo, el cambio constitucional.

JA y PT

Lo que se percibe desde fuera es que Perú es un país que se ha ido polarizando en esta contienda electoral. ¿Cómo actuará el gran empresariado una vez asuma el nuevo gobierno?

FD

Habiendo sido derrotada Keiko Fujimori, y teniendo un resultado no esperado, menor a lo que ellos habían anticipado con la campaña anticomunista, la primera reacción, con excepción de algunos empresarios que están muy metidos en los medios de comunicación y muy comprometidos con una ideología de derecha, va a ser la de intentar acomodarse al gobierno de Castillo de la mejor manera posible.

Esto va a generar distintos tipos de iniciativas. Una primera es establecer contacto con Castillo y con su equipo, para tantear qué exactamente va a proponer y de acuerdo a eso, ellos irán definiendo una estrategia que, al principio, será de diálogo y de relativa moderación. Pero si en algún momento las medidas de Castillo tocan sus intereses, van a dejar esta prudencia y van a optar por una oposición contundente.

En el caso de la minería, ha habido señales de los empresarios peruanos
(las grandes multinacionales están calladas, esa es la regla en países con fuerte presencia internacional). La cara de los empresarios mineros es Roque Benavides Ganoza, que es uno de los principales productores de oro, plata y otros minerales, y el principal socio de multinacionales, ha salido a decir que no ha habido fraude. Por lo tanto, ha intentado abrir un diálogo, y en ese diálogo intentará colocar a su gente en el Estado con la intención de moderar las posiciones de Castillo. En la medida en que el precio del cobre va subiendo, me parece que no están tan preocupados, por lo que hay espacio para la negociación. Todo depende de lo que decida el gobierno de Castillo en materia de impuestos a las sobreganancias.

Fuente: https://jacobinlat.com/2021/07/18/el-empresariado-peruano-ante-el-triunfo-de-pedro-castillo/  https://rebelion.org/el-empresariado-peruano-ante-el-triunfo-de-pedro-castillo/

21.28.-Chile: lo que sucede en la Convención ASCANIO CAVALLO

La Convención Constitucional cumplió su primer mes, completando 13 sesiones y 115 votaciones. Las encuestas que la han medido muestran que la evaluación pública no es demasiado positiva, pero tampoco demasiado negativa. Parece que está en ese período de “luna de miel”, donde el encantamiento se junta con la expectación. En este estado numinoso y quebradizo, cualquier evaluación parece subjetiva e interesada.

7 ago 2021.- Los pesimistas caen dentro del rango de los que quieren que fracase; los optimistas, dentro de los que quieren un resultado a su medida. Todo el que observa es sospechoso.

Sin embargo, nunca habrá habido más observadores. La Convención es quizás el primer experimento de democracia digital en Chile, la primera institución estudiada y monitoreada desde su nacimiento. Cada voto, cada discurso, cada debate está siendo procesado muchas veces en diferentes programas. En tres meses se sabrá más de los convencionales que de los diputados. El análisis impresionista habrá sido sustituido por la masa de datos.

Las encuestas también anotan que el ánimo prevaleciente en el país es el de incertidumbre. Es probable que los contribuyentes principales sean el estado de la pandemia y las próximas elecciones presidenciales, y sólo secundariamente la Convención. Pero es inocultable que la primera semana de funcionamiento entregó toda clase de señales confusas, que han sido benévolamente interpretadas como un pasaje identitario, lúdico o catártico. Puede ser: en estas lecturas suelen combatir el voluntarismo con el rigorismo.

Lo que no cabe en la benevolencia fue el debate por impedir el acceso de la prensa, una medida que se desplomó por su evidente peso antidemocrático, pero que también mostró que en el vientre de la Convención hay alguna pulsión totalitaria, alimentada por unas misteriosas “expertas en comunicación política”. ¿Será por ellas que aún no se pueden conocer los votos en las comisiones?

Mientras tanto, en las cuatro semanas transcurridas ha bajado una parte de la espuma inicial. La contaminación con el debate de paso, y especialmente esa ansiedad por contrastarse con todos los poderes del Estado, ha cedido paso a una mejor disposición para tomar de sus experiencias lo que es racionalmente conveniente. No es fácil ni necesario inventar la rueda.

La Convención se ha dado el mes de agosto para concluir su reglamento. Este puede ser considerado como el primer compromiso que toma con el país, aunque debería tratarse de una discusión clásicamente burocrática. Se ha convertido en otra cosa debido a las polémicas sobre el origen de la Convención, los límites de su soberanía, su relación con la reforma constitucional que la creó y la interpretación del plebiscito que aprobó su instalación. En el trasfondo, en realidad, está la interpretación sobre la disrupción del 18-O: una revolución inconclusa o un desborde de tensiones subyacentes con el orden político y social (una tercera lectura, la asonada de violentistas, está encapsulada en un sector de la derecha). Pero de esto se desprende que el asunto del reglamento no es tan neutral, puede ser autoritario o democrático, engañoso o transparente, según la visión que se imponga. Para eso falta un mes.

Durante las próximas semanas será inevitable -ya lo está siendo- que este debate y los que vengan caigan bajo el influjo de la campaña presidencial, cuya fuerza gravitacional no tiene comparación en la política chilena. La Lista del Pueblo, por ejemplo, nacida para la Convención, ya se articuló lo suficiente como para levantar un candidato presidencial propio, Cristián Cuevas, con el fin de salir al paso, esencialmente, de Gabriel Boric y el Frente Amplio. La operación es bien obvia, porque Cuevas fue un aliado de Boric hasta fines del 2019.

Precisamente esta nueva división de la izquierda ya se venía perfilando en las votaciones de la Convención, donde la Lista del Pueblo ha ejercido una fuerte atracción sobre el PC y algunos independientes, mientras el Frente Amplio ha tomado distancia para ubicarse como fuerza moderadora, capaz de atraer los votos del PS y de independientes afines. Aquí se ve una acción nacida en la Convención que afecta la contienda presidencial. A la inversa, el anuncio del PC de llevar listas parlamentarias separadas ha impactado en las votaciones del Frente Amplio para la integración de las comisiones. Hay más ejemplos, pero estos dos bastan para apreciar la dinámica que se empieza a producir entre la Convención y las elecciones que vienen.

¿Cómo será esto cuando se inicien las discusiones de fondo sobre la nueva Constitución? Aún no se sabe. El único indicio presente es que la Convención se mueve en tres bloques bastante definidos: un polo de izquierda mayoritario, un polo de derecha minoritario y un grupo numeroso de convencionales que se ubica en el medio, aunque no en el centro político clásico (como la DC o el PR), sino más bien en el Frente Amplio y aláteres. Este grupo tendrá un peso decisivo en las decisiones futuras y su movimiento no es perfectamente predecible. Quizás es un anticipo de que el FA ha sustituido finalmente a la Concertación. Un aviso del triunfo de los hijos sobre los padres.

Todo esto significa que las elecciones de noviembre serán muy distintas de todo cuanto se podía imaginar hasta mayo de este año. Lo que sucede acá resuena en lo que pasa allá. La política chilena ha pasado a ser un laberinto de ecos.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-lo-que-sucede-alla/CG5BAPCBDBC2PMO37MV5A5ZZNM/

  • 21.27.-Perú: Castillo designa como hombre fuerte de su Gobierno a un miembro del ala dura de la izquierda peruana JUAN DIEGO QUESADA
  • Chile: ¡observando al candidato Boric! – ASCANIO CAVALLO
Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad.

No importa cuál sea el número de competidores, todas las elecciones tienen un eje principal. Ese eje, esta vez, es Gabriel Boric.

31 jul 2021.- Las razones son incontables. Una: es el candidato más joven desde la restauración de la democracia. Dos: para muchos fue la sorpresa de la primaria del pacto Apruebo Dignidad, que además fue la sorpresa de la jornada de primarias. Tres: siendo una figura fundacional del Frente Amplio, ha mostrado fortaleza de criterio para moverse en ciertas ocasiones críticas a contracorriente, que es la manera en que la forma se separa del fondo, metafóricamente hablando. Cuatro: ha puesto en movimiento -acaso sin desearlo- la tolerancia del PC y de la ultraizquierda. Quinta: el viernes se convirtió en el primer candidato agredido.

Está claro que entre los comunistas, como en cualquier grupo humano, hay algunos que no saben perder y, en consecuencia, tampoco saben administrar la derrota. Aunque la directiva de Guillermo Teillier va en la dirección contraria, no son pocos los militantes públicos que han exhibido su irritación ante el triunfo excesivo de Boric sobre su contendor. Teillier les ha ofrecido la explicación corta, lo que llama “el anticomunismo”, pero de seguro sabe que eso no es todo. De cualquier modo, si así fuera, quiere decir que el PC seguiría teniendo dificultades para sustentar una candidatura propia o incluso asumir protagonismo en una ajena. Menudo problema.

Pero quizás, más que el disgusto con Boric, lo que está tensando al PC es su grado de proximidad con la Lista del Pueblo, cuyos representantes han expresado de distintas maneras su inconformidad con Boric, el Frente Amplio y cualquier cosa que les suene “amarilla”. Hay que poner representantes entre comillas, porque la Lista del Pueblo también está sometida a tensiones internas y aun no es posible saber si en dos meses más tendrá el mismo número de convencionales. Como quiera que sea, la amenaza de “amarillismo” parece estar más allá de lo soportable para algunos comunistas.

En su trayectoria histórica, el PC nunca tuvo dudas sobre lo que debía hacer con lo que estaba a su izquierda. Seguía en esto también las lecciones de Lenin. Hasta ese giro crucial de comienzos de los 80 que fue su “política militar” y que lo empujó a buscar amplias alianzas no sólo con los grupos ultras, sino también con violentistas de todo tipo. Salir de ese enredo le costó el fraccionamiento del FPMR y un largo ejercicio de disciplinamiento, cuya expresión más redonda fue su ingreso a la Nueva Mayoría de Michelle Bachelet. Entremedio tuvo el derrumbe de la Unión Soviética, que el PC chileno soportó bastante mejor que sus pares de casi todo Occidente.

Ahora el problema es que la Lista del Pueblo no sólo rechaza a Boric, sino que le ha declarado la guerra. Y lo ha hecho con argumentos proporcionados por Jadue, sólo que convertidos en consignas y actos violentos, lo que confirma el valor del buen criterio en el uso de la palabra. ¿Dónde se puede situar el PC en esa disyuntiva? Dentro de muy poco, administrar la ambigüedad no será suficiente.

La línea definitoria pasa por la forma de entender la situación actual, tanto la discusión constitucional como el proceso electoral: ¿Es el producto del 18-O o del plebiscito del 20 de octubre de 2020? Con la primera convicción, el país está viviendo la continuación de la revuelta por otros medios. Con la segunda, está en un proceso institucional que ha canalizado las furias desatadas en octubre. Boric estuvo en lo segundo, a diferencia de sus socios.

Estas interpretaciones divergentes hacen más difícil conciliar no sólo una lista parlamentaria, sino también un proyecto y un programa. Por eso es tan obvio que habrá un esfuerzo por aniquilar la candidatura de Boric, por apretarla desde la izquierda hasta retirarle esa identidad.

Este es un nuevo escenario para las expectativas de Unidad Constituyente, que debe dirimir su participación entre dos candidatas que, como se ha hecho notar, muestran más afinidad que rivalidad con Boric, y un candidato que también debe buscar su espacio. Si la ofensiva destructiva contra Boric tiene éxito, crecerá el ancho electoral de Unidad Constituyente.

Pero como la política es dialéctica, las posibilidades que realmente pueden aumentar ante el zafarrancho de la izquierda son las de Sichel, que hasta este momento está en la mejor posición para expandirse hacia el centro. Las condiciones son dos: 1) que Unidad Constituyente emerja con una candidatura que sea percibida a priori como perdedora, y 2) que Boric siga siendo sometido a una presión agresiva desde su izquierda, sin importar (casi) cómo la maneje.

Sichel tendrá que observar a Boric.

Es lo que ya está haciendo todo el país, midiéndolo, calzándolo, examinándolo y tratando de formarse una imagen -siempre algo verdadero y mayormente falsa- de qué es lo que lleva por dentro.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-boric/ZKCN5DL2R5HBJBCYEAYVAQBLG4/ 

21.27.-Perú: Castillo designa como hombre fuerte de su Gobierno a un miembro del ala dura de la izquierda peruana JUAN DIEGO QUESADA 

El presidente de Perú elige a un político alineado con Cuba que satisface las exigencias de Cerrón, el líder del partido con el que se presentó a las elecciones

El recién investido presidente peruano Pedro Castillo celebra con Guido Bellido luego de elegirlo como primer ministro de su Gobierno, durante una ceremonia simbólica de juramentación este jueves en la Pampa de la Quinua, en Ayucucho (Perú) .STRINGER / EFE 

 29 jul 2021.– El primer pulso entre las facciones radicales y moderadas que rodean a Pedro Castillo tiene un claro ganador. El presidente de Perú ha designado como primer ministro a Guido Bellido, un izquierdista muy cercano a Vladimir Cerrón, el dueño del partido marxista-leninista bajo cuyas siglas se presentó el mandatario a las elecciones. La izquierda moderada y urbana que también apoya a Castillo trató de poner en su lugar a alguien menos dogmático. El discurso de investidura del día anterior, donde se mostró conciliador, hacía pensar que Castillo designaría como hombre fuerte de su Gabinete a alguien con un perfil más moderado. No ha sido así.

Bellido es prácticamente un desconocido. Ha declarado a los medios que no considera que Cuba sea una dictadura ni que Sendero Luminoso merezca el apelativo de terrorista. Apenas tiene experiencia en puestos de responsabilidad ni se le conocen más méritos políticos que puestos de responsabilidad dentro de Perú Libre, el partido con el que se presentó el presidente a las elecciones. Se trata de un perfil muy discreto. Durante la campaña, Bellido se ha opuesto a la izquierda más centrada que representan políticos como Verónika Mendoza o Pedro Francke, dos aliados que moderaron el discurso de Castillo en la segunda vuelta, cuando necesitaba de una mayoría más amplía para asegurarse la victoria. Este grupo, con más contactos en Lima y más experiencia en los círculos de poder, suavizó posturas homófobas y conservadoras en temas sociales con las que había iniciado su andadura política el profesor de escuela. Era claro que tarde o temprano, los de un lado y otro, iban a chocar en aspectos claves.

La discusión sobre el candidato idóneo ha sido larga. En los últimos días sonó el nombre de Roger Nájar, otro político de la máxima confianza de Cerrón. Sus problemas con la justicia por el impago de la pensión de su hija, que tuvo con una adolescente de 14 años cuando él tenía 30, parecen haberle cerrado el paso. Una veintena de mujeres congresistas le mandaron a Castillo una carta en la que le desaconsejaban poner en un puesto tan alto a alguien que no respeta el derecho de los menores. Aun así cundió la sensación de que el presidente optaría por Nájar. Finalmente, sin que nadie lo esperase, el elegido fue Bellido, un mando intermedio de Perú Libre como secretario general en Cusco. Castillo lo nombró en Ayacucho, a donde había ido para celebrar una segunda investidura en el interior del país, esta vez de manera simbólica.

Castillo es un invitado en Perú Libre, un partido regionalista sin fuerza en la capital. Sus miembros consideran que han sido ellos los que han impulsado al profesor de escuela hasta la presidencia. Llegado este momento, exigen sus cuotas de poder. La primera le ha sido concedida. El profesor ha asegurado que él es quien manda en el Gobierno, sin ningún tipo de injerencia, y ha respondido molesto cuando le han sugerido que Cerrón tomará decisiones en la sombra. “No estará ni de portero”, dijo una vez Castillo sobre él. Pero la realidad es que Cerrón, alguien que de vez en cuando habla de sí mismo en tercera persona en Twitter, controla a la mitad de los congresistas elegidos. Castillo debe entenderse con él para asegurar la estabilidad de su bancada.

Revelado el nombre del primer ministro, Castillo dará a conocer esta tarde el nombre de los ministros que integrarán su Gabinete. Parece seguro que en él estará Francke como titular de Economía, un puesto clave, y a quien se le considera un economista sólido que garantiza que el país no se embarque en ninguna aventura exótica. Falta por conocer el resto de ministros. El tira y afloja entre moderados y radicales continúa.

https://www.listinsemanal.com/castillo-designa-como-hombre-fuerte-de-su-gobierno-a-un-miembro-del-ala-dura-de-la-izquierda

  • 21.26.-Las cinco propuestas de Pedro Castillo que asustan a algunos peruanos
  • Pedro Castillo gana oficialmente las elecciones presidenciales en Perú
  • Elementos para impedir la privatizaciónJONATHAN BÁEZ VALENCIA
  • ¿Está en peligro la democracia argentina? SANTIAGO LEIRAS

Argentina vive un proceso de crisis política desde 2008 que ha ido aumentando con el pasar de los años. ¿Está en juego su democracia?

Buenos Aires estará en cuarentena hasta el próximo 2 de agosto. Agencia EFE 

A partir del conflicto del año 2008, comenzó a incrementarse en Argentina la violencia simbólica.

21 jul 2021.- Hubo un retorno de la confrontación que trajo aparejada la emergencia de una serie de expresiones tendientes a la descalificación del adversario y a la exacerbación de divisiones (pre) existentes en la sociedad argentina. Aparecieron términos de dudosa capacidad explicativa, pero de indudable eficacia persuasoria como la categoría de “destituyente” o metáforas como “la grieta” para dar cuenta de conflictos y fracturas que parecían (y algunos parecen) existentes desde tiempos inmemoriales.

La crisis de la democracia a nivel global

Uno de los grandes debates contemporáneos en el ámbito internacional está sin duda relacionado con la crisis de la democracia a nivel global, como así también con el surgimiento de alternativas “iliberales” a la democracia. De esta manera, el hasta hace poco tiempo atrás inevitable y arrollador avance de la democracia liberal a escala mundial se ha visto desafiado por nuevas alternativas competitivas durante las primeras décadas del siglo XXI.

No estaríamos aquí en presencia de un desenlace resultado del “Backslading” o la “Regresión democrática”, tampoco del clásico “Breakdown” o “Quiebre” de las democracias resultado de la proliferación de golpes de carácter cívico-militar entre la segunda y tercera oleada democrática. Nos encontraríamos frente a una lenta erosión de la democracia mediante una serie de cambios que, amparados en procedimientos legales, socavan la democracia en un proceso de creciente autocratización.

En este marco, un régimen político puede ser definido como democrático si cumple con al menos tres condiciones básicas. Primero, un proceso de elecciones razonablemente libres, competitivas y transparentes. Segundo, un resultado electoral que cuente con la aceptación o por lo menos la tolerancia del mismo por parte de los perdedores. Y por último, excluye el uso de la violencia (física o simbólica) en la disputa política.

¿Cómo se ha desarrollado la democracia en Argentina desde 1983?

La democracia argentina ha dado sobradas muestras de resiliencia a lo largo de las últimas tres décadas, debiendo hacer frente a las crisis militares entre 1987 y 1990, económica de 1989/1990 e institucional y social del año 2001/2002. Todas estas pruebas fueron en mayor o medida superadas de manera satisfactoria. Al mismo tiempo, un largo ciclo de emergencia tiene lugar desde el año el año 1989 hasta la fecha con algunos breves interregnos entre 1999-2001 y 2015-2018. La Argentina se encuentra (casi) en emergencia permanente. El retorno de la democracia en 1983 trajo aparejada la emergencia de un conjunto de prácticas políticas más bien acordes con un estilo consensual, aún con un proceso de instauración del nuevo régimen político caracterizado por la ausencia de pactos consociativos entre las élites políticas como aquellos producidos en Venezuela y Colombia durante la década de 1950 o España durante los años setenta.

La unidad partidaria frente a la sublevación militar de semana santa en 1987, los acuerdos que hicieron posible la reforma constitucional de 1994, la experiencia cuasi coalicional de Eduardo Duhalde y la conformación de la Mesa de Diálogo auspiciada por la Iglesia Católica en el marco de la crisis social del 2001/2002 constituyen algunos emblemáticos ejemplos de una mayor inclinación al compromiso, independientemente del juicio de valor que puedan merecer esas iniciativas de “unidad en la diversidad”.

El conflicto entre un novel gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las organizaciones agropecuarias en los primeros meses del año 2008 sobre la “Resolución 125” constituyó una bisagra, en la medida en que reinstaló una dinámica de confrontación prácticamente abandonada desde el retorno de la democracia en 1983.

¿Cómo impacto el conflicto con el sector agropecuario de 2008?

Retornando a la definición sobre la democracia y sus atributos básicos, el proceso electoral en Argentina es razonablemente libre, transparente y competitivo, dando lugar en los últimos años a una competencia entre dos principales coaliciones electorales, Juntos por el Cambio y Frente de Todos.

Este escenario, que se desarrolla a nivel nacional, convive con la persistencia de regímenes sultanísticos u oligárquico-competitivos en el ámbito subnacional con escasa o nula alternancia o posibilidad de rotación efectiva de las élites políticas. La designación de figuras polémicas como la del juez Alejo Ramos Padilla en la Justicia Electoral de la provincia de Buenos Aires ha despertado preocupación en sectores de la oposición con respecto a las necesarias garantías del proceso electoral y sus resultados.

Los resultados electorales cuentan con la aceptación o por lo menos tolerancia de los perdedores, aunque se han advertido algunas situaciones que merecen especial atención. La ausencia de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en la ceremonia de asunción presidencial de Mauricio Macri fue leída como un gesto de desconocimiento de la legitimidad del resultado electoral del 2015. Y las denuncias realizadas desde el entonces espacio Unidad Ciudadana en las elecciones legislativas de 2017 representan una señal de advertencia sobre el resquebrajamiento del consenso sobre la tolerancia hacia un resultado electoral desfavorable.

A pesar de dichos antecedentes, la exclusión del uso de la violencia política, así como la existencia de un consenso en torno a la necesidad de la resolución pacífica de la disputa política han sido características a destacar desde el 10 de diciembre de 1983. Sin embargo, el incremento de la violencia discursiva representa una amenaza al consenso existente desde 1983.

¿Qué futuro espera a la democracia argentina?

Estamos frente a un futuro incierto. Sin el peligro de la regresión democrática o del quiebre institucional, pero con un riesgo cierto de autocratización hay hoy en Argentina un contexto electoral con debilitamiento de las garantías de transparencia e imparcialidad, una disminución de la tolerancia hacia resultados electorales adversos, un debilitamiento del consenso acerca de la exclusión de la violencia como recurso (por el momento solo en el plano simbólico) y el retorno de las “fantasías priistas” en el oficialismo gobernante.

Estos elementos representan indicios de un complejo escenario de desarrollo de la democracia argentina. No obstante, nuestro compromiso es mantener el pesimismo de la inteligencia, pero al mismo tiempo un optimismo de la voluntad.

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Santiago Leiras es profesor asociado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Doctor y Diploma de Estudios Avanzados en América Latina contemporánea por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid-España (IUOG).

https://www.elespectador.com/mundo/america/esta-en-peligro-la-democracia-argentina/

21.26.-Las cinco propuestas de Pedro Castillo que asustan a algunos peruanos

Perú recibe a un presidente que no solo prometió nacionalizar algunos recursos como el gas natural, Pedro Castillo dijo que implementaría un modelo de “economía popular con mercados”, y que convocaría un referéndum para elegir una Asamblea Nacional Constituyente. Le contamos qué dicen algunos expertos de sus propuestas.

“Iniciaremos el proceso para la convocatoria a un referéndum constituyente para que la ciudadanía pueda definir si aprueba o no la convocatoria de una asamblea constituyente que elabore una nueva constitución; en el marco de las actuales reglas constitucionales y legales”, señaló Castillo en su propuesta. ¿Pero, es viable? / AFP / GIAN MASKO 

19 jul 2021.- Era tal el miedo de algunos peruanos a que Pedro Castillo resultara presidente, que él mismo tuvo que aclarar en plena campaña que su gobierno no impulsaría la expropiación: “Mentira es lo que dicen: que vamos a cerrar tu bodega, que te vamos a quitar el pan, que te vamos a cerrar la puerta, que te vamos a quitar tu casa”.

Este martes, Perú recibe a un presidente que prometió no solo nacionalizar algunos recursos como el gas natural, Castillo dijo que reforzaría las empresas públicas, que implementaría un modelo de “economía popular con mercados”, y que convocaría un referéndum para elegir una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, en plena incertidumbre electoral, y con un estallido social que prometía agitar el país, Castillo empezó a moderar sus propuestas, según algunos empresarios.

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“Es claro que en la última parte de la campaña, Pedro Castillo ha moderado su discurso y se ha distanciado bastante del liderazgo más marxista y radical de su partido. Ha estado entregando señales un poco más convencionales, y eso le está gustando al mercado”, dijo Alberto Ramos, economista jefe de Goldman Sachs para América Latina, al diario La Tercera.

Le contamos cuáles fueron algunas de las propuestas iniciales de Castillo, y qué dicen algunos expertos.

  1. Crear una Asamblea Nacional Constituyente

“Iniciaremos el proceso para la convocatoria a un referéndum constituyente para que la ciudadanía pueda definir si aprueba o no la convocatoria de una asamblea que elabore una nueva Constitución; en el marco de las actuales reglas constitucionales y legales”, señaló Castillo en su propuesta. Pero, ¿es viable?

Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional, explicó al diario El Comercio de Perú que para introducir un cambio en la Constitución se necesita tiempo, pues el Parlamento lo debe aprobar con 87 votos en dos legislaturas ordinarias consecutivas. El otro camino sería que el pleno del Congreso apruebe el cambio con 66 votos o más, y el tema se lleve a referéndum cuatro meses después.

“Si a los seis meses de un eventual gobierno se convoca a una asamblea constituyente, se estaría dando un golpe de Estado. Las reformas se hacen conforme lo establece la Constitución”, explicó Urviola.

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Por su parte, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi le dijo al mismo medio: “¿Tú crees que los congresistas que recién están jurando a sus cargos van a aprobar una asamblea constituyente? La primera pregunta de esa medida será si la asamblea funciona o no en paralelo al Congreso, o si lo reemplaza. Como está en su nuevo plan, es una propuesta inviable, son plazos muy cortos y está omitiendo al Congreso”.

  1. ¿“Economía popular con mercados”?

El entonces candidato señaló en uno de los debates que en su gobierno se aplicaría la “economía popular con mercados”. Castillo explica que esta idea está basada en el modelo boliviano, y propone que el Estado regule el mercado y sea “descentralizador, redistribuidor de riqueza y nacionalizador”. Sin embargo, Pedro Francke, un economista de izquierda y que ahora es el portavoz económico de Castillo, le dijo a Reuters que “la idea básica es que se mantendría una economía de mercado, no es una idea de intervencionismo masivo del Estado en la economía”.

Manuel Bedregal, economista y profesor del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica San Pablo, explicó que “los empresarios al tener un precio bajo, fijado y controlado por el Estado, cerrarán su negocio y se irán del país. Es lo peor que le puede pasar al Perú”, explicó. Esta medida, además desincentivaría la inversión de la micro, pequeña y gran empresa, según el economista.

  1. La nacionalización de los principales yacimientos mineros, gasíferos y petroleros.

“El Estado debe tomar el control total sobre tres importantes sectores que generan riqueza”, propuso Castillo. Pero algunos expertos en el área no lo ven viable.

“Con una expropiación de esa naturaleza, el Estado deberá reconocer los daños que genere a los dueños actuales. Algunos de los proyectos mencionados son de propiedad de empresas estatales chinas. De hacerse, sería algo no visto en la región”, explicó Gonzalo Tamayo, exministro de Energía y Minas, a El Comercio.

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Por su parte, Roque Benavides, presidente del directorio de la minera local Buenaventura, dijo a Reuters que las mineras podrían estar de acuerdo con cosas como subir tributos, pero medidas más drásticas como nacionalizaciones simplemente bloquearían las inversiones en el país.

  1. Prohibir las importaciones de maíz, trigo y arroz.

Pese a que Castillo nego en un debate presidencial que en su presidencia se prohibirían las importaciones, dijo que va a “proteger la producción nacional. Cómo es posible que la papa se pudra en los centros poblados. Bienvenida la inversión privada pero con reglas claras, que no abusen de los trabajadores”.

Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), dijo que serían múltiples los impactos negativos que tendría prohibir el ingreso de ciertos productos. “Cuando se cierra el ingreso a ciertos productos, o se les pone barreras arancelarias pasan dos cosas: el producto local sube de precio porque hay menos oferta y la demanda es la misma, y la calidad del producto disminuye al haber menor competencia”, dijo Fuentes a El Comercio.

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Algo similar explicó la economista y coordinadora de proyectos y políticas públicas de REDES, Mónica Muñoz Najar, al medio local RPP Noticias: “¿Cómo se va a hacer esa protección? Eso va a implicar subir aranceles. Tal vez no se prohiban las importaciones, pero se ponen otras barreras a los productos”, dijo a Muñoz Najar. Según indica la economista, con esta medida no solo se verían afectados algunos productores, sino también se afectará la cadena de consumidores, lo que resultaría en un incremento de precios.

  1. Pensión social a los 60 años, no a los 65

Para Javier Olivera, docente de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la propuesta de Castillo de que la pensión se extienda desde los 60 años de edad y no desde los 65, no es viable.

“Casi no se ve en ningún país que se ofrezcan pensiones sociales a esa edad. Más bien se observa que hay un envejecimiento, las personas viven más tiempo. Haciendo cálculos eso significa que el costo podría aumentar unos S/374 millones (al programa). El costo de la propuesta de Castillo es menor, pero igual no dice de dónde se saca”, expresó Olivera a El Comercio.

  1. Y para cerrar, Castillo propuso destinar el 10 % del PIB a la educación y a la salud.

“El señor Castillo ha dicho muchas cosas que no tienen sustento. Ha dicho que dará 10 % del PIB a educación y otro 10 % a salud. El 20 % del PIB es mucho mayor de lo que hoy es el presupuesto público […] También refirió dar el acceso libre a universidades, pero hoy lo es, aunque meritocrático”, explicó la exministra de Educación, Marilú Martens, al diario El Comercio de Perú.

Algo similar comentó el investigador Hugo Ñopo, quien afirma que si bien es importante aumentar el presupuesto para la educación, “saltar del 3,8% (del PIB) al 10 % es muy difícil, es una cifra inalcanzable”, dijo al Ñopo al mismo medio.

https://www.elespectador.com/mundo/america/las-cinco-propuestas-de-pedro-castillo-que-asustan-a-algunos-peruanos/?

21.26.-Pedro Castillo gana oficialmente las elecciones presidenciales en Perú

El candidato de la izquierda radical vence a su rival de la derecha populista Keiko Fujimori con tan solo 44.000 votos de anticipación, al final de una segunda vuelta con resultados largamente controvertidos.

Pedro Castillo tras el anuncio de su victoria en las elecciones presidenciales, desde su sede de campaña en Lima, 19 de julio de 2021. GUADALUPE PARDO / AP

El candidato de la izquierda radical, Pedro Castillo, fue proclamado, el lunes 19 de julio, vencedor de las elecciones presidenciales en Perú por la autoridad electoral, más de un mes después de la votación de la segunda vuelta que lo opuso al candidato de la derecha populista Keiko Fujimori. “Proclamo Presidente de la República a José Pedro Castillo Terrones”, dijo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas, en un breve acto virtual.

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20 jul 2021.- La autoridad electoral encargada de examinar los recursos confirmó así los resultados entregados hace varias semanas por la Órgano Nacional del Proceso Electoral (ONPE). Al finalizar el escrutinio del 100% de las papeletas, la ONPE le había dado a Pedro Castillo, de 51 años, vencedor con el 50,12% de los votos, frente al 49,87% de los votos a su rival, Keiko Fujimori, de 46 años. Según los resultados validados por el JNE, el señor Castillo gana con 44.263 votos por delante de la hija del expresidente Alberto Fujimori (en el poder de 1990 a 2000).

Keiko Fujimori admite derrota La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori admite su derrota durante una conferencia de prensa en la sede de su partido en Lima el 19 de julio de 2021. JUAN CARLOS GUZMAN / AFP

Poco antes del anuncio del resultado final, la Sra.  Fujimori, quien había insinuado a principios de julio que no reconocería la victoria de su competidor, dio un giro de 180 grados durante una conferencia de prensa. “Hoy, estoy anunciando que para el cumplimiento de mis compromisos, mi compromiso con todos los peruanos, (…) a la comunidad internacional, voy a reconocer los resultados, porque es lo que la ley y la Constitución requieren. Juré defender,” ella dicho.

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«Hago un llamado a los peruanos a no rendirse y a implementar una defensa democrática» en el caso del gobierno del señor Castillo, adelantó también Keiko Fujimori, blanco de una investigación por presuntos sobornos durante sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, donde fracasó en la segunda ronda. Ya ha cumplido dieciséis meses de prisión preventiva y se arriesga a treinta años de prisión.

La misión de observación de la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos y la Unión Europea consideró que la votación en Perú había sido libre y transparente. Castillo asumirá el cargo el 28 de julio, día en que expira el mandato del presidente interino Francisco Sagasti.

El mundo con AFP 

https://packagingnewsonline.com/international-news/2021/07/20/pedro-castillo-gana-oficialmente-las-elecciones-presidenciales-en-peru/

21.26.-Elementos para impedir la privatizaciónJONATHAN BÁEZ VALENCIA

La evidencia empírica muestra que 4 Empresas Públicas han estado entre las 11 mayores del Ecuador durante el periodo 2014-2019. El argumento de la “ineficiencia de lo público” no se sostiene y la privatización como condición de bienestar aún menos.

21 jul 2021.- Las sombras de las privatizaciones, monetizaciones, concesiones o cualquier otro término que se utilice para disimular la transferencia de activos públicos al sector privado, lo que a su vez tiene como efecto aumentar las tarifas a la ciudadanía, operando una transferencia monetaria de los hogares que garantice ganancias extraordinarias a los y las privatizadoras, pertenecientes de manera tendencial al segmento más rico de la población (tanto nacional como internacional). Uno de los primeros pasos es demostrar que estas empresas no operan de manera adecuada. No obstante, la evidencia empírica muestra que cuatro Empresas Públicas han estado entre las 11 mayores empresas del Ecuador durante el periodo 2014-2019. Por tanto, este argumento de la “ineficiencia de lo público” no se sostiene y la privatización como condición de bienestar aún menos.

El último decreto sobre la política hidrocarburífera del gobierno del presidente Lasso enciende nuevamente las alertas sobre la posibilidad de privatizaciones. En este caso, entregar nuestro petróleo a manos privadas, algo que ya ocurrió con la Ley de Fomento Productivo del año 2018 (Báez y Rosero, 2021). Desde esa perspectiva, uno de los elementos que llama la atención es la entrega de gasolineras al sector privado.[1] Y la cuestión es ¿Cómo la privatización afecta a la ciudadanía? La respuesta es en el alza de tarifas. De tal manera que, el primer paso era retirar el subsidio a los combustibles para hacer atractivo el negocio de privatizar las refinerías y gasolineras, para que las tasas de ganancias se sostengan en incrementos considerables de las tarifas.[2]

Desde luego, esta operación también requiere de deslegitimar al servicio público. En el caso antes mencionado de los combustibles, los argumentos iban desde la distorsión de la economía por los subsidios hasta el contrabando, etc. sin ningún sustento empírico. Así mismo, en el caso de las Empresas Públicas se habla de ineficiencia, corrupción (como si en el sector privado la corrupción fiscal con el uso de los paraísos fiscales no es una práctica continua de los segmentos de la población más acaudalada), entre otros. Todos criterios de valor sin ninguna argumentación. En efecto, al analizar lo que dicen los datos se observa que cuatro Empresas Públicas se encuentran entre las once mayores empresas del país y no solo como coincidencia, sino durante un periodo considerable.

Eso demuestra que lo público, si bien debe mejorar y eliminar toda práctica nociva, es eficiente y disputa los primeros lugares a la par con las mayores empresas del país. Incluso una ocupa el primer lugar en todo el periodo, se trata de la Empresa Pública Petroecuador, la misma cuyas gasolineras quieren ser entregadas a manos privadas para que se enriquezcan a costa del bolsillo del pueblo. Entre estas Empresas Públicas también se encuentran las dedicadas a proveer del servicio eléctrico, aquí cabe mencionar que, como parte de las políticas que el Fondo Monetario Internacional implementó para el país son el alza del precio de la electricidad y la concesión de líneas eléctricas.

De igual manera está la empresa CNT, que al ser privatizada inmediatamente significará el alza de tarifas en el sector y que varias familias tengan que ocupar una mayor proporción de los ingresos del hogar, en un momento en que la situación económica es delicada, efecto de la política neoliberal, propia de un régimen de desigualdad. Incluso los sectores productivos que no pertenecen a las élites pueden ver aumentados sus costos, mismos que no serán considerados para pagar impuestos, como ocurre con el impuesto del 2% a las microempresas, pero que jamás pensaron en aplicarlo a las grandes empresas.

Por otro lado, las privatizaciones también implican el aumento de las tarifas al entregar una mayor cuota del mercado a las ya oligopólicas estructuras. Este también es el caso del Banco del Pacífico, cuyos indicadores demuestran su eficiencia y no se justifica su privatización. Por lo cual, paradojicamente, los neoliberales instalados en la decisión pública impiden que su sueño de la competencia y el libre mercado operen. En realidad, no defienden la competencia sino que tratan de evitarla a toda costa y que sean los privilegios el conductor de ordenamiento social.

En el año 2019 las cuatro Empresas Públicas significan acceso a derechos con tarifas adecuadas, con el advenimiento de la pandemia esto debería ampliarse a la conectividad como derecho social básico. En términos económicos representan 14% del PIB, mismo que se transferiría a los bolsillos de privatizadores, que probablemente nos los reinvierta en el país, sino lo esconda en sus paraísos fiscales. Por consiguiente, es trascendental impedir las privatizaciones en Ecuador, considerando que la evidencia muestra su importancia en la estructura social y productiva del país. Las empresas están en la mira y un capítulo aparte tiene que ver con el IESS, que requiere un análisis completo.

https://www.alainet.org/es/articulo/213153?utm_source=email&utm_campaign=alai-amlatina

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  • «Haití aún no ha inoculado la más mínima vacuna, y eso es muy preocupante» NICOLAS BOURCIER

El país de 11,5 millones de habitantes, con un futuro incierto tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, enfrenta un aumento en el número de casos de Covid-19.

La unidad Covid-19 en el Hospital Universitario Justinien. En Cap-Haïtien (Haití), 26 de junio de 2021. VALERIE BAERISWYL / K2D PARA «EL MUNDO»

En los rostros se puede leer una mezcla de gravedad y preocupación, pero también fatiga. Tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el miércoles 7 de julio por un comando armado de una treintena de hombres, los pocos haitianos que se adentraron en las calles transmiten la imagen de un país en apuros y ‘extrema vulnerabilidad’. Al desafío diario de trabajar y sobrevivir en esta isla agotadora, se suma la incertidumbre sobre el futuro del país.

10 jul 2021.- El precio de las necesidades básicas comienza a subir de nuevo y el agua escasea en determinadas zonas de la capital. Varias instalaciones de bombeo han sido destruidas por bandas. La escasez de combustible en todo el país parece estar aquí durante mucho tiempo.

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“¿El Covid-19? Puede causar estragos, es la menor de nuestras muchas preocupaciones”, resume Sergo, vendedor ambulante y conductor ocasional en Puerto Príncipe, contactado por WhatsApp. Y todavía. Desde febrero, Haití se ha visto afectada por una preocupante ola de coronavirus, cuya magnitud aún se desconoce. Una ola apenas visible y poco publicitada pero que podría tomar proporciones alarmantes y hundir a toda la isla y a sus 11,5 millones de habitantes en un nuevo desastre sanitario de continuar. El país es, hasta la fecha, el único del continente americano, la región más afectada por la pandemia en el mundo, que no ha vacunado a ninguno de sus ciudadanos. También es el país con uno de los sistemas de salud más disfuncionales del mundo.

Doctora Chauvel Alcy, en el Hospital Universitario Justinien, en Cap-Haïtien (Haití), 26 de junio de 2021. VALERIE BAERISWYL / K2D POR «EL MUNDO»

A modo de comparación, en República Dominicana, su vecino, casi la mitad de la población recibió al menos una dosis (7,5 millones de vacunas inoculadas). La situación se considera suficientemente preocupante para que Estados Unidos, donde vive una gran comunidad haitiana de más de un millón de personas, haya reiterado repetidamente su compromiso de ayudar a la isla. El 28 de junio nuevamente, un tweet de la embajada estadounidense en Puerto Príncipe afirmó que la Casa Blanca está trabajando con el gobierno haitiano sobre cómo entregar las vacunas «lo antes posible», sin especificar una fecha. Y por causa.

En mayo, cerca de 132.000 dosis de AstraZeneca del programa Covax de Naciones Unidas , cargadas en un barco, permanecieron en el muelle luego de que las autoridades haitianas expresaran reservas sobre los posibles efectos secundarios y recordaran la falta de infraestructura que permita la refrigeración de vacunas en la isla. El 14 de junio, el rumor anunció esta vez que un avión iba a aterrizar en Puerto Príncipe con miles de dosis. El avión nunca despegó. Según un funcionario de Unicef, el fondo para la infancia de Naciones Unidas, el vuelo fue cancelado en el último momento, sin mayores detalles.

«Desconfianza»

Oficialmente, Haití ha registrado 18.658 casos de infección y 436 muertes por Covid-19 hasta el 26 de junio. Durante esta semana, el promedio fue de 158 nuevos casos por día, el doble que el mes anterior.

Aunque claramente repuntando desde febrero, estas cifras siguen siendo relativamente bajas en comparación con otros países del Caribe y América Latina. Con importantes inconvenientes: los datos que se hacen públicos están muy subestimados, según todos los expertos entrevistados, en particular por el limitado número de pruebas realizadas. Los centros son raros y sus precios oscilan entre $ 60 y $ 90, un costo exorbitante en un país donde el ingreso mínimo diario es de $ 2. El único establecimiento que realiza una prueba gratuita, el Hospital Universitario de la Paz, en la capital, da los resultados solo después de varios días, incluso semanas.

Los casos no denunciados también son importantes, según los expertos locales. “La gente prefiere que la traten en casa”, subraya Telfor (se ha cambiado el nombre), un joven interno en el primer año del Centro Hospitalario de la Universidad de Justinien en Cap-Haitien, la segunda ciudad más grande del país. Hay escasez de recursos y desconfianza en las instituciones, el miedo a tener que atravesar barrios peligrosos y también una cierta costumbre, la persistencia de la medicina tradicional. «

A esto se suma la extrema fragilidad de un sistema de salud que hoy cuenta con 300 camas de cuidados intensivos para toda la isla. A mediados de junio, cuatro hospitales de Puerto Príncipe anunciaron, en rápida sucesión, que ya no podían aceptar pacientes de Covid debido a la saturación de sus servicios. Una situación que revela, según la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, hasta qué punto Haití es «el ejemplo que debe recordarnos lo rápido que pueden cambiar las cosas con este virus».

Peleas callejeras

En septiembre de 2020, el gobierno flexibilizó las medidas anti-Covid (especialmente los toques de queda) ante los primeros signos de una caída en la contaminación. La célula presidencial encargada de monitorear el coronavirus ha sido desmantelada. A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países del Caribe, incluso en febrero se permitieron las celebraciones de carnaval. Los medios, por su parte, casi han evacuado el tema desde hace varios meses, hasta el punto de que «una parte de los haitianos piensa que el virus nunca existió», subraya Chovel Alcy, ortopedista formado en Cuba y médico del hospital Justinien. Telfor agrega:“Todavía no hay un cribado sistemático, la falta total de gobernanza por parte del Estado es evidente y todavía no hemos inoculado ninguna vacuna, ¡y eso es muy preocupante! «

 Estación de bombeo para el lavado de manos en la entrada del Hospital Universitario de Justinien. En Cap-Haïtien (Haití), 26 de junio de 2021. VALERIE BAERISWYL / K2D PARA «EL MUNDO»

A esto se sumó el deterioro de la situación política y de seguridad en el país, lo que complica aún más la respuesta a la pandemia. Desde agosto de 2020, varios miles de personas han tenido que huir de sus hogares debido a la violencia entre pandillas en la capital. El hospital de Médicos Sin Fronteras, el último aún abierto en el distrito de Martissant, acaba de cerrar sus puertas tras ser atacado por armas automáticas. Cerca del aeropuerto y del distrito vecino de Cité Soleil, donde se encuentran los dos centros de distribución de oxígeno, las pandillas complican o incluso impiden la entrega de los botes durante los combates callejeros. “Tenemos que hacer malabares con esto casi todos los días. ¿Entonces te imaginas con las vacunas? «, indignado un médico de una clínica privada en el centro de Puerto Príncipe.

 

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Como muestra de una creciente preocupación por el continuo deterioro de la situación, el Ministerio de Salud Pública autorizó, el 24 de junio, la importación por parte del sector privado de vacunas contra el Covid. La decisión provocó un verdadero alboroto en la comunidad médica y, en particular, en la Asociación de Farmacéuticos de Haití. Denunció, en un comunicado de prensa, una elección «irresponsable», mientras que el gobierno aún no ha lanzado una campaña para vacunar a la población: «Por supuesto, esta decisión podría ser una oportunidad de negocio para el sector farmacéutico. Pero no para la población porque el costo de las vacunas será desorbitado y la mayoría de la población no tendrá acceso a ellas. «

El texto recuerda que el ministerio no controla los canales de distribución de productos farmacéuticos. Precisa que existe un alto riesgo de introducir vacunas falsas por la posible multiplicación de puntos de venta incontrolados. Haití no tiene un laboratorio de control de calidad que pueda verificar las falsificaciones.

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/10/haiti-n-a-toujours-pas-inocule-le-moindre-vaccin-et-ca-c-est-tres-inquietant_6087813_3210.html

21.25.-Chile: Deus ex machina ASCANIO CAVALLO

Paula Narváez, la candidata PS ausente de las primarias. 

A partir de esta noche, la política chilena empezará a funcionar como un conjunto de engranajes desincronizados, cuyas piezas se mueven a distintas velocidades, pero se influyen unas a otras con direcciones imprevisibles.

17 jul 2021.- Las primarias de hoy son el eje que pone en movimiento las elecciones parlamentarias y presidenciales, pero con un boquete en el medio: se miden los polos del arco ideológico -la izquierda y la derecha-, con la ausencia del sector que ha tenido la hegemonía desde la restauración democrática, la centroizquierda.

Esta omisión es el reflejo del desacomodo estructural con que quedó ese sector después del 18-O, perfectamente reflejado en su mal desempeño en la elección de la Convención Constitucional y en las desorientadas vacilaciones que la siguieron. La Democracia Cristiana fue (relativamente) menos afectada, pero sólo porque sus problemas venían de mucho antes, quizás unos 19 años, y no se relacionaban tanto con la ideología, sino con el faccionalismo.

El centro de la tensión ahora es el Partido Socialista. Es curioso que un partido que luchó con tanto denuedo por la hegemonía de su coalición se venga a dispersar justo cuando la ha conseguido. El PS no comprendió -o comprendió mal- que siempre fue el “enemigo principal” en la creación del Frente Amplio, como lo sería de cualquier grupo que quisiera imaginar una política de izquierda más prístina, con más auctoritas y mayor pureza moral.

Hoy mismo, hoy domingo, el PS se encuentra tensado por cuatro costados: algunas de sus figuras históricas votarán por Gabriel Boric, otras por Daniel Jadue, el partido con timbre mantiene su compromiso con Paula Narváez y el sector coalicionista intenta conservar su compromiso con Unidad Constituyente, aunque la candidatura no sea finalmente la de Narváez. Son cuatro fuerzas que van en direcciones distintas, por mucho que se diga que no, que no es para tanto, que un socialista siempre es un socialista. En este caso no se puede hablar de un resurgimiento del faccionalismo (porque siempre ha existido), sino más bien de una desorientación de hacia dónde ir: con la historia, con la integridad o con la conveniencia. Pero no sería de extrañar que el proceso derive hacia varios PS.

Así como las primarias afectan principalmente al PS (y más secundariamente a la DC, el PPD y el PR), también tocarán a las demás partes del sistema. Es el primer torneo electoral que se produce cuando ya están instalados los nuevos alcaldes con sus concejos, los nuevos gobernadores y la Convención Constitucional.

La convención cumple dos semanas -ya le quedan 50- concentrada en la lucha por la hegemonía, que ha pasado de la fase de los simbolismos -con su intensidad mística- hacia la más pura y dura de la máquina política: controlar reglamentos, quórum y comisiones. Estos asuntos pueden ser eminentemente prácticos, pero también pueden tornarse muy enredosos cuando son tomados como engranajes para asegurar mayorías. La “victoria por secretaría” es el sueño del estratega burocrático. Ejemplo: la Constitución de Pinochet. Claro que podría agregarse que lo enredoso es a veces mero síntoma de la confusión.

El clima de la convención será inevitablemente impactado por el resultado de las primarias, que pueden confirmar o refutar sus percepciones sobre el peso de cada sector, en especial del FA y el PC. El resultado no es indiferente para la dinámica constituyente. Los convencionales socialistas, por ejemplo, serán sometidos a los mismos cuatro tensores que desgarran al partido. Los del FA se sentirán más o menos autorizados según los resultados. Y en el PC, otra: el esfuerzo de Jadue por sacar al partido de su curso reciente (lo que incluye renegar de su presencia en el segundo gobierno de Bachelet), versus el empeño más modesto de aumentar el capital electoral permanente.

Es posible que los nuevos poderes territoriales no hayan alcanzado a disponer sus maquinarias para influir en las primarias, pero sus decisiones empezarán a tocar también a la convención. Es bueno no olvidar que tanto en el 18-O como en el inicio de la pandemia se atribuyó a los alcaldes un protagonismo que casi podía haber sustituido a los poderes constituyente y Ejecutivo. Si ello no ocurrió fue porque los partidos y el gobierno, en cada caso, se apuraron a tomar la iniciativa antes de verse desbordados. Los gobernadores todavía son un misterio, pero en un par de meses dejarán de serlo.

La situación de la derecha es algo más simple. Los cuatro exministros y precandidatos sólo se disputan 1) la apostasía respecto del gobierno de Piñera, y del Presidente mismo, y b) la aspiración a capturar fuerzas de centro que puedan quedar huérfanas en una confrontación bipolar agudizada. A eso apuesta Lavín, y no se olvide que tiene un buen ojo alimentado por la experiencia.

Queda, por fin, el problema de los números. Estas primarias tan influyentes se celebran bajo varias condiciones adversas, pero eso no servirá de fuga a la hora de medirlas con las experiencias anteriores, que abarcan desde el volumen franciscano con que Jorge Arrate triunfó en una primaria comunista-humanista en el 2009 (1.145 votos), hasta la opulenta competencia del 2013 entre Michelle Bachelet, Andrés Velasco, Claudio Orrego y José Antonio Gómez, con más de un millón y medio de votos. Esos son los parámetros.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-deus-ex-machina/XMMCATXH6ZAW3D7TDNCMPDCJII/

21.25.-Perú: el harakiri de la señora K GIANNI PROIETTIS

A pesar de que muchos de los que la apoyaron se están retirando, Fujimori espera apadrinar a los ocho millones de electores anti-Castillo para lograr vacarlo de la presidencia en los próximos meses.

A unos días de la proclamación del nuevo presidente del Perú –por primera vez en su historia un auténtico representante de las clases subalternas- hay algunas cuestiones que hay que intentar explicar, si no se quiere que se vuelvan misterios.

16 jul 2021.- Antes que todo, como es posible que más deocho millones de electores –o sea casi la mitad de los votantes- hayan optado por una candidata tan desacreditada, tramposa y manifiestamente hambrienta de poder como Keiko Fujimori, cuyo único currículum político es ser la hija de un dictador que está purgando 25 años de cárcel por los graves crímenes que cometió.

A pesar de haber ordenado matanzas de civiles y campesinos, orquestado robos multimillonarios al patrimonio de la nación, reprimido o comprado la oposición, infiltrado la magistratura, sujetado el ejército, rediseñado las instituciones a su antojo, Alberto Fujimori ha sabido crear una mitología alrededor de sí mismo, sobre todo gracias al trabajo incesante de una prensa mercenaria, que perdura aún hoy.

Esta narrativa chicha (o sea chayotera) celebra la victoria del estado sobre el terrorismo de Sendero Luminoso, el salvataje de la economía, desastrosa en el primer quinquenio de Alan García (1985-90), la construcción de grandes obras y el interés hacia el Perú profundo.

Todos estos argumentos pueden ser fácilmente rebatidos apoyándose en la realidad histórica: la derrota de Sendero Luminoso se debe a la actividad autónoma de la Dincote (Dirección contra el Terrorismo) y no a las directivas de Fujimori; la recuperación de la economía aconteció motu proprio y gracias al FMI, luego de que la inflación rebasó el 7000%, o sea cuando los precios se duplicaban cada dos semanas; las grandes obras y las privatizaciones sirvieron sobre todo a enriquecer monstruosamente al dictador y su círculo íntimo; el interés para las comunidades más remotas se reducía a unas limosnas –mayormente láminas y cemento- con fines clientelares.

La sobrevivencia de esta mitología es indicativa de cuánto el monopolio de la información –y a nivel nacional el 80% está en manos del Grupo El Comercio- puede dinamitar el pluralismo informativo y envenenar las consciencias. Que estos mismos grupos se yergan en paladines de la libertad de expresión e información a nivel internacional es algo realmente grotesco.

La campaña electoral de Keiko Fujimori, respaldada por la gran prensa y la mayoría de las televisoras -donde han sido invertidas sumas enormes producto del lavado de dinero sin algún control- ha fracasado por la tercera vez: la primera había sido contra Ollanta Humala en 2011 y la segunda en 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski. Lo irónico de la actual tercera derrota es que ha sido por el mismo minúsculo porcentaje que la segunda: 0.24 por ciento, lo que ha enfadado a la heredera del otrora poderoso shogun, al volatilizar sus aspiraciones presidenciales.

La segunda derrota de Keiko, en 2016, le ha costado al Perú cinco años de parálisis política, un constante boicoteo al ejecutivo, la remoción de tres presidentes y el descrédito y la extrema impopularidad del Congreso. Sin embargo, todo esto no podría explicarse sólo como la pataleta de una mala perdedora que tiene subyugada la voluntad de media nación, si no fuera que la “señora K”, como la llamaban en jerga sus financiadores, es una especie de Juana de Arco de los corruptos –políticos y no-, los narcos, los poderes fácticos, los aspirantes a golpistas, los mercenarios, lo que aquí se llama la derecha “bruta y achorada” y, last but not least, el gran capital, come se ve, en buena compañía.

Falta también considerar que al menos la mitad de los que han votado por ella -a pesar de saber que es imputada de asociación criminal, lavado de dinero y obstrucción a la justicia con un pedido de 30 años de cárcel- lo han hecho “tapándose la nariz”, considerándola un mal menor frente al candidato “con olor a pueblo”, el maestro rural Pedro Castillo.

Keiko Fujimori, financiada por sus futuros mandaderos, ha tenido la última astucia de abrazar el espantapájaros del anticomunismo, muy radicado en un país aún lastimado por las secuelas de una guerra civil, y de explotar los sentimientos racistas que atraviesan la sociedad peruana y determinan la férrea exclusión de la “raza cobriza”de las levas del poder.

Aun apelando a dos sentimientos negativos muy difundidos, la “eterna perdedora”, como ha sido rebautizada por sus mismos desertores, no ha logrado superar el rechazo a su entera dinastía. “¡Fujimori nunca más!” ha sido  el grito recurrente en las manifestaciones de noviembre pasado, que en cinco días frustraron el intento golpista de Manuel Merino. Eran sobre todo jóvenes, que se han hecho llamar “la generación del Bicentenario” y que, justo en la conmemoración de los dos siglos de la Independencia, celebrarán la victoria de un verdadero candidato del pueblo, para gran disgusto de la oligarquía.

No hay que esperar que las tendencias belicistas de la señora K vayan mermando. Al contrario, lo que se perfila es algo como una síndrome de Sansón (“¡Muera yo con los filisteos!”).

Después de tirar rocas y basura sobre el desarrollo democrático de las elecciones –decenas de tinterillos de los mejores bufetes limeños han presentado centenares de recursos para denunciar un fraude inexistente- a la aspirante presidenta no le ha quedado más que lanzar su hordas de vándalos a las calles. Una ruidosa admisión de fracaso político.

Esto de no admitir una derrota se está volviendo una insoportable cantaleta, especialmente después de que todos los observadores, hasta la OEA y los EEUU, han desmentido las denuncias de fraude. A pesar de que muchos de los que la apoyaron, a partir del propio Vargas Llosa, se están retirando, Keiko espera apadrinar los ocho millones de electores anti-Castillo para lograr vacarlo de la presidencia en los próximos meses. Como en una antigua novela oriental, su único horizonte es una despiadada venganza.

https://www.alainet.org/es/articulo/213095

21.25.-Pedro Castillo teje una red de apoyos para gobernar Perú en un escenario adverso

Keiko Fujimori suma nuevas impugnaciones al resultado electoral del 6 de junio, que dio el triunfo a su rival

JACQUELINE FOWKS

Una mujer participa de una marcha a favor de Pedro Castillo, el pasado 6 de julio, un mes después de las elecciones presidenciales en Perú.MARTIN MEJIA / AP

La máxima instancia del tribunal electoral peruano denegó 270 pedidos del fujimorismo de anular votos de Pedro Castillo, el candidato que ganó en las urnas por más de 44.000 sufragios en el balotaje del 6 de junio. Desde el lunes de esta semana, solo restaban procedimientos administrativos para la proclamación del maestro rural como presidente electo, pero los abogados de Keiko Fujimori anunciaron la noche del martes que volverán a presentar recursos. Mientras tanto, Castillo teje alianzas que le permitan una base para gobernar, dado que su competidora no reconocerá los resultados y lo califica de “presidente ilegítimo”.

El profesor y dirigente sindical de izquierda ha obtenido el respaldo de los principales gremios de trabajadores y de organizaciones civiles que han creado el Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, para defenderse de los políticos conservadores y militares en retiro que llamaban a la intervención de las fuerzas armadas para impedir “el comunismo”.

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El 15 de junio, el escrutinio oficial dio por ganador a Castillo con una diferencia de 44.058 votos sobre la candidata de la derecha, pero el fujimorismo presentó cientos de pedidos para anular mesas de votación donde ganó masivamente el maestro rural. El Jurado Nacional de Elecciones pasó un mes procesando los casos: el lunes, los cuatro magistrados de esa entidad terminaron la revisión y publicación de resoluciones. Todas las peticiones fueron rechazadas -por infundadas- en primera y en segunda instancia. Los magistrados encontraron que no hubo falsificación de firmas, ni suplantaciones de miembros de mesa, ni colusión para llenar actas como alegan Fujimori y aliados.

Durante ese periodo, Castillo ha sido reconocido como presidente electo por los gobernadores regionales en una asamblea realizada en Cusco, y por 30 alcaldes, así como por los decanos del Colegio Médico del Perú y el Colegio de Tecnólogos Médicos, clave en la lucha contra la pandemia de la covid-19.

Castillo necesita apoyos en el Legislativo, pues postuló a la presidencia como invitado por el partido Perú Libre -formación dirigida por el neurólogo marxista-leninista Vladimir Cerrón- que ha obtenido 37 escaños, la primera minoría en un parlamento de 130 miembros. Tras el endoso en la campaña de segunda vuelta de la excandidata presidencial Verónika Mendoza, contará con los cinco votos de la bancada de Juntos por el Perú, y tres del Partido Morado, del exaspirante a la presidencia Julio Guzmán, quien también ha reconocido al profesor rural como el ganador.

Tres de los partidos de centro-derecha con representación en el Congreso, Acción Popular y Alianza para el Progreso -del excandidato César Acuña-, están fragmentados desde las elecciones de 2016 y no votan uniformemente. En este contexto, algunos respaldan la versión del “fraude” de Fujimori, y otros, como el gobernador regional de Cajamarca y presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, son aliados de Castillo.

Además, los voceros parlamentarios de Perú Libre trabajan en la formación de una mesa directiva multipartidaria en el Congreso, con el partido de Acuña y con Somos Perú, que este miércoles aceptó aliarse con ese fin. Adicionalmente, el profesor rural se ha reunido al menos un par de veces con el excandidato presidencial George Forsyth, cuyo padre -el diplomático jubilado Harold Forsyth- tiene una red de contactos en la élite limeña.

La versión de Fujimori y sus defensores sobre “irregularidades” en la elección es alimentada a diario con mensajes de texto entre sus seguidores y medios de comunicación, pero también se expresa en la calle a través de un grupo de choque fujimorista llamado La Resistencia.

Al final de la tarde del miércoles, la turba intentó retirar las vallas de protección de Palacio de Gobierno, se enfrentó a la policía, agredió a periodistas y apedreó y apaleó vehículos oficiales de dos ministros del actual presidente, Francisco Sagasti. La turba hizo eco de los dichos de Fujimori -y aliados- de que el presidente saliente ha tomado partido por Castillo al no pedir una auditoría de las elecciones.

Obligado a negociar

Castillo necesitará más apoyos para gobernar. La nueva bancada ultraderechista de Renovación Popular, de 13 miembros, es aliada de los 24 parlamentarios fujimoristas de Fuerza Popular. El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ha dicho que su bancada planteará una comisión investigadora del “fraude” en las elecciones, y calificó el futuro gobierno de Castillo como “legal, pero ilegítimo”. El mismo tono usó la lideresa del fujimorismo el sábado en un plantón, desafiando al presidente electo. “Van a consumar el fraude en mesa y no vamos a aceptarlo: iremos a Palacio (de Gobierno) con el voto popular. Que me escuche bien el señor Castillo, este partido recién empieza”, clamó la hija del autócrata Alberto Fujimori.

La congresista electa por Cusco de Juntos por el Perú, Ruth Luque, dijo que las regiones -en oposición a la capital- respaldan a Castillo. “Aunque no hay un único rostro, hay actores regionales como las universidades, colegios profesionales, instituciones y los gobernadores que están a la espera del nivel de representación que el nuevo Gobierno les va a dar”, comentó.

La abogada Luque sostiene que ante la deslegitimación emprendida por el fujimorismo “se ha configurado el Frente por la Democracia y la Gobernabilidad para garantizar una mejor defensa del futuro Gobierno”. Ella destaca que políticos y técnicos sin militancia partidaria -como el ex ministro de Economía Alonso Segura- están aproximándose a Castillo en el momento previo a la transferencia de gestión.

De todos modos, el analista político Mauricio Zavaleta ve complicado el futuro inmediato del mandatario electo porque no es miembro de ninguna élite y el poder económico y los medios de comunicación están en su contra. ”Los actores políticos en sí mismos son muy débiles: una candidata (Fujimori) entró a la segunda vuelta con el 13% de los votos, y todos son liliputienses políticos. Ni sumando a Verónika Mendoza pueden garantizar a Castillo cierta estabilidad en el parlamento”, opina el politólogo.

”Necesita voces como la de (Alonso) Segura para aconsejar la prudencia en un grupo de presión importante como el empresariado. Entonces, tiene un problema de coordinación gigante: muchos actores con expectativas contradictorias que, a su vez, influyen relativamente en su estabilidad como presidente”, añade Zavaleta.

Para agravar el escenario, el abogado de Fuerza Popular Julio Castiglioni anunció que apelará ante el tribunal electoral 15 actas en esta fase porque la ley se lo permite. Pese a que la cantidad de votos sobre la que quiere reclamar no modifica el resultado final, causará más retraso a la esperada transferencia de información entre el gobierno entrante y el saliente.

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https://elpais.com/internacional/2021-07-15/pedro-castillo-teje-una-red-de-apoyos-para-gobernar-peru-en-un-escen

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Pedro Castillo tendrá menos de 15 días entre su proclamación y su asunción como presidente y se enfrenta a varias bombas de tiempo, mientras el fujimorismo sigue intentando dinamitar la transición democrática

Seguidores de Pedro Castillo protestan frente al Jurado Nacional Electoral en Lima, Perú, días después de las elecciones del 6 de junio. A más de un mes de las elecciones, Castillo no ha podido ser proclamado presidente. ERNESTO BENAVIDES / AFP

El 28 de julio, el día que debe asumir el nuevo presidente, el Perú cumplirá doscientos años de vida republicana. Nuestro Bicentenario. El Gobierno ha creado incluso un proyecto especial con este nombre para celebrarlo. Pero más que un espíritu de unidad nacional y un regocijo celebratorio, lo que hoy recorre los humores políticos peruanos es un permanente estado de indolencia.

10 jul 2021.- Atravesamos la mayor crisis sanitaria y económica de nuestra historia reciente, pero buena parte de nuestro establishment político sigue tozuda e irresponsablemente alegando fraude en la victoria de Castillo. Son los últimos coletazos de una clase política que agoniza y que está dispuesta a arrastrar, en su delirio colectivo, hasta el extremo más vergonzoso a buena parte de nuestra ciudadanía. Aparentemente para ellos sí es verdad eso que canta Lucha Reyes: un fracaso más, qué importa.

Nunca como hoy, los viejos perdedores, extintos de la política peruana a fuerza de nuestro darwinismo electoral, como los excandidatos presidenciales Lourdes Flores Nano o Alfredo Barnechea, han tenido tanta carta libre para petardear un proceso electoral. Barnechea incluso, impúdicamente, no ha tenido recato en apelar a una unión entre civiles y militares para desconocer el resultado electoral. Ha acusado abierta e indiscriminadamente al gobierno de Sagasti de haber sido parte de un embuste electoral. Mientras que Mario Vargas Llosa, ya sin el rubor de semanas anteriores, acaba de sostener que el Gobierno peruano tomó claramente partido en estas elecciones por Pedro Castillo, basándose en un informe enclenque preparado por el nuevo omnisciente escudero del fraude electoral: Daniel Córdova, un economista y efímero funcionario que, luego de defender las hipótesis más disparatadas, ha reconocido abiertamente que ni él ni nadie de los que alegaban fraude tenían pruebas suficientes para respaldar la teoría de un fraude masivo.

Si fuéramos un país con medios de comunicación medianamente serios y preocupados por el porvenir del Perú, estas denuncias sólo ocuparían las secciones amarillistas de un diario de espectáculos. Nunca en nuestra historia republicana reciente había habido tanto señorón desinformando a diestra y siniestra, con semejante sentido de irrealidad y con una cobertura sin precedentes. Es como si no hubiesen sido desconectados de la Matrix, sirviendo de baterías para los ataques indiscriminados de la derecha limeña más rebelde.

Inmersos en este bucle ridículo, el mandato de Castillo no acaba de ser todavía confirmado por el Jurado Nacional de Elecciones. Es una escalofriante sensación cotidiana de inconsciencia colectiva. Pedro Castillo será inevitablemente presidente, pero mientras más tiempo dilapidemos en la comedia fujimorista, más tiempo le quitaremos la vista a Castillo. Ahora, cuando más debiéramos estar preocupados por debatir la continuidad de las políticas de vacunación y de reactivación económica, seguimos enfrascados en una bizantina disputa política. Menos de 15 días tendrá Castillo desde su proclamación hasta su asunción como presidente para preparar una transición de gobierno. Realizar una transición política competente es virtualmente imposible con ese horizonte.

Cualquier asesor político medianamente informado le aconsejaría a Castillo sostener los mismos equipos que están a cargo del proceso de vacunación, y que ya empezaron a agarrar vuelo, porque cualquier interrupción en este punto sería traumática. Casi doscientos mil peruanos han muerto víctimas del coronavirus y nuestra economía no resistiría en lo más mínimo un nuevo cierre draconiano. El gobierno de Vizcarra no sólo tuvo un pésimo manejo de la pandemia sino una nefasta negociación en la compra de vacunas que terminó con un escándalo gigantesco de vacunación de funcionarios públicos entre los que estaban él, su esposa y su hermano. Como si fuera posible arruinar aún más su legado, en la última semana Vizcarra posó desvergonzadamente después de aplicarse su nueva dosis de vacuna Pfizer, tras haberse puesto irregularmente dos dosis de la vacuna de Sinopharm. Hubo quienes llegaron a preguntarle por redes si, después de tres dosis de dos fabricantes distintos, su plan era presentarse a un casting de los X-Men. Si Fujimori desconcierta por su soberbia negacionista, Vizcarra lo hace por su impavidez.

Castillo tiene varias bombas de tiempo: un galopante tipo de cambio que roza los cuatro soles por dólar —su nivel más alto desde que se convirtió en la moneda oficial—; una conversación pendiente con el hombre fuerte del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde; y una investigación fiscal que amenaza con despedazar a parte de los alto mandos del partido político que lo aupó a la victoria, Perú Libre. Castillo no quiere cometer el pecado capital del que Ollanta Humala fue acusado: la traición a las promesas de campaña. Si alguna herida abierta todavía sangra en la izquierda peruana, es la humalista. En el sur prometió gas barato y no cumplió, mientras Bolivia lograba poner gas domiciliario. El gasoducto fue un sueño de verano que se abortó. Humala era un criollo que aprovechó el caudal electoral antisistema, pero que más que grandes reformas patentó una larga serie de programas sociales. Quizá ese fue el único gran parecido de Humala al del Gobierno de Lula. Eso y Odebrecht, por supuesto.

Pero no traicionar a su elector no significa cometer un suicidio político reformista. El Perú es un país donde las reformas timoratas no echan cuerpo y a veces terminan muriendo en la orilla. Por eso muchos han comparado a Castillo más con el hondureño Manuel Zelaya que con Hugo Chávez. Si bien su principal oferta de campaña fue la nueva Constitución, está claro que no tiene la fuerza política en el Congreso, ni en las calles, para defender mayoritariamente esta promesa. Y no se trata de adorar la Constitución de 1993 al punto de no cuestionarla, como ha pretendido el fujimorismo, sino de ser capaz de afrontar un proceso popular y sostenible. Más que la Constitución, lo que Chile ha demostrado es que lo más importante ha sido el proceso, que luego parirá otra Constitución. Sin el proceso social democratizador, una nueva Constitución puede naufragar.

Pedro Castillo extiende el micrófono a sus seguidores desde el balcón del cuartel general de Perú Libre en Lima, Perú, el 10 de junio de 2021.GIAN MASKO / AFP

Para el ala más dura de Perú Libre, parece que poco importa si estamos en un momento constituyente y si no existen los actores políticos capaces de llevar a cabo un proceso de semejante alcance. Estamos poniendo la carreta y no hay caballos. Castillo se ha querido mirar en el espejo latinoamericano de Evo Morales o Rafael Correa; debía haberse percatado de que aquellas nuevas constituciones jamás se concibieron como elementos innegociables en los primeros meses de gobierno. Despertaron después de un largo proceso de madurez, varios años de gobierno y gran popularidad. Cuando las estructuras sociales estaban preparadas, vino luego la Constitución. ¿Qué pasa si Castillo quema todas sus naves por una nueva constitución y termina siendo derrotado políticamente en esta apuesta? La debacle política sería incalculable y dejaría herido cualquier intento reformista. Y un país sin reformas sería el peor legado de Castillo, por lo menos en quienes ven con ilusión que sea presidente.

Si la investigación por el escándalo de corrupción al interior de Perú Libre y el Gobierno regional de Junín termina por arrastrar a Vladimir Cerrón, líder del partido que ha llevado a Castillo a la presidencia, seguramente Castillo se rodeará del ala más tecnocrática y moderada de la izquierda peruana. Esa que viene tratando de apagar los incendios económicos que saben que se le avecinan: el tipo de cambio ascendente o el terremoto en los mercados que significaría el alejamiento de Julio Velarde, quien con solo torcer las cejas parece poder contener el apocalipsis financiero. Después de Julio, el diluvio. Velarde no va a quedarse sin garantías ni directores que avalen su trabajo, así que los próximos días serán decisivos para el banquero.

¿Algo cambiará en Perú el 28 de julio de 2021? Millones de peruanos aguardan con esperanza que sí, que ya es hora, que ya toca. Pero la desilusión puede empezar pronto. Castillo deberá quitarse el sombrero y negociar. Es más pragmático de lo que la derecha más ideológica teme. Un país donde hay ciudadanos de segunda categoría, donde el racismo campea impune, debe cambiar. Algo cambiará cuando su esposa, Lilia, maestra de escuela rural, y sus hijos que estudian en escuelas rurales también, lleguen a Palacio. Alguna arcada colérica surgirá en nuestra nación más racista y clasista, pues este cajamarquino no pasó por la domesticación de Harvard y Stanford, sino que llegó directamente desde Tacabamba. Al amanecer Pedro, ojalá no niegues tu palabra antes de que cante el gallo. Se trata de reformar el Perú, no de destruirlo; se trata de hacer crecer la economía, no de ponerse las anteojeras ideológicas; se trata de que se cumplan las leyes para todos, no de que una cúpula corrupta se enriquezca a costa de todos. Hay muchos que están con justicia asustados: toca que se dirija a ellos, señor Castillo. Todos estaremos vigilantes. Palabra de ciudadanos.

Gonzalo Banda es analista político y profesor universitario en Arequipa, Perú.

https://elpais.com/opinion/2021-07-10/antes-de-que-cante-el-gallo-pedro.html

21.24.-La desesperación de la derecha: Keiko, Montesinos y la CIA

Todo indica que Keiko y el fujimorismo mantienen aún los lazos con Montesinos y han construido relaciones con una red mafiosa de grupos empresariales que les abastece de recursos.

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Álvaro Verzi Rangel

Nos habíamos olvidado de Vladimiro Montesinos. Es más, creíamos que estaba preso, confinado, en una cárcel militar de máxima seguridad, la Base Naval del Callao, bajo vigilancia de la Marina de Guerra del Perú. Por eso sorprendió los audios con recomendaciones sobre cómo torcer voluntades -léase comprarlas- para hacer ganar a Keiko Fujimori y la banda de Fuerza Popular.

Para aquellos que no vivieron o no lo recuerden, en la década de los 90, Montesinos y Alberto Fujimori, el dictador que moldeó a su imagen y semejanza, corrompieron el Estado y se adueñaron del país; aprobaron una Constitución y leyes a su medida. Vladimiro Montesinos planteó acudir a la CIA para que EEUU actúe a favor de Keiko Fujimori | La República

A casi una semana de la publicación de los primeros “vladiaudios”, nuevas grabaciones dan más luces sobre el plan que tenía Vladimiro Montesinos para lograr que Keiko Fujimori llegue a Palacio. Había propuesto sobornar a tres de los cuatro magistrados del Jurado Nacional de Elecciones con un millón de dólares para cada uno, con el apoyo financiero de Dionisio Romero y Rafael López Aliaga, entre otros personajes.

“Se están jugando el todo por el todo, todo el mundo tiene que poner su granito de arena”, se le escucha decir a Montesinos.

¿Casualidad? Montesinos se encuentra internado en el Centro de Reclusión de la Base Naval del Callao, una cárcel de máxima seguridad que él mismo mandó a construir en los años 90. Diseñó esa cárcel para hacerle la vida imposible a Abimael Guzmán (líder de Sendero Luminoso), pero la paradoja del asunto es que él mismo terminó allí.

¿Ingenuidad?

Los ingenuos confiaron en que Keiko se había separado, distanciado del doctor Montesinos y que incluso respetaría –esta vez sí- los resultados electorales. Hablo de ingenuidad porque en 2016 Montesinos hizo las coordinaciones para que pudiera derrotar a Pedro Pablo Kuczynski, pero ni así logró imponerse.

Nuevo diálogo entre Vladimiro Montesinos y Pedro Rejas: ¿qué busca el exasesor de Alberto Fujimori? | POLITICA | EL COMERCIO PERÚ Víctor Caballero plantea tres puntos: 1) que la Base Naval en realidad no es su lugar de reclusión sino su base de operaciones políticas, 2) considerar que la participación política del exjefe de inteligencia no se da solo en el proceso electoral, y 3) si el fujimorismo tiene vida sin Montesinos.

Lo destacable, añade, es la vigencia de la estrategia que Montesinos diseñó para hacerse del poder y destruir la democracia peruana, la que no se reduce a la campaña electoral, o a la utilización de recursos legales para impugnar o ganar en mesa con impugnaciones, lo que pueden hacer estudios de abogados, acompañados con las denuncias de políticos dispuestos a tragarse el discurso de que defender el voto del fujimorismo es defender la democracia.

No. Esa no es la esencia de la estrategia fujimorista, sino la que aplicó durante la dictadura de Fujimori para que se reeligiera dos veces, que consistía en construir una mayoría parlamentaria para, a partir de ahí, copar las estructuras de las instituciones básicas: Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Contraloría General de la República, Consejo Nacional de la Magistratura, Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y, sobre todo, controlar los grandes medios de comunicación y el imaginario colectivo..

Cuando Keiko perdió las elecciones en 2016 buscó cómo reproducir la estrategia de Montesinos para no perder en las siguientes. Así, en la legislatura pasada en la que contaba con mayoría absoluta, puso en marcha la estrategia de Montesinos, y logró controlar la Magistratura y la Fiscalía, copar el Poder Judicial, nombrar los titulares del JNE y de la ONPE. Casi logra todo, incluyendo el Tribunal Constitucional.

La trama descubierta por el ex congresista Fernando Olivera, bastante conocida ya, ilustra la manera cómo estuvieron a punto de lograr que el JNE acepte las mil actas impugnadas con los cuales se anulaban votos de Pedro Castillo, lo suficiente como para voltear el resultado de las elecciones del 6 de junio. Y en esa operación clave y decisiva estaba Vladimiro Montesinos, pero para lograr su propósito requería operadores y contactos vinculados con el fujimorismo, dispuestos a quebrar o comprar integrantes del JNE

Dos tandas de vladiaudios

Los primeros vladiaudios, llamadas hechas por Montesinos desde la prisión de la Base Naval de Callao, revelaron que éste estaba muy interesado en ayudar a Keiko Fujimori a llegar a Palacio. Mantuvo comunicación durante la primera y la segunda vuelta electoral con un militar retirado muy cercano al fujimorismo.En la primera vuelta el diálogo fue para apoyar la campaña, posicionándola en redes sociales y números telefónicos.

Con ese fin, puso en contacto a Rejas con un tal “Carlos”, un experto en equipos de inteligencia , quien tenía montado un ejército de personas que se dedicaban a difundir mensajes por redes sociales y teléfonos, según el relato de Rejas que trata de evitar ir a parar a la prisión. Para el balotaje puso en contacto a Rejas Tataje con su cuñado, el exoficial del Ejército, Fernando Marino Panduro, casado con María Montesinos Torres, y conocido por el apelativo «shushupe».

Cuando se enteró de que el resultado de la segunda vuelta no fue favorable a Keiko, Montesinos propuso una nueva estrategia: sobornar a los magistrados electorales, para lo cual puso a Rejas en contacto Guillermo Sendón, que se ofreció a ser el nexo entre el fujimorismo y Luis Arce, del JNE. Para lograr que tres de los cuatro magistrados apoyaran a Keiko Fujimori en el JNE, mediante la anulación de mesas electorales que favorecían a Castillo, Sendón pidió “tres palos”. Es decir: tres millones de dólares.

El jueves 1 de julio el portal de investigación IDL-Reporteros publicó dos nuevos audios que dan más luces sobre el plan de Montesinos y que revelan que estaba tan convencido de que Fujimori solo podía ganar la elección Norma Yarrow responde a Montesinos, IDL y La República: “tomaré las acciones legales, mi apellido no lo van ensuciar” sobornado a los magistrados, que incluso se atreve a dar el nombre de posibles “financistas”:

“Ahí tienen pues al hijo de Dionisio Romero… sabes a quién lo pueden buscar también al Arturo Woodman […] está muy vinculado a Dionisio Romero […] “, se le escucha decir. “Pero si con eso no fuera suficiente también podrían recurrir a otro personaje: Rafael López Aliaga”, el excandidato presidencial de Renovación Popular, añade. “[…] y a última hora que le pidan al Porky también pué, […] que hablen con la Yarrow y la Yarrow habla con el Porky… pero no se duerman, el tiempo está en contra”, señala Montesinos.

Dionisio Romero fue uno de los primeros empresarios peruanos en confesar en noviembre de 2019 que apoyó con tres millones 600 mil dólares a la campaña de Fujimori en 2011.

Un segundo audio publicado por IDL-Reporteros revela también que Montesinos había propuesto que los fujimoristas acudan a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos para que hiciera actuar al gobierno de los Estados Unidos en favor de Keiko Fujimori. Así de estratégico intentaba ser el exasesor presidencial.

Lo que llama especial preocupación de toda esta trama es la comodidad con la que Montesinos podía llamar desde la prisión de máxima seguridad custodiada, nada menos, que por la Marina de Guerra, que tiene mucho que responder no solo por eso, sino también por las medias verdades que ha dicho hasta hoy sobre el caso que involucra a Montesinos.

Cuando se revelaron los “vladiaudios”, la Marina emitió un comunicado asegurando que Montesinos solo había realizado dos llamadas, cuando en verdad realizó al menos 17, según reveló IDL-Reporteros. La República señaló que Montesinos no sólo había usado el teléfono de la cárcel sino que había realizado llamadas desde al menos tres celulares.

Todo indica que Keiko y el fujimorismo mantienen aún los lazos con Montesinos, aplican su estrategia, se relación con operadores políticos, buscan corromper autoridades electorales, y, sobre todo, han construido relaciones con una red mafiosa de grupos empresariales que les abastece de recursos para sus campañas electorales. La pregunta es si Montesinos sigue manteniendo, como lo sugiere, lazos con la CIA estadounidense.

*Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

https://www.alainet.org/es/articulo/212929

21.23.-Chile: muchas preguntas para unos pocos meses  ASCANIO CAVALLO

(Foto: Agencia Uno) 

Ha comenzado el proceso de superposición de poderes que, más o menos, se veía venir con el abigarrado calendario de elecciones que la pandemia le regaló al año 2021. Diez elecciones en un plazo de seis meses es más de lo que la psicología de las instituciones puede resistir. No hay cómo evitar que un vértigo se sobreponga con otros.

3 jul 2021.- Los alcaldes, por ejemplo, fueron elegidos en mayo y asumieron el lunes pasado. En el intertanto -vamos a suponer- estuvieron encerrados, como casi todo el país, y habrán copado su agenda de reuniones virtuales, multiplicados como nunca antes en sus “cámaras de eco”. En muchos casos, saboreando la primera victoria política de sus vidas. Por eso no es extraño que algunos hayan querido ser sumamente expresivos en sus ceremonias de asunción.

El mismo fenómeno, quizás amplificado por la percepción de lo histórico, se ha presentado en numerosos miembros de la Convención Constitucional, que se instala hoy. Es dudoso que algunos de esos convencionales sopesen lo que significa, por ejemplo, exigir aumentos presupuestarios en un país con bolsones inéditos de desempleo y un probable retroceso en sus niveles de pobreza. Por justificado que termine siendo, es extraño plantearlo antes de instalarse en sus sillones y saber exactamente en qué consistirá el trabajo. Ya vendrán las encuestas a calificar los excesos.

De momento, las diversas exigencias planteadas en torno a la Convención reflejan un cierto desborde de expectativas: desde necesidades estrictamente personales hasta ambiciones ideológicas de talante totalizante. Algunas de esas expresiones parecen concebir a la Convención como un poder que desde hoy pasará a ser superior al Ejecutivo, al Legislativo e incluso al Judicial. El rechazo a la presencia de esas autoridades en la ceremonia inaugural tiene algo de eso: de autonomía, sí, pero también de superioridad. Lo que suena a confusión entre medios y fines. Una Constitución será el artefacto superior de la institucionalidad republicana. Pero cuando exista.

La finalidad única de la Convención es redactar una Constitución. Dicho de otra manera: es lo único en que no puede fallar. Pero no está descartado que falle. Como el pensamiento mágico abunda en la política, estas cosas no se dicen, como para que no se produzcan, pero la situación es que la Convención puede fallar, no una, sino dos veces: la primera, si no logra producir un texto concordado en el plazo extendido de doce meses; la segunda, si entrega un texto que sea rechazado por la ciudadanía en el plebiscito de salida, 60 días después de su entrega oficial.

La Convención se cruza débilmente con el nuevo poder municipal, recién instalado; y en unos días más, el 14 de julio, con el poder regional, tan debutante y novedoso como los convencionales: los gobernadores elegidos por primera vez, que vendrán a reclamar el espacio de las regiones en el debate nacional.

Otra tromba paralela y crepitante se está superponiendo en estos mismos días: las primarias parlamentarias y presidenciales del 18 de julio, que definirán dos candidaturas: la de la alianza de izquierda dura, el PC más el Frente Amplio, y la de la coalición de la derecha, RN más la UDI más Evópoli. Por esta vez, ni siquiera se sabe todavía si los que salgan de aquí serán los candidatos más eminentes, porque aún falta saber qué será de la centroizquierda, que ha entrado en el momento más hamletiano de su historia: no sabe a quién matar ni a quién ungir y duda de todas sus capacidades, a pesar de que el miércoles 14 asumirá el gobierno de 10 de las 16 regiones. De modo que la oferta presidencial sólo se conocerá realmente el 23 de agosto, fecha límite para la inscripción de las candidaturas.

¿En que estará la Convención Constitucional para esa fecha? ¿Habrá logrado la normalización, se habrán estructurado los bloques que hoy sólo son cuadros de Zoom, tendrá ya un reglamento o seguirá enredada en las cuestiones procedimentales? ¿Tendrá una mesa directiva que interactúe con los otros poderes del Estado, al menos para constatar que siguen ahí?

Queda más. En noviembre se elegirá un nuevo Congreso, que, a diferencia del actual, se sentirá menos a la defensiva, más legitimado y en buena medida remozado, aunque sea solamente porque 43 de sus figuras históricas (38 diputados y 5 senadores) no habrán podido postular a una nueva reelección. Es difícil que este cuerpo -que, es cierto, asumirá recién en marzo del 2022- quiera renunciar a sus facultades; al contrario, es más probable que busque incidir en la fase final de la Convención para aumentar los poderes que tiene en la Constitución vigente. Lo mismo hará, con toda probabilidad, quien haya obtenido la presidencia de la República.

Y entonces se repiten las preguntas: ¿en qué estará entonces la Convención? Hay varios calendarios circulando, que establecen las etapas que podría (o debería) seguir el debate constitucional. Ninguno coincide con otro. Marzo parece una fecha demasiado distante. Y no lo es para quienes están entrando en alguno de los torneos de noviembre.

Por último está el Covid-19, del que ningún candidato se hace cargo, como si fuese seguro que se extinguirá con el gobierno de Piñera. ¿Qué deseos se esconden tras tantas omisiones?

Visto el panorama de esta manera, ¿tienen tanta importancia las refriegas sobre la instalación de la Convención Constitucional? No toda la que parecen. Pero en una dimensión pueden tenerla: en fijar el clima para su funcionamiento. A derecha y a izquierda hay no pocos interesados en que fracase. Dentro de la Convención también los puede haber. El futuro no está clavado.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/ascanio-cavallo-preguntas-para-unos-meses/RZLIRGANRFF4JLF7XE75KGMVCY/

  • 21.22.-Chile: letras griegas para variantes virales de la epidemia ASCANIO CAVALLO
  • A medida que pasa la página de Castro, Joe Biden se olvida de Cuba NICOLAS BOURCIER

Sobre la inquietante cuestión de las relaciones entre Washington y La Habana, el nuevo presidente estadounidense ha optado por evitarlo. A riesgo de devolver la imagen de una Casa Blanca en contradicción con sus propios compromisos.

Retrato de Fidel Castro (1926-2016) a la entrada de un centro de vacunación en La Habana, 15 de junio de 2021. ALEXANDRE MENEGHINI / REUTERS

Análisis. La alineación de las estrellas fue casi perfecta. Sesenta años después de la revolución cubana, La Habana pasó página a los hermanos Castro, Raúl, el eterno menor de Fidel, dando paso, el 19 de abril de 2021, a Miguel Díaz-Canel, el primer civil que dirigió el Partido Comunista de la Isla.

21 jun 2021.- La transición no solo estuvo acompañada por el retiro del cargo político de parte de la generación histórica, la de la revolución de 1959, sino que también siguió a un importante paquete de reformas.

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En medio de una crisis económica -la peor desde la caída de la URSS-, pandemia y tensiones políticas sin precedentes, el gobierno llevó a cabo, en enero, una delicada reforma monetaria, poniendo fin al sistema único de las dos monedas vigente. .durante treinta años. En febrero se permitió la actividad privada en la mayoría de los sectores económicos. Qué prever una transición, al menos sobre el papel, hacia una economía de mercado, querida por el vecino norteamericano.

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Con la elección de Joe Biden, se ha reavivado la esperanza de volver a la normalización de las relaciones entre Washington y La Habana, iniciada por Barack Obama en 2014 antes de romperse bajo el efecto de las sanciones y las restricciones de vuelo impuestas por la administración Trump. . ¿No prometió el candidato demócrata durante la campaña que eliminaría, una vez elegido, algunas de las medidas más agresivas del magnate inmobiliario? Que su objetivo también era cambiar rápidamente lo que llamó «la política fallida de Trump que perjudicó al pueblo cubano» y permitir que los estadounidenses vinieran a la isla porque son «los mejores embajadores del mundo. ¿Libertad»?

Indiferencia aparente

Desde entonces nada. Tras la investidura de Joe Biden, la Casa Blanca no se ha movido ni un ápice. El llamado, lanzado por Raúl Castro durante su último gran discurso al frente del partido único, a un «diálogo respetuoso» entre La Habana y Washington no tuvo la suerte de conmover al exvicepresidente de Obama. La nueva administración explicó cortésmente que las relaciones con Cuba no eran una prioridad. Se está revisando la política del Departamento de Estado hacia la isla. Un alto funcionario incluso dijo que Estados Unidos no tenía nada sustancial que decir sobre el retiro de Castro.

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Esta postura de aparente indiferencia deja un sentimiento de amargura a quienes esperaban, como mínimo, la reapertura de las aerolíneas y un relajamiento de las remesas, esas transferencias de fondos que hizo la diáspora cubana, bloqueadas en 2020 por Donald Trump. Revela la elección obvia de la prudencia en la política exterior. Asumido por el gran enfrentamiento con China, Joe Biden desea apartar la mirada de ciertos temas internacionales. A riesgo, como vimos en mayo en Oriente Medio, de devolver la imagen de una Casa Blanca sucesivamente tarde, avergonzada e incluso en contradicción con sus propios compromisos.

Al optar por la moderación en esta inquietante cuestión cubana, el presidente confirma su deseo de evitar en una región donde Estados Unidos ha estado caliente y frío durante décadas. Señala las trampas que dejó su predecesor. El día antes de su partida, Donald Trump reinscribió a Cuba en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo. Sobre todo, Joe Biden sugiere el peso desproporcionado de la política interna en la diplomacia de Estados Unidos. «Los asuntos domésticos siempre han figurado en la política hacia América Latina, pero nunca en tal grado», recordó recientemente Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, un grupo de expertos en Washington.

Extraña paradoja

De hecho, la retórica beligerante de Donald Trump hacia Cuba (y sus aliados venezolanos y nicaragüenses, apodada «la troika de la tiranía» por el exasesor de seguridad nacional John Bolton) ha resultado sorprendentemente efectiva entre los votantes latinos, particularmente en Florida. Exiliados y estadounidenses de ascendencia cubana y venezolana, que albergan una profunda aversión a los regímenes de esos países, ayudaron al presidente saliente a ganar este estado clave en las últimas elecciones con una ventaja aún mayor que en 2016.

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Los demócratas también perdieron dos escaños en el Congreso. El ex alcalde del condado de Miami-Dade (2011-2020) Carlos Jiménez y la presentadora de televisión María Elvira Salazar plantearon el espectro de la amenaza socialista y ganaron sus elecciones.

Desde la victoria de Biden, el influyente republicano de Florida Marco Rubio, uno de los tres cubanoamericanos en el Senado, advirtió sobre la flexibilización de las sanciones contra Cuba, recordando una redada policial reciente en La Habana contra un grupo de artistas disidentes. “Pudimos ver cómo reacciona el régimen cuando cree que la flexibilización podría estar en camino”, dijo.

Extraña paradoja. Si bien la mayoría de los estadounidenses dicen estar a favor de una normalización de las relaciones, los estudios muestran el surgimiento de una línea dura entre la comunidad cubanoamericana desde 2017. Una tendencia que, sin embargo, podría disminuir entre ellos durante estos meses postelectorales, como varios las experiencias pasadas han demostrado.

Quizás ahí esté la clave de la nueva administración. Al flexibilizar las restricciones y volver a autorizar los vuelos a Cuba, podría enviar una señal positiva para la construcción de un nuevo ecosistema en la región. Una voz estrecha para un Joe Biden al frente de una frágil mayoría en el Congreso y sometido a partir del próximo año a las elecciones de mitad de período, desfavorables por naturaleza al presidente en el lugar, pero que mejoraría la vida cotidiana de los cubanos y crearía un ambiente más propicio para un diálogo sustancial entre los dos países.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/21/alors-que-se-tourne-la-page-castro-joe-biden-oublie-cuba_6084953_3232.html 

21.22.-Chile: letras griegas para variantes virales de la epidemia ASCANIO CAVALLO

Foto: Saeed Khan | AFP 

Una de las cosas llamativas de la incipiente campaña presidencial es que ninguno de los precandidatos habla sobre el Covid-19. En el carnaval de bonos, alzas de salarios y pensiones, subsidios y becas y otras granjerías no figura todavía la respuesta más sencilla: qué hará usted con la pandemia.

26 jun 2021.- Es probable que en la imaginación de los candidatos -como ha ocurrido repetidamente en el caso del gobierno- se haya asentado la idea de que para el 2022, cuando Sebastián Piñera se despida de La Moneda, ya no habrá contagios, la ciudadanía hormigueará por calles y comercios y miríadas de familias en los parques serán bañadas por el tibio sol de marzo. La economía, desde luego, iría como avión: de otra manera sería difícil concebir tanta munificencia.

¿Será así? El Banco Central compartía ese optimismo en su IPoM de marzo, debido a la reactivación parcial del comercio y los servicios, el aumento del gasto y el ahorro (retiros previsionales más subsidios) y un cierto aumento de la oferta de empleos. Suponía, por cierto, una “apertura avanzada de la economía” para el segundo semestre del año.

Esto fue antes de que viniera la segunda (¿o tercera, o cuarta?) ola de cuarentenas emprendida por el Ministerio de Salud. El rastro que están dejando estas nuevas series de restricciones sobre el empleo y la inversión ya no es el mismo. Como en las guerras, cada nueva campaña es más costosa y más dañina, incluso cuando se está ganando -que no parece ser el caso. El país del 2021 es más pobre que el del 2020.

Hace dos semanas, el primer ministro británico Boris Johnson le informó al Presidente Piñera que la nueva variante del Covid-19, la llamada delta o B.1.617.2, se estaba expandiendo en el Reino Unido con una velocidad casi tres veces mayor que la anterior (alfa) y que se necesitaría una nueva vacuna, aún inexistente. En el programa de Piñera para su gira por Europa figuraban encuentros con los laboratorios que producirían esta vacuna. Aunque el viaje fue cancelado, el gobierno dice que el Ministerio de Salud ya ha comprometido la adquisición de nuevas vacunas.

En síntesis: sobreviene un nuevo ciclo viral. Cuando el exministro Mañalich habló de esto el año pasado -entonces parecía pura imaginación apocalíptica-, dijo que sería como una nueva epidemia. La investigación internacional sugiere algo un poco menos pavoroso. Por ejemplo, las vacunas actuales funcionan, aunque con menos porcentaje de efectividad; y las nuevas, que serían un refuerzo, están cerca de entrar en producción. Un poco menos, pero nada para celebrar.

La primera persona contagiada con la variante delta llegó esta semana a Chile. Pero esto es un decir, porque no existe en Chile un seguimiento genómico intensivo que permita asegurar que no ha llegado antes. Una cosa es segura: la variante se expandirá por encima de las anteriores, simplemente porque es más poderosa, como está ocurriendo en todo el mundo.

Nadie entiende muy bien la estrategia que sigue el gobierno. Lo único visible es que ha estado constantemente sometido a la presión de la comunidad médica, que hasta ahora no ha visualizado una forma distinta de encarar la pandemia que el cierre de actividades, las cuarentenas y el toque de queda. Por primera vez después de 15 meses, el ministro Paris ha admitido que todo esto produce “fatiga pandémica” tras 90 días de confinamiento (¿por qué ese plazo?) y ha relajado las medidas en comunas donde no se produjo disminución significativa de los contagios. Ergo, no fueron eficaces.

El debate entre el confinamiento y la reactivación de la vida productiva se ha producido en todo el mundo, quizás con características menos expresionistas y con más templanza de lo que ha tenido en Chile, pero con la misma presión moral sobre los gobiernos. Entrevistado por la BBC, el profesor de Ética Médica de la Universidad de Oxford Dominic Wilkinson decía hace unos días que nadie puede asegurar hoy qué es “lo correcto”, porque los resultados finales de las medidas sólo se conocerán en bastante tiempo más. No hay forma de sostener que existe una sola manera de combatir la epidemia, ni siquiera una manera mejor. Y advertía: “La ciencia no nos puede decir qué hacer. Tiene que estar en el centro de la toma de decisiones, pero no te puede decir, por sí sola, qué decisión tomar. Eso se debe hacer sobre la base de la ética”.

La ética de la que habla Wilkinson es el bien común: el equilibrio entre una enfermedad con potencial mortal y una terapia cuyas consecuencias también pueden ser mortales, aunque de otra manera. El confinamiento no podrá ser la única forma de enfrentar el peligro sanitario si es que éste se sigue resistiendo a una erradicación perfecta. En Estados Unidos, los sistemas de educación media y superior -una de las actividades más destructivamente afectadas por las estrategias de clausura- han optado por aplicar testeos frecuentes a sus alumnos (cada dos, tres o siete días), con lo que dejan de ser necesarias las pruebas de síntomas y el seguimiento de contactos.

La variante delta ha venido a introducir, por decirlo de alguna manera, un nuevo realismo en la situación sanitaria y política. Quizás el juramento del nuevo gobierno deba hacerse con mascarilla. El alfabeto griego no se ha agotado.

Ningún candidato ha dicho cómo encararía estos dilemas.

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  • 21.21.-Redemocratización: la cuestión central de BrasilEMIR SADER
  • Chile: Sacrés territorios ASCANIO CAVALLO

Varias regiones están atravesadas por conflictos ambientales, como es el caso de El Monte, donde Greenpeace levantó la campaña Suelta el Agua. 

La palabra probablemente más repetida por los elegidos a la Convención Constitucional -descontados los eslóganes de campaña- ha sido “territorio”. Puesto que parece desbordar las fronteras ideológicas y estar rodeado de un aura de autoridad moral, se ha convertido también en el término más enigmático del proceso. La demanda “territorial” se hará presente en la instalación de la convención y en muchos, muchos de los debates que librará.

19 jun 2021.- Hay casos en que la palabra territorio es usada de una manera metafórica, como expresión de una posición más que de una realidad física. La tendencia a representar las ideas de manera territorial es tan vieja como la imaginación humana, y no parece tan raro que en el mundo desterritorializado de las redes digitales se tienda a pensar de nuevo de manera metafórica o parabólica. Pero para una mayoría de los convencionales que se plantan de esta manera, no se trata de metáforas. Esa acepción hasta puede ser insultante.

La demanda territorial más vigorosa está asociada a los fenómenos de desplazamiento, abandono, postergación, marginación o discriminación que percibe una parte de la ciudadanía: la ex-centricidad con que la tratan la empresa privada, los políticos, la academia, las instituciones y, desde luego, el Estado. Ese desdén airoso, petimetre, que al caer el día se convierte con tanta facilidad en abuso o deprivación.

Algunos reclamos se refieren a grandes proporciones del territorio nacional, como las regiones mineras, las afectadas por la sequía o La Araucanía. Son conflictos de muy distinta naturaleza, pero convergen en exigir la atención de la sociedad. Es una coincidencia -¿lo es?- que en las mismas elecciones se haya votado por primera vez para elegir autoridades regionales. Una parte de la clase política, y en especial la derecha, les prestó poca atención a estos comicios, sin advertir que las limitadas facultades de los gobernadores actuales se convertirán muy rápidamente en a) banderas de lucha por mayor autonomía, b) poderes políticos de alta gravitación y c) espolones machacadores contra el centralismo. Los reclamos de las regiones llegarán a un mismo tiempo a la Convención Constitucional y a las antiguas intendencias.

Varias regiones están atravesadas por conflictos ambientales. Pero este tipo de conflictos tiene también escalas menores. La expresión “zona de sacrificio”, de origen inequívocamente militar, tan vinculada a la situación de Ventanas, vino a designar la indefensión en que se sienten los habitantes de áreas particularmente afectadas por la actividad industrial. La “zona de sacrificio” es la suma de la crueldad de un sistema productivo en complicidad con los poderes públicos. Causas locales como esas -multiplicadas ahora por decenas- han estado en la base de la elección de diversos convencionales que postularon como independientes, dentro y fuera de la Lista del Pueblo.

En una dimensión física aún más restringida -pero no menos resonante- se puede situar la reivindicación de barrios y poblaciones marginalizadas, a veces por razones socioambientales, a veces por la pobreza pura y dura. Bajos de Mena, Alto Hospicio y muchas poblaciones intraurbanas (“inner cities”) han llegado a ser representaciones de grupos sociales triplemente castigados por la inseguridad, la deprivación (de ingresos, pero también de servicio públicos) y la invisibilidad.

Mucho de esto es, efectivamente, lo que tuvo protagonismo en la disrupción del 18-O, y muy especialmente en las ciudades y localidades que no son Santiago. En la mayoría de esos casos las protestas de octubre de 2019 expresaron la exasperación territorial, no sólo con el gobierno, sino con un estado de cosas localmente imperante desde hace ya muchos años.

Detrás del reclamo territorial se esconde -sin ningún disimulo, en realidad- una gran proporción del rechazo a la política, los partidos y los parlamentarios. En los primeros años de la restauración democrática, en los ya lejanos 90, senadores y diputados tenían por prioridad establecer vistosas sedes en todas las comunas de sus circunscripciones, como un modo de atender a sus electores y conservar su adhesión. Con muy escasas excepciones, esa sencilla forma de fidelización terminó por desaparecer, lo que de seguro forma parte del desproporcionado rechazo que reciben el Parlamento y los partidos en las encuestas.

Es posible que el tropo territorial tenga raíces más profundas de lo que hace pensar su irrupción en el escenario político. Un gran volumen de la literatura local, desde Baldomero Lillo hasta Simón Soto, de la poesía, de Gabriela Mistral a Raúl Zurita, e incluso del cine, con Raúl Ruiz y Patricio Guzmán a la cabeza, traducen una ansiedad muy arraigada por el reconocimiento material simbólico del territorio, una ansiedad que a la vez suele ser desdeñada u omitida en las clases dirigentes. Chile tiene un robusto batallón de “historiadores del territorio” y su sociología disputa con la antropología el estudio de las localidades nacionales.

La expresión actual de los territorios, sin embargo, puede conducir a equívocos. Se trata, por lo general, de reclamos fuertes e indignados. Pero, con la excepción de algunos grupos radicales -en el mundo mapuche-, no demandan ruptura ni con el Estado ni con la sociedad, sino más bien la apertura, por las buenas o por las malas, de un espacio de integración, no a través de los partidos, ni del gobierno, ni de los grupos de interés, sino del Estado, ese ente abstracto que administra otra abstracción, “lo público”, para que ahora la convierta en acciones concretas y precisas, no más cambalaches ni do ut des. En breve: una reconfiguración de lo público. No más generalismo ni separatismo, sino inclusión.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-territorios/Y424CCOIAVBTXJVLT3V5UMDX24/ 

21.21.-Redemocratización: la cuestión central de BrasilEMIR SADER

El tema de la democracia siempre ha sido un tema pendiente en Brasil. La salida de la dictadura promovió un proceso de redemocratización, que sólo restauró el sistema democrático liberal que existía antes del golpe de 1964.   

Foto: Felipe Tessarolo

El tema de la democracia siempre ha sido un tema pendiente en Brasil. La salida de la dictadura promovió un proceso de redemocratización, que sólo restauró el sistema democrático liberal que existía antes del golpe de 1964. Separación de poderes de la república, elecciones periódicas, libertad de partidos políticos, entre otros.

15 jun 2021.- Pero nada más se ha democratizado en Brasil. Ni la propiedad de la tierra, ni los medios de comunicación, ni las relaciones económicas, ni la vida cultural. La estructura social, económica y de poder del país siguió siendo la misma. El sistema político tradicional y el funcionamiento del Estado garantizaron la continuidad de las relaciones de poder.

El país más desigual del continente más desigual del mundo restableció la democracia sin atacar las inmensas desigualdades que siempre han marcado a Brasil.  Hubo elecciones más o menos democráticas (en las que el poder del dinero y el monopolio privado de los medios de comunicación siempre los distorsionó), los movimientos sociales lograron expandir sus organizaciones, nuevos partidos políticos comenzaron a participar en la vida política del país, se ampliarán espacios para permitir un debate sobre cuestiones nacionales más amplias.

Pero la izquierda nunca se preguntó si este Estado era lo que se quería para Brasil. ¿Qué Estado tenía que proponer la izquierda?

Proviene de la concepción imperante en el siglo pasado, de que es un Estado burgués, adecuado al capitalismo, de que debe aprovechar, en la medida de lo posible, los espacios políticos existentes. Una actitud instrumental del Estado, sin pensar en cómo superar sus limitaciones. La idea estaba implícita de que solo una revolución, solo el socialismo, podría resolver esta cuestión, sin decir cómo se podría llevar a cabo esta revolución, cómo se podría vencer al capitalismo y cómo se podría instalar un nuevo Estado.

El tema se alivió con los gobiernos del PT que, a pesar de las limitaciones que tuvieron que ejercer -poder económico conservador, monopolio de los medios de comunicación, estructuras estatales inadecuadas para la transformación radical del país- lograron llevar a cabo los gobiernos más virtuosos y buenos. de nuestra historia. Pero la cuestión del tipo de Estado y los límites del estado actual seguía sin resolverse.

Hasta que estallaron brutalmente con el golpe de 2016, demostrando descaradamente las limitaciones del Estado y la democracia que realmente existían hasta ese momento. ¡Que hicieron posible, violando las normas constitucionales, con la complicidad del propio Poder Judicial, inventar razones para la acusación de Dilma, supuestamente dentro de la ley!

La guerra híbrida, la nueva estrategia de la derecha -de corromper la democracia desde adentro, hasta distorsionarla por completo- encontró espacio en el Estado y en la democracia históricamente heredada del país y que se prestó a ser instrumentalizada por la derecha y sus proyectos golpistas.

Ahora Brasil se enfrenta una vez más al urgente problema de su (re) democratización. Fue la ruptura de la democracia lo que llevó a Brasil a la peor crisis de su historia. Solo la restauración de la democracia permitirá al país reconectarse consigo mismo, tener gobiernos legítimos, restablecer una política económica que satisfaga las necesidades de la gran mayoría de la población y rescatar la soberanía de Brasil.

 Es una nueva oportunidad para que la izquierda plantee el tema de la democracia y el Estado, cuestiones fundamentales, condiciones para cualquier proyecto de futuro de Brasil. Por primera vez, la redemocratización del país puede darse con un proyecto hegemónico de izquierda, que no solo buscará restablecer el Estado y la democracia que existían antes del golpe -esta vez el golpe de 2016-, sino que tendrá la necesidad. afrontar la instalación como objetivo en Brasil de un Estado nacional radicalmente democrático, popular. Eso probablemente exige una nueva Asamblea Constituyente, después de la república, el Estado y la democracia fueron tan violados y distorsionados en Brasil en los últimos años.

 La fuerza del PT, Lula y los movimientos sociales son los instrumentos de que dispone la izquierda, sobre todo, para lanzarse en esta tarea indispensable. Eso requiere, al mismo tiempo, un nuevo ciclo de pensamiento crítico en Brasil, que renueve los temas de reflexión y los horizontes de propuestas para una (re) democratización nueva y mucho más profunda del país.

https://www.alainet.org/es/articulo/212652 

  • 20.21.-Chile: Elogio del candor – ASCANIO CAVALLO
  • Chile II: terremoto político y social BEETHOVEN HERRERA
  • Perú: el libreto de Castillo  GERMÁN VARGAS

El resultado de las elecciones en Perú tiene profundas implicaciones para Latinoamérica, y en particular para Colombia, por razones políticas, estratégicas y económico-comerciales. JUN 05

Pedro Castillo

12 jun 2021.- No parece haber duda sobre la elección del líder campesino, profesor y declarado seguidor de la doctrina marxista leninista Pedro Castillo. Su plataforma política busca abandonar la economía de mercado, mediante la nacionalización de sectores estratégicos de la economía como el minero, el energético, el de los servicios básicos y muchos otros que seguramente están en sus planes. Por este camino Perú se incorporará, junto con Venezuela, Bolivia y Nicaragua, al llamado socialismo del siglo XXI, cuyos ‘logros’ son ampliamente conocidos en el continente.

Veamos algunos de los planteamientos de Castillo: ha dicho que se renegociarán los contratos con las empresas mineras y que si no están de acuerdo, se tendrán que ir del país y el pueblo las asumirá o, mejor dicho, se nacionalizarán. “Nosotros queremos nacionalizar los recursos energéticos y ponerlos al servicio de la población”, dijo la electa vicepresidenta, Dina Boluarte. También afirmó que se renegociarán todos los tratados de libre comercio. Seguramente abandonarán la Alianza del Pacífico y Prosur.

El nuevo nombre del juego es la ‘economía popular’, comenzando por el “rescate de los recursos estratégicos del Perú”. El turismo se hará sin fines de lucro. Curiosa propuesta, cuando ese país es uno de los líderes en turismo receptivo del continente. Castillo ha dicho: “Bienvenida la empresa privada nacional”. ¿Por este camino será que las inversiones extranjeras ya no son bienvenidas? ¿Y qué futuro les espera a las existentes?

El Gobierno Nacional tiene que estar muy atento para proteger las inversiones que por décadas ha hecho nuestro país precisamente en el sector minero-energético peruano, y que hoy podrían estar amenazadas. Se estima que dichas inversiones en el país vecino ascienden a algo más de 18.000 millones de dólares. Empresas como ISA, Grupo Energía de Bogotá, Promigás, Eléctricas de Medellín y Grupo Unión, para citar algunas del sector eléctrico y del gas. Tenemos las del grupo GHL y de Estelar, en el sector hotelero. Y muchísimas otras en sectores como el de infraestructura vial, financiero, agroindustrial y de servicios.

Para implantar el nuevo modelo, ha dicho Castillo que se hará una asamblea constituyente, para lo cual se convocará de inmediato un referendo. Este camino ya lo conocemos. Es idéntico al que se ha seguido en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, ahora en Chile y también en el Ecuador de Correa. Aquí no vale el argumento de que Castillo no disponga de mayorías en el Parlamento, pues no las necesita. De hecho, lo primero que hará es consultar al pueblo la revocatoria del Congreso recién elegido.

¿Qué puede pasar? Pues que será revocado, ya que no hay nada más impopular en el mundo que los congresos. Tras el cambio de Constitución vendrá la toma del Poder Legislativo, el Judicial y el regional y, claro, de las Fuerzas Armadas. Simultáneamente se silenciará y perseguirá a las fuerzas de oposición y a los medios de comunicación. El libreto está escrito. Se legitima en el populismo, que todo lo convierte en subsidios financiados con emisión pura y dura, inflación desbordada y pobreza extrema. Es la misma receta que en el país se promueve cuando se advierte que en menos de 12 años es imposible pensar en una transformación como la que requiere Colombia.

A todas estas, un juez ha pedido la detención preventiva de la candidata Fujimori. En Nicaragua, el dictador Ortega ha retenido y hecho encarcelar a todos los candidatos opositores; en Venezuela, persecución y cárcel para la oposición. Esta es la estrategia en lo político para quedarse 14 años en el poder, como Ortega; 13, como Evo Morales, o como los hasta ahora 22 de la dupla Chávez-Maduro.

En Colombia tenemos la responsabilidad de abrir los ojos ante lo que está ocurriendo en la región, identificar los patrones de actuación, conectar los distintos hechos políticos, como la protesta y los paros y bloqueos, con la campaña electoral que se avecina, y entender la dimensión internacional de la estrategia. ¿O será que a alguien le cabe en la cabeza que todo lo que estamos viviendo sean meras coincidencias?

GERMÁN VARGAS LLERAS  ttps://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/el-libreto-de-castillo-columna-de-german-vargas-lleras-59562

20.21.-Chile: Elogio del candor – ASCANIO CAVALLO

29 de Noviembre de 2020/CONCEPCION Elecciones Primarias de Gobernadores en la comuna de Concepción, Colegio España, durante el estado de catástrofe decretado por la pandemia de Covid-19 que afecta al país. En la imagen votos no escrutados, en la mesa de los vocales de mesa FOTO: SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO 

Planea sobre el país un cierto prestigio de la ignorancia. El “saber hacer”, tan francés, tan europeo, parece desplazado por una popularidad de un “no saber” muy latinoamericano, una idea orgullosa de que carecer de una competencia, de no saber, puede ser una garantía de pureza ideológica, candor moral e independencia respecto de los partidos y las élites. En la dicotomía entre el pueblo y las élites, “los que saben” están casi por definición en el lado equivocado, y son continuamente desafiados por todas las formas de conocimiento incierto o alternativo que se distribuyen por las redes digitales.

En las elecciones del 15 y 16 de mayo pasados, y de las que vienen por delante, hubo y hay candidatos que han hecho profesión de fe de no tener idea alguna sobre la administración del Estado, de no conocer sus complicaciones y de estar dispuestos a, de acuerdo al sesgo, a) aprender (algunos); b) ensayar cosas nuevas, entendiendo que el “saber” forma parte de “lo viejo” (unos cuantos); o c) imponer sus puntos de vista sobre “los que saben” (varios).

En la elección de la Convención Constitucional hubo, como ya se ha dicho hasta el hartazgo, un castigo y una advertencia contra los partidos. Contra todos los partidos, incluso aquellos que después han querido hacerse parte de la crítica. Los partidos, claro, son vistos como una de las representaciones vivas de las élites. La otra representación que recibió un castigo similar, aunque menos notorio, fue la de los técnicos, tecnócratas o technopols, esas categorías en que caben todos los profesionales especializados que dominan problemas complejos y, sobre todo, políticas públicas. En palabras anticuadas, “los que saben”.

Los tecnócratas vivieron su era de esplendor durante los 20 años de la Concertación, aunque fueron perdiendo fuerza progresivamente a medida que los partidos y los parlamentarios empezaron a resistirlos con el argumento de que la política debía conducir las decisiones técnicas, y no al revés. La Nueva Mayoría fue prácticamente una expresión de la retoma de la hegemonía por parte de la política. Esta tensión es parte de la historia de las naciones, y hasta se puede decir que ha sido intrínseca a las democracias: políticos y tecnócratas en disputa por la conducción del Estado.

Lo que ahora ocurre es distinto: los tecnócratas no son castigados porque su conocimiento se adscriba a algún proyecto ideológico o político -los technopols-, sino más bien por el hecho mismo de estar en posesión de un conocimiento especializado; por saber. Varios constitucionalistas (que no aceptarían llamarse tecnócratas) de reconocida competencia, en todas las variantes del espectro partidario, quedaron fuera de la convención, incluso postulando como independientes. Lo mismo ocurrió con exministros y también con dirigentes sindicales -comunistas, humanistas, anarquistas- de larga trayectoria. La demonización del conocimiento y la experiencia van tan de la mano, que en algunos casos resultan indistinguibles.

El hecho paradójico es que efectiva, innegablemente, todo esto dota de un aire fresco y candoroso a la política chilena, mientras al mismo tiempo parece destruirla. En el mundo de las ciencias políticas, la pregunta de moda es si Chile constituirá un laboratorio en el que se están creando las modalidades sociales y políticas del siglo XXI -la versión glamorosa- o si sólo se están reprocesando tendencias fragmentariamente existentes en otras latitudes -la versión desangelada.

De todos modos, el ingrediente del rechazo a la competencia técnica y la idea de un “nuevo saber” en reacción al antiguo ya no tiene el mismo frescor: se parece simplemente al “plebeyismo” que Ortega y Gasset describió casi un siglo atrás. Hay prácticas similares en la Argentina peronista, el bolivarianismo venezolano y, por lo que se alcanza a divisar, el movimiento que ha llevado al profesor Pedro Castillo al gobierno en Perú. Los seguidores de Donald Trump llevaron a expandir la idea de “hechos alternativos” para defender el mismo punto. Esto difiere, en general, de la experiencia comunista, que siempre tuvo una admiración de base por el conocimiento tecnocientífico.

Los análisis electorales que se han estado realizando con los datos liberados por el Servel acerca del plebiscito de octubre del año pasado no permiten sacar conclusiones acerca de por qué no fue elegido ese tipo de candidatos, los de larga experiencia y conocimiento experto. El único hecho de envergadura real es el hecho de que unos 2,4 millones de electores antiguos, presumiblemente simpatizantes de las fuerzas tradicionales, se restaron de ir a votar en mayo. En octubre se había agregado un millón 300 electores nuevos, el mayor crecimiento en décadas, y parece probable que entre ellos, que no habían votado nunca antes, viniera también esta forma más aguda de rechazo al establishment. Habrá que ver cuánto puede sobrevivir en el seno de un organismo inevitablemente experto como una Convención Constitucional.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-elogio-del-candor/7CIVK3CHFFCKPGT2OUURZSQRPU/

20.21.-Chile II: terremoto político y social BEETHOVEN HERRERA

El país escribirá una nueva Constitución con equidad de género, reparación histórica a los nativos e inclusión de la diversidad.

Chile ha vivido terribles movimientos telúricos, pues está situado sobre la falla geológica del Pacifico, y en lo político ha vivido cambios tan profundos como la elección del socialista Salvador Allende en 1970, su derrocamiento por el golpe militar de Augusto Pinochet en 1973 y la votación en 1990 que determinó la salida del dictador.

6 jun 2021.- Los resultados de la reciente votación en la cual se eligieron 155 miembros para la Convención Constitucional han generado un cambio político más profundo, pues ha dado inicio al proceso de sustitución completa de la constitución heredada de la dictadura.

En la Convención tendrán 17 escaños los pueblos indígenas, que constituyen el nueve por ciento de los 19 millones de chilenos y seguramente el país será definido como república plurinacional y multilingüe. Esto constituye un triunfo histórico para los habitantes originarios pues han enfrentado disputas por los derechos ancestrales sobre la tierra con particular violencia en el sur del país.

¡Ahora una autoridad ancestral mapuche, la Machi Francisca Linconao escribirá la nueva Constitución de Chile!

Otro aspecto destacable en la composición del cuerpo constituyente es el cambio generacional, pues predominan los constituyentes menores de 40 y 30 años de edad y habrá al menos 6 constituyentes de la comunidad Lgbt.

Se ha producido también una revolución social, pues de los 155 constituyentes 49 se educaron en colegios públicos, 40 en colegios subvencionados y 43 provienen de colegios particulares. De modo que seguramente habrá un cambio drástico frente al régimen vigente que considera a la educación (como a la salud) una actividad de lucro, prestada por particulares.

Un hecho notable es que los partidos de la Concertación, que lideraron el movimiento para la salida de la dictadura y han ejercido el gobierno la mayor parte del tiempo desde entonces, han sufrido un severo castigo de los electores: a esos partidos se los acusa de haberse derechizado y de recibir financiamiento irregular de grandes grupos económicos para sus campañas. Un hecho ampliamente denunciado es que el yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, -a través de Soquimich- financió el conjunto de la precampaña de Bachelet para su segundo período presidencial.

A los partidos de la Concertación, algunos provenientes de la izquieda se les recrimina haber continuado la privatización de recursos naturales fundamentales como el litio y gran parte del cobre. Además les reclaman haber entregado los derechos de pesca marítima a siete familias y haber privatizado el agua, empresas sanitarias y puertos además de concesionar caminos y obras públicas.

Y la exportación de madera ha generado un severo daño ambiental que ahora los electores han cobrado…

Por último, la Democracia Cristiana, uno de los partidos históricos, logró solamente 2 escaños en la Convención (un militante y un aliado independiente). Finalmente por corrección de género, se quedaron sólo con uno… es casi su extinción.

Con una gran abstención, participación mayoritaria de mujeres y por primera vez de indígenas, Chile escribirá una nueva Constitución con equidad de género, reparación histórica a los nativos e inclusión de la diversidad.

https://www.portafolio.co/opinion-sobre-la-constitucion-politica-nueva-que-creara-chile-552709

  • 21.19.-Chile: Doce haikus electorales  ASCANIO CAVALLO
  • Chile (I): crepúsculo de la dictadura BEETHOVEN HERRERA

Los analistas culpan al gobierno por su poca pericia en el manejo de las protestas, la pandemia y las elecciones.

En dos siglos de vida independiente Chile sólo ha tenido tres constituciones (1833,1925 y 1980), y eso que podría significar gran estabilidad institucional obliga a precisar que ninguna de esas cartas fundamentales fue redactada en una Asamblea Constitucional, y la que está vigente fue redactada por Jaime Guzmán, abogado amigo de Pinochet, y validada en un referéndum sin padrón electoral ni garantías para la oposición.

30 may 2021.- Por acuerdo entre gobierno y opositores, la reciente elección fue convocada para elegir paritariamente hombres y mujeres de listas encabezadas por mujeres, además de garantizar 17 cupos a los pueblos originarios, los cuales ni siquiera se mencionaban en la carta vigente.

La constitución de la dictadura estableció que los altos mandos del Ejército tendrían escaños en el Senado y serían responsables de designar al comandante de las Fuerzas Armadas a quien el presidente no podía remover, incluso después del fin del gobierno militar. Además adjudicó a las fuerzas armadas el 10 % de los ingresos por el cobre; dejó diseñadas amnistías para Pinochet y otros generales, creó un esquema electoral que benefició a los partidos de derecha, y un sistema que hizo imposible el cambio de la mencionada carta fundamental, pero que fue desbordado por las masivas protestas de octubre de 2019.

Esa constitución consagra un Estado subsidiario, que no provee salud, educación ni seguridad social, dejándolo en manos del sector privado y el Estado se limita a vigilar cómo los particulares suministran los servicios de luz y agua potable. Ahora la mayoría de los constituyentes elegidos proponen cambiar el modelo neoliberal extractivista, propuesta que promueven los 17 convencionales electos por los pueblos originarios.

Chile Vamos, coalición apoyada por el gobierno sólo obtuvo 37 de los 155 escaños, de modo que no logra el tercio requerido para bloquear las decisiones que tome la mayoría de constituyentes opositores al gobierno. Notable también resulta el hecho, señalado por Ariel Dorfman, de que “los chilenos, en especial los jóvenes, también rechazaron a los partidos tradicionales de centroizquierda por considerar insuficiente su respuesta al anhelo de la gente de una sociedad más igualitaria, además de estar demasiado comprometidos con el statu quo”.

El presidente Piñera admitió que “la ciudadanía ha enviado un claro y fuerte mensaje al Gobierno y a todas las fuerza políticas tradicionales: no estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y los anhelos de los ciudadanos… Es nuestro deber como Gobierno escuchar con humildad y con atención el mensaje de la gente”. La inconformidad creció porque el gobierno llegó tarde con las ayudas económicas para enfrentar la pandemia y lo acusan de equivocarse al impugnar ante el Tribunal Constitucional el tercer retiro de recursos de los fondos pensionales, con un resultado negativo.

Los analistas culpan al gobierno por su poca pericia en el manejo de las protestas, la pandemia y las elecciones, lo cual hizo que a pesar del generoso apoyo de las empresas a los candidatos de la coalición gobernante, ésta no logró ni siquiera el poder de veto para bloquear las reformas estructurales que se avecinan.

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/chile-i-crepusculo-de-la-dictadura-columnista-552477

21.19.-Chile: Doce haikus electorales  ASCANIO CAVALLO

Los dioses ciegan a quienes quieren perder. La luz resplandeciente que emite la Convención Constitucional ha hecho pensar a muchos que allí se ha dirimido todo el conflicto sociopolítico chileno. Igual que las encuestas sobre figuras presidenciales, esa impresión no es exactamente una falsedad, sino un error de incompletitud. Pero un error grueso. Cabe observar:

5 jun 2021·-  Después de 15 elecciones y nueve años de experimentación clamorosamente disfuncional, en el Parlamento se abre camino el regreso al voto obligatorio. Ida y vuelta, ¿es un mismo camino?

  • Dentro de la abultada abstención de los comicios de mayo (la segunda peor tras las municipales del 2016), la votación menor fue precisamente de los constituyentes, que recogieron 370.966 votos menos que los alcaldes. La Constitución se mide con el barrio.
  • La legitimidad de una elección jurídicamente válida nunca debería ser discutida. Pero no ha sido así en el Chile de los últimos tres años. Quienes inauguraron ese discurso corren el riesgo ahora de ser mordidos por él.
  • Los independientes, dentro y fuera de pactos, obtuvieron un 43% de los votos constituyentes y la mayoría de los alcaldes, pero en concejales alcanzaron un muy humilde 1,5% (y para esos puestos votaron casi 115 mil personas más que por los constituyentes). La sorpresa no es el ruido, sino el silencio.
  • En autoridades territoriales, las dos fuerzas orgánicas dominantes siguen siendo la centroizquierda y la derecha, aun cuando sus porcentajes históricos han disminuido. Unidad Constituyente suma 25,89% en gobernadores, 23,88% en alcaldes y 33,45% en concejales. Chile Vamos obtuvo 19,4%, 26% y 30%, respectivamente. Sin contar con que muchos de los alcaldes elegidos como independientes (28,57%) reconocen fuentes ideológicas y hasta laborales en esos mismos conglomerados.
  • La tercera fuerza es la coalición entre el PC, el Frente Amplio y la Federación Regionalista Verde Social. El peso de cada uno dentro del grupo es sólo relativamente incierto. En la única elección donde compitió por separado, la FRVS (gobernadores) obtuvo 3%. El PC, que también corrió a solas en esa elección, logró 3,82% y no hay ningún candidato a gobernador comunista que haya pasado a segunda vuelta.
  • El peso del Frente Amplio aparece algo empañado por la coalición: en gobernadores logró 16,51%, pero en alcaldes sólo llegó a 7,8%. Sin embargo, ambas cifras muestran que en esas dos elecciones el sector dominante ha sido el Frente Amplio. En la de concejales empató con el PC en 9,2%, que a la vez es el mejor desempeño comunista.
  • Parece claro que las expectativas del PC están algo infladas por la figura del alcalde Daniel Jadue, pero ninguno de sus resultados podría fundamentar el carnaval de vetos que puso en juego (más visiblemente el mismo Jadue que la dirección de su partido) en la noche de la inscripción de las primarias. Tampoco los habría podido fundamentar la Unidad Constituyente, ni entera ni por partes.
  • Nadie está para sentarse como un partido hegemónico dentro de Unidad Constituyente. El PS hizo rendir sus votos para constituyentes: eligió 15 con apenas 4,8%; en cambio, la DC eligió dos con el 3,6%, un récord de ineficacia. En alcaldes, el bloque PSD-PPD-PR alcanzó 13,2%, mientras que el de DC-PRO-Ciudadanos llegó a 10,7%. Es una comarca donde se extinguieron los titanes.
  • En el único ámbito en que se presentó como bloque íntegro, Unidad Constituyente alcanzó la primera mayoría, con un 25,9% -bastante lejos de sus cifras históricas-, pero obtuvo dos gobernaciones en primera vuelta y disputa otras 11 regiones en segunda. Aquí la derecha saltó al pozo, casi desaparece.
  • En cuanto a alcaldes, Chile Vamos consiguió una primera mayoría en votos (26%), pero un pésimo desempeño en alcaldes elegidos, que representan sólo un 23% de la población gobernada. Sin embargo, ya no es posible asegurar que las elecciones de alcaldes sean predictivas de las elecciones presidenciales, como lo fueron desde el 2004. Pepe Auth ha cifrado en 60 las comunas que cambiaron de alcalde y atribuye tal fenómeno al enorme aumento de participación de los votantes de 19 a 39 años. El ancho de la juventud es más ancho que los demás.
  • El misterio pendiente es el 8% de votos que se quedó en casa entre el plebiscito de octubre y estas elecciones. Obviamente, son mayores.

De las 10 elecciones que se disputan este año, la quinta -la mitad del proceso- ocurrirá en unos días más. Los partidos tradicionales no han terminado de morir, pero están con respirador. Los que compitieron como independientes no lo hicieron por falta de compromiso, sino por rechazo a ellos. La interrogante final es cómo se van a organizar.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-doce-haikus-electorales/A3N3SKYREVG7VFW7YZFDXTSF3I/

 

  • 21.18.-Chile: Quo vadis? ASCANIO CAVALLO
  • Cumbres borrascosas en el Mercosur FRANCIS NEWTON 

Se reedita una discusión que no es nueva: estrategias de inserción internacional basadas en orientaciones neoliberales o estrategias que privilegian las negociaciones como bloques de integración regional.

Una vez más, en el sur sudamericano se reedita el enfrentamiento de las estrategias de inserción internacional basadas en orientaciones neoliberales, que privilegian las vías bilaterales en todas sus formas, y las estrategias que se basan en las negociaciones como bloques de integración regional para avanzar conjuntamente en esa inserción y mejor defensa de los pueblos. Ese es el drama actual del Mercado Común del Sur, el Mercosur.

28 may 2021.- Hagamos un repaso a lo sucedido en el último semestre. Aceptando una invitación de Luis Lacalle, el 19 de noviembre pasado, Alberto Fernández, presidente de la Argentina, se reunió con su colega uruguayo en la Estancia de Anchorena.

Los mandatarios dialogaron sobre la situación regional, la bilateral e intercambiaron opiniones e información vinculada a los efectos de la pandemia provocada por el Covid 19, la Hidrovía Paraná Uruguay y la del Uruguay. Asimismo analizaron la situación del Mercosur, las oportunidades de profundizar los vínculos comerciales con la Unión Europea, China y eventualmente EEUU, y otros temas relativos al relacionamiento bilateral.

Esta aparente cordial relación, entre ambos mandatarios, pronto se deterioraría, como consecuencia de una serie de acontecimientos que tuvieron y tienen su origen en las diferentes modalidades en que la Integración Regional y la Inserción Comercial deben ser llevadas a cabo en el seno del Mercosur.

El 26 de marzo del año en curso, se celebraron los 30 años del nacimiento del Mercosur. Teniendo en consideración el desarrollo de la pandemia de Covid 19, Alberto Fernández, en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore del Acuerdo, decidió conmemorar tal circunstancia, llevando a cabo una videoconferencia, contando para ello, con la presencia de todos los Presidentes de los países miembros del Mercosur.

 Antes de concurrir al mencionado encuentro, a principios del mes de febrero, el Luis Lacalle, decidió llevar a cabo su primera salida oficial al exterior, con el fin de visitar a su colega brasileño, Jair Bolsonaro. Previamente, el gobierno uruguayo ya había definido algunas iniciativas en materia de política exterior, siendo la primera de ellas, un desacertado alineamiento con el gobierno del expresidente de los EEUU Donald Trump.

A posteriori asume otras, como lo fueron el retiro de la Unasur, aceptar la propuesta de EEUU de designar al ciudadano estadounidense Claver Calone como Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el apoyo a la reelección de Luis Almagro en la Secretaria General de la OEA. O sea que, básicamente, rompió con los lineamientos sostenidos, hasta ese entonces, por los gobiernos frenteamplistas.

Los temas abordados en esta visita relámpago a Brasil fueron los relativos a las Hidrovía del Mercosur y la del Río Uruguay, sobre obras de infraestructura y sobre la flexibilización del Mercosur, ninguno de ellos resultaron novedosos.

Pero, por cierto y  de  mucha importancia lo fue el tema de la flexibilización, ya que la misma implica el dejar de lado la Resolución del Consejo Mercado Mercosur número 32/00 , la cual dispone que solo se podrán celebrar Tratados Comerciales  cuando las negociaciones de los mismos se hayan celebrado en forma conjunta por todos los miembros del Acuerdo.

El objetivo de Lacalle parece haberse cumplido con creces, ya que hubo un total acuerdo con Jair Bolsonaro, para que se concrete la aspiración de ambos mandatarios, de llevar adelante, negociaciones comerciales, por fuera del Mercosur.

Llegado el 26 de marzo, fecha de celebración de los 30 años, la cancillería argentina expresó, que tal encuentro, «tendrá un claro valor simbólico y político al mostrar una vocación de  integración regional y convertir al bloque en una plataforma común para la proyección internacional competitiva de nuestros países»; señalando en el comunicado  las características que pretendía que tuviera el mencionado evento.

Lejos estuvo de tener un valor simbólico. Por el contrario, hubo mucha tensión, especialmente, cuando Lacalle manifestó la disconformidad de su Gobierno con la marcha del Mercosur, señalando que el mismo representa «un lastre «para el desarrollo del Uruguay.

Dura, pero comprensible, fue la respuesta del presidente Fernández cuando, manifestó que «Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento, lo más fácil es bajarse del barco». Escueta fue la intervención del presidente Bolsonaro, acordando con su colega uruguayo, mientras la postura de Paraguay fue contraria a la flexibilización acompañando a la Argentina, y reivindicando la vigencia de la integración de los pueblos del Mercosur.

Como resultado de estos intercambios, se acordó que la Delegación de Uruguay, presentaría, a la brevedad, una propuesta de flexibilización ante el Consejo Mercado Común (CMC).

El 26 de abril se llevó a cabo la reunión del CMC, en la cual, Uruguay, en forma conjunta con Brasil, presentó su propuesta, no sólo de flexibilización del Mercosur, sino adicionando una modificación del Arancel Externo Común complaciendo así una iniciativa brasileña. Argentina, al igual que Paraguay rechazaron la idea de permitir cualquier tipo de negociación por fuera del bloque.

Frente a las rispideces que surgieron en esta reunión, ante las notorias diferencias ideológicas en lo atinente a las concepciones que estos gobiernos sostienen con respecto al concepto de integración regional, no hubo, en primera instancia, acuerdo entre las partes, por lo que se acordó, que a mediados de junio, se llevara a cabo otra reunión, esta vez de forma presencial, intentando evitar un eventual rompimiento del Mercosur.

 Resulta evidente que luego de este encuentro se perfilan claramente dos bloques: por un lado la Argentina y el Paraguay, quienes no están de acuerdo en otorgar una libertad irrestricta a los socios en materia de negociaciones comerciales con terceros países.

Por el otro, está Uruguay, respaldado por Brasil, con una concepción en extremo flexible y neoliberal que pretende autorizar las negociaciones comerciales con terceros países bajo un formato individual o de más miembros, propuesta ésta que modificaría sustancialmente la naturaleza y los objetivos primordiales del Mercado Común del Sur

Lo que podría venir

La propuesta efectuada en forma conjunta por Brasil y Uruguay, ya está dando lugar al análisis de los eventuales escenarios que se podrían dar y los impactos que a corto y mediano plazo podrían  generar, ya que de no darse una salida de consenso se podrían plantear algunas hipótesis.

En primera instancia, el Mercosur reviste especial importancia desde dos grandes dimensiones: lo referido al intercambio comercial, y a otros aspectos de diversos contenidos que se podrían abarcar dentro del Mercosur Social, que, en esta instancia no vamos a analizar.

Mercosur es hoy, el principal destino de las exportaciones de la Argentina, el segundo destino de las exportaciones del Brasil, y la misma situación se repite en lo que respecta a Uruguay y Paraguay. Tal circunstancia se da principalmente por razones de cercanía geográfica, por la existencia de un Arancel Externo Común, que más allá de la excepciones existentes, grava el ingreso de mercaderías provenientes de otros mercados y porque existe un arancel del 0% entre los miembros del Mercosur.

 En la propuesta presentada por Brasil y Uruguay, a instancias del primero se plantea la rebaja unilateral del Arancel Externo Común en un 20%. O sea que el Mercosur, otorga a los demás países del mundo, un beneficio de rebaja arancelaria a cambio de… nada.

Por el contrario Argentina, si bien acepta una rebaja del arancel plantea una solución más acorde, de manera de proteger en cada país, a aquellos sectores que se verían perjudicados con esta medida, generando con ello la pérdida de numerosos empleos y sectores productivos.

Seguramente, si las partes ceden posiciones, sobre este tema, es factible que se llegue a encontrar un consenso.

El resto de la propuesta está centrado en un Plan de Negociaciones que admite diferentes instancias, pero, basado en el presupuesto de que los socios pueden llevar negociaciones con terceros países, sin necesidad de dar cumplimiento al mandato de hacerlo en conjunto.

¿Hasta dónde están dispuestos los proponentes de esta flexibilización, y quienes se oponen a la misma, a llegar a una situación de ruptura del Acuerdo?

Una hipótesis es que, arribando a un consenso sobre el Arancel Externo común, podría ser dejada de lado la propuesta de flexibilización, para ser abordada en otra instancia. Seguramente Paraguay estaría de acuerdo con esta propuesta, Uruguay obviamente tiene dos caminos, aceptar lo acordado o cambiar de status en el Mercosur, o sea dejar de ser miembro pleno para pasar a ser un Estado asociado.

Esta opción sería muy dura para el Uruguay, con consecuencias impredecibles, y es por ello que ya se han manifestado varios analistas, en medios de prensa de los sectores conservadores, señalando que el Uruexit podría ser considerado como un grave error por parte del gobierno uruguayo.

Otra opción es que Brasil insista con la propuesta de flexibilización. Al respecto sería oportuno recordar que la situación política por la cual está atravesando Bolsonaro, no es la más propicia para embarcase en aventuras que podrían perjudicar, aún más, su chance de ser reelecto, máxime en un momento en el cual Lula será candidato a la Presidencia.

Cabe señalar, también, que se han producido cambios en Itamaratí. Ernesto Araujo, un fundamentalista del neoliberalismo, ya no está al frente de la Cancillería, y su sucesor, Carlos Alberto Franca, responde a la línea de la diplomacia tradicional brasilera, la cual prioriza el consenso y los acuerdos alcanzados oportunamente en Foz de Iguazú y que sellaron una alianza estratégica con la Argentina.

Si todos estos factores señalados precedentemente, no tuviesen el efecto de disuadir a Bolsonaro, una falta de consenso en lo que respecta a la flexibilización podría derivar en que, la imperfecta Unión Aduanera, que es hoy el Mercosur, sufriese una transformación reconvirtiéndose en una Zona de Libre Comercio.

Argentina, por su parte, enfrenta también, una delicada situación política y social interna, por lo cual podría aceptar como solución de consenso, lo señalado precedentemente en lo que respecta al Arancel Externo Común.

Pero, la propuesta de flexibilización del Acuerdo, con la dependencia que la Argentina  tiene del mercado brasileño, no es aceptable para el gobierno de Alberto Fernández, y solo podría serlo con modificaciones sustanciales, de tal envergadura, que seguramente no lograsen la aceptación por parte de los proponentes.

Muy probablemente, la solución a la cual se arribe finalmente, implique el inicio de prolongadas negociaciones, o no, y las soluciones a las que se arriben, quizá, no estén comprendidas en las hipótesis analizadas precedentemente. Pero su análisis nos permite avizorar la complejidad y la gravedad de la crisis por la cual está atravesando el Mercosur.

Lo cierto es que, una vez más, en la región, se reedita una discusión que no es nueva: estrategias de inserción internacional basadas en orientaciones neoliberales, que privilegian las vías bilaterales en todas sus formas, o estrategias que privilegian las negociaciones como bloques de integración regional para avanzar conjuntamente en esa inserción y mejor defensa de los pueblos.

*Analista internacional uruguayo, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) 

https://estrategia.la/2021/05/28/cumbres-borrascosas-en-el-mercosur/

21.18.-Chile: Quo vadis? ASCANIO CAVALLO

Los festejos de la Lista del Pueblo en Plaza Italia. Foto: AGENCIAUNO.

 No hay que apurarse. En el total de esa elección, los independientes reunieron el 43% de los votos. Sin embargo, sus postulantes eran el 68% del total de candidatos. Ambos números expresan una rebelión contra el estado de los partidos, sus dirigencias, sus figuras, sus protagonistas, pero en términos de rendimiento electoral, está lejos de ser óptimo. Si un partido hubiera tenido esas cifras, su directiva estaría destituida.

29 may 2021.- Las elecciones del 15 y 16 de mayo siguen dando cuerda, y lo harán por un rato largo. En cualquier ambiente razonable, la complejidad de los resultados amerita un análisis desapasionado, riguroso y, hasta donde se pueda, objetivo. Justo lo que no está ocurriendo en los partidos, donde se han echado a andar dos dispositivos psíquicos: el calculismo atolondrado y el pánico suicida. Esto no se debe a la falta de inteligencia -que tampoco sobra-, sino sobre todo a un calendario diabólicamente corto: una elección en 14 días más, otras cuatro dentro de seis meses, otra en siete meses y una última en algún momento del 2022. Un decatlón.

El primer dato impactante ha llegado del Servel: en el plebiscito de octubre pasado, un millón 270 mil personas votaron por primera vez. Este es un incremento extraordinario -cerca de un 9% del padrón-, el más grande que se haya producido desde la restauración democrática. Es razonable presumir que esa oleada de votos nuevos fue a parar al Apruebo. Y de allí se sigue, también razonablemente, que luego se fue hacia los candidatos no tradicionales; es probable que allí se encuentre gran parte del 17% que consiguió la Lista del Pueblo en la elección de constituyentes.

La tercera cosa razonable es que, junto con estos votos nuevos, una oleada de votos antiguos no concurrió a las urnas en mayo. De otro modo no se explica el 8% de diferencia entre el plebiscito de octubre y la elección reciente, que fue la segunda más mala en participación después del de las municipales 2016. Aquí puede residir gran parte del varapalo que sufrieron los partidos: la ausencia sancionatoria de sus antiguos votantes, en proporción parecida a los nuevos.

Alfredo Joignant piensa que Chile puede estar siendo -otra vez- un laboratorio mundial, donde se está expresando otra manera de definir el orden político. Lo ha escrito en un artículo para la revista digital AOC, titulado (en francés) La fin des militants. Se trata de una tesis provocativa; y si es así, si estamos en el inicio de un experimento, entonces no hay que buscar referencias en ninguna de las excentricidades del mundo, sino mirar qué hacen y para dónde van los que fueron elegidos -ungidos, sería mejor- por esta sustitución en la masa de votantes: nuevos por antiguos, jóvenes por viejos.

No hay que apurarse. En el total de esa elección, los independientes reunieron el 43% de los votos. Sin embargo, sus postulantes eran el 68% del total de candidatos. Ambos números expresan una rebelión contra el estado de los partidos, sus dirigencias, sus figuras, sus protagonistas, pero en términos de rendimiento electoral, está lejos de ser óptimo. Si un partido hubiera tenido esas cifras, su directiva estaría destituida.

Todo esto ocurrió en la elección constituyente. Como el mismo Joignant hace notar, en las otras tres, y sobre todo en la de concejales comunales, los partidos mostraron que al menos uno de sus costados no está paralizado y hasta goza de cierta salud. Unidad Constituyente, la vieja Concertación, obtuvo allí un 33,45%, mucho más que el magro 14,45% que tuvo en constituyentes, y siguió exhibiendo la primera fuerza nacional. Le siguió, a poca distancia (33,1%), Chile Vamos, que confirmó que su desaparición era imposible a sólo tres años de haber ganado el gobierno. En tercer lugar quedó la alianza comunista-Frente Amplio, con un 21,66%, que se reparte muy desigualmente.

¿Qué significa todo esto? Aunque conviene resistir la tentación de aplicar las teorías del consumidor, racional según la doctrina clásica, caprichoso según tesis más nuevas, es un hecho que los electores actuaron de diferente manera en la constituyente que en las municipales. En la primera, aureoleada por los intereses nacionales, castigaron a los partidos y a las figuras históricas, incluyendo la devastación de la Mesa de Unidad Social que tanto protagonismo tuvo tras el 18-O. Bárbara Figueroa, Luis Mesina, Mario Aguilar fueron excluidos igual que Carlos Ominami, René Cortázar o Mariana Aylwin.

En las municipales, en cambio, donde se materializan los intereses locales y comunitarios, los partidos fueron favorecidos. Esta vez el sufragio cruzado no fue entre la derecha y la izquierda, sino entre la naturaleza de cada institución.

Es algo extraordinario: los partidos fueron golpeados con una mano y advertidos por la otra. Se les dijo con claridad que están senescentes, repetidos y enfermos; que ofrecen poco futuro, aunque cumplen mucho en el barrio; que no sólo renguean, sino que tropiezan con las mismas piedras; en tres palabras: que deben renovarse.

El antipartidismo es la moda del momento. Los independientes humillaron a los partidos en la constituyente, incluyendo a aquellos que, por asegurarse, se inscribieron en listas dentro de los partidos y más temprano que tarde declararán que no les deben ni el saludo. Algunos partidos creen más en la partenogénesis que en la política. Otros dormitan en su gloriosa historia. Los que se alegran por este estado de cosas, imaginando que combaten una lacra, son los que ignoran (o saben demasiado bien) lo que la historia ha confirmado demasiadas veces: que la destrucción de los partidos conduce, sin excepción alguna, a una sola cosa.

Al partido único.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-quo-vadis/DGOYUJFUPNG5XGGRZY33FFWZVU/

  • 21.17.-Chile: breve crónica de la destitución ASCANIO CAVALLO
  • Chile: debacle de los «partidos del orden» – FRANCK GAUDICHAUD
Fuentes: Jacobín América Latina / Foto: Cartel poselectoral de la Coordinadora Feminista 8M

Un terremoto político acaba de sacudir los Andes. Los resultados electorales de ayer cambian profundamente la situación de Chile: fracaso de la derecha y de los partidos de la exConcertación, avance de la izquierda e irrupción de los independientes.

18 may 2021.- Sorpresa electoral, la debacle de los partidos tradicionales, la “noche de los cuchillos largos” dentro de la derecha, el principio del fin de los herederos de Pinochet, una enorme derrota del presidente Sebastián Piñera -reconocida por él mismo-, la victoria del movimiento popular… Desde ayer por la tarde, la prensa chilena multiplica los superlativos para describir el terremoto político que acaba de sacudir los Andes, desde el desierto de Atacama hasta las frías tierras de la región de Magallanes. Los chilenos fueron llamados a las urnas el sábado 15 y el domingo 16 de mayo para cuatro elecciones simultáneas: se debían renovar alcaldes, concejales y gobernadores regionales y elegir una Convención Constitucional para redactar una nueva Constitución para la República.

Nadie, y menos los encuestadores, había previsto semejante agitación, aunque el aislamiento del Ejecutivo era evidente y el rechazo de la “casta” política masivo desde hace años. A pesar de la potencia de la revuelta popular de octubre de 2019 y su impacto en todo el panorama institucional, se podía ser bastante prudente sobre las transformaciones provocadas por esta secuencia electoral.

La atención se centró especialmente en las elecciones a la Convención Constitucional, unas elecciones muy disputadas que pretendían poner fin a la Carta Magna neoliberal promulgada hace 41 años durante la dictadura. La naturaleza del sistema electoral propiciado para estas elecciones, la unidad de la derecha y de la extrema derecha bajo una sola bandera (la de «Chile Vamos»), el pacto firmado en el seno del Parlamento para garantizar que la futura Constitución sea validada por una mayoría cualificada de dos tercios, el predominio financiero y mediático de los principales partidos que han gobernado el país durante los últimos treinta años, las dificultades encontradas por los militantes del movimiento social para legalizar sus candidaturas, la gran fragmentación del campo independiente y las vacilaciones de la izquierda, por no hablar de la pandemia y la crisis económica… Los obstáculos eran innumerables.

Los resultados electorales de ayer cambian profundamente la situación de Chile

Sin embargo, los resultados electorales de ayer cambian profundamente la situación. En primer lugar, con respecto a la Convención Constitucional, la coalición de derecha tuvo que tragarse su arrogancia. Sus dirigentes parecían seguros de que conseguirían al menos un pequeño tercio de los escaños (52 de 155), asegurándose así una minoría de bloqueo y un derecho de veto sobre todos los artículos de la futura Constitución: fue un fracaso. Con algo más del 23% de los votos, «Chile Vamos» tendrá que conformarse con 37 escaños. También es un castigo y una humillación para el presidente de turno, el señor Piñera, responsable de la crisis que vive su país desde hace meses.

Otra sorpresa es que el equilibrio de poder dentro de la oposición de izquierda se ha invertido en gran medida. La lista que aglutinaba al Partido Comunista y al Frente Amplio (la izquierda surgida de los movimientos de la década de 2010) triunfó en su candidatura con 28 electores (18% de los votos emitidos). Por otro lado, los partidos social-liberales de la antigua Concertación, que gobernaron de 1990 a 2010 sin cuestionar la herencia económica de la dictadura, obtuvieron sólo 25 escaños (de los cuales 15 son del Partido Socialista y sólo 2 de la Democracia Cristiana).

Sin embargo, la izquierda y la centroizquierda sólo representarán un tercio de la asamblea. La verdadera sorpresa fue la magnitud del voto a favor de los «independientes», que obtuvieron un total de 48 escaños, marcando definitivamente el rechazo masivo a los partidos políticos. Se trata de un grupo de candidatos muy heterogéneo, que incluye también a notorios conservadores. Pero una mayoría es critica del legado autoritario y neoliberal de las últimas décadas. Es el caso, en general, de los candidatos de la «Lista del pueblo», que reunía a representantes de los movimientos sociales y de la sociedad civil organizada y que, con 24 escaños, llevó a la Asamblea Constituyente a figuras de la revuelta de octubre, como la «tía Pikachu» y varias líderes del movimiento feminista. También la referente de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, Alondra Carillo, entró por una lista compuesta por independientes y movimientos sociales. Además, en estas elecciones, las mujeres obtuvieron resultados mucho mejores que los hombres, y algunas de ellas incluso tuvieron que renunciar a sus escaños en nombre del respeto a la paridad dentro de la Convención Constitucional…

https://2021.decidechile.cl

Así, si la derecha pierde el derecho de veto que esperaba, las alianzas entre representantes de la izquierda social y política podrían permitir ganar dos tercios de la asamblea y comenzar -por fin- a deconstruir el neoliberalismo chileno.

El enfado también se expresó en las urnas con las elecciones municipales y las de los gobernadores regionales, cuyos resultados habrá que analizar con más detalle. Jorge Sharp (izquierda antineoliberal) fue cómodamente reelegido en Valparaíso, al igual que Daniel Jadue, alcalde comunista del municipio de Recoleta, en la región metropolitana (con más del 64% de los votos emitidos). Muy popular, Jadue es un candidato declarado para las elecciones presidenciales que tendrán lugar dentro de seis meses. Esto es suficiente para que la derecha y los social-liberales tiemblen un poco más. En Santiago, la Sra. Irací Hassler, activista feminista y comunista de treinta años, ganó contra el Sr. Felipe Alessandri (derecha), que se había hecho famoso por sus declaraciones misóginas y anticomunistas durante la campaña. A nivel de gobernadores, la victoria del Sr. Rodrigo Mundaca en Valparaíso, activista medioambiental y defensor del agua como bien común, fue celebrada con euforia y alegría por muchos activistas de organizaciones sociales y medioambientales.

¿Qué tipo de Chile debería construirse para pasar la página de la dictadura?

La crisis de representación y legitimidad de los partidos y del sistema institucional no sólo se refleja en el voto: en este fin de semana de elecciones, la abstención también fue histórica, ¡con un 61,4% del electorado! Lo es aún más en los municipios populares, donde puede superar el 65%, a veces el 70%. Así, una mayoría de ciudadanos no se sintió interpelada por este momento político (mientras que una parte de los movilizados de octubre de 2019 les llamó a boicotear el «circo electoral» para seguir luchando en la calle). En su mayoría, los chilenos siguen mostrando su indiferencia o desconfianza hacia los «de arriba», sean de derecha o de izquierda, de los partidos o incluso independientes.

Mientras la Convención Constitucional debe sesionar entre 9 y 12 meses, las elecciones presidenciales de noviembre volverán a plantear la pregunta: ¿qué tipo de Chile debe construirse para pasar la página de la dictadura?

https://jacobinlat.com/2021/05/17/debacle-de-los-partidos-del-orden-en-chile/

https://rebelion.org/debacle-de-los-partidos-del-orden-en-chile/

21.17.-Chile: breve crónica de la destitución ASCANIO CAVALLO

11 de enero del 2021/SANTIAGO Alvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista y Heraldo Munoz, presidente del Partido por la Democracia, llegan al servel como parte de la “Unidad Constituyente”, integrada por la DC, el PS, PPD, PR, Pro y Ciudadanos junto a la dirigencia de “Nuevo Trato” para inscribir el pacto electoral para elecciones de abril próximo. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO 

El domingo pasado terminó de caer el sistema político vigente en Chile desde el fin de la dictadura. Ha sido una caída más larga de lo que muchos de sus propiciadores deseaban, pero esa longitud ha favorecido también su radicalidad, el empuje más y más hacia la izquierda de un país que hace sólo tres años eligió a un gobierno de derecha, con un Presidente que también venía a radicalizar su proyecto (¿quién quiere volver a La Moneda si no es para eso?).

 

22 may 2021.- Ahora es visible la continuidad entre la disrupción del 18-O y el proceso seguido desde entonces. Sólo para recordarlo, en aquellos días el Presidente creía que su gran momento estaba por llegar, que el boom de la economía iba a estallar y que la ciudadanía sólo debía tener un poco de paciencia. Más paciencia. No sabía él, como no sabía nadie en el mundillo político, que la paciencia estaba colmada y que bastarían cinco centavos de dólar, o quizás cualquier otra cosa, para reventarla.

El Presidente se quedó sin reacción y al día siguiente fue notificado de que no contara con las Fuerzas Armadas para reparar la estantería: eso es lo que comunicó, de modo bastante obvio, el general que dijo que no estaba en guerra. Lo que no se supo es que la única “línea roja” que los militares se trazaron fue La Moneda: no permitirían que fuera asaltada. Más que roja, era una línea corta.

Unas semanas después, cayó la Constitución. De una manera menos estruendosa, más ordenada, más institucional, mediante el acuerdo del gobierno con las fuerzas parlamentarias. Es de notar que se hiciera mediante un camino institucional. Pero también es de notar que ocurriera en un ambiente de furia contra las instituciones, a menudo tan vilipendiadas como el propio gobierno.

Luego vino la pandemia, que el gobierno vio como la tregua adecuada para exhibir su capacidad de gestión, ignorando que eso había dejado de importar y que, en cambio, la parálisis de la economía venía a profundizar los reclamos del 18-O. Durante la crisis sanitaria cayeron el presidencialismo y el Tribunal Constitucional. En el plebiscito sobre el cambio de Constitución cayó la derecha, que se hizo pedazos entre cierta idea de los principios y cierto neopopulismo aún emboscado.

El domingo pasado, después de un año y medio, por fin adquirió rostro el 18-O: la Lista del Pueblo, ese grupo heterogéneo que obtuvo 27 escaños constituyentes, que no estuvo en ningún acuerdo, que lo rechazó expresamente y al final lo aprovechó con una estrategia electoral sagaz, pero que no es obra de la pura ingeniería política. La Lista del Pueblo es antipartidos, antiinstituciones y antisistémica, y al mismo tiempo heterodoxa, multifacética: allí sí se reconoce el núcleo del 18-O, que era tan difícil de ver porque durante largos meses estuvo recubierto por otras cosas, el show, la suplantación, la violencia.

Junto con esa erupción, el domingo cayó el conjunto de los partidos, la mayoría de los cuales venía desbarrando desde el mismo 18-O, a veces para tratar de ponerse del lado de la protesta, a veces buscando alguna autoafirmación y al final desdibujándose completamente, lo que han sido, de dónde vienen y hacia dónde iban. La crítica disolvente contra los partidos es parte de la agenda de los tiempos, pero está bastante visto que nadie les cree si se suman a ella, en lugar de poner el músculo en su renovación.

Cuando se producen cataclismos electorales como el del domingo, lo normal es que las dirigencias asuman sus responsabilidades (o lo simulen). El gobierno prepara un cambio de gabinete del que nadie espera mucho, porque el Presidente ha sido dejado a su suerte. En cambio, en los partidos sólo ha renunciado el jefe de la DC, Fuad Chahin, que encima se quedó con algo parecido a una pistola humeante con ser el único militante elegido como constituyente. En cuanto a los demás, a derecha o a izquierda, no se oye, padre.

La derecha enfrentó las del domingo como si hace un siglo que no ganara elecciones. Como un gato arrinconado, aspirando a la meta de un perdedor, un modesto tercio, y como es lógico, también lo perdió. Lo único que se puede decir en su favor es que al menos logró inscribir una primaria unitaria -hasta por ahí-, que podría darle una sardónica ventaja en un esquema globalmente izquierdizado.

¿Y la Unidad Constituyente? “La noche más trágica y triste” llamó Hernán Cortés a su peor derrota. Sería apropiado si no fuera por lo mucho de farsa que tuvo el miércoles, en todo caso la más negra de toda la historia política de la otrora poderosa Concertación. Así pasó: el PS y el PPD despreciaron a la candidata recién proclamada de la DC; el PS despreció también su renuncia y cumplió igual con sus ganas de deshacerse de la DC para pactar con el PC y el Frente Amplio; el PC y el Frente Amplio despreciaron al PS por su aliado, el PPD, y el PS quedó despreciado, sin los brazos del PC y mirando a los brazos sangrantes de la DC. Y todos reducidos a siglas, sin carne y sin candidatos, o con unos candidatos ensuciados por esas umbrías operaciones. Los militantes dicen que les da vergüenza.

El zafarrancho de la centroizquierda no se compara con nada reciente, por lo menos en un siglo. Como el incendio de un polvorín de bengalas, marca y proclama la destitución de los partidos que fueron ejes y referencias, el último jirón del sistema político.

Hay sólo una salvedad: el conflicto de Chile está en la mitad de su resolución electoral. Faltan seis elecciones para saber si definitivamente el país ha entrado en otro rumbo.

Para la generación que lo ha vivido, esto ha sido como una jornada interminable arriba de un tiovivo. A los historiadores les será difícil entender la cantidad de retortijones en un suspiro de tres años.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-breve-cronica-de-la-destitucion/RYOXICXYDRDSVCTCPBQ32D6UFY/

21.16.-Chile: ¿Y la centroizquierda? La encrucijadaASCANIO CAVALLO

La centroizquierda en su laberinto. 

La centroizquierda llega a estas elecciones en lo que quizás sea el fin de una profunda crisis de identidad, la más dura de su no muy larga historia. Puestos a jugar a los simbolismos, ni siquiera llega con un nombre o, mejor dicho, conserva un nombre puramente funcional, operativo, que fue inventado para otra situación. Ese momento era el plebiscito de octubre pasado y el nombre de Unidad Constituyente expresaba la aspiración de reunir a todos los que se reconocieran en la oposición a Piñera.

15 may 2021.- No tiene el denso contenido de la Concertación (“traer a identidad de fines cosas diversas”) ni el ambicioso alcance de la Nueva Mayoría. Se centra en el eje constituyente, a pesar de que concurrirá a otro tipo de elecciones -gobernadores, alcaldes y concejales- bajo paraguas similares (“Unidad por el Apruebo”, “Unidos por la Dignidad”).

La paradoja es que del esfuerzo fallido por la unidad ha resultado algo distinto: una especie de autoemplazamiento para probar si la centroizquierda existe más allá de su sentimiento de crítica, o de derrota, según como se mire. La centroizquierda llevó su primer proyecto por 20 años, un segundo experimento por otros cuatro y luego ha estado al borde de la disolución como resultado de la catastrófica elección presidencial de 2017. Ahora enfrenta al desafío a su existencia con nuevos aliados y esos nombres que suenan provisorios.

A diferencia de otras latitudes, la centroizquierda chilena se ha configurado con la convergencia entre el socialcristianismo (el “centro”) y la socialdemocracia (la “izquierda”), una idea que hunde sus raíces en la década del 50, pero que resultó inviable hasta que se necesitó derrotar a una dictadura. La alternancia en las hegemonías de estos grupos ha dado el sistema de marchas a la coalición.

Una clave de estas elecciones es cuánto del centro necesita esta parte de la izquierda, que ahora se atormenta con el apellido de socialdemócrata. Durante algunos de los meses posteriores a la disrupción del 18-O, esa izquierda, y en especial el PS, mostró cierta impaciencia por desembarazarse de la DC, pero la DC maniobró exitosamente para mantenerse pegada. Y entonces vino el campanazo de las primarias para gobernadores, donde la DC mostró una musculatura bastante superior al PS y al PPD. De allí salió la tesis de que estos dos partidos no deben competir separados en la primaria presidencial. La otra mitad de la tesis es que tampoco pueden echar a la DC sin que se arruinen las perspectivas de ofrecer gobernabilidad. En esas arenas movedizas se ha pasado la coalición en los últimos 20 meses.

¿Qué le pasó a la centroizquierda? Las interpretaciones sobreabundan. Pero parece que, en lo esencial, perdió la capacidad (o la fuerza, o la imaginación) para representar a la mayoría social que ella misma creó durante sus gobiernos, esa enorme clase media que va desde quienes dejaron la pobreza hasta los que mejoraron sus estándares de vida sin llegar a ser ricos. Clase media suele ser una mala palabra, pero con ella se autodescribe la mayoría del Chile actual. La centroizquierda siente que esta clase media no le resultó perfecta. No la ve como un Adonis proporcionado y vigoroso, sino como si fuera un pequeño Frankenstein, con furúnculos y tornillos, ofendido y malhumorado, y sobre todo vengativo.

Y de eso se ha distanciado, con más culpa que afecto, con más miedo que pena.

Desde el punto de vista de las ideas, la centroizquierda fue culturalmente derrotada por la acusación de que sólo condujo el continuismo del modelo económico de la dictadura, a pesar de la temprana advertencia de Ernesto Ottone de que “no se ha hecho justicia teórica” a las transformaciones de sus cuatro gobiernos iniciales.

Y fue derrotada psicológicamente al aceptar que se le endosaran las frustraciones que el propio proceso de cambios producía y le imputaran el gradualismo como acusación, cuando es parte de su naturaleza. Le ha costado una inmensidad refutar a la izquierda “dura”, que la culpa del estado de las cosas presentes, omitiendo (necesariamente) el pasado. El clímax de ese fracaso fue no dar cabida al fenómeno de posible revitalización que después se llamó Frente Amplio, formado en una proporción enorme por sus propios hijos, reales o figurados.

La centroizquierda ha vivido siempre con una tensión acerca de la velocidad de los cambios, entre la parsimonia y la urgencia, en ambos casos en nombre de la responsabilidad. Pudo administrar esa tensión en forma creativa, sin amenazarse mutuamente. Pero fue perdiendo los estribos en el ejercicio del poder: eso es lo que llaman “desgaste”, que casi siempre se refiere a un cierto grado de corrupción y a la acción incesante de los operadores para capturar el aparato del Estado. Ese costo, llamémoslo colateral, gangrenó la vida de los partidos.

Lo que se soslaya, sin embargo, es que la centroizquierda articula el sistema de partidos en Chile. Tanto lo que está a su izquierda como a su derecha funcionan en reacción a este sector, con la meta constante de devorarle los flancos hasta que desaparezca. Dado que los partidos son dispositivos esenciales para la democracia -aunque atraviesen una fase de mala prensa-, la crisis de la centroizquierda también implica la tembladera en el sistema.

Por último, la centroizquierda tampoco ha tenido la fuerza intelectual para refutar la imagen de que el 18-O fue una insurrección contra Piñera y también contra su gestión histórica (los “30 años”). Esa imputación es compleja, como todo lo que resuena con algo de veracidad.

El Chile del 2021 es una creación de la centroizquierda, lo que sea que eso signifique. De esa gestión nacen sus luces y sus sombras, su bienestar y su malestar, su transformación objetiva y su frustración subjetiva. Sus líderes principales, Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet, nunca se mostraron satisfechos, pero no por pesadumbre, sino por la sencilla constatación de que ningún proyecto político está nunca completo, siempre es infinito.

Dicho esto, también es cierto que la centroizquierda tiene una inclinación pesarosa, hamletiana, antiprogresista, que Lévi-Strauss llamaba “el humanismo exasperado”. A ese gen suyo le disgustan el crecimiento, la productividad, el emprendimiento. Es su costilla pastoralista, mejor equipada para sentir las agresiones que las tensiones musculares del cambio social. Necesita este costado: de otro modo, se vuelve pura complacencia. Pero el populismo siempre le ganará la mano en ese campo, porque el “Estado de bienestar” parece una cosa muy modesta al lado del Estado gordo y repartidor, apoltronado pero dadivoso.

El radicalismo político, de cualquier signo, suele pensar de esa manera: el cielo está a la vuelta de la esquina, es cosa de torcerles el pescuezo a los que se cruzan en el camino. Nada de dudar.

Con esos mensajes ha funcionado una gran proporción de las campañas para estas elecciones. La centroizquierda se siente cercada por ellos y atormentada porque sus perspectivas presidenciales siguen resonando poco. Sin embargo, es este fin de semana cuando parte la carrera de verdad, y nadie debería extrañarse de que los resultados no sean tan concluyentes como se cree.

El problema del Chile del 2022 tiene un solo nombre: gobernabilidad. Si la centroizquierda no conserva en estas elecciones su eminencia como la principal alternativa a la derecha, estará en un problema realmente serio. Pero si lo logra, lo que le queda -como a todo el resto de los políticos- es construir una idea de cómo se puede gobernar al Chile descontento, inseguro, inestable, empobrecido, que se divisa en el futuro cercano.

Es bien probable que esta década del 20 sea el período más importante del siglo XXI.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-y-la-centroizquierda-la-encrucijada/WEQMLVAMLNHO3FEIIT7NNFDYQQ/

 

  • 21.15.-Basta de ajuste al servicio del pago de la deuda al FMI MARIO HERNANDEZ
  • Chile: los cinco últimos días ASCANIO CAVALLO
  • La falta de conciencia democrática fue fatal para Brasil
Fuentes: Rebelión [Imagen: Una violenta operación policial deja 25 muertos en Río de Janeiro. Créditos: Fabiano Rocha, tomada del Partido dos Trabalhadores]]

En este artículo el autor sostiene que la izquierda tiene que asumir la tarea de democratización de nuestras sociedades y radicalización del estado democrático, que son las únicas vías para avanzar en la construcción de sociedades más justas.

El momento decisivo para el golpe que rompió con la democracia en Brasil sacó al Partido de los Trabajadores (PT) del gobierno e introdujo gobiernos antidemocráticos, antinacionales y antipopulares, como los de Temer y Bolsonaro, fue cuando la derecha orquestó el impeachment de Dilma Rousseff en 2015/2016 y las fuerzas democráticas no tuvieron fuerzas para salir a las calles a defender a la democracia y sucumbieron al golpe de derecha.

El enorme apoyo masivo que tuvieron los gobiernos del PT durante tres mandatos se basó, sobre todo, en el éxito de sus políticas sociales. Cambiando la prioridad del ajuste fiscal de los gobiernos neoliberales de Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso, los gobiernos de Lula da Silva y Dilma ganaron y consolidaron un gran apoyo popular, que permitió su elección y reelección en cuatro elecciones sucesivas, de 2002 a 2014.

Significativamente, el gran bastión del apoyo gubernamental fue el noreste, la región más pobre de Brasil, y que tuvo la transformación más espectacular en los gobiernos del PT. Y, al mismo tiempo, el sector con menos apoyo a los gobiernos del PT fue el de la clase media del sureste y sur de Brasil, aunque también se ha beneficiado de las políticas sociales del PT -si bien relativamente, en menor medida que los más necesitados, los más pobres-, y para quienes la cuestión democrática suele tener un gran peso.

El caso de São Paulo es paradigmático. Es el estado más poblado, con la mayor población de origen del noreste del país, con las mayores desigualdades y contradicciones sociales en Brasil, debido a la extraordinaria riqueza de las élites y la inmensa masa de población pobre, lo que hizo que inicialmente fuese un bastión del PT, pero ha dejado de serlo. La sucesiva reelección de gobernadores del PSDB (partido socialdemócrata) es una expresión de ello, como también lo son las dificultades para reelegir los gobiernos municipales del PT en la ciudad de São Paulo -Luis Erundina, Marta Suplicy y Fernando Haddad-, confirman esta dificultad de consolidación del PT en São Paulo.

El PT, pese al prestigio ganado con sus políticas sociales, no obtuvo un apoyo amplio y permanente en las grandes periferias de São Paulo ni en las grandes metrópolis del sureste y sur de Brasil, como se podría esperar, debido a su éxito en la promoción de los derechos de los sectores más pobres de la población.

Las fuerzas democráticas, la izquierda y el PT no han desarrollado un discurso y un trabajo de sensibilización popular que demuestre cómo la democracia es un valor fundamental para Brasil, que solo en la democracia la mayoría de la población puede imponer su voluntad, que solamente en una democracia la elección y reelección de los gobiernos del PT fue posible. La visión de la izquierda tradicional de la “democracia burguesa” devalúa la democracia y promueve una actitud instrumental de democracia: que la democracia se usa en la medida de lo posible, mientras se pueda. Pero no como una democracia que, con todas sus limitaciones, fue conquistada por la lucha popular contra la dictadura, que es la izquierda la que valora la democracia, que la derecha gobernó, la mayor parte del tiempo, como dictadura, que tan pronto como pudo rompió la democracia para sacar al PT del gobierno.

Se trata de una democracia liberal como sistema político. Por eso es fundamental reflexionar sobre qué tipo de Estado y democracia quiere la izquierda. Cuál es el sistema más democrático posible para Brasil. ¿Qué tipo de transformaciones se necesitan para expandir aún más la democracia y eludir sus aspectos antidemocráticos?

La falta de esta conciencia democrática entre el pueblo permitió a la derecha articular el derrocamiento de Dilma Rousseff, con argumentos falaces y antidemocráticos, que de ninguna manera deberían permitir el impeachment a un presidente. No había conciencia democrática para movilizar al pueblo en defensa de la democracia, estuviera de acuerdo o no con el gobierno de Dilma. Fue un gobierno reelegido democráticamente por el pueblo. La derecha intentó hacer una especie de referéndum sobre el gobierno e impuso el impechment, como si un gobierno eventualmente no aprobado en los primeros meses del nuevo mandato, pudiera ser derrocado.

Es cierto que las mismas condiciones para la reelección de Dilma fueron un fuerte llamado de atención por la pérdida del apoyo popular de los gobiernos del PT. Aecio Neves ganó en el sureste y en el sur con más de dos tercios de los votos. Dilma logró ser reelegida, en gran medida, porque tenía más del 70% de los votos del noreste. Y triunfó por un pequeño margen de votos, a pesar de haber hecho un muy buen gobierno desde el punto de vista de las políticas sociales y haber terminado su mandato con Brasil teniendo, por primera vez en su historia, el pleno empleo.

El PT asumió que, después de ganar las elecciones, podría gobernar al menos otros cuatro años, demostrando que no estaba al tanto del proceso golpista que se estaba gestando en el país durante el primer mandato de Dilma y como el sistema político estaba en profunda crisis, impulsado por las campañas contra la política y por la descalificación del PT vinculándolo a la corrupción. No entendió lo qué estaba pasando y por qué se estaban produciendo movilizaciones golpistas en 2015 y 2016 y por qué repercutieron en importantes sectores de la población. El PT no tenía capacidad de actuar, de organizar fuerzas políticas para la defensa de la democracia, acompañadas de movilizaciones populares, que pudieran neutralizar y derrotar el golpe que se estaba articulando.

Es cierto que en 1964, aun con grandes movilizaciones populares en defensa del gobierno de Jango Goulart y la democracia (encuestas reveladas mucho más tarde mostraban el apoyo mayoritario que tenía el gobierno de Jango) no fueron suficientes para evitar el golpe. Pero eso fue un golpe de Estado articulado durante década y media y que contó con el apoyo activo de la FFAA, que finalmente se hizo cargo del gobierno y gobernó por más de dos décadas.

Ahora era una articulación mucho más débil, que podría haber sido derrotada. La responsabilidad no es solo de los gobiernos del PT y del PT como partido, sino de todo el campo popular, incluidos los movimientos sociales, que también han concentrado la concientizacion popular en las conquistas sociales, sin combinarlo con la indispensable consciencia democrática. Se acusó a la izquierda de no valorar la democracia, de utilizarla para lograr sus objetivos. Cuando perdió la democracia, con el golpe de 1964 y la dictadura militar, empezó a valorarla. Pero sin entender el tipo de Estado que surgió del proceso de redemocratización, sus potencialidades y sus límites.

Nunca en la plataforma fundamental del campo popular estuvo el tema de “democratizar la democracia”. En Bolivia, Ecuador y Venezuela se convocaron Asambleas Constituyentes, que democratizaron a los estados, cambiaron su carácter, como condición para los gobiernos antiliberales y democráticos que empezaron a tener esos países.

Es necesario incorporar la idea de que el Estado está condicionado por una determinada correlación de fuerzas, que es un espacio de disputa entre fuerzas democráticas y antidemocráticas, entre la esfera mercantil y la esfera pública, de que el Estado actual tiene una fuerte estructura antidemocrática, que incluye a las FFAA, la policía, el poder judicial, la forma de representación política.

En este sentido es tarea prioritaria de la izquierda y de todas las fuerzas democráticas, del PT en primer lugar, reflexionar sobre la naturaleza del estado existente, hacer un balance de lo que ha sucedido con ese estado desde la redemocratización –con los gobiernos neoliberales, con los gobiernos del PT, con los gobiernos de restauración antidemocrática– para definir los temas democráticos fundamentales que se deben enfrentar. Tanto para desarrollar un trabajo de conciencia popular sobre la importancia de la democracia, como para definir los límites del Estado actual y cómo restaurar el potencial democrático que permitía a los gobiernos del PT y, probablemente, señalar la necesidad de una Asamblea Constituyente, que redefine la naturaleza del Estado, democratizando la democracia, definiendo mecanismos que bloqueen los procesos de militarización del Estado, que promuevan la democratización de los medios de comunicación y del poder judicial, que establezcan, de manera institucional, mecanismos de participación popular en el Estado, que redefina las formas de elección de los parlamentarios, estableciendo mecanismos de revocación y referendos mediante los cuales el pueblo pueda revocar a un gobierno que no responde de las propuestas por las que fue elegido- entre tantas otras cuestiones.

En definitiva, es fundamental rescatar la política y el Estado como temas centrales en el Brasil de hoy. Solo con este rescate será posible restaurar y consolidar la democracia en el país. La conciencia democrática enraizada en la conciencia popular es condición indispensable para la construcción de un país menos desigual, menos injusto, más solidario, de un Brasil emancipado y soberano.

https://rebelion.org/la-falta-de-conciencia-democratica-fue-fatal-para-brasil/

21.15.-Basta de ajuste al servicio del pago de la deuda al FMI MARIO HERNANDEZ

El pasado 4 de mayo se desarrolló una conferencia de prensa en el Obelisco porteño donde se denunció que el Gobierno Nacional decidió recortar 50.000 programas de empleo comprometiendo a miles familias desocupadas a las que les niega un ingreso elemental. Las organizaciones sociales amenazan con a retomar los planes de lucha para garantizar el alimento de miles de personas dejadas a la deriva. “Sin trabajo, sin alimentos y sin vacunas, ¡no dejamos la calle y el derecho a reclamar!”

5 may 2021.- El presidente Alberto Fernández se dirigió al país el viernes pasado anunciando nuevas medidas de restricción a la circulación, al tiempo que describió la gravedad de la situación sanitaria que golpea el país, especialmente a lxs trabajadores y lxs sectores populares afectados por la crisis social y económica.

En paralelo a estas declaraciones y a pedir que la gente evite la circulación, el mismo gobierno decidió en las últimas horas recortar los programas de empleo a miles de familias desocupados de los barrios más empobrecidos del país.

La razón de esta medida es ajustar los recursos como en otras áreas para pagar la deuda externa y los pagos inminentes de acreedores internacionales, tal como lo pide el FMI.

El mismo recorte fue el que hizo que las organizaciones sociales salieran a la calle semanas atrás y el que nos volverá a movilizar ya que no se puede pretender que 50.000 familias que no tienen nada afronten las restricciones sin la posibilidad de llevar un plato de comida a su casa.

Peor aún, la baja dispuesta de los programas Potenciar Trabajo afectará centralmente a trabajadores y trabajadoras esenciales que vienen realizando tareas en comedores y merenderos, así como poniendo en funcionamiento cuadrillas de salud que acompañan a miles de familias en barrios y villas del país. A su vez, muchos de estos casos son compañeras mujeres y disidencias que deben cargar sobre sus hombros responsabilidades de cuidado de toda una familia sufriendo la violencia en un doble carácter, ya sea por la falta de trabajo o súper explotación o por las prácticas machistas y patriarcales que con la pandemia se han agravado.

Estas decisiones gubernamentales van a contramano de la realidad que afronta el país y de la necesidad que vienen sufriendo los sectores más empobrecidos. Con un 42 % de la población por debajo de la línea de pobreza (más de 20 millones de pobres y 4,7 millones de indigentes) y con una desocupación real cercana al 20%, recortar programas de empleo representa un ajuste que difícilmente las familias acepten sin luchar.

Sumado a esto, se le da el visto bueno a las empresas de servicios para que aumenten un 9% las tarifas eléctricas y la inflación mensual continúa comiéndose los pocos ingresos de lxs trabajadorxs y se paga una enorme suma en intereses de una deuda ilegal e ilegítima que no contrajimos los trabajadores, plata hay, lo que prima es un interés de clase en los ajustes que el gobierno viene haciendo contra los trabajadores, como lo muestran las luchas de la salud y otras por el salario.

A su vez, el gobierno nacional es el responsable directo de que esta última semana se fijara el salario mínimo en un monto por debajo de la canasta de indigencia, lo cual representa una verdadera vergüenza nacional. De hecho, la canasta básica para que una familia no sea pobre está en $ 61.000.
En su discurso de los últimos días, el presidente Fernández no anunció ningún tipo de medida social que acompañe el pedido de “quedate en casa” o ayude a las familias que ya no disponen ni de changas. ¿El IFE? Bien, gracias. ¡¡¡No solo no hay más recursos ante la emergencia, sino que se recortan los pocos que existen!!!

A esto hay que sumarle las amenazas de represión a las movilizaciones que se realizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tanto de parte del Gobierno Nacional como del Gobierno de la Ciudad. El ajuste genera conflictividad social y los gobiernos amenazan con represión, repudiamos estas amenazas y llamamos a rechazarlas.

  • No al recorte de los programas de empleo
  • Vacunas para todxs lxs trabajadorxs esenciales de los barrios
  • Aumento de los alimentos para los comedores barriales
  • Basta de Ajuste
  • Fuera el FMI
  • Salario mínimo igual a la canasta básica.

POLO OBRERO – MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba.☆M.T.R./MIDO – MAR – M29 – BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA-RUP- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU – BUEL – A TRABAJAR – ORGANIZACIÓN 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L – LA WILLIAM COOKE- MUJERES EN LUCHA) – MTL REBELDE – M.B.T – FRENTE DE LA RESISTENCIA.

BARRIOS DE PIE/LIBRES DEL SUR – MST TERESA VIVE – FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) – MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; IZQUIERDA LATINOAMERICANA SOCIALISTA; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL; IGUALDAD SOCIAL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR

Consejo del salario 

El martes 27 hubo marcha piquetera al ministerio de Trabajo donde se reunió el Consejo del Salario y cortes y ollas populares en todo el país, convocada por las mismas organizaciones.

COMUNICADO:

Basta de ajuste, ningún salario por debajo de la canasta básica de 61.000 pesos.

Los movimientos piqueterxs y desocupados/as, marchamos al Consejo del Salario, allí haremos un acto en común con organizaciones de ocupadxs y sindicatos combativos.

Vamos al ministerio de Trabajo de Nación, donde tendrá lugar la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (CSMVyM) para que no haya trabajadores/as por debajo de la línea de pobreza.

El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, es un “Consejo” entre burócratas sindicales, las patronales y el Estado, que conspira contra el salario de los/as trabajadores/as, para sellarlos a la baja.

El salario mínimo esta hoy en $21.600, muy por debajo de la llamada línea de indigencia. En la Argentina de hace décadas se puede trabajar más de 40 horas semanales y tener un salario de ¡¡¡indigencia!!! Esta cifra retrata a todo un régimen social que gobierna la Argentina hace décadas.

Las burocracias sindicales en su rol de sostén de las políticas de los gobiernos de turno acuerdan con las pautas del ajuste y  en ese marco darán la espalda a los reclamos de los trabajadores en la reunión del Consejo del salario, ya que no se conoce el reclamo de las burocracias sindicales, ni mucho menos han hechos asambleas de base de los/as trabajadores sobre cuál debería ser el reclamo de sus representados/as para llevar a esa reunión y cuál sería la respuesta de las centrales si, como se espera, se vuelve a aprobar un salario mínimo de miseria.

https://rebelion.org/basta-de-ajuste-al-servicio-del-pago-de-la-deuda-al-fmi/

21.15.-Chile: los cinco últimos días ASCANIO CAVALLO

Foto: Agencia Uno

 

La historia decidirá qué lugar ocupa, entre los numerosos tropiezos o errores de este gobierno, la decisión de haber postergado las elecciones de abril para el próximo fin de semana. Cabe sospechar que tendrá una posición muy alta. Después de más de un año de cuarentenas, reclusiones nocturnas, parálisis de actividades y crisis institucional, no se encontró ninguna mejor solución que postergar cuatro elecciones. La política reprimida en nombre de una moral. Comité de Salut Public se llamaba también el de Robespierre.

8 may 2021.- Lo que ocurrió en este mes de paréntesis podría ocupar páginas y páginas y todavía está por verse si la voluntad ciudadana aumentó con esta manera de tratar un proceso electoral. La manipulación de los calendarios conlleva, aunque sea de manera subliminal, una depreciación de la soberanía del voto, por mucho que las encuestas digan que una mayoría ha estado de acuerdo. El mensaje final es: no importan tus planes ni tus campañas, porque te podemos cambiar la fecha. Algo parecido al desdén que contiene, en una cultura como la chilena, el voto voluntario: vota si quieres, porque tu voto no importa nada.

La ingeniería política -y para qué decir la arquiatría- suele pasar por alto estos mensajes anciliares, porque los mira desde un púlpito de apariencia técnica. Verdaderamente no lo es: ninguna técnica estimaría razonable realizar 10 elecciones en seis meses, sin hablar de participación y para qué decir de fatiga electoral. Problema de sanidad democrática.

¿No tiene sentido discutir todo esto si ya está hecho? Puede ser. Pero en un mes han cambiado las encuestas, las propuestas, la dinámica, todo lo que puede incidir sobre un mareado votante. ¿Hay más desvergüenza, demagogia, populismo, etcétera? Desde luego: siempre es así en temporada de patos. ¿Se ha perdido la moderación? En campaña, esa palabra carece de significado. Y le regalaron un mes más. ¿Hay confusión? Faltaba más.

Algunos expertos estiman, con base en las encuestas, que las opciones de la derecha se verán mortificadas por los errores del gobierno. Otros piensan, con base en la observación empírica, que los retrasos han favorecido a los alcaldes en funciones, donde la derecha es mayoría.

En estas cuatro semanas se ha producido un estallido de ocurrencias en todos los campos de la acción política -las campañas, los partidos y el Parlamento- para tratar de ganar posiciones. Algunas podrán tener efectos permanentes y no proporcionar ninguna ventaja a sus promotores; otras serán inocuas, pero de alta visibilidad. Los candidatos de estos seis meses juegan a ciegas, por lo menos hasta el domingo, cuando se empiece a saber quién es quién.

Un estudio de la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública ha clasificado a los potenciales votantes alrededor de ocho clivajes políticos, económicos y culturales y ha propuesto la configuración de nueve grupos que cubren el espectro político de izquierda a derecha. Lo que este esfuerzo sugiere es que la fragmentación de la política dificulta las agrupaciones de grandes segmentos. Así, por ejemplo, la “izquierda tradicional” reúne a un 11,7%, mientras que la “derecha tradicional” llega al 8,8%. Los siguen los “progresistas”, con un 11,4%, y la “derecha social”, con 8,6%. Pero en esta visión de segmentaciones, los primeros lugares aparecen reservados para dos grupos: los “centristas clásicos”, con un 23,7%, y los “desvinculados”, con 17,6%. Entre estos últimos predominarían los abstencionistas, pero también los que se inclinan por los famosos, sin interpretar demasiado sus contenidos.

Si -contrariando el planteamiento del estudio- se reúne a todos los grupos situados a la izquierda (clásica, progresista, pragmática), el total es 28,6%, y a todos los ubicados a la derecha (clásica, conservadora, popular y social), el total es 30,1%. En este esquema, el “centrismo clásico” permanece como un gozne para armar mayoría. Y perdura ese voluminoso segmento de “desvinculados”, un hoyo negro que a veces ha favorecido a fenómenos excéntricos.

Es un esquema tan discutible como cualquier otro, pero se parece innegablemente al actual espectro de ofertas presidenciales.

¿Calzan ellas con el interés de los votantes? Aunque parezca obvio, las preocupaciones que pueden determinar el voto este fin de semana no son las mismas de hace un año. Otro estudio reciente, esta vez de Espacio Público e Ipsos, ha establecido que el principal problema “personal” de los chilenos hoy es “delincuencia / inseguridad ciudadana”.

Después de más de un año de estados de excepción y toques de queda, parece sorprendente que esta sea la prioridad de un 53%, muy por encima de los dos que le siguen: “desempleo” y “servicio de salud deficiente”, ambos con un distante 40%. Preocupaciones con relevancia mucho menor que las anteriores son las “bajas pensiones” (22%), la “mala calidad de la educación” (19%) o “el endeudamiento” (13%), de manera que algunas de las cargas de infantería ruidosamente lanzadas en esos terrenos pueden andar algo descaminadas.

Los cinco días de asombro que quedan hasta las primeras cuatro elecciones son él último tramo de campaña, y se nota. Se ve la costura en cada maniobra con publicidad. Todos los tejedores saben que en estas elecciones no se dirá la última palabra, pero se empezará a decir. Y desde luego que estará llena de sorpresas.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-los-cinco-ultimos-dias/SG5HD3SJLVFAFOWJBW4DXSOIFU/

  • 21.14.-Y no nos dimos cuenta del “golpe blando” – PEDRO PIERRE
  • Perú: una estrategia de guerra para impedir lo nuevo del momento MARIANA ÁLVAREZ
  • Brasil: CPF cancelado TARSO GENRO
  • Chile: la derrota ASCANIO CAVALLO

Nos convencieron de votar por Lasso para terminar de una vez con el correismo, sin que nos demos cuenta de que el capitalismo va a ser peor que lo que estamos sufriendo desde hace cuatro años.  Quizá, sin embargo la historia juegue al retorno descabellado como sucediera con las ilusiones de Macri sembradas hace poco en Argentina.

En los muchos comentarios sobre las elecciones, poco se ha hablado de un golpe de Estado que se califica de ‘blando’, es decir suave, porque nos han domesticado. Tan suave que no aparecen los autores, tan blando que todavía no nos duele… un ‘golpe’ que dura desde antes del gobierno de Lenin Moreno. Hemos aceptado su traición y que nos gobernaran los que rechazamos en las elecciones de 2017. Ahora no solamente no los hemos rechazado, sino que los hemos llamado a grito. Nos convencieron de votar por Lasso para terminar de una vez con el correismo, sin que nos demos cuenta de que el capitalismo va a ser peor que lo que estamos sufriendo desde 4 años.

Los medios de comunicación comerciales nos convencieron de que había que odiar el uno y festejar al otro. Miremos Honduras, Paraguay, Brasil, Guatemala… y estamos peor que ellos. No nos hablan de Argentina ni de Bolivia que salieron de la pesadilla. Bolivia aguantó un año el golpe de Estado, obligando a que regrese al poder el partido de Evo Morales. Brasil logró que se anularan los juicios contra Lula da Silva y nosotros después de 4 años pedimos más de lo mismo… y lo vamos a tener. Ya el nuevo gobierno está preparando su equipo de ministros y secretarios de Estado entre los más derechista y fascista del país.

“¡Manos de hierro con guantes de seda!” vamos a tener durante 4 años… a la manera de León Febres Cordero, del Partido Social Cristiano (PSC), el presidente más sanguinario que hayamos tenido en estos 50 últimos años. Todo estuvo muy bien planeado, manteniéndonos en la ignorancia, la pasividad, el individualismo, el quemimportismo. Y durante 4 años más van a amarrar las estructuras estatales para que no regrese ningún presidente progresista. Los izquierdistas de escritorio, los indígenas y las organizaciones gremiales que votaron ‘nulo’ se dejaron embaucar por ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) que los cegaron por un puño de dólares. Ni hablar de la Universidad que no capacita a los estudiantes para pensar e innovar sino ser buenos empleados de las empresas nacionales e internacionales. Tampoco las Iglesias fueron atentas al clamor de los pobres y de la naturaleza. Con el nuevo gobierno el grupo católico más tradicionalistas, el Opus Dei, ya tiene sus entradas en el palacio de Carondelet… Se repite lo que decía León Febres Cordero cuando ganó la alcaldía de Guayaquil: “¡Estamos aquí para quedarnos más de 30 años!”

¡Qué feliz está la embajada norteamericana! Con el presidente Moreno entraba en el palacio del gobierno como en su segunda casa. “Muy dóciles y obedientes” hemos quedado los ecuatorianos para aplaudir al verdugo de los pobres que no quieren regalarse sus riquezas, sus materias primas, sus mejores profesionales. Sus funcionarios pagan muy bien a sus empleados ecuatorianos afín de que nosotros mismos aplaudamos a nuestros amos y les pidamos sentarse en los primeros puestas. No critiquemos Colombia que ha pasado a ser una colonia norteamericana con 9 bases militares en su territorio. Nosotros estamos peor: “¡No hay peor ciego que aquel que no quiere ver!”… Pues tenemos futbol, cerveza, novelas, teléfonos de última generación. Algún chat decía: “Nos empobrecen pero aguantamos porque somos machos… ¡pero que nos suspendan el campeonato nacional o suramericano ni los burdeles!”

El camino para revertir esta catastrófica situación va a ser muy largo… porque ya son expertos en “golpes blandos” y los “guantes de seda” son tan suaves. Hemos perdido la dignidad, nos tienen bien controlada a la juventud, y los profesionales no quieren perder sus empleos precarios. Lograron ponernos a todos contra todos. Si no crecemos en conciencia no podremos luchar por nuestros derechos. Si seguimos de egoístas e individualistas, dejaremos crecer unas situaciones que nos irán ahogando cada vez más. ¿Seremos capaces de crecer también en una mística de liberación centrada en la construcción del Reino de Dios tal como nos lo presenta el papa Francisco que supone “una amistad social y un amor político”? Que nuestra devoción mariana encarne la fe de María de Nazaret en nuestra vida y nuestros compromisos: “El todopoderoso… dio un golpe con todo su poder: deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías.”

https://www.alainet.org/es/articulo/212029

21.14.-Perú: una estrategia de guerra para impedir lo nuevo del momento MARIANA ÁLVAREZ

 Pedro Castillo y Keiko Fujimori finalistas a segunda vuelta en Perú.

Pedro Castillo y Perú Libre llevan las de ganar en la segunda vuelta electoral en el Perú, no solo por la amplia ventaja que le dan las encuestas, sino porque su rival, Keiko Fujimori, sus asesores políticos y de imagen, así como sus ocasionales aliados de la derecha política, están llevando a cabo una estrategia de confrontación, una campaña antivoto, como si se tratara de una guerra, que deben ganar de todas maneras.

29 abr 2021.- Seguramente las distancias se acortarán al 6 de enero, pero los analistas coinciden en que las estrategias perfiladas en la última semana hacen poco probable que la brecha se cierre del todo. Lo que intenta Keiko es liquidar al rival, someter a los neutrales, indecisos, vacilantes. No busca persuadir a los electores y ganarlos con propuestas positivas. Lo que está haciendo es infundirles miedo, pánico; piensa que así va a captar votos, señala Víctor Caballero.

Para impedir el desenlace golpista la victoria de Castillo debe ser holgada. Eso depende, supongo, de buena parte del 33% de indecisos que perciban que el golpe no es opción. Parece ser la posición de Hernando de Soto quien declara que sus conversaciones con Castillo fueron «satisfactorias» y que lo ve «acercarse al centro».

En las venas de Keiko corre sangre de confrontación, de guerra, y su entorno fascista la alienta. Su negocio es polarizar. Su meta, retomar el poder para seguir expoliando las arcas del Estado. No le interesa dirigirse a los electores de centroizquierda ni a los colectivos sociales, ambientales, feministas; y tampoco, pareciera, a los ciudadanos del sur y centro del país, a quienes considera chavistas, comunistas, terroristas.

“El problema es que al considerar que estamos en una guerra, ya los ex militares termocéfalos vienen tocando la puerta de los cuarteles para hacer un golpe militar antes de la segunda vuelta; otros amenazan afirmando que un eventual triunfo de Pedro Castillo llevará al país a un golpe militar para impedir que sea gobierno, recuerda Caballero.

Lo dice nada menos que Mario Vargas Llosa: “no se puede descartar que haya un golpe militar”, y agrega: “probablemente sea un golpe de derecha, eso nos hundiría otra vez en una dictadura militar que vaya usted a saber cuántos años duraría”. Clara amenaza al conato de democracia, al respeto a la voluntad del pueblo y al derecho de elegir al candidato que le guste, no el que se lo imponga la derecha genocida y sus repetidoras de lso medios hegemónicos de comunicación.

Castillo, por su parte, ha buscado construir una imagen razonable, dialogante, sin ceder a la tentación de concesiones innecesarias o prematuras que diluyan su identidad política. “Se puede normalizar en el ojo público porque es, en efecto, un personaje normal, perfectamente legible desde el llano, perfectamente comprensible para la mayoría ciudadana”, señala Jorge Frisancho.

Y por eso su popularidad subió tan sostenidamente durante la campaña de primera vuelta. Su figura es reconocible fácilmente; maestro de escuela pública, político de rango local o regional, agricultor de pequeña parcela, sindicalista.  Es una figura tangible, verosímil, y esa primera impresión cuenta mucho más que las afiliaciones ideológicas.

Por ejemplo, sin subir la voz, señala tranquilamente que los que le quitan sus casas a la gente son los bancos. Así, pese a que la derecha cuenta con los medios masivos de comunicación, con las peroratas de los que aparecen como extremistas son los derechistas, como Beto Ortiz, Mario Vargas Llosa y todos aquellos que aparecen en las portadas de Perú 21.

Es evidente que la irrupción de Castillo ha sido posible precisamente porque plantea con claridad una confrontación en el terreno de la ideología y enuncia un antagonismo fundamental en vez de intentar disfrazarlo y revela el agotamiento de los aparentes consensos de la vida política peruana de las últimas décadas, y le da forma y representación a un bloque articulado sobre consensos distintos, señala Frisancho.

Estos consensos nuevos apuntan hacia la izquierda: nadie que haya votado por Pedro Castillo o piense hacerlo ignora lo que está en juego. El antagonismo fundamental es el que enfrenta a los beneficiarios del “modelo” neoliberal con los que sufren sus consecuencias.

Y viene con contenido: su oferta electoral incluye banderas largamente enarboladas desde la izquierda peruana, como, entre otras varias cosas plenas de valencia política, el cambio de constitución o el control nacional de los recursos primarios. El proyecto que Pedro Castillo representa no tiene todavía forma definida, más allá de esos lineamientos generales, el movimiento social que lo acompaña.

Castillo no aparece como la figura extremista y polarizante, imagen que la derecha pretende imponer en el imaginario colectivo. Y mientras él se dedicaba a comunicar con efectividad, tranquilizando a quienes le temen con promesas verosímiles de respetar la institucionalidad y enfocarse en las necesidades inmediatas generadas por la pandemia y la crisis, sus oponentes vociferan que es un riesgo para la democracia y amenazan con un golpe de estado.

Maneja usos discursivos capaces de darle expresión política al descontento popular y a las contradicciones que definen la vida social y económica, pero no un programa concreto de políticas de Estado. Una ventaja en campaña electoral esta flexibilidad para modular la apuesta según las circunstancias y los momentos, ya que ayuda a ganar elecciones: Castillo puede hablarles a la vez a distintas audiencias, a los convencidos y los todavía indecisos, sin desdibujar los contornos de su mensaje de cambio.

Por primera vez en mucho tiempo en la política peruana, la derecha está perdiendo y parece desesperada por ello. La única arma en su arsenal —extremar la diatriba y el terruqueo, movilizar miedos de clase con creciente insistencia y mostrar los dientes en gesto amenazador mientras llaman a su rival extremista, peligroso y violento— ha perdido efectividad. Ya no mella como antes. Todo parece indicar que este ya no es su momento, sino el de algo nuevo que apenas está naciendo, señala Frisancho.

Mariana Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

https://rebelion.org/una-estrategia-de-guerra-para-impedir-la-hora-de-lo-nuevo/ 

21.14.-Brasil: CPF cancelado TARSO GENRO

Cuando un circuito de crisis empieza a apilar muertos, a extinguir la compasión y a plantar semillas de odio de forma natural, es porque hemos llegado al límite.

2 may 2021.- Durante su viaje a Manaus, Jair Bolsonaro se burló de los muertos por Covid-19 en Brasil. Junto al presentador Sikêra Jr., posó para una foto en la que sostenía un cartel con la imagen de un CPF (1) y la palabra, en una franja roja, “cancelado”. La expresión “CPF cancelada” es conocida en los escuadrones de la muerte para mencionar “asesinatos”. La historia es del Sitio 247, ayer, 24 de abril de 2021, 75 años después de Auschwitz. ¿Están las instituciones en Brasil simplemente muertas o han fallecido y somos solo espectros de la humanidad que vagan por otros lugares, donde los cuerpos no hacen sombras y las conciencias desaparecieron en las ollas del mercado?

Primo Levi, que fijó en la historia las pilas de cadáveres que Hitler – con el apoyo de una parte de la población alemana – con la indiferencia de muchos y el silencio complaciente de quienes no se opusieron a la “demostración descarada de cuán fácilmente prevalece el mal”,  dijo que, en plena Europa del siglo XX  “se soñó un sueño demente de construir un imperio milenario sobre millones de cadáveres y de esclavos” (…) añadiendo – sobre la reacción de Europa – que los “poquísimos (que) se negaron fueron eliminados; todos los demás consintieron, una parte con disgusto, otra parte con indiferencia y parte con entusiasmo”.

Primo Levi sobrevivió a Auschwitz y escribió “¿Esto es un hombre?”, pregunta cuya radicalidad filosófica pone en cuestión no solo los resultados políticos de la ilustración democrática, sino también las limitadas posibilidades de conceptualizar correctamente, en términos de filosofía moral, el propio significado del término “civilización”. Cuando nosotros, en Brasil, miramos al presidente de la República y preguntamos “¿Esto es un hombre?” o “¿Cómo fue esto posible?”, estamos indagando al mismo tiempo sobre nuestro pasado y nuestro destino común.

En el pasado tenemos nuestras miserias basadas en la esclavitud colonial, así como en los Tenientes sublevados contra la oligarquía; nos encontramos en las resistencias legales e “ilegales” a la dictadura militar, así como en la aceptación mayoritaria del golpe contra Dilma y -en nuestro pasado reciente- vemos el espíritu descarriado de nuestra política exterior (apoyada en las falsificaciones de Trump ) pero también la dignidad de Itamarati, en varios momentos de nuestra historia, más recientemente con el canciller Celso Amorim, en la orgullosa y activa política exterior en la escena pública global.

Ciertamente distinguidos historiadores en el futuro, sabrán mirar en profundidad el desierto político y moral que nos impuso con la creación del bolsonarismo. Su certificado de vigencia está cimentado por el compromiso del liberal-rentismo como un fascismo resucitado, destinado a la destrucción del Estado Social, aunque cueste 500 mil muertos -o más- al final de este capítulo perverso de nuestra Historia.

Entonces todavía tendremos los muertos de hambre, las familias disueltas por el luto, la locura engendrada en la lucha irracional por la supervivencia. ¿Es un Hombre quien propaga un camino necrofílico? ¿Seremos considerados Hombres en el futuro, si nos omitimos o nos silenciamos? Es difícil de responder, pero cuando un circuito de crisis empieza a apilar muertos, extinguir la compasión y plantar semillas de odio con naturalidad, es porque llegamos al límite.

Rolando Freisler (1893-1945), jurista alemán de la época de la República de Weimar y nombrado como el Juez más importante de la época de Hitler, condenó a muerte a cientos de judíos y no judíos resistentes y simbolizó lo que fue la parte más depravada de la Magistratura alemana, en el llamado “Tribunal Popular” (Wolksgerichtshof), la jurisdicción más relevante del Estado para los “crímenes políticos” en la época de Hitler. Su costumbre, además de condenar a muerte a los seres humanos que no se rendían ante la inhumanidad necrofílica, era teatralizar los procesos para humillar de forma brutal a los imputados, la defensa y la familia de los futuros condenados.

¿Alguna similitud con las condenas anteriores a los procesos, por los cuales el juez Moro lograba su complicidad con la Rede Globo? Sí, unas evidentes similitudes que pasan, no solo por las estrechas relaciones del juez Moro con el ya notoriamente fascista candidato, sino también por las humillaciones y condenas previas, realizadas por la mayoría de la prensa tradicional, atacada contra los “condenados necesarios”, aquellos que debían ser eliminados para que el fascista ganara y el juez se convirtiera en su ministro.

En los últimos 30 días, un grupo de y juristas abogados (entre los que me incluyo) redactaron y propusieron, en nombre del PCdoB y del PSOL, una “acción directa de inconstitucionalidad por omisión” contra la Presidencia de la República. En esta acción, sustentada en hechos públicos y notorios – por lo tanto, libres de cualquier duda – mostramos que el presidente no está cumpliendo con la Constitución, por las políticas omisivas (y homicidas) que viene desarrollando y por estar practicando acciones explícitas de sabotaje a la salud pública y otros derechos fundamentales.

Sostenemos en la acción, por tanto, que el presidente está en confrontación con la ciencia y la razón. Pronto, le corresponderá al Supremo Tribunal Federal decir – por la metáfora universal que sólo el Derecho puede producir –   si somos un pueblo compuesto por individuos dotados de sentimientos humanos en toda su plenitud o si lo somos (y por reflejo ellos, los Jueces, lo son también) una manada pasiva conducida por el juez Freisler a la picota de la vergüenza. Este es un lugar amplio que jamás deja de acoger a quienes renuncian a su condición humana, para pensar como un rebaño esclavizado por el mito: inmunes al amor y la solidaridad.

https://aterraeredonda.com.br/cpf-cancelado/

21.14.-Chile: la derrota ASCANIO CAVALLO

Foto: Agencia Uno

Era repetido que la percepción de La Moneda ha estado alterada, errática, poblaba de supuestos fantasmales. Se decía en voz baja en los corrillos de lo que una vez fue Chile Vamos, en voz alta entre las filas de la oposición, a modo de hipótesis en los centros de estudio. Faltaba la contundencia de una certeza política que quedara en ridículo.

1 may 2021.- Esa fue, al fin, la apelación al Tribunal Constitucional, que, mientras el gobierno la daba por segura, rebotó como si hubiese caído sobre una cama elástica. No es inútil recordar que el gobierno contaba con que el Tribunal repetiría lo que dijo en un fallo anterior, que fue obtenido con tirabuzón. Y que esto lo haría, además, una institución que está anarquizada por sus reyertas internas.

Ese clima también lo creó el gobierno. ¿A quién se le ocurre enviar a la principal asesora del Presidente con la misión estentórea, proclamada a los cuatro vientos, de “limpiar” el Tribunal? ¿Quién podría creer que cualquier hostilidad, como las ha habido en catarata, no estaría en conexión con La Moneda? Un organismo aporreado es un ente imprevisible. Y más todavía si el gobierno quiere traspasarle la responsabilidad de detener una disposición apoyada por sus propios partidarios.

El Tribunal tuvo la decisión -altamente antiestética, acaso para subrayar la situación en que está- de anunciar su rechazo a la petición del gobierno junto con la votación que salvó en el margen a la presidenta María Luisa Brahm de ser destituida. La enviada con license to kill ha estado al borde de ser expulsada por sus pares. ¿Nadie ve esto desde palacio? Cualquiera lo consideraría otro aviso, pero el gobierno parece inclinarse mecánicamente a creer que las advertencias no son advertencias, sino meras posiciones en un juego de manos.

El caso es que al perder su último recurso, el gobierno terminó de quedar solo: sin partidos, sin parlamentarios, sin organismos adicionales a los que recurrir.

Ningún gabinete soporta una hecatombe como esta. Quiéralo o no, el Presidente tendrá que mover algunas de sus piezas en una sola dirección: pedir ayuda. No hay más.

La derrota en el Tribunal Constitucional no ha venido sola ni fuera del tiempo. Se ha producido en el fatídico mes en que el mismo gobierno cometió su otro histórico error: aplazar las elecciones múltiples previstas para abril. Cuando se escriba la historia completa, quizás se consigne que la segunda ola de cuarentenas consiguió detener algo de los contagios; pero habrá que decir sobre todo que, en medio de la peor situación política de los últimos años, fue suspendido un proceso democrático que justamente debía empezar a resolver ese conflicto, por la vía de ir fijando el peso de cada cual.

Si esas elecciones se hubiesen realizado, otra sería la discusión actual.

Siempre es así. Cuando se juega con la democracia, la democracia se toma su desquite. Si los nobles fines de una autocracia médica se echan a competir con la necesidad de resolver un conflicto político de gran magnitud, pasa lo que ha pasado (no sólo en Chile): la arquitectura institucional termina de quebrarse.

Ya no hay orgullo personal que resista, en toda la línea institucional. El Presidente se empieza a acercar al nivel de prestigio de los partidos y el Congreso. Es la situación ideal para los aspirantes a cualquier tipo de cargos. Basta con elegir al tipo de enemigo institucional que parece más apropiado para sus electores: el gobierno, el intendente, el alcalde en funciones, cualquier cargo, cualquier persona.

En los días pasados, el gobierno y algunos de sus partidos han tomado algunas iniciativas para entablar diálogo con la oposición. Ya se verá la importancia táctica y estratégica que esto tenga para cada cual. Pero una cosa es nítida: el gobierno no puede sentarse en estas mesas con la actitud que ha tenido en los tres años pasados.

Ya no es el gobierno victorioso del 2018 ni el gobierno azotado del 2019. Ahora está derrotado.

No hay una experiencia como esta en la historia chilena reciente. No se puede echar mano a un ejemplo. Nadie antes había incurrido en una concatenación de errores o malas jugadas tan sistemáticas. Si el programa del gobierno quedó muerto o agónico después del 18-O, si su promesa del florecimiento económico se hundió junto con la parálisis de la pandemia, ahora ha caído también su expectativa de recuperación de último minuto.

Lo que le queda es el mínimo: administrar los procesos electorales de diez meses antes de apagar la luz en La Moneda.

Los presidentes chilenos tienden a ser arrogantes cuando están en su puesto; es una consecuencia psicológica del régimen de gobierno. La presidenta del Senado, Yasna Provoste, recordó hace unos días la brillante frase del Presidente Eduardo Frei Montalva: “No se humilla quien pide por la patria”. Humildad muy relativa, porque ese tenía que ser el tamaño de la petición, ni más ni menos: la patria. Esta vez ya no puede ser así: sólo diez meses.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-la-derrota/GNKVEN56ZZBUTJHHMZZXOJGVQI/

    • 21.13.-Zona Andina: cinco países atrapados en el caudillismo populista ALVARO FORERO
    • Chile: botar a Piñera ASCANIO CAVALLO
    • Cuba, sumida en una profunda crisis, pasa página sobre los Castro  NICOLAS BOURCIER
    • Honduras: ser sindicalista sigue siendo muypeligroso GIORGIO TRUCCH

Treinta años después de caer en manos del populismo, los países de la zona andina continúan bajo la égida de caudillos, ahora en plan de reconquista del poder.

18 abr 2021.- El chavismo sigue en el poder, el uribismo regresó a él, como el evomoralismo, el correismo acaba de fracasar en el intento y el fujimorismo tiene altas probabilidades de reconquistarlo.

Los cinco países del Área Andina cayeron como fichas de dominó. Primero Perú, en 1990, con Alberto Fujimori, quien gobernó diez años, el precursor del populismo de derecha moderno. Luego Venezuela, con Hugo Chávez en 1999, quien gobernó 14 años. Siguió Colombia, con Álvaro Uribe, quien gobernó ocho años porque la Corte Constitucional le impidió presentarse a unas elecciones para completar 12 años. Siguió Bolivia en 2006 con Evo Morales, quien gobernó 13 años. Y concluyó Ecuador con Rafael Correa en 2007, quien estuvo en el poder diez años.

Todos llegaron al poder cabalgando sobre proyectos políticos populistas contra la corrupción de los partidos tradicionales y su debilidad para ejercer la autoridad, gobernaron de manera autoritariamente personalista y consiguieron cambiar sus Constituciones para permitir reelecciones sucesivas y convertirse en caudillos.

Vinieron después de otra ola, la de la democratización latinoamericana de los años 80, en la que cayeron las dictaduras del Cono Sur, como una especie de nuevo estadio del autoritarismo, esta vez civil y de baja intensidad, que fundiendo las tradiciones de caudillismo y populismo llega al poder por vía de elecciones y busca debilitar las instituciones para tratar de perpetuarse, teniendo mayor éxito en países de democracias más débiles.

Aunque salieron del poder, han continuado dominando la política, opinando, cultivando el fervor ciego de su base política, fundando partidos, presentando candidatos a elecciones y ejerciendo oposiciones fuertes. Con la excepción de Chávez, han tenido graves problemas judiciales. Fujimori lleva años en la cárcel, Evo y Correa han tenido acusaciones penales que los llevaron al exilio y Uribe ha estado detenido y aún puede ser condenado. Todos se han declarado perseguidos políticos de los órganos de justicia y de los gobiernos que los sucedieron.

Todos, excepto Chávez, han buscado retornar al poder, en buena parte para intentar reducir sus problemas judiciales por vía de la influencia que tienen las ramas ejecutivas sobre las judiciales y legislativas. Desde el Congreso el hijo de Fujimori presionó el expresidente Kuczynski para que concediera el indulto, pero luego la Corte Suprema lo anuló. Si la hija, Keiko, gana la presidencia en segunda vuelta en los próximos meses, intentaría un segundo indulto.

Ante los límites que les han impuesto las instituciones, especialmente por vía judicial, los caudillos han desarrollado un nuevo estadio de burla a la democracia: regresar al poder por interpuesta persona. Fujimori está a punto de lograrlo, Uribe lo consiguió en 2018 y Evo en 2020. Correa logró imponer como sucesor a su vicepresidente, pero luego se enfrentó con él y entonces postuló a un político joven, pero sin éxito.

El resultado es una región atrapada políticamente por los conflictos de los caudillos y en riesgo de metástasis populista hacia el extremo contrario.

https://www.elespectador.com/opinion/zona-andina-cinco-paises-atrapados-en-el-caudillismo-populista/

21.13.-Chile: botar a Piñera ASCANIO CAVALLO

Ante inminentes costos electorales, algunos diputados de RN han planteado la necesidad de desmarcarse absolutamente de La Moneda. 

Un horizonte extremadamente sombrío empieza a configurarse para Chile, tal vez el más oscuro en 50 años. El Parlamento intenta doblegar al Presidente hasta forzarlo a hacer cosas que van contra sus convicciones. El gobierno quiere someter al Parlamento a un disciplinamiento que no logra ni con sus partidarios. Es como si se plantearan así las cosas: o el Presidente se lleva puesto al Congreso, o el Congreso se lleva puesto al Presidente.

Esta frase fue escrita para retratar la Argentina del 2001; la consigna que la siguió fue “Que se vayan todos”. Y en poco tiempo la pobreza asoló a la mitad del país. Ese es el significado último de la ingobernabilidad, no importa quién la motive.

24 abr 2021,- Antes de que se empiece a preguntar dónde estaba quién y por qué, puede ser útil buscar un punto de partida.

Después de la elección del Presidente Sebastián Piñera, nadie pensó en su derrocamiento por la fuerza, ni la material de la revuelta ni la simbólica de las leyes. Por enojosa que a algunos resultara su victoria, había tenido la amplitud suficiente para ser indiscutible. La cuestión de la integridad del gobierno comenzó mucho después, y no exactamente el 18-O del 2019, sino, para ser precisos, posiblemente en la noche del día siguiente.

El de ese día quizás no fuese el primer estado de sitio ridiculizado de la historia de Chile, pero permitió alentar la expectativa de que el gobierno podía caer, con La Moneda y la institucionalidad incluidas. El esfuerzo por derrocarlo tuvo su mayor despliegue en noviembre de ese año -el día 12 hubo una alerta para evacuar el Palacio-, pero luego el acuerdo constitucional, el fin de año, la laxitud del verano y, finalmente, la pandemia lo detuvieron a cierta escala. De manera enigmática, eso no sucedió en el Congreso, donde pervivieron las expectativas de que, por vía de la poco glamorosa confrontación legislativa, se llegase a lo mismo.

Primero, disputándole sus atribuciones (el “cogobierno”), luego quitándoselas de hecho (el “parlamentarismo de facto”) y enseguida ensayando un mecanismo jurídico para sacarlo de La Moneda (la acusación constitucional). No todo esto fracasó, porque de hecho el Congreso se apropió desde entonces de atribuciones que la Constitución le restringía.

La historia tendrá que consignar que encontró esos forados en el estado de catástrofe, indispensable para limitar la movilidad, declarar toques de queda y requerir la ayuda de unas reticentes Fuerzas Armadas para combatir el Covid-19. El estado de catástrofe no ha sido materia de gran discusión, pero algunos creen que sirvió para frenar la movilización callejera y otros piensan que abrió el espacio para el despliegue del jacobinismo en el Parlamento. Ese despliegue ha instalado el principio de abjurar del gobierno. Ayudarlo un poco es traición, ayudarlo mucho es crimen.

El presidente del Banco Central, el socialista Mario Marcel, demostró en el mismo Congreso la dudosa racionalidad del proyecto elegido para revivir las expectativas de destitución. Los retiros de dinero de las AFP no sólo no favorecen a los más vulnerables, sino que el 54% del dinero sacado en los dos proyectos anteriores está en las cuentas corrientes o en instrumentos de ahorro. Otra voluminosa parte ha sido gastada en casas comerciales, solventando deudas o alimentando más consumo. Nada en las ollas comunes o en los campamentos. ¿Llevar esto al Tribunal Constitucional es lo que motiva el derrocamiento de un gobierno?

No: es el objeto de una prueba de fuerza. Ahora se trata de que no acuda al TC. Allí podría perder, caso en el cual merecería ser destituido. O podría ganar, caso en el cual merecería ser derrocado. Se ha convertido en un motivo tan bueno como cualquier otro para profundizar el estado de ingobernabilidad, la inopia de un gobierno derrotado en forma aplastante en la Cámara de Diputados con los votos de quienes lo apoyaron para llegar al poder. Los opositores más radicales saben que Piñera es el Presidente más abandonado por su propia coalición, probablemente después de Allende. De la experiencia de la Unidad Popular se ha aprendido que la memoria de esas deslealtades perdura por decenios.

Nadie está preocupado de eso ahora. Chile Vamos desechó sus lazos con el gobierno en los días siguientes al 18-O y eso no ha hecho más que agudizarse día tras día, para llegar al clímax en que está hoy con la proximidad de las elecciones. La Moneda está repleta de historias de aliados que en privado se declaran leales, pero en público lo denuestan porque podrían perder sus puestos electorales.

El Presidente tiene una curiosa fascinación por la soledad. No le importa. Lo seduce cierta infatuación de la voluntad; sabe que le cobran cuentas nuevas y viejas, a veces muy viejas. Así ha ido su vida en la política. Pero esta vez es diferente. La ira de la oposición se siente en las puertas del Palacio. El país camina por una cornisa. Ante esa evidencia, el gobierno impulsa ahora un acuerdo tributario que pueda quitar la espoleta de la situación.

No se sabe si está a tiempo o es demasiado tarde. No se sabe si frenará el deseo de sacar al Presidente, cuya fuerza flamígera no tiene en cuenta que, si eso llegara a ocurrir, no habrá Presidente seguro por muchos años más.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-botar-a-pinera/YH2ITRTQLZHA7I2HG43W6DOY2Q/

21.13.-Cuba, sumida en una profunda crisis, pasa página sobre los Castro  NICOLAS BOURCIER

Raúl Castro deja el liderazgo del partido al presidente Miguel Díaz-Canel, mientras la isla lidia con la pandemia del coronavirus y la escasez de alimentos, y se expresan voces críticas en las redes sociales.

 Una familia observa a Raúl Castro durante la sesión inaugural del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, el 16 de abril. ALEXANDRE MENEGHINI / REUTERS

La revista American Time escribió una vez: “Fidel Castro es el corazón y Raúl Castro el puño de la revolución. » El corazón dejó de latir 25 de de noviembre de 2016, y el puño se dejó oficialmente ir lunes por 19 de abril después de que el 8 º Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), se reunió a puerta cerrada durante cuatro días en La Habana.

19 abr 2021.- En su discurso inaugural del viernes frente a la reunión de los 300 delegados, quien fue el eterno número dos y ministro de las Fuerzas Armadas durante casi medio siglo a la sombra de su hermano mayor confirmó, a los 89 años, que estaba diciendo sus despedidas políticas para dar ejemplo. “Seguiré sirviendo como un simple luchador revolucionario, aseguró. dispuesta a hacer mi modesta contribución hasta el final de mi vida. «

Después de Fidel, Raúl pasa así la mano y cede su asiento de primer secretario, el puesto más importante en la jerarquía del poder, a Miguel Díaz-Canel, 60 años, actual presidente de la isla. De hecho, y por primera vez desde 1959, Cuba ya no estará gobernada por un Castro. Una página de la historia que, en otras circunstancias, podría haber sido llamativa pero que, por el contexto en el que gira, hoy encuentra un eco singular, ya que el país parece mirar hacia otro lado, absorbido por una vertiginosa escasez de alimentos, una situación completamente inédita. pandemia, crisis económica y social.

Miguel Díaz-Canel, presidente cubano, en la sesión inaugural del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, el 18 de abril, en La Habana. ARIEL LEY / AFP

Nombrado presidente interino en 2006, a raíz de la grave enfermedad de Fidel, al que los cubanos entonces llamaban “el Terrible” o “el Soldadocito”, ya había heredado desde muy temprano un país en mal estado. El maná financiero de los petrodólares venezolanos se había convertido en ese momento en el alfa y omega de toda una isla, fuertemente golpeada por las drásticas medidas implementadas por el régimen durante el período llamado «especial», el de los años noventa, luego de la caída del  Bloque soviético.

Lea también (2016): El Partido Comunista de Cuba vuelve a sus viejas costumbres

«No somos magos»

En su discurso pronunciado con motivo de la fiesta nacional del 26 de julio de 2007, Raúl prometió introducir «cambios estructurales y conceptuales» al precisar que «no todo se puede resolver de inmediato y que no será necesario contar con soluciones espectaculares» . Una advertencia que se repitió cinco meses después ante la Asamblea Nacional, donde el hermano menor de los Castro declaró: “No somos magos. «

Sabia precaución. A pesar de la implementación de algunas reformas cautelosas, el levantamiento de ciertas prohibiciones que pesan sobre la economía y una tímida apertura al sector privado, la situación de la isla se ha derrumbado. La ayuda de Venezuela se ha agotado. El endurecimiento del embargo y las restricciones adicionales impuestas por la administración Trump han tenido un efecto devastador. La increíble pesadez e inercia de lo que las propias autoridades denominan el «bloqueo interno», es decir, el buen funcionamiento del modelo cubano, su lentitud, sus desvíos y sus callejones sin salida, su mercado negro también y sus privilegios, hicieron el resto. .

La crisis económica subyacente provocó un colapso del PIB del 11% en 2020, la peor caída en tres décadas. Desde el 1 er enero, el país tiene también una unificación de los dos sistemas monetarios, lo que llevó a devaluar el peso por 2.400% y podrían causar una inflación de 500% este año. El aumento de los salarios de la función pública y la quintuplicación de las pensiones y el salario mínimo sólo han atenuado ligeramente el impacto de la reforma.

Un cartel de propaganda política con los tres líderes cubanos, Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, en La Habana el 13 de abril. YAMIL LAGE / AFP 

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Las dificultades de la vida rural, las demoras en los pagos del Estado, que tiene un virtual monopolio en la compra de cultivos, la falta de efectivo, equipos y fertilizantes hacen que el campo no haya dejado de crecer. Vistas desde la calle, las ciudades reflejan la imagen de una cola sin fin. En todas partes, desde La Habana Vieja hasta Santiago de Cuba, se escapa una larga queja y el rumor de una inquieta agitación frente a los desnudos mini-mercados. Los puestos están vacíos y las colas han inventado los coleros, esos que cambian sus lugares por un poco de dinero.

A esto se sumó la epidemia por el coronavirus, que en las últimas semanas ha batido récords de contagios (más de 1.000 por día). Bajo control durante los primeros meses, terminó instalándose en la isla, poniendo aún más presión sobre el sector turístico y exportador. Y luego está este descontento silenciado que ha acompañado durante meses en las redes sociales este anunciado fin de la era castrista. Desde la luz verde que dieron los dirigentes, en diciembre de 2018, al acceso a Internet móvil, la protesta social y política nunca ha sido tan evidente.

Acciones de desobediencia civil

Se han multiplicado las movilizaciones de artistas o defensores de minorías. Han surgido acciones de desobediencia civil en WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram. Un clip subido a YouTube el 17 de febrero de un colectivo de raperos cubanos producido entre La Habana y Miami superó el millón de visitas en menos de setenta y dos horas. La canción, titulada Patria y Vida («Patria y vida»), una desviación del eslogan revolucionario Patria o Muerte («Patria o muerte») que marcó cada intervención de Fidel, es un panfleto musical contra el gobierno en el lugar y el legado. de la revolución. Una afrenta que se volvió viral, algo inimaginable hace unos meses.

Quizás por eso Raúl, durante su último discurso, y los delegados del congreso colocaron casi al mismo nivel la cuestión de la alimentación del pueblo cubano, convertida en una «emergencia nacional», y los excesos de las redes sociales. Denunciando su «subversión» y las falsas noticias que allí se comparten, el todavía número uno del régimen afirmó el viernes que, «por este medio, se forma y se difunde a los cuatro vientos una imagen virtual de Cuba como una sociedad moribunda y sin futuro, a punto de derrumbarse y dar paso a la explosión social ” . Con la siguiente advertencia, directamente de un momento en que la isla dijo que estaba en guerra inminente contra la principal potencia mundial:“Las calles, parques y plazas serán de revolucionarios. ¡Nunca negaremos el derecho de los revolucionarios a defender su revolución! «

Como en un último suspiro, un requerimiento a modo de máxima bravuconería, recordando la distensión histórica, pero efímera, ocurrida entre 2014 y 2016 con Barack Obama, Raúl extendió la mano hacia Washington: «Confirmo, en este congreso de partido, la voluntad de entablar un diálogo respetuoso, una nueva forma de relación con Estados Unidos sin pretender que, para lograrlo, Cuba renuncia a los principios de la revolución. « Al mismo tiempo, la administración del nuevo presidente, Joe Biden, dijo que las relaciones con Cuba no estaban en primer plano, un alto funcionario de la administración dijo que la Casa Blanca no tenía nada sustancial que contar sobre el retiro de Castro.

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/19/au-c-ur-d-une-crise-sans-precedent-cuba-tourne-la-page-castro_6077241_3210.html 

21.13.-Honduras: ser sindicalista sigue siendo muy peligroso GIORGIO TRUCCH

La Red contra la Violencia Antisindical presentó su quinto informe 2020 “Nuestros derechos no están en cuarentena”. A pesar del contexto de encierro y restricción de ciertos derechos constitucionales por la pandemia de Covid-19, las trabajadoras y trabajadores hondureños siguen sufriendo una creciente violencia antisindical. Agroindustria y maquila, los sectores donde se registran más agresiones 

21 abr 2021.- Durante 2020, la Red contra la Violencia Antisindical registró 16 casos de ataques contra personas organizadas sindicalmente, tipificados principalmente como actos de hostigamiento, campañas de odio y estigmatización y agresiones contra la libertad de expresión.

También registró el asesinato de Oscar Turcios Funes, miembro del Sitraunah[1], un caso de extorsión, y el despido antisindical de Carlos Castillo, del Sitrasoacon[2].

El 55 por ciento de las víctimas fueron hombres y el 45 por ciento mujeres. Cada año va subiendo la cantidad de mujeres que son víctimas de violencia antisindical (en 2015 representaban menos del 30 por ciento del total de casos).

Ante esta situación, la Red contra la Violencia Antisindical propone la ratificación por parte de Honduras del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo.

Más asesinatos

En la última década en Honduras fueron asesinados 37 sindicalistas, la mayoría durante la resistencia contra el golpe de Estado de 2009.

Los sectores más afectados siguen siendo los de la agroindustria y la maquila, mientras que los principales perpetradores son funcionarios públicos (policía militar), de empresas privadas (agroindustria y maquila) y desconocidos.

Festagro[3], Stas[4] y Sitrajasper[5] fueron los principales blancos de los ataques. La compañía transnacional Fyffes/Sumitomo, propietaria de plantaciones de melones en el sur de Honduras, fue la principal responsable de actos de violencia antisindical.

Si bien se trata de una cantidad menor respecto a los años anteriores (38 en 2018 y 54 en 2019), para la Red esto no significa que en Honduras haya habido una caída real de la violencia contra quienes deciden organizarse sindicalmente.

“La reducción de casos se debe principalmente a la menor capacidad de manifestación, movilización y protesta de los trabajadores durante la pandemia, así como a la necesidad de privilegiar la defensa de la estabilidad laboral sobre la organización de nuevos sindicatos y la negociación de nuevos convenios colectivos”, dijo Jorge Hernández, de la Red contra la Violencia Antisindical.

Es importante también recordar que estos datos se refieren sólo a actos de violencia detectados y denunciados por la Red contra la Violencia Antisindical. Es muy probable entonces que exista un subregistro importante de casos.

En 2019, la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en su 108° conferencia, incluyó por segunda ocasión consecutiva a Honduras en la lista de países que no respetan convenios y libertades laborales.

Autoridades cómplices

El informe evidencia también el nivel de colusión de las autoridades de Trabajo con los perpetradores.

“La Secretaría del Trabajo se ha caracterizado por entregar personerías jurídicas a sindicatos blancos (propatronales) y negarlas a sindicatos de clase. También ha sido muy eficiente cuando se trata de autorizar suspensiones y despidos masivos y exasperadamente lenta cuando se trata de defender los derechos de las y los trabajadores”, explicó Hernández.

“Honduras sigue sufriendo los embates de la violencia contra sindicalistas y de la impunidad. De los más de 180 casos de violencia que hemos documentado en los últimos seis años la inmensa mayoría han quedado en la impunidad”, concluyó.

Notas:

1 Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Sitraunah)

2 Sindicato de los Trabajadores de la Empresa “Southern Apparel Contractors” (Sitrasoacon)

http://www.rel-uita.org/honduras/donde-esta-el-dinero/

http://www.rel-uita.org/honduras/cese-la-campana-odio-stas/

5 Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (Festagro), Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (Stas), Sindicato de Trabajadores de maquila Jasper (Sitrajasper)

Fuente: Rel UITA y LINyM

https://rebelion.org/ser-sindicalista-sigue-siendo-muy-peligroso/

  • 21.12.-Jon Lee Anderson: “Estamos en una era de protesta y exasperación, pero no de empuñar armas contra el poder”FRANCESCO MANETTO
  • Perú: dos visiones y ninguna solución a la pobrezaASIER HERNANDO MALAX-ECHEVARRIA PATRICIA PÁEZ
  • Chile: el penúltimo suspiro ASCANIO CAVALLO
  • El apoyo financiero a los países en desarrollo JOSÉ ANTONIO OCAMPO

El periodista estadounidense, que acaba de publicar el libro de crónicas ‘Los años de la espiral’, reflexiona sobre las convulsiones de América Latina y el papel de las nuevas generaciones

El periodista Jon Lee Anderson durante una conferencia en el Hay Festival, el pasado mes de noviembre. PAUL MUSSO / HAY FESTIVAL

La imagen que se asocia al paso del tiempo suele ser la de una línea, pero los hechos rara vez tienen estructura lineal. Están llenos de recovecos, desvíos, idas y venidas. También sucede con la historia reciente de América Latina. La segunda década del siglo, escribe Jon Lee Anderson (California, 1957), “estuvo matizada por la volatilidad, además de por la decadencia o desaparición de tendencias anteriores”.

El periodista estadounidense vio en ella una forma irregular que acabó inspirando el título de su último libro. Los años de la espiral (Sexto Piso) es un repaso a las convulsiones del continente, que el reportero conoce en profundidad, y sus protagonistas. De Colombia a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Perú, Brasil o Argentina, Anderson relata un mundo que está cambiando a través de una selección de crónicas, perfiles, reportajes y artículos originalmente publicados por la revista The New Yorker. El periodista contesta al teléfono a primera hora de la mañana desde Chile, donde viajó tras pasar por México a principios de mes. De norte a sur, Latinoamérica es siempre materia prima de su trabajo.

 – 29 dic 2020.- Pregunta. Sus textos narran unos años que, en su conjunto, siguen un esquema no del todo claro, el de una espiral. ¿Siente que ha terminado esa época?

Respuesta. No del todo. Aunque el libro coincide con un nuevo escalafón, que es aparentemente el eclipse del trumpismo en Estados Unidos, el advenimiento de un político más sensato y mainstream, que es Joe Biden y promete restablecer una especie de ordenamiento en las relaciones con la región, que a su vez probablemente tendrán un efecto benéfico en algunos aspectos.

  1. ¿Cuáles?
  2. En una bajada de tono hacia determinados regímenes, de abrir diálogo con países como Venezuela y Cuba en lugar de recurrir únicamente a la hostilidad. Y hará un esfuerzo por establecer pautas de cooperación en temas como migración y narcotráfico, que serán menos caracterizados por el matonismo como durante la época de Trump. En todo caso, en América Latina, las secuelas de los años de espiral continúan hasta cierto punto. Si bien hemos visto un repunte de la llamada izquierda, en algunos países como Bolivia o como podría ocurrir en el Ecuador, no estamos hablando de la izquierda de la época chavista. Nunca he pregonado la muerte de la izquierda como tal, sino un poco del declive de esa izquierda con pretensión o verbo revolucionario. Los nudos que se han presentado están todavía por resolverse. El más grande quizás sea el de Venezuela, que es como un hoyo negro que chupa todo lo que está a sus alrededores. Hay dos hoyos más. Uno sería el bolsonarismo en Brasil por lo que significa en cuanto al riesgo del populismo extremo y por lo que significa para el planeta Tierra. Y el tercero sería el narcotráfico, que ha hecho un gran hoyo negro del sur del río Bravo hasta Bogotá.
  3. En el último año y medio hemos visto que las nuevas generaciones, los menores de 30 o de 25 años, empiezan a actuar de otra forma. Lo vimos en Chile, aunque ese país tiene una mayor tradición de protesta, lo hemos visto en Perú, en Colombia… El libro transmite también un clima de degradación de la política. ¿Hay motivos para confiar en los jóvenes para un cambio?
  4. Añadiría a los chicos del Movimiento San Isidro en Cuba. Estamos ante un fenómeno que va más allá de las fronteras de un país y otro. Lo vemos a escala mundial también, en Hong Kong y en algunos otros países. Uno percibe ciertos rasgos en común, que son la desilusión con la política, por supuesto, y una disposición de ir a la calle y protestar, a veces con aspectos nihilistas, a veces con reclamos identitarios, a veces por un aumento de tarifa del metro. Vemos que hay un hartazgo con las políticas convencionales, lo que diría que hasta cierto punto es post ideológico. A 30 años del fin de la Guerra Fría epítetos como fachoy comunista, aunque los han reflotado por los populistas de derechas en lugares como Brasil, en realidad no tienen mucho sentido para los chicos de 30 años y menos hoy en día. Nacieron después de la Guerra Fría y no sienten el peso de esa historia de la misma forma, lo que quieren es vivir sus vidas y mirar hacia adelante. La corrupción, sobre todo, y la falta de un Estado de derecho ha creado un cinismo y un disgusto muy grandes. Y con razón. La época de la Guerra Fría, de revolución y contrainsurgencia, no fue caracterizada, al menos abiertamente, por el reconocimiento de una corrupción hasta las más altas esferas en cada país latinoamericano. En los últimos 25 años es lo que ha reemplazado la percepción pública del poder y esto ya está cobrando víctimas. En Perú, en Chile, en Brasil, donde votaron por Bolsonaro ante la percepción de una corrupción. Argentina es una ópera bufa en el sentido de la corrupción. Podemos ir por el continente y verlo. Odebrecht dejó secuelas en todas partes. Y los únicos países donde no, hay una especie de pacto entre los implicados. O al menos un chivo expiatorio. En México han tirado a [Emilio, exdirector de Pemex] Lozoya a la fogata y en Colombia han cerrado filas para no entregar a nadie. Está por ver si esta generación puede lograr una purga necesaria. En algunos lugares podría irse de las manos. Lo que es interesante es que estamos en una era de protesta y exasperación, pero no de empuñar armas para desalojar a los que están en el poder.
  5. ¿Lo que está pasando en Cuba con el Movimiento San Isidrohace pensar que algo está cambiando?
  6. Quizás sí. Ningún país es monolítico, ni lo es el Partido Comunista en Cuba. El poder está en manos de un sesentón, hijo del partido, un hombre algo gris y respaldado por las fuerzas armadas y el partido, pero no está imbuido del liderazgo y el carisma de la época anterior. Eso los hace más burócratas y se nota que en este caso han optado por una serie de respuestas. Por un lado, la propaganda negativa, que en realidad tiene tan poca credibilidad,como Trump cuando dice que ganó las elecciones. ¿A quién afecta? A su base. ¿Cuán grande es ahora la base de creyentes fervientes del Partido Comunista? No sabría decir, pero creo que la mayoría son de sesenta años para arriba y algunos de esos quizá no tan convencidos. En todo caso, yo creo que estamos ante un cambio generacional en Cuba. Hubo una visita de Obama hace cuatro años. Y los cubanos están más globalizados en sus conocimientos. Estamos en un impasse donde aún no hemos visto el final del camino. El hecho de que hayan optado por la propaganda y por la distensión es interesante. Quizá sea un reconocimiento de que su sociedad está cada vez más compuesta de jóvenes que por sus propias historias requieren una respuesta distinta. Y esto a su vez podría ser un reconocimiento de que el partido no es monolítico y que tiene que haber una especie de ampliación de voces e inquietudes en el futuro próximo. Sería más saludable para Cuba.
  7. ¿Qué rastro deja Trump en América Latina?
  8. Lo primero que me viene a la mente es una imagen de EE UU muy disminuida. Los que tenían una imagen de EE UU como de una democracia inexpugnable ya no la tienen. Es un país con muchos problemas internos, una justicia a veces corrupta, la posibilidad de que los corruptos lleguen a púlpitos de poder, nepotismo. Trump se portó como el arquetipo de americano feo, matón, racista, homófobo y transaccional, en el sentido de que solo le importaba la relación de coste-beneficio. Solo se sentía cómodo con los más autoritarios de la región y los potenció. Con Joe Biden los latinoamericanos sabrán dónde situarse respecto de las políticas norteamericanas, sean positivas o criticables, pero al menos dentro de una convención o una ortodoxia reconocida. Todos nos sentimos sacudidos, hostigados, dañados y algo traumatizados por el paso de Trump. Creo que los latinoamericanos han de sentir algo parecido.
  9. La estrategia de Trump no logró resultados en Venezuela. ¿Qué salida ve a la crisis de ese país?
  10. Hace rato lo que tiene que pasar es un diálogo que lleve a una apertura y una ampliación de las opciones políticas para la ciudadanía. Es obvio que el Gobierno de Maduro no tiene la aceptación de buena parte de la población y cualquier líder en una democracia lo tendría que reconocer. Es hora de que dejen de utilizar un lenguaje de reivindicación revolucionaria, porque nadie cree que lo que hay ahí ahora es una revolución, como si eso fuera un acto de por sí o una definición de por sí virtuosa. Hay poco de virtud en ver a los venezolanos sucumbir ante la penuria colectiva, una violencia desatada y con el paso del tiempo a un orden represivo y militar, además de ver a su medio ambiente entregado a actores opacos para la explotación de oro y minerales. Por otro lado, la opción pregonada por Trump de operar a través de actores como paramilitares, conspiraciones, levantamientos militares, hasta aparentemente haciendo el guiño a mercenarios para derrocar al régimen en Venezuela, ha sido pueril, insensata e irresponsable. No ha ayudado a Venezuela ni mucho menos a los venezolanos.Creo que Biden se tiene que pensar muy bien cómo va a conducir su política hacia Venezuela, hay que preguntarse si las sanciones que han paralizado los ingresos de su industria petrolera son la forma más sensata de ayudar a los venezolanos, más allá de si ayuda al régimen o no. Lo que yo esperaría es que logren entablar un diálogo, una transición política y social. Y yo creo que el reconocimiento de un Gobierno paralelo, la opción de Juan Guaidó, queda bastante obsoleto ya, porque seguir con algo que no ha funcionado borda lo surreal. Estamos ante el fin del chavismo hace rato y hay que formalizarlo. Si ellos son sensatos deberían aceptar a competir en las urnas como lo hacen en Holanda, Suecia, Noruega.
  11. En 2016 muchos colombianos vivieron un momento de ilusión. Ya no hay una guerra, pero el Gobierno quiere frenar los acuerdos de paz. ¿Queda espacio para la esperanza en Colombia?
  12. Me han dolido estos años. No puedo no mencionar la ilusión que me hizo el esfuerzo hecho por los colombianos en poner fin a su guerra y dar la mano a sus adversarios. Ocurrió en un momento en que ISIS, el nefasto grupo terrorista, se extendía por Medio Oriente. La paz en Colombia se dio cuando otros conflictos parecían no terminar. O sea, Colombia, un país caracterizado por ser el más violento del mundo durante décadas, logró la paz. Habiendo cubierto las guerras en el Medio Oriente durante años tenía la necesidad casi fisiológica de ver paz, un progreso en el mundo. Me llené de felicidad. Es un país que está en mi ADN, viví cuatro años allí con mi familia, y duele mucho ver cómo algunos políticos por compromisos propios, un poco opacos, y a veces sin mucha honestidad, han revertido las posibilidades de esa paz. Mi temor es que los colombianos tienen el conflicto enquistado y algunos políticos sienten que es a través de la violencia que se resuelven las cosas. Incluso su noción de paz es de paz de los vencedores. Vi las protestas de los jóvenes con expectativas y optimismo. No eran de la guerrilla ni eran fachadas de la guerrilla como solían vilipendiarlos en épocas anteriores. Pero en esta ocasión la policía salió a disparar y mataron a muchos. Es horripilante y inexcusable. Colombia se acerca a un futuro oscuro si no se mira en el espejo y no toma medidas para intentar cambiar el chip. Es muy necesario un nuevo pacto colombiano para que el país pueda recuperar ese aire prometedor que hubo hace unos años.

https://elpais.com/cultura/2020-12-29/jon-lee-anderson-estamos-en-una-era-de-protesta-y-exasperacion-pero-no-de-empunar-armas-

21.12.-Perú: dos visiones y ninguna solución a la pobrezaASIER HERNANDO MALAX-ECHEVARRIA PATRICIA PÁEZ

La presidencia peruana será disputada en segunda vuelta por dos candidatos con posiciones opuestas sobre el país que deberán enfrentarse a la crisis política y sanitaria

Las últimas encuestas no habían dado como favorito ningún candidato a la presidencia peruana, pero sí habían anunciado la subida de Pedro Castillo a los primeros lugares ALDAIR MEJÍA EFE

Con los primeros resultados a pie de urna que dan el pase a segunda vuelta a Pedro Castillo y a Keiko Fujimori, la presidencia del Perú se disputa entre dos visiones opuestas del país. El primero, dirigente magisterial procedente de Cajamarca, es el candidato de los históricamente olvidados, representa la izquierda ortodoxa con posturas retrógradas en lo referente a los derechos de las mujeres.

12 abr 2021.- Mientras que Keiko Fujimori ha sido principalmente votada por las clases acaudaladas, quienes propusieron el modelo de desarrollo actual e impulsaron políticas y prácticas antidemocráticas. El país se pone frente a su espejo y muestra una división que requerirá lo mejor de la política para conciliar un proyecto estable del Perú para el futuro.

Desde hace unos años, la política no genera más que disgustos a los peruanos: la corrupción institucional de la que intenta desligarse ha provocado que en un solo periodo (cinco años) cuatro mandatarios hayan portado la banda presidencial. Con esta inestabilidad y siendo el país que peor ha gestionado la pandemia, según el periódico Gestión, más de 25 millones de peruanos han sido llamados a las urnas este domingo 11 de abril.

En pocos procesos electorales se ha dado tanta importancia a los candidatos a la vicepresidencia. Se da por hecho que salga quien salga finalmente electo durará poco, igual que los presidentes anteriores. Los grupos seguirán en su pelea de gatos mientras posponen las soluciones a la pobreza que una tercera parte del país sufre y que se han incrementado seis puntos porcentuales con respecto al 2019. La desafección de la gente es cada vez mayor.

¿Cómo se ha podido llegar a esto?

La situación ha ido avanzando en un progresivo deterioro. Solo en noviembre de 2020, los peruanos vivieron una segunda vacancia contra Martín Vizcarra, el gobierno de facto de Manuel Merino y las revueltas en las calles de la Generación del Bicentenario. En febrero de este año, fue el famoso «vacunagate» provocando la dimisión de la ministra de Salud y de la canciller que hizo ver el sálvese quien pueda de una parte importante de la clase dirigente.

A pesar de aplicar una estricta cuarentena que hizo a las personas elegir entre comer o contagiarse, pues casi el 70% de la población vive al día con empleos informales, Perú sufrió los graves efectos de la covid-19. En marzo del año pasado, se descubrió que había menos de 100 camas UCI en todo el país. La inversión en salud pública había sido desatendida por décadas y fue un golpe de realidad inmediato que ha dejado hasta el momento más de 54.000 muertes.

Se da por hecho que salga quien salga finalmente electo durará poco, igual que los presidentes anteriores. Los grupos seguirán en su pelea de gatos mientras posponen las soluciones a la pobreza que una tercera parte del país sufre y que se han incrementado seis puntos porcentuales con respecto al 2019.

Pero no fue más fácil previo a la pandemia: Se desató una batalla encarnizada permanente y obstruccionista del Congreso al Ejecutivo, iniciada en 2016 cuando Keiko Fujimori, quiso gobernar desde el Congreso. Tampoco ayudaba el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), un tecnócrata que nuevamente sucumbió en diferentes casos de corrupción y tráfico de influencias y al que la gente votó con la nariz tapada para evitar que el fujimorismo llegará nuevamente al poder.

¿Cuál ha sido el pecado original para llevar a esta situación?

Algunos señalan como origen la derrota no aceptada de Keiko Fujimori hace cinco años, con mayoría en el Congreso, ante PKK. El nuevo gobierno tuvo que empezar con el obstruccionismo de los fujimoristas y una minoría parlamentaria. Tras la dimisión de Kuczynski, su vicepresidente, Martín Vizcarra tuvo que enfrentar a la oposición hasta que decidió disolver la cámara y convocar a elecciones congresales; lo que terminó por multiplicar los partidos y los bloqueos.

Para otros se remontan más atrás, con Alberto Fujimori y la aprobación de la Constitución de 1993 que debilita el estado, desregula la inversión de corporaciones favoreciendo la corrupción y desmantela el ya débil sistema de salud y educación. Perú ha sido el alumno aventajado en la región del modelo neoliberal y ha tenido únicamente con Odebrecht algunos de los casos de corrupción sonados internacionalmente y que involucró a una parte importante de su clase política y empresarial que quedó muy deslegitimada

Unos terceros hablan de la crisis de los partidos políticos de los últimos años, cada vez más debilitados han dejado de convocar a grandes masas y dejado el espacio para proliferación de otros muchos. Este fenómeno ha dejado en la sociedad una imagen de carencia de liderazgo político dentro de los propios partidos, que se refleja también en los candidatos tránsfugas.

Y unos cuartos, no sospechosos de populistas, lo achacan al papel de unas élites anacrónicas que viven ajenas a los problemas de su país. El Washington Post recientemente ha puesto el foco en ello, señalando la influencia que han tenido promoviendo canales de televisión que contaminan el debate, sin inmutarse ante los escándalos de corrupción recientes, desconectados de las necesidades de una parte importante de la población y tachando de chavista a cualquier idea que se salga tibiamente de los postulados neoliberales, aunque el FMI o Davos digan lo contrario.

Keiko Fujimori, quien ha manejado desde el Congreso la obstrucción del gobierno de turno, podría pasar a segunda vuelta aunque con gran antivoto  JHON REYES EFE

Todo ello ha provocado que el país haya funcionado por inercia, descuidando la institucionalidad y resolviendo las diferentes crisis permanentes una detrás de otras sin poder (o querer) atender los profundos problemas para distribuir riqueza y oportunidades que el país enfrenta y que con la pandemia saltó por los aires.

¿Qué solución hay?

Sin abordar aspectos de las cuatro causas anteriores, será difícil que Perú entre en una senda de mayor estabilidad política, económica y social. Un país que ha generado una gran riqueza la última década, pero en el cual únicamente el 20% de las familias pobres tiene refrigeradora. Será un proceso largo como el que requiere Chile o Ecuador y la sociedad civil tendrá que jugar su papel, como ya lo hizo la Generación del Bicentenario en su momento y seguro lo volverá a hacer.

Requerirán también jugar un papel más activo en la búsqueda de soluciones duraderas a académicos, medios de comunicación, empresarios de mirada amplia, iglesias o el sector cultural. Hacerlo de una manera más organizada y más vocal, de lo contrario la inercia de la inestabilidad, desconfianza y desafección será demasiado grande.

Los países de la región están encontrando sus diferentes vías para solucionar su inestabilidad, porque muchos de los problemas que el Perú sufre son comunes y asociados a un cambio de ciclo económico que ha provocado una desigualdad inmanejable. Chile, Ecuador, Bolivia o Argentina están también enfrentando situaciones complejas, ni qué decir Colombia o Brasil, con un Bolsonaro que se lo puede llevar la irresponsable gestión de la pandemia igual que a Trump.

No cabe duda que Perú saldrá de la pandemia fortalecida, el traje del bicentenario le sentará bien, tardará, como todos los procesos importantes, pero así será.

https://elpais.com/elpais/2021/04/12/3500_millones/1618184591_412156.html

21.12.-Chile: el penúltimo suspiro ASCANIO CAVALLO

Es posible que la coalición de “el centro y la izquierda” vuelva a salvarse, pero La Moneda difícilmente le quedará más cerca. El poder desgasta más a quien no lo tiene, decía con su dosis de cinismo Giulio Andreotti, pero quizás también quería decir que el poder sirve poco sin maduración, sin profundidad, sin reflexión.

17 abr 2021.- Hay que rastrear muy lejos en la historia política chilena para encontrar, si es que lo ha habido, un castigo tan monumental como el que la Cámara de Diputados le propinó al gobierno el jueves pasado, en la votación del retiro del tercer 10% de las AFP. Con los 118 votos contrarios a su posición, y apenas 18 defensores, en tiempos normales habría caído el gabinete, la coalición se hubiese reunido de emergencia y el Presidente habría anunciado una reestructuración de todo.

Y se habría dado por seguro el inminente triunfo electoral de la oposición. Pero no ocurre nada de eso y sólo unas cuantas “figuras de Estado” contemplan el jueves como una tragedia de gobernabilidad. La oposición consiguió la capitulación de un gran número de parlamentarios de derecha, debido a que la mayoría de ellos tiene algún interés electoral en curso, empezando por las reelecciones. A ellos no les preocupa darle explicaciones a la historia, sino a los electores de pasado mañana.

Pero esto no consolida a la oposición. Más bien al contrario. Una oposición que tiene ocho candidatos presidenciales en carrera y dos más in pectore puede describirse como cualquier cosa, menos como unitaria. Y de esas candidaturas se puede decir, al día de hoy, que hay sólo una que tiene sus objetivos estratégicos claros: la de Daniel Jadue, con el respaldo del Partido Comunista. Un buen desempeño -que hoy significa simplemente superar el 10%- de Jadue mejoraría el repertorio parlamentario del PC, podría llevarlo al Senado y lo sacaría del 5% en que lleva pegado tanto tiempo.

El resto del panorama es humo y confusión. El PS, el PPD y el PR se enfrentan a la situación más difícil: por separado, ninguno se siente en condiciones de ganarle a la DC, que, incluso tocada por la crisis general de los partidos, ya ha mostrado que podría situar a Ximena Rincón como la candidata de la Unidad Constituyente, donde se agrupan los restos de la antigua Concertación. Carlos Maldonado carece de opción real, Paula Narváez parece inerte al fuego (según la expresión de un socialista con buen humor) y Heraldo Muñoz tiene una estructura militante más frágil que sus convicciones. Una primaria entre los tres para derrotar a Rincón sería una fórmula segura para que ese grupo, ya tembleque, termine de disolverse.

El final del final de la coalición más exitosa.

***

Se atribuye al exministro socialista Osvaldo Andrade la expresión “el centro y la izquierda” para describir a la Concertación de los 2000. Era una descripción técnicamente perfecta, en cuanto se trataba de una alianza y no de una imbricación, como podía sugerir el término “centroizquierda”. Pero también era una delgada manera de alejar la idea de un PS despojado de su identidad de izquierda, arrastrado hacia su versión “socialdemócrata”, que en voz baja detesta tanto como Lenin. Cuando los socialistas querían denunciar las inclinaciones de este tipo, hablaban de la “pepedeización” del partido.

También el PPD empezó a tratar de ser plenamente de izquierda en años más recientes, cuando lo abandonaron (o expelió) a la mayoría de los componentes liberales que lo habían formado. El PR vivió la misma disyuntiva entre los años 60 y 70 y se desgarró varias veces antes de conseguir la estabilidad con menor escala.

Sólo en este año la DC se convirtió en una amenaza para los partidos del “socialismo democrático” y para sus nuevos socios, el PRO y Nuevo Trato, aunque no para Ciudadanos. Para algunos, los menos, se trata de un problema ideológico. Otros recubren de ideología el problema práctico y real: si la DC obtiene la hegemonía con Ximena Rincón, podría arrastrar detrás suyo un contingente nuevo de parlamentarios. A menos que, claro, se acuerde una lista parlamentaria común, se proclame la unidad -ahora sí- sobre bases visibles y se deje en un discreto segundo plano la candidatura presidencial. Algo digno, pero de ningún modo una epopeya.

Este temor sólo existía débilmente hasta el 29 de noviembre pasado, cuando la DC ganó seis (o siete, según como se mida) de las primarias para gobernadores regionales. Por alguna razón, el PS y el PPD y el PR parecían haber llegado a creer que eso no era posible. Y una vez que lo fue, han tratado de minimizar sus riesgos en una primaria presidencial. Ese es el origen de la preprimaria impulsada por el PS (seguro de derrotar al PPD), y luego, de la primaria exclusiva del “socialismo democrático” impulsada por el PPD. Todas estas propuestas también han sido salidas para conflictos internos, aunque nunca se han vestido en público con ese traje tan innoble.

La cuestión ideológica, el ser de “izquierda”, entró en crisis después del 18-O. El PC, parte del Frente Amplio y el Partido Humanista vieron en esa disrupción -que no produjeron, ni dirigieron, ni controlaron- una forma de afirmar su identidad de izquierda impulsando la destitución del gobierno de derecha, lo que habría sido un momento épico de ascenso de la lucha de masas. Más literaria que imaginaria, esa noción les ha servido a esos partidos para inculpar a los firmantes del acuerdo constitucional de haber “salvado a Piñera”. Es una retórica tremebunda, de cómic, pero funciona como intimidación si calcula cierta pusilanimidad en el agredido. El PS, carente de la fuerza intelectual que tuvo en los 90, se ha visto de nuevo enredado en el problema de ser de izquierda o, como dice un político amante de Freud, de tener al PC por Superyó.

Con el tiempo, el objetivo se ha ido transformando y ahora parece tener un rasgo más preciso. Las dirigencias del PC y el PS creen que el Frente Amplio está en demolición y lo que toca es competir por esos fragmentos, a sabiendas de que la fuerza gravitacional del PC ya tiene a algunos en sus umbrales. En esa disputa nada le viene más mal al PS que afiliarse en algo llamado “centroizquierda”.

El empeño en alejar a la DC habría llevado a este partido a un riesgo similar al de 1970, cuando Radomiro Tomic le propuso al conjunto de la izquierda constituir la “Unidad del Pueblo”, y en respuesta la izquierda constituyó la “Unidad Popular”, precisamente sin la DC. Una parte de la DC de hoy, como la de entonces, también quiere ser de izquierda. Sólo que la izquierda no la acepta en su club, un rechazo que ha sido otra de las señas de su identidad -o de su perturbación- histórica.

El hecho macizo es que ni la izquierda socialista ni la DC tuvieron nunca gobiernos más exitosos que los que nacieron de su alianza antidictatorial. Menudo problema conceptual cuando hay que empezar a colgar carteles.

***

La Concertación ha muerto dos veces y se ha salvado muchas más. La primera muerte le fue infligida cuando fue convertida en Nueva Mayoría; la segunda, cuando le entregó por segunda vez el poder a Sebastián Piñera, en un gobierno que el PC prefiere olvidar. De todos sus esfuerzos de sobrevivencia, el más fallido ha sido el de la Nueva Mayoría, no por la incorporación del PC, el MAS e Izquierda Ciudadana, sino porque concibió su renovación únicamente como una extensión horizontal y no dedicó ni el más mínimo esfuerzo a mejorar verticalmente, es decir, hacia adentro.

Es un dato histórico que la Concertación se hizo cargo del país después de pasar todos los años de Pinochet entrenando personal técnico y político e imaginando formas de desarrollar a Chile. Los procesos formativos continuaron durante los gobiernos de Aylwin, Frei y, con menos ímpetu, Lagos. Pero después se detuvieron para siempre. Las “caras nuevas” de Bachelet -otra de sus intuiciones correctas- envejecieron antes de dos años y después simplemente dejó de crecer la hierba.

El prolongado ejercicio del gobierno, la degradación del personal detrás de cargos y carguitos, el copamiento del Estado como agencia de empleos, la red clientelar tejida desde los municipios hasta los ministerios, todo ese sobajeo de poder, puestos y dinero ha postergado por más de una década lo que debió ser el primer deber después de perder por primera vez las elecciones.

En cambio, la ocupación preferente ha sido la de tratar de mantener posiciones y, seguro que sin quererlo, de ofrecer una reiterada perspectiva de ingobernabilidad. ¿Sería inevitable, así es siempre la política, no hay vuelta que darle?

Es posible que la coalición de “el centro y la izquierda” vuelva a salvarse, pero La Moneda difícilmente le quedará más cerca. El poder desgasta más a quien no lo tiene, decía con su dosis de cinismo Giulio Andreotti, pero quizás también quería decir que el poder sirve poco sin maduración, sin profundidad, sin reflexión.

Por olvidado que esté, un gobierno es también una cuestión de ideas.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-el-penultimo-suspiro/OTIGRWRGZJEV3GIED62YZITMOE/ 

21.12.-El apoyo financiero a los países en desarrollo JOSÉ ANTONIO OCAMPO

Más allá de la crisis, el debate internacional tiene que incluir reformas de largo plazo. 

Las últimas semanas han traído noticias positivas en materia de cooperación financiera internacional, gracias, en gran medida, a cambios en las posiciones de Estados Unidos bajo la administración Biden. Varias representan apoyos a los países en desarrollo. 

17 abr 2021.- La primera es el acuerdo para emitir 650.000 millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG), el activo de reserva del FMI. Cerca de dos quintas partes beneficiarían a los países en desarrollo. Queda por acordar cómo canalizar los DEG no utilizados, en particular de los países desarrollados, a fondos especiales de financiamiento para los países de ingresos bajos, pero no hay acuerdo para usarlos también para apoyar a los países de renta media.

La segunda noticia favorable es el respaldo de Estados Unidos a una tasa de impuesto mínimo para las empresas a nivel mundial, en el contexto de las negociaciones en el Marco Inclusivo de la Ocde. Todavía es necesario acordar cuál sería esa la tasa y la base impositiva.

La tercera es la extensión de las iniciativas del Grupo de los 20 para suspender el pago del servicio de la deuda de los países de bajos ingresos y renegociarlas en casos críticos.

La debilidad de estas iniciativas es el apoyo limitado a los países de ingresos medios, donde viven cerca de dos tercios de los pobres del mundo. Muchos de ellos se han visto, además, fuertemente afectados por la crisis, entre ellos los latinoamericanos.

En primer lugar, y en contraste con la decisión del G20 en 2009 de capitalizar todos los bancos multilaterales de desarrollo, no ha habido un llamado para hacerlo ni en 2020 ni en 2021. La única decisión ha sido aumentar los recursos de la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial, en beneficio de los países de bajos ingresos. Y, como ya lo señalé, no hay acuerdo sobre cómo los DEG no utilizados podrían canalizarse hacia países de renta media.

Tampoco hubo una decisión para reformar la política de recargos crediticios del FMI, que aumenta el costo de financiamiento cuando los préstamos exceden ciertos montos o tienen plazos largos. Estos recargos deberían suspenderse para apoyar la recuperación de los países durante la crisis actual, y ojalá eliminarse permanentemente.

Cabe agregar que las líneas de crédito del FMI más utilizadas en 2020 fueron las de emergencia. Aunque son pequeñas, tienen dos ventajas: aprobación rápida y sin condicionalidad. Por estas razones, el FMI debería duplicarlas en 2021.

El apoyo a los países de renta media es esencial por el riesgo de una reducción del financiamiento del sector privado internacional debido al alza de las tasas de interés en Estados Unidos y, en cualquier caso, muchos de ellos no tienen acceso a ese financiamiento. Esto incluye el grupo de países que ya enfrentan o corren el riesgo de experimentar una crisis de deuda.

Debe agregarse que, más allá de la crisis, el debate internacional tiene que incluir reformas de largo plazo. Una de ellas es adoptar un sistema por el cual los DEG no utilizados puedan considerarse depósitos de los países en el FMI y que la institución puede utilizarlos para financiar sus programas. Además, la participación de los países en desarrollo en la asignación de DEG debe aumentar, porque tienen una mayor demanda de reservas de divisas y, por lo tanto, son los usuarios más importantes de DEG.

Finalmente, las reestructuraciones de deudas pueden gestionarse en el corto plazo con un mecanismo ‘ad hoc’, tal vez similar a la Iniciativa Brady de 1989, que otorgó una garantía a los bonos emitidos en los procesos de reestructuración. Sin embargo, más allá de las soluciones de corto plazo, el diseño de un mecanismo institucional para facilitar la renegociación de las deudas soberanas debe estar en la agenda, más allá de los mecanismos acordados durante las crisis previas.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/jose-antonio-ocampo/el-apoyo-financiero-a-los-paises-en-desarrollo-jose-antonio-ocampo-581765

  • 21.11.-En Brasil, una operación anticorrupción con métodos cuestionables GASPARD     
  • Ecuador: Arauz y Lasso, en la recta final  – BEETHOVEN HERRERA
  • Ecuador ante una elección a cara o cruz – JAVIER TOLCACHIER
  • El iluso plan Biden para combatir la corrupción en Centroamérica PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO
  • Chile: debate y tragedia – ASCANIO CAVALLO             

ESTRADA Y NICOLAS BOURCIER

 Un magistrado considerado «parcial», un equipo de investigadores con métodos a veces ilegales, la intervención de Estados Unidos, y finalmente un escándalo estrepitoso: «Lava Jato», la operación anticorrupción que ha sacudido a Brasil durante siete años, sirvió a muchos intereses, pero no a la democracia.

8 abr 2021.- Hay algo podrido en el Reino de Brasil. Todo el país sufre una serie de crisis simultáneas, una suerte de tormenta perfecta: recesión económica, desastres ambientales, polarización extrema de la vida política, Covid-19… A esto hay que añadir el hundimiento del sistema judicial. Un trueno adicional en un cielo ya denso que sin embargo había sido cargado de esperanza hace siete años, cuando un joven magistrado de nombre Sergio Moro lanzó, el 17 de marzo de 2014, una vasta operación anticorrupción denominada «Lava Jato» ( “Express wash”), que involucra al gigante petrolero Petrobras, empresas constructoras y un número impresionante de líderes políticos.

De un solo golpe, se dijo, el demandante y su equipo de investigadores, apoyados por el poder judicial y los medios de comunicación, iba a limpiar y salvar Brasil, ¡por fin! Juzguemos: se han dictado 1.450 órdenes de aprehensión, se han presentado 533 autos de acusación y 174 personas condenadas. No menos de doce jefes o ex jefes de Estado brasileños, peruanos, salvadoreños y panameños han sido implicados. Y la colosal suma de 4.300 millones de reales (610 millones de euros) se recuperó de las arcas públicas de Brasilia. Incluso el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, adorado por una mayoría de opinión, no resistió la ola, hasta encontrarse tras las rejas.

Y luego, de repente, casi nada. En menos de dos meses, la extensa investigación colapsó como una explosión. A principios de febrero, el fiscal federal dejó estallar el anuncio del fin de “Lava Jato”, desmantelando con una frialdad que no se le conocía su principal equipo de fiscales. Luego, un juez de la Corte Suprema ordena el levantamiento de los cargos contra Lula. Quince días después, el 23 de marzo, fue el turno de la máxima corte brasileña de dictaminar que el juez Moro fue «parcial» durante su investigación.

Irregularidades y confusiones

La investigación anticorrupción más grande del mundo, como la llamó un magistrado de alto rango, se ha convertido en el mayor escándalo legal en la historia del país. Después de más de siete años de proceso, el corazón mismo de la justicia brasileña acaba de retractarse tanto en el fondo como en la forma, abriendo un abismo de interrogantes sobre sus métodos, sus medios y sus opciones.

Es cierto que el sitio de noticias The Intercept , creado por Glenn Greenwald, periodista estadounidense afincado en Río de Janeiro, y el multimillonario de Silicon Valley Pierre Omidyar, no ha cesado, en los últimos dos años, de señalar las irregularidades y errores. la investigación. Ciento ocho artículos publicados hasta la fecha, a su vez, han levantado el velo sobre los mensajes comprometedores intercambiados entre los fiscales y el juez Moro, arrojando una dura luz sobre los vínculos mantenidos, a veces fuera de cualquier marco legal, por los investigadores brasileños con agentes del Ministerio Público. Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ), o incluso subrayó el sesgo político algunos miembros del «Lava Jato», obsesionados con la idea de bloquear el Partido de los Trabajadores (PT). La muy seria e independiente Agência Publica, la agencia de periodismo de investigación, fundada en Sao Paulo por mujeres reporteras, también mostró cómo el proceso se vio empañado por irregularidades y numerosas confusiones. Después de estas deslumbrantes revelaciones, sin embargo, queda un fuerte gusto por lo inconcluso, la sensación de un juicio fallido y un lío ontológico para una investigación que quiso ser un modelo en su género.

Un miembro de la Comisión de Constitución y Justicia, el 2 de julio de 2019, blandía un diagrama con los mensajes enviados al Fiscal General Deltan Dallagnol y a los fiscales del grupo de trabajo operativo «Lava Jato» por el ex juez federal Sergio Moro, citado para explicarse a los diputados. MATEUS BONOMI / AGIF VÍA AFP

Para comprender estos sucesivos giros y vueltas, tenemos que remontarnos a los orígenes de esta telenovela político-legal. Establecer el marco y distinguir cómo sus principales actores han encontrado ayudas y un marco legal con juristas y personalidades influyentes primero en Brasil, luego con agentes de una administración norteamericana que desea continuar su labor de acercamiento con su gran vecino del sur.

Cuando asumió la presidencia de la República en 2003, Lula sabía que lo esperaban en el turno, especialmente en la lucha contra la corrupción.

Fueron necesarios meses de investigación, entrevistas e investigaciones para que el Mundo dibujara la otra cara de este escenario. Si algunas áreas permanecen en la sombra, algunos episodios de «Lava Jato» resaltan complicidades vergonzosas. Otros, por el contrario, revelan cómo ciertos jueces e investigadores se han aprovechado en ocasiones de su independencia -muy real- al servicio de un proyecto político, embarcándose en una carrera loca, estableciendo los motivos, los medios y las negaciones. «Fue como una pelota lanzada en un juego de bolos», admite, bajo condición de anonimato, un ex cercano al gobierno de Obama, responsable de los asuntos legales relacionados con Sudamérica. Un «juego» que se ha convertido en una trampa.

Cuando asumió el cargo de presidente de la República en 2003, Lula sabía que se esperaba que cambiara. Particularmente en términos de la lucha contra la corrupción, un viejo demonio en la vida política brasileña y uno de sus principales argumentos de campaña. Encomendó así a su nuevo ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, la tarea de reformar el sistema judicial, a la vez que aceptaba el nombramiento como responsable de la Fiscalía de un fiscal designado por sus pares, mientras que sus antecesores acostumbraban a elegir personas más complacientes. Con poder.

Los manifestantes exigen una fuerte acción contra la corrupción frente a la sede de la petrolera Petrobras en Río de Janeiro, 16 de diciembre de 2014. VANDERLEI ALMEIDA / AFP

Los manifestantes exigen una fuerte acción contra la corrupción frente a la sede de la petrolera Petrobras en Río de Janeiro, 16 de diciembre de 2014. VANDERLEI ALMEIDA / AFP

Una de las primeras traducciones concretas de este compromiso es la creación de cursos dedicados a la lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado. Sergio Moro será uno de los primeros jueces designados para presidir estos tribunales. Al mismo tiempo, se ha puesto en marcha una estrategia nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción con el supuesto objetivo de «facilitar los intercambios informales».dentro de la administración, y hacer más eficiente el examen de los casos. El joven magistrado radicado en Curitiba, encargado en el momento del caso Banestado, una investigación por lavado de activos dentro de un banco público regional, se encuentra entre los más fervientes seguidores de esta estrategia, que permite obtener con mayor rapidez aportes fiscales y patrimoniales. Información y compartirla con diversas autoridades, incluidas las extranjeras.

Miedo al terrorismo

Es cierto que, en el mundo de la cooperación judicial internacional, la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y el terrorismo ocupa un lugar especial. Tras los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos busca por todos los medios neutralizar futuros ataques, en particular apuntando a las redes financieras de estas organizaciones. Sin embargo, en Brasil, la inteligencia estadounidense está preocupada por la presencia, en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, de posibles células de Hezbollah, la organización apoyada por Irán y colocada durante mucho tiempo en la lista negra estadounidense.

La administración Bush busca incrementar la acción antiterrorista de Brasilia que, en ese momento, cortésmente se niega a hacerlo. Para sortear la frialdad de los funcionarios brasileños, que consideran que el riesgo terrorista es deliberadamente exagerado por Estados Unidos, la embajada estadounidense en Brasilia está tratando de crear una red de expertos locales, capaces de defender las posiciones estadounidenses «sin parecer Peones de Washington, para usar la frase del embajador Clifford Sobel en un telegrama diplomático estadounidense que Le Monde pudo consultar.

Sergio Moro, quien está colaborando activamente con las autoridades estadounidenses en el asunto Banestado, es entonces abordado para participar en un programa de citas financiado por el Departamento de Estado. Acepta. En 2007 se organizó un viaje a Estados Unidos, durante el cual realizó una serie de contactos dentro del FBI, el DoJ y el Departamento de Estado, es decir, Relaciones Exteriores.

En dos años, la Embajada de los Estados Unidos en Brasilia ha establecido una red de magistrados y abogados convencidos de la relevancia del uso de técnicas americanas.

La Embajada de los Estados Unidos busca aprovechar su ventaja. En su afán de estructurar una red alineada con sus orientaciones dentro de los círculos legales brasileños, crea dentro de ella una posición de asesor legal o asesor legal residente. La elección recayó en Karine Moreno-Taxman, fiscal especializada en la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo.

Desde 2008, este experto viene desarrollando un programa denominado “Projeto Pontes” que, bajo el pretexto del apoyo a las necesidades de las autoridades judiciales brasileñas, organiza cursos de capacitación que les permiten apropiarse de los métodos de trabajo estadounidenses (grupos de trabajo anticorrupción). , su doctrina jurídica (confesiones premiadas, en particular), así como su deseo de compartir información de manera “informal”, es decir fuera de los tratados bilaterales de cooperación judicial.

La embajada está aumentando el número de seminarios y reuniones con jueces, fiscales y altos funcionarios especializados, centrándose en los aspectos operativos de la lucha contra la corrupción. Sergio Moro participa como ponente. En el espacio de dos años, el trabajo de Karine Moreno-Taxman da sus frutos: la embajada constituye una red de magistrados y abogados convencidos de la relevancia del uso de las técnicas americanas.

En noviembre de 2009, el asesor legal de la embajada fue invitado a hablar en la conferencia anual de agentes de la policía federal brasileña. El encuentro se lleva a cabo en Fortaleza, una ciudad costera y sin encanto en el norte de Brasil, donde cerca de quinientos profesionales del mantenimiento del orden, la seguridad y la ley están invitados a debatir sobre el tema de «la lucha contra la impunidad».

«En un caso de corrupción, hay que correr detrás del ‘rey’ de manera sistemática y constante para derribarlo», según el asesor legal de la Embajada de Estados Unidos en Brasilia.

Sergio Moro está ahí, presente desde la primera hora de la conferencia. Incluso es él quien abre los debates, justo antes de ceder la palabra al representante norteamericano. Visiblemente en buena forma, el juez de Curitiba se lanza citando al ex presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, luego ataca desordenadamente los delitos de cuello blanco, la ineficiencia y las fallas de una justicia brasileña enferma, según él, de un sistema de «recurso infinito» demasiado favorable a los abogados defensores. Pide una reforma del código penal, destacando el hecho de que las discusiones en esta dirección se están llevando a cabo al mismo tiempo en el Congreso de Brasilia. Aplausos en la sala.

Frente a la audiencia, la Sra. Moreno-Taxman toma asiento. Habla en un tono mucho menos seco y serio que su predecesor, pero igual de directo: “En un caso de corrupción , dice, hay que correr detrás del “ rey ” de manera sistemática y constante para derribarlo. « Más explícito: » Para que el poder judicial a alguien convicto por corrupción, es necesario que las personas odian esa persona. « Finalmente esto: » La empresa debe sentir que se ha abusado de su posición de verdad y exigir su convicción. « De nuevo aplausos de la audiencia.

El nombre del presidente Lula, enredado en el escándalo del “Mensalao” (“gran pago mensual”), el asunto de los sobornos y la compra de votos en el Congreso, revelado en 2005, no se menciona en ningún momento. Aunque esté presente en la mente de todos, nadie imagina entonces que este último se convertirá en «el rey» designado por la Sra. Moreno-Taxman. Sin embargo, eso es lo que sucederá.

Espionaje ilegal

Por ahora, el gobierno de Petist no ve nada por venir. Tres meses después de la reunión de Fortaleza, en lugar de realizar una reforma política para acabar con el financiamiento ilegal de las campañas electorales, prefiere dar promesas a la opinión pública presentando un proyecto de ley anticorrupción. De este modo, espera responder a las críticas recurrentes desde que el PT llegó al poder y ganar influencia en el escenario internacional cumpliendo en particular con los estándares de la OCDE, donde el grupo de trabajo contra la corrupción (Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Soborno en Transacciones Comerciales Internacionales), fuertemente influenciado por Estados Unidos, está presionando a Brasil para reformar su legislación en esta área.

Sergio Moro, por su parte, asume una posición pública con el fin de endurecer las penas previstas en el proyecto de ley y asegurar la adopción de las confesiones premiadas como instrumento legal válido. El que ahora se ha convertido en una de las figuras del debate brasileño sobre cuestiones de blanqueo de capitales utiliza métodos rayanos en la legalidad: usurpación de las prerrogativas de la fiscalía, instrucción de órdenes de prisión preventiva a pesar de la oposición de las autoridades superiores, escuchas telefónicas de abogados o personalidades con parlamentarios. inmunidad, lo que despierta la desconfianza de algunos de los magistrados.

«Los delitos vinculados al poder son por naturaleza, dada la posición de sus autores, difíciles de probar mediante prueba directa», de ahí «la mayor elasticidad en la aceptación de la prueba por parte de la acusación»

Sin embargo, el magistrado de Curitiba fue designado, a principios de 2012, juez asistente de Rosa Weber, magistrada recientemente elegida de la Corte Suprema. Esta última, especialista en derecho laboral, quería contar con un experto en derecho penal que pudiera apoyarla en el juicio final del «Mensalao». Sergio Moro escribirá así en parte la controvertida decisión del juez sobre este caso. «Los delitos vinculados al poder son por naturaleza, dada la posición de sus autores, difíciles de probar mediante prueba directa» , de ahí, especifica el texto, «la mayor elasticidad en la aceptación de la prueba por parte de la acusación». Un precedente que será llevado al pie de la letra por el juez y por los fiscales de «Lava Jato» en el momento de la acusación y la condena de Lula.

El proceso se puso en marcha en 2013. Los parlamentarios brasileños, que llevan tres años debatiendo el proyecto de ley anticorrupción, deciden votar a mediados de abril. Para verse bien frente al grupo de trabajo de la OCDE, incluyen la mayoría de los mecanismos previstos en una ley estadounidense, de la que se empieza a hablar en los círculos empresariales: la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Creada en 1977 a raíz de Watergate, el principal objetivo de esta ley era combatir los actos de corrupción de empresas estadounidenses en el exterior imponiéndoles sanciones económicas. Hasta el final de la Guerra Fría, esto rara vez se aplicó. Todo cambió en la década de 1990. La administración Clinton comenzó a reformar la FCPA, que iría de la mano con la adopción de una convención anticorrupción dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el fin de «multilateralizar el efectos «, según un telegrama de la Embajada de Estados Unidos a esta última.

Es el criterio de competencia de la ley el que detona: cualquier empresa que tenga alguna vinculación con Estados Unidos y que haya pagado a un funcionario extranjero por motivos de corrupción puede ser objeto de acusación. Se entiende por vínculo el tránsito de fondos a través de una cuenta bancaria estadounidense, o la transmisión de un correo electrónico cuyo servidor se encuentra en suelo estadounidense.

De hecho, casi todas las empresas del mundo están expuestas a la ley, incluidas las que compiten con empresas estadounidenses por contratos importantes, como la venta de armas y equipos, la construcción y los servicios financieros. Este desarrollo conducirá a un aumento de las sanciones vinculadas a la implementación de la FCPA: de unos pocos millones de dólares en la década de 1990, pasamos a varios miles de millones en la década de 2010. Y en este contexto, América Latina en general y Brasil en particular será de interés para los fiscales del Departamento de Justicia.

Infracciones del reglamento

Estos últimos, que dependen del poder ejecutivo, aunque se les considera «autónomos» del resto de la administración estadounidense, saben que la próxima implementación de la ley anticorrupción brasileña les permitirá sancionar a las empresas brasileñas de acuerdo con la ley. FCPA. En noviembre de 2013, con motivo de la Conferencia FCPA, la reunión anual de personalidades del mundo jurídico estadounidense, el fiscal general adjunto del DoJ, James Cole, anunció que el jefe de la unidad FCPA del ministerio de Estados Unidos hará el viaje a Brasil en el velatorio, con el fin de «capacitar a los fiscales brasileños» en el uso de la ley.

James Cole, Fiscal General Adjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en 2013. Promovió la capacitación de fiscales brasileños en la ley FCPA. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES A TRAVÉS DE AFP

Unos meses antes, Sergio Moro retomó un antiguo asunto de blanqueo de capitales, vinculado al “Mensalao”, que había dejado tirado desde 2009. Se trata de las relaciones de varios intermediarios corruptos (Carlos Chater y Alberto Youssef), con José Janene, miembro del Partido Progresista (partido de derecha y apoyo de la coalición de gobierno). El juez de Curitiba está interesado en las inversiones de los dos empresarios de la empresa Dunel Industria, realizadas a través de las cuentas bancarias de una estación de servicio denominada “Posto da Torre”, en Brasilia. A pedido del Sr. Moro, Chater recibe escuchas telefónicas de julio a diciembre de 2013: el objetivo es averiguar si estas inversiones se utilizan para enmascarar posibles actos de lavado de dinero a favor del Sr. Janene.

Es al hacer el vínculo entre Dunel Industria, con sede en el Estado de Paraná, y la gasolinera, por la que pasan grandes sumas, incluso para ciertos ejecutivos de Petrobras, que Sergio Moro afirma su competencia para tratar el caso. Manipulación curiosa: la mayor parte de los actos de blanqueo de capitales y corrupción de MM. Chater y Youssef tienen lugar en Sao Paulo. Según el procedimiento penal brasileño, esto debería haber llevado a que un juez de esa jurisdicción se ocupara de este caso, y no Sergio Moro. Pero el magistrado de Curitiba comprendió las complejidades del poder judicial brasileño. Sabe que al ocultar la ubicación de estas empresas fachada, podrá mantener el control de la investigación. Con la condición de que los tribunales superiores lo permitan. Y eso es lo que va a pasar

Seducir a la opinión pública

Desde agosto de 2013, algunos juristas vieron el peligro derivado de la implementación de la nueva ley anticorrupción. Una nota premonitoria, publicada por el muy serio bufete de abogados estadounidense Jones Day, predice que tendrá efectos deletéreos sobre la justicia brasileña. Advierte de su funcionamiento “impredecible y contradictorio” por su carácter de “influencia” en el plano político, así como la ausencia de procedimientos de “aprobación o control”. Según el documento, «cada miembro de la fiscalía es libre de iniciar un caso de acuerdo con sus propias convicciones, con una posibilidad reducida de ser impedido por una autoridad superior».

A pesar de las alertas, el gobierno y sus aliados están avanzando. La presidenta Dilma Rousseff, siempre en este afán de acariciar una opinión pública cada vez más crítica, decide incluso endurecer sus criterios de aplicabilidad. Los parlamentarios creen que esta ley no les afectará más que las anteriores.

La Presidenta de Brasil Dilma Rousseff y el Fiscal General de la República Rodrigo Janot, en Brasilia, 17 de septiembre de 2015. EVARISTO SA / AFP

Luego de seis meses de investigación, el juez de Curitiba tiene información suficiente para emitir las primeras órdenes de aprehensión. El 29 de enero de 2014 entró en vigor la ley anticorrupción. El 17 de marzo se conformó formalmente el grupo de trabajo “Lava Jato” por el Fiscal General de la República, Rodrigo Janot. En su cabecera, nombra al fiscal Pedro Soares, quien se opone a que se le otorgue a Sergio Moro el tratamiento del caso, habiéndose producido los presuntos crímenes de Alberto Youssef fuera de Curitiba. Su enfoque fallará. Será reemplazado por otro fiscal, Deltan Dallagnol, de 34 años, que no solo estará a favor de que Moro maneje el caso, sino que también se convertirá en el principal apoyo del magistrado.

Para Estados Unidos, se trata de reducir la influencia geopolítica de Brasil en América Latina, pero también en África.

Desde su nacimiento, «Lava Jato» atrae la atención de los medios. La orquestación de las detenciones y el ritmo de las acusaciones de los fiscales y Moro transforman el operativo en una auténtica telenovela política y judicial fuera de lo común. Mientras Brasil se prepara para embarcarse en una campaña presidencial y legislativa, la élite política y económica del país parece repentinamente aterrorizada ante la idea de ser arrastrada por esta interminable cascada de revelaciones, la lista continúa.

Al mismo tiempo, la administración de Barack Obama vio un aumento en las protestas de los países aliados, entre los que destaca Francia, preocupada por la multiplicación de las sanciones impuestas por el DoJ, en el marco de la lucha contra la corrupción, dirigidas a ciertos buques insignias nacionales. Grupo Alstom. Para señalar su apoyo político a las acciones anticorrupción emprendidas por su gobierno, la Casa Blanca publicó una “agenda global anticorrupción” en septiembre de 2014. Allí está escrito que la lucha contra la corrupción en el exterior (a través de la FCPA) se puede utilizar con fines de política exterior, con el fin de defender los intereses de seguridad nacional. Un mes después, Leslie Caldwell, entonces fiscal general adjunta del Departamento de Justicia, pronuncia un discurso en la Universidad de Duke, “La lucha contra la corrupción extranjera no es un servicio que brindamos a la comunidad internacional, sino más bien una acción de cumplimiento necesaria para proteger nuestros propios intereses de seguridad nacional y la capacidad de nuestras empresas estadounidenses para competir en el futuro en todo el mundo. «

En suelo sudamericano, los gigantes brasileños de la construcción Odebrecht, OAS o Camargo Correa, en plena expansión, han entrado directamente en la línea de fuego de las autoridades norteamericanas. No solo porque ganan más contratos, sino también porque participan en el fortalecimiento de la influencia geopolítica de Brasil en América Latina y África, financiando, ilegalmente en la mayoría de los casos, las campañas electorales de personalidades cercanas al PT, lideradas por el funcionario del partido. Consultor de comunicaciones, Joao Santana. Solo en 2012, el estratega electoral, cómodamente financiado por Odebrecht, organizó tres campañas presidenciales en Venezuela, República Dominicana y Angola, sin mencionar el municipio de Sao Paulo. Todo ganado por los candidatos de Santana.

Promesas de buena voluntad

Frente a varios periodistas miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Thomas Shannon, embajador estadounidense destacado en Brasilia de 2010 a 2013, dijo que el proyecto político brasileño para la integración económica de América del Sur suscitó serias preocupaciones en el Departamento de Estado. Este último «consideró el desarrollo de Odebrecht como parte del proyecto de poder del PT y de la izquierda latinoamericana», dice el diplomático.

“Si a todo esto le sumamos las bastante malas relaciones personales entre Barack Obama y Lula, y un aparato del PT que todavía desconfía del vecino norteamericano, podemos decir que teníamos trabajo por hacer para remediar la situación. Barre”, reconoce a un ex miembro del DoJ a cargo de casos latinoamericanos. La tarea será aún más difícil desde las revelaciones del denunciante Edward Snowden, en agosto de 2013, sobre el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense (NSA) contra Dilma Rousseff, quien sucedió a Lula en 2011, y Petrobras, que aún más frías relaciones entre Brasilia y Washington.

Se activan múltiples palancas de influencia. Existe la FCPA y las redes de fiscales y magistrados capacitados en técnicas de investigación implementadas en los últimos años. Para lograr sus fines, el Departamento de Justicia utiliza un cebo importante: el reparto de las multas que impondrán las autoridades estadounidenses a las empresas brasileñas en el marco de la FCPA.

Con el fin de dar promesas de buena voluntad a las autoridades estadounidenses, los investigadores brasileños están organizando la visita confidencial a Curitiba, el 6 de octubre de 2015, de diecisiete miembros del DoJ, el FBI y el Ministerio de Seguridad Interior para que este último reciba explicación detallada de los procedimientos actuales. Les dan acceso a los abogados de los empresarios potencialmente llamados a “colaborar” con la justicia estadounidense, sin que se informe al poder ejecutivo brasileño. Pero esto tiene un precio: cada una de las multas impuestas a las empresas brasileñas bajo la FCPA deberá incluir una parte destinada a Brasilia, pero también a la operación “Lava Jato”. Los estadounidenses aceptan. Con este acuerdo cerrado, los fiscales brasileños buscarán empresas que puedan caer bajo el control del Departamento de Justicia.

«Los oficiales deben estar al tanto de todas las ramificaciones políticas potenciales de estos casos, ya que los casos de corrupción internacional pueden tener efectos importantes que influyen en las elecciones y la economía», dijo un funcionario del FBI.

Mientras su mayoría parlamentaria se derrite como nieve al sol ante la proliferación de negocios, la presidenta Rousseff decide invitar a su mentor, Lula, a participar en el gobierno. Una maniobra vista como un intento final para salvar a su coalición. Al mismo tiempo, miembros de la Policía Federal, bajo las órdenes de los fiscales, intervinieron -fuera de cualquier marco legal- los teléfonos de los abogados de Lula (veinticinco defensores en total), e incluso de su propia laptop. Presidente. Sergio Moro conseguirá así una conversación entre este último y Dilma Rousseff. Un intercambio con crípticas palabras sobre el futuro de Lula, que el magistrado enviará puntualmente a Globo Televisión y que sellará la destitución del presidente unos meses después.

Durante este período problemático, los fiscales del Departamento de Justicia están monitoreando de cerca la situación política en Brasil. Según Leslie Backshies, entonces jefa de la unidad internacional del FBI, que desde 2014 tiene la tarea de ayudar a los investigadores de ‘Lava Jato’, «los oficiales deben estar al tanto de todas las ramificaciones políticas potenciales de estos casos, porque los casos de corrupción internacional pueden tener importantes consecuencias». Efectos que influyen en elecciones y economías ”. Y el especialista aclaró: “Además de las conversaciones comerciales regulares, los supervisores del FBI se reúnen trimestralmente con los abogados del Departamento de Justicia para revisar las posibles demandas y las posibles consecuencias. «

Por tanto, es con pleno conocimiento de los hechos que estos últimos ultiman su acusación contra Odebrecht en Estados Unidos. Sin embargo, los líderes del grupo se muestran reticentes a firmar el convenio de “colaboración” propuesto por las autoridades estadounidenses, que incluye el reconocimiento de actos de corrupción no solo en Brasil, sino en todos los países donde está establecido este gigante de la construcción. Para doblarlos, los magistrados ordenaron al banco Citibank, encargado de las cuentas de la filial estadounidense de la empresa, dar a Odebrecht treinta días para cerrarlos. En caso de rechazo, los montos colocados en estas cuentas pasarán a la quiebra, situación que excluiría al conglomerado del sistema financiero internacional y, por tanto, lo colocaría en quiebra. Odebrecht acepta «colaborar», lo que permite a los fiscales de Curitiba, mientras no tienen competencia normativa para juzgar actos de corrupción ocurridos fuera de Brasil, para obtener las confesiones recompensadas de los ejecutivos de la empresa. Confesiones que posteriormente enriquecerán la acusación del DoJ bajo la FCPA.

El comunicado de prensa se publicó en vísperas de las fiestas navideñas de 2016. La operación «Lava Jato» está en la portada de los medios internacionales. Sergio Moro está invitado a la lista de las cien personalidades más influyentes de Time. El semanario neoyorquino Americas Quarterly le dedica su portada. Por su parte, los fiscales del Departamento de Justicia dan la bienvenida públicamente a esta cooperación sin precedentes. En una conferencia celebrada en las instalaciones del think tank Atlantic Council en Washington, Kenneth Blanco, en ese momento vicefiscal general del DoJ, declaró que «Brasil y Estados Unidos han trabajado juntos para obtener pruebas y construir negocios». Y que el es«Es difícil imaginar una cooperación tan intensa en la historia reciente como la que tuvo lugar entre el DoJ y los fiscales brasileños».

Moro y su equipo comienzan 2017 con confianza. No es que obtuvieron pruebas contundentes contra Lula -sus conversaciones privadas a través de Telegram prueban lo contrario- sino porque su influencia política y mediática es tal que impulsarán su ventaja, desafiando, en ocasiones, los principios más elementales de la ley.

Amenazas del ejército

Cuando Lula fue condenado por “corrupción pasiva y lavado de dinero” el 12 de julio de 2017, pocos periodistas informaron que estos cargos fueron pronunciados “por hechos indeterminados”. Sin embargo, el argumento se establece explícitamente en el documento de 238 páginas que detalla la decisión del Sr. Moro. En los anexos a la condena, el magistrado especifica que «nunca afirmó que los montos obtenidos por la empresa OAS gracias a los contratos con Petrobras fueron utilizados para pagar ventajas indebidas para el expresidente».

Otra extrañeza que revela el peso adquirido por la operación «Lava Jato» en el poder judicial brasileño: el encarcelamiento del expresidente, Lula, en contravención de la Constitución brasileña. El artículo 5 dice de hecho que ningún litigante puede ser encarcelado antes de que finalice el proceso. Sin embargo, bajo la intensa presión de la opinión pública conquistada por la operación «Lava Jato», el Tribunal Supremo cambió su jurisprudencia en la materia, en 2016. La solicitud de hábeas corpus de los abogados de Lula es rechazada por seis votos contra cinco a raíz de un tuit de el comandante del ejército amenazó a la Corte Suprema con «asumir sus responsabilidades institucionales» en caso de que ésta fallara a favor del ex presidente.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro (desde atrás) con su ministro de Justicia, Sergio Moro, durante el Día de la Independencia del país en Brasilia, el 7 de septiembre de 2019. JOEDSON ALVES / EPA

Unas horas después de la decisión de los jueces, Sergio Moro emite su orden de aprehensión: Lula es preso el 7 de abril. No podrá participar en las elecciones presidenciales de 2018. Mientras el magistrado parece estar conquistado por la arrogancia, se lanza la máquina infernal. Jair Bolsonaro gana las elecciones presidenciales cómodamente y nombra al que eliminó a Lula como jefe del Ministerio de Justicia. Del lado estadounidense, nos felicitamos por haber socavado los sistemas de corrupción implementados por Petrobras y Odebrecht, así como sus capacidades de influencia y proyección político-económica en América Latina.

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Para los fiscales de Curitiba, el DoJ ha planeado devolverles el 80% de todas las multas impuestas al grupo petrolero en virtud de la FCPA, que pueden administrar como mejor les parezca. Es necesario crear una fundación de derecho privado para gestionar el 50% de esta ganancia inesperada. Los miembros de la junta directiva de esta fundación no son otros que los propios fiscales de «Lava Jato» y varios líderes de ONG, incluidos los de la sección brasileña de Transparencia Internacional, que a lo largo de los años se ha convertido en uno de los principales guardianes. .- discurso de la operación. Dos de los fiscales del equipo, el Sr. Dallagnol y Roberson Pozzobon, incluso planean crear una estructura legal en nombre de sus respectivos cónyuges, para facturar los servicios de consultoría en el campo de la “anticorrupción”.

Un denunciante arrestado

Elegido Bolsonaro, la prensa internacional no tarda en distanciarse del «justiciero de Curitiba». Viene a subrayar su inconsistencia ética al hacer así una alianza con un presidente de extrema derecha, miembro, durante décadas, de una pequeña formación especialmente conocida por haber estado involucrada en innumerables casos de corrupción. Por su parte, los jueces de la Corte Suprema no ocultan su asombro cuando se enteraron, en marzo de 2019, del contenido del acuerdo negociado en secreto entre los fiscales de «Lava Jato» y sus homólogos del DoJ. El juez Alexandre de Moraes decidirá suspender la creación de la fundación “Lava Jato” y colocará en quiebra los cientos de millones de dólares en multas pagadas por Petrobras.

Es en este contexto que estalla la primera revelación de The Intercept. En mayo de 2019, Greenwald recibió de un denunciante, Walter Delgatti, 43,8 gigabytes de datos de conversaciones privadas, a través de Telegram, del equipo de “Lava Jato”. Después del trabajo de verificación, se publican tres artículos un domingo de junio. Moro y los fiscales no reconocen la veracidad de los intercambios. Afirman no haber cometido ninguna ilegalidad y se niegan a entregar sus teléfonos para que los examinen.

Glenn Greenwald, de «The Intercept» el 25 de junio de 2019, aborda la serie de reportajes publicados por su agencia desde el 9 de junio, denunciando las entrevistas de Sergio Moro con un miembro de la fiscalía mientras se desempeñaba como juez federal en Curitiba. MATEUS BONOMI / AGIF VIA AP

Varias semanas después, cuando Greenwald decide ofrecer acceso a datos a varios medios, nos enteramos por un comunicado de prensa del gobierno que Sergio Moro viajó a Estados Unidos del 15 al 19 de julio. ¿Aprovechó esta estancia para consultar a sus homólogos? Las autoridades estadounidenses, solicitadas por Agência Publica, se negarán a confirmar o negar la información. Aun así, el Sr. Delgatti fue arrestado poco tiempo después por la policía federal.

El expresidente detuvo a Lula da Silva, bajo vigilancia policial, el 26 de abril de 2019, mientras daba una entrevista a la prensa de su país. ISABELLA LANAVE / AFP

Aunque estas revelaciones no afectaron significativamente la popularidad del magistrado, el aura del juez continúa erosionándose en la prensa internacional. Por su parte, la Corte Suprema termina reconociendo el carácter inconstitucional del encarcelamiento de Lula. Fue puesto en libertad el 8 de noviembre de 2019. El expresidente fue absuelto de siete de los once cargos en su contra (la fiscalía apela en cuatro casos). Lula aún no ha sido juzgado en cuatro casos que los especialistas consideran de menor importancia.

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Sergio Moro acabó dimitiendo en abril de 2020 . La élite política de Brasilia le da la espalda y las encuestas se invierten. Sigue una salida de puntillas, dirección Washington, donde reproduce el modelo de las puertas giratorias(puerta giratoria), estos portales que permiten a los ex magistrados del Departamento de Justicia que trabajaron en casos relacionados con la FCPA revender la información privilegiada obtenida durante sus investigaciones a grandes bufetes de abogados y ganar mucho dinero. El anuncio cae en noviembre de 2020, en medio de las elecciones municipales en Brasil. Nos enteramos de que el ex juez pequeño de Curitiba fue reclutado por el bufete de abogados Alvarez & Marsal. Una agencia especializada en asesoramiento empresarial y litigios con sede en la capital federal en 15 Shet NW, frente al Tesoro de los Estados Unidos y a 200 metros de la Casa Blanca.

Las fechas

2003 Lula (Partido de los Trabajadores) es investido presidente de Brasil. En junio, creación de tribunales especializados en la lucha contra los delitos financieros y blanqueo de capitales. Sergio Moro es designado para Curitiba.

2007 Luiz Inácio Lula da Silva inicia un segundo mandato.

2008 Creación por la Embajada de los Estados Unidos del “Projeto Pontes”, programa de capacitación para jueces, fiscales y altos funcionarios brasileños en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.

2011 Dilma Rousseff (PT) sucede a Lula como jefa de Estado.

2013 Parlamentarios brasileños votan sobre la ley anticorrupción. En julio, Sergio Moro se hace cargo de las investigaciones de los empresarios Alberto Youssef y Carlos Chater, que darán lugar a la operación “Lava Jato”.

2014 Lanzamiento de la operación “Lava Jato”.

2016 Michel Temer (Partido del Movimiento Democrático Brasileño) sucede a Dilma Rousseff, destituida el 31 de agosto. Escuchas telefónicas ilegales de los abogados de Lula.

2018 El 7 de abril, Lula es preso.

2019 Jair Bolsonaro (Partido Social-Liberal) es investido presidente. Primeras revelaciones de The Intercept sobre «Lava Jato». En noviembre, liberación de Lula.

2021 En marzo, anulación de las condenas de Lula.

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/09/au-bresil-une-operation-anticorruption-aux-methodes-contestables_6076204_3210.html

21.11.-Ecuador: Arauz y Lasso, en la recta final  BEETHOVEN HERRERA

Además de impedir que el Gobierno pueda tomar las reservas internacionales, el Banco  Central del Ecuador BCE tampoco podrá comprar valores emitidos por el Estado.

El candidato correísta de la Unión por la Esperanza (Unes), Andrés Arauz nació en Ecuador en 1985. Estudió en la Universidad de Michigan y fue ministro de Rafael Correa.

4 abr 2021.- Su contendor Guillermo Lasso, banquero miembro del Opus Dei, fue superministro de Jamil Majuad cuando se decretó el ‘feriado bancario’ que congeló los ahorros de los ciudadanos durante una semana, al final de la cual la moneda nacional –sucre– había desaparecido para imponer la dolarización. Por esa decisión el presidente Majuad fue procesado por peculado y condenado tras un largo juicio.

Arauz ha propuesto entregar US$1.000 por familia a un millón de hogares ecuatorianos pobres para enfrentar la pandemia, tomándolos de las reservas internacionales ubicadas en Suiza, rentando intereses ínfimos. Y en respuesta el gobierno de Lenin Moreno ha insistido, tras dos rechazos en la Asamblea, en un proyecto de reforma al Banco Central, atendiendo un pedido del Fondo Monetario internacional, como condición para un préstamo de US$400 millones.

El proyecto bautizado como Ley para Defensa de la Dolarización enuncia como objetivo garantizar la independencia del Banco Central frente al Poder Ejecutivo al tiempo que reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero.

Después de haber sido devuelto en dos ocasiones por no estar debidamente estructurado, se planea aprobarla antes del cambio de gobierno y antes de que entren en funciones los nuevos miembros de la Asamblea Nacional.

Por su parte los críticos sostienen que la propuesta desregulariza los controles a la banca, entrega la política monetaria a un grupo de notables e impone a las cooperativas exigencias similares a la banca y como no podrán cumplirlas deberán cerrar, dejando su espacio a la banca.

Esta última podría sacar dólares al exterior sin restricciones y podrían crearse condiciones similar a las de la crisis de 1999.

Sus defensores sostienen que el proyecto de ley busca proteger la dolarización al blindar las reservas internacionales pero el candidato Arauz, sostiene que la propuesta busca ‘privatizar’ el Banco Central que, aunque es parte de la Rama Ejecutiva, gozaría de autonomía institucional, administrativa, presupuestaria y técnica, según el proyecto de ley. En el código actual, el BCE solo tiene independencia administrativa y presupuestaria.

Además de impedir que el Gobierno pueda tomar las reservas internacionales, el Banco Central tampoco podrá comprar valores emitidos por el Estado.

Lasso critica las políticas de Rafael Correa que Arauz defiende, y este proclama que su gobierno será pluriétnico, paritario en género y será un gobierno de jóvenes.

También ha declarado que respetará la propiedad privada y la libertad de prensa pero no habrá tolerancia con la xenofobia ni la difamación; y ha reconocido que fue un error la promulgación del decreto del gobierno de Rafael Correa que exigía excesivos trámites para la creación de asociaciones.

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/ecuador-arauz-y-lasso-en-la-recta-final-550631

21.11.-Ecuador ante una elección a cara o cruzJAVIER TOLCACHIER

Este 11 de abril, los ecuatorianos y ecuatorianas tienen una prueba de fuego: o escogen a Andrés Arauz, la cara joven de recambio del progresismo, o se definen por Guillermo Lasso, representante de la derecha, la banca y las minorías.

En la segunda vuelta presidencial que tendrá lugar el próximo 11 de abril, los ecuatorianos enfrentan la disyuntiva entre apostar por un candidato progresista o tener que soportar durante cuatro años un gobierno empresarial, ligado a las finanzas y a los poderes económicos fácticos, nacionales e internacionales.

5 abr 2021.- Si bien la visión binaria es habitualmente reduccionista y puede suscitar la sensación de extorsión, es claro que a estas alturas se trata de una elección a cara o cruz. Y es literal, la opción cruz, la de la derecha, la banca y el socialcristianismo, la representada por Guillermo Lasso, miembro del Opus Dei, es la de quienes no muestran su cara real.

Son bien conocidos en esta región los artilugios del asesor de campaña de Lasso, Jaime Durán Barba, cuya foja de servicios habla a las claras de los intereses a los cuales suele servir. En los 90 asesoró en Colombia al Partido Alternativa Liberal comandado por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Fue luego secretario de la Administración Pública de Ecuador durante la presidencia del neoliberal Jamil Mahuad, bajo cuyo mandato se produjo el dramático “feriado bancario”, en el que se esfumaron los ahorros de miles de familias ecuatorianas. Guillermo Lasso era por entonces Gobernador de Guayas, cargo que obtuvo como gratificación por los fondos aportados a la campaña de Mahuad.[1] Durán Barba trabajó también en la campaña del empresario derechista Álvaro Noboa y manejó en Argentina las campañas a jefe de gobierno y a presidente del también empresario Mauricio Macri, derrotado en 2019 por una amplia coalición popular. Actualmente, ante el magro resultado (algo menos de 20%) obtenido por Lasso en la primera vuelta, le fue ofrecido el puesto de consultor de campaña para intentar revertir su fracaso definitivo.

La estrategia habitual, también usada en esta oportunidad, es pretender disfrazar lo antipopular de popular, ocultando las reales intenciones políticas de sus mandantes a través de slogans vacíos, augurio del vaciamiento de lo público que defienden. Lo cierto es que, aunque la banca se vista de sierra, banca queda. Lasso, como Macri, es el intento de regresar 30 años, de volver a los 90, de ampliar los negociados privados desde la administración pública enajenando recursos preciosos que pertenecen al común.

Más allá de la fachada y apagados los reflectores y la música, los gobiernos de la derecha producen un daño directo a las mayorías, destruyendo en poco tiempo con sus programas privatizadores lo que costó largo tiempo construir, reduciendo la oferta y calidad de los servicios públicos de salud, educación y cultura, entre muchos otros, para abrir las puertas a su mercantilización.

La falsificación de la real identidad política de Lasso va de la mano con una campaña sucia y degradatoria. Por ejemplo, utilizando a migrantes pidiendo limosna, para sugerir ese tipo de imagen de futuro para el Ecuador, en el caso de que Andrés Aráuz, candidato de la Unión por la Esperanza (UNES), acceda a la presidencia.

La cara del progresismo es una cara joven, que representa un símbolo de recambio y renovación del proceso anterior de la Revolución Ciudadana, liderada entonces por el ex presidente Rafael Correa, proscrito a través de la persecución y una viciada condena judicial, en el mismo estilo del montaje contra el ex presidente brasileño Lula da Silva. Estos procesos cuentan invariablemente con el asesoramiento del Departamento de Justicia estadounidense a través de diversos programas y cuyo objetivo es impedir la elección de líderes populares, renuentes a obedecer los mandatos neocoloniales del Norte.

La significación de las opciones en términos de política exterior y geopolítica

Más allá de que el pueblo del Ecuador esté, con justísima razón, interesado prioritariamente en las consecuencias directas de un plan de gobierno para su propio destino, en un mundo de interconexión total, no es en absoluto indiferente la orientación que se dé a la política exterior.

Lasso representa una sumisión directa al plan de dominación estadounidense, significa Grupo de Lima, agresión sistemática contra Venezuela, contra Cuba, asociación con el criminal gobierno colombiano, alejamiento de la soberanía y de la integración regional con sentido social. Su postura política implica una atadura de manos en la puja geopolítica de los Estados Unidos contra China y Rusia, encarna el regreso de Ecuador a la senda de represión contra el pueblo y la re-militarización ya emprendida por el actual desgobierno de Moreno, anticipa la muy posible instalación en territorio nacional de fuerzas militares y de seguridad de Estados Unidos o Israel. En el peor de los casos, el alineamiento automático significa participar de peligrosas confrontaciones armadas.

Como contracara, un gobierno de Aráuz seguramente se sumará al bloque progresista cuyo eje central son Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador y también Luis Arce, presidentes de Argentina, México y Bolivia respectivamente (éste último bisagra hacia los países del ALBA-TCP), constituyéndose en factor de paz en la región, actuando como un defensor de la autodeterminación de los pueblos, contrario a la injerencia geopolítica de potencias externas.

Asimismo, una victoria de Aráuz en segunda vuelta, además de posibilitar de manera casi inmediata la recomposición de la UNASUR y la recuperación progresiva de la integración regional con sentido soberano, podría fortalecer a otros actores y movimientos progresistas de la región como Verónika Mendoza, mujer andina y de izquierdas, si logra acceder a la segunda vuelta en Perú. Lo mismo sucedería con las candidaturas independientes y de los partidos de izquierda en Chile, en las ahora postergadas elecciones de constituyentes y las presidenciales previstas para el 21 de Noviembre, como así también con la enorme posibilidad del pueblo hondureño de sacudirse al fraudulento régimen de Juan Orlando Hernández en la contienda a realizarse una semana después.

Un resultado favorable al progresismo en la segunda vuelta de Ecuador, alentaría a las movilizaciones populares en curso en Paraguay, Haití y Guatemala, fortalecería las esperanzas del Pacto de Unidad en Colombia para vencer en Mayo del año próximo al cártel empresarial y mediático cuyo brazo ejecutor es la facción política liderada por Álvaro Uribe e incluso colaboraría con la imagen de la posible vuelta al poder de un bloque popular de unidad en Brasil.

En definitiva, el muy posible triunfo de Andrés Aráuz, implicaría un fuerte impulso a la reversión de la segunda ola neoliberal producida por el desgaste inducido y también propio de los proyectos populares iniciados en la primera década del siglo.

En términos de relaciones internacionales, la reconstitución de un bloque progresista a la izquierda constituirá un claro avance hacia el multilateralismo, abriendo espacio para las naciones subalternizadas y saliendo de la bipolaridad confrontativa. La paradoja es que hoy, las elecciones “binarias”, en las que los pueblos eligen entre alianzas populares heterogéneas o sectores proempresariales, pueden modificar la geopolítica, al permitir abandonar, en el caso de la derrota de estos últimos, la lógica de la Guerra Fría entre dos bandos.

Del rechazo a la construcción del otro mundo posible

La amplitud del voto protesta en la primera vuelta de la elección en Ecuador se expresó en una significativa abstención, un alto porcentaje de sufragio nulo o blanco y la dispersión de casi la mitad de los votos afirmativos. Sin duda que, más allá de toda estrategia electoral, el fenómeno amerita comprensión, reflexión, actualización y necesidad de profundización de la dimensión humanista de las izquierdas y el progresismo en nuestra región.

Esa tendencia, presente también en las distintas compulsas electorales en otros lugares, es un clamor contra el alejamiento entre la superestructura política y las preocupaciones reales de los pueblos, es la rebelión frente a la frecuente incapacidad de los gobiernos para escuchar y dialogar, frente a las dificultades de abrir la mente y corazón a los nuevos tiempos, a los nuevos derechos y la nueva forma de construir política que reclaman los jóvenes, las mujeres, los sectores indígenas y afrodescendientes, principales discriminados de esta región que no logra desprenderse de su matriz colonial.

La denominación “volver mejores” suele aludir a esa transformación del proyecto progresista, es decir, acometer nuevos horizontes y reivindicaciones para iniciar un período virtuoso de gobierno que recoja lo mejor del ciclo anterior y lo eleve en el marco de una espiral evolutiva.

Como ya ha sido demostrado, no alcanzará con la buena voluntad o las promesas. El acompañamiento movilizado, participativo y crítico de las poblaciones, es sin duda alguna una condición imprescindible para ese logro.

Andrés Aráuz, con 36 años recién cumplidos, forma parte de una generación de recambio, no solo por su edad, sino también por la situación en la que la persecución judicial y mediática, la proscripción antidemocrática y en otros casos la muerte biológica, colocó a los liderazgos latinoamericanos. Eso, junto a la crítica de sectores anteriormente aliados, puso al progresismo y a las izquierdas en situación de renovarse, no solo en términos de caras electorales, sino también de incorporar nuevos contenidos que hoy son parte de la agenda de la nueva sensibilidad a nivel mundial.

Temas como la paridad de género, los feminismos, y el derecho de las mujeres a no ser tratadas como máquinas de reproducción; la fuerte reconversión hacia políticas de mayor equilibrio medioambiental; la valoración de la diversidad cultural y la efectiva construcción de la plurinacionalidad; la afirmación de la diversidad sexoafectiva y las nuevas formas familiares; la democracia participativa y real; la descentralización del poder; la apuesta por nuevas tecnologías soberanas y la alfabetización digital crítica; la plena inclusión de las nuevas generaciones o la no-violencia como política de Estado, son asuntos pendientes que existen en distinta medida y que se van asentando y e irán amplificando cada vez más en la agenda de todos los gobiernos progresistas.

Sin duda que hoy, ante una enorme cisis sistémica, puesta crudamente de manifiesto por la emergencia sanitaria de la pandemia, las exigencias de transformación son mayores. En este nuevo ciclo, el mandato popular reclama a los gobiernos progresistas no solo la continuidad sino la profundización veloz de la tendencia hacia la igualdad de derechos y oportunidades en la educación, la salud y las posibilidades de un creciente bienestar colectivo. Bienestar para el cual, en el contexto actual, no bastará la muy moderada redistribución del producido social anterior, excesivamente respetuosa del injusto statu quo de hiperconcentración capitalista.

En la práctica, los futuros gobiernos populares, si quieren cumplir con el mandato encomendado por las urnas a cabalidad, deberán incluir reformas estructurales en el sistema económico e impositivo y en la matriz de exportación extractivista sin valor agregado, posibilitando además el establecimiento de una revolucionaria renta básica universal incondicional, que permita deshacerse del yugo de las dependencias, de la condena del trabajo por la mera subsistencia y favorable al desarrollo de capacidades y potencialidades no reconocidas por el mercantilismo vigente.

Lo mismo deberá suceder con la decidida democratización de los medios de comunicación, parcialmente iniciada por algunos gobiernos populares pero que no logró atravesar los impedimentos que interpuso el poder real de la monopolización mediática… a lo que ahora se suma el desafío de afrontar las amenazas de captura de toda la actividad social por parte de empresas digitales monopólicas.

Es preciso descolonizarnos no solo hacia afuera, sino también hacia adentro de los países, recuperar la vitalidad y la riqueza de todas nuestras culturas, integrando sus aspiraciones en un marco de convergencia creativa y dinámica.

Asimismo, la despatriarcalización total de las estructuras dirigenciales y políticas, y sobre todo, de las conductas cotidianas violentas contra nuestras compañeras mujeres, es un imperativo moral ineludible.

En consonancia con estas aspiraciones políticas, debe avanzar la transformación de la conciencia personal y social, haciendo crecer un sentido de coherencia que no tenga como propósito vital el consumismo, la apropiación de objetos, el individualismo o la competencia, sino la hermandad, la solidaridad, la colaboración y la ayuda.

Poco a poco se hará más visible la necesidad de apuntar a la construcción de un espíritu de comunidad incluyente de la diversidad, no fundado en la diferencia, sino alrededor de un parámetro compartido verdadero, indiscutible y firme, capaz de establecer la base de un futuro más armónico en este planeta, en el que ya todas las culturas están interconectadas. Este valor es el reconocimiento de nuestra común humanidad.

El resultado de la segunda vuelta en Ecuador puede abrir las puertas a la renovación y ampliación de los sueños, pero también tornarse fuente de retroceso y legitimación de un recurrente ciclo de pesadillas. Confiamos en que el buen conocimiento, que une el corazón a la cabeza, ayude a superar anteriores desencuentros y guie a las y los ecuatorianos al mejor de los senderos.

Nota

[1] Guillermo Lasso Mendoza. CIDOB. https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/ecuador/guillermo_lasso_mendoza#2

-Javier Tolcachier es investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas y comunicador en la agencia internacional de noticias Pressenza.

https://www.alainet.org/es/articulo/211667?utm_source=email&utm_campaign=alai-amlatina

21.11.-El iluso plan Biden para combatir la corrupción en Centroamérica PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO

Apenas comienza a asentarse la administración Biden, y los viejos problemas, como el enorme flujo migratorio “ilegal” de centroamericanos hacia Estados Unidos, vuelven a atormentar a la Casa Blanca.

3 abr 2021.- Solo en el mes de febrero, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) más de 100,000 personas incluidos menores de edad fueron detenidas en las fronteras con México, creando la primera gran crisis para la política migratoria “humanitaria” de Biden. El flujo migratorio no se detiene, más bien aumenta.

La administración Biden, que había prometido una amnistía migratoria para los 11 de millones de ilegales que trabajan y viven en Estados Unidos, está desarrollando, al mismo tiempo, una ofensiva para contener el flujo migratorio proveniente de Centroamérica, y que abarca también a decenas de miles de otras nacionalidades que utilizan el istmo como ruta de tránsito hacia México y Estados Unidos.

La ofensiva diplomática la inició Roberta Jacobson, ex embajadora norteamericana en México, coordinadora de la frontera sur en la Casa Blanca, al reconocer que una de las principales causas de la pobreza y la inmigración ilegal es la corrupción imperante en Centroamérica.

Jacobson advirtió que, de los 4,000 millones de dólares para invertir en los programas anti inmigración, “(…) Nada del dinero que queremos obtener del Congreso y de los contribuyentes de EE.UU. irá a los líderes de esos Gobiernos (…) No es que los presidentes no sean importantes en estos países, pero es importante entender que vamos a trabajar con la sociedad civil, con organizaciones internacionales y con varias ONG internacionales sobre el terreno (…). Trabajaremos con los funcionarios con los que podamos trabajar, pero creo que es muy importante que estos países hagan compromisos muy explícitos para avanzar en la lucha a la corrupción, sabemos que en algunos países eso será difícil”. (Diario de Hoy, 10/03/2021)

Es la primera vez que los Estados Unidos reconocen la crisis estructural de los diminutos Estados nacionales en Centroamérica, el fracaso de la raquítica democracia neoliberal impuesta a raíz de los Acuerdos de Paz de Esquipulas II en 1987, Acuerdos de Paz en El Salvador en 1992, y en Guatemala en 1996. Lejos de crear democracia y bienestar social en la región centroamericana, la enclenque democracia de los Acuerdos de Paz, sostenida por la ofensiva neoliberal, reprodujo los mismos esquemas de corrupción que existieron bajo las dictaduras militares, ahora con nuevos sujetos, muchos de ellos ligados al narcotráfico y al crimen organizado, siendo Honduras el caso más dramático, que involucra al expresidente Porfirio Lobo y al actual mandatario Juan Orlando Hernández.

El gobierno de Estados Unidos advierte que, para contener las causas de la inmigración ilegal, no podrá trabajar con los gobiernos que ayudó a crear. Y, lo más grave, es que anuncia que para combatir la corrupción se apoyará, léase financiará, a la “sociedad civil”, léase ongs.

Ya ha sido nombrado un equipo de alto nivel conformado por el colombiano Juan Gonzalez, asesor de seguridad nacional de la administración Biden, el hondureño Ricardo Zúñiga, nieto del dirigente Ricardo Zúñiga Augustinus y ex candidato del Partido Nacional de Honduras en 1981. Ricardo Zúñiga, el artífice del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba en 2014, fue nombrado delegado de la Casa Blanca para el Triángulo Norte de Centroamérica.

Biden ha retomado la política de Obama para Centroamérica, pero en esta ocasión no solo usaran la diplomacia, sino que piensan apoyarse en los ongs financiados por Estados Unidos. Algunos ongs juegan un rol progresista de apoyo a movimientos sociales, pero estos son una minoría. La mayoría de ongs se han convertido en una pequeña elite que disponen de abundante financiamiento, pero no tienen una posición independiente, sino que responden a las agendas políticas de sus donantes. Estos recursos son fuente de otro tipo de corrupción, mucho más sutil, que carcome por dentro a los movimientos sociales, pervirtiendo su naturaleza.

La lucha contra la pobreza y la corrupción es, en primer lugar, una batalla contra el sistema capitalista semicolonial basado en los contratos amarrados, las coimas, y el enriquecimiento de las cupulas partidarias que detentan el poder. Esta tarea democrática solo la pueden librar los trabajadores organizados de manera independiente. La lucha contra la pobreza y la corrupción es una lucha democrática que conlleva una dinámica anticapitalista. Son dos caminos y dos métodos diferentes.

Partido Socialista Centroamericano

Partido de la izquierda socialista que defiende la reunificación federal y republicana de Centroamérica.

Fuente:

https://elsoca.org/index.php/publicaciones/el-socialista-centroamericano/5709-ya-salio-el-socialista-centroamericano-no-325

https://www.sinpermiso.info/textos/el-iluso-plan-biden-para-combatir-la-corrupcion-en-centroamerica

21.11.-Chile: debate y tragedia ASCANIO CAVALLO

La forma de hermenéutica predominante es la tragedia; el curso narrativo sigue un arco con un final aciago, miserable, sombrío. La historia se describe como un gran racconto que parte en el estado actual para revisar el pasado bajo esa luz y terminar de regreso en el presente, por cierto, desgraciado. No importa si la explicación es coherente: lo que importa es que sea conmovedora.

Foto: Juan Farías

De esta pandemia saldremos más tontos, ha escrito el arquitecto y pintor catalán Óscar Tusquets Blanca. No es tan raro que diga una cosa así en un libro que se titula Vivir no es tan divertido, y envejecer, un coñazo (Alfaguara, 2021). Tusquets Blanca es un iconoclasta español de la vieja cepa y, ya cerca de convertirse en un octogenario, le concede a su inteligencia la libertad para decir lo que ve sin el filtro de ninguna corrección política. Más tontos y más pobres, agrega en una entrevista con El País. Y no acepta que se diga que el Covid-19 es un producto de la modernidad: “A ver, no me fastidies, comer murciélagos vivos es bastante medieval”.

Tusquets Blanca ve lo mismo que advierten numerosos intelectuales europeos: una tendencia a la supersimplificación de los problemas más complejos (especialmente los sociales) y una polarización artificial, como producto de un estado de encierro espiritual en el que ya no se habla con nadie más que entre los grupitos de las redes sociales. En esas casas de espejos se repiten ciertas ideas: una pérdida del aprecio por la libertad, unas formas de discriminación invertidas, un altísimo grado de intolerancia y una inclinación a describir el orden social en términos de tragedia.

El debate público chileno no sólo no escapa a estas descripciones, sino que está agravado por la presión neurótica que le imprime el más grande paquete de elecciones jamás planteado. Las propuestas políticas están en su nivel más bajo, han perdido densidad y están viviendo de la necesidad de la estridencia, la provocación y hasta la ofensa.

El hecho psicológico que parece estar detrás -y lo mismo ocurre en Europa- es que la pandemia ha multiplicado la incertidumbre respecto de los electores. Quienes son candidatos a algo están desconcertados y actúan con esa rara forma de ceguera que es la notoriedad forzada, fingida, performativa.

Si se mira el principal instrumento disponible, las encuestas, el escenario de precandidatos presidenciales es de puros perdedores. Nadie gana una elección importante, incluso con altas abstenciones, ni con un 20% de popularidad ni con 50 mil seguidores en una red digital. Pero eso es lo que dan las mediciones más generosas. Y todas coinciden en que, a sólo siete meses de la presidencial, 60% o más no tiene ninguna decisión.

El otro instrumento, algo más sofisticado, eran las elecciones previas, que permitían realizar algunas proyecciones encadenadas. La más resonante llegó a ser la municipal, que desde el 2004 ha venido anticipando el triunfo en la presidencial. Quien ganaba en alcaldes, ganaba La Moneda. Y quien ganaba en concejales, pasaba a ser la principal fuerza política.

Esto se ha vuelto dudoso ahora que se agrega una elección de gobernadores junto con la municipal. Peor aún, parece bastante probable que los resultados de gobernadores sean contradictorios con los de alcaldes.

La campaña municipal se está llevando sin referencia a los candidatos a otros cargos. Cada uno para sí mismo, y Dios contra todos. Las de gobernadores y de constituyentes son aún peores: incluyen facultades que no tienen, promesas incumplibles y una desproporcionada carga de consignas. La teoría dice que el sistema proporcional incentiva la formación de partidos grandes. Pero eso ocurriría a mediano plazo. Lo que ha sucedido hasta aquí es lo contrario: ha anarquizado el panorama con partidos menores y ha estimulado las subcoaliciones, como las que tienen diversos fragmentos del Frente Amplio o la que el PS ha intentado forzar con el PPD.

En breve, la política está convertida en un campo caótico.

Pero no hay que equivocarse. Este estado de cosas no es producto únicamente de la pandemia ni del 18-O, sino de una discusión más amplia, no siempre consciente, acerca de la evolución que ha seguido Chile en las últimas décadas. No es sólo sobre sus errores evidentes -el Transantiago, la educación, las brechas de desigualdad- ni tampoco sobre los temas de alta complejidad -el agua, la pobreza, los recursos naturales-, ni menos sobre un ethos público -rectitud, honradez-, sino esencialmente sobre un pathos: una sentimentalización de la forma de mirar el proceso histórico.

Como toda fuerza emocional, la dirige un impulso para identificar víctimas, culpas y culpables y, sobre todo, a imaginar enemigos. La forma de hermenéutica predominante es la tragedia; el curso narrativo sigue un arco con un final aciago, miserable, sombrío. La historia se describe como un gran racconto que parte en el estado actual para revisar el pasado bajo esa luz y terminar de regreso en el presente, por cierto, desgraciado. No importa si la explicación es coherente: lo que importa es que sea conmovedora.

Nuevamente, la teoría dice que un debate constitucional como el que se planteará en estos dos años, con toda la ingeniería electoral empleada para elegir a la convención, tendría que disminuir la emocionalidad y privilegiar el problema ético de la convivencia en un espacio común. Pero eso depende, como tal vez diría Tusquets Blanca, de que de esto no salgamos ni muy tontos ni muy pobres.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-debate-y-tragedia/EXCJTLPJSVHEDNCM6QIHPDS

 

  • 21.10.-Una verdadera crisis’: la dimisión de los líderes militares de Brasil plantea incertidumbre para Bolsonaro ERNESTO LONDOÑO Y LETÍCIA CASADO
  • El nuevo ministro de Defensa de Brasil se estrena exaltando el golpe de 1964  NAIARA GALARRAGA
  • Chile: el destello en la sombra del virus ASCANIO CAVALLO

La repentina salida de los líderes militares se produjo un día después de que el presidente Jair Bolsonaro despidiera a su ministro de Defensa y reorganizara su gabinete.

Jair Bolsonaro, quien en ese entonces era el presidente electo, con Antonio Carlos Moretti Bermudez, a la izquierda, Ilques Barbosa Junior, segundo desde la izquierda, Fernando Azevedo e Silva, segundo desde la derecha, y Edson Leal Pujol en 2018. El general Azevedo e Silva, que se desempeñaba como ministro de Defensa, fue despedido el lunes y los otros tres líderes militares renunciaron el martes.Credit…Sergio Lima/Agence France-Presse — Getty Images RÍO DE JANEIRO — Los tres comandantes de las fuerzas armadas de Brasil dimitieron el martes 30 de marzo, un día después de que el presidente Jair Bolsonaro despidiera a su ministro de Defensa como parte de una amplia reorganización del gabinete.

31 mar 2021.- La salida de los líderes militares sucedió luego de que el lunes se reemplazó de manera inesperada a otros cinco miembros del gabinete, lo cual impulsó los rumores en la capital sobre una ruptura en la relación entre el presidente y el ejército del país, que ha jugado un papel central en el gobierno de Bolsonaro.

“La destitución de los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea después del repentino cambio de liderazgo en el Ministerio de Defensa no tiene precedentes desde que se restableció la democracia”, dijo el legislador Rodrigo de Castro, en un comunicado. “Revela una verdadera crisis entre el ejército y el gobierno”.

La turbulencia política en Brasilia sucede mientras el gobierno enfrenta críticas fulminantes, que incluyen pedidos de destitución de Bolsonaro, por su arrogante y caótico manejo de la pandemia de COVID-19, que ha ocasionado el fallecimiento de más de 313.000 brasileños. El aumento de los contagios abruma a los hospitales de todo el país haciendo que muchos pacientes mueran, mientras esperan por una cama.

Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, les ha otorgado a los militares un papel de liderazgo en la política y la formulación de políticas en Brasil, confiando a sus líderes las mayores cuotas de poder que han tenido desde que terminó la dictadura militar del país a mediados de la década de 1980. Eligió a un general retirado del ejército como compañero de fórmula y designó a los principales líderes militares para que se encargaran de decenas de funciones gubernamentales de alto nivel que normalmente son desempeñadas por personas civiles.

Los generales retirados y los analistas militares en Brasil intentan entender los cambios de esta semana, que ni el presidente ni los comandantes salientes explicaron.

“No tiene sentido desde el punto de vista político o administrativo”, dijo Carlos Alberto dos Santos Cruz, un general retirado del Ejército que ocupó un cargo de alto nivel en el gobierno de Bolsonaro hasta junio de 2019. “Debe haber una explicación de por qué sucedió esto, de lo contrario, proyecta desprecio por las personas y los roles”.

Mariana Kalil, profesora de geopolítica en la Escuela Nacional de Guerra de Brasil, dijo que el mandatario parecía gozar de un apoyo más fuerte en los escalones inferiores del ejército que entre los altos mandos. Afirma que es posible que los jefes hayan cortado sus lazos con un presidente políticamente asediado para enviar un mensaje claro de que las fuerzas armadas no cumplirían sus órdenes políticas.

“Siempre ha existido la hipótesis de que un comandante militar respalda políticas gubernamentales más represivas, cosas que están fuera de los límites de la ley”, dijo Kalil. Pero la experta asegura que los líderes militares brasileños han sido una fuerza “moderadora” en un gobierno liderado por un presidente temerario y combativo que ha convertido a muchos de sus aliados en enemigos.

El senador Tasso Jereissati, una figura destacada de la oposición, dijo que aunque Bolsonaro se ha enzarzado con el Congreso y enfrenta el escrutinio de los tribunales, “siempre ha insinuado que las fuerzas armadas lo respaldan”.

Como el presidente ha entablado nuevas peleas con otros funcionarios electos por los cierres propuestos, es posible que los líderes militares hayan decidido abandonar el barco en vez de ser vistos como cómplices de un ruinoso manejo de la pandemia, dijo el senador Jereissati.

“Estamos pagando el precio de haber elegido a un individuo que no está preparado para ese cargo, alguien que es grosero y desquiciado”, dijo.

Desde que asumió la presidencia en enero de 2019, Bolsonaro ha otorgado a los líderes militares un poder tremendo en las agencias gubernamentales y, al hacerlo, ha vinculado sus reputaciones a la suya. Pero los líderes militares han fallado en las misiones centrales que les dio Bolsonaro, incluida la supervisión de la respuesta a la pandemia y el control de la deforestación en la Amazonía.

Según los analistas, la relación del presidente con su vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão, y con el general Fernando Azevedo e Silva, ministro de Defensa saliente, se ha vuelto tensa en las últimas semanas, a medida que empeora la crisis del coronavirus en el país.

La semana pasada, el presidente remplazó a su ministro de Salud, Eduardo Pazuello, un general que no logró liderar una respuesta integral a la pandemia ni negoció la compra de las cantidades necesarias de vacunas contra la COVID-19.

En su carta de renuncia, el general Azevedo e Silva dijo que había intentado “preservar a las Fuerzas Armadas como una institución del Estado”. Esa frase parece transmitir la idea de que Bolsonaro trató de politizar a las fuerzas armadas.

La renuncia de los tres comandantes militares: el general Edson Pujol del Ejército; el teniente brigadier Antonio Carlos Moretti Bermudez de la Fuerza Aérea; y el almirante Ilques Barbosa Junior de la Armada fue anunciada en un breve comunicado emitido por el Ministerio de Defensa. Las razones de esa decisión no fueron divulgadas.

Los cambios de gabinete del lunes incluyeron la salida del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, un conservador de línea dura que se peleó con el gobierno de China, el principal socio comercial de Brasil y el principal proveedor de las vacunas actualmente disponibles para Brasil.

Los legisladores criticaron a Araújo por la incapacidad del país para asegurar el acceso a una gran cantidad de vacunas contra la COVID-19.

Bolsonaro también remplazó a su ministro de Justicia, su jefe de gabinete y el abogado que representa al poder ejecutivo en los casos ante el Supremo Tribunal Federal.

El diputado Vitor Hugo de Araújo Almeida, un legislador cercano al presidente, le restó importancia a los cambios.

“Estamos atravesando una pandemia, por lo que todos los esfuerzos deben centrarse en salvar vidas y salvar puestos de trabajo”, dijo. “Creo que es natural que haga cambios”.

Estos cambios se producen mientras Bolsonaro comienza a sentar las bases para su candidatura a la reelección en los comicios del próximo año. Pero ha sembrado dudas sobre la legitimidad del sistema electoral, lo que ha hecho que sus críticos planteen la posibilidad de que intente mantenerse en el poder si pierde.

Amy Erica Smith, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Iowa y especialista en temas de Brasil, dijo que el presidente podría tratar de nombrar a personas leales en los puestos militares más importantes.

“Si Bolsonaro aprovecha esta oportunidad estratégicamente y juega bien sus cartas, podría remplazar a los jefes de las tres ramas con hombres que estarían dispuestos a seguir adelante con sus proyectos políticos”, dijo.

Pero dijo que puede ser difícil encontrar líderes militares dispuestos a unirse a un presidente que ha alienado a gran parte del establecimiento político.

“El ejército brasileño no está ansioso por apoyar a un presidente impopular que enfrenta a un gran número de otros líderes electos”, dijo Smith.

https://www.nytimes.com/es/2021/03/31/espanol/renuncia-militares-brasil.html

21.10.-El nuevo ministro de Defensa de Brasil se estrena exaltando el golpe de 1964  NAIARA GALARRAGA

Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura, lleva a la esfera pública los aniversarios de la asonada desde que llegó al poder

Seguidores del presidente Jair Bolsonaro en una concentración en apoyo a su Gobierno este miércoles en Río de Janeiro. ANTONIO LACERDA / EFE

El primer acto del nuevo ministro de Defensa de Brasil fue recibir a los tres jefes de las Fuerzas Armadas, que le presentaron sus renuncias. El siguiente, que coincide con el 57 aniversario del golpe de Estado de 1964 este miércoles, ha sido difundir una nota en la que exalta la quiebra constitucional. “Pacificar el país” era el objetivo, escribe el general Walter Braga Netto. “El movimiento de 1964 es parte de la trayectoria histórica de Brasil”, añade.

31 mar 2021.- A la convulsión política por la abrupta salida de los comandantes de las Fuerzas Armadas que siguió a una gran reforma ministerial, se suma la catástrofe del coronavirus. Este martes Brasil alcanzó un nuevo máximo de fallecidos. El enésimo. Murieron 3.780 personas en 24 horas. Mientras, el presidente Jair Bolsonaro sigue en sus trece. Este miércoles ha insistido en que la prioridad es salir a trabajar. Y, según él, para autoritarios, los alcaldes y gobernadores, que adoptan restricciones para frenar el virus que suponen “extrapolar un estado de sitio”, según ha declarado tras reunir al gabinete de crisis de la pandemia. Al golpe no se ha referido. Y no ha permitido preguntas.

La nota del ministro de Defensa, nombrado el lunes, afirma que “los eventos de hace 57 años” deben ser interpretados como una respuesta a “la expansión de ideologías totalitarias”, en referencia al comunismo, aunque no lo explicita, en el contexto de “la Guerra Fría que envolvió a América Latina”. Esa narrativa es la que defiende con vehemencia desde hace años el actual presidente, Jair Bolsonaro. Nada dice el comunicado de la represión de las dos décadas siguientes.

Al llegar al poder, el actual presidente llevó las conmemoraciones del golpe a la esfera pública. Hasta entonces era una fecha discretamente celebrada en los cuarteles y que militares retirados recordaban con comidas en clubes de uniformados.

El Gobierno de Bolsonaro ha pleiteado en los últimos meses para poder organizar actos para conmemorar el golpe. Un tribunal de Brasilia se lo autorizó por cuatro votos a uno hace dos semanas. Más allá de la difusión de la orden del día del Ministerio de Defensa, no ha habido ningún acto gubernamental. Otros eventos han sido suspendidos a causa de la pandemia. Por ejemplo, la tradicional comida que organiza el Club Militar de Río de Janeiro para recordar lo que denomina “la revolución democrática de 1964”.

El mandatario creó un gabinete de crisis para gestionar la pandemia cuando Brasil superaba los 300.000 muertos. Tras la reunión de este martes, ha anunciado que la semana próxima se reanuda la paga del coronavirus. Esta vez será para menos beneficiarios y por una cuantía menor. La avalancha de casos es tal que varios cementerios de la metrópoli de São Paulo han empezado a enterrar también durante las noches a la luz de potentes focos. Los hospitales siguen recibiendo miles de infectados que necesitan ser atendidos en UCI. Son más jóvenes y llegan más graves que en la primera ola.

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Además de paliar los daños de la crisis económica, espera que las ayudas frenen su desgaste político. Los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea presentaron sus renuncias el martes en protesta por las presiones de Bolsonaro para politizar los cuarteles. El presidente quiere a los militares de su lado en el duro pulso que mantiene con otras autoridades a cuenta de la pandemia.

El gobernador de São Paulo, João Doria, que en la crisis sanitaria se ha erigido en uno de los principales antagonistas del presidente, ha criticado la nota de Defensa: “Como hijo de un diputado destituido que vivió 10 años en el exilio, considero esta carta una afrenta que propone la celebración de un golpe militar que victimizó a miles de brasileños, no solo en la política, personas silenciadas, maltratadas y muy dañadas”.

Bolsonaro siempre festejó el golpe. A menudo en solitario, como el 31 de marzo de 2014, cuando era diputado y posó ante una pancarta gigantesca que decía: “Felicidades, militares, gracias a vosotros Brasil no es Cuba”. Su abierta defensa del régimen militar es lo que más le distinguía del resto de parlamentarios durante sus tres décadas como diputado.

La presidenta Dilma Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), tomó algunas medidas que muchos militares no le perdonan. Impulsó la Comisión de la Verdad, que determinó que 434 personas fueron asesinadas y señaló a 377 perpetradores. La presidenta, destituida años después, eliminó el aniversario del calendario de festivos de las Fuerzas Armadas.

El mandatario era un adolescente cuando entró en la academia militar unos años después del golpe. Se formó, como los altos mandos militares actuales, durante la dictadura que acabó en 1985. Entró en política tras salir del Ejército.

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21.10.-Chile: el destello en la sombra del virus ASCANIO CAVALLO

Cientos de personas hacen fila para cobrar su seguro de cesantía.

 Justo al cumplir un año de pandemia, Chile ha entrado en su momento más oscuro. Una vez más, confirma que es un país disciplinado con el mundo: el Reino Unido, Francia, Alemania y otras naciones europeas están ingresando también en una crisis sanitaria más aguda que el año pasado. Los epidemiólogos del mundo no saben muy bien por qué. Algunos creen que se han desarrollado cepas más agresivas del Covid-19. Otros, que hay un giro hacia el contagio de generaciones menos afectadas en la primera ronda. Y otros, quizás los más, sospechan que el estrés pandémico ha sido tan prolongado, que no ha podido sino desbordarse.

3 abr 2021.- Poco pueden hacer los gobiernos ante esta convergencia fatídica. Aceleración de los contagios, cambio de modalidades y lentitud de las vacunas, sin agregar todavía esa cierta incredulidad que nunca se ha disipado del todo acerca de las cifras y las medidas oficiales, como si todo gobierno tuviera por principio esconder las malas noticias. Lo cual, dicho sea de paso, también es cierto. La política cambiará en muchas latitudes por el solo efecto de esta experiencia inédita en la conducción de los estados. Y en numerosos casos, si no en todos, significará un retroceso no de uno, sino de varios años en pobreza. Como el palo en la rueda de una bicicleta.

Esta es la peor perspectiva: después de los muertos, habrá miríadas de nuevos pobres.

Chile es seguramente uno de esos casos. El gobierno le tocó a Sebastián Piñera, pero, despejado el cinismo que es parte de la política, cabe sospechar que a cualquiera le pudo pasar más o menos lo mismo. El cuatrienio será el peor en crecimiento de los últimos 30 años, la pobreza habrá crecido, el balance de muertos será -ya lo es- desolador y la sociedad entera quedará exhausta de todo, de las medidas aislacionistas, la falta de trabajo, las cuarentenas, las prohibiciones y toda esa ristra de cosas que retrotraen la vida a un hecho asocial.

Otra cosa es que esto se haya atravesado justo en el momento de mayor ebullición social, una combinación que progresivamente condujo al año electoral más cargado de la historia y a la revisión institucional más extensa de este siglo. Y ahora, más encima, suspendida en el aire.

Convencido de que la segunda ola del Covid-19 alcanzaría su pico esta semana y quizás la que sigue, el gobierno accedió a promover un proyecto de reforma para cambiar las cuatro elecciones simultáneas del 11 de abril para mediados de mayo. Y esto, sabiendo que la entente médica advierte que no es claro que para entonces la situación pandémica pueda estar mejor, dado el inicio de una temporada invernal rápida y fría. ¿Tercera suspensión a la vista?

Iniciar este baile tendría un costo político enorme para el gobierno. La manera de rebajarlo era, en efecto, compartiendo la responsabilidad con el Congreso. Y, como también era de suponer, la oposición que lo domina ha querido subírselo, agregando más componentes económicos e incluso imponiendo medidas sanitarias que sobrepasan a la autoridad ejecutiva. Es un juego de suma cero, porque ningún actor político está hoy en condiciones de oponerse a la postergación, justamente cuando están todos a las puertas de ser evaluados en nuevas elecciones. Con las decisiones tan a la vista, esos torneos pueden ver reducidos los elementos de irracionalidad que suelen favorecer a muchas figuras en las elecciones populares. Nunca el voto habrá sido una amenaza tan cercana.

La postergación del proceso también tiene costos asociados. El Congreso ha corregido algunas de las superposiciones y rarezas más notorias del proyecto oficial, pero nada podrá minimizar el hecho de que, mientras más apretado es el calendario electoral, más influyen unas elecciones sobre otras y más difícil se vuelve predecir el modo en que lo harán. Será un efecto parecido al de echar a chocar un conjunto de bolas sobre una mesa de billar.

¿No tiene esto un aspecto refundacional? Desde luego que lo tiene. Menos rápido que una revolución, pero menos lento que una reforma. A fines del 2022, todas las autoridades (excepto 23 senadores) tendrán nuevos mandatos y todas las instituciones serán regidas por una nueva Constitución. Nada será igual. Pero el grado de diferencia que tenga es algo que nadie está en condiciones de anticipar, y no sería raro que muchos resulten decepcionados, que vean estrellarse sus expectativas y sus ideas sobre el estado del país con lo que salga de las urnas. Es bastante posible que para entonces se divise la artificialidad del objetivo en que están embarcados hoy el oficialismo y la oposición, que se puede sintetizar en siete palabras: impedir que el otro vuelva a gobernar.

Para que este propósito se haya vuelto tan crispado y neurótico como lo está, tiene que haberse debilitado la fe democrática, no importa si ello ha ocurrido gracias a las redes digitales o a los discursos del desalojo. Lo que han contribuido dirigentes, autoridades y parlamentarios tampoco es muy relevante. Lo que importa es que nadie ha podido detener esa dinámica.

Pero las elecciones la enfrentan con una evidencia, que es una manera, por lo menos momentánea, de escapar al deterioro de la convivencia. Por eso es que las elecciones también son un pequeño brillo, acaso apenas un destello, al final de la sombra que se abate sobre este año.

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  • 21.9.-Vuelve el tiempo de la izquierda, con Lula EMIR SADER
  • Elecciones en el Perú: reflejo del desinterés ciudadano RAÚL ALLAIN
  • La Argentina conmemora una fecha de inflexión JULIO C. GAMBINA
  • Chile: la tos de la democracia ASCANIO CAVALLO

Para este momento, la primera actitud responsable de la izquierda tiene que ser la de la unidad de todas las fuerzas, que hoy sólo puede darse en torno a Lula, el gran candidato de la izquierda.

El pleno regreso de Lula a la vida política reemplaza los términos de los enfrentamientos políticos. Hasta entonces, el centro de los choques estaba en el marco de la derecha, entre Bolsonaro y los sectores de derecha que, apoyando su política económica, se apartaban de su estilo de gobierno. Entre Bolsonaro y el Poder Judicial, entre Bolsonaro y el Congreso, entre Bolsonaro y los medios.

26 mar 2021.- Ante estos enfrentamientos, la izquierda tenía que posicionarse, siempre contra Bolsonaro. Pero no fue protagonista. Fue un frente concreto, en el que la derecha puso los términos del enfrentamiento con Bolsonaro. El horizonte de la lucha estuvo acotado por la derecha contra la extrema derecha, que no tocó la política económica del gobierno. Chocó con las tendencias autoritarias de Bolsonaro.

La reaparición de Lula cambia los términos de los debates y enfrentamientos. El hecho de que políticos de derecha como FHC, Delfim, Rodrigo Paes, Gilberto Kassab, eligieran votar por Lula en la segunda vuelta, representa una importante deserción de la derecha y la voluntad de considerar a Lula como una opción menos mala, en comparación con Bolsonaro.

La división de la derecha es un síntoma más de la pérdida de capacidad narrativa y hegemónica de la derecha. Su discurso en la lucha contra la política y la corrupción ha perdido la capacidad de ganar y mantener adhesiones mayoritarias en la sociedad. La pérdida de apoyo de Bolsonaro no impide que siga teniendo, al menos en las encuestas, un nivel de apoyo que, al igual que en 2018, lo convierte en el principal oponente de la izquierda, el PT y Lula. Los demás, que generalmente son candidatos que buscan expresar una supuesta tercera vía, están divididos, no logran sumar un apoyo político y social significativo. En la última encuesta, en la que Lula lidera sobre Bolsonaro, solo quedan 12% para los otros candidatos. Ellos mantienen sus candidaturas, porque creen que, en algún momento, la derecha puede abandonar masivamente a Bolsonaro y buscar alternativas.

La izquierda necesita comprender la nueva posibilidad que se le presenta y estar a la altura de los desafíos. En primer lugar, como subraya Lula, centrarse ahora en las necesidades urgentes de la población: ayuda de emergencia, empleo, vacunas. Identificarse con las urgencias de la masa de la población, abandonada por el gobierno.

La lucha por el impeachment de Bolsonaro no debe ser abandonada por la izquierda. El control del Congreso por parte de Bolsonaro es más frágil ante el descontrol de la pandemia, expresado en declaraciones, especialmente del presidente de la Cámara, en quien Bolsonaro tenía confianza para frenar el impeachment. Revela cómo el Centrão se ve afectado por el desgaste de Bolsonaro y lo abandonará si ese desgaste compromete su apoyo electoral.

Un impechmant depende de otro fator, ausente por el momento: la cuarentena evita que el rechazo de Bolsonaro promueva grandes movilizaciones callejeras. Los cacerolazos son un ejemplo de cómo este rechazo se extiende y se vuelve más vigoroso. Pero el clima de que la mayoría ya no soporta a Bolsonaro, requiere una movilización callejera, que no debería regresar hasta dentro de unos meses.

Pero alguna circunstancia puede encender la chispa que propague rápidamente un clima que haga viable el impeachment. La mayoría de los empresarios están muy descontentos. La gran mayoría de los medios también. Será indispensable que se rompa la base de apoyo parlamentario de Bolsonaro.

Más allá de esta posibilidad, que podría salvar a Brasil de su sufrimiento actual, la izquierda tiene que pensar en la posibilidad de que la disputa política desemboque en las elecciones de 2022. Para este momento, la primera actitud responsable de la izquierda tiene que ser la de la unidad de todas las fuerzas, que hoy sólo puede darse en torno a Lula, el gran candidato de la izquierda.

Con una propuesta amplia para la reconstrucción del país, un país destruido desde todos los puntos de vista, que la izquierda recibirá como herencia de seis años de destrucción neoliberal en Brasil. No se trata solo de un frente político de fuerzas, sino también de una gran alianza social en torno a quienes están a favor de la restauración de la democracia, la reconstrucción económica y social del país, la reanudación del desarrollo económico, con políticas sociales de distribución de renta y la generación de ingresos y empleo.

La izquierda tiene que presentarse al país como la única fuerza que puede unir a la mayoría del país para afirmar la democracia, hacer crecer la economía, afrontar las desigualdades, recuperar la imagen de Brasil en el mundo. La izquierda brasileña necesita una gran victoria, ojalá ya en la primera vuelta, porque será una derrota no solo de la extrema derecha y la derecha, sino directamente de los militares, que se sumaron a la aventura del gobierno de Bolsonaro.

La izquierda necesita afirmar una amplia mayoría para restaurar la democracia, promover la desmilitarización del Estado brasileño, terminar con la financiarización de la economía y volver a imponer una dinámica productiva, combatir las desigualdades, generar empleos, promover los derechos de todos.

– Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).

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21.9.-Elecciones en el Perú: reflejo del desinterés ciudadano RAÚL ALLAIN

Con 18 candidatos, los indecisos y desinteresados lideran las encuestas con más del 30%. ¿Por qué la desidia invade la intención del electorado?

Foto: https://trome.pe

El 11 de abril, los peruanos elegimos al próximo presidente de la República y Parlamento, pero la aceptación de los candidatos es mínima según las últimas encuestas. Podemos decir que en primer lugar, se ubica el desinterés del electorado. ¿Por qué?

22 mar 2021.- A menos de un mes de las elecciones generales, la encuesta publicada por Ipsos Perú revela que el candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, obtiene un 16% de apoyo del electorado. La particularidad, ahora, es que los indecisos y desinteresados lideran las encuestas con más del 30%. ¿Por qué la desidia invade la intención del electorado? ¿Se debe esto al abanico de dieciocho (18) candidatos?

El primer simulacro de votación realizado por Ipsos para las elecciones generales, con cédula de votación y ánfora, refleja lo siguiente: Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular, se ubica en el primer lugar de las preferencias con 16.8%. Detrás del excongresista, aparecen George Forsyth, de Victoria Nacional (11.2%), seguido de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular (9.3%), quien ha crecido rápidamente.

Debemos señalar que en la última encuesta realizada por IDICE, publicada el viernes diecinueve de marzo, los candidatos Rafael López Aliaga y Yonhy Lescano aparecen prácticamente con un empate técnico, 11.4% y 11.3% correspondientemente. Luego se ubican Keiko Fujimori, César Acuña y George Forsyht con alrededor de 7%.

En otro sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que refleja tendencias similares, se indicó que tenemos un 31 % de indecisos. El país se ubica así en un terreno incierto, debido a que nunca antes se registró una intención de voto para elecciones presidenciales tan baja, a pocas semanas de los comicios. En marzo de 2016, los dos candidatos a la presidencia que lideraban las encuestas, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, acumulaban el 46 %, casi el doble de lo que obtienen los dos primeros lugares en los sondeos actuales. Paradójicamente, ambos políticos son procesados por delitos de corrupción.

«En primer lugar, esto se debe a la desconfianza que genera la representación política. Han ocurrido varios episodios recientes: en noviembre, Manuel Merino tomó la presidencia, lo que provocó movilizaciones nacionales; en febrero estalló el escándalo del ‘vacunagate’, por la vacunación irregular de políticos y gente de poder. El segundo factor es la ausencia de liderazgos políticos definidos, que surjan de organizaciones políticas con una base social”, explicó Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia de Perú y politóloga.

También debemos entender que el pueblo está ocupado en atender la crisis sanitaria y socioeconómica causada por la pandemia de coronavirus. Además otro factor es que Perú, en América Latina, es el país que menos confía en sus instituciones. Por ejemplo, siete de cada diez peruanos no confía en el Parlamento. Ante esta situación de desconfianza generalizada los ciudadanos no muestran interés por lo que ocurre dentro de la crisis política que nos encontramos viviendo.

En mi artículo “La corrupción bajo el manto del escándalo” publicado en septiembre del año pasado, señalé que en medio de la pandemia de coronavirus: “La ciudadanía percibe que los problemas más fuertes de la actualidad son la delincuencia y la corrupción (…). Según un informe de Proética, las instituciones consideradas más corruptas por la población son: el Congreso y los partidos políticos, precisamente quienes tienen las riendas del poder”.

Por su parte, el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, cree también que el desinterés es propio de una elección en medio de una pandemia con crisis económica: «En ninguna parte del mundo, en épocas de elecciones con pandemia, las elecciones han concitado interés. Pero esto no quiere decir que la gente no vaya a votar el 11 abril. Probablemente vaya a votar la mayoría de gente, porque el voto en Perú es obligatorio y porque el interés crece conforme se acerca la elección», prevé.

La Asociación Civil Transparencia realizó en noviembre pasado, con la colaboración del IEP y de Idea Internacional, una encuesta para consultar a los peruanos cuáles eran los temas que debían tratarse en las elecciones. Los temas que priorizaron los encuestados fueron educación, salud y empleo o reactivación económica. Sin embargo, «los candidatos no necesariamente están hablando de estos temas que preocupan a la gente. De ese modo, no los involucran en un diálogo de cara a los comicios», señala la representante de Transparencia.

Para el resto de candidatos, Tuesta Soldevilla no ve muchas posibilidades: «Esto tiene que ver con cómo se han ido posicionando los candidatos. No hay posibilidad de que surja un ‘outsider’. Ahora ya entramos en la recta final».

«La ventaja de Forsyth es que no tiene la resistencia o rechazo de los otros tres que le siguen, López Aliaga, Fujimori y Mendoza. Por lo tanto, sería el más competitivo frente a Lescano en segunda vuelta», resalta Tuesta. Según Ipsos, el 70 % de los peruanos definitivamente no votaría por Keiko Fujimori y un 53 % tampoco lo haría por Verónika Mendoza. El antivoto en el caso de Rafael López Aliaga es 42% y el de George Forsyth es de 36%.

«Creo que ahora hay que mantener la calma y llamar a la ciudadanía a votar y a evaluar el desempeño de los candidatos en campaña para formarse una opinión propia e informarse bien sobre sus planes de Gobierno», pide la presidenta de Transparencia, quien recuerda que alrededor del 25% de los peruanos decide su voto en la fila, el mismo día de la votación.

Tomemos conciencia de nuestro voto en las elecciones del 11 de abril y será el primer paso para hacer el verdadero cambio en el país.

https://www.alainet.org/es/articulo/211484

21.9.-La Argentina conmemora una fecha de inflexión JULIO C. GAMBINA

Fue en torno al golpe del 76, y aun antes, que el país comenzó a mutar en lo económico, en lo político y en lo social.

Foto: https://www.baraderoteinforma.com.ar 

Prontos a conmemorar un nuevo 24 de marzo, vale recuperar en el presente que esos problemas que hoy se acumulan y nos laceran, pobreza, indigencia, desempleo, subempleo, violencia social, entre muchos, tienen origen en la historia larga, pero muy especialmente en el tiempo fatídico de profundos cambios estructurales. En efecto, fue en torno al 76, aun antes y desde mediados de 1975, el país comenzó a mutar en lo económico, en lo político y en lo social.

22 mar 2021.- Solo hay que pensar en las representaciones políticas actuales, totalmente disociadas de aquellas organizaciones políticas que protagonizaron el momento constitucional previo al golpe. La jerga cotidiana, no solo de los medios, remite a los nombres de la/os políticas/os y los referentes de las diluidas identidades partidarias actuantes. El presidente es Alberto y la vice es Cristina, los opositores son Mauricio, la Pato o Larreta, solo para mencionar algunas/os. Hacia los 60/70 y antes, claro, si bien existían matices y disputa por la hegemonía en los principales partidos políticos, no había dificultad para caracterizar y asociar a ciertas franjas sociales a esos principales partidos. El radicalismo recogía la impronta de la revolución del parque o la gesta de la reforma universitaria, entre otras muchas gestas empujadas por los sectores medios de la nueva burguesía local. El peronismo irrumpe con la movilización de las “masas populares” y su demanda por derechos sociales y laborales, incluso arrasando la tradición anarquista, socialista y comunista en el movimiento obrero. Antes, el socialismo y el comunismo ligan su tradición, principalmente en la cultura política de la inmigración y un horizonte de revolución social. Existe hoy una individualización y profesionalización de la política.

Antes del 76 se reconocía al tiempo constitucional como el del desarrollo del mercado interno y, por ende, con conflicto, los intentos de “pactos sociales” que asegurarían ganancia y salario, sustento de políticas desarrollistas, con industrialización protegida y consumo de masas. Ese programa e imaginario terminó en el 75/76 y se inició una nueva etapa de “aperturismo”, un remedo del proyecto de la generación del 80 del Siglo XIX, pero ahora en el marco de una creciente mundialización y transnacionalización del capital más concentrado actuante en el país. No solo aconteció durante la genocida dictadura, sino que se proyectó en el tiempo futuro. La liberalización de los 90 concretó el proyecto del 75/76 y tuvo sus rondas de recreación estructural, más allá de atenuaciones temporales, con sucesivas medidas que consolidaron el modelo de inserción subordinada de la Argentina en el sistema mundial.

Todo intento a contramano de esa tendencia estructural desde 1983 solo pudo morigerar esa mutación estructural, no revertirla ni transformarla en un sentido favorable a la mayoría social. Es importante rescatar esos momentos, sin embargo, el límite estuvo en contenerse en la crítica al orden emergente, “neoliberal”, sin cuestionar las premisas estructurales del orden capitalista. Existe similitud esencial con el acontecer regional y por eso el límite de la experiencia de cambio político en Sudamérica en los primeros años del Siglo XXI.

No solo hubo cambios en las relaciones sociales locales, sino que Argentina mutó su relación con el mundo, siendo parte de la ofensiva capitalista contra los derechos laborales y previsionales, modificando el patrón productivo para ofrecerlo al sistema mundial, incluso produciendo sin objeto de consumir localmente, especialmente en el modelo de la producción primaria para la exportación, sea soja, hidrocarburos, oro, o de bienes industriales ensamblados con destino al mercado mundial. Un mecanismo privilegiado para esa transformación provino del endeudamiento externo y la adecuación de la legislación y el régimen financiero y de inversiones externas para favorecer la circulación y movilidad del capital especulativo.

Por eso aludimos a un cambio integral, de modificación de las relaciones sociales de producción para hacer más regresivo al capitalismo local, en sintonía con lo nuevo que se inauguraba en el mundo, especialmente ratificado con la ruptura de la bipolaridad mundial en la última década del Siglo XX. Se sepultaba el sueño de la autonomía para el desarrollo capitalista, siempre irreal e imposible, mucho menos en un tiempo de extensión universal de la dominación del capital en sus manifestaciones transnacionales.

Maia y los millones de empobrecidos

Esos cambios estructurales explican el desempleo elevado del 2001 y el actual; los datos de la pobreza y la indigencia de hace dos décadas y de ahora. La coyuntura nos devuelve la crudeza de la situación de miseria de una menor, Maia, condición de vida de casi 60% de pobres entre los menores en la Argentina. Por eso aludimos a una realidad lacerante, la de Maia, que es la de millones de menores y de personas, de familias, de una situación que no empezó ahora por la pandemia, ni en el último turno de gobierno, sino que se trata de un problema estructural que arrastra casi medio siglo. Las tasas de pobreza de un dígito quedaron allá lejos. El tiempo nuevo construido por casi medio siglo es de creciente desigualdad y de una voluntad hegemónica por exportar (fugar) el excedente económico generado en el país.

¿Qué hacer para que no haya Maia y muchas/os similares? La respuesta hegemónica es invertir, favoreciendo la dinámica de inversión y desde ahí, con crecimiento derramar al conjunto social. Una gran falacia. Solo restaría decir que quienes invierten priorizan el uso del excedente económico en la fuga de capitales. La fuga es el pago de la deuda externa (renta financiera de los inversores de capital), las remesas de utilidades al exterior (renta por capitales invertidos en la producción y los servicios locales) y la constitución de activos en el extranjero (compras de propiedades o de títulos y bonos en el exterior, incluso billetes en el país). Es lo que denunció el BCRA respecto de los recursos ingresados desde el exterior durante el gobierno Macri. Mientras ingresaban los fondos del FMI, por una puerta giratoria se remitían al exterior esos mismos recursos. Esa lógica por ingresar dólares o divisas y favorecer su salida es lo que hace inestable al capitalismo local, con el sello de la inflación que lo diferencia de la mayoría de los países de la región y del mundo. El problema, dicen, es la baja productividad del trabajo que impide la competitividad local en el capitalismo mundial. Claro, si el excedente se fuga resulta imposible un proceso de mejora e innovación tecnológica y de adecuada formación de la fuerza laboral para esa expansión y desarrollo científico tecnológico orientado al incremento de la productividad del trabajo.

La lógica de la dominación y su reproducción es la “fuga” de capitales y por ende la acumulación en el sistema mundial. Esa es la especificidad local respecto de otros territorios, donde la dinámica mundial no anula la reproducción de la acumulación local. De nuevo, el argumento es a favor de las ganancias, ya que se insiste que el problema es el costo laboral elevado, especialmente a la hora de despedir. La solución sería entonces, bajar salarios y el costo asociado a la contratación y despido de trabajadoras y trabajadores. Qué eso lleva a peores condiciones de vida e incluso incrementar la miseria, la pobreza, la indigencia, el desempleo, el subempleo o la precarización laboral, no ingresa en el razonamiento de la “modernidad” de un pensamiento hegemónico. Un pensar estimulado desde los principales medios de comunicación, con argumentos académicos que replican la razón empresaria para ganar en sentido común de la población.

Superar la conmemoración de aquel momento de inflexión en la organización económica de la sociedad argentina y contribuir a la gestación de un proyecto más allá de las fronteras para constituir un imaginario de recuperación de la independencia y la solidaridad entre pueblos hermanados, requiere de una profunda crítica de nuestro presente y la historia reciente en el país y en la región. Es una tarea nacional y de articulación regional por otro mundo y distinto modelo productivo y de desarrollo.

Frenar la tendencia a la fuga de capitales supone denunciar el carácter ocioso de la deuda con el FMI y con ello modificar la gestión del endeudamiento, suspendiendo pagos y auditando con participación popular la deuda externa desde los tiempos del genocidio dictatorial. Empezar por la deuda y reorganizar la economía, los que supone mutaciones esenciales en las relaciones sociales de producción, especialmente en las relaciones de propiedad. El acceso a la tierra está en la primera consideración de cualquier transformación económica y social. La matriz productiva debe asociarse a la satisfacción de las necesidades del conjunto social y no orientadas por la generación de excedente con destino al sistema mundial.

Si en marzo del 76 o en torno a esa fecha se estructuró el tiempo fundacional de estos lacerantes tiempos, es hora de gestar las condiciones de posibilidad para una refundación pensada en la solución de problemas creados por el orden social derivado de aquellos años de fuego, los que ganaron en sentido común y transformaron la economía, la política y la sociedad.

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21.9.-Chile: la tos de la democracia ASCANIO CAVALLO

16 de Marzo de 2021/SANTIAGO Letreros de campaña política en Avenida Isabel La Católica esquina Carlos V Comuna de Vitacura FOTO: MAURICIO MENDEZ/ AGENCIAUNO

 Chile podría batir otra de esas marcas a las que parece haberse aficionado: ser el primer país en el que un gremio determina la realización de unas elecciones. Este no es juicio, sino un dato: el Colegio Médico es el protagonista en la iniciativa de postergar las cuatro elecciones simultáneas del 10 y 11 de abril. 

27 mar 2021.- En el sistema político, no hay ningún actor significativo que apoye esa idea. Casi todos ellos guardan silencio o eluden el bulto, con la expectativa de que se pueda cargar ese bulto a alguien: tanto el de posponer las elecciones afectando la democracia, como el de mantener el proceso afectando la salud. Es una de esas opciones entre la sartén y las brasas. El gobierno también permanece agazapado. Ya se acostumbró a no tomar decisiones hasta que la última encuesta dictamina qué es mejor.

Las encuestas se inclinan mayoritariamente por postergar las elecciones, lo que no es tan raro cuando se ha impuesto la mayor cuarentena desde el inicio de la pandemia y cuando las cifras de contagios son más alarmantes. La situación sanitaria es, en efecto, mala. No parece haber empeorado con el relajo, como dicen algunos, sino más bien con la angustiosa necesidad de retomar los trabajos. Y al mismo tiempo, las perspectivas han mejorado por el cambio de los perfiles epidemiológicos y por la velocidad de aplicación de la vacuna. Contagios y vacunas corren una sardónica carrera en direcciones inversas.

Mover las elecciones es un desbarajuste mayor. Los especialistas del mundo concuerdan en que las razones sanitarias no pueden ser las únicas que decidan acerca de un proceso electoral. En el pandémico 2020 se realizaron 52 elecciones en el planeta. Hasta julio se habían postergado 67. Pero a partir de octubre, la tendencia fue decididamente en favor de mantener los procesos electorales inalterados.

El deterioro que la pandemia ha significado para la democracia en el mundo no es una broma. De hecho, ha sido la gran oportunidad para los autoritarismos y los populismos de todas las latitudes. Freedom House registra retrocesos en 80 países, incluyendo cinco de América del Sur (Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela). De acuerdo con el reporte de otra ONG dedicada a la democracia, Idea International, muchos gobiernos han penalizado las informaciones sobre la pandemia que se salen de su línea, arrestando a los periodistas, como Cuba. El régimen de Nicaragua ha ido algo más lejos: despide a los médicos que critican la estrategia oficial.

El Colegio Médico chileno no corre tal riesgo. Presenta sus opiniones desde la perspectiva de la prevención del mal, pero resulta difícil saber si en su definición del mal entra primero el virus o el gobierno. De modo que la propuesta de postergar las elecciones ha derivado hacia una exigencia con ciertos brumosos ribetes políticos. Sin embargo, al proponer que el asunto se discuta con el Congreso y “a puertas abiertas”, demuestra que también comprende que el gobierno no puede afectar un proceso democrático sin tener un consenso político.

Las proyecciones pueden ser temibles, pero los hechos no lo han sido. El plebiscito para aprobar la convención constituyente fue postergado una vez y realizado luego en plena pandemia, sin que hubiese noticia de un serio aumento en los contagios. Mejor aún, Idea International ha clasificado como “caso destacado en prevención y mitigación” las medidas que tomaron las autoridades electorales chilenas en ese plebiscito. El Servel ha sido neutral en el debate, precisamente porque puede hacerse cargo de cualquier opción. No es su eficiencia lo que está en juego.

Postergar las cuatro elecciones tiene toda clase de costos en un año que ya está recargado por los anteriores retrasos. Entre abril y diciembre hay nueve elecciones de autoridades y una que instala la convención constituyente, la que, a su turno, tiene unos plazos que también se verían extendidos. Ahora mismo, prácticamente todos los municipios están descabezados, con sus alcaldes y concejales renunciados -y muchos, en campaña- desde hace ya meses. (En Sri Lanka hubo cinco meses sin Parlamento por una medida similar, para gozo y solaz del gobierno).

Lo más notorio, sin embargo, es que una nueva postergación de las elecciones, aun con las más santas razones del mundo, podría afectar la credibilidad del proceso y deteriorar la voluntad de participar (también puede hacerlo el miedo a la pandemia). En verdad, los únicos políticos a quienes les conviene la postergación son aquellos que se sienten retrasados en la competencia por hacerse visibles. Y esa ya es una motivación non sancta.

Todo el mundo agradece a los médicos su preocupación por la salud, cómo no. Pero cuando la democracia sufre un espasmo, ¿no debería alguien preocuparse también de su salud?

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-la-tos-de-la-democracia/VLYKL4LTZRERLOBNNG25345FSI/

  • 21.8.-Brasil comienza a salir del lawfareEMIR SADER
  • El poder del litio bolivianoHEDELBERTO LÓPEZ
  • Chile: alguien cantó ASCANIO CAVALLO

Con Lula, Brasil se reencuentra consigo mismo, vuelve a darse cuenta de que solo en democracia la mayoría impone su voluntad, que solo en democracia se hacen realidad los intereses del pueblo

Foto: https://lageneracionsiguiente.blogspot.cO

La expresión en inglés lawfare designa la judicializoación de la política, la connivencia entre el Poder Judicial y los medios de comunicación para criminalizar a los líderes de izquierda. Y la nueva estrategia de la derecha -también llamada guerra híbrida- que llegó a Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador.

15/03/2021

Una estrategia que, rompiendo con la democracia, de forma más o menos abierta, permitió la interrupción de los gobiernos democráticos y progresistas en América Latina, y promovió el retorno de la al gobierno de estos países. Un retorno breve, efímero, porque lo que la derecha tiene que ofrecer a los pueblos del continente es ajuste fiscal, menos democracia y renuncia a la soberanía nacional. Por eso volvieron a ser derrotados en Argentina, en Bolivia, están en proceso de ser derrotados también en Ecuador.

Esta estrategia se inició en Brasil con el golpe de Estado contra Dilma, quien destituyó del gobierno a una presidenta recientemente reelegida por el voto democrático del pueblo, pero víctima de un proceso sin fundamento legal, que rompió con la democracia, reinstalado en Brasil solo unos 30 años, luego de una dictadura militar de 21 años.

Una estrategia de lawfare, de judicialización de la política, de guerra híbrida, que tuvo su segundo capítulo en prisión, condena y prohibición de que Lula fuera candidato en las elecciones presidenciales de 2018, cuando ganaría en la primera vuelta, según todas las encuestas.  Y que tuvo en la monstruosa operación mediática -con el consentimiento del Poder Judicial y los medios- para elegir a Bolsonaro como presidente de Brasil, en un proceso absolutamente antidemocrático.

Brasil vive todo el sufrimiento de la ruptura de la democracia, que nunca es buena ni para el pueblo ni para el país. Recesión económica, crisis social, muertes ilimitadas por la pandemia, vacunación lenta, pérdida de la soberanía nacional, el pueblo abandonado, la herida de muerte democrática.

La decisión judicial de restaurar públicamente la inocencia de Lula representa el principio del fin de todo. Los otros países, Argentina, Bolivia, Ecuador, han encontrado la manera de salir de la guerra. Argentina, tras la derrota electoral de 2015 y el aplastante fracaso del gobierno de Mauricio Macri, eligió a Alberto Fernández, quien retoma, a su manera, el camino de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, de antineoliberalismo, democracia, soberanía nacional, de Integración latinoamericana.

En Bolivia, luego del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Evo Morales, el gobierno de restauración neoliberal duró poco. En cuanto se recuperó el derecho democrático a elegir presidente de la república, el candidato vinculó a Evo Morales y al MAS, Luis Arce, como nuevo presidente del país. Ecuador va por el mismo camino, proyectando la elección del candidato vinculado a Rafael Correa, Andrés Arauz, como probable nuevo presidente del país.

Brasil comienza a caminar, a su manera, fuera del lawfare, la judicialización, la guerra híbrida, la ruptura de la democracia, con la restitución de los derechos políticos plenos a Lula. Es un camino largo, todavía lleno de obstáculos, pero que cobra un nuevo impulso con el regreso de Lula a la vida política brasileña.

Su discurso tuvo un eco generalizado en todo el país, inspirando lo que todos sintieron: esperanza. Un país masacrado y desesperado volvió a mirar su presente y su futuro con un nuevo horizonte, representado por Lula. El propio Poder Judicial debe reconocer que todos los cargos en su contra fueron manipulaciones antidemocráticas, llevadas a cabo por jueces al servicio no solo de impedir que Lula vuelva a ser presidente de Brasil, sino de destruir los cimientos de la democracia e incluso de la construcción económica de un país libre y soberano.

Con Lula, Brasil se reencuentra consigo mismo, vuelve a darse cuenta de que solo en democracia la mayoría impone su voluntad, que solo en democracia se hacen realidad los intereses del pueblo. Que sólo en democracia Brasil vuelve a recuperar su imagen de gran país, los brasileños pueden volver a sentirse orgullosos de su país y de ser brasileños.

Es un camino que apenas se comienza a recorrer, pero que ya se refleja en todo el campo político, que comienza a reaccionar a las propuestas de la presencia de Lula, no solo como perspectiva de futuro, sino como referente fundamental de derrotar a Bolsonaro, su gobierno incapaz de llevar al país en la peor crisis de su historia.

Será un largo período de varios meses para un país que llora más de 2.000 muertos cada día, que sufre de hambre y desamparo todos los días, que se siente impotente y desanimado. La esperanza nuevamente es vencer el miedo, la miseria, el autoritarismo, la arbitrariedad, la falta de justicia y la solidaridad. Lula representa todo eso. Así, Brasil comienza a salir de la guerra de la ley para volver a la democracia y a un gobierno legítimo elegido por el pueblo brasileño.

– Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).

Foto: https://lageneracionsiguiente.blogspot.co

21.8.-El poder del litio bolivianoHEDELBERTO LÓPEZ

Fuentes: Rebelión

Los enormes yacimientos de litio boliviano constituyen dos vertientes opuestas: una bendición para profundizar el desarrollo económico futuro del país, o una constante amenaza debido a la ambición de compañías transnacionales y gobiernos imperiales por tratar de controlar esos recursos.

15 mar 2021.- El expresidente Evo Morales Aima ha denunciado en repetidas ocasiones que su gobierno fue víctima de un “golpe de Estado del litio” cuando fuerzas de la oligarquía derechista, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Estados Unidos lo sacaron del poder en noviembre de 2019.

Un año antes de esos sucesos, en octubre de 2018, Morales había firmado un convenio con la empresa alemana ACI Systems para la explotación del salar de Uyuni, pero la oligarquía criolla, encabezada por el expresidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari, inició una virulenta campaña desinformativa al catalogar el convenio como “entreguista”.

La desinformación engañó a parte de la población que comenzó protestas bajo la dirección de elementos de la derecha respaldada por militares afines y por la OEA que alegó fraude en las elecciones de noviembre de 2019.

Aunque Evo anuló el acuerdo con ACI Systems, el golpe de Estado quedó consumado una semana después de los comicios.

En el denominado Golpe del Litio actuaron influyentes transnacionales y hasta el segundo hombre más rico del mundo, Elon Musk, propietario de las compañías SpaceX y Tesla (autos y equipos eléctricos). Este multimillonario estadounidense al ser consultado en twitter por un internauta sobre si tenía algo que ver con los sucesos de Bolivia declaró que no le molestaba derrocar a quien sea, con tal de alcanzar sus objetivos empresariales.

Tras las altisonantes declaraciones de Musk, Morales declaró que el principal móvil del Golpe fue haber dejado fuera a Estados Unidos del proyecto de industrialización del litio que se llevaba a cabo en el país en conjunto con Alemania y China.

Con la empresa Xinjiang Tbea Group-Baocheng se habían rubricado acuerdos por alrededor de 2 000 millones de dólares para edificar ocho usinas, cuatro en el salar de Uyuni y cuatro en los salares de Coipasa y Pastos Grandes, pero quedaron inconcluso por la imposición del régimen de facto de Jeanine Añez y los desastrosos efectos de la pandemia de Covid-19.

Recientemente se anunció que el presidente Luís Arce reflotará el plan para convertir el salar de Uyuni en la capital mundial del litio, cuyas reservas son las mayores del orbe. Hasta el 2030 se prevén instalar 41 plantas de procesamiento en los departamentos de Potosí y de Oruro.

En declaraciones a la prensa, el nuevo presidente ejecutivo de la Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Marcelo González señaló que el país tiene el inmenso desafío de reactivar esa industria tras un año de semi paralización que impidió la comercialización a gran escala del producto.

González aseguró que cuentan con recursos humanos calificados para entrar a la etapa de industrialización y entre las principales acciones está la construcción de otras plantas industriales como las de ión litio y cátodos en los departamentos de Oruro y Potosí.

Actualmente, Bolivia puede producir 12 000 toneladas de carbonato de litio al año y en la planta de Uyuni se procesan entre 700 y 1 000 toneladas mensuales de ese producto.

Asimismo, en la Planta Piloto de Baterías se construyen las 5V, similares a las utilizadas por los teléfonos móviles pero aún el país no logra satisfacer la alta demanda externa, por lo cual se busca la asociación con otra nación que colabore con transferencia tecnológica.

Para González resulta importante que se complete la cadena del litio dentro de Bolivia, es decir, se extraiga la materia prima y se procese para darle valor agregado. Argumentó que hasta ahora han cerrado la cadena del litio a nivel de laboratorios y pilotaje con la planta de materiales catódicos así como la de baterías que está produciendo para la venta en el mercado interno, y se realizan gestiones con la empresa de autos eléctricos Quantum, con sede en Cochabamba para proveerles acumuladores.

Bolivia posee 21 millones de toneladas de litio, mineral muy preciado por gobiernos desarrollados y compañías trasnacionales por su utilización en laptops, celulares, tabletas, otros equipos móviles y acumuladores para vehículos, por lo que han denominado a ese mineral como el “Oro blanco”.

Expertos indican que con la continuación del desarrollo de las baterías con base a sales de ión litio, ese producto movería unos 46 000 millones de dólares en 2022 y 220 000 millones de dólares en diez años.

Esas baterías pueden acumular en los aparatos móviles gran energía con mínimo peso y espacio para las personas y en los autos eléctricos son capaces de mantener un máximo de 3 000 ciclos de carga y descarga sin perder las propiedades de almacenaje y voltaje.

Un estudio del Servicio Geólico de Estados Unidos (USGS) estima que el 60 % del “oro blanco” mundial se haya en Argentina, Chile y Bolivia por lo que esas naciones están destinadas a impulsar su desarrollo económico en los próximos años.

Pero Argentina y Chile tienen la desventaja de que su explotación está en manos de empresas transnacionales que dejan pocas remuneraciones monetarias, mientras en Bolivia está controlada por el Estado, que según lo establecido, el 51 % de las ganancias permanecerá en el país.

Si el nuevo gobierno encamina al país por la senda política-económico-social que logró llevarlo el expresidente Evo Morales, los enormes yacimientos de litio que posee Bolivia pueden acabar de revertir la historia de pobreza de esta nación, aunque siempre debe estar alerta con las artimañas de la oligarquía criolla y de las compañías estadounidenses interesadas en hacerse del control del “oro blanco”.

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

https://rebelion.org/el-poder-del-litio-boliviano/

21.8.-Chile: alguien cantó ASCANIO CAVALLO

Antes de que pasaran 24 horas del anuncio de Boric, Jadue emplazó a los demás candidatos opositores a arrepentirse por haber participado en gobiernos neoliberales, es decir, a todos los de los últimos 30 años

El proceloso remolino de la izquierda chilena no cesa de acelerarse. A ratos pareciera que se puede detener, en aras de la prudencia o la conveniencia, pero rápidamente adquiere nueva velocidad. De paso, también se va desnudando. Veamos.

20 mar 2021.- Esta semana, después de las cavilaciones y negociaciones enrevesadas que son de estilo, entró a la liza presidencial Gabriel Boric, en nombre del Frente Amplio. Boric es, más allá de los juicios de ocasión, la figura de mayor densidad intelectual del Frente Amplio, con mayor inquietud y espíritu crítico y, acaso por lo mismo, con menor capacidad de adaptación a los vaivenes de su sector. Por eso ha tenido que romper con un partido y formar otro antes de que su coalición cumpla cuatro años. En fin: las interpretaciones posibles son muchas y no es bueno confundir la psicología con la política. Taxativamente se define de izquierda y participa sin sombra de duda de la oposición.

El hecho es que Boric entró a una cancha que ya está bastante poblada. Ayuda memoria: por la actual Unidad Constituyente (ex Concertación) compiten Ximena Rincón (PDC), Heraldo Muñoz (PPD), Paula Narváez (PS) y Carlos Maldonado (PR); por la alianza de izquierda están Daniel Jadue (PC), Marcelo Díaz (Unir) y Jaime Mulet (FRSV); todavía sin definición permanecen Marco Enríquez-Ominami (PRO) y Pamela Jiles (PH). Nueve antes de Boric. Ahora 10.

La entrada de Boric podría haberlo instalado como un gozne entre los diversos enfoques opositores, dado que su postura insistente ha sido la de propiciar la unidad de la oposición, lo que no es tan fácil de hacer si antes se ha sido oposición de los mismos que ahora también están en la oposición. Claro, es verdad que todos dicen lo mismo, aunque casi todos piensan, sin decirlo, que esa unidad sólo es viable si los demás se allanan a aceptar el liderazgo y el programa de uno, por no decir cosas más grandes, como el manejo del Estado o el modelo de sociedad.

Quien sí lo dice, y con bastante claridad, es el alcalde Jadue, que ha sido igualmente insistente en exigir definiciones de izquierda verdaderas, es decir, tal como él las entiende. Antes de que pasaran 24 horas del anuncio de Boric, Jadue emplazó a los demás candidatos opositores a arrepentirse por haber participado en gobiernos neoliberales, es decir, a todos los de los últimos 30 años. Detrás de esto está su interpretación del 18-O: que fue una disrupción en contra del curso que ha llevado el país desde 1990 (y quizás, si lo apuran, desde 1973). La izquierda verdadera debería concordar con el eslogan: “No son 30 pesos, son 30 años”.

Desde luego, Jadue no ignora que cinco de los otros precandidatos opositores fueron ministros de esos gobiernos y uno, jefe de campaña de una candidata. El arrepentimiento que solicita es, necesariamente, la aceptación de una hegemonía, que no puede ser otra que la que el mismo Jadue representa. Por supuesto, es un planteamiento para polarizar, una manera de separarse tajantemente de la llamada “centroizquierda” y, más sutilmente, de la propia conducción del PC y del sector del partido al que reiteradamente ha acusado de “conservador”.

Diríase, en breve: una provocación. Por si alguien canta.

Y, en efecto, sorpresivamente, alguien ha cantado: nada menos que Paula Narváez, que después de declarar su desacuerdo, como si le doliera, se lanzó en un denodado y algo retortijado esfuerzo por aclarar que el gobierno de la Nueva Mayoría -donde ella fue ministra- sí fue distinto al resto, un gobierno donde participó el tipo de PC que a Jadue le disgusta, un gobierno presidido por una persona que era la misma, pero no era la misma que presidió un gobierno anterior. De Michelle Bachelet 1, entonces, habría que arrepentirse, pero a Michelle Bachelet 2 es preciso exceptuarla. Es una manera bastante rara de contarse la historia.

Para contarla completa sería necesario decir que entre el 2006 y el 2010 en verdad no gobernó Michelle Bachelet, sino otra fuerza. En algunos círculos de la izquierda nueva mayorista esa fuerza tiene el nombre de una persona -Andrés Velasco-, un grupo -Expansiva- o un ideario político -el neoliberalismo, el concepto más vago y la palabra más arrojadiza en la política del siglo XXI.

Pero esto no pasa de ser una interpretación fantásticamente excesiva: es útil recordar que Michelle Bachelet terminó ese gobierno con una aprobación por las nubes, cosa que no ocurrió en el segundo. ¿Cómo saldrá Narváez de esa ciénaga?

Tal como están planteadas las cosas, parece posible que varios de los precandidatos caigan en este tipo de cazabobos incluso antes de llegar a elecciones primarias. Pero, intelectualmente hablando, su esfuerzo representa a esa parte del PS (y también del PPD) que ya no soporta participar en algo que se llame centroizquierda. Ignacio Walker ha recordado en uno de sus libros que Osvaldo Andrade prefería sustituir la descripción de la coalición por la de “el centro y la izquierda”, y hay otros socialistas que cuando el partido se ha movido un poco hacia el centro han denunciado su “pepedeización”. Peor será ahora, que es justamente el PPD el que se resiste a una operación anticentroizquierdista, como son las preprimarias, que a todas luces tienen por objeto único impedir que la nominación la obtenga Ximena Rincón.

¿Significa esto que está amenazada la integridad del PS? Por cierto. Y también la del PPD e incluso de la DC. Si estuvieran más robustos, ya se habrían dividido.

Pero todos ellos, socialistas blandos y duros, pepedés guatones o chascones, decés aylwinistas, zaldivaristas, chahinistas o rinconistas, todos ellos, sin excepción relevante, caerían dentro del estado de pecado político del que Jadue invita a arrepentirse.

De modo que el papel que podría haber desempeñado Boric, el de articulador de la unidad de la oposición, ha quedado perforado a la entrada. Desde luego que eso no mata su candidatura; quizás, al revés, la fortalece. Es su identidad propia, como se dice cuando las cosas no salen bien.

Claro que ese camino es diferente. Lo cual conduce a la conclusión siguiente, que es que Jadue tiene razón: no hay unidad sin una hegemonía. Aceptada, concordada, impuesta o rendida, cualquiera sea la fórmula, la hegemonía reconoce la fuerza directriz y el ritmo que seguirá una coalición política. Sin hegemonía no hay candidatura ni programa. Pero en democracia, la hegemonía no se gana con declaraciones, sino con votos.

Y con esto se vuelve al origen del desorden actual: la hegemonía, que algunos suponen que existe en el imaginario social, a partir de sus propias interpretaciones del 18-O, ninguna de las cuales ha sido confirmada, sólo empezará a ponerse a prueba en las elecciones de alcaldes y gobernadores. Recién en ese momento se puede tener una idea de quiénes se han de arrepentir. Y para qué.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-alguien-canto/PVOS7VM5WJGUDNJJ3TSOVGDHQI/

  • 21.7.-Ecuador: finalistas Arauz y Lasso promueven modelos económicos diametralmente opuestos – ISAÍAS CAMPAÑA
  • Solicitan en Perú prisión preventiva contra expdte. Vizcarra 
  • Honduras: Las falacias de un narco estado ante el soplido del imperio CARLOS M. LICONA
  • Los ocho objetivos ASCANIO CAVALLO 
  • Denuncian en Argentina a Mauricio Macri por préstamo del FMI

Arauz es partidario de una activa participación del Estado en la economía, mientras que Lasso promueve un Estado subsidiario, limitado a dotar servicios básicos de educación, salud y vivienda a los pobres que realmente necesitan.

Foto: https://www.telam.com.ar

Ambiente económico y social de las elecciones 

Durante los últimos seis años, la economía nacional registró un estancamiento crónico y la pandemia del COVI-19 en 2020 causó la reclusión de la población y la suspensión de las actividades productivas que lo llevó al filo de precipicio. En 2019, el Producto Interno Bruto ((PIB), en valores corrientes, se ubicó en 108.108 millones y en 2020 se desplomó a USD 96.677 millones, que en valores constantes representa una contracción de 8,9% (BCE, 2021). Hecho inédito en la historia económica del país.

11 mar 2021.- El Primer Mandatario, en los primeros meses de su gestión, dejando atrás el Programa de Gobierno que lo llevó a Carondelet, entregó la conducción de la política económica, financiera y comercial a connotados empresarios, quienes promovieron como objetivo nacional “el sector privado motor de la economía”.

En un acto ampliamente publicitado en los principales medios de comunicación, el 15 de junio de 2018, en la ciudad de Guayaquil, los empresarios de siete sectores productivos y el “Gobierno de todos” firmaron un convenio de inversión por USD 9.435 millones que debían desembolsar en un plazo de 48 meses (El Comercio, 2018). Sin embargo, hasta el día de hoy, no hay evidencias que lo hayan cumplido; por el contrario, en este periodo, hubo una permanente sequía de inversiones, nacionales y extranjeras.

El deterioro de la economía y la invasión de la pandemia provocaron al crecimiento exponencial del desempleo y subempleo. Entre mayo y junio de 2020, que son los datos más realistas, más de un millón de personas estaban desempleadas y 5,3 millones de ciudadanos se ubicaban en el nivel del subempleo, equivalentes al 13,3% y 70% de la Población Económicamente Activa (PEA), respectivamente (INEC, 2021).

El desplome del mercado laboral causó el aumentó dramático del número de personas en condiciones de pobreza y extrema pobreza. A diciembre de 2020, la pobreza aumentó en 7 puntos porcentuales en comparación al mismo mes de 2019, ubicándose en 32,4%, en el área urbana 25,1%, y en la rural 47,9%. Lo propio en la pobreza extrema que aumentó en 5 puntos porcentuales con un 14,9% en 2020, a nivel urbano 9,0% y rural 27,5% (INEC, 2021).

Las instituciones públicas tienen bajos niveles de calificación referente a la gestión de las autoridades. En el contexto de América Latina, el presidente Lenin Moreno registra una de las más bajas calificaciones respecto a su gestión por parte de la población, 90,8% califica como mala; con la misma calificación, la Asamblea Nacional, 90,6% y administración de justicia, 82,4% (Market, 2021).

En medio de este ambiente de pesimismo y resignación, más de 13 millones de ciudadanos estaban habilitados para elegir presidente y vicepresidente, 15 asambleístas nacionales, 116 provinciales y 6 del exterior, así como 5 parlamentarios andinos.

El organismo electoral aprobó la participación de 16 binomios que aspiraban llegar a Carondelet. La mayoría desconocidos para la población, otros ni siquiera habían pagado impuestos, a un candidato, el movimiento que auspiciaba le retiró el apoyo porque el programa de gobierno había sido copiado de Wikipedia, luego la postulante a la vicepresidencia renunció. Entre los candidatos que aspiraban ocupar una curul en la Asamblea Nacional, había un candidato acusado por la fiscalía de “asociación ilícita”, llevaba grillete electrónico en el tobillo.

El 7 de febrero se realizaron las elecciones generales 2021 que se efectuó sin mayores novedades. A pesar del ambiente de temor a contagiarse por la pandemia, la población salió masivamente a ejercer su derecho al voto, directo y secreto.

Algunos politólogos consideran que la realización de procesos electorales y el sistema electoral en su conjunto determinan la calidad de la democracia. Esta corriente tiene un concepto limitado de democracia. Si el sistema electoral tiene deficiencias para aprobar movimientos o partidos políticos, permite la inscripción de candidatos inmersos en procesos judiciales, no puede hablarse de un sistema democrático pleno.

Una sociedad que registra altos niveles de desempleo y subempleo, pobreza y extrema pobreza, con grupos económicos que pueden influir en los resultados electorales, en estas condiciones se considera una democracia limitada, restringida. La democracia es un concepto mucho más amplio, a más del sistema electoral, incluye derechos humanos, componentes económicos y sociales, transparencia y legitimidad.

Resultados de las elecciones presidenciales

Según datos reportados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), de un total de más de 10,6 millones de sufragantes, el candidato de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, ocupó el primer lugar con más de 3 millones de votos, equivalente al 32,72%, a continuación, con una diferencia de más de 12 puntos, Guillermo Lasso del movimiento Creando Oportunidades (CREO) en alianza con el Partido Social Cristino (PSC), obtuvo más de 1,8 millones de votos, 19,74%, y en tercer lugar, se situó Yaku Pérez, del movimiento Pachakutik que consiguió más de 1,7 millones, 19,39%, datos que corresponden al 100% de las actas procesadas (CNE, 2021).

No obstante, dirigentes del movimiento Pachakutik solicitaron al CNE el recuento de los votos de más de 20.000 actas porque se sentían perjudicados para llegar a la segunda vuelta, pero el pleno del organismo electoral resolvió únicamente revisar 31 actas. Luego de recuento, Yaku Pérez obtuvo 612 votos adicionales que evidenciarían ciertas irregularidades.

El triunfo de Arauz se puede atribuir al hecho de que la fuerza política del ex presidente Rafael Correa, mantiene un voto duro, en base al apoyo de un importante segmento de la población que incluye sectores populares, profesionales, intelectuales y grupos de empresarios.

En las administraciones del gobierno de la “revolución ciudadana» se registró una intensa participación del Estado en la economía, a través de importantes inversiones en obras de infraestructura, tales como centrales hidroeléctricas, aeropuertos, ampliación y construcción de nuevas carreteras, edificaciones de instituciones educativas y proyectos multipropósitos.

Se incorporó masivamente a decenas de miles de personas al sector público y se incrementó sustancialmente los sueldos de servidores del Estado y las pensiones de jubilados. La participación del Estado en la economía se vio facilitada por los altos precios del petróleo en los mercados internacionales.

El Plan de Gobierno del binomio Arauz-Rabascall para el periodo 2021-2025 presentado al CNE el 2 de octubre de 2020, manifiesta: “Las estrategias, los lineamientos, las metas y la profundización programática de nuestro plan de gobierno serán construidos de forma participativa, descentralizada y democrática hasta la fecha de nuestra posición” (Arauz, 2020).

El Plan de Gobierno del binomio Unión por la Esperanza propone 11 objetivos específicos, para alcanzarlos se plantea 390 propuestas y estrategias que incluyen realizar una auditoría integral de la deuda pública interna y externa; establecer un sistema masivo de créditos, a tasas bajas para desendeudar a las familias; luchar contra la corrupción fiscal y la evasión; apoyar a la economía, dando prioridad al sector social y solidario, créditos sin interés; reformar a profundidad el IESS, en favor de los afiliados, cumplir con el aporte estatal, así como convocar a una asamblea constituyente.

En la misma línea, se propone reivindicar la prohibición constitucional de privatizar bienes públicos y de los sectores estratégicos del Estado, activos y empresas públicas; disminución de manera generalizada de tasas de interés activas; establecer un impuesto más alto sobre las ganancias de las empresas que hayan acumulado rentas monopólicas u oligopólicas; retomar la integración regional, particularmente la UNASUR y CELAC; rechazar los Tratados de Libre Comercio y Tratados Bilaterales de Inversión convencionales; avanzar en el cambio de la matriz energética y productiva, entre otras (Ibídem). Las medidas apuntan a retornar el modelo económico orientado a darle un mayor peso al Estado en la economía.

Arauz tiene una ventaja de más de 12 puntos sobre su inmediato seguidor, Guillermo Lasso, para llegar al Palacio de Carondelet, a más de lo que alcanzó en la primera votación, necesitaría conseguir el apoyo de más del 18% de los votos de los candidatos que quedaron eliminados.

Lenin Moreno en la primera vuelta electoral, de la mano del ex presidente Rafael Correa, obtuvo más de 3,7 millones de votos, que representa el 39,36%, pero una vez que se posesionó como presidente de la República, se desmarcó de su mentor y se produjo la incisión del movimiento de Alianza País. No obstante, Arauz consiguió más del 32% de los votos válidos.

El Plan de Gobierno del binomio Guillermo Lasso-Alfredo Borrero de la alianza del movimiento CREO-Partido Social Cristiano (PSC) promueve un modelo de economía de “libre mercado”, orientado a reducir a un rol subsidiario del Estado en la economía y a erigir al sector privado como el “motor de la economía”. En esta línea, se pretende promover la liberalización económica, financiera y comercial y la flexibilización laboral. Se afirma que “Un estado mínimo y robusto es lo ideal, ocupado de garantizar el acceso a servicios básicos como educación, salud y vivienda a los realmente pobres.”

El Plan de Gobierno de la alianza CREO-PSC titulado “Por un Ecuador Justo, Prospero y Solidario”, en el ámbito económico, tiene como misión: “Promover una economía de libre mercado y abierta al mundo, fiscalmente responsable para lograr un crecimiento sostenible y generar empleo, como la mejor forma de crear oportunidades para todos”.

El Plan de Gobierno, en el ámbito de la seguridad social, pretende implementar nuevos sistemas de salud y pensiones, mediante reformas normativas para que tanto el sistema de reparto como el de ahorro privado sean factibles y estén a elección de todos los ecuatorianos. Por tanto, se tiene la firme decisión de desmonopolizar la seguridad social.

En el eje económico, se propone como objetivo generar al menos un millón de empleos productivos; una política de estado en el campo comercial que tenga como fin el libre comercio con la mayor cantidad de países; convertir al país en un imán para las inversiones, a través de fortalecer la seguridad jurídica, mejorar el entorno regulatorio; simplificar los procesos legales y tributarios que tienen que cumplir los empresarios de todo tamaño y procedencia, eliminar el impuesto a la salida de divisas (ISD) que desincentiva el ingreso de nuevas inversiones; impulsar el mercado de valores a través de la creación de una institución reguladora similar a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (Lasso, 2020).

En la misma dirección, se pretende convertir a Ecuador en un centro financiero mundial, mediante el arribo de la banca internacional, lo que traerá el ahorro externo del resto del mundo; un programa de crédito de USD 1.000 millones para financiar a los agricultores al 1% de interés y a un plazo de 30 años; remover a la burocracia improductiva, a través de un reordenamiento del sector público; lucha frontal contra la corrupción, teniendo como eje central la adopción de medidas radicales que integren todas las instituciones del Estado (Ibídem).

La política económica que pretende ejecutar el candidato Lasso representa la continuación de la política de austeridad fiscal que diseñaron las élites empresariales en el gobierno de Lenin Moreno que llevó al sistemático deterioro de la economía y al lacerante crecimiento del desempleo, informalidad y pobreza.

El binomio Lasso-Borrero para ganar el balotaje en abril necesitaría conseguir, a más de lo que obtuvo en la primera vuelta, el apoyo superior al 30% del electorado que votaron por otras organizaciones políticas, conquistar ese apoyo se vuelve cuesta arriba.

En 2017, en la primera vuelta, Lasso en alianza CREO-SUMA consiguió un poco más de 2,6 millones de votos, equivalente al 28,09%, pero en febrero de 2021, en alianza con el PSC, obtuvo un poco más de 1,8 millones de votos, que representa el 19,74%, esto es, registró un descenso de más de 8 puntos. El partido Social Cristiano no le aportó mayormente a Lasso en sus plazas fuertes como en la provincia del Guayas.

Elección de asambleístas nacionales

El 3 de febrero de 2020, se publicó en el Registro Oficial un conjunto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas que incluyen nuevas disposiciones para el gasto electoral, el establecimiento de listas cerradas y bloqueadas que faculta el voto en “plancha”, el método de asignación de escaños se sustituyó del de D´ Hont al de Webster que permite a las minorías tener representación en la Asamblea Nacional.

Antes de las reformas estaba vigente el método de D´ Hont que daba una mayor representación a las organizaciones políticas que conseguían la mayor votación para la Asamblea Nacional. Se consideraba que evitaba el fraccionamiento en la Función Legislativa, facilitaba la aprobación de leyes remitidas por el Ejecutivo y generaba una mayor gobernabilidad. Sin embargo, en la práctica, produjo una concentración de poderes que impidió que la Asamblea pueda desempeñar una de sus funciones fundamentales como es la fiscalización.

Los candidatos a la presidencia de la República que obtienen mayor votación generalmente generan el efecto arrastre, es decir, candidatos a la Asamblea -nacionales, provinciales y del exterior-, por lo general, alcanzan las mayores votaciones.

Los candidatos de la Unión por la Esperanza consiguen cerca de 2,6 millones de votos, que representa el 32,21%. Según María Sol Borja, conseguirían 5 asambleístas nacionales, encabezada por Pierina Correa, hermana del ex presidente, seguido de Ricardo Hulcuango, lo que constituye la primera fuerza política de la Asamblea Nacional, aunque no logra la mayoría absoluta (Borja, 2021).

Fuerza Compromiso Social considerada políticamente como “progresista” para alcanzar dignidades en la Función Legislativa, aprobar proyectos de ley, adoptar resoluciones, tendría que llegar a acuerdos con otras organizaciones políticas. Una de las organizaciones más afines podría ser Pachakutik, pero por los acontecimientos registrados en las administraciones del ex presidente Correa se dificultaría alcanzarla.

Los candidatos de Pachakutik a la Asamblea obtuvieron alrededor de 1,3 millones de votos, equivalente al 16,81%, alcanzarían 3 asambleístas nacionales, liderado por Salvador Chishpe. La votación lograda fue la mayor sorpresa en las elecciones generales de febrero, hecho inédito en la historia del movimiento indígena, con lo cual se erigen en la segunda fuerza política a nivel nacional.

Los candidatos de la Izquierda Democrática (ID) superaron los 961 mil votos, que representa el 11,98%, obtendrían 2 asambleístas, liderada por Wilma Andrade que consigue la reelección. La votación lograda por la ID fue otra de las sorpresas en las elecciones generales, evidencia el resurgimiento del partido socialdemócrata otrora la mayor fuerza política del país, se constituye en la tercera organización política con mayor representación (Ibídem).

La alianza de corte liberal CREO-PSC para las elecciones a la Asamblea Nacional, cada organización presentó sus respectivos candidatos. El PSC consiguió más de 780 mil votos, equivalente al 9,73%, lograría 2 asambleístas nacionales, liderado por Henry Kronfle, por lo cual se constituye en la cuarta fuerza política.

El movimiento CREO logró alrededor de 774 mil votos, equivalente al 9,65%, obtendría 2 asambleístas nacionales, encabezado César Monge. En 2017, el movimiento consiguió 3 asambleístas nacionales.

La alianza liberal PSC-CREO, que en conjunto alcanzaría 32 asambleístas, seguramente se mantendrá, para conseguir dignidades en la Asamblea Nacional, aprobar proyectos de ley y fiscalizar, tendría que realizar alianzas con otras organizaciones políticas afines.

Elección de asambleístas provinciales y del exterior

En la elección de asambleístas provinciales también influye el efecto arrastre de los candidatos a la presidencia de la república, aunque es matizado por organizaciones regionales y locales. En no pocos casos, las organizaciones políticas nacionales se ven obligadas a realizar alianzas con movimientos locales para conquistar un mayor electorado.

La alianza Fuerza Compromiso Social-Centro Democrático de Jimmy Jairala denominada “Unión por la Esperanza” conseguiría 40 asambleístas provinciales, de los cuales 9 en la provincia del Guayas, 6 en Manabí, 4 en Pichincha. Además, serían electos 4 asambleístas del exterior (Borja, 2021). El mayor número de asambleístas alcanzado podría atribuirse al desastre de la política económica del “gobierno de todos”, similar al ocurrido en Argentina en la administración del empresario Mauricio Macri.

El Movimiento Pachakutik obtendría 23 asambleístas provinciales, de ellos 3 en Pichincha y 2 en cada provincia que corresponde Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Morona Santiago, así como un asambleísta del exterior de la circunscripción de Estados Unidos y Canadá. Es el mayor número de asambleístas alcanzado por el movimiento indígena desde su conformación en organización política que representa a sectores que tradicionalmente han sido excluidos de las políticas públicas.

El PSC obtendría 17 asambleístas provinciales, que incluyen 6 en Guayas. CREO alcanzaría 9 asambleístas, entre los cuales 3 en Pichincha, 2 en Guayas y uno en la circunscripción de América Latina, El Caribe y África; muy por debajo de los 29 asambleístas provinciales y 2 del exterior que obtuvo en las elecciones de 2017. La alianza PSC-CREO tendría 32 asambleístas provinciales y uno del exterior (Ibídem).

La Izquierda Democrática (ID) conseguiría 16 asambleístas provinciales, de ellos 5 en Pichincha y 2 en Guayas, lo que significa el resurgimiento de la socialdemocracia.

La baja aceptación de la población hacia los partidos y movimientos políticos, la facilidad para constituir organizaciones y la flexibilidad que ha caracterizado a la Función Electoral, han determinado el florecimiento de agrupaciones provinciales, cantonales y parroquiales. Hasta el 20 de abril de 2020, el CNE aprobó 72 organizaciones políticas provinciales, 167 cantonales y 20 parroquiales que suman 259 movimientos (CNE, 2020).

Los movimientos políticos provinciales, cantonales y parroquiales no tienen una ideología bien definida, les mueve más las reivindicaciones e intereses económicos. Los candidatos que son electos a la Asamblea Nacional por lo general conforman bloques “independientes” que usualmente se alinean con el oficialismo a cambio de pequeñas cuotas de poder.

La motivación económica ha derivado en casos como el del Bloque de Acción Democrática Independiente “BADI”, liderados por el asambleísta de la provincia de Manabí, sentenciado a 4 años y 2 meses de prisión por “autor de delito de delincuencia organizada” y el asambleísta de la provincia de Sucumbíos que hasta la fecha se encuentra prófugo de la justicia.

Según los datos oficiales, podrían ser electos unos 6 asambleístas auspiciados por movimientos locales. En los partidos políticos también se dan casos que por intereses económicos derivan en los llamados “camisetazos” que terminan adhiriéndose con el oficialismo.

Conclusiones

En el proceso electoral de febrero se evidenció la fragilidad institucionalidad de los organismos de la Función Electoral que aprobaron candidaturas respaldadas por movimientos políticos cuestionados por el organismo de control del Estado.

Una vez que se conocieron los resultados preliminares de las elecciones generales, el candidato de Pachakutik, que se siente perjudicado, solicitó la intervención de la Contraloría General del Estado y la Fiscalía, cuyas autoridades, a su vez, solicitaron a los consejeros del CNE autorización para realizar una auditoría y peritaje del sistema informático, hechos podrían debilitar la confianza y la legitimidad del proceso electoral.

En este ambiente, el 11 de abril se prevé realizar el balotaje entre los candidatos que alcanzaron la mayor votación, Andrés Arauz y Guillermo Lasso, quienes en sus planes de gobierno proponen modelos económicos diametralmente opuestos. Arauz es partidario del retorno de la política económica orientada a una activa participación del Estado en la economía, mientras que Lasso promueve un Estado subsidiario, limitado a dotar servicios básicos de educación, salud y vivienda a los pobres que realmente necesitan.

El candidato Arauz tiene mayores posibilidades de alzarse con el triunfo ya que deberá conquistar un poco más del 18% de los votos adicionales de la primera vuelta, aunque podría pesar los polémicos procesos judiciales seguidos a altos funcionarios de las administraciones del gobierno que lideró el ex presidente Rafael Correa. Sin embargo, es posible que se reedite algo análogo a lo que sucedió en las últimas elecciones en la República de Argentina, donde se alzó con el triunfo el binomio Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Lasso, en su tercer intento de llegar a Carondelet, debería conseguir más del 30% adicional de los votos de la primera vuelta, lo que es mucho más complicado. Un hecho que le podría dificultar es que representa el continuismo de la política económica del “Gobierno de todos” que derivó en el mayor desastre económico del país. Sin embargo, en la política como en el futbol no hay lógica, cualquier cosa podría suceder.

https://www.alainet.org/es/articulo/211329

21.7.-Solicitan en Perú prisión preventiva contra expdte. Vizcarra 

Martín Vizcarra podría integrar la lista de expresidentes peruanos que están en prisión por corrupción. | Foto: Twitter: Martín Vizcarra 

La fiscalía anticorrupción solicitó la prisión por los cargos relacionados con contratos de cuando era gobernador.

Un fiscal anticorrupción de Perú, Germán Juárez, integrante del equipo especial que investiga la saga local del megacaso «Lava Jato», presentó este viernes una solicitud de prisión preventiva en contra del expresidente y candidato al Congreso, Martín Vizcarra.

13 mar 2021.- La información fue confirmada por el diario peruano El Comercio, el cual detalla que la petición contra el exmandatario sería por año y medio (18 meses).

El fiscal es el encargado del equipo del Ministerio Público que indaga la corrupción vinculada a compañías constructoras, en este caso, Obrainsa e ICCGSA, cuyos ejecutivos confesaron los sobornos.

La solicitud fue presentada a la jueza María Álvarez, quien convocará a una audiencia para escuchar los fundamentos del fiscal y de la defensa de Vizcarra, antes de decidir si envía o no a prisión al exmandatario (2018-2020), quien llegó a la presidencia tras la dimisión Pedro Pablo Kuczynski, también vinculado a la trama de corrupción del caso Lava Jato.

De acuerdo a la versión el fiscal Juárez, Vizcarra habría incurrido en presuntos delitos de cohecho y otros cuando era gobernador de Moquegua (2011-2014) al recibir, de acuerdo al testimonio de los empresarios, el equivalente de 270.000 dólares del consorcio Obrainsa-Astaldi, por el contrato de construcción de un proyecto de riego.

Además, se le imputa por el supuesto cobro de un soborno por el equivalente de unos 351.000 dólares por el contrato para la edificación de un hospital.

Las acusaciones condujeron a que Vizcarra fuese destituido en noviembre de 2020 por incapacidad moral permanente.

En esa oportunidad, lo reemplazó el conservador Manuel Merino, quien unos días después renunció ante el repudio general y una ola de protestas, y fue sustituido por el entonces presidente del congreso y actual mandatario, Francisco Sagasti.

Si la jueza Álvarez aprueba finalmente el pedido del fiscal Juárez, el exgobernante se sumará a la lista de expresidentes peruanos encarcelados por delitos vinculados a casos de corrupción.

En la lista aparecen los exmandatarios Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por asesinato, crimen contra la humanidad, cohecho, secuestro y desfalco; Alejandro Toledo (2001-2006), vinculado a corrupción, blanqueo de capitales y malversación, actualmente prófugo y en proceso de extradición desde Estados Unidos; Ollanta Humala (2006-2011), quien estuvo en prisión preventiva y está a la espera de ser juzgado.

También está el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció por un escándalo de corrupción y ahora es investigado y permanece en detención domiciliaria.

Además, se une al listado Keiko Fujimori, hija del expresidente condenado, quien ha sido en repetidas ocasiones candidata a la presidencia, y actualmente tiene en su contra un juicio por corrupción en el que la Fiscalía pide 30 años y 10 meses de cárcel para ella y un grupo de allegados políticos.

https://www.telesurtv.net/news/peru-vizcarra-corrupcion-20210313-0008.html?utm_source=planisys&utm_medium=New

21.7.-Honduras: Las falacias de un narco estado ante el soplido del imperio CARLOS M. LICONA  

El viejo cliché de que “si el imperio estornuda a Honduras le pega gripe”, hoy más que nunca se hace realidad a raíz de los acontecimientos de las últimas semanas. Nadie duda de que el imperio estadounidense es el principal responsable de que en este país se instauró un narco estado, los mismos fiscales gringos lo han evidenciado con los juicios que no paran en el Distrito Sur de New York. Joe Biden y su séquito no se pueden lavar las manos a lo Poncio Piloto, ellos gobernaban en el imperio cuando el golpe de estado del 2009 y entregaron el país a los narcotraficantes, ya en ese tiempo Tony Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández, traficaba drogas hacia el norte.

14 mar 2021.- Por primera vez en el mundo un grupo de narcotraficantes recibió en bandeja de plata todo un país. Los gringos y la comunidad europea habían realizado su grandioso experimento geopolítico de inicios del siglo XXI en este desgraciado pueblo, más pareciera que pagamos una maldición a la valentía de haber luchado contra el golpe de estado. Al parecer, la factura que nos han cobrado por tan heroica lucha ha sido descomunal; seguimos sufriendo con esta impagable deuda que solo un pueblo en las calles puede revertir.

¿Qué pretende el nuevo gobierno de Biden?

Desde hace algunos años se llevan varios juicios en el Distrito Sur de New York, en el mismo, son varias las personas enjuiciadas y que estuvieron ligadas al Clan Hernández, sin embargo, es en estas últimas semanas que el recién instaurado gobierno de Biden a través de algunos congresistas están presionando al narco gobierno hondureño para que este ya no siga volando alto. Muchas palabras han corrido sobre la frase de JOH de “los inundaré de droga en sus propias narices”.

Han pasado 11 años y 8 meses desde el golpe de estado, pero es hasta ahora que milagrosamente el imperio le pega sus nalgaditas al narco gobierno, pero “el hombre” sigue ahí, intacto y lo más seguro es que terminará su ilegítimo periodo en enero del 2022. Todos los hilos los van tejiendo controladamente para no desbordar al pueblo y que este siga de cabeza en el proceso electoral, todo ese circo contra el dictador es para poner un stop a los narcos políticos, que, además, han logrado el título mundial de campeones de la corrupción.

El juego geopolítico sigue en Honduras, resulta que ahora, el narco gobierno volvió la mirada a los rusos y ya se negociaron algunos millones de vacunas contra el virus SARS-COV-2, la curiosidad nos invade ahora, al esperar con ansias los comentarios de la prensa mediática, de los religiosos, de los militares y de los pseudopolíticos aludiendo a los “comunistas come niños” que ahora nos enviarán vacunas.

¿Será Rusia una opción para pedir asilo ante algún posible juicio en New York al salir de la presidencia?

¡El pueblo debe insurreccionarse!

En una acción desesperada del régimen, han sacado un informe del 2020 donde el gobierno de Trump alaba la gestión del clan Hernández en su lucha contra el narcotráfico y lo han querido presentar como un informe del gobierno de Biden, la prensa tarifada de Honduras lo ha sobre dimensionado pero muy rápido quedaron al descubierto, cayendo en la desfachatez y la burla de las redes sociales. Aunque ha decir verdad, Cada día son muchas las voces disonantes que se van desligando del régimen, la actitud de los periodistas que antes le servían de alfombra “al hombre” poco a poco van cambiando el discurso. Esta actitud es sintomática de un régimen que pierde columnas cada día, sosteniéndose únicamente por la fuerza militar.

Es el momento de que el pueblo se insurreccione y que elija su destino, cualquier otro gobierno que nos impongan solo vendrá a aumentar nuestra agonía. Si las medidas de los fiscales y congresistas estadounidenses se hubieran realizado en el 2009, en el 2015 o en el 2017, sin duda alguna que este pueblo ya se hubiera librado de la dictadura. No se puede fijar una esperanza en que el imperio se lleve enchachado al dictador, quizás hasta ya le tienen una salida hacia Rusia para que no pague sus pecados. Los que se hacen llamar líderes de la oposición siguen en su carrera electoral y las calles ya solo las conocen para pegar afiches. Corresponde al pueblo ir a las calles y sacar al dictador y sus secuaces.

El gran dilema del imperio es que no encuentran un lacayo que sustituta al dictador, entonces el pueblo debe buscar la libertad.

https://www.elsoca.org/index.php/america-central/hondu/5692-honduras-las-falacias-de-un-narco-estado-ante-el-soplido-del-imperio

https://www.sinpermiso.info/textos/honduras-las-falacias-de-un-narcoestado-ante-el-soplido-del-imperio

21.7.-Los ocho objetivos ASCANIO CAVALLO

Ahora que acaba de cumplir su tercer año, con un futuro que costaría llamar luminoso, el gobierno de Sebastián Piñera ha estado tratando de delimitar qué es lo que alcanza a hacer en los últimos 12 meses de su gestión. Algo para recordar, añoran sus partidarios. De ser posible, nada, piensan las múltiples oposiciones. Lástima que no cayó, murmuran los más duros. Indiferente a esas altas apreciaciones, el núcleo estratégico de La Moneda ha identificado ocho objetivos.

13 mar 2021.- Dos de ellos son, por así decirlo, exigidos por las circunstancias. El primero es asegurar una ejecución impecable de las 10 elecciones que se deben realizar entre abril y diciembre. El Congreso ya concedió la división de las primeras cuatro en dos días sucesivos, pero queda por ver si el Servel podrá tener todos los resultados el segundo día con la eficiencia acostumbrada y sin un coro de reclamos. Tampoco se habla aún de las otras cuatro elecciones de noviembre. Un proceso electoral limpio es quizás lo único en que pueden coincidir todos los sectores. El segundo objetivo es completar la tarea de vacunación contra el Covid-19 en junio (al menos hasta el nivel de la “inmunidad de rebaño”). En verdad, este puede ser un éxito de escala internacional, aunque tampoco terminará de reponer la normalidad.

Una tercera meta es recuperar el funcionamiento de la educación. Es improbable que se pueda reparar el daño sufrido por los estudiantes durante el 2020, pero el gobierno pretende que la situación no se repita el 2021. Más allá de las reacciones corporativas dentro del sistema -profesores, colegios, apoderados-, las idas y venidas de las cuarentenas auguran otro primer semestre catastrófico, por lo que es probable que el gobierno tenga que ajustar sus iniciativas para la segunda mitad del año.

El cuarto objetivo es apuntalar la recuperación económica y acercarse a la proyección de crecimiento que ha dado el Banco Mundial, de 6% para el 2021. En Palacio se cree que a partir de abril podrían empezar a mejorar los indicadores de actividad y empleo, para alcanzar niveles “vigorosos” en los últimos dos trimestres. Nuevamente, este es un propósito que depende del Covid-19, pero también del grado de control del orden público que ofrezca el Ejecutivo una vez terminados los confinamientos.

Otras tres metas parecen retazos del programa con que Piñera asumió y ejerció el gobierno durante 19 meses. Uno es el programa de “protección de la clase media”, que incluye bonos, aumento de subsidios y un fuerte programa de inversión pública para empujar el empleo. Parte de esas medidas son las que el Presidente anunció esta semana, en una aparición también destinada a quitarle votos al tercer retiro de 10% de las AFP. Pero el gobierno tiene asumido que esta lucha tendrá que librarla en el Tribunal Constitucional, y quizás ahora sopese cuán precipitada (y poco convincente) fue su promulgación exprés del primer retiro.

Hay, además, un paquete de medidas en salud, que incluyen la entrega de 25 nuevos hospitales y 120 centros de atención primaria, la reforma del Fonasa, cambios reglamentarios en las isapres y la ley de Fármacos II, cuyo objetivo es bajar los precios de los medicamentos. Y, en materia de derechos sociales, un proyecto para convertir en universal el derecho a jardín infantil.

El octavo objetivo es la reforma del sistema de pensiones. Ya se sabe cómo toca los nervios de los parlamentarios este problema. Por eso, el gobierno ha optado por encararla como una batalla larga y con altos costos políticos para todos los que intervengan. El símil son los proyectos laborales que la Concertación presentó tres veces entre primeras y segundas vueltas presidenciales; al primero de ellos atribuyen muchos la derrota de Joaquín Lavín en el 2000. Las jugadas se repitieron dos veces más, en todo caso sin el mismo éxito.

El oficialismo espera que a la oposición se le haga muy costoso rechazar el aumento de pensiones para dos millones de personas y el incremento de las pensiones mínimas al equivalente del sueldo mínimo. Y también que tenga que hacerse cargo de la alta impopularidad que ha mostrado un aumento de la cotización enteramente entregado a un fondo solidario. El plan de La Moneda ya cumplió su primer paso el miércoles 3, cuando el proyecto fue aprobado en general y entró, por lo tanto, a la prolongada chancadora legislativa. Si el diseño se cumple, en el espacio público se estará hablando de pensiones en los alrededores del 11 de abril, y luego, mediante el trámite de las comisiones mixtas, durante el resto del año, para llegar con el debate caliente, fracasado o finalizado a las parlamentarias de noviembre.

El caso es que todos estos objetivos se plantean en un marco institucional muy debilitado, con un desorden inédito en los partidos y ante la presencia de actores políticos que están apostando a la polarización extrema. El campo que se intenta plantear, como ha anotado el historiador Alfredo Jocelyn-Holt (en Ex-Ante), es el de las “guerras culturales”, que suelen ser radicalmente emocionales y hacer el paso, con elasticidad olímpica, desde la violencia verbal a la material.

Un sector mayoritario de los políticos chilenos ha confiado en que la más institucional de las rutas posibles -nueva Constitución y elección de todas las autoridades en un mismo año- constituya una salida al embrollo interpretativo planteado por el alzamiento del 18-O. Y el gobierno pretende nadar en ese mar de sargazos con un paquete de proyectos que le permitan recordar por qué llegó a donde está.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-los-ocho-objetivos/LNUAFZ7WBRAB5HMGSJDURROCKY/

21.7.-Denuncian en Argentina a Mauricio Macri por préstamo del FMI 

El presidente Alberto Fernández anunció que impulsa una demanda contra el gobierno de su antecesor por el préstamo de 55.000.000.000 de dólares otorgado por el FMI. | Foto: El Ciudadano

Entre otros acusados se encuentran el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el exministro de Finanzas Luis Caputo.

La Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina presentó una denuncia contra el expresidente Mauricio Macri por administración fraudulenta infiel agravada en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales.

13 mar 2021.- El presidente Alberto Fernández anunció el lunes 3 de marzo que impulsa una demanda contra el gobierno de su antecesor por el préstamo de 55.000.000.000 de dólares otorgado por el Fondo Monetario (FMI), y el gran endeudamiento externo con acreedores privados.

Instruyó a las autoridades pertinentes que determinen “quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la más grande malversación de caudales que nuestra memoria registra”.

Los informes del Banco Central de la República Argentina y la Auditoria de la Sindicatura General de la Nación alcanza al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el exministro de Finanzas Luis Caputo y los extitulares del Banco Central Adolfo Struzenegger y Guido Sandleris.

Los delitos por los que acusan a Macri son la “defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública” y la «malversación de caudales públicos».

De acuerdo con el texto de la denuncia: «El 20 de junio de 2018 el FMI aprobó un nuevo empréstito, que fue destinado a solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado Argentino y de todo el pueblo de la Nación, que con el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores por la decisión de los denunciados».

«Los imputados recurrieron a distintas conductas que se describen en la denuncia, desde evitar cumplir con los procedimientos legales para la toma de la decisión del endeudamiento evitando al Congreso de la Nación, hasta falsear los objetivos del empréstito».

«Lo cierto es que entre mayo de 2018 y hasta que fueron restablecidos tardíamente los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI se desembolsaron casi 44.500.000 de dólares»

«Estos fondos, junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado que alcanzó los 45.100.000, una salida de capitales especulativos por 11.500.000 y los servicios de la deuda (pública y privada) por 36.900.000 de dólares».

«El proceso fue espurio porque las autoridades no optaron por ninguna otra medida que evitara la sobredemanda de dólares y la salida de estos de la plaza local, garantizando con su deliberada pasividad la toma de ganancias de los especuladores a expensas del patrimonio público…».

«No se recurrió al canje compulsivo de títulos ni al control cambiario (al que tantas veces se echó mano en perjuicio de los pequeños ahorristas nacionales) sino hasta que, en las postrimerías del gobierno, las ganancias, su dolarización y la fuga estuvieron garantizadas para los especuladores».

«Mauricio Macri en su carácter de Presidente de la Nación; Nicolás Dujovne, en su rol de Ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central».

«… y finalmente Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como Presidentes del Banco Central de la República Argentina, tenían a su cargo la administración de bienes e intereses pecuniarios ajenos».

Todos ellos «violaron los deberes a su cargo, incumpliendo la solicitud al Poder Legislativo Nacional de la autorización previa para contraer el empréstito con el FMI (arts. 75 inc. 4 y 7 de la CN), y eludiendo la inclusión del empréstito por el monto correspondiente en la ley de presupuesto (art. 60 de la ley 24.156), omitiendo traducir documentos fundamentales en legal forma (art. 6 de la ley Nº 20.305)».

Para concluir que «se trató de un programa calculado y ejecutado con el objeto de generar una transferencia extraordinaria de activos desde el sector público hacia un grupo selecto del sector privado, en perjuicio del interés del pueblo argentino, el que debían gestionar y custodiar con finalidad”.

https://www.telesurtv.net/news/argentina-presentan-denuncia-contra-macri-prestamo-fmi-20210313-0006.html?utm_so

  • 21.6.-Chile: Cuatro panes en dos cestasASCANIO CAVALLO
  • Andinos suscribieron nuevo convenio automotor MARTHA LUCÍA RAMÍREZ, por Colombia
  • La nueva realidad política salvadoreña  ROBERTO PINEDA

El gobierno envió en estos días al Congreso un proyecto de ley para dividir en dos jornadas las cuatro elecciones simultáneas fijadas para el 11 de abril. Como ya se ha hecho casi ritual, el proyecto fue aprobado en una Cámara (el Senado) y, por lo tanto, rechazado en la otra (la de Diputados), lugar donde, además, se le han agregado colgajos para resolver problemas diferentes. Y, por lo tanto, ha pasado, como muchos proyectos de este gobierno, a una comisión mixta.

6 mar 2021.- La fundamentación técnica de la idea es poco discutible: cuatro papeletas simultáneas demorarán los procesos de voto, recuento y verificación. Será virtualmente imposible que los resultados se conozcan en el mismo día -como ha sido habitual en el musculoso sistema chileno- y la proverbial confianza de los electores en la limpieza del proceso podría verse dañada. Una gota más en el pozo de la desconfianza.

La dimensión política es más complicada. La división lógica de las elecciones es: un día para gobernadores y constituyentes y otro día para alcaldes y concejales. También parece lógico que en cada día vote un distinto número de personas; dicho de otra manera, que haya más abstención en uno que en otro.

Prima facie, para la ciudadanía resultaría más atractivo el día de los gobernadores y constituyentes: ambas elecciones son inéditas y ponen en acción nuevas piezas dentro de la trama institucional de Chile. Nunca las regiones han tenido gobiernos elegidos, nunca se ha convocado a todos los chilenos para ser parte de la redacción una Constitución. Ambas tienen un intenso aroma histórico, aunque esa delicadeza no alcanza a emitirse por las aburridas redes digitales que son hoy el principal soporte de la propaganda. Debido a esos engañosos recursos, la actual es una campaña de muy baja intensidad para decisiones de gran envergadura.

En cambio, las elecciones municipales han seguido una trayectoria declinante, que llegó a su piso en las anteriores, el 2016, cuando sólo un 35% del padrón, poco más de un tercio, concurrió a votar. Sin embargo, esos mismos alcaldes, aun elegidos con pocos votos, lograron un protagonismo estelar en los inicios de la pandemia y, al menos en un par de casos, aspiran a dar un salto desde allí al sillón presidencial. Aun con poca votación, las elecciones de alcaldes interesan sobremanera a los partidos y a sus dirigentes. En cuanto instalación de poder territorial, se han convertido en un elemento predictivo de las siguientes presidenciales. La flaca épica política de la comuna compite con su verdadera importancia táctica.

Queda pendiente el problema de noviembre, cuando de nuevo habrá cuatro elecciones paralelas: Presidente, senadores, diputados y consejeros regionales. Esos panes sí que son difíciles.

La abstención es una de las principales amenazas para la convención constituyente. Los interesados en impugnar su legitimidad -que, desde luego, ya los hay- se afirmarían de una baja votación nacional. Los parlamentarios se dieron cuenta de este problema cuando establecieron que la votación final de la Constitución, la que aprueba o rechaza el texto acordado, será con voto obligatorio, pequeño guiño de reconocimiento del error histórico cometido con el voto voluntario.

Este es el primer problema de la convención. Los dos siguientes tienen que ver con la inflación de expectativas que ha producido, con o sin voluntad, el discurso del asambleísmo constitucional. La primera ilusión es que en la convención abundarán los desconocidos y los aficionados, ciudadanos de a pie, distantes de los partidos y orgullosamente independientes. El sistema electoral no da espacio para esto. Los partidos llevan una ventaja inmensa -desde el acopio de recursos hasta la notoriedad de sus figuras- y la “proporcionalidad corregida” permite que la posibilidad de ser elegido se concentre en esas listas, incluso con muy pocos votos, tal como ocurre en la Cámara de Diputados. Las estimaciones de expertos cifran la posible elección de independientes entre 3% y 6%, lo que significa entre cinco y nueve convencionales. Pero esa puede ser una minusvaloración.

La segunda fantasmagoría es que la producción de un nuevo texto constitucional resolverá los problemas imperiosos del país. La única forma en que la Constitución se haga cargo de deficiencias urgentes es que en paralelo aumente la participación en la política y obligue a los partidos a remozar sus envejecidas fachadas. Sin eso, la Constitución será no mucho más que una declaración. Esta es otra razón para que el problema de la abstención adquiera una importancia estructural.

Hay una tercera fuente de posible frustración. Quienes han promovido en forma persistente el cambio de la Constitución creen que la convención será naturalmente dominada por una sensibilidad de centroizquierda e izquierda. En su interpretación, el 18-O confirmó esta voluntad. Pero esta no pasa de ser una impresión, que aún no ha sido corroborada por ningún evento democrático, ni siquiera por las encuestas. Los datos conocidos indican que el país ha estado dividido en partes similares y que el mundo de la centroderecha copa alrededor del 45% del electorado. Como es lógico, incluso quienes se sienten derrotados por el cambio de la Constitución y los que opinan que Sebastián Piñera “entregó” la arquitectura institucional, forman parte de este conglomerado que viene soportando ese porcentaje a lo menos desde 1999. La división de estrategias del mundo opositor nace precisamente de esta realidad intragable, y el resultado ha sido que al final conformara no dos, sino cuatro listas paralelas para la convención. Es muy difícil que en tales condiciones una de esas listas consiga superar a la lista única del oficialismo. Medida por listas, la hegemonía será de centroderecha.

Esta conclusión ha llevado a algunos a promover la alteración de la regla de dos tercios para los acuerdos constituyentes y otras triquiñuelas del mismo tipo, incluyendo la amenaza jacobina de “rodear la convención”. El atrevimiento de esto no está en su formulación -”cualquier cosa que, en su imaginación, pueda cambiar la historia”, escribió una vez Philip Roth-, sino en la oscurecida conciencia de que la alteración de las reglas del juego polarizaría al país hasta los límites de su resistencia. Pero esta es otra historia.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-cuatro-panes-en-dos-cestas/6LKG7BSBP5A5VGYPJW6HOYC4FI/ 

21.6.-Andinos suscribieron nuevo convenio automotor MARTHA LUCÍA RAMÍREZ, por Colombia

Hace 21 años se veía venir la industria automotriz andina. Con ensamblaje, para comenzar. Pero luego llegó  el presidente Uribe, el último mejor amigo colombiano del presidente Bush. El TLC con los Estados Unidos decapitó todo nuevo intento industrial. Pero ahora, con el fallecimiento de la globalización intercontinental, vuelve y juega!

Lima, 16 set./99 Colombia, Ecuador y Venezuela suscribieron hoy un nuevo convenio de complementación automotor con el fin de aprovechar mejor el mercado andino y sentar las bases para un mayor desarrollo del sector en la subregión.

El Convenio de Complementación en el Sector Automotor fue firmado en Lima por los ministros de Comercio Exterior y Desarrollo Económico de Colombia, Marta Lucía Ramírez y Jaime Alberto Cabal, respectivamente; por el ministro de Producción y Comercio de Venezuela Juan de Jesús Montilla y por el viceministro de Comercio Exterior de Ecuador, Julián García Miranda.

Como resultado de la aplicación de este convenio, los países esperan aumentar la producción subregional de vehículos de 212 mil unidades anuales a 500 mil unidades en un lapso menor a los diez años.

También aspiran incrementar sustantivamente las transacciones intracomunitarias de vehículos y autopartes que en 1998 superaron los 600 millones de dólares y representan el principal sector industrial en el comercio andino.

El convenio entrará en vigencia el 1 de enero del 2000 con una duración de diez años prorrogables y sustituirá al acuerdo firmado en 1993 por los tres países de la Comunidad Andina (CAN).

Un aspecto importante del nuevo convenio que marca la diferencia con el vigente, es que elimina eventuales incompatibilidades con la Organización Mundial del Comercio (OMC), al no incluir, por ejemplo, las fórmulas que exigían un contenido subregional en la producción local.

Cuando entre en vigor, bastará el cumplimiento del requisito específico de origen, fijado por la Secretaría General, para que los vehículos ensamblados por los productores andinos tengan libre acceso al mercado subregional.

El nuevo acuerdo mantiene el arancel externo común de 35 por ciento para los vehículos de la categoría 1, es decir las unidades livianas con una capacidad máxima de 16 personas y las de un máximo de 4,5 toneladas de capacidad de carga.

Para las unidades de la categoría 2, que son los vehículos pesados (los que superan la capacidad máxima señalada anteriormente), el AEC será del 15 por ciento en el caso de Colombia y Venezuela, y de 10 por ciento en el de Ecuador.

A su vez, los países se comprometen a autorizar sólo la importación de vehículos y autopartes nuevos, a fin de garantizar condiciones mínimas de seguridad, de protección del medio ambiente, defensa del consumidor y propiedad industrial.

El convenio fortalece la posición negociadora de la CAN ante los acuerdos regionales y adecúa a la industria automotriz andina a las exigencias internacionales. Asimismo, sustituye el requisito de desempeño por norma de origen y precisa las atribuciones del Comité Automotor, integrado por los representantes de cada uno de los países participantes.

El acuerdo prevé la incorporación de los otros países miembros de la Comunidad Andina, para lo cual se podrán negociar las condiciones de adhesión.

Además, establece un régimen suspensivo de derechos de importación en las ensambladoras, que les permitirá incorporar material subregional e importado para que el vehículo producido pueda circular en la subregión libre de aranceles, previo el cumplimiento del requisito de origen.

http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=89&accion=detalle&cat

Convenio de complementación en el Sector Automotor

Los Gobiernos de Colombia, Ecuador y Venezuela.

VISTOS: Los artículos 62 y 63 del Acuerdo de Cartagena, las Decisiones 298, 370 y 444 de la Comisión, las Resoluciones 355 de la Junta y 163 de la Secretaría General y los artículos 1 y 43 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena modificado por el Protocolo de Cochabamba;

CONSIDERANDO:

Que los avances registrados en la integración andina requieren instrumentos para promover acciones que faciliten una mayor articulación de los procesos productivos y especializaciones industriales con miras a contribuir con los objetivos económicos y sociales previstos en el Acuerdo de Cartagena;

Que se hace necesario fortalecer e impulsar el desarrollo de la industria automotriz en la subregión, aprovechar el mercado ampliado subregional, promover las exportaciones de los productos automotores, atender las exigencias de los acuerdos de integración regionales y aprovechar las oportunidades derivadas de los mismos;

Que los países participantes en el Convenio han decidido poner en marcha una estrategia integral orientada a proyectar una industria automotriz acorde con las exigencias internacionales;

APRUEBAN:

Artículo 1. – Celebrar el siguiente Convenio de Complementación Industrial en el Sector Automotor que tiene por objeto la adopción de una política comunitaria con el fin de facilitar una mayor articulación entre los productores subregionales, aprovechar los mercados ampliados de la región, así como propiciar condiciones equitativas de competencia en el mercado subregional y un aumento de la competitividad y la eficiencia.

Artículo 2.- Los beneficios previstos en el presente Convenio para las industrias del sector automotor tienen por objeto:

  1. Lograr la transferencia tecnológica que garantice el incremento de su productividad y competitividad.
  2. Generar inversiones productivas adicionales.
  3. Adelantar programas de desarrollo de proveedores de la subregión, y
  4. Ofrecer a los consumidores andinos productos con mejores calidad y precio.

A tal efecto, se realizará anualmente una evaluación del cumplimiento de estos objetivos con base en cuyos resultados los Gobiernos decidirán los ajustes y correcciones necesarios, incluso la suspensión de los beneficios aquí previstos si fuere del caso.

Artículo 3.- El ámbito de los vehículos del presente Convenio figura en el Anexo 1.

Artículo 4.- Para el ámbito de los vehículos del Anexo 1 se adopta las siguientes categorías:

Categoría 1: Comprende los vehículos para el transporte de pasajeros hasta de 16 personas incluido el conductor; y los vehículos de transporte de mercancías de un peso total con carga máxima inferior o igual a 4,537 toneladas (o 10 000 libras americanas), así como sus chasis cabinados.

Categoría 2a: Comprende los vehículos con carrocería para el transporte de pasajeros de más de 16 personas incluido el conductor.

Categoría 2b: Comprende los demás vehículos no incluidos en las categorías 1 y 2a.

Artículo 5.- Para los vehículos de la Categoría 1, los Países Participantes establecerán un Arancel Externo Común del 35% y para los bienes automotores de las Categorías 2a y 2b un Arancel Externo Común del 15% en el caso de Colombia y de Venezuela, y del 10% en el caso del Ecuador.

Artículo 6.- Con el propósito de garantizar condiciones mínimas de seguridad, de protección del medio ambiente, de defensa del consumidor y de propiedad industrial, los Países Participantes sólo autorizarán la importación de vehículos nuevos, del año-modelo en que se realiza la importación o siguiente. Igualmente sólo se autorizarán importaciones de componentes, partes y piezas nuevos y sin reconstruir o reacondicionar.

Artículo 7.- Para los efectos del presente Convenio de Complementación Industrial, los Países Participantes aplicarán a las compañías fabricantes de bienes automotores que así lo soliciten y previo el cumplimiento de las normas que correspondan, un régimen aduanero suspensivo de derechos mediante el cual los bienes automotores se producen y/o ensamblan en una zona aduanera y luego se ingresan al territorio aduanero de la subregión mediante el pago de la tarifa arancelaria que corresponda.

Las compañías que se acojan al régimen de que trata el presente artículo, serán registradas ante la Secretaría General de la Comunidad Andina por parte del organismo oficial competente de cada País Participante.

Artículo 8.- Se crea un Comité Automotor conformado por los Países Participantes en el presente Convenio cuya composición es la misma del Comité Subregional de la Industria Automotriz creado mediante Decisión 298 de la Comisión. El Comité, cuyo reglamento se incluye en el Anexo 2, tendrá como funciones principales las de contribuir al desarrollo de las industrias automotriz y conexas y recomendar a los gobiernos o a los organismos comunitarios las acciones que considere adecuadas para el cumplimiento del presente Convenio, de los objetivos de la integración y el desarrollo de la oferta productiva conjunta ampliada.

La Secretaría General de la Comunidad Andina actuará en calidad de secretaría técnica del Comité Automotor.

El Comité tendrá, adicionalmente, las siguientes atribuciones:

  1. Evaluar la incidencia del presente Convenio en el desarrollo del sector.
  2. Realizar actividades tendientes a fomentar el comercio intrasubregional.
  3. Evaluar la aplicación del Arancel Externo Común de bienes relacionados con el sector automotor, con miras a plantear su modificación cuando las circunstancias así lo ameriten.

Evaluar la aplicación de los Requisitos Específicos de Origen exigidos a los productos del sector y recomendar su modificación en caso que sea necesario.

  1. Promover la aplicación de mecanismos que fomenten las exportaciones de bienes automotores de la subregión.
  2. Conformar subcomités con el fin de analizar aspectos especializados relacionados con el sector.
  3. Formular recomendaciones y propuestas específicas referidas a la armonización de políticas vinculadas al sector automotor entre los Países Participantes en materias ambiental, técnica y de mejoramiento tecnológico, de normalización y certificación de calidad y de modernización industrial, entre otras.
  4. Evaluar el comportamiento de las importaciones de productos del sector desde terceros países y solicitar las medidas correctivas a los Países Participantes.
  5. Recomendar el establecimiento de una política de exportaciones del sector automotor.
  6. Proponer las modificaciones en la NANDINA que se consideren necesarias.
  7. Recomendar una política común para las negociaciones con terceros.
  8. Supervisar el cumplimiento de los compromisos del presente Convenio, mediante la inclusión en su agenda de reuniones de los casos de incumplimientos dictaminados por la Secretaría General, con el propósito de presentar recomendaciones a las autoridades nacionales o a los organismos comunitarios, orientadas a la solución del problema y a la interpretación de las disposiciones del Convenio cuando a ello hubiere lugar.
  9. Las demás que le asignen los organismos competentes.

El Comité impulsará, además, acuerdos de coproducción, subcontratación, operaciones conjuntas de comercio exterior, capacitación de mano de obra, y desarrollos conjuntos, así como otras modalidades de acuerdos que faciliten una mayor articulación de los procesos productivos.

Artículo 9.- Cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, no participante en el Convenio podrá plantear su incorporación al mismo, para lo cual los Países Participantes aprobarán las condiciones de dicha incorporación, las que serán puestas en conocimiento de la Comisión. Las condiciones de incorporación serán publicadas mediante Resolución de la Secretaría General en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Artículo 10.- El presente Convenio será puesto en conocimiento de la Comisión y tendrá una vigencia de diez años, prorrogables automáticamente por períodos iguales. Cualquiera de las partes podrá retirarse del Convenio, para lo cual comunicará su intención a los Países Participantes por conducto de la Secretaría General con una anticipación no inferior a un año a la fecha de su retiro.

Artículo 11.- Los acuerdos que suscriban los Países Participantes para la aplicación y desarrollo del presente Convenio, serán publicados mediante Resolución de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Artículo 12.- El presente Convenio se publicará en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena de conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena modificado por el Protocolo de Cochabamba y entrará en vigencia a partir del 1º de enero del 2.000.

Disposición Transitoria.- El Gobierno de Venezuela estudiará los mecanismos de instrumentación del Convenio en las materias aduanera y arancelaria para asegurar la compatibilidad del mismo con sus normas jurídicas, explorando en particular la adopción de un régimen aduanero suspensivo o especial. En tal sentido, se reserva el derecho de proponer a los otros países que suscriben el Convenio los ajustes instrumentales del Convenio que garanticen tal compatibilidad.

Lima, 16 de setiembre de 1999
POR EL GOBIERNO DE COLOMBIA
Marta Lucía Ramírez de Rincón
Ministra de Comercio Exterior

Jaime Alberto Cabal Sanclemente
Ministro de Desarrollo Económico
POR EL GOBIERNO DEL ECUADOR
Julián García Miranda
Subsecretario de Comercio Exterior e Integración

POR EL GOBIERNO DE VENEZUELA
Juan de Jesús Montilla Saldivia
Ministro de Producción y Comercio

http://www.sice.oas.org/can/agreauto_s.asp

21.6.-La nueva realidad política salvadoreña  ROBERTO PINEDA

Los logros del presidente Bukele y su partido NI han sido posibles a partir de dos elementos: un indiscutible respaldo popular y un profundo desgaste del sistema de partidos políticos surgidos de los Acuerdos de Paz de 1992.

Foto: https://www.nodal.am

 Los resultados de las elecciones legislativas y municipales de este 28 de febrero, constituyen un golpe a la yugular del actual cuerpo político y el quiebre de su columna vertebral, los partidos ARENA y el FMLN.

Los resultados para la Asamblea Legislativa son los siguientes: Nuevas Ideas: 56 diputados, ARENA: 14, GANA: 5, FMLN: 4, PCN: 2, PDC: 1, Nuestro Tiempo: 1 y Vamos: 1. Además NI gana 13 de las 14 cabeceras departamentales, incluyendo la capital, San Salvador.

La derrota electoral de ARENA y el FMLN ya era una decisión tomada por los sectores populares, pero postergada por el calendario electoral del orden oligárquico.

Tanto ARENA como el FMLN son barcos que fueron golpeados por la furia huracanada del rechazo popular electoral, y lo irónico del caso es que cumplieron el triste y difícil papel de -vía control del TSE- organizar unas elecciones “limpias y transparentes” sabiendo de antemano que organizaban su propia derrota.

En el caso de ARENA, como derecha política, debe decidir si dar la batalla por la sobrevivencia luchando o pensar que solo puede salvar su vida, logrando previsibles arreglos con el nuevo poder.

Lo segundo es más rentable económicamente que lo primero y probablemente prevalecerá como criterio, incluso si es necesario sacrificar uno que otro chivo expiatorio.

En el caso del FMLN, como izquierda política, enfrenta la disyuntiva de permitir –como en el pasado reciente- que la inercia le resuelva su golpeada identidad o de evaluar que únicamente puede sobrevivir a este naufragio, aferrándose -rápida y autocríticamente- al trozo de madera del debate y la organización y lucha popular.

Lo primero es más conocido que lo segundo y probablemente prevalecerá, afectando aún más la credibilidad de este sujeto político. Y ojala pueda romperse a futuro el vínculo político con ARENA que fue una de las principales razones del rechazo popular.

En síntesis, en el plano político, la contradicción principal es entre el orden burgués emergente de Bukele, representado por NI, y el orden oligárquico vencido pero no derrotado, simbolizado por ARENA, que con 14 diputados tratará de encabezar la oposición política al régimen autoritario y populista del presidente Bukele.

A continuación repasamos la actual correlación de fuerzas, los diversos mensajes derivados del evento electoral y concluimos con algunas reflexiones sobre los desafíos para enfrentar el naufragio de la izquierda salvadoreña.

La actual correlación de fuerzas sociales y políticas

A partir de la desafortunada expulsión de Nayib Bukele del FMLN en 2017, este comienza a ensamblar un proyecto político que de manera ascendente ha venido acumulando fuerza social y política, y que se expresa en 2019 en la conquista de la presidencia y hoy en esta arrolladora victoria electoral.

 La cual fue también lograda poniendo los recursos del Estado al servicio de NI y desafiando abiertamente la legalidad electoral vigente, y que ahora le permitirá el control de Asamblea Legislativa y la mitad de alcaldías del país. Bukele de manera subversiva se burló de la legalidad oligárquica y garantizó su triunfo.

Por otra parte, inicia a partir de 2019 un enfrentamiento social encarnizado entre Nuevas Ideas, NI y su bloque de poder emergente y la vieja oligarquía, que ve desafiada su dominación ancestral y reacciona airadamente mediante sus instrumentos políticos (ARENA) , mediáticos (TCS, LPG, DDH) académicos (FUSADES,ESEN) y gremiales (ANEP, CCIES). Probablemente en esta guerra social, la siguiente batalla será contra la ANEP y su emblemático presidente, Javier Simán.

Los logros del presidente Bukele y su partido NI han sido posibles a partir de dos elementos: un indiscutible respaldo popular y un profundo desgaste del sistema de partidos políticos surgidos de los Acuerdos de Paz de 1992. Hoy Nayib Bukele y su proyecto político Nuevas Ideas, controlan una parte sustancial del Estado: la presidencia y con esto la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, la Asamblea Legislativa, y la mitad de gobiernos municipales.

A partir de esta victoria legislativa y municipal, NI se coloca en una situación de ventaja estratégica que difícilmente podrá ser revertida, y que seguramente le permitirá continuar el proceso de desmontaje del viejo sistema político y construcción de su propio modelo, de naturaleza populista y autoritario.

Incluso si el gobierno estadounidense de Biden adoptara una posición de beligerancia frente al presidente Bukele, como sueñan las fuerzas de la oligarquía opositora -debilitadas pero no totalmente vencidas- esto vendría a fortalecerlo. Es más, hasta una actitud reservada de USA frente a Bukele, vendrá a consolidarlo más que afectarlo, ya que le dará internacionalmente un aire de independencia frente al imperio.

En Nuevas Ideas y en la cabeza de Bukele parece predominar la idea que la mejor defensa es el ataque –ese es su estilo personal- así que la próxima plaza a ser conquistada –mediante ya sea su neutralización o incluso apoyo- será la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía.

Al lograr este propósito todas las piezas del ajedrez del nuevo sistema político de naturaleza populista y autoritaria estarán en su lugar. Entonces su problema va ser la de la ausencia de un enemigo a quien enfrentar y seguramente el enemigo se volverá interno.

A partir del 1 de mayo de 2021 el proyecto de Nuevas Ideas deberá garantizar para mantener su viabilidad, principalmente el respaldo popular mediante iniciativas que colaboren en un mejoramiento de la calidad de vida de los sectores populares, que son su principal base de apoyo. Asimismo necesitara en el marco de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, incentivar la economía.

Y garantizar que la delincuencia pandilleril continúe férreamente controlada. Y si a esto le agregamos una dosis de teatralidad -de espectáculo en que es especialista- puede confiar en el avance seamless de su proyecto.

Pero además deberá resolver el crítico problema de su continuidad en el tiempo, ya que en la actual legislación no existe la figura de la reelección, y Bukele llega hasta el 2024. ¿Quién le sucederá en el trono?

Los mensajes derivados del evento electoral

Este 28 de febrero deja muchos mensajes tanto para las fuerzas sociales como políticas. Enseña que la población ha realizado un aprendizaje del uso independiente de su fuerza electoral, lo cual refleja un alto nivel de criterio político. Veamos los mensajes principales.

Para la derecha oligárquica, los resultados le señalan que su desplazamiento del poder político iniciado en 2009 con la victoria del periodista Mauricio Funes, se prolonga en el tiempo. Están fuera del aparato de estado y lo seguirán estando.

Para la izquierda aglutinada en el FMLN, que como sujeto político debe entender que no es propietario de la voluntad popular, y que los sectores populares, la gente, son un ente crítico. Son hasta tristes las expresiones de algunos que califican estos resultados electorales como expresión de la “estupidez de la gente.” Así como de otros que lo ven como un revés temporal, coyuntural, “una moda.”

Y más preocupante que otros confíen que sea el gobierno de Biden el que se encargue de enfrentar la “dictadura” de Bukele y “restablecer” la democracia en el país. Y peor aun los que hoy asumen y divulgan por redes las opiniones de los intelectuales de la derecha oligárquica.

Lo que existe la necesidad de reasumir la lucha social por la emancipación y redefinir el papel de lo electoral en la construcción de poder popular.

Para Nuevas Ideas y Nayib Bukele, ojala que no crean que este sea un cheque en blanco, porque muy pronto se van a decepcionar. Lo que la gente les dice es lo siguiente: les entregamos esta cuota, nuestra confianza y respaldo para que lo usen a nuestro favor. No nos vayan a defraudar, please.

El mensaje para el movimiento popular: la ausencia o presencia de un movimiento popular que construya poder popular, definirá el perfil de gobierno que realizará Nayib de aquí al 2024. Ante la ausencia de un movimiento popular privilegiara su alianza con sectores de la oligarquía y afectará a sectores populares para enfrentar crisis, ante la presencia de movimiento popular privilegiara su alianza con este, y descargara conjuntamente sus golpes contra la oligarquía.

Si no hay quien le pase la factura a Bukele por la cena, este se irá seguramente sin pagar. Si no enfrenta un movimiento popular que le haga demandas, se verá libre para golpear sabiendo de antemano que no habrá respuesta. Debe Bukele saber que habrá respuesta y que será contundente.

Asimismo debemos cuidarnos de una visión sectaria que descalifique a ese millón y medio de personas que hoy respaldan a Nuevas Ideas, cuidarnos del lenguaje injurioso que nos aisla, y saber que nuestra tarea como izquierda es la de garantizar que realicen en la escuela de la lucha su aprendizaje político.

El naufragio electoral, político, ideológico y ético de la izquierda salvadoreña. Quo vadis FMLN?

El FMLN como partido de izquierda, atraviesa una crisis múltiple y aguda, con cuatro componentes principales: electoral, político, ideológico y ético. Una comprensión unilateral de esta crisis le ocasionara más problemas que soluciones. Por otro lado, debemos de sacar lecciones de esta gran derrota. Repasamos cada uno de los componentes de esta crisis.

A nivel electoral el FMLN perdió su voto duro, el que le permitía enfrentar cualquier evento electoral con la confianza que representaba un segmento significativo del electorado. Pero desde 2012 existe una tendencia a la baja y hoy con estos resultados, la vía electoral como opción de futuro parece agotada.

Hoy electoralmente el FMLN ocupa un humillante cuarto lugar, después de NI, ARENA y GANA. Y ojala que la reducida fracción legislativa electa no se convierta en fuerza de apoyo de ARENA sino que sepa con posiciones firmes e independientes, ganarse el respaldo popular.

A nivel político perdió su cuota legislativa y municipal. Y esto hace que en el marco del sistema político vigente, o sea en la lucha parlamentaria, se vuelva una fuerza marginal e irrelevante. Por otra parte, a lo interno, hay voces que piden la renuncia de esta dirección, lo cual creo que sería un grave error. Lo mismo pretender desde una visión legalista que una reforma de estatutos solucionara un problema que es político.

Pero si hay que pautar un calendario para definir debate sobre rumbo estratégico, que podría concluir a nivel FMLN, en un nuevo congreso y a nivel amplio, en un gran encuentro de la izquierda.

A nivel ideológico, no hay un rumbo claro y durante este último periodo se ha sumado a la tesis de ARENA de -como criterio principal- la defensa de esta democracia liberal. Pero para la gente esta democracia liberal capitalista le resulta irrelevante, no le resuelve sus problemas.

Lo que la gente busca es la esperanza de un empleo decente para mantener a su familia. Si solo hace debate sin lucha popular, terminara aislándose mientras que si solo hace lucha popular sin definir rumbo, terminara en el reformismo.

A nivel ético, la actuación de su dirigencia al adaptarse al sistema vigente y negarse a impulsar los cambios prometidos, provocó la pérdida de la confianza popular y esta es de difícil recuperación.

Conclusiones

Al cruzar este río electoral de febrero de 2021 la izquierda salvadoreña ha entrado en territorios peligrosos y desconocidos. Y la única brújula que le permitirá reagrupar sus fuerzas y recuperar la confianza popular perdida, es el compromiso real-no de palabra-con la organización y la lucha popular.

Y para esto necesita recuperar el espíritu autocrítico. No solo basta el parcial relevo generacional ocurrido en 2019. De no hacerlo y de continuar con el mismo discurso de confrontación, los resultados de mayor aislamiento político son previsibles, como lo fueron desde el 2018.

Hay que escudriñar lo que la gente quiere, sus más profundos anhelos, y en estos momentos no es la confrontación con el gobierno, sino la búsqueda de soluciones a sus problemas.

Y saber que Bukele va intentar mantener a la izquierda aislada de la lucha popular, y puede lograrlo en la medida que lo electoral siga siendo el eje principal sobre el que gire la conducta del FMLN.

Han pasado tres años desde el 2018 y parece ser que el mensaje popular de la necesidad de renovación –de rostros, de discurso y de práctica política -sigue sin escucharse. El peligro es el de convertirse en una secta, simbólica pero políticamente irrelevante. El desafío es el de renovarse, crecer y avanzar.

https://www.alainet.org/es/articulo/211208

21.5.-Chile: la picazón del séptimo año ASCANIO CAVALLO

  • Ecuador dice haber controlado motines carcelarios 
  • En quiebra, Venezuela cede a privados empresas que expropió – BLOOMBERG

El segundo gobierno de Sebastián Piñera se acerca a cumplir su tercer año. Desde luego, es demasiado temprano para hacer balances, pero no para ejercicios anuales. Para el Presidente, este será su séptimo cumpleaños en La Moneda, lo que incita a preguntarse si, de retroceder en el tiempo, volvería a postularse.

27 feb 2021.- Váyase a saber si lo hizo por competir con Michelle Bachelet, el resto de la derecha, la historia o con un dios secreto, lo cierto es que al terminar su primer gobierno se ocupó, igual que Bachelet, de que no creciera ninguna sombra en sus alrededores. Entre los dos han ocupado el gobierno en el tiempo en el que un recién nacido se convierte en adolescente. Parece improbable que la historia recuerde con admiración estas cambiaditas.

Y aun antes de eso, la experiencia de estos 16 años puede decirle algo a la convención constituyente. Una reelección discontinua ha mostrado que el apetito por el gobierno permanece indefinidamente abierto, mientras que una continua, como la de Estados Unidos, parece saciarlo con mayor eficacia.

El presidencialismo también está herido en el ala, porque hasta una ínfima mayoría, o alguna chaqueta vuelta, como le pasó a la Presidenta, basta para ladrarle en su cara. Y queda, además, el problema del tino político; por ejemplo, en las aventuras de política exterior, Cúcuta o La Habana, por decir algo.

Piñera perdió el gobierno en la tarde del 18 de octubre del 2019, apenas un año y medio después de asumir. Su proyecto no había despegado, en parte por el mal desempeño de la economía, y en parte porque repitió en su gabinete equivocaciones similares a las de su primera administración. ¿Error central? Designar a personas con un fuerte desbalance entre la fortuna y el talento. Con todo, estaba seguro de que tendría un excelente segundo año cuando le cayó la insurrección encima.

Se discutirá por años si estuvo o no a punto de ser derrocado. Pero eso es lo que cree parte de la oposición y en especial la izquierda más vehemente. (Dicho de paso, de demostrarse errónea, esa creencia puede ser la fuente de las desdichas que viva la izquierda de aquí en más).

No desalojó La Moneda, pero se quedó sin proyecto y sin segundo gobierno. Nunca más ha tenido un ministro del Interior. Toda la conducción política ha quedado en sus manos, desprovista del tipo de fortificación que proveía Andrés Chadwick. Y tampoco ha tenido uno de Hacienda, salvo los bomberos que entraron al incendio, sin espacio para las ideas. Hay que tener cuidado con atribuirle estos fenómenos únicamente al gobierno de Piñera, porque la rotación de los ministros principales empezó con el segundo gobierno de Bachelet. Bien puede ser un signo de los tiempos.

La diferencia es que a Piñera le desfondó el proyecto la emergencia sorpresiva de un país desconocido, que en verdad era sorpresivo y desconocido para todos. Sólo que todos pueden pretender que sí lo sabían, excepto quien ocupa el Palacio. La sorpresa recién empezará a ser dilucidada a partir del 11 de abril. Antes de eso, hasta las tesis más inteligentes son provisorias y especulativas. Pero las vacilaciones con que el gobierno enfrentó el 18-O definirán su recuerdo, y nunca se sabrá cuánto habría durado sin la irrupción del Covid-19. Este ha sido el raro caso de una catástrofe con cara de tregua y de oportunidad: un séptimo año para reflexionar.

El país está más polarizado que cuando el Presidente asumió el poder. Los amortiguadores tradicionales de la lucha política -las clases medias, la tecnocracia, la Iglesia- han sido atacados por todos los flancos y todos los sectores. El más importante, el centrismo, se ejerce poco o pidiendo disculpas. La sociedad parece enfrentada entre modelos sin ninguna compatibilidad, ideas que se repelen, discursos que se anulan. Las elecciones dirán cuál es la verdad de este fenómeno. En el 2020 se ejerció en la forma de hiperparlamentarismo. Claro que no es razonable culpar a la oposición, sino más bien al inusitado desorden de Chile Vamos, ese sálvese quien pueda que desnudó la sustancia intelectual de muchos de sus líderes.

Por el otro lado, Piñera también ha sido el esmeril donde ha perdido su filo aparente el intenso moralismo revolucionario que se venía acunando desde los años de Bachelet. Sin que nadie lo diseñara, la fiereza de estos tres años puso a prueba la singladura y la reciedumbre de las escobas que, como las de Ibáñez hace siete décadas, venían a limpiar la política de las más sucias suciedades. Para los que no se han enterado, el del general Ibáñez fue de los gobiernos más malitos del siglo XX.

El año que le queda a Piñera será breve, casi fugaz. Se lo devorará la sucesión de elecciones y ya en noviembre quedará fuera de las noticias con la elección de otra persona en la jefatura del Estado. Quizás sea un consuelo saber que esa persona, a semanas de sentarse en La Moneda, tendrá que jurar una nueva Constitución.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-la-picazon-del-septimo-ano/5R25OOEICVEFVCU4CFA3I23POI/

21.5.-Ecuador dice haber controlado motines carcelarios

 – De momento, la violencia carcelaria de los últimos días se ha saldado con un total de 79 personas fallecidas 

Las fuerzas de seguridad de Ecuador dieron por «controlada» la situación en los dos últimos motines carcelarios ocurridos este miércoles, de acuerdo a informaciones del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) de esa nación sudamericana. 

 

 25 febrero 2021.- Las intervenciones policiales se llevaron a cabo en la cárcel número 4 de Guayaquil, donde concluyeron hace varias horas, y en la de Cotopaxi, en la ciudad de Latacunga, a unos 80 km al sur de Quito. Según el SNAI «se retomó el control gracias a la activación de protocolos de seguridad coordinados entre los Agentes de Seguridad Penitenciaria y la Policía».

El protocolo de emergencia fue activado por las fuerzas de seguridad ante un nuevo amotinamiento en Guayaquil, y en un comunicado divulgado cerca de la medianoche local 04H00 UTC de este jueves), dieron por terminada la operación, aunque no especificaron si se habían producido víctimas.

Hasta ahora, el servicio de prisiones no ha ofrecido mayores datos sobre los acontecimientos en la prisión Guayas N°4, que el martes último fue escenario de la muerte de 31 personas dentro de una ola de motines y enfrentamientos en Ecuador en la cual murieron al menos 79 personas y una veintena resultaron heridas.

Entretanto, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, señaló al narcotráfico y al crimen organizado internacional de ser los responsables de lo que está ocurriendo en las cárceles ecuatorianas. Dicha aseveración conecta con la línea investigativa que siguen los organismos del Estado a cargo del caso, y que apunta a la rivalidad entre bandas que se disputan el mapa delictivo en Ecuador y que podrían estar involucradas también en el narcotráfico.

Sin embargo, este jueves la Defensoría del Pueblo de Ecuador responsabilizó al Ejecutivo por los hechos de violencia ocurridos en los últimos días al interior de los Establecimientos Penitenciarios.

Según la Defensoría, el Gobierno ha sido «incapaz» de manejar la crisis carcelaria que se experimenta desde hace varios años, debido a la falta de fuerzas de seguridad y a una inadecuada política de rehabilitación social.

Los motines sangrientos han sido constantes en las cárceles ecuatorianas en los últimos años. Entre 2019 y 2020 murieron 33 presos en enfrentamientos similares, lo cual llevó a Moreno a declarar el «estado de emergencia» en las prisiones del país.

https://www.telesurtv.net/news/ecuador-motines-carcelarios-finalizados-20210225-0014.html?utm_source=planisys&ut

21.5.-En quiebra, Venezuela cede a privados empresas que expropió – BLOOMBERG 

Docenas de plantas químicas, procesadores de café, silos de granos y hoteles confiscados en las últimas décadas fueron transferidas, pero no vendidas.

Archivo Portafolio.co

El Gobierno venezolano, que carga con cientos de empresas estatales quebradas en una economía que esta en caída libre, está abandonando la doctrina socialista y traspasando empresas clave a inversionistas privados, ofreciendo ganancia a cambio de una participación en ingresos o productos.

(Lea: Venezuela vendió 19 toneladas de oro de sus reservas en 2020)

13 feb 2021.- Docenas de plantas químicas, procesadores de café, silos de granos y hoteles confiscados en las últimas dos décadas han sido transferidas, pero no vendidas, a operadores privados en las llamadas alianzas estratégicas, dijeron nueve personas con conocimiento del asunto.

(Lea: Al margen del socialismo, Venezuela se abre al dólar y a lo privado)

Los administradores cubren la nómina y las inversiones, y entregan productos y un porcentaje de sus ingresos al Gobierno.

«Creemos que esto es positivo porque es la sincronización del sector público con el sector privado», dijo Ramón Lobo, legislador del partido socialista gobernante y exministro de Finanzas.

«El Estado actúa como supervisor y recibe una retribución». El cambio es notorio en la agricultura, parte del esfuerzo del presidente, Nicolás Maduro, por alimentar a una población hambrienta después de siete años de colapso económico y social.

No está claro cuánto dinero aporta la nueva política, que sigue a la aprobación del año pasado de una ley «anti-bloqueo» que buscaba reducir el impacto de las sanciones de Estados Unidos e incentivar la inversión.

El Gobierno ahora permite que fluyan las remesas en dólares y la empresa privada florezca en pequeños bolsillos. Maduro tomó el poder hace ocho años después de la muerte de Hugo Chávez, quien inició la revolución socialista al confiscar más de 1.000 empresas y numerosas granjas y propiedades, incluidos activos de multinacionales como Kimberly-Clark, Cemex y Kellogg.

Las nuevas empresas estatales fracasaron debido a una mala gestión. Utilizando sus vastos ingresos petroleros, el Gobierno reemplazó los cultivos y la fabricación local por importaciones.

La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, fue puesta en manos de aliados y también se volvió ineficiente, convirtiéndose en efecto en un brazo del partido de Gobierno. Fue llevada a la ruina y forzada a recortar su producción.

Entre eso y las recientes sanciones de EE.UU., que aumentaron significativamente durante la presidencia de Trump, han destrozado una sociedad que alguna vez estuvo entre las más ricas del mundo.

Más de 5 millones de venezolanos han huido del país en un intento desesperado por evitar la ruina. «El Gobierno de Maduro dio un giro en U a fines de 2019 al promover un capitalismo salvaje», dijo Rodrigo Agudo, jefe de la Red de Alimentos de Venezuela.

«Dejó de recaudar impuestos sobre ciertas empresas, otorgó licencias de importación y convenció a funcionarios militares y otros a invertir dinero de orígenes desconocidos en empresas locales».

Las alianzas estratégicas comenzaron a formarse silenciosamente en 2017. La publicación del año pasado de la ley anti bloqueo otorgó a los acuerdos una base legal, eludiendo regulaciones como los procesos de licitación.

Pero la naturaleza precisa de los nuevos acuerdos, ya sean arrendamientos, licencias o comodatos, no está clara. La ley anti bloqueo prohíbe revelar dicha información, teóricamente para proteger a las empresas de las sanciones de EE.UU., que están dirigidas a entidades que hacen negocios con el Gobierno, pero excluye a empresas privadas.

Los ministerios de Agricultura e Información no respondieron a solicitudes de comentarios. Los nuevos acuerdos están afectando a las principales empresas y en su mayoría involucran a empresarios con vínculos con el Gobierno, pero no exclusivamente.

En algunos casos, las propiedades incautadas están volviendo a aquellos de quienes fueron confiscadas. En otros, los propietarios se niegan a participar. Términos de asociación similares se han establecido anteriormente en la industria petrolera.

PDVSA otorgó a las empresas locales más control sobre activos estatales como
petróleo y plantas de compresión de gas para operar y aumentar la producción. Y en algunos casos, PDVSA otorgó a los socios más capital en sus empresas conjuntas.

Lobo, el legislador socialista, dijo que los acuerdos tienen plazos, generalmente de cinco a 10 años, y funcionan como una concesión. La empresa privada se compromete a invertir, aumentar la producción dentro de un plazo y administrar el activo.

La mayoría de los nuevos acuerdos se realizan en zonas rurales del país. Agropatria, un negocio de suministros agrícolas de tamaño monopólico nacionalizado en 2010 que dirigía cinco empresas, ahora está recurriendo a la gestión privada.

Más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas, confiscadas «para liberar a los productores de la extorsión y los intermediarios», según el entonces presidente Chávez, ahora son administradas por Agrollano 2910, una empresa agrícola local que está invirtiendo casi US$150 millones para reabastecerse, según cuatro de las personas.

Lácteos Los Andes, un gran procesador de leche y fabricante de bebidas comprado por el Gobierno en 2008, ahora es administrado por una empresa privada venezolana, aunque no se han realizado cambios oficiales en el consejo.

Dos plantas de procesamiento de granos del Gobierno, en su mayoría inactivas desde su inauguración en 2007, han sido transferidas, pero no vendidas a empresas privadas locales.

Lo mismo ocurre con las plantas de leche y café construidas durante el auge del
petróleo de Venezuela y en virtud de acuerdos bilaterales con aliados regionales como Cuba, Bolivia, Brasil y Argentina.

Las condiciones para las empresas varían. La contribución principal es un porcentaje de las ganancias o de la producción para el Estado. En algunos casos, el Gobierno y los gerentes están discutiendo una escala salarial mensual estandarizada de entre US$60 y US$80 para trabajadores y técnicos, agregaron algunas de las personas.

No todas las empresas a las que el Gobierno apunta para asociarse están generando interés. Los empresarios locales desconfían por los años de mal mantenimiento bajo la supervisión del Estado y temen a nuevas nacionalizaciones.

Maduro, que ha reducido las asignaciones para algunos Gobiernos estatales y locales durante la crisis, les ha otorgado margen de maniobra para asociarse con empresas locales para generar ingresos.

En diciembre, el gobernador del estado agrícola de Portuguesa, Rafael Calles, dijo a los medios públicos que las alianzas con el sector privado en la administración de 24 empresas estatales recaudaron US$60.000 al mes para el Gobierno estatal.

El Gobierno nunca ha publicado el número de propiedades que ha incautado a lo largo de los años. Pero un estudio de la cámara industrial nacional Con industria dijo que un total de 1.322 granjas de ganado, tiendas de alimentos, compañías eléctricas, molinos, fabricantes de vidrio, bancos, supermercados e instalaciones de almacenamiento en frio fueron expropiadas entre 2002 y 2015.

Muchas dejaron de existir y solo quedan unas 700. La mayoría de sus antiguos propietarios aún esperan una compensación o están involucrados en un litigio con la esperanza de recibir un pago, según un estudio de Transparencia Internacional de 2019.

Algunos analistas señalan que lo que está sucediendo en Venezuela tiene precedentes en otros Estados autoritarios de izquierda. «Este proceso es similar al proceso de privatización en Rusia en que los activos se transfieren a empresas locales privadas y a inversionistas de países aliados al Gobierno», dijo Asdrubal Oliveros, jefe de la consultora económica Ecoanalítica, hablando de la década de 1990.

«Pero a diferencia de Rusia, no ha habido un programa de estabilización profunda con la ayuda de organizaciones multilaterales. Estar aislado y bajo sanciones lo convierte en una situación diferente».

https://www.portafolio.co/internacional/venezuela-cede-a-privados-y-en-quiebra-empresas-que-expropio-549117

  • 20.4.-Ecuador: ¿Será posible revertir la crisis del Covid-19? MICHAEL ROBERTS
  • Coalición de izquierda de Perú presenta propuestas económicas
  • Trump también fue favoritoEMIR SADER
  • El Salvador: Odio, asesinatos y… elecciones – JULIA GAVARRETE

El candidato de izquierda Andrés Arauz tomó la delantera en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. Arauz ganó el 31,5 por ciento de los votos, lo que lo sitúa a unos 11 puntos de ventaja sobre sus rivales más cercanos. No estaba claro a quién se enfrentaría Arauz en la segunda vuelta. El líder indígena Yaku Pérez y Guillermo Lasso, un acaudalado exbanquero, tenían un empate técnico por el segundo lugar, Pérez con un 20,04% frente al 19,97% de Lasso. La segunda vuelta de desempate será en abril, pero si Arauz compite con el pro-empresarial Lasso, es probable que gane; es menos seguro contra Pérez.

13 feb 2021.- Ecuador es un pequeño estado sudamericano con solo 17 millones de personas en el ecuador. Las principales industrias de Ecuador son el petróleo, procesamiento de alimentos, textiles, productos de madera y químicos. El sector petrolero representa aproximadamente el 50 por ciento de los ingresos por exportación del país y aproximadamente un tercio de todos sus ingresos fiscales. La principal empresa petrolera es Petroecuador, de mayoría estatal pero que aún es propiedad de Texaco en un 37%. De hecho, las empresas estatales representan más del 80% de la producción de petróleo de Ecuador; el resto es producido por las multinacionales: Repsol (España), Eni (Italia), Tecpetrol (empresa estatal argentina) y Andes Petroleum, que es un consorcio de China National Petroleum Corporation (CNPC, 55% de participación) y China Petrochemical Corporation (Sinopec, 45% de participación). Ecuador es también el mayor exportador mundial de platanos y un importante exportador de gambas.

El resultado de la primera vuelta es un golpe importante a las maquinaciones del imperialismo en la región. Es probable que acabe con el gobierno de Lenin Moreno, que en los últimos cuatro años ha aplicado políticas favorables a las empresas. Lenin Moreno fue el número dos del ex presidente de izquierda Rafael Correa. Moreno renegó de las políticas de Correa al asumir el cargo y en cambio persiguió a los partidarios de Correa e impuso la austeridad fiscal, privatizaciones y otras medidas favorables a las empresas.

Entre 2006 y 2014, bajo Correa, el crecimiento medio del PIB fue de un 4,3%, impulsado por los altos precios del petróleo y la inversión extranjera. Correa pudo aumentar significativamente los salarios mínimos y los beneficios de la seguridad social, en parte financiados por mayores impuestos a los ricos. Pero a partir de 2015, el crecimiento medio del PIB fue solo el 0,6%.

A medida que la economía de Ecuador se deterioró, Moreno pidió un préstamo al FMI acompañado de estrictas medidas de austeridad. El FMI hizo lo mismo que con el gobierno de derechas en Argentina, ofreciendo dinero condicionado a medidas de austeridad y pro-empresariales. Lo que provocó un movimiento de protesta masivo en 2019, que finalmente obligó a Moreno a denunciar algunos de los términos del paquete del FMI. La popularidad de Moreno se desplomó y decidió no presentarse a estas elecciones.

Posteriormente se produjo la pandemia de COVID que afectó especialmente a Ecuador. La cruel incompetencia de la administración de Moreno, la debilidad del sistema de salud, privatizado y con fondos insuficientes y la desesperada necesidad de muchos trabajadores ‘informales’ de mantener sus puestos de trabajo, llevaron al desastre. Ecuador está cerca de la cima de muertes por millón de personas a nivel mundial. De hecho, el Congreso está acusando al ministro de Salud, Juan Zavallos, por administrar mal el programa de vacunación contra el COVID-19. La pandemia ha paralizado el 70% de las empresas y ha dejado 600.000 desempleados.

Como en otros lugares, la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada a las familias de bajos ingresos, ha aumentado el número de personas que viven en la pobreza y ha exacerbado la desigualdad de ingresos. Según el Banco Mundial, las familias en el decil inferior de la distribución del ingreso perdieron alrededor del 18 por ciento de sus ingresos, mientras que las familias en el decil superior perdieron solo un tercio de eso.

La solución de Moreno a la recesión fue pedir otro préstamo al FMI ($ 6.500 millones), a cambio de la desregulación del banco central y un alza de los precios de la gasolina y el diésel para situarlos cerca de los del mercado mundial. También firmó un préstamo bilateral de $ 3.5 mil millones con la administración Trump a cambio de privatizar una importante refinería de petróleo y partes de la red eléctrica del país y excluir a China de su mercado de telecomunicaciones. Moreno también respondió con recortes de «emergencia» del gasto público de $ 4 mil millones que incluyeron la liquidación de la aerolínea nacional y el cierre de embajadas.

Si Arauz gana en abril, asumirá el gobierno con una deuda externa de 52.000 millones de dólares.

 

Incluso después de los 7 mil millones de dólares en préstamos multilaterales del año pasado, Ecuador necesitará otros $ 7,6 mil millones de nuevo financiamiento en 2021, según un informe del FMI de diciembre. Y esto supone que el país aceptará recortar el déficit presupuestario del gobierno hasta los $ 2.8 mil millones este año, desde $ 7.2 mil millones de 2020. Permítanme citar directamente del FMI sobre sus condiciones: “Recortes de gastos discrecionales que incluirían moderación salarial (0.6 ppts del PIB) y moderación del gasto de capital (0,7 ppts del PIB). Junto con los ahorros de la reforma en curso de los subsidios a los combustibles y la reducción del gasto relacionado con la pandemia cuando la crisis ceda»; y «es necesario un compromiso continuo con la reducción del déficit para garantizar unas finanzas públicas sostenibles a medio plazo y reducir la carga de la deuda de las generaciones futuras. Anclar la senda a medio plazo del techo de la deuda en el 57 por ciento del PIB en COPLAFIP implica una reducción del déficit de NOPBS en 5.5ppt del PIB entre 2019-2025, y del saldo general del SPNF en 5.3ppt. El logro de estos objetivos ambiciosos, pero realistas, requiere combinar una reforma fiscal progresiva, con un rendimiento de ingresos permanente del 2½ por ciento del PIB a partir de 2022, y una racionalización sostenida del gasto».

Para lograr estos objetivos, el FMI quiere un aumento del IVA y medidas para hacer que el mercado laboral sea ‘más flexible’, es decir, “mantener la flexibilidad proporcionada por esas medidas, como semanas laborales más cortas, turnos más flexibles y acuerdos de trabajo remoto, que podrían apoyar el mercado laboral y la recuperación».

Pero Arauz dice que no cumplirá los términos del paquete del FMI negociado por Moreno. En cambio, quiere impulsar el crecimiento con un gran aumento del gasto público, impuestos más altos y controles de capital para evitar que el dinero salga del país. Arauz reconoce que Ecuador puede «crecer» para salir de la crisis en lugar de adoptar la austeridad que considera » absolutamente contraproducente para las necesidades de crecimiento y desarrollo de Ecuador».  En lugar de reducir el déficit presupuestario del gobierno con un ajuste fiscal del 3% del PIB, Arauz apunta a elevar el gasto público hasta un 1,5% del PIB con un importante programa de obras públicas y poner fin a las privatizaciones.

¿Cómo se hará esto? Primero, Arauz propone un impuesto sobre el patrimonio. Y en segundo lugar, ha sugerido aumentar el impuesto sobre la salida de divisas del país hasta un 27%. Los ecuatorianos adinerados ya han sacado $ 30 mil millones fuera del país. Por el contrario, Lasso, favorable a las empresas, quiere eliminar gradualmente el gravamen, que actualmente es del 5%. Y tercero, Arauz propone la financiación del gasto público por parte del banco central, en otras palabras, «imprimir dinero», al estilo de la TMM.

¿Funcionarán estas políticas? El nuevo presidente tendrá que afrontar una economía que se ha contraído entre un 10-12%, una deuda que equivale a alrededor del 60% del PIB (alto para los estándares de las economías emergentes) y una tasa de pobreza de alrededor del 35%. La desigualdad de ingresos y riqueza sigue siendo muy alta: el 10% de la población más rica tiene el 42,5% de los ingresos, mientras que el 10% de los pobres tiene solo el 0,6% de los ingresos.

Y hay grandes obstáculos para la recuperación. El gobierno no puede devaluar la moneda para abaratar las exportaciones porque Ecuador no tiene moneda nacional. Es una economía dolarizada. Eso significa que si el banco central va a financiar el gasto del gobierno comprando bonos públicos o respaldando sus presupuestos, dado que el gobierno no controla la unidad de cuenta, las reservas en dólares se reducirán. Hay algo de margen para ello, porque las reservas de divisas están en un máximo histórico dado que el dólar se ha debilitado. Y Arauz planea obtener préstamos de China para reemplazar el financiamiento del FMI.

El mayor obstáculo serán las multinacionales y el sector empresarial en Ecuador. Básicamente han dejado de invertir desde 2014.

Se debe en parte a la caída de los precios de la energía, pero también a que invertir con fines de lucro en Ecuador no parece prometedor. Las industrias de energía y recursos son altamente intensivas en capital, por lo que, en términos marxistas, la composición orgánica del capital aumenta significativamente con el tiempo. Esto reduce la rentabilidad de la inversión futura, lo que ha sido especialmente el caso en Ecuador desde la llamada crisis de los mercados emergentes de 1998. Solo la desaceleración de la inversión desde 2014 ha impedido que la rentabilidad siga cayendo.

Por tanto, el sector empresarial no tiene ningún incentivo para invertir, sobre todo si los precios del petróleo se mantienen bajos. Y a más largo plazo, la industria mundial de los combustibles fósiles se enfrenta a un grave declive.

A menos que los precios de la energía se recuperen bruscamente y / o la economía mundial se recupere el próximo año, las medidas de Arauz no podrían restaurar el crecimiento y revertir el impacto en los ingresos de la clase trabajadora de las políticas de Moreno y la pandemia.

https://www.sinpermiso.info/textos/ecuador-sera-posible-revertir-la-crisis-del-covid-19

20.4.-Coalición de izquierda de Perú presenta propuestas económicas

La agricultura de Perú moviliza al 30 por ciento de su población económicamente activa, de ahí la intención de Juntos por el Perú de estimular su crecimiento. |

Foto: Agencia Andina

Se centran en cambiar el modelo económico vigente en esa nación y en combatir el desempleo y la pobreza.

La coalición progresista de izquierda Juntos por el Perú (JP), que postula a la presidencia de ese país a la candidata Verónika Mendoza, presentó el jueves sus propuestas de gobierno en materia económica y fiscal, las cuales se centran en el cambio del modelo económico y el combate al desempleo y la pobreza.

La jefa del Plan de Gobierno del bloque, Anahí Durand, y su equipo de expertos difundieron a través de plataformas digitales su política en este ámbito, en esfuerzo por influir en el electorado de cara a las elecciones generales del 11 de abril próximo.

Subrayaron que constituirá prioridad la reactivación de la economía a través de medidas de emergencia y, con posterioridad, la aplicación de acciones de fondo que ayuden a dejar atrás la crisis económica.

Señalaron que se jerarquizará la salud. Puntualizaron que “sacrificar vidas no salva la economía” e insistieron en vacunar a toda la población contra la Covid-19 lo antes posible.

Hicieron hincapié en la necesidad de promover un programa de empleo temporal como opción para expandir las posibilidades de plazas laborales, en un país que tiene un 70 por ciento de sus trabajadores en el sector informal, como recordó Durand.

Enfatizaron que esa economía que defienden no buscará “crecimiento a costa de la explotación de los trabajadores (…) y depredar la naturaleza”, sino el beneficio de todos.

Uno de los expertos, el expresidente de la estatal Petroperú, Humberto Campodónico, planteó que esa nación debe cambiar su modelo económico extractivista por políticas de desarrollo productivo.

Agregó que se ha de dar prioridad a la industria y la agricultura. Esta última se convierte en eje de singular importancia, pues moviliza al 30 por ciento de la población económicamente activa, como precisó el panel.

Entre las diversas propuestas que mencionaron, figuran la transformación de la matriz energética y favorecer las fuentes renovables a partir de migrar de los combustibles fósiles a la energía eólica o solar.

El economista Pedro Francke recordó que en Perú se perdieron tres millones de empleos y la pobreza aumentó en 15 por ciento debido a la crisis generada por la Covid-19.

Propuso que la inversión pública aumente de 30.000 a 45.000 millones de soles (8.216 a 12.325 millones de dólares, respectivamente), así como que los ahorros fiscales puedan ser utilizados para entregar más bonos universales.

Dentro del esfuerzo por reactivar la economía, también se mencionó el propósito de evitar el quiebre de empresas.

Con anterioridad, la candidata Verónika Mendoza había destacado que se precisa entregar créditos a las pequeñas y medianas empresas, las que más dinamizan las economías locales y regionales, en lugar de las grandes compañías y los bancos, puntualizó.

Los peruanos irán a las urnas el 11 de abril para elegir al Presidente, dos vicepresidentes, 130 congresistas y cinco integrantes del Parlamento Andino, todos para el mandato gubernamental 2021-2026.

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/39396?.intl=e1&.lang=es-US&.partner=none&.src=fp

20.4.-Trump también fue favoritoEMIR SADER

Bolsonaro no será favorito si la izquierda se guía por el criterio de las experiencias de las recientes victorias electorales: Argentina, Estados Unidos, Bolivia.

Hace un año Trump era uno de los favoritos para ser reelegido presidente de Estados Unidos. Reinaba soberanamente en lo más alto de las encuestas, mientras sus oponentes luchaban por saber quién lo enfrentaría, divididos, con tasas bajas para poder desafiar a Trump.

18 feb 2021.- Una situación similar a la que se vive ahora con Bolsonaro habiendo liquidado a sus oponentes en el campo de la derecha, con golpes duros y rápidos, se quedó solo como posible candidato de los grandes empresarios, de los medios de comunicación y de los partidos de derecha.

Mientras tanto, el Poder Judicial, brindando un servicio más a las oligarquías de Brasil, tarda en juzgar a Lula y devolverle todos sus derechos, para que pueda ser el candidato que unifique la oposición contra Bolsonaro. Las encuestas señalan que Bolsonaro lidera con holgada mayoría, mientras una serie de candidatos de la oposición se dividen sus preferencias entre ellos, todos con enormes dificultades para unificar y canalizar el gran potencial de rechazo a Bolsonaro.

Las encuestas, a menudo entrevistando a mil personas en Brasil, están poniendo a la cabeza a personas en situaciones supuestamente inevitables. Nadie piensa que si Lula fuera incluido en las encuestas, podría reproducir la situación de 2018, en la que todas las encuestas indicaban que él ganaría a todos los oponentes en la primera ronda.

Tampoco toma en cuenta que las encuestas, además de ser limitadas en el número de entrevistas, se realizan por teléfono, en una situación muy fría y artificial, además de dejar fuera de consulta a gran parte de la población más pobre. Pero, principalmente, no tiene en cuenta que la encuesta es una cosa, la campaña es otra. Lo que cuenta especialmente para Lula, debido a sus extraordinarias habilidades de comunicación, especialmente con las mayorías pobres del país, ya sea como candidato o apoyando a un candidato, lo que le ha faltado a Haddad en 2018.

Bolsonaro ni siquiera tuvo la luna de miel de Trump, con la economía norteamericana creciendo y generando empleos, lo que generalmente produce la reelección de un presidente en Estados Unidos. La pandemia puso patas arriba al país, empezando por la economía, que entró en recesión y generó desempleo. Al mismo tiempo, el discurso negativo en relación a la pandemia generó un clima muy desfavorable para la reelección.

Los demócratas, en tanto, se movilizaron en torno a un candidato moderado, que supo, desde el principio, contar con sectores del propio Partido Republicano, descontentos con las posiciones de Trump. Pero sobre todo, canalizó todas las formas de rechazo a Trump, prometiendo a un gobierno reactivar la economía y luchar con firmeza contra la pandemia, oponiéndose fuertemente al escenario que representaba a Trump.

Otro aspecto negativo de las encuestas sin Lula, es que alimentan a los demás candidatos de la oposición a creer que pueden ser el candidato de la izquierda contra Bolsonaro. Está claro, en primer lugar, que la disputa será muy dura, no es cualquier candidato que pueda afrontarla. En segundo lugar, que Bolsonaro tendrá un fuerte flujo de apoyo, que debe ser contrarrestado por un fuerte apoyo popular, como siempre han tenido los candidatos del PT, arraigado en el nordeste del país, pero ahora también en las periferias de las grandes ciudades del sureste y sur.  Una performance de que solo Lula, candidato o apoyador de una candidatura, puede tener.

También será indispensable, como se desprende de las experiencias boliviana y ecuatoriana, una victoria por amplio margen, para superar los procesos de judicialización que se han impuesto en esos países y también en Brasil, y bajo los cuales se realizan las elecciones en esos países. La salida de este proceso requiere unidad de las fuerzas democráticas, un fuerte apoyo popular y un gran liderazgo, que trasmita la seguridad de la capacidad de derrotar a Bolsonaro y gobernar con éxito, como logró hacer el PT.

Bolsonaro puede ser favorito, pero no será favorito, si la izquierda se guía por el criterio de las experiencias de las recientes victorias electorales: Argentina, Estados Unidos, Bolivia. Bolsonaro, como Trump, tendrá que dejar de ser un francotirador, de solo atacar a la vieja política, a la corrupción, como si no las practicara abiertamente. Será víctima de su gobierno fallido. Está claro que en 2022 todavía la economía estará en recesión y con un alto desempleo. Los efectos de la pandemia se seguirán sintiendo, con el precario suministro de vacunas y aún con las víctimas actuales de la pandemia.

Un referendo que coloque al país en la alternativa de Bolsonaro o el país de desarrollo económico con distribución de ingresos y empleo, con vacunas para todos, con democracia, será el escenario decisivo para la derrota de Bolsonaro y la victoria de las fuerzas democráticas.

– Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).

https://www.alainet.org/es/articulo/211023

20.4.-El Salvador: Odio, asesinatos y… elecciones – JULIA GAVARRETE

En medio de un escenario de tensión política e intolerancia social, el país centroamericano está a pocos días de las elecciones legislativas y municipales. Dos simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional han sido asesinados tras participar en un acto de la formación de izquierda. Mientras las investigaciones siguen su curso, se apunta a un crimen político, nutrido por mensajes de odio que promueven altos funcionarios del país, incluido el presidente Bukele que llegó a afirmar que se había tratado de un autoatentado. ¿Qué está pasando en El Salvador?

21 feb 2021.- El pasado 31 de enero, simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fueron atacados por tres hombres que dispararon directo al camión en el que se encontraban. Todo ocurrió en el centro de la capital salvadoreña en el marco de la campaña para las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero, en las que el oficialismo aparece liderando las encuestas y podría alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento. Dos personas fallecieron y otras tres fueron lesionadas en el tiroteo. Los veinte militantes del FMLN que se encontraban en el camión regresaban de un evento proselitista del candidato a la alcaldía de San Salvador, cuando el auto con los tres hombres a bordo los interceptó. Uno de ellos abrió fuego. Eran las 6:25 de la tarde de ese domingo.

El ataque contra simpatizantes de izquierda se ha convertido es parte de una escalada de radicalización política que se vive en el país. En las redes sociales se destila tensión, en especial en Twitter, atizada por los mensajes de odio e intolerancia que son generados, principalmente, desde el gobierno. Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, El Salvador se vio marcado por la polarización entre el FMLN, partido de izquierda que gobernó el país entre 2009 y 2019, y la derecha dura representada por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Y es sobre ese escenario dividido y sobre el desencanto generado por ambos partidos tradicionales que cobró relevancia la figura del actual presidente Nayib Bukele. El mandatario de 39 años, que se autodefine como un outsider de la política, consiguió 54 % de los votos en las últimas elecciones, lo que le permitió romper con 30 años de bipartidismo, aunque no con la polarización.

Lo que ocurrió el 31 de enero pasado en El Salvador es la expresión mayúscula de una situación de violencia política que ya había sido advertida por la sociedad civil. Los mensajes de odio calan fuertemente ante una población enajenada por la violencia y se encienden con una mínima chispa. Bukele, sin embargo, tuvo declaraciones altamente desafortunadas solo media hora después del asesinato de los miembros del FMLN. En lugar de condenarlos, insinuó que se había tratado de un autoatentado. «Parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción. Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron», decía el presidente desde su cuenta de Twitter. El FMLN no tardó en rechazar la afirmación de Bukele.

La muerte de Gloria Rogel de López y Juan de Dios Tejada, los dos militantes del FMLN, recibió la condena de actores políticos y sociales y de la comunidad internacional. Y el lenguaje de Bukele quedó en el centro de la escena. «Condeno profundamente el ataque de ayer dirigido al meeting de campaña del @FMLNoficial en El Salvador y hago un llamado a una investigación total del crimen. El Estado necesita garantizar a todos los partidos políticos democráticos a que puedan hacer una campaña y baje la intensidad no que añada gasolina al fuego @nayibbukele», escribió Tilly Metz, que forma parte de la bancada de Los Verdes en el Parlamento Europeo. El 10 de febrero, Metz envió una carta a Bukele pidiendo que reduzca la escalada de violencia política que se vive en el país centroamericano. «Sinceramente espero que las próximas elecciones sean justas, pacíficas y transparentes».

La campaña de odio del presidente se ha transformado se ha transformado ya en una política gubernamental. Armando Álvarez, catedrático del departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), le recordó a Bukele que «procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores» del país es parte de sus atribuciones constitucionales como presidente. Pero eso no ocurrió esa noche. La presidencia de El Salvador no condenó el hecho, sino que continuó fomentando la división entre los salvadoreños.

Radicalización presidencial

El presidente Bukele ha encontrado en Twitter un nicho que seguirá explotando hasta donde la red social se lo permita. Aunque las políticas de esa red social son claras en cuanto a no fomentar el odio, tal parece que eso no aplica para el presidente de El Salvador. Twitter es enfático en cuanto a qué considera como «conductas de incitación al odio». Por ejemplo, «no se permite fomentar la violencia contra otras personas ni atacarlas o amenazarlas directamente por motivo de su raza, origen étnico, origen nacional, pertenencia a una casta, orientación sexual, género, identidad de género, afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad grave. Tampoco permitimos la existencia de cuentas cuyo objetivo principal sea incitar la violencia contra otras personas en función de las categorías antes mencionadas», se afirma en las políticas de la red social. Sin embargo, el 1 de febrero de 2020, justo un año antes de este ataque, Bukele tuiteó: «Arena y FMLN no son basura, son peor que eso. Negociaron con la sangre de nuestro pueblo. Mil veces malditos». El mensaje lo compartió cuando se conoció que la Fiscalía General de la República (FGR) había presentado un requerimiento para procesar a algunos funcionarios por negociar con pandillas. Lo que omitió el presidente en ese momento es que algunos funcionarios de su administración cuando fue alcalde de San Salvador (2015-2018) también han sido investigados por reunirse con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Bukele ha tenido buenas relaciones con políticos de otras naciones que también han apelado a los discursos de odio. Entre ellos, por supuesto, se destaca el ex presidente estadounidense Donald Trump. En la historia reciente de El Salvador nadie ha sido tan «florido» para atacar a sus adversarios políticos como Bukele. Omar Serrano, vicerrector de la UCA, afirma que Bukele y Trump se asemejan porque «han hecho del odio su emblema». Y asegura que «tampoco hubo otro mandatario que haya pretendido explícitamente dividir al país como lo ha hecho él».

La disputa por la versión de los hechos

Cada vez que Bukele habla, sus funcionarios —y un ejército de trolls— se convierten en la caja de resonancia de su mensaje. Hasta cuando ocurre un temblor, el presidente se expide. A pesar de que existe un Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bukele considera que es él quien debe informar la escala del sismo. Así sucede con una diversidad de temas. Y sus acólitos no dejan de replicar sus mensajes. Cuando Bukele habló de «autoatentado» algunos funcionarios de su círculo cercano, como el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa), Federico Anliker, continuaron alimentando esa versión. La misma noche del atentado escribió en su cuenta de Twitter: «Los mismos de siempre, hoy resulta que después de acabarse al país y llevarnos a la violencia social que ellos mismos la propiciaron y otros incluso son parte de esas mafias, hoy se quieren pintar como blancas palomas. ¡NO JODAN!».

De lo ocurrido el 31 de enero, se sabe que en el camión viajaban mujeres, unos cuantos hombres y ex-combatientes de la guerrilla ya ancianos. Además, se sabe que el automovil les interceptó porque hubo hostigamientos previos, que llevaron a que unas mujeres, simpatizantes del partido de izquierda, respondieran tirando bolsas con agua a los atacantes. También se sabe la identidad de los tres hombres que bajaron del auto azul que interceptó al camión. Se trata de tres empleados del Ministerio de Salud, dos de los cuales se desempeñan en el área de seguridad. El otro trabaja como conductor. Es decir, los tres son empleados del gobierno de Bukele. Testigos manifestaron al periódico El Faro que uno de ellos fue quien disparó.

Cuando se conoció que los atacantes eran empleados públicos, Bukele cambió su discurso: pasó de sostener que se trataba de un autoatentado a afirmar que se había producido un enfrentamiento. Esta tesis fue sostenida también por la Fiscalía General de la República, al conocer que uno de los atacantes también estaba lesionado por una bala. Las víctimas del ataque que resultaron lesionadas afirman, sin embargo, que no portaban armas.

El ataque contra militantes del FMLN ha acentuado una disputa entre la Presidencia y la Policía Nacional Civil (PNC) con el Ministerio Público por quién presenta pruebas irrefutables de lo sucedido. Aun cuando la PNC es un brazo de investigación de la Fiscalía, su posición ha sido la de demostrar que los atacantes reaccionaron a un enfrentamiento con los militantes. Lo que ocurre entre las dos instituciones es grave. Marcela Galeas, abogada penalista, ha sostenido que «lo peligroso en este caso es que la forma en que desde el gobierno, específicamente el presidente y la PNC, se quiso deslegitimar las calidades de las víctimas y justificar las acciones de los hechores por tratarse de empleados del Ministerio de Salud». «Que la Policía cuestione de manera pública la dirección funcional de la Fiscalía, priorizando la protección de los acusados y no de las víctimas, es inaudito». No hay justificación alguna, ni jurídica ni lógica, que lleve a pensar, al evaluar los videos que se han presentado como prueba, que hubo enfrentamiento. Bukele, sin embargo, acusó al Ministerio Público de ocultar videos y él mostró los propios, los que la PNC había obtenido «por su cuenta».

El ambiente se ha convertido en un campo de batalla en el que todos acusan y todos se responden. Ante lo enunciado por Bukele, el fiscal general de la República, Raúl Melara, no tardó en responder. «Al querer desvirtuar las conclusiones de la investigación, lo que hace la Policía Nacional Civil es desacreditarse más y menospreciar el trabajo que sus investigadores han hecho con los fiscales. No entiendo a quién defienden. No tienen el más mínimo respeto por los fallecidos ni por sus familias», escribió Melara en su cuenta de Twitter.

Mientras las investigaciones continúan, el fiscal intentó juntar a todos los representantes de los partidos políticos inscritos en la contienda. Quería un pacto de no violencia, pero no lo logró: el partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, no se presentó. Tampoco lo hizo Cambio Democrático, un partido aliado del presidente. Pero cuando la Embajada de Estados Unidos llamó a una reunión citando a todos los partidos políticos para garantizar la no violencia política, los partidos oficialistas asistieron. El llamado del gobierno estadounidense parece ser, para Bukele, más importante que el llamado de un fiscal de su país.

Las señales de autoritarismo

El oficialismo de Bukele ha intentado sostener una única línea de lo sucedido y todos se han cerrado sobre ella. Para hacerlo ha intentado que los medios difundan su posición. Para un gobierno deseoso de concentrar el poder, la estrategia mediática ha sido clara. Los constantes bloqueos gubernamentales a la información pública, el debilitamiento de la prensa independiente a través de ataques y de campañas de desacreditación, a la vez que el fortalecimiento de los medios estatales que sostienen la posición del gobierno, operan como herramientas claves para Bukele. Defensores de los derechos humanos han sostenido que estas constituyen evidentes señales de autoritarismo por parte del gobierno.

El 9 de febrero de 2020 una imagen recorrió el mundo: la de Bukele rodeado de militares en la Asamblea Legislativa, practicando un intento de autogolpe con amenazas a la oposición. El peso del Ejército y las actitudes autoritarias del presidente son evidentes. Alcanza con revisar el presupuesto general de la nación e identificar dónde está destinada la mayor cantidad de dinero. La respuesta no es difícil: en los militares. Tal como sostiene la defensora de los derechos humanos Celia Medrano en una entrevista concedida al periódico El Faro, Bukele apuesta por la militarización de la política y muestra rasgos «autocráticos y claramente autoritarios».

La oposición es débil y muy poco inteligente. En medio de un clima tenso, Bukele encuentra las palabras para controlar el voto popular. Mientras sus ojos están puestos en las próximas elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero, pareciera que no habrá un cambio en el discurso que ha traído desde que inició su mandato en junio de 2019. El vicerrector de la UCA, Omar Serrano, sostiene que la violencia se ha vuelto una constante a partir de la siembra de odio gubernamental. Los resultados están a la vista: ya no se trata solo de polarización política, sino de asesinatos, como se verificó con lo sucedido en la caravana del FMLN. «Lo peor es que los más afectados siempre es la clase pobre, la gente del pueblo, que están en las comunidades, mientras en las cúpulas seguramente van a llegar a arreglos políticos», insiste Serrano. Con la presidencia de Bukele, lo único que quedó atrás fue la hegemonía de los dos partidos tradicionales. Ahora, sin embargo, ha emergido otra cosa: el odio en el discurso político, la responsabilización a terceros por los errores propios. Los hechos lamentables están lejos de haber terminado.

https://www.sinpermiso.info/textos/el-salvador-odio-asesinatos-y-elecciones

20.3.-Chile: en la prueba de Zhou ASCANIO CAVALLO

Foto: Agencia Uno

 Un estudio de Ipsos entregado esta semana revela que la principal amenaza que sienten los chilenos es la pérdida de empleo y de ingresos. No son la misma cosa, pero casi. Es parte de la percepción histórica de los chilenos que el ingreso siempre se puede recuperar, mientras que el empleo también es más difícil.

13 feb 2021.- La pérdida colectiva de empleo agrava el sentimiento de catástrofe. En esto, el Covid-19 ha cumplido con su identidad como desbarajuste.

No es tan raro que entre los 28 países estudiados por Ipsos, las dos mayores amenazas más intensamente sentidas en Chile sean el desempleo y un desastre natural. Milenarismo y fatalidad. El imaginario nacional se vuelve a llenar de imbunches. Más de alguno aspira a una curul.

El desempleo estuvo todo el 2020 por sobre los dos dígitos, una cifra que no se conocía desde los primeros dos años de Lagos. Una generación completa de chilenos no había presenciado una situación igual y la pregunta es cuánto tiempo se prolongará. Los números para el 2021 han empezado a mostrar pequeños avances, pero ya es claro que cualquier atisbo de recuperación quedará para el 2022 o más, atravesada por un torbellino de elecciones, debates constitucionales y nuevas autoridades elegidas. Es un misterio la forma que tomará la dialéctica entre ambas cosas, pero ya son numerosas las figuras políticas que creen saber positivamente que vendrán días mejores o que, por el contrario, se avecina un gran fuego sacro.

Tampoco es una condición aislada. El Banco Mundial ha aumentado en enero su estimación de incremento de la extrema pobreza como efecto de la pandemia. Ahora calcula que entre las personas que pasarán a esa categoría serían entre 119 millones y 124 millones. Este es el más grande retroceso desde los años 60, momento en el cual la población que vivía en condiciones de extrema pobreza era un 80% del mundo.

En 60 años se había venido reduciendo hasta el 10% y en el 2015, en uno de esos momentos de optimismo jolgorioso, ocupó el primer lugar de los Objetivos de Desarrollo Sustentable: llegar a cero en el 2030. Un estudio de Brookings Institution ha calculado ahora que una mitad de los nuevos pobres lo seguirán siendo después de ese año, lo que significa que la línea de base actual -unos 60 millones- se mantendrá duplicada.

Las ciencias sociales han debatido largamente el papel del desempleo en el estado de ánimo social. Algunos sostienen, con base en casos numerosos y en diversos “estallidos” revolucionarios, que el desempleo aumenta y excita la protesta. Es una conclusión que hasta parece obvia. Pero hay quienes han observado, con base en otros tantos ejemplos, que el desempleo más bien inhibe -o posterga- el ánimo de protesta. Nunca es razonable reducir el clima de una sociedad a un solo factor, por importante que parezca, pero es una disyuntiva que deberían pergeñar quienes pasean por la política y sus vecindades. El sentido común es un talento político; el otro es ofrecer resistencia a las ideas simplonas.

Los incidentes episódicos ocurridos en Chile en los últimos meses, con su ya conocida marca vandálica, podrían indicar que bajo el manto de la emergencia sanitaria espera, agazapado, el espíritu del 18-O, listo para explotar antes de que termine el gobierno de Piñera. Pero también podrían ser signos de que un estilo de crispación expresionista se ha vuelto endémico, con su pertinente inclinación hacia la violencia carnavalesca: el incendio ajeno (que tanto satisface a una joven diputada), la primera línea, el payaso asesino, en fin. Unos aseguran, triunfantes, que todo cambió y ya está; otros, victoriosos, repiten lo del Gatopardo: que nada cambia.

La oposición a Piñera, una parte de la cual considera altamente injusto que su gobierno no haya sido derrocado, se ha endurecido en torno a la primera visión, que también parece la más simple. Se ha reconfirmado en la idea de que este es un gobierno insensible e inepto, con el deseo de que esto último zahiera la autoestima del Presidente. No está dispuesta a reconocerle su anticipación con las vacunas ni el desempeño notable de un sistema de salud primaria que parece confirmar algunas de las apreciaciones más odiadas del exministro Mañalich. Si Chile resulta ser el primer país no desarrollado que logre la inmunidad por las vacunas, será mérito de cualquiera, menos del Presidente.

Esto es parte de la larga batalla político-electoral del 2019. El hecho de fondo, sin embargo, es que esta batalla se librará con la certeza de que la pandemia no ha sido solamente un fenómeno suspensivo de la protesta, sino que está hiriendo de manera muy profunda el empleo, los ingresos y el nivel de la pobreza. Hay que ser un campeón de la frivolidad para no ver que eso lo transforma todo.

Los economistas del Banco Mundial han estado advirtiendo que en los países de ingresos medios se observa “un empobrecimiento de grupos nuevos que no habrían ingresado a la pobreza en el curso normal de los eventos”. El curso normal de los eventos chilenos ya había dejado de ser normal antes de que el murciélago fuera atrapado en Wuhan. Lo que no entraba en esa anormalidad eran precisamente estas dos deformidades: el desempleo y la pobreza. ¿Qué misteriosa fuerza de la historia chilena hizo que el desastre general se encabalgara sobre una crisis social estrictamente local, modificando su naturaleza?

¿Falta un tiempo para saberlo? Todo el mundo tiene alguna idea consolidada sobre las causas y las consecuencias de la Revolución Francesa. Cuando le preguntaron por ella al líder chino Zhou En-lai, dijo que “es muy temprano para evaluarla”. Claro que aún no se sabe si era una respuesta profunda o si entendió mal la pregunta. Podría aplicarse como prueba sobre la competencia de los políticos.

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-la-prueba-de-zhou/KQDK6KJNGBEJNGGI2YRMVYGOWI/

  • 21.2.-Chile:Urge un programa de gobierno de la izquierda que sea antineoliberal con medidas anticapitalistasLEOPOLDO LAVÍN
  • Certezas e incertidumbres políticas de un procesoCARLOS FLANAGAN
  • Chile: doce precandidatosASCANIO CAVALLO

Marzo será un mes político clave. Será el momento político abierto en el contexto de un ineludible escenario electoral. Será cuando habrá que plasmar; proyectar escritas y argumentadas las demandas populares y de los movimientos sociales por una ruptura democrática con las políticas de la oligarquía empresarial que hasta al momento han dominado la vida política.

4 feb 2021.- Se trata de tomar el escenario electoral presidencial por las astas e irle dando consistencia a un programa de corte claramente anti neoliberal que oriente e incluya medidas anticapitalistas que las ultraderechas y las “centro-izquierdas” denunciarán, con su consabida narrativa del caos y la impotencia, como utópicas. Ante la distopía o la continuación de la pesadilla neoliberal, las fuerzas de izquierda institucionalizadas y con recursos para campañas políticas bien organizadas tendrán que hacer prueba de osadía y claridad. Hay una situación propicia, además de aguijoneada por la urgencia (*). Y en tal situación, los intelectuales tendrán que tomar posición.

Los tiempos no están para consensuar lo que no se puede sin que aparezca espontáneamente a la consciencia popular, forjada desde hace dos años en la movilización misma, la figura de otra traición más de un proyecto de voluntad de mayorías. Es justo el tiempo, o será demasiado tarde. Habrá una coyuntura para radicalizar posiciones y debates con propuestas de cambios estructurales. Si se puede hablar de momento histórico, sin exagerar, es ahora. Estamos en una encrucijada. Sólo se ganarán el respeto popular y se conectarán con la historia de los de abajo las fuerzas de izquierda capaces de impulsar medidas que modifiquen la correlación de fuerzas políticas y sociales con medidas en el plano de la base económica, y que apunten a potenciar un proyecto social y político que permita enfrentar los cambios desde una perspectiva de los pueblos, de las igualdades, de la democracia participativa desde el territorio, del lugar de trabajo y de vida comunal y de las relaciones con la naturaleza. Medidas que ayuden a disminuir los efectos sobre las mayorías de la catástrofe económica, sanitaria y ecológica en curso y a la vista. Es lo que se espera. Navegar en el impulso de la consciencia acumulada durante la Rebelión Social y Popular de octubre 2019 para transformarla en caudal político con el cual realizar esos cambios deseados, y una y otra vez postergados. El desafío es encarar sin tregua a los propagandistas de los petits pas (del reformismo carita inocente, pero culpable de desidia política); conectar el proyecto transformador con las ansias y esperanzas de un cambio real. Y los cambios más difíciles serán los que se imponen en la estructura económica que concentra la propiedad privada de los recursos económicos entre manos de una oligarquía poderosa y mortífera. El aparataje jurídico legal está para eso: para defender la gran propiedad en manos de quienes han expoliado y acumulado riquezas bajo la forma de capitales industriales, financieros y patrimonios y fortunas en paraísos fiscales.

Pues bien, si la energía del movimiento social del 18/O del 2019 rompió los diques de una institucionalidad  diseñada para ningunear las demandas de Asamblea Constituyente libre y soberana, la casta política logró imponerle un remedo llamada “Convención”. En esas movidas vimos como la fuerza del poder constituyente fue capturada por la casta de partidos viejos y nuevos de la oposición (salvo honrosas excepciones) y del oficialismo. Maniobra conspirativa que demostró la esencia del sistema de casta política y partidos: ser orgánicas burocratizadas integradas a las estructuras políticas de dominación, bajo apariencia de “consenso”. Es lo propio del juego institucional: captar una demanda profundamente democrática levantada por el pueblo (pueblo de millones de carne y hueso en las calles exigiendo AC) y desnaturalizarla o vaciarla de su contenido transformador en nombre del juego “democrático” institucional entre “representantes”, no del pueblo, sino de castas. Y de paso, sucumbir a la presión de la ideología del orden y del capital y aprobarle leyes represivas al Gobierno de Piñera. Son las aporías de la “democracia representativa liberal”.

Que el movimiento social decida sobre su curso extra institucional de lucha por obtener las demandas, no es necesariamente una lógica separada de una lógica partidista institucional que busca gobernar una buena parte del aparato del Estado para impulsar medidas de transformación social. No son lógicas contradictorias. Pueden acompañarse en un juego dialéctico de empoderamiento mutuo en un proyecto de cambio, estratégico, que se enfrenta necesariamente a las estructuras de dominación y a su violencia … por ende estructural. Es mejor un gobierno auténtico de izquierda, con amplia base popular, que se comprometa (además de cumplir su programa sin transarlo) solemnemente durante la campaña a no reprimir al pueblo y a sus movimientos sociales, y junto con eso, a reformar los aparatos policiales represivos, que uno timorato de centro-izquierda/socialdemócrata o de confrontación social y de derecha autoritaria como el actual. Bien sabemos que estos dos últimos se reclaman de la consabida e hipócrita monserga del “orden y de la defensa de la propiedad”. Saber distinguir matices es lo propio de una estrategia correcta capaz de moverse en el terreno de lo táctico.

Nada nuevo bajo el sol en las candidaturas de derecha. Cuando se trata de pontificar en economía aparece siempre un ex ministro de Hacienda y economista ortodoxo que sale con las eternas recetas de “crecimiento con productividad” y de creación de empleos con bajos salarios (“apretarse el cinturón” dicen) sin considerar siquiera el carácter profundo de una crisis que es global, financiera, climática, sanitaria y, resultado del mismo paradigma neoliberal que sacrifica lo público-social a lo privado-empresarial y por ende a la desigualdad social. En esa línea, (y en la de los neoliberales de todos los pelajes estilo PS-PPD) se ignoran los análisis de quienes no profesan el dogma economicista; que lo cuestionan, como lo hace un investigador capaz de escribir un libro de 600 páginas, documentado, con reflexiones histórico-comparadas y filosóficas que argumenta acerca de la necesidad urgente de regular el capitalismo, de aumentar fuertemente los impuestos con fiscalidad progresiva a los más ricos, y de la importancia de impulsar la participación de los trabajadores en las empresas, así como de nacionalizar las estratégicas para planificar la economía por áreas.

Hablamos de Thomas Piketty, quién en su último libro, “La Ideología del Capital” explica además que la ideología de la “meritocracia” es un individualismo que permite a los ganadores del sistema estigmatizar a los llamados “perdedores”. Ideología enfocada en el “esfuerzo individual”, sin siquiera ésta, preocuparse de crear condiciones reales para la igualdad social. Thomas Piketty defiende un tipo de socialismo democrático en que los bienes públicos orienten la política de Estados liberales (de “derecho”) que, como en Chile, devienen cada vez más autoritarios y más militarizados al estar en manos de las oligarquías con vocación para reprimir a los poderosos movimientos sociales portadores de demandas ciudadanas. Lo impensable sucede cuando un economista neoliberal, el ex ministro de un gobierno que se ha caracterizado por reprimir sin vergüenza, se adora en el espejo y decide presentarse de candidato a la presidencia por un partido “liberal en lo valórico” e intrascendente en lo político, mero furgón de cola de la oligarquía empresarial.

El resto de los candidatos de la ultraderecha neoliberal, además de encarnar el mismo esquema donde los mercados y el lucro mandan, participan del gran espectáculo que Freud llamaba el “narcisismo de las pequeñas diferencias”. ¡Cuál más ridículo que el otro! Obligado cada uno a hacer prueba de ingenio vulgar (como mostrar sus tatuajes) para destacarse del o de la alter ego. Sin, por supuesto, ningún programa de gobierno que presentar.

Al igual que las dos candidatas del llamado centro-izquierda, sin programa alguno que ofrecer que no sea la letanía de buenas intenciones de coaliciones que no hicieron otra cosa que remozar y retocar el modelo dejado por la dictadura y cuyo marco jurídico legal es la constitución del 80. Una fue designada a dedo por la ex presidenta socialista M. Bachelet – que no hizo otra cosa que patear los problemas de Chile para adelante. Hasta que el pueblo cansado, con un gobierno de derecha inepto a cuestas, decidió rebelarse con sus propias demandas negadas por derechas ultras y socialdemocracias cristianizadas, y otros que hoy se deslindan, pero que en su momento fueron también dama de compañía y príncipe consorte de la experiencia fracasada de la Nueva Mayoría. En su momento hicieron mutis por el foro. Hoy pueden redimirse, sobre todo si en su Congreso partidario se han declarado por un proyecto antineoliberal, anticapitalista y antipatriarcal, y cuentan con un buen candidato para encarnar un proyecto de izquierda. Lo mismo para la otra posible candidatura que se sitúa en el campo de la izquierda. Que levante ya un programa claro, que sea también de corte antineoliberal y anticapitalista, pues no basta con retirar la plata de las AFP. Y si estos partidos con base de izquierda, no quieren hacer primarias de izquierda, que hagan un pacto en caso de balotaje o segunda vuelta. Es lo que la razón política ordena: la unidad de la izquierda en torno a un buen programa coherente, discutido ampliamente y elaborado con inteligencia que permita agitar y propagandear ideas fuerza y consolidar un proyecto de transformación social. Que inspire a las y los convencionales delegados, que las y los oriente en un proyecto, para que no pierdan la brújula y se queden en debates abstractos y encerrados en el “fetichismo constitucional”. En la adoración de fórmulas legales formales. Pues el poder constituyente del pueblo podría en todo momento retirarle la legitimidad a la Convención Constitucional, o imponerle medidas democráticas para ser creíble y eficiente.

Leopoldo Lavín Mujica

(*) entre los años 20-30 del siglo XX quienes lograron captar la atención de muchos pueblos en un contexto de cesantías, crisis del capitalismo e incertidumbre ante el futuro fueron partidos fascistas que siempre pescan a río revuelto y aprovechándose de la incapacidad de las izquierdas de levantar un programa claro de satisfacción de demandas sociales, de los y las trabajadoras y de regulación del poder de la clase empresarial. Esta se acomodó con el partido nazi en Alemania. Fue en ese contexto que Gramsci, preso en Italia, escribió: “Pasado y presente, el aspecto de la crisis moderna que se presenta como una ola de materialismo está vinculado a lo que se llama crisis de autoridad. Si la clase dominante perdió el consenso-consentimiento, es decir que ella ya no es dirigente sino únicamente dominante, que detenta para gobernar solo la fuerza coercitiva pura, esto significa precisamente que las grandes masas se desapegaron de las ideologías tradicionales, que ya no creen más en lo que creían antes, etc. La crisis consiste precisamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. Es en este interregno que ocurren los más variados fenómenos mórbidos”. Gramsci, Cahier III, au paragraphe 34.

https://rebelion.org/urge-un-programa-de-gobierno-de-la-izquierda-que-sea-antineoliber

21.2.-Certezas e incertidumbres políticas de un procesoCARLOS FLANAGAN

Luis Arce y David Choquehuanca Fuentes: Rebelión / CLAE

Luego del resonante triunfo electoral del 18 de octubre pasado, el gobierno del MAS encabezado por Luis Arce y David Choquehuanca enfrentan, desde su asunción el 8 de noviembre, variados desafíos.

Las certezas

4 feb 2021.- Tienen claro que el primero y más urgente consiste en reconstruir la economía boliviana; destrozada luego de once meses de desgobierno neoliberal de la dictadura encabezada por Jeanine Añez. Sólo a modo ilustrativo del estado de situación, brindamos tres datos económicos:

Bolivia pasó de haber liderado en América Latina por seis años en sus índices de crecimiento económico en el período 2006 – 2019, a tener ahora la caída más grande del PIB en los últimos 40 años: un 11,1%. Las reservas internacionales netas (RIN) del país bajaron un 13% desde noviembre 2019 al mes de octubre 2020: de 6.459 millones de dólares a 5.578 millones. En el mismo período la dictadura endeudó al país en más de 4.200 millones de dólares entre deuda interna y externa.

Estos factores mencionados, sumados a la pésima gestión de las empresas públicas y la paralización de las tareas en las plantas de litio y urea, dieron como resultante un aumento del desempleo y la pobreza. Para enfrentar y superar este complejo panorama económico y social, se propone el objetivo de restaurar el modelo económico social, comunitario y productivo, que dinamice la economía plural y el mercado interno con crecimiento y redistribución del ingreso.

Este modelo hace a la propia concepción de la democracia y sus contenidos esenciales que bien expusiera Arce en su discurso de asunción presidencial: “de nada sirve elegir a las autoridades mediante el voto si a la vez el pueblo al que se debe la democracia está privado de los derechos fundamentales, como los de acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a los ingresos y a la vivienda.”

Estas tareas no serán sencillas ni rápidas de implementar en medio de una coyuntura económica mundial recesiva, ahora agravada por la pandemia del COVID 19. Con este objetivo como meta, se adoptaron desde el vamos algunas medidas anticíclicas urgentes:

-se aplicó el bono contra el hambre, consistente en un único pago de Bs. 1.000
-se aumentaron los salarios y jubilaciones
-se aprobó un reintegro del IVA
-se aprobó la creación de un impuesto a las grandes fortunas
-se aumentó la inversión pública a USD 4.011 millones
-se crearon fideicomisos de apoyo al sector productivo y a la promoción de políticas de sustitución de importaciones por Bs. 911 millones

A los 30 días de ser aplicadas, de noviembre a diciembre 2020, ya comenzó a notarse una recuperación económica: Las ventas de supermercados subieron de Bs 365,4 millones registrados en noviembre a Bs 491,5 millones en diciembre, también las ventas de restaurantes aumentaron de Bs 266,7millones a Bs 310,4 millones, la facturación de hoteles subió de Bs 39,8 millones a Bs 55,1 millones y las ventas del transporte aéreo se incrementaron de Bs 129,5 millones a Bs 133,1 millones durante el periodo señalado.

Las incertidumbres

En varias ocasiones nos hemos referido y abundado en lo que a nuestro juicio han sido limitaciones, confusiones y fracasos políticos de los gobiernos progresistas, principalmente en nuestra región. Me referiré en particular a dos habituales confusiones que hemos padecido y que tal vez puedan estar presentes en la actual situación política boliviana.

Sin dudas un gobierno progresista es un componente muy importante del proceso de cambios sociales que se propone.

Pero muchas veces se tiende a confundir un elemento con el todo.

De ahí el aislamiento progresivo del gobierno (inmerso en la gestión cotidiana) con la fuerza política a la cual pertenece y al complejo entramado social que lo sustenta.

También a menudo el variopinto entramado social organizado que sustenta el proceso de los cambios (pueblos originarios, campesinos, trabajadores de las ciudades y el campo, pequeños y medianos empresarios, estudiantes, organizaciones sociales con temáticas específicas) confunde los tiempos del proceso con los de un período de gobierno, cayendo en demandas sectoriales propias de una visión cortoplacista.

Se va perdiendo así la visualización del proceso de cambios como un largo camino que no se agota en uno o unos pocos períodos de gobierno. Con ello se ve afectado ese entramado social en su capacidad de movilización como bloque y de apoyo unitario a la causa común, que fuera clave para lograr en Bolivia la obtención del primer gobierno, el arrinconamiento de la dictadura de Añez, la posterior reconquista del gobierno y sigue siendo fundamental para la defensa y buena salud del proceso.

Papel del individuo y personalismo

Es innegable el rol que han jugado, juegan y jugarán los individuos con sus características intransferibles en la conducción de los procesos de cambios en la historia. Este no es el tema en cuestión.

Las dificultades surgen cuando una figura dirigente comienza a sentirse infalible en sus juicios e irreemplazable; por encima del colectivo, desechando toda postura que no sea de apoyo y halago a la suya. Me temo que ese es un problema político no menor que deberá administrar el gobierno boliviano en funciones (específicamente Luis Arce y David Choquehuanca) en su relacionamiento con Evo Morales, hoy Presidente del MÁS, el partido de gobierno.

Para citar un caso concreto como ejemplo de lo antedicho: el próximo 7 de marzo tendrán lugar en Bolivia elecciones subnacionales (de Gobernadores de los 9 Departamentos y Alcaldes para los 337 Municipios del país).

En el proceso de nominación de candidatos del MAS, Evo Morales ha hecho jugar su peso político, nominando candidatos en ocasiones a contrapelo de la opinión de las bases y otros dirigentes del partido. El caso más notorio es el de Eva Copa, Senadora por el MAS desde el 2015.

En noviembre de 2019 al producirse el golpe de Estado y la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera, renuncian también la presidente de la Cámara de Senadores Adriana Salvatierra y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. Ante ese vacío de poder, Eva Copa no renunció y asumió la presidencia de la Cámara de Senadores desde el 14 de noviembre de 2019 hasta el 3 de noviembre de 2020.

Toda su actuación al frente de la bancada del MAS y del Senado, fue un ejemplo de enfrentamiento a la dictadura. Luego fue nominada en el seno del MAS como posible candidata a la Alcaldía de El Alto, de donde es oriunda. Sin embargo y en forma sorpresiva, se nomina como candidato a Zacarías Maquera (que fuera Alcalde interino de El Alto por cinco meses).

Eva Copa se aleja del MAS y es postulada como candidata a Alcaldesa de El Alto por la agrupación “Jallala”. Las encuestas le dan arriba del 66% de intención de voto seguida de Maquera con apenas un 10%. Esto es todo un llamado de atención.

En definitiva, Evo Morales – si asumiera en los hechos que su ciclo como jefe de Estado ha finalizado y apoyara a la actual dupla gobernante – podría jugar un importante papel como presidente del MAS. Con su experiencia política y poder de convocatoria, podría encabezar la tarea de fortalecer sus estructuras y vida política cotidiana, para que se constituya en el necesario instrumento que aporte al diálogo del gobierno con su pueblo nucleado en las propias bases partidarias y en las distintas organizaciones sociales del país.

Ojalá por el bien del proceso de cambios del pueblo boliviano, que así sea.

Carlos Flanagan. Miembro de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Ex-Embajador de Uruguay ante el Estado Plurinacional de Bolivia. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

https://rebelion.org/certezas-e-incertidumbres-politicas-de-un-proceso/

21.2.-Chile: doce precandidatosASCANIO CAVALLO

15.06.2019 FACHADA DE LA MONEDA DESDE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION FOTO: RUDY MUÑOZ / LA TERCERA 

¿Cómo será la persona que ocupe la Presidencia de la República a partir de marzo del 2022? ¿De dónde vendrá? ¿Quiénes lo respaldarán? ¿Será mujer, para que continúe la alternancia de género? ¿Será de centroizquierda o izquierda, para que continúe la alternancia ideológica? ¿O ambas cosas, como en los últimos 16 años?

Desde Ricardo Lagos, nadie ha traspasado el poder a alguien de su misma coalición. Pero “nadie” es mucho decir, porque se trata de las mismas dos personas. Esa rotativa ha llegado a su fin y los que finalmente sean candidatos enfrentarán la campaña más corta desde el retorno de la democracia: con suerte, tres meses.

Lo que es más evidente es que de los 12 precandidatos hoy en vitrina, ninguno ha ofrecido un panorama que signifique una interpretación de la sociedad, filtrada por el 18-O, la pandemia y la catástrofe económica. Puede ser otro exceso decir que se trata de una nueva sociedad, pero cuando menos es una zarandeada por fenómenos disruptivos de gran escala, que ya no tiene las expectativas del 2017. ¿Cómo sale el país de este atolladero? Nadie lo ha dicho en la forma en que lo necesita una campaña presidencial.

Esta puede ser una explicación para que nadie figure en las encuestas con una ventaja elocuente y que haya casi una muchedumbre entre el 1% y el 10%.

El único que se ha acercado a una definición de ese tipo es Joaquín Lavín, pero de una forma todavía muy genérica y un poco raspada por los 20 años de ocurrencias del alcalde de Las Condes. El activismo de Daniel Jadue parece partir de la base de que hay potencial presidencial en una alcaldía, una tesis que estuvo de moda a fines de los 90, cuando Lavín manejaba Las Condes como un experimento social. El “lavinismo rojo” de Jadue sólo se diferencia en que es agresivo en lugar de victimizador.

En todo el resto se divisa lo mismo: un temor cerval por los desbordes callejeros del último trimestre del 2019, un temor correspondiente con su incertidumbre: ¿Se trata de un fenómeno que se terminó con las cuarentenas o sólo se ha producido un paréntesis tras el cual regresará el estado de ingobernabilidad? ¿Alguien lo puede manejar o más bien se mueve con su propia dinámica? ¿Se expresa en votos o sólo tiene existencia en la barricada?

En la filosofía moral, el temor de no entender está asociado con el temor a no ser entendido. Los precandidatos ocultan sus ideas, evitan compromisos y viven atenazados por lo que de ellos dicen las redes digitales. Peor aún, por estos días se encuentran en la fase más desagradable, la de idear cuentos del tío para asegurar su posición.

El PPD y el PS, por ejemplo, firmaron un compromiso para realizar pre-primarias entre sí antes de confrontarse con sus otros socios de Unidad Constituyente, la DC, el PR, el PRO y Ciudadanos. Esta idea no surgió mágicamente, sino del resultado de las primarias para gobernadores y alcaldes de noviembre pasado, donde la DC obtuvo resultados notables; el PPD y el PS llegaron a la conclusión de que ello se debió a que postularon separados, una conclusión completamente innecesaria si se entiende que son partidos diferentes. Además de ser inaceptables para sus socios, es evidente que esas pre-primarias, que no es otra cosa que un mecanismo para no perder, perjudicarían la legitimidad de los dos contendores actuales, el elegido Heraldo Muñoz y la ungida Paula Narváez. Lo lógico es que sean ellos los interesados en que ese acuerdo sea misericordiosamente olvidado.

En la derecha ocurre algo similar entre Lavín y Evelyn Matthei, aunque en este caso se trata del mismo partido. Fiel a su cultura, la UDI preferiría un acuerdo entre ambos, pero incluso hasta una pre-primaria, antes de llegar con los dos compitiendo con los tres o cuatro restantes. La disyuntiva de la UDI es algo más virtuosa que la del PPD y el PS en cuanto no es un arreglo para vencer a otros, pero, a la postre, puede tener el mismo aire de jugarreta si no encuentra una salida presentable.

Los partidos comparten el estado de inseguridad. Ninguno sabe si debe aparecer mucho o más bien borrarse del mapa. Ninguno ha producido una reflexión contundente, compleja o siquiera interesante respecto del país posterior al 18-O. Nada, digamos, que sobrepase la receta ideológica. Nada que sugiera un gran proyecto para el futuro. Parece como si la flaqueza intelectual fuera a ser el signo de las elecciones: un festival de emociones y exaltaciones.

Así como la izquierda carga con el agón de haber perdido por paliza la última elección, la derecha carga con la cruz de haberla ganado. El resultado del gobierno de Piñera podría mejorar mirado a la distancia, pero desde el 2019 todo lo que ha ocurrido es como la pesadilla de la derecha, con ese momento central en que “negoció su permanencia a cambio de la Constitución”, según la amarga expresión de un dirigente de Chile Vamos.

La campaña y las elecciones de octubre, ya se sabe, quedarán cruzadas por los debates de la convención constituyente. Lo que esta vez hace más compleja la contienda presidencial es justamente ese hecho, pero una de las maldiciones de la política es que cuanto más difícil es el cargo, más son los que lo codician. Para ser candidato, a fin de cuentas, sólo se necesita un grupo de amigos que gasten parte de su día elogiando tus atributos, todos ellos tan evidentes, que sólo los miopes no los ven. Es más tarde que los miopes dan su veredicto.

El hecho de que se haya abierto la discusión presidencial cuando aún no se terminan de clarificar las candidaturas para la convención constituyente muestra la eminencia que tiene ese cargo en la cultura política chilena. La debilidad de los precandidatos muestra también que ninguno de ellos da todavía con la talla.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-doce-precandidatos/VVIYITSHAZFC7DN5ENX4QF23EU/ 

21.1.-Chronos contra Kaidós ASCANIO CAVALLO

Marruecos. 

La pandemia del Covid-19 ya ha dado una vuelta al mundo y está en la mitad de la segunda. Las noticias sobre segundas y terceras cepas (variaciones del virus) y olas (nuevos períodos de contagios) tienden a oscurecer el horizonte. La confusión ha evitado, hasta cierto punto, que esos hechos provoquen efectos políticos inmediatos, excepto en casos tan raros como el de Holanda, donde las protestas contra la implantación del toque de queda coinciden con el vacío político creado por la anterior renuncia del primer ministro liberal Mark Rutte.

30 ene 2021.- La experiencia europea, que está por completar un año de pandemia efectiva, sugiere que hay dos tipos de impactos políticos sucesivos. El primero es la caída de los ingresos y los empleos, a la que los gobiernos han reaccionado en lo inmediato con paquetes de ayudas y subsidios. El segundo es la eficacia de la gestión del aparato público, donde los países tienden a compararse con otros; en Francia, por ejemplo, se plantea como un debate amargo la pregunta de por qué su cifra de muertes es casi tres veces mayor que la de Alemania, teniendo sistemas de salud similares.

Mientras el primer impacto sumirá a gran parte del mundo en una pobreza que se creía superada, el segundo replanteará la calidad de los servicios estatales: un cóctel altamente inflamable. Y como lo malo siempre puede ser peor, la presión por las vacunas ha terminado por quebrantar las expectativas generales: la inmunización será más lenta y más desigual de lo temido.

El historiador francés Francois Hartog ha recordado la vieja lucha entre Chronos (el tiempo lineal) y Kairós (el tiempo oportuno y, para algunos teólogos, “el tiempo de Dios”), que se presenta, por primera vez simultáneamente ante todos los gobiernos del mundo, en lo que puede ser el primer “hecho social total” de la historia. Chronos es la implacabilidad del tiempo, su avance indiferente a la prisa o la demora humana. Kairós es, por lo general, la paciencia, el tiempo controlado por una cierta noción del destino, y a veces puede ser la impaciencia, el tempo dominado por la pasión o el miedo.

Frente al peligro de una “catástrofe moral” advertida por la OMS (los países pobres esperando hasta el 2022 o 2023, mientras los ricos se vacunan este año: un Chronos determinado por la codicia), India y Sudáfrica encabezaron una moción en la misma OMS para suspender los derechos de propiedad intelectual en los tratamientos para el Covid-19. Unos 100 países ya la han suscrito. (Como para confirmar la violencia de los contrastes, justamente un sudafricano es el símbolo del Chronos catastrófico: Johann Rupert, dueño del grupo del lujo Richemont, consiguió vacunarse el 23 de enero en una clínica suiza, con una sucesión de maniobras que lo han obligado a explicar por qué se considera más indispensable que otros).

Son numerosos los gobiernos que temen ahora que la percepción de una mala administración de la vacuna -demora, prioridades indebidas, desigualdad, descuido- tenga una conflictividad social mucho mayor que la de la fase inicial de la pandemia. Si ha sido muy difícil convencer al mundo de que el Covid-19 es peligroso, más lo será manejar una solución manufacturada.

El gobierno chileno está iniciando el proceso de vacunación masiva al mismo tiempo que los últimos países de Europa. Esto no tiene que ver con su eficacia, sino con el ritmo en que han estado llegando las vacunas, que a su turno depende de las prioridades de sus fabricantes. El aparato de salud entra en otra carrera contra Chronos: esta vez, para llegar antes de la tercera ola que, según el exministro Jaime Mañalich, podría producirse con un nuevo invierno.

No es una pura razón climática. Ya parece evidente que, como ha estado ocurriendo en todo el mundo, un segundo proceso de confinamiento resulta intolerable, por razones económicas, psicológicas y de simple cabreo. De un lado, los programas de ayuda, que “pudieron llegar antes”, según la expresión del saliente ministro de Hacienda, se empiezan a agotar en conjunto con los recursos previsionales. De otro, a las rebeliones de baja intensidad -fiestas, asados, playas- se sumarán las necesidades de las campañas electorales. Todo eso tendrá su fase de aceleración entre marzo y abril.

Es un hecho que la situación de Chile es mejor que la enorme mayoría de los países de la región. Sus números en cuanto a caída del producto, aumento del desempleo y crecimiento de la pobreza estarán, al final, muy por debajo de toda Sudamérica. Incluso, con sus cifras raras, el paquete de ayuda oficial será uno de los más robustos del vecindario.

Pero como a esa parte del gobierno no le cree nadie, habrá que ver con las vacunas. En este campo cuenta al menos con una rareza, la sostenida credibilidad del ministro Enrique Paris, que ahora enfrenta su verdadero desafío. El hecho político que le toca, con todo su potencial explosivo, es este; sustituir a Mañalich fue sólo una especie de ensayo.

Será una circunstancia singular que el proceso de vacunación y salida del estado de encierro coincida con el debate constitucional. Tenía Chile que tener su particular Chronos contra Kairós, cómo no. Todavía es muy temprano para saber si sólo se trata de una ironía, o de esa vieja, inefable, incomprensible sabiduría de la historia.

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  • 20.44.-La soledad del presidenteASCANIO CAVALLO
  • ¿Se volvió a joder el Perú?ANDRÉS HOYOS

Sebastián Piñera se ha convertido en el Presidente más solo desde Salvador Allende. Acaso no conozca incluso la extensión de su soledad. Quizás sería más politológico escribir “aislado”, pero a esa palabra le sobra un pelo de inculpación y le falta otro de fatalidad. El jueves, unos cuantos votos lo salvaron de lo que pudo ser la soledad final, pero no parece que esos votos lo hayan ayudado por razones algo más nobles que el cálculo y la oportunidad.

28 nov 2020.- Para que el Presidente se quede solo se necesita una traición suprema, y esa sólo puede ser la de los suyos, su propio partido. En las horas dramáticas de septiembre de 1973, el Partido Socialista le rechazó al Presidente Allende todas las opciones que propuso para una salida política, y cuando ya fue demasiado tarde, en la mañana del 11, ni siquiera estuvo cerca para defenderlo. No fue la Unidad Popular -donde había de todo-, sino el PS, y esa traición le costó al partido años de desgarros y fantasmas internos, años que en algún caso ni siquiera han terminado.

Igual que entonces, a Piñera lo ha traicionado, sobre todo, su partido, Renovación Nacional. El momento de inicio de ese acto trágico es muy preciso: el 18 de octubre del 2019, el día que de pronto y sin aviso se hace visible que el Presidente no controla el orden público y hasta puede ser derrocado. En las jornadas que siguen, el partido brilla por su ausencia en La Moneda. ¿Dónde iba a defender al Presidente? Esta vez no hay golpe de Estado, no hay sangre, no hay dictadura. Pero todo lo que viene después es una profundización de ese abandono paulatino, ladino, cargado de rencores, de los pequeños y de los grandiosos. Es una traición civilizada, que no se consuma bajo una metralla abrumadora, sino en el Parlamento. Una traición aureolada por bellas razones de urgencia social y solidaridad electoral.

En RN se puede decir, como en el PS de los 70, que todo ha sido culpa de la tozudez, la inflexibilidad, hasta la arrogancia del Presidente. Que se lo advirtieron y no los escuchó. Que le pidieron y no les concedió. Que nada de esto habría ocurrido si. Que no es personal. Como en política nada es personal hasta que lo es, esta explicación es una llama eterna. También las otras: como la autosoledad no existe, hay que culpar al carácter. Los defectos de Piñera han sido más reseñados que sus virtudes, pero es una aporía que quienes lo eligieron, no una, sino dos veces, lo traten como a un desconocido.

La oposición no ha producido la soledad del Presidente. Ha sido tenaz, dura, a menudo intransigente, pero ha cumplido el papel que se espera de ella en una democracia. A veces se ha dejado llevar por entusiasmos que la psicología puede iluminar mejor que la política, destituciones, renuncias, elecciones anticipadas, mando de facto, derogaciones, en fin, un repertorio de feria, y por eso las inteligencias más alertas han llegado a advertir que ahora su responsabilidad es enorme, y que está obligada a “evitar que la institucionalidad se desplome” (Carlos Ominami).

Nadie habría imaginado esta frase en la noche del 17 de diciembre de 2017, cuando Piñera obtenía la más alta votación desde Frei y RN se disputaba a codazos las fotos junto al vencedor, el hombre al que nadie le había podido ganar, ni en la interna ni en la otra. Pero desde que esa noche quedó en el olvido, ya ninguno de aquellos ronda por allí y los muchachos de entonces prefieren otras fotos, las de los grandes afiches de las candidaturas que vienen.

Después del desesperado gambito de la ley para retirar el segundo 10% de los fondos previsionales con algunas restricciones, el Presidente ha quedado pendiente de dos decisiones: una, que la Cámara de Diputados vote su proyecto y se olvide del anterior, con lo que podría obtener una victoria pequeña y con gusto a agraz, y la otra, la de fondo, que el Tribunal Constitucional confirme que el gasto público es una atribución del Presidente. La Moneda ejecutó una maniobra rápida y contra sus principios, pero eso es todo. Hace rato que los principios se siguen sólo en el sentido de Groucho Marx (“si no le gustan, tengo otros”).

De esto podría depender que el sistema privado de pensiones no se desfonde en la cresta del efecto “chanchito roto” que se ha extendido en la anomia chilena. La forma en que se han gastado los fondos previsionales es expresiva -mientras al lado crecen los verdaderos problemas, el desempleo, las quiebras, la ineficiencia del Estado-, pero tampoco es culpa de la oposición que los parlamentarios de Chile Vamos no se den cuenta de nada. La miopía ajena todavía no es delito.

Lo más importante para Piñera, en todo caso, es que se confirme su atribución, pero ya no porque crea que la oposición no intentará sobrepasarla de nuevo, sino porque tratará de que sea un cortafuego para sus propios parlamentarios, cuyo desorden ha desafiado una y otra vez sus potestades. Es una situación rabelesiana: un tribunal impredecible, sumido en luchas intestinas, debe decidir algo que se parece mucho al último despojo de la autoridad presidencial.

La sombra del 2017 se volvió muy corta. Desprendido de las lealtades a las que sólo se sintió atado en unos primeros meses, el partido del Presidente está ahora sumido en un extraño juego de poder -directiva provisional, elecciones postergadas, ministros precandidatos- que remeda, quizás, la tempestuosa tarde de Casio. ¿O esto será como mucho?

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20.44.-E¿Se volvió a joder el Perú?ANDRÉS HOYOS

Collage de los últimos presidentes de Perú. Foto americaeconomia.com

Santiago Zavala, el personaje de Conversación en La Catedral, preguntó famosamente: “¿En qué momento se jodió el Perú?”. En efecto, un país sin un Poder Ejecutivo más o menos funcional está jodido, así a algunos les encante el deporte de descabezar presidentes mediante lo que allá se conoce como la moción de vacancia.

24 nov 2020.- Pues bien, el penúltimo ocupante del sillón, Manuel Merino, un personaje insignificante que duró un gran total de cinco días en el cargo, fue promovido a la Presidencia, a pesar de casi no tener votos, para proteger una serie de universidades de garaje, entre otras cosas. Estas son para sus dueños un jugoso negocio justamente porque no enseñan casi nada, pese a lo mucho que cobran a sus despistados estudiantes. O sea que a Merino solo le alcanzó la gasolina para tumbar a Martín Vizcarra, quien a su vez había sustituido al renunciado PPK, el último elegido por voto popular. Francisco Sagasti, hoy presidente, deja el cargo en junio de 2021. De llegar hasta allá, será un ocupante secundario, pues en abril se celebrarán unas elecciones en las que saldrá elegido alguien para cinco años, si por el camino no lo vuelve a descabezar un Congreso enloquecido. Aunque falta tan poco, no se perfila ningún candidato fuerte, mientras que más de la mitad de los congresistas actuales tienen juicios abiertos. Alberto Vergara lo explica así en The New York Times: “… las democracias suelen sucumbir ante tiranos formidables, mientras que la peruana está muriendo de insignificancia”.

Si bien puede haber exageraciones, caben pocas dudas de que muchos altos dignatarios del país han hecho negocios en el poder, negocios con posibles implicaciones penales. El sistema de partidos en Perú no existe, como tampoco existe en buena parte de América Latina. Hay, además, un exabrupto sideral que es un Congreso unicameral con la reelección prohibida para sus miembros.

Colombia, el país donde vivo, tiene mil problemas salvo este de la decapitación deportiva de sus presidentes, un contraste notable. Solo una vez se ha propuesto de veras la renuncia de un presidente. Fue cuando se reveló que Ernesto Samper había sido financiado por el Cartel de Cali, acusación tan grave que ameritaba una renuncia, la cual no se dio, debido sobre todo a la inefable mezquindad de Fernando Botero Zea, mano derecha en la campaña, quien afirmó contra toda evidencia que el candidato sabía de la plata de los Rodríguez Orejuela, pero él no. Asimismo, la innecesaria renuncia de Humberto de la Calle a la Vicepresidencia le facilitó las cosas a Samper. En fin, ese fue el único caso, pues para dar otro ejemplo nunca se sugirió en serio que un presidente tan mediocre como Andrés Pastrana renunciara. Mucho menos concuerda uno con quienes hoy piden la salida prematura de Iván Duque. Lo conducente es dejarlo terminar y después elegir a alguien con una orientación distinta, si se cuenta con los votos suficientes para ello.

En el sur, en cambio, han sido abundantes y por lo general infortunadas las salidas de los presidentes antes del fin del mandato. Ojo, no es que los buenos saquen a los malos del poder, sino que algunos igual de malos se imponen, con el corolario nefasto de que por donde sale un presidente, salen dos, salen tres, salen varios, hasta que de repente llega algún populista eficaz, tipo Rafael Correa o Evo Morales, con ganas de quedarse durante décadas. Claro, en Perú también se está planteando la opción de la constituyente.

andreshoyos@elmalpensante.com

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20.43.-Chile: Samson y la política ASCANIO CAVALLO

Salvo que el clima emocional se enrarezca aún más, la convención ocupará el lugar estelar de la política chilena a partir de abril y por buena parte del 2021. Parecerá muy incongruente que el gobierno o el Congreso tomen decisiones que afecten el funcionamiento del país en plazos superiores a ese mismo año, cuando una convención estará decidiendo acerca del futuro.

21 nov 2020.- Tres semanas después del plebiscito en el que una sustancial mayoría de los votantes dio su apoyo a la iniciativa de redactar una nueva Constitución mediante una convención constituyente de 155 miembros enteramente elegidos, ya se han multiplicado los esfuerzos por reinterpretar el significado de esa votación. En algún caso, a través de una modificación del quórum para tomar decisiones; en otro, mediante una modificación del número de convencionales, y aun en otro, por la vía de atribuir a la fórmula constituyente facultades que expresamente quedaron excluidas en el acuerdo que le dio origen.

Los portavoces de estos esfuerzos han sido, sin variación, parlamentarios. No siempre son sus ideólogos, pero sí sus rostros visibles. Es un hecho desafortunado, porque precisamente uno de los mandatos del plebiscito es que los congresistas en ejercicio queden excluidos de la convención constituyente, habiendo expresamente una alternativa que permitía que la integraran. Y en algunos casos han sido, además, parlamentarios cuyos partidos se excluyeron del acuerdo plebiscitario o lo denostaron abiertamente. Gabriel Boric ha de recordar con sentimientos ambiguos lo que soportó después de firmar el acuerdo sin la venia de su partido, y quizás también lo haga Camila Vallejo, que según los mentideros de aquellos días era proclive a que el PC se sumara, cosa que no ocurrió.

No era razonable esperar que toda la crispación política producida después del 18-O se disipara de un santiamén por el solo influjo de un plebiscito cuyo resultado ha ilusionado a muchos. Treinta años atrás, otro plebiscito -más dramático que el reciente- también produjo una ristra de interpretaciones que intentaban alterar su resultado, y se prolongaron por poco más de un año. Esta vez es probable que duren sólo las 10 semanas que restan antes de la inscripción de candidatos a la convención. Después de eso vendrá la campaña electoral -mezclada con las de concejales, alcaldes y gobernadores, en orden de magnitud- y, en abril, la instalación de la convención.

Salvo que el clima emocional se enrarezca aún más, la convención ocupará el lugar estelar de la política chilena a partir de abril y por buena parte del 2021. Parecerá muy incongruente que el gobierno o el Congreso tomen decisiones que afecten el funcionamiento del país en plazos superiores a ese mismo año, cuando una convención estará decidiendo acerca del futuro. Ambos tendrán que retroceder, inevitablemente, al rincón de las decisiones más inmediatas. De alguna manera, eso cumple con el mandato de que los actuales protagonistas, cuyos desacuerdos se han expresado en una crisis inédita, se retiren de la escena al menos parcialmente.

Por supuesto, hay muchos interesados en que no sea así. La convención está tan amenazada de alteraciones como lo estuvo la primera elección de la restauración democrática. En esa lista ocupan el primer lugar los que quieren retomar la ofensiva de protestas de fines de 2019, que se muestran intensamente activos en las redes digitales. En ese grupo, ni el plebiscito ni la convención son soluciones: la única, sin disimulo, es la asonada. La expectativa es volver a acorralar al gobierno, al que perciben debilitado, sin respaldo político, con un cuarto ministro del Interior en apenas un año, con otro jefe de la policía defenestrado y con un gabinete de ministros semiesfumado.

El Congreso está siendo víctima de un asedio parecido, aunque quizás no se dé cuenta. Las redes digitales cumplen allí la función que Canetti describió como “las masas de acoso”, esa horda que “se abre paso hasta las proximidades inmediatas de la víctima”, con el orgullo del viejo Samson, el verdugo de París, que se preciaba de demorar un minuto por ejecución. ¿Quiénes son? Esta semana, una persona amenazó a la senadora Carolina Goic con incendiar su casa a propósito del debate por el retiro del segundo 10% de los fondos previsionales. En la discusión del primer retiro, el senador Ricardo Lagos Weber fue objeto de una funa similar y se sintió obligado a retirar su proposición (que era la izquierdista idea de cobrar impuestos a las rentas altas, aunque podía tener el derechista efecto de restar menos dinero de los fondos previsionales). El “Samson” de la senadora Goic tiene 32 años y educación universitaria. Quizás sea un síntoma.

La convergencia de todos estos fenómenos ha creado en el espacio público un ambiente de ansiedad y suspensión. Muchos políticos han perdido su previsibilidad. Ya no se sabe por qué ni cómo van a actuar ante los nuevos hechos. Se ha impuesto como un implícito admisible, como un defectillo que aunque sea notorio al final es perdonado, porque muchos lo practican, el cinismo político. Se puede abrazar a un adversario, ya no para celebrar un acuerdo, sino por el hecho de dañar a otro. Se puede cambiar de posición si los mensajes del teléfono así lo sugieren. Se puede renegar de los principios porque ¿quién dijo que hay principios en la política?

Prevalece un aire de conveniencia y oportunidad. Y cuanto más se ahonda, menos valor parece tener la política. Ni el mañana ni la esperanza parecen estar allí. La política se ostenta como el arte del momento, la destreza para buscar la maña en la rendija, sea la formación de un distrito, la distribución de cargos públicos o el número de los convencionales. Para justificar la mañosería se necesita el cinismo, una fe en el aura de la astucia, una verdadera y contundente ideología de la desesperanza.

Algo tendrá que cambiar, de aquí a abril, en este panorama oscurecido. La política puede ser tortuosa, difícil y cansadora; puede ser incluso frustrante y áspera en esa idea jabonosa de aspirar al bien común. Pero una política que sólo se alimenta de maniobras, que no proporciona esperanza, que no imagina un mañana común, no proporciona ni imagina nada. No es nada.

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  • 20.42.-La crisis peruana y el constitucionalismo abusivo RODRIGO UPRIMNY
  • Chile: los sueños y los escombros ASCANIO CAVALLO

El “constitucionalismo abusivo”, según la expresión del profesor David Landau, hace referencia a procedimientos constitucionales que formalmente parecen perfectos, pero que sustancialmente son fraudulentos. Son casos en los que las mayorías usan ciertos procedimientos para instalarse o perpetuarse en el poder y para deshacerse de los mecanismos de control, como la separación de poderes o la independencia judicial, que son los dispositivos esenciales del constitucionalismo para evitar abusos de poder y garantizar la alternancia democrática.

14 nov 2020.- El “constitucionalismo abusivo”, según la expresión del profesor David Landau, hace referencia a procedimientos constitucionales que formalmente parecen perfectos, pero que sustancialmente son fraudulentos. Son casos en los que las mayorías usan ciertos procedimientos para instalarse o perpetuarse en el poder y para deshacerse de los mecanismos de control, como la separación de poderes o la independencia judicial, que son los dispositivos esenciales del constitucionalismo para evitar abusos de poder y garantizar la alternancia democrática.

Landau se refiere a reformas constitucionales que buscan atrincherar en el poder a un gobernante, como el referendo para una segunda reelección de Uribe, que en buena hora tumbó la Corte Constitucional, o la reelección indefinida en Venezuela. Pero su concepto de constitucionalismo abusivo es aplicable también a casos en los que las mayorías usan otros procedimientos formalmente constitucionales para atrincherarse en el poder, como está sucediendo en Perú.

El Congreso peruano, que es unicameral, declaró el pasado lunes la vacancia o cesación en el cargo del presidente Martín Vizcarra por 105 votos de 130 posibles, para lo cual invocó el artículo 113 de la Constitución, que permite esa declaración en casos de “permanente incapacidad moral” del presidente. El argumento del Congreso es que contra Vizcarra cursan unas investigaciones por supuestos casos de corrupción antes de ser presidente.

El procedimiento parece formalmente apropiado. Pero el asunto es más complicado.

Si la razón del Congreso para cesar a Vizcarra son las investigaciones judiciales en su contra, entonces, para no interferir en la justicia, debió permitir que estas siguieran su curso. Además, la decisión de vacancia fue tomada en pocos días y el debate duró pocas horas. No hubo el mínimo debido proceso. Finalmente, en Perú, el artículo 117 constitucional señala los únicos casos en los que el presidente en ejercicio puede ser procesado y no incluye los delitos por los que fue vacado Vizcarra.

Perú no es un régimen parlamentario en el cual el Congreso puede, dadas ciertas condiciones, hacer caer al gobierno con una simple moción de censura. Es un régimen presidencial en el que el presidente es electo por un período fijo y solo puede ser destituido o declarado vacante por causales específicas, que tienen que ser probadas. Y eso no ocurrió en este caso.

Además, el Congreso ya había intentado hace algunas semanas vacar a Vizcarra, lo cual muestra que se trata de un enfrentamiento político en el que los grupos dominantes del Congreso peruano aprovecharon la ambigüedad de la figura de vacancia por incapacidad moral para tumbar a Vizcarra y tomarse la Presidencia, en vez de esperar un pronunciamiento que iba a hacer el Tribunal Constitucional, al cual había acudid