• 20.38.-Llegó la hora de las verdadesPATRICIA LARA
  • Los elefantes blancos  AMYLKAR D. ACOSTA
  • La corrupción no es solo de las personas JUAN MANUEL LÓPEZ
  • Coctel explosivo: política, justicia e interés privado CECILIA OROZCO
  • Gobierno: censura a prensa internacional YOHIR AKERMAN

¿Y los paramilitares? Foto El Espectador

Ya sabemos que Tirofijo y el antiguo Secretariado de las Farc son los responsables de los atroces asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, Jesús Antonio Bejarano, el general Fernando Landazábal, el parlamentario Pablo Emilio Guarín y los disidentes de las Farc Hernando Pizarro y José Fedor Rey.

15 oct 2020.- Pero aún nos falta saber quiénes ordenaron matar a los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. Quiénes, dentro del Estado y la clase política, fueron cómplices de los magnicidios del candidato Luis Carlos Galán; del ministro de Justicia Rodrigo Lara; del periodista y humorista Jaime Garzón; del director de El Espectador Guillermo Cano; del periodista Jorge Enrique Pulido; del senador Jorge Cristo; del defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez; de los parlamentarios de la Unión Patriótica Leonardo Posada, Pedro Nel Jiménez, Pedro Luis Valencia, Manuel Cepeda, Jairo Bedoya y Octavio Sarmiento; del líder José Antequera; del abogado José Eduardo Umaña y de quién sabe cuántos más que se me escapan de la memoria. Muertos a los cuales hay que sumarles los miles de asesinados en masacres inenarrables, todo ello ocurrido en esos años 80, 90 y la primera década de este siglo, que constituyen una pesadilla macabra a la que no podemos regresar.

En esa lista entra el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán, que fue la chispa que encendió la guerra y cuyos autores intelectuales se desconocen aún, 72 años después de ocurrido, todo lo cual no solo demuestra el fracaso de la justicia ordinaria en este país de leyes, sino la imperiosa necesidad que tenemos de cambiar de ruta para no seguir ahogados en el fracaso.

Esa nueva ruta no es otra que consolidar la JEP y la Comisión de la Verdad, las cuales —a diferencia de la justicia ordinaria, donde los pleitos, si es que se resuelven, duran hasta 20 o 30 años— ya han comenzado a dar frutos, como se ha visto en la carta del antiguo Secretariado de las Farc donde asumen la responsabilidad por los secuestros y se avergüenzan de ellos, en el reconocimiento que hicieron de los crímenes mencionados arriba y en avances logrados en los procesos de falsos positivos y reclutamiento de menores de edad.

Pero aún falta mucho. Y lo que más falta, aun cuando suene extraño decirlo, es que a los otros actores del conflicto, los paramilitares, les permitan decir la verdad. Empezando por Salvatore Mancuso, responsable de tantos asesinatos y guardián de tantos secretos, que quiere hablar ante la JEP y la Comisión de la Verdad, como se lo dijo en una carta a Álvaro Leyva. Solo pide a cambio que haya garantías de seguridad para él y su familia. Y parece que Jorge 40 y otros también quieren hacerlo.

Es un deber del presidente Duque propiciar que los paramilitares también digan la verdad. Porque este país, más que justicia, lo que necesita es verdad, para que sepamos cuáles fueron los caminos que nos llevaron a esa guerra absurda y entender qué debemos hacer para no repetirla.

Por eso es muy importante impulsar el Movimiento por la Verdad que plantea Álvaro Leyva. Porque todos los actores del conflicto deben decir la verdad, así sea tan dura y dolorosa como la dicha por los autores del asesinato de Álvaro Gómez.

Decir las distintas verdades, escucharlas y asimilarlas es el único camino que tenemos para superar el conflicto. Después de hacerlo, nos sentiremos livianos. Después de saberlas, poco a poco, dejaremos de estar anclados en el odio… y en la guerra.

www.patricialarasalive.com, @patricialarasa

https://www.elespectador.com/opinion/llego-la-hora-de-las-verdades/

20.38.-los elefantes blancos  AMYLKAR D. ACOSTA

Enhorabuena el Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba ha resuelto establecer el Registro Nacional de obras inconclusas en las que están comprometidos recursos públicos, más conocidas como elefantes blancos, que por mandato de la Ley 2020 del 17 de julio de 2020 debe ubicar e identificar “con el fin de definir su terminación, demolición o las acciones requeridas para concretar su destinación definitiva”. 

13 oct 2020.- En este país, abundan como la verdolaga las obras que se han quedado a medio palo, convertidas en monumentos a la negligencia, la desidia y la incuria oficial. A ojo de buen cubero, según el Contralor General, su número supera los 1.400 proyectos en los cuales se han invertido $25 billones, aproximadamente, faltando datos de la totalidad de municipios y departamentos del país.

Esta ley les da un plazo de un año a alcaldes y gobernadores para que reporten el catálogo de obras inconclusas y abandonadas a su propia suerte en su jurisdicción. En su cruzada, el Contralor General les dio un plazo perentorio hasta el 17 de octubre para que lo hagan a su Dirección de Informe, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI). Según lo ha anunciado, su incumplimiento les puede acarrear consecuencias de índole fiscal y disciplinaria. Con motivo de la sanción de la ley, el Presidente de la República Iván Duque manifestó que “este país tiene que acabar esa idea nefasta donde si la obra la empezó un gobierno, el que le sigue no la termina”.

Y no le falta razón, pues la manida promesa de “construir sobre lo construido” suele ser sólo retórica; la obsesión de los nuevos mandatarios es la de alcanzar victorias tempranas, echando mano de los mangos bajitos y muy poco dados a sembrar semillas cuando éstas sean de tardío rendimiento.

Ello los lleva a dejar de lado aquellos proyectos que, según sus cálculos, por el limitado período de gobierno, sus cintas no alcanzarían a cortar en su inauguración. Ello se traduce en la dilapidación en unos casos y en la ineficiencia en la inversión en otras. A Colombia, definitivamente, le hace mucho daño que el largo plazo se reduzca a sólo cuatro años, que es el período constitucional de los presidentes, los gobernadores y los alcaldes.

Según los registros preliminares de la Contraloría General, los departamentos punteros en el listado de elefantes blancos son, en su orden, Tolima con 96, Antioquia con 92, Boyacá con 84, Bolívar con 83, Meta con 82, Valle con 81, Nariño con 72, Cundinamarca con 71 y Arauca con 66. Pero, cuando se consideran los proyectos más costosos, de mayor impacto y relevancia, se destacan tres que se llevan la palma: el túnel unidireccional de La Línea, el Puente Pumarejo y la Represa del Ranchería. Estos tres elefantes blancos son fuera de serie y la Contraloría General les debería poner la lupa.

Si se la pone a la Represa del Ranchería en el Departamento de La Guajira, se llevará muchas sorpresas. Este es un proyecto multipropósito, que tiene por objeto irrigar 18.536 hectáreas de cuatro de sus municipios (Barrancas, Fonseca, Distracción y San Juan del Cesar), generar entre 7 y 10 MW de energía y suministrar agua potable a 9 de los 15 municipios del departamento. Este proyecto no ha contado con suerte: en 1998, cuando estuvo a punto de adjudicarse el contrato para su diseño y construcción en la administración Samper, se malogró al declararse desierta la licitación por parte de su sucesor Andrés Pastrana. Luego, en la administración Uribe, se revivió el proyecto y se construyó la presa El Cercado a un costo de $638.000 millones, la cual se inauguró en diciembre de 2010. Y, desde entonces, allí están embalsados 190 millones de metros cúbicos de agua, mientras a la gente y a la tierra nadie les calma la sed.

Mientras no se construya la segunda fase de este proyecto, que comprende el sistema de riego, drenaje y la red de conducción principal, secundaria y predial, amén de la red de conducción de los acueductos, la Represa del Ranchería seguirá siendo un elefante blanco. Razón tuvo el ex contralor Edgardo Maya cuando no dudó en señalar que “se pudo evidenciar que, a mayo de 2018, el cumplimiento del objetivo y fines planteados en el proyecto para lo cual se desarrolló la obra objeto del mismo, no se ha concretado; salvo el objetivo relacionado con el caudal del río”. La Auditoría efectuada a este proyecto arrojó hallazgos tanto fiscales, por un presunto detrimento patrimonial, como administrativos y disciplinarios “por la gestión antieconómica que ha presentado el proyecto”.

Todo esto se dio, a pesar de dos documentos CONPES a falta de uno, el 3362 de 2005 y el 3926 de 2018, los cuales declararon en forma reiterada este proyecto como de importancia estratégica nacional (PINE), lo cual conllevaba la debida diligencia para abreviar los términos y los trámites para agilizar y acelerar su ejecución y ni así. Hay que pedirle cuentas sobre esta grave omisión a la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos (CIIPE) sobre ello. En el documento CONPES 3926 de 2018, se ordena a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) que establezca la “hoja de ruta para la culminación del proyecto multipropósito del Río Ranchería…Dada su viabilidad, el proyecto deberá ser finalizado como máximo en el año 2025”.

La urgencia de reactivar este proyecto es tanto mayor de cara a la reactivación de la economía en la post pandemia planteada por el Presidente Duque como Compromiso por Colombia y a la imperiosa necesidad que tiene el país, pero sobre todo La Guajira en la transformación productiva, promoviendo otros sectores ahora que el mundo le está dando la espalda al carbón, contrayendo el mercado y derrumbando sus precios, amenazando el empleo y los ingresos que genera El Cerrejón. Además, como lo han podido establecer los expertos Perfetti, Balcázar, Hernández & Leubovich (2013), “se estima que el riego, en particular, puede duplicar el rendimiento por hectárea, según la FAO (2002) y Schoengold & Zilberman (2007) y aumentar en más de un 80% el ingreso promedio mensual de los productores agropecuarios en Colombia”. Este proyecto es verdaderamente vital y estratégico para La Guajira y el país.

Por estas razones y muchas más, coadyuvo la petición dirigida al Presidente de la República Iván Duque, al Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio Jonathan Malagón, al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Rodolfo Enrique Zea y al Gobernador del Departamento Nemesio Roys, liderada por la Fundación Unidos por La Guajira, clamando y reclamando para que salvemos la productividad y el Proyecto Río Ranchería en La Guajira.

https://lalineadelmedio.com/loselefantesblancos/

20.38.-La corrupción no es solo de las personas JUAN MANUEL LÓPEZ

Hasta dónde alguien puede aprovecharse de la corrupción del sistema político para abusar del poder lo han demostrado algunos de nuestros ‘dirigentes’

Las manifestaciones recientes son contra un sistema social empapado en corrupción pero también contra un modelo político que se basa y consolida alrededor de ella 

La calificación de “corrupción” se aplica generalmente cuando se da un aprovechamiento de una oportunidad para enriquecerse deshonestamente porque las circunstancias lo facilitan.

14 oct 2020.- Un elemento es la deshonestidad, pero el otro es el aprovechamiento que depende de que se den las condiciones que lo permiten.

La indignación que genera va más allá de la que produce o produciría el simple aspecto de ser un delito. No sentimos lo mismo ante lo que puede ser un hurto a un apartamento que ante la coima que recibe un político. No es corrupto el que roba una bicicleta pero sí el contratista que no cumple la calidad de los materiales contemplados en la licitación que ganó.

En otras palabras, para acceder a la categoría de corrupto es necesario pasar antes por cierta categoría y cierto nivel de poder.

En alguna forma hasta en esto se manifiesta la inequidad social pues no cualquiera tiene la posibilidad de ser ‘corrupto’ en los términos que lo entendemos usualmente.

Por eso en momentos en qué hay más tensiones sociales ofende más la corrupción. Se retroalimenta la rabia subconscientemente con la sensación de injusticia, lo cual aumenta las ganas de reaccionar.

Infortunadamente el sistema mismo, al propiciar las desigualdades y al convertir el objetivo de la vida en perseguir el poder, se convierte en promotor de la corrupción, o se podría decir en corrupto en sí mismo. En la medida que en el mundo actual el éxito económico es identificado con el poder, donde más se manifiesta y más indignación produce la corrupción es alrededor de casos donde el elemento central es el dinero.

Pero no es el único.

Por ejemplo, se entiende ya como tal el abuso en las relaciones de género donde empieza a rechazarse y entenderse como una forma de corrupción los acosos en los cuales el poderoso aprovecha su jerarquía para explotar en forma indebida a sus subalternos. O el abuso de poder en los administradores de Justicia como sucedió con ‘el cartel de la toga’.

El individualismo a ultranza -característico del neoliberalismo- ha tendido a promover la promoción personal y dejar de lado la actividad colectiva y la solidaridad

Pero en nuestro caso las manifestaciones recientes son contra un sistema social empapado en corrupción pero también contra un modelo político que se basa y consolida alrededor de ella. El individualismo a ultranza -característico del neoliberalismo- ha tendido a promover la promoción personal y dejar de lado como una relación de segunda importancia la actividad colectiva y la solidaridad.

El caudillismo remplazó a los partidos políticos porque nuestra institucionalidad estructuró un sistema para así desarrollarlo. Las listas con voto preferente ponen a competir individuos contra individuos; la circunscripción nacional para el Senado es un proceso darwinista donde el poder personal de los grandes electores excluye cada vez más la representación democrática; el sistema de otorgamiento de avales crea el sometimiento de los congresistas a los directores de los partidos; y por supuesto la falta de regulación y control sobre la financiación de las campañas produce automáticamente la reciprocidad para favorecer a los grandes aportantes.

Ejemplos de hasta dónde alguien puede aprovecharse de la corrupción del sistema político para abusar del poder lo han demostrado algunos de nuestros ‘dirigentes’. En casos tan extremos como el del Partido Liberal pasa a ser anecdótico o irrelevante el nombre de quien así actúa; es la institucionalidad la culpable al permitírselo.

https://www.las2orillas.co/la-corrupcion-no-es-solo-de-las-personas/

20.38.-Coctel explosivo: política, justicia e interés privado CECILIA OROZCO

     

Foto ilustrativa: iStock

Una pandilla siniestra, mitad oficial, mitad privada, se apropia de los entes públicos de Colombia y, ante nuestra indolencia, dispone de ellos como si fueran suyos, en beneficio de su proyecto déspota, ilegal y abusivo de la representación popular transitoria que consiguió hace dos años para un periodo que, siendo solo de cuatro, intenta volver permanente.

13 oct 2020.- Una dictadura, en suma, en que se anula la separación de poderes, se entroniza al Ejecutivo, se destroza el control parlamentario y se humilla a los jueces o se les doblega para convertirlos en sus sirvientes. La pasividad ciudadana y periodística ayuda a la pandilla que avanza mientras arrasa a quien se le resiste. Así, por ejemplo, nos echan encima a Trump con su bendición a Uribe, “un héroe”, y con su maldición a Petro, “un gran perdedor”, aunque no sabe nada sobre el primero ni sobre el segundo, enterado solo por las frases que le han soplado los Díaz-Balart de Miami, dueños de los votos de la Florida que el candidato-presidente necesita con desespero.

Los ultraderechistas Díaz-Balart meten, también, sus narices en esta tierra, no porque los colombianitos le importemos un higo a su ídolo, Trump, sino porque Uribe y su combo en el Gobierno, en el Congreso, en la Fiscalía y, pronto, en la Procuraduría, son los enemigos de sus enemigos, Cuba y Venezuela. Hace unos días, un miembro de esa familia, el congresista Mario Díaz-Balart, publicó un trino en que, extrañamente, pedía explicaciones al Departamento de Justicia sobre “reuniones con convictos paramilitares colombianos”, refiriéndose a Iván Cepeda. Casi al tiempo, uno de los tantos abogados que paga Uribe le solicitó a la Fiscalía norteamericana que investigara al senador del Polo. La compatibilidad entre los propósitos de Díaz-Balart y el apoderado de Uribe es una puesta en escena típica de las argucias de agencias publicitarias como la que pagaron los hijos de Uribe Vélez para hacerle lobby a su padre. Pero las redes sociales revelaron los vínculos de amistad entre los cubano-estadounidenses y Rodrigo Noguera, rector del centro de estudios —¿o del clientelismo?— Universidad Sergio Arboleda: videos de homenajes y fotos de Lincoln Díaz-Balart, hermano del congresista republicano, “con mis grandes amigos” Rodrigo Noguera y su esposa, Zayda Barrera, a quien Francisco Barbosa, alumno y excontratista de esa universidad, le habría ofrecido un gran puesto en la Fiscalía. También existen fotos con Uribe y algunos senadores de su bancada. En conclusión, el mensaje de Mario Díaz-Balart con el que le da una disculpa al gobierno Trump para perseguir a Cepeda es un complot contra este, urdido por Uribe Vélez, sus apoderados, Duque y Rodrigo Noguera, cogobernante en la sombra y en las sombras.

Un segundo complot en el que participan, además del omnipresente Uribe, los alumnos de Noguera Calderón, Iván Duque y Francisco Barbosa es el que ellos preparan, por asalto, en el caso del magnicidio de Gómez Hurtado: se trata del peligroso binomio Presidencia-Fiscalía que ha unido poderes políticos y judiciales —según revelación de los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez que confirmó, sin pretenderlo, el columnista oficialista Mauricio Vargas—, para encarcelar a quienes la familia Gómez condenó hace 25 años, con odio y sin pruebas judiciales. Vargas Linares le anunció a Ramiro Bejarano, uno de los abogados de Iván Cepeda y columnista crítico, que lo van a llamar a interrogatorio en un proceso al que ni siquiera lo han vinculado. ¡Qué diría Uribe si le sucediera, en el mundo real, algo similar! Estamos en la era despótica urdida en la Sergio Arboleda, donde filas de amigos y familiares del uribismo gobernante entran con intereses y salen con contratos. Una lista corta, en la que ahondaré más adelante, de funcionarios y exservidores oficiales favorecidos por el rector copresidente: Alejandro Ordóñez; Jorge Pretelt; María del Rosario Guerra; Alfredo Rangel; Andrés Felipe Arias; su suegro, César Serrano; Miguel Ceballos; Ernesto Lucena (el hijastro consentido); Francisco Barbosa, quien tuvo contrato de “investigador” en esa universidad siendo consejero de Derechos Humanos: devengaba interesante suma en ambos sitios sin acreditar trabajos serios; su hermana María Paula, beneficiaria en ambos lados. Y hasta el hermano del presidente, Andrés Gregorio Duque Márquez, que disfrutó de ricas consignaciones por su parentesco. Favores en una parte se compensan con favores en la otra: nada es gratis. Poder despótico y nosotros, cruzados de brazos.

https://www.elespectador.com/opinion/coctel-explosivo-politica-justicia-e-interes-privado/

20.38.-Gobierno: censura a prensa internacional YOHIR AKERMAN

El uribismo y el gobierno del presidente Iván Duque nunca se han sentido cómodos con el papel fiscalizador y de control de la prensa. Nunca. Ni tampoco con el de los medios internacionales que han sido críticos de su manejo del proceso de paz y también han realizado denuncias de escándalos importantes en esta administración.

17 oct 2020.- Por eso preocupa que, como respuesta, el gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, esté efectuando una estrategia continuada de poner trabas inconstitucionales a los procesos migratorios de estos reporteros extranjeros y negando, sin justificación legal, visas a periodistas inmigrantes.

Igualito a Venezuela. 

Han sido muchos los casos. Algunos quedaron retratados en un reciente artículo hecho por Colombia Reports, un medio de difusión de noticias de Colombia para el extranjero en idioma inglés, demostrando cómo se está constituyendo esa agresión a la libertad de prensa y de censura a los medios internacionales.

En ese artículo se cuenta, por ejemplo, el caso del periodista Brendan Corrigan en el que, pese a que la Cancillería ha respondido que su solicitud de visa no tenía todos los documentos, la verdad es que antes de eso le había informado en un correo electrónico que, en aplicación de la normatividad vigente, “se descartaba la visa para periodistas independientes o freelance”.

Las normas migratorias no descartan visas de inmigrante para periodistas independientes y el Ministerio de Relaciones Exteriores está utilizando su facultad discrecional que, por ejemplo, permite a las autoridades denegar la entrada a presuntos terroristas o pedófilos, para rechazar la prórroga de la visa a los que cumplen con la tarea de periodistas.

Es importante aclarar que la gran mayoría de periodistas que ejercen como corresponsales extranjeros en los diferentes países son freelance o independientes, y hacen este trabajo por contratos con diferentes medios de comunicación. Así ha funcionado ese sector de los medios hace muchos años.

Es por eso que la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, envió una comunicación a la Cancillería el pasado 13 de octubre en donde plantea su preocupación y relata que esto no es nuevo ya que, desde septiembre de 2018 cuando Iván Duque llegó a la Presidencia, a los corresponsales extranjeros se les viene exigiendo un título oficial de periodista para poder acreditarse como periodista extranjero en Colombia, requisito que es inconstitucional.

Para esa época, la FLIP emitió una comunicación en la cual documentó los casos de más de diez periodistas extranjeros a los que Migración Colombia les estaba imponiendo restricciones ilegales para el ejercicio de su oficio en el país.

De acuerdo con la Resolución 4065 de 2017, para solicitar una visa de migrante, los periodistas deben “contar con la cualificación o experticia para ejercer profesión de manera independiente”.

A pesar de que la ley es clara, las autoridades migratorias no están aceptando formas distintas de demostrar la cualificación y experticia que un título universitario lo cual hace que existan solicitudes presentadas por periodistas experimentados sin títulos universitarios en periodismo que están siendo rechazadas.

Varios de estos corresponsales extranjeros han tenido que abandonar el país, pese a que eran colaboradores de medios como The GuardianThe New York Times The Washington Post.

La mayoría de estos periodistas que han tenido problemas con la Cancillería y que están en este momento en su proceso de obtener las visas o que han sido denegadas, no quisieron que su nombre se conociera y prefirieron hacer la denuncia de manera anónima ya que, con la excepción de Corrigan, “tienen temor a represalias por parte del gobierno”.

¿Exagerado? Para nada. 

Recordemos que en mayo de 2019 una investigación publicada por el diario The New York Times (NYT) por el periodista Nicholas Casey, denunció el regreso de las políticas dentro de las Fuerzas Armadas en Colombia que llevaron al asesinato de civiles para presentarlos como guerrilleros, hecho que se conoció como el oscuro capítulo de los falsos positivos.

La denuncia de Casey implicó que el entonces Canciller, Carlos Holmes Trujillo y el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, enviaran una dura carta al diario para desmentir el artículo diciendo que era un reportaje incompleto y no objetivo con “citas parciales”.

En respuesta a esa comunicación el editor ejecutivo del diario NYT, Dean Baquet, contestó más durito con otra carta y planteó, sin necesidad alguna, el riguroso proceso de verificación de las fuentes y las denuncias y el manejo objetivo del tema del artículo para que no quedara dudas de los hechos ciertos ahí presentados.

Eso obligó al Canciller a viajar a Nueva York a reunirse con las directivas del periódico para explicarles su posición y tratar de hacerle contrapeso a la grave denuncia y al mal sabor que había generado la irresponsable carta del gobierno en cabeza del Ministerio de Defensa y de Relaciones Exteriores.

“Nuestro propósito era establecer un diálogo franco, tranquilo y constructivo, para efectos de poner en su conocimiento (NYT) razones que condujeron a la definición de la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque, a cerca de la manera como se está adelantando la implementación (de los acuerdos de paz) dentro de esa política, es decir implementación con reformas mediante consensos y mecanismos institucionales. Puedo decirles a los colombianos que fue una muy buena reunión”, dijo en su momento el canciller Holmes Trujillo.

Pues nada más falso. 

Gracias a un artículo de la revista Semana titulado “Las carpetas secretas” se conocieron las pruebas que demuestran que, en el mismo momento en que el Canciller y hoy ministro de Defensa estaba en las oficinas del diario NYT defendiendo al Ejército y diciendo que no estaban haciendo lo que establecía la denuncia periodística, el mismo Ejército estaba ejecutando un programa de seguimiento informático y perfilamiento de políticos de la oposición, magistrados, ONG y varios periodistas, algunos extranjeros, entre los cuales estaba el periodista Nicholas Casey.

Irónico por no decir lo menos. 

Eso sin olvidar que la senadora del partido de gobierno, María Fernanda Cabal, en su cuenta de Twitter, calificó al The New York Times como publicación de imprecisa, tendenciosa, con falta de rigor y “rey de los fake news”. También atacó al periodista Casey cuestionándolo y preguntando cuánto le habrían pagado las Farc por escribir ese artículo y afirmando de manera falsa que el reportero pertenecía a una élite de izquierda y que era más activista que periodista. (Ver La Canciller).

Las acciones del Ejército, los insultos de varios miembros del partido de gobierno, las críticas, los ataques con falsedades que lanzaron en contra de Nicholas Casey y que generaron amenazas de muerte, lo obligaron a salir del país.

Entonces es completamente justificado el miedo que sienten los otros periodistas extranjeros y que los lleva a hacer de manera anónima esta denuncia de las trabas que les está poniendo la Cancillería con sus procesos de visas para evitar que hagan su trabajo.

Porque, como es conocido, y no solo en contra de los periodistas extranjeros, muchos miembros del uribismo tienen la acostumbrada estrategia de criminalizar a los periodistas que investigan o realizan denuncias en contra del gobierno. Incluso poniendo en riesgo su vida con ataques llenos de mentiras. Igual que en Venezuela.

@yohirakermanakermancolumnista@gmail.com

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  • 20.37-Por qué creo que las Farc sí mataron a Álvaro Gómez PATRICIA LARA
  • Riesgo de pena de muerte  en Colombia  – YOHIR AKERMAN
  • Duque, nuestro Maduro naciente   CECILIA OROZCO
Álvaro Gómez y Manuel Marulanda Vélez. Foto: EL TIEMPO / AFP 

“Somos los únicos responsables de su muerte, por favor, dejen de buscar el ahogado aguas arriba”, escribió Rodrigo Londoño, jefe del partido FARC, respecto al homicidio de Álvaro Gómez.

8 oct 2020.- Y el senador Julián Gallo (antes Carlos Antonio Lozada), exjefe de la red urbana, dijo que la orden de matarlo la recibió de su superior directo, el Mono Jojoy, y que él se la transmitió a “un comando de cuatro personas”. Es decir que Gallo afirmó ser el responsable del crimen.

No obstante, la familia de Álvaro Gómez, empeñada en acusar al expresidente Ernesto Samper y a su entonces ministro Horacio Serpa de ser los responsables, duda de la versión de los ex-Farc. Hasta el propio Samper, que insistía en una hipótesis que involucraba a militares en el magnicidio, se muestra sorprendido y, como es lógico, todos dicen que los ex-Farc tienen que probar ante la JEP que fueron ellos los autores del magnicidio.

Sin embargo, como dice un amigo mío, “lo único lógico es la verdad”. Entonces, examinemos las teorías:

¿Es lógico, como dicen los Gómez, que las críticas de Álvaro Gómez y sus editoriales en El Siglo tuvieran en jaque al gobierno de Samper y que, por ello, él y Serpa quisieran eliminarlo? No es lógico, primero, porque tres de los ministros de Samper eran alvaristas. Segundo, porque el gobierno tenía opositores de alto calibre, que aparecían en medios con mucha más audiencia que El Siglo. Y, tercero, porque Samper y Serpa pueden tener muchos defectos, pero no han sido ni serán asesinos.

¿Es lógica la teoría de Samper que apunta a que como Gómez se habría negado a participar en un golpe de Estado en su contra, algunos militares lo habrían matado porque, al estar informado del plan, si seguía vivo, quedaba un cabo suelto sobre la conspiración? No es lógico, porque Álvaro Gómez era el político más querido y admirado por los militares, y no es creíble que quisieran asesinar a su inspirador.

¿Es lógica la versión de los ex-Farc de que ellos mataron a Álvaro Gómez? Por una parte, no debe ser fácil, y más para un senador como Julián Gallo, declararse culpable de tan atroz crimen. Por otra parte, si se tiene en cuenta el móvil que dicen que hubo, esto es, el discurso de Gómez en el parlamento, que llevó al gobierno de Guillermo León Valencia a bombardear las que Gómez llamó “repúblicas independientes”, lo cual, según Gallo, “fue el detonante (de) una guerra de 50 años con cientos de miles de muertos y torturados de todos los bandos”; si se piensa que los ex-Farc perderían los beneficios y tendrían que pagar muchos años de cárcel si fueran falsas sus declaraciones ante la JEP; si se considera que los ex-Farc no tendrían razones para beneficiar a Samper, y si se tiene en cuenta el libro Cartas y documentos, de Manuel Marulanda Vélez (1993-1998), mencionado por el uribista José Obdulio Gaviria en dos columnas publicadas en El Tiempo en julio de 2012, donde hay varias referencias de Tirofijo al homicidio de Gómez Hurtado, entonces la hipótesis de que a Álvaro Gómez lo mataron las Farc suena como la más lógica.

Ahora, quedan varias preguntas: ¿por qué si José Obdulio, en una de sus columnas, citó esta frase de Tirofijo: “Lo de la muerte del señor de las ‘repúblicas independientes’ creo que podemos estudiar cuándo conviene hacerlo saber”, no denunció entonces a las Farc como autoras del magnicidio? ¿Por qué la Fiscalía del 2012 nunca investigó lo revelado por Gaviria? ¿Por qué lo callaron? ¿O no se enteraron?

Llegó la hora de que todos digan la verdad.

www.patricialarasalive.com, @patricialarasa

https://www.elespectador.com/opinion/por-que-creo-que-las-farc-si-mataron-a-alvaro-gomez/

20.37-Riesgo de pena de muerte  en Colombia  – YOHIR AKERMAN

Defender el medio ambiente, la tierra y el planeta es una actividad de altísimo riesgo en Colombia que en muchos casos termina con la muerte. Así lo define un nuevo informe de Amnistía Internacional que, además, establece que somos el país más peligroso en el mundo para los defensores de derechos humanos.

Aterrador.

10 oct 2020.- El informe titulado “¿Por qué nos quieren matar?” señala que, gracias a la nueva realidad impuesta por la pandemia del COVID-19, el hogar de los defensores de derechos humanos y derechos del medio ambiente es el sitio más peligroso ya que ahí se están efectuando la mayoría de crímenes en contra de estas personas.

Paradójico, ya que el Estado debería garantizar que la sociedad se sienta segura por lo menos en su hogar. Pero ocurre todo lo contrario para las poblaciones que están viviendo en algunas de las zonas más ricas en recursos naturales de Colombia, donde las personas están siendo asesinadas en sus propias casas sin que el Estado haga algo.

El crimen: defender sus hogares, el territorio donde habitan, sus ríos, bosques, plantas y animales. La sentencia: muerte sistemática.

Los más afectados son los pueblos afrodescendientes, indígenas y campesinos que ejercen una propiedad comunitaria del territorio y son quienes defienden los recursos que utilizan para que sus comunidades puedan subsistir.

Y el Gobierno, ausente.

El presidente Iván Duque pretende construir una estrategia en la que si no habla de estos asesinatos a defensores de derechos humanos es porque no suceden. Mientras tanto, somos todos testigos y cómplices de una cantidad de homicidios y masacres que se están cometiendo por parte de bandas criminales que quieren controlar zonas para el paso del narcotráfico o de otras actividades ilegales.

Pero no para ahí. El reporte de Amnistía Internacional también pudo determinar que muchos de los ataques son en represalia a la oposición de diferentes comunidades a varios proyectos de infraestructura.

Inaudito.

Dice el informe que las cifras de asesinatos y denuncias sobre amenazas u otros riesgos para los defensores de derechos humanos han ido en aumento, y se hace una dura crítica a las cifras del Gobierno nacional sobre el asesinato de líderes sociales, en contraste con las cifras de otras organizaciones, como la ONU.

Amnistía Internacional plantea que, a pesar de que el presidente Duque ha dicho que durante su gobierno los asesinatos de líderes sociales han disminuido en un 25%, ese dato es falso ya que las fuentes confiables revisadas indican lo contrario.

A finales de 2017, Somos Defensores, la Defensoría del Pueblo y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia reportaron entre 96 y 126 casos de personas defensoras asesinadas en todo el país, de acuerdo con la metodología y acceso a información de cada entidad.

Un año más tarde, la cifra pasó a estar entre 115 y 178. En el 2019, se documentaron entre 108 y 118 asesinatos de personas defensoras, y entre 10 y 31 asesinatos más que ocurrieron en 2019 están siendo verificados. Al 30 de septiembre de 2020 la ONU afirmó que ha dado seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales a la fecha ha verificado 45 homicidios. Mientras que el programa Somos Defensores contabiliza 95 asesinatos hasta el 30 de junio de 2020.

Colombia, uno de los países con más normas, protocolos e instituciones de protección para quienes defienden los derechos humanos, es, al mismo tiempo, donde más líderes mueren por proteger a sus comunidades, la tierra y el medio ambiente.

De esta manera se deja claro que, aunque Colombia cuente en la teoría con uno de los sistemas de protección más completos de la región, en la práctica estos no son efectivos porque las autoridades se rehúsan a actuar de manera preventiva y abordar las causas estructurales de la violencia colectiva contra las personas defensoras.

Incomprensible.

Y los escoltas no resultan suficientes. Lo que se necesita es que el Gobierno del presidente Duque deje de ignorar el problema y aborde las causas estructurales de la violencia contra las comunidades.

No escuchar a las comunidades sobre las medidas de protección que necesitan es parte del problema. También lo es nuestra apatía y no entender que las poblaciones que defienden sus tierras y el medio ambiente no solo están protegiendo sus hogares sino la naturaleza que necesitamos todos.

Eso no puede seguir siendo un crimen en Colombia y menos uno que se paga con la pena de muerte.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/pena-de-muerte-2/

20.37-Duque, nuestro Maduro naciente    CECILIA OROZCO

La actitud de Iván Duque frente a las otras ramas del poder es arrogante, irrespetuosa y absolutamente impropia si nos atenemos al texto de la Constitución bajo cuyo imperio deberíamos estar todos, empezando por la persona elegida para la Presidencia de la República.

6 oct 2020.- Sin embargo, todavía esperamos que su juramento de acatamiento a la Carta Política no haya sido solo un gesto protocolario del día de su posesión sino un compromiso de demócrata, aunque va despintando esa fachada para merecer el aplauso de los extremistas de su corriente que no lo aprecian pero lo desangran a cambio de darle apoyo. Cuando uno escucha al mandatario, no se sabe si él ignora la teoría del Estado o si emprendió, a conciencia, el camino de la autocracia porque actúa como si se le hubiera coronado y, en cuanto rey, pudiera ignorar al Congreso si le estorba, y tratar a la Rama Judicial como lacaya.

El viernes pasado, Duque metió baza en un asunto de competencia judicial del que apenas se conoce el enunciado: la autoría de las Farc en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, aceptada por los jefes de la antigua guerrilla ante la JEP. Los otros cinco homicidios que confesaron las Farc no merecieron la atención del presidente, no obstante que los asesinados eran colombianos y que al menos dos de ellos sirvieron bien a esta nación, uno como general del Ejército y ministro de Defensa, y el otro como intelectual y gestor de procesos de paz. En fin, refiriéndose a la posibilidad de que la guerrilla fuera culpable de ese magnicidio, lo que probaría que carecía de todo soporte la teoría de la que ha sido vocera su universidad, Duque expresó con voz exaltada: “Yo lo único que quiero es que ese crimen horrendo sea esclarecido… y que si alguien se lo atribuye yyy nooo corresponde a la verdad, también se entienda que se está cometiendo un delito…”. Sus frases, en apariencia correctas, fueron adobadas con el tono de quien sabe que será obedecido: “… que no desestimen (los jueces) … las afirmaciones que ha hecho la familia de Álvaro Gómez sobre lo que ellos (sic) reclaman… que la justicia especial (la JEP, cuya existencia ha combatido desde su asunción de la Presidencia) oiga los testimonios que tenga que oír, pero que la justicia que viene haciendo las investigaciones (la Fiscalía, en la que instaló a su compañero de pupitre, Francisco Barbosa) no las deje de hacer”. Duque ya le había impartido una instrucción puntual a su amigo el día de la posesión de este, en febrero pasado: “Quiero pedirle una tarea especial: … que durante su fiscalía podamos llegar a los verdaderos autores intelectuales y materiales del crimen (asesinato de Gómez Hurtado)”.

Como usted ordene, señor presidente, acató el tonto: la Fiscalía ya anunció que planteará un conflicto de competencias frente a la JEP ante la cual confesaron los exguerrilleros el delito, tal cual había sido pactado en el Acuerdo de Paz que no vale nada en este gobierno. De tal modo, Duque, Barbosa y los Gómez no permiten que se llegue a una conclusión sobre la identidad de los asesinos diferente a la que ellos decidieron a punta de conjeturas y odio hace 25 años, sea esa y no otra.

Para el sistema democrático y su separación de poderes, los familiares de Álvaro Gómez no constituyen un problema: los parientes de las víctimas también son víctimas y tienen licencia para pensar lo que les parezca, cuenten o no con la razón. Pero tener de su lado al presidente de la República y al fiscal general sí provoca un conflicto de honda repercusión. Por contera, el proceso Gómez Hurtado no es el único que crea un dilema legal y constitucional. El país entero da por hecho hoy que el caso Uribe Vélez “murió”, es decir, que nunca llegará a fallo ajustado a las pruebas, porque quedó en manos de la Fiscalía de Barbosa y del mandato de Duque. Este, además, retó a la justicia cuando la Corte Suprema ordenó la detención de su patrocinador. En alocución especial, con bandera de Colombia tras él, aseguró después de rendirle homenaje: “Duele que a quien ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia… espero que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad”. Hace unos días, el presidente desacató junto a su ministro de Defensa otra decisión de la Corte sobre los derechos de los manifestantes e incumplió el fallo dando por válidos los votos de los togados minoritarios, contra toda normatividad y lógica. Y antes había eludido un debate en el Congreso sobre el tránsito de tropas extranjeras, inventándose una extraña y casi cómica figura en que la Constitución se sustituyó con una carta de 60 senadores. En el mundo de Duque, su gobierno, su jefe Uribe, el del uribismo y sus aliados no caben la justicia independiente, la deliberación en el Capitolio, la libertad de opinión, tampoco la de información. Duque, nuestro Maduro naciente.

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  • 30.36.-Qué pasa con el gas SALOMÓN KALMANOVITZ
  • Un crítico sancionado por el amigo del presidente – CECILIA OROZCO
  • El victimario y las víctimas YOHIR AKERMAN

La estufa de los colombianos ha pasado de ser alimentada por carbón vegetal, o el olvidado cocinol, a la electricidad más cara y al gas domiciliario más económico.

27 sep 2020.- Existe una producción nacional de combustible, proporcionada por Ecopetrol y otras empresas medianas y pequeñas que exploran, lo extraen y lo transportan. El informe de Naturgas “Indicadores 2019” anuncia que “Colombia tiene un potencial de hasta 54,7 TPC (terapiés cúbicos), lo cual equivale a multiplicar por casi 18 las reservas probadas actuales que tiene Colombia”.

Esta producción está amenazada por las plantas de regasificación —una en Cartagena y otra prevista en Buenaventura—, que procesan las importaciones de Estados Unidos y encarecen las tarifas residenciales. Se afecta en especial a los estratos 1 y 2 de la población, que pagan hasta el doble del costo del combustible: mientras que las regasificadoras cobran entre US$7 y US$8 por pie cúbico, los productores locales cobran US$4,5. El negocio es posible gracias a la regulación del Gobierno, que favorece a los importadores de gas, perjudica a los usuarios y amenaza el futuro de la industria nacional.

Los productores locales le aportan al país regalías, impuestos y adquisición de bienes y servicios por casi US$300 millones al año, más 10.000 empleos directos de personal calificado. Las regasificadoras no aportan ni un peso y muy pocos empleos; por el contrario, deben ser subsidiadas por los consumidores de energía eléctrica y gas.

La planta regasificadora de Cartagena es de Spec y Promigás, la segunda de propiedad del grupo de Sarmiento Angulo. Según su brochure, “suministramos el gas natural a más de 3,6 millones de usuarios, 40 % del mercado nacional, que representa 12 millones de personas”. A estos ciudadanos se les cobra la mitad del costo de regasificación según resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CREG).

La planta de Cartagena opera por debajo de su capacidad, con unos costos elevados, que son absorbidos por los sobreprecios mencionados. En vez de proteger a los consumidores y a la producción nacional, dominada por la empresa estatal, el Gobierno favorece a los importadores del gas extraído por fracking, que terminan haciéndoles competencia desleal a los productores y atentan contra la autosuficiencia energética nacional.

Lo que se viene hacia el futuro puede ser peor y más absurdo que el negocio de Cartagena. A principios de 2021 piensan licitar una enorme planta de US$800 millones en la bahía de Buenaventura, donde no cabe físicamente y perjudica el medio ambiente y la seguridad nacional; en efecto, comprometería una base de la Armada Nacional situada no lejos de ella, por los peligros que entraña el almacenamiento de gas y, además, atascaría el tránsito marítimo del primer puerto del país. Para rematar, se iniciaría sin el oleoducto entre la planta y Yumbo, lo que implicaría remontar la cordillera occidental y atravesar territorios hostiles densamente poblados, con unos enormes costos adicionales.

Hoy el país está cruzado por miles de kilómetros de gasoductos que llevan el combustible extraído de yacimientos convencionales (Cupiagua, Cusiana y mar Caribe) de Ecopetrol, que aporta el 60 % del consumo nacional, y de otras empresas, que cubren el 30 %, de modo que hoy se importa el 10 %. Lo que pretenden los importadores con el elefante blanco de Buenaventura es quedarse con el 40 % del negocio, expoliar a los consumidores y arruinar a las empresas gasíferas productivas.

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20.36.-Un crítico sancionado por el amigo del presidente – CECILIA OROZCO

El Superintendente de Industria y Comercio: Investigaciones con sesgo político. Foto Revista Dinero

Hacia las 11:30 de la mañana del viernes 7 de febrero, el avión oficial de la 0 Presidencia de la República despegó de la base militar Catam, de Bogotá, con destino a Armenia.

29 sep 2020.- En el Focker 0002 iba la “primera dama”, denominada de esa manera pintoresca en la Colombia adulona; con ella viajaron sus tres pequeños hijos, cuatro amigos de estos y sus mamás, según se informó después. El grupo iba a pasar el fin de semana en el parque Panaca con el objeto de celebrar el cumpleaños de una de las niñas Duque. El presidente, que, según su oficina de prensa, “estaba desarrollando una intensa agenda”, se encontraría con su familia en ese lugar. La polémica general por el uso de un bien del Estado —de la Fuerza Aérea— para realizar una actividad privada fue de tal intensidad que hasta se oyeron, en transmisión en directo, gritos destemplados y acusaciones entre el jefe de Comunicaciones de la Casa de Nariño y su entrevistadora; también se escucharon otras discusiones, más analíticas y serenas.

El columnista de humor político Daniel Samper Ospina, que, simultáneamente, es un líder de opinión en el mundo digital, publicó en una de sus cuentas una foto-sátira de los Duque tomada del álbum de imágenes que la Presidencia incluye en sus sitios noticiosos. Samper, en un gesto claramente irónico, insertó la fotografía familiar dentro de otra foto de un juego de mesa que se ingenió para tomar del pelo a congresistas y políticos. Pues bien, el uribismo, tan enfermizo y obsesivo cuando ataca a sus supuestos enemigos, y tan laxo y relajado cuando defiende a sus aliados de causa, desplegó una propaganda de odio contra Samper similar a la de Uribe Vélez que tildó de “pedófilo” al periodista porque este mencionó, en una de sus piezas burlescas, el nombre de la hija de una senadora. Por orden de un juez de tutela, el expresidente tuvo que borrar sus trinos y rectificar la calumnia. Pero su ejemplo quedó como precedente.

Más taimados, Duque y sus funcionarios imitaron al jefe: primero movieron mensajes agresivos en las redes y pusieron a los parlamentarios de su bancada a hablar de “violación de datos personales” de los niños. Y, después, el subalterno del mandatario, Andrés Barreto, nombrado por él en la Superintendencia de Industria y Comercio, inició, a través de uno de sus delegados, una “averiguación de manera oficiosa” contra Samper, es decir, sin que mediara queja de un tercero, “para determinar el (in)cumplimiento de las normas de protección… frente a la gestión de ‘marketing’”. En pocas palabras, la Superintendencia inició una “investigación” contra el crítico del Gobierno del que ella es entidad dependiente, presuponiendo su culpa por dizque haber hecho negocios con las fotos de los niños, no obstante que Samper las retiró en menos de un día y se disculpó por no haber difuminado los rostros infantiles, sin duda, una precaución que debió haber tomado. La persecución oficial se constituyó cuando 1) desfiguró el uso de la fotografía publicada por la propia Casa de Nariño, como si fuera un robo de datos personales; 2) le abrió un proceso por la presunta comercialización de las imágenes, y 3) le impuso una sanción desproporcionada con interés de atemorizar y disminuir sus críticas.

Pero ¿quién es el “juez” de Samper Ospina? El superintendente Andrés Barreto, quien finge que no conoció el caso pues uno de sus funcionarios de menor rango le hizo la faena, fue el director jurídico y programático, además de tesorero, de la campaña de Duque en 2018. También fue el asesor legislativo del entonces senador Duque, en el Congreso. Ha estado vinculado a la entidad más poderosa de Colombia después de la Presidencia, la Universidad Sergio Arboleda, desde cuando su alumno ganó las elecciones: Barreto ha sido profesor y, quién sabe si con pago de matrícula o beca, cursa un exquisito programa para altos ejecutivos y presidentes de empresas, llamado Executive MBA. El superintendente, bajo cuya dirección se acecha a periodistas del estilo de Daniel Samper Ospina, para tratar de intimidarlos, ahora cobrará su premio. El amigo de infancia de Iván y Andrés Duque Márquez fue postulado por el primero de estos al puesto de juez de la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal penal más importante del mundo (ver nominación).

¿Por cuenta del castigo a la prensa independiente, por sus amistades o por ambas razones? Tal vez, esta última opción es la explicación verdadera porque la brillantez de su carrera es escasa. Lo único que le sobra es petulancia. Y, desde luego, no cuenta con la neutralidad ni sabiduría que se espera de un gran togado.

https://revistacorrientes.com/un-critico-sancionado-por-el-amigo-del-presidente/

20.36.-El victimario y las víctimas YOHIR AKERMAN

Foto: Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, profesor universitario Jorge Adolfo Freytter Romero 

Dos sucesos muy recientes, que pasaron con pocos días de diferencia y que aparentemente no tenían ninguna conexión, pueden ser cruciales para seguir profundizando en la interconexión y alianza que existió durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez entre militares, políticos y empresarios y los sanguinarios grupos paramilitares.

3 oct 2020.- El primero ocurrió el pasado 24 de septiembre cuando el Estado colombiano reconoció de manera acertada su responsabilidad internacional en el asesinato del profesor universitario Jorge Adolfo Freytter Romero, perpetrado hace 19 años por paramilitares en confabulación con miembros de la fuerza pública.

No solo eso, el Estado también pidió perdón a su familia, amigos, colegas y estudiantes por este horrible crimen y dijo que esto “jamás debió suceder”.

El segundo evento fue la deportación a Colombia de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidad de Colombia (Auc), que operaba en los departamentos del Caribe, La Guajira, Atlántico, Cesar y Magdalena.

Vamos a donde estos hechos se conectan.

Como se ha planteado en esta columna, el 28 de agosto de 2001, el profesor Jorge Freytter fue retenido al llegar a su casa en Barranquilla por un grupo de hombres fuertemente armados y fue sometido por más de 24 horas a actos de humillación y tortura, que finalmente terminaron en su muerte al día siguiente a causa de asfixia provocada por una bolsa de plástico en su cabeza.

Freytter fue profesor de la Universidad del Atlántico por más de 20 años, tiempo durante el cual también habría participado activamente en distintas actividades de carácter sindical.

Gracias a evidencia posteriormente conocida y mostrada en esta columna, se ha podido determinar que en su secuestro, tortura y asesinato intervinieron agentes de operaciones especiales del Gaula (unidad de lucha contra el secuestro), del departamento del Atlántico, miembros del DAS y estructuras paramilitares del Bloque Norte de las Auc controladas por Jorge 40. (Ver Lecciones de un homicidio).

Estos hechos hacen parte de la “arremetida paramilitar” que sufrió la comunidad universitaria de la región Caribe de manera generalizada entre 1996 y 2006.

Ahora bien, pese al acertado pedido de indulgencia del Estado a la familia por este crimen, el tema es que hasta ahora no han sido capturados los responsables directos e indirectos del asesinato del profesor Freytter, por lo que el gesto, sin castigo a los responsables finales, no queda como nada más que eso: un gesto.

Por eso vamos a los documentos.

Un postulado de Justicia y Paz con fecha del 14 agosto de 2012 dado por Johnny Rafael Acosta, alias 28 Richard, involucró en el homicidio del profesor Freytter a un ganadero, palmicultor y empresario de la costa Caribe llamado Darío Alberto Laíno Scopetta. Según alias 28, este señor, dueño de la empresa de blindaje Blinco de Colombia, era un poder en la sombra que estuvo al nivel de Jorge 40 y Salvatore Mancuso, aunque pocos lo conocieron.

Pese a que Laíno Scopetta, alias Ojos AzulesJMJosé Miguel M1, fue una persona crucial, según varios testimonios, para que los grupos paramilitares penetraran las esferas militares, económicas y políticas en el Atlántico, e instrumental en el asesinato del profesor Freytter, el empresario sigue en total impunidad.

Por otra parte, alias 28 también involucró a Ubaldo Enrique Meza, ex rector de la Universidad del Atlántico, con los hechos del asesinato del profesor de la misma planta, estableciendo que era un colaborador cercano de las Auc, de la misma manera que en el pasado lo había hecho otro paramilitar, Carlos Romero Cuartas, alias Montería, estableciendo que desde la rectoría les suministraban los nombres de algunas de sus víctimas. Frente a esto Meza ha negado esas versiones asegurando que se trata de simples venganzas personales.

Pues el 5 de mayo de 2010, alias Montería respondió un interrogatorio frente a la Policía Judicial en donde repitió este tema y también dio nombres específicos de los agentes del Gaula involucrados en este crimen y en operaciones que se hacían conjuntamente con paramilitares de los bloques controlados por Jorge 40.

Así, pese a los pedidos de la justicia, Jorge 40 nunca ha querido hablar del crimen del profesor Freytter Romero, aunque se ha dicho que fue ordenado directamente por él.

Ahora en Colombia, Jorge 40 deberá responder por esto y por más de 1.486 investigaciones que se le adelantan en la Fiscalía.

Pese a todo esto, desde mayo de este año el gobierno del presidente Iván Duque había nombrado al hijo de Jorge 40, Jorge Rodrigo Tovar Vélez, al frente la Dirección de Víctimas del Ministerio del Interior, cargo al que renunció por motivos personales hace dos semanas cuando se conoció del inminente regreso del sádico exparamilitar a Colombia.

Evidentemente los delitos de sangre no existen, pero mirando las 65 órdenes de captura que existen en contra de Jorge 40 y las 109 medidas de aseguramiento por las 1.486 investigaciones, el nombramiento de su hijo en ese cargo era una afrenta en donde se estaba privilegiando a los victimarios sobre las mismas víctimas.

@yohirakermanakermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/el-victimario-y-las-victimas/

  • 20.35.-Carta al ministro de Defensa YOHIR AKERMAN
  • La tutela de la protesta RODRIGO UPRIMNY
  • Terquedad antidemocrática PATRICIA LARA
  • Casos de poder y abusos de poder CECILIA OROZCO

Señor ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Le escribo esta carta como colombiano preocupado y sorprendido por su desconexión con la realidad del país.

26 sep 2020.- He seguido con atención todas sus declaraciones en respuesta a los abusos y deformidades cometidos por los miembros de la Policía y el Ejército en los últimos días, y eso me ha impulsado a escribirle esta misiva. A título personal y como ciudadano parte de ese país que usted intenta gobernar desatinadamente.

Empiezo por establecer que es completamente errado plantear, como usted lo ha intentado varias veces, que pedir disculpas por los asesinatos cometidos es una muestra de debilidad.

Todo lo contrario.

Nada más fuerte que un gobierno que reconoce sus errores y que corrige el rumbo equivocado de sus acciones para que no vuelvan a ocurrir. Y en eso consiste honrar la vida de Juliana Giraldo, Javier Ordóñez, Dilan Cruz y otros ciudadanos que han caído a manos de las autoridades.

Pero usted no lo entiende. Por eso prohibió que la Policía revistiera todos los CAI de Bogotá con proclamas pidiendo perdón a la ciudadanía por los lamentables hechos ocurridos el pasado 9 y 10 de septiembre, como esa institución lo quería hacer para que la capital amaneciera con anuncios de arrepentimiento por los abusos y la crueldad de algunos de sus miembros.

Sigo por establecer que lo que es bueno para usted no está siendo positivo para Colombia. Su discurso de ministro en campaña está atrincherándolo a usted, pero no está protegiendo a la sociedad que en su cargo juró proteger.

Pero eso es entendible ya que usted, históricamente, ha sido un político sin convicciones. A pesar de declararse uribista y de derecha, lo cierto es que usted se ha logrado meter en todos los espectros políticos, siempre con desempeños lo suficientemente mediocres como para pasar desapercibido.

En el liberalismo brilló en el gobierno de César Gaviria por su irrelevancia como ministro de Educación y después por su incapacidad de manejar el Congreso como ministro del Interior en el gobierno del polémico Ernesto Samper.

En el de Andrés Pastrana descubrieron su talento, que era ser embajador en países donde hay poco trabajo, y por eso lo nombraron en Austria y posteriormente en Bruselas en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Increíble que hoy, dos años después, hace parte de un gobierno y un partido político que siguen culpando de las deformidades y abusos de las Fuerzas Armadas que usted lidera a las políticas del gobierno anterior. Administración de la que usted hizo parte ya que fue representante de ese gobierno en el exterior. Algo irónico, por decir lo menos, que lo haga sin sonrojarse.

Cierro mi carta, señor ministro, diciendo que el constante llamado a la guerra que hace el Gobierno del que usted hace parte, y usted desde el Ministerio de Defensa, ha hecho que ahora el objetivo de las Fuerzas Armadas sea la misma población indefensa. Y nada más perverso para la sociedad que tenerles miedo a quienes deben protegerlos.

Su llamado a la continuación de la guerra está cada vez más alejado de los intereses y prioridades del pueblo colombiano. Pero ustedes se empeñan en seguir imponiéndolo como la agenda, incluso con teorías de la conspiración para exculparlos de su propia incompetencia y sus errores.

Esto es entendible ya que para su partido político es indispensable tener un enemigo con el cual luchar, porque no tienen más discurso. Su propósito es construir el imaginario político de que son ustedes los únicos que pueden derrotar a ese enemigo que se inventan y que transforman conforme a los hechos para que les renueve el espacio político.

Mientras tanto, los muertos de las anteriores semanas arrojan que el verdadero enemigo de este Gobierno son los ciudadanos desarmados e indefensos. Al igual que los derechos de las minorías, la población LGBT, los campesinos, el medio ambiente, la oposición, los magistrados de las cortes que imparten justicia, los periodistas investigativos e incluso los jóvenes que están insatisfechos.

Eso no es sano para una democracia.

Como no lo es tampoco que usted y el Gobierno del que hace parte se muestren como la solución a este problema, cuando la falta de empatía, la incapacidad de admitir errores de las Fuerzas Armadas y las deformaciones en el ejercicio de la defensa y la seguridad son el principal problema.

Señor ministro, sus aspiraciones políticas no van a llegar a ningún lado mientras este siga siendo el manejo de los problemas actuales. Pero, lastimosamente, Colombia tampoco lo hará mientras tengamos que seguir lidiando con su soberbia e incapacidad para controlar las Fuerzas Armadas y para admitir los errores y saber corregirlos.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/carta-al-ministro-de-defensa/

20.35.-La tutela de la protesta RODRIGO UPRIMNY

El Gobierno debe cumplir integralmente, sin demora y de buena fe la tutela de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que protege el derecho a la protesta pacífica y busca evitar los gravísimos abusos policiales de los últimos tiempos. Al menos tres razones justifican esta exigencia.

26 sep 2020.- Primera, por respeto al Estado de derecho, uno de cuyos pilares es la independencia judicial. Los gobiernos pueden discrepar de las decisiones judiciales, pero deben acatarlas. Duque puede solicitar a la Corte Constitucional que revise la sentencia de la CSJ, pero eso no lo releva de cumplirla, pues las órdenes de tutelas son de inmediato cumplimiento, como lo establecen inequívocamente las normas que regulan esta acción constitucional.

Un desacato de la tutela por cualquier autoridad sería una ruptura muy seria del Estado de derecho, que sería aún más grave si es cometida por el propio presidente, quien debe constitucionalmente velar por el “estricto cumplimiento” de la ley y de la Constitución, y por ende de las decisiones judiciales, que concretan estos mandatos.

Segunda, porque la decisión de la CSJ es muy sólida, como lo han destacado numerosos exmagistrados. Su argumentación es además clara y simple.

La CSJ recuerda unos principios constitucionales evidentes: que la protesta es un derecho fundamental cuyo ejercicio es además bueno para la democracia, pues permite que la sociedad discuta y enfrente sus problemas. Por eso la CSJ reitera que las autoridades deben proteger y garantizar la protesta pacífica y no reprimirla ni estigmatizarla.

Luego la CSJ realiza unas constataciones fácticas: muestra que en los últimos tiempos la Policía ha incurrido, en forma repetida y sistemática, en excesos en el uso de la fuerza, que se han traducido en muertes, lesiones serias, detenciones arbitrarias y disoluciones de protestas que eran esencialmente pacíficas. Es obvio que si algunos manifestantes incurren en actos violentos, la Policía puede usar la fuerza para controlarlos. Pero ese uso debe ser proporcionado. Un hecho violento en un sector de una marcha no justifica disolver toda la manifestación ni agredir brutalmente a los protestantes violentos.

La CSJ igualmente constató que el Gobierno ha estigmatizado las protestas, acusándolas de ser la acción de la guerrilla. Y una cosa es que el Eln intente infiltrar las protestas, lo cual puede suceder y condeno vigorosamente, pues la guerrilla no me representa, como tampoco representa a la inmensa mayoría de los manifestantes. Otra cosa es que el Gobierno use ese hecho para descalificar las protestas. Esa descalificación incentiva además el uso excesivo de la fuerza, pues envía este mensaje subliminal a los policías: que están en las calles no para garantizar el orden público y la protesta pacífica, sino para un combate armado con guerrilleros y sus auxiliares.

Estos principios constitucionales y estas constataciones empíricas llevan a la CSJ a formular 14 órdenes, que son duras, pero que se desprenden de esos hallazgos. No puedo resumirlas por límites de espacio, pero destaco algunas: que el ministro de Defensa ofrezca disculpas por los abusos policiales, que las autoridades no estigmaticen las protestas, que se expidan las reglamentaciones y se establezcan las garantías necesarias para asegurar un uso proporcionado de la fuerza por la Policía, y que se suspenda la “escopeta calibre 12”, que ocasionó la muerte de Dilan Cruz, hasta que haya seguridad de que el uso de esa arma será mesurado. Ninguna orden irracional o desbordada. Por el contrario, órdenes razonables para garantizar la protesta pacífica.

Tercera, porque el cumplimiento riguroso de la tutela tendría efectos muy positivos: garantizaría la protesta pacífica, sea de izquierda o derecha, y prevendría abusos policiales. ¿Alguien puede estar en contra de esos propósitos que fortalecen la democracia?

El arranque del cumplimiento de la tutela, con las supuestas disculpas del ministro de Defensa el pasado jueves, ha sido decepcionante. Sus declaraciones lindan con el desacato. O al menos adoptan esa fórmula colonial de “se acata pero no se cumple”. Pero el curso puede ser corregido. Presidente, por favor, cumpla integralmente esta sentencia, que es buena para toda Colombia y para el propio Gobierno.

Posdata. Por transparencia aclaro que desde Dejusticia hemos participado en la tutela que condujo a la decisión de la CSJ, como apoderados de dos de las peticionarias.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.https://www.elespectador.com/opinion/la-tutela-de-la-protesta/ 

20.35.-Terquedad antidemocrática PATRICIA LARA

Foto El Espectador

No puede llegar en mejor momento el fallo de la Corte Suprema de Justicia en defensa de la protesta pacífica y en contra de los abusos (léanse asesinatos y golpizas), que la policía y el Esmad han cometido contra algunos manifestantes.

24 sep 2020.- Porque dos policías sometieron a punta de descargas eléctricas al abogado Javier Ordóñez y lo mataron a golpes en un CAI, en presencia de cinco policías más; y cerca de diez jóvenes murieron en la capital, seguramente por las balas perdidas disparadas a la loca por los policías en las protestas que ocurrieron a raíz de la rabia despertada en la población por el asesinato de Ordóñez. Y justo pocos días después de eso, el presidente Iván Duque no solo no se solidarizó de manera inmediata con las víctimas, sino que apoyó a la Policía y al ministro de Defensa: “Hemos visto hechos dolorosos el día de hoy —dijo—, pero hemos visto también la actitud gallarda, férrea, no solamente de los comandantes de la Policía, sino también del señor ministro de la Defensa”, etc. Como si no bastara semejante declaración hecha en medio del dolor de las víctimas y de la ira de buena parte del país, Duque salió en los noticieros disfrazado de policía, con lo cual avaló, de manera subliminal, los atropellos que estaban cometiendo. De manera que, en este momento, la sentencia de la Corte es un freno al Gobierno en su carrera hacia el recorte de las libertades y la restricción de la democracia.

Porque la Corte fue muy clara en que el Esmad debe suspender el uso de escopetas calibre 12, en que de parte de este y del Gobierno ha habido “sistemáticas agresiones” que amenazan el derecho a manifestarse, y en que el ministro de Defensa debe pedir perdón por los abusos cometidos en las protestas de noviembre del año pasado, cuando un policía asesinó al joven Dilan Cruz. Y eso que la Corte no analizó el asesinato de Ordóñez ni las muertes por balas perdidas ocurridas este mes.

Sin embargo, al cierre de esta columna, el Gobierno insistió en su odiosa y provocadora terquedad, pues en una declaración dada desde la Casa de Nariño por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien apareció acompañado por el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, se anunció que el ministro no solo no va a pedir perdón, sino que el Gobierno le pedirá a la Corte Constitucional que revise el fallo de la Corte Suprema porque, según dice, el Esmad como institución no comete excesos, pues actúa con base en protocolos, sino que ocurren casos puntuales en los que sus miembros incumplen las normas.

O sea que siguen montados en el mismo cuento de las manzanas podridas, cuando es evidente que en la Policía hay, por lo menos, una falla grave en la selección de sus miembros, su formación y los principios que les inculcan.

Si el presidente Duque y su ministro de Defensa siguen diciéndose mentiras y ocultando el sol con las manos, el país va a explotar. Y ellos continuarán preguntándose por qué, si a sus ojos todo anda divinamente.

Nota. Los invito mañana sábado, entre 8:30 a.m. y 1 p.m., a la conferencia “El mundo exige paz”. Hablarán, entre otros, además de miembros del Gobierno y de los equipos negociadores, los presidentes de la JEP y de la Comisión de la Verdad y cuatro premios nobel de Paz, incluido Juan Manuel Santos, quien dialogará con los expresidentes Pepe Mujica y Felipe González. ¡No se la pierdan! Facebook Live, YouTube, @Defendamoslapaz y La Línea del Medio.

www.patricialarasalive.com, @patricialarasa

https://www.elespectador.com/opinion/terquedad-antidemocratica/

20.35.-Casos de poder y abusos de poder CECILIA OROZCO

Esposa de Ricardo Ferro es nombrada como fiscal seccional en el Tolima 

Todavía se recuerda y tiene ecos informativos el delicioso paseo a San Andrés, el puente festivo del 26 al 29 de junio pasados, del fiscal Barbosa, el contralor Córdoba, sus respectivas esposas, una hija, su amiguita y otros invitados. El afortunado grupo pudo viajar a la isla gracias a un bien del Estado (avión oficial), al disfrute de otros bienes (vehículos) y servidores estatales (escoltas, conductores, etc.), y a pesar de que, al realizarlo, violaban la cuarentena y ofendían a 48 millones de colombianos que se mantenían en confinamiento estricto.

23 sep 2020.- El abuso de poder de los altos funcionarios cuya misión consiste, justamente, en vigilar la moralidad social produjo una explosión mediática y el rechazo de la comunidad cuando Noticias Uno reveló la evidencia visual de su comportamiento. Entonces Barbosa respondió con prepotencia pero, ante todo, con un desatino preocupante en quien lidera las investigaciones penales del país. Entre varias justificaciones, aseguró que él y el contralor Córdoba, que sostiene en un alto puesto, con cargo a nuestros impuestos, a la esposa de Barbosa, habían ido a examinar los procesos en curso en esa relajante zona del mar Caribe. La disculpa resultó poco creíble por el combo viajero y por la fecha vacacional, no laboral, que escogieron para “trabajar”. El segundo argumento de Barbosa fue el de que se había propuesto aprovechar cada minuto que pudiera al lado de su familia: “Quiero que se pongan en el corazón, también, de una persona que, más allá de ser fiscal, es padre”.

Y añadió, con cara compungida, que sus acompañantes permanecieron aisladas —sin nadita que hacer— en el hotel: “De entrada, decirles que no hay restaurantes, no hay comercio, no hay playas, no hay nada” (ver). Pues bien, dos meses y medio después, Noticias Uno, de nuevo (ver), halla tres videos que demuestran que Barbosa no fue sincero: su esposa, su hija y la amiguita de esta llegan en vehículos y con sus escoltas a uno de los almacenes JR, famosos por sus productos alimenticios, perfumes, ropa y licores importados; esperan unos segundos en la calle solitaria, hasta cuando alguien, desde el interior, les abre la puerta para que ingresen a hacer compras. También está el registro visual de su salida con los paquetes que cargan sus guardias y que depositan en el baúl del carro (ver video 1, video 2 y video 3). En Colombia, no hay reglas que no tengan su excepción ni siquiera en plena pandemia, para, por ejemplo, viajar cuando los vuelos habían sido suspendidos o para comprar en un almacén cerrado para todos, menos para tres clientes.

Los defensores de Barbosa conceptúan que los episodios de San Andrés no son importantes y los califican como pilatunas sin trascendencia. Pero, ¡cuidado! Parecen revelar un patrón de conducta que no conoce o, peor, que no respeta los límites entre lo público y lo privado, un mal generalizado y fuente de corrupción en la clase política tradicional colombiana, sean sus miembros viejos o recién llegados al manejo de los asuntos de la nación. Hay un tercer capítulo en que Barbosa actuó y decidió sin temor pese a su gravedad ética y legal: nombró hace 20 días como su fiscal seccional del Tolima, es decir, cabeza de la Fiscalía en ese departamento, a Patricia Alvira Arce, tal como lo divulgó el medio digital El Olfato. Alvira Arce es la esposa de un representante a la Cámara por el Centro Democrático, el ultrauribista Ricardo Ferro quien, a su vez, es miembro de la Comisión de Acusación, órgano competente para conocer y darles curso a las denuncias contra el fiscal general. En resumen, Barbosa nombró al cónyuge de su potencial investigador.

No le importó si incurría, así, en un claro conflicto de intereses y, probablemente, en una causa judicial que no concluye ahí: su fiscal Alvira podrá dirigir, desviar o frenar un proceso abierto contra su primo Guillermo Ignacio Alvira, actual alcalde del municipio de San Luis y exmiembro de la UTL de su pariente político, Ricardo Ferro, por corrupción al sufragante. También conocerá otro proceso por posible corrupción en contratación pública, en que el encartado es su tío Guillermo Alfonso Alvira, padre del mandatario de San Luis y exalcalde de esa misma población. Barbosa puso a cuidar el queso a la ratona Alvira y, de paso, neutralizó a su investigador, el esposo de Alvira y miembro de la Comisión de Acusación. ¡Ah! El congresista Ferro estudió en la Universidad Sergio Arboleda, en la misma época en que lo hicieron el fiscal general y el presidente de la República. Duque le hace el favor a Barbosa; Barbosa le hace el favor a Ferro; Ferro les hace el favor a sus parientes y Barbosa se inmuniza e inmuniza al presidente de investigaciones. Poder, abuso de poder, lo público para uso del interés particular.

https://www.elespectador.com/opinion/casos-de-poder-y-abusos-de-poder/

  • 20.34.-EPM: escándalo en la familia CRISTINA DE LA TORRE
  • ¿Democracia? Hay que poner las barbas a remojar CECILIA OROZCO
  • Secuestro, guerra y paz RODRIGO UPRIMNY
  • Es hora de repensar en serio nuestra Policía Nacional, pero para enaltecerla y fortalecerla  GERMÁN VARGAS
  • Dios y patria YOHIR AKERMAN

Con rugidos de cíclope se quiso sofocar el plan de recuperación para Medellín de los $9,9 billones que costaron los errores técnicos en Hidroituango. Acaso se tratara de proteger la faltriquera de los constructores y de salvar responsabilidad de autoridades que fueron de EPM y hoy compiten por la Presidencia de la República. Protuberante interés económico y político disfrazado de antioqueñidad. Con semejante collar de arepas en comarca orgullosa de la raza y de su empresa, se dio por descontada la victoria.

15 sep 2020.- Pero hace una semana saltó, sin anunciarse, un elefante a la sala de juntas de EPM: un informe de Advanta, firma estrella de la especialidad en el mundo, según el cual en el siniestro de la represa, en vez de la fatalidad de la naturaleza, obraron errores de los diseñadores, supervisores y constructores de la obra. Investiga la Fiscalía por orden de quién en EPM se escondió durante un año el documento que, según el alcalde, comprometía el bolsillo de los constructores en vista del proceso judicial que se avecinaba. El escándalo en la familia le bajó decibeles a la baraúnda, dio razones inequívocas a EPM para conciliar o demandar, e impidió que la reclamación judicial se dirimiera —a la manera de Uribe— en los estrados plebiscitarios de una opinión pública manipulada.

Mas no es este un episodio del azar: en EPM se gestaba de tiempo atrás la crisis que hoy estalla. Paulina Aguinaga, presidenta del Concejo de Medellín e incontrastable estudiosa de los ires y venires de la empresa, la atribuye a una acumulación de malos manejos en su cúpula. La contingencia de Hidroituango, escribe, sólo anticipó la evidencia de decisiones de gerencia equivocadas, y hasta insólitas: la compulsión de comprar a pérdida empresas quebradas en el exterior; la solapada privatización de la empresa por la puerta de atrás; el repetido amparo a firmas amigas, “aliadas estratégicas” que mordían impunemente la riqueza de EPM o la dilapidaban. Dizque blindada contra políticos, menos blindada aún estaría contra negociantes adscritos a la bíblica familia de EPM.

Explica Aguinaga que la privatización en EPM no procedía por compra de acciones sino por favoritismo hacia firmas amigas, gracias a una malla de intereses cruzados entre empresarios privados (¿cómo los constructores de Hidroituango?) y directivos de EPM. Fracasada una vieja propuesta de convertirla en empresa mixta, Juan Esteban Calle, hoy presidente de Argos, ayer gerente de EPM, crea en su conglomerado privado una empresa de energía con información privilegiada de EPM y para competirle a EPM. Lucrarse de esta información reservada es usurpar un valor intangible que pertenece al patrimonio público de la ciudad. Es privatizarlo.

Considera Aguinaga, además, que otra forma de privatizar es despojar o causar daño al patrimonio público, comprando a sobreprecio con sus recursos. Y aquí entra en escena la feria de compras absurdas que, arrastradas por el neomercantilismo de la hora, consumaron las directivas de EPM. Como la compra de una empresa del grupo chileno Luksic por US$965 millones, cuando no valía más de US$112 millones. En total, las inversiones en el vecindario sumaron $8,7 billones. ¿Con cargo a quién? A los tres millones de usuarios que pagan servicios públicos a EPM.

Podrá superarse el impasse de Hidroituango mediante transacción amistosa entre las partes o, al extremo, por decisión de los jueces. Pero este es la punta del iceberg. La solución de su crisis estructural pasa por el rescate del principio ético que informa el gobierno corporativo. Dicho con la elocuencia del lenguaje antioqueño que Diego Calle Restrepo, gerente irrepetible de la era dorada de EPM, empleó: “En esta empresa se podrá meter la pata, pero no la mano”.

Cristinadelatorre.co

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20.34.-¿Democracia? Hay que poner las barbas a remojar CECILIA OROZCO

¿Cuánto falta para que haya un magnicidio o para que un opositor, un periodista o cualquier activista de redes se vea forzado a buscar asilo político de un gobierno extranjero? No es alarmismo ni “alboroto mamerto”, término con que las fieras que representan al partido gobernante descalifican las voces críticas, más que con desprecio, con un acento marcado por el odio y por la advertencia de que quien no se silencie podrá ser liquidado.

16 sep 2020.- El autoritarismo muestra sus colmillos y hay que tomarlo en serio. Los síntomas dictatoriales aparecen aquí y allá y no es cuestión de asumir las “barbaridades” que se hacen o se publican como si fuera un chiste. O lo lamentaremos cuando no haya nada que hacer.

Síntoma 1. Policías disparando en las calles de Bogotá contra la gente que huía como conejo de un cazador. Aun quienes somos mayores no recordamos haber visto en escenarios urbanos esa conducta, abiertamente desafiante, en agentes del Estado y con su identidad al descubierto. En los centenares de videos difundidos gracias a la bendita era digital que evita el ocultamiento tan fácil en otros años, consta el morbo con que actuaban los policías corriendo tras sus presas sin disimular su ira, como si los hubieran azuzado y, después, les hubieran soltado las amarras. ¿Dónde estaban los oficiales responsables de sus subalternos, dónde los altos mandos, dónde el ministro Trujillo y el presidente Duque para llamar a la calma y controlar la situación sin esperar la eliminación física? La alcaldesa López quien, en el papel, tiene la función de “primera autoridad de Policía del municipio”, según se lee en el artículo 315 de la Constitución, poco pudo hacer: hay que recordar que en esa misma norma se señala que los mandatarios locales deben “conservar el orden público (de su ciudad) de acuerdo con las instrucciones que reciban del presidente de la República…”. O sea, ella está sometida a la Casa de Nariño en ese campo. No en vano uno de los generales de la entidad policial que, hoy, inspira temor y más temor declaró que “no necesitamos que nos ordenen hacer uso de las armas… nosotros analizamos y, de acuerdo a ello, actuamos”. Lo cierto es que, en esas 48 horas, no hubo freno institucional alguno. El Ejecutivo permitió el resultado: 13 civiles muertos a bala. ¿Fue desgobierno o una decisión?

Síntoma 2. El rechazo disfrazado de cándida desconexión de Iván Duque a las angustias sociales y económicas, a las matanzas de líderes de las comunidades, a la desaparición de excombatientes y defensores de derechos, a las peticiones ambientalistas que también clasifican en la casilla de “mamertas”, y su inacción frente a la violación de las libertades. La débil resistencia presidencial al extremismo de derecha, que cada vez más domina su facción política, ha cedido. Y la apariencia de magnanimidad con que quiso ser reconocido el mandatario no resiste más: es obvio que la voluntad de Duque está sucumbiendo ante los londoños, las cabales, los joseobdulios, la pandilla de los paolos. Antes, dudaba y simulaba. Ahora le entrega su poder al patrón, la fiera herida por el encierro que se impondrá o morirá dentro del templo como Sansón, con todos los filisteos.

Síntoma 3. La sistematicidad en los ataques de desprestigio, con participación de funcionarios de la Presidencia, y las acusaciones fantasiosas pero efectivas contra personajes que el orden extremista considera “peligrosos” como Juan Manuel Santos, Iván Cepeda, Gustavo Petro, Claudia López, Daniel Quintero, Juan Fernando Cristo, etc., sumadas a la persecución, “perfilamientos” y amenazas de muerte para sí mismos o sus familias, de medios, periodistas, columnistas y activistas.

Síntoma 4. Neutralización o sometimiento mediante burocracia y jugosos contratos oficiales, de la mayoría de los partidos y el Congreso. Y la cancelación, proyectada en futuras reformas, de la autonomía de los jueces y las cortes. ¿Quién será la víctima del primer magnicidio? ¿Quién será el primer asilado político? Que nadie se sienta a salvo: hay que poner las barbas a remojar.

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20.34.-Secuestro, guerra y paz RODRIGO UPRIMNY

El secuestro es un crimen terrible que, al haber sido cometido sistemáticamente por las guerrillas, llevó a nuestro conflicto armado a niveles extremos de crueldad. Un punto que nos une a casi todos los colombianos es entonces nuestra voluntad de poner fin al secuestro y que los casos ocurridos sean esclarecidos, las víctimas sean reconocidas y reparadas, y los responsables rindan cuentas ante la justicia.

20 sep 2020.- Una de las columnas vertebrales del Acuerdo de Paz con las Farc fue avanzar en esa dirección. Hacia el futuro, el fin del conflicto armado evitaría nuevos secuestros por las guerrillas. Hacia el pasado, como el secuestro no fue amnistiado, el deber de los exguerrilleros de las Farc desmovilizados es decir la verdad plena sobre ese crimen como condición para acceder a la llamada sanción propia: restricción efectiva de libertades y derechos durante 5 a 8 años, en que deben cumplir además con labores restaurativas a favor de las víctimas y la paz. Si los exguerrilleros responsables de ese crimen o de otras atrocidades no cumplen con esas condicionalidades, entonces deberían ser condenados hasta 20 años de cárcel por la JEP.

Esto muestra que, contrariamente a los ataques en contra, la paz con las Farc no es una paz con impunidad, sino con justicia. Una justicia transicional, que es distinta a la ordinaria prevista por el sistema penal, pero que puede llegar a ser más significativa, pues debe permitir el esclarecimiento de muchos casos que hoy están en total impunidad en la justicia ordinaria. Además, esta justicia transicional reconoce a las víctimas y les da una voz privilegiada, mientras que obliga a los victimarios a que asuman sus responsabilidades.

Aunque no con la celeridad que muchos quisiéramos, dos hechos muy significativos esta semana muestran además que esta justicia transicional está empezando a dar resultados. Primero, los principales excomandantes de las extintas Farc reconocieron ante la JEP que los secuestros que cometieron eran una atrocidad inaceptable y, sin atenuantes, pidieron perdón a las víctimas y se comprometieron a esclarecer esos crímenes y a contribuir a encontrar los restos de quienes están desaparecidos. Segundo, Íngrid Betancourt entregó su testimonio ante la Comisión de la Verdad, de sus seis años de cautiverio, mostrando los impactos devastadores de este crimen, incluso después de la liberación. Dijo Íngrid que con el secuestro “entra uno en una especie de exilio, en una soledad donde uno no puede tocar fondo, y en esa soledad la persona se pierde, se olvida de quién es y de quién fue”.

Las víctimas de secuestro, dignificadas y con voz; los responsables de esta atrocidad, asumiendo sus responsabilidades ante la justicia. Esta paz con justicia, a pesar de sus imperfecciones y de la difícil situación que atraviesa, merece ser defendida. ¿O preferimos perpetuar la guerra y quedar atrapados en sus crueldades, como lo han hecho Márquez y Santrich? Ojalá el Eln oiga estos clamores por la paz y contra el secuestro, y abandone su tesis de que esa práctica atroz es compatible con el DIH, que es totalmente errada, como lo he mostrado en textos anteriores. Pero, sobre todo, que deje de secuestrar y libere a todos sus secuestrados como un gesto esencial para recuperar la posibilidad de negociaciones de paz con esa guerrilla.

En ese espíritu de defensa de esta paz imperfecta y en dificultades, pero que avanza y es necesaria y justa, me uno a la convocatoria del movimiento “Defendamos la Paz” para que nos encontremos el sábado 26 en la conferencia internacional “El mundo exige la paz” por Youtube, La Línea del Medio y Facebook Live. Con ustedes, por la paz seremos más.

(*) Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

https://www.elespectador.com/opinion/secuestro-guerra-y-paz/ 

20.34.-Es hora de repensar en serio nuestra Policía Nacional, pero para enaltecerla y fortalecerla  GERMÁN VARGAS

Los violentos y lamentables hechos de la semana pasada nos obligan a investigar a fondo lo ocurrido, a sancionar ejemplarmente a los agentes responsables, a capturar y desmantelar los grupos de vándalos detrás de los ataques y, sobre todo, a reflexionar sobre la necesidad de introducir reformas de fondo en nuestra Policía Nacional.

19 sep 2020.- Una primera hipótesis que debería valorarse es aquella según la cual la Policía se quedó anclada en la doctrina del conflicto armado, en la confrontación con la guerrilla y el narcotráfico, y no se ha venido preparando para hacer frente a las nuevas y también delicadas, pero diferentes, responsabilidades en seguridad ciudadana. Tampoco observa uno que se haya preparado para actuar en medio de las protestas sociales, aumentadas por la pandemia y el clima de incertidumbre, insatisfacción y necesidad que ha generado y cuyas restricciones del trabajo y la movilidad, en especial, ha tenido que administrar sin ninguna comprensión ciudadana.

La situación amerita un análisis profundo y mucha cabeza fría para emprender reformas. Algunas voces piden que la Policía se convierta en un cuerpo civil, incluso desarmado, y que se le asigne al Ministerio del Interior. Sobre esta iniciativa tengo muchas reservas. La principal es la previsible desarticulación de la Policía en cuerpos departamentales y municipales, y su posible politización. Basta observar lo que ocurre en México con 2.400 cuerpos de Policía independientes pero politizados, no profesionales y con graves acusaciones de corrupción. Similar situación hay en Brasil, donde cada gobernador maneja su propia policía militar.

Qué tal regresar nosotros a épocas de una policía seleccionada con criterio partidista o con sesgos ideológicos, que tanto contribuyó a la violencia. Hace 60 años, Alberto Lleras Camargo abogaba por una Policía Nacional única, apolítica y profesional. Sostenía Lleras que los partidos extremistas tenían la consigna de llevar a organizaciones como la Policía y las Fuerzas Armadas a la anarquía y el desprestigio, lo que las hacía más vulnerables y de donde no podían salir victoriosas, porque “cuando se pierden la confianza, el respeto y el afecto se mina definitivamente a las instituciones”. Cuánta actualidad tienen estas palabras cuando hemos visto que detrás de estos hechos hay agitadores organizados y quizás miembros de grupos al margen de la ley que pretenden promover cambios políticos a través de métodos violentos.

Con el propósito de reorganizar, pero sobre todo fortalecer, a la Policía se ha planteado crear un nuevo ministerio, el de la Seguridad Ciudadana. Es una idea que debería ser valorada y podría dar respuesta a las nuevas realidades y retos de un país caracterizado por un crecimiento acelerado de sus ciudades y el surgimiento de nuevas problemáticas. Es posible que haya llegado el momento de retirar a los ‘primos’ de las Fuerzas Militares, a donde las adscribió el general Rojas Pinilla.

Bajo esa nueva institucionalidad se podrían reformular los objetivos misionales de la institución y su adaptación a las nuevas exigencias de seguridad pública. Se podrían emprender asimismo las necesarias reformas en materia de incorporación, formación, planes de carrera y ascensos y profesionalización. También convendría crear centros de pensamiento para entender las dinámicas de los comportamientos ciudadanos y el delito, para repensar programas como el de policías bachilleres, o la organización de los CAI, las estaciones, las comisarías de policía, sus jurisdicciones y sus relaciones con alcaldes y gobernadores.

Ese nuevo ministerio se encargaría de reestructurar el plan nacional de vigilancia y sería el interlocutor adecuado para impulsar los temas de reforma de la justicia desde la perspectiva de la seguridad, como son el tratamiento de menores infractores, la reincidencia, el régimen penitenciario y el fortalecimiento de la Policía Judicial, entre muchos otros asuntos.

Es hora de repensar en serio nuestra Policía Nacional, pero para enaltecerla, fortalecerla y para asegurarnos de que pueda responder a las nuevas y muy complejas realidades nacionales.

GERMÁN VARGAS LLERAS

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/policia-columna-de-german-vargas-lleras-538803

20.34.-Dios y patria YOHIR AKERMAN

En los dolorosos y lamentables hechos ocurridos entre el 9 y 10 de septiembre en Bogotá, que dejaron más de una decena de muertos y centenares de heridos, existen relatos y evidencias desconocidas hasta ahora que demuestran que miembros de la Policía atacaron y asesinaron a personas que estaban en labores cotidianas. Estos ciudadanos no representaban ningún riesgo para la sociedad ni para su institución y ni siquiera eran parte de las manifestaciones.

20 sep 2020.- Vamos a algunos de los escalofriantes relatos.

César Andrés Fonseca terminó a las 9:00 p.m. su ensayo musical de la banda que tiene con sus amigos. Una vez salieron del lugar donde ensayan para cada vez sonar mejor, sintió un profundo quemón en la rodilla. Cayó al suelo con su instrumento en la mano y tuvo que ser llevado de emergencia al hospital El Tintal para ser tratado en cuidados intensivos por el impacto de bala que agentes de la Policía le propinaron sin ningún motivo entendible.

Christian Hernández, de 23 años, se despidió de su padre en la casa para ir a trabajar llevando un domicilio en bicicleta. Momentos después de salir de su casa, según pudo ver su padre, dos agentes de Policía lo tomaron a la fuerza para arrestarlo. Ante la confusión del joven que solo quería repartir su pedido y cumplir con su labor, fue sentenciado a muerte fulminantemente con un disparo en la frente.

Se robaron dos vidas con un solo disparo, la de Christian y también la de su padre, que tuvo que ser testigo de este horrible asesinato por parte de la institución que está para protegerlo y servirle a nombre de Dios y la patria, como su escudo lo dice.

Luisa Fernanda Ayala iba transitando por la 53 en bicicleta con un amigo pasadas las once de la noche. Agentes de la Policía los pararon, les quitaron las bicicletas, luego los subieron a la patrulla, les dispararon con una pistola eléctrica. Inmediatamente desnudaron a Luisa Fernanda para requisarla y fue trasladada en patrulla hacia Teusaquillo sin permitir que llamara a nadie.

Nicole Alejandra Santos y su madre salieron de su hogar a verificar que el carro que habían parqueado frente al conjunto no tuviera daños por los disturbios. Una vez en la calle, sin hacer parte de ninguna protesta, recibieron un impacto de bala cada una. Según el reporte presentado, a ella la bala le entró y salió por el hombro izquierdo causándole grandes daños.

A esa misma hora fue herido el señor Fabián Peña, de 36 años, por un disparo en la cabeza, sin que su familia entendiera por qué, ya que él no estaba participando en las protestas. Simplemente caminaba en el lugar equivocado en el momento errado. Hoy se encuentra peleando entre la vida y la muerte sin que hubiera razón alguna para eso.

Daniela Muñoz salió pasadas las seis de la tarde de su casa cerca al CAI de Bosa La Libertad, a comprar pan para tener al día siguiente. Andaba con el dinero contado en la mano cuando, según relató a la línea 018000, se le acercaron más de ocho agentes de la Policía a acosarla preguntándole sus razones de estar en la calle. Ante la confusión y su interés de mostrar el dinero para explicar que iba a comprar pan, uno de los policías le dio un bolillazo en la cara hiriéndola fuertemente. Al tratar de huir de la agresión hacia una peluquería que estaba en frente, fue golpeada para neutralizarla y arrastrada incluso del pelo, hasta quedar indefensa en el piso. Hoy sigue teniendo problemas para comer.

Aterrador.

Estos y otros testimonios se encuentran en un informe de la Secretaría Distrital de Salud, en donde también existen denuncias de que al interior de varias estaciones de la Policía se estaban cometiendo actos de tortura como “desnudamientos y golpes por parte de los agentes hacia las personas detenidas. A la vez, varios de estos actos de tortura han terminado en casos de violencia sexual”.

Ese informe y los múltiples videos, como el publicado por el columnista Ariel Ávila, demuestran que los agentes salieron a disparar a quemarropa, hirieron y mataron a personas que ni siquiera se estaban manifestando. Simplemente pasaban por ahí, y la mayoría recibió disparos en el pecho o la cabeza. Estos fueron los más letales. (Ver Video brutalidad policial).

Independientemente de si hubo o no infiltración de la guerrilla del Eln en los disturbios, que arrojaron 13 civiles muertos, 31 policías en cuidados intensivos y más de 120 denuncias graves de abusos de la autoridad, es evidente que esa institución necesita una reforma inmediata.

El congresista Inti Asprilla está abanderando un proyecto de ley contra el abuso policial que hay que tener en cuenta. También es necesario darles valor a los pedidos de la alcaldesa Claudia López de una inmediata revisión del tema que incluye muchos de los elementos que impulsó, sin éxito, un documento de recomendaciones realizado por una comisión consultiva de alto nivel presentado al entonces presidente Juan Manuel Santos en enero de 2017.

De haberse tomado en cuenta esas recomendaciones para realizar una reforma de la Policía, posiblemente estos abusos hubieran tenido menores consecuencias. Y es que este no es un tema de bandos políticos, o de derecha o izquierda, es de mirar el número de civiles muertos y entender que, para empezar, la persona o personas encargadas de investigar los abusos y delitos de la Policía no pueden estar dentro de la línea de mando y, más importante aún, esta institución debería estar, cuanto antes, por fuera del Ministerio de Defensa. Ese sería un cambio muy positivo.

La Policía tiene que hacer todos los esfuerzos por recuperar la confianza de la sociedad a la que dice proteger y que el pasado 9 y 10 de septiembre atacó, para volver a los niveles de popularidad y aceptación de los que gozaba hace 10 años. Eso es necesario.

Todos los muertos importan. Y unas simples disculpas no son suficientes para honrarlos.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/dios-y-patria/ 

  • 20.33.-Contra las evidencias, no hay campaña que valga CECILIA OROZCO
  • Evitemos la piñata radial GERMÁN VARGAS
  • Planeación de los hechos YOHIR AKERMAN

En el ambiente de angustiosa zozobra que lo domina, Álvaro Uribe terminó dándole la razón a su anterior jueza, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, cuando ordenó privarlo de la libertad no solo por la alta probabilidad de que hubiera cometido dos delitos, sino porque contaba con suficientes recursos para obstruir la justicia, requisito que se cumple cuando el imputado tiene medios para manipular, crear u ocultar pruebas, incidir en los testigos o dificultar las funciones de quienes lo procesen.

9 sep 2020.- Si alguien ha demostrado que por cada versión que lo incrimine, él encontrará una, dos o tres contraversiones; que cada testigo en su contra será acosado hasta vencerlo; o que cada investigador que lo examine, sea este fiscal, juez, magistrado o periodista, terminará enredado en una historia turbulenta “revelada” por su círculo; si alguien tiene ese margen de maniobra en Colombia es, sin duda, Álvaro Uribe Vélez.

En la más reciente etapa de la que suele calificarse, metafóricamente, como su “defensa”, hemos visto y oído una intensa campaña de propaganda política que no añade la advertencia de que es “pagada” pero que lo es, aunque no solo con billetes: existen otros modos más generosos que el dinero para devolver el favor. Uno de los episodios más sorprendentes de esta parte de su estrategia novelada tiene como protagonista a un reo, lo que no es extraño en el entorno del expresidente, pues por donde uno siga su huella brota un preso, mientras los otros exmandatarios dictan conferencias, responden invitaciones, leen en sus bibliotecas, dan consejos. El convicto del capítulo titulado “Liquidación de Monsalve” (otro reo) se llama Enrique Pardo Hasche, un secuestrador elegantísimo. Su antagonista Juan Guillermo Monsalve, en cambio, soporta la desgracia de haber declarado, desde el año 2011, contra el exsenador y, por contera, de haber nacido en una familia pobre e iletrada. Pardo delinquió pese a sus riquezas, a su familia y a su clase, pero se presenta como un ángel de la guarda del doctor Uribe. No obstante, su prontuario no revela pureza: junto con su hermano Mauricio, fue condenado a 29 años de cárcel, el 17 de septiembre de 2003, por el secuestro extorsivo de Eduardo Puyana, padre de la esposa de Andrés Pastrana, aliado de Uribe Vélez quien es respaldado, vea usted la ironía, por el secuestrador de su suegro. Este desapareció en abril de 1991 y dos años después se encontraron sus restos. Se lee en la sentencia que la motivación para cometer semejante crimen fue una deuda de Puyana con los Pardos por un millón de dólares de aquella época. ¡Una inmensidad!

Uno de los defectos más frecuentes en que caemos los periodistas es olvidar los contextos. En el caso de Pardo Hasche, la revista Semana tiene el mejor contexto. Fue publicado en julio de 2018 por quien después fuera expulsado para reemplazarlo por otro tipo de comentaristas. Su columna tiene siete videos del momento en que Pardo Hasche intenta convencer a Monsalve de torcer su testimonio: en lugar de en contra, a favor de Uribe. Vale la pena verlos (aquí). Algunas de sus frases grabadas por la Corte en febrero de 2018: “A Uribe ni siquiera lo van a tocar… Cuando uno dice ‘¿por qué’: porque está todo para Uribe. Entonces los magistrados van a ir a ver… hijuep… Nadie se va a poner a joder con esa gente ya. Imagínese, una vez esa gente se monte en el país, no vuelve a mirar pa’trás. Cuando arranquen… el que se quedó atrás, se quedó… Entonces lo que yo le quería decir es que usted lo que debe hacer es pasarse para el lado de ese señor…”. Dos años después, septiembre del 2020, la propaganda y la campaña pretenden convencernos de lo contrario.

https://www.elespectador.com/opinion/contra-las-evidencias-no-hay-campana-que-valga/

20.33.-Evitemos la piñata radial GERMÁN VARGAS

No más gratuidad, ni perpetuidad ni amiguismos en la asignación de las frecuencias radiales.

El Gobierno abrió, después de 11 años, un nuevo proceso de adjudicación de emisoras de radio. Ha comenzado por solicitar manifestaciones de interés, cuya fecha límite es el próximo 17 de septiembre. Pero ya han llegado más de 2.800 interesados para emisoras en más de 520 municipios. Seguro llegarán más, pero, como este no es requisito para participar en la licitación, es muy probable que los verdaderos jugadores, aquellos con mayores opciones, no aparezcan sino una vez abierta la licitación.

13 sep 2020.- A nadie puede sorprender el número de interesados, dada la forma como tradicionalmente se han asignado estos derechos. O, mejor dicho, como se han repartido, prácticamente a dedo, unos beneficios no solo millonarios, sino de por vida, a personas naturales y jurídicas privadas sin ninguna contraprestación a favor del Estado.

Como los términos de la licitación aún no se conocen, resulta oportuno formular algunas advertencias y recomendaciones sobre el proceso, no solo para darle trasparencia, sino para asegurarse de que el Estado salga beneficiado de aquella y que pueda también garantizarse a los ciudadanos una radio de calidad, hecha por profesionales con las mejores calificaciones y probada experiencia.

Me pregunto si en esta convocatoria podrán participar las actuales cadenas radiales. No parece existir norma que lo prohíba. Sin embargo, en aras del equilibrio regional, cultural e informativo, cómo no considerar en el proceso que una cadena ya maneja cerca de 90 emisoras; otra, 67, y una tercera, 34, para solo citar las principales. ¿Se podrán formar nuevas cadenas nacionales o regionales? O, mejor aún, ¿alguien podrá beneficiarse de más de una frecuencia?

Y pensando en los criterios de adjudicación, ¿cuánto pesará la experiencia profesional de los oferentes? ¿El modelo será por méritos o primará el factor económico? ¿Cómo garantizar el pluralismo cuando tradicionalmente estas adjudicaciones han recaído siempre en cabeza de los ‘amigos’ del gobierno de turno? ¿Cómo evitar los testaferratos, las simulaciones, las alianzas camufladas que luego ni siquiera se esfuerzan por mantener ocultas? Me pregunto también si se exigirá a los adjudicatarios la obligación de explotar las frecuencias o podrán seguir arrendándolas.

A diferencia de lo que ocurre en los negocios de televisión y de telefonía celular, el uso del espectro en radio no ha generado nunca ingresos para el Estado, salvo por unos mínimos derechos de renovación que se cobran cada 10 años, a razón de tres salarios mínimos mensuales por emisora, cuando es bien sabido que, por ejemplo, una emisora en Bogotá puede arrendarse por 200 millones mensuales y puede llegar a costar varios miles de millones, cuando se recibió a cero costo.

En esta licitación, lo mínimo sería esperar que el Gobierno se asegurara de recibir una justa compensación por el uso del espectro para la actividad radial, cuya valoración no debería ser compleja y en cualquier caso, al someterse a un proceso tipo subasta, reflejaría al menos precios de mercado. Todo, menos la adjudicación gratuita y a dedo a los amigos del gobierno de turno.

Y también aprovechando esta licitación, valdría la pena hacer un alto en el camino, poner fin a tanto favoritismo y dotar la radio de un marco legal claro que no solo sea rentable para los operadores, sino principalmente para el Estado y la ciudadanía. Propongo que se baraje de nuevo. Que toda emisora cuyo plazo se vaya venciendo se someta a un nuevo proceso de adjudicación competitivo, donde además de criterios profesionales y de experiencia se privilegie el factor económico. Y, por supuesto, adjudicarlas solo a quien directamente las vaya a operar y no a quienes pretendan ‘jubilarse’, ellos y sus descendientes, por sus influencias.

Hago un llamado al Gobierno para que ponga fin a esta práctica abusiva, antipluralista y odiosa. No más gratuidad, ni perpetuidad ni amiguismos en la asignación de las frecuencias radiales. El espectro debe asignarse por periodos fijos a quienes vayan a operarlo, con las mejores propuestas y pagando valores comerciales. 

GERMÁN VARGAS LLERAS

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/evitemos-la-pinata-columna-de-german-vargas-lleras-537510

20.33.-Planeación de los hechos YOHIR AKERMAN

El pasado 8 de septiembre Semana TV emitió un programa titulado “El expediente secreto del caso Uribe”, en el que se publicaron interceptaciones de marzo y abril de 2018 al expresidente preso en casa por cárcel, Álvaro Uribe Vélez.

13 sep 2020.- Los uribistas y el grupo de apoyo al exsenador preso salieron a defender que este programa y esos audios son la prueba reina que demuestra que Uribe es inocente de haber cometido los delitos de soborno en concurso homogéneo y sucesivo en actuación penal, así como fraude procesal. Que todo es un montaje y persecución.

Pues un cuidadoso análisis del contenido de los audios demuestra todo lo contrario, sobre todo ahora que la defensa de Uribe está tratando de decir que Diego Cadena actuó sin conocimiento ni coordinación de su cliente en la consecución de la manipulación de testigos. Me explico.

En las interceptaciones Uribe habla con el abogado Diego Cadena sobre cómo conseguir el testimonio de dos testigos en específico, Juan Guillermo Monsalve y Juan Carlos el Tuso Sierra Ramírez, el famoso narcotraficante que se coló en el proceso de Justicia y Paz comprando unos escuadrones de paramilitares.

También incluyen conversaciones con sus otros abogados penalistas, los doctores Jaime Lombana y Jaime Granados, los congresistas José Obdulio Gaviria y Johny Moisés Besaile, este último relacionado con escándalos de corrupción en Córdoba, y su asesor de la UTL Fabián Rojas, un servidor público dedicado a hacer “vueltas” personales de Álvaro Uribe.

Pues el 12 de marzo de 2018, según el audio publicado por Semana TV, el entonces senador Uribe llama a Diego Cadena a hablar sobre la posible declaración del Tuso Sierra, que finalmente la Corte nunca llamó de declarar.

“Él (Tuso Sierra) va a referirse no solamente a Luis Alfredo Ramos y a Jorge León sino a lo mío, sino a lo mío. Pero eso no es capaz de manejarlo ni Jaime Granados y, también lo digo con tristeza, ni Jaime Lombana. Hombre, esto es mucho descuido. Vea lo que yo me he encontrado en la Gobernación de Antioquia, en el archivo, de que yo hice como gobernador, imagínese, para no contarles otra cosa, que tengo 93 denuncias contra paramilitares y guerrilla cuando yo era gobernador y me dejan avanzar estos procesos que me están avanzando. Ahí está todo eso para mandarlo a la Corte”, dice el expresidente.

De ahí la importancia de Cadena, el abogado/arreglista que sí sabe manejar estos temas. Por eso el 22 de marzo hablaron en estos términos.

AUV: Yo le hice preguntar esto a ese Tuso a través de la gente que es amiga de él, si no me manda un video con una declaración y no puede ir abogado mío o por la razón de que él no la acepta porque el amigo de él está en Europa, que si podía yo pedir una declaración en la Corte, y me dijo que la pidiera, yo tenía ganas de redactarle ya un memorial y que Fabián lo consulte con usted.

(Se corta la llamada con Diego Cadena).

AUV: Tengo ganas de pedirle ya a la Corte, contarle ya a la Corte, contarle esto a la Corte y que (…) practiquen esta prueba.

Diego Cadena: Presidente, ¿y qué piensa el señor al respecto? Pero el señor de Europa.

AUV: Sí, él no acepta sino con el señor de Europa. Entonces yo antier dije: pregúntenle entonces, como el señor de Europa está demorado, que si yo le puedo pedir una declaración a la Corte, que la Corte se lo pida, y me acaba de decir que sí, que él se la da a la Corte.

Diego Cadena: Buenísimo, presidente. Solicitemos de una vez y aseguremos esta prueba antes de que estas personas vuelvan y hablen con el señor.

De todas maneras, el 28 de marzo, Uribe, según las grabaciones de Semana TV, tuvo que llamar a su otro abogado. Esta vez la llamada es con Jaime Granados sobre el mismo tema y le dice lo siguiente:

AUV: Bueno, hombre, venga le cuento, y que lo oigan por teléfono.

Jaime Granados: ¿Qué pasó, presidente?

AUV: Gente de Medellín buena, gente honorable, que por alguna razón de su familia o amistades conocieron al Tuso Sierra, me dijeron que después de que salió de la cárcel en Estados Unidos él tuvo que negociar con los americanos porque se quedó viviendo en los Estados Unidos, le preguntaba a amigos allá que a la cárcel fueron a visitarlo Rodrigo Lara, Piedad Córdoba con Iván Cepeda, que Rodrigo Lara a preguntarle por José Obdulio, y Piedad Córdoba e Iván Cepeda a ofrecerle beneficios si me acusaba a mí. Yo les dije, díganle a ese señor que me mande un video, él no quiso, que me mande una declaración, entonces dijo que para mandar una declaración tenía que estar una persona amiga de él que está en Europa

AUV: Entonces dijo que para mandar una declaración tenía que estar una persona amiga de él que está en Europa y yo le mandé decir eso, entonces yo le dije, hombre, voy a pedirle a la Corte Suprema para que sea la misma Corte la que le pida la declaración, que si la Corte lo llamaba él tenía qué hacerlo, entonces por eso pedí esa prueba.

Jaime Granados: Eso el viernes quedó radicado, presidente.

AUV: Entre el 2 y 3 de abril ese señor va a declarar en el caso de Jorge León Sánchez, un segundo de Luis Alfredo Ramos, sería muy importante coordinar con esa gente para que se le pregunte…

Quiénes serán las personas “buenas y honorables de Medellín” que conocen al tan temido narcotraficante cuyo mérito para entrar a Justicia y Paz consiste en que logró introducir al país cientos de miles de fusiles y munición con destino a los distintos bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia, a cambio de toneladas de cocaína producida en el Nudo del Paramillo, el Bajo Cauca, el sur de Córdoba, el Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Sobre el tema de Monsalve, las grabaciones cuentan cómo, el 22 de marzo de 2018, el expresidente Uribe presionaba a Jaime Lombana para que visitara en la cárcel a Enrique Pardo Hasche, compañero de prisión de Monsalve y persona que según la evidencia fue crucial en la presión al testigo Juan Guillermo Monsalve.

AUV: Ese Monsalve que está en la cárcel con el Pardo amigo suyo, cliente suyo. Ese dice que lo que pasa es que los paramilitares lo tienen muy presionado que porque yo les he hecho mucho daño, pero yo sí que quiero que ese bandido rectifique (…).

Jaime Lombana: Pardo no me ha comentado nada de esto. Bueno, presidente, yo hablo con este abogado y coordino con el abogado.

Pocos minutos después, el expresidente habló con Cadena:

Diego Cadena: Presidente, este señor no ha recibido el recado de este abogado. Ayúdeme con eso, por favor, si quiere que dejemos listo eso esta semana.

AUV: Logré hablar con Jaime Lombana hace media hora.

Diego Cadena: ¿Qué le dijo?

AUV: Que iba a mirar eso, yo le dije la urgencia, lo voy a volver a llamar mañana.

Diego Cadena: Presidente, venga yo le hago un recuento. Es que ese tema de Lombana quedó prueba superada. Simplemente que este abogado le haga saber que yo voy de parte suya, yo pude ir hoy, me contaron una cantidad de irregularidades que personalmente se las explico, él está siendo muy presionado allá porque ya se filtró de que yo estaba yendo a hablar a esa hora. Que con mucho cuidado, que no haga eso, ¿y cuál es mi política, presidente? Coger las cosas en calientico y resolverlas. ¿Qué es lo que necesito yo? Que hable con el doctor que llamó ese día que estábamos en el hotel que por favor lo llame y le haga llegar directamente el mensaje a este señor y es que el doctor Lombana, tenga tiempo y él lo vaya a hacer.

AUV: Yo le acabo de leer lo suyo, doctor Diego. Estoy en eso. El más interesado soy yo.

Y sí señor.

Sin duda su interés se demostró en la coordinación para que sus abogados trabajaran juntos en poder contactar a Pardo Hasche. Es conocido por otros audios que, pese a que Cadena ha dicho varias veces que nunca presionó a ese preso, una grabación hecha por el propio Monsalve con un reloj con cámara demuestra que Cadena, junto a Pardo Hasche, le dice con un tono desafiante: “Redactemos el hp documento”. (Ver Video).

Todas estas grabaciones, que de nuevo los cercanos a Uribe quisieron presentar como prueba de la inocencia del expresidente, lo que hacen es demostrar que Uribe tiene una política de no respeto a la justicia y que estaba presionando a sus abogados para que se reunieran con los “testigos”, además de estar en toda la coordinación de estas reuniones y en la planeación de todos los hechos que hoy lo tienen en casa por cárcel al igual que a su abogado Diego Cadena.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/planeacion/ 

  • 20.32.-Túnel de La Línea, poco que celebrar GERMÁN VARGAS
  • La campaña sucia ahora es explícita CECILIA OROZCO
  • Se confirma: fallaron los pronósticos apocalípticos DIEGO OTERO
  • Desprestigio YOHIR AKERMAN

Costó más de 5 veces el presupuesto original y aún le faltan 5 km en Quindío y 8,8 km en Tolima.

Sé que corro el peligro de que me tilden de aguafiestas, pero en la inauguración del túnel de La Línea creo que hay poco que celebrar; sí, mucho que lamentar y muchas lecciones que aprender. En el conjunto de las grandes obras que se han desarrollado en el país, tal vez esta se lleva todos los premios: una obra mal planeada, mal diseñada, mal licitada, mal contratada y, por supuesto, mal ejecutada.

6 sep 2020.- Ya en 1968, en el gobierno de Carlos Lleras, el entonces ministro de Obras Públicas, Bernardo Garcés, advirtió con mucho sentido que el túnel debía construirse en la base de la cordillera y no a 2.500 metros de altura. Cuán diferente hubiera sido este proyecto de haberse acogido este concepto técnico. Pero no. En la adjudicación del contrato solo contó el criterio económico. La obra se licitó, óigase bien, sin estudios ni diseños fase 3 y sin conocerse los resultados de la excavación del túnel piloto, por lo que ni siquiera se evaluaron los riesgos geológicos ni mucho menos las distintas modalidades contractuales. Solo importaba adjudicarlo rápido y al menor precio.

Y ahí tenemos las consecuencias: de un presupuesto de 629.000 millones de pesos pasamos a uno de 4.04 billones, a precios de hoy; de un plazo de 6,5 años pasamos a más de once años, y todavía falta bastante. Cómo pudo contratarse esta obra en la modalidad de precio global fijo, bajo la cual se entrega a los contratistas la totalidad de los recursos, en vez de haberla hecho por precios unitarios, pagando solo lo ejecutado y entregado y sin anticipos. Este pecado original fue cometido por quien ahora, desde una enorme placa con busto incluido, nos dará la bienvenida a la entrada del túnel, el fallecido exministro Andrés Uriel Gallego.

El gobierno Santos recibió este desastre con un 1 % ejecutado y lo entregó en agosto de 2018 con un avance de más del 80 %, lo que incluía la construcción de viaductos en un 87 %, de los túneles cortos en un 80 % y de los revestimientos en un 67 %. Fueron inimaginables las dificultades que tuvimos que sortear para enderezar este proyecto.

En 2016, y ante el incumplimiento reiterado del contratista, el gobierno anterior tuvo que imponer las primeras multas, a las que se sumaron los embargos de la Dian, las sanciones ambientales de la Anla y de la CRQ, además del fallo condenatorio en una acción popular promovida por la Defensoría del Pueblo. Posteriormente fue necesario iniciar el proceso de caducidad del contrato, conciliar su terminación y volverlo a adjudicar en un proceso muy complejo, pues, como es natural, nadie quería asumir los riesgos constructivos de este.

En plata blanca, el gobierno Uribe puso en esta obra 190.000 millones; el de Santos, casi 2 billones, y el de Duque, 760.000 millones, lo que incluye las obras pendientes. En total, más de 5 veces el presupuesto original.

Por ello es justo decir que si a alguien se debe esta obra es al gobierno anterior, que tras heredar esta desgracia puso los recursos, dio todas las batallas y la entregó con una ejecución de más del 80 % y contratada en un 95 %. Pero tiene razón el presidente Duque cuando afirma que adueñarse de las obras es la peor mezquindad. Por supuesto que las obras no son de nadie, son públicas, son de todos, de los colombianos, pero bueno sería reconocer los aciertos y los esfuerzos financieros y técnicos para sacarlas adelante. Y también visibilizar los errores, como aquellos del actual director del Invías, antiguo director de grandes obras de la misma entidad y corresponsable de la adjudicación del contrato. El mismo que contrariamente a lo hecho en el puente Pumarejo resolvió, con respecto a las reclamaciones del Estado por más de un billón de pesos en contra de la firma constructora, desmontar el Tribunal de Arbitramento y pasarlo a la justicia contenciosa. Insólita y costosa decisión.

A la obra que se inauguró aún le faltan 5 km en Quindío y 8,8 km en Tolima, todos de doble calzada y que incluyen 10 túneles cortos y 24 puentes. Además, es preciso recordar que esta obra solo dará paso en el sentido Armenia-Ibagué, por lo que nos quedaron debiendo la mitad de la obra. Ante este panorama, creo que no hay mucho que celebrar.

GERMÁN VARGAS LLERAS

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/tunel-de-la-linea-poco-que-celebrar-columna-de-german-vargas-lleras-536205

20.32.-La campaña sucia ahora es explícita CECILIA OROZCO

Se profundiza la campaña sucia para destruir a quienes sean clasificados como peligrosos para Álvaro Uribe, el “líder de la nación”, como llamarían en una republiqueta africana al dictador que aplasta a quien no se someta. Y como en republiqueta africana, los hijos del autócrata desafían la existencia de los jueces, la democracia, su sistema de pesos y contrapesos, ahora inexistente, y la moral pública demostrándonos que aquí no hay que ser honestos ni cumplir las leyes, sino ser ricos y poderosos.

2 sep 2020.- Para eso, además de herederos de la republiqueta que ya empezaron a manejar, Tomás y Jerónimo Uribe multiplicaron sus fortunas con apenas “veintipico” de años durante los dos cuatrienios en que su padre fue presidente. Entonces, y no satisfechos con la profusa propaganda local que el procesado y sus cómplices consiguieron difundir fácilmente en los medios del país y que, además, lograron disfrazar en modo columnas de “opinión”, contrataron a una firma en Estados Unidos especializada en distorsionarle las realidades a la gente-objetivo, según lo que el cliente pague.

DCI Group AZ, L.L.C. es una empresa de lobby, de relaciones públicas o, más bien, un grupo de presión experto en diseminar en las redes sociales —también en prensa y en círculos sociales económicos y políticos influyentes— estribillos, frases, trinos, lemas (hashtags) y mensajes con afirmaciones para favorecer, desde luego, a quien solicite sus servicios. De acuerdo con el formulario publicado por la agencia Associated Press (AP) que se ha replicado en Colombia y que se conoce, abiertamente, en sus detalles gracias a las leyes de transparencia que rigen en Estados Unidos, en donde no hay Uribe que valga cuando del acatamiento a las normas se trata, la firma colombiana 31416 S.A.S. contrató a DCI en agosto pasado para “liderar la campaña pública en defensa” del detenido exsenador. 31416 S.A.S. fue creada por los hermanos Uribe hace unos años. Tenía sede en Bogotá, pero en 2014 se reunió en asamblea de yo con yo y un par de gatos, para trasladarla a Medellín, y para que el gerente Tomás contara con un gerente suplente, Jerónimo.

Con pompa que supera al padre, Tomás Uribe firmó el acuerdo publicitario con DCI como el “CEO” de 31416, cuya dirección de registro fue “35 Palms, Floor 4” de la capital antioqueña. Al lado, estampó su rúbrica Justin M. Peterson, del consejo de administración de DCI. Las cláusulas indican que el grupo de presión estadounidense recibirá, como precio básico, 40.000 dólares por cada mes hasta noviembre, es decir, 120.000 dólares; más la fracción equivalente a los días de agosto que ya trabajó; más los gastos de representación, por ejemplo, viajes, viáticos etc.; más el valor de la publicidad en medios que el “cliente” (Tomás o, en su defecto, Jerónimo) tendrá que pagar de inmediato si es inferior a 100.000 dólares, o con un plazo de unos pocos días si es superior a esa suma. Haciendo un cálculo ligero, los vástagos Uribe invertirán en insultos a la Corte Suprema y en publicar, en ese país, que “el senador Cepeda es «nueva generación Farc»”, el equivalente a unos 267.000 dólares, o alrededor de 1.000 millones de pesos, una bicoca para los Uribe Vélez y los Uribe Moreno.

De acuerdo con el primer comunicado de DCI, “el arresto del expresidente” es “arbitrario”; “ha provocado indignación en Colombia”; “tiene serios cuestionamientos legales y constitucionales por la politización de la justicia”; “las actuaciones de la Corte Suprema (también) son ilegales e inconstitucionales porque ha usado pruebas dudosas” y porque el proceso contra el exsenador “está conectado (en una especie de venganza) a su lucha contra las terroristas Fuerzas Armadas de Colombia, Farc”. O sea, lo mismo que nos vienen repitiendo aquí, gratis o de regalados (… bueno…) no pocos periodistas o experiodistas. Pero DCI cobra, también, lo que valen otros servicios que podrían incluir su incidencia en decisiones de gobiernos o congresos. En un análisis sobre el tema, se lee que DCI Group ha tenido entre sus clientes a Azerbaiyán, país cuestionado por violación de derechos humanos, y a la junta militar de Birmania, en 2002. “El nuevo juego consiste en dominar el ambiente en que se toman decisiones políticas” e incidir, por esa vía, en la prensa local. En otras palabras, engañar, mentir, crear falsas verdades. Historia conocida pero maquillada entre nosotros. Ahora es explícita.

https://www.elespectador.com/opinion/la-campana-sucia-ahora-es-explicita/

20.32.-Se confirma: fallaron los pronósticos apocalípticosDIEGO OTERO

Claudia López la alcaldesa suprema del encierro panóptico.

Llegamos al pico

Ya llevamos quince días en que los casos nuevos oscilan alrededor de 10 000, con tendencia a disminuir como lo predijimos en el último informe.

  2 sep 2020.- Es una muy buena noticia, ya que íbamos para seis meses y no se controlaba la pandemia. Como lo he explicado en otros documentos, el pico ocurrió entre finales de julio y la primera quincena de agosto, al considerar los retrasos en la información.

En la semana del 24 al 30 de agosto Colombia pasó a ocupar el séptimo puesto mundial en casos acumulados y, seguramente, en esta semana del 1 al 6 de septiembre subirá al sexto puesto, al desplazar a Sur África.

Dinámica global

Según las informaciones oficiales el 16 de agosto se alcanzó el pico nacional con 11 549,37 casos según promedio móvil de siete días. De este día en adelante los casos diarios han venido disminuyendo, bajando a menos de 10 000 el día 27 de agosto con 9757,3 casos, reducción que continuó en los siguientes días hasta alcanzar 8848,4 el 1 de septiembre. La gráfica 1 muestra claramente el quiebre que ya lleva dos semanas.

   Los casos acumulados siguen creciendo, por supuesto, pero a menor ritmo. En verdad, contrario a los expertos amigos del apocalipsis, el crecimiento de casos acumulados fue menor en agosto que en todos los meses anteriores.  En abril la tasa de crecimiento fue de 6,81%, que se redujo a 4,98% en mayo, 4,89% en junio, 3,63% en julio y 2,43% en agosto. Pero, a partir del 21 de agosto, las tasas caen a menos de 2,0%. Se hablaba de semanas terribles en agosto por parte del gobierno nacional y la apocalíptica Claudia López, pero nada de esto ocurrió. Ex post, la política del miedo fracasó.

En la gráfica 2 se presentan la dinámica del total de casos en forma logarítmica que muestra perfectamente que se va llegando a una asíntota, es decir, hacia un aplanamiento.

Gráfico 1 Evolución de los casos nuevos de contagiados según promedio móvil

 

Fuente: cálculos con base en información del INS

Gráfico 2 Casos acumulados en forma logarítmica

Fuente: ibidem

Muertes

Los muertos oscilaron en agosto alrededor de 300, con dos picos de 324,3 el 15 de agosto y 326, 4 el 27 de agosto, pero con tendencia hacia la baja en los últimos cuatro días de agosto. En la gráfica tres se visualiza que los muertos diarios se han estabilizado desde el 26 de julio alrededor de 300.

Gráfica 3 Evolución de las muertes diarias en forma lineal y móvil de siete días

Fuente: ibidem

Recuperados

Buen síntoma, la tasa de recuperados aumentó rápidamente en agosto, de 52,2% el 31 de julio a 75,2% el 1 de septiembre (gráfica 4).

Gráfica 4 Evolución de la tasa de recuperados

Fuente: ibidem

Pruebas

En prueba seguimos mal. Se había llegado a 40 000, pero en la última semana de agosto cayeron a menos, lo cual es muy peligroso, porque una de las políticas, quizá la principal que recomiendan todos los especialistas a favor o en contra del encierro, es la necesidad de testeos masivos, control de infectados y seguimiento de contactos, lo que no se está cumpliendo en Colombia, y esto si es grave cuando se levantan las restricciones del encierro panóptico.

   Podemos afirmar que todos los indicadores, casos nuevos, recuperados, muertes y tasas de crecimiento, lucen positivos, en el sentido que ya se dio el quiebre de la pandemia. Pero no se puede bajar la guardia, hay que aplicar estrictamente las medidas de autocuidados, mejoramientos del sector de la salud, educación, ayudas, testeos masivos, control focalizado de brotes, para evitar que los amigos del encierro nos lleven de nuevo a las cuarentenas panópticas, es decir, del control de los cuerpos, del espacio y del tiempo, de la restricción a las libertades, del poder vigilante y normalizador.

   El virus seguirá presente mientras no se encuentren antivirales efectivos y la tan esperada vacuna.

Las grandes regiones controlan la pandemia

Hemos comentado varias veces que hay que hacer un análisis territorial de la pandemia del coronavirus porque son muy diferentes las evoluciones, con sus causas y remedios, por regiones. Muy diferente es Bogotá a Amazonas, Atlántico, Santanderes, Nariño o Meta.

   Pero, por supuesto, a nivel global, todo se concentra en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca y Magdalena, que al 1 de septiembre explicaban el 75,1% del total nacional, y dentro de este grupo, Bogotá, daba lugar al 34,2%.

   En realidad, Bogotá determina la dinámica global y el pico. De ahí que es bueno examinar que ocurre con Bogotá.

 De 32 regiones, 17 ya pasaron el pico en algún momento de agosto, la mayoría, y están todavía 15 departamentos sin llegar al pico o con muestras de mejoramientos en los últimos tres días, pero que no es suficiente todavía para sacar conclusiones definitivas. En estos casos se encuentran Huila, Cesar, Arauca, Guanía, Vaupés, Vichada, Guaviare, San Andrés que siguen creciendo y Santander, Caquetá, Norte de Santander, Meta, Quindío, Cauca y Tolima que del 30 de agosto al 1 de septiembre se han estabilizado.

  Todo ha cambiado en los últimos días. Departamentos como Risaralda   ya llegó al quiebre el día 28 de agosto, contrario a todas las proyecciones del INS que afirmaba que el pico de este departamento llegaba en 2021. Todos los pronósticos del INS desde marzo han fallado horriblemente, lo que significa que sus modelos tienen muchos errores.

Bogotá

Bogotá sobrepasó los 3000 casos diarios de acuerdo con un promedio móvil el 27 de julio con un valor de 3037,6, para llegar a un máximo el 17 de agosto con 4274,4 contagiados nuevos. De este día en adelante la disminución ha sido constante hasta ubicarse en 2512,4 el 1 de septiembre. La gráfica 5 muestra muy bien esta evolución. Esto significa que Bogotá llegó al quiebre el 17 de agosto de 2020.

    Hay otros indicadores que complementan esta evolución de los casos nuevos que son una tasa de recuperación creciente que llegó a 72,0% el 1 de septiembre y la evolución decreciente de los muertos diarios desde el 10 de agosto en que se llegó al pico (Gráfico 6).

Gráfico 5 Evolución de los casos nuevos en Bogotá

Fuente: cálculos con base en información del INS

Gráfico 6 Evolución de los muertos diarios en Bogotá

   Fuente: ibidem

Pronósticos

 Los pronósticos que hicimos el 23 de agosto muestran muy buenos resultados para las proyecciones de casos acumulados, con errores por debajo de 3,0% para los cinco métodos utilizados. En muertos el promedio se acerca al límite inferior de la técnica Holt-Winters, que fue el único utilizado. Las proyecciones para el 15 de septiembre presentan disminuciones en acumulados, casos nueves y muertes, es decir, que seguiríamos en la fase de quiebre de las tendencias.

Conclusiones

El país, por fin, llegó al pico, y esto en casi todas las regiones importantes, salvo algunos departamentos de menor incidencia en el total, como los departamentos de Cesar, Arauca, Guanía, Vichada, Guaviare, Vaupés y San Andrés, más otros departamentos como Santanderes, Huila, Quindío, Caquetá, Cauca, Tolima y Meta, que ya han desacelerado el aumento de los casos nuevos en los últimos tres días.

   Otro hecho importante, todos los pronósticos del gobierno y de la alcaldía de Bogotá fallaron, así como las declaraciones de médicos y epidemiólogos que nos presentaban escenarios apocalípticos. Sembraron miedo, terror, inseguridad ciudadana y esto le ha servido perfectamente al gobierno nacional para implementar restricciones, algunas sin sentido, y legislar a su amaño sobre lo que no podía hacer en situación normal por las protestas populares. También fue utilizado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la líder mundial en la política del encierro panóptico (lockdown en inglés, quaraintaine en francés, quarantane en alemán), pero que todavía no da su brazo a torcer con base en argumentos discutibles basados en modelos dudosos y que han fallado en todas partes del mundo.

  Por supuesto, no se puede bajar la guardia, pero de una manera diferente a lo que se ha venido haciendo.

    Observación final: como lo he repetido, debido al rezago en los resultados de las pruebas, hay que tener en cuenta que todas las fechas mencionadas, basadas en la información oficial del ministerio de Salud, hay que atrasarlas entre cinco y quince días.  Esto significa que el pico nacional se dio entre finales de julio y la primera quincena de agosto.

   Habrá que esperar la semana del 31 de agosto para apreciar como sigue la dinámica nacional y por regiones para tener conclusiones definitivas, porque Colombia es un caso muy especial en el mundo, en que no hay nada definitivo, ya que aquí predominan la incertidumbre y el caos que hace imposible cualquier proyección certera más allá de una semana.

20.32.-Desprestigio YOHIR AKERMAN

La firma estadounidense DCI Group, contratada por los hijos Tomás y Jerónimo Uribe Moreno por 40.000 dólares al mes, hace mucho más que relaciones públicas, cabildeo y consultoría de negocios.

6 sep 2020.- Según un artículo publicado en prensa estadounidense que exploró la profundidad de esta organización, una de las habilidades especiales del importante grupo de consultoría es su experiencia en el desarrollo de organizaciones de base falsas.

Me explico.

Según el periodista, “estos grupos u organizaciones de base artificiales —fake grassroots organizations— crean la percepción de que los ciudadanos comunes han unido fuerzas para apoyar una causa particular, lo que produce un desafío en la transparencia de gobierno al ocultar las intenciones detrás de movimientos y crear la impresión de que las cosas no son como aparentan. En otras palabras, mentir”.

Según el artículo, un excelente ejemplo de esta táctica fue el grupo de fachada respaldado por la DCI “Stop Too Big To Fail”, cuyo objetivo era acabar con la reforma de Wall Street. “Stop Too Big To Fail fue una operación de base artificial financiada por intereses corporativos para dar la apariencia de una oposición de la gente a la reforma”.

Pues la consultora que contrataron los Uribe, tal y como lo reveló el periodista de AP Joshua Goodman, busca hacer lobby en los Estados Unidos para impedir que aumente la reputación negativa del expresidente Álvaro Uribe Vélez en ese país. Esto, tras conocerse la captura ordenada por la Corte Suprema de Justicia el pasado 4 de agosto de 2020.

Seguramente es un esfuerzo que busca que al expresidente Uribe no le quiten su visa de los Estados Unidos y posar como víctima de la justicia repitiendo un mensaje falso: que los jueces están al servicio de los comunistas de las Farc y liberaron a Santrich confabulados con el senador Iván Cepeda. Así lo están haciendo creer desde la página web Free Uribe y su cuenta de Twitter, creada como parte de esta estrategia.

Goodman logró establecer que DCI Group defiende a su cliente atacando a sus contrincantes o lo que ellos determinan que son sus contrincantes. Según otras fuentes cercanas al tema, esta estrategia en específico está dirigida a generar descrédito y desprestigio en contra de la Corte Suprema, sus magistrados, los periodistas que han escrito sobre el tema de la manipulación de testigos —entre los cuales me encuentro—, y el senador Iván Cepeda a quien constantemente ahora llaman de manera falsa y calumniosa “la nueva Farc”.

Pero no solo es interesante eso. La empresa que utilizaron los Uribe para firmar el contrato también merece su revisión. Según el contrato publicado por AP, la firma colombiana 31416 S.A.S. contrató a DCI en agosto pasado para liderar la “campaña pública en defensa” del detenido exsenador.

Según los documentos corporativos, 31416 S.A.S. fue creada por los hermanos Uribe en un principio en Bogotá y después en Medellín, y se dedica a actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. En 2014 se reunió la asamblea general de accionistas y nombraron como gerente a Tomás y a Jerónimo de suplente.

Aunque parezca una empresa de papel con ese nombre tan críptico y movimientos societarios que son entre los mismos hermanos Uribe, la empresa tiene la capacidad financiera de pagar 120.000 dólares por tres meses de trabajo a DCI, es decir, casi 450 millones de pesos.

Sin despeinarse y en plena pandemia, cuando las actividades inmobiliarias han sufrido un gran golpe en sus finanzas.

Pero se han visto los frutos. Como la campaña que se inició con el lema “… su historia, su carrera pública y su legado”, en la que se estableció que el exsenador fue víctima de dos atentados por parte de las Farc en Barranquilla siendo precandidato a la Presidencia.

Pues nada más falso.

Informes de inteligencia han establecido que el primer supuesto atentado ocurrido en 2002 que sufrió Uribe fue un montaje. El conductor de ese entonces del precandidato era el criminal Bonifacio Cohen de la organización de Marquitos Figueroa, la misma que estaba relacionada al Ñeñe Hernández.

Cohen ejecutó un supuesto atentado contra Uribe para hacerle creer a la sociedad que, si no votaban por él, las Farc se tomarían el país. Suena familiar. La Policía determinó que alias El Boni, el lugarteniente de la organización de Marquitos Figueroa, conducía el carro de Álvaro Uribe y el atentado fue calificado como un montaje. (Ver El Boni).

El otro supuesto atentado tiene que ver con los hechos ocurridos en Bogotá previos a la posesión de Uribe. Según reportó la revista Semana en 2006, el plan fue maquiavélico. Sin embargo, fue realizado de manera tan torpe que sus autores dejaron todas las huellas y los rastros más visibles, por lo que ahora ya están identificados.

“Al menos cuatro oficiales del Ejército Nacional fueron protagonistas de uno de los mayores escándalos de los últimos años: planearon y ejecutaron una serie de al menos siete atentados en Bogotá para posteriormente cobrar los positivos ante sus superiores. La acción de los oficiales fue tan fríamente calculada que la hicieron antes de la segunda posesión del presidente Álvaro Uribe, un escenario donde el impacto era de mayores consecuencias como en efecto ocurrió”. (Ver Oficiales del Ejército montaron atentados)

Ahora quieren volver esos atentados, que nunca fueron más que montajes, una realidad.

Como seguirán haciendo lo mismo en contra de los críticos del expresidente Uribe y los que hemos denunciado la situación que hoy lo tiene en casa por cárcel.

Ejemplo de eso han sido los recientes ataques en mi contra, al igual que nuevos ataques a la página de Losdanieles.com con informaciones falsas para generar descrédito y desprestigio. Lo he dicho en el pasado y lo repito ahora, no tengo nada que ocultar y no les temo a las mentiras.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/desprestigio-2/

  • 20.31-Lo que no se pregunta María Isabel  Rueda GERMÁN VARGAS
  • EPM: ajuste al pacto público-privado CRISTINA DE LA TORRE
  • Favorecido por inacción de la justicia CECILIA OROZCO
  • Acción por omisión – YOHIR AKERMAN

Conviene formular nuevas preguntas que María Isabel pasó por alto y que son objeto de investigación.

Conviene formular nuevas preguntas que María Isabel pasó por alto y que son objeto de investigación.

Advertí que frente al tema de EPM se vendría una andanada mediática, a la cual se sumó mi queridísima amiga María Isabel Rueda. Como el debate se prolongará hasta tanto no haya un pronunciamiento definitivo de los entes de control y de la Fiscalía, y vaya que estamos en mora, me parece necesario y conveniente formular nuevas preguntas que María Isabel pasó por alto y que hoy son objeto de investigación, y cuyas respuestas contribuirían a aclarar la verdadera situación.

30 ago 2020.- ¿Por qué la junta directiva aprobó la contratación millonaria de un tercer túnel de desvío, cuyo colapso originó la problemática actual y asumiendo un riego inaceptable de acuerdo con los informes y recomendaciones técnicas? ¿Por qué los dos primeros túneles se construyeron sin compuertas? Es más, ¿por qué el gobierno corporativo permitió que se iniciaran las obras del túnel sin licencia ambiental? ¿Por qué la junta de notables permitió que se le ocultara a la Anla que habían cambiado los planes originales y que el plan B que estaban adelantando suponía nuevos y muy críticos riesgos ambientales y para las comunidades aguas abajo del río, como quedó luego demostrado? ¿Quién, además, tomó la decisión de taponar los dos túneles originales? ¿Qué gobierno corporativo es este en el que nadie sabe ni responde por nada?

¿A cuánto ascienden los perjuicios y el lucro cesante derivados de esas decisiones? Y no solo de Hidroituango, sino de los demás proyectos internacionales ya señalados. Entiendo que todas estas inversiones, aprobadas también por el gobierno corporativo, están siendo cuestionadas por sus enormes pérdidas.

¿Dónde estaba el flamante gobierno corporativo cuando los pasivos de EPM se dispararon de 2,6 billones de pesos a 33,6 billones? ¿Cómo explicar que en esta compañía los pasivos crecen al 10 % anual mientras el patrimonio disminuye en 2 % anual? A este ritmo, ¿qué va a pasar en los próximos años con la llamada joya de la corona?

La anunciada demanda contra los contratistas, a la cual le han llovido rayos y centellas, se había evitado por más de dos años por decisión de la junta renunciada y su gobierno corporativo. ¿Por qué, repito, tenía el alcalde que dejar vencer los términos para presentar la demanda e iniciar una conciliación desde una posición más sólida? Claro, no podemos olvidar que ese gobierno corporativo con el que ahora se llenan la boca banqueros, analistas, contratistas, académicos y dirigentes gremiales había negado hace dos años la existencia de errores constructivos que hoy están más que demostrados.

Las calificadoras de riesgo han mostrado su preocupación y ‘castigado’ la calificación de EPM. Señalan que es extrema y la peor en la historia de la compañía. Pero no nos engañemos. Eso no fue por la salida de ningún miembro de la junta, sino por la incertidumbre en torno a la fecha de entrada en operación de esta megaobra y sus sobrecostos, que prácticamente duplican el presupuesto original, y como lo señalé, al enorme endeudamiento de la empresa a causa, entre otras, de los pésimos negocios internacionales en que se involucró.

No voy a controvertir con mi amiga en cuanto a las íntimas e intensas relaciones contractuales y de negocio entre el GEA y EPM. ¿Cómo tapar el sol con las manos? Y no es que ‘per se’ estas relacionadas sean perjudiciales o condenables. El problema son los conflictos de intereses no revelados; es la falta de transparencia y hacernos creer que esa ‘colaboración’ público-privada, nacida en los momentos más aciagos de la lucha contra el narcotráfico en Medellín, todo lo justifica.

Y, para terminar, la pregunta del millón que tampoco a María Isabel, una de las mejores en su oficio, le ha suscitado interés. ¿Quién es la firma de construcción Camargo Correa y cuáles sus vínculos con Conconcreto y Coninsa Ramón H., sus socios en varios proyectos, incluido Hidroituango? ¿Cuál es su participación en el famoso Lava Jato, el más grande y sonado proceso de corrupción en Brasil?

Me reafirmo en que la casa hay que ponerla en orden… y sin bravuconadas regionalistas.

  1. S.: Hace bien el Congreso, en respuesta al Tribunal de Cundinamarca, en no torpedear la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/lo-que-no-se-pregunta-maria-isabel-columna-de-german-vargas-lleras-534897

20.31.-EPM: ajuste al pacto público-privado CRISTINA DE LA TORRE

 Si no naufragó EPM con el desastre de Hidroituango, menos sufrirá ahora por un reajuste a la vista del modelo corporativo que la gobierna. Incierta la independencia de miembros de la junta renunciada frente a las firmas responsables de una afectación de $9,9 billones, se menoscabó la confianza entre las partes.

25 ago 2020.- Y sufrió el control recíproco entre el propietario público —Medellín— y el administrador privado —notables del empresariado antioqueño—. Se desbalanceó el juego de pesos y contrapesos entre actores que en el Estado de bienestar se alían en vista del bien común. El caso no es fortuito, es frecuente vicisitud del modelo.

Mas al reiterado anuncio del alcalde Quintero de devolverle a la ciudadanía por vía judicial lo perdido, respondió la junta con espectáculo de pánico moral. Asistimos a la altisonante indignación de parte del empresariado que vive del recuerdo de la industrialización que fue, pero flaquea cuando el bolsillo de los amigos peligra. Así, el intento de recuperar el equilibrio corporativo en EPM y de reacomodar las cargas se resuelve en crisis. Y los que andan en campaña, Federico Gutiérrez, Luis Alfredo Ramos, Sergio Fajardo, se declaran preocupados por los sucesos e, indiferentes a la tronera que se abriría en las finanzas de EPM y del municipio si no se recupera la plata, arrojan fósiles de la caverna: que el alcalde es lobo con piel de oveja, amigo de ideologías (¡!), castrochavista y azuzador de la lucha de clases. Ni piden explicaciones ni quieren saber (¿no saben?) si en Hidroituango se traspasaron las líneas del decoro por favorecer a contratistas amigos.

Según el alcalde, “algunos miembros (de la junta), lo sabe Medellín entera, tuvieron o tienen relaciones muy cercanas con los consorcios demandados”. En efecto, para mencionar sólo un caso, Andrés Bernal fue directivo de Sura, aseguradora en litigio potencial con EPM, mientras oficiaba como miembro de su junta directiva. Fue también directivo de Argos, gran proveedor de cemento y concreto de Hidroituango. En 2014, la junta de EPM declinó acción judicial contra Integral y Conconcreto por enormes sobrecostos en la presa Bonyic en Panamá, dizque por ser estas firmas “aliadas” de EPM. La Contraloría de Medellín reconvino a EPM por su “compadrazgo con los contratistas”. Paulina Aguinaga, concejal del CD, denunció que cuatro miembros de la junta directiva que acaba de renunciar participaron de aquella decisión.

Sobrecostos de billones hubo, dijo Quintero, en muchos proyectos: en Orbitel, en Antofagasta, en Bonyic, en Pore III, en Hidroituango; y “difícilmente alguien respondía”. Ejemplos de intereses cruzados pululan: tres exgerentes de EPM venían de Conconcreto, Integral y Argos: Juan Felipe Gaviria, Federico Restrepo y Juan Esteban Calle, respectivamente. “Cómo esperar”, se pregunta Vargas Lleras, “que una junta directiva con unos vínculos de amistad o de negocio tan fuertes pudiera tomar la decisión de demandar a Conconcreto, a Coninsa, Integral o Sura. Imposible”.

El gobernador Suárez llama al diálogo. Si en el pasado, dice, pudimos superar la violencia más dura provocada por el narcotráfico y el conflicto, hoy se impone el trabajo armónico de todos: academia, sector público y social, empresariado y ciudadanía. También en el pasado conjuraron ellos, todos a una, la fiebre privatizadora que amenazó a EPM. Ha vuelto el imperativo de sellar el boquete privatizador del más preciado bien público de Antioquia, esta vez mediante vasos comunicantes entre algún directivo de la empresa y sus contratistas. La salida, revitalizar el pacto público-privado que en EPM había alcanzado su más refinado grado de depuración y eficacia. Empezando por nombrar una junta directiva de probada independencia.

https://www.elespectador.com/opinion/epm-ajuste-al-pacto-publico-privado/

20.31.-Favorecido por inacción de la justicia CECILIA OROZCO

Aparte del soborno a testigos y fraude procesal que llevó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema a ordenar detención domiciliaria para Uribe Vélez, la otra investigación por la que, ahora, la misma Sala cita al excongresista a versión libre es mucho más grave que la primera. En esta se examina su responsabilidad, en principio por omisión, en crímenes de lesa humanidad cometidos en las masacres de los corregimientos de El Aro y La Granja, municipio de Ituango, en el norte de Antioquia, que, a su vez, limita por el margen derecho de la cordillera Occidental con el municipio de Tierra Alta, Córdoba.

26 ago 2020.- Plena zona de dominio paramilitar en los años 90 y siguientes, cuando pueblos enteros fueron aplastados bajo el terror de los grupos asesinos. ¿Qué tiene que ver el expresidente con esos hechos salvajes que sucedieron cuando él era gobernador de su departamento? Eso pretende averiguar la Corte. La siguiente pregunta es: ¿por qué la justicia no ha resuelto nada sobre la conducta de Uribe en 20 años, pues en el 2000 la Fiscalía abrió la primera indagación formal en que se le mencionaba a él y a su hermano Santiago respecto de los ataques paramilitares?

La respuesta rápida es que este y otros miles de procesos nunca logran decisión absolutoria o condenatoria debido a la ineficiencia y congestión judicial. Pero pensando con fundamento en lo que se consigue, en este país, con influencias sutiles o presiones del poder, cabe la tesis de que las carpetas del caso rodaron, a propósito, de anaquel en anaquel sin ninguna evolución. El último despacho que recibió el caso Uribe-masacres de Ituango, antes de llegar a la Sala de Instrucción de hoy, fue el del magistrado de la Sala Penal de la Suprema Gustavo Malo, adonde llegó en 2014 con la creencia de que, ahora sí, avanzaría. Pero no. Al menos no con el impulso de Malo pese a los impresionantes relatos de las víctimas y de algunos victimarios que confesaron sus culpas. Malo, elegido en la Corte gracias a la intensa campaña de su pupilo, aliado y cómplice del cartel de la toga, Francisco Ricaurte, no mostró ningún interés en adelantar esa obligación legal. Sí lo hizo, en cambio, su eficiente magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez quien mientras investigaba, en el primer semestre de 2015, a los congresistas Besaile y Manzur, también estudiaba, con juicio, el proceso Uribe-Ituango, por primera vez en década y media. Entonces no se sabía nada sobre las coimas que Ricaurte, Malo, Bustos y Tarquino les pedían a los encartados. El exfiscal anticorrupción de Néstor Humberto Martínez, Luis Gustavo Moreno, condenado en Estados Unidos, detalló hace unos días ante el juez de Ricaurte que los $2.000 millones que le exigieron a Besaile le garantizarían a este que ellos detendrían al magistrado investigador y que, para hacerlo, Malo lo echaría del puesto: “Se adquiere el compromiso porque no se puede tomar ninguna decisión mientras Reyes esté ahí”. Manzur resultó, también, beneficiado con la expulsión del auxiliar. Y se infiere que, de paso, se estancaba el expediente Uribe-Ituango como, en efecto, sucedió hasta cuando asumió el reemplazo de Malo una vez este fue separado del cargo por corrupto, dos años después, en 2017.

Ricaurte, acusado, en la actualidad, por cohecho, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada, fue presidente de la Corte en 2008, época azarosa por los ataques políticos de Álvaro Uribe a los magistrados —sí, ¡hace 12 años ya estábamos en estas!—, por sus decisiones, entre otras, la condena a Yidis Medina por vender su voto para la reelección del detenido exsenador. La condena de Yidis afectaba a Uribe porque, como consecuencia lógica del fallo, su segundo mandato dejaba de ser legítimo. Aunque Ricaurte daba declaraciones en defensa del alto tribunal para que lo oyeran sus compañeros, en privado merodeaba por la Casa de Nariño, llevaba cuentos y buscaba aproximaciones más personales que institucionales con el presidente, mediante el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio. De los coqueteos de Ricaurte con Uribe queda un rezago de información: Julio Sánchez dijo en la W que Ricaurte le envió, hace poco, dos mensajes al expresidente para que le mandara “un abogado o un amigo de su confianza” al que le revelaría secretos del “cartel de la toga II”. Es extraño que, en medio de sus líos judiciales, Ricaurte quiera restablecer sus contactos con el expresidente, también en problemas penales y en pie de guerra frente a la nueva Corte. El otro miembro de esa banda, Leonidas Bustos, es recordado por sus excolegas porque “era un lambón” con el exmandatario: se peleaba por ir a viajes con el jefe de Estado. Faltan datos para dibujar un panorama más realista del que pinta la propaganda uribista según la cual a Uribe “lo condenan”, ahora, los sucesores del cartel, por venganza. Si uno mira bien las cosas, resulta exactamente al contrario: lo favorecieron Malo, Ricaurte, Bustos y compañía, mínimo, por inacción. Y, en todo caso, les dieron alas a sus levantamientos ilegales contra la Justicia, con adulación y traición a la investidura de jueces que jamás debieron portar. Seguiremos informando.

https://www.elespectador.com/opinion/favorecido-por-inaccion-de-la-justicia/

20.31.-Acción por omisión – YOHIR AKERMAN

Foto: Eduardo Montealegre, expresidente Álvaro Uribe y Jorge Perdomo 

El hecho es histórico. Un ex fiscal general de la Nación junto a quien fue su vicefiscal denunciaron penalmente a un expresidente de la República por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

30 ago 2020.- Así como se oye, pero el hecho ha pasado casi desapercibido. Por eso es importante revisarlo.

En la denuncia, Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo destacan que el expresidente Álvaro Uribe Vélez era consciente de la amenaza de incursiones paramilitares en la zona de Ituango, específicamente las masacres de La Granja y de El Aro, ejecutadas el 11 de junio de 1996 y del 22 al 30 de octubre de 1997, cuando Uribe era gobernador de Antioquia.

Según los denunciantes, la Gobernación de Antioquia y algunos de sus funcionarios conocían que estas masacres, donde fueron asesinadas 33 personas a manos de los paramilitares, iban a suceder debido a las alertas conocidas a través del líder social, abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien fue asesinado posteriormente en 1998.

“En los primeros meses del año 1996 distintos sectores de la sociedad, encabezados por el doctor Jesús María Valle Jaramillo, expresaron a las autoridades del departamento su temor y preocupación por la posibilidad de una incursión paramilitar en la zona de Ituango (…) El 20 de noviembre de 1996 se comunicó con el gobernador de Antioquia y con el defensor del Pueblo de Medellín con el fin de solicitar protección para la población de Ituango”. (Ver Denuncias).

En esto es importante traer al presente lo que establece la investigación de María McFarland sobre cómo Uribe respondió ante los pedidos de Valle a través de una reunión con él y otros colegas el lunes 9 de diciembre. “En la reunión Uribe parecía intranquilo y se levantó de la mesa de reuniones y se dirigió a la oficina de al lado donde cogió el teléfono. Acertaron a escucharle decir que Valle estaba haciendo “falsas imputaciones” cuando decía que había una convivencia entre el Estado y los paramilitares y que él consideraba que ameritaba una demanda por calumnia”.

Como se ha documentado en esta columna, en varias ocasiones Valle pidió a las autoridades protección urgente y, de acuerdo con la denuncia de Montealegre y Perdomo, lo que hizo Uribe fue un simulacro de actuación, una farsa, para aparentar una protección que nunca llegó.

El entonces gobernador de Antioquia hizo lo que mejor sabe hacer y señaló al señor Valle Jaramillo como “enemigo de las Fuerzas Armadas” y aliado de la guerrilla.

Pero, sin miedo, el profesor Valle declaró ante un fiscal el 6 de febrero de 1998, mismo año de su asesinato, que “había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al gobierno”.

Esa fue su sentencia de muerte.

El 27 de febrero dos hombres y una mujer ingresaron al edificio Colón en la calle Ayacucho con carrera Bolívar en el centro de Medellín, subieron al cuarto piso, entraron a la oficina del abogado Valle Jaramillo y lo ajusticiaron de dos tiros en la cabeza. (Ver El testigo desaparecido).

Una tragedia.

Pero volvamos a las masacres, u “homicidios colectivos” como los quiere llamar este Gobierno, ya que durante la gobernación de Uribe Vélez se generó un incremento de un 371,4% de las masacres en ese departamento, cosa que suena similar a la coyuntura actual con una administración uribista.

Pues según los denunciantes, a lo largo de estos años las autoridades han recaudado evidencia suficiente para demostrar la supuesta omisión de Uribe como gobernador de Antioquia en las masacres de Ituango y, también, en el asesinato de Jesús María Valle.

Así, citando jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema, los exfiscales señalan que “cuando un servidor público incumple con sus deberes de protección a la población civil, debe responder penalmente, como autor [en este caso], por los hechos de los paramilitares”. Eso lo pondría a responder específicamente a título de autor en comisión por omisión por las conductas delictivas de homicidio en persona protegida, lesiones en persona protegida, actos de terrorismo, desaparición forzada, tortura agravada y desplazamiento forzado agravado. Uno que otro delito.

Finalmente, Montealegre y Perdomo pidieron constatar probatoriamente los vínculos de la familia Uribe Vélez, y parte de su entorno, con organizaciones del narcotráfico y grupos al margen de la ley. “No podemos olvidar que el padre de Uribe Vélez era muy cercano al cartel de Medellín. Esta prueba es fundamental para la construcción del contexto; el paramilitarismo surgió de una alianza de terratenientes con el narcotráfico. Si conocemos las lógicas y estructuras de las organizaciones que realizan violaciones a los derechos humanos, podemos leer correctamente las conductas de Álvaro Uribe Vélez. Estamos frente a delitos de sistemas, que implican investigar el hecho total”.

Demoledora la denuncia del ex fiscal general de la Nación y su vicefiscal.

@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/accion-por-omision/

  • 20.30.-De Uribe a Uribe: Colombia sin salida  CECILIA OROZCO
  • Defendamos a epm de los intereses privados empresariales DIEGO OTERO
  • El manuscrito claveYOHIR AKERMAN

Hace 18 años, Álvaro Uribe Vélez llegó por primera vez a la Casa de Nariño. Para esa época, el país del común no lo conocía. Su estilo campechano, aparentemente sencillo y adobado con un discurso populista, conquistó a miles de personas a quienes encantó, también, su decisión de convertirse en “el primer soldado de la nación”.

19 ago 2020.- Engañoso con la selección de los nombres, calificó de “seguridad democrática” la estrategia militar con la que conseguiría, a sangre, fuego y muerte del enemigo, la derrota del “terrorismo”, el gran saco en que metió a las guerrillas pero también a sus opositores del Congreso, jueces que profirieran fallos que no le satisfacían, magistrados de la Corte Suprema que investigaran a su familiar Mario Uribe y a sus aliados, organizaciones ciudadanas, defensores de derechos humanos, estudiantes de universidades públicas, periodistas que no comieran en su mano, etc. Ese Uribe enamoraba a las multitudes, las atemorizaba y triunfaba con ellas. El de hoy, protagonista de su plan político-mediático de defensa, luce disminuido e inseguro, y no precisamente por su desaliño físico, estudiado para inocular en los colombianos su imagen de víctima de las prácticas “mafiosas” de la Corte Suprema que lo “secuestró” y lo “condenó” con 5 votos de 5, de unos magistrados que, después de que estaban divididos 2-2 con un indeciso, como lo “adivinó” una de sus columnistas, ¡se dejaron manipular por Juan Manuel Santos para cambiar su decisión y tomarla por unanimidad!

Hasta sus historietas suenan desgastadas, inverosímiles e insultantes con la inteligencia de los espectadores. No sé en qué cabeza cabe que cualquiera, por influyente y poderoso que sea, pueda ser declarado inocente de las conductas delictivas que se le endilgan, a punta de labia y sin controvertir, con hechos, las pruebas en su contra. Pero en ello anda empeñado Uribe; también su partido, su bancada, sus periódicos, sus cadenas de radio y televisión y sus líderes de opinión que, en exacta coincidencia, repiten todos a uno idénticos argumentos en contra de la Corte y a favor del imputado. No obstante, el senador sabe, en la hondura de sus cavilaciones, que el derecho penal no permite declararlo inocente por las opiniones de sus amigos. Por tanto, y a no ser que el uribismo en el Gobierno dé el paso de interrumpir, abruptamente, el Estado de derecho —cosa que no hay que descartar—, se procederá a violar la Constitución en dos sentidos: por un lado, se impulsará una constituyente o una reforma para ajustar la Justicia a los requerimientos personales del procesado, esto es, clausurando la Corte que lo juzga y creando otra a su medida chavista; y, del otro, se apoderará de los cargos que vayan quedando vacantes y que tengan poder judicial.

Al expresidente, aun con todas sus habilidades comunicativas, se le zafó una revelación especialmente llamativa en una de sus largas entrevistas del pasado fin de semana. Refiriéndose a uno de los muchos chismes (me contaron, alguien oyó, fulano le dijo a sutano, me enteré) en que basa los ataques a los jueces de su causa, señaló que “la actual ministra de Justicia tiene unos testimonios muy importantes”. ¿Sobre qué? Sobre lo que el exmagistrado José Luis Barceló —en cuyo despacho se conoció la primera parte del proceso que hoy enfrenta el senador— les habría dicho a unas personas. La ministra declarada por Uribe como testigo a su favor es Margarita Cabello, la protegida de las casas Char, Name y Gerlein del Atlántico y candidata del presidente Duque, el subalterno de Uribe, a ser la próxima procuradora general. Esto explica que Arturo Char, presidente del Senado, muestre tanto afán en citar a la plenaria para votar, con cinco meses de anticipación, por el reemplazo de Fernando Carrillo quien estorba porque no es de las propias tropas del imputado. Explica, además, que salvo dos parlamentarios, los congresistas de la U que tienen apuros disciplinarios por las investigaciones pendientes de fallo en la Procuraduría hicieran una reunión espuria el sábado pasado para adherir a Cabello y, con esta, a Char, Duque y Uribe. El senador Pulgar, el mismo que intentó sobornar a un juez según reveló Daniel Coronell, votó por ella. También Benedetti, Name, Gnecco, García Zuccardi, Besaile, Martínez y hasta el sobrino de Mario Uribe (otra vez) Juan Felipe Lemos, todo un cartel de apellidos y de algo más. Cambio Radical, díganme si no, se ha unido al combo. Colombia sin salida.

https://www.elespectador.com/opinion/de-uribe-a-uribe-colombia-sin-salida/

20.30.-Defendamos a epm de los intereses privados empresariales DIEGO OTERO 

Empresas Públicas de Medellín-EPM siempre ha sido una gran empresa   desde que se creó. Yo la conozco muy bien porque estuve en el sector eléctrico desde 1963 hasta el año 2000, muy involucrado directamente como funcionario o como dirigente gremial.

18 ago 2020.- Fui funcionario de la Empresa de Energía de Bogotá, gerente del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica-ICEL, jefe de la Unidad de Infraestructura y Subjefe del Departamento Nacional de Planeación, viceministro de Minas y Energía, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y de Ramas Afines-ACIEM, miembro de cerca de 30 juntas directivas de empresas del sector eléctrico, investigador y en proceso de terminar una historia del sector eléctrico colombiano.

 Hasta 1994 siempre brilló EPM por su organización, calidad y profesionalismo. Es en este año que parece que el señor Sergio Fajardo, introduce al Grupo Empresarial Antioqueño en la EPM, digamos le entrega la empresa a este grupo. Con razón se dice que el señor Fajardo representa los intereses de este grupo empresarial.

Me parece muy bien la decisión del alcalde de Medellín de sacar a GEA de la propiedad de la empresa, porque eso era, un grupo privado apropiado de una empresa pública, que es de todos los medellinenses. ¿En donde está en los estatutos que diga que EPM debe ser de un grupo privado?

 Es una mezcla muy peligrosa, esto de que las empresas públicas, o que lo público en general, sean dominio de grupos empresariales que defienden sus propios intereses. Las juntas directivas de las empresas públicas deben estar integradas por personas que sientan lo público, que no tengan intereses privados y que sean preparadas en las diversas ramas del saber. Esto se aplica a todas las empresas, y en particular, hago énfasis, en las de Bogotá, que no deben entregarse a personajes que representen intereses privados o que provengan de estos grupos.

Decía, que EPM siempre fue brillante antes de que entrara el GEA. Defiendo al alcalde Daniel Quintero y a Álvaro Guillermo Rendón, actual gerente de EPM. Hay que rodearlos contra la embestida de estos intereses privados dudosos, de los ataques del presidente de la Andi, de los editoriales peligrosos de El Tiempo y El Espectador, es decir, del poder dominante, cuyas varias fracciones se unen en este momento, independientemente de sus intereses particulares e ideológicos, para defender intereses privados.

Es como si la junta directiva de la EEEB se la entregáramos al grupo de Luis Carlos Angulo Sarmiento.

Ninguna empresa pública tiene dueño, ninguna empresa pública puede ser tampoco manejada por los políticos corruptos y clientelistas.

Defendamos lo público de los intereses groseros privados, con mayor razón, como se ha visto en esta pandemia, el papel nefasto de una salud privatizada y de una salud publica hecha pedazos.

Este es uno de los cambios que necesitamos para construir un nuevo país, fortalecer lo público, pero ajeno a los intereses privados de los grupos monopólicos. y de los partidos políticos clientelistas y corruptos.

* Ex viceministro de Minas y Energía

https://www.avanzarcolombia.com/2020/08/18/defendamos-a-epm-de-los-intereses-privados-empresariales/

20.30.-El manuscrito clave YOHIR AKERMAN

El documento está fechado el 18 de julio de 2017 y dirigido al entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Está escrito en papelería formal y en cada una de las páginas aparece el logo “Cadena & Asociados, Law Office”. Es de tres páginas, está hecho a mano, sin nombre, y tiene fecha y sello legible de recibido por la Fiscalía el mismo día que fue escrito.

23 ago 2020.- Es una declaración donde dice el firmante que está dispuesto a dar información “útil para la investigación del proceso que adelanta la Fiscalía en contra del señor Santiago Uribe Vélez”.

El testimonio hace referencia a una supuesta entrevista que tuvo el testigo con el señor Iván Cepeda y un supuesto pedido del senador para que el firmante declarara en el caso de los 12 Apóstoles. “Me pidió (Cepeda) que dijera que yo había estado reunido con Santiago Uribe en El Poblado en Medellín, lo cual es falso ya que nunca me he reunido con él, ni con el presidente Uribe”.

Agrega el testimonio: “Iván Cepeda me ofreció protección, me dijo que me iba a dar lo mismo que le había ofrecido a Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero (…) Yo estoy dispuesto a esclarecer la verdad ya que no comparto la política de Alberto Guerrero el cual es una persona que miente”.

El manuscrito finaliza diciendo: “Señor fiscal, estoy dispuesto a recibir a algún delegado suyo para contarle la verdad sobre esta farsa que se le montó a Santiago Uribe para perjudicar al presidente Álvaro Uribe Vélez”, y agrega una firma junto a la cédula de ciudadanía 18′464.700.

Pues ese número de documento y la firma que aparece al lado corresponden al exparamilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez, uno de los declarantes manejados por el abogado Diego Cadena para beneficiar al senador Álvaro Uribe en el proceso que le adelanta la Corte Suprema por soborno de testigos y fraude procesal.

Es importante recordar que Vélez, conocido con el alias de Víctor y exintegrante del frente Cacique Pipintá de las Autodefensas, ya admitió que lo que dijo en esa carta del 18 de julio es falso y que todo fue por indicación del abogado Cadena. Además, que recibió varios giros y plata en efectivo de manos de Cadena que, según la Fiscalía, llegan a los $40 millones.

Vaya, vaya, vaya.

Vélez ya había dicho en un testimonio en una audiencia presencial ante la propia Corte en 2016, de manera falsa, que Cepeda le había ofrecido beneficios a Pablo Hernán Sierra y a él a través de Sierra. Y, posteriormente, después de ese testimonio, envió dos cartas similares ratificando lo establecido. Pero enfoquémonos en esta del 18 de julio de 2017, ya que de ahí se desprenden varias cosas.

Ese testimonio de Vélez se suscribió y fue aportado al proceso N° 2017-2453-5 donde es sindicado Santiago Uribe por el delito de homicidio agravado, y mediante memorial de solicitud de pruebas del abogado Jaime Granados se pidió la declaración de Carlos Enrique Vélez con base en la carta reseñada, testimonio que no se decretó en la audiencia preparatoria del 13 de octubre de 2017.

Es por esto que la Corte pudo determinar que no es independiente la gestión que se desplegó por parte de Diego Cadena en nombre y representación del senador Uribe Vélez para allegar elementos de prueba al proceso 38451, con las actuaciones penales que se adelantan en contra de su hermano Santiago.

No para ahí.

El mismo día que Diego Cadena buscó a Vélez para que firmara esa declaración para el proceso de Santiago Uribe Vélez, ese mismo día, también entregó un poder que le confirió el mismo Carlos Enrique Vélez como apoderado del exparamilitar, demostrando que por su declaración falsa no solo le estaba pagando sobornos —o viáticos, como los llama el abogado—, sino regalándole su asesoría jurídica, lo cual también es ilegal.

Es decir, Cadena se presentó como abogado del testigo que iba a favorecer al hermano de su cliente, el expresidente Uribe, y, como dice la Corte, eso es “una actuación absolutamente irregular y particular si se tiene en cuenta que Vélez no era procesado sino potencial testigo”.

Pero en ese punto la Corte se hace una gran pregunta y es cómo se conocieron Cadena y el exparamilitar Vélez. “En efecto, no sería entendible que entre dos desconocidos, Cadena y Vélez, en tan escaso tiempo, tal vez algo más de media hora, logren elaborar una carta con un contenido que no es corto ni simple y un poder, si no es porque quien visita viene referido de un conocido”.

La Corte pudo determinar que quien les hace la presentación es el abogado Samuel Sánchez Cañón, “quien a su vez sería referido a Cadena Ramírez por Mario Uribe Escobar, con quien se sabe tuvo contacto y conversación en el mes de febrero de 2017, cuando fueron a la casa en Rionegro del senador Álvaro Uribe Vélez”.

Ese vínculo lo ratificó en su indagatoria el senador Uribe, cuando mencionó que supo de la existencia de Carlos Enrique Vélez porque Diego Cadena le manifestó que un abogado cercano a él fue quien le dio la información relativa a esta persona presa.

Pero ahora quieren cambiar la versión y decir que fue Vélez quien buscó al abogado Cadena y los extorsionó, incluso cuando Cadena presentó un poder para ser su apoderado.

Increíble.

En especial, por un detalle que es bien interesante y es que ese manuscrito entregado a la Fiscalía en papelería de la oficina del abogado Diego Cadena fue escrito de su puño y letra.

Pese a que el exparamilitar Vélez sabe escribir y tiene incluso buena letra, fue el abogado quien escribió la carta de su propia mano con las palabras que quiso usar e incluyendo los mensajes que necesitaba que dijera para favorecer a Santiago Uribe Vélez y a su cliente el expresidente Uribe. La estrategia del senador ahora es construir el discurso de que está secuestrado por una Corte mafiosa, ya que no existen evidencias en su contra.

La verdad es otra y es que la Corte Suprema tiene bien analizada la evidencia, que es contundente. Como este manuscrito, que lo único verdadero que tiene de Vélez es la firma y el número de cédula mientras todo lo demás, que es falso, viene del abogado Diego Cadena.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

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  • 20.29.-Al oído del partido FARC – PATRICIA LARA
  • De “Tasmania” a Cadena YOHIR AKERMAN
  • Uribismo: estrategia política vs. Justicia – CECILIA OROZCO
  • #EstamosJoLUIS NOÉ OCHOA

Al partido FARC le llegó su hora de la verdad: ahora sí tendrán que comprobar su compromiso con ella. Porque la verdad que se les aproxima será la más difícil de aceptar desde su propia ética: se trata de la relacionada con el reclutamiento forzado de menores de edad, el cual, en ocasiones, estuvo ligado a delitos de abuso sexual, como figura también en el proceso.

14 ago 2020.- Y es la verdad más difícil porque para las Farc los delitos de secuestro y asesinato figuraban en sus códigos de guerra. En cambio, como lo han dicho varios de sus excomandantes, el abuso sexual estaba proscrito en sus leyes y la violación era castigada con el fusilamiento. Sin embargo existía, así no fuera de manera generalizada, porque se trataba de una guerrilla conformada en su mayoría por hombres machistas y armados, que obedecían a una estructura patriarcal, como valerosamente lo dijo la senadora Victoria Sandino. Tan ocurrían esos abusos, agregó ella, que en sus códigos existían esas penas.

Digo que se les aproxima la hora de la verdad más difícil porque, así lo nieguen, a pesar de las acciones de los abogados del partido FARC para dilatar ese proceso en la JEP, lo más seguro es que el próximo 18 de agosto, y hasta el de 4 septiembre, tengan que rendir en este caso su versión voluntaria los 37 comparecientes (36 hombres y una mujer). Afirmo que es lo más seguro, porque aún esta semana sus defensores continuaban haciendo peticiones que dilatarían el proceso. Por ejemplo, que las versiones individuales fueran recibidas presencialmente cuando, por la pandemia, deben recibirse de forma virtual. Y también han solicitado que las diligencias sean recibidas en forma colectiva y que no participen las víctimas en las versiones voluntarias, porque ello afectaría los derechos tanto de las víctimas como de los comparecientes.

En fin, como lo más seguro es que en la JEP rechacen sus argumentos, es indispensable que los 37 comparecientes, en soledad, se miren al espejo y acepten ante sí mismos, que es lo más difícil, su triste verdad. (No se trata de que se tenga que probar primero: eso ocurre en la justicia ordinaria, no en la transicional). Luego, deben aceptarla ante sus víctimas y pedirles perdón. Si lo hacen, no solo se quitarán de su conciencia y de sus hombros un peso enorme, sino que no perderán los beneficios concedidos por el Acuerdo de Paz, según los cuales serían sometidos —por ocho años— a sanciones restaurativas, que podrían ser, por ejemplo, encargarse de una fundación que prevenga el reclutamiento o emprender procesos productivos que beneficien a las víctimas, etc. Pero si no lo hacen, aumentaría el peso que llevan sobre sus hombros y su conciencia, y tendrían que pasar 20 años purgando su pena en una cárcel común.

Desde el punto de vista político, si ahora, cuando su mayor contradictor, el expresidente Álvaro Uribe, está en detención domiciliaria, los miembros del partido FARC confiesan la verdad y les piden perdón a las víctimas, impulsarían un cambio político de tal magnitud, que lograrían que el país pasara la página del conflicto con las Farc y, por ende, de la polarización, y que se abriera el camino para una profunda democratización política.

Pero si los miembros del partido FARC continúan haciéndole el quite a la verdad, terminarán por acabar con la JEP y con la Comisión de la Verdad, con lo cual romperían el eje del Acuerdo de Paz.

Es una tremenda responsabilidad la que van a enfrentar. Tanto con el país como con ellos mismos.

Nota. Esta columna reaparecerá en dos semanas.
www.patricialarasalive.com, @patricialarasa
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20.29.-De “Tasmania” a Cadena YOHIR AKERMAN

«Ya es una esperanza para las víctimas», dijo Iván Velásquez. Foto: Fotomontaje de SEMANA

Una reciente condena judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca demuestra que lo que tiene hoy preso al senador Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal no es una persecución política, como los del Centro Democrático lo quieren presentar, sino más bien un modus operandi ilegal que el expresidente emplea hace más de 15 años.

Me explico.

16 ago 2020.- Según la sentencia del 17 de junio 2020, está probado con evidencias que al ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez le hicieron un montaje judicial con un paramilitar que firmó una carta en la cual lo acusaba de fabricar testigos en contra del entonces presidente Álvaro Uribe.

Estas no son opiniones. Son casos juzgados basados en evidencia documental de la investigación que fue bautizada en los medios como el caso Tasmania, el cual consistió en un complot contra la Corte Suprema de Justicia cuando estaba por llamar a indagatoria al entonces presidente del Congreso, Mario Uribe Escobar, primo y socio de Uribe Vélez.

Todo se dio porque Iván Velásquez fue el investigador de la llamada parapolítica, o de los vínculos de sectores políticos con paramilitares que incluían al primer primo. Fue durante su paso por la Corte Suprema que Velásquez se convirtió en blanco de los seguimientos ilegales del extinto servicio de espionaje del DAS.

Uno de los escoltas del entonces magistrado fue quien logró infiltrarse en su despacho y su círculo familiar para identificar con quién conversaba y hasta conocer las decisiones que se proyectaban en el marco de las investigaciones contra reconocidos políticos vinculados a capos del paramilitarismo, como el familiar del entonces presidente.

Pues el exparamilitar José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania, dijo en el juicio que la carta que firmó en contra de Iván Velásquez, nada más ni nada menos, fue un montaje judicial coordinado desde la Casa de Nariño.

Incluso existen los reportes de inteligencia, como el del 1° de octubre de 2007, en los que se detallan los pormenores del plan que incluía fabricar la evidencia que mostrara que el magistrado supuestamente le había ofrecido a Tasmania una “rebaja de pena, además de protección y salida del país junto a su familia”. Según el documento, esto había que hacerlo porque “la intención del magistrado Iván Velásquez Gómez es la de vincular al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, con las acciones ilícitas cometidas por las autodefensas ilegales”.

Macabro.

Tasmania dijo que el abogado Sergio González lo influyó junto a Juan Carlos Sierra, alias el Tuso, para firmar una carta que señalaba que el investigador de la parapolítica, el magistrado Iván Velásquez, le estaba ofreciendo beneficios a cambio de que entregara declaraciones en contra del, para la época del año 2007 presidente Álvaro Uribe, su hermano Santiago y su primo Mario Uribe, ya condenado por parapolítica.

Todo suena inmensamente parecido al caso que ahora tiene al expresidente en detención domiciliaria.

El 31 de diciembre de 2008, se dio la respuesta del expresidente Uribe a la Procuraduría sobre el caso Tasmania en la que dijo que nunca conoció actividades del DAS en contra del magistrado, cosa que después se demostró falsa. También dijo que no hubo ningún montaje, hecho que está probado, y ahora se le condena a la nación a resarcir económicamente por esos daños a Velásquez ya que la evidencia es inequívoca.

Así de claro y así de sencillo.

Es más, en los procesos en contra del secretario de presidencia de la época, Bernardo Moreno, y la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, se conoció que el presidente Uribe sí conocía de todos estos hechos ilícitos, del montaje y la manipulación de testigos, pero nunca se le juzgó, sino que sus subalternos terminaron pagando las consecuencias.

Son hechos jurídicos, no opiniones.

Pese a que la condena en contra del abogado involucrado Sergio González fue posteriormente ratificada en segunda instancia, el senador Uribe sigue repitiendo constantemente que el exmagistrado Iván Velásquez ha comprado testigos en su contra, inclusive cuando todo eso ha sido desvirtuado judicialmente.

La vieja estrategia de repetir una mentira para ver si se vuelve verdad.

El problema es que todo ese complejo montaje liderado desde la Casa de Nariño solamente tuvo como responsable y culpable al abogado González, a cinco años y ocho meses de prisión, pero nunca a sus beneficiarios ya que la justicia no tocó por esos hechos al expresidente, ni a su hermano Santiago Uribe ni al primo Mario.

Esperemos que ese no sea el mismo destino de este caso que hoy tiene la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía en donde solo el abogado termine pagando por los delitos cometidos para favorecer a su cliente ya que también es clave recordar que fue a través del exsenador Mario Uribe, como se conocieron el expresidente Álvaro Uribe con el también preso abogado Diego Cadena.

Todo un enclave de personas engañando a la justicia, pidiendo o presionando a exparamilitares para que mientan para favorecer sus intereses, pero sobre todo con el claro interés de enterrar a sus enemigos. En ese viejo caso, al exmagistrado Iván Velásquez y, en el reciente, al senador Iván Cepeda. El sistema judicial por fin está demostrando que nadie puede estar por encima de la justicia por más poder que tenga.

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20.29.-Uribismo: estrategia política vs. Justicia  CECILIA OROZCO

Por azar o porque el mensaje en WhatsApp fue distribuido de forma tan profusa que llegó a los teléfonos de quienes Álvaro Uribe y el partido de su propiedad ven como los demonios del séptimo círculo del infierno, supe de la convocatoria que Luis Guillermo Plata, gerente para la atención integral de la pandemia, hizo, el jueves pasado a “nuestros compañeros de Gobierno” para asistir a una cita virtual, al día siguiente, con el apoderado del expresidente con el fin de “sobretodo (sic) ayudarnos a pensar en cómo podemos apoyar efectivamente al Presidente Uribe (sic) en estos momentos”.

12 agos 2020.- El doctor Plata, funcionario público cobijado como todos los empleados de la Casa de Nariño y del Ejecutivo por la norma restrictiva de activismo político que cobija a los servidores del Estado, explicó que “la Dra. Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático… se ha ofrecido a organizar una charla mañana viernes 7 de agosto, a las 5pm (sic) con el Dr. Jaime Granados para que él nos presente su análisis jurídico de la situación del Presidente Uribe” (sic). Obviamente, lo que interesaba a la audiencia de Plata y de la señora “administradora” del partido del procesado —según ella se autodenomina— no era conocer los detalles del expediente del encartado pues para esa labor están los especialistas: Granados y otros abogados, unos más presentables que Cadena y algunos del nivel de este, que siguen trabajando en la sombra para la causa Uribe mientras los cobijan con sus propias medidas de aseguramiento.

 La masa uribista requiere que le den línea para que, una vez enterada de “lo que en verdad está sucediendo”, sepan qué hacer para “apoyar efectivamente” al senador. Por eso, Plata apeló a los centenares de destinatarios oficiales haciendo caso omiso de las investigaciones disciplinarias que les podrían iniciar: “Como no tengo los contactos de muchos de nuestros compañeros de Gobierno, les agradecería si les pueden reenviar este mensaje”. Antes de terminar, dio la impresión de que la cita no era del todo voluntaria: “Espero verlos virtualmente mañana”.

Coincide la petición-exigencia del gerente de los recursos de la pandemia (¿?) con una versión que se filtró, hace unos días, a través del despacho de María Paula Correa, la funcionaria del rimbombante puesto titulado “jefe de Gabinete de la Presidencia de la República de Colombia”. De acuerdo con el rumor que, cierto o no, atemorizó a ministros, directores y miembros de juntas directivas, Correa estaría vigilando desde su computador las cuentas de personas con cargos significativos en la administración Duque para revisar quiénes son solidarios con el detenido y quiénes parecen indiferentes. ¿Con qué objeto? Probablemente con el de iniciar una purga política de los que no participen en el linchamiento a la Corte o de elaborar una lista de premiados entre los más furibundos atacantes de los jueces. Se reeditarán, entonces, los tiempos en que una bandola que precedió a Correa y a Duque en la Casa de Nariño hace poco más de una década introdujo por sus sótanos oficiales a alias Job, enviado del jefe de los sicarios de La Terraza, alias Don Berna, para reunirse con el secretario jurídico de Uribe, Edmundo del Castillo, y con su secretario de prensa, César Mauricio Velásquez (“el curita”, como lo llamaba Job).

La tenebrosa cita se concertó para concretar un plan de desprestigio contra la Corte Suprema de entonces, porque, ¡ay, similitudes!, sus magistrados investigaban a aliados del jefe de Estado, entre estos, a Mario Uribe, su primo, que pagó su condena de siete años y medio de prisión porque se le probó, en juicio, concierto para delinquir pese a los montajes de descrédito que desplegaron contra los togados de la época. Volviendo al presente de pasado uribista, los notables de extrema derecha, bien sean servidores oficiales o columnistas cooptados, están siguiendo el libreto de una estrategia política que no pretende controvertir la providencia repleta de graves indicios de responsabilidad penal del imputado, sino que lleva a “poner berraca” a la gente contra la Corte actual, así: 1. Mencionar siempre al “narcotraficante” Santrich y su libertad, y compararlos con la detención domiciliaria del que “siempre ha enfrentado los llamados de la justicia”. 2. Hablar de “la felicidad de la izquierda armada” y de su asociada, la izquierda sin armar. 3. Resaltar las bondades de la “Seguridad Democrática” y de su creador. 4. Comparar a “los guerrilleros de las Farc asesinas que están sentados en el Congreso con la suerte del hombre que salvó al país”. Nada tienen que ver esas consignas prefabricadas con el soborno a los testigos y el intento de desviar la justicia, conductas por las que será juzgado Álvaro Uribe. Pero sirven para engañar a Colombia, otra vez a quienes le dieron, de regalo, la Fiscalía.

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20.29-#EstamosJoLUIS NOÉ OCHOA

Nuestra sociedad está dividida, polarizada y equivocada en sus peleas. Los odios nos tienen jo.

Ya he comentado aquí de la hermana sor Teo, tan decente que dice apenas “nos jo”, ante situaciones duras y complejas, que piensa que solo Dios y la entutelada Virgen de Chiquinquirá las arreglan. 

14 ago 2020.- Viendo las noticias nacionales de estos días, cree uno que nos jo. Estoy triste y pesimista hoy, no solo por las 14.145 personas que se había llevado el covid-19, hasta este jueves, sino por todo lo que nos pasa en este país, en que muchas cosas nos tienen jo como sociedad.

Colombia no se ha conmovido lo suficiente por la masacre de los cinco menores de la comuna 15 del barrio Llano Verde de Cali, esa ciudad que hoy no está ‘pachanguera’ sino en duelo. Cinco seres casi niños, entre 14 y 16 años, fueron asesinados brutal y miserablemente, sin saber cómo ni por qué.

Salieron dizque a echar cometas, y a comer caña en un cañadulzal cercano. Ninguno sabía siquiera la canción de Guillermo Buitrago que dice “por una varita e’ caña me van a quitar la vida”. No se sabe si fue por ella, o por qué absurdo los tirotearon y uno de ellos fue degollado. Malditos asesinos. Esos muchachos tal vez solo soñaban con triunfar en las canchas como Rodallega, o Candelo, o Asprilla. Sueños que se truncaron en medio de la violencia y de la pobreza.

Esos muchachos tal vez solo soñaban con triunfar en las canchas como Rodallega, o Candelo, o Asprilla. Sueños que se truncaron en medio de la violencia y de la pobreza.

Hubo consejo de seguridad en Cali con el ministro de Defensa a bordo, hay recompensa de 200 millones para quien dé información seria, y hay equipos especiales de investigación. Todo tiene que terminar en que haya justicia, porque nada justifica una masacre miserable como esta. Otra, que indica que la seguridad en este país se deteriora y esto está cada vez más jo.

La pobreza, que ahora crece más que la caña, es como la pereza, madre de todos los vicios y de todas las injusticias y tristezas. El jueves en este diario se dio a conocer un estudio de Human Rights Watch (HRW) y el centro de estudio de la Universidad Johns Hopkins sobre la situación de los indígenas wuayús en La Guajira. Es crítica, pues carecen de casi todo, en especial de drinking water. O sea, en suaitano, agua potable.

Según los gringos, la crisis de desnutrición se ha elevado allí y piden al Gobierno tomar, no water, sino acciones urgentes para proteger los derechos de esta población vulnerable.

“No tienen acceso a alimentos suficientes ni al agua necesaria para practicar una higiene básica, incluyendo para lavarse las manos, y la información y acceso a la atención en salud es sumamente deficiente”, afirmó José Manuel Vivanco, director para las Américas de HRW. Triste. Ahora con la pandemia del coronavirus están en terrible riesgo. La letalidad ante este mal es la más alta en el país: 64 por ciento. Los wayús están jo.

Y hay un detallito que indigna: en medio de esa escasez, lo que abunda es la corrupción. Apenas en áreas de programas de alimentación, 14 auditorías revelan que se perdieron por el ‘robonavirus’ 30.000 millones de pesos. Un pueblo sin agua en esta pandemia. Y seguramente los corruptos echándosela al güisky. Un crimen de lesa humanidad, ante el que no podemos lavarnos las manos en Bogotá.

Yo creo que la nuestra hoy es una sociedad dividida, polarizada, equivocada en sus peleas y en sus protestas. Los odios políticos nos tienen jo. Por ejemplo, estos días hubo manifestaciones en favor y en contra de Uribe, el nuevo ordeñador de ‘Ubrerrimo’. #UribeEnLibertad. Y también hubo respaldo a la Corte Suprema. Pero no he visto uribistas en la calle, ni #NoMásMasacres, ante la muerte de los niños. Ni un cacerolazo, ni una bandera ni carros pitando. Ni hay reacción política por la situación de los wayús. Esa falta de país unido, que desconoce hasta las instituciones, es aprovechada por criminales y corruptos que matan a la gente a bala y de hambre. #EstamosJo.

Luis Noé Ochoa

luioch@eltiempo.com.co

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/luis-noe-ochoa/columna-de-luis-noe-ochoa-sobre-la-masacre-en-cali-la-pobreza-y-la-corrupcion-529504 

  • 20.28.-El uribismo presiona: su jefe es intocable CECILIA OROZCO
  • El que las hace se las imagina PATRICIA LARA
  • Te hablo desde la prisión (II) YOHIR AKERMAN
  • Sin modificar causas de crisis láctea, propuesta oficial es mero paliativo RAMIRO CAMACHO
El Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Como siguiendo un libreto y parlamento por parlamento, volvió a rugir la maquinaria de defensa política de Álvaro Uribe. Aunque la estructura interna de su estrategia con la trama inicial de ataques a sus denunciantes; el nudo de informaciones falsas a su favor pero siempre en contra de sus jueces; y un desenlace en que él, el poderoso entre los poderosos, termina siendo víctima del comunismo; aunque —repito— esa estrategia existe desde las agitadas épocas de sus presidencias, había que reactivarla, soltando a sus leones.

5 ago 2020.- Las alarmas del senador y su entorno se encendieron cuando El Espectador reveló, el martes pasado, que el magistrado de la Corte Suprema instructor del caso en contra del expresidente, por el delito de soborno a testigos (6 a 12 años de cárcel) y por el delito de fraude procesal (6 a 12 años de prisión más “inhabilitación de 5 a 8 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas”), les había repartido a sus colegas de sala sus conclusiones. Es decir, había entregado la ponencia en que proyecta si el exmandatario continúa gozando de libertad mientras se adelanta el proceso; si se le ordena detención en su domicilio o si se le lleva a un reclusorio. Pero no piensen, ni por un momento, que en esta eventualidad iría a una celda como las que ocupan el resto de los mortales en líos judiciales. Por ser Uribe rey, él sería conducido a un club militar o a uno policial, y estaría custodiado, ¡qué digo!, protegido por soldados o policías que se pondrían firmes ante su presencia y que correrían a cumplir sus órdenes cada vez que lo quisiera. Imagino —en mi mente fantasiosa— a la Casa de Nariño preguntando, cada día, qué se le ofrece a nuestro Señor. Y también al presidente Duque visitándolo desafiante y a plena luz, para reiterarle su afecto y su solidaridad.

La contraseña (hashtag) #YoCreoEnUribe inundó las redes, en estas horas, en desarrollo de una tarea mancomunada de “blogueros” que trabajan, unos como milicianos —bien armados— y otros como obreros que repiten por la paga lo que otros les manden. Los militantes de la causa que gozan de investidura de congresistas se dedicaron, seguramente después de una telerreunión de emergencia en que se les “dio línea”, a lanzar mensajes en que ponen, de nuevo, en el foco del odio universal a “la guerrilla que está en el Congreso sin pagar sus crímenes” y, claro, “a Santrich, el narcotraficante”, “el que montó las disidencias”, “el que asesina líderes sociales”. Y a completar sus frases elevando a la divinidad a su jefe supremo, “un hombre que ha trabajado sin descanso por Colombia”; “un líder que le devolvió la seguridad al país”. La táctica, uno de cuyos capítulos centrales recomienda cómo inspirar temor nacional por “la violencia (que) quizás se agudice”, se amplificó en unos medios el fin de semana, dando por cierta la “chiva” sobre la supuesta detención del expresidente, inventada para arrinconar a los togados.

Anteayer, lunes, cuando los lectores de El Tiempo abrieron su contenido, encontraron la notificación perentoria del partido gubernamental: en un aviso de página entera y con idénticos argumentos a los de la columna, el Centro Democrático, llamado con ese nombre que mal disfraza su título real, Partido de Uribe, cerraba su círculo propagandístico. La agrupación política, misma del jefe de Estado quien también cumplió su rol de amedrentar a los jueces en una entrevista radial, expresaba “su grave preocupación ante las diferentes versiones de prensa que avisan (sic) la inminente decisión que la Sala de Instrucción… se aprestaría a tomar contra el señor expresidente… (basada) en un imaginario criminal” tejido por “distintos elementos asociados a la izquierda armada”. Método demoníaco: el uribismo primero creó la noticia para, después, retomarla en su comunicado. Les indicaba, así, a los jueces y al país que si volvían su chisme, realidad judicial, el sector colombiano que supuestamente pertenece a la izquierda, la pagará. La frase de cajón sobre el “debido respeto que merecen las instituciones y la administración de justicia” no cubre la peligrosidad de la amenaza. Lula da Silva, el político más poderoso del vecino país y un gigante en popularidad, fue capturado por jueces autónomos cuando el respaldo a su figura llegaba al 80 %. Hubo manifestaciones y protestas. Pero al Partido de los Trabajadores jamás se le ocurrió ir a pagar su ira asesinando a Bolsonaro. Algo va de Brasil a Colombia.

* Esta columna fue escrita antes del anuncio de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de dictar medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe.

https://www.elespectador.com/opinion/el-uribismo-presiona-su-jefe-es-intocable/

20.28.-El que las hace se las imagina PATRICIA LARA

Centro Democrático propone asamblea nacional constituyente 

La justicia es para los de ruana, dice el dicho. Sin embargo, la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, dictada por unanimidad por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de soborno y fraude procesal, parece contradecir ese adagio popular.

7 ago 2020.- Digo parece porque con esa decisión —basada, según afirmó la Sala en su comunicado, en abundantes pruebas que son parte de la reserva del sumario— se ha formado tal alboroto, que el Centro Democrático no se resigna y hará todo lo posible para deslegitimar la determinación de la Sala de Instrucción de la Corte, inventándose infundios tan absurdos como que se trata de una conspiración de la izquierda y del resultado de un pacto celebrado entre el gobierno de Santos y las Farc. Entonces, como en este caso no les conviene, no acatan la institucionalidad y salen con el absurdo de que van a promover la convocatoria de una constituyente para reformar la justicia, cuando, esta vez, lo único que sucedió fue que la justicia funcionó de acuerdo con la ley.

Pero miremos los hechos: en primer lugar, el proceso contra Uribe se produjo porque él demandó al senador Iván Cepeda por soborno de testigos a raíz de un debate que Cepeda le hizo en el Congreso. La Corte no encontró méritos, dictó auto inhibitorio y, en cambio, halló indicios de que quien podría estar sobornando testigos era Uribe contra Cepeda. Es lo que en psicoanálisis se llama proyección: que el que las hace se las imagina.

En segundo lugar, los magistrados de la Sala que dictaron la medida contra Uribe fueron elegidos por la Corte durante el gobierno del presidente Iván Duque y son funcionarios de trayectoria en la Rama Judicial. Nada que ver con Santos. El magistrado César Augusto Reyes, por ejemplo, ponente en este caso, es especialista en derecho penal de la Universidad Nacional; doctor en derecho de la Universidad de Buenos Aires; formado en EE. UU. y Puerto Rico en sistema acusatorio, juicio oral y metodología de la enseñanza; fue abogado litigante durante 30 años, profesor universitario por 22, defensor público por 13 y coordinador académico de barras de defensores públicos. Los otros cuatro magistrados tienen hojas de vida similares.

Ahora, que a la senadora Paloma Valencia le quepa en la cabeza que un hombre tan respetable como Humberto de la Calle hubiera podido pactar en La Habana que las Farc firmaran el Acuerdo de Paz a cambio de que Uribe fuera a prisión (¡que no es prisión, es El Ubérrimo o su casa de Rionegro!) es un disparate descomunal que sólo puede ocurrírsele a los fanáticos.

Con este caso de Uribe no pasó nada especial. Como lo dijo un editorial de El Espectador, “la pregunta jurídica es sencilla, aunque el ruido del debate público quiera oscurecerla: ¿tuvo algo que ver el expresidente con el soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve? Si la respuesta es afirmativa, el tribunal concluirá en una condena por fraude procesal. Si es negativa, el expresidente será absuelto. ¿Por qué tantos aspavientos frente a un proceso judicial apenas natural?”.

No obstruyan las instituciones, señores del Centro Democrático. Dejen que la justicia funcione.

***

Hoy se conmemora el centenario del nacimiento del gran Otto Morales Benítez, escritor prolífico, liberal de convicción, varias veces ministro, parlamentario, testigo de todas las violencias, ser humano como pocos, amigo de verdad. Cómo hacen de falta sus tertulias, sus opiniones inteligentes, su sonora carcajada…

https://www.elespectador.com/opinion/el-que-las-hace-se-las-imagina/

20.28.-Te hablo desde la prisión (II)YOHIR AKERMAN

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sigue insistiendo en que quiere confesar y colaborar con la justicia en temas que incriminan al senador Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago. Profundicemos cuáles son esos temas en los que Mancuso podría contar una verdad incómoda para la familia del expresidente.

2 ago 2020.- Mancuso puede dar testimonio sobre la relación intrínseca y de permisividad que tuvieron las autoridades locales y la Gobernación de Antioquia para facilitar o no impedir varias acciones de los paramilitares ocurridas en los 90 en ese departamento. Estamos hablando de las horribles masacres de El Aro, San Roque, La Granja y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

Estos son los crímenes más graves por los que la justicia investiga al senador Uribe en el marco de la indagación 45110 en la Corte Suprema de Justicia.

Recordemos que la Corte Suprema declaró como crímenes de lesa humanidad esas masacres y el homicidio del profesor Jesús María Valle, primer denunciante de la relación simbiótica que había entre las autoridades oficiales, la IV Brigada del Ejército y las Autodefensas Unidas de Colombia.

Como lo informó en febrero 10 de 2018 el periodista Daniel Coronell en una columna, el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, rindió una versión libre en la que afirmó sobre el asesinato de Jesús María Valle: “Esta acción fue una petición del doctor Pedro Juan Moreno, ya que él (Jesús M. Valle) estaba haciendo una investigación sobre los hechos que ocurrieron en El Aro”. (Ver Aquí no hay muertos).

Las palabras que llevaron a la muerte al defensor de derechos humanos fueron: “Yo considero que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ha incurrido en un comportamiento omisivo, y lo mismo el secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno”.

Días después formalizó sus reclamos en denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema, para que se abrieran investigaciones por prevaricato por omisión, incluyendo también a la comandancia de la IV Brigada, entonces a cargo del general Alfonso Manosalva Flórez.

Mancuso es un testigo fundamental de todos esos hechos y de la permisividad o no que tuvo la Gobernación de Antioquia cuando sucedieron esos crímenes.

Fundamental.

Por algo el exfiscal general Eduardo Montealegre dijo el pasado 9 de julio en el programa Semana en Vivo, dirigido por María Jimena Duzán, que Uribe es un criminal de guerra. Montealegre señaló que tiene la denuncia penal en la que señala al senador Uribe de ser presunto responsable de las masacres de El Aro y La Granja, cuando se desempeñaba como gobernador. Uribe simplemente respondió que era un mentiroso, como seguramente le dirá a Mancuso.

Como se ha dicho en esta columna, el 16 de noviembre de 2008 el paramilitar Salvatore Mancuso aseguró, en audiencia de versión libre desde Estados Unidos, que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia había hecho presencia en el desarrollo de la masacre que perpetraron los grupos paramilitares en conjunto con miembros de la IV Brigada del Ejército nacional en el corregimiento de El Aro, ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia, en octubre de 1997.

Aseguró que Pedro Juan Moreno tenía conocimiento de la masacre que se iba a perpetrar en este corregimiento.

En ese sentido es importante el fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Medellín, que condenó al ganadero Francisco Antonio Angulo Osorio por el asesinato de Jesús María Valle, perpetrado el 27 de febrero de 1998.

El Tribunal lo condenó, junto a su hermano Jaime Alberto, a 30 años de prisión por el crimen del abogado y presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. Los jueces pidieron indagar también por la posible participación de agentes del Estado y del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, o de funcionarios cercanos a él, como Pedro Juan Moreno, en ese crimen de lesa humanidad.

Todo porque Valle Jaramillo estaba diciendo la más dolorosa realidad: “Desde septiembre de 1996 hay un grupo paramilitar en el centro de Ituango. Lo saben el Ejército y la Policía. Ese grupo armado ha cometido una serie de asesinatos y no hay una respuesta inmediata del gobierno local”.

Valle denunció a la Secretaría de Gobierno de Antioquia por negligencia ante los crímenes en Ituango. “Yo considero que el gobernador ha incurrido en un comportamiento omisivo y lo mismo el doctor Pedro Juan Moreno, en un comportamiento omisivo que raya en lo delictual”.

Frente a esto Mancuso ha asegurado que su contacto con esa gobernación era el mismo señor Pedro Juan Moreno y que conoció a Uribe en Montería y lo apoyó económicamente en su campaña presidencial.

Vaya, vaya, vaya.

Incluso, el 26 de septiembre de 2012, Mancuso aseguró ante Justicia y Paz que Pedro Juan Moreno le pidió personalmente disminuir la actividad criminal y acciones militares para favorecer al entonces candidato Uribe Vélez, cosa que fue satisfecha. Es importante referenciar que Pedro Juan Moreno murió después en un misterioso accidente de helicóptero.

Según le dijo el propio Don Berna a la periodista Maria McFarland en un correo electrónico, la muerte de Moreno Villa no ocurrió por accidente. “La muerte de él fue producto de un saboteo al helicóptero (sic) donde se movilizaba. Acción llevada (sic) a cabo por órdenes de Uribe”.

Fulminante.

Sobre todos estos hechos Mancuso viene a Colombia a entregar la verdad. Al igual que sobre la información que también tiene del ganadero Santiago Uribe como el jefe del grupo paramilitar llamado “Los 12 apóstoles”, que operaba en el municipio de Santa Rosa de Osos.

Un tema que debe tener muy preocupados a los hermanos Uribe Vélez, más ahora que el alto tribunal pareciera que impondrá medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe Vélez en el otro proceso de que manejan en su contra por manipulación de testigos y fraude procesal. Todos estos casos están conectados por la misma génesis de los vínculos de esa familia con la filosofía paramilitar.

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20.28.-Sin modificar causas de crisis láctea,propuesta oficial es mero paliativoRAMIRO CAMACHO

Con la utilización de 4.000 millones del Fondo de Estabilización de Precios FEP, cuenta del Fondo Nacional del Ganado, que se nutre del impuesto parafiscal que pagamos los ganaderos, pretende el gobierno, con el visto bueno de los gremios que representan al sector en esas negociaciones, sortear la crisis láctea que para la Industria obedece a una “enlechada” por sobreoferta y para los ganaderos a las 45 mil toneladas de leche importada que entra a reemplazar la producción nacional. La decisión -reversada- de Alpina y respaldada por Asoleche, de rebajar el precio al productor y dejar de recibirles el 10% de su oferta diaria, llevó a reuniones y pronunciamientos de la Cámara Gremial de la Leche de Fedegán y de Asoleche, y a reuniones con Minagricultura y Mincomercio que desembocaron en una “Mesa Técnica” que se reunió el pasado miércoles y tomó la decisión anotada.

Fedegán a pesar de señalar que “Resultan aún más arbitrarias estas decisiones al revisar las cifras de importaciones de los primeros cinco meses del año, que ya superaban las 40.000 toneladas”, se va lanza en ristre contra la Industria por su bajo volumen de acopio y sus márgenes de operación, para terminar con su repetitiva y quimérica propuesta “es urgente realizar esfuerzos conjuntos entre el Gobierno Nacional, la industria procesadora y los productores, para incrementar el consumo de leche en estratos medios y bajos, retomando la propuesta del sector primario de la creación de un Fondo Tripartita, que promueva el consumo de leche en el país, dirigido precisamente a estos estratos de más bajos recursos.”

Analac resaltó -de igual forma- a la industria como la causa principal de la crisis: “Es evidente que la jugada de la industria no obedece a la realidad del sector y pone en riesgo la estabilidad laboral en el campo. Se trata de una jugada que pone en jaque a los productores de leche, en donde no sólo hay un daño económico, sino, también, un impredecible y profundo efecto social.” Para proponer al final que “La intervención gubernamental es vital para controlar los desafueros de la industria.”

Asoleche, que representa a las multinacionales del sector, con la resolución 083 consiguió que el gobierno les cediera pagar al productor en las áreas Zomac un precio por debajo de la resolución 017 de 2012 y, hoy de nuevo, exige la libertad de precios, lo que llevaría de manera más rápida a la desaparición de la producción de leche del país.

No es seria la propuesta de Fedegán de paliar la crisis y lograr cupo para las crecientes importaciones en el mercado interno aumentando el consumo en los estratos 1 y 2. Sin la más mínima evaluación de las metas propuestas para 15 años en el Plan Estratégico de La Ganadería PEGA 2019, que fueron un fracaso, (0,5 litros/hab/año de consumo en los últimos 9 años) y desconociendo las cifras oficiales de Planeación Nacional que informan que 12,8 millones de colombianos tienen ingresos de menos de 250 mil pesos/mes y que 19 millones más -los vulnerables- devengan entre 250 y 600 mil pesos mes no hay como aumentar el consumo y es ingenuo señalar que el mismo se da por las preferencias de oferta de la industria a los estratos altos y, también lo es creer que la crisis se resuelve solicitando solidaridad a los proveedores de los insumos requeridos en la producción.

Con cinismo el ministro de Agricultura Rodolfo Enrique Zea el pasado viernes afirmó: «En coordinación con el Fondo de Estabilización de la Leche, pusimos a disposición de los productores

un apoyo por $4.000 millones”. Serán las grandes empresas procesadoras que tienen las plantas de pulverización las receptoras de los recursos del FEP: por un lado, manejan el mercado internacional y por otro, son las que tienen la capacidad de acopiar la leche y procesarla para poderla conservar. Las pequeñas y medianas empresas, sin capacidad de almacenamiento ni de trasformación, quedarán “viendo un chispero” y los aportes de los ganaderos irán a mejorar los balances de las mismas empresas que, con las importaciones los llevan a la quiebra y que, no renunciarán a hacerlo porque con ellas acrecientan sus utilidades al aprovechar los bajos precios del mercado internacional, así paguen el arancel extra cuota, como ha sucedido en lo corrido del año.

Sin rectificar las causas que causan la debacle, cualquier propuesta será un paliativo. Las cerca de 400 toneladas de leche en polvo que se podrían subsidiar con los mil millones aprobados, en nada modificará la situación. Los inventarios de la Industria superan las 9 mil toneladas; se debe exigir a los organismos de control verifiquen que las exportaciones subsidiadas sean de producción nacional y no de la misma leche importada guardada en sus bodegas; los 3 mil millones para acopio, con un subsidio colocado para el análisis, del 30% del valor del litro hoy, apenas alcanzaría para 6 millones de litros, la tercera parte de lo que se produce en un día.

La defensa de la producción láctea nacional que está en juego, tiene dos fuertes escollos al frente: de un lado unos voceros del gremio cuyo accionar político ha estado en la defensa del gobierno y sus ejecutorias, que a pesar de las evidencias y su propia argumentación aceptan medidas inocuas sin reparos, como las ofrecidas hoy. Y un gobierno como el de Duque, que sin importar el desastre que la apertura y los TLC, le han propinado al Agro, pisa el acelerador en la misma dirección: “hay que trabajar de manera articulada como cadena bajo un discurso de productividad, competitividad y aprovechamiento de mercados internacionales.” fustigó a los asistentes el Ministro de Comercio Restrepo Abondano en reciente reunión con voceros de la cadena.

Desde Dignidad Ganadera, hacemos un llamado urgente a todos los productores y sus organizaciones para que, a pesar de las dificultades, preparemos de manera virtual una gran reunión que nos permita fijar tareas encaminadas a fortalecer la Organización Gremial y hacer un gran frente para la protección de los miles de ganaderos del país, cada día más asediados por la importación masiva de leche en polvo y derivados lácteos subsidiados.

Ing. Agr. Ramiro Camacho B.
Coordinador Magdalena Centro
Dignidad Ganadera Nacional
ramirok22@gmail.com
Teléfono 3105928676

  • 20.27.-Francachela con los dineros de todos -CECILIA OROZCO
  • Muertes por coronavirus cada 100.000 habitantes: una comparación entre países MÓNICA MENA
  • Legalización en camino PATRICIA LARA
  • Te hablo desde la prisión (II) YOHIR AKERMAN

No solo el fiscal Francisco Barbosa despierta inquietudes en la opinión pública por su conducta extraviada, su falta de sindéresis y sus disparates. También preocupa el contralor Felipe Córdoba, más astuto y frío pero desposeído, como Barbosa, de formación ética.

29 jul 2020.- Ni hablar del registrador nacional, Alexander Vega, de débil carrera y regular fama pero con amigos dispuestos a seleccionarlo para dirigir ese sustancial organismo para la democracia, aunque fuera irresponsable hacerlo. Barbosa, Córdoba y Vega son ejemplares de una nueva clase de servidores públicos elevados a puestos de manejo oficial no para sepultar el viejo clientelismo basado en el axioma te-ayudo-que-tú-me-ayudarás, sino para revivirlo y fortalecerlo en tiempos en que organizaciones ciudadanas y sus líderes, hechos a pulso y por fuera del establecimiento político tradicional, lograron ganar unas posiciones venciendo a unos caciques. Estos necesitan regresar y nada mejor que incrustar en el servicio público a quienes puedan ser sus operadores.

Con los candidatos que la politiquería —alborotada por un Poder Ejecutivo inexperto y débil— ha puesto a figurar y con la calidad apenas mediana, si no lamentable, de los elegidos, estamos retrocediendo a épocas que, según suponíamos, estábamos empezando a dejar atrás: como cuando sabíamos que un fiscal general era proclive a apoyar a los paramilitares; o como cuando de otro fiscal se rumoró que unos narcoparamilitares habían hecho colecta para elegirlo. Como cuando una seguidilla de contralores generales fueron detenidos y después condenados. Esta lista es larga: Julio Enrique Escallón, por corrupción; Aníbal Martínez Zuleta, por apropiarse de dineros de la entidad; Rodolfo González, por clientelismo y narcopolítica; Manuel Francisco Becerra y David Turbay, por figurar en la nómina del cartel de Cali. O como cuando, por si fuera poco, el procurador general Orlando Vásquez Velázquez fue suspendido, detenido y condenado por ser, también, beneficiario del narcotráfico del Valle del Cauca.

La ciudadanía todavía no recibe explicaciones claras y contundentes de la Fiscalía y de la Contraloría sobre los interrogantes que quedaron abiertos por unos contratos firmados, velozmente, por estos dos entes casi de manera simultánea, con una empresa de origen opaco y sin trayectoria ni capital, denominada Bon Sante SAS, para adquirir centenares de miles de tapabocas por más de $1.000 millones. Tanto más grave por cuanto la Fiscalía y la Contraloría investigan a los corruptos, pero ¿con cuál autoridad moral si sus jefes no demuestran tener conducta diáfana?

No la tuvieron desde el momento del trámite de sus respectivas elecciones: Córdoba, con un respaldo multipartidista ¿a cambio de qué? ¿Sería por puestos y contratos para todos los políticos, como a la vieja usanza? Habría que examinar nómina cuantiosa, asesorías y contratos. Barbosa, por cuyo nombre hizo lobby en la Corte Suprema, entre otros, el mismo contralor, ¿comprometió sus decisiones futuras con el Gobierno al que perteneció y con —por poner unos ejemplos— su antecesor Néstor Humberto Martínez y el rector de su universidad, que habrían interpuesto su poder de “convencimiento” en la época de la elección que ellos llamaban “campaña”? Tampoco se destacaron por su delicadeza cuando permitieron que sus esposas continuaran trabajando en sus entidades en cargos de manejo y control bajo la liviana disculpa de que ellas estaban en sus puestos antes de que los dos jefes llegaran. Así fue como bajo la supervisión de la esposa del contralor, Marcela Yepes, que dirigía con mano de hierro toda la contratación de la Fiscalía hasta hace unos días, se escogió a los pereiranos de Bon Sante SAS para la adquisición de elementos sanitarios sin contar con más cotizaciones. Yepes estudió y trabajó en la Fiscalía de Pereira y Córdoba nació en esa ciudad. Queda también sin respuesta la curiosidad de que los mismos señores de esa ciudad hayan sido beneficiados en la Contraloría al mismo tiempo y que, apenas con dos años de personería jurídica, hoy tengan decenas de otros contratos con el Estado nacional y regional.

Falta averiguar cuántos más cruces decisivos hubo en el curso de las tareas de estos dos organismos. Y cuántos funcionarios de aquí pasaron para allá. Adelantemos un caso: Julián Ruiz Rodríguez entró a la Fiscalía en 2011 como “profesional especializado 0”; hizo corta carrera como fiscal y después fue “profesional experto” hasta que, entre el 1° de agosto y el 16 de septiembre de 2018, fue designado como “asesor III” en el despacho del fiscal general pero con estrechas relaciones de trabajo con Marcela Yepes. Su hoja de vida en el ente investigador se suspende de pronto ese mes, mismo en que Córdoba acababa de aterrizar en la Contraloría. Y empieza la vida laboral de Ruiz en el ente de control del esposo de Yepes. Ruiz fue designado director de la Oficina Jurídica con un salario de $11’700.000, sin contar viáticos o demás gabelas. Pero hoy, en menos de dos años, vaya meteórica carrera, es el vicecontralor (e), con un sueldo de $20’800.000. La francachela con los dineros de todos nosotros.

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20.27.-Muertes por coronavirus cada 100.000 habitantes: una comparación entre paísesMÓNICA MENA

 El coronavirus ha causado la muerte de casi 617.300 personas al 22 de julio, aunque su incidencia ha sido diferente en cada territorio. Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido son, por este orden, los que registran los números más altos de fallecidos en total. Sin embargo, si tenemos en cuenta el número de muertes por cada 100.000 habitantes, vemos que en el caso de estos tres países sería el Reino Unido el que presenta una mayor tasa de mortalidad sobre el total de la población, de acuerdo con la base de datos de la Universidad Johns Hopkins.

22 jul 2020.- Con algo más de 45.500 muertes totales, el Reino Unido registra más de 68 fallecimientos por cada 100.000 de sus habitantes. Mientras tanto, en Estados Unidos, que está a punto de alcanzar los cuatro millones de casos de COVID-19 confirmados, los registros oficiales reflejan una mortalidad de más de 43 casos cada 100.000 habitantes. En Brasil, que supera los dos millones de casos confirmados y las 81.400 muertes totales, casi 39 personas por cada 100.000 habitantes han perdido la vida a causa de la COVID-19.

https://es.statista.com/grafico/22339/muertes-por-coronavirus-cada-100000-habitantes-en-algunos-de-los-paises-mas-afectados/

20.27.-Legalización en camino PATRICIA LARA

Foto: Senadores Katherine Miranda, Gustavo Bolívar y Juan Manuel Galán 

Parece que por fin podremos ganar esta guerra contra las drogas, perdida, impagable y dolorosa: por una parte, ya está en la Comisión Primera del Senado un proyecto que “establece un marco de regulación y control del cannabis” para uso de los adultos, liderado por los senadores Gustavo Bolívar y Katherine Miranda.

31 jul 2020.- Cuenta con el apoyo de cerca de 50 senadores de todos los sectores políticos, salvo el Centro Democrático y el Partido Conservador. De modo que, ahora, se podría armar la misma coalición que hundió las objeciones presidenciales a la JEP, integrada por los partidos de oposición, más Cambio Radical y los partidos Liberal y de la U, para sacar adelante este proyecto.

Por otra parte, la semana entrante, el senador Iván Marulanda, con el casi seguro apoyo del senador indígena Feliciano Valencia y 22 congresistas más —también de todos los partidos, salvo el Centro Democrático y el Partido Conservador—, presentará un interesante proyecto que regula la hoja de coca y sus derivados, que está siendo concertado con los pueblos indígenas.

En esencia, el proyecto de legalización de la marihuana busca desestimular el consumo en los menores, regularlo en los adultos, proteger su salud y beneficiar a los pequeños productores, las víctimas del conflicto, las madres cabeza de familia e incluso a quienes se han acogido a la sustitución de cultivos, de modo que tengan acceso preferencial al negocio. Además, establece que el 50 % de los impuestos generados por el cannabis se destine a la sustitución de cultivos y el desarrollo sostenible; 25 %, al funcionamiento del Instituto de Regulación de Sustancias Psicoactivas y 25 %, a la prevención del consumo.

El proyecto de regulación de la hoja de coca propone que el Estado compre toda la cosecha, según el inventario realizado por la ONU en 2019. El senador Marulanda explica que, de esa manera, se beneficiarían las 100.000 familias cocaleras y con la hoja de coca se fabricarían productos derivados que no tienen limitaciones, como té, cosméticos y alimentos. Por otro lado, el Estado produciría una cocaína de alta pureza, que les suministraría, previa autorización médica, en una dosis personal que no podría pasar de un gramo por semana, a los consumidores colombianos. A los adictos se les haría un acompañamiento médico y psiquiátrico. Y a los consumidores recreativos también se les haría un seguimiento, de manera que no perdieran el control y, si lo perdieran, tuvieran asistencia. Otra parte de la cocaína producida se les suministraría a algunos países que quieren atender a sus consumidores, pero no tienen cómo hacerlo porque no hay quién los provea de manera legal. Lo demás se destinaría a la investigación científica y a la fabricación de anestésicos y otros productos medicinales. Y la coca sobrante se destruiría.

Según el senador Marulanda, “comprar esa cosecha le cuesta a Colombia entre $2,3 billones y $2,6 billones. Y la actual política de erradicación de la coca nos cuesta lo mismo”. Se trata de cambiar el destino de unos recursos que se están utilizando en destruir los cultivos, con toda la violencia y corrupción que eso genera, para usarlos en beneficiar a los campesinos.

Es un primer paso. A lo mejor el año entrante tendremos marihuana legal. Lo de la coca es más difícil. Pero lo importante es armar el debate para que, lo más pronto posible, le demos un uso inteligente a la coca y dejemos atrás esta guerra absurda, torpe y sin fin.

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20.27.-Te hablo desde la prisión (II) YOHIR AKERMAN

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sigue insistiendo en que quiere confesar y colaborar con la justicia en temas que incriminan al senador Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago. Profundicemos cuáles son esos temas en los que Mancuso podría contar una verdad incómoda para la familia del expresidente.

2 ago 2020.- Mancuso puede dar testimonio sobre la relación intrínseca y de permisividad que tuvieron las autoridades locales y la Gobernación de Antioquia para facilitar o no impedir varias acciones de los paramilitares ocurridas en los 90 en ese departamento. Estamos hablando de las horribles masacres de El Aro, San Roque, La Granja y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

Estos son los crímenes más graves por los que la justicia investiga al senador Uribe en el marco de la indagación 45110 en la Corte Suprema de Justicia.

Recordemos que la Corte Suprema declaró como crímenes de lesa humanidad esas masacres y el homicidio del profesor Jesús María Valle, primer denunciante de la relación simbiótica que había entre las autoridades oficiales, la IV Brigada del Ejército y las Autodefensas Unidas de Colombia.

Como lo informó en febrero 10 de 2018 el periodista Daniel Coronell en una columna, el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, rindió una versión libre en la que afirmó sobre el asesinato de Jesús María Valle: “Esta acción fue una petición del doctor Pedro Juan Moreno, ya que él (Valle) estaba haciendo una investigación sobre los hechos que ocurrieron en El Aro”. (Ver Aquí no hay muertos).

Las palabras que llevaron a la muerte al defensor de derechos humanos fueron: “Yo considero que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ha incurrido en un comportamiento omisivo, y lo mismo el secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno”.

Días después formalizó sus reclamos en denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema, para que se abrieran investigaciones por prevaricato por omisión, incluyendo también a la comandancia de la IV Brigada, entonces a cargo del general Alfonso Manosalva Flórez.

Mancuso es un testigo fundamental de todos esos hechos y de la permisividad o no que tuvo la Gobernación de Antioquia cuando sucedieron esos crímenes. Fundamental.

Por algo el exfiscal general Eduardo Montealegre dijo el pasado 9 de julio en el programa Semana en Vivo, dirigido por María Jimena Duzán, que Uribe es un criminal de guerra. Montealegre señaló que tiene la denuncia penal en la que señala al senador Uribe de ser presunto responsable de las masacres de El Aro y La Granja, cuando se desempeñaba como gobernador. Uribe simplemente respondió que era un mentiroso, como seguramente le dirá a Mancuso.

Como se ha dicho en esta columna, el 16 de noviembre de 2008 el paramilitar Salvatore Mancuso aseguró, en audiencia de versión libre desde Estados Unidos, que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia había hecho presencia en el desarrollo de la masacre que perpetraron los grupos paramilitares en conjunto con miembros de la IV Brigada del Ejército nacional en el corregimiento de El Aro, ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia, en octubre de 1997.

Aseguró que Pedro Juan Moreno tenía conocimiento de la masacre que se iba a perpetrar en este corregimiento.

En ese sentido es importante el fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Medellín, que condenó al ganadero Francisco Antonio Angulo Osorio por el asesinato de Jesús María Valle, perpetrado el 27 de febrero de 1998.

El Tribunal lo condenó, junto a su hermano Jaime Alberto, a 30 años de prisión por el crimen del abogado y presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. Los jueces pidieron indagar también por la posible participación de agentes del Estado y del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, o de funcionarios cercanos a él, como Pedro Juan Moreno, en ese crimen de lesa humanidad.

Todo porque Valle Jaramillo estaba diciendo la más dolorosa realidad: “Desde septiembre de 1996 hay un grupo paramilitar en el centro de Ituango. Lo saben el Ejército y la Policía. Ese grupo armado ha cometido una serie de asesinatos y no hay una respuesta inmediata del gobierno local”.

Valle denunció a la Secretaría de Gobierno de Antioquia por negligencia ante los crímenes en Ituango. “Yo considero que el gobernador ha incurrido en un comportamiento omisivo y lo mismo el doctor Pedro Juan Moreno, en un comportamiento omisivo que raya en lo delictual”.

Frente a esto Mancuso ha asegurado que su contacto con esa gobernación era el mismo señor Pedro Juan Moreno y que conoció a Uribe en Montería y lo apoyó económicamente en su campaña presidencial.

Vaya, vaya, vaya.

Incluso, el 26 de septiembre de 2012, Mancuso aseguró ante Justicia y Paz que Pedro Juan Moreno le pidió personalmente disminuir la actividad criminal y acciones militares para favorecer al entonces candidato Uribe Vélez, cosa que fue satisfecha. Es importante referenciar que Pedro Juan Moreno murió después en un misterioso accidente de helicóptero.

Según le dijo el propio Don Berna a la periodista Maria McFarland en un correo electrónico, la muerte de Moreno Villa no ocurrió por accidente. “La muerte de él fue producto de un saboteo al helicóptero (sic) donde se movilizaba. Acción llevada (sic) a cabo por órdenes de Uribe”.

Fulminante.

Sobre todos estos hechos Mancuso viene a Colombia a entregar la verdad. Al igual que sobre la información que también tiene del ganadero Santiago Uribe como el jefe del grupo paramilitar llamado “Los 12 apóstoles”, que operaba en el municipio de Santa Rosa de Osos.

Un tema que debe tener muy preocupados a los hermanos Uribe Vélez, más ahora que el alto tribunal pareciera que impondrá medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe Vélez en el otro proceso de que manejan en su contra por manipulación de testigos y fraude procesal. Todos estos casos están conectados por la misma génesis de los vínculos de esa familia con la filosofía paramilitar.

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  • 20.26.-El Eln y la crítica de las armas CRISTINA DE LA TORRE
  • Los ratones, ¿cuidando el queso? CECILIA OROZCO
  • Te hablo desde la prisión YOHIR AKERMAN

Plausible la propuesta de tregua temporal del Eln porque aplacaría la violencia que embiste a la población inerme y podría reabrir puertas al diálogo con esa guerrilla. Pero su argumento decisivo por la paz tendría que impugnar la entraña misma de su quehacer histórico: atreverse a la crítica de las armas; de la guerra inútil, inmoral, con su reguero de muertos inocentes, magnificada en la superstición del fusil.

21 jul 2020.- Acaso emularan hoy los jefes de esa agrupación armada el pundonor que a sus disidentes les costó hace tiempo la vida o el ostracismo, por “claudicar” en pos de la política legal. A Ricardo Lara, cofundador y segundo al mando del Eln, lo asesinó en 1985 un comando de viejos compañeros. Alonso Ojeda Awad, fundador del Replanteamiento que ambientó en varios grupos guerrilleros el cambio de las armas por la búsqueda de las masas, sufrió persecución de los elenos y hasta sentencia de muerte.

En el libro La huella del tigre, reconstruye Ojeda su paso por el Eln, su ruptura con la lucha armada y el tránsito hacia la causa de la paz y los derechos humanos. Interpretó Ojeda a la insurgencia que viraba hacia la democracia constitucional, a partir de la crítica del foco guerrillero: desligado de las masas, su proeza se contrajo a sobrevivir en la selva. Mas, teniéndose por vanguardia del pueblo, cimentó en las armas el militarismo despótico que se enseñoreó de la organización. Al primer amago de libre discusión se respondía con el fusilamiento. Moral y físico. Y horrores como el del secuestro acabaron de destruir todo referente ético: para luchar contra la injusticia, escribe, no se puede glorificar la injusticia; ni contra el crimen se lucha secuestrando, fusilando, asesinando. “Aquí estoy, desarmado, solo, con la idea de que las armas no conducen a ninguna parte (…) de ellas hay que salir a como dé lugar”, le dijo al Eln que lo acosaba.

También Ricardo Lara criticó el foco guerrillero, un fracaso en Colombia y en toda la América Latina, discrepó del militarismo que aislaba a la guerrilla de las masas y abandonó las armas para reencontrarse en la política legal. Lo mataron en la puerta de su casa, a la vista de la hija de seis años, que hoy invita a luchar desde la no violencia. “No hay victimario bueno, dice Mónica, ni victimario malo. Hay victimario”. Hay que responder por todos esos muertos y apostarle a la paz, agregó ella en entrevista en El Espectador (09/05/18).

Punto de vista contrario al de Ramón Jimeno que, en contraste con el espíritu del libro de Ojeda, apunta en el prólogo: “el establecimiento es corresponsable del surgimiento de las guerrillas”. Argumento acomodaticio de la prehistoria guerrillera que cree liberar a la insurgencia de toda responsabilidad ética y política y ha quedado derrotado por los hechos. Desdeña el postulado del mismísimo Che Guevara, que negó la opción de la lucha armada allí donde hubiera un gobierno mínimamente democrático (si bien luego lo olvidó). Y el viraje inesperado de Fidel Castro, que hace ya 27 años desconceptuó la lucha armada e instó a dialogar por la paz.

¿Hasta cuándo burlará el Eln la responsabilidad que le cabe en esta guerra, no menor que la del Estado y sus ejércitos asociados de paramilitares? ¿Habrán muerto en vano, luchado en vano, los disidentes que trasladaron su compromiso con la historia a la arena de la legalidad?

Coda. Por su parte, el establecimiento seguirá usando (entre otros recursos) el levantamiento de la mesa de diálogo con el Eln para desestimar la masacre de líderes populares y desmovilizados. Para reducir la implementación de la paz a su más precaria expresión. Para azuzar violencia contra los comisionados de la verdad, por boca del sórdido exministro Pinzón.

Cristinadelatorre.com.co

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20.26.-Los ratones, ¿cuidando el queso? CECILIA OROZCO

Cuando Noticias Uno publicó el lunes festivo 29 de junio que el fiscal Barbosa y el contralor Córdoba —líderes del autodenominado “bloque anticorrupción” creado por ellos para supervigilar los dineros de la pandemia— se habían ido de paseo a San Andrés con sus esposas y un grupito de sus funcionarios, ambos respondieron con altanería a la posterior lluvia de críticas de los ciudadanos y los medios.

22 jul 2020.- Ofendidísimos, contestaron a quienes osaron pedirles que rindieran cuentas, con frases de este estilo: “… siempre, siempre que yo tenga la oportunidad de viajar con mi hija y con mi familia, lo haré”. O: “¿A qué estamos jugando? ¿Qué es lo que quieren (sic)… que no vayamos a las regiones?”. Barbosa afirmó que, pese a viajar con sus parientes y amigos, su visita a la isla tenía carácter profesional porque iba a examinar los procesos pendientes. Horas después y para demostrar que no mentía, anunció que la Fiscalía acusaría al gobernador de San Andrés y pediría casa por cárcel para este por firmar un contrato de piezas publicitarias sobre el coronavirus, sin cumplir los requisitos legales. El gobernador respondió que era el chivo expiatorio del escándalo.

Pero, ¡gran sorpresa!, solo dos semanas y media después, el 17 de julio, viernes de la semana pasada, el reportero José Andrés González, del noticiero del mediodía de Caracol Radio, encontró unos “contratos cuestionados de Fiscalía y Contraloría en medio del coronavirus”, tal como tituló su nota. Según sus hallazgos, los dos organismos adjudicaron, de manera directa, sendos contratos a una misma empresa por valor total de $1.300 millones para el suministro de miles de tapabocas y otros productos de bioseguridad. Curiosamente, el objeto comercial de la firma beneficiada, Bon Sante SAS, es la venta de cosméticos y alimentos que prometen ser nutritivos y detener los efectos de la vejez. Bon Sante fue creada hace dos años, en agosto de 2018, (fecha de elección de Felipe Córdoba) con un capital de apenas $20 millones, y en su dirección física, en Bogotá, no hay oficinas sino talleres de reparación de motos.

Como ustedes recordarán, las esposas viajeras del fiscal y el contralor han trabajado como subalternas de ellos, en un conveniente cruce de cargos: la del fiscal, en la Contraloría; y la del contralor, en la Fiscalía. Esta, Marcela Yepes, ocupaba hasta hace pocos días uno de los puestos de mayor poder en el ente de investigación: secretaria ejecutiva. Su cargo le permitía decidir sobre la totalidad de los contratos de esa institución. Por tanto, participó en la aprobación del contrato con Bon Sante que tiene fechas y radicados de extraños consecutivos: el 17 de marzo, su oficina laboró a marchas forzadas: ese mismo día se escribió un concepto que indicaba que la directora Yepes podía declarar la emergencia manifiesta para contratar directamente; se declaró esta figura; se justificó la necesidad de adquirir tapabocas; por arte de magia se presentó la solitaria cotización de Bon Sante; se le adjudicó y se firmó el contrato. Tamaña rapidez, sin embargo, se hizo con desgreño porque los consecutivos indican el desorden y la premura: los que debían originar la compra se radicaron después y los que surgieron como consecuencia de la necesidad de la compra se crearon antes, de acuerdo con revisiones hechas por esta columna. En total, la Fiscalía firmó con Bon Sante tres contratos por $623 millones, por la compra de 290.000 caretas (¡¡290.000!!).

En la Contraloría dirigida por el esposo de la directora ejecutiva de la Fiscalía, el desorden también es evidente: el contrato con Bon Sante se firmó un mes después del primero del ente de Barbosa: el 16 de abril. Se adquirieron elementos de bioseguridad para sus empleados que, dicho sea de paso, trabajan de manera virtual en su inmensa mayoría, desde cuando se declaró la primera cuarentena. Se firmó por $722 millones y en su expediente, el que legalmente debe alojarse en la plataforma oficial SECOP, no hay registro de casi ninguno de los requisitos que la Contraloría les exige a sus investigados: no existen cotizaciones distintas a la de Bon Sante; no se informa el objeto preciso, las características ni la utilidad de los productos que se comprarán, y tampoco se adjuntan las pólizas de seguridad y calidad. Tampoco fue enviado a la Auditoría General para su examen. Ni en la última alcaldía de La Guajira ocurriría semejante estropicio. Primera curiosidad: el retiro de la esposa de Córdoba, Marcela Yepes, de la Fiscalía se anunció horas antes de la publicación de la noticia en Caracol. Su renuncia escrita tiene fecha anterior pero no existe sello de radicación oficial. Segunda curiosidad: el gerente y el subgerente (socios) de Bon Sante tienen cédula de Pereira, ciudad de donde es oriundo el contralor Felipe Córdoba. Tercera curiosidad: el 17 de julio, día de la noticia del reportero González, Bon Sante cambió su dirección y amplió su objeto social. Demasiadas casualidades para ser solamente eso.

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20.26.-Te hablo desde la prisión YOHIR AKERMAN

La llegada del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia y su intención de confesar y colaborar con la justicia significarán otro gran golpe judicial a la familia del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.

Me explico.

26 de jul 2020.- El 30 de noviembre de 2017 Mancuso pidió cupo en la Justicia Especial para la Paz (JEP) ofreciendo decir toda la verdad y reiterando su compromiso con las víctimas del conflicto armado.

¿Qué verdad?

Palabras más, palabras menos, con esa pregunta fue que le respondió la JEP al exjefe paramilitar en un auto fechado el 21 de agosto de 2018, ante lo cual este presentó una nueva solicitud el 7 de septiembre en la que, designando al señor Jaime Alberto Paeres como su apoderado, señaló las razones por las cuales no ofreció toda la verdad sobre algunas conductas en el marco del proceso de Justicia y Paz, y estableció algunos casos en los que ahora quiere colaborar.

Por cuenta de la pandemia el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que fue uno de los máximos comandantes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), está pendiente de ser deportado a Colombia, donde le esperan más años de prisión, debido a que tiene vigente una orden de captura por el delito de lavado de activos que habría cometido después de su desmovilización.

La información que tiene este exlíder narcoparamilitar es crucial para seguir revelando el profundo nivel de intersección y colaboración que hubo entre las Auc e instituciones estatales y privadas.

Gracias a un derecho de petición y otros documentos en poder de esta columna, se conoció que Mancuso ofreció contar lo que ocurrió en torno a la historia del conflicto con sumo detalle, para ser aceptado en la JEP. Aunque este tribunal decidió rechazarlo, la presidenta de la Sala de Reconocimiento dejó claro que podrían llamar a Mancuso para que colabore voluntariamente y no como sujeto de la justicia transicional, algo a lo que el exparamilitar no se ha negado.

Mancuso le dijo a la JEP que quería colaborar con las investigaciones de “paraeconomía; la visita al suscrito y otros postulados por parte de la senadora Piedad Córdoba, del señor Iván Cepeda y del doctor Lara; el narcotráfico en Colombia; la realidad sobre erradicación de cultivos ilícitos y por qué es poco efectiva”, y, nada más ni nada menos, sobre la investigación por paramilitarismo que existe en contra del ganadero Santiago Uribe Vélez y de su hermano el senador Álvaro Uribe.

Pero hay algo más. Mancuso, en su extensa solicitud a la JEP, habla también de la supuesta relación de un prófugo de la justicia colombiana con las Autodefensas. “Como ocurrió con el caso del señor Carlos Mattos de la Hyundai, son varias las empresas nacionales y multinacionales que se vieron beneficiadas inicialmente con nuestro actuar”.

En otro párrafo más adelante el convicto habla de un caso que ha investigado esta columna y sobre el que todavía falta mucho por contar. “Cómo me gustaría que habláramos miembros de las Farc, de las Auc y del gobierno de entonces sobre el atentado a El Nogal, en la ciudad de Bogotá”.

Importante mensaje el que manda el exjefe de las Auc, pero para entender la profundidad de la mención de los Uribe Vélez hay que ir al contexto de la historia.

El 16 de noviembre de 2008, el paramilitar Salvatore Mancuso aseguró, en audiencia de versión libre desde Estados Unidos, que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia había hecho presencia en el desarrollo de la masacre que perpetraron grupos paramilitares en conjunto con miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional en el corregimiento de El Aro, ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia, en octubre de 1997.

Este jefe paramilitar, además, aseguró que Pedro Juan Moreno, quien al momento de la ejecución de la masacre se desempeñaba como secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia y era uno de los amigos más cercanos del entonces gobernador y actual senador Uribe Vélez, tenía conocimiento de la masacre que se iba a perpetrar en este corregimiento.

Según el propio Mancuso, Moreno y él habían sostenido reuniones por lo menos en diez oportunidades para planear la creación de las denominadas “Convivir”.

Desde comienzos del año 2008 se han venido realizando una serie de señalamientos por la supuesta participación en la masacre de El Aro del expresidente Uribe.

Los señalamientos provienen del paramilitar Francisco Villalba, alias Cristian Barreto, que hasta el 30 de marzo de 2009 se encontraba detenido una cárcel de máxima seguridad condenado por las masacres de El Aro y de La Balsita, ambas ocurridas en el departamento de Antioquia en 1997.

El 15 y el 20 de febrero de 2008, el paramilitar Francisco Villalba fue escuchado por la Fiscalía, ante la cual afirmó que el entonces gobernador de Antioquia, Uribe Vélez, había participado en una reunión que se realizó días antes de la masacre de El Aro en una finca del corregimiento de La Caucana, municipio de Tarazá (Antioquia), a la cual fue invitado, según las declaraciones de Villalba, por el propio Carlos Castaño, y en la que se habría acordado el plan de ejecución de la masacre.

A la reunión habrían asistido, según Villalba, altos mandos de la IV Brigada del Ejército, algunos jefes paramilitares como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, y también los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez.

Villalba aseguró que Santiago Uribe era el jefe de un grupo paramilitar llamado “Los 12 apóstoles”, que operaba en el municipio de Santa Rosa de Osos, y que incluso Uribe había “prestado” a 20 de sus hombres para otra masacre ejecutada en el corregimiento de La Balsita, en el municipio de Dabeiba, Antioquia, por grupos paramilitares en noviembre de 1997.

Pues ahora es el turno de Mancuso, que quiere entregar información de este tema. Pero existe un problema.

Según el documento en poder de esta columna, Jaime Alberto Paeres, el abogado encargado de la defensa de Mancuso, estableció que para conseguir las evidencias y la documentación adicional de estas investigaciones hay que otorgarle a Mancuso acceso a un computador, a sus archivos externos o a visitas frecuentes y regulares de sus abogados defensores.

Coincidencialmente, la semana pasada, el abogado del exjefe paramilitar denunció que tuvo que huir de la zona rural de Medellín porque un grupo armado ilegal lo está buscando para matarlo. Otro importante mensaje.

En el documento que radicó ante la Fiscalía, relata que el pasado martes 14 de julio, en el corregimiento de San Cristóbal, un grupo de 35 hombres con armas tipo fusil llegó a una finca contigua a la que el abogado se estaba quedando en medio de la cuarentena. Según el administrador de ese lugar, el grupo ilegal, con la fotografía del litigante en una mano y el fusil en la otra, preguntó por el paradero del abogado.

La denuncia señala que el grupo armado, uniformado con pasamontañas, tapabocas y buzos, golpeó y amarró a las personas que se encontraban en la finca. Relata que el operativo estaba siendo dirigido por otras personas que no se encontraban allí y se comunicaban por medio de radioteléfonos con quienes sí estaban en el lugar de los hechos.

Esperemos que este mensaje que le mandaron al abogado no haga que Mancuso deje de contar, cuando esté en Colombia, toda la verdad que aún sigue atesorando.

https://www.elespectador.com/opinion/te-hablo-desde-la-prision/?cx_testId=16&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=3#cxrecs_s

  • 20.25.-Terna para procurador: la decadencia en marcha CECILIA OROZCO
  • Encadenando mentiras YOHIR AKERMAN
  • ¡Respeto para Francisco de Roux! PATRICIA LARA
Margarita Cabello 

Fuera de la desgracia de la pandemia, este año 2020 podría sobrevenirnos otra menos perceptible, pero con efectos tan devastadores como la expansión del virus: mientras nos concentramos en la cuarentena, los antiguos y nuevos clientelistas que han logrado cargos y, no obstante, aspiran a tener a su disposición miles de puestos más, se ocupan en buscar candidatos que les garanticen fidelidad a sus causas mezquinas, y en organizarles apoyos para apropiarse de las dignidades del Estado que quedan vacantes.

15 jul 2020.- La jauría anda suelta este segundo semestre cuando se aproxima el fin de los periodos de procurador general y defensor del Pueblo y es necesario elegir a los reemplazos de Fernando Carrillo y Carlos Negret. Pero la manada hambrienta de burocracia y contratos públicos ha crecido: además del mandatario en ejercicio que mete baza en la terna de la Procuraduría y arma, solo, la de la Defensoría; los partidos y sus jefes expresidentes o exvicepresidentes que creen tener derecho de propiedad sobre estos entes de frondosa burocracia, ahora también construyen trincas los hermanados Barbosa y Córdoba cuya curiosa ética del manejo de los bienes públicos ha sorprendido aún en Colombia, en donde la moral es elástica y estira hasta donde se requiera.

De esa mezcolanza de intereses no pueden surgir aspirantes admirables. Por el contrario, las ternas, si se componen como lo anticipan quienes conocen tales mundillos, reflejarán la decadencia de la nación en esta época oscura. Los jugadores expertos en artificios apuestan por una conformada así: Margarita Cabello, candidata del presidente de la República; Gregorio Eljach, del Consejo de Estado, y Wilson Ruiz, escogido por la Corte Suprema. Sobre ellos hay pocas certificaciones en materia de pulcritud profesional, detalle que tiene sin cuidado a sus nominadores. En cambio, hay muchas historias para recordar sobre cómo “ajustan” sus actos dependiendo de la ocasión.

Cabello, al parecer única candidata que Duque tiene para la Procuraduría —tal es su ascendiente sobre él—, es conocida de autos: hace apenas dos semanas, el magistrado de la Corte Suprema Gerardo Botero denunció la injerencia irrespetuosa de la ministra de Justicia en las decisiones y elecciones internas de ese tribunal. Según Botero, “ella puso como condición para destrabar la elección de fiscal general y de magistrados de la Corte”, el retiro de la presidencia de la corporación del togado Álvaro Fernando García. Su aliado, compinche y amigo Francisco Acuña, debía encabezar las elecciones. ¡Y lo logró! Así fue como los colombianos nos ganamos el premio mayor de la lotería con Barbosa en la Fiscalía. Para integrar el gabinete ministerial, Cabello renunció a ser magistrada en la Suprema con un frío cálculo, pues le faltaba solo un año para cumplir los ocho del periodo legal. Ella, trepadora, no iba a pasar a la simple condición de ex: hizo méritos para integrar el círculo presidencial, a tiempo. La evidencia indica que este era solo un escalón más para conseguir la meta: la Procuraduría General en donde se sentará en el sillón que ocupó su ídolo Alejandro Ordóñez cuya reelección fue anulada cuando se comprobó que incurrió en actos prohibidos por la Constitución, actos similares a los que la magistrada-ministra-procuradora ejecuta cada vez que quiere.

Gregorio Eljach es el secretario general del Senado y pretende ser elegido procurador, en nuestras narices, por los mismos parlamentarios a los que sirve desde hace ocho años. Eljach es aquel personaje que le dijo, cerca de un micrófono, al congresista que presidía un debate de control político, en 2015, la elegante y democrática frase: “No le des más papaya a Robledo que está haciendo un show ahí, marica. Levanta la sesión, levántala”. Se refería al senador Jorge Enrique Robledo. Eljach, supuesto garante de los derechos ciudadanos si llegara a la Procuraduría, es quien logró cercenar el derecho a debatir del congresista del Polo. Lo aplaudieron algunos de los que, seguramente, votarán pronto por él. El secretario del Senado fue también denunciado por el representante investigador del exmagistrado Jorge Pretelt (declarado indigno por el Congreso), por intentar desequilibrar, a favor del investigado, el debate en que se discutían sus culpas de carácter penal. Y la belleza de Eljach se atrevió a ordenar la detención, dentro del Capitolio, de una estudiante de periodismo a quien sus escoltas le quitaron a la fuerza su celular y le borraron su material de su trabajo. Ella no presentó queja formal pero ha debido hacerlo aunque fuera para dejar la constancia.

Wilson Ruiz es recordado por sus sinuosas posiciones, casi tan sinuosas como sus declaraciones cuando fue elegido en ese antro denominado Consejo Superior de la Judicatura. Ruiz marcha con Cabello y Eljach, a la par. Cuentan quienes conocen su cara sin careta, que ejerció como abogado y más que abogado, de un testaferro del narcotraficante alias Chupeta; y que era asiduo visitante del pabellón de la Picota cuando estaba preso el excongresista de mañas tenebrosas Juan Carlos Martínez Sinisterra. Ni en los peores momentos de la historia, el poder público había caído tan bajo. Soportamos una pandemia que mata el honor.

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20.25.-Encadenando mentiras -YOHIR AKERMAN 

El 27 de julio será la audiencia de imputación de cargos en contra del abogado Diego Javier Cadena Ramírez. Esta audiencia se ha aplazado dos veces por razones de salud: la primera por maniobras gástricas y odontológicas de la defensa y la segunda por el coronavirus. Por eso es importante, para esta fecha venidera, encadenar una serie de mentiras que el abogado ha venido repitiendo en el transcurso de la investigación de este caso.

Vamos por partes.

19 jul 2020.- La Corte Suprema de Justicia tiene evidencia que demuestra que Diego Cadena ha ofrecido prebendas a testigos, como favores jurídicos y dinero, para obtener declaraciones que favorezcan al senador Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago.

Uno de esos testigos es el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, y pese a que Cadena ha dicho varias veces que nunca presionó al preso, una grabación hecha por el propio Monsalve con un reloj con cámara demuestra que Cadena le dice con un tono desafiante: “Redactemos el hp documento, o si no yo vuelvo mañana temprano”. (Oír Grabación).

Son varias las grabaciones que demuestran que, entre el secuestrador Enrique Pardo Hasche, compañero de reclusión de Monsalve, y el cuestionado Cadena, presionaron al testigo explicándole lo que debía hacer y las mentiras que tenía que decir. (Oír Lo que tiene que decir).

Cuando esto se probó, el apoderado de Uribe Vélez intentó proteger al expresidente de cualquier culpa al decir ante la Fiscalía que “Álvaro Uribe no manipula testigos”. (Ver Noticiero de RCN).

Pues eso quedo desvirtuado cuando el columnista Daniel Coronell publicó otra grabación en poder de la Corte Suprema de Justicia que prueba que fue el mismo expresidente Uribe quien autorizó expresamente al abogado Diego Cadena para ofrecerle favores jurídicos a ese testigo. (Ver Video).

–Cadena: ’Pero, presidente, yo tengo algo en mente, pero quiero consultarlo con usted, y es un tema que me faculta para poder ayudar a este señor. Es una acción de revisión ante la Corte porque el señor tiene una condena de 44 años por secuestro. Yo lo que puedo hacer es un re…

–Uribe: Ah, sí, no… un recurso jurídico hay que adelantarlo…

–Cadena: Claro…

–Uribe: El recurso jurídico está bien, por supuesto y la… y la ayuda para que le protejan la familia, pedírsela a las autoridades competentes y además públicamente.

–Cadena: Correcto, quería su autorización, presidente, para estar ciento por ciento claros.

–Uribe: Proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas’.

A la Corte Suprema de Justicia le corresponde establecer si con esta autorización el senador Uribe incurrió en un delito. Pero vamos a otro testigo para seguir encadenando las mentiras del abogado.

Carlos Enrique Vélez, alias Comandante Víctor, aseguró que el abogado del expresidente Uribe le pagó para que testificara en contra de Iván Cepeda. Aunque Cadena reconoció los pagos, primero dijo que fueron por una razón humanitaria, después cambió la versión y expresó que se trataba de una extorsión.

¿Al fin qué?

Carlos Enrique Vélez fue presentado inicialmente como uno de los testigos claves en contra del senador Iván Cepeda en el caso por supuesta manipulación de exparamilitares para que hablaran en contra del expresidente Uribe.

Durante más de un año aseguró que había presenciado la forma en la que el senador Cepeda iba por las prisiones ofreciendo prebendas para que testificaran en contra de Santiago Uribe, hermano del líder de Centro Democrático, por el caso de los Doce Apóstoles.

El 9 de octubre de 2019 el diario El Tiempo reveló en primicia que Vélez, exintegrante del frente Cacique Pipintá de las Autodefensas, dijo que recibió varios giros y plata en efectivo de manos del abogado Diego Cadena para decir eso e incluso demostró las pruebas documentales que corroboraban los pagos.

Cadena contestó aseverando que decidió ir a hablar con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez y que le pidió consignar en un “documento con mi membrete en el que contaba lo que había denunciado (la presunta manipulación para declarar contra Uribe), que en julio de 2017 se entregó a la Fiscalía” y por ello le hizo dos pagos que ascendieron a $2 millones, pero que nunca fueron sobornos sino una “ayuda humanitaria”.

La declaración de Vélez fue falsa como se probó después y, peor aún, el 9 de octubre de 2019, el abogado del expresidente Uribe afirmó, en entrevista con Julio Sánchez Cristo, que parte del dinero que le entregó al testigo fue por motivos de viáticos y no para sobornar. (Oír Entrevista W Radio)

¿Viáticos, ayuda humanitaria, extorsión?

Los pagos son más de dos millones y las evidencias han venido apareciendo. Por eso es difícil creer que un abogado le paga viáticos a una persona que esta presa y no puede salir de su centro de reclusión.

Ahora bien, el tema de los pagos a los testigos nos lleva al elemento del pago de sus honorarios com  o abogado del expresidente Uribe.

Confrontado en su indagatoria en la Corte Suprema de Justicia, el expresidente Uribe no solo contradijo a su abogado en el tema de los pagos, sino que también dijo que si Cadena había actuado por fuera de le ley, lo había hecho sin su conocimiento.

Es importante recordar que el expresidente Álvaro Uribe sostuvo que aún no le había pagado honorarios al abogado y que iba a retribuir sus servicios con un valioso lote de su esposa en un desarrollo urbanístico en Montería. Por su parte, el abogánster Cadena afirmó ante la misma Corte, bajo la gravedad de juramento, que ya ha recibido remuneración de Uribe por sus gastos y su tiempo.

De nuevo se desdibuja la línea que divide la verdad de una mentira entre el polémico abogado y su poderoso cliente.

Por eso es tan importante que la Fiscalía determine todos estos elementos que constituyen los delitos de soborno de testigos en concurso homogéneo y sucesivo y fraude procesal. Pero cuesta creer que algo pasará ya que mientras esa entidad ordena la detención de los investigadores de la ñeñepolítica, el abogado Diego Cadena, con toda esta evidencia en contra, sigue gozando de su libertad.

Los dos casos están a cargo del mismo fiscal, que puede acabar usando un doble rasero a la hora de las medidas de aseguramiento. La dura cárcel para los desafortunados investigadores que descubrieron la ñeñepolítica. En cambio, es posible que el arreglador de testimonios, con probada habilidad para obstruir la acción de la justicia, termine gozando su detención en una de sus lujosas propiedades.

Aclaración. El pasado domingo publique una columna titulada “Hay que aprovechar”, que trae un audio del Ñeñe Hernández que menciona que va a pedir un favor laboral a donde sus “amigos” Jairo Alonso Mesa Guerra y Jorge Enrique Vélez en la Superintendencia de Notariado y Registro. Es importante aclarar que para la fecha del audio el señor Vélez ya no estaba desempeñando el cargo de superintendente de esa entidad. Sin embargo, la estrecha relación entre el Ñeñe Hernández y el exsuperintendente Vélez está plenamente identificada en otras grabaciones, como la que interceptó legalmente la Dijín el 28 de mayo de 2018, entre el presunto narcotraficante y un señor llamado Álvaro de Castro, en plena campaña electoral y un día después de la primera vuelta. (Oír Audio Dijín).

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20.25.-¡Respeto para Francisco de Roux! PATRICIA LARA

Francisco de Roux 

Los últimos ataques a la Comisión de la Verdad y a su presidente, el padre Francisco de Roux, revelan un plan para minar su credibilidad. 

17 jul 2020.- Primero fue el calumnioso trino de Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, quien luego de haber sido parte de la construcción del Acuerdo de Paz, en la medida en que ocupó, durante siete años, cargos claves en los gobiernos de Santos —secretario general de la Presidencia, ministro de Defensa y embajador en Washington—, renunció para lanzar su candidatura presidencial y lo traicionó.

En ese trino, Pinzón afirmó nada menos que la “mayoría de los comisionados registran afinidad ideológica o nexos con grupos armados”, una calumnia que estigmatizó a sus miembros y que puso en peligro su vida. A propósito, vale la pena que Pinzón recuerde al presidente Alberto Lleras, cuando decía que un discurso en el parlamento equivale a 20.000 muertos en las veredas.

Y lo segundo fue la grosera petición de Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, para que Francisco de Roux renuncie a la Presidencia de la Comisión de la Verdad. Miren el irrespetuoso tonito que utiliza: “Padre Francisco de Roux, si usted no puede con esto, apártese del cargo, pero necesitamos que le diga la verdad al país”.

En primer lugar, seguro el representante Rodríguez no sabe que la función principal de la Comisión de la Verdad es rendirle al país, al final de su mandato, en diciembre del 2021, un informe sobre lo que sucedió en el conflicto armado para que, una vez conocidos los hechos y sus razones, no los repitamos. De manera que mal pueden pedirle ahora resultados a la Comisión de la Verdad. Solo será a finales del año entrante, una vez rendido el informe, cuando se podrá evaluar su gestión.

Y, en segundo lugar, seguro el representante Rodríguez tampoco sabe que el padre De Roux es un hombre cultísimo, graduado en Filosofía y Letras y Economía, con una maestría de la London School of Economics y un doctorado en Economía de la Universidad La Sorbona, de París. Fue, además, Premio Nacional de Paz y jefe de los jesuitas en Colombia. De modo que sus credenciales académicas, su conocimiento del país y su inmensa calidad humana lo hacen el mejor presidente posible de la Comisión de la Verdad.

Así que más vale que Rodríguez compare su hoja de vida con la de Francisco de Roux y guarde silencio. Y más vale que Pinzón tenga en cuenta, como exministro de Defensa, la sangre que, por culpa de las estigmatizaciones, se ha derramado en Colombia y rectifique.

Notas. Felicitaciones a Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de Semana, por su muy merecido y prestigioso premio Maria Moors Cabot. Gracias a sus investigaciones, se han destapado las “chuzadas”, la corrupción en sectores de las Fuerzas Armadas, etc. Ese, el de Ricardo, es el periodismo que Colombia necesita. 

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  • 20.24.-Orates en el poder: ¡ajúa! – CECILIA OROZCO
  • Hay que aprovechar –YOHIR AKERMAN
  • Revisión de los “TLC”, unica salida al desastre del sector lácteoDIGNIDAD AGROPECUARIA
General Zapateiro

Empezando por el presidente, que no impacta por la superioridad de conocimientos, la firmeza de carácter o las dotes de líder, no hay entre su gabinete —incluida su vicepresidenta—, sus directores, sus comandantes y hasta los servidores de otras ramas que han sido elegidos con su concurso, un solo personaje que descuelle sobre los demás por su gran estatura moral o intelectual. Más bien reina la desfachatez, y su rasero — ¿por qué no decirlo?— es la mediocridad.

8 jul 2020.- Por definición, el comandante del Ejército es el jefe de la tropa, el más fuerte pero también el prudente que calla, el que sabe cuándo habla, cuándo se repliega, cuándo avanza y, ante todo, hacia dónde va; el que huele, primero que los demás, las trampas y no cae ni deja caer a sus hombres en estas. Bueno, ¿le han seguido la pista al general Zapateiro? Sucesor de general Nicacio Martínez (el oficial que tuvo que retirarse debido a las revelaciones sobre una nueva ola de espionaje militar ilegal que apuntaba a blancos inocentes, “culpables” de ejercer la oposición política o el periodismo libre), Zapateiro fue designado por Duque el día antes de terminar 2019, 30 de diciembre (ver), durante un florido discurso en que alabó tanto a Martínez que no termina de entenderse por qué lo echó.

Un mes después del homenaje y ya en funciones, este maravilloso oficial del glorioso Ejército Nacional le presentó “a la familia de (alias) Popeye nuestras sentidas condolencias” por su fallecimiento. Recordó, en esa grabación de video cuyo escenario fue su despacho oficial, su escritorio y, detrás, las banderas de Colombia y de su fuerza, que “hoy (6 de febrero de 2020) ha muerto un colombiano” y que sin importar lo que hubiera pasado en su vida, según resaltó, “el Ejército Nacional en cabeza de su comandante… lamenta mucho la partida de Popeye” (ver). A quienes por su juventud no tienen en la memoria “lo que pasó en la vida” del asesino al que el general despidió de manera tan conmovedora, hay que contarles que Popeye fue uno de los sicarios predilectos del narcotraficante Pablo Escobar, y que fue autor y coautor de unos 3.000 asesinatos, torturas y masacres. El dolor que volvieron a sentir las 15.000 o 20.000 víctimas directas del criminal Popeye, ante tamaño agravio, habría sido suficiente para destituir al militar que manchó su honor y el de la patria, para expresarlo en términos castrenses. Como es usual, no pasó nada después de unas protestas que no tuvieron eco en la Casa de Nariño en donde el nominador de Zapateiro no se dio por enterado de la magnitud de la ofensa a la ciudadanía decente de Colombia.

Tres meses después el comandante Zapateiro fue muy bien ataviado y sin una arruga en su uniforme a una entrevista en el canal RCN con su director, Juan Lozano. Al terminar, el general se dio gusto. En tono exaltado, con voz temblorosa de la emoción y como si un diablo hubiera tomado posesión de su cuerpo, se despidió: “¡Gracias por permitirme hablarle a mi pueblo, el pueblo, la tierra donde nací! ¡Y que no les voy a fallar a ustedes! (sic)… ¡Aquí no puede haber un hombre, un hombre, una mujer, un soldado que en todas sus calificaciones y grados vaya a manchar y a enlodar todo lo que en 200 años hemos construido!”. Llegando a un estado de paroxismo que Lozano miraba con asombro, Zapateiro terminó mientras movía enérgicamente sus puños: “¡Patria, honor, lealtad! ¡¡Ajúa!!”. El director del noticiero, anonadado, solo atinó a despedirlo: “Muchas gracias, general Zapateiro” (ver).

La semana pasada, se conocieron dos nuevas piezas de su personalidad: una carta de controversia política que, por supuesto, no le corresponde escribir a un oficial en servicio activo, menos aún con la responsabilidad de la comandancia del Ejército en sus hombros, al expresidente Samper por un trino con sentido confuso que este publicó. Desde luego, el general debió obedecer órdenes del ministro Trujillo y del presidente Duque. Locos también, pues ellos podían legítimamente pedirle explicaciones al exmandatario. Y, por último, se conoció otra grabación, esta vez en audio, de un discurso que Zapateiro les dio por radio a los sargentos de su arma por los escandalosos episodios de violaciones sexuales a niños menores de 14 años, por parte de 118 uniformados, de acuerdo con lo que el Ejército ha aceptado. De nuevo, lució su estilo: los gritos, las frases, la altanería, la amenaza y la ridiculización del otro (oír). Con razón, el portal Las2Orillas no tuvo empacho en titular con la frase de un crítico en las redes: “¿Alguna duda de que Zapateiro es un loco fanático?”. Retrato del extraño personaje en quien reposa la seguridad nacional.

https://www.elespectador.com/opinion/orates-en-el-poder-ajua/

20.24.-Hay que aprovechar – YOHIR AKERMAN

Una conversación telefónica en poder de la Fiscalía demuestra que el presunto narcotraficante José Guillermo Ñeñe Hernández estaba haciendo favores entregando cuotas burocráticas y repartiendo mermelada a sus cercanos con ascensos y puestos en el Gobierno. El Ñeñe se describía así mismo como un operador y amigo del presidente Iván Duque. Y al parecer de manera muy efectiva.

12 jul 2020.- La conversación fue interceptada de manera legal por agentes de la Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia (Dijin), en el proceso de investigación del homicidio a un joven llamado Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, quien habría sido asesinado por el Ñeñe Hernández para librarse de una deuda que tenía con la familia de su víctima.

Esa investigación al brazo político de la organización criminal de Marquitos Figueroa fue liderada por la Fiscalía 21 de Crimen Organizado, que llevaba el proceso del asesinato del joven de 29 años. Ese despacho del ente acusador autorizó las interceptaciones legales de las líneas celulares del Ñeñe Hernández y de seis personas más, resultando en los cientos de horas de audios de Hernández hablando en plena campaña de dineros y compra de votos en La Guajira y Santander a favor del entonces candidato Iván Duque.

Pues este audio es del 4 de julio de 2018, ya cuando Duque era el presidente electo. La grabación comienza con la voz femenina de una mujer diciendo:

-Voz femenina: Gracias, buenos días. Hágame un favor: ¿con José Guillermo?

-Ñeñe: ¿De parte?

-Voz femenina: Aleida González.

-Ñeñe: Ah, mi vida, ¿qué más?

Rápidamente después de identificarse, la voz femenina reconocida como Aleida González pasa al grano de la conversación.

-Voz femenina: Sí, estoy en Bogotá, José, hace dos años en la Superintendencia de Notariado y Registro. Y aprovecho para saludarte y también para llamarte y para pedirte un favor, José. A mí me dijeron que tú eras muy amigo del súper, ahora van a ascender gente.

-Ñeñe: Ajá.

-Voz femenina: Sí, están ascendiendo gente, yo estoy en un grado 16, José Guillermo, yo me gano cuatro millones de pesos aquí, estoy educando a mis hijos y me pueden subir a un grado 19 encargada y tengo los… requisitos.

-Ñeñe: Yo soy muy amigo de Jairo y de Jorge Vélez…

-Voz femenina: Bueno, bueno, yo entré hace dos años aquí y me ha ido muy bien…

-Ñeñe: Escríbeme… escríbeme… escríbeme porque igual voy a hacer una vuelta con Darío, mi cuñado, y lo voy a hacer esta semana… entonces…

-Voz femenina: Bueno…

-Ñeñe: Escríbeme… porque me va a tocar ir a Bogotá, a hacer esa vuelta personalmente…

La mujer que le hace la petición al Ñeñe es Aleida Paola González Castro, profesional especializada de la Superintendencia de Notariado y Registro y, antes de eso, juez 1593 de la República, según su hoja de vida de la función pública.

El presunto narcotraficante, que, sin titubear, le asegura a González que irá a Bogotá a hacer la vuelta de ella y de su cuñado reuniéndose personalmente con sus amigos, se refiere a Jairo Alonso Mesa Guerra, hoy en día en la Registraduría Nacional y quien en el momento de la llamada trabajaba en la Superintendencia de Notariado, al igual que Jorge Enrique Vélez, hoy presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). Vélez era nada más y nada menos que el superintendente para entonces.

Es importante recordar que Vélez tuvo que salir en marzo de este año a responder ante los medios por una foto en una cena en la que aparece junto a varias personas, entre ellas el Ñeñe Hernández.

En su momento, el dirigente estableció categóricamente en una rueda de prensa: “Cuando me invitan a una comida, yo nunca pido la lista de quienes van a ir. Me invitaron a una comida de la comunidad del festival de vallenato, estaba el presidente del festival vallenato. Yo voy frecuentemente a Valledupar, y a la comida fueron unas 20 personas. Yo tengo fotos con un millón de colombianos y nunca me negaría a una foto”.

Un tirazo. Pero lastimosamente pegó en el palo.

Porque, a juzgar por la conversación del Ñeñe, tampoco se negó a ayudar con los pedidos del presunto narcotraficante que se refiera a él como un “amigo” en la Superintendencia.

Pero sigamos con las palabras del Ñeñe en la conversación que hoy se conoce, porque nada mejor para entender su alcance que su propia voz. En el audio le dice a Aleida González:

-Ñeñe: Mándame los datos, mejor dicho: son dos favores, con mucha vaina que me han llamado, son dos favores que voy a pedir nada más. ¿Oíste?

-Voz femenina: Bueno… listo… dale… Bueno, un abracito…

-Ñeñe: La gente ahora me camina por la amistad con el presidente, todo el mundo camina… ¿ya me entiendes?

-Voz femenina: Claro, por eso, figúrate. Sí, claro, figúrate… hay que aprovechar.

Ñeñe: Hay que aprovechar esa vuelta.

Todo parece indicar que sí la aprovechó, y mucho, pero los funcionarios que le caminaban por su “amistad con el presidente” ahora tratan de negar la existencia de su relación.

https://www.elespectador.com/opinion/hay-que-aprovechar/

 

20.24.-Revisión de los “TLC”, unica salida al desastre del sector lácteo – DIGNIDAD AGROPECUARIA

En medio de la grave pandemia generada por el Covid-19 con sus contundentes secuelas sanitarias, económicas y sociales, campea de nuevo la crisis sobre los productores de leche del país.  La decisión de Alpina de rebajar de manera sustancial el precio del litro pagado a sus proveedores, y la notificación que dejará de recoger el 10% de lo que produzcan, es el anuncio.

De nuevo, las exigencias extremas de calidad al recibo, el pico y placa, y el abandono de rutas de veredas y municipios distantes, llevarán al abandono de la actividad a otros miles de pequeños y medianos ganaderos. Asoleche en su fatídico comunicado del pasado miércoles, justifica el accionar de sus afiliados por una falaz enlechada, para ellos causada por el aumento del precio de la leche pagado al ganadero, que llevó, afirma, a la disminución del consumo interno; señalan además que ya “socializaron esta información con el gobierno nacional”, bogan por acaparar todos los apoyos oficiales y ponen de nuevo sobre la mesa su exigencia de “libertad de precios”.

Las masivas importaciones de leche realizadas al amparo de los TLC, son la causa del nuevo desbarajuste que se inicia en el sector lácteo. Los 7.300 millones de litros de leche que al año producen los ganaderos del país abastecen el mercado interno, y en las dos épocas de invierno se generan excedentes que deben suplir la baja de la producción en los veranos. Las 41.261 toneladas importadas en 2016, fueron superadas con creces el año pasado cuando importamos 61.300 toneladas, cifra que será rebasada de nuevo en el presente; en los primeros cinco meses ya han ingresado más de 40 mil toneladas de productos lácteos, lo que augura la llegada de cerca de 80 mil toneladas, 25% más, al finalizar el año, volumen con el que ya se reemplaza cerca del 10% de la producción nacional.

Enlechada no ha habido, las lluvias han sido tardías en la costa y el interior y la producción se recupera de manera lenta; los precios pagados con bonificaciones más altas lo demuestran y los inventarios de la industria, de leche líquida 27 millones y, 9.300 toneladas en polvo, son normales.

Seis grandes empresas, casi todas importadoras, ya procesan el 60% de la leche acopiada,  definen el precio de venta al consumidor a su arbitrio, con márgenes de rentabilidad cada día mayores que hacen inalcanzable el valioso líquido a los más de 30 millones de compatriotas que se debaten entre la pobreza y la miseria; burlan el precio de pago al productor al tener la potestad de manera absurda, de definir las bonificaciones que por calidad deberían recibir de manera rigurosa los productores, rechazan el aumento del precio pagado por litro, desconociendo que en la última década los costos de producción se incrementaron en un 60% mientras que lo recibido solo en un 44%; lograron ya, con la Resolución 083, pagar la leche más barata en las denominadas áreas Zomac y hoy, insaciables, de nuevo exigen libertad de precios que, de ser otorgada haría más despejado el camino para la destrucción del sector lácteo nacional, y a sus anchas suplir con importaciones la demanda interna de los colombianos.

Lo que está en juego no es de poca monta: es la lenta pero segura desaparición de más de 300 mil pequeños, medianos y aún grandes productores de leche, que no tienen alternativa viable en otra área del agro del país; es el incremento de manera dramática del desempleo rural con su corolario de miseria e inseguridad; es reemplazar el trabajo nacional por el extranjero y aumentar la pérdida de la seguridad alimentaria, bien debilitada hoy con las 14 millones de toneladas de alimentos que importamos y que podríamos producir.

Solo la modificación de la política impuesta desde hace 30 años al país y que el presidente Duque representa y profundiza, logrará salvar al sector lácteo de la debacle. La inmediata revisión y modificación de los TLC, que son el paraguas para las masivas importaciones de productos lácteos, es la exigencia.

Desde Dignidad Lechera que hace parte de Dignidad Agropecuaria, llamamos a los productores, a sus organizaciones Cooperativas y a las gremiales, a los transportadores y jarreadores, a las pequeñas y medianas industrias de queso y quesillo, a tender puentes de manera urgente para ampliar la discusión  sobre la delicada situación que vive el sector, compartirla  con los productores de otros renglones que son o han sido afectados por la misma causa, con las organizaciones políticas y sus voceros a nivel regional y nacional que compartan la responsabilidad de defender la producción nacional y así  preparar de manera organizada la resistencia y definir las tareas necesarias para lograr modificar la causa principal del desastre del agro nacional, que lleva a la desaparición de miles de ganaderos, hoy notificados.

Dignidad Lechera Nacional
DIGNIDAD AGROPECUARIA COLOMBIANA
Julio 11 de julio de 2020

  • 20.23.-La mugre bajo la alfombra– CECILIA OROZCO
  • El negocio en los Montes de María YOHIR AKERMAN

Va siendo hora de que sepamos la verdad sobre la renuncia obligada y el consiguiente retiro del servicio activo del general Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, pese a ser uno de los mejores oficiales de Inteligencia del Estado.

1 jul 2020.- Su historia, que aún no se ha contado como es, ha vuelto a atraer la atención de columnistas y medios porque se cruza, en algunos capítulos de su persecución a las lavanderías de activos y el contrabando, con el barranquillero Alex Saab, supuesto testaferro del presidente de Venezuela; con uno de los abogados de Saab; con un expresidente de la República y hasta con el actual mandatario y su ministro de Defensa. Esa historia, que el general no ha querido revelar tal vez por la enormidad de los poderes ocultos que tendría que enfrentar —ahora sin la protección de la institución a la que sirvió—, también interesa a las agencias de seguridad de Estados Unidos que están presentes en Cabo Verde con la misión de llevar a Saab a territorio norteamericano para exprimirle los secretos que conoce de Maduro y sus supuestos secuaces, de una parte del establecimiento colombiano y de algunos de sus protagonistas, elevados a esta categoría por la prensa que se conforma con el registro de noticias y la banalidad social. Investigadores y columnistas de la talla de Gerardo Reyes, de Univisión (Miami), María Jimena Duzán, de Semana, y Yohir Akerman, de El Espectador, dedicaron sus recientes textos al “intocable” Saab que “tejió una vasta red de corrupción… con el incremento artificial del valor de contratos, importación ficticias, cobro por bienes y servicios no prestados y sobreprecios en comida” subsidiada por el régimen del vecino país. Pues bien, el funcionario que investigaba, al lado de agentes norteamericanos, cómo operaba la maquinaria delictiva liderada por el socio de Maduro era el general Buitrago. Pero mientras este avanzaba en los descubrimientos sobre el entramado criminal de Saab, el prestigio de su carrera era sometido a un torbellino de chismes y tráfico de influencias ante el gobierno Duque.

En los despachos más altos de la Policía consta que varios meses antes del retiro de Buitrago, el Ejecutivo estaba pidiendo su cabeza y que, como premio de consolación, le iban a ofrecer un cargo en el exterior. Finalmente, el general renunció por dignidad pero sin bajar la cabeza: en su carta afirmó que “los principios no se negocian”. María Jimena recuerda que cuando su relevo se produjo, se comentó que el retiro del alto oficial se debía a la presión de Abelardo de la Espriella, abogado y amigo del extraditable Saab; abogado y amigo, simultáneamente, del expresidente Andrés Pastrana, de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y del ministro de Defensa y superior jerárquico de Buitrago, Carlos Holmes Trujillo. (Imagínense: el general iba tras Saab cuyo apoderado era el mismo del ministro Trujillo).

De la Espriella ha negado la versión sobre su incidencia en la salida del general e incluso aseguró que Buitrago aclararía el rumor, cosa que, hasta hoy, no ha ocurrido. Por su parte, Pastrana celebró la renuncia del exdirector de la Polfa en varios trinos que publicó en su cuenta de Twitter. Y, además, replicó que “meses antes de la ‘irrevocable’ carta del Gral. Juan Carlos Buitrago informé al @mindefensa sobre temas que a él (Carlos Holmes Trujillo) le correspondería explicar”. El misterio no se resolvió porque, de nuevo, el exalto oficial se negó a hablar con la prensa y Trujillo no ha abierto la boca. Pero como nada hay oculto bajo el sol, con la feliz captura de Saab en Cabo Verde, ha quedado expuesta la mugre bajo la alfombra. Akerman advierte, de acuerdo con las investigaciones de Gerardo Reyes, que el abogado De la Espriella, en su tarea de representar jurídicamente a Saab, pudo entrar en conflicto con normas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Únicamente con la evolución de los hechos y el tiempo, se constatará si eso es así. En cuanto al expresidente Pastrana, sorprende que su inseparable jefe de seguridad por muchos años, el coronel de la Policía Faxir Ramírez Horta, por quien armó una pataleta, en 2014, cuando lo iban a relevar de su esquema, sea actual subdirector de la Polfa, misma entidad de la que el gobierno Duque quería separar a Buitrago. Va siendo hora de conocer la verdad sobre este escandaloso episodio de la vida pública del país. Se entendería, entonces, el contexto de la frase que pronunció Buitrago frente al ministro de Defensa, en diciembre pasado: “Las injerencias indebidas externas con cálculos políticos e intereses contrainstitucionales lesionan el honor policial”.

https://www.elespectador.com/opinion/la-mugre-bajo-la-alfombra/         

20.23.-El negocio en los Montes de María  YOHIR AKERMAN                      

Contralmirante Rodrigo Quiñones

Los agentes de las Fuerzas Armadas corresponsables por la horrible 

política de terror que se vivió en los Montes de María en el año 2000 siguen muy campantes sin ningún castigo.

Me explico.

5 jul 2020.- Las investigaciones sobre la responsabilidad de los integrantes de la Brigada Primera de Infantería de Marina (Briprima), y en especial en contra del contralmirante Rodrigo Quiñones, por las relaciones de coordinación, colaboración y actuación conjunta que permitieron a los grupos paramilitares la realización de varias masacres en la región de los Montes de María, no han avanzado más de 20 años después.

Peor aún, las investigaciones que se movieron lo hicieron en el sentido contrario, absolviendo a algunos oficiales pese a que la evidencia y los testimonios son claros en demostrar que estaban estrechamente ligados a los paramilitares y que se beneficiaron de esa relación.

La primera razón por la que se dio esta deformación de la justicia recae en el primer fiscal que recibió estas investigaciones, el señor Luis Camilo Osorio. En vez de indagar, profundizar y valorar la evidencia de manera concreta sobre la vinculación de los integrantes de la Fuerza Pública, se dedicó a tomar medidas para proteger a los victimarios.

Esa es una de las conclusiones que trae el informe titulado “El silencio de las gaitas” sobre el papel de las Fuerzas Armadas en las masacres de los Montes de María durante el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana Arango.

El documento explica que, entre los años 1998 y 2001, los paramilitares perpetraron alrededor de 40 masacres, bajo el pretexto de eliminar el apoyo o la base social de la guerrilla, con el terrible resultado de 354 víctimas fatales.

Estos actos violentos se convirtieron también en acciones que acabaron con la identidad de los Montes de María, en las que los perpetradores destruyeron bienes, realizaron actos de hurto, infligieron torturas, cometieron actos de violencia sexual y llevaron a cabo desapariciones forzadas.

El informe, realizado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas, da cuenta de numerosas violaciones de Derechos Humanos cometidas en esa región, narrando en detalle diez de las masacres que produjeron como resultado el asesinato de 175 pobladores.

Entre esos delitos horrendos se narraron violaciones a menores de edad indígenas, mostrando que no es nuevo el escabroso escándalo al que estamos enfrentados hoy en día, donde las Fuerzas Armadas abusan de las comunidades indígenas que deberían proteger.

Todo esto, en asocio con los paramilitares.

Pues enfoquémonos en uno de esos actos de exterminio. La masacre de El Salado fue planeada por los jefes paramilitares del Bloque Norte: Salvatore Mancuso; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y John Henao, alias H2, con la colaboración y visto bueno de altos mandos de la Armada Nacional que tenían a su cargo para el año 2000 la extensión territorial de los Montes de María.

Según el informe, que estudia la evidencia que existe en estos casos y recoge varios de los testimonios de los paramilitares desmovilizados, queda comprobado al apoyo que recibieron las Autodefensas de parte de la Brigada Primera de Infantería de Marina (Briprima), facilitando la movilización de las tropas ilegales en la región y la incursión que resultó en esa destrucción.

De esos testimonios, dos se han referido de manera directa a la colaboración prestada por el contralmirante Quiñones para la incursión que finalizó en la consumación de ese horrible exterminio. El otro se refirió a la participación directa de 25 integrantes de esta unidad de infantería de la Armada Nacional en la masacre.

Horripilante.

El informe hace un simple análisis que hubiera podido hacer la Fiscalía, y es que desde el lugar del cual salió la operación paramilitar, la finca El Palmar, ubicada a las afueras del municipio de San Onofre, hasta el corregimiento de El Salado, la tropa de paramilitares fuertemente armados debió recorrer aproximadamente 400 kilómetros en los que tuvo que pasar, por lo menos, por diez puntos de control de la Fuerza Pública.

Las Autodefensas no hubieran podido hacer eso si no era en coordinación con las autoridades locales. Fuera de eso, la evidencia muestra que el 23 de diciembre de 1999 un helicóptero lanzó volantes sobre el casco urbano de El Salado con amenazas directas a sus habitantes. Los panfletos le advirtieron a la comunidad que comieran, bebieran y celebraran las fiestas de fin de año, “pues estas serían las últimas”.

De terror.

La documentación muestra que, aunque el DAS mediante actividades de inteligencia tuvo conocimiento previo de que los paramilitares iban a realizar la masacre y puso la situación en conocimiento de la Briprima, la brigada no adoptó las medidas necesarias para contrarrestar la incursión y para proteger a la población, prefiriendo quedarse quietecitos.

Todo, con un agravante. El Salado fue uno de los epicentros del fenómeno de acumulación en la tenencia de tierras mediante la compra por precios irrisorios y el englobe de predios de terratenientes y hacendados. Entre los englobadores se encuentran personas que estuvieron directamente vinculadas a la masacre.

Es decir, todo era un negocio. El negocio de la muerte para englobar la tierra que quedaba.

Y mientras todos los paramilitares y la documentación señalan la responsabilidad del entonces comandante de la Briprima, Rodrigo Quiñones Cárdenas, como uno de los autores determinadores del ataque contra la población civil asentada en el corregimiento de El Salado, a este no le ha pasado nada y sigue con su labor de profesor en la Universidad Militar.

https://www.elespectador.com/opinion/el-negocio-2/

  • 22.-La falange contralor-fiscal –CECILIA OROZCO
  • El profesor YOHIR AKERMAN
  • Ñeñepolítica: La historia de Carlos Rodríguez, “el Sastre”-DIANA DURÁN NÚÑEZ

Foto: de izquierda a derecha procurador Carrillo, contralor Córdoba y el fiscal Barbosa

 La atractiva alianza que formalizaron el saliente procurador Carrillo, el contralor Córdoba y el fiscal Barbosa para vigilar a quienes manejan los millonarios dineros de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia podría ser tranquilizadora, pero, también, muy inquietante.

24 jun 2020.- Aparte de que los tres personajes podrían terminar actuando en gavilla contra algún funcionario que se ponga en su mira por X o Y razón (por ejemplo, el gobernador de Antioquia a quien la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento y al que la Contraloría le abrió, casi de manera simultánea, dos indagaciones por supuestos sobrecostos en contratos de alimentos), también tienen la tentación de competir por cuál de ellos abre más investigaciones, descubre más escándalos y es más capaz de encartar a personajes de relevancia como, precisamente, los gobernadores y alcaldes actuales aunque, después, las sospechas concluyan en que no había nada sustancial en estas.

Lo que las tres cabezas de los organismos de control e investigación anuncian es de tamaño sideral. Según Barbosa, la Fiscalía ha abierto 117 indagaciones por corrupción en los 32 departamentos, e investiga a tres gobernadores, al alcalde de Cartagena y a otros 14 mandatarios municipales. El procurador Carillo advirtió que adelanta 813 procesos disciplinarios en 27 gobernaciones, y otros 396 casos disciplinarios contra un número indeterminado de alcaldías, además de que ordenó la suspensión de ocho alcaldes y sus secretarios que llevaban escasos cuatro meses en sus cargos. Y el contralor Córdoba no se iba a quedar atrás: afirmó que su entidad ha revisado contratos por $3,9 billones, ha emitido 340 alertas por presuntos sobrecostos en contratos de 25 gobernaciones que sumarían $484.000 millones, y añadió que investiga, aparte del de Antioquia, a cuatro gobernadores y a siete alcaldes.

Si todas las indagaciones, procesos y alertas que tanto el procurador como el contralor y el fiscal han abierto condujeran a condenas por la seriedad de las pruebas que encontraran, el 100 % de los gobernadores y un gran porcentaje de mandatarios locales serían destituidos, irían a la cárcel y pagarían enormes sumas en multas y sanciones. Sin embargo, la experiencia indica que no es eso lo que sucederá; que, con el paso de los años, la responsabilidad de la mayoría de los encartados no será demostrable; que un buen número de expedientes se empolvarán en los anaqueles de los despachos de sus delegados, y que solo un pequeño grupo recibirá castigo. La espuma de la vanidad de Córdoba y Barbosa —pues Carrillo concluye su periodo en seis meses — habrá hecho la tarea de ubicarlos como los superhéroes de la lucha contra la corrupción pese a que sobre los hombros de estos dos altos servidores del Estado pesen las mismas sombras que oscurecen la conducta de sus investigados. Con la diferencia de que no hay procurador, contralor, fiscal, juez o magistrado que se atreva a desafiar el poderío del contralor general de la República y, menos, el del omnipotente fiscal general de la Nación.

En el Estado democrático en que vivimos, ¿quién ronda a Felipe Córdoba y a Francisco Barbosa? ¿Quién se conmovió, quién protestó, quién discutió siquiera si a la luz de la moralidad pública que ellos pretenden representar es “normal” que el primero contrate a la esposa del segundo en cargo pagado con presupuesto derivado de impuestos, y que Barbosa incluya entre los miembros de su cúpula oficial a la cónyuge de Córdoba, a quien le cedió el poder de darles o quitarles un empleo oficial a miles de funcionarios? Los contratos que firman los encartados en la Fiscalía y la Contraloría son objeto de revisión, pero los que se ejecutan en estos entes ¿no? ¿Pasarían un examen ético los puestos que habrían repartido el contralor y el fiscal entre amigos y familiares de magistrados y congresistas, y las órdenes de pago por centenares de asesorías externas avaladas por ellos?

 Las últimas noticias sobre la falange Córdoba-Barbosa son aún más preocupantes: al tiempo que se exhiben como los luchadores anticorrupción, conspiran para posicionar a sus candidatos en la carrera para elegir procurador general, defensor del Pueblo y hasta para ocupar la silla de magistrado de la Corte Constitucional que dejará libre Luis Guillermo Guerrero. El clientelismo baila entre una y otra “ía”, en su más grotesca expresión. ¿Quién juzga a la falange? Nadie.

https://www.elespectador.com/opinion/la-falange-contralor-fiscal/

20.22.-El profesor – YOHIR AKERMAN

Foto: de izquierda a derecha: abogados penalista Abelardo de la Espriella, presunto lavador y testaferro Álex Nain Saab Morán

Dos historias publicadas por el periodista investigativo Gerardo Reyes, de la cadena de televisión estadounidense Univisión, han dejado importantes preguntas sobre la relación entre un presunto lavador y testaferro del régimen venezolano y uno de los abogados más reconocidos de la derecha política colombiana.

Vamos por partes.

28 jun 2020.- El 25 de julio de 2019 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al ciudadano colombiano Álex Nain Saab Morán, por su presunta participación en operaciones de lavado producto de la corrupción en Venezuela. Hoy el colombiano está retenido en Cabo Verde mientras se adelanta su pedido de extradición a Estados Unidos.

Según la OFAC, Saab es un especulador que tejió una vasta red de corrupción que ha permitido a Nicolás Maduro y a su régimen obtener lucros significativos mediante importaciones de alimentos y su distribución en Venezuela.

Este personaje también se ha lucrado a través del incremento artificial del valor de contratos, importaciones ficticias a Venezuela, cobro por bienes y servicios no prestados, y sobreprecios en comida de baja calidad del programa de subsidios para alimentos denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocidos como CLAP. (Ver anexo Sanción).

Para el gobierno de los Estados Unidos, Saab se ha hecho multimillonario volviendo pobre a Venezuela y lavando sus utilidades en la banca de varios países incluyendo la de Estados Unidos. Como es de público conocimiento, uno de sus abogados ha sido el penalista Abelardo de la Espriella.

Aquí es donde se pone interesante la historia gracias a las revelaciones del periodista Gerardo Reyes. Resulta que no hay claridad sobre cuándo fue la fecha exacta de la renuncia de De la Espriella a la representación de su cliente.

Univisión Investiga estableció que cuando Saab ya había sido sancionado por la OFAC, De la Espriella Enterprise Lawyers publicó un comunicado de prensa en defensa de su cliente, reconociendo la existencia de la sanción, pero reivindicando los derechos de Saab “a la presunción de inocencia y al debido proceso, los cuales asisten a él y a todos los seres humanos”. (Ver anexo Comunicado).

Como lo pudo determinar el periodista investigativo, de acuerdo con la ley de Estados Unidos, a esas alturas De la Espriella ya debía haber renunciado a la defensa de Saab, puesto que el penalista es un residente permanente de Estados Unidos y, por lo tanto, está obligado a obtener una licencia especial de la OFAC para que él o cualquier empresa en la que tenga intereses represente a una persona sancionada.

De la Espriella le explicó a Reyes que renunció a la defensa de Saab, pero no precisó cuándo, ni mostró prueba documental de esa renuncia. “Univisión insistió con la pregunta de la fecha exacta de su renuncia a la defensa de Saab, pero De la Espriella no respondió. ‘Deje de acosarme’, le dijo al periodista”. (Ver No tiene permiso).

La OFAC le explicó a Univisión que los abogados no residentes ni ciudadanos de Estados Unidos pueden representar a un sancionado, siempre y cuando el pago no pase por el sistema bancario de Estados Unidos y “el ciudadano o residente de Estados Unidos no esté involucrado de ninguna manera”.

Por eso vamos a la segunda revelación de Reyes.

Para entenderla hay que mencionar al profesor universitario de Miami Bruce Bagley, un especialista en prevención de lavado de dinero que, de un momento a otro, decidió saltar de la teoría a la práctica. El pasado 1° de junio se declaró culpable ante un tribunal federal de Nueva York de haber lavado dinero para Álex Saab.

El profesor confesó que blanqueó tres millones de dólares para Saab provenientes de corrupción en Venezuela y por eso se convirtió en una pieza clave dentro de la investigación.

Según los documentos judiciales, el gobierno confiscó un total de 300.000 dólares que el profesor se descontó como comisión por facilitar el lavado en Miami de múltiples transferencias. El resto, 2,7 millones de dólares, lo transfirió a un coconspirador, identificado por la acusación como “Individuo 1”.

Bagley identificó al Individuo 1 como Jorge Luis Hernández, alias Boliche, quien es un exnarcoparamilitar vallenato hoy informante de las agencias antinarcóticos estadounidenses, según fuentes de Univisión.

La acusación no explica qué sucedió con el dinero después de que el informante lo recibió. Pero lo que sí revela es que el profesor participó del entramado a sabiendas de que los fondos eran producto del “soborno y la malversación” de recursos robados al pueblo venezolano. Así también quedó confirmado por la intervención legal a las comunicaciones del académico.

Ahora bien, según el artículo de Reyes, unas fuentes le aseguran a ese medio que alias Boliche usó parte de ese dinero para pagar a abogados de Saab que le ayudarían a buscar un acercamiento con las agencias de Estados Unidos para una eventual negociación. Siempre de acuerdo con las fuentes citadas por Reyes, Saab quería que el tema se manejara con discreción para que Nicolás Maduro no se enterara.

Los abogados que ha usado Saab en Estados Unidos han negado esto. Por un lado, la criminalista María Domínguez no ha querido pronunciarse frente al tema, mientras que Abelardo de la Espriella le dijo a Reyes que no conocía detalles del caso del profesor Bagley y, si bien aceptó haber recibido honorarios de Saab y de su socio Álvaro Pulido, enfatizó que esos dineros “fueron debidamente reportados a las autoridades”. “Así es como siempre procedo […] No he cometido delitos”. (Ver Artículo).

A todas estas, hay una información que llama la atención.

Dentro de la demanda civil que el abogado De la Espriella le instauró en Estados Unidos en febrero de 2018 al periodista Daniel Coronell por una columna titulada “El avión”, uno de los dos testigos que incluyó para demostrar el supuesto daño que el artículo le hizo a su reputación fue el profesor Bruce Bagley. (Ver anexo Demanda).

https://www.elespectador.com/opinion/el-profesor/

20.22.-Ñeñepolítica: La historia de Carlos Rodríguez, “el Sastre”- DIANA DURÁN NÚÑEZ

Durante años fue vestuarista de ídolos del vallenato como Diomedes Díaz y Rafael Orozco con su sastrería GQ, que era famosa en Barranquilla. Ahora se dedica a la ganadería, hacer préstamos e intentar que los culpables del asesinato de su hijo Óscar sean condenados.

Esta escena la captó un fotógrafo de “El Heraldo” en el sitio donde mataron al hijo de Carlos Rodríguez. / El Heraldo

Este año, una tormenta política azotó la Casa de Nariño y el ciclón no se desvanece aún. Coloquialmente recibió el nombre de la ñeñepolítica y el origen es el audio de una conversación del 3 de junio de 2018, justo antes de la segunda vuelta para elegir presidente, entre José Ñeñe Hernández y María Claudia Daza: el primero, un ganadero de La Guajira que resultó inmerso en una investigación en la que aparecían también “Marquitos” Figueroa y su estructura criminal, y la segunda, una cercana colaboradora del senador Álvaro Uribe.

 27 jun 2020.- “Estoy que busco una plata por debajo de la mesa para soltarla en los departamentos”, dijo Hernández. “Eso es lo que estamos haciendo”, le contestó Daza. (El audio completo que originó el escándalo de la “Ñeñepolítica”)

Ese, del cual lleva hablando el país desde marzo de este año, tiene múltiples aristas. Una de ellas, en la que poco se ha ahondado, es en la historia de Carlos Rodríguez, el padre de Óscar Rodríguez, quien fue asesinado el 18 de agosto de 2011 en Barranquilla. Por ese crimen fue que el Ñeñe Hernández terminó con su teléfono interceptado a partir del 26 de mayo de 2018. Cuando la Fiscalía empezó a indagar por el asesinato, fue el propio Carlos Rodríguez quien apuntó primero hacia el Ñeñe Hernández: habían sido amigos mucho tiempo, pero, en ese instante, él le debía un dinero. Y esa deuda, dijo entonces Rodríguez, convertía al Ñeñe Hernández en sospechoso de la muerte violenta de su hijo.

Carlos Eduardo Rodríguez Gómez era un conocido sastre en Barranquilla. Su cercanía al mundo vallenato lo hizo el creador del guardarropa de cantantes como Diomedes Díaz y Rafael Orozco. También era prestamista, ganadero y, además, tenía acciones en Ciledco, empresa de productos lácteos con sede en la capital del Atlántico. En 2004, sin embargo, resultó implicado en una gran redada contra el narcotráfico: la operación Iniciativa del Caribe, que comenzó en 1999 y terminó cinco años más tarde con la detención de 330 personas en Colombia, Canadá, Estados Unidos, Bahamas y Panamá. Entre ellos, el Sastre, como era conocido Rodríguez en Barranquilla y por la justicia estadounidense. (Marquitos Figueroa: las demoras de la justicia en el caso del “terror” de La Guajira)

El abogado que representa a Rodríguez en el proceso por el homicidio de su hijo, Miguel del Río, le contó a este diario que el Sastre no fue extraditado a Estados Unidos, sino que él mismo viajó a ese país para entregarse. El indictment (acusación de EE. UU.) contra Rodríguez, conocido por este diario, se aprobó el 1° de junio de 2004. Tres meses más tarde, con Rodríguez ya enfrentando su proceso ante la Corte del Distrito Sur de Florida, este invocó su derecho a guardar silencio “con respecto a cualquier pregunta o interrogatorio, sin importar de qué asunto se trate”, dice un documento de la Corte. Rodríguez le pidió a la Fiscalía estadounidense que remitiera su decisión a todas las agencias del país.

Rodríguez terminó condenado a 46 meses de prisión, que luego se le redujeron a tres años. De acuerdo con la investigación que se hizo, el Sastre hizo parte de una organización de 21 personas (entre ellas los hermanos Elías, Vidal y Hernán Cobos Muñoz, Faser Fakih y Luis Chamorro Britton) que se concertó para ingresar drogas a Estados Unidos desde por lo menos el año 2000, para hacer transacciones financieras en territorio estadounidense, que derivaban de una “actividad ilegal específica” relacionada con narcóticos y para ocultar la “naturaleza, locación, fuente, propiedad y control de propiedades” de origen ilícito. (Los crímenes que le cerraron la puerta a “Marquitos” Figueroa en la JEP)

En 2007, Rodríguez Gómez volvió a Colombia y siguió con su sastrería GQ. “Él tiene muchos conocidos y llega mucha gente a contarle cosas”, contó una fuente de la Fiscalía. Fue en frente de esa sede, justamente, donde un sicario mató a su hijo Óscar. Fue un error, confesaría el sicario después. El objetivo era él, el Sastre. Tras el asesinato, Rodríguez cerró su sastrería, siguió con sus préstamos y negocios de ganadería y volcó su vida a esclarecer el asesinato de su hijo, quien el día de su muerte hizo algo que nunca hacía: manejar el carro de su padre. Fue en el vehículo donde lo acribillaron. Lo acompañaba un hombre llamado igual a él, Óscar Rodríguez, un técnico de aire acondicionado.

Óscar Rodríguez falleció en la calle, frente a la sastrería de su padre en Barranquilla. / El Heraldo

A ese técnico, dice hoy la Fiscalía, Carlos Rodríguez y su abogado, Miguel del Río, le habrían ofrecido un pago para que declarara en el proceso por el homicidio de su hijo. El segundo testigo que supuestamente trataron de sobornar fue Jorge Escorcia. El técnico habría visto en primera fila al sicario del hijo de Rodríguez y Escorcia era el suegro de Javier Mosquera, sospechoso del asesinato. Del Río, en diálogo con este diario, rechaza tajantemente que se haya querido sobornar a testigos: “Éticamente, no creo en la compra de testigos. Pero, además, esos testigos ni siquiera eran relevantes: el sicario se identificó pronto. Es una calumnia completa y coincide con la imputación de cargos”. (“Este caso no tiene que ver con la ñeñepolítica”: fiscal Daniel Hernández)

Del Río se refiere a la imputación que la Fiscalía hizo hace tres semanas en contra de dos investigadores de la Dijín, el sargento Wadith Velásquez y el mayor Yefferson Tocarruncho. La Fiscalía afirma que ambos usaron la investigación por el asesinato del hijo de Rodríguez para interceptar ilegalmente a cinco de sus compañeros de la Policía. Al tomarle una declaración, a finales de mayo pasado, a quien era la fiscal que tenía la investigación, Jenny Andrea Ortiz Ladino, esta aseguró que hace dos años supo del posible soborno de testigos. “Si eso fuera cierto, ¿por qué no lo denunció entonces? ¿Por qué no dejó registro? Es un absurdo”, argumenta Del Río. (“La Fiscalía quiso ocultar los audios de ‘El Ñeñe’”)

Hace unos años, cuando el fiscal del caso por el asesinato de Óscar Rodríguez era otro (Ricardo Bejarano), Carlos Rodríguez tenía línea directa con la Fiscalía. En la Fiscalía, incluso, dicen que algunos interrogatorios se hacían en su casa. Ahora, tanto él como su abogado Miguel del Río están en el radar de la Fiscalía por el supuesto soborno de testigos, y ya hay copias compulsadas para que se determine si ambos deben ser investigados formalmente por ello. Del Río sostiene que esa es una estrategia para desbaratar la ñeñepolítica. La justicia decantará estos y tantos otros elementos que todavía encierran el expediente por la muerte de Óscar Rodríguez, por el que Marquitos Figueroa, “el terror de La Guajira”, ya va a juicio.

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/nenepolitica-la-historia-de-carlos-rodriguez-el-sastre/

  • 21.-La vicepresidenta, no es ninguna víctima sino una privilegiada del  Estado CECILIA OROZCO
  • El que la descubre la paga– YOHIR AKERMAN
  • Marta Lucía y la ética PATRICIA LARA

Foto: vicepresidenta Marta Lucía Ramírez 

Los expresidentes de la República que se detestan entre sí, se critican en público y hacen lo mismo pero con mayor ferocidad en círculos privados, y quienes también se alían en determinadas etapas electorales o cuando conviene a sus intereses particulares embozados de nacionales, fusionaron sus voces en defensa de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por la supuesta “bajeza de los ataques” que habría sufrido hace unos días por parte de dos periodistas (Gonzalo Guillén y Julián Martínez) que descubrieron y divulgaron el secreto que ella decidió mantener sepultado durante 23 años: la condena a su hermano Bernardo en una corte de Florida, por introducir heroína y conspirar para distribuirla en Estados Unidos.

17 jun 2020.- Andrés Pastrana, ahora el mejor amigo de Álvaro Uribe, del que alguna vez dijo que “mientras mis asesores son llamados al nuevo gobierno, los de Uribe están siendo citados a indagatoria”, hizo causa común con este en torno a Ramírez, exsubalterna de los dos. Pastrana, que pretende ser la conciencia de Colombia pese a la elasticidad de su rasero moral, terminó revelando, en un mensaje que publicó en Twitter a favor de la vicepresidenta, que mientras descalificaba a su antecesor por la presunta cercanía de este con el narcotráfico, en cuanto lo sustituyó en la Casa de Nariño dejó de darle importancia al asunto y decidió nombrar en su gabinete, en el cargo de ministra de Comercio Exterior, es decir, representante del Estado ante otros Estados, a la hermana de quien se declaró culpable de traficar con drogas. “A @mluciaramirez no le acepté como impedimento para ser ministra los problemas de su hermano…”.

Álvaro Uribe, a sabiendas de que Bernardo Ramírez llevaba cuatro años en una celda norteamericana, elevó a la pariente directa del convicto al Ministerio de Defensa, una de cuyas funciones es, precisamente, la guerra contra los delincuentes que manejan las rutas de las drogas. La denominó “ciudadana ejemplar al servicio de la patria” y, en cuanto a su hermano, dijo que ella “procedió con toda transparencia”. César Gaviria grabó, exaltado, un video en que sostuvo que como no hay “delitos de sangre, nadie responde ni por sus hijos ni por sus hermanos ni por su esposa ni por nadie”. Y furibundo preguntó: “¡Por qué le iban a revivir una cosa que ocurrió hace 15 años que hoy no es delito de ninguna especie en Colombia!”. Para rematar, Ernesto Samper consideró, de manera tan incomprensible como sus colegas de Presidencia, que “no es un buen camino llevar al terreno personal las diferencias ideológicas (¿?)”.

Muy lejos de estos personajes del olimpo político colombiano que cada vez inspiran menos respeto popular, los ciudadanos de a pie expresaban su molestia por el esqueleto guardado en el armario de Marta Lucía Ramírez, que ha construido sobre sí una imagen de pureza y desinterés en el servicio público de la que hoy sabemos que está cubierta de hipocresía. Pero la vicepresidenta cuenta con suerte: no tiene la sola compañía de los exmandatarios y de sus lamentos de plañidera con los que pretende armarnos un chantaje emocional: el partido de gobierno desplegó una intensa campaña mediática para maximizar sus cualidades y sus “sacrificios” por el país, pero, ante todo, activó una estrategia de señalamientos y acusaciones contra los periodistas que descubrieron los documentos de la condena de Bernardo Ramírez que no eran tan “públicos” como afirmaron el senador Uribe y la propia Marta Lucía. Los mensajeros de la noticia que estuvo sepultada en el álbum familiar de quien aspira a ser la sucesora de Iván Duque fueron declarados culpables de hacer uso de su derecho a la libertad de informar. Se tergiversó el debate y en lugar de discutir si es legítimo, en el plano de la ética, que un alto representante del Estado, unas veces nombrado por el presidente y otras veces elegido por sus votantes, esconda su parentesco con un narcotraficante bajo el argumento del “dolor personal”, la polémica se centró en los reporteros y en sus inclinaciones políticas como si las de estos fueran delictivas y las de la vicepresidenta, incuestionables.

La sentencia T-155 de 2019 de la Corte Constitucional falla sobre la prevalencia del derecho a informar y del derecho de la ciudadanía a saber quiénes son sus voceros. Copio, entre muchas otras frases, la siguiente: “La Corte ha resaltado la importancia de proteger las expresiones o discursos sobre funcionarios o personajes públicos quienes por razón de sus cargos, actividades y desempeño en la sociedad se convierten en centros de atención con notoriedad pública e inevitablemente tienen la obligación de aceptar el riesgo de ser afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas, por cuanto buena parte del interés general ha dirigido la mirada a su conducta ética y moral. La Corte ha justificado esta amplitud en la protección que se debe garantizar a los discursos dirigidos en contra de estas personas, además del interés público que generan las funciones que realizan, en el hecho de que se han expuesto voluntariamente a una mayor visibilidad al ocupar un determinado cargo y porque tienen una enorme capacidad de controvertir la información a través de su poder de convocatoria pública”. De modo que Marta Lucía Ramírez no es ninguna víctima de una conjura. Ha sido, por el contrario, una privilegiada del Estado. Y lo menos que se le puede exigir a ella es que acepte las normas de la democracia informativa.

https://www.elespectador.com/opinion/la-vicepresidenta-ninguna-victima/ 

20.21.-El que la descubre la paga – YOHIR AKERMAN

Hoy está claro que ha fracasado la política de lucha contra el narcotráfico del gobierno de Iván Duque. No solo por todos los problemas que ha tenido la poco productivad y muy dañina campaña de fumigación aérea con glifosato, sino porque el narcotráfico es un escándalo que se coló en las entrañas de su administración.

21 jun 2020.- El 9 de julio de 2018 el entonces electo presidente Duque le dijo a la opinión pública: “Quiero ser claro, si queremos la paz en Colombia tenemos que derrotar el narcotráfico. Y desde el primer día de nuestro gobierno voy a estar ejerciendo como comandante en jefe de las Fuerzas Militares para que en el territorio colombiano derrotemos a aquellos que quieren seguir en la estructura del narcotráfico”.

Eso, sin contar que el mandatario lanzó un plan de choque con el lema “El que la hace la paga”. Pues vamos viendo algunos sucesos de esto año de los que la han hecho y no la han pagado.

El 12 de febrero se informó al entonces embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente Alzate, que se había realizado un allanamiento en su finca por parte de Estupefacientes, quienes inspeccionaron bodegas, pesebreras, oficinas de la propiedad, y en la parte alta de la finca encontraron un laboratorio completo de procesamiento de droga.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre cuatro predios y dos vehículos de la sociedad Las Colinas de Guasca, de la que hizo parte y fue representante legal el señor embajador Sanclemente Alzate.

El escándalo pasó desapercibido y todo se desactivó con una simple renuncia al cargo.

Pocos días después, el 3 de marzo, el periodista Gonzalo Guillén destapó el escándalo conocido como la ñeñepolítica.

Audios entre José el Ñeñe Hernández Aponte, ganadero y brazo político de la organización criminal de Marquitos Figueroa, y María Claudia Cayita Daza, entonces asistente legislativa del senador Álvaro Uribe Vélez, en los que se habla de una operación de compra de votos en la costa norte para el hoy presidente, Iván Duque. Otra historia que sigue sin resolverse y menos castigarse.

El 4 de abril la periodista María Jimena Duzán reveló una conversación telefónica inédita entre la que fue la secretaria privada de Álvaro Uribe Vélez y Goyo Hernández, hermano del Ñeñe. En la grabación queda claro que Goyo tuvo un papel activo, operativo, decisorio y financista en la campaña electoral de Duque, por debajo de la mesa.

En el transcurso del diálogo, Goyo le recomienda a Cayita vincular a la campaña de Duque a personas ligadas al crimen, tales como la conservadora Tina Soto, de Barrancas (La Guajira), prima de Marquitos Figueroa, o Rosa Valdeblánquez, hija del narcotraficante y paramilitar del cartel de Medellín Gervasio Valdeblánquez Ipuana.

Mientras la investigación ya tiene capturados a los agentes de la Dijín que interceptaron legalmente al Ñeñe y a su hermano, a los mencionados en el escándalo no les ha pasado nada.

Aquí el lema debería ser: el que la descubre la paga.

Posteriormente, el 7 de abril el portal InSight Crime, publicó un informe en el que menciona supuestos negocios de Álvaro Rincón, esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con el presunto narcotraficante Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma.

Según el estudio de InSight Crime, Rincón y Ramírez son propietarios de la empresa Hitos Urbanos, la cual construyó un proyecto inmobiliario en un lote comprado por la familia del presunto narcotraficante. En un comunicado emitido por la inmobiliaria, se señaló que Memo Fantasma se presentó “como una persona dedicada al sector ganadero interesada en hacer una inversión en finca raíz”.

En estos casos, al igual que con los investigadores, la han emprendido en contra de los periodistas en vez de mirar los hechos denunciados.

El mismo mes, el 24 de abril, se supo que el notario de confianza del presunto narcotraficante Guillermo León Acevedo Giraldo, alias Memo Fantasma, es el señor Jorge Humberto Uribe Escobar, quien es, nada más ni nada menos, primo del expresidente Uribe Vélez y hermano del exsenador Mario Uribe Escobar, condenado por paramilitarismo en febrero de 2011 por la Corte Suprema de Justicia.

Jorge Humberto Uribe Escobar, notario 24 de Bogotá, es recordado porque en 2008 su nombre fue limpiado mediante un controvertido decreto del entonces ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, quien le borró dos sanciones que lo suspendieron del cargo por no pagar aportes al fisco por valor de $9.600 millones.

Como premio, obtuvo la Notaria 24 gracias a que su hermano Mario Uribe Escobar controlaba la Superintendencia de Notariado y Registro a través de sus fichas políticas, entre ellas su primo Uribe Vélez.

Finalmente, la semana pasada se conoció que en 1997 el hermano de la vicepresidenta de Colombia fue arrestado y condenado en Estados Unidos a cuatro años y nueve meses de prisión por tráfico de heroína.

Aunque es claro que la vicepresidenta no debe pagar por los errores de su familia, también es evidente que los colombianos tenían derecho a saber esto, sobre todo de un gobierno que se hizo elegir con l bandera de la lucha contra el narcotráfico, según las propias palabras de Ramírez el 21 de mayo de 2018 en plena campaña: “No hay narcotraficantes buenos o malos, todos son malos y hay que reprobarlos”.

Pues este gobierno necesita hacer eso internamente.

https://www.elespectador.com/opinion/el-que-la-descubre-la-paga/

20.21.-Marta Lucía y la ética  PATRICIA LARA

La ética está directamente relacionada con la toma de decisiones, explicaba en una de esas interesantes charlas virtuales que están teniendo lugar en estos días de coronavirus, el filósofo y experto en educación y ética del cuidado, Bernardo Toro.

21 jun 2020.- Ponía como ejemplos esas pequeñas decisiones que en estos tiempos de pandemia se toman a diario: ¿Voy a esa parranda y corro el riesgo de que me contagie de coronavirus y yo se lo transmita a mi familia, o me quedo en casa? ¿Le doy a mi abuelo el gusto de celebrar el día del padre con él, o me limito a enviarle un abrazo telefónico y a reforzarle la idea que le ronda en este tiempo, a raíz de la cárcel que, por la pandemia, les ha decretado el gobierno a los adultos mayores irrespetuosamente llamados “abuelitos” por el presidente, la cual lo ha llevado a sentirse inservible e incapaz de tomar decisiones responsables por su propia cuenta?

Pues según Bernardo Toro todas esas son decisiones éticas. Como fueron decisiones éticas las que tomó la vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, en el caso de la captura en Estados Unidos de su hermano Bernardo, nada menos que por traficar con heroína, luego de que hacía un tiempo ya había sido pillado por la Policía gringa robando en algún almacén de cadena.

A Ramírez lo capturaron en julio de 1997 y lo condenaron a 57 meses de cárcel, es decir, que salió libre en abril del 2002. Mientras él estuvo preso, su hermana fue Ministra de Comercio Exterior en el gobierno de Andrés Pastrana, quien luego de que ella le contó la situación en la que se encontraba su hermano, no consideró que estuviera impedida para ejercer el cargo. Suministrarle esa información a Pastrana fue una decisión ajustada a la ética, como lo fue también contarle el rollo al presidente Álvaro Uribe, quien la nombró Ministra de Defensa.

Ahora, ¿debía saber el país que la ministra de Defensa tenía un hermano preso en Estados Unidos por traficar heroína? Digamos que no era absolutamente necesario, pero por razones de esa transparencia en la que tanto ha insistido Marta Lucía, hubiera sido más adecuado que se lo hubiese sabido.

En el 2006, cuando hacía poco su hermano había salido de la cárcel, Marta Lucía Ramírez fue elegida Senadora, sin que ella hubiera tomado la decisión, relacionada con la ética, de contarles a sus electores que su hermano acababa de pagar una pena por tráfico de heroína.

Finalmente, en el 2018, ella fue fórmula vicepresidencial de Iván Duque.

En ese caso, cuando el escándalo que se hubiera producido si en la campaña se hubiera filtrado la noticia de que el hermano de la candidata a vicepresidenta había estado condenado en Estados Unidos por tráfico de heroína, hubiera podido provocar que Duque perdiera la presidencia, ella no consideró que tuviera que informarle el episodio de su hermano al futuro presidente.

¿Qué diría Bernardo Toro de esa decisión de Martha Lucía?

No sé. Pero, a mi juicio, estuvo absolutamente alejada de la ética. Como también lo estuvo no contarles toda su verdad a sus electores quienes, por lo menos, tenían el derecho de exigirle que, para juzgar a los campesinos cocaleros quienes apenas viven con lo que les producen unas pocas matas de coca, utilice el mismo rasero que usa para juzgar a su hermano quien, según ella, sólo “cometió esa estupidez”.

https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/patricia-lara/marta-lucia-y-la-etica.html

  • 20.-Por un fiscal que honre su dignidad– CECILIA OROZCO
  • Tú me encargas, yo me contrato– YOHIR AKERMAN

“Esto raya en lo cómico” dijo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en una de las entrevistas que le han hecho con ocasión de la detención domiciliaria que activó la Fiscalía contra él por los presuntos delitos que habría cometido ¡hace 15 años!, y que ha sido calificada, por tirios y troyanos, como asombrosa: no por admirable, por absurda… O por cómica si no fuera porque la privación de su libertad, trágica por el tinte oportunista que destila, es otra equivocación que el ente investigador comete en los cuatro meses en que ha sido conducido (¿conducido?) por Francisco Barbosa, quien hace carrera para ganar el título del fiscal general más torpe que haya tenido Colombia.

10 jun 2020.- Preso en su casa y separado de su cargo de elección popular, Gaviria logró levantar, el fin de semana pasado, una ola de simpatías en los estamentos de poder departamental y nacional tanto como en los medios y en sus votantes por la desproporción de la medida, no por la investigación que se le adelanta y que, ojalá, pudiera avanzar, después de tanto tiempo, con seriedad e independencia.

Barbosa, quien tiene una larga colección de títulos universitarios como se estila en esta época con el fin de descrestar a ingenuos y darle apariencia de “meritocracia” a lo que es pago de favores y el amiguismo de siempre, no tiene idea de derecho penal, menos de sus códigos en los que se establece cuándo y por qué aplica la detención de un investigado. Pero, por lo visto, poco le importa pues su encomienda consiste en servir a su grupo político y al gobierno Duque que le dieron, de regalo, la Fiscalía. El espectáculo contra Gaviria fue mal calculado en sus efectos, pero cuán eficaz resultó para enfocar la atención pública en el caso del gobernador, y desviarla del escándalo que implica la captura de los policías que interceptaron las llamadas del corrupto Ñeñe Hernández cuando este hablaba de una operación de compra de votos con cuadros de la campaña del presidente.

El fiscal del caso de los investigadores del proceso de la “ñeñepolítica”, que sus colegas definen como astuto y conocedor de su oficio, pero dispuesto a complacer a sus superiores, empezó sus indagaciones contra ellos al otro día de que se publicaran, en un medio, parte de las conversaciones del Ñeñe con Caya Daza, asesora del jefe supremo de Duque y Barbosa, Álvaro Uribe. ¡Al otro día, hace menos de tres meses! ¡Cómo ha volado la justicia en este caso! Esos dos uniformados ya están capturados, se les hizo audiencia, se les acusó de estar enredados en “chuzadas” ilegales y hasta se intentó que se quedaran sin defensor para ponerles uno de oficio que puedan manipular. Entre tanto, la “ñeñepolítica” se enreda y la investigación contra Daza, que también lo es contra Priscila Cabrales (ambas fotografiadas con el fiscal general cuando este y ellas hacían campaña por Duque), está quietecita en algún despacho de otro fiscal. Qué tan conveniente.

Para lograr semejante pirueta, Barbosa y sus obsecuentes fiscales paran, aceleran, les dan validez o intentan invalidar las pruebas que obran en los expedientes. Por poner un solo ejemplo, el proceso del vergonzoso Ñeñe por el asesinato del hijo de un ganadero de la costa Atlántica, el mismo Ñeñe que, en 2018, fue fotografiado haciendo proselitismo en la campaña del presidente, se inicia en el año 2011 y fue dirigido por una fiscal que ahora, nueve años después de no adelantar mucho ni decir nada, reaparece, milagrosamente, acusando al abogado de los investigadores hoy detenidos, que trabajaron con ella y para ella. Qué tan conveniente.

Si estos policías, que grabaron al Ñeñe con órdenes legalmente tramitadas, son responsables de cometer delitos, es asunto que deberá resolverse; si Hernández era un payaso que alardeaba aunque lo hiciera con personas de absoluta cercanía a Uribe y Duque, o si se comprueba que, ciertamente, permutaba dinero por votos; si el gobernador Gaviria merece estar preso o es víctima de una conjura politiquera, son casos que deberán resolverse. No obstante, mientras Barbosa dirija la Fiscalía, eso no será posible. Sus sesgos están demostrados como estuvieron los de Néstor Humberto Martínez frente a los procesos Odebrecht y frente al doloroso episodio de las muertes de Jorge Enrique Pizano y su hijo. Entonces Martínez Neira insistió en no declararse impedido hasta cuando tuvo que renunciar. Barbosa ha empezado a transitar el mismo camino. Los ciudadanos le pedimos a la Corte Suprema, que eligió a esos dos personajes que nunca debieron representar la Justicia, que actúe, esta vez, con energía y prontitud. No sé si la figura es un fiscal ad hoc o si se debería exigir, por fin, la presencia de un fiscal general que honre su dignidad.

https://www.elespectador.com/opinion/por-un-fiscal-que-honre-su-dignidad/

20.20.-Tú me encargas, yo me contrato  – YOHIR AKERMAN 

Pueblo chiquito, corrupción grande, dicen por ahí. Y ese es el caso de Caucasia, municipio del Bajo Cauca antioqueño, que empezó el año con la imposibilidad de que su alcalde electo, Leiderman Ortiz, se posesionara en su cargo.

14 jun 2020.- El periodista Leiderman Ortiz Berrio, quien ha denunciado y jugado su vida por denunciar la corrupción y el crimen organizado, fue suspendido por una medida cautelar dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que estudiaba una demanda de nulidad por la presunta inhabilidad para aspirar al cargo de alcalde.

Tras la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia ratificada el 19 de diciembre de 2019 por el Consejo de Estado, el ahora suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, nombró como alcalde encargado al señor Félix Olmedo Arango Correa. (Ver anexo Confirmación).

Hasta ahí todo parece normal, pero no lo es.

Aunque sí existían causales para declarar la inhabilidad del alcalde electo, también las hay en el que nombraron como alcalde encargado, con el agravante de que le entregaron el municipio a los mismos que se lo llevaban robando desde hace un tiempo.

Me explico.

El primero de enero de este año, el mismo día que el gobernador Aníbal Gaviria tomó posesión, sancionó el decreto que designó como alcalde encargado a Arango Correa. Este señor se desempeñaba como Subdirector Científico y Financiero de la ESE Hospital César Uribe Piedrahíta, entidad del orden departamental, y que ha sido un fortín histórico del clan político conocido en esa región como la ‘saga Rodríguez Álvarez’. (Ver anexo Función Pública)

La famosa ‘saga’, o el ‘clan Rodríguez’, es encabezado por el señor Óscar Luis Rodríguez Álvarez, político que maneja el partido de La U en el bajo Cauca, como parte del senador Germán Hoyos.

También se encuentra su hermana Gloria Virginia y el médico Orlando José Rodríguez Álvarez, quien estuvo en el cargo de gerente de la ESE Hospital César Uribe Piedrahita, durante 8 años acompañado de Félix Olmedo Arango Correa, hoy alcalde encargado de Caucasia.

Desde ahí controlan la contratación, pero con un ingrediente adicional: sin pudor. Por ejemplo, el señor Arango Correa fue, al mismo tiempo, contratista del Hospital de Caucasia y simultáneamente concejal de Santa Rosa de Osos entre el periodo 2012 y 2014. (Ver anexo Contratos)

Pues bien, según una investigación del periodista Sergio Mesa, cuando Félix Arango Correa llegó al Concejo siguió siendo, sin sonrojarse y en contra de lo que dice la ley, contratista y funcionario público. Lo que hizo que no solo generara inhabilidades sino suficientes razones para que sea investigado por los organismos de control. (Ver Investigación).

En las bases de datos públicas aparecen todos los comprobantes de egresos expedidos por la ESE Hospital de Caucasia, con lo cual se demuestra que siendo concejal fue a la vez contratista. Y ahora, nada más ni nada menos ejerce como alcalde encargado y responsable de los presupuestos y destinos de Caucasia.

Así, de manera simultánea, durante el 2012, 2013 y ocho meses del 2014, el hoy alcalde ejerció como en simultáneo como concejal y contratista, hasta su renuncia a la curul el 30 de agosto de 2014.

Pero volvamos a los hermanos Rodríguez ya que son fascinantes. El 1 de abril de 2012, cinco meses después de haberse posesionado Orlando José como gerente de la ESE Hospital César Uribe Piedrahita, fue fundado el Sindicato de Profesionales y Trabajadores Independientes de la Salud de Antioquia –Sintrasant-. Resulta curioso que este es un grupo que reúne a profesionales de Antioquia, aunque fue fundado en Sincelejo, Sucre. (Ver anexo Acta)

Pero no paremos en detallitos.

Como lo descubrió el periodista Sergio Mesa, la única entidad con la cual ha contratado Sintrasant desde su conformación ha sido la ESE Hospital César Uribe Piedrahíta, de Caucasia, como si fuera un sindicato a la medida.

Desde diciembre de 2012 a la fecha se han hecho contrataciones por casi 140 mil millones de pesos con un agravante: uno de sus fundadores figura como el revisor fiscal, pero a la vez tampoco existe. (Ver anexo Directiva)

Es decir, como consta en el Acta de Constitución de la Organización Sindical Sintrasant, participaron en su creación veinticinco personas, de las cuales se eligieron cinco principales y cinco suplentes. Tal y como consta en los documentos que reposan en el Ministerio de Trabajo como constitución del sindicato Sintrasant, el médico general Galileo José Calle Montenegro habría participado en la Asamblea de constitución en la que fue elegido como revisor fiscal. (Ver anexo Acta de creación)

Ahora bien, lo sorprendente es que el sindicato Sintrasant y su representante legal Sergio Esteban Uribe Betancur, le certificaron al periodista Sergio Mesa que esta persona nunca ha estado vinculada a la entidad. (Ver anexo Respuesta)

¿Un fundador fantasma?

No. El médico Galileo José Calle Montenegro, quien labora en la Clínica El Pajonal, es conocedor de la suplantación de la que fue objeto en la fundación de Sintrasant, sabe que si firma fue falsificada, pero no ha denunciado por miedo a las retaliaciones del “clan Rodríguez Álvarez”. (Ver anexo Cotejo de firmas)

Una situación oscura en la que figura muy inmerso el hoy alcalde encargado de la misma ciudad, sin desaprovechar su tiempo ya que está repitiendo la misma modalidad. Repartiendo contratos y encargos a diestra y siniestra, pero eso lo dejamos para una próxima entrega.

https://www.elespectador.com/opinion/tu-me-encargas-yo-me-contrato/

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