• 21.11.-El caso Fajardo y la hoja de parra CECILIA OROZCO
  • Una extraña muerte YOHIR AKERMAN
  • El conflicto fronterizo y el proyecto de la extrema derecha CONSUELO AHUMADA
  • Falsa acusación de Montealegre  ALBERTO DONADIO

Casi nada la imputación que le anunció la Fiscalía Barbosa al precandidato presidencial Sergio Fajardo mediante una periodista radial y, luego, en un comunicado de prensa publicado en las redes, sin cumplimiento de los ritos judiciales: ¡peculado por apropiación a favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales! Se trata de dos delitos típicos de los funcionarios corruptos que se ferian los dineros públicos para su beneficio y beneficio de sus amigotes. El primero tiene pena establecida en el Código Penal de hasta 23 años y el otro, de hasta 18.

6 abr 2021.- O sea, lo que le restaría de vida al precandidato si se le hallara responsable. Siendo uno suspicaz, y en este mundo y país hay que serlo, es como si Barbosa y su consejero nocturno Néstor Humberto Martínez, y también el maluco exgobernador de Antioquia Luis Pérez, y, más allá pero no lejos, Duque y Uribe, se hubieran puesto a buscar, con lupa, cuáles de los tipos penales embarrarían la imagen que Fajardo ha intentado construir sobre su ejercicio de la política para que los colombianos lo juzguen con el mismo rasero con que los miden a ellos, aunque la imputación, que parece pegada con babas, nunca prospere.

La novela judicial no podía ser mejor, en el propósito de la Fiscalía Barbosa de incidir, en época electoral, contra las posibilidades de Fajardo; y con este, contra las de un grupo de figuras de centro que no casa en el uribismo. El libreto es sencillo, en medio de su entramado: Adolfo León Palacio, un diputado mañoso de Antioquia que ha pasado de partido en partido, controvirtió en la Asamblea, en 2013, un crédito de 77 millones de dólares que firmó la administración Fajardo para sustituir deudas. En 2016, el exdiputado Palacio fue nombrado secretario de Hacienda de Luis Pérez, sucesor del hoy imputado en la conducción del departamento. Hay que recordar que Pérez es enemigo obsesivo de Fajardo.

 No es raro porque representan dos mundos que nunca se encontrarán. El secretario Palacio, aprovechando su cuarto de hora y el respaldo de Pérez, renovó sus objeciones al crédito a pesar de que fue propiciado por Findeter, o sea que fue negociado entre entidades estatales.

Fue cuando Palacio le pidió a la Fiscalía de Martínez Neira, a la Procuraduría de Alejandro Ordóñez y a la Contraloría departamental en cabeza del sujeto Sergio Zuluaga, conocido como el “contralor de bolsillo” de Pérez (ver) —y quien enfrenta, entre la cárcel y la detención domiciliaria, varios procesos por cobrarles dineros a los municipios antioqueños a cambio de no reportar hallazgos en sus contratos—, que le abrieran investigaciones a Fajardo (ver). Todos lo hicieron, con muchísimo placer.

Sin embargo, no sé si por absurda o debido a que Ordóñez, Martínez, Zuluaga y Pérez tuvieron que enfrentar sus propios líos, la denuncia no avanzó sino ahora, vea qué coincidencia, cuando estamos a 12 meses de las elecciones legislativas y a 13 de las presidenciales. Los interesados, de hoy, en el proceso Fajardo, señores poderosos en 2013, 2016, 2017, y señores poderosos en el 2021, están en otras posiciones no menos interesadas en sacar del juego, con juego sucio, al precandidato de la denominada Coalición de la Esperanza.

Hagamos el recorrido para tener en cuenta a quiénes les conviene borrar del mapa electoral a Fajardo: a Luis Pérez, hoy aspirante a la Presidencia que se mueve con una fundación Colombia Piensa en Grande (ver); a Uribe que actúa más desesperado que nunca por retener la Casa de Nariño para terminar de maniobrar, en la Rama Judicial, su propio proceso penal, y quien hará lo que necesite con tal de eliminar a cualquiera que no se limite a seguir sus instrucciones; a Duque, nominador de Barbosa: manipulará —como lo está haciendo ya— para que su sucesor evalúe con benevolencia su gobierno desastroso. Y a la actual Fiscalía que inicia tan descabellado caso, y que empieza a ganar sobrada fama como la policía política del régimen.

Barbosa hará lo que sea y lo que le diga Martínez Neira, que parece que sigue siendo el fiscal general. Momento peligroso, no solo para Fajardo: para el país, con estos personajes que se están quitando la hoja de parra.

https://www.elespectador.com/opinion/el-caso-fajardo-y-la-hoja-de-parra/

21.11.-Una extraña muerte YOHIR AKERMAN

Foto: Jorge Freytter, delito de lesa humanidad 

Otro elemento para terminar la saga del profesor universitario Jorge Adolfo Freytter Romero, asesinado hace 19 años, es el extraño accidente que terminó con la vida de uno de los testigos principales, persona que conocía de la confabulación en ese crimen entre paramilitares y miembros de la Fuerza Pública.

Vamos por partes.

10 abr 2021.- Carlos Alfonso Palma Gutiérrez, para sus conocidos el Mono Palma, era un buen cocinero y mejor bailarín que murió en Suiza en un accidente que nunca se investigó. Su oscuro pasado seguramente tiene mucho que explicar en su muerte.

A finales de los años 90 y hasta el 2004, el Mono Palma trabajaba en la Universidad del Atlántico en la Oficina de Admisiones. Según declaraciones del paramilitar Carlos Romero Cuartas, alias Montería, dadas a la Fiscalía 12 de Justicia y Paz de Barranquilla, varios empleados de esa universidad —entre los que se encontraba Palma, junto a varios rectores— participaron en la desaparición de estudiantes, profesores y sindicalistas de este centro de educación superior.

Según relatos de miembros de las Auc, Palma era informante de los paramilitares al interior de la Universidad del Atlántico. Su labor era identificar a los estudiantes y profesores que tenían ideas sobre temas sociales y políticos que fueran críticas del gobierno. Cuando los ubicaba, pasaba esos datos al Gaula y a los paramilitares, información que era manejada por el teniente Flover Argeny Torres Sánchez.

Recordemos que el 28 de agosto de 2001, pese a existir varias alertas de que esto podía suceder, el profesor y líder sindical Jorge Freytter fue retenido por un grupo de hombres armados al llegar a su casa en Barranquilla. Fue sometido por más de 24 horas a actos de humillación y tortura, que terminaron en su muerte al día siguiente. La causa de defunción fue asfixia, provocada por una bolsa de plástico en su cabeza.

Gracias a la evidencia documental publicada en esta columna, sabemos que Flover Torres, alias el Ingeniero, estaba con los paramilitares en el momento del secuestro y asesinato del profesor Freytter, junto a otros agentes del Gaula. Y según varios relatos, Torres fue uno de los que metieron el cuerpo del profesor en una bolsa para deshacerse de la evidencia.

Pero volvamos al Mono Palma. Según los mismos relatos de los paramilitares, Palma —conocido con el alias de Rubén— se infiltraba entre sus víctimas “haciéndose pasar por sindicalista”.

Por eso no puede pasarse por alto el testimonio rendido por Palma el 18 de mayo de 2007, cuando mencionó que la historia de la Universidad del Atlántico se partió en dos desde el año 1999, “cuando se pierde la tendencia izquierdista porque empezaron a llegar al centro de educación superior personajes nombrados en cargos de manejo y confianza, como el jefe de Recursos Humanos, señor Óscar Roncayo, quien se acompañaba de un trinquete de autodefensas armados dentro de la universidad, amilanándose los de izquierda porque comenzaban las amenazas en su contra, máxime cuando se designa para aquel momento como vicerrector administrativo y de servicios al señor Rubén Darío Ponce Esmeral a quien se le señalaba también de tener vínculos con los paramilitares”.

Agregó en ese momento alias Rubén que “desde ahí en adelante la gente empezó a tener miedo porque se sabía que las autodefensas se habían metido en la universidad, donde incluso existían estudiantes infiltrados al servicio de los paramilitares para señalar a los de izquierda”.

Palma era uno y dejó claro que le entregaba la información al teniente Flover Torres.

Lo sostuvo incluso cuando su vida empezó a correr peligro por esta aseveración. El 25 de agosto de 2008, Palma Gutiérrez manifestó que estaba muy preocupado por su vida y la de sus familiares porque personal del Gaula, y compañeros de Flover Torres fueron a buscarlo a su casa.

Señaló que personas de Barranquilla le anunciaron que lo estaban buscando para matarlo, porque “en días recientes lo buscó un agente del Gaula activo que es abogado y le manifestó que debía cambiar su versión y en lugar de responsabilidad a Flover Torres y le echara la culpa a un Torres del Ejército”.

Sencillo el pedido.

Posteriormente, el 11 de enero de 2010, en un escrito presentado a la fiscal 24 de Derechos Humanos, reiteró que temía por su vida y que en la cárcel Modelo de Barranquilla se estaba fraguando un plan liderado por Carlos Arturo Romero cuartas, alias Montería, para presionarlo y que cambiara sus declaraciones o matarlo. Dijo: “En una orden dada por Flover Argeny Torres Sánchez, de quien también el interno Montería relaciona en sus declaraciones por los crímenes de dirigentes sindicales”.

Poco después Palma salió del país porque lo iban a matar. Desde el exilio en Ginebra, Suiza, envió una carta a la Fiscalía el 1° de abril de 2011 diciendo: “Solicito a usted muy respetuosamente se me escuche en ampliación de denuncia en contra de Flover Argeny Torres porque fue este delincuente junto con Romero Cuartas, alías Montería, (quienes) torturaron, cercenándole un ojo y extirpación de testículos, al profesor Jorge Freytter Romero y como fue corroborado por los informes de Medicina Legal”.

Durante esa época, alias Montería cambió su testimonio y dijo que el agente Torres no participó en estos delitos, sino que fue un militar Torres del Ejército. Pero se sabe que eso respondió a presiones y amenazas, ya que después se comprobó que sí se trataba del agente Flover Argeny Torres Sánchez, el que estuvo involucrado en la tortura y asesinato del profesor Freytter.

Por su parte, el Mono Palma murió en 2013 en Ginebra, Suiza, en un accidente en extrañas circunstancias que nunca fueron investigadas por las autoridades, mientras que el agente Flover Torres sigue prófugo de la justicia.

https://www.elespectador.com/opinion/una-extrana-muerte/


21.11.-El conflicto fronterizo y el proyecto de la extrema derecha CONSUELO AHUMADA

Frente a esta gravísima situación y más allá de las diferencias políticas, se impone reanudar de inmediato las relaciones diplomáticas, institucionales y humanitarias que permitan un acuerdo mínimo para aliviar la tensión en la frontera y las condiciones de vida de sus habitantes en ambos países.

31 mar 2021.- Las desavenencias entre Colombia y Venezuela se han expresado por décadas en la zona fronteriza entre los dos países. Sin embargo, durante el gobierno de Duque la alta tensión entre los dos países ha sido permanente, como consecuencia del cerco impuesto por EEUU, con el apoyo de Colombia, al país vecino.

Hace una semana empezaron a registrarse enfrentamientos en el estado de Apure, hacia el sur de la frontera, en el límite con Arauca, entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y grupos armados irregulares procedentes de Colombia. Como consecuencia de ello, cientos de desplazados de ambas nacionalidades están llegando a poblaciones del lado colombiano, en medio de muchos sufrimientos. Estos grupos irregulares fueron identificados como disidentes de las antiguas FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz.

El gobierno colombiano insiste en reducir las penurias de la población expulsada a la acción unilateral del gobierno venezolano. Una explicación muy conveniente, que los medios de Colombia y del mundo por lo general repiten, sin ningún cuestionamiento.

Por su parte, el país vecino se refiere a la existencia y operación de grupos irregulares en la frontera colombiana, a lo que se suma su abandono histórico de la zona por parte del Estado. El canciller Jorge Arreaza señaló que el gobierno vecino le ha otorgado un consentimiento más que tácito a la actuación de diversos grupos criminales que operan en la zona.

Los determinantes del conflicto fronterizo

La situación de la frontera, la más conflictiva del continente, es mucho más complicada de lo que se pretende mostrar. De acuerdo con William Cañizares, director de la Fundación Progresar, con sede en Cúcuta, la violencia está desbordada en el Catatumbo, lo que genera un incremento del desplazamiento forzado. Esta situación es producto de los enfrentamientos del Ejército colombiano con el ELN y el EPL, cada uno por su lado, por el control de las rutas del narcotráfico y de las diversas economías ilegales que allí se manifiestan.

La guerra entre las dos organizaciones guerrilleras se desató en marzo de 2018 y ha dejado a la población civil y a los/as líderes/as sociales en el medio. A ella se suman las disidencias de las FARC. El punto más crítico es la región del Catatumbo, pero su impacto se extiende por toda la frontera. El director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo de Colombia, Mateo Gómez, explicó que “los actores violentos regularmente discriminan el territorio y sus pobladores como afectos a uno u otro grupo, volviéndolos de esa manera objetivos militares”[1].

En medio de una situación de tanta violencia, el trabajo de Progresar se ha centrado en investigar la conformación de grupos armados en la región y en su distribución a lo largo de la frontera. También se ha dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas y han logrado información y localización de fosas comunes y lugares donde podrían están enterradas la mayor parte de las víctimas.

Sin embargo, no ha contado con ningún apoyo de las autoridades de la región. Existen evidencias claras de que muchas de ellas están comprometidas con el proyecto paramilitar de la extrema derecha.

 Hay que recordar que Cañizares fue quien denunció y publicó fotografías sobre la alianza de Juan Guaidó con los Rastrojos para cruzar la frontera y llegar al mal llamado concierto humanitario de Cúcuta en febrero de 2019, promovido por Trump y Duque, con el apoyo de Almagro y otros presidentes de la región. Después de esa denuncia recibió diversas amenazas [2].

Debe señalarse que en el Catatumbo hacen presencia la Fuerza de Tarea Vulcano y la Fuerza de Despliegue Rápido #3, del Ejército Nacional. Allí también hay un grupo de los militares estadounidenses que llegaron al país el año anterior. De acuerdo con los defensores de derechos humanos, la queja más recurrente se da por empadronamientos y detenciones en retenes militares. También hay denuncias por atentados y montajes judiciales por parte de la fuerza pública.

Pero hay factores adicionales que incrementan los riesgos para los/as líderes/as en la región, como la defensa del acuerdo de Paz o el impulso el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Según la Oficina de las NU para la Droga y el Delito, hay tres municipios del Catatumbo entre los diez de mayor siembra de coca en el país: Tibú, Sardinata y El Tarra. Desde marzo de 2020 se intensificó la erradicación forzada, lo que ha generado mayores tensiones entre las comunidades y la Fuerza Pública.

Pero además del narcotráfico, el robo de petróleo del oleoducto Caño Limón-Coveñas y el contrabando de gasolina, ambos históricos, son la base de la economía ilícita de hidrocarburos en el Catatumbo, y lo convierten en escenario de disputa entre los grupos armados ilegales [3].

En un riguroso y documentado estudio sobre la situación económica y la geopolítica de la frontera, el analista venezolano Franco Vielma analiza lo que él denomina la configuración de un “hábitat” económico idóneo, compuesto por diversas actividades que estructuran el tejido criminal. Describe la conformación de un territorio “con gestión difusa o comprometida, espacio de la disolución parcial de la jurisdicción estatal y teatro de operaciones de mafias y factores armados” [4].

Es un corredor fronterizo atravesado por un marco de ilegalidad, con economías formales e informales, ajeno al control de los dos gobiernos. Fue constituido para el lavado del dinero de las grandes operaciones de narcotráfico, en el que Estados Unidos y Colombia son actores principales.

Es decir, el narcotráfico y la legitimación de capitales están estrechamente ligados en la frontera. En estas actividades, altamente lesivas para le economía venezolana, la proliferación de casas de cambio legalizadas en Colombia desempeña un papel fundamental.

Así, en ciudades como Cúcuta y Maicao (en la Guajira), florece un sinnúmero de actividades comerciales legales e ilegales, a partir de la incorporación de capitales del narcotráfico. El contrabando de gasolina está conectado con la producción de cocaína. Los grupos irregulares armados de todo tipo se fortalecen en ese entorno tan propicio.

Lo cierto es que esta frontera ha sido el teatro de la embestida de EEUU contra Venezuela, con el respaldo de Duque, “han instalado un corredor de actividades ilegales como el tráfico de personas, la explotación ilegal de minerales y el narcotráfico, destinado a financiar la instrumentalización de estos grupos armados contra Venezuela”[5]. El concierto fronterizo y la Operación Gedeón son solo algunas expresiones de dicha estrategia.

 ¿A quién beneficia la guerra?

Frente a la exacerbación del conflicto fronterizo, tendríamos que preguntarnos quién se beneficia. Por supuesto que el gobierno de Iván Duque, al menos por tres razones:

Primero, esta situación se convierte en un foco de distracción de la terrible crisis humanitaria, social y económica que vive el país, y que se ha visto agravada en el 2021: masacres, asesinato de líderes/as sociales, desplazamientos forzados y amenazas en varios departamentos del país.

El gobierno colombiano busca también pasar la página sobre otros escándalos recientes, que han despertado indignación nacional e internacional. La denuncia del reciente bombardeo del Ejército a un campamento guerrillero, con el asesinato de niños y niñas reclutados.

Segundo, el Presidente Duque necesita congraciarse con Joe Biden, mostrarle su absoluta fidelidad y sumisión, después de haberse alineado incondicionalmente con Trump durante las elecciones, lo que provocó el disgusto de los demócratas. Ahora quiere mostrarle al imperio que Colombia sigue siendo su mejor aliado en contra del gobierno vecino. La escandalosa decisión del gobierno de invertir 14 billones de pesos en la compra de 24 aviones F-16 confirma su irrevocable voluntad de hacerlo.

Tercero, la exacerbación del conflicto fronterizo atenta contra el maltrecho y debilitado Acuerdo Final con las antiguas FARC. El gobierno no cesa de desprestigiarlo y culparlo de todos los males que sufre el país. La extrema derecha uribista, cercada por la crisis y el desprestigio, hace cálculos para las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2022.

Frente a esta gravísima situación y más allá de las diferencias políticas, se impone reanudar de inmediato las relaciones diplomáticas, institucionales y humanitarias que permitan un acuerdo mínimo para aliviar la tensión en la frontera y las condiciones de vida de sus habitantes en ambos países.

Notas: 

[1] Nicolás Sánchez y otros. Líderes sociales del Catatumbo. Todas las armas les apuntan. Especiales Mapas de riesgo. 2020. Proyecto patrocinado por la ONU https://lapazenelterreno.com/mapas-de-riesgo/lideres-sociales-catatumbo/

[2] Preocupación en ele Catatumbo por constantes homicidios, septiembre 20, 2020. https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/catatumbo-mindefensa-eln…

[3] . Sánchez y otros, ibid.

[4] Guerra difusa en la frontera colombo-venezolana https://isrobinson.org/investigaciones/la-construccion-de-una-zona-de-gu… diciembre 1, 2020.

[5] Venezuela acusa a Colombia de usar grupos criminales para desestabilizar la frontera”, La Jornada, México DF, marzo 26, 2021. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/26/mundo/venezuela-acusa-a-colo… 

http://www.labagatela.org/el-conflicto-fronterizo-y-el-proyecto-de-la-extrema-derecha 

21.11.-Falsa acusación de Montealegre  ALBERTO DONADIO

Foto: en la izquierda Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, a la derecha ex fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre 

Siendo fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre señaló públicamente a Luis Alfonso Hoyos Aristizábal como un temible delincuente. Hoyos, número dos en la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014, fue acusado por el fiscal como el que financió las actividades ilegales del hacker y “como autor intelectual de muchas actividades delictivas”.

31 mar 2021.- El escándalo público que armó el fiscal fue un montaje, una farsa, un engaño, una patraña, una mentira, un fraude y una baladronada, como casi todo lo de Montealegre. Han pasado siete años desde esa época y hoy la plena inocencia de Luis Alfonso Hoyos quedó demostrada por la justicia penal. Pero no por prescripción ni por vencimiento de términos, sino porque las acusaciones no tenían mérito alguno.

Se pueden citar varios apartes de la sentencia de segunda instancia que declaró inocente a Hoyos, pero tal vez el fragmento más contundente es aquel en que el magistrado Leonel Rogeles del Tribunal Superior de Bogotá señala que las actividades ilícitas “se concretaron en una persona diferente al procesado”. Eso significa que la imputación de la Fiscalía fue una vergüenza, por carecer de fundamento alguno, es decir, porque no tenía nada que ver con Luis Alfonso Hoyos. La imputación fue un puro invento, como las acusaciones públicas de Montealegre.

Concierto para delinquir fue uno de los delitos imputados. Según la sentencia, “el tribunal no advierte la participación de Hoyos Aristizábal en la pregonada organización delincuencial”.

Ajeno por completo fue también Hoyos en relación con los otros delitos que se le imputaron sin sustento alguno. “No logró probarse que Luis Alfonso Hoyos hubiera tenido intervención alguna” en el supuesto delito de violación de datos personales, afirma el magistrado. “No se logró establecer la responsabilidad del procesado en la conducta de acceso abusivo a un sistema informativo”, expresa la sentencia.

Inocente fue también Hoyos frente al delito de uso de software malicioso y exento de responsabilidad se le declaró en cuanto a haber sembrado en alguien la ejecución de los delitos de espionaje y cohecho.

Eduardo Montealegre, en este como en otros casos, abusó de su poder. Imputó sin fundamento a un ciudadano, causándole daño ingente. Y causó daño a todos los ciudadanos colombianos, haciéndoles creer que había pruebas para la imputación. Fue un mandado político en campaña electoral en pro de Juan Manuel Santos, que sí se benefició con el daño causado a otros.

https://www.elespectador.com/opinion/falsa-acusacion-de-montealegre/

  • 21.10.-Emplazamiento al Estado colombiano por genocidio – CRISTINA DE LA TORRE
  • ¿Cuál peor: el investigado o sus investigadores? CECILIA OROZCO
  • De Caracas a París, la interminable odisea de una «mula» cargada de cocaína – NICOLAS BOURCIER

Si frente a Jineth Bedoya (ejemplo de pundonor y de valor civil) voceros del Estado lo convirtieron en planta rastrera, muchos de sus uniformados lo degradaron en el conflicto a planta carnívora. Ya como padre ausente, ya como máquina de guerra, ya como aliado del paramilitarismo, el Estado derivó a menudo en enemigo mortal de la población. A instancias de 176 organizaciones sociales y de derechos humanos, el Tribunal Permanente de los Pueblos emplazó esta semana al Estado colombiano por genocidio, crímenes contra la paz e impunidad de sus autores.

29 mar 2021.- Este organismo de opinión de carácter internacional es reedición del Tribunal Russell que, apuntalado por el filósofo inglés y Jean Paul Sartre, puso en boca del mundo la deriva criminal de Estados Unidos en Vietnam y las atrocidades de dictaduras como las del Cono Sur. Investiga, juzga y difunde sus sentencias sobre violencias que los Estados ignoran; y funda su autoridad en la aclamada prestancia de sus miembros. Fiscales de ésta, su tercera sesión en Colombia, son Iván Velásquez, exmagistrado de la Corte Suprema que presidió el proceso contra la parapolítica y la exfiscal Ángela María Buitrago. Sus sentencias llegarán a Naciones Unidas, a la Unión Europea y a la CPI.

Último botón de muestra en su recorrido de un siglo sobre exterminio político y de comunidades que luchan por los derechos humanos, por el cumplimiento de los acuerdos de paz, por la tierra despojada y por sustitución de cultivos en Colombia: en menos de tres meses de este año hubo 21 masacres, asesinaron a 35 líderes sociales y a 12 firmantes de paz. Sólo en 2020 las masacres fueron 85. Desde la firma de la paz, en cuatro años, los líderes asesinados pasan de 1.300.

Remontarse al pasado reciente es redescubrir con horror que la cooperación y la connivencia de la Fuerza Pública con los paramilitares no fueron episódicas sino costumbre. Tal el papel de miembros del Ejército y la Policía, agentes por antonomasia del Estado, fermentados en la ideología contrainsurgente de la Guerra Fría; y desfigurados por la cúpula del poder hasta producir a sangre fría 6.402 falsos positivos (que podrían llegar a 10.000). Fuente inagotable de ilustración y análisis de esta guerra será el Centro Nacional de Memoria Histórica, en mala hora entregado a un proyecto de historia oficial.

Según el CNMH, en esta guerra la violencia de la Fuerza Pública se centró en detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y uso desmedido de la fuerza. Si a ella se le adjudica el 17,3 % de masacres, de muchas otras será corresponsable entre el 58,9 % adjudicado a los paramilitares. Si soldados, policías y agentes de inteligencia del Estado perpetraron el 42,1 % de desapariciones forzadas, corresponsables serán en gran medida de otro tanto atribuidos a sus socios. Se pregunta un sobreviviente de San Carlos, Antioquia, municipio cuya población redujeron los violentos de 25.000 a 5.000 habitantes: “cómo se explica uno que aquí, en pleno parque, a media cuadra del comando (del Ejército) tengan una base los paramilitares, donde tienen gente detenida, gente torturando, donde le mochan la cabeza a una persona y juegan fútbol con ella”.

Diecinueve congresistas reclamaron presencia del alto Gobierno en las sesiones del Tribunal. Que no serán sus conclusiones un canto a la bandera lo sugiere el resultado de una investigación presidida por el reputado historiador Vincent Duclert, según la cual Francia “cerró los ojos” frente al genocidio de Ruanda en 1994 y tiene una “responsabilidad abrumadora” en las matanzas. El presidente Macron se comprometió a vencer la impunidad de los responsables. ¿Asumirá Iván Duque, jefe de Estado, responsabilidades, o seguirá contemplando impertérrito el baño de sangre y tratando con indulgencia a sus autores intelectuales?

https://www.elespectador.com/opinion/emplazamiento-al-estado-por-genocidio/

21.10.-¿Cuál peor: el investigado o sus investigadores? CECILIA OROZCO

Foto kienyke.com

“La candidata Rosalbina tiene una pierna, en un ladito, y otra pierna, en otro ladito. Y yo creo que va a terminar descuartizada”. “Ja, ja, ja, ja”, fue la reacción de quienes escuchaban. El individuo que hablaba ante un grupo parado en la calle continuó, sin dejar de sonreír con sorna: “Es como si una dama se acostara en la misma cama, al mismo tiempo, con dos tipos. Esos tipos terminan peleando o sacándola de la cama”. “Ja, ja, ja, ja, ja”, se desternillaron las personas que atendían al misógino, entre ellas unas mujeres.

30 mar 2021.- Nadie protestó por la analogía sexista del individuo que, con aire de superioridad, intentaba descalificar a una candidata a la Alcaldía del municipio de Patía, Cauca, que estaba decidiendo a cuál partido político adherir para presentarse a elecciones (ver). El sujeto de las expresiones vulgares es el representante a la Cámara por la U John Jairo Cárdenas, al que sus amigos identifican como “un sociólogo, un intelectual experto en mitología griega y en la obra de Karl Marx”. ¡Cómo se nota que una cosa es la teoría y otra, la práctica!

Óscar Villamizar es representante, como Cárdenas, nació en Santander y pertenece a la colectividad política que más casa con su modo de vida: el Centro Democrático. Su historia es bastante florida: es hijo del excongresista conservador Alirio Villamizar, condenado a 10 años de cárcel por beneficiarse económicamente de una notaría y otras entretenciones (puestos y contratos de los que obtenía porcentajes, según noticias de la época) que le entregó el gobierno de Álvaro Uribe a cambio de votar a favor de la reelección presidencial, entonces prohibida por la Constitución; es hijo, también, de María Meneses Quintero, condenada a cuatro años de privación de libertad, por ser cómplice de su marido; la casa de la familia, en elegante barrio de Bucaramanga, fue allanada en la madrugada de un día de agosto de 2009 por orden de la Corte Suprema con un resultado sorprendente. Los investigadores del CTI encontraron fajos de billetes que sumaban cerca de $1.000 millones de pesos de la época, más dólares y otros elementos (ver).

Por su parte, Oscarito se las trae: consiguió cargos en el sector público municipal y departamental con una facilidad impresionante; fue asesor del inolvidable cacique electoral Hernán Andrade, retirado de la actividad política cuando estaba en riesgo de ser involucrado en el “cartel de la toga”; aspiró a ingresar a la Cámara de la mano del condenado parapolítico Luis Alberto Gil pero como no lo logró, Richard Aguilar, el vástago de otro parapolítico condenado, Hugo Aguilar, lo nombró secretario general de la Gobernación; Oscarito, ni bobo que fuera, se acercó al partido del antiguo benefactor de su papá, es decir, al de Uribe. Y ahí está, elegido con votos cristalinos (ver).

Pues bien, estos prohombres de la Cámara de Representantes, Jairo Cárdenas y Óscar Villamizar, que son, también, miembros de la Comisión de Acusación (órgano que examina la conducta de funcionarios con fuero), se autonombraron investigadores del fiscal general en el caso abierto por denuncia de una veeduría ciudadana, después de que se descubriera el abuso de poder en que incurrió Francisco Barbosa durante su toma de San Andrés adonde fue hace casi un año, en junio del 2020 y en plenas pandemia y cuarentena, a pasar el puente festivo pero, en su explicación, dizque en “labores de trabajo”.

Eso sí, estaba divinamente acompañado de su esposa, su hija, la amiga de su hija y dos de sus funcionarias preferidas: la esposa de su amigo, el contralor general, y la delegada Carmen Torres Malaver a quien, poco después, premió con traslado a su tierra natal, incluidos cargos para ella y su marido; en el avión destinado para su uso exclusivo, también iba, por supuesto, el contralor Felipe Córdoba (ver).

Esta semana, el dúo Cárdenas-Villamizar dio su “fallo” a sus colegas, a la velocidad de rayo: archivar la indagación contra Barbosa aunque no se desplegó acto alguno para verificar sus afirmaciones. Simplemente, le creyeron, ajá, por qué no, como dirían en la Costa, a pesar de que el grupo maravilla se alojó en un hotel de cadena (On Vacation) cuyo propietario, un extraño y rico empresario, resultó ser cercanísimo al gobierno Duque y benefactor de varias campañas electorales (ver).

A la pareja “judicial” Cárdenas-Villamizar tampoco le importó que Barbosa —quien rompió, en mil pedazos, la misión constitucional de la Fiscalía arrodillándola ante intereses políticos de cuestionable moral— hubiera mentido cuando, en rueda de prensa, aseguró, melodramático, que su familia se había tenido que quedar en las habitaciones de la isla porque todo estaba cerrado.

Cárdenas y Villamizar ni siquiera revisaron los archivos de un noticiero que descubrió varios videos de su esposa, su hija y la amiga de esta, en que consta cuando bajan de vehículos puestos a su servicio junto con un grupo de escoltas, y entran a un famoso almacén cuya puerta se abrió solo para que ellas pudieran hacer compras (ver). Antes, los asaltantes de la justicia, empotrados en los entes que la representan, hacían sus pillerías con disimulo. Ahora, ni eso.

https://www.elespectador.com/opinion/cual-peor-el-investigado-o-sus-investigadores/

21.10.-De Caracas a París, la interminable odisea de una «mula» cargada de cocaína – NICOLAS BOURCIER

Luego de una caminata de seis semanas, un joven venezolano fue arrestado por poner un kilo de cocaína en su estómago. Su testimonio ayuda a comprender el funcionamiento de las redes mafiosas.

11 mar 2021.- Con los ojos perdidos en el fondo del vaso de agua de la mesa, habla con el tono neutro y monótono de quienes se han derrumbado repentinamente, así, en silencio, al final de un ciclo vital desesperado. Hermoso rostro de mirada oscura, 35 años y tantas fracturas muy reducidas y heridas sin curar, este modesto padre venezolano susurra como un conspirador derrotado. “Obviamente tenía miedo, la carretera, los traficantes, los peligros, pero nunca hubiera pensado en un naufragio así. «

Marvin, un nombre falso, como los de algunos testigos y traficantes citados en esta investigación, había soñado durante mucho tiempo con París, pero no de esa manera. Lleva más de tres meses vagando por las calles de la capital. Detenido el 3 de marzo de 2020 por tráfico de drogas, cumplió su condena de prisión en el centro de prisión preventiva de Osny-Pontoise, en Val-d’Oise, antes de encontrarse afuera, con solo un aviso de ‘expulsión’. Un aviso inaplicable, los vuelos a Caracas están suspendidos por Air France debido a la situación de seguridad en el lugar desde 2019. La pandemia Covid-19, no ha ayudado.

Culpa de Marvin: haber llevado cápsulas de cocaína de Latinoamérica a Europa en el estómago. Durante un viaje, era un “mulo”, uno de esos “bouletteux”, como la policía francesa llama a los transportistas in-corpore utilizados por las redes internacionales de tráfico. A principios de marzo de 2020, Marvin había ingerido 1 kilo de polvo blanco, o 105 huevos pequeños plastificados; Daniela, compatriota detuvo al mismo tiempo que él, 1,2 kilogramos, incluidas unas bolsas en el ano y la vagina. El tercero, Juan, 700 gramos. De un derrame cerebral, Marvin soltó: “Todos en Venezuela conocen a alguien que lo ha intentado, o al menos ha considerado hacer el viaje. «

El «barrio» como único horizonte

Este hombre de pelo corto a los lados, pulcramente peinado en la parte superior, está obsesionado con contar su historia. Sobre todo, no dé su nombre, ni ninguna indicación de su distrito de origen, uno de los demasiados barrios de Caracas, esas zonas de vaivenes donde la pobreza compite con el hambre. El miedo a las represalias, dice, contra su familia, su pareja, sus hijos.

Difícilmente si evoca una vida cotidiana tristemente banal hecha de miseria y abrumadora. “Todos se conocen, todo está atravesado por las redes del régimen de Nicolás Maduro, los chavistas, las pandillas y los informantes ocasionales. «

Marvin dice que nunca pidió nada, ni ayuda ni obsequio del gobierno. Sus magros ingresos provenían del trabajo manual, un poco de pintura, trabajos ocasionales. Su madre lo crió solo. Nunca un robo, ninguna confusión, sino el barrio como único horizonte. Un día, trató de encontrar trabajo en provincias. En vano. Regresó. Varias veces se fue a la cama con sus hijos sin comer, a veces incluso varias noches seguidas. Se encoge de hombros. Como si dormir con el estómago vacío se hubiera convertido en la nueva normalidad en Venezuela.

De $ 4,000 a $ 5,000

Su odisea comenzó con una llamada telefónica de un amigo de la infancia. Es diciembre de 2019, y le pregunta si está dispuesto a ir a Ámsterdam por 4.000 a 5.000 dólares (de 3.300 a 4.100 euros). «Lo dejé venir», se desliza. Es muchísimo dinero en un país donde no queda nada. «Friend’s conoce a una pareja que hizo el viaje. A su regreso, compraron una tienda. Su vida ha cambiado.

Marvin se pone en contacto con el intermediario designado por su amigo. La cita se hace en un café de Caracas donde una mujer y un hombre se presentan a él. Muestran fotografías en sus celulares de venezolanos todas sonrisas en París y Ámsterdam. La mujer afirma que se llama Suzanne, y dice que cada vez que un transportista sale por primera vez «lo consigue». En el peor de los casos, en caso de detención, «es expulsado porque este tipo de tráfico mezquino no es una preocupación en estos países».

La confianza se instala. Marvin comprende rápidamente que estos viajes se basan en una vasta red internacional: «Es un gran negocio y es inmediatamente obvio: el trato es de 4.000 dólares por 1 kilo de cocaína ingerida y 400 dólares por cada 100 gramos ingeridos más.» Si no tiene pasaporte, le conseguirán uno por $ 400. Todo lo demás está resuelto. Vendedores como Suzanne, aprenderé más adelante, ganan $ 1,000 por cada persona reclutada. «

A pesar de la desgana de su socio, Marvin acepta. «Había visto un programa de televisión sobre problemas de tráfico, pero la situación ya no era sostenible», dice. Y luego esto, con una voz que había vuelto a entristecerse: “Tenía confianza en mí mismo. «

Un minibús para Brasil

Durante una segunda cita, le da a Suzanne su pasaporte, que ella fotografía con su teléfono. La joven le informa que tendrá que ir primero a Brasil, a Boa Vista, la capital del estado de Roraima. Es allí, según ella, donde se pondrá en contacto con «un nigeriano» encargado de darle las instrucciones para el futuro. Suzanne simplemente especifica que esta es una organización acostumbrada a “trabajar” con Amsterdam. “No hice más preguntas”, admite Marvin.

El 24 de enero de 2020 por la mañana, en una de las estaciones de buses de Caracas, se sube, con el bulto al hombro, en un minibús. En dirección a la frontera brasileña, a 1.300 kilómetros de distancia. Otros tres candidatos están en el viaje. No sabe nada más, salvo que tendrá que llamar a Suzanne una vez a su destino y que «la organización», como dice ahora, tiene su nombre y su foto.

El viaje dura dos días. En la estación de autobuses de Boa Vista, telefonea a Suzanne según lo acordado. Esto le hace esperar lo suficiente para ponerse en contacto con «el jefe». Ella vuelve a llamar y le dice a Marvin que vaya al hotel Acesso Rapido con los otros tres pasajeros. En el taxi, Marvin usa el wifi del auto para comunicarse con su pareja y tranquilizarla. En el hotel nadie los espera. El salón de recepción está abarrotado de gente, entre veinticinco y treinta viajeros, «todos venezolanos».

A las 6 de la tarde, Marvin se entera de que el «jefe» necesita un poco de tiempo y que, de todos modos, solo se presenta de noche. Después de una larga espera, se les pide que se dirijan a otro hotel, a veinte minutos en coche, ya que el Acesso Rápido está lleno. Un taxi los deja en un barrio un poco más elegante. Y allí, frente al cartel, otra llamada telefónica: deben regresar y establecerse en 3 Naçoes (3 naciones), un establecimiento cerca de Acesso Rápido. Siempre por una historia de lugares.

Encuentro con «el chef»

En la cena, los cuatro viajeros finalmente conocen al “chef”. El hombre al que todos aquí llaman Henry es nigeriano. Alto, fuerte, muy «Nike-gafas-camiseta-jogging»; según Marvin, es «afable e intencional». Frente a una botella de Coca-Cola – Henry no bebe alcohol – les explica que ahora solo tendrán que viajar en taxi, «nunca a pie ni en transporte público». Llegará su turno para la salida, pero tendrán que esperar hasta que les entreguen los medicamentos. Hasta entonces, les aconseja que coman lo suficiente todos los días para agrandar el estómago.

Aunque todavía no lo sospecha, Marvin acaba de entrar en los engranajes de una red mafiosa nigeriana, organizaciones tan secretas como violentas. Arraigados durante décadas en Nigeria, sus ramificaciones se extendieron gradualmente a Europa, especialmente a Italia. Sus patrocinadores han logrado conquistar nuevos mercados, incluso ganando terreno en América Latina. Organizadas en torno a cofradías, los «cultos», cuyos miembros activos son más de 1 millón en Nigeria, estas redes han establecido vínculos a través de una nebulosa de células, más o menos autónomas, con los cárteles colombianos y mexicanos y las bandas brasileñas.

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Marvin nunca abordará el tema con sus interlocutores. Se quedarán callados, sin mencionar sus estructuras y modo de funcionamiento, ni frente a él ni frente a las otras «mulas». “Aunque el ambiente parecía bastante relajado, la regla era que todos debían permanecer en su lugar. «

“Henry era el padre de todos nosotros, pagaba y organizaba todo. Las comidas se tomaban en un autoservicio donde todo se arreglaba con anticipación”

El segundo día, se invita a los cuatro viajeros a instalarse en el Acceso Rápido. El hotel, un sencillo edificio de hormigón de un piso, es propiedad de Kevin, un nigeriano de 42 años. Propietario y también pastor de la iglesia local de Nigeria, registra todas las noches, en pequeños grupos, las personas que salen o regresan. “Este ir y venir siempre fue una oportunidad para divertirse”, recuerda Marvin. Sí, me sentí bien. Con todos estos venezolanos, tenía confianza. «

La estadía en Boa Vista dura veintidós días. “Henry era el padre de todos nosotros, pagaba y organizaba todo. Las comidas se tomaron en una cafetería cercana donde todo se organizó con anticipación. Cuando venía, seguía pidiendo más comida, pizza, pasta… A veces nos enviaba a uno de nosotros a buscar dinero en efectivo de Western Union. »La única restricción: no puede salir del hotel sin permiso. “Estábamos bajo vigilancia. Un día, nos prohibieron salir de las habitaciones, un nigeriano fue arrestado en la ciudad. «

Otro día, Marvin se entera de que se va a Manaus. Doce horas de camino por la noche, a las cinco esta vez. Nada más llegar, se dirigieron al aeropuerto para tomar un avión de pasajeros hacia Belém, donde pasarán la noche en el hotel.

Al día siguiente, otro vuelo, esta vez para Macapa, la capital federal de Amapa, el estado fronterizo de la Guayana Francesa, la única frontera de la Unión Europea en América del Sur. Cada uno tiene en el bolsillo 400 dólares, 100 euros y 150 reales (22 euros), la moneda brasileña. «Suficiente para entrar en territorio guyanés donde tienes que demostrar que tienes lo suficiente para pagar los gastos diarios», dijo Marvin.

Un simple «turista» en Guyana

En Macapa, toman un autobús en dirección a la ciudad fronteriza Oiapoque. El camino es caótico, interminable. Una vez llegados, se embarcan en medio de la noche en una canoa para cruzar el río y llegar a Saint-Georges. Taxi nuevo, dirección aduana francesa, paso obligatorio para obtener el sello de entrada en el pasaporte, y para indicar que están en regla. Los ciudadanos venezolanos no necesitan visa para ingresar a territorio francés.

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El agente Marvin explica que está en Guyana para hacer turismo. La prueba: tiene reserva de hotel y seguro de viaje. Todo está en su teléfono, grabado en WhatsApp desde Boa Vista, donde se realizaron los trámites dentro del hotel Acesso Rápido. Objetivo de la maniobra: entrar legalmente a Guyana para luego poder embarcarse hacia Europa.

Con el pasaporte sellado, llaman a un tal Mike, el primo de Henry. «Él es el que está a cargo del resto», dice Marvin Luego, los cinco alquilan una furgoneta taxi a Cayena por 40 euros. En la ciudad, el conductor llama a otro taxi que les lleva 20 euros cada uno para llevarlos al otro extremo de Guyana, en el noroeste, a Saint-Laurent-du-Maroni, la ciudad fronteriza con Surinam.

Surinam, epicentro del narcotráfico

Son las 11 de la noche, ninguno de ellos durmió en el viaje. El calor es sofocante, el muelle está desesperadamente vacío. Es demasiado tarde para tomar una canoa con destino al otro lado, en el lado de Surinam, el país donde se les entregará la droga. Se unen a Mike nuevamente, quien llama a otro taxi que logra traer un bote pequeño. Tienen que pagar 20 euros por la travesía. «Normalmente son 5 euros», murmura Marvin. Por primera vez, el joven venezolano siente cierta preocupación. “El lugar estaba lúgubre y comprendimos que no debíamos demorarnos. Un vendedor ambulante que pasaba nos miró con los ojos muy abiertos y dijo que tuviéramos cuidado con nosotros. «

Al otro lado, un taxi los lleva hasta el límite del municipio de Albina. Dos policías los esperan. El grupo muestra sus pasaportes y entrega 120 euros en efectivo por persona, el precio a pagar por no tener un sello de Surinam. “Este es el procedimiento a seguir”, nos explicó Mike, “un rastro de nuestro paso por Surinam despertaría las sospechas de los funcionarios de aduanas franceses. Esta es también la razón por la que hicimos este largo camino por el sur. «

En un hotel cerca de la capital de Surinam, Paramaribo, «no había límite para darnos dinero y salir a comer»

Surinam. El nombre de esta antigua colonia holandesa es obvio. Este país de menos de 600.000 almas es conocido por ser el narcoestado de toda la región. El ex presidente golpista y reincidente Dési Bouterse fue condenado en 1999 a once años de prisión en rebeldía por un tribunal de La Haya por tráfico de cocaína. Fue bajo su reinado (a su vez dictador de 1980 a 1987, presidente con puño electo en 2010, y reelegido en 2015 hasta julio de 2020) que este confeti de la inmensa selva amazónica se convirtió en el epicentro del tráfico de drogas y lugar de tránsito para «mulas» con destino a Europa.

Otras dos horas de camino y aquí están, dejados en taxi, frente a un hotel cerca de la capital, Paramaribo. “Todos conocían a Mike y Henry, desde los taxistas hasta los dos policías en la frontera. « Mike está parado frente a ellos. Un tipo alto con una cicatriz en el brazo que los saluda y les pide con una sonrisa que les devuelvan el dinero que les queda. «Sabía cómo hacerlo e incluso parecía incluso más amable que Henry», dice Marvin. A su alrededor, una buena docena de personas. “Había mucha gente, lista para irse, esperando un cargamento de cocaína. «

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Mike habla español. Dice que vivía en Caracas. Como Henry, está atento a la cantidad de comida que ingieren sus anfitriones. «Pollo y pollo, todo el tiempo, incluso KFC «, dice Marvin. A diferencia de Boa Vista, aquí no había límite para darnos dinero y salir a comer. “En el centro de la ciudad en taxi, el grupo comienza a tener sus costumbres en El Sabor Lori, una tienda regentada por compatriotas con sus tortas de arepa y televisión conectada en el canal público venezolano Telesur.

Un día, la mecánica de la vida cotidiana se atascó después de una llamada de Boa Vista. El grupo se entera de que cuatro venezolanos han desaparecido en París. Marvin obtuvo la información de una de las «mulas» que había visto allá en Brasil. “Pensó que podrían haber sido secuestrados por bandas rivales de Nigeria para recolectar la droga. Fue allí donde supe que podía suceder. «Mike entonces decide cortar las comunicaciones con Boa Vista. Los grupos están aislados. “El ambiente se hizo difícil, me separaron de los demás, ciertamente por temor a que uno tomara la puerta o se rindiera en el último momento. «

«Hazte hermosa para París»

A medida que pasan los días, la tensión finalmente cede. Marvin encuentra a los demás en la mesa y mata el tiempo atiborrándose a expensas de la organización. Ninguna noticia relacionada con la supuesta «desaparición» de las «mulas» en París ya no perturbará su estancia. Según la investigación de Le Monde, que pudo hablar con uno de ellos, los cuatro venezolanos no habían sido «secuestrados» sino detenidos por la policía el 23 de febrero de 2020, durante una intervención en un hotel F1 en los suburbios parisinos, el día después de su llegada a Francia.

El 1 st de marzo de Mike anuncia la salida de París es inminente. Marvin necesita comer más. Él obedece, traga comida china, pollo, cerdo, casi el doble de lo que se había obligado a tragar en las últimas cinco semanas. Por la noche, Mike la lleva a una peluquería. «Tienes que vestirte bien para París», se ríe. Con el cabello despeinado, compran ropa, un abrigo de invierno, una chaqueta elegante y una gran bolsa de gimnasia antes de que Mike lo lleve de regreso al hotel en su Mercedes.

A medianoche, comienza la sesión de ingestión de las cápsulas. Hay cuatro en una habitación, Daniela, Juan, Marvin y un hombre con fuerte acento maracucho (noroeste de Venezuela), en el rol de supervisor. “Fue grosero pero sabía lo que hacía”, dijo Marvin, “ empezó de inmediato dándonos un protector gástrico. «

Tienes que inclinar la cabeza hacia atrás como un traga espadas y tragar la bola de masa a lo largo para evitar que se atasque en la garganta.

Se abre la puerta. A cada candidato al viaje se le coloca frente a él un gran plato hondo con unas cincuenta cápsulas en forma de cilindros con bordes redondeados. Están disponibles diferentes formatos, una gama dividida entre 7 y 12 gramos. Marvin elegirá los de 8 y 10 gramos, reservándose los calibres más grandes para los habituales, sugiere el «supervisor».

«La ingestión de las cápsulas es muy dolorosa», hace una mueca. Para cada pelota, los mismos gestos. Primero, sumerja el huevo en un líquido para deslizarlo mejor por la garganta. “Lo ideal”, nos dijo el Maracucho, “es la sopa de pollo. Como teníamos prisa, solo teníamos Gatorade. «Luego inclina la cabeza hacia atrás como un traga espadas y traga la pelota en la dirección de la longitud para evitar que se bloquee en la garganta. “Para mí, una de cada cinco cápsulas no funcionó. Cada vez, tuve que empezar de nuevo. “Marvin está sufriendo, pero lo hace mejor, trata de concentrarse, evita los ojos de los demás, no piensa en nada. Tragar, eso es todo.

Dos horas de calvario

Su garganta está en llamas. Pide un descanso para fumar. El «supervisor» acepta pero dice que no es muy apropiado. Le da un antidiarreico y le aconseja que salte para pasar mejor las cápsulas. Marvin lo hace. La prueba dura casi dos horas. Su vecino tardará siete horas en tragarse 700 gramos.

Después de una corta noche, Marvin se levanta con un impulso urgente. Se expulsan así dieciséis cápsulas. Los lava con la botella de enjuague bucal del hotel y se los vuelve a tragar. El Maracucho había advertido: desde hace tres o cuatro años, los huevos se hacen con máquinas especiales y bandas de plástico. “Insistió en que estaban a salvo, resistió la acción de los jugos gástricos durante seis o siete días en el estómago y se podían volver a tragar. Parece que tenía razón. «

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Esta vez están listos. Mike llama a un taxi. Les da a cada uno 500 euros, y 100 euros adicionales a la joven Daniela que pagará la habitación en París. Ellos se dan la mano. Esta es la última vez que lo verán.

El viaje en coche de Paramaribo a Cayena es de poco más de cinco horas. A bordo de un ferry, cruzando el río Maroni, les acompaña el taxista. Allí, este último los entrega directamente, sin pasar por la aduana, a otro conductor que los está esperando. “Desde que nos habíamos tragado las cápsulas, fuimos acompañados y monitoreados en todo momento, como paquetes preciosos. « Otro taxi con otros tres» mulas «que no conoce, es el camino con ellos al Aeropuerto de Cayena. “La tensión era alta. No intercambiamos una palabra durante todo el viaje. «

Vuelo a Paris

Frente al estacionamiento del aeropuerto, el grupo debe separarse para ingresar al pasillo sin despertar sospechas. Marvin se registra en el mostrador de Air France. Entrega su pasaporte, muestra las referencias de su boleto, sin preguntas. Luego deja su bolso, pasa por la aduana, todavía sin preguntas. Solo al pasar por el pórtico de seguridad, en el momento del abordaje, un oficial lo aparta para verificar que no lleve explosivos. Se toma una muestra de sus manos con un hisopo de algodón. El espectrómetro es negativo. Embarque autorizado.

“En ese preciso momento, la tensión disminuyó, incluso me sentí tranquilo, casi a gusto. En Venezuela tenemos miedo constante, un control policial, un aluvión de milicianos, bandidos… que acabamos acostumbrados a estresar. «A las 19 horas, el avión despega. Marvin se duerme, no sin antes haber visto a una docena de compatriotas a bordo.

En Orly, con un seguro de viaje AXA y una reserva de hotel en el bolsillo, pasa la aduana sin problemas. “Bienvenido a Francia”, le dice el agente. Marvin recupera su bolsa de gimnasia y se apresura a subir a un taxi por su cuenta. “Luego del episodio de la desaparición de los cuatro venezolanos, me dijeron que tuviera cuidado y tomara un taxi regular, no un taxi fantasma donde hay riesgo de secuestro. Algunos revendedores pueden estar confabulados con pandillas. «

En su habitación, lava las cápsulas con agua caliente y se las pone en unos calcetines. Las órdenes eran claras: «Desestrésate y duerme, espera la llamada de Henry».

Se realizó una reserva a través de Expedia, en un hotel ubicado no lejos de la Gare du Nord. Dos noches reservadas a su nombre, por un total de 220 euros. Alrededor de las 7 a.m., Marvin expulsó 45 cápsulas. Luego 50. Nueve permanecen en su cuerpo. En su habitación, lava las cápsulas en agua caliente, quita la primera película plástica que las envuelve y las mete en unos calcetines. Por reflejo, bloquea su puerta con una silla. Las órdenes eran claras: «Desestrésate y duerme, espera la llamada telefónica de Henry». «

En la mañana del 3 de marzo, encuentra a Daniela y Juan en el lobby de su propio hotel. La joven recoge todas las cápsulas en su bolso. Taxi, dirección a la estación de autobuses de Bercy. La consigna? Tome billetes de autobús a Ámsterdam con la compañía Eurolines. En el mostrador, se les dice que no hay más asientos, excepto más tarde en el día. Inmediatamente alertado, Henry les da luz verde para tomar otra empresa, FlixBus, que tiene espacio en una hora. Daniela compra las entradas y paga las tres.

Después de una primera parada en el aeropuerto Charles-de-Gaulle, el autobús sale pero vuelve a detenerse, después de apenas diez minutos en la carretera. Control aduanero. El registro de las bolsas revela la maceta de rosas a la policía. Después de revisar los boletos, los tres venezolanos son inmovilizados en el suelo y esposados. Marvin no se resiste. «Nunca pensé que me seguían «, dijo con cansancio. Lo único extraño durante este viaje fue el comportamiento del conductor del autocar, huyendo y preocupado. «Y entonces esto: » Nuestro error es haber comprado los billetes de una sola vez. Deberíamos haber tomado los billetes por separado, como se había hecho con el avión. «

Solo el 15% de las «mulas» son aprehendidas

Los llevan a Charles-de-Gaulle para un escaneo, luego al Hôtel-Dieu, el hospital donde Marvin pasa la noche, el momento de evacuar las nueve cápsulas restantes. Luego viene el traslado a la Prefectura de Policía, donde permanecerá cuatro días. “Los agentes siempre fueron todos muy amables conmigo, menos uno, un tonto que me provocó y repitió que yo era Pablo Escobar. « De acuerdo con el traductor asignado, la pureza de la cocaína que portaba fue del 97%, más de 70 euros por gramo vendidas al por menor, y por lo tanto un mayor valor total de 70 000. Agrega que tuvo mala suerte. Según estimaciones del Ministerio del Interior, sólo el 15% de las «mulas» son aprehendidas, casi dos casos por día en Orly.

El 7 de marzo, Marvin fue puesto en prisión preventiva y trasladado a la prisión de Osny, a la espera de una primera comparecencia ante un juez. Esto está programado para el 18 de marzo. Se produce la contención y la audiencia se pospone hasta el 28 de abril. Marvin llora: “El 7 de marzo es el cumpleaños de uno de mis hijos. “ En la celda se encuentra todos los días con un cuaderno escolar a cuadros. Escribe para la memoria, para sus hijos, su pareja, su madre. Páginas y páginas ennegrecidas por una escritura densa y sensible.

“Todo esto podría haberse evitado si, quizás, hubiera pensado en las consecuencias de la decisión que tomé. « O esto: » Cuando todo se derrumba sobre ti y piensas que tu vida ha terminado, es cuando te das cuenta de que realmente fallaste. « Todavía hay llanto. “Los guardias de la prisión fueron muy comprensivos. » En la primera llamada telefónica a su pareja, se entera de que ha recibido amenazas de Henry. Le pide que le envíe un mensaje para explicarle su situación, con el nombre de la prisión francesa como prueba.

Multa de 8.400 euros, un año de prisión

El 28 de abril se realizó la comparecencia ante el juez por videoconferencia. Encuentra a Juan, uno de sus compañeros de desgracia. Es allí donde le detalla al juez la catastrófica situación de su país, por qué la gente pasa hambre y por qué eligió este camino.

También cómo se benefician los grupos mafiosos y cómo se siente doblemente victimizado. La fiscalía exige multa de 8.400 euros, dos años de prisión y expulsión del territorio. Después de la consulta, Marvin es condenado a un año de detención y una multa de 3.400 euros. Le llevará un tiempo comprenderlo.

En prisión, pide trabajar en el taller. Se porta bien, consigue una reducción automática de sentencia de tres meses, luego un mes por el coronavirus, y casi dos más por buena conducta. Su liberación le fue notificada el 19 de agosto. Pero la policía lo lleva a un centro de detención para migrantes en Essonne. Allí pasará ochenta días esperando un vuelo a Caracas que no llegará. Sin boleto ni pasaporte, detenido en la Prefectura, Marvin finalmente fue autorizado a abandonar el centro el 3 de noviembre de 2020.

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Ya no tiene ningún contacto con la organización. Henry no devolvió la llamada a su esposa. La joven Daniela fue liberada el 7 de diciembre de 2020. Juan, se fue a España. Marvin a veces se comunica con ellos, pero nada más.

Después de dos semanas de reclusión en un templo evangélico, Lumière du monde en Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), recurrió a una asociación para ayudar a los inmigrantes latinos. A un colectivo de periodistas venezolanos independientes, Alianza Rebelde Investiga, le contó su historia, de forma anónima y siempre con tanta modestia. La oportunidad, espera, de recordar la crisis en su país y su corolario, la explotación de esta miseria.

El futuro? Marvin espera un posible vuelo para «al menos pedir perdón» a sus allegados. Un llamamiento también a las autoridades para obtener protección como refugiados y luego, por qué no, lecciones de francés. Una cosa más: ser creído cuando dice: «No soy un criminal».

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/11/de-caracas-a-paris-l-odyssee-sans-fin-d-une-mule_6072655_3210.html

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Foto: Profesor Jorge Freytter, delito de lesa humanidad 

En Colombia existe hace años una situación inversa donde se condecora a los asesinos de líderes sociales y se revictimiza a los muertos. Esta es una historia, con documentos desconocidos hasta ahora, sobre un caso de esa lamentable ecuación.

27 mar 2021.- Para eso retomemos un tema de investigación recurrente en esta columna y es el asesinato del profesor universitario Jorge Adolfo Freytter Romero, perpetrado hace 19 años por paramilitares en confabulación con miembros de la Fuerza Pública.

Como se ha planteado anteriormente, el 28 de agosto de 2001 el profesor Freytter fue retenido al llegar a su casa en Barranquilla por un grupo de hombres fuertemente armados y fue sometido por más de 24 horas a actos de humillación y tortura, que finalmente terminaron en su muerte al día siguiente a causa de asfixia provocada por una bolsa de plástico en su cabeza. Horrible.

Freytter fue profesor de la Universidad del Atlántico por más de 20 años, tiempo durante el cual también habría participado activamente en distintas actividades de carácter sindical.

Gracias a evidencia mostrada en este espacio, se ha podido determinar que en su secuestro, tortura y asesinato intervinieron mancomunadamente agentes de operaciones especiales del Gaula (unidad de lucha contra el secuestro) del departamento del Atlántico, miembros del DAS y estructuras paramilitares del Bloque Norte de las Auc controladas por Jorge 40.

Este homicidio se suma a una serie de crímenes que se cometieron en contra de miembros de la comunidad académica de la Universidad del Atlántico, que manifestaron ser opositores de la administración del ente educativo y que realizaron denuncias por irregularidades y situaciones de corrupción al interior de esta institución pedagógica.

En el departamento del Atlántico existió una llamada Red Cóndor, que trabajaba con los paramilitares y que perteneció a las instituciones de Inteligencia de la Policía Nacional-Sijín, el DAS, el Gaula y el Ejército, manteniendo bajo seguimientos a diferentes profesores, estudiantes, trabajadores y familiares para lograr sindicarlos y señalarlos de auxiliadores de grupos insurgentes.

En esa lista figuran los homicidios de Raúl Peña Robles, profesor, asesinado el 30 de diciembre de 1998; Luis Miguel Meza Almanza, líder estudiantil, asesinado el 26 de agosto de 2000; Alfredo Martín Castro Haydar, profesor, asesinado el 5 de octubre del año 2000; Lisandro Vargas Zapata, profesor y vicerrector de la universidad, asesinado el 24 de febrero de 2001; Jairo del Carmen Puello Polo, estudiante y miembro de Prociudadela, agremiación que velaba por los intereses del complejo universitario, asesinado el 3 de mayo de 2001, y, dentro de la investigación que hoy nos ocupa, el homicidio del profesor Freytter Romero.

Pues bien, dos días después de la desaparición y el asesinato del profesor Freytter, el entonces comandante del Grupo Gaula Urbano de Barranquilla, el coronel Leonel Sánchez Montenegro, pidió a la Dirección Antisecuestro y Extorsión de Bogotá condecorar al agente Flover Torres.

Así lo demuestra una solicitud escrita en Barranquilla el 30 de agosto de 2001, dirigida al coronel Rafael Hernán Cely Vega, director antisecuestro y extorsión de la Policía Nacional.

El asunto de la carta era, nada más ni nada menos: Felicitación especial. “Con todo respeto me permito solicitar a mi coronel, señor director antisecuestro y extorsión, se digne estudiar la posibilidad de conceder una felicitación especial al personal que más adelante se relaciona por su mística y profesionalismo demostrando en las actividades de inteligencia, investigativas y operativas”.

En la solicitud de condecoración el coronel Leonel Sánchez Montenegro se incluye a sí mismo, cómo no, y después incluye al teniente coronel Flover Argeny Torres Sánchez.

Observando el recaudo probatorio obrante dentro del expediente, encontramos que existen señalamientos directos y ratificados por parte de Carlos Arturo Romero Cuartas, alias Montería, en contra de algunos miembros de las Auc y el Gaula, quienes planearon y ejecutaron el secuestro extorsivo y el homicidio de Jorge Freytter.

Alias Montería dejó claro cuáles funcionarios del Gaula habían participado en el asesinato del profesor Freytter. “Las personas que habían participado en el hecho fueron algunos funcionarios del Grupo Gaula de la Policía del Atlántico y del Grupo Gaula del Ejército para el año 2001 en los cuales están principalmente el teniente Torres; Pacheco, alias la Chacha; Mariano y Sáenz, miembros de la Policía, y dos funcionarios del Ejército, un sargento encargado de los taxis de esa unidad y un soldado profesional el cual lo identificaban como alias el Iguano”.

En esto hay que tener presente también la declaración rendida el 6 de febrero de 2008 por parte del señor Carlos Arturo Romero Cuartas, paramilitar del Bloque Norte de las Auc.

En su declaración habla claramente de la macabra participación de Flover Torres en el asesinato del profesor: “Como a la una de la mañana llegaron el teniente Torres a quien también le dicen el Ingeniero, Pacheco o la Chanda, y Mariano, quienes pertenecían al Gaula de la Policía de Barranquilla. Estaban en este lugar porque eran los encargados de botar a Freytter, subieron por él y Torres y Pacheco le colocaron una bolsa en la cabeza y la sellaron con cinta hasta que lo asfixió, luego lo bajaron y lo montamos al baúl del carro en el que había venido el teniente Torres, este carro era de color rojo y estilo cupé dos puertas, y se lo llevaron. Yo me fui en un taxi junto con Chiqui para la casa de Mocho porque allí vivíamos, a los días Pacheco me comentó que a Freytter lo habían botado por la vía que conduce a Ciénaga, Magdalena, y que él le había pegado dos tiros en la cabeza con una pistola 3-80”.

De esta manera queda demostrada la participación de la unidad de antisecuestro en el secuestro y asesinato del profesor Freytter, en especial del teniente coronel Torres Sánchez. No solo eso, como se contó en la columna del pasado 27 de febrero, la Fiscalía le delegó al mismo Gaula la investigación de los hechos de la muerte del catedrático Freytter.

Es decir que el Gaula se estaba autoinvestigando por ese secuestro y asesinato y, como si eso no fuera suficiente, autocondecorándose por los lamentables hechos.

https://www.elespectador.com/opinion/condecorar-al-asesino/

21.9.-Más rápido caen los mentirosos… CECILIA OROZCO

Habrá libro de la primera dama, tituló el portal Las2orillas y publicó esta fotografía

El domingo 14 de marzo Noticias Uno publicó, después de una obligatoria tarea de constatación de detalles que tomó más de una semana, una información que recibió días atrás, de fuentes directas y de absoluta seriedad.

23 mar 2021.- El asunto era interesante porque involucraba dineros públicos de una entidad oficial tan discreta y distante —creería uno— de la politiquería tradicional como el Archivo General de la Nación; también por la trivialidad del objeto propuesto; por la imposibilidad fáctica de su director, Enrique Serrano, de oponerse a ese gasto, debido a la cortesía y al compromiso social; y, finalmente, por la vanidad de María Juliana Ruiz, esposa del presidente Duque, quien puede imponer sus deseos cuando lo desee.

Antes de la emisión del noticiero sopesamos la respuesta de la Casa de Nariño y de sus canales abiertos y subrepticios de comunicación, desde donde enfrentan a los medios, reporteros, analistas o comentaristas que difunden noticias que les desagradan o que no les convienen.

Confieso, sin embargo, que no calculamos la sobrerreacción oficial al informe de la periodista Juliana Ramírez en que esta revelaba la petición de la señora Ruiz al director del Archivo, de “realizar un libro autobiográfico sobre el papel de la primera dama” que saldría al mercado el año entrante, meses antes de la finalización del actual cuatrienio.

 Tal vez por el eco que tuvo la noticia, al día siguiente, más que por su banalidad, por la falta de pudor de la propuesta, la tropa de propagandistas gubernamentales insertada en las redes y en los medios oficialistas elevó la indignación del palacio presidencial al rango de desmentido general. Empezaron a brotar insultos para Noticias Uno, su directora y sus periodistas, en redes, cuentas anónimas y bodegas dirigidas clandestinamente por funcionarios públicos, de acuerdo con una juiciosa investigación de La Liga Contra el Silencio.

Pero faltaba la contestación formal que circuló, casi simultáneamente, falseando la verdad sin disimulo, no obstante que comprometía el buen nombre de sus autores: un boletín del Archivo en que “rechaza de manera categórica la información que está circulando” (ver); un “comunicado de la primera dama, María Juliana Ruiz, sobre la gestión social del país” (ver), titulado así por la Presidencia, y con contenido similar al de una rendición de cuentas de un representante del Estado; y un trino insertado en la cuenta oficial de la Casa de Nariño, con un título similar al anterior: “Comunicado de la primera dama, María Juliana Ruiz, sobre la #GestiónSocial del país”, pero con la variante de que el texto está impreso en hoja con sello del escudo de Colombia y firma, en escáner, de la esposa del mandatario. Muy elegante. Allí, la señora Ruiz aseguraba que no tenía “interés en protagonismos” y añadía que quería dejar claro que “mi actuar (sic) jamás lo motiva ni la vanidad ni el egocentrismo” (ver).

Hay un refrán que sostiene que más sabe el diablo por viejo que por diablo, que significa que la experiencia es más útil, en ciertas circunstancias, que la viveza y el atajo. Noticias Uno decidió guardar los mensajes que, a instancias de la periodista Ramírez, intercambiaron ella y el director del Archivo el 11 de marzo, tres días antes de publicar la información sobre el libro que la señora Ruiz quería (¿o quiere?) publicar sobre sí misma pero que ella y Serrano maquillaron como “investigación” sobre el papel de las primeras damas desde el siglo XX.

La periodista le dice a Serrano a través de su servicio de WhatsApp: “El pasado 4 de marzo usted sostuvo una reunión con María Juliana Ruiz… en la que ella le solicitó que la entidad que usted dirige realice un libro autobiográfico sobre el papel de la primera dama. Quiero saber cómo va el proceso…”. Responde el director del Archivo General: “En efecto, sostuve una reunión en tal sentido pero la información que requieres todavía está en proceso…”. Contrapregunta la periodista: “Pero aunque no tenga fecha exacta, ¿saldría este año?”. Respuesta: “En la primera mitad del año entrante”.

Hay otro refrán que dice que más rápido cae un mentiroso (o dos mentirosos) que un cojo.

https://www.elespectador.com/opinion/mas-rapido-caen-los-mentirosos/

21.9.-Biografías y abusos RAMIRO BEJARANO

Foto: Primera dama Maria Juliana Ruiz.

 Respetando a todas las señoras que han sido primeras damas, algunas de las cuales han ejercido más como vicepresidentas que como cónyuges, no creo que la historia del país vaya a cambiar por lo que sepamos de la vida y los milagros de tan conspicuas ciudadanas. Todas me han parecido importantes e inteligentes, incluida aquella que es rosa de todos los floreros palaciegos, porque ha estado aplaudiendo a todos los mandatarios. Por supuesto que no las he conocido a todas, más bien pocas.

27 mar 2021.- Entre otras, recuerdo con desagrado a una que en alguna ocasión me asaltó furiosa en un restaurante cuando estaba con mi esposa y mis hijas —entonces tan pequeñas que, por la facha y actitud de la señora que nos abordó, en su universo infantil creyeron que era la temida Cruella de Vil de 101 dálmatas—, para reclamarme porque ese mismo día domingo, en esta columna, había divulgado un detalle incómodo para la Fundación Batuta que ella presidía. Ya habrá oportunidad de volver sobre eso, en especial ahora que se nos viene un tratado sobre las bien casadas.

El noticiero Noticias Uno reveló que hay un proyecto para que el Archivo General de la Nación publique un libro biográfico de la primera dama, y todo el arsenal de comunicaciones y comunicadores afectos al Gobierno salieron indignados a desmentir la noticia. ¡Pobres!, desde las escalinatas de la “Casa de Nari” les metieron los dedos a la boca y volvieron verdad las falacias que el Gobierno les sopló.

Cuando Noticias Uno demostró con pruebas incontrovertibles que el proyecto de marras estaba andando, el gelatinoso director del Archivo General de la Nación, que antes había negado todo, sin ruborizarse excusó su torpeza con la consabida coartada de que lo habían sacado de contexto. Mientras tanto, la errática primera dama declaraba sin convencer que era falso el cuento.

Ante esa cadena de desaciertos, es obligado preguntarse qué persiguen el Archivo General de la Nación y/o la primera dama con esa historia ridícula que les estalló y que, quiéranlo o no, los dejó convertidos en un par de mentirositos. Todavía no sabemos en qué consistirá ese gran proyecto que el Gobierno cree cambiará los hábitos de lectura de los colombianos, ni cómo tendremos que aproximarnos en adelante a la historia. Aunque todo está por verse, es evidente que este suceso tan pintoresco dejó en claro que este Gobierno naranja es especialista en mentir o disfrazar las noticias. Ojalá esa no sea la razón para haberse inventado un noticiero oficial de televisión, a imagen y semejanza del de Maduro o de los Castro.

Si la señora Juliana quiere leerse en una autobiografía, está en su derecho de aburrirse. Lo que sí no se ve sensato es que a nadie se le hubiese ocurrido expresar que, en un país tan lleno de necesidades y de trapos rojos en tantos rincones de la patria, la tal biografía es importante, ni siquiera si el personaje fuese el mismo subpresidente Duque.

Me pregunto si no hay control de advertencia de la Contraloría o de la Procuraduría para cuando a un funcionario, bien por lambón o por falto de carácter, se le ocurre comprometer recursos públicos para satisfacer la vanidad de quien quiere verse en letras de molde por el resto de su vida.

De lo que se trata es de destacar que es tal el descuido de quienes controlan a los funcionarios, que hubo alguno quien, a pesar de sus indiscutibles orígenes en la academia, pensó que podía despilfarrar unos pesitos para quedar bien en Palacio. Si aquí la Procuraduría no estuviere encargada de hacerles favores al uribismo y al Gobierno —como su intervención en la práctica de pruebas para favorecer a la camarilla de malvados o la necia investigación disciplinaria contra Claudia López porque cuestionó el abuso de poder de Uribe, para no mencionar, por ahora, las andanzas de una Fiscalía politizada y al servicio del jefe político del régimen—, nadie osaría meter la mano en el erario. Y si la Contraloría se hiciese respetar por sus decisiones y no por cábalas politiqueras, estas cosas tan peligrosas no deberían suceder.

Considero a la señora Juliana, quien en últimas es apenas una ciudadana particular rodeada de funcionarios y lagartos que no le dejan ver la realidad.

Adenda. Si los entendidos aseguran que la nueva reforma tributaria nos quitará el 56 % de los ingresos, ¿cómo pagaremos impuestos y viviremos?

https://www.elespectador.com/opinion/biografias-y-abusos/

  • 21.8.-“Me mataron pero seguiré levantando mi voz” CECILIA OROZCO
  • Perdón, Jineth Bedoya – PATRICIA LARA
  • La puerta de atrás YOHIR AKERMAN
  • Dictador en ciernes o tiranos en su salsa CRISTINA DE LA TORRE
  • electrocaribe: intervención no es expropiación – AMYLCAR ACOSTA
Jineth Bedoya y su testimonio. Foto You Tube

“Soy una periodista colombiana que lleva más de 25 años ejerciendo su profesión. Entre 1999 y 2000 era reportera judicial del periódico El Espectador y estaba documentando un caso de tráfico de armas y ‘compra y venta’ de secuestrados, además de otras violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo en La Modelo, uno de los centros penitenciarios más peligrosos del mundo para ese momento y en donde ocurrían todo tipo de hechos, desde tráfico de armas hasta descuartizamientos y desapariciones.

16 mar 2021.- Esa investigación tenía un componente especial y era que allí confluían todos los grupos armados: paramilitares, guerrilleros, integrantes de mafias del narcotráfico y delincuencia organizada. Lo paradójico era que, públicamente, los agentes del Estado (estoy hablando de integrantes del Ejército y, especialmente, de la Policía) combatían estos grupos ilegales pero, dentro de la cárcel, tenían alianzas. La Modelo era la ‘oficina’ desde donde se conectaba todo el crimen del país. Las amenazas habían iniciado a finales de 1998 y por eso decidí dejar RCN Radio, donde trabajaba, y cuando ingresé a El Espectador y retomé la investigación sobre la cárcel, se reiniciaron las amenazas. En mayo de 1999, mi mamá y yo fuimos víctimas de un atentado que denunciamos ante la Policía pero nunca se investigó. Cuando las amenazas se incrementaron, enviamos una carta al antiguo DAS pidiendo un esquema de seguridad. La carta fue enviada en agosto y la repuesta del Estado llegó en noviembre de 1999. Me contestaron que yo no estaba en riesgo. El atentado contra mi madre y contra mí nunca se investigó.

En mayo del 2000 se registró una masacre de 32 internos en esa prisión. El Espectador hizo una serie de publicaciones. Seguimos con las investigaciones y recibí llamados en que me decían que me quedaban tres días de vida. Con el director del periódico y mi editor, Jorge Cardona, decidimos acudir a la Policía. Hombres de Inteligencia de ese organismo estuvieron en el periódico. Tomaron testimonios y nos dijeron que la mejor solución para que terminaran las amenazas era que me entrevistara con los paramilitares. Esa misma noche recibimos una llamada en que nos ponían cita para ir a entrevistar a uno de ellos. Acudí la mañana del 25 de mayo con mi editor, Jorge Cardona, y el fotógrafo, para hacer la entrevista. Era una trampa. Cuando estábamos en la puerta de La Modelo, una persona del Inpec nos dijo que la boleta para el ingreso estaba lista. Mientras mi editor iba por el fotógrafo (que estaba en el vehículo), fui abordada por un hombre y una mujer. El hombre me intimidó con una pistola 9 milímetros, me encañonó en frente de una patrulla de la Policía. Me llevaron a un lugar cercano, me amarraron, me golpearon, me subieron a un carro y me sacaron de la ciudad. Empezó una travesía de muchas horas. (Cometieron contra mí) abusos y torturas que terminaron en violación masiva. Después no sé qué ocurrió. Me dejaron abandonada en una carretera, casi muerta.

(Mientras me torturaban) manifestaron que era un escarmiento para la prensa, que los periodistas éramos la plaga. Mi editor, Jorge Cardona, puso la denuncia y allegamos varias pruebas. Con el CTI de la Fiscalía hicimos unas grabaciones con unas personas sobre quiénes eran los autores materiales del hecho, cómo habían conseguido las armas, cómo me habían secuestrado. Esas pruebas se perdieron. Durante 11 años el fiscal que estaba encargado del caso me llamaba para decirme que por qué no investigaba yo, y que le entregara los resultados a él. El proceso estuvo paralizado todos esos años, y solo cuando la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) decidió presentar mi caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reactivó el proceso con muchas revictimizaciones y hechos que hoy siguen ocurriendo como persecuciones, intimidaciones, amenazas. Tuve que narrar mi violación 12 veces ante la Fiscalía. La investigación que yo adelantaba llevaba a establecer que había personas de la Policía implicadas. Muchos años después, gracias a las investigaciones periodísticas, pero también a los testimonios que han entregado paramilitares que han sido llamados al proceso, logramos establecer que la cabeza de esta red criminal y quien ordenó mi secuestro fue un general de la Policía en complicidad con otras personas de ese organismo. A mí me mataron la mañana del 25 de mayo. He creído que la palabra es la mejor forma de transformar el dolor. Pero mi vida se acabó: tener que ver todos los días en mi cuerpo las marcas de la violencia sexual y de la tortura es algo que no me permite cerrar este ciclo definitivamente. ¿Qué más dolor se puede cargar y qué más sufrimiento cuando ya te han matado? Es imposible volver a morir. Tengo que confesar que hubo un momento muy difícil cuando tomé la decisión de suicidarme pero el poder seguir haciendo periodismo gracias a El Espectador me hizo concentrarme 100 % en mi trabajo. Un día el director de la Policía le dijo al director del periódico en donde trabajo hoy, el diario El Tiempo, que lo mejor era que me fuera del país porque no podía garantizar mi vida. Mataron a una de mis fuentes después de que me reuní con ella y me entregó toda la documentación del responsable de mi secuestro, un general de la Policía. Una hora después de despedirme de él, lo asesinaron. Pero no me voy a callar. Voy a levantar mi voz” (extracto de la declaración de la periodista Jineth Bedoya, esta semana, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que juzga al Estado colombiano por las atroces vejaciones que ella ha sufrido desde hace 21 años, sin apoyo de los gobiernos que han transcurrido desde entonces, ni de la justicia).

Entre paréntesis. Colombia, representada por Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, solo intervino ante la Corte IDH para decir que se retiraba porque “no tenía garantías”. ¡Ignominia!

https://www.elespectador.com/opinion/me-mataron-pero-seguire-levantando-mi-voz/

21.8.-Perdón, Jineth Bedoya – PATRICIA LARA

No se sabe qué es peor: si el secuestro y las torturas que sufrió la periodista Jineth Bedoya a las puertas de la cárcel La Modelo y la violación masiva de que fue víctima después, el 25 de mayo del 2000, o el empeño del Estado colombiano en ocultar su responsabilidad en el caso, para lo cual, el pasado lunes, Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, recusó por supuesta parcialidad a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que apenas habían interrogado a la periodista.

18 mar 2021.- El testimonio de Jineth ante la Corte fue conmovedor y lo único que hicieron los jueces fue expresarle su empatía como personas: con lágrimas, ella contó cómo, luego de recibir amenazas por sus informes sobre tráfico de armas y compra y venta de secuestrados en la cárcel La Modelo de Bogotá, por recomendación de funcionarios de Inteligencia de la Policía acudió a la prisión en compañía de un fotógrafo y de Jorge Cardona, editor de este diario, donde ella trabajaba en ese momento, para hablar con el jefe paramilitar de la cárcel y ver si era posible que cesaran las amenazas. (Para entonces, ella y su madre ya habían sido víctimas de un atentado).

 No obstante que la boleta de ingreso estuvo lista, la entrevista no se dio porque, mientras Cardona fue a buscar al fotógrafo para entrar a La Modelo, Jineth fue abordada por un hombre y una mujer y encañonada con una pistola 9 mm. Luego de pasar frente a una patrulla de Policía, fue llevada a un sitio cercano, golpeada y, después de una larga travesía en la que afrontó toda clase de torturas, violada masivamente en un lugar donde había uniformados. Después fue abandonada, casi muerta, en una carretera. En el trayecto, le repitieron que todo eso se lo hacían para que la prensa escarmentara, “porque los periodistas se metían donde no debían”.

Interrogada sobre las investigaciones realizadas al respecto por la justicia colombiana, Jineth contó que, inicialmente, los periodistas allegaron pruebas e hicieron grabaciones a autores materiales en compañía del CTI de la Fiscalía. Pero después se perdió parte del expediente y el proceso estuvo paralizado 11 años. La investigación solo se reactivó cuando la Fundación para la Libertad de Prensa denunció el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchos años después, gracias a investigaciones periodísticas y declaraciones de paramilitares, se estableció que quien les habría pedido a esos delincuentes que secuestraran a Jineth habría sido un exgeneral de la Policía.

Sin embargo, después de semejante inculpación, nada pasó: la investigación siguió congelada. Ahora que la asumió la Corte Interamericana, el Estado colombiano, en lugar de pedirle perdón a Jineth y brindarle una reparación, recusó a los jueces, se retiró de la audiencia y optó por encubrir semejante atrocidad que atentó no solo contra Jineth, sino contra toda la prensa.

Con esos hechos del 25 de mayo del 2000, como ella lo dijo, a Jineth Bedoya le acabaron la vida. Y con la actuación, el pasado 15 de marzo, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a Colombia le acabaron la dignidad.

Nota. Felicitaciones al director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, a quien respeto y en quien confío, por la reforma que planea para la institución: educar a los policías en derechos humanos y ponerles microcámaras que filmen permanentemente sus actuaciones hará la diferencia. ¡Gracias, general!

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21.8.-La puerta de atrás YOHIR AKERMAN

La Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, está actuando como abogada defensora de los intereses personales del expresidente Álvaro Uribe Vélez. No como el ente investigador a cargo de administrar justicia en favor de todos los colombianos.

Me explico.

20 mar 2021.- El primer acto que demostró esto fue el bochornoso episodio —bochornoso para el sistema judicial— de pedir la preclusión de la investigación en contra del exsenador Uribe. Afirma la Fiscalía que Uribe es inocente de haber cometido los delitos de soborno en concurso homogéneo y sucesivo en actuación penal, así como fraude procesal. Esto pese a las grabaciones que existen en su contra y, más importante aún, a que la Corte Suprema había demostrado lo contrario.

Acto seguido, el ente acusador actuó en favor de su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez. El pasado 24 de noviembre, se inhibió de abrirle investigación formal por presuntamente promocionar la creación del Bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que delinquió en los municipios de Amagá, Titiribí y Angelópolis, en Antioquia.

De nuevo, la Fiscalía de Barbosa determinó que no existían pruebas suficientes que permitieran vincular al ganadero con la conformación de este grupo armado ilegal. Pero las pruebas están ahí y por eso el señor Santiago Uribe actualmente enfrenta un juicio penal por sus presuntos vínculos con las Autodefensas del Norte Lechero, el verdadero nombre del grupo paramilitar los Doce Apóstoles, conformado en Yarumal, Antioquia.

El último acto en defensa de los intereses de los Uribe por parte de la Fiscalía es más preocupante. El mayor retirado Juan Carlos Meneses Quintero —uno de los principales testigos en el proceso que se adelanta contra Santiago Uribe por presunta participación en un homicidio— fue capturado por la Fiscalía.

Su abogado, el señor Carlos Toro, dijo que Meneses se presentó voluntariamente a la Sijín y allí le informaron que tenía una orden de captura de una Fiscalía Especializada de Buga, en la noche del 17 de marzo de 2021.

Según la orden de captura, los hechos por los que lo metieron preso son: concierto para delinquir con fines de homicidio en asocio con las Autodefensas, lavado de activos, hurto de combustible y enriquecimiento ilícito, todos presentados entre 2001 y 2002.

Lo preocupante es que Meneses se postuló y fue aceptado en la Justicia Especial para la Paz (JEP) y, por lo tanto, la Fiscalía no tiene competencia para procesarlo ya que, jurídicamente, fue la JEP la entidad que le concedió la libertad condicional en un auto del 5 de abril de 2019. Sólo la JEP puede revocarle la libertad.

Pero eso no parece importarle a la Fiscalía. O parece no entenderlo. Por eso el abogado de Meneses no dudó en establecer que se trata de “una retaliación por sus declaraciones en el caso contra Santiago Uribe”.

Vamos ahí.

Meneses aseguró que cuando estuvo en Yarumal conoció a los ganaderos detrás de ese grupo paramilitar conocido como los Doce Apóstoles, quienes entregaban listas de supuestos colaboradores de la guerrilla que debían ser asesinados. Narró con lujo de detalles varios encuentros, entre ellos uno con el señor Santiago Uribe.

Meneses fue entrevistado por la misma entidad en enero de 2014, cuando el fiscal era Eduardo Montealegre. Meneses —sobre quien también pesaba una medida de aseguramiento por el homicidio del conductor de bus Camilo Barrientos en la localidad de Yarumal— ha estado entregando información a través de diversos mecanismos, en los que vincula a Santiago Uribe con este crimen.

El juicio contra el ganadero Santiago Uribe culminó el 10 de febrero de 2021. El país está a la espera de que el juez del caso anuncie si lo declara culpable o inocente de los cargos que se le imputan, que son homicidio y conformación de grupos ilegales.

Pero la defensa del ganadero parecía anunciar esta reciente medida de la Fiscalía desde el pasado mes de enero, ya que el abogado defensor de los Uribe Vélez, el doctor Jaime Granados, ha centrado su estrategia en desacreditar judicialmente a los testigos, incluido el mismo ganadero Santiago Uribe. Granados empezó por asegurar que el ganadero nunca tuvo contacto —y no conoció— a Camilo Barrientos, cuyo crimen se le imputó. Asegura que el asesinato ya prescribió y que fue un error que hubiera sido declarado como delito de lesa humanidad.

Lo interesante es que Granados anunció que Meneses estuvo protegido en Venezuela antes de reaparecer en Argentina, declarando contra Santiago y Álvaro Uribe. Y se refirió a unos correos en los que el entonces canciller venezolano, Nicolás Maduro, hablaba del caso. Pero, aunque eso sea cierto, recordemos la historia que el abogado Granados ha decidido olvidar.

En febrero de 1992 hicieron su presentación pública en Yarumal las Autodefensas del Norte Lechero, más conocidas como los Doce Apóstoles, a través de un panfleto que distribuyeron bajo las puertas de las casas. En ese momento el alcalde era el liberal Jaime Montes Valencia, quien había sido concejal y juez.

El grupo de autodefensas tenía dos comandos: uno urbano, al mando de alias Pelo de Chonta, y otro rural, al mando de alias Rodrigo o el Mono de los Llanos. Los dos grupos tenían como jefe a Santiago Uribe Vélez, según una declaración de otro importante testigo: el agente retirado Alexánder de Jesús Amaya. Ahora bien, de un tiempo para acá ese testigo ha decidido, sorpresivamente, olvidar todo lo que ya había atestiguado en contra de Uribe.

En 1994, cuando fueron capturados el sacerdote Gonzalo Javier Palacio Palacio y varios comerciantes de Yarumal, salió a la luz pública el nombre de los Doce Apóstoles, apelativo dado por los medios al grupo paramilitar que operaba en Yarumal con apoyo de la Policía.

El mayor Meneses Quintero, quien estuvo en Yarumal entre enero y abril de 1994, le contó a la periodista Olga Behar lo que él conoció sobre las Autodefensas Lecheras y sus crímenes. Todo quedó plasmado en el libro llamado El clan de los Doce Apóstoles.

Lo que no conoció Meneses —sino que hace parte del expediente madre y de los testimonios de exparamilitares ante Justicia y Paz— es que los Doce Apóstoles fueron un proyecto criminal que existió en esa región entre 1990 y 2006, es decir, durante más de 15 años.

En 1996 llegó a Yarumal el comerciante y comprador de ganado Rodrigo Pérez Alzate, quien fundó la convivir Deyavanc (Defensores de Yarumal, Valdivia, Angostura y Campamento), autorizada por el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez mediante Resolución 42395.

Es importante recordar que, como gobernador, Álvaro Uribe condecoró dos veces al mayor Juan Carlos Meneses. Pura coincidencia.

Fue el presidente Ernesto Samper quien desmanteló las convivir, por haberse convertido en grupos de justicia privada y aliados de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). En Yarumal, la convivir fue reemplazada por el Grupo de Pérez, al mando de Rodrigo Pérez Alzate, quien con el alias de Julián Bolívar intimidó durante dos años a los pobladores del municipio.

La Fiscalía y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá le atribuyen al Grupo de Pérez un aproximado de 23 homicidios selectivos entre 1996 y 1997, hasta que Julián Bolívar salió de Yarumal y se integró como mando del Bloque Central Bolívar. Una de las masacres más sangrientas que vivió Yarumal, a manos de las Auc, fue la de Ochalí, cometida el 17 de enero de 2000. Ese lamentable y triste hecho fue ordenado por alias Cuco Vanoy y Salvatore Mancuso, como lo relata una excelente crónica del periodista investigativo Sergio Mesa, quien ha seguido este caso. (Ver El año nuevo negro).

Pues en el nacimiento de esa historia tan violenta de la región se encuentran como piezas clave el ganadero Santiago Uribe y el mayor retirado de la Policía Juan Carlos Meneses Quintero. Y por eso es importante la denuncia que hizo Daniel Coronell en 2014, cuando reveló que en los registros de la Casa de Nariño consta que Meneses ingresó a Palacio el 16 de abril de 2008 para, supuestamente, reunirse con una persona cercana al presidente.

Meneses afirmó en ese momento que tenía en su poder unos contratos y convenios interadministrativos que, según él, fueron adjudicados por el gobierno de Uribe para beneficiarlo por quedarse callado con respecto a todo lo que sabía y conocía del ganadero hermano del presidente.

Meneses contó, con nivel de detalle sorprendente, que su contacto con el presidente Uribe fue un asesor presidencial, conocido suyo de vieja data, a quien le pidió llevar ciertos mensajes. Meneses aseguró que entró a la Casa de Nariño a reunirse con el “amigo común” y que lo hizo por la puerta principal, “no por la de Job”. (Ver “El presidente Uribe me dio contratos para callarme”).

Ahora, como no pueden callarlo, intentan desprestigiarlo y la Fiscalía lo metió a la cárcel de manera irregular, esta vez sí por la puerta de atrás, pero de la justicia.

Tan ilegal fue su detención que a la misma entidad le tocó echar para atrás la decisión el pasado viernes, solo dos días después del arresto, y a regañadientes soltarlo, ya que no tenían autoridad para hacer lo que hicieron.

Pese a que el testigo recuperó su libertad, quedó clara la intención de la Fiscalía que, de nuevo, se evidencia en su actuar como brazo defensor de los intereses del expresidente Uribe en este y otros casos. Una verdadera vergüenza para la justicia.

https://www.elespectador.com/opinion/la-puerta-de-atras/

21.8.-Dictador en ciernes o tiranos en su salsa CRISTINA DE LA TORRE

Foto Dejusticia 

Que la ultraderecha de este país justifique tanto cadáver, mal menor si de la patria se trata, sugiere preguntas que pueden ofender su prestada dignidad: ¿se está guisando en Colombia un autoritarismo, estadio débil de la dictadura, o habrá quien apunte aun a su extremo de régimen de fuerza declarado? ¿Qué dice la desafiante naturalidad que la Seguridad Democrática adopta frente al bombardeo de niños-“máquina de guerra”; frente al asesinato a bala de 13 manifestantes por la Policía en Bogotá; frente al exterminio de líderes sociales; frente a los 6.402 falsos positivos que ninguna dictadura registra en su haber? ¿Se sumará Colombia a la nueva ola reformista que en América Latina suplanta al modelo de Cuba y Venezuela, o caerá en satrapías como las de Ortega y Bolsonaro? Versión a la mano del dictador renacido que bañó en sangre al subcontinente.

15 mar 2021.- Dómine coronado de bayonetas, concentra en su persona y su camarilla el poder absoluto, para mandar sin control, sin ley, sin límite de tiempo y con puño de hierro sobre un pueblo aborregado en el miedo, despojado de su humanidad.

ADN del dictador es el personalismo político, recuerda Blas Zubiría Mutis, como expresión de una voluntad de dominio en bruto, sin arbitrio distinto del propio, que florece en la debilidad de las instituciones. O en su manipulación, se diría, cuando el golpe quiere ahorrarse el espectáculo de tanques y bombas; como se estila hoy, desde el pedestal de la voluntad general vuelta ficción. No suscriben ya los dictadores la idea desnuda del gendarme necesario que Vallenilla Lanz propuso. Pero todos pertenecen a la estirpe del tirano rodeado de aduladores fermentados en el miedo, acomplejados hasta el ridículo, arribistas hasta el deshonor.

De caudillos y dictadores está empedrada la historia latinoamericana. Hacendado o valentón en las guerras civiles del siglo XIX o, después, el que responde lo mismo a costumbres y valores de parroquia, premodernos, que a las prácticas más agresivas del liberalismo económico. Trocado en dictador, ocupa el viejo caudillo el vértice de la moderna pirámide clientelista. Conectó él la modernidad política con el mundo rural de provincia, todavía dominado por jerarquías tradicionales y relaciones de dependencia personal que el dictador trueca en mecanismo de manipulación de masas. El más reciente tipo de dictador es el adiestrado en guerra contrainsurgente, que tuerce la ley a su antojo, se rodea de paramilitares y potentados y pasa por patriota modernizador.

Ningún cincel tan afilado como la literatura para penetrar en el carácter moral del dictador. Para entresacar el esqueleto que da estructura al símbolo del tirano en sus muchas variantes y colores. Ya marioneta, ya bufón, ya el esperpento de Valle-Inclán, cuyo Tirano Banderas fue la novela madre de cuantas se escribieron en Hispanoamérica sobre el dictador. No le ahorra puñaladas a su pluma el español, para pintarlo como calavera con antiparras negras y corbatín de clérigo, o como el negro garabato de un lechuzo. Es éste el dictador de pistola y fusta, tirano ilustrado y austero de largas astucias que encubren una crueldad esencial. “Ante aquel temor tenebroso, invisible y en vela –escribe- la plebe cobriza revivía en terror teológico una fatalidad religiosa poblada de espantos”. Y al final, en la hora de la derrota, “para que no te gocen los enemigos de tu padre, sacó del pecho un puñal, tomó a la hija de los cabellos y cerró los ojos… la cosió con quince puñaladas”.

La prolija gama de los regímenes de fuerza y el contexto que los rodea no aconsejan analogías mecánicas. Pero entre una dictadura que asesina a 10.000 haitianos y una democracia que ejecuta 6.402 falsos positivos se crea un lazo de parentesco político difícil de ocultar. Sabrán los colombianos qué nombre dar al régimen que su extrema derecha cultiva.

https://www.elespectador.com/opinion/el-dictador/

21.8.-electrocaribe: intervención no es expropiación – AMYLCAR ACOSTA

En un país en el que estamos acostumbrados a que el Estado pierda todos sus pleitos, es noticia relevante el resonante triunfo en el tribunal internacional, ante el cual la empresa española Gas Natural Fenosa (GNF, hoy NATURGY), controlante de la execrada ELECTRICARIBE, interpuso una controversia y cuya pretensión era la de recibir una indemnización de casi $5 billones por una supuesta “expropiación” de la cual había sido objeto la operadora de red del Caribe colombiano.

12 mar 2021.- La historia es esta: a raíz del pésimo servicio que venía prestando desde tiempo atrás ELECTRICARIBE a sus usuarios, incumpliendo lo que dispone la Ley de servicios públicos, al no hacerlo con la eficiencia, calidad y desde luego continuidad requeridas, pero sobre todo ante la inminencia de la cesación de pagos a sus acreedores y a los generadores a la que estaba abocada y el consiguiente apagón, fue menester su intervención y toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, la cual se hizo efectiva el 15 de noviembre de 2016. Su situación financiera estaba tan comprometida que según Deloitte, Auditora externa de ELECTRICARIBE, esta estaba en un “claro riesgo de inviabilidad financiera”. Su situación no daba más espera.

La reacción de GNF, matriz de ELECTRICARIBE, no se hizo esperar y a mediados de julio del mismo año manifestó su contrariedad por dicha decisión y “notificó formalmente” al Estado colombiano de la “existencia de una controversia” que estaría dispuesta a llevarla hasta los estrados judiciales. Para ello se escudaron en el Tratado bilateral de inversión entre el Reino de España y la República de Colombia firmado en marzo de 2005, el cual entró en vigor en septiembre de 2007. En actitud desafiante e intimidatoria GNF manifestó que “la protección a los inversionistas es condición indispensable para que recursos del exterior continúen llegando”. ¡Un vulgar chantaje!

Al no haberse llegado a un entendimiento que pudiera sortear dicha controversia mediante el arreglo directo entre las partes, GNF procedió a interponer una demanda, temeraria por lo demás, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversión (Ciadi), organismo este dependiente del Banco Mundial y con sede en Washington el 15 de junio de 2018.

Alegaron ante este tribunal que, además de la “ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos tiempos”, una supuesta “expropiación gota a gota” por parte del Estado al intervenir a ELECTRICARIBE y tomar posesión de la misma. Y, en el colmo de su avilantez, después de todo el daño infligido a sus usuarios y al país tuvieron la osadía de reclamar una indemnización. Como quien dice, le quedamos a deber, mucha pechuga!

El entonces Ministro de Minas y Energía Germán Arce le salió al paso a la avanzada ibérica contra el interés de la Nación y les habló claro: “una intervención no es una expropiación, es el resultado de un incumplimiento de una prestación de servicio”. Por su parte el Superintendente de Servicios José Miguel Mendoza no se quedó atrás, no se arrugó y les dijo enfáticamente que «aquí no ha habido expropiación de ninguna índole». Y añadió, en forma tajante,“ la intervención es una figura reconocida internacionalmente…existe también en España y se ha usado en casos tan importantes como el de la Caja Castilla» . Y fue más lejos, al dejar claramente establecido que «estamos tranquilos con la decisión de intervenir y liquidar a la compañía porque todo se hizo con argumentos técnicos, con estudios bastante serios. En segundo lugar, el Estado colombiano no puede dejar de cumplir la ley, especialmente la ley de servicios públicos, ante la amenaza de demanda».

Con lo que no contaba NATURGY es que las cosas cambiaron en Colombia desde que en el año 2011 se creó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de Estado, mediante el artículo 5º de la Ley 1444 de 2011, con el firme propósito de fortalecer las competencias litigiosas públicas, sobre todo en el ámbito internacional. Desde entonces la Nación dejó de ser el paganine de siempre, dada la débil defensa de sus intereses frente a sus demandantes, que siempre llevaban las de ganar.

Por lo demás, como parte de su estrategia en este litigio, su Director Camilo Gómez Alzate instauró, sin éxito por improcedente, una contrademanda contra GNF ante el mismo tribunal por un monto de $1.7 billones. Cifra esta que correspondía a los recursos que “Colombia ha tenido que canalizar a ELECTRICARIBE durante la intervención para asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe” y mantener a flote la empresa.

En el Laudo del Ciadi “se desestimaron las reclamaciones de las demandantes relativas a las violaciones del Tratado” de protección de inversiones entre España y Colombia. Se dice en el mismo que “el Estado no actuó de manera arbitraria o desproporcionada” al intervenir a ELECTRICARIBE. Es más, “el tribunal concluye que la intervención fue una medida adecuada e idónea en las circunstancias que prevalecían el 14 de noviembre de 2016”.

Se trataba, nada más ni nada menos, de “evitar un posible ´riesgo sistémico´ en el mercado de la energía, así como la incapacidad de la compañía para prestar el servicio de electricidad con la calidad y confiabilidad requeridas por la Ley”.

Además, denegó el argumento esgrimido por GNF de la presunta expropiación, al advertir que “la privación de los derechos de un inversionista en su inversión que lleve a cabo un Estado como resultado de un ejercicio válido del poder regulatorio no se considerará una expropiación indemnizable”. Así fué de contundente el Laudo del Ciadi.

En medio de los avatares y el suplicio que le ha significado al país la pandemia del COVID- 19 y las aulagas fiscales que afronta el Gobierno por el mayor gasto que demandan las medidas de apoyo a las empresas, la protección del empleo y las medidas de protección social, concomitante con los menores ingresos a consecuencia de la recesión económica en el 2020, que se ha traducido en un nivel de endeudamiento inusitado e insostenible superior al 60% del PIB, esta noticia se recibe como un bálsamo de alivio.

Con este Laudo arbitral a favor de la Nación queda cerrado este capítulo ominoso de la trapisonda de Naturgas y de paso despeja el camino para que la liquidación de ELECTRICARIBE llegue a buen puerto.

http://amylkaracosta.net/prueba1/index.php?option=com_content&view=article&id=629:una-intervencion-no-es-una-expropiacion&catid=95&Itemid=673

  • 21.7.-No fue solo Ricaurte RAMIRO BEJARANO
  • Entre Londoño y Mancuso, que retumbe la verdad PATRICIA LARA
  • La oscura saga del uribismoCRISTINA DE LA TORRE
  • El silencio de los treinta condenados CECILIA OROZCO
  • Mamduque se fue a la guerra YOHIR AKERMAN
Foto: El exmagistrado Francisco Javier Ricaurte.

 El exmagistrado Francisco Ricaurte no llegó a la judicatura por sus méritos, que ninguno tiene, sino porque fue el eje de la corrupción más sofisticada. No fue su exclusiva culpa. Toda esta dolorosa situación se produjo cuando se reformó la Constitución en beneficio exclusivo de Álvaro Uribe Vélez y su gobierno impuso la justicia a su medida.

13 mar 2021.- Hasta antes de esa malhadada reforma que reeligió a Uribe, contando con la complicidad de algunos partidos políticos, las altas cortes estuvieron a salvo de la corruptela. Pero en los tiempos tempestuosos de Uribe, fueron agredidos varios togados y el gobierno terminó controlando la Rama Judicial. A través de un circuito cerrado de privilegiados y compadrazgos, en el Consejo de la Judicatura se sentaron unos señores que siempre estuvieron dispuestos a integrar las listas para aspirantes a las demás cortes, con quienes recibían el guiño del Gobierno y los partidos de la coalición. La independencia y autonomía de la Rama Judicial quedó atrapada por un gobierno que haciéndose reelegir rompió todos los pesos y contrapesos. Eso, sin contar con lo que pretendieron con la Fiscalía y lograron.

Si esta desgracia constitucional no se hubiere presentado, jamás habrían llegado a la magistratura Ricaurte, Tarquino, Malo, Pretelt, Bustos y otros más que aún andan por los pasillos del Palacio de Justicia, inclusive los que disfrazados de juristas o profesores universitarios, siendo apenas guaqueros de la jurisprudencia, siguen al acecho de que los nombren. Los astros del mal se alinearon porque en el firmamento apareció el también corrupto Alejandro Ordóñez, el procurador desalojado de su cargo precisamente por haber llegado al mismo en esa comparsa de clientelismo del “yo te elijo y tú me eliges”.

Ricaurte y sus socios de aventura corrompieron la justicia y no les importó ni su propia dignidad. Todavía se recuerda cómo en pleno enfrentamiento de Uribe con la Corte Suprema, Ricaurte, sumiso, se arrodilló ante el cardenal Rubiano, uribista por la gracia de Dios, a pedir perdón porque la corporación era víctima de ese régimen. En ese ambiente de mediocridad y clientelismo, hasta dos magistrados se concertaron para repartirse el honor de ser presidentes de la Corte Suprema así fuera por unos pocos días, todo para que les impusieran la medalla José Ignacio Márquez y gozar vitaliciamente de pasaporte diplomático. Había que compartir el botín.

Por eso y por mucho más, desde esta tribuna opiné que la solución al problema de la justicia debía empezar porque renunciaran los magistrados de todas las cortes y barajar de nuevo. Muchos togados estuvieron silenciosamente de acuerdo, pero el sistema no los dejó expresar su desespero. Mi recordado amigo Carlos Gaviria, como lo muestra el libro El hereje de Ana Cristina Restrepo, entendió que mi propuesta era “casi como un grito de indignación” y tuvo razón. Hoy la reforma judicial está en manos del impresentable ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y me temo que nos estamos aproximando cada día más al abismo. Mi postura me ha granjeado furias y rencillas que me suelen cobrar, con mezquindad y prevaricando, los protegidos de este tinglado siniestro, entre otros, los aliados de la exmagistrada del insolente tour por el Caribe, Ruth Marina Díaz, sobreviviente indemne del cartel de la toga.

La tragedia personal que hoy vive Ricaurte no se la deseo ni a él mismo, a pesar de que hizo todo para padecerla. Con varios colegas suscribí la demanda que demostró la forma ilegal como fue nombrado en el Consejo de la Judicatura y por eso tuvo que salir del puesto, para dedicarse a litigar, ultrajando también ese oficio que ejerció valido de la podredumbre que dejó en su paso por las cortes.

No me alegra lo ocurrido, porque en últimas la gran damnificada de todo esto es la justicia, como lo sigue siendo por cuenta de este Gobierno mafioso, corrupto y perseguidor, que también ha hecho cositas en las cortes y de todo en la Fiscalía. La reparación de este inmenso daño no la alcanzaremos a ver quiénes lo hemos sufrido, incluidos los miles de funcionarios honorables, hombres y mujeres, que sí los hay en los despachos judiciales donde honran sus funciones. Tendrá que pasar al menos una generación de compatriotas y juristas para enterrar lo que sembró la “Casa de Nari”.

Adenda. Rechazo cualquier manifestación xenofóbica y en particular contra los venezolanos. No tratemos a los extranjeros como no queremos que menosprecien a los nuestros tras las fronteras.

https://www.elespectador.com/opinion/no-fue-solo-ricaurte/

21.7.-Entre Londoño y Mancuso, que retumbe la verdad PATRICIA LARA

Rodrigo Londoño y Salvatore Mancuso. Parece que el 18 de marzo se realizará, ante la Comisión de la Verdad, la tan solicitada audiencia pública entre los excomandantes de las Autodefensas y los antiguos jefes de las Farc.

11 mar 2021.- Desde fines del año pasado, varios exparamilitares, encabezados por Salvatore Mancuso, y excomandantes de las Farc, como Pastor Alape y Rodrigo Londoño, le habían insistido a la Comisión de la Verdad que los escuchara de manera conjunta en una audiencia a la que también asistieran medios de comunicación nacionales e internacionales, ONG y organizaciones sociales.

El 27 de febrero, en una carta que Mancuso le envió al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, el exparamilitar explicó por qué es tan importante que ese encuentro sea de cara al país: según él, Justicia y Paz fue un proceso valioso, en el cual comenzó a contarse la verdad sobre el conflicto armado, pero ese trabajo fue limitado, “pues el mismo Estado colombiano es juez y parte y, obviamente, no desea que se conozcan y trasciendan las verdades para poder eludir su responsabilidad en el conflicto”. Agregó que “en dicha justicia transicional, al igual que en la justicia ordinaria, muchas verdades quedaron perdidas”. Por eso Mancuso pidió que además se escuche a terceros civiles, miembros de la Fuerza Pública activos y no activos, agentes del Estado, políticos, etc., de modo que se conozca la verdad completa.

Es justamente eso lo que debe lograrse para que la verdad no se refunda… Ya vimos cómo, por ejemplo, en el caso del asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado (para no hablar del crimen del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán y de tantos otros), la verdad permaneció oculta durante 25 años entre teorías sin fundamento que inventaron los más inverosímiles “culpables”, a tal punto que se llegó a inculpar del magnicidio de Gómez al expresidente Ernesto Samper y al exministro Horacio Serpa (q. e. p. d.), y solo se supo que las Farc habían sido las autoras del crimen cuando sus dirigentes decidieron contar la verdad.

Es sabido que aquí la justicia funciona poco y mal. Y más cuando el Estado y sus principales dirigentes parecen no querer que ciertas verdades se conozcan. Recordemos cómo, en el momento menos esperado, el presidente Álvaro Uribe extraditó a los jefes paramilitares que se habían sometido a un proceso de paz, quienes, por ello, se sintieron traicionados. Y miremos también cómo, en el último tiempo, varias veces el presidente Iván Duque, inmiscuyéndose en lo que la ley no le permite inmiscuirse, ha insistido en que Mancuso no sea admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Si bien la Comisión de la Verdad no tiene funciones jurisdiccionales, es muy importante que ella realice cuanto antes ese encuentro de verdad conjunta, el cual, como lo dijo Pacho de Roux, aportará “una verdad nueva (…) que entrega la complejidad del conflicto armado colombiano, donde los que al final disparaban para matar o cavaban las tumbas eran ejecutores de órdenes de otros, que estaban detrás y que a su vez dependían de un enjambre de relaciones que involucraban a miembros de instituciones, a terceros políticos o financiadores. Esta verdad compleja es indispensable”, afirma el padre De Roux, porque “es obvio que hay responsabilidades políticas, históricas y éticas que no pueden callarse”.

https://www.elespectador.com/opinion/que-retumbe-la-verdad/

21.7.-La oscura saga del uribismoCRISTINA DE LA TORRE

Foto: Jesús Abad Colorado

La presunta participación de Álvaro Uribe en la creación del Bloque Metro, a testigos de cuya formación habría manipulado el expresidente, no sorprende: es otro eslabón en la larga cadena de eventos comprometedores que ponen en entredicho su “repudio” al narcoparamilitarismo.

8 mar 2021.- El alud de pruebas contra Uribe que la Corte Suprema tuvo por “claras, inequívocas y concluyentes” vino a complementar una sentencia proferida en 2013 por Rubén Darío Pinilla, magistrado del Tribunal Superior de Medellín. Censura ella el papel del Estado en la organización y expansión del paramilitarismo en Antioquia y Córdoba, con acción decidida de militares, agentes privados, políticos y narcotraficantes; y ordena investigar a Álvaro Uribe por presunta promoción y apoyo a grupos paramilitares. Se amplificaba por entonces el eco de las masacres de El Aro y La Granja.

Por el vigor de su liderazgo (ya como figura destacada del notablato regional o como personero del Estado), aquellos pecadillos de ética procaz pesan toneladas en la legitimación del delito que en la sociedad y en el poder público se expanden. Cómo no recelar de la honradez del jefe cuando innumerables amigos y funcionarios suyos pagan cárcel por narcoparamilitarismo. La pagan sus dos jefes de seguridad en Palacio, generales Buitrago y Santoyo; el general Rito Alejo del Río, a quien rindió Uribe homenaje público para elevarlo de homicida a héroe de la patria; su director del DAS, Jorge Noguera, quien puso la entidad al servicio de Jorge 40; los 89 congresistas procesados por parapolítica, miembros casi todos de su bancada parlamentaria.

El Gobierno de Uribe rediseñó las Convivir como aparato estatal de seguridad que terminó adscrito al paramilitarismo y encabezó la lucha contrainsurgente con la venia del Ejército. Lucha que este debió librar sin aliados maleantes, sin atropellar a la población civil, en ejercicio de la legitimidad del Estado contra la arrogante criminalidad de las Farc. Guerrilla a la que no pudo Uribe vencer militarmente, pero sí en el terreno de la política, hasta dejarla sin opción distinta de la de negociar la paz.

La toma militar de la Comuna 13 de Medellín fue una masacre de pobladores urbanos planificada y ejecutada a dos manos entre la Fuerza Pública y el Bloque Cacique Nutibara. Organización criminal al mando de alias Don Berna, a resultas de la cual pasó el poder en la Comuna de milicianos y guerrilleros a la Oficina de Envigado. Con la Operación Orión, la brutalidad hecha carne, debutó en octubre de 2002 el Gobierno de la Seguridad Democrática. Prueba de fuego y pauta del replanteamiento armado del conflicto, ahora en modo tierra arrasada, que cae sobre la población civil y registra escasas bajas de combatientes.

Si en Colombia dejó la guerra medio millón de muertos y desaparecidos, su experimento urbano de la Comuna arrojó decenas de asesinados, centenas de desaparecidos y miles de desplazados que deambulan por la ciudad en la indiferencia de su gente. Gente acaso complacida con el gobierno de Don Berna en aquella colmena de inmigrantes abandonados a su suerte. Herencia macabra del modelo mixto Estado-paras: en media urbe suplantan al Estado pandillas de facinerosos, instrumento del narco, y la mitad de la gente las tolera. La cooptación mafiosa del Estado y de la política degradó sus referentes éticos y a ello contribuyeron prohombres de la élite que se permitieron revolver todo con todo.

Hubo en el espectáculo de Orión miles de paras y soldados, ametralladoras, fusiles, francotiradores, tanques de guerra y helicópteros artillados. Teatro pánico. Recurso al miedo como eje del gobierno “de opinión” que así debutaba y alcanzó su clímax con los 6.402 falsos positivos. Este horror evoca la imagen de la tiranía que Valle-Inclán pinta: una calavera con antiparras negras y corbatín de clérigo.

https://www.elespectador.com/opinion/la-oscura-saga-del-uribismo/

21.7.-El silencio de los treinta condenados CECILIA OROZCO

Más de 30 funcionarios del Gobierno, algunos de altísimo nivel pues trabajaban en la Casa de Nariño al lado del presidente; otros, encargados de responsabilidades tan delicadas como la seguridad nacional; unos, parlamentarios, y otros más, servidores públicos de mediano y bajo rango, delinquieron en el curso de la misma administración; fueron juzgados, encontrados culpables y purgan —o purgaron— sus penas en prisión.

9 mar 2021.- Pese a que actuaron en representación del Estado e inspiraban el respeto del mando, incurrieron en tal variedad de delitos que podría asimilarse a la de una banda criminal. Las sentencias de condena mencionan cohecho, concusión, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones, peculado por apropiación, falsedad ideológica y hasta asesinato. No hablo del “clan del Golfo”, la agrupación de narcotraficantes que ejerce soberanía en regiones del territorio en donde la pasividad del Ejecutivo le deja el camino libre. Tampoco eran bandidos de callejuelas oscuras. Al revés, los puestos que los condenados ocuparon dan testimonio de su importancia: ministros de despacho, secretarios de Presidencia, representantes a la Cámara, directores de departamento, subdirectores… El monto de sus penas, de 4 a 14 años, y el tiempo de su inhabilidad para ejercer funciones oficiales, de 5 a 18, indican la gravedad de sus conductas a ojos de sus jueces, tribunales y procuradores, y de la propia Corte Suprema. Aunque algunos todavía insisten en que los fallos en su contra fueron producto de una presunta “persecución”, la cantidad de condenas y actos criminales imputados en diferentes sedes descarta esa posibilidad si nos atenemos al sentido de la lógica y a dos factores más: que no padecieron de la debilidad habitual de las víctimas y que, por el contrario, la fortaleza de su defensa consistía en que todos delinquieron para beneficiar a un personaje, el más poderoso del país. Hubo una excepción, y quien lo retó con la verdad sufrió un montaje que casi la sepulta, viva, en un calabozo.

Los demás decidieron asumir la culpa y perder la dignidad, honra y buen nombre, en silencio. Así será el temor que les inspira su “protector”. Relación de sus nombres y cargos: Sabas Pretelt de la Vega, ministro de Interior: 7 años, encarcelado por el delito de cohecho. Diego Palacio, ministro de Protección Social: 7 años por cohecho. Alberto Velásquez, secretario general de Presidencia: 5 años por cohecho. Bernardo Moreno, secretario general de Presidencia: 8 años de casa por cárcel por concierto para delinquir y abuso de función pública. María del Pilar Hurtado, directora del DAS: 14 años por abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones, concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica. Jorge Noguera, director del DAS: dos condenas a 25 y 8 años por concierto para delinquir, abuso de autoridad y asesinato del profesor Alfredo Correa de Andréis. Representante Iván Díaz Mateus: 6 años por concusión. Representante Teodolindo Avendaño (q. e. p. d.): 8 años por cohecho y enriquecimiento ilícito. Representante Yidis Medina: 4 años por cohecho. Fernando Tabares, Jorge Alberto Lagos, Martha Leal y William Romero, directores y subdirectores de Inteligencia, Contrainteligencia, Operaciones y Análisis del DAS: condenados por prevaricato, abuso de función pública, concierto para delinquir y violación ilícita de comunicaciones, además de los ilícitos de agentes a su servicio que desplegaron montajes, espionajes y falsas informaciones.

De todos los anteriores, solo Yidis Medina y los funcionarios medios del DAS confrontaron su situación judicial y confesaron cómo, por qué y con cuáles instrucciones violaron el Código Penal. Yidis, sin embargo, fue la única que se atrevió a afirmar, ante la justicia, que había concertado su conducta delictiva con el beneficiario de esta. Un montaje elaborado y pagado por el DAS, ejecutado por la condenada María del Pilar Hurtado, casi logra hundir a Yidis en una celda por 32 años cuando un juez la condenó por secuestro. La patraña se descubrió a tiempo y un tribunal la rescató. De ese tamaño moral descrito en estas líneas es el monstruo que protegen los demás condenados y el Estado dominado por él.

https://www.elespectador.com/opinion/el-silencio-de-los-condenados/

21.7.-Mamduque se fue a la guerra YOHIR AKERMAN

Los niños «máquinas de guerra», según Diego Molano, Ministro de Defensa. Foto El Espectador

Como si se hubiera devuelto el tiempo a las épocas de los falsos positivos, hoy nos encontramos frente a un Gobierno que justifica el asesinato de civiles y menores de edad, reseñándolos como “máquinas de guerra”. Un legado aterrador.

14 mar 2124.- El pasado 3 de marzo, el Ministerio de Defensa informó que 10 guerrilleros de las disidencias de las Farc habían muerto y otros tres habían sido capturados, en una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Fiscalía el día anterior en Calamar, Guaviare, llamada Gentil Duarte. Una excelente noticia.

Ahora bien, el pasado 9 de marzo el periodista Hollman Morris denunció que en ese mismo bombardeo realizado por el Ejército en Calamar se dio de baja a 12 niños, en total 14 jóvenes. Ahí el ambiente noticioso cambió.

Conocida la denuncia de Morris, el ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó el miércoles 10 de marzo el bombardeo y sostuvo que basó la “legitimidad” de la acción armada en el hecho de que la misma iba dirigida contra el guerrillero conocido como Gentil Duarte, líder de la estructura irregular atacada.

Molano también dijo que el bombardeo fue legítimo porque el grupo armado irregular que actúa en la zona se caracteriza por reclutar menores de edad, lo que los convierte en “máquinas de guerra”. “Nosotros sabíamos que allí había estructuras que participaban del hostigamiento y que eran jóvenes. La edad y sexo sería determinada por la Fiscalía (…) Aquí están haciendo una afirmación de que había 12 niños. Aquí lo que había eran máquinas de guerra planeando acciones terroristas”, fueron parte de sus afirmaciones.

Posteriormente hubo un capítulo de desinformación en el que el protagonista fue Medicina Legal, entidad adscrita a la Fiscalía. Se conoció una información en la que supuestamente esta entidad establecía que solo fue un menor muerto en combate, pero después un comunicado de Medicina Legal salió a desmentir eso sin dejar una posición clara y oficial de cuántos son los niños muertos en el bombardeo.

Confunde y reinarás.

Especialmente por el contexto que tiene esta situación, ya que no es la primera vez que el Gobierno del presidente Iván Duque asesina menores en bombardeos y justifica su accionar.

Fue a finales de agosto de 2019, según el comunicado oficial, que los militares bombardearon en la Operación Atai un campamento guerrillero en el que murió el cabecilla Rogelio Bolívar Córdoba, alias Gildardo Cucho, y 13 de sus soldados.

Gracias a las denuncias de Roy Barreras se conoció que en el lugar también había menores de edad que murieron en el ataque. De acuerdo con los exámenes de las autoridades forenses presentados en el Congreso, entre los fallecidos había una niña de 12 años, un adolescente de 15 años y otra menor de 16.

Esta revelación y el hecho de que el Gobierno lo hubiera ocultado, como ocultó el asesinato de los menores en la Operación Gentil Duarte, terminaron costándole el cargo al entonces ministro, Guillermo Botero, quien presentó su dimisión para ser premiado con la embajada en Chile el pasado 23 de febrero.

Hoy sabemos, gracias al informe de inteligencia No. 937 de carácter “secreto” y de “uso exclusivo del Ministerio de Defensa Nacional y del Comando General de las Fuerzas Militares del Ejército Nacional”, publicado por Cuestión Pública, que el 24 de agosto de 2019 —cinco días antes de la denominada Operación Atai— el Ejército sabía que el esquema de seguridad de alias Cucho estaba conformado por menores de edad, producto del reclutamiento forzado.

No para ahí.

El 29 de agosto, el mismo día del bombardeo, se redactó otro informe de inteligencia, el No. 940, en el que se reiteran casi los mismos datos del informe No. 937. Se vuelve a comentar sobre alias Gildardo Cucho y el reclutamiento de menores indígenas, asegurando que hay un pie de fuerza de “15 hombres en armas”.

Gracias a las denuncias del congresista Roy Barreras en noviembre del año pasado, se sabe que al menos ocho eran menores de edad, entre 14 y 16 años, víctimas de reclutamiento forzado y que hacían parte del esquema de seguridad de alias Cucho.

Una responsabilidad que el exministro Botero nunca reconoció y tampoco ha reconocido el presidente Iván Duque, quien autorizó esa operación que acabó con la vida de al menos ocho menores de edad.

Ahora, lamentablemente, la historia se repite con la operación Gentil Duarte dejando un saldo de menores de edad asesinados víctimas de reclutamiento forzado, un ministro de Defensa que justifica esas muertes llamando a los niños máquinas de guerra y un presidente Duque con la misma actitud indiferente.

https://www.elespectador.com/opinion/mamduque-se-fue-a-la-guerra/

  • 21.6.-Objetivo en la mira: la JEP  – RAMIRO BEJARANO
  • Bienvenidos el regaño de la JEP al gobierno y las órdenes pertinentes PATRICIA LARA
  • Inocente: comuníquese y cúmplase CECILIA OROZCO
  • Combos: los de arriba y los de abajo CRISTINA DE LA TORRE
  • Los corifeos tenían razón YOHIR AKERMAN
  • Las cifras falseadas de Barbosa RODRIGO UPRIMNY

Como en las tenebrosas épocas de las dictaduras civiles de Ospina Pérez y Laureano Gómez, estamos viviendo de nuevo campañas de odio, como la que agencian el Centro Democrático (CD) y sus más encarnizados voceros.

Años cincuenta. Colombia.

6 mar 2021.- Hoy la situación es más riesgosa, porque la ultraderecha se ha apoderado de tribunas claves de la información y la opinión, que no pasaba en los oprobiosos regímenes conservadores de los años 50. Ha resucitado el laureano-alvarismo, una secta cuyo principal dogma es convertir en enemigo personal al contradictor político, aniquilarlo, calumniarlo, difamarlo, criminalizarlo y hasta destruirlo físicamente, y hacer “invivible la república”, como en los tiempos funestos de sus jefes e inspiradores.

No digo lo anterior solamente por el vergonzoso periplo que ha recorrido la Fiscalía de Barbosa, de la mano de un sicario judicial como Gabriel Ramón Jaimes Durán, para sostener el imposible de proteger a Uribe por cuenta de la investigación que en la Corte Suprema, por unanimidad, tuvo otro rumbo. El hecho de tener responsabilidades profesionales en ese asunto, así sea como abogado suplente del senador Iván Cepeda, me impide éticamente adentrarme públicamente en los detalles de ese litigio, por ello apenas puedo asomarme al umbral de esa comparsa de errores cantados para expresar mi disidente voz frente a lo que está sucediendo, inclusive con el concurso y aplauso de varios medios de comunicación convertidos en estafetas. A propósito, ojalá leyeran la incendiaria y amenazante carta del CD a Noticias Caracol, solo porque se atrevió a informar lo que desvela a Uribe. La propuesta uribista para convencer al país de que ellos deben seguir disfrutando y abusando del poder solamente se funda en el exterminio de Juan Manuel Santos, Gustavo Petro y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sobre este trípode creen sostener la democracia que también han debilitado.

Es infame la propuesta de María Fernanda Cabal, la señora que en cada palabra destila rencor, de promover una carta para pedirle al Comité Noruego que le retire el Premio Nobel a Juan Manuel Santos, porque al sinvergüenza del Ñoño Elías lo han puesto a soltar infundios que luego no pudo demostrar ni sostener. No es la primera vez que la Cabal muestra su proverbial incultura e intolerancia, pues al morir Gabo le recetó el infierno.

Si bastara con lo que dice un testigo condenado en trance de buscar beneficios de reducción de pena para que el Comité Noruego despojara de las dignidades que ha otorgado, el caso de Uribe sería más que patético, porque en su contra no hay uno sino muchísimos declarantes que no hablan bien de él. Pero, claro, el CD solo lee, de manera incompleta y sesgada, las piezas procesales donde creen encontrar faltas de sus contradictores, pues pasan de largo por las que dan cuenta de las letrinas donde ellos mismos son protagonistas de la violencia.

Pero si los ataques contra Santos son demenciales, los que han emprendido contra Petro no son menores. El clima que han creado contra el exalcalde es preocupante porque parecen estar dispuestos a todo con tal de que fracase su aspiración presidencial. El lapidario y premonitorio “a sangre y fuego” de José Antonio Montalvo, pronunciado en la antesala del crimen de Gaitán, sigue rondando y ya se oyen las sirenas de quienes anuncian que de ninguna manera permitirían a Petro la audacia de pisar la “Casa de Nari”.

La siniestra táctica uribista empieza por debilitar a Santos y enlodar su elección presidencial; enseguida, tildar de ilegítimo el Acuerdo de Paz con las Farc, para terminar destruyendo la JEP, a la que tanto le temen, más ahora que Mancuso, Jorge 40 y otros más andan pidiendo pista para contar lo que no pudieron porque cuando iban hacerlo fueron extraditados.

Ya veremos si logran el catastrófico cometido de tomarse el poder sin el estorbo del inútil del subpresidente Duque y su pesado desprestigio. Por el bien del destino de Colombia, esperemos que no.

Adenda. ¿Cuál es el perverso asesor del palacio presidencial que, valido de su cercanía con el fiscal Barbosa, logra promover o revivir investigaciones penales para cobrar viejas rencillas y antipatías personales? https://www.elespectador.com/opinion/objetivo-la-jep/

21.6.-Bienvenidos el regaño de la JEP al gobierno y las órdenes pertinentes PATRICIA LARA

Esta semana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) regañó de manera severa al Gobierno porque no está haciendo los esfuerzos suficientes para evitar nuevos asesinatos de excombatientes de las Farc. Ese regaño, que seguramente será cuestionado por el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, y por el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, no podía ser más justo y necesario.

4 mar 2021.- Los hechos son tozudos: van 249 excombatientes de las Farc asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, diez de los cuales han sido sacrificados en los dos primeros meses de este año. Según la JEP, si continúa la tendencia actual, en diciembre del 2026 los ex-Farc asesinados serán 1.600. Un verdadero genocidio que se acercaría al de la Unión Patriótica; una tragedia inenarrable para este país que se empeña en continuar en guerra y, por eso, castiga sin misericordia a quienes entregaron las armas ilusionados con la idea de construir su vida en paz.

Pero el pronunciamiento de la JEP no se limita a regañar al Gobierno, sino que emite órdenes muy concretas: luego de señalar que en los 280 procesos iniciados por homicidios, tentativas de homicidios y desapariciones forzadas de reincorporados de las Farc solo se han proferido 33 sentencias, y de decir que es muy poco lo que se ha avanzado en la identificación de los autores intelectuales de los crímenes, la JEP le advierte al consejero Archila que él es quien debe velar por la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección. Al ministro de Defensa le pide que apoye a la Fiscalía para que avance en las investigaciones en las zonas donde no se le ha permitido trabajar porque son de alto riesgo. A la Defensoría del Pueblo le solicita que fortalezca el Sistema de Alertas Tempranas. Al Ministerio del Interior le exige que responda rápidamente a esas alertas. Y al comisionado Ceballos le da 15 días para que envíe a la JEP los lineamientos y el plan de acción de la política pública en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales.

Es a ese funcionario al que la JEP le dirige su más fuerte llamado de atención, pues, en su condición de secretario técnico de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, Ceballos es uno de los mayores responsables por la demora en la adopción de la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales pactada en el Acuerdo de Paz.

“Resulta inexplicable e inaceptable que exista un retraso de más de dos años en la creación de lineamientos de política pública y criminal para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, cuando es claro que todas las autoridades estatales están obligadas al cumplimiento del Acuerdo de Paz”, dice la JEP. Agrega, además, que en julio de 2020 ya le había ordenado al alto comisionado que remitiera los lineamientos y el plan de acción de esa política pública, y “ni siquiera con esta orden la Comisión Nacional de Garantías ha finalizado los lineamientos”.

Sin embargo, ese justo regaño de la JEP al alto comisionado de Paz se debería hacer extensivo al presidente de la República, pues es él quien debe presidir las reuniones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que se deben realizar mensualmente, pero en realidad son muy pocas las que se han celebrado en este Gobierno.

¿Por qué? ¿Será que así de poco les importan los asesinatos de excombatientes y líderes sociales? Por eso, mientras el Gobierno decide actuar, por favor, que la JEP lo siga regañando.

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21.6.-Inocente: comuníquese y cúmplase CECILIA OROZCO

Foto: Juan Guillermo Monsalve 

El 24 de agosto del año pasado la desprestigiada Sala Disciplinaria del antiguo Consejo Superior de la Judicatura realizó una audiencia que podría enmarcarse en una escena costumbrista de la picaresca judicial colombiana: tres abogados de lo más granado (“s”) del derecho penal, a saber: Jaime Lombana, Iván Cancino y el advenedizo Diego Cadena representado por Cancino, se enfrentaban a un preso iletrado que asistió a la diligencia —desde la cárcel La Picota— solo, sin defensor, a pesar de que había sido convocado para ser interrogado.

2 mar 2021.- La clásica pelea de tigre con burro amarrado. Un togado cohonestó, con su presencia silenciosa, el desequilibrio de los derechos del declarante, Juan Guillermo Monsalve. Este hombre se ha hecho conocer por las decenas de testimonios que ha rendido bajo juramento ante la mismísima Corte Suprema en dos de sus salas: la Penal y la de Instrucción, así como en otras instancias. Pero, a diferencia de otros encarcelados más ilustres que él —y quienes han preferido callar y pagar, con la pérdida de su libertad y honra, las culpas de su patrón—, a Monsalve se le ocurrió confrontar al personaje más poderoso de esta nación creyendo, ingenuo, que estábamos en una democracia plena en que se premia al que revele la verdad o se castiga al que desvíe la justicia sin importar si los culpables de los crímenes son seres anónimos o dirigentes, como acaba de suceder, por ejemplo, en Francia, en donde fue condenado el expresidente Nicolás Sarkozy por tráfico de influencias y por intentar engañar a los jueces comprándose, precisamente, a un magistrado. En Colombia no veremos la condena a un exmandatario. Por lo menos, no en esta generación ni en la próxima a la que ya le tienen listos sus presidentes que serán “elegidos” entre los hijos de los que hoy están siendo procesados.

Continuemos: La audiencia de marras terminó como lo habían previsto los interesados: destrozando a Monsalve porque no podía responder, con destreza, las preguntas capciosas que buscaban hacerlo entrar en contradicción. La respuesta a la pregunta: ¿usted por qué dijo que yo había ido a la cárcel el 21 de febrero siendo que fui el 22?, obviamente no desvirtuaba ninguna realidad de fondo pues solo indicaba que Monsalve confundió un día con el siguiente. Sin embargo, la diligencia les sirvió a los tres abogados y, ante todo, al cliente que han tenido, en común, dos de ellos, Álvaro Uribe, siendo el tercero un fervoroso seguidor de este, para concluir que el testigo es “un mentiroso”. Hace pocos días, Monsalve fue llamado, otra vez, a declarar, por la Corte Suprema. En esta ocasión, se trataba de una audiencia reservada en el caso conexo con el de Uribe, en que se investiga al representante Álvaro Hernán Prada. Pero era un escenario distinto: 1) porque la Corte usualmente garantiza los derechos de los intervinientes. 2) Porque Monsalve contó con la asesoría del penalista Miguel Ángel del Río que, aunque no pertenece al olimpo del derecho, no tiene un pelo de bobo. Como se preveía, la audiencia transcurrió con respeto por el procesado y por el testigo.

Otra cosa sucede en la Fiscalía de Barbosa (hay que repetirlo: escogido por Duque que fue escogido por Uribe, el interesado en que Monsalve sea desacreditado). Mientras más se acerca la fecha en que el fiscal del caso, Gabriel Jaimes, tendrá que justificarle al país por qué el señor expresidente no será llamado a juicio, más arrinconan a Monsalve. En los últimos días este ha recibido varios avisos: de una Fiscalía de Medellín, para notificarle que será citado a declaración en un caso sobre fosas comunes que no tenía avance desde julio del año pasado; del Inpec, para informarle sobre la apertura de un proceso administrativo por las sim cards que le encontraron en su celda hace un año; de una Fiscalía local de Bogotá, que le abre indagación penal por las sim cards a pesar de que no tienen validez porque, en su premura por ayudar al exsenador, al Inpec y al ente investigador se les embolató el rito llamado cadena de custodia; y del despacho de Jaimes, para exigirle que vuelva a testificar sobre lo que ya testificó y validó la Corte. Como dijo el abogado Del Río, si ese acoso judicial contra Monsalve no es presión, ¿qué puede serlo? Según el apoderado del testigo, de 68 actos de investigación que el despacho de Jaimes ha ordenado en este proceso, 55 están encaminados a desvirtuar las afirmaciones de Monsalve o las del senador Iván Cepeda, quien también está bajo el fuego de las hostilidades de Barbosa y de la Casa de Nariño. No son suspicacias producto de la “polarización” política: son hechos. Y no nos hagamos ilusiones de justicia justa: con Monsalve o sin Monsalve, Uribe Vélez será absuelto por Jaimes-Barbosa-Duque. Desde luego, por él mismo: Me autodeclaro inocente. Comuníquese y cúmplase.

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21.6.-Combos: los de arriba y los de abajo CRISTINA DE LA TORRE

Las masacres que no cesan. Foto El Espectador

No es novedad, pero exaspera la complaciente liviandad de los mandamases para capear el fenómeno. El asedio al Estado en Colombia resulta del desgobierno, sí, pero procede desde flancos sociales opuestos, si bien signados por un propósito común: el asalto al poder.

1 mar 2021.- A él concurren el crimen organizado en combos y pandillas que suplantan las funciones del Estado en territorios remotos y en ciudades como Buenaventura y Medellín; y combos de grandes empresarios organizados en grupos económicos que colonizan el poder público y lo ordeñan para su propio peculio. En los de abajo se respira abiertamente la impronta de hegemonías mafiosas (de narcos y paras a menudo al servicio del notablato local, y de guerrillos) impuestas a sangre y fuego en medio siglo de guerra sucia, y de armados ilegales que llenaron el vacío del Estado ausente.

Por su parte, los grandes empresarios practican un capitalismo de compinches; arcaico, dirá el versátil profesor Diego Guevara: proclives al monopolio, desdeñan la sana competencia, no arriesgan un duro a la inversión y cifran su buena estrella en los favores del Gobierno; siempre dispuesto a privilegiar a los tiburones más voraces en desmedro de millones de sardinas desamparadas. Invaluable aquí la puerta giratoria para personajes que alternan puesto de mando en el Gobierno con sus negocios particulares. Que así se lucran con información privilegiada (del Estado) o, en voltereta olímpica, abrazan al compadre que vienen de vigilar. Combos de arriba que cogobiernan, la mira puesta sólo en la faltriquera, en veces a despecho del cuello blanco que podrá convivir con la corrupción y el abuso.

En este capitalismo de compinches, derivan los empresarios todas las ventajas y gabelas del poder público, las tributarias en particular. En 2020, el sector financiero pagó 1,9 % de impuestos sobre $121 billones de utilidades; las petroleras, 7 % sobre $92 billones y las mineras, 6 %, cuando por ley debieron pagar el 33 %. Por estos tres sectores, dejó el fisco de recibir $80 billones. Declara Hacienda que dará “tranquilidad a los mercados y a los inversionistas”, mientras prepara generalización del IVA; una puñalada al ya mísero ingreso de los pobres y vulnerables que suman 71,2 % de la población. Logros del gran poder empresarial en el Ejecutivo que, gracias a una ley de Duque, se extenderá ahora al Legislativo: la norma exime a los congresistas de impedimentos para votar leyes en favor de las empresas que financian sus campañas electorales. Se redondea, pues, la captura corporativa del Estado.

Si exprimen al Estado los combos de arriba, los de abajo lo suplantan. Una investigación adelantada por las universidades de Chicago y EAFIT, en cabeza de Gustavo Duncan y Santiago Tobón, demuestra que las pandillas desempeñan las funciones del Estado, prácticamente en todos los barrios de ingreso medio y bajo de Medellín. En media ciudad. La delincuencia vigila, cobra impuestos, administra justicia, controla la disciplina social. En ella manda la sofisticada estructura criminal de 350 combos reagrupados en 15 o 20 pandillas y goza de alguna legitimidad. Aunque también presta servicios de sicariato y protección de su negocio al narcotráfico.

En amplias regiones del país se replica la acción de estos poderes fácticos. Muchas veces en el campo al tenor de empresarios que así perpetúan su vieja alianza con el paramilitarismo: combos de los dos niveles resultan cerrando aquí un círculo de cooperación. El Estado, por su parte, manoseando su propia legalidad, podrá cerrar otro círculo de cooperación con delincuentes, hasta consagrar, verbigracia, la dictadura de un Don Berna en la comuna 13 de Medellín. ¿No será la cooptación de este homicida por el Estado en la Operación Orión, referente legitimador de los combos criminales que mandan en Medellín?

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21.6.-Los corifeos tenían razón YOHIR AKERMAN

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha mentido constantemente en el tema de los falsos positivos, desde el inicio de este horrible escándalo. Especialmente, porque decidió ignorar las alarmas que varias entidades prendieron para advertirle de lo que estaba sucediendo.

Vamos por partes.

6 mar 2021.- El 26 de noviembre de 1996 fue establecida en Colombia la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), mediante acuerdo firmado por el Gobierno y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En el marco de este acuerdo, la Oficina tiene como tarea observar la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, con el objeto de asesorar a las autoridades colombianas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas.

Desde 2002 hay cartas, reportes e informes de esa oficina adscrita a las Naciones Unidas en las que advirtieron del incremento en las ejecuciones extrajudiciales de indígenas, jóvenes campesinos y raizales de Providencia en el gobierno del entonces presidente Uribe. (Ver Reporte)

La Oficina dio cuenta de lo que se denomina falsos positivos también en los informes de los años 2003, 2004 y 2005. Para Naciones Unidas no solo existían ejecuciones extrajudiciales, sino un acoso en contra de los defensores de derechos humanos que estaban denunciando estos hechos en Colombia. (Ver Cuestionamiento)

Pero ahí no para.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en Ginebra, nombró a Christian Salazar Volkmann, de nacionalidad alemana, como su representante en Colombia el 2 de marzo de 2009.

Salazar Volkmann publicó en 2012, una vez salió de su cargo, un artículo donde relata la forma en la que el Gobierno decidió ignorar las alarmas que esa entidad prendió. Cuenta que desde esa oficina se le mandaron cartas al presidente y al Ministerio de Defensa que terminaban tiradas en la basura, ya que Uribe no quería hacer nada sobre esas denuncias. (Ver Artículo)

“Aunque las campanas de alarma estaban sonando, el presidente aparentemente optó por creer en las negativas de los militares e ignoró la información que se le dio. No se tomó ninguna medida y en los próximos años el tema sería suprimido en los informes oficiales de derechos humanos de Colombia. Ninguno de los informes anuales de derechos humanos de la Presidencia colombiana se refirió al tema de las ejecuciones extrajudiciales”. (Ver Alarmas)

La falta de respuesta por parte de Presidencia y del Ministerio de Defensa cuando Naciones Unidas les hacía consultas llevó al alto comisionado a enviar otras cartas a distintas entidades, porque el Gobierno no quería responder.

“Desesperada por la falta de respuesta del ministro de Defensa, la Oficina del ACNUDH comenzó a dirigir y copiar su correspondencia a un número cada vez mayor de otros funcionarios gubernamentales. Aproximadamente un mes después de la primera carta al ministro de Defensa, siguió otra carta con 29 casos de Antioquia. Esta vez estaba dirigida no solo al ministro de Defensa, sino también al vicepresidente y al procurador general. Posteriormente, el ACNUDH también incluyó al ministro de Relaciones Exteriores, el viceministro de Relaciones Exteriores y el fiscal general en su correspondencia”. (Ver Falta de respuesta)

La comunidad denunció que en el operativo presuntamente habría muerto el campesino de 82 años, Orlando Mesa, quien habría quedado en la mitad del combate

Comunidad de Montes de María denuncia que un anciano murió durante operativo de la Armada

Nada pasó.

Solo silencio y posteriormente falacias para desacreditar los falsos positivos. Es por eso que es importante recordar lo que dijo el 25 de julio de 2007 el entonces presidente Uribe en un discurso en Barranquilla para conmemorar el segundo año de la Ley de Justicia y Paz: “Ahora la estrategia guerrillera es otra: cada que se le da una baja a la guerrilla, ahí mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial. Pero las Fuerzas Armadas han puesto todo el cuidado para no dar lugar a que se señale a miembros de las Fuerzas Armadas de estar en colusión con grupos paramilitares”. (Ver Discurso)

Es claro a quién se refiere cuando habla de corifeos. Y también es claro que esa es la mentira que sigue repitiendo el expresidente Uribe, 14 años después, para justificar que su Gobierno utilizó el asesinato extrajudicial de la población civil, entre la que se encontraban indígenas, campesinos, raizales y niños, como estrategia para mostrar resultados positivos en su guerra contra la guerrilla.

https://www.elespectador.com/opinion/los-corifeos-tenian-razon/

21.6.-Las cifras falseadas de Barbosa RODRIGO UPRIMNY

A finales de octubre de 2019, cuando era consejero presidencial de Derechos Humanos, el hoy fiscal general, Francisco Barbosa, afirmó que entre enero y octubre de ese año había habido una reducción de 47 % del número de homicidios de líderes sociales frente a los mismos meses en 2018. Y concluyó que esa reducción mostraba que la estrategia del gobierno Duque (el llamado Plan de Acción Oportuna o PAO) estaba dando buenos resultados.

6 mar 2021.- Esta tesis de Barbosa sobre el impacto del PAO en una supuesta reducción de la violencia es débil metodológicamente, como lo he analizado en otras ocasiones. Pero no voy a hablar de eso, sino que me concentro en un punto de honestidad y transparencia: ¿estaba o no Barbosa diciendo la verdad al afirmar que existía esa caída de esa terrible violencia? Y la respuesta es no.

Barbosa se basó en las cifras de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacnudh), que es una fuente seria e independiente. En ese momento, la información era que en los meses de 2019 los asesinatos documentados de líderes sociales ascendían a 52, mientras que para el mismo periodo de 2018 eran 98. La afirmación de Barbosa parecía sólida y convincente.

Sin embargo, Barbosa distorsionó esa información pues no aclaró que Oacnudh distingue entre casos “documentados”, en que ya confirmó que la persona asesinada era un líder social o defensor de derechos humanos, y casos en “verificación”, en que Oacnudh está aún en ese proceso de confirmación, que puede tomar varios meses, pues esos asesinatos suelen ocurrir en lugares apartados. Barbosa no precisó entonces que la cifra de 2019 era provisional e iba a aumentar significativamente, mientras que la de 2018 estaba prácticamente consolidada. Hoy, según cifras de Oacnudh, entre enero y octubre de 2018 hubo 101 asesinatos de líderes sociales y en esos mismos meses en 2019 fueron 94. Hubo entonces una reducción pero mínima: 7 % frente al 47 % anunciado por Barbosa, lo cual deja sin piso su afirmación de que el PAO estaba logrando una caída drástica de esos asesinatos.

Lo que dijo Barbosa era falso. ¿Fue un error de buena fe de alguien que no entendía el enorme impacto que ese proceso de verificación de Oacnudh tiene sobre las estadísticas de esa violencia? No lo creo, pues no sólo Barbosa se precia de ser la persona más formada de su generación sino que, además, varios, incluyendo HRW, le habíamos advertido en julio de 2019 de ese grave “error” metodológico, cuando lo cometió por primera vez, al anunciar una reducción de 50 % de la violencia contra líderes sociales, supuestamente gracias al PAO. En octubre de 2019 ya Barbosa tenía que saber que la cifra dada en julio era falsa, pero en vez de corregirla, decidió cometer el mismo “error” y anunció una reducción del 47 %. Y así volvió a hacerlo en diciembre de ese año. Y sus “errores” contagiaron al resto del Gobierno pues el presidente y la actual consejera de Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, han incurrido en el mismo “error” al hablar de la reducción de la violencia contra líderes sociales.

Este debate sobre estas cifras no es un asunto menor sobre un tema puramente técnico. Estamos frente a un asunto mayor: la deliberada manipulación de la información por uno de los principales funcionarios del país frente a esa vergüenza nacional que es la matazón de líderes sociales. Eso no sólo es en sí mismo gravísimo, pues es un engaño gubernamental deliberado, sino que tiene además una consecuencia terrible: que el Gobierno ha mantenido una estrategia que no funciona y que está permitiendo que esa masacre continúe. ¿Y es a esa persona a quien el Gobierno quiere ahora dejarle la unificación de las estadísticas sobre violencia contra líderes sociales?

https://www.elespectador.com/opinion/las-cifras-falseadas-de-barbosa/

  • 20.5.-¿Y si hubiera sido Tomás? PATRICIA LARA
  • Un “articulito” para Duque CECILIA OROZCO
  • 6.402 atrocidades de la Seguridad Democrática CRISTINA DE LA TORRE
  • Las placas del vehículo YOHIR AKERMAN

Expresidente Uribe:

En el 2008, su hijo Tomás y Fair Leonardo Porras Bernal tenían 26 años. Pero mientras Tomás era un empresario precoz y exitoso, hijo del presidente de la República, Fair Leonardo era un joven discapacitado, con dificultades de movilidad en la pierna y el brazo derechos, que también padecía un retardo mental, a pesar de lo cual hacía mandados en su barrio de Soacha y, con lo que ganaba, a diario le llevaba de regalo una rosa a su madre.

25 feb 2021.- En enero del 2008, mientras Tomás hacía crecer sus negocios, Fair Leonardo era engañado por alguien a quien le pagaron $200.000 para que lo llevara a Ocaña, donde miembros del Ejército le cambiaron la ropa, lo asesinaron, le pusieron un arma nueve milímetros en la mano derecha, fotografiaron el cadáver, escribieron en el informe que era jefe de un grupo narcoterrorista y lo arrojaron a una fosa común.

Después de buscarlo sin descanso durante ocho meses en hospitales, morgues, calles, Fiscalía y Medicina Legal, a su madre, Luz Marina Bernal, la llamaron de esa institución a la que había acudido semanalmente a preguntar por su hijo, para que identificara nombres de un listado. El primero que escuchó fue el de Fair Leonardo.

“¡Es mi hijo!”, exclamó.

Cuando dio el número de su cédula, apareció en el computador de la funcionaria el rostro de su muchacho, desfigurado por dos impactos de bala: uno le había desprendido la mandíbula y otro le había destruido casi media cara.

Días después, Luz Marina, su marido y su hijo mayor fueron a Ocaña y asistieron a la exhumación no solo de Fair Leonardo, sino de otros jóvenes que habían corrido la misma suerte. Estando en ello, según dijo Luz Marina en el testimonio que publiqué en la última edición de Las mujeres en la guerra, 24 militares interrumpieron para pedir información. “Somos una delegación enviada por el señor presidente, Álvaro Uribe Vélez”, dijeron.

Tres semanas más tarde, expresidente Uribe, cuando estalló el escándalo de los falsos positivos, usted dijo que los jóvenes de Soacha no habían ido precisamente a coger café, sino que tenían propósitos delincuenciales.

Y ahora, cuando la Jurisdicción Especial para la Paz afirmó que esos asesinatos, atroces crímenes de guerra sin antecedentes en la historia, no habían sido 2.248, como dijo la Fiscalía, sino mínimo 6.402, ocurridos en varias zonas del país y la inmensa mayoría en los seis primeros años de su gobierno, usted descalificó a la JEP y dijo que se trataba de una persecución en su contra.

No, expresidente. Como afirmó en un editorial el diario El País, de España, usted tiene que responder: se trata nada menos que de 6.402 jóvenes inocentes que fueron ultimados y disfrazados como guerrilleros por miembros del Ejército a los que su gobierno les pagó y les dio prebendas por mostrar resultados, es decir, por matar guerrilleros, pero estos muchachos no lo eran. Como tampoco lo era su hijo Tomás.

Una pregunta final, expresidente Uribe: ¿qué habría hecho usted si el que hubiera aparecido en la fosa común no hubiera sido Fair Leonardo sino Tomás? ¿No hubiera exigido que juzgaran a los responsables? ¿No hubiera agradecido que, por lo menos, el presidente de la República de entonces le hubiera ofrecido una disculpa?

Nota. Un lector se molestó porque en mi anterior columna describí a uno de los inquilinos tramposos mostrados por el programa Séptimo Día como un “inmigrante obeso”. Ofrezco disculpas.

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21.5.-Un “articulito” para Duque CECILIA OROZCO

«No se quite por ahora esa banda» parece decirle el bachiller Macías al presidente Duque.

Empezaba el año 2004 y apenas habían transcurrido 14 meses del único mandato legal de Álvaro Uribe, en la Presidencia, cuando la embajadora de Colombia en España, Noemí Sanín, soltó una frase como sin querer pero queriendo, a la salida de una visita a su jefe, en la Casa de Nariño: “El presidente lo está haciendo muy bien (y) por eso quiero preguntarles a los colombianos: si el Gobierno va bien y si llevamos año y medio pero necesitamos más tiempo de los cuatro años, ¿por qué no planteamos la posibilidad de hacer una reforma que permita la ampliación del periodo?”.

23 feb 2021.- Sanín argumentó que la popularidad del jefe de Estado era del 80 %, “razón por la cual deberán otorgársele las herramientas para que pueda seguir trabajando por el país”. La embajadora no hablaba de tuercas ni tornillos de ferretería sino de los que ajustan o liberan las barreras jurídicas, según los intereses de quienes detentan poder en republiquetas como la nuestra. En el caso Uribe, había que utilizar, además, gruesas tenazas para quebrar la ley de leyes, la Constitución. Y aunque, en entrevista con Yamid Amat, Noemí negó que estuviera haciendo un mandado (P: “¿Usted habló con Uribe sobre este tema?”. R: “Yo soy una líder política que nunca le ha pedido permiso a nadie para reflexionar”), pocos días después quedó claro que ella era solo la mensajera que nos estaba comunicando el inicio de una estrategia que ya había sido estructurada por el aparato gubernamental.

A la semana siguiente, Fabio Echeverri Correa, el empresario más influyente de la época y, al mismo tiempo, el consejero predilecto del mandatario, asumió, en público, el papel de personaje central de la conspiración para mover el engranaje de toda la nación, en beneficio de un individuo. “Solo hay que cambiar un articulito”, dijo, de manera cínica, como si la Carta Política fuera un rollo de papel toilette. ¡Y la usó como tal! Diez meses después, con los votos comprados del Congreso, la ayuda de connotados políticos y expresidentes que, hoy, pasan de agache, y el aval de la Corte Constitucional que cambió, a última hora, su fallo en contra de la reforma de la Carta por otro que le concedía el favor a Uribe gracias a los sorpresivos votos de dos magistrados que traicionaron su conciencia jurídica, el presidente que había sido elegido para un cuatrienio (2002-2006) pudo permanecer otro periodo a la cabeza del país (2006-2010). Uribe Vélez manipuló, desde el 7 de agosto de 2002, los hilos de la institucionalidad para satisfacer su ambición, como fue obvio debido a la feroz campaña que emprendieron sus ministros, consejeros y aliados.

Pero evadía el tema con frases de cajón. Pues bien: parece que Colombia no aprende de su pasado. Hace unos días, de la nada y tal como lo hiciera la embajadora Sanín hace 17 años, un sujeto de lo más viscoso que existe en el territorio nacional, hablando como vocero de los municipios, propuso una prórroga de dos años a la presidencia de Iván Duque que termina, como todos sabemos, en agosto del año entrante. Ese señor, de apellido Toro, tiene todos los defectos imaginables pero no es loco ni bobo. Es un vivo. Alguien le sugirió botar la idea con la misma disculpa de siempre, la unificación de las elecciones locales y nacionales, para calibrar las reacciones, medir fuerzas y, si hay ambiente, allanar el camino.

Bueno es recordar: siendo candidato en 2002, Uribe Vélez aseguró, en un debate, que no debía establecerse la reelección inmediata del presidente, “pues este podría utilizar la politiquería para hacerla aprobar”, según contó Alfonso Gómez Méndez en una de sus columnas, en 2004 (“¡Vivir para ver!”, dijo, entonces, el ex fiscal). Duque, recién posesionado, contestó a pregunta que le formulara un reportero en el Vaticano, antes de una audiencia con el papa Francisco, que “fuimos elegidos por cuatro años y vamos a gobernar a Colombia por cuatro años buscando la unidad del país”. En octubre de 2018, cuando Duque llevaba escasos dos meses en la Casa de Nariño, el congresista mandadero Ernesto Macías salió con la estrambótica proposición de que el periodo del nuevo mandatario no fuera de cuatro sino de cinco años.

Ahora, el mensajero de esta época, Gilberto Toro, vuelve a la carga. Pero estamos en una etapa diferente: restan 17 meses del cuatrienio y los resultados del actual Gobierno son, francamente, desastrosos. Un “respirito” de dos años le caería bien al uribismo para tratar de reacomodar los pesos que no le son favorables. ¿Qué ha dicho el presidente ante la “novedosa” propuesta de Toro? Hasta donde sé, ha guardado absoluto silencio. Como Uribe cuando a Noemí se le prendió el bombillo. Casualmente, el consejero predilecto del mandatario actual es Luis Guillermo Echeverri, hijo de Fabio, el motor de la reelección ilegítima de Uribe. ¿Casualmente?

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21.5.-6.402 atrocidades de la Seguridad Democrática CRISTINA DE LA TORRE

Ya no cabe duda. El encarnizamiento de Álvaro Uribe contra la JEP denuncia pánico en el expresidente. Terror de ver imputado su gobierno por la comisión del 78 % de falsos positivos, una atrocidad sin paralelo en el continente. Juego de niños parecerán los crímenes de las dictaduras latinoamericanas frente a estos 6.402 asesinatos certificados de civiles inocentes por soldados que ejecutaron una política de exterminio torpemente aupada desde la cima del poder entre 2002 y 2008.

22 feb 2021.- Que a ello condujo la Directiva No. 25 del entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, sobre pago de recompensas por captura o muerte de insurgentes. Ponerle precio a la muerte fue prefabricar éxitos militares con falsas bajas guerrilleras y hacer la vista gorda ante comandantes que exigían a la soldadesca “ríos de sangre”. Antioquia concentró la cuarta parte de los falsos positivos, y su Cuarta Brigada, el 73% de las víctimas habidas en el departamento.

A 10.000 podrían llegar estas ejecuciones extrajudiciales, como lo indica el creciente acopio de denuncias documentadas y testimonios de uniformados ante la JEP. Pese a las presiones que sobre ellos ejercen superiores suyos para que corrijan testimonios que comprometen a quienes dieron órdenes o a responsables últimos por cadena de mando. Por cadena de mando resultó sindicada la cúpula de las Farc en el auto del Caso 01 sobre secuestro, a menudo con tortura y asesinato incorporados, y cuya responsabilidad acaban de reconocer los sindicados.

Estremecido en el horror, habla medio país por boca de Jacqueline Castillo, directora del colectivo Madres de Falsos Positivos. Las revelaciones de la JEP, afirma, “prueban que la Seguridad Democrática fue una política criminal (…) Son evidencia contundente de que estos asesinatos fueron sistemáticos y generalizados, bajo el ala criminal de un gobierno que vendía ideas falsas de seguridad a cambio de beneficios para quienes entregaran resultados macabros”. A las primeras denuncias del crimen había declarado el expresidente que los desaparecidos de Soacha y reaparecidos muertos llevaban “propósitos delincuenciales… no iban a coger café”. La historia, la monstruosidad del genocidio se encargaría de sancionar la necedad de su cruel ironía.

La ojeriza de Uribe contra el tribunal de justicia transicional estalló desde el día mismo de su creación. Ni adictos a su persona ni bedeles del Ubérrimo, sabedor del peligro que la independencia de estos jueces acarreaba, los bautizó como izquierdistas sesgados, instrumentos de impunidad. Bloqueó cuanto pudo la expedición de la ley estatutaria que daba vía libre al tribunal y le ordenó al presidente Duque interponer objeciones, en desapacible cruzada que Congreso y Corte Constitucional neutralizaron desnudando la ruindad de aquella aventura. A medias para renacer de las cenizas tras su detención y remontar el modestísimo 30 % de popularidad, a medias para abrir campaña electoral, promueve Uribe referendo para derogar la JEP. Repite ahora que el pronunciamiento del tribunal es sesgado, hechura de oenegés enemigas de su gobierno: un atropello para desacreditarlo, a Él, ícono de transparencia y respeto a la justicia. Otra cosa dicen los hechos.

Michelle Bachelet, alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, exaltó la labor de la JEP en Colombia, modelo para el mundo de probidad y eficiencia en justicia transicional. Así lo demuestran sus autos contra crímenes horrendos del conflicto armado: el secuestro y los falsos positivos. La rendición de cuentas —declaró— y la protección de los derechos de las víctimas son esenciales para la consolidación de la paz y del Estado de derecho en Colombia. Sí. Sus autos sobre las violencias más lacerantes que descuajan a la sociedad traen una buena nueva: en este país sí puede haber justicia.

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21.5.-Las placas del vehículo YOHIR AKERMAN

Foto: profesor universitario Jorge Adolfo Freytter Romero

 Dos nuevos y desconocidos elementos confirman la confabulación que hubo entre paramilitares, miembros de la Fuerza Pública, autoridades de gobierno, empresarios y narcotraficantes en el asesinato del profesor universitario Jorge Adolfo Freytter Romero, perpetrado hace casi 20 años.

Me explico.

27 feb 2021.- Como se ha planteado en este espacio anteriormente, el 28 de agosto de 2001 Jorge Freytter, profesor de la Universidad del Atlántico, fue retenido al llegar a su casa en Barranquilla por un grupo de hombres fuertemente armados.

En medio del miedo y la confusión fue golpeado e introducido de forma violenta en una camioneta Toyota Hilux roja de placas AXK 646, que lo trasladó a una bodega desocupada por la zona de Ciénaga, Magdalena, en donde fue sometido por más de 24 horas a actos de tortura, que finalmente terminaron en su muerte al día siguiente a causa de asfixia provocada con una bolsa de plástico en su cabeza.

Freytter fue profesor universitario por más de 20 años, tiempo durante el cual también había participado en distintas actividades de carácter social y sindical.

Gracias a evidencia que ha sido mostrada en esta columna, se ha podido determinar que en su secuestro, tortura y asesinato intervinieron agentes de operaciones especiales del Gaula del departamento del Atlántico, miembros del DAS y estructuras paramilitares del Bloque Norte de las Auc controladas por Jorge 40.

Acá está el primer elemento hasta ahora desconocido.

Un anónimo con fecha del 26 de agosto de 2001 fue radicado ante la dirección del DAS y la Fiscalía en Barranquilla donde se anunciaba el asesinato del profesor. El documento tenía tres páginas, fue escrito en máquina de escribir y daba claves importantes.

“La presente es con el fin de comunicarles los atropellos, muertes, extorsión, amenazas, secuestros por parte de una banda de delincuentes que se hacen llamar ‘paramilitares’ comandados por un individuo apodado el Mocho de nombre Guillermo Campo se moviliza en una LUV de color vinotinto de placas AXK 646 y en un Mazda azul VUA XXX y reside en el barrio Costa Hermosa de Soledad carrera 43A #XX-XX. Este individuo apoyado por el Gaula del Ejército se desplaza con facilidad por la ciudad para cometer estos delitos de los cuales les rogamos sean investigados como son los miembros de la Universidad del Atlántico”.

Dos días después se cometió el crimen que hoy es declarado como de lesa humanidad en una camioneta Hilux doble cabina de color rojo vinotinto de placas AXK 646.

La Fiscalía solicitó cuatro cosas muy específicas: 1) identificar a los cuatro sujetos que se llevaron a la fuerza al profesor y lo secuestraron en el barrio San Isidro de Barranquilla en una camioneta Toyota Hilux color rojo, 2) establecer si Freytter fue asesinado, 3) establecer los móviles de la retención de Freytter y su posible homicidio, 4) indagar a los familiares del profesor e investigar si fue amenazado de muerte.

También, sobre sus actividades en la Universidad del Atlántico, indagar en los alrededores del lugar donde fue secuestrado, indagar en la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico (ASOJUA), ubicar el nombre completo y dirección de los familiares de Freytter Romero, y ubicar la camioneta Toyota Hilux roja.

Es decir que, desde el inicio de la investigación, la Fiscalía acudió al Gaula para resolver un homicidio. Homicidio que —dos días antes del crimen— se había anunciado que iban a cometer. Pusieron a los ratones a cuidar el queso.

En efecto, el 3 de septiembre de 2001, el Gaula de Barranquilla le respondió a la fiscal Venegas que realizarían las labores de inteligencia, “así como las diligencias que sean necesarias para lograr la identificación, individualización y participación de los sujetos que secuestraron y posteriormente le dieron muerte al señor Jorge Freytter Romero”.

No siendo suficiente, también pidieron lo siguiente: “Toda operación a realizar se deberá informar al comando Gaula para un mejor desarrollo de la misma. Debiendo informar previamente sobre los resultados obtenidos durante las labores adelantadas”.

Es decir que el Gaula quería no solo estar encargado sino también completamente informado de cualquier avance paralelo de la investigación que los pudiera declarar culpables. Astutos.

El Gaula lo único que hizo fue desviar la investigación. Y los exagentes de esa unidad de operaciones especiales del Ejército que fueron los perpetradores del crimen del profesor, Flower Arngency Torres y Germán Antonio Sáenz, hoy se encuentran prófugos de la justicia. Sobre Torres la Fiscalía tiene conocimiento de que está operando con el Clan del Golfo mientras que se desconoce el paradero de Sáenz.

Pero ahora sabemos otro elemento hasta ahora desconocido en esa investigación y tiene que ver con la Toyota Hilux doble cabina rojo vinotinto en la que secuestraron al profesor.

Según los registros de propiedad de la camioneta con placas AXK 646, el propietario era el señor Mike Alberto Mitchell Palacio con cédula de Santa Marta. Este se convirtió en el dueño del vehículo el 15 de noviembre del 2000.

Mitchell Palacio es un narcotraficante sanandresano que fue solicitado en extradición en enero de 2017 por una corte de la Florida, Estados Unidos. La Corte del Distrito Medio de la Florida condenó a Mario Mitchell Pereira junto a sus dos hermanos, Olario Mitchell Palacio y Mike Mitchell Palacio, cuando fueron interceptados en una embarcación en aguas internacionales con más de una tonelada de cocaína en 2015 proveniente de La Guajira.

Es decir, los agentes del Gaula secuestraron al profesor Freytter y se lo llevaron en un vehículo de propiedad de un narcotraficante, pese a que la Fiscalía estaba avisada de que esto podía suceder, con la placa del carro y todo. Esto, con la complicidad y ayuda logística e instrumental de miembros del DAS de la región y ordenado por las estructuras paramilitares del Bloque Norte de las Auc controladas por Jorge 40.

Un crimen de lesa humanidad que reunió lo peor de esa zona, en un episodio lamentable donde el narcotráfico, los empresarios, el Gaula y las autoridades se confabularon con paramilitares.

https://www.elespectador.com/opinion/las-placas-del-vehiculo/

  • 20.4.-Ecuador: la artera jugada del fiscal colombiano  Barbosa JAIME GALARZA
  • Seguridad para Buenaventura: ¿militarismo o Estado social?  – CRISTINA DE LA TORRE
  • El misterioso doctor Vargas YOHIR AKERMAN
  • El “sastre” de Uribe y la democracia CECILIA OROZCO
  • El calvario de los arrendadores PATRICIA LARA

El cuento del aporte electoral de los Elenos está claramente dirigido a buscar justificación seudo legal para eliminar al binomio Arauz-Rabascall, seguro triunfador en la segunda vuelta del 11 de abril.

¡Lo que faltaba! Ahora resulta que el triunfo del binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascall en las elecciones del 7 de febrero, no se debe tanto al apoyo popular con cuatro millones de votos obtenidos, sino al aporte financiero de 80.000 dólares, supuestamente proporcionado por el ELN de Colombia (Ejército de Liberación Nacional, o los Elenos, según la jerga colombiana). Y no como donación sino como préstamo seguramente efectuado por el Banco Guayaquil de Guillermo Lasso, o el Banco Pichincha cuyo dueño, Fidel Egas Grijalva, lo es también del Canal 4 Teleamazonas, campeón nacional del “anti correismo”.

17 feb 2021.- El embuste que esto significa son ruedas de molino con las que se pretende que comulgue el pueblo ecuatoriano, al que previamente se le ha inyectado dosis de escopolamina a lo largo de toda la campaña electoral.

Vale la pena señalar que estas ruedas descomunales las manejan en dúo, la Fiscal 10/20 ecuatoriana y su parcero Francisco Barbosa, Fiscal General de Colombia, todo en medio de abundante vómito mediático destinado a intoxicar al público con la versión de que los Elenos son un invento de Satanás y símbolos del más crudo terrorismo.

Aquí conviene clarificar dos puntos. El primero se refiere al verdadero carácter del ELN. Surgió al mundo en 1965 con una modesta guerrilla que debutó tomando el pequeño pueblo de Simacota. Desde allí fue creciendo rápidamente, formando distintos frentes en el país, sin que durante sus 55 años de existencia haya podido ser destruido por más de 10 gobiernos, como los de López, Betancurt, Pastrana, Samper, Uribe, Santos, entre otros, hasta llegar al actual gobierno narcotraficante de Iván Duque. Y conste que, para combatir a los Elenos, las poderosas y experimentadas fuerzas armadas de Colombia, han contado y cuentan con el apoyo de las siete bases militares norteamericanas asentadas en su territorio.

La explicación de tan larga data del ELN está en el hecho – se quiera o no reconocerlo- de que se trata de una fuerza política beligerante con implantación en diversos sectores del pueblo colombiano. Además, en sus filas y en sus mandos han figurado numerosos sacerdotes como Camilo Torres, emblema de la Teología de la Liberación.

El segundo punto a clarificar es el siguiente:

Tan cierto es ese carácter de fuerza política beligerante que, incapaz de derrotarlo, años atrás el Estado colombiano viene negociando un acuerdo de paz con el ELN en unión de seis estados garantes: Ecuador, Reino de Noruega, Brasil (con Bolsonaro y todo), Chile (dirigido por el derechista Piñera), Cuba y Venezuela. En cuanto a nuestro país, por acuerdo con Colombia y los demás garantes mencionados, durante cuatro años Quito sirvió de sede a las tratativas entre el gobierno colombiano y el ELN, sin ningún incidente de las partes, en trato cordial y amistoso, solo interrumpido en el año 2018 cuando el gobierno de Lenín Moreno, cumpliendo dictados de Washington, decidió renunciar a ser sede de estas trascendentales conversaciones de paz, abandonando su honroso puesto de garante, como lo sabe bien y debería aclararlo la Cancillería ecuatoriana.

Para completar esta telenovela electoral entra en juego la afirmación de una supuesta versión dejada por un tal “Uriel”, quien nunca fue miembro de los órganos directivos de los Elenos, y que hoy no puede atestiguar nada porque está muerto hace más de un año. (Claro que los socialcristianos lo podrían resucitar dada su notable capacidad para revivir muertos, que la pusieron en juego durante la pandemia en Guayaquil, con cadáveres que nunca aparecieron y muertos anunciados como tales que luego asomaron vivitos y bailando).

(A propósito de esta ridícula telenovela, bien haría el dúo de fiscales en investigar y dar a conocer al pueblo ecuatoriano qué pasó realmente con los tres periodistas de El Comercio, sin que nadie sepa con precisión hasta hoy quiénes ni cómo los mataron en Colombia).

Por lo demás el diabólico cuento del aporte electoral de los Elenos está claramente dirigido a buscar justificación seudo legal para eliminar al binomio Arauz-Rabascall, seguro triunfador en la segunda vuelta a celebrarse el 11 de abril; lo cual, unido al match boxístico entre Guillermo Lasso y Yaku Pérez, no hace otra cosa que sembrar certezas sobre este juego criminal, que podría acabar en la suspensión de las elecciones e implantación de una dictadura militar. Claro, con la venia de la Embajada norteamericana.

Jaime Galarza Zavala es escritor ecuatoriano

E-mail: jaigal34@yahoo.es
Twitter: @jaigal34

https://galarzajaime.blogspot.com/2021/02/una-jugada-criminal.htmlhttps://www.alainet.org/es/articulo/211001

20.4.-Seguridad para Buenaventura: ¿militarismo o Estado social?  – CRISTINA DE LA TORRE

Los casquillos de bala en el piso son la síntesis de las angustias que viven los habitantes de algunos de los barrios de Buenaventura. – Foto 

“Una cosa es que un miembro de un grupo criminal haga disparos al aire o que un bandido haga una acción de sicariato, y otra, que haya control territorial de un grupo criminal”, declaró Daniel Palacio, ministro del Interior, en alusión a la tragedia de Buenaventura. “¿Dónde vive usted, señor ministro, en Bogotá?”, le replicó Leonard Rentería, líder comunitario en el puerto; “¿qué diablos sabe usted de la realidad que vivimos nosotros… serán meros disparos al aire para crear zozobra cuando llevamos 30 muertos en un mes?”.

15 feb 2021.- A poco, se alargaría en el puerto una cadena de 80.000 personas al grito de paz y soluciones integrales a una crisis que es social; más allá del repetido y fugaz refuerzo de uniformados, tan ineficaz como engañoso: al joven artista Deiner Castillo lo acribillaron a metros de policías que nada vieron, nada oyeron ni se mosquearon. Vana estrategia de seguridad anclada en una grosera simplificación de la realidad, que conduce a dos falsos supuestos: uno, que todo se reduce a narcotráfico; dos, que las víctimas (cientos de líderes sociales asesinados y de ciudadanos masacrados) son narcos o aliados suyos.

Siniestra caricatura que coopta Diego Molano, ungido de los hados como jefe de las armas por haber nacido en hospital militar. Ni miseria, ni desempleo ni falta de escuela o de hospital, disparadores de violencia en campos y ciudades. Para Molano todo se finca en el narcotráfico, el combustible de la violencia. A fumigar, pues, a meter en un mismo saco al pequeño cultivador de coca y al jefe del Clan del Golfo; a eliminar, en la paz de los sepulcros, obstáculos humanos a los negocios que en la guerra medran.

Buenaventura es hoy tal vez el caso más alarmante de la violencia que se replica, con diferencias de matiz y de grado, en cientos de municipios. Azorado debió de quedar el presidente con el demoledor informe de Human Rights Watch: el aumento de estos crímenes, dice, “representa un fracaso para el Estado colombiano (incapaz de prevenirlos), investigarlos a fondo, desmantelar las mafias y los grupos irregulares armados que están detrás de los asesinos, y reducirlos”.

Juzga lenta y deficiente la respuesta del Gobierno a la masacre de líderes sociales. Este condena los hechos y anuncia medidas que no toma. Despliega militares, pero no protege a la población ni aborda sus problemas. No da con los autores intelectuales de la matanza ni desmantela los grupos armados que la ejecutan. No implementa esquemas de protección colectiva ni atiende a derechas el sistema de alertas tempranas. Reduce a su décima parte los recursos de los cuerpos especializados para neutralizar los crímenes.

Sostiene Camilo González, director de Indepaz, que soluciones contundentes no habrá sin identificar los patrones de esta macrocriminalidad hoy reavivada. No es el narcotráfico su motor exclusivo, juegan también intereses en explotación de oro y maderas, conflictos por la tierra y por la preservación de territorios étnicos. El posconflicto no respondió a tiempo a la violencia que venía de atrás y en ella se reacomodan ahora muchos grupos armados, a los que guardias indígenas y juntas comunales que protegen sus tierras les estorban. Entonces matan a los líderes. Para González, el Gobierno se equivoca: en lugar de una estrategia de guerra al narcotráfico como elemento articulador de la seguridad del Estado, debería propiciar una presencia integral del Estado social e implementar los acuerdos de paz.

Acaso rendido al capricho del gatillo (héroe de la “seguridad democrática”) pierde este Gobierno el foco del problema. Al abandono social, caldo de cultivo de la violencia, responde con militarismo rampante. Y uno se pregunta: ¿serán niños jugando a soldaditos de plomo o tiranos en ciernes obedeciendo al grito de ¡plomo es lo que hay!

https://www.elespectador.com/opinion/seguridad-militarismo-o-estado-social/

20.4.-El misterioso doctor Vargas YOHIR AKERMAN

Un hombre participa hoy en la elaboración de un mural sobre los falsos positivos, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Existen evidencias que comprueban que hay un grupo de abogados dedicados a amedrentar a los militares que están cooperando y diciendo la verdad en la JEP, para encubrir a los funcionarios salpicados en los casos de falsos positivos. Preocupante, sobre todo ahora que sabemos que fueron 6.402 casos registrados entre 2000 y 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, y no 2.248 como había reportado anteriormente la Fiscalía.

Así como se oye.

20 feb 2021.- El pasado 2 de febrero, la JEP envió una carta al Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec), entidad adscrita al Ministerio de Defensa. En esa carta solicitó información sobre “temas relacionados con la asesoría y defensa técnica especializada de comparecientes exmiembros de la fuerza pública, entre otros asuntos”.

Esto, porque los magistrados tienen en su poder testimonios que hablan de un pacto de silencio entre agentes estatales orquestado por medio del Fondetec, con el fin de ocultar los hechos que rodearon los falsos positivos y las desapariciones forzadas. Todo para proteger la responsabilidad de los altos mandos militares involucrados.

Declaraciones de testigos y militares ante la JEP establecen que los abogados adscritos a Fondetec han presuntamente aplicado —mediante supuestas jornadas de pedagogía— diferentes métodos de presión para generar temor entre los comparecientes que quisieran aportar genuinamente a la construcción de la verdad y señalar la participación de sus comandantes en las versiones voluntarias. Particularmente en el marco de los casos 003 y 004, referentes a “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate” —ejecuciones extrajudiciales— en la región de Urabá.

La dirección de Fondetec negó estas acusaciones en un comunicado publicado el pasado 10 de febrero. Lo recalcó su director, el señor Jorge Arturo Ramos, en entrevista con el diario El Tiempo, diciendo que “nunca se han dado instrucciones contrarias a la ley”. Aseguró que en lo que se viene trabajando es en “fortalecer el mecanismo de defensa técnica especializado gratuito para los héroes de la patria”.

Ahora bien, las pruebas dicen otra cosa.

El 5 de octubre de 2020, uno de los testigos comparecientes fue oído en versión voluntaria conjunta. En ella informó que durante su permanencia en el Centro de Reclusión Militar de Facatativá presenció los siguientes hechos:

“La Navidad pasada fue el doctor Vargas (…) de Fondetec, nos dio una conferencia sobre que él se opone a los TOAR de la JEP, que él no entiende por qué un militar debe reparar… ¿Cuánto gasta en abogados y además debe reparar? Yo tengo un audio donde nos dice que la JEP es bailar con la más horriblísima (sic), habla mal del magistrado Pedro Elías. Habla mal de los TOAR, dice que hay que saber contar la verdad”.

La verdad solo es una, por eso contémosla aquí.

Los TOAR se entienden como los trabajos, obras o actividades con contenido reparador o restaurador. Por su parte, el magistrado del que habla el compareciente es Pedro Elías Díaz Romero, titular de la Sala de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz. La única pregunta que queda es: ¿quién es el doctor Vargas del Fondetec que les está pidiendo que cuenten una verdad limitada?

La misma pregunta le hizo la JEP a Fondetec en un documento fechado el 2 de febrero de 2020 en el que dice: “Resulta apropiado indagar por el nombre completo y datos de la identificación del Dr. Vargas, a quien hace alusión la información aportada por el compareciente ante estos despachos, quien duramente el mes de diciembre de 2019 hizo oficios de conferencista de Fondetec en el CRM de Facatativá”.

Con ese mismo objetivo, el diario El Tiempo le preguntó al director del Fondetec en su reciente entrevista: “¿Establecieron quién es el abogado de apellido Vargas qué se menciona en la denuncia?”.

La respuesta del director de Fondetec, el señor Ramos, fue tajante: “No hemos recibido individualizaciones que permitan determinar a quién hacen referencia. Estamos a la espera de poder individualizar”.

Pues ayudémosle a individualizar.

Un trino del 19 de diciembre de 2019 del mismo señor director del Fondetec nos da algunas luces. En esa publicación describe el evento en el que el equipo de Fondetec estuvo en la Cárcel de Alta y Media Seguridad del Ejército en Facatativá, en una “jornada especial de integración y entrega de regalos a los miembros de la Fuerza Pública”.

Ese es el mismo evento en el que algunos militares establecieron que se sintieron presionados por el misterioso doctor Vargas para que “sepan decir la verdad” y hablaron sobre las consecuencias de hacer algo diferente

Fotos publicadas por Fondetec de ese mismo tipo de eventos —en otra cuenta— dan mayores luces sobre la identidad del misterioso señor. Aparece un conferencista en varias “jornadas” en las que supuestamente se ofrecen los servicios de defensoría jurídica gratuita de Fondetec, como parte de una política del Ministerio de Defensa.

La persona que se ve en esas fotos es el señor Fernando Antonio Vargas Quemba, quien es una pieza importante del Fondetec y se describe en su perfil de Twitter como abogado, catedrático, escritor, parte del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, defensor de los DD. HH. Y vocero de las víctimas del comunismo en Colombia.

Varias fotos muestran al señor Vargas Quemba como uno de los oradores centrales de esa mencionadas “jornadas”. Por eso es importante regresar a los testimonios que mencionan al misterioso abogado que Fondetec no quiso identificar en su entrevista en El Tiempo.

Los testigos aseguran que en esos eventos el doctor Vargas les dijo cosas tan amenazantes como: “¿Qué pruebas tienen ustedes para vincular al general Montoya, comandante del Ejército? Se les puede voltear la situación”.

 

La JEP fue más allá y le preguntó a uno de los testigos: “¿A usted alguna vez el Fondetec le ha condicionado su asesoría en relación con lo que dice?”. El compareciente respondió: “(…) desde Fondetec nos condicionan los testimonios para mejorar la defensa de los que están arriba”.

Alarmante asesoría jurídica.

En especial porque un documento de la Procuraduría del 10 de septiembre de 2020 establece que existen más de 19 militares comparecientes ante la JEP que han sufrido amenazas o seguimientos después de testificar.

Por eso, profundicemos un poco más sobre quién es el doctor Vargas Quemba, ya que no es la primera vez que su nombre pasa por esta columna.

El 19 de agosto de 2017 publiqué una denuncia en la que se demuestra que varios grupos extremistas se estaban juntando para apoyar al en ese entonces candidato presidencial Alejandro Ordóñez, exprocurador destituido por corrupción y hoy embajador ante la OEA. (Ver Homónimo).

Una de esas personas era el señor Fernando Vargas Quemba, de quien además sabemos —gracias a una investigación de Daniel Coronell— que fue uno de los fundadores del Movimiento de Restauración Nacional impulsado por los paramilitares del Magdalena Medio. Además, está relacionado con el grupo neonazi Movimiento Tercera Fuerza.

De pronto eso explica por qué el Fondetec ha intentado proteger su identidad a toda costa. No solo por su perfil y su pasado, sino porque en los términos expuestos por los comparecientes esas presiones —con el fin de proteger a los generales involucrados— casi sin duda configuran conductas punibles, como un presunto encubrimiento o fraude procesal, para incitar al ocultamiento de la verdad en crímenes graves de lesa humanidad.

https://www.elespectador.com/opinion/el-misterioso-doctor-vargas/

20.4.-El “sastre” de Uribe y la democracia CECILIA OROZCO

El fiscal Gabriel Jaimes, el sastre, toma medidas…del largo de la manga. Foto Fiscalía General

Muy pronto, en los primeros días de marzo, el abogado Gabriel Jaimes que funge como fiscal investigador de Álvaro Uribe Vélez y quien fue puesto en este caso por Francisco Barbosa, que a su vez fue puesto por Duque, el presidente que Uribe puso, es decir, el sastre Jaimes, deberá terminar de coserle el traje que mejor le ajuste al cliente expresidente.

16 feb 2021.- El mes entrante termina el tiempo que la ley le da a Jaimes para acusar al jefe de sus jefes de fraude procesal y soborno a testigos, o archivar el asunto. Pero no tenemos que esperar: en manos de su subalterno indirecto, el también jefe de la bancada más fuerte del Congreso, en suma, el dueño de Colombia, será absuelto y pasará a la historia como mansa paloma, gracias a que el dios Poder lo protege. Primero, Jaimes intentó devolver el proceso que recibió, avanzado, de la Corte Suprema, a ceros. O sea, trató de invalidar centenares de pruebas que recopilaron y valoraron dos salas diferentes del máximo tribunal penal del país con el fin, supone uno, de demorar la investigación y dejarla en estado vegetativo, eternamente. Cuando un juez lo puso en su sitio y le dio la orden de continuar con la siguiente etapa, Jaimes obedeció la forma, no el fondo: “Optó por repetir el trabajo que ya había hecho la Corte”, según contó El Espectador, y “desde entonces, ha decretado la recolección de más de cien evidencias… (aunque) la mayoría de ellas ya están en el expediente y, en otras, la atención (de Jaimes) se está yendo hacia el testigo estrella (contra Uribe): Juan Guillermo Monsalve” (ver). Con el fin de que el pantalón y el saco tengan la medida exacta de su modelo, el sastre está revisando, también, otros procesos como el del exapoderado de Uribe Vélez, Diego Cadena, procesado y preso por los mismos hechos delictivos que involucran al exmandatario. Y ha ordenado volver a hacer las entrevistas de 26 testigos, casi todos los que declararon a favor del exmandatario.

Curiosamente, el principal defensor del procesado, que cuestionaba con dudosa validez jurídica cada paso que daba la alta corte, ahora está contento y los actos de Jaimes le parecen perfectos: “Es usual” que el fiscal quiera ahondar, dijo a este diario, e indicó que “lo que más nos interesa es que el trabajo de la Fiscalía sea lo más completo posible”. ¡Muy comprensivo! Una semana después del artículo de El Espectador, El Tiempo le dio continuidad al tema con una nota cuyo título es sintomático: “La nueva evidencia que está apareciendo en el caso Uribe”. Allí se notifica que el sastre Jaimes “legalizó una evidencia relevante… que si bien conoció la Corte cuando tuvo el caso y dictó medida de aseguramiento contra Uribe, allá no fue legalizada aunque la defensa del exmandatario lo solicitó” (ver). En lenguaje cristiano, el sastre introdujo al proceso material útil para el expresidente aunque haya sido calificado como inválido o inconducente por seis magistrados de la cúpula judicial cuya preparación profesional no solo es más sólida: sobre todo, es autónoma.

El 15 de diciembre pasado, una revista penosa desde cuando abandonó el periodismo para convertirse en el órgano de propaganda política lanzó una “chiva” con el #URGENTE: la Comisión de Acusación vinculaba a una investigación al extogado de la Sala Penal de la Suprema José Luis Barceló, en cuyo despacho se había abierto el caso Uribe. A la Comisión, un órgano político de mayoría uribista, compuesto por representantes a la Cámara que también cuenta con mayorías uribistas, llegó una denuncia del parlamentario uribista Ricardo Ferro contra Barceló quien ha sido atacado de manera feroz por el mandamás, por su partido y su bancada. Ferro no es cualquiera: acababa de renunciar a la misma Comisión en la que aparecía como denunciante del exmagistrado. Por tanto, actúa como en casa. Su reclamo es copia fiel de hechos que ya habían sido alegados por el apoderado del exmandatario y desechados por la Corte. Gracias a la divina providencia, la denuncia de Ferro llegó al despacho de Edward Rodríguez, uribista. La revista uribista, a la que un uribista le dio la noticia, sorprendió a Barceló con su vinculación judicial a un proceso del que aún no había sido notificado. De otro lado, el país es testigo del ataque público que sufrieron los magistrados de la Sala de Instrucción de la Suprema que revisaron el proceso del expresidente cuando el despacho de Barceló lo remitió para su examen. Fueron ellos los que determinaron, por unanimidad, la detención preventiva del exmandatario. Desde entonces, el hostigamiento a esta sala tampoco ha cesado. A tal punto que, aunque sea inútil, varios togados interpusieron una denuncia por el delito de amenaza contra servidor público ante la Fiscalía de Barbosa debido a las reiteradas manifestaciones verbales en su contra, incluyendo un “muro” con sus fotos, en que los vinculan con las Farc. Más que por lo que suceda con esta denuncia en que ni Barbosa ni Jaimes tendrán interés, La queja de los togados será significativa como constancia del clima hostil que sufren y sufrirán quienes intenten administrar justicia independiente: Uribe, inocente y aclamado. Sus jueces, perseguidos y condenados. Viva la democracia.

https://www.elespectador.com/opinion/el-sastre-de-uribe-y-la-democracia/

20.4.-El calvario de los arrendadores PATRICIA LARA

Cuando el domingo vi en el programa Séptimo Día a la señora María Buitrago, en llanto, contando que un tal Renzo Guyún habitaba en su vivienda desde hacía más de un año sin que le pagara un solo peso de arriendo, me dije: “No estoy sola”.

18 feb 2021.- Luego, cuando en el mismo programa de TV vi a la señora Sandra Suárez (quien, por supuesto, no es la misma gerente de una revista que de un día para otro se convirtió en una vergüenza) reclamando con desesperación que su inquilino, César Vívenes, un inmigrante obeso con pinta de tinterillo, llevaba ocho meses viviendo gratis en su apartamento, concluí que el calvario que padezco es el mismo de muchísimos colombianos.

Pues bien, mi caso se parece a los de doña María y doña Sandra, pero con algunas diferencias. Por una parte, sus arrendatarios, si bien no les pagaron, ya les liberaron sus viviendas; en cambio el mío, Luis Fernando Bermúdez Rivera —a quien, un año antes de que empezara la pandemia, le arrendé un apartamento que, con la idea de habitarlo un día, compré en Barranquilla, la tierra de mi madre—, vive en él desde hace dos años, ha pagado solamente un mes de arriendo y de administración, y ahí sigue fresco, cual lechuga. Pero, además, como si eso fuera poco, nuestra justicia santanderista ha actuado de una manera tan absurda que parece que se hubiera convertido en su cómplice. Después de que el pasado 4 de agosto el Juzgado 14 de Pequeñas Causas de Barranquilla profirió un auto en que dio por terminado el contrato de arriendo y ordenó que si Bermúdez no entregaba el inmueble voluntariamente se procediera a su lanzamiento, diez días después se echó para atrás y dejó sin efecto la sentencia. El argumento es que el inquilino había alegado que el contrato de arrendamiento de ese lindo apartamento —ubicado en un decimonoveno piso, con dos habitaciones, dos baños, sala-comedor y balcón con vista al río Magdalena, que él usufructúa gratis desde hace 22 meses— indica unos metros más de los que realmente tiene el inmueble, que por supuesto se arrendó como cuerpo cierto.

Aunque mi abogado hizo el alegato pertinente y en noviembre le solicitó al Juzgado que profiriera sentencia anticipada ordenando la restitución del inmueble, por cuanto la causal invocada era mora y el demandado no podía ser escuchado por el juez sin que el inquilino consignara los cánones adeudados, el juez no se ha pronunciado y Bermúdez continúa ahí, feliz, disfrutando de la vista al Magdalena, la piscina y demás comodidades del edificio, sin pagar un peso de arriendo ni de administración.

A propósito del tema que afecta a tantos arrendadores que padecen semejante calvario, la periodista de Séptimo Día entrevistó al ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Y su respuesta fue que los jueces estaban desbordados de trabajo y no daban abasto. Pero en el caso que me incumbe el juez, después de proferir la única sentencia posible, retrocedió y se echó más trabajo encima, con lo cual benefició a un inquilino sinvergüenza. ¿Por qué?

***

Dijo un editorial de El Espectador que si la administración Duque dejara un poco “su resistencia a los procesos de paz y su animosidad hacia el presidente pasado, podría ver que Cuba es un aliado útil (…) y dejar de defender tesis extrañas sobre cómo operan los Estados”. ¿Pero qué puede esperarse de un presidente que tomó la pueril decisión de no mencionar por su nombre a su antecesor? ¿Creerá que así borra su existencia?

https://www.elespectador.com/opinion/el-calvario-de-los-arrendadores/

  • 20.3.-Los cabezazos de Ecopetrol GERMÁN VARGAS
  • ¿Por qué no es buena idea que Ecopetrol se quede con ISA? – DIEGO OTERO
  • “Un éxito” o la orden del fiscal Barbosa  CECILIA OROZCO
  • Falso abogado Nieto de la A a la Z YOHIR AKERMAN

Heredó Bayón dos macroproblemas: Bioenergy y Reficar.

La semana pasada me referí en esta columna a la venta de ISA a Ecopetrol. Quise plantear que esa operación no podía hacerse a las carreras, que había serios interrogantes por resolver, como los de la valoración de activos y los derechos de terceros que deben respetarse y el uso de la figura del convenio interadministrativo, que en Colombia, y para evadir el estatuto contractual, ha sido la principal fuente de corrupción.

13 feb 2021.- Veo que expertos como el exministro Carlos Caballero Argáez y el expresidente de Ecopetrol y de ISA Javier Gutiérrez también se han pronunciado en igual sentido.

Tengo el mejor concepto del presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. Difícil encontrar a alguien más preparado, con mayor experiencia y visión. Está jugado con esta aventura de ISA. No sé si por obligación o por convicción, pero lo cierto es que eso de meter a Ecopetrol en el negocio de transporte de energía eléctrica y en la construcción y operación de carreteras en Latinoamérica no figuraba en el plan de desarrollo de la empresa. Una cosa es que inviertan, como lo están haciendo la mayoría de las petroleras en el mundo, en generación de energía con fuentes renovables no convencionales, y otra muy distinta, entrar al negocio del transporte. Amarrar esto con la transición energética y el cambio climático es un buen recurso para la galería, pero que los conocedores no compran.

Heredó Bayón dos macroproblemas: Bioenergy y Reficar. Los traigo a colación porque esa idea de convertir a Ecopetrol en la gran empresa multienergética del mundo a la que todo se le puede colgar podría terminar mal. De hecho, las principales bancas de inversión y analistas internacionales ven muy pocas sinergias en esta operación y sí muchas complejidades. Y esto lo sabe el Gobierno.

Comencemos por el proyecto Bioenergy. Este proyecto de producción de etanol inicialmente costaba 140 millones de dólares, luego se aprobó en Ecopetrol por un monto de 344 millones de dólares, pero tras 49 capitalizaciones sucesivas Ecopetrol terminó invirtiendo más del doble, es decir, 776 millones de dólares. Hoy, después de 13 años, la empresa está en liquidación, nadie responde por este magnífico negocio y la inversión de Ecopetrol, que finalmente ascendió a 1,6 billones en esa empresa, hoy no vale nada, pues su patrimonio es negativo.

Ya se conocen los primeros informes de la Contraloría, que señalan un detrimento patrimonial de 710.000 millones en solo tres de los ocho procesos abiertos. Mucho quisiéramos conocer quiénes fueron los responsables de este monumental descalabro. No solo de los gerentes y miembros de las juntas directivas de Ecopetrol, sino de los socios privados que impulsaron desde la propia junta este negocio.

Un proyecto muy mal planeado, con muy mala selección de contratistas, que acumuló retrasos mayores de cinco años en su entrada en operación, con un desequilibrio insostenible entre los ingresos y los gastos, además de un sobreendeudamiento que llevó a la empresa a su inviabilidad. En síntesis, todo mal hecho y bajo la tutela de Ecopetrol. Pronto me referiré a lo que creo se podría hacer para salvar este proyecto. Con sacrificios para todos los intervinientes, pero con menores costos para la nación en términos de desarrollo regional y agroindustrial, empleo e impulso a la transición energética.

El segundo descalabro por el que todavía nadie responde es el de la refinería de Cartagena, Reficar. Allí se han hecho hallazgos fiscales por cerca de 3.000 millones de dólares, incluyendo el lucro cesante, pero el descalabro podría ser mucho mayor. Dos importantes negocios de Ecopetrol y su flamante gobierno corporativo por los que hasta ahora nadie responde. Y ahora resulta que no tenemos derecho a preocuparnos por la genial venta de ISA ni por la operación futura del sistema eléctrico colombiano.

  1. D. Se va Roberto Pombo de la Dirección de EL TIEMPO. A todas las manifestaciones ya hechas sobre sus virtudes como periodista añado las mías sobre su integridad, su pluralismo y su sentido de país. Va mi testimonio de agradecimiento por haberme invitado a colaborar con esta columna semanal que he escrito con absoluta libertad y el mayor respeto por mis opiniones.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/los-cabezazos-de-ecopetrol-columna-de-german-vargas-lleras-566785

20.3.-¿Por qué no es buena idea que Ecopetrol se quede con ISA? – DIEGO OTERO

Ecopetrol debería enfocarse en cambiar el petróleo por energías renovables y el gobierno debería buscar recursos en otra parte.

La venta de ISA

En las últimas semanas ha vuelto a ser noticia la posibilidad de que el gobierno nacional venda su participación en la empresa Interconexión Eléctrica S.A (ISA).

8 feb 2021.- Actualmente, el 60,23% de ISA le pertenece al Estado. La composición accionaria de la empresa es la siguiente:

  • Gobierno nacional: 51,4%;
  • Empresas Públicas de Medellín (EPM): 8,82%;
  • Inversionistas privados: 38,42%, la mayoría de los fondos de pensión colombianos.

Pero hoy, a diferencia de lo que había ocurrido en 2019, lo más probable es que la participación del gobierno nacional se venda a otras entidades públicas y no a privados.

Hasta ahora, el Grupo de Energía de Bogotá (GEB), Ecopetrol y EPM han manifestado su interés de comprar ISA. En cualquiera de los tres casos, ISA seguiría siendo predominantemente pública.

La joya de la corona 

ISA es la mayor empresa de transmisión eléctrica del país y una de las más grandes del continente.

A finales de 2019 tenía activos por 48,8 billones de pesos y pasivos por 27,69 billones. Ese mismo año, la rentabilidad financiera o Return on Equity (ROE) para los accionistas fue 13,2%. La empresa dio 1,66 billones de pesos de utilidades y pagó impuestos por más de 169.000 millones.

Se trata de una verdadera corporación internacional, con presencia en Brasil, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, Bolivia y Centro América, cuarenta y tres filiales y subdivisiones, y 3.862 empleados que prestan servicios para 170 millones de personas.

“Lo más probable es que la participación del gobierno nacional en ISA se venda a otras entidades públicas y no a privados.”

ISA construye las grandes líneas de transmisión y subestaciones de Colombia, y maneja además las interconexiones eléctricas con Ecuador, Venezuela y, próximamente, con Centroamérica. Su prestigio, rentabilidad y administración moderna le dan a ISA grandes posibilidades de seguir ampliando sus operaciones.

Una de las filiales de ISA es XM, creada en 2005 para administrar el Mercado de Energía Mayorista (MEM) de Colombia. Una función importante de XM es garantizar el equilibrio entre la producción y el consumo de energía eléctrica del país.
En la eventual venta de ISA, el gobierno nacional no incluiría a XM, entre otras cosas, para garantizar su independencia como operador del sistema. 

¿Quién debe quedarse con ISA? 

Hasta ahora, la única empresa que ha hecho una oferta para comprar ISA es Ecopetrol.

Es muy raro que una empresa petrolera tenga la intención de adquirir un negocio de transmisión eléctrica. Según el presidente de Ecopetrol, la compra tendría el objetivo de diversificar las inversiones de la empresa.

Sin embargo, lo normal sería que ISA quedara en manos de EPM o el GEB, porque estas son empresas con un gran conocimiento del sector eléctrico y, en particular, de la transmisión eléctrica. Estas empresas saldrían muy fortalecidas si compran la red de transmisión de alto voltaje de ISA, porque complementarían su negocio y adquirirían relevancia internacional.

ISA es una de las primeras empresas de transmisión de energía eléctrica del continente americano, y la primera o la segunda de talla realmente mundial. Integrada en EPM o al GEB, se formaría una empresa de primer nivel en el mundo.

En cambio, Ecopetrol no tiene la experiencia de EPM o el GEB.

Desde luego, es importante que Ecopetrol diversifique sus inversiones, pero en fuentes renovables de energía y nuevas tecnologías. Ecopetrol puede prestar un mejor servicio si se convierte en una empresa energética que invierte en energía solar, eólica, de biomasa o geotérmica.

¿Qué le conviene al país? 

La eventual compra de ISA por parte de Ecopetrol es un caso claro donde el interés particular no coincide con el interés general.

Desde el punto de vista financiero, es probable que a Ecopetrol le convenga invertir en ISA, pues se trata de una empresa con una buena rentabilidad. Pero desde el punto de vista social, esta no es una decisión acertada.

Ecopetrol podría ser la empresa que lidere la transición energética en Colombia. Con los 14 billones que costaría la compra de ISA, Ecopetrol podría participar en proyectos de generación de energía solar, eólica o geotérmica. Por ejemplo, podría diseñar y ejecutar un plan para llevar energía solar a todos los hogares y edificios del país, dentro de una visión de desarrollo industrial.

Con este impulso, Colombia podría producir todos los elementos necesarios para aplicar estas nuevas tecnologías, con un enorme efecto multiplicador. Además, podría crear un centro de investigación básica y aplicada para la transición energética. Con todo lo anterior, Colombia alcanzaría la autonomía energética, sin depender de ninguna empresa nacional o internacional.

Foto: Senado de la República No se entiende por qué Ecopetrol quiere comprar las acciones de ISA

Una estrategia equivocada 

Según el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, la venta de ISA no evitaría una reforma tributaria en Colombia. Sin embargo, es probable que ese negocio cambie las cuentas del gobierno y que la eventual reforma tributaria sea mucho menos agresiva.

Por eso, la venta de ISA no es sino una jugada para evitar la reforma tributaria que necesita el país: una que aumente los impuestos para los ricos, que establezca una verdadera política contra la evasión de impuestos y que elimine los subsidios que no tienen lógica económica.

El presidente y su ministro de Hacienda no quieren enfrentarse a los grandes grupos económicos y a los más adinerados. ¡Que diferente lo que están haciendo otros países, como Argentina, y lo que seguramente hará Joe Biden!

“ISA es una de las primeras empresas de transmisión de energía eléctrica del continente americano, y la primera o la segunda de talla realmente mundial.”

La carga tributaria en Colombia es de alrededor del 14% del PIB, uno de los porcentajes más bajos en Latinoamérica y el mundo. Si Colombia adoptara una verdadera política contra la evasión de impuestos y corrigiera su política fiscal, no necesitaría vender sus activos estratégicos. En Colombia, todos los que dependen de su trabajo pagan impuestos; el resto puede eludirlos reducirlos con subterfugios legales.

Vender los activos estratégicos de la Nación es una política de corto plazo. Llegará un momento en que no habrá nada que vender.

https://razonpublica.com/no-buena-idea-ecopetrol-se-quede-isa/ 

20.3“Un éxito” o la orden del fiscal Barbosa  CECILIA OROZCO

El jueves 13 de febrero de 2020, el presidente Duque posesionó como fiscal general a su amigo Francisco Barbosa que no descollaba en nada: era un abogado gris que sobrevivía a punta de contratos con vigencia de tres, cuatro o seis meses, con entidades oficiales, por ejemplo, la Personería de Bogotá en donde debió tener “palanca” política porque se los renovaban, una y otra vez; o en la Junta Central de Contadores que lo mantuvo como contratista desde junio de 2003 y hasta el 31 agosto del 2020, según la página de Función Pública (ver).

9 feb 2021.- Si nos atenemos a esta, el fiscal general habría recibido, simultáneamente con su salario oficial, una remuneración adicional por sus servicios profesionales a los contadores, durante seis meses, de febrero a agosto del año pasado. ¿Escandaloso? Sí, pero no en Colombia. En la ceremonia de posesión, este pintoresco funcionario, que obviamente no estaba preparado para semejante responsabilidad, comenzó a mostrar su personalidad desviada. En su discurso, empezó alabándose: “(Asumo como) el fiscal general más joven de la historia del país… (como el que fue) elegido por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia y (como) el único… que antes de ocupar esta honrosa dignidad ya había ejercido como fiscal especializado” (ver). Hoy sabemos que el autoelogio es lo suyo.

No por tonto, Barbosa iba a perder el tiempo. Ese mismo día le dio curso al carrusel de puestos en la entidad, en que unos son nombrados o ascendidos a los cargos con los salarios más altos, y otros pierden, sin saber por qué, el fruto de su esfuerzo de años. En efecto, el 13 de febrero del 2020, anunció que una de sus funcionarias preferidas, Carmen Torres Malaver, quien dirigía la Seccional de Bogotá, sería la nueva delegada nacional de Seguridad Ciudadana. En esa fecha, también, fue nombrado, en reemplazo de Torres Malaver, José Manuel Martínez Malaver. Diez meses más tarde, la afortunada Torres fue trasladada junto con su esposo, otro fiscal especializado, a Socorro, Santander, de donde es oriunda y en donde está su familia. Desde su ciudad natal, sin embargo, ella no perdió el control. Según informó W Radio, la matrona será la estratega del despacho del fiscal general en “temas de mujer, niños y adolescentes” (ver). Ese 13 de febrero, fecha mágica, el fiscal general tuvo otro arranque de autoridad: informó que la fiscal seccional de Risaralda, departamento en donde nació su esposa Walfa Téllez, era Maritza Chavarro Anturi. El viernes 14 de febrero Barbosa viajó por primera vez. Fue a Pereira y posesionó a Chavarro. Y aprovechó para asistir, el sábado 15, a la fiesta de cumpleaños de la esposa del contralor general, el pereirano Carlos Felipe Córdoba (ver).

Muy lejos de los oropeles del poder y el clientelismo, en medio de la soledad, la pobreza y el desamparo, la vida de la gente siguió su curso con sus injusticias. En junio del 2020 estalló uno de los más graves casos de violación de derechos humanos, de acuerdo con los estándares internacionales. Una niña indígena de 12 años fue atacada sexualmente, uno por uno, por al menos siete soldados armados (se busca a otro más) del Batallón San Mateo, en un paraje de Pueblo Rico, a dos horas y media de Pereira. Los violadores fueron capturados cuando la víctima reconoció a algunos. Con una agilidad asombrosa para el promedio nacional, la Fiscalía les imputó el delito de acceso carnal abusivo y, con igual rapidez, los soldados aceptaron haberlo cometido aunque, al principio, no entendían por qué su defensa les aconsejaba allanarse a cargos. Varios penalistas protestaron: por el contexto y las circunstancias de la violación a una menor de edad, de una etnia especialmente protegida, el delito a imputar era acceso carnal violento (ver).

La diferencia entre la calificación de “abusivo” y de “violento” no es la cuantía de la pena que puede llegar, en ambos delitos, hasta 30 años de cárcel. Es la connotación internacional del hecho. Barbosa, más fiel a su liviandad que a sus obligaciones, dio una respuesta ofensiva para acto tan atroz: “Palo porque bogas y palo porque no bogas”, contestó ante las críticas. Y aseguró que el caso fue “un éxito”, refiriéndose a que, presuntamente, ya estaba resuelto (ver). Pues bien, he recibido información de fuentes absolutamente confiables sobre una instrucción que se habría dado desde el búnker, a la Fiscalía de Pereira: “La orden es imputar (a los victimarios) acceso carnal abusivo”. Si eso es cierto, se explicaría la aceptación inmediata de los imputados, a tal cargo. La fiscal Torres Malaver; su subalterna en este proceso y a quien conocen como su “ficha”, la fiscal Claudia Piedad González; la fiscal de Pereira Maritza Chavarro, privilegiadas por Barbosa con sus movimientos laborales, y, desde luego, el fiscal general deben decir públicamente si eso sucedió o no. La gravedad del asunto es evidente. Los abogados de la niña apelaron la calificación del delito ante el Tribunal Superior de Pereira para poder modificarlo. La Fiscalía, en cambio, no lo hizo lo cual despierta más sospechas. Esperamos una respuesta oficial.

https://www.elespectador.com/opinion/un-exito-o-la-orden-del-fiscal-barbosa/

20.3.-Falso abogado Nieto de la A a la Z YOHIR AKERMAN

Foto: abogado Rafael Nieto Loaiza 

Siguiendo mi columna del domingo pasado, titulada “Relaciones que matan”, el abogado Rafael Nieto Loaiza respondió estableciendo que era una calumnia e invitándome a rectificar. Acá va mi respuesta, que no es una rectificación sino, por el contrario, una ratificación de mis planteamientos.

13 feb 2021.- Dice el abogado Nieto que cuando establezco en mi columna que él “habría estado involucrado en una operación de inteligencia y propaganda negra para crear un colectivo falso de abogados que tenía la misión de infiltrar y suplantar a organizaciones defensoras de derechos humanos”, es una “afirmación falsa de la A a la Z”.

Nieto dice que la acusación la hago con base en “un papel, identificado como el folio 179, de un cuaderno que supuestamente se habría encontrado en los archivos del DAS”.

Pues vamos por partes.

No se trata de un papel identificado como el folio 179. No. Se trata de 609 documentos, de los cuales hace parte la página 179, que describen varias operaciones de inteligencia irregular en la que aparece mencionado Rafael Nieto como “núcleo de apoyo directo” al lado del criminal José Miguel Narváez.

Los documentos fueron encontrados en abril de 2009 cuando la Fiscalía allanó la sede del DAS tras el rastro del G3, un brazo criminal de Inteligencia del DAS creado por José Miguel Narváez para hacer seguimientos ilegales e interceptaciones contra opositores del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y magistrados de las altas cortes.

 

Cuando la Fiscalía allanó el DAS, encontró una carpeta sobre estos hechos identificada como “A.Z. 53”. La carpeta está dividida en dos partes; la primera tiene 304 folios y la segunda tiene 305, para un total de 609 documentos. Estos describen las operaciones del G3 -brazo criminal del DAS- llevadas a cabo entre los años 2004 y 2005.

Como núcleo de apoyo indirecto, se menciona a los Servicios de Inteligencia de Costa Rica y al DAS-DGI. Es decir, el Departamento Administrativo de Seguridad y Dirección General Inteligencia.

 

No estaban precisamente buscando café, parafraseando la infame frase del expresidente Uribe.

Los 609 documentos, que están en mi poder, están rotulados con las palabras “Secreto y reservado”. En ellos aparecen varios elementos descriptivos, unos rutinarios y públicos, como la composición para la época de los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, con sus fotografías.

 

Pero los documentos contienen otros elementos más difíciles de explicar como, por ejemplo, correos electrónicos de miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y reportes de seguimiento en su contra.

 

 

Los documentos también describen operaciones para desprestigiar en el extranjero a esa entidad, junto a otras ONG dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos como la Comisión Colombiana de Juristas, Reiniciar, Corporación Jurídica Libertad, Corporación Humanidad Vigente y Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y cómo solicitaban información financiera y registro de movimientos migratorios de personas de interés.

En ese mismo sentido, existen en esa carpeta informes secretos de inteligencia sobre esas ONG colombianas que han denunciado al Estado colombiano en el exterior por violaciones a los derechos humanos. Hay un resumen de los casos que se deben controvertir, para un total de 38 procesos para la operación, en los que figuran la masacre de Mapiripán, la masacre de El Aro, el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, el caso La Rochela, el exterminio de la Unión Patriótica y el caso de Wilson Borja.

De acuerdo con los documentos del G3 del DAS, estas organizaciones realizaban una guerra jurídica contra el Estado colombiano. Se pusieron en marcha estas operaciones para desprestigiar la credibilidad de los defensores de derechos humanos que llevaban estos casos en Washington y Costa Rica.

En el folio 7 de la carpeta uno, hay una anotación que llama la atención, que reza: “NOTA: Lo anterior con el propósito de consolidar un informe dirigido a la Presidencia de la República, en el cual se generen alertas tempranas”.

El presidente del momento era el señor Álvaro Uribe Vélez quien, justamente, está hoy investigado por los casos de la masacre de El Aro y el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, crímenes declarados como de lesa humanidad por la Corte Suprema de Justicia en 2018.

Terminemos.

El argumento del abogado Nieto es que: “si Akerman fuera serio, hubiera podido constatar, que no existen ni el Colectivo de Abogados Simón Bolívar ni ninguna otra organización que con otro nombre tenga el propósito del que habla el papel citado. Y, por supuesto, no hay forma de que yo haga parte de manera alguna de esa organización inexistente”.

Frente a esto, el folio 176 de la carpeta 53 de 2004, memorando del G3 que se encontraba en el DAS y fue encontrado por la Fiscalía, da una descripción detallada de la organización fachada. Se lee que el Colectivo de Abogados Simón Bolívar sería presentado como una “Organización no gubernamental de derechos humanos que integra la solidaridad latinoamericana en torno al respeto a los principios fundamentales de tod@s I@s habitantes hispanos de nuestro continente, con sede central en San José (Costa Rica) si bien cuenta con asociaciones élites que contribuyen a su misión en Colombia, como la Corporación Verdad y Justicia y el Servicio Colombiano de Información y Estadística para la Prevención de Conflictos”.

Estas dos últimas organizaciones también fueron fachadas del DAS en Colombia y desde ellas se realizaron campañas de desprestigio contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y miembros de la oposición. En el expediente también hay numerosa documentación respecto a esas falsas ONG.

Creo entonces que la rectificación que quiere el abogado Nieto Loaiza no me la debe solicitar a mí, sino que se la debe pedir al G3, oscura entidad creada y dirigida por el condenado asesino José Miguel Narváez.

Si todas las afirmaciones aquí expuestas son falsas de la A a la Z -como dice el abogado Rafael Nieto- estas parten de los documentos creados por ese grupo clandestino y que fueron incluidos en una carpeta titulada, coincidencialmente, “A.Z. 53”, la cual contiene su nombre en calidad de: “núcleo de apoyo directo”. Así de claro y así de sencillo.

https://www.elespectador.com/opinion/de-la-a-a-la-z/

  • 21.2.-Farc, los primeros al banquillo – CRISTINA DE LA TORRE
  • La desplumada de Ecopetrol  SALOMÓN KALMANOVITZ
  • ¿Un eje de medios uribistas con fines electorales? CECILIA OROZCO 
  • Relaciones que matanYOHIR AKERMAN

JEP acusa a ocho excomandantes de las Farc por secuestro JEP27 ene 2021 – 6:02 p. m. Los acusados son: Juan Hermilo Cabrera, conocido como Bertulfo Álvarez, quien falleció este 27 de enero; Rodrigo Londoño Echeverri o Timochenko; Julián Gallo Cubillos o Carlos Antonio Lozada; Rodrigo Granda Escobar; Pastor Alape Lascarro; Pablo Catatumbo Torres Victoria, Milton de Jesús Toncel Redondo o Joaquín Gómez; y Jaime Alberto Parra o Mauricio Jaramillo. / Archivo

La JEP hace historia. Su crucial imputación contra la cúpula de las Farc como responsable de secuestro masivo y de otras infamias sacudió a Colombia y a la comunidad internacional. Para las víctimas de los miles de plagiados, es paso cierto de justicia y prueba fehaciente de que la JEP no era el olimpo de impunidad que el uribismo se inventó y ha querido destruir por no verse, él mismo, cogido en las verdades de su paso por la guerra. Para el mundo que observa los procesos de paz, un hito. Este país ofrece modelo inédito de negociación de un conflicto interno a la luz de los estándares internacionales de justicia.

1 feb 2021.- No se contrae la JEP a acusar de secuestro, sino que formula una sindicación más comprometedora aún: toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad. Ni errores ni excesos, fueron delitos atroces. Crímenes de guerra y de lesa humanidad, agravados por homicidio, tortura, desaparición y violencia sexual, que bien podría juzgar la Corte Penal Internacional. De los 21.396 secuestros que el tribunal documenta, promovidos como política establecida desde el Secretariado de la organización guerrillera, 1.860 serían víctimas de desaparición forzada estando en cautiverio, y 627 asesinados por sus captores.

El secuestro es un ataque salvaje a la libertad, a la autonomía de la persona, a su dignidad; extrañado del mundo, sufre el secuestrado la violación absoluta de su intimidad. Sufre la humillación de las cadenas, del hambre, del ultraje; sufre, a veces, simulacros de ejecución. Fue política trazada por el alto mando de la organización guerrillera para financiar su guerra, expandir su acción militar, controlar el territorio e intentar canje de prisioneros con el Estado. Durante los gobiernos de Samper y Pastrana, las Farc extendieron el secuestro a la clase política, su rival en el poder regional. Entre las 912 víctimas políticas, 464 eran liberales, 135 conservadores, 135 de otros partidos y 41 de izquierda. Se trataba de convertirlos en moneda de cambio para negociar el reconocimiento de estatus de beligerancia para ese grupo armado.

No ahorraron, en su insania, alianzas con delincuentes y con uniformados. Ejecutaron a ancianos incapaces de caminatas extenuantes. Encadenaron a los secuestrados, los insultaron, los golpearon, escupieron sobre su magra comida, los encerraron en jaulas, les negaron la higiene básica, los hicieron pasar hambre y sed y, muchas veces, abusaron de ellos sexualmente. El elemento común y repetido, señala Julieta Lemaitre, la admirable magistrada ponente, es el poder sin control del comandante sobre el cuerpo del cautivo, que se resuelve en intensos sufrimientos y dolores.

El escrito que sustenta la acusación del alto tribunal estremece. Revela, sin atenuantes, el sadismo refinado, la sevicia de una guerrilla cebada en su cobardía contra víctimas inermes. Pero es primer cuadro en la galería de los horrores en los que todos los actores de la guerra se complacieron y son sujetos de la justicia transicional: guerrilleros, paramilitares, generales del Ejército, políticos y empresarios, cada sector con su ominosa carga de secuestros, masacres, descuartizamientos, falsos positivos, desapariciones, violaciones y expulsión (a sangre y fuego) de la tierra propia. Entre todas las dirigencias incursas en el holocausto, la de las Farc es la primera en pasar al banquillo de los acusados. Pero no será la última. Si no, no habrá sosiego ni paz ni reconciliación, fin último de la justicia restaurativa y meca de una nación que no soporta ya los sufrimientos de la guerra.

Se acusa a los jefes de la Farc no sólo por las decisiones que tomaron, sino por la responsabilidad del mando. La sanción comprende a un tiempo reparación a las víctimas y castigo. Y deberá extenderse a todos los victimarios.

Cristinadelatorre.com.co

https://www.elespectador.com/opinion/farc-los-primeros-al-banquillo/

21.2.-La desplumada de Ecopetrol  SALOMÓN KALMANOVITZ

El ministro de Hacienda necesita urgente $24 billones y prefiere vender activos de la nación que recaudar impuestos de los que más tienen. En efecto, pretende vender la participación del Estado en ISA (Interconexión Eléctrica S.A.), que a su vez adquiere Ecopetrol u otros entes semipúblicos (EPM, Enel), en operaciones que entrañan riesgo moral.

31 ene 2021.- En el caso de Ecopetrol, es un negocio que se hace entre yo y yo, donde el interés del Gobierno es maximizar el monto de la venta y la empresa estatal debe afrontar la correspondiente pérdida. Aparentemente se evita la privatización de ISA, pero de hecho Ecopetrol requiere vender el 8 % de su capital para financiar la compra, en un momento poco propicio para hacerlo, que se agregaría al 10 % en manos de fondos privados, la mayoría extranjeros, entre los que destacan los de origen chino. La factura final sería de $14 billones de la venta de ISA y $10 billones de impuestos, o sea recuperar las gabelas que otorgó en la reforma tributaria de 2019: el perro mordiéndose la cola.

Los negocios de Ecopetrol no han sido particularmente rentables en la historia de la empresa. Para la muestra dos botones: los enormes sobrecostos de la Refinería de Cartagena (Reficar), que causaron un deterioro patrimonial de $610.000 millones entre 2010 y 2017, y los de Bioenergy, una planta colosal construida en los Llanos para producir etanol. La inversión iba a ser de US$140 millones, pero terminó rondando los US$750 millones. La planta está en liquidación y las 14.000 hectáreas de caña, que mal que bien germinaron en el inhóspito ecosistema de los Llanos, se perdieron. Entre las dos aventuras se acumularon pérdidas por el 3,2 % del PIB. Ninguno de los responsables de estas malas decisiones ha sido condenado por la justicia.

En esta ocasión, Ecopetrol incursiona en un negocio nuevo que desconoce y, dadas sus amargas experiencias pasadas, augura otro paso en falso. El precio de su acción en Nueva York cayó 7 % con la noticia. Según su gerente, “esta decisión responde a la estrategia de Ecopetrol, con el objetivo superior de consolidarnos en el sector energético. Es un paso transformacional (sic) en la ruta de transición energética, electrificación de las economías y descarbonificación que estamos persiguiendo”. El valor total de ISA se calcula en $28 billones y el Gobierno es dueño de poco más de la mitad. Los dividendos de 2020 fueron de casi $400 millones, que en adelante serán captados por Ecopetrol, que de todas formas sale debilitada.

Lo cierto es que las necesidades del fisco son enormes. El déficit fiscal de 2020 superará el 8 % del PIB, financiado hasta ahora con deuda ($45 billones), y se proyecta ir reduciéndolo paulatinamente con recursos propios. Con el segundo pico de la pandemia que se está viviendo y con la posibilidad de un tercero ante la ausencia de vacunación masiva, los gastos derivados de conjurar la peste aumentarán considerablemente. La ventaja de cobrar impuestos contra vender las joyas de la familia para financiar gasto es que lo primero es reproducible, pero lo segundo no. Es como el heredero irresponsable que llega a liquidar los ahorros acumulados con muchos sacrificios durante varias generaciones para contar con plata de bolsillo.

Lo que recomiendan los economistas sensatos es que si se venden activos, se adquieran otros activos o se construyan obras públicas con lo recaudado, pero de ninguna manera dilapidar la plata en gasto corriente.

https://www.elespectador.com/opinion/la-desplumada-de-ecopetrol/

21.2.-¿Un eje de medios uribistas con fines electorales? CECILIA OROZCO 

Exdirector de EL TIEMPO, Roberto Pombo. Foto: Colprensa

El retiro del cargo, tal vez planeado, tal vez intempestivo, del director de El Tiempo, Roberto Pombo, no es asunto que deba tomarse como una simple anécdota del mundo periodístico: trasciende el ámbito personal (su decisión) y privado (la orden del propietario de la Casa Editorial, grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo), puesto que se trata del conductor de un diario que incide, con sus publicaciones y sus abstenciones, en las noticias que reciben o dejan de recibir los ciudadanos. Por tanto, hablamos de democracia.

2 feb 2021.- El caso, pues, de la renuncia de Pombo, de los entretelones que la precedieron, de la designación de su sucesor o sucesora y, especialmente, del destino que su dueño pretenda darle a ese medio de comunicación es problema de la sociedad entera en que tenemos derecho, por ejemplo, a contar con informaciones sobre los actos y conductas de los pocos que detentan tanto poder, que terminan impactando nuestras vidas. Pombo fue nombrado en el puesto que hoy deja en un momento de quiebre en la historia del periódico, que celebra este año 110 de existencia: siendo él pariente de los cofundadores de El Tiempo, fue designado director después de que la familia Santos y sus socios, periodistas de profesión, vendieran su mayoría accionaria al grupo editorial Planeta, de España, del que podría decirse que fue un ave de paso porque tan pronto como compró, vendió, en vista de que el retorno de su inversión no estuvo al nivel de sus expectativas.

Fue entonces cuando la organización Sarmiento Angulo, cuyo líder es considerado el hombre más rico de Colombia, adquirió el 55 % de Planeta con lo que sumó ese porcentaje al 33 % que ya poseía en El Tiempo. Los socios minoritarios no tuvieron otra alternativa que vender sus acciones al gigante, hoy propietario del 100 % de ese consorcio de medios. Roberto Pombo permaneció en la dirección del diario con el aval —valga la coincidencia del término— del “pontífice” de los negocios, Sarmiento Angulo. Y ahí permaneció.

¿Qué ocurrió para que Sarmiento quisiera estrenar director o, al contrario, para que Pombo deseara renunciar? Difícil creer que hubo una ruptura aparatosa. El periodista, que se conoce por su trato cordial y por su habilidad para componer conflictos, no es irascible ni impositivo. Por el contrario, a muchos lectores les parecía que, bajo su batuta amable, el periódico había perdido importancia por la transformación de sus contenidos, probablemente impuesta, en detrimento del interés general y en beneficio de los intereses del conglomerado y de sus aliados en este y otros gobiernos con los que tiene que conciliar para no afectarse mutuamente.

Pero, ojo, Pombo, al final de cuentas periodista de tradición, tiene límites. O sea, no es un mono pintado en la pared como otros directores que, hoy, “triunfan” por ahí agachando la cabeza (“haciendo caso”, según frase excepcional del corrupto exfiscal Luis Gustavo Moreno), ante una orden perentoria y una gran paga.

Es posible que, a un año de las elecciones presidenciales y en medio del desespero de Uribe Vélez por el temor a perder el control del país, dada la impopularidad de su pupilo Iván Duque y la debilidad política de sus congresistas, esté apretando a sus amigos con la reiterada amenaza del “castrochavismo”, risible para los sensatos pero temible para muchos ingenuos.

Con esta perspectiva, Pombo podría haber empezado a ser incómodo: es amigo, cierto, pero no al punto que se necesita. El Tiempo —para eso tiene dueño único— no debería ser “tibio” como, paradójicamente, descalifican al sector moderado y de centro, tanto los extremistas de derecha como los de izquierda.

Si esa tesis resultare cierta, la organización Sarmiento Angulo, mal aconsejada por ciertos asesores a quienes también les conviene el silencio de informaciones y opiniones, pondrá al frente de su Casa Editorial a un periodista marcado con el sello uribista y sus páginas serán como las de Semana, una especie de boletín oficial dispuesto para que crezcan los votos en 2022 y para producir billetes y alto tráfico digital, qué importa su nula credibilidad. En esa eventualidad, el eje mediático El Tiempo-Semana-RCN, en manos del uribismo, garantizaría el triunfo electoral de una ultraderecha más violenta y aniquiladora de la que hemos padecido hasta ahora.

Ojalá todo lo dicho sea producto de mi imaginación desbordada y me equivoque, de cabo a cabo.

https://www.elespectador.com/opinion/un-eje-de-medios-uribistas-con-fines-electorales/

21.2.-Relaciones que matanYOHIR AKERMAN

Foto: exsubdirector del DAS José Miguel Narváez Martínez y periodista Jaime Garzón

 Ahora que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena en contra del exsubdirector del DAS José Miguel Narváez Martínez por el asesinato del periodista Jaime Garzón, vale la pena recordar que en ese delito participaron agentes del Estado y miembros de las autodefensas, mancomunadamente.

6 feb 2021.- Pero también es crucial subrayar que Narváez Martínez, fuera de ser parte de la entraña de los paramilitares, era parte del núcleo íntimo del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Recordemos, porque recordar es vivir.

En el 2002 fue parte de la comisión de empalme en asuntos de seguridad del entonces electo presidente Uribe Vélez. Uno de los asesinos de Jaime Garzón fue designado por el gobierno, junto al empresario antioqueño Pedro Juan Moreno, para estructurar el Centro Nacional de Inteligencia (Cenit), que sería el nuevo organismo que centralizaría todas las informaciones de seguridad nacional y que dependería en forma exclusiva de Presidencia.

Como se ha explicado en esta columna en el pasado, el Cenit era conocido como la Sala de Estrategia Nacional y estaba integrado por civiles, analistas y expertos en inteligencia y contrainteligencia con la colaboración de los organismos de inteligencia de Reino Unido, Japón, Israel y Estados Unidos.

Narváez continuó su estelar carrera bajo el ala de Uribe y posteriormente se convirtió en asesor del Ministerio de Defensa, antes de pasar a ser subdirector del DAS, bajo la dirección del hoy preso Jorge Noguera Cotes.

También es importante recordar que en junio de 2011, Noguera Cotes confirmó que el nombramiento como subdirector del DAS de este personaje -hoy condenado por el asesinato del periodista Jaime Garzón- fue por orden directa del entonces presidente Álvaro Uribe.

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Como subdirector del DAS, Narváez creó el grupo de inteligencia llamado G3, que en la práctica funcionó como un brazo criminal del DAS para hacer seguimientos e interceptaciones ilegales contra opositores del gobierno de Uribe, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y magistrados de las altas cortes.

Los integrantes del G3 fueron muy cuidadosos de no dejar huella ni documentación de sus acciones. Todas las órdenes se transmitían verbalmente. Sin embargo, también cometieron errores. (Ver Las tareas del G3)

Sigamos recordando.

En abril de 2009, la Fiscalía allanó la sede del DAS tras el rastro de las operaciones del G3. En el allanamiento, la Fiscalía encontró 103 carpetas que contenían información de seguimientos, operaciones de espionaje y montajes realizados por ese grupo.

Como he establecido aquí, uno de esos documentos indica que el abogado Rafael Nieto Loaiza habría estado involucrado en una operación de inteligencia y propaganda negra para crear un colectivo falso de abogados que tenía la misión de infiltrar y suplantar a organizaciones defensoras de derechos humanos. (Ver Núcleo de apoyo directo)

En el cuaderno 126, folio 179 del expediente de la Fiscalía Delegada 11 ante la Corte Suprema de Justicia, se describe que el núcleo de apoyo directo para el trabajo de ese colectivo serían los señores “José Miguel Narváez y Rafael Nieto Loaiza”.

Regulares compañías las del abogado Nieto Loaiza y peores las del señor Narváez.

Seis declaraciones de líderes paramilitares desmovilizados confirmaron que -mientras servía como funcionario del gobierno de Uribe- Narváez Martínez siguió como puente, aliado y fiel representante del paramilitarismo.

El 27 de enero de 2009, el señor Juan Rodrigo García Fernández declaró ante la Fiscalía que buena parte de los actos delictivos cometidos por las autodefensas a órdenes de Carlos Castaño fueron orientados o sugeridos por Narváez Martínez.

Dijo el señor García Fernández que “en una ocasión, Carlos Castaño pasó por la finca donde yo me encontraba y me dijo que iba a reunirse con el doctor Narváez, quien venía de parte del ya entonces presidente Álvaro Uribe para concretar aspectos de la dinámica”.

La cercanía de Narváez con el expresidente Uribe es cosa innegable. No se puede olvidar ahora que la Corte Suprema de Justicia ratificó su sentencia a 26 años de prisión por el horrible asesinato del periodista Jaime Garzón. Como tampoco se puede desconocer su cercana relación con personas importantes del gobierno actual y de la derecha colombiana.

https://www.elespectador.com/opinion/relaciones-que-matan/

  • 21.1.-¿Fin de la carrera pública de Martínez Neira? CECILIA OROZCO
  • Secretismo YOHIR AKERMAN
Néstor Humberto Martínez. Foto colombiainforma.com

Produce terror el silencio del presidente Duque y de su ministro de Justicia, el sombrío Wilson Ruiz. Pero no solo el de ellos: el silencio de las cortes, ante todo de la Suprema; el de los expresidentes, los jefazos, tipo Álvaro Uribe, quien debería pronunciarse dada la entidad en donde se tramita su proceso penal.

26 ene 2021.- El de los directores de los partidos, el Congreso; el silencio de los gremios, de la Iglesia católica y de las que hay en cada esquina y que fungen como supuestas guardianas de la moral; el silencio, también, de los grandes medios y de sus directores ante tamaña confesión sobre la existencia, en la Fiscalía General de la Nación, de una oficina de “sicariato judicial” que servía (¿sirve?) para “ser chaleco antibala de unos y joder a otros”, frase en que “chaleco antibala” significa ocultar los delitos de ciertos criminales para garantizarles impunidad, y “joder a otros” implica encarcelar e impulsar la condena de personas inocentes. Como en territorios norcoreanos de Kim Jong-un, solo que allá aplican la fórmula de frente, mientras que aquí fingimos ser libres y demócratas. Produce terror tanto silencio alrededor del que, en otro país con sentido de la ética pública, habría sido un escándalo de proporciones mayúsculas que habría conducido a renuncias y al inicio de juicios penales y disciplinarios, empezando por Néstor Humberto Martínez, ex fiscal general señalado de crear los “sicarios judiciales” por encargo que le hiciera a su director anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, el único miembro del corrupto “cartel de la toga” que ha pagado pena y no en Colombia: en Estados Unidos. Produce terror tanto silencio porque de este se desprende un rastro de complicidad o de complacencia, para el caso da lo mismo, ante la instrumentalización de la justicia y su utilización como herramienta de venganza o vara de premios, según necesite el funcionario que dirija la operación —Martínez o Barbosa— o el régimen de turno, hoy representado por Duque y por su uribista aparato de poder.

En la segunda parte de la entrevista que Moreno le dio al canal en YouTube que, en buena hora para el periodismo independiente, abrió María Jimena Duzán, las revelaciones que hizo el abogado, que llegó a ser el tercer directivo de mayor rango en la Fiscalía, representan el fin de la carrera pública de Martínez Neira, con silencio institucional o sin este, pues los hechos son de tal gravedad que por sí solos irán abriéndose paso. No importa la complicidad o la complacencia. Es cuestión de tiempo. Lean esta selección de afirmaciones de Moreno, aunque hay más: “A mí me nombraron para hacer mandados… Y eso no era a las espaldas de Néstor Humberto. Era con la línea de Néstor Humberto… El caso Odebrecht (sobornos a funcionarios colombianos) llegó en diciembre (de 2016). Me llamó el fiscal (Martínez) y me dijo: ‘Conforme un equipo de fiscales que hagan caso, Moreno’”. El exdirector anticorrupción continuó: “Yo pongo a (la fiscal) Cerón (Amparo). Y (ella) me dice: ‘Jefecito, mire, yo hago lo que me toque hacer, pero no me traslade a Cartagena’… Entonces, yo la dejo acá, la mejoro pero (le digo) necesito que usted haga caso”. Bajo esa precondición corrupta, Moreno creó el “Grupo de Corrupción Transnacional”, ¡hágame el favor!, con “fiscales que tenían ese perfil; que uno les dice: ‘Vayan y capturen al papa’ por cualquier cosa, y van y lo capturan. O (se les dice) dejen en libertad a Mancuso, y van y dejan en libertad a Mancuso”. Moreno concluyó con una sentencia abrumadora: “Porque ese tipo de fiscales hay dentro de la institución”.

El exfuncionario, un eslabón débil del cartel de la toga que sostiene que ha implicado, en sus confesiones, a 26 altos personajes de quienes no sabemos que les hayan iniciado procesos judiciales, también se refirió a otro episodio de conflicto de intereses de Martínez diferente al de Odebrecht, y tal vez a la comisión de varios delitos por parte de este: “Yo manejé eso (caso Llanopetrol)… cuando capturamos a una persona, (Martínez) se pegó la ‘emputada’ del siglo. Me dio la orden de que nadie se fuera a dar cuenta de que él había rendido un concepto (jurídico a la empresa investigada)”. María Jimena Duzán le preguntó, entonces, a Moreno: “¿A usted le pedía ese tipo de favores Néstor Humberto, que escondiera los conflictos de intereses?”. Respuesta de Moreno: “Sí, claro. Me lo pidió y cumplimos. En ese, para no hablar ahora de otras cosas”. Si estas declaraciones, dichas por un testigo directo de los hechos delictivos en que él mismo participó, no conforman un auto cabeza de proceso contra Martínez Neira en el sistema judicial colombiano, este país ha dejado de ser un Estado de derecho. El silencio cómplice del poder no elimina las conductas criminales. Estas, a pesar de todo, tienen una huella imborrable: la memoria de quienes estamos dispuestos a repetir la verdad aunque nos cueste.

https://www.elespectador.com/opinion/fin-de-la-carrera-publica-de-martinez-neira/

21.1.-Secretismo YOHIR AKERMAN

Documentos y evidencia muestran que el Gobierno Nacional habría creado, conscientemente, un sistema para evadir los principios básicos de la contratación pública en el manejo de recursos relacionados con el COVID-19, como la transparencia y el acceso a la información.

Vamos por partes.

30 ene 2021.- Por medio de una serie de decretos legislativos expedidos durante la declaratoria de estado de emergencia económica, el Gobierno creó dos fondos que, aunque tienen nombres distintos, parecen cumplir la misma labor.

El Decreto 444 del 21 de marzo del 2020 creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) con el objetivo de atender la pandemia. Según el artículo sexto del decreto, este se rige por el derecho privado, pese a estar a cargo del Ministerio de Hacienda. Extraño.

Posteriormente, el Decreto 559 del 15 de abril del año pasado creó la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias COVID-19 con el objetivo de, también, atender la pandemia contratando a través del régimen privado.

Esta subcuenta se creó dentro del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), administrado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), esta última dependiendo del Departamento Administrativo de la Presidencia.

Pese a la duplicidad, el gobierno del presidente Iván Duque focalizó toda la contratación relacionada con el COVID-19 por medio del segundo vehículo, trasladando competencias que normalmente son del Ministerio de Salud a la UNGRD.

Sigamos.

El 4 de mayo de 2020, la UNGRD emitió —mediante la Resolución 296— el manual de contratación de la Subcuenta COVID-19. Estableció que, según su artículo 3, el marco legal y régimen aplicable debían someterse a las normas del derecho privado.

Lo normal es que, por tratarse de recursos públicos, todo esto se haga por Ley de Transparencia para asegurar que la contratación se ajuste a los principios de máxima publicidad, buena fe, facilitación, no discriminación y celeridad que rigen los contratos con dineros de los contribuyentes.

Como si esto fuera poco, un acuerdo del 11 de mayo de 2020 establece una cláusula de confidencialidad que obliga a las entidades involucradas en el manejo de la pandemia a “no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación reservada toda la información referente a la ejecución del presente convenio”.

Todas estas conclusiones hacen parte de una importante investigación realizada por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), publicada el pasado 26 de enero y titulada Dineros para el COVID: “La UNGRD es un antro de corrupción.

La investigación prende serias alarmas no solo por el secretismo con el que han maniobrado este tema hasta ahora, sino también por lo que podría pasar con los recursos destinados para esta crisis en el futuro, si no se maneja de forma más transparente. (Ver Investigación Pares).

¿Pero por qué tanto secretismo?

No es claro, aunque existe un mal precedente. En abril de 2020 W Radio denunció que en la UNGRD estaban pidiendo comisiones del 40% sobre un contrato para comprar un millón de mercados destinados para las familias más vulnerables durante la emergencia por COVID-19. No solo eso. Entre otras, W Radio reveló que en Santander, Nariño, Cauca, Bolívar y Boyacá hubo irregularidades y sobrecostos en los precios pagados por los mercados. (Ver ¿Por qué Gestión del Riesgo no publica?).

Con ese derroche, como casi siempre, los recursos destinados a ayudar a los más afectados terminaron en los bolsillos de los más aventajados. Todo gracias a la poca transparencia y nula información pública por parte de la UNGRD en la contratación del COVID-19.

Manejo que esa entidad y el Gobierno en general pueden seguir teniendo frente a los millonarios recursos para la pandemia, por cuenta de los decretos que se firmaron sólo un mes después del escándalo publicado por W Radio.

Este secretismo convierte a la UNGRD en una entidad inmensamente poderosa en la actualidad, que se transformó en fortín político por la multimillonaria contratación que opera y una auténtica caja de pandora. La crisis posiblemente se intensificará cuando el Gobierno logre aterrizar una fecha concreta para implementar el cronograma de vacunación en Colombia, plazo que cada vez parece más incierto.

https://www.elespectador.com/opinion/secretismo/

  • 20.44.-Importadores irresponsables quiebran a campesinos productores de la papa nuestra de cada día. CRISTINA DE LA TORRE
  • Unidad Nacional de Desprotección YOHIR AKERMAN
  • El desastre de la seguridadPATRICIA LARA
  • Uribe es igual a Uribe CECILIA OROZCO

La acción desesperada de campesinos que venden la cosecha en carreteras por la séptima parte de su precio no es exhibición de folclor patrio; es la cruda exposición de los trapos al sol: de las ruindades de un sistema de privilegios de importadores de papa, duros como una roca, despiadados como el hambre de los que producen la comida pero no comen. 

No es jugarreta del destino. La crisis de los paperos es el síntoma recurrente de enfermedades que carcomen la entraña del agro en Colombia y se ceban en el campesinado: la miseria, la injusticia, la violencia, el trato de parias que los gobiernos dan a quienes se rompen el lomo por la seguridad alimentaria del país.

23 nov 2020.- Males de siempre agudizados por la desprotección de la agricultura campesina, arrojada, como se ha visto, al mar embravecido de mercados sin control. Y doblemente azotada hoy por la pandemia, que redujo demanda y precios de la papa, mientras seguía el Gobierno amparando importaciones. Los precios de sustentación que el Estado llegó a fijar para asegurar su ingreso a los cultivadores y precios estables al consumidor son cosa del pasado.

Ciego a los disparadores del desastre —sociales, técnicos, financieros y de infraestructura—, el ministro de Agricultura destina compasivo miserables $30.000 millones para paliar la crisis de los 100.000 cultivadores de papa. Una migaja, debió de resultarle el óbolo a Flor Alba Rodríguez, de Samacá. Ya ella tuvo que vender las vacas que le quedaban para pagar su crédito a los bancos. Y temerá a la cercana eventualidad de feriar la finca, por lo que le den, para saldar la deuda. No faltará el oportuno comprador que quiera agrandar sus predios pagando una chichigua, en imaginativa forma de despojo.

No caben en las entendederas de este Gobierno los conceptos de planificación de la producción, o conservación y buen uso del producto excedente. Habla de “sobreproducción” en un país donde 15 millones de sus habitantes se están acostando con hambre. Eso sí, fluyen exuberantes las importaciones de papa precocida, roya de la producción propia: 50.000 toneladas traídas de Europa, equivalentes a 200.000 de las nuestras sin procesar. Entre 2009 y 2019, quintuplicó Colombia las importaciones del tubérculo. Colombia, despensa potencial del mundo, importa diez millones de toneladas de alimentos al año. Puñalada trapera de los TLC a la economía campesina, que es fuente del 80 % del empleo en el campo y opción más productiva que la gran explotación agrícola.

Como un buldózer arremetió hace tres décadas el modelo de liberalismo económico en bruto. Tendido quedó en la arena aquel que, mal que bien, ayudaba al agro con sistemas de riego, comercialización del producto, precios de sustentación, infraestructura de conservación de excedentes agrícolas para contener la anarquía de precios gobernada por los caprichos de la oferta y la demanda. Para regular el mercado de la producción agrícola se creó el Idema; mas, con el Incora, la Caja Agraria y la banca de fomento agropecuario, desapareció aplastado bajo el trepidar de aquella máquina infernal, engalanada con la bandera del libre comercio en patio propio y allende las fronteras.

Hoy piden los productores de papa, maíz, plátano, fríjol resucitar aquellas políticas y las instituciones que las ejecutaban. Empezando por imponer arancel del 30 % a la importación de alimentos, y renegociar los TLC. En lo cual coincide el empresario Jimmy Mayer, para quien esos tratados sacrifican una protección adecuada de la industria y el agro nacionales, que han de ser fuentes de riqueza y de empleo bien remunerado.

La acción desesperada de campesinos que venden la cosecha en carreteras por la séptima parte de su precio no es exhibición de folclor patrio; es la cruda exposición de los trapos al sol: de las ruindades de un sistema de privilegios duro como una roca, despiadado como el hambre de los que producen la comida pero no comen.

Coda. A despecho de la nueva Semana, el buen periodismo es imbatible. Lo prueban, entre el elenco de galardonados con el Simón Bolívar, el magnífico Jorge Cardona, Carlos Granés y Ricardo Calderón.

Cristinadelatorre.com.co

https://www.elespectador.com/opinion/paperos-los-trapos-del-agro-al-sol/

20.44.-Unidad Nacional de Desprotección YOHIR AKERMAN

El director de la UNP, Alfonso Campo Martínez (izq.), en el espacio territorial de Tierra Grata, Cesar. Foto: UNP 

Parece existir una campaña sistemática por parte de algunos funcionarios del Gobierno para desacreditar, en algunos casos con mentiras, el proceso de paz con los guerrilleros de las Farc.

28 nov 2020.- Uno de esos esfuerzos ha venido del encargado de proteger la vida de los excombatientes, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Alfonso Campo Martínez.

Vamos por partes.

El pasado 20 de septiembre el periódico El Tiempo publicó una entrevista con Campo Martínez titulada “El 63 % de funcionarios de la UNP son ex-Farc”. La entrevista está llena de respuestas imprecisas y falsedades que es importante no dejar pasar por alto.

Se afirma, por ejemplo, que en este año solamente se han invertido $85.000 millones en la protección de los excombatientes desmovilizados y que la planta de la UNP es de 2.044 funcionarios, de los cuales 1.305 son del partido FARC, es decir, un 63 %, aproximadamente.

Todas sus respuestas tienen un tufillo punzante como para plantear que la UNP fue tomada por los ex-Farc, no solo en su funcionamiento y personas a proteger, sino también en su presupuesto.

Pero no es cierto.

Gracias a un derecho de petición respondido de forma oficial a esta columna por la propia Secretaría General de la Unidad Nacional de Protección, se pudo constatar que varias de las declaraciones y cifras del director Campo Martínez resultaron ser falsas. Así como se oye.

La Secretaría General de esa entidad informó que durante el 2019 el presupuesto total de la UNP fue de algo más de $975.000 millones. Un dinero importante. De eso, menos del 10 % se gasta en nómina de funcionarios, ya que la planta global para el año 2019 tuvo un costo de casi $87.000 millones de pesos, o $86.842’599.593,08 para ser exactos.

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Ante esa jurisdicción acudieron el consejero Emilio Archila, el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos y otras autoridades del Estado.

Los llamados de atención de la JEP al Alto Gobierno por asesinatos de excombatientes

Fuera de eso, se gasta la cifra de $22.000 millones en contratistas que prestan el mismo servicio, para un total de más o menos $108.000 millones. Ese dinero se invierte en la totalidad de protegidos, incluyendo a los funcionarios del Gobierno, las cortes y el Congreso, que son la mayoría de personas que reciben protección y esquemas de seguridad.

Es decir que cuando el señor Campo Martínez arrojó en la entrevista, muy tieso y muy majo, la cifra de $85.000 millones invertidos en la protección de los excombatientes desmovilizados, la estaba confundiendo con la cifra del total de la nómina de funcionarios de la UNP.

Un detallito.

La Secretaría General de la UNP certificó, además, que no tiene manera de determinar qué porcentaje de los $975.000 millones de presupuesto anual se destina a la protección de los excombatientes.

Y, peor aún, que, del total del personal de planta y contratistas, la protección de excombatientes de las Farc es realizada únicamente por personal de planta y estaría “alrededor del 36,7%, sobre la base de un total de 3.233 funcionarios”.

Repitamos: 36 %, no 63 % como dijo en la entrevista. ¿Una confusión de discalculia o dislexia de los números?

De esos, según la Subdirección de Talento Humano de la Unidad, se puede determinar que el número total de funcionarios de planta adscritos al Programa Especializado de Protección son 1.269, de los cuales 1.189 figuran como agentes escoltas, lo cual confirma que el pomposo mensaje que Campo Martínez lanzó para que se convirtiera en titular de la entrevista es una falsedad.

¿Cuál es el interés del Gobierno en lanzar estos mensajes que caen mal dentro de la sociedad y desacreditar el sistema de protección de los desmovilizados de la guerrilla?

No es claro, pero es algo que los funcionarios tenían que responder ante la JEP el pasado 25 de noviembre y explicar qué están haciendo para evitar el asesinato masivo de excombatientes de las Farc que le cumplieron a la paz, pero que están siendo desprotegidos y asesinados.

Y estigmatizados, como se demuestra con esa entrevista.

Una cosa es clara: ahora que se cumplieron cuatro años del Acuerdo de Paz, que arrojó unos compromisos con los desmovilizados de las Farc de reincorporación y apoyo en garantías sociales, económicas y la oportunidad de construir un nuevo proyecto de vida, a la fecha ese proyecto parece ser todo lo contrario. Desde que se firmó el Acuerdo han asesinado a 249 excombatientes y la cifra va en aumento todos los días. Esperemos que al Gobierno no le siga dando dislexia con esos números que sin duda importan.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/unidad-nacional-de-desproteccion/

20.44.-El desastre de la seguridadPATRICIA LARA

“Lo que no esperábamos es que un gobierno del Centro Democrático fuera a hacer las cosas tan mal en materia de seguridad”, manifestó, a los cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz, Sergio Jaramillo, exmiembro del equipo negociador del gobierno Santos con las Farc.

26 nov 2020.- Si se piensa en lo que pasa en los territorios —y si se compara esa situación con lo que ocurre en la esquina de la calle 94 con carrera séptima de Bogotá, donde los ladrones, sin temor alguno, atracan sistemáticamente—, se concluye que Sergio Jaramillo tiene toda la razón. Según la Fundación Ideas para la Paz, las masacres casi se han cuadruplicado; las acciones de grupos armados distintos de las Farc —que ya no existen— han aumentado en un 65 %; los homicidios se han incrementado en un 39 %; los asesinatos de líderes sociales han pasado de 82, antes de la firma del Acuerdo, a 128 en el último año; los homicidios de excombatientes de las Farc alcanzaron en el 2019 la cifra récord de 78, y este año ya van en 18.

Es que, según Jaramillo, si bien el proceso de paz con las Farc se ha mantenido, entre otras razones, porque la política de reincorporación de Duque, dirigida por Emilio Archila, ha sido un éxito, “el derrumbe de la seguridad en las regiones” constituye “la mayor amenaza a la paz”. Ello se debe a que “algunas personas pueden comenzar, ante el riesgo, a titubear y preferir meterse bajo la sombrilla de alguna organización ilegal para protegerse de los asesinatos”.

Sin embargo, tan preocupante como lo anterior es su comentario sobre la pugna que hay en esas zonas por el control territorial: “La pregunta, más bien, es por qué el Estado ha sido tan ineficaz en su respuesta. ¿Cómo es posible que en el Cauca maten a un líder cada tres días y el Gobierno se comporte como un espectador parado en una esquina frente a un accidente de tránsito?”.

El mismo Jaramillo da la razón: “Primero”, dice, este “es un Gobierno que (…) no sabe leer la realidad. Actúan como si estuvieran enfrentando a las Farc (…), cuando la realidad es que la gran guerra militar en Colombia se acabó”. Ya lo que hay son “muchas pequeñas organizaciones ejerciendo otro tipo de control, más basado en asesinatos selectivos y plata. De ahí las masacres”.

Y agrega algo peor: hay una “ausencia total de lucha contra la corrupción en las propias filas (…). No es posible que se mueva la droga como se está moviendo (…) sin que haya mucha gente comprada dejando pasar. Eso funciona así, tristemente. Y la gente lo ve, lo que rompe la confianza en la protección de la fuerza pública. Si no limpian la casa por dentro, no hay nada que hacer”.

Eso es exactamente lo mismo que sucede en la calle 94 con carrera séptima: todos saben que ahí operan los ladrones, pero miran para el lado opuesto. Como preguntaba hace poco Julio Sánchez Cristo: ¿por qué no se sube a un árbol, ahí, un policía vestido de paisano y acaba con los robos?

Por la misma razón que en los territorios, en las narices de la fuerza pública, matan líderes sociales y excombatientes, procesan y transportan droga, y las retroexcavadoras amarillas y gigantescas explotan ilegalmente las minas sin que nadie “vea”.

Definitivamente, como dice Sergio Jaramillo, lo primero que hay que hacer es limpiar la casa…

Nota. Le envío un abrazo de felicitación a Jorge Cardona por su Premio Simón Bolívar a la Vida y Obra de un Periodista, ese gran editor general que le ha entregado buena parte de su vida a El Espectador.

¡Muy merecido!

20.44.-Uribe es igual a Uribe CECILIA OROZCO

La línea de sucesión uribista. Foto minuto30.com

Notas de prensa de corte social nos deslizan por estos días, casi románticamente, la información de que Colombia tiene una especie de príncipe heredero. Como Felipe VI, de España, hoy rey por transmisión de la corona de su padre, Juan Carlos I. O como Carlos de Gales, primogénito de Isabel II y de Felipe de Edimburgo, que todavía espera el traspaso del título de monarca al que tiene derecho real.

24 nov 2020.- Entre nosotros, desde luego, la sucesión no es aristocrática. Es agreste y engañosa. Los anuncios dicen, palabras más palabras menos, que “el Centro Democrático le está rogando a Tomás Uribe que sea su candidato a la Presidencia 2022”. ¡Mamola!, como hubiera dicho el recordado Horacio Serpa cuando quería indicar que no era bobo ni comía cuentos. Nadie distinto a quien se conduce como soberano de la nación ha imaginado a su hijo residiendo en la Casa de Nariño después de Duque. Álvaro Uribe languidece. Es otro después de que la justicia digna que todavía resta aquí le recordó que, pese a sus poses de emperador, es sujeto de investigación judicial. Así que necesita extender su control sobre la totalidad del Estado. Por la mente enclaustrada del poderoso personaje debieron pasar, en la soledad de los palacetes que tiene como residencias, miles de imágenes sobre su futuro.

Por eso y por más, el presidente 2022 perfecto para sus fines es su hijo, su propio yo, su reencarnación: a los 37 años, multimillonario, adoctrinado por la ultraderecha, agresivo con los opuestos, ciego ante los delitos de sus aduladores, manipulador de mentiras, cliente de los mismos abogados defensores. Pero al rey padre le fallan dos cálculos: primero, el resentimiento oculto y temeroso, pero resentimiento al fin, de sus cinco, seis o siete fieles subalternos, precandidatos a ocupar la silla presidencial: el ministro Trujillo, la vicepresidenta Ramírez, el exviceministro Nieto, las congresistas Valencia y Holguín, etc. ¿Por qué tendrían que ceder sus aspiraciones ante alguien únicamente porque es “hijo de…”? Se preguntarán, entre pecho y espalda, ¿cuáles son sus méritos profesionales, sus luchas políticas, sus trabajos sociales, su carrera, su experiencia pública? Segundo, cortado con la tijera familiar, Tomás Uribe ya tiene líos judiciales.

Cuando el actual presidente del Grupo Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, dirigía la DIAN (2010-2014), sus funcionarios descubrieron una modalidad de corrupción gigantesca, dentro y fuera de la entidad. Se trataba de una operación de lavado de activos y defraudación de dinero público con devoluciones de IVA que cobraban, con declaraciones falsas, supuestos exportadores de chatarra de cobre en un país que no produce cobre. “Ejércitos de contadores corruptos prepararon y soportaron solicitudes de devoluciones de IVA por productos exentos o por exportaciones (muchas de ellas, ficticias)”, dijo Ortega, refiriéndose al escabroso asunto (ver), años después. Según él, quien tuvo que renunciar y viajar al exterior por amenazas, las devoluciones bajo esta modalidad crecieron, entre 2003 y 2010, de $300.000 millones a $2,5 billones al año. Pues bien, los señores Tomás y Jerónimo Uribe Moreno fundaron la empresa Ecoeficiencia con $10 millones, en 2003, para comercializar desperdicios, desechos y chatarra. En los años siguientes hicieron grandes negocios con el individuo James Arias, más conocido como el “zar de la chatarra”. Este, detenido y pillado por la justicia, admitió sus delitos en 2016 a cambio de rebaja de pena. Fue condenado a diez años de cárcel por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y fraude procesal, no sin antes entregar más de 300 bienes y $23.000 millones (ver).

En recientes declaraciones, Tomás, el futuro presidente de la República en la nación idealizada de su padre, opinó sobre el “zar” Arias así: “El señor no era ningún delincuente. Tenía una de las 100 empresas más grandes de Colombia”. El periodista no le hizo ninguna contrapregunta, ignorante o autocensurado él. Lo cierto es que los entonces jovencitos Uribe Moreno reportaron, en 2010, operaciones brutas por $43.000 millones y presentaron ante la DIAN peticiones de devolución de IVA por $353 millones. La Dirección de Impuestos se concentró en sus declaraciones de renta y descubrió irregularidades de tal magnitud, que oficiaron a la Fiscalía para que esta investigara penalmente el asunto. Los Uribe Moreno, vuelta al ruedo, actuaron igual que su padre: alegaron persecución política de Santos, contrataron a auditores internacionales que conceptuaron a su favor y a los abogados que ustedes ya conocen. La DIAN no solo no les concedió ninguna devolución sino que certificó que Ecoeficiencia le debía $1.857 millones. Con sanciones, los niños terminaron pagando $5.396 millones. El proceso en la Fiscalía continúa abierto sin esperanza de avance pese a la gravedad lo que habría allí: falsedad en documento privado y posible enriquecimiento ilícito. Doce supuestos proveedores de chatarra de Ecoeficiencia resultaron falsos; cuatro de ellos declararon: eran vendedores ambulantes o instaladores de ventanas. Y, ¿adivinen? Los mismísimos doctores en derecho del padre denunciaron a los testigos y a los empleados que enriquecieron a sus patronos, presuntamente a sus espaldas. Uribe igual a Uribe (ver nota 1, 2 y 3 de Noticias Uno).

https://www.elespectador.com/opinion/uribe-es-igual-a-uribe/

  • 20.43.-Prevención exclusivaYOHIR AKERMAN
  • Providencia y las tierras raizales RODRIGO UPRIMNY
  • 20.43.- 427.000 millones de dólares perdidos al año por abusos fiscales por parte de empresas e individuos ricos, según un estudio LARRY ELLIOTT
  • Mala semana para el periodismo colombiano CECILIA OROZCO
  • Masacres, cinismo y misoginia  CONSUELO AHUMADA

Los isleños del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se encuentran hundidos bajo el agua, más que por la fuerza de la naturaleza y los huracanes, por una mezcla de corrupción de los gobiernos locales sumada a la indiferencia e indolencia histórica del Gobierno nacional.

De este y de los anteriores.

21 nov 2020.- Hay que recordar que el 8 de agosto de 2018, en su primer día de gobierno, el presidente Iván Duque viajó a San Andrés a, supuestamente, ofrecer soluciones a los problemas del archipiélago. “Hoy estamos cumpliendo otra promesa”, dijo. Esas palabras ahora se demuestran inexistentes y vacías.

También, que el 26 de enero de 2019, durante el taller Construyendo País #20, Duque vistiendo una guayabera azul anunció los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional con la población del archipiélago, tras escuchar a la comunidad representada en 24 voceros que dialogaron con él.

Dentro de los anuncios se prometió, en un lapso de cuatro meses, elaborar un proyecto para la nueva infraestructura del hospital de Providencia, de manera conjunta con la Gobernación. Los cuatro meses pasaron y esto nunca sucedió.

También se hicieron juramentos de reducir el índice de agua no contabilizada y aumentar la cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado en dos escalas: una en 2019 y una en 2020. No ha pasado la primera.

En abril de 2019 se entregarían $16.000 millones para profundizar el canal de acceso marítimo al muelle de Providencia y $10.000 millones para la construcción de un nuevo muelle en la isla. Sobra decir que esto tampoco sucedió.

Y así sigue el listado que Duque leyó en temas de educación, vivienda, energía, tecnología y medio ambiente. Pero dentro de los compromisos del presidente nunca se contemplaron planes de asistencia ante emergencias por la fuerza de la naturaleza. (Ver taller).

¿Sorprende?

No mucho. Menos cuando Duque, en un trino del 16 de noviembre, atinó a decir que la emergencia por el paso del huracán Iota en el archipiélago no pudo ser prevista, ya que pasó de tormenta a categoría 5 en cuestión de horas. Eso es mitad falso.

Es cierto que nadie puede controlar la fuerza con la que un huracán va a pegar en tierra, pero gracias a los radares estos pueden seguirse minuto a minuto.

El Centro Nacional de Huracanes publicó desde el sábado 14 de noviembre a la 1:00 p.m. que cualquier proyección de ruta de Iota pasaría por encima de Providencia y Santa Catalina, bordeando a San Andrés, y que se convertiría en un huracán “extremadamente peligroso”.

Los que viven en zonas de huracanes saben que la recomendación siempre es esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Y eso debió hacerse con la gente del archipiélago, pero no, el Gobierno no tuvo la planeación para proteger a la población y prevenir muertes y desapariciones cuando el huracán pasó por esa zona el lunes en la madrugada.

Ahora bien, el Gobierno sí tomó una precaución.

El mismo sábado 14 de noviembre a la 1:02 p.m. el Twitter de la Presidencia de la República publicó un video que muestra que la primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, viajó a San Andrés el jueves 12 de noviembre, en el avión de la Fuerza Aérea Colombiana con matrícula FAC-1282.

La primera dama hizo un importante trabajo de entrega de 15,2 toneladas de ayudas humanitarias a los damnificados por el paso del huracán Eta que dejó, una semana antes, cerca de 53 familias perjudicadas y 45 casas que terminaron parcial o totalmente destruidas.

Así, pareciera ser que la única reacción de planeación y prevención que tuvo el Gobierno nacional ese sábado 14 de noviembre a la 1:00 p.m., cuando ya se sabía que el huracán Iota pasaría por el archipiélago, fue sacar y proteger a la primera dama de la zona de peligro.

Así como se oye.

De resto, dejó a la población del archipiélago sin la suficiente preparación para este desastre y por eso ahora sufrimos las consecuencias, más que de la fuerza de la naturaleza, de la apatía del Gobierno por una población isleña que solo alimenta con promesas incumplidas.

@yohirakermanakermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/prevencion-exclusiva/

20.43.-Providencia y las tierras raizales RODRIGO UPRIMNY

 Foto: Liana Florez /Radio Nacional de Colombia 

Irónicamente, lo que le ha faltado al Estado frente a la isla de Providencia, arrasada por el huracán Iota, es precisamente providencia.

21 nov 2020.- Además del sentido bíblico (asociado con Dios) y jurídico (ciertas decisiones judiciales), la palabra providencia significa prevención, pues es la disposición anticipada a tomar medidas con cierto propósito, en particular para prevenir o remediar un daño. La calamidad ocasionada por el huracán desnudó lo que los conocedores de la isla saben desde hace años: que el Gobierno central no ha tenido providencia con Providencia, pues no ha tomado medidas adecuadas para mejorar el bienestar de sus pobladores, ni para prevenir daños como los de este huracán, ni para adaptar la isla a los desafíos del cambio climático, que serán enormes.

Un ejemplo significativo de ese abandono estatal es el hecho, señalado por la representante del archipiélago Elizabeth Jay-Pang Díaz, de que hace más de diez años no ha habido nacimientos en Providencia, pues el puesto de salud es (o era, quedó destruido) tan precario, que las mujeres embarazadas tienen que viajar a San Andrés.

En esta dolorosa crisis para el archipiélago, en que la calamidad por el huracán se suma a los impactos devastadores de la pandemia por la caída del turismo, el Estado tiene que tomar medidas urgentes de asistencia humanitaria para superar los retos más vitales, como provisión de refugio, alimentos, medicamentos y agua potable. Hay otro desafío del cual no se habla mucho, pero que es esencial enfrentar en forma inmediata, pues sus efectos, aunque menos visibles, también pueden ser devastadores: evitar que la terrible situación que hoy viven los raizales pueda conducir a un acaparamiento de sus tierras por agentes privados.

Ese temor es fundado. Hay cierta evidencia de que tragedias humanitarias semejantes ocurridas en otras partes del mundo en territorios atractivos para grandes inversiones han ocasionado acaparamientos de tierras, pues en esos momentos las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad están dispuestas a vender sus terrenos a precio de huevo para enfrentar sus urgencias y angustias. Y muchos inversionistas aprovechan esos sufrimientos para acaparar legalmente esas tierras.

En Providencia ese riesgo es claro, porque es una isla atractiva para grandes inversiones turísticas, a las cuales los raizales se han resistido. Además, la tenencia de la tierra de los habitantes en la isla se caracteriza por una alta informalidad, debido a su carácter ancestral. Pocos tienen títulos de propiedad. Muchos raizales temen entonces que no puedan retornar a sus terrenos o que la crisis lleve a muchos a vender sus tierras por precios muy bajos para grandes proyectos hoteleros. Esto tendría no solo efectos ambientales negativos, sino que sería un golpe brutal al pueblo raizal y a su cultura.

Esto puede y debe prevenirse, para lo cual el gobierno Duque debería adoptar, con base en las facultades otorgadas por la declaratoria de situación de desastre en el archipiélago, al menos estas cuatro medidas: i) dada la informalidad de la tenencia, realizar, junto con la comunidad, una clarificación de quienes ocupaban los distintos predios antes del desastre; ii) un congelamiento del mercado de tierras; iii) un control de la llegada de terceros a la isla, mientras dura la reconstrucción, y iv) activar el derecho de consulta previa con los raizales para la reconstrucción de la isla, lo cual es no solo una obligación constitucional, sino que permite involucrar a la población en las decisiones sobre su futuro.

¿Superará el gobierno Duque esta negativa tradición de que el Gobierno central carece de cualquier providencia con Providencia?

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

https://www.elespectador.com/opinion/providencia-y-las-tierras-raizales/

20.43.- 427.000 millones de dólares perdidos al año por abusos fiscales por parte de empresas e individuos ricos, según un estudio LARRY ELLIOTT

Tax Justice Network pide al G20 que endurezca las reglas, diciendo que el sistema está ‘programado para fallar’

Las Islas Caimán, un territorio británico de ultramar, es responsable de más de 70.000 millones de dólares en pérdidas fiscales globales, dice el informe. Fotografía: Irene Corti / Getty Images / iStockPhoto 

El abuso de impuestos por parte de empresas multinacionales y la evasión por parte de individuos ricos les cuesta a los países 427.000 millones de dólares al año en ingresos perdidos, según un estudio de un grupo de defensa global.

20 nov 2020.- Tax Justice Network dijo que su informe reveló por primera vez el alcance de la pérdida de recursos y pidió a la reunión de este fin de semana del grupo G20 de países desarrollados y de mercados emergentes que endurezcan las reglas.

El informe sobre el estado de la justicia fiscal 2020 de la TJN dice que más de la mitad de las pérdidas ($ 245 mil millones) provienen de empresas que trasladan $ 1,38 billones de ganancias fuera de los países donde se generaron a paraísos fiscales, donde las tasas de impuestos corporativos eran bajas o inexistentes.

Los particulares pagaron $ 182 mil millones menos de impuestos de lo que deberían tener al almacenar un total de más de $ 10 billones en activos financieros en el extranjero, agrega el informe.

La TJN dijo que había podido calcular el alcance de la evasión de impuestos corporativos porque los datos habían sido auto informados por multinacionales y publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, pero solo después de que el thinktank con sede en París se asegurara. Que no se pudo identificar ninguna empresa individual.

Con las finanzas públicas tensas como resultado de la pandemia de Covid-19, la TJN dijo que era hora de que el G20 requiriera la publicación de las ganancias obtenidas por multinacionales individuales, país por país, para que “los abusadores de impuestos corporativos y las jurisdicciones que las facilitan pueden ser identificadas y responsabilizadas”.

El informe dice que las cinco jurisdicciones más responsables de las pérdidas fiscales de los países fueron las Islas Caimán, un territorio británico de ultramar, responsable del 16,5% o más de 70.000 millones de dólares de pérdidas fiscales globales; Reino Unido (10%, 42.000 millones de dólares); los Países Bajos (8,5%, 36.000 millones de dólares); Luxemburgo (6,5%, 27.000 millones de dólares) y EE. UU. (5,5%, 23.000 millones de dólares).

Alex Cobham, director ejecutivo de TJN, dijo: “Un sistema fiscal global que pierde más de 427.000 millones de dólares al año no es un sistema roto, es un sistema programado para fallar. Bajo la presión de los gigantes corporativos y los poderes de los paraísos fiscales como los Países Bajos y la red del Reino Unido, nuestros gobiernos han programado el sistema tributario global para priorizar los deseos de las corporaciones e individuos más ricos sobre las necesidades de todos los demás.

«La pandemia ha puesto de manifiesto el grave costo de convertir la política fiscal en una herramienta para complacer a los abusadores de impuestos en lugar de proteger el bienestar de las personas».

https://www.theguardian.com/business/2020/nov/20/427bn-a-year-lost-to-tax-abuse-by-firms-and-rich-individuals-study-finds 

20.43.-Mala semana para el periodismo colombiano CECILIA OROZCO

Imagen Revista Semana

Súmenle a la ignorancia, caudales de dinero, prepotencia y desprecio por este país y por sus periodistas, excepto los dos de su predilección quienes, por cierto, están muy lejos de ser sabios. Añádanle ambición e insensatez y una sensación inmensa de ser, tal vez, no un segundo ni un tercero, no un hijo ni un nieto: alguien con importancia local.

17 nov 2020.- Entonces encontrarán en esa ecuación la descripción del nuevo propietario de la revista Semana cuyo pecho se hincha de poder pues, en cuanto aterriza, lo comunican con el presidente, con el expresidente, con el congresista, con el fiscal… Lagartería pura. Comprenderán, así, su desenfoque y, a partir de este, la rápida destrucción-de-valor del bien que adquirió. Todo un logro negativo: en menos de dos años terminó con el tesoro de credibilidad y prestigio que ese medio construyó en 38. Lo pongo en términos de pago para que el personaje pueda entender: como si hubiera comprado una flota de Lamborghinis por la mañana y hubiera ordenado lanzarla, completica, por un barranco, en horas de la tarde. Asombroso. Este hombre, que debería actuar como los banqueros que producen mil billetes por uno que invierten, se hizo a un negocio cuya esencia desconoce y no le interesa conocer porque en su mente infantilizada el dueño siempre tiene la razón del fajo.

Su primera revista impresa, la que deseaba desaparecer prontamente pero que ahora mantendrá porque a mí me da la gana y ahora no les doy gusto y qué, es un desastre periodístico. La portada antiestética, con fondo azul difuminado, marco negro de esquela mortuoria, sin una imagen real o siquiera digital —para entrar en su onda—, con un título del tamaño y sentido del ego del advenedizo: “COMIENZA UNA NUEVA ERA”, así en mayúsculas, seguido de letras y letras; la portada, digo, resultó más anticuada que cualquier otra de la misma revista, hace 20 o 30 años. Compárenla. Si el hipertecnológico editor hubiera tenido a un profesional a su lado, este le habría aconsejado que, en lugar de ERA, escribiera “etapa”, igual idea y más sensata. ¿“Era” geológica como la del Pleistoceno? ¿Cronológica como la romana? ¿O histórica como la de Luis XIV? ¡Vaya confianza! El texto del editorial, en portada, no resiste un mínimo análisis contrastado con la realidad de las páginas del medio de la “nueva era”: difícil encontrar una verdad, ahí, en particular cuando promete “lealtad únicamente con nuestros lectores y nuestra patria”, tal como lo afirmaría, añadiéndole solamente una “e” a “lectores”, el patrón del uribismo, patrón, también, de las estrellas de Semana: consta en sus notas, programas y opiniones que secundan como por oficio los alegatos de los abogados defensores del favorecido. Un desastre, también, la selección de columnistas políticos cuyos intereses personalistas constituyen la antítesis de los analistas que escriben pensando en el bien común. En la entrevista que el programa radial dirigido por Camila Zuluaga le hizo al “dueño”, como habrá de llamársele desde ahora sin más añadidos, tampoco pudimos pillarle una frase sincera. Sus respuestas sonaron, además de despectivas, falsas como una moneda de $350: “Respeto a fulano, a zutano y a perengana, pero en Semana trabajan 500 reporteros más que no son los nombres de siempre”. “A quienes se fueron, nadie los sacó”. “Jamás he intervenido (en la redacción)”. “Semana seguirá siendo un medio equilibrado”.

No, los colombianos no tenemos corto el entendedero, señor “dueño”. Usted empujó a renunciar a leyendas del periodismo nacional que merecían un retiro con indemnización equivalente a 26, 30 o 38 años de trabajo continuo, obligándolos a aceptar unas condiciones de sometimiento indignas, o a irse. Con su cara de inocente, usted se ahorró 4.000 o 5.000 millones de pesos que son una propina para su familia, rapándoselos a quienes les pertenecen, en derecho y justicia. ¿Y hace cosas peores? ¿Es cierto que a los que dice respetar los llama de otra manera, en privado, por ejemplo: viejo decadente, a uno; ladrón, a otro; pobre enfermo, al siguiente y este que me tiene harto, al de más allá? ¿Es cierto que los colegas de los otros medios no se salvan de su lengua y su soberbia, y que usted los descalifica a todos amenazándolos con supuestas “carpetas” que les guarda o con bodegas para “acabarlos”? Me niego a creerlo porque si bien no tiene usted, en mi concepto, ninguna de las condiciones que se requieren para ser el propietario de un medio de comunicación, no creo que tenga prácticas mafiosas. Como las que se ejecutaron, seguramente a sus espaldas, cuando su Semana digital insultó al Grupo Prisa por vengarse del director colombiano de una de sus cadenas; o como el otro artículo que se inventaron contra El Espectador, por cuenta de una columna que le molestó. A usted le está yendo bien en Colombia, señor “dueño”. A nosotros, muy mal.

https://www.elespectador.com/opinion/mala-semana-para-el-periodismo-colombiano/

20.43.-Masacres, cinismo y misoginia  CONSUELO AHUMADA

La masacre de San Mateo se conoció dos meses después de que ocurriera porque las madres de los presos fueron amenazadas de muerte. La respuesta del gobierno fue la previsible

El concejal Cancino recogió los desgarradores testimonios de las madres sobre la “hoguera humana” y sobre el trato que recibieron los detenidos  

Las masacres y asesinatos se incrementan en todo el territorio nacional, con una sistematicidad alarmante. Su registro se convirtió en noticia habitual en estos tiempos de pandemia y desastres invernales, lo mismo que la previsible respuesta del gobierno, culpando al narcotráfico, a las disidencias y al acuerdo de paz.

En medio de tan desolador panorama, se conoció un hecho horripilante que había permanecido oculto. El pasado 4 de septiembre en la estación de policía de San Mateo, Soacha, se produjo un incendio, provocado por uno de los jóvenes que se encontraban allí detenidos.

Según denunció del concejal de Bogotá Diego Cancino, la Policía no hizo nada por impedir que 9 de ellos murieran incinerados. Al contrario, hay indicios de que un agente entró y avivó el fuego con gasolina. Todo en medio del desespero y los gritos de las madres, hermanas y compañeras, quienes llevaban horas esperando, sin que se les permitiera entrar primero a visitarlos y después a rescatarlos.

Cancino recogió los desgarradores testimonios de las madres sobre la “hoguera humana” y sobre el trato que recibieron los detenidos, lo que comprueba el modus operandi de la Policía. Estaban en un cuarto minúsculo, en condiciones infrahumanas, sometidos a violencia física y recibían comida solo cada 5 días, muchas veces descompuesta.

Esto sucedió cuatro días antes del asesinato de Javier Ordóñez a manos de agentes de la policía en Bogotá, lo que exacerbó los ánimos y provocó las protestas del 8 al 10 de septiembre, con un saldo de 13 jóvenes muertos y 72 heridos a bala.

El informe “Bolillo, Dios y patria”, presentado por la ONG Temblores días antes de estos hechos, documentaba hasta entonces 23 asesinatos en 2020 por violencia policial, expresada en golpes, patadas, agresiones con armas contundentes y violaciones. Reportaba 162 casos de abusos extremos de la policía, de los cuales 12 terminaron en homicidio. El 14 % estaba relacionado con protesta social y los principales afectados fueron jóvenes entre 17-24 años. Señalaba que la violencia policial es mayor en los sectores más pobres. Sin duda, el caso de Soacha.

Este municipio aledaño a Bogotá y vecino de Ciudad Bolívar, con más de un millón de habitantes, es un verdadero polvorín social. Sus niveles de pobreza y desempleo son alarmantes, como también el número de desplazados que allí habitan. La inversión pública y social es muy reducida. Conviven allí miembros de ejércitos irregulares, organizaciones criminales y mafias.

La situación de los/as jóvenes, es precaria y sin esperanza, lo que ha sido objeto de alertas tempranas por la Defensoría. Recordemos a las víctimas de ejecuciones judiciales hace varios años y a sus madres amenazadas y estigmatizadas.

La masacre de San Mateo no se conoció sino dos meses después de que ocurriera porque las madres de los presos también fueron amenazadas de muerte. La reacción de las autoridades fue notoria. El alcalde, tan preocupado por el paso de la minga por allí hace dos semanas, escondió el hecho. El presidente del Concejo le dijo a Cancino que no se entrometiera, conminándolo más bien a que se preocupara por dos semáforos que dificultan el tráfico en la Calle 13.

Por su parte, el comandante de la Policía de Cundinamarca describió la tragedia como el resultado de un motín de los presos y de la asonada de los familiares y señaló que procedieron de inmediato “a controlar el incendio, prestar los primeros auxilios y evacuar a las personas lesionadas”. Es falso, como lo muestran los videos.

En el mismo sentido y con el cinismo de siempre se pronunció el ministro de Defensa, quien apareció junto con el director de la Policía Nacional y rechazó «con vehemencia, la campaña de deslegitimación y desprestigio de sectores que hacen politiquería con la muerte en contra de la institución”.

Una nota marcada de este régimen fascistoide es precisamente esa. No se busca a los responsables de los delitos, sino se les defiende, al tiempo que se estigmatiza a quien los denuncia. En el caso de la Policía y de las Fuerzas Armadas, ha sido un comportamiento permanente. Por ello, en marzo pasado, el informe de la Alta Comisionada de la ONU propuso que la Policía pasara al Ministerio del Interior. Pero el Presidente dijo que esto violaba la soberanía nacional.

Adriana Villegas, periodista de ´La Patria´, recibió citación para declaración juramentada obligatoria, por una columna de opinión donde cuestionó los cantos misóginos de los soldados

La semana pasada Adriana Villegas, periodista de La Patria de Manizales, recibió una citación para una diligencia de declaración juramentada de carácter obligatorio, por parte del Batallón Ayacucho del Ejército. ¿El motivo? una columna de opinión suya denominada “No es broma, es violencia”, en donde cuestionó los cantos misóginos que entonan los soldados del país y que promueven la violencia y el asesinato de la mujer: “Si alguna vez yo tuve (madre), con mis manos la ahorqué.  Yo nunca tuve novia, ni nunca la tendré”.

La periodista ha recibido amplia solidaridad por el carácter intimidatorio de esta medida. El Batallón no aceptó que fuera acompañada por un representante de la Fundación para la Libertad de Prensa, aduciendo reserva de la investigación. Y el ministro en campaña electoral.

https://www.las2orillas.co/masacres-cinismo-y-misoginia/

  • 20.42.-Complot político-judicial contra la Corte Suprema CECILIA OROZCO
  • Verdad y simulación ensotanada – CRISTINA DE LA TORRE
  • En manos del hampaGERMÁN VARGAS
  • El toma y daca de Ciro Guerra – YOHIR AKERMAN
El uribismo ataca… Foto El Espectador

El parlamentario del uribismo Álvaro Hernán Prada fue elegido con 88 votos, mayoría absoluta en la Cámara de Representantes, para ocupar una de las sillas de la Comisión de Acusación e Investigaciones, célula del Congreso cuya única función es investigar penal y disciplinariamente al presidente, al fiscal general y a los magistrados de las altas cortes.

9 nov 2020.- Prada reemplazará a su colega uribista en la Cámara, Ricardo Ferro, quien no dudó en comprometer su dignidad y su moral, recibiéndole a uno de sus potenciales investigados, el fiscal Barbosa, un cargo en la Seccional Tolima de la Fiscalía para su esposa, Patricia Alvira Arce, que reside, ah comodidad, en Ibagué, justo en donde a Barbosa se le ocurrió nombrarla. El temor a demandas de pérdida de investidura por posible violación del régimen de conflicto de intereses y tráfico de influencias llevó a Ferro a renunciar a la Comisión. Más fácil dejar esa posición política en manos de su copartidario Álvaro Hernán Prada, que perder el salario mensual de cerca de $12 millones que recibe su esposa gracias a Barbosa.

El representante Prada fue grabado por orden de la Corte Suprema cuando esta indagaba la conducta de Álvaro Uribe en el proceso por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, mismo que llevó a los magistrados a ordenar la detención domiciliaria del expresidente. El expediente de Uribe pasó a la Fiscalía cuando él renunció al Senado, pero el de Prada continúa en la Sala de Instrucción del alto tribunal. La Corte encontró unas conversaciones telefónicas y mensajes de celular del congresista con alias Caliche, un presunto informante del Ejército que, como decenas de bandidos fuera y dentro de las cárceles, ofreció convertir las acusaciones del testigo estrella contra Uribe, Juan Guillermo Monsalve, en declaraciones a su favor. Prada es sospechoso de haber cometido el delito de soborno a testigos en calidad de cómplice, según dijo la Sala y su proceso continúa su curso. Pero ahora, desde la Comisión de Acusación, Prada podrá incidir —aunque se declare impedido por puro formalismo— en los casos que se abran en contra de los togados que, a su vez, lo investigan a él.

Alias Caliche se llama Carlos Eduardo López, y cuando fue interrogado por la Corte, en mayo de 2018, contestó: “Me dijo el del señor Prada (sic), ‘traten de sacar la declaración de ese hijuep… a ver si de pronto podemos lograr de ver (sic) que están tratando de hacer un montaje al doctor Uribe’. Eso sí, se lo digo aquí y se lo digo en cualquier parte, patrona… soy aférrimo (sic) seguidor del doctor Uribe. Y lo que yo le pueda colaborar al señor Uribe, bienvenido sea”. En uno de los mensajes del celular de Caliche, enviado al testigo Monsalve —horas antes de que se venciera el plazo para que Uribe y su abogado Jaime Granados presentaran un recurso para frenar su proceso en la Suprema—, el “aférrimo seguidor” de Uribe le insistía: “pues kieren esa declaración suya para meterla mañana allá. Ese granados esta que se le revienta una hernia jajaja” (sic). Y en otro le dice: “Pues yo hable con el Prada y me dice que le cumple… la vuelta es sin intermediarios y este Hernán sabe cómo es la cosa…” (sic).

La investigación de la Suprema en contra de Prada está pendiente de evolución en la Sala de Instrucción. Mientras tanto, a la Comisión de Acusación, integrada ahora por Prada y diez parlamentarios más de la coalición uribista contra cinco presuntamente independientes, llegaron dos denuncias contra los magistrados de esa Sala. Una de estas fue presentada por quien firma como Nicolás Jurado. Ese nombre coincide con el de un reo que sostiene —otro más— que conoció al testigo Monsalve en la cárcel y que este quería retractarse de su acusación contra Uribe. Historia calcada de la del secuestrador Pardo Hasche, pillado cuando intentaba convencer a Monsalve de cambiar su testimonio. El reo Nicolás Jurado, denunciante de los magistrados instructores, fue presentado por los abogados del expresidente como su testigo. Pues bien, hace un par de meses, Jurado apareció, mágicamente, en medios de reconocida tendencia uribista cuando declaraba, en el Consejo de la Judicatura, al lado de los abogados del expresidente Diego Cadena y Jaime Lombana, ¡obviamente a favor de Uribe y en contra de Monsalve! Pese a sus dificultades verbales, Jurado parece ser el testigo “estrella” del expresidente. Uno puede preguntarse, entonces: ¿Jurado, el expresidiario que los defensores de Uribe llevan y traen, denunció espontáneamente a los magistrados de la Sala de Instrucción en la Comisión de Acusación a la que pertenece el investigado Álvaro Hernán Prada, involucrado en los mismos hechos? A este entramado corrupto se le llama, aquí y en cualquier parte, complot político-judicial contra la Corte Suprema.

https://www.elespectador.com/opinion/complot-politico-judicial-contra-la-corte-suprema/

20.42.-Verdad y simulación ensotanada – CRISTINA DE LA TORRE

Intrépido defensor de su propia impunidad, vuelve al ataque Uribe contra la verdad que lo comprometería en delitos de marca mayor. Porfía en disolver la JEP, escenario de revelaciones sobre la guerra que cuestionan su inocencia y amenazan su libertad. En país donde la hipocresía ensotanada es ley, simula honor mancillado para salvar el pellejo.

9 nov 2020.- Se desenvuelve el expresidente con soltura en este reino de la mentira, en el hábito de disimulo y encubrimiento que, según el historiador Luis Alberto Restrepo, es en parte fruto del ejemplo y de la formación ética impartida durante seis siglos por la Iglesia católica en Colombia. Por su parte, Eduardo Cifuentes, nuevo presidente de la JEP, adivina en quienes quieren derogarla el miedo a la verdad, justamente cuando este tribunal comienza a descubrir verdades completas y reconocimiento de responsabilidades.

Explorando en la Iglesia raíces de aquella doblez, se remonta el exsacerdote Restrepo a la Colonia, cuando los tonsurados cementaron mediante la educación el poder de la Corona, cuyo brazo político-religioso era la Iglesia. Piedra angular de su influencia, sin par en la América española. Tras el afán secularizador de los liberales en el siglo XIX, la Regeneración y el Concordato de 1887 restauraron la homogeneidad cultural que la Iglesia había impuesto. Le devolvieron la construcción de la nación sobre la trilogía cultural hispánica: la religión católica, la lengua castellana y la educación.

En su arista más abiertamente política, poderosos jerarcas del cuerpo de Cristo auparon con pasión la violencia: monseñor Ezequiel Rojas, canonizado por Juan Pablo II, exhortó a empuñar las armas contra los liberales en plena guerra de los Mil Días. Sugirió lo propio monseñor Builes contra liberales y comunistas en tiempos de la Violencia. El cardenal López Trujillo, admirador del Medellín sin tugurios de Pablo Escobar, fue verdugo de curas y monjas comprometidos con los pobres. Y en el plebiscito de 2016, se sumó la jerarquía eclesiástica al sabotaje de la paz por la extrema derecha.

Colombia —escribe nuestro autor— se ahoga hoy en un pantano de mentiras, crímenes y violencias solapadas tras cuyos bastidores medran los poderosos, algunos obispos y clérigos incluidos: o son autores intelectuales del horror o lo legitiman. Casi todos ellos se excluyeron de la JEP y esquivan la Comisión de la Verdad. Pero una mayoría aplastante de sacerdotes y obispos trabaja por las comunidades olvidadas y por la paz, con frecuencia a despecho del Gobierno.

Un llamado trascendental formula Restrepo al episcopado católico: pedir perdón públicamente por los errores de la institución en el pasado y en el presente. Este reconocimiento, apunta, sería sanador para la sociedad colombiana y podría abrir la puerta a un sinceramiento nacional. Movería a altos oficiales, políticos, terratenientes y empresarios de toda laya a decir la verdad, a asumir su responsabilidad en el conflicto y a pedir perdón a las víctimas. El triunfo de la verdad acerca del conflicto sería paso decisivo hacia la paz y derrota del recurso a la simulación, ensotanada o no.

Coda. Decapitado el eje Trump-Duque-Bolsonaro, se impone ahora el desafío de reconstruir la democracia, atropellada en estos países por un caudillismo de fantoches; por el abuso de poder, la corrupción, la violencia, la exclusión, el neoliberalismo y la desigualdad. Llegó la hora de frenar la carrera que nos arrastraba por involución hacia el eje fascista de entreguerras: el de Berlín-Roma-Tokio. Sirva también la epifanía que esta elección en Estados Unidos aparejó para recomponer las relaciones con ese país desde el respeto entre Estados y nunca más desde el complejo de bastardía con que el gobierno de Duque humilló a Colombia ante la Estrella Polar.

https://www.elespectador.com/opinion/verdad-y-simulacion-ensotanada/

20.42.-En manos del hampaGERMÁN VARGAS

Responsabilidad sobre inseguridad en Bogotá se ha convertido en un juego entre Alcaldía y Gobierno.

Atraco a una señora y disparos en las puertas del Liceo Francés, en la misma cuadra de varias embajadas, más atracos y lesiones a jóvenes y mujeres con machetes y cuchillos transmitidos en directo desde esa tierra de nadie que se llama TransMilenio. Ladrón mata a empresario frente a sus hijos.

Las cifras son muy alarmantes. En Bogotá se registran 214 atracos diarios. Deben de ser muchísimos más, pues la gente ya se cansó de perder su tiempo en denuncias que a nada conducen porque, aparte de exponerse a represalias, difícilmente se captura a los delincuentes. Cuando esto ocurre, a las pocas horas son puestos en libertad. Y si la Fiscalía consigue acusar, los jueces rara vez condenan y para nada tienen en cuenta los antecedentes a la hora de tasar la pena o conceder excarcelaciones.

Los hurtos de vehículos, bicicletas y celulares están disparados. También es muy preocupante el incremento del número de homicidios. Con razón la percepción de inseguridad llegó al 88 % de los ciudadanos. Cuatro de cada diez bogotanos manifiestan haber sufrido un ataque, según las últimas cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Muchos nos preguntamos qué se está haciendo. De la reforma de la Policía, sobre la que hubo recientemente muchos anuncios, nada. ¿Qué pasó con el incremento del pie de fuerza anunciado? Al parecer, nada. Y con las nuevas estrategias para enfrentar la criminalidad. Nada. Y tampoco del anunciado Plan Nacional de Vigilancia reestructurado se ha visto nada. Y ningún avance en las labores de inteligencia para desarticular estas bandas que más parecen sofisticadas organizaciones criminales.

Como la responsabilidad sobre la seguridad de la ciudad se ha convertido en un juego de ping-pong entre la Alcaldía y el Gobierno Nacional según convenga políticamente, ya no se sabe a quién exigir acciones y resultados. Pero sobre lo que sí no tengo duda es sobre la poca relevancia que el tema seguridad suscita en la Administración Distrital. ¿Cómo es posible que tan solo el 2 % del multimillonario presupuesto de la ciudad se dedique a la seguridad? Pues, ahí están los resultados.

Por los lados del Ministerio de Justicia, ni una palabra. ¿Qué pasó con los anuncios de judicialización en 24 horas? ¿Y con la reforma del régimen penitenciario? Nada se ha visto respecto a la nueva y necesaria legislación sobre menores infractores, nada sobre nuevas políticas para combatir el microtráfico o el porte ilegal de armas, en especial las blancas. Pero, lo más grave, seguimos sin enfrentar el problema de la reincidencia. De los eventos imputados por la Fiscalía en materia de hurto, el 52 % de sus presuntos responsables registraban antecedentes. De las 240.000 personas arrestadas en el último año, 90.000 ya habían sido apresadas entre 2 y 9 veces, y más de un centenar lo había sido entre 40 y 70 veces. En delitos por lesiones personales, el 37 % tenían antecedentes y en los de homicidio, el 40 %. A estas alarmantes cifras de impunidad y de burla al sistema judicial contribuye, ciertamente, la posición de la Corte Constitucional según la cual solo se puede hablar de reincidencia cuando exista una condena previa, y para nada valen los antecedentes, ni siquiera los arrestos en flagrancia.

Qué desolador panorama. La gente, impotente y atemorizada, no cree ya ni en las denuncias, ni en la capacidad de protección de la Policía y de los organismos de seguridad ni en el poder sancionador del Estado.

El problema claramente está en la administración de justicia. Los jueces profieren muy pocas condenas en relación con el número de delitos, y a los pocos que terminan en las cárceles se les permite salir por vencimiento de términos o, no se sabe qué es peor, seguir delinquiendo desde los centros de reclusión. La no sanción estimula, alienta estas conductas. Demasiado garantismo, demasiada tolerancia frente al crimen y ninguna compasión frente a los ciudadanos que reclaman, con razón, el cumplimiento de la principal responsabilidad del Estado moderno, cual es garantizar la seguridad y la administración de justicia. Y mientras todo esto ocurre, el Congreso sigue preocupado por las reformas políticas y por la forma de reelegirse el año que viene.

GERMÁN VARGAS LLERAS 

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/en-manos-del-hampa-columna-de-german-vargas-lleras-549101

20.42.-El toma y daca de Ciro Guerra – YOHIR AKERMAN

Este es otro de esos casos en que el acusado pasa de la defensa al ataque. Después de ser acusado de usar su posición y poder en la industria para acosar sexualmente a varias víctimas, el cineasta Ciro Guerra ahora pasó a perseguir penal y civilmente a todas las personas que se atrevan a hablar de estos hechos. Eso sí es un abrazo de serpiente.

Me explico.

14 nov 2020.- Ocho diferentes mujeres, algunas de ellas que no se conocen entre sí, acusaron de acoso sexual a Guerra, uno de los cineastas más importantes de Colombia. Más grave aún, una de ellas lo acusó de una posible violación.

El acoso sexual es un fenómeno complejo, que se encuentra profundamente normalizado en sociedades como la de Colombia. Es un acto más silencioso que la violación porque es menos evidente, pero con graves consecuencias también para sus víctimas. Deriva en la realización de insinuaciones o actos sexuales no deseados, en provecho de las estructuras de poder.

De esta manera, ocho mujeres se armaron de valor para contar su historia, en un país donde siempre las víctimas de estos hechos terminan siendo revictimizadas, y lograron que dos periodistas investigaran sus testimonios y publicaran las denuncias.

El 24 de junio de 2020 Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros Londoño publicaron la completa investigación en un medio llamado Volcánicas, autodenominado como periodismo feminista latinoamericano. El artículo contiene los ocho testimonios de las mujeres que han sido víctimas de acoso y abuso sexual por parte del reconocido cineasta, más otros detalles.

Ya que al cineasta no le gusta que hablemos de estas acusaciones, recordemos rápidamente los elementos más importantes. Las agresiones acusadas ocurrieron entre los años 2013 y 2019 en tres ciudades colombianas y tres internacionales. Tuvieron lugar durante eventos como el Festival de Cine de Cannes, el Colombian Film Festival y el Festival Internacional de Cine de Cartagena.

Los testimonios dejan claro que, a pesar de que las presuntas víctimas le dijeron a Guerra que no querían ser parte de esos hechos de forma clara, directa y reiterada, hubo un patrón en las actuaciones del director que incluyó conversaciones inapropiadas de índole sexual, invitaciones por parte del presunto victimario a su hotel u apartamento, el uso de la fuerza para tocarlas sexualmente, besarlas y, en un caso, posible abuso sexual.

El otro elemento del cual Guerra ha pedido que no se hable es que los relatos de las víctimas muestran cómo el cineasta usó su prestigio profesional para intimidar y establecer relaciones de poder abusivas frente a las agredidas.

Pareciera que el cineasta sigue el mismo guion que usan la mayoría de personas que cometen estos acosos y abusos.

Como estableció el medio Volcánicas, las denunciantes no tuvieron la intención de hacer una denuncia penal porque no querían pasar por un proceso de revictimización en manos del sistema de justicia. Tampoco, por el cuestionamiento y el escarnio público.

Solo una persona que ha tenido uno de estos casos cerca entiende la profundidad de ese raciocinio. Pero la verdad es que frente a las víctimas de estos hechos no hay que entender su raciocinio, sino respetarlas y acompañarlas. Nada más.

Por eso las periodistas que investigaron las denuncias han hecho todo lo posible para que estas mujeres, que tuvieron el valor de hablar y denunciar al cineasta para evitar que esto siga pasando, no terminen revictimizadas y estigmatizadas, como la práctica nacional e internacional lo ha demostrado en el pasado. Todos los testimonios que sustentan esa investigación fueron aportados y están bajo la reserva y el sigilo profesional que debe tener una investigación periodística.

Por su parte, y como es obvio, el cineasta Guerra ha usado su derecho a defenderse de estos hechos. Sin duda. Pero para tal efecto denunció penalmente a las periodistas y anunció demandas civiles por millonarias sumas de dinero en contra de ellas.

La conciliación fue fallida ya que Ruiz-Navarro y Londoño se defienden estableciendo que tienen toda la evidencia que demuestra su investigación. El material incluye, fuera de los testimonios de las víctimas, chats, correos electrónicos y notas de voz que demuestran la veracidad de las acusaciones en tiempo, modo y lugar. Y, como si eso no fuera suficiente, tienen mínimo un testigo por cada caso que coincide con los relatos de las víctimas.

Ante esta evidencia, la respuesta del presunto victimario ha sido una estrategia bastante particular de intimidación. El último elemento fue que Guerra y sus abogados presentaron una tutela en la que piden que las periodistas jamás puedan volver a mencionar su nombre. Jamás. Y que no se hable de otros casos, como quien prevé que esas nuevas acusaciones vienen en camino.

Eso constituye un intento de censura perpetua. Como también lo es la solicitud de retirar todos los artículos y difusión en redes sociales, y pedir a los medios que le dieron expansión a la noticia eliminar dicha información.

Pues no, señor.

El artículo de Ruiz-Navarro y Londoño responde a los estándares internacionales del oficio, especialmente porque los hechos están verificados y tienen sustentos documentales que los contrastan. (Ver Artículo).

Bien le haría al debate sobre estos temas que Guerra decidiera, más bien, explicar por qué desde su perspectiva los hechos que esas mujeres vivieron y denunciaron como abuso y acoso sexual, y que entregan con evidencias documentales y testimonios de testigos, para él no lo son.

Qué paradoja que uno de los mejores directores y contadores de historias del país se rehúse a contar su historia.

Pero, de nuevo, sigue el guion de otros que han sido acusados de la misma manera, como el productor estadounidense Harvey Weinstein, famoso por intentar amedrentar a las mujeres que lo acusaron, quien se expuso a que judicialmente le demostraran que sus acciones sí eran abusivas e incurrían en acosos.

Así ha ocurrido en muchos otros casos en el mundo gracias a la valentía de las víctimas y a movimientos como el #MeToo.

La vía judicial es la que más perjudica la discusión pública sobre violencia de género, y en algunos casos a sus victimarios. Lo que un fenómeno como el acoso y abuso sexual necesita es más libertad de expresión, más periodismo investigativo, más víctimas que alcen su voz y entreguen sus testimonios o pruebas, y que los victimarios expliquen su perspectiva y entiendan sus errores.

De lo contrario, el silencio es el lugar donde las violencias y los abusos se perpetúan y acentúan, y eso no se puede permitir, ni siquiera con esfuerzos jurídicos para conseguirlo. Por eso, como lo he hecho en el pasado con otras personas, me atengo a los intentos de matoneo legal que pueda intentar el señor Guerra en mi contra. Porque no se puede imponer el silencio a las malas ni la censura perpetua. Ese es mi único guion.

https://www.elespectador.com/opinion/siguiendo-el-guion/

  • 20.41.-COVID Colombia: miles de muertes evitables CRISTINA DE LA TORRE
  • El entorno presidencial del exsenador CECILIA OROZCO
  • El “Ñeñe” y el MelloYOHIR AKERMAN
  • Carta a Salvatore Mancuso PATRICIA LARA

No serían hoy 35.000 los muertos, más de 40.000 en diciembre, si el Gobierno no hubiera entregado a las EPS el manejo de la pandemia. Una catástrofe sanitaria. Pero es este el desenlace natural de la salud instituida como negocio de inversionistas y banqueros; de un modelo que ante la emergencia (reto de salud pública sin precedentes) no pudo sino perder la última hoja de parra y exhibir sin sonrojarse sus vergüenzas.

2 nov 2020.- Empezaron las EPS por negarse a practicar pruebas de laboratorio. Luego ejecutaron mínimos inaceptables y, encima, los represaron: en septiembre retenían 70.000 pruebas de COVID. Llegaban los resultados cuando el paciente había muerto, cuando no servían ya para diseñar el cuadro epidemiológico o para programar el control social del virus. Al final, se impusieron ante el manso Gobierno para cambiar el protocolo de toma de pruebas por diagnóstico clínico. Una barbaridad. El manejo de la pandemia ha fracasado, con elevadísimo costo en vidas que era evitable en la mayoría de casos, dirá la doctora Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana.

En los 28 años de Ley 100, todos los ministros les tendieron alfombra roja a las EPS, para que se embolsillaran los recursos del sector. Desde Palacios, acucioso liquidador de hospitales públicos porque no daban plata, hasta Alejandro Gaviria y Fernando Ruiz, que malograron la reglamentación de la Ley Estatutaria. Ley magnífica que consagra la salud como derecho fundamental garantizado por el Estado, anclado en la atención primaria e integral al paciente, rico o pobre, y en la prevención de la enfermedad. Y no sólo en el papel.

El proyecto de ley 010 de este Gobierno se reclama reglamentario de la Estatutaria, pero reafirma lo más dañino del modelo privatizador que Álvaro Uribe tomó de Pinochet en 1993 y será enterrado en breve por los chilenos. Coincide con el capítulo de Salud en el Plan de Desarrollo de Duque, cuya bitácora dibuja Carolina Corcho: refuerza las EPS y el sector financiero; acaba, en la práctica, con la red de hospitales públicos, de nuevo por no ser “rentables”; el giro directo a los hospitales, pensado para obviar la intermediación corrupta de las EPS, será ahora opcional.

Redondo es el negocio de las EPS, precisa Corcho, y tiene tres patas. Primero, por la sola gracia de existir, reciben ellas el 10 % de los recursos públicos de salud. Segundo, les llegan fabulosos rendimientos financieros por colocar en los bancos las partidas del sector. Tercero, se forran en utilidades por integración vertical con hospitales y clínicas de su propiedad. Para no mencionar los aportes que 2,5 millones de afiliados al régimen subsidiado tendrán que hacer ahora “solidariamente” al sistema. Ni la billonada que las EPS adeudan a los hospitales y que los contribuyentes asumiremos por la vía del Estado. Ni hablar de recobros por medicamentos fuera del POS. Según la Contraloría, causa principal de la crisis financiera en salud es el crecimiento exponencial y sin control de estos recobros: de $200.000 millones en 2006, pasaron a $4.5 billones en 2018.

Enfermas de avaricia, acaparadoras de lo público, será de presumir que la inoperancia de las EPS en la pandemia obedezca a su sed de oro, que todos los gobiernos han saciado a toneles. A la compulsión de bajar costos para guardarse la diferencia, ahora en pruebas de laboratorio y atención a los pacientes del virus. Nadie puede pensar en serio en dejar al libre mercado la gestión de la pandemia, dijo Harari. Se equivoca. Colombia es excepción que confirma la regla: no sólo está a la vanguardia mundial en desigualdad, lo está también en proporción de muertos por COVID. Y Duque ahí, glacial en la tragedia.

Coda. Pobre mi país, que no pudo gozar de Horacio Serpa como presidente.

Cristinadelatorre.com.co

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20.41.-El entorno presidencial del exsenador CECILIA OROZCO

El expresidente y exsenador, Álvaro Uribe Vélez

Álvaro y Santiago Uribe han mantenido lazos fraternales con otra pareja de hermanos, Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas, durante por lo menos 36 años. A estos cuatro personajes los han unido tantas vecindades, tantos negocios, tantos intercambios de tierras, tantos intereses abiertos y secretos, que bien podrían conformar una sola familia.

3 nov 2020.- No obstante que los Uribe y los Villegas pertenecen a una clase privilegiada de empresarios del campo, sus nombres han figurado, a lo largo del tiempo, en procesos penales de tribunales ordinarios y especializados aunque, tal vez por su condición social, los jueces no logran alcanzarlos. Ha recibido mayor atención judicial, sin llegar al castigo merecido, otra pareja de hermanos vinculados, también, por amistad y negocios con los Uribe y con los Villegas: Pedro y Santiago Gallón Henao, de tal manera que el círculo “parental” de los poderosos caballistas del nordeste antioqueño se puede ampliar a seis, según los rastros de la historia escrita en los expedientes.

Una sociedad ganadera de los Gallón Henao compró la mitad de la hoy famosa hacienda Guacharacas, a la firma Uribe Vélez Asociados Ltda., como lo reveló el columnista Yohir Akerman. Estos Gallón integraron la denominada Lista Clinton, en donde se encuentran empresas y personas cuyos bienes provienen del narcotráfico. Santiago Gallón ha entrado y salido de prisión desde comienzos del 2000; fue condenado por financiar a 300 paramilitares en la región de Amagá y fue procesado por encubrir el asesinato del jugador Andrés Escobar y, más recientemente, por pertenecer a una red internacional de comercio de cocaína.

Álvaro Uribe ha sido el de mayor fortuna entre los seis ganaderos. Pese a que ha sido mencionado desde finales de los años 90 por testigos que lo involucran, así como a Santiago, su hermano, y a sus carnales Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas en la conformación del Bloque Metro, del paramilitarismo que habría nacido y operado en la finca Guacharacas, mitad Uribe-mitad Gallón, para “limpiar” de supuestos guerrilleros y cuatreros las zonas cercanas a sus propiedades, no hay ningún avance investigativo en su caso.

Tampoco ha habido evolución procesal en el grueso expediente en que se pretende descubrir si el exsenador tuvo responsabilidad en las masacres de La Granja y El Aro y en el asesinato del veedor ciudadano Jesús María Valle, entre 1996 y 1998. El caso en contra del líder del Centro Democrático que más avances ha tenido es, curiosamente, el de menor sanción penal por el tipo de delitos investigados: soborno a testigos (para torcer sus declaraciones a su favor) y fraude procesal. La única decisión que ha afectado al jefe político de 10 millones de colombianos fue la de su detención domiciliaria durante mes y medio. Si se considera la gravedad de los hechos en que se compromete, así sea de manera preliminar, su conducta, esa medida de aseguramiento transitoria es, apenas, una caricia judicial.

Su hermano Santiago enfrenta desde hace cuatro años y ocho meses un juicio como corresponsable del asesinato de un conductor de bus de Yarumal, norte de Antioquia, al que habrían ejecutado, por ser sospechoso de robo, miembros del grupo paramilitar los 12 Apóstoles, al que se le atribuyen decenas de crímenes y del que Santiago Uribe sería su jefe y financiador. El aliado y socio de los Uribe Vélez, Luis Alberto Villegas, según recuerda magnífico informe de El Espectador publicado el pasado puente festivo, fue asesinado en 2004 por beneficiarse del negocio de las drogas ilícitas y del robo de gasolina sin permiso del Bloque Central Bolívar al que pertenecía, según confesión hecha por sus compañeros exparamilitares cuando se acogieron a la ley de Justicia y Paz. Y su hermano Juan Guillermo, el sobreviviente de la familia Villegas, sigue siendo el contertulio y amigo de Álvaro Uribe: decenas de conversaciones entre ellos dos fueron legalmente interceptadas por orden de la Corte Suprema en 2018 y 2019. En esas grabaciones consta la intensa tarea desarrollada por Villegas para incidir en la familia de Juan Guillermo Monsalve, principal testigo contra Uribe Vélez en el caso Guacharacas. A Villegas es a quien Uribe le dice: “Esos hijuep… nos están oyendo”, refiriéndose a los magistrados de la Sala Penal de la Suprema. Recuerden que quien así se expresa representó la majestad nacional. Juan Guillermo Villegas también se beneficia de la parálisis selectiva de la justicia: es sujeto de investigación penal en la creación de los 12 Apóstoles, en la comisión de decenas de sus crímenes, en la conformación del Bloque Metro, en la manipulación de testigos del proceso Uribe. Y hasta en intento de desviar la acción judicial junto con el detenido abogado del exsenador, Diego Cadena. Viendo el entorno familiar, social y territorial del señor expresidente de la República, uno comprende lo que parece incomprensible para sus seguidores.

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20.41.-El “Ñeñe” y el MelloYOHIR AKERMAN

Una conversación telefónica legalmente interceptada por la Dijín al presunto narcotraficante muerto Ñeñe Hernández demuestra el papel que este tuvo en la elección del hoy alcalde de Valledupar, Mello Castro González.

Foto: El “Ñeñe” y el Mello 

Recordemos.

7 nov 2020.- El 31 de mayo de 2019 la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional adelantaron un operativo conjunto en seis departamentos del país en el que atacaron las finanzas ilegales de la estructura criminal dirigida por Marquitos Figueroa, y de la que harían parte el señor José Guillermo Hernández Aponte, conocido con el alias de Ñeñe, y el narcotraficante Armando Gnecco Vega, conocido con el alias de Mandarino.

En ese momento las autoridades incautaron a esos presuntos criminales $1,2 billones en varios bienes, entre los que se encontraban 11.949 cabezas de ganado, cinco estaciones de combustible, 10 establecimientos de comercio, 11 sociedades relacionadas con el comercio de hidrocarburos, 72 lujosos inmuebles y 76 vehículos tipo campero y camiones. La Fiscalía logró determinar que dichos bienes habrían sido adquiridos con dineros provenientes de actividades ilegales.

Pero esa investigación en contra del Ñeñe y la estructura política de la organización de Marquitos Figueroa dio un giro de 180° y entró en el congelador desde que se conocieron unos audios que implican a varias personas de la campaña de Iván Duque y a otros políticos. Ahora la justicia persigue a los investigadores de la Dijín que consiguieron los audios.

 

Uno de esos políticos es el Mello Castro.

José Santos Castro González, quien cambió su nombre de pila a su apodo oficial: Mello Castro González, ha sido cercano al círculo del Ñeñe desde hace años. Según lo muestran las publicaciones en Instagram de la cuenta del presunto narcotraficante y brazo político de Marquitos Figueroa, desde el 3 de agosto de 2015 el Ñeñe estaba haciendo campaña por Mello para su primer puesto en la Asamblea Departamental del Cesar.

Posteriormente, luego de haber apoyado la campaña de Iván Duque a la Presidencia, como lo reveló una investigación de La Nueva Prensa ratificada por otros audios publicados en Noticias Caracol, el Ñeñe Hernández se decidió por el Mello Castro a la Alcaldía de Valledupar, como lo expone un audio del 28 de agosto de 2018, interceptado por la Dijín.

 

-Ñeñe: Hola, compadre.

-Voz masculina no identificada: Oiga, manito, me tocó arrancar, pero le comento de rapidez.

-Ñeñe: Ajá.

-Voz masculina: Compa, mire, vea. Andamos un combo de amigos tratando de organizar unos temas políticos. Hay un amigo en común suyo y mío que es el Mello Castro.

-Ñeñe: Ajá… sí.

-Voz masculina: Estamos tratando de convencerlo para frentearlo para el tema de la alcaldía. ¿Oyó? Creo que es el momento, creo que nosotros, si armamos una buena vaina, tenemos cómo derrotar a Ernesto. Y a Ernesto el único que lo puede derrotar hoy así en el panorama político es un pelao así como el Mello.

-Ñeñe: Ajá, nuevo.

-Voz masculina: Amigo, con nombre, nuevo, que cae bien, que tiene carisma. Yo sé que él es muy buen amigo suyo.

-Ñeñe: Sí, claro.

-Voz masculina: Yo me reuní con él ayer y entre las personas estratégicas que le dije: Hey, ¿quién te pide consejos? Pues el tema tuyo.

-Ñeñe: Ajá.

-Voz masculina: Él, de todas formas, te va a buscar, pero si no tú lo buscas a él.

-Ñeñe: Él anda mucho con José Miguelbueno él conmigo es muy especial…

-Voz masculina: Él contigo te tiene respeto y te tiene como consejero…

El 27 de octubre de 2019 el Mello Castro ganó la Alcaldía de Valledupar alcanzando 71.159 votos y dejando en segundo lugar a Ernesto Orozco, de la coalición Por ti, Valledupar. (Oír audio)

Según el audio, el Mello compartía o comparte mucho tiempo con José Miguel Hernández, hijo del Ñeñe, lo cual también queda demostrado por varias fotos publicadas en cuentas de Instagram.

Pues un dato adicional develado por La Nueva Prensa resulta interesante. Y es que una semana antes de ser asesinado en Brasil el 1° de mayo de 2019, el presunto narcotraficante Ñeñe Hernández les transfirió la representación legal de sus principales sociedades y bienes a sus dos hijos: Juan David y José Miguel Hernández López.

Recordemos que la Fiscalía incautó algunos de sus bienes el 31 de mayo de ese año, y para ese momento una gran mayoría ya habían sido transferidos a sus hijos con el fin de esconderlos.

Pues la relación con el Mello Castro parece demostrar que sus hijos no solo heredaron los bienes que estaba persiguiendo la justicia, sino algunas de las relaciones políticas que ahora esa misma justicia no quiere perseguir.

@yohirakermanakermancolumnista@gmail.com

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20.41.-Carta a Salvatore Mancuso PATRICIA LARA

Señor Mancuso:

En los medios se reprodujeron sus declaraciones ante un tribunal de Justicia y Paz y ante la Comisión de la Verdad, que no pueden pasar desapercibidas y requieren precisiones.

5 nov 2020.- Por ello y porque usted ha reiterado que desea contar toda la verdad, le hago estas preguntas:

  1. En la sesión de la Comisión de la Verdad en la que le pidió perdón a Martha Cecilia Domicó porque el 2 de junio de 2001, en Tierralta, mató a su padre, el líder indígena Kimy Pernía Domicó, y arrojó su cadáver al río Sinú, usted dijo que ese fue un crimen de Estado porque recibió una orden “del Estado, de las Fuerzas Militares, del comandante Carlos Castaño” para asesinarlo, como “parte de una estrategia sistemática para debilitar a las comunidades indígenas y evitar que exigieran sus derechos” frente a la construcción de Urrao. Por favor, precise ¿qué militar le ordenó a Castaño asesinar a Pernía y qué intereses pretendían defender con esa acción? Diga, por otra parte, ¿a quiénes pertenecían los negocios que, al parecer, perjudicaban las acciones de los indígenas? Usted agregó que contaría cómo funcionaba “el mecanismo para que las instituciones del Estado” les informaran a las autodefensas cuándo “hacer presión sobre ellos” y cómo les “llegaba la información para que de una u otra manera (se desembarazaran) de esa presión”. ¿Puede, por favor, precisar cómo funcionaba ese mecanismo?
  2. Usted afirmó ante Justicia y Paz que “cada vez que (ha dicho) verdades que afectan a esos poderosos de turno del país político afectos al gobierno de Uribe, inmediatamente empiezan presiones y persecuciones jurídicas” para armarle procesos en la justicia ordinaria, con el fin de tratar de involucrarlo en hechos en los que no tiene responsabilidad, todo con el propósito de excluirlo de los beneficios de Justicia y Paz. ¿Cómo puede probar esa afirmación? ¿Qué procesos ficticios le han armado en la justicia ordinaria? Sea más específico, por favor.
  3. Usted dijo que en el Gobierno de la época (¿cuál?) no querían recibirle los bienes que estaba entregando para reparar a las víctimas, porque buscaban un pretexto para extraditarlo con el argumento de que estaba incumpliendo los acuerdos del proceso de paz llevado acabo con las autodefensas. ¿Cómo puede probar que, en efecto, el Gobierno no quería recibirle los bienes?
  4. Usted manifestó que, cuando empezó a dar “declaraciones que afectaron los intereses del Gobierno de turno”, movieron de las cárceles a los implicados, con el fin de que no reconstruyeran la verdad, y que a pesar de que usted, a través del comisionado de Paz (¿cuál?), le solicitó 20 veces al Gobierno que le permitieran reunirse con las personas que estuvieron bajo su mando, con el propósito de reconstruir las verdades, el Gobierno lo impidió. Diga, por favor, cómo puede probar esa afirmación.
  5. Usted dijo que el Gobierno presiona a la Fiscalía para que no se le reconozcan los beneficios a que tiene derecho en Justicia y Paz, y que hay fiscales que han manipulado información y testigos para buscar su exclusión de esa jurisdicción, en retaliación por las verdades que ha contado y afectan al Gobierno. Por favor, precise el nombre de esos fiscales y de los testigos que dice que han manipulado.

Para que el país conozca toda la verdad, como usted lo desea, señor Mancuso, lo invito a que responda estas preguntas, con la certeza de que sus respuestas se publicarán en este espacio.

Atentamente,

Patricia Lara Salive

www.patricialarasalive.com, @patricialarasa

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  • 20.40.-¡Peligro, la minga hace política!  CRISTINA DE LA TORRE
  • Cómo manipulan la justicia CECILIA OROZCO
  • «Tres mujeres fuertes contra hombres fuertes de Europa Central, se enfrentan a los líderes populistas y populares« – SYLVIE KAUFFMANN*
  • Infracciones de tránsito YOHIR AKERMAN

Les quitan la vida, les roban la tierra y ahora quiere la caverna hurtarles también el espacio político a los indígenas, arena del poder que las élites consideran patrimonio suyo, exclusivo. Atropellando su derecho a reclamar vida, paz, democracia y territorio —motivos típicamente políticos—, el Gobierno y sus validos invaden a gritos la escena para desconceptuar a la minga y solapar la amenaza de molerla a palos. O a bala.

26 oct 2020.- Dizque por sospechas de que alberga en su entraña guerrilleros. Por la “infamia” de atentar contra la reactivación de la economía, diría Mac Master, aunque ésta no toque a los millones de hambrientos y cesantes. Por desafiar al virus, que el Gobierno dejó desbordarse al depositar en las glotonas EPS semejante reto de salud pública: el sistema privado ha engavetado 70.000 pruebas de COVID-19. Por la impudicia de buscar diálogo directo con el presidente. Por tener la minga carácter político, no reivindicativo, un pecado mortal para la ministra del Interior. Por la diabólica aspiración de llegar al poder para instaurar el socialismo, como sagazmente se lo pilla Él, perdonavidas favorable a la masacre humanitaria (¿?) cuando de terroristas —de no uribistas— se trate. Por no ser los mingueros egresados de la Sergio Arboleda.

Tras el lucimiento de la minga que dejó a la derecha con los crespos hechos, puso Duque los pies en polvorosa. Quedó su pusilanimidad expuesta a plena luz. Y confirmado que la vieja historia de exclusión de los “otros” (opositores, librepensadores, minorías o mayorías silenciadas) se reedita hoy en charada. Ahí están, para no ir lejos, el pacto bipartidista del Frente Nacional, el exterminio de la UP con sus 6.528 víctimas, los centenares de líderes sociales asesinados en la criminal indiferencia de este Gobierno, las 16 curules de paz enterradas por su aplanadora parlamentaria. Política sin miramientos a costa del contradictor.

Pero esta charada podrá aumentar el caudal de sangre. Entre la maraña de advertencias, amenazas y conjuros del partido de Gobierno descuella el llamado del senador Fernando Araújo del CD: “En Colombia unos pirómanos buscan generar caos para destruir la democracia y el Gobierno no lo puede permitir y debe apelar a la conmoción interior”. La medida autoriza al Gobierno a limitar la movilidad individual y colectiva, a controlar la prensa, a suspender mandatarios regionales, a decretar impuestos y modificar el presupuesto nacional, a allanar y detener ciudadanos sin orden judicial, por sospechas. Desenterraría el estado de sitio que durante 30 años convirtió al país en la dicta-blanda del continente. Sólo que ahora, con el autoritarismo que avanza a paso marcial, tiraría más a dicta-dura.

Alarma la coincidencia de esta propuesta extremista con el asesinato de tres dirigentes del partido de oposición Colombia Humana —Campo Elías Galindo, Gustavo Herrera y Eduardo Alarcón—, por un lado. Por el otro, con amenaza de masacre de las Autodefensas Gaitanistas contra los militantes de este partido en la Guajira. Así reza el panfleto: “Hemos dispuesto como respuesta armada a los diferentes actos proselitistas de las acciones comunistas el exterminio sistemático de todos y cada uno de sus militantes… (los declaramos) objetivo militar”.

El derecho a manifestarse en las calles no es baladí: fue en la calle donde nacieron los partidos políticos; en ella se defiende el establecimiento, se gesta el cambio o se fragua la paz. La calle es escenario primigenio de la democracia, del ejercicio de la política en libertad, más allá del parlamento y de la urna. Derecho hermano del de tomar partido por el gobierno o por la oposición sin morir en la jornada. Sin tener que denunciar, como denuncian los marchantes del 9 de septiembre, los líderes sociales, los indígenas: ¡Nos están matando!

Cristinadelatorre.com.co

https://www.elespectador.com/opinion/peligro-la-minga-hace-politica/

20.40.-Cómo manipulan la justicia CECILIA OROZCO

Foto El Espectador

Los culpables de cuello blanco suelen huirle a la justicia y al control social mientras alegan que son capaces de enfrentar lo que sea. Posan como valientes pero, en lugar de defenderse jurídicamente, atacan a sus jueces y desprestigian a sus denunciantes, acusándolos de atrocidades para poner en duda su credibilidad, invalidar las evidencias en su contra, traspasar su condición de victimarios y apropiarse de la de víctimas y confundir, en ese zaperoco de desinformación, a la opinión pública.

27 oct 2020.- Así manipulan a Colombia. El 4 de agosto pasado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema resolvió por unanimidad la situación del entonces senador Álvaro Uribe, imponiéndole medida de privación de la libertad en su residencia por su presunta responsabilidad en los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. La detención domiciliaria se le aplicó después de “un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia…”. Nadie, ni por miope que sea, niega las influencias de Uribe: un dedo que levante, una legión de partidarios que hacen lo que desee. ¿Obstruir la justicia? ¡Si eso ha hecho toda su vida! Sin embargo, temblaron hasta las piedras por la orden según la cual debía quedarse en una de sus mansiones, qué doloroso castigo. Ocho días después, el procesado se hizo tomar una foto lastimera y la subió a Twitter con el número de reseña penitenciaria para acentuar su victimización. Pero, tras su ataque, preparaba el escape con sus abogados, muy bien conectados, muy bien enterados de lo que sucede en las sesiones reservadas de la Corte.

El viernes 14 de agosto, cuando comenzaba un puente festivo, el magistrado instructor firmó —para notificar al interesado, la semana siguiente— una decisión en otra investigación en que ordenaba la práctica de pruebas con el fin de “dar impulso a la actuación previa seguida en contra del senador Álvaro Uribe Vélez”. Este caso sí trasnocha al exmandatario pues el de soborno a testigos, por mucha bulla que haya hecho, es una bobería al lado del radicado bajo el número 45110. Allí se le examina por “los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro, desplazamientos forzados y conexos, declarados como ‘crímenes de lesa humanidad’ por la Sala Penal de la Corte Suprema…”. Los hechos relacionados bajo ese radicado son las masacres en que murieron, fueron torturadas, violadas y desplazadas decenas de personas en el municipio de San Roque (1996) y en los corregimientos La Granja (1996) y El Aro (1997) del municipio de Ituango, Antioquia; y también se incluyó el atroz asesinato del concejal y líder político Jesús María Valle, acribillado en la silla del escritorio de su oficina, en Medellín, en 1998. El “impulso” que dio el investigador al caso no constituía persecución a su líder, como gritaba el uribismo: daba cumplimiento a peticiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado colombiano por esos crímenes y que le recomendó “allegar los informes necesarios sobre la investigación 45110”. El documento del magistrado contenía, al final, la decisión de conceder la realización de una diligencia “solicitada por la defensa del senador Álvaro Uribe Vélez” en que él pedía ser escuchado en versión libre. Por fanfarrón él y por baladrones sus abogados, el instructor tuvo que llamarlo a declarar. No obstante, la manada ignorante volvió a pobretearlo por el “acoso judicial” que padecía. El puente festivo continuó el sábado 14, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto.

El martes 18 la nación se paralizó cuando Uribe Vélez anunció públicamente su renuncia al Senado a las 3:30 de la tarde, según hora fijada en el comunicado de su partido. Con una rapidez y eficiencia asombrosas comparadas con el ritmo del trabajo legislativo, el Senado aprobó ese mismo día el retiro del expresidente. El miércoles 19, llegó la notificación de la Sala de Instrucción al investigado y sus avispados defensores quienes, de nuevo, lo victimizaron “viendo con sorpresa” cómo la Corte comunicaba el auto cuando ya había renunciado. Puntillazo final: exigieron el traslado del proceso, con pruebas, testimonios y todos los casos relacionados a la Fiscalía del amigo Barbosa. El 15 de septiembre el “valiente” Uribe y sus abogados adivinos respiraron aliviados: la Sala de Instrucción decidió “la solicitud de remisión por competencia” de la investigación por las masacres y el asesinato de Valle al ente investigador. Descansaron el indagado y sus abogados porque los expedientes por esos crímenes se han arrastrado, anaquel tras anaquel, en el sistema judicial desde el año 2000. ¡Hace 20 tenebrosos años! Y así seguirán. Quienes no estarán en paz serán los asesinados de 1996, 1997 y 1998.

https://www.elespectador.com/opinion/como-manipulan-la-justicia/

20.40.-«Tres mujeres fuertes contra hombres fuertes de Europa Central, se enfrentan a los líderes populistas y populares« – SYLVIE KAUFFMANN*

Presidenta, comisaria europea, jefa de la Fiscalía Anticorrupción: estas tres mujeres son el mejor contraejemplo de la deriva autoritaria que está socavando la región, analiza Sylvie Kauffmann, columnista de «Le Monde» en su columna.

La rumana Laura Codruta Kövesi, de 47 años, es la jefa de la futura fiscalía europea contra la         corrupción. ADRIAN CATU / AFP

No tienen la notoriedad de los «hombres fuertes» que a los ojos de muchos europeos encarnan la fase actual del poscomunismo, esta zona gris de democracia antiliberal popularizada por Viktor Orban, en Hungría, y Jaroslaw Kaczynski, en Polonia, pero son el mejor contraejemplo de la deriva autoritaria que amenaza a su región.

28 oct 2020.- Tres mujeres, la democracia ligada al cuerpo, rechazan la inevitabilidad de esta tendencia. Han tomado los pedidos y están tejiendo su red. Su fuerza, la ponen al servicio del estado de derecho.

Estas tres mujeres: Zuzana Caputova, 47, presidenta de Eslovaquia; La rumana Laura Codruta Kövesi, también de 47 años, jefa de la futura fiscalía europea contra la corrupción; y la checa Vera Jourova, de 56 años, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, no están relacionadas personalmente, pero tienen mucho en común.

Zuzana Caputova quiere «cambiar el sistema»

Crecieron bajo el comunismo y luego experimentaron la anarquía en un entorno democrático. Juegan la carta europea al máximo y tienen la intención de utilizar los instrumentos de la ley y la justicia. Son representantes de una nueva generación de mujeres centroeuropeas de la sociedad civil que se enfrentan a los líderes populistas. Y son populares. Tres mujeres fuertes contra hombres fuertes.

Abogada especializada en asuntos medioambientales, Zuzana Caputova acudió de forma casi natural a la lucha contra la corrupción, por la fuerza de las circunstancias, en una Eslovaquia donde oligarcas y mafias dominaban el poder de los más fuertes.

El asesinato del joven periodista de investigación Jan Kuciak, en febrero de 2018, y su compañera, Martina Kusnirova, puso todo patas arriba, y a Zuzana Caputova con: la indignación le hizo salir a la calle, junto a decenas. Miles de eslovacos, luego provocó la caída del gobierno. Un año después, estaba haciendo campaña para las elecciones presidenciales, que ganó con el 58% de los votos.

Eslovaquia: la abogada liberal Zuzana Caputova gana las elecciones presidenciales

Prometió «cambiar el sistema» y, en una entrevista con Le Monde, considera «el funcionamiento de la institución judicial como capital» . Eso es bueno, la Constitución le da prerrogativas en este ámbito. Desde hace dieciocho meses, en Bratislava, la rubia Zuzana Caputova, madre divorciada de dos adolescentes, se ha asentado en este papel presidencial, para el que no estaba destinada, y no pierde la oportunidad de recordar para qué fue. Elegida, durante visitas oficiales a sus pares en Europa Central (rara vez en la misma línea que ella), para discursos públicos o los nombramientos que hace.

Cuando va a Praga para encontrarse con su homólogo checo, el populista Milos Zeman, insiste en ir a inclinarse ante la tumba de Vaclav Havel, donde él se abstiene de acompañarla. Cuando su gobierno le pidió que abriera una conferencia internacional el 8 de octubre, ella solo aceptó con la condición de que se retiraran los fondos para la firma tecnológica china Huawei; Una vez aceptada la condición, aprovecha la oportunidad para abogar por que los fondos para el plan de recuperación europeo posterior al Covid-19 estén vinculados al respeto del estado de derecho, un tema candente en la región.

La tenacidad de Vera Jourova

La diplomacia de Bruselas obliga, Vera Jourova, es un poco más reservada. Cuando le dijo a Spiegel, sobre Hungría, que, en lugar de «democracia antiliberal» , prefería hablar de «una democracia enferma» , el primer ministro húngaro, Viktor Orban, exigió su dimisión al presidente de la Comisión, Ursula von der Leyen, quien obviamente lo rechaza. Preguntada al día siguiente en Euronews, Vera Jourova no se desarma: “Lo que dije, lo dije. “La democracia, insiste, no se limita a las elecciones: todavía es necesario que se cumplan las condiciones para que los votantes ejerzan su libre elección.

Bruselas apoya a su comisario europeo tras los atentados de Viktor Orban

Su tenacidad asombró al microcosmos bruselense, tras un primer mandato como comisaria de justicia donde, al principio, no dimos caro a las discretas posibilidades checas. Pero Vera Jourova estaba endurecida por un calvario personal: en 2006, la entonces viceministra de desarrollo regional, también divorciada y madre de dos hijos, fue acusada de haber aceptado un soborno, detenida frente a las cámaras y colocada más de un mes en prisión preventiva. Para demostrar su inocencia, se licenció en Derecho; la policía admite dos años después que el cargo era infundado. Este error judicial, por el que será indemnizada en 2014, la marcó profundamente.

El formidable desafío de Laura Codruta Kövesi

Sin embargo, si hay algo de lo que no vamos a culpar a Laura Codruta Kövesi es su timidez. Al frente de la persecución anticorrupción de Rumanía de 2013 a 2018, esta oriunda de Transilvania, hija de un fiscal, subcampeona de Europa de baloncesto a los 16 años (mide 1,80 metros), realizó una temida limpieza de la personal político de su país: envió a decenas de funcionarios y funcionarios electos, incluido un ex primer ministro, a prisión y condenó al hombre fuerte de Rumania, Liviu Dragnea, líder del Partido Socialdemócrata, heredero del Partido Comunista.

Los rumanos la aplaudían, los políticos la odiaban. Despedida de su cargo en 2018, presentó su candidatura al año siguiente, a pesar de la oposición de su gobierno, para el cargo de jefa de la futura fiscalía europea anticorrupción, que investigaría, ¡finalmente! – sobre malversación de fondos europeos.

Ahora radicada en Luxemburgo, donde se sentará la fiscalía, Laura Codruta Kövesi se prepara con impaciencia para este formidable desafío para el que contará con la asistencia «de un equipo de ciento cuarenta fiscales valientes y experimentados», delegados por los veintidós estados miembros. Que participan. Su misión: “Demostrar que el estado de derecho es igual para todos. «

Leer también Los retos europeos de Laura Codruta Kövesi, icono de la justicia rumana

No se desespera por encontrar «un arreglo» con los cinco países que se han quedado al margen: Suecia, Dinamarca, Irlanda… Hungría y Polonia.

Sylvie Kauffmann (columnista de «Le Monde»)

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/28/issues-d-europe-centrale-elles-tiennent-tete-aux-leaders-populistes-et-elles-sont-populaires-trois-femmes-fortes-contre-les-hommes-forts_6057600_3232.html

20.40.-Infracciones de tránsito YOHIR AKERMAN

Un convenio entre la Alcaldía de Quibdó y la Federación de Asociaciones de Municipios de Colombia permitió que agentes de tránsito y transporte puedan regular el tráfico vehicular en las calles de la capital del departamento del Chocó. Una noticia que parece muy positiva. Sin embargo, una revisión cuidadosa demuestra todo lo contrario.

Vamos por partes.

1 nov 2020.- El pasado 5 de octubre de 2020 el secretario de Movilidad de Quibdó, Berlintong Cuesta Salas, hizo el anuncio formal que establece que, gracias a un convenio con la Fedeasomunicipios, después de 30 años regresará el control del tráfico de la ciudad. “Hay mujeres, hay chocoanos, hay de Cali, hay de Medellín, hay de todas las ciudades porque colaborar en el tráfico no tiene ciudad, sino que es importante la capacidad y empeño que puedan colocarle a esto”. (Ver Convenio)

El convenio está firmado por el director ejecutivo de Fedeasomunicipios, el señor Eusebio Abad Jaramillo Londoño, quien en el pasado fue director de la Asociación de Municipios del Aburrá Norte (Asoman). Ambas entidades son de carácter privado.

El señor Jaramillo Londoño ha intentado hacer el mismo convenio, algunas veces de manera exitosa, para manejar presupuestos públicos y poner agentes de tránsito por medio de Asoman y de Fedeasomunicipios. Esto lo hizo en otros lugares como Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa.

Ahí está el problema.

Según lo establece la ley 1310 de 2009, la cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia de ese mismo año, los agentes de tránsito y transporte son “empleados públicos investidos de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal, vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales”.

Igualmente, el artículo puntualiza que los grupos de control vial o cuerpos de agentes de Tránsito son: “empleados públicos investidos de autoridad como agentes de tránsito y transporte vinculados legal y reglamentariamente a los organismos de tránsito y transporte”.

Entonces, teniendo claro este precepto normativo, es un hecho que estos son empleados públicos. Y para ejercer su función primero deben estar nombrados en carrera administrativa después de ganar concursos de méritos y posesionarse mediante actos administrativos, más no vinculado por un contrato de trabajo o de prestación de servicios.

Lo que es evidente es que esta no es una tarea que se pueda desarrollar sin los requisitos legales de empleados públicos, y menos por asociaciones privadas que se adueñan de los presupuestos municipales y locales.

Esto está regulado y es ilegal que este personal subcontratado o tercerizado actúen como agentes de tránsito y transporte, dado que esas personas, al no ser empleados públicos, no pueden solicitar documentos oficiales a los ciudadanos, portar uniformes con características oficiales o poner comparendos o multas que terminan en el erario.

Pero como dijimos, esto es una práctica irregular conocida del señor Jaramillo Londoño por su labor con Asoman.

El 14 de julio de 2009 el Ministerio de Transporte le dirigió una carta en la que le señala el sustento jurídico en los pronunciamientos del Consejo de Estado. Allí dice que “no pueden contratar particulares, ya sean personas naturales o jurídicas para el ejercicio de las funciones de agentes de tránsito”. (Ver Carta)

Esto puesto que Asoman, al igual que Fedeasomunicipios, son organismos privados que no están legalmente autorizados para ser autoridades de tránsito y que ni siquiera tienen página web sino unas páginas en Facebook. (Ver Información)

Pese a estas alarmas y ser claramente irregular, la alcaldía de Chocó firmó ese convenio con el ente privado sin sonrojarse y anunciándolo con bombos y platillos, entregando recursos del erario a estos particulares. Peor aún, subcontratando y tercerizando la labor de control del tránsito y transporte.

Aunque es esencial que Quibdó, al igual que otras ciudades y municipios, tengan agentes de tránsito, la verdad es que la ley no se puede tercerizar y la autoridad no se puede subcontratar.

@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/infracciones-de-transito/

  • 20.39.-Presidente en fuga PATRICIA LARA
  • Lupa a los arbitrajes GERMÁN VARGAS
  • Censura judicial a la prensa crítica y a la investigación YOHIR AKERMAN
  • Nepotismo y persecución en la Fiscalí  CECILIA OROZCO
  • Tres lecciones del caso Bieri RODRIGO UPRIMNY
El presidente Iván Duque durante su fugaz visita al Chocó para eludir la minga. Foto El Espectador

Que Duque no hubiera ido a Cali ni al Cauca a reunirse con los indígenas, y que hubiera viajado al Chocó a ocuparse del orden público (lo cual ha debido hacer hace muchos meses), justo cuando la minga llegaba a Bogotá para hablar con el presidente, primordialmente, del derecho de los indígenas a la vida porque los están matando en sus territorios, no es solo un acto de la mayor descortesía y una actitud que denota desprecio hacia ellos, sino la muestra de una peligrosa inseguridad.

22 oct 2020.- Lo mismo ocurrió el año pasado: la minga estaba en la plaza de Condoto y el presidente se encontraba encerrado a 100 metros de distancia. Luego de unas horas se fue y no habló con la minga, dizque porque habían descubierto un plan para atentar contra su vida. ¡Nadie va a atentar contra Duque! Mucho menos los indígenas, que justo esta semana demostraron cómo se protesta de manera pacífica.

Algo parecido ocurrió con el comité del paro el año pasado: se reunió tres horas con él. Pero el Gobierno planteó que en los encuentros tenían que participar los entes de control, los gremios y los empresarios. El comité del paro no aceptó y se diluyó la posibilidad de concertación directa. A cambio, el presidente se inventó la tal conversación nacional, que no terminó en nada.

Y, al momento de escribir esta columna, parece que con este paro va a pasar lo mismo: el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, dijo que el presidente no pensaba reunirse con los organizadores del paro, y Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), aseguró que las protestas persistirán hasta que el presidente se “baje del pedestal”.

Pero mientras Duque continúa encaramado en su pedestal o, mejor, fugado o encerrado para ocultar su inseguridad, el malestar social crece y la ciudadanía siente que el país se desbarata.

¡Qué lejos están los tiempos de los grandes líderes! Es famoso, por ejemplo, ese episodio ocurrido en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que bien relata Jaime Aponte, su secretario privado, en su libro Confidencias del poder: a raíz de un alza en el transporte, a comienzos de 1969, se preparaba un gran paro nacional que amenazaba con paralizar el país y tornarse violento. Entonces Lleras citó a las centrales obreras a una reunión para analizar las propuestas del Gobierno. Fueron dos días de discusiones casi ininterrumpidas. La última terminó a las seis de la mañana. Los asistentes salieron extenuados y convencidos de que había que desistir del movimiento. Meses después, Lleras nombró al sindicalista Antonio Díaz ministro de Comunicaciones. Pero esos eran otros tiempos. Y otros líderes…

Nota. El martes asesinaron a dos dirigentes de Colombia Humana: Eduardo Alarcón, exconcejal en Huila, y Gustavo Herrera, gerente de la campaña presidencial en el Cauca. Y el domingo acribillaron en La Uribe, Meta, a Jesús Monroy Ayala, líder ex-Farc conocido como Albeiro Suárez, quien dirigía el proceso de reincorporación en el departamento. Él es el excombatiente número 234 asesinado después de la firma del Acuerdo de Paz. ¡Tres dirigentes políticos de oposición baleados en tres días!

Presidente, por favor, detenga la matazón. No puede seguir con el cuento de que va a hacer y va a tornar, y se va a reunir y va a investigar. No más palabras huecas. Se requiere que muestre resultados ya.

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20.39.-Lupa a los arbitrajes GERMÁN VARGAS

No se puede ser árbitro en unos casos, abogado a favor y en contra de la nación en otros.

El miércoles pasado la firma Sacyr desistió del tribunal de arbitramento en el caso del puente Pumarejo. Por supuesto, no creo que sea una decisión definitiva, y muy pronto insistirán en sus pretensiones para que el Estado les pague $ 200.000 millones adicionales a los ya recibidos $ 615.000 millones del contrato original y $143.000 millones que les reconocieron posteriormente.

25 oct 2020.- Como no se pactó cláusula arbitral en el contrato inicial, lo lógico sería que esta reclamación se tramitara ante la justicia contenciosa. Ojalá las partes así lo convinieran para tranquilidad de todos y transparencia en la resolución de esta.

Y ojalá ocurriera lo mismo con el tribunal que se alista a resolver las reclamaciones por $ 44.000 millones relativas al puente Hisgaura, de las que me ocupé la semana pasada.

Muy oportuno resulta recordar que el primer tribunal designado para dirimir las controversias sobre el puente Pumarejo estuvo integrado por la doctora Consuelo Sarria y el doctor Alfonso Gómez Méndez, quienes, en gesto que los enaltece, renunciaron a él luego de conocer la designación del tercer árbitro, quien no formaba parte de la lista preseleccionada originalmente. Se procedió entonces a designar un nuevo tribunal, en este caso conformado mediante el mecanismo de sorteo, por los árbitros William Barrera y Marcela Romero. Inexplicablemente, el tercer árbitro no fue sorteado y, vaya coincidencia, terminó siendo nombrado el ya conocido doctor Eduardo Fonseca, árbitro en el tribunal del puente Hisgaura. Qué curiosidad que en los dos tribunales en donde el demandante es Sacyr, uno de los árbitros sea el mismo doctor Fonseca, sobre quien, ya señalé, ha debido hacer público su protuberante conflicto de intereses en estos casos por ser socio y amigo íntimo del director jurídico de Sacyr, el doctor Francisco Martínez.

Todo indica que la relación entre Fonseca y Martínez, como lo reveló Julio Sánchez en La W, es aún más estrecha y que el primero sería, además, el padrino de bautismo del hijo del segundo y que habrían tenido oficina juntos –Consultoría Contractual–, así como viejas relaciones en el sonado caso Comsa, donde Sacyr también era accionista. Estas relaciones deberán ser aclaradas, ojalá prontamente, en la respuesta que el doctor Fonseca deberá dar a la carta que en tal sentido le remitió la Agencia Jurídica de la Nación, cuyo representante para el caso, aunque tardíamente, ha exigido una explicación satisfactoria.

A todo esto se llegó por la todavía no explicada decisión del Invías de habilitar una cláusula arbitral que no existía en los contratos. Esta decisión se tomó en contravía del concepto de la dirección jurídica de la propia entidad y también de la interventoría. No me cansaré de preguntar –esta es la tercera vez–: ¿por qué se tomó esta decisión? ¿A quién favorecía esta? ¿Por qué acelerar el trámite de las reclamaciones? ¿Por qué evitar la jurisdicción contenciosa? La Procuraduría, la Contraloría y la Agencia de Defensa del Estado deberían exigir una explicación. Y a todas estas, ¿qué tareas cumple en la actualidad el doctor Carlos Rosado, antiguo director de Invías, para la firma Sacyr?

Habiendo sido autor, como ministro de Justicia, de la reforma de las normas de arbitraje, trabajo póstumo coordinado por el doctor Fernando Hinestrosa, ahora veo que nos quedamos cortos en establecer restricciones para que alguien simultáneamente pueda ser árbitro en unos casos, abogado a favor y en contra de la nación en otros. No podemos permitir que se cartelice este valiosísimo mecanismo de resolución de controversias.

Celebro, ya lo dije, con reservas, esta decisión en el caso del puente Pumarejo que ojalá se replique para el caso del puente Hisgaura, sin importar el estado de avance de los trabajos de este tribunal que, entiendo, se encuentra ya en etapa de alegatos de conclusión.

  1. D.El Congreso peruano rechazó esta semana la aprobación del polémico Tratado de Escazú. Igual suerte corrió en Chile, y probablemente también será negado en el Brasil. Me resisto a creer que en esto vamos a terminar acompañando a Bolivia, a San Vicente y las Granadinas y a Nicaragua, entre otros países signatarios.

20.39.-Censura judicial a la prensa crítica y a la investigación YOHIR AKERMAN

Sigamos con los ejemplos de cómo el uribismo, el gobierno del presidente Iván Duque y los funcionarios que tiene de bolsillo en esta administración están aplicando estrategias para censurar a la prensa crítica y de investigación.

 

24 oct 2020.- El pasado 8 de octubre la Fiscalía General hizo llegar una carta dirigida al director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) anunciando el allanamiento de las instalaciones de la organización para obtener el registro de visitas a su sede entre el 6 de diciembre de 2018 y el 23 de enero de 2019, junto con el reporte de las veces y motivos por los que Diana Díaz, directora de Señal Colombia en el momento, estuvo en ese lugar.

Esto, como parte de la imputación a Díaz por haber grabado a su entonces jefe y gerente del sistema de medios públicos RTVC, Juan Pablo Bieri, mientras le ordenaba censurar un contenido periodístico.

Contemos la historia de atrás para adelante.

El 6 de diciembre de 2018 Señal Colombia, que hace parte de RTVC, anunció la quinta temporada del programa Los Puros Criollos, conducido por Santiago Rivas. En ese mismo momento Rivas apareció en la mañana en el programa La Pulla criticando varios aspectos de la llamada Ley TIC promovida por el Gobierno. Esa noche el programa Los Puros Criollos no salió al aire pese a estar anunciado y las sospechas de censura empezaron a esparcirse por las redes sociales. (Ver La Pulla).

Dos días después, el 8 de diciembre, Bieri, en un mensaje publicado en la cuenta de Twitter de RTVC, negó tajantemente que hubiera censura en la no emisión del programa. La verdad se conoció el 23 de enero de 2019 y es que Bieri tomó la autoritaria medida de sacar de la parrilla de programación de Señal Colombia el programa Los Puros Criollos, por las opiniones de su presentador en contra del proyecto de ley del Gobierno.

Bieri fue grabado en un audio que no solo demostró su prepotencia, sino también su ignorancia, en el que se oye su voz ordenando claramente el acto de censura arbitraria.

Ese hecho fue denunciado por la alianza La Liga Contra el Silencio que promueve y financia la FLIP, puesto que esa entidad tiene como función evitar este tipo de actos en contra de la libertad de prensa y opinión. (Oír Audio)

La mentira, no la censura, le costó a Bieri la salida de su cargo como gerente de RTVC, ya que se vio obligado a renunciar el 25 de enero de 2019. Pero su exilio del Gobierno duró poco ya que el 1° de noviembre de 2019 fue premiado con un contrato de prestación de servicios, el 215-19, con la Presidencia de la República por la bicoca de $468′500.000 hasta el 30 de noviembre de 2021.

Un Gobierno que evidentemente no tiene vergüenza en premiar a los censuradores o a los que caen públicamente en sus mentiras frente a todo el país.

Y ahora la Fiscalía, usando su peso como institución de investigación, empieza una persecución a quien denunció el acto de censura de Bieri, y no al censurador, en un suceso que convierte la censura en una persecución judicial.

Como dije en mi columna anterior: igualito a Venezuela.

Desde cualquier punto de vista es claro que es un error que la Fiscalía esté actuando en contra de periodistas para perseguir a sus fuentes, cuando estos están cumpliendo con su labor de informar sobre asuntos de interés público como fue el acto de censura de un funcionario que trabajaba para el Estado.

Como también es incomprensible que el ente investigador, por defender a los funcionarios del Gobierno, ejecute estrategias innecesarias, ilegítimas y desproporcionadas en contra de la fuente y de una entidad a cargo de defender la libertad de prensa.

Intentar allanar la sede de la FLIP por defender la libertad de prensa es como abrirle una investigación al arquero de la selección Colombia por tapar goles. Inconcebible y equivocado.

No solo eso, sino que también es ilegal y si algo debería de saber la Fiscalía es sobre la ley. La directiva 007 de 2016 de la Fiscalía General reitera que está constitucionalmente prohibido y es injustificado citar a un periodista a rendir testimonio o entrevista en relación con información suministrada por sus fuentes.

Así de claro y así de sencillo.

Por eso imputar cargos a una fuente que se atrevió a denunciar irregularidades que eran de interés público es actuar contrariamente a estándares internacionales sobre protección de los denunciantes e instrumentalizar de manera equivocada los mecanismos legales y penales, ya que nunca deberían ser utilizados para acosar e intimidar a personas o periodistas.

Pero, entonces, ¿por qué la Fiscalía se expone a esta cadena de errores pese a que han dado muestras de que se pueden patrasear? La respuesta es que para este fiscal general la amistad parece ser más importante que la ley.

En su vida antes de ser fiscal Francisco Barbosa fue funcionario del Gobierno y antes de eso se dedicó a hacer campaña por el actual presidente Iván Duque. En la campaña trabajó hombro a hombro nada más ni nada menos que con el señor Juan Pablo Bieri, como lo muestran múltiples fotos de los eventos en la carrera por la Presidencia.

Un ejemplo es la foto del 24 de mayo de 2018 de una reunión en El Tiempo en la que se observa que Barbosa y Bieri estuvieron juntos acompañando a Duque y al equipo de la campaña presidencial a un debate realizado en esa fecha.

Que el Gobierno esté utilizando la Fiscalía para perseguir a los periodistas críticos con el Ejecutivo y que Barbosa se preste para instrumentalizar el ente investigativo para vengar temas personales de sus amigos no es más que otra muestra de que Colombia cada vez implementa más tácticas del régimen venezolano.

Ignorar esto es dejar de leer lo más preocupante: que el uribismo y este Gobierno, con su persecución a los periodistas, la oposición, los jueces y los críticos, están intentando construir su propia realidad a partir de elementos que no son verdaderos y dejar escrita una historia que no corresponde a la que estamos viviendo.

@yohirakermanakermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/censura-judicial/

20.39.-Nepotismo y persecución en la Fiscalí  CECILIA OROZCO

Francisco Barbosa hace méritos para pasar a la historia como el peor fiscal general de Colombia a pesar de que hemos soportado las conductas abusivas de varios de sus antecesores, difíciles de superar.

20 oct 2020.- Pero Barbosa les va a ganar porque tiene con qué: escasa inteligencia cognitiva, ausencia de inteligencia emocional, nula conciencia del uso ético de los bienes públicos e incapacidad para reconocer la frontera que divide los intereses generales de los particulares.

Se trata de una mezcolanza de males que puede conducirnos a una hecatombe judicial de la que no podrá reponerse el país en años. De ese nivel es el desatino de la postulación de su nombre por Iván Duque y de su selección por la Corte Suprema, el alto tribunal que la ciudadanía demócrata respalda por la independencia de la mayoría de sus fallos pero al que, de otro lado, habrá que pedirle cuentas por la calidad de funcionarios que ha elegido en la Fiscalía y, también, en la magistratura.

Barbosa persigue a quienes señale el Gobierno del que nunca se retiró. Torpedea los casos que afectan a los aliados. Cambia fiscales y directores a su antojo, envolviendo su voluntad interesada con rótulo de “discrecionalidad”. Nombra y desnombra a los funcionarios, no para mejorar su planta sino para poner, en lugar de los despedidos, a parientes y recomendados. Y, en sus ratos menos peligrosos, arma paseos e intercambia puestos: contrata a fulano o a fulana mientras sus amigos enganchan a zutano o a zutana.

Al escandaloso episodio develado por los periodistas Guillén y Martínez sobre el montaje urdido entre la Fiscalía, unos perversos ultraderechistas y el jefe de todos ellos para culpar del asesinato de Álvaro Gómez a las personas que ordene la familia de la víctima, aun cuando no existan pruebas ni debido proceso, se suma la no menos escandalosa persecución de Barbosa a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y a Diana Díaz, exdirectora del canal oficial Señal Colombia.

A la primera, una conocida organización civil de protección del derecho de información y opinión, le practicará una inspección —un allanamiento— para esculcar sus archivos y descubrir, en los videos de las cámaras de vigilancia, a los “sospechosos” que visiten esa ONG. Falta que pongan preso a su director, que ya fue citado a entrevista judicial. En cuanto a Díaz, la Fiscalía le imputará el delito de “utilización de asunto sometido a secreto o reserva” para castigarla por haber revelado una grabación en que consta que su exjefe, actual asesor de Duque, Juan Pablo Bieri, censuró un programa periodístico.

La censura al pensamiento y a la expresión está prohibida por la Constitución. Pero el señor Barbosa decidió penalizar a la FLIP que publicó la denuncia y a Diana Díaz, la denunciante. La tenaza oficial premió, en cambio, al censor: meses después del lío, la Casa de Nariño recontrató a Bieri por dos años, hasta finales del 2021, para apoyar al presidente por una suma mensual de $19’500.000 (ver). Con Barbosa y Duque, la justicia funciona al revés: se castiga al honesto y se favorece al infractor si este es de los “nuestros”.

Hace dos semanas, los pasillos de la Fiscalía temblaron con la noticia del abrupto despido del director antinarcóticos, Ricardo Carriazo, un funcionario apreciado por sus colegas y por las agencias extranjeras que apoyan la lucha contra el narcotráfico. Barbosa alegó “discrecionalidad” para renovar su equipo. Y, acudiendo a esa misma facultad, nombró como sustituta de Carriazo a otra curtida fiscal llamada María Elena Monsalve cuya hoja de vida es larga y productiva. Sin embargo, el nepotismo está prohibido en la función pública de acuerdo con el artículo 126 de la Carta Política (ver).

Monsalve y la vicefiscal Martha Mancera han debido declarar su impedimento por el vínculo que las une, ante el importante ascenso oficial e incremento salarial que obtuvo la nueva directora antinarcóticos. Pero el nepotismo es práctica que no molesta a Barbosa, a quien no le preocupó que su esposa fuera contratada por su par, el contralor general, mientras él mantenía en la Fiscalía a la cónyuge de Felipe Córdoba la cual, para ser justos, tuvo mayor decoro que la suya, y se retiró.

Con desfachatez absoluta y ante la falta de quien lo meta en cintura, el fiscal general mantiene en la seccional del Tolima a la esposa de su juez nominal, Ricardo Ferro, representante a la Cámara de la entraña uribista y miembro de la Comisión de Acusaciones, única que puede investigarlo. Es decir, Barbosa “compró”, en la práctica, a su eventual juzgador dándole puesto y salario a la pariente de este. Por un caso similar se anularon las elecciones de Alejandro Ordóñez y Francisco Ricaurte. Pero ahora estamos en el reino de la impunidad uribista y no tenemos más remedio que sobrevivir a ella o terminar huyendo.

https://www.elespectador.com/opinion/nepotismo-y-persecucion-en-la-fiscalia/

20.39.-Tres lecciones del caso Bieri RODRIGO UPRIMNY

Foto: Juan Pablo Bieri, Diana Díaz, quien entregó la grabación a la Flip 

El caso Bieri trae tres lecciones: i) el riesgo de un fiscal general cercano al presidente; ii) que la red pública de medios (RTVC) debería ser independiente del Gobierno, para evitar censuras, y iii) la necesidad de mejorar la protección de los whistleblowers o “alertadores”, que son aquellas personas que denuncian graves afectaciones al interés público.

24 oct 2020.- Los hechos del caso son simples: Juan Pablo Bieri, amigo cercano de Duque, fue nombrado gerente de RTVC y sacó de su programación habitual en Señal Colombia el programa Los Puros Criollos, luego de que su presentador, Santiago Rivas, criticara una decisión gubernamental. Esto generó sospechas de censura, que fueron negadas por Bieri. Pero la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), de cuya asamblea general formo parte, mostró, con apoyo en una grabación que le fue entregada con reserva de fuente, que la decisión había sido tomada para castigar a Rivas.

Debido a la denuncia de la Flip, Bieri se vio obligado a renunciar a RTVC, pero fue premiado por su amigo, el presidente, con un jugoso contrato de asesoría por $468 millones. En cambio, la suerte de los denunciantes ha sido otra. Diana Díaz, quien entregó la grabación a la Flip y cuyo nombre llegó a conocerse, fue denunciada por Bieri ante la Fiscalía por “utilización de asunto sometido a secreto o reserva”, que decidió imputarle cargos por ese delito. Además, realizarle una inspección judicial a la Flip y a sus registros, y citó a varios de sus directivos a rendir testimonio en ese proceso.

Para resumir: el censurador premiado con un contrato millonario y los denunciantes inmersos en un proceso penal.

El caso contra Diana Díaz no tiene sentido: no es claro que la grabación de una reunión ordinaria de servidores públicos tenga reserva, ni tampoco cuál es el interés público defendido con esa reserva. Asimismo, el artículo 419 del Código Penal exige que la información sea utilizada “en provecho propio o ajeno”. No incurre entonces en el delito quien no obtiene ningún beneficio por divulgar la información, sino que lo hace por razones de interés público, como en este caso lo hizo Diana Díaz, quien entregó la grabación a la Flip para denunciar una censura.

El hecho de que Díaz y la Flip estén soportando un proceso penal muestra que debe existir en Colombia, como existe en otros países, una protección mucho más robusta de los “alertadores”, quienes no pueden terminar sancionados por denunciar hechos graves, como la censura cometida por Bieri.

Este caso muestra además que debería fortalecerse la independencia de RTVC frente al Gobierno, para evitar este tipo de censuras. Por lo pronto, su gerente no debería ser nombrado por el Gobierno, sino por una junta independiente, como ocurre, por ejemplo, con la BBC en el Reino Unido, que es por eso un medio independiente y respetado.

Finalmente, este caso muestra el riesgo de tener a un fiscal general tan cercano al presidente, como Barbosa, por el peligro de que sea una especie de detective incondicional del presidente, dispuesto a perseguir a los opositores y a cubrir los eventuales delitos gubernamentales. Este peligro ha dejado de ser hipotético. Hoy tenemos una Fiscalía muy diligente en perseguir a una persona por hacer público un acto de censura cometido por Bieri, un amigo del presidente, mientras que esa misma Fiscalía no parece haber visto que Bieri, al usar su cargo para censuar a Los Puros Criollos, pudo haber incurrido en “abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto”, que es el delito previsto en el artículo 416 del Código Penal… solo tres artículos antes del delito por el que persiguen a Diana Díaz.

https://www.elespectador.com/opinion/tres-lecciones-del-caso-bieri/

  • 20.38.-Llegó la hora de las verdadesPATRICIA LARA
  • Los elefantes blancos  AMYLKAR D. ACOSTA
  • La corrupción no es solo de las personas JUAN MANUEL LÓPEZ
  • Coctel explosivo: política, justicia e interés privado CECILIA OROZCO
  • Gobierno: censura a prensa internacional YOHIR AKERMAN

¿Y los paramilitares? Foto El Espectador

Ya sabemos que Tirofijo y el antiguo Secretariado de las Farc son los responsables de los atroces asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, Jesús Antonio Bejarano, el general Fernando Landazábal, el parlamentario Pablo Emilio Guarín y los disidentes de las Farc Hernando Pizarro y José Fedor Rey.

15 oct 2020.- Pero aún nos falta saber quiénes ordenaron matar a los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. Quiénes, dentro del Estado y la clase política, fueron cómplices de los magnicidios del candidato Luis Carlos Galán; del ministro de Justicia Rodrigo Lara; del periodista y humorista Jaime Garzón; del director de El Espectador Guillermo Cano; del periodista Jorge Enrique Pulido; del senador Jorge Cristo; del defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez; de los parlamentarios de la Unión Patriótica Leonardo Posada, Pedro Nel Jiménez, Pedro Luis Valencia, Manuel Cepeda, Jairo Bedoya y Octavio Sarmiento; del líder José Antequera; del abogado José Eduardo Umaña y de quién sabe cuántos más que se me escapan de la memoria. Muertos a los cuales hay que sumarles los miles de asesinados en masacres inenarrables, todo ello ocurrido en esos años 80, 90 y la primera década de este siglo, que constituyen una pesadilla macabra a la que no podemos regresar.

En esa lista entra el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán, que fue la chispa que encendió la guerra y cuyos autores intelectuales se desconocen aún, 72 años después de ocurrido, todo lo cual no solo demuestra el fracaso de la justicia ordinaria en este país de leyes, sino la imperiosa necesidad que tenemos de cambiar de ruta para no seguir ahogados en el fracaso.

Esa nueva ruta no es otra que consolidar la JEP y la Comisión de la Verdad, las cuales —a diferencia de la justicia ordinaria, donde los pleitos, si es que se resuelven, duran hasta 20 o 30 años— ya han comenzado a dar frutos, como se ha visto en la carta del antiguo Secretariado de las Farc donde asumen la responsabilidad por los secuestros y se avergüenzan de ellos, en el reconocimiento que hicieron de los crímenes mencionados arriba y en avances logrados en los procesos de falsos positivos y reclutamiento de menores de edad.

Pero aún falta mucho. Y lo que más falta, aun cuando suene extraño decirlo, es que a los otros actores del conflicto, los paramilitares, les permitan decir la verdad. Empezando por Salvatore Mancuso, responsable de tantos asesinatos y guardián de tantos secretos, que quiere hablar ante la JEP y la Comisión de la Verdad, como se lo dijo en una carta a Álvaro Leyva. Solo pide a cambio que haya garantías de seguridad para él y su familia. Y parece que Jorge 40 y otros también quieren hacerlo.

Es un deber del presidente Duque propiciar que los paramilitares también digan la verdad. Porque este país, más que justicia, lo que necesita es verdad, para que sepamos cuáles fueron los caminos que nos llevaron a esa guerra absurda y entender qué debemos hacer para no repetirla.

Por eso es muy importante impulsar el Movimiento por la Verdad que plantea Álvaro Leyva. Porque todos los actores del conflicto deben decir la verdad, así sea tan dura y dolorosa como la dicha por los autores del asesinato de Álvaro Gómez.

Decir las distintas verdades, escucharlas y asimilarlas es el único camino que tenemos para superar el conflicto. Después de hacerlo, nos sentiremos livianos. Después de saberlas, poco a poco, dejaremos de estar anclados en el odio… y en la guerra.

www.patricialarasalive.com, @patricialarasa

https://www.elespectador.com/opinion/llego-la-hora-de-las-verdades/

20.38.-los elefantes blancos  AMYLKAR D. ACOSTA

Enhorabuena el Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba ha resuelto establecer el Registro Nacional de obras inconclusas en las que están comprometidos recursos públicos, más conocidas como elefantes blancos, que por mandato de la Ley 2020 del 17 de julio de 2020 debe ubicar e identificar “con el fin de definir su terminación, demolición o las acciones requeridas para concretar su destinación definitiva”. 

13 oct 2020.- En este país, abundan como la verdolaga las obras que se han quedado a medio palo, convertidas en monumentos a la negligencia, la desidia y la incuria oficial. A ojo de buen cubero, según el Contralor General, su número supera los 1.400 proyectos en los cuales se han invertido $25 billones, aproximadamente, faltando datos de la totalidad de municipios y departamentos del país.

Esta ley les da un plazo de un año a alcaldes y gobernadores para que reporten el catálogo de obras inconclusas y abandonadas a su propia suerte en su jurisdicción. En su cruzada, el Contralor General les dio un plazo perentorio hasta el 17 de octubre para que lo hagan a su Dirección de Informe, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI). Según lo ha anunciado, su incumplimiento les puede acarrear consecuencias de índole fiscal y disciplinaria. Con motivo de la sanción de la ley, el Presidente de la República Iván Duque manifestó que “este país tiene que acabar esa idea nefasta donde si la obra la empezó un gobierno, el que le sigue no la termina”.

Y no le falta razón, pues la manida promesa de “construir sobre lo construido” suele ser sólo retórica; la obsesión de los nuevos mandatarios es la de alcanzar victorias tempranas, echando mano de los mangos bajitos y muy poco dados a sembrar semillas cuando éstas sean de tardío rendimiento.

Ello los lleva a dejar de lado aquellos proyectos que, según sus cálculos, por el limitado período de gobierno, sus cintas no alcanzarían a cortar en su inauguración. Ello se traduce en la dilapidación en unos casos y en la ineficiencia en la inversión en otras. A Colombia, definitivamente, le hace mucho daño que el largo plazo se reduzca a sólo cuatro años, que es el período constitucional de los presidentes, los gobernadores y los alcaldes.

Según los registros preliminares de la Contraloría General, los departamentos punteros en el listado de elefantes blancos son, en su orden, Tolima con 96, Antioquia con 92, Boyacá con 84, Bolívar con 83, Meta con 82, Valle con 81, Nariño con 72, Cundinamarca con 71 y Arauca con 66. Pero, cuando se consideran los proyectos más costosos, de mayor impacto y relevancia, se destacan tres que se llevan la palma: el túnel unidireccional de La Línea, el Puente Pumarejo y la Represa del Ranchería. Estos tres elefantes blancos son fuera de serie y la Contraloría General les debería poner la lupa.

Si se la pone a la Represa del Ranchería en el Departamento de La Guajira, se llevará muchas sorpresas. Este es un proyecto multipropósito, que tiene por objeto irrigar 18.536 hectáreas de cuatro de sus municipios (Barrancas, Fonseca, Distracción y San Juan del Cesar), generar entre 7 y 10 MW de energía y suministrar agua potable a 9 de los 15 municipios del departamento. Este proyecto no ha contado con suerte: en 1998, cuando estuvo a punto de adjudicarse el contrato para su diseño y construcción en la administración Samper, se malogró al declararse desierta la licitación por parte de su sucesor Andrés Pastrana. Luego, en la administración Uribe, se revivió el proyecto y se construyó la presa El Cercado a un costo de $638.000 millones, la cual se inauguró en diciembre de 2010. Y, desde entonces, allí están embalsados 190 millones de metros cúbicos de agua, mientras a la gente y a la tierra nadie les calma la sed.

Mientras no se construya la segunda fase de este proyecto, que comprende el sistema de riego, drenaje y la red de conducción principal, secundaria y predial, amén de la red de conducción de los acueductos, la Represa del Ranchería seguirá siendo un elefante blanco. Razón tuvo el ex contralor Edgardo Maya cuando no dudó en señalar que “se pudo evidenciar que, a mayo de 2018, el cumplimiento del objetivo y fines planteados en el proyecto para lo cual se desarrolló la obra objeto del mismo, no se ha concretado; salvo el objetivo relacionado con el caudal del río”. La Auditoría efectuada a este proyecto arrojó hallazgos tanto fiscales, por un presunto detrimento patrimonial, como administrativos y disciplinarios “por la gestión antieconómica que ha presentado el proyecto”.

Todo esto se dio, a pesar de dos documentos CONPES a falta de uno, el 3362 de 2005 y el 3926 de 2018, los cuales declararon en forma reiterada este proyecto como de importancia estratégica nacional (PINE), lo cual conllevaba la debida diligencia para abreviar los términos y los trámites para agilizar y acelerar su ejecución y ni así. Hay que pedirle cuentas sobre esta grave omisión a la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos (CIIPE) sobre ello. En el documento CONPES 3926 de 2018, se ordena a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) que establezca la “hoja de ruta para la culminación del proyecto multipropósito del Río Ranchería…Dada su viabilidad, el proyecto deberá ser finalizado como máximo en el año 2025”.

La urgencia de reactivar este proyecto es tanto mayor de cara a la reactivación de la economía en la post pandemia planteada por el Presidente Duque como Compromiso por Colombia y a la imperiosa necesidad que tiene el país, pero sobre todo La Guajira en la transformación productiva, promoviendo otros sectores ahora que el mundo le está dando la espalda al carbón, contrayendo el mercado y derrumbando sus precios, amenazando el empleo y los ingresos que genera El Cerrejón. Además, como lo han podido establecer los expertos Perfetti, Balcázar, Hernández & Leubovich (2013), “se estima que el riego, en particular, puede duplicar el rendimiento por hectárea, según la FAO (2002) y Schoengold & Zilberman (2007) y aumentar en más de un 80% el ingreso promedio mensual de los productores agropecuarios en Colombia”. Este proyecto es verdaderamente vital y estratégico para La Guajira y el país.

Por estas razones y muchas más, coadyuvo la petición dirigida al Presidente de la República Iván Duque, al Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio Jonathan Malagón, al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Rodolfo Enrique Zea y al Gobernador del Departamento Nemesio Roys, liderada por la Fundación Unidos por La Guajira, clamando y reclamando para que salvemos la productividad y el Proyecto Río Ranchería en La Guajira.

https://lalineadelmedio.com/loselefantesblancos/

20.38.-La corrupción no es solo de las personas JUAN MANUEL LÓPEZ

Hasta dónde alguien puede aprovecharse de la corrupción del sistema político para abusar del poder lo han demostrado algunos de nuestros ‘dirigentes’

Las manifestaciones recientes son contra un sistema social empapado en corrupción pero también contra un modelo político que se basa y consolida alrededor de ella 

La calificación de “corrupción” se aplica generalmente cuando se da un aprovechamiento de una oportunidad para enriquecerse deshonestamente porque las circunstancias lo facilitan.

14 oct 2020.- Un elemento es la deshonestidad, pero el otro es el aprovechamiento que depende de que se den las condiciones que lo permiten.

La indignación que genera va más allá de la que produce o produciría el simple aspecto de ser un delito. No sentimos lo mismo ante lo que puede ser un hurto a un apartamento que ante la coima que recibe un político. No es corrupto el que roba una bicicleta pero sí el contratista que no cumple la calidad de los materiales contemplados en la licitación que ganó.

En otras palabras, para acceder a la categoría de corrupto es necesario pasar antes por cierta categoría y cierto nivel de poder.

En alguna forma hasta en esto se manifiesta la inequidad social pues no cualquiera tiene la posibilidad de ser ‘corrupto’ en los términos que lo entendemos usualmente.

Por eso en momentos en qué hay más tensiones sociales ofende más la corrupción. Se retroalimenta la rabia subconscientemente con la sensación de injusticia, lo cual aumenta las ganas de reaccionar.

Infortunadamente el sistema mismo, al propiciar las desigualdades y al convertir el objetivo de la vida en perseguir el poder, se convierte en promotor de la corrupción, o se podría decir en corrupto en sí mismo. En la medida que en el mundo actual el éxito económico es identificado con el poder, donde más se manifiesta y más indignación produce la corrupción es alrededor de casos donde el elemento central es el dinero.

Pero no es el único.

Por ejemplo, se entiende ya como tal el abuso en las relaciones de género donde empieza a rechazarse y entenderse como una forma de corrupción los acosos en los cuales el poderoso aprovecha su jerarquía para explotar en forma indebida a sus subalternos. O el abuso de poder en los administradores de Justicia como sucedió con ‘el cartel de la toga’.

El individualismo a ultranza -característico del neoliberalismo- ha tendido a promover la promoción personal y dejar de lado la actividad colectiva y la solidaridad

Pero en nuestro caso las manifestaciones recientes son contra un sistema social empapado en corrupción pero también contra un modelo político que se basa y consolida alrededor de ella. El individualismo a ultranza -característico del neoliberalismo- ha tendido a promover la promoción personal y dejar de lado como una relación de segunda importancia la actividad colectiva y la solidaridad.

El caudillismo remplazó a los partidos políticos porque nuestra institucionalidad estructuró un sistema para así desarrollarlo. Las listas con voto preferente ponen a competir individuos contra individuos; la circunscripción nacional para el Senado es un proceso darwinista donde el poder personal de los grandes electores excluye cada vez más la representación democrática; el sistema de otorgamiento de avales crea el sometimiento de los congresistas a los directores de los partidos; y por supuesto la falta de regulación y control sobre la financiación de las campañas produce automáticamente la reciprocidad para favorecer a los grandes aportantes.

Ejemplos de hasta dónde alguien puede aprovecharse de la corrupción del sistema político para abusar del poder lo han demostrado algunos de nuestros ‘dirigentes’. En casos tan extremos como el del Partido Liberal pasa a ser anecdótico o irrelevante el nombre de quien así actúa; es la institucionalidad la culpable al permitírselo.

https://www.las2orillas.co/la-corrupcion-no-es-solo-de-las-personas/

20.38.-Coctel explosivo: política, justicia e interés privado CECILIA OROZCO

     

Foto ilustrativa: iStock

Una pandilla siniestra, mitad oficial, mitad privada, se apropia de los entes públicos de Colombia y, ante nuestra indolencia, dispone de ellos como si fueran suyos, en beneficio de su proyecto déspota, ilegal y abusivo de la representación popular transitoria que consiguió hace dos años para un periodo que, siendo solo de cuatro, intenta volver permanente.

13 oct 2020.- Una dictadura, en suma, en que se anula la separación de poderes, se entroniza al Ejecutivo, se destroza el control parlamentario y se humilla a los jueces o se les doblega para convertirlos en sus sirvientes. La pasividad ciudadana y periodística ayuda a la pandilla que avanza mientras arrasa a quien se le resiste. Así, por ejemplo, nos echan encima a Trump con su bendición a Uribe, “un héroe”, y con su maldición a Petro, “un gran perdedor”, aunque no sabe nada sobre el primero ni sobre el segundo, enterado solo por las frases que le han soplado los Díaz-Balart de Miami, dueños de los votos de la Florida que el candidato-presidente necesita con desespero.

Los ultraderechistas Díaz-Balart meten, también, sus narices en esta tierra, no porque los colombianitos le importemos un higo a su ídolo, Trump, sino porque Uribe y su combo en el Gobierno, en el Congreso, en la Fiscalía y, pronto, en la Procuraduría, son los enemigos de sus enemigos, Cuba y Venezuela. Hace unos días, un miembro de esa familia, el congresista Mario Díaz-Balart, publicó un trino en que, extrañamente, pedía explicaciones al Departamento de Justicia sobre “reuniones con convictos paramilitares colombianos”, refiriéndose a Iván Cepeda. Casi al tiempo, uno de los tantos abogados que paga Uribe le solicitó a la Fiscalía norteamericana que investigara al senador del Polo. La compatibilidad entre los propósitos de Díaz-Balart y el apoderado de Uribe es una puesta en escena típica de las argucias de agencias publicitarias como la que pagaron los hijos de Uribe Vélez para hacerle lobby a su padre. Pero las redes sociales revelaron los vínculos de amistad entre los cubano-estadounidenses y Rodrigo Noguera, rector del centro de estudios —¿o del clientelismo?— Universidad Sergio Arboleda: videos de homenajes y fotos de Lincoln Díaz-Balart, hermano del congresista republicano, “con mis grandes amigos” Rodrigo Noguera y su esposa, Zayda Barrera, a quien Francisco Barbosa, alumno y excontratista de esa universidad, le habría ofrecido un gran puesto en la Fiscalía. También existen fotos con Uribe y algunos senadores de su bancada. En conclusión, el mensaje de Mario Díaz-Balart con el que le da una disculpa al gobierno Trump para perseguir a Cepeda es un complot contra este, urdido por Uribe Vélez, sus apoderados, Duque y Rodrigo Noguera, cogobernante en la sombra y en las sombras.

Un segundo complot en el que participan, además del omnipresente Uribe, los alumnos de Noguera Calderón, Iván Duque y Francisco Barbosa es el que ellos preparan, por asalto, en el caso del magnicidio de Gómez Hurtado: se trata del peligroso binomio Presidencia-Fiscalía que ha unido poderes políticos y judiciales —según revelación de los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez que confirmó, sin pretenderlo, el columnista oficialista Mauricio Vargas—, para encarcelar a quienes la familia Gómez condenó hace 25 años, con odio y sin pruebas judiciales. Vargas Linares le anunció a Ramiro Bejarano, uno de los abogados de Iván Cepeda y columnista crítico, que lo van a llamar a interrogatorio en un proceso al que ni siquiera lo han vinculado. ¡Qué diría Uribe si le sucediera, en el mundo real, algo similar! Estamos en la era despótica urdida en la Sergio Arboleda, donde filas de amigos y familiares del uribismo gobernante entran con intereses y salen con contratos. Una lista corta, en la que ahondaré más adelante, de funcionarios y exservidores oficiales favorecidos por el rector copresidente: Alejandro Ordóñez; Jorge Pretelt; María del Rosario Guerra; Alfredo Rangel; Andrés Felipe Arias; su suegro, César Serrano; Miguel Ceballos; Ernesto Lucena (el hijastro consentido); Francisco Barbosa, quien tuvo contrato de “investigador” en esa universidad siendo consejero de Derechos Humanos: devengaba interesante suma en ambos sitios sin acreditar trabajos serios; su hermana María Paula, beneficiaria en ambos lados. Y hasta el hermano del presidente, Andrés Gregorio Duque Márquez, que disfrutó de ricas consignaciones por su parentesco. Favores en una parte se compensan con favores en la otra: nada es gratis. Poder despótico y nosotros, cruzados de brazos.

https://www.elespectador.com/opinion/coctel-explosivo-politica-justicia-e-interes-privado/

20.38.-Gobierno: censura a prensa internacional YOHIR AKERMAN

El uribismo y el gobierno del presidente Iván Duque nunca se han sentido cómodos con el papel fiscalizador y de control de la prensa. Nunca. Ni tampoco con el de los medios internacionales que han sido críticos de su manejo del proceso de paz y también han realizado denuncias de escándalos importantes en esta administración.

17 oct 2020.- Por eso preocupa que, como respuesta, el gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, esté efectuando una estrategia continuada de poner trabas inconstitucionales a los procesos migratorios de estos reporteros extranjeros y negando, sin justificación legal, visas a periodistas inmigrantes.

Igualito a Venezuela. 

Han sido muchos los casos. Algunos quedaron retratados en un reciente artículo hecho por Colombia Reports, un medio de difusión de noticias de Colombia para el extranjero en idioma inglés, demostrando cómo se está constituyendo esa agresión a la libertad de prensa y de censura a los medios internacionales.

En ese artículo se cuenta, por ejemplo, el caso del periodista Brendan Corrigan en el que, pese a que la Cancillería ha respondido que su solicitud de visa no tenía todos los documentos, la verdad es que antes de eso le había informado en un correo electrónico que, en aplicación de la normatividad vigente, “se descartaba la visa para periodistas independientes o freelance”.

Las normas migratorias no descartan visas de inmigrante para periodistas independientes y el Ministerio de Relaciones Exteriores está utilizando su facultad discrecional que, por ejemplo, permite a las autoridades denegar la entrada a presuntos terroristas o pedófilos, para rechazar la prórroga de la visa a los que cumplen con la tarea de periodistas.

Es importante aclarar que la gran mayoría de periodistas que ejercen como corresponsales extranjeros en los diferentes países son freelance o independientes, y hacen este trabajo por contratos con diferentes medios de comunicación. Así ha funcionado ese sector de los medios hace muchos años.

Es por eso que la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, envió una comunicación a la Cancillería el pasado 13 de octubre en donde plantea su preocupación y relata que esto no es nuevo ya que, desde septiembre de 2018 cuando Iván Duque llegó a la Presidencia, a los corresponsales extranjeros se les viene exigiendo un título oficial de periodista para poder acreditarse como periodista extranjero en Colombia, requisito que es inconstitucional.

Para esa época, la FLIP emitió una comunicación en la cual documentó los casos de más de diez periodistas extranjeros a los que Migración Colombia les estaba imponiendo restricciones ilegales para el ejercicio de su oficio en el país.

De acuerdo con la Resolución 4065 de 2017, para solicitar una visa de migrante, los periodistas deben “contar con la cualificación o experticia para ejercer profesión de manera independiente”.

A pesar de que la ley es clara, las autoridades migratorias no están aceptando formas distintas de demostrar la cualificación y experticia que un título universitario lo cual hace que existan solicitudes presentadas por periodistas experimentados sin títulos universitarios en periodismo que están siendo rechazadas.

Varios de estos corresponsales extranjeros han tenido que abandonar el país, pese a que eran colaboradores de medios como The GuardianThe New York Times The Washington Post.

La mayoría de estos periodistas que han tenido problemas con la Cancillería y que están en este momento en su proceso de obtener las visas o que han sido denegadas, no quisieron que su nombre se conociera y prefirieron hacer la denuncia de manera anónima ya que, con la excepción de Corrigan, “tienen temor a represalias por parte del gobierno”.

¿Exagerado? Para nada. 

Recordemos que en mayo de 2019 una investigación publicada por el diario The New York Times (NYT) por el periodista Nicholas Casey, denunció el regreso de las políticas dentro de las Fuerzas Armadas en Colombia que llevaron al asesinato de civiles para presentarlos como guerrilleros, hecho que se conoció como el oscuro capítulo de los falsos positivos.

La denuncia de Casey implicó que el entonces Canciller, Carlos Holmes Trujillo y el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, enviaran una dura carta al diario para desmentir el artículo diciendo que era un reportaje incompleto y no objetivo con “citas parciales”.

En respuesta a esa comunicación el editor ejecutivo del diario NYT, Dean Baquet, contestó más durito con otra carta y planteó, sin necesidad alguna, el riguroso proceso de verificación de las fuentes y las denuncias y el manejo objetivo del tema del artículo para que no quedara dudas de los hechos ciertos ahí presentados.

Eso obligó al Canciller a viajar a Nueva York a reunirse con las directivas del periódico para explicarles su posición y tratar de hacerle contrapeso a la grave denuncia y al mal sabor que había generado la irresponsable carta del gobierno en cabeza del Ministerio de Defensa y de Relaciones Exteriores.

“Nuestro propósito era establecer un diálogo franco, tranquilo y constructivo, para efectos de poner en su conocimiento (NYT) razones que condujeron a la definición de la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque, a cerca de la manera como se está adelantando la implementación (de los acuerdos de paz) dentro de esa política, es decir implementación con reformas mediante consensos y mecanismos institucionales. Puedo decirles a los colombianos que fue una muy buena reunión”, dijo en su momento el canciller Holmes Trujillo.

Pues nada más falso. 

Gracias a un artículo de la revista Semana titulado “Las carpetas secretas” se conocieron las pruebas que demuestran que, en el mismo momento en que el Canciller y hoy ministro de Defensa estaba en las oficinas del diario NYT defendiendo al Ejército y diciendo que no estaban haciendo lo que establecía la denuncia periodística, el mismo Ejército estaba ejecutando un programa de seguimiento informático y perfilamiento de políticos de la oposición, magistrados, ONG y varios periodistas, algunos extranjeros, entre los cuales estaba el periodista Nicholas Casey.

Irónico por no decir lo menos. 

Eso sin olvidar que la senadora del partido de gobierno, María Fernanda Cabal, en su cuenta de Twitter, calificó al The New York Times como publicación de imprecisa, tendenciosa, con falta de rigor y “rey de los fake news”. También atacó al periodista Casey cuestionándolo y preguntando cuánto le habrían pagado las Farc por escribir ese artículo y afirmando de manera falsa que el reportero pertenecía a una élite de izquierda y que era más activista que periodista. (Ver La Canciller).

Las acciones del Ejército, los insultos de varios miembros del partido de gobierno, las críticas, los ataques con falsedades que lanzaron en contra de Nicholas Casey y que generaron amenazas de muerte, lo obligaron a salir del país.

Entonces es completamente justificado el miedo que sienten los otros periodistas extranjeros y que los lleva a hacer de manera anónima esta denuncia de las trabas que les está poniendo la Cancillería con sus procesos de visas para evitar que hagan su trabajo.

Porque, como es conocido, y no solo en contra de los periodistas extranjeros, muchos miembros del uribismo tienen la acostumbrada estrategia de criminalizar a los periodistas que investigan o realizan denuncias en contra del gobierno. Incluso poniendo en riesgo su vida con ataques llenos de mentiras. Igual que en Venezuela.

@yohirakermanakermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/censura-internacional/

  • 20.37-Por qué creo que las Farc sí mataron a Álvaro Gómez PATRICIA LARA
  • Riesgo de pena de muerte  en Colombia  – YOHIR AKERMAN
  • Duque, nuestro Maduro naciente   CECILIA OROZCO
Álvaro Gómez y Manuel Marulanda Vélez. Foto: EL TIEMPO / AFP 

“Somos los únicos responsables de su muerte, por favor, dejen de buscar el ahogado aguas arriba”, escribió Rodrigo Londoño, jefe del partido FARC, respecto al homicidio de Álvaro Gómez.

8 oct 2020.- Y el senador Julián Gallo (antes Carlos Antonio Lozada), exjefe de la red urbana, dijo que la orden de matarlo la recibió de su superior directo, el Mono Jojoy, y que él se la transmitió a “un comando de cuatro personas”. Es decir que Gallo afirmó ser el responsable del crimen.

No obstante, la familia de Álvaro Gómez, empeñada en acusar al expresidente Ernesto Samper y a su entonces ministro Horacio Serpa de ser los responsables, duda de la versión de los ex-Farc. Hasta el propio Samper, que insistía en una hipótesis que involucraba a militares en el magnicidio, se muestra sorprendido y, como es lógico, todos dicen que los ex-Farc tienen que probar ante la JEP que fueron ellos los autores del magnicidio.

Sin embargo, como dice un amigo mío, “lo único lógico es la verdad”. Entonces, examinemos las teorías:

¿Es lógico, como dicen los Gómez, que las críticas de Álvaro Gómez y sus editoriales en El Siglo tuvieran en jaque al gobierno de Samper y que, por ello, él y Serpa quisieran eliminarlo? No es lógico, primero, porque tres de los ministros de Samper eran alvaristas. Segundo, porque el gobierno tenía opositores de alto calibre, que aparecían en medios con mucha más audiencia que El Siglo. Y, tercero, porque Samper y Serpa pueden tener muchos defectos, pero no han sido ni serán asesinos.

¿Es lógica la teoría de Samper que apunta a que como Gómez se habría negado a participar en un golpe de Estado en su contra, algunos militares lo habrían matado porque, al estar informado del plan, si seguía vivo, quedaba un cabo suelto sobre la conspiración? No es lógico, porque Álvaro Gómez era el político más querido y admirado por los militares, y no es creíble que quisieran asesinar a su inspirador.

¿Es lógica la versión de los ex-Farc de que ellos mataron a Álvaro Gómez? Por una parte, no debe ser fácil, y más para un senador como Julián Gallo, declararse culpable de tan atroz crimen. Por otra parte, si se tiene en cuenta el móvil que dicen que hubo, esto es, el discurso de Gómez en el parlamento, que llevó al gobierno de Guillermo León Valencia a bombardear las que Gómez llamó “repúblicas independientes”, lo cual, según Gallo, “fue el detonante (de) una guerra de 50 años con cientos de miles de muertos y torturados de todos los bandos”; si se piensa que los ex-Farc perderían los beneficios y tendrían que pagar muchos años de cárcel si fueran falsas sus declaraciones ante la JEP; si se considera que los ex-Farc no tendrían razones para beneficiar a Samper, y si se tiene en cuenta el libro Cartas y documentos, de Manuel Marulanda Vélez (1993-1998), mencionado por el uribista José Obdulio Gaviria en dos columnas publicadas en El Tiempo en julio de 2012, donde hay varias referencias de Tirofijo al homicidio de Gómez Hurtado, entonces la hipótesis de que a Álvaro Gómez lo mataron las Farc suena como la más lógica.

Ahora, quedan varias preguntas: ¿por qué si José Obdulio, en una de sus columnas, citó esta frase de Tirofijo: “Lo de la muerte del señor de las ‘repúblicas independientes’ creo que podemos estudiar cuándo conviene hacerlo saber”, no denunció entonces a las Farc como autoras del magnicidio? ¿Por qué la Fiscalía del 2012 nunca investigó lo revelado por Gaviria? ¿Por qué lo callaron? ¿O no se enteraron?

Llegó la hora de que todos digan la verdad.

www.patricialarasalive.com, @patricialarasa

https://www.elespectador.com/opinion/por-que-creo-que-las-farc-si-mataron-a-alvaro-gomez/

20.37-Riesgo de pena de muerte  en Colombia  – YOHIR AKERMAN

Defender el medio ambiente, la tierra y el planeta es una actividad de altísimo riesgo en Colombia que en muchos casos termina con la muerte. Así lo define un nuevo informe de Amnistía Internacional que, además, establece que somos el país más peligroso en el mundo para los defensores de derechos humanos.

Aterrador.

10 oct 2020.- El informe titulado “¿Por qué nos quieren matar?” señala que, gracias a la nueva realidad impuesta por la pandemia del COVID-19, el hogar de los defensores de derechos humanos y derechos del medio ambiente es el sitio más peligroso ya que ahí se están efectuando la mayoría de crímenes en contra de estas personas.

Paradójico, ya que el Estado debería garantizar que la sociedad se sienta segura por lo menos en su hogar. Pero ocurre todo lo contrario para las poblaciones que están viviendo en algunas de las zonas más ricas en recursos naturales de Colombia, donde las personas están siendo asesinadas en sus propias casas sin que el Estado haga algo.

El crimen: defender sus hogares, el territorio donde habitan, sus ríos, bosques, plantas y animales. La sentencia: muerte sistemática.

Los más afectados son los pueblos afrodescendientes, indígenas y campesinos que ejercen una propiedad comunitaria del territorio y son quienes defienden los recursos que utilizan para que sus comunidades puedan subsistir.

Y el Gobierno, ausente.

El presidente Iván Duque pretende construir una estrategia en la que si no habla de estos asesinatos a defensores de derechos humanos es porque no suceden. Mientras tanto, somos todos testigos y cómplices de una cantidad de homicidios y masacres que se están cometiendo por parte de bandas criminales que quieren controlar zonas para el paso del narcotráfico o de otras actividades ilegales.

Pero no para ahí. El reporte de Amnistía Internacional también pudo determinar que muchos de los ataques son en represalia a la oposición de diferentes comunidades a varios proyectos de infraestructura.

Inaudito.

Dice el informe que las cifras de asesinatos y denuncias sobre amenazas u otros riesgos para los defensores de derechos humanos han ido en aumento, y se hace una dura crítica a las cifras del Gobierno nacional sobre el asesinato de líderes sociales, en contraste con las cifras de otras organizaciones, como la ONU.

Amnistía Internacional plantea que, a pesar de que el presidente Duque ha dicho que durante su gobierno los asesinatos de líderes sociales han disminuido en un 25%, ese dato es falso ya que las fuentes confiables revisadas indican lo contrario.

A finales de 2017, Somos Defensores, la Defensoría del Pueblo y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia reportaron entre 96 y 126 casos de personas defensoras asesinadas en todo el país, de acuerdo con la metodología y acceso a información de cada entidad.

Un año más tarde, la cifra pasó a estar entre 115 y 178. En el 2019, se documentaron entre 108 y 118 asesinatos de personas defensoras, y entre 10 y 31 asesinatos más que ocurrieron en 2019 están siendo verificados. Al 30 de septiembre de 2020 la ONU afirmó que ha dado seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales a la fecha ha verificado 45 homicidios. Mientras que el programa Somos Defensores contabiliza 95 asesinatos hasta el 30 de junio de 2020.

Colombia, uno de los países con más normas, protocolos e instituciones de protección para quienes defienden los derechos humanos, es, al mismo tiempo, donde más líderes mueren por proteger a sus comunidades, la tierra y el medio ambiente.

De esta manera se deja claro que, aunque Colombia cuente en la teoría con uno de los sistemas de protección más completos de la región, en la práctica estos no son efectivos porque las autoridades se rehúsan a actuar de manera preventiva y abordar las causas estructurales de la violencia colectiva contra las personas defensoras.

Incomprensible.

Y los escoltas no resultan suficientes. Lo que se necesita es que el Gobierno del presidente Duque deje de ignorar el problema y aborde las causas estructurales de la violencia contra las comunidades.

No escuchar a las comunidades sobre las medidas de protección que necesitan es parte del problema. También lo es nuestra apatía y no entender que las poblaciones que defienden sus tierras y el medio ambiente no solo están protegiendo sus hogares sino la naturaleza que necesitamos todos.

Eso no puede seguir siendo un crimen en Colombia y menos uno que se paga con la pena de muerte.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/pena-de-muerte-2/

20.37-Duque, nuestro Maduro naciente    CECILIA OROZCO

La actitud de Iván Duque frente a las otras ramas del poder es arrogante, irrespetuosa y absolutamente impropia si nos atenemos al texto de la Constitución bajo cuyo imperio deberíamos estar todos, empezando por la persona elegida para la Presidencia de la República.

6 oct 2020.- Sin embargo, todavía esperamos que su juramento de acatamiento a la Carta Política no haya sido solo un gesto protocolario del día de su posesión sino un compromiso de demócrata, aunque va despintando esa fachada para merecer el aplauso de los extremistas de su corriente que no lo aprecian pero lo desangran a cambio de darle apoyo. Cuando uno escucha al mandatario, no se sabe si él ignora la teoría del Estado o si emprendió, a conciencia, el camino de la autocracia porque actúa como si se le hubiera coronado y, en cuanto rey, pudiera ignorar al Congreso si le estorba, y tratar a la Rama Judicial como lacaya.

El viernes pasado, Duque metió baza en un asunto de competencia judicial del que apenas se conoce el enunciado: la autoría de las Farc en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, aceptada por los jefes de la antigua guerrilla ante la JEP. Los otros cinco homicidios que confesaron las Farc no merecieron la atención del presidente, no obstante que los asesinados eran colombianos y que al menos dos de ellos sirvieron bien a esta nación, uno como general del Ejército y ministro de Defensa, y el otro como intelectual y gestor de procesos de paz. En fin, refiriéndose a la posibilidad de que la guerrilla fuera culpable de ese magnicidio, lo que probaría que carecía de todo soporte la teoría de la que ha sido vocera su universidad, Duque expresó con voz exaltada: “Yo lo único que quiero es que ese crimen horrendo sea esclarecido… y que si alguien se lo atribuye yyy nooo corresponde a la verdad, también se entienda que se está cometiendo un delito…”. Sus frases, en apariencia correctas, fueron adobadas con el tono de quien sabe que será obedecido: “… que no desestimen (los jueces) … las afirmaciones que ha hecho la familia de Álvaro Gómez sobre lo que ellos (sic) reclaman… que la justicia especial (la JEP, cuya existencia ha combatido desde su asunción de la Presidencia) oiga los testimonios que tenga que oír, pero que la justicia que viene haciendo las investigaciones (la Fiscalía, en la que instaló a su compañero de pupitre, Francisco Barbosa) no las deje de hacer”. Duque ya le había impartido una instrucción puntual a su amigo el día de la posesión de este, en febrero pasado: “Quiero pedirle una tarea especial: … que durante su fiscalía podamos llegar a los verdaderos autores intelectuales y materiales del crimen (asesinato de Gómez Hurtado)”.

Como usted ordene, señor presidente, acató el tonto: la Fiscalía ya anunció que planteará un conflicto de competencias frente a la JEP ante la cual confesaron los exguerrilleros el delito, tal cual había sido pactado en el Acuerdo de Paz que no vale nada en este gobierno. De tal modo, Duque, Barbosa y los Gómez no permiten que se llegue a una conclusión sobre la identidad de los asesinos diferente a la que ellos decidieron a punta de conjeturas y odio hace 25 años, sea esa y no otra.

Para el sistema democrático y su separación de poderes, los familiares de Álvaro Gómez no constituyen un problema: los parientes de las víctimas también son víctimas y tienen licencia para pensar lo que les parezca, cuenten o no con la razón. Pero tener de su lado al presidente de la República y al fiscal general sí provoca un conflicto de honda repercusión. Por contera, el proceso Gómez Hurtado no es el único que crea un dilema legal y constitucional. El país entero da por hecho hoy que el caso Uribe Vélez “murió”, es decir, que nunca llegará a fallo ajustado a las pruebas, porque quedó en manos de la Fiscalía de Barbosa y del mandato de Duque. Este, además, retó a la justicia cuando la Corte Suprema ordenó la detención de su patrocinador. En alocución especial, con bandera de Colombia tras él, aseguró después de rendirle homenaje: “Duele que a quien ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia… espero que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad”. Hace unos días, el presidente desacató junto a su ministro de Defensa otra decisión de la Corte sobre los derechos de los manifestantes e incumplió el fallo dando por válidos los votos de los togados minoritarios, contra toda normatividad y lógica. Y antes había eludido un debate en el Congreso sobre el tránsito de tropas extranjeras, inventándose una extraña y casi cómica figura en que la Constitución se sustituyó con una carta de 60 senadores. En el mundo de Duque, su gobierno, su jefe Uribe, el del uribismo y sus aliados no caben la justicia independiente, la deliberación en el Capitolio, la libertad de opinión, tampoco la de información. Duque, nuestro Maduro naciente.

https://www.elespectador.com/opinion/duque-nuestro-maduro-naciente/

  • 30.36.-Qué pasa con el gas SALOMÓN KALMANOVITZ
  • Un crítico sancionado por el amigo del presidente – CECILIA OROZCO
  • El victimario y las víctimas YOHIR AKERMAN

La estufa de los colombianos ha pasado de ser alimentada por carbón vegetal, o el olvidado cocinol, a la electricidad más cara y al gas domiciliario más económico.

27 sep 2020.- Existe una producción nacional de combustible, proporcionada por Ecopetrol y otras empresas medianas y pequeñas que exploran, lo extraen y lo transportan. El informe de Naturgas “Indicadores 2019” anuncia que “Colombia tiene un potencial de hasta 54,7 TPC (terapiés cúbicos), lo cual equivale a multiplicar por casi 18 las reservas probadas actuales que tiene Colombia”.

Esta producción está amenazada por las plantas de regasificación —una en Cartagena y otra prevista en Buenaventura—, que procesan las importaciones de Estados Unidos y encarecen las tarifas residenciales. Se afecta en especial a los estratos 1 y 2 de la población, que pagan hasta el doble del costo del combustible: mientras que las regasificadoras cobran entre US$7 y US$8 por pie cúbico, los productores locales cobran US$4,5. El negocio es posible gracias a la regulación del Gobierno, que favorece a los importadores de gas, perjudica a los usuarios y amenaza el futuro de la industria nacional.

Los productores locales le aportan al país regalías, impuestos y adquisición de bienes y servicios por casi US$300 millones al año, más 10.000 empleos directos de personal calificado. Las regasificadoras no aportan ni un peso y muy pocos empleos; por el contrario, deben ser subsidiadas por los consumidores de energía eléctrica y gas.

La planta regasificadora de Cartagena es de Spec y Promigás, la segunda de propiedad del grupo de Sarmiento Angulo. Según su brochure, “suministramos el gas natural a más de 3,6 millones de usuarios, 40 % del mercado nacional, que representa 12 millones de personas”. A estos ciudadanos se les cobra la mitad del costo de regasificación según resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CREG).

La planta de Cartagena opera por debajo de su capacidad, con unos costos elevados, que son absorbidos por los sobreprecios mencionados. En vez de proteger a los consumidores y a la producción nacional, dominada por la empresa estatal, el Gobierno favorece a los importadores del gas extraído por fracking, que terminan haciéndoles competencia desleal a los productores y atentan contra la autosuficiencia energética nacional.

Lo que se viene hacia el futuro puede ser peor y más absurdo que el negocio de Cartagena. A principios de 2021 piensan licitar una enorme planta de US$800 millones en la bahía de Buenaventura, donde no cabe físicamente y perjudica el medio ambiente y la seguridad nacional; en efecto, comprometería una base de la Armada Nacional situada no lejos de ella, por los peligros que entraña el almacenamiento de gas y, además, atascaría el tránsito marítimo del primer puerto del país. Para rematar, se iniciaría sin el oleoducto entre la planta y Yumbo, lo que implicaría remontar la cordillera occidental y atravesar territorios hostiles densamente poblados, con unos enormes costos adicionales.

Hoy el país está cruzado por miles de kilómetros de gasoductos que llevan el combustible extraído de yacimientos convencionales (Cupiagua, Cusiana y mar Caribe) de Ecopetrol, que aporta el 60 % del consumo nacional, y de otras empresas, que cubren el 30 %, de modo que hoy se importa el 10 %. Lo que pretenden los importadores con el elefante blanco de Buenaventura es quedarse con el 40 % del negocio, expoliar a los consumidores y arruinar a las empresas gasíferas productivas.

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20.36.-Un crítico sancionado por el amigo del presidente – CECILIA OROZCO

El Superintendente de Industria y Comercio: Investigaciones con sesgo político. Foto Revista Dinero

Hacia las 11:30 de la mañana del viernes 7 de febrero, el avión oficial de la 0 Presidencia de la República despegó de la base militar Catam, de Bogotá, con destino a Armenia.

29 sep 2020.- En el Focker 0002 iba la “primera dama”, denominada de esa manera pintoresca en la Colombia adulona; con ella viajaron sus tres pequeños hijos, cuatro amigos de estos y sus mamás, según se informó después. El grupo iba a pasar el fin de semana en el parque Panaca con el objeto de celebrar el cumpleaños de una de las niñas Duque. El presidente, que, según su oficina de prensa, “estaba desarrollando una intensa agenda”, se encontraría con su familia en ese lugar. La polémica general por el uso de un bien del Estado —de la Fuerza Aérea— para realizar una actividad privada fue de tal intensidad que hasta se oyeron, en transmisión en directo, gritos destemplados y acusaciones entre el jefe de Comunicaciones de la Casa de Nariño y su entrevistadora; también se escucharon otras discusiones, más analíticas y serenas.

El columnista de humor político Daniel Samper Ospina, que, simultáneamente, es un líder de opinión en el mundo digital, publicó en una de sus cuentas una foto-sátira de los Duque tomada del álbum de imágenes que la Presidencia incluye en sus sitios noticiosos. Samper, en un gesto claramente irónico, insertó la fotografía familiar dentro de otra foto de un juego de mesa que se ingenió para tomar del pelo a congresistas y políticos. Pues bien, el uribismo, tan enfermizo y obsesivo cuando ataca a sus supuestos enemigos, y tan laxo y relajado cuando defiende a sus aliados de causa, desplegó una propaganda de odio contra Samper similar a la de Uribe Vélez que tildó de “pedófilo” al periodista porque este mencionó, en una de sus piezas burlescas, el nombre de la hija de una senadora. Por orden de un juez de tutela, el expresidente tuvo que borrar sus trinos y rectificar la calumnia. Pero su ejemplo quedó como precedente.

Más taimados, Duque y sus funcionarios imitaron al jefe: primero movieron mensajes agresivos en las redes y pusieron a los parlamentarios de su bancada a hablar de “violación de datos personales” de los niños. Y, después, el subalterno del mandatario, Andrés Barreto, nombrado por él en la Superintendencia de Industria y Comercio, inició, a través de uno de sus delegados, una “averiguación de manera oficiosa” contra Samper, es decir, sin que mediara queja de un tercero, “para determinar el (in)cumplimiento de las normas de protección… frente a la gestión de ‘marketing’”. En pocas palabras, la Superintendencia inició una “investigación” contra el crítico del Gobierno del que ella es entidad dependiente, presuponiendo su culpa por dizque haber hecho negocios con las fotos de los niños, no obstante que Samper las retiró en menos de un día y se disculpó por no haber difuminado los rostros infantiles, sin duda, una precaución que debió haber tomado. La persecución oficial se constituyó cuando 1) desfiguró el uso de la fotografía publicada por la propia Casa de Nariño, como si fuera un robo de datos personales; 2) le abrió un proceso por la presunta comercialización de las imágenes, y 3) le impuso una sanción desproporcionada con interés de atemorizar y disminuir sus críticas.

Pero ¿quién es el “juez” de Samper Ospina? El superintendente Andrés Barreto, quien finge que no conoció el caso pues uno de sus funcionarios de menor rango le hizo la faena, fue el director jurídico y programático, además de tesorero, de la campaña de Duque en 2018. También fue el asesor legislativo del entonces senador Duque, en el Congreso. Ha estado vinculado a la entidad más poderosa de Colombia después de la Presidencia, la Universidad Sergio Arboleda, desde cuando su alumno ganó las elecciones: Barreto ha sido profesor y, quién sabe si con pago de matrícula o beca, cursa un exquisito programa para altos ejecutivos y presidentes de empresas, llamado Executive MBA. El superintendente, bajo cuya dirección se acecha a periodistas del estilo de Daniel Samper Ospina, para tratar de intimidarlos, ahora cobrará su premio. El amigo de infancia de Iván y Andrés Duque Márquez fue postulado por el primero de estos al puesto de juez de la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal penal más importante del mundo (ver nominación).

¿Por cuenta del castigo a la prensa independiente, por sus amistades o por ambas razones? Tal vez, esta última opción es la explicación verdadera porque la brillantez de su carrera es escasa. Lo único que le sobra es petulancia. Y, desde luego, no cuenta con la neutralidad ni sabiduría que se espera de un gran togado.

https://revistacorrientes.com/un-critico-sancionado-por-el-amigo-del-presidente/

20.36.-El victimario y las víctimas YOHIR AKERMAN

Foto: Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, profesor universitario Jorge Adolfo Freytter Romero 

Dos sucesos muy recientes, que pasaron con pocos días de diferencia y que aparentemente no tenían ninguna conexión, pueden ser cruciales para seguir profundizando en la interconexión y alianza que existió durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez entre militares, políticos y empresarios y los sanguinarios grupos paramilitares.

3 oct 2020.- El primero ocurrió el pasado 24 de septiembre cuando el Estado colombiano reconoció de manera acertada su responsabilidad internacional en el asesinato del profesor universitario Jorge Adolfo Freytter Romero, perpetrado hace 19 años por paramilitares en confabulación con miembros de la fuerza pública.

No solo eso, el Estado también pidió perdón a su familia, amigos, colegas y estudiantes por este horrible crimen y dijo que esto “jamás debió suceder”.

El segundo evento fue la deportación a Colombia de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidad de Colombia (Auc), que operaba en los departamentos del Caribe, La Guajira, Atlántico, Cesar y Magdalena.

Vamos a donde estos hechos se conectan.

Como se ha planteado en esta columna, el 28 de agosto de 2001, el profesor Jorge Freytter fue retenido al llegar a su casa en Barranquilla por un grupo de hombres fuertemente armados y fue sometido por más de 24 horas a actos de humillación y tortura, que finalmente terminaron en su muerte al día siguiente a causa de asfixia provocada por una bolsa de plástico en su cabeza.

Freytter fue profesor de la Universidad del Atlántico por más de 20 años, tiempo durante el cual también habría participado activamente en distintas actividades de carácter sindical.

Gracias a evidencia posteriormente conocida y mostrada en esta columna, se ha podido determinar que en su secuestro, tortura y asesinato intervinieron agentes de operaciones especiales del Gaula (unidad de lucha contra el secuestro), del departamento del Atlántico, miembros del DAS y estructuras paramilitares del Bloque Norte de las Auc controladas por Jorge 40. (Ver Lecciones de un homicidio).

Estos hechos hacen parte de la “arremetida paramilitar” que sufrió la comunidad universitaria de la región Caribe de manera generalizada entre 1996 y 2006.

Ahora bien, pese al acertado pedido de indulgencia del Estado a la familia por este crimen, el tema es que hasta ahora no han sido capturados los responsables directos e indirectos del asesinato del profesor Freytter, por lo que el gesto, sin castigo a los responsables finales, no queda como nada más que eso: un gesto.

Por eso vamos a los documentos.

Un postulado de Justicia y Paz con fecha del 14 agosto de 2012 dado por Johnny Rafael Acosta, alias 28 Richard, involucró en el homicidio del profesor Freytter a un ganadero, palmicultor y empresario de la costa Caribe llamado Darío Alberto Laíno Scopetta. Según alias 28, este señor, dueño de la empresa de blindaje Blinco de Colombia, era un poder en la sombra que estuvo al nivel de Jorge 40 y Salvatore Mancuso, aunque pocos lo conocieron.

Pese a que Laíno Scopetta, alias Ojos AzulesJMJosé Miguel M1, fue una persona crucial, según varios testimonios, para que los grupos paramilitares penetraran las esferas militares, económicas y políticas en el Atlántico, e instrumental en el asesinato del profesor Freytter, el empresario sigue en total impunidad.

Por otra parte, alias 28 también involucró a Ubaldo Enrique Meza, ex rector de la Universidad del Atlántico, con los hechos del asesinato del profesor de la misma planta, estableciendo que era un colaborador cercano de las Auc, de la misma manera que en el pasado lo había hecho otro paramilitar, Carlos Romero Cuartas, alias Montería, estableciendo que desde la rectoría les suministraban los nombres de algunas de sus víctimas. Frente a esto Meza ha negado esas versiones asegurando que se trata de simples venganzas personales.

Pues el 5 de mayo de 2010, alias Montería respondió un interrogatorio frente a la Policía Judicial en donde repitió este tema y también dio nombres específicos de los agentes del Gaula involucrados en este crimen y en operaciones que se hacían conjuntamente con paramilitares de los bloques controlados por Jorge 40.

Así, pese a los pedidos de la justicia, Jorge 40 nunca ha querido hablar del crimen del profesor Freytter Romero, aunque se ha dicho que fue ordenado directamente por él.

Ahora en Colombia, Jorge 40 deberá responder por esto y por más de 1.486 investigaciones que se le adelantan en la Fiscalía.

Pese a todo esto, desde mayo de este año el gobierno del presidente Iván Duque había nombrado al hijo de Jorge 40, Jorge Rodrigo Tovar Vélez, al frente la Dirección de Víctimas del Ministerio del Interior, cargo al que renunció por motivos personales hace dos semanas cuando se conoció del inminente regreso del sádico exparamilitar a Colombia.

Evidentemente los delitos de sangre no existen, pero mirando las 65 órdenes de captura que existen en contra de Jorge 40 y las 109 medidas de aseguramiento por las 1.486 investigaciones, el nombramiento de su hijo en ese cargo era una afrenta en donde se estaba privilegiando a los victimarios sobre las mismas víctimas.

@yohirakermanakermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/el-victimario-y-las-victimas/

  • 20.35.-Carta al ministro de Defensa YOHIR AKERMAN
  • La tutela de la protesta RODRIGO UPRIMNY
  • Terquedad antidemocrática PATRICIA LARA
  • Casos de poder y abusos de poder CECILIA OROZCO

Señor ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Le escribo esta carta como colombiano preocupado y sorprendido por su desconexión con la realidad del país.

26 sep 2020.- He seguido con atención todas sus declaraciones en respuesta a los abusos y deformidades cometidos por los miembros de la Policía y el Ejército en los últimos días, y eso me ha impulsado a escribirle esta misiva. A título personal y como ciudadano parte de ese país que usted intenta gobernar desatinadamente.

Empiezo por establecer que es completamente errado plantear, como usted lo ha intentado varias veces, que pedir disculpas por los asesinatos cometidos es una muestra de debilidad.

Todo lo contrario.

Nada más fuerte que un gobierno que reconoce sus errores y que corrige el rumbo equivocado de sus acciones para que no vuelvan a ocurrir. Y en eso consiste honrar la vida de Juliana Giraldo, Javier Ordóñez, Dilan Cruz y otros ciudadanos que han caído a manos de las autoridades.

Pero usted no lo entiende. Por eso prohibió que la Policía revistiera todos los CAI de Bogotá con proclamas pidiendo perdón a la ciudadanía por los lamentables hechos ocurridos el pasado 9 y 10 de septiembre, como esa institución lo quería hacer para que la capital amaneciera con anuncios de arrepentimiento por los abusos y la crueldad de algunos de sus miembros.

Sigo por establecer que lo que es bueno para usted no está siendo positivo para Colombia. Su discurso de ministro en campaña está atrincherándolo a usted, pero no está protegiendo a la sociedad que en su cargo juró proteger.

Pero eso es entendible ya que usted, históricamente, ha sido un político sin convicciones. A pesar de declararse uribista y de derecha, lo cierto es que usted se ha logrado meter en todos los espectros políticos, siempre con desempeños lo suficientemente mediocres como para pasar desapercibido.

En el liberalismo brilló en el gobierno de César Gaviria por su irrelevancia como ministro de Educación y después por su incapacidad de manejar el Congreso como ministro del Interior en el gobierno del polémico Ernesto Samper.

En el de Andrés Pastrana descubrieron su talento, que era ser embajador en países donde hay poco trabajo, y por eso lo nombraron en Austria y posteriormente en Bruselas en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Increíble que hoy, dos años después, hace parte de un gobierno y un partido político que siguen culpando de las deformidades y abusos de las Fuerzas Armadas que usted lidera a las políticas del gobierno anterior. Administración de la que usted hizo parte ya que fue representante de ese gobierno en el exterior. Algo irónico, por decir lo menos, que lo haga sin sonrojarse.

Cierro mi carta, señor ministro, diciendo que el constante llamado a la guerra que hace el Gobierno del que usted hace parte, y usted desde el Ministerio de Defensa, ha hecho que ahora el objetivo de las Fuerzas Armadas sea la misma población indefensa. Y nada más perverso para la sociedad que tenerles miedo a quienes deben protegerlos.

Su llamado a la continuación de la guerra está cada vez más alejado de los intereses y prioridades del pueblo colombiano. Pero ustedes se empeñan en seguir imponiéndolo como la agenda, incluso con teorías de la conspiración para exculparlos de su propia incompetencia y sus errores.

Esto es entendible ya que para su partido político es indispensable tener un enemigo con el cual luchar, porque no tienen más discurso. Su propósito es construir el imaginario político de que son ustedes los únicos que pueden derrotar a ese enemigo que se inventan y que transforman conforme a los hechos para que les renueve el espacio político.

Mientras tanto, los muertos de las anteriores semanas arrojan que el verdadero enemigo de este Gobierno son los ciudadanos desarmados e indefensos. Al igual que los derechos de las minorías, la población LGBT, los campesinos, el medio ambiente, la oposición, los magistrados de las cortes que imparten justicia, los periodistas investigativos e incluso los jóvenes que están insatisfechos.

Eso no es sano para una democracia.

Como no lo es tampoco que usted y el Gobierno del que hace parte se muestren como la solución a este problema, cuando la falta de empatía, la incapacidad de admitir errores de las Fuerzas Armadas y las deformaciones en el ejercicio de la defensa y la seguridad son el principal problema.

Señor ministro, sus aspiraciones políticas no van a llegar a ningún lado mientras este siga siendo el manejo de los problemas actuales. Pero, lastimosamente, Colombia tampoco lo hará mientras tengamos que seguir lidiando con su soberbia e incapacidad para controlar las Fuerzas Armadas y para admitir los errores y saber corregirlos.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/carta-al-ministro-de-defensa/

20.35.-La tutela de la protesta RODRIGO UPRIMNY

El Gobierno debe cumplir integralmente, sin demora y de buena fe la tutela de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que protege el derecho a la protesta pacífica y busca evitar los gravísimos abusos policiales de los últimos tiempos. Al menos tres razones justifican esta exigencia.

26 sep 2020.- Primera, por respeto al Estado de derecho, uno de cuyos pilares es la independencia judicial. Los gobiernos pueden discrepar de las decisiones judiciales, pero deben acatarlas. Duque puede solicitar a la Corte Constitucional que revise la sentencia de la CSJ, pero eso no lo releva de cumplirla, pues las órdenes de tutelas son de inmediato cumplimiento, como lo establecen inequívocamente las normas que regulan esta acción constitucional.

Un desacato de la tutela por cualquier autoridad sería una ruptura muy seria del Estado de derecho, que sería aún más grave si es cometida por el propio presidente, quien debe constitucionalmente velar por el “estricto cumplimiento” de la ley y de la Constitución, y por ende de las decisiones judiciales, que concretan estos mandatos.

Segunda, porque la decisión de la CSJ es muy sólida, como lo han destacado numerosos exmagistrados. Su argumentación es además clara y simple.

La CSJ recuerda unos principios constitucionales evidentes: que la protesta es un derecho fundamental cuyo ejercicio es además bueno para la democracia, pues permite que la sociedad discuta y enfrente sus problemas. Por eso la CSJ reitera que las autoridades deben proteger y garantizar la protesta pacífica y no reprimirla ni estigmatizarla.

Luego la CSJ realiza unas constataciones fácticas: muestra que en los últimos tiempos la Policía ha incurrido, en forma repetida y sistemática, en excesos en el uso de la fuerza, que se han traducido en muertes, lesiones serias, detenciones arbitrarias y disoluciones de protestas que eran esencialmente pacíficas. Es obvio que si algunos manifestantes incurren en actos violentos, la Policía puede usar la fuerza para controlarlos. Pero ese uso debe ser proporcionado. Un hecho violento en un sector de una marcha no justifica disolver toda la manifestación ni agredir brutalmente a los protestantes violentos.

La CSJ igualmente constató que el Gobierno ha estigmatizado las protestas, acusándolas de ser la acción de la guerrilla. Y una cosa es que el Eln intente infiltrar las protestas, lo cual puede suceder y condeno vigorosamente, pues la guerrilla no me representa, como tampoco representa a la inmensa mayoría de los manifestantes. Otra cosa es que el Gobierno use ese hecho para descalificar las protestas. Esa descalificación incentiva además el uso excesivo de la fuerza, pues envía este mensaje subliminal a los policías: que están en las calles no para garantizar el orden público y la protesta pacífica, sino para un combate armado con guerrilleros y sus auxiliares.

Estos principios constitucionales y estas constataciones empíricas llevan a la CSJ a formular 14 órdenes, que son duras, pero que se desprenden de esos hallazgos. No puedo resumirlas por límites de espacio, pero destaco algunas: que el ministro de Defensa ofrezca disculpas por los abusos policiales, que las autoridades no estigmaticen las protestas, que se expidan las reglamentaciones y se establezcan las garantías necesarias para asegurar un uso proporcionado de la fuerza por la Policía, y que se suspenda la “escopeta calibre 12”, que ocasionó la muerte de Dilan Cruz, hasta que haya seguridad de que el uso de esa arma será mesurado. Ninguna orden irracional o desbordada. Por el contrario, órdenes razonables para garantizar la protesta pacífica.

Tercera, porque el cumplimiento riguroso de la tutela tendría efectos muy positivos: garantizaría la protesta pacífica, sea de izquierda o derecha, y prevendría abusos policiales. ¿Alguien puede estar en contra de esos propósitos que fortalecen la democracia?

El arranque del cumplimiento de la tutela, con las supuestas disculpas del ministro de Defensa el pasado jueves, ha sido decepcionante. Sus declaraciones lindan con el desacato. O al menos adoptan esa fórmula colonial de “se acata pero no se cumple”. Pero el curso puede ser corregido. Presidente, por favor, cumpla integralmente esta sentencia, que es buena para toda Colombia y para el propio Gobierno.

Posdata. Por transparencia aclaro que desde Dejusticia hemos participado en la tutela que condujo a la decisión de la CSJ, como apoderados de dos de las peticionarias.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.https://www.elespectador.com/opinion/la-tutela-de-la-protesta/ 

20.35.-Terquedad antidemocrática PATRICIA LARA

Foto El Espectador

No puede llegar en mejor momento el fallo de la Corte Suprema de Justicia en defensa de la protesta pacífica y en contra de los abusos (léanse asesinatos y golpizas), que la policía y el Esmad han cometido contra algunos manifestantes.

24 sep 2020.- Porque dos policías sometieron a punta de descargas eléctricas al abogado Javier Ordóñez y lo mataron a golpes en un CAI, en presencia de cinco policías más; y cerca de diez jóvenes murieron en la capital, seguramente por las balas perdidas disparadas a la loca por los policías en las protestas que ocurrieron a raíz de la rabia despertada en la población por el asesinato de Ordóñez. Y justo pocos días después de eso, el presidente Iván Duque no solo no se solidarizó de manera inmediata con las víctimas, sino que apoyó a la Policía y al ministro de Defensa: “Hemos visto hechos dolorosos el día de hoy —dijo—, pero hemos visto también la actitud gallarda, férrea, no solamente de los comandantes de la Policía, sino también del señor ministro de la Defensa”, etc. Como si no bastara semejante declaración hecha en medio del dolor de las víctimas y de la ira de buena parte del país, Duque salió en los noticieros disfrazado de policía, con lo cual avaló, de manera subliminal, los atropellos que estaban cometiendo. De manera que, en este momento, la sentencia de la Corte es un freno al Gobierno en su carrera hacia el recorte de las libertades y la restricción de la democracia.

Porque la Corte fue muy clara en que el Esmad debe suspender el uso de escopetas calibre 12, en que de parte de este y del Gobierno ha habido “sistemáticas agresiones” que amenazan el derecho a manifestarse, y en que el ministro de Defensa debe pedir perdón por los abusos cometidos en las protestas de noviembre del año pasado, cuando un policía asesinó al joven Dilan Cruz. Y eso que la Corte no analizó el asesinato de Ordóñez ni las muertes por balas perdidas ocurridas este mes.

Sin embargo, al cierre de esta columna, el Gobierno insistió en su odiosa y provocadora terquedad, pues en una declaración dada desde la Casa de Nariño por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien apareció acompañado por el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, se anunció que el ministro no solo no va a pedir perdón, sino que el Gobierno le pedirá a la Corte Constitucional que revise el fallo de la Corte Suprema porque, según dice, el Esmad como institución no comete excesos, pues actúa con base en protocolos, sino que ocurren casos puntuales en los que sus miembros incumplen las normas.

O sea que siguen montados en el mismo cuento de las manzanas podridas, cuando es evidente que en la Policía hay, por lo menos, una falla grave en la selección de sus miembros, su formación y los principios que les inculcan.

Si el presidente Duque y su ministro de Defensa siguen diciéndose mentiras y ocultando el sol con las manos, el país va a explotar. Y ellos continuarán preguntándose por qué, si a sus ojos todo anda divinamente.

Nota. Los invito mañana sábado, entre 8:30 a.m. y 1 p.m., a la conferencia “El mundo exige paz”. Hablarán, entre otros, además de miembros del Gobierno y de los equipos negociadores, los presidentes de la JEP y de la Comisión de la Verdad y cuatro premios nobel de Paz, incluido Juan Manuel Santos, quien dialogará con los expresidentes Pepe Mujica y Felipe González. ¡No se la pierdan! Facebook Live, YouTube, @Defendamoslapaz y La Línea del Medio.

www.patricialarasalive.com, @patricialarasa

https://www.elespectador.com/opinion/terquedad-antidemocratica/

20.35.-Casos de poder y abusos de poder CECILIA OROZCO

Esposa de Ricardo Ferro es nombrada como fiscal seccional en el Tolima 

Todavía se recuerda y tiene ecos informativos el delicioso paseo a San Andrés, el puente festivo del 26 al 29 de junio pasados, del fiscal Barbosa, el contralor Córdoba, sus respectivas esposas, una hija, su amiguita y otros invitados. El afortunado grupo pudo viajar a la isla gracias a un bien del Estado (avión oficial), al disfrute de otros bienes (vehículos) y servidores estatales (escoltas, conductores, etc.), y a pesar de que, al realizarlo, violaban la cuarentena y ofendían a 48 millones de colombianos que se mantenían en confinamiento estricto.

23 sep 2020.- El abuso de poder de los altos funcionarios cuya misión consiste, justamente, en vigilar la moralidad social produjo una explosión mediática y el rechazo de la comunidad cuando Noticias Uno reveló la evidencia visual de su comportamiento. Entonces Barbosa respondió con prepotencia pero, ante todo, con un desatino preocupante en quien lidera las investigaciones penales del país. Entre varias justificaciones, aseguró que él y el contralor Córdoba, que sostiene en un alto puesto, con cargo a nuestros impuestos, a la esposa de Barbosa, habían ido a examinar los procesos en curso en esa relajante zona del mar Caribe. La disculpa resultó poco creíble por el combo viajero y por la fecha vacacional, no laboral, que escogieron para “trabajar”. El segundo argumento de Barbosa fue el de que se había propuesto aprovechar cada minuto que pudiera al lado de su familia: “Quiero que se pongan en el corazón, también, de una persona que, más allá de ser fiscal, es padre”.

Y añadió, con cara compungida, que sus acompañantes permanecieron aisladas —sin nadita que hacer— en el hotel: “De entrada, decirles que no hay restaurantes, no hay comercio, no hay playas, no hay nada” (ver). Pues bien, dos meses y medio después, Noticias Uno, de nuevo (ver), halla tres videos que demuestran que Barbosa no fue sincero: su esposa, su hija y la amiguita de esta llegan en vehículos y con sus escoltas a uno de los almacenes JR, famosos por sus productos alimenticios, perfumes, ropa y licores importados; esperan unos segundos en la calle solitaria, hasta cuando alguien, desde el interior, les abre la puerta para que ingresen a hacer compras. También está el registro visual de su salida con los paquetes que cargan sus guardias y que depositan en el baúl del carro (ver video 1, video 2 y video 3). En Colombia, no hay reglas que no tengan su excepción ni siquiera en plena pandemia, para, por ejemplo, viajar cuando los vuelos habían sido suspendidos o para comprar en un almacén cerrado para todos, menos para tres clientes.

Los defensores de Barbosa conceptúan que los episodios de San Andrés no son importantes y los califican como pilatunas sin trascendencia. Pero, ¡cuidado! Parecen revelar un patrón de conducta que no conoce o, peor, que no respeta los límites entre lo público y lo privado, un mal generalizado y fuente de corrupción en la clase política tradicional colombiana, sean sus miembros viejos o recién llegados al manejo de los asuntos de la nación. Hay un tercer capítulo en que Barbosa actuó y decidió sin temor pese a su gravedad ética y legal: nombró hace 20 días como su fiscal seccional del Tolima, es decir, cabeza de la Fiscalía en ese departamento, a Patricia Alvira Arce, tal como lo divulgó el medio digital El Olfato. Alvira Arce es la esposa de un representante a la Cámara por el Centro Democrático, el ultrauribista Ricardo Ferro quien, a su vez, es miembro de la Comisión de Acusación, órgano competente para conocer y darles curso a las denuncias contra el fiscal general. En resumen, Barbosa nombró al cónyuge de su potencial investigador.

No le importó si incurría, así, en un claro conflicto de intereses y, probablemente, en una causa judicial que no concluye ahí: su fiscal Alvira podrá dirigir, desviar o frenar un proceso abierto contra su primo Guillermo Ignacio Alvira, actual alcalde del municipio de San Luis y exmiembro de la UTL de su pariente político, Ricardo Ferro, por corrupción al sufragante. También conocerá otro proceso por posible corrupción en contratación pública, en que el encartado es su tío Guillermo Alfonso Alvira, padre del mandatario de San Luis y exalcalde de esa misma población. Barbosa puso a cuidar el queso a la ratona Alvira y, de paso, neutralizó a su investigador, el esposo de Alvira y miembro de la Comisión de Acusación. ¡Ah! El congresista Ferro estudió en la Universidad Sergio Arboleda, en la misma época en que lo hicieron el fiscal general y el presidente de la República. Duque le hace el favor a Barbosa; Barbosa le hace el favor a Ferro; Ferro les hace el favor a sus parientes y Barbosa se inmuniza e inmuniza al presidente de investigaciones. Poder, abuso de poder, lo público para uso del interés particular.

https://www.elespectador.com/opinion/casos-de-poder-y-abusos-de-poder/

  • 20.34.-EPM: escándalo en la familia CRISTINA DE LA TORRE
  • ¿Democracia? Hay que poner las barbas a remojar CECILIA OROZCO
  • Secuestro, guerra y paz RODRIGO UPRIMNY
  • Es hora de repensar en serio nuestra Policía Nacional, pero para enaltecerla y fortalecerla  GERMÁN VARGAS
  • Dios y patria YOHIR AKERMAN

Con rugidos de cíclope se quiso sofocar el plan de recuperación para Medellín de los $9,9 billones que costaron los errores técnicos en Hidroituango. Acaso se tratara de proteger la faltriquera de los constructores y de salvar responsabilidad de autoridades que fueron de EPM y hoy compiten por la Presidencia de la República. Protuberante interés económico y político disfrazado de antioqueñidad. Con semejante collar de arepas en comarca orgullosa de la raza y de su empresa, se dio por descontada la victoria.

15 sep 2020.- Pero hace una semana saltó, sin anunciarse, un elefante a la sala de juntas de EPM: un informe de Advanta, firma estrella de la especialidad en el mundo, según el cual en el siniestro de la represa, en vez de la fatalidad de la naturaleza, obraron errores de los diseñadores, supervisores y constructores de la obra. Investiga la Fiscalía por orden de quién en EPM se escondió durante un año el documento que, según el alcalde, comprometía el bolsillo de los constructores en vista del proceso judicial que se avecinaba. El escándalo en la familia le bajó decibeles a la baraúnda, dio razones inequívocas a EPM para conciliar o demandar, e impidió que la reclamación judicial se dirimiera —a la manera de Uribe— en los estrados plebiscitarios de una opinión pública manipulada.

Mas no es este un episodio del azar: en EPM se gestaba de tiempo atrás la crisis que hoy estalla. Paulina Aguinaga, presidenta del Concejo de Medellín e incontrastable estudiosa de los ires y venires de la empresa, la atribuye a una acumulación de malos manejos en su cúpula. La contingencia de Hidroituango, escribe, sólo anticipó la evidencia de decisiones de gerencia equivocadas, y hasta insólitas: la compulsión de comprar a pérdida empresas quebradas en el exterior; la solapada privatización de la empresa por la puerta de atrás; el repetido amparo a firmas amigas, “aliadas estratégicas” que mordían impunemente la riqueza de EPM o la dilapidaban. Dizque blindada contra políticos, menos blindada aún estaría contra negociantes adscritos a la bíblica familia de EPM.

Explica Aguinaga que la privatización en EPM no procedía por compra de acciones sino por favoritismo hacia firmas amigas, gracias a una malla de intereses cruzados entre empresarios privados (¿cómo los constructores de Hidroituango?) y directivos de EPM. Fracasada una vieja propuesta de convertirla en empresa mixta, Juan Esteban Calle, hoy presidente de Argos, ayer gerente de EPM, crea en su conglomerado privado una empresa de energía con información privilegiada de EPM y para competirle a EPM. Lucrarse de esta información reservada es usurpar un valor intangible que pertenece al patrimonio público de la ciudad. Es privatizarlo.

Considera Aguinaga, además, que otra forma de privatizar es despojar o causar daño al patrimonio público, comprando a sobreprecio con sus recursos. Y aquí entra en escena la feria de compras absurdas que, arrastradas por el neomercantilismo de la hora, consumaron las directivas de EPM. Como la compra de una empresa del grupo chileno Luksic por US$965 millones, cuando no valía más de US$112 millones. En total, las inversiones en el vecindario sumaron $8,7 billones. ¿Con cargo a quién? A los tres millones de usuarios que pagan servicios públicos a EPM.

Podrá superarse el impasse de Hidroituango mediante transacción amistosa entre las partes o, al extremo, por decisión de los jueces. Pero este es la punta del iceberg. La solución de su crisis estructural pasa por el rescate del principio ético que informa el gobierno corporativo. Dicho con la elocuencia del lenguaje antioqueño que Diego Calle Restrepo, gerente irrepetible de la era dorada de EPM, empleó: “En esta empresa se podrá meter la pata, pero no la mano”.

Cristinadelatorre.co

https://www.elespectador.com/opinion/epm-escandalo-en-la-familia/

20.34.-¿Democracia? Hay que poner las barbas a remojar CECILIA OROZCO

¿Cuánto falta para que haya un magnicidio o para que un opositor, un periodista o cualquier activista de redes se vea forzado a buscar asilo político de un gobierno extranjero? No es alarmismo ni “alboroto mamerto”, término con que las fieras que representan al partido gobernante descalifican las voces críticas, más que con desprecio, con un acento marcado por el odio y por la advertencia de que quien no se silencie podrá ser liquidado.

16 sep 2020.- El autoritarismo muestra sus colmillos y hay que tomarlo en serio. Los síntomas dictatoriales aparecen aquí y allá y no es cuestión de asumir las “barbaridades” que se hacen o se publican como si fuera un chiste. O lo lamentaremos cuando no haya nada que hacer.

Síntoma 1. Policías disparando en las calles de Bogotá contra la gente que huía como conejo de un cazador. Aun quienes somos mayores no recordamos haber visto en escenarios urbanos esa conducta, abiertamente desafiante, en agentes del Estado y con su identidad al descubierto. En los centenares de videos difundidos gracias a la bendita era digital que evita el ocultamiento tan fácil en otros años, consta el morbo con que actuaban los policías corriendo tras sus presas sin disimular su ira, como si los hubieran azuzado y, después, les hubieran soltado las amarras. ¿Dónde estaban los oficiales responsables de sus subalternos, dónde los altos mandos, dónde el ministro Trujillo y el presidente Duque para llamar a la calma y controlar la situación sin esperar la eliminación física? La alcaldesa López quien, en el papel, tiene la función de “primera autoridad de Policía del municipio”, según se lee en el artículo 315 de la Constitución, poco pudo hacer: hay que recordar que en esa misma norma se señala que los mandatarios locales deben “conservar el orden público (de su ciudad) de acuerdo con las instrucciones que reciban del presidente de la República…”. O sea, ella está sometida a la Casa de Nariño en ese campo. No en vano uno de los generales de la entidad policial que, hoy, inspira temor y más temor declaró que “no necesitamos que nos ordenen hacer uso de las armas… nosotros analizamos y, de acuerdo a ello, actuamos”. Lo cierto es que, en esas 48 horas, no hubo freno institucional alguno. El Ejecutivo permitió el resultado: 13 civiles muertos a bala. ¿Fue desgobierno o una decisión?

Síntoma 2. El rechazo disfrazado de cándida desconexión de Iván Duque a las angustias sociales y económicas, a las matanzas de líderes de las comunidades, a la desaparición de excombatientes y defensores de derechos, a las peticiones ambientalistas que también clasifican en la casilla de “mamertas”, y su inacción frente a la violación de las libertades. La débil resistencia presidencial al extremismo de derecha, que cada vez más domina su facción política, ha cedido. Y la apariencia de magnanimidad con que quiso ser reconocido el mandatario no resiste más: es obvio que la voluntad de Duque está sucumbiendo ante los londoños, las cabales, los joseobdulios, la pandilla de los paolos. Antes, dudaba y simulaba. Ahora le entrega su poder al patrón, la fiera herida por el encierro que se impondrá o morirá dentro del templo como Sansón, con todos los filisteos.

Síntoma 3. La sistematicidad en los ataques de desprestigio, con participación de funcionarios de la Presidencia, y las acusaciones fantasiosas pero efectivas contra personajes que el orden extremista considera “peligrosos” como Juan Manuel Santos, Iván Cepeda, Gustavo Petro, Claudia López, Daniel Quintero, Juan Fernando Cristo, etc., sumadas a la persecución, “perfilamientos” y amenazas de muerte para sí mismos o sus familias, de medios, periodistas, columnistas y activistas.

Síntoma 4. Neutralización o sometimiento mediante burocracia y jugosos contratos oficiales, de la mayoría de los partidos y el Congreso. Y la cancelación, proyectada en futuras reformas, de la autonomía de los jueces y las cortes. ¿Quién será la víctima del primer magnicidio? ¿Quién será el primer asilado político? Que nadie se sienta a salvo: hay que poner las barbas a remojar.

https://www.elespectador.com/opinion/democracia-hay-que-poner-las-barbas-a-remojar/

20.34.-Secuestro, guerra y paz RODRIGO UPRIMNY

El secuestro es un crimen terrible que, al haber sido cometido sistemáticamente por las guerrillas, llevó a nuestro conflicto armado a niveles extremos de crueldad. Un punto que nos une a casi todos los colombianos es entonces nuestra voluntad de poner fin al secuestro y que los casos ocurridos sean esclarecidos, las víctimas sean reconocidas y reparadas, y los responsables rindan cuentas ante la justicia.

20 sep 2020.- Una de las columnas vertebrales del Acuerdo de Paz con las Farc fue avanzar en esa dirección. Hacia el futuro, el fin del conflicto armado evitaría nuevos secuestros por las guerrillas. Hacia el pasado, como el secuestro no fue amnistiado, el deber de los exguerrilleros de las Farc desmovilizados es decir la verdad plena sobre ese crimen como condición para acceder a la llamada sanción propia: restricción efectiva de libertades y derechos durante 5 a 8 años, en que deben cumplir además con labores restaurativas a favor de las víctimas y la paz. Si los exguerrilleros responsables de ese crimen o de otras atrocidades no cumplen con esas condicionalidades, entonces deberían ser condenados hasta 20 años de cárcel por la JEP.

Esto muestra que, contrariamente a los ataques en contra, la paz con las Farc no es una paz con impunidad, sino con justicia. Una justicia transicional, que es distinta a la ordinaria prevista por el sistema penal, pero que puede llegar a ser más significativa, pues debe permitir el esclarecimiento de muchos casos que hoy están en total impunidad en la justicia ordinaria. Además, esta justicia transicional reconoce a las víctimas y les da una voz privilegiada, mientras que obliga a los victimarios a que asuman sus responsabilidades.

Aunque no con la celeridad que muchos quisiéramos, dos hechos muy significativos esta semana muestran además que esta justicia transicional está empezando a dar resultados. Primero, los principales excomandantes de las extintas Farc reconocieron ante la JEP que los secuestros que cometieron eran una atrocidad inaceptable y, sin atenuantes, pidieron perdón a las víctimas y se comprometieron a esclarecer esos crímenes y a contribuir a encontrar los restos de quienes están desaparecidos. Segundo, Íngrid Betancourt entregó su testimonio ante la Comisión de la Verdad, de sus seis años de cautiverio, mostrando los impactos devastadores de este crimen, incluso después de la liberación. Dijo Íngrid que con el secuestro “entra uno en una especie de exilio, en una soledad donde uno no puede tocar fondo, y en esa soledad la persona se pierde, se olvida de quién es y de quién fue”.

Las víctimas de secuestro, dignificadas y con voz; los responsables de esta atrocidad, asumiendo sus responsabilidades ante la justicia. Esta paz con justicia, a pesar de sus imperfecciones y de la difícil situación que atraviesa, merece ser defendida. ¿O preferimos perpetuar la guerra y quedar atrapados en sus crueldades, como lo han hecho Márquez y Santrich? Ojalá el Eln oiga estos clamores por la paz y contra el secuestro, y abandone su tesis de que esa práctica atroz es compatible con el DIH, que es totalmente errada, como lo he mostrado en textos anteriores. Pero, sobre todo, que deje de secuestrar y libere a todos sus secuestrados como un gesto esencial para recuperar la posibilidad de negociaciones de paz con esa guerrilla.

En ese espíritu de defensa de esta paz imperfecta y en dificultades, pero que avanza y es necesaria y justa, me uno a la convocatoria del movimiento “Defendamos la Paz” para que nos encontremos el sábado 26 en la conferencia internacional “El mundo exige la paz” por Youtube, La Línea del Medio y Facebook Live. Con ustedes, por la paz seremos más.

(*) Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

https://www.elespectador.com/opinion/secuestro-guerra-y-paz/ 

20.34.-Es hora de repensar en serio nuestra Policía Nacional, pero para enaltecerla y fortalecerla  GERMÁN VARGAS

Los violentos y lamentables hechos de la semana pasada nos obligan a investigar a fondo lo ocurrido, a sancionar ejemplarmente a los agentes responsables, a capturar y desmantelar los grupos de vándalos detrás de los ataques y, sobre todo, a reflexionar sobre la necesidad de introducir reformas de fondo en nuestra Policía Nacional.

19 sep 2020.- Una primera hipótesis que debería valorarse es aquella según la cual la Policía se quedó anclada en la doctrina del conflicto armado, en la confrontación con la guerrilla y el narcotráfico, y no se ha venido preparando para hacer frente a las nuevas y también delicadas, pero diferentes, responsabilidades en seguridad ciudadana. Tampoco observa uno que se haya preparado para actuar en medio de las protestas sociales, aumentadas por la pandemia y el clima de incertidumbre, insatisfacción y necesidad que ha generado y cuyas restricciones del trabajo y la movilidad, en especial, ha tenido que administrar sin ninguna comprensión ciudadana.

La situación amerita un análisis profundo y mucha cabeza fría para emprender reformas. Algunas voces piden que la Policía se convierta en un cuerpo civil, incluso desarmado, y que se le asigne al Ministerio del Interior. Sobre esta iniciativa tengo muchas reservas. La principal es la previsible desarticulación de la Policía en cuerpos departamentales y municipales, y su posible politización. Basta observar lo que ocurre en México con 2.400 cuerpos de Policía independientes pero politizados, no profesionales y con graves acusaciones de corrupción. Similar situación hay en Brasil, donde cada gobernador maneja su propia policía militar.

Qué tal regresar nosotros a épocas de una policía seleccionada con criterio partidista o con sesgos ideológicos, que tanto contribuyó a la violencia. Hace 60 años, Alberto Lleras Camargo abogaba por una Policía Nacional única, apolítica y profesional. Sostenía Lleras que los partidos extremistas tenían la consigna de llevar a organizaciones como la Policía y las Fuerzas Armadas a la anarquía y el desprestigio, lo que las hacía más vulnerables y de donde no podían salir victoriosas, porque “cuando se pierden la confianza, el respeto y el afecto se mina definitivamente a las instituciones”. Cuánta actualidad tienen estas palabras cuando hemos visto que detrás de estos hechos hay agitadores organizados y quizás miembros de grupos al margen de la ley que pretenden promover cambios políticos a través de métodos violentos.

Con el propósito de reorganizar, pero sobre todo fortalecer, a la Policía se ha planteado crear un nuevo ministerio, el de la Seguridad Ciudadana. Es una idea que debería ser valorada y podría dar respuesta a las nuevas realidades y retos de un país caracterizado por un crecimiento acelerado de sus ciudades y el surgimiento de nuevas problemáticas. Es posible que haya llegado el momento de retirar a los ‘primos’ de las Fuerzas Militares, a donde las adscribió el general Rojas Pinilla.

Bajo esa nueva institucionalidad se podrían reformular los objetivos misionales de la institución y su adaptación a las nuevas exigencias de seguridad pública. Se podrían emprender asimismo las necesarias reformas en materia de incorporación, formación, planes de carrera y ascensos y profesionalización. También convendría crear centros de pensamiento para entender las dinámicas de los comportamientos ciudadanos y el delito, para repensar programas como el de policías bachilleres, o la organización de los CAI, las estaciones, las comisarías de policía, sus jurisdicciones y sus relaciones con alcaldes y gobernadores.

Ese nuevo ministerio se encargaría de reestructurar el plan nacional de vigilancia y sería el interlocutor adecuado para impulsar los temas de reforma de la justicia desde la perspectiva de la seguridad, como son el tratamiento de menores infractores, la reincidencia, el régimen penitenciario y el fortalecimiento de la Policía Judicial, entre muchos otros asuntos.

Es hora de repensar en serio nuestra Policía Nacional, pero para enaltecerla, fortalecerla y para asegurarnos de que pueda responder a las nuevas y muy complejas realidades nacionales.

GERMÁN VARGAS LLERAS

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/policia-columna-de-german-vargas-lleras-538803

20.34.-Dios y patria YOHIR AKERMAN

En los dolorosos y lamentables hechos ocurridos entre el 9 y 10 de septiembre en Bogotá, que dejaron más de una decena de muertos y centenares de heridos, existen relatos y evidencias desconocidas hasta ahora que demuestran que miembros de la Policía atacaron y asesinaron a personas que estaban en labores cotidianas. Estos ciudadanos no representaban ningún riesgo para la sociedad ni para su institución y ni siquiera eran parte de las manifestaciones.

20 sep 2020.- Vamos a algunos de los escalofriantes relatos.

César Andrés Fonseca terminó a las 9:00 p.m. su ensayo musical de la banda que tiene con sus amigos. Una vez salieron del lugar donde ensayan para cada vez sonar mejor, sintió un profundo quemón en la rodilla. Cayó al suelo con su instrumento en la mano y tuvo que ser llevado de emergencia al hospital El Tintal para ser tratado en cuidados intensivos por el impacto de bala que agentes de la Policía le propinaron sin ningún motivo entendible.

Christian Hernández, de 23 años, se despidió de su padre en la casa para ir a trabajar llevando un domicilio en bicicleta. Momentos después de salir de su casa, según pudo ver su padre, dos agentes de Policía lo tomaron a la fuerza para arrestarlo. Ante la confusión del joven que solo quería repartir su pedido y cumplir con su labor, fue sentenciado a muerte fulminantemente con un disparo en la frente.

Se robaron dos vidas con un solo disparo, la de Christian y también la de su padre, que tuvo que ser testigo de este horrible asesinato por parte de la institución que está para protegerlo y servirle a nombre de Dios y la patria, como su escudo lo dice.

Luisa Fernanda Ayala iba transitando por la 53 en bicicleta con un amigo pasadas las once de la noche. Agentes de la Policía los pararon, les quitaron las bicicletas, luego los subieron a la patrulla, les dispararon con una pistola eléctrica. Inmediatamente desnudaron a Luisa Fernanda para requisarla y fue trasladada en patrulla hacia Teusaquillo sin permitir que llamara a nadie.

Nicole Alejandra Santos y su madre salieron de su hogar a verificar que el carro que habían parqueado frente al conjunto no tuviera daños por los disturbios. Una vez en la calle, sin hacer parte de ninguna protesta, recibieron un impacto de bala cada una. Según el reporte presentado, a ella la bala le entró y salió por el hombro izquierdo causándole grandes daños.

A esa misma hora fue herido el señor Fabián Peña, de 36 años, por un disparo en la cabeza, sin que su familia entendiera por qué, ya que él no estaba participando en las protestas. Simplemente caminaba en el lugar equivocado en el momento errado. Hoy se encuentra peleando entre la vida y la muerte sin que hubiera razón alguna para eso.

Daniela Muñoz salió pasadas las seis de la tarde de su casa cerca al CAI de Bosa La Libertad, a comprar pan para tener al día siguiente. Andaba con el dinero contado en la mano cuando, según relató a la línea 018000, se le acercaron más de ocho agentes de la Policía a acosarla preguntándole sus razones de estar en la calle. Ante la confusión y su interés de mostrar el dinero para explicar que iba a comprar pan, uno de los policías le dio un bolillazo en la cara hiriéndola fuertemente. Al tratar de huir de la agresión hacia una peluquería que estaba en frente, fue golpeada para neutralizarla y arrastrada incluso del pelo, hasta quedar indefensa en el piso. Hoy sigue teniendo problemas para comer.

Aterrador.

Estos y otros testimonios se encuentran en un informe de la Secretaría Distrital de Salud, en donde también existen denuncias de que al interior de varias estaciones de la Policía se estaban cometiendo actos de tortura como “desnudamientos y golpes por parte de los agentes hacia las personas detenidas. A la vez, varios de estos actos de tortura han terminado en casos de violencia sexual”.

Ese informe y los múltiples videos, como el publicado por el columnista Ariel Ávila, demuestran que los agentes salieron a disparar a quemarropa, hirieron y mataron a personas que ni siquiera se estaban manifestando. Simplemente pasaban por ahí, y la mayoría recibió disparos en el pecho o la cabeza. Estos fueron los más letales. (Ver Video brutalidad policial).

Independientemente de si hubo o no infiltración de la guerrilla del Eln en los disturbios, que arrojaron 13 civiles muertos, 31 policías en cuidados intensivos y más de 120 denuncias graves de abusos de la autoridad, es evidente que esa institución necesita una reforma inmediata.

El congresista Inti Asprilla está abanderando un proyecto de ley contra el abuso policial que hay que tener en cuenta. También es necesario darles valor a los pedidos de la alcaldesa Claudia López de una inmediata revisión del tema que incluye muchos de los elementos que impulsó, sin éxito, un documento de recomendaciones realizado por una comisión consultiva de alto nivel presentado al entonces presidente Juan Manuel Santos en enero de 2017.

De haberse tomado en cuenta esas recomendaciones para realizar una reforma de la Policía, posiblemente estos abusos hubieran tenido menores consecuencias. Y es que este no es un tema de bandos políticos, o de derecha o izquierda, es de mirar el número de civiles muertos y entender que, para empezar, la persona o personas encargadas de investigar los abusos y delitos de la Policía no pueden estar dentro de la línea de mando y, más importante aún, esta institución debería estar, cuanto antes, por fuera del Ministerio de Defensa. Ese sería un cambio muy positivo.

La Policía tiene que hacer todos los esfuerzos por recuperar la confianza de la sociedad a la que dice proteger y que el pasado 9 y 10 de septiembre atacó, para volver a los niveles de popularidad y aceptación de los que gozaba hace 10 años. Eso es necesario.

Todos los muertos importan. Y unas simples disculpas no son suficientes para honrarlos.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/dios-y-patria/ 

  • 20.33.-Contra las evidencias, no hay campaña que valga CECILIA OROZCO
  • Evitemos la piñata radial GERMÁN VARGAS
  • Planeación de los hechos YOHIR AKERMAN

En el ambiente de angustiosa zozobra que lo domina, Álvaro Uribe terminó dándole la razón a su anterior jueza, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, cuando ordenó privarlo de la libertad no solo por la alta probabilidad de que hubiera cometido dos delitos, sino porque contaba con suficientes recursos para obstruir la justicia, requisito que se cumple cuando el imputado tiene medios para manipular, crear u ocultar pruebas, incidir en los testigos o dificultar las funciones de quienes lo procesen.

9 sep 2020.- Si alguien ha demostrado que por cada versión que lo incrimine, él encontrará una, dos o tres contraversiones; que cada testigo en su contra será acosado hasta vencerlo; o que cada investigador que lo examine, sea este fiscal, juez, magistrado o periodista, terminará enredado en una historia turbulenta “revelada” por su círculo; si alguien tiene ese margen de maniobra en Colombia es, sin duda, Álvaro Uribe Vélez.

En la más reciente etapa de la que suele calificarse, metafóricamente, como su “defensa”, hemos visto y oído una intensa campaña de propaganda política que no añade la advertencia de que es “pagada” pero que lo es, aunque no solo con billetes: existen otros modos más generosos que el dinero para devolver el favor. Uno de los episodios más sorprendentes de esta parte de su estrategia novelada tiene como protagonista a un reo, lo que no es extraño en el entorno del expresidente, pues por donde uno siga su huella brota un preso, mientras los otros exmandatarios dictan conferencias, responden invitaciones, leen en sus bibliotecas, dan consejos. El convicto del capítulo titulado “Liquidación de Monsalve” (otro reo) se llama Enrique Pardo Hasche, un secuestrador elegantísimo. Su antagonista Juan Guillermo Monsalve, en cambio, soporta la desgracia de haber declarado, desde el año 2011, contra el exsenador y, por contera, de haber nacido en una familia pobre e iletrada. Pardo delinquió pese a sus riquezas, a su familia y a su clase, pero se presenta como un ángel de la guarda del doctor Uribe. No obstante, su prontuario no revela pureza: junto con su hermano Mauricio, fue condenado a 29 años de cárcel, el 17 de septiembre de 2003, por el secuestro extorsivo de Eduardo Puyana, padre de la esposa de Andrés Pastrana, aliado de Uribe Vélez quien es respaldado, vea usted la ironía, por el secuestrador de su suegro. Este desapareció en abril de 1991 y dos años después se encontraron sus restos. Se lee en la sentencia que la motivación para cometer semejante crimen fue una deuda de Puyana con los Pardos por un millón de dólares de aquella época. ¡Una inmensidad!

Uno de los defectos más frecuentes en que caemos los periodistas es olvidar los contextos. En el caso de Pardo Hasche, la revista Semana tiene el mejor contexto. Fue publicado en julio de 2018 por quien después fuera expulsado para reemplazarlo por otro tipo de comentaristas. Su columna tiene siete videos del momento en que Pardo Hasche intenta convencer a Monsalve de torcer su testimonio: en lugar de en contra, a favor de Uribe. Vale la pena verlos (aquí). Algunas de sus frases grabadas por la Corte en febrero de 2018: “A Uribe ni siquiera lo van a tocar… Cuando uno dice ‘¿por qué’: porque está todo para Uribe. Entonces los magistrados van a ir a ver… hijuep… Nadie se va a poner a joder con esa gente ya. Imagínese, una vez esa gente se monte en el país, no vuelve a mirar pa’trás. Cuando arranquen… el que se quedó atrás, se quedó… Entonces lo que yo le quería decir es que usted lo que debe hacer es pasarse para el lado de ese señor…”. Dos años después, septiembre del 2020, la propaganda y la campaña pretenden convencernos de lo contrario.

https://www.elespectador.com/opinion/contra-las-evidencias-no-hay-campana-que-valga/

20.33.-Evitemos la piñata radial GERMÁN VARGAS

No más gratuidad, ni perpetuidad ni amiguismos en la asignación de las frecuencias radiales.

El Gobierno abrió, después de 11 años, un nuevo proceso de adjudicación de emisoras de radio. Ha comenzado por solicitar manifestaciones de interés, cuya fecha límite es el próximo 17 de septiembre. Pero ya han llegado más de 2.800 interesados para emisoras en más de 520 municipios. Seguro llegarán más, pero, como este no es requisito para participar en la licitación, es muy probable que los verdaderos jugadores, aquellos con mayores opciones, no aparezcan sino una vez abierta la licitación.

13 sep 2020.- A nadie puede sorprender el número de interesados, dada la forma como tradicionalmente se han asignado estos derechos. O, mejor dicho, como se han repartido, prácticamente a dedo, unos beneficios no solo millonarios, sino de por vida, a personas naturales y jurídicas privadas sin ninguna contraprestación a favor del Estado.

Como los términos de la licitación aún no se conocen, resulta oportuno formular algunas advertencias y recomendaciones sobre el proceso, no solo para darle trasparencia, sino para asegurarse de que el Estado salga beneficiado de aquella y que pueda también garantizarse a los ciudadanos una radio de calidad, hecha por profesionales con las mejores calificaciones y probada experiencia.

Me pregunto si en esta convocatoria podrán participar las actuales cadenas radiales. No parece existir norma que lo prohíba. Sin embargo, en aras del equilibrio regional, cultural e informativo, cómo no considerar en el proceso que una cadena ya maneja cerca de 90 emisoras; otra, 67, y una tercera, 34, para solo citar las principales. ¿Se podrán formar nuevas cadenas nacionales o regionales? O, mejor aún, ¿alguien podrá beneficiarse de más de una frecuencia?

Y pensando en los criterios de adjudicación, ¿cuánto pesará la experiencia profesional de los oferentes? ¿El modelo será por méritos o primará el factor económico? ¿Cómo garantizar el pluralismo cuando tradicionalmente estas adjudicaciones han recaído siempre en cabeza de los ‘amigos’ del gobierno de turno? ¿Cómo evitar los testaferratos, las simulaciones, las alianzas camufladas que luego ni siquiera se esfuerzan por mantener ocultas? Me pregunto también si se exigirá a los adjudicatarios la obligación de explotar las frecuencias o podrán seguir arrendándolas.

A diferencia de lo que ocurre en los negocios de televisión y de telefonía celular, el uso del espectro en radio no ha generado nunca ingresos para el Estado, salvo por unos mínimos derechos de renovación que se cobran cada 10 años, a razón de tres salarios mínimos mensuales por emisora, cuando es bien sabido que, por ejemplo, una emisora en Bogotá puede arrendarse por 200 millones mensuales y puede llegar a costar varios miles de millones, cuando se recibió a cero costo.

En esta licitación, lo mínimo sería esperar que el Gobierno se asegurara de recibir una justa compensación por el uso del espectro para la actividad radial, cuya valoración no debería ser compleja y en cualquier caso, al someterse a un proceso tipo subasta, reflejaría al menos precios de mercado. Todo, menos la adjudicación gratuita y a dedo a los amigos del gobierno de turno.

Y también aprovechando esta licitación, valdría la pena hacer un alto en el camino, poner fin a tanto favoritismo y dotar la radio de un marco legal claro que no solo sea rentable para los operadores, sino principalmente para el Estado y la ciudadanía. Propongo que se baraje de nuevo. Que toda emisora cuyo plazo se vaya venciendo se someta a un nuevo proceso de adjudicación competitivo, donde además de criterios profesionales y de experiencia se privilegie el factor económico. Y, por supuesto, adjudicarlas solo a quien directamente las vaya a operar y no a quienes pretendan ‘jubilarse’, ellos y sus descendientes, por sus influencias.

Hago un llamado al Gobierno para que ponga fin a esta práctica abusiva, antipluralista y odiosa. No más gratuidad, ni perpetuidad ni amiguismos en la asignación de las frecuencias radiales. El espectro debe asignarse por periodos fijos a quienes vayan a operarlo, con las mejores propuestas y pagando valores comerciales. 

GERMÁN VARGAS LLERAS

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/evitemos-la-pinata-columna-de-german-vargas-lleras-537510

20.33.-Planeación de los hechos YOHIR AKERMAN

El pasado 8 de septiembre Semana TV emitió un programa titulado “El expediente secreto del caso Uribe”, en el que se publicaron interceptaciones de marzo y abril de 2018 al expresidente preso en casa por cárcel, Álvaro Uribe Vélez.

13 sep 2020.- Los uribistas y el grupo de apoyo al exsenador preso salieron a defender que este programa y esos audios son la prueba reina que demuestra que Uribe es inocente de haber cometido los delitos de soborno en concurso homogéneo y sucesivo en actuación penal, así como fraude procesal. Que todo es un montaje y persecución.

Pues un cuidadoso análisis del contenido de los audios demuestra todo lo contrario, sobre todo ahora que la defensa de Uribe está tratando de decir que Diego Cadena actuó sin conocimiento ni coordinación de su cliente en la consecución de la manipulación de testigos. Me explico.

En las interceptaciones Uribe habla con el abogado Diego Cadena sobre cómo conseguir el testimonio de dos testigos en específico, Juan Guillermo Monsalve y Juan Carlos el Tuso Sierra Ramírez, el famoso narcotraficante que se coló en el proceso de Justicia y Paz comprando unos escuadrones de paramilitares.

También incluyen conversaciones con sus otros abogados penalistas, los doctores Jaime Lombana y Jaime Granados, los congresistas José Obdulio Gaviria y Johny Moisés Besaile, este último relacionado con escándalos de corrupción en Córdoba, y su asesor de la UTL Fabián Rojas, un servidor público dedicado a hacer “vueltas” personales de Álvaro Uribe.

Pues el 12 de marzo de 2018, según el audio publicado por Semana TV, el entonces senador Uribe llama a Diego Cadena a hablar sobre la posible declaración del Tuso Sierra, que finalmente la Corte nunca llamó de declarar.

“Él (Tuso Sierra) va a referirse no solamente a Luis Alfredo Ramos y a Jorge León sino a lo mío, sino a lo mío. Pero eso no es capaz de manejarlo ni Jaime Granados y, también lo digo con tristeza, ni Jaime Lombana. Hombre, esto es mucho descuido. Vea lo que yo me he encontrado en la Gobernación de Antioquia, en el archivo, de que yo hice como gobernador, imagínese, para no contarles otra cosa, que tengo 93 denuncias contra paramilitares y guerrilla cuando yo era gobernador y me dejan avanzar estos procesos que me están avanzando. Ahí está todo eso para mandarlo a la Corte”, dice el expresidente.

De ahí la importancia de Cadena, el abogado/arreglista que sí sabe manejar estos temas. Por eso el 22 de marzo hablaron en estos términos.

AUV: Yo le hice preguntar esto a ese Tuso a través de la gente que es amiga de él, si no me manda un video con una declaración y no puede ir abogado mío o por la razón de que él no la acepta porque el amigo de él está en Europa, que si podía yo pedir una declaración en la Corte, y me dijo que la pidiera, yo tenía ganas de redactarle ya un memorial y que Fabián lo consulte con usted.

(Se corta la llamada con Diego Cadena).

AUV: Tengo ganas de pedirle ya a la Corte, contarle ya a la Corte, contarle esto a la Corte y que (…) practiquen esta prueba.

Diego Cadena: Presidente, ¿y qué piensa el señor al respecto? Pero el señor de Europa.

AUV: Sí, él no acepta sino con el señor de Europa. Entonces yo antier dije: pregúntenle entonces, como el señor de Europa está demorado, que si yo le puedo pedir una declaración a la Corte, que la Corte se lo pida, y me acaba de decir que sí, que él se la da a la Corte.

Diego Cadena: Buenísimo, presidente. Solicitemos de una vez y aseguremos esta prueba antes de que estas personas vuelvan y hablen con el señor.

De todas maneras, el 28 de marzo, Uribe, según las grabaciones de Semana TV, tuvo que llamar a su otro abogado. Esta vez la llamada es con Jaime Granados sobre el mismo tema y le dice lo siguiente:

AUV: Bueno, hombre, venga le cuento, y que lo oigan por teléfono.

Jaime Granados: ¿Qué pasó, presidente?

AUV: Gente de Medellín buena, gente honorable, que por alguna razón de su familia o amistades conocieron al Tuso Sierra, me dijeron que después de que salió de la cárcel en Estados Unidos él tuvo que negociar con los americanos porque se quedó viviendo en los Estados Unidos, le preguntaba a amigos allá que a la cárcel fueron a visitarlo Rodrigo Lara, Piedad Córdoba con Iván Cepeda, que Rodrigo Lara a preguntarle por José Obdulio, y Piedad Córdoba e Iván Cepeda a ofrecerle beneficios si me acusaba a mí. Yo les dije, díganle a ese señor que me mande un video, él no quiso, que me mande una declaración, entonces dijo que para mandar una declaración tenía que estar una persona amiga de él que está en Europa

AUV: Entonces dijo que para mandar una declaración tenía que estar una persona amiga de él que está en Europa y yo le mandé decir eso, entonces yo le dije, hombre, voy a pedirle a la Corte Suprema para que sea la misma Corte la que le pida la declaración, que si la Corte lo llamaba él tenía qué hacerlo, entonces por eso pedí esa prueba.

Jaime Granados: Eso el viernes quedó radicado, presidente.

AUV: Entre el 2 y 3 de abril ese señor va a declarar en el caso de Jorge León Sánchez, un segundo de Luis Alfredo Ramos, sería muy importante coordinar con esa gente para que se le pregunte…

Quiénes serán las personas “buenas y honorables de Medellín” que conocen al tan temido narcotraficante cuyo mérito para entrar a Justicia y Paz consiste en que logró introducir al país cientos de miles de fusiles y munición con destino a los distintos bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia, a cambio de toneladas de cocaína producida en el Nudo del Paramillo, el Bajo Cauca, el sur de Córdoba, el Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Sobre el tema de Monsalve, las grabaciones cuentan cómo, el 22 de marzo de 2018, el expresidente Uribe presionaba a Jaime Lombana para que visitara en la cárcel a Enrique Pardo Hasche, compañero de prisión de Monsalve y persona que según la evidencia fue crucial en la presión al testigo Juan Guillermo Monsalve.

AUV: Ese Monsalve que está en la cárcel con el Pardo amigo suyo, cliente suyo. Ese dice que lo que pasa es que los paramilitares lo tienen muy presionado que porque yo les he hecho mucho daño, pero yo sí que quiero que ese bandido rectifique (…).

Jaime Lombana: Pardo no me ha comentado nada de esto. Bueno, presidente, yo hablo con este abogado y coordino con el abogado.

Pocos minutos después, el expresidente habló con Cadena:

Diego Cadena: Presidente, este señor no ha recibido el recado de este abogado. Ayúdeme con eso, por favor, si quiere que dejemos listo eso esta semana.

AUV: Logré hablar con Jaime Lombana hace media hora.

Diego Cadena: ¿Qué le dijo?

AUV: Que iba a mirar eso, yo le dije la urgencia, lo voy a volver a llamar mañana.

Diego Cadena: Presidente, venga yo le hago un recuento. Es que ese tema de Lombana quedó prueba superada. Simplemente que este abogado le haga saber que yo voy de parte suya, yo pude ir hoy, me contaron una cantidad de irregularidades que personalmente se las explico, él está siendo muy presionado allá porque ya se filtró de que yo estaba yendo a hablar a esa hora. Que con mucho cuidado, que no haga eso, ¿y cuál es mi política, presidente? Coger las cosas en calientico y resolverlas. ¿Qué es lo que necesito yo? Que hable con el doctor que llamó ese día que estábamos en el hotel que por favor lo llame y le haga llegar directamente el mensaje a este señor y es que el doctor Lombana, tenga tiempo y él lo vaya a hacer.

AUV: Yo le acabo de leer lo suyo, doctor Diego. Estoy en eso. El más interesado soy yo.

Y sí señor.

Sin duda su interés se demostró en la coordinación para que sus abogados trabajaran juntos en poder contactar a Pardo Hasche. Es conocido por otros audios que, pese a que Cadena ha dicho varias veces que nunca presionó a ese preso, una grabación hecha por el propio Monsalve con un reloj con cámara demuestra que Cadena, junto a Pardo Hasche, le dice con un tono desafiante: “Redactemos el hp documento”. (Ver Video).

Todas estas grabaciones, que de nuevo los cercanos a Uribe quisieron presentar como prueba de la inocencia del expresidente, lo que hacen es demostrar que Uribe tiene una política de no respeto a la justicia y que estaba presionando a sus abogados para que se reunieran con los “testigos”, además de estar en toda la coordinación de estas reuniones y en la planeación de todos los hechos que hoy lo tienen en casa por cárcel al igual que a su abogado Diego Cadena.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/planeacion/ 

  • 20.32.-Túnel de La Línea, poco que celebrar GERMÁN VARGAS
  • La campaña sucia ahora es explícita CECILIA OROZCO
  • Se confirma: fallaron los pronósticos apocalípticos DIEGO OTERO
  • Desprestigio YOHIR AKERMAN

Costó más de 5 veces el presupuesto original y aún le faltan 5 km en Quindío y 8,8 km en Tolima.

Sé que corro el peligro de que me tilden de aguafiestas, pero en la inauguración del túnel de La Línea creo que hay poco que celebrar; sí, mucho que lamentar y muchas lecciones que aprender. En el conjunto de las grandes obras que se han desarrollado en el país, tal vez esta se lleva todos los premios: una obra mal planeada, mal diseñada, mal licitada, mal contratada y, por supuesto, mal ejecutada.

6 sep 2020.- Ya en 1968, en el gobierno de Carlos Lleras, el entonces ministro de Obras Públicas, Bernardo Garcés, advirtió con mucho sentido que el túnel debía construirse en la base de la cordillera y no a 2.500 metros de altura. Cuán diferente hubiera sido este proyecto de haberse acogido este concepto técnico. Pero no. En la adjudicación del contrato solo contó el criterio económico. La obra se licitó, óigase bien, sin estudios ni diseños fase 3 y sin conocerse los resultados de la excavación del túnel piloto, por lo que ni siquiera se evaluaron los riesgos geológicos ni mucho menos las distintas modalidades contractuales. Solo importaba adjudicarlo rápido y al menor precio.

Y ahí tenemos las consecuencias: de un presupuesto de 629.000 millones de pesos pasamos a uno de 4.04 billones, a precios de hoy; de un plazo de 6,5 años pasamos a más de once años, y todavía falta bastante. Cómo pudo contratarse esta obra en la modalidad de precio global fijo, bajo la cual se entrega a los contratistas la totalidad de los recursos, en vez de haberla hecho por precios unitarios, pagando solo lo ejecutado y entregado y sin anticipos. Este pecado original fue cometido por quien ahora, desde una enorme placa con busto incluido, nos dará la bienvenida a la entrada del túnel, el fallecido exministro Andrés Uriel Gallego.

El gobierno Santos recibió este desastre con un 1 % ejecutado y lo entregó en agosto de 2018 con un avance de más del 80 %, lo que incluía la construcción de viaductos en un 87 %, de los túneles cortos en un 80 % y de los revestimientos en un 67 %. Fueron inimaginables las dificultades que tuvimos que sortear para enderezar este proyecto.

En 2016, y ante el incumplimiento reiterado del contratista, el gobierno anterior tuvo que imponer las primeras multas, a las que se sumaron los embargos de la Dian, las sanciones ambientales de la Anla y de la CRQ, además del fallo condenatorio en una acción popular promovida por la Defensoría del Pueblo. Posteriormente fue necesario iniciar el proceso de caducidad del contrato, conciliar su terminación y volverlo a adjudicar en un proceso muy complejo, pues, como es natural, nadie quería asumir los riesgos constructivos de este.

En plata blanca, el gobierno Uribe puso en esta obra 190.000 millones; el de Santos, casi 2 billones, y el de Duque, 760.000 millones, lo que incluye las obras pendientes. En total, más de 5 veces el presupuesto original.

Por ello es justo decir que si a alguien se debe esta obra es al gobierno anterior, que tras heredar esta desgracia puso los recursos, dio todas las batallas y la entregó con una ejecución de más del 80 % y contratada en un 95 %. Pero tiene razón el presidente Duque cuando afirma que adueñarse de las obras es la peor mezquindad. Por supuesto que las obras no son de nadie, son públicas, son de todos, de los colombianos, pero bueno sería reconocer los aciertos y los esfuerzos financieros y técnicos para sacarlas adelante. Y también visibilizar los errores, como aquellos del actual director del Invías, antiguo director de grandes obras de la misma entidad y corresponsable de la adjudicación del contrato. El mismo que contrariamente a lo hecho en el puente Pumarejo resolvió, con respecto a las reclamaciones del Estado por más de un billón de pesos en contra de la firma constructora, desmontar el Tribunal de Arbitramento y pasarlo a la justicia contenciosa. Insólita y costosa decisión.

A la obra que se inauguró aún le faltan 5 km en Quindío y 8,8 km en Tolima, todos de doble calzada y que incluyen 10 túneles cortos y 24 puentes. Además, es preciso recordar que esta obra solo dará paso en el sentido Armenia-Ibagué, por lo que nos quedaron debiendo la mitad de la obra. Ante este panorama, creo que no hay mucho que celebrar.

GERMÁN VARGAS LLERAS

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/tunel-de-la-linea-poco-que-celebrar-columna-de-german-vargas-lleras-536205

20.32.-La campaña sucia ahora es explícita CECILIA OROZCO

Se profundiza la campaña sucia para destruir a quienes sean clasificados como peligrosos para Álvaro Uribe, el “líder de la nación”, como llamarían en una republiqueta africana al dictador que aplasta a quien no se someta. Y como en republiqueta africana, los hijos del autócrata desafían la existencia de los jueces, la democracia, su sistema de pesos y contrapesos, ahora inexistente, y la moral pública demostrándonos que aquí no hay que ser honestos ni cumplir las leyes, sino ser ricos y poderosos.

2 sep 2020.- Para eso, además de herederos de la republiqueta que ya empezaron a manejar, Tomás y Jerónimo Uribe multiplicaron sus fortunas con apenas “veintipico” de años durante los dos cuatrienios en que su padre fue presidente. Entonces, y no satisfechos con la profusa propaganda local que el procesado y sus cómplices consiguieron difundir fácilmente en los medios del país y que, además, lograron disfrazar en modo columnas de “opinión”, contrataron a una firma en Estados Unidos especializada en distorsionarle las realidades a la gente-objetivo, según lo que el cliente pague.

DCI Group AZ, L.L.C. es una empresa de lobby, de relaciones públicas o, más bien, un grupo de presión experto en diseminar en las redes sociales —también en prensa y en círculos sociales económicos y políticos influyentes— estribillos, frases, trinos, lemas (hashtags) y mensajes con afirmaciones para favorecer, desde luego, a quien solicite sus servicios. De acuerdo con el formulario publicado por la agencia Associated Press (AP) que se ha replicado en Colombia y que se conoce, abiertamente, en sus detalles gracias a las leyes de transparencia que rigen en Estados Unidos, en donde no hay Uribe que valga cuando del acatamiento a las normas se trata, la firma colombiana 31416 S.A.S. contrató a DCI en agosto pasado para “liderar la campaña pública en defensa” del detenido exsenador. 31416 S.A.S. fue creada por los hermanos Uribe hace unos años. Tenía sede en Bogotá, pero en 2014 se reunió en asamblea de yo con yo y un par de gatos, para trasladarla a Medellín, y para que el gerente Tomás contara con un gerente suplente, Jerónimo.

Con pompa que supera al padre, Tomás Uribe firmó el acuerdo publicitario con DCI como el “CEO” de 31416, cuya dirección de registro fue “35 Palms, Floor 4” de la capital antioqueña. Al lado, estampó su rúbrica Justin M. Peterson, del consejo de administración de DCI. Las cláusulas indican que el grupo de presión estadounidense recibirá, como precio básico, 40.000 dólares por cada mes hasta noviembre, es decir, 120.000 dólares; más la fracción equivalente a los días de agosto que ya trabajó; más los gastos de representación, por ejemplo, viajes, viáticos etc.; más el valor de la publicidad en medios que el “cliente” (Tomás o, en su defecto, Jerónimo) tendrá que pagar de inmediato si es inferior a 100.000 dólares, o con un plazo de unos pocos días si es superior a esa suma. Haciendo un cálculo ligero, los vástagos Uribe invertirán en insultos a la Corte Suprema y en publicar, en ese país, que “el senador Cepeda es «nueva generación Farc»”, el equivalente a unos 267.000 dólares, o alrededor de 1.000 millones de pesos, una bicoca para los Uribe Vélez y los Uribe Moreno.

De acuerdo con el primer comunicado de DCI, “el arresto del expresidente” es “arbitrario”; “ha provocado indignación en Colombia”; “tiene serios cuestionamientos legales y constitucionales por la politización de la justicia”; “las actuaciones de la Corte Suprema (también) son ilegales e inconstitucionales porque ha usado pruebas dudosas” y porque el proceso contra el exsenador “está conectado (en una especie de venganza) a su lucha contra las terroristas Fuerzas Armadas de Colombia, Farc”. O sea, lo mismo que nos vienen repitiendo aquí, gratis o de regalados (… bueno…) no pocos periodistas o experiodistas. Pero DCI cobra, también, lo que valen otros servicios que podrían incluir su incidencia en decisiones de gobiernos o congresos. En un análisis sobre el tema, se lee que DCI Group ha tenido entre sus clientes a Azerbaiyán, país cuestionado por violación de derechos humanos, y a la junta militar de Birmania, en 2002. “El nuevo juego consiste en dominar el ambiente en que se toman decisiones políticas” e incidir, por esa vía, en la prensa local. En otras palabras, engañar, mentir, crear falsas verdades. Historia conocida pero maquillada entre nosotros. Ahora es explícita.

https://www.elespectador.com/opinion/la-campana-sucia-ahora-es-explicita/

20.32.-Se confirma: fallaron los pronósticos apocalípticosDIEGO OTERO

Claudia López la alcaldesa suprema del encierro panóptico.

Llegamos al pico

Ya llevamos quince días en que los casos nuevos oscilan alrededor de 10 000, con tendencia a disminuir como lo predijimos en el último informe.

  2 sep 2020.- Es una muy buena noticia, ya que íbamos para seis meses y no se controlaba la pandemia. Como lo he explicado en otros documentos, el pico ocurrió entre finales de julio y la primera quincena de agosto, al considerar los retrasos en la información.

En la semana del 24 al 30 de agosto Colombia pasó a ocupar el séptimo puesto mundial en casos acumulados y, seguramente, en esta semana del 1 al 6 de septiembre subirá al sexto puesto, al desplazar a Sur África.

Dinámica global

Según las informaciones oficiales el 16 de agosto se alcanzó el pico nacional con 11 549,37 casos según promedio móvil de siete días. De este día en adelante los casos diarios han venido disminuyendo, bajando a menos de 10 000 el día 27 de agosto con 9757,3 casos, reducción que continuó en los siguientes días hasta alcanzar 8848,4 el 1 de septiembre. La gráfica 1 muestra claramente el quiebre que ya lleva dos semanas.

   Los casos acumulados siguen creciendo, por supuesto, pero a menor ritmo. En verdad, contrario a los expertos amigos del apocalipsis, el crecimiento de casos acumulados fue menor en agosto que en todos los meses anteriores.  En abril la tasa de crecimiento fue de 6,81%, que se redujo a 4,98% en mayo, 4,89% en junio, 3,63% en julio y 2,43% en agosto. Pero, a partir del 21 de agosto, las tasas caen a menos de 2,0%. Se hablaba de semanas terribles en agosto por parte del gobierno nacional y la apocalíptica Claudia López, pero nada de esto ocurrió. Ex post, la política del miedo fracasó.

En la gráfica 2 se presentan la dinámica del total de casos en forma logarítmica que muestra perfectamente que se va llegando a una asíntota, es decir, hacia un aplanamiento.

Gráfico 1 Evolución de los casos nuevos de contagiados según promedio móvil

 

Fuente: cálculos con base en información del INS

Gráfico 2 Casos acumulados en forma logarítmica

Fuente: ibidem

Muertes

Los muertos oscilaron en agosto alrededor de 300, con dos picos de 324,3 el 15 de agosto y 326, 4 el 27 de agosto, pero con tendencia hacia la baja en los últimos cuatro días de agosto. En la gráfica tres se visualiza que los muertos diarios se han estabilizado desde el 26 de julio alrededor de 300.

Gráfica 3 Evolución de las muertes diarias en forma lineal y móvil de siete días

Fuente: ibidem

Recuperados

Buen síntoma, la tasa de recuperados aumentó rápidamente en agosto, de 52,2% el 31 de julio a 75,2% el 1 de septiembre (gráfica 4).

Gráfica 4 Evolución de la tasa de recuperados

Fuente: ibidem

Pruebas

En prueba seguimos mal. Se había llegado a 40 000, pero en la última semana de agosto cayeron a menos, lo cual es muy peligroso, porque una de las políticas, quizá la principal que recomiendan todos los especialistas a favor o en contra del encierro, es la necesidad de testeos masivos, control de infectados y seguimiento de contactos, lo que no se está cumpliendo en Colombia, y esto si es grave cuando se levantan las restricciones del encierro panóptico.

   Podemos afirmar que todos los indicadores, casos nuevos, recuperados, muertes y tasas de crecimiento, lucen positivos, en el sentido que ya se dio el quiebre de la pandemia. Pero no se puede bajar la guardia, hay que aplicar estrictamente las medidas de autocuidados, mejoramientos del sector de la salud, educación, ayudas, testeos masivos, control focalizado de brotes, para evitar que los amigos del encierro nos lleven de nuevo a las cuarentenas panópticas, es decir, del control de los cuerpos, del espacio y del tiempo, de la restricción a las libertades, del poder vigilante y normalizador.

   El virus seguirá presente mientras no se encuentren antivirales efectivos y la tan esperada vacuna.

Las grandes regiones controlan la pandemia

Hemos comentado varias veces que hay que hacer un análisis territorial de la pandemia del coronavirus porque son muy diferentes las evoluciones, con sus causas y remedios, por regiones. Muy diferente es Bogotá a Amazonas, Atlántico, Santanderes, Nariño o Meta.

   Pero, por supuesto, a nivel global, todo se concentra en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca y Magdalena, que al 1 de septiembre explicaban el 75,1% del total nacional, y dentro de este grupo, Bogotá, daba lugar al 34,2%.

   En realidad, Bogotá determina la dinámica global y el pico. De ahí que es bueno examinar que ocurre con Bogotá.

 De 32 regiones, 17 ya pasaron el pico en algún momento de agosto, la mayoría, y están todavía 15 departamentos sin llegar al pico o con muestras de mejoramientos en los últimos tres días, pero que no es suficiente todavía para sacar conclusiones definitivas. En estos casos se encuentran Huila, Cesar, Arauca, Guanía, Vaupés, Vichada, Guaviare, San Andrés que siguen creciendo y Santander, Caquetá, Norte de Santander, Meta, Quindío, Cauca y Tolima que del 30 de agosto al 1 de septiembre se han estabilizado.

  Todo ha cambiado en los últimos días. Departamentos como Risaralda   ya llegó al quiebre el día 28 de agosto, contrario a todas las proyecciones del INS que afirmaba que el pico de este departamento llegaba en 2021. Todos los pronósticos del INS desde marzo han fallado horriblemente, lo que significa que sus modelos tienen muchos errores.

Bogotá

Bogotá sobrepasó los 3000 casos diarios de acuerdo con un promedio móvil el 27 de julio con un valor de 3037,6, para llegar a un máximo el 17 de agosto con 4274,4 contagiados nuevos. De este día en adelante la disminución ha sido constante hasta ubicarse en 2512,4 el 1 de septiembre. La gráfica 5 muestra muy bien esta evolución. Esto significa que Bogotá llegó al quiebre el 17 de agosto de 2020.

    Hay otros indicadores que complementan esta evolución de los casos nuevos que son una tasa de recuperación creciente que llegó a 72,0% el 1 de septiembre y la evolución decreciente de los muertos diarios desde el 10 de agosto en que se llegó al pico (Gráfico 6).

Gráfico 5 Evolución de los casos nuevos en Bogotá

Fuente: cálculos con base en información del INS

Gráfico 6 Evolución de los muertos diarios en Bogotá

   Fuente: ibidem

Pronósticos

 Los pronósticos que hicimos el 23 de agosto muestran muy buenos resultados para las proyecciones de casos acumulados, con errores por debajo de 3,0% para los cinco métodos utilizados. En muertos el promedio se acerca al límite inferior de la técnica Holt-Winters, que fue el único utilizado. Las proyecciones para el 15 de septiembre presentan disminuciones en acumulados, casos nueves y muertes, es decir, que seguiríamos en la fase de quiebre de las tendencias.

Conclusiones

El país, por fin, llegó al pico, y esto en casi todas las regiones importantes, salvo algunos departamentos de menor incidencia en el total, como los departamentos de Cesar, Arauca, Guanía, Vichada, Guaviare, Vaupés y San Andrés, más otros departamentos como Santanderes, Huila, Quindío, Caquetá, Cauca, Tolima y Meta, que ya han desacelerado el aumento de los casos nuevos en los últimos tres días.

   Otro hecho importante, todos los pronósticos del gobierno y de la alcaldía de Bogotá fallaron, así como las declaraciones de médicos y epidemiólogos que nos presentaban escenarios apocalípticos. Sembraron miedo, terror, inseguridad ciudadana y esto le ha servido perfectamente al gobierno nacional para implementar restricciones, algunas sin sentido, y legislar a su amaño sobre lo que no podía hacer en situación normal por las protestas populares. También fue utilizado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la líder mundial en la política del encierro panóptico (lockdown en inglés, quaraintaine en francés, quarantane en alemán), pero que todavía no da su brazo a torcer con base en argumentos discutibles basados en modelos dudosos y que han fallado en todas partes del mundo.

  Por supuesto, no se puede bajar la guardia, pero de una manera diferente a lo que se ha venido haciendo.

    Observación final: como lo he repetido, debido al rezago en los resultados de las pruebas, hay que tener en cuenta que todas las fechas mencionadas, basadas en la información oficial del ministerio de Salud, hay que atrasarlas entre cinco y quince días.  Esto significa que el pico nacional se dio entre finales de julio y la primera quincena de agosto.

   Habrá que esperar la semana del 31 de agosto para apreciar como sigue la dinámica nacional y por regiones para tener conclusiones definitivas, porque Colombia es un caso muy especial en el mundo, en que no hay nada definitivo, ya que aquí predominan la incertidumbre y el caos que hace imposible cualquier proyección certera más allá de una semana.

20.32.-Desprestigio YOHIR AKERMAN

La firma estadounidense DCI Group, contratada por los hijos Tomás y Jerónimo Uribe Moreno por 40.000 dólares al mes, hace mucho más que relaciones públicas, cabildeo y consultoría de negocios.

6 sep 2020.- Según un artículo publicado en prensa estadounidense que exploró la profundidad de esta organización, una de las habilidades especiales del importante grupo de consultoría es su experiencia en el desarrollo de organizaciones de base falsas.

Me explico.

Según el periodista, “estos grupos u organizaciones de base artificiales —fake grassroots organizations— crean la percepción de que los ciudadanos comunes han unido fuerzas para apoyar una causa particular, lo que produce un desafío en la transparencia de gobierno al ocultar las intenciones detrás de movimientos y crear la impresión de que las cosas no son como aparentan. En otras palabras, mentir”.

Según el artículo, un excelente ejemplo de esta táctica fue el grupo de fachada respaldado por la DCI “Stop Too Big To Fail”, cuyo objetivo era acabar con la reforma de Wall Street. “Stop Too Big To Fail fue una operación de base artificial financiada por intereses corporativos para dar la apariencia de una oposición de la gente a la reforma”.

Pues la consultora que contrataron los Uribe, tal y como lo reveló el periodista de AP Joshua Goodman, busca hacer lobby en los Estados Unidos para impedir que aumente la reputación negativa del expresidente Álvaro Uribe Vélez en ese país. Esto, tras conocerse la captura ordenada por la Corte Suprema de Justicia el pasado 4 de agosto de 2020.

Seguramente es un esfuerzo que busca que al expresidente Uribe no le quiten su visa de los Estados Unidos y posar como víctima de la justicia repitiendo un mensaje falso: que los jueces están al servicio de los comunistas de las Farc y liberaron a Santrich confabulados con el senador Iván Cepeda. Así lo están haciendo creer desde la página web Free Uribe y su cuenta de Twitter, creada como parte de esta estrategia.

Goodman logró establecer que DCI Group defiende a su cliente atacando a sus contrincantes o lo que ellos determinan que son sus contrincantes. Según otras fuentes cercanas al tema, esta estrategia en específico está dirigida a generar descrédito y desprestigio en contra de la Corte Suprema, sus magistrados, los periodistas que han escrito sobre el tema de la manipulación de testigos —entre los cuales me encuentro—, y el senador Iván Cepeda a quien constantemente ahora llaman de manera falsa y calumniosa “la nueva Farc”.

Pero no solo es interesante eso. La empresa que utilizaron los Uribe para firmar el contrato también merece su revisión. Según el contrato publicado por AP, la firma colombiana 31416 S.A.S. contrató a DCI en agosto pasado para liderar la “campaña pública en defensa” del detenido exsenador.

Según los documentos corporativos, 31416 S.A.S. fue creada por los hermanos Uribe en un principio en Bogotá y después en Medellín, y se dedica a actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. En 2014 se reunió la asamblea general de accionistas y nombraron como gerente a Tomás y a Jerónimo de suplente.

Aunque parezca una empresa de papel con ese nombre tan críptico y movimientos societarios que son entre los mismos hermanos Uribe, la empresa tiene la capacidad financiera de pagar 120.000 dólares por tres meses de trabajo a DCI, es decir, casi 450 millones de pesos.

Sin despeinarse y en plena pandemia, cuando las actividades inmobiliarias han sufrido un gran golpe en sus finanzas.

Pero se han visto los frutos. Como la campaña que se inició con el lema “… su historia, su carrera pública y su legado”, en la que se estableció que el exsenador fue víctima de dos atentados por parte de las Farc en Barranquilla siendo precandidato a la Presidencia.

Pues nada más falso.

Informes de inteligencia han establecido que el primer supuesto atentado ocurrido en 2002 que sufrió Uribe fue un montaje. El conductor de ese entonces del precandidato era el criminal Bonifacio Cohen de la organización de Marquitos Figueroa, la misma que estaba relacionada al Ñeñe Hernández.

Cohen ejecutó un supuesto atentado contra Uribe para hacerle creer a la sociedad que, si no votaban por él, las Farc se tomarían el país. Suena familiar. La Policía determinó que alias El Boni, el lugarteniente de la organización de Marquitos Figueroa, conducía el carro de Álvaro Uribe y el atentado fue calificado como un montaje. (Ver El Boni).

El otro supuesto atentado tiene que ver con los hechos ocurridos en Bogotá previos a la posesión de Uribe. Según reportó la revista Semana en 2006, el plan fue maquiavélico. Sin embargo, fue realizado de manera tan torpe que sus autores dejaron todas las huellas y los rastros más visibles, por lo que ahora ya están identificados.

“Al menos cuatro oficiales del Ejército Nacional fueron protagonistas de uno de los mayores escándalos de los últimos años: planearon y ejecutaron una serie de al menos siete atentados en Bogotá para posteriormente cobrar los positivos ante sus superiores. La acción de los oficiales fue tan fríamente calculada que la hicieron antes de la segunda posesión del presidente Álvaro Uribe, un escenario donde el impacto era de mayores consecuencias como en efecto ocurrió”. (Ver Oficiales del Ejército montaron atentados)

Ahora quieren volver esos atentados, que nunca fueron más que montajes, una realidad.

Como seguirán haciendo lo mismo en contra de los críticos del expresidente Uribe y los que hemos denunciado la situación que hoy lo tiene en casa por cárcel.

Ejemplo de eso han sido los recientes ataques en mi contra, al igual que nuevos ataques a la página de Losdanieles.com con informaciones falsas para generar descrédito y desprestigio. Lo he dicho en el pasado y lo repito ahora, no tengo nada que ocultar y no les temo a las mentiras.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/desprestigio-2/

  • 20.31-Lo que no se pregunta María Isabel  Rueda GERMÁN VARGAS
  • EPM: ajuste al pacto público-privado CRISTINA DE LA TORRE
  • Favorecido por inacción de la justicia CECILIA OROZCO
  • Acción por omisión – YOHIR AKERMAN

Conviene formular nuevas preguntas que María Isabel pasó por alto y que son objeto de investigación.

Conviene formular nuevas preguntas que María Isabel pasó por alto y que son objeto de investigación.

Advertí que frente al tema de EPM se vendría una andanada mediática, a la cual se sumó mi queridísima amiga María Isabel Rueda. Como el debate se prolongará hasta tanto no haya un pronunciamiento definitivo de los entes de control y de la Fiscalía, y vaya que estamos en mora, me parece necesario y conveniente formular nuevas preguntas que María Isabel pasó por alto y que hoy son objeto de investigación, y cuyas respuestas contribuirían a aclarar la verdadera situación.

30 ago 2020.- ¿Por qué la junta directiva aprobó la contratación millonaria de un tercer túnel de desvío, cuyo colapso originó la problemática actual y asumiendo un riego inaceptable de acuerdo con los informes y recomendaciones técnicas? ¿Por qué los dos primeros túneles se construyeron sin compuertas? Es más, ¿por qué el gobierno corporativo permitió que se iniciaran las obras del túnel sin licencia ambiental? ¿Por qué la junta de notables permitió que se le ocultara a la Anla que habían cambiado los planes originales y que el plan B que estaban adelantando suponía nuevos y muy críticos riesgos ambientales y para las comunidades aguas abajo del río, como quedó luego demostrado? ¿Quién, además, tomó la decisión de taponar los dos túneles originales? ¿Qué gobierno corporativo es este en el que nadie sabe ni responde por nada?

¿A cuánto ascienden los perjuicios y el lucro cesante derivados de esas decisiones? Y no solo de Hidroituango, sino de los demás proyectos internacionales ya señalados. Entiendo que todas estas inversiones, aprobadas también por el gobierno corporativo, están siendo cuestionadas por sus enormes pérdidas.

¿Dónde estaba el flamante gobierno corporativo cuando los pasivos de EPM se dispararon de 2,6 billones de pesos a 33,6 billones? ¿Cómo explicar que en esta compañía los pasivos crecen al 10 % anual mientras el patrimonio disminuye en 2 % anual? A este ritmo, ¿qué va a pasar en los próximos años con la llamada joya de la corona?

La anunciada demanda contra los contratistas, a la cual le han llovido rayos y centellas, se había evitado por más de dos años por decisión de la junta renunciada y su gobierno corporativo. ¿Por qué, repito, tenía el alcalde que dejar vencer los términos para presentar la demanda e iniciar una conciliación desde una posición más sólida? Claro, no podemos olvidar que ese gobierno corporativo con el que ahora se llenan la boca banqueros, analistas, contratistas, académicos y dirigentes gremiales había negado hace dos años la existencia de errores constructivos que hoy están más que demostrados.

Las calificadoras de riesgo han mostrado su preocupación y ‘castigado’ la calificación de EPM. Señalan que es extrema y la peor en la historia de la compañía. Pero no nos engañemos. Eso no fue por la salida de ningún miembro de la junta, sino por la incertidumbre en torno a la fecha de entrada en operación de esta megaobra y sus sobrecostos, que prácticamente duplican el presupuesto original, y como lo señalé, al enorme endeudamiento de la empresa a causa, entre otras, de los pésimos negocios internacionales en que se involucró.

No voy a controvertir con mi amiga en cuanto a las íntimas e intensas relaciones contractuales y de negocio entre el GEA y EPM. ¿Cómo tapar el sol con las manos? Y no es que ‘per se’ estas relacionadas sean perjudiciales o condenables. El problema son los conflictos de intereses no revelados; es la falta de transparencia y hacernos creer que esa ‘colaboración’ público-privada, nacida en los momentos más aciagos de la lucha contra el narcotráfico en Medellín, todo lo justifica.

Y, para terminar, la pregunta del millón que tampoco a María Isabel, una de las mejores en su oficio, le ha suscitado interés. ¿Quién es la firma de construcción Camargo Correa y cuáles sus vínculos con Conconcreto y Coninsa Ramón H., sus socios en varios proyectos, incluido Hidroituango? ¿Cuál es su participación en el famoso Lava Jato, el más grande y sonado proceso de corrupción en Brasil?

Me reafirmo en que la casa hay que ponerla en orden… y sin bravuconadas regionalistas.

  1. S.: Hace bien el Congreso, en respuesta al Tribunal de Cundinamarca, en no torpedear la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/lo-que-no-se-pregunta-maria-isabel-columna-de-german-vargas-lleras-534897

20.31.-EPM: ajuste al pacto público-privado CRISTINA DE LA TORRE

 Si no naufragó EPM con el desastre de Hidroituango, menos sufrirá ahora por un reajuste a la vista del modelo corporativo que la gobierna. Incierta la independencia de miembros de la junta renunciada frente a las firmas responsables de una afectación de $9,9 billones, se menoscabó la confianza entre las partes.

25 ago 2020.- Y sufrió el control recíproco entre el propietario público —Medellín— y el administrador privado —notables del empresariado antioqueño—. Se desbalanceó el juego de pesos y contrapesos entre actores que en el Estado de bienestar se alían en vista del bien común. El caso no es fortuito, es frecuente vicisitud del modelo.

Mas al reiterado anuncio del alcalde Quintero de devolverle a la ciudadanía por vía judicial lo perdido, respondió la junta con espectáculo de pánico moral. Asistimos a la altisonante indignación de parte del empresariado que vive del recuerdo de la industrialización que fue, pero flaquea cuando el bolsillo de los amigos peligra. Así, el intento de recuperar el equilibrio corporativo en EPM y de reacomodar las cargas se resuelve en crisis. Y los que andan en campaña, Federico Gutiérrez, Luis Alfredo Ramos, Sergio Fajardo, se declaran preocupados por los sucesos e, indiferentes a la tronera que se abriría en las finanzas de EPM y del municipio si no se recupera la plata, arrojan fósiles de la caverna: que el alcalde es lobo con piel de oveja, amigo de ideologías (¡!), castrochavista y azuzador de la lucha de clases. Ni piden explicaciones ni quieren saber (¿no saben?) si en Hidroituango se traspasaron las líneas del decoro por favorecer a contratistas amigos.

Según el alcalde, “algunos miembros (de la junta), lo sabe Medellín entera, tuvieron o tienen relaciones muy cercanas con los consorcios demandados”. En efecto, para mencionar sólo un caso, Andrés Bernal fue directivo de Sura, aseguradora en litigio potencial con EPM, mientras oficiaba como miembro de su junta directiva. Fue también directivo de Argos, gran proveedor de cemento y concreto de Hidroituango. En 2014, la junta de EPM declinó acción judicial contra Integral y Conconcreto por enormes sobrecostos en la presa Bonyic en Panamá, dizque por ser estas firmas “aliadas” de EPM. La Contraloría de Medellín reconvino a EPM por su “compadrazgo con los contratistas”. Paulina Aguinaga, concejal del CD, denunció que cuatro miembros de la junta directiva que acaba de renunciar participaron de aquella decisión.

Sobrecostos de billones hubo, dijo Quintero, en muchos proyectos: en Orbitel, en Antofagasta, en Bonyic, en Pore III, en Hidroituango; y “difícilmente alguien respondía”. Ejemplos de intereses cruzados pululan: tres exgerentes de EPM venían de Conconcreto, Integral y Argos: Juan Felipe Gaviria, Federico Restrepo y Juan Esteban Calle, respectivamente. “Cómo esperar”, se pregunta Vargas Lleras, “que una junta directiva con unos vínculos de amistad o de negocio tan fuertes pudiera tomar la decisión de demandar a Conconcreto, a Coninsa, Integral o Sura. Imposible”.

El gobernador Suárez llama al diálogo. Si en el pasado, dice, pudimos superar la violencia más dura provocada por el narcotráfico y el conflicto, hoy se impone el trabajo armónico de todos: academia, sector público y social, empresariado y ciudadanía. También en el pasado conjuraron ellos, todos a una, la fiebre privatizadora que amenazó a EPM. Ha vuelto el imperativo de sellar el boquete privatizador del más preciado bien público de Antioquia, esta vez mediante vasos comunicantes entre algún directivo de la empresa y sus contratistas. La salida, revitalizar el pacto público-privado que en EPM había alcanzado su más refinado grado de depuración y eficacia. Empezando por nombrar una junta directiva de probada independencia.

https://www.elespectador.com/opinion/epm-ajuste-al-pacto-publico-privado/

20.31.-Favorecido por inacción de la justicia CECILIA OROZCO

Aparte del soborno a testigos y fraude procesal que llevó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema a ordenar detención domiciliaria para Uribe Vélez, la otra investigación por la que, ahora, la misma Sala cita al excongresista a versión libre es mucho más grave que la primera. En esta se examina su responsabilidad, en principio por omisión, en crímenes de lesa humanidad cometidos en las masacres de los corregimientos de El Aro y La Granja, municipio de Ituango, en el norte de Antioquia, que, a su vez, limita por el margen derecho de la cordillera Occidental con el municipio de Tierra Alta, Córdoba.

26 ago 2020.- Plena zona de dominio paramilitar en los años 90 y siguientes, cuando pueblos enteros fueron aplastados bajo el terror de los grupos asesinos. ¿Qué tiene que ver el expresidente con esos hechos salvajes que sucedieron cuando él era gobernador de su departamento? Eso pretende averiguar la Corte. La siguiente pregunta es: ¿por qué la justicia no ha resuelto nada sobre la conducta de Uribe en 20 años, pues en el 2000 la Fiscalía abrió la primera indagación formal en que se le mencionaba a él y a su hermano Santiago respecto de los ataques paramilitares?

La respuesta rápida es que este y otros miles de procesos nunca logran decisión absolutoria o condenatoria debido a la ineficiencia y congestión judicial. Pero pensando con fundamento en lo que se consigue, en este país, con influencias sutiles o presiones del poder, cabe la tesis de que las carpetas del caso rodaron, a propósito, de anaquel en anaquel sin ninguna evolución. El último despacho que recibió el caso Uribe-masacres de Ituango, antes de llegar a la Sala de Instrucción de hoy, fue el del magistrado de la Sala Penal de la Suprema Gustavo Malo, adonde llegó en 2014 con la creencia de que, ahora sí, avanzaría. Pero no. Al menos no con el impulso de Malo pese a los impresionantes relatos de las víctimas y de algunos victimarios que confesaron sus culpas. Malo, elegido en la Corte gracias a la intensa campaña de su pupilo, aliado y cómplice del cartel de la toga, Francisco Ricaurte, no mostró ningún interés en adelantar esa obligación legal. Sí lo hizo, en cambio, su eficiente magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez quien mientras investigaba, en el primer semestre de 2015, a los congresistas Besaile y Manzur, también estudiaba, con juicio, el proceso Uribe-Ituango, por primera vez en década y media. Entonces no se sabía nada sobre las coimas que Ricaurte, Malo, Bustos y Tarquino les pedían a los encartados. El exfiscal anticorrupción de Néstor Humberto Martínez, Luis Gustavo Moreno, condenado en Estados Unidos, detalló hace unos días ante el juez de Ricaurte que los $2.000 millones que le exigieron a Besaile le garantizarían a este que ellos detendrían al magistrado investigador y que, para hacerlo, Malo lo echaría del puesto: “Se adquiere el compromiso porque no se puede tomar ninguna decisión mientras Reyes esté ahí”. Manzur resultó, también, beneficiado con la expulsión del auxiliar. Y se infiere que, de paso, se estancaba el expediente Uribe-Ituango como, en efecto, sucedió hasta cuando asumió el reemplazo de Malo una vez este fue separado del cargo por corrupto, dos años después, en 2017.

Ricaurte, acusado, en la actualidad, por cohecho, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada, fue presidente de la Corte en 2008, época azarosa por los ataques políticos de Álvaro Uribe a los magistrados —sí, ¡hace 12 años ya estábamos en estas!—, por sus decisiones, entre otras, la condena a Yidis Medina por vender su voto para la reelección del detenido exsenador. La condena de Yidis afectaba a Uribe porque, como consecuencia lógica del fallo, su segundo mandato dejaba de ser legítimo. Aunque Ricaurte daba declaraciones en defensa del alto tribunal para que lo oyeran sus compañeros, en privado merodeaba por la Casa de Nariño, llevaba cuentos y buscaba aproximaciones más personales que institucionales con el presidente, mediante el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio. De los coqueteos de Ricaurte con Uribe queda un rezago de información: Julio Sánchez dijo en la W que Ricaurte le envió, hace poco, dos mensajes al expresidente para que le mandara “un abogado o un amigo de su confianza” al que le revelaría secretos del “cartel de la toga II”. Es extraño que, en medio de sus líos judiciales, Ricaurte quiera restablecer sus contactos con el expresidente, también en problemas penales y en pie de guerra frente a la nueva Corte. El otro miembro de esa banda, Leonidas Bustos, es recordado por sus excolegas porque “era un lambón” con el exmandatario: se peleaba por ir a viajes con el jefe de Estado. Faltan datos para dibujar un panorama más realista del que pinta la propaganda uribista según la cual a Uribe “lo condenan”, ahora, los sucesores del cartel, por venganza. Si uno mira bien las cosas, resulta exactamente al contrario: lo favorecieron Malo, Ricaurte, Bustos y compañía, mínimo, por inacción. Y, en todo caso, les dieron alas a sus levantamientos ilegales contra la Justicia, con adulación y traición a la investidura de jueces que jamás debieron portar. Seguiremos informando.

https://www.elespectador.com/opinion/favorecido-por-inaccion-de-la-justicia/

20.31.-Acción por omisión – YOHIR AKERMAN

Foto: Eduardo Montealegre, expresidente Álvaro Uribe y Jorge Perdomo 

El hecho es histórico. Un ex fiscal general de la Nación junto a quien fue su vicefiscal denunciaron penalmente a un expresidente de la República por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

30 ago 2020.- Así como se oye, pero el hecho ha pasado casi desapercibido. Por eso es importante revisarlo.

En la denuncia, Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo destacan que el expresidente Álvaro Uribe Vélez era consciente de la amenaza de incursiones paramilitares en la zona de Ituango, específicamente las masacres de La Granja y de El Aro, ejecutadas el 11 de junio de 1996 y del 22 al 30 de octubre de 1997, cuando Uribe era gobernador de Antioquia.

Según los denunciantes, la Gobernación de Antioquia y algunos de sus funcionarios conocían que estas masacres, donde fueron asesinadas 33 personas a manos de los paramilitares, iban a suceder debido a las alertas conocidas a través del líder social, abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien fue asesinado posteriormente en 1998.

“En los primeros meses del año 1996 distintos sectores de la sociedad, encabezados por el doctor Jesús María Valle Jaramillo, expresaron a las autoridades del departamento su temor y preocupación por la posibilidad de una incursión paramilitar en la zona de Ituango (…) El 20 de noviembre de 1996 se comunicó con el gobernador de Antioquia y con el defensor del Pueblo de Medellín con el fin de solicitar protección para la población de Ituango”. (Ver Denuncias).

En esto es importante traer al presente lo que establece la investigación de María McFarland sobre cómo Uribe respondió ante los pedidos de Valle a través de una reunión con él y otros colegas el lunes 9 de diciembre. “En la reunión Uribe parecía intranquilo y se levantó de la mesa de reuniones y se dirigió a la oficina de al lado donde cogió el teléfono. Acertaron a escucharle decir que Valle estaba haciendo “falsas imputaciones” cuando decía que había una convivencia entre el Estado y los paramilitares y que él consideraba que ameritaba una demanda por calumnia”.

Como se ha documentado en esta columna, en varias ocasiones Valle pidió a las autoridades protección urgente y, de acuerdo con la denuncia de Montealegre y Perdomo, lo que hizo Uribe fue un simulacro de actuación, una farsa, para aparentar una protección que nunca llegó.

El entonces gobernador de Antioquia hizo lo que mejor sabe hacer y señaló al señor Valle Jaramillo como “enemigo de las Fuerzas Armadas” y aliado de la guerrilla.

Pero, sin miedo, el profesor Valle declaró ante un fiscal el 6 de febrero de 1998, mismo año de su asesinato, que “había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al gobierno”.

Esa fue su sentencia de muerte.

El 27 de febrero dos hombres y una mujer ingresaron al edificio Colón en la calle Ayacucho con carrera Bolívar en el centro de Medellín, subieron al cuarto piso, entraron a la oficina del abogado Valle Jaramillo y lo ajusticiaron de dos tiros en la cabeza. (Ver El testigo desaparecido).

Una tragedia.

Pero volvamos a las masacres, u “homicidios colectivos” como los quiere llamar este Gobierno, ya que durante la gobernación de Uribe Vélez se generó un incremento de un 371,4% de las masacres en ese departamento, cosa que suena similar a la coyuntura actual con una administración uribista.

Pues según los denunciantes, a lo largo de estos años las autoridades han recaudado evidencia suficiente para demostrar la supuesta omisión de Uribe como gobernador de Antioquia en las masacres de Ituango y, también, en el asesinato de Jesús María Valle.

Así, citando jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema, los exfiscales señalan que “cuando un servidor público incumple con sus deberes de protección a la población civil, debe responder penalmente, como autor [en este caso], por los hechos de los paramilitares”. Eso lo pondría a responder específicamente a título de autor en comisión por omisión por las conductas delictivas de homicidio en persona protegida, lesiones en persona protegida, actos de terrorismo, desaparición forzada, tortura agravada y desplazamiento forzado agravado. Uno que otro delito.

Finalmente, Montealegre y Perdomo pidieron constatar probatoriamente los vínculos de la familia Uribe Vélez, y parte de su entorno, con organizaciones del narcotráfico y grupos al margen de la ley. “No podemos olvidar que el padre de Uribe Vélez era muy cercano al cartel de Medellín. Esta prueba es fundamental para la construcción del contexto; el paramilitarismo surgió de una alianza de terratenientes con el narcotráfico. Si conocemos las lógicas y estructuras de las organizaciones que realizan violaciones a los derechos humanos, podemos leer correctamente las conductas de Álvaro Uribe Vélez. Estamos frente a delitos de sistemas, que implican investigar el hecho total”.

Demoledora la denuncia del ex fiscal general de la Nación y su vicefiscal.

@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/accion-por-omision/

  • 20.30.-De Uribe a Uribe: Colombia sin salida  CECILIA OROZCO
  • Defendamos a epm de los intereses privados empresariales DIEGO OTERO
  • El manuscrito claveYOHIR AKERMAN

Hace 18 años, Álvaro Uribe Vélez llegó por primera vez a la Casa de Nariño. Para esa época, el país del común no lo conocía. Su estilo campechano, aparentemente sencillo y adobado con un discurso populista, conquistó a miles de personas a quienes encantó, también, su decisión de convertirse en “el primer soldado de la nación”.

19 ago 2020.- Engañoso con la selección de los nombres, calificó de “seguridad democrática” la estrategia militar con la que conseguiría, a sangre, fuego y muerte del enemigo, la derrota del “terrorismo”, el gran saco en que metió a las guerrillas pero también a sus opositores del Congreso, jueces que profirieran fallos que no le satisfacían, magistrados de la Corte Suprema que investigaran a su familiar Mario Uribe y a sus aliados, organizaciones ciudadanas, defensores de derechos humanos, estudiantes de universidades públicas, periodistas que no comieran en su mano, etc. Ese Uribe enamoraba a las multitudes, las atemorizaba y triunfaba con ellas. El de hoy, protagonista de su plan político-mediático de defensa, luce disminuido e inseguro, y no precisamente por su desaliño físico, estudiado para inocular en los colombianos su imagen de víctima de las prácticas “mafiosas” de la Corte Suprema que lo “secuestró” y lo “condenó” con 5 votos de 5, de unos magistrados que, después de que estaban divididos 2-2 con un indeciso, como lo “adivinó” una de sus columnistas, ¡se dejaron manipular por Juan Manuel Santos para cambiar su decisión y tomarla por unanimidad!

Hasta sus historietas suenan desgastadas, inverosímiles e insultantes con la inteligencia de los espectadores. No sé en qué cabeza cabe que cualquiera, por influyente y poderoso que sea, pueda ser declarado inocente de las conductas delictivas que se le endilgan, a punta de labia y sin controvertir, con hechos, las pruebas en su contra. Pero en ello anda empeñado Uribe; también su partido, su bancada, sus periódicos, sus cadenas de radio y televisión y sus líderes de opinión que, en exacta coincidencia, repiten todos a uno idénticos argumentos en contra de la Corte y a favor del imputado. No obstante, el senador sabe, en la hondura de sus cavilaciones, que el derecho penal no permite declararlo inocente por las opiniones de sus amigos. Por tanto, y a no ser que el uribismo en el Gobierno dé el paso de interrumpir, abruptamente, el Estado de derecho —cosa que no hay que descartar—, se procederá a violar la Constitución en dos sentidos: por un lado, se impulsará una constituyente o una reforma para ajustar la Justicia a los requerimientos personales del procesado, esto es, clausurando la Corte que lo juzga y creando otra a su medida chavista; y, del otro, se apoderará de los cargos que vayan quedando vacantes y que tengan poder judicial.

Al expresidente, aun con todas sus habilidades comunicativas, se le zafó una revelación especialmente llamativa en una de sus largas entrevistas del pasado fin de semana. Refiriéndose a uno de los muchos chismes (me contaron, alguien oyó, fulano le dijo a sutano, me enteré) en que basa los ataques a los jueces de su causa, señaló que “la actual ministra de Justicia tiene unos testimonios muy importantes”. ¿Sobre qué? Sobre lo que el exmagistrado José Luis Barceló —en cuyo despacho se conoció la primera parte del proceso que hoy enfrenta el senador— les habría dicho a unas personas. La ministra declarada por Uribe como testigo a su favor es Margarita Cabello, la protegida de las casas Char, Name y Gerlein del Atlántico y candidata del presidente Duque, el subalterno de Uribe, a ser la próxima procuradora general. Esto explica que Arturo Char, presidente del Senado, muestre tanto afán en citar a la plenaria para votar, con cinco meses de anticipación, por el reemplazo de Fernando Carrillo quien estorba porque no es de las propias tropas del imputado. Explica, además, que salvo dos parlamentarios, los congresistas de la U que tienen apuros disciplinarios por las investigaciones pendientes de fallo en la Procuraduría hicieran una reunión espuria el sábado pasado para adherir a Cabello y, con esta, a Char, Duque y Uribe. El senador Pulgar, el mismo que intentó sobornar a un juez según reveló Daniel Coronell, votó por ella. También Benedetti, Name, Gnecco, García Zuccardi, Besaile, Martínez y hasta el sobrino de Mario Uribe (otra vez) Juan Felipe Lemos, todo un cartel de apellidos y de algo más. Cambio Radical, díganme si no, se ha unido al combo. Colombia sin salida.

https://www.elespectador.com/opinion/de-uribe-a-uribe-colombia-sin-salida/

20.30.-Defendamos a epm de los intereses privados empresariales DIEGO OTERO 

Empresas Públicas de Medellín-EPM siempre ha sido una gran empresa   desde que se creó. Yo la conozco muy bien porque estuve en el sector eléctrico desde 1963 hasta el año 2000, muy involucrado directamente como funcionario o como dirigente gremial.

18 ago 2020.- Fui funcionario de la Empresa de Energía de Bogotá, gerente del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica-ICEL, jefe de la Unidad de Infraestructura y Subjefe del Departamento Nacional de Planeación, viceministro de Minas y Energía, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y de Ramas Afines-ACIEM, miembro de cerca de 30 juntas directivas de empresas del sector eléctrico, investigador y en proceso de terminar una historia del sector eléctrico colombiano.

 Hasta 1994 siempre brilló EPM por su organización, calidad y profesionalismo. Es en este año que parece que el señor Sergio Fajardo, introduce al Grupo Empresarial Antioqueño en la EPM, digamos le entrega la empresa a este grupo. Con razón se dice que el señor Fajardo representa los intereses de este grupo empresarial.

Me parece muy bien la decisión del alcalde de Medellín de sacar a GEA de la propiedad de la empresa, porque eso era, un grupo privado apropiado de una empresa pública, que es de todos los medellinenses. ¿En donde está en los estatutos que diga que EPM debe ser de un grupo privado?

 Es una mezcla muy peligrosa, esto de que las empresas públicas, o que lo público en general, sean dominio de grupos empresariales que defienden sus propios intereses. Las juntas directivas de las empresas públicas deben estar integradas por personas que sientan lo público, que no tengan intereses privados y que sean preparadas en las diversas ramas del saber. Esto se aplica a todas las empresas, y en particular, hago énfasis, en las de Bogotá, que no deben entregarse a personajes que representen intereses privados o que provengan de estos grupos.

Decía, que EPM siempre fue brillante antes de que entrara el GEA. Defiendo al alcalde Daniel Quintero y a Álvaro Guillermo Rendón, actual gerente de EPM. Hay que rodearlos contra la embestida de estos intereses privados dudosos, de los ataques del presidente de la Andi, de los editoriales peligrosos de El Tiempo y El Espectador, es decir, del poder dominante, cuyas varias fracciones se unen en este momento, independientemente de sus intereses particulares e ideológicos, para defender intereses privados.

Es como si la junta directiva de la EEEB se la entregáramos al grupo de Luis Carlos Angulo Sarmiento.

Ninguna empresa pública tiene dueño, ninguna empresa pública puede ser tampoco manejada por los políticos corruptos y clientelistas.

Defendamos lo público de los intereses groseros privados, con mayor razón, como se ha visto en esta pandemia, el papel nefasto de una salud privatizada y de una salud publica hecha pedazos.

Este es uno de los cambios que necesitamos para construir un nuevo país, fortalecer lo público, pero ajeno a los intereses privados de los grupos monopólicos. y de los partidos políticos clientelistas y corruptos.

* Ex viceministro de Minas y Energía

https://www.avanzarcolombia.com/2020/08/18/defendamos-a-epm-de-los-intereses-privados-empresariales/

20.30.-El manuscrito clave YOHIR AKERMAN

El documento está fechado el 18 de julio de 2017 y dirigido al entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Está escrito en papelería formal y en cada una de las páginas aparece el logo “Cadena & Asociados, Law Office”. Es de tres páginas, está hecho a mano, sin nombre, y tiene fecha y sello legible de recibido por la Fiscalía el mismo día que fue escrito.

23 ago 2020.- Es una declaración donde dice el firmante que está dispuesto a dar información “útil para la investigación del proceso que adelanta la Fiscalía en contra del señor Santiago Uribe Vélez”.

El testimonio hace referencia a una supuesta entrevista que tuvo el testigo con el señor Iván Cepeda y un supuesto pedido del senador para que el firmante declarara en el caso de los 12 Apóstoles. “Me pidió (Cepeda) que dijera que yo había estado reunido con Santiago Uribe en El Poblado en Medellín, lo cual es falso ya que nunca me he reunido con él, ni con el presidente Uribe”.

Agrega el testimonio: “Iván Cepeda me ofreció protección, me dijo que me iba a dar lo mismo que le había ofrecido a Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero (…) Yo estoy dispuesto a esclarecer la verdad ya que no comparto la política de Alberto Guerrero el cual es una persona que miente”.

El manuscrito finaliza diciendo: “Señor fiscal, estoy dispuesto a recibir a algún delegado suyo para contarle la verdad sobre esta farsa que se le montó a Santiago Uribe para perjudicar al presidente Álvaro Uribe Vélez”, y agrega una firma junto a la cédula de ciudadanía 18′464.700.

Pues ese número de documento y la firma que aparece al lado corresponden al exparamilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez, uno de los declarantes manejados por el abogado Diego Cadena para beneficiar al senador Álvaro Uribe en el proceso que le adelanta la Corte Suprema por soborno de testigos y fraude procesal.

Es importante recordar que Vélez, conocido con el alias de Víctor y exintegrante del frente Cacique Pipintá de las Autodefensas, ya admitió que lo que dijo en esa carta del 18 de julio es falso y que todo fue por indicación del abogado Cadena. Además, que recibió varios giros y plata en efectivo de manos de Cadena que, según la Fiscalía, llegan a los $40 millones.

Vaya, vaya, vaya.

Vélez ya había dicho en un testimonio en una audiencia presencial ante la propia Corte en 2016, de manera falsa, que Cepeda le había ofrecido beneficios a Pablo Hernán Sierra y a él a través de Sierra. Y, posteriormente, después de ese testimonio, envió dos cartas similares ratificando lo establecido. Pero enfoquémonos en esta del 18 de julio de 2017, ya que de ahí se desprenden varias cosas.

Ese testimonio de Vélez se suscribió y fue aportado al proceso N° 2017-2453-5 donde es sindicado Santiago Uribe por el delito de homicidio agravado, y mediante memorial de solicitud de pruebas del abogado Jaime Granados se pidió la declaración de Carlos Enrique Vélez con base en la carta reseñada, testimonio que no se decretó en la audiencia preparatoria del 13 de octubre de 2017.

Es por esto que la Corte pudo determinar que no es independiente la gestión que se desplegó por parte de Diego Cadena en nombre y representación del senador Uribe Vélez para allegar elementos de prueba al proceso 38451, con las actuaciones penales que se adelantan en contra de su hermano Santiago.

No para ahí.

El mismo día que Diego Cadena buscó a Vélez para que firmara esa declaración para el proceso de Santiago Uribe Vélez, ese mismo día, también entregó un poder que le confirió el mismo Carlos Enrique Vélez como apoderado del exparamilitar, demostrando que por su declaración falsa no solo le estaba pagando sobornos —o viáticos, como los llama el abogado—, sino regalándole su asesoría jurídica, lo cual también es ilegal.

Es decir, Cadena se presentó como abogado del testigo que iba a favorecer al hermano de su cliente, el expresidente Uribe, y, como dice la Corte, eso es “una actuación absolutamente irregular y particular si se tiene en cuenta que Vélez no era procesado sino potencial testigo”.

Pero en ese punto la Corte se hace una gran pregunta y es cómo se conocieron Cadena y el exparamilitar Vélez. “En efecto, no sería entendible que entre dos desconocidos, Cadena y Vélez, en tan escaso tiempo, tal vez algo más de media hora, logren elaborar una carta con un contenido que no es corto ni simple y un poder, si no es porque quien visita viene referido de un conocido”.

La Corte pudo determinar que quien les hace la presentación es el abogado Samuel Sánchez Cañón, “quien a su vez sería referido a Cadena Ramírez por Mario Uribe Escobar, con quien se sabe tuvo contacto y conversación en el mes de febrero de 2017, cuando fueron a la casa en Rionegro del senador Álvaro Uribe Vélez”.

Ese vínculo lo ratificó en su indagatoria el senador Uribe, cuando mencionó que supo de la existencia de Carlos Enrique Vélez porque Diego Cadena le manifestó que un abogado cercano a él fue quien le dio la información relativa a esta persona presa.

Pero ahora quieren cambiar la versión y decir que fue Vélez quien buscó al abogado Cadena y los extorsionó, incluso cuando Cadena presentó un poder para ser su apoderado.

Increíble.

En especial, por un detalle que es bien interesante y es que ese manuscrito entregado a la Fiscalía en papelería de la oficina del abogado Diego Cadena fue escrito de su puño y letra.

Pese a que el exparamilitar Vélez sabe escribir y tiene incluso buena letra, fue el abogado quien escribió la carta de su propia mano con las palabras que quiso usar e incluyendo los mensajes que necesitaba que dijera para favorecer a Santiago Uribe Vélez y a su cliente el expresidente Uribe. La estrategia del senador ahora es construir el discurso de que está secuestrado por una Corte mafiosa, ya que no existen evidencias en su contra.

La verdad es otra y es que la Corte Suprema tiene bien analizada la evidencia, que es contundente. Como este manuscrito, que lo único verdadero que tiene de Vélez es la firma y el número de cédula mientras todo lo demás, que es falso, viene del abogado Diego Cadena.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/el-manuscrito/

  • 20.29.-Al oído del partido FARC – PATRICIA LARA
  • De “Tasmania” a Cadena YOHIR AKERMAN
  • Uribismo: estrategia política vs. Justicia – CECILIA OROZCO
  • #EstamosJoLUIS NOÉ OCHOA

Al partido FARC le llegó su hora de la verdad: ahora sí tendrán que comprobar su compromiso con ella. Porque la verdad que se les aproxima será la más difícil de aceptar desde su propia ética: se trata de la relacionada con el reclutamiento forzado de menores de edad, el cual, en ocasiones, estuvo ligado a delitos de abuso sexual, como figura también en el proceso.

14 ago 2020.- Y es la verdad más difícil porque para las Farc los delitos de secuestro y asesinato figuraban en sus códigos de guerra. En cambio, como lo han dicho varios de sus excomandantes, el abuso sexual estaba proscrito en sus leyes y la violación era castigada con el fusilamiento. Sin embargo existía, así no fuera de manera generalizada, porque se trataba de una guerrilla conformada en su mayoría por hombres machistas y armados, que obedecían a una estructura patriarcal, como valerosamente lo dijo la senadora Victoria Sandino. Tan ocurrían esos abusos, agregó ella, que en sus códigos existían esas penas.

Digo que se les aproxima la hora de la verdad más difícil porque, así lo nieguen, a pesar de las acciones de los abogados del partido FARC para dilatar ese proceso en la JEP, lo más seguro es que el próximo 18 de agosto, y hasta el de 4 septiembre, tengan que rendir en este caso su versión voluntaria los 37 comparecientes (36 hombres y una mujer). Afirmo que es lo más seguro, porque aún esta semana sus defensores continuaban haciendo peticiones que dilatarían el proceso. Por ejemplo, que las versiones individuales fueran recibidas presencialmente cuando, por la pandemia, deben recibirse de forma virtual. Y también han solicitado que las diligencias sean recibidas en forma colectiva y que no participen las víctimas en las versiones voluntarias, porque ello afectaría los derechos tanto de las víctimas como de los comparecientes.

En fin, como lo más seguro es que en la JEP rechacen sus argumentos, es indispensable que los 37 comparecientes, en soledad, se miren al espejo y acepten ante sí mismos, que es lo más difícil, su triste verdad. (No se trata de que se tenga que probar primero: eso ocurre en la justicia ordinaria, no en la transicional). Luego, deben aceptarla ante sus víctimas y pedirles perdón. Si lo hacen, no solo se quitarán de su conciencia y de sus hombros un peso enorme, sino que no perderán los beneficios concedidos por el Acuerdo de Paz, según los cuales serían sometidos —por ocho años— a sanciones restaurativas, que podrían ser, por ejemplo, encargarse de una fundación que prevenga el reclutamiento o emprender procesos productivos que beneficien a las víctimas, etc. Pero si no lo hacen, aumentaría el peso que llevan sobre sus hombros y su conciencia, y tendrían que pasar 20 años purgando su pena en una cárcel común.

Desde el punto de vista político, si ahora, cuando su mayor contradictor, el expresidente Álvaro Uribe, está en detención domiciliaria, los miembros del partido FARC confiesan la verdad y les piden perdón a las víctimas, impulsarían un cambio político de tal magnitud, que lograrían que el país pasara la página del conflicto con las Farc y, por ende, de la polarización, y que se abriera el camino para una profunda democratización política.

Pero si los miembros del partido FARC continúan haciéndole el quite a la verdad, terminarán por acabar con la JEP y con la Comisión de la Verdad, con lo cual romperían el eje del Acuerdo de Paz.

Es una tremenda responsabilidad la que van a enfrentar. Tanto con el país como con ellos mismos.

Nota. Esta columna reaparecerá en dos semanas.
www.patricialarasalive.com, @patricialarasa
https://www.elespectador.com/opinion/al-oido-del-partido-farc/

20.29.-De “Tasmania” a Cadena YOHIR AKERMAN

«Ya es una esperanza para las víctimas», dijo Iván Velásquez. Foto: Fotomontaje de SEMANA

Una reciente condena judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca demuestra que lo que tiene hoy preso al senador Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal no es una persecución política, como los del Centro Democrático lo quieren presentar, sino más bien un modus operandi ilegal que el expresidente emplea hace más de 15 años.

Me explico.

16 ago 2020.- Según la sentencia del 17 de junio 2020, está probado con evidencias que al ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez le hicieron un montaje judicial con un paramilitar que firmó una carta en la cual lo acusaba de fabricar testigos en contra del entonces presidente Álvaro Uribe.

Estas no son opiniones. Son casos juzgados basados en evidencia documental de la investigación que fue bautizada en los medios como el caso Tasmania, el cual consistió en un complot contra la Corte Suprema de Justicia cuando estaba por llamar a indagatoria al entonces presidente del Congreso, Mario Uribe Escobar, primo y socio de Uribe Vélez.

Todo se dio porque Iván Velásquez fue el investigador de la llamada parapolítica, o de los vínculos de sectores políticos con paramilitares que incluían al primer primo. Fue durante su paso por la Corte Suprema que Velásquez se convirtió en blanco de los seguimientos ilegales del extinto servicio de espionaje del DAS.

Uno de los escoltas del entonces magistrado fue quien logró infiltrarse en su despacho y su círculo familiar para identificar con quién conversaba y hasta conocer las decisiones que se proyectaban en el marco de las investigaciones contra reconocidos políticos vinculados a capos del paramilitarismo, como el familiar del entonces presidente.

Pues el exparamilitar José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania, dijo en el juicio que la carta que firmó en contra de Iván Velásquez, nada más ni nada menos, fue un montaje judicial coordinado desde la Casa de Nariño.

Incluso existen los reportes de inteligencia, como el del 1° de octubre de 2007, en los que se detallan los pormenores del plan que incluía fabricar la evidencia que mostrara que el magistrado supuestamente le había ofrecido a Tasmania una “rebaja de pena, además de protección y salida del país junto a su familia”. Según el documento, esto había que hacerlo porque “la intención del magistrado Iván Velásquez Gómez es la de vincular al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, con las acciones ilícitas cometidas por las autodefensas ilegales”.

Macabro.

Tasmania dijo que el abogado Sergio González lo influyó junto a Juan Carlos Sierra, alias el Tuso, para firmar una carta que señalaba que el investigador de la parapolítica, el magistrado Iván Velásquez, le estaba ofreciendo beneficios a cambio de que entregara declaraciones en contra del, para la época del año 2007 presidente Álvaro Uribe, su hermano Santiago y su primo Mario Uribe, ya condenado por parapolítica.

Todo suena inmensamente parecido al caso que ahora tiene al expresidente en detención domiciliaria.

El 31 de diciembre de 2008, se dio la respuesta del expresidente Uribe a la Procuraduría sobre el caso Tasmania en la que dijo que nunca conoció actividades del DAS en contra del magistrado, cosa que después se demostró falsa. También dijo que no hubo ningún montaje, hecho que está probado, y ahora se le condena a la nación a resarcir económicamente por esos daños a Velásquez ya que la evidencia es inequívoca.

Así de claro y así de sencillo.

Es más, en los procesos en contra del secretario de presidencia de la época, Bernardo Moreno, y la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, se conoció que el presidente Uribe sí conocía de todos estos hechos ilícitos, del montaje y la manipulación de testigos, pero nunca se le juzgó, sino que sus subalternos terminaron pagando las consecuencias.

Son hechos jurídicos, no opiniones.

Pese a que la condena en contra del abogado involucrado Sergio González fue posteriormente ratificada en segunda instancia, el senador Uribe sigue repitiendo constantemente que el exmagistrado Iván Velásquez ha comprado testigos en su contra, inclusive cuando todo eso ha sido desvirtuado judicialmente.

La vieja estrategia de repetir una mentira para ver si se vuelve verdad.

El problema es que todo ese complejo montaje liderado desde la Casa de Nariño solamente tuvo como responsable y culpable al abogado González, a cinco años y ocho meses de prisión, pero nunca a sus beneficiarios ya que la justicia no tocó por esos hechos al expresidente, ni a su hermano Santiago Uribe ni al primo Mario.

Esperemos que ese no sea el mismo destino de este caso que hoy tiene la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía en donde solo el abogado termine pagando por los delitos cometidos para favorecer a su cliente ya que también es clave recordar que fue a través del exsenador Mario Uribe, como se conocieron el expresidente Álvaro Uribe con el también preso abogado Diego Cadena.

Todo un enclave de personas engañando a la justicia, pidiendo o presionando a exparamilitares para que mientan para favorecer sus intereses, pero sobre todo con el claro interés de enterrar a sus enemigos. En ese viejo caso, al exmagistrado Iván Velásquez y, en el reciente, al senador Iván Cepeda. El sistema judicial por fin está demostrando que nadie puede estar por encima de la justicia por más poder que tenga.

https://www.elespectador.com/opinion/de-tasmania-a-cadena/

20.29.-Uribismo: estrategia política vs. Justicia  CECILIA OROZCO

Por azar o porque el mensaje en WhatsApp fue distribuido de forma tan profusa que llegó a los teléfonos de quienes Álvaro Uribe y el partido de su propiedad ven como los demonios del séptimo círculo del infierno, supe de la convocatoria que Luis Guillermo Plata, gerente para la atención integral de la pandemia, hizo, el jueves pasado a “nuestros compañeros de Gobierno” para asistir a una cita virtual, al día siguiente, con el apoderado del expresidente con el fin de “sobretodo (sic) ayudarnos a pensar en cómo podemos apoyar efectivamente al Presidente Uribe (sic) en estos momentos”.

12 agos 2020.- El doctor Plata, funcionario público cobijado como todos los empleados de la Casa de Nariño y del Ejecutivo por la norma restrictiva de activismo político que cobija a los servidores del Estado, explicó que “la Dra. Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático… se ha ofrecido a organizar una charla mañana viernes 7 de agosto, a las 5pm (sic) con el Dr. Jaime Granados para que él nos presente su análisis jurídico de la situación del Presidente Uribe” (sic). Obviamente, lo que interesaba a la audiencia de Plata y de la señora “administradora” del partido del procesado —según ella se autodenomina— no era conocer los detalles del expediente del encartado pues para esa labor están los especialistas: Granados y otros abogados, unos más presentables que Cadena y algunos del nivel de este, que siguen trabajando en la sombra para la causa Uribe mientras los cobijan con sus propias medidas de aseguramiento.

 La masa uribista requiere que le den línea para que, una vez enterada de “lo que en verdad está sucediendo”, sepan qué hacer para “apoyar efectivamente” al senador. Por eso, Plata apeló a los centenares de destinatarios oficiales haciendo caso omiso de las investigaciones disciplinarias que les podrían iniciar: “Como no tengo los contactos de muchos de nuestros compañeros de Gobierno, les agradecería si les pueden reenviar este mensaje”. Antes de terminar, dio la impresión de que la cita no era del todo voluntaria: “Espero verlos virtualmente mañana”.

Coincide la petición-exigencia del gerente de los recursos de la pandemia (¿?) con una versión que se filtró, hace unos días, a través del despacho de María Paula Correa, la funcionaria del rimbombante puesto titulado “jefe de Gabinete de la Presidencia de la República de Colombia”. De acuerdo con el rumor que, cierto o no, atemorizó a ministros, directores y miembros de juntas directivas, Correa estaría vigilando desde su computador las cuentas de personas con cargos significativos en la administración Duque para revisar quiénes son solidarios con el detenido y quiénes parecen indiferentes. ¿Con qué objeto? Probablemente con el de iniciar una purga política de los que no participen en el linchamiento a la Corte o de elaborar una lista de premiados entre los más furibundos atacantes de los jueces. Se reeditarán, entonces, los tiempos en que una bandola que precedió a Correa y a Duque en la Casa de Nariño hace poco más de una década introdujo por sus sótanos oficiales a alias Job, enviado del jefe de los sicarios de La Terraza, alias Don Berna, para reunirse con el secretario jurídico de Uribe, Edmundo del Castillo, y con su secretario de prensa, César Mauricio Velásquez (“el curita”, como lo llamaba Job).

La tenebrosa cita se concertó para concretar un plan de desprestigio contra la Corte Suprema de entonces, porque, ¡ay, similitudes!, sus magistrados investigaban a aliados del jefe de Estado, entre estos, a Mario Uribe, su primo, que pagó su condena de siete años y medio de prisión porque se le probó, en juicio, concierto para delinquir pese a los montajes de descrédito que desplegaron contra los togados de la época. Volviendo al presente de pasado uribista, los notables de extrema derecha, bien sean servidores oficiales o columnistas cooptados, están siguiendo el libreto de una estrategia política que no pretende controvertir la providencia repleta de graves indicios de responsabilidad penal del imputado, sino que lleva a “poner berraca” a la gente contra la Corte actual, así: 1. Mencionar siempre al “narcotraficante” Santrich y su libertad, y compararlos con la detención domiciliaria del que “siempre ha enfrentado los llamados de la justicia”. 2. Hablar de “la felicidad de la izquierda armada” y de su asociada, la izquierda sin armar. 3. Resaltar las bondades de la “Seguridad Democrática” y de su creador. 4. Comparar a “los guerrilleros de las Farc asesinas que están sentados en el Congreso con la suerte del hombre que salvó al país”. Nada tienen que ver esas consignas prefabricadas con el soborno a los testigos y el intento de desviar la justicia, conductas por las que será juzgado Álvaro Uribe. Pero sirven para engañar a Colombia, otra vez a quienes le dieron, de regalo, la Fiscalía.

https://www.elespectador.com/opinion/uribismo-estrategia-politica-vs-justicia/

20.29-#EstamosJoLUIS NOÉ OCHOA

Nuestra sociedad está dividida, polarizada y equivocada en sus peleas. Los odios nos tienen jo.

Ya he comentado aquí de la hermana sor Teo, tan decente que dice apenas “nos jo”, ante situaciones duras y complejas, que piensa que solo Dios y la entutelada Virgen de Chiquinquirá las arreglan. 

14 ago 2020.- Viendo las noticias nacionales de estos días, cree uno que nos jo. Estoy triste y pesimista hoy, no solo por las 14.145 personas que se había llevado el covid-19, hasta este jueves, sino por todo lo que nos pasa en este país, en que muchas cosas nos tienen jo como sociedad.

Colombia no se ha conmovido lo suficiente por la masacre de los cinco menores de la comuna 15 del barrio Llano Verde de Cali, esa ciudad que hoy no está ‘pachanguera’ sino en duelo. Cinco seres casi niños, entre 14 y 16 años, fueron asesinados brutal y miserablemente, sin saber cómo ni por qué.

Salieron dizque a echar cometas, y a comer caña en un cañadulzal cercano. Ninguno sabía siquiera la canción de Guillermo Buitrago que dice “por una varita e’ caña me van a quitar la vida”. No se sabe si fue por ella, o por qué absurdo los tirotearon y uno de ellos fue degollado. Malditos asesinos. Esos muchachos tal vez solo soñaban con triunfar en las canchas como Rodallega, o Candelo, o Asprilla. Sueños que se truncaron en medio de la violencia y de la pobreza.

Esos muchachos tal vez solo soñaban con triunfar en las canchas como Rodallega, o Candelo, o Asprilla. Sueños que se truncaron en medio de la violencia y de la pobreza.

Hubo consejo de seguridad en Cali con el ministro de Defensa a bordo, hay recompensa de 200 millones para quien dé información seria, y hay equipos especiales de investigación. Todo tiene que terminar en que haya justicia, porque nada justifica una masacre miserable como esta. Otra, que indica que la seguridad en este país se deteriora y esto está cada vez más jo.

La pobreza, que ahora crece más que la caña, es como la pereza, madre de todos los vicios y de todas las injusticias y tristezas. El jueves en este diario se dio a conocer un estudio de Human Rights Watch (HRW) y el centro de estudio de la Universidad Johns Hopkins sobre la situación de los indígenas wuayús en La Guajira. Es crítica, pues carecen de casi todo, en especial de drinking water. O sea, en suaitano, agua potable.

Según los gringos, la crisis de desnutrición se ha elevado allí y piden al Gobierno tomar, no water, sino acciones urgentes para proteger los derechos de esta población vulnerable.

“No tienen acceso a alimentos suficientes ni al agua necesaria para practicar una higiene básica, incluyendo para lavarse las manos, y la información y acceso a la atención en salud es sumamente deficiente”, afirmó José Manuel Vivanco, director para las Américas de HRW. Triste. Ahora con la pandemia del coronavirus están en terrible riesgo. La letalidad ante este mal es la más alta en el país: 64 por ciento. Los wayús están jo.

Y hay un detallito que indigna: en medio de esa escasez, lo que abunda es la corrupción. Apenas en áreas de programas de alimentación, 14 auditorías revelan que se perdieron por el ‘robonavirus’ 30.000 millones de pesos. Un pueblo sin agua en esta pandemia. Y seguramente los corruptos echándosela al güisky. Un crimen de lesa humanidad, ante el que no podemos lavarnos las manos en Bogotá.

Yo creo que la nuestra hoy es una sociedad dividida, polarizada, equivocada en sus peleas y en sus protestas. Los odios políticos nos tienen jo. Por ejemplo, estos días hubo manifestaciones en favor y en contra de Uribe, el nuevo ordeñador de ‘Ubrerrimo’. #UribeEnLibertad. Y también hubo respaldo a la Corte Suprema. Pero no he visto uribistas en la calle, ni #NoMásMasacres, ante la muerte de los niños. Ni un cacerolazo, ni una bandera ni carros pitando. Ni hay reacción política por la situación de los wayús. Esa falta de país unido, que desconoce hasta las instituciones, es aprovechada por criminales y corruptos que matan a la gente a bala y de hambre. #EstamosJo.

Luis Noé Ochoa

luioch@eltiempo.com.co

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/luis-noe-ochoa/columna-de-luis-noe-ochoa-sobre-la-masacre-en-cali-la-pobreza-y-la-corrupcion-529504 

  • 20.28.-El uribismo presiona: su jefe es intocable CECILIA OROZCO
  • El que las hace se las imagina PATRICIA LARA
  • Te hablo desde la prisión (II) YOHIR AKERMAN
  • Sin modificar causas de crisis láctea, propuesta oficial es mero paliativo RAMIRO CAMACHO
El Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Como siguiendo un libreto y parlamento por parlamento, volvió a rugir la maquinaria de defensa política de Álvaro Uribe. Aunque la estructura interna de su estrategia con la trama inicial de ataques a sus denunciantes; el nudo de informaciones falsas a su favor pero siempre en contra de sus jueces; y un desenlace en que él, el poderoso entre los poderosos, termina siendo víctima del comunismo; aunque —repito— esa estrategia existe desde las agitadas épocas de sus presidencias, había que reactivarla, soltando a sus leones.

5 ago 2020.- Las alarmas del senador y su entorno se encendieron cuando El Espectador reveló, el martes pasado, que el magistrado de la Corte Suprema instructor del caso en contra del expresidente, por el delito de soborno a testigos (6 a 12 años de cárcel) y por el delito de fraude procesal (6 a 12 años de prisión más “inhabilitación de 5 a 8 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas”), les había repartido a sus colegas de sala sus conclusiones. Es decir, había entregado la ponencia en que proyecta si el exmandatario continúa gozando de libertad mientras se adelanta el proceso; si se le ordena detención en su domicilio o si se le lleva a un reclusorio. Pero no piensen, ni por un momento, que en esta eventualidad iría a una celda como las que ocupan el resto de los mortales en líos judiciales. Por ser Uribe rey, él sería conducido a un club militar o a uno policial, y estaría custodiado, ¡qué digo!, protegido por soldados o policías que se pondrían firmes ante su presencia y que correrían a cumplir sus órdenes cada vez que lo quisiera. Imagino —en mi mente fantasiosa— a la Casa de Nariño preguntando, cada día, qué se le ofrece a nuestro Señor. Y también al presidente Duque visitándolo desafiante y a plena luz, para reiterarle su afecto y su solidaridad.

La contraseña (hashtag) #YoCreoEnUribe inundó las redes, en estas horas, en desarrollo de una tarea mancomunada de “blogueros” que trabajan, unos como milicianos —bien armados— y otros como obreros que repiten por la paga lo que otros les manden. Los militantes de la causa que gozan de investidura de congresistas se dedicaron, seguramente después de una telerreunión de emergencia en que se les “dio línea”, a lanzar mensajes en que ponen, de nuevo, en el foco del odio universal a “la guerrilla que está en el Congreso sin pagar sus crímenes” y, claro, “a Santrich, el narcotraficante”, “el que montó las disidencias”, “el que asesina líderes sociales”. Y a completar sus frases elevando a la divinidad a su jefe supremo, “un hombre que ha trabajado sin descanso por Colombia”; “un líder que le devolvió la seguridad al país”. La táctica, uno de cuyos capítulos centrales recomienda cómo inspirar temor nacional por “la violencia (que) quizás se agudice”, se amplificó en unos medios el fin de semana, dando por cierta la “chiva” sobre la supuesta detención del expresidente, inventada para arrinconar a los togados.

Anteayer, lunes, cuando los lectores de El Tiempo abrieron su contenido, encontraron la notificación perentoria del partido gubernamental: en un aviso de página entera y con idénticos argumentos a los de la columna, el Centro Democrático, llamado con ese nombre que mal disfraza su título real, Partido de Uribe, cerraba su círculo propagandístico. La agrupación política, misma del jefe de Estado quien también cumplió su rol de amedrentar a los jueces en una entrevista radial, expresaba “su grave preocupación ante las diferentes versiones de prensa que avisan (sic) la inminente decisión que la Sala de Instrucción… se aprestaría a tomar contra el señor expresidente… (basada) en un imaginario criminal” tejido por “distintos elementos asociados a la izquierda armada”. Método demoníaco: el uribismo primero creó la noticia para, después, retomarla en su comunicado. Les indicaba, así, a los jueces y al país que si volvían su chisme, realidad judicial, el sector colombiano que supuestamente pertenece a la izquierda, la pagará. La frase de cajón sobre el “debido respeto que merecen las instituciones y la administración de justicia” no cubre la peligrosidad de la amenaza. Lula da Silva, el político más poderoso del vecino país y un gigante en popularidad, fue capturado por jueces autónomos cuando el respaldo a su figura llegaba al 80 %. Hubo manifestaciones y protestas. Pero al Partido de los Trabajadores jamás se le ocurrió ir a pagar su ira asesinando a Bolsonaro. Algo va de Brasil a Colombia.

* Esta columna fue escrita antes del anuncio de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de dictar medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe.

https://www.elespectador.com/opinion/el-uribismo-presiona-su-jefe-es-intocable/

20.28.-El que las hace se las imagina PATRICIA LARA

Centro Democrático propone asamblea nacional constituyente 

La justicia es para los de ruana, dice el dicho. Sin embargo, la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, dictada por unanimidad por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de soborno y fraude procesal, parece contradecir ese adagio popular.

7 ago 2020.- Digo parece porque con esa decisión —basada, según afirmó la Sala en su comunicado, en abundantes pruebas que son parte de la reserva del sumario— se ha formado tal alboroto, que el Centro Democrático no se resigna y hará todo lo posible para deslegitimar la determinación de la Sala de Instrucción de la Corte, inventándose infundios tan absurdos como que se trata de una conspiración de la izquierda y del resultado de un pacto celebrado entre el gobierno de Santos y las Farc. Entonces, como en este caso no les conviene, no acatan la institucionalidad y salen con el absurdo de que van a promover la convocatoria de una constituyente para reformar la justicia, cuando, esta vez, lo único que sucedió fue que la justicia funcionó de acuerdo con la ley.

Pero miremos los hechos: en primer lugar, el proceso contra Uribe se produjo porque él demandó al senador Iván Cepeda por soborno de testigos a raíz de un debate que Cepeda le hizo en el Congreso. La Corte no encontró méritos, dictó auto inhibitorio y, en cambio, halló indicios de que quien podría estar sobornando testigos era Uribe contra Cepeda. Es lo que en psicoanálisis se llama proyección: que el que las hace se las imagina.

En segundo lugar, los magistrados de la Sala que dictaron la medida contra Uribe fueron elegidos por la Corte durante el gobierno del presidente Iván Duque y son funcionarios de trayectoria en la Rama Judicial. Nada que ver con Santos. El magistrado César Augusto Reyes, por ejemplo, ponente en este caso, es especialista en derecho penal de la Universidad Nacional; doctor en derecho de la Universidad de Buenos Aires; formado en EE. UU. y Puerto Rico en sistema acusatorio, juicio oral y metodología de la enseñanza; fue abogado litigante durante 30 años, profesor universitario por 22, defensor público por 13 y coordinador académico de barras de defensores públicos. Los otros cuatro magistrados tienen hojas de vida similares.

Ahora, que a la senadora Paloma Valencia le quepa en la cabeza que un hombre tan respetable como Humberto de la Calle hubiera podido pactar en La Habana que las Farc firmaran el Acuerdo de Paz a cambio de que Uribe fuera a prisión (¡que no es prisión, es El Ubérrimo o su casa de Rionegro!) es un disparate descomunal que sólo puede ocurrírsele a los fanáticos.

Con este caso de Uribe no pasó nada especial. Como lo dijo un editorial de El Espectador, “la pregunta jurídica es sencilla, aunque el ruido del debate público quiera oscurecerla: ¿tuvo algo que ver el expresidente con el soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve? Si la respuesta es afirmativa, el tribunal concluirá en una condena por fraude procesal. Si es negativa, el expresidente será absuelto. ¿Por qué tantos aspavientos frente a un proceso judicial apenas natural?”.

No obstruyan las instituciones, señores del Centro Democrático. Dejen que la justicia funcione.

***

Hoy se conmemora el centenario del nacimiento del gran Otto Morales Benítez, escritor prolífico, liberal de convicción, varias veces ministro, parlamentario, testigo de todas las violencias, ser humano como pocos, amigo de verdad. Cómo hacen de falta sus tertulias, sus opiniones inteligentes, su sonora carcajada…

https://www.elespectador.com/opinion/el-que-las-hace-se-las-imagina/

20.28.-Te hablo desde la prisión (II)YOHIR AKERMAN

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sigue insistiendo en que quiere confesar y colaborar con la justicia en temas que incriminan al senador Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago. Profundicemos cuáles son esos temas en los que Mancuso podría contar una verdad incómoda para la familia del expresidente.

2 ago 2020.- Mancuso puede dar testimonio sobre la relación intrínseca y de permisividad que tuvieron las autoridades locales y la Gobernación de Antioquia para facilitar o no impedir varias acciones de los paramilitares ocurridas en los 90 en ese departamento. Estamos hablando de las horribles masacres de El Aro, San Roque, La Granja y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

Estos son los crímenes más graves por los que la justicia investiga al senador Uribe en el marco de la indagación 45110 en la Corte Suprema de Justicia.

Recordemos que la Corte Suprema declaró como crímenes de lesa humanidad esas masacres y el homicidio del profesor Jesús María Valle, primer denunciante de la relación simbiótica que había entre las autoridades oficiales, la IV Brigada del Ejército y las Autodefensas Unidas de Colombia.

Como lo informó en febrero 10 de 2018 el periodista Daniel Coronell en una columna, el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, rindió una versión libre en la que afirmó sobre el asesinato de Jesús María Valle: “Esta acción fue una petición del doctor Pedro Juan Moreno, ya que él (Jesús M. Valle) estaba haciendo una investigación sobre los hechos que ocurrieron en El Aro”. (Ver Aquí no hay muertos).

Las palabras que llevaron a la muerte al defensor de derechos humanos fueron: “Yo considero que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ha incurrido en un comportamiento omisivo, y lo mismo el secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno”.

Días después formalizó sus reclamos en denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema, para que se abrieran investigaciones por prevaricato por omisión, incluyendo también a la comandancia de la IV Brigada, entonces a cargo del general Alfonso Manosalva Flórez.

Mancuso es un testigo fundamental de todos esos hechos y de la permisividad o no que tuvo la Gobernación de Antioquia cuando sucedieron esos crímenes.

Fundamental.

Por algo el exfiscal general Eduardo Montealegre dijo el pasado 9 de julio en el programa Semana en Vivo, dirigido por María Jimena Duzán, que Uribe es un criminal de guerra. Montealegre señaló que tiene la denuncia penal en la que señala al senador Uribe de ser presunto responsable de las masacres de El Aro y La Granja, cuando se desempeñaba como gobernador. Uribe simplemente respondió que era un mentiroso, como seguramente le dirá a Mancuso.

Como se ha dicho en esta columna, el 16 de noviembre de 2008 el paramilitar Salvatore Mancuso aseguró, en audiencia de versión libre desde Estados Unidos, que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia había hecho presencia en el desarrollo de la masacre que perpetraron los grupos paramilitares en conjunto con miembros de la IV Brigada del Ejército nacional en el corregimiento de El Aro, ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia, en octubre de 1997.

Aseguró que Pedro Juan Moreno tenía conocimiento de la masacre que se iba a perpetrar en este corregimiento.

En ese sentido es importante el fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Medellín, que condenó al ganadero Francisco Antonio Angulo Osorio por el asesinato de Jesús María Valle, perpetrado el 27 de febrero de 1998.

El Tribunal lo condenó, junto a su hermano Jaime Alberto, a 30 años de prisión por el crimen del abogado y presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. Los jueces pidieron indagar también por la posible participación de agentes del Estado y del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, o de funcionarios cercanos a él, como Pedro Juan Moreno, en ese crimen de lesa humanidad.

Todo porque Valle Jaramillo estaba diciendo la más dolorosa realidad: “Desde septiembre de 1996 hay un grupo paramilitar en el centro de Ituango. Lo saben el Ejército y la Policía. Ese grupo armado ha cometido una serie de asesinatos y no hay una respuesta inmediata del gobierno local”.

Valle denunció a la Secretaría de Gobierno de Antioquia por negligencia ante los crímenes en Ituango. “Yo considero que el gobernador ha incurrido en un comportamiento omisivo y lo mismo el doctor Pedro Juan Moreno, en un comportamiento omisivo que raya en lo delictual”.

Frente a esto Mancuso ha asegurado que su contacto con esa gobernación era el mismo señor Pedro Juan Moreno y que conoció a Uribe en Montería y lo apoyó económicamente en su campaña presidencial.

Vaya, vaya, vaya.

Incluso, el 26 de septiembre de 2012, Mancuso aseguró ante Justicia y Paz que Pedro Juan Moreno le pidió personalmente disminuir la actividad criminal y acciones militares para favorecer al entonces candidato Uribe Vélez, cosa que fue satisfecha. Es importante referenciar que Pedro Juan Moreno murió después en un misterioso accidente de helicóptero.

Según le dijo el propio Don Berna a la periodista Maria McFarland en un correo electrónico, la muerte de Moreno Villa no ocurrió por accidente. “La muerte de él fue producto de un saboteo al helicóptero (sic) donde se movilizaba. Acción llevada (sic) a cabo por órdenes de Uribe”.

Fulminante.

Sobre todos estos hechos Mancuso viene a Colombia a entregar la verdad. Al igual que sobre la información que también tiene del ganadero Santiago Uribe como el jefe del grupo paramilitar llamado “Los 12 apóstoles”, que operaba en el municipio de Santa Rosa de Osos.

Un tema que debe tener muy preocupados a los hermanos Uribe Vélez, más ahora que el alto tribunal pareciera que impondrá medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe Vélez en el otro proceso de que manejan en su contra por manipulación de testigos y fraude procesal. Todos estos casos están conectados por la misma génesis de los vínculos de esa familia con la filosofía paramilitar.

https://www.elespectador.com/opinion/te-hablo-desde-la-prision-ii/

20.28.-Sin modificar causas de crisis láctea,propuesta oficial es mero paliativoRAMIRO CAMACHO

Con la utilización de 4.000 millones del Fondo de Estabilización de Precios FEP, cuenta del Fondo Nacional del Ganado, que se nutre del impuesto parafiscal que pagamos los ganaderos, pretende el gobierno, con el visto bueno de los gremios que representan al sector en esas negociaciones, sortear la crisis láctea que para la Industria obedece a una “enlechada” por sobreoferta y para los ganaderos a las 45 mil toneladas de leche importada que entra a reemplazar la producción nacional. La decisión -reversada- de Alpina y respaldada por Asoleche, de rebajar el precio al productor y dejar de recibirles el 10% de su oferta diaria, llevó a reuniones y pronunciamientos de la Cámara Gremial de la Leche de Fedegán y de Asoleche, y a reuniones con Minagricultura y Mincomercio que desembocaron en una “Mesa Técnica” que se reunió el pasado miércoles y tomó la decisión anotada.

Fedegán a pesar de señalar que “Resultan aún más arbitrarias estas decisiones al revisar las cifras de importaciones de los primeros cinco meses del año, que ya superaban las 40.000 toneladas”, se va lanza en ristre contra la Industria por su bajo volumen de acopio y sus márgenes de operación, para terminar con su repetitiva y quimérica propuesta “es urgente realizar esfuerzos conjuntos entre el Gobierno Nacional, la industria procesadora y los productores, para incrementar el consumo de leche en estratos medios y bajos, retomando la propuesta del sector primario de la creación de un Fondo Tripartita, que promueva el consumo de leche en el país, dirigido precisamente a estos estratos de más bajos recursos.”

Analac resaltó -de igual forma- a la industria como la causa principal de la crisis: “Es evidente que la jugada de la industria no obedece a la realidad del sector y pone en riesgo la estabilidad laboral en el campo. Se trata de una jugada que pone en jaque a los productores de leche, en donde no sólo hay un daño económico, sino, también, un impredecible y profundo efecto social.” Para proponer al final que “La intervención gubernamental es vital para controlar los desafueros de la industria.”

Asoleche, que representa a las multinacionales del sector, con la resolución 083 consiguió que el gobierno les cediera pagar al productor en las áreas Zomac un precio por debajo de la resolución 017 de 2012 y, hoy de nuevo, exige la libertad de precios, lo que llevaría de manera más rápida a la desaparición de la producción de leche del país.

No es seria la propuesta de Fedegán de paliar la crisis y lograr cupo para las crecientes importaciones en el mercado interno aumentando el consumo en los estratos 1 y 2. Sin la más mínima evaluación de las metas propuestas para 15 años en el Plan Estratégico de La Ganadería PEGA 2019, que fueron un fracaso, (0,5 litros/hab/año de consumo en los últimos 9 años) y desconociendo las cifras oficiales de Planeación Nacional que informan que 12,8 millones de colombianos tienen ingresos de menos de 250 mil pesos/mes y que 19 millones más -los vulnerables- devengan entre 250 y 600 mil pesos mes no hay como aumentar el consumo y es ingenuo señalar que el mismo se da por las preferencias de oferta de la industria a los estratos altos y, también lo es creer que la crisis se resuelve solicitando solidaridad a los proveedores de los insumos requeridos en la producción.

Con cinismo el ministro de Agricultura Rodolfo Enrique Zea el pasado viernes afirmó: «En coordinación con el Fondo de Estabilización de la Leche, pusimos a disposición de los productores

un apoyo por $4.000 millones”. Serán las grandes empresas procesadoras que tienen las plantas de pulverización las receptoras de los recursos del FEP: por un lado, manejan el mercado internacional y por otro, son las que tienen la capacidad de acopiar la leche y procesarla para poderla conservar. Las pequeñas y medianas empresas, sin capacidad de almacenamiento ni de trasformación, quedarán “viendo un chispero” y los aportes de los ganaderos irán a mejorar los balances de las mismas empresas que, con las importaciones los llevan a la quiebra y que, no renunciarán a hacerlo porque con ellas acrecientan sus utilidades al aprovechar los bajos precios del mercado internacional, así paguen el arancel extra cuota, como ha sucedido en lo corrido del año.

Sin rectificar las causas que causan la debacle, cualquier propuesta será un paliativo. Las cerca de 400 toneladas de leche en polvo que se podrían subsidiar con los mil millones aprobados, en nada modificará la situación. Los inventarios de la Industria superan las 9 mil toneladas; se debe exigir a los organismos de control verifiquen que las exportaciones subsidiadas sean de producción nacional y no de la misma leche importada guardada en sus bodegas; los 3 mil millones para acopio, con un subsidio colocado para el análisis, del 30% del valor del litro hoy, apenas alcanzaría para 6 millones de litros, la tercera parte de lo que se produce en un día.

La defensa de la producción láctea nacional que está en juego, tiene dos fuertes escollos al frente: de un lado unos voceros del gremio cuyo accionar político ha estado en la defensa del gobierno y sus ejecutorias, que a pesar de las evidencias y su propia argumentación aceptan medidas inocuas sin reparos, como las ofrecidas hoy. Y un gobierno como el de Duque, que sin importar el desastre que la apertura y los TLC, le han propinado al Agro, pisa el acelerador en la misma dirección: “hay que trabajar de manera articulada como cadena bajo un discurso de productividad, competitividad y aprovechamiento de mercados internacionales.” fustigó a los asistentes el Ministro de Comercio Restrepo Abondano en reciente reunión con voceros de la cadena.

Desde Dignidad Ganadera, hacemos un llamado urgente a todos los productores y sus organizaciones para que, a pesar de las dificultades, preparemos de manera virtual una gran reunión que nos permita fijar tareas encaminadas a fortalecer la Organización Gremial y hacer un gran frente para la protección de los miles de ganaderos del país, cada día más asediados por la importación masiva de leche en polvo y derivados lácteos subsidiados.

Ing. Agr. Ramiro Camacho B.
Coordinador Magdalena Centro
Dignidad Ganadera Nacional
ramirok22@gmail.com
Teléfono 3105928676

  • 20.27.-Francachela con los dineros de todos -CECILIA OROZCO
  • Muertes por coronavirus cada 100.000 habitantes: una comparación entre países MÓNICA MENA
  • Legalización en camino PATRICIA LARA
  • Te hablo desde la prisión (II) YOHIR AKERMAN

No solo el fiscal Francisco Barbosa despierta inquietudes en la opinión pública por su conducta extraviada, su falta de sindéresis y sus disparates. También preocupa el contralor Felipe Córdoba, más astuto y frío pero desposeído, como Barbosa, de formación ética.

29 jul 2020.- Ni hablar del registrador nacional, Alexander Vega, de débil carrera y regular fama pero con amigos dispuestos a seleccionarlo para dirigir ese sustancial organismo para la democracia, aunque fuera irresponsable hacerlo. Barbosa, Córdoba y Vega son ejemplares de una nueva clase de servidores públicos elevados a puestos de manejo oficial no para sepultar el viejo clientelismo basado en el axioma te-ayudo-que-tú-me-ayudarás, sino para revivirlo y fortalecerlo en tiempos en que organizaciones ciudadanas y sus líderes, hechos a pulso y por fuera del establecimiento político tradicional, lograron ganar unas posiciones venciendo a unos caciques. Estos necesitan regresar y nada mejor que incrustar en el servicio público a quienes puedan ser sus operadores.

Con los candidatos que la politiquería —alborotada por un Poder Ejecutivo inexperto y débil— ha puesto a figurar y con la calidad apenas mediana, si no lamentable, de los elegidos, estamos retrocediendo a épocas que, según suponíamos, estábamos empezando a dejar atrás: como cuando sabíamos que un fiscal general era proclive a apoyar a los paramilitares; o como cuando de otro fiscal se rumoró que unos narcoparamilitares habían hecho colecta para elegirlo. Como cuando una seguidilla de contralores generales fueron detenidos y después condenados. Esta lista es larga: Julio Enrique Escallón, por corrupción; Aníbal Martínez Zuleta, por apropiarse de dineros de la entidad; Rodolfo González, por clientelismo y narcopolítica; Manuel Francisco Becerra y David Turbay, por figurar en la nómina del cartel de Cali. O como cuando, por si fuera poco, el procurador general Orlando Vásquez Velázquez fue suspendido, detenido y condenado por ser, también, beneficiario del narcotráfico del Valle del Cauca.

La ciudadanía todavía no recibe explicaciones claras y contundentes de la Fiscalía y de la Contraloría sobre los interrogantes que quedaron abiertos por unos contratos firmados, velozmente, por estos dos entes casi de manera simultánea, con una empresa de origen opaco y sin trayectoria ni capital, denominada Bon Sante SAS, para adquirir centenares de miles de tapabocas por más de $1.000 millones. Tanto más grave por cuanto la Fiscalía y la Contraloría investigan a los corruptos, pero ¿con cuál autoridad moral si sus jefes no demuestran tener conducta diáfana?

No la tuvieron desde el momento del trámite de sus respectivas elecciones: Córdoba, con un respaldo multipartidista ¿a cambio de qué? ¿Sería por puestos y contratos para todos los políticos, como a la vieja usanza? Habría que examinar nómina cuantiosa, asesorías y contratos. Barbosa, por cuyo nombre hizo lobby en la Corte Suprema, entre otros, el mismo contralor, ¿comprometió sus decisiones futuras con el Gobierno al que perteneció y con —por poner unos ejemplos— su antecesor Néstor Humberto Martínez y el rector de su universidad, que habrían interpuesto su poder de “convencimiento” en la época de la elección que ellos llamaban “campaña”? Tampoco se destacaron por su delicadeza cuando permitieron que sus esposas continuaran trabajando en sus entidades en cargos de manejo y control bajo la liviana disculpa de que ellas estaban en sus puestos antes de que los dos jefes llegaran. Así fue como bajo la supervisión de la esposa del contralor, Marcela Yepes, que dirigía con mano de hierro toda la contratación de la Fiscalía hasta hace unos días, se escogió a los pereiranos de Bon Sante SAS para la adquisición de elementos sanitarios sin contar con más cotizaciones. Yepes estudió y trabajó en la Fiscalía de Pereira y Córdoba nació en esa ciudad. Queda también sin respuesta la curiosidad de que los mismos señores de esa ciudad hayan sido beneficiados en la Contraloría al mismo tiempo y que, apenas con dos años de personería jurídica, hoy tengan decenas de otros contratos con el Estado nacional y regional.

Falta averiguar cuántos más cruces decisivos hubo en el curso de las tareas de estos dos organismos. Y cuántos funcionarios de aquí pasaron para allá. Adelantemos un caso: Julián Ruiz Rodríguez entró a la Fiscalía en 2011 como “profesional especializado 0”; hizo corta carrera como fiscal y después fue “profesional experto” hasta que, entre el 1° de agosto y el 16 de septiembre de 2018, fue designado como “asesor III” en el despacho del fiscal general pero con estrechas relaciones de trabajo con Marcela Yepes. Su hoja de vida en el ente investigador se suspende de pronto ese mes, mismo en que Córdoba acababa de aterrizar en la Contraloría. Y empieza la vida laboral de Ruiz en el ente de control del esposo de Yepes. Ruiz fue designado director de la Oficina Jurídica con un salario de $11’700.000, sin contar viáticos o demás gabelas. Pero hoy, en menos de dos años, vaya meteórica carrera, es el vicecontralor (e), con un sueldo de $20’800.000. La francachela con los dineros de todos nosotros.

https://www.elespectador.com/opinion/francachela-con-los-dineros-de-todos/

20.27.-Muertes por coronavirus cada 100.000 habitantes: una comparación entre paísesMÓNICA MENA

 El coronavirus ha causado la muerte de casi 617.300 personas al 22 de julio, aunque su incidencia ha sido diferente en cada territorio. Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido son, por este orden, los que registran los números más altos de fallecidos en total. Sin embargo, si tenemos en cuenta el número de muertes por cada 100.000 habitantes, vemos que en el caso de estos tres países sería el Reino Unido el que presenta una mayor tasa de mortalidad sobre el total de la población, de acuerdo con la base de datos de la Universidad Johns Hopkins.

22 jul 2020.- Con algo más de 45.500 muertes totales, el Reino Unido registra más de 68 fallecimientos por cada 100.000 de sus habitantes. Mientras tanto, en Estados Unidos, que está a punto de alcanzar los cuatro millones de casos de COVID-19 confirmados, los registros oficiales reflejan una mortalidad de más de 43 casos cada 100.000 habitantes. En Brasil, que supera los dos millones de casos confirmados y las 81.400 muertes totales, casi 39 personas por cada 100.000 habitantes han perdido la vida a causa de la COVID-19.

https://es.statista.com/grafico/22339/muertes-por-coronavirus-cada-100000-habitantes-en-algunos-de-los-paises-mas-afectados/

20.27.-Legalización en camino PATRICIA LARA

Foto: Senadores Katherine Miranda, Gustavo Bolívar y Juan Manuel Galán 

Parece que por fin podremos ganar esta guerra contra las drogas, perdida, impagable y dolorosa: por una parte, ya está en la Comisión Primera del Senado un proyecto que “establece un marco de regulación y control del cannabis” para uso de los adultos, liderado por los senadores Gustavo Bolívar y Katherine Miranda.

31 jul 2020.- Cuenta con el apoyo de cerca de 50 senadores de todos los sectores políticos, salvo el Centro Democrático y el Partido Conservador. De modo que, ahora, se podría armar la misma coalición que hundió las objeciones presidenciales a la JEP, integrada por los partidos de oposición, más Cambio Radical y los partidos Liberal y de la U, para sacar adelante este proyecto.

Por otra parte, la semana entrante, el senador Iván Marulanda, con el casi seguro apoyo del senador indígena Feliciano Valencia y 22 congresistas más —también de todos los partidos, salvo el Centro Democrático y el Partido Conservador—, presentará un interesante proyecto que regula la hoja de coca y sus derivados, que está siendo concertado con los pueblos indígenas.

En esencia, el proyecto de legalización de la marihuana busca desestimular el consumo en los menores, regularlo en los adultos, proteger su salud y beneficiar a los pequeños productores, las víctimas del conflicto, las madres cabeza de familia e incluso a quienes se han acogido a la sustitución de cultivos, de modo que tengan acceso preferencial al negocio. Además, establece que el 50 % de los impuestos generados por el cannabis se destine a la sustitución de cultivos y el desarrollo sostenible; 25 %, al funcionamiento del Instituto de Regulación de Sustancias Psicoactivas y 25 %, a la prevención del consumo.

El proyecto de regulación de la hoja de coca propone que el Estado compre toda la cosecha, según el inventario realizado por la ONU en 2019. El senador Marulanda explica que, de esa manera, se beneficiarían las 100.000 familias cocaleras y con la hoja de coca se fabricarían productos derivados que no tienen limitaciones, como té, cosméticos y alimentos. Por otro lado, el Estado produciría una cocaína de alta pureza, que les suministraría, previa autorización médica, en una dosis personal que no podría pasar de un gramo por semana, a los consumidores colombianos. A los adictos se les haría un acompañamiento médico y psiquiátrico. Y a los consumidores recreativos también se les haría un seguimiento, de manera que no perdieran el control y, si lo perdieran, tuvieran asistencia. Otra parte de la cocaína producida se les suministraría a algunos países que quieren atender a sus consumidores, pero no tienen cómo hacerlo porque no hay quién los provea de manera legal. Lo demás se destinaría a la investigación científica y a la fabricación de anestésicos y otros productos medicinales. Y la coca sobrante se destruiría.

Según el senador Marulanda, “comprar esa cosecha le cuesta a Colombia entre $2,3 billones y $2,6 billones. Y la actual política de erradicación de la coca nos cuesta lo mismo”. Se trata de cambiar el destino de unos recursos que se están utilizando en destruir los cultivos, con toda la violencia y corrupción que eso genera, para usarlos en beneficiar a los campesinos.

Es un primer paso. A lo mejor el año entrante tendremos marihuana legal. Lo de la coca es más difícil. Pero lo importante es armar el debate para que, lo más pronto posible, le demos un uso inteligente a la coca y dejemos atrás esta guerra absurda, torpe y sin fin.

https://www.elespectador.com/opinion/legalizacion-en-camino/

20.27.-Te hablo desde la prisión (II) YOHIR AKERMAN

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sigue insistiendo en que quiere confesar y colaborar con la justicia en temas que incriminan al senador Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago. Profundicemos cuáles son esos temas en los que Mancuso podría contar una verdad incómoda para la familia del expresidente.

2 ago 2020.- Mancuso puede dar testimonio sobre la relación intrínseca y de permisividad que tuvieron las autoridades locales y la Gobernación de Antioquia para facilitar o no impedir varias acciones de los paramilitares ocurridas en los 90 en ese departamento. Estamos hablando de las horribles masacres de El Aro, San Roque, La Granja y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

Estos son los crímenes más graves por los que la justicia investiga al senador Uribe en el marco de la indagación 45110 en la Corte Suprema de Justicia.

Recordemos que la Corte Suprema declaró como crímenes de lesa humanidad esas masacres y el homicidio del profesor Jesús María Valle, primer denunciante de la relación simbiótica que había entre las autoridades oficiales, la IV Brigada del Ejército y las Autodefensas Unidas de Colombia.

Como lo informó en febrero 10 de 2018 el periodista Daniel Coronell en una columna, el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, rindió una versión libre en la que afirmó sobre el asesinato de Jesús María Valle: “Esta acción fue una petición del doctor Pedro Juan Moreno, ya que él (Valle) estaba haciendo una investigación sobre los hechos que ocurrieron en El Aro”. (Ver Aquí no hay muertos).

Las palabras que llevaron a la muerte al defensor de derechos humanos fueron: “Yo considero que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ha incurrido en un comportamiento omisivo, y lo mismo el secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno”.

Días después formalizó sus reclamos en denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema, para que se abrieran investigaciones por prevaricato por omisión, incluyendo también a la comandancia de la IV Brigada, entonces a cargo del general Alfonso Manosalva Flórez.

Mancuso es un testigo fundamental de todos esos hechos y de la permisividad o no que tuvo la Gobernación de Antioquia cuando sucedieron esos crímenes. Fundamental.

Por algo el exfiscal general Eduardo Montealegre dijo el pasado 9 de julio en el programa Semana en Vivo, dirigido por María Jimena Duzán, que Uribe es un criminal de guerra. Montealegre señaló que tiene la denuncia penal en la que señala al senador Uribe de ser presunto responsable de las masacres de El Aro y La Granja, cuando se desempeñaba como gobernador. Uribe simplemente respondió que era un mentiroso, como seguramente le dirá a Mancuso.

Como se ha dicho en esta columna, el 16 de noviembre de 2008 el paramilitar Salvatore Mancuso aseguró, en audiencia de versión libre desde Estados Unidos, que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia había hecho presencia en el desarrollo de la masacre que perpetraron los grupos paramilitares en conjunto con miembros de la IV Brigada del Ejército nacional en el corregimiento de El Aro, ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia, en octubre de 1997.

Aseguró que Pedro Juan Moreno tenía conocimiento de la masacre que se iba a perpetrar en este corregimiento.

En ese sentido es importante el fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Medellín, que condenó al ganadero Francisco Antonio Angulo Osorio por el asesinato de Jesús María Valle, perpetrado el 27 de febrero de 1998.

El Tribunal lo condenó, junto a su hermano Jaime Alberto, a 30 años de prisión por el crimen del abogado y presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. Los jueces pidieron indagar también por la posible participación de agentes del Estado y del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, o de funcionarios cercanos a él, como Pedro Juan Moreno, en ese crimen de lesa humanidad.

Todo porque Valle Jaramillo estaba diciendo la más dolorosa realidad: “Desde septiembre de 1996 hay un grupo paramilitar en el centro de Ituango. Lo saben el Ejército y la Policía. Ese grupo armado ha cometido una serie de asesinatos y no hay una respuesta inmediata del gobierno local”.

Valle denunció a la Secretaría de Gobierno de Antioquia por negligencia ante los crímenes en Ituango. “Yo considero que el gobernador ha incurrido en un comportamiento omisivo y lo mismo el doctor Pedro Juan Moreno, en un comportamiento omisivo que raya en lo delictual”.

Frente a esto Mancuso ha asegurado que su contacto con esa gobernación era el mismo señor Pedro Juan Moreno y que conoció a Uribe en Montería y lo apoyó económicamente en su campaña presidencial.

Vaya, vaya, vaya.

Incluso, el 26 de septiembre de 2012, Mancuso aseguró ante Justicia y Paz que Pedro Juan Moreno le pidió personalmente disminuir la actividad criminal y acciones militares para favorecer al entonces candidato Uribe Vélez, cosa que fue satisfecha. Es importante referenciar que Pedro Juan Moreno murió después en un misterioso accidente de helicóptero.

Según le dijo el propio Don Berna a la periodista Maria McFarland en un correo electrónico, la muerte de Moreno Villa no ocurrió por accidente. “La muerte de él fue producto de un saboteo al helicóptero (sic) donde se movilizaba. Acción llevada (sic) a cabo por órdenes de Uribe”.

Fulminante.

Sobre todos estos hechos Mancuso viene a Colombia a entregar la verdad. Al igual que sobre la información que también tiene del ganadero Santiago Uribe como el jefe del grupo paramilitar llamado “Los 12 apóstoles”, que operaba en el municipio de Santa Rosa de Osos.

Un tema que debe tener muy preocupados a los hermanos Uribe Vélez, más ahora que el alto tribunal pareciera que impondrá medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe Vélez en el otro proceso de que manejan en su contra por manipulación de testigos y fraude procesal. Todos estos casos están conectados por la misma génesis de los vínculos de esa familia con la filosofía paramilitar.

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  • 20.26.-El Eln y la crítica de las armas CRISTINA DE LA TORRE
  • Los ratones, ¿cuidando el queso? CECILIA OROZCO
  • Te hablo desde la prisión YOHIR AKERMAN

Plausible la propuesta de tregua temporal del Eln porque aplacaría la violencia que embiste a la población inerme y podría reabrir puertas al diálogo con esa guerrilla. Pero su argumento decisivo por la paz tendría que impugnar la entraña misma de su quehacer histórico: atreverse a la crítica de las armas; de la guerra inútil, inmoral, con su reguero de muertos inocentes, magnificada en la superstición del fusil.

21 jul 2020.- Acaso emularan hoy los jefes de esa agrupación armada el pundonor que a sus disidentes les costó hace tiempo la vida o el ostracismo, por “claudicar” en pos de la política legal. A Ricardo Lara, cofundador y segundo al mando del Eln, lo asesinó en 1985 un comando de viejos compañeros. Alonso Ojeda Awad, fundador del Replanteamiento que ambientó en varios grupos guerrilleros el cambio de las armas por la búsqueda de las masas, sufrió persecución de los elenos y hasta sentencia de muerte.

En el libro La huella del tigre, reconstruye Ojeda su paso por el Eln, su ruptura con la lucha armada y el tránsito hacia la causa de la paz y los derechos humanos. Interpretó Ojeda a la insurgencia que viraba hacia la democracia constitucional, a partir de la crítica del foco guerrillero: desligado de las masas, su proeza se contrajo a sobrevivir en la selva. Mas, teniéndose por vanguardia del pueblo, cimentó en las armas el militarismo despótico que se enseñoreó de la organización. Al primer amago de libre discusión se respondía con el fusilamiento. Moral y físico. Y horrores como el del secuestro acabaron de destruir todo referente ético: para luchar contra la injusticia, escribe, no se puede glorificar la injusticia; ni contra el crimen se lucha secuestrando, fusilando, asesinando. “Aquí estoy, desarmado, solo, con la idea de que las armas no conducen a ninguna parte (…) de ellas hay que salir a como dé lugar”, le dijo al Eln que lo acosaba.

También Ricardo Lara criticó el foco guerrillero, un fracaso en Colombia y en toda la América Latina, discrepó del militarismo que aislaba a la guerrilla de las masas y abandonó las armas para reencontrarse en la política legal. Lo mataron en la puerta de su casa, a la vista de la hija de seis años, que hoy invita a luchar desde la no violencia. “No hay victimario bueno, dice Mónica, ni victimario malo. Hay victimario”. Hay que responder por todos esos muertos y apostarle a la paz, agregó ella en entrevista en El Espectador (09/05/18).

Punto de vista contrario al de Ramón Jimeno que, en contraste con el espíritu del libro de Ojeda, apunta en el prólogo: “el establecimiento es corresponsable del surgimiento de las guerrillas”. Argumento acomodaticio de la prehistoria guerrillera que cree liberar a la insurgencia de toda responsabilidad ética y política y ha quedado derrotado por los hechos. Desdeña el postulado del mismísimo Che Guevara, que negó la opción de la lucha armada allí donde hubiera un gobierno mínimamente democrático (si bien luego lo olvidó). Y el viraje inesperado de Fidel Castro, que hace ya 27 años desconceptuó la lucha armada e instó a dialogar por la paz.

¿Hasta cuándo burlará el Eln la responsabilidad que le cabe en esta guerra, no menor que la del Estado y sus ejércitos asociados de paramilitares? ¿Habrán muerto en vano, luchado en vano, los disidentes que trasladaron su compromiso con la historia a la arena de la legalidad?

Coda. Por su parte, el establecimiento seguirá usando (entre otros recursos) el levantamiento de la mesa de diálogo con el Eln para desestimar la masacre de líderes populares y desmovilizados. Para reducir la implementación de la paz a su más precaria expresión. Para azuzar violencia contra los comisionados de la verdad, por boca del sórdido exministro Pinzón.

Cristinadelatorre.com.co

https://www.elespectador.com/opinion/el-eln-y-la-critica-de-las-armas/

20.26.-Los ratones, ¿cuidando el queso? CECILIA OROZCO

Cuando Noticias Uno publicó el lunes festivo 29 de junio que el fiscal Barbosa y el contralor Córdoba —líderes del autodenominado “bloque anticorrupción” creado por ellos para supervigilar los dineros de la pandemia— se habían ido de paseo a San Andrés con sus esposas y un grupito de sus funcionarios, ambos respondieron con altanería a la posterior lluvia de críticas de los ciudadanos y los medios.

22 jul 2020.- Ofendidísimos, contestaron a quienes osaron pedirles que rindieran cuentas, con frases de este estilo: “… siempre, siempre que yo tenga la oportunidad de viajar con mi hija y con mi familia, lo haré”. O: “¿A qué estamos jugando? ¿Qué es lo que quieren (sic)… que no vayamos a las regiones?”. Barbosa afirmó que, pese a viajar con sus parientes y amigos, su visita a la isla tenía carácter profesional porque iba a examinar los procesos pendientes. Horas después y para demostrar que no mentía, anunció que la Fiscalía acusaría al gobernador de San Andrés y pediría casa por cárcel para este por firmar un contrato de piezas publicitarias sobre el coronavirus, sin cumplir los requisitos legales. El gobernador respondió que era el chivo expiatorio del escándalo.

Pero, ¡gran sorpresa!, solo dos semanas y media después, el 17 de julio, viernes de la semana pasada, el reportero José Andrés González, del noticiero del mediodía de Caracol Radio, encontró unos “contratos cuestionados de Fiscalía y Contraloría en medio del coronavirus”, tal como tituló su nota. Según sus hallazgos, los dos organismos adjudicaron, de manera directa, sendos contratos a una misma empresa por valor total de $1.300 millones para el suministro de miles de tapabocas y otros productos de bioseguridad. Curiosamente, el objeto comercial de la firma beneficiada, Bon Sante SAS, es la venta de cosméticos y alimentos que prometen ser nutritivos y detener los efectos de la vejez. Bon Sante fue creada hace dos años, en agosto de 2018, (fecha de elección de Felipe Córdoba) con un capital de apenas $20 millones, y en su dirección física, en Bogotá, no hay oficinas sino talleres de reparación de motos.

Como ustedes recordarán, las esposas viajeras del fiscal y el contralor han trabajado como subalternas de ellos, en un conveniente cruce de cargos: la del fiscal, en la Contraloría; y la del contralor, en la Fiscalía. Esta, Marcela Yepes, ocupaba hasta hace pocos días uno de los puestos de mayor poder en el ente de investigación: secretaria ejecutiva. Su cargo le permitía decidir sobre la totalidad de los contratos de esa institución. Por tanto, participó en la aprobación del contrato con Bon Sante que tiene fechas y radicados de extraños consecutivos: el 17 de marzo, su oficina laboró a marchas forzadas: ese mismo día se escribió un concepto que indicaba que la directora Yepes podía declarar la emergencia manifiesta para contratar directamente; se declaró esta figura; se justificó la necesidad de adquirir tapabocas; por arte de magia se presentó la solitaria cotización de Bon Sante; se le adjudicó y se firmó el contrato. Tamaña rapidez, sin embargo, se hizo con desgreño porque los consecutivos indican el desorden y la premura: los que debían originar la compra se radicaron después y los que surgieron como consecuencia de la necesidad de la compra se crearon antes, de acuerdo con revisiones hechas por esta columna. En total, la Fiscalía firmó con Bon Sante tres contratos por $623 millones, por la compra de 290.000 caretas (¡¡290.000!!).

En la Contraloría dirigida por el esposo de la directora ejecutiva de la Fiscalía, el desorden también es evidente: el contrato con Bon Sante se firmó un mes después del primero del ente de Barbosa: el 16 de abril. Se adquirieron elementos de bioseguridad para sus empleados que, dicho sea de paso, trabajan de manera virtual en su inmensa mayoría, desde cuando se declaró la primera cuarentena. Se firmó por $722 millones y en su expediente, el que legalmente debe alojarse en la plataforma oficial SECOP, no hay registro de casi ninguno de los requisitos que la Contraloría les exige a sus investigados: no existen cotizaciones distintas a la de Bon Sante; no se informa el objeto preciso, las características ni la utilidad de los productos que se comprarán, y tampoco se adjuntan las pólizas de seguridad y calidad. Tampoco fue enviado a la Auditoría General para su examen. Ni en la última alcaldía de La Guajira ocurriría semejante estropicio. Primera curiosidad: el retiro de la esposa de Córdoba, Marcela Yepes, de la Fiscalía se anunció horas antes de la publicación de la noticia en Caracol. Su renuncia escrita tiene fecha anterior pero no existe sello de radicación oficial. Segunda curiosidad: el gerente y el subgerente (socios) de Bon Sante tienen cédula de Pereira, ciudad de donde es oriundo el contralor Felipe Córdoba. Tercera curiosidad: el 17 de julio, día de la noticia del reportero González, Bon Sante cambió su dirección y amplió su objeto social. Demasiadas casualidades para ser solamente eso.

https://www.elespectador.com/opinion/los-ratones-cuidando-el-queso/

20.26.-Te hablo desde la prisión YOHIR AKERMAN

La llegada del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia y su intención de confesar y colaborar con la justicia significarán otro gran golpe judicial a la familia del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.

Me explico.

26 de jul 2020.- El 30 de noviembre de 2017 Mancuso pidió cupo en la Justicia Especial para la Paz (JEP) ofreciendo decir toda la verdad y reiterando su compromiso con las víctimas del conflicto armado.

¿Qué verdad?

Palabras más, palabras menos, con esa pregunta fue que le respondió la JEP al exjefe paramilitar en un auto fechado el 21 de agosto de 2018, ante lo cual este presentó una nueva solicitud el 7 de septiembre en la que, designando al señor Jaime Alberto Paeres como su apoderado, señaló las razones por las cuales no ofreció toda la verdad sobre algunas conductas en el marco del proceso de Justicia y Paz, y estableció algunos casos en los que ahora quiere colaborar.

Por cuenta de la pandemia el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que fue uno de los máximos comandantes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), está pendiente de ser deportado a Colombia, donde le esperan más años de prisión, debido a que tiene vigente una orden de captura por el delito de lavado de activos que habría cometido después de su desmovilización.

La información que tiene este exlíder narcoparamilitar es crucial para seguir revelando el profundo nivel de intersección y colaboración que hubo entre las Auc e instituciones estatales y privadas.

Gracias a un derecho de petición y otros documentos en poder de esta columna, se conoció que Mancuso ofreció contar lo que ocurrió en torno a la historia del conflicto con sumo detalle, para ser aceptado en la JEP. Aunque este tribunal decidió rechazarlo, la presidenta de la Sala de Reconocimiento dejó claro que podrían llamar a Mancuso para que colabore voluntariamente y no como sujeto de la justicia transicional, algo a lo que el exparamilitar no se ha negado.

Mancuso le dijo a la JEP que quería colaborar con las investigaciones de “paraeconomía; la visita al suscrito y otros postulados por parte de la senadora Piedad Córdoba, del señor Iván Cepeda y del doctor Lara; el narcotráfico en Colombia; la realidad sobre erradicación de cultivos ilícitos y por qué es poco efectiva”, y, nada más ni nada menos, sobre la investigación por paramilitarismo que existe en contra del ganadero Santiago Uribe Vélez y de su hermano el senador Álvaro Uribe.

Pero hay algo más. Mancuso, en su extensa solicitud a la JEP, habla también de la supuesta relación de un prófugo de la justicia colombiana con las Autodefensas. “Como ocurrió con el caso del señor Carlos Mattos de la Hyundai, son varias las empresas nacionales y multinacionales que se vieron beneficiadas inicialmente con nuestro actuar”.

En otro párrafo más adelante el convicto habla de un caso que ha investigado esta columna y sobre el que todavía falta mucho por contar. “Cómo me gustaría que habláramos miembros de las Farc, de las Auc y del gobierno de entonces sobre el atentado a El Nogal, en la ciudad de Bogotá”.

Importante mensaje el que manda el exjefe de las Auc, pero para entender la profundidad de la mención de los Uribe Vélez hay que ir al contexto de la historia.

El 16 de noviembre de 2008, el paramilitar Salvatore Mancuso aseguró, en audiencia de versión libre desde Estados Unidos, que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia había hecho presencia en el desarrollo de la masacre que perpetraron grupos paramilitares en conjunto con miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional en el corregimiento de El Aro, ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia, en octubre de 1997.

Este jefe paramilitar, además, aseguró que Pedro Juan Moreno, quien al momento de la ejecución de la masacre se desempeñaba como secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia y era uno de los amigos más cercanos del entonces gobernador y actual senador Uribe Vélez, tenía conocimiento de la masacre que se iba a perpetrar en este corregimiento.

Según el propio Mancuso, Moreno y él habían sostenido reuniones por lo menos en diez oportunidades para planear la creación de las denominadas “Convivir”.

Desde comienzos del año 2008 se han venido realizando una serie de señalamientos por la supuesta participación en la masacre de El Aro del expresidente Uribe.

Los señalamientos provienen del paramilitar Francisco Villalba, alias Cristian Barreto, que hasta el 30 de marzo de 2009 se encontraba detenido una cárcel de máxima seguridad condenado por las masacres de El Aro y de La Balsita, ambas ocurridas en el departamento de Antioquia en 1997.

El 15 y el 20 de febrero de 2008, el paramilitar Francisco Villalba fue escuchado por la Fiscalía, ante la cual afirmó que el entonces gobernador de Antioquia, Uribe Vélez, había participado en una reunión que se realizó días antes de la masacre de El Aro en una finca del corregimiento de La Caucana, municipio de Tarazá (Antioquia), a la cual fue invitado, según las declaraciones de Villalba, por el propio Carlos Castaño, y en la que se habría acordado el plan de ejecución de la masacre.

A la reunión habrían asistido, según Villalba, altos mandos de la IV Brigada del Ejército, algunos jefes paramilitares como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, y también los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez.

Villalba aseguró que Santiago Uribe era el jefe de un grupo paramilitar llamado “Los 12 apóstoles”, que operaba en el municipio de Santa Rosa de Osos, y que incluso Uribe había “prestado” a 20 de sus hombres para otra masacre ejecutada en el corregimiento de La Balsita, en el municipio de Dabeiba, Antioquia, por grupos paramilitares en noviembre de 1997.

Pues ahora es el turno de Mancuso, que quiere entregar información de este tema. Pero existe un problema.

Según el documento en poder de esta columna, Jaime Alberto Paeres, el abogado encargado de la defensa de Mancuso, estableció que para conseguir las evidencias y la documentación adicional de estas investigaciones hay que otorgarle a Mancuso acceso a un computador, a sus archivos externos o a visitas frecuentes y regulares de sus abogados defensores.

Coincidencialmente, la semana pasada, el abogado del exjefe paramilitar denunció que tuvo que huir de la zona rural de Medellín porque un grupo armado ilegal lo está buscando para matarlo. Otro importante mensaje.

En el documento que radicó ante la Fiscalía, relata que el pasado martes 14 de julio, en el corregimiento de San Cristóbal, un grupo de 35 hombres con armas tipo fusil llegó a una finca contigua a la que el abogado se estaba quedando en medio de la cuarentena. Según el administrador de ese lugar, el grupo ilegal, con la fotografía del litigante en una mano y el fusil en la otra, preguntó por el paradero del abogado.

La denuncia señala que el grupo armado, uniformado con pasamontañas, tapabocas y buzos, golpeó y amarró a las personas que se encontraban en la finca. Relata que el operativo estaba siendo dirigido por otras personas que no se encontraban allí y se comunicaban por medio de radioteléfonos con quienes sí estaban en el lugar de los hechos.

Esperemos que este mensaje que le mandaron al abogado no haga que Mancuso deje de contar, cuando esté en Colombia, toda la verdad que aún sigue atesorando.

https://www.elespectador.com/opinion/te-hablo-desde-la-prision/?cx_testId=16&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=3#cxrecs_s

  • 20.25.-Terna para procurador: la decadencia en marcha CECILIA OROZCO
  • Encadenando mentiras YOHIR AKERMAN
  • ¡Respeto para Francisco de Roux! PATRICIA LARA
Margarita Cabello 

Fuera de la desgracia de la pandemia, este año 2020 podría sobrevenirnos otra menos perceptible, pero con efectos tan devastadores como la expansión del virus: mientras nos concentramos en la cuarentena, los antiguos y nuevos clientelistas que han logrado cargos y, no obstante, aspiran a tener a su disposición miles de puestos más, se ocupan en buscar candidatos que les garanticen fidelidad a sus causas mezquinas, y en organizarles apoyos para apropiarse de las dignidades del Estado que quedan vacantes.

15 jul 2020.- La jauría anda suelta este segundo semestre cuando se aproxima el fin de los periodos de procurador general y defensor del Pueblo y es necesario elegir a los reemplazos de Fernando Carrillo y Carlos Negret. Pero la manada hambrienta de burocracia y contratos públicos ha crecido: además del mandatario en ejercicio que mete baza en la terna de la Procuraduría y arma, solo, la de la Defensoría; los partidos y sus jefes expresidentes o exvicepresidentes que creen tener derecho de propiedad sobre estos entes de frondosa burocracia, ahora también construyen trincas los hermanados Barbosa y Córdoba cuya curiosa ética del manejo de los bienes públicos ha sorprendido aún en Colombia, en donde la moral es elástica y estira hasta donde se requiera.

De esa mezcolanza de intereses no pueden surgir aspirantes admirables. Por el contrario, las ternas, si se componen como lo anticipan quienes conocen tales mundillos, reflejarán la decadencia de la nación en esta época oscura. Los jugadores expertos en artificios apuestan por una conformada así: Margarita Cabello, candidata del presidente de la República; Gregorio Eljach, del Consejo de Estado, y Wilson Ruiz, escogido por la Corte Suprema. Sobre ellos hay pocas certificaciones en materia de pulcritud profesional, detalle que tiene sin cuidado a sus nominadores. En cambio, hay muchas historias para recordar sobre cómo “ajustan” sus actos dependiendo de la ocasión.

Cabello, al parecer única candidata que Duque tiene para la Procuraduría —tal es su ascendiente sobre él—, es conocida de autos: hace apenas dos semanas, el magistrado de la Corte Suprema Gerardo Botero denunció la injerencia irrespetuosa de la ministra de Justicia en las decisiones y elecciones internas de ese tribunal. Según Botero, “ella puso como condición para destrabar la elección de fiscal general y de magistrados de la Corte”, el retiro de la presidencia de la corporación del togado Álvaro Fernando García. Su aliado, compinche y amigo Francisco Acuña, debía encabezar las elecciones. ¡Y lo logró! Así fue como los colombianos nos ganamos el premio mayor de la lotería con Barbosa en la Fiscalía. Para integrar el gabinete ministerial, Cabello renunció a ser magistrada en la Suprema con un frío cálculo, pues le faltaba solo un año para cumplir los ocho del periodo legal. Ella, trepadora, no iba a pasar a la simple condición de ex: hizo méritos para integrar el círculo presidencial, a tiempo. La evidencia indica que este era solo un escalón más para conseguir la meta: la Procuraduría General en donde se sentará en el sillón que ocupó su ídolo Alejandro Ordóñez cuya reelección fue anulada cuando se comprobó que incurrió en actos prohibidos por la Constitución, actos similares a los que la magistrada-ministra-procuradora ejecuta cada vez que quiere.

Gregorio Eljach es el secretario general del Senado y pretende ser elegido procurador, en nuestras narices, por los mismos parlamentarios a los que sirve desde hace ocho años. Eljach es aquel personaje que le dijo, cerca de un micrófono, al congresista que presidía un debate de control político, en 2015, la elegante y democrática frase: “No le des más papaya a Robledo que está haciendo un show ahí, marica. Levanta la sesión, levántala”. Se refería al senador Jorge Enrique Robledo. Eljach, supuesto garante de los derechos ciudadanos si llegara a la Procuraduría, es quien logró cercenar el derecho a debatir del congresista del Polo. Lo aplaudieron algunos de los que, seguramente, votarán pronto por él. El secretario del Senado fue también denunciado por el representante investigador del exmagistrado Jorge Pretelt (declarado indigno por el Congreso), por intentar desequilibrar, a favor del investigado, el debate en que se discutían sus culpas de carácter penal. Y la belleza de Eljach se atrevió a ordenar la detención, dentro del Capitolio, de una estudiante de periodismo a quien sus escoltas le quitaron a la fuerza su celular y le borraron su material de su trabajo. Ella no presentó queja formal pero ha debido hacerlo aunque fuera para dejar la constancia.

Wilson Ruiz es recordado por sus sinuosas posiciones, casi tan sinuosas como sus declaraciones cuando fue elegido en ese antro denominado Consejo Superior de la Judicatura. Ruiz marcha con Cabello y Eljach, a la par. Cuentan quienes conocen su cara sin careta, que ejerció como abogado y más que abogado, de un testaferro del narcotraficante alias Chupeta; y que era asiduo visitante del pabellón de la Picota cuando estaba preso el excongresista de mañas tenebrosas Juan Carlos Martínez Sinisterra. Ni en los peores momentos de la historia, el poder público había caído tan bajo. Soportamos una pandemia que mata el honor.

https://www.elespectador.com/opinion/terna-para-procurador-la-decadencia/

20.25.-Encadenando mentiras -YOHIR AKERMAN 

El 27 de julio será la audiencia de imputación de cargos en contra del abogado Diego Javier Cadena Ramírez. Esta audiencia se ha aplazado dos veces por razones de salud: la primera por maniobras gástricas y odontológicas de la defensa y la segunda por el coronavirus. Por eso es importante, para esta fecha venidera, encadenar una serie de mentiras que el abogado ha venido repitiendo en el transcurso de la investigación de este caso.

Vamos por partes.

19 jul 2020.- La Corte Suprema de Justicia tiene evidencia que demuestra que Diego Cadena ha ofrecido prebendas a testigos, como favores jurídicos y dinero, para obtener declaraciones que favorezcan al senador Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago.

Uno de esos testigos es el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, y pese a que Cadena ha dicho varias veces que nunca presionó al preso, una grabación hecha por el propio Monsalve con un reloj con cámara demuestra que Cadena le dice con un tono desafiante: “Redactemos el hp documento, o si no yo vuelvo mañana temprano”. (Oír Grabación).

Son varias las grabaciones que demuestran que, entre el secuestrador Enrique Pardo Hasche, compañero de reclusión de Monsalve, y el cuestionado Cadena, presionaron al testigo explicándole lo que debía hacer y las mentiras que tenía que decir. (Oír Lo que tiene que decir).

Cuando esto se probó, el apoderado de Uribe Vélez intentó proteger al expresidente de cualquier culpa al decir ante la Fiscalía que “Álvaro Uribe no manipula testigos”. (Ver Noticiero de RCN).

Pues eso quedo desvirtuado cuando el columnista Daniel Coronell publicó otra grabación en poder de la Corte Suprema de Justicia que prueba que fue el mismo expresidente Uribe quien autorizó expresamente al abogado Diego Cadena para ofrecerle favores jurídicos a ese testigo. (Ver Video).

–Cadena: ’Pero, presidente, yo tengo algo en mente, pero quiero consultarlo con usted, y es un tema que me faculta para poder ayudar a este señor. Es una acción de revisión ante la Corte porque el señor tiene una condena de 44 años por secuestro. Yo lo que puedo hacer es un re…

–Uribe: Ah, sí, no… un recurso jurídico hay que adelantarlo…

–Cadena: Claro…

–Uribe: El recurso jurídico está bien, por supuesto y la… y la ayuda para que le protejan la familia, pedírsela a las autoridades competentes y además públicamente.

–Cadena: Correcto, quería su autorización, presidente, para estar ciento por ciento claros.

–Uribe: Proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas’.

A la Corte Suprema de Justicia le corresponde establecer si con esta autorización el senador Uribe incurrió en un delito. Pero vamos a otro testigo para seguir encadenando las mentiras del abogado.

Carlos Enrique Vélez, alias Comandante Víctor, aseguró que el abogado del expresidente Uribe le pagó para que testificara en contra de Iván Cepeda. Aunque Cadena reconoció los pagos, primero dijo que fueron por una razón humanitaria, después cambió la versión y expresó que se trataba de una extorsión.

¿Al fin qué?

Carlos Enrique Vélez fue presentado inicialmente como uno de los testigos claves en contra del senador Iván Cepeda en el caso por supuesta manipulación de exparamilitares para que hablaran en contra del expresidente Uribe.

Durante más de un año aseguró que había presenciado la forma en la que el senador Cepeda iba por las prisiones ofreciendo prebendas para que testificaran en contra de Santiago Uribe, hermano del líder de Centro Democrático, por el caso de los Doce Apóstoles.

El 9 de octubre de 2019 el diario El Tiempo reveló en primicia que Vélez, exintegrante del frente Cacique Pipintá de las Autodefensas, dijo que recibió varios giros y plata en efectivo de manos del abogado Diego Cadena para decir eso e incluso demostró las pruebas documentales que corroboraban los pagos.

Cadena contestó aseverando que decidió ir a hablar con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez y que le pidió consignar en un “documento con mi membrete en el que contaba lo que había denunciado (la presunta manipulación para declarar contra Uribe), que en julio de 2017 se entregó a la Fiscalía” y por ello le hizo dos pagos que ascendieron a $2 millones, pero que nunca fueron sobornos sino una “ayuda humanitaria”.

La declaración de Vélez fue falsa como se probó después y, peor aún, el 9 de octubre de 2019, el abogado del expresidente Uribe afirmó, en entrevista con Julio Sánchez Cristo, que parte del dinero que le entregó al testigo fue por motivos de viáticos y no para sobornar. (Oír Entrevista W Radio)

¿Viáticos, ayuda humanitaria, extorsión?

Los pagos son más de dos millones y las evidencias han venido apareciendo. Por eso es difícil creer que un abogado le paga viáticos a una persona que esta presa y no puede salir de su centro de reclusión.

Ahora bien, el tema de los pagos a los testigos nos lleva al elemento del pago de sus honorarios com  o abogado del expresidente Uribe.

Confrontado en su indagatoria en la Corte Suprema de Justicia, el expresidente Uribe no solo contradijo a su abogado en el tema de los pagos, sino que también dijo que si Cadena había actuado por fuera de le ley, lo había hecho sin su conocimiento.

Es importante recordar que el expresidente Álvaro Uribe sostuvo que aún no le había pagado honorarios al abogado y que iba a retribuir sus servicios con un valioso lote de su esposa en un desarrollo urbanístico en Montería. Por su parte, el abogánster Cadena afirmó ante la misma Corte, bajo la gravedad de juramento, que ya ha recibido remuneración de Uribe por sus gastos y su tiempo.

De nuevo se desdibuja la línea que divide la verdad de una mentira entre el polémico abogado y su poderoso cliente.

Por eso es tan importante que la Fiscalía determine todos estos elementos que constituyen los delitos de soborno de testigos en concurso homogéneo y sucesivo y fraude procesal. Pero cuesta creer que algo pasará ya que mientras esa entidad ordena la detención de los investigadores de la ñeñepolítica, el abogado Diego Cadena, con toda esta evidencia en contra, sigue gozando de su libertad.

Los dos casos están a cargo del mismo fiscal, que puede acabar usando un doble rasero a la hora de las medidas de aseguramiento. La dura cárcel para los desafortunados investigadores que descubrieron la ñeñepolítica. En cambio, es posible que el arreglador de testimonios, con probada habilidad para obstruir la acción de la justicia, termine gozando su detención en una de sus lujosas propiedades.

Aclaración. El pasado domingo publique una columna titulada “Hay que aprovechar”, que trae un audio del Ñeñe Hernández que menciona que va a pedir un favor laboral a donde sus “amigos” Jairo Alonso Mesa Guerra y Jorge Enrique Vélez en la Superintendencia de Notariado y Registro. Es importante aclarar que para la fecha del audio el señor Vélez ya no estaba desempeñando el cargo de superintendente de esa entidad. Sin embargo, la estrecha relación entre el Ñeñe Hernández y el exsuperintendente Vélez está plenamente identificada en otras grabaciones, como la que interceptó legalmente la Dijín el 28 de mayo de 2018, entre el presunto narcotraficante y un señor llamado Álvaro de Castro, en plena campaña electoral y un día después de la primera vuelta. (Oír Audio Dijín).

https://www.elespectador.com/opinion/encadenando-mentiras/

20.25.-¡Respeto para Francisco de Roux! PATRICIA LARA

Francisco de Roux 

Los últimos ataques a la Comisión de la Verdad y a su presidente, el padre Francisco de Roux, revelan un plan para minar su credibilidad. 

17 jul 2020.- Primero fue el calumnioso trino de Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, quien luego de haber sido parte de la construcción del Acuerdo de Paz, en la medida en que ocupó, durante siete años, cargos claves en los gobiernos de Santos —secretario general de la Presidencia, ministro de Defensa y embajador en Washington—, renunció para lanzar su candidatura presidencial y lo traicionó.

En ese trino, Pinzón afirmó nada menos que la “mayoría de los comisionados registran afinidad ideológica o nexos con grupos armados”, una calumnia que estigmatizó a sus miembros y que puso en peligro su vida. A propósito, vale la pena que Pinzón recuerde al presidente Alberto Lleras, cuando decía que un discurso en el parlamento equivale a 20.000 muertos en las veredas.

Y lo segundo fue la grosera petición de Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, para que Francisco de Roux renuncie a la Presidencia de la Comisión de la Verdad. Miren el irrespetuoso tonito que utiliza: “Padre Francisco de Roux, si usted no puede con esto, apártese del cargo, pero necesitamos que le diga la verdad al país”.

En primer lugar, seguro el representante Rodríguez no sabe que la función principal de la Comisión de la Verdad es rendirle al país, al final de su mandato, en diciembre del 2021, un informe sobre lo que sucedió en el conflicto armado para que, una vez conocidos los hechos y sus razones, no los repitamos. De manera que mal pueden pedirle ahora resultados a la Comisión de la Verdad. Solo será a finales del año entrante, una vez rendido el informe, cuando se podrá evaluar su gestión.

Y, en segundo lugar, seguro el representante Rodríguez tampoco sabe que el padre De Roux es un hombre cultísimo, graduado en Filosofía y Letras y Economía, con una maestría de la London School of Economics y un doctorado en Economía de la Universidad La Sorbona, de París. Fue, además, Premio Nacional de Paz y jefe de los jesuitas en Colombia. De modo que sus credenciales académicas, su conocimiento del país y su inmensa calidad humana lo hacen el mejor presidente posible de la Comisión de la Verdad.

Así que más vale que Rodríguez compare su hoja de vida con la de Francisco de Roux y guarde silencio. Y más vale que Pinzón tenga en cuenta, como exministro de Defensa, la sangre que, por culpa de las estigmatizaciones, se ha derramado en Colombia y rectifique.

Notas. Felicitaciones a Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de Semana, por su muy merecido y prestigioso premio Maria Moors Cabot. Gracias a sus investigaciones, se han destapado las “chuzadas”, la corrupción en sectores de las Fuerzas Armadas, etc. Ese, el de Ricardo, es el periodismo que Colombia necesita. 

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  • 20.24.-Orates en el poder: ¡ajúa! – CECILIA OROZCO
  • Hay que aprovechar –YOHIR AKERMAN
  • Revisión de los “TLC”, unica salida al desastre del sector lácteoDIGNIDAD AGROPECUARIA
General Zapateiro

Empezando por el presidente, que no impacta por la superioridad de conocimientos, la firmeza de carácter o las dotes de líder, no hay entre su gabinete —incluida su vicepresidenta—, sus directores, sus comandantes y hasta los servidores de otras ramas que han sido elegidos con su concurso, un solo personaje que descuelle sobre los demás por su gran estatura moral o intelectual. Más bien reina la desfachatez, y su rasero — ¿por qué no decirlo?— es la mediocridad.

8 jul 2020.- Por definición, el comandante del Ejército es el jefe de la tropa, el más fuerte pero también el prudente que calla, el que sabe cuándo habla, cuándo se repliega, cuándo avanza y, ante todo, hacia dónde va; el que huele, primero que los demás, las trampas y no cae ni deja caer a sus hombres en estas. Bueno, ¿le han seguido la pista al general Zapateiro? Sucesor de general Nicacio Martínez (el oficial que tuvo que retirarse debido a las revelaciones sobre una nueva ola de espionaje militar ilegal que apuntaba a blancos inocentes, “culpables” de ejercer la oposición política o el periodismo libre), Zapateiro fue designado por Duque el día antes de terminar 2019, 30 de diciembre (ver), durante un florido discurso en que alabó tanto a Martínez que no termina de entenderse por qué lo echó.

Un mes después del homenaje y ya en funciones, este maravilloso oficial del glorioso Ejército Nacional le presentó “a la familia de (alias) Popeye nuestras sentidas condolencias” por su fallecimiento. Recordó, en esa grabación de video cuyo escenario fue su despacho oficial, su escritorio y, detrás, las banderas de Colombia y de su fuerza, que “hoy (6 de febrero de 2020) ha muerto un colombiano” y que sin importar lo que hubiera pasado en su vida, según resaltó, “el Ejército Nacional en cabeza de su comandante… lamenta mucho la partida de Popeye” (ver). A quienes por su juventud no tienen en la memoria “lo que pasó en la vida” del asesino al que el general despidió de manera tan conmovedora, hay que contarles que Popeye fue uno de los sicarios predilectos del narcotraficante Pablo Escobar, y que fue autor y coautor de unos 3.000 asesinatos, torturas y masacres. El dolor que volvieron a sentir las 15.000 o 20.000 víctimas directas del criminal Popeye, ante tamaño agravio, habría sido suficiente para destituir al militar que manchó su honor y el de la patria, para expresarlo en términos castrenses. Como es usual, no pasó nada después de unas protestas que no tuvieron eco en la Casa de Nariño en donde el nominador de Zapateiro no se dio por enterado de la magnitud de la ofensa a la ciudadanía decente de Colombia.

Tres meses después el comandante Zapateiro fue muy bien ataviado y sin una arruga en su uniforme a una entrevista en el canal RCN con su director, Juan Lozano. Al terminar, el general se dio gusto. En tono exaltado, con voz temblorosa de la emoción y como si un diablo hubiera tomado posesión de su cuerpo, se despidió: “¡Gracias por permitirme hablarle a mi pueblo, el pueblo, la tierra donde nací! ¡Y que no les voy a fallar a ustedes! (sic)… ¡Aquí no puede haber un hombre, un hombre, una mujer, un soldado que en todas sus calificaciones y grados vaya a manchar y a enlodar todo lo que en 200 años hemos construido!”. Llegando a un estado de paroxismo que Lozano miraba con asombro, Zapateiro terminó mientras movía enérgicamente sus puños: “¡Patria, honor, lealtad! ¡¡Ajúa!!”. El director del noticiero, anonadado, solo atinó a despedirlo: “Muchas gracias, general Zapateiro” (ver).

La semana pasada, se conocieron dos nuevas piezas de su personalidad: una carta de controversia política que, por supuesto, no le corresponde escribir a un oficial en servicio activo, menos aún con la responsabilidad de la comandancia del Ejército en sus hombros, al expresidente Samper por un trino con sentido confuso que este publicó. Desde luego, el general debió obedecer órdenes del ministro Trujillo y del presidente Duque. Locos también, pues ellos podían legítimamente pedirle explicaciones al exmandatario. Y, por último, se conoció otra grabación, esta vez en audio, de un discurso que Zapateiro les dio por radio a los sargentos de su arma por los escandalosos episodios de violaciones sexuales a niños menores de 14 años, por parte de 118 uniformados, de acuerdo con lo que el Ejército ha aceptado. De nuevo, lució su estilo: los gritos, las frases, la altanería, la amenaza y la ridiculización del otro (oír). Con razón, el portal Las2Orillas no tuvo empacho en titular con la frase de un crítico en las redes: “¿Alguna duda de que Zapateiro es un loco fanático?”. Retrato del extraño personaje en quien reposa la seguridad nacional.

https://www.elespectador.com/opinion/orates-en-el-poder-ajua/

20.24.-Hay que aprovechar – YOHIR AKERMAN

Una conversación telefónica en poder de la Fiscalía demuestra que el presunto narcotraficante José Guillermo Ñeñe Hernández estaba haciendo favores entregando cuotas burocráticas y repartiendo mermelada a sus cercanos con ascensos y puestos en el Gobierno. El Ñeñe se describía así mismo como un operador y amigo del presidente Iván Duque. Y al parecer de manera muy efectiva.

12 jul 2020.- La conversación fue interceptada de manera legal por agentes de la Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia (Dijin), en el proceso de investigación del homicidio a un joven llamado Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, quien habría sido asesinado por el Ñeñe Hernández para librarse de una deuda que tenía con la familia de su víctima.

Esa investigación al brazo político de la organización criminal de Marquitos Figueroa fue liderada por la Fiscalía 21 de Crimen Organizado, que llevaba el proceso del asesinato del joven de 29 años. Ese despacho del ente acusador autorizó las interceptaciones legales de las líneas celulares del Ñeñe Hernández y de seis personas más, resultando en los cientos de horas de audios de Hernández hablando en plena campaña de dineros y compra de votos en La Guajira y Santander a favor del entonces candidato Iván Duque.

Pues este audio es del 4 de julio de 2018, ya cuando Duque era el presidente electo. La grabación comienza con la voz femenina de una mujer diciendo:

-Voz femenina: Gracias, buenos días. Hágame un favor: ¿con José Guillermo?

-Ñeñe: ¿De parte?

-Voz femenina: Aleida González.

-Ñeñe: Ah, mi vida, ¿qué más?

Rápidamente después de identificarse, la voz femenina reconocida como Aleida González pasa al grano de la conversación.

-Voz femenina: Sí, estoy en Bogotá, José, hace dos años en la Superintendencia de Notariado y Registro. Y aprovecho para saludarte y también para llamarte y para pedirte un favor, José. A mí me dijeron que tú eras muy amigo del súper, ahora van a ascender gente.

-Ñeñe: Ajá.

-Voz femenina: Sí, están ascendiendo gente, yo estoy en un grado 16, José Guillermo, yo me gano cuatro millones de pesos aquí, estoy educando a mis hijos y me pueden subir a un grado 19 encargada y tengo los… requisitos.

-Ñeñe: Yo soy muy amigo de Jairo y de Jorge Vélez…

-Voz femenina: Bueno, bueno, yo entré hace dos años aquí y me ha ido muy bien…

-Ñeñe: Escríbeme… escríbeme… escríbeme porque igual voy a hacer una vuelta con Darío, mi cuñado, y lo voy a hacer esta semana… entonces…

-Voz femenina: Bueno…

-Ñeñe: Escríbeme… porque me va a tocar ir a Bogotá, a hacer esa vuelta personalmente…

La mujer que le hace la petición al Ñeñe es Aleida Paola González Castro, profesional especializada de la Superintendencia de Notariado y Registro y, antes de eso, juez 1593 de la República, según su hoja de vida de la función pública.

El presunto narcotraficante, que, sin titubear, le asegura a González que irá a Bogotá a hacer la vuelta de ella y de su cuñado reuniéndose personalmente con sus amigos, se refiere a Jairo Alonso Mesa Guerra, hoy en día en la Registraduría Nacional y quien en el momento de la llamada trabajaba en la Superintendencia de Notariado, al igual que Jorge Enrique Vélez, hoy presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). Vélez era nada más y nada menos que el superintendente para entonces.

Es importante recordar que Vélez tuvo que salir en marzo de este año a responder ante los medios por una foto en una cena en la que aparece junto a varias personas, entre ellas el Ñeñe Hernández.

En su momento, el dirigente estableció categóricamente en una rueda de prensa: “Cuando me invitan a una comida, yo nunca pido la lista de quienes van a ir. Me invitaron a una comida de la comunidad del festival de vallenato, estaba el presidente del festival vallenato. Yo voy frecuentemente a Valledupar, y a la comida fueron unas 20 personas. Yo tengo fotos con un millón de colombianos y nunca me negaría a una foto”.

Un tirazo. Pero lastimosamente pegó en el palo.

Porque, a juzgar por la conversación del Ñeñe, tampoco se negó a ayudar con los pedidos del presunto narcotraficante que se refiera a él como un “amigo” en la Superintendencia.

Pero sigamos con las palabras del Ñeñe en la conversación que hoy se conoce, porque nada mejor para entender su alcance que su propia voz. En el audio le dice a Aleida González:

-Ñeñe: Mándame los datos, mejor dicho: son dos favores, con mucha vaina que me han llamado, son dos favores que voy a pedir nada más. ¿Oíste?

-Voz femenina: Bueno… listo… dale… Bueno, un abracito…

-Ñeñe: La gente ahora me camina por la amistad con el presidente, todo el mundo camina… ¿ya me entiendes?

-Voz femenina: Claro, por eso, figúrate. Sí, claro, figúrate… hay que aprovechar.

Ñeñe: Hay que aprovechar esa vuelta.

Todo parece indicar que sí la aprovechó, y mucho, pero los funcionarios que le caminaban por su “amistad con el presidente” ahora tratan de negar la existencia de su relación.

https://www.elespectador.com/opinion/hay-que-aprovechar/

 

20.24.-Revisión de los “TLC”, unica salida al desastre del sector lácteo – DIGNIDAD AGROPECUARIA

En medio de la grave pandemia generada por el Covid-19 con sus contundentes secuelas sanitarias, económicas y sociales, campea de nuevo la crisis sobre los productores de leche del país.  La decisión de Alpina de rebajar de manera sustancial el precio del litro pagado a sus proveedores, y la notificación que dejará de recoger el 10% de lo que produzcan, es el anuncio.

De nuevo, las exigencias extremas de calidad al recibo, el pico y placa, y el abandono de rutas de veredas y municipios distantes, llevarán al abandono de la actividad a otros miles de pequeños y medianos ganaderos. Asoleche en su fatídico comunicado del pasado miércoles, justifica el accionar de sus afiliados por una falaz enlechada, para ellos causada por el aumento del precio de la leche pagado al ganadero, que llevó, afirma, a la disminución del consumo interno; señalan además que ya “socializaron esta información con el gobierno nacional”, bogan por acaparar todos los apoyos oficiales y ponen de nuevo sobre la mesa su exigencia de “libertad de precios”.

Las masivas importaciones de leche realizadas al amparo de los TLC, son la causa del nuevo desbarajuste que se inicia en el sector lácteo. Los 7.300 millones de litros de leche que al año producen los ganaderos del país abastecen el mercado interno, y en las dos épocas de invierno se generan excedentes que deben suplir la baja de la producción en los veranos. Las 41.261 toneladas importadas en 2016, fueron superadas con creces el año pasado cuando importamos 61.300 toneladas, cifra que será rebasada de nuevo en el presente; en los primeros cinco meses ya han ingresado más de 40 mil toneladas de productos lácteos, lo que augura la llegada de cerca de 80 mil toneladas, 25% más, al finalizar el año, volumen con el que ya se reemplaza cerca del 10% de la producción nacional.

Enlechada no ha habido, las lluvias han sido tardías en la costa y el interior y la producción se recupera de manera lenta; los precios pagados con bonificaciones más altas lo demuestran y los inventarios de la industria, de leche líquida 27 millones y, 9.300 toneladas en polvo, son normales.

Seis grandes empresas, casi todas importadoras, ya procesan el 60% de la leche acopiada,  definen el precio de venta al consumidor a su arbitrio, con márgenes de rentabilidad cada día mayores que hacen inalcanzable el valioso líquido a los más de 30 millones de compatriotas que se debaten entre la pobreza y la miseria; burlan el precio de pago al productor al tener la potestad de manera absurda, de definir las bonificaciones que por calidad deberían recibir de manera rigurosa los productores, rechazan el aumento del precio pagado por litro, desconociendo que en la última década los costos de producción se incrementaron en un 60% mientras que lo recibido solo en un 44%; lograron ya, con la Resolución 083, pagar la leche más barata en las denominadas áreas Zomac y hoy, insaciables, de nuevo exigen libertad de precios que, de ser otorgada haría más despejado el camino para la destrucción del sector lácteo nacional, y a sus anchas suplir con importaciones la demanda interna de los colombianos.

Lo que está en juego no es de poca monta: es la lenta pero segura desaparición de más de 300 mil pequeños, medianos y aún grandes productores de leche, que no tienen alternativa viable en otra área del agro del país; es el incremento de manera dramática del desempleo rural con su corolario de miseria e inseguridad; es reemplazar el trabajo nacional por el extranjero y aumentar la pérdida de la seguridad alimentaria, bien debilitada hoy con las 14 millones de toneladas de alimentos que importamos y que podríamos producir.

Solo la modificación de la política impuesta desde hace 30 años al país y que el presidente Duque representa y profundiza, logrará salvar al sector lácteo de la debacle. La inmediata revisión y modificación de los TLC, que son el paraguas para las masivas importaciones de productos lácteos, es la exigencia.

Desde Dignidad Lechera que hace parte de Dignidad Agropecuaria, llamamos a los productores, a sus organizaciones Cooperativas y a las gremiales, a los transportadores y jarreadores, a las pequeñas y medianas industrias de queso y quesillo, a tender puentes de manera urgente para ampliar la discusión  sobre la delicada situación que vive el sector, compartirla  con los productores de otros renglones que son o han sido afectados por la misma causa, con las organizaciones políticas y sus voceros a nivel regional y nacional que compartan la responsabilidad de defender la producción nacional y así  preparar de manera organizada la resistencia y definir las tareas necesarias para lograr modificar la causa principal del desastre del agro nacional, que lleva a la desaparición de miles de ganaderos, hoy notificados.

Dignidad Lechera Nacional
DIGNIDAD AGROPECUARIA COLOMBIANA
Julio 11 de julio de 2020

  • 20.23.-La mugre bajo la alfombra– CECILIA OROZCO
  • El negocio en los Montes de María YOHIR AKERMAN

Va siendo hora de que sepamos la verdad sobre la renuncia obligada y el consiguiente retiro del servicio activo del general Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, pese a ser uno de los mejores oficiales de Inteligencia del Estado.

1 jul 2020.- Su historia, que aún no se ha contado como es, ha vuelto a atraer la atención de columnistas y medios porque se cruza, en algunos capítulos de su persecución a las lavanderías de activos y el contrabando, con el barranquillero Alex Saab, supuesto testaferro del presidente de Venezuela; con uno de los abogados de Saab; con un expresidente de la República y hasta con el actual mandatario y su ministro de Defensa. Esa historia, que el general no ha querido revelar tal vez por la enormidad de los poderes ocultos que tendría que enfrentar —ahora sin la protección de la institución a la que sirvió—, también interesa a las agencias de seguridad de Estados Unidos que están presentes en Cabo Verde con la misión de llevar a Saab a territorio norteamericano para exprimirle los secretos que conoce de Maduro y sus supuestos secuaces, de una parte del establecimiento colombiano y de algunos de sus protagonistas, elevados a esta categoría por la prensa que se conforma con el registro de noticias y la banalidad social. Investigadores y columnistas de la talla de Gerardo Reyes, de Univisión (Miami), María Jimena Duzán, de Semana, y Yohir Akerman, de El Espectador, dedicaron sus recientes textos al “intocable” Saab que “tejió una vasta red de corrupción… con el incremento artificial del valor de contratos, importación ficticias, cobro por bienes y servicios no prestados y sobreprecios en comida” subsidiada por el régimen del vecino país. Pues bien, el funcionario que investigaba, al lado de agentes norteamericanos, cómo operaba la maquinaria delictiva liderada por el socio de Maduro era el general Buitrago. Pero mientras este avanzaba en los descubrimientos sobre el entramado criminal de Saab, el prestigio de su carrera era sometido a un torbellino de chismes y tráfico de influencias ante el gobierno Duque.

En los despachos más altos de la Policía consta que varios meses antes del retiro de Buitrago, el Ejecutivo estaba pidiendo su cabeza y que, como premio de consolación, le iban a ofrecer un cargo en el exterior. Finalmente, el general renunció por dignidad pero sin bajar la cabeza: en su carta afirmó que “los principios no se negocian”. María Jimena recuerda que cuando su relevo se produjo, se comentó que el retiro del alto oficial se debía a la presión de Abelardo de la Espriella, abogado y amigo del extraditable Saab; abogado y amigo, simultáneamente, del expresidente Andrés Pastrana, de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y del ministro de Defensa y superior jerárquico de Buitrago, Carlos Holmes Trujillo. (Imagínense: el general iba tras Saab cuyo apoderado era el mismo del ministro Trujillo).

De la Espriella ha negado la versión sobre su incidencia en la salida del general e incluso aseguró que Buitrago aclararía el rumor, cosa que, hasta hoy, no ha ocurrido. Por su parte, Pastrana celebró la renuncia del exdirector de la Polfa en varios trinos que publicó en su cuenta de Twitter. Y, además, replicó que “meses antes de la ‘irrevocable’ carta del Gral. Juan Carlos Buitrago informé al @mindefensa sobre temas que a él (Carlos Holmes Trujillo) le correspondería explicar”. El misterio no se resolvió porque, de nuevo, el exalto oficial se negó a hablar con la prensa y Trujillo no ha abierto la boca. Pero como nada hay oculto bajo el sol, con la feliz captura de Saab en Cabo Verde, ha quedado expuesta la mugre bajo la alfombra. Akerman advierte, de acuerdo con las investigaciones de Gerardo Reyes, que el abogado De la Espriella, en su tarea de representar jurídicamente a Saab, pudo entrar en conflicto con normas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Únicamente con la evolución de los hechos y el tiempo, se constatará si eso es así. En cuanto al expresidente Pastrana, sorprende que su inseparable jefe de seguridad por muchos años, el coronel de la Policía Faxir Ramírez Horta, por quien armó una pataleta, en 2014, cuando lo iban a relevar de su esquema, sea actual subdirector de la Polfa, misma entidad de la que el gobierno Duque quería separar a Buitrago. Va siendo hora de conocer la verdad sobre este escandaloso episodio de la vida pública del país. Se entendería, entonces, el contexto de la frase que pronunció Buitrago frente al ministro de Defensa, en diciembre pasado: “Las injerencias indebidas externas con cálculos políticos e intereses contrainstitucionales lesionan el honor policial”.

https://www.elespectador.com/opinion/la-mugre-bajo-la-alfombra/         

20.23.-El negocio en los Montes de María  YOHIR AKERMAN                      

Contralmirante Rodrigo Quiñones

Los agentes de las Fuerzas Armadas corresponsables por la horrible 

política de terror que se vivió en los Montes de María en el año 2000 siguen muy campantes sin ningún castigo.

Me explico.

5 jul 2020.- Las investigaciones sobre la responsabilidad de los integrantes de la Brigada Primera de Infantería de Marina (Briprima), y en especial en contra del contralmirante Rodrigo Quiñones, por las relaciones de coordinación, colaboración y actuación conjunta que permitieron a los grupos paramilitares la realización de varias masacres en la región de los Montes de María, no han avanzado más de 20 años después.

Peor aún, las investigaciones que se movieron lo hicieron en el sentido contrario, absolviendo a algunos oficiales pese a que la evidencia y los testimonios son claros en demostrar que estaban estrechamente ligados a los paramilitares y que se beneficiaron de esa relación.

La primera razón por la que se dio esta deformación de la justicia recae en el primer fiscal que recibió estas investigaciones, el señor Luis Camilo Osorio. En vez de indagar, profundizar y valorar la evidencia de manera concreta sobre la vinculación de los integrantes de la Fuerza Pública, se dedicó a tomar medidas para proteger a los victimarios.

Esa es una de las conclusiones que trae el informe titulado “El silencio de las gaitas” sobre el papel de las Fuerzas Armadas en las masacres de los Montes de María durante el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana Arango.

El documento explica que, entre los años 1998 y 2001, los paramilitares perpetraron alrededor de 40 masacres, bajo el pretexto de eliminar el apoyo o la base social de la guerrilla, con el terrible resultado de 354 víctimas fatales.

Estos actos violentos se convirtieron también en acciones que acabaron con la identidad de los Montes de María, en las que los perpetradores destruyeron bienes, realizaron actos de hurto, infligieron torturas, cometieron actos de violencia sexual y llevaron a cabo desapariciones forzadas.

El informe, realizado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas, da cuenta de numerosas violaciones de Derechos Humanos cometidas en esa región, narrando en detalle diez de las masacres que produjeron como resultado el asesinato de 175 pobladores.

Entre esos delitos horrendos se narraron violaciones a menores de edad indígenas, mostrando que no es nuevo el escabroso escándalo al que estamos enfrentados hoy en día, donde las Fuerzas Armadas abusan de las comunidades indígenas que deberían proteger.

Todo esto, en asocio con los paramilitares.

Pues enfoquémonos en uno de esos actos de exterminio. La masacre de El Salado fue planeada por los jefes paramilitares del Bloque Norte: Salvatore Mancuso; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y John Henao, alias H2, con la colaboración y visto bueno de altos mandos de la Armada Nacional que tenían a su cargo para el año 2000 la extensión territorial de los Montes de María.

Según el informe, que estudia la evidencia que existe en estos casos y recoge varios de los testimonios de los paramilitares desmovilizados, queda comprobado al apoyo que recibieron las Autodefensas de parte de la Brigada Primera de Infantería de Marina (Briprima), facilitando la movilización de las tropas ilegales en la región y la incursión que resultó en esa destrucción.

De esos testimonios, dos se han referido de manera directa a la colaboración prestada por el contralmirante Quiñones para la incursión que finalizó en la consumación de ese horrible exterminio. El otro se refirió a la participación directa de 25 integrantes de esta unidad de infantería de la Armada Nacional en la masacre.

Horripilante.

El informe hace un simple análisis que hubiera podido hacer la Fiscalía, y es que desde el lugar del cual salió la operación paramilitar, la finca El Palmar, ubicada a las afueras del municipio de San Onofre, hasta el corregimiento de El Salado, la tropa de paramilitares fuertemente armados debió recorrer aproximadamente 400 kilómetros en los que tuvo que pasar, por lo menos, por diez puntos de control de la Fuerza Pública.

Las Autodefensas no hubieran podido hacer eso si no era en coordinación con las autoridades locales. Fuera de eso, la evidencia muestra que el 23 de diciembre de 1999 un helicóptero lanzó volantes sobre el casco urbano de El Salado con amenazas directas a sus habitantes. Los panfletos le advirtieron a la comunidad que comieran, bebieran y celebraran las fiestas de fin de año, “pues estas serían las últimas”.

De terror.

La documentación muestra que, aunque el DAS mediante actividades de inteligencia tuvo conocimiento previo de que los paramilitares iban a realizar la masacre y puso la situación en conocimiento de la Briprima, la brigada no adoptó las medidas necesarias para contrarrestar la incursión y para proteger a la población, prefiriendo quedarse quietecitos.

Todo, con un agravante. El Salado fue uno de los epicentros del fenómeno de acumulación en la tenencia de tierras mediante la compra por precios irrisorios y el englobe de predios de terratenientes y hacendados. Entre los englobadores se encuentran personas que estuvieron directamente vinculadas a la masacre.

Es decir, todo era un negocio. El negocio de la muerte para englobar la tierra que quedaba.

Y mientras todos los paramilitares y la documentación señalan la responsabilidad del entonces comandante de la Briprima, Rodrigo Quiñones Cárdenas, como uno de los autores determinadores del ataque contra la población civil asentada en el corregimiento de El Salado, a este no le ha pasado nada y sigue con su labor de profesor en la Universidad Militar.

https://www.elespectador.com/opinion/el-negocio-2/

  • 22.-La falange contralor-fiscal –CECILIA OROZCO
  • El profesor YOHIR AKERMAN
  • Ñeñepolítica: La historia de Carlos Rodríguez, “el Sastre”-DIANA DURÁN NÚÑEZ

Foto: de izquierda a derecha procurador Carrillo, contralor Córdoba y el fiscal Barbosa

 La atractiva alianza que formalizaron el saliente procurador Carrillo, el contralor Córdoba y el fiscal Barbosa para vigilar a quienes manejan los millonarios dineros de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia podría ser tranquilizadora, pero, también, muy inquietante.

24 jun 2020.- Aparte de que los tres personajes podrían terminar actuando en gavilla contra algún funcionario que se ponga en su mira por X o Y razón (por ejemplo, el gobernador de Antioquia a quien la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento y al que la Contraloría le abrió, casi de manera simultánea, dos indagaciones por supuestos sobrecostos en contratos de alimentos), también tienen la tentación de competir por cuál de ellos abre más investigaciones, descubre más escándalos y es más capaz de encartar a personajes de relevancia como, precisamente, los gobernadores y alcaldes actuales aunque, después, las sospechas concluyan en que no había nada sustancial en estas.

Lo que las tres cabezas de los organismos de control e investigación anuncian es de tamaño sideral. Según Barbosa, la Fiscalía ha abierto 117 indagaciones por corrupción en los 32 departamentos, e investiga a tres gobernadores, al alcalde de Cartagena y a otros 14 mandatarios municipales. El procurador Carillo advirtió que adelanta 813 procesos disciplinarios en 27 gobernaciones, y otros 396 casos disciplinarios contra un número indeterminado de alcaldías, además de que ordenó la suspensión de ocho alcaldes y sus secretarios que llevaban escasos cuatro meses en sus cargos. Y el contralor Córdoba no se iba a quedar atrás: afirmó que su entidad ha revisado contratos por $3,9 billones, ha emitido 340 alertas por presuntos sobrecostos en contratos de 25 gobernaciones que sumarían $484.000 millones, y añadió que investiga, aparte del de Antioquia, a cuatro gobernadores y a siete alcaldes.

Si todas las indagaciones, procesos y alertas que tanto el procurador como el contralor y el fiscal han abierto condujeran a condenas por la seriedad de las pruebas que encontraran, el 100 % de los gobernadores y un gran porcentaje de mandatarios locales serían destituidos, irían a la cárcel y pagarían enormes sumas en multas y sanciones. Sin embargo, la experiencia indica que no es eso lo que sucederá; que, con el paso de los años, la responsabilidad de la mayoría de los encartados no será demostrable; que un buen número de expedientes se empolvarán en los anaqueles de los despachos de sus delegados, y que solo un pequeño grupo recibirá castigo. La espuma de la vanidad de Córdoba y Barbosa —pues Carrillo concluye su periodo en seis meses — habrá hecho la tarea de ubicarlos como los superhéroes de la lucha contra la corrupción pese a que sobre los hombros de estos dos altos servidores del Estado pesen las mismas sombras que oscurecen la conducta de sus investigados. Con la diferencia de que no hay procurador, contralor, fiscal, juez o magistrado que se atreva a desafiar el poderío del contralor general de la República y, menos, el del omnipotente fiscal general de la Nación.

En el Estado democrático en que vivimos, ¿quién ronda a Felipe Córdoba y a Francisco Barbosa? ¿Quién se conmovió, quién protestó, quién discutió siquiera si a la luz de la moralidad pública que ellos pretenden representar es “normal” que el primero contrate a la esposa del segundo en cargo pagado con presupuesto derivado de impuestos, y que Barbosa incluya entre los miembros de su cúpula oficial a la cónyuge de Córdoba, a quien le cedió el poder de darles o quitarles un empleo oficial a miles de funcionarios? Los contratos que firman los encartados en la Fiscalía y la Contraloría son objeto de revisión, pero los que se ejecutan en estos entes ¿no? ¿Pasarían un examen ético los puestos que habrían repartido el contralor y el fiscal entre amigos y familiares de magistrados y congresistas, y las órdenes de pago por centenares de asesorías externas avaladas por ellos?

 Las últimas noticias sobre la falange Córdoba-Barbosa son aún más preocupantes: al tiempo que se exhiben como los luchadores anticorrupción, conspiran para posicionar a sus candidatos en la carrera para elegir procurador general, defensor del Pueblo y hasta para ocupar la silla de magistrado de la Corte Constitucional que dejará libre Luis Guillermo Guerrero. El clientelismo baila entre una y otra “ía”, en su más grotesca expresión. ¿Quién juzga a la falange? Nadie.

https://www.elespectador.com/opinion/la-falange-contralor-fiscal/

20.22.-El profesor – YOHIR AKERMAN

Foto: de izquierda a derecha: abogados penalista Abelardo de la Espriella, presunto lavador y testaferro Álex Nain Saab Morán

Dos historias publicadas por el periodista investigativo Gerardo Reyes, de la cadena de televisión estadounidense Univisión, han dejado importantes preguntas sobre la relación entre un presunto lavador y testaferro del régimen venezolano y uno de los abogados más reconocidos de la derecha política colombiana.

Vamos por partes.

28 jun 2020.- El 25 de julio de 2019 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al ciudadano colombiano Álex Nain Saab Morán, por su presunta participación en operaciones de lavado producto de la corrupción en Venezuela. Hoy el colombiano está retenido en Cabo Verde mientras se adelanta su pedido de extradición a Estados Unidos.

Según la OFAC, Saab es un especulador que tejió una vasta red de corrupción que ha permitido a Nicolás Maduro y a su régimen obtener lucros significativos mediante importaciones de alimentos y su distribución en Venezuela.

Este personaje también se ha lucrado a través del incremento artificial del valor de contratos, importaciones ficticias a Venezuela, cobro por bienes y servicios no prestados, y sobreprecios en comida de baja calidad del programa de subsidios para alimentos denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocidos como CLAP. (Ver anexo Sanción).

Para el gobierno de los Estados Unidos, Saab se ha hecho multimillonario volviendo pobre a Venezuela y lavando sus utilidades en la banca de varios países incluyendo la de Estados Unidos. Como es de público conocimiento, uno de sus abogados ha sido el penalista Abelardo de la Espriella.

Aquí es donde se pone interesante la historia gracias a las revelaciones del periodista Gerardo Reyes. Resulta que no hay claridad sobre cuándo fue la fecha exacta de la renuncia de De la Espriella a la representación de su cliente.

Univisión Investiga estableció que cuando Saab ya había sido sancionado por la OFAC, De la Espriella Enterprise Lawyers publicó un comunicado de prensa en defensa de su cliente, reconociendo la existencia de la sanción, pero reivindicando los derechos de Saab “a la presunción de inocencia y al debido proceso, los cuales asisten a él y a todos los seres humanos”. (Ver anexo Comunicado).

Como lo pudo determinar el periodista investigativo, de acuerdo con la ley de Estados Unidos, a esas alturas De la Espriella ya debía haber renunciado a la defensa de Saab, puesto que el penalista es un residente permanente de Estados Unidos y, por lo tanto, está obligado a obtener una licencia especial de la OFAC para que él o cualquier empresa en la que tenga intereses represente a una persona sancionada.

De la Espriella le explicó a Reyes que renunció a la defensa de Saab, pero no precisó cuándo, ni mostró prueba documental de esa renuncia. “Univisión insistió con la pregunta de la fecha exacta de su renuncia a la defensa de Saab, pero De la Espriella no respondió. ‘Deje de acosarme’, le dijo al periodista”. (Ver No tiene permiso).

La OFAC le explicó a Univisión que los abogados no residentes ni ciudadanos de Estados Unidos pueden representar a un sancionado, siempre y cuando el pago no pase por el sistema bancario de Estados Unidos y “el ciudadano o residente de Estados Unidos no esté involucrado de ninguna manera”.

Por eso vamos a la segunda revelación de Reyes.

Para entenderla hay que mencionar al profesor universitario de Miami Bruce Bagley, un especialista en prevención de lavado de dinero que, de un momento a otro, decidió saltar de la teoría a la práctica. El pasado 1° de junio se declaró culpable ante un tribunal federal de Nueva York de haber lavado dinero para Álex Saab.

El profesor confesó que blanqueó tres millones de dólares para Saab provenientes de corrupción en Venezuela y por eso se convirtió en una pieza clave dentro de la investigación.

Según los documentos judiciales, el gobierno confiscó un total de 300.000 dólares que el profesor se descontó como comisión por facilitar el lavado en Miami de múltiples transferencias. El resto, 2,7 millones de dólares, lo transfirió a un coconspirador, identificado por la acusación como “Individuo 1”.

Bagley identificó al Individuo 1 como Jorge Luis Hernández, alias Boliche, quien es un exnarcoparamilitar vallenato hoy informante de las agencias antinarcóticos estadounidenses, según fuentes de Univisión.

La acusación no explica qué sucedió con el dinero después de que el informante lo recibió. Pero lo que sí revela es que el profesor participó del entramado a sabiendas de que los fondos eran producto del “soborno y la malversación” de recursos robados al pueblo venezolano. Así también quedó confirmado por la intervención legal a las comunicaciones del académico.

Ahora bien, según el artículo de Reyes, unas fuentes le aseguran a ese medio que alias Boliche usó parte de ese dinero para pagar a abogados de Saab que le ayudarían a buscar un acercamiento con las agencias de Estados Unidos para una eventual negociación. Siempre de acuerdo con las fuentes citadas por Reyes, Saab quería que el tema se manejara con discreción para que Nicolás Maduro no se enterara.

Los abogados que ha usado Saab en Estados Unidos han negado esto. Por un lado, la criminalista María Domínguez no ha querido pronunciarse frente al tema, mientras que Abelardo de la Espriella le dijo a Reyes que no conocía detalles del caso del profesor Bagley y, si bien aceptó haber recibido honorarios de Saab y de su socio Álvaro Pulido, enfatizó que esos dineros “fueron debidamente reportados a las autoridades”. “Así es como siempre procedo […] No he cometido delitos”. (Ver Artículo).

A todas estas, hay una información que llama la atención.

Dentro de la demanda civil que el abogado De la Espriella le instauró en Estados Unidos en febrero de 2018 al periodista Daniel Coronell por una columna titulada “El avión”, uno de los dos testigos que incluyó para demostrar el supuesto daño que el artículo le hizo a su reputación fue el profesor Bruce Bagley. (Ver anexo Demanda).

https://www.elespectador.com/opinion/el-profesor/

20.22.-Ñeñepolítica: La historia de Carlos Rodríguez, “el Sastre”- DIANA DURÁN NÚÑEZ

Durante años fue vestuarista de ídolos del vallenato como Diomedes Díaz y Rafael Orozco con su sastrería GQ, que era famosa en Barranquilla. Ahora se dedica a la ganadería, hacer préstamos e intentar que los culpables del asesinato de su hijo Óscar sean condenados.

Esta escena la captó un fotógrafo de “El Heraldo” en el sitio donde mataron al hijo de Carlos Rodríguez. / El Heraldo

Este año, una tormenta política azotó la Casa de Nariño y el ciclón no se desvanece aún. Coloquialmente recibió el nombre de la ñeñepolítica y el origen es el audio de una conversación del 3 de junio de 2018, justo antes de la segunda vuelta para elegir presidente, entre José Ñeñe Hernández y María Claudia Daza: el primero, un ganadero de La Guajira que resultó inmerso en una investigación en la que aparecían también “Marquitos” Figueroa y su estructura criminal, y la segunda, una cercana colaboradora del senador Álvaro Uribe.

 27 jun 2020.- “Estoy que busco una plata por debajo de la mesa para soltarla en los departamentos”, dijo Hernández. “Eso es lo que estamos haciendo”, le contestó Daza. (El audio completo que originó el escándalo de la “Ñeñepolítica”)

Ese, del cual lleva hablando el país desde marzo de este año, tiene múltiples aristas. Una de ellas, en la que poco se ha ahondado, es en la historia de Carlos Rodríguez, el padre de Óscar Rodríguez, quien fue asesinado el 18 de agosto de 2011 en Barranquilla. Por ese crimen fue que el Ñeñe Hernández terminó con su teléfono interceptado a partir del 26 de mayo de 2018. Cuando la Fiscalía empezó a indagar por el asesinato, fue el propio Carlos Rodríguez quien apuntó primero hacia el Ñeñe Hernández: habían sido amigos mucho tiempo, pero, en ese instante, él le debía un dinero. Y esa deuda, dijo entonces Rodríguez, convertía al Ñeñe Hernández en sospechoso de la muerte violenta de su hijo.

Carlos Eduardo Rodríguez Gómez era un conocido sastre en Barranquilla. Su cercanía al mundo vallenato lo hizo el creador del guardarropa de cantantes como Diomedes Díaz y Rafael Orozco. También era prestamista, ganadero y, además, tenía acciones en Ciledco, empresa de productos lácteos con sede en la capital del Atlántico. En 2004, sin embargo, resultó implicado en una gran redada contra el narcotráfico: la operación Iniciativa del Caribe, que comenzó en 1999 y terminó cinco años más tarde con la detención de 330 personas en Colombia, Canadá, Estados Unidos, Bahamas y Panamá. Entre ellos, el Sastre, como era conocido Rodríguez en Barranquilla y por la justicia estadounidense. (Marquitos Figueroa: las demoras de la justicia en el caso del “terror” de La Guajira)

El abogado que representa a Rodríguez en el proceso por el homicidio de su hijo, Miguel del Río, le contó a este diario que el Sastre no fue extraditado a Estados Unidos, sino que él mismo viajó a ese país para entregarse. El indictment (acusación de EE. UU.) contra Rodríguez, conocido por este diario, se aprobó el 1° de junio de 2004. Tres meses más tarde, con Rodríguez ya enfrentando su proceso ante la Corte del Distrito Sur de Florida, este invocó su derecho a guardar silencio “con respecto a cualquier pregunta o interrogatorio, sin importar de qué asunto se trate”, dice un documento de la Corte. Rodríguez le pidió a la Fiscalía estadounidense que remitiera su decisión a todas las agencias del país.

Rodríguez terminó condenado a 46 meses de prisión, que luego se le redujeron a tres años. De acuerdo con la investigación que se hizo, el Sastre hizo parte de una organización de 21 personas (entre ellas los hermanos Elías, Vidal y Hernán Cobos Muñoz, Faser Fakih y Luis Chamorro Britton) que se concertó para ingresar drogas a Estados Unidos desde por lo menos el año 2000, para hacer transacciones financieras en territorio estadounidense, que derivaban de una “actividad ilegal específica” relacionada con narcóticos y para ocultar la “naturaleza, locación, fuente, propiedad y control de propiedades” de origen ilícito. (Los crímenes que le cerraron la puerta a “Marquitos” Figueroa en la JEP)

En 2007, Rodríguez Gómez volvió a Colombia y siguió con su sastrería GQ. “Él tiene muchos conocidos y llega mucha gente a contarle cosas”, contó una fuente de la Fiscalía. Fue en frente de esa sede, justamente, donde un sicario mató a su hijo Óscar. Fue un error, confesaría el sicario después. El objetivo era él, el Sastre. Tras el asesinato, Rodríguez cerró su sastrería, siguió con sus préstamos y negocios de ganadería y volcó su vida a esclarecer el asesinato de su hijo, quien el día de su muerte hizo algo que nunca hacía: manejar el carro de su padre. Fue en el vehículo donde lo acribillaron. Lo acompañaba un hombre llamado igual a él, Óscar Rodríguez, un técnico de aire acondicionado.

Óscar Rodríguez falleció en la calle, frente a la sastrería de su padre en Barranquilla. / El Heraldo

A ese técnico, dice hoy la Fiscalía, Carlos Rodríguez y su abogado, Miguel del Río, le habrían ofrecido un pago para que declarara en el proceso por el homicidio de su hijo. El segundo testigo que supuestamente trataron de sobornar fue Jorge Escorcia. El técnico habría visto en primera fila al sicario del hijo de Rodríguez y Escorcia era el suegro de Javier Mosquera, sospechoso del asesinato. Del Río, en diálogo con este diario, rechaza tajantemente que se haya querido sobornar a testigos: “Éticamente, no creo en la compra de testigos. Pero, además, esos testigos ni siquiera eran relevantes: el sicario se identificó pronto. Es una calumnia completa y coincide con la imputación de cargos”. (“Este caso no tiene que ver con la ñeñepolítica”: fiscal Daniel Hernández)

Del Río se refiere a la imputación que la Fiscalía hizo hace tres semanas en contra de dos investigadores de la Dijín, el sargento Wadith Velásquez y el mayor Yefferson Tocarruncho. La Fiscalía afirma que ambos usaron la investigación por el asesinato del hijo de Rodríguez para interceptar ilegalmente a cinco de sus compañeros de la Policía. Al tomarle una declaración, a finales de mayo pasado, a quien era la fiscal que tenía la investigación, Jenny Andrea Ortiz Ladino, esta aseguró que hace dos años supo del posible soborno de testigos. “Si eso fuera cierto, ¿por qué no lo denunció entonces? ¿Por qué no dejó registro? Es un absurdo”, argumenta Del Río. (“La Fiscalía quiso ocultar los audios de ‘El Ñeñe’”)

Hace unos años, cuando el fiscal del caso por el asesinato de Óscar Rodríguez era otro (Ricardo Bejarano), Carlos Rodríguez tenía línea directa con la Fiscalía. En la Fiscalía, incluso, dicen que algunos interrogatorios se hacían en su casa. Ahora, tanto él como su abogado Miguel del Río están en el radar de la Fiscalía por el supuesto soborno de testigos, y ya hay copias compulsadas para que se determine si ambos deben ser investigados formalmente por ello. Del Río sostiene que esa es una estrategia para desbaratar la ñeñepolítica. La justicia decantará estos y tantos otros elementos que todavía encierran el expediente por la muerte de Óscar Rodríguez, por el que Marquitos Figueroa, “el terror de La Guajira”, ya va a juicio.

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/nenepolitica-la-historia-de-carlos-rodriguez-el-sastre/

  • 21.-La vicepresidenta, no es ninguna víctima sino una privilegiada del  Estado CECILIA OROZCO
  • El que la descubre la paga– YOHIR AKERMAN
  • Marta Lucía y la ética PATRICIA LARA

Foto: vicepresidenta Marta Lucía Ramírez 

Los expresidentes de la República que se detestan entre sí, se critican en público y hacen lo mismo pero con mayor ferocidad en círculos privados, y quienes también se alían en determinadas etapas electorales o cuando conviene a sus intereses particulares embozados de nacionales, fusionaron sus voces en defensa de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por la supuesta “bajeza de los ataques” que habría sufrido hace unos días por parte de dos periodistas (Gonzalo Guillén y Julián Martínez) que descubrieron y divulgaron el secreto que ella decidió mantener sepultado durante 23 años: la condena a su hermano Bernardo en una corte de Florida, por introducir heroína y conspirar para distribuirla en Estados Unidos.

17 jun 2020.- Andrés Pastrana, ahora el mejor amigo de Álvaro Uribe, del que alguna vez dijo que “mientras mis asesores son llamados al nuevo gobierno, los de Uribe están siendo citados a indagatoria”, hizo causa común con este en torno a Ramírez, exsubalterna de los dos. Pastrana, que pretende ser la conciencia de Colombia pese a la elasticidad de su rasero moral, terminó revelando, en un mensaje que publicó en Twitter a favor de la vicepresidenta, que mientras descalificaba a su antecesor por la presunta cercanía de este con el narcotráfico, en cuanto lo sustituyó en la Casa de Nariño dejó de darle importancia al asunto y decidió nombrar en su gabinete, en el cargo de ministra de Comercio Exterior, es decir, representante del Estado ante otros Estados, a la hermana de quien se declaró culpable de traficar con drogas. “A @mluciaramirez no le acepté como impedimento para ser ministra los problemas de su hermano…”.

Álvaro Uribe, a sabiendas de que Bernardo Ramírez llevaba cuatro años en una celda norteamericana, elevó a la pariente directa del convicto al Ministerio de Defensa, una de cuyas funciones es, precisamente, la guerra contra los delincuentes que manejan las rutas de las drogas. La denominó “ciudadana ejemplar al servicio de la patria” y, en cuanto a su hermano, dijo que ella “procedió con toda transparencia”. César Gaviria grabó, exaltado, un video en que sostuvo que como no hay “delitos de sangre, nadie responde ni por sus hijos ni por sus hermanos ni por su esposa ni por nadie”. Y furibundo preguntó: “¡Por qué le iban a revivir una cosa que ocurrió hace 15 años que hoy no es delito de ninguna especie en Colombia!”. Para rematar, Ernesto Samper consideró, de manera tan incomprensible como sus colegas de Presidencia, que “no es un buen camino llevar al terreno personal las diferencias ideológicas (¿?)”.

Muy lejos de estos personajes del olimpo político colombiano que cada vez inspiran menos respeto popular, los ciudadanos de a pie expresaban su molestia por el esqueleto guardado en el armario de Marta Lucía Ramírez, que ha construido sobre sí una imagen de pureza y desinterés en el servicio público de la que hoy sabemos que está cubierta de hipocresía. Pero la vicepresidenta cuenta con suerte: no tiene la sola compañía de los exmandatarios y de sus lamentos de plañidera con los que pretende armarnos un chantaje emocional: el partido de gobierno desplegó una intensa campaña mediática para maximizar sus cualidades y sus “sacrificios” por el país, pero, ante todo, activó una estrategia de señalamientos y acusaciones contra los periodistas que descubrieron los documentos de la condena de Bernardo Ramírez que no eran tan “públicos” como afirmaron el senador Uribe y la propia Marta Lucía. Los mensajeros de la noticia que estuvo sepultada en el álbum familiar de quien aspira a ser la sucesora de Iván Duque fueron declarados culpables de hacer uso de su derecho a la libertad de informar. Se tergiversó el debate y en l