• 20.27.-Francachela con los dineros de todos -CECILIA OROZCO
  • Muertes por coronavirus cada 100.000 habitantes: una comparación entre países MÓNICA MENA
  • Legalización en camino PATRICIA LARA
  • Te hablo desde la prisión (II) YOHIR AKERMAN

No solo el fiscal Francisco Barbosa despierta inquietudes en la opinión pública por su conducta extraviada, su falta de sindéresis y sus disparates. También preocupa el contralor Felipe Córdoba, más astuto y frío pero desposeído, como Barbosa, de formación ética.

29 jul 2020.- Ni hablar del registrador nacional, Alexander Vega, de débil carrera y regular fama pero con amigos dispuestos a seleccionarlo para dirigir ese sustancial organismo para la democracia, aunque fuera irresponsable hacerlo. Barbosa, Córdoba y Vega son ejemplares de una nueva clase de servidores públicos elevados a puestos de manejo oficial no para sepultar el viejo clientelismo basado en el axioma te-ayudo-que-tú-me-ayudarás, sino para revivirlo y fortalecerlo en tiempos en que organizaciones ciudadanas y sus líderes, hechos a pulso y por fuera del establecimiento político tradicional, lograron ganar unas posiciones venciendo a unos caciques. Estos necesitan regresar y nada mejor que incrustar en el servicio público a quienes puedan ser sus operadores.

Con los candidatos que la politiquería —alborotada por un Poder Ejecutivo inexperto y débil— ha puesto a figurar y con la calidad apenas mediana, si no lamentable, de los elegidos, estamos retrocediendo a épocas que, según suponíamos, estábamos empezando a dejar atrás: como cuando sabíamos que un fiscal general era proclive a apoyar a los paramilitares; o como cuando de otro fiscal se rumoró que unos narcoparamilitares habían hecho colecta para elegirlo. Como cuando una seguidilla de contralores generales fueron detenidos y después condenados. Esta lista es larga: Julio Enrique Escallón, por corrupción; Aníbal Martínez Zuleta, por apropiarse de dineros de la entidad; Rodolfo González, por clientelismo y narcopolítica; Manuel Francisco Becerra y David Turbay, por figurar en la nómina del cartel de Cali. O como cuando, por si fuera poco, el procurador general Orlando Vásquez Velázquez fue suspendido, detenido y condenado por ser, también, beneficiario del narcotráfico del Valle del Cauca.

La ciudadanía todavía no recibe explicaciones claras y contundentes de la Fiscalía y de la Contraloría sobre los interrogantes que quedaron abiertos por unos contratos firmados, velozmente, por estos dos entes casi de manera simultánea, con una empresa de origen opaco y sin trayectoria ni capital, denominada Bon Sante SAS, para adquirir centenares de miles de tapabocas por más de $1.000 millones. Tanto más grave por cuanto la Fiscalía y la Contraloría investigan a los corruptos, pero ¿con cuál autoridad moral si sus jefes no demuestran tener conducta diáfana?

No la tuvieron desde el momento del trámite de sus respectivas elecciones: Córdoba, con un respaldo multipartidista ¿a cambio de qué? ¿Sería por puestos y contratos para todos los políticos, como a la vieja usanza? Habría que examinar nómina cuantiosa, asesorías y contratos. Barbosa, por cuyo nombre hizo lobby en la Corte Suprema, entre otros, el mismo contralor, ¿comprometió sus decisiones futuras con el Gobierno al que perteneció y con —por poner unos ejemplos— su antecesor Néstor Humberto Martínez y el rector de su universidad, que habrían interpuesto su poder de “convencimiento” en la época de la elección que ellos llamaban “campaña”? Tampoco se destacaron por su delicadeza cuando permitieron que sus esposas continuaran trabajando en sus entidades en cargos de manejo y control bajo la liviana disculpa de que ellas estaban en sus puestos antes de que los dos jefes llegaran. Así fue como bajo la supervisión de la esposa del contralor, Marcela Yepes, que dirigía con mano de hierro toda la contratación de la Fiscalía hasta hace unos días, se escogió a los pereiranos de Bon Sante SAS para la adquisición de elementos sanitarios sin contar con más cotizaciones. Yepes estudió y trabajó en la Fiscalía de Pereira y Córdoba nació en esa ciudad. Queda también sin respuesta la curiosidad de que los mismos señores de esa ciudad hayan sido beneficiados en la Contraloría al mismo tiempo y que, apenas con dos años de personería jurídica, hoy tengan decenas de otros contratos con el Estado nacional y regional.

Falta averiguar cuántos más cruces decisivos hubo en el curso de las tareas de estos dos organismos. Y cuántos funcionarios de aquí pasaron para allá. Adelantemos un caso: Julián Ruiz Rodríguez entró a la Fiscalía en 2011 como “profesional especializado 0”; hizo corta carrera como fiscal y después fue “profesional experto” hasta que, entre el 1° de agosto y el 16 de septiembre de 2018, fue designado como “asesor III” en el despacho del fiscal general pero con estrechas relaciones de trabajo con Marcela Yepes. Su hoja de vida en el ente investigador se suspende de pronto ese mes, mismo en que Córdoba acababa de aterrizar en la Contraloría. Y empieza la vida laboral de Ruiz en el ente de control del esposo de Yepes. Ruiz fue designado director de la Oficina Jurídica con un salario de $11’700.000, sin contar viáticos o demás gabelas. Pero hoy, en menos de dos años, vaya meteórica carrera, es el vicecontralor (e), con un sueldo de $20’800.000. La francachela con los dineros de todos nosotros.

https://www.elespectador.com/opinion/francachela-con-los-dineros-de-todos/

20.27.-Muertes por coronavirus cada 100.000 habitantes: una comparación entre paísesMÓNICA MENA

 El coronavirus ha causado la muerte de casi 617.300 personas al 22 de julio, aunque su incidencia ha sido diferente en cada territorio. Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido son, por este orden, los que registran los números más altos de fallecidos en total. Sin embargo, si tenemos en cuenta el número de muertes por cada 100.000 habitantes, vemos que en el caso de estos tres países sería el Reino Unido el que presenta una mayor tasa de mortalidad sobre el total de la población, de acuerdo con la base de datos de la Universidad Johns Hopkins.

22 jul 2020.- Con algo más de 45.500 muertes totales, el Reino Unido registra más de 68 fallecimientos por cada 100.000 de sus habitantes. Mientras tanto, en Estados Unidos, que está a punto de alcanzar los cuatro millones de casos de COVID-19 confirmados, los registros oficiales reflejan una mortalidad de más de 43 casos cada 100.000 habitantes. En Brasil, que supera los dos millones de casos confirmados y las 81.400 muertes totales, casi 39 personas por cada 100.000 habitantes han perdido la vida a causa de la COVID-19.

https://es.statista.com/grafico/22339/muertes-por-coronavirus-cada-100000-habitantes-en-algunos-de-los-paises-mas-afectados/

20.27.-Legalización en camino PATRICIA LARA

Foto: Senadores Katherine Miranda, Gustavo Bolívar y Juan Manuel Galán 

Parece que por fin podremos ganar esta guerra contra las drogas, perdida, impagable y dolorosa: por una parte, ya está en la Comisión Primera del Senado un proyecto que “establece un marco de regulación y control del cannabis” para uso de los adultos, liderado por los senadores Gustavo Bolívar y Katherine Miranda.

31 jul 2020.- Cuenta con el apoyo de cerca de 50 senadores de todos los sectores políticos, salvo el Centro Democrático y el Partido Conservador. De modo que, ahora, se podría armar la misma coalición que hundió las objeciones presidenciales a la JEP, integrada por los partidos de oposición, más Cambio Radical y los partidos Liberal y de la U, para sacar adelante este proyecto.

Por otra parte, la semana entrante, el senador Iván Marulanda, con el casi seguro apoyo del senador indígena Feliciano Valencia y 22 congresistas más —también de todos los partidos, salvo el Centro Democrático y el Partido Conservador—, presentará un interesante proyecto que regula la hoja de coca y sus derivados, que está siendo concertado con los pueblos indígenas.

En esencia, el proyecto de legalización de la marihuana busca desestimular el consumo en los menores, regularlo en los adultos, proteger su salud y beneficiar a los pequeños productores, las víctimas del conflicto, las madres cabeza de familia e incluso a quienes se han acogido a la sustitución de cultivos, de modo que tengan acceso preferencial al negocio. Además, establece que el 50 % de los impuestos generados por el cannabis se destine a la sustitución de cultivos y el desarrollo sostenible; 25 %, al funcionamiento del Instituto de Regulación de Sustancias Psicoactivas y 25 %, a la prevención del consumo.

El proyecto de regulación de la hoja de coca propone que el Estado compre toda la cosecha, según el inventario realizado por la ONU en 2019. El senador Marulanda explica que, de esa manera, se beneficiarían las 100.000 familias cocaleras y con la hoja de coca se fabricarían productos derivados que no tienen limitaciones, como té, cosméticos y alimentos. Por otro lado, el Estado produciría una cocaína de alta pureza, que les suministraría, previa autorización médica, en una dosis personal que no podría pasar de un gramo por semana, a los consumidores colombianos. A los adictos se les haría un acompañamiento médico y psiquiátrico. Y a los consumidores recreativos también se les haría un seguimiento, de manera que no perdieran el control y, si lo perdieran, tuvieran asistencia. Otra parte de la cocaína producida se les suministraría a algunos países que quieren atender a sus consumidores, pero no tienen cómo hacerlo porque no hay quién los provea de manera legal. Lo demás se destinaría a la investigación científica y a la fabricación de anestésicos y otros productos medicinales. Y la coca sobrante se destruiría.

Según el senador Marulanda, “comprar esa cosecha le cuesta a Colombia entre $2,3 billones y $2,6 billones. Y la actual política de erradicación de la coca nos cuesta lo mismo”. Se trata de cambiar el destino de unos recursos que se están utilizando en destruir los cultivos, con toda la violencia y corrupción que eso genera, para usarlos en beneficiar a los campesinos.

Es un primer paso. A lo mejor el año entrante tendremos marihuana legal. Lo de la coca es más difícil. Pero lo importante es armar el debate para que, lo más pronto posible, le demos un uso inteligente a la coca y dejemos atrás esta guerra absurda, torpe y sin fin.

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20.27.-Te hablo desde la prisión (II) YOHIR AKERMAN

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sigue insistiendo en que quiere confesar y colaborar con la justicia en temas que incriminan al senador Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago. Profundicemos cuáles son esos temas en los que Mancuso podría contar una verdad incómoda para la familia del expresidente.

2 ago 2020.- Mancuso puede dar testimonio sobre la relación intrínseca y de permisividad que tuvieron las autoridades locales y la Gobernación de Antioquia para facilitar o no impedir varias acciones de los paramilitares ocurridas en los 90 en ese departamento. Estamos hablando de las horribles masacres de El Aro, San Roque, La Granja y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

Estos son los crímenes más graves por los que la justicia investiga al senador Uribe en el marco de la indagación 45110 en la Corte Suprema de Justicia.

Recordemos que la Corte Suprema declaró como crímenes de lesa humanidad esas masacres y el homicidio del profesor Jesús María Valle, primer denunciante de la relación simbiótica que había entre las autoridades oficiales, la IV Brigada del Ejército y las Autodefensas Unidas de Colombia.

Como lo informó en febrero 10 de 2018 el periodista Daniel Coronell en una columna, el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, rindió una versión libre en la que afirmó sobre el asesinato de Jesús María Valle: “Esta acción fue una petición del doctor Pedro Juan Moreno, ya que él (Valle) estaba haciendo una investigación sobre los hechos que ocurrieron en El Aro”. (Ver Aquí no hay muertos).

Las palabras que llevaron a la muerte al defensor de derechos humanos fueron: “Yo considero que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ha incurrido en un comportamiento omisivo, y lo mismo el secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno”.

Días después formalizó sus reclamos en denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema, para que se abrieran investigaciones por prevaricato por omisión, incluyendo también a la comandancia de la IV Brigada, entonces a cargo del general Alfonso Manosalva Flórez.

Mancuso es un testigo fundamental de todos esos hechos y de la permisividad o no que tuvo la Gobernación de Antioquia cuando sucedieron esos crímenes. Fundamental.

Por algo el exfiscal general Eduardo Montealegre dijo el pasado 9 de julio en el programa Semana en Vivo, dirigido por María Jimena Duzán, que Uribe es un criminal de guerra. Montealegre señaló que tiene la denuncia penal en la que señala al senador Uribe de ser presunto responsable de las masacres de El Aro y La Granja, cuando se desempeñaba como gobernador. Uribe simplemente respondió que era un mentiroso, como seguramente le dirá a Mancuso.

Como se ha dicho en esta columna, el 16 de noviembre de 2008 el paramilitar Salvatore Mancuso aseguró, en audiencia de versión libre desde Estados Unidos, que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia había hecho presencia en el desarrollo de la masacre que perpetraron los grupos paramilitares en conjunto con miembros de la IV Brigada del Ejército nacional en el corregimiento de El Aro, ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia, en octubre de 1997.

Aseguró que Pedro Juan Moreno tenía conocimiento de la masacre que se iba a perpetrar en este corregimiento.

En ese sentido es importante el fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Medellín, que condenó al ganadero Francisco Antonio Angulo Osorio por el asesinato de Jesús María Valle, perpetrado el 27 de febrero de 1998.

El Tribunal lo condenó, junto a su hermano Jaime Alberto, a 30 años de prisión por el crimen del abogado y presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. Los jueces pidieron indagar también por la posible participación de agentes del Estado y del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, o de funcionarios cercanos a él, como Pedro Juan Moreno, en ese crimen de lesa humanidad.

Todo porque Valle Jaramillo estaba diciendo la más dolorosa realidad: “Desde septiembre de 1996 hay un grupo paramilitar en el centro de Ituango. Lo saben el Ejército y la Policía. Ese grupo armado ha cometido una serie de asesinatos y no hay una respuesta inmediata del gobierno local”.

Valle denunció a la Secretaría de Gobierno de Antioquia por negligencia ante los crímenes en Ituango. “Yo considero que el gobernador ha incurrido en un comportamiento omisivo y lo mismo el doctor Pedro Juan Moreno, en un comportamiento omisivo que raya en lo delictual”.

Frente a esto Mancuso ha asegurado que su contacto con esa gobernación era el mismo señor Pedro Juan Moreno y que conoció a Uribe en Montería y lo apoyó económicamente en su campaña presidencial.

Vaya, vaya, vaya.

Incluso, el 26 de septiembre de 2012, Mancuso aseguró ante Justicia y Paz que Pedro Juan Moreno le pidió personalmente disminuir la actividad criminal y acciones militares para favorecer al entonces candidato Uribe Vélez, cosa que fue satisfecha. Es importante referenciar que Pedro Juan Moreno murió después en un misterioso accidente de helicóptero.

Según le dijo el propio Don Berna a la periodista Maria McFarland en un correo electrónico, la muerte de Moreno Villa no ocurrió por accidente. “La muerte de él fue producto de un saboteo al helicóptero (sic) donde se movilizaba. Acción llevada (sic) a cabo por órdenes de Uribe”.

Fulminante.

Sobre todos estos hechos Mancuso viene a Colombia a entregar la verdad. Al igual que sobre la información que también tiene del ganadero Santiago Uribe como el jefe del grupo paramilitar llamado “Los 12 apóstoles”, que operaba en el municipio de Santa Rosa de Osos.

Un tema que debe tener muy preocupados a los hermanos Uribe Vélez, más ahora que el alto tribunal pareciera que impondrá medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe Vélez en el otro proceso de que manejan en su contra por manipulación de testigos y fraude procesal. Todos estos casos están conectados por la misma génesis de los vínculos de esa familia con la filosofía paramilitar.

https://www.elespectador.com/opinion/te-hablo-desde-la-prision-ii/

  • 20.26.-El Eln y la crítica de las armas CRISTINA DE LA TORRE
  • Los ratones, ¿cuidando el queso? CECILIA OROZCO
  • Te hablo desde la prisión YOHIR AKERMAN

Plausible la propuesta de tregua temporal del Eln porque aplacaría la violencia que embiste a la población inerme y podría reabrir puertas al diálogo con esa guerrilla. Pero su argumento decisivo por la paz tendría que impugnar la entraña misma de su quehacer histórico: atreverse a la crítica de las armas; de la guerra inútil, inmoral, con su reguero de muertos inocentes, magnificada en la superstición del fusil.

21 jul 2020.- Acaso emularan hoy los jefes de esa agrupación armada el pundonor que a sus disidentes les costó hace tiempo la vida o el ostracismo, por “claudicar” en pos de la política legal. A Ricardo Lara, cofundador y segundo al mando del Eln, lo asesinó en 1985 un comando de viejos compañeros. Alonso Ojeda Awad, fundador del Replanteamiento que ambientó en varios grupos guerrilleros el cambio de las armas por la búsqueda de las masas, sufrió persecución de los elenos y hasta sentencia de muerte.

En el libro La huella del tigre, reconstruye Ojeda su paso por el Eln, su ruptura con la lucha armada y el tránsito hacia la causa de la paz y los derechos humanos. Interpretó Ojeda a la insurgencia que viraba hacia la democracia constitucional, a partir de la crítica del foco guerrillero: desligado de las masas, su proeza se contrajo a sobrevivir en la selva. Mas, teniéndose por vanguardia del pueblo, cimentó en las armas el militarismo despótico que se enseñoreó de la organización. Al primer amago de libre discusión se respondía con el fusilamiento. Moral y físico. Y horrores como el del secuestro acabaron de destruir todo referente ético: para luchar contra la injusticia, escribe, no se puede glorificar la injusticia; ni contra el crimen se lucha secuestrando, fusilando, asesinando. “Aquí estoy, desarmado, solo, con la idea de que las armas no conducen a ninguna parte (…) de ellas hay que salir a como dé lugar”, le dijo al Eln que lo acosaba.

También Ricardo Lara criticó el foco guerrillero, un fracaso en Colombia y en toda la América Latina, discrepó del militarismo que aislaba a la guerrilla de las masas y abandonó las armas para reencontrarse en la política legal. Lo mataron en la puerta de su casa, a la vista de la hija de seis años, que hoy invita a luchar desde la no violencia. “No hay victimario bueno, dice Mónica, ni victimario malo. Hay victimario”. Hay que responder por todos esos muertos y apostarle a la paz, agregó ella en entrevista en El Espectador (09/05/18).

Punto de vista contrario al de Ramón Jimeno que, en contraste con el espíritu del libro de Ojeda, apunta en el prólogo: “el establecimiento es corresponsable del surgimiento de las guerrillas”. Argumento acomodaticio de la prehistoria guerrillera que cree liberar a la insurgencia de toda responsabilidad ética y política y ha quedado derrotado por los hechos. Desdeña el postulado del mismísimo Che Guevara, que negó la opción de la lucha armada allí donde hubiera un gobierno mínimamente democrático (si bien luego lo olvidó). Y el viraje inesperado de Fidel Castro, que hace ya 27 años desconceptuó la lucha armada e instó a dialogar por la paz.

¿Hasta cuándo burlará el Eln la responsabilidad que le cabe en esta guerra, no menor que la del Estado y sus ejércitos asociados de paramilitares? ¿Habrán muerto en vano, luchado en vano, los disidentes que trasladaron su compromiso con la historia a la arena de la legalidad?

Coda. Por su parte, el establecimiento seguirá usando (entre otros recursos) el levantamiento de la mesa de diálogo con el Eln para desestimar la masacre de líderes populares y desmovilizados. Para reducir la implementación de la paz a su más precaria expresión. Para azuzar violencia contra los comisionados de la verdad, por boca del sórdido exministro Pinzón.

Cristinadelatorre.com.co

https://www.elespectador.com/opinion/el-eln-y-la-critica-de-las-armas/

20.26.-Los ratones, ¿cuidando el queso? CECILIA OROZCO

Cuando Noticias Uno publicó el lunes festivo 29 de junio que el fiscal Barbosa y el contralor Córdoba —líderes del autodenominado “bloque anticorrupción” creado por ellos para supervigilar los dineros de la pandemia— se habían ido de paseo a San Andrés con sus esposas y un grupito de sus funcionarios, ambos respondieron con altanería a la posterior lluvia de críticas de los ciudadanos y los medios.

22 jul 2020.- Ofendidísimos, contestaron a quienes osaron pedirles que rindieran cuentas, con frases de este estilo: “… siempre, siempre que yo tenga la oportunidad de viajar con mi hija y con mi familia, lo haré”. O: “¿A qué estamos jugando? ¿Qué es lo que quieren (sic)… que no vayamos a las regiones?”. Barbosa afirmó que, pese a viajar con sus parientes y amigos, su visita a la isla tenía carácter profesional porque iba a examinar los procesos pendientes. Horas después y para demostrar que no mentía, anunció que la Fiscalía acusaría al gobernador de San Andrés y pediría casa por cárcel para este por firmar un contrato de piezas publicitarias sobre el coronavirus, sin cumplir los requisitos legales. El gobernador respondió que era el chivo expiatorio del escándalo.

Pero, ¡gran sorpresa!, solo dos semanas y media después, el 17 de julio, viernes de la semana pasada, el reportero José Andrés González, del noticiero del mediodía de Caracol Radio, encontró unos “contratos cuestionados de Fiscalía y Contraloría en medio del coronavirus”, tal como tituló su nota. Según sus hallazgos, los dos organismos adjudicaron, de manera directa, sendos contratos a una misma empresa por valor total de $1.300 millones para el suministro de miles de tapabocas y otros productos de bioseguridad. Curiosamente, el objeto comercial de la firma beneficiada, Bon Sante SAS, es la venta de cosméticos y alimentos que prometen ser nutritivos y detener los efectos de la vejez. Bon Sante fue creada hace dos años, en agosto de 2018, (fecha de elección de Felipe Córdoba) con un capital de apenas $20 millones, y en su dirección física, en Bogotá, no hay oficinas sino talleres de reparación de motos.

Como ustedes recordarán, las esposas viajeras del fiscal y el contralor han trabajado como subalternas de ellos, en un conveniente cruce de cargos: la del fiscal, en la Contraloría; y la del contralor, en la Fiscalía. Esta, Marcela Yepes, ocupaba hasta hace pocos días uno de los puestos de mayor poder en el ente de investigación: secretaria ejecutiva. Su cargo le permitía decidir sobre la totalidad de los contratos de esa institución. Por tanto, participó en la aprobación del contrato con Bon Sante que tiene fechas y radicados de extraños consecutivos: el 17 de marzo, su oficina laboró a marchas forzadas: ese mismo día se escribió un concepto que indicaba que la directora Yepes podía declarar la emergencia manifiesta para contratar directamente; se declaró esta figura; se justificó la necesidad de adquirir tapabocas; por arte de magia se presentó la solitaria cotización de Bon Sante; se le adjudicó y se firmó el contrato. Tamaña rapidez, sin embargo, se hizo con desgreño porque los consecutivos indican el desorden y la premura: los que debían originar la compra se radicaron después y los que surgieron como consecuencia de la necesidad de la compra se crearon antes, de acuerdo con revisiones hechas por esta columna. En total, la Fiscalía firmó con Bon Sante tres contratos por $623 millones, por la compra de 290.000 caretas (¡¡290.000!!).

En la Contraloría dirigida por el esposo de la directora ejecutiva de la Fiscalía, el desorden también es evidente: el contrato con Bon Sante se firmó un mes después del primero del ente de Barbosa: el 16 de abril. Se adquirieron elementos de bioseguridad para sus empleados que, dicho sea de paso, trabajan de manera virtual en su inmensa mayoría, desde cuando se declaró la primera cuarentena. Se firmó por $722 millones y en su expediente, el que legalmente debe alojarse en la plataforma oficial SECOP, no hay registro de casi ninguno de los requisitos que la Contraloría les exige a sus investigados: no existen cotizaciones distintas a la de Bon Sante; no se informa el objeto preciso, las características ni la utilidad de los productos que se comprarán, y tampoco se adjuntan las pólizas de seguridad y calidad. Tampoco fue enviado a la Auditoría General para su examen. Ni en la última alcaldía de La Guajira ocurriría semejante estropicio. Primera curiosidad: el retiro de la esposa de Córdoba, Marcela Yepes, de la Fiscalía se anunció horas antes de la publicación de la noticia en Caracol. Su renuncia escrita tiene fecha anterior pero no existe sello de radicación oficial. Segunda curiosidad: el gerente y el subgerente (socios) de Bon Sante tienen cédula de Pereira, ciudad de donde es oriundo el contralor Felipe Córdoba. Tercera curiosidad: el 17 de julio, día de la noticia del reportero González, Bon Sante cambió su dirección y amplió su objeto social. Demasiadas casualidades para ser solamente eso.

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20.26.-Te hablo desde la prisión YOHIR AKERMAN

La llegada del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia y su intención de confesar y colaborar con la justicia significarán otro gran golpe judicial a la familia del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.

Me explico.

26 de jul 2020.- El 30 de noviembre de 2017 Mancuso pidió cupo en la Justicia Especial para la Paz (JEP) ofreciendo decir toda la verdad y reiterando su compromiso con las víctimas del conflicto armado.

¿Qué verdad?

Palabras más, palabras menos, con esa pregunta fue que le respondió la JEP al exjefe paramilitar en un auto fechado el 21 de agosto de 2018, ante lo cual este presentó una nueva solicitud el 7 de septiembre en la que, designando al señor Jaime Alberto Paeres como su apoderado, señaló las razones por las cuales no ofreció toda la verdad sobre algunas conductas en el marco del proceso de Justicia y Paz, y estableció algunos casos en los que ahora quiere colaborar.

Por cuenta de la pandemia el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que fue uno de los máximos comandantes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), está pendiente de ser deportado a Colombia, donde le esperan más años de prisión, debido a que tiene vigente una orden de captura por el delito de lavado de activos que habría cometido después de su desmovilización.

La información que tiene este exlíder narcoparamilitar es crucial para seguir revelando el profundo nivel de intersección y colaboración que hubo entre las Auc e instituciones estatales y privadas.

Gracias a un derecho de petición y otros documentos en poder de esta columna, se conoció que Mancuso ofreció contar lo que ocurrió en torno a la historia del conflicto con sumo detalle, para ser aceptado en la JEP. Aunque este tribunal decidió rechazarlo, la presidenta de la Sala de Reconocimiento dejó claro que podrían llamar a Mancuso para que colabore voluntariamente y no como sujeto de la justicia transicional, algo a lo que el exparamilitar no se ha negado.

Mancuso le dijo a la JEP que quería colaborar con las investigaciones de “paraeconomía; la visita al suscrito y otros postulados por parte de la senadora Piedad Córdoba, del señor Iván Cepeda y del doctor Lara; el narcotráfico en Colombia; la realidad sobre erradicación de cultivos ilícitos y por qué es poco efectiva”, y, nada más ni nada menos, sobre la investigación por paramilitarismo que existe en contra del ganadero Santiago Uribe Vélez y de su hermano el senador Álvaro Uribe.

Pero hay algo más. Mancuso, en su extensa solicitud a la JEP, habla también de la supuesta relación de un prófugo de la justicia colombiana con las Autodefensas. “Como ocurrió con el caso del señor Carlos Mattos de la Hyundai, son varias las empresas nacionales y multinacionales que se vieron beneficiadas inicialmente con nuestro actuar”.

En otro párrafo más adelante el convicto habla de un caso que ha investigado esta columna y sobre el que todavía falta mucho por contar. “Cómo me gustaría que habláramos miembros de las Farc, de las Auc y del gobierno de entonces sobre el atentado a El Nogal, en la ciudad de Bogotá”.

Importante mensaje el que manda el exjefe de las Auc, pero para entender la profundidad de la mención de los Uribe Vélez hay que ir al contexto de la historia.

El 16 de noviembre de 2008, el paramilitar Salvatore Mancuso aseguró, en audiencia de versión libre desde Estados Unidos, que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia había hecho presencia en el desarrollo de la masacre que perpetraron grupos paramilitares en conjunto con miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional en el corregimiento de El Aro, ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia, en octubre de 1997.

Este jefe paramilitar, además, aseguró que Pedro Juan Moreno, quien al momento de la ejecución de la masacre se desempeñaba como secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia y era uno de los amigos más cercanos del entonces gobernador y actual senador Uribe Vélez, tenía conocimiento de la masacre que se iba a perpetrar en este corregimiento.

Según el propio Mancuso, Moreno y él habían sostenido reuniones por lo menos en diez oportunidades para planear la creación de las denominadas “Convivir”.

Desde comienzos del año 2008 se han venido realizando una serie de señalamientos por la supuesta participación en la masacre de El Aro del expresidente Uribe.

Los señalamientos provienen del paramilitar Francisco Villalba, alias Cristian Barreto, que hasta el 30 de marzo de 2009 se encontraba detenido una cárcel de máxima seguridad condenado por las masacres de El Aro y de La Balsita, ambas ocurridas en el departamento de Antioquia en 1997.

El 15 y el 20 de febrero de 2008, el paramilitar Francisco Villalba fue escuchado por la Fiscalía, ante la cual afirmó que el entonces gobernador de Antioquia, Uribe Vélez, había participado en una reunión que se realizó días antes de la masacre de El Aro en una finca del corregimiento de La Caucana, municipio de Tarazá (Antioquia), a la cual fue invitado, según las declaraciones de Villalba, por el propio Carlos Castaño, y en la que se habría acordado el plan de ejecución de la masacre.

A la reunión habrían asistido, según Villalba, altos mandos de la IV Brigada del Ejército, algunos jefes paramilitares como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, y también los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez.

Villalba aseguró que Santiago Uribe era el jefe de un grupo paramilitar llamado “Los 12 apóstoles”, que operaba en el municipio de Santa Rosa de Osos, y que incluso Uribe había “prestado” a 20 de sus hombres para otra masacre ejecutada en el corregimiento de La Balsita, en el municipio de Dabeiba, Antioquia, por grupos paramilitares en noviembre de 1997.

Pues ahora es el turno de Mancuso, que quiere entregar información de este tema. Pero existe un problema.

Según el documento en poder de esta columna, Jaime Alberto Paeres, el abogado encargado de la defensa de Mancuso, estableció que para conseguir las evidencias y la documentación adicional de estas investigaciones hay que otorgarle a Mancuso acceso a un computador, a sus archivos externos o a visitas frecuentes y regulares de sus abogados defensores.

Coincidencialmente, la semana pasada, el abogado del exjefe paramilitar denunció que tuvo que huir de la zona rural de Medellín porque un grupo armado ilegal lo está buscando para matarlo. Otro importante mensaje.

En el documento que radicó ante la Fiscalía, relata que el pasado martes 14 de julio, en el corregimiento de San Cristóbal, un grupo de 35 hombres con armas tipo fusil llegó a una finca contigua a la que el abogado se estaba quedando en medio de la cuarentena. Según el administrador de ese lugar, el grupo ilegal, con la fotografía del litigante en una mano y el fusil en la otra, preguntó por el paradero del abogado.

La denuncia señala que el grupo armado, uniformado con pasamontañas, tapabocas y buzos, golpeó y amarró a las personas que se encontraban en la finca. Relata que el operativo estaba siendo dirigido por otras personas que no se encontraban allí y se comunicaban por medio de radioteléfonos con quienes sí estaban en el lugar de los hechos.

Esperemos que este mensaje que le mandaron al abogado no haga que Mancuso deje de contar, cuando esté en Colombia, toda la verdad que aún sigue atesorando.

https://www.elespectador.com/opinion/te-hablo-desde-la-prision/?cx_testId=16&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=3#cxrecs_s

  • 20.25.-Terna para procurador: la decadencia en marcha CECILIA OROZCO
  • Encadenando mentiras YOHIR AKERMAN
  • ¡Respeto para Francisco de Roux! PATRICIA LARA
Margarita Cabello 

Fuera de la desgracia de la pandemia, este año 2020 podría sobrevenirnos otra menos perceptible, pero con efectos tan devastadores como la expansión del virus: mientras nos concentramos en la cuarentena, los antiguos y nuevos clientelistas que han logrado cargos y, no obstante, aspiran a tener a su disposición miles de puestos más, se ocupan en buscar candidatos que les garanticen fidelidad a sus causas mezquinas, y en organizarles apoyos para apropiarse de las dignidades del Estado que quedan vacantes.

15 jul 2020.- La jauría anda suelta este segundo semestre cuando se aproxima el fin de los periodos de procurador general y defensor del Pueblo y es necesario elegir a los reemplazos de Fernando Carrillo y Carlos Negret. Pero la manada hambrienta de burocracia y contratos públicos ha crecido: además del mandatario en ejercicio que mete baza en la terna de la Procuraduría y arma, solo, la de la Defensoría; los partidos y sus jefes expresidentes o exvicepresidentes que creen tener derecho de propiedad sobre estos entes de frondosa burocracia, ahora también construyen trincas los hermanados Barbosa y Córdoba cuya curiosa ética del manejo de los bienes públicos ha sorprendido aún en Colombia, en donde la moral es elástica y estira hasta donde se requiera.

De esa mezcolanza de intereses no pueden surgir aspirantes admirables. Por el contrario, las ternas, si se componen como lo anticipan quienes conocen tales mundillos, reflejarán la decadencia de la nación en esta época oscura. Los jugadores expertos en artificios apuestan por una conformada así: Margarita Cabello, candidata del presidente de la República; Gregorio Eljach, del Consejo de Estado, y Wilson Ruiz, escogido por la Corte Suprema. Sobre ellos hay pocas certificaciones en materia de pulcritud profesional, detalle que tiene sin cuidado a sus nominadores. En cambio, hay muchas historias para recordar sobre cómo “ajustan” sus actos dependiendo de la ocasión.

Cabello, al parecer única candidata que Duque tiene para la Procuraduría —tal es su ascendiente sobre él—, es conocida de autos: hace apenas dos semanas, el magistrado de la Corte Suprema Gerardo Botero denunció la injerencia irrespetuosa de la ministra de Justicia en las decisiones y elecciones internas de ese tribunal. Según Botero, “ella puso como condición para destrabar la elección de fiscal general y de magistrados de la Corte”, el retiro de la presidencia de la corporación del togado Álvaro Fernando García. Su aliado, compinche y amigo Francisco Acuña, debía encabezar las elecciones. ¡Y lo logró! Así fue como los colombianos nos ganamos el premio mayor de la lotería con Barbosa en la Fiscalía. Para integrar el gabinete ministerial, Cabello renunció a ser magistrada en la Suprema con un frío cálculo, pues le faltaba solo un año para cumplir los ocho del periodo legal. Ella, trepadora, no iba a pasar a la simple condición de ex: hizo méritos para integrar el círculo presidencial, a tiempo. La evidencia indica que este era solo un escalón más para conseguir la meta: la Procuraduría General en donde se sentará en el sillón que ocupó su ídolo Alejandro Ordóñez cuya reelección fue anulada cuando se comprobó que incurrió en actos prohibidos por la Constitución, actos similares a los que la magistrada-ministra-procuradora ejecuta cada vez que quiere.

Gregorio Eljach es el secretario general del Senado y pretende ser elegido procurador, en nuestras narices, por los mismos parlamentarios a los que sirve desde hace ocho años. Eljach es aquel personaje que le dijo, cerca de un micrófono, al congresista que presidía un debate de control político, en 2015, la elegante y democrática frase: “No le des más papaya a Robledo que está haciendo un show ahí, marica. Levanta la sesión, levántala”. Se refería al senador Jorge Enrique Robledo. Eljach, supuesto garante de los derechos ciudadanos si llegara a la Procuraduría, es quien logró cercenar el derecho a debatir del congresista del Polo. Lo aplaudieron algunos de los que, seguramente, votarán pronto por él. El secretario del Senado fue también denunciado por el representante investigador del exmagistrado Jorge Pretelt (declarado indigno por el Congreso), por intentar desequilibrar, a favor del investigado, el debate en que se discutían sus culpas de carácter penal. Y la belleza de Eljach se atrevió a ordenar la detención, dentro del Capitolio, de una estudiante de periodismo a quien sus escoltas le quitaron a la fuerza su celular y le borraron su material de su trabajo. Ella no presentó queja formal pero ha debido hacerlo aunque fuera para dejar la constancia.

Wilson Ruiz es recordado por sus sinuosas posiciones, casi tan sinuosas como sus declaraciones cuando fue elegido en ese antro denominado Consejo Superior de la Judicatura. Ruiz marcha con Cabello y Eljach, a la par. Cuentan quienes conocen su cara sin careta, que ejerció como abogado y más que abogado, de un testaferro del narcotraficante alias Chupeta; y que era asiduo visitante del pabellón de la Picota cuando estaba preso el excongresista de mañas tenebrosas Juan Carlos Martínez Sinisterra. Ni en los peores momentos de la historia, el poder público había caído tan bajo. Soportamos una pandemia que mata el honor.

https://www.elespectador.com/opinion/terna-para-procurador-la-decadencia/

20.25.-Encadenando mentiras -YOHIR AKERMAN 

El 27 de julio será la audiencia de imputación de cargos en contra del abogado Diego Javier Cadena Ramírez. Esta audiencia se ha aplazado dos veces por razones de salud: la primera por maniobras gástricas y odontológicas de la defensa y la segunda por el coronavirus. Por eso es importante, para esta fecha venidera, encadenar una serie de mentiras que el abogado ha venido repitiendo en el transcurso de la investigación de este caso.

Vamos por partes.

19 jul 2020.- La Corte Suprema de Justicia tiene evidencia que demuestra que Diego Cadena ha ofrecido prebendas a testigos, como favores jurídicos y dinero, para obtener declaraciones que favorezcan al senador Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago.

Uno de esos testigos es el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, y pese a que Cadena ha dicho varias veces que nunca presionó al preso, una grabación hecha por el propio Monsalve con un reloj con cámara demuestra que Cadena le dice con un tono desafiante: “Redactemos el hp documento, o si no yo vuelvo mañana temprano”. (Oír Grabación).

Son varias las grabaciones que demuestran que, entre el secuestrador Enrique Pardo Hasche, compañero de reclusión de Monsalve, y el cuestionado Cadena, presionaron al testigo explicándole lo que debía hacer y las mentiras que tenía que decir. (Oír Lo que tiene que decir).

Cuando esto se probó, el apoderado de Uribe Vélez intentó proteger al expresidente de cualquier culpa al decir ante la Fiscalía que “Álvaro Uribe no manipula testigos”. (Ver Noticiero de RCN).

Pues eso quedo desvirtuado cuando el columnista Daniel Coronell publicó otra grabación en poder de la Corte Suprema de Justicia que prueba que fue el mismo expresidente Uribe quien autorizó expresamente al abogado Diego Cadena para ofrecerle favores jurídicos a ese testigo. (Ver Video).

–Cadena: ’Pero, presidente, yo tengo algo en mente, pero quiero consultarlo con usted, y es un tema que me faculta para poder ayudar a este señor. Es una acción de revisión ante la Corte porque el señor tiene una condena de 44 años por secuestro. Yo lo que puedo hacer es un re…

–Uribe: Ah, sí, no… un recurso jurídico hay que adelantarlo…

–Cadena: Claro…

–Uribe: El recurso jurídico está bien, por supuesto y la… y la ayuda para que le protejan la familia, pedírsela a las autoridades competentes y además públicamente.

–Cadena: Correcto, quería su autorización, presidente, para estar ciento por ciento claros.

–Uribe: Proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas’.

A la Corte Suprema de Justicia le corresponde establecer si con esta autorización el senador Uribe incurrió en un delito. Pero vamos a otro testigo para seguir encadenando las mentiras del abogado.

Carlos Enrique Vélez, alias Comandante Víctor, aseguró que el abogado del expresidente Uribe le pagó para que testificara en contra de Iván Cepeda. Aunque Cadena reconoció los pagos, primero dijo que fueron por una razón humanitaria, después cambió la versión y expresó que se trataba de una extorsión.

¿Al fin qué?

Carlos Enrique Vélez fue presentado inicialmente como uno de los testigos claves en contra del senador Iván Cepeda en el caso por supuesta manipulación de exparamilitares para que hablaran en contra del expresidente Uribe.

Durante más de un año aseguró que había presenciado la forma en la que el senador Cepeda iba por las prisiones ofreciendo prebendas para que testificaran en contra de Santiago Uribe, hermano del líder de Centro Democrático, por el caso de los Doce Apóstoles.

El 9 de octubre de 2019 el diario El Tiempo reveló en primicia que Vélez, exintegrante del frente Cacique Pipintá de las Autodefensas, dijo que recibió varios giros y plata en efectivo de manos del abogado Diego Cadena para decir eso e incluso demostró las pruebas documentales que corroboraban los pagos.

Cadena contestó aseverando que decidió ir a hablar con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez y que le pidió consignar en un “documento con mi membrete en el que contaba lo que había denunciado (la presunta manipulación para declarar contra Uribe), que en julio de 2017 se entregó a la Fiscalía” y por ello le hizo dos pagos que ascendieron a $2 millones, pero que nunca fueron sobornos sino una “ayuda humanitaria”.

La declaración de Vélez fue falsa como se probó después y, peor aún, el 9 de octubre de 2019, el abogado del expresidente Uribe afirmó, en entrevista con Julio Sánchez Cristo, que parte del dinero que le entregó al testigo fue por motivos de viáticos y no para sobornar. (Oír Entrevista W Radio)

¿Viáticos, ayuda humanitaria, extorsión?

Los pagos son más de dos millones y las evidencias han venido apareciendo. Por eso es difícil creer que un abogado le paga viáticos a una persona que esta presa y no puede salir de su centro de reclusión.

Ahora bien, el tema de los pagos a los testigos nos lleva al elemento del pago de sus honorarios com  o abogado del expresidente Uribe.

Confrontado en su indagatoria en la Corte Suprema de Justicia, el expresidente Uribe no solo contradijo a su abogado en el tema de los pagos, sino que también dijo que si Cadena había actuado por fuera de le ley, lo había hecho sin su conocimiento.

Es importante recordar que el expresidente Álvaro Uribe sostuvo que aún no le había pagado honorarios al abogado y que iba a retribuir sus servicios con un valioso lote de su esposa en un desarrollo urbanístico en Montería. Por su parte, el abogánster Cadena afirmó ante la misma Corte, bajo la gravedad de juramento, que ya ha recibido remuneración de Uribe por sus gastos y su tiempo.

De nuevo se desdibuja la línea que divide la verdad de una mentira entre el polémico abogado y su poderoso cliente.

Por eso es tan importante que la Fiscalía determine todos estos elementos que constituyen los delitos de soborno de testigos en concurso homogéneo y sucesivo y fraude procesal. Pero cuesta creer que algo pasará ya que mientras esa entidad ordena la detención de los investigadores de la ñeñepolítica, el abogado Diego Cadena, con toda esta evidencia en contra, sigue gozando de su libertad.

Los dos casos están a cargo del mismo fiscal, que puede acabar usando un doble rasero a la hora de las medidas de aseguramiento. La dura cárcel para los desafortunados investigadores que descubrieron la ñeñepolítica. En cambio, es posible que el arreglador de testimonios, con probada habilidad para obstruir la acción de la justicia, termine gozando su detención en una de sus lujosas propiedades.

Aclaración. El pasado domingo publique una columna titulada “Hay que aprovechar”, que trae un audio del Ñeñe Hernández que menciona que va a pedir un favor laboral a donde sus “amigos” Jairo Alonso Mesa Guerra y Jorge Enrique Vélez en la Superintendencia de Notariado y Registro. Es importante aclarar que para la fecha del audio el señor Vélez ya no estaba desempeñando el cargo de superintendente de esa entidad. Sin embargo, la estrecha relación entre el Ñeñe Hernández y el exsuperintendente Vélez está plenamente identificada en otras grabaciones, como la que interceptó legalmente la Dijín el 28 de mayo de 2018, entre el presunto narcotraficante y un señor llamado Álvaro de Castro, en plena campaña electoral y un día después de la primera vuelta. (Oír Audio Dijín).

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20.25.-¡Respeto para Francisco de Roux! PATRICIA LARA

Francisco de Roux 

Los últimos ataques a la Comisión de la Verdad y a su presidente, el padre Francisco de Roux, revelan un plan para minar su credibilidad. 

17 jul 2020.- Primero fue el calumnioso trino de Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, quien luego de haber sido parte de la construcción del Acuerdo de Paz, en la medida en que ocupó, durante siete años, cargos claves en los gobiernos de Santos —secretario general de la Presidencia, ministro de Defensa y embajador en Washington—, renunció para lanzar su candidatura presidencial y lo traicionó.

En ese trino, Pinzón afirmó nada menos que la “mayoría de los comisionados registran afinidad ideológica o nexos con grupos armados”, una calumnia que estigmatizó a sus miembros y que puso en peligro su vida. A propósito, vale la pena que Pinzón recuerde al presidente Alberto Lleras, cuando decía que un discurso en el parlamento equivale a 20.000 muertos en las veredas.

Y lo segundo fue la grosera petición de Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, para que Francisco de Roux renuncie a la Presidencia de la Comisión de la Verdad. Miren el irrespetuoso tonito que utiliza: “Padre Francisco de Roux, si usted no puede con esto, apártese del cargo, pero necesitamos que le diga la verdad al país”.

En primer lugar, seguro el representante Rodríguez no sabe que la función principal de la Comisión de la Verdad es rendirle al país, al final de su mandato, en diciembre del 2021, un informe sobre lo que sucedió en el conflicto armado para que, una vez conocidos los hechos y sus razones, no los repitamos. De manera que mal pueden pedirle ahora resultados a la Comisión de la Verdad. Solo será a finales del año entrante, una vez rendido el informe, cuando se podrá evaluar su gestión.

Y, en segundo lugar, seguro el representante Rodríguez tampoco sabe que el padre De Roux es un hombre cultísimo, graduado en Filosofía y Letras y Economía, con una maestría de la London School of Economics y un doctorado en Economía de la Universidad La Sorbona, de París. Fue, además, Premio Nacional de Paz y jefe de los jesuitas en Colombia. De modo que sus credenciales académicas, su conocimiento del país y su inmensa calidad humana lo hacen el mejor presidente posible de la Comisión de la Verdad.

Así que más vale que Rodríguez compare su hoja de vida con la de Francisco de Roux y guarde silencio. Y más vale que Pinzón tenga en cuenta, como exministro de Defensa, la sangre que, por culpa de las estigmatizaciones, se ha derramado en Colombia y rectifique.

Notas. Felicitaciones a Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de Semana, por su muy merecido y prestigioso premio Maria Moors Cabot. Gracias a sus investigaciones, se han destapado las “chuzadas”, la corrupción en sectores de las Fuerzas Armadas, etc. Ese, el de Ricardo, es el periodismo que Colombia necesita. 

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  • 20.24.-Orates en el poder: ¡ajúa! – CECILIA OROZCO
  • Hay que aprovechar –YOHIR AKERMAN
  • Revisión de los “TLC”, unica salida al desastre del sector lácteoDIGNIDAD AGROPECUARIA
General Zapateiro

Empezando por el presidente, que no impacta por la superioridad de conocimientos, la firmeza de carácter o las dotes de líder, no hay entre su gabinete —incluida su vicepresidenta—, sus directores, sus comandantes y hasta los servidores de otras ramas que han sido elegidos con su concurso, un solo personaje que descuelle sobre los demás por su gran estatura moral o intelectual. Más bien reina la desfachatez, y su rasero — ¿por qué no decirlo?— es la mediocridad.

8 jul 2020.- Por definición, el comandante del Ejército es el jefe de la tropa, el más fuerte pero también el prudente que calla, el que sabe cuándo habla, cuándo se repliega, cuándo avanza y, ante todo, hacia dónde va; el que huele, primero que los demás, las trampas y no cae ni deja caer a sus hombres en estas. Bueno, ¿le han seguido la pista al general Zapateiro? Sucesor de general Nicacio Martínez (el oficial que tuvo que retirarse debido a las revelaciones sobre una nueva ola de espionaje militar ilegal que apuntaba a blancos inocentes, “culpables” de ejercer la oposición política o el periodismo libre), Zapateiro fue designado por Duque el día antes de terminar 2019, 30 de diciembre (ver), durante un florido discurso en que alabó tanto a Martínez que no termina de entenderse por qué lo echó.

Un mes después del homenaje y ya en funciones, este maravilloso oficial del glorioso Ejército Nacional le presentó “a la familia de (alias) Popeye nuestras sentidas condolencias” por su fallecimiento. Recordó, en esa grabación de video cuyo escenario fue su despacho oficial, su escritorio y, detrás, las banderas de Colombia y de su fuerza, que “hoy (6 de febrero de 2020) ha muerto un colombiano” y que sin importar lo que hubiera pasado en su vida, según resaltó, “el Ejército Nacional en cabeza de su comandante… lamenta mucho la partida de Popeye” (ver). A quienes por su juventud no tienen en la memoria “lo que pasó en la vida” del asesino al que el general despidió de manera tan conmovedora, hay que contarles que Popeye fue uno de los sicarios predilectos del narcotraficante Pablo Escobar, y que fue autor y coautor de unos 3.000 asesinatos, torturas y masacres. El dolor que volvieron a sentir las 15.000 o 20.000 víctimas directas del criminal Popeye, ante tamaño agravio, habría sido suficiente para destituir al militar que manchó su honor y el de la patria, para expresarlo en términos castrenses. Como es usual, no pasó nada después de unas protestas que no tuvieron eco en la Casa de Nariño en donde el nominador de Zapateiro no se dio por enterado de la magnitud de la ofensa a la ciudadanía decente de Colombia.

Tres meses después el comandante Zapateiro fue muy bien ataviado y sin una arruga en su uniforme a una entrevista en el canal RCN con su director, Juan Lozano. Al terminar, el general se dio gusto. En tono exaltado, con voz temblorosa de la emoción y como si un diablo hubiera tomado posesión de su cuerpo, se despidió: “¡Gracias por permitirme hablarle a mi pueblo, el pueblo, la tierra donde nací! ¡Y que no les voy a fallar a ustedes! (sic)… ¡Aquí no puede haber un hombre, un hombre, una mujer, un soldado que en todas sus calificaciones y grados vaya a manchar y a enlodar todo lo que en 200 años hemos construido!”. Llegando a un estado de paroxismo que Lozano miraba con asombro, Zapateiro terminó mientras movía enérgicamente sus puños: “¡Patria, honor, lealtad! ¡¡Ajúa!!”. El director del noticiero, anonadado, solo atinó a despedirlo: “Muchas gracias, general Zapateiro” (ver).

La semana pasada, se conocieron dos nuevas piezas de su personalidad: una carta de controversia política que, por supuesto, no le corresponde escribir a un oficial en servicio activo, menos aún con la responsabilidad de la comandancia del Ejército en sus hombros, al expresidente Samper por un trino con sentido confuso que este publicó. Desde luego, el general debió obedecer órdenes del ministro Trujillo y del presidente Duque. Locos también, pues ellos podían legítimamente pedirle explicaciones al exmandatario. Y, por último, se conoció otra grabación, esta vez en audio, de un discurso que Zapateiro les dio por radio a los sargentos de su arma por los escandalosos episodios de violaciones sexuales a niños menores de 14 años, por parte de 118 uniformados, de acuerdo con lo que el Ejército ha aceptado. De nuevo, lució su estilo: los gritos, las frases, la altanería, la amenaza y la ridiculización del otro (oír). Con razón, el portal Las2Orillas no tuvo empacho en titular con la frase de un crítico en las redes: “¿Alguna duda de que Zapateiro es un loco fanático?”. Retrato del extraño personaje en quien reposa la seguridad nacional.

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20.24.-Hay que aprovechar – YOHIR AKERMAN

Una conversación telefónica en poder de la Fiscalía demuestra que el presunto narcotraficante José Guillermo Ñeñe Hernández estaba haciendo favores entregando cuotas burocráticas y repartiendo mermelada a sus cercanos con ascensos y puestos en el Gobierno. El Ñeñe se describía así mismo como un operador y amigo del presidente Iván Duque. Y al parecer de manera muy efectiva.

12 jul 2020.- La conversación fue interceptada de manera legal por agentes de la Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia (Dijin), en el proceso de investigación del homicidio a un joven llamado Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, quien habría sido asesinado por el Ñeñe Hernández para librarse de una deuda que tenía con la familia de su víctima.

Esa investigación al brazo político de la organización criminal de Marquitos Figueroa fue liderada por la Fiscalía 21 de Crimen Organizado, que llevaba el proceso del asesinato del joven de 29 años. Ese despacho del ente acusador autorizó las interceptaciones legales de las líneas celulares del Ñeñe Hernández y de seis personas más, resultando en los cientos de horas de audios de Hernández hablando en plena campaña de dineros y compra de votos en La Guajira y Santander a favor del entonces candidato Iván Duque.

Pues este audio es del 4 de julio de 2018, ya cuando Duque era el presidente electo. La grabación comienza con la voz femenina de una mujer diciendo:

-Voz femenina: Gracias, buenos días. Hágame un favor: ¿con José Guillermo?

-Ñeñe: ¿De parte?

-Voz femenina: Aleida González.

-Ñeñe: Ah, mi vida, ¿qué más?

Rápidamente después de identificarse, la voz femenina reconocida como Aleida González pasa al grano de la conversación.

-Voz femenina: Sí, estoy en Bogotá, José, hace dos años en la Superintendencia de Notariado y Registro. Y aprovecho para saludarte y también para llamarte y para pedirte un favor, José. A mí me dijeron que tú eras muy amigo del súper, ahora van a ascender gente.

-Ñeñe: Ajá.

-Voz femenina: Sí, están ascendiendo gente, yo estoy en un grado 16, José Guillermo, yo me gano cuatro millones de pesos aquí, estoy educando a mis hijos y me pueden subir a un grado 19 encargada y tengo los… requisitos.

-Ñeñe: Yo soy muy amigo de Jairo y de Jorge Vélez…

-Voz femenina: Bueno, bueno, yo entré hace dos años aquí y me ha ido muy bien…

-Ñeñe: Escríbeme… escríbeme… escríbeme porque igual voy a hacer una vuelta con Darío, mi cuñado, y lo voy a hacer esta semana… entonces…

-Voz femenina: Bueno…

-Ñeñe: Escríbeme… porque me va a tocar ir a Bogotá, a hacer esa vuelta personalmente…

La mujer que le hace la petición al Ñeñe es Aleida Paola González Castro, profesional especializada de la Superintendencia de Notariado y Registro y, antes de eso, juez 1593 de la República, según su hoja de vida de la función pública.

El presunto narcotraficante, que, sin titubear, le asegura a González que irá a Bogotá a hacer la vuelta de ella y de su cuñado reuniéndose personalmente con sus amigos, se refiere a Jairo Alonso Mesa Guerra, hoy en día en la Registraduría Nacional y quien en el momento de la llamada trabajaba en la Superintendencia de Notariado, al igual que Jorge Enrique Vélez, hoy presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). Vélez era nada más y nada menos que el superintendente para entonces.

Es importante recordar que Vélez tuvo que salir en marzo de este año a responder ante los medios por una foto en una cena en la que aparece junto a varias personas, entre ellas el Ñeñe Hernández.

En su momento, el dirigente estableció categóricamente en una rueda de prensa: “Cuando me invitan a una comida, yo nunca pido la lista de quienes van a ir. Me invitaron a una comida de la comunidad del festival de vallenato, estaba el presidente del festival vallenato. Yo voy frecuentemente a Valledupar, y a la comida fueron unas 20 personas. Yo tengo fotos con un millón de colombianos y nunca me negaría a una foto”.

Un tirazo. Pero lastimosamente pegó en el palo.

Porque, a juzgar por la conversación del Ñeñe, tampoco se negó a ayudar con los pedidos del presunto narcotraficante que se refiera a él como un “amigo” en la Superintendencia.

Pero sigamos con las palabras del Ñeñe en la conversación que hoy se conoce, porque nada mejor para entender su alcance que su propia voz. En el audio le dice a Aleida González:

-Ñeñe: Mándame los datos, mejor dicho: son dos favores, con mucha vaina que me han llamado, son dos favores que voy a pedir nada más. ¿Oíste?

-Voz femenina: Bueno… listo… dale… Bueno, un abracito…

-Ñeñe: La gente ahora me camina por la amistad con el presidente, todo el mundo camina… ¿ya me entiendes?

-Voz femenina: Claro, por eso, figúrate. Sí, claro, figúrate… hay que aprovechar.

Ñeñe: Hay que aprovechar esa vuelta.

Todo parece indicar que sí la aprovechó, y mucho, pero los funcionarios que le caminaban por su “amistad con el presidente” ahora tratan de negar la existencia de su relación.

https://www.elespectador.com/opinion/hay-que-aprovechar/

 

20.24.-Revisión de los “TLC”, unica salida al desastre del sector lácteo – DIGNIDAD AGROPECUARIA

En medio de la grave pandemia generada por el Covid-19 con sus contundentes secuelas sanitarias, económicas y sociales, campea de nuevo la crisis sobre los productores de leche del país.  La decisión de Alpina de rebajar de manera sustancial el precio del litro pagado a sus proveedores, y la notificación que dejará de recoger el 10% de lo que produzcan, es el anuncio.

De nuevo, las exigencias extremas de calidad al recibo, el pico y placa, y el abandono de rutas de veredas y municipios distantes, llevarán al abandono de la actividad a otros miles de pequeños y medianos ganaderos. Asoleche en su fatídico comunicado del pasado miércoles, justifica el accionar de sus afiliados por una falaz enlechada, para ellos causada por el aumento del precio de la leche pagado al ganadero, que llevó, afirma, a la disminución del consumo interno; señalan además que ya “socializaron esta información con el gobierno nacional”, bogan por acaparar todos los apoyos oficiales y ponen de nuevo sobre la mesa su exigencia de “libertad de precios”.

Las masivas importaciones de leche realizadas al amparo de los TLC, son la causa del nuevo desbarajuste que se inicia en el sector lácteo. Los 7.300 millones de litros de leche que al año producen los ganaderos del país abastecen el mercado interno, y en las dos épocas de invierno se generan excedentes que deben suplir la baja de la producción en los veranos. Las 41.261 toneladas importadas en 2016, fueron superadas con creces el año pasado cuando importamos 61.300 toneladas, cifra que será rebasada de nuevo en el presente; en los primeros cinco meses ya han ingresado más de 40 mil toneladas de productos lácteos, lo que augura la llegada de cerca de 80 mil toneladas, 25% más, al finalizar el año, volumen con el que ya se reemplaza cerca del 10% de la producción nacional.

Enlechada no ha habido, las lluvias han sido tardías en la costa y el interior y la producción se recupera de manera lenta; los precios pagados con bonificaciones más altas lo demuestran y los inventarios de la industria, de leche líquida 27 millones y, 9.300 toneladas en polvo, son normales.

Seis grandes empresas, casi todas importadoras, ya procesan el 60% de la leche acopiada,  definen el precio de venta al consumidor a su arbitrio, con márgenes de rentabilidad cada día mayores que hacen inalcanzable el valioso líquido a los más de 30 millones de compatriotas que se debaten entre la pobreza y la miseria; burlan el precio de pago al productor al tener la potestad de manera absurda, de definir las bonificaciones que por calidad deberían recibir de manera rigurosa los productores, rechazan el aumento del precio pagado por litro, desconociendo que en la última década los costos de producción se incrementaron en un 60% mientras que lo recibido solo en un 44%; lograron ya, con la Resolución 083, pagar la leche más barata en las denominadas áreas Zomac y hoy, insaciables, de nuevo exigen libertad de precios que, de ser otorgada haría más despejado el camino para la destrucción del sector lácteo nacional, y a sus anchas suplir con importaciones la demanda interna de los colombianos.

Lo que está en juego no es de poca monta: es la lenta pero segura desaparición de más de 300 mil pequeños, medianos y aún grandes productores de leche, que no tienen alternativa viable en otra área del agro del país; es el incremento de manera dramática del desempleo rural con su corolario de miseria e inseguridad; es reemplazar el trabajo nacional por el extranjero y aumentar la pérdida de la seguridad alimentaria, bien debilitada hoy con las 14 millones de toneladas de alimentos que importamos y que podríamos producir.

Solo la modificación de la política impuesta desde hace 30 años al país y que el presidente Duque representa y profundiza, logrará salvar al sector lácteo de la debacle. La inmediata revisión y modificación de los TLC, que son el paraguas para las masivas importaciones de productos lácteos, es la exigencia.

Desde Dignidad Lechera que hace parte de Dignidad Agropecuaria, llamamos a los productores, a sus organizaciones Cooperativas y a las gremiales, a los transportadores y jarreadores, a las pequeñas y medianas industrias de queso y quesillo, a tender puentes de manera urgente para ampliar la discusión  sobre la delicada situación que vive el sector, compartirla  con los productores de otros renglones que son o han sido afectados por la misma causa, con las organizaciones políticas y sus voceros a nivel regional y nacional que compartan la responsabilidad de defender la producción nacional y así  preparar de manera organizada la resistencia y definir las tareas necesarias para lograr modificar la causa principal del desastre del agro nacional, que lleva a la desaparición de miles de ganaderos, hoy notificados.

Dignidad Lechera Nacional
DIGNIDAD AGROPECUARIA COLOMBIANA
Julio 11 de julio de 2020

  • 20.23.-La mugre bajo la alfombra– CECILIA OROZCO
  • El negocio en los Montes de María YOHIR AKERMAN

Va siendo hora de que sepamos la verdad sobre la renuncia obligada y el consiguiente retiro del servicio activo del general Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, pese a ser uno de los mejores oficiales de Inteligencia del Estado.

1 jul 2020.- Su historia, que aún no se ha contado como es, ha vuelto a atraer la atención de columnistas y medios porque se cruza, en algunos capítulos de su persecución a las lavanderías de activos y el contrabando, con el barranquillero Alex Saab, supuesto testaferro del presidente de Venezuela; con uno de los abogados de Saab; con un expresidente de la República y hasta con el actual mandatario y su ministro de Defensa. Esa historia, que el general no ha querido revelar tal vez por la enormidad de los poderes ocultos que tendría que enfrentar —ahora sin la protección de la institución a la que sirvió—, también interesa a las agencias de seguridad de Estados Unidos que están presentes en Cabo Verde con la misión de llevar a Saab a territorio norteamericano para exprimirle los secretos que conoce de Maduro y sus supuestos secuaces, de una parte del establecimiento colombiano y de algunos de sus protagonistas, elevados a esta categoría por la prensa que se conforma con el registro de noticias y la banalidad social. Investigadores y columnistas de la talla de Gerardo Reyes, de Univisión (Miami), María Jimena Duzán, de Semana, y Yohir Akerman, de El Espectador, dedicaron sus recientes textos al “intocable” Saab que “tejió una vasta red de corrupción… con el incremento artificial del valor de contratos, importación ficticias, cobro por bienes y servicios no prestados y sobreprecios en comida” subsidiada por el régimen del vecino país. Pues bien, el funcionario que investigaba, al lado de agentes norteamericanos, cómo operaba la maquinaria delictiva liderada por el socio de Maduro era el general Buitrago. Pero mientras este avanzaba en los descubrimientos sobre el entramado criminal de Saab, el prestigio de su carrera era sometido a un torbellino de chismes y tráfico de influencias ante el gobierno Duque.

En los despachos más altos de la Policía consta que varios meses antes del retiro de Buitrago, el Ejecutivo estaba pidiendo su cabeza y que, como premio de consolación, le iban a ofrecer un cargo en el exterior. Finalmente, el general renunció por dignidad pero sin bajar la cabeza: en su carta afirmó que “los principios no se negocian”. María Jimena recuerda que cuando su relevo se produjo, se comentó que el retiro del alto oficial se debía a la presión de Abelardo de la Espriella, abogado y amigo del extraditable Saab; abogado y amigo, simultáneamente, del expresidente Andrés Pastrana, de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y del ministro de Defensa y superior jerárquico de Buitrago, Carlos Holmes Trujillo. (Imagínense: el general iba tras Saab cuyo apoderado era el mismo del ministro Trujillo).

De la Espriella ha negado la versión sobre su incidencia en la salida del general e incluso aseguró que Buitrago aclararía el rumor, cosa que, hasta hoy, no ha ocurrido. Por su parte, Pastrana celebró la renuncia del exdirector de la Polfa en varios trinos que publicó en su cuenta de Twitter. Y, además, replicó que “meses antes de la ‘irrevocable’ carta del Gral. Juan Carlos Buitrago informé al @mindefensa sobre temas que a él (Carlos Holmes Trujillo) le correspondería explicar”. El misterio no se resolvió porque, de nuevo, el exalto oficial se negó a hablar con la prensa y Trujillo no ha abierto la boca. Pero como nada hay oculto bajo el sol, con la feliz captura de Saab en Cabo Verde, ha quedado expuesta la mugre bajo la alfombra. Akerman advierte, de acuerdo con las investigaciones de Gerardo Reyes, que el abogado De la Espriella, en su tarea de representar jurídicamente a Saab, pudo entrar en conflicto con normas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Únicamente con la evolución de los hechos y el tiempo, se constatará si eso es así. En cuanto al expresidente Pastrana, sorprende que su inseparable jefe de seguridad por muchos años, el coronel de la Policía Faxir Ramírez Horta, por quien armó una pataleta, en 2014, cuando lo iban a relevar de su esquema, sea actual subdirector de la Polfa, misma entidad de la que el gobierno Duque quería separar a Buitrago. Va siendo hora de conocer la verdad sobre este escandaloso episodio de la vida pública del país. Se entendería, entonces, el contexto de la frase que pronunció Buitrago frente al ministro de Defensa, en diciembre pasado: “Las injerencias indebidas externas con cálculos políticos e intereses contrainstitucionales lesionan el honor policial”.

https://www.elespectador.com/opinion/la-mugre-bajo-la-alfombra/         

20.23.-El negocio en los Montes de María  YOHIR AKERMAN                      

Contralmirante Rodrigo Quiñones

Los agentes de las Fuerzas Armadas corresponsables por la horrible 

política de terror que se vivió en los Montes de María en el año 2000 siguen muy campantes sin ningún castigo.

Me explico.

5 jul 2020.- Las investigaciones sobre la responsabilidad de los integrantes de la Brigada Primera de Infantería de Marina (Briprima), y en especial en contra del contralmirante Rodrigo Quiñones, por las relaciones de coordinación, colaboración y actuación conjunta que permitieron a los grupos paramilitares la realización de varias masacres en la región de los Montes de María, no han avanzado más de 20 años después.

Peor aún, las investigaciones que se movieron lo hicieron en el sentido contrario, absolviendo a algunos oficiales pese a que la evidencia y los testimonios son claros en demostrar que estaban estrechamente ligados a los paramilitares y que se beneficiaron de esa relación.

La primera razón por la que se dio esta deformación de la justicia recae en el primer fiscal que recibió estas investigaciones, el señor Luis Camilo Osorio. En vez de indagar, profundizar y valorar la evidencia de manera concreta sobre la vinculación de los integrantes de la Fuerza Pública, se dedicó a tomar medidas para proteger a los victimarios.

Esa es una de las conclusiones que trae el informe titulado “El silencio de las gaitas” sobre el papel de las Fuerzas Armadas en las masacres de los Montes de María durante el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana Arango.

El documento explica que, entre los años 1998 y 2001, los paramilitares perpetraron alrededor de 40 masacres, bajo el pretexto de eliminar el apoyo o la base social de la guerrilla, con el terrible resultado de 354 víctimas fatales.

Estos actos violentos se convirtieron también en acciones que acabaron con la identidad de los Montes de María, en las que los perpetradores destruyeron bienes, realizaron actos de hurto, infligieron torturas, cometieron actos de violencia sexual y llevaron a cabo desapariciones forzadas.

El informe, realizado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas, da cuenta de numerosas violaciones de Derechos Humanos cometidas en esa región, narrando en detalle diez de las masacres que produjeron como resultado el asesinato de 175 pobladores.

Entre esos delitos horrendos se narraron violaciones a menores de edad indígenas, mostrando que no es nuevo el escabroso escándalo al que estamos enfrentados hoy en día, donde las Fuerzas Armadas abusan de las comunidades indígenas que deberían proteger.

Todo esto, en asocio con los paramilitares.

Pues enfoquémonos en uno de esos actos de exterminio. La masacre de El Salado fue planeada por los jefes paramilitares del Bloque Norte: Salvatore Mancuso; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y John Henao, alias H2, con la colaboración y visto bueno de altos mandos de la Armada Nacional que tenían a su cargo para el año 2000 la extensión territorial de los Montes de María.

Según el informe, que estudia la evidencia que existe en estos casos y recoge varios de los testimonios de los paramilitares desmovilizados, queda comprobado al apoyo que recibieron las Autodefensas de parte de la Brigada Primera de Infantería de Marina (Briprima), facilitando la movilización de las tropas ilegales en la región y la incursión que resultó en esa destrucción.

De esos testimonios, dos se han referido de manera directa a la colaboración prestada por el contralmirante Quiñones para la incursión que finalizó en la consumación de ese horrible exterminio. El otro se refirió a la participación directa de 25 integrantes de esta unidad de infantería de la Armada Nacional en la masacre.

Horripilante.

El informe hace un simple análisis que hubiera podido hacer la Fiscalía, y es que desde el lugar del cual salió la operación paramilitar, la finca El Palmar, ubicada a las afueras del municipio de San Onofre, hasta el corregimiento de El Salado, la tropa de paramilitares fuertemente armados debió recorrer aproximadamente 400 kilómetros en los que tuvo que pasar, por lo menos, por diez puntos de control de la Fuerza Pública.

Las Autodefensas no hubieran podido hacer eso si no era en coordinación con las autoridades locales. Fuera de eso, la evidencia muestra que el 23 de diciembre de 1999 un helicóptero lanzó volantes sobre el casco urbano de El Salado con amenazas directas a sus habitantes. Los panfletos le advirtieron a la comunidad que comieran, bebieran y celebraran las fiestas de fin de año, “pues estas serían las últimas”.

De terror.

La documentación muestra que, aunque el DAS mediante actividades de inteligencia tuvo conocimiento previo de que los paramilitares iban a realizar la masacre y puso la situación en conocimiento de la Briprima, la brigada no adoptó las medidas necesarias para contrarrestar la incursión y para proteger a la población, prefiriendo quedarse quietecitos.

Todo, con un agravante. El Salado fue uno de los epicentros del fenómeno de acumulación en la tenencia de tierras mediante la compra por precios irrisorios y el englobe de predios de terratenientes y hacendados. Entre los englobadores se encuentran personas que estuvieron directamente vinculadas a la masacre.

Es decir, todo era un negocio. El negocio de la muerte para englobar la tierra que quedaba.

Y mientras todos los paramilitares y la documentación señalan la responsabilidad del entonces comandante de la Briprima, Rodrigo Quiñones Cárdenas, como uno de los autores determinadores del ataque contra la población civil asentada en el corregimiento de El Salado, a este no le ha pasado nada y sigue con su labor de profesor en la Universidad Militar.

https://www.elespectador.com/opinion/el-negocio-2/

  • 22.-La falange contralor-fiscal –CECILIA OROZCO
  • El profesor YOHIR AKERMAN
  • Ñeñepolítica: La historia de Carlos Rodríguez, “el Sastre”-DIANA DURÁN NÚÑEZ

Foto: de izquierda a derecha procurador Carrillo, contralor Córdoba y el fiscal Barbosa

 La atractiva alianza que formalizaron el saliente procurador Carrillo, el contralor Córdoba y el fiscal Barbosa para vigilar a quienes manejan los millonarios dineros de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia podría ser tranquilizadora, pero, también, muy inquietante.

24 jun 2020.- Aparte de que los tres personajes podrían terminar actuando en gavilla contra algún funcionario que se ponga en su mira por X o Y razón (por ejemplo, el gobernador de Antioquia a quien la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento y al que la Contraloría le abrió, casi de manera simultánea, dos indagaciones por supuestos sobrecostos en contratos de alimentos), también tienen la tentación de competir por cuál de ellos abre más investigaciones, descubre más escándalos y es más capaz de encartar a personajes de relevancia como, precisamente, los gobernadores y alcaldes actuales aunque, después, las sospechas concluyan en que no había nada sustancial en estas.

Lo que las tres cabezas de los organismos de control e investigación anuncian es de tamaño sideral. Según Barbosa, la Fiscalía ha abierto 117 indagaciones por corrupción en los 32 departamentos, e investiga a tres gobernadores, al alcalde de Cartagena y a otros 14 mandatarios municipales. El procurador Carillo advirtió que adelanta 813 procesos disciplinarios en 27 gobernaciones, y otros 396 casos disciplinarios contra un número indeterminado de alcaldías, además de que ordenó la suspensión de ocho alcaldes y sus secretarios que llevaban escasos cuatro meses en sus cargos. Y el contralor Córdoba no se iba a quedar atrás: afirmó que su entidad ha revisado contratos por $3,9 billones, ha emitido 340 alertas por presuntos sobrecostos en contratos de 25 gobernaciones que sumarían $484.000 millones, y añadió que investiga, aparte del de Antioquia, a cuatro gobernadores y a siete alcaldes.

Si todas las indagaciones, procesos y alertas que tanto el procurador como el contralor y el fiscal han abierto condujeran a condenas por la seriedad de las pruebas que encontraran, el 100 % de los gobernadores y un gran porcentaje de mandatarios locales serían destituidos, irían a la cárcel y pagarían enormes sumas en multas y sanciones. Sin embargo, la experiencia indica que no es eso lo que sucederá; que, con el paso de los años, la responsabilidad de la mayoría de los encartados no será demostrable; que un buen número de expedientes se empolvarán en los anaqueles de los despachos de sus delegados, y que solo un pequeño grupo recibirá castigo. La espuma de la vanidad de Córdoba y Barbosa —pues Carrillo concluye su periodo en seis meses — habrá hecho la tarea de ubicarlos como los superhéroes de la lucha contra la corrupción pese a que sobre los hombros de estos dos altos servidores del Estado pesen las mismas sombras que oscurecen la conducta de sus investigados. Con la diferencia de que no hay procurador, contralor, fiscal, juez o magistrado que se atreva a desafiar el poderío del contralor general de la República y, menos, el del omnipotente fiscal general de la Nación.

En el Estado democrático en que vivimos, ¿quién ronda a Felipe Córdoba y a Francisco Barbosa? ¿Quién se conmovió, quién protestó, quién discutió siquiera si a la luz de la moralidad pública que ellos pretenden representar es “normal” que el primero contrate a la esposa del segundo en cargo pagado con presupuesto derivado de impuestos, y que Barbosa incluya entre los miembros de su cúpula oficial a la cónyuge de Córdoba, a quien le cedió el poder de darles o quitarles un empleo oficial a miles de funcionarios? Los contratos que firman los encartados en la Fiscalía y la Contraloría son objeto de revisión, pero los que se ejecutan en estos entes ¿no? ¿Pasarían un examen ético los puestos que habrían repartido el contralor y el fiscal entre amigos y familiares de magistrados y congresistas, y las órdenes de pago por centenares de asesorías externas avaladas por ellos?

 Las últimas noticias sobre la falange Córdoba-Barbosa son aún más preocupantes: al tiempo que se exhiben como los luchadores anticorrupción, conspiran para posicionar a sus candidatos en la carrera para elegir procurador general, defensor del Pueblo y hasta para ocupar la silla de magistrado de la Corte Constitucional que dejará libre Luis Guillermo Guerrero. El clientelismo baila entre una y otra “ía”, en su más grotesca expresión. ¿Quién juzga a la falange? Nadie.

https://www.elespectador.com/opinion/la-falange-contralor-fiscal/

20.22.-El profesor – YOHIR AKERMAN

Foto: de izquierda a derecha: abogados penalista Abelardo de la Espriella, presunto lavador y testaferro Álex Nain Saab Morán

Dos historias publicadas por el periodista investigativo Gerardo Reyes, de la cadena de televisión estadounidense Univisión, han dejado importantes preguntas sobre la relación entre un presunto lavador y testaferro del régimen venezolano y uno de los abogados más reconocidos de la derecha política colombiana.

Vamos por partes.

28 jun 2020.- El 25 de julio de 2019 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al ciudadano colombiano Álex Nain Saab Morán, por su presunta participación en operaciones de lavado producto de la corrupción en Venezuela. Hoy el colombiano está retenido en Cabo Verde mientras se adelanta su pedido de extradición a Estados Unidos.

Según la OFAC, Saab es un especulador que tejió una vasta red de corrupción que ha permitido a Nicolás Maduro y a su régimen obtener lucros significativos mediante importaciones de alimentos y su distribución en Venezuela.

Este personaje también se ha lucrado a través del incremento artificial del valor de contratos, importaciones ficticias a Venezuela, cobro por bienes y servicios no prestados, y sobreprecios en comida de baja calidad del programa de subsidios para alimentos denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocidos como CLAP. (Ver anexo Sanción).

Para el gobierno de los Estados Unidos, Saab se ha hecho multimillonario volviendo pobre a Venezuela y lavando sus utilidades en la banca de varios países incluyendo la de Estados Unidos. Como es de público conocimiento, uno de sus abogados ha sido el penalista Abelardo de la Espriella.

Aquí es donde se pone interesante la historia gracias a las revelaciones del periodista Gerardo Reyes. Resulta que no hay claridad sobre cuándo fue la fecha exacta de la renuncia de De la Espriella a la representación de su cliente.

Univisión Investiga estableció que cuando Saab ya había sido sancionado por la OFAC, De la Espriella Enterprise Lawyers publicó un comunicado de prensa en defensa de su cliente, reconociendo la existencia de la sanción, pero reivindicando los derechos de Saab “a la presunción de inocencia y al debido proceso, los cuales asisten a él y a todos los seres humanos”. (Ver anexo Comunicado).

Como lo pudo determinar el periodista investigativo, de acuerdo con la ley de Estados Unidos, a esas alturas De la Espriella ya debía haber renunciado a la defensa de Saab, puesto que el penalista es un residente permanente de Estados Unidos y, por lo tanto, está obligado a obtener una licencia especial de la OFAC para que él o cualquier empresa en la que tenga intereses represente a una persona sancionada.

De la Espriella le explicó a Reyes que renunció a la defensa de Saab, pero no precisó cuándo, ni mostró prueba documental de esa renuncia. “Univisión insistió con la pregunta de la fecha exacta de su renuncia a la defensa de Saab, pero De la Espriella no respondió. ‘Deje de acosarme’, le dijo al periodista”. (Ver No tiene permiso).

La OFAC le explicó a Univisión que los abogados no residentes ni ciudadanos de Estados Unidos pueden representar a un sancionado, siempre y cuando el pago no pase por el sistema bancario de Estados Unidos y “el ciudadano o residente de Estados Unidos no esté involucrado de ninguna manera”.

Por eso vamos a la segunda revelación de Reyes.

Para entenderla hay que mencionar al profesor universitario de Miami Bruce Bagley, un especialista en prevención de lavado de dinero que, de un momento a otro, decidió saltar de la teoría a la práctica. El pasado 1° de junio se declaró culpable ante un tribunal federal de Nueva York de haber lavado dinero para Álex Saab.

El profesor confesó que blanqueó tres millones de dólares para Saab provenientes de corrupción en Venezuela y por eso se convirtió en una pieza clave dentro de la investigación.

Según los documentos judiciales, el gobierno confiscó un total de 300.000 dólares que el profesor se descontó como comisión por facilitar el lavado en Miami de múltiples transferencias. El resto, 2,7 millones de dólares, lo transfirió a un coconspirador, identificado por la acusación como “Individuo 1”.

Bagley identificó al Individuo 1 como Jorge Luis Hernández, alias Boliche, quien es un exnarcoparamilitar vallenato hoy informante de las agencias antinarcóticos estadounidenses, según fuentes de Univisión.

La acusación no explica qué sucedió con el dinero después de que el informante lo recibió. Pero lo que sí revela es que el profesor participó del entramado a sabiendas de que los fondos eran producto del “soborno y la malversación” de recursos robados al pueblo venezolano. Así también quedó confirmado por la intervención legal a las comunicaciones del académico.

Ahora bien, según el artículo de Reyes, unas fuentes le aseguran a ese medio que alias Boliche usó parte de ese dinero para pagar a abogados de Saab que le ayudarían a buscar un acercamiento con las agencias de Estados Unidos para una eventual negociación. Siempre de acuerdo con las fuentes citadas por Reyes, Saab quería que el tema se manejara con discreción para que Nicolás Maduro no se enterara.

Los abogados que ha usado Saab en Estados Unidos han negado esto. Por un lado, la criminalista María Domínguez no ha querido pronunciarse frente al tema, mientras que Abelardo de la Espriella le dijo a Reyes que no conocía detalles del caso del profesor Bagley y, si bien aceptó haber recibido honorarios de Saab y de su socio Álvaro Pulido, enfatizó que esos dineros “fueron debidamente reportados a las autoridades”. “Así es como siempre procedo […] No he cometido delitos”. (Ver Artículo).

A todas estas, hay una información que llama la atención.

Dentro de la demanda civil que el abogado De la Espriella le instauró en Estados Unidos en febrero de 2018 al periodista Daniel Coronell por una columna titulada “El avión”, uno de los dos testigos que incluyó para demostrar el supuesto daño que el artículo le hizo a su reputación fue el profesor Bruce Bagley. (Ver anexo Demanda).

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20.22.-Ñeñepolítica: La historia de Carlos Rodríguez, “el Sastre”- DIANA DURÁN NÚÑEZ

Durante años fue vestuarista de ídolos del vallenato como Diomedes Díaz y Rafael Orozco con su sastrería GQ, que era famosa en Barranquilla. Ahora se dedica a la ganadería, hacer préstamos e intentar que los culpables del asesinato de su hijo Óscar sean condenados.

Esta escena la captó un fotógrafo de “El Heraldo” en el sitio donde mataron al hijo de Carlos Rodríguez. / El Heraldo

Este año, una tormenta política azotó la Casa de Nariño y el ciclón no se desvanece aún. Coloquialmente recibió el nombre de la ñeñepolítica y el origen es el audio de una conversación del 3 de junio de 2018, justo antes de la segunda vuelta para elegir presidente, entre José Ñeñe Hernández y María Claudia Daza: el primero, un ganadero de La Guajira que resultó inmerso en una investigación en la que aparecían también “Marquitos” Figueroa y su estructura criminal, y la segunda, una cercana colaboradora del senador Álvaro Uribe.

 27 jun 2020.- “Estoy que busco una plata por debajo de la mesa para soltarla en los departamentos”, dijo Hernández. “Eso es lo que estamos haciendo”, le contestó Daza. (El audio completo que originó el escándalo de la “Ñeñepolítica”)

Ese, del cual lleva hablando el país desde marzo de este año, tiene múltiples aristas. Una de ellas, en la que poco se ha ahondado, es en la historia de Carlos Rodríguez, el padre de Óscar Rodríguez, quien fue asesinado el 18 de agosto de 2011 en Barranquilla. Por ese crimen fue que el Ñeñe Hernández terminó con su teléfono interceptado a partir del 26 de mayo de 2018. Cuando la Fiscalía empezó a indagar por el asesinato, fue el propio Carlos Rodríguez quien apuntó primero hacia el Ñeñe Hernández: habían sido amigos mucho tiempo, pero, en ese instante, él le debía un dinero. Y esa deuda, dijo entonces Rodríguez, convertía al Ñeñe Hernández en sospechoso de la muerte violenta de su hijo.

Carlos Eduardo Rodríguez Gómez era un conocido sastre en Barranquilla. Su cercanía al mundo vallenato lo hizo el creador del guardarropa de cantantes como Diomedes Díaz y Rafael Orozco. También era prestamista, ganadero y, además, tenía acciones en Ciledco, empresa de productos lácteos con sede en la capital del Atlántico. En 2004, sin embargo, resultó implicado en una gran redada contra el narcotráfico: la operación Iniciativa del Caribe, que comenzó en 1999 y terminó cinco años más tarde con la detención de 330 personas en Colombia, Canadá, Estados Unidos, Bahamas y Panamá. Entre ellos, el Sastre, como era conocido Rodríguez en Barranquilla y por la justicia estadounidense. (Marquitos Figueroa: las demoras de la justicia en el caso del “terror” de La Guajira)

El abogado que representa a Rodríguez en el proceso por el homicidio de su hijo, Miguel del Río, le contó a este diario que el Sastre no fue extraditado a Estados Unidos, sino que él mismo viajó a ese país para entregarse. El indictment (acusación de EE. UU.) contra Rodríguez, conocido por este diario, se aprobó el 1° de junio de 2004. Tres meses más tarde, con Rodríguez ya enfrentando su proceso ante la Corte del Distrito Sur de Florida, este invocó su derecho a guardar silencio “con respecto a cualquier pregunta o interrogatorio, sin importar de qué asunto se trate”, dice un documento de la Corte. Rodríguez le pidió a la Fiscalía estadounidense que remitiera su decisión a todas las agencias del país.

Rodríguez terminó condenado a 46 meses de prisión, que luego se le redujeron a tres años. De acuerdo con la investigación que se hizo, el Sastre hizo parte de una organización de 21 personas (entre ellas los hermanos Elías, Vidal y Hernán Cobos Muñoz, Faser Fakih y Luis Chamorro Britton) que se concertó para ingresar drogas a Estados Unidos desde por lo menos el año 2000, para hacer transacciones financieras en territorio estadounidense, que derivaban de una “actividad ilegal específica” relacionada con narcóticos y para ocultar la “naturaleza, locación, fuente, propiedad y control de propiedades” de origen ilícito. (Los crímenes que le cerraron la puerta a “Marquitos” Figueroa en la JEP)

En 2007, Rodríguez Gómez volvió a Colombia y siguió con su sastrería GQ. “Él tiene muchos conocidos y llega mucha gente a contarle cosas”, contó una fuente de la Fiscalía. Fue en frente de esa sede, justamente, donde un sicario mató a su hijo Óscar. Fue un error, confesaría el sicario después. El objetivo era él, el Sastre. Tras el asesinato, Rodríguez cerró su sastrería, siguió con sus préstamos y negocios de ganadería y volcó su vida a esclarecer el asesinato de su hijo, quien el día de su muerte hizo algo que nunca hacía: manejar el carro de su padre. Fue en el vehículo donde lo acribillaron. Lo acompañaba un hombre llamado igual a él, Óscar Rodríguez, un técnico de aire acondicionado.

Óscar Rodríguez falleció en la calle, frente a la sastrería de su padre en Barranquilla. / El Heraldo

A ese técnico, dice hoy la Fiscalía, Carlos Rodríguez y su abogado, Miguel del Río, le habrían ofrecido un pago para que declarara en el proceso por el homicidio de su hijo. El segundo testigo que supuestamente trataron de sobornar fue Jorge Escorcia. El técnico habría visto en primera fila al sicario del hijo de Rodríguez y Escorcia era el suegro de Javier Mosquera, sospechoso del asesinato. Del Río, en diálogo con este diario, rechaza tajantemente que se haya querido sobornar a testigos: “Éticamente, no creo en la compra de testigos. Pero, además, esos testigos ni siquiera eran relevantes: el sicario se identificó pronto. Es una calumnia completa y coincide con la imputación de cargos”. (“Este caso no tiene que ver con la ñeñepolítica”: fiscal Daniel Hernández)

Del Río se refiere a la imputación que la Fiscalía hizo hace tres semanas en contra de dos investigadores de la Dijín, el sargento Wadith Velásquez y el mayor Yefferson Tocarruncho. La Fiscalía afirma que ambos usaron la investigación por el asesinato del hijo de Rodríguez para interceptar ilegalmente a cinco de sus compañeros de la Policía. Al tomarle una declaración, a finales de mayo pasado, a quien era la fiscal que tenía la investigación, Jenny Andrea Ortiz Ladino, esta aseguró que hace dos años supo del posible soborno de testigos. “Si eso fuera cierto, ¿por qué no lo denunció entonces? ¿Por qué no dejó registro? Es un absurdo”, argumenta Del Río. (“La Fiscalía quiso ocultar los audios de ‘El Ñeñe’”)

Hace unos años, cuando el fiscal del caso por el asesinato de Óscar Rodríguez era otro (Ricardo Bejarano), Carlos Rodríguez tenía línea directa con la Fiscalía. En la Fiscalía, incluso, dicen que algunos interrogatorios se hacían en su casa. Ahora, tanto él como su abogado Miguel del Río están en el radar de la Fiscalía por el supuesto soborno de testigos, y ya hay copias compulsadas para que se determine si ambos deben ser investigados formalmente por ello. Del Río sostiene que esa es una estrategia para desbaratar la ñeñepolítica. La justicia decantará estos y tantos otros elementos que todavía encierran el expediente por la muerte de Óscar Rodríguez, por el que Marquitos Figueroa, “el terror de La Guajira”, ya va a juicio.

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/nenepolitica-la-historia-de-carlos-rodriguez-el-sastre/

  • 21.-La vicepresidenta, no es ninguna víctima sino una privilegiada del  Estado CECILIA OROZCO
  • El que la descubre la paga– YOHIR AKERMAN
  • Marta Lucía y la ética PATRICIA LARA

Foto: vicepresidenta Marta Lucía Ramírez 

Los expresidentes de la República que se detestan entre sí, se critican en público y hacen lo mismo pero con mayor ferocidad en círculos privados, y quienes también se alían en determinadas etapas electorales o cuando conviene a sus intereses particulares embozados de nacionales, fusionaron sus voces en defensa de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por la supuesta “bajeza de los ataques” que habría sufrido hace unos días por parte de dos periodistas (Gonzalo Guillén y Julián Martínez) que descubrieron y divulgaron el secreto que ella decidió mantener sepultado durante 23 años: la condena a su hermano Bernardo en una corte de Florida, por introducir heroína y conspirar para distribuirla en Estados Unidos.

17 jun 2020.- Andrés Pastrana, ahora el mejor amigo de Álvaro Uribe, del que alguna vez dijo que “mientras mis asesores son llamados al nuevo gobierno, los de Uribe están siendo citados a indagatoria”, hizo causa común con este en torno a Ramírez, exsubalterna de los dos. Pastrana, que pretende ser la conciencia de Colombia pese a la elasticidad de su rasero moral, terminó revelando, en un mensaje que publicó en Twitter a favor de la vicepresidenta, que mientras descalificaba a su antecesor por la presunta cercanía de este con el narcotráfico, en cuanto lo sustituyó en la Casa de Nariño dejó de darle importancia al asunto y decidió nombrar en su gabinete, en el cargo de ministra de Comercio Exterior, es decir, representante del Estado ante otros Estados, a la hermana de quien se declaró culpable de traficar con drogas. “A @mluciaramirez no le acepté como impedimento para ser ministra los problemas de su hermano…”.

Álvaro Uribe, a sabiendas de que Bernardo Ramírez llevaba cuatro años en una celda norteamericana, elevó a la pariente directa del convicto al Ministerio de Defensa, una de cuyas funciones es, precisamente, la guerra contra los delincuentes que manejan las rutas de las drogas. La denominó “ciudadana ejemplar al servicio de la patria” y, en cuanto a su hermano, dijo que ella “procedió con toda transparencia”. César Gaviria grabó, exaltado, un video en que sostuvo que como no hay “delitos de sangre, nadie responde ni por sus hijos ni por sus hermanos ni por su esposa ni por nadie”. Y furibundo preguntó: “¡Por qué le iban a revivir una cosa que ocurrió hace 15 años que hoy no es delito de ninguna especie en Colombia!”. Para rematar, Ernesto Samper consideró, de manera tan incomprensible como sus colegas de Presidencia, que “no es un buen camino llevar al terreno personal las diferencias ideológicas (¿?)”.

Muy lejos de estos personajes del olimpo político colombiano que cada vez inspiran menos respeto popular, los ciudadanos de a pie expresaban su molestia por el esqueleto guardado en el armario de Marta Lucía Ramírez, que ha construido sobre sí una imagen de pureza y desinterés en el servicio público de la que hoy sabemos que está cubierta de hipocresía. Pero la vicepresidenta cuenta con suerte: no tiene la sola compañía de los exmandatarios y de sus lamentos de plañidera con los que pretende armarnos un chantaje emocional: el partido de gobierno desplegó una intensa campaña mediática para maximizar sus cualidades y sus “sacrificios” por el país, pero, ante todo, activó una estrategia de señalamientos y acusaciones contra los periodistas que descubrieron los documentos de la condena de Bernardo Ramírez que no eran tan “públicos” como afirmaron el senador Uribe y la propia Marta Lucía. Los mensajeros de la noticia que estuvo sepultada en el álbum familiar de quien aspira a ser la sucesora de Iván Duque fueron declarados culpables de hacer uso de su derecho a la libertad de informar. Se tergiversó el debate y en lugar de discutir si es legítimo, en el plano de la ética, que un alto representante del Estado, unas veces nombrado por el presidente y otras veces elegido por sus votantes, esconda su parentesco con un narcotraficante bajo el argumento del “dolor personal”, la polémica se centró en los reporteros y en sus inclinaciones políticas como si las de estos fueran delictivas y las de la vicepresidenta, incuestionables.

La sentencia T-155 de 2019 de la Corte Constitucional falla sobre la prevalencia del derecho a informar y del derecho de la ciudadanía a saber quiénes son sus voceros. Copio, entre muchas otras frases, la siguiente: “La Corte ha resaltado la importancia de proteger las expresiones o discursos sobre funcionarios o personajes públicos quienes por razón de sus cargos, actividades y desempeño en la sociedad se convierten en centros de atención con notoriedad pública e inevitablemente tienen la obligación de aceptar el riesgo de ser afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas, por cuanto buena parte del interés general ha dirigido la mirada a su conducta ética y moral. La Corte ha justificado esta amplitud en la protección que se debe garantizar a los discursos dirigidos en contra de estas personas, además del interés público que generan las funciones que realizan, en el hecho de que se han expuesto voluntariamente a una mayor visibilidad al ocupar un determinado cargo y porque tienen una enorme capacidad de controvertir la información a través de su poder de convocatoria pública”. De modo que Marta Lucía Ramírez no es ninguna víctima de una conjura. Ha sido, por el contrario, una privilegiada del Estado. Y lo menos que se le puede exigir a ella es que acepte las normas de la democracia informativa.

https://www.elespectador.com/opinion/la-vicepresidenta-ninguna-victima/ 

20.21.-El que la descubre la paga – YOHIR AKERMAN

Hoy está claro que ha fracasado la política de lucha contra el narcotráfico del gobierno de Iván Duque. No solo por todos los problemas que ha tenido la poco productivad y muy dañina campaña de fumigación aérea con glifosato, sino porque el narcotráfico es un escándalo que se coló en las entrañas de su administración.

21 jun 2020.- El 9 de julio de 2018 el entonces electo presidente Duque le dijo a la opinión pública: “Quiero ser claro, si queremos la paz en Colombia tenemos que derrotar el narcotráfico. Y desde el primer día de nuestro gobierno voy a estar ejerciendo como comandante en jefe de las Fuerzas Militares para que en el territorio colombiano derrotemos a aquellos que quieren seguir en la estructura del narcotráfico”.

Eso, sin contar que el mandatario lanzó un plan de choque con el lema “El que la hace la paga”. Pues vamos viendo algunos sucesos de esto año de los que la han hecho y no la han pagado.

El 12 de febrero se informó al entonces embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente Alzate, que se había realizado un allanamiento en su finca por parte de Estupefacientes, quienes inspeccionaron bodegas, pesebreras, oficinas de la propiedad, y en la parte alta de la finca encontraron un laboratorio completo de procesamiento de droga.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre cuatro predios y dos vehículos de la sociedad Las Colinas de Guasca, de la que hizo parte y fue representante legal el señor embajador Sanclemente Alzate.

El escándalo pasó desapercibido y todo se desactivó con una simple renuncia al cargo.

Pocos días después, el 3 de marzo, el periodista Gonzalo Guillén destapó el escándalo conocido como la ñeñepolítica.

Audios entre José el Ñeñe Hernández Aponte, ganadero y brazo político de la organización criminal de Marquitos Figueroa, y María Claudia Cayita Daza, entonces asistente legislativa del senador Álvaro Uribe Vélez, en los que se habla de una operación de compra de votos en la costa norte para el hoy presidente, Iván Duque. Otra historia que sigue sin resolverse y menos castigarse.

El 4 de abril la periodista María Jimena Duzán reveló una conversación telefónica inédita entre la que fue la secretaria privada de Álvaro Uribe Vélez y Goyo Hernández, hermano del Ñeñe. En la grabación queda claro que Goyo tuvo un papel activo, operativo, decisorio y financista en la campaña electoral de Duque, por debajo de la mesa.

En el transcurso del diálogo, Goyo le recomienda a Cayita vincular a la campaña de Duque a personas ligadas al crimen, tales como la conservadora Tina Soto, de Barrancas (La Guajira), prima de Marquitos Figueroa, o Rosa Valdeblánquez, hija del narcotraficante y paramilitar del cartel de Medellín Gervasio Valdeblánquez Ipuana.

Mientras la investigación ya tiene capturados a los agentes de la Dijín que interceptaron legalmente al Ñeñe y a su hermano, a los mencionados en el escándalo no les ha pasado nada.

Aquí el lema debería ser: el que la descubre la paga.

Posteriormente, el 7 de abril el portal InSight Crime, publicó un informe en el que menciona supuestos negocios de Álvaro Rincón, esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con el presunto narcotraficante Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma.

Según el estudio de InSight Crime, Rincón y Ramírez son propietarios de la empresa Hitos Urbanos, la cual construyó un proyecto inmobiliario en un lote comprado por la familia del presunto narcotraficante. En un comunicado emitido por la inmobiliaria, se señaló que Memo Fantasma se presentó “como una persona dedicada al sector ganadero interesada en hacer una inversión en finca raíz”.

En estos casos, al igual que con los investigadores, la han emprendido en contra de los periodistas en vez de mirar los hechos denunciados.

El mismo mes, el 24 de abril, se supo que el notario de confianza del presunto narcotraficante Guillermo León Acevedo Giraldo, alias Memo Fantasma, es el señor Jorge Humberto Uribe Escobar, quien es, nada más ni nada menos, primo del expresidente Uribe Vélez y hermano del exsenador Mario Uribe Escobar, condenado por paramilitarismo en febrero de 2011 por la Corte Suprema de Justicia.

Jorge Humberto Uribe Escobar, notario 24 de Bogotá, es recordado porque en 2008 su nombre fue limpiado mediante un controvertido decreto del entonces ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, quien le borró dos sanciones que lo suspendieron del cargo por no pagar aportes al fisco por valor de $9.600 millones.

Como premio, obtuvo la Notaria 24 gracias a que su hermano Mario Uribe Escobar controlaba la Superintendencia de Notariado y Registro a través de sus fichas políticas, entre ellas su primo Uribe Vélez.

Finalmente, la semana pasada se conoció que en 1997 el hermano de la vicepresidenta de Colombia fue arrestado y condenado en Estados Unidos a cuatro años y nueve meses de prisión por tráfico de heroína.

Aunque es claro que la vicepresidenta no debe pagar por los errores de su familia, también es evidente que los colombianos tenían derecho a saber esto, sobre todo de un gobierno que se hizo elegir con l bandera de la lucha contra el narcotráfico, según las propias palabras de Ramírez el 21 de mayo de 2018 en plena campaña: “No hay narcotraficantes buenos o malos, todos son malos y hay que reprobarlos”.

Pues este gobierno necesita hacer eso internamente.

https://www.elespectador.com/opinion/el-que-la-descubre-la-paga/

20.21.-Marta Lucía y la ética  PATRICIA LARA

La ética está directamente relacionada con la toma de decisiones, explicaba en una de esas interesantes charlas virtuales que están teniendo lugar en estos días de coronavirus, el filósofo y experto en educación y ética del cuidado, Bernardo Toro.

21 jun 2020.- Ponía como ejemplos esas pequeñas decisiones que en estos tiempos de pandemia se toman a diario: ¿Voy a esa parranda y corro el riesgo de que me contagie de coronavirus y yo se lo transmita a mi familia, o me quedo en casa? ¿Le doy a mi abuelo el gusto de celebrar el día del padre con él, o me limito a enviarle un abrazo telefónico y a reforzarle la idea que le ronda en este tiempo, a raíz de la cárcel que, por la pandemia, les ha decretado el gobierno a los adultos mayores irrespetuosamente llamados “abuelitos” por el presidente, la cual lo ha llevado a sentirse inservible e incapaz de tomar decisiones responsables por su propia cuenta?

Pues según Bernardo Toro todas esas son decisiones éticas. Como fueron decisiones éticas las que tomó la vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, en el caso de la captura en Estados Unidos de su hermano Bernardo, nada menos que por traficar con heroína, luego de que hacía un tiempo ya había sido pillado por la Policía gringa robando en algún almacén de cadena.

A Ramírez lo capturaron en julio de 1997 y lo condenaron a 57 meses de cárcel, es decir, que salió libre en abril del 2002. Mientras él estuvo preso, su hermana fue Ministra de Comercio Exterior en el gobierno de Andrés Pastrana, quien luego de que ella le contó la situación en la que se encontraba su hermano, no consideró que estuviera impedida para ejercer el cargo. Suministrarle esa información a Pastrana fue una decisión ajustada a la ética, como lo fue también contarle el rollo al presidente Álvaro Uribe, quien la nombró Ministra de Defensa.

Ahora, ¿debía saber el país que la ministra de Defensa tenía un hermano preso en Estados Unidos por traficar heroína? Digamos que no era absolutamente necesario, pero por razones de esa transparencia en la que tanto ha insistido Marta Lucía, hubiera sido más adecuado que se lo hubiese sabido.

En el 2006, cuando hacía poco su hermano había salido de la cárcel, Marta Lucía Ramírez fue elegida Senadora, sin que ella hubiera tomado la decisión, relacionada con la ética, de contarles a sus electores que su hermano acababa de pagar una pena por tráfico de heroína.

Finalmente, en el 2018, ella fue fórmula vicepresidencial de Iván Duque.

En ese caso, cuando el escándalo que se hubiera producido si en la campaña se hubiera filtrado la noticia de que el hermano de la candidata a vicepresidenta había estado condenado en Estados Unidos por tráfico de heroína, hubiera podido provocar que Duque perdiera la presidencia, ella no consideró que tuviera que informarle el episodio de su hermano al futuro presidente.

¿Qué diría Bernardo Toro de esa decisión de Martha Lucía?

No sé. Pero, a mi juicio, estuvo absolutamente alejada de la ética. Como también lo estuvo no contarles toda su verdad a sus electores quienes, por lo menos, tenían el derecho de exigirle que, para juzgar a los campesinos cocaleros quienes apenas viven con lo que les producen unas pocas matas de coca, utilice el mismo rasero que usa para juzgar a su hermano quien, según ella, sólo “cometió esa estupidez”.

https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/patricia-lara/marta-lucia-y-la-etica.html

  • 20.-Por un fiscal que honre su dignidad– CECILIA OROZCO
  • Tú me encargas, yo me contrato– YOHIR AKERMAN

“Esto raya en lo cómico” dijo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en una de las entrevistas que le han hecho con ocasión de la detención domiciliaria que activó la Fiscalía contra él por los presuntos delitos que habría cometido ¡hace 15 años!, y que ha sido calificada, por tirios y troyanos, como asombrosa: no por admirable, por absurda… O por cómica si no fuera porque la privación de su libertad, trágica por el tinte oportunista que destila, es otra equivocación que el ente investigador comete en los cuatro meses en que ha sido conducido (¿conducido?) por Francisco Barbosa, quien hace carrera para ganar el título del fiscal general más torpe que haya tenido Colombia.

10 jun 2020.- Preso en su casa y separado de su cargo de elección popular, Gaviria logró levantar, el fin de semana pasado, una ola de simpatías en los estamentos de poder departamental y nacional tanto como en los medios y en sus votantes por la desproporción de la medida, no por la investigación que se le adelanta y que, ojalá, pudiera avanzar, después de tanto tiempo, con seriedad e independencia.

Barbosa, quien tiene una larga colección de títulos universitarios como se estila en esta época con el fin de descrestar a ingenuos y darle apariencia de “meritocracia” a lo que es pago de favores y el amiguismo de siempre, no tiene idea de derecho penal, menos de sus códigos en los que se establece cuándo y por qué aplica la detención de un investigado. Pero, por lo visto, poco le importa pues su encomienda consiste en servir a su grupo político y al gobierno Duque que le dieron, de regalo, la Fiscalía. El espectáculo contra Gaviria fue mal calculado en sus efectos, pero cuán eficaz resultó para enfocar la atención pública en el caso del gobernador, y desviarla del escándalo que implica la captura de los policías que interceptaron las llamadas del corrupto Ñeñe Hernández cuando este hablaba de una operación de compra de votos con cuadros de la campaña del presidente.

El fiscal del caso de los investigadores del proceso de la “ñeñepolítica”, que sus colegas definen como astuto y conocedor de su oficio, pero dispuesto a complacer a sus superiores, empezó sus indagaciones contra ellos al otro día de que se publicaran, en un medio, parte de las conversaciones del Ñeñe con Caya Daza, asesora del jefe supremo de Duque y Barbosa, Álvaro Uribe. ¡Al otro día, hace menos de tres meses! ¡Cómo ha volado la justicia en este caso! Esos dos uniformados ya están capturados, se les hizo audiencia, se les acusó de estar enredados en “chuzadas” ilegales y hasta se intentó que se quedaran sin defensor para ponerles uno de oficio que puedan manipular. Entre tanto, la “ñeñepolítica” se enreda y la investigación contra Daza, que también lo es contra Priscila Cabrales (ambas fotografiadas con el fiscal general cuando este y ellas hacían campaña por Duque), está quietecita en algún despacho de otro fiscal. Qué tan conveniente.

Para lograr semejante pirueta, Barbosa y sus obsecuentes fiscales paran, aceleran, les dan validez o intentan invalidar las pruebas que obran en los expedientes. Por poner un solo ejemplo, el proceso del vergonzoso Ñeñe por el asesinato del hijo de un ganadero de la costa Atlántica, el mismo Ñeñe que, en 2018, fue fotografiado haciendo proselitismo en la campaña del presidente, se inicia en el año 2011 y fue dirigido por una fiscal que ahora, nueve años después de no adelantar mucho ni decir nada, reaparece, milagrosamente, acusando al abogado de los investigadores hoy detenidos, que trabajaron con ella y para ella. Qué tan conveniente.

Si estos policías, que grabaron al Ñeñe con órdenes legalmente tramitadas, son responsables de cometer delitos, es asunto que deberá resolverse; si Hernández era un payaso que alardeaba aunque lo hiciera con personas de absoluta cercanía a Uribe y Duque, o si se comprueba que, ciertamente, permutaba dinero por votos; si el gobernador Gaviria merece estar preso o es víctima de una conjura politiquera, son casos que deberán resolverse. No obstante, mientras Barbosa dirija la Fiscalía, eso no será posible. Sus sesgos están demostrados como estuvieron los de Néstor Humberto Martínez frente a los procesos Odebrecht y frente al doloroso episodio de las muertes de Jorge Enrique Pizano y su hijo. Entonces Martínez Neira insistió en no declararse impedido hasta cuando tuvo que renunciar. Barbosa ha empezado a transitar el mismo camino. Los ciudadanos le pedimos a la Corte Suprema, que eligió a esos dos personajes que nunca debieron representar la Justicia, que actúe, esta vez, con energía y prontitud. No sé si la figura es un fiscal ad hoc o si se debería exigir, por fin, la presencia de un fiscal general que honre su dignidad.

https://www.elespectador.com/opinion/por-un-fiscal-que-honre-su-dignidad/

20.20.-Tú me encargas, yo me contrato  – YOHIR AKERMAN 

Pueblo chiquito, corrupción grande, dicen por ahí. Y ese es el caso de Caucasia, municipio del Bajo Cauca antioqueño, que empezó el año con la imposibilidad de que su alcalde electo, Leiderman Ortiz, se posesionara en su cargo.

14 jun 2020.- El periodista Leiderman Ortiz Berrio, quien ha denunciado y jugado su vida por denunciar la corrupción y el crimen organizado, fue suspendido por una medida cautelar dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que estudiaba una demanda de nulidad por la presunta inhabilidad para aspirar al cargo de alcalde.

Tras la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia ratificada el 19 de diciembre de 2019 por el Consejo de Estado, el ahora suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, nombró como alcalde encargado al señor Félix Olmedo Arango Correa. (Ver anexo Confirmación).

Hasta ahí todo parece normal, pero no lo es.

Aunque sí existían causales para declarar la inhabilidad del alcalde electo, también las hay en el que nombraron como alcalde encargado, con el agravante de que le entregaron el municipio a los mismos que se lo llevaban robando desde hace un tiempo.

Me explico.

El primero de enero de este año, el mismo día que el gobernador Aníbal Gaviria tomó posesión, sancionó el decreto que designó como alcalde encargado a Arango Correa. Este señor se desempeñaba como Subdirector Científico y Financiero de la ESE Hospital César Uribe Piedrahíta, entidad del orden departamental, y que ha sido un fortín histórico del clan político conocido en esa región como la ‘saga Rodríguez Álvarez’. (Ver anexo Función Pública)

La famosa ‘saga’, o el ‘clan Rodríguez’, es encabezado por el señor Óscar Luis Rodríguez Álvarez, político que maneja el partido de La U en el bajo Cauca, como parte del senador Germán Hoyos.

También se encuentra su hermana Gloria Virginia y el médico Orlando José Rodríguez Álvarez, quien estuvo en el cargo de gerente de la ESE Hospital César Uribe Piedrahita, durante 8 años acompañado de Félix Olmedo Arango Correa, hoy alcalde encargado de Caucasia.

Desde ahí controlan la contratación, pero con un ingrediente adicional: sin pudor. Por ejemplo, el señor Arango Correa fue, al mismo tiempo, contratista del Hospital de Caucasia y simultáneamente concejal de Santa Rosa de Osos entre el periodo 2012 y 2014. (Ver anexo Contratos)

Pues bien, según una investigación del periodista Sergio Mesa, cuando Félix Arango Correa llegó al Concejo siguió siendo, sin sonrojarse y en contra de lo que dice la ley, contratista y funcionario público. Lo que hizo que no solo generara inhabilidades sino suficientes razones para que sea investigado por los organismos de control. (Ver Investigación).

En las bases de datos públicas aparecen todos los comprobantes de egresos expedidos por la ESE Hospital de Caucasia, con lo cual se demuestra que siendo concejal fue a la vez contratista. Y ahora, nada más ni nada menos ejerce como alcalde encargado y responsable de los presupuestos y destinos de Caucasia.

Así, de manera simultánea, durante el 2012, 2013 y ocho meses del 2014, el hoy alcalde ejerció como en simultáneo como concejal y contratista, hasta su renuncia a la curul el 30 de agosto de 2014.

Pero volvamos a los hermanos Rodríguez ya que son fascinantes. El 1 de abril de 2012, cinco meses después de haberse posesionado Orlando José como gerente de la ESE Hospital César Uribe Piedrahita, fue fundado el Sindicato de Profesionales y Trabajadores Independientes de la Salud de Antioquia –Sintrasant-. Resulta curioso que este es un grupo que reúne a profesionales de Antioquia, aunque fue fundado en Sincelejo, Sucre. (Ver anexo Acta)

Pero no paremos en detallitos.

Como lo descubrió el periodista Sergio Mesa, la única entidad con la cual ha contratado Sintrasant desde su conformación ha sido la ESE Hospital César Uribe Piedrahíta, de Caucasia, como si fuera un sindicato a la medida.

Desde diciembre de 2012 a la fecha se han hecho contrataciones por casi 140 mil millones de pesos con un agravante: uno de sus fundadores figura como el revisor fiscal, pero a la vez tampoco existe. (Ver anexo Directiva)

Es decir, como consta en el Acta de Constitución de la Organización Sindical Sintrasant, participaron en su creación veinticinco personas, de las cuales se eligieron cinco principales y cinco suplentes. Tal y como consta en los documentos que reposan en el Ministerio de Trabajo como constitución del sindicato Sintrasant, el médico general Galileo José Calle Montenegro habría participado en la Asamblea de constitución en la que fue elegido como revisor fiscal. (Ver anexo Acta de creación)

Ahora bien, lo sorprendente es que el sindicato Sintrasant y su representante legal Sergio Esteban Uribe Betancur, le certificaron al periodista Sergio Mesa que esta persona nunca ha estado vinculada a la entidad. (Ver anexo Respuesta)

¿Un fundador fantasma?

No. El médico Galileo José Calle Montenegro, quien labora en la Clínica El Pajonal, es conocedor de la suplantación de la que fue objeto en la fundación de Sintrasant, sabe que si firma fue falsificada, pero no ha denunciado por miedo a las retaliaciones del “clan Rodríguez Álvarez”. (Ver anexo Cotejo de firmas)

Una situación oscura en la que figura muy inmerso el hoy alcalde encargado de la misma ciudad, sin desaprovechar su tiempo ya que está repitiendo la misma modalidad. Repartiendo contratos y encargos a diestra y siniestra, pero eso lo dejamos para una próxima entrega.

https://www.elespectador.com/opinion/tu-me-encargas-yo-me-contrato/

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